Sociedades Urbanas Y Culturas Politicas En La Baja Edad Media Castellana

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Copyright © 2013. Ediciones Universidad de Salamanca. All rights reserved. Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana, edited by Antón, José María Monsalvo, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioteka/detail.action?docID=4626722. Created from biblioteka on 2018-02-19 04:20:01.

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SOCIEDADES URBANAS Y CULTURAS POLÍTICAS EN LA BAJA EDAD MEDIA CASTELLANA

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J. M.ª MONSALVO ANTÓN (Ed.)

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SOCIEDADES URBANAS Y CULTURAS POLÍTICAS EN LA BAJA EDAD MEDIA CASTELLANA

EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana, edited by Antón, José María Monsalvo, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioteka/detail.action?docID=4626722. Created from biblioteka on 2018-02-19 04:20:01.

ESTUDIOS HISTÓRICOS & GEOGRÁFICOS 156 © Ediciones Universidad de Salamanca y los autores Motivo de cubierta: Ambrogio Lorenzetti (1285-1348) Efectos del buen gobierno en la vida en la ciudad (1338/1340): fresco Palazzo Pubblico (Siena – Italia) 1.ª edición, junio, 2013 ISBN: 978-84-9012-253-2 (Impreso) / DL: S. 168-2013 Ediciones Universidad de Salamanca www.eusal.es [email protected] Impreso en España – Printed in Spain

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Composición El Taller Editorial www.eltallereditorial.com Impresión y encuadernación Imprenta Kadmos, S.C.L. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse ni transmitirse sin permiso escrito de Ediciones Universidad de Salmanca. Ediciones Universidad de Salamanca es miembro de la UNE Unión de Editoriales Universitarias Españolas www.une.es Ficha catalográfica CEP Texto (visual) : sin mediación SOCIEDADES urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana / J. M.ª Monsalvo Antón (ed.).—1a. ed.—Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2013 256 p.—(Estudios históricos y geográficos ; 156) 1. Ciudades medievales-España-Castilla y León. 2. Vida urbana-España-Castilla y León-Historia-0711-1516. I. Monsalvo Antón, José María. 711.4 : 316.334.56(460.18)”07/14”

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Índice Introducción José María Monsalvo Antón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Obras públicas, fiscalidad y bien común en las ciudades de la Castilla bajomedieval Juan Antonio Bonachía Hernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Las villas cantábricas bajo el yugo de la nobleza. Consecuencias sobre los gobiernos urbanos durante la época Trastámara José Ramón Díaz de Durana, Jon Andoni Fernández de Larrea . . .

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Teoría y praxis política en el País Vasco a fines de la Edad Media: los gobiernos urbanos y los vecinos de la Tierra Ernesto García Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Disciplinando las relaciones políticas: ciudad y nobleza en el siglo XV José Antonio Jara Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Las funciones sociales de la plaza pública en la Castilla del siglo XV Juan Carlos Martín Cea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Torres, tierras, linajes. Mentalidad social de los caballeros urbanos y de la elite dirigente en la Salamanca medieval (siglos XIII-XV) José María Monsalvo Antón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Cofradías y concejos: encuentros y desencuentros en San Sebastián a finales del siglo XV Soledad Tena García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introducción

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NTRE LAS LÍNEAS ACTUALES sobre historia urbana, los planteamientos referidos a las mentalidades y las representaciones culturales ganaron ya hace tiempo el favor de muchos historiadores. Numerosas perspectivas han hecho a los medievalistas interesarse por las prácticas sociales, los modelos de convivencia, las representaciones literarias de la ciudad o la sociotopografía. Imágenes de la ciudad y la vida cotidiana son asuntos frecuentes en los acercamientos que se llevan a cabo. Pero, buscando mayor concreción dentro de estos enfoques sobre cultura y mentalidades urbanas, nos propusimos en relación con el último proyecto de investigación1 la posibilidad de abordar en distintos escenarios históricos los efectos que las acciones de los grupos sociales y poderes establecidos —concejos, Iglesia, monarquía o noblezas—, tuvieron en el gobierno de las villas o ciudades, en la gestión de los espacios públicos o en las relaciones con las élites locales, el común de vecinos o los oficios. La percepción que sobre la ciudad y sus habitantes se tenía en la época, palpable a través de textos y documentos, sería igualmente objeto de la exploración. En la búsqueda de la conexión entre las «sociedades urbanas» y las «culturas políticas» el ámbito estaba fijado en la Corona de Castilla durante los siglos XIII al XV. Dentro de esta realidad los espacios geográficos más cercanos a las propuestas de los proyectos de investigación originarios, el País Vasco y la Meseta del Duero, han resultado deliberadamente priorizados, como se puede apreciar en este libro, pero lo han sido tanto por una exigencia de delimitación de los ámbitos geohistóricos contemplados como por el perfil investigador de varios de los autores a los que se ha pedido participar en el libro.

1. Concretamente el proyecto titulado «Culturas urbanas y percepciones sociales en los concejos castellanos medievales durante los siglos XIII-XV» (Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan nacional de I+D+I 2008-2011, HAR2010-14826). Se planteaba como continuación de «Representaciones del mundo urbano en las fuentes escritas. Discursos y mentalidades políticas en los concejos de la Castilla Medieval (siglos XI-XV)» (Ministerio de Educación y Ciencia, HUM 2006-02958/HIST).

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

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Porque, en efecto, dentro de la perspectiva de enfoques y problemas seleccionados, y aparte de otras iniciativas relacionadas con el proyecto,2 no se buscaba en este caso dibujar un panorama exhaustivo de las ciudades de la Corona de Castilla. Hubiera dispersado en exceso el objetivo. Se trataba de incluir la contribución de unos pocos autores escogidos dispuestos a ofrecer su particular punto de vista a partir de un tema de su especialidad y encuadrado en su trayectoria investigadora. Puesto que de eso se trataba también: de sumar los enfoques aportados por autores relevantes, con el respaldo de una obra científica e itinerario singularizado y reconocido en diversos campos de la historia urbana. Es decir, era importante la idea de autoría, el marchamo de cada historiador, si bien, naturalmente, en el panel constituido por la dilatada obra de cada uno de ellos, imposible de resumir siquiera por su amplitud, la contribución aquí contenida no puede ser más que un trazo, una pequeña muestra de un conjunto en todo caso muy sobresaliente. Confío en que al menos esta pequeña muestra sea representativa de sus respectivos quehaceres. En el orden de las aportaciones reunidas, que respeta el orden alfabético de los autores firmantes, aparece en primer lugar la de Juan Antonio Bonachía. Especialista puntero desde sus primeras obras de los años ochenta en el concejo de Burgos y en el señorío que esta ciudad ejerció sobre determinadas villas en la Baja Edad Media, Bonachía fue también en la década siguiente uno de los pioneros en impulsar una línea de trabajo en historia urbana orientada a subrayar el flanco de las mentalidades y la vida cotidiana en la ciudad medieval. Así lo revela alguna edición colectiva, que tuvo gran impacto en su momento y que coordinó, en la que él mismo presentaba un trabajo muy novedoso sobre el «honor» y el imaginario de la ciudad de Burgos. Ha publicado desde entonces importantes trabajos sobre el espacio urbano de ella, pero más allá de esa, sobre el abastecimiento de carne y los problemas del mercado urbano, algunos acercamientos a los conflictos sociales, las oligarquías urbanas en las ciudades castellanas, la justicia y el corregimiento, temas todos ellos en los que se ha convertido en un autor de referencia. Se ha ocupado también de las reformas eclesiásticas de Castilla en la época de los Reyes Católicos. Y cuenta con algunos trabajos sobre discursos políticos, incluido un estudio reciente sobre la noción de «ciudad ideal» en Sánchez de Arévalo. Su preocupación por este problema de los ideales urbanos, que ha analizado últimamente, le facultaba para plantearse un estudio,

2. Además de las publicaciones individuales de los miembros del equipo, he coordinado el dossier monográfico de Studia Historica. Historia Medieval titulado «Representaciones culturales de la ciudad medieval» (n.º 28, 2010), así como, recientemente, el de la revista Edad Media. Revista de Historia (n.º 14, 2013), titulado «Culturas políticas urbanas en la Península Ibérica», que recoge las contribuciones de diez autores, pero en este caso concernientess a toda la Península, aunque con claro predominio de las referidas a la Corona de Castilla. Se trata de un dossier monográfico complementario del presente libro.

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INTRODUCCIÓN

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que es el que aquí presenta, sobre la idea de bien común, la difícil demarcación entre los espacios públicos y los privados o las contingencias de la gestión urbanística y de las obras públicas, con especial hincapié asimismo en las cuestiones fiscales, temática por la que se viene interesando también el autor en los últimos años. La trayectoria de José Ramón Díaz de Durana ha ido jalonando con obras de gran impacto las distintas etapas y argumentos de la historia alavesa en primera instancia, vasca o guipuzcoana en segundo término y, con mayor amplitud geográfica, el ámbito cantábrico o en general del norte de la Corona de Castilla. Además de una abundante y sistemática actividad como coordinador y editor de importantes libros colectivos, en su producción personal se halla una obra amplísima, centrada en varias líneas en las que ha ofrecido contribuciones siempre muy relevantes: la historia bajomedieval de la ciudad de Vitoria; la economía, la sociedad y los señoríos alaveses en la Baja Edad Media; los linajes, bandos y la acción de los Parientes Mayores en el País Vasco; las hermandades; la economía en el norte de Castilla durante el siglo XV; el medio material y los conflictos sociales de la Guipúzcoa rural; diversos estudios sobre Vizcaya o villas alavesas; la fiscalidad real y el nacimiento de las haciendas provinciales vascas. Estos temas, entre otros, han venido constituyendo desde hace años el centro de sus quehaceres y se han convertido en obras de referencia. Las estructuras familiares y la posición social y política de los pequeños nobles, escuderos e hidalgos rurales, así como su confrontación con las villas en el área norteña, han sido temática frecuentada en los últimos años por el autor, siempre con el telón de fondo de la célebre hidalguía universal, cuyo verdadero significado el autor viene desentrañando con gran rigor. En este camino se ha cruzado hace ya tiempo con Jon Andoni Fernández de Larrea. Especialista este último en la guerra, las luchas sociales y la sociedad de la Navarra medieval, en que centró sus primeros estudios y la tesis doctoral, ha compaginado estas líneas con estudios sobre las fronteras de este reino con Castilla así como con numerosos trabajos sobre el ámbito vasco propiamente dicho, en concreto las villas, los linajes y bandos, los discursos políticos al final de la Edad Media, las violencias y los conflictos sociales. En estas últimas líneas sobre discursos ideológicos, élites rurales y villas en los territorios vascos Jon Andoni Fernández de Larrea ha convergido muy a menudo con Díaz de Durana, ofreciendo la asociación de ambos, concretada en numerosos trabajos firmados por los dos, un magnífico ejemplo de los buenos resultados que puede proporcionar una sólida cooperación científica entre historiadores muy solventes individualmente y a la vez muy bien compenetrados. Pero a su vez la cooperación de ambos con un nutrido equipo de investigadores de la Universidad del País Vasco, aunque no sólo de ella, les han hecho interesarse por problemas de interpretación y comparación histórica en toda la cornisa cantábrica, una interesante sinergia investigadora que está proporcionando frutos notables al medievalismo actual. En el trabajo que

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

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aquí presentan llevan a cabo un documentado examen de los efectos que la señorialización trastamarista en la cornisa cantábrica tuvo para las villas de la zona, que quedaron sometidas al yugo señorial. Pero la intromisión de la nobleza se extendió a la vida municipal de muchas otras villas, aun quedando al margen del proceso de señorialización. En este sentido, los autores plantean cómo los «parientes mayores» y linajes más destacados en la región desplegaron redes clientelares urbanas, o fomentaron patronatos sobre iglesias; y muy especialmente se ahonda sobre las consecuencias que el control de cargos principales —el prebostazgo en el caso de las villas vascas, o los Adelantados y Merinos Mayores en el caso de Asturias o Cantabria—, supuso para la dinámica de las fuerzas locales. Los activos bandos locales protagonizaron conflictos y dieron inestabilidad a las villas, hasta que, con los Reyes Católicos, la intervención regia propició una institucionalización y pacificación a través de la imposición de la justicia pública y la reforma institucional. El siguiente trabajo corre a cargo de otro de los mayores especialistas en la historia medieval alavesa y vasca en general. Se trata de Ernesto García Fernández. Autor extraordinariamente prolífico, de su laboratorio de historiador han salido obras imprescindibles para el conocimiento de las estructuras sociales y de poder en los territorios entre el Ebro y el Cantábrico, de Castilla a Navarra. Sus primeros estudios se centraron en la historia del monasterio de Irache y la vida rural navarra medieval, un escenario que, al igual que otros de la actual Rioja, no ha abandonado en su larga carrera. Pero ha sido el actual País Vasco la zona a la que más esfuerzos ha dedicado. Aparte de haber coordinado varias obras colectivas sobre temas medievales, sus investigaciones han recorrido, durante varias décadas, ambientes y asuntos diversos, siempre desde la perspectiva de trabajos monográficos y muy documentados: amplias y detalladas monografías sobre Laguardia, Labastida, Peñacerrada, la Tierra de Ayala, la Sonsierra y otras zonas alavesas; pero también Portugalete, Lekeitio y otras comarcas vizcaínas; e igualmente Cestona, Guetaria, Fuenterrabía, San Sebastián y otras villas guipuzcoanas; trabajos especializados sobre los Guevara, los Ayala —linaje del Canciller—, los Avendaño, la Casa de Murga y otros linajes vascos. Aparte de sus estudios sobre linajes de Parientes Mayores, dentro de la historia urbana es uno de los grandes especialistas en el gobierno y las instituciones municipales, las élites urbanas, los sistemas electorales o la participación de los oficios y el común de vecinos en los concejos de las villas; ha estudiado también las cofradías de mareantes y pescadores; asimismo, lleva años haciendo aportaciones fundamentales sobre la fiscalidad y la hacienda en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Se ha interesado igualmente por temas de Historia de la Iglesia, concretamente en Navarra y Álava, pero también, con un alcance ampliado a la historia de Castilla o hispánica, por la historia de la religiosidad y las mentalidades: herejías, Inquisición; conversos; órdenes mendicantes. El trabajo que ahora presenta se inserta en su línea sobre sistemas de gobierno, pero con un acento

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INTRODUCCIÓN

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muy especial, el del papel de los vecinos de la Tierra, labradores y aldeanos de las villas vascas. En un detalladísimo análisis plantea cuestiones de organización, competencias administrativas, conflictos y cultura política del común de la Tierra, así como sus relaciones con los gobiernos capitalinos. Resulta interesante a este respecto comprobar cómo en sus reivindicaciones los representantes de las aldeas y anteiglesias se sirvieron del discurso del «bien común», pero, receptivos a la propia posición administrativa y a su ámbito histórico, no se sirvieron de los discursos típicos del «común de pecheros» o la confrontación estamental, lo que ofrece un magnífico contrapunto de la cultura política de los de abajo que encontramos en muchos concejos del centro peninsular. Lo que sería otra prueba más de la enorme riqueza de situaciones y estructuras políticas que, de región a región, encontramos en la vasta Corona de Castilla durante la época. José Antonio Jara Fuente comenzó su trayectoria en los noventa con una profunda tesis sobre concejo, poder y élites en la Cuenca del XV. Esta ciudad ha sido el observatorio prioritario de sus investigaciones. Pero sus planteamientos científicos y, especialmente, sus teorizaciones colocan su trabajo precisamente en la antítesis de los enfoques localistas. Al contrario, al haber encontrado, y descifrado podríamos decir, en esa ciudad unas estructuras de organización de la aristocracia urbana y un régimen de participación política que resultan peculiares —con capas acomodadas de pecheros, privilegiados en el común, caballería de cuantía, ausencia de bandos-linajes, entre otras características—, sus análisis sobre las élites de gobierno y de participación han permitido comparar este escenario con otros de estructuración concejil más polarizada —caballería oligárquica frente a común, elite de privilegiados frente a pecheros, estructuras formales de linajes urbanos—, tal como ocurre en Salamanca, Alba, Ciudad Rodrigo o Ávila, conocidos por nosotros, o incluso también en Segovia o Soria, estudiadas por otros medievalistas bien conocidos. De modo que el «modelo» conquense, si se acepta la expresión, está contribuyendo a ampliar la profundidad de campo y los mismos límites hermenéuticos con que hoy contamos para conocer las aristocracias y los principios de gobierno concejil en las ciudades y villas del centro peninsular. En concreto José Antonio Jara, en su indagación sistemática, ha dedicado numerosos trabajos a varios flancos imprescindibles de las realidades y percepciones del concejo de esta ciudad en el siglo XV: asambleas de vecinos y concejo cerrado; composición social urbana; usurpaciones; alta nobleza y ciudad; noción de «bien común» y de otros valores como vecindad, parentesco, consensos y orden urbano; léxico, lenguaje y discurso en las fuentes documentales. Estos últimos trabajos se inscriben en una línea de investigación sobre la «identidad política urbana», que el autor, en solitario o con otros historiadores, está desarrollando. La identidad es siempre una categoría muy problemática, que más allá de su empleo banal, puede llevar incluso a una utilización paradójica, ya que significa singularización si responde a la pre-

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

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gunta «quién soy», el yo individual, y, en cambio, remite a categorizaciones colectivas si el interrogante es «qué soy», es decir, qué atributos y rasgos comparto con otros. Obviamente, esta segunda idea de identidad —aplicada a clases, culturas, minorías…— ha estado desde hace décadas en el frontispicio del trabajo académico de sociólogos, historiadores, psicólogos sociales, antropólogos, etc., y es la que se emplea al examinar, en este caso, los ingredientes que generaron la construcción política del común y las élites urbanas del siglo XV. En el trabajo presente José Antonio Jara se plantea las relaciones entre nobleza y sociedad política local. La injerencia de los poderosos nobles del entorno de la urbe —que incluía el linaje Cerda, Acuña, alguna rama de los Mendoza o Carrillo de Albornoz— fue combatida por la ciudad, entre otros recursos, en el plano de la ideología, reafirmando Cuenca su posición como ciudad realenga pero con exigencias de legitimar o reforzar según la cultura cívica de su época, podríamos decir, su rol en la sociedad política. Y éste es el eje en el que focaliza Jara el estudio, centrándose en los discursos ideológicos —y el correspondiente vocabulario político— que circularon a través de nociones como «servicio» o «bien común» o buen gobierno, así como otras categorías propias de un lenguaje de pacificación —«amor», «amistad»…— con que la ciudad buscaba ganarse el apoyo regio pero también negociar con la nobleza, al margen de la praxis y relaciones concretas, una línea entendimiento e incluso de valores compartidos. El siguiente trabajo es el de Juan Carlos Martín Cea. Este autor comenzó en los años ochenta y principios de los noventa estudiando el campesinado castellano en la cuenca del Duero, como marco de referencia general, y más específicamente a propósito de la villa de Paredes de Nava y su entorno. El período bajomedieval y la Meseta del Duero, que ya guiaban sus investigaciones en los primeros libros dedicados a esas temáticas, han seguido centrando desde entonces los ámbitos cronológico y espacial más intensamente tratados por el autor. Desde entonces, Martín Cea, fiel a los temas de siempre, ha ido también añadiendo nuevas preocupaciones, casi siempre con una tendencia a primar cada vez más los aspectos de mentalidades y vida cotidiana. La historia rural, la historia urbana y la historia de las mentalidades son en su oficio como historiador líneas de investigación o géneros difícilmente escindibles, transitando fluidamente entre ellos. En sus estudios se aprecia esa evolución suave entre los temas clásicos y los nuevos matices: trabajos sobre la crisis del feudalismo y el trabajo rural; sobre el control y la gestión de la vida local por parte de las autoridades municipales, incluyendo la «política social» de los concejos; o acerca de los testamentos y los rituales funerarios, incluyendo la idea de la muerte; o los trabajos en torno a la cultura popular y la sociabilidad vecinal; o las reflexiones teóricas sobre las mentalidades en el ámbito rural. Ha promovido también algún volumen colectivo sobre vida cotidiana y mentalidades en la baja Edad Media castellana, campo en el que Martín Cea es considerado hoy día un destacado referente dentro del medievalismo. En

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INTRODUCCIÓN

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este caso sus observaciones ofrecen una reflexión sobre la naturaleza de los espacios públicos, específicamente las plazas públicas de las ciudades y sus funciones, en línea con trabajos recientes sobre esta cuestión; y, como en ellos, no se limita a la descripción de este espacio urbano y la actividad reguladora del poder político sino que ofrece también reflexiones teóricas y aporta puntos de vista que refuerzan las exigencias de interdisciplinariedad requeridas, con mayor énfasis si cabe que en otras, en esta temática.

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El trabajo siguiente, sobre las actitudes y mentalidad social de la elite salmantina bajomedieval, que es aquí nuestra aportación particular, se encuadra por su parte en una línea de trabajo cultivada hace tiempo, centrada en el estudio de las organizaciones y los idearios de los caballeros urbanos, así como sobre los principios políticos que sostuvieron las acciones del patriciado frente a las otras fuerzas sociales y frente a las influencias externas. Finalmente, el estudio de Soledad Tena sobre cofradías y concejos cierra la relación de los trabajos de los autores participantes en este volumen. A mediados de los noventa la autora publicaba su extensa monografía sobre la sociedad urbana medieval en las villas de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía. Las investigaciones sobre la Guipúzcoa costera medieval constituyeron desde entonces una línea de trabajo, complementada con alguna ampliación al ámbito vasco en sentido más general. Trabajos sobre los conflictos en torno al Puerto de Pasajes, sobre los linajes urbanos de las villas costeras guipuzcoanas, las luchas banderizas en la provincia o las estructuras administrativas del país, sobre el comercio y transporte marítimo o sobre cofradías de mareantes y pescadores, entre otros, siguen fieles a estas preocupaciones. Recientemente acaba de publicar un extenso pleito entre la villa de Fuenterrabía y la aldea de Irún. La autora ya había publicado otras fuentes, pero en este caso la documentación, acompañada de un pequeño estudio, sobre todo pone a disposición de los historiadores una fuente muy útil para el conocimiento de la comarca en la Edad Media. Junto a ello, desde la década pasada la autora viene trabajando también sobre historia de las mujeres, tanto en lo referente a las condiciones de vida de los ámbitos geográficos que mejor conoce como, con carácter más general, a propósito de las ideas y representaciones culturales de la mujer en la Europa medieval. La aportación aquí incluida retoma la línea más tradicional de sus investigaciones, al intentar dar luz a la enrevesada y compleja conflictividad política en la costa guipuzcoana a fines del XV. En ella se vieron envueltos los hombres de la mar, las élites mercantiles y los vecinos de San Sebastián. Sus tensiones se explican dentro de los problemas por el acceso a los cargos o a propósito de la fijación de los umbrales de poder de las cofradías de mareantes y pescadores, pero también debido a las tensas relaciones con Rentería y la Tierra de Oyarzun, siempre con el telón de fondo de los problemas en torno al control del Puerto de Pasajes y el aprovechamiento de los recursos de la zona.

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

En definitiva, este libro sobre Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana permite al lector asomarse, de la mano de especialistas, a las nociones medievales sobre el bien común, los ideales urbanísticos, los principios fiscales, las funciones sociales o la gestión de los espacios públicos. Pero además le guía hacia el conocimiento de los comportamientos, valores y conflictos que de una u otra forma estuvieron ligados al ejercicio del poder y las mentalidades de los grupos sociales en las ciudades castellanas de los últimos siglos medievales: caballeros principales, regidores, miembros de la alta nobleza, mareantes y pescadores, parientes mayores, ciudadanos, gentes del común y labradores de las aldeas, grupos todos ellos que cobran vida en los análisis pormenorizados realizados cada investigador. Se pone en evidencia, simplemente contrastando unas pocas zonas de la corona castellana, la variedad de situaciones, la riqueza de las culturas políticas, detectada a veces de ciudad a ciudad u observada en unas pocas regiones urbanas histórica y geográficamente congruentes. No podemos sino agradecer a los autores este esfuerzo por dar a conocer un poco mejor las ideas, las actitudes, los conflictos y los actores sociales de las ciudades castellanas de la época.

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José María Monsalvo Antón

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Obras públicas, fiscalidad y bien común en las ciudades de la Castilla bajomedieval1 JUAN A. BONACHÍA HERNANDO

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Universidad de Valladolid

i. INTRODUCCIÓN El siglo XIII presencia en Europa occidental, como se ha dicho, «la madurez del renacimiento urbano». En la Península Ibérica, y en nuestro caso concreto en Castilla, el fenómeno de crecimiento del mundo urbano que se desarrolla entre los siglos XI-XIII, de forma simultánea a los procesos de conquista y repoblación del espacio, alcanza su expresión final y más elocuente, desde el punto de vista de la morfología de villas y ciudades, con el desarrollo, en muchas partes, de nuevos amurallamientos, más extensos que los precedentes, que tienen lugar entre la segunda mitad del siglo XIII y los primeros decenios del XIV.2

1. Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación «Poder, sociedad y fiscalidad en la Meseta norte castellana en el tránsito del Medievo a la Modernidad», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) (HAR2011-27016-C02-02). Dicho proyecto forma parte de un Proyecto coordinado entre la Universidades de Valladolid y la Universidad del País Vasco («Poder, sociedad y fiscalidad en la Corona de Castilla: un estudio comparado de la Meseta Norte y de la Cornisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a la Modernidad» (HAR2011-27016-C02) y está integrado en la red temática Arca Comunis (http://arcacomunis.uma.es). 2. M. Á. LADERO QUESADA, ‹‹La dimensión urbana: paisajes e imágenes medievales. Algunos ejemplos y reflexiones››, en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente europeo. Siglos XI-XV (Actas de la XXXIII Semana de Estudios Medievales de Estella. 17 al 21 de julio de 2006), Pamplona, 2007, pp. 23-63, en concreto, pp. 24-27; y Ciudades de la España medieval. Introducción a su estudio, Madrid, 2010, pp. 10-12.

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Ciento cincuenta años después, cuando nos adentramos en los decenios finales del siglo XV y primeras décadas del XVI, en ese amplio y complejo período de soldadura entre la Edad Media y la época Moderna, la tónica general de los paisajes urbanos castellanos no está definida por los procesos de ampliación de los recintos amurallados de villas y ciudades —que no en pocos lugares mantendrán durante muchos siglos el perfil amurallado adquirido en la época anterior—, sino por dos fenómenos que inevitablemente repercuten de forma directa sobre la fisonomía urbana y la transforman: por un lado, el desbordamiento ocupacional del perímetro amurallado y la consiguiente aparición y desarrollo de arrabales extramuros y, en segundo lugar, la profusa actividad urbanística desplegada en todas las partes por las autoridades locales, una actuación orientada a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el seno de ciudades más hermosas, sanas, insignes y honorables. En este extenso marco de análisis de la evolución del paisaje urbano entre mediados del siglo XIII y comienzos del XVI, me interesa contemplar los procesos urbanísticos desde una perspectiva esencialmente política,3 como reflejo de una determinada actuación del poder, aproximándome, en especial, a la trascendencia que juega la fiscalidad municipal como parte integrante de un discurso político tendente, entre otros objetivos, a la formación de una identidad colectiva urbana4 y la legitimación de la acción política de los gobiernos municipales mediante el recurso a la retórica del Bien Común.5 2. MURALLAS

Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS

PARTIDAS

En este orden de cosas, me interesa retornar al siglo XIII y observar, más allá de su carácter eminentemente jurídico, las consideraciones que se contienen en las leyes de las Partidas sobre los bienes y espacios públicos, su confrontación y defensa frente a los intereses privados y, principalmente, los criterios

3. Como señaló hace años J. HEERS, el urbanismo no puede «s’observer comme une pure expresion artistique, fruit d’une reflexion intellectuelle, d’une simple conception esthétique; le paysage urbain, le dessin des rues, les formes de l’habitat mêmes répondent à des besoins impérieux, plus encore correspondent à des façons de vivre, à des structures économiques, politiques et, avant tout, sociales» (J. HEERS, Espaces publics, espaces privés dans la ville. Le Liber Terminorum de Bologne (1294), París, 1984, pp. 15 y ss.). 4. Una identidad urbana participada, en expresión de Y. GUERRERO NAVARRETE. Sobre estas cuestiones, véanse las reflexiones de esta autora en «La fiscalidad como espacio privilegiado de construcción político identitaria urbana: Burgos en la Baja Edad Media», Stud, hist., H.ª mediev., 30, 2012, pp. 43-66. 5. En torno a la noción y al ideal del Bien Común, véase el reciente conjunto de estudios recogidos en E. LECUPPRE-DESJARDIN y A. L. VAN BRUAENE (eds.), De Bono Communi. The Discours and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.) / Discours et practique du Bien Commun dans les villes d’Europe (XIIIe au XVIe siècle), Turnhout, Brepols, 2010.

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sobre la forma de financiación de las labores de construcción, mantenimiento y reparación de tales espacios.

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Como es sobradamente conocido, el atributo decisivo que define a la ciudad en el Código alfonsí no es un determinado estatuto jurídico que sirva para diferenciar unos núcleos de población de otros, ni tampoco se articula en torno a su mayor o menor grandeza, a un determinado volumen de población o al carácter o dedicaciones laborales de sus vecinos. La descripción se realiza en función de componentes físicos, es decir, de ciertos espacios (arrabales) y construcciones (edificios) y, en particular, de la presencia de un elemento urbanístico peculiar que los acoge: la ciudad es definida esencialmente por la existencia de murallas,6 aunque eso no impide que a lo largo de la obra exista una evidente indefinición entre villa y ciudad.7

6. «Otrosi decimos que do quier que sea fallado este nombre cibdat, que se entiende todo aquel lugar que es cercado de los muros, con los arrabales et los edificios que se tienen con ellos» (Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid, Imprenta Real, 1807 (ed. facsímil, Madrid, 1972), aquí Partida VII, XXXIII, VI (en adelante, Part. VII, XXXIII, VI). R. IZQUIERDO BENITO sugiere que «la existencia de arrabales era lo que podía dar auténtico sentido a un lugar habitado para considerarlo una ciudad» (‹‹Rasgos urbanísticos de las ciudades del Reino de Toledo en el siglo XIII››, en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, Sevilla, 2006 (2 vols.), vol. I, pp. 123-144, la cita en p. 123). La cuestión del Urbanismo en la obra alfonsí y, más en concreto en este Código, ha sido tratada específicamente por M.ª DEL C. CAYETANO MARTÍN, «La ciudad medieval y el Derecho: el urbanismo en las Partidas», Anales de Historia del Arte, 4, 1993-1994, pp. 65-70; y más recientemente por F. RUIZ GÓMEZ, ‹‹La ciudad en la obra jurídica alfonsí: el paisaje urbano y los grupos de poder››, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, vol. I, pp. 101-121; y J. A. BONACHÍA HERNANDO, ‹‹La imagen de la ciudad en las Partidas: edificación, seguridad y salubridad urbanas›› Cuadernos de Historia de España, LXXXV-LXXXVI, 2011-2012, pp. 115-134. Por supuesto, hay otras numerosas menciones en gran número de artículos y obras monográficas sobre núcleos de población concretos o en trabajos relacionados con asuntos puntuales (la calle, la muralla, la plaza, la vivienda…). En otro orden de cosas, en relación con los apriorismos de la historiografía respecto a la ciudad amurallada y otras interesantes consideraciones sobre el papel de la cerca en la conformación del espacio urbano, véase J. M.ª MONSALVO ANTÓN, ‹‹Espacios y poderes en la ciudad medieval. Impresiones a partir de cuatro casos: León, Burgos, Ávila y Salamanca››, en J. I. de la IGLESIA (coord.), Los espacios de poder en la España medieval. XII Semana de Estudios Medievales, Logroño, 2002, pp. 97-147, en concreto pp. 115-132. Sobre la función simbólica y material de las murallas, seguimos recurriendo con carácter general a los trabajos y conclusiones contenidas en J. HEERS (ed.), Fortifications, portes de villes, places publiques, dans le monde méditerranéen, París, 1985, en especial el de M. Á. LADERO QUESADA, ‹‹Les fortifications urbaines en Castille aux XIe.-XVe. siècles: problématique, financement, aspects sociaux››, pp. 145-176; y en C. de SETA y J. LE GOFF (eds.), La ciudad y las murallas, Madrid, 1991, en concreto para Castilla el de J. VALDEÓN BARUQUE, ‹‹Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval››, pp. 67-87. Véase también LADERO, Ciudades de la España medieval, pp. 99-103. 7. Son varias las ocasiones en que la existencia de muros se vincula en las Partidas a ambas realidades, ciudades y villas: los clérigos non deben labrar «por sí mesmos en las labores de los castiellos nin de los muros de las cibdades nin de las villas» (Part. I, VI, LI); «Honra debe el rey facer á su tierra, et señaladamiente en mandar cercar las cibdades, et las villas et los castiellos de buenos muros et de buenas torres (…)» (Part. II, XI, II); «Santas cosas son llamadas los muros et las puertas de las cibdades et de las villas (…)» (Part. III, XXVIII, XV), etc. La definición no parece exclusiva, por lo tanto, de las ciudades. Y tampoco tiene relación alguna con la presencia de murallas el hecho de que el núcleo

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De la importancia que las Partidas otorgan a las murallas da buena muestra el carácter sagrado que sus autores les conceden a ellas y a sus puertas: «Santas cosas son llamadas los muros et las puertas de las cibdades et de las villas».8 Esa condición sacralizada las constituye como lugares inviolables. Porque, por otra parte, su sola presencia representa a la ciudad misma y el respeto hacia ellas simboliza el respeto que se debe a la honra y pro del lugar. Nadie puede quebrantar los muros rompiéndolos y horadándolos, ni entrar en la ciudad escalando por ellos: sólo pueden ser atravesados por sus puertas. Guardar estos principios significa apreciar la honra y pro del lugar; no hacerlo representa, por el contrario, la mayor agresión contra el honor y el bien de una comunidad, implica actuar como enemigo y malhechor.9 Precisamente, uno de los deberes que tiene el rey para con su tierra es dotar a sus ciudades, villas y castillos de buenas murallas y torres, pues ello «la face ser mas noble, et mas honrada et mas apuesta».10 Una nobleza, honor y belleza que escoltan a la que, en principio, es la función primordial de los muros de una ciudad: proporcionar seguridad y amparo a sus habitantes. Sin detenernos en otros detalles,11 cabe destacar que las murallas son consideradas en fortificado sea mayor o menor. Una villa pequeña también puede estar amurallada, aunque la fortaleza de sus muros sea menor: «Guardábanse mucho los antiguos de poner engeños sinon á castiello ó á villa pequeña, porque en tales logares facen mayor daño derribando los muros, et las torres et aun las casas, et matando los homes, lo que non podrien facer en las villas grandes: ca estas de lieve nunca se toman sinon por fambre, ó por furto, ó por cavas, ó por feridas de bozones con que derribasen los muros, ó por castiellos de madera que llegasen a las torres con que las entrasen por fuerza, ó por combatirlos tan afincadamente que los subiesen por escaleras…» (Part. II, XXIII, XXVI. En el mismo Título, también Leyes XXIV y XXV). Al hilo de todo ello, es el propio legislador quien, en alguna ocasión, establece una equiparación entre «ciudad» y «villa grande» por oposición a la idea de «villa pequeña» o «villa menor» (Part. III, XX, VII; o II, XIII, XIX, al hablar de las exequias debidas al rey). 8. No sorprende que en la representación de algunas puertas en las Cantigas aparezca, en su parte superior, una imagen sedente de la Virgen con el niño en brazos, lo cual invoca al mismo tiempo la protección divina sobre la ciudad (A. ARCAZ POZO, «La imagen de la ciudad castellana en las Cantigas alfonsíes››, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, vol. II, pp. 75-86, aquí pp. 75-77). 9. «(…) et por ende establecieron antiguamente los emperadores et los filósofos que ningunt home non los quebrantase rompiéndolos, nin foradándolos nin entrando sobre ellos por escaleras nin en otra manera ninguna que sea sinon por las puertas tan solamente (…) porque quien asi entrase en alguna cibdat ó villa non entrarie como home que ama pro et honra del logar, mas como enemigo et como malhechor (…)» (Part. III, XXVIII, XV). En la ley XVI se pone como ejemplo la historia de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, la violación de las murallas de Roma por el segundo y su ejecución por su propio hermano. Al respecto, véase B. ARÍZAGA BOLUMBURU, Urbanística medieval (Guipúzcoa), Donostia, 1990, p. 109. 10. Part. II, XI, II. En el mismo sentido, Part. III, XXXII, XX: «Apostura et nobleza del regno es mantener los castiellos, et los muros de las villas, et las otras fortalezas (…)». 11. Por ejemplo, su primordial carácter defensivo, la prohibición de construir en sus anexos por razones estratégicas, o la obligación de vigilancia y defensa de los muros que incumbe a los habitantes de una población. La muralla es ante todo, como toda fortificación, expresión visible de la necesidad de protección: «(…) et demas es grant seguranza et gran amparamiento de todos comunalmente para en todo tiempo» (Part. III, XXXII, XX). Véase E. VARELA AGÜÍ, La fortaleza medieval: simbolismo y poder en la Edad Media, Valladolid, 2002. p. 87; ARÍZAGA, Urbanística medieval, pp. 107 y ss. La fortaleza de la ciudad,

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las Partidas como un bien común que sirve al Bien Común. Y si su presencia favorecía a todos, también era responsabilidad de todos velar por ellas, de tal modo que si la defensa de los muros ciudadanos era un deber colectivo, también lo era, como veremos más adelante, su conservación y mantenimiento, ya fuera a través de su financiación por el erario municipal o, a falta de recursos en las arcas concejiles, mediante la contribución fiscal de los habitantes del lugar. Además de las murallas, ciertos espacios y vías de comunicación de villas y ciudades son también un bien común y merecen igualmente la atención del legislador: «Apartadamente son del comun de cada una cibdat ó villa las fuentes et las plazas do facen las ferias et los mercados, et los logares do se ayuntan á concejo, et los arenales que son en las riberas de los rios, et los otros exidos, et las correderas do corren los caballos, et los montes et las dehesas et todos los otros logares semejantes destos que son establescidos et otorgados para pro comunal de cada una cibdat, ó villa, ó castiello ó otro logar».12 Como se indica en otras Leyes, las plazas, calles y caminos son bienes comunales de los núcleos de población.13 Algunos otros —campos, viñas, huertas, olivares, heredades, ganados, siervos, pegujal, navíos— podían generar rentas, aun siendo comunales no eran de aprovechamiento particular y, en algunos casos (siervos, ganados, pegujal, navíos), podían pasar a pertenecer, por prescripción adquisitiva y con ciertas garantías procesales para el concejo, a la persona que los hubiera explotado durante cuarenta años.14 Los beneficios producidos por ellos debían ser invertidos en el pago de salarios o en el mantenimiento de bienes provechosos para toda la comunidad.15 Las calles, plazas y caminos, como las fuentes y los puentes, son espacios públicos, bienes de uso colectivo que las Partidas protegen en su tensión frente

fruto de un emplazamiento estratégico y de unas sólidas murallas, es una característica de la imagen urbana que resaltan los cronistas del siglo XV (M.ª I. del VAL VALDIVIESO, ‹‹Imagen de la ciudad en las Crónicas castellanas del siglo xv››, en V. LAMAZOU-DUPLAN (ed.), Ab urbe condita… Fonder et refonder la ville: récits et représentations (second Moyen Age-premier XVIe siécle), Pau, 2011, pp. 475-491, en este caso pp. 481482. Y son efectivamente, y sobre todo, razones de carácter militar las que conducen a adoptar medidas orientadas a dejar expeditos los accesos a las murallas. De este modo, las Partidas vedaban la construcción de casas y edificios contiguos al muro, debiéndose dejar entre éste y la obra nueva un espacio mínimo de quince pies que permitiera el paso de los individuos (Part. III, XXXII, XXII). El incumplimiento de este precepto en las ciudades castellanas de los siglos XIV y XV fue algo habitual. Por citar un ejemplo, véase C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León en la Baja Edad Media. El espacio urbano, León, 1992, p. 55. 12. Part. III, XXVIII, IX. 13. Junto a las dehesas, ejidos y cualquier otro lugar «semejante destos» (Part. III, XXIX, VII). En el mismo sentido, la expresión de Part. III, XXXII, XXIII: «En las plazas, nin en los exidos, nin en los caminos que son comunales de las cibdades, et de las villas et de los otros logares (…)». 14. Part. III, XXVIII, X y III, XXIX, VII. Al común de una ciudad o villa también le puede ser otorgado el usufructo de algún edificio, heredad o bien ajeno. Esa donación debe durar al menos cien años, salvo que el lugar se despueble antes (Part. III, XXXI, XXVI). 15. RUIZ GÓMEZ, ‹‹La ciudad en la obra jurídica››, pp. 106-107, 111.

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a los intereses privados. Los lugares donde tienen lugar las reuniones concejiles, no necesariamente un edificio,16 también tienen ese carácter comunal y público, así como aquellos otros donde se juntan los jueces para oír y librar los pleitos, «logares señalados et comunales… do suelen judgar públicamente».17 Pero si hay unos espacios públicos prototípicos, son las calles y plazas. En el código alfonsino la idea de lo público va muy unida a los conceptos de plaza y mercado. La plaza, como se ha dicho, «es el lugar público por excelencia de un núcleo urbano».18 La celebración de ferias y mercados convierte las calles y, sobre todo, las plazas en los espacios públicos por antonomasia, en lugares de encuentro y sociabilidad donde hombres y mujeres afluyen masivamente a comprar, vender y cambiar todo tipo de bienes y productos.19 Y junto a las calles y plazas, los puentes. Como he indicado en otra parte,20 su construcción

16. Lo más normal es que en esta época los municipios no dispusieran de una sede para sus reuniones (M. MONTERO VALLEJO, Historia del urbanismo en España. I. Del eneolítico a la Baja Edad Media, Madrid, 1996, p. 193). Los ejemplos puntuales son muy abundantes para el caso castellano, donde estos edificios no comienzan a generalizarse hasta finales del siglo XV, aunque en algún caso se hubieran dado precedentes, como en Toledo, Jaén o Cuenca. En esta última ciudad la corporación contaba con casa propia desde inicios del siglo XV, cerca de la plaza de la Picota, pero un incendio la destruyó en 1447 y no volvió a tener sede propia hasta finales de siglo, tras la disposición de las Cortes de Toledo de 1480 (J. M.ª SÁNCHEZ BENITO, El espacio urbano de Cuenca en el siglo XV, Cuenca, 1997, pp. 71-73). 17. Part. III, IV, VII y VIII. Además de públicos, los lugares donde se realizaban los juicios debían ser convenientes: «De dia et non de noche (…) debe el judgador dar su juicio (…) et débelo él mesmo leer públicamente si sopiere leer, seyendo asentado en aquel logar do suele oir los pleytos ó en otro que sea convenible para ello» (Part. III, XXII, V). También se dispone que el juicio no es valedero «si fuese dado en logar desconveniente, asi como en la taberna ó en otro logar que fuese desaguisado para judgar» (Part. III, XXII, XII). 18. B. ARÍZAGA BOLUMBURU, La imagen de la ciudad medieval. La recuperación del paisaje urbano, Santander, 2002, p. 22. Así mismo, véase MONSALVO, ‹‹Espacios y poderes››, pp. 140-142. Véanse también las páginas dedicadas a la plaza y sus significados por HEERS, Espaces publics, pp. 135 y ss. Sobre este particular, continúa siendo muy recomendable la obra de J. L. SÁINZ GUERRA, La génesis de la plaza en Castilla durante la Edad Media: la plaza y la estructura urbana, Valladolid, 1990. 19. De ese modo, el lugar donde se realiza el mercado se convierte, por la masiva afluencia y trasiego de gentes, en el ámbito idóneo donde se efectúan los pregones. Cuando una persona no puede ser emplazada en su casa para que acuda ante el juez porque está escondida o ha huido del lugar, el emplazamiento se puede pregonar «en tres mercados, porque lo sepan sus parientes et sus amigos, et gelo fagan saber que vengan facer derecho á aquellos que querellaren dellos, ó que sus parientes ó sus amigos los puedan defender en juicio si quisieren» (Part. III, VII, I). Aunque, por las mismas razones, también se erige en uno de los espacios preferidos de tramposos, maleantes y ladrones que, utilizando las más variadas artimañas —lanzando serpientes en medio de la multitud o provocando peleas amañadas—, asustan y engañan a los asistentes y aprovechan el tumulto para robarles (Part. VII, XVI, X). Esa imagen de la plaza como lugar de reunión de tahúres y bribones también es reflejada por las Cantigas alfonsíes: ARCAZ, ‹‹La imagen de la ciudad››, p. 79. En fin, la plaza se nos muestra también como el lugar idóneo, por el constante ir y venir de gentes y la consiguiente repercusión y rapidez con que se transmiten las noticias y rumores que se propagan en ella, para dar a la luz pública libelos difamatorios contra otras personas (Part. VII, IX, III). 20. J. A. BONACHÍA HERNANDO, «El agua en las Partidas», en M.ª I. del VAL VALDIVIESO y J. A. BONACHÍA HERNANDO (coord.), Agua y sociedad en la Edad Meia hispana, Granada, 2012, pp. 13-64, en concreto pp. 30-32.

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tiene dos características centrales: por un lado, está expresamente orientada a la consecución del bien común y, por otro, era entendida como una obra de piedad. Y continuaba señalando: «la obligación colectiva que afectaba a todos los individuos, incluidos los clérigos, de colaborar en la construcción y mantenimiento de puentes y calzadas y la propia dimensión piadosa que adquirían algunas de estas labores anticipan el deseo de protección del espacio público frente a los intereses privados que se manifiesta de modo permanente en las Partidas».21 En el difícil equilibrio entre lo privado y lo público hay una prioridad y una voluntad de defensa de los bienes públicos y del interés general por encima (y aun respetando sus derechos) de las aspiraciones e intereses particulares, y esta es una premisa que se constituye como uno de los presupuestos fundamentales del Código alfonsí: «(…) ca non serie guisada cosa que el pro de todos los homes comunalmente se destorvase por la pro de algunos».22 Es el mismo principio que se utilizaba al impedir que nadie pudiera labrar ningún tipo de edificio en los espacios comunales de la ciudad (plazas, ejidos y caminos). Apostura, interés general y espacio público son conceptos que concurren en las Partidas. Belleza y bien común son los dos caracteres fundamentales que definían y debían adornar a estos espacios y, por lo tanto, nadie tenía capacidad, a nivel personal, para apropiarlos o edificar en ellos en beneficio particular.23 Las Partidas manifiestan una clara voluntad de preservar los bienes comunes en el seno de la colectividad. La prohibición de construir en suelo público tiene el sentido de evitar cualquier vía que pudiera conducir a su privatización. Había una denegación estricta de que los lugares públicos (plazas, carreras, ejidos, ríos, fuentes…) se pudieran vender o enajenar, en perfecta consonancia con el principio según el cual sólo había tres cosas que eran inalienables: los hombres libres, los bienes sagrados y los lugares públicos.24 Tampoco podían privatizarse como resultado de aplicar las leyes que permitían que los bienes pudieran ganarse por uso de largo tiempo,25 ni podían ser legados en testamento.26 Ni podía recaer ningún tipo de servidumbre sobre los bienes que eran de uso y para pro comunal de las villas y ciudades (mercados, plazas, ejidos y similares), servidumbres para las que, por el contrario, no había res-

21. Id., ibid., p. 34. 22. Part. III, XXVIII, VIII. Sobre la protección jurídica del espacio público urbano, véase RUIZ GÓMEZ, ‹‹La ciudad en la obra jurídica››, p. 108. 23. En este caso, la construcción debía ser derribada, salvo que el común del lugar decidiese incautarla. La renta que en adelante se obtuviera de la explotación de ese edificio, incorporado con los demás bienes comunales, debía ser utilizada (como las otras rentas del Concejo) en gastos de provecho común (Part. III, XXXII, XXIII). 24. «Home libre, et cosa sagrada ó religiosa ó santa, et el logar público, asi como las plazas, et las carreras, et los exidos, et los rios et las fuentes que son del rey ó del comun de algunt concejo, non se pueden vender nin enagenar» (Part. V, V, XV). 25. Part. III, XXIX, VII y III, XXXII, XXIII. 26. Part. VI, IX, XIII.

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tricciones si se trataba de edificios y heredades de propiedad particular27. Este principio de inviolabilidad de los edificios y espacios públicos y su preservación en el seno de la comunidad vendrían a refrendar el triunfo, como se ha denominado, de lo público.28 ¿Quién y cómo se financiaba el mantenimiento y conservación de los edificios y espacios públicos? Las murallas, por ejemplo, eran un elemento tan destacado de la identidad física y simbólica de las ciudades que hasta el propio rey estaba comprometido en la promoción de su construcción y posterior conservación. Era el monarca quien, por la honra de su tierra, debía «mandar cercar las cibdades, et las villas et los castiellos de buenos muros et de buenas torres» y actuar diligentemente para impedir que se derribaran por su mal cuidado.29 De modo parecido, era obligación del rey disponer que se labraran y mantuvieran puentes y calzadas. Y con ese fin, las Partidas le capacitaban para expropiar heredades destinadas a su construcción,30 de modo que el interés colectivo y el beneficio general se hacían predominantes sobre los bienes e intereses particulares. El monarca debía velar por el mantenimiento y reparación de éstas y otras labores que proporcionaban apostura y nobleza al reino —castillos, murallas y fortalezas, pero también calzadas, puentes y caños urbanos— procurando evitar que se derribaran o destruyeran.31 Para ello, «debe hi poner homes señalados et entendidos en estas cosas et acuciosos, et mandarles que fagan lealmiente el reparamiento que fuere meester…» y darles «lo que hobieren meester para cumplimiento de la labor».32 Pero era la comunidad ciudadana la que, como en otras partes de Europa, soportaba la carga financiera de las obras públicas.33 El coste del mantenimiento de todas estas obras recaía, según establece el legislador, sobre las arcas municipales. Ahora bien, para soportar una carga tan pesada había que buscar nuevas fuentes de ingreso.

27. Part. III, XXXI, XIII. 28. En relación con el carácter inalienable del espacio público,véase BENITO IZQUIERDO, ‹‹Rasgos urbanísticos››, pp. 139-140. Sobre la relación entre lo público y lo privado y el triunfo del primero en la Italia del siglo XIII, véase por ejemplo, el trabajo de Heers, Espaces publics, o la más breve exposición de E. CROUZET-PAVAN, ‹‹Entre collaboration et affrontement: le public et le privé dans le grands travaux urbains (l’Italie de la fin du Moyen Âge)››, en Tecnología y sociedad: las grandes obras públicas en la Europa Medieval, Pamplona, 1996, pp. 363-380, en especial pp. 370-375. Una visión general sobre la defensa política del espacio público y su carácter inalienable en P. BOUCHERON y D. MENJOT (con la colaboración de M. BOONE), Historia de la Europa urbana. II. La ciudad medieval (J.-L. PINOL, dir.), València, 2010, pp. 210-218. 29. Part. II, XI, II y III. 30. Ya fuera pagando su valor o a cambio de otro bien (Part. III, XVIII, XXXI). 31. «Apostura et nobleza del regno es mantener los castiellos, et los muros de las villas, et las otras fortalezas, et las calzadas, et las puentes et los caños de las villas, de manera que non se derriben nin se desfagan. Et como quier quel pro desto pertenesca á todos, pero señaladamiente la guarda et la femencia destas labores pertenesce al rey…» (Part. III, XXXII, XX). Sobre todas estas cuestiones, BONACHÍA, «El agua en las Partidas», pp. 34-35. 32. Part. III, XXXII, XX. 33. BOUCHERON y MENJOT, Historia de la Europa urbana. La ciudad medieval, pp. 307-309. CROUZET-PAVAN, ‹‹Entre collaboration et affrontement››, p. 377.

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Una de las vías de financiación de las haciendas municipales provenía de los nuevos portazgos impuestos en las ciudades y villas del reino. La tercera parte del beneficio obtenido por su arrendamiento pasaba a pertenecer a los municipios.34 También engrosaban la hacienda municipal las rentas producidas por los bienes comunales del concejo. Según determinaban las Partidas, tanto estos ingresos como los provenientes del cobro del portazgo debían gastarse necesariamente en la reparación de los muros y torres de los lugares donde se cobrase el portazgo o de cuyos bienes se extrajesen las rentas, así como en el mantenimiento de sus puentes y calzadas y demás necesidades que fueran beneficio de toda la comunidad.35 Eran fondos intocables, que no se podían destinar a otros gastos, ni siquiera a compensar y redimir otras deudas.36

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Podía ocurrir, no obstante, que las rentas concejiles no fueran suficientes. Las Partidas recurren entonces a la contribución de los vecinos. A partir de ahí, la financiación de las obras públicas recaía sobre todos los moradores del lugar, quienes, cada uno según su haber, debían contribuir hasta obtener la cantidad necesaria para llevarlas a cabo, sin que pudieran eximirse de ello «caballeros, nin clérigos, nin vibdas, nin huérfanos nin ningunt otro qualquier por previllejo que tenga»37. La máxima es muy simple: si el beneficio de estas labores aprovechaba a todos, era justo y razonable, en opinión del legislador, que todos, sin excepciones, contribuyeran a su conservación, cada uno en la medida de sus posibilidades38. 3. DESARROLLO

URBANO Y NUEVOS AMURALLAMIENTOS

Si, como comenté al principio, el siglo XIII es un período de consolidación y madurez del fenómeno urbano europeo,39 no lo es menos en el caso de

34. Part. V, VII, VII. Sobre el portazgo en las Partidas, C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, El portazgo en la Edad Media. Aproximación a su estudio en la Corona de Castilla, Bilbao, 1989, pp. 144-149. Véase también M. A. LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993, pp. 131-139. 35. Part. V, VII, VII; III, XXVIII, X. 36. Part. V, XIV, XXVI. 37. «(…) pero si en las cibdades ó en las villas do han meester de facer algunas destas labores, si han rendas apartadas de comun, deben hi ser pimeramiente despendidas: et si non complieren ó non fuese hi alguna cosa comunal, entonce deben los moradores de aquel logar pechar comunalmiente cada uno por lo que hobiere fasta que ayunten tanta quantia de que se pueda complir la labor» (Part. III, XXXII, XX). 38. «Ca pues que la pro destas labores pertenesce comunalmiente á todos, guisado et derecho es que cada uno faga hi aquella ayuda que podiere» (Id., ibid.). Sobre el principio de igualdad ante el impuesto, basado en el argumento del «bien común» y utilizado igualmente en el supuesto de la obras públicas y, en especial, de la construcción y mantenimiento de las defensas urbanas, véase, para el caso de las ciudades catalanas, el reciente trabajo de P. VERDÉS PIJUAN, «Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir: a propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval», Stud, hist., H.ª mediev., 30, 2012, pp. 129-153. 39. J. HEERS, La ville au Moyen Âge en Occident. Paisages, pouvoirs et conflits, París, 1990; M.ª GINA-

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Castilla. Se trata, por un lado, de un siglo en el que se enmarca una fructífera y sustancial etapa en el proceso reconquistador (1224-1266) y, por lo tanto, de un período de importantes incorporaciones para la historia de las ciudades castellanas, tras la anexión de los territorios de la actual Extremadura al Sur del Tajo, de la Andalucía del valle del Guadalquivir y de Murcia. Salvo en el caso de Villa Real, fundada en 1255 por Alfonso X, los conquistadores desarrollaron una intensa repoblación y dieron lugar a modificaciones sustanciales en las estructuras de la red urbana heredada de los musulmanes, pero no tuvieron necesidad de fundar nuevas ciudades en los espacios conquistados.40 Estas nuevas incorporaciones, fruto de la conquista, se venían a añadir, aunque dentro de un proceso que derivaba de más antiguo y aún se extendería hasta mediados del siglo XIV, al amplio fenómeno de fundación y asentamiento de nuevas villas que tuvo lugar en los territorios castellano-leoneses, tanto en la periferia norteña como en el interior.41 Se trata, por otro lado, de un largo período, que podemos extender hasta el reinado de Alfonso XI y la instauración de los Regimientos, en el que se está produciendo una profunda evolución y consolidación institucional de las ciudades del reino castellano y de sus estructuras sociales, económicas y políticas; una época de reajuste social y político urbano, de profunda efervescencia en el desarrollo y consolidación como instancia de poder del régimen municipal de Castilla, en la que poco a poco se está afianzando, hasta llegar a culminar institucionalmente, el largo proceso de

y L. SANDRI, L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firence, 1990; J. M.ª MONSALVO ANTÓN, Las ciudades europeas del Medievo, Madrid, 1997; N. COULET y O. GUYOTJEANNIN (eds.), La ville au Moyen Âge. T. 1: Ville et space. T. 2: Sociétés et pouvoirs dans la ville, París, 1998; G. JEHEL y PH. RACINET, La ciudad medieval. Del Occidente cristiano al Oriente musulmán (siglos V-XV), Barcelona, 1999; BOUCHERON y MENJOT, Historia de la Europa urbana. La ciudad medieval. 40. LADERO, Ciudades de la España medieval, pp. 25-28. Sobre la fundación de Ciudad Real, véase L. R. VILLEGAS DÍAZ, «La fundación de Villa Real y el mundo urbano manchego», en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, vol. I, pp. 51-66. 41. En este contexto es difícil obviar el papel repoblador de Alfonso X (M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ‹‹Alfonso X, repoblador››, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, vol. I, pp. 17-31), así como los fenómenos de nacimiento de nuevas villas que se vienen produciendo en los viejos territorios al Norte del Duero desde mediados del siglo XII (B. ARÍZAGA BOLUMBURU, El nacimiento de las villas Guipuzcoanas en los siglos XIII Y XIV. Morfología y funciones urbanas, San Sebastian, 1978 y Urbanística medieval, pp. 13-52; J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Las «polas» asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario, Oviedo, 1981, o para un caso concreto, ‹‹Funciones y paisajes urbanos de las villas marítimas del Norte de España: Avilés (siglos XII-XV)››, en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos, pp. 691-735; P. MARTÍNEZ SOPENA, La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII, Valladolid, 1985, o ‹‹Repoblaciones interiores, villas nuevas de los siglos XII y XIII››, en Despoblación y colonización del Valle del Duero: siglos VIII-XX, León, 1995, pp. 161-187, sobre el origen y evolución de las villas del valle del Duero. Puede encontrarse una visión de conjunto en J. Á. SOLÓRZANO TELECHEA y B. ARÍZAGA BOLUMBURU (eds.), El fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero. Revisión historiográfica y propuestas de estudio, Santander, 2002, donde se recogen estudios que abordan el fenómeno monográficamente para los distintos territorios al Norte del Duero. TEMPO

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oligarquización de los futuros regimientos municipales.42 Es, por lo demás, un tiempo en el que por todas partes, de forma más o menos generalizada, se producen manifestaciones de un destacado auge urbanizador, reflejo del dinamismo de la expansión urbana, que se expresa en la reordenación y cambios de ubicación de las áreas de mercado, en la repercusión que ejerce sobre el paisaje urbano el protagonismo adquirido por las instituciones eclesiásticas y, en especial, por los obispos y cabildos catedralicios, y en la ampliación del espacio intramuros mediante nuevos y más amplios amurallamientos: como es bien sabido, murallas y catedrales acaban erigiéndose en la imagen de referencia de la ciudad medieval.43 Y en relación con todo ello, es así mismo una época crucial en la conformación de un sistema impositivo urbano y en la madurez, alcanzada en el reinado de Alfonso XI, de las haciendas municipales.44 En Burgos, el siglo XIII culmina las tendencias iniciadas en el siglo anterior. Junto a un profundo reajuste espacial de la urbe, cuyo centro de gravedad se traslada en torno al espacio donde se asentará el mercado mayor, ubicado en el llano, al lado del río, y en el que se desarrollará la nueva «puebla» de San Juan, otros dos fenómenos muy significativos advierten de una cierta consumación del proceso de configuración de la ciudad medieval. En tal sentido cabe interpretar el significado que adquieren para ella el inicio de la construcción de su magnífica catedral gótica o el cierre de su perfil definitivo, con la edificación de las nuevas murallas. A finales del siglo XIII y comienzos del XIV ya está esbozado el perfil característico del Burgos bajomedieval y moderno. Junto a la nueva ubicación del mercado, la construcción de la catedral burgalesa y la ampliación de su recinto amurallado modifi can profundamente y acaban de perfi lar para el futuro la imagen de la ciudad, y vienen a corporeizar la potencia económica y polí-

42. J. C. MARTÍN CEA y J. A. BONACHÍA HERNANDO, «Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balance y perspectivas», Revista d’Història Medieval, 9, 1998, pp. 17-40. Cabe plantearse, tanto para ésta como para otras épocas, el contenido social y político de las transformaciones que se producen no sólo en la naturaleza de las grandes obras públicas sino también en su misma concepción y significado (Véase al respecto, J.-C. MAIRE VIGUEUR, «Les grandes chantiers dans les villes de l’Italie communale», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. Á. SOLÓRZANO TELECHEA (eds.), Construir la ciudad en la Edad Media, Logroño, 2020, pp. 423-475). 43. Sobre estos aspectos —los significados de la muralla sobre la morfología urbana, la potencia la Iglesia y de las construcciones eclesiásticas, el papel de los concejos en la disposición de las áreas de mercado—, véanse las sugerentes reflexiones de MONSALVO, ‹‹Espacios y poderes», en especial pp. 114-143 (la cita sobre la imagen amurallada y catedralicia de la ciudad medieval, en pp. 134-135). Un interesante ejemplo sobre la conexión entre desarrollo urbano y construcción de catedrales lo ofrece M.ª J. LOP OTÍN, ‹‹Catedrales y vida urbana en el siglo XIII castellano: el ejemplo de Toledo››, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, vol. II, pp. 157-167. 44. M. Á. LADERO QUESADA, «Las haciendas concejiles en la Corona de Castilla (una visión de conjunto)», en Finanzas y fiscalidad municipal, Ávila, 1997, pp. 7-71, para este asunto pp. 11-13; GUERRERO, «La fiscalidad como espacio privilegiado».

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tica de dos grandes centros de poder urbanos, el de la Iglesia y el del mismo municipio en expansión.45

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Algo parecido, aunque con ritmos, momentos y caracteres peculiares, podría decirse de los procesos de recomposición espacial y nuevos amurallamientos que tienen lugar en otros lugares desde la segunda mitad del siglo XII y comienzos del XIII hasta las primeras décadas del siglo XIV.46 Lo podemos comprobar en bastantes núcleos urbanos al norte del Duero y de la Extremadura: Zamora, Toro, Salamanca, Ávila, Palencia …47 En el siglo XIII, Oviedo está en plena construcción de sus murallas, iniciadas en época de Alfonso IX.48 La construcción de la muralla de la cercana villa de Avilés, iniciada probablemente en la segunda mitad del siglo XIII, debía estar rematada en los años finales de esa misma centuria.49 En León la cerca nueva se construyó entre fines del siglo XIII y las primeras décadas del XIV y, como ocurrió en Burgos, su construcción acompañó a la elevación de la nueva catedral gótica, iniciada con anterioridad.50 Las mismas fechas hay que atribuir a la nueva muralla de Valladolid.51 En las ciudades de herencia musulmana del

45. J. A. BONACHÍA HERNANDO, «El espacio urbano medieval de Burgos», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. Á. SOLÓRZANO TELECHEA (coords.), El espacio urbano en la Europa medieval. Nájera. Encuentros internacionales del Medievo, 2005, Logroño, 2006, pp. 273-296, en concreto, pp. 282-284 y H. CASADO ALONSO, ‹‹Crecimiento urbano y mercado inmobiliario en Burgos en el siglo xv››, en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos, pp. 631-689, aquí pp. 636-638. 46. Tal vez no exista con carácter general, y habría que tenerlo en cuenta, una relación directa entre crecimiento urbano y murallas y es posible que en los trazados murados intervengan, como suscribe J. M.ª MONSALVO, otros factores (‹‹Espacios y poderes en la ciudad medieval», p. 127, n. 76; pp. 129-131), pero eso no evita que ésta sea una época de amplios y generalizados amurallamientos en el territorio del reino. 47. Una excelente panorámica general lo podemos encontrar en BENITO MARTÍN, F., La formación de la ciudad medieval. La red urbana en Castilla y León, Valladolid, 2000. 48. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media, pp. 119-120; J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, «Las haciendas concejiles en el Norte de la Península Ibérica: el ejemplo ovetense», en Finanzas y fiscalidad municipal, Ávila, 1997, pp. 509-552, aquí, pp. 526-528; id., «El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media», en SOLÓRZANO TELECHEA y ARÍZAGA BOLUMBURU (eds.), El fenómeno urbano medieval, pp. 349-366, en concreto pp. 352-356. 49. RUIZ DE LA PEÑA, «El desarrollo urbano de Asturias», p. 359. 50. Para las murallas de León, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León, pp. 41 y ss. Las murallas de Ávila y Salamanca ofrecen modelos distintos. La construcción del recinto medieval abulense se sitúa a finales del siglo XII, en época de Alfonso VIII, aunque en esta ocasión no se produjo ninguna ampliación del circuito fortificado. La nueva cerca de Salamanca, más extensa que la anterior, también es del siglo XIII, aunque las obras comenzaron quizás a finales del XII. En ambos casos, con independencia de que se produjera o no un engrandecimiento del anillo amurallado, el trazado estaba condicionado por las condiciones topográficas de los asentamientos urbanos. En ambos casos también, los procesos de amurallamiento están acompañados por cambios que afectan al mercado (Mercado de San Pedro de Ávila, Azogue Nuevo en Salamanca) y por el desarrollo constructivo de sus respectivas catedrales góticas (una exposición general sobre ambos núcleos, en MONSALVO, ‹‹Espacios y poderes»). 51. A. RUCQUO, Valladolid en la Edad Media. I: Génesis de un poder. II: El mundo abreviado (13671474), Valladolid, 1987, vol. I, pp. 82-90; P. MARTÍNEZ SOPENA, «El Valladolid medieval», en J. BURRIEZA SÁNCHEZ (coord.), Una historia de Valladolid, Valladolid, 2004, pp. 73-195, para nuestro caso, pp. 123-124.

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reino de Toledo hubo una cierta continuidad de las murallas respecto a la época anterior, aunque también se produjeron modificaciones. En Talavera se construyó una nueva muralla hacia 1200 con el fin de acoger los arrabales surgidos en el exterior de la antigua cerca; Guadalajara levantó la suya en los primeros decenios del siglo XIII52; los nuevos muros de Cuenca debieron finalizarse en las primeras décadas del siglo XIII.53 Los ejemplos podrían multiplicarse.54 Evidentemente, el fenómeno de los amurallamientos se hace extensivo a los núcleos de nueva población y también a otras villas y lugares de rango menor a los que no podemos calificar como urbanos. En 1312, por citar un ejemplo, Fernando IV ordenó al Concejo de Lara y sus aldeas «que se çerquen porque sean más seguros e se puedan manparar si menester fuere de los que mal les quisieren fazer». Es sintomático que esta disposición estuviera contenida en el mismo privilegio por el que el monarca les concedía un mercado semanal, colocado bajo su protección y exento de impuestos, excepto de alcabala.55 Estos fenómenos ponen de manifiesto el crecimiento y, en expresión de J. Heers, la gloria de la ciudad56 y engarzan con algunos contenidos y conceptos clave (apostura, nobleza, bien común) utilizados en las Partidas. Por otra parte —y recogiendo la idea expresada en la obra alfonsina sobre la financiación colectiva de la obras públicas, sin exclusión de personas o grupos—, lo cierto es que la responsabilidad e implicación municipal en las obras de construcción y reparación de las murallas es algo constatable en este período de profundas transformaciones de la fisonomía urbana, y continuó siendo algo habitual durante los últimos siglos de la Edad Media. De una forma u otra —rentas municipales, imposiciones extraordinarias directas o indirectas (sisas) sobre la población, préstamos forzosos, tradicional reserva para su mantenimiento de una parte de las multas aplicadas …—, los gastos de edificación, pero también de mantenimiento y reparación de las murallas se cubrían a costa de los ingresos municipales y/o mediante la contribución fiscal de la población. Tampoco faltó la transferencia a las haciendas municipales de rentas originarias de la fiscalidad regia, otorgadas a los concejos por privilegios de la Monarquía con destino a la reparación de muros.57

52. LADERO, Ciudades de la España Medieval, p. 101; BENITO IZQUIERDO, ‹‹Rasgos urbanísticos», . 1 3 3 . 53. SÁNCHEZ BENITO, El espacio urbano de Cuenca, p. 42. 54. Ya citaron varios ejemplos, hace más de veinte años, los profesores M. Á. LADERO y J. VALDEÓN: LADERO, ‹‹Les fortifications urbaines en Castille››, pp. 148-151; VALDEÓN, ‹‹Reflexiones sobre las murallas››, pp. 79-80. 55. E. GONZÁLEZ DÍEZ, Colección diplomática del Concejo de Burgos (884-1369), Burgos, 1984, doc. 172, pp. 293-294. 56. J. HEERS, ‹‹Conclusions››, en HEERS (ed.), Fortifications, portes de villes, pp. 323-340, aquí p. 326. 57. LADERO, ‹‹Les fortifications urbaines››, pp. 157-159. RUIZ DE LA PEÑA, «Las haciendas concejiles», p. 519. Para el territorio vasco y para finales de la Edad Media, véase E. GARCÍA FERNÁNDEZ, ‹‹Finanzas p

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Veamos algunos ejemplos. En Burgos, la nueva cerca que amplió el perímetro amurallado de la ciudad se construyó a partir del último tercio del siglo XIII. Las obras comenzaron con anterioridad a 1268. Para favorecer la construcción de las nuevas murallas, Alfonso X otorgó al concejo burgalés el producto del cobro de la alcabala, lo cual provocó el malestar y las resistencias del estamento clerical y de los vecinos del barrio de San Felices, extramuros de la ciudad, dependientes del Monasterio de las Huelgas. Además de la dedicación al mantenimiento y arreglo de la muralla de una parte de las multas y caloñas impuestas, sabemos que en 1313 el concejo de la Cabeza de Castilla mandó hacer efectivos a los acreedores la mayor parte (en concreto, 46.667 maravedís) de los 49.216 obtenidos mediante empréstitos forzosos realizados por algo más de un centenar de vecinos, bastantes de ellos tenderos y comerciantes de la ciudad, «para fazer la çerca»;58 o que poco después, en 1322, tuvo que recurrir a la imposición de gravámenes extraordinarios sobre la venta del vino para hacer frente a las necesidades financieras motivadas por el mantenimiento de la cerca. En la misma línea de actuación, los cuantiosos gastos derivados de su reparación —reconstrucción de lienzos caídos, arreglo de puertas, torres y almenas, etc.— fueron costeados por el concejo mediante el recurso a la imposición de sisas sobre los productos de consumo que entraban en la ciudad, especialmente sobre el vino.59 En León, la «renta de los muros» o «dineros de los muros», obligaba sin excepción a todos los habitantes de la ciudad y de los lugares de su Alfoz, a pesar de la resistencia opuesta también aquí por los clérigos. La nueva cerca leonesa inició su construcción entre los últimos años del siglo XIII y primeros del XIV, aunque el momento que marcó un decidido impulso de las obras fue el año 1310. Fue entonces cuando Fernando IV ordenó el nombramiento de fieles encargados de recaudar las posturas de las «cosas que vinieren a la villa» con destino a «la çerca de la dicha villa que estaba derribada fasta que los muros sean labrados e acabados». Este ingreso vino a sumarse a la «renta de los muros» ya existente. Posteriormente se reguló la alcabala impuesta para las obras de la cerca de la villa (1315), se añadieron nuevas tasas sobre el vino (1324), y el concejo realizó derramas sobre la población «para fazer librar la çerca de la çibdad» (1345) o para el «reparamiento de las torres e caramanchones e muros e adarves e cavas» que defendían la urbe (1354). En 1390

municipales y fiscalidad real en el País Vasco en el tránsito del Medievo a la Modernidad››, en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (eds.), Fiscalidad de Estado y Fiscalidad Municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, 2006, pp. 171-196, en concreto, pp. 172-173. 58. GONZÁLEZ DÍEZ, Colección diplomática, doc. 173, pp. 294-298. 59. La información aquí contenida se encuentra en E. GONZÁLEZ DÍEZ, El concejo burgalés (8841369). Marco histórico-institucional, Burgos, 1983, pp. 142-146. Véase también C. ESTEPA DÍEZ; T. F. RUIZ; J. A. BONACHÍA HERNANDO y H. CASADO ALONSO, Burgos en la Edad Media (J. VALDEÓN BARUQUE, dir.), Valladolid, 1984, pp. 107 y 224.

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Enrique III autorizó, a petición del concejo leonés, el restablecimiento de la alcabalina, destinada primordialmente, al menos la mitad de su recaudación, a las labores de la cerca. Como señala César Álvarez, «recursos específicos del concejo, regulares o extraordinarios, gravámenes reales o de tránsito y derramas y repartimientos de diversos tipos y cuantía proporcionaron el sistema de financiación» destinado a la construcción, reparación y mantenimiento de las murallas leonesas.60

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Para financiar las obras requeridas por la muralla de Vitoria —cuya tercera ampliación tuvo lugar durante el reinado de Alfonso X— se recurrió a donaciones y transferencias de rentas regias, a repartimientos extraordinarios sobre la población e, incluso, a la enajenación de solares concejiles. Los repartimientos estaban destinados no sólo al «reparamiento del muro» sino también a otras necesidades de la villa, como la reparación «de la calçada, o de carreras (…) o para reparamiento de fuente, o de puente…». En 1379, Enrique II disponía que en estos pechos contribuyeran, sin excepción, todos los vecinos de Vitoria, incluidos clérigos e hijosdalgo.61 La construcción de la nueva cerca de Oviedo se habría iniciado en tiempos anteriores a las obras realizadas en Burgos y León, tal vez, según indica María Álvarez, en tiempos de Alfonso IX. No obstante, todavía en 1261 Alfonso X escribía a la villa indicando los límites por los que había de transitar la muralla y hasta el siglo XIV no se dieron por finalizadas las obras. La aportación de los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos de edificación y conservación de los muros recayó sobre el concejo, que contribuía con dos tercios de los costes, y sobre la mitra ovetense, que lo hacía con el tercio restante. También en este caso, el concejo debió enfrentarse a las discrepancias manifestadas por las más poderosas instituciones eclesiásticas de la villa, la iglesia de San Salvador y el monasterio de San Vicente, a causa, en esta ocasión, de los conflictos entablados en torno a las propiedades de la Iglesia. Y también contará el concejo, como en los casos anteriormente expuestos, con sucesivas transferencias de rentas regias a la hacienda municipal, procedentes en su mayor parte de impuestos indirectos sobre la circulación y venta de productos: la renta durante diez años, posteriormente prorrogados, del impuesto sobre el

60. Datos extraídos de ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León, pp. 41-50 (la cita en p. 50). Véase también LADERO, ‹‹Les fortifications urbaines››, p. 158. Sobre la alcabalina, llamada así para diferenciarla de la alcabala regia, consúltese E. BENITO RUANO, «La alcabalina», en Archivos Leoneses, XXIII, 1969, pp. 283-299. 61. C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, «El nacimiento de una conciencia urbanística en el Medievo», en Boletín de la Institución Sancho el Sabio, XXII, 1978, pp. 7-22. Avanzado el siglo XV continuaron manteniéndose las fuentes de financiación habituales para la conservación de los muros: aportaciones de los reyes, derramas concejiles, multas, a las que hay que sumar donaciones testamentarias. Y contribuían a su mantenimiento todos los vecinos, incluidos los vecinos del alfoz y señorío vitoriano (J. R. DÍAZ DE DURANA, Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Vitoria, 1984, p. 33.

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trigo, conocida como renta de las «cuchares de la villa», los recursos procedentes de la «tafurería» local —mercedes concedidas en ambos casos por Alfonso X (1258 y 1268)—, o la donación efectuada por Fernando IV en 1299, para un período de cuatro años, «de todo pecho et de todo pedido et de fonsado et de fonsadera», como ayuda para construir la muralla. En 1305 este mismo monarca convertiría en perpetua la merced otorgada al concejo de la villa de la principal fuente de financiación de las obras de construcción y mantenimiento de la muralla, la renta de cuchares. Otra fuente de ingresos, como ocurría en el caso burgalés, eran las multas impuesta a los vecinos de Oviedo.62 Hacia 1300 se estaba construyendo en Valladolid una nueva muralla que, como en otras partes, ampliaba considerablemente el espacio intramuros de época anterior. La obra ya estaba en marcha en 1296 y aún continuaba en 1302. Su construcción también exigió importantes esfuerzos financieros: el concejo vendió tierras para ello, se produjeron transferencias de rentas regias a su favor, se destinaron a las obras —«fasta que la cerca de nuestra villa sea acabada»— el producto de las penas impuestas a quienes contravinieran la ordenanza que prohibía a los vecinos comprar vino de fuera del término de la villa, y ésta obtuvo de Fernando IV la devolución de los derechos que recaían sobre la tahurería, el pan cocido y la escribanía del concejo, así como las rentas procedentes de los impuestos sobre el pan, la sal, el lino y la lana.63 4. EL

APOGEO DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA MUNICIPAL

El siglo XV contempló una nueva etapa de crecimiento urbano, que continuaría en el siglo siguiente y que, desde el punto de vista espacial, se caracterizó por el desbordamiento poblacional de los trazados murados existentes, la expansión de los espacios suburbanos y, junto a ello, el desarrollo de una política concejil en el terreno urbanístico que cada vez fue más intensa a medida que nos aproximamos a los últimos decenios del Cuatrocientos y los tiempos modernos. Una progresión de los arrabales, por un lado, que las autoridades municipales trataron de resistir y detener en muchos lugares, ya fuera por razones de prestancia y prestigio, por motivos puramente fiscales o por ambos a la vez.64 Y, en segundo lugar, una política ur62. La información sobre Oviedo se encuentra en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media, pp. 119-124, 373-375. Véase también RUIZ DE LA PEÑA, «Las haciendas concejiles», pp. 526-528. 63. RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media, vol. I, pp. 86-90; MARTÍNEZ SOPENA, «El Valladolid medieval», pp. 115, 123-124. 64. Burgos ofrece un expresivo ejemplo (J. A. BONACHÍA HERNANDO, «Más honrada que ciudad de mis reinos: la nobleza y el honor en el imaginario urbano (Burgos en la Baja Edad Media», en J. A. BONACHÍA HERNANDO (coord.), La ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajome-

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banística conducida por los gobiernos locales, que se tradujo en el mantenimiento y construcción de edificios públicos (murallas, puentes, fuentes, casas de los concejos, depósitos, alhóndigas…), y en una actuación normativa orientada a salvaguardar la circulación, seguridad y salud de los habitantes de las ciudades.65 Al mismo tiempo que se generalizaba el crecimiento suburbial de muchísimas ciudades,66 los procesos de ampliación y construcción de nuevos amurallamientos eran, a diferencia de la época anterior, menores aunque no escasearon. Es el caso de Cuéllar, cuyo recinto quedó integrado dentro de la muralla realizada en el siglo XV, poco después de que la villa pasara a manos de la casa de Alburquerque en 1464.67 En Piedrahita se construyó en el siglo XV una segunda muralla, la barrera, que rodeaba por completo a la cerca del siglo XIII, la cual experimentó por su parte importantes modificaciones en la última centuria medieval.68 En Alcalá de Henares el arzobispo Carrillo inició en 1454 la construcción de un nuevo recinto amurallado.69 Aranda de Duero es otro buen ejemplo de ampliaciones tardías del recinto fortificado. Tras superar los tiempos de crisis que, como al resto de la sociedad castellana, también afectaron a la villa durante buena parte del Trescientos,70 el siglo XV arandino fue un período de expansión urbana, y ese proceso fue paralelo a otros fenómenos igualmente expansivos: fue ésta una época de crecimiento demográfico, de ocupación y roturación de nuevas tierras de cultivo, principalmente de viñedo o, desde el punto de vista político, de ampliación de los límites jurisdiccionales de la villa. El crecimiento del asentamiento se manifestó en la construcción de una nueva cerca, probablemente de finales del siglo XIV o de comienzos del XV —en todo caso ya estaba construida en 1432—; y se reflejó, igualmente, en la compactación y configuración de un espacio intramuros en el que quedaron englo-

dieval, Valladolid, 1996, pp. 169-212, en concreto, p. 199). 65. LADERO, «La dimensión urbana: paisajes e imágenes», p. 25; J. A. BONACHÍA HERNANDO, «La ciudad de Burgos en la época del Consulado (Apuntes para un esquema de análisis de Historia Urbana)», en Actas del V Centenario del Consulado de Burgos (1494-1994). (I) Apertura del Centenario y Simposio Internacional «El Consulado de Burgos», Burgos, 1995, pp. 69-145, especialmente pp. 130 y ss; D. MENJOT, «L’élite dirigeante urbaine et les services collectifs dans la Castille des Trastamares», en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), La Península Ibérica en la era de los descubrimientos, 1391-1492. Actas de las III Jornadas hispano-portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, 1997, vol. II, pp. 873-900. 66. MONTERO, Historia del urbanismo en España, I, pp. 292-300; BENITO MARTÍN, La formación de la ciudad medieval, pp.216-218. 67. E. OLMOS HERGUEDAS, «Urbanística medieval en una villa de la Cuenca del Duero: Cuéllar durante la baja Edad Media», en BONACHÍA (coord.), La ciudad medieval, pp. 53-81, la referencia en p. 57. 68. C. LUIS LÓPEZ, La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Ávila, 1987, pp. 49 y ss. 69. M. A. CASTILLO OREJA, «Alcalá de Henares, una ciudad medieval en la España cristiana (s. XIIIXIV)», En la España Medieval, 7, 1985, pp. 1059-1080, la referencia en pp. 1066 y ss. 70. J. G. PERIBÁÑEZ OTERO e I. ABAD ÁLVAREZ, Aranda de Duero, 1503, Burgos, 2003, pp. 33 y ss.

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bados los grandes arrabales mercantiles surgidos en la época precedente, al tiempo que aparecían otros nuevos, extramuros, en torno a las cuatro principales puertas de la villa.71 Pero lo que se produjo en todos los casos, ya se tratara de nuevos o viejos recintos murados, fueron permanentes y costosas obras de reparación y mantenimiento de las cercas que implicaban pesadas cargas financieras para los erarios municipales. Esas cargas venían a añadirse a las derivadas de los también elevados costes generados por la ejecución, más o menos intensa pero presente en todas las partes, de otras obras públicas (pavimentaciones, arreglo y mantenimiento de puentes, conducción de aguas y elevación de fuentes públicas…), que eran el fruto de la amplia actuación urbanística puesta en práctica por los gobiernos de las ciudades.72 Una política cuya intensidad también marcaba, en definitiva, una expresiva diferencia respecto a la época en que se escribieron las Partidas. En la obra alfonsí se insertaban disposiciones que tenían que ver con la seguridad y salubridad urbanas,73 del mismo modo que se manifestaba un interés por la belleza y el ennoblecimiento de la ciudad. Pero no es «menos cierto que para esta época nuestro código estaba plasmando una gestión pública del espacio y una política de seguridad urbanística y salubridad que aún se encontraban en una fase primaria…, reflejo tal vez de unos gobiernos municipales patricios y de unas administraciones locales aún en construcción. Una actuación que (…) apenas era un esbozo de la intensidad y del papel decididamente impulsor, intervencionista y representativo de su propio poder que los gobiernos oligárquicos de los municipios castellanos asumirían a lo largo del siglo XV, cuando por todas las partes proliferaron las ordenanzas reguladoras y se tornaron mucho más perceptibles sus actuaciones en materia de urbanismo»,74 Una

71. J. A. BONACHÍA HERNANDO, «El desarrollo urbano de la villa de Aranda de Duero en la Edad Media», en Biblioteca. Estudio e Investigación, 24, 2009, pp. 9-35, para este asunto pp. 20-22. 72. Un buen resumen de ese impulso urbanizador que se esparcía por todas las partes durante el siglo XV, puede encontrarse en LADERO, ‹‹La dimensión urbana: paisajes e imágenes››, pp. 31 y ss., y Ciudades de la España medieval, pp. 47-59. La producción historiográfica sobre urbanismo castellano en el XV es muy extensa. Podemos acudir a la amplia revisión bibliográfica acerca de la investigación desarrollada entre 1990 y 2004 sobre las ciudades hispánicas de M.ª ASENJO GONZÁLEZ, ‹‹Las ciudades medievales castellanas. Balance y perspectivas de su desarrollo historiográfico (1990-2004)››, En la España Medieval, 28, 2005, pp. 415-453, así como a la posterior y extensa selección inserta en la obra de ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media, pp. 47-65. Complétese con la puesta al día bibliográfica, para los territorios peninsulares entre el Cantábrico y el Duero, recogida en los trabajos contenidos en SOLÓRZANO TELECHEA y ARÍZAGA BOLUMBURU (eds.), El fenómeno urbano medieval. 73. Medidas que pueden contemplarse recogidas en fueros municipales de la época: véase algún ejemplo en M.ª J. PAREJO DELGADO, ‹‹Las ciudades de Baeza y Úbeda en el siglo XIII. El medio ambiente urbano››, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, vol. II, pp. 227236; M.ª J. TORQUEMADA SÁNCHEZ, Derecho y Medio Ambiente en la baja Edad Media castellana, Madrid, 2009. 74. BONACHÍA, ‹‹La imagen de la ciudad en las Partidas››, p. 134.

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proliferación de ordenanzas y disposiciones urbanísticas que, a la postre, estaba evidenciando los progresos de los gobiernos urbanos castellanos, de la noción de interés general y de la «conquista lenta y paciente» del espacio público.75

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La financiación de todas estas costosas obras, en un contexto de profunda crisis en un contexto tardomedieval de profunda crisis de las finanzas públicas municipales, recayó principalmente sobre la población de las ciudades. Además de algunas fuentes de financiación que, aunque bastante extendidas, podemos considerar irregulares e inseguras (como la reserva con destino al reparo de las murallas o a las obras de pavimentación de una parte de las sanciones impuestas), y además de los recursos procedentes de los propios municipales, la principal aportación de ingresos recaía sobre los habitantes de villas y ciudades, bien a través de la contribución directa (repartimientos y derramas, participación de los vecinos, en mayor o menor grado, en la financiación de las obras), bien mediante la imposición indirecta sobre la comercialización y venta de mercancías (la renta de cuchares de Oviedo, el dinero de la cerca de Valladolid, la alcabalina de León o Astorga,76 el cornado de la cerca de Piedrahita77, etc.); y de forma cada vez más habitual y generalizada sobre productos alimenticios de primera necesidad, a través de sisas. La conservación de la cerca leonesa se costeó principalmente mediante los ingresos aportados por la alcabalina, un impuesto que gravaba todas las mercancías que pagaban alcabala en un 3,33 %, destinándose la mitad de su producto a las labores de la muralla. No obstante, la situación de debilidad de las finanzas municipales en las últimas décadas del siglo xv, la necesidad de reparación de sus muros y la construcción o finalización de algunos edificios públicos (como la Casa de carnicería y pescadería, o la del peso de la harina), condujeron al concejo leonés a solicitar y obtener de los Reyes Católicos, en 1491, la autorización para echar una sisa especial de 60.000 mrs. sobre las mercancías «que se traygan e metan en esta çibdad e que se vengan a vender en ella». Tres años antes, en 1488, les habían pedido que pudieran echar una «ynpusiçión general».78 En general, el arreglo de los muros y puentes leoneses se costeaba desde el siglo XIV con el producto, por sucesivas donaciones regias (Alfonso XI, Pedro I, Enrique III), de la recaudación del peaje cobrado en ellos, con parte de la alcabalina y mediante la imposición extraordinaria de diversas derramas y repartimientos. Y de forma ya bastante 75. BOUCHERON y MENJOT, Historia de la Europa urbana. La ciudad Medieval, pp. 210 y ss.; HEERS, Espaces publics, en especial p. 84. 76. Sobre la alcabalina de Astorga y sus coincidencias y particularidades respecto a la de León, véase J. A. MARTÍN FUERTES, El concejo de Astorga (siglos XIII-XVI), León, 1987, pp. 287-290. 77. LUIS LÓPEZ, La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita, pp. 296-297. 78. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León, pp. 50-55.

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habitual desde finales del siglo XV, las labores de mantenimiento y reparación de las murallas y puentes, así como la construcción de algunos edificios o las obras de pavimentación de las calles, fueron costeadas mediante repartimientos, sisas e impuestos sobre el tránsito comercial.79

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A fines de la Edad Media, una tercera parte de las multas impuestas por infracciones se dedicaba en Toledo al mantenimiento de las murallas, o se recurría, en momentos de especial necesidad, a la imposición de una tributación extraordinaria sobre la población (1386).80 La preocupación de las autoridades toledanas por mantener el espacio público en buen estado de conservación se plasmó, desde los años finales del siglo XV, en una política tendente a mejorar las condiciones materiales de vida de sus vecinos y en importantes obras de canalización de aguas y pavimentación de las calles. Este tipo de obras, destinadas a «hazer las madres e empedrar las calles», debían ser costeadas, inicialmente, «en quanto posible sea», con los propios y rentas de la ciudad. Pero, habida cuenta del elevado coste de las obras y de la escasez de recursos municipales, cada vez fue más frecuente el recurso a la sisa o a hacer repartimientos entre los vecinos que tenían «pertenençias» en las calles afectadas, es decir, los beneficiarios más directos de las obras.81 Además de la renta de cuchares, destinada a las labores de conservación de una muralla que acaparó la mayor parte de los gastos de la ciudad, y de otras rentas, derechos y bienes que integraban los recursos ordinarios de la hacienda municipal, el concejo de Oviedo recurrió en numerosas ocasiones al cobro de impuestos extraordinarios entre sus vecinos con objeto de financiar la realización de obras y construcciones necesarias para la urbe. También se recurrió aquí a la imposición de sisas con destino a la edificación, mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos. Y también se hizo, como ocurrió en 1494, por idénticas razones de precariedad del erario municipal a

79. Para este asunto es imprescindible el trabajo de I. GONZÁLEZ GALLEGO, «Las murallas y los puentes de León en el siglo XIV (un modelo de financiación de obras públicas)», en León y su Historia. Miscelánea histórica, IV, León, 1977, pp. 365-411. La imposición general solicitada en 1488 también se destinaba al arreglo de puentes, aunque lo más normal fue que se echaran sisas (1490, 1491, 1502, 1503) o se hicieran repartimientos: en 1506 se hizo un repartimiento para la reparación del puente de Villarente. En 1511 hubo repartimiento para arreglar los muros y la cerca y para «fazer un matadero». Dos años antes, tras considerar que «esa dicha çibdad tenía nesçesidad de se enpedrar para estar más sana e ennoblesçida», D.ª Juana facultó al concejo y al cabildo para que durante dos años pudieran recaudar un maravedí de cada carro que entrase en la ciudad, destinándose el producto recogido al empedramiento de calles. Al mismo tiempo prohibió el tránsito de carros (ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León, pp. 83-89, 140-141, 143-145). 80. R. IZQUIERDO BENITO, Un espacio desordenado: Toledo a fines de la Edad Media, Toledo, 1996, p. 22. 81. Id., ibid., pp. 57-79 y, muy en especial, pp. 76-79 sobre las labores de enladrillamiento y empedrado de las calles.

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las argumentadas en otros lugares: «(…) a cabsa que la dicha çibdad es muy pobre de propios, e los muros e puertas e puentes e fuentes de la dicha çibdad están muy mal reparados, para lo qual e para una casa de consystorio e para una puente al río de Puerto, por donde pasan los mantenimientos que vienen a la dicha çibdad e para otras cosas nesçesarias, son menester muchos otros maravedís».82 La denominada sisa nueva, autorizada por los Reyes Católicos y convertida en impuesto ordinario por su continuidad, gravaba el vino, pescado, carnes y paños, y su importe se destinaba al pago de los gastos originados por numerosas obras públicas: las casas del consistorio, la fuente de Cimadevilla, la traída de aguas, el puente sobre el río Nalón desde Puerto, la reparación de la muralla y el empedrado de calles. El recurso a la sisa continuó entrado ya el siglo XVI.83 La nueva y definitiva cerca de Cuenca debió terminarse en las primeras décadas del siglo XIII. Como en otras villas y ciudades castellanas, destacan los elevados costes que supusieron su mantenimiento y las reparaciones desarrolladas en ella, así como el importante esfuerzo financiero que implicaban estas labores para la hacienda municipal. Pero, en cualquier caso, se trataba de un esfuerzo sostenido por el concejo conquense y sus vecinos mediante la búsqueda permanente de nuevas fuentes de financiación con las que pudieran afrontarse los gastos de conservación de una muralla que, en algunas ocasiones, pudo llegar a absorber el 100 % del presupuesto destinado a obras: el arrendamiento de las hierbas de nuevas dehesas de la sierra para el pasto de los ganados; la adopción de medidas sobre la venta ciudadana de vino o la exportación de madera, con objeto, en ambos casos, de obtener recursos destinados a la reparación y conservación de los muros; la distribución entre las cuadrillas de la ciudad de una peonada diaria para las obras de reparación de la muralla; o, como venimos observando en prácticamente todas las partes, en un contexto generalizado de escasez de los fiscos municipales, la imposición de sisas sobre bienes de consumo previa solicitud y autorización de los monarcas. Realmente, el concejo de Cuenca destinaba a financiar los trabajos públicos, cuando eran de muy pequeña entidad, los 2.485 mrs. que anualmente debía entregar el almotacén para la reparación de calles. Y, junto a éstos, una parte, normalmente escasa, de sus ingresos ordinarios. Por eso, cuando las autoridades municipales decidieron poner en marcha obras públicas de mayor envergadura, necesitadas de inversiones más cuantiosas (la nueva casa de los ayuntamientos, el empedrado de calles o la traída de aguas), necesariamente debieron recurrir también al empleo de medios extraordinarios de financiación. Desde finales del siglo XV, el instrumento utilizado por excelencia fue la sisa, lo cual provoca-

82. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media, p. 381. 83. Id., ibid., pp. 391-394.

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ría, como fue habitual en otras muchas ciudades castellanas, la oposición del clero. La pavimentación de la ciudad, tarea que se inició a punto de acabar 1498, se financió en una tercera parte mediante la sisa dispuesta por el concejo; las otras dos terceras partes fueron costeadas por los vecinos de las zonas pavimentadas, cada uno en el trozo de la calle correspondiente a su fachada. El enorme esfuerzo económico que supuso la traída de aguas a la ciudad contó desde 1492 con varias autorizaciones regias para que se hicieran repartimientos entre el vecindario, hasta que finalmente, en 1531, se pregonó la sisa sobre todo lo que se vendiese o entrase en la ciudad y sus arrabales, sin ninguna exención para ningún vecino ni estamento de la urbe y su tierra.84

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Las obras de conservación de la muralla de Cuéllar suponían a menudo una de las partidas más abultadas del presupuesto concejil. Aunque había ciertos ingresos destinados íntegramente a la reparación de la cerca, como los derivados de la percepción de ciertas multas, el concejo trató de aumentar sus recursos siempre que tuvo ocasión para ello y, en cualquier caso, tuvo que buscar nuevas formas de financiación, por la vía de los repartimientos y de la tributación extraordinaria —con la consiguiente oposición de los grupos clericales— para poder acceder a la reparación y mantenimiento de las cercas, puentes y caminos.85 En Astorga se constatan caracteres que hemos visto en otras partes. La conservación de los muros representaba en el siglo XV el mayor porcentaje de gasto de los recursos disponibles para obras y una parte considerable del volumen de ingresos del concejo. A estas labores había que sumar los trabajos en los puentes y caminos, el empedrado de las calles, o las reparaciones y la construcción de edificios públicos, como la casa del Regimiento, para la que se destinaron parte de las penas pecuniarias impuestas por las autoridades. Si nos remitimos a los muros de la ciudad —que suponían el principal renglón de gasto en el ámbito de las obras públicas—, a su mantenimiento y reparación se dedicaban en exclusiva una serie de rentas de los propios concejiles (la alcabalina, la renta de las torres, la renta del agua de la fuente), una porción de las multas y, desde finales del siglo XV y ya entrados en el XVI, el producto de la sisa de la carne y del vino.86 La construcción de las nuevas casas consistoriales de Zamora, realizada a mediados de los años ochenta del siglo XV, se sufragó con los ingresos ordinarios de la hacienda concejil. Si embargo, no parece que esto fuera lo habi-

84. SÁNCHEZ BENITO, El espacio urbano de Cuenca, pp. 50-54, 88-93, 96-99. Véase también Y. GUENAVARRETE y J. M.ª SÁNCHEZ BENITO, Cuenca en la baja Edad Media: un sistema de poder, Cuenca, 1994, pp. 205-235, 257-259. 85. OLMOS, «Urbanística medieval», pp. 59-60. 86. MARTÍN FUERTES, El concejo de Astorga, pp. 261-328, especialmente 320-321.

RRERO

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tual. Por lo general, los fondos destinados a cubrir los gastos originados por las obras públicas procedían «mayoritariamente de imposiciones extraordinarias solicitadas de la administración central con este objeto exclusivo». Estos mecanismos extraordinarios de financiación, que en Zamora comenzaron a generalizarse con la llegada de los Reyes Católicos, fueron básicamente dos: repartimientos o derramas entre los vecinos de la ciudad y su tierra, incluidos clérigos y caballeros, y sisas.87 El fuerte incremento de los gastos invertidos en estos ámbitos por la hacienda concejil de la ciudad de Segovia entre finales del siglo XV y primeras décadas del XVI fue debido al interés que mostró «el concejo por el acondicionamiento de algunos servicios urbanos y por la infraestructura de la misma, empedrado, canalización de agua, sanidad y limpieza, etc., a los cuales va a dedicar atención y dinero». Pero junto a los recursos propios de las finanzas municipales, las autoridades segovianas también recurrieron a la imposición extraordinaria —repartimientos y sisas—, con tal asiduidad que en algunos momentos adquirieron rasgos de ordinariedad. Las derramas que se echaron en la Tierra de Segovia entre 1463 y 1481 se destinaron preferentemente a obras realizadas en puentes, muros e infraestructuras hidráulicas. Desde 1491 hasta bien entrada la siguiente centuria, el segundo nivel en la escala de gastos de las derramas, tanto para las solicitadas por la ciudad como por la Tierra, estuvo ocupado por este mismo tipo de labores: construcción, reparación de muros, puentes y traída de agua a la ciudad. Las obras de empedrado y pavimentación de Segovia se costearon con parte de las caloñas recaudadas por el concejo, la cofinanciación de los propios vecinos y la imposición de sisas sobre productos alimenticios de primera necesidad (carne, vino, pescado, pan). En general, además del incremento de los fondos dedicados por las arcas municipales para este tipo de obras, el recurso a los repartimientos, las sisas y, en su caso, como ocurrió en ciertas obras de infraestructura hidráulica, la coparticipación vecinal en los costes de los trabajos, se transformó en un medio habitual de financiación para la construcción de edificios (como el de la alhóndiga), la reparación y mantenimiento de puentes y muros, y las obras de aprovisionamiento y abastecimiento de agua.88 Veamos un último ejemplo. A finales del siglo XV, la gestión económica de las obras llevadas a cabo en la villa del Pisuerga era desempeñada por un mayordomo de las labores del concejo, a cuyo lado trabajaba un obrero que

87. M. F. LADERO QUESADA, La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos. Economía y gobierno, Zamora, 1991, pp. 240-257, la cita en p. 253, y, sobre todo, del mismo, «La remodelación del espacio urbano de Zamora en las postrimerías de la Edad Media (1480-1520)», Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 2, 1989, pp. 161-188. 88. M.ª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La ciudad y su Tierra a fines del Medievo, Segovia, 1986, pp. 5879, 466-489, la cita en p. 468.

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actuaba diariamente como supervisor de los trabajos realizados.89 La fuente de financiación fundamental con la que contaba este mayordomo para cubrir los gastos ocasionados por las obras era el llamado dinero de la cerca, un impuesto indirecto que el Concejo arrendaba todos los años, entre las Pascuas de Resurrección, consistente en el cobro de un dinero sobre cada libra de todas las carnes muertas vendidas en las carnicerías públicas de la villa. Las cantidades recaudadas y cargadas en la cuenta del mayordomo se destinaban prioritariamente al pago de trabajos públicos: reparaciones y acondicionamientos realizados en puentes y pasaderos, tanto interiores como extramuros (puente de Cabezón, de Puenteduero); mantenimiento y reparación de las murallas, sobre todo de sus puertas y postigos, pero también de lienzos de la cerca, barbacanas, almenas…; aderezos, de muy diverso tipo, en las casas del Regimiento de la plaza Mayor y de la plaza de Santa María, o en la picota; construcción del reloj del Monasterio de San Francisco; conservación y arreglos de las tres Casas del Peso de la harina, la Casa del pescado, la Casa del pan, las carnicerías públicas…; enlosamiento y pavimentación —y en algún caso ensanchamiento— de calles y plazas, labores cuyo coste, en la mayoría de los casos, era soportado por la ciudad en una tercera parte, quedando el resto a costa de los vecinos cuyas viviendas colindaban con las obras; trabajos de conducción de aguas a la villa y de construcción y adobo de fuentes y pozos, arreglo de albañares y tremedales… Con estos fondos también se pagaban, sin embargo, otros gastos: los salarios del mayordomo y su obrero, los de los regidores que igualaban las obras, los de los dos escribanos encargados, respectivamente, de asentar toda la carne muerta vendida en la villa y todos los gastos de obra cubiertos por el mayordomo; los prometidos ganados por posturas realizadas en las subastas de la renta del dinero de la cerca; indemnizaciones por desperfectos provocados en edificios y bienes privados debido a la realización de obras u otras actividades del Concejo; y otros gastos de carácter extraordinario como los que se produjeron por el recibimiento de la princesa Margarita o los lutos que se celebraron por la muerte de su marido, el príncipe Juan, en 1497. Además de la participación directa de los vecinos en la financiación de las labores de pavimentación de sus calles, el Concejo recurrió en alguna ocasión a la imposición de una derrama especial entre los moradores de la villa, como los 90.000 maravedís que se obligaron a entregar los mercaderes y comerciantes de Valladolid como ayuda para costear las obras de traída de agua y construcción de la fuente.90 En general, el panorama que contemplamos en Castilla en las últimas décadas del siglo XV y comienzos del XVI es el de unas ciudades y villas cuyo 89. Presenta similitudes con el sistema utilizado en otras partes, por ejemplo, el desarrollado en Cuenca hasta los años ochenta del siglo XV (SÁNCHEZ BENITO, El espacio urbano de Cuenca, pp. 9394). 90. Archivo Municipal de Valladolid, Libros de Actas de 1497-1501, ff. 113 y ss.

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paisaje urbano está experimentando un intenso proceso de transformación como fruto de la reorganización y ampliación del espacio ciudadano en arrabales que se extienden más allá de sus anillos amurallados; y como resultado también de una política urbanística de los regimientos cada vez más decidida e intervencionista, que se plasma en la elevación de edificios públicos y, sobre todo, en numerosas obras públicas de dotación de servicios a la comunidad (pavimentación de calles y plazas, abastecimiento de agua, alcantarillado y conducción de aguas residuales, construcción, reparación y acondicionamiento de edificios y construcciones públicas…).91 Añadamos a ello una igualmente densa labor constructiva de las instituciones eclesiásticas y, tanto más, de las aristocracias urbanas, exhibición ostensible del orgullo y del poder patricio.92 Es cierto que la actuación de las autoridades municipales fue, en líneas generales, inconsistente, básicamente reglamentista y sancionadora; que muchas medidas eran coyunturales y buscaban más que nada la solución a los problemas más acuciantes; que no existía ningún tipo de planificación; que los medios financieros puestos en práctica eran claramente deficientes; que los resultados de su política fueron reducidos, poco eficaces e insuficientes. Pero, sin embargo, se observa en esas mismas autoridades un esfuerzo generalizado por mejorar las condiciones de sanidad y seguridad urbanas, por embellecer y honrar sus ciudades. Aunque de forma más tardía y con ritmos distintos a los desarrollados en otros territorios europeos, también asistimos en Castilla, y de forma realmente intensa en todas partes, a lo que de manera expresiva se ha denominado la «laboriosa producción de un paisaje del Bien Común».93 Aunque es muy fuerte la impresión de encontrarnos ante un montaje escenográfico, en el que algunos edificios deslumbrantes, una arboleda, unas cuantas calles pavimentadas o la construcción de una hermosa fuente ocultan tras de sí una realidad mucho más prosaica, lo cierto es que muy poco a poco, aunque de forma cada vez más intensa a medida que nos acercamos a finales de la Edad Media y entramos en la Modernidad, se adoptan medidas que, si bien no modifican el trazado o la planta de las ciudades, tratan de impulsar urbes más hermosas e insignes, tratan de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes dentro de ciudades más bellas, sanas y honorables.94

91. SÁNCHEZ BENITO, El espacio urbano de Cuenca, p. 93. 92. MONSALVO, «Espacios y poderes», pp. 143-147. 93. C. BILLEN, «Dire le Bien Commun dans l’espace public. Matérialité epigraphique et monumentale du bien commun dans les villes des Pays-Bas, à la fin du Moyen Âge», en LECUPPRE-DESJARDIN y VAN BRUAENE (eds.), De Bono Communi, pp. 71-88, en concreto pp. 80-85. 94. MENJOT, «L’élite dirigeante urbaine»; BONACHÍA, «Más honrada»; ASENJO, Segovia. La ciudad y su Tierra, p. 78.

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5. CONSIDERACIONES

SOBRE EL DISCURSO POLÍTICO: EL

BIEN COMÚN,

LA FISCALIDAD Y

LA CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA DE LA CIUDAD

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Como hemos visto, la financiación de todas esas obras públicas recaía sobre los recursos ordinarios de los erarios municipales y, en ocasiones, directamente sobre los vecinos, que tenían que compartir con los concejos, con su propio peculio, el coste de la pavimentación, la limpieza o el alcantarillado de la parte de la calle que lindaba con su morada u otras pertenencias. Pero además, el alto coste de los trabajos y la delicada situación financiera de los concejos castellanos dio lugar a que cada vez se generalizara más el recurso a fuentes de financiación extraordinarias: derramas, repartimientos y, sobre todo, sisas, prácticamente extendidas por todas partes —y casi convertidas en ordinarias— cuando entramos en los tiempos modernos. Fueran impuestos directos o indirectos, como las difundidas sisas u otro tipo de rentas municipales destinadas a obras que pesaban sobre la venta de mercancías y mantenimientos de primera necesidad,95 la carga de la presión fiscal —recordemos el texto de las Partidas— recaía sobre todos los vecinos de las ciudades y villas y, en muchísimos casos, sobre los habitantes de los lugares y aldeas de sus alfoces y Tierras,96 sin que inicialmente hubiera privilegios excluyentes de personas o estamentos. Unas formas de financiación que, a la postre, afectaban al conjunto de la población, pero que siempre encontraban justificación en el logro del bien colectivo. Las obras realizadas sobre los edificios y espacios públicos eran útiles y necesarias para preservar y mejorar la salud de las personas, así como para alimentar la prestancia y el ennoblecimiento de la ciudad.97

95. La renta de las cuchares de Oviedo era un impuesto sobre el grano (ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media, p. 54). Como he comentado, la alcabalina de León gravaba todas las mercancías que pagaban alcabala (ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León, p. 54), y la de Astorga recaía sobre la carne y la leña (MARTÍN FUERTES, El concejo de Astorga, p. 288). El dinero de la cerca de Valladolid se imponía sobre cada libra de carne vendida en las carnicerías públicas vallisoletanas (véase p. 39). El cornado de la cerca de Piedrahita recaía sobre el consumo de carne (un cornado por arrelde) y de vino (un cornado por azumbre) (LUIS LÓPEZ, La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita, p. 296). 96. Como se ha podido comprobar en algunos de los ejemplos expuestos, aunque, evidentemente, hay excepciones: véase VALDEÓN, ‹‹Reflexiones sobre las murallas››, pp. 82-83. 97. El adelanto de las ciudades italianas en el proceso de conquista del espacio público y en este terreno es indudable. En estos ámbitos, y aparte de otros rasgos, una de las grandes novedades de la actuación llevada a cabo por los regímenes populares de las comunas italianas en el campo de los equipamientos públicos fue el hecho de no disociar lo bello de lo útil (MAIRE VIGUEUR, ‹‹Les grands chantiers››, p. 461). Véase así mismo CROUZET-PAVAN, ‹‹Entre collaboration et affrontement››, passim; BONACHÍA, «Entre la «ciudad ideal» y la «sociedad real»: consideraciones sobre Rodrigo Sánchez de Arévalo y la Suma de la Política», Stud. Hist., H.ª mediev., 28, 2010, pp. 23-54; CAYETANO, «La ciudad medieval y el Derecho», pp. 69-70. E. GUIDONI, ‹‹Lo spazio urbano medievale in Italia e in Europa››, en ARÍZAGA BOLUMBURU y SOLÓRZANO TELECHEA (eds.), El espacio urbano en la Europa medieval, pp. 373-385, en concreto pp. 383-385. También en Inglaterra, por citar otro espacio europeo, se constata a partir de 1300 un «change of emphasis» en la construcción de edificios públicos, una de cuyas manifestaciones

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La financiación indispensable para llevarlas a cabo se convertía, en consecuencia, en una obligación colectiva y solidaria, destinada a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Hay una lógica que engarza el ideal del Bien Común, la política edilicia urbana y la política fiscal y financiera de los municipios.98 La necesaria —pero también muy costosa para sus vecinos—, pavimentación de las vías públicas de Cuenca era respaldada por los miembros del regimiento como una labor beneficiosa para la salud de las personas.99 La licencia para imponer un maravedí sobre cada carro que entrara en la ciudad que la reina Juana concedió a León en 1509, con destino al empedramiento de sus calles, se hizo porque «esa dicha çibdad tenía nesçesidad de se enpedrar para estar más sana e ennoblesçida».100 La solicitud que los ediles de Toledo realizaron en 1497 a los Reyes Católicos para poder echar una sisa destinada a empedrar las calles de la ciudad se fundamentaba en «la mucha nesçesidad que avía de remediar e reparar las calles públicas della, asy para ennoblesçer la dicha çibdad como para evitar e quitar las dolençias e enfermedades que por non estar limpias las dichas calles se podrían seguir e se syguían». Dos años más tarde, los monarcas escribían a las autoridades toledanas ordenando «que de aquí adelante, en cada un anno, proveays cómo de los propios de la dicha çibdad se reparen las calles, madres e cannos de la dicha çibdad, en quanto posible sea, e que no se gasten ni espendan las dichas rentas en pagar salarios demasiados, nin en otros edefiçios menos neçesarios, salvo en aquello que cumple al bien e pro común de la dicha çibdad».101 El Bien Común se asocia al mantenimiento y protección de los bienes comunes, a la conservación y mejora de los edificios y espacios públicos, a su necesidad y utilidad para la colectividad. Es el triunfo de lo público —de la utilitas de los espacios concejiles frente a la superbia catedralicia y la vanitas patricia102—, del gasto de los recursos públicos en inversión pública y necesaria. En 1495 se pedía en

más ostensibles es una creciente preocupación por la belleza de la ciudad en un contexto de desarrollo y mantenimiento de una retórica más sofisticada del bien común (S. REES JONES, ‹‹Civic government and the development of public buildings and spaces in Later Medieval England›, en ARÍZAGA BOLUMBURU y SOLÓRZANO TELECHEA (eds.), Construir la ciudad en la Edad Media, pp. 479-511, en concreto pp. 509-511). VAL VALDIVIESO observa su presencia, junto al honor y la honra, en las Crónicas castellanas del siglo XV, como atributos a los que aspira toda ciudad (‹‹Imagen de la ciudad en las Crónicas››, pp. 479 y ss.). 98. Véase P. BOUCHERON, «Politisation et dépolitisation d’un lieu commun. Remarques sur la notion de Bien Commun dans les villes d’Italie centro-septentrionales entre commune et seigneurie», en LECUPRE-DESJARDIN y VAN BRUAENE (eds.) De Bono Communi, pp. 237-250, p. 246. 99. SÁNCHEZ BENITO, El espacio urbano de Cuenca, p. 92. 100. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La ciudad de León, p. 145. 101. IZQUIERDO BENITO, Un espacio desordenado, pp. 76-77. Parecidos presupuestos mueven, por ejemplo, a las autoridades zamoranas en su política urbanística (M. F. LADERO, «La remodelación del espacio»), a las burgalesas (BONACHÍA, «Más honrada», pp. 194-200), o a las segovianas (ASENJO, Segovia. La ciudad y su Tierra, pp. 56 y ss.). 102. MONSALVO, «Espacios y poderes», p. 146.

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Oviedo la eliminación de «las comidas que hacen los regidores a cuenta de los propios de la ciudad, no siendo necesarias y pudiéndolas excusar (…)», y se reclamaba que los propios de la ciudad se gastasen en «cosas necesarias y públicas».103 Y, puesto que se trata de lograr el Bien de todos, todos —incluso los clérigos, a pesar de su permanente oposición— están obligados a colaborar, también fiscalmente, en su consecución.104 La necesidad y la utilidad públicas se contituyen como nociones fundamentales (y eminentemente pragmáticas) en la construcción del concepto del Bien Común y actúan por todas las partes como argumentos en los cuales encuentra acogida y amparo la imposición fiscal, con premisas justificativas de actitudes y decisiones financieras y fiscales.105 Retornemos un momento a las Partidas. Quien hace las leyes —esto es, el emperador o el rey en la concepción centralizadora de las Partidas— «debe amar justicia et el pro comunal de todos». La finalidad y el deber del buen político consistían en gobernar por y para el bien común de las gentes. Al contrario que los tiranos, que «aman mas de facer su pro, maguer sea a daño de la tierra, que la pro comunal de todos», los buenos monarcas siempre deben guardar el pro comunal de su pueblo más que el suyo propio.106 Pero en la consecución del bien y provecho de las gentes no toda la labor corresponde al gobernante. También hay una corresponsabilidad del pueblo, una parte de obligación que incumbe a los súbditos, a los ciudadanos. Para los autores del código alfonsí, todos los hombres deben esforzarse, ya sea con su propio trabajo o mandando cómo hacerlo, para que la tierra donde habitan sea bien explotada, produzca frutos y no quede baldía, y lo mismo cabe hacer respecto a las casas y edificios. Y si se hace así, ese trabajo proporcionará dos beneficios: el pro de los hombres y la apostura de la tierra: Et non tan solamiente decimos esto por las heredades de que han los frutos, mas aun de las casas en que moran et do tienen lo suyo, et de los otros edificios

103. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media, p. 393. 104. Sobre el problema y los conflictos generados por la contribución de personas e instituciones exentas, y en particular de los eclesiásticos, remito de nuevo, para las ciudades catalanas de la baja Edad Media, a VERDÉS, «Car les talles són difícils». 105. Véanse sobre estos asuntos y como ejemplos de espacios geográficos diferenciados los trabajos de A. RIGAUDIERE, «Donner pour le Bien Commun et contribuer pour les biens communs dans les villes du Midi français du XIIIe au XVe siècle», en LECUPPRE-DESJARDIN y VAN BRUAENE (eds.), De Bono Communi, pp. 11-53; y en el mismo volumen, E. ISENMANN, «The notion of the Common Good, the concept of politics, and practical policies in Late Medieval and Early Modern German cities», pp. 107146; J. DUMOLYN y E. LECUPPRE-DESJARDIN, «Le Bien Commun au Flandre médiévale: une lutte discursive entre princes et sujets», pp. 253-266. 106. Part. I, I, XI, XV y XVI; II, I, IX y X. Por supuesto, las referencias al «bien et pro» de las gentes como objetivo de la acción política son mucho más abundantes a lo largo de toda la obra, especialmente en la Segunda Partida.

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de que se ayudan para mantenerse: ca todo esto deben labrar en manera que la tierra sea por ello mas apuesta, et ellos hayan ende sabor et pro.107

Las casas y edificios que construyen las gentes «non tan solamente se tornan en pro de sus señores, mas aun en fermosura comunal de los logares do son fechos».108 Y no sólo las grandes obras públicas, obligación que concierne más directamente al gobernante. También las construcciones privadas debían contribuir a afianzar la belleza y nobleza de la ciudad, a incrementar su prestigio y, con ello, a la postre, a promover una identificación entre el grupo humano y su espacio físico, a cristalizar el proceso de construcción de una identidad colectiva y fomentar el orgullo cívico de pertenencia a una comunidad.109 Como se ha dicho, la «política del bien común se orienta a hacer surgir en los ciudadanos un sentimiento compartido, el de vivir en la misma ciudad».110 Y si es obligación de todos trabajar la tierra y mantener y restaurar sus casas para su provecho y para apostura y nobleza de las ciudades —y, con ellas, del Reino—, tanto más es deber de toda la comunidad, sin exclusión, cooperar en el mantenimiento y conservación de los bienes públicos. Por eso, como dije al principio, el coste de la construcción, mantenimiento y reparación de dichos bienes debe hacerse con cargo a los ingresos y rentas del Concejo. Pero si las ciudades y villas no tuvieran recursos hacendísticos suficientes, los fondos necesarios debían obtenerse de la contribución extraordinaria impuesta sobre los vecinos, sin que ninguno de ellos pudiera excusarse por su estado o condición. Bien o mal recibida, más o menos rechazada, la presión fiscal sobre el ciudadano invocaba, en última instancia, a un principio de igualdad y solidaridad social en nombre del provecho general. La construcción de la ciudad se transformaba de ese modo en una gran obra colectiva,111 en la que todos tenían su parte, mayor o menor, de arquitectos. Pues, al fin y al cabo, como afirmaban los autores de las Siete Partidas: (…) ca pues que la pro destas labores pertenesce comunalmiente á todos, guisado et derecho es que cada uno faga hi aquella ayuda que podiere.112

107. Part. II, XX, IV. 108. Part. III, II, XVI. 109. J. ESCALONA MONGE, ‹‹Territorialidad e identidades locales en la Castilla condal››, en J. A. JARA FUENTE; G. MARTIN; I. ALFONSO ANTÓN (eds.), Construir la identidad en la Edad Media. Poder y memoria en la Castilla de los siglos VII a XV, Cuenca, 2010, pp. 55-82 y, más en concreto, pp. 57-63. Véase, igualmente, GUERRERO, «La fiscalidad como espacio privilegiado». 110. BOUCHERON y MENJOT, Historia de la Europa urbana. II La ciudad Medieval, p. 210. 111. Véase sobre estas cuestiones, CROUZET-PAVAN, ‹‹Entre collaboration et affrontement››, pp. 376380. 112. Part. III, XXXII, XX. Véase RIGAUDIÈRE, «Donner pour le Bien Commun», pp. 13, 23-27.

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Todos estos conceptos y principios servían, en último término, para avalar un determinado orden social y para proyectar sobre el imaginario colectivo la imagen de un buen gobierno, admitido y bendecido por todos como legítimo, justo y eficaz: en las intervenciones urbanísticas del poder, por muy voluntaristas que sean, hay siempre una lógica de dominación, un componente simbólico de afirmación del propio poder. Cabría preguntarse, no obstante, qué había en todo ello de demanda social —y por lo tanto de consenso y construcción de la ciudad «desde abajo»—. Y en este sentido tal vez podría afirmarse que, a punto de acabar la Edad Media en Castilla, toda una serie de conceptos que alimentaban una determinada retórica del Bien Común utilizada por el poder como instrumento de afianzamiento político (primacía de lo público; protección de la seguridad y salubridad urbanas; apostura, honra y nobleza ciudadanas, necesidad y utilidad social, etc.), acabaron siendo asumidos también por el conjunto de la población como símbolos del ideario colectivo y factores de cohesión identitaria. El ideal del Bien Común —y su indiscutible primacía sobre el interés particular— legitimaba la actuación de los gobernantes y, simultáneamente, se convertía en el argumento que guiaba los comportamientos y obligaciones de los gobernados. Pero ese discurso también servía (o podía servir) para amparar intereses privados o de grupo y ser utilizado, en caso de conflicto, en función de ellos y en su defensa. En 1503 se desarrolló un pleito en Aranda de Duero entre los vecinos de la calle de Barrionuevo y los propietarios de unas casas y bodegas ubicadas en la calle del Pozo. Los primeros solicitaban que se abriera esta tortuosa calle, derribando algunos edificios que impedían acceder de forma directa y sin molestos rodeos desde Barrionuevo a la plaza e iglesia de Santa María, el centro neurálgico de la villa.113 Era un contencioso entablado entre particulares, en el que el concejo de Aranda no intervino como parte implicada. Los propietarios de la calle del Pozo basaron su defensa en las pérdidas que esa obra suponía para su patrimonio privado. Por su parte, los vecinos de Barrionuevo nunca alegaron, en defensa de su demanda, el beneficio particular. Lo que ellos se cuidaron por defender fue el provecho público de su reclamación, un beneficio que, en su opinión, repercutiría sobre la calle donde vivían pero especialmente, por extensión, sobre el conjunto de la villa y sobre la población arandina. Y en esa postura contaban con el apoyo de varios testigos del pleito, que declaraban que la honra de las calles es ennoblecimiento de la villa. De ese modo, aun siendo entre particulares, el proceso adquiría rasgos de índole y resonancia política: lo que se estaba planteando

113. El expediente del pleito ha sido publicado por J. G. PERIBÁÑEZ OTERO e I. ABAD ÁLVAREZ, Aranda de Duero, 1503, Burgos, 2003. Lo he estudiado, con más detalle, en «El desarrollo urbano de la villa de Aranda de Duero en la Edad Media», Biblioteca. Estudio e Investigación, 24, 2009, pp. 9-35.

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por los demandantes era, en última instancia, una estrategia de defensa de la superioridad de lo público sobre los intereses privados. En ella se reiteraron principios y conceptos ya asumidos por el conjunto de la población: la utilidad y el provecho públicos, el ornato, la honra, el ennoblecimiento… fueron argumentos utilizados de modo permanente por los letrados de los vecinos de Barrionuevo. Entre sus alegatos tuvo un importante papel el principio de que cualquier vecino podía ser desposeído de su hacienda por el poder público a cambio de un precio justo, siempre que la expropiación fuera necesaria o de ella se derivara —lo cual era sustancial en este caso— provecho para la república.114 Es más que probable, como argumentaba la parte contraria, que los vecinos de Barrionuevo estuvieran defendiendo sus intereses particulares, aunque a lo largo del pleito se cuidaron mucho de mentarlos. Pero lo cierto es que su demanda fue planteada en todo momento en función de la defensa del bien común, erigiéndose de ese modo en representantes y portavoces de los intereses colectivos. Del otro lado, los propietarios de la calle del Pozo nunca estuvieron en posición de asumir un papel semejante, sino todo lo contrario, de tal modo que, a lo largo del proceso, llegó a producirse cierto intercambio de papeles: su posición acabó apareciendo no tanto como la del propietario perjudicado por una demanda ajena, que temía perder una parte de su fortuna, cuanto la del agresor de los intereses colectivos, cuyo interés particular ponía límites al superior provecho público. El esfuerzo de sus procuradores se dirigió a evitar que el litigio se llevara al terreno de lo público contra lo privado para reconducirlo al estricto ámbito de un conflicto entre intereses particulares. Pero, en su caso, lo fundamental de su alegato se basó en la defensa de que los derechos privados de sus clientes se encontraban por encima del bien general. Y en ese terreno estaba decidida su derrota.115 Además de los interrogatorios presentados por las partes litigantes, también se pidió información al corregidor de Aranda. Alguna de las preguntas

114. Como, veíamos, lo era también en las Partidas en relación con la construcción de las murallas (véase p. 8). A la expropiación como aplicación jurídica del argumento del Bien Común se refiere G. NAEGLE, «Armes à double tranchant? Bien Commun et chose publique dans les villes françaises au Moyen Âge», en LECUPPRE-DESJARDIN y VAN BRUAENE (eds.), De Bono Communi, pp. 55-70, en concreto pp. 62-63. 115. Aunque el recurso al ideal del Bien Común tenga en ocasiones un carácter ambiguo y pueda servir como argumento a intereses distintos, lo que, sin embargo, no admite dicho concepto es que el bien particular pueda imponerse sobre él y superarlo: todo el mundo debe prestarse a defenderlo, por encima de intereses privados. Lo cual olantea la cuestión de la dificil conciliación de dichos intereses privados. Lo cual plantea la cuestión de la dificil conciliación de dichos intereses particulares con la noción de interés general. Véase, por ejemplo, NAEGLE, «Armes à double tranchan?», pp. 56-59, 66-68, o DUMOLYN y LECUPPRE-DESJARDIN, «Le Bien Commun au Flandre médiévale», pp. 259-263.

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realizadas a los testigos de la probanza que éste llevó a cabo no pretendía dejar lugar a dudas: «Yten sean preguntados sy saben e conocen que abriéndose la dicha calle de Barrio Nuevo por las dichas casas es universal pro a los vecinos de la dicha villa e nobleçimiento de ella. E que es más el nobleçimiento de la dicha villa e pro universal que no el daño e perjuicyo que se puede seguyr a los señores de las dichas casas pagándoles el daño». Al final, el corregidor acabó emitiendo, como era previsible, una opinión favorable a la apertura de la calle, ya que según su parecer, la información recogida por él probaba que era mucho mayor el «pro universal» que recibía la villa que «el daño e perjuizio» causado a los bodegueros. Y acababa reiterando el aserto jurídico según el cual «la utilidad pública a de ser preferida a la privada utilidad».116

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Podría afirmarse, en fin, que el discurso del Bien Común y toda una serie de conceptos asociados a él, utilizados por el poder como instrumentos de cohesión social y legitimación política, ya habían sido «socializados», se habían universalizado y habían penetrado en el tejido social de tal forma que se habían convertido en argumentos de amparo de intereses particulares. Al fin y al cabo, la consecución del pro comunal, la misma «construcción compartida» de la ciudad en la que todos tenían su parte, no podían escapar a los conflictos de intereses entablados en el seno mismo de la sociedad, no podían eludir los conflictos inherentes a la propia sociedad.

116. «Por mandado de vuestra alteza hize la presente información e, conforme a la su çedula, reçebí los testigos que las partes quisieron presentar e, allende de aquellos, de mi offiçio reçebí doze testigos ombres sin sospecha (…). Por la qual información se prueva copiosamente ser pro universal de los vezinos e moradores de la dicha villa e grande noblesçimiento de ella que la dicha calle de Barrio Nuevo se abra por las dichas casas del dicho Gonzalo Sánchez de Calahorra e de Alonso de Moradillo, e se prueva ser más el nobleçimiento de la dicha villa e pro universal de ella que no el daño e perjuizio que se puede seguir a los señores de las dichas casas. De manera que (…) mi parecer es, por aquella razón de derecho que dispone que la utilidad pública a de ser preferida a la privada utilidad, que vuestra alteza debe mandar abrir la dicha calle, mandando pagar el justo valor de las dichas casas a los señores de ellas» (PERIBÁÑEZ-ABAD, Aranda de Duero…, pp. 196-198. La cita anterior, referida a la pregunta de los testigos, está en p. 190).

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Las villas cantábricas bajo el yugo de la nobleza. Consecuencias sobre los gobiernos urbanos durante la época Trastámara* JOSÉ RAMÓN DÍAZ DE DURANA JON ANDONI FERNÁNDEZ DE LARREA Copyright © 2013. Ediciones Universidad de Salamanca. All rights reserved.

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

D

TRASTÁMARA, una parte significativa de las tierras, villas y ciudades del realengo castellano fueron entregadas a los grandes señores del reino. También entre Asturias y Guipúzcoa, territorio objeto de nuestro estudio. Es cierto que, durante el siglo anterior, algunos señores estimularon el nacimiento de centros urbanos en la Cornisa Cantábrica, pero su entrada en el señorío jurisdiccional a partir de los años setenta del siglo XIV, constituye —como en otras áreas del reino— un fenómeno histórico sin precedentes que determinará la historia de esos núcleos durante el Antiguo Régimen. En este texto pretendemos acercarnos a ese fenómeno y estudiar sus consecuencias en el plano político, es decir, en la impronta señorial sobre el gobierno de las villas —que en absoluto responde a un único patrón— y su evolución durante el período objeto de estudio. Ahora bien, nuestro interés no sólo gira en torno a las consecuencias del dominio señorial sobre los gobiernos urbanos, abarca también el URANTE EL REINADO DE LOS PRIMEROS

* Este trabajo forma parte de los resultados del Proyecto de investigación «De la Lucha de Bandos a la hidalguía universal: transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco (siglos XIV y XV)». Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-15960) y del Grupo Consolidado de Investigación del Gobierno Vasco Sociedad, poder y cultura en el País Vasco (siglos XIV y XV), IT-322-10.

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análisis de otros fenómenos que tienen lugar paralelamente al anterior. Nos referimos especialmente a dos: en primer lugar a la usurpación de algunas villas norteñas por señores sin previa concesión del señorío jurisdiccional y, en segundo lugar, a los instrumentos que permitieron a los linajes urbanos el control de los gobiernos de las distintas villas hasta la reforma municipal iniciada en 1476 en Vitoria por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Para alcanzar los objetivos señalados hemos utilizado documentación municipal publicada e inédita de distintas villas cantábricas, documentación judicial procedente de la Real Chancillería de Valladolid, documentación señorial y la literatura histórica sobre la cuestión.1 1. LAS

VILLAS DE LA

CORNISA CANTÁBRICA:

INICIATIVA SEÑORIAL E INCORPORACIÓN A LOS

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SEÑORÍOS JURISDICCIONALES

El grueso de las villas cantábricas recibió fuero de los reyes castellanos y navarros. El proceso de urbanización, en lo esencial, había concluido antes de la llegada de los Trastámara y ha sido abordado por numerosos investigadores,2 pero nos interesa destacar aunque sea brevemente, la iniciativa señorial en su creación y la incorporación de las villas a los distintos señoríos. Los dos polos señoriales que concentraron la iniciativa de creación de las villas norteñas fueron, por este orden, el Señor de Vizcaya y el obispo de Oviedo. En el primer caso, los señores de Vizcaya, que ostentaban un señorío patrimonial y estaban vinculados por lazos vasalláticos al rey 1. Nos referimos especialmente a algunos trabajos clásicos como los de J. I. RUIZ de la PEÑA, Las «polas» asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981; J. A. GARCÍA de CORTÁZAR, «Las villas vizcaínas como formas ordenadoras del poblamiento y la población», en Las formas del poblamiento del Señorío de Vizcaya, Bilbao, Diputación de Vizcaya, 1978, pp. 69-111; B. ARÍZAGA, Urbanística Medieval: Guipúzcoa, San Sebastián, Kriselu, 1990; J. Á. SOLÓRZANO TELLECHEA, Santander en la Edad Media: Patrimonio, Parentesco y Poder, Torrelavega, Universidad de Cantabria-Ayuntamiento de Torrelavega, 2002; E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media: Oligarquías y élites urbanas en el País Vasco, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2004; M.ª S. TENA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería, y Fuenterrabía (1200-1500), San Sebastián, Instituto Doctor Camino, 1997; A. DACOSTA, Los linajes de Vizcaya en la Baja Edad Media: Poder, parentesco y conflicto, Serie Historia Medieval y Moderna, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2003; J. A. ACHÓN, «A voz de Concejo». Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Guipúzcoa: Los Báñez de Mondragón, siglos XIII-XVI, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995; J. R. DÍAZ de DURANA, Álava en la Baja Edad Media: Crisis, Recuperación y Transformaciones Socioeconómicas (c.1250-1525), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1986. 2. Junto a los citados debemos resaltar, además, los trabajos de J. Á. SOLÓRZANO TELLECHEA y B. ARÍZAGA (coords.), El fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero: revisión historiográfica y propuestas de estudio, Asociación de Jóvenes Historiadores de Cantabria, 2002; P. MARTÍNEZ SOPENA y M. URTEAGA (eds.): Las villas nuevas medievales del Suroeste europeo De la fundación medieval al siglo XXI. Análisis y lectura contemporánea. Actas de las Jornadas Interregionales de Hondarribia (16-18 de noviembre de 2006). Boletín Arkeolan n.º 14, Centro de Estudios e Investigaciones HistóricoArqueológicas-Historia eta Arkeologiako Azterketa eta Ikerketa Zentroa, 2006.

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castellano,3 otorgaron el fuero de Logroño a veintiún villas entre 1199 y 1376. Las cinco últimas recibieron fuero del Infante D. Juan, titular del Señorío desde 1375: Juan I incorporó por primera vez en 1379 el título de Señor de Vizcaya a los que ya ostentaban los reyes de Castilla.4 Por el contrario, en el segundo caso los obispos de la sede ovetense, que actuaban con autorización expresa del rey, apenas fundaron cinco villas en tierras sometidas a su señorío jurisdiccional.5 Hubo otras iniciativas señoriales singulares que alcanzaron éxito. Así, en Cantabria, en 1308, Diego Gutiérrez de Ceballos y Ruy Gil de Villalobos cedieron tierras a los de Escalante

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(…) e a todos los otros de cualquier lugar que con busco quesyeren bivyr e poblar la nuestra heredad que nos avemos en Torre Dueles (…) y de vos amparar e defender a los pobladores sobredichos de Escalante e a los del valle e de vos mantener todos vuestros fueros e usos e costumbres, asy en fechos de justicia e de los alcalldes e en todas las otras cosas como fue usado e guardado fasta aquy (…)

A cambio exigieron que les pagaran 1.000 maravedís anuales por San Martín.6 Otros intentos, sin embargo, fracasaron. Como el que protagonizó Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, con formidables intereses en la Cornisa Cantábrica, cuando se propuso fundar en 1498 una villa en Baracaldo, en torno a sus torres de Luchana.7 Los resultados de la iniciativa señorial en la urbanización de la Cornisa Cantábrica, salvo en el caso vizcaíno, son insignificantes. Sin embargo, numerosas villas se incorporaron al señorío a partir de la llegada de los Trastámara, un fenómeno histórico sin precedentes que marcará con su particular sello la historia de esos núcleos durante el Antiguo Régimen. En primer lugar, fruto de las mercedes que los reyes entregaron a los señores pero también como resultado de la usurpación de la jurisdicción de las villas o del

3. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR, «La creación de los perfiles físicos e institucionales del Señorio de Vizcaya», en Les Espagnes Médiévales. Aspects Économiques et sociaux, Mélanges offerts à Jaun Gautier Dalché, Niza, 1984, p. 9. 4. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR, «Las villas vizcaínas como formas ordenadoras del poblamiento y la población», en Las formas del poblamiento del Señorío de Vizcaya (Bilbao: Diputación de Vizcaya, 1978), pp. 69-111. 5. J. I. RUIZ de la PEÑA, Las «Polas» asturianas en la Edad Media…, pp. 65-69: la puebla de Roboredo (1276-1278) que fracasó, la puebla de Allande (1262-1268), la de Castropol (1298) —que sustituyó a la de Roboredo—, la de Langreo (1338) y Las Regueras (1421). 6. J. Á. SOLÓRZANO TELECHEA, «El fenómeno urbano medieval en Cantabria», p. 263. 7. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR, B. ARIZAGA, M.ª L. RIOS, I. del VAL, Vizcaya en la Edad Media, Evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, San Sebastián, Haramburu Editor, 1985, I, p. 225.

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control que determinados miembros de la nobleza lograron ejercer sobre la población y los gobiernos urbanos cantábricos. En Asturias, junto al señorío de la mitra ovetense, destacan dos señoríos jurisdiccionales. En primer lugar, el de Alfonso Enríquez, Conde de Noreña, hijo bastardo del primer Trastámara y principal beneficiario de las mercedes enriqueñas en el territorio: las pueblas de Gijón, Siero, Allande, Nava, Llanes, Ribadesella, Cangas, Pravia, Luarca, Salas y otros concejos hasta que en 1383 su señorío se repartió entre el realengo y el obispo de Oviedo.8 En segundo lugar, el que constituyó Pedro Suárez de Quiñones, Adelantado de León y Asturias, quien obtuvo también varias jurisdicciones sobre distintas villas: En 1369 sobre las de Allande, Cangas y Tineo9 y en 1396 sobre Somiedo.10 Más adelante, en 1440, Diego Fernández de Quiñones, a cambio de las primeras recibió la villa de Llanes11 y, en 1465, durante el efímero «reinado» del infante Alfonso XII, pertenecieron a los Quiñones Avilés, Grado y Pravia,12 pero la disputa sobre los derechos que tenía sobre esas villas aún no estaba resuelta a fines del siglo XV.13 En esos años, igualmente, se les requirió que probaran su posesión sobre la villa de Somiedo.14 A juicio de Miguel Calleja, la acumulación de un poder excesivo y la periódica voluntad de los Príncipes de Asturias de hacer efectivo su poder los convirtió en una amenza y su eliminación fue uno de los objetivos de la política antiseñorial de los Reyes Católicos que, en 1491, a la muerte de Diego Fernández de Quiñones, les asestaron un golpe definitivo en su aspiración sobre el mantenimiento de sus derechos señoriales en Asturia.15 Compraron también Navia16 y Ribadesella17 y eran encomenderos mayores de los monasterios de Santa María de Obona —junto a Tineo— y San Juan de Corias —junto a Cangas—.18

8. J. I. RUIZ de la PEÑA Historia de Asturias. Baja Edad Media, vol. 5, Oviedo, Ayalga, 1979, p. 138. 9. Archivo de los Condes de Luna (ACL), Pergaminos, doc. 13 (1379) y Documentos, doc. 26 (1401). Además, en palabras de C. JULAR, encuentra ratificación a todas las concesiones hechas con anterioridad a miembros de su linaje: la merindad de la ciudad de Oviedo, el concejo de Gordón, la martiniega y el portazgo de Astorga y otras rentas de esa ciudad. Los Adelantados y Merinos Mayores de León (siglos XIII-XV), León: Junta de Castilla y León/Universidad de León, 1990, p. 337. 10. ACL, Documentos, doc. 19 (1396). Junto a Somiedo recibe Laciana y Ribadesil de Suso y de Yuso que añade a otros concejos leoneses. C. ÁLVAREZ, El Condado de Luna en la Baja Edad Media, León, 1982, pp. 65-66. 11. ACL, Documentos, doc. 133 (1440). 12. ACL, Documentos, doc. 229 (1465). 13. ACL, Documentos, docs. 414-423. 14. ACL, Documentos, docs. 430 y 431. 15. M. CALLEJA, «La Asturias Medieval», en Historia de Asturias, Oviedo, KRK, 2005, pp. 294-295 16. ACL, Documentos, doc. 147 (1442) 17. ACL, Documentos, docs. 151 y 152 (1443). 18. C. ÁLVAREZ, «La casa de Quiñones comendataria de monasterios de Asturias y León (1350-1450)», Semana del Monacato cántabro-astur-leonés, Monasterio de San Pelayo, 1982, p. 323. Sobre los beneficiarios de las «mercedes enriqueñas» en el área asturleonesa, véase el trabajo de C. JULAR, Los Adelantados y Merinos Mayores de León (siglos XIII-XV), León: Junta de Castilla y León / Universidad de León (Biblioteca de Castilla y León. Serie Historia 12), 1990, pp. 328-333.

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En Cantabria, pese a la intensa señorialización del territorio, los grandes señores no recibieron mercedes que incorporasen las villas cántabras a sus señoríos y sólo lograron hacerse con el dominio de algunas villas bien entrado el siglo XV. Excepcionalmente, en enero de 1466, Enrique IV entregó la villa de Santander a Diego Hurtado de Mendoza, pero revocó donación en mayo de 1467.19 Los Mendoza, sin embargo, habían ocupado violentamente la villa de Santillana en 1435 y sólo en 1444, Juan II la entregó a Íñigo López de Mendoza.20 Potes, por otra parte, era el centro del señorío de los Mendoza sobre la Liébana.21 Al sur, en las Montañas de Burgos, son los Velasco quienes reciben Medina de Pomar (1369), Villasana de Mena (1398) y Frías (1446) constituyendo un gran señorío que se extiende hacia Cantabria, Vizcaya, Álava y otros territorios burgaleses.22 Con todo, el caso alavés es quizá, por el número de burgos que pasaron a manos de los señores —dieciocho—, el que mejor ejemplifica la entrada en el señorío jurisdiccional de las villas. En Álava, entre 1366 y 1388, a excepción de Vitoria, todas pasaron a formar parte de la jurisdicción señorial de los principales linajes de la nobleza alavesa: Pedro Manrique, Juan Ruiz de Gauna, Ruy Díaz de Rojas, Juan de Avendaño, Pedo López de Ayala o Diego Gómez Sarmiento.23 Finalmente, aunque resulta excepcional en la cornisa, Vitoria, ciudad desde 1431, incorporó a su señorío en 1487 las villas de Elburgo y Alegría recién incorporadas ese año al realengo y tres años más tarde la villa de Bernedo, que en 1476 había sido entregada por Juan II de Aragón a su hijo Fernando y más tarde cayó en manos de los Ayala.24 En el lado extremo de la escala, por el contrario, todas las villas guipuzcoanas permanecieron en el realengo. Aquí, las élites urbanas articularon el territorio desde sus intereses y frente a los parientes mayores hasta constituir

19. R. PÉREZ BUSTAMANTE, Sociedad, economía, fiscalidad y gobierno en las Asturias de Santillana (s. XIII-XV), Santander, Estudio, 1979, pp. 410-418. 20. E. SAN MIGUEL, Poder y territorio en la España cantábrica. La baja Edad Media, Madrid, Dikynson, 1999, p. 102 21. R. PÉREZ BUSTAMANTE, «El régimen municipal de la villa de Potes a fines de la Edad Media», Altamira, 42 (1979-1980), pp. 187-214. 22. J. ORTEGA VALCÁRCEL, La transformación de un espacio rural: Las Montañas de Burgos, Valladolid, Universidad, 1974, p. 225; J. GARCÍA SAINZ de BARANDA, Apuntes sobre la Historia de las Merindades de Castilla, Burgos, Diputación Provincial, 1952, p. 335. R. SÁNCHEZ DOMINGO, El aforamiento de enclaves castellanos al Fuero de Vizcaya. Organización jurídica de los Valles de Tobalina, Mena, Valdegobía y Valderejo, Burgos, Universidad de Burgos, 2001. 23. J. R. DÍAZ de DURANA, Álava en la Baja Edad Media…, 322-330. Se excluyen las villas bajo dominio navarro: Laguardia, Labraza y Bernedo. 24. «(…) damos a la dicha çibdad desde agora para siempre jamas los dichos lugares y valle e sus terminos por tierra e administraçion e jurediçion et distrito et territorio de la dicha çibdad de Vitoria…», J. R. DÍAZ de DURANA, Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1984, p. 38; J. R. DÍAZ de DURANA, Álava en baja Edad Media…, p. 350. También formaba parte del Señorío Vitoriano el valle de Zuya (1484).

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una potente Hermandad.25 Únicamente en el caso de la villa de Salinas de Léniz, los Condes de Oñate, apoyándose en una merced de 1370,26 habían usurpado la jurisdicción real. Finalmente, en el señorío de los Guevara, aunque técnicamente puedan existir dudas sobre su consideración como villa, un núcleo ejercía funciones «urbanas» para el conjunto del valle: Oñate. Al parecer, las primeras noticias del señorío de los Guevara sobre el valle son de finales del siglo XIII y está asentado en el ejercicio de los derechos de patronato sobre la iglesia de San Miguel. Conviene recordar en este sentido que, en 1387, cuando los hidalgos del valle se levantaron contra su señor, le acusaron de haber usurpado el patronato sobre San Miguel y reclamaban que la tierra de Oñate era de abadengo,27 mientras que el señor sentenciaba: (…) nin rrey nin otro sennor nin otra persona alguna nunca ovieron nin han sennorío alguno nin otro derecho nin iuredisçión alguna en la dicha mi tierra de Onnate (…)28.

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Afirmar que la tierra de Oñate era abadengo fue interpretado por el conde como un ataque directo a su señorío sobre el valle. El continuado ejercicio de esos derechos desde tiempo inmemorial, como argumentó el Canciller Ayala en las Cortes de Guadalajara de 1390, puso en manos de quienes osten25. M.ª S. TENA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval…, pp. 148-223. 26. M.ª R. AYERBE, Historia del Condado de Oñate y señorío de los Guevara (ss. XI-XVI). Aportación al estudio del régimen señorial de Castilla, II. Documentos, San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1985, doc. n° 10, pp. 34-36: «(…) por fazer bien e merçed a vos don Beltrán de Gueuara, nuestro basallo, por muchos seruiçios e bonos que nos abades fecho e fazedes de cada día e por vos fazer conosçimiento e dar galardón por quanto afán e trauaio abades pasado por nuestro seruiçio e por vos honrrar e heredar en los nuestros rregnos por que baladas más vos e los que de vos deçendieren, dámosvos perpetuamente por iuro de heredad para sienpre jamás para vos e para los que de vos venieren, que lo vuestro ouieren de auer e de heredar, las nuestras sallinas de Léniz e los nuestros lugares de tierra de Léniz e las ferrerías de Mondragón e la escriuanía pública de la dicha villa de Mondragón. Las quales dichas sallinas e lugares e ferrerías e escriuania vos damos con todas las rrentas e pechos e derechos e con prados e pastos e dehesas e exidos e aguas corrientes e manantes e estantes e con todas las entradas e sallidas e con todos los otros sus derechos segund que mejor e más cunplidamente a nos pertenesçen e pertenesçer denen en qualquier manera e por qualquier rrazón, e con la iustiçia çivill e criminal, alta e baxa, e con mero misto inperio, para vender e enpennar, dar e trocar e enagenar e fazer dellos e en ellos toda vuestra voluntad, así commo de vuestra cosa propia (…). 27. M.ª R. AYERBE, Historia del Condado de Oñate…, II, pp. 38-40: «Otrosy rrespondiendo a lo que dizen que esta dicha mi tierra es abadengo (…), digo que la dicha tierra de siempre acá fue e es condado e sennorío sobre sy e esentamente siempre aquellos donde yo vengo en su tienpo e después yo en el mi tienpo ovieron e posedieron e poseo la dicha tierra commo mi heredat e mi propio sennorío con todas sus pertenençias e posesiones e derechos que la dicha tierra ouo e há de sienpre acá e con toda la iustiçia çeuil e criminal, e con todo el uso que al dicho sennorío pertenesçe e con todo el vso que en ella ouo e há e con la iglesia de Sant Miguell, que es en la dicha tierra, e que sienpre fue e es monesterial e pertenesçido (…) por tienpo de la dicha tierra aquella, donde yo vengo e a mí en el mi tienpo, e nin rrey nin otro sennor nin otra persona alguna nunca ovieron nin han sennorío alguno nin otro derecho nin iuredisçión alguna en la dicha mi tierra de Onnate (…)». 28. M. R. AYERBE, Historia del Condado de Oñate…, II, pp. 38-40.

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LAS VILLAS CANTÁBRICAS BAJO EL YUGO DE LA NOBLEZA…

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taban el patronato sobre las iglesias un instrumento de control y dominación social y política estableciendo una estrecha relación entre patronato y señorío:29 (…) dícennos los letrados que los diezmos son debidos a las iglesias por una de dos maneras: la una, por reverencia e acatamiento del servicio divinal que en ellas se faze, e tal diezmo como éste, que es puro espiritual, non le puede aver lego, nin levar las tales rentas; la otra, por razón del conoscimiento del señorío general, e en este caso puede levar el lego los frutos dende; e éste es el caso por do nosotros levamos los tales diezmos.

Por razón del conoscimiento del señorío general… Sobre esa premisa se apoya el control que determinados linajes rurales y urbanos ejercen sobre sus villas de referencia, particularmente en Guipúzcoa donde, como ya hemos señalado, no se constituyeron señoríos. Si al ejercicio del patronato le añadimos la concesión real del prebostazgo sobre la villa o, en su caso, otros oficios relacionados con la administración de justicia, resulta fácil entender como fueron imponiéndose sobre las distintas villas estos señores sin señorío.30

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2. LA

INTROMISIÓN DE LOS LINAJUDOS EN LOS GOBIERNOS URBANOS DE LAS VILLAS CAN-

TÁBRICAS

El control sobre los gobiernos urbanos por la nobleza no sólo se produce con motivo de la incorporación de las villas a los señoríos jurisdiccionales en los términos que se han señalado: las usurpaciones de jurisdicción o la injerencia de los parientes mayores en la elección de los oficiales o en la toma de decisiones de los concejos, era habitual en las villas cantábricas. La ofensiva había comenzado antes de la llegada de los Trastámara y, en ocasiones, como ocurre en Avilés en 1318, para defenderse de los ataques de Lope González de Quirós, la reacción del concejo fue someterse a la encomienda de otros señores bajo ciertas condiciones:31

29. J. L. MARTÍN, Pedro López de Ayala. Crónicas, Barcelona, Planeta, 1991, pp. 681-688. 30. Véase, por ejemplo, el caso de los Ugarte, en la villa vizcaína de Marquina: «(…) e despues que perpetraron e cometieron muchos delitos (…) fueron sostenidos en el solar e linaje de Ugarte, (…) de quien es pariente mayor el dicho Gonçalo Ybannes de Ugarte, alcalde e justiçia de la dicha merindad de Marquina e su tierra, e preboste e alguacil de la dicha villa, e que sy el dicho Gonzalo Ybannes quisyera los podiera tomar presos, e prender e faser justiçia d’ellos, o entregarlos a nos, el dicho corregidor e alcaldes de la hermandad, (…) lo qual non fiso». En J. A. MUNITA, «El archivo familiar de los Barroeta de Marquina: aportaciones para la reconstrucción de un conflicto banderizo en los confines de Vizcaya», Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón, M.ª I. del VAL y P. MARTÍNEZ SOPENA, vol. I, 2009, pp. 239-251. 31. M.ª J. SANZ, J. A. ÁLVAREZ, y M. CALLEJA, Colección diplomática del concejo de Avilés en la Edad Media (1155-1498), Avilés, Ayuntamiento de Avilés-Universidad de Oviedo, 2011, doc. 102 (1318).

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(…) damos a vos don Rodrigálvarez la encomienda de nuestra villa (…). Que vos que nos guardedes e nos amparee defendades annos e a nuestros vecinos e a todas las nuestras cosas en quanto vos podieredes. Otrosí que recibades por vasallo nin por acostado a Lope Gonzalez de Quiros ni a aquellos que oy dia con el estan que foron en nos hazer mal (…)

Las agresiones se mantuvieron durante todo el período. Así, en 1444, Enrique IV, todavía como Príncipe de Asturias, juró proteger a los concejos del Principado de Pedro y Suero de Quiñones y trató de evitar que pudieran retener en su poder ninguna villa asturiana:32

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(…) entendia e queria dar (…) como estas dichas mis tierras e Prinçipado estoviesesn e fuesen a mi ordenanza e mandamiento e libres e syn ocupaçion alguna de Pedro de Quinnones e Suero de Quinnones e de sus hermanos e escuderos e fijos e cunnados e sobrinos e de omnes e de gentes dellos e de cualquier otras personas que tienen entradas e ocupadas las dichas mis tierras del dicho Prinçipado e las rentas e pechos e derechos (…) vos envié dezir e mandar que non oviésedes (…) por sennor nin sennores del dicho Prinçipado a nin de sus tierras nin de las çibdades e villas e lugares del (…) nin de la jurediçion nin justicia (…)

Los ejemplos son numerosos y se extienden por todo el territorio estudiado. En Castro Urdiales, en 1402, una sentencia de Gonzalo Moro, oidor de la Audiencia real, reconoció a los vecinos la jurisdicción sobre los términos de los valles y Junta de Sámano. Registró también los agravios que recibían de algunos ommes poderosos que moravan e moran dentro de los dichos terminos que les han tomado et toman et tienen forçado la dicha su juridiçion del judgado de los dichos terminos parando en los dichos terminos ciertos alcaldes de entre sy para judgar los pleytos que entre ellos son sin querer venir al llamamiento e judgado de los sus alcaldes de la dicha villa.33

La amenaza de los poderosos, en ocasiones, se materializaba en un ata-

32. M.ª J. SANZ, J. A. ÁLVAREZ y M. CALLEJA, Colección diplomática del concejo de Avilés…, doc. 166 (1444). Véase el trabajo de J. URÍA RIU, «Contribución al estudio de las luchas civiles y el estado social de Asturias en la segunda mitad del siglo XV», en Obra completa, IV Estudios medievales, J. URÍA MAQUA, ed., Oviedo, Universidad y KRK ediciones, 2010, pp. 265-303. 33. E. BLANCO, E. ÁLVAREZ y J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR, Libro del Concejo (1494-1522) y documentos medievales del Archivo Municipal de Castro Urdiales, Santander, Fundación Marcelino Botín, 1996, doc n.º 6. El problema no se había resuelto en 1464 cuando se dicta una provisión real contra los regidores de la Junta de Sámano que habían usurpado las facultades de conocer las causas civiles y criminales de los pueblos de su valle en perjuicio de la jurisdicción del alcalde de Castro Urdiales (doc. n.º 9) y no parece resuelto hasta los años ochenta de ese siglo (doc. n.º 11).

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que directo a las villas. Así sucedió en la villa guipuzcoana de Segura: Juan López de Lazcano, al amanecer de un viernes del mes de octubre de 1448, entró en la villa quebrando el postigo de una de las puertas. Del relato de los testigos se deduce que su intención no era otra que demostrar su fuerza para manifestar su poder sobre la villa en la que pretendía levantar una fortaleza en un solar que había comprado recientemente.34

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Los intentos de usurpación se extendieron también al Señorío de Vizcaya, desde 1379 un título más del rey de Castilla. En Orduña, el mariscal Garci López de Ayala, alcaide del rey durante la guerra civil entablada entre los partidarios de Enrique IV y los del Infante Don Alfonso, aprovechó la coyuntura para hacerse por la fuerza con la ciudad. Enrique IV sancionó la usurpación,35 iniciándose más adelante un largo pleito entre la villa y los Ayala que se vieron obligados a renunciar a sus derechos señoriales, pero conservaron la alcaidía de la fortaleza de la villa. También el concejo de Bilbao se enfrentó con el Condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco, que pretendía hacer una villa y un puerto en Baracaldo, junto a sus torres de Luchana. En este contexto, no es de extrañar que en 1479, las ordenanzas de la Hermandad de Vizcaya, propusieran medidas contundentes para defender a las villas en el caso de que un noble pretendiera atentar contra ellas.36 Pero la nobleza no sólo tomó posiciones en las villas utilizando la fuerza. Los parientes mayores en el País Vasco recurrieron a otros expedientes para tomar el control sobre las villas:37 utilizaron un sistema clientelar en forma de treguas con otros linajes asentados en las villas o con vecinos del interior de sus murallas. Estas treguas no son instrumentos que registran el fin de hostilidades concertado entre dos contendientes en litigio. La tregua a la que nos referimos nos remite a un fenómeno bien conocido en el resto de Europa, y que la historiografía, en especial la británica, ha caracterizado como propia del bastard feudalism.38 34. L. M. DÍEZ de SALAZAR, Colección Diplomática del Concejo de Segura (Guipúzcoa). (1290-1400). Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1985, docs. 191 (1448) y 206 (1449). 35. Ordenó a los vecinos e moradores de la dicha cibdad e su tierra que vos resciban e ayan su señor e usen e con los alcaldes e oficiales que vos pusieredes en ella (…) J. M. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, «Orduña en la Edad Media: del concejo abierto al concejo cerrado», Vasconia, 1990, pp. 68-69. El mariscal Garci López de Ayala era señor de Ayala, de Salvatierra de Álava y de Ampudia y protagonizó la entrada en la villa alavesa de Bernedo. 36. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR, B. ARIZAGA, M.ª L. RIOS, I. del VAL, Vizcaya en la Edad Media…, III, pp. 340-342 37. Véase por ejemplo el trabajo de C. JULAR, «La participación de un noble en el poder local a través de su clientela: Un ejemplo concreto de fines del siglo XV», Hispania LIII/3, 185(1993), pp. 861884. También el imprescindible trabajo de J. M.ª MONSALVO ANTÓN, «Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIIIXV)», Hispania. Revista Española de Historia, LIII/ 185 (1993), pp. 937-969. 38. Contratos que presentan muchas similitudes con los feudos de bolsa, de los que se diferen-

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A tenor de las informaciones disponibles, la pertenencia a las treguas de un linaje puede entenderse de tres modos diferentes. En primer lugar, en el caso de los nativos de un señorío, pertenecer a las treguas de su señor era inseparable de su condición de naturales del señorío. Así se deduce, por ejemplo, de la declaración de los testigos en un pleito entre los vecinos de Oñate con su señor: eran atreguados de su señor por ser naturales del señorío y él los debía trataba como parientes, amigos y naturales de su casa.39 En segundo lugar, entrar en treguas de otro linaje implicaba la prestación de un servicio militar a cambio de una contraprestación económica. El ejemplo mejor conocido es la alianza firmada en 1435 entre el linaje de Loyola y el linaje de Emparan en la villa guipuzcoana de Azpeitia: yo, el dicho Martín Peres, otorgo y conosco que desde oy dicho día para en toda mi vyda entro en las treguas de vos, el dicho Lope García, y del dicho solar de Loyola con todos mis parientes, para fazer guerra y paz con vos e vuestros herederos e con el dicho solar de Loyola, contra todas las personas del mundo, del rrey nuestro señor en fuera, e de guardar vuestras treguas e del dicho solar, e de non yr contra ellas en manera alguna, antes de las tener e guardar por la vya y manera que vos, el dicho Lope García, e el dicho vuestro solar de Loyola otorgardes e pusyerdes, e de non aver paz nin tregua con aquel o aquellos que vos, el dicho Lope García, e vuestros herederos e el dicho solar de Loyola ovierdes o fizierdes guerra, e seguir vuestra opinión e manera, como de vuestras treguas, bien e leal e verdaderamente, con todos mis parientes e fazienda e cuerpo e consejo e ayuda e armas e fabor que he e aver pudiera, syn arte nin engaño nin cabtela alguna.40

En tercer lugar, entrar en treguas implicaba también un compromiso político con las decisiones que adoptaba el pariente mayor de turno y la defensa de sus intereses en el ámbito que fuera necesario. No contamos con muchos

cian por la inexistencia de la prestación de homenaje. Véanse las acotaciones de J. A. FERNÁNDEZ de LARREA, «Las guerras privadas: el ejemplo de los bandos oñacino y gamboíno en el País Vasco», Clio & Crimen, n.º 6 (2009), pp. 95 y ss. También en J. R. DÍAZ de DURANA y J. A. FERNÁNDEZ de LARREA, «Las relaciones contractuales de la nobleza y las élites urbanas en el País Vasco al final de la Edad Media (C. 1300-1500)», en El contrato político en la Corona de Castilla: cultura y sociedad políticas entre los siglos X y XVI, F. FORONDA y A. I. CARRASCO (eds.), Madrid, Dykinson, 2008, pp. 283-321. 39. Así lo reconocía en su declaración, en 1512, Íñigo Pérez de Lazárraga, abad del monasterio de San Miguel de Oñate: el Conde, sólo en una ocasión les había llamado vassallos e subitos e sobre ello oyo deçir que fiçieran sentimiento los escuderos fixosdalgo del dicho conçejo de la villa de Oñate e reclamaron (…) al dicho don Ynnigo (…). Pero siempre oyo deçir que el dicho don Ynnigo de Guevara llamase a los dichos escuderos hijosdalgo de la dicha villa de Oñate parientes e naturales de sus treguas (…). I. ZUMALDE, Colección Documental del Archivo Municipal de Oñati (1149-1520). Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1994, pp. 307-308. 40. C. DÁLMASES, Fontes documentales de Sancto Ignatio de Loyola en Monumenta Historica Societatis Iesu, tomo CXV, Roma 1977, pp. 97 y ss.

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ejemplos que iluminen este compromiso político de los atreguados y todos ellos se concentran en el área vasca del territorio objeto de estudio. En todo caso, las menciones recogidas en los textos permiten suponer que la tregua formaba el armazón que soportaba la estructura de las relaciones internobiliarias en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El sistema se estructuraba verticalmente y los vasallos de los parientes mayores tenían a su vez sus propios atreguados en su extensa red clientelar y de parentesco. Adviértase que estas redes clientelares incluían no sólo a linajes rurales. También se incorporan a las treguas sectores no nobiliarios: los labradores vizcaínos participaron en las treguas de los parientes mayores y así lo denunciaban, al considerarlo una práctica ilegal, los hidalgos vizcaínos en el Fuero Viejo de Vizcaya de 145241, o los del valle de Ayala en el Aumento del Fuero de Ayala de 1469.42

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Ahora bien, ¿se extendieron estas alianzas al ámbito urbano? La acordada en Azpeitia en 1435 incluia a un linaje urbano, los Emparan, e incorporó un acuerdo entre ambos contra otro linaje asentado en el interior de la villa: los Anchieta. No hay una declaración expresa de los motivos pero se trata de los adversarios políticos de los firmantes en la villa: (…) Otrosy, por quanto muchas vezes por esperiencia ha acaescido que cabsa e ocasyón de la devisyón e discordia de entre los dichos solares ha seydo la casa de Anchieta, los que a ella se atienen, queriendo trabajar porque entre nosotros non aya concordia, e en especial al presente Lope de Anchieta e Martín Gonçales, su hermano, e Martín Martines de Anchieta, su tyo, están dybisos de los dichos solares de Loyola e Enparan e ponen divisyón quanto pueden; por ende otorgamos los dichos Lope García e Martín Peres, por nos e nuestros herederos e por nuestros solares y parientes que ninguno nin alguno de nos nin ellos non podamos tomar nin tomemos a los dichos Lope de Anchieta e Martín Gonçales e Martín Martines nin alguno dellos en nuestras treguas nin en otro cargo para los ayudar nin defender nin les fazer otro parentesco alguno de ayuda o defendimiento (…).43

Pero los Emparan no fueron los únicos vecinos de Azpeitia que entraron en treguas con los Loyola. Unos años más tarde, en 1441, otros cuatro vecinos de menor relevancia entraron en treguas con el señor de Loyola44 para fazer 41. C. HIDALGO de CISNEROS, E. LARGACHA, A. LORENTE, A. MARTÍNEZ de la HIDALGA, Fuentes Jurídicas Medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos Legales, Capítulos de la Hermandad, y Fuero Viejo (1342-1506). Fuentes documentales medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskintza, 1986, p. 179. 42. L. M. URIARTE LEBARIO, El Fuero de Ayala, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1974, p. 146 43. C. DÁLMASES, Fontes documentales de Sancto Ignatio de Loyola…, p. 99. 44. (…) entraron en las treguas de la casa e solar de Loyola e se obligaron con todos sus bienes de fazer guerra e paz con los señor o señores de Loyola e de nunca de las dichas treguas salir (…). Lo publica I. GURRUCHAGA, «Notas sobre los Parientes Mayores. Treguas y composiciones de la Casa de Loyola. Documentos», Revista internacional de Estudios Vascos, 35 (1934), pp. 481-498. Publica también

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guerra e paz con los señores de Loyola. El contrato de tregua admitía también, además de las alianzas militares, la prestación de otros servicios no detallados que, en el contexto de referencia, no cabe imaginar sino con derivaciones en el plano político en la propia villa en el marco de las redes clientelares del pariente mayor de turno. La información sobre la penetración de estas alianzas urbanas es especialmente relevante en el caso de la villa de Bilbao durante el siglo XV. La documentación bilbaína nos permite comprobar hasta qué punto se habían extendido en el ámbito urbano este tipo alianzas: (…) los sobre dichos linajes e bandos de la dicha villa especialmente los del linaje de Leguiçamon tenian e tienen su liança e ayuntamento con Gomes de Butron e con los de sus treguas, e con Ochoa de Salazar e con los de sus treguas, e con los de las treguas del solar de Salcedo, e con los Ospines; e otrosí, los sobre dichos de Çurbaran e de Arbolancha e Basurto e Martín Sánchez de Barraondo e Martín e Diego de Anunçibai, vecinos de la dicha villa, tenian e tienen sus liancas e confedereçiones con Johan de Bendaño e Furtun Garcia de Artiaga e con los de sus treguas, e con Lope de Iñigo Sánchez de Nuncibay e con los de sus treguas e con los Marroquines e de sus treguas (…).45

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Y también, conocer de primera mano la actuación de los atreguados en el interior de la villa y sus secuelas: Otrosí por quanto entre los dichos bandos e linajes de la dicha Villa ay muchos omes de sus treguas mancebos y llebantados e suelen bolber escandalos e fazer algunos daños e males quier q a los parientes mayores de cuyas treguas son parece mal lo sobre dicho y no se atreben a castigar los tales lomes que cometen los tales delitos por que an rrecelo que se pasaran y forman en las treguas y bandos de los otros linajes sus contrarios e que se saliran los tales de sus treguas.46

Las consecuencias en el plano político de la pertenencia a las treguas son evidentes: quienes eran capaces de mantener más atreguados, desplegaban

algunos ejemplos: E yo el dho Ynego Sanches de Goyaz el moco escrivano por la presente fago fe que por el dho mandamiento del dho alcallde escudriñando en los registros de Martin Sanches escrivano que fue escripta de la propia mano de Martin Sanches segund que por ellos paresce falle que Martin de Lorriaga e Martin fijo de Arreto e Ochoa Peres de Eyzaguirre vezinos de la dha villa el año del señor de mill e quatrocientos e quarenta años entraron en las treguas de Johan Peres de Loyola e del dho solar de Loyola para syenpre jamas e se obligaron con todos sus bienes de nunca dellas sallir e sy sallieren el dia que sallieren fasta los ocho dias primeros seguientes de dar e pagar al dicho Juan Peres e su boz cada cient doblas del cuño del dicho señor rey (p. 498) 45. E. J. LABAYRU, Historia General del Señorío de Bizcaya, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1968, III, p. 605. 46. E. J. LABAYRU, Historia General del Señorío de Bizcaya…, p. 605.

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una mayor influencia sobre la comunidad que trasladaban a la configuración y a la toma de decisiones de los gobiernos urbanos. Sobre la generalización de estas alianzas y las amenazas para la independencia de las élites urbanas, nos hablan también las prohibiciones del avecindamiento de atreguados en las villas.47 De mediados del siglo XV son las primeras prohibiciones a los vecinos de la pertenencia a las treguas de los parientes mayores,48 que más adelante se extenderán como requisito para acceder a las alcaldías de las Hermandades de Guipúzcoa,49 Vizcaya50 o Álava51 y registrará la crónica de Lope García de Salazar.52

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Los grandes linajes mantenían sus torres fuera de las villas y desde ellas desplegaban sus tentáculos en el interior utilizando sus redes clientelares

47. Especialmente visible en los avecindamientos colectivos que se producen algunas villas guipuzcoanas. En Segura, por ejemplo, con motivo de una sentencia dictada entre 1390 y 1405, en la que se determinaba que los vecinos de Villarreal de Urréchua, Zumárraga y Ezquioga eran vecinos de la villa, se detallan las condiciones de su incorporación y entre ellas las que afectan a un nuevo vecino, Juan López de Yarza, pariente mayor del solar de Yarza, en Beasain, al que se permite que pueda tener en sus treguas hasta diez hombres syn entrar por veçinos de Segura (…) e sy qusiesen entrar, que entren por vesinos e que dende en adelante non sean en las dichas treguas. Los vecinos de Segura consiguen de ese modo neutralizar la influencia del pariente mayor de Yarza en la toma de decisiones dentro de la villa. La justicia de la villa no lo perseguirá por mal que algunos del conçejo ayan contra el, salvo si el dicho Juan Lopes o los de su tregua fisiesen caso por qué. La sentencia, sin embargo, permite al pariente mayor, si mançevos sueltos moradores en Çumarraga o en Ezquioga quisieren entrar en sus treguas del dicho Juan Lopes que lo puedan fazer. L. M. DÍEZ de SALAZAR, Colección Diplomática del Concejo de Segura, II, doc. 106. 48. L. M. DÍEZ de SALAZAR, Colección Diplomática del Concejo de Segura, II, doc. 190. 49. E. BARRENA, Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa: Documentos (1375-1463), San Sebastián, 1982, Ordenanzas de 1463: (…) que sea bueno e abonado e raygado en çinquenta mill mrs. a lo menos e non de tregua nin aderente nin allegado nin afeçionado a personas poderosas nin a parientes mayores. 50. Yten en esta Hermandad seran siete alcaldes porque se libren los maleficios contenidos en los capitulos de esta Hermandad (…) e estos alcaldes que sean cadanneros e sean homes buenos e llanos e abonados e non de tregua, C. HIDALGO de CISNEROS, E. LARGACHA, A. LORENTE, A. MARTÍNEZ de la HIDALGA, Fuentes Jurídicas Medievales del Señorío de Vizcaya, p. 64. 51. En el caso alavés, las Ordenanzas de 1463 no mencionan directamente la pertenencia a las treguas: E que sean elegidos e puestos por alcaldes comisarios hombres buenos e de buenas famas e idóneos e pertenesçientes e hombres honrados e ricos e abonados cada uno de ellos en quantía de cincuenta mill maravedís e hombres de autoridad e de buen deseo e que non sean nin ayan seydo malhechores nin sean aficionados ni parciales a caballeros e parientes mayores. G. MARTÍNEZ DÍEZ, Álava Medieval, II, Vitoria, 1974, p. 273. 52. En el año del señor de mil CCCCLVII años se levantaron las Ermandades de la provinçia de Guipúzcoa contra todos los parientes mayores, no acatando a Onas ni a Ganboa porque fazían e consentían muchos robos e malifiçios en la tierra e en los caminos e en todos logares; e feziéronles pagar todos los malefiçios e derribáronles todas las casas fuertes (…) E quitáronles todos los parientes de las treguas de los solares, que no les quedó uno sólo, e feziéronse todos comunidades; e echaron desterrados a los dichos parientes mayores por çierto tienpo de la provinçia toda e han vivido fasta aquí en justiçia. Este texto pertenece a la Edición Crítica del Libro de las buenas andanzas e fortunas de Lope García de Salazar [libro 22] que publicará en breve C. VILLACORTA en el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

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tejidas con instrumentos como la tregua. Pero disponían, además, de otros para influir en la vida política de los centros urbanos cantábricos. Consideramos de particular interés especialmente dos: el patronato sobre las iglesias de las villas y el ejercicio de ciertos oficios públicos como los de preboste o merino. En ninguno de los casos tenían una influencia directa sobre la elección de los oficiales o el gobierno de las villas pero como patronos o como prebostes o merinos eran una referencia permanente para la comunidad y para las élites que participaban en el gobierno de las villas: los derechos de patronato o el desempeño de oficios públicos por delegación real eran la expresión del poder que habían alcanzado gracias a la mercedes recibidas y fuente permanente de nuevo poder. De algún modo, especialmente cuando la condición de patrón y preboste o merino coincidían en el pariente mayor de turno, el poder de los distintos linajes en cada una de las villas se asentaba y perpetuaba hasta el punto de permitir al pariente mayor titularse señor. El preboste, como representante del rey en las villas guipuzcoanas y vizcaínas, percibía los derechos derivados de las sentencias de los alcaldes, las rentas de molinos y montes, así como derechos derivados de la circulación de mercancías53 y mantenía, en consecuencia, una gran ascendencia sobre la comunidad. Su actuación es bien conocida en el caso vasco: los Leguizamón eran prebostes en Bilbao, los Salazar en Portugalete, los Butrón en Plencia, los Arteaga en Bermeo, Los Múgica en Durango, los Mans-Engómez en San Sebastián, los Iraeta en Cestona, etc. Se trataba, por tanto, de los miembros más significados de los distintos linajes que, de uno u otro modo, controlaban la vida política de sus respectivas villas. Como ha señalado Soledad Tena en referencia a los Mans-Engómez de San Sebastián, el oficio de preboste era «una plataforma de control político envidiable» para la oligarquía donostiarra54. El oficio de la prebostad les permitía, además, asentar e incrementar su dominio en las distintas villas. En Asturias no hay prebostes en las villas. Sus funciones son asumidas por los Adelantados y Merinos Mayores que no actúan en una única villa sino en un amplio territorio. Es bien conocido el ejercicio de la merindad sobre la ciudad de Oviedo por Diego Fernández de Quiñones, Merino Mayor de Asturias que Juan II le había entregado en 141355 que los vecinos de Oviedo consiguieron revocar en 1428.56 Más tarde, en 1462, se acordaron unas ca-

53. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR, B. ARIZAGA, M.ª L. RIOS, I. del VAL, Vizcaya en la Edad Media…, IV, p. 118. 54. M.ª S. TENA, «Los Mans-Engómez: el linaje dirigente de la villa de San Sebastián durante la Edad Media», Hispania. Revista Española de Historia, LIII/3, n.º 185 (1993), p. 991. 55. MARQUÉS de ALCEDO, Los merinos mayores de Asturias y su descendencia, Madrid, Sociedad Española de Artes Gráficas, 1918-1925, p. 61. 56. C. MIGUEL VIGIL, Colección Histórico diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo Imprenta de Pardo, 1889, p. 274: Por la qual fallo segunt lo dicho e alegado et prouado en el dicho pleito

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pitulaciones en torno al ejercicio del oficio entre el merino mayor, el concejo de Oviedo y los procuradores de la Junta General del Principado.57 En Cantabria disponemos de otro ejemplo de gran interés pues, por un lado, asocia cronológicamente la fortaleza del linaje de los Villota en la villa de Laredo con el ejercicio del oficio de la merindad y, por otro, evidencia de nuevo la relación entre linajes rurales y urbanos, en este caso, la vinculación entre los Velasco y los Villota, cuya procedencia está constatada en el lugar de Villota, en las Montañas de Burgos:

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Por hazer bien e merced a vos Martín de Villota fijo de Martín Sanches de Villota, vecino de la dicha villa de Laredo por algunos buenos servicios que vos me avedes fecho e fazedes de cada dia e en alguna enmienda e remuneración dellos, porque D. Pero Ferrandes mi condestable de Castilla me lo suplico e pidio por merced tengo por bien e es mi merced que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades mi merino de la dicha villa de Laredo e su vecindad e juresdiçion e mi alcalde de las mis rentas e alcabalas della en logar e por vacación del dicho Martín Sanches de Villota vuestro padre merino e alcalde que fasta aquí hera de la dicha villa por quanto es finado (…).58

al dicho Diego Ferrandes de Quiñones devia mantener et guardar á la dicha cibdat de Oviedo et a los vesjnos et moradores della et de su termino et jurdicion todos sus buenos usos et costunbres et fueros et libertades que han segunt et por la forma que ge les guardaron los otros merinos que fueron de la dicha çibdat sus anteçefores et que deuia poner en la dicha çibdat (…) onbre bueno por merino que vse del dicho ofiçio de merindat que sea vesino de la dicha cibdat de Ouiedo et ombre llano et abonado á loamiento del dicho concejo segunt quel dicho conçejo de la dicha çibdat lo tiene por fuero et vso et costunbre (…) J. I. RUIZ de la PEÑA, Las «polas asturianas…, pp. 274-275; J. I. RUIZ de la PEÑA, «El merino de la ciudad de Oviedo a mediados del siglo XV», Anuario de Historia del Derecho Español, 39 (1969), pp. 563-575. M.ª J. SANZ, J. A. ÁLVAREZ, M. CALLEJA, Colección Diplomática del concejo de Avilés…, doc. 178, p. 457. En San Vicente de la Barquera sí hay referencias al preboste: J. A. SOLÓRZANO, R. VÁZQUEZ, B. ARÍZAGA, San Vicente de la Barquera en la Edad Media: una villa en conflicto. Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Documentación medieval (1241-1500), Santander, 2004, doc. 25 (1491), p. 162. 57. MARQUÉS de ALCEDO, Los merinos mayores de Asturias…, doc. 90, pp. 122 y ss. 58. Archivo Histórico Provincial de Santander, Laredo, leg. 59-14 (1477). En realidad, en las Montañas de Burgos hay dos lugares que reciben el nombre de Villota: uno en el valle de Losa y otro en las inmediaciones de Medina de Pomar, ambas bajo la tutela señorial de los Velasco. Lope García de Salazar dice de los Villota: «El linaje de Villota son linaje antiguo, que poblaron en aquella Villa, que salieron de Villota, que es fuera sobre aquella Villa, e moltiplicaron en ella…», L. GARCÍA de SALAZAR, Libro de las Bienandanzas e fortunas, tomo IV, A. RODRÍGUEZ HERRERO (editor), Bilbao, 1984, p. 142. Los Velasco contaban con grandes intereses en la villa, donde mantenían una torre entre la rua de Santa María, la calle del Rey (E. ÁLVAREZ, E. BLANCO y J. A. GARCÍA de CORTÁZAR, Documentación medieval de la Casa de Velasco referente a Cantabria en el Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Santander, Fundación Marcelino Botín, 1999, 2 vols., doc. n.º 35 1401) y el puerto chico (Ibidem, docs. 274 (1525) y 277 (1526) desde los primeros años del siglo XV; rentas en las alcabalas y tercias de la villa. (Ibidem, doc. 237 (1471) y 246 (1493) así como otros bienes —ferrerías— (Ibidem, doc. 16 (1379) en sus inmediaciones y en las merindades de Castilla Vieja. (Ibidem, doc. 250 (s.f., siglo XV).

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Finalmente, entre los expedientes utilizados por los linajudos para acceder al control de las villas cantábricas no debe descartarse el temor de los vecinos, el miedo que generan las amenazas de los atreguados o de los apaniguados de los parientes, el terror que produce el uso de la violencia protagonizada por los acotados de la justicia que se refugian en las torres de los parientes. Algunos ejemplos ilustran hasta qué punto los vecinos de las villas eran conscientes del poder de los cabeza de linaje. En Cestona, uno de los testigos en el pleito que enfrentaba a los vecinos de la villa con el pariente mayor de los Iraeta, preboste de la villa y patrón de su iglesia, se expresaba de este contundente modo: (…) non queria aver question con la casa de Yraeta e que con lo poco que tenia se queria pasar, que el gran can solia dar gran ladrido (…).59 Vencer al miedo, defenderse de las amenazas o hacer frente a la violencia eran también las claves sobre las que se apoyó el avance de la justicia pública y la victoria de las gentes de las villas frente a los abusos nobiliarios. 3. LAS

CONSECUENCIAS SOBRE LOS GOBIERNOS URBANOS DE LA INTERVENCIÓN DE LA

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NOBLEZA

Entre la villa de Cangas, en el Occidente asturiano, y la de Santa Cruz de Campezo, en la Montaña alavesa, todas y cada una de las villas que los señores incorporaron a sus señoríos jurisdiccionales a partir de la llegada de los Trastámara, fueron entregadas por los distintos monarcas con el mero mixto imperio e con el Señorio Real e con la justiçia çevil e criminal E otro sí para que pueda poner e ponga por sí en los dichos lagares e en cada uno de ellos alcalde ó alcaldes e otros oficiales quales el quisiese e entendiese que cumplen.60

En cada caso se ordenó a los oficiales concejiles que gobernaban y administraban justicia en las distintas villas que recibieran a sus nuevos señores: (…) mando al conçejo, juezes, alcaldes, merinos y otras justicias qualesquiera de la dicha villa de Llanes y su tierra y a cualquiera o qualesquiera de ellos que vos ayan y resçiban por Señor de la dicha villa y su tierra y vos obedezcan y

59. J. R. DÍAZ de DURANA, «Patronatos, patronos, clérigos y parroquianos. Los derechos de patronazgo sobre monasterios e iglesias como fuente de renta e instrumento de control y dominación de los Parientes Mayores guipuzcoanos (siglos XIV a XVI)», Hispania Sacra, 50 (1998), pp. 467-508. A. Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Zarandona y Walls, Olvidados, C 88/6 (1486). 60. ACL, Pergaminos, n.º 13 (1379) Juan I confirma un privilegio de Enrique II, dado el 15 de octubre de 1369, por el que se concedían a Pedro Suárez de Quiñones y a Arias Pérez, su hermano, las villas de Cangas, Tineo y Allende.

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acaten con aquella obediencia y reverencia que deven como a Señor de ellos y vos recudan y fagan recudir bien y cumplidamente con todos los pechos y derechos y rentas que vos pertenecieren y pertenecer deben como a Señor de la dicha villa y su tierra y vos resciban a la posesion de ella y usen con vos y con los que vos pusieredes en la justicia civil y criminal de la dicha villa y vos recudan y fagan recudir con todos los salarios dichos que por razon de la dicha justicia debedes aver.61

Y a los señores se les otorgó la facultad de nombrar los oficiales necesarios para la administración de justicia y el funcionamiento del concejo62 o se concertó con los vecinos su nombramiento, como sucedió en Frías en 1450:63

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Otrosy que los alcaldes e escribano e merino sean cadaneros e vecinos de la dicha mi ciudad de Frias con que sean aquellos que yo nombrare.

La intervención de los señores en el control de los gobiernos urbanos fue tan inmediata como fueron capaces de anular la resistencia de los vecinos a aceptar el señorío. Desde ese momento, nombraron a los alcaldes, impusieron merinos y asumieron directamente o, a través de lugartenientes, las apelaciones. La oposición de los vecinos al señorío creció durante la segunda mitad del siglo XV. Pese a su resistencia no lograron librarse de la tutela señorial salvo que se tratara de usurpaciones.64 En algunas ocasiones, los vecinos consiguieron elegir a sus oficiales,65 en otras, los señores, previa elección por los vecinos, seguían confirmando a los alcaldes, aunque renunciaban a

61. ACL, Documentos, doc. 133 (1440). MARQUÉS de ALCEDO, Los merinos mayores de Asturias…, doc. 157, pp. 171. 62. Archivo Municipal de Villareal de Álava, leg. 2 n.º 2 (1371) (…) e demás damos vos poder para que pongades en el dicho logar alcalde e merino e escribanos e otros ofiçiales cualesquier que vos quisieredes e bieredes que cumplen para el dicho logar e para su termino (…). 63. R. SÁNCHEZ DOMINGO, El aforamiento de enclaves castellanos al Fuero de Vizcaya…, doc. IV, p. 313. 64. Hemos comprobado que, pese a la resistencia de los vecinos de Villarreal de Álava, de Salvatierra, de Santa Cruz de Campezo, de Antoñana, de Contrasta, de Salinas de Añana, de Arceniega o de Labastida, y a las demandas judiciales que interpusieron ante la Chancillería de Valladolid, no lograron despojarse del señorío: Fallaron e declararon la dicha jurediçion ser del dicho Pedro de Avendanno e el poder poner alcaldes e jueces quales el quisiere e por bien toviese con tanto que fuesen ombres llanos e abonados quier fuesen pecheros o letrados (…) A. M. de Villareal de Álava, leg. 2, n.º 11 (1487). 65. Así sucedió en Santa Cruz de Campezo, cuando los vecinos recurrieron las primeras sentencias desfavorables, logrando desde entonces «(…) elegir e criar en cada un anno alcaldes e regidores e merino e los otros ofiçiales para la gobernaçion de la dicha villa (…) e para que husen de la dicha jurediçion çevil e criminal en los dichos lugares e en sus terminos en primera ynstancia». A. M. de Santa Cruz de Campezo, leg. 3 n.º 51 (1522). En otros casos, como en Oñate, el señor renuncia

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la primera instancia y seguían conservando las apelaciones.66 Finalmente, los señores, apremiados por necesidades de dinero vendieron los oficios al concejo.67 En otras villas de señorío, los señores permitieron inicialmente la elección de los oficiales del concejo por los vecinos reunidos en asamblea, lo cual no significa que no hubiera cierta tutela señorial, pero la injerencia posterior es considerada por los vecinos como una violación de los usos y costumbres establecidos en el fuero. Éste es el caso de la puebla de Escalante, en Cantabria. Cuando murió Diego Gutiérrez de Ceballos en 1364, el señorío acabó en manos de Mencía de Ayala y Beltrán de Guevara, señores de Oñate, que lo cedieron a su segundo hijo, también llamado Beltrán, heredero de los bienes maternos.68 A partir de ese momento, de acuerdo con el relato realizado por los vecinos en 1441, los nuevos señores endurecieron considerablemente su dominio:

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(…) no guardaron el tenor e forma de las condiciones de la carta de la poblaçion de quando este dicho logar e puebla fue poblado en vida de Diego Gutierres de Çeballos; (…) [e] el dicho señor don Beltran, vuestro padre, nos tomo el alcaldia de este dicho logar de Escalante seyendo nuestra e abiendo el dicho conçejo uso e costumbre de poner alcalde ordinario en cada anno (…).69

Los vecinos se quejaban ante Ladrón de Guevara, hijo de Beltrán, que negó que su padre los agraviara e los tomara la dicha alcaldía e usara della contra su voluntad. Argumentaba Ladrón, bien al contrario, que los vecinos le habían traspasado la alcaldía a D. Beltrán tal como constaba en distintos documentos del concejo e por ende que entendia que no era agravio antes que tenia de derecho e que entendia de usar della segund el derecho del dicho su padre usara. Pese a todo, Ladrón de Guevara se mostraba dispuesto a

66. M.ª R. AYERBE, Historia del Condado de Oñate y señorío de los Guevara (siglos XI-XVI), Aportación al estudio del régimen señorial de Castilla, II, San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1985, doc. 58 (1484), pp. 245-246 —renuncian a la primera instancia y mantiene las apelaciones— y doc. 61 pp. 255-257 —nombran alcalde ordinario de Oñate. 67. J. R. DÍAZ de DURANA, La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, p. 235. Se trata de Contrasta, donde los vecinos, en 1454, llegaron a un acuerdo con el señor de Lazcano, titular de la villa: debían pagar toda una serie de tributos a cambio de los oficios. 68. Para seguir las vicisitudes del señorío de los Guevara sobre Escalante véase M.ª R. AYERBE, Historia del Condado de Oñate y señorío de los Guevara (siglos XI-XVI), San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1985, pp. 140-157. También, R. PÉREZ BUSTAMANTE, «El condado de Tahalú y el señorío de la villa de Escalante: configuración de un dominio solariego en la Trasmiera medieval (14311441)», Cuadernos de Trasmiera, I (1988), pp. 45-64. 69. Archivo Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, C 2606/1, folios 13-27.

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ceder y respetar el buen uso e costumbre que dezian que avia avido en razon de la dicha alcaldia en los tiempos pasados. Todo parece indicar que, en el contexto de la llegada de un nuevo señor, previo reconocimiento por los vecinos del señorío de éste sobre la puebla,70 se produjo un acuerdo que relajaba de algún modo el férreo control que los Guevara habían mantenido sobre la villa durante las últimas décadas:

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(…) e luego el dicho concejo, alcalde, e merino e regidor e omes buenos de la dicha puebla e logar de Escalante que por quanto ellos en dicho dia avian reçebido e reçibieran al dicho don Ladron por señor natural con buena voluntad e por desear a el por señor natural segund donde el viene e porque Dios le acrecentase su vida con muy mayor estado e acrecentamiento de honrra que les fisiese enmendar algunos agravios e sinrazones que por el dicho don Beltrán su padre e por la dicha donna Mençia su abuela que dios aya les fueron fechos pasando las posturas condiciones de la carta de poblaçion del dicho logar e puebla de Escalante (…) e luego el dicho señor don Ladron dixo que le mostrasen los agravios (…).

En lo esencial, por tanto, el acuerdo consistió en la oportunidad para la concertación que cada año se dieron el señor y los regidores del lugar para la elección del alcalde: antes del día de año nuevo, se encontrara o no el señor en la villa, ambas partes debían ponerse de acuerdo para el nombramiento. En caso de que no hubiera consenso, el señor lo nombraba o proveía su nombramiento si no estaba presente en la puebla. Además, Ladrón de Guevara y sus herederos se reservaron el derecho de juzgar en la primera instancias judicial.71 Pero no se trataba sólo del nombramiento de los

70. Archivo Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, C 2606/1, folios 13-27. 71. Archivo Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, C 2606/1, folios 13-27: «(…) pero que a el le plazia de guardar al dicho conçejo e omes buenos de la dicha su puebla de Escalante el buen uso e costumbre que dezian que avia avido en razon de la dicha alcaldia en los tiempos pasados en esta manera que se sigue: que el e sus sucesores e herederos que fueren senores de la dicha puebla e logar de Escalante estandoi en la dicha puebla e logar de Escalante el señor que ponga alcalde en cada un anno el dia de anno nuevo oviendo acuerdo con los regidores del logar e que si los regidores del logar non nconçertaren con el sennor en la esleçion de tal alcalde que lo ponga sennor tanto que sea del logar e pertenesçiente e si por aventura el dicho don Ladron e los otros sennores que después del vernan acaesçiere en no estar en el dicho logar e puebla de Escalante al tiempo que se oviere de fazer la dicha esleçion del dicho alcalde o no lo dexare esleydo antes que parta de dicho logar para el anno avenidero que pueda proveer doquier que estuviere poor su carta de la dicha alcaldia a ome del dicho logar e puebla de Escalante que sea pertenesçiente para el dia de anno nuevo de cada un anno acepte el dicho oficio e si por aventura non proveyera por su persona o por su carta algund vesino del dicho logar e puebla de Escalante de la dicha alcaldia fasta el dicho dia de anno nuevo en cada un anno que el su merino de la dicha puebla e de los otros sennores que después de el venieren e los regidores del dicho logar e puebla que fueren a la sazon puedan

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oficiales. Los señores dictaron Ordenanzas que regulaban hasta el más mínimo detalle la actividad de los jueces, el procedimiento judicial en la primera instancia y en las apelaciones, los derechos de los alcaldes y escribanos, la prelación de determinados asuntos —viudas, huérfanos y pobres— en la audiencia señorial, la ejecución de las penas por los jurados y merinos, etc.72

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Pero ¿qué sucedía entre tanto en aquellas villas que no habían entrado en el señorío jurisdiccional? Conocemos con cierta precisión cómo, desde el último cuarto del siglo XIV y hasta finales del siglo XV , el gobierno de las villas cantábricas estuvo en manos de linajes urbanos organizados en bandos. En Asturias, 73 en Cantabria 74 o en Guipúzcoa y Vizcaya, el reparto del poder municipal entre los bandos-linaje que pugnaban por el control del poder a escala municipal es una constante que caracteriza el modo de gobierno de las villas cantábricas durante el período objeto de estudio. En Avilés, 75 en Santander, 76 en Bilbao, 77 en Durango, 78 en Vitoproveer e esleer alcalde en nombre del dicho sennor (…) e que el tal alcalde que sea vecino e morador en la dicha puebla e que sea pertenesçiente e abonado e que el tal alcalde que asy esleyere en la manera que dicho es e que el tal alcalde o alcaldes que asy fueren puestos de aquí adelante que non lieben mas derechos de los que son contenidos en el dicho ordenamiento del logar e puebla de Escalante e que ome foraneo ninguno no sea alcalde nin pueda jusgar en la dicha puebla porque sy el sennor quisyese jusgar por su persona que lo pueda fazer cada e quando que le pluguiere». 72. Archivo Municipal de Medina de Pomar, Sig. 3. Ordenanzas de Medina de Pomar del Condestable Bernaldino Fernández de Velasco. J. GARCÍA SAINZ de BARANDA, Apuntes sobre la Ciudad de Medina de Pomar, Burgos, 1917, pp. 487-499. 73. J. A. GONZÁLEZ, «Luchas de bandos en Asturias durante la época de los Reyes Católicos», Isabel la Católica y su época. Actas del Congreso Internacional, 2004, L. RIBOT, J. VALDEÓN, E. MAZA (Coordinadores), Valladolid: Instituto de Historia Simancas, 2007, pp. 519-544. 74. Remito a los trabajos de J. A. SOLÓRZANO, Santander en la Edad Media…, pp. 298-304; J. A. SOLÓRZANO, «De los fueros a las ordenanzas electorales para el bien e pro común de la buena governaçion de las Cuatro villas de la Costa de la mar en la Edad Media», Altamira, 62 (2003), pp. 216-222. J. A. SOLÓRZANO, «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las cuatro villas de la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)», en Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media, Logroño, IER, 2005, pp. 187-230. 75. M.ª J. SANZ, J. A. ÁLVAREZ y M. CALLEJA, Colección diplomática del concejo de Avilés en la Edad Media (1155-1498)…, docs. 193 y 204: (…) de poco tiempo a esta parte se han fecho en la villa dos parcialidades en forma de vandos y estos se conforman en cada un anno para repartyr entre sy los dichos oficios. 76. J. Á. SOLÓRZANO, Santander en la Edad Media…, pp. 310 y ss. 77. En la dicha villa (…) ay dos bandos e linajes e los sobredichos [Leguizamón] de la una parte e los de Basurto e los de Çurbaran de la otra parte e dizen que en los tiempos pasados que se usó e acostumbró que los oficios de alcaldias e de fieles (…) esen igualmente entre vosotros e ellos del linage al linage porque en la dicha villa non oviese nin recesçiese mal nin danno nin alborotos, E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media…, p. 248. 78. (…) en la dicha villa, en los tienpos pasados avian seýdo quatro vandos, conbenia a saber: Urquiaga e Muncharas e Unda e Berris, los quales diz que solian elegir e criar los oficios de alcaldia e regimiento e fieldad e escribanias e jurados, por vandos e parcialidades, dos alcaldes los dichos dos vandos en un ano e otros dos de los otros dos vandos en otro ano, dos regidores e un escribano cada un vando en su vez e un jurado cada un vando, C. HIDALGO de CISNEROS y otros (eds.). Colección

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ria 79 o en Mondragón 80 los linajes urbanos se repartían los oficios desplazando a los miembros del común —políticamente articulados en cofradías de mareantes y pescadores en la costa o en cabildos artesanos en el interior— o reduciendo su representación a la mínima expresión.

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La intervención de la Corona fue decisiva para superar este modo de gobierno impuesto por los banderizos, sostenido gracias al compromiso militar y político de los atreguados. Se inició en Vitoria en 1476 con una reforma que se extendió más tarde a buena parte de las villas cantábricas hasta 1504.81 Las ordenanzas en las que se registró, fueron el resultado de la convergencia de intereses entre la monarquía y las élites locales que, en algunos casos, lograrán acceder a los oficios superando el sistema de reparto de los bandos y, en otros, legitimar su monopolio sobre los oficios y perpetuarse en el gobierno local. La reforma se apoyó sobre tres pilares: un órgano de gobierno restringido, el ayuntamiento, del que forman parte un número de oficiales con poder ejecutivo más reducido que en la etapa anterior; un nuevo modo de elección para acceder a los oficios, ajeno al sistema de reparto de los banderizos: la insaculación fue piedra angular de la reforma; un nuevo oficio, los diputados, que formarán parte del ayuntamiento restringido como representantes de los pecheros. La reforma en el modo de elección de los oficios y la progresiva imposición de la autoridad real y de la justicia pública, ejecutada por oficiales fieles a la Corona y ajenos a los banderizos, colaboró de un modo decisivo a la

documental del Archivo Municipal de Durango, tomo II, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1989, doc. n.º 67, p. 369. Cit. A. DACOSTA en «El concejo de Tavira y las luchas de bandos en el Duranguesado en la baja Edad Media. Notas para un caso singular», en B. BENGOETXEA (ed.): Durango. 800 años de Historia. 10 años de las Jornadas de Historia del Museo de Arte e Historia de Durango, Bilbao, 2010, p. 45. 79. J. R. DÍAZ de DURANA, «La lucha de bandos en Vitoria y sus repercusiones en el concejo. 13521476», Actas del Congreso de Estudios Históricos Vitoria en la Edad Media, Vitoria, 1982, pp. 477-501: (…) por ocasión e causa de los vandos Aiala e Calleja que de presente an seido e son en la dicha villa, [porque] muy a menudo, entre los homes que quieren vivir en paz e sosyego, por vandear los unos a los otros, se perece la justicia de nuestro sennor el rey (…). 80. J. Á. ACHÓN, «A voz de Concejo»…, pp. 163-196: (…) en la dicha villa hay dos bandos; el uno que dicen de Bañez y el otro que dicen de Guraya; y que es de uso e costumbre, de gran tiempo acá, de poner cada año seis fieles en la dicha villa; tres del un bando e los otros tres del otro bando; los quales dichos fieles han de nombrar y escoger dos alcaldes, el uno del un bando e el otro del otro bando. Otrosí que han de nombrar y escoger tres jurados, el uno del un bando e el otro del otro bando e el otro del común. 81. J. R. DÍAZ de DURANA, «La Reforma municipal de los Reyes Católicos: el Capitulado vitoriano de 1476 y su extensión por el noroeste de la Corona de Castilla». La formación de Álava, I, Vitoria, 1986, pp. 213-236. R. POLO MARTÍN, El régimen municipal de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos: organización, funcionamiento y ámbito de actuación, Madrid, Constitución y Leyes, 1999; R. POLO MARTÍN, «Los Reyes Católicos y la insaculación en Castilla», Studia Historica, Historia Medieval, 17 (1999), pp. 137-197.

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pacificación del territorio.82 Entre tanto, y durante los siglos siguientes, en las villas que habían caído bajo el yugo señorial, la intervención señorial en la elección de los oficios y en las distintas instancias judiciales apenas sufrió modificaciones relevantes.

82. La evolución del sistema de gobierno en las villas cantábricas puede seguirse además en los trabajos de M.ª R. PORRES MARIJUÁN, «Sociedad urbana y gobierno municipal en el País Vasco (siglos XV-XVIII): el ejemplo de Vitoria», en Élites du Sud (XIVe-XVIIIe siècles): Aquitaine, Languedoc, Aragon, Navarre: statuts juridiques et pratiques sociales; C. DESPLAT (dir.), S.S.L.A. de Pau et du Béarn, 1994, pp. 137-176; M.ª R. PORRES MARIJUÁN, «Oligarquías y poder municipal en las villas vascas en tiempos de los Austrias», Revista de Historia Moderna, 19 (2001), pp. 313-354; M.ª R. PORRES MARIJUÁN, «Insaculación, régimen municipal urbano y control regio en la monarquía de los Austrias (representación efectiva y mitificación del método electivo en los territorios forales)», El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades; E. GARCÍA FERNÁNDEZ (coord.), Bilbao, Servicio Editorial Universidad País Vasco, 2001, pp. 169-234; M.ª R. PORRES MARIJUÁN, «Corona y poderes urbanos en la cornisa cantábrica, siglos XVI y XVII», Minius, Historia, Arte e Xeografía, 19 (2011), pp. 103-135 o en los de M.ª A. FAYA «Gobierno municipal y venta de oficios en la Asturias de los siglos XVI y XVII», Hispania, 213 (2003), pp. 75-136.

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Teoría y praxis política en el País Vasco a fines de la Edad Media: los gobiernos urbanos y los vecinos de la tierra* ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ

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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

INTRODUCCIÓN Historiadores que investigan en el ámbito geográfico de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media se han preocupado de estudiar la participación política en los núcleos urbanos considerando «el común» como un colectivo que aparece en las fuentes documentales oponiéndose de un modo más o menos recurrente a los gobernantes de las ciudades. Desde este punto de vista han comprendido dentro del «común» a aquellos sectores sociales que no formando habitualmente parte de las oligarquías urbanas pretendieron incidir en las decisiones políticas de los oficiales concejiles e incluso pugnaron por conseguir acceder a algunos de los resortes de participación en los gobiernos de las ciudades y villas.1 Otros medievalistas han preferido * Se inscribe en el Proyecto de Investigación financiado por el M.º de Economía y Competitividad, «Poder, sociedad y fiscalidad en el entorno geográfico de la Cornisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a la Modernidad», HAR2011-27016-C02-01, con sede en la UPV/EHU. Y forma parte del P. Coordinado HAR2011-27016-C02-00, con sede en la UPV/EHU junto con el P. de I. HAR2011-27016-C02-02 de la U. de Valladolid. Participa en la Red «Arca Comunis» y en la UFI 11/02 de la UPV/EHU. 1. Véase M.ª I. VAL VALDIVIESO, del «Oligarquía versus común (Consecuencias sociopolíticas del triunfo del regimiento en las ciudades castellanas)». Medievalismo, año 4, n.º 4, Madrid (1994), pp. 4158; de la misma autora «Élites urbanas en la Castilla del siglo XV (Oligarquía y Común)», en FH. THEMU-

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acercarse a dicha temática centrando su estudio en la contraposición entre los «grupos pecheros» y los «grupos exentos, hidalgos y privilegiados.2 A decir verdad este último planteamiento no se aleja demasiado del anterior. No faltan historiadores que usan indistintamente los vocablos «pechero» y «común».3 José Antonio Jara sostiene que los planteamientos historiográficos anteriormente bosquejados abocan a la explicación de las relaciones políticas que se originaron entre ambos sectores sociales como si se produjeran «interclases»,4 lo que en su opinión es una interpretación de la realidad histórica acontecida en la Edad Media castellana poco operativa. Su propuesta, que minimiza los conflictos y luchas sociales acaecidos en las ciudades medievales entre dos grupos sociales de carácter antagónico, quiere ejercer de contrapeso a la apuesta investigadora de los historiadores que tuvieron como hilo conductor de sus publicaciones «el común» y «los pecheros». En el mismo sentido este historiador propone revisar el significado conceptual otorgado al «concejo cerrado», ajustar los planteamientos cerrados en torno a lo que se

BARATA (ed.), Élites e redes clientelares na Idade Media. Lisboa, 2001, pp. 71-89; M.ª ASENJO GONZÁ«El pueblo urbano: el Común», Medievalismo, 13-14 (2004), pp. 181-194; MUÑOZ GÓMEZ, V., «La participación política de las élites locales en el gobierno de las ciudades castellanas en la Baja Edad Media. Bandos y conflictos de intereses (Paredes de Nava, final del s. XIV-inicio del s. XV», Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (2009), pp. 275-305; J. Á. SOLÓRZANO TELECHEA, «De “todos los más del pueblo”» a la “república e comunidad”: el desarrollo y la consolidación de la identidad del común de Laredo en los siglos XIX y XV», AMEA. Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica, Revista Internacional de la Europa Atlántica en la Edad Media, número 1 (2006), pp. 61-107; del mismo autor «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las Cuatro Villas de la Costa de la Mar (siglos XIIIXV)», pp. 187-230. 2. Escribía José María Monsalvo Antón sobre los pecheros: «se trata de un grupo social real, un “estado social”, no de una abstracción o mera construcción de los historiadores. Hay una identidad mínima: su condición de no-privilegiados, de contribuyentes. En ella se sustentaba una toma de conciencia elemental (…) sobre su situación, percibida explícitamente de manera inmediata y seguramente concebida bajo esquemas de estratificación social». («La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos», en Studia Histórica. Historia Medieval, 7 (1989), pp. 37-94-p. 40); véase del mismo autor «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV: caballeros y pecheros (en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)», en J. L. MARTÍN (coord.) Historia de Salamanca. Salamanca, 1997, vol. II, pp. 387-478; «Gobierno municipal, poderes urbanos y toma de decisiones en los concejos castellanos bajomedievales (consideraciones a partir de concejos salmantinos y abulenses)», en Las sociedades urbanas en la España Medieval: XXIX Semana de Estudios Medievales, Estella 15 a 19 de julio de 2002, Pamplona, 2003, pp. 409-488; y «Ayuntados a Concejo: acerca del componente comunitario en los poderes locales castellano-leoneses durante la Edad Media», en F. SABATÉ I CURULL y J. FARRÉ (coords.) El poder a l’Edat Mitjana: Reunió científica, VIII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell (Balaguer, 9, 10, 11 de juliol de 2003). Lleida, 2004, pp. 209-292. 3. Véase S. TENA GARCÍA La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), Edit. Instituto Doctor Camino, Donostia-San Sebastián, 1997, pp. 160-161. 4. El autor que de forma más extrema asume estos conflictos como una lucha de clases es C. ASTARITA, «Representación política de los tributarios y lucha de clases en los concejos medievales de Castilla», en Studia Historica. Historia Medieval, 15 (1997), pp. 139-169, si bien no omite los conflictos que se dieron dentro del colectivo «tributario» o del grupo del común. DO

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LEZ,

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entiende por clases dominantes y clases dominadas, acercarse al estudio de las relaciones políticas desde un punto de vista prosopográfico y contemplar la posibilidad de que los conflictos sean protagonizados por «segmentos de una misma clase, la dominante».5 Recientemente insiste en valorar los procesos de consenso que se dieron entre el «común de pecheros», el «grupo urbano dirigente» y las «élites dirigentes» del común, que pudieron servir para desnaturalizar el discurso pechero antioligárquico.6 Cuando menos parte de estas argumentaciones tampoco han estado ausentes en las investigaciones históricas que tienen como guía al «común» y a «los pecheros».

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En verdad la casuística es muy variada. Sin duda se ha de tener sumo cuidado en identificar al «común» y a los «pecheros» como grupos totalmente antagónicos a los de hidalgos y exentos en el conjunto de la Corona de Castilla.7 Conviene no magnificar las luchas sociales entre contrarios, pero también es preciso evitar caer en el riesgo de hacer desaparecer o de anular la existencia de los conflictos entre grupos sociales contrapuestos por el sólo hecho de que entre sus dirigentes estén presentes familias de los grupos dominantes, muy próximas a ellos o bastante distantes de los sectores sociales que lideran. En realidad la historiografía no ha dejado de lado en sus investigaciones a aquellos vecinos, residentes en las aldeas, anteiglesias y collaciones, ubicados fuera del perímetro amurallado de los centros urbanos. A menudo se ha recurrido a integrar a estas gentes en los mismos parámetros explicativos del «común» o de los «pecheros aldeanos o pecheros de los pueblos», grupo que algunos historiadores han preferido diferenciar del de los «pecheros de la

5. J. A. JARA FUENTE, «Sobre el concejo cerrado. Asamblearismo y participación política en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media (conflictos inter o intra-clase)», en Studia Historica. Historia Medieval, 17 (1999), pp. 113-136-pp. 113, 114, 125, 135 y 136. 6. J. A. JARA FUENTE, «Posiciones de clase y sistemas de poder: vinculaciones y contradicciones en la construcción del “común de pecheros” en la Baja Edad Media», en J. I. de la IGLESIA DUARTE y J. L. MARTÍN (edits.) Los espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2001, Edit. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002, pp. 511532-p. 531. 7. En 1494 en la villa de Hernani Juan López del Puerto ejercía como procurador de los escuderos, hidalgos «e comun de la dicha villa» en contra de los regidores y fieles, así como de la gente más rica de la localidad por haber acordado que tan sólo quienes tuvieran haciendas por valor de 10.000 maravedís pudieran acceder a los oficios concejiles. En esta villa la mayoría de los vecinos pagaban los impuestos municipales y también los hidalgos. En Mondragón entre fines de los siglos XIV y XV el «común» se refiere al resto de los vecinos que carecían de capacidades de gobierno y se contrapone a los bandos de los linajes Guraya y Báñez que se reparten los oficios concejiles hasta 1490, año en que fueron suprimidas estas organizaciones políticas (J. Á. ACHÓN INSAUSTI, «A voz de Concejo». Linaje y corporación urbana… etc., pp. 94, 167, 192 y 194). En San Sebastián por «comunidad» se entiende asimismo a fines del XV al colectivo de vecinos que no dirige por esos años la villa (E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «La Comunidad de San Sebastián a fines del siglo XV: un movimiento fiscalizador del poder concejil», Espacio, Tiempo y Forma, Madrid (1993), pp. 545-572).

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ciudad».8 Precisamente en este capítulo me voy a fijar de manera particular en los vecinos de la tierra de los núcleos urbanos. Se trata de analizar las líneas generales de las relaciones de los gobernantes de las ciudades y villas con las gentes moradoras de la Tierra en el espacio geográfico de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). En relación con esta temática no siempre resulta del todo fructífera la metodología que tiene como referencia central «el común» y «los pecheros».9 A este respecto en la documentación analizada se alude a la existencia de pecheros en la Tierra (los labradores de las aldeas de Vitoria o los moradores en los «valles» y aldeas de Mondragón), pero también hay hidalgos en las aldeas vitorianas, así como en las universidades, anteiglesias y vecindades vizcainas y guipuzcoanas.10 Además tanto los vecinos de las villas como los de las aldeas pechaban o pagaban impuestos (Mondragón, Vergara, Villafranca de Ordizia, Vitoria, Laguardia, Bilbao, Lequeitio, etc.). Tampoco los estudios de carácter prosopográfico son siempre la mejor solución para conocer los entramados socioinstitucionales establecidos entre los núcleos urbanos y la Tierra, debido a las carencias informativas de la propia documentación. Por estos motivos en este capítulo se persigue también identificar los discursos políticos que se dieron en el seno de las corporaciones urbanas, constituidas jurídicamente como un cuerpo y una universitas,11 valorar el tipo de contrastes políticos y las formas de participación política que se dieron entre los núcleos urbanos y los pueblos de la Tierra. En todo caso la supuesta búsqueda del «bien común» fue un objetivo de ambos «colectivos», que está relacionado con la reivindicación de un «buen gobierno» para toda la comunidad. El presunto no cumplimiento de esta máxima podrá ser utilizado para justificar la resistencia a los acuerdos de los

8. J. M.ª MONSALVÓN ANTÓN, «La participación política de los pecheros en los municipios castellanos… pp. 45 y 47. 9. E. C. de SANTOS CANALEJO, «Piedrahita, su Comunidad de Villa y Tierra y los duques de Alba en el siglo XV», En la España Medieval, V, Madrid (1986), pp. 1141-1174. Según esta autora la mayoría de la población residente dentro del recinto amurallado fue exenta por don Fernando en 1441 de todo pecho real, concejil y señorial «y martiniega», así como los pecheros de la villa sólo debían pagar la mitad de las monedas solicitadas —p. 1155—, mientras que no sucedía lo mismo con los moradores en las aldeas de la Tierra, que sin embargo consiguieron de su señor don Fernando en 1433 «que los concejos de la Tierra entendieran en los pleitos de sus vecinos de hasta 60 maravedís y en causas criminales hasta 120 maravedís, y que la Tierra estuviera representada con uno o dos procuradores por concejo cuando se hicieran los repartimientos, disposición que el duque don Fadrique en 1494 repetiría» (p. 1150). Pese a todo hubo lugares de la Tierra que tuvieron mayores privilegios fiscales y contributivos que otros por concesión señorial, aunque la Tierra estaba sometida jurisdiccionalmente a la villa. 10. Los habitantes del valle de Legazpia se denominaban «universidad e veçinos e moradores escuderos e hijosdalgo». 11. P. MICHAUD-QUANTIN, «Universitas». Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin. París, 1970.

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gobiernos urbanos o viceversa para reprimir a quienes osan no cumplir las decisiones de los gobernantes. Estas ideas, que emanaban de las fuentes aristotélicas, circulaban en los ambientes jurídicoadministrativos y políticos bajomedievales.12 De todas formas «bien común» y «buen gobierno» no están al margen de la aplicación de la justicia, cuya comprensión tiene asimismo una lectura desde los escritos de los Santos Padres de la Iglesia Católica. En la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino se puede leer en lo que concierne a la diferenciación entre la justicia general y la justicia particular que «no es igual la razón del bien común que la del bien particular, como tampoco es igual la razón del todo que la de la parte».13

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1. DE

LA ACEPTACIÓN A LA CONTESTACIÓN POLÍTICA DE LOS POBLADORES DE LA TIERRA

Los intereses de toda índole que los residentes en los centros urbanos amurallados tuvieron en los términos de sus jurisdicción y con sus moradores afectaron a ámbitos muy diversos. Es sabido que las gentes más acomodadas del núcleo urbano prestaron dinero a los aldeanos, se hicieron con tierras, casas y caserías en las aldeas o tuvieron ganados a medias con ellos. A su vez los aldeanos vendían sus productos agropecuarios en el mercado centralizado en las ciudades y villas, algunos de sus hijos y parientes habían decidido buscar una nueva forma de vida dentro del perímetro amurallado y además dependían jurisdiccionalmente de sus dirigentes. Eran «mundos» que se necesitaban recíprocamente, pero cuya redistribución de deberes y derechos generó periódicamente polémicas y enfrentamientos entre ambos «colectivos». Es objetivo de este trabajo de investigación examinar tan sólo distintos ejemplos referentes a aquellas ciudades o villas que contaron con aldeas, vecindades o anteiglesias en su jurisdicción territorial. No se van a analizar en este caso las relaciones de carácter señorial-jurisdiccional establecidas jerárquicamente entre villas, pues tienen unas características especiales. Me refiero en particular al señorío conformado por la ciudad de Vitoria con las villas y aldeas de Monreal de Zuya, Elburgo, Alegría de Álava y Bernedo que pasaron a su jurisdicción política a fines del siglo XV o a la anexión de la villa guipuzcoana de Alegría a la villa de Tolosa en 1391. Hubo asimismo una jurisdicción marítima, que afectó a numerosas poblaciones de la costa cantábrica. Esta temática que enfrentó a poblaciones costeras con las Cuatro Villas de la

12. B. BAYONA AZNAR, El origen del Estado laico desde la Edad Media, Edit. Tecnos, Madrid, 2009, p. 379. 13. SANTO TOMÁS DE AQUINO Suma de Teología III, parte II-II (a), Edit. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002, p. 483.

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Costa en la Comunidad Autónoma de Cantabria14 no se abordará de forma exhaustiva en el País Vasco, aunque sí se diseñarán unos primeros bosquejos de la situación acontecida.

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Desde luego el sector de la población que residía en la Tierra, en numerosas ocasiones marginado de los gobiernos urbanos, no fue en modo alguno un grupo uniforme. Por el contrario es un «colectivo» donde, como se aprecia en la documentación, son visibles entre ellos las diferencias económicas y las diversas condiciones sociojurídicas (hidalgos y no hidalgos). Como el denominado sector social del «común», residente dentro del perímetro amurallado, reivindicó unas políticas supuestamente basadas en la defensa del «bien común», una idea general que pese a pretender abarcar al conjunto de la población, escondía con frecuencia intereses particulares muy concretos. El «bien común» es una cuestión clara en su enunciado, pero no siempre fácil de dilucidar en la práctica política. Dicho de otra manera, lo que entendían por «bien común» los residentes en las aldeas no coincidía con lo que comprendían y practicaban los gobernantes de los núcleos urbanos de quienes tenían una dependencia jurisdiccional. De igual modo que el sector de la población calificado de «común» en algunas villas, quienes habitan en la Tierra son un «colectivo humano» distinguido de las oligarquías locales de las ciudades o villas de las que dependían sociojurídicamente. Fruto de las relaciones entre los concejos urbanos y los concejos de la tierra, se fueron fraguando unas determinadas formas de comunicación política, aceptadas o impuestas, entre los gobernantes de las ciudades-villas vascas y los gobernados de las aldeas, anteiglesias, vecindades o universidades. En esta comunicación política entre gobernantes de los núcleos urbanos y gobernados de la Tierra se utilizaron los cauces establecidos en los fueros, ordenanzas y acuerdos municipales o por el contrario se recurrió al enfrentamiento entre unos y otros, bien por vías exclusivamente judiciales, bien por caminos más tortuosos donde hicieron su aparición las protestas políticas expresadas igualmente a través de manifestaciones pacíficas o de la violencia incontrolada. Este «colectivo aldeano» o miembros del mismo cuestionaron bastantes de las decisiones políticas de los gobiernos urbanos que abarcaron distintos campos de la vida social, económica y política. En el plano económico los mercados se celebraban en las villas y ciudades y las cargas fiscales se fijaban y distribuían básicamente por los gobiernos urbanos. Desde un punto de

14. Véase B. ARÍZAGA BOLUMBURU, «Conflictividad por la jurisdicción marítima y fluvial en el Cantábrico en la Edad Media», en Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media. Nájera, Encuentros Enternacionales del Medievo, Nájera 27-30 de junio de 2004, Nájera, 2005, pp. 17-55 y de la misma autora «La actividad comercial de los puertos vascos y cántabros medievales en el Atlántico», Historia. Instituciones y Documentos, n.º 35, Sevilla (2008), pp. 25-43.

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vista más estrictamente político los vecinos de aldeas y anteiglesias encontraron muchas dificultades para acceder al desempeño de los oficios concejiles del municipio. La mayoría de estas gentes residentes en las aldeas contaron con impedimentos importantes para acceder a los oficios concejiles, bien de carácter económico o social. No en vano se exigía formar parte de los sectores de la población más acomodados desde el punto de vista económico, pues había que ser «abonados» para tener posibilidades de acceder a los cargos políticos concejiles. Asimismo era preciso estar bien posicionado en la red de las relaciones sociofamiliares de las ciudades y villas. Estas circunstancias afectaron asimismo a los vecinos residentes en el exterior de los recintos amurallados de algunos núcleos urbanos.

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Los vecinos residentes en el exterior de las murallas de los núcleos urbanos tuvieron grandes limitaciones para participar en la vida política, pero en cualquier caso procuraron hacer frente desde sus posibilidades a aquellas decisiones políticas de los gobiernos urbanos que en principio pudieran perjudicarles. En este sentido es fundamental examinar el discurso político de los habitantes de la tierra respecto a los gobernantes urbanos, el discurso de estos últimos respecto de los primeros y la praxis política que llevaron a cabo a fines de la Edad Media. Al mismo tiempo es preciso analizar los comportamientos diferenciados entre unas y otras zonas, los logros y los fracasos de los opositores a los dirigentes de los núcleos urbanos. Los gobernantes urbanos, dentro de unos cauces normativos consentidos por la administración regia, basados en sus fueros, ordenanzas y los privilegios reales ejercieron en los términos de su jurisdicción o hicieron todo lo posible por ejercer la supremacía política y judicial. Desde su posición de oficiales concejiles, los alcaldes, los regidores y los procuradores dirigieron la vida política local e influyeron en la vida económica, social y religiosa de los términos que conformaban su jurisdicción. Una parte no pequeña de las ciudades y villas del País Vasco tuvieron en sus términos núcleos de población aldeanos. Estas localidades periurbanas podían formar parte de los términos de las villas y ciudades desde la concesión de su carta de fuero por los reyes navarros o castellanos o por los señores de Vizcaya o bien por privilegios posteriores. Hubo villas que mantuvieron la mayoría de las aldeas de su jurisdicción durante la Edad Media, como acaeció en la villa alavesa de Laguardia.15 Hubo igualmente villas cuyos términos originarios los fueron ampliando entre los siglos XIII y XIV. Vitoria y Salvatierra en Álava fueron incorporando numerosas aldeas, muchas de ellas adquiridas mediante compra, saliendo de este modo 15. Tan sólo se desgajaron de dicha villa las poblaciones que pasaron a integrarse en las nuevas villas creadas (San Vicente de la Sonsierra en 1172, Labraza en 1196 y Viana en 1219) con parte de los términos otorgados en la carta foral de 1164. Otras villas vascas vivieron procesos similares.

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de la jurisdicción de la extinguida Cofradía de Álava en 1332. En Guipúzcoa bastantes villas fueron progresivamente absorbiendo los pueblos de sus alrededores a solicitud de sus propios pobladores (Tolosa, Villafranca de Ordizia, Mondragón y Segura) y fijando por escrito entre ambas partes las formas y condiciones en que las primeras habían de ejercitar la jurisdicción. La conformación diversa de las jurisdicciones urbanas de las villas y ciudades vascas obedeció a contextos políticos y a realidades históricas distintas. El desarrollo del ejercicio del poder de los gobernantes locales exigió la toma de decisiones que afectaba a los habitantes de los núcleos amurallados, de sus arrabales y de los núcleos aldeanos de su alrededor. Estas decisiones políticas incidieron en los más diversos campos temáticos: licencias de obras y asuntos urbanísticos, las formas de gobierno, el sistema penal, el cobro y el reparto de impuestos, la protección y el aprovechamiento del medio natural, la realización de alardes militares, etc. Los acuerdos concejiles no fueron siempre del gusto de todos los vecinos y moradores de las aldeas. Éstas son algunas de las cuestiones que voy a ir ponderando a través del estudio de una serie de casos. Porque la complejidad de los entramados institucionales y de las relaciones sociales generadas entre los núcleos urbanos y sus aldeas, collaciones o anteiglesias de las ciudades y villas vascas no puede ni debe ocultarse bajo el paraguas simplista y excesivamente generalizador de la existencia de una supremacía jurisdiccional de los primeros sobre los segundos. 2. LOS

DIRIGENTES URBANOS Y LOS VECINOS DE LA TIERRA: CONFLICTOS Y CULTURA PO-

LÍTICA

Probablemente donde se expresó con más fuerza el discurso político de los pobladores de la Tierra respecto a los dirigentes de los concejos urbanos fue en los conflictos entablados entre unos y otros. Las realidades políticas de las relaciones entre villas y aldeas, sin embargo, fueron distintas. Esto se debió a que la formación de los territorios de las villas no siguió unos mismos cauces y a que los contextos históricos y sociales variaron de forma específica de una comarca a otra. ¿Cómo intentaron resolver sus diferencias los dirigentes urbanos y los vecinos de la Tierra? Los instrumentos jurídicos y las vías sociales no fueron idénticas. La designación de jueces árbitros fue una fórmula menos agresiva y más conciliadora.16 Las gentes de la tierra, para defender sus intereses con16. Vitoria y sus aldeas antes de pleitear ante la justicia ordinaria decidieron en 1464 resolver sus disputas ante dos jueces árbitros, bachilleres en letras, propuestos cada uno de ellos por una de las partes, pero en los años siguientes los pleitos se llevaron a los tribunales de la Real Chancillería de Valladolid.

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vocaron asambleas y juntas17 o solicitaron repartimientos, que no siempre habían sido aprobados previamente por las autoridades urbanas.18 Los vecinos de las aldeas, collaciones y anteiglesias se reunían en lugares conocidos y que tenían algún significado político para ellos. Los aldeanos, como recoge la documentación escrita, designaban a sus procuradores de forma legal o ilegal para llevar a buen efecto la tramitación de los pleitos iniciados con los gobernantes urbanos.19 Las reivindicaciones de los grupos opositores son descritas en las cartas de procuración, en los memoriales de agravios y en las respuestas dadas por los gobiernos urbanos. Los rebeldes al poder constituido o quienes se quejan de su política afirman actuar en nombre del bien común, conforme a los estatutos que regulan su vinculación jurídicoinstitucional a las villas, o frente a las arbitrariedades y abusos de poder de los dirigentes urbanos. Por este motivo presentan su visión de la reconstrucción de los hechos defendiendo con bastante frecuencia el rechazo de cualquier innovación, recordando que desde «tiempos inmemorables» la realidad política había sido distinta y exigiendo cambios acordes con sus solicitudes. Mediante la puesta por escrito de sus reivindicaciones no sólo señalan los motivos de sus quejas, sino que también buscan generar una determinada opinión pública que pueda ser favorable para conseguir más adhesiones para su causa. A este respecto dicen defender la aplicación correcta de la justicia, frente a la situación irregular de los tribunales judiciales ordinarios o extraordinarios. Las diferencias entre los gobiernos urbanos y los vecinos de la tierra no sólo se movieron en el terreno de los discursos, sino que se llevaron a los tribunales y se materializaron políticamente. Estas discrepancias se resolvieron de distinta manera en unas y otras zonas, pues la actitud de los gobernantes no fue la misma. En unos casos el triunfo de los dirigentes urbanos fue absoluto, en otros se aceptaron algunas de las propuestas de los opositores gobernados. Los dirigentes urbanos buscaron siempre la legitimación de sus actuaciones y el reconocimiento legal de los tribunales de justicia locales o de la Corona (Consejo Real, Alcaldes de la Real Chancillería de Valladolid). Los querellantes que perdieron la mayoría de sus reivindicaciones fueron

17. En 1480 los vecinos de las aldeas de Garagarza y Udala, pertenecientes a la jurisdicción de la villa de Mondragón, celebraron una junta convocada a campana repicada para designar a los procuradores que les representarían, entre ellos un clérigo, en el pleito que mantenían por una dehesa que consideraban de su propiedad. (M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragon, 1471-1500, t. IV, San Sebastián, 1996, n.º 247). 18. Éste es el caso de la aldea de Irún frente a la villa de Fuenterrabía. S. TENA GARCÍA, Irún a fines de la Edad Media. Documentos para su estudio. Pleito entre la villa de Fuenterrabía y su aldea de Irún (1328-1500), Edit. Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011. p. 80. 19. S. TENA GARCÍA, Irún a fines de la Edad Media … etc., pp. 56-57.

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interiorizando su derrota de diversas formas. Pero hubo concejos de la tierra que consiguieron importantes victorias (Deusto, Begoña, Abando respecto a Bilbao). En estos casos fueron los gobernantes urbanos quienes debieron interiorizar la sentencia desfavorable a sus intereses. ¿Cuáles fueron las principales quejas de los pobladores de las aldeas y anteiglesias? Hay una serie de variables comunes a todos estos grupos contestatarios, pero igualmente problemáticas, diferenciadas entre unas y otras poblaciones. No siempre cuestionaron formar parte de la juridicción territorial de los centros urbanos. Hubo localidades que tras haber solicitado su incorporación a la jurisdicción de las ciudades y villas, levantaron pleitos con dichas poblaciones al considerar que su gobernación no era la más adecuada para ellas, sin dejar constancia escrita de su interés por salir de la jurisdicción de las villas. Las gentes de la tierra procuraron estar presentes en la toma de decisiones de los gobiernos urbanos que directamente les afectaban. El pago de impuestos y la protección de la economía familiar y doméstica que se generaba en los términos donde residían son dos de las cuestiones principales que pelearon con los concejos urbanos. A ellos se añadió el cuestionamiento de otro tipo de exigencias relacionadas con la defensa de las villas y ciudades (la realización de rondas y velas nocturnas por la tierra y collación de Irún), la fijación de las tasas máximas de los precios o la asistencia a los alardes generales en las cabeceras de jurisdicción. En 1516 la universidad de los hijosdalgo y hombres buenos del valle de Legazpia se negó a acudir al alarde de armas que se debía celebrar en Segura por los vecinos de la villa y de las aldeas, de acuerdo con lo ordenado en la Junta General Provincial en Usarraga. Para ello presentó una provisión de los reyes castellanos fechada en 1506 en la que se consentía a los «mas de çiento e sesenta honbres de pelea» de Legazpia a llevar a cabo el alarde en el valle que estaba a dos leguas de la villa, siendo el alcalde de Segura quien debería convocarlos y examinar sus características armamentísticas.20 2.1. Guipúzcoa Los orígenes de las formas de incorporación de las aldeas por las villas y las estructuras políticas establecidas fueron heterogéneos en el País Vasco. Hubo villas que desde su nacimiento se hicieron con una jurisdicción territorial bastante extensa conformada por los núcleos urbanos y sus respectivas

20. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Quevedo, fenecidos, c. 4480/3. Conflictos por asistir a los alardes también se dieron en la villa y aldeas de Villarreal de Álava, si bien la convocatoria en este caso la había hecho su señor (E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Un alarde militar contestado: los vecinos de Villarreal de Álava contra su señor, Prudencio de Avendaño Gamboa», Sancho el Sabio, 29 (2008), pp. 201-222.

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collaciones. Éste es el caso de la villa de San Sebastián, población cuyos términos disminuyeron durante los siglos XIII y XIV. Su núcleo territorial se redujo notablemente quedando limitada su jurisdicción a fines del XV a las Artigas y a las poblaciones de Pasajes y Alza.21 La villa de Rentería —en otro tiempo jurisdicción del concejo de San Sebastián—, ubicada en el Valle de Oyarzun tuvo problemas para atraer a su jurisdicción a los moradores de la Tierra de Oyarzun, que se resistieron a ello a fines del XIV con el apoyo de la villa de San Sebastián a la que decían pertenecer. En 1453 los pobladores de la Tierra de Oyarzun aglutinados alrededor de la parroquia de San Esteban se desgajaron de la jurisdicción de Rentería mediante la obtención de una carta puebla que se acoge al modelo foral de San Sebastián otorgada por Juan II de Castilla. En otras comarcas, por el contrario, las villas urbanizadas por los reyes castellanos incrementaron de forma notable su expansión territorial a lo largo del siglo XIV. Los avecindamientos se produjeron a través de solicitudes individuales o en nombre del conjunto de los moradores de las aldeas. En el primer caso sobresalen en 1348 la entrada de 87 familias en la vecindad de Azpeitia y de otras 75 de la parroquia de San Sebastián de Soreasu, de 24 personas de las collaciones de Asteasu y Alquiza a la de Tolosa; el avecindamiento de otros 18 hombres a la villa de Mondragón en 1353 y años más tarde de otras personas particulares a las villas de Vergara, Tolosa y Segura, a quienes se exige lealtad y el pecho de los tributos.22 Incluso hubo alcaldes, como el de Arería, García López de Zumárraga, que en 1384 se avecindó en Segura por los bienes que poseía en Lazcano y Zumárraga favoreciendo que lo hicieran otras gentes de dicha jurisdicción y ordenando que le sepultaran en el cementerio de la iglesia parroquial de dicha villa «por serviçio de Dios e del rey nuestro sennor e por pro e mejoramiento de mi e de mis herederos e de mis bienes, e porque yo e los dichos mis herederos e bienes sean mas anparados e defendidos mejor de qualquier e qualesquier que contra mí e mis herederos e mis bienes quisieren pasar no devidamente», así como se obligó a no ajuntarse con «señor», «señora», villas y aldeas contra lo ahora acordado.23 Quizá sus relaciones con la poderosa familia de los Lazcano no fueran demasiado excelentes. Los intentos de integrar la Tierra de Arería en la villa de Segura no cuajaron finalmente.

21. A su costa se crearon nuevas villas (Fuenterrabía-1203, Villanueva de Oyarzun-1320, Rentería, San Salvador de Usúrbil-1371, San Nicolás de Orio-1379 y Hernani-c. 1380). S. TENA GARCÍA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), Edit. Instituto Doctor Camino, Donostia-San Sebastián, 1997. 22. S. TENA GARCÍA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500)… etc., pp. 171-173. 23. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo I (1290-1400), San Sebastián, 1985, pp. 98-102.

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En Guipúzcoa fueron numerosas las uniones de aldeas a las villas de Tolosa, Segura, Villafranca de Ordizia y Mondragón. En general los vecinos de la Tierra solicitaron, según la documentación escrita de forma voluntaria, su inserción en el sistema político concejil urbano. La documentación municipal es bastante explícita al respecto. Normalmente las collaciones o aldeas conservaban sus términos y tierras comunales, sin tener acceso a los de las villas. Los pobladores de la Tierra tenían diferentes condiciones sociojurídicas: hidalgos y labradores. Y buscaron el amparo jurisdiccional que para ellos suponía su entrada en el ámbito de las cada vez más poderosas villas, cuyos fueros y exenciones serían los nuevos marcos de referencia para defender sus intereses en las aldeas frente a cualquier tipo de agresiones externas. La incorporación de las aldeas a las villas supuso la exigencia de lealtad a los dirigentes de los núcleos urbanos y la ruptura de los lazos que pudieran tener establecidos las aldeas o collaciones con otras poblaciones o con caballeros guipuzcoanos. En el avecindamiento de la collación de Santa María de Cerain a la villa de Segura en 1384 se lee lo siguiente: «(…) que de aquí adelante que non seamos tenudos de fazer ajuntamiento nin trabto con sennor nin con sennora nin con alguna villa nin aldeas de la dicha villa nin de otras partes, nin con otras personas algunas contra cosa alguna de lo que dicho es», con lo que se pretendía, sin duda, debilitar a los caballeros. En general los moradores de las aldeas pretendieron resguardarse bajo el paraguas de la jurisdicción de las villas realengas frente a los abusos de los caballeros. Por ello reclamaron a las villas la defensa y protección de las gentes de la Tierra «de los malos omes e de los omes poderosos que lo suyo muchas devezes les solian tomar contra su voluntad» (Cerain, 1384).24 Pero la realidad política no siempre fue así. En 1402 las collaciones de Cegama, Ormáiztegui, Mutiloa e Idiazábal nombraron a Oger de Amézqueta, señor de Lazcano, como uno de sus procuradores para seguir pleitos ante los oidores de la Corte y ante el Alcalde Mayor de Guipúzcoa don García Martínez de Elduayen en relación con las diferencias que por motivos fiscales tenían con la villa de Segura.25 Oger de Amézqueta, casado con María López de Lazcano González

24. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo I (1290-1400), pp. 113-116. 25. Los gobernantes de la villa para pagar el pedido al rey (3.300 maravedís) echaron una derrama a las collaciones. Éstas se negaron al pago de la misma. La respuesta del concejo de Segura, según Oger de Amézqueta, fue dirigirse con hombres armados a Cegama tomándoles «fasta çient e veynte cabeças de ganado vacuno con sus fijos et seysçientos puercos e puercas, e seguiran a los dichos sus costituentes e los corrieron por los matar fasta que en la eglesia de Sant Martin de Çegama los ençerraronla toma de prendas». El concejo de Segura negó dicha versión, afirmó que sus ganados habían entrado en los montes altos adquiridos por la villa a Fernán Pérez de Ayala y que acudieron a defender al merino de la villa por «tentar fecho d’armas contra el dicho merino». Véase L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo II (1401-1450), San Sebastián, 1993, números 94 y 95.

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de Mendoza estuvo en litigios con la villa de Segura por los montes, seles y pastos de algunos términos presuntamente pertenecientes al solar de Idiazábal, del señorío de los Lazcano. Su hijo Juan López de de Lazcano pleiteó con la villa de Segura por los derechos de jurisdicción de la prestamería sobre las ferrerías del valle de Legazpia. Además Bernardino de Lazcano a fines del siglo XV era «patron feudatario de la dicha anteiglesia monasterial del sennor San Miguel de Motiloa», que se hallaba en la jurisdicción de la villa de Segura. En 1404 se concertaron ambas partes, villa de Segura y vecindades, estipulando las contribuciones de las collaciones en las derramas generales, quedando exentos de pagar en los repartimientos echados para pagar el salario del cirujano, así como dando la competencia a las aldeas de contar con un fiel elegido por ellas con la obligación de acudir a los llamamientos del concejo por asuntos fiscales con el fin de que tuvieran conocimiento de las necesidades financieras «que sean en carga et provecho comun de nos el dicho conçejo et de nos las dichas vesindades», así como con la capacidad de «guardar et tener las cuentas de los pechos et derramas et costas que nos el dicho conçejo de Segura derramáremos et fisiéramos por nos et por vos las dichas nuestras vezindades». Se prohíbe de forma expresa a las vecindades «faser ajuntamientos algunos con ningunos nin con algunos cavalleros et escuderos nin caudiellos, so çierta pena que por faser vuestros ajuntamientos et juntas con cavalleros et escuderos o cadiellos o otras qualesquier personas en tal que non sea en dapno et prejuyxio de nos el dicho conçejo».26 2.1.1. Tolosa y sus collaciones Uno de los casos más espectaculares, por el gran número de aldeas que entraron en la jurisdicción de una villa, es el de Tolosa. Las collaciones que se incorporaron a la villa de Tolosa entre 1348 y 1475 fueron 27, de las que tan sólo tres salieron posteriormente de su jurisdicción (Asteasu a fines del XIV, Alkiza en 1450 y Aduna en torno a 1450). El contexto en que fueron anexionadas se llevó a cabo, salvo en los casos de Ikastegieta (año 1474) y Andoain (año 1475), entre los años 1348 y 1391. Coinciden estos años en líneas generales con una época especialmente conflictiva y difícil en la Corona de Castilla y en Guipúzcoa. La crisis económica, el descenso demográfico y las periódicas epidemias agravaron la conflictividad social. En el centro de Guipúzcoa las aldeas añoraron la fortaleza jurisdiccional de la villas, como sistema para protegerse de las agresiones o injerencias de otros poderes villanos, aldeanos o de caballeros dispuestos a entrometerse en sus tierras y presuntos de26. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo II (1401-1450), números 100 y 101.

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rechos. El incremento del número de fogueras en la villa de Tolosa, al sumarse a la primera las existentes en las aldeas, otorgó más adelante un poder superior a la primera en las Juntas Generales de la Provincia de Guipúzcoa. Precisamente Tolosa era una de las 7 jurisdicciones de la provincia que en 1375 contaba con un alcalde de Hermandad. Localidades anexionadas a la villa de Tolosa en la Edad Media Nombres

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Asteasu Altzo Arriba Baliarrain Berrobi Hernialde Leaburu Orendain Amasa Alegia

Fecha de anexión

Nombres

Fecha de anexión

Nombres

Fecha de anexión

1348 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1385 1391

Alkiza Altzo Abajo Belauntza Elduain Ibarra Lizatza Albiztur Aduna Andoain

1348 1374 1374 1374 1374 1374 1384 1386 1475

Abaltzisketa Anoeta Berástegui Gaztelu Ikastegieta Orexa Irura Zizurkil

1374 1374 1374 1374 1474 1374 1385 1391

Las cartas de avecindamiento de las poblaciones que entraron a formar parte de la jurisdicción de la villa de Tolosa constatan los vínculos, derechos y deberes de dichas agrupaciones respecto al núcleo urbano central. En todos los casos se trató de aldeas, excepción hecha de la localidad de Alegia, a la que por dársele la condición de villa se le permitió mantener sus propios alcaldes y jurados, de cuyas sentencias se podía apelar al alcalde de Tolosa. En ningún caso los vecinos de las aldeas pudieron participar en la elección de los alcaldes de la villa de Tolosa,27 que tenían capacidad para convocarles por motivos de carácter militar o de otra índole.28 Los hidalgos de la Tierra,

27. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «La Cofradía de San Juan de «Arramele» y las ordenanzas de Tolosa de 1501», Revista Sancho el Sabio, Vitoria (1994), pp. 301-312. 28. Por si hubiera alguna duda el capítulo 11 de las ordenanzas municipales de Tolosa de 1532 fijaba lo siguiente: «Que ninguno que no viviere dentro de los muros de la villa pueda tener oficio (…). Otrosi ordenamos y mandamos que ninguno que no viviere dentro del cuerpo de los muros de la dicha villa, no pueda ser ni sea elexido ni nombrado por alcalde ordinario, ni fiel de la cofradia, ni escribano fiel, ni regidor, ni volsero, ni jurado, ni guardamonte, ni alcalde de la Hermandad, ni manobrero ni pueda tener ni tenga otro oficio alguno de la dicha villa e que solamente los que viven dentro del cuerpo de la dicha villa e tienen vienes suficientes para ser oficiales e concurrieren las otras calidades que comvienen y estan declaradas de suso sean e puedan ser elexidos e nombrados e creados por alcalde e oficiales, porque la dicha villa se pueble y ennoblezca e no se disminuia ni despueble, e como dicho es, otros ningunos de fuera de la dicha villa no sean ni puedan ser elexidos por oficiales, dado caso que

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con excepción de los de la Casa de Yurreamendi a los que se les consintió, quedaron excluidos del acceso a los oficios políticos de la villa.

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Igualmente los dirigentes urbanos se reservaron el derecho a realizar derramas fiscales a todos los pobladores de las aldeas para costear las necesidades financieras del municipio y posteriormente de la Hermandad Provincial. Como ha señalado Susana Truchuelo García, estas anexiones dejaron una cierta autonomía local a las aldeas, que conservaron sus términos anteriores, el derecho a nombrar a sus jurados sin intromisión del gobierno urbano y la capacidad de contar con rentas propias para financiar las mejoras públicas que decidieran abordar (puentes, fuentes, calzadas, etc.).29 A fines del siglo XV, una vez remitido el grave problema banderizo que irradió a la sociedad guipuzcoana entre mediados del siglo XIV y mediados del XV, algunas aldeas abrirán un discurso «antivillano» por motivos fiscales, por su escasa representación en las Juntas Generales y porque cuestionaron las formas de aplicación de la justicia.30 El control por la villa del sistema de recaudación del montante de las alcabalas de su alcabalazgo generó un serio conflicto con las aldeas, cuyos procuradores consideraron que estaban más gravados sus vecinos que los de la villa. Los vecinos de las aldeas pretendieron en vano dejar de pagar la alcabala foránea, al considerarse también vecinos de la villa.31 tengan vienes dentro del cuerpo de la dicha villa e su territorio, sin e a menos que vivan en la dicha villa e haian vivido un año continuo primero, e tengan proposito de vivir en ella adelante, y el ofiçial que fuere criado por alcalde o en otro oficio alguno, e aquel aceptare e rexiere no pueda hir a vivir fuera de la dicha villa, antes en ella viva e resida por tiempo y espacio de diez años, so pena de volver todo lo que hubiere ganado de la alcaldia e pagar diez mill maravedis, la mitad para la Camara e la otra mitad para las obras e reparos publicos de la dicha villa, e que los electores que salieren por suerte para elexir e crear los dichos oficios no elixan nin nonbren por alcalde ni oficiales sino a los vecinos inclusos havitantes dentro del pueblo de la dicha villa, según dicho es, e si elexiesen e tentaren de elegir por oficial alguno o algunos de fuera de la dicha villa, que la dicha eleccion sea n sí ninguna, dado caso que en concordia todos los electores nombraen que caian e incurran en pena de dos mil maravedis, e no sean electores por tres años, e que el dicho concexo tenga derecho de hacer nueba eleccion, e que el alcalde no entregue la vara al tal nombrado y elexido contra el tenor de esta ordenanza, e si alguno o algunos de los dichos electores, aunque sea la menor parte de ellos, en discordia, nombraren y elexieren algun vesino de la dicha villa, de dentro del cuerpo de ella, que la tal eleccion valga e al tal elexido se le dé la vara e los tales rixan e goviernen en aquel año la dicha villa e republica de ella, sin embargo de la eleccion echa en persona que no haian vivido ni viva dentro del dicho cuerpo de la dicha villa, aunque sea por la mayor parte de los dichos electores, según dicho es, ecepto si el elexido fuere Juan Ruiz de Yurreamendi e los dueños que seran de su casa de Yurreamendi, porque los señores del consejo mandaron a su suplicacion fuesen admitidos a los dichos oficios según sus pasados». Véase VV.AA., El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos par el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia (1412-1539), Donostia-San Sebastián, 2002, pp. 375-376. 29. S. TRUCHUELO GARCÍA, Tolosa en la Edad Moderna. Organización y gobierno de una villa guipuzcoana (siglos XVI-XVII), Tolosa, 2006, pp. 31-33. 30. S. TRUCHUELO GARCÍA, Tolosa en la Edad Moderna… etc., p. 34. 31. Las 16 aldeas que formaban parte del alcabalazgo de Tolosa sostuvieron el pleito contra la villa. La sentencia del corregidor emitida en 1532 obligó a que los dirigentes de la villa realizaran otro repartimiento en el que estuvieran presentes los procuradores de las aldeas. S. TRUCHUELO GARCÍA, Tolosa en la Edad Moderna… etc., pp. 89-90.

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Pese a que las ordenanzas de la villa de Tolosa de 1532 se hicieron en nombre del bienestar general de la República, la realidad fue ciertamente mucho más compleja. No se ha de pasar por alto dos fenómenos paradójicos. El primero que tan sólo los más ricos tuvieron acceso al desempeño de los oficios del concejo. Y el segundo, que salvo los miembros de la familia Yurreamendi el resto de las familias acomodadas de la Tierra quedaron excluidas del derecho a formar parte de dicho concejo si no residían dentro del núcleo amurallado. En última instancia la filosofía política de las ordenanzas parecía estar relativamente clara «todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

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2.1.2. Mondragón y sus aldeas. Fuenterrabía e Irún Al sur de la Provincia de Guipúzcoa en torno a Mondragón se produjo un fenómeno bastante similar al acaecido en la villa de Tolosa. En 1353 varias aldeas del valle de Léniz que ingresaron en la jurisdicción de la villa de Mondragón lo hicieron para escapar de la «servidunbre escura e muy desaguisada con los males e dapnos, furtos e robos e fuerças e desaguisados que resçivimos de los ricos homes e caballeros e escuderos poderosos que viven e entran en la dicha tierra». Todo apunta a que los aldeanos se referían fundamentalmente a don Beltrán de Guevara, señor de Oñate y Merino Mayor de Guipúzcoa. Se acogían al fuero de Mondragón para ser defendidos por los gobernantes de la villa y ser juzgados por sus alcaldes realengos, comprometiéndose a ser «pecheros» con la villa «en todos los pechos e dineros e pedidos del rey e faziendas que nos acaesçieren a pagar en la dicha villa e fuera e ella al tenor e en la manera que vos pechardes segund que lo havedes de uso e de costunbre fasta aquí». En este caso en las cartas de anexión se dejó la puerta abierta a la salida del avecindamiento, si bien se penalizaba este hecho con una multa económica. También se acordó que el concejo de Mondragón no podría exigir a los moradores de estas aldeas que se enterraran y pagaran los diezmos en las parroquias de la villa y se determinó que los términos que poseían les pertenecían.32 Los vecinos de las aldeas, sin embargo, no ocuparon nunca puestos políticos en la villa de Mondragón. A principios del siglo XV aparecen los primeros enfrentamientos entre los gobernantes de la villa y los vecinos residentes en las aldeas, que amenazan indirectamente con desgajarse de la villa, a causa de «la vezindad e de pechar los pechos e derramas de la dicha villa», alegando «non ser nin querer ser vesi-

32. J. Á. ACHÓN INSAUSTI, «A voz de Concejo». Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Gipuzcoa, Edit. Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1995, pp. 51-53 (se trata de las aldeas de Garagarza, Udala, Uribarri, Gesalibar, Erenusketa, Isasigaña y Oleaga. Su extensión se encuentra próxima a la mitad de todo el término jurisdiccional de Mondragón. Las cuatro primeras localidades se constituyeron en anteiglesias al contar con parroquias).

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nos de la dicha villa nin aver pagado nin pagar nin querer pagar en pechos algunos derramados nin repartidos nin se echaren e repartieren en alguna manera nin por alguna razón bien asy commo desimos non ser vesinos nin tenidos a pechar por razón de tienpo, desiemos que nin por fuerça de recabdos que desimos que non otorgamos ser tenidos a pagar cosa alguna nin mantener vesindad salvo tan solamente desimos e conosçemos que somos de la juridiçion de la dicha villa (…)» (1420), distinción que no fue contemplada por los jueces árbitros designados por ambas partes.33

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En 1415 las aldeas de Guesalibar, Everuzqueta, Garagarza, Isasigaña y Udala acordaron mantenerse como vecinos de la villa y contribuir a la hacienda concejil en concepto de pechos reales, concejiles, derramas, facenderas. Poco antes «se pusieron en rebeldía» negándose a pagar «los pechos e derramas de la dicha villa» o «del dicho concejo e sus encargos, segund que los otros vesinos del cuerpo de la dicha villa lo solian pagar e otras cosas». Para evitar pleitos con el concejo de Mondragón decidieron entregar los «pechos que fasta aquí en el tienpo pasado les fincaban por pagar» correspondientes a los años anteriores. De este modo el concejo de Mondragón les perdonó las penas en que habían incurrido por su rebeldía.34 Los encontronazos entre ambas partes no cedieron. En este pleito, los procuradores de los vecinos de las aldeas llegaron a negar haber pagado alguna vez los impuestos e incluso ser vecinos de la villa, pese a que reconocieron su jurisdicción. Se nombraron dos jueces árbitros, bachilleres en leyes, Juan Pérez de Vergara, alcalde mayor de Guipúzcoa y Juan Ochoa de la Cuadra, vecinos ambos de la villa de Mondragón, que sentenciaron a favor de la villa. Reconocieron, sin embargo, el deber de los gobernantes de la villa de notificar a las aldeas tres días antes que se realizara la derrama «de commo se ha de repartir el pecho e que envien un home bueno de los pecheros do entre si quel entendieren de conplir, asi presente e veer el tal repartimiento».35 Este

33. J. Á. ACHÓN INSAUSTI, «A voz de Concejo». Linaje y corporación urbana… etc., pp. 185-186 y M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Munivipal de Mondragon, 1471-1500, t. II, San Sebastián, 1996, números 72, 75, 76 y 77). 34. «(…) e resçibida o non resçibida la graçia que sobre ello el dicho conçejo les fiziese, que se obligavan e obligaron e se sometian e sometieron por si e sus herederos e subçesores e bienes de pagar todo lo que les fuese mandado pagar por el dicho conçejo e alcaldes e ofiçiales e omes buenos por rason de los pechos pasados que les fincaban por pagar. E en lo por venir dixieron que se sometian, segund dicho es, de ser sienpre vesinos e pecheros del dicho conçejo e de pagar todos o qualesquier pechos, reales e conçejales e derramas e encargos e fasenderas quel dicho conçejo, yten, los ofiçiales d’el les echasen en qualqueir manera e tiempo e segund e por la forma quel dicho conçejo e los dichos ofiçiales acordasen e derramasen, yten, en todos los casos e formas quel dicho conçejo e vezinos dende lo pagasen». M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo II. (1400-1450), San Sebastián, 1996, n.º 72. 35. M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo II. (1400-1450)… etc., n.º 77.

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hombre bueno debía ser elegido por los vecinos de las aldeas. A fines del XV (1483) el concejo de Mondragón tensionó la relación con las aldeas al prohibir la venta de cereal, vino, carne, aceite, candelas y otras mercancías en las tiendas y tabernas de dichas localidades. En esta ocasión los jueces del Consejo Real concedieron la razón a los vecinos de las anteiglesias, aunque no por ello la regulación del mercado dejó de ser una de las atribuciones de los gobernantes urbanos.36 Algo parecido aconteció entre la villa de Fuenterrabía y su aldea de Irún,37 donde mercaderes y comerciantes vendían sus mercancías contra la voluntad de los gobernantes de la villa.38 El empecinamiento de la primera por defender sus derechos y las reivindicaciones radicales de la segunda acabaron con una dura sentencia contra los irundarras: elevadas multas, confiscación de propiedades, derrocamiento de las casas levantadas en piedra sin el permiso correspondiente del concejo urbano, etc. En 1480 vecinos de Irún atacaron con armas a oficiales de Fuenterrabía, muriendo en la reyerta el procurador de la villa y dejando gravemente herido al preboste. En 1481 los «hombres buenos» de Irún no tuvieron reparos en decirse vecinos de Fuenterrabía al juntarse «en nuestro ayuntamiento e baçarra» en el cementerio de la iglesia de Santa María, pero en 1500 en otra de sus reuniones, donde están presentes algunos clérigos, el escribano Ojer de Lizárraga, vecino de Oyarzun, que redactó el acta de la reunión llevada a cabo en el monte de Echequilla no les cita como tales vecinos.39 La villa de Fuenterrabía, como cabecera de la Hermandad, utilizó su poder e influencia para que las Juntas Generales de Guipúzcoa sentenciaran a favor de la villa. Asimismo acusó a los de Irún de querer separarse de la jurisdicción para constituirse en villa.40 2.1.3. Segura y sus vecindades Las aldeas guipuzcoanas de Segura (Legazpia, Astigarreta, Gudugarrea, Cegama, Idiazábal, Cerain, Mutiloa y Ormáiztegui), concertaron con la villa el derecho a la venta de las mercancías básicas para su abastecimiento interno desde su incorporación a partir de fines del XIV (carne, pescado fresco y seco, sidras, vino blanco y tinto procedente sobre todo de Logroño, Navarre-

36. J. Á. ACHÓN INSAUSTI, «A voz de Concejo». Linaje y corporación urbana… etc., pp. 186-187. 37. Este caso ha sido estudiado con todo detalle por M.ª S. TENA GARCÍA en el libro titulado Irún a fines de la Edad Media. Documentos para su estudio. Pleito entre la villa de Fuenterrabía y su aldea de Irún (1328-1500), Bilbao, 2011. 38. Véase S. TENA GARCÍA, Irún a fines de la Edad Media… etc. En estas disputas desempeñaron un importante papel los 16 «ferrones y señores de las ferrerías de Yrún Urançu» que defendieron sus privilegios recogidos en el Fuero de Ferrerías —se citan en Irún 6 ferrerías— (pp. 53, 72-73). 39. S. TENA GARCÍA, Irún a fines de la Edad Media… etc., pp. 55-57. 40. S. TENA GARCÍA, Irún a fines de la Edad Media… etc., p. 71.

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te y Navarra). Sin embargo «non podian vender quintal ni libra de fierro sin que a la dicha villa lo traxiesen e ende se pesare e della tiene previllejo el dicho concejo». La rentería de la villa de Segura controlaba la producción de hierro de la jurisdicción, sin duda por motivos fiscales y comerciales. Los problemas se generaron a principios del XVI, empero, con la «universidad del valle y tierra de Legazpia» o «universidad y aldea de Legazpia», porque no se había acordado en los contratos de avecindamiento que el aforamiento de los precios fuera competencia de fieles específicos de Legazpia. El concejo de Legazpia —así era como se denominaba—, en los últimos años del siglo XV decidió elegir 2 fieles y 4 diputados regidores. Los dos fieles comenzaron a aforar los precios de la carne, sidra y pescado que se vendía en el Valle de Legazpia. Los cuatro diputados tenían capacidad «para que rijan e goviernen los negoçios e las cosas patrimoniales del pueblo e que los tales deputados non exerçen ningund actor juridiçional sy non que rigen e goviernan en nonbre del dicho pueblo los negoçios e las cosas patrimoniales comunes del». El contrato de avecindamiento tan sólo les permitía disponer de un jurado con derecho a acudir a las sesiones del Ayuntamiento en que se trataran la solicitud de repartimientos. Y también era el encargado de recaudar los maravedís que cupieran a la universidad de Legazpia: «un jurado para las cosas suso dichas espeçialmente para que baya a los repartimientos que en la dicha villa se hasen e para reçebir e recabdar la rata parte que cabe a la dicha unibersydad». Los gobernantes de la villa pleitearon para impedir estas novedades puestas en marcha por los de Legazpia y para ello se sirvieron de las quejas de vecinos de otras aldeas de la jurisdicción —probablemente quienes se dedicaban a la venta de los mismos productos en las mismas—, que no contemplaron con agrado que los precios del vino fueran más elevados en Legazpia. Los vecinos de Segura ponían de relieve en 1505 que en la propia villa y en las demás aldeas los precios del vino se habían establecido en 15 blancas frente a los 16 de Legazpia, pero destacaban que en el precio de la villa se tenían en cuenta dos imposiciones sobre la compraventa de vino: «quanto mas que a la dicha villa a cada un açunbre de vino echan una blanca de alcabala e otra de sysa por previllejo que tienen de sus altesas e ninguna destas ynpusiçiones echan nin pueden echar en la dicha universidad e con estos derechos se vendian en la dicha villa a quinse blancas y en la dicha universidad syn ningunos derechos a diez e seys blancas». Las sentencias judiciales favorecieron en un primer momento al concejo de la villa de Segura que consiguió eliminar el considerado nombramiento ilegal de los fieles y diputados-regidores, así como imponer su autoridad a la hora de fijar los precios, que de forma exclusiva quedó claro que era de su única competencia. Los procuradores de Legazpia alegaron razonamientos diversos para contrarrestar el contenido de los contratos de avecindamiento,

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arguyendo que aquello no prohibido de forma expresa en los mismos no tenía que ser impedido «pero quien puede negar que en las cosas que no se sometieron non pueden deputar personas para aquellos regir e executar commo podrian azer todos conjuntamente…», no afectando en modo alguno a la jurisdicción del concejo de Segura. O añadiendo que cuando «se sometieron a la juridiçion del dicho conçejo sacaron por partido e asentaron por pacto condiçional que ellos e cada uno dellos se sometian a la dicha juridiçion e a las hordenanças justas qu’el dicho conçejo hiziese (…) eçeto que en quanto a las conpras e ventas que podian haser e usar e exerçer segund que usaron e exerçitaron antes que se sometiesen al dicho conçejo» o «porque no obedeçen lo ynjusto por ellos mandado», refiriéndose a los dirigentes de Segura. Los gobernantes de Segura multaron a los moradores de Legazpia por las actividades de los fieles y a los diputados-regidores que habían nombrado, así como penalizaron a los dos taberneros del valle.41 Se emitieron sentencias que permitieron la existencia de los dos fieles del valle de Legazpia, si bien los precios fijados por ellos no podían superar los establecidos por los fieles de la villa, sin que incurrieran en la pena correspondiente anotada en las ordenanzas concejiles. Este conflicto se reprodujo en 1510 con otra variante, la imputación a los fieles y concejo de Legazpia de utilizar sellos, pesas y medidas falsas, cuyo control correspondía a la capacidad jurisdiccional del concejo de la villa de Segura. Todo lo contrario alegaban los vecinos de Legazpia, que rechazaban las competencias de los alcaldes ordinarios de Segura para visitar y examinar la fieldad de las pesas y medidas de Legazpia, cuestión regulada por los dos fieles del valle, el nombrado por los ferrones y el designado por los caseros. Los alcaldes de Segura abrieron pesquisas sobre el particular y tomaron prendas de los hallados culpables en contra de la voluntad de quienes detentaban los oficios en Legazpia, que decían que esta cuestión no incumbía a la jurisdicción de Segura, sino que estaba fuera de ella.42 No se cerró bien, por tanto, el pleito entre la villa y los moradores en la aldea de Legazpia. La primera argumentó su intervención, a través de testigos por ella presentados, en nombre de sus derechos jurisdiccionales y de la buena administración de la justicia frente a los abusos de los poderosos del valle, los ferrones.43

41. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Quevedo, fenecidos, c. 955/3, leg. 215. 42. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Quevedo, fenecidos, c. 1332/1, leg. 296. 43. Juan López de Oria, un escribano del número de la villa de Segura de 63 años, lo expresó de la siguiente manera: «es verdad que en el dicho valle de Legazpia ay muchos ferrones e abasteçedores de ferreryas que son muchos dellos personas prynçipales en el dicho valle e que muchos carboneros e venaqueros e mulateros e carreadores e otros muchos que trabajan e labran para ellos pero que este testigo no sabe sy a los que asy trabajan por ellos sy les dan los mantenimientos ni commo ni en que manera mas de quanto cree que según la manera e trabto de los dichos ferrones y vasteçedores de las

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Lo cierto es que los pleitos entre la villa de Segura y sus collaciones por el pago de los oficiales concejiles, el sostenimiento de las cargas financieras del concejo y de los gastos militares soportados por el mismo fueron bastante frecuentes durante el siglo XV,44 prefiriendo normalmente las collaciones que el concejo impusiera una sisa a las viandas y bebidas para sufragar los gastos que representaba la hacienda concejil con el fin de disminuir de este modo los repartimientos en la villa y en la Tierra, bien por los procedimientos de fogueras o de millares. Este último era un sistema fiscal más progresivo al tener en cuenta la capacidad patrimonial de los vecinos y más deseado por la mayoría de la población. En estas disputas las vecindades lograron eximirse a mediados del XV de contribuir a los gastos generados por traer las aguas a la fuente pública de la villa, pero se les exigió colaborar en las demandas de servicio militar para las empresas de la monarquía, acudir a los apellidos del alcalde de Segura y ayudar a costear los muros, torres y puertas de la villa. En 1470 las vecindades seguían litigando con Segura en relación con el pago a los oficiales concejiles, a los mensajeros y procuradores y por la reforma de las cavas, barbacanas, muros, torres y puertas de la villa. La sentencia arbitraria dada por el bachiller Juan Pérez de Vicuña determinó que las vecindades debían contribuir a la financiación de todos los gastos, salvo el referente al pago de los cuatro veladores de la villa, «porque es provecho común de la dicha villa e vezindades». En 1493 las vecindades no querían contribuir en los gastos ocasionados por la traída del agua a la villa y se quejaban de las derramas echadas y de las sisas establecidas por el concejo de la villa. A principios del siglo XVI algunas vecindades se resistían a pagar la parte que les correspondía del repartimiento de las alcabalas del alcabalazgo de la villa de Segura.45

dichas ferrerias e segund que de contynno suelent tener vasteçidas sus casas de mantenimientos que los dichos trabajadores tomaran dellos muchos de los dichos mantenimientos que abran menester pero que este testygo que no lo sabe de vysta nin sabe sy los dichos ferrones ponen fyeles de su mano o no pero que dando los dichos ferrones a los dichos trabajadores los dichos mantenymientos de su mano commo en la dicha pregunta se contiene que sy el dicho alcalde de la dicha villa de Segura non pudiese punir e castygar a los que tuviesen medydas e pesas falsas que exçediesen la tasa puesta en los mantenimientos que se demynuiria la aministraçion de la justiçia e los trabajantes e poco podientes resçibyrian mucho danno e los dichos ferrones e basteçedores e otros qualesquier del dicho valle que dan e venden los mantenimientos a los dichos trabajadores podryan cometer muchos fraudes e dannos en razon de las dichas pesas y medydas del preçio de los mantenimientos no seyendo corregidos e punidos e castigados por ello e eque esto es lo que sabe e cree e puede dar razon a lo contenido en la dicha pregunta». Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Quevedo, fenecidos, c. 1332/1, legajo 296. 44. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo II (1401-1450)… etc., número 162 (1430). 45. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo II (1451-1500)… etc., números 179, 180, 181 y 182(1448), 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 y 254 (1470), 262 (1493) y 305 (Legazpia el año 1518).

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2.1.4. Vergara y sus anteiglesias

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Lo sucedido entre la villa de Vergara y sus anteiglesias se distancia en gran medida de lo acontecido en otras villas guipuzcoanas. El 13 de mayo de 1497 una comisión formada por varios jueces árbitros sentenció al respecto sobre cuestiones relacionadas con el pago de tributos y la elección de los oficios concejiles. Los jueces árbitros fueron propuestos por los gobernantes de la villa y de sus arrabales, por «el comun e omes buenos de dentro e estramuros de la dicha villa e arravales», por los vecinos y hombres buenos de Ascarrunz y Zubiaurre, y los otros moradores «de fuera de la dicha villa». Se sentenció que cada 5 años se revisara el valor de las haciendas de los vecinos, que soportaría los impuestos concejiles, por una comisión formada por 6 hombres, 2 propuestos por los gobernantes de la villa y arrabales, 2 por los moradores de fuera de la villa y de los arrabales, así como otros 2 por «el comun de la dicha villa e arravales». Asimismo se decidió que hubiera 3 fieles regidores, con la mismas competencias, en lugar de los 2 que había hasta la fecha. Los 2 fieles regidores solían ser elegidos hasta ahora por los electores. Uno de ellos se ocupaba de los vecinos de la Tierra y el otro de los moradores en la villa y sus arrabales. Se señala que a partir de este momento el tercer fiel regidor debía ser nombrado por los vecinos de la Tierra, aunque su designación lo sería de forma concertada antes de que se llevaran a cabo las elecciones y su nombre llevado a la convocatoria electoral que se celebraba en San Miguel en septiembre. Se abre la posibilidad de que los moradores de las anteiglesias pudieran hacer dejación de dicho derecho a favor de la designación del tercer fiel regidor por los electores en las elecciones de septiembre, si bien con la condición de que fuera «uno de entre los vezinos de fuera de los muros e adarbes de la dicha villa e arravales d’ella». Igualmente uno de los montañeros o guardas de los montes debía ser nombrado conforme al mismo criterio entre los vecinos de la Tierra.46 Las anteiglesias de Santa Marina de Oxirondo y de San Juan de Uzarraga, términos jurisdiccionales de la villa de Vergara, siguieron reclamando una mayor participación en los oficios concejiles. Las ordenanzas de 1490, además de prohibir los bandos de Ozaeta y Gabiria, que habían copado los oficios concejiles de la villa de Vergara y sus arrabales, habían introducido algunos cambios. Se ordenó que en lugar de 2 alcaldes sólo hubiera 1, 2 fieles en lugar de 3, un procurador síndico, un jurado ejecutor, un alcalde de Hermandad y 6 diputados, nombrados conforme al sistema electoral de la ciudad de Vitoria. Se redujo de algún modo el po-

46. M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; M. LARRAÑAGA ZULUETA; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Municipal de Bergara. Tomo I. (1181-1497), San Sebastián, 1995, n.º 38.

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der anterior de las anteiglesias, si bien se les consintió que designaran fieles y jurados.47 No gustaron estos estatutos a las anteiglesias de Oxirondo y Uzarraga, que al sumar dos tercios de la población reinvidicaron una mayor participación política en el concejo de la villa de Vergara y de sus arrabales. Se buscó un cambio político.

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El acuerdo producido entre la villa y las anteiglesias el 11 de julio de 1497, en una reunión que se hizo en el cementerio de la iglesia de San Pedro de Vergara y confirmado por los Reyes Católicos el 30 de agosto de 1497, supuso el derecho a que los moradores de las anteiglesias pudieran estar presentes en el concejo electoral anual celebrado en la iglesia de San Pedro de Vergara, pero sobre todo consiguieron objetivos políticos deseados. De los cuatro electores designados por el elector —nombrado mediante sorteo entre los cuatro propuestos por el alcalde, los dos fieles y el procurador síndico del concejo de Vergara— uno de ellos debía ser vecino de Santa María de Oxirondo y el otro de San Juan de Uzarraga. De los otros dos, uno sería de la villa y arrabales y el otro de fuera de la villa y arrabales. Eso sí, sólo podían proponer para alcalde, escribano y procurador síndico a vecinos que residieran «dentro del cuerpo de la villa e arrabales e non de otra parte alguna». Uno de los logros más importante de las anteiglesias fue contar con 4 de los 6 diputados «para entender en uno con ellos —el resto de los oficiales— en las cosas e hazienda de conçeio (…) los que paresçieren ser ydoneos e sufiçientes e sean abonados e de buena fama e conversaçion, sin aver respeto a linaie ni a parentela (…)». De los otros dos, uno correspondería a la villa y sus arrabales, mientras que el otro a los vecinos de fuera de la villa y de sus arrabales. Además los dos electores de las anteiglesias designarían a los dos fieles regidores y al jurado encargado de la cárcel entre los veinos que moraran «en la dicha villa e arravales». Asimismo se acuerda que el alcalde de Hermandad un año fuera vecino del cuerpo de la villa, de sus arrabales o de fuera de la villa y de los arrabales, mientras que los dos años siguientes fuera primero de una anteiglesia y después de la otra. Un procedimiento similar se debía seguir para designar a los procuradores que acudieran a las Juntas Generales y particulares de la Provincia de Guipúzcoa. Los dos tercios de los procuradores debían ser moradores de las anteiglesias de Santa Marina de Oxirondo y de San Juan de Uzarraga. En este mismo acto los dos electores de las anteiglesias habrían de designar, mediante el sistema de insaculación, dos fieles regidores y dos jurados.48

47. M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; M. LARRAÑAGA ZULUETA; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Municipal de Bergara. Tomo I… etc., n.º 40. 48. M. A. CRESPO RICO; J. R. CRUZ MUNDET; J. M. GÓMEZ LAGO; M. LARRAÑAGA ZULUETA; J. A. LEMA PUEYO, Colección Documental del Archivo Municipal de Bergara. Tomo I… etc., n.º 42.

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No sólo se trataron asuntos relacionados con la presencia en el gobierno municipal, sino que también se dejó constancia de la intervención del alcalde ordinario, de los diputados y de los fieles de la villa y arrabales y de las anteiglesias en la fijación de los precios de los productos básicos de abastecimiento local (carne, pescado, aceite, etc.), favoreciendo que estuvieran en manos de las personas que ofrecieran dichos productos a los precios más bajos. Incluso se consensúa que los fieles de las anteiglesias, conjuntamente con los fieles de la villa y de sus arrabales, acudieran a ejecutar las penas en los términos de las anteiglesias y a controlar los pesos y medidas que allí se utilizaran, con el claro propósito de combatir el fraude a los consumidores. En suma, las gentes de la Tierra de Villanueva de Vergara consiguieron una destacada participación política en el concejo de la villa hacia finales del siglo XV. Pero no fueron las únicas.

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2.1.5. Villarreal de Urréchua, Azcoitia, Elgueta y Villafranca de Ordizia En Villarreal de Urréchua a fines del siglo XIV (1390), por una parte se acordó apuntalar la Hermandad al ordenar que los vecinos no colaboraran con los caballeros y escuderos de las afueras de la villa «que sean de vandos nin de treguas nin se ajunten con ellos en los tales tienpos de discordias», sino que llevaran sus diferencias a las Juntas de Guipúzcoa y por otra parte se aceptó un sistema electoral que dio un elevado protagonismo a las gentes de la Tierra. Dos jurados debían residir respectivamente en las collaciones de Santa María de Zumárraga y de San Miguel de Ezquiaga, frente a uno en la villa de Villarreal de Urréchua, así como se abrió la posibilidad de que la collación de Gabiria tuviera otro jurado, mientras estuviera en la vecindad de la villa. Algo similar sucedió con respecto a la designación de los fieles «provehedores del estado e fasienda del dicho conçejo de la dicha Villarreal e que estos Fieles con el alcalle e con los jurados repartan los pechos que acaesçieren, e que fagan saca o sacas e todas las otras cosas nesçesarias que al dicho conçeio recresçieren e segunt ellos ordenaren e fisieren e repartieren que vala e tengan e guarden». Un fiel debía residir en la villa, uno en Zumárraga, uno en Ezquiaga y otro en Gabiria. Además las tres llaves del arca de la villa, donde se guardaban el sellos y los privilegios, habrían de estar en manos del alcalde y de dos fieles. El alcalde «que sea syn sospecha e común, syn vandería alguna e pertenesçiente para ello», sí tenía la obligación de residir de forma exclusiva en la villa.49 A principios del siglo XV durante algunos años Villarreal de Urréchua entró en la vecindad de la villa de Segura, así como sus 49. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500), tomo I (1290-1400), pp. 149-169.

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vecindades de Zumárraga y Ezquiaga. Finalmente Ezquiaga se quedó en la villa de Segura, pero no así las otras dos.

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En Azcoitia en 1413 se produjo un reparto de los oficios concejiles (alcalde, fieles, jurados y los diez hombres buenos) entre quienes residían dentro y fuera la villa. En esta villa en 1484 se consagraba el reparto de los cargos municipales a partes iguales entre los habitantes de la villa y las localidades de la jurisdicción. En Cestona los diputados se nombran por mitad entre la Villa y la Tierra. En Elgueta en 1527 los nuevos oficios concejiles estaban condicionados por los electores que se designaban al efecto mediante sorteo entre los nombres —uno por cada casa no menor de 20 años— de los vecinos abonados introducidos en un cántaro. De este modo se sacaban 3 electores: uno de la villa y su arrabal, uno del valle de Galoza y otro del de Anguiozar. Alcalde y procurador debían ser ocupados cada tres años por la villa y su arrrabal, y los valles de Galoza y Anguiozar. Los tres electores nombraban también tres fieles, uno por zona. Tan sólo el jurado debía ser vecino y morador en la villa y su arrabal.50 En Villafranca de Ordizia en las elecciones concejiles intervenían diez diputados de las vecindades junto con los oficiales del concejo saliente.51 Igualmente cuando se determinaba el volumen del pecho a repartir entre los vecinos del cuerpo de la villa y de las vecindades se convocaban a 40 vecinos, 24 de las vecindades y 16 de la villa. Y las vecindades, que contaban con su jurado respectivo, designaban un fiel y procurador que atendía a las cuestiones hacendísticas con los dos fieles de la villa. Pese a todo en esta localidad se produjeron conflictos entre la villa y las vecindades. A principios del XVI los procuradores de las vecindades consideraron que eran excesivos los maravedís que se debía pagar por cada fuego pechero para sufragar el «pecho de Santa María de agosto», que comprendía el gasto ordinario del concejo, y la «foguera de la Provincia» o para financiar la contribución al sostenimiento de las Hermandades guipuzcoanas. Por este motivo se negaron a pagarlo y «lo otro porque avian repartido el dicho repartimiento echando e cargando tanto a los pobres commo a los ricos todo lo qual hasian por alivianar de la costa a sus cabeças los dichos repartidores». En 1506 el alcalde de la villa, Juan Martínez de Miranda, ordenó al fiel Lope García de Mújica que tomara prendas por el doble del valor de lo debido a los vecinos de las vecindades y universidades52.

50. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «La creación de nuevos sistemas de organización política en las villas guipuzcoanas al final de la Edad Media (siglos XIV-XVI)», en J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA (ed.), La lucha de bandos en el País Vasco: de los parientes mayores a la hidalguía universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI), Servicio Edit. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998, pp. 365-398 (pp. 383, 384 y 386). 51. L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, «Régimen municipal en Guipúzcoa (siglos XV-XVI)», Cuadernos de Sección. Derecho. San Sebastián (1984), pp. 77-129. 52. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Reales Ejecutorias, caja 212/45. Las vecindades

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2.2. Vizcaya

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En general las fuentes documentales de las villas vizcainas no contienen mucha información referente a las relaciones entre ellas y los pobladores de la Tierra. Quizá esta circunstancia se deba a la propia configuración institucional del Señorío de Vizcaya, donde la Tierra Llana tuvo una fuerte personalidad, como se aprecia en el denominado Fuero Viejo de Vizcaya redactado en 1452 y en los conflictos con los núcleos urbanos. Las villas vizcainas nacieron a costa de la Tierra Llana que estaba estructurada en merindades, cuya jurisdicción la ejercían el prestamero de Vizcaya, el merino y los alcaldes de fuero. Las últimas concesiones de fueros a villas se produjeron en 1376 paralizándose ya el proceso urbanizador. En Guipúzcoa y en Álava la realidad jurídicoinstitucional de la Tierra fue muy distinta. En Guipúzcoa la Tierra Llana, jurisdicción del alcalde mayor y de los merinos de Guipúzcoa, quedó reducida en el siglo XV a un territorio muy pequeño debido a que la mayoría del espacio de la Provincia pasó a formar parte de las villas o de las tres alcaldías mayores de Arería, Sayaz y Aiztondo. En Álava ya para 1332 un número importante de aldeas se incorporaron a las villas de Vitoria y Salvatierra, otras lo hicieron a las nuevas urbanizaciones del XIV. El resto de las gentes de la Tierra durante algún tiempo dependieron jurisdiccionalmente del alcalde y merino de Álava, oficios que pervivieron a continuación de la desaparición de la Cofradía de Álava en 1332, si bien la intensa señorialización que experimentó a lo largo del siglo XIV este territorio restó protagonismo a esta estructura jurídicoadministrativa. En lo que se refiere al Señorío de Vizcaya voy a comentar brevemente sobre todo los ejemplos de Orduña y Bilbao. 2.2.1. Orduña y la Junta de Ruzábal La villa de Orduña, que adquiere el título de ciudad hacia el año 1443, contó con una Tierra vigorosa e influyente desde el punto de vista políticoterritorial. Las ordenanzas de Orduña de 1373, que muestran las tensiones generadas a causa del pago de los impuestos, regulan que uno de los dos alcaldes de la villa residiera dentro del núcleo amurallado y el otro fuera. La mayoría de la población quería que los vecinos pagaran los tributos de acuerdo con las propiedades acumuladas por ellos, protestando que se derramara a cada uno la misma cantidad. Se señala asimismo que a las aldeas se les mantuvieran las franquezas que tenían hasta esos momentos. Estos

que pleiteron fueron Legorreta, Itsasondo, Alzaga, Arama, Goya, Beasain, Zaldibia y Ataun, que estaban tasadas con 65 fuegos en la foguera de la Provincia, frente a los 35 fuegos de la villa.

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estatutos contemplan la existencia de 24 hombres buenos, ordenan que 12 hombres buenos debían ser elegidos por el «concejo común» y otros 12 escogidos que «a voluntad de todos». De los dos procuradores uno debía proceder de la villa de fuera y era nombrado por el «concejo común», mientras que el otro lo nombraba el concejo cerrado.53 La designación de un alcalde y de un procurador procedentes del exterior del recinto amurallado es una muestra palpable de la influencia política de las gentes residentes en la jurisdicción de la villa y parece claro que debió haber algún tipo de participación de las gentes de la Tierra en la designación de 12 de los 24 hombres buenos. Estos hombres buenos eran los responsables de la política concejil, el alcalde de dentro tenía una de las dos llaves del arca donde se guardaban los sellos y otra el procurador de fuera, que igualmente contaba con una llave del arca financiera y de los privilegios de la todavía villa de Orduña. El uso del sello requería del visto bueno de los 24 y de los 2 procuradores, así como los gastos concejiles de los 2 alcaldes. Entre las aldeas de la Tierra debieron estar incluidas aquellas que finalmente, tras los pleitos surgidos por ellas con Orduña, pasaron en 1379 a a formar parte del señorío de Fernán Pérez de Ayala (Délica, Tertanga, Urruno, Aloria, Artomaña y Arbieto). Al menos desde mediados del siglo XV esa realidad políticoterritorial anterior se plasmó en la documentación escrita en una organización política denominada Junta de Ruzábal, que aglutinaba a varias aldeas de la ciudad de Orduña.54 La Junta de Ruzábal la constituían los concejos de Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo y Mendeica. Aproximadamente la mitad de la jurisdicción territorial de Orduña. Se llamó así porque se reunían junto a un roble que se hallaba en el campo de Ruzábal, en una encrucijada entre los cuatro concejos. Estas vecindades orduñesas que estaban en la Tierra de Orduña no tuvieron acceso, por el contrario, al desempeño de los oficios políticos de la ciudad, pero contaron con una Junta donde dirimieron sus problemas internos y buscaron los intereses comunes a los asociados, dirigidas por 8 fieles, 2 designados por cada concejo y donde trataron sus diferencias con el concejo de Orduña por cuestiones diversas, entre otras las relacionadas con el aprovechamiento de los pastos y con el pago de impuestos, y aquellas solicitudes requeridas por la monarquía o por los gobernantes urbanos «para hablar e azer las cosas cunplideras a nuestra republica e al

53. J. M. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, «Orduña en la Edad Media: del concejo abierto al concejo cerrado», Primeras Jornadas de Historia Local. Poder Local. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 15, Donostia-San Sebastián, pp. 57-76; del mismo autor «El régimen municipal de la ciudad de Orduña a fines de la Edad Media», en Congresos de Estudios Históricos. Vizcaya en la Edad Media, San Sebastián, 1986, pp. 383-386 y J. L. ORELLA UNZÚE, «Régimen municipal en Vizcaya en los siglos XIII y XIV. El señorío de la villa de Orduña», en Lurralde. Investigación y espacio, n.º 3, San Sebastián (1980), pp. 163-245. 54. J. I. SALAZAR ARECHALDE, La comunidad de aldeas de Orduña. La Junta de Ruzábal (siglos XVXIX), Edit. Ayuntamiento de Orduña, Bilbao, 1989.

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servicio de dios nuestro señor (…) y porque mejor y mas cumplidamente podamos vivir y estar todos nosotros y los que de aquí adelante sucederan e sean bezinos e moradores en la dicha junta a serbiçio de dios nuestro señor e al pro comun de la dicha junta e podamos mejor ser defendidos para la Corona Real».55 La Junta de Ruzábal se constituyó en una de las dos corporaciones políticas existentes en Orduña, la otra, con mayores competencias, fue la del concejo de la ciudad de Orduña.

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Las ordenanzas de la Junta de Ruzábal de 1516 confirman la afirmación institucional de esta organización, aunque la ciudad de Orduña se reservó el derecho de convocar a Junta General a los vecinos de los concejos señalados, que también podían ser llamados a Junta a solicitud de los concejos o de los fieles. La Junta General estaba compuesta, según las ordenanzas, por los «honbres yjosdalgo» de los concejos constituyentes, que tenían la obligación de acudir a las Juntas Generales, salvo ausencia de causa mayor justificada, bajo la pena de 5 maravedís a cada vecino que no acudiera. Según las ordenanzas la Junta podía imponer penas a quienes no cumplieran los diferentes capítulos contemplados en ellas, aunque cabía el recurso y la apelación ante el alcalde de la ciudad de Orduña y por supuesto tenía competencias para nombrar procuradores para que fueran «a la dicha ciudad de Orduña o a otra parte dentro de esa juridiçion (…) e fuera de la dicha ciudad y su jurediçion».56 2.2.2. Bilbao y sus anteiglesias Bilbao y su entorno más inmediato, que según algunos testimonios pudo contar con unos 1.500 vecinos hacia 1503, mantuvo numerosos rifirrafes y contiendas con los moradores de las anteiglesias próximas. Éstos, especialmente durante el siglo XV, presionaron al concejo de la villa, personal o corporativamente, para conseguir derechos que presuntamente monopolizaban los bilbainos. En la anteiglesia de San Vicente de Abando el concejo de Bilbao a fines del siglo XV no quiso consentir que Lope de Acha, maestre de nao, levantara una casa torre. Sancho Ortiz de Susunaga, alcalde de Bilbao sentenció en 1493 a favor de que Lope de Acha continuara con la contrucción de la casa iniciada con las consiguientes limitaciones: que fuera una casa llana como las otras y que no se pudieran descargar en ella mercancías, excepto las pertenecientes a él mismo y a sus herederos.57 55. J. I. SALAZAR ARECHALDE, La comunidad de aldeas de Orduña… etc., p. 155. 56. J. I. SALAZAR ARECHALDE, La comunidad de aldeas de Orduña… etc., p. 161. Véase asimismo J. L. ORELLA UNZÚE, «Las ordenanzas municipales de Orduña del siglo XVI», en La ciudad Hispánica en los siglos XIV-XVI, edit. Universidad Complutense de Madrid (1985), vol. II, pp. 337-375. 57. Pues «se fasia en grand perjuysio e dapno de la dicha villa e de la republica della e notoriamente contra los previlejos e hordenanças e franquesas e livertades de la dicha villa, porque sy aquella se fesiese se causarian della escandalos e ruidos e vandos e recresçeria gran detrimento e danno la

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El monopolio comercial fue una de las prerrogativas que con más ahínco defendieron las villas en los términos de sus jurisdicción por motivos fiscales ciertamente, pero asimismo para promocionar el desarrollo demográfico y económico en el interior de su perímetro amurallado. Se trataba igualmente de reducir la competencia económica de quienes residían fuera del recinto de la muralla. Esta realidad se aprecia en la documentación referente a la mayoría de las villas vascas (Bermeo, Portugalete, San Sebastián respecto a Pasajes, Fuenterrabía, Vitoria, Salvatierra de Álava, Villafranca de Ordicia, etc.). Bermeo pleiteó a fines del XV con la merindad de Busturia a causa de la jurisdicción por el control comercial de los puertos o fondeaderos de Portuondo y Arcaeta. En 1499 el concejo de Portugalete defendió su derecho a prohibir la venta de mercancías en los arrabales de la villa y la construcción de casas, pues las había vacías en el interior del recinto amurallado y se quería favorecer su poblamiento y su desarrollo.58 Portugalete en el siglo XV solía dar licencia a los taberneros y carniceros del lugar de Somorrostro para vender sidra o para «pesar carne por libras (…) fyncando a salbo al dicho conçejo de la dicha villa su derecho e prebillejos para adelante e dixieron que asy lo pedian por merçed al dicho conçejo e para en este dicho anno gelo quisiesen otorgar; e luego el dicho conçejo e ommes buenos de la dicha billa dixieron que gelo asy otorgaban las dichas libras para en el dicho anno e non mas, salbando beniendo las pedir todabia obedeçiendo a los prebillejos e costunbres (…)».59 Bilbao mantuvo serias diferencias con sus anteiglesias de Abando, Begoña y Deusto, cuyos términos formaban parte de la jurisdicción comercial de la villa. Por ello estas poblaciones y sus vecinos estaban sujetos al control de los mojones, de los pesos y de las medidas utilizados en los mesones y tabernas, etc.60 Portugalete y Bilbao en 1505 pleitearon con las anteiglesias y carga e descarga de la dicha villa». Que fuera «una casa llana e segund e como estan fechas otras casas en las comarcas de la dicha villa e por su syndico e procurador en su nonvre pedido e allegado, con las condiçiones, servidunbres e clausulas seguientes, es a saber: quel dicho Lope nin sus deçendientes nin colaterales nin otra persona alguna agora nin en tienpo del ninguno en la dicha casa non puedan faser nin fagan carga nin descarga alguna de mercaderos, salvo tan solamente de sus fardeles e mercaderias del dicho Lope o subçesores que en ella vyvieren e moraren, conpradas de su proyo dynero e para sy sólos, salvo que la tal mercaderia non sea nin pueda ser de ninguna pesqueria nin sal nin legunbre, e por conseguiente mando e declaro que en la su casa pueda descargar, poner e guradar qualesquier aparejos de sus naos». J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ; C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Colección Documental del Archivo Histórico de Bilbao (1473-1500), San Sebastián, 1999, n.º 245. 58. C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; E. LARGACHA RUBIO; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Colección Documental del Archivo Municipal de Portugalete, Edit. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1987, n.º 25 (año 1499). 59. C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; E. LARGACHA RUBIO; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Colección Documental del Archivo Municipal de Portugalete… etc., n.º 33. 60. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR; B. ARÍZAGA BOLUMBURU; M.ª L. RÍOS RODRÍGUEZ e I. VAL VALDIVIESO, del Vizcaya en la Edad Media. Evolución demográfia, económica, social y política de la comunidad vizcaina medieval, Edit. Haranburu Editor, San Sebastián, 1985, pp. 53-59.

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concejos que se ubicaban entre ambas villas (San Vicente de Abando, San Pedro de Deusto y San Vicente de Baracaldo) con el fin de monopolizar la carga y descarga de mercancías en sus puertos. Las poblaciones que recorrían «la rivera de la ria e cannal de la dicha villa de Vilvao e Porttogalete» quisieron sacar provecho del desarrollo comercial que se produjo en su entorno enfrentándose a las villas y acogiendo en su costa los barcos que llegaban con mercancías. Al menos lograron que los barcos de su propiedad que trajeran mercancías para ellos no tuvieran la obligación de atracar en los puertos de Bilbao y de Portugalete.61 Los pleitos entre los moradores de las anteiglesias de Bilbao y la villa afectaron al nombramiento de los mayordomos de la iglesia de Nuestra Señora de Begoña (anteiglesia de Begoña), a las compraventas de vino en las anteiglesias de Abando y Begoña, a las cargas y descargas de mercancías en el canal de la ría de Bilbao (anteiglesias de Baracaldo, Abando y Begoña),62 en Arrigorriaga y en Zarátamo. Las determinaciones de los gobernantes del concejo de Bilbao pretendieron impedir la competencia económica de los vecinos de las anteiglesias de Abando, Begoña y Deusto. En la segunda mitad del siglo XV el concejo de Bilbao acordó que los vecinos de dichas anteiglesias que fueran propietarios de heredades sujetas al pago del tributo del pedido dejaran de ser tenidas en cuenta en el libro del pedido de la villa de Bilbao para que perdieran con ello su derecho a que sus productos se pudieran vender en igualdad de condiciones que los vecinos de Bilbao en las tabernas, bodegas y tiendas propias o en las de la villa de Bilbao.63 En este sentido en 1480 se acordó lo siguiente: (…) por quanto os vezinos e moradores de las anteglesias de sennora Santa Maria de Begonna e sennor San Pero de Deusto e sennor Sant Biçenti de Abando que non son vezinos desta villa tienen çiertas binnas suias en el pedido desta dicha villa e en estas dichas antyglesias tienen tavernas e ventas e rebentas en grand dapno e perjuisio desta dicha villa e contra los previlejos della e

61. El licenciado García de Cotes, corregidor de Burgos, sentenció a favor de las villas, pero la Tierra Llana —de donde formaban parte las anteiglesias en litigio— apeló consiguiendo que la sentencia definitiva les permitiera hacerlo para su provisión. Tan sólo «para su provisión puedan asimismo los veçinos de los dichos conzejos e no ottra persona alguna de fuera de ellos cargar e descargar las mercaderias que fuesen suias propias que trujieren e llevaren e cargaren e descargaren en sus propios navios e no en ottra manera». C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; E. LARGACHA RUBIO; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Colección Documental del Archivo Municipal de Portugalete… etc., n.º 42. 62. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ; C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Colección Documental del Archivo Histórico de Bilbao (1501-1514), San Sebastián, 2000, doc. 291. 63. Varios capítulos de la segunda mitad del siglo XV correspondientes a las ordenanzas municipales de la villa de Bilbao así lo atestiguan.

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contra el tenor del capitulado que esta entre esta dicha villa e la merindad de Urive, e por ebitar estas tavernas e otras muchas cosas que son mucho provechosas a esta dicha villa e al conçejo e republica e vezinos della; por ende que, los sacan del libro del pedido desta dicha villa e que non paguen pidido doy, dicho dia, en adelante los duepnos de las tales vinas e heredades…e asymesmo que sea plegonado por esta dicha villa, por las plaças e cantones acostunbrados desta dicha villa que ningund vezino nin forano non fuesen ni sean ozados de meter e alonjar nin enbazar vino de las tales vinas e heredades, so pena de la pena del previlejo, que non sea vezino con casa e caveça e heredades en esta dicha villa en ninguna manera, porque ninguno pretenda ynorançia.64

Los gobernantes de Bilbao actuaron con rotundidad y contundencia para beneficiar a los vecinos de la villa en detrimento de los de las anteiglesias. Como es sabido el impuesto del pedido se solía pagar a través de derramas que tenían en consideración el valor de los bienes inmuebles de los vecinos. De este modo se hacían relaciones de los bienes que estaban sujetos al pago del tributo. Había viñas y heredades de vecinos de las anteiglesias que soportaban el pago del pedido de la villa. Como su producción vitivinícola perjudicaba a los propietarios de viñas del núcleo amurallado se adoptó una solución drástica: se sacó del libro del pedido dichas heredades. De esta manera al no estar sujetas al pago del impuesto tampoco tenían derecho sus propietarios a disfrutar de las ventajas económicas inherentes al mismo. En suma, pagar los impuestos sobre una base impositiva centrada en la valoración de los bienes patrimoniales otorgaba una serie de derechos. Que dichos bienes no se tuvieran en cuenta para sufragar el pedido tenía como efecto la pérdida de los mismos. El ejemplo de Bilbao es, sin embargo, paradigmático, pues las anteiglesias consiguieron finalmente desgajarse de la jurisdicción económicocomercial de la villa. En este sentido no conviene pasar por alto que algunos caballeros solariegos vascos (Madariaga en Deusto, Butrón en Begoña, Mújica y Butrón en Deusto) y familias destacadas de Bilbao (Leguizamon, Arbolancha y Barraondo) tuvieron depositados intereses económicos y patrimoniales a fines de la Edad Media en los términos de las anteiglesias de San Pedro de Deusto, Santa María de Begoña y San Vicente de Abando. El conflicto por cuestiones decimales entre los señores de patronato laico, el preboste de Bilbao y los clérigos de las iglesias de Bilbao no puede sustraerse en modo alguno de las diferencias jurisdiccionales existentes entre las anteiglesias y la villa de Bilbao.65 Igualmente la anteiglesia de Abando llegaba hasta la ría y no estaba 64. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ; C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Ordenanzas Municipales de Bilbao. (1477-1520), San Sebastián, 1996. 65. En 1504 doña Teresa Luis de Butrón era patrona de las iglesias de Santa María de Begoña y de San Vicente de Abando, lo que le daba derecho a percibir una parte de sus diezmos parroquiales.

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dispuesta a dejar de participar de las rentas que se generaban alrededor de la misma. También es cierto que a fines del XIV hombres labradores de las anteiglesias de Arrigorriaga, Galdácano y Zarátamo se avecindaron en la villa de Bilbao para protegerse de los presuntos abusos de algunos hidalgos de Vizcaya, motivo por el cual los labradores de algunas universidades (anteiglesia de Santa María de Galdácano) buscaron el apoyo de Bilbao para no contribuir en los pedidos y repartimientos del Señorío de Vizcaya, alegando que como vecinos de Bilbao lo hacían en esta villa.

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Por otra parte el concejo de Bilbao hizo todo lo posible desde fines del siglo XV por evitar la creación de pequeños centros de redistribución comercial en las anteiglesias próximas de Baracaldo y de Arrigorriaga, señalando en el primer caso que contaba con privilegios que lo impedían y afirmando que detrás de estos movimientos se hallaban los Condestables de Castilla, Pedro Fernández de Velasco, fallecido en 1492 y su hijo Bernardino Fernández de Velasco y en el segundo Pedro López de Ayala, Conde de Salvatierra. Bilbao defendía de ese modo el privilegio concedido por el infante Juan: «que no aya venta nin rebenta desde Bilbao fasta Araeta nin fasta Varacaldo nin fasta Çamudio y que no se pudiese alli haser puebla nin villa nueva nin otra cosa que fuese en danno nin en perjuyzio de la dicha villa».66 Ya a fines del XIV la villa se había opuesto a la creación de una nueva puebla en UgaoMiravalles por el mismo motivo.67 Éstos son temas que conviene analizar más en profundidad. En todo caso los hidalgos de las anteiglesias hicieron lo que pudieron para participar del negocio económico que se generaba en estos espacios, del que resultaba uno de sus principales beneficiarios la villa de Bilbao. A mediados del siglo XV el corregidor de Vizcaya ratificó los acuerdos entre Bilbao y las anteiglesias de Santa María Magdalena de Arrigorriaga, San Vicente de Abando, San Vicente de Baracaldo y San Llorente de Zarátamo que imponían una serie de restricciones a las compraventas de mercancías en las mismas. El concejo de Bilbao quiso impedir la creación de auténticas pueblas-mercado en su entorno, lo que hubiera debilitado su desarrollo económico, fiscal y financiero. Y echaba la culpa de las irregularidades y conflictos existentes con las anteiglesias a las discrepancias entre los linajes y bandos de la villa, así como

E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media: oligarquías y élites urbanas en el País Vasco, Edit. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 2004, pp. 464-465. 66. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ; C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, Colección Documental del Archivo Histórico de Bilbao (1473-1500)… etc., n.º 240. 67. En 1373 los procuradores de Bilbao se dirigieron al infante Juan que impidió a los concejos de Arrigorriaga, Zarátamo, Olabarrieta y Arrancudiaga que levantaran una puebla en «Ugao ni en otra parte desde Vilvao en Araeta, ni tengan venta ni reventa ni regateria (…)». S. AGUIRRE GANDARIAS, Las dos primeras crónicas de Vizcaya, Bilbao, 1986, pp. 215-216. Aunque en 1375 se fundó la villa de Miravalles.

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a su escasa preocupación por «conservar el bien e interes publico de la dicha villa, e dandoles para ello a los escuderos, sus parientes e aderentes de las dichas anteyglesias porque fesiesen e cometiesen las dichas fuerças e usasen contra los previllejos de la dicha villa».68

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Algunas anteiglesias lograron sus reivindicaciones más extremas. La sentencia del licenciado Cueto del año 1500 significó la pérdida de la jurisdicción sobre la Tierra donde ejercía su dominio económico-comercial el concejo de Bilbao, que de influir sobre un territorio de unas sesenta hectáreas, quedó circunscrito a unas 8 hectáreas, tan sólo un poco más de las 6,07 hectáreas del perímetro amurallado.69 Lógicamente los gobernantes de Bilbao para recuperar sus presuntos derechos jurisdiccionales emprendieron una serie de pleitos que perduraban en tiempos de Carlos V. Las anteiglesias contaron con el paraguas institucional de las Juntas Generales de la Tierra Llana. El procurador de la villa de Bilbao, Juan Martínez de Marquina, se opuso a la sentencia del licenciado Cueto y pidió que se retiraran los mojones que mandó poner dicho corregidor. Le acusó de haber acuchillado a tres clérigos de orden sacra, siendo excomulgado por ello, y sostuvo que por este motivo había sido anulada su capacidad para emitir sentencia alguna. Quería conseguir con este discurso la nulidad de la sentencia. En este discurso el procurador de los bilbainos cuestionó el pactismo político de los vizcainos fundamentado en la leyenda de Jaun Zuria recogida en las crónicas de la época70 y defendió por encima de todo que la autoridad en el Señorío descansaba en los Señores de Vizcaya, miembros de la Alta Nobleza y más adelante también reyes de Castilla. El concejo de Bilbao acusó al corregidor, que sentenció a favor de los moradores de la Tierra, de servirse de crónicas viejas y patrañas que no venían al caso. El texto es de una expresividad manifiesta: (…) porquel dicho liçençiado Cueto disando de mirar e seniar por los dichos prebillejos presentados por los dichos mis partes tomo otro camino que fue de

68. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ; C. HIDALGO de CISNEROS AMESTOY; A. LORENTE RUIGÓMEZ; A. MARTÍNEZ LAHIColección Documental del Archivo Histórico de Bilbao (1300-1473), Donostia, 1999, número 86. 69. J. Á. GARCÍA de CORTÁZAR RUIZ de AGUIRRE, «Bilbao, 1300-1511: del vado al Consulado», en J. TUSELL GÓMEZ (ed.) Bilbao a través de su historia. Ciclo de conferencias conmemorativas del 700 Aniversario de la fundación de la villa de Bilbao, Edit. Fundación BBVA, Bilbao, 2004, pp. 15-34 (pp. 3334) y A. M.ª RIVERA MEDINA, La civilización del viñedo en el primer Bilbao (1300-1650), Edit. UNED, Madrid, 2011, p. 28. 70. Entre otras en la obra «Bienandanzas e Fortunas» de Lope García de Salazar. Véase L. GARCÍA de SALAZAR Las Bienandanzas e Fortunas, edic. de Angel Rodríguez Herrero, Bilbao, 1984, 4 vols. Sobre dicha leyenda remito al trabajo de J. JUARISTI, La leyenda de Jaun Zuria, Bilbao, 1980 y al trabajo de E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «La Edad Media en los mitos y leyendas de la historiografía vasca», Revista Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 26. Homenatge a la profesora Dra. Carme Batlle i Gallart, Barcelona, 2005, pp. 717-740. DALGA,

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coronicas e viejas e patrannas que dizen que un ynfante don Çuria que vino de Ascoçia e fue capitán de los viscaynos e peleo con el rey de castilla sobre sus libertades e porque bençio le dieron la mitad de la tierra e la otra mitad quedo con ellos con toda la juridiçion lo qual aunque algo dello oviese pasado e paresçiese por las coronicas de Viscaya faze muy poco en este caso especialmente para quebrantar sus prebillejos a la dicha villa porquel señor de Viscaya pudo tener una legua enderredor de donde poblo la dicha villa de Vilvao e la juridiçion de todo el condado por su mismo fuero e por uso e costumbre se prueba ser del señor e no de los hijosdalgo de la dicha tierra que claro es que los alcaldes del fuero e prestamero e merinos los ponían los sennores de Viscaya e endespués que fue encorporada Viscaya en la Corona Real han puesto los dichos alcaldes del fuero e prestamero los reyes de gloriosa memoria vuestros progenitores e fasen merçed del los dichos ofiçios a quien quieren e de manera quel dicho señor rey don Iohan el primero pudo muy bien dar el dicho termino e juridiçion a la dicha villa e en querer el dicho corregidor dar mas fee e credito a las dichas patrannas que a los dichos prebillejos e uso e exerçicio dellos notoriamente lo herro e aun tento atribuir la juridiçion a los escuderos de la dicha Tierra Llana e la quitar a vuestra altesa sy es cierto lo que dice que los sennores del dicho condado non tenian juridiçion porquel dicho señor rey don Iohan suçedio en el sennorio del dicho condado en la misma forma e manera que lo tenían los sennores que fueron della e aun asy segund dicho comun commo segund los ordenamientos destos reynos vuestra altesa tiene la juridiçion fundada.71

Asimismo los conflictos entre otras villas vizcainas y las gentes de las anteiglesias ubicadas en su entorno por diferencias relacionadas con los términos y la jurisdicción fueron frecuentes a lo largo del siglo XV. Guernica con Juan Sánchez de Meceta por el patronazgo de San Pedro de Luno; Lequeitio con los concejos de las anteiglesias de Guizaburuaga, Murelaga, Ispáster, Amaroto y Mendeja;72 Durango con Mañaria, Izurza y Abadiano, así como con la Merindad de Durango que disputó al concejo de la villa a principios del XVI el arrabal de la Cruz que estaba al otro lado de la muralla, etc. La diferenciada personalidad política existente en el Señorío de Vizcaya entre las villas y la Tierra Llana con sus respectivas merindades que disponían de una jurisdicción específica no sólo auspició la extensión territorial de las

71. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de Vizcaya 379,1/382,1. 72. Los conflictos entre los concejos de dichas anteiglesias y los clérigos de Santa María de Lequeitio relacionados con el interés de las primeras por desgajarse de la iglesia matriz tampoco pueden desligarse de la rivalidad y competencias económicas, sociales y políticas entre la villa de Lequeitio y los pueblos colindantes. Paralelamente el concejo de Lequeitio seguía pleitos por cuestiones de términos con los parroquianos de dichas anteiglesias, sujetos eclesiástica y espiritualmente a las autoridades eclesiásticas de Lequeitio (E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media: oligarquías y élites urbanas en el País Vasco… etc., pp. 485-486).

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primeras a costa de las segundas, sino que tenemos casos de todo lo contrario, es decir, del crecimiento de la Tierra Llana a costa de las villas que quedaron circunscritas en gran medida al núcleo amurallado, así como de la presión de las anteiglesias por limitar los derechos jurisdiccionales de las villas sobre las actividades económicas desarrolladas en los puertos ubicados en la Tierra Llana. De ahí que en la mayoría de los términos jurisdiccionales de las villas vizcainas apenas hubiera agrupaciones de carácter aldeano. Los procuradores de las anteiglesias integradas en la Tierra Llana utilizaron en bastantes ocasiones las Juntas del Condado y sus oficiales (a fines del siglo XV contaban con dos diputados generales y dos procuradores generales) para defender sus intereses y su propia personalidad jurídicopública frente a las villas. 2.3. Álava

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En Álava hubo varios núcleos urbanos que llegaron a consensuar puntualmente sus relaciones jerarquizadas con las aldeas favoreciendo la formación de Juntas en la Tierra. Me detendré a comentar ejemplos de las tres villas más relevantes de la Provincia de Álava: Laguardia, Vitoria y Salvatierra. 2.3.1. Laguardia y sus aldeas En la Comunidad de Villa y Tierra de Laguardia varias aldeas fueron adquiriendo algunas competencias de carácter jurisdiccional durante el siglo XV, si bien de las sentencias de estos jueces se podía apelar al alcalde de la villa de Laguardia. Las aldeas de la Tierra de Laguardia formaban parte de su jurisdicción desde la concesión del fuero a la villa en 1164. La Comunidad de Villa y Tierra de Laguardia se distribuyó en el siglo XV, desde un punto de vista políticoterritorial, en tres tercios, el de la villa, el de Cripán y el de Samaniego.73 Para aquellas decisiones políticas de mayor envergadura se requirió la presencia de procuradores de cada uno de los tercios en los Ayuntamientos de Villa y Tierra: repartimientos fiscales para financiar las decisiones políticas locales, confirmación de las elecciones munici-

73. Estos dos últimos englobaban a todas las aldeas. El de Cripán comprendía las aldeas de Cripán, Elvillar, Viñaspre, Lanciego, Yécora, Moreda, Oyón y Esquide. El de Samaniego las aldeas de Samaniego, Leza, Baños (de Ebro), Villaescuerna (Villabuena), Navaridas, Elciego, Páganos y Berberana. El de la villa incluía también la aldea de La Puebla (de la Barca). Los pobladores de los tercios de las aldeas tenían derecho a convocar a sus pobladores a reuniones para iniciar o seguir pleitos, para solicitar repartimientos con que costearlos, o para proteger sus tierras y ganados de los ladrones y delincuentes. Véase E. GARCÍA FERNÁNDEZ, La comunidad de Laguardia en la Baja Edad Media (13501516), Edit. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1985, pp. 46-54.

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pales y defensa de los términos de la jurisdicción ante posibles ataques militares. Pero los pobladores de las aldeas no intervinieron en la elección de los oficios concejiles de la villa y por supuesto tampoco pudieron ser elegidos a los mismos. Tan sólo podían influir en la política impulsada por los dirigentes urbanos en los concejos de Villa y Tierra, adonde podían enviar en 1438 dos procuradores por cada Tercio, y más tarde un procurador por cada una de las aldeas de los tres Tercios en que estaba dividido el término jurisdiccional de Laguardia. La aprobación de los acuerdos tratados en el concejo de Villa y Tierra no podía llevarse a efecto si los gobernantes de la villa no habían convocado a los procuradores de los Tercios, cuya capacidad de actuación en la práctica estaba muy limitada, restringiéndose a la aprobación o desaprobación de los acuerdos de los gobernantes urbanos. Uno de los temás que más quejas provocó entre los habitantes de las aldeas fue el pago de los impuestos y el destino de la hacienda concejil. Ya en 1365 se produjo un conflicto entre «l’alcalde e jurados el clavero de la billa de Lagoardia d’una parte e el conceio e aldeas del dicho logar de la otra sobre çiertas espensas et mesiones fechas por los dichos alcalde jurados e claver de por el dicho conçeio».74 A fines del XIV tampoco plació a los pobladores de las aldeas la obligación de acudir a defender la villa de Laguardia, abandonando las aldeas donde residían. Los pleitos por la concesion de solares para edificar entre las aldeas y la villa no fueron inusuales en el curso de los siglos XIV y XV , sobre todo cuando los dirigentes urbanos recibían quejas de los lugareños. En 1500 litigaban por la concesión de un solar el concejo, jurados y hombres buenos de Elvillar, convocado a campana repicada y que solía reunirse en la iglesia de Santa María de la localidad, y la villa de Laguardia. Los primeros aducían que nunca habían intervenido los regidores de Laguardia en este tipo de concesiones al ser términos específicos de la aldea, pero que ahora lo habían hecho quitando dicha prerrogativa al concejo de Elvillar «contra derecho». Como protesta los jurados de Elvillar («del logar de Byllar aldea que es de la bylla de Laguardya») quitaron los mojones del solar concedidos a un particular para que realizara una edificación en el término del Somillo. Los dirigentes de Laguardia sostuvieron que los jurados no podían llevar a cabo la concesión de solares, ni disponer de los suelos, montes, prados y ejidos, ni donarlos, ni venderlos «sin dar parte nin cuenta a la dicha villa».75

74. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, La comunidad de Laguardia en la Baja Edad Media (1350-1516)… etc., p. 121. 75. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Zarandona y Wlas, olvidados, c. 393/4.

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2.3.2. Vitoria y sus aldeas

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Los labradores e hidalgos de las aldeas de Vitoria, adquiridas entre 1181 y 1332,76 pleitearon durante el siglo XV con el concejo vitoriano no tanto por escapar a su jurisdicción, cuanto por motivos económicos, fiscales y financieros, así como porque consideraron que su participación política en los asuntos locales y provinciales era insuficiente. Los procesos judiciales tramitados ante los tribunales de justicia demuestran que periódicamente se produjeron choques entre ambas partes durante el siglo XV. En los documentos conservados no se reclama en ningún momento el derecho a acceder al desempeño de los principales oficios concejiles (alcaldes, regidores y procurador general), pero sí lucharon por contar con diputados en el concejo, con un alcalde de hermandad y por influir en aquellas decisiones políticas del concejo de Vitoria que les podían atañer. En 1463 se habían aprobado las ordenanzas de las Hermandades Alavesas y Vitoria se había reservado el nombramiento de los alcaldes de Hermandad de la toda la jurisdicción. Al año siguiente los procuradores de los hidalgos de las aldeas reclamaron en vano contar con un alcalde de Hermandad. Los jueces árbitros alegaron que los hidalgos de las aldeas de Vitoria pertenecían a su jurisdicción y que por este motivo no tenían derecho alguno a tener un alcalde de Hermandad. Los hidalgos de las aldeas no querían ser juzgados por los alcaldes de Hermandad de Vitoria, sino por los designados por ellos mismos. Esta reivindicación, que posteriormente se concretará, se mantuvo en los años sucesivos y tuvo sus frutos correspondientes. A principios del siglo XVI, el procurador de los labradores de las aldeas, afirmó que «los fijosdalgo de la dicha tierra que solian tener su alcalde de hermandad, toviesen tambien dos deputados e agora los tienen en el ayuntamiento de la dicha çibdad».77 Y así lo reconoció en parte Diego Martínez de Álava, Diputado General de Álava, pero dejando claro que el alcalde de hermandad de los hidalgos era un simple ejecutor de las sentencias de los alcaldes de hermandad de Vitoria y que debía actuar conjuntamente con ellos y no de forma independiente.78 Los hidalgos no consiguieron un alcalde de hermandad con

76. Las diferencias entre los hidalgos de las 41 aldeas y la villa-ciudad de Vitoria se produjeron desde la misma incorporación. La dependencia jurisdiccional del alcalde de Vitoria desde 1332 supuso la salida de la jurisdicción de los alcaldes de Álava, una vez desaparecida la Cofradía de Álava en dicho año. Véase J. R. DÍAZ de DURANA, Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Edit. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1984, pp. 38-46. 77. Véase, F. J. GOICOLEA JULIÁN; E. VILLANUEVA ELÍAS; J. A. LEMA PUEYO; J. A. MUNITA LOINAZ; J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, Honra de Hidalgos, yugo de labradores: nuevos textos para le estudio de la sociedad rural alavesa (1332-1521), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2005, pp. 116-122 y 176. 78. «(…) puede aver veynte e çinco años poco más o menos, que los dichos hijosdalgo se juntaban con los caballeros e grandes de aquellas comarcas, e bevian con ellos e los servian e seguian contra el serviçio de Vuestra Altesa, contra el bien e pro comun de la dicha çibdad; y Sus alteças, por escusar

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las mismas competencias que los dos alcaldes de Hermandad de Vitoria, pero sí que una persona con la misma denominación, aunque con menos competencias, colaborara con ellos. Los hidalgos de las aldeas quisieron en 1464 ir aún más lejos en sus reivindicaciones al negarse a pagar determinados tributos exigidos para el reparo de los muros y puentes, el ensanche de los caminos, etc., a los que sin embargo contribuían los hidalgos de la ciudad de Vitoria. La respuesta de los jueces árbitros fue que debían contribuir si ya se habían gastado las «rentas apartadas del comun, como son las rentas que la çiudad arrenda por propios suyos, deben ser primeramente despendidas, e sy non cumplieren e non ovieren otra cosa alguna del comun». Los jueces les consintieron tener pesos en las aldeas, roturar los mostrencos y que sus ganados pastaran en las tierras de las aldeas viejas y despobladas. Especificaron que el corregidor debía ser pagado con «los propios del comun» y que los hidalgos habrían de contribuir tan sólo «en los casos que los derechos ponen que los omes fijosdalgo deben pechar». Así mismo liberaron a algunos hidalgos de las penas a que habían sido condenados por los alcaldes de Vitoria y acordaron que se les devolvieran los asnos, si el vino que en ellos se traía era para su propia provisión y no para ponerlo a la venta.79 Desde la llegada al trono de los Reyes Católicos los pleitos entre los hidalgos aldeanos y los ciudadanos de Vitoria no cesaron. En 1475 los vitorianos acusaron a los escuderos de la jurisdicción de haber «querido nuevamente faser e crear alcalde nuevo entre sí en perjuicio de la dicha çibdad é en quebrantamiento de los privilegios que tenedes, lo cual dis que han fecho e facen con intencion de se apartar e exemir de la jurisdiccion desa dicha çibdad e de los alcaldes e justicia della». Los Reyes Católicos ordenaron que no se innovara al respecto.80 En 1476 en estos conflictos siguen estando muy presentes los motivos tributarios: el pago de la sisa del vino, el pago de contribuciones «concernientes al pro comun de la dicha çibdad e su tierra (…) e en costas de Herman-

escandalos e por los encorporar e juntar con la dicha çibdad, dieron provisyon e merced nueva para que toviesen alcalde e dos deputados, e el dicho alcalde non puede jusgar cosa alguna salvo prender e traer los presos a la carçel de la dicha çibdad, e conocer juntamente con dos alcaldes de la hermandad que ay en la dicha çibdad, e los dichos dos diputados se juntan con otros onse diputados de la dicha çibdad e con el alcalde ordinario e dos regidores e el procurador síndico, e estos hasen conçejo syn otro llamamiento ni ayuntamiento de personas de çibdad e tierra» (ca. 1509). Véase F. J. GOICOLEA JULIÁN; E. VILLANUEVA ELÍAS; J. A. LEMA PUEYO; J. A. MUNITA LOINAZ; J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, Honra de Hidalgos, yugo de labradores… etc., pp. 177-178. 79. F. J. GOICOLEA JULIÁN; E. VILLANUEVA ELÍAS; J. A. LEMA PUEYO; J. A. MUNITA LOINAZ; J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, Honra de Hidalgos, yugo de labradores… etc., pp. 116-122. 80. T. GONZÁLEZ, Colección de Cédulas, Cartas-Patentes, Provisiones, Reales órdenes y otros documentos concernientes a las Provincias Vascongadas, copiados de orden de S.M. de los registros, minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de Simancas y en las Secretarías de Estado y del despacho y otras oficinas de la Corte, Madrid, Imprenta Real, 1829-1833, n.º VIII.

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dad comun e otras semejantes» y el control de las mercancías a su paso por las aldeas, pues podía suponer una disminución de los ingresos fiscales de la ciudad.81 Por estas fechas el concejo de Vitoria prohibía que los escuderos de las aldeas tuvieran pesos y medidas en sus casas o mesones donde se acogiera a los mercaderes y comerciantes.82

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A la lista de diferencias enumeradas se añadieron la pertenencia y utilización de los ejidos y de las zonas de pastos de los términos de las aldeas viejas —las primeramente adquiridas— y nuevas a los vecinos de Vitoria y a los escuderos de la Tierra, así como los derechos de aprovechamiento del pasto y de la madera de las aldeas despobladas, cuestiones en las que se favoreció los intereses de la ciudad. En este sentido los vitorianos se preocuparon porque los ganados de los carniceros de la ciudad destinados al abastecimiento de las carnicerías pudieran pastar en los términos de las aldeas. Todo ello implicó que se pusiera límite a los escuderos para roturar en los ejidos «comunes e conçegiles», en las zonas de pasto, así como la exigencia a los mismos de que devolvieran todas las tierras que habían roturado ilegalmente durante los últimos cuarenta años.83 Además el procurador de la ciudad de Vitoria alegó ante la Corte que los escuderos de las aldeas no podían levantar casas en solares vacíos sin su licencia, que no podían tener alcaldes de hermandad propios y que el derecho de venta de las aldeas despobladas era una competencia exclusiva de la ciudad. Los escuderos, como presuntos herederos de la desaparecida Cofradía de Álava, argumentaron en vano los derechos que les correspondía como tales, reivindicando contar con un fuero específico sobre todo en lo que concernía a los alcaldes de hermandad y la exención de pagar pechos y servicios. Sin embargo, los Reyes Católicos sentenciaron en 1476 que los escuderos formaban parte de la vecindad de la ciudad y que debían someterse a su fuero en todo, pues las 41 aldeas le habían sido adjudicadas al concejo de Vitoria, siendo «partidas del fuero uso e costunbre de los cofrades de Alava por donde paresçe que los vesinos de los conçejos de las dichas aldeas fidalgos e labradores

81. J. R. DÍAZ de DURANA, Vitoria a fines de la Edad Media… etc., pp. 42-46. Los mulateros tenían la obligación de hospedarse en la ciudad de Vitoria si iban cargadas sus recuas con mercancías. Los «escuderos» de las aldeas tenían prohibido acogerlos en sus posadas y mesones. 82. En relación con el pago de los impuestos aducían que «eran tenudos e obligados a pechar e contribuyr con los otros escuderos fijosdalgo de la dicha çibdat en todos los repartimientos e derramas que se fisiesen para conpra e ensanchamiento de terminos e para rreparos de la çerca e cavas e calçadas de la dicha çibdat e para fuentes e puentes e en el salario de los corregidores e en otras cosas semejantes e asy mesmo eran tenudos e obligados de los ayudar en tiempo de neçesydat e de velar e rondar con ellos la dicha çibdat e gela ayudar a defender e guardar». Archivo Municipal de Vitoria 5/25/10. 83. Véase J. R. DÍAZ de DURANA y J. L. HERNÁNDEZ, «La expansión del siglo XV en el nordeste de la Corona de Castilla: Ocupación del suelo y rompimiento de tierras en la jurisdicción de Vitoria», Congreso de Estudios Históricos. La Formación de Álava, Vitoria (1984), pp. 237-257.

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son aforadas al fuero de Vitoria e deven ser regidos por el fuero uso e costunbre de Vitoria» y que debían contribuir del mismo modo que los escuderos de la ciudad en todos los impuestos exigidos por sus gobernantes «conçernientes al pro comun de la dicha çibdat e su tierra (compra y ensanchamiento de términos, reparo de fuentes, puentes y calzadas) (…) e en costas de hermandat comun e otras semejantes neçessidades comunes», salvo en aquellos casos relacionados con el reparo de los muros y cavas y con el pago de los tributos regios, debido a que los escuderos de las aldeas se les aplicaba en este asunto el «fuero de Soportilla».84 Asimismo en la sentencia se ordenó que se devolvieran las tierras roturadas en los ejidos durante los últimos años «para que todos los puedan paçer con sus ganados e aprovecharse dellos». Entre 1476 y 1480 se prohibió a los escuderos tener mesones donde acoger a los recueros que vinieran con mercancías, pues Vitoria tenía dicho monopolio. Los recueros que vinieran con sus acémilas sin carga alguna podían ser acogidos en los mesones de las aldeas y si llegaban con mercancías a horas intempestivas, al anochecer, podían ser asimismo acogidos, pero a primera hora del día siguiente debía ser notificado a los dezmeros de la ciudad. En 1476 los escuderos de las aldeas lograron la designación por los oficiales de Vitoria de un alcalde de Hermandad entre las cuatro personas «ricas, abonadas y suficientes» propuestas por ellos, con el derecho a intervenir con las mismas funciones que los alcaldes de hermandad de la ciudad. En 1480 los reyes confirmaron dicha designación. De este modo se pretendió evitar que los escuderos se constituyeran en una Hermandad diferenciada de la de Vitoria. En este sentido Fernando el Católico ordenó «que los dichos escuderos no entrasen dende en adelante en hermandad alguna a vos de universidad salvo con la dicha çibdat», circunstancia que pudo haberse producido en los años anteriores, lo que debilitaba la fortaleza política de los vitorianos en las Hermandades Alavesas. Igualmente los escuderos e hidalgos de las aldeas consiguieron en 1476 el nombramiento de 2 diputados «de los dichos escuderos de la tierra de Vitoria (…) de los mas ricos e abonados e sufiçientes dellos» que pudieran acudir libremente a las reuniones concejiles y que debían ser convocados de forma expresa a las mismas si se fueran a abordar cuestiones relacionadas con la solicitud de tributos a la ciudad y a la Tierra. Sus competencias tenían el mismo nivel que las de los 11 diputados de la ciudad de Vitoria, contando con derecho a voto en las sesiones del ayuntamiento. Los escuderos lograron que

84. Parece referirse la exención sobre todo al pago del tributo del pedido, de empréstitos, ayudas, servicios, portazgos —salvo en ciertos lugares—, rasuras, cucharas y el pecho real. Igualmente estaban exentos de «lievas de pan e guias e carretas e lievas de petrechos por mandado de rey e otras semejantes cosas». Esta franqueza no atañía, según la sentencia, a la moneda forera, a la martiniega y al yantar.

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los vecinos de Vitoria no pudieran cortar madera para su abastecimiento y la contrucción de sus casas de los montes de las aldeas sin el permiso del respectivo concejo aldeano. Los ciudadanos sí lo podían hacer de los «montes altos», de la misma manera que lo hacían los aldeanos. Los escuderos de las aldeas también obtuvieron permiso para disponer de balanzas con las que pesar en sus casas mercancías destinadas al consumo interno, que no fueran traídas por extranjeros. Las licencias de nuevos solares en las aldeas debían ser consensuadas entre el concejo de Vitoria y representantes de las aldeas (2 diputados de los escuderos y 1 de cada aldea donde se fuera a levantar el edificio). Tan sólo se reservaba este derecho a los vitorianos si las aldeas se hubieran despoblado.

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En Vitoria el 6 de septiembre de 1476 los «labradores y hombres buenos pecheros» de la jurisdicción de la Tierra de la ciudad de Vitoria fueron conminados por el rey Fernando el Católico a limpiar los cauces de los ríos y a contribuir en los repartimientos que a tal efecto les demandara el concejo de Vitoria, al haberse negado a hacerlo. Los oficiales concejiles de Vitoria defendieron la reclamación de peones a los labradores aldeanos para que limpiaran los cauces cegados de los ríos recurriendo para ello a una provisión regia remitida a la ciudad que ordenaba su limpieza «a causa de la gente francesa e de los movimientos de mis reinos», es decir, por motivos militares.85 La desconfianza de los gobernantes de la ciudad de Vitoria respecto a los escuderos de la Tierra les llevó a solicitar en 1495 la extensión a las gentes de las aldeas de los juramentos antibanderizos que habían realizado en 1476 los residentes en la ciudad. Se trataba de que se apartaran de dichas parcialidades, de los linajes y de que juraran «la comunidad», pues aunque «fuiste requeridos con la dicha sentencia para que ficiésedes el dicho juramento diz que aunque la obedecisteis que no la cumplisteis». Isabel y Fernando ordenaron a los escuderos que realizaran dicho juramento.86 Sin duda, en una época en que los pleitos entre la ciudad y las aldeas se hallaban en su momento más álgido, algunos hidalgos y labradores de la Tierra no habían tenido reparo en asociarse y en establecer relaciones con los señores de vasallos o con sus administradores. No en vano en los alrededores de la jurisdicción de Vitoria había comarcas pertenecientes a los Duques del Infantado, a los Mendoza, a los Hurtado de Mendoza, a los Ayala, a los Guevara y a los Avendaño. A su vez estos señores de vasallos en sus disputas con las Hermandades Alavesas arrastraron con ellos a gentes de Álava y probablemente asimismo de la Tierra de la jurisdicción de Vitoria. De ahí que todavía en 1499 los Reyes Católicos ordenaran que nadie acudiera a sus llamamientos, opiniones y apellidos, así como que se interviniera ante los caballeros para que despidie-

85. T. GONZÁLEZ, Colección de Cédulas… etc., n.º IX. 86. T. GONZÁLEZ, Colección de Cédulas… etc., n.º XLI.

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ran a la gente que estuviera con ellos en «las tales asonadas e escándalos e alborotos e que despidan la gente que asi tovieren allegada e non vuelvan mas a la Junta, nin llamar nin faser las dichas asonadas e escándalos». Se encargó dicho cometido al Diputado General de Álava, para evitar las «asonadas e escándalos de gentes en esa dicha çibdad de Vitoria e su Provinçia e Hermandades e sus adherentes e comarcas». En la misma línea en 1500 se prohibió que los vasallos del rey en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava vivieran con otros señores.87

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En 1509 el procurador de los labradores de las aldeas solicitó a los reyes castellanos una solución similar a la que habían conseguido a finales del siglo XV y comienzos del XVI los hidalgos de las aldeas en el ámbito de las Hermandades de Álava. Sobre todo demandaron un alcalde de hermandad y un procurador, de igual manera que lo poseían otras hermandades alavesas, que pudiera estar presente en los repartimientos de la Hermandad y en la toma de cuentas de la misma. Esto hubiera supuesto una situación paralela a la del resto de las Hermandades Alavesas, pero estos labradores pertenecían a la jurisdicción de Vitoria. Según la opinión de Diego Martínez de Álava dada este mismo año, «la dicha çibdad e su tierra es un cuerpo e un conçejo (…) desque la çibdad se fundó» y consentir dicha novedad de «haser apartamiento de dar otro procurador e diputado e alcalde para las dichas aldeas seria dividir un cuerpo e un conçejo, quanto más que en otros tiempos antiguos la dicha tierra se quiso poner en esto, y aun se trató pleito sobre ello con la dicha çibdad».88 Los aldeanos labradores no cuestionaban tanto su pertenencia a la jurisdicción de Vitoria, cuanto reclamaban una mayor participación política. Los dirigentes de Vitoria por el contrario defendían una corporación centralizada que dejaba poco espacio participativo a los pobladores labradores de las aldeas. Estas propuestas, empero, quedaron en saco roto. Los logros de los hidalgos de la Tierra fueron bastante mayores por su calidad social, por su influencia y por su mayor capacidad de presión. Los hidalgos (568) significaban más del 60 % de los contribuyentes de la Tierra (900 con los «buenos hombres»), según el repartimiento de Vitoria de 1521. Los labradores de las aldeas se quejaban de que los repartimientos penalizaban a los labradores de las aldeas y de que los alcaldes de la Hermandad de Vitoria no favorecían a los pobladores de las aldeas, sino todo lo contrario.89 Otro de los pleitos por motivos fiscales que tuvieron con los gobernan-

87. T. GONZÁLEZ, Colección de Cédulas… etc., n.os XLIV y XLV. 88. F. J. GOICOLEA JULIÁN; E. VILLANUEVA ELÍAS; J. A. LEMA PUEYO; J. A. MUNITA LOINAZ; J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, Honra de Hidalgos, yugo de labradores… etc., pp. 176-177. 89. En 1509, Fernando de Crispijana, procurador de los labradores, expresó de la siguiente manera los conflictos de los labradores de las aldeas con el concejo de Vitoria: «(…) aunque en la Pro-

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tes de la ciudad se produjo en relación con el pago del Irundiru, palabra «vascuence» o «vascongada», que según los testigos de los labradores significaba «dinero de la harina». Este impuesto gravaba a cada casa de labradores con 5 maravedís por cada persona mayor de 7 años de edad, hombres o mujeres, que residiera en ella. De este modo quedaban exentos de llevar a pesar la harina en los pesos de la ciudad. Si en dicha casa de labradores vivieran algunos mozos hidalgos, también se les demandaba dicho tributo. Los labradores iniciaron un pleito con el concejo de Vitoria para eludirlo. Alegaron que el Irundiru era una imposición nueva, lo que no era verdad. El Irundiru era una de las rentas del concejo que se arrendaba todos los años en subasta pública. La sentencia definitiva del tribunal de la Real Chancillería de Valladolid favoreció a los gobernantes vitorianos.90

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2.3.3. Salvatierra y sus aldeas Desde finales del siglo XIV los hidalgos de las aldeas de Salvatierra pleiteaban con la villa por diferencias relativas al pago de los impuestos. En 1377 no estuvieron dispuestos a pagar la sisa del vino porque consideraban que los «privilegios de Álava» les eximían de hacerlo. La sentencia dada ese año no les benefició en modo alguno. Estos hidalgos se constituyeron en la Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán, que se reunía en la localidad de Ordoñana. binçia de Alaba ayan cuarenta e dos hermandades, e cada uno tenga un alcalde e un procurador, pero sola la çibdad de Vitoria e su tierra e hermandad tienen demas del cuerpo de la çibdad más de cuarenta aldeas e lugares, qués poco menos que todas las otras hermandades de Alaba, y non bastan para el probecho de la tierra e negoçios d’ella los alcaldes de la hermandad de la çibdad, ni el procurador, ni estos procuran el probecho de las dichas aldeas e tierra antes procuran sus probechos e yntereses particulares, e cargan a la tierra e aldeas mucho más de lo que se debrian cargar, nin les podia caber si el repartimiento bien se hesyese, e los gastan en sus salarios e caminos e que a ellos les plaze, e para probeer a estos dapnos de la tierra e a los repartimientos demasiados qu’el dicho Probinçial e los otros que se juntan con él fasen sobre los dichos mis partes, pues que se haze prinçipalmente de su ynterese e perjuizio conforme la justiçia e derecho que mis partes sean llamadas para que non hagan repartimientos teniendo dineros en la bolsa comun, como se han hecho e hazen, e sobre ello ay pleyto agora en vuestra Audiençia, entre el dicho Provinçial e los dichos mis partes, sobre un repartimiento imoderado qu’el dicho provinçial e los diputados que dizen hizieron sobre los dichos sus partes non oviendo nescesidad para ello, pues repartiendo ellos a su grado e syn parte e procurador de mis partes, e tomandose ellos mismos las cuentas de los dineros repartidos, es dar ocasión a que mis partes fuesen muy agrabiados, e las partes del dicho ofiçial e los otros diputados tobiesen facultad e libertad de haser todos los repartimientos como fasta aquí los han fecho en mucho agravio e dapno de mis partes e que sobre cada repartimiento tengan un pleito (…)». Véase F. J. GOICOLEA JULIÁN; E. VILLANUEVA ELÍAS; J. A. LEMA PUEYO; J. A. MUNITA LOINAZ; J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, Honra de Hidalgos, yugo de labradores… etc., pp. 179-180. 90. J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, «Urundiru, que queryan desir dinero de harina». Acerca de una imposición medieval de la ciudad de Vitoria sobre los labradores de las aldeas de la jurisdicción», en Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, n.º 9 (1998), pp. 155-160 y P. MARTÍN LATORRE, «En torno a una palabra vasca en desuso: irundiru-urundiru (impuesto municipal)», Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, n.º 7 (1997), pp. 347-356.

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Conflictos entre los hidalgos, los labradores de las aldeas y los dirigentes de la villa se produjeron a principios del siglo XV a causa del aprovechamiento de los pastos y montes, dehesas y pastos de los términos que comprendían sus aldeas. Los jueces árbitros nombrados al efecto para consensuar a ambas partes sentenciaron en 1408 que las tierras que no fueran de su propiedad privada, las que no estuvieran adehesadas y los montes lindantes con la Sierra de Encía, Oñate y Guipúzcoa serían tanto de los vecinos de la villa como de los hidalgos de las aldeas.91 Ello significaba que a partir de este momento nadie podía roturar o construir edificios en las tierras comunes. Las disputas por el aprovechamiento del espacio rural son consecuencia del interés de los vecinos de la villa por los bienes de carácter agropecuario existentes en los términos de las aldeas. El concejo de la villa de Salvatierra recurrió a sus presuntos derechos jurisdiccionales para conseguir el disfrute de dichos espacios. Estos pleitos desembocaron en desencuentros mucho más graves poco antes de mediados del siglo XV, que se arrastraron a lo largo de todo el siglo. Entre 1440 y 1444 los labradores de las aldeas de Salvatierra, organizados asimismo de forma corporativa, tomaron la determinación de segregarse de la villa de Salvatierra y se incorporaron a las denominadas «Hermandades de Álava». Estas Hermandades a las que se alude son precisamente aquellas que se sublevaron contra Pedro López de Ayala en 1443. La contundente derrota de los rebeldes, dirigidos por la pequeña nobleza de la Llanada Alavesa, tuvo como efecto la reincorporación de las aldeas a la jurisdicción de la villa de Salvatierra, a solicitud de los propios labradores. Es muy probable que los hidalgos de las aldeas les hubieran arrastrado a su causa en su protesta antiseñorial al reivindicar el cumplimiento estricto del denominado Privilegio de Álava de 1332. En 1506 los «buenos hombres» labradores de la jurisdicción de Salvatierra se quejaron de que el concejo de la villa y su bolsero les reclamaba gravámenes fiscales ilegales, al solicitar repartimientos superiores a los 3.000 maravedís sin haber pedido antes licencia para ello al rey. Se alude a la solicitud de repartimientos por una cuantía de 300.000 maravedís.92 Las autoridades en-

91. En 1455 a la Junta General de Ordoñana asistieron procuradores de los hidalgos de las aldeas de San Román, Galarreta, Albéniz, Aspuru, Narvaja, Luzuriaga, Zuazo, Eguílaz, Mezquía, Ordoñana, Vicuña y Munain. Véase F. J. GOICOLEA JULIÁN, La oligarquía de Salvatierra en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Universidad de La Rioja, Logroño, 2007, pp. 129-131. 92. «(…) demas e allende de los cien mil maravedís que tiene de propios la dicha villa, contra la prohibicion de la dicha ley e sin tener para ello mi carta de licencia, e espeçialmente en este año allende de los dichos cien mill maravedis de propios que asi tiene la dicha villa, diz que han repartido a cada uno de los dichos sus aprtes cada tresçientos maravedis que dis que puede ser por todos los dichos maravedis repartidos tresçientos mil maravedis, e que Pero Ruis de Herroitegui mayordomo e bolsero de la dicha villa, so color e deciendo que por mandado de los dichos alcaldes e ofiçiales que para ello tiene, por fuerza e contra su voluntad de los dichos sus partes, a cada uno dellos o a la mayor parte dellos les ha tomado de sus arcas donde tenian, descerrajando los candados, dos fanegas de

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cargadas de la recaudación, en este caso el bolsero de Salvatierra, actuaron con contundencia contra quienes se negaron a pagar el repartimiento. En 1509 expresaron la protesta contra el concejo de Salvatierra de la siguiente manera: que «en los años pasados han fecho grandes repartimyentos de muchas sumas e contias de maravedis non avyendo nesçesidad para ello e syn tener liçençia de vuestra altesa, e el anno que menos han repartido han repartido mill ducados (…) cargando la mytad a los dichos mys partes que son labradores pobres e ynorantes (…)».93 Ahora contaron con el apoyo del señor de Salvatierra, Pedro López de Ayala, que estaba en pleitos con la villa. La entrada de la Hermandad de Eguílaz y de la Junta de San Millán en las Hermandades capitaneadas por la ciudad de Vitoria a mediados del siglo XV fue sin duda un instrumento político con el que protegerse mejor del linaje de los Ayala que tan duramente reprimió a los rebeldes unos años antes y del avasallamiento a que se sentían sometidos por el concejo de Salvatierra. El concejo de Salvatierra, por el contrario, lo vio como un menoscabo de sus privilegios y quiso devaluar la presencia de estos hidalgos en las Juntas Generales de Álava de 1457, siendo como eran estos últimos residentes de los términos jurisdiccionales de la villa. En este contexto los ánimos se encresparon. Hidalgos de las aldeas secuestraron a vecinos de Salvatierra (1458) o amenazaron y persiguieron al bolsero de Salvatierra (1460).94 Ambas partes se denuncian entre sí de estar preparándose para el enfrentamiento armado y los de Salvatierra acusaron en 1457 a los hidalgos de entrar en «treguas e encomienda del sennor de Guevara»,95 un linaje con fuerte presencia señorial en los alrededores de Salvatierra. En 1462 los hidalgos de las aldeas de la «Hermandad de Eguílaz y de la Junta de San Millán» acometieron una política de protestas con el objetivo de hacer valer sus presuntos derechos monopolísticos al aprovechamiento de los pastos situados fuera de los términos de las aldeas hacia la Sierra de Encía, Guipúzcoa y Oñate, a roturar y construir edificios en sus términos, a echar repartimientos para financiar sus necesidades, a realizar juntas, a disponer de un alcalde de Hermandad y a no cumplir las ordenanzas hechas por la villa «contra su boluntad sin su consentimiento». El concejo de Salvatierra no consintió en modo alguno dichas reivindicaciones, exigiendo que guardaran «los estatutos e hordenanças que el dicho concejo hiziere para en

trigo queriéndole dar otras prendas a cuenta dello e a otros los dichos trescientos maravedis por no perder el trigo que asi tenian para su provision e mantenimiento (…)». Véase T. GONZÁLEZ, Colección de cédulas… etc., n.º LII. 93. F. J. GOICOLEA JULIÁN, La oligarquía de Salvatierra en el tránsito de la Edad Media… etc., pp. 140-141. 94. F. J. GOICOLEA JULIÁN, La oligarquía de Salvatierra en el tránsito de la Edad Media… etc., pp. 132-133. 95. F. J. GOICOLEA JULIÁN, Archivo Municipal de Salvatierra-Agurain, tomo III, números 30 y 44.

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hexecuçion de la justiçia e para el bien vivir de todos» y que contribuyeran como los hidalgos de Salvatierra al sostenimiento de la Hermandad y al pago de los impuestos debidos al rey y a su señor Pedro López de Ayala. Todavía más, el concejo de Salvatierra les exigía que contribuyeran «en el reparo de la çerca e torres e muros de la dicha villa, e en fuentes e en puente e ensanchamiento de terminos e jurisdiçion, e en el conformar de los previlegios d’ella e en defendimiento d’ellos, e prosecuçion de los malhechores e en otros fechos e tratos comunes, y que en tiempo de guerra son tenudos de benir a belar e goardar con ellos la dicha villa, e que deben venir a los repiques e apellydos que el dicho conçejo e sus alcaldes hecharen e fizieren en qualquier tiempo que sea como cada uno de los otros vezinos de la dicha villa, e a otros qualesquier llamamientos que les fueren fechos por el dicho conçejo e sus alcaldes, so las penas que les pusieren e fueren puestas». Las Juntas Generales de Álava confirmaron en 1462 la sentencia arbitraria dada por el licenciado Juan García de Santo Domingo, corregidor de Vizcaya, Diego Fernández de Ugarte y Pedro Pérez de Lezárraga, jueces árbitros designados respectivamente por Salvatierra y las aldeas. Los tres jueces sentenciaron que los alcaldes ordinarios y de hermandad debían ser elegidos por el concejo de Salvatierra, pues la «juridiçion de la dicha villa e sus aldeas e tierra, ansi çebil como criminal e mero e mysto ymperio, ser e pertenesçer a la dicha villa e conçejo d’ella e no a los dichos escuderos de las dichas aldeas», prohibieron a los escuderos de las aldeas tener cárceles, así como posibilitaron a los vecinos de Salvatierra que sus ganados pudieran entrar a comer el pasto de la Sierra de Encía al ser comunes de todos, aunque no dentro de los términos de las aldeas. Igualmente revocaron las sentencias dadas por los alcaldes de la villa de Salvatierra contra los escuderos de las aldeas por «haber nombrado y fecho alcalde de hermandad, e por aver fecho prisiones de hombres, e carçeles, e pribadas, e cometidos e fechas prendas e resistençias e ayuntamientos de gentes, e ynsultos e otras execuçiones contra la dicha villa e conçejo de Salvatierra, e contra los alcaldes e merinos e ofiçiales e personas singulares e vezinos e moradores de la dicha villa» y por los alcaldes de hermandad nombrados por los escuderos de las aldeas.96 Con todo los jueces árbitros reconocieron una serie de derechos y deberes a la Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán. En primer lugar consintieron que se pudieran levantar edificios en los ejidos comunes con acuerdo del concejo de Salvatierra y por el concejo de la aldea donde se fueran a construir.

96. F. J. GOICOLEA JULIÁN; E. VILLANUEVA ELÍAS; J. A. LEMA PUEYO; J. A. MUNITA LOINAZ; J. R. DÍAZ de DURANA ORTIZ de URBINA, Honra de Hidalgos, yugo de labradores… etc., pp. 101-115. Véase asimismo L. M. DÍEZ de SALAZAR FERNÁNDEZ, «Diferencias entre Salvatierra y sus aldeas por el nomramiento del alcalde de Hermandad (1457-1537)», en La Formación de Álava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 1982, pp. 267-296.

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En segundo lugar reconocieron la legalidad de la Hermandad de Eguílaz y de la Junta de San Millán, su derecho a tener Juntas y a nombrar procuradores y diputados que asistieran a las Juntas Generales de las Hermandades de Álava, a echar repartimientos para sus necesidades y a poner multas en sus Juntas. En suma la hermandad de Eguílaz y la Junta de San Millán fue reconocida como una de las Hermandades Alavesas, aunque sin capacidad para nombrar alcalde de Hermandad.

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En tercer lugar se obligó a los escuderos a acudir a los llamamientos y apellidos del concejo de Salvatierra para perseguir a los delincuentes y malhechores. Recíprocamente los vecinos de Salvatierra debían ir a los apellidos convocados por los concejos de las aldeas. Y en cuarto lugar estimaron la exención que presuntamente tenían los hidalgos de no pagar el pedido conjuntamente con los vecinos de la villa de Salvatierra por los bienes que tuvieran en la jurisdicción de Salvatierra, pues nunca habían contribuido a sostener dicho impuesto «por el previllegio qu’el rei don Alfonso dio a los hijosdalgo de Alava, los fizo francos e libres con todos sus bienes que abian e ganasen en adelante e no pareçe que en nengun tiempo los dichos escuderos de las aldeas e juridiçion de la dicha villa obiesen pagado el dicho pedido contra el tenor e forma del dicho previllegio». Sí contribuirían, sin embargo, en las costas de los pleitos sostenidos por el concejo para defender sus privilegios, en la construcción y reparo de puentes y en la mejora de los caminos comunes, así como en el sostenimiento de la cerca y torres de la villa, salvo si se hicieren «mas por voluntad como es por fermosura e nobleza, e en estas tales que ansi se fazen e fizieren por fermosura e hornato e nobleza no es nenguno a ellas tenudo salvo aquellas que las fazen (…)». Del mismo modo deberían velar y rondar en tiempo de guerra en Salvatierra tan sólo en el caso de que tuvieran casas y heredades en la villa o se acogieren allí para su defensa y protección personal. Las diferencias entre la villa y la Tierra no cesaron en los años siguientes, motivadas por la celebración de alardes en la villa de Salvatierra, por la venta de mantenimientos en las aldeas —permitida en 1496 por los Reyes Católicos— y por la recusación que podían hacer los hidalgos de las aldeas de los escribanos de la villa cuando las primeras traían pleitos con la segunda, que obligaba a que los escribanos propusieran como su acompañante a otro escribano que residiera en las aldeas y no fuera del número de la villa. Finalmente en 1498 la Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán consiguieron del Consejo Real la competencia de designar un alcalde de Hermandad entre las aldeas de más de 30 vecinos, lo que generó en los años sucesivos encontronazos entre la villa y la Hermandad. Precisamente por estos años Pedro López de Ayala, miembro del Consejo Real de Castilla y señor de Salvatierra, seguía pleitos en el tribunal de la Real Chancillería de Valladolid por la titularidad del señorío sobre la villa con sus dirigentes. Pues bien, el señor de

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Salvatierra apoyó el derecho a la alcaldía de Hermandad reclamado por la Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán. El procurador de Salvatierra denunció públicamente que dicha alcaldía de hermandad la habían conseguido los hidalgos de las aldeas por la intercesión a su favor de Pedro López de Ayala y del oidor del Consejo Real, el licenciado Illescas.97 Por tanto, las aldeas de la «Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán» estuvieron sometidas a la jurisdicción de la villa de Salvatierra, pero mantuvieron una relativa autonomía en el plano de la institución territorial más importante de Álava, las Hermandades Alavesas, adonde enviaban sus procuradores y diputados, como una hermandad más, del mismo modo que lo hacía la villa de Salvatierra y que consiguieron a fines del XV la capacidad de designación de un alcalde de Hermandad. Los labradores por su parte pleitearon con la villa por el aprovechamiento de los pastos —también los hidalgos— y principalmente por considerar excesivos para con ellos los repartimientos fiscales solicitados por el concejo de Salvatierra. Los labradores de las aldeas, en sus disputas con la villa en la primera mitad del siglo XV se acercaron en busca de apoyo social a los señores de la Casa de Guevara. A fines del XV, una vez «aparcadas» las tensiones previas que vivieron las gentes de la Tierra de Salvatierra con el señor de Salvatierra, no dudaron en buscar el apoyo de este Grande de Castilla en aquellas coyunturas en que los dirigentes de Salvatierra eran «enemigo común» para los labradores e hidalgos de las aldeas y para Pedro López de Ayala. 3. CONCLUSIONES El comportamiento de los habitantes de la Tierra no fue el mismo en Vizcaya, Guipúzcoa o Álava. En Vizcaya, en líneas generales, las villas vieron más reducido su término jurisdiccional a causa de la forma de inserción jurídicoinstitucional de la «Tierra Llana» en el Señorío de Vizcaya. En las Provincias de Guipúzcoa y de Álava, con más intensidad en la primera, los términos jurisdiccionales de las villas crecieron de forma notable a costa de las poblaciones de la «Tierra», cuya jurisdicción previa dependía de una organización administrativa regida por los alcaldes y los merinos mayores. Por otra parte, el análisis de la documentación escrita saca a la luz numerosos y diversos conflictos entre los gobiernos urbanos y los hombres de las aldeas, collaciones, anteiglesias o vecindades vascas durante el siglo XV. Este dato es un claro reflejo de la toma de conciencia política de los habitantes de estas poblaciones respecto a los gobernantes de las villas y ciudades. En es-

97. F. J. GOICOLEA JULIÁN, La oligarquía de Salvatierra en el tránsito de la Edad Media… etc., pp. 134-141.

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tas disputas participaron por motivos económicos o políticos otros poderosos agentes sociales. Me refiero, en particular en algunas zonas, a los ferrones, a los caballeros y a los parientes mayores solariegos, que se sirvieron de las propias contradicciones internas de las corporaciones urbanas para, haciéndose valedores de las aldeas o vecindades, defender sus prerrogativas y preeminencias económicas, sociales y políticas. Ejemplos de esto son los siguientes: los intereses de los ferrones en Legazpia y en Irún frente a las villas de Segura y Fuenterrabía, el apoyo que dieron los Lazcano a las vecindades de la villa de Segura, la presunta colaboración de hidalgos de las aldeas de Salvatierra con los Guevara y Ayala, así como de moradores de las aldeas de Vitoria con los caballeros de su entorno.

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Los logros y los fracasos de las gentes de la Tierra insertadas en la jurisdicción de las villas y ciudades vascas no fueron los mismos. En consecuencia no siempre hubo una sumisión absoluta de las gentes de la Tierra a los dirigentes de las villas y ciudades. Visto a fortiori se podría afirmar que entre las aldeas, collaciones y anteiglesias existió una gradación de influencias y de la capacidad de partipación en la política de los gobiernos urbanos de los que dependieron. Hubo poblaciones y pobladores de la Tierra que alcanzaron más pronto o más tarde distintas parcelas del poder concejil urbano, lo que les permitió discutir y votar las propuestas de los gobernantes de las villas y ciudades antes de que se produjeran los acuerdos concejiles (las anteiglesias de Vergara, Elgueta, Azcoitia, Villafranca de Ordizia, Villarreal de Urréchua, Cestona y en Vitoria los hidalgos de las aldeas). Por otra parte, aldeas o vecindades que tuvieron en el siglo XIV una presencia relativamente notable en el concejo urbano fueron perdiendo capacidad de influencia a lo largo del siglo XV. Éste es el caso de Orduña y su Tierra, aunque esta última mantuviera una organización particular aún a principios del XVI, la Junta de Ruzábal. De otro lado bastantes aldeas de la Tierra lograron estar representadas con uno o dos procuradores o diputados, jurados o fieles en las sesiones concejiles porque tuvieron interés en conocer y opinar principalmente en aquellos asuntos relacionados con el pago de los impuestos (moradores de las aldeas de Mondragón, Segura, Villafranca de Ordicia y Laguardia). No faltaron tampoco vecindades, anteiglesias o aldeas que obtuvieron una mayor o menor capacidad legal para comprar sus abastecimientos básicos en la Tierra (en Segura, Salvatierra de Álava, Bilbao, etc.), sin que se les impusiera la obligación de hacerlo en la villa, tal como aconteció en Irún, aldea de la villa de Fuenterrabía. Igualmente contamos con términos jurisdiccionales donde las gentes de la Tierra ni tuvieron acceso a los oficios concejiles principales ni consiguieron el derecho a enviar diputados o procuradores a las sesiones concejiles de las

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ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ

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villas, resultando en principio para ellas más difícil vehicular de forma legal sus propuestas y reivindicaciones políticas (Salvatierra, Fuenterrabía, Tolosa, Bilbao, etc.). El yugo jurídico-institucional que cercaba a los pobladores de estas aldeas, collaciones o anteiglesias fue más estrecho, aunque siempre tuvo cabida la opción de la protesta, que no siempre cayó en saco roto, se hiciera por unos u otros cauces de expresión. Las aldeas, collaciones, anteiglesias o vecindades de las villas se constituyeron, en uno u otro momento de su existencia, en organizaciones políticas sujetas en última instancia en lo fundamental a la autoridad y a los poderes de las villas y ciudades, cuyos gobernantes dirigieron el conjunto de la corporación urbana, constituida por la villa y la Tierra. Los dirigentes urbanos de las villas y ciudades vascas no tuvieron unas mismas actitudes ante los problemas que les generaban los vecinos residentes en la Tierra. Tampoco los moradores de la Tierra demandaron de la misma manera sus reivindicaciones, aunque con frecuencia fueran bastante similares las de unas y otras jurisdicciones. La violencia armada generada entre Irún y Fuenterrabía fue acompañada de una dura represión jurídico-institucional y penal. En una situación intermedia se halla el recurso a la fuerza armada para tomar prendas a los rebeldes siguiendo las disposiciones concejiles de las villas (Segura con la vecindad de Cegama). El impago de los repartimientos establecidos por el concejo urbano solía desembocar en la toma de prendas a los moradores de las poblaciones de sus términos. Lo más frecuente, sin embargo, aunque no aligerarse necesariamente las tensiones entre los pobladores de las aldeas y de las villas, fue la búsqueda de la solución de las diferencias por la exclusiva vía judicial. De igual manera la contestación política de unas y otras aldeas varió. Los habitantes del valle de Legazpia pleitearon de un modo más intenso con la villa de Segura que las demás vecindades. La presencia de varias ferrerías y de ferrones con poder en el valle puede ayudar a comprender y explicar en parte la mayor conflictividad entre Legazpia y la villa. En algunos casos estas organizaciones aldeanas fueron pujantes y tuvieron los apoyos suficientes como para arribarse en otras instituciones o como para segregarse en los albores de la Edad Moderna de la jurisdicción villana. En el primer caso los hidalgos de las aldeas de la Hermandad de Eguílaz y la Junta de San Millán, pertenecientes a la jurisdicción de Salvatierra, se conformaron a fines del siglo XV en una de las Hermandades Alavesas, con la misma entidad jurídicoinstitucional que la Hermandad de la villa de Salvatierra. En este mismo sentido los escuderos de las aldeas de Vitoria lograron contar con un alcalde de Hermandad que compartía con los dos alcaldes de Hermandad de Vitoria la jurisdicción competente a esta última en la ciudad y en la Tierra de Vitoria, aunque finalmente aquéllos no se constituyeron propiamente en una Hermandad específica. En Guipúzcoa las anteiglesias de

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TEORÍA Y PRAXIS POLÍTICA EN EL PAÍS VASCO A FINES DE LA EDAD MEDIA

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Santa Marina de Oxirondo y de San Juan de Uzarraga enviaron sus propios procuradores a las Juntas Generales de la Provincia.

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En el segundo caso algunas aldeas se desgajaron de la jurisdicción de Tolosa, así como la Tierra de Oyarzun de la villa de Villanueva de Oyarzun (Rentería). Además las anteiglesias de Begoña, Deusto y Abando se separaron de la jurisdicción económicocomercial de la villa de Bilbao, si bien las disputas entre ambas partes pervivieron en el siglo XVI. Los conflictos previos fueron numerosos. Ya en 1480 el concejo de Bilbao había dado la orden de que se quitaran de los «libros del pedido» las viñas y heredades de los vecinos de las anteiglesias de Deusto, Begoña y Abando con el objetivo claro de servir a los intereses económicos de los vecinos de la villa. Lógicamente los vecinos de dichas anteiglesias pleitearon con Bilbao para favorecer su propio desarrollo económico. También instrumentalizaron a su favor a las Juntas Generales de la Tierra Llana de Vizcaya, a sus procuradores y a sus Diputados Generales. Incluso en estas disputas el corregidor de Vizcaya trajo a colación, para favorecer a las anteiglesias, la leyenda de Jaun Zuria y el pactismo político que de ella se derivaba. En fin, los conflictos entre los núcleos urbanos y los moradores de la Tierra se reprodujeron periódicamente a lo largo del siglo XV. Los discursos políticos de los procuradores de las aldeas, anteiglesias y vecindades se insertaron en una teoría y práctica políticas directamente contestataria de sus relaciones de dependencia jurisdiccional o económicocomercial con los núcleos urbanos. Las tensiones entre ambas partes fueron extremas en algunas coyunturas, pero al mismo tiempo las villas no favorecieron las segregaciones, porque su dominio jurisdiccional implicaba un mayor poderío político, fiscal y financiero, económico, social y a veces también eclesiástico, no sólo en el ámbito comarcal, sino también en el provincial. Por ello defendieron también a las vecindades de su jurisdicción de las injerencias de otras localidades y jurisdicciones. Finalmente no quisiera acabar este capítulo sin recordar que los conceptos «común» y «pechero» no articularon el discurso que los vecinos de las aldeas, anteiglesias y vecindades emplearon contra los dirigentes urbanos, aunque sí formaron parte del mismo la defensa del provecho común y de la máxima equidad contributiva posible. Los gobernantes de las villas, para legitimar su poder frente a las anteiglesias, vecindades y aldeas argumentaron su discurso político en torno al «bien común» y a la protección y amparo de la república. Del mismo modo lo hicieron los vecinos de su jurisdicción. Los unos y los otros se sirvieron indistintamente de dicho concepto político. El «bien e pro común» fue una expresión que escondía intereses específicos diferenciados y contrapuestos, dependiendo de quién la utilizara. Los conflictos recurrentes entre los pobladores de las villas y de la Tierra así lo demuestran.

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Disciplinando las relaciones políticas: ciudad y nobleza en el siglo XV* JOSÉ ANTONIO JARA FUENTE

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Universidad de Castilla-La Mancha

E en estos tienpos su estado rreal vino en tanta diminuçión, que si alguno le desobedeçía y le movía guerra, antes le hazía mercedes porque le dexase en sus deleytes que le castigase por los yerros que cometía. De manera que (…) todo casi el patrimonio real se distribuyó e destruyó en poco tiempo, e su persona vino en estrema necesidad (…). Y de aquí se siguió que los ministros de la justicia que eran en aquellos tiempos, pensaban más en sus provechos particulares que en el bien general. Fervían asimesmo los deleytes ilícitos en todo género de voluntad, y aquel era enemigo que esto reprehendía, aquel era aborrecido a quien desplacía.1

* Este trabajo se ha realizado en el seno del proyecto de investigación Fundamentos de identidad política: la construcción de identidades políticas urbanas en la Península Ibérica en el tránsito a la modernidad (Ministerio de Ciencia e Innovación, HAR2009-08946, I.P. Dra. Yolanda Guerrero Navarrete, Universidad Autónoma de Madrid). 1. F. del PULGAR, Crónica de los señores reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y de Aragón, en C. ROSELL (ed.), Crónicas de los reyes de Castilla. Desde don Alfonso el Sabio hasta los católicos don Fernando y doña Isabel, 3 vols., Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1953, ed. en 2 vols., Granada, Universidad de Granada-Universidad de Sevilla, 2008, vol. I, cap. IV, p. 22 (cito por esa última edición).

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1. INTRODUCCIÓN. DEBILIDAD

O FORTALEZA DE UN MODELO DE RELACIONES POLÍTICAS

Las violencias que describe y de las que se lamenta Hernando del Pulgar, representan, de manera evidente pero también intencionadamente sesgada, el grueso del hilo narrativo del sistema de relaciones políticas experimentado en la Corona de Castilla durante el siglo XV o, mejor, hasta el advenimiento de la monarquía isabelina. Los reinados de Juan II y Enrique IV, sucesión de períodos de grave conflictividad política, constituyeron etapas especialmente aptas para la persecución de «objetivos particulares» contradictorios con un desenvolvimiento consensuado del sistema Corona de Castilla, en el que se persiguiera objetivos de bien común.2 Agencias y actores sociales de diversa naturaleza y entidad política procuraron depredar aquellas áreas del sistema a su alcance, dando lugar a un panorama político no muy alejado del dibujado por del Pulgar y otros cronistas, interesados, sin duda, en distinguir, de los períodos anteriores, la etapa política abierta con el acceso al trono de Isabel I y Fernando V, especialmente de la etapa más próxima, representada por la monarquía de Enrique IV.3 Aunque sesgada e interesada, sabemos que esta imagen no era falsa, antes bien los propios contemporáneos tenían así mismo una percepción similar de las debilidades del sistema político preisabelino, aunque en algunos casos tardaran en manifestarlas —enunciarlas— de una manera clara y abierta. Así sucedería, por ejemplo, con los numerosos pleitos de restitución de tierras comunales llevados adelante durante el reinado de Isabel I, especialmente como consecuencia de las leyes de Toledo, en los que sobre todo el elemento campesino, el más perjudicado por las entradas y usurpaciones cometidas tanto por miembros de la nobleza extraurbana como de la propiamente ciudadana, se expresaría en el sentido de identificar un período de pérdida de justicia, anterior a la monarquía Católica, por oposición a la recién recuperada capacidad y efectividad de la acción regia.4 2. Es así como Hernando del Pulgar caracteriza la conducta de los partícipes en la Farsa de Ávila, cuando afirma que una parte de la nobleza invitada a sumarse a la revuelta, se negó por considerar que aquellos caualleros lo hazían por sus propios intereses particulares, e no por la buena gouernaçión del reyno que publicauan. Véase PULGAR, Crónica de los señores reyes católicos, vol. I, cap. I, p. 7. 3. No de una manera muy diferente a como hace Hernando del Pulgar, dibuja mosén Diego de Valera el reinado de Enrique IV: Donde ninguna justiçia se guardava, los pueblos eran destruidos, los bienes de la corona enajenados, las rentas reales reduzidas en tan poco valor que verguença me haze dezirlo. Donde no solamente en los canpos eran los hombres robados, mas en las çibdades e villas no podían seguros bivir: los religiosos y clérigos sin ningund acatamiento tractados. Eran violadas las iglesias, las mugeres forçadas, e a todos se dava suelta liçencia de pecar. Véase D. DE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, ed. J. DE MATA CARRIAZO, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1927, p. 5. 4. Sobre este sentimiento véanse, entre otros, J. M. MONSALVO ANTÓN, «Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal (culturas políticas, luchas del común y sistema concejil en Ávila y su tierra durante la Baja Edad Media)», en Historia Agraria, 24, 2001, pp. 89-122; y «Raíces sociales de los valores estamentales concejiles: la construcción de las mentalidades y culturas rurales de caballe-

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En ese contexto y en paralelo a las detracciones experimentadas por el realengo y, más en general, por la autoridad real bajo Juan II y Enrique IV, surge la agencia urbana como gran protagonista —pasivo y activo— de ese proceso de (re)posicionamiento de un amplio sector de la nobleza en relación con la recomposición de su patrimonio. Un reajuste que, como sabemos, pasó en muchos casos por la usurpación de tierras concejiles, cuando no por la ocupación de los propios concejos de cabecera. El proceso es general para la Corona de Castilla, aunque por su intensidad y extensión espacial afectó especialmente a algunas áreas. En la Transierra castellana —ámbito donde se localiza nuestro objeto de estudio—, Toledo, Madrid o Alcalá de Henares, constituyen ejemplos de una relativa preservación del territorio (menor en el caso madrileño) debida a sus más estrechas relaciones (incluso de dependencia) con sectores fuertes de la nobleza (caso del arzobispo Alfonso Carrillo de Acuña y del marqués de Villena Juan Pacheco); Huete o Guadalajara representan estadios diversos en el proceso de control político del concejo por parte de miembros de la nobleza (indirecto en el último caso, pues Guadalajara permanecería formalmente en el realengo aunque de facto se hallaría fuertemente intervenida por los Mendoza de Infantado, mientras que Huete llegaría a ser ocupada por Lope Vázquez de Acuña); en este marco de relaciones, el concejo de Cuenca muestra una originalidad de conducta reseñable, en la medida en que supo sobreponerse, en cada momento, a las acciones predatorias de la nobleza, dándoles respuesta (aunque es cierto que no siempre exitosa).5

ros y pecheros (Ávila y su tierra, siglos XIII-XV)», en J. M. MONSALVO ANTÓN, Comunalismo concejil abulense. Paisajes agrarios, conflictos y percepciones del espacio rural en la Tierra de Ávila y otros concejos medievales, Diputación de Ávila, 2010, pp. 361-421. 5. Sobre el particular, véanse J. PORRES MARTÍN-CLETO, «La ciudad de Toledo a mediados del siglo XV», en Anales Toledanos, 28, 1991, pp. 33-54; J. M. SÁNCHEZ BENITO, «Sobre la Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real en la Edad Media: conflictos jurisdiccionales y poder sobre la tierra», en Anuario de Estudios Medievales, 18, 1988, pp. 147-156; E. BENITO RUANO, Toledo en el siglo XV. Vida política, Madrid, CSIC, 1961; R. GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, El concejo de Madrid. I. Su organización en los siglos XII al XV, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1949; C. M. VERA YAGÜE, «Los conflictos interjurisdiccionales como factor determinante de la organización espacial: los Arias Dávila frente al concejo de Madrid en el siglo XV», en J. LORENZO ARRIBAS (ed.), Organización social del espacio en el Madrid medieval (II), Madrid, A.C. Al-Mudayna, 1997, pp. 97-112; P. SÁNCHEZ LEÓN, Absolutismo y comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los comuneros de Castilla, Madrid, siglo XXI, 1998. Los ámbitos hoptense y conquense han dado lugar a una mayor bibliografía, cuyos trabajos principales indicamos aquí: M. C. QUINTANILLA RASO, La ciudad de Huete y su fortaleza a fines de la Edad Media, Cuenca, Diputación de Cuenca, 1991; id., «Reflexiones sobre los intereses nobiliarios y la política regia en torno a Huete en el siglo XV», en Anuario de Estudios Medievales, 18, 1988, pp. 439-453; id., «Marcos y formas de proyección de la nobleza conquense en su entorno urbano y territorial», en El Tratado de Tordesillas y su época, 3 vols., Madrid, Junta de Castilla y León, 1995, I, pp. 131-154; id., «La implantación de la nobleza y relaciones de poder en la tierra de Cuenca en la Baja Edad Media», en J. S. GARCÍA MARCHANTE y A. L. LÓPEZ VILLAVERDE (coords.), Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 103-132; id., «Estructuras y relaciones de poder en la tierra de Cuenca a fines de la Edad Media», en La Península

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Es esa falta (relativa) de éxito la que ha llevado a algunos historiadores a plantear una cierta debilidad del sistema político conquense, expresada no sólo en las dificultades experimentadas en la defensa de su jurisdicción frente a las acciones usurpadoras de la nobleza comarcana (que incluía a importantes representantes de la mediana y alta nobleza del reino, como los Pacheco, de la Cerda, Acuña, Manrique, Mendoza de Cañete, o Carrillo de Albornoz), sino también en su relación con la monarquía y más especialmente con sus medidas de centralización política, especialmente en los ámbitos del nombramiento de oficiales urbanos, de la designación/imposición de corregidores y de la elección de los representantes ciudadanos en las Cortes del reino.6

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Si bien es cierto que la ciudad de Cuenca aceptó someterse a un cierto intervencionismo regio en las áreas señaladas, también lo es que, en la mayor parte de los casos, el concejo actuó movido por intereses tácticos que, al menos en la corta y media duración, no sólo no afectaron a su capacidad de acción autónoma sino que constituyeron un punto de apoyo desde el que proyectar sus intereses políticos sobre las agencias que, en teoría, los estaban cortocircuitando: la monarquía y la nobleza (esta última interesada en obtener oficios en la ciudad e incluso ansiosa de hacerse con su representación en Cortes —no sólo por las oportunidades políticas que ello abría a

Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492), 2 vols., Sevilla, 1997, vol. I, pp. 707-736; J. M. SÁNCHEZ BENITO, Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV. Historia económica, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1994; id., «Territorio y conflicto en el ámbito jurisdiccional de Cuenca (época de los Reyes Católicos)», en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 9, 1996, pp. 89-118; id., «El poder en una pequeña ciudad castellana: el ejemplo de Huete en el siglo XV», en En la España Medieval, 25, 2002, pp. 177-212; Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO, Cuenca en la Baja Edad Media: Un sistema de poder, Cuenca, Diputación de Cuenca, 1994; J. A. JARA FUENTE, «La “nobilización” de un concejo en el siglo XV: Cuenca y los Hurtado de Mendoza», en La Península Ibérica en la era de los descubrimientos, vol. I, pp. 1025-1034; id., «Que memoria de onbre non es en contrario. Usurpación de tierras y manipulación del pasado en la Castilla urbana del siglo XV», en Studia Historica. Historia Medieval, 20-21, 2002-2003, pp. 73-104; id., «Facing the depredations and fighting the predators. Urban Castile and the defence of municipal jurisdiction in the Late Middle Ages», en Imago Temporis. Medium Aevum, 1, 2007, pp. 143-170; J. I. ORTEGA CERVIGÓN, «El arraigo de los linajes portugueses en la Castilla bajomedieval: el caso de los Acuña en el Obispado de Cuenca», en Medievalismo. Boletín de la Asociación Española de Estudios Medievales, 16, 2006, pp. 73-92; id., «Lazos clientelares y bandos nobiliarios conquenses durante el siglo XV», en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 19, 2007, pp. 211-231. 6. Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO, «Del concejo medieval a la ciudad moderna. El papel de las cartas expectativa de oficios ciudadanos en la transformación de los municipios castellanos bajomedievales: Burgos y Cuenca», en La Península Ibérica en la era de los descubrimientos, vol. II, pp. 1013-1024; Y. GUERRERO NAVARRETE, «La política de nombramiento de corregidores en el siglo XV: entre la estrategia regia y la oposición ciudadana», en Anales de la Universidad de Alicante, 10, 19941995, pp. 99-124; y Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO, «La Corona y el poder municipal. Aproximación a su estudio a través de la elección a procuradores en Cortes en Cuenca y Burgos en el siglo XV», en Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1990, pp. 381-399.

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estos nobles sino por los gajes y gabelas que ello les suponía).7 Si bien es cierto que no siempre las acciones políticas emprendidas por Cuenca tuvieron éxito (hacia 1480 y como consecuencia de la violencia de las depredaciones experimentadas a manos del conde —duque desde 1479— de Medinaceli, don Luis de la Cerda, prácticamente todo el rico sexmo septentrional de la Sierra se hallaba apartado de la jurisdicción de la ciudad), su permanente estado de disposición para adoptar una resolución activa frente a las intromisiones regias y nobles sí debe ser puesto de manifiesto. Por un lado, ello contribuye a reconducir el imaginario historiográfico desde planteamientos de identidad política débil a otros de firmeza políticoidentitaria. Por otro, contribuye a poner el acento en el proceso de relación política, enfatizando el compromiso de participación en dicho campo de relaciones manifestado por la ciudad, su habilidad para incorporarse y actuar en él, y el potencial de su acción política en cada momento y ante cada interlocutor —más que en el resultado alcanzado en cada ocasión, lo que afecta a la relación de fuerzas de los actores enfrentados pero no, y esto es lo esencial, a su naturaleza política.8 En otros trabajos he analizado este proceso de relación en el caso de la ciudad de Cuenca y de la nobleza que actúa en el amplio espacio conquense y en sus áreas comarcanas, poniendo de manifiesto la habilidad mostrada por la ciudad para influir en la conducta noble mediante el despliegue de unos recursos discursivos construidos como plataformas de vinculación de ambas agencias (urbana y noble) y de reconducción de aquella conducta hacia relaciones basadas si no en la cooperación (objetivo que se alcanzó en numerosas ocasiones), sí en el respeto. Si bien no siempre funcionó como esperaba la ciudad, cuando lo hizo, su carácter, aunque muchas veces táctico y coyuntural, alcanzó no sólo a Cuenca sino también a muchos de sus inter-

7. Sobre el particular, para el caso de los oficios urbanos, la entidad alcanzada por su servicio por la nobleza y la capacidad de acción que ello confirió a estos linajes nobles (todo muy relativo hasta, al menos, la pacificación del reino por los Reyes Católicos), así como el poder de negociación demostrado por la ciudad, véase J. A. JARA FUENTE, Concejo, poder y élites. La clase dominante de Cuenca en el siglo XV, Madrid, CSIC, 2000, pp. 107-122. Y sobre la capacidad de control de la agencia regimental por parte del concejo, especialmente en períodos de alta conflictividad, véase J. A. JARA FUENTE, «1465: para que sean e estén para la corona real. Pacto político, realengo concejil y guerra civil en Castilla», en J. M. NIETO SORIA y O. VILLARROEL GONZÁLEZ (eds.), Pacto y consenso en la cultura política peninsular (siglos XIO al XV), Madrid, Sílex, en prensa. 8. Una debilidad/fortaleza que no se predica ni necesaria ni exclusivamente de la capacidad positiva de resolución de los problemas a los que se enfrenta el actor social, sino de su capacidad de posicionamiento ante esos problemas, de la construcción de una imagen apropiada (para esa identidad política) y de su habilidad para imponerla a los actores con los que interactúa. Evidentemente, el éxito beneficia al proceso de construcción e imposición de una determinada identidad política pero no constituye un requisito único o suficiente. Véase J. A. JARA FUENTE, «Percepción de “sí”, percepción del “otro”: la construcción de identidades políticas urbanas en Castilla (el concejo de Cuenca en el siglo XV)», en Anuario de Estudios Medievales, 40/1 (2010), pp. 75-92.

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locutores nobles, conduciéndoles a adoptar posiciones próximas a los intereses urbanos.9 En el presente trabajo me centraré en algunas de las cuestiones relacionadas con el proceso de «influencia discursiva» ejercido por la ciudad sobre el colectivo noble con el que habitualmente interactuó hasta el triunfo de la monarquía isabelina, en 1480 y en algunos de los elementos que integran el rico vocabulario político del que se sirve la ciudad, especialmente en lo que concierne a todo un conjunto de campos conceptuales ligados a la disposición anímica e intelectual a vincularse —o ser vinculado— a la ciudad.

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2. FUNDAMENTOS

IDEOLÓGICOS DE LA ACCIÓN DISCURSIVA URBANA

El 30 de mayo de 1440, el concejo de Cuenca escribía a Juan II oponiéndose a la intención del monarca de hacer merced de 400 vasallos de Cuenca a Pedro de Acuña. La oposición del concejo se construía sobre cuatro líneas argumentales, todas las cuales confluían en una misma consecuencia, la afirmación del deservicio que generaría la merced, y en un mismo responsable, el propio monarca. En primer lugar, se denunciaba el menoscabo económico que la merced supondría para las rentas reales. En segundo lugar, se afirmaba que la enajenación a señorío de las fortalezas situadas en la jurisdicción de la ciudad, también menoscabaría el poder del rey. En tercer lugar, la pérdida de áreas de la jurisdicción del concejo sería causa de se despoblar e destruyr la dicha çibdat, de que se seguiría a vuestra sennoría muy grand deseruiçio. En cuarto lugar, se alegaba todo el conjunto de fueros y privilegios poseídos por Cuenca, así como los propios juramentos del rey sobre mantener la ciudad en el realengo, a todos los cuales faltaría en el caso de efectuar la merced. Finalmente, el concejo pedía a Juan II que adoptara una decisión por manera que esto no pase, en lo qual faredes lo que cunple a vuestro seruiçio e acreçentamiento desa vuestra corona e a prouecho desta vuestra çibdat, e a los moradores della faredes mucho bien e mucha merçed. E el muy alto Sennor Dios acreçiente los días dela vuestra vida con ensalçamiento dela vuestra corona e con vitoria e triunfo de todos los vuestros contrarios al Su Santo seruiçio.10

9. Véase, especialmente, J. A. JARA FUENTE, «Vecindad y parentesco. El lenguaje de las relaciones políticas en la Castilla urbana del siglo XV», en F. FORONDA y A. I. CARRASCO MANCHADO (dirs.), El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 211-239; y «Consciencia, alteridad y percepción: la construcción de la identidad en la Castilla urbana del siglo XV», en J. A. JARA FUENTE, G. MARTIN e I. ALFONSO ANTÓN (coords.), Construir la identidad en la Edad Media. Poder y memoria en la Castilla de los siglos VII a XV, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 221-250. 10. Archivo Municipal de Cuenca (AMC), Libros de Actas (LLAA), leg. 190, exp. 2, fols. 9v-10r.

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En última instancia, la decisión del rey, las consecuencias que llevaba aparejada para la ciudad y aun para el propio monarca y, en suma, la entera conducta de éste se entendía y juzgaba a la luz de un mismo referente político, el servicio (un servicio que, una similar demanda de observación respecto a Dios, contribuía a sacralizar.11 Aunque no me voy a extender sobre estas cuestiones, pues ya las he desarrollado en otros trabajos (citados en las notas precedentes), sí expondré los elementos básicos que las integran con el fin de contextualizar más adecuadamente el siguiente apartado. De esta manera, el documento analizado expone un servicio definido en esta ocasión por referencia a la superior representación del reino, el rey, pero cuyo examen por parte de la ciudad mostraba diversas implicaciones. En primer lugar, la construcción del monarca como representante de la comunidad política del reino y, por lo tanto, sujeta su conducta a examen y valoración por el resto de integrantes de la comunidad «Corona de Castilla». La ciudad no denuncia simplemente el deservicio en el que se incurre con la adopción y ejecución de la merced, sino que responsabiliza directamente al rey de causar ese deservicio no a sí (al monarca) sino a la corona a la que representa y a una de las partes que la integran, la ciudad de Cuenca (faredes lo que cunple a vuestro seruiçio e acreçentamiento desa vuestra corona e a prouecho desta vuestra çibdat).12 El que la ciudad se considerara titular de una facultad de disciplinar a la máxima representación del reino —el monarca—, resulta extraordinariamente relevante para cuanto aquí nos interesa pues la consideración del rey tanto como cabeza del reino cuanto como un miembro más de la comunidad política global, tenía implicaciones importantes en cuanto al establecimiento de un determinado modelo de relación política didáctica, en el que la ciudad

11. Sobre esto, véase J. A. JARA FUENTE, «Commo cunple a seruiçio de su rey e sennor natural e al procomún de la su tierra e de los vesinos e moradores de ella. La noción de “servicio público” como seña de identidad política comunitaria en la Castilla urbana del siglo XV», en I. ALFONSO ANTÓN (dir.), Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales, número monográfico de e-Spania, 4, 2007, url: http://e-spania.revues.org/document1223.html; «Legitimando la dominación en la Cuenca del siglo XV: la transformación de los intereses particulares a través de la definición del bien común», en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 16, 2009-2010, pp. 93-109; y «Con mucha afecçión e buena voluntad por seruir a bien público: La noción “bien común” en perspectiva urbana. Cuenca en el siglo XV», en Studia Historica. Historia Medieval, 28, 2010, pp. 55-82. 12. Esta capacidad de «someter a enjuiciamiento» la conducta regia ha sido también puesta de manifiesto por B. GONZÁLEZ ALONSO, «Poder regio, reforma institucional y régimen político en la Castilla de los Reyes Católicos», en El Tratado de Tordesillas y su época, 3 vols., Madrid, Junta de Castilla y León, 1995, v. I, pp. 23-47; J. M. NIETO SORIA «Rex inutilis y tiranía», y R. MORÁN MARTÍN, «Alteza… merçenario soys. Intentos de ruptura institucional en las Cortes de León y Castilla», ambos en F. FORONDA, J.-PH. GENET y J. M. NIETO SORIA (dirs.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge?: aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Madrid, Casa de Velázquez, 2005, pp. 73-92 y pp. 93-114, respectivamente; J. M. NIETO SORIA, «Corona e identidad política en Castilla», en JARA FUENTE, MARTIN y ALFONSO ANTÓN (coords.), Construir la identidad en la Edad Media, pp. 183-207; y JARA FUENTE, «Con mucha afecçión e buena voluntad», pp. 55-82.

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asumiría la facultad de mostrar al rey pero también a la nobleza el camino éticamente (políticamente) apropiado en cada momento, y en el que rey y nobleza podrían discrepar en cuanto al contenido de la acción pedagógica (el sentido de la conducta política que se debía adoptar) pero no respecto al derecho de la ciudad a ejercer dicha actividad «docente». Por otro lado, la definición que hace el concejo del binomio servicio/deservicio, ligándolo a la satisfacción de los intereses del rey y del reino —de la corona— y al provecho de la propia ciudad, facilitó la inserción de estas conductas en un marco de enjuiciamiento determinado por un receptor de la actividad servicial (positiva o negativa) de naturaleza doble y complementaria: el rey y la ciudad. Servir al rey y servir a la ciudad adquirían un carácter más que complementario, al constituir el (verdadero) servicio al rey una expresión alternativa de servicio a la ciudad, y el (verdadero) servicio a la ciudad, una forma de servicio al monarca (en todo caso, el problema se centraba en quién definía lo que era «verdadero» y lo que el sentido que se le diera, comportaba).13 Así se manifiesta continuamente en los acuerdos de concejo, donde las decisiones, por nimias o trascendentes que resulten, se vinculan a ese doble marco servicial. De esta manera, cuando el 21 de marzo de 1460, el concejo acuerda nombrar mayordomo y receptor de la ciudad a Ferrando de Molina, la decisión se justifica porque estauan en grand neçesidad para faser e conplir algunas cosas conplideras al serviçio del rrey nuestro sennor e al pro, e bien e pas e sosiego de la dicha çibdad.14 Y cuando tres años después, el 22 de abril de 1463, Enrique IV ordena tomar cuenta de los repartimientos realizados en Cuenca en los últimos diez años, lo hace afirmando que regidores y receptores han gastado maravedís de los propios y rentas de la ciudad en cosas non conplyderas a my servyçio nin al byen (…) dela dicha çibdad e su tierra.15 Es así que la noción de servicio (al rey y a la ciudad) impregna el curso del proceso de enjuiciamiento y definición de lo apropiado, de las conductas y acciones correctas/éticas; constituyendo ambos objetos de servicio destina-

13. Como habían expresado los procuradores en las Cortes de Valladolid de 1420, al tratar sobre las respectivas facultades, regia y parlamentaria, en materia de otorgamiento de pechos y tributos: (…) la intençion delas çibdades e villas delos vuestros regnos e la nuestra ensu nonbre fue siempre e es e será, de guardar e conplir atodo nuestro leal poder todas las cosas que derecha mente acataren al seruiçio dela vuestra muy alta sennoria e proçedieren verdadera mente dela su voluntad. Aunque el contenido de lo que derechamente acatare al servicio del rey o la definición de lo que significaba «provenir verdaderamente de la voluntad del monarca», podían ser objeto de debate, sí resultaba clara la intención de los procuradores de someter el proceso políticodecisional en su más alto nivel a reglas de servicio público y bien del conjunto de la comunidad política del reino. Véase Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, 1866, vol. III, Cortes de Valladolid de 1420, petición única. 14. AMC, LLAA, leg. 195, exp. 1, fol. 21v. 15. AMC, LLAA, leg. 196, exp. 1, fols. 51v-52r.

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tarios alternativos de dichas conductas. No obstante, ese proceso de enjuiciamiento y definición de conductas y acciones no se construyó exclusivamente alrededor del binomio servicio al rey/servicio a la ciudad, sino que, en cierta manera, el servicio dirigido a la satisfacción de los intereses de ciertas agencias particulares de poder (monarquía, ciudad), se generalizó, construyéndose como procedimiento de satisfacción de los intereses y necesidades del conjunto de la comunidad política, bien la comunidad (general) del reino bien la comunidad (particular) urbana.16 Esto es algo que apuntan los dos documentos citados con anterioridad (el nombramiento del receptor Ferrando de Molina y la toma de cuentas ordenada por Enrique IV), al referirse ambos acuerdos al pro, e bien e pas e sosiego de la dicha çibdad, en el primer caso, y al byen (…) dela dicha çibdad e su tierra, en el segundo. Se perfila así un nuevo referente ideológico, desarrollado en paralelo al referente servicial, el bien común. Un referente sobre el que, de la misma manera que ocurre con el servicio, se procura mirar y medir toda conducta y acción, como sucede el 2 de agosto de 1476, cuando el concejo examina y renueva la ordenanza reguladora del oficio de almotazanía mirando a catamiento e justo propósito e deseo al bien público dela dicha çibdat e al buen regimiento e gouernaçión della.17 Aquí el bien público, el bien común se equipara a la naturaleza justa de la decisión adoptada y a la política de buen gobierno que debe guiar el proceso político de toma de decisiones.18 Aún más claro resulta otro documento, de 26 de marzo de 1465, en el que los pecheros de la ciudad, aprovechando la situación de debilidad política en la que se hallaba sumido el regimiento como consecuencia de los conflictos que azotaban el reino, acordaban nombrar tres o cuatro diputados por cuadrilla para, con los cuadrilleros, entender con la justicia y regidores de los negocios de la ciudad. Aquéllos justificaron el nombramiento acudiendo a un para que mejor sea guardado el seruiçio del rey nuestro sennor e el pro e byen de la repúblyca de la dicha çibdad, e la justiçia de ella sea favoresçida, equiparando las nociones «servicio», «bien común» y «justicia», y haciendo gravitar alrededor de ellas la lógica y la legitimidad de la decisión.19

16. Sobre la capacidad de acción de agencias y actores, véase M. DOUGLAS, How Institutions Think, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1987, esp. pp. 45-53. A caballo del planteamiento de Douglas y aunque en una cronología muy anterior a la examinada en este trabajo, Casado Alonso enfatiza el análisis de los aparatos de poder de los respectivos marcos urbanos, como representantes de éstos y máximos beneficiarios de las políticas ciudadanas. Véase H. CASADO ALONSO, «Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo XIV», en A. RUCQOUI (coord.), Génesis medieval del Estado Moderno. Castilla y Navarra (1250-1370), Valladolid, Ámbito, 1987, pp. 193-215. 17. AMC, LLAA, leg. 200, exp. 2, fol. 51r. 18. Sobre un proceso similar de equiparación, véase, J. WATTS, «Public or plebs: the changing meaning of “the commons”, 1381-1549», en H. PRYCE y J. WATTS (eds.), Power and identity in the Middle Ages: essays in memory of Rees Davies, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 242-260. 19. AMC, LLAA, leg. 197, exp. 1, fols. 17r-v.

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De esta manera, servicio y bien común (como referentes de primer orden), y justicia o buen gobierno (como referentes secundarios, derivados y/o examinados a partir de los anteriores), se presentaban como el armazón ideológico sobre el que descansaba el enjuiciamiento de las conductas y acciones de actores y agencias. Mediatizado por éstos, pero dotado de una cierta autonomía operativa, el principio de autoridad constituía un referente complementario último, especialmente (de la implementación) de los referentes de justicia y buen gobierno. Cuando, el 9 de octubre de 1420, se personaba ante el concejo el bachiller y alcalde de corte Juan Sánchez de Peralta, mostrando su carta de nombramiento de corregidor y reclamando su recibimiento en el oficio, Diego Hurtado de Mendoza, guarda mayor de Cuenca y su tierra, en nombre del concejo tomó la dicha carta del dicho sennor rey en la mano e posóla en somo de su cabeça e dixo que la obedesçía e obedesçió con [¿humilde?] e deuida reuerençia, commo a carta de su rey e sennor natural. Dicho acto de obediencia se enmarcaba, nos dice el documento, en el servicio debido al rey y al pro común de Cuenca y su jurisdicción. Lo que no obstó para que, en sesión celebrada al día siguiente, el concejo manifestara su negativa a realizar el recibimiento, señalando que haría aquello que cumpliera al servicio del rey y al pro común de la ciudad y su tierra, expresando una vez más su facultad de enjuiciamiento de la conducta regia y de definición del contenido de lo que el servicio (incluso al rey) y el bien común debían integrar.20 Esa dependencia del principio de

Sobre el acuerdo de nombramiento de diputados y sus implicaciones en el desarrollo del gobierno urbano, véase mi trabajo «Sobre el concejo cerrado. Asamblearismo y participación política en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media (conflictos inter o intra-clase)», en Studia Historica. Historia Medieval, 17, 1999, pp. 113-136. Sobre la construcción de un modelo similar de legitimación del sistema político, véase RIGBY, S., «Urban “Oligarchy” in Late Medieval England», en J. A. F. THOMSON (ed.), Towns and Townspeople in the Fifteenth Century, Gloucester, Alan Sutton, 1988, pp. 62-86; y C. PHYTIAN-ADAMS, Desolation of a City. Coventry and the Urban Crisis of the Late Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 137. Hay que tener en cuenta que la definición del bien común no se hallaba circunscrita a delimitaciones de carácter global sino que, en determinadas circunstancias, podía ser objeto de acotaciones de naturaleza particular, reduciendo así su ámbito subjetivo de construcción. Es el caso del acuerdo de concejo adoptado el 7 de octubre de 1482, por el que se prohíbe vendimiar hasta pasado san Lucas, por ser commo es bien general de todos los que tienen vinnas e han de vendimiar. Véase AMC, LLAA, leg. 204, exp. 1, fol. 54r. De todos modos, incluso una definición particular del bien común alcanzaba una lectura general pues, por definición, el bien común particular no podía contradecir a la expresión general de aquél. Véase, sobre el particular, M. A. PAPPANO, «“Leve Brothers”: Fraternalism and Craft Identity in the Miller’s Prologue and Tale», en R. M. STEIN y S. P. PRIOR (eds.), Reading Medieval Culture: Essays in Honor of Robert W. Hanning, Notre Dame (Indiana), University of Notre Dame Press, 2005, pp. 248270. 20. AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, fols. 21r y 23v-26v. No obstante, la construcción de estos referentes se hallaba en gran medida sujeta a la manipulación que de dichos conceptos se hiciera en cada momento. Así, para un representante del principio

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autoridad queda, así mismo, patente en otro documento de 6 de octubre de 1430, por el que los cuadrilleros que entraban a servir el oficio, prestaban el correspondiente juramento de ser obedientes a todos los mandamientos que el dicho conçejo o los dichos regidores les fisieren, e que guardarán el pro comun de la dicha çibdad (…) e otrosy que esforçarán la justiçia quando quier que fueren requeridos.21

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3. HACIA

UNA PEDAGOGÍA DE LA INCLINACIÓN

(«POLÍTICOAFECTIVA»)

Es en el marco ideológico configurado por los discursos de servicio (al rey, a la ciudad, a Dios), bien común, justicia, buen gobierno, y autoridad, donde descansa el proceso de construcción del entramado de relaciones políticas que construye la ciudad con, entre otros actores y agencias, la nobleza presente en el área de proyección de los intereses del concejo. Y es, por tanto, a ese marco ideológico al que se reconduce el examen del contenido político que integra esas relaciones y del proceso o procesos a través de los cuales aquéllas son puestas en acción. El éxito de Cuenca, en este caso, derivó del hecho de servirse de unos elementos discursivos comprensibles para todos, cuya sustancia intelectual y procedimental podía ser sencillamente aprehendida por todos los actores sociales, incluso si su puesta en acción suponía un cierto grado de manipulación del hecho discursivo, algo de lo que los actores podían ser o no conscientes sin afectar necesariamente al resultado final.22

de monarquía fuerte, autoritaria, la sumisión del principio de autoridad a cuanto no fuera la voluntad regia quedaba fuera de discusión. Así sucede, por ejemplo, en Toledo, durante la última guerra civil, cuando, en 1478, el alcaide Gómez Manrique se hace con el control de la ciudad para el partido isabelino, convoca al vecindario y le expone la gravedad de su conducta. En concreto, sobre el principio de autoridad manifiesta que ¿No sabeis que en el pueblo do muchos quieren mandar, ninguno quiere obedecer? Yo siempre oi decir, que proprio es á los reyes el mando, é á los subditos la obediencia; é quando esta órden se pervierte, ni hay cibdad que dure, ni reyno que permanezca. E vosotros no sois superiores, é quereis mandar, sois inferiores, é no sabeis obedecer, do se sigue rebelion á los reyes, males á vuestros vecinos, pecados á vosotros, é destruicion comun á los unos é á los otros. Una línea argumental con la que no podía estar de acuerdo el mundo urbano (ni una buena parte de la nobleza). Véase H. DEL PULGAR, Crónica de los señores reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y de Aragón, en C. ROSELL (ed.), Crónicas de los reyes de Castilla. Desde don Alfonso el Sabio hasta los católicos don Fernando y doña Isabel, vol. III, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1953, cap. LXXIX, pp. 333-336. 21. AMC, LLAA, leg. 187, exp. 5, fols. 17v-18r. 22. Sobre la aplicabilidad de un análisis de marcos discursivos, su estructuración y accesibilidad al conjunto de actores, véase G. LAKOFF, No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político, Madrid, Universidad Complutense, 2007 (Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate, White River Junction (Vermont, EE.UU.), Chelsea Green Publishing Company, 2004), pp. 17 y 39; y G. LAKOFF y M. JOHNSON, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 8.ª ed., 2009 (Metaphors We Live By, Chicago, University of Chicago, 1980), esp. pp. 39-45. Sobre la capacidad de manipulación del marco de relaciones sociales, véase también R. F. E. WEISSMAN, «Reconstructing Renaissance Sociolo-

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Este grado de manipulación (consciente, generalmente, para todos) en pocas áreas de las relaciones ciudad-nobleza se hizo presente de una manera más acusada que en el campo de la sujeción del marco, a través del cual pretendían organizar sus relaciones políticas, a referentes discursivos vinculados a los campos de lo volitivo y afectivo. Es en estos referentes donde Diego Hurtado de Mendoza, señor de Cañete, ensaya imbricar su actitud y la expresión práctica de su conducta para con Cuenca cuando, el 20 de julio de 1423, escribe al concejo protestando por las denuncias hechas sobre haber ocupado ilegalmente distritos de la jurisdicción de la ciudad. Sin negar la realidad e ilegalidad de dichas ocupaciones, en esta ocasión el señor de Cañete manifestó su deseo de retornar a Cuenca lo ocupado, señalando que bien tengo que ha grandes días que sodes enformados e çertificados de my buena voluntad.23 Con habilidad discursiva, Diego Hurtado esquivaba el problema planteado por la naturaleza antijurídica de las ocupaciones y muy especialmente la consecuencia fundamental que la falta de título legal/legítimo para ello conllevaba, ser forzado, obligado a retornar lo ilícitamente adquirido. De esta manera, a través del ejercicio «libre» de su voluntad, el Mendoza no sólo enfatizaba su autonomía política sino también el grado de su vinculación a la satisfacción de los intereses generales del concejo, a unas políticas de servicio y bien común cuyo receptor, la ciudad, no venía (idealmente) impuesto ni por ésta ni por la autoridad regia, sino «voluntariamente» reconocido por el noble. De manera similar, cuando, el 4 de junio de 1440, el concejo desea premiar los servicios prestados a la ciudad por el escribano Álvar Rodríguez de Huerta, legitima su decisión no sólo en la intensidad de la relación sostenida con el escribano (expresada en términos temporales) o en la definición del marco relacional al que aquélla respondía (el bien común de la ciudad), sino sobre todo en la disposición personal del escribano para con la ciudad: (…) de treynta annos a esta parte e mas tienpo, asy en los fechos e negoçios del dicho conçejo de la dicha çibdat commo siruiendo a todos en general antes que fuese escriuano e después (…) con mucha afecçion e buena voluntad.24 Afecçión, buena voluntad, estos marcos discursivos «de proximidad» personal se enuncian, por ciudad y nobleza, en toda una multiplicidad de situaciones, recibiendo, en cada caso, algún matiz que contribuye a perfilar el contenido del hecho discursivo y el desarrollo del proceso relacional. De

gy: the “Chicago School” and the Study of Renaissance Society», en R. C. TREXLER (ed.), Persons in Groups: Social Behavior as Identity Formation in Medieval and Renaissance Europe, Binghamton (Nueva York), Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1985, pp. 39-46, especialmente las páginas dedicadas al examen de la escuela de Chicago (interaccionismo simbólico) y la obra de John Dewey y George H. Mead. 23. AMC, LLAA, leg. 187, exp. 2, fols. 22r-v. 24. AMC, LLAA, leg. 190, exp. 2, fols. 12v-13r.

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esta manera, el afecto/ligazón y el deseo/voluntad se configuran como referentes discursivos a través de los cuales se organiza una más amplia puesta en escena de las relaciones políticas ciudad-nobleza.

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3.1. Hacia un servicio sentido y debido Efectivamente, alrededor del primer referente (afecto/ligazón), unos y otros actores organizan un modelo discursivo ordenado en diversos niveles de proximidad y vinculación política, que ilustran la disposición de un actor respecto del otro (su disposición a responder positivamente —al menos en el plano intelectual— a cuanto espera recibir el otro en el marco de la relación). Así, el afecto/ligazón se construye sobre un doble armazón conceptual, de carácter complementario (en términos de su operatividad discursiva). Como señala Pero Carrillo de Albornoz, señor de Torralba, el 18 de enero de 1469, al referirse al grande amor e debdo y por las cosas que yo en esa çibdad tengo juradas,25 el afecto/ligazón no es simplemente el producto de una relación esencialmente espiritual sino la consecuencia de una doble afección: de un lado, de un referente discursivo de naturaleza espiritual-moral, construido alrededor del campo semántico «amor» (una noción que en época pre-moderna no está cargada sólo de contenido «sentimental» sino también político) y, de otro, de un referente discursivo jurídico-material, elaborado sobre la base del campo semántico «deuda». El afecto/ligazón que une a ciudad y noble adquiere simultáneamente una naturaleza de libre acuerdo o libre concesión o reconocimiento (fundado en el amor que se siente y ofrece a la otra parte), y una naturaleza complementaria, y paradójica, al basar también ese reconocimiento en el respeto a ciertas obligaciones (de carácter jurídico material o ideal).26 No otro es el sentido y fin que persigue el uso continuo de estos referentes en la correspondencia que cruzan Cuenca y la nobleza de su entorno (espacial y político). Las expresiones del tipo sennores e amigos, conçejo e corregidor e caualleros e escuderos e ofiçiales e ommes buenos dela

25. En esta ocasión, Pero Carrillo de Albornoz escribía al concejo para informarle de que el Conde de Medinaceli estaba preparando su milicia para invadir el sexmo de la Sierra, de modo que la ciudad pudiera prepararse para rechazar la entrada de su jurisdicción. Véase AMC, LLAA, leg. 198, exp. 3, fol. 2r. 26. Dos meses más tarde, el 20 de marzo de 1469, Pero Carrillo de Albornoz tenía que defenderse de la acusación de actuar en contra de la ciudad, negando que él o sus vasallos oviesen procurado algo en deservyçio del rey nuestro sennor e en danno desa çibdad tocase, non myrando la naturalesa mas antigua que de my e vesindad e amor e debdo que yo tengo e en my se ha fallado, e insistiendo, como referente legitimador de su conducta, en su grand amor a esa çibdad e a los buenos de ella. Véase AMC, LLAA, leg. 198, exp. 3, fol. 24r. Amor y deuda (y otros referentes de segundo nivel, como la naturaleza y la vecindad) aparecen aquí claramente ligados al servicio del rey y de la ciudad (o más exactamente a la situación de deservicio que se niega).

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çibdat de Cuenca (utilizada por Diego Hurtado de Mendoza, el 20 de julio de 1423, en la protesta sobre la denuncia de su ocupación de términos de la jurisdicción de la ciudad, que ya conocemos), o el sennores parientes e amygos. Conçejo, regidores, oficiales e ommes buenos dela muy noble çibdad de Cuenca (usada por Lope de Alarcón, señor de Valverde, el 31 de marzo de 1467, para protestar por las acciones emprendidas por Cuenca contra sus vasallos), o el honorables sennores (…) nuestros espeçiales sennores e amigos (expresión con la que, el 8 de abril de 1467, se dirige el concejo de Chinchilla al de Cuenca para comunicarle que cumplirá la concordia pactada entre el marqués de Villena, señor de aquella villa, y la ciudad de Cuenca), ilustran adecuadamente el uso político que se concede al vínculo afectivo de la amistad (y a la conexión que se establece entre ésta y el parentesco, cuya importancia no se puede minusvalorar).27 Un uso que, en última instancia, persigue la definición y establecimiento de relaciones sociopolíticas cargadas de valor cívico y, por lo tanto, insertas en un marco de reconocimiento de las obligaciones morales y jurídicas que se deben a la ciudad y su cuerpo político. Cuando, el 10 de abril de 1458, la ciudad se obliga a devolver a Sancho Núñez de la Muela (miembro de un linaje prominente del segundo escalón de la clase dominante conquense, la elite de participación) los 6.000 mrs. que éste había prestado a la ciudad para pagar a los ballesteros enviados al servicio del rey, el concejo siente la necesidad de reconocer la virtud cívica de su vecino, incorporando al acuerdo la expresión por quanto los prestó amigablemente.28 Un préstamo forzoso (como sabemos, un recurso de financiación para corona y ciudades nada inusual durante el siglo XV), expresión de la necesidad que siente y la fuerza a la que recurre la agencia prestataria, se convierte de esa manera en un acto de conciencia cívica, manifestación de la disposición a servir al bien común (de la ciudad, en este caso). Por otra parte, la necesidad de la reseña del carácter positivamente voluntario del préstamo no se explica sólo como mecanismo de reconocimiento de la conducta cívica sino como instrumento de emulación, dirigido a mostrar la actitud/acción cívica correcta y a incentivar su imitación, pues no siempre obtenía la ciudad una respuesta similar en circunstancias equiparables. Es el caso de la petición hecha, el 17 de febrero de

27. AMC, LLAA, leg. 187, exp. 2, fols. 22r-v; leg. 198, exp. 1, fols. 24v-25r; y leg. 198, exp. 1, fol. 32r. Sobre la operatividad de estos referentes en el ámbito de las comunicaciones escritas entre concejo y nobleza, véase JARA FUENTE, «Vecindad y parentesco», pp. 211-239; y «Consciencia, alteridad y percepción», pp. 221-250. Sobre el valor cívicopolítico y la función social de la amistad en época medieval, véase R. C. TREXLER, Public Life in Renaissance Florence, Nueva York, Academic Press, 1980, p. 132; y C. KLAPISCHZUBER, La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, París, EHESS, 1990, especialmente el capítulo «Parents, amis et voisins», pp. 59-80 (originalmente «Parenti, amici e vicini. Il territorio urbano d’una famiglia mercantile nel XV sec.», en Quaderni Storici, 33, 1976, pp. 953-982). 28. AMC, LLAA, leg. 194, exp. 3, fol. 39r.

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1470, por el concejo a uno de sus vecinos, Sancho de Santodomingo, arrendador de la sisa de la carne, para que entregara 5.000 mrs. de la renta para ayudar a realizar el pago de los gastos de la defensa militar de la jurisdicción de la ciudad. Sancho no respondió positivamente a la demanda de la ciudad, conformándose finalmente a realizar el pago pero manifestando que lo fasya a fuerça e que el non quería dar nin pagar los dichos çinco mill maravedís (…) que lo pedía por testimonio cómmo por fuerça e contra su voluntad se le fasyan pagar.29

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Así, la amistad y el amor adquieren un significado cívico inequívoco, objetivo que se persigue y alcanza en muchas otras ocasiones, como el 28 de noviembre de 1468, cuando, en un momento especialmente grave de la guerra civil (muerto ya el pretendiente Alfonso), el concejo y la Iglesia de Cuenca se declaran una vez más partidarios de Enrique IV, signando el cuerpo político urbano y eclesiástico una concordia construida alrededor de la constatación de que la vnión de muchos en amor e en caridad es madre de concordia, por la qual las cosas (…) son alimentadas e creçen, e por la discordia son alejadas e amenguadas, e las çibdades destruydas.30 Difícilmente se podría encontrar una síntesis mejor de este proyecto cívico y de los elementos discursivos utilizados en su construcción.31 3.2. Hacia un servicio sin constricciones aparentes El carácter cívico de que se dota al conjunto de referentes integrados en estos marcos discursivos, encuentra su lógica última en la necesidad de transformar dichos referentes, y las relaciones surgidas con ocasión de la operación de estos discursos, en instrumentos de control de una acción política encaminada a satisfacer en cada caso los intereses o necesidades de la agencia urbana. En este sentido, se entiende perfectamente la incorporación al marco discursivo del referente «deuda», de la obligación de actuar, comportarse en un determinado sentido, definido por la ciudad. Sin embargo, lo interesante de estas prácticas se encuentra en el hecho de que unos y otros actores,

29. AMC, LLAA, leg. 198, exp. 3, fol. 158v. Sobre estos mecanismos de emulación y la manipulación de la percepción del contexto sociopolítico para enfatizar el valor de la conducta cívica, véase S. H. RIGBY, Medieval Grimsby: Growth and Decline, Hull, The University of Hull Press, 1993, pp. 138-141. 30. AMC, LLAA, leg. 198, exp. 2, fols. 58v-60r. 31. En 1469 (la data exacta está perdida), Enrique IV comunica a Cuenca que ha ordenado restituir los bienes confiscados al regidor García de Alcalá y a su hermano, Pero Suárez de Alcalá, pues la justificación primera de la confiscación se había basado en relaçiones non deuydas nin verdaderas e con enemystad. Véase AMC, LLAA, leg. 198, exp. 3, fols. 44r-v. La imagen especular del referente discursivo afecto/ligazón se construye, así mismo, sobre la base de los referentes básicos operados en su interior: la enemistad y el campo semántico «deuda».

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al tiempo que reconocían la importancia del campo semántico «deuda», procuraban enfatizar su capacidad y ánimo de actuación al margen de imposiciones o al menos no afectado por obligaciones u otras compulsiones que forzaran la adopción de conductas determinadas. Es por ello que ciudad y nobleza incorporan a ese conjunto de referentes otros dos referentes mutuamente complementarios, que expresan adecuadamente ese distanciamiento respecto a la imposición de determinadas fórmulas de actuación. La voluntad constituye el primero de dichos referentes; junto a ella, a través de los campos «agrado» o «placer» se manifiesta la independencia de actuación del actor. El 8 de mayo de 1420, el concejo de Cuenca llegaba a un acuerdo con el recaudador del pedido y monedas, Pero Gutiérrez de Sepúlveda, sobre el modo en el que se efectuaría el proceso recaudatorio en la tierra de la ciudad. El acuerdo, muy beneficioso para las aldeas de Cuenca, suponía prorrogar, sin sanciones, el período de pago y, además, efectuar éste en manos de dos vecinos de la ciudad, evitando la intromisión del recaudador y su personal. El mismo día, el concejo encomendaba la recaudación de dichos impuestos a dos vecinos de la ciudad, Diego Ferrández de Molina y Ferrand Sánchez de Moya, quienes aceptaban la comisión manifestando que les plasía de les cobrar por seruiçio de la çibdat e porque costas non recrescan a la tierra.32 Ambos personajes, de un peso político menor en el concejo, muestran una cierta presencia en áreas menores de la dominación33 pero, dado lo delicado de la comisión, no parece que se les encomendara sin haber precedido una negociación previa y sin verse acompañada de algún tipo de remuneración (como sabemos que sucedió en muchas otras ocasiones). No obstante lo cual, ambos comisionados sintieron la necesidad de enfatizar la autonomía de su decisión, su carácter eminentemente voluntario, mediante el uso del campo semántico «placer». No sólo asumían su deber cívico para con ciudad y tierra, sino que la observación de esa obligación les causaba satisfacción. Y ésta era una satisfacción de orden moral más que material pues, al vincular ese placer no a una ganancia política o económica sino al servicio de la ciudad y de la tierra, ambos personajes terminaban de perfilar la tan perseguida imagen de conciencia cívica (alejando, desde luego intelectualmente, los aspectos más prácticos de su conducta —la recaudación de impuestos y el cobro de una remuneración por ello— del ámbito de enjuiciamiento socio-político). 32. AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, fol. 3r. 33. Ferrand Sánchez sería nombrado cuadrillero en 1420, el mismo año en el que sería designado árbitro por la ciudad en un contencioso con los arrendadores de las alcabalas, y en 1430 sería fiel de caballero de la sierra. Diego Ferrández muestra una presencia menor en el espacio de los oficios urbanos, donde sólo consta cómo árbitro designado por Diego Hurtado de Mendoza, señor de Cañete, en 1423, para solucionar sus litigios con la ciudad; sí tuvo un mejor posicionamiento en el ámbito de las rentas urbanas, donde arrendaría la renta del sello, en 1421, y de la correduría, en 1430. Véase AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, fols. 42r y 30r; leg. 187, exp. 5, fol. 52r; leg. 187, exp. 2, fols. 16v-17r; leg. 186, exp. 2, fol. 25v; y leg. 187, exp. 5, fols. 11r-v.

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De manera semejante se comportarían algunos años más adelante otros vecinos, Diego de Alcalá y Luis Chinchilla, ambos vinculados también al sistema político urbano,34 cuando fueran denunciados por el concejo por incumplir sus obligaciones para con la ciudad —en este caso se trataba del incumplimiento del compromiso de abastecer de carne a Cuenca que habían contraído. Su respuesta, el 22 de marzo de 1476, transformaba la obligatoriedad de la conducta que se les exigía, insertándola en el ámbito de la libre decisión, ajeno a toda compulsión jurídica. Efectivamente, ambos personajes vendrían a afirmar que no habían asumido ninguna obligación de abastecimiento sino que, en un contexto difícil (política y económicamente) para la ciudad, habían asumido esa carga (durante todo un año, habría que indicar) de su grado e por agradar e seruir a la dicha çibdat.35 En este caso se enfatizaba tanto la satisfacción intelectual que ellos y la comunidad urbana obtenían de la acción (conducta cívica, y servicio), cuanto el carácter absolutamente voluntario de su actuación que, aquí, rechaza totalmente la sujeción a compulsión jurídica alguna. En todo caso, este placer resultaba doblemente instrumental, ya que se hallaba orientado a satisfacer las necesidades de la agencia urbana y a legitimar la conducta cívica del actor. Por ello mismo, se trata de una volición, de una acción conscientemente perseguida, no de una sensación simplemente (pasivamente) experimentada. En esta orientación hacia la acción, hacia que la conducta propia opere activamente en el marco de relaciones y no resulte un mero recipiendario pasivo de sus constricciones, el referente del placer no se hallaba sólo. Ya hemos visto cómo, en agosto de 1476, la ciudad aprobaba una nueva ordenanza del oficio de almotazanía, mirando a catamiento e justo proposito e deseo al bien público dela dicha çibdat e al buen regimiento e gouernaçion della.36 Ese deseo que se enuncia, esa expresión de voluntad que persigue la satisfacción del bien público de la ciudad, no se produce en un contexto de acción acrítico o irreflexivo, o sumiso a la corriente de actuación predominante. Antes bien, es activo y crítico pues «mirar» resulta, por definición, un proceso dirigido de observación y análisis. Y al constituir un acto conscientemente perseguido por el actor, su consecuencia, en términos de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones cívicas contraídas con la ciudad, resulta en un proceso incontestado de legitimación o deslegitimación. Mirar bien o mal constituye, así pues, una acción con una carga

34. Diego de Alcalá consta como recaudador del pedido y monedas de 1455 y 1456, y como abastecedor de carne a la ciudad en 1476, en compañía de Luis de Chinchilla. Éste, además de figurar como arrendador de algunas rentas urbanas de menor entidad económica, destaca por haber servido la escribanía mayor del concejo entre 1453 y 1479. Véase AMC, LLAA, leg. 198, exp. 2, fols. 7r-v; leg. 192, exp. 4, fols. 59v y 61r-v; y leg. 201, exp. 2, fol. 160r. 35. AMC, LLAA, leg. 200, exp. 2, fol. 29r. 36. AMC, LLAA, leg. 200, exp. 2, fol. 51r.

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política real, positiva o negativa. De esta manera, cuando el 23 de mayo de 1479, el regidor Íñigo de la Muela manifiesta su oposición a la anulación del arrendamiento de las maquilas de harina, acordada por otros regidores en su ausencia, lo hace insertando la conducta de éstos en ese ámbito negativo de la acción positiva, crítica y consciente, afirmando que actuaron non mirando el bien de la república, es decir siendo conscientes de su actitud incívica y de mal gobierno.37 Evidentemente, la expresión contraria, en positivo, no sólo era posible sino, quizá, más usual, como ejemplifica la petición de recibimiento de Ruy Gómez de Ayala en el corregimiento de Cuenca y su tierra, realizada en octubre de 1483, en la que, como no podía ser de otra manera, se enfatiza la activa disposición de aquél para con la ciudad, al afirmarse que mirará mucho por el bien e provecho della e guardará muy enteramente la justiçia.38 De esta manera, la conducta del individuo permanece continuamente inserta en ese conjunto de marcos referenciales, «servicio» y «bien común», cuya observación define el carácter cívico de esas conductas, pero enfatizando los elementos que configuran la ausencia (real o pretendida) de compulsiones que afecten al desarrollo de dicha conducta. Así, la voluntad con la que se expresa este actuar, tiende a ser relacionada no sólo con un débito (moral y jurídico) para con el concejo sino, especialmente, con una disposición libre del ánimo.39 Así lo expresan los regidores, el 4 de mayo de 1470, al manifestar que su voluntad sienpre fue e es de trabajar por todos los vesinos desta çibdat;40 o el comendador mayor de Calatrava, el 23 de mayo de 1483, cuando

37. AMC, LLAA, leg. 201, exp. 1, fol. 54r. Es interesante constatar cómo se distingue bien entre lo que representan las acciones «mirar» y «ver». Al implicar la segunda un nivel de acción, o de intensidad de actuación significativamente menor que el «mirar», a diferencia de éste, «ver» requerirá siempre de algún matiz que introduzca la disposición a asumir un mayor compromiso de actuación. Por ello, los regidores no se reúnen simplemente para ver los negocios de la ciudad sino para ver e negoçiar algunas cosas conplideras a seruiçio del rey e reyna, nuestros sennores, e pro e bien de la dicha çibdat. Aquí la noción «negociar» sirve como instrumento de afirmación de esa voluntad superior de actuación. Véase AMC, LLAA, leg. 201, exp. 1, fols. 55v-56r. 38. AMC, LLAA, 1483, leg. 205, exp.1, fol. 72r. 39. La terminología se encuentra en la propia documentación. Cuando, en abril de 1483, el concejo debe comisionar a algún vecino para acompañar hasta Córdoba la dotación de gentes y animales de carga pedidos por los reyes para hacer frente al esfuerzo bélico con el reino nazarí de Granada, los regidores designan a Juan de Losana porque, afirman, es persona dispuesta para ello. Véase AMC, LLAA, leg. 205, exp. 2, fol. 2r. Por otra parte, la naturaleza libre de los actos de voluntad, no sujetos a constricciones jurídicas, sociopolíticas e incluso intelectuales, queda patente en numerosas ocasiones, como sucede con la denuncia hecha, el 25 de febrero de 1467, por Gonzalo Quesada sobre el modo en que el regimiento y los oficiales de justicia habían provisto una vacante en los oficiales forales del año administrativo 1466/1467, acusando a regidores y alcaldes de usar más de voluntad que de rrasón, de fecho contra todo derecho. Véase AMC, LLAA, leg. 198, exp. 1, fols. 9r-v. 40. AMC, LLAA, leg. 198, exp. 4, fols. 35r-v.

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solicita del concejo que la ciudad respete los acuerdos de venta de pastos realizados con su primo, Juan Osorio, pese a haber fallecido en la guerra de Granada, manifestando su disposición a servir a Cuenca con quanta voluntad e gana yo tengo de faser las cosas que hordenardes e mandáredes, no será enesto menester más desir.41 En última instancia, la definición de la correcta disposición de ánimo del actor social se sintetizaba de manera aparentemente sencilla pero clara, a través de la bondad de la voluntad (matizada, desde luego, en la forma en que la hemos analizado en estas páginas), en el sentido que, sabemos, le dio Diego Hurtado de Mendoza, señor de Cañete, en julio de 1420: bien tengo que ha grandes dias que sodes enformados e çertificados de my buena voluntad.42 Esta disposición positiva del ánimo se debía construir tanto sobre las bondades morales y jurídicas de la acción y sus elementos integrantes, como sobre la publicidad y conocimiento, así mismo positivos, de la disposición pues su inserción y definición en el seno de los diferentes marcos referenciales, de niveles diversos, en los que aquélla debía desenvolver su funcionalidad para los distintos actores implicados, requería la activa participación de todos en los diversos procesos de construcción y operación de la conducta.

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4. CONCLUSIONES A lo largo del siglo XV, el concejo de Cuenca, como la generalidad de concejos castellanos, se vio abocado a un permanente estado de «negociación» de su realidad política en el seno del realengo y en el marco de sus relaciones políticas con uno de los principales actores políticos, la nobleza. La oposición a las prácticas predatorias de los linajes nobles, configuró buena parte del marco de acción política de las ciudades y especialmente de una ciudad como Cuenca, sometida a unos intensos procesos de presión/agresión por parte de representantes de la alta, mediana y aun baja nobleza. En este contexto, la ciudad no sólo aprovechó (aunque también padeció, desde luego) cuanto podía obtener de su relación a tres bandas (monarquíaciudad-nobleza) en el contexto político del reino en cada momento, sino que tendió a desarrollar unas prácticas sociales dirigidas a reconducir el debate político, interno a la ciudad pero también externo a ella y marcado por sus relaciones con la nobleza presente en su espacio de proyección, hacia prácticas de negociación y, en la medida de lo posible, de definición de modelos de relación y de conducta política caracterizados por su inserción en marcos referenciales de actuación positivos para la ciudad, en esencia configurados

41. AMC, LLAA, leg. 205, exp. 2, fol. 26v. 42. AMC, LLAA, leg. 187, exp. 2, fols. 22r-v.

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alrededor de los referentes «servicio» y «bien común». Ese proceso de inserción conducía al surgimiento de unas prácticas sociopolíticas de respeto de la realidad urbana que, si bien tuvieron en muchos casos un simple carácter discursivo y no se materializaron en toda su dimensión en la praxis social de los actores, sí contribuyeron a la identificación y definición de las conductas (cívicas) apropiadas, ayudando a reorientar las conductas, en sus diversos estadios de producción, hacia objetivos favorables al desenvolvimiento de los intereses urbanos. El modo en que la ciudad logró imponer una determinada forma de percibir y, por lo tanto, de construir y operar los referentes de servicio y pro comunal, que hemos examinado en otros trabajos, facilitó una mejora real en el proceso de relación con la nobleza, que aceptó someterse a las compulsiones, al menos teóricas, derivadas de la aplicación de dichos referentes. Es en el seno de este proceso más general donde debe entenderse el modo en que ciudad y nobleza ensayan la aplicación de todo un conjunto de referentes, derivados de los anteriores, entre los cuales aquí nos hemos ocupado de los más directamente vinculados al modo en el que los diversos actores sociales entendieron y edificaron el modelo teórico-práctico de la relación conductual que les unía. El amor, la amistad, las compulsiones de naturaleza moral y jurídica, el agrado o el placer, la voluntad no eran simples referencias estéticas, vacías de otro contenido, sino referentes que encorsetaron, de acuerdo con su función respectiva, la acción social de los agentes implicados. Es cierto que el uso de estos instrumentos no eliminó el conflicto pero sí tendió a reducirlo, generando una red de solidaridades de diverso nivel, capaz de facilitar la persecución de los intereses de la ciudad (aunque, es cierto, de manera diferenciada según el contexto político del reino).43

43. Sobre la competencia por la persecución de objetivos políticos diversos, surgida en el contexto de una llamada a la observación de conductas complementarias o solidarias, véase J. G. MARCH y J. P. OLSEN, Democratic Governance, Nueva York-Londres, Free Press, 1995, p. 53.

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Las funciones sociales de la «plaza pública» en la Castilla del siglo XV* JUAN CARLOS MARTÍN CEA

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Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN La plaza tiene un protagonismo fundamental en el mundo bajomedieval; no es sólo un recinto o un enclave físico, sino el escenario central de la actividad social, el «espacio público» por antonomasia en el que se congregan las gentes de villas y ciudades para hablar, pasear, relacionarse entre sí, asistir a juegos y espectáculos, expresar sus emociones colectivas, participar en las grandes solemnidades, etc. Por eso, no es de extrañar que haya atraído la atención de diferentes especialistas, como arquitectos, urbanistas, historiadores del arte, geógrafos y, por supuesto, también de numerosos medievalistas, aunque, por lo general, sus investigaciones en la Corona de Castilla se han concentrado más en el estudio de su apariencia externa, en la fisonomía de sus edificios o en las reformas tendentes a la implantación del futuro complejo monumental de la Plaza Mayor que no en sus facetas propiamente sociales.1 Y, sin embargo, son

* El presente trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación «Sociabilidad y “comunidades políticas” en la Castilla bajomedieval», subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (VA400A12-1). 1. Dadas las limitadas dimensiones de este trabajo, resulta absolutamente imposible recoger toda la bibliografía existente sobre la evolución histórica de las plazas castellanas; por consiguiente, nos limitaremos a mencionar solamente aquellos trabajos que consideramos fundamentales para introducir al lector en el tema. Así, para una primera aproximación de conjunto, sigue siendo bastante útil el

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éstas precisamente las que contribuyen a hacer de la plaza el núcleo esencial de la convivencia, las que la convierten en el epicentro constante de la sociabilidad vecinal, en el punto de encuentro primordial y básico de los integrantes de una determinada comunidad. Pero ¿cómo discurría la vida en la plaza?, ¿qué tipo de acontecimientos albergaba?, ¿cómo influía en la dinámica cotidiana de los habitantes de los núcleos urbanos castellanos a lo largo del siglo XV? Pues bien, estas son algunas de las preguntas a las que intentaremos buscar respuesta en el curso del presente trabajo, en el que procuraremos desentrañar además otras cuestiones trascendentales, como, por ejemplo, el comportamiento de los poderes públicos con respecto a este ámbito de cohabitación comunal o su papel a la hora de fomentar el desarrollo de la «opinión pública», un concepto sin duda polémico —en especial, si lo aplicamos al estudio de las «culturas políticas» en la Edad Media—, que ha cobrado una notoria actualidad a raíz de las consideraciones teóricas efectuadas por J. Habermas.2

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Aun así, antes de iniciar nuestro recorrido por el fascinante microcosmos de la «plaza pública», conviene dedicar siquiera unos instantes a presentar someramente a nuestra protagonista.

capítulo de L. TORRES BALBÁS, «La Edad Media», incluido en VV.AA., Resumen histórico del urbanismo en España, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, 1954; también es interesante, desde esta misma perspectiva genérica, el catálogo de la exposición dirigida por C. PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO (dir.), La plaza en España e Iberoamérica, el escenario de la ciudad. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Municipal de Madrid en 1998, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1998. Por su parte, los trabajos de L. CERVERA VERA constituyen, a su vez, un referente inexcusable; valgan como ejemplo sus estudios sobre La Plaza Mayor de Ávila (Mercado Chico), Ávila, Ed. Institución Gran Duque de Alba, 1982, «Plazas mayores en la burgalesa Rivera del Duero», en Biblioteca. Estudio e investigación (10), Aranda de Duero (Burgos), 1995, pp. 129-173 o su síntesis Plazas mayores de España, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1990. En cuanto a las contribuciones más directamente relacionadas con la historia plaza durante la Edad Media castellana, podemos destacar las obras de J. L. SAÍNZ GUERRA, La génesis de la plaza en Castilla durante la Edad Media (La plaza y la estructura urbana), Valladolid, eds. del Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, 1990, de J. VILLAR CASTRO, «Organización espacial y paisaje arquitectónico en la ciudad medieval. Una aportación geográfica a la historia del urbanismo abulense», en Cuadernos Abulenses (1), Ávila, 1984, pp. 69-89, los capítulos de A. VACA LORENZO, «La Puerta del Sol. Un intento fallido de crear una plaza mayor» y de J. M. MARTÍNEZ FRÍAS, J. L. MARTÍN MARTÍN y A. VACA LORENZO, «La plaza de S. Martín. La cristalización de la Plaza Mayor de Salamanca: el tiempo de su génesis y formación», incluidos en La Plaza Mayor de Salamanca. 1, Antecedentes medievales y modernos de la plaza, pp. 104-138 y 142-259, respectivamente, en A. ESTELLA GOYTRE (dir.), A. VACA LORENZO y M.ª N. RUPÉREZ ALMAJANO (coords.), La Plaza Mayor de Salamanca, 3 vols., s.i., Ed. Cajaduero, 2005, o de A. SÁNCHEZ DEL BARRIO, Historia y evolución urbanística de una villa ferial y mercantil. Medina del Campo entre los siglos XV y XVI, Valladolid, 2 vols., tesis doctoral inédita, 2005. Finalmente, y por su estrecha vinculación con el tema que nos ocupa, cabría recomendar el volumen colectivo VV.AA., «Plazas» et sociabilité en Europe et Amerique Latine. Colloque des 8 et 9 mai 1979, París, Publications de la Casa de Velázquez, Diffusion de Boccard, 1982. 2. Un breve anticipo de las tesis de J. HABERMAS sobre los conceptos de «opinión pública» o «espacio público» puede encontrarse en su primera gran obra Historia y crítica de la opinión pública. La trasformación estructural de la vida pública, Barcelona, Ed. G. Gili, 1981, aunque el original fue publicado en alemán en el año 1962; véase J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand V. ed., 1962.

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LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA «PLAZA PÚBLICA» EN LA CASTILLA DEL SIGLO XV

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2. LA

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PROMOCIÓN DE LA «PLAZA PÚBLICA» EN EL SIGLO XV

La plaza es una realidad firmemente implantada en los municipios castellanos del Cuatrocientos; de hecho, aparece constantemente en la documentación, donde se nos habla no sólo de «plaças», «plasuelas» o «plaçoletas», sino también de otros muchos lugares de propiedades similares, como los «azogues» y los «açoguejos» —zonas de mercado tradicionales—, los «atrios» y los «corros» —generalmente ubicados en las inmediaciones de las parroquias—, los «rincones» y las «rinconadas» —de reducidas dimensiones—, los «cosos» —donde se celebran corridas de toros, justas y torneos—, los «campos» y las «explanadas» —situadas casi siempre extramuros de las villas—, las «glorietas», etc.; a primera vista, por tanto, su vitalidad parece indiscutible, aunque, a juzgar por las múltiples denominaciones que recibe, cabe pensar que no existe un modelo uniforme de plaza, sino más bien una amplia amalgama de espacios, de diferentes hechuras y tamaños que cumplen funciones y cometidos tremendamente versátiles. Esta heterogeneidad, que resulta especialmente ostensible en los trazados de los núcleos de población más antiguos y populosos —como Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid o Toledo—, responde, como es natural, a la extraordinaria complejidad que presenta el proceso de urbanización en Castilla, fuertemente condicionado por la dinámica que, a escala global, imprime la «Reconquista», pero también, en el plano local, por las innumerables particularidades que intervienen en la organización y la evolución posterior de cada entramado urbano: topografía, época de fundación —o de repoblación—, volumen demográfico, mayor o menor presencia de las estructuras heredadas —sobre todo en el caso de las antiguas ciudades musulmanas—, dinamismo socioeconómico, etc. Todo ello incide, a su vez, en la configuración de su apariencia externa y en los perfiles con que acaban encajando dentro del paisaje metropolitano, donde nuevamente la disparidad es enorme, ya que hay plazas ovaladas, circulares, triangulares, rectangulares, en cuadrícula, trapezoidales e incluso un buen número que carecen todavía —en pleno siglo XV— de un diseño claramente definido; en cualquier caso, no podemos detenernos aquí en un examen detallado de su morfología, dado que esto nos exigiría un tratamiento individualizado que escapa a todas luces de nuestras posibilidades, pero sí es importante destacar dos aspectos: por un lado, y como ha subrayado J. L. Sáinz Guerra, que «la evolución de la plaza se corresponde con la de la ciudad y los elementos que la organizan»;3 y, por otro, que la plaza no es un elemento estático, sino que está «viva», latiendo al unísono con la población, lo que significa que permanentemente se encuentra sometida —como comprobaremos a continuación— a constantes cambios y remodelaciones que dificultan si cabe aún más el establecimiento de cualquier tipología.4

3. Véase J. L. SÁINZ GUERRA, op. cit., p. 265. 4. Aun así, es evidente que ha habido múltiples intentos de formular dichas tipologías; las más interesantes, por su influencia en la historiografía, las podemos encontrar resumidas en J. L. SÁINZ

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Ahora bien, a pesar de contar con esta impresionante diversidad, es evidente que no todas las plazas ostentan el mismo rango ni tienen tampoco la misma importancia ni la misma repercusión en la vida ciudadana; en este sentido, ya desde mediados del siglo XIII es perceptible una clara tendencia a potenciar y privilegiar dentro de cada municipio a uno sólo de estos espacios por encima de los otros; un fenómeno que a menudo se traduce en la creación de nuevos recintos, más amplios y polivalentes, surgidos al calor de la gran expansión urbanística que se está experimentando en estos momentos: lo vemos, por ejemplo, perfectamente materializado en la ciudad de Valladolid, donde a raíz de la fundación en 1260 del convento de S. Francisco en los terrenos aledaños al emplazamiento ocupado por las ferias —instituidas por Alfonso VII en 1152—, se comenzarán a sentar las bases de la que será en el futuro su Plaza Mayor, un espacio en constante promoción que muy pronto acabará eclipsando al viejo mercado ubicado en la estratégica puerta del Baho;5 lo descubrimos de nuevo, con una cronología bastante similar, en la localidad de Medina del Campo, donde la periférica «plaça de Santantolin», inicialmente situada en los arrabales de la villa, va asumiendo un liderazgo cada vez más patente a medida que sus habitantes se desplazan hacia la llanura, superando la antigua barrera natural que marcaba el río Zapardiel;6 ocurre igualmente en ciudades como Ávila, donde las reducidas dimensiones del Mercado Chico obligan a desplegar en las afueras de la muralla el denominado Mercado Grande que poco a poco irá ganando competencias hasta transformarse, a comienzos del siglo XIV, según nos explicaba A. Barrios, en el centro comercial más activo de la urbe;7 pero, sobre todo, aparece con particular elocuencia en el caso concreto de Salamanca, donde sus oficiales compran o permutan en 1272 numerosas casas a diferentes vecinos, radicadas en la Puerta del Sol, con el objetivo de levantar una «plaça pora todos a proy et a postura de toda la ciudad».8 Obviamente no se puede negar la influencia que ejerce el mercado en el desarrollo de estas infraestructuras; lo acabamos de confirmar claramente en varios de nuestros ejemplos, donde se aprecia con toda rotundidad el papel dinamizador que desempeña en la promoción y organización de estas zonas,

GUERRA, op. cit., pp. 39 y ss., e incluso él mismo nos ofrece su propia clasificación de los cuatro prototipos básicos que dan origen a la plaza castellana, en id., ibid., p. 61 y ss.: las plazas creadas en las poblaciones camineras, las surgidas dentro de los núcleos de nueva fundación, las que crecen en torno a un edificio de carácter singular —generalmente, una iglesia— y, finalmente, las plazas establecidas al amparo de la celebración del mercado. 5. Véase J. L. SÁINZ GUERRA, op. cit., pp. 236 y ss. 6. Véase A. SÁNCHEZ DEL BARRIO, op. cit., pp. 156 y ss. 7. Véase A. BARRIOS GARCÍA, «Repoblación y colonización: la dinámica de creación de paisajes y el crecimiento económico», en A. BARRIOS GARCÍA (coord.), Historia de Ávila. II. Edad Media (siglos VIII-XIII), Ávila, Inst. Gran Duque de Alba-Ediciones, 2006, pp. 271-335. 8. Véase A. VACA LORENZO, «La Puerta del Sol…», ed. cit., pp. 106.

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pero su protagonismo no debe ocultar que el verdadero alcance de estas iniciativas no consiste tan sólo en buscar un nuevo asentamiento para los intercambios, sino que en realidad aspiran a consolidar un proyecto más ambicioso: la creación de una plaza «pública», de esa plaza común y «pora todos» por la que apostaban los jueces y procuradores salmantinos, pensada para servir a toda la comunidad. «Faser plaça», dotarla e investirla de un carácter «público» —es decir, abierta al disfrute de todos los vecinos y capaz de atender a sus necesidades colectivas—, va a ser sin duda una prioridad para los responsables de los gobiernos municipales durante los siglos XIV y XV que necesitan, como muy bien señalaba J. Gautier Dalché —sobre todo después de la instauración de los «regimientos»—, de un lugar permanente y visible sobre el que proyectar su acción de gobierno.9 Aun así, el proceso de afirmación de este espacio de condición «pública» no siempre resulta sencillo: parece más fácil o, cuando menos, tropieza con menores dificultades en las pequeñas villas y en las poblaciones de tamaño intermedio —como Sepúlveda, Riaza, Paredes de Nava, etc.—, donde generalmente la «plaça del mercado» no encuentra apenas rivalidad para amoldarse a estos nuevos cometidos; pero, en cambio, en las grandes ciudades la situación se complica con frecuencia por la mayor complejidad de su entramado urbano —en el que conviven, como hemos visto, numerosas zonas y plazas susceptibles de aspirar a semejante reconocimiento— y, sobre todo, por la fuerte competencia existente entre las distintas instancias de poder local, que a menudo dificultaban o entorpecían las decisiones adoptadas al respecto por los oficiales concejiles. Así, por ejemplo, en el caso de Burgos, la implantación del mercado «mayor» en el entorno de la puebla de S. Juan en 1230, como alternativa al anteriormente localizado en la plaza del Sarmental (la Llana), no parece que llegue a desembocar en la constitución de una «plaza pública»;10 muy por el contrario, en el siglo XV, esa dignidad sigue siendo mayoritariamente ostentada por la vieja plaza ubicada en los aledaños de la catedral —es decir, en el área de influencia del Cabildo—, escenario en el que habitualmente finalizaban las grandes procesiones, como la del Corpus Christi, las ceremonias de los recibimientos reales11 e

9. Véase J. GAUTIER DALCHÉ, «La place et les structures municipales en Vielle-Castille», en VV.AA., «Plazas» et sociabilité, ed. cit., pp. 53-59, en especial, las pp. 58-59. 10. Véase J. A. BONACHÍA HERNANDO, «El espacio urbano medieval de Burgos», en B. ARÍZAGA y J. SOLÓRZANO (eds.), El espacio urbano en la Europa medieval, Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo. 2005, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006, pp. 273-296 y, en particular, las pp. 282283. 11. Véase J. A. BONACHÍA HERNANDO, ««Más honrada que ciudad de mis Reynos…»: la nobleza y el honor en el imaginario urbano (Burgos en la Baja Edad Media)», en J. A. BONACHÍA HERNANDO (ed.), La ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval, Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 169-212, y más concretamente las pp. 192-193, donde se detalla el itinerario seguido por la comitiva real en 1483.

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incluso también en el que se llevaban a cabo las ejecuciones de carácter solemne, como la del contador Sancho Fernández que fue degollado por orden real en 1430.12 Mucho más expresivo aún, por cuanto ilustra inmejorablemente la pugna por el control del «espacio público», será el fracaso cosechado por los magistrados salmantinos en su intento de erigir una auténtica plaza «mayor» en el entorno de la Puerta del Sol, malogrado, en última instancia, por la incesante oposición del Cabildo catedralicio a ceder el suelo necesario para su consolidación;13 su derrota es en sí misma particularmente llamativa, si tenemos en cuenta que el concejo contaba con múltiples alicientes para haber logrado sus objetivos: para empezar, ya desde 1272, los oficiales venían comprando o permutando numerosas propiedades en la zona con el firme propósito, como se reconoce expresamente en uno de los documentos, de construir una nueva plaza común y «pora todos»; tenían, pues, un proyecto de intervención urbanística perfilado y, evidentemente, estaban trabajando para implementarlo; por lo demás, los terrenos elegidos, distribuidos entre la Puerta del Sol y sus calles aledañas —en particular, la Rúa de los Francos—, poseían un indudable valor estratégico, ya que disfrutaban de la mayor concentración de tiendas y «boticas» de Salamanca, lo que en la práctica convertía a dicho espacio en el principal mercado permanente de la urbe; y, finalmente, y por si fuera poco, este sector también despuntaba por su pujante protagonismo administrativo, al albergar —probablemente desde antes de 1272— las casas consistoriales, en las que semanalmente se celebraban las reuniones del concejo, y el «portal (…) de Santa Catalina e de Sant Çoles», donde los alcaldes despachaban los asuntos judiciales.14 Pues bien, aun así, todos los esfuerzos desplegados al respecto acabarán resultando estériles ante la férrea resistencia desplegada por el Deán y el Cabildo de los clérigos —los mayores propietarios de suelo urbano—, que se negaron a transferir los inmuebles necesarios para sacar adelante la operación;15 habrá que esperar, por lo tanto, hasta el siglo XV —y más concretamente hasta bien entrada su segunda mitad— para que un nuevo espacio ciudadano, esta vez ubicado en la explanada de S. Martín —y presumiblemente más cercano a los intereses de los clérigos y de otras instituciones urbanas, como la Universidad—, comience a perfilarse como nueva plaza pública,16 so-

12. Véase J. DE MATA CARRIAZO (ed.), Refundición de la crónica del Halconero por el obispo Lope de Barrientos (hasta ahora inédita), Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1946, p. 96. 13. Véase A. VACA LORENZO, «La Puerta del Sol…», ed. cit., p. 127. 14. Véase ibid., pp. 123-126. 15. Concretamente, y según Ángel Vaca Lorenzo, el Cabildo poseía nada menos que 21 casas en la zona; su concurso era, por lo tanto, imprescindible para materializar la construcción de la plaza y, aunque inicialmente no parece que se opusieran al proyecto, luego quedó claro que no estaban dispuestos a apoyarlo. Véase A. VACA LORENZO, «La Puerta del Sol…», pp. 126-127, en especial el plano de la p. 126. 16. Sobre el proceso de constitución de esta nueva plaza pública, su dinamismo comercial, su protagonismo político y su conversión en el gran espacio lúdico y participativo de los salmantinos, Véase J. M. MARTÍNEZ FRÍAS, J. L. MARTÍN MARTÍN y A. VACA LORENZO, «La plaza de S. Martín…», ed. cit., pp. 142-259.

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bre la que luego se alzará, majestuoso, el futuro complejo monumental edificado en el Barroco. De cualquier modo, y aunque el proceso avanza —como acabamos de comprobar en el caso salmantino— con diferentes ritmos y numerosas tensiones, es evidente que durante el siglo XV los regimientos castellanos apuestan rotundamente por la creación o consolidación, en su caso, de la denominada «plaza pública», «plaza mayor» o «plaza principal». Un último ejemplo, procedente en esta ocasión de la ciudad de Zamora en 1484, podría bastarnos para confirmar hasta qué punto se había generalizado entre los representantes del poder político municipal la preocupación por mejorar, rediseñar o impulsar estas infraestructuras ciudadanas; en este sentido, y al igual que sucedía en otras muchas localidades surgidas en los primeros compases de la repoblación, el principal problema con el que se enfrentaban los regidores zamoranos era que, debido a la antigüedad del trazado urbano, su plaza se había quedado «muy estrecha e corta, tanto que las fruteras e pescaderas ocupan lo más de la dicha plaça e para los otros usos públicos estaua e quedaua muy syn prouecho de tal manera que fasía a la dicha çibdat muy menguada»; por este motivo, y guiado por su afán de incrementar el «nobleçimiento de la dicha çibdat e por el bien público della», el concejo había acordado adquirir «çiertas casas que están en la dicha plaça … junto con la calle que se dise de la Cárcaua para las derribar e alargar e ensanchar la dicha plaça»; sin embargo, como no disponían de recursos suficientes para sufragar su compra —tasada nada menos que en 200.000 mrs.—, solicitaban permiso a sus Majestades para realizar un repartimiento extraordinario durante tres años entre los «buenos ommes» de la Villa y su Tierra y recaudar, así, la cantidad requerida,17 petición que naturalmente fue atendida por el Consejo Real y comunicada a Pedro Manrique, en aquel tiempo corregidor de Zamora. Los datos son, pues, sobradamente elocuentes y reflejan con total nitidez el valor estratégico alcanzado por la plaza, considerada ya entonces como una pieza clave para el «nobleçimiento» y prestigio de toda la ciudad. Por lo demás, huelga repetir que lo ocurrido en Zamora en modo alguno puede considerarse excepcional; de hecho, es difícil encontrar una sola población en la geografía castellana que no esté acometiendo reformas similares, así que la pregunta surge casi de inmediato: ¿a qué responde este creciente interés por la «plaza pública» en el siglo XV? Pues bien, para poder contestar a dicho interrogante, tal vez convenga conocer primero qué actividades se desarrollaban en su seno y en qué medida intervenían o participaban en ellas los gobiernos concejiles.

17. Archivo General de Simancas (en lo sucesivo, AGS), Registro General del Sello (en lo sucesivo, RGS), 1484, VI, fol. 46.

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3. FUNCIONES

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SOCIALES DE LA «PLAZA PÚBLICA» Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

3.1. La plaza, centro de referencia del comercio urbano

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De todas las acciones que se despliegan en la plaza, la más característica y la mejor documentada es la que concierne a su dedicación comercial; la noticia, en sí misma, no debería sorprendernos por cuanto sabemos que la plaza y el mercado han estado estrechamente unidos desde los orígenes del mundo medieval; es más, con el correr de los siglos, su vinculación ha llegado a tal extremo que a menudo hasta han acabado intercambiando sus respectivas denominaciones: así, por ejemplo, en la Paredes de Nava del Cuatrocientos prácticamente ya nadie habla de la vieja plaza de Santa Eulalia y prefieren, en cambio, referirse a ella con el apelativo de «plaça del mercado»,18 mientras que, a la inversa, en el vocabulario popular, la expresión «ir a la plaza», muchas veces se confunde con acudir a hacer la compra. En cualquier caso, no parece necesario insistir de nuevo aquí en la trascendencia general del mercado, puesto que esta faceta es perfectamente conocida y ha sido una y otra vez puesta de relieve por la historiografía;19 lo que nos interesa, más bien, en esta ocasión es explorar su repercusión en la dinámica social que se genera en la plaza y cómo contribuye a promocionarla y a reforzarla como «espacio público» por excelencia; pues bien, desde este punto de vista, es evidente que las políticas emprendidas en el siglo XV a favor de la instauración de la «plaza pública» van a tener muy presente al mercado; de hecho, todos los concejos legislan al respecto para optimizar al máximo las capacidades de sus mercados y lograr atraer al mayor número de personas posible. Sus disposiciones, normalmente promulgadas en forma de ordenanzas, son, por lo general, muy variadas y se proyectan sobre todos los aspectos relacionados con la práctica del comercio en la plaza —instalaciones, equipamientos, horarios, derechos de suelo, cuestiones de higiene y salubridad, tasación de precios, garantías de aprovisionamiento, seguridad, etc.— en sus tres modalidades básicas: las transacciones cotidianas, el mercado semanal y las ferias. Ahora bien, aunque las normativas de cada concejo responden, como es natural, a una problemática propia, producto de sus circunstancias específicas, no es difícil, sin embargo, encontrar, comparando

18. Véase J. C. MARTÍN CEA, El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. El ejemplo de Paredes de Nava en el siglo XV, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1991, pp. 134 y ss. 19. A guisa de ejemplo, pueden consultarse las monografías de T. PUÑAL FERNÁNDEZ, El mercado en Madrid en la Baja Edad Media. Estructura de abastecimiento de un concejo medieval castellano (siglo XV), Madrid, Caja de Madrid, 1992 y de M. VERDUGO SANPEDRO, El mercado de Logroño en la Edad Media, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2009.

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los diferentes reglamentos, algunas pautas comunes a la hora de organizar las operaciones comerciales en la plaza. Así, por ejemplo, en el mercado cotidiano —quizá todavía poco valorado en buena parte de nuestros estudios—, el principal foco de atención se centrará en los puestos de venta al por menor; y es que, en efecto, en la plaza proliferan todo tipo de instalaciones comerciales: desde las relacionadas con el consumo alimentario, como las carnicerías, pescaderías, panaderías o fruterías —muchas de ellas de titularidad municipal o propiedad de instituciones como los cabildos capitulares o catedralicios—, hasta los pequeños negocios o las abundantes tiendas y «boticas», en las que a menudo trabajan numerosos menestrales —como los zapateros, herreros, carpinteros, alfayates, plateros e incluso cambistas, como en Medina del Campo—, que se aprovechan, sin duda, de este emplazamiento privilegiado para la venta directa de sus productos; la elevada concentración de establecimientos comerciales, muchos de los cuales —como las carnicerías, las fruterías, las pescaderías o las alhóndigas— cuentan incluso con edificios específicos, es, pues, una característica típica de la plaza pública castellana, hasta el punto que, como se observa en una sentencia ejecutoria del corregidor de Oviedo en 1494, no se concibe la existencia de la misma sin esta serie de dotaciones.20 Sin embargo, la creciente aglomeración de tiendas en la plaza causará, a la larga, serios problemas a las villas al recortar el espacio disponible para otros usos públicos; frente a ello, muchas ciudades, como vimos en el caso de Zamora o como también sucede en Tordesillas en 1493,21 optarán por ampliar, mediante compras o permutas, sus envejecidos recintos para poder albergar con más comodidad a un mayor número de personas y negocios y dotarse también de más capacidad para acoger fiestas o grandes ceremonias que simplemente antes no tenían cabida; otras, en cambio, como, por ejemplo, Olmedo en 1495, intentarán eliminar elementos incómodos, como la picota, para ganar algo de terreno, aunque esta decisión, adoptada unilateralmente por uno de los alcaldes de la villa, el bachiller Pedro Maldonado, no gustó al resto de los oficiales que inmediatamente le llevaron a pleito,22 pero, con todo, la solución más frecuente de cara a subsanar estos inconvenientes será la que adoptaron los oficiales de Chinchilla en 1427 ordenando que todos los vecinos de la localidad que «tyenen casas e tyendas en derredor de la plaça» que la hayan ocupado «con poyos e tableros, asi de espeçieros como de otros

20. De hecho, el pleito nace por la oposición de Esteban de Argüelles y su hijo Gonzalo a ceder las casas necesarias para la construcción de la plaza, aunque sin duda lo más importante, de cara al tema que nos ocupa, es que cuando se procede a detallar cómo debería hacerse esta «plaça pública» se indica que en ella debería colocarse «vna picota e se pusiesen en ella las carneçerías e vna red donde se vendiese pescado», AGS, RGS, 1494, III, fol. 181. 21. AGS, RGS, 1493, X, fol. 190. 22. AGS, RGS, 1495, V, fol. 137.

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ofiçios … que dentro de nueue días primeros siguientes los hayan desfecho e tirado» a su costa, so pena de pagar un florín de oro por su desobediencia.23 Esta decisión, constatada igualmente en otras muchas localidades castellanas, será, como hemos dicho, la preferida para racionalizar el uso del espacio comercial en la plaza y obligará a minoristas y tenderos a pactar continuamente con los concejos las condiciones con las que podrán instalar sus mostradores y estantes; aun así, habrá ocasiones en que no se podrá llegar a un acuerdo, como ocurre con el cambista Juan Tapia, vecino de Medina del Campo, que se quejaba ante el Consejo Real de que los oficiales de la villa no le dejaban poner cuando llovía «vnos tableros colgados hacia la plaça mayor», en contra de lo que venía siendo costumbre,24 pero, en conjunto, y a pesar de excepciones como la descrita, podemos deducir que la intervención concejil resultará crucial para articular y encauzar la actividad comercial en el seno de las plazas. Ahora bien, aparte de organizar y repartir los puestos en la plaza, los oficiales también se ocuparán de otros asuntos no menos vitales para el buen funcionamiento del mercado; evitar, por ejemplo, el acaparamiento especulativo de mercancías va a ser, sin duda, una obsesión permanente entre los responsables de los gobiernos locales; en este sentido, las medidas contra los «recateros», «recateras», «regatones» y «regateras» —es decir, contra los profesionales de la reventa— tendrán una difusión prácticamente general; en cualquier caso, y como podemos comprobar en las ordenanzas abulenses, no se trata tanto de prohibir la práctica de la «recatería» —es decir, la venta al por menor fuera del mercado— cuanto de garantizar el libre acceso a los productos, al menos hasta una determinada hora —en Ávila, en concreto, «fasta que sea la misa de terçia de Sant Salvador dicha»—.25 Con este mismo espíritu y con idéntica finalidad, se promulgarán también ordenanzas específicas contra los mesoneros que consienten la reventa de pescado fresco en sus posadas o contra las personas —generalmente «regatonas»— que salen a comprar a los caminos, para escapar de la vigilancia de los fieles.26 Es más, incluso con los animales obtenidos de la caza, a pesar de su carácter marcadamente aleatorio, se tomarán precauciones similares, obligando a los posi-

23. Véase A. BEJARANO RUBIO y A. L. MOLINA MOLINA, Las ordenanzas municipales de Chinchilla en el siglo XV, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, Universidad de Murcia, 1989, p. 203. 24. AGS, RGS, 1494, XII, fol. 73. 25. Véase J. M. MONSALVO ANTÓN, Ordenanzas medievales de Ávila y su Tierra, Ávila, Institución «Gran Duque de Alba» de la Excma. Diputación de Ávila, 1990, p. 45. 26. En este sentido, las ordenanzas de Ávila nuevamente pueden servirnos como guía; véanse, por ejemplo, las ordenanzas sobre fieles de 1404-1410, donde se prohíbe taxativamente a los mesoneros «que non sean osados de consentir nin consientan vender en sus casas, nin (en) público nin en escondido … truchas nin peçes nin otro pescado fresco alguno» o la ordenanza anteriormente citada sobre las «recateras», en la que se las conmina a no «salir a los caminos» a comprar, en J. M. MONSALVO ANTÓN, op. cit., pp. 52 y 45 respectivamente.

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bles vendedores a exponer, como en Chinchilla, los conejos, liebres, palomas, tórtolas, gangas o perdices en una «escarpia» dentro de la plaza «ques el lugar acostunbrado e antiguamente diputado para lo vender».27 Exigir que todos los productos salgan a la venta en el mercado para que los compradores puedan adquirirlos en igualdad de condiciones, será, por lo tanto, el arma preferida para poner coto a la especulación.

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Por lo demás, otra preocupación asimismo compartida es la que afecta a la limpieza del mercado; también aquí la respuesta es parecida en casi todos los ordenamientos consultados y se concentra, lógicamente, en los sectores más contaminantes, como las pescaderías o las carnicerías, a las que se conmina bajo ciertas penas a guardar unas reglas mínimas de higiene, como, por ejemplo, no verter el agua de los pescados remojados, no sacrificar reses en la plaza —salvo corderos o cabritos en casos de necesidad extrema—o no arrojar desperdicios o inmundicias fuera de los muladares establecidos para ellos.28 En todo caso, este vasto conjunto de medidas, que sancionan también a quienes dejan sueltos sus animales por las plazas —en especial, los cerdos—,29 suelen estar relacionadas, a su vez, con las importantes obras de mejora que afectan al embellecimiento del entorno, como el empedrado o el allanado de los suelos, el derribo de edificios obsoletos o la incorporación de pozos o de fuentes de los que hablaremos al final de este capítulo. A la vista, por tanto, de lo hasta ahora expuesto, parece claro que los oficiales cuidaban con esmero el desarrollo de las transacciones comerciales cotidianas, pero su celo se extremará todavía más, cuando se ocupen del mercado semanal. También aquí la plaza se presenta como el marco ideal que le sirve de acogida, aunque en muchas localidades, como había ocurrido en Ávila, el recinto inicial se había quedado «chico» para acoger la afluencia creciente de participantes y tendrá que procederse a la fundación de un nuevo recinto —el mercado «grande»— en el que tendrán cabida las mercancías más voluminosas; no es, desde luego, una situación excepcional, ya que otras muchas villas, como por ejemplo Chinchilla, de menor envergadura, prefieren concentrar también el comercio «de los ganados, así mayores como menores çerriles», probablemente por cuestiones de higiene y seguridad, en lugares apartados, en este caso en la zona que abarca desde la iglesia de S.

27. Véase A. BEJARANO RUBIO y A. L. MOLINA MOLINA, op. cit., p. 238. 28. Por lo general, estas prohibiciones son bien conocidas y no presentan grandes diferencias de unas localidades a otras; a guisa de ejemplo, pueden consultase las leyes 88 y 114 de las Ordenanzas de Ávila y su Tierra de 1487, en las que se regulan las actividades de las pescaderas y los carniceros; véase J. M. MONSALVO ANTÓN, op. cit., pp. 134 y 142-143, respectivamente. 29. También ésta es una disposición habitual en la mayor parte de los ordenamientos concejiles y su castigo, la mayor parte de las veces, es similar al contemplado en Ávila: «que los puedan tomar e matar la justiçia … por cada vez que los fallare»; véase J. M. MONSALVO ANTÓN, op. cit., p. 135.

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Cristóbal «fasta la puerta desta dicha çibdad» y las «vertientes de la sierra»;30 y otro tanto sucede con los mercados de la leña, de la paja o del carbón, también segregados en otras tantas localidades para no obstaculizar al de la plaza principal.

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En cuanto a las políticas de protección y control de las actividades comerciales, básicamente son muy similares a las contempladas en los intercambios cotidianos: vigilancia e inspección en el reparto de los puestos, comprobaciones para que sus instalaciones no enturbien el libre discurrir por la plaza, restricciones a las maniobras de los especuladores, cuidado y respeto por las condiciones higiénicas hasta el punto de prohibir que las «bestias e acémilas» permanezcan en la misma una vez que hubieran descargado sus «mercadorías»,31 etc.; es decir, más o menos se trata de corregir todo aquello que pudiera empañar la convocatoria exitosa de cada semana. En este sentido, las dos mayores amenazas que podían restar concurrencia al mercado eran, por un lado, el cobro de peajes o de distintos impuestos a los mercaderes —en especial, la alcabala— y, por otro, los posibles delitos, agresiones o disturbios que pusieran en riesgo la integridad de los bienes o de las propias personas reunidas en la plaza; y ni que decir tiene que los oficiales se esforzaron con ahínco para minimizar ambos riesgos, luchando, por ejemplo, como hicieron en Paredes de Nava, por los derechos de franquicia o por las cartas de seguro y la «paz de mercado»;32 todo ello demuestra la importancia estratégica adquirida por el mercado, convertido ya no sólo en un preciado recurso económico sino sobre todo en una de las claves sobre las que se cimenta el prestigio urbano. Finalmente, en lo que respecta a las ferias, hay que señalar que, aunque no todas las villas y ciudades castellanas disfrutaron de las mismas, aquellas que, en cambio, sí las consiguieron las cuidaron con auténtica pasión; sin embargo, lo cierto es que la feria casi siempre desborda los límites de la plaza; en Medina del Campo, por ejemplo, gracias a las «ordenanzas de aposentamiento de feriantes», otorgadas por doña Leonor de Alburquerque en 1421, sabemos que éstos se distribuían por la mayor parte de las calles de la villa, agrupados por oficios;33 en Salamanca, en cambio, según L. Marineo Sículo, las ferias se desarrollaban extramuros de la villa, en el arrabal del puente,34 y algo parecido debió de suceder en Ávila, a juzgar por el amplio listado de 30. Véase A. BEJARANO RUBIO y A. L. MOLINA MOLINA, op. cit., p. 187. 31. El dato procede una vez más de las ordenanzas de Ávila de 1487, editadas por J. M. MONSALVO ANTÓN, op. cit., p. 126, ley 73. 32. Sobre estas cuestiones, véase J. C. MARTÍN CEA, op. cit., pp. 134-136. 33. Para una información más precisa de las calles ocupadas y los oficios desplegados en las ferias de Medina del Campo, véase A. SÁNCHEZ DEL BARRIO, op. cit., pp. 112-119. 34. Véase J. M. MARTÍNEZ FRÍAS, J. L. MARTÍN MARTÍN y A. VACA LORENZO, «La plaza de S. Martín…», ed. cit., pp. 202-204.

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los «derechos que se an de levar de los suelos de la feria».35 Quizá por ello, sus huellas en la plaza no sean tan evidentes como las dejadas por los mercados semanales o diarios, aunque cabe presumir que también la afectarían tanto en el terreno estrictamente comercial como por parte del inmenso gentío que lograban congregar.

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3.2. La plaza, espejo público de las acciones judiciales La faceta comercial o mercantil no es, sin embargo, la única donde la plaza pública brilla con luz propia; también cumple una importante misión en el ámbito judicial como escaparate de los buenos efectos que proporciona la correcta administración de la justicia. Es, pues, el marco ideal para presentar ante los ojos de todos las resoluciones adoptadas por los jueces, pero sobre todo para mostrar —con un claro carácter ejemplarizante— las duras penas que les esperan a quienes infringen o quebrantan las leyes. Por eso, la presencia intimidatoria de la picota resulta cada vez más imprescindible, como se demuestra en el caso de Oviedo cuando se procede a remodelar, por orden de su corregidor, Pedro de Ávila, la plaza pública de la villa, donde se la define como una instalación indispensable para la propia existencia de la misma;36 más expresivo, si cabe aún, del valor alcanzado por la picota es el incidente documentado en Olmedo en 1495: allí, uno de sus alcaldes, el bachiller Pedro Maldonado, «sin lo consultar e acordar con el regimiento … deshizo» la antigua «picota de gradas» de la plaza —donde estaba desde hacía más de cincuenta años— y la «e la pasó e mudó a otra parte … a gran danno e perjuyzio asy de la dicha villa como de los vesinos más çercanos della por estar commo dise que está çerca de las carniçerías» y, lo que es «peor … diz que vendió mucha parte de la piedra de la dicha picota a quien quiso e tuuo por bien»; su comportamiento, calificado como un «agrauio e perjuyzio» a toda la comunidad, provocó la reacción del resto de los oficiales que llevaron el caso hasta el Consejo Real, donde naturalmente fue condenado a rehacer «la dicha picota de las mismas piedras e de la misma forma … que antes estaua».37 Temida y odiada, a partes iguales, la picota se convertirá, pues, en un elemento fundamental de la plaza pública, donde simbolizará y representará la implacable acción de la justicia; es más, a medida que pasan los años, no sólo consolidará su presencia, sino que además irá ganando prestancia y, de hecho, son muchas las localidades que realizarán reformas en las mismas para sustituir, como en Paredes de Nava en 1477, los viejos compo35. Véase J. M. MONSALVO ANTÓN, op. cit., pp. 119-125. 36. AGS, RGS, 1494, III, fol. 181. La sentencia, ratificada por el Consejo Real, detallaba precisamente los tres elementos característicos que se exigían a una «plaça pública»: la «picota», «las carneçerías e vna red donde se vendiese pescado». 37. AGS, RGS, 1495, V, fol. 137.

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nentes de madera por «vna picota de gradas» —es decir, con diversos escalones— construida de «de cal e canto» que, al año siguiente, se embelleció rematándola con un «chapitel».38

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Por lo demás, la misión de la picota es sobradamente conocida y encaja con los valores promovidos por la justicia medieval: por un lado, dar notoriedad pública a las sentencias dictaminadas por alcaldes y jueces y, por otro, dotarse de un talante ejemplarizante, obligando a los presuntos delincuentes a sufrir sus respectivos castigos —azotes, amputaciones de miembros, encadenamientos, ejecuciones, etc.— ante toda la comunidad; en palabras de Michel Foucault, los suplicios no buscarían tanto el fin inmediato de «purgar el delito», sino sobre todo trazar «sobre el cuerpo mismo del condenado unos signos que no deben borrarse»; por consiguiente, los castigos deben ser resonantes: «el hecho de que el culpable gima y grite bajo los golpes no es un accidente vergonzoso, es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza».39 Aun así, habrá ocasiones en las que la picota no se considerará lo suficientemente apropiada para ajusticiar a determinados reos; entonces, como sucede en la plaza mayor de Valladolid en 1453 con motivo de la ejecución del Maestre Álvaro de Luna, habrá que proceder a levantar «un nuevo cadahalso … guarnescido e aderesçado como convenía para tal fecho» con una «rica alhombra», para estar a la altura de tan ilustre personaje.40 Y es que, por supuesto, incluso a la hora de la muerte también contaban los privilegios sociales. En cualquier caso, este conocido episodio, quizá debido a su propia excepcionalidad, es de los pocos en que se alude al comportamiento de los asistentes, que abarrotaban la plaza y las ventanas de las viviendas cercanas; aunque el cronista no tiene el menor afán en ocultar su parcialidad, sus comentarios no dejan de ser elocuentes sobre la conducta de la gente que «concurría a lo mirar … con gestos e semblantes non tristes, como aquellos que van a mirar cosa que non aviene cada día»; una curiosidad y una enorme expectación que se tornaron en un «callado silençio», cuando el verdugo esgrimió el cuchillo en sus manos, y que dieron paso, tras su degollamiento, a un «sensible llorar e a tan alta e lastimosa grida e bozes» como si viesen matar «cruelmente al padre suyo».41 Se trata, sin duda, de una imagen parcial

38. Archivo Municipal de Paredes de Nava (en adelante, AMPN), Cuentas de Propios (en lo sucesivo, CP), 1477, fragmento de los gastos realizados por uno de los procuradores de la villa en 1477 —en el que figura los 3.500 mrs. pagados a Juan de Collado, su maestre de obras— e id., ibid., 1478, cuenta de los mrs. gastados por el procurador Juan de Herrera. 39. Véase M. FOUCAULT, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Madrid, siglo XXI de España Editores, 1986, p. 33. 40. Cónica de don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Maestre de Santiago, edición y estudio de J. DE MATA CARRIAZO, Madrid, Espasa-Calpe, 1940, p. 431. 41. Id., ibid., pp. 433-434.

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y expresamente manipulada para despertar la indignación del lector, pero, en el fondo, resume muy bien la emotividad y la condición innata de espectáculo que acompañaban a estas demostraciones de la acción judicial en torno al microcosmos de la picota. Por último, la plaza es también el escenario elegido en muchas localidades para seguir las audiencias y la evolución de los pleitos que habitualmente libraban sus alcaldes ordinarios; esta costumbre que encontramos, por ejemplo, documentada en núcleos urbanos, como Salamanca —donde sus alcaldes se reunían en el «portal que se llama de Santa Catalina e de Sant Çoles»—,42 o en villas medianas, como Paredes de Nava —donde se juntaban «çerca de las casas de Pedro Tendero, en la plaça desta dicha villa»—,43 no parece, sin embargo, haber alcanzado una dimensión universal, ya que existen casos, como el de Burgos, en los que no se consigue un emplazamiento definitivo, a pesar de los intentos desplegados al respecto por los miembros de su regimiento;44 de cualquier forma, la exigencia legal de otorgar a las vistas un carácter público sí promoverá la creciente concentración de estas actividades en el marco de la plaza pública, cerca de los lugares en que se reunían los concejos.

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3.3. La plaza, centro neurálgico del poder político municipal Lo que sí parece, en cambio, tener un alcance bastante general es la propensión de los oficiales del concejo a celebrar sus reuniones y sus «ayuntamientos» dentro del entorno de la plaza pública; la casuística es naturalmente muy variada, ya que responde a los propios «usos y costumbres» de las que tan orgullosos se mostraban los munícipes bajomedievales, pero, en principio, la mayor parte de los regimientos en el siglo XV se concentran para celebrar sus distintas sesiones semanales en edificios, sedes o recintos ubicados en sus plazas públicas o en instalaciones prácticamente contiguas. En unos casos, como sucede en Paredes de Nava hasta la reforma de 1480, promulgada en las Cortes de Toledo por los Reyes Católicos —de la que hablaremos inmediatamente—, el lugar elegido para sus deliberaciones será el «portal dela yglesia de Santa Olalla» o, lo que es lo mismo, el atrio porticado de la iglesia principal del pueblo que, por supuesto, estaba situado enfrente de la plaza pública o plaza del mercado;45 en otros, como por ejemplo ocurría ini42. Véase A. VACA LORENZO, «La Puerta del Sol…», pp.125-126. 43. AMPN, Libro de Actas Municipales de 1427-1428, sesión del 13 de octubre de 1427. 44. Para más información sobre los diferentes asentamientos ocupados por los alcaldes burgaleses, véase J. A. BONACHÍA HERNANDO, El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1978, pp. 81-83. 45. El dato se repite sistemáticamente en la documentación bajomedieval paredeña hasta prácticamente finales del siglo XV, cuando probablemente se procedió a construir la nueva casa del conce-

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cialmente en Ávila, sus oficiales se reunían «a la cabeçera de Sant Juan», que evidentemente también colindaba con la vieja plaza del Mercado Chico;46 y en otros, en cambio, como acontecía en Salamanca, los concejos contaban con sus propios edificios, con sus particulares «casas del cabildo» —en esta ocasión en el área de «Sant Çoles»—, desde donde intentaron promover a finales del siglo XIII la construcción de la plaza pública que, como sabemos, no llegó a cuajar.47 La lista podría irse ampliando pueblo por pueblo, villa tras villa o ciudad tras ciudad, pero el resultado sería siempre bastante parecido: básicamente todos los regimientos buscan el amparo de la plaza pública a la hora de ejercer sus labores de gobierno. De esta forma, poco a poco la plaza se convierte en el centro neurálgico del poder político municipal, en el foro público o en el ágora central que sirve para comprobar cómo actúan y cómo se comportan cada día los responsables del gobierno local. Es más, a medida que avanza el siglo XV, la presencia de los órganos e instituciones locales de gobierno se irá haciendo más y más visible sobre el entramado de la plaza; de hecho, son muchos los concejos, como el de Piedrahíta, que deciden trasladarse desde el antiguo emplazamiento en el portal de la «yglesia de Santa María», donde todavía continuaban congregándose a finales de los años treinta, hasta las nuevas «casas del conçejo», que levantaron en la plaza de la villa y que encontraremos ya en funcionamiento en el año 1460;48 se trata, sin duda, de una iniciativa que cada vez contará con mayores seguidores y que, finalmente, se convertirá en norma obligatoria tras aprobarse en las Cortes de Toledo de 1480 la siguiente ley: «Ennoblesçençe las ciudades e villas en tener casas grandes y bien hechas en que hagan sus ayuntamientos e conçejos … Por ende, mandamos a todas las justiçias e regidores de las çibdades e villas … que no tienen Casa pública de Cabildo o Ayuntamiento para se ayuntar que dentro de dos años primeros siguientes … hagan su Casa de Ayuntamiento o Cabildo donde se ayunten».49 Y ni que decir tiene que el asentamiento elegido fue mayoritariamente el de la plaza

jo, cumpliendo la normativa aprobada por los Reyes Católicos; a guisa de ejemplo, podemos tomar cualquier libro de Actas, donde continuamente encontraremos anotaciones como la siguiente, extraída de la sesión del 1 de enero de 1424: «En la villa de Paredes de Naua … estando el conçejo dela dicha villa ayuntado a campana rrepicada en el portal de la yglesia de Santa Olalla, segúnd que lo auemos de uso e costumbre de se ayuntar …», AMPN, Libro de Actas Municipales de 1424, sesión indicada. 46. Valga como ejemplo la siguiente ordenanza, promulgada el 29 de septiembre de 1490: «en la dicha çibdat de Avila … estando el dicho conçejo ayuntado como dicho es a la cabeçera de Sant Juan», en J. M. MONSALVO ANTÓN, op. cit., p. 178. 47. Véase A. VACA LORENZO, «La Puerta del Sol…», pp. 124-125. 48. Véase C. LUIS LOPEZ, Colección documental del Archivo Municipal de Piedrahíta, Ávila, Eds. de la Institución «Gran Duque de Alba» et al., 1987, pp. 38 y 47, en las que respectivamente se puede constatar el cambio de emplazamiento del ayuntamiento de la villa. 49. «Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla», publicadas por la Real Academia de la Historia, tomo III, Madrid, 1866, p. 33.

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pública; de este modo, acabarán estrechándose los lazos que unirán en el futuro a las plazas mayores con los Ayuntamientos, culminando así una larga trayectoria que se había iniciado con medidas pioneras —como la que, en su momento, quiso impulsar el concejo salmantino— y que continuará después, a ritmo acelerado, durante la época de la que nos estamos ocupando. Aun así, la obligación de cumplir con el ordenamiento de Toledo también provocará más de un inconveniente, sobre todo en aquellas ciudades que, como Valladolid, disfrutaban de varias casas consistoriales; en concreto, la ciudad del Pisuerga, que asimismo fue precoz a la hora de erigir un emplazamiento permanente, había logrado acumular dos sedes diferentes, «vna en el mercado mayor e otra en la plaça de Santa María», que utilizaban de forma aleatoria para realizar sus reuniones; sin embargo, esta duplicidad generaba confusiones y era vista con recelo por algunos partidarios de la transparencia en las sesiones, por lo que les denunciaron ante el Consejo Real y consiguieron finalmente que este último les obligara en 1499 a efectuar «vuestro conçejo e ayuntamiento en las casas que esa dicha villa tiene en la plaça del mercado … pues no tenedes nesçesidad de dos casas».50 Este episodio, evidentemente menor, nos pone, no obstante, sobre la pista de la importancia que tenía el carácter público y abierto de las reuniones municipales; aunque el concejo era una institución marcadamente oligárquica —y lo será todavía más a medida que discurra el siglo XV—, en teoría sus sesiones —al menos, las ordinarias— se celebraban a la vista de todos; cualquier persona podía, por tanto, asistir en calidad de espectador a sus discusiones y debates y constatar directamente in situ cómo se aprobaban las disposiciones de gobierno; es más, las convocatorias eran anunciadas y trasladadas a la población mediante el sonido de las campanas; todo ello, sin duda, redundaba en beneficio de la imagen del «buen gobierno» que los munícipes querían transmitir —y que será una de las claves de la cultura política bajomedieval—, pero, a la vez, abría un cauce de comunicación entre gobernantes y gobernados que encontrará precisamente su acomodo en el seno de la plaza pública; por supuesto, no se trataba de un diálogo real —puesto que mientras unos hablaban y tomaban decisiones, los otros sólo observaban—, sino más bien de un recurso interesado en aras a legitimar los acuerdos de gobierno, pero, aun así y a pesar de sus carencias, propiciaba, al menos, un punto de encuentro entre los unos y los otros, aunque desde posiciones profundamente desiguales. En cualquier caso, esta peculiar forma de gobierno que obliga al responsable público a actuar de frente ante la comunidad, será constantemente defendida por los sectores populares y provocará en la práctica más de un altercado; a guisa de ejemplo, y dado que aquí no disponemos de espacio para ello, podíamos ilustrarlo con la convulsión que se vivió

50. AGS, RGS, leg. 149901, 9.

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en Paredes, cuando el concejo, profundamente dividido por un conflicto banderizo, trató de proponer como nuevos alcaldes ordinarios a Juan Alfonso Tomás y Diego Alfonso Caballero en el mes de agosto de 1423; la moción, presentada a discusión en la sesión que se estaba celebrando, como siempre, en el portal de la iglesia de Santa Eulalia, despertó de repente tal indignación que, de no ser porque ambos candidatos se refugiaron en el tempo, «que bien creemos segund el mouimiento que ende ouo que fueran muertos de las personas así souertidas e endusidas»; naturalmente, no faltaban motivos para comprender la violenta reacción popular, puesto que tanto Diego Alfonso como, sobre todo, Juan Alfonso, eran personas muy «banderas … e cabeça de vando desta villa», pero, aun con todo, es muy significativo que esta reyerta se genere en medio de un concejo y que sus protagonistas sean los asistentes que estaban en la plaza;51 todo un síntoma de lo mucho que queda por hacer cuando se trata de estudiar las diferentes redes y espacios de comunicación política en la Castilla medieval en los que la plaza mantiene, desde luego, una posición de indudable privilegio.

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3.4. La plaza, núcleo informativo Además de todo lo expuesto hasta el momento, la plaza pública puede considerarse también como el principal foco informativo de los habitantes de las villas castellanas; en efecto, por ella circulan todo tipo de noticias, tanto las que poseen un carácter oficial, como los rumores, habladurías y murmuraciones que, sin duda, se suscitan en torno a los más variados sucesos o personas. Las primeras son propaladas y divulgadas por los pregoneros, unos de los oficiales más omnipresentes y característicos de los concejos castellanos medievales. Su misión consiste precisamente en difundir las disposiciones, ordenanzas o decretos adoptados en los regimientos; por este motivo, en muchos concejos se les exigía que estuvieran presentes en las reuniones del concejo para poder recibir instrucciones precisas acerca de la información que después iban a transmitir; en Paredes de Nava, por ejemplo, estas obligaciones se repartían por semanas y afectaban tanto al pregonero saliente como al que iba a reemplazarle en el nuevo turno.52 Una vez anotados sus encargos, los pregoneros se dirigían a la plaza y proclamaban en voz alta sus mensajes; por lo general, no lo hacían sólo una vez, sino que repetían hasta tres veces su pregón para que nadie pudiera alegar ignorancia o desconocimiento. En cuanto a la fórmula, básicamente se suele ajustar a un patrón

51. Para más información sobre este incidente y sus secuelas posteriores en el devenir del pueblo, véase J. C. MARTÍN CEA, op. cit., pp. 57-60. 52. Sobre las obligaciones de los pregoneros, véase J. C. MARTÍN CEA, op. cit., pp. 208-209.

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común en todos los concejos castellanos que podemos ejemplificar a partir del siguiente modelo procedente de Chinchilla: «E luego de contnynente fue apregonada la dicha hordenança en la plaça publica de la dicha çindad, donde avía mucha gente, por Diego Sánchez de Ayllón, pregonero público».53 Los rumores, en cambio, que también se propagaban por la plaza, resultan, casi siempre, imposibles de reproducir; no obstante, trabajos como los de C. Gauvard o H. R. Oliva demuestran que muchas veces tales informaciones tenían más importancia de la que tradicionalmente les atribuíamos, tanto a la hora forjar determinados estereotipos políticos, necesarios, por ejemplo, para criticar algunos comportamientos públicos, como en el momento de consolidar la memoria colectiva de los grupos populares.54 Por lo demás, asimismo sería interesante estudiar las diferentes fórmulas de comunicación no verbal que se practicaban en la plaza, como el lenguaje gestual, el papel de los símbolos o la burla y el escarnio, pero, por ahora, sólo disponemos de pequeñas aproximaciones.

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3.5. La plaza, espacio de ocio y de recreo Finalmente, el último aspecto en el que la plaza despunta con notoriedad es su función como escenario central del ocio y del recreo; en este sentido, la plaza se sitúa indiscutiblemente como el lugar preferido por los ciudadanos para pasear cuando tienen tiempo libre; allí se concentran, por ejemplo, los domingos, sobre todo después de la salida de la misa mayor, y charlan o bromean, intercambian opiniones, comentan las noticias y las novedades, murmuran entre corros, etc.; curiosamente, este aspecto que formaba parte de la sociabilidad más elemental, sí aparece recogido en la documentación; valga como muestra el testimonio aportado por la ciudad de Trujillo en 1491, donde el alguacil Gonzalo de Herrera se quejaba de la agresión cometida contra él por uno de los jurados mientras se encontraba «paseándose por la plaça», en presencia de dos de los alcaldes y de «de otra mucha gente»; de hecho, si no hubiera sido por «la mucha gente que en la dicha plaça estaua e le socorrió», que bien creyera que hasta hubiera muerto a consecuencia de las heridas;55 el dato, en sí, corrobora, por lo tanto, el uso de la plaza como zona de esparcimiento habitual de los castellanos y las castellanas. También

53. Véase A. BEJARANO RUBIO y A. L. MOLINA MOLINA, op. cit., p. 231. 54. Véanse respectivamente, C. GAUVARD, «Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge», en La circulation des nouvelles à la fin du Moyen Âge. XXIV Congrès de la SHMES, París, 1994, pp. 129-137 y H. R. OLIVA HERRER, «Sociabilidad y comunicación política a fines de la Edad Media. Algunas reflexiones previas», en J. C. MARTÍN CEA (coord.), Connvivir en la Edad Media, Burgos, Ed. Dossoles, 2010, pp. 211-231. 55. AGS, RGS, XI, 1491, fol. 309.

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se juega, a veces, sobre todo a la pelota, aunque este pasatiempo, practicado por los jóvenes, se consideraba peligroso y, en consecuencia, tratará de erradicarse.56

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Pero además de servir de espacio de recreo, la plaza pública es también el escenario principal de las grandes fiestas y celebraciones medievales, tanto si éstas tienen un carácter cívico como si se relacionan con manifestaciones religiosas; en efecto, como hemos comprobado en otros trabajos anteriores,57 la plaza acoge las principales procesiones, como las del Corpus Christi o las del Domingo de Ramos; alberga asimismo solemnes «Te Deums» y acciones de gracias, para festejar sucesos como las victorias sobre los musulmanes, el nombramiento de un nuevo rey, la liberación de las pandemias de peste, el final de una sequía, etc.; admite también a los predicadores más notables, como por ejemplo, a san Vicente Ferrer, que era capaz de congregar a inmensas multitudes; sirve como marco para las grandes demostraciones de duelo, como ocurre con la muerte de reyes o importantes dignatarios. Y, por supuesto, acepta igualmente dentro de su espacio todo tipo de festividades populares, como carnavales, «fiestas de obispillos», investiduras de «mayas», «pingados de los mayos», corridas de toros y un largo repertorio de bailes o espectáculos. No menos destacada resulta su función durante las ceremonias de recibimiento de reyes y señores o en los fastos cívicos que, por ejemplo, se organizan con motivo del nacimiento de un infante o de una infanta, de una boda o un enlace real o señorial o por haber logrado conquistar algún enclave a los musulmanes; en fin, la lista es tan inmensa cuando se trata de abarcar el fascinante universo de las fiestas bajomedievales que no tiene sentido pretender agotarlas en esta breve exposición. Lo que nos interesa, por encima de todo, es resaltar el alto cometido que en todas ellas desempeña la plaza, convertida en el auténtico epicentro de la alegría colectiva. Es más, la propia plaza a menudo se transforma, vistiéndose de gala —como sucede, por ejemplo, durante los «recibimientos»— o convirtiéndose en un ruedo —en las corridas de toros— o en un improvisado campo de batalla —como ocurre con las justas, los juegos de «cañas» o las escaramuzas de moros y cristianos—; es entonces cuando la plaza resplandece con todo su esplendor, hasta el punto de que, con frecuencia, se quedaba pequeña para acoger al gentío congregado y muchos se encaramaban a terrazas y tejados.

56. Así, por ejemplo, en la «noble çibdad» de Chinchilla se prohibía, por el riego que implicaba para los transeúntes, que «ningún vezino nin barrano de doçe años arriba no sea osado … de jugar a la dicha pelota en la dicha plaça e portales», so pena de 60 mrs. Véase A. BEJARANO RUBIO y A. L. MOLINA MOLINA, op. cit., p. 210. 57. Véase J. C. MARTÍN CEA, «Fiestas, juegos y diversiones en la sociedad rural castellana de fines de la Edad Media», en Edad Media. Revista de Historia, 1 (1998), pp. 111-141.

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LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA «PLAZA PÚBLICA» EN LA CASTILLA DEL SIGLO XV

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4. CONCLUSIÓN:

LA PLAZA,

¿«ESPACIO PÚBLICO»

EN LA

CASTILLA

… 163

BAJOMEDIEVAL?

En fin, una vez llegados a este punto, en el que hemos constatado el dinamismo de la plaza pública tanto en el terreno mercantil o comercial, como en el jurídico y jurisdiccional, en el plano institucional y su papel como centro informativo o como espacio festivo por antonomasia, es hora, pues, de retomar nuestro interrogante inicial y de preguntarnos a qué responde esta indudable apuesta concejil por promocionar semejante espacio ciudadano durante el siglo xv. Pues bien, básicamente podemos contestarlo si tenemos en cuenta que los municipios castellanos van a utilizarla como escaparate del poder urbano y como imagen primordial de su buen hacer al frente del gobierno; en este sentido, es evidente que su postura se incardina dentro de esa nueva «cultura política» que está emergiendo en el período bajomedieval y que ya no se conforma con imponer leyes u ordenanzas, sino que aspira también a lograr el consenso ciudadano para legitimarse como «buenos» gobernantes. Desde esta perspectiva, la plaza «pública» cobra una nueva dimensión, que se irá reforzando progresivamente a lo largo de todo el Cuatrocientos; es objeto de un cuidado permanente y se la mima y embellece como símbolo del «honor», del orgullo y del prestigio colectivo. Por eso, a medida que transcurre el siglo XV, se multiplican las acciones para mantenerla limpia y ordenada —incluyendo, por ejemplo, las obras de empedrado y de pavimentación— y para dotarla de las infraestructuras adecuadas —instalando pozos, acometiendo traídas de agua o incrementando el número de fuentes— que le permitan cumplir con los mencionados cometidos. No contentos, sin embargo, con mejorar su eficiencia en todos los sentidos, también se esforzarán por hacerla más bella y atractiva colocando relojes mecánicos o desarrollando una activa política urbanística que muy pronto se traducirá en la búsqueda de un espacio equilibrado y armonioso —derribando, por ejemplo, los edificios más antiguos u obligando a colocar soportales homogéneos— lo que anticipa claramente el modelo que después conoceremos como la emblemática «plaza mayor». A la vista, por lo tanto, de lo expuesto, quizá tenga sentido preguntarse: ¿no estaremos asistiendo al primer paso de la constitución de ese «espacio público» del que hablaba J. Habermas, situándolo en la Modernidad?

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Torres, tierras, linajes. Mentalidad social de los caballeros urbanos y de la élite dirigente en la Salamanca medieval (siglos XIII-XV)* JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

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Universidad de Salamanca

C

urbano salmantino, desde cualquier óptica, se encuentra con el problema de la falta de datos, incluso para el siglo XV, a salvo quizá de sus últimas décadas. Hay escasez de información sobre la composición de las familias de la aristocracia salmantina y sus orígenes son oscuros. Existen, pese a todo, referencias documentales de diverso tipo y estudios ya publicados, aparte de documentación de archivo, que son imprescindibles para acercarnos a la cuestión.1 UALQUIER POSIBLE CARACTERIZACIÓN DEL PATRICIADO

* El trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Culturas urbanas y percepciones sociales en los concejos castellanos medievales durante los siglos XIII-XV» (Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan nacional de I+D+I 2008-2011, HAR2010-14826, IP J. M.ª Monsalvo). 1. Aparte de los trabajos que contienen fuentes, que se irán citando en estas páginas, menciono algunos estudios locales sobre Salamanca de lectura obligada. El más clásico historiador de Salamanca es uno de éstos: G. GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamanca (ed. B. Cuart), ed. facsímil de la obra de 1606: Salamanca, 1994. Imprescindible es M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, Salamanca, Graficesa, 1973-1975, 9 vols. (1.ª ed. orig. 1887), esp. vols. IV y V. Otros estudios contemporáneos se han tenido en cuenta: J. ÁLVAREZ VILLAR, De heráldica salmantina. Historia de la ciudad en el arte de sus blasones, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1997 (1.ª ed. 1966); N. CABRILLANA, «Salamanca en el siglo xv: nobles y campesinos», Cuadernos de Historia, Anexos de Hispania, III, 1969, pp. 255-295; M. GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la Baja Edad Media, Salamanca, Universidad, 1982; C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, Salamanca, 1983; Historia de Salamanca. Tomo II. Edad Media, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos,

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El déficit empírico obstaculiza la observación de los valores y actitudes del grupo social, que es la cuestión preferente que más nos interesa aquí. En la medida de lo posible, ya para fechas tardías de la Edad Media es factible tratar con alguna precisión la situación de los nobles salmantinos, e incluso acercarnos con adecuadas herramientas hermenéuticas a los comportamientos y opiniones directas de los afectados, que muestran las mentalidades y actitudes colectivas del grupo. Procuraremos acercarnos a estas no sólo como deducción de las realidades estructurales sino como observación de conductas palmarias y manifiestas. Por ello, y dado que otros trabajos previos han fijado ya el punto de observación en algunos componentes organizativos y funcionales de las élites de poder y del sistema político,2 podemos estructurar ahora el recorrido por esta etapa a partir del énfasis en las percepciones y los valores, aunque sin obviar el contexto de las relaciones de poder realmente existentes. Hemos planteado ya la cuestión de la mentalidad social y los valores en esos trabajos previos, pero incluso más específicamente como objeto directo en el caso de los pecheros,3 de modo que resulta pertinente ahora ahondar un poco más en el ambiente social de los caballeros urbanos desde esta perspectiva.

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No obstante, y dado que el propósito es analizar la cultura política, es preciso señalar previamente algunos aspectos que, aunque estén presentes más 1997, con capítulos de J. L. MARTÍN MARTÍN, J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, A. BARRIOS, J. M.ª MÍNGUEZ y J. M.ª MONSALVO ANTÓN; A. VACA LORENZO, «La oligarquía urbana salmantina en la Baja Edad Media. Caballeros y escuderos en pugna por los cargos del Concejo (1390-1408)», Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (U. Buenos Aires), 31, 1998, pp. 63-93. Se citan otros trabajos a lo largo de estas páginas. 2. J. M.ª MONSALVO, «Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (ss. XIII-XV)» Hispania, 185, 1993, pp. 937-970; id., «Panorama y evolución jurisdiccional en la Baja Edad Media» y «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros (en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)», en J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ (dir. de la obra), J. M.ª MÍNGUEZ FERNÁNDEZ (coord. del vol.), Historia de Salamanca. Tomo II. Edad Media, cit., pp. 331-386 y 389-478; id., «Gobierno municipal, poderes urbanos y toma de decisiones en los concejos castellanos bajomedievales (consideraciones a partir de concejos salmantinos y abulenses)», en Las sociedades urbanas en la España medieval (XXIX Semana de Estudios Medievales Estella, 2002), Pamplona, 2003, pp. 409-488; id., «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros en Salamanca y Ciudad Rodrigo a mediados del siglo XV. Violencias rurales y debates sobre el poder en los concejos», en I. ALFONSO, J. ESCALONA y G. MARTIN (eds.), Lucha política. Condena y legitimación en la España Medieval. Annexes des Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispaniques Médiévales, n.º 16, 2004, pp. 237-296; id., «En torno a la cultura contractual de las élites urbanas: pactos y compromisos políticos (linajes y bandos de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes)», en F. FORONDA y A. I. CARRASCO (dirs.), El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 159-209; id., «Violence between Factions in Medieval Salamanca: some Problems of Interpretation», Imago Temporis. Medium Aevum, n.º 3, 2009, pp. 139-170. 3. Aparte de referencias en algunos estudios anteriores (véase nota anterior), algunos de nuestros trabajos se han centrado más directamente en la cuestión de los «valores estamentales» de los pecheros. En concreto, «Percepciones de los pecheros medievales sobre usurpaciones de términos rurales y aprovechamientos comunitarios en los concejos salmantinos y abulenses», Edad Media. Revista de Historia, Univ. de Valladolid, n.º 7, 2005-2006, pp. 37-74; id., «Ideario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros abulenses y salmantinos (ss. XIII-XV)», Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXXI, n.º 238, 2011, pp. 325-362.

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o menos implícitamente, no son objeto de estudio directo aquí: la composición de las familias de la aristocracia, sus redes y relaciones; la formación de sus fortunas, aunque sí resaltaremos algunos rasgos genuinos de su composición y valoraremos los efectos subjetivos de la propiedad en la conciencia como grupo social privilegiado; las instituciones concejiles y sus fundamentos, aunque se tienen en cuenta; los acontecimientos de la historia salmantina bajomedieval; o la reconstrucción integral de las actitudes y valores de la caballería de la ciudad —estilo de vida, costumbres, actitudes religiosas, vida social, etc.— referidos a aspectos no directamente relacionados con los objetivos aquí propuestos, que tan sólo pretenden acercarse, como indicamos, a la «cultura política». Pero incluso en relación con esta última, tampoco pretendemos ser exhaustivos, sino centrarnos en las principales ideas y actitudes políticas de este grupo social.

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1. PERCEPCIONES

Y SIGNOS VISIBLES DE «SUPERIORIDAD» DE LOS CABALLEROS PRINCIPALES

Hemos sugerido en alguna ocasión que las reformas del régimen municipal llevadas a cabo por la monarquía fueron determinantes en la estructuración de la oligarquía local. En el caso del Regimiento esto es muy evidente. El Regimiento había supuesto la eliminación en la toma de decisiones de todos los resortes asamblearios, vecinales y abiertos que aún persistían a mediados del siglo XIV, aunque ya con seguridad entonces en franco declive.4 Además, al haberse constituido como un gobierno muy reducido de magistraturas municipales vitalicias —si no lo eran inicialmente, pronto lo fueron—, el nuevo órgano había catapultado a unos pocos a la cima del poder. No hablamos del estamento, en este caso, sino sólo de la parte más conspicua del mismo. Por una carta de 22 de octubre de 1345 sobre términos del alfoz concejil sabemos que la reina doña María, que tenía Salamanca entonces por parte del rey, se dirigía a los «omes bonos que an de veer fazienda del dicho conçejo»,5 que era la fórmula que se empleaba para denominar a los regidores. Otra carta de julio de 1354, ya en el reinado de Pedro I, ofrece una primera relación de una docena regidores.6 Sabemos que desde las décadas siguientes el número oficial de regidores de plantilla fue de 16. Auque en la práctica el número se

4. A mi juicio, el período 1250-1350, en general en las ciudades castellanas, fue de declive prolongado de las instituciones concejiles abiertas, asamblearias o vecinales. Lo comentamos en J. M.ª MONSALVO, «“Ayuntados a concejo”. Acerca del componente comunitario en los poderes locales castellanoleoneses durante la Edad Media», en El poder a l'Edat Mitjana, Lleida, 2004, pp. 209-291, pp. 261-272. 5. AMS, R/ 2598. 6. La relación incluía, si no la totalidad, sí la mayor parte de los que había, AMS, R/ 2334. Eran los siguientes: Gonzalo Rodríguez de Santo Tomé, Diego Álvarez de Sotomayor, Diego Gómez, Alfonso Pérez de Tejeda, Gonzalo Rodríguez el Mozo, Alfonso Sánchez, Gonzalo Bernal, Pedro Álvarez, Alfonso García, Domingo Pérez, Domingo Benito, Diego Gil.

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desbordó por los célebres «regimientos acrecentados» —llegaron a ser 26 o más en la segunda década del siglo XVI—, no hay duda de que fueron cargos enormemente restringidos desde el principio de la institución del Regimiento. Era tan difícil alcanzar una regiduría, un cargo para toda la vida, y recaía tanto poder e influencia en el organismo de gobierno, que la pertenencia al mismo se convirtió indudablemente en un sesgo de distinción entre la minoría de gobierno patricia y el resto del estamento privilegiado o caballeresco. Ser o no ser regidor marcaba el éxito o el fracaso en la carrera política de un caballero urbano. Los mismos apellidos y familias se repiten en estos cargos a lo largo del tiempo: Anaya, Solís, Maldonado, Tejeda, Villafuerte, Paz, Corvelle, Acevedo, entre otros. Puede verse esta continuidad a propósito del reinado de Juan II,7 pero también en los siguientes, incluyendo el de los Reyes Católicos.8

7. En 1408 se documentan los siguientes regidores: Pedro Enríquez, Pedro Rodríguez Monroy, Simón Garcés, Alvar Rodríguez, Suero Alfonso de Solís, Gómez Gutiérrez de Herrera, Alvar Pérez de Paz el Viejo, Benito Fernández Maldonado, doctor Alfonso Rodríguez, Gómez González de Anaya, Sancho Sánchez de Arcano, Velasco Fernández de Portillo, Ruy Fernández, Alfonso Arias de Corvelle, Juan Arias, AGS, Consejo Real, leg. 746, doc. 20, ref. A. VACA LORENZO, «La oligarquía urbana salmantina en la Baja Edad Media. Caballeros y escuderos en pugna por los cargos del Concejo (1390-1408)», Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (U. Buenos Aires), 31, 1998, pp. 63-93, docs. pp. 85-92. En 1421 se documentan los siguientes regidores: Pedro Rodríguez, Ruy Fernández, Juan Arias Maldonado — hijo de Arias Pérez—, Juan Arias —hijo de Rodrigo Arias—, Pedro Maldonado, Alfonso Álvarez de Anaya, Juan Gutiérrez, Gómez García Maldonado, Gómez Gutiérrez de Herrera, Rodrigo Álvarez de Anaya, Pedro Álvarez de Anaya, doctor Alfonso Guedeja, bachiller Gonzalo Rodríguez —hijo del doctor Alfonso Rodríguez—, Juan Cornejo, bachiller Luis Álvarez de Paz, Diplomatario del Archivo de la Universidad de Salamanca. La documentación privada de época medieval, ed. A. VACA LORENZO, Salamanca, Universidad, 1996, ed. electrónica, docs. 6 y 7. En 1433-1434, entre otros, eran regidores: Suero Alfonso, Juan Arias Maldonado —hijo de Arias Pérez Maldonado—, Diego de Acevedo, Rodrigo de Acevedo, Rodrigo Álvarez de Anaya, Pedro Álvarez de Anaya, Gómez García Maldonado, Pedro Maldonado, Ruy González, Juan Gutiérrez, Diego de Sotomayor, Diego Flores, Juan Vázquez Coronado —hijo de Pedro Vázquez Coronado— Gómez Gutiérrez de Herrera, Juan de Villafuerte, «Pesquisa sobre términos usurpados 1433-1453» (BN, Ms. Res n.º 233), fol. 99v, 172v-173, 203v, 219, 227v. Todavía algunos de éstos se documentan en 1452-1453 en la pesquisa: Diego Álvarez Maldonado, Juan de Villafuerte, doctor Arias Maldonado, Alfonso Enríquez, Juan Gutiérrez, «Pesquisa sobre términos usurpados 1433-1453» (BN, Ms. Res n.º 233), fol.1-1v. 8. En 1475 los regidores salmantinos eran los siguientes: Juan de Villafuerte, Gonzalo de Villafuerte, su hermano, Rodrigo Maldonado, Rodrigo Arias Maldonado, doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, Juan Pereira, Pedro de Vega, Alfonso de Almaraz, Diego Álvarez de Salamanca, Fernando de Hontiveros, Gómez de Anaya, Diego de Tejeda el Mozo, Alfonso Lobera, Gonzalo Vázquez Coronado, Luis de Acevedo —hermano del arzobispo de Santiago Alonso Fonseca—, Pedro de Miranda, Pedro Ordóñez de Villaquirán, Lope de Sosa, AMS, R/ 166; AMS, leg. 2985, n.º 23. En 1493 eran regidores: Juan de Almaraz, Alfonso Enríquez, Íñigo López de Anaya, Diego Ordóñez de Villaquirán, Rodrigo de Valle, Rodrigo Maldonado de Monleón, doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, Diego de Anaya, Alfonso de Tejeda, Juan de Paz, Alfonso de Almaraz, Alfonso Puertocarrero, Rodrigo Álvarez Maldonado, Juan Arias Maldonado, Luis de Acevedo, hermano del arzobispo Fonseca, AGS., Diversos de Castilla, leg. 10, n.º 36 y documentación coetánea. Y en 1499, por poner otra fecha un poco posterior, Juan de Villafuerte, Cristóbal de Villafuerte, Rodrigo Álvarez Maldonado, doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, Rodrigo Maldonado de Monleón, Juan de Tejeda, Luis de Acevedo, Diego de Anaya, Ruy González, Alfonso Puertocarrero, Diplomatario del Archivo de la Universidad, cit., doc. 155.

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Ciertamente, hay otras diferencias, pero podríamos decir que por sí mismo el Regimiento marcaba y definía el corte social y político entre el estamento caballeresco en su conjunto y la élite estricta de gobierno, es decir, una parte muy reducida del mismo. Fue ésta a mi juicio una diferenciación que determinó una fractura importante en la sociedad urbana. Más adelante se interpretan algunos efectos de esta grieta en la sociedad política urbana. No era lo único que separaba «estamento» y «élite de gobierno». La llegada al Regimiento estaba condicionaba por la pertenencia a determinadas familias. Este selecto grupo de familias aristocráticas desde la segunda mitad del siglo XIV exhibían ya signos externos identificativos. Aunque la construcción de apellidos de la aristocracia urbana era poco regular normalmente en Castilla, y Salamanca no es una excepción, ya que no se seguía siempre la regla del patronímico, ni siempre había un cognomen o apellido de linaje,9 lo cierto es que este último fue empleado cada vez más frecuentemente por algunos miembros del grupo caballeresco salmantino desde la segunda mitad del XIV y cada vez más en el siglo siguiente. Así vemos las denominaciones «Paz» o «Páez», «Maldonado», «Solís», «Anaya», «Varillas», «Corvelle», «Enríquez», «Monroy», «Godínez» o «Tejeda», entre otros, empleados sistemáticamente, aunque no de modo automático. En ese umbral de uso frecuente, pero no sistemático, se pueden considerar apellidos de linaje. Como tales linajes desplegaron sus blasones correspondientes. No obstante, hay que tener en cuenta que bajo estos «apellidos de linaje» se hallaban diferentes ramas familiares, es decir, li-

9. Un ejemplo: Juan Rodríguez de las Varillas, que falleció en 1380, dueño de Villagonzalo, casado en primeras nupcias con María Fernández de Monroy y más tarde con doña Aldonza Suárez de Solís, tuvo varios hijos, que llevaron los nombres siguientes: Pedro Rodríguez de las Varillas, Fernán Rodríguez de Monroy, Ruy González de Salamanca, Alvar Rodríguez de Monroy, Juana de Monroy, Catalina de Monroy —del primer matrimonio— y Suero Alfonso de Solís, del segundo. De la descendencia de Pedro Rodríguez de las Varillas, el primogénito y regidor, llamado Pedro Rodríguez Caballero y casado antes de 1388 con María Álvarez de Grado y Ulloa, nacieron Lope Rodríguez de las Varillas, Ruy González de Salamanca, Suero Alfonso de Solís el Mozo, Isabel Rodríguez y María de Ulloa. Sin salir de este mismo tronco familiar, los hijos del primogénito Lope Rodríguez de las Varillas, que casó con María de Ovalle y que vivió en el reinado de Juan II, se llamaron: Gonzalo Rodríguez de Ovalle, Fernán Rodríguez de las Varillas, Ruy González de Ovalle y Pedro Rodríguez. Aunque la referencia es de un manuscrito posterior, éste recopilaba datos de la época (Linajes de Salamanca, Ms. del Archivo de la Catedral, del siglo XVIII, ed. J. Sánchez Vaquero, Salamanca, UP, 2001, pp. 205, 208, 209) y resulta significativa de los vaivenes de algunos apellidos. Éstos reflejan filiaciones bilaterales o denominaciones poco ortodoxas si se comparan con las reglas patronímicas de la nobleza territorial característica. Todo esto dificulta la identificación y el seguimiento de los personajes de la nobleza urbana. No siempre se halla, no obstante, esta variedad en el seno de la misma familia, pero lo cierto es que la falta de reglas estables en la formación de los apellidos no era nada anómalo, sobre todo en fechas tempranas de la Baja Edad Media. En cualquier caso, la tendencia a heredar el apellido paterno, y especialmente en el caso de los primogénitos, sin ser contundente, se fue imponiendo. Y no faltan casos de temprana tendencia centrípeta en los nombres y apellidos. Un ejemplo: desde principios del siglo XV los titulares de la casa de Villafuerte, y regidores de la ciudad, se llaman sucesivamente —padre, hijo, nieto y biznieto— «Juan de Villafuerte», ibid., pp. 217-220.

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najes familiares propiamente dichos, en torno a caballeros concretos. Y eran éstas las unidades cohesionadas que tenían autonomía de acción. Hasta cuatro o cinco ramas familiares llevaban a finales del XV el apellido de linaje Maldonado, y cada una era autónoma y estaba bajo un caballero importante. Pero además en aquella época había otra acepción más amplia y arraigada de la palabra «linajes»: en las fuentes salmantinas de la época se llamaba así a los agrupamientos más amplios o partes, las de San Benito y San Martín y la pertenencia a estos dos grandes partidos o macroadscripciones urbanas10 nacía en las unidades familiares, no en los apellidos de linaje, aunque tendía a haber proporción o correspondencia entre unas y otros.11

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El selecto puñado de familias dirigentes se distinguía en el propio léxico del resto del estamento de caballeros, escuderos e hidalgos, entendido como un conjunto al que también, naturalmente, pertenecían sus miembros. El reducido segmento más alto del estamento lo constituían los «caballeros principales» o las «personas principales», como a veces se les denominaba. Al va-

10. En relación con las estructuras de linajes hace tiempo establecimos cuatro posibilidades, aunque no tienen que darse todas ellas en las mismas ciudades y a la vez. En primer lugar, la familia caballeresca, propiamente dicha, que era un linaje familiar o «linaje corto» compuesto por padres, hijos, parientes cercanos y clientelas directas, formando un núcleo en torno a un cabeza de familia destacado y a una residencia, casa o palacio concreto. En segundo lugar se halla el linaje suprafamiliar, llamado genuinamente «linaje», que con fuertes dosis ya de pseudoparentesco y alianzas políticas era un agrupamiento o adición de varias unidades familiares, o linajes cortos, y que en el caso de Salamanca, aunque podía dar cohesión a grupos amplios (los «Maldonado», los «Tejeda»…), quedó normalmente subsumido o relativizado por formas de alianza más amplias equivalentes al tipo siguiente. En tercer lugar, en efecto, lo que suele denominarse «bando-linaje», era una especie de parte o partido urbano, generalmente con estructura binaria, un entramado preponderante de parentesco artificial o solidaridad meramente política y que no necesariamente existía en las ciudades de la época, pero que concretamente en Salamanca fue un tipo de solidaridad muy potente que se correspondió con los alineamientos de San Benito y San Martín-Santo Tomé; hay que tener en cuenta que estos alineamientos eran llamados también «linajes», con independencia de que el conflicto en sí que protagonizaron se ajustara léxicamente a las tensiones entre «bandos» o «banderías». Finalmente, cuando estos partidos urbanos se implicaban en disputas externas al sistema urbano se habla generalmente de «bando-parcialidad», que implicaba ya alianzas y pactos totalmente políticos con fuerzas externas, luchas dinásticas, bandos nobiliarios del reino, etc. Véanse las referencias que hacemos a estas organizaciones en J. M.ª MONSALVO, El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, Universidad, 1988, cap. 8.º; asimismo, id., «Parentesco y sistema concejil», cit. Las denominaciones historiográficas de bando-linaje y bando-parcialidad, aunque aplicadas a otro contexto, proceden de M.ª C. GERBET, La noblesse dans le royaume de Castille. Étude sur les structures sociales en Estremadure, 1454-1516, París, 1979. Los casos de estructuras de linaje en diversas ciudades cuentan con numerosos estudios y han sido objeto de análisis por muchos medievalistas —Quintanilla Raso, Ladero Quesada, Díaz de Durana, García Fernández, Rucquoi, Diago Hernando, Jara Fuente, Solórzano, entre otros—; doy cuenta de buena parte de ellos, a cuya referencia bibliográfica me remito, en J. M.ª MONSALVO «Violence between Factions in Medieval Salamanca», cit., pp. 152-153, n. 39. 11. En nuestro trabajo «En torno al Triunfo Raimundino. Notas sobre el imaginario nobiliario en la Salamanca de 1500» (Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, BA, en prensa) puede apreciarse que algunos apellidos, como Maldonado, Solís o Enríquez, aunque tendían a estar más relacionados con uno de los dos bandos, se hallaban en los dos. Véase infra.

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lorar la mentalidad colectiva de esta pequeña fracción de la sociedad aristocrática no es difícil encontrar evidencias de su posición no ya dominante sino subjetivamente considerada superior en el medio social en que vivían. Poder exhibir una regiduría, como sus padres, hijos o hermanos, un bien muy escaso, como acabamos de decir, les distanciaba visiblemente del resto. Pero los niveles de fortuna también les distinguían. Eran ricos. Conocemos más o menos la composición de los patrimonios de los caballeros principales salmantinos en el siglo XV, en el que, además de inmuebles notables, destacaban sus propiedades rústicas repartidas por Tierra de Salamanca,12 unos y otras acogidas al régimen de mayorazgo.13 Excuso subrayar los bien conocidos efectos de concentración y robustecimiento patrimonial en manos de los primogénitos que implicaban los mayorazgos. Algunos datos permiten valorar cuantitativamente sus fortunas. Una herencia por la que litigaban con Alfonso Maldonado en 1478 Gonzalo Vázquez Coronado y su esposa María Hernández, «muger muy principal», se estimaba en dos cuentos, es decir dos millones de maravedís.14 La misma cifra aproximadamente valía la fortuna de aquel con quien litigaban por la herencia, Alfonso Maldonado. Dos millones de maravedís valía también a principios del XVI la hacienda del regidor Pedro Bonal.15 Juan Maldonado de Hontiveros hacia 1498 tenía una fortuna propia de cinco cuentos de maravedís personalmente y otros tres más asignados a sus hijos.16 Cifra superada por los bienes de Rodrigo Álvarez Maldonado, según el testamento más o menos de esa época. Otros testimonios avalan estas impresiones.17 En definitiva, en una épo12. Véase Anexo, aunque sólo se han consignado en él los términos enteros o sobre los que tenían control, no las numerosísimas propiedades —de varias yugadas de heredad habitualmente— dispersas por otros muchos lugares. 13. Varios regidores salmantinos y otros importantes caballeros obtuvieron licencia y crearon mayorazgos en la segunda mitad del siglo XV. Entre otros, 26-7-1454, ARCHV, Pergaminos Caja 22, 9 (Enrique Enríquez y María de Monroy); AGS, RGS, febrero 1490, fol. 44 (Alfonso de Tejeda); ibid., 15-03-1475, fol. 290 (Diego de Acevedo); ibid., 17-10-1478, fol. 12 (Gonzalo Vázquez Coronado); ibid. 19-11-1480, fol. 9 (Rodrigo Godínez, señor de Tamames); ibid., 16-09-1995, fol. 271 (Juan de Villafuerte); ibid., 20-09-1480, fol. 7, 19-12-1488, f. 13 (Rodrigo Álvarez Maldonado); noticias sobre el mayorazgo de Enrique Enríquez y su esposa María de Monroy en 1454 sobre Villalba de los Llanos, M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, p. 54; y sobre el de Alfonso de Solís de 1476 sobre Moncantar, ibid., V, p. 45; sobre el que el regidor Alfonso de Paz hizo en 1479 ref. en «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 145, 151. Asimismo, M.ª R. Y. PORTAL MONGE, «Sepulcro de los Maldonado en la iglesia de San Benito de Salamanca», Salamanca. Revista Provincial de Estudios, ns. 22-23, 1986-1987, pp. 21-55. 14. AGS, RGS, 17-10-1478, fol. 12. 15. M. SANTOS BURGALETA, «La reproducción social del poder. Teoría y realidades particulares en España al inicio de la Edad Moderna. El mundo del escudero Luis de Villazán», Cuadernos del Marqués de San Adrian, n.º 6, 2009, p. 3 (rev. electrónica). 16. AGS, RGS, 26-10-1498, fol. 152. 17. Algunas referencias pueden verse en C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, cit., p. 142; de la misma autora, La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535), Salamanca, Diputación, 1991. Interesan también los documentos y datos contenidos en M.ª R. Y. PORTAL MONGE, «Sepulcro de los Maldonado en la iglesia de San Benito de Salamanca», cit.; M. GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la

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ca en la que un buey costaba dos mil maravedís y un buen caballo de montar seis mil, estos caballeros de la élite salmantina gozaban de patrimonios familiares valorados en dos, cuatro o seis millones de maravedís. Salvo por los inmensos juros y transferencias millonarias hechas por la fiscalidad regia a las más grandes casas nobles de Castilla, en realidad no diferían mucho estos niveles de fortuna de la nobleza urbana salmantina de los que eran típicos de la nobleza territorial, dejando al margen, por supuesto, un puñado de grandes casas altonobiliarias del reino.18

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Los ingresos anuales que producían estos bienes, aparte de los inmuebles, eran un elemento tan distintivo del grupo que un documento de enero de 1477 permite saber que alcanzar o no una determinada cantidad de renta anual otorgaba la condición de ser o no ser «persona prinçipal». Esta última se diferenciaba tanto del «escudero» como del «ome de pie», estos últimos llamados también «peones» u «ofiçiales»: «e entiéndase ser persona prinçipal el que tiene treynta mill maraveís de rrenta, e sus fijos e el que fuere fijo de persona que tovo los dichos treynta mill maravedís de rrenta».19 Esta discriminación fue establecida por los propios caballeros salmantinos, no por otras instancias. Estatus y fortuna estrictamente enlazados, por tanto. La taxonomía refleja un condicionante material tangible y formalmente elitista de entender la sociedad local. Ellos, los «principales», eran los más ricos. Y eso tenía que hacerse patente, concretarse, medirse, hacerse visible. También se hacía manifiesta la consideración social distinta de que eran objeto unas y otras categorías sociales. Y no nos referimos tanto al vocabulario de los diplomas administrativos, sino de nuevo a opiniones propias de los patricios sobre sí mismos y los demás. En la concordia de septiembre de 1476 para pacificar los bandos, que fue precisamente el hecho precedente que dio pie a la citada aclaración de enero siguiente,20 se encuentra expuesta una gradación de trato judicial diferente según la condición: «E sy alguno lo contrario fiziere, si fuere persona prinçipal, que sea desterrado e vaya fuera desta dicha çibdad y sus arrauales por treynta dias; e si fuere escudero, que pierda las armas y sea desterrado de la dicha çibdad e sus arrauales por sesenta días; y si fuere omme de pie o ofiçial que pierda las armas y sea desterrado de la dicha

Baja Edad Media, cit.; y múltiples referencias de M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, vol. V, passim. 18. Entre una amplísima bibliografía, hay dos buenos acercamientos al poder material de la alta nobleza: A. FRANCO SILVA, La fortuna y el poder (col. arts. del autor), Cádiz, 1996; M.ª C. QUINTANILLA RASO (ed.), Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval, Madrid, Silex, 2006. 19. Archivo de la Casa de Alba, C. 62.19. 20. Ajustamiento de Paz entre los caualleros de los bandos de San Benito y Santo Thomé (trascripción F. Marcos Rodríguez), Salamanca, 1969 (reed. 1983). Asimismo M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, lib. V, ap. doc. XIV, pp. 147-151. Véase nota anterior sobre las «personas prinçipales».

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çibdad y sus arrauales por noventa dias», señalaba la concordia de 1476, y la citada tregua de enero siguiente indicaba: «sy la persona que la quebrantare [la tregua] fuere peón, o ofiçial o otro çibdadano de semejante condiçión, que sea allegado o servidor de su casa de qualquier persona de las dichas partes, que aquél, cuyo allegado o servidor fuere, sea obligado a lo entregar a la justiçia dentro de terçer día, para que se le dé la pena que meresçiere. E, sy el que la dicha tregua quebrantare fuere escudero o de condiçión de escudero, quel señor con quien bive sea obligado a lo entregar a la justiçia dentro del dicho terçero día (…) que sy alguno fiziere injuria de fecho a qualquier prinçipal, que sea entregado por aquél cuyo fuere o a quien se allegare, dentro del tienpo e en la manera que dicha es», aclarando inmediatamente que el «principal» era el que disponía de la mencionada renta de treinta mil maravedís. Interesa destacar el hecho de que la propia estructura familiar de los patricios, por su misma amplitud, hacía que estos grupos de parientes, flanqueados por extensas redes de criados, escuderos y hombres que les servían, es decir, clientelas poderosas, fueran percibidos como «hombres poderosos» en su medio. Había conciencia de que, debido a las influencias en el concejo tanto de los parientes como de los clientes de los patricios, se daban situaciones fácticas de impunidad. De ahí derivaban las quejas contra los caballeros «tan bien emparentados» en la ciudad, a quienes, según se decía, la justicia no les alcanzaba.21 Y por eso mismo las cautelas de las autoridades públicas para evitar que los allegados de los caballeros regidores actuaran como su fuerza de choque o como prolongación impropia del poder de aquéllos, con una capacidad de generar violencia que las opiniones de la época reconocían.22 Es importante, con todo, señalar que había visibilidad, o conciencia social, respecto a esa condición social preminente, prepotente a veces, que arropaba las conductas de los poderosos. No olvidemos que tanto las tipificaciones de estratificación socioeconómica, que acabamos de mencionar, como las alusiones a la impunidad de los poderosos las podemos encontrar en opiniones directas23 de los propios caballeros —o sus antagonistas—, y no sólo a través del léxico administrativo estándar. Éste, por otra parte, también refleja esa posición de superioridad del grupo social. Y a esa misma semántica social recurrían por su parte los demás grupos sociales cuando se referían al sector patricio, como revelan testimonios y escritos de pecheros en pleitos y en otras actuaciones: los «principales» eran también los «omes poderosos», los «mayores», los «señores» —los llamaban así porque eran dueños de lugares, incluso algu-

21. Véase infra, nota 43 22. Véase infra, nota 61. 23. Destacamos mucho este aspecto de las «opiniones directas» para conocer los valores de los grupos sociales: J. M.ª MONSALVO, «Ideario sociopolítico y valores estamentales», cit., en ese caso referentes a los pecheros.

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nos también señores propiamente dichos—, y —podrían haberlo dicho igualmente— los «mejores», aunque esta última expresión, si la pensaban, no la empleaban sus antagonistas, aunque tampoco los patricios mismos. De manera que había una prácticamente explícita y compartida idea de que apenas unos pocos alcanzaban esos niveles superiores de renta y de poder. La pugna por los oficios menores, a que luego se aludirá, también revela esta conciencia de superioridad de una reducida minoría. Pero el desprecio patricio hacia los de inferior condición se acentuaba, naturalmente, si se proyectaba no ya hacia el estamento de privilegiados-jurídicos-sin poder político, es decir, los otros caballeros e escuderos, sino hacia los pecheros, la gran masa contribuyente y antagonista por antonomasia de los caballeros urbanos. En rigor, apenas hay indicios de conflictos abiertos entre caballeros y pecheros, al menos en lo referente a grandes desgarros sociales y violencias significativas. El único testimonio cronístico que sugiere un enfrentamiento entre los caballeros urbanos y los sectores populares procede de la Crónica incompleta de los Reyes Católicos, escrita a principios de este reinado, y sugiere que causaron grandes daños en la ciudad. La crónica muestra una hipersensibilidad al vacío de poder del reinado de Enrique IV. Tras mostrar el fracaso de las hermandades que se formaron en el reino para intentar poner orden, la crónica daba gran relevancia a lo acaecido en Salamanca: «(…) que en la çibdad de Salamanca se leuantaron caualleros y hidalgos contra el pueblo, y vnos con otros con grand enemistad pelearon, y el pueblo fue vençido y muchas casas dellos quemadas y robadas, y quedaron hidalgos y caualleros señoreantes sobre los comunes y la çibdad quemada, robada y destroyda». La noticia es dudosa24 si es que se refiere —desgraciadamente en el relato falta el contexto local— a algo diferente a las violencias rurales y a las violencias banderizas, de las que tenemos noticia, de las que luego daremos cuenta y que no encajan en esa idea difusa de lucha abierta entre caballeros y pueblo. La destrucción y quema de la ciudad es una indudable exageración igualmente. El pasaje refleja, en cualquier caso, como era percibida en la época, en este caso en círculos cultivados, la cúspide de una sociedad salmantina agresiva socialmente y distanciada de la masa de población.

24. Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476), ed. J. Puyol, Madrid, 1934, t. LI, p. 305. Hay que tomar con mucha precaución el relato y cuestionar sin duda los sujetos políticos en liza a los que se refiere el texto, ya que el propósito del anónimo cronista —y que podría haberle alejado de un diagnóstico exacto de la realidad conflictiva salmantina, pese a recrearla a su modo en ese pasaje—, era justificar la capacidad de Isabel para reinventar con éxito las Hermandades, tras el fracaso anterior de estas organizaciones. Para ello era preciso sostener en el discurso la tesis de la ineficacia y el infortunio de Enrique IV, «como él no tenía hijo a quien el reyno dexar, no sólo no se apiadaua de su destruyçión y males, mas avía plazer quando empeorados los veýa, de manera que con el mal remedio y castigo que puso en Salamanca, las Hermandades de ay adelante en todo el Reyno cayeron y de suyo se desbarataron», ibid., p. 306.

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La distancia era percibida también localmente, sin duda, en términos subjetivos. Por unos y otros. Acabamos de mencionar la exigente selección económica, el nivel de renta, que se requería para ser considerado «principal». Significativamente, escandaloso les parecía a los regidores de Salamanca que la monarquía concediese a los pecheros de la Tierra en 1483, como solía hacerse por entonces en otros concejos, el derecho a reunirse anualmente para hacer repartimientos fiscales. Los regidores decían, protestando, que si tal cosa ocurriera, «¡que los labradores e conçejos de la Tierra oviesen de ser señores sobre los caballeros e escuderos!».25 ¡Qué insolencia la de los pecheros, pretender decidir sobre los pechos que pagaban!, ¡cómo consentían los reyes ese mundo al revés! Los regidores salmantinos olvidaban que en aquellos años era habitual que se concediese a los pecheros de muchas ciudades y villas del reino el derecho de participación en la gestión tributaria que les afectaba. No me parece especialmente difícil hallar la explicación social de estas ideas de superioridad y conservadurismo social que exhibían los caballeros patricios, y para las que no hemos hallado, en su discurso estamental como caballeros o patricios, contrapunto alguno, o posible controversia o disidencia interna entre los miembros de este sector social. El complejo de superioridad era percibido abiertamente. No se detecta un discurso consistente de camuflaje social, de fetichismo ideológico de las relaciones sociales —por emplear los términos clásicos—, de encubrimiento intencionado. Por el contrario, el orden desigual, además de una relación social, se presentaba como un mensaje explícito y se utilizaba como justificación de ese abierto prejuicio de desigualdad que se admitía como algo natural.26 Las mejores casas y palacios de la ciudad, donde ostentaban sus blasones, mostraban también en el lenguaje de la piedra dorada salmantina esa superioridad social de los «principales», preservando en el patrimonio monumental lo que era ya patente en las regidurías, haciendas y rentas. Las casas de la alta aristocracia urbana eran inmuebles caros. Una buena residencia familiar de este sector social podía alcanzar el umbral de los quinientos mil maravedís en época de los Reyes Católicos. Eso costaban, por ejemplo, las cuatro casas que

25. AMS, R/ 245. La exclamación, que ponemos lógicamente nosotros, la suponemos por el presumible tono con que expondrían el argumento. El envés de esa respuesta prepotente de los regidores era que en materia de gobierno ellos consideraban que sólo ellos habían de tomar las decisiones de gobierno más importantes unilateralmente. También aplicaban este discurso a otros asuntos, como se lo reprochaban en 1492 los pecheros de la Tierra de Salamanca, que decían que los poderosos no les permitían llevar su ganado a los comunales y que habían elaborado ciertas ordenanzas, que «los dichos regidores e cavalleros fezieron por sus propios intereses», 13-3-1492, AGS, RGS, 1492, fol. 145. 26. Véase la nota anterior. En un memorial de Ciudad Rodrigo de 1455, que analizamos exhaustivamente, también a partir de «voces directas» de los regidores de esa ciudad —en contraposición a las de los pecheros—, se aprecia cómo entendían aquéllos la superioridad natural y la noción de que eran una élite exclusiva de gobernantes por encima del resto de la sociedad; véase «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros de Salamanca y Ciudad Rodrigo», pp. 272-273.

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en 1481 compró al cabildo en la Puerta del Sol el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, cuyo alquiler podía rentar al propietario unos 16.000 mrs.27 Hoy sabemos por testimonios del pasado que, además de los palacios que aún pueden verse en las calles salmantinas, hubo otras soberbias residencias hoy no conservadas de los patricios de aquella época: casas de los Acevedo en San Benito, casa torre del licenciado Antón Núñez de Ciudad Rodrigo en la calle Herreros, la torre de los Tejeda en la calle Prior, la casa de Juan de Villafuerte en San Martín, o la casa y torre de los Solís cerca de la iglesia de Santo Tomé, en un área —la hoy llamada «plaza de los Bandos»—, que era en el XV una animada plaza con varias torres y residencias patricias, como lo era también el entorno de San Martín y el de la plazuela de San Benito. Pero además de esta arquitectura civil ya desaparecida, existen aún en la Salamanca monumental actual las huellas de ese esplendor arquitectónico del siglo XV y principios del XVI. Algunos edificios presentan todavía la fisonomía esencial de casas nobiliarias y palacios típicamente del Cuatrocientos, como la casa de María la Brava o familia Enríquez-Monroy, la Torre de Anaya o «Palacio de Abrantes», la «Torre del Aire» —edificada por los Castillo Puertocarrero—, la Torre del Clavero —Francisco de Sotomayor, clavero de Alcántara— o la llamada «Torre de Villena», entre otras construcciones con aire de fortalezas o casas-palacios góticos. Hay que señalar que muchos edificios estuvieron afectados durante un tiempo por los efectos, decorativos más que funcionales, que el ambiente de lucha de bandos imprimió a los edificios: almenas, troneras y saeteras, muros reforzados, ventanas y salientes amatacanados o, en general, elementos constructivos característicos de las fortificaciones. Las residencias nobiliarias, desde las construcciones con esa fisonomía al modo de castillos urbanos y casas de «cal y canto» con «torres», fueron evolucionando hacia 1500, o poco antes, a otro aspecto más genuinamente palaciego, con impresionante hechura y dignidad edilicia, como revelan los palacios de los Abarca Alcaraz, el de los Maldonado o el de Solís en la plaza de San Benito, o la imponente y vecina Casa de las Conchas, que hizo construir el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera muy cerca de la Puerta del Sol. Estos nuevos palacios platerescos de finales del siglo XV y principios del XVI presentaban vanos y ventanales mucho más amplios y decorativos, desplegaban galerías abiertas elegantemente porticadas e incluían soberbios patios italianizantes. En cualquier caso, góticas o platerescas, estas estructuras de piedra, con su significación de vanguardia y lujo arquitectónicos que en su momento tenían, así como las piedras armeras exquisitamente talladas en sus muros, dejan bien patente también, en el lenguaje visual, la impronta del grupo di-

27. AC 8, f. 95v, AC 9, f. 58v, entre otros. Véase Los libros de Actas Capitulares de la Catedral de Salamanca (1298-1489). Colección Instrumentos del AC de Salamanca, ed. R. Vicente Baz, Salamanca, Archivo Catedral, 2008, n.º 1481, 1600.

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rigente, de la Salamanca de notables que ocupaba el restrictivo gobierno urbano, detentaba el poder social y disfrutaba la mayor riqueza material.28 2. LOS

EFECTOS SOCIALES DE LA PROPIEDAD: ACTUACIONES CONTRA LOS CAMPESINOS Y

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RAÍCES AGRARIAS DE LAS VIOLENCIAS RURALES

Un rasgo específico de la oligarquía urbana, que también hemos resaltado para otros ámbitos de la época, como el de Ávila, fue el empleo de la violencia como recurso genuino de acción social. Aparte de la banderiza, a la que más adelante se hace referencia, la violencia que emplearon contra labradores y pecheros de las aldeas fue un distintivo del grupo, en el sentido siguiente: sólo los sectores caballerescos urbanos se sirvieron de ella para resolver litigios o tensiones en el ámbito rural. Por el contrario, los campesinos pecheros se remitían para incidir en los conflictos a la ley y a la actuación de la justicia, que constituyó así su modus operandi en los conflictos rurales, y por ello esos pecheros rurales no ofrecieron desde abajo una resistencia homóloga en agresividad física a la desplegada por los desmanes de aquéllos. Por ello el empleo de la violencia, según hemos sostenido, y pese al cliché historiográfico de los «movimientos sociales» bajomedievales, con violencia por ambas partes como reflejo de la lucha de clases, fue en esta zona, como regla general, un potente elemento de diferenciación y contraposición entre los valores de los caballeros y los valores de los pecheros.29 En el caso de Salamanca el mejor testimonio es el que ofrece la pesquisa

28. J. M.ª MONSALVO, «La sociedad concejil en los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros», cit., y como efecto urbanístico de las luchas de bandos y contexto de las residencias patricias en el conjunto de los espacios urbanos; id., «Espacios y poderes en la ciudad medieval. Impresiones a partir de cuatro casos: León, Burgos, Ávila y Salamanca», en J. I. DE LA IGLESIA (coord.), Los espacios de poder en la España medieval. XII Semana de Estudios Medievales (Actas Congreso de Nájera, 2001), Logroño, 2002, pp. 97-147. Existen muchas referencias monográficas y estudios especializados sobre los palacios y la arquitectura privada de la Salamanca de la época y fundamentalmente ya para el siglo XVI. Véanse entre otros, a partir fundamentalmente de testamentos de las primeras décadas del siglo XVI, C. I. LÓPEZ BENITO, La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535), Salamanca, Diputación, 1991, esp. 60 y ss.; C. I. LÓPEZ BENITO, M.ª N. RUPÉREZ ALMAJANO, «Aportación al estudio de la nobleza salmantina en la Edad Moderna a través de sus casas», Studia Historica. Historia Moderna, n.os 10-11, 1992-1993, pp. 149-168; M.ª E. GUTIÉRREZ MILLÁN, Imagen de la ciudad de Salamanca (1500-1620) a través de los papeles del legado Ricardo Espinosa Maeso, Salamanca, 2008; V. MARTÍN HERNÁNDEZ, Fragmentos de una historia sociourbanística de la ciudad de Salamanca, Salamanca, 1992; M. GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la Baja Edad Media, cit.; y, por supuesto, muchas referencias en M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, cit., esp. vol. V. Aporta información sobre las calles y parroquias donde tenían sus casas los caballeros que se reseñan en el ms. incluido en Linajes de Salamanca (Ms. del Archivo de la Catedral, siglo XVIII), ed. J. SÁNCHEZ VAQUERO, Salamanca, UP, 2001. Para los blasones, J. ÁLVAREZ VILLAR, De heráldica salmantina. Historia de la ciudad en el arte de sus blasones, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1997 (1.ª ed. 1966). 29. J. M.ª MONSALVO, «Ideario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros abulenses y salmantinos», cit.

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sobre usurpación de términos que se llevó a cabo en Tierra de Salamanca a mediados del siglo XV. Estas usurpaciones llevaban aparejados abusos y violencias. Ya en un trabajo en gran parte dedicado a esa pesquisa30 nos planteábamos la posible explicación del porqué de estos abusos sobre los campesinos. Me parece adecuado valorar de nuevo aquí, subrayando algunos datos y su contexto, el fenómeno de la violencia vertical protagonizada por los caballeros y sus causas. El afán de acaparar bienes es condición necesaria pero no suficiente para comprender plenamente las actitudes de los caballeros patricios o, al menos, no explica el grado o magnitud concreta de los comportamientos. Mi opinión es que el sistema agropecuario de la zona, raíz de la violencia rural, por la historia y la multiplicidad de derechos de uso era profundamente contradictorio, era un sistema muy elástico y repleto de posibilidades diferentes para los caballeros, desde las propiedades privilegiadas en aldeas, o los términos redondos o incluso posibles señoríos privados, a los que algunos aspiraron, hasta las ventajas colectivas del comunalismo, que a su vez podía ser aldeano o intercomunal, pasando por múltiples posibilidades de acumular propiedades agrícolas en unas determinadas aldeas pero no para labrarlas sino para, con los derechos que proporcionaban, aprovechar los pastos y bosques a costa de los más modestos vecinos comarcanos. Esta complejidad hizo endémica la conflictividad rural. Sabemos que los caballeros principales salmantinos lograron controlar muchos lugares, incluso enteros, sobre todo en la Tierra de Salamanca.31 ¿Cómo lo hacían? Normalmente conseguían ampliar y concentrar en ciertas aldeas o incluso comarcas sus propiedades mediante compras, y ésta fue una estrategia que solía dar buenos resultados, aunque fuera paciente y derivada de muchas compras. El caso de Cabrillas puede servir de ejemplo de este afán de concentración patrimonial.32 La vinculación de algunos caballeros

30. BN, secc. Ms, Res. 233. Una pequeña parte del manuscrito de 274 fols. fue publicada en el trabajo de N. CABRILLANA, «Salamanca en el siglo XV: nobles y campesinos», CHE, 1969, III, pp. 255-295. La pesquisa se llevó a cabo entre 1452-1453, pero incluye procesos anteriores, de 1433, y otros documentos. La Pesquisa sobre términos 1433-1453, como solemos denominarla, la hemos analizado en algún trabajo, entre ellos «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros en Salamanca y Ciudad Rodrigo a mediados del siglo XV», cit.; asimismo «Percepciones de los pecheros», cit. 31. Ver el anexo adjunto, donde se hace una relación —no exhaustiva— en los casos en que los caballeros eran los dueños de un lugar íntegro o herederos mayores o casi únicos en él. El valor de los lugares era alto. Por un pequeño lugar con apenas un puñado de yugadas de heredad, que incluían tierras y pastos, se podían pagar doscientos mil, medio millón o más de maravedís en época de los Reyes Católicos. 32. Este lugar, en Tierra de Ciudad Rodrigo pero próximo a Tierra de Salamanca, muestra bien la estrategia de concentración de tierras por parte de los caballeros, con una escala que no siempre se completaba, sobre todo en el último paso (compra de heredades—> conversión en heredero único o claramente heredero mayor del lugar—> declaración de término redondo, uso exclusivo del lugar—> posibilidad, aunque no fácil, de señorialización del lugar). Gómez González de Anaya, de familia prestigiosa salmantina, adquiría en 1384 una heredad que tenía otra familia en el lugar; en 1399 este caballero cambiaba una propiedad suya por otra en Cabrillas, Documentación medieval del Archivo

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a ciertos lugares —a ser posible a ciertas comarcas, agregando núcleos de ellas— era tan alta que algunos apellidos se formaban con los sobrenombres toponímicos: Maldonado «de Monleón», Rodríguez «Villafuerte», «Tejeda»… Pero a veces las compras no bastaban para culminar el control completo de un lugar. Esto debió obsesionarles, porque el objetivo era ése. Lo cierto es que acaparar propiedades y pretender hacerse con el control de aldeas y pastos, o del término entero, les llevó a colisionar con el estatuto jurídico abierto de los términos rurales, con la normativa y las costumbres, con las resoluciones judiciales, con otros terratenientes rivales, con los pequeños o medianos propietarios locales y con las organizaciones pecheras.33

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A mi juicio, fue en ese contexto, y por tanto como algo derivado de un determinado sistema agropecuario y de distribución de la propiedad, como fruto de las múltiples posibilidades contrapuestas que se les ofrecían a los grandes propietarios, en el que se explican las tropelías y abusos cometidos por varios importantes caballeros salmantinos en tres zonas de la Tierra: en el llamado Campo de Muñodoño, en las aldeas próximas a la Sierra Menor, llamada también Sierra de Frades, y en los lugares próximos a la Sierra Mayor, localizada en el área de las sierras de Linares, Valero y Quilamas, al sur de la Tierra de Salamanca.34 Entre las acciones destacaron las protagonizadas por algunos individuos. Así, hacia 1450, con el objetivo de reforzar su «señorío» sobre Tejeda, declarado ilegal,35 Fernando de Tejeda, así llamado por su arraigo en el lugar, obligó

Municipal de Ciudad Rodrigo, ed. A. BARRIOS, J. M.ª MONSALVO, G. DEL SER, Salamanca, 1988, docs. 28, 47 y 48. Unas décadas después, entre 1421 y 1426, documentamos nada menos que una docena de compras efectuadas allí por Pedro Álvarez de Anaya, ibid., 97, 100, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 122, 123. El resultado final era que el caballero acababa controlando el lugar íntegramente. Era una forma de conseguir legalmente el control de los lugares, mediante compras y permutas. La otra vía, muy frecuente también, fue la usurpación, la ocupación ilegal de términos. 33. Explicamos los intereses puestos en juego en «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros de Salamanca y Ciudad Rodrigo», cit., esp. pp. 254-259; asimismo en el trabajo «Comunales de aldea, comunales de ciudad-y-tierra: algunos aspectos de los aprovechamientos comunitarios en los concejos medievales de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Ávila», A. RODRÍGUEZ, ed., El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, Madrid, Universidad de Valencia-CSIC, 2007, pp. 149177. No obstante, donde explicamos con mayor detenimiento y matices todos los entresijos y contradicciones del sistema social agrosilvopastoril —términos redondos, propiedades de vecinos y herederos, comunalismo aldeano, comunalismo interterminal, organizaciones de pecheros, campesinos ricos, usurpaciones, papel de la ley, naturaleza de la costumbre y acción de la justicia— es en relación con el caso abulense. Véanse los trabajos que recopilamos en el libro: J. M.ª MONSALVO, Comunalismo concejil abulense. Paisajes agrarios, conflictos y percepciones del espacio rural en la Tierra de Ávila y otros concejos medievales, Ávila, Diputación Provincial, 2010. 34. Ofrecemos un mapa detallado de los lugares afectados en «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros de Salamanca y Ciudad Rodrigo», cit., p. 257. 35. Tejeda había sido un término redondo en manos de la familia Tejeda desde el siglo XIV. Pero en el segundo tercio del siglo XV quisieron hacerlo señorío primero Alfonso de Tejeda y luego Fernando de Tejeda.

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a casi una decena de familias de la aldehuela próxima de Los Arévalos a abandonarla para acudir a vivir a la «villa» de Tejeda, que pretendía señorializar su dueño. Y consiguió el desplazamiento de la gente, de modo que «todos los vezinos del dicho lugar de Arévalo los pasaron a bevir al dicho lugar, Texeda, e fizieron ende casas». La migración fue forzada por la acción de los hombres armados del caballero, que era regidor salmantino. El pequeño lugar quedó despoblado. Quiso hacer lo mismo con la aldea de Navarredonda, contigua a Tejeda, verdadera puerta a los extensos robledales y buenos pastos de la Sierra Mayor que aquél ansiaba también. Los hombres de Fernando de Tejeda robaron y saquearon casas de Navarredonda, rompieron las puertas, apresaron a varias personas y las trasladaron cautivas a Tejeda, llevando también masivamente ajuares y ropa de casa de campesinos a esta localidad, con el objetivo de forzar la marcha de la población hacia la nueva villa señorial.36 Un vecino de Navarredonda, llamado Francisco Martín, se quejaba de la ausencia de justicia, ya que el caballero cometió tropelías sobre la población pese a ser ellos parte de la Tierra de Salamanca: «e que porque un Françisco Martín, vezino del dicho lugar, dixo que pesase a Dios porque syn justiçia de Salamanca, seyendo ellos de la dicha çibdad, les rrobaran las casas, que lo traxieran preso a Texeda».37 En este caso la justicia logró impedir el propósito. Todavía cuando fueron a restituir el lugar a la jurisdicción salmantina se encontraron gente en la iglesia de Tejeda atemorizada y refugiada en el templo y otros huidos porque Fernando de Tejeda les había inducido maliciosamente a temer represalias.38 Otros caballeros mencionados en la Pesquisa sobre términos de esos años cometieron atropellos semejantes sobre campesinos de ésas u otras comarcas. El regidor Enrique Enríquez, esposo de María de Monroy, quiso fundar un señorío junto a las aldeas donde concentraba una parte de sus propiedades, cerca del llamado Campo de Muñodoño. Era gran propietario en Cojos de Robliza y tenía los términos aldeanos de Castro —llamado «Castroenríquez»—, Bóveda, Aldehuela de la Bóveda, la Maza y Muñodoño. Desde ahí sus hombres se dedicaron a ocupar ilegalmente comunales próximos.39 Pero sobre todo quiso fundar un señorío. Según los testimonios, adquirió un pequeño lugar llamado Garcivelasco, cambió su nombre por el más sonoro de Villalba de los Llanos y declaró el lugar «villa sobre sí», pasando de los 10 o 12 vecinos a 20 o 30 en pocos años, pretendiendo alcanzar los 150, digna cifra —debió pensar— para una cabecera de señorío rural. ¿Cómo lo pretendía conseguir? Llevando por la fuerza a esa villa la población de los pequeños lugares cercanos de los que era dueño o gran propietario: «quería despoblar los dichos tres lugares e

36. Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 39, 43v, 52v, 55-55v, 59v, 228-229v. 37. Ibid., fol. 229-229v, 232. 38. Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 64v-65v, 67v-68. 39. Lo revelan averiguaciones de 1433-1434, sentencias de 1442 y carta regia de 1445, Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 56v, 60, 134v y ss., 142 y ss., 260, 267.

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traer los vezinos dellos a bevir al dicho su lugar de Villalva e fazer en él un grand pueblo que fuese nonbrado en toda la Syerra». El intento de traslado obligado y señorialización se quedó a medio camino, consolidándose el señorío de Villalba, pero sin lograr crecer excesivamente a costa de los pueblos vecinos.40

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Otro importante caballero salmantino, Diego de Solís, actuó de forma semejante. Pertenecía a una de las más importantes familias de regidores salmantinos, era guarda y vasallo del rey, fue fundador de un mayorazgo en 1444 y era dueño de varios lugares en la Tierra de Salamanca. Quiso también en pleno Campo Charro fundar un señorío a partir de una pequeña aldea. Desde 1447 o antes había usurpado la jurisdicción de Cojos, «çerca de Rollán», al concejo de Salamanca. Quiso despoblar varios lugares y coaccionó a los campesinos comarcanos para forzarles a emigrar a esa localidad de Cojos, donde antes no había más de dos o tres familias. El propósito fue abortado por la justicia en 1453.41 Hay más evidencias de abusos por aquellos años, según revela la pesquisa de términos de mediados del siglo. Es el caso de las coacciones efectuadas por Gómez de Benavides o Rodrigo Godínez.42 Lo mismo se comprueba en algún otro período posterior documentado. Pero pienso que ya no es necesario subrayar con más datos estos comportamientos violentos de los caballeros asociados al fenómeno de las usurpaciones, fenómeno arropado por una cierta impunidad de la que había conciencia en la época43 y que también

40. Actuaciones judiciales de 1453 evitaron que despoblara lugares próximos en esa comarca del Campo de Muñodoño, Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 38-38v, 49, 52, 55, 56v, 60, 134v y ss., 142 y ss., 260, 267. Hubo más tarde, en 1455 y 1456, sentencias en esta línea, ya contra su viuda, María de Monroy, AMS., R/ 2994, n.º 32; M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, cit., V, ap. doc. XIII. 41. Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 38v, 43v, 52, 52v, 59, 268, 268v, 269. Véase algunos datos sobre esta familia en J. ÁLVAREZ VILLAR, De heráldica salmantina, passim; M.ª R. Y. PORTAL MONGE, «Sepulcros de la familia Solís en la capilla mayor del convento de Santa Isabel de Salamanca», Salamanca. Revista Provincial de Estudios, n.º 14, 1984, pp. 177-188. 42. «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros de Salamanca y Ciudad Rodrigo», cit., p. 258n. 43. La influencia que los grandes grupos familiares tenían en la ciudad, que afectaba al ejercicio de la justicia, era algo que se reconocía en la época. Lo expresaban bien los labradores de Navarredonda, en la Sierra Mayor de Salamanca, cuando dudaban que pudiera hacerse algo contra Fernando de Tejeda, usurpador en la zona: se habían quejado al concejo, pero el «dicho conçejo non les provee por rrazón de los muchos parientes que tiene en el dicho conçejo, que lo favorecen», 1453, BN, Pesquisa términos Sal., 1433-1453, fols. 55-55v. O cuando, muchos años después y en otra zona un habitante de Fuentesaúco al que el regidor Rodrigo Arias Maldonado le había tomado «por fuerza de armas» 18 vacas en 1480 dudaba que se hiciese justicia, refiriéndose a la restitución y al pago de la fuerte multa puesta por la justicia, ya que «diz que vos soys regidor de la dicha çibdad de Salamanca e muy rico e enparentado en ella; tanto e por tal manera que de vos allá non podría aver nin alcançar conplimiento de justiçia ni las justiçias desa dicha çibdad ge la farían nin podrían fazer de vos aunque quesyesen», AGS, RGS, 21-10-1480, fol.232. Otro ejemplo: en 1492 un vecino de Alba de Tormes, Juan de Vargas, había adquirido una dehesa y otros bienes que habían sido ejecutados tras una sentencia a

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hemos documentado en otras ciudades. Podemos considerar el fenómeno prácticamente endémico y característico de estas élites caballerescas concejiles de la región meridional del Duero.44 3. ACTITUDES

HACIA EL ORDEN Y LA JUSTICIA: LAS FORTALEZAS REBELDES

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En sus intentonas para apropiarse de términos o lugares, como acabamos de ver, los caballeros más poderosos colisionaron frecuentemente con la ley, trasgrediendo el estatuto jurídico y agrario de los lugares y vulnerando la normativa. A diferencia de las actitudes de los pecheros, quienes no la discutían sino que apelaban decididamente a ella, los poderosos ofrecieron no pocas veces resistencia a la justicia. Son muchas las evidencias. Un buen ejemplo lo ofrecen los citados caballeros salmantinos dueños de Tejeda en los sucesos contemplados en la pesquisa de términos de 1433-1453. Alfonso de Tejeda y luego su sobrino, propietarios del lugar, quisieron convertir éste en señorío, como dijimos. El primero había ocupado hacia 1433 varios lugares próximos a esa aldea y tomado «una gran parte de la Syerra Mayor». Pues bien, cuando se le exigió restituir los términos, se presentó «armado, ençima de un cavallo e un omne de pie çerca de sý, con una lança e una adarga, e venían con el dicho Alfonso de Texeda diez omnes de armas, armados, ençima de cavallos e

costa de los intereses de Diego de Tejeda y su procurador Fernando de Monroy —la justicia confiscó a Fernando de Monroy los bienes de una herencia en favor de los hermanos de Diego de Tejeda y su madre (AGS, RGS, 7-6-1480, f. 162), quienes habían procedido a arrendarlos—, tras lo cual Fernando de Monroy quiso recuperar los bienes arrendados; Juan de Vargas encontró el amparo en la justicia regia, quejándose de las dificultades que pasaba, hasta hacer peligrar la seguridad personal, dadas las influencias y «parientes» que Fernando de Monroy, caballero de la ciudad, tenía en ella: «diz que aora de un año acá poco más o menos tienpo diz quel dicho Ferrando de Monrroy amenazando a los renteros que del dicho Juan de Vargas tienen arrendada la dicha dehesa…que los dichos arrendadores de la dicha defesa están amedrentados (…) e diz que ansymesmo su muger del dicho Ferrando de Monrroy le ha perturbado e perturbaba la propiedat posesyón y señorýo de las dichas casas, vyñas y eredat del dicho lugar de Muelas con favores que diz que tyene en la dicha çibdat de Salamanca donde el dicho Juan de Vargas no osa andar (…) seguro para pleytear o demandar la fuerça que le está fecha, a cabsa del dicho Ferrando de Monrroy e de sus paryentes», AGS, RGS, 2-4-1492, fol. 151. 44. También se daba en Ávila. véase al respecto, entre otros, J. M.ª MONSALVO, «La ordenación de los espacios agrícolas, pastoriles y forestales del territorio abulense durante la Baja Edad Media», en VV.AA. Historia de Ávila. IV. Edad Media (siglos XIV-XV, segunda parte), coord. G. DEL SER QUIJANO, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2009, pp. 349-497, pp. 470-489. Sobre Ciudad Rodrigo, véase A. BERNAL ESTÉVEZ, El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo XV, Salamanca, Ed. Diputación, 1989; asimismo J. M.ª MONSALVO, «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros (en Salamanca y Ciudad Rodrigo)», cit., donde presentamos el cuadro completo de referencias de archivo, casi todas inéditas, en torno a las usurpaciones en Tierra de Ciudad Rodrigo del siglo XV, pp. 414-425. Después hay algún otro trabajo sobre este asunto a propósito precisamente de Ciudad Rodrigo, que no ofrece datos nuevos pero que sorprendentemente, y pese a ser el objeto del estudio, también omite los datos y referencias aportados por nosotros en el cuadro y la obra antes citada, C. LUCHÍA, «Los pleitos por los términos comunales en el concejo de Ciudad Rodrigo en la Baja Edad Media», HID, 35, 2008, pp. 269-290.

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lanças en las manos».45 Cuando el corregidor le preguntó «que cónmo venía ansý, en asonada. E el dicho Alfonso de Texeda dixo que venía a defender su tierra, que le avía dexado su padre (…) quel señorío era del dicho Alfonso de Texeda». Es un buen ejemplo de resistencia a la justicia, que continuó cuando le dijo al corregidor que se fuera de «su territorio» y «por ende dixo que dezía e dixo al dicho corregidor que se fuese con Dios».46 El problema no se resolvió. Hacia 1450 el sucesor de Alfonso, el regidor salmantino Fernando, volvió a intentar convertir Tejeda en señorío. Por esos años construyó una «casa e torre fuerte», llamada en otra ocasión «torre e cortijo». Pese a que el rey prohibió levantar esa edificación, según cartas de 1451 y 1453,47 el caballero salmantino siguió desatendiendo la orden regia y había colocado «en la dicha Texeda forca e çepo e alcalldes, e usa de la jurediçión çevil e criminal e de las otras cosas contra voluntad de la dicha çibdad». Horca, cepo, alcaldes, así como la picota o el rollo jurisdiccional eran, como es sabido, los símbolos jurisdiccionales, que además llevaban aparejado el título de villazgo. Pero en este caso era todo ilegal. Como hemos indicado más arriba, el caballero cometió abusos y coacciones contra la población de aldeas próximas. La justicia y Juan II impidieron al final la señorialización de Tejeda y se restituyó el lugar a la jurisdicción de Salamanca.48 El episodio de resistencia a la justicia por parte del caballero fracasó finalmente en este caso, pero enmedio había quedado una migración de campesinos hecha a la fuerza, un pequeño lugar despoblado —Los Arévalos—, varias familias humildes violentadas y la población de tres pueblos, el citado Los Arévalos, Navarredonda y la propia Tejeda, atemorizada.49 Pero incluso después de que en 1453 se anulase la señorialización ilegal de Tejeda y la apropiación de parte de la Sierra, amojonándose los límites entre el lugar y los comunales de ésta, todavía hombres de Fernando de Tejeda se dedicaron a derribar dichos mojones y más aún, cuando pastores de la comarca acudían a la Sierra a aprovechar con sus rebaños los pastos, la pesquisa señala que «salieron a ellos Alfonso de Enzinas e Juan Montejo, escude-

45. Pesquisa sobre términos, 1433-1453, fol. 210v. Intentaba por entonces anexionarse el lugar de Navarredonda, en la Sierra Mayor, cercano a Tejeda, ibid., fol. 207-209. Ibid., fol. 211. 46. Ibid., fol. 211. Este mismo caballero había declarado también Campocerrado, en Tierra de Ciudad Rodrigo, pero contiguo a la Tierra de Salamanca, señorío suyo. En julio de 1434 el juez de términos le mandaba derribar la horca que había puesto en el lugar, Documentación medieval de Ciudad Rodrigo, ed. A. BARRIOS, J. M.ª MONSALVO, G. DEL SER, doc. 247. 47. AMS, R/ 2328 y AMS, R/ 2331. Asimismo, Pesquisa sobre términos 1433-1453, fol. 63v, 209. La justicia mandó echar abajo la torre levantada. Como exteriorización simbólica de ese acto de restitución, el procurador pechero del concejo salmantino, Diego García, daba unas vueltas a la torre y luego lanzaba tres piedras contra ella, Pesquisa sobre términos de Salamanca 1433-1453, fols. 73-73v. El lanzamiento de piedras era el signo ritual de que la jurisdicción ilegal usurpada por el caballero era «destruida» y que la aldea quedaba reintegrada en el realengo salmantino. 48. Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 64v-65v, 67v-68, 73-73v, fol. 232-232v. Asimismo, con la carta de Juan II de 1453, AMS, R/ 2332. 49. Véase supra, nota 36.

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ros de Fernando de Texeda, e que ge los tomaran e llevaran por fuerça (…) e que dezían que, sy aý fallaran a este testigo, que lo mataran (…) e que esto que ge lo avían fecho asaz vezes».50 En esa misma pesquisa otros caballeros dieron también muestras de resistencia a la justicia. Quizá otro buen ejemplo es el de Diego Solís en el mencionado intento de convertir el diminuto lugar de Cojos en rutilante villa señorial. No lo consiguió, pero en su propósito dejó clara la impronta del típico caballero poderoso que se tomaba la justicia por su mano, se arrogaba un poder jurisdiccional que no tenía, se servía de símbolos de soberanía que no le correspondían e impedía por la fuerza que los agentes de la justicia legal hicieran su trabajo. Diego de Solís, antes de 1450, había levantado una torre en Cojos, con su alcaide y guarnición, una «casa fuerte», como dicen los testigos, «e el dicho Diego llámala villa, e tiene en ella çepo e cadena, e pone alcalldes, e fázelos librar pleitos e prender omes, e non consiente a los escrivanos de la çibdad nin a los andadores e a omes de la justiçia ir allý e enplazar por los mis pechos rreales, nin por los conçejales desa çibdad (…) e a fyn de usar por la dicha jurediçión e rresistirla a la dicha çibdad fizo la dicha casa fuerte. E aun se dize que non es contento con ese agravio, que aun ha tentado de fazer o querer despobrar tres o quatro aldeas que parten término con el dicho Coxos, e fazer ende un gran pueblo; en el qual lugar de Coxos ha más de ochenta años que non moraron en él más de dos o tres vezinos arriba porque su término non pudo levar más». El testimonio sobre esta grand torre, según dijeron otros testigos, fue ratificado por la pesquisa, que también da cuenta de cómo sus hombres «corrieron» a los agentes judiciales que acudieron a imponer la justicia. El escribano Alfonso Sánchez fue incluso amenazado de muerte en el propio lugar; y luego, ya «estando en la plaça de la dicha çibdad» de Salamanca, reiteró dicha amenaza ante muchos asistentes.51 Hemos visto que la construcción de torres y casas fuertes en aldeas de la Tierra salmantina aparece entre las típicas conductas arrogantes y de resistencia a la justicia, como las mostradas por los Tejeda o los Solís en los episodios citados. La asociación de los caballeros con las fortalezas «rebeldes», si podemos llamarlas así, se dio en realidad con bastante frecuencia a lo largo del siglo XV. Y no sólo al levantar estas torres rurales ilegalmente sino al refugiarse en ellas o en castillos existentes desafiando la acción de la justicia. Justo el comportamiento contrario al típico de los pecheros, leal y respetuoso hacia el orden legal. Los caballeros, cargados de prepotencia y complejo de superioridad, ponían cepo y cadena, o la horca, y resistían al orden en esas fortalezas en rebelión. Aparte de que también se recurrió en ocasiones

50. Ibid., fols. 59v, 72, 73, 228v. 51. Pesquisa sobre términos 1433-1453, fols. 38v, 43v, 52, 52v, 59, 268, 268v, 269.

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a «encastillamientos» en campanarios de iglesias52, lo cierto es que también se hicieron fuertes en castillos, si bien, como decimos, la acción más genuina y característica fue levantar torres ilegales en el campo. Además de los caballeros de mediados del XV citados en las pesquisas de 1433-1453, vemos que otros poderosos patricios salmantinos en los reinados de Enrique IV y Reyes Católicos volvieron a enfrentarse a las autoridades del rey levantando fortalezas y plantando cara desde ellas a la justicia. Hacia 1463, en el contexto de parcialidades del reino, Pedro de Hontiveros y los del bando de San Benito se hicieron con el alcázar salmantino, que era el castillo del rey en la ciudad, y resistieron allí frente a los partidarios de Enrique IV, los del bando de Santo Tomé. Unos años después, entre 1467 y 1472 —esa habría sido la causa de la destrucción del gran castillo urbano—, dice Gil González Dávila que el alcázar fue derribado para evitar que los enemigos del rey tomaran la ciudad. Otro de los episodios más conocido, y del que dio cuenta Hernando del Pulgar, se dio en 1477 cuando el regidor salmantino Rodrigo Maldonado, que tenía la tenencia del castillo de Monleón se rebeló. Se trataba del castillo de esta localidad adscrito al concejo de Salamanca y situado a más de 50 km de la ciudad. Rodrigo Maldonado se hizo fuerte en él con sus hombres y quiso usurpar el lugar, desde donde cometía robos e tiranía, según el cronista. Tuvo que entregarlo al final pero sólo tras una peripecia algo novelesca, según la cual el propio rey Fernando acudió a la casa salmantina del caballero, escapando éste por los tejados y refugiándose en el convento de San Francisco, siendo capturado pero resistiendo aún sus hombres en el castillo durante un tiempo. Cartas regias de dos de julio de 1477 corroboran que la monarquía tuvo que intervenir activamente, aunque no se sabe de qué modo, para que el arrogante caballero devolviera el castillo a la soberanía de la ciudad.53 El episodio no puede considerarse hecho aislado ni siquiera en aquellos momentos de fuerte autoridad regia. En la época de los Reyes Católicos, en que los monarcas se enfrentaron en muchos sitios a desafíos banderizos, solie-

52. Aunque era arcediano, Juan Gómez de Anaya, en plena refriega banderiza por las parcialidades de la época, se hizo fuerte en 1439 en la torre de la catedral salmantina y no permitió que allí entrase el mismo rey, Crónicas de los reyes de Castilla, Crónica de Juan II, t. 68, cap. XVI, p. 558. A finales del siglo XV, tras un encastillamiento acaecido en 1498 en la iglesia parroquial de Tarazona de Guareña, aldea de Salamanca, los reyes establecieron con valor general «que agora de aquí adelante ningunos caualleros nin otras personas de esa dicha çibdad nin de su obispado [Salamanca] non sean osados de meterse con gente armada (…) en las yglesias del dicho obispado (…) ni las tengan encastilladas nin ocupadas», E. COOPER, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1991, II, n.º 235, p. 1066, n.º 238, p. 1067. 53. Todos estos episodios del alcázar salmantino y del castillo de Monleón en M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, pp. 22-24; G. GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de las Antigüedades, pp. 370, 424428; E. COOPER, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, I, p. 435, II, n.º 26, p. 973, n.º 54, p. 985; HERNANDO DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos (ed. J. MATA CARRIAZO), Madrid, Espasa-Calpe, 1943, cap. LXXXVI, pp. 301-303; AMS, R/ 246 bis, R/ 253, R/ 2219.

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ron los monarcas mandar desmochar las casas fuertes y torres, y algunas de las de la ciudad de Salamanca —varias de la plaza de San Benito, por ejemplo— sufrieron la drástica amputación. Pero también los reyes persiguieron fortalezas ilegales levantadas en localidades fuera de la ciudad. En 1475 prohibieron al caballero salmantino Francisco Maldonado levantar una fortaleza en Porqueriza, entre Ledesma y Salamanca, y más tarde, en 1494, de nuevo reiteraron la prohibición a propósito de algunas casas fuertes que había hecho en ese lugar, cuando era gobernador de Canarias. Ese mismo año otro caballero, Francisco de Sotomayor, quiso levantar otra fortaleza en Zarapicos, en Tierra de Ledesma, no lejos de la de Salamanca. Y se sabe también que en 1487 los habitantes de Pedroso, en Tierra de Salamanca, pidieron el derribo de la torre e casa fuerte que el caballero salmantino Suero de Solís construía en el lugar, desde la que «les han seýdo fechos algunos agravios», y que cada día se fortalesce más, de manera que esta fecha tan fuerte que en ella se podría rreçebtar e defender cada e quando quisyere». Y otro caso más. Por un documento veinte años posterior, en que se le obligaba a derribarlo, sabemos también que el padre de Gonzalo de Ovalle, al que se le exigía entonces echarla abajo, había hecho una fortificación en 1489 a partir de otra, inicialmente casa llana, en Aldearrubia, aldea salmantina, que él —Juan de Urrea se llamaba— convirtió luego en casa fuerte. Juan de Urrea era rival del doctor Maldonado de Talavera, heredero importante en otra aldea salmantina vecina, Babilafuente. De manera que la rivalidad de la ciudad se trasplantaba a las aldeas donde tenían propiedades los caballeros urbanos.54 Pienso que las citadas son suficientes referencias para darse cuenta de la importancia que tuvieron los castillos y fortalezas en la percepción del poder de los caballeros urbanos. Desde los recios muros de estas fortalezas ilegalmente levantadas u ocupadas ofrecían una bella estampa de sí mismos como nobleza prepotente, indómita en su trato con los débiles y díscola hacia la justicia, dotando a estos ídolos de piedra de argumentos suficientes para marcar esa identidad aristocrática y altanera, pero también desafiante, que les caracterizaba. 4. EL

ESTAMENTO CABALLERESCO MODESTO: LAS MATRÍCULAS DE LINAJES Y LA PUGNA CON

EL PATRICIADO

Desde hace años venimos subrayando para las ciudades castellanas una línea de tensión que quizá pueda considerarse secundaria pero que enfrentó en la época del Regimiento al conjunto del sector de privilegiados jurídicos, esto

54. Documentación medieval del Archivo Municipal de Ledesma, ed. A. MARTÍN EXPÓSITO, J. M.ª MONSALVO, docs. 114, 118; AGS, RGS, 20-4-1475, fol. 369; 2-7-1494, fol. 134; ibid., 4-2-1487, fol. 38; E. COOPER, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, vol. II, n.º 88, n.º 168, n.º 176.

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es, «caballeros, escuderos e hidalgos» de la ciudad, con la minoría dirigente, es decir, con el reducido círculo de las familias patricias o de regidores. Me parece que este conflicto, intraestamental, no siempre detectado en otras ciudades de la época, es una pieza esencial de la sociedad política urbana en la época, una pieza que impide ver el bloque social caballeresco como un resorte unitario de acción y que aporta muchos matices a los conflictos de la época. El estamento caballeresco «modesto», que sería el de los «privilegiados sin poder», por así decir, pese a su situación jurídica privilegiada, acabó rebelándose contra el exclusivismo patricio, o al menos buscando una cuota de poder propia a costa de los todopoderosos regidores. Seguramente se había forjado desde antiguo una conciencia de grupo específico a partir de condición más baja y básica de nobleza jurídica, la que nacía de la condición de exentos. ¿Desde cuándo? A mi juicio, el punto de inflexión habrían sido los privilegios de mediados del XIII. Con el tiempo estos caballeros de alarde o de privilegio hallaron un resquicio para la disonancia cognitiva cuando se creyeron nobles de verdad y al mismo tiempo comprobaron cómo unos pocos regidores patricios dirigían la ciudad. Quién sabe si muchos acabaron pensando que tenían derechos de nobleza casi ancestrales. Un documento de Enrique II de 1369, pienso que con valor más ideológico que jurídico, al justificar una exención de pechos regios que se otorgaba a los habitantes de muros adentro —incluía a los pecheros—, señalaba que Salamanca era algo así como tierra de hidalgos, «por fuero que antiguamente ovo, en el qual es fallado que fue poblada a fuero de fijosdalgo».55 Al margen de lo que pensaran sobre sí mismos y sus orígenes, lo cierto es que la tensión entre los caballeros no patricios y los regidores se daba en muchas ciudades y alcanzó en cierto momento un punto de ebullición político. A mi juicio, en Salamanca dicho conflicto se hizo sustantivo con las llamadas «ordenanzas» dadas por Juan I a Salamanca en 1390 desde la localidad segoviana de Sotosalbos, en las que se daba cierto control a los caballeros y escuderos de los linajes sobre los mayordomos del concejo y sobre otros oficios municipales menores. Además en ese documento aparecen ya institucionalizados los linajes de San Martín y San Benito. No se sabe desde cuándo existían.56 Pero al margen de que hubiera dos, lo interesante de las ordenanzas de 1390 es que atribuían ciertas prerrogativas y competencias municipales a los simples caballeros, considerados como estamento y organi-

55. M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, Ap. doc. XI, pp. 139-140. 56. La primera mención no al linaje pero sí a la parte de San Benito, que seguramente es algo diferente, es un documento sobre la hueste de 1292, sobre el servicio de hueste de ese año, donde se decía, tras señalar la obligación de servicio militar, que «nos, la parte de Sant Beneyto, otorgamos que este ordenamiento…» y luego se indicaba que «nos, la otra parte, otorgamos este mismo ordenamiento», AMS, C. 2.845, doc. 27; fue editado por A. VACA LORENZO, «Los bandos salmantinos. Aportación documental para su estudio», p. 443. No se mencionaba el nombre de la otra parte.

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zados en esos dos linajes. Y que eran prerrogativas y competencias logradas a costa de los caballeros regidores. Refrendaron luego este estatus las confirmaciones de las Ordenanzas de Sotosalbos en 1394, 1437, 1440, 1483 y 1496.

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Otras medidas posteriores a 1390 creo que realimentaron esta tensión entre estamento y regidores, aunque no tenemos indicios de quejas explícitas. Sería el caso de una concreción hecha en 1401 por Enrique III sobre oficios menores, otorgando cierto papel de designación a los linajes de caballeros. Tendría este sentido también, a mi juicio, la iniciativa para la elaboración de las matrículas de linajes, de las que se conocen la efectuada de 1408 y sólo por noticias parciales la matrícula en 1484. Asimismo, formaría parte de la misma tensión intraestamental la medida sobre reparto de escribanías en 1440. Y por supuesto se encuadraría igualmente en esta línea, pese a que se ha considerado a veces lucha de bandos, la llamada Concordia de 1493. Para todas estas medidas57 la historiografía salmantina venía interpretando tradicionalmente como leitmotiv el reparto de poder entre los bandos o linajes de San Martín y San Benito e incluso se han visto como instrumento de pacificación entre ellos. Villar y Macías escribió que las ordenanzas de 1390 se habían dado «para terminar las discordias que, sobre el repartimiento de oficios, había entre los caballeros de los linages de San Martín y San Benito».58 En mi opinión, sin embargo, aunque en estas medidas se distinguían los linajes y estos formaban parte de las mismas, no fueron las «discordias» entre ellos el principal motivo de la medida. Al contrario, pienso que en este asunto los dos linajes estaban unidos. Y aquí entraría la disociación entre estamento y élite de gobierno. El principal motivo habría sido la lucha y la búsqueda de reconocimiento político de los caballeros e escuderos, es decir, el estamento privilegiado, y sus aliados sociales, pero por obtener cierta cuota de poder. ¿Frente a quién? Frente a los regidores o patricios, que pretendían ejercerlo

57. Las Ordenanzas de Sotosalbos, dadas por Juan I, en M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, lib. IV, ap. XII, pp. 113-115 (confirmadas en 1394, 1437, 1440, 1483, 1496). En mayo de 1401 Enrique III otorgaba una ordenanza en que se encargaba a dos regidores de cada linaje que pusieran orden en el reparto de oficios municipales menores, ibid., lib. V, p. 8, 44, y doc. en ARCHV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso (F), caja 1290,1. La matrícula de 1408 (AGS, Consejo Real, Leg. 746, doc. 20) fue publicada por A. VACA LORENZO, «La oligarquía urbana salmantina en la Baja Edad Media. Caballeros y escuderos en pugna por los cargos del Concejo (1390-1408)», Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (U. Buenos Aires), 31, 1998, pp. 63-93, docs. pp. 85-92. En 1440 la reina doña María acordaba con el concejo de Salamanca que este último designara dos comisarios de cada linaje para escoger los veinte escribanos de la ciudad, M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, lib. V, p. 8, 14, 44. De la matrícula de 1484 se tiene noticias por M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, p. 27; también aporta noticias de caballeros matriculados el ms. «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Catedral), passim. En cuanto a la Concordia de 1493 (AGS, CCA, Diversos de Castilla, 10, 36) fue editada por C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, ap. doc. pp. 182-187. 58. M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, p. 25. La interpretación, aunque con matices, fue asumida por C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, cit.; asimismo M. GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la baja Edad Media, cit.

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únicamente ellos. He propuesto esta interpretación en varios trabajos previos59 y ahora sintetizo lo fundamental de la misma en varios puntos. a) Un primer elemento destacable es que estas regulaciones contaron siempre con el impulso del poder regio. Es importante reconocer este factor porque demuestra la implicación de los monarcas en la institucionalización tanto de los bandos-linajes como de la fracción modesta del estamento y porque refleja el pacto o contrato político entre caballeros urbanos y poder regio. Entiendo que fue un marco de relaciones de poder urbano con carácter general en Castilla en el que brillaron los Trastámara y su concepto de monarquía centralizada e intervencionista. En concreto, de todas esas medidas salmantinas, la primera y referente de las demás, las citadas Ordenanzas de Sotosalbos, la adoptó en 1390 Juan I, aunque es cierto que fue a petición de los caballeros salmantinos que no eran patricios; su hijo Enrique III fue quien refrendó estas decisiones confirmando en 1394 la carta de 1390. Y de esas dos cartas de Juan I y Enrique III derivó precisamente la redacción de la matrícula de 1408, conocida por sus traslados en 1472 y 1493. Por su parte, la ordenanza de 1401 fue otorgada por Enrique III. Asimismo, del entorno de Juan II —de nuevo, el rey— nacía en 1440 el acuerdo entre regidores y estamento sobre las escribanías.60 E incluso un par de años antes de que los linajes se avinieran al pacto 1493, así como justo inmediatamente antes de acordarse éste, los reyes se decidían, para evitar ruidos, a prohibir que los caballeros y regidores tuvieran allegados.61 De modo que hay suficientes datos para sostener que existió una línea trazada por el poder regio —tanto para evitar luchas como para reconocer al estamento como tal—, a la que tuvieron que atenerse las fuerzas locales, tanto los regidores, al verse obligados a acatarla, como los caballeros e escuderos, al buscar actualizarla siempre que fue posible. b) En segundo lugar, hay que subrayar que estas decisiones regias, aunque eran convergentes con la política concejil de los Trastámara, no nacían genuinamente de demandas específicas de la monarquía, aunque ésta las

59. Esencialmente los citados en nota 2. Dejamos al margen de las consideraciones siguientes no sólo las luchas banderizas, propiamente dichas (es decir, los bandos-linajes), a las que se alude en el apartado siguiente, sino la noción de los «bandos» entendidos en otra acepción no como conflicto o alineamiento voluntario de individuos y familias, sino como áreas topográficas de la ciudad. Véase infra, nota 83. 60. Véanse refs. nota 57. 61. «A nos es fecha relaçión que vos los dichos regidores e cavalleros de la dicha çibdad tenéys por allegados a muchos çibdadanos e ofiçiales della (…)», que intervienen en «vuestras questiones e diferençias que unos con otros tenéys e vosotros los ayudáys e favoreçéys en las suyas», lo que provocaba muchos «ruydos e escándalos e males e diferençias en la dicha çibdad e que muchos dexan sus ofiçios e lavores», AGS, RGS, 29-3-1491, f. 461; ibid., 6-3-1493, f. 120. La propia Concordia de 1493, aunque fuese un acuerdo local, fue algo en realidad propiciado y tutelado por la voluntad de la monarquía (AGS, CCA, DIV, leg. 10, n.º 36), de acuerdo con una política general de pacificación que, para bandos y otros conflictos locales, impulsaban para todo el reino.

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avalaba, sino que se corresponden con unos determinados flujos políticos del sistema concejil, nacidos de fuerzas locales que conseguían allegar intervención del poder superior. «Sepades que los escuderos é homes buenos pecheros del común de la dicha çibdat de Salamanca é de su tierra se me enviaron querellar, e dicen que en la dicha cibdat que hay dos mayordomos (…)». Así comenzaba la carta de Juan I de 1390: acerca del reparto de las mayordomías, que los regidores querían acaparar, le habían pedido al rey los caballeros e escuderos —aliados con los pecheros— que les permitieran tener cierto control, como ahora indicaré. Nuevamente la confirmación de 1394 por parte de Enrique III, donde se hablaba de «agravios e sinrazones», o las medidas de 1401, y otras, nacieron también de estas reclamaciones. ¿Cómo explicar la gestación de estas últimas medidas en la sociedad política concejil? Los regidores se habrían opuesto a cumplir las ordenanzas anteriores, concretamente las de 1390 desde que se dieron. En consecuencia, los afectados no se conformaban. Pero, naturalmente, era imposible que en el Regimiento sacaran adelante la queja. De modo que recurrían a una instancia externa al Regimiento, pero activa en el sistema político. Técnicamente, según nuestro esquema de flujos decisionales, el proceso de toma de decisiones revela que el sistema concejil, una de cuyas piezas era precisamente esta entrada de los sectores no gubernamentales —no «regimentales», si aceptamos esta expresión— en el poder municipal, era permeable a flujos sistémicos externos: en este caso lo que solemos llamar el «entorno I», es decir, la monarquía centralizada en el caso salmantino. Estos inputs, nacidos localmente pero lanzados al sistema desde la monarquía, atravesaban con facilidad el circuito del sistema político concejil. Los regidores bloqueaban, pero el poder regio, con su soberanía superior, desactivaba dicho bloqueo. Gracias al particular diseño del sistema político concejil el estamento privilegiado modesto, así como los pecheros, conseguían hacer política sin estar en el gobierno municipal. c) En tercer lugar, importa también destacar que para lograr el éxito en su incorporación al organigrama institucional urbano —aunque fuera parcial y limitada— el estamento caballeresco modesto pudo contar como «compañeros de viaje», por así decir, con los homes buenos pecheros, tal como se acaba de mencionar. Esta alianza puede considerarse o no algo circunstancial. Los pecheros también estuvieron interesados en acceder o controlar mayordomías, oficios de fiel, tasadores y otras responsabilidades menores. Esta alianza consta expresamente en las medidas de 1390, 1394 y en la Concordia de 1493, y me parece determinante para que fuera atendida por el poder regio, ya que en Castilla los reyes fueron a menudo proclives a aceptar reclamaciones políticas de los contribuyentes. Caballeros-escuderos y pecheros formaron así una alianza interestamental urbana para recabar del exterior algún poder político en el concejo, todo ello frente al afán exclusivista de los regidores. Precisamente el sistema político concejil era muy sensible al circuito de toma de

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decisiones nacido de la lucha de los pecheros locales —el «entorno II» o entorno local del sistema— pero canalizado a través de la monarquía.62

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d) En cuarto lugar, conviene destacar que para que todo este entramado de institucionalización propiciada por los reyes y de estrategias políticas o coaliciones entre grupos sociales se hiciese viable, como se ha dicho, era necesaria una organización previa del estamento caballeresco. Una organización, digamos, específica y difeenciada, aparte de la propia estructura de los linajes patricios que pudiera darse. No sabemos desde cuándo estaría organizado el estamento como algo independiente de los patricios. Es posible que la carta sobre la hueste de 1292, antes citada, donde se habla de partes, así lo indique, pero es hipotético. Lo aconsejable es entender esta institucionalización del estamento modesto, y sobre todo la relevancia en la acción social municipal, como algo activado con posterioridad a la implantación del Regimiento, ya que fue ésta la reforma municipal que habría sellado formalmente la segregación por elevación de los regidores. De modo que en Salamanca entre esta fecha, hacia 1345, y la de 1390, la de las Ordenanzas de Sotosalbos, es cuando suponemos que se hiciese significativa la cesura entre los caballeros regidores y los caballeros restantes del estamento. Desde 1390 en la documentación aparecerá ya sistemáticamente el estamento de «caballeros e escuderos» dividido en dos linajes, San Benito y San Martín, nacidos con esos nombres en fecha desconocida. Entre ellos se repartirían algunos oficios menores del concejo, según señala el documento de Sotosalbos, y más o menos ésa sería la pauta de las otras concordias y pactos posteriores. La fecha de 1390 puede, en consecuencia, ser referente a la vez tanto de la institucionalización de los bandos-linajes —llamados «linajes»— como del estamento no regimental, es decir, el colectivo concejil de caballeros e escuderos e hidalgos. El estamento, dividido en los dos linajes, adoptó formalmente la horma de «corporación», «universidad», «cofradía de linajes», «cofradía e cabildo de linajes», «junta de linajes», «matrícula de linajes», o cualquier otra expresión, registro o actuación que, como en otras ciudades, fueron modalidades de organización colectiva que utilizó el estamento en la sociedad política urbana de aquella época.63 Este tipo de organizaciones estamentales tenía una

62. Destacamos el secreto del éxito pechero (según determinados «modelos de flujos» h o i, según nuestro esquema) en J. M.ª MONSALVO, «Gobierno municipal, poderes urbanos y toma de decisiones en los concejos castellanos bajomedievales», pp. 460, 464, entre otros trabajos. 63. Los casos conocidos para otras ciudades castellanas al sur del Duero en lo que respecta a estas organizaciones del estado de caballeros e hidalgos organizados en juntas de linajes no son escasos. Por citar algunos de ciudades cercanas, y con cofradías de linajes en cierto modo afines a las salmantinas, podríamos mencionar los casos de Segovia o de Soria. Véanse M.ª ASENJO GONZÁLEZ., Segovia. La ciudad y su tierra a fines del Medievo, Segovia, 1986, pp. 285-294; DIAGO HERNANDO, M., «Estructuras familiares de la nobleza urbana en la Castilla bajomedieval: los doce linajes de Soria»,

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proyección social diversa, pero también se orientaron, en Salamanca desde luego, a conseguir que los regidores no acapararan todo el poder municipal. Hay que pensar que la matrícula de 1408 se elaboró precisamente para cumplir las cartas del rey y «por quitar contienda e debate entre los regidores e los dichos escuderos de la dicha çibdad». De modo que el estamento se constituyó —digamos desde antes de 1390, por dar una fecha redonda y significativa— como una fuerza organizada autónoma e independiente de los regidores patricios. Tuvo su patrimonio común, su vida social propia, con alardes para exhibir su condición de caballería urbana, una identidad reconocida en la ciudad e incluso una pequeña hacienda y tributación específica como corporación caballeresca. Reivindicaron, sí, su espacio político vital —1390, 1493—, pero también fueron una institución social característica y genuina del estamento, una cofradía de estatus o corporación formal de los caballeros e hidalgos salmantinos,64 defensora de estos últimos como estado social y donde la afección partidista quedaba en segundo plano, supeditada a los intereses como grupo. e) Ahora bien, y en quinto lugar, el hecho de que el estamento estuviera organizado unitariamente como cofradía o corporación estamental, como acabamos de apuntar, era compatible con el hecho de que internamente la corporación se estructuraba en dos linajes, que además duraron siglos. Esto quiere decir que había una polaridad explícita, aunque se basara en cierto convencionalismo y artificialidad. Olvidémonos ahora de las luchas de bandos. La

Studia Historica. Historia Medieval, 10, 1992, pp. 47-71; id., «El papel de los linajes en las estructuras de gobierno urbano en Castilla y en el Imperio alemán durante los siglos bajomedievales», en la España Medieval, n.º 20, 1997, pp. 143-177. En Cuenca, aparte de los linajes de regidores y las élites de poder, el resto de la nobleza local está organizada en instituciones diferenciadas de tipo estamental: cabildo de caballeros y escuderos y cabildo de guisados a caballo, J. A. JARA FUENTE, Concejo, Poder y élites. La clase dominante de Cuenca en el siglo XV, Madrid, 2000, pp. 353 y ss.; esta ciudad, con todo, presenta una estructuración estamental diferente a la de Salamanca, Soria o Segovia, ya que no es tan evidente en Cuenca la contraposición entre privilegiados y común, que sí se observa en las urbes castellanoleonesas. Lo ponen de manifiesto, aparte de los trabajos J. A. Jara, entre ellos el citado, de Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M.ª SÁNCHEZ BENITO, Cuenca en la baja Edad Media: un sistema de poder urbano, Cuenca, 1994. 64. No conocemos para el siglo XV actas de reuniones u ordenanzas que muestren el funcionamiento interno de la «cofradía de los linajes» de Salamanca. Pero por la documentación antes referida es obvio que tenían que funcionar según ese patrón organizativo para elegir mayordomos, organizar las finanzas, establecer reglas de funcionamiento interno, derramas fiscales, participación en fiestas y eventos… Se conservan unas ordenanzas de 1527 que tratan sobre estas cuestiones. Tratan sobre todo de la recaudación de las cuotas y derramas. Aunque son tardías, dan una idea de cómo pudo haber sido la modesta vida institucional de esta entidad desde su institucionalización, aunque habría habido, probablemente, cambios entre esta fecha tardía y la de su temprana institucionalización. Estas ordenanzas, llamadas «Estatuto de los nobles linages y hidalgos de Salamanca» o «Cofradía de los linages de los nobles de la ciudad» (ACS, caj. 43, leg. 2, n. 64) pueden verse en el libro «Linajes de Salamanca», ed. J. Sánchez Vaquero, cit., pp. 521-529. Reflejan un contexto histórico algo diferente pero son también evidencia del mantenimiento de la institución de los linajes del estamento hidalgo de la ciudad, que además sabemos que se extendió un par de siglos más.

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existencia de dos linajes era una fórmula de adscripción tasada y legal de estructurar administrativamente el estamento. Nada tenía que ver con parentelas en sentido biológico, aunque adoptasen el lenguaje de éste; sí, en todo caso, parentelas entendidas como un discurso del parentesco, como ideología de integración de parientes artificiales, y en el que los lazos consanguíneos se hibridaban con los de amistad y adscripción voluntaria, que además, precisamente por eso, podían incluso cambiar.65 Como tales parentelas socialmente construidas y convencionales, debía imperar el equilibrio entre ellas. Al menos ésa era la aspiración, por encima de las amenazas que, de hecho, existían. Esto es válido para la lucha de bandos pero también para la propia organización del estamento caballeresco al que nos estamos refiriendo ahora. Pero ¿quiénes formaban las matrículas de los linajes?. La matrícula de 1408 incluía 55 miembros del linaje de San Benito y 42 del de San Martín. La de 1484 incluiría 132 de San Benito y 140 de San Martín. La simple cifra releva que la adscripción al linaje no era natural y universal para el grupo social. Aunque no era la organización de todo el estamento, sino de los miembros adscritos, sin duda sí era representativa del mismo. Para tener un oficio menor del concejo hacía falta estar inscrito formalmente en las «matrículas de los linajes», de modo que no había un automatismo por nacimiento o parentesco para la entrada en ellas de todos los integrantes del estamento. Seguramente, eso sí, descender de un miembro adscrito o ser su yerno, además de ser vecino y de condición hidalga, abriría las puertas. No es una mera suposición. Nos consta que las citadas eran precisamente las exigencias en Ciudad Rodrigo.66 La propia discrepancia de cifras entre las dos matrículas salmantinas revela también que los linajes se ampliaban —o restringían, aunque esta tendencia fue menor— de acuerdo a conveniencias, lo que revela que estas organizaciones de linajes devenían estructuras cambiantes. Varios pleitos de los años 14871488, tras haberse producido intentos de expulsión de miembros que habían entrado en décadas anteriores, revelan que la apertura o cierre de las matrícu-

65. Conectada la idea de parentela con la de alianza como se ve en una tregua parcial de 1473, «sy ellos, o alguno dellos, o de sus onbres o de sus parientes, ansý de Sant Adrián [parroquia] commo de Santo Tomé, con que están aliados e en parentela», Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, doc. 72. Y la Concordia de 1476 en que acordaron la paz los dos bandos —véase infra— menciona el resultado como una parentela identificada con la amistad entre todos y con la supresión de los bandos: «todos de aquí adelante buenos amigos y estar y ser todos en vna parentela y verdadera amistad y conformidad y vnión», Ajustamiento de Paz, cit.; M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, lib. V, ap. doc. XIV, pp. 147. Y en las treguas de enero de 1477 vuelve a aparecer la idea de parentela como una alianza de amistad: «Los cavalleros, e escuderos e otras personas del linaje e vando de Santo Tomé e Sant Benito de la çibdad de Salamanca, que están en una conformidad e parentela», Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, doc. 88. 66. Según el acuerdo de los linajes de 1414, Documentación medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, eds. A. BARRIOS, J. M.ª MONSALVO y G. DEL SER, doc. 77

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las podía obedecer a factores circunstanciales, entre otros, las necesidades de los bandos-linajes de ampliar su fuerza de choque en la calle, por imitación uno y otro bando de estas ampliaciones, o por cualquier otro motivo poco sustancial,67 lo que revela en el fondo lo dúctiles que eran estas organizaciones. Pero lo eran precisamente por su carácter artificial y convencional, aunque en su conciencia sus miembros creyeran que su estado era algo natural. No puede olvidarse tampoco que, aunque estaban en el mismo estamento organizado con los mismos intereses estamentales, la tensión partidista entre los linajes condicionaba la composición de éstos en cada momento. Se supone que pudo haber un liderazgo en cada linaje, que suponemos estaba en relación con la conflictividad banderiza y que recaía en los caballeros más poderosos. Por eso éstos podían favorecer la entrada de la matrícula de nuevos miembros en ciertos momentos, para reforzarse como parte o facción política en sus luchas de bandos.68 Y por eso también se explica, a mi juicio, que los regidores no hayan querido perder el control de las matrículas. Significativamente, se dice en la Concordia de 1493 —a pesar de que reconocía cierta autonomía de los linajes respecto a los regidores de los mismos— que los regidores supervisarían, como mínimo, el acceso a los linajes, eso sí, en un diálogo con sus integrantes: «que en ese mismo tienpo los regidores nonbren dos regidores para reçibyr los que ovieren de entrar en la cofradía de los dichos lynajes; e quando alguna cosa acaeçiere sobre que ayan de ocorryr al regimiento, que vayan a estos dos regidores e ellos provean con los cavalleros e fidalgos lo que vieren que cunple». f) Finalmente, y por lo que respecta a los contenidos normativos concretos o reivindicaciones del estamento organizado, ya se ha dicho que la participación que lograron los integrantes del estamento caballeresco o hidalgo fue relativa y parcial. Afectó a controles en algunas políticas municipales y a cierta presencia como elegibles para algunos oficios menores, como mayordomos, fieles, escribanos y otros. Por el contrario, el reparto de regidurías, es decir, el núcleo del gobierno local, quedó fuera de su alcance. No se planteó que la

67. Se dice que los linajes, debido a las «roturas» o «bandos» que había habido en la ciudad, «los metieron en los dichos linajes non seyendo dellos», porque necesitaban ampliar su fuerza y contingentes. Luego, al apaciguarse algo la situación, se supone que ya en los años ochenta, los miembros antiguos quisieron expulsarlos. Entre los que pleitearon por permanecer dentro estaban los casos de Pedro de Huelmes, Alonso de Miranda, Martín González, Martín de Cetina, Francisco de Montesino, Pablo de Villalobos, Pedro de Orgaz, Alfonso de Vera, Martín Sánchez Ruano y Diego Fernández, ARCHV, Reales Ejecutorias, caja 8 n.º 37, c. 10, n.º 28; c. 11, n.º 23; c. 16, n.º 4 y n.º 50; c. 17, n.º 5, n.º 6, n.º 10, n.º 33; y c. 22, n.º 21 y n.º 48. 68. La dinámica es clara: los caballeros principales mueven la acción de los caballeros, escuderos e hidalgos de sus respectivos linajes, sirviéndose de la capacidad de atracción clientelar. De ahí las precauciones de la autoridad frente a los allegados de los regidores y poderosos, porque a través de la solidaridad del linaje podían mover las pugnas banderizas. Véase nota 61.

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organización corporativa de los caballeros, escuderos e hidalgos, el segmento modesto del estamento, tuviera control de las regidurías. Aparte de reivindicaciones típicamente pecheras que se conseguían a la vez, las Ordenanzas de 1390, en lo que afecta al estamento caballeresco, querían evitar la situación según la cual «los regidores de la dicha cibdat, que reparten entre si todos los oficios que son en la dicha cibdat, fuera de sus regimientos (…)». Según las Ordenanzas de 1390, habría dos mayordomos, pero serían de los linajes, no los que arbitrariamente pusieran los regidores. Ahí entraban en juego las matrículas de linajes, para que rotaran entre sus miembros, entre los adscritos a ellas, los oficios menores vacantes. En cuanto a los otros oficios menores, los regidores —ellos mismos adscritos también a uno u otro linaje—, tendrían que poner por mitad entre ellos a miembros inscritos en los linajes para ocupar tales oficios, se sobrentiende que atendiendo a reglas internas o consensos entre ellos, para que «non los repartan para sí mesmos nin para sus familiares», es decir, para evitar la patrimonialización o virtual privatización de los oficios menores, que es lo que al parecer pretendían los todopoderosos regidores o lo que se temía el segmento no regimental del estamento. Las medidas de 1390, o por lo menos su espíritu, estuvieron siempre vivas en la Salamanca del siglo xv. Los caballeros y escuderos —además de los pecheros—, cuando vieron peligrar este estatus reconocido en esas ordenanzas, consiguieron confirmación de las mismas, como hemos dicho, y fue la referencia de doctrina jurídica municipal para el reparto de cargos menores durante varios siglos. En cuanto a otras medidas posteriores, la ordenanza de 1401 aseguraba que cada año cuatro regidores, dos de cada linaje, «sin arte e sin engaño e sin bandería, eligirían a los escuderos que fuesen pertenesçientes para ello de los ofiçios [los oficios menores] de la dicha çibdad cada linaje como en el otro», si se ponían de acuerdo; si no, que «hechen suertes entre sý». Estos cuatro encargados, a modo de colegio de electores, pondrían al salir a otros cuatro que harían lo mismo al año siguiente. También los procuradores de Cortes serían puestos por los regidores. Y así se hizo durante el siglo XV. Por su parte, la ordenanza de 1440 se refería en términos semejantes a los escribanos, que saldrían elegidos tras intervención de los dos linajes. Mientras que en la Concordia de 1493, respaldada por los representantes de los linajes, aparte de reclamaciones pecheras aceptadas, y de respetar el acuerdo binario entre San Martín y San Benito, aspectos ambos que la Concordia contemplaba, se perfilaban las mismas cautelas y controles estamentales de la tradición inaugurada en las ordenanzas de Sotosalbos: la matrícula en los linajes se exigiría a los que aspirasen a ocupar cargos menores; se impedía que los regidores nombrasen arbitrariamente fieles; se prohibía que los caballeros y escuderos que ocuparían el oficio de fiel hubieran recibido salario, es decir, se buscaba que éstos y otros oficiales no dependieran de los principales, evitándose que los regidores colocasen en los oficios menores a allegados y pa-

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rientes; se establecía «que sea llamado un procurador de los lynajes y que ante el escrivano de los lynajes jure las hordenanças de los dichos lynajes de guardarlas»; se decía que los dieces y «juezes de los linajes» tendrían competencias en asuntos relativos a oficios menores; mientras que en las guías o misiones fuera de la ciudad tendría que haber miembros del estamento, aparte de regidores: «que este tal regidor non pueda yr syn fidalgo de los dichos lynajes, e sy fueren dos regidores que vayan dos fidalgos e esto se a de entender asy mismo quando fueren a los términos, que asy mismo vayan regidor, un cauallero, e sy dos regidores, dos fydalgos»; además, para nombrar dieces, mayordomos de los linajes y otros responsables o representantes de éstos, así como para concretar la entrada de los miembros «en la cofradía de los dichos lynajes», se prescribía que los regidores se concertasen o «provean con los cavalleros e fidalgos». En definitiva, medidas todas ellas de corte estamental, de participación relativa en algunos cargos, de control —por parcial que fuese— por parte de los inscritos en la matrícula de hidalgos, de limitación del poder de los regidores, a quienes como mínimo se les reconocía un papel como electores, pero no el capricho de poner en los oficios menores a sus hombres, hijos o yernos. En definitiva, el estamento caballeresco modesto luchaba y en cierto modo conseguía corregir la monopolización, el acaparamiento patrimonial de los cargos y la privatización, que eran las prácticas políticas a las que propendían los regidores y los otros caballeros principales de la ciudad.

5. LAS

VIOLENCIAS BANDERIZAS Y LA INTROMISIÓN DEL

CONDE

DE

ALBA:

ALTERACIÓN DE

LAS LEALTADES DE LOS PATRICIOS

Las violencias banderizas exigirían aquí y ahora un acercamiento específico. No quiero entrar en este apartado en su descripción exhaustiva, sino resaltar la conexión que tuvieron con un componente que, desde el exterior del sistema de poder urbano, afectó a las luchas y los alineamientos de la aristocracia urbana y que forma parte también de su cultura política, aunque suele ser menos conocido dentro de la fenomenología banderiza. Se trata de la relación de los patricios con la alta nobleza. Tras los alineamientos de la guerra civil y los primeros Trastámara, donde ya se asistió al encumbramiento de un personaje llamado Diego Arias Maldonado69 y que provocó la polarización entre partidarios de Tejeda y de

69. Diego Arias Maldonado, que fue arcediano de Toro y canónigo salmantino, había logrado que Alfonso XI legitimase a su hijo Arias Díaz y le diese exenciones en 1334, según documentación catedralicia. El personaje sirvió luego a Pedro I. Pueden documentarse varios diplomas en 1350 en los que, en calidad de tutor del infante don Juan, hijo de Alfonso XI, Pedro I le entregaba varios concejos de villa y tierra que habían pertenecido a la familia de Alfonso XI. Los habitantes de estas villas, en nombre del menor, rendirían pleito homenaje al arcediano. Diego Arias Maldonado obtuvo por aquellos años otros favores del

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Maldonado,70 de nuevo en las ligas y parcialidades ya del reinado de Juan II, con los conflictos entre Álvaro de Luna y los infantes de Aragón, las noticias cronísticas indican que los linajes salmantinos, identificados como Santo Tomé y San Benito, o sus caballeros más destacados, se comprometieron con las partes en liza, entre 1439 y 1453 aproximadamente.71

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Hacia 1464 las luchas dinásticas desgarraban de nuevo los bandos salmantinos,72 hasta el punto que en el conflicto dinástico iniciado en 1465 los cronistas presentan la ciudad dividida en dos parcialidades, «en aquella ciudad, que

monarca. Pero después debió caer en desgracia y Pedro I ordenó su muerte en Burgos en 1360. Diego Arias yace enterrado en uno de los sepulcros del presbiterio de la Catedral Vieja de Salamanca. La hornacina de su túmulo custodia también los restos de su hijo Arias Díaz Maldonado, muerto en 1374. Véase M. GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la Baja Edad Media, p. 27. La referencia de los sepulcros en D. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, La Catedral Vieja de Salamanca, Salamanca, 1991, pp. 97-98. El Cabildo mantuvo hacia 1378 un pleito con la familia Maldonado por el destino de los bienes de Arias Díaz Maldonado, ACS, cj. 5, leg. 1, n.º 12 y 14bis. Ref. Los libros de Actas Capitulares de la Catedral de Salamanca (1298-1489). Colección Instrumentos del AC de Salamanca, ed. R. Vicente Baz, Salamanca, Archivo Catedral, 2008, p. 142. 70. Las crónicas de Pedro I y de Enrique II permiten tener noticia de los sucesos de aquellos años. Pedro I se apoyó en Salamanca en el alcaide del alcázar de la ciudad Juan Alfonso de Tejeda —alcaide entre 1354 y 1366— y en su hermano Alfonso López de Tejeda. Pero hacia 1366-1367 la ciudad se decantaba por la causa enriquista, apoyada en Salamanca por el obispo y por los hijos de Diego Arias Maldonado, esto es, Arias Díaz Maldonado y Juan Arias Maldonado. Villar y Macías, y en cierto modo ya antes González Dávila, supusieron que aquí radicó un primer gran enfrentamiento entre bandos salmantinos, con las parcialidades de los Tejeda y los Maldonado. Véanse Crónica del rey don Pedro, en Crónicas de los Reyes de Castilla (ed. BAE) t. 66, cap. V, p. 202, cap. XXXVI, p. 579; Crónica de Enrique II, ibid., t. 68, cap. I, 2; M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, IV, pp. 13-14, 17-19, 20; M. GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la Baja Edad Media, p. 27. El cronista González Dávila es quien ofreció otra noticia relativa al caso y es la orden que dio Enrique II al llegar al poder para que los Tejeda fueran degollados, G. GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamanca (ed. B. Cuart), ed. facsímil de la obra de 1606: Salamanca, 1994, lib. III, cap XI, pp. 278-279. 71. Crónicas de los Reyes de Castilla. Crónica de Juan II, ed. C. Rosell, BAE, Madrid, 1953, t. 68, XVI, p. 558; Crónica del Halconero, ed. JUAN DE MATA CARRIAZO, Madrid, 1946, p. 309; Crónica de don Álvaro de Luna, ed. JUAN DE MATA CARRIAZO, Madrid, 1940, pp. 253. Según esta crónica, «Dos vandos eran a la sazón en la çibdad de Salamanca, en que avía muy buenos caballeros, que tenían casas de asaz gente d’armas: el un vando se dezía de San Benito, e el otro de Santo Tomé. Así los unos caballeros como los otros de estos dos vandos, e todos los otros caballeros de la çibdad, eran en su casa e vivían con él. E los prinçipales del vando de Sant Benito eran Diego de Anaya e Gómez de Anaya, Diego de Acebedo e Juan Palomeque. Del vando de Santo Tomé Pedro de Solís, Diego de Solís, Fernán Rodríguez de Sevilla, Juan de Arauço su fijo», Crónica de don Álvaro de Luna, p. 447. Lo que no está claro es la adscripción de unos y otros con las parcialidades del reino en aquella época. Los alineamientos banderizos se dieron en muchas ciudades y a menudo en algunas de ellas se aprecia la sombra de la alta nobleza Véase nota 10. Con carácter general, M. A. LADERO QUESADA, «Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades castellanas (siglos XIV y XV)», en Bandos y querellas dinásticas en España al final de la Edad Media (Coloquio, 1987), París, 1991, pp. 105-134. 72. El bando de San Benito apoyó a don Alfonso contra Enrique IV, M. VILLAR Y MACÍAS Historia de Salamanca, lib. V, p. 16; Crónicas de los reyes, Crónica del rey don Enrique IV, atribuida a Enríquez del Castillo, BAE, t. 70, cap. LXXV, p. 142. El caballero Pedro González de Hontiveros, que murió en 1468, apoyó a los enemigos de Enrique IV, entre ellos el Conde de Plasencia, que le recompensó con el cargo de alcaide del castillo de Monleón, E. COOPER, Castillos señoriales en el reino de Castilla, p. 435.

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de tiempos estava en grandes contiendas y bandos, y entonzes estava partida en dos parcialidades, la una siguía al Conde de Plasencia y la otra al Conde de Alva, donde de cada día avía grandes debates y peleas por la poca justicia», según la crónica atribuida a Galíndez de Carvajal.73 A pesar de que la política de los reyes desde 1475 fue reprimir con firmeza las luchas banderizas74, ya que implicaban hechos violentos, normalmente de baja intensidad,75 no lo consiguieron totalmente y no evitaron que los grandes se inmiscuyesen.

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Desde 1465 a 1477 se observa que el componente de compromisos externos se centró fundamentalmente en los Álvarez de Toledo. En efecto, la intervención de los miembros de la Casa de Alba, una familia noble de ascenso fulgurante en Castilla y concretamente en la región,76 debemos entenderla como la de un actor político en principio externo al sistema concejil salmantino. Lo decía el Memorial de Diversas Fazañas refiriéndose al afán del Conde de Alba de controlar Salamanca: «Y el conde, como fuese tan vezino, vino allí con color de los poner en pie, con intención de se apoderar de aquella ciudad, y después que alli ovo estado algunos días mostrándose amigo de todos, habló con algunos diziéndoles la merced que el rey le avía hecho, creyendo atraellos a su querer». La

73. Crónica de Enrique IV, atribuida a GALÍNDEZ DE CARVAJAL, ed. J. TORRES FONTES, Estudio sobre la «Crónica de Enrique IV» del Dr. Galíndez de Carvajal, Murcia, 1946, cap. 62, p. 232. La misma idea señala ALFONSO DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, ed. A. PAZ Y MELIA, Madrid, 1904-1409, reed. Madrid, BAE, 1973-1975, 3 vols., vol. I, década I, lib. VII, cap. VI, p. 164. 74. Sobre todo la reina Isabel trató de atajar ese tipo de violencias. La política regia de pacificación la marcaba en 1475 la pesquisa contra los alborotos que mandaron hacer los reyes, AGS, RGS, 3-2-1475, f. 148, ibid., 13-11-1475, fol. 759. Se prescribieron altas penas y destierros, si bien en medidas posteriores fueron alzados estos destierros. Hubo en definitiva, entonces y en años posteriores, otras intervenciones regias de tipo pacificador, AGS, RGS, 26-10-1475, f. 665; ibid., 21-10-1476, f. 675; ibid., 3-10-1477, f. 37. La persecución regia contras los bandos salmantinos se mantiene en los años ochenta y noventa: AGS, RGS, 26-4-1484, f. 11; ibid., 29-3-1491, f. 461; ibid., 6-3-1493, f. 120. 75. En general sobre las violencias banderizas me remito al trabajo «Violence between factions in medieval Salamanca», passim. En particular, sobre los episodios del intenso período 1469-1493, ibid., pp. 160-162. Hay que señalar que hubo unas pocas muertes y sobre todo heridos y altercados callejeros, esporádicos y trufados por unas más o menos ineficaces, parciales e incumplidas treguas. Un buen ejemplo es lo acaecido en el siguiente caso: en marzo de 1478, según la querella del regidor Alonso Maldonado contra sus agresores —Fernando de Varillas, Diego de Valdés— se decía que yendo el regidor «por la dicha çibdad caualgante salvo e seguro (…) e estando los caualleros del vando de Sant Benito de la dicha çibdat, sus parientes e él en tregua con los caualleros fijosdalgo del vando de Santo Tomé, de cuya parentela e valía diz que con otros soys, syn le desafiar nin tomar aquella palabra e fe que segund ley de fidalgos los caualleros deven fazer, diz que sobre fabla e consejo avido, diz que veniendo amos a dos a cavallo armados, dando vos favor el uno al otro e el otro al otro, con otros omes, que conbusco traýades, con yntençión e propósyto de lo ferir e matar, diz que recudiérades contra él e poniendo vuestro mal propósyto por obra echárades mano a las espadas e arremetiérades sobre él e le diérades dos golpes e feridas, la una en el braço derecho de que le salió sangre, que por vosotros non quedó que consumar e acabar el dicho delito, salvo porque Dios lo quiso guardar e de librar e por otras personas que se ende atravesaron e porquél se salvó lo mejor que pudo (…)», RGS, AGS, 26-6-1478, fol. 132. 76. Véase el cuadro cronológico sobre el ascenso de la Casa que presentamos en El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, Universidad, 1988, pp. 42-52.

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presencia del Conde de Alba se ajusta a un tipo de intervención que no se basaba en la legalidad y legitimidad institucional. Este tipo de intervención la hemos denominado hace tiempo «injerencias bastardas de la nobleza en los concejos»:77 miembros de la nobleza territorial que, sin autoridad legal para ello al tratarse de ciudades de realengo, intervenían en ellas aprovechando su poder fáctico, influencia política y redes de patronazgo y clientelismo. En el caso de Salamanca, desde 1465 a 1477 fundamentalmente, don García Álvarez de Toledo —conde y desde 1472 duque de Alba— aparece implicado en estas acciones: en enero de 1470 los del bando de Santo Tomé se encomendaban al conde; hacia 1472 miembros de este bando se quejaban de que les menospreciaba apoyando como regidor a alguien contrario a su parte; el 29 de diciembre de 1473 y principios del 1474 el duque era escogido por varios caballeros de Salamanca como árbitro y garante de sus treguas; actuaciones como garante de treguas y actuaciones de pacificación en la ciudad en 1475 y 1477. No entro en todos sus detalles ahora,78 pero sí importa destacar lo que representó esta influencia «externa» en las actitudes de las élites caballerescas salmantinas: relación fundamentalmente contractual de caballeros salmantinos con el duque; pago de acostamientos; promesas a miembros de alguno de los bandos, a veces incumplidas; designación de regidores sin respetar los compromisos con los bandos-linajes. Llama la atención que fuera el conde quien consiguiera un regimiento para el doctor Maldonado de Talavera hacia 1472,79 pese a que era una típica prerrogativa de los linajes de regidores locales —y de hecho estos controlaban globalmente los relevos y cuotas de regidores entre ellos—, así como el hecho de que en 1494, cuando quedó vacante otro regimiento en Salamanca, los reyes mencionaban la vacante —fallecimiento de Juan de Almaraz— y dejaban el nombre en blanco, para, en una nota marginal poco visible al final del documento, escribir: «Al duque de Alva: se hace la merçed para uno suyo».80 Es decir, el duque de Alba en esa ocasión dispuso a su voluntad de la designación de un cargo tan sensible y tan nuclear dentro del poder patricio local como el de regidor. Aunque sólo hiciera uso de esa prerrogativa de facto en contadas ocasiones, el hecho es representativo de la injerencia altonobiliar en el poder local.

77. J. Mª. MONSALVO, «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval. La distribución social del poder», en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, León-Ávila, 1990, pp. 359-413, pp. 392-393. El nombre se debe a las resonancias con el feudalismo bastardo inglés y quiere evocar varias situaciones: cierta ilegitimidad institucional de la intervención de los miembros de la alta nobleza, que sin ser cargos municipales intervenían en la ciudad; el patronazgo que ejercían sobre una parte de las élites patricias locales; el uso del dinero de los acostamientos que fidelizaba el clientelismo de los caballeros remunerados. Era un típico ejercicio de la combinación de dinero, servicio y política que, a mi juicio, define el comportamiento de la alta nobleza en el siglo XV, en este caso en su proyección sobre ciudades. 78. «En torno a la cultura contractual», cit., pp. 189-194. Las referencias documentales en Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, docs. 53, 56, 57, 75, 88. 79. Véase infra. 80. RGS, AGS, 10-1-1494, f. 23.

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A mi juicio, la atracción espuria de la alta nobleza sobre los patricios acarreó dos efectos sobresalientes en la sociedad política y las propias mentalidades caballerescas: el primero, haber activado las violencias banderizas y, de hecho, hemos sostenido que las más virulentas entre ellas se remitían en el fondo, más que a factores locales o de reparto de cargos, que normalmente no hicieron correr la sangre, a las confederaciones, parcialidades y alianzas de los patricios locales con las facciones del reino;81 y segundo, que la relación de clientelismo y patronazgo hacia un referente externo, como fue sobre todo en Salamanca el duque de Alba, introdujo inestabilidad interna en los propios alineamientos de la aristocracia urbana, los desarmó y los puso en entredicho, siendo así un potente factor de desvertebración de los mismos. 6. ¿HACIA

UNA DESNATURALIZACIÓN DE LOS BANDOS Y LINAJES?

EL

PAPEL DISOLVENTE DE

LAS CONCORDIAS Y DEL SISTEMA POLÍTICO

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La injerencia altonobiliaria, e incluso el servicio al rey,82 fuente este último, como es lógico, de lealtades no exclusivamente centradas en la vida lo81. Las crónicas de la época ofrecen los principales datos sobre la violencia que arrastró el intento del Conde de Alba de controlar la ciudad de Salamanca y el pertinaz deseo de inmiscuirse en asuntos locales, todo ello entre 1469 y 1477: ALONSO DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, ed. A. Paz y Melia, Madrid, 1904-1409, reed. Madrid, BAE, 1973-1975, 3 vols. vol. I, década I, lib. VII, cap. VI, p. 164, década II, lib. II, cap. VI, p. 298, vol.II, década III, lib. II, cap. VIII, p.195; Crónica de Enrique IV, atribuida a Galíndez de Carvajal, ed. J. TORRES FONTES, Estudio sobre la «Crónica de Enrique IV» del Dr. Galíndez de Carvajal, Murcia, 1946, cap. 62, p. 232, cap. 117, pp. 271-272; Crónica anónima de Enrique IV de Castilla, 1454-1474 (Crónica castellana), ed. M.ª P. SÁNCHEZ-PARRA, Madrid, 1991, I parte, cap. LXIIII, p. 156, cap. LXVII, pp. 161-163, II parte, cap. XVII, p. 290; Crónicas de los reyes, Crónica del rey don Enrique IV, atribuida a Enríquez del Castillo, BAE, t. 70, cap. LXXV, p. 145; DIEGO DE VALERA, Memorial de diversas hazañas, Crónicas de los reyes de Castilla, Madrid, 1953, BAE, t. 70, p. 55. Aparte de las crónicas las informaciones sobre la violencia en las décadas finales del siglo se documentan en el Archivo de la Casa de Alba, el Archivo Catedralicio, el Archivo Municipal y el Archivo General de Simancas, fundamentalmente. Recojo estas referencias en «Violence between factions», pp. 160-162, n. 60 a 63 de ese trabajo. Véase C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, cit. véase también Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, docs. 53, 56, 57, 75, 88. En cuanto a los motivos de las violencias, nuestra interpretación es que, aunque en la percepción de la época se arropó todo como conflicto «de bandos», al discernir nosotros los móviles de unos y otros casos —venganzas privadas, luchas por cargos, motivos patrimoniales, alianzas exteriores—, los últimos fueron los que atrajeron las convulsiones más fuertes; de todos modos, a efectos de discurso, lo verdaderamente importante es que todas las violencias, con raíces y causas muy diferentes, acabaron etiquetadas, ideológicamente unificadas, como luchas de bandos y así lo percibieron incluso las fuentes de la época, J. M.ª MONSALVO, «Violence between factions», p. 165. En ese trabajo se hace un recorrido por las principales violencias banderizas de la ciudad, sus distintos motivos y sus posibles explicaciones. 82. No olvidemos que entre la aristocracia salmantina había gentes vinculadas a la corte. El más notable de la época de los Reyes Católicos fue Rodrigo Maldonado de Talavera, destacado miembro del Consejo Real, a quien luego me refiero. Asimismo, Diego Arias Anaya fue corregidor en Vélez a finales de los ochenta y Alonso Enríquez en Córdoba a finales del siglo. Y Francisco Maldonado, gobernador de las islas Canarias en 1496. Otros fueron jueces de términos y tuvieron, en definitiva, contacto con la corte. Hubo en el siglo XV varios miembros de las familias Paz, Varillas y Acevedo

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cal, no fueron los únicos elementos disolventes de los alineamientos de linajes y bandos urbanos. Pese a que la polaridad entre San Martín —llamado también Santo Tomé— y San Benito se mantuvo siglos y además como unas entidades estables y reconocidas en la topografía urbana,83 es decir, al margen de los compromisos como facciones urbanas, en la medida en que también eran esto último, hay que destacar que su identidad se vio cuestionada por otros fenómenos organizativos que, a mi juicio y paradójicamente, parecían anidar en su propio seno. Me refiero a las treguas y concordias, en este caso no de reparto de poder entre «linajes» y regidores, como las citadas medidas de 1390 y 1493, sino las genuinas treguas y concordias de pacificación de los «bandos», entendidos estrictamente aquí en el sentido de lucha, agitación, «ruido», «alboroto», «contienda», «pelea», «bando» —en léxico de la época, linaje era la adscripción legal y bando, el conflicto—, «enemistad», entre otras maneras de denominar al conflicto abierto, que como ya indicábamos fueron endémicas en la Salamanca del siglo XV.84 Las treguas parciales de 1473, 1474,85 147786 y, sobre todo, la concordia o Ajustamiento de 1476,87 muestran el compromiso de «autopacificación» que adoptaron los caballeros para disipar las disputas.

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Es cierto que en aquellos años determinadas familias solieron estar alineadas con un bando-linaje concreto. De modo que en el último tercio del si-

que fueron letrados destacados de la corte y consejeros regios. Por no hablar de varios miembros del patriciado que fueron procuradores de Cortes. Pero incluso unos y otros recibían dinero o acostamientos militares por parte del rey. Villar y Macías publicó un repartimiento militar de 1483 en que el rey pagaba unas ciertas cantidades a 25 caballeros salmantinos, entre ellos varios regidores, para aportar a la guerra con hombres de armas y jinetes. A razón de 3.000 mrs. la lanza gineta, las cifras del acostamiento oscilan para caballero entre los 6.000 por dos lanzas y los 24.000 mrs. por 8. Véase M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, pp. 123-124. 83. Y en ese sentido funcionarían como una estructura pública de base parroquial, municipal, administrativa y totalmente convencional, funcional incluso para fijar tasaciones y otros asuntos que no tenían que ver con la vida caballeresca. Entre otros, documentos de 1524 y 1545 (AMS, R/ 2194; AHP, Prot. Notariales 3152, fols. 170-173) revelan que incluso la división en dos mitades de las parroquias de la ciudad servía entonces como base para los distritos electorales y de otro tipo a los propios pecheros específicamente. Por tanto, la polaridad Santo Tomé/San Benito no tendría sólo un significado banderizo, de conflicto entre caballeros, sino que sería una institución administrativa municipal. Lo comentamos en «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros», cit., en Historia de Salamanca, pp. 464-467. 84. No sólo las crónicas sino hasta las propias Cortes de Castilla se refirieron a los bandos de Salamanca (Cortes de Toledo de 1462, pet. n.º 8, Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, ed. RAH, Madrid, 1881-1903, vol. III, pp. 707-708). Véase supra, notas 69 a 75 y 81, sobre las violencias en el siglo XV. 85. Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, docs. 72, 73, de 29 de diciembre 1473 y 14 enero de 1474 —no se hace explícito el año de este documento—, o bien 1474 y 1475, según interpretemos la datación del primero de estos documentos: 29 de diciembre «año [del nacimiento] de setenta e quatro»; me inclino por datarlo en 1473. 86. Ibid., doc. 88. 87. Ajustamiento de Paz, cit. Historia de Salamanca, lib. V, ap. doc. XIV, pp.147-151.

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glo XV puede sostenerse cierta afección de las familias principales a un determinado bando en liza: aunque había elementos discordantes, podría decirse que a los Anaya, Acevedo, Godínez, Maldonado o Paz solemos encontrarlos en el bando de San Benito, mientras que a los Monroy, Portocarrero, Almaraz, Solís, Tejeda, Valdés, Villafuerte-Varillas y Vázquez Coronado los podemos asociar a las partes de San Martín o Santo Tomé.88 Habría que tener en cuenta que la pertenencia a un bando podría referirse a alineamientos topográficos, según lugar de residencia y parroquia. Pero, como decimos, bando era también alianza, compromiso voluntario e implicación en los conflictos. Son estas banderías las que interesan aquí, las que lideraron a lo largo del XV los Anaya, Acevedo o Maldonado en San Benito y los Solís, Tejeda o Villafuerte en Santo Tomé. Pues bien, hay que señalar que los compromisos adquiridos por los caballeros y sus hombres con sus linajes tuvieron cierta consistencia aún, al menos antes de finales del XV y principios del siguiente, cuando cambiaron las familias hegemónicas. La identificación de las facciones con determinadas ubicaciones topográficas era posible, aun tratándose de realidades diferenciadas, ya que la residencia de los caballeros en ciertas áreas de la ciudad comprometía de algún modo la identidad de éstas. Existía en las familias aristocráticas una conciencia clara de pertenencia y afección hacia estas estructuras topográficas y familiares urbanas, que se respetaba y se heredaba.89

88. Una referencia es el Triunfo Raimundino, poema de tipo heráldico escrito en la primera década del siglo XVI (M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, cit., V, apéndice XIX, pp. 165-180; hay una edición reciente de A. Barrios, Salamanca, Caja de Ahorros, 2005). Ofrece una o varias estrofas sobre las armas de cada apellido. Serían de San Benito: Fonseca, Acevedo, Maldonado, Enríquez, Anaya, Cerda, Arias, Guzmán, Nieto, Figueroa, Pereira, Bonal, Dávila, Arias Maldonado, Estúñiga, Cabeza de Vaca, Palomeque, Godínez, Maldonado de Monleón, Paz, Sotomayor, Porras, Fontiveros, Tejeda —sólo alguna rama minoritaria—, Yáñez de Ovalle, Suárez, Mejías, Osorio, González y «Casa de Alba», que incluye en la relación. Y en el bando de Santo Tomé: Guzmán —otra rama—, Manrique, Lara, Villafuerte, Rodríguez, Miranda, Fonseca —sólo una rama familiar—, Ferrera, Araúzo, Solís —varias ramas—, Ordóñez, Tejeda —alguna rama de este apellido—, Villafuerte, Monroy, Aldana, Díaz, Viedma, Ovalle, Urrea, Rodríguez, Manzano, Maldonado —aunque sólo una rama menor—, Paz —alguna rama—, Corvelle, Luna y Cornejo. Otra referencia podría ser la de tomar los datos de los implicados en los conflictos documentados. Así, C. I. LÓPEZ BENITO observó la presencia de apellidos familiares en las tensiones acaecidas entre 1476 y 1507, aunque en realidad las noticias a veces eran muy escuetas y aleatorias. En todo caso, observó que fueron 72 individuos los participantes, en los que era imposible trazar cuadros genealógicos o lazos de parentesco. La autora recurría al apellido, en la medida en que a esas alturas era una buena referencia, aunque realmente los criterios son imprecisos y los actos evaluados eran heterogéneos. En cualquier caso, de los 72 individuos, el apellido Maldonado era el que más aparecía, con 19 miembros. Hubo, además, 9 Monroy, 8 Enríquez, 6 Cornejo, 5 Nieto, 8 Paz, 7 Solís, 5 Tejeda, 4 Villafuerte, 5 Anaya-Pereira o 6 Acevedo, apellido éste cuya influencia crecerá a principios del XVI porque a esa familia pertenecieron los Fonseca, que tuvieron el arzobispado de Santiago, C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, pp. 103-114, 169. 89. Cito para marcar esta idea dos ejemplos significativos, que menciona Villar y Macías, y que sirven para ilustrar cómo se realimentaba en las decisiones privadas y familiares la solidaridad de bando y linaje. Aldonza Rodríguez de Ledesma, viuda del doctor Arias Maldonado, en 1474 hacía testamento y, al designar beneficiarios de algunos bienes, señalaba que sería con la condición siguiente: «viviendo a San Benito, y ayudando al linage de los Maldonado». En el otro caso encontra-

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Pues bien, entre los recursos que todavía en el último tercio del siglo XV se establecían como instrumento de pacificación de los bandos, todavía se proponía la solución de la tregua o concordia pactada entre los dos linajes.90 El alcance variaba, tanto por los implicados —pequeños grupos o segmentos amplios de los bandos— como por la ambición del pacto, desde un simple compromiso ad hoc y particular hasta el sobreseimiento del conflicto que implicaba una tregua de gran calado en la ciudad o, en los casos más ambiciosos, la gran Concordia o pacificación general. Esta última, en realidad, nunca se consumó en la práctica. La de 1476 nacía de una voluntad explícita de acuerdo entre ambas partes: «Lo que esta asentado e otorgado y prometido entre los cavalleros e escuderos y otras personas de los vandos de sant Benito e santó Thome de la çibdad de Salamanca, que aqui firmamos nuestros nonbres».91 Todo formaba parte de un deseo, de una ficción asumida según la cual las mismas fuerzas que provocaban el conflicto se avendrían para solucionarlo, en exclusiva, o con ayuda de arbitrajes externos o mediante la implicación de la autoridad pública. Tales instrumentos existieron, pese a que las solidaridades de linaje banderizo no se extinguieron de pronto. Pero hay que subrayar al mismo tiempo que no todo lo que provocó conflicto, y aunque así fuera percibido incluso en su época, era en realidad alineamiento de los caba-

mos a Diego López de Tejeda, dueño de Santa Olalla y Ribas, que en una cláusula sucesoria entre descendientes, dejaba parte de los bienes al pariente varón más cercano, «que se llame del apellido de los Tejedas, e que sea de Sancto Tomé desta cibdad de Salamanca por quanto es mi voluntad e quiero e mando esta mejoría de los dichos mis bienes no la pueda haber ni heredar hombre de Sanct Benito». Ref. en M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, pp. 48-49. Imaginemos el efecto durante generaciones de decenas y decenas de voluntades y decisiones de este tipo, tomadas en el seno de las familias, en la consolidación y arraigo de los linajes o bandos en la ciudad. 90. Pero en realidad el recurso nacía ya con una inevitable tara de insuficiencia como instrumento eficaz o suficiente de pacificación. Como garantía de la tregua de finales de 1473 o 1474 se señalaba «que todas las otras cosas de diferençias, de daños, e debates e otras cosas que son entre los dichos cavalleros e bandos, que los vean dos cavalleros, uno de cada linaje, e los determinen». Pero, inmediatamente a continuación, «E, sy éstos dos non se conçertaren, que tomen por terçero al dicho señor duque o a otro qual se conçertaren. E para lo que por los dichos cavalleros, con el terçero o syn él, fuere visto e sentençiado quede, que sea executor el dicho señor duque de Alva», Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, doc. 72. Es decir, se recurría en última instancia al gran noble externo, el poderoso duque de Alba; en sus manos quedaba la última palabra, como lo demuestra la renovación de la confianza en él para hacer la pesquisa, ibid, doc. 73 (véase el apartado anterior). Pero es que cuando el rey encargaba en 1475 a Rodrigo de Ulloa perseguir los alborotos banderizos, el compromiso de los caballeros de los linajes consistió en ayudarle, por más que se aseguraran no atacar a los suyos: «Que los dichos cavalleros, e escuderos e personas del dicho vando de Santo Tomé, los que buenamente lo podrán fazer con sus personas, e todos con su gente a cavallo, armados, ayan de yr e vayan a ayudar e de fecho ayuden al dicho Rodrigo de Ulloa en qualesquier sus debates e quistiones que tiene o toviere, con tanto que non sea contra persona alguna de los del dicho linage e vando nin contra sus señores, o parientes o de su parentería», compromiso de colaboración que se haría extensivo al otro bando: «Esto se entienda ser fecho con los cavalleros e personas del linage de San Benito que estovieren en conformidad e amistad con los cavalleros e personas del dicho vando de Santo Tomé», ibid., doc. 75. 91. Ajustamiento de Paz, cit.

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lleros con estas facciones partidistas, como ya hemos indicado en otras ocasiones. No quiero ahora insistir en el hecho del fracaso relativo que supusieron las treguas, entre otras razones porque no se implicaron en ellas más que unos pocos caballeros, como lo demuestra el hecho de que la misma concordia de 1476, considerada la más importante y general, la firmaran menos de 20 caballeros, pero con predominio de San Benito,92 mientras que la tregua de enero de 1477 iba rubricada también por muy exigua proporción de caballeros.93

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Pero es que además muchos conflictos, pese a las apariencias, no eran realmente banderizos sino que tenían otras causas: podría decirse esto de la venganza de María la Brava hacia 146494 o del asesinato en 1484 del caballero Pedro de Miranda por su pariente Diego de Villafuerte;95 o bien habían surgido por conflictos patrimoniales particulares;96 o se daban porque los individuos habían tenido enfrentamientos personales o por lealtades que no se ceñían a su bando-linaje, como el enfrentamiento que se dio hacia 1478 entre Diego de Anaya y Alfonso de Almaraz;97 o, en general, porque los acuerdos 92. 30-IX-1476, Ajustamiento de Paz entre los caualleros de los bandos de San Benito y Santo Thomé, cit. Parece ser, a tenor del documento conservado —otra cosa es que no se haya conservado el ejemplar final— que no se recogieron más que estas firmas: Melén Suárez de Solís por parte de Santo Tomé, representación de la parte verdaderamente exigua, máxime porque se decía que «en todos nuestros capítulos non puedan ser acogidos para firmar en ellos Alfonso de Solís y Alfonso de Almaraz y a sus fijos dellos»; y por San Benito firmaron un tal Acevedo, Íñigo López de Anaya, Gómez de Anaya, Rodrigo Arias Maldonado, el doctor Martín Dávila, Alfonso Enríquez, dos llamados Alonso Maldonado, Francisco Maldonado, Payo Maldonado, Pedro de Acevedo, dos individuos llamados Pedro Maldonado, Rodrigo Maldonado, Antón de Paz y Luis de Paz; hay otros nueve más sin adscripción conocida, Arnaldo, deán Álvaro de Paz, Juan Díez, Fernando Nieto, el arcediano de Camaces, Diego de Madrigal, García de Ledesma, Juan Nieto, Pedro Rodríguez. Aparecían, además de los firmantes y como juezes nombrados para allegar las firmas, Fernando de Hontiveros y Pedro de Acevedo, se supone que por Santo Tomé y San Benito respectivamente. 93. El acuerdo se hacía entre «Los cavalleros, e escuderos e otras personas del linaje e vando de Santo Tomé e Sant Benito de la çibdad de Salamanca, que están en una conformidad e parentela», pero no sabemos su alcance concreto ya que la tregua concreta mencionada lo era sólo expresamente entre Alfonso Maldonado y Gonzalo Vázquez Coronado y entre Alfonso Maldonado y Pedro Suárez de Solís, Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, cit., doc. 88. 94. El cronista Alonso Maldonado, que a principios del siglo XVI narró la venganza de María Monroy, esposa de Enrique Enríquez, por la muerte de sus hijos a manos de los Manzano, no ligaba el hecho con las luchas de bandos, A. MALDONADO, «Hechos de don Alonso de Monroy, Clavero y Maestre de la Orden de Alcántara», Memorial Histórico Español, Madrid, RAH, 1853, VI, pp. 1-110, pp. 17-19. 95. AGS, RGS, 15-3-1485, fol. 114. 96. Así revelan los implicados en las treguas parciales de 1473 y 1474 —las fechas podrían ser 1474 y1475, dependiendo de la interpretación sobre la datación, véase supra— acordadas por unos pocos caballeros: Juan Pereira, Pedro y Rodrigo Nieto, por un lado, Gómez de Anaya, Alfonso Enríquez, Alonso Maldonado, Íñigo de Anaya, Fernando Nieto, por otro lado, enfrentados por conflictos privados entre ellos, de origen no conocido. Se pusieron en juego 500.000 mrs. en prenda sobre sus bienes como garantía de la tregua, Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, docs. 72 y 73. En realidad, la documentación sobre estos litigios privados y patrimoniales es amplísima. Mucha de la información sobre lugares (véase anexo adjunto) y heredamientos nacía por litigios y pleitos entre caballeros y rara vez tenía relación con las luchas de bandos, aunque éstos estuviesen adscritos. 97. Era una disputa por los derechos sobre el marco de plata, una contribución o multa urbana

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de pacificación, como la propia conciencia de pertenencia y lealtad, lo eran en el seno del linaje familiar y no sólo del bando-linaje98 y además porque se dieron en contextos contingentes y que cambiaban.99

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De modo que el fenómeno llamado banderizo era en realidad poliédrico y de complejas derivaciones. Pero, aparte de esto, como propuesta más hipotética podemos entender que las concordias, y así creo que lo sugiere la de 1476, la más ambiciosa, llevaban consigo seguramente de forma no intencional el germen de la propia desnaturalización y hasta destrucción de los bandos. En efecto, las concordias establecían una jerarquía de compromisos en los que el acuerdo escrito, privado y personal de los caballeros desplazaba, ponía en suspensión, acorralaba, las propias disciplinas de los bandos-linajes, los linajes. Esto llevaba a que la firma del acuerdo comprometía al individuo por encima de la toma de partido del bando-linaje. No hasta el punto de plantear de una manera absoluta y drástica la abolición de estas organizaciones colectivas —las cuales además tenían otras funcionalidades en la ciudad—, pero sí lo suficientemente sustantiva para permitirnos interpretar que las concordias voluntarias, al convertir en algo personal un pacto de paz, actuaban como un potente disolvente tendencial de los linajes, al menos entendidos éstos como facciones —«bandos»— y como patrón de actuación único para los caballeros patricios. La Concordia de 1476, y muy específicamente el estatuto de los neutrales que preveía, lo ponen de manifiesto.100

sobre barraganía que había en la ciudad. Primero Juan Pereira y luego su hijo Diego de Anaya, de San Benito, ocuparon el cargo y los de Santo Tomé arremetieron contra ellos acusándoles de que orientaban su acción recaudatoria y fiscalizadora contra los miembros de Santo Tomé. Diego de Anaya, defendiéndose de las diatribas de Alfonso de Almaraz, venía a decir que, además de ser rivales banderizos, lo eran —subrayemos esto— de persona a persona: «(…) como enemigo capital mío e de mis parientes, no solamente de bando a bando como se acostunbrava hacer en la dicha çibdad, mas de su persona e casa a la persona e casa de mi padre han tenido e tienen grandes enemistades», AGS, CCA-Pueblos (Salamanca), leg. 16, fols. 11v-13v, cit. C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, p. 73. 98. Si observamos bien lo que señalan las cláusulas sucesorias mencionadas (véase supra, nota 89) comprobamos cómo se reparte la fidelidad o lealtad: en el primer caso se decía que el compromiso era con los Maldonado, que vivían en San Benito. Indirectamente estaba el «linaje» de San Benito, pero en primera instancia lo que importaba era el apellido Maldonado; y en el caso de Tejeda, están claras las dos capas superpuestas de lealtad: a los Tejeda como apellido de linaje —pongámoslo sin cursiva— y, a escala mayor, a Santo Tomé como «linaje». Véase igualmente nota anterior. 99. De hecho, volvió a haber luchas de bandos en 1507 y con otros protagonistas, véase C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, cit. Cuestiono que todas las luchas que se documentan se puedan interpretar estrictamente como «banderizas» en J. M.ª MONSALVO, «Violence between factions in Medieval Salamanca», pp. 156-164. 100. Lo explicamos en el trabajo «La cultura contractual», pp. 200-201. Linaje y Concordia acaban así siendo elementos contrapuestos. El fragmento de la Concordia permite verlo: «Item, si algunos parientes, así de una parte conmo de otra quisieren estar neutrales non ayudando a ninguna de las partes, que non les ayudemos nin seamos contrarios, aunque ayan questión con alguno de nosotros, en esta manera: que si alguno de los neutrales fuere de Santo Thomé e touiere questión con el de Sant Benito que aquí tiene firmado, non sean obligados ayudar al de Sant Benito los de Santo Thomé que aquí tienen firmado, salvo si el neutral se ayudare de alguno que aquí no tiene firmado, que en este

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Pero ¿cuál sería la causa de fondo de esta desnaturalización que, a nuestro juicio, se percibía ya a finales del siglo XV? Quiero apuntar tan sólo de modo sintético el cuadro general de principios políticos que nutrían el sistema concejil, ya propuesto hace tiempo, para explicar este fenómeno. Dejemos al margen los valores compartidos por todos los poderes. La cuestión clave es que, lejos de ser un vector uniforme en el sistema político, las élites patricias se hallaban bajo la influencia de varios principios que sostenían su acción. Y que además no necesariamente eran complementarios. La disciplina de los bandos-linajes, a los que pertenecían o que lideraban, la que les había servido y servía para acumular poder en forma de hombres leales y alborotos rentables en presencia y prestigio, era tan sólo uno de esos principios, importante desde luego. Pero tan potentes o más podían ser también otros resortes capaces de impulsar la acción de los patricios: dejando aparte el linaje, debe tenerse en cuenta el clientelismo o vasallaje externos hacia la alta nobleza, por ejemplo, como se ha dicho, o entre ellos. Y también hay que tener en cuenta otro principio que en otras partes fue importante —pero menos en Castilla—, el poder empresarial o económico de los patricios a través de los gremios —este principio es poco potente y bastante espurio en las ciudades de la Meseta castellana—. Y finalmente, hay que valorar la conciencia de pertenecer al estamento privilegiado, por una parte, pero específicamente al sector más conspicuo de los principales, como veíamos al principio, un valor de tipo estamental-elitista y privado.101 Son, por consiguiente, varias posibilidades y vías de toma de conciencia, de recursos políticos y de compromisos de los más poderosos con valores diferentes. Diferentes y contrapuestos. A menudo, todos o parte de los principios que sostenían a la aristocracia colisionaban. Los más poderosos personajes salmantinos se movieron a veces buscando satisfacer sus intereses como patricios ricos, colocar a sus parientes u obtener beneficios individuales. Y esa búsqueda del interés como minoría distinguida y rica, o simplemente como interés privado, no era con-

caso los de un vando et del otro que aquí tenemos firmado seamos contra él; e asimismo, si alguno o algunos de los neutrales de Sant Benito oviere questión con el de Santo Thomé que aquí tienen firmado, non sean obligados de ayudar al de Santo Thomé los de Sant Benito que aquí tienen firmado, salvo sy el neutral se ayudare de alguno de los que aquí non tienen firmado, que en este caso los de un vando e del otro que aquí tenemos firmado seamos contra él. Enpero, si el de Santo Thomé que aquí tiene firmado, peleare con el de Santo Thomé neutral, que los de Sant Benito que aquí tienen firmado sean obligados de le ayudar contra el neutral de su linaje. E si el de Sant Benito que aquí tiene firmado, peleare con el de Sant Benito neutral, que los de Santo Thomé que aquí tienen firmado sean obligados de le ayudar contra el neutral de su linaje». 101. Como individuos, como estamento de privilegiados o como segmento conspicuo de este último. En este sentido, la lucha de la fracción más modesta de los caballeros, escuderos e hidalgos por rozar algo de poder municipal, que hemos analizado antes, se ajustaba también al principio de disciplina como estamento, no como bando-linaje, véase supra. Lógicamente, en el caso de los caballeros más poderosos, aparte de la pertenencia al segmento más alto del estamento, les condicionaba el potencial privado y de su familia directa.

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vergente con las reglas y las dependencias linajísticas o banderizas. Estas últimas se basaban en un esquema constituido por enjambres de pirámides disciplinadas verticalmente de arriba hacia abajo por vínculos de lealtades. El principio de élite privada era, por el contrario, un estrato horizontal pero de impronta oligárquica. El dibujo de la simple pertenencia al estamento era también horizontal, pero no oligárquico. Había, por así decir, una profunda asimetría geométrica entre unos y otros principios. Los más poderosos comprendieron que contaban con suficiente riqueza privada en la ciudad para tener clientelas personales ajenas a los bandos, con apoyos de influencias exteriores, con sus propias fortunas y sus casas para pensar sólo en ellos mismos. Las colectividades formales a las que estaban adscritos, es decir, los linajes estamentales y los compromisos banderizos, podían ser un estorbo. Una buena evidencia de ello eran las renuncias de regidurías y otros cargos en hijos, yernos o sobrinos: aunque la adscripción a los linajes no se quebraba, en la práctica los relevos obedecían a impulsos particulares, de la persona y la familia del regidor, no del linaje. No es preciso insistir demasiado en

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esta práctica,102 pues es conocida en todas partes. Podríamos señalar además otras muchas evidencias de estas conductas personalistas que resultaban contradictorias con los alineamientos banderizos. Cuando en las treguas parciales de 1473-1474 firmaron varios caballeros,103 todo indica que el compromiso era únicamente el de los firmantes, ajeno al linaje o bando-linaje, era a título personal, «cada uno por lo que fiziere él e los suyos, e non de mancomún», llegando Alfonso Maldonado, uno de los benitinos firmantes, a afirmar, que, si bien avalaba con sus bienes el acuerdo, «la obligaçión que fazía de sus bienes que se entendiese quebrando él los dichos capítulos o persona de su casa». «De su casa», no del linaje. En el fondo era el mismo espíritu del famoso Ajustamiento de 1476, que, aunque presentado como gran «Concordia entre los Bandos» de la ciudad, en realidad comprometía «a todos los que aquí firman o han de firmar sus nonbres cada vno por sí», lo que introducía una grieta en la línea de flotación de la lealtad al bando-linaje.104

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También es un buen ejemplo de estos nuevos desajustes la propia trayectoria de Rodrigo Maldonado de Talavera, un personaje que en pocas décadas descolló en el patriciado salmantino, actuó en el bando de San Benito, pero logró éxitos personales gracias al apoyo del duque de Alba y de la corona,105 incluyendo su entrada en el Estudio Salmantino como catedrático hacia 1468 —parece que el bando de Santo Tomé consintió en ello— y siendo benefi-

102. Sí destacar el reconocimiento que los reyes tuvieron de la misma. Véase, por ejemplo, la aceptación por los Reyes Católicos no ya de la renuncia sino de la facultad para hacerlo que los monarcas otorgaban en 1475 al doctor Rodrigo Maldonado de Talavera para dejar a su voluntad su regimiento con total disponibilidad, renuncia que se efectuaba años después en favor de su hijo Gonzalo Maldonado, AGS, RGS, 15-11-1475, fol. 682; AGS, RGS, 10-5-1490, fol. 41; o la renuncia en 1486 del regidor Francisco de Villafuerte en su sobrino Juan de Tejeda, AGS, RGS, 6-5-1486, fol. 8, entre otros casos. 103. Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, docs. 72 y 73. Véase nota 96. 104. Véase supra, nota 100. 105. Rodrigo Maldonado de Talavera, que comenzó su carrera fuera de Salamanca, en el séquito del obispo de Sevilla Alonso de Fonseca, tras ser primero alfonsino y luego enriquista, se vinculó hacia 1467-1468 al duque de Alba, lo que le facilitó ser oidor del Consejo Real (AGS, RGS, 8-1-1475, fol. 49), así como alcalde de casa y corte, S. DE DIOS, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, 1982, pp. 261, 305-307, 310. Desde entonces estuvo muy unido a la capital del Tormes. Pero se convirtió además en uno de los cortesanos más influyentes. En 1476 recibía 10.600 mrs. de juro de heredad en la renta del vino de Salamanca, AGS, RGS, 31-3-1476, fol. 118. Evidentemente, este tipo de rentas y favores sólo estaban al alcance de miembros de la oligarquía con conexiones en el exterior, y de hecho acabó siendo beneficiario de numerosas rentas regias, que podían ascender hacia 1480 a unos 350.000 mrs. anuales, AGS, CCA, DIV, Leg. 5, fol. 116. Véase al respecto M. SANTOS BURGALETA, «Extensiones de poder: una propuesta de análisis en torno a la articulación de los espacios de poder. La valía del doctor de Talavera en Salamanca (1475-1521)», en J. BRAVO LOZANO (ed.), Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2002, II, pp. 73-92; id., «Conchas adentro. Política, familia y patrimonio en casa del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera (1468-1542)». Salamanca, Revista Provincial de Estudios, 50, 2003, pp. 13-50.

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ciario de jugosas rentas,106 mostrando así que las posibilidades de éxito de los grandes patricios no sólo no tenían que pasar por la organización de los linajes locales, sino que para los más ricos éstos podían ser algo perfectamente prescindible. Tanto es así —siguiendo con este personaje— que el duque de Alba quiso en 1472 que el citado Rodrigo Maldonado de Talavera, pese a estar vinculado al bando de San Benito, obtuviera el puesto de regidor, aunque existía un compromiso y una vacante previa que correspondía al bando de Santo Tomé. Este tipo de repartos y equilibrios entre bandos era una pauta de reparto de poder sobre la que existía el consenso municipal normalmente, pero que en este caso ni el doctor ni su mentor quisieron respetar. Los de Santo Tomé protestaron, probablemente tanto por el hecho de que el regimiento les correspondía ponerlo a ellos como por pertenecer el beneficiario al bando contrario, según los típicos cupos entre linajes: «en este caso deste rregimiento paresçe que plaze a vuestra señoría quererlo quitar a dos prinçipales parientes nuestros e lo fazer menos a nuestro linaje e bando para lo dar e acreçentar al bando contrario e al doctor de Talavera, que es persona prinçipal de él, deziendo que tyene vuestra merçed de él grandes cargos».107 Es sin duda otro buen ejemplo de la fragilidad estructural a que quedaban sometidos los bandos-linajes cuando los intereses privados, familiares u oligárquicos, amén del patronazgo exterior, conseguían imponer su específico potencial en el entramado de poder urbano. Ahí estaba Rodrigo Maldonado de Talavera, persona principal del bando de San Benito, pero por encima de eso protegido del duque de Alba, miembro del Consejo Real, activo hombre de la corte, regidor y catedrático, pendiendo con sus enormes influencias sobre los equilibrios tradicionales de los bandos y las fuerzas vivas locales. Es más, la rivalidad entre el doctor de Talavera y el arzobispo Fonseca en la ciudad poco después de 1500, cuando se convirtió ya en la fuente de tensión primordial, es en realidad buena prueba de que las lealtades y disciplinas de los linajes no determinaban mecánicamente los alineamientos patricios. El potencial particular de ambos personajes les permitió a cada uno 106. Véase nota anterior. Una carta anterior a 1472 dirigida al Conde de Alba —ese año fue hecho ya duque— muestra cómo los del bando de Santo Tomé habían ayudado a Talavera, porque así se lo pidió el de Alba, a entrar en la Universidad, al tiempo que el conde también le había ayudado a obtener otros ingresos. Habría ocurrido hacia 1468: «(…) ca non ha mucho tienpo que al dicho doctor, por mandado de vuestra merçed, que nos lo mucho rrogó e mandó, nosotros fuemos cabsa e fezimos que él oviese e ovo la cátreda de Bísperas, que él tyene en este Estudio. E demás della, ovo e le fueron dados por cabsa de nosotros más de setenta mill maravedís en dineros de otra cátreda de Prima, que entonçes avía vacado. E alliende desto, ha rresçebido de vuestra señoría otras muchas merçedes de maravedís de juro e otras cosas, tanto que de la dicha cátreda e juro que vuestra merçed le dio, tyene cada año de rrenta en esta çibdad más de çient mill maravedís», pero luego «que oy ha quatro años él non morava en Salamanca», Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, cit., doc. 57. Véase nota siguiente. 107. Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, eds. A. VACA y J. A. BONILLA, docs. 56 y 57.

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generar una potente pero nueva «valía». El término valía a lo largo del siglo XV había venido siendo sinónimo de «bando», de modo que «parentela y valía» podían significar lo mismo.108 Pero con el tiempo se había convertido en alineamiento nuevo. Interesa destacar que las nuevas influencias y valías rompían ya al final del reinado de Isabel el tradicional enfrentamiento San Benito/San Martín. O se solapaban a él, para ser más exactos, ya que tanto el doctor Maldonado de Talavera como Alonso de Fonseca Acevedo tenían ambos raíces en San Benito, pese a lo cual no se sometían a la disciplina de este bando.109 Al final, sus potentes valías, al superponerse al patriciado local y desplazar las antiguas solidaridades de linaje, conseguían reestructurar las pirámides de encomendación, clientelismo y patronazgo: hacia abajo, vampirizando caballeros aliados, a menudo al margen de los bandos tradicionales,110 aunque contando con ellos y sus fuerzas de choque, ya que seguían existiendo; hacia arriba, gracias a la relación con la alta nobleza o las altas esferas de la monarquía, como en el caso del doctor Talavera y el Consejo Real.

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Esos intereses particulares y directamente familiares, pero no ya de bando-linaje, debemos entenderlos como uno de los principios estructurante del sistema concejil,111 es decir, uno de esos componentes que lo alimentaban y que sostenían la acción social. Por eso mismo hemos visto comprometida en la Concordia de 1476 la lealtad a los viejos linajes, por eso las treguas privadas y sesgadas de unos pocos a título personal, y por eso también las trayec-

108. Véase supra, nota 75 donde se comprueba cómo en una querella por agresión se cita en 1478 valía y parentela como sinónimo de bando. 109. El potencial desestabilizador de estas grandes influencias privadas sobre los bandos tradicionales llegaba al punto de que, en los conflictos que se dieron en Salamanca en 1507, los alineamientos de San Benito y San Martín no habían desaparecido, pero en realidad el peso de las tensiones lo llevaron personajes que lideraban facciones de nueva configuración. Son, como decimos, por un lado, la de Alonso de Fonseca y Acevedo, arzobispo de Santiago desde 1460 a 1507, que mediante influencias familiares —los Acevedo, o Anaya-Acevedo, con miembros en el Regimiento, pero también aliándose con Solís y Paz, así como varios Anaya-Pereira—, así como el apoyo de varios Maldonado y de otros, se había hecho fuerte formando una facción del patriciado y condicionaría la vida de la ciudad en aquellas décadas; y por otro lado, liderando la otra gran facción, la valía del citado doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, del Consejo Real y gran cortesano, que lideraba la otra parte y que logró allegarse varios destacados miembros del patriciado, incluso entre antiguos rivales, entre ellos Enríquez o Tejeda, Gómez Enríquez, Juan Mejía, el clavero Francisco de Sotomayor o fray Alonso Monroy, comendador de La Magdalena. La ruptura con el pasado lo demuestra el hecho de que varios caballeros apellidados Maldonado, antes generalmente adscritos a San Benito, se hallaban ahora en las dos facciones —varios hermanos Maldonado apoyaban a Fonseca, por ejemplo—, ajenos a las viejas divisiones. Véase sobre los hechos de 1507, C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios, pp. 88-93; y testimonios documentales de estos hechos, ibid., ap. doc., pp. 210-218; M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, V, p. 109. Véase asimismo, A. SENDÍN CALABUIG, El Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca, Salamanca, 1977, p. 28, 40; asimismo, M. SANTOS BURGALETA, «Extensiones de poder», cit. 110. Es decir, los que habían sido preponderantes durante buena parte del XV con sus viejos liderazgos: los Maldonado y Anaya en San Benito; los Solís o los Tejeda en Santo Tomé. 111. Véase el cuadro sobre principios vertebradores incluido unas páginas atrás.

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torias personales o pactos privados realizados al margen de las disciplinas de los linajes, como las que hemos señalado antes a propósito de los Fonseca o de Maldonado de Talavera.

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Todo esto era posible porque el sistema concejil era una encrucijada de influencias que condicionaba las mentalidades de todos los grupos implicados, entre ellos, cómo no, las de los principales. La polaridad entre los partidos o bandos de San Benito y Santo Tomé seguía existiendo y lo hará mucho tiempo después. E igualmente el estamento privilegiado organizado, la cofradía o estado de los nobles linajes, también ajustado a la división de San Benito y San Martín, seguiría sirviendo durante mucho tiempo para integrar al grueso de los colectivos caballerescos o hidalgos de la ciudad, incluso los más modestos. Pero además de estos principios se habían desplegado otros diferentes, que imponían por su parte otros patrones de acción política diferentes, disolventes incluso, de aquéllos. Y ésta sería la última reflexión, o conclusión, de este apartado del trabajo. En efecto, la acción política de las élites urbanas, a la postre, no puede ser entendida más que como resultado de ese complejo e intrincado juego de principios políticos concurrentes que circulaban por los circuitos del sistema concejil. Unos se anclaban a las luchas facciosas de los «bandos», tanto en la calle como en el municipio, otros se remitían al estamento de los «linajes» de caballeros e hidalgos, cauce organizativo de los que eran privilegiados jurídicos de la ciudad pero carecían de poder efectivo. Pero además de estos reglados y convencionales linajes y bandos, otros principios impulsaron también a los caballeros urbanos: el dinero familiar abundante, los intereses privativos de la estricta «casa» familiar o la influencia política local en círculos muy restringidos, los de los «principales», aquellos plutócratas que poseían rentas cuantiosas y haciendas de primer nivel por toda la Tierra de Salamanca, protagonistas a veces de pactos o acuerdos privados y personales; pero igualmente influyó la atracción externa, con las «parcialidades» de la alta nobleza o de la «corte» en el horizonte de la privanza y las disputas políticas del reino. En definitiva, estos últimos principios de riqueza, oligarquía, acciones personales, patronazgo y alianzas externas disputaban a los ortopédicos, localistas, tradicionales y estamentales linajes la supremacía, la hegemonía, dentro de la constelación de valores y actitudes de las élites de la ciudad.

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Anexo Lugares controlados por grandes propietarios salmantinos: «herederos mayores» de los lugares señalados y dueños (llamados «señores») de términos redondos 112 Lugar

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Abusejo

Propietario

Algunas referencias documentales2

• María de Monroy y Enrique En- • 1466, AMCR, leg. 300 (leg. 17, ríquez de Sevilla n.º 8) Término redondo (en 1466 venden la mitad a María Pacheco y Rodrigo Pacheco, de Ciudad Rodrigo, por 180.000 mrs.)

1. Con asterisco los señoríos propiamente dichos, es decir, lugares sobre los que tuvieron plena jurisdicción reconocida. 2. Refs. documentales: DMCiudad Rodrigo = Documentación medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, eds. A. BARRIOS, J. M.ª MONSALVO y G. DEL SER, Salamanca, 1988 (hasta 1442); AMCR= Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo (doc. de archivo, desde 1442); «Linajes de Salamanca» = Linajes de Salamanca (Ms. del Archivo de la Catedral, del siglo XVIII), ed. J. SÁNCHEZ VAQUERO, Salamanca, UP, 2001; AGS, RGS= Archivo General de Simancas, Registro General del Sello; ARCHV= Archivo de la Chancillería de Valladolid; AMS= Archivo Municipal de Salamanca; AMAT, LAC= Archivo Municipal de Alba de Tormes, Libro de Acuerdos del Concejo; DHAT= Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes (siglo XV), ed. J. M.ª MONSALVO, Salamanca, 1988; DCasaAlba-Sal = Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba (eds. A. VACA y J. A. BONILLA), Salamanca, 1989; Catálogo de documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca= Catálogo de documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (siglos XII-XV), eds. F. MARCOS RODRÍGUEZ, Salamanca, 1962; LActasCap.= Los libros de Actas Capitulares de la Catedral de Salamanca (1298-1489). Colección Instrumentos del AC de Salamanca 2, ed. R. VICENTE BAZ, Salamanca, Archivo Catedral, 2008; Test. F. Sotomayor= C. I. LÓPEZ BENITO, «Don Francisco de Sotomayor —clavero de Alcántara—, un prototipo de caballero en la temprana Edad Moderna», Studia Historica. Historia Moderna, IX, 1991, p. 218-221. Test. Álvarez Maldonado = M.ª R. Y. PORTAL MONGE, «Sepulcro de los Maldonado en la iglesia de San Benito de Salamanca», Salamanca. Revista Provincial de Estudios, ns. 22-23, 1986-1987, pp. 21-55; M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca= M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, Salamanca, Graficesa, 19731975, 9 vols. (1ª ed. 3 vols., 1887), esp. vols. IV y V.

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Alberguería, Tie- • Alonso Maldonado, regidor de • 1472, LActasCap. (AC 4, f. 112) rra de Salamanca Salamanca. Término redondo n.º 1156 • Gonzalo Vázquez Coronado, • 1480, AGS, RGS, 11-10-1480, fols. caballero salmantino 66; 28-3-1480, fol. 134 Término redondo-heredero principal del lugar Alcornocal, Tierra • Juan de Tejeda, hijo de Fernan- • Fines siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 349. de Ledesma do de Tejeda, dueño de Tejeda

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Aldeanueva, des- • Gómez de Benavides, señor de • c. 1450, Pesquisa términos Sal. poblado de la TieVecinos, San Muñoz, Matilla de 1433-1453 rra de Salamanca, los Caños y Zarzoso (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 42v, 101v cerca de San Mu- Término redondo despoblado (no y ss., 111 y ss., 251 ñoz reconocido) Aldehuela (Alde- • Gonzalo de Villafuerte. huela de los Guzmanes), junto a Cabrerizos, cerca de Salamanca

• Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), 37v, 50, 56, 60, 64v

Aldehuela, cerca • Fernán Nieto, caballero de Almenara, Tierra de Ledesma

• 1473-1474, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 255-259 • AHN, Sección Nobleza, Archivo Condes de Alba de Yeltes, caja 7, docs. 8-9, 10, 12

Aldehuela de la • Enrique Enríquez, caballero y • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Bóveda, Tierra de regidor salmantino, esposo de n.º 233), 62v, 129 y ss., 267 Salamanca, cerca María de Monroy de Villalba de los Término redondo Llanos Altejos, Tierra de • Rodrigo Godínez, señor de Ta- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Salamanca, junto mames n.º 233), fols. 223 y ss., 253 ss., a la villa de Ta252v y ss. mames. • 1459, AMCR, leg. 305 (leg. 22) • 1485, AGS, RGS, 6-7-1485, fol. 107

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Araúzo,* antigua • Juan Sánchez de Sevilla, caba- • 1407, AMAT, LAC, 1407, f. 15v Tierra de Alba llero salmantino Término redondo • Fernán Rodríguez de Sevilla, • 1428, AMAT, LAC, 1428, f. 70v caballero Término redondo • Juan de Arauzo, regidor de Sa- • AGS, RGS, 25-9-1498, fol. 153; lamanca ibid., 15-2-1499, fol. 34

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Los Arévalos o • Alfonso de Tejeda • 1433, Pesquisa términos Sal. Arévalo (con Are- Término redondo (no reconocido) 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), valillo) lugarejos • Fernando de Tejeda, regidor, y fols., 207v y ss. junto a Navarrenluego sus sucesores • c. 1450-1453, Pesquisa términos donda, Tierra de Salamanca (BN, Ms. Res n.º 233), Salamanca 1433-1453, fols. 38v, 44, 63v, 64v y ss.228v y ss. • Litiga Diego de Tejeda, primogé- • 1480 AGS, 7-6-1480, f. 162 nito, con el resto de la familia Arganza, en la • Alfonso Álvarez Anaya, caba- • Med. siglo XV Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Sierra de Frades, llero salmantino n.º 233), fols. 184 y ss. Tierra de Sala- Término redondo manca Babilafuente, Tie- • Pedro Suárez de Solís y María • Antes de 1480, AGS, RGS, 7-3rra de Salamanca del Águila 1480, fols. 21; 28-9-1480, fol. 115; ibid., 6-7-1485, fols. 99; 20-31486, fol. 78 • Adquirida por doctor Rodrigo • Finales siglo XV, AGS, RGS, 156-1486, fols. 131; 19-12-1494, fol. 1. Maldonado de Talavera, regidor y del Consejo Real (señor • AGS, RGS, 18-11-1500, Ejecutorias, caja 153,7 de Avedillo, en Zamora) • RGS, CCA,CED, 9, 105, 6

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Baños, en Tierra • Diego Álvarez de Sotomayor, • Med. XIV, «Linajes de Salamande Ledesma caballero y regidor de Salaca» (Ms. Arch. Cat.), p. 495 manca • 1487 «Linajes de Salamanca» (Ms. Sigue en la familia Arch. Cat.), p. 498 • Francisco de Sotomayor, clavero de la orden de Alcántara, regidor en época de los Reyes Católicos • Test. F. Sotomayor La mitad de Baños Barbalos, Tierra • Doctor Rodrigo Maldonado de • AGS, RGS, 11-6-1492, fol. 79. de Salamanca Talavera, en disputa por la ad- RGS, CCA, CED, 9,105,6 quisición con Juan de Solís. Había pertenecido a Juan Maldonado de Hontiveros • 1341-1350, Villar y Macías, Historia de Salamanca, IV, p. 11 • 1402, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 106-107 • Rodrigo Álvarez Maldonado, • 1480-1501, AGS, RGS, 20-9-1480 caballero salmantino, regidor (fol. 7), 19-12-1488 (fol. 13); Término redondo integrado en Test. Álvarez Maldonado mayorazgo, que pasó a su hijo Juan Álvarez Maldonado

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Bárregas, Tierra • Diego Álvarez Maldonado de Salamanca • Alvar Páez Maldonado

Berrocal de Pa- • Rodrigo Álvarez Maldonado, • 1480-1501, AGS, RGS, 20-9-1480 (fol. 7), 19-12-1488 (fol. 13); dierna, Tierra de caballero salmantino, regidor Salamanca Término redondo integrado en Test. Álvarez Maldonado mayorazgo, que pasó a su hijo Juan Álvarez Maldonado Bóveda, junto a • Enrique Enríquez, caballero y • Med. siglo XV Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Aldehuela, Tierra regidor salmantino, esposo de n.º 233), fols. 162 y ss., 264, 267 de Salamanca María de Monroy Término redondo-heredero mayor Buenabarba, luja- • Gómez de Benavides, señor de • c. 1450 Pesquisa términos Sal. rejo despoblado Vecinos, San Muñoz y Matilla 1433-1453 de la Tierra de de los Caños (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 42v, 115, Salamanca, al sur Término redondo despoblado (no 259 de San Muñoz. reconocido)

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Buenamadre, lí- • Diego Arias Maldonado, arce- • 1341-1350, Villar y Macías, Histomite entre Tierras ria de Salamanca, IV, p. 11. diano de Toro, canónigo de Sade Ledesma y Sa• 1374, «Linajes de Salamanca» lamanca lamanca (Ms. Arch. Cat.), p. 273 • Arias Díaz Maldonado, (hijo de Diego Arias Maldonado) Término redondo • Posteriormente pasaría al señorío de la Iglesia catedral salmantina (siglo XV). Cabrera, en la • Alfonso Álvarez Anaya, caba- • Med. siglo XV Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Sierra de Frades, llero salmantino n.º 233), fols. 184 y ss. Tierra de Sala- Término redondo manca

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Cabrerizos, Tierra • Gonzalo de Villafuerte (intento • Pesquisa términos Sal. 1433-1453 de Salamanca de privatizar) (BN, Ms. Res n.º 233), 37v, 50, 56, 57, 60, 64v Cabrillas, Campo • Pedro Álvarez de Anaya (aca- • 1421-1426, DMCiudad Rodrigo, de Yeltes, en Tieparamiento de compras en la docs. docs. 47, 48, 97, 100, 101, rra de Ciudad Roaldea) 102, 114, 115, 116, 117, 122, 123 drigo, cerca de Término redondo, no reconocido • 1482, AMCR, leg. 302 (leg. 19, Tierra de Sala- • Gómez de Anaya, regidor de n.º 2 A) manca Salamanca, privatiza ilegalmente el lugar Lo posee el linaje Enríquez, que enlazó co Anaya. • AGS, RGS, 20-6-1497, fol. 93; 2710-1497, fols. 172; 2-10-1498, fol. • Alonso Enríquez Anaya, caba343; 11-10-1498, fol. 46 llero salmantino Campocerrado, Tierra de Ciudad Rodrigo, en la comarca de Yeltes, cerca de Tierra de Salamanca

• Alfonso de Tejeda, caballero sal- • 1434, DMCiudad Rodrigo, doc. mantino 247 Término redondo (intentó hacer • 1475, AGS, RGS, 21-12-1475, fol. señorío) 769 • Rodrigo Álvarez Maldonado, regidor salmantino, lo recibe tras ser declarado desleal Diego de Tejeda por la guerra con Portugal, que lo tenía • El regidor Fernando de Tejeda • 1480 AGS, 7-6-1480, fol. 162 y luego sus sucesores

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Campocerradillo

JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

• El regidor Fernando de Tejeda • 1480 AGS, 7-6-1480, fol. 162 y luego sus sucesores

Campo de Mu- • Enrique Enríquez, Fernán Nie- • Med. siglo XV, Pesquisa térmiñodoño (véase nos Sal. 1433-1453, (BN, Ms. Res to, caballeros salmantinos Muñodoño) n.º 233), 135v y ss., 148, 151v-152

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Cañedo de las • Antón de Paz, caballero, regidor • 1455, col. Salazar y Castro, RAH, Dueñas, lugar jun- • Su hijo Lorenzo de Paz, regidor t. XXVIII, Madrid, 1961, n.º 44.876, to a San Pelayo de Término Redondo p. 230 Guareña • Med-finales siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 41, 43 Casasola, Tierra • Diego de Solís, caballero sal- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res de Salamanca mantino n.º 233), fol. 168 Luego sus descendientes (hijos Alfonso de Solís, Pedro de Solís, • 1444-siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 413María de Solís) 414 • María de Solís, casada con Gon- • c. 1500 «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 415 zalo Maldonado. Su hijo Pedro González de Solís y Maldonado Castro (llamado • Enrique Enríquez, caballero y • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res hoy Castroenríregidor salmantino, esposo de n.º 233), 135v, 263 y ss., 267 quez), Tierra de María de Monroy Salamanca Término redondo-heredero mayor Castroverde (con • Juan Arias Maldonado, caballe- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Aldehuela), en la ro salmantino, hijo de Rodrigo n.º 233), fols. 188v y ss. Sierra de Frades, Arias, dueño de El Maderal Tierra de Sala- Término redondo manca

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TORRES, TIERRAS, LINAJES…

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C e m p r ó n c o n • Juan Rodríguez de Varillas, ca- • Med. siglo XIV, Villar y Macías, Bernoy, Tierra de Historia de Salamanca, IV, ballero salmantino, hijo de Salamanca, junto p. 11 Gonzalo Rodríguez de Varillas, a San Pedro de de quien lo hereda Rozados • Suero Alfonso de Solís, hijo de • c. 1400-1418 «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), 204, Aldonza Suárez de Solís y Juan 205, 369-372 Rodríguez de Varillas • Descendencia de Suero Alfon- • Siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 146, so de Solís (Pedro de Solís, 184, 349 Juan de Solís)

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Centerrubio, Tie- • Melén Suárez de Solís, caballe- • 1484, Villar y Macías, M., Historra de Salamanca ro salmantino, hijo de Francisria de Salamanca, V, p. 27 co de Solís • Fines siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 389-390 Cojos de Rollán, • Diego de Solís, caballero sal- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Tierra de Salamantino n.º 233), fols. 38v, 43v, 52, 52v, manca Término redondo 57, 59, 62v, 168, 268-268v, 269 • Luego sus descendientes (hijos • 1444-siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), Alfonso de Solís, Pedro de Sopp. 413-414 lís, María de Solís) • María de Solís, casada con Gon- • c. 1500 «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 415 zalo Maldonado. Su hijo Pedro González de Solís y Maldonado Coquilla de Hue- • Gonzalo Vázquez Coronado, • 1480, AGS, RGS, f. 66, 11-10bra, Tierra de SaJuan Vázquez Coronado, caba1480; 28-3-1480, fol. 134 lamanca lleros salmantinos • 1483, «Linajes de Salamanca» Término redondo-heredero prin(Ms. Arch. Cat.), p. 117 cipal del lugar • Pedro Vázquez Coronado

• ARCHV, 14-14-1495, Ejecutorias, 82, 41

Cortos, en la Sie- • Diego Arias Anaya, caballero • 1433, Pesquisa términos Sal. rra, Tierra de Sasalmantino 1433-1453 lamanca Heredero mayor-Término redondo • (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 195v y ss.

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

El Cubo, sur de la • Fernán Martínez Nieto, hijo de • Fines siglos XIV-XV «Linajes de Tierra de LedesSalamanca» (Ms. Arch. Cat.), Martín Fernández Nieto ma pp. 273-279 Sucesión en la familia Nieto (Fernán Nieto el Viejo y descendientes), familia de caballeros exten- • Med. siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 325 didos por Ledesma, Ciudad Rodrigo y Salamanca Don Andrés, lu- • Gómez de Benavides, señor de • c. 1450, Pesquisa términos Sal. garejo despoblaVecinos, San Muñoz y Matilla 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), do de la Tierra de de los Caños fols. 38, 43, 107v y ss., 112, 115, Salamanca, cerca Término redondo despoblado 258v-259 de los señoríos (no reconocido) de San Muñoz

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Espinarcillo, des- • Pedro de Paz, caballero sal- • Antes de 1428, AMS, caja 2985, poblado cerca de mantino n.º 13 Tardáguila, al Termino redondo norte de la Tierra • Benito Fernández Maldonado • Med. siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 145 de Salamanca Espinillo, lugarejo • Gómez de Benavides • c. 1450, Pesquisa términos Sal. junto a San Mu- Término redondo despoblado 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), ñoz, Tierra de Sa- (no reconocido) fols. 38, 42v, 52, 54, 101v, 259 lamanca Espino Rapado, lu- • Antón de Paz, regidor de Sala- • Med.-finales siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. gar junto a San Pemanca, y sus descendientes Cat.), pp. 41, 43 layo de Guareña Fresneda, límite • Gómez de Anaya, regidor sal- • 1473-1474, DCasaAlba-Sal, doc. entre las Tierras mantino 72 de Ciudad Rodri- Término redondo go y Salamanca

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TORRES, TIERRAS, LINAJES…

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Gallegos de Hue- • Transitoriamente, Gómez de • c. 1450, Pesquisa términos Sal. bra, Tierra de SaBenavides, señor de Vecinos, 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), lamanca San Muñoz y Matilla de los Cafol. 51v ños Término redondo despoblado (no reconocido), adquirido por compra a Enrique Enríquez • Diego López de Tejeda • Segunda mitad siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Término redondo Cat.), pp. 337-339 • Su hijo Juan López de Tejeda. Más tarde Francisco López de • Último tercio siglo XV «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Tejeda Cat.), p. 340 Garcigalindo, en • Juan Arias Maldonado, caballe- • 1433, Pesquisa términos Sal. la Sierra de Fraro salmantino, hijo de Rodrigo 1433-1453 des, Tierra de SaArias Maldonado el Viejo • BN, Ms. Res n.º 233, fols. 201 y lamanca Heredero mayor del lugar ss.

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Gargabete

• Rodrigo de Fontiveros, hijo del • 1449, «Linajes de Salamanca» regidor Gonzalo de Villafuerte (Ms. Arch. Cat.), p. 239

Garriel, en la Sie- • Pedro González, canónigo, hijo • 1433, Pesquisa términos Sal. 1433rra de Frades, Tiedel doctor Alfonso Rodríguez 1453 rra de Salamanca Heredero mayor en el lugar (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 193 y ss. Huerta, Tierra de • Rodrigo de Acevedo Salamanca

• Último tercio siglo XV «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 325

Linejo, o Lainejo, • Enrique Enríquez, regidor de • c. 1450, Pesquisa términos Sal. Tierra de SalaSalamanca 1433-1453, fol. 138 manca, junto a Villalba de los Llanos Llen (o Laýn), en • Alfonso Álvarez Anaya, caba- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res la Sierra de Frallero salmantino n.º 233), fols. 187v y ss. des, Tierra de Sa- Término redondo lamanca

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

El Maderal (Za- • Diego Arias Maldonado, arce- • c. 1360-1374, Cat. Vieja de Salamora) diano de Toro, y luego su hijo manca, epitafio; Villar y MaArias Díez Maldonado cías, Historia de Salamanca, IV, p. 18 • Juan Arias Maldonado, hijo de • 1433, Pesquisa términos Sal. Rodrigo Arias Maldonado, el 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), Viejo fol. 188v-189 • Rodrigo Arias Maldonado • AGS, RGS, 3-12-1492, fol. 2 Luego Juan Arias Maldonado El Marín, cercano • Diego Álvarez de Sotomayor a Salamanca (en los cotos de la misma)

• Mediados siglo XV , Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), 37v, 50, 56, 57, 60, 64

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La Mata, o La Maza, • Enrique Enríquez, caballero y • Med. siglo XV Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Tierra de Salaregidor salmantino, esposo de n.º 233), fols. 138, 148, 267 manca María de Monroy Término redondo-heredero mayor • 1341 (inserta en AGS, RGS, 1711-1496, fol. 3 • 1420 (inserta en AGS, RGS, 1711-1496, fol. 4 • Med. siglo XV Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), 54v, 62, 121 • Gómez de Benavides, sobrino • 1490, ARCHV, Reales Ejecutorias, caja 31, 16; AGS, RGS, 17-11de Gómez de Benavides, maris1496, fol. 4 cal

Matilla de los Ca- • Juan Alfonso de Benavides ños* (Valdematilla) • Gómez de Benavides, mariscal

La Matilla

• Rodrigo Álvarez Maldonado, • 1488 LActasCap. (AC 12, f. 15) regidor de Salamanca n.º 1849; LActasCap. (AC 12, f. 27v) n.º 1867

Membribe de la • Luis Yáñez Sierra, en la Sierra Heredero mayor de Frades, Tierra de Salamanca

• Med. siglo XV Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 179 y ss.

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TORRES, TIERRAS, LINAJES…

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Miranda de Azán, • Alfonso Maldonado, regidor • 1473-1474, Tierra de Salasalmantino DCasaAlba-Sal, doc. 72 manca Término redondo Moncantar, Tierra • Alfonso de Solís, caballero sal- • 1476, Villar y Macías, M., Histode Salamanca mantino ria de Salamanca, V, p. 45 • AHN, Secc. Nobleza, Duques Fernán Núñez, caja 1079, doc. 2 La Moral, cercano • Doctor Alonso de Paz, caballe- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res a Salamanca (en ro salmantino, y su mujer n.º 233), 37v, 50, 56, 57, 64v los cotos cercanos a la misma)

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«Mozárabes» (¿Mo- • Alfonso Enríquez, caballero • 1473-1474, DCasaAlba-Sal, doc. zarbitos?), junto a salmantino 72 La Bóveda, Tierra Término redondo de Salamanca Munita, lugarejo • Gómez de Benavides, señor de • c. 1450. Pesquisa términos Sal. despoblado de la Vecinos, San Muñoz y Matilla 1433-1453 Tierra de Salamande los Caños (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 114v y ca, cerca de San Término redondo despoblado (no ss., 258v Muñoz y Vecinos reconocido) Muñodoño, Tierra • Enrique Enríquez, caballero y • 1433-1453, Pesquisa términos Sal. de Salamanca, enregidor salmantino, esposo de 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), clavado en el CamMaría de Monroy 38, 56v, 60, 64v, 135v y ss., 148, po de Muñodoño Término redondo-heredero ma151v-152, 260. • 1456, AMS, caja 2994, n.º 32 yor (Parte del Campo de Muñodoño, lo ocupa este caballero, así como Fernán Nieto) Navahermosa, en • Gómez de Benavides, señor de • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res la Sierra Mayor, San Muñoz, Vecinos, Zarzoso y n.º 233), 256v-257 Tierra de SalaZarzosillo manca Término redondo-gran dehesa

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Navarredonda, Tierra de Salamanca, en la Sierra Mayor

JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

• Alfonso de Tejeda • 1433, Pesquisa términos Sal. Término redondo (no reconoci1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), do) fols. 207v y ss. • Luego su sobrino Fernando de • c. 1450, Pesquisa términos Sal. Tejeda, regidor 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), • Descendencia de Fernando de fols. 39, 44, 59v, 64, 79-81, 229Tejeda. Pleito familiar por el 229v, 232 lugar • 1480 AGS, 7-6-1480, f. 162

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Olmedilla,* Tierra • Gómez de Benavides de Salamanca • Gómez de Anaya, regidor de Salamanca, comprado con sus hijos • Alonso Enríquez, regidor de Salamanca lo adquiere luego, pero hay pleito con el Cabildo

• 1420 (inserta en AGS, RGS, 1711-1496, fol. 4) • 1484, LActasCap. (AC. 8, fol. 84) n.º 1461 • AGS, RGS, 27-8-1486, fol. 7 • 1486, LActasCap. (AC. 10, fol. 15v) n.º 1630 • 1488, LActasCap. (AC. 12, fol. 15) n.º 1849

Oteruelo, lujarejo • Gómez de Benavides, señor de • c. 1450 Pesquisa términos Sal. despoblado de la Vecinos, San Muñoz y Matilla 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), Tierra de Salade los Caños fols. 42v, 51v-52, 54, 112, 115, 258vmanca, cerca de Término redondo despoblado (no 259 San Muñoz y Ve- reconocido) cinos Padierno, Tierra • Doctor Pedro de Paz, regidor • 1405, «Linajes de Salamanca» de Salamanca hacia 1373 (Ms. Arch. Cat.), p. 64 • Rodrigo Álvarez Maldonado, • AGS, RGS, 20-9-1480, fols. 7; 19caballero salmantino, regidor 12-1488, f. 13 Término redondo-Gran heredad Test. Álvarez Maldonado Integrado en mayorazgo, que pasó a su hijo Juan Maldonado Panaderos, próxi- • Pedro Suárez, Fernando de Sal- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res mo a Salamanca, daña y el alcaide de Villanueva situado en los cotos n.º 233), fols. 37v, 44v, 50, 56, 64 de Cañedo de la misma y pro- • Fernando de Araújo • 1482, AMS, Inventario Tumbo, pio del concejo fols. 277-278; AMS, R/ 2.338

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TORRES, TIERRAS, LINAJES…

Parada de Rubia- • Alonso de Almaraz les, Tierra de Salamanca

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• Finales del siglo XV, ARCHV. Reales Ejecutorias, caja 199,2

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Pitiegua, c o n • Francisco de Solís, hijo de Sue- • 1443, «Linajes de Salamanca» Ventosa de Armuro Alfonso de Solís (Ms. Arch. Cat.), p. 397. ña, Tierra de Sala- • Su hijo Suero de Solís • 1481, «Linajes de Salamanca» manca (Ms. Arch. Cat.), p. 399 • AHN, Secc. Nobleza, Duques Fernán Núñez, caja 1079, doc. 2 Porquerizos, en la • Alfonso Rodríguez Sierra de Frades, Heredero mayor del lugar Tierra de Salamanca

• 1433, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 198v y ss.

Pozos de Hinojo, • Payo Maldonado el Viejo sur de la Tierra de Ledesma

• 1474 «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 325

Quemada, Tierra • Rodrigo Álvarez Maldonado, • 1480-1501, AGS, RGS, 20-9-1480 de Salamanca caballero salmantino, regidor (f. 7), 19-12-1488 (f. 13) Término redondo Test. Álvarez Maldonado Integrado en mayorazgo, que pasó a su hijo Juan Álvarez Maldonado La Regañada, Tie- • Rodrigo Álvarez Maldonado, • 1480-1501 AGS, RGS, 20-9-1480 caballero salmantino, regidor rra de Salamanca (fol. 7), 19-12-1488 (f. 13) Término redondo Test. Álvarez Maldonado Integrado en mayorazgo, que pasó a su hijo Juan Álvarez Maldonado Salvadorique, lu- • Arias Maldonado gar cerca de Salamanca

• Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), f. 58

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

• 1341-1350,Villar y Macías, Historia de Salamanca, IV, p. 11 • 1420 (inserta en AGS, RGS, 1711-1496, fol. 4) • DMCiudad Rodrigo, doc. 101. • Med. XV (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 38, 43v, 52, 54v, 111v y ss. • Gómez de Benavides, su sobri- • AGS, RGS, 17-11-1496, fol. 3, fol. 4 no, mariscal

San Muñoz,* Tie- • Juan Alfonso de Benavides rra de Salamanca • Mariscal Gómez de Benavides

Sancho Bueno, • Gonzalo de Villafuerte, regi- • 1449, «Linajes de Salamanca» Tierra de Salador, hijo de Juan Rodríguez de (Ms. Arch. Cat.), p. 227 manca Villafuerte

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Sanchón, Tierra de • Suero Alfonso de Solís el Mozo, • 1446, «Linajes de Salamanca» Salamanca, junto caballero salmantino, hijo de (Ms. Arch. Cat.), p. 209 a Peralejos de Solís Pedro Rodríguez de las Varillas Santa Olalla, con • Diego López de Tejeda, hijo • «Linajes de Salamanca» (Ms. Ribas (y la aceña bastardo de Alfonso de Tejeda, Arch. Cat.), p. 365 de La Flecha, cerseñor de Tejeda • 1489, Villar y Macías, Historia ca de Cabrerizos), de Salamanca, V, p. 48 Tierra de Salamanca Santibáñez de Ca- • Pedro de Paz, hijo del regidor • Finales siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), ñedo, cerca de Antón de Paz pp. 42, 123 Villanueva de Ca- Término Redondo ñedo Segoviela de la • Pedro Bonal, caballero de Sala- • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res Sierra, junto a Framanca n.º 233), fols. 181 y ss. des, Tierra de Salamanca Tamames,* Tierra • Rodrigo Godínez, caballero sal- • Med. XV, Pesquisa sobre términos (BN, Ms. Res n.º 233), 221de Salamanca mantino, señor de Tamames 223v, 254v-255v • 1458, DHAT, doc. 154 • 1459. AMCR, leg. 305 (leg. 22) • AGS, RGS, 19-11-1480, fol. 9

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TORRES, TIERRAS, LINAJES…

Tardáguila, Tierra • Doctor Alfonso de Paz de Salamanca • Su hijo Juan de Paz, regidor

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• Med. siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 151 • Fines siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 152

• 1341-1350, Villar y Macías, Historia de Salamanca, IV, p. 11 • 1433, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 207v y ss. • 1450, AMS, R/ 2328 • 1453, AMS, R/ 2332 • 1453, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 43v-45, 59, 63v, 64v y ss., 230v, 246v y ss. • Sucesores de Fernando de Te- • AGS, RGS, 7-6-1480, fols. 162, jeda. El hijo mayor, Diego de 164 Tejeda, litiga con sus herma- • AGS, RGS, 3-3-1491, fol. 417 nos. • AGS, RGS, 6-5-1497, fol. 173

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Tejeda, Tierra de • Alfonso López de Tejeda, cabaSalamanca llero salmantino Término redondo (intento de hacer señorío) • Alfonso de Tejeda • Fernando de Tejeda, sobrino de Alonso de Tejeda, caballero salmantino Término redondo (intento de hacer señorío)

Terrados

• Pedro Rodríguez de las Vari- • 1412, «Linajes de Salamanca» llas, caballero salmantino. Para (Ms. Arch. Cat.), p. 207 su hermana Juana Rodríguez de Sevilla

Tornadizo

• Ruy González de las Varillas • c. 1400, «Linajes de Salamanca» • Alonso Rodríguez de las Vari(Ms. Arch. Cat.), pp. 205, 217 llas, caballero salmantino

Torre de Juan Pa- • Gómez de Benavides, señor de • Med. siglo XV, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res checo, despoblaVecinos, San Muñoz y Matilla n.º 233), fol. 118 do cerca de Vecide los Caños nos, señorío de Gómez de Benavides. La Torre, Tierra de • Gonzalo Vázquez Coronado, • 1480 AGS, RGS, 11-10-1480, fols. Salamanca caballero salmantino 66; 28-3-1480, fol. 134 Término redondo (la mitad)

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

Trinteras, lugar cer- • Diego de Acevedo, caballero • Med. siglo XV, Pesquisa térmica de Salamanca salmantino, hacendado en el nos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res lugar n.º 233), fol. 58

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Valverde de Gon- • Gonzalo Yáñez de Ovalle, cazaliáñez,* sur Tieballero salmantino rra de Alba • Sucesión dentro de la familia Ovalle • Gonzalo Yáñez de Ovalle

• 1411, AMAT, LAC, fol. 52 • 1414, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 208, 422 • 1458 DHAT, doc. 154 • Fines siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 224-225

Vecinos* • Gómez de Benavides, señor de • 1420 (inserta en AGS, RGS, 17(Vecinos de OlSan Muñoz y Matilla de los Ca11-1496, fol. 4) medilla) ños • DMCiudad Rodrigo, doc. 101. • Med. XV (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 38, 43v, 52, 54v, 111v y ss. • AGS, RGS, 17-11-1496, fol. 3, fol. 4 • c. 1450 Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), passim • 1458 DHAT, doc. 154 • 1493, ARCHV. Reales • Su sobrino, Gómez de Benavi- Ejecutorias, caja 53, 16; AGS, RGS, des 17-11-1496, fol. 4 Velacha, lugarejo • Gómez de Benavides, señor de • c. 1450, Pesquisa términos Sal. despoblado de la Vecinos, San Muñoz y Matilla 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), Tierra de Salade los Caños 51v-52, 54v, 62, 121 manca, cerca de Término redondo despoblado Matilla de los Ca- (no reconocido) ños. Villafuerte, Tierra • Doctor Juan Rodríguez de Vari- • c. 1420, «Linajes de Salamanca» de Salamanca llas (llamado de Villafuerte) (Ms. Arch. Cat.), p. 217 • Su hijo Juan Rodríguez Villa- • 1421-1500, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), pp. 218-221 fuerte, luego su hijo mayor y luego el primogénito de éste, homónimos

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TORRES, TIERRAS, LINAJES…

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Villagonzalo, Tie- • Juan Rodríguez de las Varillas, • 1345, «Linajes de Salamanca» rra de Salamanca hijo de Gonzalo Rodríguez de (Ms. Arch. Cat.), p. 204 las Varillas • Siglos XIV-XV. «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), • Familia Varillas pp. 204-210, 369 • Gonzalo Rodríguez de Ovalle, • 1484, Villar y Macías, M., Historegidor ria de Salamanca, V, p. 27 • 1480, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 210

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Villalba de los Llanos* (llamado antes Garcivelasco). Y lugarejos próximos al lugar.

• Gómez de Benavides Enrique Enríquez, regidor de Salamanca, y su esposa María de Monroy. Al comprarla a mediados del siglo cambió de nombre a Villalba Luego su hijo Alfonso Enríquez de Monroy Familia Enríquez de Anaya

• 1420 (inserta en AGS, RGS, 1711-1496, fol. 4 • c. 1450, Pesquisa términos Sal. 1433-1453, fols. 38-38v, 43, 49, 52, 62v, 124v • 1454, Historia de Salamanca, V, p. 54 • 1454, 26-7-1454, ARCHV, Pergaminos, caja 22, 9

Villar de Leche, • Pedro Ordóñez Tierra de Salamanca, entre Frades y Monleón

• 1478, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 190

Villar de Los Ála- • Fernán Nieto mos, Tierra de Sa- Término Redondo lamanca

• 1459 «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), p. 325

Villares de Yeltes, • Francisco de Paz, hijo del regi- • Finales siglo XV, «Linajes de Salamanca» (Ms. Arch. Cat.), Tierra de Ledesdor Antón de Paz pp. 42, 111 ma, limítrofe a la Término Redondo de Salamanca

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JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

Villoria de Buena- • Arias Díaz Maldonado (hijo del • 1374, «Linajes de Salamanca» madre, Tierra de arcediano de Toro Diego Arias (Ms. Arch. Cat.), p. 273 Salamanca Maldonado) • Catálogo de documentos del Término redondo. Reclamado hasArchivo Catedralicio de Salata 1383 por Fernán Martínez Nieto. manca (ed. F. Marcos) n.os 945, 948, 962, 977-981, 995, 996, 1004 En litigio con el Cabildo salmantino, lo tuvo Fernán Nieto de Ledesma (lo perdió en pleito de 1449-1463) Villoruela

• Alonso Portocarrero, regidor • 1499, ARCHV. Reales Ejecutode Salamanca rias, caja 140, 30 • AGS, RGS, agosto, 1499, fols. 122, 174, 195

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Vitonuño, Tierra • Gonzalo Vázquez Coronado, • 1480, AGS, RGS, 11-10-1480, fols. de Salamanca caballero salmantino 66; 28-3-1480, fol. 134 Término redondo-heredero principal del lugar Zarzoso* y Zarzo- • Gómez de Benavides, señor de • Reinado de Juan II AHN, Secc. sillo, sur de la Tie- Matilla de los Caños, San Muñoz Noblezas, Duques de Frías, rra de Salamanca. caja 1681, doc. 12 Alrededores de • 1420 (inserta en AGS, RGS, 17los lugares 11-1496, fol. 4) • 1421 DMCiudad Rodrigo, doc. 101. • med. XV (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 38, 43v, 52, 54v, 111v y ss. • AGS, RGS, 17-11-1496, fol. 3, fol, 4 • c. 1450, Pesquisa términos Sal. 1433-1453 (BN, Ms. Res n.º 233), fols. 251 y ss. (Posteriormente señorío eclesiás- • Med. siglo XV (villazgo en 1453) H. Almeida, El Cabaco, Salamantico) ca, 1993, p. 289 • 1477 AHN, Códices L. 1419

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Cofradías y concejos: encuentros y desencuentros en San Sebastián a finales del siglo XV

SOLEDAD TENA GARCÍA

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Universidad de Salamanca

E

N ESTE BREVE TRABAJO1 pretendemos presentar algunos de los numerosos conflictos que tuvieron lugar a finales del siglo XV, a caballo entre los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos, en el seno de una villa costera cantábrica y motivados tanto por el intento de control de las actividades económicas de la villa como por el deseo de acceder a los cargos concejiles. San Sebastián es la villa elegida y su oponente es la vecina Rentería. Y sus principales protagonistas son los vecinos de la villa, enfrentados entre sí por el acceso a los cargos concejiles, pero unidos contra los enemigos exteriores. Una contradicción en sus comportamientos personales y grupales que intentaremos analizar a partir del conflicto existente con la vecina villa de Rentería por el control del Puerto de Pasajes. Es interesante comprobar cómo, en estos momentos, los vecinos de la villa están sometidos a presiones desde diferentes instituciones y grupos de poder urbano y más interesante aún es comprobar los alineamientos que se producen a partir de estas

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2010-14826 (HIST).

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SOLEDAD TENA GARCÍA

presiones. Oficiales del concejo, mayorales de las cofradías, patronos de embarcaciones, la Hermandad de Guipúzcoa, confluyen sobre los trabajadores de la mar y vecinos de la villa, a veces con intereses comunes o, al menos, eso parece deducirse de los alineamientos producidos, y otras veces, con intereses enfrentados y violentos choques internos. La documentación que utilizaremos en este estudio son los acuerdos, arbitrajes y reuniones de los vecinos de San Sebastián, Rentería y de la Tierra de Oyarzun, como consecuencia de los duros enfrentamientos que tuvieron lugar en el Puerto de Pasajes por el control del misma2 y las ordenanzas de la villa de 1489 y las de las cofradías de pescadores y mareantes de esas mismas fechas.

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La actividad económica fundamental en las villas cantábricas estaba relacionada con la explotación del espacio marítimo. Pesca y transporte de mercancías eran las principales actividades de los habitante de las villas y collaciones de toda la zona.3 Ya en las Cortes de Jerez de 1268 se señalan los principales puertos de la cornisa cantábrica y fachada atlántica4 y San Sebastián está entre ellos. Todos contaban con cofradías de pescadores y mareantes,5 que agrupaban a los diversos oficios de la mar y lo relacionado con ellos.6 Estas cofradías, sin representación concejil en un primer momen-

2. Desgraciadamente no se han conservado las declaraciones de testigos que hubieran permitido profundizar en los enfrentamiento en sí mismos y también nos hubieran permitido reflejar y medir el grado de violencia que se dio en ellos. Parece que fue elevado pero no tenemos datos sino indirectos. 3. Buena muestra de ello es el número de vecinos de Santander que pertenecían a la Cofradía de San Martín. En 1504, 800 de los 1.000 vecinos de la villa estaban integrados en ella. J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, «Santander, puerto atlántico medieval», en F. GÓMEZ OCHOA (ed.), Santander, puerto, historia, territorio, Bilbao, 2011, pp. 93-125 y p. 119. O los 700 vecinos de San Vicente de la Barquera, de un total de 800, que en 1494 formaban parte de la Cofradía de pescadores. Id., «Linaje, comunidad y poder: desarrollo urbano y consolidación de identidades urbanas contrapuestas en la Castilla bajomedieval», Familia y sociedad en la Edad Media. Siglos XII-XV, Zaragoza, 2007, pp. 71-94, 91-92. 4. Los cita J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, «Las nereidas del norte: puertos e identidad urbana en la fachada cantábrica entre los siglos XII y XV», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 16, 2009-2010, pp. 39-61, p. 46. Son, de este a oeste, los puertos de Fuenterrabía, San Sebastián, Santander, Laredo, Castro, Avilés, Ribadeo, La Coruña, Vivero, Betanzos, Ortiguiera, Cedeira, Ferrol, Bayona, Laguardia, Padrón y Noya. 5. Excelentes análisis del papel de las agrupaciones de oficios en Castilla y de su casi nulo peso en el gobierno urbano en J. M.ª MONSALVO ANTÓN, «Los artesanos y la política en la Castilla medieval. Hipótesis acerca de la ausencia de las corporaciones de oficio de las instituciones de gobierno urbano», en S. CASTILLO y R. FERNÁNDEZ (coords.), Historia social y ciencias sociales, Lleida, 2001, pp. 292319; ID., «Aproximación al estudio del poder gremial en la Edad Media castellana. Un escenario de debilidad», En la España Medieval, 25, 2002, pp. 135-176. 6. Hay numerosas publicaciones sobre las cofradías del Cantábrico en la Edad Media editadas en los últimos años. Aquí solamente citaremos algunas de las que consideramos fundamentales. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de la cofradías de mareantes del País Vasco, Vitoria, 1991; E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Las cofradías de oficios en el País Vasco durante la Edad Media (13501550)», Studia Historica, Historia Medieval, 15, 1997, pp. 11-40; id., «Las cofradías de mercaderes, mareantes y pescadores vascas en la Edad Media», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. A. SOLÓRZANO TELECHEA (coords.), Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media, Logroño, 2005, pp. 257-294; id.,

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COFRADÍAS Y CONCEJOS…

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to, se van a ir consolidando como plataforma de defensa de los intereses del común, comandadas por sectores intermedios, que intentarán, ya a finales de la Edad Media, dar el salto hacia el gobierno urbano.1 Pero estos intentos se verían frustrados por diversos medios que, aunque aparentemente permitieran acceder a algunos cargos concejiles, de facto impedirían su participación en la toma de decisiones y frenarían la propia labor de las cofradías, consideradas peligrosas para la buena convivencia y relegadas, cada vez más, a labores de tipo asistencial y religioso.

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En la villa donostiarra existían tres cofradías de mareantes y pescadores, la de Santa Catalina parece que englobaba a comerciantes y marinos mercantes,2 la de San Nicolás y la de San Pedro,3 donde predominaban los oficios relacionados con la pesca,4 agrupando a todos aquellos que trabajasen en todo lo relacionado con la mar.5 Tenemos noticia de ellas también

«Las cofradías de pilotos, mareantes y pescadores vascas siglos XIV al XVI)», 118, Congress National des sociétés Historiques et scientifiques, 1995, pp. 357-375; J. L. CASADO SOTO, «Pescadores y linajes: estratificación social y conflictos en la villa de Santander (siglos XV-XVI)», Altamira, 40, 1976-1977, pp. 185-229; J. A. GARCÍA DE CORTAZAR, B. ARIZAGA BOLUMBURU, M.ª L. RÍOS RODRIGUEZ y M.ª I. VAL VALDIVIESO, Bizcaya en la Edad Media, San Sebastián, 1994, II, pp. 94-117; M.ª J. SUÁREZ ÁLVAREZ, «Ordenanzas del nobilísimo gremio de mareantes y navegantes fijosdalgo de la villa y puerto de Luarca y Tierra de Valdés, del año 1468», Asturiensia Medievalia, 2 1974, pp. 251-257; J. J. PÉREZ VALLE, «El noble gremio de la mar de la villa y puerto de Ribadesella», Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 50, 1996, pp. 99164; J. ARAY SALAZAR y R. OJEDA SAN MIGUEL, Proa a la villa: Notas históricas del Noble Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales, Bilbao 2003; M. SERNA VALLEJO, «Una aproximación a las Cofradías de Mareantes del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa», Rudimentos Legales 5. Revista de Historia del Derecho, 2003, pp. 299-347; J. A. OLÓRZANO TELECHEA, «Las ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Vicente de la Barquera (1330-1537): un ejemplo temprano de institución para la acción colectiva en la Costa Cantábrica en la Edad Media», Anuario de Historia del Derecho Español, 81, 2011, pp. 1029-1050; M.ª S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías de pescadores y mareantes. (Un análisis de la explotación de los recursos marítimos en la Marina de Castilla durante la Baja Edad Media)», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 8, 1995, pp. 111-134. 1. Algo que ya habían conseguido algunos lugares, aunque los problemas continuaron por la escasa legislación al respecto. Véase por ejemplo, lo ocurrido en Santander entre 1418 y 1431, siguiendo el capitulado de Vitoria, en J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las Cuatro Villas de la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. A. SOLÓRZANO TELECHEA (coords.), Ciudades y villas portuarias del Atlántico…, op. cit., pp. 187-230, 203-204. 2. J. L. BANÚS Y AGUIRRE, «Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina», Boletín De Estudios Históricos De San Sebastián, 8, 1974, pp. 73-106 con parte de las ordenanzas de 1489, y P. M. SORALUCE, «Las cofradías de mareantes de San Sebastián desde la Edad Media hasta nuestros días», Euskal Erria, XXVIII, 1983, pp. 380-384, 407-414 y 459-466. 3. La transcripción de las ordenanzas de la de San Nicolás en 1491 en ibidem. Habla de la existencia de la de San Pedro E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media. Oligarquías y élites urbanas en el País Vasco, Vitoria, 2004, p. 238. 4. Un excelente estudio sobre la actividad pesquera y todo lo relacionado con ella en el Cantábrico de los últimos siglos medievales en B. ARÍZAGA BOLUMBURU, «La pesca en el País Vasco en la Edad Media», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, 2000, pp. 13-28. 5. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 84.

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para la villa de Fuenterrabía,6 no así para Rentería.7 Sus cargos directivos, de mayordomo,8 van a ser capitalizados por los maestres mercaderes en un primer momento pese a la anualidad de los mismos. Está clara la identificación que se produce desde la fundación de la villa entre las élites villanas, dedicadas al comercio marítimo, y la funcionalidad de las cofradías, por lo que su control no fue difícil desde el momento de su fundación. Solamente en ocasiones los más poderosos y ricos de entre los pescadores desempeñaron esta función.9

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La documentación conservada de las cofradías donostiarras para el período anterior a 1500 es muy escasa, algunas referencias y documentos de finales del siglo XV, cuando comienzan a plantear problemas al concejo de la villa en la que se asientan y poco más. Así, un importante sector de estas villas, y concretamente de la de San Sebastián, objeto prioritario de nuestro estudio, conformado por personas y grupos familiares que se habían ido enriqueciendo a lo largo de los años, que desempeñaban actividades económicas de primer orden e imprescindibles para el buen desarrollo de la vida urbana como mercaderes, transportistas, pescadores, además de otros oficios, y que contaban con amplias redes clientelares de personas que trabajaban para ellos, se veían marginados de un poder político al que, teniendo en cuenta los sistemas de elección de oficios en la villa donostiarra,10 anuales salvo el preboste, en teoría, podrían acceder, pero que, en la práctica, veían frenado una y otra vez.11 Es lógico que estos grupos intermedios utilizarán otras plataformas de poder para intentar acceder al gobierno urbano, siendo las cofradías de oficios de la mar el instrumento más factible a lo largo de toda la costa cantábrica,12 y que, frustrados, provocaran problemas en el seno de la villa.

6. La Cofradía de San Pedro, cuyas ordenanzas datan de 1379. V. J. HERRERO LIZEAGA, «Transcripción de las ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro de Fuenterrabía (1361-1551)», Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 10, 1985, pp. 315-334. 7. Cuya cofradía data de 1799. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 71. 8. Lo describe en profundidad ibidem, pp. 139-203. 9. S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías…», op. cit., p. 126. 10. M.ª S. TENA GARCÍA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval. San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), San Sebastián, 1997, pp. 314-317. Las transformaciones sufridas con las reformas desde 1488 en E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «La Comunidad de San Sebastián a fines del siglo XV: un movimiento fiscalizador del poder concejil», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 6, 1993, pp. 543-572. 11. M.ª I. VAL VALDIVIESO, «Élites urbanas en la Castilla del siglo XV. (Oligarquía y Común)», en FH. TEMUDO (ed.), Élites e redes clientelares na Idade Media, Lisboa, 2001, pp. 71-81. 12. En las villas cántabras tuvieron algunos éxitos. J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las Cuatro Villas de la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. A. SOLÓRZANO TELECHEA (coords.), Ciudades y villas portuarias del Atlántico…, op. cit., pp. 187-230.

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COFRADÍAS Y CONCEJOS…

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Y no es menos cierto que una buena parte de los habitantes de las villas se mantuvieron al margen de estos intentos de acceso al poder. Eso sí, querían ver defendidos sus intereses, que sintonizaban con los de los grupos intermedios en las cofradías,13 y que los abusos de los poderosos no fueran muchos. Su fácil manipulación se pone manifiesto en todos los conflictos entre cofradías, sus dirigentes, intitulados como defensores del común de la villa14 y otros poderes, sean el propio concejo urbano, los vecinos, reyes, Hermandades, los denominados Parientes Mayores, etc. La imagen que de sí mismos proyectaban los dirigentes de las cofradías quería estar en consonancia con la de sus subordinados,15 en una sintonía que agrupaba como un «todo» a diferentes sectores de las villas, donde las relaciones socioeconómicas que enlazaban a sus miembros se complican con otras vinculaciones de tipo personal, caritativo, asistencial, religioso, moral, político,16 difíciles de desenmascarar.17

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Las cofradías se convirtieron en el siglo XV, sobre todo en la segunda parte del mismo, para la zona que estudiamos, en un instrumento en manos de sectores en alza en las villas que deseaban acceder a un poder político concejil que se les estaba cerrando y veían una posibilidad a través de la integración de los cargos directivos de las mismas en puestos de gobierno urbano,18

13. Fundamentalmente en la defensa de la libertad de venta de los productos obtenidos de la mar. 14. «E agora por parte de los cofrades de San Martín de la mar que es el comun de la dicha villa (…)», en J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las Cuatro Villas de la Costa de la Mar…», op. cit., p. 209. Para los conflictos en la villa de Laredo entre la Cofradía, autorrepresentada como común y el concejo, en los 90 años (1407-1497) en que no contaron con representación en el mismo, véase id., «De “todos los más del pueblo” a la “república e comunidad”: el desarrollo y la consolidación de la identidad del común en Laredo en los siglos XIV y XV», Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica, 1, 2006, pp. 61-107. 15. M.ª I. VAL VALDIVIESO, «La identidad urbana en la Edad Media», Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica, 1, 2006, pp. 5-28. 16. Trata este tema E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Las cofradías de oficios en el País Vasco durante la Edad Media…», op. cit., pp. 18-23 y, específicamente para las cofradías de oficios de la mar, id., «Las cofradías de mercaderes, mareantes y pescadores vascas en la Edad Media…», op. cit., pp. 266-271. 17. Así lo ponen de manifiesto las ordenanzas de la cofradía de mareantes de Santa María de Iciar: «(…) lo uno y principal porque los que fueren en esta confradia vivan honestamente según las buenas costumbres habiendo piedad y misericordia con los menesterosos y para los sostener y mantener y ayudar y por dar orden a la dicha confradia y acrescentar el servicio de nuestro señor el Rey y dar favor a la su justicia y al bien publico de la dicha villa y pueblo della; lo cuarto por dar orden al oficio de marear y maestres y mareantes de las naos y otros navios de la dicha villa y su tierra y al bien venir della (…)», E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Las cofradías de mercaderes, mareantes y pescadores…», op. cit., p. 261. 18. «(…) e los cofrades e de ellas con sus Mayorales venían a estar e entrar en el Concejo e regimiento, donde los alcaldes e jurados (…) se juntaban de manera que en los Concejos que se hacían havía grande ayuntamiento de gente (…) et grande confusión… lo qual ha redundado en daño e detrimento de la república de la dicha villa y de los vecinos y moradores della, y por se haber surgido e tolerado como se sufrió e toleró la dicha desorden e turbación de pueblos, se proveían (…) algunas

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ya que no conseguían ser elegidos por otros medios con los consiguientes enfrentamientos. Y la consecuencia lógica: las ordenanzas villanas son duras en extremo con aquellos que perturbasen con su presencia o actuaciones la paz de las reuniones del concejo,19 prohibiendo cualquier otro tipo de reunión sin autorización y presencia concejil.20 Una asimilación de estas élites, como ocurrió en otras villas, hubiera frenado los conflictos, reduciéndolos al mínimo.

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El reinado de Enrique IV ya se muestra tumultuoso, con numerosos problemas e intentos de anular las cofradías mediante el recurso al amparo real21 o a instituciones de carácter superior al concejo,22 que intentaron prohibir la presencia de las cofradías en las reuniones del concejo cuando no eran invitados, pero que no consiguieron frenarlas pese a las reiteradas cartas reales.23

cosas con gran desacierto y se han seguido muchos inconvenientes y dado causa a muchos escándalos y disenciones de que se pudieran seguir muchas muertes y total destrucción del pueblo». J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 471. 19. 10.000 mrs. de multa y dos años de destierro de la villa en caso de que no hubiera heridos entre los cargos y oficiales de la villa, puesto que en ese caso la pena sería de muerte. Ibidem, p, 41, tít. 20 de las ordenanzas de la villa de 1489. 20. «(…) por evitar los daños e inconvenientes que dello se podrían seguir, ordenamos y mandamos que ninguno ni algunos vecinos y moradores de la dicha villa ni otras personas no sean osados en la dicha villa e su juridición de se juntar a voz de cofradía ni fazer comidas ni comer en uno en nombre de cofradía ni fazer ayuntamiento alguno de gente so color que los facen para algunas cosas necesarias… no lo puedan fazer (…) sin que primero requieran a los Alcaldes y Jurados que estuvieren en el Regimiento (…) que non estén más en el regimiento de cuanto propongan su fabla aquello a qué vienen, e despues, en ausencia, se provea en ello en el dicho regimiento como entendiesen que cumple». Ibidem, p. 471. Otro título de las ordenanzas regula esta misma cuestión más adelante. Ibidem, p. 473. 21. Las cortes de Toledo de 1462 prohibieron todas aquellas que que no tuvieran fines estrictamente piadosos. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, 1861-1903, tomo III, pp. 719720. 22. Unos años antes, en el Cuaderno de Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de 1457, se prohibían todas las cofradías realizadas en villas costeras no sancionadas por el monarca, ordenando su disolución porque «(…) al prinçipio parezcan ser fechas a buen fin pero a las bezes recreçen dellas desseruiçio al rey nuestro señor e daño a la dicha provinçia (…)». Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463), ed. E. BARRENA OSORO, San Sebastián, 1982, p. 132 (tít. CXXXVI). Y en 1463, en el nuevo cuaderno de ordenanzas, permitió la posibilidad de disolver aquellas que plantearan conflictos por el buen gobierno de las villas. «CLXXVII Que en toda la dicha provincia nin en las villas et logares de ella con confradia nin confederaçion nin liga alguna so ningund color salvo ssy fuere fecha por mandamiento del Rey et con abtoridad del Obispo de la dicha tierra et que sea en casos piadosos et que las fechas fasta aquí se den et las damos por ningunas et las desatamos et de aquí adelante non se faga so pena de qualquier que en ello entrare o fuere caya en pena de cinco mil maravedís para la dicha provincia». Ibidem, p. 194. Se prohíben, igualmente, las reuniones de las consideradas no convenientes. «CLXXX Et mandamos que ningunos confrades non se lleguen nin ajunten nin se ajunten en las dichas confradias so pena de confiscaçion de los bienes para la dicha Hermandad e de perdimiento de los cuerpos salvo las que fueren aprobadas por el dicho señor Rey e por el prelado e en cabsas piadosas como dicho es». Ibidem, p. 194. 23. Éstas aparecen recogidas en J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 400.

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Los enfrentamientos llegaron a su punto álgido durante el reinado de los Reyes Católicos, en 1489,24 y no se consiguió, para la mayoría de los trabajadores de los oficios de la mar, ninguna ventaja evidente; al revés, el control cada mayor por parte del concejo de su actividad llegaba a dificultar la misma.25 La instrumentalización de los miembros del común de la cofradía por sus dirigentes fue clara y sus resultados muy escasos o nulos. Pasaron de ser plataformas de sectores laborales del común a ser el instrumento utilizado por los grupos intermedios en su ascenso político.26 Se llegó a un choque frontal evidente entre concejo y cofradías27 cuando éstas ya no eran interesantes para las élites villanas No aparecerán, como no lo hacían antes, integrados en las estructuras institucionales de poder de las villas. Es más, los concejos regularon, como instancia superior, muchas de actividades relacionadas con los oficios de la mar,28 como lo muestran varios artículos de las Ordenanzas aprobadas en ese mismo año, prohibiendo también la formación de ligas y monipodios,29 sometiendo a tasas fijas todos los precios de los víveres y las soldadas de todos los oficios.30 También cobraban el abastecimiento y venta al por menor de los bastimentos llegados a la villa, ordenando que, de todos los víveres llegados a los puertos de la villa, tanto los situados en la propia San Sebastián como el del Pasaje, la mitad se vendiesen al por menor en la villa y la otra mitad permaneciese durante tres días en espera de compradores al por menor antes de su venta al mayor, sin que los compradores pudiesen revenderlo a más precio,31 y, por último, en torno a la venta del pescado, aspecto fundamental para la supervivencia de los pescadores de la villa y mayoría de la cofradía, prohibían la elaboración de conservas o la extracción de pescado fuera de la villa, lo que obligaba a los 24. «Otrosi por quanto de mucho tiempo a esta parte muchos del pueblo así por vía de cofradías, como por ligas e monopolios, que entre sí tenían acostumbrado (…) de levantar contra los alcaldes e jurados de la villa a son de escándalo y alboroto, e iban al concejo deziendo que lo que los dichos jurados acordaran (…) era en daño e detrimento del pueblo (…) por evitar lo sobredicho ordenamos e mandamos que de aqui adelante ninguna ni algunas personas no sean osadas por vía de cofradía, ni de ligas, ni de monipodios, ni de otra manera de se juntar ni se junten para escandalizar ni alborotar al pueblo, ni para dañar ni contradecir ni resistir lo que los Alcaldes e Regidores de la villa ovieren acordado (…)», ibidem p. 470. 25. M.ª S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías…», op. cit., p. 112. 26. Ibidem, p. 127. 27. José M.ª Monsalvo estudia las fórmulas organizativas no integradas en las estructuras políticas concejiles en «La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos», Studia Historica. Historia Medieval, 7, 1989, pp. 37-93, p. 91. 28. Las ordenanzas más conocidas al respecto son las de venta al por menor del pescado en la villa. En el caso donostiarra las ordenanzas 110 a 116 regulan esta temática. Colección de documentos históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián, ed. B. ANABITARTE, San Sebastián, 1895, pp. 77-79. 29. Títs. 40 y 41. 30. Títs. 48 y 49. 31. Títs. 97, 98, 99, 100, 101.

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moradores en el Pasaje32 a vender todas sus capturas en la villa y a los compradores al por mayor a dar pescado a las regateras al mismo precio en que ellos lo adquirieron.33 No será hasta 1511 cuando estos sectores intermedios puedan aspirar a entrar en el gobierno de la villa.34 Estas ordenanzas fueron un duro golpe para estas cofradías que veían muy reducido incluso el control de los oficios que le eran propios y la gestión de sus recursos y ganancias. Pese a todo, los Reyes Católicos les reconocían ciertas atribuciones jurisdiccionales.35 Con estas ordenanzas el concejo, sus oficiales, intentaron, de manera evidente, controlar a los maestres de lancha pesquera36 para que no pudieran acceder a los cargos de gobierno del concejo villano y para que su actividad e influencia se viera reducida y controlada por el gobierno urbano pese a que contaban, y aquí está, en nuestra opinión, la clave del problema y la explicación de los conflictos, con los recursos económicos y el peso social en la villa adecuados para poder entrar a formar parte del gobierno urbano.

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Buena muestra de este control y eliminación de la carrera por los cargos de peso político en el concejo es la actualización de las ordenanzas de las cofradías y de las propias ordenanzas de la villa,37 planteadas sus modifica-

32. Pasaje de Aquende, collación pertenciente a San Sebastián y situada a pie de puerto. 33. Títs. 103, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117. 34. La reforma de 1511 permitió, a través de un sistema de electores abonados, participar en la elección de éstos a todos los vecinos con suficiente cuantía económica. J. A. LEMA, J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA, E. GARCÍA, M. LARRAÑAGA, J. A. MUNITA y JR. DÍAZ DE DURANA, El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la provincia (1412-1539), San Sebastián, 2002, pp. 56-57. Estudia en profundidad las transformaciones que supuso esta reforma E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media. Oligarquías y élites…, op. cit., pp. 233-246, analizando las ordenanzas electorales de las villas guipuzcoanas, con un interesante cuadro en la p. 243 en el que se resume la reforma de comienzos del siglo XVI. 35. Tanto en materia de justicia «Es nuestra merçed e voluntad que los dichos maestres e pescadores hayan facultad de elegir y elijan un mayordomo en cada un año y que el dicho mayordomo pueda entender juzgar et determinar solamente entre los dichos maestres et pescadores de la dicha villa e su jurisdiçion en los cassos y cossas que por razon del dicho offiçio de pescar nasçieren entre unos y otros fasta en quantia de tres mill maravedis y no en mas». A. ARAGÓN RUANO y X. ALBERDI LOMBIDE, «El proceso de institucionalización de las cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna: Cofradías de mareantes y de podavines» Vasconia, 30, 2000, pp. 205-222, p. 214 como de derechos sobre las mercancías que entrasen y saliesen por el puerto. J. L. BANÚS Y AGUIRRE, «Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina de San Sebastián…», op. cit., pp. 73-106. Enumera los derechos a cobrar por el mayordomo de la misma E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Las cofradías de mareantes, mercaderes y pescadores…», op. cit., pp. 279-280. 36. Un análisis de los mismos en M.ª S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías…», op. cit., pp. 121-122 y en id., «Comercio y transporte marítimo en San Sebastián durante la Edad Media (1180-1474)», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. Transporte y comercio marítimo, 4, 2003, pp. 129-145. Maestre es sinónimo de propietario de dueño de barco. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., pp. 87-89. 37. Un estudio de las mismas para el ámbito guipuzcoano se encuentra en E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Para la buena gobernaçion e regimiento de la villa e sus veçinos e pueblo e republica: de los fueros

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ciones con el fin de adecuar a los nuevos marcos de control estas instituciones que podían resultar, al menos, molestas, para los concejos villanos, en un proceso que es recurrente en toda Castilla.38 Las ordenanzas de 1491 de la Cofradía de San Pedro así lo demuestran,39 y la reforma de 1489 de la de Santa Catalina también, apreciando, en ambos casos, la utilización política de estas cofradías por parte de sectores emergentes de las mismas que quieren utilizarlas como trampolín político y también el freno puesto desde dentro a sus aspiraciones. Ya no serán todos los cófrades los que elijan a sus oficiales sino que habrá 30 electores.40 También las Ordenanzas de la villa donostiarra41 incidían, como hemos señalado más arriba, sobre aspectos antes controlados de forma exclusiva por las cofradías con el fin de restar protagonismo político a éstas además de económico,42 prohibiendo a los cófrades convocar reuniones sin autorización del concejo43 o penas muy graves —destierro y muerte— en caso de ocasionar tumultos o asesinato de oficiales en las reuniones del concejo,44 además de controlar la venta de los productos obtenidos por la pesca y la caza de ballenas, aquellos que más afectaban a los miembros emergentes de las cofradías.

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Eso sí, parece que en un jugada de propaganda política, por contraposición, la política del concejo se presenta como proteccionista hacia los veci-

a las ordenanzas municipales en la provincia de Guipúzcoa…», en J. A. LEMA, J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA, E. GARCÍA, M. LARRAÑAGA, J. A. MUNITA Y J. R. DÍAZ DE DURANA, El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos…, op. cit., pp. 27-58. 38. Véase al respecto J. M.ª MONSALVO ANTÓN, «Solidaridades de oficio y estructuras de poder en las ciudades castellanas de la Meseta durante los siglos XIII al XV (aproximación al estudio del papel político del corporativismo artesanal)», El Trabajo en la Historia, Séptimas Jornadas de Estudios Históricos, 1996, pp. 39-90. 39. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., pp. 461-477. 40. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media. Oligarquías y élites urbanas…, op. cit., p. 393. 41. Datan del 7 de julio de 1489, en un momento especialmente dificultosos para la villa. Unos meses antes, el 28 de enero de ese mismo año, había ardido en su totalidad. Solamente 3 casas intramuros se salvaron, las únicas construidas en piedra, de un total de 600 edificaciones. Las labores de reconstrucción fueron muy lentas y el concejo abusó de las necesidades de los vecinos, cobrándoles, por ejemplo, un censo por obtener piedra para la construcción de las casas, obligatoriamente, de las canteras de Igueldo, hasta entonces de libre disposición. Éste fue, con diferencia, el más grave de los incendios que asolaron la villa en la Edad Media, ya que hubo otros incendios en los años 1397, 1433, 1483, 1486 y 1496. Historia de Donostia-San Sebastián, M. ARTOLA (ed.), San Sebastián, 2000, pp. 48 y 83. En estos momentos la villa contaba con 3.000 habs. intramuros y otros 1.500 situados en las aldeas y collaciones cercanas. Ibidem, p. 47. 42. Véase supra. 43. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 400. 44. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Las cofradías de oficios en el País Vasco…», op. cit., p. 34.

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nos de la propia villa, hacía todos, envolviendo la defensa de los intereses del grupo gobernante con el pro común y limitando a los levantiscos. De hecho, como hemos señalado, se permitió el acceso de miembros de la cofradía, mayordomos y atalayeros fundamentalmente, con el fin de que presentasen quejas legítimas y buenas maneras,45 que solían estar, las más de las veces, relacionadas con abusos cometidos por foráneos, pidiendo ayuda, para su solución al concejo y a sus oficiales.46 Estos conflictos entre cofradías y concejo se enmarcan dentro de los generales de la propia villa con la presencia del pesquisidor real Diego Arias de Anaya, que llevaba desde 1488 investigando los posibles conflictos derivados de la elección de oficiales47 y que tuvieron como resultado la aprobación de las primeras ordenanzas concejiles que conocemos para San Sebastián, redactadas bajo su supervisión.48

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Pero las victorias obtenidas a través de esta instrumentalización de los intereses vecinales y de los cófrades son de carácter local, generales de los vecinos de la villa, y no de las cofradías de oficios del mar. Las propias relaciones entre los miembros de la cofradía, de dependencia entre unos y otros por el control de las herramientas de trabajo,49 hacían que los intereses de clase, las relaciones económicas, de carácter meramente laboral,50 quedasen

45. «(…) estando en el dicho su ayuntamiento e honestamente sin escándalo ni movimiento alguno del pueblo mirando la honra e acatamiento que se debe a los dichos alcaldes e regidores, les puedan decir e digan, según su parescer e según su consciencia, el daño e inconviniento que la dicha villa rescibió o podria rescibir de lo que así fuere acordado o se queria acordar porque los dichos alcaldes e regidores sepan mejor proveer y provean lo que conviniere al bien público de todos». Id., «Las cofradías de mercaderes, mareantes y pescadores vascas…», op. cit., p. 281. Véanse al respecto, los títulos 92, 104, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116. Colección de documentos históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián, ed., B. ANABITARTE, op. cit., pp. 69, 75 y 77-79, encargados de regular y asegurar el abastecimiento de la villa y la venta al exterior de los productos obtenidos del mar, incluida la grasa de ballena. 46. M.ª S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías…», op. cit., p. 128. 47. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «La comunidad de San Sebastián a fines del siglo XV…», op. cit., pp. 552553. 48. En concreto las relativas a la elección de cargos concejiles en adelante en ibidem, pp. 554-556 y la reformas fundamentales de 1492, valederas para los oficios entrantes desde 1493, en ibidem, pp. 556-557. Estudiamos las consecuencias de estos problemas con la pérdida del prebostazgo por el linaje Engómez en M.ª S. TENA GARCÍA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval…, op. cit., pp. 325-326. 49. Pinazas, aparejos, barcos de transporte, contratación para las diversas labores de astilleros y carga-descarga en los puertos, fórmulas de explotación del espacio costero, venta al por menor, secado y venta en el exterior de las capturas… 50. Para las relaciones laborales entre dueños de embarcaciones y personal encargado de ellas, bien fueran barcos mercantes, bien bajeles de pesca, véase por ejemplo, el título 12 de las ordenanzas de la Cofradía de Fuenterrabía. «Iten ordenaron que si algunos mareantes o marineros de dentro de la dicha villa dieren palabra a algún maestre de dentro del cuerpo de la dicha villa (…) que irá con el en su navío a navegar e servir el viaje que el tal maestre le dijere, si después de prometido dejare de ir

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sometidas a otro tipo de relaciones verticales y, a veces, también a relaciones personales que interferían y contaminaban las plataformas del común para obtener una integración en el aparato de gobierno villano.

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A ello hemos de sumar la conciencia de pertenecer a una unidad determinada, la villa propia, ser vecinos, en este caso, de San Sebastián, en competencia directa con las villas vecinas por los mismos recursos. A la personalidad jurídica se suma la identitaria propia del lugar, el origen gascón pudo tener que ver en esta idea de grupo diferente de los habitantes de la villa donostiarra sobre los vecinos, claramente autóctonos, o los propios habitantes de las aldeas colindantes. Pese a las diferencias existentes, se veían como una unidad con carta jurídica propia, el fuero, y otras normativas complementarias, desde las ordenanzas concejiles hasta las cartas reales, sentencias, pleitos ganados… La idea del bien común, esgrimida por gobernantes y gobernados, también hace unión entre los vecinos, bien debida, por ordenanza, bien voluntaria.51 La normativa comercial, que defiende los intereses de los vecinos con un proteccionismo muy marcado y que complementa la de las propias cofradías, es fundamental en este sentido. También conforma esta identidad propia la petición de mercedes varias a los reyes, pedidas por el gobierno urbano pero deseadas por toda la población que lo ve como una victoria propia.52 Es evidente que la búsqueda de las mejores condiciones, por ejemplo de abastecimiento para la propia villa, mueven a los gobernantes y benefician a todos, pero no tenemos que olvidar que siempre hay unos más beneficiados que otros. Los reyes participan de esta idea de comunidad y la fomentan por tres medios, los corregidores,53 apoyo a las oligarquías y llamamientos al buen gobierno y pro común de todos los vecinos.54 Y, por supuesto, a todo lo expresado anteriormente, se suma el proteccionismo característico de cada una de estas villas y de sus gobernantes, dispuestos a defender a los suyos a costa de los vecinos.55

a servir el dicho viaje sin tener justa causa de excusación, que pague por ello seis ducados por cada vez cada uno de los que así faltare de cumplir la promesa e palabra; y si el maestre o maestres que no tomaren o echaren al tal compañero o compañeros, después de así concertado e dado palabra, que pague la misma pena». J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 446. 51. M.ª I. VAL VALDIVIESO, «La identidad urbana en la Edad Media…», op. cit., p. 16. 52. Ibidem, p. 21. 53. En el caso guipuzcoano sería la Hermandad de Guipúzcoa. 54. M.ª I. VAL VALDIVIESO, «La identidad urbana en la Edad Media…», op. cit., p. 26. 55. Todas las ordenanzas concejiles se hacen eco de esta necesidad. Véanse por ejemplo, las Ordenanzas de Bilbao al respecto, en las que se reconoce: «(…) por quanto esta dicha villa estava fundado trato e en ella avía muy pocos legunbres, de que la dicha villa e revales e otros comarcanos hera neçesario de se mantener con trigo que de Castilla venía en bestias mulares e azemilas (…)», Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), eds. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO de CISNEROS

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Junto a este interés podía haber razones más crematísticas, relacionadas con los sistemas de cobro de impuestos por el concejo a sus vecinos y a los foráneos con los que se relacionaban, evitando así excesivas derramas concejiles.56 Todos estos factores muestran unas cofradías apartadas del formato concejil de funcionamiento de la villa57 pese a los intentos de éstas en sentido contrario. Es más, el concejo regula con una normativa de rango superior las actividades de las cofradías que podían resultar peligrosas o excesivas para el considerado buen gobierno. Están instrumentalizadas y son marginadas de la vida concejil.

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Las causas de esta falta de entendimiento entre cofradías y concejos son varias. El acaparamiento de los cargos de gobierno por parte de las élites mercantiles es un hecho58 y la identificación de sus intereses con los del concejo, entendido como los vecinos de la villa, también. A ello ayudaba la inexistencia de un representante de los pecheros. A la marginación de los puestos de gobierno de buena parte de los vecinos de la villa ayudaba la legislación regia, tendente a entregar el control, sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, a concejos y Hermandad y a frenar, en toda la Corona, el corporativismo socioprofesional que podía resulta peligroso. Los vecinos de la villa, adscritos profesionalmente a las cofradías, dependen de los dirigentes de éstas o de los grupos intermedios, confundiendo intereses de clase, personales, vecinales, profesionales… muy difíciles de diferenciar por la escasa documentación que ha llegado hasta nosotros. Numerosos son los elementos que confluyen. Entre ellos se pueden destacar las estrechas relaciones personales y económicas, las vías de intercomunicación establecidas con poderes superiores, la Hermandad y los reyes fundamentalmente, el cierre de las oligarquías urbanas, muy patente desde finales del siglo XIV, el control del capital mercantil, de las inversiones, la propiedad de los medios necesarios para obtener riqueza del mar y de su comercialización, relaciones todas ellas que pueden explicar por qué las relaciones de clase quedaban desdibujadas completamente en estas villas, no solamente en la donostiarra.59

AMESTOY, A. LORENTE RUIGÓMEZ y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, San Sebastián, 1995, p. 148. Lo mismo se repite, por ejemplo, para las sardinas, ibidem, p. 95, y para otros productos de primera necesidad. 56. Para los sistemas de reparto de derramas concejiles en San Sebastián, véase E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Génesis y desarrollo de la fiscalidad concejil en el País Vasco durante la Edad Media (1140-1550)», Revista d’Historia Medieval, 7, 1996, pp. 81-114, pp. 100 y 108-113. 57. M.ª S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías…», op. cit., pp. 129-130. 58. Id., La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval…, op. cit., pp. 297-346. 59. M.ª S. TENA GARCÍA, «Composición social y articulación interna de las cofradías…», op. cit., pp. 132-133.

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Por ello se puede afirmar que las cofradías, y con ellas el amplio grupo de habitantes de estas villas que estaban agrupados en las mismas, quedaban fuera, una vez más, de la vida política de la villa. En los últimos años del siglo XV vieron reducidas sus atribuciones a la regulación de los oficios en sí mismos, siempre que no entrasen en colisión con intereses generales de la villa,60 su buen funcionamiento y, tareas onerosas61 y, sobre todo, labores asistenciales y piadosas, que irán ganado importancia en épocas posteriores. Un suceso ocurrido en San Sebastián a fines del siglo XV puede dar algunas pistas sobre los enfrentamientos que existieron en el seno de los concejos entre los miembros de las cofradías y del gobierno concejil, mostrando cómo, pese a éstos, se podían aunar voluntades cuando se trataba de defender los derechos de propios frente a extraños, en este caso los vecinos de las villas contiguas.

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Los conflictos por el puerto de Pasajes, considerado de primera importancia,62 por la jurisdicción de sus aguas,63 habían estado presentes entre las villas que confluían en él, latentes, desde el momento en que se fundó la segunda de las villas con acceso al puerto, Fuenterrabía,64 y el comercio había comenzado a activarse en la cornisa cantábrica.65 Estos conflictos se incrementaron sobremanera en el momento en que una tercera villa, Villa-

60. Por ejemplo, cada vez más las reglamentaciones concejiles hacen referencia a asuntos como la venta al por menor de la pesca de sus vecinos. Títs. 92, 104 y 110-117 de las ordenanzas de la villa de San Sebastián en Colección de documentos históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián, ed., B. ANABITARTE, op. cit., pp. 69, 75 y 77-79. 61. Como el mantenimiento en buen estado de las infraestructuras portuarias, para lo que recibían pagos, el 1% de lo comerciado por los vecinos de la villa y 1/5 del quiñón de los pescadores. Todo ello era recaudado por el mayordomo de Santa Catalina. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media. Oligarquías y élites urbanas…, op. cit., pp. 372-373. 62. «El puerto de Oyarçun qui hera mas seguro et meior», L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Navegación y comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política marinera de la Casa de Trastámara, Madrid, 1959, p. 162. 63. Llegando al extremo de intentar cobrar rentas a vecinos de Fuenterrabía que ocupaban casas a las que llegaba el agua con la marea alta. M.ª S. TENA GARCÍA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera Medieval…, op. cit., pp. 539-540. 64. Aunque su lejanía al puerto y la dificultad de transportar las mercancías por tierra, pudiendo recibirlas directamente en la propia villa, en el puerto de Asturiaga, en la desembocadura del río Bidasoa, hará que los conflictos por las cuestiones que aquí estudiamos sean mucho menores. 65. Este puerto, el del Pasaje, compartía jurisdicción en sus orillas de las tres fundaciones antes citadas y era el mejor acondicionado para la recepción y salida de todo tipo de bienes. Ya en el siglo XIII su actividad era importante: L. M. DÍEZ DE SALAZAR, «El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo XIII (según las cuentas de Sancho IV)», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, XXXVII, 1981, pp. 85-148. San Sebastián contaba, además, con otros tres puertos, el de Orio hasta la fundación de la villa en 1379, mucho menos utilizado, y los situados en la propia villa, el de Santa Catalina, en la desembocadura del Urumea, y el Puerto Mayor, en la falda del Monte Urgull y junto a la puebla.

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nueva de Oiarso66 entró en conflicto, dispuesta a defender sus intereses, tanto de abastecimiento de materias de primera necesidad, fundamentalmente cereales, como de aprovechamiento para exportar todo el hierro producido en las ferrerías de su término, privilegiado por el Fuero de Ferrerías concedido pocos años después de su fundación a los vecinos del Valle de Oyarzun y extensivo a todos los ferrones guipuzcoanos 10 años después.67 Los fueros no eran muy claros respecto a las zonas inundadas con la marea alta concedidas a cada villa. Parece que el límite jurisdiccional lo ponía la costa68 en las tres villas,69 en una delimitación similar a la encontrada en otras villas de la cornisa cantábrica cuyo término llegaba hasta el mar salvo contadas excepciones.70 La defensa del agua cercana, en constante disputa con las villas vecinas o con las aldeas ribereñas, bien propias, bien de otras villas, siempre está presente71 y se acentúa en el caso de Pasajes porque las dos villas fundadas por reyes castellanos desgajaron términos que inicialmente habían sido concedidos a San Sebastián.

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Tanto los concejos como las cofradías consideraban propios los términos marinos cercanos a ellas72 y por eso se atribuían todo tipo de derechos sobre

66. Actual Rentería. En 1340 el privilegio real les aseguraba el abastecimiento y la exención de impuestos salvo los reales con ese fin. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I, eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, San Sebastián, 1991, p. 14. Dicho privilegio es confirmado por los monarcas posteriores. 67. L. M. DÍEZ DE SALAZAR, Ferrerías en Guipúzcoa (siglos XIV-XVI), San Sebastián, 1983. 68. Sin especificar, evidentemente, si era la correspondiente a la bajamar o pleamar. 69. Se desgajaron, paulatinamente, los territorios de Fuenterrabía, con Pasajes de San Juan e Irún, hacia 1202 y Rentería, con Lezo y Oyarzun en 1320. En el caso de Fuenterrabía aparece claramente señalado el término que le correspondía en detrimento de San Sebastián: «Dono etiam vobis (…) istos terminos (…) de ribo de Oyarzun vsque ad ribum de Fonte Rabia, et de Pena de Aia usque ad mare, et de Lesaca usque ad mare, et de Belfa usque ad mare, et terminum de Yrum cum onmibus inde habitantes. Et dono uobis Guillelmum de Lacon et socios suos, ut sint uestri uicini. Et concedum uobis illum portum de Asruuiaga». Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369), eds. G. MARTÍNEZ DÍEZ, E. GONZÁLEZ DÍEZ y F. J. MARTÍNEZ LLORENTE, San Sebastián, 1991, p. 20. Lo mismo ocurre con Rentería, que define así sus límites: «Desde la (…) penna llamada Penna d’Aya a la costalada que es ençima del logar llamado Alçibiguira (…) E dende a do e por do es el termino e tierra desmasgo de la yglesia de Leço, fincando todo el río e braço de mar que entra e sale por do es la penna… de Arando, con todo lo que debe e toma la subida de la marea desde los dichos límites (…)». Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, San Sebastián, 1997, pp. 16-18. 70. Motrico incluía la jurisdicción sobre cierta parte de la mar, al igual que Zumaya. B. ARÍZAGA BOLUMBURU, «Conflictividad por la jurisdicción marítima y fluvial en el Cantábrico en la Edad Media», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. A. SOLÓRZANO TELECHEA (coords.), Ciudades y villas portuarias del Atlántico…, Logroño, 2005, pp. 17-56, p. 23. 71. Estudia algunos conflictos, como el que enfrentó a Fuenterrabía y Francia por la ribera del Bidasoa, ibidem, pp. 24-26. 72. Hace interesantes aportaciones a este tema, señalando como de 55 km mar adentro la jurisdicción marítima de las villas cántabras ibidem, passim. Igualmente es muy interesante para ver las

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los mismos, al igual que los vecinos de las zonas costeras73 y aguas aledañas.74 Derechos, impuestos, actividad comercial, pesquera y control de las mercancías eran disputados a pie de agua.75 Tres villas con intereses comunes disputando un espacio común de aprovechamientos económicos y recaudaciones monetarias importantes, fundamentales para su desarrollo y supervivencia.76 Y a ello debemos añadir el tema de estudio en este artículo, los intereses, particulares y grupales de los diversos sectores que confluían en un mismo espacio. Enrique II marcó un hito con la delegación de todas sus atribuciones en el puerto en manos de la villa de San Sebastián, obligándose ésta a respetar los derechos de los otros vecinos del puerto.77 La sentencia de 1376 se repetirá a lo largo de todo el período medieval.78 La dinámica era siempre la misma: abuso de San Sebastián con incumplimiento de las cartas de privilegio de las villas vecinas; queja del concejo agraviado ante instancias superiores; renovación de la misma sentencia con posterior incumplimiento por parte de la villa donostiarra.79

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El hecho al que nos referíamos anteriormente tuvo lugar en los últimos años del reinado de Enrique IV, período en extremo conflictivo, llegando a

diversas jurisdicciones que confluían sobre el agua del puerto de Burdeos M. BOCHACA, «El control del puerto de Burdeos y de su tráfico mercantil del siglo XIII al XV: jurisdicciones y estructuración del espacio», en B. ARÍZAGA BOLUMBURU y J. A. SOLÓRZANO TELECHEA (coords.), Ciudades y villas portuarias del Atlántico…, op. cit., pp. 91-114. 73. Tan importantes eran los recursos derivados del mar que solamente la pesca suponía más del 50 % del montante total de la alcabala en las cuatro villas cántabras a finales del siglo XV. B. ARÍZAGA BOLUMBURU, «Conflictividad por la jurisdicción marítima y fluvial en el Cantábrico en la Edad Media…», op. cit., p. 37. 74. Sirva como ejemplo el arrendamiento de las nasas salmoneras del Bidasoa realizado por el concejo de Fuenterrabía como si de un propio más se tratase, realizado el año 1299 con el señor de Lastaola. Colección Documental del Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo I. (1186-1479), eds. M. LARRAÑAGA ZULUETA e I. TAPIA RUBIO, San Sebastián, 1997, pp. 11-15. 75. Algunos de los capítulos de las Ordenanzas de la Cofradía de San Pedro de San Sebastián, aprobados por los Reyes Católicos en 1491, obligaban a los pescadores desde Fuenterrabía hasta Bermeo a pagar ciertas cantidades por «aprovecharse» de las allas o señales luminosas realizadas por los cófrades donostiarras. Se presentan testigos de la costumbre inmemorial de dichos pagos. J. I. ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes vascas…, op. cit., p. 464. 76. Cobro de derechos concejiles, impuestos indirectos y buen funcionamiento de los negocios propios de las oligarquías, además del bien común simbolizado en el abastecimiento de la propia villa frente a extrañas, aunque vecinas, resumen este interés. 77. La sentencia, fundamentada en las Partidas, en Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I, eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 34-44 y la regulación del uso del Puerto por las villas aledañas en ibidem, pp. 48-51. 78. En 1456 comenzó un nuevo proceso entre ambas villas por los límites de una y otra en el Puerto. Ya había un vecino de Rentería muerto, Miguel Ibáñez de Alcibía y varios heridos y destrozos cometidos por ambas partes. Se nombraron dos árbitros, vecinos de Usúrbil, Martín Martínez de Lasarte y Miguel Martínez de Urdayaga, que renovaron la sentencia de Enrique II. Ibidem, pp. 188-195. 79. Se puede ver una relación de estos conflictos en S. TENA GARCÍA, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera en medieval, pp. 557-566.

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enfrentamientos armados con asesinatos de vecinos. Veamos el desarrollo de los acontecimientos.

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Ya desde 1469 aproximadamente, aprovechando el clima de descontento generalizado existente en el reino, las disputas alcanzaban graves consecuencias: «(…) puede aver quatro años que los conçejos de las villas de San Sebastián e Villa Nueva e Tierra de Oyarzun (…) se lebantaron e alboroçaron, e fizieron grandes ayuntamientos de gentes e compañas (…) Abrieron guerra entre los conçejos e sus vezinos, e moradores, e valedores (…) abieron de morir en poco tienpo, de entre amas partes, fasta número de çient omes prinçipales de las (…) villas e probinçia, allende de se aver fecho (…) ynfinitos (…) rrovos, e tomas de fustas e bienes, e quemas de casas, e talamiento de heredades. E todo a causa (…) de la jurediçión, puerto, e agua, e rribera de mar llamado Pasaje».80 El concejo denomina al puerto de Pasajes como propio81 y sanciona positivamente las actuaciones delictivas de los vecinos como el embargo de un navío inglés y su carga82 que salía de la zona renteriarra sin pagar las correspondientes tasas a San Sebastián ni descargar parte del cereal en la villa.83 Igualmente, comete abusos en defensa de los vecinos de la propia villa84 a la vez que defiende el aprovisionamiento privilegiado aun a costa de las villas vecinas.85 80. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds. M. A. CRESRICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., p. 47. 81. «(…) sobre el nuestro puerto del Pasaje…», ibidem, p. 21. 82. «(…) la dicha nao fue tomada por çiertos vezinos de la dicha villa de San Sebastian e presentada a la justiçia de la dicha villa en tienpo e forma de derecho por aver yncurrido diz que el maestre e sennores de la dicha nao e marcadurías en ella contenidas e cada uno dellos en la dicha pena de las dichas dozientos mill maravedis, por non aver guardado el tenor e forma de la dicha sentençia en la descarga de la dicha nao (…)». Ibidem, p. 21. Estaba acusado de descargar mercancías sin permiso y debía pagar por ello una multa muy cuantiosa. Véase infra. 83. Ya en 1338, 18 años después de fundada, la villa de Rentería habían conseguido la exención de sisas y derechos para aquellas mercancías que transportasen sus vecinos por el Puerto. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I, eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 8-10. Los abusos continuaron durante todo el período bajomedieval hasta los estallidos de violencia que estudiamos más arriba. 84. Embargo de redes de vecinos de Rentería alegando que perjudican el trabajo de los pescadores donostiarras. 85. Este aspecto era fundamental en un territorio tan falto de cereal y sobre habitado como la Cornisa Cantábrica. Había que asegurar la llegada frecuente de cereales, descargados en la propia villa y evitar las carestías por almacenamientos indebidos. Eran medidas populares, que redundaban en beneficio de todos los vecinos y aseguraban a las élites concejiles el apoyo total de éstos. Todos argumentaban el derecho a la descarga del 50 % del cereal llegado desde el exterior y sistemáticamente San Sebastián obligaba a descargar en su propia lonja, a pie de puerto, una parte de éste, tal y como se aprecia en el tít. 97 de las Ordenanzas de la villa. Colección de documentos históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián, ed. B. ANABITARTE, op. cit., p. 70. No era la única villa que hacía esto. Las ordenanzas de Deva de 1412 señalan: «Otrosi ordenaron que todo el trigo e centeno e otra qualquier çebera que entrare en el puerto y canal de esta villa sea descargada en la dicha villa y en sus lojas e que ende sea vendida y no la puedan lleuar a fuera a vender syn mandamiento y liçençia del dicho conçejo». Archivo Municipal de Deba. (1181-1520). I, eds. V. J. HERREPO

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Los jueces árbitros elegidos para solucionar el conflicto ante las denuncias de Rentería son Juan Martínez de Rada,86 nombrado por parte de San Sebastián, y Miguel Sánchez de Ugarte,87 vecino de Fuenterrabía, elegido por parte de Rentería y Tierra de Oyarzun. Las alegaciones de unos y otros muestran dos versiones totalmente opuestas de los hechos. San Sebastián alega sus derechos inmemoriales a la gestión y cobro de derechos portuarios y reales, así como los privilegios de abastecimiento, defendiendo el abastecimiento para la villa sobre los productos de primera necesidad que se transportasen hacia las vecinas Rentería y Valle de Oyarzun.88 Además culpa a los vecinos de Rentería de todas las destrucciones.89 Es evidente que Rentería alega lo contrario, justificando su derecho y jurisdicción sobre el puerto.90 Las alegaciones, presentadas en la Junta Especial de la Hermandad de Guipúzcoa reunida expresamente para ello en Usarraga, fueron falladas por la Hermandad fuera de plazo,91 aunque se mandaban respetar los derechos adquiridos por Rentería, así como los que poseían los privilegiados por el

y E. BARRENA, San Sebastián, 2005, p. 82. Lo mismo aparece en las ordenanzas de 1486 de Lequeitio, con obligaciones aún mayores: «(…) toda nave o baxel o pinaça que llegare con trigo o con otra çebera en Luçaar o en otro logar do es nuestro termino, que los jurados e los ofiçiales de las villa fagan descargar la meytad a la villa; et si la tal villa oviere tanmanna mengoa de pan que aya menester toda la carga, e que ge lo fagan descargar aun la otra meytad (…)», Colección documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo II. (1475-1495), eds. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO de CISNEROS, A. LORENTE RUIGÓMEZ y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, San Sebastián, 1992, p. 382. Siguen otras ordenanzas regulando el tráfico de cereales, de carne, reventas, asegurando el abastecimiento y regulando actividades propias de la cofradía. Ibidem, pp. 369-399. 86. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 20-22. 87. Ibidem, pp. 22-26. 88. Todos aquellos abastecimientos que fueran descargados en la zona de Rentería sin ser traídos por vecinos de la misma, declarados y demostrando ser para vender en la villa o sus ferrerías, deberían pagar una multa, por cada vez, de 200.000 mrs. Ibidem, p. 28. 89. «(…) ruydos y escandalos e muertes e feridas e quemas e dannos e prisiones e robos e fuerças (…)» Ibidem, p. 28. 90. «Visto como por parte de los conçejos de las dichas Villa Nueba e Tierra de Oyarçun y hera suyo, asi por se llamar el dicho puerto de Oyarçun como porque el rio por donde entra la creciente de la mar por el dicho puerto naçe en la dicha tierra de Oyarçun, e la dicha creciente que entra por el dicho puerto sube por el dicho rio fasta ençima de la dicha Villa Nueba por termino de las dichas Villa Nueba e tierra de Oyarçun; e porque de tiempo inmemorial a esta parte an tenido e poseydo el dicho puerto e agua por suyo e como suyo, paçificamente e sin contradiçion alguna (…)», ibidem, p. 41. 91. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds., M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., p. 29. La Hermandad tenía la atribución de juzgar todos los pleitos en los que fueran parte un concejo o collación guipuzcoano. «CXCII. Et otrosy que la dicha provincia e juntas e procuradores de ella puedan coñosçer e coñoscan en qualesquier pleitos e cabsas e questiones çeviles e criminales qualesquier conçejos o collaçiones un consejo con otro una collaçion con otra collaçion o consejo tanbién asy en las questiones o debates que una persona singular oviere con algund consejo o universidad». Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463), ed. E. BARRENA OSORO, op. cit., p. 198.

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Fuero de Ferrerías.92 La sentencia fue emitida por dos jueces árbitros imparciales traídos por la Hermandad expresamente para ello desde Salamanca, los doctores Juan de La Villa y Gonzalo García de Villadiego. Tardaron dos meses en estudiar y sentenciar el caso93 tras la presentación de pruebas y testigos por parte de las partes,94 llegando a recorrer, personalmente, las zonas problemáticas en barco.95

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Dicha sentencia fue aceptada como válida por los dos jueces árbitros nombrados por las partes que declararon que el puerto y su jurisdicción no pertenecía a ninguna de las dos villas, aunque cada una alegaba ser suya exclusivamente, sino que era «…público…» 96 por lo que podía ser usado por los vecinos de ambas villas con total libertad,97 siendo la jurisdicción del mismo compartida relativamente. San Sebastián tenía la jurisdicción sobre su parte del puerto y Rentería sobre la suya. 98 Los guardas y cogedores de pechos serían nombrados, exclusiva y anualmente, por San Sebastián, respetando los derechos de los vecinos de la otra villa y no cobrando cayage en ningún caso.99 Se mantenía el derecho a obligar la des-

92. Se prohibía a Rentería y el valle de Oyarzun colocar guardapuertos y recaudar derechos portuarios, siendo San Sebastián la única que mantenía estas atribuciones, aunque todos los vecinos de todas las villas con territorio en el puerto tenían derecho a usar del mismo. 93. La sentencia se dio el 5 de mayo de 1475. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds., M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 40-45. 94. Ibidem, pp. 29-30. 95. «(…) bieron y esaminaron el dicho proçeso, e por más ser justificados de la justiçia e meritos de dicho pleito, fueron personalmente a ver el dicho puerto, e vieronlo e andobieron por el fasta entrar en la mar alta e andobieron e lo mismo por las riberas del dicho puerto por todas, e vieron la entrada del dicho puerto fasta donde llegaba la creçiente de la mar que entra por el dicho puerto e sube por el rio de Oyarçun (…)», ibidem, p. 29. 96. Ibidem, p. 43. 97. «(…) los bezinos de la dicha villa de San Sebastian como los bezinos e moradores de las dichas Villa Nueva e tierra de Oyarçun e sus ferrerias, tener uso e libre exerçiçio en el dicho puerto, ansi en poder en el pescar qualesquier pescados con qualesquier redes e aparejos, como en entrar y salir libremente por el dicho puerto e agua con sus naos e baxeles e fustas e con otras por ellos e qualquier dellos afleytadas, e tener las dichas naos e fustas en el dicho puerto como quisieren (…)». Ibidem, p. 43. 98. «(…) Çerca de la juridiçion del dicho puerto e agoa… pronunçiamos pertenesçer enteramente, quanto a la juridiçion çebil e criminal, mero misto ynperio, al dicho conçejo de la dicha villa de San Sebastián (…) desde la entrada del boçal del dicho puerto por donde entra la mar por el dicho puerto fasta Molinao, e dende arriba fasta donde atienen los terminos e juridiçion de la dicha villa de San Sebastian en la tierra firme e junta con la dicha ribera por donde sube la creçiente de la mar fasia la dicha Villa Nueva de Oyarçun, salvo en los vezinos e moradores de la dicha Villa Nueva de Oyarçun e de su jurediçión en los quales ni en sus fustas e mercadurias que al dicho puerto aportaren o en el estobieren, no tiene jurediçion alguna el dicho conçejo (…) de la villa de San Sebastian por razon del dicho puerto e agoa (…)». Ibidem, pp. 43-44. 99. «(…) mandamos que el dicho conçejo (…) de San Sebastian pueda poner guardas e cogedores en el dicho puerto en cada un anno para que cojan los tributos e derechos del dicho puerto de todas e qualesquier personas e naos e fustas e baxeles que al dicho puerto venieren e aportaren, guar-

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carga del 50 % del cereal en la villa donostiarra, dando libertad para la venta del resto, con algunas excepciones ventajosas para los vecinos de Rentería y los ferrones.100 Por último, se eximía de culpa a los vecinos de San Sebastián y al concejo, tanto en la cuestión del apresamiento de la nave inglesa como en la confiscación de redes a pescadores de Rentería y, lo que es más grave, también se eximía de buscar culpables o castigar por las peleas, muertes, robos… subsiguientes,101 con la excepción de acusaciones particulares.102

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Y, paralelamente a esta sentencia, más bien favorable a la villa donostiarra, continuaron los enfrentamientos entre vecinos y oficiales concejiles. El tira y afloja entre ambas villas y todos los interesados en controlar el espacio portuario dio una nueva vuelta de tuerca cuando a comienzos de 1477 los Reyes Católicos permitían a San Sebastián imponer un impuesto nuevo, cobradero en la lonja del puerto, con el fin de amurallar mejor la villa103 después de los ataques franceses infringidos el año anterior, impuesto que se sumaba al arancel renovado por Enrique IV en 1463 con el fin de construir un nuevo muelle.104

dando a los vezinos y moradores de las dichas Villa Nueva y tierra de Oyarçun e de las dichas sus ferrerias sus prebilegios y esençiones que çerca de los derechos e tributos del dicho puerto tiene e han tenido (…) en los tienpos pasados (…) E que los dichos concejos de la dicha Villa Nueva e tierra de Oyarçun (…) no se entremeta a poner guardas en el dicho puerto ni a coger ni recaudar por si nin por otros derechos en el dicho puerto (…) no lieben cayage en el dicho puerto de Oyarçun de las personas e naos y otras fustas que al dicho puerto bieneren e aportaren, por quanto no paresçe titulo alguno sufiçiente (…)». Ibidem, p. 44. 100. «(…) çerca de la descarga de çebera e otras probisiones que aportan al dicho puerto de Oyarçun… la meytad de la dicha çebera e provision se lleben a la dicha villa de San Sebastián por mar o por tierra, por todos e qualesquier que con la tal çebera e probisiones al dicho puerto binieren (…) descargue e benda en la dicha villa, salbo sy los vezinos de la dicha Villa Nueva e tierra de Oyarçun e sus ferrerias o alguno dellos o en sus naos e fustas o en otras por ellos o qualquier dellos afreytadas traxieren la dicha nao probision, ca de la tal çebera e probision non serian ni son obligados a llebar parte alguna a la dicha villa de San Sebastian (…) fagan fee a las dichas guardas del dicho puerto (…) por escriptura publica e juren ante ellos en forma de derecho (…) E que de la otra meytad. que non se descargare en la dicha villa de San Sebastian que se pueda llebar a bender ende libremente». Ibidem, p. 44. 101. «Çerca de las dichas redes e nao inglesa e costas e dannos, muertes y males, dannos, feridas e robos que entre los dichos conçejos ynterbinieron, (…) damos por quitos e libres al dicho conçejo y omes buenos de San Sebastian de lo pedido por los conçejos de las dichas Villa Nueva e tierra de Oyarçun (…)». Ibidem, p. 44. 102. Ibidem, pp. 44-45. 103. Ibidem, pp. 46-47. 104. «(…) en el puerto de la dicha villa, por no aver en ella muelle donde se pudiese acojer las fustas e barcos e nabios que benian a descargar las mercadorias e las otras cosas que trayan, peligraban muchas personas e asymismo se perdian las dichas fustas e las mercaderias que en ellas venian, de lo qual a mi se recresçia mucho desseruiçio e a la dicha villa e vezinos de ella e a los estrangeros que a ella venian que se seguia mucho danno (…)» Colección documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo I. (1325-1474), eds., J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO de CISNEROS, A. LORENTE RUIGÓMEZ y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, San Sebastián, 1992, pp. 175-180, p. 176.

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El Valle de Oyarzun, recientemente independizado de la tutela de la villa matriz, Rentería,105 llegó a un acuerdo con la villa donostiarra, que parecía favorable para el resto de la villas, buscando su propio interés al margen de Rentería. La Tierra de Oyarzun acató la sentencia,106 al igual que San Sebastián, a quien beneficiaba, como todas las anteriores, aunque con algunos matices. A petición de la Hermandad de Guipúzcoa, reunida en Junta General Ordinaria en Vergara, se solicitó a los Reyes Católicos que ratificasen la sentencia dada por los doctores salmantinos con el fin de terminar con las disputas entre las dos villas, que iban subiendo, una vez más, de tono y en la que las alzadas ante la Corte auguraban nuevos problemas.

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La vía legal siguió su curso y Rentería apeló ante instancias superiores. Acusó a los jueces árbitros de no presentar copia para alegaciones de las declaraciones, privilegios, documentos varios, presentados por cada una de las partes, aprovechando para declarar nulo el fallo y pidiendo que se diera nueva sentencia conforme a derecho, respetándose los plazos, presentaciones de documentos, testigos, etc. El 8 de septiembre de 1478107 se reunió el concejo de San Sebastián, ampliado a los vecinos, para elegir procuradores que ratificasen la sentencia renovada por los Reyes Católicos. Aparecen los nombres de ¡nada menos! que 104 vecinos, la reunión más multitudinaria de la que tenemos noticia en todo el período medieval. Entre ellos están los mayorales de las cofradías de la villa108 y algunos cuyo oficio estaba relacionado con el mar.109 La elección de procuradores también muestra cómo, cuando era conveniente, se permitía a los miembros de la cofradía y de la villa en general, participar en las decisiones concejiles.110 Entre los procuradores elegidos por esta multitudina105. Estaba avillazgada desde 1453 pero Rentería no respetó la sentencia real y la Hermandad de Guipúzcoa, competente en el caso, intentó llegar a un acuerdo que no contentó a nadie. Archivo General de Guipúzcoa 1/11/11. No será hasta la sentencia de los Reyes Católicos consecuencia del pleito mantenido entre 1491-1495, cuando alcance definitivamente la independencia. 106. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 34-36. 107. Ibidem, pp. 50-55. 108. Están presentes los jurados menores y guardapuertos Iñigo de Alquiza y Juan de Iraurgui y los mayorales de la Cofradía de Santa Catalina Pedro de Echanbe y de la de San Pedro, Martín del Río, además de los 3 mayorales de la de San Nicolás, Juan de Uacue, Domingo de Hernialde y Nicolás de Sagastizar. Ibidem, p. 51. 109. Entre los oficios recogidos para algunos vecinos (hay un aciclador) aparecen dos maestres, Juan de Sopuerta y Martín de Córnoz. Ibidem, p. 51. 110. Más arriba hacíamos referencia a esta utilización de los vecinos en general por parte de sus gobernantes, apartando, a la vez, a los que se autodenominaban sus defensores, en un golpe político que consideramos maestro. Supieron «vender» muy bien los acuerdos como defensa del pro común, ganando gran número de adeptos a su causa y perjudicando la de los grupos intermedios más problemáticos en el concejo.

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ria reunión se encuentran los mayorales de las Cofradías de la villa además de los oficiales del concejo.111 La reunión para la elección de procuradores de la tierra de Oyarzun también fue multitudinaria, acudieron un total de 76 vecinos además de los oficiales concejiles,112 aunque es menos extraña esta alta participación ya que en otras reuniones también acudieron numerosos vecinos. Reunidos los 6 representantes de cada lugar propusieron una iguala que incluía algunas modificaciones menores en la sentencia dada unos años antes: imposibilidad de castigar a los que actuaron contra la ley en las asonadas, ni civil ni militarmente; posibilidad de descargar en los 12 primeros días el cereal en la tierra de Oyarzun y después en San Sebastián;113 construcción de un almacén a pie de puerto a medias entre ambos concejos;114 respeto total a los derechos y privilegios obtenidos por Oyarzun; además de ratificarse las jurisdicciones existentes con anterioridad sobre tierra y agua y el cobro individualizado de las alcabalas por lo descargado en cada una de las villas.115

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Todos los vecinos de San Sebastián fueron invitados a la ratificación como una fórmula altamente propagandística de sellar el acuerdo.116 Igual ocurrió

111. Además del alcalde, Antón Gómez, el lugarteniente del otro alcalde, Juanes de Roncesvalles, dos jurados mayores —Juan de Laguras y Juan de Echabe—, los bachilleres Juan Sánchez y Martín Ruiz de Elduayen y el hijo del preboste Miguel Martínez de Engómez, Amado de Engómez. Ibidem, p. 53. 112. Aparece el preboste, el alcalde ordinario y dos jurados mayores y fieles. Ibidem, pp. 56-57. 113. «(…) otorgamos e conosçemos (…) para agora e para syenpre jamas que dentro en los doze dias primeros syguientes ynclusibe contando del dia que entrare e aportare qualquier fusta e nabio estrangero con çebera en el dicho puerto del Pasaje, quel maestre e mercaeros e marineros del tal nabio puedan, si querran, descargar libremente a la dicha tierra de Oyarçun la mitad parte de la dicha çebera (…) E que pasados los dichos doze dias, los dichos estrangeros ayan de descargar e descarguen la dicha mitad parte de la dicha çebera ante e primero a la dicha villa de San Sebastian (…) pero en qualquier manera la mitad parte sienpre se aya de descargar a la dicha villa de San Sebastian (…)», ibidem, p. 65. 114. «(…) que los dichos conçejos ayan de fazer y edificar una casa e loja sobre el dicho puerto y pasaje en la ribera en la parte e jurediçion de San Sebastian, a donde por la boz de los dichos conçejos se hordenare para que se pueda descargar la mitad de la dicha çebera que los dichos estrangeros querran descargar para la dicha tierra de Oyarzun y el fierro que de la dicha tierra biniere e de otras qualesquier partes. E que los dichos derechos e probechos que de la dicha loja y casa probinieren ayan de ser y sean a medias para los dichos conçejos, quedando la propeidad y sennorio e jurediçion de la dicha casa al dicho conçejo de San Sebastian salbo sobre las personas y bienes de los vezinos y moradores de la dicha tierra de Oyarzun, los quales ayan de ser y sean hesentos e libres e quitos de la dicha jurediçion (…)», ibidem, p. 63. 115. «(…) los derechos de las alcabalas que se fizieren en la dicha casa e loja se ayan de pagar e paguen por los dichos de la dicha tierra de Oyarçun en la dicha tierra y en su alcabalazgo e non en la dicha villa de san Sebastian (…) todabia que el alcabala de todos los estrangeros que non fueren vezinos de la dicha tierra de Oyarçun ayan de pagar y paguen a los arrendadores de la dicha villa de San Sebastian (…)», ibidem, p. 66. 116. En el acuerdo, ratificado el 10 de septiembre de 1478, se encuentran los procuradores de la villa (véase nota 117), 1 alcalde y el lugarteniente del otro alcalde, 2 jurados mayores, los 5 procurado-

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con los vecinos de la Tierra de Oyarzun.117 También los juramentos, realizados en el interior de la iglesia de Santa María de Murguía118 fueron solemnes y con testigos ajenos a las dos villas.119 Las sentencias reales eran de obligada aplicación por la Hermandad de Guipúzcoa120 y así lo solicitó San Sebastián, ganándole por la mano a la villa de Rentería. Y no pudiendo esperar a que la Hermandad obligará al cumplimiento de la misma, procedió al embargo de bienes y toma de prisioneros por su cuenta,121 en suma, se tomó la justicia por su mano aprovechando su poder en el seno de la Hermandad,122 a la vez que Rentería aprovechaba las circunstancias derivadas de los ataques franceses a la zona para obtener algunos derechos comerciales similares a los donostiarras.123

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Era un callejón sin retorno que no tendrá solución hasta más de cien años después.124

res síndicos, los 2 jurados menores y guardapuertos, 7 jurados menores, 2 mayorales y numerosos vecinos, un total de 39, desplazados a Astigarraga para sancionar el documento. Ibidem, pp. 69-70. 117. Acudieron los 2 alcaldes, 2 jurados mayores, el preboste, 4 procuradores síndicos y 38 vecinos de la dicha Tierra. Ibidem, p. 70. 118. «(…) nos y cada uno de nos juramos a Dios y a Santa Maria e a la senal de la cruz (Cruz) en que corporalmente tocamos con nuestras manos derechas y a las palabras de los Santos Ebangelios (…) que nos y cada uno de nos ternemos e guardaremos (…) e faremos tener (…) e pagar a los dichos conçejos, nuestros costituyentes, e vezinos e moradores dellos (…) e a sus herederos e deçendientes dellos (…) todo lo contenido en el dicho publico ystrumento de contrato e conpusiçion contenido (…) dentro de la dicha yglesia de Sennora Santa Maria de Murguia que es çerca de la casa e solar de Murguia e açerca de la tierra e Astigarraga (…)», ibidem, pp. 70-71. 119. Son testigos un importante vecino de Hernani, el bachiller Juan Martínez de Ayerdi, además de otro vecino de Hernani, el vicario de Oyarzun, otro clérigo, 3 vecinos de San Sebastián y Oger, señor de Murguía. Ibidem, p. 71. 120. La sanción a los acuerdos y sentencia emitida por los jueces árbitros y los doctores salmantinos fue otorgada en Valladolid el 28 de abril de 1479. Ibidem, pp. 75-79. 121. «(…) fue presentada en la (…) Junta e por todos obedesçida e por algunos dellos conplida, los quales diz que proçediendo apartadamente en el negoçio, non guardando la forma e mandamiento por nos dado, syn conosçimiento alguno si la dicha sentençia hera pasada en cosa alguna juzgado, proçedieron a dar mandamientos para faser la (…) execuçión y fysieron prendas y tomaron bienes e a los (…) secrestados los açotaron y desterraron porque (…) non executaban sus mandamientos (…)». I. ZUMALDE, «Algunos documentos de los Reyes Católicos relacionados con San Sebastián, (14741480)», Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 3, 1969, pp. 223-2240, p. 232. 122. En estos momentos San Sebastián tenía un importante peso en la Hermandad de Guipúzcoa, contando con alcalde perpetuo en la misma desde 1449. Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463), ed. E. BARRENA OSORO, op. cit., pp. 174-175. 123. Exención de alcabala, diezmo y otros impuestos durante 20 años como consecuencia de la quema de la villa por los franceses, concedida en 1489, y construcción de una lonja propia para el cobro de impuestos a mercaderes foráneos y la obligación de mejorar sus infraestructuras portuarias, concedida en 1497. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 92-93 y 159-160 respectivamente. 124. Todavía a comienzos del siglo XVII se seguía acusando a san Sebastián de abusos sobre los demás. El juez Ribera, en su pesquisa provincial dice que «…los de San Sebastián querían tener el pie

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Eso sí, se puede apreciar, del estudio de la documentación conservada125 una serie de constantes interesantes para el estudio de los comportamientos colectivos de los vecinos de una villa del Cantábrico. Todos ellos conforman, en cada caso, un bloque común126 frente a los considerados extraños,127 los vecinos de las villas cercanas, pese a que los intereses podían ser coincidentes entre ellos si nos atuviésemos a criterios que no tuvieran que ver con la vecindad o lugar de residencia, sino a otros factores, tanto o más aglutinantes, como la dedicación profesional o la situación económica en que se hallaban los diferentes vecinos, así como a la posición que ocupaban las diversos sectores aglutinados bajo la bandera del vecinazgo, en el reparto de poderes y cargos de cada concejo.128

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Los más poderosos, con cargos permanentes en cada villa, y, además, los más ricos, defendían el control cuanto más exclusivo mejor de los navíos, propios y extraños129 y el cobro de todo tipo de impuestos, tasas y derechos derivados del uso, carga y descarga de mercancías. Los maestres de pinaza, propietarios de las lanchas pesqueras, interesados en hacerse un hueco, a costa de utilizar, si era necesario, a la propia cofradía, en el gobierno urbano, estaban interesados en controlar los espacios pesqueros y en acceder a los canales de exportación y venta de pescado en conserva o fresco, bien hacia el interior de Castilla y Navarra, bien por mar hacia áreas más lejanas. sobre el pescuezo de todo el mundo». S. TRUCHUELO GARCIA, «En liza por la capitalidad guipuzcoana: la consolidación política de San Sebastián en la Alta Edad Moderna», en E. GARCÍA FERNÁNDEZ (ed.), Bilbao, Vitoria y San Sebastián: espacios para mercaderes, clérigos y gobernantes en el Medievo y la Modernidad, Vitoria, 2005, pp. 339-378, p. 350. Trata los problemas por el uso y jurisdicción del puerto y los abusos cometidos, de forma sistemática, por San Sebastián en él, ibidem, pp. 370-376. 125. Las pesquisas e interrogatorios no se han conservado, como hemos señalado más arriba. 126. El 12 de julio de 1474 se reúnen en San Sebastián «(…) en conçejo general en la nuestra casa conçegil de Sennora Santa Ana (…) en nuestro conçejo general espeçial, e nonbradamente seyendo presentes e juntos en el dicho lugar e conçejo el bachiller Juan Sanchez d’Elduayn e Anton Gómez, alcaldes hordinarios (…) e Miguel Martinez d’Engomez, preboste (…), e Martin Bono d’Oquendo, jurado mayor del dicho conçejo, e Juan Bono de Arangure, lugarteniente de Joan Martinez de Berastegui, jurado mayor, (…) e Joan Perez de Oquendo e Joan de Segura Pero Ybannez de Salbatierra e Juan de Laguras e Martín Sanchez d’Estiron e Ochoa Martinez de Ybarbia e Joan de Echae, dicho Martino, e Pero de Segura, e otros muchos omes buenos e gran partida de la comunidad del pueblo de la dicha villa de San Sebastián (…)». El 18 de septiembre del mismo año se reúnen los vecinos de Rentería y cita expresamente a un buen número de ellos, además de a los oficiales, y a «(…) e otros del dicho conçejo e más de las dos partes del pueblo (…)». Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), eds. M. A. CRESPO RICO, J. R. CRUZ MUNDET y J. M. GÓMEZ LAGO, op. cit., pp. 21 y 23 respectivamente. 127. «E de la otra mitad parte puedan disponer libremente los dichos estrangeros e descargar y llebar donde quisieren e por bien tobieren, salbo que lo no puedan descargar ni descarguen a la Villa Nueva de Oyarçun.» Ibidem, p. 64. 128. Respecto al País Vasco véase el interesante estudio de J. R. DÍAZ DE DURANA y J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA, «El discurso político de los protagonistas de las luchas sociales en el País Vasco al final de la Edad Media», M. I. ALFONSO, J. ESCALONA y G. MARTIN, coords., Lucha política, condena y legitimación en la España medieval, Lyon, 2004, pp. 313-336. 129. No debe olvidarse que estos propietarios de navíos son, fundamentalmente, transportistas de bienes ajenos.

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Y los vecinos, trabajadores en los oficios de la mar, o en el propio puerto130 necesitaban de la mayor disponibilidad posible de trabajo, además de sentirse solidarios y defendidos por aquellos para quienes trabajaban y que les gobernaban. Por supuesto que el resto de los vecinos de las villas necesitaban del apoyo de un concejo fuerte que defendiera el abastecimiento y la buena marcha de su propia villa,131 aún a costa de las vecinas.

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Este hecho nos muestra la mezcla de intereses colectivos, vecinales, de clase y personales que contaminaban las actuaciones de los concejos y de las cofradías de los mismos, donde era muy difícil dilucidar a qué sectores privilegiaban o perjudicaban cada uno de ellos.

130. Tanto los encargados de labores de carga y descarga como los de los astilleros, y los pescadores y marineros. 131. Todas las villas guipuzcoanas recogen en sus ordenanzas esta política proteccionista, destinada a evitar intermediarios y a ajustar precios para evitar abusos, además de intentar asegurar, por todos los medios, la existencia de productos de primera necesidad en las villas, incluso a costa de las aldeas vecinas, como ocurre en Azpeitia según el articulado de 1483. E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Para la buena gobernaçion e regimiento de la villa e sus vecinos…», op. cit., pp. 40-41. Un estudio, general, de estas políticas en las villas vascas en id., Gobernar la ciudad en la Edad Media…, op. cit., pp. 121137. También lo hacen el resto de las villas cantábricas, faltas, como es de sobra conocido, de materias primas de primera necesidad. Las villas vizcaínas las estudió B. ARÍZAGA BOLUMBURU, «El abastecimiento de las villas vizcaínas medievales: Política comercial de las villas respecto al entorno y a su interior», La ciudad hispánica durante los siglos XIII a XVI, Madrid, 1985, pp. 293-316.

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