Políticas públicas y televisión digital : el caso de la TDT en España y el Reino Unido: El caso de la TDT en España y el Reino Unido 840008652X, 9788400086527

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COLECCIÓN POLITEYA, ESTUDIOS DE POLÍTICA Y SOCIEDAD

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A las puertas del que probablemente será el mayor reto tecnológico para la televisión desde su aparición, el fin de las emisiones hertzianas analógicas, los desafíos económicos y sociales, pero también políticos que lo acompañan son aún mayores. Esta obra pretende ponerlos de manifiesto a través de un análisis comparado cuyo objetivo es llamar la atención sobre la trascendencia de decisiones que ni son simplemente técnicas, ni pueden desligarse del camino audiovisual ya transitado. Así pues, bajo este prisma, el libro examina las políticas públicas aplicadas a la implantación de la TDT en España y el Reino Unido, desde sus orígenes y hasta finales de 2006, en el contexto más amplio de la actuación de la Unión Europea respecto del sector. El objetivo último: analizar su contribución a la democratización del servicio. Ya que si es posible conectar los modelos de política de comunicación y cultura con opciones determinadas de sociedad, es crucial para el futuro conocer los criterios según los cuales se sustituirá la modalidad audiovisual más extendida entre la población para dilucidar en qué medida podrán aprovecharse las potencialidades que acompañan a la TDT.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL

1 Salvador Giner y Luis Moreno (compiladores), Sociología en España. (1990). Sociology in Spain. (edición inglesa). (1990). 2 Teresa González de la Fe (coord.), Sociología: unidad y diversidad. (1991). 3 Rafael Llano, La sociología comprensiva como teoría de la cultura. Un análisis de las categorías fundamentales del pensamiento de Max Weber. (1992). 4 Luis Moreno (compilador), intercambio social y desarrollo del bienestar. (1993). Social exchange and welfare development, (edición inglesa). (1993). 5 Ramón Mendoza Berjano, María Reyes Sagrera Pérez y Joan Manuel Batista Foguet, Conductas de los escolares españoles relacionadas con la salud. (1986-1990). (1994). 6 José Luis Curbelo, Francisco Alburquerque, Carlos A. de Mattos y Juan Ramón Cuadrado (ed.) Territorios en transformación. (Análisis y propuestas). (1994). 7 Sebastià Sarasa y Luis Moreno (compiladores), El estado del bienestar en la Europa del sur. (1995). 8 Luis Moreno, Escocia, nación y razón. (Dos milenios de política y sociedad). (1995). 9 Daniel Borrillo (ed.) Genes en el estrado. Límites jurídicos e implicaciones sociales del desarrollo de la genética humana. (1996). 10 Luis Moreno (compilador), Unión Europea y estado del bienestar. (1997). 11 Thierry Desrues y Eduardo Moyano (coord.), Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión desde las dos orillas. (1997). 12 Alain-G. Gagnon, Quebec y el federalismo canadiense. (1998). 13 Clemente J. Navarro Yáñez, El sesgo participativo. Innovación democrática en municipios del sur de Europa (1960-1995). (1999). 14 Manuel Pérez Yruela, José Mª Sumpsi, Isabel Bardají y Mª del Mar Giménez Guerrero, La nueva concepción del desarrollo rural: estudio de casos. (2000). 15 Rafael Serrano del Rosal, Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo. (2000). 16 Ángel Paniagua Mazorra (ed.) Naturaleza, agricultura y política agroambiental en España. (2000). 17 Luis Moreno (ed.), Pobreza y exclusión: La “Malla de Seguridad” en España. (2001). 18 Manuel Pérez Yruela, Hilario Sáez Méndez y Manuel Trujillo Carmona, Pobreza y exclusión social en Andalucía. (2002). 19 Eduardo González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder. (2002). 20 Manuel Pérez Yruela, Gregorio Rodríguez Cabrero y Manuel Trujillo Carmona, Pobreza y exclusión social en el Principado de Asturias. (2004). 21 Ángeles Escriva y Natalia Ribas (coords), Migración y desarrollo: estudio. (2004). 22 Manuel Pérez Yruela y Sebastian Rinken, La integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza. (2005). 23 Vicente Rodríguez Rodríguez, María Ángeles Casado Díaz y Andreas Huber, La migración de europeos retirados en España. (2005). 24 Gregorio Rodríguez Cabrero, Ana Arriba, Vicente Marbán y Olga Salido, Actores sociales y reformas del bienestar. (2005). 25 Manuel Fernández Esquinas y Jorge Ruiz Ruiz, Los jóvenes y la creación de empresas. Actitudes y comportamientos emprendedores en la juventud andaluza. (2006).

Mª Trinidad García Leiva, Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido becaria de investigación del Ministerio de Educación, visitante académico en la Universidad de Oxford y profesora en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid.

ISBN 84-00-08652-7

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

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POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL. EL CASO DE LA TDT EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO

Colección Politeya Dirigida por: Luis Moreno

Mª TRINIDAD GARCÍA LEIVA

Ilustración de la cubierta: Electrónica Ilustración cedida por: Ángel Adeva

COLECCIÓN: POLITEYA Estudios de Política y Sociedad

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Director Luis Moreno Fernández, Unidad de Políticas Comparadas. CSIC Secretario Francisco Javier Moreno Fuentes, Unidad de Políticas Comparadas. CSIC Comité Editorial Laura Cruz Castro, Unidad de Políticas Comparadas. CSIC Salvador Giner San Julián, Universitat de Barcelona Manuel Pérez Yruela, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. CSIC Consejo Asesor Robert Agranoff, Indiana University (USA) Fernando Aguiar González, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. CSIC Julio Carabaña Morales, Universidad Complutense de Madrid Teresa González de la Fé, Universidad de la Laguna Eduardo Moyano Estrada, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. CSIC Ludolfo Paramio Rodrigo, Unidad de Políticas Comparadas, CSIC Gregorio Rodríguez Cabrero, Universidad de Alcalá de Henares Luis Sanz Menéndez, Unidad de Políticas Comparadas. CSIC Sebastià Sarasa Urdiola, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Joan Subirats Humet, Universitat Autónoma de Barcelona (Barcelona)

Mª. TRINIDAD GARCÍA LEIVA

POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL. EL CASO DE LA TDT EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Madrid, 2008

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o tramitarse en manera alguna por ningún medio ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, asertos y opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones

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Ilustración de cubierta: “Electrónica”, de Ángel Adeva. © CSIC © María Trinidad García Leiva NIPO: 653-08-110-4 ISBN: 978-84-00-08652-7 Depósito Legal: M-33487-2008 Impreso en España - Printed in Spain Imprime: Gráficas Loureiro, S.L. - San Pedro, 23 - 28917 Madrid - Tel 91 611 59 94

A mi Klette

We have now become used to a situation in which broadcasting is a major social institution, about which there is always controversy but which, in its familiar form, seems to have been predestined by the technology. This predestination, however, when closely examined, proves to be no more than a set of particular social decisions, in particular circumstances, which were then so widely if imperfectly ratified that it is now difficult to see them as decisions rather than as (retrospectively) inevitable results. RAYMOND WILLIAMS Television. Technology and cultural form (1974 (2003): 16)

La democratización es un proceso más que un concepto estático. Su desarrollo es vital para el porvenir, ya que la consecuencia inevitable del retraso con respecto a las necesidades sociales y a los progresos tecnológicos consistiría en someter al hombre a unas experiencias cada vez más deshumanizadas y alienadoras. SEAN MACBRIDE Un solo mundo, voces múltiples (1980: 298)

ÍNDICE AGRADECIMIENTOS

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LISTADO DE ABREVIATURAS PRÓLOGO

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I. INTRODUCCIÓN

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1. Políticas de comunicación y cultura en la era digital .................................... 1.1. La impronta neoliberal en la política audiovisual ................................ 1.2. De las tendencias analógicas a las oportunidades y riesgos digitales ..........................................................................................................................

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2. La importancia de la TDT...............................................................................................

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3. Rejilla de análisis ................................................................................................................ 3.1. Discurso ......................................................................................................................... 3.1.1. Social/Cultural ............................................................................................. 3.1.2. Económico/Industrial .............................................................................. 3.2. Reguladores ................................................................................................................. 3.2.1. Público/Privado & Nacional-Regional/De bloque-Global .............................................................................................. 3.2.2. Gobiernos/Autoridades independientes ....................................... 3.3. Regulación .................................................................................................................... 3.3.1. De bloque/Nacional/Regional/Local ................................................. 3.3.2. Regulación tradicional/Retirada progresiva de toda regulación .......................................................................................................

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II. PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA

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3.4. Actividades audiovisuales ................................................................................... 3.4.1. Contenidos generalistas/Temáticos ................................................. 3.4.2. Servicios de la SI ....................................................................................... 3.5. Agentes audiovisuales ............................................................................................ 3.5.1. Público/Privado & Nacional/Regional/Local ............................... 3.6. Agentes no audiovisuales .................................................................................... 3.6.1. Fabricantes, instaladores y comercializadores de equipamiento ............................................................................................... 3.6.2. Propietarios y gestores de redes de difusión ............................ 3.7. Nuevos agentes audiovisuales/Gatekeepers ............................................ 3.7.1. Gestor del acceso condicionado ....................................................... 3.7.2. Control de la EPG ..................................................................................... 3.7.3 Gestor del múltiple .................................................................................. 3.8. Espacios/Mercados .................................................................................................. 3.8.1. Nacional/Internacional ............................................................................ 3.8.2. Regional/Local ............................................................................................. 3.9. Destinatarios ............................................................................................................... 3.9.1. Ciudadanos/Consumidores ................................................................. 3.10. Síntesis en términos de democratización ...............................................

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III. LA TDT EN LA UNIÓN EUROPEA ............................................................................

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1. Situación del servicio ....................................................................................................... 1.1. Heterogeneidad y desaceleración del modelo de pago ...................... 1.2. Balance de actuaciones ......................................................................................... 1.2.1. Similitudes y diferencias ....................................................................... 1.2.2. Momentos y arquitecturas diversas ............................................... 1.2.3. Escenarios de implantación y estrategias de migración ........................................................................................................

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2. Antecedentes de las políticas europeas de TDT ............................................... 2.1. De la política audiovisual a la televisión digital ..................................... 2.1.1. Las bases conservadoras ...................................................................... 2.1.2. La aparición de dos planos de actuación ................................... 2.1.3. La cristalización de una política que divide y flexibiliza ......................................................................................................... 2.2. Caracterización de antecedentes .....................................................................

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3. Políticas europeas de TDT ............................................................................................ 3.1. Acciones y omisiones dominantes ................................................................. 3.1.1. Las multiplataformas abiertas .......................................................... 3.1.2. El formato 16:9 y la alta definición ................................................ 3.1.3. La interoperabilidad y los servicios interactivos .................... 3.1.4. El fin de las emisiones analógicas .................................................. 3.1.5. El uso eficiente (y mercantil) del espectro .................................

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3.1.6. Inclusión y accesibilidad ....................................................................... 3.1.7. La intervención estatal y la libre competencia .......................... 3.2. Sentido ........................................................................................................................... 3.2.1. La TDT y la perspectiva económico-industrial ........................ 3.2.2. La TDT, su reducción a mero soporte y la desregulación ............................................................................................... 3.2.3. La TDT y el predominio de las telecomunicaciones .............. 3.2.4. La TDT y el acento en las infraestructuras y servicios ........ 3.2.5. La TDT y la dupla SI/Convergencia ................................................ 3.2.6. La TDT y la tendencia al privatismo mercantilista en detrimento del servicio público ........................................................ 3.2.7. La TDT y el interés por el cliente .................................................... 3.2.8. La TDT y los mercados privilegiados ............................................ 3.2.9. La TDT y los campeones nacionales digitales ......................... 3.3. Liberalización creciente, statu quo e incongruencia ..........................

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4. Políticas europeas y casos nacionales .................................................................... 116 4.1. La penetración del servicio ................................................................................ 116 4.2. Una relación compleja .......................................................................................... 120 IV. LA TDT EN EL REINO UNIDO .................................................................................... 125 1. Los hechos: de la búsqueda de mayor competencia al liderazgo .......... 125 1.1. El temor a Murdoch, la quiebra de OnDigital y el nacimiento de Freeview ........................................................................................ 126 1.2. Relanzamiento exitoso y migración definitiva ......................................... 133 2. Las palabras y su expresión regulatoria ............................................................... 2.1. Fundamentos para el cambio ........................................................................... 2.2. Una acción reguladora integral pero minimalista ................................ 2.2.1. Normativa convergente y transversal ............................................ 2.2.2. Un único regulador de carácter independiente ....................... 2.2.3. Las múltiples caras, niveles y mecanismos de la regulación .................................................................................................

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3. El resultado: estructura de la TDT británica .................................................... 3.1. Una oferta crecientemente mercantilizada ............................................... 3.1.1. Agentes audiovisuales: centralización e integración vertical .............................................................................................................. 3.1.2. Contenidos y servicios: mixturas entre el servicio público y una creciente mercantilización .................................... 3.1.3. Balance de situación ................................................................................ 3.2. Planificación para una cobertura universal y de perfil fuertemente estatal .................................................................................................. 3.2.1. El problema de brindar un servicio universal ......................... 3.2.2. El plan de migración ...............................................................................

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3.2.3. La hegemonía del ámbito estatal ..................................................... 3.2.4. La propiedad y gestión duopólica de la red de transporte y difusión ............................................................................... 3.2.5. Balance de situación ................................................................................ 3.3. Una demanda en crecimiento, definida en función de su consumo y acceso .................................................................................................... 3.3.1. El aumento exponencial de la penetración y el perfil del espectador ............................................................................................. 3.3.2. El gran negocio del equipamiento para la recepción ........... 3.3.3. Los costes y ayudas para la digitalización y las actitudes hacia la migración................................................................. 3.3.4. Escasa participación y comunicación centralizada ................ 3.3.5. Balance de situación ................................................................................

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4. El modelo de TDT .............................................................................................................. 4.1. Análisis de políticas ................................................................................................ 4.2. Luces y sombras del modelo de TDT .......................................................... 4.3. La influencia europea en el discurso y su expresión regulatoria ....................................................................................................................

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V. LA TDT EN ESPAÑA ......................................................................................................... 1. Los hechos: un desarrollo a marcha forzada .................................................... 1.1. ¿Tras la búsqueda de mayor competencia? ............................................ 1.2. Del fracaso de Quiero TV al relanzamiento .............................................

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2. El plano discursivo y su regulación ........................................................................ 2.1. El sostén argumental de la TDT ..................................................................... 2.2. Regulación caótica y dispersa ........................................................................... 2.2.1. Profusión de normas ............................................................................... 2.2.2. Ausencia de un regulador independiente .................................... 2.2.3. Predominio del nivel estatal y los mecanismos normativos y gubernamentales .........................................................

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3. El resultado: estructura de la TDT española .................................................... 3.1. Una oferta en abierto y en proceso de experimentación .................. 3.1.1. El ámbito estatal: pluralismo controlado ................................... 3.1.2. El ámbito autonómico: dos modelos contrapuestos ............ 3.1.3. El ámbito local y la peculiaridad insular: ¿el triunfo de los clientelismos? ............................................................................... 3.1.4. Balance de situación ................................................................................ 3.2. Ausencia de planificación para una cobertura universal................... 3.2.1. Multiplexación de la señal y monopolio en su transporte y difusión ............................................................................... 3.2.2. Una cobertura desigual y la necesidad de un gran esfuerzo de despliegue ........................................................................... 3.2.3. Migración sin planificación ..................................................................

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3.2.4. La configuración de tres espacios/mercados descentralizados ........................................................................................ 3.2.5. Balance de situación ................................................................................ 3.3. Una demanda en creación, interpelada en términos de consumo ........................................................................................................................ 3.3.1. El crecimiento de la penetración y el perfil del espectador ..................................................................................................... 3.3.2. Equipamiento para la recepción: nuevas esperanzas ........... 3.3.3. Los costes de la digitalización y los grupos más vulnerables .................................................................................................... 3.3.4. Comunicación sin campaña integral y escasa participación ciudadana ........................................................................ 3.3.5. Balance de situación ................................................................................

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4. El modelo de TDT .............................................................................................................. 4.1. Análisis de políticas ................................................................................................ 4.2. Un modelo de TDT en formación .................................................................. 4.3. La parcial influencia europea en la regulación ......................................

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VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

..........................................................................

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1. Análisis comparativo ........................................................................................................ 1.1. Similitudes y diferencias ..................................................................................... 1.1.1. Opciones de políticas .............................................................................. 1.1.2. Modelos de TDT ......................................................................................... 1.2. Conclusiones ...............................................................................................................

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2. Las políticas en el contexto europeo e internacional .................................... 314 2.1. El juego permanente entre la europeización y la domesticación ............................................................................................................ 314 ...................................................

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BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... Referencias .................................................................................................................................... Normativa europea ................................................................................................................... Principales páginas web consultadas ............................................................................

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3. Propuestas para una mayor democratización

LISTADO Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6.

DE TABLAS Rejilla de análisis para las políticas nacionales ............................... Implantación de la TDT en Europa ......................................................... Recepción de televisión digital en Europa ........................................... Principales fases de desarrollo de la TDT en Europa .................. La política audiovisual europea ................................................................. La política europea de televisión digital ................................................

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Tabla 7. Antecedentes de las políticas europeas de TDT ............................... Tabla 8. Políticas europeas de TDT ............................................................................ Tabla 9. Porcentajes de penetración de televisión digital y de participación de mercado por plataforma ........................................... Tabla 10. Hogares y equipamiento TDT ...................................................................... Tabla 11. Coste típico del equipamiento necesario para recibir TDT ............................................................................................................. Tabla 12. Principales características del servicio disponible ......................... Tabla 13. Síntesis de las políticas británicas de TDT ........................................ Tabla 14. Número de abonados a la televisión de pago por tecnología ................................................................................................................. Tabla 15. Número de abonados y cuota de mercado de la televisión de pago .......................................................................................... Tabla 16. Operadores audiovisuales y gestores de múltiple TDT nacional ......................................................................................................... Tabla 17. Principales productoras audiovisuales y conexiones con operadores audiovisuales nacionales ............................................ Tabla 18. Síntesis de la oferta de TDT ........................................................................ Tabla 19. Obligaciones de cobertura de población ............................................... Tabla 20. Relación de coberturas digitales y centros emisores .................... Tabla 21. Equipamiento TDT en el mercado ........................................................... Tabla 22. Proyección de la penetración de TV multicanal (% de hogares españoles) ............................................................................................. Tabla 23. Coste típico del equipamiento necesario para recibir TDT ........ Tabla 24. Síntesis de las políticas españolas de TDT ........................................ Tabla 25. Síntesis de políticas destinadas a la TDT en el Reino Unido y España ................................................................................................... Tabla 26. Implantación de la TDT en el Reino Unido y España .................. Tabla 27. Síntesis comparativa (1998-2006) ...........................................................

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LISTADO DE GRÁFICOS Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico

1. 2. 3. 4. 5.

Mapa europeo de TDT ................................................................................... Estructura del Digital Switchover Programme ............................. Calendario de migración ............................................................................... Estructura de la Comisión de Seguimiento de la TDT ............... Esquema de estrategia posible para el cese de las emisiones analógicas .......................................................................................

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AGRADECIMIENTOS Esta obra ha sido posible en sus orígenes gracias al Programa de becas “Formación de Profesorado Universitario” del Ministerio de Educación y Ciencia. Sin su aportación económica la investigación que sustenta este libro no hubiera visto la luz en los tiempos y forma en que finalmente lo ha hecho. La ayuda extraordinaria que me fuera otorgada para efectuar una estancia breve en el extranjero ha sido crucial para materializar mi visita al Reino Unido, donde pude conocer de primera mano la experiencia de TDT británica y acceder a fuentes clave para el desarrollo de buena parte de esta investigación. Durante tres meses, a finales de 2005, el Programme in Comparative Media Law and Policy, que funciona en el Centro de Estudios Socio-Legales de la Universidad de Oxford, se reveló como el mejor ambiente para llevar adelante dicha labor. Mi más sincero agradecimiento a Damian Tambini, entonces director del programa, Denis Galligan, director del centro, y Danilo Leonardi y Mónica Ariño. Por otra parte, no puedo dejar de destacar a un nutrido grupo de académicos, colegas y profesionales que me abrieron las puertas de sus despachos (e incluso hogares), regalándome un precioso tiempo de sus imposibles agendas: Marco Ottaviani (London Business School), Richard Collins (The Open University University), Alison Harcourt (University of Exeter), Des Freedman (University of London), Tom Gibbons y Peter Humphreys (University of Manchester); Michael Starks (ex-BBC, Digital TV Action Plan), Peter Couch (National Grid Wireless), Nick Caplin (Homechoice), Janice Hughes (Spectrum Strategy), Don Redding (Public Voice), Gregory Bensberg (Ofcom), Alex Pumfrey y Barry Cox (Digital UK). En el mismo sentido debo mencionar, en España, a Javier García (URCM), Ángel Castillejo (CMT) y Eladio Gutiérrez (RTVE Digital), así como a todos los componentes de FIDECA. A Luis Albornoz (UC3M), Ana Segovia (UCM) y Mª Isabel Fernández (InCom) agradezco su aliento e interés desde el inicio de esta investigación; y a los miembros del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral que dio origen a este libro, Emilio García (UCM), Manuel Palacio

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(UC3M), Emili Prado (UAB), Francisco Sierra (US) e Hipólito Vivar (UCM), sus observaciones y comentarios. Tampoco quisiera dejar de mencionar a mis compañeros de ULEPICC-España y la cátedra "Políticas y planificación de la Comunicación" de la Universidad de Buenos Aires. Muy especialmente, quisiera resaltar el cariño permanente de mis amigos Guillermo Mastrini y Mariana Baranchuk. De la misma manera y a lo largo de todos estos años, "las Leiva", principalmente mi madre y mis tres hermanas, han sido para mí una fuente inagotable de energía y un referente permanente de esfuerzo y dignidad. Con mi padre estaré siempre en deuda por la ayuda que me trajo hasta Madrid. Gracias también a mis amigas Carla Forciniti y Marina García. No puedo finalizar sin subrayar que la generosidad intelectual de Enrique Bustamante guió con sabiduría la base de este trabajo, mientras que la buena disposición de Luis Moreno Fernández abrió la puerta para la posibilidad de su publicación. La comprensión y apoyo incondicional de Adrian Wild hicieron el resto. Obviamente, tanto las premisas como los posibles errores que este trabajo pudiera contener son de mi exclusiva responsabilidad. Madrid, julio de 2007

LISTADO DE ABREVIATURAS API: BBC: CdE: CE: CMT: DCMS: DG: DTI: DVB: EPG: HDTV: MITyC: MPEG: OMC: PE: PPV: RTVE: SAC: SDTV: SETSI: SI: STB: TDT: UE: UIT: VOD:

Application Program Interface British Broadcasting Corporation Consejo de Europa Comisión Europea Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones Department for Culture, Media and Sport Dirección General Department for Trade & Industry Digital Video Broadcasting Electronic Programme Guide High-definition television Ministerio de Industria Turismo y Comercio Moving Picture Experts Group Organización Mundial del Comercio Parlamento Europeo Pay per view Radiotelevisión Española Servicio de Acceso Condicionado Standard-definition television Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información Sociedad de la Información Set-top-boxe Televisión Digital Terrestre Unión Europea Unión Internacional de Telecomunicaciones Video on demand

PRÓLOGO La TDT como caso ejemplar y trascendente El estudio realizado por Trinidad García Leiva sobre la televisión digital terrestre reúne varios y acentuados méritos que es preciso destacar, porque afectan muy directamente a su trascendencia social y al especial interés que guarda para los lectores. En primer lugar, su investigación se plantea las preguntas esenciales sobre una tecnología de comunicación, que podríamos sintetizar en interrogantes como ¿para qué sirve?, ¿cuales son sus aportaciones fundamentales en términos de democracia, de pluralismo y diversidad, de enriquecimiento auténtico de la oferta de creaciones simbólicas, de redistribución y acceso a la Sociedad de la Información? Cuestiones elementales en apariencia pero que casi nadie enfrenta hoy en el clima de “hazañas tecnológicas” que nos rodea. Lejos pues de la avalancha de informes públicos y privados que sufrimos en los últimos años sobre la transición digital o sobre el cumplimiento de los plazos finales oficiales de cada país para el famoso switch off, teñidos habitualmente de un optimismo oficialista ciego que se justifica sólo por la mera "modernidad" tecnológica, esta obra se enfrenta a los problemas estructurales que rodean de nuevo, como en sus orígenes, a la construcción de la televisión. Y lo hace ayudándose de polarizaciones que definen cruzadamente los rasgos fundamentales de un sistema televisivo: público-privado, gratuito-de pago, centralista-descentralizado, televisivo o de auténtica convergencia a la Sociedad de la Información… En este punto inicial, la explicitación de las bases teóricas de economía política de la comunicación sobre las que se apoya la investigación resulta esclarecedora. Porque permite una visión holística de nuestros sistemas comunicativos, y sociales, que conjuga la revisión evolutiva histórica con el análisis de los discursos oficiales, de las regulaciones legales y las omisiones políticas, de las intenciones con los resultados efectivos. En este marco, la

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opción de realizar una verificación empírica sobre la implantación de la TDT resulta fructífera. Porque permite comprobar cómo la política y el Estado, aparentemente expulsados por la puerta del mercado, vuelven en todo su esplendor por la ventana. De forma que las acciones —y omisiones— políticas, que no simplemente técnicas, determinan profundamente los actores que juegan y jugarán en el escenario futuro, sus reglas de comportamiento, la originalidad, atractivo y diversidad de sus ofertas, sus modelos de negocio y, por añadidura, los espacios de no mercado que sobrevivirán o perecerán en el cambio…; Es decir, los elementos vitales de un sistema comunicativo que, a su vez, ejercerá una influencia decisiva sobre los modelos sociales. Así, el estudio repasa la evolución y actualidad de las políticas de la Unión Europea en el campo de las redes digitales y sobre todo en el de la TDT, con sus caras paradójicas y sus contradicciones crecientes entre los discursos socialdemócratas y las tendencias economicistas y mercantiles que avanzan imparables en los últimos tiempos; Como la contradicción frontal entre la intención proclamada de eliminación de la fractura digital y una "neutralidad tecnológica" inflexible que no solamente supone la renuncia a un papel activo de lo público a favor de las redes más baratas y universales sino también ecuaciones insensatas pero omnipresentes y encadenadas: oferta = demanda, las tecnologías buenas triunfan solas, tecnología + mercado = desarrollo integral,… Pero estas orientaciones regionales se revelan como un mero telón de fondo del que los Gobiernos de los países miembros sacan recursos ideológicos y regulatorios de autolegitimación, mientras que los diseños básicos de la arquitectura de la TDT y de los procesos de transición evidencian su cara superior nacional, marcada por las tradiciones y las correlaciones de fuerza en el interior de cada país, con elecciones muy diferentes incluso entre naciones vecinas. Por eso, García Leiva ha tenido el acierto de orientar este análisis experimental detallado a la comparación entre dos países emblemáticos en el caso de la TDT, el Reino Unido y España, cuyas singulares trayectorias en este ámbito tienen además un alto valor de cas de figure de ejemplaridad internacional. De entrada, ambos países fueron pioneros internacionalmente en el lanzamiento de la transición digital, tras la estela inicial de los Estados Unidos. Además, el Reino Unido se anticipó en un modelo predominante de pago que España copió con matices y que quebró temprana y estrepitosamente en ambos casos; Y la rápida rectificación realizada en una plataforma centrada en la oferta gratuita de Freeview, fue seguida, con notable retraso temporal, por el Gobierno español. En fin, si el Reino Unido suele aparecer como un ejemplo de éxito en la transición digital televisiva, España es presentada con frecuencia en los últimos tiempos como un proceso que avanza imparable hacia el apagón feliz. Dos ejemplos en fin tan similares como distantes, y que pueden tener un alto valor de lección para tantos países, como muchos de América Latina, que aun discuten los estándares tecnológicos a adoptar como si esta fuera la decisión vital y definitiva. Hay que señalar, en este punto, que la investigación comparada entre países es uno de los retos más difíciles a los que puede enfrentarse un investiga-

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dor en ciencias sociales. Primero, porque resulta complicado llegar a conocer de forma equiparable dos realidades nacionales diferentes; segundo y especialmente, porque la búsqueda a priori de paralelismos suele confundir al investigador, de forma que puede fácilmente caer en la exageración de las corrientes comunes, cada vez más globales inevitablemente, o en la exaltación de las diferencias, también lógicas a partir de tradiciones, mentalidades y estructuras de poder diversas. García Leiva ha logrado sortear estas barreras, tanto mediante una rejilla comparativa exhaustiva como por un trabajo de campo intenso que le ha permitido dar cuenta de todos los elementos esenciales de ambos casos, calibrando así debidamente singularidades y denominadores comunes. Además, ha sabido mantener una distancia crítica que le permite sopesar pros y contras de ambos procesos y, por extensión, de otros muchos existentes en la arena internacional; Tan alejada de las euforias tecnologistas como de las visiones apocalípticas y tecnofóbicas. Así, el Reino Unido, un país admirable en muchos elementos de su arquitectura audiovisual histórica, pero que ha sabido venderlos aun mejor en términos de imagen pese a los deterioros de los últimos tiempos, aparece con sus logros indudables de equilibrio público-privado, pero también con sus hipotecas centralistas históricas. Y España, con todos los reconocimientos debidos al Gobierno de Zapatero por su voluntad de reforma audiovisual y su capacidad de sacar a la TDT del marasmo anterior, no deja de mostrar notables debilidades en su diseño de la transición digital y, sobre todo, en la tarea de gran arquitecto asumida por el poder político, en ausencia de toda autoridad audiovisual independiente. Más allá de los casos concretos estudiados, la investigación de García Leiva adquiere una trascendencia social de primer orden. En términos generales, muestra cómo las redes digitales de la información y la comunicación no vienen determinadas por sus condicionantes tecnológicos ni por su simple confrontación con la demanda, sino por una interrelación estrecha con la sociedad, en donde se articulan ideologías e intereses, poder político y lobbies económicos. Las “nuevas tecnologías” no son así procesos de marcha ineluctable e impacto unilateral sobre el “progreso social”, tampoco monstruos de Frankestein autonomizados que nos amenazan por su perversidad intrínseca. Sino productos sociales, que a su vez marcan la sociedad futura y sus opciones posibles. El caso de la TDT es especialmente relevante en este marco. Por sus solas potencialidades, estaría destinado no sólo a mejorar drásticamente la dieta televisiva del usuario, con acceso general a una oferta multicanal enriquecida, sino también y muy especialmente a constituirse en una de las puertas fundamentales para el logro rápido de una “Sociedad de la Información para todos”. Toda una promesa de diversidad y redistribución frente a las fracturas que el todo pago y el modelo individualista (PC + banda ancha + periféricos en constante renovación en cada hogar), movidos por la ideología totalitaria de mercado, ha ido edificando. Por lo demás, ambos elementos

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“humanistas” están presentes en los discursos oficiales de la mayoría de los Gobiernos, porque sólo así puede legitimarse una política pública activa que implica en buena medida la socialización de los costes (y riesgos) de la transición y la privatización posterior de los beneficios. El presente estudio destruye seriamente tales mitos. Los Estados, con la presión y complicidad de algunos grupos privados, desmienten muchas veces con los hechos sus propios programas culturales y sociales, y orientan sus decisiones hacia una presunta política industrial cortoplacista que sólo entiende de mercados rentables. Las promesas proyectadas hacia la Sociedad de la Información se resuelven en simples resultados de más canales y más programas, siempre confundidos con la mejora de la calidad y que, en ausencia de sintonizadores interactivos, reduce la TDT a mero maquillaje de la oferta de entretenimiento. En fin, la TDT marca también los límites de la política y del mercado en estas visiones economicistas amputadas de toda ambición cultural y social. Porque los Gobiernos imaginan dictar el comportamiento a miles de agentes sociales que, a falta de motivaciones y articulación negociada, se resisten pasiva pero eficazmente a sus planificaciones. Y los grandes grupos sueñan con negocios maravillosos sin muchos riesgos a costa de millones de clientes que, en ausencia de atractivo de los nuevos programas y servicios, no adquirirán sintonizadores ni renovarán sus equipos frustrando esos nuevos mercados. Se instalan así en muchas ocasiones, por ese despotismo ilustrado de la política y el mercado, auténticos círculos viciosos que pueden dar al traste con las mejores tecnologías y sus posibilidades de desarrollo. Aunque esa sea la principal preocupación mediática, hay que resaltar que lo de menos es el aplazamiento sucesivo de los planes y las fechas para el final de la transición digital: Un mal trago que ya varios países han debido arrostrar, no sin ciertos costes políticos e indeseadas consecuencias en el plano del crecimiento económico. Pero el envite fundamental es cómo la TDT y la determinación de su arquitectura para muchas décadas futuras irá condicionando decisivamente el porvenir de un país, su posición competitiva internacional pero también la calidad de su comunicación y su cultura, esto es, de su democracia. Este es en realidad el gran tema de esta obra. En definitiva, en el medio y largo plazo, la auténtica política económica se identifica cada vez más con la política cultural y social, como dos líneas aparentemente divergentes que se van haciendo paralelas para finalmente converger en un mismo punto. Reconocerlo, conciliarlas lo antes posible, ahorraría seguramente muchas tensiones, desequilibrios y fracasos. Enrique Bustamante (Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid)

I. INTRODUCCIÓN El nuevo milenio se ha iniciado con el mundo inmerso en un proceso de transformación económica, social y tecnológica que permite avizorar profundos y múltiples cambios. En el marco de una nueva fase del sistema capitalista marcada por la crisis del patrón de acumulación, el sector de la comunicación y la cultura se postula como el motor de una “nueva economía” sustentada en el binomio digitalización/convergencia y enmarcada en la concreción de una Sociedad de la Información virtualmente igualitaria y económicamente estable. Los medios masivos de comunicación aparecen como la punta de lanza de estas promesas y apuestas, al tiempo que se afirman en su doble papel de reproductores sociales y económicos del sistema, en un momento histórico en que las políticas de comunicación pasan a ser arte y parte de este devenir en tanto que expresión de complejas negociaciones entre grupos de intereses diversos. En el caso puntual de la televisión, las nuevas tecnologías digitales han transformado radicalmente las esferas de la producción y la difusión abaratando costes, aumentando la productividad del sector y, por sobre todas las cosas, elevando exponencialmente el número de canales disponibles, evidenciando con ello el fin de la escasez de soportes y frecuencias. En la medida en que las transformaciones sobre el sector televisivo repercuten sobre el resto de las Industrias Culturales, ya sea por su gran penetración social o su naturaleza económica, el estudio de la televisión digital y, más concretamente, el análisis de la televisión digital terrestre (TDT), se revela como clave para comprender los desafíos que plantea la llamada Era Digital. La TDT, junto con el cable y el satélite, es uno de los soportes posibles para la transmisión de la señal televisiva digitalizada que se define por ser un sistema que cabalga sobre la red de distribución de la televisión hertziana analógica y puede ser recibido por medio de las mismas antenas (Prado, 2003). Su pertenencia al mundo digital es, precisamente, lo que la coloca, junto a otros nuevos desarrollos, en la agenda de la Unión Europea (UE) en torno al acceso de todos los ciudadanos a los bienes y servicios de la Sociedad de la

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Información (SI), y en la posición de candidata natural a sustituir a la universal televisión tradicional. Su incipiente desarrollo y los interrogantes que plantea la concreción de estas “misiones”, han conducido a convertirla en objeto privilegiado de este estudio como forma de comprender la configuración audiovisual futura. Ya que con ingresos mundiales estimados en 283 billones de euros para el año 2009 (225 billones en 2004), y la recuperación de la publicidad como fuente de financiación luego de la crisis del periodo 2001-20021, el mercado televisivo mundial sigue siendo una instancia nada despreciable de valorización que se está enfrentando a cambios estructurales y pujas cruzadas, entre otras cosas, en función de su “apagado analógico” (switch-off). Según Ofcom (2006c), más de 30 millones de hogares en todo el mundo han adoptado alguna forma de televisión digital a lo largo de 2005, aunque de estos, sólo el 2% se ha decantado por la TDT. Sin embargo, se espera que en los próximos cinco años el número de hogares recibiendo el servicio se duplique, con un crecimiento especialmente importante en aquellos países con penetración históricamente baja de servicios de televisión por cable y satélite. Así pues, esta obra pretende contribuir a la comprensión de qué papel se le asignará a la TDT en el nuevo mercado televisivo europeo digitalizado. Por ello, no será una consideración de tipo tecnológico o económico lo que aquí predomine. Sino que se sostiene que es, sumado a lo anterior y asumiendo la doble vertiente económico-industrial y político-cultural que define al audiovisual, la dimensión sociopolítica la que puede brindar una mirada más compleja con respecto a este nuevo servicio. De ahí que este trabajo gire en torno a las políticas públicas que lo han hecho posible en la Unión Europea y dos de sus Estados miembros: España y el Reino Unido. El objeto de estudio que se propone es, por lo tanto, la investigación comparada de las políticas públicas aplicadas a la implantación de la TDT en España y el Reino Unido, desde sus orígenes y hasta finales de 2006, en el contexto más amplio de la actuación de la Unión Europea respecto del sector. A 25 años del Informe MacBride y en un escenario en el que las desigualdades entonces señaladas no sólo no han desaparecido sino que, en buena medida, se han acentuado, los análisis centrados en las políticas de comunicación y cultura se convierten en una imperiosa necesidad en una época en la que el debate sobre los medios se centra en la libertad de circulación de los bienes culturales. El límite temporal mencionado se ha establecido considerando que el año 2006 es simbólica y empíricamente apropiado para efectuar un balance de situación, a pesar de la cercanía de los acontecimientos. En el ámbito europeo, el audiovisual ha asistido a una aceleración de las políticas liberalizadoras vigentes de la mano de la revisión de la Directiva de Televisión sin Fronteras y el llamado paquete de comunicaciones electrónicas. En España, el 1 Idate News, nº 298, “The World television market” (25/02/2004); Idate, World Television Market (2005).

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50 aniversario del nacimiento de la televisión enmarcó el primer año de vida de la TDT tras su relanzamiento, mientras que en el Reino Unido, los 80 años de vida de la British Broadcasting Corporation (BBC) han prologado el inicio del proceso británico de transición definitiva hacia la televisión digital. Si la transformación digital ha venido a profundizar, en el caso de la televisión, muchas de las tendencias ya existentes (Bustamante, 2003), es evidente que la TDT no se está desarrollando sobre el vacío ni como total ruptura con lo anterior. Por este mismo motivo, tampoco puede pensarse de manera ajena a las lógicas nacionales, regionales y globales que condicionan y a la vez explican su devenir. Lo cual justifica dirigir la mirada hacia las políticas audiovisuales europeas que enmarcan el desarrollo del servicio al interior de sus Estados miembros, que sin embargo y por supuesto, se lanzan a la carrera digital y al apagón analógico del espectro guiados por sus propias lógicas comunicacionales. En el caso de la UE, es su tradición en la elaboración de políticas audiovisuales lo que la hace un ámbito privilegiado de análisis para el estudio de las políticas digitales en torno a las redes televisivas terrestres. Pero como el análisis de su enunciación carecería de aportes relevantes si no se encuadrara en la comprensión de la realidad de los países, se propone conectarlo con el estudio de dos casos nacionales. La elección de estas experiencias responde, en primer lugar, a la existencia de ciertos puntos de contacto en sus actuaciones destinadas a la TDT, pero también, a la constatación de importantes diferencias. Se sostiene aquí que la comparación es posible porque nos encontramos ante dos mercados televisivos que, aunque difieren de manera importante en el número de hogares con televisión, al momento de la introducción de la TDT evidenciaban ambos una estructura caracterizada por una gran dependencia de las redes terrestres para la prestación del servicio universal de televisión, escaso desarrollo de la televisión por cable y cuasi monopolio de la televisión multicanal y de pago por parte de una plataforma satelital. Ambos países estuvieron entre los primeros en lanzarse a la aventura de la implantación de la TDT en Europa, escogiendo para ello un modelo sumamente parecido, apoyado en la creación de una nueva plataforma de pago que al poco tiempo fracasó, por motivos también bastantes similares. Frente a esta situación se elaboraron opciones de política diferentes que han dejado a España casi a la cola de la introducción del servicio, pero han colocado al Reino Unido, a principios de 2006, en el primer puesto de penetración de televisión digital del mundo (Ofcom, 2006c). En segundo lugar, la elección responde a la intención de reflejar, con dos países bastante representativos, lo que suele identificarse como al menos dos tipos distintos de desarrollo económico y tecnológico al interior de la UE (Murdock, 2000). Se ha decidido comparar el caso español con la experiencia británica debido a la peculiar configuración de su sistema de medios (importante presencia y actuación del servicio público, temprana liberalización del sector), y a la importancia internacional y especialmente europea que históricamente han tenido sus políticas de comunicación.

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En tanto ambos países son considerados parte de los cinco grandes mercados audiovisuales europeos, junto con Francia, Italia y Alemania, a estas y otras experiencias pioneras se hará referencia cuando se releve el estado de situación de la TDT en la UE. Este recorte espacial persigue un análisis más rico y complejo a la hora de estudiar la relación entre políticas comunitarias y nacionales: si las segundas no pueden aislarse de sus compromisos europeos, tampoco pueden pensarse como simple expresión mecánica de un poder supranacional. La obra no propone una hipótesis a ser comprobada al final del análisis ya que su perfil es explicativo-descriptivo, aunque persigue un conjunto muy concreto de objetivos: contribuir, en particular, a la comprensión de las políticas de TDT aplicadas en España y el Reino Unido a partir de su estudio comparativo y, en general, al accionar de la UE frente al desarrollo del servicio y al estado de su implantación. El eje metodológico de la obra es una rejila de análisis que se aplica a ambas experiencias y permite proponer tanto una valoración de políticas como distintos modelos de resultado. Es decir, que para analizar y comparar las políticas aplicadas en España y el Reino Unido a la introducción y desarrollo de la TDT, se ha utilizado una misma rejilla que pretende representar, con objetivos de síntesis, sistematización y comparación, las principales opciones de política adoptadas y su grado de aportación a la democratización del servicio. Dicha rejilla está conformada por una serie de ejes y subejes de análisis que se definen en función de los principales niveles y polarizaciones que definen hoy a la televisión digital en general. Esta propuesta conceptual y metodológica (capítulo II) introduce el estado de situación de la TDT en la Unión Europea, así como la caracterización de las políticas comunitarias destinadas al servicio (capítulo III). A la aplicación de la rejilla a los casos de estudio nacionales se dedica el resto del libro (capítulos IV y V), que se cierra con su comparación en el apartado dedicado a las conclusiones y propuestas (capítulo VI).

II. PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA Si una política es la toma de posición de un actor frente a una cuestión (Oszlak y O’Donnell, 1984), y “formular e implementar políticas es la esencia de la actividad del Estado” (Oszlak, 1980: 8), es posible aceptar una interpretación no específica del término “políticas públicas” para englobar todas las variaciones empíricas de programas de acción encomendados a las burocracias públicas para su ejecución (desde leyes o planes, hasta expresiones más generales de intención política). Dentro de esta amplia definición, la formulación de una política es entonces una operación abstracta: definir el sentido que deberá tener la acción, sin olvidar, que en tanto la política pública es un proceso social complejo, esta emerge como una tarea colectiva (Aguilar Villanueva, 1992). Así pues, centrándonos en los diferentes niveles de las políticas estatales, pueden definirse las políticas de comunicación (y culturales) como las acciones y omisiones de las instancias estatales, que de acuerdo a las concepciones y legitimaciones de cada sociedad en un momento histórico dado, determinan u orientan la creación, producción, difusión y consumo de los productos comunicativos (y culturales). Ya que en su evolución histórica las Industrias Culturales han estado vinculadas de manera directa a la actividad del Estado y “en términos modernos, estas actuaciones se han englobado con los nombres, con frecuencia desgraciadamente separados en el análisis, de Políticas Culturales y Políticas de Comunicación” (Bustamante, 2003: 34). Partiendo de esta definición, el capítulo tiene por objeto desarrollar la propuesta metodológica que vertebra la obra, tras describir el estado de situación de las políticas de comunicación y cultura en la actualidad y analizar la importancia de la TDT al interior de dicho marco.

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1. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA EN LA ERA DIGITAL A partir de finales de los años setenta y fuertemente a lo largo de los ochenta, se pusieron en marcha una serie de cambios relacionados con el quiebre de la figura del Estado de Bienestar que repercutieron en las políticas culturales y comunicativas acentuando las tendencias comercializadoras existentes. Desde entonces, las decisiones de corte económico-industrial han ganado peso en su configuración. En línea con estas transformaciones, las políticas de televisión de las últimas décadas comenzaron a delinearse respondiendo a las lógicas de la desregulación, privatización, globalización, concentración y convergencia que se describen a continuación. 1.1. La impronta neoliberal en la política audiovisual De la mano del fin de las restricciones legales sobre el sector del cable y la flexibilización de las normas televisivas en torno a la concentración y regulación de los contenidos, se inicia la desregulación del audiovisual en Estados Unidos en la segunda mitad de los setenta y se expande con fuerza una década más tarde hacia Europa, vinculada a las ideas de privatización y liberalización. Mientras que “en Estados Unidos los cambios se orientan a permitir el desarrollo de la tercera generación del audiovisual (el cable, la televisión de pago, la oferta fragmentada), se realizan de forma relativamente ordenada […] y suponen una profundización de la filosofía competitiva […], en Europa, la desregulación se centra en la segunda generación audiovisual (la televisión de masas) al adquirir el significado de desmantelamiento de los monopolios públicos” (Bustamante, 2001: 47). Las características comunes que tomaron los procesos de desregulación en Europa y Estados Unidos (Miguel, 1993: 52) tuvieron que ver con la aparición de nuevos actores procedentes de otros sectores de actividad distintos al de la radiodifusión (especialmente las telecomunicaciones), la disminución del papel del Estado en la organización del sistema audiovisual y la sustitución progresiva de la doctrina basada en el interés general por la ley del mercado. En Europa, más específicamente, la desregulación supuso la generalización de la publicidad como forma de financiación predominante, la coexistencia de las televisiones privadas con las de monopolio público y las consideraciones de tipo económico-financiero como dominantes en las Industrias Culturales en general. Prácticamente ningún elemento del viejo paradigma anti-comercial quedaría en pie (McQuail, 1998) Sin embargo, la desregulación no siguió el mismo patrón en todo el continente (Humphreys, 1996): mientras que el peso de ciertas tradiciones permitió en Alemania el respeto para con la continuidad de determinados elementos del servicio público, en Francia, la “soberanía cultural” se transformó en un elemento central, aunque las disputas interministeriales y administrativas condicionaron la política de comunicación. En el Reino Unido, por el contra-

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rio, la independencia y el prestigio de sus entes permitió suavizar algunas de las intenciones tatcherianas. En relación con la aparición de las nuevas tecnologías, tan importante como lo anterior es remarcar que el cambio tecnológico no fue siquiera una condición para la desregulación. En Francia y el Reino Unido, por ejemplo, a pesar de las decididas políticas de sus gobiernos los nuevos medios (cable y satélite por aquel entonces) no empezaron a difundirse a principios de los ochenta como había sido la intención inicial. Mientras que en Alemania ocurrió lo contrario, a pesar de que la desregulación fue significativamente moderada por parte de la política pública. Lo cual lleva a Humphreys (1996) a argüir, con razón, que más que de desregulación puede hablarse de re-regulación al proliferar de hecho nuevas normas y entes reguladores para el sector. Llegado este punto, es necesario un breve apunte sobre un fenómeno que no puede dejar de mencionarse como parte de las transformaciones cruciales de la televisión de finales del siglo XX: la descentralización. Ligada en Europa al fenómeno de la unificación y al auge de las lenguas y culturas regionales, este complejo proceso dio lugar a denominaciones tan diversas como la de televisión local, regional, comunitaria o urbana, evidentemente ligadas más a espacios comunicativos geográficos que a los usos de la televisión. Por ello, la utilización del concepto de televisión de proximidad para designar de manera global todas las experiencias de emisión a pequeña y mediana escala se revela como el más apropiado (Moragas, Garitaonandía y López, 1999). La televisión de proximidad es aquella que emite para un ámbito reducido con una clara vocación de servicio a la comunidad, lo que la distingue de las emisoras cuya cobertura es local pero que ofrecen producción comercial “internacional”, y la vincula a la televisión pública como una de sus aportaciones genuinas (Moragas y Prado, 2000: 290). Si bien su existencia fue alimentada por el proceso desregulador mencionado, con el paso del tiempo este serviría también para poner de manifiesto la actividad financiera de las empresas de comunicación. Las mismas se volcaron a trasnacionalizar definitivamente sus actividades cristalizándolas en operaciones de fusión, adquisición, joint ventures y crecientes cruzamientos de participaciones accionariales (Richeri, 1994). Esta internacionalización, que no es más que la reproducción a escala internacional del fenómeno de la concentración a nivel nacional y que en el caso de la televisión configura un mercado oligopólico, ya estaba en marcha desde los setenta pero se aceleró a partir de los ochenta debido a la evolución de los grupos de comunicación (Miguel, 1993; 2003). De grupos monomedia o poco diversificados en los ochenta pasaron a una diversificación multimedia en los noventa, inaugurada con la fusión TimeWarner, buscando el “control de las distintas puertas que abren la múltiple combinación de materiales, redes y contenidos para no importa qué medio, qué producto, qué soporte y, además, en clave planetaria” (Azpillaga, Miguel y Zallo, 1998). La etapa actual, iniciada con el cambio de milenio y ejemplificada con la absorción de Time-Warner por AOL, supone una actividad reticular

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o interactiva. Lo que obliga a utilizar la palabra globalización más que internacionalización. Ejemplo de lo dicho es que los principales grupos de comunicación mundiales al año 2000 eran de origen norteamericano (además de AOL-Time Warner pueden mencionarse Walt Disney y News Corp.), sólo dos europeos (Vivendi-Universal y Bertelsman), y uno japonés (Sony); y cada uno poseía a finales de los noventa “una combinación de productoras de cine y televisión, programación por cable, editoriales de libros o periódicos, música, estaciones de televisión” y hasta parques temáticos (Miguel, 2003: 228-229). Así pues, la globalización, mundialización de las estrategias de los grupos, es un fenómeno que va más allá de la mera internacionalización (Miguel, 1993) y que pone de manifiesto la existencia de un sistema global de medios comerciales no competitivo, que por ello se asemeja más a un “cartel” y, en el fondo, no es más que una expresión del grado de globalización de la economía de mercado (Hermann y McChesney, 1998; McChesney, 2002). La novedad es que este nuevo escenario obliga a los grupos a elaborar estrategias globales, en tanto y en cuanto sus acciones no sólo influirán en, sino que también serán influidas por sus competidores. Pero como además bien señala Sussman (2002), a partir de la administración Reagan la gestión de la televisión y otras industrias culturales no sólo se transformó en una serie de integraciones verticales y horizontales al interior de la radiodifusión, sino también entre esta y el históricamente separado mundo de las telecomunicaciones. La Telecommunications Act de 1996 y la orientación mercantil de la Federal Communications Commission (FCC) han acelerado desde entonces las operaciones convergentes: megafusiones entre telecomunicaciones, radiodifusión, cable y compañías de Internet. El (relativo) agotamiento de las formas que han garantizado desde hace 15 o 20 años el fuerte crecimiento de las telecomunicaciones y el de las televisiones generalistas de masas, haría el resto (Miège, 1990). De esta manera se constata, en el contexto de la amplificación del negocio televisivo llegado el fin del milenio, en función de la digitalización, compresión de las señales y consolidación de nuevos soportes, que la televisión continua siendo una de las más importantes piezas de la compra-venta mediática. En parte porque estratégicamente provee una plataforma para elementos significativos de la industria del entretenimiento (música, videojuegos), la información (noticias) y las comunicaciones (satélites, banda ancha, Internet), y ello la hace ocupar, sino el centro, un lugar privilegiado en la posible convergencia de estos mundos (Cunningham y Flew, 2002). 1.2. De las tendencias analógicas a las oportunidades y riesgos digitales Las mencionadas transformaciones que se han verificado en el ámbito comunicacional han sido indudablemente uno de los puntos de partida para el desarrollo que las Industrias Culturales están teniendo en la llamada Era Digital. Esta se caracteriza por la permanente tensión entre las oportunidades y ries-

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gos que su despliegue posibilita y se detallan a continuación, para el caso específico de las industrias de flujo, siguiendo a Bustamante (2004c). Las principales ventajas a destacar se vinculan a una fuerte disminución potencial de los costes mediante la eliminación de fases enteras de la cadena de valor y su consiguiente desintermediación; al incremento de la oferta en términos de cantidad y calidad; a la reducción de las barreras de entrada al sector, acompañadas de nuevas oportunidades de promoción y venta para pequeños y medianos actores; a la aparición de nuevos modelos de negocio y mejores vías de rentabilización de los costes; a la posibilidad de una mejor remuneración de los creadores y abaratamiento simultáneo de los precios; y, finalmente, a la aparición de nuevas posibilidades para la reconfiguración de modelos alternativos de no-mercado, como la revitalización de la tradición de servicio público y el apoyo a las redes de intercambio (P2P). No obstante, los desarrollos que están teniendo lugar en el nuevo contexto digital, guiados por una fuerte lógica mercantil, ponen de manifiesto riesgos muy concretos que amenazan con cristalizar, en términos digitales, la profundización que ha tenido lugar en la comercialización de la cultura y la comunicación. En primer lugar y en relación con la infraestructura de las redes, el perfil privado y comercial de los grandes operadores cuestiona un rápido y equilibrado despliegue más allá de los mercados más rentables, y la tendencia a la conformación de redes cerradas y propietarias mina las posibilidades convergentes de las nuevas redes digitales y erige nuevas barreras de entrada al sector. En lo que respecta a los procesos de concentración, estos tienden a dar un salto cualitativo en el entorno digital. Asistimos a estrategias sistemáticas de control de las redes físicas, acumulación de carteras de derechos y absorción de nuevos agentes con el objetivo de monopolizar las nuevas redes, productos y servicios digitales. Los nuevos grupos o sus acuerdos así surgidos llegan a dibujar incluso auténticos oligopolios globales, cuya viabilidad económica, sin embargo, no se acaba de confirmar (como en el caso de Vivendi y Time-Warner). En relación con los modelos de negocio, dominan de momento los ya conformados por la herencia televisiva de corte mercantil: la financiación publicitaria por contactos (con una cadena de intermediarios a remunerar mucho más compleja), el modelo de abono o suscripción que gana terreno, la venta electrónica y el modelo de pago por consumo al estilo bajo demanda (en estado germinal debido al escaso ancho de banda de las redes y la complejidad de su gestión). Las opciones no-mercado son, o bien sistemáticamente demonizadas (modelos de trueque), o bien directamente ignoradas (servicio público). En cuanto a los contenidos, la aparición de una oferta abundante realmente pluralista, original y de calidad, se ve frustrada por los modelos de negocio dominantes (ofertas walled garden), la acumulación de derechos por parte de los grandes jugadores audiovisuales, el perfil de los contenidos gratuitos y las producciones locales y minoritarias (de escaso valor estético, o bien, incapaces de alcanzar una difusión masiva al ser discriminados a través de altos precios), y el déficit de nuevos lenguajes auténticamente multimedia y servicios verdaderamente interactivos.

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Por otra parte, la aparición de nuevos intermediarios o gatekeepers cuestiona la teórica desintermediación posible que tiene a la relación directa creador-usuario como virtud extrema. Las asunciones sobre el fin de la escasez y la intermediación son limitadas si no se tiene en cuenta que la antigua intermediación es reemplazada por una nueva y, que a su vez, se crean nuevas formas de escasez (Humphreys y Lang, 1998) que no trabajan de un modo neutral para el usuario sino que su selección, funciones y evaluación están en gran medida determinadas por sus creadores (Verhulst, 2006). Finalmente, los Estados y su poder de intervención no sólo no desaparecen sino que actúan veladamente mediante concesiones y licencias ante la imposibilidad teórica de regular los nuevos desarrollos digitales relacionados con el fin de la escasez de soportes, afianzando el statu quo o habilitando nuevos actores vinculados con el poder, determinando en todos los canales un estrecho oligopolio, cuando no monopolio en cada sector. Este conjunto de oportunidades y riesgos, así como su expresión en opciones de política determinadas, se comprende mejor al reconocer que a cada modelo de política de comunicación y cultura corresponde, en tanto la representa, una determinada opción de sociedad. La mercantilización de estos ámbitos de actuación ha sido acompañada por la nueva elección sociopolítica que se esconde tras la noción de SI que, como proyecto, interviene en la estructura de los países centrales como argumento de recomposición de las estrategias de crecimiento y expansión ante el agotamiento del modelo del Estado de Bienestar (Becerra, 2003). En tanto y en cuanto los programas de los grandes países industrializados se sustentan en una SI que representa el camino para salir de la doble crisis del modelo de crecimiento y de gobernabilidad de las democracias occidentales (Mattelart, 2003), sobre ella se ha construido el modelo ideológico que subyace al nuevo rumbo que han tomado las políticas de comunicación en general y de televisión en particular, en un contexto de aparición de nuevas tecnologías y procesos que, con la digitalización a la cabeza, aportan materialidad a los discursos dominantes. “La noción de Sociedad de la Información tiene más de 25 años de edad. Desde su nacimiento, se caracterizó por ser una formulación social imprecisa y de carácter socializante depositada en dos supuestos básicos: la potencialidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para reconvertir tanto la esfera productiva como la doméstica y la capacidad de acción del conocimiento sobre sí mismo a partir de la manipulación de grandes volúmenes de información” (de Charras, 2002). Sin embargo, estos supuestos que no son más que parte de una nueva formulación ideológica, constituyen otra etapa en la evolución del sistema capitalista que Tremblay (2003) califica con el nombre de gatesismo. En lo que a esta investigación respecta, su importancia reside en el papel central que el mito de la SI ha otorgado a la comunicación, reduciéndola, en tanto que sinónimo, al desarrollo e implantación de las tecnologías de la información. En otras palabras y parafraseando a Tremblay, son las promesas y

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faltas de este modelo ideológico, desmentidas por las desigualdades estructurales que separan a los inforicos de los infopobres que se empeñan en seguir existiendo, las que vienen impulsando y legitimando las políticas comunicacionales globales de las últimas décadas. En especial, las destinadas a impulsar la llamada Era Digital. “La contradicción entre el mito igualitarista de la comunicación en el proyecto SI, que se presenta como la reencarnación del concepto de ágora ateniense, y la justificación económica dominante acerca de la necesidad e inevitabilidad de los cambios bajo un referente de libre mercado, está en la génesis de la SI” (Becerra, 2003: 57). De ahí que, entendida como manifestación de un modo de desarrollo informacional cuya evolución histórica es inconclusa, la SI tienda a representar más que a resolver los conflictos desatados por su advenimiento, contrastando con las profecías y promesas sobre los beneficios universales de una nueva era de bienestar. De hecho, el modelo norteamericano de SI, germen de la perspectiva que sustenta las políticas de comunicación y cultura actuales, basado en el acceso doméstico a las nuevas redes de información en su arquitectura y servicios más sofisticados como Internet, financiado principalmente mediante el pago de un abono y de consumo individual, crecientemente orientado hacia instancias diseñadas de antemano (walled garden o jardines felices, como es el caso de las Intranet), está probándose irrealizable en la misma América del Norte, imposible en Europa por sus dificultades en el sur y en buena parte de los países candidatos a ingresar en la UE, y absolutamente delirante en los países en vías de desarrollo (Bustamante, 2004a: 33). Es necesario, por el contrario, imaginar nuevos modelos de acceso y desarrollo que garanticen una SI para todos. Al respecto, la TDT puede convertirse en una tecnología clave para alcanzar este objetivo. 2. LA IMPORTANCIA DE LA TDT En tanto y en cuanto la televisión hertziana analógica es la modalidad televisiva más extendida entre la población, es acertado pensar que lograr su migración al sistema digital es la forma más rápida y económica de universalizar el acceso a los bienes y servicios derivados de la digitalización. De ahí que la TDT venga a ser señalada por diversos autores como la modalidad más adecuada para llevar adelante esta migración debido a sus características técnicas y económicas (Prado, 2003; Bustamante, 2003 y 2004a; Richeri, 2004). Es el soporte más barato y rápido de instaurar, que además no se ha volcado de manera definitiva hacia el pago por visión como ha ocurrido con la televisión digital por cable y satélite. Respecto del cable, la TDT supone un menor coste de instalación de su red de distribución y al igual que éste puede adaptarse a la cobertura regional con carácter universal, cosa que no permite el satélite. La TDT puede prestar un servicio universal para todos los ciudadanos al utilizar la misma red que la televisión analógica que le permite un despliegue de cobertura relativamente

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rápido. Instalar la infraestructura necesaria para recibir su señal es mucho más barato y sencillo que la compleja y costosa instalación de una estación de recepción de televisión vía satélite. Y por último, respecto a todos los sistemas, no hay que olvidar que la TDT permite la portabilidad de los equipos y la recepción en movimiento (Prado, 2003). Por ello, la “misión” de la TDT debería plasmarse en la asunción de la prestación del servicio universal de televisión hertziana de forma más eficiente, habilitando una plataforma digital tendencialmente convergente que pueda llegar a vehiculizar al mismo tiempo los servicios de la SI a toda la población. En el caso de aquellos ciudadanos que no posean ordenador, la presencia de la televisión en el 99% de los hogares permitiría que su “reconversión a lo digital” les hiciera llegar, por ejemplo, servicios interactivos. Con lo que gracias a la TDT el televisor podría convertirse en un terminal multimedia que recibiera servicios tales como vídeo bajo demanda, correo electrónico, banco y tienda en casa. Eso sí, contando con el correspondiente canal de retorno. Sin embargo, los motivos que suscitaron el interés de los países y convirtieron a la TDT en destinataria de políticas, poco tienen que ver con esta “misión”. Tres han sido las fuerzas interrelacionadas que crearon los incentivos necesarios para el accionar de los gobiernos (Galperin, 2004). A lo largo de finales de los ochenta, la transición era vista como una oportunidad única para revitalizar la industria electrónica de consumo doméstica y para promover los sectores de alta tecnología relacionados con ella. Era el momento del impulso a la alta definición (HDTV) en Japón y Europa. A principios de los noventa, la transición se convirtió en parte de una agenda mucho mayor de desarrollo para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como una forma de asegurar el crecimiento económico a largo plazo y promover la inclusión social (la Information Infrastucture Task Force de Clinton se expandiría por todo el mundo). Para mediados de la década se convirtió en la solución no sólo a la demanda de espectro para otros servicios nuevos de crecimiento exponencial, sino también en el elemento para combatir el déficit público gracias a los ingresos potenciales que generaría su asignación al mejor postor. Ello ha conducido a que las estrategias de la mayoría de los gobiernos no tiendan de forma predominante a establecer una vinculación democratizadora entre la conformación de una SI inclusiva y las potencialidades de la TDT. Ni siquiera esta perspectiva domina en el plano comunitario. Se sostiene aquí que ello está íntimamente relacionado con la concepción dominante en Europa sobre la SI, que descansa sobre una mirada tecnologicista y economicista que supone que el acceso a la misma depende simplemente del disfrute de la población de las nuevas tecnologías informacionales, en cuyo primer puesto se encuentra Internet. El acceso a una SI para todos no debe centrarse sólo en los medios, sino también en los contenidos, en los servicios y, más importante aún, en las prácticas (Pisanty, 2004). La disponibilidad de equipos en el hogar no es suficiente para lograr un acceso universal, sino que son necesarias un conjunto de

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condiciones personales y sociales. Al mismo tiempo, es también crucial que los servicios sean universales, lo cual será posible si el servicio público logra prevalecer sobre los mecanismos del mercado (Moragas y Prado, 2000). 3. REJILLA DE ANÁLISIS Para poder analizar de manera rigurosa y comparada en qué medida las políticas británicas y españolas de TDT se han orientado hacia estos u otros objetivos, se aplicará a las actuaciones llevadas adelante en cada uno de estos países la misma rejilla de análisis que pretende, a través de una serie de ejes, dar cuenta de las particularidades más importantes de la televisión digital en general. Cada uno de estos ejes, cuya elección es en definitiva una propuesta de caracterización para el estudio de las políticas de televisión digital, se expresa y define en subejes en función de polarizaciones que dan cuenta de opciones de política divergentes. Dichas polarizaciones, lejos de intentar reflejar una realidad binaria, son útiles para desmontarla. El pensamiento dominante sobre la televisión digital que suele expresarse a través de proyectos encontrados, oculta experiencias mucho más ricas y complejas que, como se pondrá de manifiesto, no pueden expresarse simplemente en términos dicotómicos. Una vez efectuado el análisis, la rejilla se ofrecerá completada, a modo de resumen, con la información correspondiente relativa a las políticas españolas o británicas de TDT. A partir de los ejes y subejes aquí propuestos, la columna “prioridades” recogerá las opciones de política dominantes en cada caso, para luego ofrecer su caracterización bajo el título de “políticas” y así dar cuenta, en última instancia, de su grado de aportación a la democratización del servicio. Finalmente, las conclusiones se presentan en función de las diferencias y similitudes emergentes de la aplicación de la rejilla a cada experiencia. 3.1. Discurso Con la definición en los años noventa de los principales estándares para la difusión digital terrestre por parte de la UIT, se inició el actual movimiento mundial de migración o transición hacia la digitalización total de la producción, transmisión y recepción televisiva. Pero la televisión digital ya estaba en marcha mucho tiempo antes, igual que los argumentos que vendrían a justificar su existencia. Si los adelantos técnicos que permitieron la emergencia de la televisión digital tuvieron que esperar al agotamiento del modelo televisivo tradicional, que a su vez no puede desvincularse de la crisis del patrón de acumulación fordista del último cuarto del siglo XX, su discurso legitimador debe entenderse a la luz de la reconfiguración de las relaciones sociales, políticas y económicas que quedaron huérfanas de un Estado interventor y garante de los equilibrios, y en función de un neoconservadurismo político y neoliberalismo

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socioeconómico que profundizaron la mercantilización en marcha de la comunicación y la cultura. Ello explica la importancia de este eje de análisis y el divorcio existente entre la dimensión social de la televisión digital y sus posibilidades mercantiles, en las motivaciones que tanto en Europa como en Estados Unidos se han verificado para su implantación. Al respecto, pueden identificarse claramente dos vertientes discursivas que si bien se retroalimentan no actúan en un plano de igualdad. Detectar cuál es la predominante en los casos a comparar es clave para entender el edificio ideológico sobre el que cada país ha montado la introducción de la digitalización de las redes terrestres. 3.1.1. Social/Cultural Por una parte, es claro que dentro de los motivos principales que han llevado a diferentes gobiernos del mundo entero a permitir la introducción de la televisión digital, se encuentran los beneficios que esta puede reportar a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el fin de la escasez de frecuencias y la reducción de costes que ello supone permiten una potencial multiplicación de voces; el aumento de la calidad del producto final y su interactividad pueden cambiar cualitativamente la fruición del espectador; y su convergencia tendencial con otros medios habilita un mundo casi ilimitado de servicios que trascienden la tradicional comunicación mediada y reinventa las prácticas comunicativas. Traducir estos beneficios en nuevas y mejores opciones de pluralismo y diversidad cultural supone lógicas no mercantiles de gestión y rentabilidades sociales que sólo pueden medirse cualitativamente y a largo plazo. Se configura así una vertiente discursiva que resalta la función social del medio, a cuyos objetivos sociopolíticos, educativos, sanitarios, etc. supedita su funcionamiento empresarial, manifestando con ello en toda su expresión la esfera pública que así se implica en su construcción. La introducción de la TDT en Suecia persiguiendo un objetivo de “soberanía cultural” y su impulso en Estados Unidos para liberar frecuencias que se destinen al control de la seguridad nacional, son ejemplos opuestos pero que ilustran en ambos casos lo antes dicho. El problema reside en que junto a los argumentos mencionados, muchos otros de corte social y cultural que aspiran a legitimar un proceso en general extraño para el ciudadano, lo hacen bajo el paraguas del discurso dominante de la SI. La opción de sociedad que ella representa, la hegemónica, promete en el plano virtual superar la desigualdad que la realidad cotidiana se afana en refrendar. Y es así como los argumentos de perfil social y cultural acaban subordinándose a los de tipo económico e industrial en la introducción de la televisión digital. 3.1.2. Económico/Industrial La otra gran vertiente discursiva que acompaña la introducción de la televisión digital hace foco en sus ventajas cuantitativas, en el ahorro de costes y en

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la expansión de rentabilidades gracias a la aparición de nuevos negocios que ella pueda cristalizar. El creciente peso económico de la industria televisiva y su papel clave en los movimientos de compra-venta empresariales de los últimos años, convierte a las redes digitales tanto en codiciados objetos de deseo como en responsables de un crecimiento que no siempre llega. Mientras tanto, cada mejora técnica (en la compresión, en los soportes, en el equipamiento…) apuntala los argumentos que presentan a la televisión digital como la nueva salvadora de la industria audiovisual y electrónica, nacional o de bloque, según sea el caso. En la UE, se argumenta que ello es además uno de los elementos que contribuirá a su competitividad y liderazgo económico global para 2010. En el caso estadounidense, lo que permitirá hacer frente a un abultado déficit público vía subasta de frecuencias. El tiempo dirá si las redes digitales terrestres pueden conseguir lo que en buena medida ya se había prometido que harían la televisión por cable primero y la satelital después. Lo central a este discurso es que estas promesas mercantiles deben lograrse bajo el libre juego de las fuerzas de mercado y en beneficio del capital. Son los privados con ánimo de lucro quienes en un entorno de libre y justa competencia deben llevar este proceso adelante con el Estado como garante del libre mercado, reducido en su actuación y dimensión a una mínima expresión, aunque preservado en su perfil de cliente. 3.2. Reguladores La historia de la televisión, tanto en su vertiente europea de servicio público como a través del modelo estadounidense de las network, demuestra que el sector ha estado siempre regulado y condicionado por los Estados. La novedad en esta Era Digital, como manifiestan este eje y el siguiente, es el aumento de la complejidad de reguladores y regulación. Explicitarlo es esencial para comprender en qué sentido se han transformado quienes son responsables por el control del funcionamiento del sistema televisivo, así como las herramientas que para ejercer su función utilizan. La dirección y magnitud de estos cambios no pueden soslayarse en un análisis comparativo, en la medida en que tanto en los reguladores como en la regulación tienen origen gran parte de la definición de las opciones de política de televisión digital y, por consiguiente, sus similitudes o diferencias. Es importante detectar hasta qué punto los procesos que se describen a continuación se encuentran en marcha en los casos a estudiar para dejar claro que la regulación de la televisión digital tiene origen en diversos mecanismos, actores y ámbitos geográficos. 3.2.1. Público/Privado & Nacional-Regional/De bloque-Global Los reguladores no pueden definirse ya solamente en función de las diferentes instancias estatales implicadas y sus imbricaciones con el gobierno de

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turno. Debe introducirse en el análisis tanto la dimensión privada como la aparición de otras instancias del ámbito público, que a su vez, complican el análisis al introducir diferentes ámbitos geográficos. En otras palabras, el regulador ya no se define dentro de las fronteras nacionales y según los distintos niveles de la administración, sino que tiene también una dimensión de bloque allí donde este existe, e incluso internacional, dando lugar a complejas interacciones. Las decisiones de la UE, de obligado cumplimiento para sus miembros, así como los compromisos adquiridos en foros de gobierno mundial como pueden ser la OMC, son un buen ejemplo de lo dicho. Por otra parte, en la medida en que sea posible hablar de un regulador influenciado por intereses particulares, nos enfrentamos a la polarización público/privado. No se trata aquí de oponer a un regulador público uno privado, ya que por definición, el regulador debe ser lo primero. Sino que se resalta el hecho de que cuando el interés público por el que el regulador debe guiarse se convierte en el interés de algunos, es necesario puntualizar la potencial privatización de la función pública. Ello ocurre además, con mayor frecuencia, cuando existen organizaciones y personalidades de complejo perfil público/privado, como pueden serlo el consorcio Video Broadcasting Project (DVB) y la actuación de personajes tales como Berlusconi. 3.2.2. Gobiernos/Autoridades independientes La desregulación del sector audiovisual verificada en las últimas décadas del siglo XX, ha tenido como correlato la aparición de instituciones específicas para la regulación y control del sector frente a su creciente complejidad técnica y financiera y la demonización de la actuación estatal. En la mayoría de los países industrializados se han creado diversos tipos de autoridades que han pasado a compartir el control y regulación de la televisión digital con la Administración en grado diverso. Tal proporción depende, en cada país, de la composición, independencia, recursos, objetivos y ámbitos de actuación de estas autoridades de control. Las hay relativamente independientes y autónomas del gobierno e incluso descentralizadas, como en Alemania, por oposición a aquellos entes unidos por cordón umbilical al Ejecutivo. Ello está en conexión directa, en general, con su composición (designación de miembros) y recursos. Pero también lo está con su credibilidad. Esta puede reforzarse mediante mecanismos como el de la consulta pública, o verse minada como en el caso puntual de los Estados Unidos. Allí la actuación de la FCC puede ser seriamente cuestionada por una tradición y jurisprudencia audiovisual históricamente definida en un porcentaje importante por el ámbito judicial. En la misma línea, las decisiones de las autoridades regulatorias europeas que afecten los derechos comunitarios contemplados en los tratados, en general relacionadas con el Derecho de la competencia, deben someterse a la vara del Tribunal de Justicia de la UE.

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Consultivas/Ejecutivas Según sean su mandato y objetivos, estas autoridades pueden caracterizarse como meramente decorativas, como es el caso de aquellos consejos audiovisuales con funciones simplemente consultivas y de recomendación, o como entes altamente ejecutivos, tal es el ejemplo en Francia del Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Estos organismos tienen, por ejemplo, capacidad sancionadora, decisión sobre el establecimiento de cuotas y el otorgamiento de concesiones y licencias, resolución de concursos, etc. Sólo audiovisual/Audiovisual y telecomunicaciones Al mismo tiempo y por otra parte, estas autoridades con injerencia sobre la televisión digital pueden concentrar su ámbito de actuación en el sector audiovisual o, por el contrario, ser entes “convergentes” con responsabilidad sobre el sector de la comunicación en general (audiovisual y telecomunicaciones), como ocurre con la italiana Autoritá per le Garanzie nelle Comunicación (AGCOM). 3.3. Regulación En lo que respecta a la regulación, aunque la televisión digital aparezca en un ambiente televisivo ya desregulado, la gestión de la organización y el control audiovisual se verá radicalmente transformada no sólo por el nuevo carácter que adquirirán los reguladores, sino también por la imbricación de los diversos niveles de actividad regulatoria y por la influencia que sobre ella ejercerá la noción de convergencia. En nombre de la posibilidad de fusión de redes, contenidos y servicios, se reclama a la regulación que no obstaculice sino que favorezca este cambio, retirando progresivamente la normativa de aquellos sectores que ya no la precisan. O bien, porque han desaparecido en su formato tradicional y pueden ser pensados dentro de otras categorías, o bien porque los regulados llegan a consensos por sus propios medios y/o se han alcanzado mercados perfectamente competitivos que no necesitan más control que el ex post del Derecho de la competencia. Pero regular no es simplemente establecer los procedimientos de la intervención reglamentaria (dictar normas). Existen otras vías para ordenar, gestionar y re-encauzar el sector de la televisión digital, por lo que al mismo tiempo deben preverse también los mecanismos oportunos de vigilancia necesarios para reaccionar frente a actitudes incorrectas. La validez de la actividad reguladora depende, más allá de la legislación, de la construcción de un sistema de premios y castigos, tanto materiales como simbólicos, que puede llegar a ser sumamente complejo y que funciona a modo de incitación o disuasión. En el plano de los incentivos pueden mencionarse, por ejemplo, desde los subsidios hasta la omisión de sanciones frente al quebrantamiento de normas relativas a los contenidos televisivos.

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Más concretamente, la regulación de la televisión digital puede pensarse en función de los tres grandes grupos a los que afecta. A los emisores a través de la concesión de frecuencias y licencias, el establecimiento de derechos y obligaciones para la gestión de las mismas y su funcionamiento corporativo, y el establecimiento de la estructura competitiva del mercado (normas sobre concentración y pluralismo, must carry, etc.). A los destinatarios mediante su protección, sobre todo en sus capas más vulnerables como la niñez, a través la regulación de la publicidad y los contenidos, y el establecimiento de sus derechos y obligaciones en caso de que existiera relación contractual con la instancia de emisión. Y a terceros involucrados, como la industria de equipamiento, de producción y distribución, u otros medios de comunicación, según existan objetivos de promoción y/o protección. 3.3.1. De bloque/Nacional/Regional/Local De la misma manera que el regulador se multiplica y hace más complejo en función de los ámbitos geográficos de su definición, que la regulación se convierta en una red de normas y procedimientos que se definen, por ejemplo, en el caso de un país miembro de la UE, tanto en el plano comunitario como nacional e incluso local, debe ser analizado. Al respecto, la experiencia de la TDT en Alemania es esclarecedora ya que la implantación del servicio ha manifestado una importante actividad reguladora y legislativa regional. Sobre la normativa actualizada a nivel estatal, se ha montado la regulación que cada länder estima oportuna para implantar el servicio. En el caso de Berlín, MABB, el ente regulador, trascendió el plano legislativo interviniendo sobre el sector al otorgar subsidios tanto a la oferta como a la demanda. Posteriormente, la regulación ejercida a nivel comunitario vía Dirección General de la Competencia cuestionó estas ayudas estatales ejerciendo una relativa capacidad sancionadora al exigir la devolución de parte del dinero que las mismas representan. 3.3.2. Regulación tradicional/Retirada progresiva de toda regulación No parece ser ya una discusión que los cambios que han dado lugar a la televisión digital deben ser acompañados por una regulación acorde a los nuevos tiempos. Sin embargo, su sentido es tema de profundo debate y, en la actualidad, pueden identificarse dos grandes visiones en pugna. A aquellos para quienes la regulación sigue siendo necesaria en un entorno digital se oponen los que sostienen exactamente lo opuesto. Para los segundos, representantes de lo que podría llamarse una perspectiva neoliberal, la regulación es una barrera para la innovación económica y un impedimento para el completo aprovechamiento de las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías. El fin de la escasez y la desintermediación facilitan la entrada al sector, lo cual asegura su comportamiento competitivo y por ello autorregulado. La Convergencia, por su parte, requiere el tratamiento

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neutral de todos los medios y sectores en Europa bajo la noción de comunicaciones electrónicas. Por ello, las normas tradicionales, las sector-specific, ya no tienen razón de ser. Para los primeros, sin embargo, existen varios problemas con la idea de que la radiodifusión no requerirá regulación en el futuro o deberá tener una expresión reducida (Humphreys, 1999). En primer lugar, la escasez de frecuencias nunca ha sido la única justificación para la regulación televisiva. A ella deben sumarse los costes de entrada al mercado, que continúan limitando el ingreso de un número importante de emisores potenciales en el nuevo entorno digital, y el poder comunicativo que pueden atesorar los emisores. En segundo lugar, la regulación de la radiodifusión está tan conectada al pluralismo democrático y la política cultural que el modelo del mercado nunca podrá cumplir con todas sus implicaciones. Tercero, la perspectiva antes mencionada es tecnológicamente determinista. De hecho, las predicciones acerca de las promesas y expansión de las nuevas tecnologías han sido manifestadas por los mismos sectores interesados desde que el debate sobre los “nuevos medios” se inició en torno a la introducción del cable en Europa a principios de los ochenta. Los partidarios de esta visión sostienen un acercamiento escéptico respecto de la extensión y velocidad de la convergencia, que se traduce en evitar los cambios revolucionarios en el ámbito de la regulación. Las otras tres razones argumentadas por las cuales la regulación no puede desaparecer del todo son que el mercado audiovisual no es precisamente ejemplo de comportamiento perfecto, la digitalización ha eliminado ciertamente el problema de la escasez de frecuencias junto a un número importante de barreras, pero ha creado en su lugar otras (nuevos gatekeepers), y existen pruebas contundentes de que el libre juego de las fuerzas del mercado conducirá a un aumento de la concentración mediática con su consecuente peligro de abuso de poder. De esta manera, según predomine una u otra visión, las actuaciones se traducen en la preservación de los rasgos más importantes que han definido la regulación de la televisión, adaptada ahora a su versión digital, o en su reemplazo por una posición genérica y transectorial que tiene su correlato en la legislación y además delega parte de la actividad regulatoria sobre los mismos regulados. Normativa sectorial/Normas transversales En Europa se ha producido el relativo triunfo de la opción por normas y procedimientos vinculados a la televisión digital de carácter mínimo. Más concretamente, la UE ha favorecido el reemplazo de reglas específicas y concretas para el campo por una normativa horizontal que afecta toda forma de comunicación electrónica. Un marco legal transversal destinado, por una parte, a redes y servicios asociados, y por otra, a contenidos. Los tiempos y formas de su transposición por parte de los Estados miembros son un elemento comparativo a tener en cuenta, en tanto y en cuanto ello

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permite analizar el grado de utilización del margen de maniobra que estos aún conservan y la regulación permite, así como sus manifestaciones concretas. Co-regulación/Autorregulación Aunque aún tenga carácter incipiente, el nuevo espíritu (des)regulador también se traduce en una metamorfosis de la naturaleza reguladora. Hasta ahora injerencia exclusiva del regulador, la actividad reguladora pasa a ser compartida en grado creciente con el regulado a través de manifestaciones diversas como la autorregulación y la regulación compartida. La definición de estándares para la televisión digital a nivel europeo y la flexibilización de las normas relativas a la publicidad en el marco de la Directiva de Televisión sin Fronteras (TVSF), son buenos ejemplos de este proceso. Los códigos de conducta y sus respectivos órganos sectoriales de control, el establecimiento de listados de contenidos permitidos y prohibidos, el autogobierno de canales de denuncia (líneas telefónicas), el desarrollo de mecanismos tecnológicos (control paterno) y hasta la autocensura, aparecen así como nuevos o transformados mecanismos regulatorios que los regulados gestionan en solitario o en asociación con los reguladores. Sin embargo, debe hacerse notar que las nociones de autorregulación y regulación compartida no tienen un significado unívoco y que este, distinto del de desregulación y no-regulación, varía de sector a sector y de país a país, dependiendo del grado de coerción o implicación gubernamental y las percepciones existentes sobre la relación sector privado/ámbito público (Verhulst, 2006). Mientras que los partidarios de estas nuevas formas regulatorias aluden a los beneficios que su implantación supone, tales como el aumento de la eficiencia, la flexibilidad, los consensos y la reducción de costes, los más cautos hacen foco sobre la necesidad de contar con procesos dinámicos y abiertos de consulta pública, altos grados de responsabilidad social por parte de los autorregulados, así como de control por parte de la ciudadanía y los reguladores para su correcto funcionamiento. 3.4. Actividades audiovisuales Las diferencias que se verifican en el flujo de la televisión digital respecto de su versión analógica, comenzaron a configurarse de la mano de la televisión multicanal y la extensión de las opciones de pago. La experiencia de recepción y el mercado de la producción, junto con la actividad de programación, se verán progresivamente afectadas por opciones en las que el flujo promete ser redefinido al punto tal de sucumbir ante una televisión a la carta diseñada por el espectador. En el caso de la televisión digital, la novedad es que la multiplicación y especialización de la oferta que ella trae consigo se ha traducido en su ampliación a través de los servicios de valor añadido y la interactividad, además de, en el caso de la televisión de pago, la multiplicidad de paquetes adaptados a

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cada mercado, y en el de la oferta en abierto, una diversificación de la programación que persigue economías de gama abarcando la máxima diversidad de públicos. Aunque ni la televisión digital ha realizado grandes aportaciones estéticas, ni cantidad es sinónimo de calidad (Richeri, 2000; Arnanz, 2002). Por ello, de momento, las opciones que predominan en la organización de la oferta digital televisiva son deudoras de su pasado analógico, por lo que en el nivel de los contenidos las clasificaciones existentes siguen siendo útiles. En cambio, es en el plano de los llamados servicios de la SI que un campo de posibilidades se abre y donde muchos depositan las esperanzas del despegue económico del sector. Ambos subejes se ven afectados por una serie de elementos transversales que incorporan matices importantes a cualquier clasificación. Ellos son la presencia creciente de interactividad y las opciones a la carta, además de la lógica del pago por consumo y los diversos ámbitos geográficos para los que estos elementos se pueden ofrecer (global, nacional, regional, local…). En relación con ello es también importante puntualizar en la problemática del control de contenidos y servicios, que mediante exclusivas y carteras de derechos configuran importantes barreras de entrada al sector. La relevancia de estas dos actividades audiovisuales, contenidos y servicios, reside en que este eje es central para comprender la efectividad de las opciones de política destinadas a cada una de ellas, ya que las prioridades que se establecen en el ámbito de la oferta repercuten luego sobre los modelos de negocio posibles, los actores involucrados en la cadena de valor y las formas de recepción. Dar cuenta de ello en el marco de los contenidos y servicios existentes y posibles, sobre todo en términos comparativos, es fundamental para un análisis integral de políticas de televisión digital. 3.4.1. Contenidos generalistas/Temáticos Entre los contenidos que la programación de televisión digital suele ofrecer, una primera gran distinción debe establecerse entre aquellos generalistas, destinados a gran cantidad de espectadores y diversos públicos, ligados a la televisión tradicional y la producción nacional, y aquellos temáticos, que responden a una segmentación de la oferta y en muchos casos son una especialización de nicho de los anteriores. Al interior de los contenidos generalistas, productos de atracción masiva, podemos mencionar a la clásica tríada información de carácter general (telediarios), eventos deportivos masivos (fútbol) y entretenimiento (concursos, programas de variedades, cine). En lo que respecta a los contenidos específicos, en una de las tantas clasificaciones posibles, estos pueden dividirse, por ejemplo, por género/orientación sexual (contenidos femeninos, para homosexuales), por edad (programas infantiles, de adolescentes, para la tercera edad), por opciones de ocio (deportes minoritarios, canales de música, cocina, bricolaje, reality show, ficción seriada, transmisión de eventos) y por tipo de información especializada (financiera y bursátil, tecnológica, histórica, climática, sanitaria).

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Universales/Específicos Los contenidos de los canales temáticos, cada vez más monográficos y empaquetados para cada mercado aunque con importante presencia internacional, según su grado de especificidad, pueden ser universales y amplios en los temas que tratan, o tan específicos que estén destinados a públicos nicho (como puede ser un programa dedicado a la numismática). En esta línea, por ejemplo, se encuentran los canales de servicios y aficiones. En cualquier caso, existen diversos entrecruzamientos y las fronteras tipológicas no pueden pensarse inamovibles, sobre todo cuando géneros y formatos varían por mercado y soporte y las constantes innovaciones tecnológicas y estéticas permiten nuevas opciones. 3.4.2. Servicios de la SI Esta observación aplica, aún más si cabe, al caso de los servicios añadidos, llamados crecientemente servicios de la SI por su carácter convergente y potencialmente revolucionario de la oferta televisiva, que permiten incluso trascender el plano de la comunicación audiovisual. Hasta el momento, sin embargo, esta es una categoría construida más bien a nivel teórico ya que se encuentra subdesarrollada en la práctica. Por este motivo, cualquier clasificación como la que aquí se ofrece no puede entenderse más que como provisional. Las promesas y esperanzas depositadas en estos servicios han conducido a diversas tipologías, dentro de las cuales, Arnanz (2002) menciona aquellas definidas según los recursos tecnológicos que exige su implantación (sistema de distribución elegido, ancho de banda requerido), según la función que cumplan para la plataforma a la que están ligados (obtener mayores ingresos, aumentar el atractivo de la programación) o según el grado de interactividad implicada en cada servicio. En esta rejilla, en cambio, se propone una distinción que opera en función de la relación de los servicios con la programación televisiva que acompañan. Servicios vinculados a la oferta televisiva/No relacionados con la oferta televisiva Es necesario reconocer que el carácter embrionario de casi todas estas experiencias y su perfil polifacético, impide muchas veces una clara separación de los servicios posibles, obligando a considerarlos, según el caso puntual de análisis, al interior de más de una categoría. Puede darse el caso, por ejemplo, de un servicio adicional como la telebanca, que puede estar asociado o no a un programa de información financiera y, a su vez, ofrecer o no la posibilidad de operar en tiempo real, por ejemplo, en los mercados bursátiles. Así pues, puntualizada esta posibilidad de entrecruzamientos y zonas grises, se distingue aquí entre servicios relacionados y no relacionados con el consumo televisivo. Dentro de los primeros se encuentran aquellos que simplemente

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brindan contenidos o ejercen también un control editorial sobre los mismos. Dentro de los segundos pueden establecerse al menos dos subcategorías que refieren a aquellos servicios tendencialmente convergentes con otros medios y servicios y a aquellos que suponen algún tipo de transacción, comercial o no. Servicios que suministran contenidos/Servicios que ejercen control editorial Como parte de aquellos servicios de la SI vinculados a la oferta y estrategia televisiva que acompañan y que suministran diversos tipos de contenido audiovisual, se encuentran los concursos, juegos y servicios de información y datos que pueden ofrecer información meteorológica, de tráfico, bursátil, horóscopos, resultados deportivos, titulares informativos, páginas amarillas, etc. Al interior de este subeje encontramos también aquellos servicios que suelen llamarse “de televisión enriquecida” (textos, gráficos e imágenes adicionales al contenido difundido, disponibles para el espectador, como pueden ser otros ángulos y tomas, backstage, testimonios de los artistas) o incluso de realización compartida (selección de cámara, votaciones y encuestas). Entre aquellos servicios que se caracterizan por permitir ejercer un control editorial sobre la oferta televisiva, la guía de programación electrónica o EPG es el elemento diferenciador por excelencia de la televisión digital. Esta no sólo puede condicionar el consumo televisivo, sino que se espera que también actúe como una guía para el consumo de servicios bajo demanda, lo que la convertiría en un servicio que permite navegar entre otros servicios. En la actualidad, las variaciones en las EPG van desde el navegador básico (guías que van mostrando sucesivamente la programación, como la que ofrece la plataforma de TDT Freeview), hasta la provisión de programación de forma mucho más sofisticada (como la que ofrece también en el Reino Unido BSkyB, que permite a la audiencia acceder a una vasta información acerca de los programas y agruparlos por género o canal). En función del exceso de información con el que el espectador deberá enfrentarse de manera creciente, ya se habla de guías personalizadas como una solución posible a la navegación de esos contenidos (personalized, pEPG). Aunque las esperanzas estén puestas, para muchos, en el crecimiento de los Personal Video Recorders (PVR) como motor de desarrollo de las EPG, de la mano de la aparición de motores de búsqueda más completos que permitan, por ejemplo, selección a partir de visionados anteriores. Se habla ya, en función de estos nuevos modos de acceso, de la transformación de la EPG en una ECG: Electronic Content Guide. Servicios que suponen transacciones comerciales/No comerciales Dentro de aquellos servicios de la SI no vinculados a la oferta y estrategia televisiva que acompañan, y en directa dependencia con la interactividad alcanzada, encontramos a aquellos cuyo objetivo es facilitar diversos tipos de transacciones. En clara ventaja respecto de los servicios no vinculados (o no

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del todo) a transacciones comerciales, aquellos que persiguen intercambios económicos son los que dominan esta subcategoría. Entre ellos podemos señalar la telebanca, el comercio electrónico en general, la lotería y las apuestas. Mención aparte merece también la llamada publicidad avanzada, que permite a través de sus servicios adicionales enlazar con mayor información del producto o del anunciante (incluso en Internet), y vincular inmediatamente al espectador con la posibilidad de la telecompra. Por contraste, pueden identificarse servicios cuyo fin no es conseguir una transacción comercial aunque no necesariamente escapen del todo a la presión mercantil que pesa sobre ellos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el gobierno electrónico (información de los diferentes niveles de la Administración, trámites y supuestamente hasta votación electrónica), la educación electrónica o a distancia (lecciones virtuales, material de apoyo), el teletrabajo o la telemedicina. Una experiencia a mitad de camino podría encontrarse en todas aquellas posibilidades relacionadas con la gestión del servicio televisivo. Aplicaciones compartidas con los operadores por las cuales se pueden establecer desde preferencias de visionado hasta, en el caso de los servicios de abono, contratar opciones bajo demanda o cambiar las condiciones de la relación contractual. Servicios convergentes También en relación con la interactividad alcanzada y sin relación directa con la programación televisiva, se encuentran aquellos servicios que convergen más o menos fuertemente con otros medios y servicios, como puede ser el caso del correo electrónico, el chat, los mensajes a móviles, la telefonía (“manos libres”), la videoconferencia, el acceso personalizado a periódicos y libros electrónicos e Internet (navegación, descargas, etc.). No obstante, es importante señalar que esta convergencia debe matizarse, por ejemplo, cuando pensamos en la imbricación entre televisión digital e Internet (limitaciones de las opciones walled garden). 3.5. Agentes audiovisuales El desarrollo histórico de la televisión se ha producido principalmente de la mano de los operadores audiovisuales (a través de canales primero y plataformas después), quienes con el tiempo se han clasificado bajo los rubros de público o privado y nacional, regional o local. Al mismo tiempo, se han ido diferenciando progresivamente de los productores y empaquetadores de contenido, a quienes también aplican estas clasificaciones, y han contado con tres grandes fórmulas económicas genéricas que les han permitido prestar el servicio: la financiación pública, la publicitaria y el pago directo del espectador. Aunque a grandes rasgos estas clasificaciones perviven en la Era Digital de la televisión, la irrupción de la sociedad civil a través de la apertura del sector a nuevos actores, la integración vertical y trasnacionalización de la industria y

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la aparición de nuevas formas de pago directo junto a la crisis de las cadenas publicitarias, por ejemplo, obligan a hilar más fino en la descripción de los agentes audiovisuales vinculados con la televisión digital. Por otra parte, también lo requiere el nuevo cariz que han adoptado los agentes históricamente no audiovisuales, que producto de la mercantilización creciente de la comunicación y la cultura y las nuevas posibilidades tecnológicas que abonan opciones convergentes, se convierten en actores de importancia creciente para el futuro de la televisión digital. Por estas razones, tanto las características de los agentes audiovisuales como las de los que no lo son, así como las principales tendencias de sus actuaciones, deben ser detectadas en cualquier análisis de políticas que tenga por objeto a la televisión digital. El apoyo a unos u otros y la autorización o desaliento a ciertas formas de financiación son, en el contexto europeo de la neutralidad tecnológica, trascendentales para comprender la emergencia de diferentes prioridades de políticas. En términos comparativos, además, el tipo de relación que permita establecerse entre los agentes audiovisuales (nuevos y tradicionales) y entre estos y aquellos agentes no audiovisuales, permitirá a su vez dar cuenta del grado y tipo de competencia establecido en cada mercado. 3.5.1. Público/Privado & Nacional/Regional/Local Hasta la llegada con fuerza de la desregulación televisiva a Europa en los años ochenta, los operadores públicos, en gran medida entes estatales y, según el caso, más o menos dependientes del gobierno de turno, dominaban el sector avalados por el monopolio de la producción, programación y difusión. La autorización de operadores privados con ánimo de lucro, que en la mayoría de los países permitió la emergencia del mercado publicitario primero y el de pago después, condujo a la necesaria redefinición de la actuación de los emisores públicos en un contexto de competencia creciente, descenso de los ingresos y aumento de los costes. Los cambios acaecidos en la industria televisiva a finales del siglo XX, han dejado en el olvido el modelo de operador audiovisual con integración plena hacia el monte (típicamente el caso de los servicios públicos en Europa) para asistir a la expansión del operador que se limita a empaquetar una producción audiovisual ajena (caso de las cadenas privadas), aunque la proporción de estas actividades suele estar directamente relacionada con la regulación vigente (porcentajes de producción propia). En paralelo, la desregulación del sector irá acompañada por su descentralización, provocando no solamente la clasificación de los operadores audiovisuales en públicos o privados, sino también, según su ámbito de actuación, en nacionales, regionales o locales. Si en esta dinámica los emisores públicos han perdido peso relativo frente a los privados, en la actualidad, no son los dos únicos operadores que actúan en el ámbito de la televisión digital, a cuya esfera han extendido sus actividades en una necesaria reconversión previa a la migración definitiva. Debe reconocerse también la existencia de otro actor que bien puede recibir el nombre

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de tercer sector, que se compone tanto de emisores privados sin ánimo de lucro, como de entes públicos sin vinculación estatutaria con el ámbito estatal. La desregulación televisiva, la conquista de espacios comunicativos antes vedados y las oportunidades que los cambios tecnológicos brindan, han creado un vasto y heterogéneo tercer grupo integrado tanto por fundaciones y clubes, como por entidades religiosas y asociaciones civiles. Los antecedentes analógicos del resto de los operadores, así como la aparición de nuevos agentes audiovisuales que se erigen a modo de gatekeepers, hacen peligrar su supervivencia en el mundo de la televisión digital, y con ella, la de la diversidad de voces ante la ausencia de políticas correctivas destinadas a la protección del pluralismo. La década de los noventa ha estado marcada por el éxito y consolidación en muchos países de las industrias nacionales de la producción, principalmente de ficción, rentables por vez primera (Bustamante, 2003). Sin embargo, estas empezaron a tener serias dificultades frente al crecimiento exponencial de las necesidades de programas que la televisión digital trajo consigo. Ya que la paradoja de una de las principales consecuencias de la digitalización, el abaratamiento del coste por canal, es que la necesidad de una multiplicación permanente de canales para conformar una oferta competitiva encarece el coste de soportes y programas elevando la inversión requerida, que pasa así a quedar reservada casi en exclusiva a los grandes grupos de comunicación. Esta situación ha provocado al menos tres fenómenos que es imprescindible destacar (Bustamante, 2002 y 2003). En primer lugar, la agudización de la batalla por contenidos estratégicos que se han revelado indispensables para el “despegue” de las primeras plataformas de televisión multicanal en Europa, estrictamente ligada a la problemática de los empaquetadores globales. Asociaciones nacionales de deportes masivos y majors y grupos trasnacionales que empaquetan e incluso doblan en el extranjero canales enteros, controlan de forma monopólica el mercado de filmes y deportes populares como el fútbol. En segundo lugar, aunque la televisión multicanal necesite de una producción local, en términos generales, para configurar su paquete básico y vincularse con los públicos nacionales, las elevadas inversiones mencionadas le dejan escaso margen de maniobra. Finalmente, la progresiva integración vertical (formal o no) entre plataformas y proveedores de contenido (canales o programas), entraña importantes riesgos económicos e industriales para ambos y reduce el número de productoras o empaquetadoras realmente independientes de los difusores que pueden vender en competencia. Las consecuencias de estas dificultades y la consolidación de plataformas televisivas que alteran la lógica de funcionamiento de las cadenas editoras de contenidos ajenos, al pasar a ser ellas mismas empaquetadas, se traducirán una vez instalada la televisión digital, en un salto cualitativo en la integración vertical de contenidos y empaquetamiento (e incluso redes). Así pues, la televisión digital ha acabado por organizarse fuertemente bajo monopolios u oligopolios en cada mercado nacional, configurando incluso una estructura trasnacional. Estos procesos han agudizado el carácter privado y nacional

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(cuando no trasnacional) de productoras y empaquetadoras, en desmedro de su configuración pública y local. Modelo “gratuito” De financiamiento público total o dominante, se dirige al ciudadano que paga a través de sus impuestos, consuma o no televisión, por la disponibilidad de una programación protegida de las presiones mercantiles. Recibe el nombre de “gratuito” porque el espectador no efectúa desembolso alguno por recibir la señal televisiva, más allá de la adquisición del equipamiento correspondiente, aunque contribuye con su existencia a través de sus aportaciones al erario público. Directamente a través de impuestos específicos como el canon, y/o indirectamente a través de los presupuestos públicos (financiamiento sostenido, subvenciones y ayudas ocasionales). En Europa la tradición ha sostenido, hasta la ruptura de los monopolios públicos y en la mayoría de los países, el financiamiento mediante el pago de un canon cobrado en concepto de sostenimiento del sistema audiovisual y de la disponibilidad del servicio televisivo. A diferencia de esta opción, en Estados Unidos y América Latina, por ejemplo, el financiamiento público se ha vehiculizado a través de transferencias del erario hacia el emisor público. Criticadas ambas fórmulas, en el primer caso por su carácter regresivo, en el segundo por su dependencia de los gobiernos, y en los dos por su escasa conexión directa con el consumo efectivo, hoy día es difícil encontrarlas en estado puro. Sus limitaciones, junto con la apertura de los monopolios públicos, han conducido a que las corporaciones públicas audiovisuales sobrevivan gracias a mixturas diversas de fondos públicos con origen en distintas fuentes y recursos provenientes del mercado. En relación con estos últimos, la publicidad y el abono son las dos grandes fórmulas a mencionar (sin olvidar otras posibilidades menos cruciales como la venta de programas), ligadas desde su nacimiento, salvo excepciones, a los operadores privados con ánimo de lucro. Publicidad/Todo pago (de la Pay TV a la Pay Per View) Mientras que el financiamiento a través del mercado publicitario supone el ofrecimiento “gratuito” de programas a un público que luego, maximizado, se “ofrece” a empresas que pagan para anunciar sus productos y servicios, la televisión de pago ofrece a cambio de un abono la disponibilidad para el consumo efectivo de contenidos exclusivos. En ambos casos se reduce la dependencia de los gobiernos, pero se pasa a estar condicionado por el tamaño de los mercados e incluso la regulación y, en el primer caso, por el anunciante, y por el nivel de renta de la sociedad en el segundo. Estas cuestiones han revelado con el tiempo y el aumento exponencial de la oferta los límites de los mercados publicitario y por abono en un ambiente competitivo, presionando aún más en el entorno digital hacia la constitución

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de fórmulas mixtas en las que la televisión de pago se nutre en la medida de sus posibilidades del mercado publicitario, y las cadenas generalistas, cuyo principal recurso es la publicidad, ensayan negocios alternativos vinculados a los programas que puedan suponer mayores ingresos. Estos procesos exigen una puntualización sobre el papel de la publicidad y el pago directo en la televisión digital. En lo que respecta a la primera, puede decirse siguiendo a Bustamante (1999) que la publicidad tradicional en las cadenas generalistas tendrá nuevos impulsos para perdurar por largo tiempo, que la publicidad especializada y el patrocinio de difusión se vinculan a las cadenas temáticas, que el patrocinio de producción y la publicidad informativa se imbrican en los contenidos específicos (aficiones, intereses profesionales), y que la publicidad-información súper-especializada y la compra directa, encuentran su espacio en los servicios de valor añadido, especialmente los interactivos. En la actualidad, el papel del pago directo en la televisión digital va mucho más allá de la opción “todo pago”, y su complejidad se ha traducido en diversas modalidades que van desde el clásico abono al pago puntual por contenidos y/o servicios adicionales (pay per view, PPV). La televisión pagada inició su andadura bajo la modalidad del pago de un abono (tarifa fija por tiempo), para refinarse más tarde mediante el pago adicional por paquetes específicos y el pago por programa (televisión a la carta, realmente bajo demanda según el tipo de interactividad disponible). El salto cualitativo que la televisión digital está en condiciones de aportar refiere a que ese pago por programa lo sea también, además, por servicio adicional. Como se ha mencionado, la digitalización no sólo ha disparado el número disponible de canales de la Pay TV sino que puede suponer una oferta cuantitativa y cualitativamente importante de servicios de la SI con los cuales lucrar. Debe resaltarse que la rentabilidad de este mercado, al igual que ocurre con el publicitario, está además condicionada por el número de intermediarios y sus características. Si originalmente la publicidad en televisión era un asunto entre anunciante y cadena, hoy día es necesario agregar a esta dupla las agencias publicitarias (planificación y elaboración de las campañas y su difusión, investigación de resultados), las centrales de compra a medios (auténticos mayoristas) y las agencias de exclusivas (vendedores y “fabricantes” de espacios). Sobre todo porque además, ya puede identificarse un mercado publicitario global, distinto del nacional y el local, surgido de las necesidades del capitalismo trasnacional y plasmado tanto en anunciantes como en intermediarios globales. La histórica y generalizada ausencia de regulación en el mercado publicitario televisivo, más allá de la limitación de emisión de minutos por hora difundida, se profundiza en el entorno digital de la mano de la peligrosa tendencia a la desregulación publicitaria total que en ámbitos como el de la UE pueden avizorarse. Es necesario por ello, en el plano de los casos nacionales, detectar si estos cambios se están verificando, y en qué medida las prioridades establecidas influencian un determinado mix de financiamiento u otro.

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3.6. Agentes no audiovisuales Así como el tratamiento otorgado a los operadores audiovisuales (derechos, obligaciones, formas de control…) repercute sobre el desarrollo de la televisión digital, ello también ocurre con una serie de agentes no audiovisuales que, a veces de manera indirecta o solapada, definen las posibilidades del servicio incluso de manera más trascendental que los propios agentes audiovisuales. Esta realidad transforma en una tarea ineludible su caracterización en un eje de análisis que permita detectar qué decisiones de política limitan o no el sentido de su actuación en relación con la televisión digital. Ya que “existe un marcado contraste entre el discurso utópico sobre las promesas de un mundo mejor, alcanzado por la mediación de las técnicas, y la realidad de las luchas por el control de los equipos e instrumentos de la comunicación; así como por la hegemonía con respecto a normas y sistemas” (Mattelart, 1998: 28). Entre los agentes no audiovisuales que no pueden dejar de mencionarse por su talla y recursos, se encuentran los fabricantes, instaladores y comercializadores de equipamiento, además de los propietarios y gestores de las redes de difusión, muchas veces vinculados a operadores de telecomunicaciones. Su carácter casi exclusivamente privado bajo la lógica del lucro y, en buena medida, su dimensión trasnacional, requieren no perder de vista que cada uno de estos subejes es atravesado por las tensiones público/privado y nacional/global. Finalmente, tampoco debe olvidarse que la clasificación aquí ofrecida se verá alterada y complicada en aquellos casos en los que alguno de estos agentes posea intereses en algún otro agente audiovisual, nuevo o tradicional. La medida en que ello sea avalado por la acción u omisión de las prioridades de políticas establecidas debe destacarse. 3.6.1. Fabricantes, instaladores y comercializadores de equipamiento Durante la última década estos agentes han estado ocupados en presionar a los gobiernos para que pusieran en marcha la definitiva migración a la televisión digital. La colosal inversión que ello requerirá en términos de hardware, tanto por parte de los productores, emisores y difusores, como de los espectadores, justifica su gran interés y apoyo. Así pues, los fabricantes de equipamiento, parte de la industria electrónica de consumo masivo, son uno de los principales interesados en la expansión de la televisión digital en todas sus posibilidades. Se trata no sólo de renovar las redes (la instancia de la producción hace tiempo está digitalizada), sino de comenzar un nuevo ciclo de equipamiento de recepción que primero deberá aggiornar los televisores con los correspondientes descodificadores, para, en un segundo momento, intentar que se reemplacen con aparatos con receptores integrados e incluso capaces de recibir alta definición. En paralelo, además, se fomentará la renovación de otras

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tecnologías como las grabadoras digitales. De hecho, mientras que las ventas de televisores de tubo de rayo catódico retroceden sistemáticamente en Europa occidental desde 2002, lo opuesto ocurre con las unidades con pantalla de plasma o LCD y los descodificadores digitales (EITO, 2006). Estos agentes se enfrentan a la necesidad de contar con un elevado grado de interoperabilidad para alcanzar economías de escala en su producción. Sin embargo, en Europa, frente a la falta de normas y estándares de obligado cumplimiento y la ausencia de acuerdo en los foros técnicos como el DVB, sobre todo en la instancia de la recepción, se atrincheran en sus tecnologías propietarias con la intención de acaparar y conservar mayores cuotas de mercado. El papel que juegan en la armonización técnica y provisión de parte de la cadena de valor de la televisión digital es, sin lugar a dudas, el otro elemento que los convierte en referencia obligada de análisis. Tanto más cuanto, en su interior, la puja entre la lógica privada y la pública se ha saldado a favor de la primera (todos estos actores son corporaciones guiadas por la lógica mercantil), y el carácter global más que nacional de estos agentes obliga a entender que sus estrategias son para regiones enteras del mundo cuando no el globo entero. A modo de ejemplo mencionar el papel que jugaron tanto Thomson como Philips en el desarrollo de los estándares de televisión en alta definición, primero, y digital después, tanto en la UE como en Estados Unidos1. En el caso concreto de la instancia de la comercialización, todos los agentes involucrados, ya sean nacionales o independientes (en general, de tamaño pequeño y mediano), deben enfrentar el desafío que supondrá la discontinuidad que se provocará en el mercado de consumo. Junto a los instaladores son piezas clave para el éxito de la cadena de distribución del nuevo equipamiento. Y aunque en general el incremento en las ventas de equipamiento digital compensará cualquier caída en las ventas de equipamiento analógico, la demanda global podría reducirse tras el apagón en comparación con los niveles actuales una vez que los consumidores adquieran y modernicen el equipamiento deseado. Ello se deberá a que parte del aumento de la demanda que se experimentará durante la transición responderá a consumidores que cambian equipamiento analógico recientemente adquirido por productos digitales una vez estén mejor informados. A lo que deberá sumarse que probablemente los fabricantes de equipamiento presionen más a los comerciantes independientes para que hagan sus pedidos de compra colectivamente, a través de grupos preestablecidos, con la intención de poder ajustar mejor la nueva producción a la demanda y así evitar lagunas entre la venta de sus productos analógicos y digitales.

1 El ATSC es la norma de televisión digital adoptada por Estados Unidos en 1996, que compite por los mercados internacionales con el estándar europeo, DVB, y el japonés, ISDB. Para profundizar en el debate político y el proceso implicado en la definición internacional de los estándares televisivos entre 1984 y 1997 consultar Hart (2004).

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3.6.2. Propietarios y gestores de redes de difusión El difusor de la señal televisiva, el llamado carrier, ha ganado importancia e incluso ha pasado a definir su función como específica, a partir de la ruptura de los monopolios públicos y la subsiguiente privatización de sus infraestructuras que ha permitido su carácter crecientemente privado. En Europa, la privatización de las telecomunicaciones y el audiovisual han conducido, a partir de los ochenta y fuertemente durante los noventa, a las redes cerradas y propietarias mediante la venta y autorización de capitales privados para la explotación de sistemas satelitales, redes terrestres e introducción y desarrollo de las redes de cable. A modo de ejemplo, pueden mencionarse la privatización de Intelsat, la de la mayoría de las redes terrestres televisivas punto masa pertenecientes a los entes públicos de radio y televisión, o la venta de los sistemas de cableado de Deutsche Telekom. Por lo que, llegado el momento de su reconversión al mundo digital, las fuertes inversiones necesarias pero también las innumerables ventajas de cuasi monopolios quedarán bajo la órbita de estos nuevos propietarios. Su importancia reside pues, en la función clave que juegan en términos de acceso. Los operadores audiovisuales han pasado a depender de corporaciones privadas que controlan la difusión de la televisión digital, que cuanto menos reguladas están por los gobiernos, más deciden sobre las condiciones de prestación de su servicio. Una elevada política de precios, por mencionar un ejemplo, puede hacer inviable a los operadores pertenecientes al tercer sector prestar su servicio. Además, si la propiedad de la red es monopólica, entonces esta se convierte en una fuente incontestable de control del acceso a través de un único guardián. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, la lógica privada mercantil aunque es hegemónica no reina sin contestación, lo cual se verifica sobre todo en las redes terrestres tal y como lo demuestran el caso sueco y el finlandés (Teracom es de propiedad estatal y Digita Oy ha sido sólo en parte privatizada). Aunque la presión europea vía Derecho de la competencia sigue muy de cerca sus actuaciones. Si el carácter y funcionamiento de las diversas redes de difusión de la televisión digital es, por definición, nacional, ello no ocurre con el perfil de sus gestores. En una proporción creciente quienes las explotan poseen una dimensión trasnacional. Dos casos ilustran este fenómeno. En el ámbito de las redes satelitales, DirecTV Group no sólo controló hasta enero de 2006 Hughes Network Systems, el proveedor mundial líder en servicios de redes de satélite de banda ancha, sino que también poseyó hasta su venta en agosto de 2004, PanAmSat Corporation, propietaria y operadora de una de las flotas de satélites comerciales más importantes del mundo que es capaz de cubrir el 98% de la población mundial. Por otra parte, en el Reino Unido, tras la privatización de la red terrestre de la BBC a favor de Crown Castle, el mercado ha asistido a la compra de esta

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última por parte de National Grid Transco y su fusión con Gridcom, subsidiaria de telecomunicaciones de esta compañía internacional con importante presencia en los mercados británico y norteamericano, cuyos principales intereses se encuentran en el negocio energético (gas y electricidad). Estos ejemplos obligan también a una breve reflexión sobre los operadores de telecomunicaciones. Procedentes de los antiguos monopolios estatales (Telefónica, France Telecom), pasan a convertirse en algunos casos en protagonistas del sector de la televisión digital al haberse involucrado en su propiedad y gestión, incluso en su anterior momento analógico. En términos de competencia, el problema es que continúan actuando sobre sus negocios tradicionales (telefonía fija y móvil) mientras se expanden a ámbitos y nuevas opciones que afectan a la televisión (principalmente redes de banda ancha para la transmisión de información e Internet); y que sus abultadas carteras les otorgan la ventaja competitiva de tener acceso a un financiamiento casi ilimitado para sostener su expansión al mundo del audiovisual. 3.7. Nuevos agentes audiovisuales/Gatekeepers La televisión digital ha traído consigo, por una parte, la aparición de una serie de nuevos agentes que actúan en el plano audiovisual, como ser aquellos que se encargan de la gestión de las guías electrónicas de programación o del funcionamiento de los múltiples, en el caso de la TDT. Pero por otra parte, ha permitido reforzar la posición de dominio de otros guardianes como los agentes encargados del acceso condicionado a la oferta, ya poderosos en el mundo analógico, que por dicho motivo se incorporan en este apartado. Aunque en un sentido estricto los operadores audiovisuales y de red actúan también como gatekeepers, la relevancia de este eje y los elementos que lo componen en una rejilla de análisis comparativa reside en el poder que los actores aquí considerados tienen para facilitar o dificultar el acceso a determinadas gateways o puertas de entrada. El grado de su concentración e integración con los agentes audiovisuales o no audiovisuales mencionados, así como la normativa que los afecta, condiciona en un sentido más o menos democratizador su papel de guardianes, según las prioridades establecidas. En Europa, en el contexto de una normativa comunitaria que ha avalado su perfil de dominio, es imprescindible detenerse en las diversas soluciones nacionales que se han dado a esta problemática para registrar en qué medida las opciones de políticas pueden acentuar o suavizar sus efectos negativos, en un entorno en que la agudización de las tendencias existentes en el mundo analógico en el caso de la televisión digital favorece el control monopólico de los nuevos servicios digitales. La actividad de estos guardianes no es sólo importante en términos de pluralismo, en función de las restricciones que imponen al acceso, sino que lo es también desde una perspectiva económica. Si el control de un servicio o aplicación puede ser un incentivo para que los agentes inviertan en una nueva tecnología, también puede convertirse en una barrera para su realización como

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ocurrió en Alemania. La insistencia de Kirch en introducir la televisión digital satelital sin socio alguno y bajo un acceso condicional propietario a mediados de los noventa, fue una de las razones de Deutsche Telekom para negarle acceso a su red de cable. Con estos dos guardianes (de red y acceso condicionado) bloqueándose mutuamente, los primeros pasos de la televisión digital en Alemania fueron lentos y problemáticos. En síntesis, es esencial detenerse en el perfil y funciones de aquellos agentes que gestionan el acceso condicional y las EPG, ya que pueden controlar el acceso de los consumidores a los servicios televisivos y el de los proveedores de contenido a sus audiencias. También es importante estudiar a aquellos que gestionan el múltiple digital por su poder sobre el acceso de los operadores audiovisuales a la correcta difusión de su programación. En la medida en que en un futuro las figuras del gestor de servicios de la SI y de la interactividad aparezcan como funciones autónomas, cualquier análisis comparativo de políticas públicas también debería dar cuenta de ellos. Por otra parte y como ocurre con el resto de los agentes audiovisuales y no audiovisuales aquí considerados, estos subejes son también atravesados por la tensión público/privado, así como la integración vertical de estas funciones con otras centrales para el funcionamiento de la televisión digital reduce la competencia y propicia la existencia de clientes-rehenes (control de un acceso condicionado propietario y la gestión de la EPG, con propiedad de la red de difusión, por ejemplo). 3.7.1. Gestor del acceso condicionado En el caso de la televisión digital, sobre todo satelital, como los ejemplos de Sky o Digital+ lo demuestran, se han materializando los peores augurios relacionados con el peligro de que los operadores de televisión de pago establecidos sacaran provecho de su condición de first movers para ejercer el control monopólico del sector. De consolidarse esta tendencia, estos agentes estarán en posición de discriminar a potenciales competidores en el mercado de la televisión de pago y los nuevos servicios de la SI, salvo que se los obligue a brindar acceso a sus plataformas digitales bajo condiciones razonables. Contra esta posibilidad atenta, además, la utilización de estándares propietarios y por ello privativos en la gestión de una oferta de acceso condicionado. En Europa, el apoyo a los sistemas symulcript propietarios ha favorecido estructuras monopólicas y no interoperables en la televisión satelital y por cable que se han reproducido en el mundo digital. 3.7.2. Control de la EPG En tanto la mayoría de los canales no son comercializados individualmente en el nuevo entorno digital sino en paquetes, la cuestión de si estos se ofrecen de forma atractiva o no puede convertirse en un serio problema de supervivencia para el proveedor de los contenidos. En plataformas con ofertas que superan

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los cientos de canales como es el caso de BSkyB, la EPG ofrecida puede influenciar seriamente la elección del espectador y el futuro de los canales, simplemente mediante la forma de su listado. De la misma manera, aún en un entorno ideal de plataformas interoperables el problema relativo a los estándares también afectaría a las guías electrónicas. De no estar basadas en patrones abiertos, sus propietarios podrían ejercer un control discriminatorio. Por ello, quienes presten este servicio y cualquier otro que suponga el control de una puerta de entrada a la televisión digital, deberían ser controlados para asegurar su actuación en condiciones realmente razonables, transparentes y no discriminatorias. 3.7.3. Gestor del múltiple Quien ejerza esta función, propia de la TDT, empaquetará los canales digitales que se hayan decidido emitir por cada frecuencia digital (múltiple). Si éste, junto con su gestión, se ha asignado a un único operador audiovisual, en principio no existe peligro de actuación discriminatoria. En Estados Unidos, al haberse asignado un múltiple entero a cada operador, este problema no se verifica. Por el contrario, las dificultades potenciales más graves que esta puerta de entrada puede llegar a presentar, según se legisle, se vinculan a fenómenos relacionados con la presencia cruzada en diferentes instancias de la televisión digital. Como puede ocurrir, por ejemplo, si la gestión del múltiple se ha asignado a uno de los cuatro operadores audiovisuales que este agrupa, o a quien gestiona la red de difusión, o a quien se ha adjudicado el múltiple en el cual este emite junto con otros operadores, sobre los que por tanto puede tener poder e influencia (como en Italia). Público/Privado Lo anterior, a su vez, está directamente relacionado con la naturaleza pública o privada de quien gestione la multiplexación o la EPG. En principio, la ausencia de objetivos mercantiles en la actuación de los entes públicos y sus obligaciones de servicio público, reducen las posibilidades de una gestión injusta del múltiple (Suecia), mientras que lo opuesto ocurre con los intereses comerciales de los gestores privados. Mixto/Independiente Pero si las características de la gestión del múltiple o la EPG dependen del perfil público o privado del gestor, este puede ser también constituido como un agente mixto, en cuyo caso el mayor reto es conformar un actor en el que predominen las funciones técnicas y confíen todas las partes. Si se considera el funcionamiento del múltiple, por ejemplo, su gestor puede ser creado por todos los operadores audiovisuales que se ven obligados

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a compartir este espacio, tal y como ocurre con la experiencia finlandesa. Otra opción posible es establecer que el operador del múltiple sea un agente independiente de los programas que multiplexa (posibilidad contemplada en Francia), justamente para evitar posiciones de dominio en la prestación del servicio. 3.8. Espacios/Mercados A lo largo de la elaboración de este constructo teórico, la importancia de los diversos ámbitos geográficos en el desarrollo de la televisión digital ha quedado clara en numerosos ejes de análisis, en tanto se verifica una dinámica permanente que presiona hacia una mayor mercantilización, tanto en el plano nacional como internacional. En relación con ello es que los mercados televisivos digitales nacionales no pueden pensarse sin tener en cuenta el bloque regional al que pertenecen o los mercados globales con los cuales están conectados. El caso de un grupo global como News Corp., con intereses en televisión digital a través de distintos soportes en el Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Asia, y aventuras en Europa central, es ilustrativo de ello. De la misma manera, la desregulación y descentralización televisiva acaecida a partir de los ochenta requieren el análisis de los mercados nacionales de televisión digital en función de los ámbitos regionales pero también locales que los componen. “El respeto y fomento de las minorías y nacionalidades culturales, constituye hoy día el centro de las contradicciones entre el viejo Estado-nación y el nuevo orden mundial de espacios supranacionales de integración como la UE” (Sierra, 2006: 115). Como las diversas actuaciones en torno a la televisión digital van delineando el contorno de los distintos espacios/mercados en los que ella se desarrolla, cualquier rejilla de análisis que pretenda dar cuenta de sus interrelaciones debe considerarlos. Lo mismo que ocurre con las comparaciones nacionales si se apunta a detectar tendencias y patrones comunes en dichas conexiones. La búsqueda de nuevos mercados publicitarios y ventanas de explotación ha sostenido la expansión de los mercados televisivos nacionales al ámbito internacional, al tiempo que internamente hacia el espacio regional y local. El peligro hoy día, una vez evidenciadas sus limitaciones en un entorno multicanal y multisoporte ferozmente competitivo, es que su migración a lo digital no haga más que agudizar los problemas existentes. Si como se señalara, por una parte, es cierto que las nuevas tecnologías ofrecen nuevas y mejores oportunidades a diferentes actores para afianzar sus posiciones en el mundo televisivo digital, por otra, no lo es menos que ellas son minadas por el surgimiento de nuevas barreras de entrada y guardianes en las diversas puertas de acceso al servicio. Sumado a lo anterior, la televisión digital ha venido a complicar aún más las fronteras en la definición de los mercados, en tanto la gestión conjunta de diversos canales locales o regionales permite configurar cadenas de hecho regionales o incluso nacionales, o la difusión nacional e incluso internacional

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de canales localizados, a través de redes como el satélite, desdibuja su verdadero origen. Por ello, es importante detener la mirada en la tensión generada entre los mercados televisivos nacional, internacional, regional y local de televisión digital, para comprender sus posibilidades y limitaciones. 3.8.1. Nacional/Internacional La tensión entre estos dos ejes, en el ámbito de la televisión digital, se manifiesta a través de la señalada aceleración de las tendencias existentes en su manifestación analógica de concentración, trasnacionalización e integración vertical y globalización de la oferta. La exigencia de enormes inversiones que se encuentra detrás de estos procesos y el mismo comportamiento económico de la industria televisiva, conducen al reparto de los diversos mercados entre los actores ya poderosos y al aumento de sus vinculaciones accionariales, extendiendo a la nueva era televisiva digital las relaciones de poder oligopólicas del mundo analógico. En relación con ello, el otro elemento realmente importante en esta dinámica, debido a su función catalizadora, es la aceptación por parte de los gobiernos de la conformación de monopolios como algo inevitable. Bajo una lógica de perfil schumpeteriano, ello es lo que ha ocurrido con la televisión satelital. La disyuntiva sobre el grado de competencia a promover se ha diluido bajo la teórica actuación tranquilizadora ex post del Derecho de la competencia. En otras palabras, este subeje pretende destacar que la definición de los mercados nacionales e internacionales (en algunos casos ya globales) de televisión digital, no puede efectuarse sin tener en cuenta que estos están conectados. 3.8.2. Regional/Local En el caso de la televisión de proximidad, a pesar de que ella podría beneficiarse de la llegada y expansión de la televisión digital, las dinámicas señaladas que afectan la definición de los mercados internacionales y nacionales también repercuten en grado creciente al interior de estos últimos: sobre los mercados regional y local. En un contexto en el que se verifica una correlación creciente entre Industrias Culturales o médias y desarrollo regional (Zallo, 2003), las presiones hacia una mayor mercantilización tienen por objetivo o bien ahogarlos, o bien convertirlos en meras extensiones de valorización de los mercados nacionales e internacionales, que aprovechan a través de estas instancias todos los niveles de recursos existentes posibles (principalmente, en el mercado publicitario). Las regiones y las entidades locales no son en general objeto de políticas públicas, y menos aún, prioridad para los Estados nacionales (Sierra, 2006). Sin embargo, es precisamente en estos espacios comunicativos donde todavía

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resisten experiencias televisivas democratizadoras que permiten la supervivencia de modelos no-mercado, que por ello, deben ser reflejados allí donde existen. 3.9. Destinatarios La mercantilización hegemónica que se verifica en el ámbito televisivo digital, profundiza las tendencias regresivas existentes respecto del pago por consumo (se extiende de modo fuerte a ámbitos antes “preservados” como el de la televisión terrestre) y la fragmentación de las audiencias. Esta dinámica ha contribuido a cristalizar el proceso por el cual el espectador-ciudadano ha sido sustituido por el consumidor, usuario de productos y servicios. Así pues, y como se ejemplifica con el análisis de las políticas comunitarias destinadas a la TDT efectuado en el próximo capítulo, los sujetos son interpelados en función de sus posibilidades económicas y sus gustos e intereses, ocultando su dimensión político-cultural, objetivo insoslayable de una política pública democratizadora. El grado en que esto intente ser preservado o no por las distintas opciones de políticas nacionales pone de manifiesto en gran medida su sentido y permite establecer más claramente su caracterización. Ese es el motivo por el que este último eje debe estar presente en una rejilla comparativa: para no perder de vista que una política comunicacional que verdaderamente pueda definirse como tal debe tener siempre al ciudadano como centro de sus preocupaciones. 3.9.1. Ciudadanos/Consumidores Para finalizar esta propuesta metodológica es necesario establecer el alcance de esta polarización, aludiendo al discurso dominante que la hace posible. El mismo, ya retratado en el primer eje de esta rejilla, sustenta una concepción determinista y economicista de la SI que construye esquizofrénicamente un sujeto libre gracias a las nuevas TIC, mientas que en la práctica lo reduce a la simple función de consumidor. Ello se traduce en su ausencia, no sólo en las instancias de la producción y difusión digital (en tanto su representación a través del servicio público se encuentra cada vez más difuminada), sino en la más fundamental del debate y la definición de políticas. Por el contrario, el ciudadano debe configurarse como tal en toda su expresión en relación con el ámbito de la comunicación y la cultura, en términos de acceso pero también de participación. En la medida que ello no ocurre, ganan terreno las soluciones ligadas al control que pueden ilustrarse, por ejemplo, con el peligro del avance de las opciones que atentan contra el derecho a la intimidad. La televisión digital en cualquiera de sus soportes tiene la posibilidad, si cuenta con un canal de retorno y un ancho de banda adecuado, de almacenar, estudiar y en último término comercializar los hábitos de los espectadores. La falta de una política

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pública clara al respecto puede traducirse en la privatización de las audiencias y el tráfico de datos. 3.10. Síntesis en términos de democratización En suma, si la construcción teórica de esta rejilla responde a la necesidad de contar con una herramienta metodológica rigurosa para el análisis y comparación de las políticas públicas ejecutadas en las dos experiencias nacionales escogidas, es necesario explicitar que, en última instancia, su referente es la opción por la democratización de las comunicaciones. Ya que de manera general uno de los criterios fundamentales para el tratamiento y análisis de las políticas públicas es el de su equidad “en relación con la democratización y ponderación equilibrada de las oportunidades o discriminación de los diferentes grupos y agentes sociales” (Sierra, 2006: 33). Por democratización se entiende el proceso mediante el cual el individuo se convierte en un elemento activo del proceso de comunicación, aumenta de forma constante la variedad de los mensajes intercambiados, así como también se incrementan el grado y calidad de la representación social en la comunicación (MacBride et al., 1980: 289). Así pues, acceso y participación se convierten en elementos clave para su consecución, al ser indicadores fundamentales del grado de democratización alcanzado. Partiendo de las definiciones elaboradas por la UNESCO en 1977 (Conferencia de Belgrado), Rossi (2000) sintetiza que, una vez cumplida la condición de la recepción, las dos dimensiones que conforman el acceso son la diversidad en la oferta y la retroacción (que el espectador tenga una amplia gama de elección y la posibilidad de interacción con los productores de los programas). Mientras que los tres niveles de la participación suponen la intervención en la producción de los mensajes (incluida la promoción de programación generada por productores independientes y las experiencias de “acceso comunitario”), en la toma de decisiones (representación en la organización de los entes públicos de radiotelevisión, por ejemplo) y en la configuración de planes y políticas para el sector (en conexión directa con la dinámica sociopolítica vigente). Al establecerse este escalonamiento, del acceso a la participación, en las posibilidades de los ciudadanos para el logro de un pleno derecho a la información (Rossi, 2006), su cumplimiento progresivo permitiría confirmar una contribución a la democratización de las comunicaciones. De ahí que la síntesis de la rejilla de análisis aquí propuesta, a partir de considerar los ejes mencionados y estas dos variables, se exprese en términos de grado de democratización de las políticas comunicacionales.

Destinatario Síntesis

Espacios/Mercados

Nuevos agentes audiovisuales/gatekeepers

Agentes no audiovisuales

Agentes audiovisuales

Actividades audiovisuales

Regulación

Regulador

Discurso

Ejes

Subejes Prioridades Políticas Social/Cultural Económico/Industrial Público/Privado Nacional-Regional/De bloque-Global Gobiernos/Autoridades Consultivas/Ejecutivas independientes Sólo audiovisual/Audiovisual y telecomunicaciones De bloque/Nacional/Regional/Local Tradicional/Retirada Normativa sectorial/Normas transversales progresiva Co-regulación/Autorregulación Contenidos Generalistas/Temáticos Universales/Específicos Servicios de la SI Vinculados a la Que suministran oferta/No contenidos/Que ejercen vinculados control editorial Que suponen transacciones comerciales/No comerciales Servicios convergentes Operadores Públicos/Privados Modelo “gratuito” Productoras Nacional/Regional/Local Publicidad/Todo pago Empaquetadores Fabricantes, comerciantes e Público/Privado instaladores de equipamiento Nacional/Global Propietarios redes difusión Gestor acceso condicionado Estándares abiertos/Propietarios Control EPG Público/Privado Gestor múltiple Mixto/Independiente Nacional/Internacional Regional/Local Ciudadano/Consumidor Ejes predominantes Análisis en términos de democratización

Tabla 1. Rejilla de análisis para las políticas nacionales

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III. LA TDT EN LA UNIÓN EUROPEA En tanto uno de los objetivos de esta investigación es comprender el contexto de las políticas aplicadas a la TDT en España y el Reino Unido relevando el estado de situación del servicio en la Unión Europea, además de analizado las políticas que esta última les ha destinado, se propone a continuación profundizar en las políticas europeas para la TDT. Las mismas se analizan en función de sus antecedentes, sentido y relación con los Estados miembros. 1. SITUACIÓN DEL SERVICIO Si su relación con la modalidad televisiva más extendida, la hertziana analógica, ubica a la TDT en el centro de una nueva oportunidad democratizadora, a cómo se está haciendo uso de ella en Europa se dedica este capítulo al relevar el estado de situación de la implantación del servicio en la UE, a modo de marco de referencia de los casos británico y español. La intención es demostrar que son las decisiones políticas y las tendencias económicas existentes, más que las posibilidades tecnológicas, las que están sentando las bases de las futuras redes terrestres digitales. Ello queda claro, para poner un ejemplo, en las distintas arquitecturas de difusión que se van conformando en cada país según la forma y los destinatarios del reparto de los múltiples disponibles. Lo que también puede decirse de el/los actores a los que se confían las funciones de multiplexar u otorgar servicios adicionales de modo que la competencia se establezca, o no, entre distintos difusores, gestores de múltiple, proveedores de servicios interactivos, etc. Según Informa Telecoms & Media, el número de hogares con acceso a la TDT en Europa podría cuadruplicarse a lo largo de los próximos años: 44,9 millones tendrían acceso a su señal en el televisor principal para el año 20111. 1

Digital Spy, “European homes with digital TV to quadruple by 2010-report” (31/03/2006).

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Sin embargo, más allá de estas previsiones que representan alrededor del 16,6% de los hogares europeos con televisión, un incipiente y en general problemático escenario de implantación es lo que se ha verificado en la actualidad europea. 1.1. Heterogeneidad y desaceleración del modelo de pago A finales de 1998 y en el Reino Unido empezaron las emisiones de la primera plataforma europea de TDT, OnDigital, renombrada más tarde ITV Digital en un intento por superar la crisis en la que se encontraba. Poco tiempo después, España apostó igualmente por un servicio de pago que también fracasó, adelantándose en esta aventura iniciada por el Reino Unido y Suecia, a Finlandia, Suiza, Gráfico 1. Mapa europeo de TDT

Países que han lanzado servicios TDT. Países que han seleccionado el estándar DVB-T, en su mayoría, efectuando activamente pruebas piloto. Fuente: DigiTAG.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL

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Tabla 2. Implantación de la TDT en Europa General Suecia

Finlandia

Alemania

Holanda

Italia 1998 (Roma, Torino & Palermo) 2001 modificada 2003

Inicio de pruebas

01/04/1999

1999

—

1998

Legislación

mayo 1997

mayo 2003

primavera 2002

1999

Lanzamiento en pruebas

abril 1999

agosto 2001

noviembre 2002

Lanzamiento oficial

septiembre 1999

octubre 2002

Apagón analógico

01/02/2008 (si 98% cobertura; iniciado 2005)

31/08/2007

Francia

Noruega

Dinamarca

—

junio 2000

1999

agosto 2000 actualizada 2004

2002 (finalizada 2004) 2005 (finales 2006 para NTV)

abril 2003

2003/4

17/01/2005

marzo 2003 (por region)

Noviembre 2003

1º enero 2004

31/03/2005, en abierto; a marzo 2006, de pago

inicio progresivo 2007

abril 2006 (MUX1; múltiples 2 a 4 por adjudicar)

iniciado, completado para 2010

alcanzado 11/12/2006

2012 (inicio 2008)

30/11/2011

iniciado, completado para 01/01/2008

finales octubre 2009

5 en uso (6 planificados)

3 (plan 2001)

4

UHF

UHF

UHF

8k

8k

diciembre 2002 (revisada 2003) abril 2005 (MUX1)

Parámetros DVB-T Número de múltiples Bandas Tipo de carrier Modulación

4 (90% población) + 1 (50%) UHF

5

4 inicialmente

UHF

UHF y VHF

5 en uso (6 10 (2007; 5 planificados) inicialmente) UHF

UHF y VHF

8k

8k

8k

8k

8k

64QAM

64QAM

16QAM

64QAM

MFN y SFN

MFN y SFN

MFN

SFN y MFN

Middleware

Open TV (MHP en pruebas)

MHP

MHP en adopción

16QAM MFN y SFN (local) MHP (algunos servicios)

Ancho de banda

8MHz

8MHz

Canales por múltiple

4-5

4-5

Mecanismo de asignación

por canal (concurso)

por canal (concurso)

Gestión del múltiple

a cargo de Boxer, junto con otros servicios técnicos

a cargo de una firma creada y compartida por los emisores

Red de difusión

Teracom

Modelo de negocio

mixto (inicialmente de pago)

Subsidios

¿a la oferta?**

MFN MHP

8MHz UHF & UHF/8MHz, 8MHz 7MHz VHF VHF/7MHz Organización del Servicio 4-5

por canal y múltiple (concurso)*

5-6

4-6

por por múltiple, múltiple, los los canales canales los los elige el elige el adjudicado adjudicado (concurso)

a cargo de una firma creada y en manos en manos de de quien compartida por quien explota los emisores o explota el el múltiple de quien explota múltiple el múltiple operada principalmente operador por T Systems Digita Oy Nozema autorizado (subsidiaria RAI Deutsche Telekom) principalmente en abierto mixto mixto en abierto (SP) y de (servicios de (inicialmente (canales de pago pago prepago por en abierto) son posibilidad) (plataforma) evento) a la oferta a la demanda (emisores — — comerciales) y la (STBs) demanda (STBs)

64QAM 64QAM MFN MFN y SFN principalmente

8k 64QAM MFN y SFN

MHP planificado

MHP

MHP

8MHz

8MHz

8MHz

5-6

4-5

4-5

por canal (concurso)

por múltiple, los canales los elige el adjudicado (concurso)

por canal (emisores públicos) y múltiple (concurso ¿subastas?) único operador para la futura plataforma; emisores MUX1 comparten su gestión

seleccionado u operado por los canales que comparten el múltiple elegido por operador del múltiple (TDF dominante, Antalis y Towercast)

en manos de quien explota el múltiple

Norkring (Telenor)

BSD transporta emisores públicos

mixto

se prevé mixto

en abierto (se prevé mixto a partir nuevos lanzamientos)

—

—

—

* varía en cada länder. ** la Comisión Europea investiga una denuncia por supuestas ayudas estatales anticompetitivas otorgadas para financiar el desarrollo del servicio.

Fuente: DBV, Analysys (2005) y elaboración propia.

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Tabla 3. Recepción de televisión digital en Europa en miles de hogares con TV (TVHH)

País

AT BE BG CH CY CZ DE* DK* EE ES FI FR* GB* GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MK MT NL NO PL* PT RO RU SE SI SK TR EUR 25 EUR 35

Número de hogares TVHH con TV digital abonados DSL DTH TDT CATV marzo marzo junio 31.12.04 2005 2005 2005 0,1 183,9 0,2 7,0 220,5 0,0 10,0 1,0 0,0 29,0 0,0 0,0 145,0 0,0 15,0 1,0 0,0 8,8 0,0 10,0 0,0 89,9 2,0 0,1 2.046,7 1.550,4 3.000,0 0,3 210,0 332,8 15,0 0,1 22,0 7,0 0,0 0,0 570,0 1.700,0 200,0 22,2 123,0 66,6 500,0 0,1 1.074,0 4.333,0 685,0 213,0 2.514,0 7.910,0 5.180,0 20,0 0,0 209,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,0 146,0 0,0 0,1 145,0 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 3.236,0 800,0 132,1 0,0 ~ 0,0 0,0 0,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 7,0 2,5 0,1 0,0 ~ 0,0 0,0 ~ ~ ~ ~ 194,0 520,0 2,4 3,0 126,0 483,4 0,0 1,6 22,0 1.170,0 20,0 0,1 150,0 400,0 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 10,0 360,0 0,1 0,1 271,0 606,1 450,0 4,0 3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 10,0 4,5 0,0 0,0 894,0 0,0 0,0

Total TVHH digital 191,1 231,5 29,0 161,0 18,8 92,0 6.597,4 557,9 29,0 2.492,2 689,7 6.305,0 15.624,0 209,3 0,5 150,1 500,0 12,5 4.168,1 ~ 7,1 0,2 9,6 ~ ~ 719,4 611,0 1.212,1 550,1 1,1 370,2 1.331,1 7,0 14,5 894,0

Total TVHH

TVHH Digital/Total TVHH

3.215 4.266 2.559 3.070 234 4.155 37.596 2.415 476 13.942 2406 23.623 25.674 3673 1401 3502 1240 102 22.513 11 1241 172 794 508 120 6.933 1951 13.157 3.700 6.559 50.346 4.354 688 1.885 16396

5,9% 5,4% 1,1% 5,2% 8,0% 2,2% 17,5% 23,1% 6,1% 17,9% 28,7% 26,7% 60,9% 5,7% 0,0% 4,3% 40,3% 12,3% 18,5% ~ 0,6% 0,1% 1,2% ~ ~ 10,4% 31,3% 9,2% 14,9% 0,0% 0,7% 30,6% 1,0% 0,8% 5,5%

7.569,3 22.665,1

10.871,5

410,2 41.516,1 178.759,0

23,2%

7.850,3 24.433,0

10.886,6

425,4 43.595,3 261.662,0

16,7%

* Ventas de descodificadores de TDT a septiembre de 2005.

Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual (2005).

POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL

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Holanda y Alemania, que en breve se sumarían a las emisiones de TDT. Lo han hecho Italia en 2004, y Francia, Noruega y Dinamarca a lo largo de 20052. A mediados de la década de los noventa e incluso antes, casi todos los gobiernos europeos tenían una serie de razones comunes para introducir la TDT (Brown y Picard, 2005: 339): permitir a sus ciudadanos participar en la SI, expandir las oportunidades para las industrias nacionales de programas y de infraestructuras, habilitar un mayor número de canales terrestres para fomentar la competencia al interior de esta red y entre esta y el cable y el satélite (Reino Unido, Italia, Francia), realizar el apagón para liberar espectro para otros usos (Reino Unido, Alemania), ayudar a que los operadores terrestres recuperaran la audiencia perdida frente al satélite (Suecia y Finlandia), proteger la soberanía cultural a través del fortalecimiento de la regulación televisiva doméstica (Suecia), y promover programas de interés especial y regional (Alemania). Sin embargo, en términos generales y a juzgar por los datos, la adopción de la TDT ha sido bastante pobre y está por debajo de las predicciones oficiales iniciales, lo que ha supuesto que en la mayoría de los casos las fechas de apagón dispuestas inicialmente por los gobiernos con la intención de otorgar certezas y generar confiabilidad hayan tenido que aplazarse. DigiTAG (2006) estima que el apagón en la región tendrá lugar en tres fases. Mientras que un primer grupo de países lo alcanzará para 2008 y el segundo lo llevará adelante entre 2009 y 2011, es difícil que los países que pertenecen al tercer grupo apaguen sus señales antes de 2012. Aunque Holanda haya cesado completamente el uso analógico de sus frecuencias televisivas terrestres, el Reino Unido detenta claramente el liderazgo en términos de penetración, Finlandia le sigue de cerca, e Italia y Suecia ostentan lejanos aunque parejos tercer y cuarto puesto (DGTVi, 2006: 62). Si bien es pronto para establecer conclusiones definitivas en torno a la implantación de la TDT en Europa, es posible señalar algunas particularidades nacionales en su desarrollo al tiempo que tendencias generales. 1.2. Balance de actuaciones 1.2.1. Similitudes y diferencias Por una parte, gracias a la actitud pionera de países como el Reino Unido, Suecia y Finlandia, fue posible disputar a los Estados Unidos el primer lugar en la carrera del servicio. Sin embargo, el devenir de las diferentes experiencias fue poniendo de manifiesto las complejidades e incertidumbres sociopolíticas y económicas que la TDT trae consigo, haciendo fracasar aquellas experiencias sustentadas en el pago y en fuerte competencia con otros sopor2 Como el grado de desarrollo del servicio en el continente es desigual, se alude aquí a las experiencias de los principales mercados (Alemania, Italia y Francia) y los países nórdicos (a excepción de Islandia), además de al caso holandés.

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tes digitales. Ese fue el caso del Reino Unido pero también de España, Portugal3 y en parte Suecia. La lección de estas historias la ha dado el primero de los casos, que demostró cómo evitar el colapso del servicio con una rápida y eficaz actuación pública, eso sí, en alianza con algunos de los sectores privados comerciales más importantes de la radiodifusión. El resultado a nivel de modelos de negocio ha sido la emergencia de fórmulas mixtas apoyadas en combinaciones variables de publicidad, canon y suscripción. En este sentido, el caso sueco es también prueba de la importancia de la actuación de los entes públicos de radiodifusión para el éxito de los primeros pasos en la digitalización de las redes terrestres, aunque allí se siga sosteniendo la inicial elección del pago como motor del servicio. De hecho, de los modelos de abono lanzados inicialmente en Europa, sólo dos sobreviven y con ajustes considerables (el sueco y el holandés). La mayoría de los países están confiando la transición a un modelo de plataforma en abierto con algunos elementos de pago, que pueden tomar la forma ya sea de paquetes de canales, canales individuales o eventos de pago por visión (Analysys, 2005: 26), en una dinámica que parecería asegurarse primero una amplia audiencia, para introducir en un segundo momento la oferta de pago (DigiTAG, 2005). Al respecto, Francia parece haber aprendido del fracaso de sus vecinos y de la importancia del equilibrio público-privado/servicios gratuitos-de pago que tan bien parecen estar alcanzado, según el caso, algunos países del norte de Europa. Por ello ha sido sumamente cuidadosa en la planificación del lanzamiento de su TDT, aunque su “retraso” esté también relacionado con importantes pujas internas. Aunque no posee una oferta en abierto tan importante como el Reino Unido y se discute si habrá subsidios como en Italia, y en tanto varias ofertas ADSL, dos plataformas satelitales en plena fusión y un cable en consolidación se disputan ya el mercado de la televisión de pago, para algunos es un interrogante importante en qué medida podrá la TDT de pago generar demanda suficiente. Por lo que estiman que este modelo mixto con importante presencia del pago, podría, a su vez, arrojar resultados mixtos. Tanto Suecia como Finlandia impulsaron un rápido desarrollo del servicio junto con Alemania, y en los tres casos se observa una fuerte presencia de la instancia de lo público reflejada en el papel clave asignado a sus servicios públicos de radiodifusión como motores de las redes digitales terrestres. En Suecia claramente se ha confiado y se exigirá al servicio público la prestación universal de TDT, en tanto y en cuanto se reconoce que el emisor privado con fines de lucro solamente construirá oferta donde detecte una demanda estable. Alemania, por su parte, con una planificación e implementación exitosa que a algunos puede hacer recordar a su desarrollo del cable, está logrando un modelo en abierto a toda marcha a pesar de haberse iniciado más tarde 3 La plataforma de pago portuguesa, Plataforma de Televisão Digital Portuguesa, devolvió su licencia en 2003 sin siquiera haber lanzado sus servicios.

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que sus vecinos del norte (Berlín ha sido la primera ciudad europea en apagar su señal analógica en el otoño de 2003). Con una población que depende fundamentalmente del cable para recibir televisión, al igual que ocurre en Holanda, ambos países han apostado por promocionar la TDT como la mejor opción para la recepción portable y la conversión a la señal digital de los segundos y terceros televisores del hogar. La excepción en la “zona NorDig” la constituyen Noruega y Dinamarca con un parate significativo luego de tempranas experimentaciones. De los casos aquí analizados, el italiano es sin lugar a dudas el que más particularidades puede llegar a presentar en el sentido de que allí ha sido la radiodifusión “privada”4 comercial la que inició las pruebas de TDT, dejando en un papel secundario y absolutamente subsidiario a la RAI que además se enfrenta a intentos privatizadores. De ahí que la ayuda para la compra de descodificadores con dinero público pueda pensarse como un subsidio indirecto al sector privado que es quien está acaparando la oferta de pago. Al momento y a diferencia de aquellos países que han permitido la entrada de nuevos actores, la distribución de las frecuencias digitales entre los emisores existentes tiende a preservar el statu quo vigente (en este caso duopólico), al igual que ocurrió, por ejemplo, en el Reino Unido. Al respecto, cabe señalar que en todos los casos se está permitiendo la continuidad de los emisores analógicos existentes en la TDT, incluido el servicio público, reconociendo con ello el papel clave que juegan estos actores en el proceso de migración. Sin embargo, se ha permitido también el ingreso de operadores con intereses en otros mercados relacionados con la televisión digital. Si con la televisión analógica terrestre los gobiernos otorgaban las frecuencias disponibles mediante un criterio que podríamos llamar de “canal por canal”, con la TDT es posible otorgar una licencia para uno o varios canales, e incluso todo un múltiple. Ambos métodos están siendo utilizados en Europa. Por ello el grado de competencia que cada mercado de TDT ofrece depende de si las licencias se otorgan por canal (Suecia, Finlandia, Francia), múltiple (Italia, Holanda), o canal y múltiple (Dinamarca), y en relación con ello, de cómo se organiza la explotación de la red de difusión y la gestión de los servicios asociados, además del múltiple. Destacan los casos sueco y finlandés que constituyen modelos “libres” donde la gestión del múltiple y la programación, e incluso la red, se han otorgado a diferentes actores. Por otra parte es necesario destacar que: en todos los casos existe una arquitectura de red que prevé al menos tres múltiples organizados tanto en redes de frecuencia única como múltiple, con el llamativo predominio de alguna de las dos en función de la historia analógica terrestre previa. Es decir, el 4 Se entrecomilla el concepto de privado ya que el doble papel que Berlusconi ha jugado, en el Gobierno y al frente de Mediaset, difumina aún más, si cabe, las barreras entre sector público y privado. A mediados de julio de 2004 la Cámara de Diputados aprobó una ley sobre conflictos de intereses que permitió al Primer Ministro continuar con su cargo político y ser propietario de sus empresas de comunicación, siempre y cuando no las administrase en primera persona.

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uso de redes de frecuencia única en Alemania se engarza en su historia regional y federal de servicios de radiodifusión, mientras que la organización italiana de la TDT en redes multifrecuencia, responde a emisiones de alcance nacional con sus respectivas desconexiones de fuerte acento centralista. En todos los países que han lanzado el servicio luego del año 2000, nueva legislación para el ámbito de la radiodifusión se ha elaborado; y si bien se detectan similitudes técnicas que responden al uso de una norma compartida (típicas del DVB, como modulación 64QAM, ancho de banda 8Mhz, etc.), debe señalarse la interesante tendencia a la elección del MHP como middleware5. En relación con la interoperabilidad, Finlandia parece ser el único país que está logrando un entendimiento real entre distintos operadores y plataformas de televisión. Mientras que a excepción de Francia (servicios de pago) y próximamente Noruega, todos los países utilizan el estándar de compresión MPEG-2. En lo que respecta al coste de convertirse en un hogar digital en Europa, este varía enormemente de país a país y permite establecer una clara relación entre este y el éxito de implantación del servicio6. En 2005, mientras que los precios más bajos de descodificadores se encontraban en el Reino Unido, donde uno muy básico podía comprarse a 60 euros, mercados mucho menos desarrollados y recientes como el italiano o el alemán, ofrecían descodificadores en torno a los 100 euros. Por el contrario, en mercados mucho más “antiguos” como el español (pero también el sueco), el coste hasta principios de 2006 ha sido más elevado y, por ende, la adopción del servicio mucho más lenta. Este cuadro de situación se finaliza haciendo referencia a la oferta de contenidos y servicios de la incipiente TDT europea que Larrégola y Delgado relevaron en 2003, diciendo que los contenidos creados específicamente para la TDT son muy reducidos ya que la mayor parte proviene de las cadenas existentes y los canales “llave en mano”, lo que convierte a la TDT casi exclusivamente en un nuevo soporte para difundir más de lo mismo. Más puntualmente, se indica que la información predomina en los canales temáticos y la ficción tiene poco protagonismo, aunque sí aparece un renovado interés por dos macrogéneros olvidados: los programas para niños y jóvenes. Por su parte, en el ámbito de la oferta de servicios, casi todos los existentes se encuentran también en otras vías de transmisión. 5 En marzo de 2001 algunos países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca) suscribieron un acuerdo por el cual implementarían el estándar para servicios interactivos DVB-MHP, aplicable a todos los soportes de la televisión digital, más allá de las diferencias nacionales que existían en el desarrollo de la TDT. El MHP (Multimedia Home Platform) es una propuesta de interfaz genérica entre las aplicaciones digitales interactivas y los terminales que las ejecutan; un middleware que aporta una solución técnica interoperable al permitir la recepción y presentación de aplicaciones independientemente de la arquitectura hardware del receptor y del tipo de red. Middleware, también conocido más concretamente como API (Application Program Interface), es el formato de lenguaje y envío de mensajes que permite a una aplicación de difusión comunicarse con el sistema operativo de un receptor digital. 6 Entendiendo que dicho coste está fundamentalmente apoyado en el precio de adquisición del descodificador necesario para recibir TDT (Screen Digest, “Cost of buying into european DTT”, nº 395, agosto, 2004).

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Este relevamiento que DGTVi actualiza, evidencia que a mayo de 2006, con la introducción de la TDT en Europa occidental, el número de canales nacionales disponibles por la vía terrestre se había casi triplicado y que los contenidos dominantes en la TDT eran los generalistas (29%), la información (14%) y, compartiendo el tercer puesto (11%), el entretenimiento y los canales culturales/de utilidad pública (DGTVi, 2006: 36). En síntesis, no es difícil comprender en función de la descripción realizada, que países como Finlandia y el Reino Unido detenten el liderazgo europeo en términos de penetración del servicio y les sigan países como Suecia. Ya que la clave del “éxito” de estos emprendimientos reside en una importante intervención pública, principalmente bajo la forma de planificación y apoyo a la transición, e importancia otorgada al servicio público de televisión. Sin embargo, como la experiencia alemana ha demostrado, en la medida en que ello no esté suficientemente justificado en términos de transparente y libre competencia puede ser cuestionado por la Unión Europea. 1.2.2. Momentos y arquitecturas diversas Dos momentos pueden ya identificarse en la corta historia de la TDT europea. Una primera fase marcada por los lanzamientos pioneros del servicio sustentados en un modelo de pago que acabó fracasando, en paralelo a la organización de la extensión del servicio público de radiotelevisión a las futuras redes digitales. En mayor o menor medida todos los países han reservado espacio en los múltiples previstos para sus servicios públicos televisivos. Esta primera fase acabó en la primavera de 2002 con los colapsos comerciales del Reino Unido y España y los problemas en Suecia. Demoras (Francia) y planes abortados (Portugal) fueron característicos de este periodo que comenzó a superarse cuando el Reino Unido lanzó una plataforma en abierto bajo la marca Freeview en el otoño de 2002. Las lecciones clave aprendidas en este periodo incluyen (DigiTAG, 2005): el desarrollo de un fuerte apoyo y presencia de los emisores públicos, la adopción de un modelo predominantemente en abierto, el aliento a un mercado libre y abierto de equipamiento para los consumidores con precios asequibles, el logro de consensos y una menor confianza en elementos como la interactividad para impulsar el crecimiento. A partir de 2002 se inició un segundo momento en el que los servicios de pago se redimensionaron a menor escala, haciéndose justamente el servicio público mucho más cargo del desarrollo del sistema, sobre todo en aquellos países que ya contaban con TDT (caso británico). A lo anterior se sumaron nuevos lanzamientos, beneficiados por el saber de los errores ajenos, que parecerían estar privilegiando la construcción de arquitecturas más equilibradas respecto a la oferta en abierto y de pago, los operadores públicos y privados y los actores nuevos y preexistentes (caso francés). Según DigiTAG (ibídem), en esta fase que se ha cerrado con el 2005, diez países han establecido plataformas de TDT y para finales de 2007 se esperaba que lo hicieron el resto de los países de la región.

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Lo hasta aquí expuesto permite comprender, en primer lugar, cuáles son los cuatro elementos clave requeridos para una rápida adopción de la TDT (Analysys, 2005: 27): oferta atractiva (principalmente multicanal y en abierto), descodificadores asequibles y ampliamente disponibles, una fuerte campaña de comunicación informativa y la existencia de un consenso sin fisuras entre los principales actores involucrados en el desarrollo del servicio. En segundo lugar, permite entender mejor las distintas arquitecturas posibles en las que se ha ido plasmando el servicio y que claramente obedecen a cada una de las políticas nacionales particulares. Siguiendo la clasificación que establece Bustamante (2003), se señala aquí que por un lado se encuentran aquellos países que han decidido consolidar el equilibrio analógico repartiendo paquetes de canales entre las cadenas existentes y reafirmando la televisión abierta, que así consolida su supervivencia no codificada, “gratuita” y federadora de públicos amplios. Esto es así en casos como el francés, donde este modelo favorece al equilibrio público-privado, y donde aún el servicio público sigue fuerte (incluso en el Reino Unido). El siguiente es su resumen de las principales fases de desarrollo de la TDT en Europa, junto a la descripción optimista de los periodos que teóricamente sobrevendrán: Tabla 4. Principales fases de desarrollo de la TDT en Europa Emergencia y fracaso de plataformas puras de pago. 1998-2002 Retrasos y lanzamientos abortados. Crecimiento primero limitado, luego estancado. Introducción exitosa de plataformas principalmente en abierto. Importancia creciente del rol de los emisores públicos. 2002-2005 Emergencia de controversias respecto de la financiación pública. Crecimiento importante. Lanzamiento de los países de Europa occidental pendientes. Desarrollo de modelos mixtos (basados en contenidos en abierto pero con una variedad de componentes de pago). 2005-2008 Se adoptan nuevas tecnologías. ¿Resolución de las controversias sobre la financiación? El crecimiento continúa pero se desacelera en los mercados más antiguos. Las plataformas maduras se estabilizan. Pruebas en HDTV se generalizan. Lanzamientos en Europa del Este. 2008-2010 Se refinan las estrategias de migración y apagón analógico. Varios países alcanzan el cese de las emisiones analógicas de televisión. El crecimiento depende de los estímulos. Todos los países se han convertido a las emisiones digitales. 2010-2015 Se generaliza la adopción de la alta definición. Crecen las aplicaciones interactivas y la televisión en móviles. Fuente: DigiTAG (2005).

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Por otra parte, cabe distinguir a aquellos que han decidido confiar el desarrollo del servicio a la televisión de pago, concediendo paquetes de programas a nuevos operadores de pago con el objetivo de que compitan con los otros soportes. Allí donde ha sido aplicado en términos puros, este modelo ha fracasado (Reino Unido, España), ya que no ha podido sobrevivir en mercados de abono monopólicos u oligopólicos ya saturados (como es el caso del satélite en los países mencionados). Una opción totalmente diferente a las anteriores supondría abrir el mercado a nuevos actores, lo cual entrañaría el riesgo de que se deslicen con este argumento nuevos operadores políticamente vinculados a los gobiernos o que, simplemente, se llegue a una saturación de los mercados nacionales que haga imposible la supervivencia de nuevos y viejos canales (Bustamante, 2003: 187). A modo de síntesis final respecto de la situación de la TDT en Europa, podrían señalarse, partiendo de Shulzycki (2003), las siguientes características. En lo que respecta al modelo de negocio, si bien el modelo puro de pago ha sido abandonado, muchos operadores aún no han optado por un modelo completamente gratuito; si bien se ha reducido el énfasis discursivo en los beneficios y promesas de la interactividad, esta sigue siendo parte de las planificaciones futuras; el MHP está ganando una interesante aceptación en lo que podría ser el reconocimiento de la necesidad de establecer un mínimo de acuerdos técnicos a nivel regional para la viabilidad económica del servicio; lo cual está íntimamente relacionado con que los fabricantes hayan empezado a jugar un rol más activo, ya que se verifica la emergencia de un mercado de descodificadores más atractivo. En aquellos hogares con segundos y hasta terceros televisores que no dependen de las redes terrestres para recibir televisión, la adopción de la TDT aparece como la opción más razonable y adoptada para convertirlos a la recepción digital. Por otra parte, en uno de los actores cruciales de esta historia, los emisores, se detecta una especie de divorcio entre los emisores comerciales, que no han estado completamente comprometidos con el desarrollo de la TDT, y los servicios públicos que están proporcionando un papel de liderazgo pero sin el financiamiento adecuado. Por último, no debe olvidarse que la TDT sigue teniendo que enfrentarse por las futuras audiencias digitales con el satélite y el cable, habiendo tomado ya el segundo, en general, una posición beligerante respecto de las normas must carry. Aunque en la mayoría de los países se ha otorgado espacio adicional a los operadores terrestres existentes para emitir en digital, en líneas generales, su actitud ha sido dilatar el máximo posible la puesta en marcha del servicio como ocurrió en Francia y, con consecuencias nefastas, en Suecia. Pero aunque las políticas de los gobiernos europeos han tendido en buena medida a favorecer a los operadores analógicos existentes otorgándoles gratuitamente espacio digital, también ha predominado la asignación de licencias para la distribución terrestre de canales comerciales ya existentes en los servicios de cable, y sobre todo, satélite (Suecia, Finlandia, Francia). Lo cual permite afirmar junto a Brown y Picard (2005), en relación con las implicaciones de estas medidas, que mientras que en teoría la TDT tiene el

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potencial de enriquecer la diversidad de la estructura de propiedad televisiva en toda Europa, en la práctica, está consolidando la posición de los operadores comerciales existentes en diferentes soportes. Si por el contrario, los emisores públicos han sido importantes defensores de la TDT porque les permite expandir el tamaño y alcance de sus operaciones y mantener y aumentar sus audiencias, el modelo predominante adoptado hasta el momento ha sido el de mantener sus canales generalistas y complementarlos con la creación de nuevas propuestas temáticas que representan áreas centrales de sus compromisos de servicio público (como ser educación, ciencia, arte, cultura, etc; Picard, 2005: 141; Hujanen, 2005). A pesar de sus limitados y controlados presupuestos, muchos han recibido aportaciones adicionales bajo la forma de aumento del canon y/o aportes extraordinarios de los presupuestos públicos, e incluso ingresos provenientes de la privatización de algunos activos. En Finlandia, la red de difusión del ente público YLE, al igual que en el caso de la BBC, fue privatizada para financiar los costes de su digitalización. Las diferencias radican en que mientras que en el segundo caso la venta fue total, en el primero la entrada de capital privado a Digita alcanzó hasta casi el 50%; aunque en ambos casos los nuevos propietarios fueran de origen extranjero (Crown Castle y TDF, respectivamente). 1.2.3. Escenarios de implantación y estrategias de migración En una descripción más general de los escenarios europeos de implantación del servicio, los mercados europeos podrían dividirse en aquellos con una penetración predominante (Alemania, Bélgica, Holanda) o importante del cable (los nórdicos en general), aunque en lento proceso de digitalización (salvo Noruega), en los que la implantación de la TDT está respondiendo de forma opuesta según la política adoptada. Es decir, que por una parte se manifiesta una transición relativamente exitosa en países con gran penetración del cable que tienen una activa política pública, ya que hay menor cantidad de población que tiene que migrar y la TDT se plantea como una ventaja en tanto brinda respuesta a alguna necesidad. Económica, en términos de coste de acceso más barato, o tecnológica, como es el caso de Alemania y la portabilidad. En países donde prácticamente todos los hogares tienen acceso a unos 30 canales por 30 euros al mes, es más tentador migrar a la TDT que ofrece entre 20 y 30 canales, o bien gratis como en Alemania, o por un precio menor al paquete de cable básico, como en Holanda. Pero por otra parte, se verifica un desarrollo más lento en aquellos países en los que el cable se presenta como una barrera para su implementación, como ha ocurrido en Finlandia y en cierta medida en Noruega, que además ostenta interesantes tasas de digitalización de la televisión por cable y satélite. En segundo lugar, y porque justamente la cantidad de población a migrar es mayor allí donde las redes terrestres analógicas es lo que predomina de la mano de desarrollos muy pobres de televisión multicanal en términos de penetración,

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la TDT está teniendo un desarrollo sumamente problemático (Grecia). Por último, pueden destacarse aquellos mercados con un gran desarrollo de las redes terrestres pero con ofertas de pago más o menos significativas, según el caso, en las que predomina una oferta multicanal. Allí las experiencias primeras han privilegiado un modelo fallido de TDT de pago (Reino Unido, España), por lo que los esfuerzos se están reconvirtiendo hacia ofertas en abierto que están consiguiendo cierto éxito en la migración, en tanto captan la inmensa masa de espectadores de la televisión “tradicional” que perciben la TDT como una forma de enriquecer la oferta existente. Una variante de lo anterior es su combinación con ofertas puntuales de pago, en cuyo caso, el objetivo son los públicos dispuestos a pagar, pero no demasiado, por una oferta diferenciada (Italia). Casi todos los países basan su migración en procesos de emisión simulcast confiados a los operadores existentes, cuya duración parece variar en cada caso, principalmente, según la capacidad espectral y su planificación, y la dependencia de la población respecto de las emisiones televisivas terrestres. Es decir, la historia y penetración existente de los distintos soportes televisivos. Motivos que a su vez han influenciado la decisión de ofrecer o no cobertura universal de TDT y han definido dos grandes modelos de transición: apagón región por región o cese coordinado de todas las emisiones analógicas en un mismo día (opción minoritaria; caso Dinamarca). El primer modelo es el preferido, debido tanto a razones políticas como prácticas (DigiTAG, 2005). En el Reino Unido, por ejemplo, el cese de las emisiones analógicas en una región es condición para extender la cobertura de TDT a otras áreas, mientras que en países como Alemania la existencia de estructuras regulatorias descentralizadas conlleva planificaciones separadas. En general, la opción de migrar región por región limita los riesgos y aporta lecciones. En aquellos países donde el apagón coordinado se cree posible, su planificación es mucho más sencilla porque se amortizan esfuerzos y toda la población obtiene los beneficios de la digitalización al mismo tiempo. De manera que pueden identificarse hasta cinco tipos diferentes de apagón analógico, no necesariamente excluyentes. En orden de dificultad creciente, ellos son (DigiTAG, 2005): - Apagón por imposición. En algunos países el cese de las emisiones analógicas puede ocurrir más rápidamente que en otros, sin relación alguna con el nivel de penetración obtenido para la TDT y en una fecha establecida arbitrariamente por el gobierno. Tal puede ser el caso de aquellos países con gran penetración de la televisión por cable y reducido número de hogares que dependen de las redes terrestres. Su principal desventaja es que elimina uno de los beneficios de la TDT: el aumento de la competencia entre soportes. - Apagón en fecha probable. Establece una meta condicionada a determinados logros. Tal es el caso de Francia, por ejemplo,

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donde la fecha establecida (2011) puede ser modificada a discreción de la CSA dependiendo de los niveles de penetración de la TDT. - Apagón en fecha firme. Opción menos flexible que la anterior, generalmente queda establecida a través de regulación, lo que hace su modificación mucho más difícil. En muchos países el establecimiento de una fecha en firme está relacionado con la caducidad de las licencias terrestres analógicas. - Conversión digital. Apagón que depende de otras tecnologías de distribución en un doble sentido. Por una parte, en algunos países la cobertura universal mediante las redes terrestres es demasiado costosa y, por ejemplo, el satélite se utiliza para alcanzarla. Por otra, en algunos países como Finlandia se requerirá que todos los soportes televisivos sean digitalizados al momento del apagón. - Conversión digital total. Estrategia más ambiciosa, usualmente supone todas las condiciones de la opción antes mencionada además del hecho de que absolutamente todo el equipamiento de recepción televisiva en el hogar sea capaz de procesar señales digitales. Según DigiTAG (ibídem), es probable que en el futuro existan múltiples fechas de apagón, empezando por la conversión básica de los hogares que dependen de las redes terrestres y siguiendo progresivamente por el camino de la conversión digital total. A su vez, debe considerarse que es posible que los tipos de migración también se multipliquen: de MPEG-2 a MPEG-4, de definición estándar a alta definición. Llegado el caso, el interrogante será en qué medida los hogares estarán dispuestos y podrán renovar su equipamiento de recepción en cortos periodos de tiempo. 2. ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS DE TDT La política audiovisual europea en general y sus políticas de televisión digital en particular, son referencia obligada, en tanto que antecedentes, de la conformación y sentido que las políticas europeas de TDT han adoptado desde su configuración. A ambas se hace referencia a continuación para detectar las tendencias dominantes que han guiado las principales actuaciones europeas en torno a la TDT. La Comisión Europea (CE), el Consejo y el Parlamenteo (PE), son las instituciones y organismos más importantes en la coordinación y desarrollo del audiovisual. Por lo que para hacer referencia a las políticas de comunicación de la UE relacionadas directa o indirectamente con la TDT, se han tomado en cuenta las acciones más importantes de su ejecutivo, la CE, a través de la Dirección General (DG) Sociedad de la Información y Medios encabezada por

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Viviane Reding y, en menor medida, las DG Educación y Cultura y Competencia7. También se han considerado los posicionamientos del PE y, en la medida en que afecten a la televisión digital, las conclusiones de los encuentros del Consejo Europeo ya que este tiene gran incidencia en la definición de las directrices políticas generales de la UE. 2.1. De la política audiovisual a la televisión digital Fue en una resolución de la asamblea de parlamentarios, institución previa al actual PE, que el audiovisual apareció por vez primera en la agenda comunitaria en 1963. Pero como los medios europeos se desarrollaron desde una fuerte impronta cultural y gestionados por empresas públicas, hasta los ochenta su regulación fue principalmente una cuestión de política nacional. La difusión satelital y la aparición de gobiernos comprometidos con las nuevas tecnologías y la apertura de los mercados cambió esta situación, poniendo en marcha un proceso en el que la entonces Comunidad Europea (hoy UE) acabaría adquiriendo un importante rol en la conformación de la política audiovisual de la región (Humphreys, 1996). El otro elemento crucial para la definitiva injerencia europea en el sector se constituyó a partir de la actuación clave del Tribunal de Justicia (Godoy, 1995; Pérez de Nanclares, 1995; Dör, 2000). Si bien los Estados miembros cuentan con soberanía cultural, el artículo 59 del Tratado de Roma demanda libre intercambio de bienes y servicios, lo que llevó al Tribunal ya en 1974, en el marco del caso Sacchi, a dejar claro que la radiodifusión debía ser considerada como una actividad comprendida por el Tratado de Roma y que por tanto estaba incluida en las competencias de la Comunidad Económica, aunque en dicho texto, la televisión o la cultura no se mencionen siquiera. De hecho, esta última no sería considerada hasta la aparición del Tratado de Maastricht (art. 151 principalmente). Inicialmente, el impulso a una política audiovisual europea se fundó en la visión optimista, compartida por los miembros del PE y la Comisión, de que la difusión transfronteras contribuiría con el proceso de integración político y cultural europeo. Sin embargo, a medida que la década fue avanzando, los 7 La reorganización de las DG a lo largo de la historia ha sido expresión de la hegemonía conservadora en la definición de las políticas audiovisuales de la UE. Empezando por Prodi y siguiendo por Barroso, la eliminación de las palabras “audiovisual” e incluso “comunicación” de la denominación de las DG es una muestra sintomática de ello. Con Prodi, Telecomunicaciones, Tecnología e Industria de la Información, y Cultura, Audiovisual, Información y Comunicación, pasaron a ser Sociedad de la Información y Educación y Cultura, respectivamente, repartiendo entre ambas las competencias de información y comunicación. Con la llegada de Barroso, el ámbito de la comunicación no solamente verá profundizar su tratamiento dividido (las infraestructuras bajo el ala de la nueva Sociedad de la Información y Medios, los contenidos para Educación y Cultura), sino que asistirá a su subsunción definitiva a la lógica económico-industrial determinista que lleva adelante la DG Sociedad de la Información y Medios. Barroso decidió unificar bajo la responsabilidad del comisario Reding los tres aspectos de las comunicaciones electrónicas modernas: radio y televisión, redes informáticas y servicios de comunicación electrónica. Por lo que la separación definitiva de la comunicación y la cultura se ha institucionalizado, despojando a la DG Educación y Cultura de toda injerencia sobre la definición de la política audiovisual.

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Tabla 5. La política audiovisual europea Periodo

Primeros pasos (1981-1984)

Progresivo abandono perspectiva políticocultural (1985-1993)

Características Predominio de una visión político-económica. Perspectiva unificadora por encima diferencia, “espacio audiovisual europeo”. Visión instrumental TV. Visión más económicocultural, la unidad debe lograrse con la diversidad. Pero continuidad mirada instrumental TV. Fracaso imposición estándar HDTV. Cierre en falso del debate en torno al pluralismo.

Principales documentos Reporte Hahn. Res. PE 12/03/1982. Informe sobre la realidad y tendencias TV en Europa. Libro Verde TVSF. Dir. MAC. Dictamen Barzanti. Dir. TVSF. Media I (1991-1995). Libro Verde sobre pluralismo y concentración. Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo.

Sociedad de la Información/Convergencia (1993 en adelante)

Primacía visión económicoindustrial. Nuevo mito SI/Convergencia como motor crecimiento económico; el mercado audiovisual unificado es parte de este proceso. Continúa mirada instrumental: competencia por mercados internacionales y generación de empleo, secundariamente, florecimiento cultura europea. Inclusión audiovisual GATS pero defensa “excepción cultural”. Aparición noción de regulación horizontal y mediante normas competencia.

Media II (1995-2000). Informe Bangemann. Plan Acción Corfú. Libro Verde Industria Programas. Revisión TVSF. Libro Verde Convergencia. eEurope.

Revisión ante la Era Digital (1999, ver tabla 6)

Refuerzo tendencias existentes para el nuevo entorno digital.

Comunicación Política Audiovisual: próximos pasos.

objetivos económicos detrás de las políticas audiovisuales de la Unión fueron tomando un papel cada vez más predominante tal y como lo manifiesta su análisis en tres grandes periodos (Bustamante, 2000) que la tabla 5 retrata. Con el telón de fondo que una tradición europea de políticas audiovisuales de corte económico e industrial le otorgaba, la preocupación en torno a la televisión digital comenzó a dar sus primeros pasos cobijada bajo un nuevo periodo donde la SI y la Convergencia atraerían todas las miradas. Su construcción progresiva como objeto de políticas se montará a principios de los

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noventa sobre una serie de acciones relativas a cuestiones técnicas e industriales de la televisión, y evolucionará hacia finales de la década para preparar el salto hacia su configuración plena a partir del nuevo milenio. Pero aunque la televisión digital pase a ser en algunos casos la destinataria de preocupaciones exclusivas, la nueva regulación emergente para las comunicaciones electrónicas, heredera de la liberalización de las telecomunicaciones, y las directrices establecidas para la política audiovisual en la Era Digital, irán desviando el foco de una política integral para su implantación hacia su absorción por parte de la regulación de las redes, por una parte, y de los contenidos, por otra. La perspectiva económico-industrial seguiría primando. 2.1.1. Las bases conservadoras Las bases que permitieron configurar la política europea de televisión digital tuvieron origen en el Consejo y no en el PE, como ocurriera con los primeros pasos de la política audiovisual europea. Mediante una Resolución relativa al desarrollo tecnológico y normativo en el ámbito de los servicios avanzados de televisión, el Consejo planteó en 1993 la cuestión de la televisión digital con relación a la televisión de alta definición y el formato 16:9, solicitando a la Comisión la revisión de la Directiva 92/38 sobre adopción de normas para la transmisión de señales de televisión por satélite y la elaboración de una Comunicación sobre la televisión digital, ante el nuevo cuadro de situación constatable en el mercado. Si de lo primero emergió la Directiva 95/47 sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, lo segundo dio lugar a la Comunicación Difusión de Señales Digitales de Vídeo. Un marco para la política comunitaria (CE, 1993). Las dos cuestiones más interesantes que plantea esta comunicación refieren a la importancia que se asigna a la televisión digital y a la pregunta por el papel político que la Comunidad debía adoptar en el nuevo contexto digital. Es decir, que no sólo se presenta la idea de que a través de la televisión digital los hogares estarán conectados, por primera vez, a una superautopista digital de la información, y de que la televisión, en tanto que medio de masas, tiene potencial para acelerar las tendencias existentes para la creación de una red de comunicaciones de banda ancha integradas. También se plantean abiertamente, en términos de dilema político, las dos opciones que tiene la Comunidad frente a la digitalización en ciernes: dejar la transición totalmente en manos del mercado o, lo que el informe considera más apropiado, definir y desarrollar una visión a largo plazo sobre las redes globales del futuro y alentar a los jugadores del mercado a actuar en el sentido de dicha visión. De nada sirvió el alerta contenido en este documento acerca del peligro de dejar el proceso de digitalización en manos del mercado. Esta aproximación intervencionista se fue diluyendo hasta desparecer casi completamente de la prosa comunitaria y con ella la planificación a largo plazo. La posterior resolución del Consejo relativa a un marco para la política comunitaria en materia de

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difusión de señales digitales de vídeo (junio de 1994), en línea con este documento en lo que refiere a la preocupación por la necesidad de estandarización, vendría a responder a un nuevo cuadro de situación en el que el fracaso de la política industrialista de la televisión de alta definición sirvió de argumento para una nueva embestida del mercado. Desde entonces, la política europea dejó de imponer normas técnicas ya que se instauró un posicionamiento que supone que las fuerzas del mercado resuelven mejor estos dilemas. La adopción común del MPEG-2 para la compresión de la señal televisiva y el DVB-S, DVB-C y DVB-T para su difusión (1993, 1994 y 1995 respectivamente), legitimó inicialmente esta postura que sin embargo mostró sus limitaciones frente a los intereses divididos de una arquitectura común para los servicios de acceso condicional. Estaban en juego los negocios relacionados con el control de acceso al abonado que los operadores multicanales de pago existentes, en vías de digitalización, no estaban dispuestos a resignar. Las necesidades del capital establecieron pues los límites de la estandarización en el ámbito de lo digital. En este contexto, la Directiva 95/47 no representó más que la cristalización final de un proceso en el que la UE acabó trasladando su poder de toma de decisiones respecto de los estándares de transmisión de televisión al mercado, en tanto y en cuanto el DVB no es más que la arena de lucha de los principales actores del sector. Sin lugar a dudas, la directiva ha sido el primer paso en la constitución de una política europea de televisión digital ya que establece por primera vez el marco “ligero” que apoyó el lanzamiento de sus servicios, intentando fallidamente vincularlos de forma masiva con los desarrollos existentes de televisión de alta definición y formato 16:9. Este marco ligero acabó por sancionar la retirada de los Estados miembros y la propia Unión de su desarrollo. Los sistemas de televisión digital deben utilizar desde entonces un sistema normalizado por un organismo europeo de normalización (alusión implícita al DVB), y la actuación de los actores debe regularse por las normas de la libre, justa y limpia competencia. Lo que se traduce en proveer acceso condicional (SAC) a los competidores en condiciones no discriminatorias y llevar contabilidad diferenciada para este tipo de actividades. Sin embargo, al no dictarse un SAC común ni obligarse la inclusión de un interfaz común, al apoyar esta opción la Comisión Europea favoreció los sistemas simulcrypt propietarios y, por tanto, amparó la estructura de mercado existente (Llorens, 2001: 207). En otras palabras, lo fundamental es que las primeras medidas que afectaron a la televisión digital a nivel europeo fueron medidas de tipo técnico (de normalización) y económico (de regulación de la competencia). A partir de entonces, se inició una revisión general de la política audiovisual de la Comisión que tuvo a la Comunicación Política Audiovisual: próximos pasos (CE, 1998b) como punto final de un proceso desarrollado por otras actuaciones, que pusieron de manifiesto muchos de los lineamientos que tendría la política audiovisual en general y la de la televisión en particular en su nueva fase digital. Entre dichas actuaciones se encuentran el Seminario de Alto Nivel sobre el Advenimiento de la Radiodifusión Digital (1997); la creación Grupo de Alto

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Nivel sobre el Futuro de la Política Audiovisual, que dio lugar en 1998 a un informe cuya importancia reside en ser uno de los primeros documentos que advierte sobre los cambios profundos que la digitalización traería consigo, aunque desde una perspectiva optimista; y la Conferencia Audiovisual Oportunidades y Desafíos de la Era Digital (1998). Este proceso de revisión de la política audiovisual europea, que cristalizó en diciembre de 1999, fue posible gracias a la Comunicación Desarrollo del Mercado de la Televisión Digital en la Unión Europea (CE, 1999b), la Revisión de 1999 de las Comunicaciones (CE, 1999c; 2000) y el Libro Verde sobre espectro radioeléctrico (CE, 1998a). Estos documentos actuaron a modo de transición entre un primer momento embrionario y la aparición definitiva de una política europea de televisión digital que, se sostiene aquí, se inició con la Comunicación Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la Era Digital (CE, 1999a). El documento Desarrollo del mercado… identifica al acceso como uno de los principales problemas que caracterizan a la televisión digital, por lo que concluye que es necesario un enfoque más amplio en materia de infraestructuras, transmisión y acceso de acuerdo con el fenómeno de la convergencia. Tal criterio, justamente, triunfará como resultado de la Revisión de las comunicaciones iniciada en 1999. El Libro Verde inició una consulta pública resaltando la importancia económica de este bien escaso y planteando el interés de la UE en desarrollar una política consistente para el espectro radioeléctrico que permitiera el desarrollo de nuevos servicios. De manera que entre 1993 y 1999 se constituyó el fondo sobre el que tomó forma la política de televisión digital europea en función de una serie de características que se sintetizan a continuación. Clara continuidad del predominio de la lógica económica e industrial en las preocupaciones en torno a las nuevas tecnologías. Como en los orígenes de la política audiovisual, estas se plantean como fuente de crecimiento económico, generación de empleo y origen de una industria audiovisual fuerte y competitiva. Por tanto, determinismo. Los aspectos relativos al comportamiento económico de los actores y las formalidades técnicas fueron las primeras actuaciones que tuvieron por objeto a la televisión digital. Se verificó además la retirada progresiva de la actuación comunitaria en los nuevos sectores y problemas relacionados con la televisión, primando la lógica del mercado; y se vinculó plenamente a la televisión digital con la caracterización europea de la SI y la Convergencia, con relación a las cuales se la ubicó de manera subordinada. 2.1.2. La aparición de dos planos de actuación La distinción entre la política de redes y la de contenidos Si la Comunicación Principios y directrices… “inició” la política europea de televisión digital porque a partir de entonces esta se convirtió en claro objeto de preocupación, ello ocurrió bajo el manto de la revisión del marco regulador

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de las comunicaciones, en respuesta a la necesidad derivada del debate en torno a la convergencia de construir un planteamiento más horizontal para la regulación de las infraestructuras de comunicaciones. El documento Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados - Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones (CE, 1999c), tenía por objetivo presentar dicha revisión de la legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones y proponer los elementos principales de un nuevo marco regulador8. Su importancia radica en que extendió la lógica regulatoria de las redes de telecomunicaciones a todas las demás, equiparando las diferentes infraestructuras de comunicaciones y servicios asociados bajo el rótulo de “infraestructuras y servicios de comunicación electrónica”. De esta manera, las redes televisivas (terrestres, satelitales y por cable), pasaron a ser tratadas de igual manera que las redes de telecomunicaciones (fijas y móviles), en tanto el argumento de que no debía beneficiarse a ninguna en la carrera hacia la convergencia dictaminaba que además de ser horizontal, el acercamiento a su regulación debía ser tecnológicamente neutral. La consecuencia “natural” de este doble enfoque neutral y horizontal, no ha sido otra que la distinción reguladora entre redes y servicios asociados por un lado y contenidos por otro. Los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, y los servicios de la SI que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, han quedado excluidos en una separación que no dejará de ser problemática (McGonagle, 2001; Humphreys y Simpson, 2005). Estos principios han imbuido la política audiovisual tal y como lo demuestran los lineamientos contenidos en Principios y directrices…, documento encargado de establecer las prioridades de la Comisión para los años siguientes ante la llegada de la digitalización. Las mismas supusieron el seguimiento de la transposición de la Directiva TVSF, el fomento del acceso al contenido audiovisual y la protección de los derechos de autor y lucha contra la piratería, además de la protección de los menores y el estudio de nuevas formas de publicidad y patrocinio. En el campo de la elaboración de instrumentos comunitarios de apoyo a la industria audiovisual europea, las acciones apuntaron a la diversidad cultural y lingüística, el nuevo Programa MEDIA Plus, la iniciativa eEurope, el Quinto Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo, la coordinación de instrumentos comunitarios relevantes y el intercambio de experiencias entre los Estados miembros. Así, la política de televisión digital quedó enmarcada en un punto de partida bipolar que desde entonces la caracterizará. Por una parte, la actuación 8 Para un análisis de la redefinición del sector europeo de las telecomunicaciones como sector de las comunicaciones electrónicas y de su liberalización a partir de los ochenta, consultar Humphreys y Simpson (2005).

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en torno a la televisión digital se dará en el plano de las redes, el cual se construye a partir del nuevo marco legal para las comunicaciones electrónicas que afecta directamente a sus infraestructuras y servicios asociados (el llamado paquete de comunicaciones electrónicas absorbe la Directiva 95/47). Por otra parte y al mismo tiempo, la actuación se verificará en aquel plano deudor de las directrices que la Comisión proponga para la política audiovisual digital en general, afectando directamente a los contenidos a partir de su regulación y fomento (a través de la Directiva TVSF y las actuaciones MEDIA Plus y eEurope, principal y respectivamente). En esta nueva fase, de nada sirvió la mirada integradora del Parlamento sobre el problema intentando introducir en este debate la dimensión políticocultural al señalar que toda modificación regulatoria siempre debe tener en cuenta el equilibrio entre diversidad cultural y libertad empresarial, ya que el sector audiovisual, se recuerda como no lo hacen prácticamente las líneas del Consejo y la Comisión, tiene un papel fundamental para la democracia, la libertad de opinión y el pluralismo (PE, 2000b y 2000c). Sus advertencias sobre la necesidad de velar porque la gestión del espectro y la separación normativa entre infraestructura y contenido se llevaran a cabo de un modo tal que no prevalecieran los aspectos tecnológicos y de mercado, no fueron tomadas en cuenta. Lo mismo ocurrió con su apoyo a la posibilidad de intervenir en el sector, constatable en algunas de sus propuestas concretas: preservar la existencia de normas must carry y obligar si fuera necesario a la adopción de estándares. Sin la incorporación de estos elementos democratizadores del audiovisual digital que el Parlamento propuso, esta doble condición de actuación de la política europea de televisión digital, redes y contenidos, ha sido desde entonces una constante. Afectada por las características más generales de la política audiovisual de este periodo, aquí denominado de SI y Convergencia, que actuaciones como eEurope 2002 reforzaron (CE, 2001), la política de televisión digital se guió por una mínima actuación pública para no alterar el libre juego de las fuerzas del mercado, lo cual supuso un marco legal reducido a su mínima expresión y focalizado en los principios de la competencia (posiciones significativas de mercado). Frente a ello, el fomento al sector y la defensa del interés público (accesibilidad, interoperabilidad…) se convirtieron simplemente en una expresión de deseos materializada en actuaciones siempre insuficientes e incluso contradictorias. Deudor de eEurope, la importancia de eEurope 2002 radicaba en que conservó y alentó la tríada SI-Convergencia-Era Digital y, de alguna manera, reprodujo la bipolaridad redes/contenidos. Aprobado por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000, es relevante destacar que se inscribió directamente en el marco de lo que se conoce como la Estrategia de Lisboa, pensada para convertir a la UE en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo para 2010 (Consejo Europeo, 2000). Por ello subrayaba que, a pesar de la liberalización de las telecomunicaciones, la competencia seguía siendo escasa, por lo que recomendaba adoptar para el audiovisual la perspectiva emergente de la revisión de 1999 de las comunicaciones.

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Finalmente, la conferencia sobre TDT organizada por Portugal al inicio de su presidencia en el Parlamento para contribuir con la revisión encarada por la Comisión en torno a la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión (febrero de 2000), y el estudio que la DG Sociedad de la Información encargó sobre el futuro de la regulación de la televisión digital, demuestran que la televisión digital comenzó a ser objeto de preocupación. La Conferencia Política Europea de Televisión Digital Terrestre reunió a los entes reguladores y principales actores del mercado, con el objetivo de definir las principales líneas de actuación y preocupaciones en torno a la introducción de la TDT (ANACOM, 2000). Sus conclusiones ponen de manifiesto la medida en que puede hablarse de una política de televisión digital en línea absoluta con la política audiovisual. A modo de ejemplo, puede señalarse que se concluyó que la Directiva 95/47 debía ser revisada, sobre todo en términos de acceso e interconexión en el contexto de la convergencia, aunque la regulación debía continuar siendo la mínima indispensable. Por su parte, el estudio La regulación futura de la televisión digital, presentado en octubre de 2000 y confeccionado por OVUM Consultores, colaboró en cerrar el círculo de la revisión de la Directiva 95/47 en términos de acceso e interconexión (OVUM et al., 2000), ya que estableció que la regulación debía desarrollarse únicamente a partir de la determinación de la existencia de actores con poder significativo en el mercado. La absorción del audiovisual y el fracaso del Parlamento En la medida en que el nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas, compuesto por cinco directivas y una decisión encabezadas por la Directiva marco9, absorbió la normativa existente que al momento aludía a la televisión digital, se convirtió en su marco normativo con las peculiaridades que ello supone, impactando directa e indirectamente sobre el sector audiovisual (van Eijk, 2003). Si bien la Directiva 95/47 sólo se ocupaba de algunos aspectos técnicos de la televisión digital, su tratamiento divorciado respecto de los contenidos quedó definitivamente consagrado a partir de la adopción de este paquete de comunicaciones electrónicas que supuso la absorción de las políticas de televisión por parte de la lógica liberalizadora de las telecomunicaciones bajo el argumento de favorecer la convergencia. Desde entonces, los siguientes aspectos de la televisión digital han quedado bajo su órbita: - La autorización de las redes y servicios de radiodifusión televisiva implica la sustitución de licencias individuales por autorizaciones generales. 9 Directiva 2002/21/CE, acompañada por las llamadas Directiva autorización (2002/20/CE), Directiva servicio universal (2002/22/CE), Directiva acceso e interconexión (2002/19/CE), Directiva privacidad (2002/58/CE) y Decisión espectro radioeléctrico (676/2002/CE).

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- La asignación de espectro para este tipo de servicios debe ser, como para cualquier otro, objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada. - El servicio universal al que se le asocia puede suponer la imposición de obligaciones de transmisión (must carry) a los operadores de redes de comunicación electrónicas que los transporten, aunque solamente para los canales y servicios de programas de radio y televisión, y siempre y cuando ello se efectúe de forma proporcionada y transparente para alcanzar objetivos de interés general. - Nada se dice sin embargo de los contenidos de los recursos asociados y su forma de presentación (EPG), ni de los tipos de emisores favorecidos. - Sólo se contempla la protección de la privacidad en el caso de los servicios de radiodifusión televisiva, debido a la exclusión de los contenidos del ámbito de actuación de este paquete, y únicamente para los casos en que pueda identificarse al usuario final que recibe dicha información (por ejemplo, en servicios de vídeo a la carta). - El acceso a las redes y recursos asociados de televisión y los problemas relacionados con su interoperabilidad, estarán desde entonces sometidos a la vara del Derecho de la competencia: los servicios de acceso condicional deben proveerse en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias; el acceso a los recursos asociados como las API y las EPG debe contemplar las mismas condiciones, aunque en principio, sólo para los proveedores con peso significativo en el mercado; y la interoperabilidad en los distintos eslabones de la televisión digital no puede imponerse normativamente, sino que debe consensuarse entre los principales actores, aunque aquellas obligaciones existentes referidas al equipamiento de los consumidores (receptores) y la televisión de formato 16:9 se conservan. A partir de la Directiva relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de septiembre de 2002, la liberalización de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas será absoluta, ya que toda empresa tendrá garantizado el derecho a prestar estos servicios y establecer/ampliar estas redes sin obstáculos, en tanto los Estados deben suprimir todo derecho exclusivo o especial concedido, otorgando sin discriminación autorizaciones generales. Ello supone la liberalización total de la transmisión y difusión de programas de televisión, considerados servicios de comunicación electrónica, y las redes usadas para tal transmisión y difusión, en tanto que redes de comunicaciones electrónicas. Así pues, esta introducción en la política de televisión digital de un tratamiento separado para las redes y servicios asociados respecto de sus contenidos

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ha supuesto, por una parte, su inclusión en el ámbito de actuación de la nueva normativa de las comunicaciones electrónicas, y por otra, su incorporación al accionar comunitario existente respecto del fomento y regulación de los contenidos. Ello ha permitido la sumisión de la actuación referida a los contenidos de la televisión digital a la lógica del tratamiento de los contenidos televisivos analógicos, punto de partida indiscutible pero indispensable de ser repensado, como dejaron en evidencia las intervenciones del PE (2003a), ante la transformación cualitativa y cuantitativa que la oferta de contenidos digitales trae consigo. Las medidas regulatorias y de fomento relacionadas con los contenidos televisivos que han tenido lugar desde entonces, responden aún a una configuración pensada para un contexto analógico. Por tanto, sus disposiciones no contemplan lógicamente las nuevas situaciones y problemas que plantea el actual momento de transición de lo analógico a lo digital. A modo de ejemplo, baste señalar lo poco que se alude a los contenidos de “nuevas formas de televisión”, como la televisión a través de otros soportes (televisión por Internet, televisión en móviles), que no siempre tienen como destinatario final un público masivo. Al respecto, resulta esclarecedor que los debates en torno a la revisión de las disposiciones referidas a los contenidos televisivos sigan manifestando la misma lucha de intereses que hace más de una década (por las cuotas, tiempos de publicidad, dinero destinado al fomento…), agudizadas hoy día por la digitalización creciente en la televisión. No es extraño por tanto, que las únicas actuaciones respecto de los contenidos televisivos que progresaran en el nuevo contexto digital, dentro del ámbito de la primera fase de la segunda revisión de la Directiva TVSF, refieran a la interpretación inclusiva de nuevos fenómenos publicitarios. Lanzada a través del cuarto informe relativo a su aplicación (CE, 2002a), el proceso de revisión de la directiva dio lugar a la Comunicación El futuro de la política reguladora europea en el ámbito audiovisual (CE, 2003a), que propuso una aproximación a su debate en dos etapas. En función de la consulta efectuada, la Comisión concluyó que la situación de mercado no demandaba un cambio inmediato de la norma, aunque planeó dos fases de actuación. A corto plazo, propuso adoptar una comunicación interpretativa sobre las disposiciones de la directiva relativas a la publicidad televisiva, para aclarar hasta qué punto la Directiva TVSF contemplaba las nuevas técnicas publicitarias. La Comunicación relativa a algunos aspectos de las disposiciones de la Directiva TVSF en relación con la publicidad televisiva (CE, 2004h), estableció que la pantalla dividida, la publicidad virtual y la publicidad interactiva no son incompatibles con la Directiva TVSF pero deben ser claramente identificables del resto de la programación, lo cual también aplica al contenido editorial que pudieran vehiculizar. Por otra parte, se publicó una propuesta de actualización de la recomendación sobre la protección de los menores y de la dignidad humana que apareció conjuntamente (Propuesta de recomendación sobre la protección de los

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menores y de la dignidad humana y el derecho de réplica; CE, 2004e). Las cuestiones que debían tratarse a largo plazo, en la segunda etapa de la revisión, desembocaron, luego de la Conferencia Audiovisual de Liverpool de septiembre de 2005, en una propuesta legislativa de enmienda a la directiva que la Comisión hizo pública el 13 de diciembre de 200510. La misma flexibiliza las normas sobre publicidad (englobada ahora bajo el término “comunicación comercial audiovisual”) y convierte a la directiva en una norma aplicable a todo tipo de “servicios de medios audiovisuales”, al distinguir entre servicios lineales y no-lineales, excediendo con ello el ámbito tradicional de la radiodifusión televisiva. Es importante mencionar también que la propuesta ha estado claramente influenciada por el interés de la CE en apoyar los sistemas de regulación voluntaria, promoviendo la co-regulación para la interpretación y aplicación de la normativa (Perales, 2006). En otras palabras, es probable que los vientos horizontalmente reguladores y tecnológicamente neutrales reduzcan la política de contenidos para la televisión digital a una mínima expresión. La eterna tensión entre las fuerzas del mercado y el interés público, base de la contradicción inherente a la política audiovisual europea en general, es lo que una vez más está en juego. De hecho, según Verhulst (2006) estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la regulación del contenido que parece tender más que a la desregulación a la re-regulación y la autorregulación. Mientras este debate en torno a la revisión de la Directiva TVSF iba tomando forma, otro, destinado finalmente a darle un año más de vida al Programa MEDIA Plus hasta el 31 de diciembre de 2006, se saldaba, aunque con la dotación mínima indispensable muy a pesar del Parlamento (PE, 2000a)11. Ello aporta otro ejemplo que ratifica que han sido la Comisión y el Consejo, mediante sus diversas comunicaciones y propuestas la primera, y a través de su apoyo al nuevo marco de las comunicaciones electrónicas y su impulso a la SI el segundo (Consejo Europeo, 2003a), quienes consagraron la mirada escindida redes/contenidos sobre la televisión digital. De forma opuesta, las actuaciones del Parlamento (PE, 2000b; 2002; 2003a; 2003b) intentaron contribuir con la materialización de una política y planificación europea clara de introducción y desarrollo de la televisión digital, a partir de su consideración como elemento clave para la democratización de la SI. Por el contrario, triunfaron la adopción de medidas parciales destinadas a otros problemas y el desarrollo de debates que acabaron por moldearla. Tanto las recomendaciones del PE de un Plan de acción para la televisión digital, como el impulso al estándar MHP y la introducción de una revisión 10 Toda la información oficial sobre el proceso se encuentra en http://ec.europa.eu/comm/ avpolicy/reg/twf/modernisation/index_en.htm. 11 El Programa MEDIA 2007 (CE, 2004d) fue presentado en julio de 2004 por la Comisión, quien adoptó un conjunto de ambiciosas propuestas para la próxima generación de programas de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la cultura, la juventud y el sector audiovisual, que abarcarán el periodo 2007-2013.

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integral de la Directiva TVSF, junto a la sanción de un “paquete marco” para regular los contenidos que partiera de los principios de esta directiva pero para trascenderlos, fueron desatendidos. El “paquete marco” no lograría existir como contrapunto del paquete de comunicaciones electrónicas; todo aquello que excediera el ámbito de los contenidos, quedaría fuera de la revisión de la Directiva TVSF; y el primer debate sobre su segunda revisión se saldaría con una comunicación de la Comisión que entendió que no era necesario modificarla, a diferencia del criterio del PE, y que producto de considerar pertinente discusiones a medio plazo para su modificación futura, promovió una actuación y un debate focalizado solamente en algunas cuestiones. Desde un punto de vista más general y partiendo de la constatación de la mencionada doble configuración de la política europea de televisión digital, el Plan de Acción eEurope 2005 (CE, 2002b), aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002, vino a representar, en el marco general de los objetivos de la SI, la asociación de la televisión digital y por tanto de su política, a la noción de “plataformas abiertas destinadas a lograr un amplio acceso a la banda ancha”. Con ello, la política televisiva se configuró como una política más entre otras existentes, destinadas con su neutralidad y horizontalidad a contribuir con la conformación de dichas plataformas que harían posible la SI, cualquiera fuera la forma que estas adoptasen. Esta comunicación estableció concretamente, a propósito de la televisión digital, que para acelerar su transición los Estados miembros debían crear transparencia en lo que refiere a las condiciones que presidirán el cambio previsto, además de hacer públicas, antes de que finalizara 2003, sus intenciones con respecto a dicho cambio. Podrían proponer una planificación y una evaluación de las condiciones del mercado y, posiblemente, una fecha de abandono de la radiodifusión televisiva terrestre analógica que permitieran recuperar y reorganizar las frecuencias. 2.1.3. La cristalización de una política que divide y flexibiliza En síntesis, el periodo que permitió la emergencia de una política europea de televisión digital le otorgó unas bases que la han condicionado hasta nuestros días y que cabe definir bajo el rótulo de conservadoras (por estar en línea con la tradición audiovisual europea de los últimos años), simplistas y deterministas (por creer que sentando unas bases técnicas mínimas la televisión digital despegaría y por entender que eso se traduciría además, y mágicamente, en un rédito económico), además de desreguladoras y liberalizadoras (en tanto confirmaron la retirada de la actuación reguladora comunitaria ex ante). Ello condujo a que, aunque la televisión digital pasara a ser en algunos casos la destinataria de preocupaciones exclusivas, la nueva regulación emergente para las comunicaciones electrónicas, heredera de la liberalización de las telecomunicaciones, y las nuevas directrices establecidas para la política audiovisual digital, desviaran su foco de las posibilidades de una política integral

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hacia una dividida. Dos planos de actuación aparecieron por tanto, producto de su absorción por parte de la regulación de las redes, por un lado, y de los contenidos, por otro. Con lo que emergió una política divorciada. Las consecuencias de esta “doble actuación” han supuesto un accionar camuflado en la “neutralidad” de las infraestructuras, en el caso de las redes, y el continuo de la información digital, en el caso de los contenidos; además de difuminado en la cuasi ausencia de medidas directas sobre la televisión digital que permite hablar de cierto grado de acción por omisión. Pero es posible también caracterizar una política llena de contradicciones y ambigüedades, que por ello acabó estando sometida al resultado de la puja de intereses e influencias de los actores de mayor peso de la industria. Así lo demuestra la renuncia a la intervención y al establecimiento de estándares, frente a la ausencia de tecnologías abiertas e interoperables, es decir, no propietarias y compatibles entre sí; y las discusiones en torno al nuevo sentido desregulador que debía tener la acción sobre los contenidos. Las políticas europeas de televisión digital han sido, definitivamente, conservadoras de los equilibrios existentes. Tabla 6. La política europea de televisión digital (Periodo SI/Convergencia) Etapas

Características

Principales documentos

Bases conservadoras (1993-1999)

Primera aproximación intervencionista, promotora papel central televisión digital en SI, se irá diluyendo. Regulación minimalista y de tipo principalmente técnico (normalización) y económico (regulación competencia), “marco ligero”.

Directiva 95/47. Comunicación Difusión de señales digitales de vídeo.

Revisión política audiovisual Era Digital (1999)

Continuidad visión instrumental del audiovisual, ahora digital: su promoción y fomento al servicio del crecimiento económico. Retroalimentación de la perspectiva feliz SI/Convergencia a partir tecnologías digitales. Subsunción política audiovisual a las lógicas telecomunicaciones (equiparación de todas las infraestructuras y servicios asociados).

Comunicación Política audiovisual: próximos pasos. Comunicación relativa al desarrollo del mercado de la televisión digital. Revisión 1999 de las Comunicaciones. Libro Verde sobre el espectro.

Configuración de la política en dos planos separados de actuación: redes y contenidos. Horizontalidad normativa y neutralidad tecnológica, fachada de predominio de las telecomunicaciones. Regulación ex post avala “campeones nacionales”. Vinculación televisión digital con noción de “plataformas abiertas de amplio acceso a la SI”.

Comunicación Principios y directrices. Conferencia Política Europea de TDT. Estudio La regulación futura de la televisión digital. Paquete de comunicaciones electrónicas. Revisión Directiva TVSF. Comunicación relativa a la publicidad televisiva y Propuesta de recomendación de protección menores y dignidad humana. eEurope 2005.

Surgimiento: establecimiento de una política dividida (1998/1999)

Predominio de la acción por omisión (2000 en adelante)

2.2. Caracterización de antecedentes Si es al interior de lo que aquí se ha denominado como periodo de la SI y la Convergencia en la política audiovisual europea que el accionar de la UE dirigido a la televisión digital empezó a tomar forma, producto tanto de las

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Tabla 7. Antecedentes de las políticas europeas de TDT Directrices condicionantes (Periodo SI/Convergencia) Tendencias dominantes en la política europea de televisión digital Perspectiva económico-industrial

Visión instrumental y reduccionista de la televisión digital.

Desregulación

El mercado es el protagonista. El Estado sólo debe intervenir excepcionalmente y ex post a través del Derecho de la competencia → la normativa es por ello mínima y de perfil técnico. Renuncia a la actuación ex ante y la adopción de normas de obligado cumplimiento.

Predominio telecomunicaciones Televisión como mero soporte Acento en los servicios e infraestructuras Papel secundario en realización SI/Convergencia Financiamiento privatista mercantilista en detrimento del servicio público Configuración del ciudadano como cliente

Centro política comunicacional europea → subsunción del audiovisual a las lógicas telecomunicaciones (predominio redes). Falsa neutralidad tecnológica. Predominio TV dentro del sector audiovisual. Viejo orden analógico para nuevas formas televisivas (contenidos, servicios). Servicios en tanto que oferta de pago por consumo. Permitirían expansión contribuyendo al cumplimiento de las funciones clave que se le asignan (liberación espectro, generación nuevos recursos). La TV no es más que una de las tantas plataformas que deben configurarse de forma abierta para hacer realidad la interconexión electrónica de bienes y servicios. Asfixia/retirada del servicio público en la explotación de las nuevas redes digitales. Predominio del sector privado con ánimo de lucro y las fórmulas de pago sobre la oferta de amplio y universal acceso. La demanda se establece por imposición de la oferta. El espectador se define en función de los servicios audiovisuales que pueda contratar.

Las redes televisivas digitales son el nuevo rostro de viejas promesas de homogeneización. La libre circulación de servicios televisivos digitales consagra la difusión, distribución y promoción transfronteras, no así, la producción y circulación. Ausencia de una política a favor del pluralismo y la Promoción del gran competencia que cristaliza, por omisión, situaciones de capital audiovisual por concentración y abuso de posición dominante. ausencia/actuación Fomento más bien simbólico al capital audiovisual insuficiente pequeño y mediano. Permeabilidad en la toma de decisiones. ↓ Liberalización, polarización y subordinación Apuesta por un mercado europeo unificado y la competencia global

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actuaciones como de las omisiones que sus diferentes instancias decisorias han producido en torno a ella, a continuación se delinean sus tendencias dominantes en función de pares en tensión, que al decir de Collins (1994), representan proyectos europeos encontrados (tabla 7). Aquellas tendencias que acabaron predominando pueden englobarse bajo las nociones de liberalización, polarización y subordinación, y constituyen las directrices que han condicionado las políticas europeas de TDT. A partir del triunfo de la perspectiva económico-industrial en la política audiovisual europea se instauró una corriente desreguladora. La misma, propició que lógicas pertenecientes al mundo de las telecomunicaciones pasaran a regir el mundo del audiovisual, por lo que las actuaciones que afectan al plano de las infraestructuras del audiovisual han quedado radicalmente separadas en su tratamiento de las que afectan a sus contenidos, predominando las primeras sobre las segundas. Esta dinámica ha decantado el peso de la televisión digital en su perfil económico-tecnológico, lo que la hace aparecer desvinculada de la noción de servicio público y como un simple soporte adicional para vehiculizar nuevos servicios, plasmando su importancia en algunas de las funciones que de esta forma pasan a asignársele (principalmente liberación de espectro). En relación con la SI y la Convergencia, esta configuración no ha posicionado a la televisión digital más que como una de las tantas plataformas que pueden acercar a los usuarios, que no ciudadanos, servicios de pago novedosos que sean el motor de una economía basada en el conocimiento que convierta a Europa en la región más competitiva para 2010. Este objetivo descansa en la conformación de un mercado europeo unificado por el que circulen libremente todos los bienes y servicios de televisión digital. Pero ello no es posible debido a la ausencia de una mínima interoperabilidad que sí sirve a los fines de los grandes grupos de la comunicación. Es evidente, por tanto, que el libre juego de las fuerzas del mercado y las actuaciones ex post no han contribuido en absoluto a conformar un sector fuerte e independiente de pequeños y medianos empresarios. 3. POLÍTICAS EUROPEAS DE TDT Antes de analizar la actuación europea en relación con la TDT, es importante destacar que en el marco del papel prioritario que Barroso (2005) decidió otorgarle a la Estrategia de Lisboa en las actuaciones de la Comisión Europea, esta desplegó su postura acerca de los desafíos que necesitan ser afrontados en la estrategia de la SI europea para 2010 a través de su Comunicación Retos para la sociedad de la información europea con posterioridad a 2005 (CE, 2004a). La misma inició un proceso de reflexión sobre la noción de SI que dio lugar a la propuesta de la Comisión contenida en el documento i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo (CE, 2005e), en línea con el relanzamiento de los objetivos de Lisboa que el Consejo

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Europeo había efectuado en la primavera de 2005 a favor de la innovación y el conocimiento como nuevos motores del crecimiento. Según Reding (2005b), esta redefinición de la estrategia propuesta no gira más que en torno al reconocimiento de la contribución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), en un momento en que la SI está por entrar en un nuevo periodo de desarrollo gracias a los servicios fijos y móviles de banda ancha y la convergencia de diferentes medios y servicios electrónicos. La propuesta es que i2010 canalice estos procesos hacia la generación de nuevos puestos de trabajo y crecimiento, mediante la promoción de un espacio europeo de información sin fronteras, con el objetivo de establecer un mercado interno para las comunicaciones electrónicas y los servicios digitales. Como para la CE la convergencia se está convirtiendo en realidad, las políticas destinadas al audiovisual y la SI deben contar con un acercamiento integrado, con una política convergente. Por ello, en dicha dirección, se establecen las tres prioridades que se proponen para las opciones de políticas: completar la conformación de un espacio informacional único europeo que promueva un mercado interno abierto y competitivo para los servicios audiovisuales y de la SI, reforzar la innovación e inversión en la investigación de TIC para promover el crecimiento y mejorar el empleo y, gracias a ello, alcanzar una SI europea inclusiva que promueva el crecimiento y el empleo en consonancia con el desarrollo sustentable. Se sostiene aquí, siguiendo a Sierra (2006: 285), que por el contrario, el objetivo fijado a través de la Estrategia de Lisboa “dista un abismo de ser alcanzado al hipotecar el proyecto europeo de SI a las políticas monetaristas y macroeconómicas que subordinan la Europa del Estado Social de Derecho a los parámetros econométricos del gran capital financiero e industrial”. 3.1. Acciones y omisiones dominantes Si la legislación básica que afecta a la TDT puede organizarse en tres grandes grupos (Analysys, 2005: 79), la norma de referencia en el plano de los contenidos es la Directiva TVSF y en el de las infraestructuras el mencionado paquete de comunicaciones electrónicas. Por otra parte y como ocurre con todo el sector audiovisual, la TDT también es afectada por aquellos ámbitos del Derecho de la competencia comunitario que se articulan en torno a cuatro grandes áreas: acuerdos restrictivos contra la competencia, abusos de posición dominante, control de operaciones de concentración y monopolios estatales, derechos monopolísticos y ayudas estatales (Llorens, 2005a). Bajo el paraguas que provee la política europea para la SI y con este marco legal como telón de fondo, deben interpretarse las acciones ya posteriores a su establecimiento en tanto que actuaciones directa aunque no exclusivamente relacionadas con la TDT, en las que se constata y afirma la configuración de una política dividida, logrando que el devenir de la política europea de televisión digital se subordine a la lógica de la neutralidad tecnológica y la horizontalidad normativa ya mencionadas.

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3.1.1. Las multiplataformas abiertas El Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 (Consejo Europeo, 2002b) entendió que la televisión digital y las comunicaciones móviles de tercera generación (3G) desempeñarán un papel clave en facilitar un acceso generalizado a los servicios interactivos. Por ello hizo un llamamiento para que la Comisión presentara un análisis de los obstáculos existentes para la consecución de dicho acceso a los nuevos servicios y aplicaciones de la SI a través de plataformas abiertas de televisión digital y de comunicaciones móviles 3G. La respuesta fue la Comunicación relativa a los obstáculos que impiden un acceso generalizado a los nuevos servicios y aplicaciones de la sociedad de la información… (CE, 2003c), en la que se concluye que si bien las plataformas abiertas y la interoperabilidad tendrán una gran importancia, no bastarán para alcanzar una SI para todos porque existen obstáculos reglamentarios, comerciales y relacionados con los consumidores. En el caso de la televisión, sobre todo la TDT, baja penetración, cuellos de botella en el acceso, ausencia de canal de retorno “natural” y de modelo de negocio claro. Se sostiene que como es la propia industria quien debe encontrar soluciones a los retos comerciales que tiene planteados, es preciso crear para ella un entorno operativo de respaldo y estímulo. “La ausencia de un despliegue real de los servicios aconseja un enfoque de ‘esperar a ver’ antes de emprender ningún examen de la necesidad de nuevas iniciativas políticas” (CE, 2003c: 3). Así pues, el papel que se asigna a la televisión digital en el impulso al acceso generalizado a los nuevos servicios y recursos de la SI, entre ellos los interactivos, es importante, aunque compartido fundamentalmente con la telefonía móvil. Por tanto, la televisión digital ocupa un lugar absolutamente secundario respecto del acceso masivo e igualitario a los contenidos y servicios tecnológicos y se la coloca en un plano de competencia con otras plataformas, en especial las de móviles 3G, por la liberación de un recurso escaso como lo es el espectro, necesario para contar con el ancho de banda suficiente que permita convertirse en una plataforma de la SI. Sólo en relación con este último proceso es que esta comunicación reconoce que, en última instancia, podría ser necesario estudiar la adopción de medidas específicas de carácter obligatorio en caso de que las fuerzas del mercado no pudieran por sí solas aportar un enfoque coherente que favoreciera la adopción de la tecnología digital. Años después, el PE (2006) retomó la línea de esta argumentación para precisar que dado que cada soporte tiene ventajas y desventajas, los europeos deben basarse en la búsqueda de su complementariedad. 3.1.2. El formato 16:9 y la alta definición En 2004 la Comisión decidió preguntarse por la contribución de la televisión de formato 16:9 y, en menor medida, en alta definición al incremento de la penetración de la televisión digital, para lo cual elaboró el Documento de

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Trabajo contribución de la pantalla panorámica y la alta definición a la popularización de la televisión digital en el mundo (CE, 2004g). El interés del texto reside en su argumentación de que la televisión de pantalla panorámica puede contribuir a acelerar la transición hacia la televisión digital ayudando en su implantación en los Estados miembros, en tanto que arma de peso para diferenciarla de la calidad de la televisión analógica con su tradicional formato 4:3. Se señala también que en el mismo sentido podría actuar la televisión en alta definición. La respuesta al porqué de esta asociación televisión digital/16:9/HDTV revela que a pesar de sus promesas iniciales la televisión digital ha proporcionado imágenes de calidad escasamente superior a las analógicas, ya que los difusores han preferido maximizar el número de servicios en el espacio disponible. Por consiguiente, no consideraron a la calidad, o sea al formato 16:9 o la alta definición, como un factor diferenciador como sí ocurrió con el mercado del DVD. Este documento, precisamente, proponía que la televisión digital se inspirara en este ejemplo, sobre todo para diferenciarse mejor de la televisión analógica, aunque la cautela no se abandonaba al resaltar: “teniendo en cuenta la experiencia pasada, sería contraproducente enfocar la implantación de la TVAD como una medida política” (CE, 2004g: 6). 3.1.3. La interoperabilidad y los servicios interactivos Debido a exigencias de la Directiva marco, la CE produjo una comunicación que reflejó claramente su posición con respecto a la interoperabilidad y los servicios de televisión digital interactiva. Su apartado 3 del art. 18 establece que si en uno o más Estados miembros no se lograra de manera apropiada la interoperabilidad y libertad de elección para los usuarios, la Comisión puede otorgar carácter obligatorio a determinadas normas. Sin embargo, la Comunicación sobre la interoperabilidad de los servicios de televisión digital interactiva (CE, 2004f), escudándose en no poder establecer si la interoperabilidad se había logrado o no debido a la complejidad del entorno, la diversidad de opiniones y la tardía incorporación del nuevo marco legal de las comunicaciones electrónicas en los Estados miembros, esquivó el problema de tener que intervenir. Alternativamente, propuso una serie de actuaciones de fomento para coadyuvar al despliegue de los servicios digitales interactivos basados en la norma MHP, única norma abierta para API aprobada entonces por los organismos de normalización de la UE. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo para la implantación de MHP y la confirmación de que los Estados miembros pueden subvencionar la adquisición de receptores de televisión interactiva por parte de los consumidores, sin perjuicio de la legislación sobre ayudas estatales. Todo ello a pesar de que el mercado europeo de televisión digital interactiva se hubiera desarrollado sin un API común por no haberse llegado a acuerdo. Lo que contribuyó, ante la imposibilidad de contar con receptores normalizados universales capaces de recibir todos los servicios de televisión interactiva,

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gratuitos o de pago, a que los usuarios quedaran cautivos de un determinado aparato que integra un API privada, y a que los difusores sumaran una dificultad más a la hora de crear y trasmitir servicios interactivos al estar obligados a negociar con operadores de redes integrados verticalmente que controlan dichas API propietarias. En pocas palabras, una situación de ausencia de interoperabilidad que cualquier análisis de mercado serio hubiera manifestado. El texto prometía volver a examinar la situación para 2005, aunque la Comunicación sobre la revisión de la interoperabilidad de los servicios de televisión digital interactiva (CE, 2006a) demuestre que poco y nada ha cambiado la posición de la Comisión al respecto. Pasado un año y medio, concluyó que la imposición de normas obligatorias no contribuiría de manera significativa al crecimiento de la televisión digital interactiva en Europa y que, por el contrario, podría tener repercusiones negativas. Como se considera que se sirve mejor al mercado manteniéndose en la línea de las iniciativas de normalización voluntarias e impulsadas por el sector, la Comisión añadió otras dos normas de televisión interactiva, MHEG-5 y WTVML12, a la relación que se publica en el Diario Oficial de la UE de conformidad con el artículo 17 de la Directiva marco y ha anunciado que estudiará la inclusión otras. 3.1.4. El fin de las emisiones analógicas En el marco de la iniciativa eEurope, el debate en torno a la transición se plasmó en la Comunicación sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital (CE, 2003b). El documento analiza los principales problemas que plantea la migración de la radiodifusión analógica a la digital desde una perspectiva política y de mercado, centrándose especialmente en las políticas de los Estados miembros sobre la migración digital de la televisión, especialmente su modalidad terrestre. Si respecto del acceso a los bienes y servicios de la SI la televisión digital ocupa un lugar a la sombra de la constitución de plataformas abiertas y en abierta competencia con otras redes respecto del espectro a liberar, la política europea en relación con la migración la coloca en un lugar central por sus repercusiones sociales, políticas y económicas, pero al igual que en el caso anterior, sometida a la lógica del mercado. La única clase de intervención que se sugiere es aquella condicionada a eliminar los obstáculos que la televisión terrestre pudiera presentar a la digitalización, y ello porque sus posibles consecuencias negativas podrían llegar a ser de menor calado que el estancamiento de la migración por la imposibili12 “MHEG-5 forma parte de una norma internacional elaborada por el Grupo de expertos en multimedia e hipermedia (MHEG). MHEG-5 es más sencilla que MHP. Se calcula que hay más de cinco millones de adaptadores de televisión que usan MHEG-5. WTVML es una extensión del lenguaje de marcado inalámbrico (WML) para la televisión. Se trata de un micronavegador para aplicaciones de televisión interactiva. Se calcula que hay más de siete millones de adaptadores de televisión que usan WTVML” (CE, 2006a:7).

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dad del mercado de hacerlo por sus propios medios. Cualquier intervención sólo estaría justificada si se dieran dos condiciones: que así lo aconsejen los intereses generales en juego, es decir, si existen ventajas o inconvenientes potenciales para la sociedad en su conjunto, y no únicamente para ciertos grupos o individuos; y que exista un fallo del mercado, es decir, que las fuerzas del mercado no puedan por sí solas obtener buenos resultados. Lo interesante, por paradójico, es que el documento resalta correctamente las condiciones necesarias para una transición exitosa en función de las dificultades existentes y todas ellas suponen de una forma u otra intervención activa a través de planificación y actuación coordinada de políticas públicas. Por ejemplo, se reconoce que la penetración generalizada de la televisión digital no se logrará únicamente a base del modelo de pago y se resalta la importancia de la interoperabilidad de los servicios, cuyo principal problema gira en torno a las APIs, recordando que la Directiva marco avalaría una intervención. Es más, la Comunicación sobre la aceleración de la transición de la radiodifusión analógica a la digital (CE, 2005f) identifica como factores clave que contribuyen a una política exitosa de transición la coordinación entre los emisores y la puesta en marcha de una estrategia efectiva de información para los consumidores, mediante una clara política pública de acción en estos sentidos. A dos años de la primera comunicación relativa al tema, el documento reconoce que este proceso centra sus planes de manera importante y necesariamente en las plataformas de TDT. Por eso recuerda, una vez más, que aunque el principio de neutralidad tecnológica deba respetarse, ello no impide a los Estados miembros tomar medidas proporcionadas para promover tecnologías específicas de transmisión digital (léase TDT) como una forma de aumentar la eficiencia en el uso del espectro. En otras palabras, a la luz del errático desarrollo que la TDT evidenciaba en la UE a principios de 2005 y debido a su importancia en relación con la liberación de espectro, esta comunicación realiza dos llamamientos. Por una parte, como se espera que la transición esté bastante avanzada para el año 2010, ya que hay un conjunto importante de países que para entonces habrá apagado sus emisiones analógicas y un segundo grupo planea hacerlo para 2012, se propone como fecha límite para el fin de las emisiones analógicas el año 2012 tras cortos periodos de transición. Por otra parte, haciendo énfasis en la importancia económica de la capacidad espectral que el apagón pondrá a disposición, se realiza un llamamiento a un posicionamiento común y coordinado para liberar espectro a lo largo de toda la UE porque tal acercamiento es mínimo o inexistente. Se recomienda que la planificación espectral de los miembros sea lo suficientemente flexible como para permitir la expansión de otros servicios de comunicaciones electrónicas, incluso paneuropeos. Claramente se establece que esta puede ser una oportunidad única, no sólo para ofrecer nuevos o mejores servicios televisivos, sino para ofrecer servicios convergentes que combinen telefonía móvil y difusión terrestre o servicios nuevos tales como redes inalámbricas locales o metropolitanas.

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El PE, reconociendo la importancia de las apreciaciones de la Comisión y retomando el espíritu de su Plan de acción para introducir con éxito la televisión digital en Europa (PE, 2002), hizo pública una resolución relativa a la comunicación sobre la aceleración de la transición (PE, 2005) en la que solicita a la CE que se establezcan objetivos políticos claros para garantizar la penetración más extensa posible de los nuevos servicios, que se cree un grupo de trabajo sobre la radiodifusión digital encargado de coordinar los aspectos reglamentarios, los objetivos, las estrategias y los calendarios de los Estados miembros a nivel comunitario, y que se haga todo lo posible para impedir cuellos de botella verticales y monopolios horizontales. A los Estados miembros solicita que impulsen conjuntamente medidas técnicas para filtrar contenidos que pudieran ser perjudiciales para los menores y, con miras a que no se ensanche la brecha digital en la sociedad, que velen por establecer cuanto antes las disposiciones adecuadas previas a la transición de la radiodifusión analógica a la digital, como la financiación y una información comprensible, con el fin de reducir los costes de la conversión que tendrán que soportar aquellos integrantes de la sociedad que tengan dificultades para procurarse y financiar el equipo de sustitución necesario. A ambos, solicita que garanticen una perfecta interoperabilidad. Esta posición fue reforzada en 2006 mediante una Resolución sobre la transición cuyo título manifiesta la inquietud del PE con relación a si este proceso será verdaderamente una oportunidad para la política europea audiovisual y la diversidad cultural (PE, 2006). De ahí que su importancia resida en que recuerda que el pluralismo, el acceso equitativo y un servicio público fuerte e independiente deben estar garantizados. 3.1.5. El uso eficiente (y mercantil) del espectro El segundo llamamiento a una postura común respecto de la gestión del espectro fue reforzado a lo largo de 2005 con tres comunicaciones aparecidas en el mes de septiembre que cristalizaron la política europea sobre este asunto. Una política de espectro radioeléctrico de futuro para la Unión Europea: Segundo Reporte Anual (CE, 2005b), Una aproximación de mercado a la gestión del espectro en la Unión Europea (CE, 2005d) y Prioridades de política espectral de la Unión Europea para la transición digital en el contexto de la próxima Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CE, 2005a). Con la intención de avanzar en la creación de un mercado único para el uso del espectro radioeléctrico, la Comisión recomienda reducir las barreras de entrada al mismo para que los jugadores del mercado tengan mayor libertad en el uso de este recurso, aprovechar las sinergias resultantes de un posicionamiento europeo común a favor del mercado, crear un mercado único para equipamientos y servicios que utilicen el espectro, y desarrollar reglas comunes para nuevas aplicaciones tales como las tecnologías de banda ancha de acceso inalámbrico. Está claro que la preocupación es poder hacer efectivo el llamado “dividendo digital” de entre 300 y 375 MHz que el apagón aportará (CE, 2005a), junto

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a las subsiguientes ganancias de alrededor de 8/9 billones de euros al año que se estima podrían obtenerse mediante la introducción generalizada de mecanismos de mercado en la gestión del espectro. Principalmente, su comercialización y uso flexible (CE, 2005d: 5)13. El objetivo es la liberalización total del espectro en nombre de la convergencia y la eficiencia con arreglo a la normativa vigente respecto de los servicios de comunicaciones electrónicas. Precisamente, la revisión del conjunto de directivas que conforman el denominado paquete de comunicaciones electrónicas, lanzada en junio de 2006 (CE, 2006b y 2006c)14, avanza como una de sus principales propuestas la aplicación efectiva de los principios establecidos en las comunicaciones arriba mencionadas. Así pues, mientras que para la Comisión es necesario crear un mercado radioeléctrico europeo para 2010, coincidiendo con el inicio del apagón en la región15, en el que los licenciatarios puedan hacer un uso casi sin restricciones de sus frecuencias además de poder comercializarlas una vez obtenidas, el PE (2006) recuerda que la redistribución de recursos del espectro no debe dejarse únicamente a merced de la ley de la competencia. 3.1.6. Inclusión y accesibilidad El paquete de comunicaciones electrónicas contiene una serie de disposiciones que pretenden asegurar que la liberalización de este mercado no se produzca a expensas de los consumidores, y refiere explícitamente a la inclusión de aquellos sectores más vulnerables como la tercera edad y los discapacitados. En función de ello, por ejemplo, en su Resolución sobre eAccesibilidad16 el Consejo de Asuntos Sociales realizó un llamamiento a los Estados miembros para luchar contra las barreras técnicas, legales y de cualquier tipo que impidan la efectiva participación de los sujetos con discapacidad en una sociedad y economía basadas en el conocimiento. Por su parte, el PE reiteró en

13 Se estima que el valor total de los servicios de comunicaciones electrónicas que dependen del uso del espectro radioeléctrico en la UE excede los 200 billones de euros (CE, 2006b: 7). 14 La CE declaró que tras la consulta pública relativa a esta revisión propondría una medida legislativa al PE y al Consejo para actualizar el paquete de comunicaciones electrónicas. La idea es que estas normas, una vez modificadas, sean transpuestas por los Estados miembros para 2010. 15 En enero de 2000 Europa hizo saber a la UIT que la implementación eficiente de la radiodifusión televisiva y radiofónica ya no sería posible sobre la base del plan existente de asignación de frecuencias contenido en los Acuerdos de Estocolmo (1961) y de Ginebra (1989), por lo que se solicitó organizar una conferencia para revisarlos. La misma tomaría la forma de Conferencia Regional de Radiocomunicaciones. Organizada en dos sesiones, tuvo su primera expresión en mayo de 2004 (RRC-04) cuando se estableció que hasta que se hicieran efectivas las decisiones emergentes de la segunda sesión de la Conferencia, que tuvo lugar en Ginebra entre el 15 de mayo y el 16 de junio de 2006, se llevaría adelante un periodo de transición en el que las asignaciones analógicas existentes y planificadas continuaran siendo utilizadas y protegidas por el nuevo plan. El acta final del segundo encuentro aprobó el Acuerdo Regional relativo al servicio digital (GE06), planificado en las bandas de frecuencia 174-230 MHz y 470-862 MHz. 16 Resolución del Consejo 14892/02.

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2002 en una Resolución sobre accesibilidad en Internet17 la necesidad de evitar cualquier forma de exclusión de la SI integrando a los discapacitados y especialmente a la gente mayor. La Comisión, a partir de la consulta pública correspondiente, hizo pública en septiembre de 2005 la Comunicación eAccesibilidad (CE, 2005c). Su principal objetivo es promover una postura consistente y común en las iniciativas e-accesibilidad en los Estados miembros, aunque sobre bases voluntarias, así como alentar a la industria para que autorregulándose desarrolle soluciones accesibles para los productos y servicios de las TICs. Una vez más, las declaraciones de buenas intenciones se imponen a la acción, aunque el documento identifica claramente, dentro de los problemas de accesibilidad, la falta de soluciones interoperables para acceder a las TIC, la existencia de software incompatible con el equipamiento de asistencia a las personas con discapacidad y la ausencia de contenido accesible, entre otros. En el caso de la televisión digital, concretamente, establece que su accesibilidad debe ser contemplada, por ejemplo, en lo que respecta a estándares, compatibilidad y diseño de servicios y hardware. A pesar de que la Comisión se ha comprometido a efectuar el seguimiento de este problema y medir para 2007 los progresos en e-accesibilidad, el European Disability Forum (EDF)18, organización que representa los intereses de las personas discapacitadas en Europa, ha advertido que si bien la iniciativa es positiva, para ser efectiva necesita ser complementada con legislación e integrada a una estrategia más amplia y comprensiva que garantice el pleno acceso de todos los europeos a la SI, incluidos aquellos con algún tipo de discapacidad. El PE (2006), de hecho, ha solicitado que se publique anualmente un inventario de los programas de servicios de asistencia (subtitulado, audiodescripción, etc.) y se definan planes de acción para incrementarlos. 3.1.7. La intervención estatal y la libre competencia Si de los documentos de la Comisión Europea de los últimos años se desprende la idea de que las reglas de la competencia deben ser el principal vehículo para regular el mercado de comunicaciones electrónicas al que pertenece la TDT, y por ello, la intervención estatal no puede ser más que transparente, justificada, proporcionada y oportuna, era previsible que la Comisión abriera expedientes sobre el fomento a la TDT en alguno de sus Estados miembros. Este ha sido el caso de Alemania y Suecia durante 2004 y el de Italia a finales de 2005. La autoridad reguladora berlinesa, MABB, otorgó compensaciones a los emisores comerciales con la intención de ayudarles a financiar el coste del lanza17 Resolución del PE sobre eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios web públicos y su contenido (2002 (0325)). 18 http://www.edf-feph.org/en/news/press_co.htm#140905.

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miento de sus servicios de TDT. A partir de la denuncia efectuada por la industria del cable, la DG Competencia ha decidido que dichas compensaciones, que además no habían sido notificadas, violan la legislación sobre ayudas estatales ya que distorsionan la competencia y por ello deben ser reembolsadas19. En el caso sueco, los operadores satelitales denunciaron que el operador de red Teracom, de propiedad estatal, recibió ayudas injustificadas al contar con fondos gubernamentales para ayudar a cubrir sus costes de reconversión digital y, presumiblemente, al haberse beneficiado de que el emisor público (SVT) pagara sobreprecio por sus costes de transmisión. Hasta el momento, la Comisión solamente ha emitido una declaración formal a principios de 2005 que solicita a Suecia eliminar la obligación de contratar a Teracom el servicio de transporte y difusión de la señal porque ello sí está en contravención con la Directiva relativa a la competencia en los mercados de redes y servicio de comunicaciones electrónicas20. La Comisión ha recibido también una reclamación formal de la plataforma satelital Sky Italia, en relación con el subsidio que el Gobierno italiano ha otorgado durante 2004 y 2005 a la adquisición de descodificadores por parte de las familias. Ello se ha traducido en la apertura de una investigación que cuestiona la neutralidad tecnológica de la medida, ya que si bien la ayuda se aplica a descodificadores de televisión por cable y TDT, ello no ocurrió con los disponibles para televisión satelital21. En pocas palabras, es evidente que aunque el financiamiento público de la TDT no está prohibido y la Comisión reconoce que la transición podría dilatarse en caso de ser dejada enteramente al arbitrio de las fuerzas del mercado, la sola aplicación del marco legal vigente no evita ciertos vacíos y zonas grises. En cualquier caso, la ironía de la política europea es que en aquellos campos en los que los Estados miembros tienen libertad de acción en el interés de la subsidiaridad y la diversidad cultural, esta libertad es constreñida por los derechos contenidos en los tratados, que por supuesto, no se focalizan de modo específico en la cultura (Woods, 2005: 31). Ante la ausencia de un lineamiento explícito sobre las ayudas legales a la TDT (Analysys, 2005), la Comisión hizo un primer intento de clarificación junto con la decisión adoptada para el caso alemán que especifica que no cuestionaría, por ejemplo, el financiamiento de una red de transmisión en áreas donde de otra manera habría una cobertura insuficiente de televisión, la compensación financiera a los emisores de servicio público del coste de emitir a través de todas las plataformas existentes para alcanzar a toda la población, el subsidio a los consumidores para la compra de descodificadores siempre que estos sean tec19 IP/05/1394, State aid: Commission rules subsidy for digital terrestrial TV (DVB-T) in Berlin-Brandenburg illegal; explains how digital TV can be supported, Bruselas, 9 de noviembre de 2005. 20 IP/05/343, Competition: Commission requests Sweden to end broadcasting services monopoly, Bruselas, 21 de marzo de 2005. 21 IP/05/1657, State aid: Commission opens inquiry into subsidy for digital decoders for terrestrial TV in Italy, Bruselas, 21 de diciembre de 2005.

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nológicamente neutrales, y la compensación financiera a los emisores que deban cesar sus emisiones analógicas antes de la fecha de caducidad de sus licencias. De hecho, la Comisión recuerda que en marzo de 2005 aprobó diversas formas de intervención pública en apoyo a la TDT en Austria: ayudas a pruebas piloto e investigación, subsidios a la compra de descodificadores para cualquier plataforma a aquellas familias de menores recursos, préstamos a compañías para desarrollar servicios digitales innovadores, y subsidios a los emisores terrestres que emiten en simulcast para compensar sus costes de transmisión adicionales. Sin embargo, debe apuntarse que la posición que la CE está explicitando en relación con las actividades on-line de los servicios públicos puede acarrear implicaciones mucho más trascendentales para la intervención estatal en las actividades de servicio público en particular y la TDT en general. En marzo de 2005, la Comisión solicitó a Alemania, Holanda e Irlanda aclaraciones respecto del rol y financiamiento de sus emisores de servicio público por ser sospechosos de no estar en línea con las normas que impiden a los Estados otorgar subsidios que puedan distorsionar la competencia (procesos similares se habían puesto en marcha con Francia, Italia, España y Portugal)22. Los casos holandés y alemán, concretamente, pusieron sobre la mesa de la Comisión nuevas preocupaciones relacionadas con las actividades on-line de sus servicios públicos y su financiamiento. La Comisión no cuestiona que el servicio público pueda ofrecer servicios on-line como parte de su misión, pero en un cambio de doctrina sin precedentes, ha comenzado a establecer algunos criterios por los cuales define qué servicios pueden entrar en esta definición y cuáles no23. Para la Comisión, servicios on-line como los relacionados con el video streaming y la información relativa a los programas existentes pueden considerarse incluidos en una misión de servicio público si son una mera continuación, en el mundo digital, de los servicios tradicionalmente ofrecidos por los emisores de servicio público. De ahí que se aprobara el financiamiento por parte de la BBC de la provisión de servicios educativos on-line. Por el contrario, en nombre de la competencia y el libre mercado, la CE no sería proclive a catalogar actividades relacionadas con los nuevos medios y servicios digitales, tales como la telefonía móvil y el comercio electrónico, como “servicios de interés económico general”, tal y como ocurre con la radiodifusión de servicio público (CdE, 2006). Al respecto, está aún pendiente de clara formulación el estatus de un aspecto tan importante del servicio público como son los servicios informativos on-line (Miguel y Garitaonandia, 2005).

22 IP/05/250, State aid: Commission requests Germany, Ireland and The Netherlands to clarify role and financing of public service broadcasters, Bruselas, 3 de marzo de 2005. 23 MEMO/05/73, Public service broadcasting and state aid - frequently asked questions, Bruselas, 3 de marzo de 2005. SPEECH/05/590, New EU Rules for a Convergent Multi-Media World: the need for a “Light Touch”, Londres, 10 de octubre de 2005 (discurso pronunciado por Viviane Reding en la IICC and Chatham House 36th annual conference).

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Por lo tanto, es clara y sintomática la falta de voluntad de la UE para proporcionar los medios necesarios para que las televisiones públicas tengan un papel relevante en el ámbito de las nuevas tecnologías y la construcción de la SI: su marginalidad en los nuevos soportes y canales de explotación, amenaza incluso su existencia y estabilidad jurídicas (Sierra, 2006: 172). 3.2. Sentido Partiendo de las actuaciones hasta aquí mencionadas, es posible identificar un posicionamiento europeo respecto de la TDT y hablar por tanto de la existencia de una serie de políticas, que desde los orígenes de las actuaciones comunitarias relacionadas con la televisión digital, se han ido conformando en función más de omisiones que de acciones. Es decir, que en gran medida la caracterización precedente de las políticas europeas de televisión digital es aplicable a la actuación comunitaria respecto de la TDT. No solamente porque hablar de televisión digital supone hablar de todos sus soportes, sino porque en realidad la digitalización de las redes terrestres no ha sido objeto exclusivo de preocupación, aunque ha estado presente en la agenda de discusión europea. Cabría hablar aquí también, por tanto, de una política fuertemente basada en acciones solapadas, aunque a lo hasta aquí dicho deban agregarse una serie de puntualizaciones respecto del tratamiento de la digitalización de las redes terrestres que se efectúan a continuación y se manifiestan explícitamente sólo en algunas actuaciones: Comunicación referida al desarrollo del mercado de la televisión digital (CE, 1999b), Conferencia Política Europea de Televisión Digital Terrestre (ANACOM, 2000), Plan de Acción eEurope 2005 (CE, 2002b), Comunicación relativa a los obstáculos que impiden un acceso generalizado a los nuevos servicios y aplicaciones de la sociedad de la información a través de plataformas abiertas… (CE, 2003c), comunicaciones sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital y su aceleración (CE, 2003b y 2005f; PE, 2006) y comunicaciones relativas al espectro radioeléctrico (CE, 2005a, 2005b y 2005d). Las siguientes páginas valoran las políticas europeas de TDT en función de las tendencias dominantes emergentes de la política europea de televisión digital, cuyas directrices han condicionado las actuaciones europeas en torno a las redes terrestres digitales en un sentido liberalizador y polarizado, pero también subordinado. Primero se analizan estas actuaciones en función de dichas directrices condicionantes, para luego establecer a partir de ello la caracterización de las políticas europeas de TDT que aquí se sintetizan como liberalizadoras, conservadoras del statu quo y, en cierta medida, incongruentes. 3.2.1. La TDT y la perspectiva económico-industrial La perspectiva económico-industrial dominante ha conducido a que solamente se piense a la TDT en función del rédito económico que esta puede propor-

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cionar, por lo que todas las actuaciones que la han tenido por objeto se encuentran guiadas por una lógica mercantil e instrumental, pero no social. Todos los documentos analizados en los que se la contempla, manifiestan que las motivaciones para su introducción han sido y son económicas e industriales, ya que la TDT debe estar al servicio de una SI y una Convergencia definidas según los términos de la Estrategia de Lisboa. Su contribución a la creación de un mercado radioeléctrico europeo unificado y liberalizado es, al respecto, esclarecedora y pone de manifiesto la medida en que este ha sido el discurso legitimador de su introducción. Frente a las posibilidades democratizadoras que proporcionan el aumento del número de frecuencias disponibles y la convergencia tendencial con, y por tanto el acceso a, servicios y contenidos de otras redes, por sólo mencionar dos ventajas de la TDT, no se la considera más que como la nueva versión digital de la televisión terrestre existente. Pero a la vez, se la presenta como una nueva figura a la que poner el viejo vestido de la política audiovisual que contribuye con el desarrollo económico de la UE. Lo que permite la fuga hacia adelante de un proyecto neoliberal, que una y otra vez pretende obviar una realidad que lo desmiente, y que ha sepultado primero el espacio comunicacional y luego el espacio audiovisual europeo a favor de un espacio único de información. El peso comunicativo y cultural que aún conserva la televisión tradicional, aunque bajo amenaza permanente, se pone así en peligro si su migración digital es hegemonizada simplemente por criterios mercantiles. Por el contrario, no debe olvidarse que a pesar de que la TDT pueda generar más puestos de trabajo y nuevos negocios, en tanto que televisión seguirá desempeñando un papel fundamental para la democracia, la libertad de opinión y el pluralismo, así como para la protección y la promoción de la diversidad cultural y lingüística en Europa. 3.2.2. La TDT, su reducción a mero soporte y la desregulación Es en relación con la migración digital de las redes terrestres donde el escaso discurso interventor de la UE más se manifiesta. Sin embargo, fiel a su premisa de actuar sólo si fuera extremadamente necesario, sus acciones iniciales respecto de la liberación espectral se han limitado, en el marco del eEurope 2005, a solicitar a los Estados miembros que para finales de 2003 publicaran sus planes de migración incluyendo una fecha posible para el apagón analógico (CE, 2002b). Está en juego un proceso clave, cuyo desarrollo fallido podría acarrear enormes pérdidas económicas y un alto coste político. A pesar de ello, la postura europea de la cual la Comunicación sobre la transición a la difusión digital es buen ejemplo (CE, 2003b), no ha trascendido el plano de las recomendaciones. En este documento se trata la cuestión clave para los Estados miembros de qué acercamiento se ha de tomar para este proceso de migración y de cómo reutilizar el espectro destinado actualmente a la televisión analógica, aconsejando

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evitar las trabas políticas para que las medidas que se tomen sean transparentes, proporcionadas, oportunas y tecnológicamente neutras, para evitar discriminaciones indebidas contra ciertos grupos y para que no se distorsione la competencia en el mercado. De existir, toda intervención deberá tener lugar en primer término a nivel nacional, aunque la UE se reserva la posibilidad de actuar en tanto ciertos aspectos inciden en el mercado interior. Por consiguiente, el acercamiento europeo a la problemática de la TDT continúa la línea liberalizadora de su política audiovisual y es por ello desregulador. Así se comprende que esta comunicación recalcara que son las políticas nacionales las que deben proporcionar los incentivos adecuados para que los consumidores migren a la televisión digital voluntariamente, pero preferentemente sin la utilización de subsidios o ayudas; y señalara, respecto de proponer una fecha común para el apagado de las emisiones analógicas o coordinar la prohibición de vender receptores analógicos a escala comunitaria, que ello no estaba previsto. Hubo que esperar dos años más para que la Comisión reaccionara ante la evidencia de los escasos avances en las estrategias de transición de sus miembros y diera un tímido paso proponiendo una fecha común de cese de las emisiones analógicas (CE, 2005f). Es evidente que sin una fecha europea de apagón más o menos coordinada no habrá negocio paneuropeo. Del desarrollo de la TDT, que permitirá liberar las actuales bandas utilizadas para la televisión analógica, depende que este proceso ocurra más o menos rápido. En otras palabras, en 2005 la Comisión acabó por reconocer que cualquier “dividendo espectral” dependerá, a nivel nacional, de la cantidad de países vecinos que alcancen también el apagón analógico y, a nivel europeo, del cese absoluto de las emisiones analógicas en toda la UE y regiones vecinas. Este posicionamiento europeo a favor del mercado se ha manifestado en primer término, como explicitara el análisis de las principales actuaciones destinadas a la televisión digital, en un tratamiento normativo minimalista y de tipo casi estrictamente técnico y económico para la TDT. Lo primero, fundamentado exclusivamente en el paquete de comunicaciones electrónicas heredero de la liberalización de las telecomunicaciones. Lo segundo, mediante la aplicación de los principios generales de la competencia, es decir, del libre mercado, a todos los sectores de negocio, con el objetivo de promover un mercado único europeo para el sector audiovisual. Sin embargo, la realidad de los datos de desarrollo del servicio desmienten la eficacia de esta división de tareas entre Estado y mercado, evidenciando la contradicción permanente de la UE entre la defensa del libre juego de las fuerzas del mercado y la amenaza de intervenir si no se dan las condiciones mínimas de funcionamiento del servicio. El marco legal que se ha instituido entonces para la TDT, supone que los operadores que se habiliten para desarrollar el servicio deben ser establecidos libremente por el mercado, al igual que su forma de explotación, en un proceso en el que los entes reguladores nacionales deben actuar de forma transparente y no discriminatoria y coordinarse con el Grupo de Entidades Reguladoras

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Europeas para las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas establecido a nivel comunitario (ERG)24. Supone que no exista una visión integral del audiovisual, ya que no solamente se ha conducido a que redes y contenidos sean tratados separadamente, sino a que el énfasis se encuentre en los primeros y que se continúe aplicando la antigua lógica del mundo analógico a los segundos. Los contenidos que la TDT transporta siguen estando sometidos a la lógica analógica de la Directiva TVSF, cuyas limitaciones para un entorno crecientemente convergente de posibilidades técnicas han conducido a un debate para su revisión fuertemente sesgado por una política de laissez faire. Con lo que una de las fortalezas de la TDT, la convergencia de contenidos y servicios que puede brindar universal y gratuitamente, queda debilitada al ponerse el acento sólo en sus posibilidades técnicas y no sociales. Por lo tanto, pretender otorgar el mismo tratamiento a todas las redes, sean estas fijas o inalámbricas, técnicamente mejor dotadas para un tipo de intercambio que para otro, y favorecer la tendencia a que esto mismo ocurra con el plano de los contenidos, no hace más que favorecer una visión de la TDT como mero soporte y una política aperturista y flexible en la que los términos de la libre competencia los establecen quienes detentan el control de los diversos segmentos. Como ya ha ocurrido justamente con Canal+ y Sky en la televisión satelital. Y es que si las tendencias audiovisuales dominantes en las que se insertan los primeros pasos de la TDT suponen el predominio televisivo al interior del sector audiovisual, no ocurrirá lo mismo con la TDT al interior del mercado televisivo. En gran medida por haber “aparecido” en último término, no es la digitalización de las universales redes televisivas terrestres el sector de la televisión digital que más se ha beneficiado de las políticas europeas. 3.2.3. La TDT y el predominio de las telecomunicaciones La TDT no ha escapado a la tendencia hegemónica en la política comunicacional europea que prioriza las actuaciones a favor de las telecomunicaciones y en perjuicio del audiovisual. Como tempranamente estableciera la Comisión (CE, 1999b), era necesario evitar el riesgo de incurrir en incoherencias de aplicarse distintos tratamientos normativos a los operadores que ofrecen servicios multimedia móviles por medio de la TDT y a los que lo hacen mediante el Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS). Por lo que el enfoque normativo adoptado para la TDT debía estar en consonancia con el enfoque liberal adoptado para las telecomunicaciones. El paquete de comunicaciones electrónicas lo haría posible.

24 ERG, European Regulators Group, es un organismo comunitario independiente para la reflexión y el asesoramiento en el campo de la regulación de las comunicaciones electrónicas, compuesto por los responsables de las autoridades reguladoras nacionales relevantes (una por país), que actúa como interfaz entre ellas y la CE. Ha sido creado y modificado por Decisión de la Comisión de 29 de julio de 2002 (2002/67/EC) y de 14 de septiembre de 2004 (2004/3445/EC).

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Desde entonces, se supone que la horizontalidad legal y la neutralidad tecnológica están garantizadas por una perspectiva multiplataformas y multiservicio que establece puntos de partida equitativos pero nunca limitaciones. Lo único cierto, en verdad, es que en el plano a secas de las implicaciones técnicas de los diferentes soportes la TDT ha pasado a ocupar un lugar subsidiario, y que se ha consagrado una competencia feroz, en tanto el desarrollo de las nuevas redes de telecomunicación depende del acceso a grandes segmentos del espectro electromagnético (Schiller, 2005) y es justamente la digitalización de las redes terrestres lo que puede ponerlo a su disposición. Sin embargo, por más maximizado que pueda estar el espectro gracias a su uso digital, siempre será finito. Por tanto, ninguna política democratizadora de la comunicación digital puede obviar no sólo que no todas las tecnologías podrán quedarse con el ancho de banda requerido para el negocio de los servicios de la SI, sino que además, el punto de partida de cada una de ellas en esta batalla por un recurso escaso es desigual. Tal y como están planteadas las cosas, el espectro que liberará la televisión hertziana analógica será para una TDT plena (que ofrezca servicios adicionales, interactividad cuando se la dote de un canal de retorno, etcétera) o para las “nuevas comunicaciones inalámbricas”. Concretamente, la batalla se ha establecido ya con las redes 3G (CE, 2003b; 2003c) y, más genéricamente, con los servicios inalámbricos de banda ancha. A esta situación ha contribuido una política polarizada que entiende que la lógica de las redes puede tratarse, regularse, sin conexión alguna con el contenido que transportan. Esta dinámica, propia de las telecomunicaciones, podía ser cierta para una época en que las redes simplemente comunicaban dos puntos para un intercambio privado. Y puede seguir siendo válida para este tipo de procesos aunque hoy día se digitalicen. Pero es cuestionable su aplicación en términos absolutos a la nueva fase digital de las comunicaciones en las que cualquier intercambio comunicativo y su inseparable dimensión social se reducen a ceros y unos para ser transportados por diversos soportes. Ya que en algunos casos el contorno final del contenido es influenciado de manera decisiva por la red que lo transporta, mientras que en otros la especificidad del contenido es inseparable de la propia red. La referencia es aquí, por ejemplo, a un mismo boletín audiovisual de noticias que puede ser parte tanto de una comunicación punto masa, al pertenecer al continuo televisivo, o ser clasificado como una difusión punto a punto al enviarse desde el operador directamente al terminal móvil del cliente que lo ha solicitado. En el caso de un SMS, su especificidad es inseparable de los condicionantes técnicos que lo hacen posible. 3.2.4. La TDT y el acento en las infraestructuras y servicios De forma reduccionista, se promueve un perfil de la TDT en tanto que nueva oportunidad para generar servicios novedosos que promuevan negocios

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alternativos, fundamentalmente relacionados con la interactividad, al tiempo que se la coloca en el centro de atención de la migración al todo digital. Es decir, que el acento respecto de la digitalización de las redes terrestres está en los nuevos servicios añadidos que ella pueda vehiculizar y generar, en desmedro de la creación de contenidos digitales audiovisuales novedosos y originales; y en el espectro que pueda liberar, mediante la actualización pertinente de sus infraestructuras, en beneficio principalmente de los operadores existentes o las redes en competencia. El problema de esta postura es que ignora que los usos y elecciones de las redes están también dados por los contenidos que ellas pueden transportar y de hecho difunden. Lo que en el caso concreto de la expansión de la TDT está íntimamente ligado al ritmo de su adopción en el sentido de que su oferta de contenidos será, en definitiva, lo que atraiga o no espectadores que estén incluso dispuestos a pagar por ella. Por lo que un mayor equilibrio debe buscarse entre los servicios y las funciones pretendidas para la TDT y la creación de programación diversa y de calidad, vinculada sin dudas a la aparición de nuevos actores en sus distintas instancias de explotación. Para ello será crucial la existencia de equipamiento interoperable, tanto en la emisión como en la recepción, hoy inexistente debido al predominio de opciones propietarias a las que ha conducido la ausencia de normas de obligado cumplimiento y la falta de consenso entre los actores implicados. Al respecto, el apoyo discursivo al estándar MHP ha sido insuficiente. 3.2.5. La TDT y la dupla SI/Convergencia La UE ha planteado claramente que tanto la televisión digital como los sistemas móviles 3G se postulan como plataformas de acceso alternativas a la SI (CE, 2002b), a pesar de que migrar las redes terrestres sería la forma más fácil de universalizar una verdadera SI para todos. En tanto la televisión hertziana analógica es la modalidad televisiva más extendida en casi todos los países, ello conduce a pensar que lograr su migración al sistema digital es la forma más rápida y económica de liberar grandes cantidades de espectro y universalizar el acceso a los bienes y servicios derivados de la digitalización. Sin embargo, ante las perspectivas de crecimiento de los móviles 3G, la UE entiende que no está tan claro que vaya a ser la televisión quien encabece este proceso (CE, 2003c). Lo que es equivalente a admitir, aunque por supuesto de forma implícita, que no se apuesta por la digitalización de una televisión en abierto y generalista, cuasi universal e inclusiva de todos los públicos posibles, sino que se impulsan otras opciones técnicas individualistas que requieren de una alfabetización digital mínima y, por sobre todas las cosas, se sustentan en la lógica del pago. La TDT no ocupa un lugar central en las políticas europeas más que a la hora de liberar espectro. Es decir, que se la promueve más que para que realmente universalice los servicios digitales, para que deje de ser un obstáculo a la migración entera y libere recursos para otras plataformas. Ello está

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íntimamente relacionado con una visión de la SI que la reduce, en tanto que sinónimo, al desarrollo e implantación de las tecnologías de la información. Lo mismo puede decirse respecto de su relación con la Convergencia. La TDT sólo puede contribuir a sus objetivos si se establece como una plataforma neutra y libre a la competencia de quienes quieran operar a través de ella. Por eso, las principales preocupaciones actuales están relacionadas con superar los obstáculos que la lenta digitalización de la televisión está provocando a una convergencia plena de servicios en toda la UE. 3.2.6. La TDT y la tendencia al privatismo mercantilista en detrimento del servicio público Ninguna de las actuaciones europeas aquí consideradas hace referencia al papel del servicio público en el desenvolvimiento de la TDT, omitiendo así su papel e importancia. Aquello que sí quedará claramente delimitado en nombre de la libre competencia será el estricto control sobre su actuación en la expansión a las redes digitales. A modo de ejemplo, señalar que se afirma que las actividades de las cadenas públicas en los mercados de la televisión digital, sobre todo de pago, pueden plantear problemas respecto a la legislación europea en materia de competencia, ya que de ninguna manera su participación en las plataformas de televisión digital de pago debería subvencionarse por vía indirecta mediante fondos estatales asignados para el cumplimiento de su misión de servicio público (CE, 1999b: 23). De este modo, se promueve que sea el mercado, es decir, los privados con ánimo de lucro, quienes se pongan a la cabeza del desarrollo de toda innovación y el usufructo de todo nuevo negocio. No se asigna a las redes terrestres digitales de servicio público relevancia alguna, consolidando con ello el progresivo vaciamiento del sentido de la actuación pública en la democratización de las nuevas tecnologías y traspasando todo el peso de la acción al ámbito privado. Escasas repercusiones ha tenido que el Parlamento recuerde que el servicio público está directamente relacionado con la necesidad de preservar el pluralismo, que los Estados miembros tienen la facultad de decidir su sistema de financiación, y que no sólo la experimentación y la investigación figuran entre sus funciones legítimas, sino que además estas deben incluir la utilización, potencialmente ilimitada, de nuevas posibilidades técnicas y formas de difusión para contar con las mismas oportunidades a la hora de competir (PE, 2000b y 2006). Como en tantos otros aspectos, esta mirada no ha sido la dominante a pesar de que la expansión del servicio público a las redes digitales sea paradójicamente lo que está impulsando en muchos países la implantación de la TDT. De hecho, puede interpretarse que está siendo sistemáticamente erradicada. Ello se pone de manifiesto a través de la jurisprudencia que se está creando sobre la extensión de las actividades del servicio público a los nuevos medios, en especial, los servicios on-line, cuyas implicaciones pueden ser de gran trascendencia.

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En primer lugar, establece un precedente negativo en la definición de las funciones y áreas de actividad del servicio público por parte de la Comisión, hasta el momento competencia exclusiva de los Estados miembros. En función de ello y en segundo lugar, reduce la autonomía y poder de los Estados para la libre definición de las misiones de su servicio público. Por último, profundiza y cristaliza para el entorno digital una tajante separación entre actividades comerciales y de servicio público. El primer grupo estaría fuera de la órbita de todo ente público, cuyas únicas actividades on-line autorizables serían aquellas que no fueran más que una mera extensión de su hacer analógico. De continuar, no debe menospreciarse el impacto que la hegemonía de esta tendencia podría tener para el futuro de las actividades de servicio público en general y el desarrollo de la TDT en particular. No sólo porque implicará un cambio de doctrina en el establecimiento de las funciones y misiones del servicio público, sino porque una vez excluidas de su esfera todas aquellas actividades on-line rentables, los puentes entre la TDT e Internet serán muy difíciles de construir desde una lógica de servicio público. Aunque la Unión Europea parece aceptar algunos on-line information services, queda aún por clarificar cómo acabará por definirse la categoría information services y cómo ello afectará a las opciones del servicio público en un entorno digital (CdE, 2006). En lo que respecta al financiamiento del servicio, aunque la Comisión acabó por reconocer que el principal escollo con que se topa el acceso generalizado a los servicios interactivos y de la SI a través de la televisión digital, especialmente en el caso de las redes terrestres, no es de tipo técnico, sino que se debe a la dificultad de construir modelos de negocio aceptables para el despliegue de la infraestructura necesaria sobre la base exclusiva de la dinámica del mercado (CE, 2003c), la TDT no escapó al predominio de las fórmulas de pago en sus primeras experiencias de implantación. La política europea ha favorecido el modelo de pago, heredero de la lógica de pago por consumo de las redes, para financiar la implantación de la TDT en manos principalmente privadas, al establecer que debe ser el mercado quien decida su modelo de negocio y limitar al máximo la inversión pública en el sector en nombre de la competencia. De hecho, se señaló que su introducción tendría como efecto el aumento de la oferta de servicios de acceso gratuito, pero también, de servicios de televisión de pago digital terrestre, pasando de ser un filón vertical compuesto por los primeros seguidores y suscriptores a tener una estructura más horizontal de mercado de masas (CE, 1999b). Así pues, en los orígenes de la TDT europea se apoyaron las ofertas de pago en consonancia con la explotación de las otras redes televisivas digitales. Pero como ha quedado demostrado con los casos nacionales aquí reseñados, su fracaso respondió justamente a la incapacidad del mercado para financiar plenamente otra opción sustentada en el abono y en la demanda publicitaria existente, además de al poco atractivo que generó su oferta para los espectadores, la canibalización efectuada por otros soportes y la falta de coordinación entre los principales actores.

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Irónicamente, ha sido la propia Comisión quien ante la evidencia reconoció que la penetración generalizada de la televisión digital no se logrará únicamente a base del modelo de pago, por lo que ha argumentado que el principal reto es el de la “creación de mercados horizontales”. Aunque eso sí, preferentemente con receptores orientados a la recepción de servicios de televisión digital gratuita no subvencionados, en los que los consumidores asuman íntegramente los costes desde el primer día. La coexistencia de ambos modelos, se afirma, es importante para la penetración y difusión de la televisión digital (CE, 2003b: 18). 3.2.7. La TDT y el interés por el cliente En vez de conformarse como una alternativa universal e inclusiva de toda la ciudadanía a los nuevos bienes y servicios de la SI, la postura hegemónica europea sobre la TDT la presenta como una opción más de pago para unos espectadores constituidos así como meros clientes. Esta cara devaluada de la moneda ciudadano/espectador es reforzada al ponerse el énfasis sobre el papel del consumidor. Un consumidor supuestamente protegido en sus capas más vulnerables a través de medidas orientadas a la protección de los menores, la dignidad humana, el derecho a réplica y la accesibilidad a las TICs. Con lo cual, además de ser reducido a la dimensión de cliente, el sujeto es marginado a ser destinatario pasivo de una política de defensa del interés público constreñida al ámbito de los contenidos y, en parte, el acceso, en cuya definición no participa. Al darse por conocido el perfil del consumidor se ha dado por supuesta la demanda, contribuyendo con ello al manifiesto círculo vicioso inicial en el que se encontró el servicio. La instauración de la televisión digital, por el contrario, debe tener en cuenta verdaderamente, y en la medida de lo posible, las inquietudes, gustos e intereses de las audiencias y guiarse por un principio de acceso abierto de mayor alcance que el existente. Todos los ciudadanos deben poder acceder en condiciones igualitarias a servicios que cumplan con los criterios de universalidad, asequibilidad y no discriminación, que hagan posible enfrentar la fragmentación en marcha. 3.2.8. La TDT y los mercados privilegiados La visión europea dominante presenta a la TDT, en tanto que plataforma abierta, como uno de los instrumentos para hacer posible la existencia de un mercado europeo unificado de servicios televisivos digitales. Como se afirmó en las conclusiones emergentes de la Conferencia Política Europea de Televisión Digital Terrestre (ANACOM, 2000), los principios generales de la competencia deben aplicarse a todos los sectores de negocio bajo la perspectiva de promover un mercado único europeo para el sector audiovisual. El problema es que para alcanzar este objetivo es imprescindible una interoperabilidad que no existe y que dificulta incluso el desarrollo del servicio en

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los mercados nacionales, ya que la actuación europea ha renunciado al rol central que debía jugar en términos de estandarización. Si no hay una “televisión digital sin fronteras”, ello se debe a las restricciones resultantes de los nuevos estrangulamientos/puertas de entrada que la digitalización ha traído consigo. La interoperabilidad es esencial a la hora de asegurar la cobertura universal de la TDT y el acceso universal a los servicios básicos de la SI a través de ella, pero la simple recomendación de la adopción del MHP, posterior a la negativa a imponer acuerdos técnicos mínimos, ha sido insuficiente frente al accionar de los actores poderosos en el mercado de la televisión digital, verticalmente integrados. Los operadores de televisión digital han adoptado deliberadamente estándares propietarios, ya que desde los orígenes de la normativa (Directiva 95/47), la estandarización e interoperabilidad de los sistemas se ha confiado a mecanismos autorregulatorios (Helberger, Scheuer y Strothmann, 2001). Así se han conformado mercados verticales, en los que el operador del servicio especifica y controla cada aspecto, haciendo que todo elemento de la cadena de valor de la televisión digital se convierta en un gatekeeper “natural”. A pesar de ello y de reconocer el escaso éxito del MHP, la CE ha confirmado la promoción de las iniciativas de normalización voluntarias (CE, 2006a). Por lo que aunque admita que el principal escollo para lograr la interoperabilidad gira en torno a las APIs (CE, 2003b), más allá de la evidencia, los sonados fracasos de las primeras plataformas de TDT y las armas con las que cuenta para intervenir (Directiva marco), la posición dominante sigue siendo la de la DG Sociedad de la Información: liberalización sin más. Los estándares abiertos que favorecen los mercados horizontales son cruciales para el desarrollo de la TDT como han demostrado los casos del CD de audio y el DVD. La autorregulación, por ello, no debería ser una opción en este área, además de que la aplicación del Derecho de la competencia no es todo lo efectiva que se cree (Laven, 2003). De hecho, la normativa europea sobre competencia ha sido siempre utilizada de un modo funcional y multipropósito (Ariño, 2004: 97). El mencionado objetivo de contar con un mercado europeo unificado ha conducido, en primer lugar, a omitir cualquier referencia al desenvolvimiento local de la TDT. Únicamente el PE (2006) ha hecho referencia a la necesidad de que los servicios audiovisuales sigan un desarrollo social, regional, cultural y lingüístico equilibrado. En segundo término, ha provocado de forma progresiva, por parte de la UE, la absorción de algunas instancias de decisión históricamente reservadas al plano nacional por sus connotaciones en materia de seguridad y política económica e industrial. Fundamentalmente, aquellas relacionadas con la caracterización técnica de las nuevas tecnologías. Aunque ello por supuesto deba matizarse. La heterogeneidad verificada en la implantación de la TDT en los diferentes casos nacionales, demuestra una compleja relación UE/Estados miembros. En tercer lugar, el mencionado contexto internacional que ha alimentado la visión europea dominante sobre la televisión digital, ha supuesto enmarcar

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a la TDT en la carrera mundial por la supremacía económica y tecnológica liderada por Estados Unidos y Japón, cuya manifestación más notoria en este plano es la guerra de estándares. Finalmente, ha supuesto también pensarla en relación con la liberalización creciente de los intercambios internacionales que puja por incorporar plenamente los servicios audiovisuales 3.2.9. La TDT y los campeones nacionales digitales Si la política de televisión digital europea ha sido funcional para que los grandes grupos de comunicación extendieran su poder al ámbito digital, ello explica que en parte puedan condicionar, en función de sus intereses cruzados, el futuro de la TDT. Aunque no se explicitara una política respecto de quiénes pueden/deben explotar el servicio, más allá de las generalidades que contienen las Directivas acceso y espectro, la postura ambivalente y condescendiente con el gran capital audiovisual ha puesto inicialmente en marcha un movimiento en el que parecería que las posibilidades de democratización de las comunicaciones a través de la entrada de nuevos actores, sobre todo independientes, no se promueve. Por otra parte, la incorporación de hecho de la TDT, a través del audiovisual digital en general, al ámbito de la promoción y el fomento de los contenidos, debido a su probada ineficacia, tampoco apunta en dicha dirección. La dinastía MEDIA ha constituido un instrumento útil aunque insuficiente frente a una TDT que hoy más que antes necesita de una oferta competitiva y variada de contenidos audiovisuales. Pero aunque ello se lograra, sería inútil para promover la existencia plena de agentes audiovisuales medianos y pequeños si la política de competencia no se utilizara como un instrumento idóneo y eficaz para evitar la formación de posiciones dominantes. Tanto en lo relativo a la concentración de la propiedad en el nuevo entorno digital, como a lo que refiere a la salvaguarda del pluralismo. De lo contrario, los “campeones nacionales digitales” tienen grandes posibilidades de dominar la TDT ya que son los únicos que están en condiciones de enfrentar las importantes inversiones que su desarrollo requiere. Será tal vez por ello que el PE ha reiterado enérgicamente a la Comisión su solicitud de que se ponga en marcha un debate a nivel europeo sobre el pluralismo y la concentración de la propiedad mediante la publicación de un Libro Verde sobre este tema (PE, 2006: 6). 3.3. Liberalización creciente, statu quo e incongruencia A continuación, a partir del precedente análisis de las principales acciones y omisiones europeas relacionadas con la TDT, realizado en función de las directrices emergentes de la política europea de televisión digital, se sintetizan las principales políticas europeas de TDT que pueden resumirse en la tríada liberalización, incongruencia y statu quo.

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En el caso de las políticas de TDT, la principal contradicción se pone especialmente de manifiesto en la importancia que la UE le ha otorgado al servicio a lo largo de estos años. Si por una parte su interés para con las redes terrestres digitales no ha sido más que secundario en consonancia con la perspectiva convergente y “neutral” adoptada, que alienta las multiplataformas para favorecer la Convergencia y acceder a la SI, por otra, se ha reconocido a través de diversas actuaciones su importancia clave para la migración exitosa hacia un uso digital del espectro que permita hacer efectivas las ventajas económicas que su gestión desregulada permitirá. Esta posición incongruente aparecerá como resultado de un proceso en el que la desregulación habilitada en el ámbito de la televisión digital, a partir del marco legal que la afecta, ha acabado por revelar la incapacidad del mercado para liderar la transición. Ello pondrá de manifiesto la parcialidad de un discurso legitimador sustentado en pilares económicos e industriales, avalado por la Comisión y el Consejo Europeo, que el Parlamento ha intentado reconducir sin éxito, pero que en cualquier caso prueba que la configuración de políticas no es ni mucho menos monolítica. También ha contribuido con las inconsistencias de la postura europea respecto de la TDT el hecho de que absolutamente todas las actuaciones que la implican hayan tenido en realidad otros destinatarios y objetivos y, por consiguiente, aludieran a las redes terrestres digitales de forma tangencial. La mayoría de las veces, sin embargo, se las ha afectado indirectamente pero de forma crucial sin siquiera haberlas considerado, como ocurriera con la sanción del paquete de comunicaciones electrónicas. Lo cual configura una política no sólo difícil de aprehender por estar originada en múltiples instancias, sino también velada, por la falta de explicitación que la acompaña. Una política, por ende, solapada y subordinada en términos generales al predominio de las telecomunicaciones sobre el audiovisual en la definición europea de políticas de comunicación. La liberalización creciente que supone la idea de sentar unas bases principalmente técnicas, y por ello autodefinidas como neutrales, para establecer las condiciones que verían emerger la digitalización de las redes terrestres y su consecuente liberación automática de espectro, sin actuar más que ex post ante las distorsiones de la competencia, sustenta el argumento de que nos encontramos ante una política que no sólo favorece la lógica del mercado como principio rector, sino que es también simplista y tecnológicamente determinista. Y que por ello, obvia el sinnúmero de obstáculos que tanto desde la oferta, pero sobre todo desde la demanda, caracterizan este proceso. Por poner ejemplos pueden mencionarse tanto la ausencia de estandarización en el hardware y el software (desde descodificadores hasta EPGs), como la gran incógnita que representa la instancia del consumo. El marco ligero así establecido que afecta a la TDT, supone que las autorizaciones generales para el uso del espectro suplanten las licencias individuales; que los sistemas de acceso condicional, al igual que el acceso a los recursos asociados como las API y EPG, se presten en “condiciones equitati-

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vas, razonables y no discriminatorias”; y que toda cuestión relativa a la interoperabilidad de las diferentes instancias de la cadena de valor de la televisión digital quede a criterio del consenso de los interesados. Más allá de los discursos, esto se acerca más a la protección del interés privado que a la defensa del interés público y no hace más que preservar las relaciones de fuerza existentes, por tanto, el statu quo. Lo grave, en todo caso, es la permeabilidad que ha manifestado la política europea, sobre todo en los aspectos relativos a la interoperabilidad y el castigo a la existencia de posiciones dominantes. Es en este plano donde vuelve a aflorar la incongruencia de un posicionamiento que se erige a partir del rol de árbitro y que evita intervenir, aunque la situación así lo requiera y se esté legitimado para hacerlo por el margen de acción que se reservara, ya que su principal bandera es la del mercado. La TDT no ha escapado a esta liberalización creciente planteada desde los orígenes mismos de la política europea de televisión digital, dificultándose por ello la reflexión sobre los actores que absorberán los costes de este proceso, que no parecen ser otros que los ciudadanos venidos a consumidores, que deberán enfrentar la renovación de sus equipos para quedar cautivos de ofertas de pago y de un puñado de empresas. Las políticas aquí reseñadas han conducido a la ausencia de una planificación integral para la transición al todo digital que se pretende subsanar proponiendo una fecha común de apagón y representando una actitud organizadora y coordinadora de la información relativa al proceso por parte de la Comisión. Tal toma de posición, contrasta con su decidido apoyo a una gestión mercantil de las frecuencias que permita materializar el “dividendo espectral”. La cuestión es que mediante esta indefinición se ha contribuido a que el destino de la digitalización de las redes terrestres esté sujeto más al arbitrio de otros soportes y los objetivos de los grandes grupos, que al designio del regulador. La inercia tiene una acción decisiva allí donde la regulación fracasa (Näränen, 2005). Ello explica la heterogeneidad en las actuaciones nacionales consideradas, que aunque influenciadas por la lógica europea, responden también a sus propias historias audiovisuales, conflictos internos y objetivos políticos. Así pues, las políticas europeas de TDT opacan las posibilidades democratizadoras del servicio al otorgarle un papel secundario a su perfil sociopolítico y vinculación con el servicio público, marginándolo con ello como opción plausible y asequible a una verdadera SI para todos de acceso inclusivo y universal. La importancia tecnológica secundaria que se le asigna en un supuesto entorno de plataformas abiertas convergentes, no oculta una preocupación sostenida en relación con la indefinición de su modelo de negocio, que evidencia, en definitiva, el porqué de este posicionamiento europeo respecto de la TDT: evitar que se convierta en un obstáculo al trío SI-Convergencia-Era Digital, que supuestamente transformará a Europa en la economía más competitiva del mundo para 2010.

Ausencia de planificación integral para la migración. Determinismo tecnológico. Ausencia de estandarización e interoperabilidad.

Separar actuación sobre contenidos y redes/servicios pero regularla horizontalmente Equipamiento: ausencia de normas obligatorias (apoyo a estándares abiertos). Fomento al consenso entre actores en ámbitos de carácter técnico-industrial por fuera de la UE.

Acento en los servicios e infraestructuras

Mayor liberalización intercambios (OMC). Competencia con USA/Japón. Fomento al mercado único. Omisión del plano local.

Apuesta por un mercado europeo unificado y la competencia global

Síntesis de políticas

Funcionales a los intereses poderosos Permeables a presiones.

Intento de cooptación progresiva de las políticas nacionales. “Olvido” del plano local.

Papel social opacado Mayor liberalización. Importancia tecnológica secundaria Conservadoras del statu quo. Indefinición económica pero asignación de gran importancia a esta dimensión Incongruentes. Ausencia objetivos democratizadores

Apoyo implícito a quienes ya tienen una posición significativa en mercado TV digital porque controlan barreras entrada.

Sujeto: definido por su capacidad de pago. Supuestamente protegido en sus capas más vulnerables a través de la defensa del interés público en los contenidos y la e-accesibilidad.

Configuración ciudadano como cliente

Promoción de los grandes grupos

Privatismo mercantilista. Desaliento al servicio público y cuestionamiento de sus futuras actuaciones on-line.

Estricto control de la actuación pública en nombre de la libre competencia (incluso servicios on-line). Omisión de la importancia del servicio público en la implantación del servicio Financiamiento a establecer por el mercado (inicial predominio del abono; publicidad).

Modelo de pago explotado por privados en detrimento del servicio público

Exclusión por capacidad de pago. Constreñido al papel de cliente y como destinatario defensa del interés público. Ausencia de participación en la definición de políticas. Librecambistas (sólo para intercambios favorables; excepción cultural → ¿sostenible a largo plazo?).

Borramiento posibilidades democratizadoras del servicio.

Apoyo a la competencia entre plataformas diversas para su realización.

Papel secundario promoción SI/Convergencia

Mayor peso para las telecomunicaciones (fachada de neutralidad tecnológica).

Neutralidad tecnológica (perspectiva multiplataformas-multiservicio) pero competencia entre industrias y soportes por el espectro a liberar.

Televisión como mero soporte

Minimalistas/Simplistas. Difusas (mayoría actuaciones destinadas a otros sectores). Mayor coordinación control nacional/comunitario. Predominio del Derecho de la competencia. Contradictorias sobre las posibilidades de intervención. Favorables a la convergencia tecnológica. “Divididas”.

Laissez faire. Motivaciones económico industriales. Pero pujas internas (Consejo/Comisión vs. Parlamento).

Políticas

Predominio telecomunicaciones

Estatuto del servicio: desde el punto de vista técnico es simplemente una red de comunicación electrónica con sus servicios asociados (sujeto al paquete de comunicaciones electrónicas); desde el punto de vista de los contenidos, servicio de radiodifusión televisiva (sujeto Directiva TVSF).

Desregulación

Discurso vertebrado por la llamada Estrategia de Lisboa: hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más avanzada del mundo para 2010.

Actuaciones

Marco legal: mínimo, “específico”, de corte técnico-económico (Directiva 95/47→ paquete de comunicaciones electrónicas). Horizontal. Agentes a establecer por el mercado bajo condiciones de competencia transparentes y no discriminatorias (Directivas acceso y espectro). Autoridades de control: Agencias Nacionales de Regulación (Estados), Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas (UE).

Perspectiva económico-industrial

Tendencias dominantes

Tabla 8. Políticas europeas de TDT

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4. POLÍTICAS EUROPEAS Y CASOS NACIONALES La caracterización efectuada de las políticas europeas de TDT y de la introducción del servicio en algunos Estados miembros de la UE, permite introducir algunas ideas sobre su relación, tanto en términos de penetración del servicio como de vinculación entre políticas comunitarias y actuaciones nacionales. Se constata con ello el fracaso absoluto de una política europea incongruente de aplicación dispar en los Estados miembros, que acabaron implantando el servicio de formas radicalmente diversas. 4.1. La penetración del servicio Los datos presentados sobre la recepción de televisión digital en Europa en general, constatan el impacto limitado y la ineficacia absoluta de una política sustentada en actuaciones minimalistas y tecnologicistas (las únicas normas que refieren directamente a la televisión digital son de corte técnico, la Directiva 95/47 primero, el paquete de comunicaciones electrónicas después), además de divididas (el ámbito de los contenidos será objeto del marco de los servicios de radiodifusión televisivos analógicos). Su pertinencia, por tanto, no ha estado más que ligada a la visión liberalizadora, pragmática y mecanicista de la comunicación que reforzó la llamada Estrategia de Lisboa, que acabó imponiéndose bajo el paraguas de la revisión del marco normativo de las telecomunicaciones y los nuevos lineamientos de la política audiovisual establecidos para la Era Digital. La TDT, por supuesto, no ha escapado a esta tendencia. Por lo que al detenernos a analizar qué ha supuesto la aplicación de una política liberalizadora a la vez que incongruente para el servicio, debemos señalar su infradesarrollo, su indefinición económica y comunicativa, y por ende, su parálisis. Los niveles de recepción de la TDT en Europa demuestran su carácter subdesarrollado en comparación con el resto de las ofertas de televisión digital. Ello no es más que consecuencia de la pretensión de dejar su implantación librada simplemente a las fuerzas del mercado, lo que supuso ubicarla en una competencia difícil entre el cable y el satélite. La UE apoyó esta tendencia liberalizadora, no sólo en lo que respecta a la competencia entre soportes, sino también a la adquisición de descodificadores por parte de las familias, la producción de nuevos contenidos y la introducción de servicios diferenciales de valor añadido a la oferta existente. Ciertamente, olvidando que el punto de partida de la digitalización de las redes terrestres es absolutamente diferente al de las de cable y satélite, que los consumidores no se comprometen con un gasto que nada nuevo les ofrece a cambio, y que los productores y emisores no arriesgan en nuevos formatos ante una demanda problemática. Sobre todo, cuando además, los segundos deben hacer frente a costes extra asociados a la migración digital (renovación de infraestructuras y gastos relacionados con el simulcast, por ejemplo).

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Este círculo vicioso, típico en parte de la ausencia de planificación, que ha derivado en un lento desarrollo inicial del servicio en casi toda la UE, tiene su raíz en la indefinición económica que promueve su tratamiento ambiguo. Es decir, por una parte, la UE y casi todos los países tienen muy claro que la migración de la televisión hertziana es fundamental para digitalizar a toda la población y liberar espectro. Sin embargo, la TDT ha sido condenada a un inicio difícil a falta de un modelo económico claro que permita financiar su existencia, consecuencia, justamente, de no priorizar la gestión dinámica de los múltiples, sumada a la tendencia a dejar estos procesos en manos del mercado (o, en otras palabras, de la puja de intereses). El mercado puro y duro no ha admitido bajo su lógica un aumento de la oferta digital televisiva que no tenga cómo financiarse, en tanto la publicidad y los abonos no son “infinitos” como los canales de televisión. Ello ha quedado demostrado con la experiencia de las primeras plataformas de TDT orientadas hacia el modelo de pago, lo que permite explicar porqué el servicio sí comenzó a expandirse exitosamente allí donde el juego de otras dimensiones distintas a la puramente económica habilitó la intervención del Estado configurando un modelo de negocio viable. Es importante aclarar que cuando se hace referencia a financiar la existencia de la TDT no se alude simplemente a la fuente directa de recursos que permite a los diversos operadores prestar el servicio, sino más ampliamente a los agentes entre los cuales se distribuyen los costes de una transición que, ya está claro, no será breve. Por tanto, la economía política de la TDT, poco clara en el estado actual de configuración del servicio, dependerá en gran medida de la forma en que acabe financiándose, en un contexto de lucha feroz por los recursos publicitarios existentes y el intento de monopolización temprana de unos servicios de valor añadido que de todas formas no acaban de despegar. El problema, volviendo a las posibilidades de intervención pública en su desarrollo, es doble. Sobre todo en el marco del servicio público televisivo, ámbito natural de actuación para cuestiones de este tipo. Por una parte, debido a la delicada situación interna por la que atraviesan los entes públicos europeos (redefinición de sus funciones, recursos y derechos), que no permite avizorar claramente cómo podrían sus presupuestos constantemente amenazados financiar en Europa la transición a la televisión hertziana digital. Por otra parte, debido a las presiones externas que desde la UE se le dirige en nombre de la competencia leal, que colocan al servicio público y a toda intervención relacionada con la TDT en una zona gris. Una actuación como la de la BBC respecto de la plataforma Freeview, ¿podría ser acusada por algunos de competencia desleal? Y en caso de que se admitiera, como la legislación comunitaria prevé y parece ser el caso británico, que la “necesidad de intervenir” en nombre de la migración es insoslayable, ¿cuánto tardarán los defensores del mercado en solicitar la retirada de los poderes públicos de un mercado que empezaría a distorsionarse, una vez puesto en marcha? En relación con lo anterior es que se configura el peligro de que el mercado acabe aprovechándose de aquellos recursos públicos que sienten las bases

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mínimas de explotación del servicio al apropiarse de ellas. Otro papel para la actuación pública es posible: la universalización del acceso real y democrático a los bienes y servicios a una Sociedad de la Cultura, la Comunicación y la Información de carácter inclusivo (Zallo, 2003: 320), por oposición a la visión tecnocrática dominante de la SI. La tradición de la actuación del servicio público en las redes terrestres, el servicio universal que presta y sus posibilidades de reconfiguración para acoger propuestas de la sociedad civil de carácter realmente público y participativo (es decir, independientes pero conectadas con el accionar estatal e incluso gubernamental), lo ubican en una encrucijada histórica que puede permitirle transformarse en el motor que supere la hegemonía de los mecanismos del mercado. En la medida en que ello ocurra, las miradas deterministas sobre la relación TDT/SI podrán ser reemplazadas por políticas realmente democratizadoras conducentes a una “nueva comunicación digital”. Mientras tanto, el papel subvaluado que se le ha asignado al servicio público está conduciendo a la ausencia de un verdadero debate a nivel comunitario y nacional que no hace más que favorecer la consolidación de las barreras de entrada existentes. Aunque en la TDT europea se identifica una tendencia hacia el predominio de los modelos en abierto y con migración hacia el middleware MHP, los cuellos de botella se presentan principalmente respecto de otros soportes. Un mismo descodificador no sirve para recibir toda la oferta televisiva digital debido a los sistemas propietarios del cable y el satélite, que también afectan el acceso a servicios interactivos25. Esta situación favorece a los dueños de la televisión multicanal europea en vías de digitalización, los amos del cable, el satélite y el middleware26, que controlan dichas barreras de entrada: Sky, Canal+ y Premier, y Digital+ en menor medida, además de NTL Inc., UGC Europe Inc. (UPC) y Cable Partners (Bustamante, 2003). Se sostiene aquí, sin embargo, que la progresiva adopción del MHP para la TDT con el objetivo de lograr una mínima interoperabilidad, responde no solamente a la presión de la industria electrónica de consumo masivo que no está dispuesta a seguir dilatando una colosal posibilidad de negocio, sino a los intereses mismos de quienes pretenden explotarla, que de no encontrar un modelo de negocio viable no podrán beneficiarse de la dinámica de las economías de escala. Por lo tanto, si la marcha de la TDT ha sido lenta, como lo demuestran los datos de la realidad, ello se ha debido al modelo de desarrollo inicial promovido implícitamente por la UE y a la falta de acuerdo entre los poderosos de la comunicación que la han entendido hasta ahora más como un obstácu25 Para un estudio detallado del tratamiento en la UE del acceso condicional a las plataformas audiovisuales y su impacto sobre la competencia y el acceso de los consumidores a los contenidos, desde la perspectiva de la regulación de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia, ver Helberger (2005). 26 En el fondo estos actores son los mismos: Liberate pertenece a Delaware (NTL), OpenTV a Liberty Media Corporation (UGC), BetaNova estuvo bajo la órbita de Kirch hasta su quiebra y MediaGuard (perteneciente al Grupo Kudelski) está relacionada con Canal+.

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lo que como una oportunidad para expandir su negocio. Los operadores satelitales necesitan el espectro a liberar para obtener la posible vía de retorno que les falta, el cable no desea otro competidor para sus servicios de banda ancha, al igual que las comunicaciones móviles, que también necesitan para ello más espectro. Por lo que las posibilidades de que las redes terrestres digitales queden marginadas en la expansión de la televisión digital en algunos países y, más genéricamente hablando, de ser vehículo de la SI, existen y son altas. El otro peligro es que también se cristalice en el caso de la TDT, de no acabar predominando los estándares abiertos, el desarrollo de sistemas operativos incompatibles de consorcios en competencia, que tomarán a los abonados como rehenes y fragmentarán el mercado en esta primera fase de acumulación. Sería posible pensar para un segundo momento, cuando toquen techo las ganancias derivadas de un mercado cerrado de abonados, cautivo gracias a un sistema de acceso propietario, que la interoperabilidad con otras plataformas se hiciera posible. Pero ello no implicaría la desaparición de las barreras presentes en los servicios añadidos, doble posibilidad de ampliar el negocio: hacia la maximización, tanto de nuevos espectadores en abierto que pueden sumarse eventualmente al pago por consumo, como de las capas de mayor poder adquisitivo. Frente a tal escenario, las actuaciones ex post y caso por caso del “abuso” de posición dominante, no del riesgo inherente a su sola existencia (Bustamante, 2004b), no conducen más que a resolver las rabietas de los dueños del mercado como ha ocurrido con los problemas relativos a la interoperabilidad en la televisión digital satelital, “olvidando” que son simplemente las condiciones de partida de los diferentes actores las que hacen imposible que la competencia pueda ser leal, y dejando escapar la posibilidad de establecer condiciones competitivas realmente justas. La UE ha pretendido promover la competencia, pero al mismo tiempo, ha favorecido que compañías de gran escala compitan internacionalmente en términos absolutamente liberales. Y de hecho, importantes firmas, especialmente luego del Tratado de Maastricht, se han convertido en actores integrales de la formulación europea de políticas, participando directamente como actores privados o colectivamente a través de nuevas alianzas (Papathanassopoulos, 2002). Por lo que se afirma que desde la puesta en marcha de la TDT, es evidente que no se ha modificado en el plano europeo la cercanía entre regulador y regulado, sino que parece instalarse con la naturalidad con que el lobby de las empresas y grupos poderosos del sector se apropia de los organismos reguladores y privatiza la función pública para la consecución de sus objetivos (Dyson, 1992). Al punto tal que un comisario como Reding haga propios sus objetivos de promover “negocios sin fronteras” (Reding, 2004). El lobby para el logro de regulaciones puntuales sigue siendo la vía elegida por los actores poderosos para lograr sus objetivos (redes liberalizadas y presión para la desregulación de los contenidos y la gestión espectral), ya que no deja de darles excelentes resultados. Aunque ello no suponga una apropiación directa, sino a través de los mecanismos de participación previstos por la Comisión a los que sólo acceden actores con recursos. El contrapeso del

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Parlamento se ha demostrado poco eficaz sin el apoyo de una opinión pública informada que exija dotar de verdadero contenido democratizador al cajón de sastre en el que se ha convertido el interés público. En estas condiciones es muy difícil diseñar una planificación y coherente implementación de políticas públicas. Que el regulador comparta su poder con el regulado, da casi por tierra con la posibilidad de autonomía en la regulación del sector, aunque no necesariamente esta situación acabe en subordinación. La persistencia de la defensa del interés público, aunque progresivamente vaciada de contenido, indica algo más que una simple relación mecánica. Más bien, se produce un complejo entretejido de relaciones de poder entre las diversas agencias europeas, los gobiernos europeos de turno y el sistema político en general, y los grupos dominantes de la sociedad. 4.2. Una relación compleja En el breve análisis realizado sobre la implantación de la TDT en los diferentes casos nacionales, claramente se pone de manifiesto que si bien ello es una responsabilidad de carácter nacional, que depende de las particularidades de cada país, es innegable que las actuaciones europeas han estado y están marcando el límite de lo posible. Sin pretender establecer más que vínculos para la reflexión, puesto que un análisis profundo y concluyente requeriría detenerse en cada Estado miembro, pueden perfectamente relacionarse las políticas europeas de TDT con las actuaciones nacionales en la materia. Es posible conectar lo que aquí se ha dado en llamar “primera fase” en la corta historia de la TDT europea, iniciada alrededor de 1998 y marcada por los lanzamientos pioneros sustentados en el pago que acabaron fracasando, con el auge de los discursos felices sobre la Convergencia y la SI en el seno de la UE. La digitalización total se encontraba a la vuelta de la esquina y las fusiones y adquisiciones a la orden del día, por lo que la política europea sostenía que el camino de la intervención mínima era el correcto. Se trataba de no establecer estándares obligatorios ni planes europeos de migración para no malograr la “revolución digital”, nueva tabla de salvación para el audiovisual europeo. A este periodo pertenecen los orígenes de lo que luego se confirmaría como una regulación mínima para la televisión digital: el marco ligero de su lanzamiento a través de la Directiva 95/47, que alimentó la posterior revisión de las telecomunicaciones de 1999. La política europea de la neutralidad tecnológica y horizontalidad legal, de la polarización redes/contenidos, de las actuaciones ex post en defensa de la competencia, cristalizó definitivamente durante los primeros años del nuevo milenio en paralelo a un “segundo momento” de la TDT en el que los servicios de pago se redimensionaron a menor escala, haciéndose el servicio público mucho más cargo del desarrollo del sistema y apareciendo nuevos lanzamientos que han privilegiado arquitecturas más equilibradas. En este caso, han sido las políticas nacionales las que se alejaron del liberalismo europeo más purista llevando adelante una necesaria intervención,

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justificada por la parálisis en la que había entrado el servicio, su fracaso económico y la necesidad de liberar espectro. Dicha intervención allí donde fue promovida, principal aunque no únicamente a través de los servicios públicos, se ha revelado bastante exitosa a juzgar por las cifras de penetración en comparación con otras experiencias. Ya fuera desde el comienzo, como en Alemania, impulsando un rápido desarrollo del servicio, o revirtiendo el fracaso de las experiencias sustentadas en el pago y en fuerte competencia con otros soportes digitales, como ocurriera en el Reino Unido. Lo dicho ejemplifica la compleja relación políticas nacionales/políticas europeas y UE/Estados miembro, demostrando que aunque sería incorrecto hablar de determinación directa tampoco es posible pensar en autonomía absoluta. Si bien es cierto que en el nivel europeo, a través de la institucionalización del Derecho de la competencia, la Comisión y el Tribunal de Justicia han reducido de manera importante la capacidad del nivel nacional de imponer regulaciones correctivas a los diferentes mercados, favoreciendo con ello una integración negativa, también lo es que las políticas de integración positiva dependen del acuerdo casi unánime de los distintos gobiernos nacionales en el Consejo de la Unión Europea y que por ello son fácilmente bloqueadas por los conflictos de intereses existentes entre ellos (Scharpf, 1999). Más concretamente, en la esfera de la comunicación y la cultura, la integración negativa (eliminación de barreras para la conformación de un mercado interno) ha sido hasta el momento el mayor logro de la UE. De hecho, esta es más fácil de alcanzar ya que la Comisión y el Tribunal pueden regular unilateralmente asuntos relativos a la competencia, como lo han hecho con influencia decisiva sobre el sector audiovisual (Levy, 1999) y, más concretamente en el caso de la CE, sobre la televisión digital (Harcourt, 2005: 57). Por el contrario, la armonización de normas correctivas de los mercados (integración positiva) es más difícil de lograr debido a la necesidad de acuerdo en el Consejo de la Unión Europea y el PE. Estos condicionantes ilustran las dificultades que tiene la Comisión para alcanzar políticas sociales y culturales “intervencionistas”, pero sin embargo, no permiten afirmar que su actuación ha sido completamente desreguladora puesto que ha habido también re-regulación (imposición de cuotas, apoyo monetario a la producción). Es decir, intentos de integración positiva, aunque mayormente fallidos, como en el caso de la regulación de la propiedad de medios (Harcourt, 2005) o la generación de normas europeas detalladas que regulen los sistemas de acceso condicional. Así pues, la cesión de algunos ámbitos de actuación al plano comunitario por parte de los países no tiene marcha atrás, y la obligada transposición de directivas supone el acomodamiento del derecho interno a las nuevas compatibilidades, permitiendo hablar más bien de autonomía relativa. Ejemplifican esta situación, en el caso del nuevo paquete de comunicaciones electrónicas de obligada transposición por los Estados miembros, tanto el hecho de que la Comisión inicie investigaciones por su falta de cumplimiento, como que los países puedan operar dentro del margen de maniobra que este contempla.

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La referencia es, por una parte, a las investigaciones europeas sobre la actuación de Teracom en la introducción de la TDT en Suecia y, por otra, a la posibilidad que tienen los reguladores nacionales de establecer normas must carry justificadas para cualquier tipo de red de comunicación electrónica que transmita programas televisivos. Sin embargo, esta autonomía relativa no está del todo exenta de los objetivos y compromisos internacionales que, en nombre de todos sus Estados miembros y el crecimiento económico, la UE ha ido adquiriendo. Por sus implicaciones para el audiovisual, los efectuados en el marco de la OMC son los más preocupantes, aunque seguramente los más prometedores para las elites europeas deseosas de equipararse con Estados Unidos y Japón en su carrera expansionista por el globo. Es imprescindible levantar la mirada más allá de las fronteras de la UE para comprender que la integración progresiva de mercados bajo la liberalización económica que ella ha estado ejecutando, responde inexcusablemente a la fase actual de acumulación de un sistema capitalista, que para muchos sigue siendo imperialista (Boron, 2004), pero que en cualquier caso, descansa sobre relaciones comerciales internacionales desiguales y movimientos financieros especulativo-parasitarios para obtener altísimas tasas de ganancia. Recapitulando entonces, es necesario señalar que en el plano de las actuaciones en torno a la TDT, aquellas definidas por el plano comunitario son: las relativas al patrón técnico, bajo el argumento de que un mercado común requiere uniformidad para la libre circulación e intercambio y la conquista de los mercados globales supone la creación de un bloque económico de peso suficiente para hacer frente a Estados Unidos y Japón; a ciertos mínimos de producción/distribución en relación con los contenidos (cuotas, emisión publicitaria, etc.); al criterio principal de su desarrollo, en el que predomina la lógica mercantil; y al sentido de la intervención pública posible, predominantemente ex post. Aquellas actuaciones que continúan delineándose a partir de las políticas nacionales son, al menos hasta el momento, la arquitectura que acaba por adoptar el servicio, la extensión y lugar que adquiere al interior del mercado infocomunicacional nacional, los actores más beneficiados con su concreción según la política sea más o menos democratizadora, y el rol social que se le asigna, dependiendo de ello el grado y tipo de presencia del servicio público en su construcción. Finalmente, entre aquellas que responden a una definición global, es posible mencionar el momento histórico de “aparición” del servicio, relacionado con el agotamiento del modelo analógico de explotación del audiovisual que necesita de la migración a lo digital y por eso empuja la digitalización de las redes terrestres, que como posibilidad técnica en realidad ya existía hace tiempo; junto con algunos de sus aspectos técnicos como los relativos a la compresión (MPEG-2, ISO); y las estrategias respecto de la TDT de algunos jugadores globales (Murdoch). Por lo que en lo que respecta a las políticas trazadas para la TDT, si bien no puede hablarse de una conexión automática entre políticas europeas y

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nacionales, sí puede identificarse una tendencia compartida, que existe además a nivel global, a dejar librado a las fuerzas del mercado el desarrollo del servicio mediante la mínima intervención en su desenvolvimiento y el establecimiento de un marco legal “ligero”. Este “dejar hacer, dejar pasar”, disfrazado de neutralidad a nivel europeo, acabaría por beneficiar a los mismos intereses comunicacionales de siempre. La UE no ha contribuido con su política de televisión digital en general, y con relación a la TDT en particular, a la promoción de una integración positiva en el campo audiovisual. Lo interesante, en cualquier caso, es que es posible efectuar una serie de reflexiones sobre los vínculos existentes entre las políticas europeas y las de sus Estados miembros (siempre teniendo en mente su condición de hipótesis): - Desde los ochenta, las normas y propuestas de nuevas normas han ido aumentando a un ritmo constante de la mano de la burocracia de Bruselas, reduciendo el campo de actuación de los gobiernos y a menudo interfiriendo con soluciones nacionales específicas construidas sobre consensos políticos y tradiciones propias (Hirsch y Pertersen, 1998). - El carácter supranacional de las políticas así constituidas, ha permitido llevar adelante procesos liberalizadores de complicada justificación al interior de los Estados miembros, que al presentarlos como emanación de una instancia superior, desvinculan los procesos de toma de decisiones europeos de la vida democrática de los ciudadanos. - Con ello se ha contribuido a que la definición en parte comunitaria de las políticas nacionales de comunicación, se produzca mediante procesos de escaso cuando no nulo debate social, en los que para peor, producto de haber cedido parte de su capacidad regulatoria al ámbito del consenso entre los actores más importantes, se acaba por ceder al sector privado el establecimiento de los términos de la regulación. - Y se ha promovido que, en el caso de la definición de las políticas audiovisuales comunitarias, pasen desapercibidas sus interdependencias con otras actuaciones tales como las relativas a las telecomunicaciones, la política económica, industrial y de competencia. - Sin embargo, esta cierta pérdida de margen de maniobra por parte de los Estados miembros en la definición de sus políticas debe matizarse y no habilita a hablar de dependencia lineal y automática. Como el caso de la TDT lo demuestra, existen numerosos resquicios y todavía suficiente margen de maniobra para el establecimiento de políticas nacionales relativamente autónomas. Las mismas incongruencias de la política comunitaria y sus zonas grises otorgan a las naciones con voluntad política espacio para la actuación.

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- Al mismo tiempo, las políticas nacionales responden, en un porcentaje nada despreciable e inexcusable, a antecedentes “propios”. Emergen de la compleja arena donde se entrecruzan las fuerzas sociales, económicas y políticas, que en un momento histórico determinado cristalizan en una toma de posición oficial respecto de un tema. Expresión, en definitiva, de las luchas sociales en torno a una cuestión determinada. - De esta manera, aunque condición necesaria para comprender las políticas nacionales de TDT, el estudio aislado de la actuación comunitaria en dicho ámbito se revela insuficiente. Por los mismos motivos que la cabal comprensión del accionar europeo, con sus grupos de influencia, relaciones de peso (a nivel de sus instituciones y a nivel de las relaciones entre los Estados miembros) y grados de credibilidad y consenso (traducidos luego en los tiempos y modos de transposición de las normas), debe vincularse con desarrollos y expresiones nacionales concretas. En suma, la digitalización de las redes terrestres en Europa se está desarrollando de modos diferentes, en un proceso en el que los gobiernos tienen considerable autonomía para moldear la transición en consonancia con sus agendas domésticas y la protección de los arreglos existentes en el sector de las comunicaciones (Galperin, 2004). Mientras que las fuerzas europeas e internacionales les han impulsado a tener que establecer una postura respecto de la TDT, el análisis de su actuación revela la variedad de respuestas adoptadas. Por lo que es evidente que ni los fuertes lazos del bloque ni las nuevas tecnologías de la comunicación, están evitado la emergencia de distintas opciones de política en la reorganización digital de la televisión terrestre. Lo cual no debe opacar, sin embargo, la responsabilidad de la UE en el modelo de TDT inicialmente desarrollado en la región, sustentado en la lógica del pago y la explotación intensiva de las frecuencias en desmedro de su gestión dinámica.

IV. LA TDT EN EL REINO UNIDO A finales de 2006 el 77,2% de los hogares británicos recibía televisión digital en su principal televisor a través de alguna de las plataformas disponibles, situando con ello al Reino Unido en los primeros puestos mundiales de penetración del servicio. Los datos señalan que mientras que la televisión satelital se constituía como la principal plataforma con aproximadamente 8.8 millones de hogares, y el cable se mantenía como una opción estable con 3.3 millones, la TDT registraba el crecimiento más importante de los últimos años alcanzando los 7.7 millones de hogares (Ofcom, 2007)1. El espectacular desarrollo en la digitalización de las transmisiones hertzianas a partir de su relanzamiento en 2002 cuestiona la supremacía satelital, así como el predominio histórico de las redes terrestres como principal vía de difusión televisiva pone de manifiesto la gran dependencia respecto de su digitalización que evidencia la total y definitiva migración digital en televisión, lo que coloca a su vez a la TDT en el centro de este proceso de transición. 1. LOS HECHOS: DE LA BÚSQUEDA DE MAYOR COMPETENCIA AL LIDERAZGO El fomento inicial a la digitalización televisiva fue decidido por el gobierno conservador de John Major (1990-1997), y su impulso se debe a la administración laborista de Blair (1997-2007) que se propuso acabar con las emisiones analógicas a partir de 2012. Si entre 1981 y 1984 existió un importante vínculo entre 1 La televisión satelital es liderada por BSkyB, empresa controlada por la compañía de Rupert Murdoch News Corporation. En lo que respecta a la televisión por cable, ntl y Telewest dominaron el sector hasta el inicio de su fusión en octubre de 2005 y la subsiguiente aparición de NTL Incorporated. Si bien la televisión por ADSL representa todavía un porcentaje minoritario del mercado, empresas como HomeChoice prestan servicios en áreas reducidas.

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la política conservadora destinada al audiovisual y aquella aplicada a las telecomunicaciones, influenciada por el nuevo mito de la SI, entre 1984 y 1993 el intento por vincular ambas políticas desaparece y el mundo de las telecomunicaciones es sometido a un proceso liberalizador (Goodwin, 1998: 140). Desde 1994 en adelante se asistirá a un retorno a las preocupaciones de los ochenta, aunque centradas en tres cuestiones fundamentales: quién construiría la superautopista de la información (o en otras palabras, qué balance debía ser alcanzado entre British Telecom y la industria del cable), cómo debía enfrentarse el fenómeno de la propiedad cruzada de medios y qué debía hacerse respecto del desarrollo de la nueva tecnología de distribución televisiva que la TDT encarnaba. A cómo se respondió este último interrogante se dedican las siguientes páginas. A principios de los noventa la posición laborista comenzó a sufrir una importante transformación ideológica, que en términos generales, ha dado lugar a lo que se conoce como el New Labour (Freedman, 2003; Humphreys, 2000). En concreto, en el plano comunicacional este proceso supuso un viraje hacia la derecha que se expresó en el debate de la nueva norma para el sector que se sancionó en 1996. Para 1992, el laborismo ya se encontraba alineado con la visión de que la comercialización de la televisión era tanto deseable como necesaria (Freedman, 2003: 151), al punto tal que en 1995, en medio de la discusión en torno al White Paper on Media Ownership y White Paper on Broadcasting, acabó abogando por un discurso más liberalizador que el de los propios conservadores (Goodwin, 1998; Humphreys, 2000). Ese fue el primer indicio del carácter de la política de comunicaciones laborista que se ejecutó a partir de 1997 y que no sufrió cambios significativos respecto de aquellos llevados adelante por los conservadores. Si su política de televisión, ejercida a lo largo de 18 años en el poder (1979-1997), se caracterizó tanto por la existencia de marchas y contramarchas como por una dosis importante de reacción oportunista a los acontecimientos, ha existido un elemento constante en su desarrollo: hacer de la televisión más un asunto del mercado que del servicio público (Goodwin, 1998: 166). En otras palabras, fomentar su mercantilización en el marco general del fomento al libre mercado como filosofía pública dominante. En línea con este posicionamiento, el New Labour se hizo eco de la premisa de impedir cualquier aumento del gasto público destinado al sector, al tiempo que propuso crear una economía dinámica basada en el conocimiento mediante la “tercera vía” que representaba. Así, la dirección que el nuevo Gobierno decidió tomar supuso entender la política de medios como una simple rama dependiente de la política industrial (Freedman, 2003: 173). 1.1. El temor a Murdoch, la quiebra de OnDigital y el nacimiento de Freeview A partir del fracaso de las políticas de cable y los retrasos en el lanzamiento de la televisión satelital, un nuevo objetivo fue tomando forma en la agenda de

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Tatcher: introducir reformas significativas en el sector terrestre para atacar el duopolio BBC-ITV2. Sus recomendaciones se trasladaron a la Broadcasting Act de 1990 que reconfiguró radicalmente el sector inglés de la televisión comercial subastando las frecuencias de ITV. La etapa Major entendió que, aunque imperfecta, la competencia existía en el sector terrestre a partir de estas modificaciones, por lo que el problema se trasladaba al mercado de pago donde Murdoch era el rey. De esta manera, la combinación de dos objetivos de política persuadió al cabinet de Major de la necesidad de introducir la TDT rápidamente. Se trataba de enfrentar la supremacía de BSkyB y promover el liderazgo británico en las tecnologías de la información. Las primeras acciones británicas oficiales destinadas a la TDT aparecieron a mediados de los noventa, cuando el Gobierno de entonces anunció la creación de 18 canales nuevos de televisión digital terrestre. Inmediatamente, un foro de origen industrial se creó bajo el nombre de Digital TV Group. En julio de 1994 el White Paper on the Future of the BBC supuso la primera toma de posición de la administración Major en apoyo a la transición digital en televisión y el primer indicador de la estrategia a favorecer. De acuerdo con el texto, el Gobierno quería una transición que aumentara la calidad y elección para los ciudadanos, en la que la BBC jugara un rol importante, aunque se aclaraba que no se aumentarían los recursos otorgados al ente para financiar su digitalización. Más bien, se sugería que los mismos se obtuvieran de la privatización de su red de transmisión o de la búsqueda de financiación privada. En enero de 1996 el ente regulador, la Independent Television Commission (ITC), montó la primera prueba pública de TDT y en junio del mismo año emitió un documento de debate público en torno al servicio, la HDTV y el simulcast. En el contexto del mencionado debate por una nueva norma para el sector audiovisual, en agosto de 1995 el Gobierno publicó su propuesta de legislación sobre TDT, el White paper on DTT. Un año más tarde apareció la Broadcasting Act de 1996, que además de aligerar las restricciones a la integración empresarial multimedia de las compañías regionales, es importante por haber fijado el marco legal de la televisión digital (Cave y Valletti, 2003; Galperin, 2004; Cormack, 1999) y ubicar súbitamente al Reino Unido en la pole position internacional del desarrollo de la TDT (Goodwin, 1998: 149)3. El White paper on DTT, centro de la nueva legislación sobre radiodifusión que el gobierno planeaba introducir, presentado junto con la propuesta sobre 2 Si el emisor más grande y probablemente más importante del país es el ente público BBC, ITV es un conjunto de quince licencias de base regional que provee servicios tanto regionales como nacionales (ITV plc es propietaria de once del total de estas licencias que configuran el canal ITV1). Channel 4 es un servicio público híbrido (sirve al interés de las minorías pero se financia con publicidad), cuyas frecuencias son utilizadas en Gales por S4C para emitir programas en galés. La última cadena que inció sus operaciones en el año 1997 y opera comercialmente ha sido Channel 5 (Five). 3 Para un análisis detallado y crítico de la norma, consultar Doyle (2002).

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el futuro de la BBC y la relajación de las restricciones sobre la propiedad de medios, perseguía la competencia entre las plataformas digitales pero preservando los valores del sistema británico de radiodifusión (Galperin, 2004). Sus principales puntos eran: distinguir en la licitación del servicio entre operadores de múltiple (a quienes se otorgarían las licencias), oferentes de programas y proveedores de otros servicios tales como interactividad y EPG; dejar la puerta abierta para licitar los múltiples separadamente o en paquetes, pero limitar a dos las licencias por operador; y otorgar las licencias mediante concurso, es decir, desechando la subasta. Por otra parte, sólo se permitía a los programadores controlar hasta un 25% de la capacidad disponible del múltiple (excluida la reservada para los existentes), y se los sometía a las restricciones generales sobre la propiedad de medios. También se limitaba al 10% de la capacidad del múltiple su uso para ofrecer servicios distintos a la difusión de programas. Para no desfavorecer la inversión inicial, la propuesta eliminaba el depósito de dinero para el periodo inicial de la licencia y, reconociendo la importancia de los emisores existentes para la transición, les garantizaba espacio. BBC, ITV, Channel 4/S4C y Channel 5 obtendrían automáticamente control de un tercio de la capacidad de un múltiple, a cambio de simultanear en digital el 80% de su programación analógica. Con ello, el Gobierno conservador avanzaba cinco objetivos de política (o justificaciones) para la introducción del servicio: aumentar las opciones de elección de los espectadores, proveer de beneficios a la industria, aumentar la adopción de los servicios interactivos, fomentar la competencia entre plataformas en un entorno multicanal y hacer más eficiente el uso del espectro a través del apagón. Esto último, influenciado por la decisión norteamericana de entonces de cesar las emisiones analógica para 2006 y subastar las frecuencias liberadas (Levy, 1999: 108). Por tanto, el White Paper venía a ubicarse firmemente en el marco “ligero y de orientación comercial” establecido para la televisión durante los años de la administración Tatcher a través del White Paper Broadcasting in the ‘90s: Competition, Quality and Choice (1998) y la Broadcasting Act de 1990 (Goodwin, 2005). La aprobación de la nueva Broadcasting Act, el 24 de julio de 1996, cristalizó prácticamente intactos los planes del gobierno de Major para la introducción de la TDT publicados un año antes. Las modificaciones supusieron más espacio para los emisores existentes a cambio de elevarles el requisito de emisión en simulcast del 80 al 100%. Se estableció que habría seis múltiples. La BBC obtendría un múltiple entero y control sobre el de mayor cobertura geográfica (el múltiple 1); ITV y Channel 4 compartirían el control del múltiple 2, el segundo de mayor cobertura (excepto en Gales donde Channel 4 compartiría su mitad con S4C); y Channel 5 controlaría la mitad del múltiple con la tercera cobertura (múltiple A). Los tres restantes serían otorgados mediante concurso público. El gobierno acordó elevar el límite de licencias de múltiple por operador de dos a tres, aunque a pesar de la presión desistió de ponerle fecha al apa-

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gón. Sí hizo la pequeña concesión de incluir en el texto legal una disposición para rever el calendario de transición luego de cinco años del inicio de las licencias o cuando el 50% de los espectadores estuvieran equipados con receptores digitales. Finalmente, se estableció que la BBC debía privatizar su red de transmisión y utilizar los recursos por ella obtenidos para financiar los nuevos servicios digitales. Durante su tratamiento parlamentario, el plan sólo sufrió alteraciones mínimas: se enriqueció la discrecionalidad que se otorgaba a la ITC en el manejo de los concursos al sumar un nuevo criterio para su resolución (que la oferta de TDT elegida creara competencia a BSkyB); se introdujo un contrapeso al poder de ITC al establecer que la Office of Telecommunications (Oftel) se encargaría de la regulación de los estándares de transmisión que aseguraran el cumplimiento de la Directiva 95/47 entonces vigente, promoviendo la compatibilidad entre los operadores de múltiple4; se aumentó la capacidad otorgada a Channel 4 y S4C en Gales; y se impuso el requisito al operador del múltiple A de proveer un mínimo de programación en gaélico durante el prime time en Escocia. Lo cierto es que, según Elstein (2002) y Collins (2002), el impulso al servicio fue pensado como una solución potencial a dos problemas políticos relacionados. El temor, por un lado, a que BSkyB acabara dominando la televisión digital multicanal (como ocurrió en su versión analógica), y por otro, a perder el control sobre un escenario de gran oferta (en el que el servicio público se debilitaría). Los políticos entendían que una plataforma de TDT sería mucho más fácil de regular que una segunda oferta satelital, principalmente debido a su limitada capacidad multicanal. La gran oportunidad económica estaba dada por la posibilidad de subastar el espectro analógico a liberar y destinarlo a otros usos (Smith, 1999: 18). Galperin (2004) agrega que el Gobierno se decantó por la TDT y no, por ejemplo, como proponía British Telecom, por una red inalámbrica de banda ancha u otro operador satelital, porque una plataforma terrestre se encontraría más dentro de los límites del control nacional y podrían utilizarse instrumentos del viejo régimen para controlarla; y porque el servicio público podía competir mejor con una plataforma de capacidad limitada, lo que aunque no garantizaba su supervivencia, al menos le otorgaba a la BBC mejores oportunidades en la Era Digital. La nueva norma del año 1996, la Broadcasting Act, con la que se lanzó la estrategia británica de encabezar a escala mundial la transición digital (Hibberd, 2004), otorgó poder al ente regulador para establecer la TDT. La ITC inició sus consultas públicas en mayo de 1996 y en octubre del mismo año abrió el llamado a concurso para 24 nuevas licencias de TDT, clarificando ciertos puntos que la ley de 1996 había dejado abiertos. Como la cobertura esperada para cada múltiple variaba enormemente (del 90% del A al 69% 4

Para un análisis detallado de su actuación pionera, consultar Levy (1999: 109).

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del D), se recomendó la implementación con una capacidad digital de aproximadamente 24Mbit/s que acabó por favorecer la capacidad de transporte de datos (más canales) sobre la cobertura geográfica. Por otra parte, los concursantes debían indicar el calendario para lograr su cobertura máxima dentro de los cuatro primeros años de duración de la licencia y se esperaba el inicio de los servicios para el 1 de julio de 1998 o un año después de su otorgamiento (lo que fuera más tarde). A pedido de la industria, ITC decidió no ofrecer las licencias en paquetes de dos o tres múltiples, sino por separado (de todas formas podían solicitarse hasta tres, pero de forma independiente). Finalmente, los oferentes debían presentar planes específicos para el fomento de la renovación del equipamiento de recepción, así como evidencia de apoyo financiero sustancial. De los seis múltiples disponibles, como se indicara, tres fueron reservados para la BBC, el grupo ITV, Channel 4, Channel 5 y S4C. Los otros tres se licitaron y dos grupos rivales pujaron por el máximo espacio permitido que el primero se quedaría: British Digital Broadcasting (BDB) y Digital Television Network (DTN). Para Galperin (2004), estuvo claro desde un principio que ITC favorecería la conformación de un operador fuerte otorgándole el máximo de múltiples posibles, antes que dividirlos entre distintos agentes. Entre los miembros más importantes de BDB hay que mencionar a BSkyB (que para ese entonces tenía casi seis millones de abonados a sus servicios analógicos de televisión satelital), Carlton Communicatons PLC y Granada Group PLC (los dos últimos, miembros de ITV). El grupo DTN, representado por la norteamericana CableTel (que en ese momento controlaba la tercera compañía de cable del país, NTL), estaba también conformado por Canal Plus y United News & Media. Una vez recibidas las propuestas, ITC abrió un periodo de consulta de seis semanas. Las ofertas eran sumamente diferentes (Goodwin, 2005: 160). DTN ofrecía competencia a BSkyB a nivel programación, datos, servicios interactivos y precio, aunque como era mucho más débil financieramente, prometía descodificadores compatibles con la recepción del resto de las redes digitales. BDB no ofrecía servicios interactivos ni una alternativa clara de precios a la existente en el mercado y su oferta de contenidos estaba esencialmente en la línea de BSkyB. Desde el primer momento BDB se posicionó como el favorito. Legitimado económicamente y a nivel contenidos por ser una alianza de cuatro de los jugadores más grandes de la industria, su elección reduciría la proliferación de descodificadores incompatibles con la televisión satelital. A pesar de ello, no aportaría verdadera competencia, ya que sus integrantes no eran realmente nuevos. La victoria de Blair en las elecciones de 1997 poco podía hacer por cambiar lo que ya era una decisión en la ITC a favor de BDB, cuando el proceso tomó un nuevo giro. Las autoridades de competencia europea, encabezadas por el comisario Karen Van Miert, decidieron investigar el consorcio, por lo que ITC solicitó que Sky abandonara BDB aunque demandó que continuara siendo proveedor de contenidos de la nueva plataforma, sin lo cual, toda la propuesta debía ser

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revisada. Días después Sky abandonó la alianza, los restantes socios se comprometieron a invertir su parte en el proyecto y se acordó que Murdoch recibiría, si se ganaba la licencia, 75 millones de libras en compensación y un contrato de siete años de provisión de contenidos. El acuerdo satisfizo a la ITC que así acalló las preocupaciones por la competencia, y el 24 de junio de 1997 los múltiples B, C y D fueron otorgados a BDB5. Seguidamente, BDB cambió su nombre a OnDigital y se preparó para su lanzamiento como primer servicio de TDT de pago del mundo en octubre de 1998. La plataforma aspiraba a expandir el mercado televisivo de pago de su penetración del 25% (vía satélite y cable) al 50% para el año 2003 (un salto de seis a doce millones de hogares). Para ello, la compañía controlada por Carlton Communications y Granada Group anunció planes publicitarios de inversión por 65 millones de euros para transmitir inicialmente 15 canales de pago. Los espectadores tenían que comprar descodificadores con un coste estimado de 330 euros para recibir la señal y pagar extra por cualquier canal que no fuera parte del paquete. Sin embargo, los planes fracasaron, según Richeri (2004), dado el mercado residual disponible y la fuerte competencia de la televisión satelital que, en su cobertura más amplia y oferta más interesante, obligó a OnDigital a encarar un plan que desde el vamos estuvo limitado por la dimensión de las inversiones necesarias, los errores estratégicos de la plataforma y las limitaciones tecnológicas propias del sistema. En paralelo al lanzamiento de la TDT se produjo el inicio de los servicios digitales de BSkyB en un escenario sumamente interesante y complejo, ya que a este lanzamiento simultáneo de los servicios de televisión digital terrestre y por satélite (Sky dejó de emitir en analógico en 2001), se sumaron algunos operadores de cable que empezaron a digitalizar sus redes. OnDigital hubo de enfrentar cuantiosas inversiones (de renovación de equipamiento, de marketing y difusión, de adquisición de derechos deportivos y promoción de terminales gratuitos a los abonados), padeció la caída del mercado publicitario (del 12,5% en 2001, que dañó severamente las finanzas de los principales accionistas de la plataforma), y no pudo superar algunos problemas técnicos (Griffiths, 2003; Tunstall, 2004; Zabaleta, 2003; Galperin, 2004). Las decisiones tomadas favorecieron un rápido desarrollo inicial de los servicios en perjuicio de una mayor capacidad por múltiple, lo que repercutió 5 Sin embargo, DTN apeló a Bruselas con una queja formal ante las autoridades de competencia. Esto retrasó el otorgamiento de las licencias que ITC esperaba entregar dentro de las doce semanas siguientes al anuncio del día 24. La investigación comunitaria se centró en dos puntos: los entrecruzamientos entre los directorios de BDB y BSkyB y la duración del contrato de provisión de contenidos entre las dos compañías. A finales de 1997 se comunicó a ITC que se habilitaría al consorcio si se reducía de siete a cinco años dicho contrato, se eliminaban del mismo las cláusulas que desincentivaran a BDB a competir por derechos cinematográficos o deportivos contra Sky, y se efectuaban ciertos cambios para asegurar que Granada (con participación en la propiedad de Sky) no impidiera que BDB compitiera efectivamente con Sky. El 19 de diciembre de 1997 ITC aseguró que estas condiciones se incorporarían por escrito a la licencia de BDB y finalmente procedió a otorgarle al consorcio las frecuencias. Semanas después, la queja de DTN fue formalmente rechazada por la Comisión.

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en la calidad de la señal y su alcance geográfico (no hay que olvidar que la planificación original proponía cuatro múltiples que acabaron convirtiéndose en seis)6. A esta reducida capacidad de ancho de banda, que no permitió competir con la abundancia del cable y el satélite, se sumaron ciertos problemas con su acceso condicional. Antes de quebrar con una deuda acumulada de cerca de un billón de libras esterlinas (Hibberd, 2004: 101), en un intento por salvar la plataforma, OnDigital fue renombrada ITV Digital en 2001. En su explotación colaboraron ITV, OnDigital, BBC y la multinacional Philips. Su oferta de pago suponía, además, un conjunto de servicios tales como teletexto digital, telecompra, banco en casa y vídeo casi bajo demanda. La plataforma hubiera necesitado aproximadamente dos millones de abonados para alcanzar el punto de equilibrio económico, pero no obtuvo más que alrededor de un millón, por lo que finalmente se dictó su disolución. La confianza ciega del Gobierno en los mecanismos de mercado para desarrollar competitiva y autónomamente la plataforma digital, condujo a su fracaso y al aumento de la incertidumbre en el sector audiovisual y la indiferencia en la mayoría de los hogares (Freedman, 2003: 181). Luego de la quiebra de ITV Digital en abril de 2002 y al no encontrar comprador, una nueva plataforma gratuita se erigió en su lugar ese mismo año, impulsada por la BBC en alianza con BSkyB y Crown Castle (compañía que pasó a gestionar la red de transmisión privatizada de la BBC). Comercializada por DTV Services Ltd., Freeview se propuso como una oferta televisiva generalista sustentada principalmente por el canon. El argumento “frenemos a Murdoch” había desaparecido y la plataforma BSkyB pasaba a ser la principal beneficiaria de la crisis de ITV Digital (Hibberd, 2005: 114; Tunstall, 2004), puesto que Murdoch consiguió participar en la TDT y obtener una alianza con la BBC sin tener que contribuir con ninguno de sus canales más populares. Es innegable la rapidez con la que el ente regulador actuó reasignando las frecuencias liberadas en un proceso que se resolvió en siete meses: el 27 de marzo de 2002 el destino de ITV Digital fue asumido por la Administración, el 1 de mayo quebró definitivamente y la licencia retornó a la órbita de ITC quien designó un nuevo concurso cuya fecha límite de adjudicación de las frecuencias se estableció para el 13 de junio. Pocas semanas después, el 4 de julio, estas fueron reasignadas a Freeview que comenzó a emitir a finales de octubre. El nuevo concurso resultó en una serie de alianzas inesperadas, la más controvertida, la ganadora. Sorprendentemente Carlton y Granada se presentaron 6 Las frecuencias reservadas era débiles porque contemplaban potenciales interferencias con las frecuencias reservadas para la telefonía móvil, las transmisiones televisivas analógicas e incluso los canales televisivos franceses (Hibberd, 2004: 101).

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otra vez a través de un consorcio llamado Digital Terrestrial Alliance (formado entre ITV y Channel 4). Su elección hubiera sido políticamente inaceptable7. La decisión, que pretendía no sólo el cambio de manos sino también de propuesta comercial (servicios en abierto financiados por publicidad y canon, más que competencia directa por abonados con el cable y el satélite), complació al Gobierno que consideró que a través de la BBC podría manejar mejor la transición en los plazos previstos. 1.2. Relanzamiento exitoso y migración definitiva El impulso a la digitalización televisiva continuó con el gobierno laborista de Blair, electo en 1997 y re-electo en 2001, que no sólo aceptó la arquitectura heredada para el sector sino que centró sus esfuerzos en acelerar el ritmo de la transición. El Gobierno, a través de su entonces secretario de Cultura, Medios y Deporte, Chris Smith, estableció en septiembre de 1999 el año 2006 como fecha probable de inicio de la migración y anunció que el apagón se produciría en el 2010 siempre y cuando se cumplieran dos condiciones: asequibilidad y disponibilidad. Todos aquellos que recibieran los principales canales analógicos de servicio público (BBC1, BBC2, ITV, Channel 4/S4C y Five) tendrían que poder verlos en digital, y la migración debía ser una opción asequible para la mayoría de la población. Para determinar tal condición se utilizaría como indicador que el 95% de los consumidores tuvieran acceso al equipamiento digital. De esta manera, el futuro de la TDT se ligó al proceso para acabar con las emisiones televisivas analógicas. En septiembre de 2003, a partir de un análisis coste-beneficios que demostraba que el proceso aportaría beneficios cuantificables al Reino Unido (DTI/DCMS, 2003), se anunció que el apagón se produciría tan pronto como fuera posible. En 2005 se decidió que ello tendrá lugar en 2012. Si para diversos autores (Goodwin, 1998; Freedman, 2003; Humphreys, 2000) la política de comunicaciones laborista no presentó cambios significativos respecto de la era conservadora, ello se ha manifestado en la conformación y aumento de talla de los conglomerados multimedia durante su periodo, en la profundización de la lógica mercantil en la gestión de la BBC y muy especialmente en la sanción de la Communications Act de 2003 (que consolidó el poder de los actores existentes, eliminó las barreras legales a una posible convergencia e introdujo elementos liberalizadores). Para Bromley (2001), la BBC ha sido incluso la institución más afectada por esta política. A pesar de que en su día su Estatuto Real se renovara hasta 2006 y el canon esté asegurado una década más gracias al nuevo Estatuto y Contrato, los recortes a su presupuesto y las presiones hacia el ahorro de costes 7 Dos propuestas adicionales se presentaron bajo un modelo de plataforma gestionada por un operador sin programación específica (el operador simplemente gestionaría el múltiple), que ITC rápidamente desechó por considerar que no era tiempos de experimentación.

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han derivado en reestructuraciones y reducciones de personal, aumento de la lógica mercantil en la gestión del ente e incorporación a nuevas aventuras comerciales. La posición del gobierno de Blair respecto del sector comunicacional ha sido la de consolidar a los actores existentes y promocionar la convergencia digital. La consulta lanzada en diciembre de 2000, el Communications White Paper, fue la base para la nueva legislación del sector aprobada el 17 de julio de 2003: la Communications Act. La norma, marco legal vigente para la TDT, concierne a la regulación de las telecomunicaciones, la radiodifusión e Internet en “la era de la convergencia”, y crea un único ente regulador para organizar el ámbito de la comunicación nacido de la fusión de cinco organismos (Ofcom, Office of Communications). Antes de que este texto legal apareciera, sin embargo, el Gobierno fomentó la creación del Digital Television Project en 2001, bajo la gestión conjunta del Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) y el Departamento de Comercio e Industria (DTI), como una especie de sociedad entre el Gobierno, los emisores, la industria, los grupos de consumidores y otros actores de referencia en el mercado de la televisión digital. Su objetivo era desarrollar un plan de acción que estableciera las diversas tareas que debían ser resueltas para que el Gobierno pudiera decidir, llegado el momento, qué estrategia de migración adoptar y cuándo ordenar el apagón analógico. Dos años más tarde se estableció el Digital Television Consumer Expert Group8 con el propósito de aconsejar a las autoridades, principalmente, en la revisión de los criterios de migración y respecto de las preocupaciones de los consumidores. De la declaración escrita que difundió en mayo de 2004 la Secretaría de Estado de Cultura, Medios y Deporte, a través de Tessa Jowell9, emanaron varios de los objetivos de política para la TDT que sustentó el gobierno de Blair, así como su visión respecto del servicio. Si por una parte se señalaba como positivo el porcentaje de penetración de la TDT alcanzado, se afirmaba que para que la fecha probable de migración siguiera estando establecida entre 2006 y 2010 debía existir mayor concertación entre los distintos actores involucrados y el Gobierno, en tanto esa sería la única forma de que los beneficios de la TDT pudieran concretarse tanto para los emisores y receptores como para la economía británica. El resto de los objetivos explicitados en el camino de la migración digital eran el otorgamiento ya previsto de licencias digitales por parte de Ofcom a los emisores existentes en analógico y la revisión del Royal Charter de la BBC. El Gobierno inició en diciembre de 2003 el proceso de debate sobre la renovación 8 El grupo aglutina a asociaciones de consumidores como Consumers' Association, National Consumer Council, Voice of the Listener and Viewer, ACRE, Age Concern, Deaf Broadcasting Council, RNIB y RNID. 9 Ministerial Statement to Parliament, 22 de julio de 2004. Tessa Jowell, secretaria de Estado para la Cultura, Medios y Deporte, fue nombrada como tal luego de la reelección de Blair en 2001 en sustitución de Chris Smith, designado en 1997.

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del Estatuto Real y la Licencia y Contrato del ente y con el Green Paper de marzo de 2005, A strong BBC, independent of government (DCMS, 2005), dejó claro que se esperaba que la BBC jugara un papel líder en el proceso de migración sometiéndola al mismo calendario que los emisores comerciales. De hecho, el ente ya se había ofrecido a jugar dicho rol promotor y coordinador (BBC, 2004), por lo que la posición final del Gobierno en este mismo sentido se plasmó en el White Paper A public service for all: the BBC in the digital age (DCMS, 2006a), documento que contenía su propuesta respecto del futuro de la institución. Finalmente, la misma se materializó en un nuevo Contrato y Estatuto Real aprobados por la Reina en julio de 2006 (DCMS, 2006c y 2006d)10. Por otra parte, según la Communications Act de 2003, Ofcom debía ofrecer licencias digitales (DRLs, digital replacement licences) a los poseedores existentes de permisos analógicos con el objetivo de que estos las sustituyeran. Ya que estos aceptaron el proceso cuyo mecanismo fue sometido a consulta pública, para finales de 2004 Ofcom les otorgó el reemplazo de sus licencias analógicas por permisos digitales. Como resultado de este proceso, nuevos permisos se otorgaron a Five, el Teletexto Público, Channel 4 y las cuatro compañías que conforman la red ITV. Todas estas nuevas licencias que reemplazan a las analógicas han entrado en vigor el 28 de diciembre de 2004. Junto con las sustituciones que conservan los requisitos de servicio público existentes en los anteriores contratos analógicos, Ofcom obligó a estos emisores a alcanzar una cobertura que fuera al menos idéntica a la existente en analógico y a considerar el 31 de diciembre de 2012 como fecha inicialmente establecida para acabar con sus emisiones analógicas, ya que en abril de 2004 el regulador había publicado un informe que así lo aconsejaba (Ofcom, 2004a). El mismo, elaborado a pedido del Gobierno, daba cuenta de los progresos efectuados hasta el momento en el proceso de transición y proponía 30 recomendaciones al respecto. Entre ellas, se aconsejaba el anuncio de una fecha y calendario firmes de apagón, sugiriendo que los emisores debían estar preparados para cesar sus últimas emisiones analógicas en 2012, y el establecimiento de un organismo que se responsabilizara de la implementación de la transición según los tiempos que se decidieran. Así pues, tanto Ofcom como el mencionado Digital Television Project elaboraron sus recomendaciones de migración para el Gobierno que debía tener la última palabra sobre la fecha definitiva. En septiembre de 2005 se pronun10 Este proceso que se llevó adelante en tres fases, ha tenido por resultado la expresión del posicionamiento del Gobierno en el mencionado White Paper (DCMS, 2006a) y el documento Review of the BBC's Royal Charter. Draft Royal Charter and Framework Agreement (DCMS, 2006b). Tanto la versión definitiva del Estatuto Real como el Contrato fueron presentados al Parlamento a principios de julio de 2006 y aceptados por la Reina semanas más tarde. La fecha de entrada en vigor del primero se estableció para el 1 de enero de 2007, mientras que el segundo está vigente desde su aprobación. Más allá de que el canon haya sido ratificado como principal vía de financiamiento para el ente, la nueva Licencia que acompañará al Contrato y el Charter durante la próxima década no se estableció hasta poco antes de que finalizara el año fiscal 2006/07.

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ció a favor del 2012, luego de considerar estos informes y análisis de costebeneficio y de impacto regulatorio y medioambiental, elaborados ambos conjuntamente por DTI y DCMS y publicados en febrero y septiembre de 2005, respectivamente (DTI/DCMS, 2005a y 2005c)11. Según la postura del Digital Television Project en 2002, dadas las condiciones entonces existentes de transmisión, el proceso de migración en sí mismo tardaría unos cuatro años con diferentes regiones migrando en años diferentes. La finalización del proceso en el periodo 2006-2010 sería posible, pero para que se completara al año 2010, la decisión del Gobierno debía ser tomada a más tardar a finales de 2004 para permitir la correspondiente negociación de contratos de transmisión y la consecuente planificación antes del proceso de migración. Su informe final, que al mismo tiempo marcó su disolución, The Report of the Digital Television Project (DTP, 2004), fue enviado al Gobierno en noviembre de 2004 y hecho público el 23 de marzo de 2005. El documento responde a las tres preguntas clave de whether, how y when (si gestionar la migración, cómo y cuándo), y hace una propuesta de proyecto de implementación (Successor Project) con la intención de proveer las claves que permitieran ponerlo en marcha. En relación con lo primero, este Final Action Plan llevó adelante un análisis comparado de costes-beneficios respecto de continuar sosteniendo el statu quo existente (simulcast) o establecer una política de migración planificada. Los beneficios estimados al momento de ser presentado el informe se ubicaban en torno a los 2.3 billones de libras si el apagón se alcanzaba para finales de 2012 (DTP, 2004: 2). Respecto de cómo llevar la transición adelante, la estrategia recomendada fue la de la migración gestionada, región por región, en la que el Gobierno, Ofcom, los difusores y proveedores de tecnología de recepción colaboraran, y los consumidores tuvieran información actualizada en cada una de las etapas. Pero como se resaltaba el hecho de que el Gobierno y Ofcom podían regular la instancia de la emisión pero no la de provisión de infraestructuras, un Memorando de Entendimiento se proponía para coordinar las inversiones en transmisión y recepción. En relación con su propuesta para la configuración del llamado Successor Project, a criterio del grupo, este debía descansar en un comité supervisor con amplias responsabilidades y competencias, con representación tanto del Gobierno y Ofcom como de los principales afectados, y el apoyo a una nueva agencia de implementación. Dicha agencia, cuyo nombre propuesto era SwitchCo y que debía estar gestionada por los principales interesados junto a 11 El documento Cost Benefit Analysis (CBA) of Digital Switchover (DTI/DCMS, 2005a) estableció, a partir de cuantificar los costes y beneficios de completar la migración digital, que hacerlo lo antes posible aportaría beneficios netos de entre 1.1 y 2.2 billones de libras. Por su parte, el informe Regulatory and Environmental Impact Assessment: the timing of digital switchover (DTI/DCMS, 2005c), valoró en términos positivos el impacto global de la transición sobre los consumidores y la industria.

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la BBC, funciona hoy día a través de Digital UK, entidad responsable de gestionar la implementación del apagón analógico para 201212. Sin embargo, autores como Elstein (2002) han alertado sobre la poca factibilidad de estas fechas citando estudios en los que, ya en el año 1998, se concluía que 2013 era la fecha más temprana posible (sobreestimando incluso un poco el desarrollo de la TDT), y que al comparar el apagón con el proceso de conversión de la televisión de 405 a 625 líneas que llevó 21 años, se advertía que el fin de las emisiones analógicas no podría considerarse seriamente hasta antes del 2018. De hecho, este autor sugiere también, igual que Collins (2002) y diversos testigos entrevistados por el Culture, Media and Sport Committee (CMSC, 2006b)13, que no está tan claro que los beneficios del apagón vayan a exceder sus costes. Entre otras cosas, porque el valor del espectro que se liberará no se conocerá hasta que ello ocurra efectivamente y porque las estimaciones coste-beneficio sobre las que se tomó la decisión de migrar se sustentan sobre algunas asunciones iniciales discutibles o desconocidas. 2. LAS PALABRAS Y SU EXPRESIÓN REGULATORIA 2.1. Fundamentos para el cambio Desde los inicios de la administración Major los principales argumentos esgrimidos para introducir la TDT en el Reino Unido pueden dividirse en dos grandes tipos de discurso. El vinculado con objetivos de política económica e industrial, como proveer de beneficios a la industria audiovisual y obtener un rédito económico del futuro apagón analógico, y aquel más relacionado con motivaciones políticas y sociales, como fomentar la competencia en el sector televisivo y aumentar la oferta de servicios disponibles para aumentar las posibilidades de elección de los consumidores. En tanto las ventajas de la televisión digital para la industria y los espectadores podían materializarse también a través del desarrollo complementario de otras redes distintas a la terrestre, que en parte ya se encontraban en marcha, dos fueron las causas más importantes para la introducción de la TDT en el Reino Unido. La primera respondió al deseo concreto del Gobierno de fomentar un contrapeso al monopolio de Murdoch en la televisión de pago mediante el establecimiento de una oferta “gratuita” que pudiera estructurarse dentro de la tradición televisiva reguladora y preservara a grandes rasgos los equilibrios terrestres existentes, ofreciendo a la BBC cierta posibilidad de supervivencia en un futuro entorno “todo digital”. 12 SwitchCo fue lanzada el 13 de abril de 2005 como organización coordinadora de la migración hacia la televisión digital y Digital UK en el mes de septiembre del mismo año. 13 Entre noviembre de 2005 y enero de 2006, el mencionado Comité llevó adelante una serie de sesiones para debatir y recolectar evidencia sobre el plan del Gobierno para apagar la señal analógica de televisión entre 2008 y 2012.

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La segunda causa debe vincularse con el argumento de que, una vez efectuado el apagón, la subasta del espectro liberado por la televisión terrestre analógica depararía al Estado cuantiosos ingresos gracias al denominado dividendo digital14. La existencia de una importante demanda por parte de las operadoras de telecomunicaciones para sus nuevos servicios 3G, auguraba una recaudación de entre 5 y 15 billones de libras por el espectro a recuperar (aproximadamente un tercio del utilizado por la televisión terrestre analógica; Elstein, 2002). El éxito de la subasta de frecuencias para telefonía móvil que tuvo lugar en 2000 pareció confirmar tales expectativas. Sin embargo, para autores como Smith (1999) y Elstein (2002), la primera de las causas mencionadas (el factor político) ha sido en verdad la determinante, ya que argumentan que de hecho el apagón podría haberse planteado a partir de la extensión de los servicios televisivos satelitales y por cable. Su desarrollo histórico en torno a una cuota de abono y las importantes inversiones que ello hubiera requerido para ser implementado, transformaron esta opción en políticamente inaceptable, lo cual acabó por relativizar este tipo de posiciones. Se sostiene aquí que existió tanto una motivación política como económico-industrial para introducir la TDT en el Reino Unido a finales de los noventa. Lo interesante es que la primera cayó rápidamente en el olvido cuando se trató de organizar una oferta competitiva y atractiva para el nuevo servicio, aunque curiosamente haya sido la UE quien impidió la participación directa de Murdoch en la propiedad de la nueva plataforma. La preocupación por la posición de dominio de BSkyB pasó definitivamente a un segundo plano a partir del fracaso de OnDigital y el ascenso del New Labour. La lógica económico-industrial se ha convertido desde entonces, y en consonancia con la perspectiva dominante a nivel comunitario, en el principal elemento del discurso oficial en torno al desarrollo de la TDT. El éxito de las subastas 3G fue el punto álgido de una retórica a la que el nuevo gobierno laborista sumó los argumentos de la importancia de las exportaciones audiovisuales (Goodwin, 1998; Humphreys, 1999), la reducción de costes para la industria y el impulso a los fabricantes de equipamiento (DTI/DCMS, 2003 y 2005a). Las raíces de este discurso económico e industrial pueden encontrarse en los orígenes de la política conservadora destinada a la introducción de la televisión por cable y satélite (Goodwin, 1998). El continuismo que Blair aportó en el plano comunicacional cristalizó una aproximación del New Labour a la televisión sobre la base de una política industrial y mercantil. Ejemplo de esta concepción industrial ha sido la ubicación de sus propuestas relativas a la política de televisión en su programa electoral del 2001 en la sección de productividad más que en la de cultura (Freedman 2003: 190). 14 Los cinco canales terrestres que emiten en analógico utilizan casi la mitad de la banda del espectro más valorada, respondiendo a una planificación que ya tiene medio siglo. Ofcom estima que el apagón liberará hasta 112 MHz en la banda UHF, por lo que decidió llevar adelante una consulta pública, la Digital Dividend Review, para decidir el destino de este espacio tras el apagón.

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El peso de esta lógica dominante condujo a que la iniciativa destinada a la SI durante el gobierno de Major, la Information Society Initiative (19961999), no incluyera a la televisión digital dentro de los planes de apoyo diseñados para que usuarios e industria obtuvieran el mayor beneficio posible de las TICs. Según DTI (2000: 104), entonces no había indicios de mercado claros acerca de si la vía predominante de acceso a la SI sería el televisor o el ordenador. Inicialmente el Gobierno de Blair otorgó continuidad a esta política al renovar el programa para el periodo 2000-2004, aunque la creación de la Office of the e-Envoy (OeE) en septiembre de 1999 trajo consigo el establecimiento del único vínculo que la política audiovisual británica ha establecido entre televisión digital y SI. Creada con especial énfasis en apoyar el gobierno y comercio electrónicos, la televisión digital figuró entre las numerosas áreas de trabajo que estableció esta oficina. La OeE tenía por objetivo acercar la Administración a los ciudadanos mediante los canales más apropiados, y la televisión y sus servicios interactivos eran considerados entonces como uno de los mejores vehículos para conectar los hogares con la SI. El momento de esplendor de este posicionamiento supuso el lanzamiento de una consulta sobre el documento Draft new DTV policy framework for delivering e-government services en 2002, así como el lanzamiento de iniciativas de e-government y e-health sobre las plataformas de televisión satelital, por cable e incluso ADSL (Freeview se encontraba entonces dando sus primeros pasos). La disolución de la OeE, contemporánea al proceso que culminó con la aprobación de la Communications Act de 2003 y el programa Science and Innovation Investment Framework (2004-2014)15, supuso la cuasi desaparición del vínculo televisión digital/SI. Desde entonces, la nueva estrategia se ha concentrado en hacer foco casi exclusivo en la expansión de la conexión a Internet y el gobierno electrónico modernizando la Administración (portal Directgov), al alinearse con la Estrategia de Lisboa (las inversiones previstas en I+D+i tienen por objetivo liderar la economía del conocimiento a escala global). De modo que aunque la estrategia digital establecida por Blair en marzo de 2005, a través de Connecting the UK: the Digital Strategy, haga referencia a la brecha digital estableciendo que su compromiso es que toda la sociedad pueda beneficiarse de los nuevos servicios que las TIC pueden brindar, en las siete acciones principales que se proponen la televisión es la gran ausente. En tanto y en cuanto se establece que los medios y tecnologías para alcanzar los objetivos planteados deben ser definidos por DTI y la e-Government Unit, se explica que en la nueva estrategia diseñada para fomentar la SI la TDT no sólo no sea propuesta como opción privilegiada sino que no sea siquiera considerada. En síntesis, la vertiente discursiva dominante en la introducción y desarrollo de la TDT en el Reino Unido no se ha caracterizado por dar preeminencia 15

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a sus posibilidades sociales y culturales, sino que se ha sustentado en los beneficios mercantiles que de ella se pueden extraer. Por lo tanto, más allá de la argumentación “mayor y mejor elección para el consumidor” y del apoyo brindado al servicio público, la dimensión social del servicio y sus posibilidades democratizadoras no han tenido cabida en el discurso hegemónico británico, dominado por argumentos de tipo económico e industrial. Y aunque los mismos, alimentados por casi dos décadas de laissez faire conservador, tuvieran un fuerte componente político en los orígenes de la introducción del servicio, que luego se ha ido diluyendo, este elemento regresará lenta pero fuertemente a partir de 2005. En la medida en que ya no está tan claro que existirá una demanda multimillonaria para el espectro a liberar, el gobierno de Blair debe enfrentarse al posible vaciamiento de contenido de uno de sus principales argumentos para impulsar la TDT. Por ello se sostiene aquí que, a partir de la decisión en firme por el año 2012 como fecha de apagón, el discurso oficial ha empezando a reforzarse apelando nuevamente a un elemento de tinte político, que desde luego se pone al servicio de los objetivos audiovisuales mercantiles: la idea de que conseguir ser el país líder en la carrera digital global permitirá beneficiarse primero de las ventajas económicas e industriales de la transición. 2.2. Una acción reguladora integral pero minimalista 2.2.1. Normativa convergente y transversal En el Reino Unido el inicio de la televisión digital tuvo lugar en el contexto de un marco legal coherente e integral, sancionado en 1996 y reformado en 2003 con la intención de encarar el proceso del fin de las emisiones analógicas. Cuando a finales de 1998 se iniciaron los servicios digitales de televisión satelital y terrestre, la Broadcasting Act de 1996 ya se encontraba en vigor y la directiva europea sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión (95/47) había sido transpuesta en detalle. El Acta de 1996 se ocupaba en su Parte 1 de la difusión de televisión digital terrestre estableciendo y reconociendo, a través de su identificación y definición, a los actores implicados en la puesta en marcha del servicio y, por ende, a los distintos eslabones que conformarían su cadena de valor. Esta clasificación que se mantiene vigente, establece la distinción básica entre el licenciatario del servicio de múltiple (aquí señalado como gestor del múltiple) y el concesionario de programas digitales. Con la primera figura se hace referencia a un servicio provisto por cualquier persona que consista en la difusión, para la recepción general, de dos o más servicios de programas digitales o servicios ya cualificados para la difusión (qualifying services), junto con la difusión de cualquier servicio digital audiovisual. Quien posea una licencia para brindar el servicio de múltiple, cuya caducidad se establece a los 12 años, será penado si actúa discriminatoriamente.

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En el caso del concesionario de un programa digital, se trata de cualquier persona cuya obligación consiste en prestar el servicio de provisión de programas televisivos, que sin embargo, excluye al servicio de teletexto y al aquí llamado servicio ya cualificado para la difusión, el cual no es más que aquel servicio provisto por cualquier emisor analógico independiente existente16 que notifique al ente regulador su intención de proveer en digital su servicio analógico y para el cual se reserva capacidad espectral. Se entiende por servicio digital adicional cualquier servicio provisto por cualquier persona para su difusión en formato digital, a través de un servicio múltiple prestado por sí mismo u otros, distinto de los servicios de programa digital y programa ya cualificado para la difusión arriba mencionados, y de los llamados servicios auxiliares y servicios técnicos. Servicio técnico es aquel prestado con propósitos técnicos, relacionado con el encriptado/desencriptado de uno o más servicios de programas digitales o servicios digitales adicionales. Servicio auxiliar es cualquier servicio provisto por el poseedor de una licencia de programa digital o emisor analógico independiente, que consiste en la provisión de subtitulado para sordos o cualquier otro servicio, aparte de la publicidad, que sea auxiliar a su programa y directamente relacionado con sus contenidos o la promoción de los mismos. Así pues y antes de que la TDT estuviera en marcha, la legislación ya identificaba y diferenciaba instancias diferentes en la explotación del servicio como la del operador del múltiple, los emisores existentes y los gestores de nuevos de programas digitales (que a su vez suponían la prestación de servicios auxiliares), los prestadores de servicio digital adicional, en cuyo caso la licencia otorgada es válida el tiempo que su poseedor decida explotarla o hasta que cometa una falta grave, y el prestador del servicio técnico. En ningún caso se permite la transferencia de las licencias sin consentimiento del regulador y se explicita que su otorgamiento debe ser calculado para promover el desarrollo de la difusión de la televisión digital en el Reino Unido por una vía distinta al satélite. La Broadcasting Act de 1996 estableció un máximo de tres licencias por operador, pudiendo existir propiedad cruzada pero teniendo como límite el 15% del total de la audiencia y el 25% de los servicios de programación digital. La norma omitió toda referencia a disposiciones sobre acceso condicional ya que el Gobierno consideró que este era un asunto perteneciente al ámbito de las telecomunicaciones (y regulado por ello entonces por Oftel bajo la Telecommunications Act de 1984), aunque sí se estableció que todos los descodificadores tuvieran la capacidad de recibir las emisiones existentes en abierto. En relación con las EPG, las competencias de la entonces ITC para su gestión efectivamente competitiva dieron lugar a un Código de Práctica indicando que los proveedores de este servicio no pueden discriminar entre la 16 La norma entiende por emisor analógico independiente a Channel 4 Television Corporation, Welsh Authority, cualquier persona que posea una licencia para explotar Channel 3 o Channel 5 y el proveedor de teletexto público.

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oferta en abierto y la de pago, ni favorecer sus contenidos en el caso de que fueran también emisores. Estas cuestiones serían aunadas en nueva legislación, a nivel europeo, con el llamado paquete de directivas sobre comunicaciones electrónicas de 2002 y, a nivel británico, con su incorporación en la Communications Act de 2003 que sustituyó al Acta de 1996. La norma fue calificada de convergente, aunque para Tunstall (2004), las tres históricas debilidades británicas a propósito de los medios se hicieron nuevamente presentes en su configuración: asunciones tecnológicas inocentes con relación al apagón, falta de comprensión o preocupación respecto de los principales jugadores norteamericanos en el sector, y falta de interés sobre las principales tendencias comerciales y fuentes de ganancia. Durante el intenso debate que precedió a la aprobación del Acta, el Gobierno hubo de aceptar diversos cambios para que finalmente se aprobara una normativa cuyas principales implicaciones fueron las siguientes (Allen & Overy, 2003). La aparición de un nuevo ente regulador, Ofcom, que absorbió las funciones de Oftel, ITC, la Radio Authority, la Radiocommunications Agency y la Broadcasting Standards Commission (BSC). Ofcom se convirtió en el regulador de las industrias de la comunicación, con responsabilidad sobre la radio, televisión, telecomunicaciones y servicios inalámbricos. En otras palabras, junto con la Office of Fair Trading tiene poder sobre todo el sector de las comunicaciones electrónicas además de la obligación de establecer las reglas para la comercialización del espectro. En consonancia con el nuevo paquete de comunicaciones comunitario que transpuso, la norma reemplazó el sistema de otorgamiento individual de licencias por autorizaciones de tipo general. Se levantaron las restricciones existentes sobre compañías ajenas al espacio económico europeo para poseer emisoras británicas de difusión terrestre analógica, aunque se favoreció la consolidación de los emisores existentes a través de la abolición de las normas que hasta ese momento impedían una única propiedad sobre todas las emisoras pertenecientes a Channel 3 y la propiedad conjunta de una licencia nacional de Channel 3 y la licencia de Channel 5. El gobierno puede intervenir en determinadas fusiones sobre la base del interés público (incluidas aquellas que se realicen solamente entre periódicos y bajo la forma de propiedad cruzada). Y en relación con las limitaciones sobre la propiedad cruzada de medios, a nivel nacional, cualquier grupo periodístico con un 20% o más del mercado nacional de periódicos no puede controlar o poseer una participación de más del 20% en cualquier emisora de Channel 3. Una regla paralela aplica a nivel regional, con un sistema de puntos que asegura la presencia de al menos tres propietarios diferentes de medios locales/regionales en aquellos mercados con tres o más estaciones de televisión. El Acta de 2003 efectúa en su Parte 3, capítulo 2, algunas precisiones sobre la TDT respecto de la Broadcasting Act de 1996, relacionadas con la composición del servicio de múltiple televisivo y la definición del servicio de televisión local digital (aquél pensado para ser recibido sólo por un área o localidad

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particular, con el objetivo de satisfacer su necesidad de recepción de estos servicios, cuyo número y tipo aumentará en función de su provisión al igual que su producción en dicha área o localidad). Desde su sanción, la Secretary of State ha dejado de tener responsabilidad en la asignación de frecuencias, que han pasado a estar directamente bajo la órbita de Ofcom, el nuevo regulador17. Finalmente, en lo que respecta a los contenidos televisivos en general, debe destacarse que estos están principalmente regulados por mandato de la Communications Act mediante un código, el Broadcasting Code18, y en consonancia con los requerimientos de la normativa europea que este recoge. 2.2.2. Un único regulador de carácter independiente Ofcom es el regulador independiente para el sector de las comunicaciones, con responsabilidad tanto sobre la radio y la televisión, como sobre las telecomunicaciones y los servicios inalámbricos. Es una instancia de carácter público, independiente del gobierno y, por ello, con importante autonomía y recursos para regular el sector a través del amplio mandato que le fuera asignado a través del Acta de 2003. Sus obligaciones específicas son: asegurar un uso óptimo del espectro electromagnético, lograr que una amplia gama de servicios de comunicaciones electrónicas estén disponibles en todo el país, mantener el pluralismo en la provisión de servicios audiovisuales, asegurar una amplia gama de servicios de radio y televisión de calidad e interés y proteger a las audiencias contra la emisión de material ofensivo y la violación de los derechos de privacidad. Hasta la sanción de su nuevo Estatuto y Contrato en 2006, la BBC ha estado completamente fuera de la órbita de Ofcom al estar regulada por su Board of Governors y el Gobierno (a través de DCMS). En adelante, si bien el partido en el poder seguirá teniendo la última palabra sobre el destino del ente, dirigido ahora por el Trust y Executive Board19, se contemplan algunas situaciones en las que Ofcom adquiere poder para solicitar a la BBC acciones correctivas y, de ser necesario, imponer sanciones (DCMS, 2006c: 51-53). Los principios de actuación de Ofcom suponen trabajar bajo un plan de objetivos revisado y consultado anualmente e investigar permanentemente la configuración de los mercados bajo su órbita haciendo pública dicha información. El ente se ha decantado por intervenir de manera firme y efectiva, solamente cuando sea necesario, para alcanzar una meta de política pública que 17 Ofcom ha establecido cinco categorías de licencias a partir de la Communications Act de 2003 y la entrada en vigor, en julio de 2006, de la Television Licensable Content Service Order 2006. Sus especificidades y licenciatarios se encuentran listados en www.ofcom.org.uk/ tv/ifi/tvlicensing. 18 También lo están por los documentos Code on Sports and other Listed Events, Rules on the Amount and Distribution of Advertising y Cross-promotion Code. 19 El nuevo Royal Charter detalla la composición, funciones y derechos de estas nuevas figuras que sustituyen al Board of Governors y a las que se suma la figura del Director General, además de establecer la creación de Audience Councils regionales para recoger las opiniones de los ciudadanos.

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el mercado por sí mismo no sea capaz de lograr, comprometiéndose a utilizar los mecanismos regulatorios menos intrusivos, a actuar de modo proporcionado, consistente, transparente y justificado, y a someter siempre su accionar a la sistemática consulta con los actores afectados. La implicación de Ofcom en la transición y el desarrollo de la TDT está ligada a las obligaciones que al respecto ha impuesto a los operadores comerciales de servicio público y a los gestores de múltiple en su otorgamiento de licencias digitales, y a la función que debe ejercer para asegurar y promover una competencia efectiva entre todas las plataformas televisivas existentes. Además, como tiene obligaciones específicas respecto de la gestión del espectro, es también responsable de la planificación final de frecuencias y las negociaciones internacionales pertinentes que deciden la asignación del uso del espectro digital entre países. En tanto National Regulatory Authority (NRA), según los términos de la legislación comunitaria vigente en materia de comunicaciones electrónicas, su actuación debe ajustarse a lo por ella establecido, al tiempo que debe fomentar su correcta y consistente aplicación como miembro del ERG. Sin embargo, Ofcom no es la única instancia oficial cuyas decisiones afectan el desarrollo de la TDT y la transición digital. Las tres principales partes involucradas son, además del regulador, el Gobierno (DTI, DCMS) y Digital UK, una organización a caballo entre el ámbito público y el privado por su naturaleza, composición y funciones. Desde 2001 y hasta su disolución en 2004, industria y Gobierno trabajaron a través del Digital Television Project cuyo objetivo principal era elaborar el mencionado Action Plan. Una vez este fue establecido, DCMS, DTI, Ofcom y Digital UK acordaron desarrollar la estrategia actualmente vigente para la migración, llamada Digital Switchover Programme. A través de ella coordinarán sus actividades junto con las del resto de los actores involucrados hasta la llegada del apagón. En líneas generales, DTI y DCMS son responsables por la gestión de la política de migración, mientras que Digital UK tiene la responsabilidad de su implementación y Ofcom la de su control. En lo que respecta al sector audiovisual, DCMS ejerce la máxima responsabilidad al interior del Gobierno y se ocupa de cuestiones tales como, por ejemplo, el pluralismo, los derechos televisivos, las iniciativas comunitarias y el servicio público, incluida la renovación del Royal Charter. Por ello realiza permanentemente consultas públicas en torno a los problemas que afectan al sector como un todo y a la TDT en particular. DTI, por su parte, trabaja para crear las condiciones que permitan desarrollar exitosamente el sector con el objetivo de convertir al Reino Unido en el mercado más dinámico y competitivo de televisión digital. Digital UK, establecida por SwitchCo Ltd., es la organización independiente y sin fines de lucro que coordina todo el proceso técnico de transición a la televisión digital, lleva adelante la comunicación con la ciudadanía y actúa como nexo entre los fabricantes de equipamiento, los grupos de consumidores y el sector distribuidor y comercializador con el objetivo de asegurar su

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apoyo permanente al proceso. Digital UK está constituida y financiada por los emisores de servicio público (BBC, ITV, Channel 4, Five, S4C y Teletext) y los gestores de múltiple de perfil comercial (National Grid Wireless y SDN). El Digital Switchover Programme, gestionado por el Switchover Programme Group y coordinado por Digital UK a través de su Programme Office, está formado por nueve grupos de trabajo compuestos no sólo por miembros de todos los organismos involucrados, sino también por representantes de la industria, los consumidores e incluso otros organismos oficiales. El coordinador, con la información aportada por cada grupo de trabajo, elabora informes de progreso para el Switchover Programme Group y el Ministerial Group on Digital Switchover. El trabajo del Gobierno es coordinado a través de ambos grupos, compuestos por representantes del DCMS, DTI, Digital UK y Ofcom. La diferencia es que mientras que el primero se reúne mensualmente para tomar las decisiones necesarias para la gestión del programa y su monitoreo, según la información que los grupos de trabajo van elaborando sobre cada área, el segundo lleva adelante el seguimiento general. En función del informe de síntesis que el Switchover Programme Group le elabora mensualmente, el Ministerial Group se reúne al menos cuatro veces al año presidido por los ministros del DCMS y DTI y conformado por las máximas autoridades de Ofcom, Digital UK y representantes de los principales actores involucrados (emisores de servicio público, grupos de consumidores, operadores de plataformas no terrestres, distribuidores y asociaciones de comerciantes, fabricantes de equipamiento y el Digital Television Stakeholder’s Group)20. Su función es también asegurar que todas las agencias gubernamentales cuenten con información actualizada del proceso de transición para que colaboren con él. El gráfico 2 ilustra las funciones y responsabilidades de las diferentes organizaciones que conforman la compleja estructura expuesta (VV.AA., 2006: 9). 2.2.3. Las múltiples caras, niveles y mecanismos de la regulación En síntesis, es posible afirmar que existen múltiples ámbitos (nacional/comunitario, estatal/gubernamental, público/privado) e instancias (Ofcom, DTI, DCMS, Digital UK) que actúan y/o intentan influenciar en la regulación del desarrollo de la TDT en particular, y la transición digital en general, utilizando diversas herramientas y mecanismos (normativa, consulta pública, estrategia de migración), en un proceso cuyo resultado final es la configuración de una política determinada. Más allá de que Ofcom sea el regulador de las comunicaciones en el Reino Unido, su actuación en tanto que agencia estatal debe coordinarse no sólo con la del Gobierno (DTI, DCMS) y la UE (a través del ERG), sino también con instancias como Digital UK, que se encuentra a caballo entre el mundo público 20 Foro de carácter industrial que, según su página web, representa a todos aquellos con un interés legítimo en el éxito de la televisión digital en el Reino Unido (www.digitalstakeholders.org.uk).

Gráfico 2. Estructura del Digital Switchover Programme

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(definido por su ámbito de actuación y responsabilidades) y el privado (definido por sus integrantes). La regulación de la TDT es por tanto de perfil nacional, pero encuadrada dentro de los requisitos comunitarios para las comunicaciones electrónicas. En este caso de estudio, la especificidad del regulador está dada por su carácter convergente (responsabilidad sobre audiovisual y telecomunicaciones), ejecutivo, independiente y autónomo del Gobierno (que decide la política de TDT pero no escoge los licenciatarios ni los controla). Su actuación es sumamente dinámica y transparente ya que el ente vehiculiza los amplios poderes que le fueran asignados a través de una permanente y sistemática consulta pública21, aunque también puede caracterizarse como centralizada, minimalista y de perfil técnico y económico. El acercamiento de Ofcom a los problemas socioculturales de los medios es utilitario, lo cual, además de ser inapropiado, manifiesta la intención de reducir el alcance de su misión a aspectos económicos y de política industrial por oposición al amplio mandato que le fuera asignado con la Communications Act de 2003 para preservar el interés público ciudadano (Gibbons, 2005). Alineada con la política audiovisual europea no intervencionista y “tecnológicamente neutral, convergente y horizontal”, la nueva forma preferida para gestionar las comunicaciones en el Reino Unido desde mediados de los noventa se ha configurado a través de una regulación de tipo económico llevada adelante por agencias regulatorias independientes (Smith, 1999: 22). En esta nueva dinámica en la que las prioridades se relacionan con objetivos de política industrial y económica, para los que es esencial asegurar una libre y justa competencia, las misiones tradicionales en la regulación del audiovisual, definidas en términos de objetivos no sólo económicos sino también sociales y culturales, son dejadas de lado. En nombre de la convergencia y la digitalización, la regulación tradicional, sectorial y en manos de organismos públicos oficiales, será sustituida por los siguientes parámetros: retirada a priori de toda intervención regulatoria, salvo que se demuestre que los mecanismos del libre mercado son insuficientes para ordenar el sector, y dictado de un marco legal transversal. En el primer caso, además, el carácter de la intervención se tiñe de una progresiva injerencia de otros ámbitos y niveles de decisión, como son la capacidad sancionadora de la UE en asuntos referidos al Derecho de la competencia o la creciente presencia e influencia de organismos de fuerte componente privado en la toma de decisiones (Digital UK en la estrategia para alcanzar la migración digital). 21 Deben señalarse las críticas de las que Ofcom es objeto, sobre todo en torno al mecanismo de la consulta pública. Por ejemplo, Ofcomwatch (www.ofcomwatch.co.uk) es un grupo informal virtual que sigue de cerca las acciones del ente y critica su dinámica de consulta por no proveer anticipadamente suficiente información al público acerca de los temas en consideración, por no operar de manera eficiente y, principalmente, por no aceptar la enmienda a sus consultas con segundas opiniones (los llamados comments on comments o reply comments).

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En lo que respecta al marco legal, la regulación se ejerce en función de una red de normas de carácter transversal y semi-específico, tanto nacionales (Communications Act de 2003) como comunitarias (paquete de comunicaciones electrónicas, Directiva TVSF), y en las que se verifica una lenta pero progresiva autonomía de los regulados a través de mecanismos de autorregulación y regulación compartida, impensables hace una década. La referencia es aquí, por ejemplo, a la obligación y compromiso aceptado que tienen todos aquellos actores que ocupen una posición de guardianes (como gestores de múltiple o de EPG), respecto de ofrecer sus servicios de forma transparente, equitativa y no discriminatoria. Sólo si se verificara acción en contrario, las autoridades pertinentes pueden actuar ex post para corregir el accionar anticompetitivo22. Finalmente, si se consideran otras herramientas distintas de la normativa en tanto que elementos utilizados para llevar adelante la regulación, deben mencionarse la realización de consultas públicas y la creación de un logo distintivo para productos y servicios digitales. En el caso del mecanismo de la consulta, tanto formal (Ofcom, DCMS) como informal (vía Digital Television Project), la regulación emergente a partir de ella puede entenderse como más transparente y con mayores posibilidades de representar cierto grado de consenso, tal y como ocurriera con la definición de la estrategia para la migración digital. En el caso del digital tick logo, su naturaleza no obligatoria y gratuita, pero su utilización bajo licencia, lo han convertido en un mecanismo no normativo que bien puede ser pensado en términos de regulación compartida. Ante la imposibilidad del Gobierno, frente a la normativa comunitaria, de imponer un etiquetado de tipo “negativo” al equipamiento analógico, obsoleto en pocos años, Administración e industria se han puesto de acuerdo en la necesidad de elaborar una herramienta informativa que guíe a los consumidores hacia el material más adecuado para encarar la transición. Así nació el digital tick logo23, lanzado en 2004 y gestionado por Digital UK, cuya presencia certifica información precisa, imparcial y confiable acerca del proceso de transición y los productos y servicios que han sido diseñados para acompañarla. 3. EL RESULTADO: ESTRUCTURA DE LA TDT BRITÁNICA Analizadas ya la dimensión discursiva y regulatoria de los hechos reseñados, es preciso retratar la estructura del servicio de ellos emergente. Se propone aquí efectuar dicho análisis en términos de oferta, cobertura y demanda, ya 22 Los lineamientos publicados por Ofcom como base para investigar denuncias sobre discriminación por parte de compañías con poder significativo de mercado pueden encontrarse en http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/undsmp/statement/. 23 El logo es utilizado de cuatro maneras: para identificar promociones generales (get set for digital), productos (digital approved product), instaladores de antenas (digital registered installer) y personal de tienda (digital approved adviser). Más información en http://www.digitaltelevision. gov.uk/digital_switchover_logo/index.html.

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que se trata de comprender la propuesta de contenidos y servicios que un conjunto de agentes, tanto audiovisuales (nuevos y tradicionales) como no audiovisuales, destina a un espacio/mercado determinado, destacando en qué medida ello es recibido, por quién, y con qué implicaciones. 3.1. Una oferta crecientemente mercantilizada El sistema británico de TDT fue construido de forma coherente con los requerimientos tecnológicos del servicio, pero no estuvo determinado por estos (Smith, 1999: 18). En el centro del modelo británico para licitar la TDT se encuentra el múltiple, su operación y control. Por lo que para dar cuenta de la oferta británica de TDT en términos de contenidos y servicios se aludirá primero al análisis de los agentes audiovisuales implicados en su configuración. La provisión de programas y servicios a ser transmitidos a través del mismo son un asunto a ser establecido entre el gestor del múltiple (poseedor de la licencia) y el proveedor de contenidos (vinculado o no a la organización a la que pertenece el gestor). Es el primero quien, dentro de los parámetros especificados en su licencia, escoge los contenidos del múltiple entre proveedores que deben contar con la correspondiente licencia otorgada por Ofcom, y quien, si está a cargo de un “múltiple comercial”, además de cobrar por sus servicios de gestión como todos los otros operadores de múltiple, puede alquilar las frecuencias (slots) a quien considere más apropiado. De ahí que los británicos se refieran al gestor del múltiple con la expresión multiplex owner. 3.1.1. Agentes audiovisuales: centralización e integración vertical La gestión del múltiple En 1997 fueron asignados los primeros múltiples digitales en el Reino Unido24. El entonces regulador, la ITC, otorgó licencias para la gestión de un múltiple a Digital 3&4 (joint venture entre ITV y Channel 4), uno a SDN (propiedad conjunta entre S4C, NTL y United News & Media —UBM—25), tres a BDB para que operara servicios de pago y el restante a la BBC. Mientras que la capacidad del múltiple operado por Digital 3&4 se dividió entre Channel 3 (48,5%), Channel 4 (48,5%) y el Teletexto Público (3%), la del operado por SDN, reservó el 50% de su capacidad para Five y el mismo porcentaje en Gales para S4C. Es decir, que inicialmente, aquellos canales con obligaciones de servicio público recibieron frecuencias gratuitamente y fueron agrupados en tres múlti24 A finales de 2006 el límite legal establecido para la difusión de hasta un 10% de servicios no televisivos por múltiple se encontraba bajo discusión. Tanto Ofcom como DCMS son proclives a relajar este límite extendiéndolo hasta el 20% (e incluso el 30%), aunque la decisión está reservada a la Secretary of State. 25 UBM es una compañía global cuyo principal insumo es la información y cuyas dos principales divisiones son PR Newswire (distribución de noticias) y CMP (eventos, publicaciones y

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ples que pasaron a estar gestionados por sociedades conformadas por los operadores audiovisuales de esos mismos canales. En el caso de los servicios de pago se decidió que la misma empresa que se convertiría en operador audiovisual gestionara los tres múltiples asignados por un periodo de doce años. Tras su quiebra, a partir de la nueva configuración los múltiples cambiaron su denominación y se asignó estatuto de servicio público a los tres primeros (1, 2 y A). Tal condición supone que sus gestores están obligados a transportar a los principales canales con obligaciones de servicio público. Es decir, BBC1, BBC2, ITV1, Channel4, S4C, Five y Teletext. Luego del cese de las operaciones de BDB, ITC lanzó un concurso para asignar el espacio vacante. Se otorgó la gestión de un múltiple más a la BBC y la de los dos restantes a Crown Castle (más tarde National Grid Wireless). Ambos candidatos habían presentado una propuesta conjunta para lanzar la marca Freeview a través de la creación de DTV Services Ltd., en alianza con BSkyB. La nueva plataforma en abierto comenzó sus emisiones el 30 de octubre de 2002 con dos condiciones que se decidió incluir en el otorgamiento. En línea con la propuesta de los oferentes, los múltiples B, C y D sólo podrían alojar canales gratuitos, salvo expresa autorización del regulador; y dada la posición de dominio de Sky en la provisión de contenidos de pago en una plataforma rival, para preservar la competencia sólo se permitió a Murdoch alojar en la plataforma un máximo de tres canales gratuitos en el múltiple C. A finales de 2005 Ofcom lanzó una consulta sobre la posibilidad de remover este requerimiento free to air only de los múltiples B, C y D, ya que ni el 2 ni el A estaban sujetos a tal restricción. El regulador entiende que la obtención del balance correcto entre servicios de pago y gratuitos en TDT puede confiarse a los propios operadores de múltiple, por lo que en abril de 2006 decidió eliminar la mencionada restricción siguiendo su política de no regular allí donde no lo cree necesario con el objetivo de promover la competencia. Aunque sobre el resto de los múltiples nunca pesó la prohibición de soportar servicios de pago, han sido sometidos a otras limitaciones. La licencia para operar el múltiple 2 sólo puede estar en manos de los licenciatarios de Channel 3 y Channel 4. La licencia del múltiple A puede explotarla un operador comercial y alojar canales de pago, pero está obligado a reservar los porcentajes mencionados para Five y S4C. Como inicialmente Five decidió sólo replicar su señal analógica en digital, se le permitió subcontratar la capacidad sobrante que le fuera gratuitamente asignada. De ahí que el ocupante de sus frecuencias en el múltiple sea desde entonces Top Up TV con una oferta de pago. En síntesis, tanto en el primer como en el segundo reparto del servicio de gestión de los múltiples digitales, las empresas beneficiadas con su operación tendrían vinculación directa con los principales operadores audiovisuales que emitirían a través de dichos múltiples. Es más, los cambios accionariales en SDN y la aparición de Freeview han acabado por consolidar la posición de la BBC e ITV plc como broadcasters/gestores de múltiple. Mientras que la BBC ha obtenido el control de la gestión de dos múltiples, tal es prácticamente el caso de ITV plc. A su participación en Digital 3&4 debe

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agregarse que en abril de 2005 SDN fue comprada por ITV plc por 136 millones de libras a S4C y UBM, quienes a su vez habían adquirido la parte de NTL y acordado venderla en su totalidad. Múltiple 1 2 3

Gestores iniciales (principales operadores audiovisuales) BBC (BBC1, BBC2) Digital 3&4 (ITV, Channel 4, Teletext) SDN (Five, S4C)

A B C

Múltiple 1 2 A B

BDB (OnDigital)

C D

Gestores actuales (principales operadores audiovisuales) BBC (BBC1, BBC2) Digital 3&4 (ITV, Channel 4, Teletext) SDN Ltd (Five, S4C) BBC Free to View Ltd (Freeview) National Grid Wireless

Los operadores estatales y la producción audiovisual El censo llevado adelante por Ofcom durante el verano de 2005, con la colaboración de PACT (Producers Alliance for Cinema and Television), reveló la existencia de más de 800 empresas de producción de contenidos televisivos, de las cuales, sólo un pequeño porcentaje concentra la mayor facturación. Ello está íntimamente relacionado con la configuración de este mercado y su grado de integración vertical (Ofcom, 2006a). El tamaño del mercado de producción televisiva originada en el Reino Unido representa unos 2.6 billones de libras, de los cuales 1.5 (56%) son producción propia de las cadenas y el resto producción externa. Al respecto, Channel 4 y Five fueron los operadores que, en términos de horas, encargaron más contenidos externos. Sin embargo, el 63% de la producción propia tiene origen en Londres y las productoras más grandes en términos de facturación son las que producen entre el 50% y el 63% de los encargos externos de la BBC e ITV1, respectivamente. A pesar de ello, es importante destacar que las oportunidades para el sector de la producción independiente han aumentado con la llegada de la televisión digital. A principios de los ochenta, sólo la BBC, ITV y Channel 4 encargaban programas externamente. En la actualidad, además de Five, empresas como UKTV y Flextech, entre otras, demandan producción de origen independiente. La existencia de tal tejido relativamente importante y saludable de productores audiovisuales independientes, así como la producción de contenidos descentralizados, tiene sin lugar a dudas relación con mínimos de producción y difusión que los operadores deben atender. Las obligaciones respecto de la producción independiente y regional de los emisores comerciales con obligaciones de servicio público se regulan a través de la Communications Act de 2003; en el caso de la BBC, dichas obligaciones se establecen en su acuerdo particular con el Gobierno (BBC Agreement); y, en ambos casos, según la normativa comunitaria vigente.

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Según el marco legal británico, dependiendo del operador, una proporción adecuada de los programas emitidos debe ser realizada fuera de Londres (regional production quota, medida en horas). Además, Channel 3 y la BBC deben ofrecer una porción suficiente y adecuada de programas regionales, incluidos los informativos (regional programmes quota)26. Por otra parte, los emisores con obligación de servicio público están también obligados a encargar (commission) un porcentaje determinado de su producción a agentes independientes. La Broadcasting Act de 1990 marcó el inicio de la statutory independent quota para la BBC, Channel 3, Channel 4, S4C y, más tarde, Five. Desde entonces están obligados a emitir un 25% de qualifying programmes (todos aquellos que no fueran adquisiciones, repeticiones o noticias) adquiridos a productores independientes (empresas con no más de un 25% de participación accionarial de un operador audiovisual). El Acta de 1996 introdujo para la TDT una cuota del 10% de producción independiente. La Communications Act de 2003 la confirmó y extendió la independent quota del 25% a todos los canales con obligaciones de servicio público (incluidos los digitales), que además de medirse en horas pasó también a contabilizarse en términos monetarios. Ello permite a Ofcom obligar a todo operador que no alcance el gasto anual en producción independiente a acumularlo para el periodo siguiente. Además, se estableció que los operadores deben tener códigos que regulen su relación con los productores independientes (Codes of Practice). En lo que respecta a las exigencias de producción europea, tal y como establecía la Directiva TVSF (artículos 4 y 5), cuando sea posible la producción europea debe ocupar un porcentaje mayoritario del tiempo de transmisión de cada emisor, al igual que la producción independiente europea, que debe ocupar al menos el 10% de dicho tiempo. De éste, además, una proporción adecuada debe responder a obras con no más de cinco años de antigüedad. Ahora bien. Más allá de estas disposiciones, el objetivo es efectuar una breve descripción de los operadores audiovisuales de TDT junto con la gestión que hacen de su producción de contenidos, para establecer la relación que existía entre ambas instancias. ITV plc controla casi en su totalidad la red de emisoras y emisiones regionales que están unificadas bajo la marca ITV1. En lo que respecta al contenido digital, a finales de 2006 gestionaba ITV2, ITV3 e ITV4, además de Children ITV (CITV) e ITV Play, un canal dedicado a los juegos y al entretenimiento. A pesar de que por ley está obligada a encargar un determinado porcentaje de programas a productores independientes, ITV plc gestiona el resto de su producción audiovisual a través de ITV Productions, lo que le permite una importante integración vertical y el control de los derechos de la mayoría de sus productos exitosos. 26 Una buena síntesis de los requerimientos regionales de producción y programas que tienen los operadores audiovisuales puede encontrarse en Regional requirements applying to public service broacasters (Ofcom, 2004d: 57).

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ITV Productions es la productora más grande del mercado y no sólo es la principal fuente de contenidos para los canales ITV, sino que también produce para la BBC, Channel 4, Five y Sky One, entre otros. Respecto de los contenidos informativos, es el principal accionista de ITN, la organización de noticias que sirve toda la red ITV e incluso en parte a Channel 427. Fundada en 1955 como agencia y productora informativa independiente, propiedad conjunta de las empresas que conformaban la antigua red ITV, hoy día es controlada por ITV plc (40%)28. Por tanto, la posición de dominio de ITV en el mercado de TDT es elevada, no sólo porque es un broadcaster/producer, sino porque además de gestionar dos de los seis múltiples desde octubre de 2005 se incorporó al consorcio Freeview como accionista con un 20% de su control (el 80% restante de la propiedad se divide en partes iguales entre BBC, BSkyB, National Grid Wireless y Channel 4). Por otra parte, es probable que a través del control absoluto que ejerce sobre el múltiple A extienda la oferta de canales propios una vez finalicen los contratos existentes con los actuales ocupantes de las frecuencias digitales (en 2010). A diferencia del resto de los grandes canales nacionales terrestres, Five no lanzó sister channels en digital hasta agosto de 2006. Además de emitir en simulcast se había dedicado a rentar el espacio vacante en TDT otorgado por el Gobierno a Top Up TV, una compañía lanzada en marzo de 2004 que ofrece servicios de TDT de pago. Sin embargo, a partir del relanzamiento de Five que tuvo lugar a principios de 2006, debido a la adquisición del 100% de la compañía por parte de RTL Group, la empresa anunció una nueva estrategia multicanal que se materializó con el inicio de las emisiones de dos nuevos canales digitales en octubre del mismo año: fiveUS y fiveLife. En noviembre de 2005 Five ingresó en la propiedad de Top Up TV con un 20% y anunció que ello podría derivar en el desarrollo de nuevos servicios de pago y gratuitos para Freeview. A finales de 2006, Top Up TV ofrecía una selección de 18 canales sumamente populares que compartían frecuencias29, por lo que hasta un máximo de cinco podían emitirse al mismo tiempo. Para su recepción era necesario contar con una tarjeta descodificadora o el STB que vende la empresa, y pagar mensualmente 9.99 libras. Sin contrato anual, era necesario pagar una tarifa de conexión inicial de 20 libras por única vez30. Hasta enero de 2005 también proveía a Five, que reemplazó sus servicios por los de Sky News. El 60% restante se divide en partes iguales entre tres accionistas: Daily Mail y General Trust, Reuters y UBM. 29 La oferta de Top Up TV estaba compuesta por UKTV Gold, UKTV Style, UKTV Food, TCM, Discovery Factual, Discovery Lifestyle, Cartoon Network, Boomerang, Bloomberg, British EuroSport, Toonami, Livigntv, Hallmark, Animal Planet, LIFE&TIMES, Nickelodeon, MTV y Comedy. También se emitían algunos contenidos de los canales SetantaSports, RED HOT y TelevisionX (contenidos para adultos), aunque mediante una tarifa adicional. 30 En caso de contar con el mejor modelo de STB que comercializa la empresa, un PVR llamado Top Up TV Anytime Box, era posible abonarse adicionalmente al servicio de películas premium PictureBox que ofrece de forma permanente para su visionado hasta siete películas descargadas en el descodificador. 27 28

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Todos los programas que Five emite provienen de fuentes externas no vinculadas al canal, con lo que su entrada en el accionariado de Top Up TV supone reforzar su estrategia de broadcaster/empaquetador. Ello, junto con la ausencia de participación en otras instancias de la cadena de valor de la TDT, ha convertido a Five en el emisor terrestre más débil del grupo de los operadores históricos, aunque vía Top Up TV participa en el manejo de los únicos servicios de acceso condicionado que existían en TDT. De hecho, el control que ITV ejerce en el múltiple en el que Five emite, a través de SDN, ha conducido a que fuera necesaria la intervención de Ofcom para alcanzar un acuerdo financiero razonable entre ambas empresas. Channel 4 y S4C han sido legalmente designadas bajo el modelo de broadcaster/publisher ya que no tienen capacidad alguna para producir contenidos. Ambas los reciben de más de 300 empresas, en su mayoría productoras independientes y pequeñas, que junto a la BBC e ITV Production (a través de filiales regionales como HTV en Gales, en el caso de S4C) son sus principales fuentes de provisión de contenidos. S4C, que sólo emite para la región de Gales y en galés, replica sus contenidos analógicos en TDT aunque sin los programas en inglés que están a cargo de Channel 4. En su lugar, se difunde programación original especialmente producida para la TDT. Desde 1999 S4C tiene un segundo canal digital, S4C2, que transmite en directo desde la National Assembly for Wales. Además de replicar en digital su contenido analógico, a finales de 2006 Channel 4 gestionaba cinco canales digitales a través una subsidiaria llamada 4Ventures. Tanto Quiz Call31, como E4, E4+1, More4 y FilmFour se difundían vía TDT. A diferencia de Five y Teletext Limited, Channel 4 sí participaba en otras instancias de la explotación de la TDT (Digital 3&4 y Freeview) evidenciando cierto grado de integración entre la difusión de contenidos y su gestión en los múltiples digitales. Teletext Limited, propiedad de Associated Newspapers (subsidiaria de The Daily Mail y General Trust), ofrece los servicios de teletexto existentes en TDT, además de servicios de alerta y mensajería SMS a teléfonos móviles, e información especializada a través de dos páginas web sobre automoción y turismo. En TDT, Teletext estaba disponible en todos los canales de la red ITV en la plataforma Freeview, además de en Channel 4, E4, More4 y en el canal especial Teletext. Además, durante el periodo considerado, Freeview difundía dos canales de datos temáticos llamados Teletext Holidays y Teletext Cars32. Por su parte, y en mayor medida que ITV, la BBC es el otro gran actor de la TDT. Promotor y accionista del consorcio Freeview a través de BBC Free to View Ltd, gestiona dos múltiples que difunden sus canales y, directa o indirectamente, 31 Quiz Call consiste en un canal de concursos que otorga dinero en efectivo a los ganadores, en el que se puede participar tanto por Internet como por teléfono. Está gestionado por Ostrich Media Limited, subsidiaria de 4Ventures Limited. 32 Para la consulta detallada de la información provista por los servicios de teletexto, visitar http://www.teletext.co.uk/digitaltv.asp?area=digitaltv&page=freeview.

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es responsable de la producción de contenidos que difunden otros operadores audiovisuales principalmente a través de sus departamentos de producción propia y UKTV (joint venture entre BBC Worlwide, brazo comercial del ente, y Flextech Television, productora división de Telewest, hoy fusionada con NTL). Al igual que ITV, la integración vertical que la BBC manifiesta en el mercado de TDT es importante. Ello ha conducido, junto con el éxito de Freeview, a que sus iniciativas alimenten la percepción del ente como amenaza para la competencia, la diversidad y el pluralismo, al punto tal de que autores como Collins adviertan sobre la posibilidad de que el mercado de televisión digital británico esté transitando el camino hacia un duopolio BBC/BSkyB (Collins, 2002 y 2003). Además de replicar en digital sus históricos canales terrestres (BBC1 y BBC2), la BBC emitía en TDT a finales de 2006 canales específicamente creados para el entorno digital con obligaciones de servicio público, por ello financiados con el canon, y canales comerciales en los que participaba a través de UKTV33: Canales BBC en TDT (finales 2006) De servicio público, financiados con el canon BBC One BBC Two BBC Three BBC Four CBBC CBeebies BBC News 24 BBC Parliament Interactive TV (BBCi) * de pago (Top Up TV).

Financiados comercialmente UKTV Food* UKTV Gold+* UKTV Style* UKTV History UKTV Bright ideas Fuente: BBC.

Según el marco legal vigente, la BBC debe cumplir con altos niveles de producción original, regional e independiente, ampliamente alcanzados durante el periodo 2004/05 (BBC, 2005). No obstante, se prevé que su compromiso con las independent commissions a través de la llamada Window of Creative Competition (WOCC), aunque conducirá a un aumento importante de los ingresos para el sector de producción independiente, generará tensiones con los sectores y actividades de producción propia denominados in-house production (Mediatique, 2005). Como todos los principales emisores terrestres, la BBC debe cumplir con una cuota que la obliga a encargar al menos el 25% de los contenidos que difunde a productores independientes. En 2004 la BBC asumió a través del WOCC el compromiso de reforzar esta obligación, la statutory independent quota, destinando otro 25% de su programación a la puja competitiva entre los productores externos34 y los servicios de producción propia del ente. El 33 UKTV es el segundo operador audiovisual multicanal del país. También forman parte de los canales que posee UKTV, UKTV G2, UKTV Drama, UKTV Style Gardens, UKTV Documentary y UKTV People. 34 Tanto los definidos como qualifying como non-qualifying.

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50% restante de la programación tendrá origen en los propios departamentos de producción de la BBC35. Para el periodo 2004/05 (BBC, 2005), los diez principales productores externos de contenidos para el ente fueron Tiger Aspect Productions, Endemol UK Productions, Hat Trick Productions, Kudos Film and Television, Wall to Wall, TalkbackTHAMES, Ecosse Films, Baby Cow Productions, Brigher Pictures y 12 Yard. De este grupo tres productoras no son realmente independientes, ya que tanto Endemol UK Productions como Brighter Pictures son subsidiarias de las operaciones internacionales de Endemol, mientras que TalkbackTHAMES es la división de producción de FremantleMedia (subsidiaria de RTL Group, una de las más grandes compañías europeas de radio y televisión). Por último, junto con los operadores audiovisuales terrestres ya existentes en analógico, emite en TDT el consorcio Freeview, participado no sólo por tres operadores audiovisuales (la BBC, ITV plc y Channel 4), sino también por el principal operador de televisión satelital digital (BSkyB) y uno de los dueños y operadores de la red de transporte y difusión (National Grid Wireless, NGW). Freeview, por tanto, está conformada por miembros que en mayor o menor medida presentan una integración vertical interesante en el mercado de TDT o que, en el caso de Murdoch, directamente controlan otra plataforma competidora. Por ello, los contenidos que la plataforma difundía pertenecían a finales de 2006 en gran medida a los socios implicados. Aquellos que no, estaban vinculados en su gran mayoría con productoras y/o empaquetadores que colocan sus productos también en el resto de las plataformas televisivas existentes, y pueden agruparse en tres grandes categorías: entretenimiento e información general (Smile TV, ftn, abc1, Community channel y Teacher’s tv)36, telecompra (QVC,

35 En 2004 se llevó adelante una revisión, la Content Supply Review, destinada a redefinir el papel de la BBC respecto de la provisión propia y externa de contenidos en radio, televisión y nuevos medios. La propuesta aprobada por el Board of Governors, la WOCC, apunta a fomentar lo que se ha dado en llamar la “competencia creativa”, al tiempo que se preserva la capacidad de producción propia de la BBC. 36 Smile TV es un canal principalmente dedicado a citas telefónicas que funciona de 1 am a 5 am y ofrece la posibilidad de participar en directo. Es propiedad de Cellcast Communications, subsidiaria del Grupo Cellcast que integra contenidos en móviles al ámbito de la televisión multicanal. Ftn y abc1, canales generalistas orientados al entretenimiento, pertenecen a la productora Flextech y a Walt Disney Company Ltd, a través de Touchstone Pictures y Buena Vista Television International, respectivamente. Community channel es el único canal dedicado al ámbito comunitario, la cooperación internacional y la difusión de causas relacionadas con el mundo del voluntariado y las organizaciones sin fines de lucro (charity). Gestionado precisamente por una de ellas, Media Trust, se financia en gran parte con fondos oficiales (Home Office, Active Communites Unit) y recibe la colaboración de los principales operadores de televisión digital del país (Sky, NTL, Freeview). Por ejemplo, mediante la obtención de espacios gratuitos de emisión. Finalmente, Teachers' TV es un canal destinado al sector educativo operado por un consorcio de medios independiente, Education Digital, que ha sido seleccionado por concurso por el DfES (Department for Education and Skills) para ocupar una frecuencia digital.

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Ideal world, bid tv y price-drop tv)37 y música/vídeos (the hits, TMF)38. Su recepción es posible con la antena convencional y el espectador debe simplemente adquirir un descodificador cuyo valor aproximado rondaba las 40 libras.

Entretenimiento Temático Niñez Música Noticias

Canales Freeview (finales 2006) BBC1, BBC2, BBC3, BBC4, BBCi, ITV1, ITV2, ITV3, ITV4, Channel 4, S4C, E4, E4+1, More4, Film4, Five, fiveUS, fiveLife, Sky three, UKTV History, Smile TV, Quiz Call, ITV Play, ftn, abc1, TeleG QVC, UKTV Bright ideas, Ideal world, bid tv, price -drop tv, Community channel, Teacher’s TV CBBC, CBeebies, CITV TMF, the hits BBC News, BBC Parliament, Sky News, Sky Sports, Teletext, S4C2

Funcionamiento regional: BBC2, S4C Digital y S4C2 en Gales, BBC Two Digital en Irlanda del Norte y TeleG en Escocia. Fuente: Freeview.

Las emisiones seudo regionales y la precariedad local La estructura que plantean los múltiples de TDT, tal y como han sido organizados, es estatal y parcialmente regional, pero no local. Se define aquí a las emisiones regionales bajo el rótulo de seudo, ya que ellas no están conformadas más que por las versiones regionales correspondientes de la BBC y Channel 3 (ITV1), además de las emisiones en gaélico y galés de S4C. “La televisión regional, como servicio específico para una audiencia regional, apenas existe” (Cormack, 1999: 392). Es necesario resaltar que cuando en el Reino Unido se alude a los servicios regionales de televisión, la referencia es por una parte a las regions (regiones que conforman Inglaterra) y por otra a las nations (Escocia, Gales e Irlanda del Norte). En la actualidad, el sistema de difusión funciona bajo lo que se conoce como las regiones o áreas ITV, establecidas según las posibilidades técnicas de los años cincuenta, y ligadas por ello más a las torres de transmisión que a las diferentes identidades político-culturales. El problema es que no siempre las regiones geográficas o políticas coinciden con el cons-

37 QVC pertenece a QVC Inc, empresa de venta directa que opera en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Japón. En 2004 y luego de 10 años de joint venture, BSkyB vendió a la compañía su participación del 20% en el canal británico. Ideal world pretenece a Ideal Shopping Direct plc, y bid tv y price-drop tv a sit-up Ltd, subsidiaria 100% de la recientemente creada NTL Incorporated. 38 TMF es propiedad de MTV Networks Europe, y the hits pertenece a Emap performance, subsidiaria de Emap plc, compañía de medios con actividades en Francia y el Reino Unido (con origen en un grupo de prensa regional a finales de los años cuarenta, hoy posee amplias inversiones no sólo en el mundo editorial sino también en el del audiovisual y el entretenimiento).

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tructo de las áreas ITV, tal y como ocurre con Escocia que está cubierta por tres áreas ITV que a su vez tienen distintos dueños (SMG e ITV plc). Por ello, ha sido duramente criticado por las nations y el ámbito local (Acto, 2005) que la implantación de la TDT se esté llevando adelante mediante la réplica digital de la planificación analógica del espectro para televisión, que ha supuesto la anexión de frecuencias regionales y locales para brindar servicios nacionales y ha dividido al país según las regiones ITV. El actual modelo de televisión regional ha sido minado a lo largo de los años no sólo por los cambios tecnológicos y en las audiencias. Muchos lo acusan de ser altamente oneroso para ITV, las regions de no ser suficientemente local y las nations de estar escasamente descentralizado y no reflejar realmente la diversidad del país. En el caso concreto de la BBC e ITV, ambas tienen modelos básicos de programación regional muy similares: en Londres se estructura una programación unificada que permite a los centros territoriales la inserción de espacios de elaboración regional, en su mayoría noticias o reportajes de actualidad, aunque en algunos casos (nations) se producen también desconexiones para contenidos no informativos. Este modelo es más marcado en la BBC, pero también se da en ITV a pesar de su estructura aparentemente federal (Cormack, 1999: 382). Ambos operadores han anunciado planes para expandir sus servicios regionales traduciéndolos en contenidos con un mayor foco local. BBC1 ofrece servicios regionales en 18 áreas diferentes, incluidas Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El contenido incluye desde noticias y deportes, hasta entretenimiento y drama, usualmente basado en desconexiones de la señal nacional. La programación y difusión de programas regionales está coordinada por la división BBC Nations and Regions. La proporción de programación regional para las nations es especialmente alta, mientras que en las regiones inglesas es mucho menor y, en líneas generales, se reduce a los informativos y a un programa de actualidad semanal. Las áreas que conforman la red de Channel 3, en manos de cuatro operadores diferentes, en verdad tienen requisitos mínimos de programación regional que, a su vez, se reducirán una vez alcanzado el apagón (Ofcom, 2005a: 12). Las regiones ITV están divididas en sub-regiones para los informativos de algunas áreas (Central, Meridian y Anglia), existen además desconexiones para informativos en Yorkshire, Tyne Tees y Westcountry, y en Escocia se estudian planes para dividir aún más las dos áreas existentes y ofrecer así contenidos informativos más específicos. Tal y como señala Hibberd (2005: 125), es paradójico que la primera forma de televisión regional, cincuenta años después de su creación, se haya convertido a todos los efectos en una agencia inglesa fuertemente centralizada, tanto más cuanto en el Reino Unido se han ido produciendo, en rápida sucesión, una serie de cambios políticos de gran relevancia (denominados devolution) gracias a los cuales Escocia, Gales e Irlanda del Norte han obtenido una mayor autonomía. De hecho, el Acta de 2003 fue el primer texto legal en reconocer que concebir al Reino Unido como un espacio comunicativo único en términos de política audiovisual ya no era adecuado (Andrews, 2006).

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Licenciatarios de RTS (finales 2006) Canal

Área

Operador

NvTv

Belfast

Northern Visions Ltd.

Capital TV

Cardiff

Capital TV Ltd.

Channel m

Manchester

Channel M Television Ltd.

Fawley Oxford Six TV

Portsmouth Reading Southampton

Six TV Southampton Ltd. Oxford Broadcating Ltd. Six TV Portsmouth Ltd. Reading Television Ltd. Six TV Southampton Ltd.

Solent TV

Isle of Wight

Solent TV

c9tv

Coleraine Derry Limavady

North West Television Services Ltd.

MATV

Leicester

Middlesex Broadcasting Corporation Ltd.

Carlisle

Carlisle TV Ltd.

Teesside

City Broadcasting Ltd.

City Broadcasting

York@54

York

TV York Ltd.

Principales características Emisora comunitaria sin fines de lucro, funciona gracias al apoyo de entes públicos, organizaciones locales, charities y el voluntariado. Modelo comercial basado en publicidad. Modelo comercial basado en publicidad, subsidiaria de Guardian Media Group. Empresas operadoras subsidiarias de Milestone Group plc (prensa, radio y televisión). Modelo comercial basado en publicidad y esponsoreo. Emisora comunitaria sin fines de lucro financiada con publicidad y esponsoreo. Propiedad de Islanders Volunteers Group, se sostiene gracias al apoyo de instituciones educativas, grupos locales y charities. Modelo comercial basado en publicidad y servicios interactivos. Modelo comercial basado en publicidad y servicios interactivos, destinado principalmente a la comunidad asiática del área. Joint-venture de dos empresarios locales y SABe TV (grupo de entretenimiento indio con conexiones con Sony Entertainment Pictures). Modelo comercial. Las emisiones de Carlisle son intermitentes y las de Teeside se encuentran en pruebas. Modelo comercial, basado en programación de bajo coste y el trabajo de voluntarios y estudiantes (ex TV Yor k).

Fuente: elaboración propia basada en información proporcionada por Ofcom, los propios operadores y Spectrum (2005).

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En lo que respecta a la televisión local en el Reino Unido, esta ha estado históricamente limitada por la escasez espectral y su planificación, que ha condenado al servicio a emisiones de alcance muy reducido y poca calidad. En la actualidad, la televisión local existe bajo diferentes modalidades (terrestre, en el caso de aquellas que cuentan con licencia, satelital o por cable, e incluso por Internet) y modelos de negocio (proyectos comunitarios y cooperativos sin fines de lucro, o aventuras comerciales, vinculadas incluso a grupos regionales de comunicación). La televisión local no fue una categoría legalmente reconocida hasta el año 1996 (Broadcasting Act), aunque ello ocurriera en términos subsidiarios y mercantiles como lo manifiesta el nombre otorgado a este tipo de servicio (“restringido”). Originalmente, el servicio recibió el nombre de RSL (Restricted Service Licence) y sus licencias se otorgaban por dos años. En 2003 Ofcom lo renombró RTS (Restricted Television Services), pero a pesar de que la Communications Act de 2003 amplió la regulación de la televisión local esta continúa en una situación precaria ya que sus permisos tienen serias limitaciones: se otorgan por cuatro años, ofrecen pocas garantías de calidad en la emisión y no cuentan aún con un espacio claramente definido tras el apagón. A finales de 2006 varios operadores contaban con permisos restringidos y gestionaban diversos modelos de televisión terrestre analógica local. El panorama era heterogéneo: solo dos emisoras respondían a proyectos sin fines de lucro, tres empresas operaban cada una entre dos y cinco licencias, tres emisoras tenían vinculaciones con grupos de comunicación, uno de ellos extranjero, y sólo el proyecto de c9tv no operaba con pérdidas (Spectrum, 2005: 10). Como las frecuencias que actualmente ocupan no estarán disponibles cuando se produzca el apagón, estos agentes solicitaron a Ofcom que se clarifique su situación. El ente decidió modificar la renovación de sus permisos, con caducidad en junio de 2007, extendiéndolos bajo petición hasta poco antes del inicio del proceso de migración en el área en la que se encuentran. Más allá de tales fechas, no se ha decidido aún cuál será su futuro. En suma, existen tres espacios/mercados de difusión televisiva terrestre. Un consolidado e histórico ámbito televisivo de carácter nacional que ha podido incrementar cuantitativamente su actuación con la llegada de la TDT. Un segundo nivel de televisión seudo regional (regions y nations) que la TDT replica de momento sin grandes cambios. Y una reciente y precaria televisión local, absolutamente subsidiaria en términos analógicos, que se enfrenta a la incertidumbre digital pero se configura progresivamente como blanco de determinados grupos de comunicación y la BBC e ITV que no están dispuestos a perder su histórico papel en las emisiones de mayor proximidad39. Producto de la primera fase de la revisión sobre la televisión de servicio público que Ofcom llevó adelante, se identificó que la programación regional y 39 La BBC tiene un proyecto en pruebas, llamado ultra-local news, para distribuir boletines informativos locales de diez minutos vía satélite y banda ancha. ITV también ha anunciado intenciones similares de lanzar servicios televisivos locales mediante banda ancha (noticias, turismo, clasificados…) a pueblos y ciudades dentro de sus áreas de emisión.

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local era un ámbito que requería mayor investigación. La cuestión pasó por ello a formar parte de la segunda fase de la revisión en la que el ente comenzó a fijar su posición: el futuro ofrece un potencial significativo para servicios de televisión locales y regionales, provistos sobre bases comerciales y distribuidos a través de un amplio conjunto de medios diferentes (Ofcom, 2004d: 12). Por tanto, en línea con la política comunitaria, ni se privilegia a la TDT como red para distribuir televisión de proximidad, ni a las opciones de gestión sin fines de lucro o de tipo mixto. Debido a la arquitectura de la TDT, heredera de la red analógica terrestre, la planificación espectral seguirá siendo compleja, por lo que el ente parece más proclive a fomentar la banda ancha para brindar servicios locales de televisión en función de su progresiva expansión a lo largo de los últimos años y la problemática introducción técnica de la TDT local en la arquitectura de red existente (Ofcom, 2006b). Aunque reconoce que la televisión local interesa a los ciudadanos y puede realizar un importante aporte a la consecución de los objetivos de servicio público, Ofcom sostiene que ello no convierte al sector en automático destinatario de una porción del espectro. En todo caso, la decisión final estará ligada a las implicaciones derivadas del proceso de revisión del servicio público de televisión40 y la decisión que se adopte sobre el llamado dividendo digital. Si finalmente se reservara capacidad espectral para la TDT local, el Gobierno debería elaborar el régimen licenciatario correspondiente. Ofcom reconoce que es posible que existan razones para este tipo de intervención pública que garantice servicios locales de televisión, sobre todo en las comunidades con menor población donde el modelo comercial no será viable, pero recuerda que ello debe estar suficientemente justificado. En cualquier caso, asegura que cualquiera sea el resultado de este debate, existirán luego del apagón subastas de frecuencias en las que no se prohibirá la participación de los operadores de televisión local. En síntesis, la lógica que guía el posicionamiento del regulador está imbuida de una rentabilidad económica y una perspectiva tecnológica y normativa instrumental. Por eso no debería llamar la atención que a pesar de que Ofcom resalte que entre los principales roles que los servicios de contenido local pueden llegar a brindar se encuentran la participación, el acceso, la inclusión y la distribución de servicios enriquecidos, no se haya establecido vínculo alguno en su discurso con la consecución de una SI igualitaria (Ofcom, 2006b: 30). Guías de programas y acceso condicionado En lo que respecta al servicio de EPG asociado a la oferta británica de TDT, la situación es bastante compleja justamente por tratarse de un elemento a caballo 40 La Review of Public Service Television Broadcasting (PSB), ha sido la revisión del servicio público que tuvo lugar en tres fases (Ofcom, 2004b, 2004c y 2005a). Y si bien, finalmente, la misma ha finalizado y no debe repetirse hasta 2009, según Ofcom (2006f) el debate no ha concluido porque determinados interrogantes han quedado sin resolver.

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entre el mundo de la producción y el de la gestión de contenidos. El consenso europeo acordado en torno al DVB, en el caso de la TDT, obliga a los operadores de múltiple a transmitir información sobre el contenido que se está emitiendo y el subsiguiente (now-and-next). Por su parte, ITC estableció que además de su propio flujo de datos los operadores de múltiple debían transmitir el de los demás. Este flujo de datos, que es conocido genéricamente con el nombre de EIT (event information table), debe difundirse gratuitamente y a partir de él se construyen las EPG. Los cuatro operadores de múltiple existentes han organizado la difusión y gestión de sus EIT a través de la organización que los nuclea, The Digital Network (TDN). Como la información de carácter obligatorio así emitida permite en sí misma navegar entre estos flujos de datos, actúa a la manera de una EPG, sin que por ello los operadores de múltiple posean licencias específicas para proveer este servicio que se encuentra dentro de sus obligaciones de gestión. En tanto y en cuanto los fabricantes de equipamiento de recepción pueden hacer uso gratuito de esta información, según el software que instalen en sus productos, ni estos pueden tampoco estrictamente ser considerados proveedores del servicio de EPG ni los operadores de múltiple pueden garantizar cómo aparecerá ordenado su flujo original de datos. La situación es compleja, ya que si bien los operadores de múltiple deben cooperar para que todos transmitan información sobre la programación, no pueden decidir cómo ello aparecerá en los receptores. Cada fabricante puede presentar dicha información en su formato preferido y con ello limitar el control de los operadores audiovisuales y de múltiple sobre la “EPG de la TDT”. Pero los gestores de múltiple sí tienen una influencia real sobre los contenidos que transportan a través de la ubicación y numeración que les asignan en el múltiple (LCN, Logical Channel Number), que a su vez, es una gestión que centraliza TDN. Los canales de servicio público han sido colocados en las numeraciones más bajas cumpliendo con la normativa, y ello está siendo respetado en líneas generales por todos los actores involucrados en el listado de información sobre los programas. Más allá de esta configuración, Freeview ha creado su propia EPG y a finales de 2006 existían tres empresas que también brindaban el servicio sin ser gestoras de múltiple: Teletext Ltd, 4TVInteractive y tvtv Services. En el primer caso, el servicio se ofrece a través de su canal de datos Teletext, en el segundo a través de 4TV41 y en el tercero a través de tvtvDIGITAL42. 41 4TVInteractive es una empresa de desarrollo de software televisivo para videograbadoras y descodificadores que ofrece un servicio de difusión de datos en TDT bajo el nombre de 4TV utilizando su solución EPG propietaria llamada Fast Guide. La empresa fue la primera que lanzó en 2003 una guía con hasta una semana de información y, en la actualidad, además de esta funcionalidad extendida a dos semanas, su EPG ofrece la posibilidad de navegar por canales, horarios o categorías y grabar contenidos. Su solución de EPG ha sido adoptada por los fabricantes Thomson, Bush y los proveedores de todos los descodificadores basados en tecnología SetPal (como Daewoo y BT). Dicha solución es representada comercialmente por Durkin Media y todos los fabricantes de equipamiento que la han adoptado como tal. 42 El servicio depende de tvtv Services, rama de Sony United Kingdom Ltd. Originalmente perteneciente a una empresa basada en Munich que opera guías electrónicas desde 2000 (Fast TV

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Según el Code on Electronic Programme Guide vigente, aprobado por Ofcom, todo proveedor de este servicio debe dar un trato justo y razonable a todos los canales listados en su guía, ofrecer una ubicación privilegiada a los canales con obligaciones de servicio público y ofrecer la información y mecanismos necesarios para que sus servicios puedan ser utilizados por personas con algún tipo de discapacidad visual y/o auditiva. Al respecto, como las funcionalidades disponibles en las EPG dependen del equipamiento de recepción, los avances son escasos aunque los programas que son acompañados por subtítulos, lenguaje de señas y/o audiodescripción así lo indican43. De ahí que el código reconozca que estos requerimientos se brindarán en la medida de lo posible, pero imponga a los proveedores del servicio la obligación anual de informar sobre los avances efectuados respecto de su cumplimiento. En síntesis, los servicios de EPG disponibles en TDT permiten consultar la programación con hasta dos semanas de antelación. Tal es el caso del servicio de 4TV y tvtvDIGITAL que se descarga por la noche y que sólo soportan algunos receptores. La EPG “oficial” de Freeview es difundida de manera permanente. Es necesario señalar que a pesar de la existencia de EPGs vinculadas a soluciones propietarias de gestión de la información, la provisión de este servicio no ha dado lugar, de momento, a una actuación con repercusiones negativas por parte de estos gatekeepers. En el caso de los servicios de TDT de acceso condicionado, una única empresa detenta su control. Para recibir cualquier programa o servicio de pago en TDT es necesario vincularse a Top Up TV. Existe una modalidad económica para hacerlo (abono mensual) y tres tecnológicas: mediante un descodificador (incluidos los ex ITV Digital), la adquisición para el descodificador de la tarjeta de desencriptado pertinente (Top Up TV viewing card), o la adquisición para el iDTV del módulo de acceso condicionado específico (Top Up TV CAM). Al igual que ocurre con la EPG, quien provea acceso a un SAC debe hacerlo en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. En ambos servicios, estos requisitos están vinculados a la transposición de la normativa comunitaria sobre comunicaciones electrónicas al marco legal británico para el audiovisual. La regulación de los servicios de acceso condicionado, al igual que los de gestión de múltiple y EPGs, está armonizada a nivel de la UE a través de la Directiva Acceso y especificada en la Communications Act de 2003. Sin embargo, como los requisitos de “justo, razonable y no discriminatorio” dejan un amplio margen a la interpretación,

Server AG), tvtv Services fue adquirida por Sony en 2003 y gestiona EPGs on-line y para las distintas plataformas televisivas en ocho países europeos. 43 Narración descriptiva de una serie de elementos visuales clave que permite comprender contenidos no accesibles mediante la simple escucha del audio. Un listado con la programación con audio description disponible en TDT se encuentra en http://www.tvhelp.org.uk/audes/schedule. php.

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Ofcom ha elaborado una guía con elementos que indican cómo interpretaría estos parámetros en caso de tener que mediar en una disputa. 3.1.2. Contenidos y servicios: mixturas entre el servicio público y una creciente mercantilización Los servicios de TDT en el Reino Unido son difundidos a través de seis múltiples nacionales que incluyen a todos los canales con obligaciones de servicio público, todos los servicios digitales de la BBC y aquellos servicios puramente comerciales. La página web del Digital TV Group detalla la ubicación por múltiple de los canales y servicios televisivos existentes44. Si se toma como ejemplo la oferta existente a finales de 2006, un análisis pormenorizado permite señalar, en primer lugar, la existencia de 101 servicios, de los cuales 12 están dedicados a la transmisión de datos y 28 a la difusión de radio. De los 61 restantes dedicados a transmitir televisión, son de pago los pertenecientes a Top Up TV (tres canales PPV y cuatro destinados al vídeo casi bajo demanda). Ello supone una presencia minoritaria de los servicios por abono, que sin embargo, pueden llegar a tener un papel crucial en algunas categorías. Por ejemplo, si del total de los canales siete están dedicados a la infancia y juventud, cuatro a 24 horas de noticias y tres a los deportes, tres, uno y dos, respectivamente, son de pago. Lo mismo ocurre con seis de los once canales temáticos que esta oferta soporta. Por otra parte deben destacarse: el gran número de canales dedicados al entretenimiento general, la revalorización de la oferta destinada a niños y jóvenes, el terreno ganado por la telecompra, la escasas emisiones exclusivamente regionales (nations), y la existencia de sólo un canal comunitario, uno dedicado al ámbito educativo y otro vinculado a la vida política a través de las emisiones parlamentarias en directo. En síntesis, predomina una oferta en abierto, repartida en partes casi iguales de canales generalistas y temáticos. Dentro de los primeros, la abrumadora mayoría responde al rubro entretenimiento, ya que hay sólo tres canales dedicados al deporte (dos de los cuales son de pago) y cuatro a emitir 24 horas de noticias (uno de los cuales es regional y otro de pago). En lo que respecta a los segundos, aunque sea difícil establecer una clara distinción entre canales temáticos específicos y universales, los últimos predominan dentro del grupo. Se consideran aquí como específicos a los dos canales dedicados a la infancia de la BBC, los dos dedicados a programación adulta y otros seis entre los que se encuentran tres de UKTV (dedicados a la cocina, la historia y el bricolaje), el canal parlamentario y los dedicados a la educación y la vida comunitaria. Dentro de la oferta temática universal se clasificarían los restantes canales dedicados al entretenimiento juvenil y adolescente en general, los dedicados a la música, los de telecompra y los restantes canales temáticos. 44

http://www.dtg.org.uk/retailer/dtt_channels.html#muxd.

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Si se vincula esta oferta con sus respectivos emisores, pueden establecerse las siguientes relaciones. En primer lugar, de 61 servicios televisivos, 24 canales pertenecen a emisores con obligaciones de servicio público (seis de ellos eran réplica de la versión analógica): BBC1, BBC2, BBC3, BBC4, BBC News 24, BBC Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV, ITV2, ITV3, ITV4, ITV Play, CITV, Channel 4, More4, E4, E4+1, Film4, Five, fiveUS, fiveLife, S4C, S4C2. La mayoría de ellos, de hecho, tenía origen en la BBC y eran financiados a través del canon y, entre ellos, canales como BBC3, BBC4, CBBC y Cbeebies se había creado exclusivamente para su difusión en TDT. En segundo lugar, es importante mencionar que toda esta oferta, más los servicios organizados en los múltiples C y D, conforman la propuesta Freeview. Esta está, por consiguiente, constituida en su gran mayoría por contenidos que pertenecen a sus accionistas. De los restantes, como ya se mencionara, muy pocos tienen origen en agentes realmente independientes (Community channel o Teachers’ TV, por ejemplo), puesto que en su mayoría se encuentran vinculados a operadores pertenecientes a distintos ámbitos de la comunicación (NTL, MTV y Emap, además de BSkyB), algunos de los cuales son también productores audiovisuales (Flextech) y tienen incluso vinculaciones trasnacionales (Disney, QVC). Por último, destacar que algo similar ocurre con la oferta de Top Up TV. No sólo la BBC está relacionada, aunque indirectamente a través de su brazo comercial, con todos los canales UKTV (junto con Flextech), sino que el resto de la oferta está vinculada o bien a importantes grupos británicos o europeos (Eurosport, TF1; Red Hot, RHF Productions; TelevisionX, PEL Ltd; SetantaSports) o directamente a compañías globales (Bloomberg, Bloomber LP; Discovery, Buena Vista International; TCM, Cartoon Network, Boomerang y Toonami, Time Warner). Mas allá de la oferta televisiva, es necesario detenerse en los servicios añadidos que la TDT británica ofrecía durante el periodo aquí relevado, para dar cuenta de lo que en este trabajo se han denominado como servicios de la SI. A grandes rasgos, los detectados pueden clasificarse en cuatro grupos: guías de programas, información adicional brindada sobre los programas disponible a través del “botón rojo” del mando, teletexto digital y servicios relacionados con la accesibilidad. En el caso del servicio de guía de programación avanzada, su versión más refinada es de carácter propietario (4TV, tvtvDIGITAL). En lo que respecta a la información adicional a la programación, pueden mencionarse como ejemplo los servicios brindados por la BBC que incluyen, entre otras, la posibilidad de escoger entre canales de vídeo extra emitidos durante la difusión del canal principal (en su cobertura del torneo Wimbledon 2005 podía elegirse entre diferentes partidos de tenis que eran difundidos en simultáneo). El teletexto digital es posible gracias a que la tecnología ha permitido desarrollarlo mucho más allá del texto y los gráficos básicos, dando lugar a que los nuevos servicios de Teletext (Holidays, Cars, etc.) y BBC (BBCi) estuvieran disponibles como canales digitales por derecho propio. Los mismos incluyen

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opciones de visionado como diferentes tamaños de letras y diseños para facilitar la lectura, e incorporan color, fotografía y gráficos. Adicionalmente, algunos servicios de teletexto incorporaron la posibilidad de continuar mirando un canal televisivo mientras se los consulta a través de un recuadro del tamaño de un cuarto de la pantalla. Más difícil es dar cuenta de aquellos servicios que colaboran con la accesibilidad a la televisión digital terrestre. Los discapacitados auditivos pueden acceder a servicios de subtitulado y lenguaje de señas, y aquellos individuos con problemas de visión cuentan con servicios de audio description45. Si los contenidos televisivos en general están principalmente regulados por el mencionado Broadcasting Code, la accesibilidad está contemplada en el Code on Television Access Services (además de en la Communications Act de 2003). Este código establece los requisitos mínimos para cada uno de estos servicios con los que deben cumplir los emisores con obligaciones de servicio público, que se incrementan de forma progresiva a lo largo de los años. A pesar de que los mismos se cumplan46, los problemas con el servicio de audiodescripción, como denuncia el Royal National Institute of the Blind, son que además de estar disponible en un porcentaje modesto (CMSD, 2006: 53), a finales de 2006 sólo existía en el mercado un STB de TDT capaz de soportarlos (Netgem I-Player AD). Su lanzamiento no se produjo hasta principios de 2004 y su coste estaba muy por encima del precio promedio del resto de los descodificadores (99 libras). Así pues, al igual que ocurre con las EPG avanzadas y los servicios interactivos, también es necesario contar con el equipamiento adecuado para poder disfrutar de los servicios de la SI. Sin embargo, en el caso de la TDT, aunque esta ofrece al igual que otras plataformas de televisión digital servicios enriquecidos como los mencionados, estrictamente hablando, no pueden denominarse interactivos, ya que sólo funcionan en un único sentido. Posibilidades como el vídeo bajo demanda, VOD, disponibles tanto en la televisión por cable como satelital, no lo están en TDT. Ello en gran medida está condicionado por el hecho de que el parque de equipamiento dominante en el mercado británico de TDT sea muy básico y no permita la conmutación. Sólo unos pocos STB están siendo desarrollados para utilizar una línea telefónica (fija o móvil) como canal de retorno, y algunos fabricantes están experimentando con equipamiento que provea acceso a banda ancha a través de una línea ADSL47. 45 El método de audiodescripción utilizado por los emisores de TDT, conocido como receiver mix, supone que el equipamiento de recepción mezcla en el hogar el programa original con un segundo canal de audio que contiene la descripción sonora. Como el sistema provee la opción de escuchar la información de audio adicional con cascos, ello permite que sólo un individuo lo escuche mientras que el resto mira el programa sin audio description. 46 El informe sobre el cumplimiento de estos requisitos se encuentra disponible en http://www.ofcom.org.uk. 47 Tal es la estrategia de BT, que estaría trabajando sobre la incorporación de una conexión de banda ancha al STB de Freeview (WMF, 2005: 44).

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La TDT, por tanto, publicita como interactivos servicios que en realidad tienen un sentido único, y que por ello pueden a lo sumo definirse como enriquecidos (enhanced). En pocas palabras, los servicios de la SI que la TDT británica ofrece de forma gratuita a sus espectadores son en verdad servicios mejorados y en todos los casos vinculados a la oferta televisiva. Todos ellos suministran contenidos adicionales, salvo en el caso de la EPG, que además permite ejercer cierto grado de control editorial. Finalmente, ninguno supone transacciones comerciales (presentes de todas formas a través de los canales de telecompra y apuestas), ni puede definirse realmente como convergente con otro medio o servicio. 3.1.3. Balance de situación La producción y gestión de la oferta de TDT en el Reino Unido está en manos de agentes audiovisuales ya importantes en el sector televisivo terrestre analógico, y es un servicio que presenta un importante grado de integración vertical y centralización. Por una parte, todos los agentes encargados del servicio de gestión de múltiple están directamente vinculados con los operadores audiovisuales que además ya cuentan con una historia previa en el ámbito de la difusión terrestre. Entre ellos, ITV plc y BBC presentan el mayor grado de integración vertical al ejercer un importante papel como productoras y comercializadoras de contenidos, no sólo para sus canales, sino también para alimentar la provisión del resto de los operadores. Ello es posible debido a la existencia de determinadas obligaciones legales y el modelo de broadcaster/publisher (Channel 4 y S4C), dos elementos que también han contribuido a la promoción de un tejido de productoras audiovisuales independientes. La existencia de un servicio básico y gratuito de difusión de información sobre la programación, que todos los gestores de múltiple deben brindar, junto a una presencia minoritaria de servicios con acceso condicionado por el pago y la existencia de varios gestores de múltiple, han impedido de momento que estos gatekeepers den lugar a situaciones graves de abuso de posición dominante. Sin embargo, es posible detectar situaciones de dominio efectivas o potenciales en función de la presencia de casi todos los agentes involucrados en una u otra instancia de gestión del servicio. De hecho, la participación en Freeview de todos los emisores con obligaciones de servicio público, menos Five y Teletext, ha consolidado la posición de dominio de la BBC e ITV plc en el mercado de TDT, mientras que ha reforzado el papel de Channel 4. De operadores audiovisuales, gestores de múltiple y commissioners de contenidos, además de productores en los dos primeros casos, a accionistas de la principal plataforma de TDT y, por lo tanto, empaquetadores de sus contenidos y gestores de su EPG. El poder de Five y Teletext en el mercado de TDT es mucho menor, aunque el segundo tiene el control de casi todos los servicios de teletexto existentes.

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A pesar de que Five esté fuera, al igual que Teletext, de la gestión del múltiple desde el cual emite, y que ello haya derivado en una relación conflictiva con SDN, el operador es parte del único servicio de pago de TDT existente a través de su vinculación con Top Up TV. Este emprendimiento ha tenido que enfrentarse en la fase de su lanzamiento a la presión ejercida por la BBC, a través de Freeview, para que el listado de sus canales de pago no se efectuara de forma consecutiva a los de aquella. Top Up TV presentó por ello una demanda formal ante Ofcom denunciando las presiones de la plataforma gratuita hacia SDN. A través de la asignación del LCN y la obligación de proveer información sobre la programación, los gestores de múltiple tienen participación indirecta en la configuración del servicio de EPG. Si además se considera que dichos gestores son operadores audiovisuales (salvo NGW que, en cambio, opera la red de transporte y difusión de la señal audiovisual), que en los casos de BBC e ITV son productores de contenidos, y que Five además tiene intereses en los servicios de pago, no es difícil imaginar que puedan generarse situaciones de conflicto. Pero si por otra parte también se tiene en cuenta que los gestores de múltiple son sus “dueños” y por tanto deciden en última instancia quién los ocupa, las condiciones económicas por ellos impuestas pueden convertirse en una importante barrera de entrada para los operadores audiovisuales. Así ha quedado demostrado con el último canal digital disponible en Freeview que NGW comenzó ofertando por 5.5 billones de libras anuales y acabó otorgando a Channel 4, a finales de 2005, por casi el doble del dinero luego de una intensa puja con Five48. Si la TDT era una oportunidad para redefinir una arquitectura de red obsoleta, ineficiente en términos espectrales, e injusta para con los servicios regionales y locales de televisión, la preservación en el mundo digital de los espacios ocupados por los emisores de servicio público existentes condujo a la reproducción del statu quo de los operadores audiovisuales y, en parte, a la extensión de su poder (Freeview). Frente a este reparto, escaso margen queda para los servicios de proximidad sobre la plataforma de TDT y más allá del resto de las redes que se encuentran dominadas por la lógica mercantil del abono. Se verifica, por lo tanto, un alto grado de centralización de las emisiones hegemonizadas por el ámbito estatal. Los servicios regionales en el fondo no son tales, mientras que los locales se encuentran en una precaria situación que aguarda aún definición en el futuro entorno “todo digital”. En suma, puede decirse de los agentes audiovisuales implicados en la TDT británica que los operadores audiovisuales son de tipo nacional, tanto públicos como privados, y que en algunos casos poseen una importante implicación con el ámbito de la producción. Ello no ha impedido la conformación de un sector 48 Digital Spy, “Channel 4 wins new ‘Freeview slot’” (20/11/2005). En http://www.digitalspy. co.uk/article/ds26454.html.

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de producción audiovisual relativamente importante que subsiste gracias a la provisión de contenidos que efectúa principalmente a dichos operadores. Éstos, a su vez, se financian principalmente por la vía publicitaria, con dos excepciones. Los servicios públicos de la BBC, que son sustentados con el canon, y las operaciones de Top Up TV que cuentan con el pago directo por parte de sus espectadores (modelo pay TV con algunos ensayos de pay per view). En tanto todos los operadores audiovisuales, a excepción de Five, son gestores de múltiple y forman parte de la plataforma Freeview, son en parte empaquetadores de contenidos, y en la medida en que producen contenidos para el sector audiovisual contribuyen a la progresiva integración vertical entre la plataforma y algunos proveedores y/o empaquetadores (BBC, ITV, BSkyB, Flextech, NTL, Walt Disney). El número de productores y empaquetadores realmente independientes se ve pues reducido. De la misma manera, estos agentes, además de control indirecto sobre los servicios de EPG, tienen incidencia directa sobre los que ofrece la plataforma gratuitamente. Al respecto, junto con el acceso condicionado que controla Top Up TV, el otro único servicio que se sostiene sobre un estándar propietario es el de EPG que ofrecen 4TVInteractive y tvtv Service. La EPG de Teletext, el otro proveedor del servicio, está disponible de manera “abierta” al igual que la de Freeview y los servicios de datos sobre la programación que ofrecen los operadores de múltiple. Respecto de estos, por último, es necesario puntualizar su carácter no sólo público (BBC) y privado (NGW, SDN), sino también mixto, aunque no independiente. Si por una parte, Digital 3&4 es un emprendimiento conjunto de ITV y Channel 4, principales operadores del múltiple que además gestionan, ningún gestor es absolutamente independiente, ya sea de los operadores audiovisuales o del servicio de gestión de la red. Por consiguiente, en la configuración de la oferta de TDT británica los agentes independientes tienen un espacio reducido, ocupado en términos generales por los emisores terrestres ya existentes o empresas ligadas a grandes grupos de la comunicación, muchos de carácter global. Ello condiciona de manera directa una oferta televisiva en la que predominan los servicios en abierto dedicados al entretenimiento, tanto a través de canales generalistas como temáticos. Aunque géneros como el infantil hayan ganado terreno y pueda decirse que la oferta terrestre ha mejorado en términos cuantitativos y cualitativos en su versión digital, lo cierto es que también avanzan a paso firme los contenidos de pago. A pesar de que a nivel comunitario se promoviera un perfil de la TDT asociado a la posibilidad de generar servicios comerciales novedosos, más que a una oportunidad para producir contenidos originales y de calidad, los servicios televisivos predominan sobre los de la SI. Estos se encuentran aún en un estado embrionario, por lo que más que interactivos o convergentes deben ser definidos como enriquecidos. Vinculados principalmente al continuo televisivo, se difunden en abierto y en gran medida están enfocados a mejorar la accesibilidad de los espectadores a la programación. El lento desarrollo del mercado y la ausencia de interoperabilidad entre plataformas no han permitido hacer realidad los discursos tecnologicistas

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más felices ligados a la promoción de infraestructuras y servicios. De la misma manera, distanciándose progresivamente de la tendencia comunitaria al privatismo mercantilista en la promoción del servicio, debe resaltarse que la oferta británica de TDT evolucionó de un modelo liderado por el pago a una experiencia en abierto. Tras el fracaso de OnDigital, el papel jugado por la noción de servicio público en la configuración de la nueva oferta ha pasado a ser central. Y no sólo gracias a la actuación de los entes públicos como la BBC y Channel 4, sino también por las obligaciones impuestas al resto de los emisores. A pesar de lo cual no debe dejar de recordarse que desde el relanzamiento del servicio a través de Freeview el número de servicios comerciales sobre la TDT no ha dejado de aumentar. 3.2. Planificación para una cobertura universal y de perfil fuertemente estatal El Gobierno británico ha decidido ofrecer el servicio universal de televisión mediante la TDT, lo que constituye una motivación más para colocarla en el centro de la transición a la televisión digital. De esta decisión, por tanto, depende no sólo la modalidad elegida para llevar adelante este proceso, sino también la cobertura que se plantea para el servicio. Al análisis de ambas y de los operadores de red que las harán posibles se dedican las siguientes páginas. 3.2.1. El problema de brindar un servicio universal En el Reino Unido las señales televisivas terrestres analógicas son difundidas por una red de 50 estaciones de transmisión y más de 1.100 estaciones repetidoras, que según estableció el Digital Television Project en 2004, permiten que un 95,6% de los hogares puedan recibir una buena señal analógica de BBC1, BBC2, ITV1 y Channel 4/S4C, y un 2,9% más pueda recibirlos en condiciones “marginales” (Five no se incluyó en su análisis porque de hecho no emite a todo el territorio nacional). Es decir, que la televisión terrestre analógica llega al 98,5% de los hogares. No toda la población puede recibir TDT ya que la cobertura sólo alcanza, en promedio, a aproximadamente el 73% de los hogares que reciben los seis múltiples (la cobertura alcanzada por los múltiples 1 y 2 es, de hecho, mayor: 82%). El porcentaje restante de hogares se encuentra en áreas en las que no es posible recibir todos los canales digitales terrestres, puesto que para que ello ocurriera los emisores actuales de TDT deberían emitir con una potencia mayor que alteraría las emisiones analógicas. Para evitarlo, la cobertura no podrá expandirse hasta tanto no comience la transición, aunque todos los hogares paguen mediante su canon los servicios digitales de la BBC, los reciban o no. Por ende, a partir de la consolidación de los servicios de TDT de la BBC existe un motivo más, de perfil político, para llevar adelante el apagón. El problema se planteó con el criterio de disponibilidad establecido por el entonces

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secretario de Cultura, Medios y Deporte, Chris Smith. Como era decisión del Gobierno que el apagón no se efectuara hasta tanto todos aquellos que recibieran en analógico los canales de servicio público pudieran verlos en digital, mediante la plataforma que fuera, la única salida ha sido fomentar una importante adopción de televisión digital antes de iniciar la migración. Sin embargo, el buen ritmo que la penetración de televisión digital en los hogares ha evidenciado hasta ahora se desacelerará. A medida que la década progrese, según Ofcom (2004a: 8), tres razones contribuirán con ello: que algunos hogares no valoran la elección extra que la televisión digital supone, que los servicios de pago no crecerán mucho más, y que muchos hogares que desean recibir la televisión digital pero sin abonarse a un proveedor no se encuentran en el área de cobertura de Freeview y deben esperar hasta el apagón. Partiendo de la estructura existente del mercado de televisión digital a principios de 2004, según Ofcom, la adopción tecnológica del 95% que el Gobierno había fijado como condición para el apagado analógico sería improbable de alcanzar para finales de 2010, ya que según sus estimaciones sólo el 78% de los hogares tendría para esa fecha recepción de televisión digital. Como debido a la alta ocupación espectral no sería posible extender dicha cobertura significativamente sin apagar primero las emisiones analógicas, finalmente se ha decidido que el proceso comience con la penetración y cobertura de televisión digital existente. Así pues, en tanto la implantación de la TDT en el Reino Unido se está llevando adelante a partir de la réplica de la arquitectura de los servicios terrestres analógicos, en junio de 2005 Ofcom anunció que apoyaba la combinación de modo y potencia que fuera necesaria para alcanzar, al final del proceso, al menos la misma porción de hogares en digital que reciben hoy día televisión terrestre analógica (98,5%)49. Este es el motivo por el cual los dos principales modos de transmisión para la TDT están presentes en el Reino Unido: 16 QAM, que permite difundir entre cuatro y cinco canales por múltiple (múltiples 1, B, C y D), y 64 QAM que permite difundir entre seis y ocho (múltiples 2 y A)50. El modo de transmisión de los dos múltiples que opera la BBC será cambiado durante la migración de 16 a 64 QAM, al igual que se espera que lo hagan los dos restantes, con lo que tras el apagón este será el modo en el que se transmitirá el servicio en el Reino Unido. 49 La cobertura de TDT no sólo depende de la potencia y el modo en los que se emita, sino también de otros factores como las interferencias con emisores de países vecinos (sujetas a acuerdos internacionales), el número de transmisores y repetidoras desde los que se difunde la señal y el tipo de frecuencias utilizadas. En el Reino Unido la televisión es transmitida utilizando frecuencias de la banda UHF (470 a 862 MHz), divididas en canales de 8 MHz numerados del 21 al 69 (los canales 1 a 20 pertenecen a frecuencias de la banda VHF). Actualmente en todo el país los múltiples digitales son transmitidos entre los espacios vacantes existentes entre las frecuencias utilizadas en analógico. Por ello, para proteger a estas últimas, las emisiones digitales se han mantenido con una potencia relativamente baja. 50 Según la potencia utilizada, sin embargo, pueden alcanzar menor cobertura que los otros.

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A pesar de que no se ha decidido aún oficialmente qué opción se dará al 1,5% de los hogares que no podrá recibir servicios terrestres llegado el momento del cese de las emisiones analógicas, existe acuerdo en que la principal opción disponible de menor coste para ofrecer servicios universales de televisión es expandir la recepción satelital en abierto. Por ello la BBC planea lanzar en alianza con otros operadores audiovisuales, Freesat, un servicio de estas características que podría recibirse gratuitamente con un descodificador y antena satelital. 3.2.2. El plan de migración El fin de las emisiones analógicas televisivas se ha planteado sobre la base de la conversión a digital de las frecuencias terrestres analógicas, con lo que la TDT se encuentra en el centro de este proceso de transición. En cada región, las tres mejores frecuencias actualmente utilizadas en analógico para brindar BBC1, BBC2, ITV1 y Channel4 se reconvertirán para transportar los tres múltiples digitales con obligaciones de servicio público (múltiples 1 y B, controlados por la BBC, y múltiple 2 controlado por Digital 3&4). Las frecuencias utilizadas por los tres múltiples restantes tendrán una cobertura potencial ligeramente más reducida. El plan de frecuencias final debe ser presentado y se estima que ello ocurrirá cuando se ratifiquen los acuerdos espectrales regionales alcanzados en las Conferencias de Radiocomunicaciones (RCC-06 y WRC-07) y Ofcom tenga convalidados los aspectos internacionales que atañen al mismo51. Se espera que este proceso de reconversión de frecuencias tenga lugar a lo largo de un periodo de cuatro años, entre 2008 y 2012, y se implemente región por región. El proyecto se llevará adelante sobre la base de las regiones ITV por razones relacionadas con la localización de las estaciones transmisoras y sus superposiciones, en vez de en función de las regiones geográficas en las que se divide el país. Ello supondrá que algunas regiones del Reino Unido alcanzarán el apagón varios años antes que otras. En cualquiera de estas regiones, con el fin de permitir que todas las estaciones de emisión se conviertan al igual que todos los hogares que para entonces no cuenten con televisión digital, se propone que la migración se efectúe a lo largo de un periodo de seis meses. Los ciudadanos recibirán la correspondiente notificación al menos dos años antes. El proceso se iniciará con un servicio analógico (BBC2) siendo reemplazado por uno de los múltiples digitales de la BBC que contendrá dicho servicio 51 Según Ofcom (2006j), el Reino Unido consiguió todos sus objetivos al haber alcanzado los acuerdos necesarios en relación con el uso del espectro (principalmente con sus vecinos Francia, Holanda, Bélgica y República de Irlanda, entre otros). En otras palabras, los acuerdos bilaterales e internacionales alcanzados hasta el momento ratifican sus planes de migración, así como su intención de asignar el espectro que se libere tras el apagón bajo criterios principalmente mercantiles.

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más otros canales digitales de servicio público. Este múltiple se difundirá en la región dada con suficiente potencia como para replicar la cobertura de las emisiones analógicas existentes. Gráfico 3. Calendario de migración

Fuente: Ofcom.

El resto de los servicios analógicos continuarán difundiéndose hasta el final del mencionado periodo de seis meses, tras el cual los múltiples digitales de servicio público restantes se trasladarán a su nueva cobertura y las emisiones analógicas remanentes se apagarán. Será entonces cuando los tres múltiples restantes se trasladen también a nuevas frecuencias donde podrán emitir con mayor potencia52. Esta secuencia regional ha sido determinada por tres factores de tipo técnico: la gestión de las interferencias (para minimizar el impacto de una señal ya convertida sobre otra funcionando en analógico), las limitaciones de infraestructura (de modo que la cantidad de estaciones a convertir y el equipamiento a producir por año sea más o menos el mismo), y las negociaciones espectrales internacionales (debido a las interferencias potenciales con países vecinos). Existe también un factor climático que ha influenciado el orden esco52 Para mayores detalles técnicos, consultar la evidencia provista por Digital UK y Ofcom al Culture, Media and Sport Committee (CMSC, 2006b).

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gido, ya que por ejemplo, sólo es posible reemplazar el equipamiento de las torres de transmisión con buen tiempo, por lo cual dicho tipo de trabajo se ha planificado para ser llevado adelante entre los meses de abril y octubre. La escala del proyecto es enorme y los costes relativos a la renovación de la tecnología de difusión se cifran en 500 millones de libras, que en última instancia, absorberán los operadores (WMF, 2005: 37; CMSC, 2006b): unos cinco mil transmisores analógicos en 1.154 sitios deben ser removidos y desechados, tres mil transmisores digitales deben montarse para otorgar cobertura realmente nacional a los emisores con obligaciones de servicio público, muchos de los postes deberán reforzarse, además de que las antenas de transmisión colocadas en ellos deberán renovarse. El gráfico 3 contiene la recomendación final de los planificadores para el orden de migración de las regiones que Digital UK debe implementar, pero que sin embargo, debido a los factores mencionados, puede sufrir alguna modificación53. 3.2.3. La hegemonía del ámbito estatal La arquitectura del servicio así planteada, deudora de su pasado analógico y del carácter nacional de los operadores audiovisuales dominantes, configura espacios/mercados de fuerte corte estatal y, en menor medida, internacional y regional, mientras que relega a una situación absolutamente subsidiaria al plano local en total consonancia con el posicionamiento comunitario respecto del servicio. La cobertura y oferta de la TDT británica, aquí separadas a los fines del análisis, evidencian pues un altísimo grado de centralización al tiempo que una preocupación constante por sus vínculos con el exterior. En lo que respecta a la expansión futura de unos servicios verdaderamente regionales y la aparición de emisiones locales, es importante puntualizar que ello dependerá del apoyo de una clara política pública que los haga posibles. En lo relativo a las conexiones entre el mercado nacional y los ámbitos internacional y global, es preciso destacar que el desarrollo de la TDT británica ha alimentado en su historia audiovisual reciente la preocupación y el debate por dos asuntos diferentes: las exportaciones de programas y las negociaciones espectrales internacionales. El argumento de la necesidad de tomar ventaja de la popularidad del inglés en el mundo, para aumentar las exportaciones de contenidos televisivos, apareció por primera vez a principios de los noventa de la mano de los conservadores. El New Labour haría propia esta visión con singular entusiasmo. De hecho, una vez designado, Chris Smith hizo de las exportaciones de programas uno de los temas más importantes de su agenda de prioridades mientras que el Gobierno alentó las actividades del brazo comercial de la

53 Se ha decidido que el proceso comience por las ciudades de Whitehaven y Cumbria en el otoño de 2007, mientras que la migración en el resto de la región de Border se iniciará en el último trimestre de 2008 (Selkirk) y está previsto que entre en su fase final en el segundo trimestre de 2009.

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BBC, BBC Worldwide, y promovió sus alianzas con compañías como Discovery Channel (Freedman, 2003: 186). Aunque una investigación solicitada en su día por el propio DCMS para cuantificar el porcentaje de mercado del Reino Unido en la exportación de programas desautorizó este optimismo, un informe más reciente, encargado por la BBC, da cuenta de que la situación ha mejorado, sobre todo, con relación al déficit audiovisual con los Estados Unidos (Oliver & Ohlbaum Associates, 2006). Por otra parte y en la medida en que los beneficios del apagón dependerán de la reutilización dada al espectro liberado, si bien las conferencias regionales auspiciadas por la UIT no son en sí mismas un obstáculo para el desarrollo del mercado de televisión digital británico, en tanto allí se consagran los usos internacionalmente permitidos para el espectro a liberar, Ofcom entiende que la defensa de un uso eficiente y flexible del espectro en dichas reuniones es una actividad ineludible para reforzar el modelo británico de transición a la televisión digital. Esta particular visión del espectro, defendida también por la UE, supone que el espacio a liberar pueda utilizarse para difundir diferentes tipos de servicios, sean emisiones adicionales de TDT o servicios destinados a receptores portátiles móviles (posiblemente a ser utilizados en conjunción con otras redes de telecomunicaciones para proveer contenidos a la carta). Su estrategia en torno al uso civil del espectro es por consiguiente clara: permitir que el mercado sea quien decida cuál es su uso más eficiente. En términos prácticos ello supondría, por ejemplo, aumentar el número de excepciones en la obtención de licencias para permitir que se desarrollen nuevos negocios y tecnologías. Ofcom ha adoptado este posicionamiento desregulador respecto de la gestión espectral desde su creación54, y el mismo se caracteriza por reducir su intervención al mínimo y fomentar los mecanismos de mercado para su asignación. Al respecto, apoya lo que se conoce como spectrum trading (que las frecuencias puedan ser compradas y vendidas en el mercado) y spectrum liberalisation (que se remuevan o reduzcan las restricciones innecesarias en su uso). De consolidarse esta tendencia para la gestión del espectro destinado al audiovisual, un buen porcentaje de las frecuencias que el apagón libere podría quedar a merced de las carteras más abultadas. 3.2.4. La propiedad y gestión duopólica de la red de transporte y difusión Desde sus orígenes, la construcción, gestión y propiedad de las redes británicas de transporte y difusión de la señal televisiva terrestre ha estado en manos del Estado a través de diferentes entes públicos. A mediados de los años cincuenta para que ITV pudiera empezar a emitir se decidió que el entonces regulador, la Independent Television Authority (ITA), se hiciera cargo de la nueva red. Por su parte, la BBC controlaba desde su nacimiento sus propias 54 Visible, por ejemplo, a través de la consulta Spectrum Framework Review lanzada en 2004 y su consecutivo Spectrum Framework Review Implementation Plan donde expone su posición sobre la gestión del espectro.

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infraestructuras de difusión. Esta situación se vio alterada a lo largo de los noventa al autorizarse la privatización de estos activos. A principios de la década, la red construida por ITA pasó a manos de National Transcommunications Ltd (NTL), mientras que hacia finales de la misma la de la BBC fue adquirida por Crown Castle UK Limited (CCL). En 2005 y 2004, respectivamente, su propiedad volvió a cambiar de manos ya que NTL fue adquirida por un consorcio de inversores liderado por Macquarie Communications Infrastructure Group (MCG) y renombrada Arqiva, y CCL fue vendida a National Grid Transco que la rebautizó NGW. Como NTL trabajó con el entonces regulador ITC en las primeras pruebas de TDT, oportunamente obtuvo los contratos pertinentes para construir las redes para los múltiples de Digital 3&4 y SDN, mientras que CCL quedó a cargo de difundir la señal digital de la BBC y OnDigital. Pero si CCL obtuvo la gestión de la difusión del doble de múltiples, se determinó que NTL sería responsable por la integración de todo el sistema y la red de ITV, que por sus características, debía ser regionalizada desde el principio. De esta manera se constituyó una red para difundir TDT cuya particularidad, además de estar conformada por sitios de transmisión que son compartidos por los distintos operadores, es que cada uno de ellos a través de sus infraestructuras debe, en mayor o menor medida, difundir también datos de competidores. A pesar de estas precauciones para reducir las posiciones de dominio, lo cierto es que estas fueron favorecidas con el reparto original de la TDT en el Reino Unido. A las situaciones mencionadas de integración vertical y aumento de participación que fueron configurándose en el mercado de TDT (entre operadores audiovisuales, productoras, gestores de múltiple, etc.), debe agregarse la presencia tanto de CCL como de NTL en otras instancias del sector comunicacional británico. Cuando la TDT comenzó a desarrollarse hacia mediados de los noventa, NTL fue adquirida por International Cable Tel, que a su vez, tenía intereses en la televisión por cable. Cuando OnDigital fracasó, CCL pasó a ser parte del nuevo consorcio que se erigió en su lugar, Freeview, obteniendo además la gestión de un múltiple. Aunque a finales de 2006 el posicionamiento de NTL en el mercado audiovisual era diferente, ya que había cambiado de manos (Arqiva), la integración vertical de CCL en el mercado de TDT seguía definiendo a NGW: propietario y gestor de la red de transporte y difusión, gestor de dos múltiples y operador audiovisual (Freeview). En ambos casos, por otra parte, se trata de empresas vinculadas a gigantes financieros trasnacionales cuya característica común es poseer amplios activos en el ámbito de la explotación de redes, ya sea de comunicación, transporte o energía55.

55 National Grid Transco, propietaria de NGW, es una compañía internacional cuyos principales intereses se encuentran en el negocio energético (gas y electricidad) y posee importante presencia en los mercados británico y norteamericano. Macquarie, organización a la que pertenece MCG, es un grupo financiero con origen en Australia que ha extendido su cartera de inversiones a puertos, aeropuertos, redes de comunicación e infraestructuras energéticas.

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Resumiendo, dos empresas controlaban durante el periodo considerado la infraestructura y gestión de la difusión de la señal televisiva terrestre en el Reino Unido, en proceso avanzado de digitalización. Mientas que NGW operaba sobre la antigua red de transmisión de la BBC, y por ello difundía los múltiples 1, B, C y D, Arqiva operaba sobre la red ITV difundiendo los múltiples 2 y A. La posición de dominio de NGW en el mercado de TDT, verticalmente integrada, era por consiguiente mucho mayor que la de su rival. Múltiple 1 2 A B C D

Propietario y gestor de la red de transporte y difusión NGW Arqiva NGW

A pesar de que oportunamente Ofcom detectara la posición significativa de poder que estos agentes poseen sobre algunos de los mercados en los que operan (Ofcom, 2005b), en línea con el posicionamiento y normativa comunitaria al respecto, sólo decidió imponerles las siguientes condiciones y no actuar más que ex post: proveer acceso a su red de forma razonable en términos económicos, transparente y no discriminatoria, además de plasmar estos compromisos de manera concreta en un documento a disposición de sus potenciales clientes. 3.2.5. Balance de situación En síntesis, puede decirse que la cobertura del servicio se ha planteado en términos de universalidad, aunque configurada por una planificación que da prioridad a las emisiones nacionales en desmedro de las regionales y que de momento ha relegado al plano local a una situación subsidiaria e incierta. Esto es así en tanto y en cuanto la arquitectura elegida para la introducción y expansión de la TDT se sustenta en la réplica del modelo analógico terrestre, reproduciendo tanto sus ventajas como desventajas. Si a ello se suma que la planificación del servicio partió de la reutilización de la mayor cantidad posible de infraestructura de difusión analógica para minimizar costes, ello ha conducido principalmente a tres restricciones: distintas coberturas para los múltiples, fortaleza desigual de la señal al interior del área de cobertura y zonas con problemas de interferencia de frecuencias (Analysys, 2005: 37). De ahí que el plan de migración en marcha, estricto, estudiado y consensuado entre todos los implicados, no pudiera plantearse más que en los términos aquí expuestos. Sin embargo, el principal problema emergente de esta configuración es de tipo político. No se encuentra disponible aún para toda la

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población, y ello ocurrirá en algunos casos con varios años de diferencia, un servicio que todos están obligados a sostener mediante el pago del canon correspondiente. En cualquier caso, lo preocupante es que el éxito del apagón depende en exclusiva, en términos de cobertura, de dos agentes privados comerciales que poseen y operan la red terrestre de difusión televisiva. Las perspectivas de excelentes y seguras rentabilidades a corto y largo plazo los convierten en aliados naturales del Gobierno y su plan para acabar con las emisiones televisivas analógicas. Es más bien su posición de dominio lo que puede alterar gravemente el desarrollo de otros actores, sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos, NGW, está implicado en otras instancias de explotación de la TDT y que no se descartaba una posible fusión empresarial. 3.3. Una demanda en crecimiento, definida en función de su consumo y acceso La demanda que oferta y cobertura configuran se cristaliza en una penetración y tipo de espectador determinados que se retratan a continuación. Ambos están indisolublemente ligados y se ven afectados no sólo por las decisiones gubernamentales sino también por la oferta de contenidos, servicios y equipamiento, y los costes que estos suponen. A su análisis, así como al de las actitudes que esta situación favorece, se dedica este apartado. 3.3.1. El aumento exponencial de la penetración y el perfil del espectador La penetración no sólo de Freeview sino de la TDT en general no ha dejado de crecer en el Reino Unido. Por ello, a pesar de que Sky sea la plataforma de televisión digital más grande del país, pertenecen a la TDT la mayoría de los nuevos hogares convertidos a la recepción digital. El crecimiento de la TDT desde 2003 ha superado al de cualquier otra plataforma de televisión digital y es un servicio que recibía, a finales de 2006, el 39,4% de los hogares digitales (Ofcom, 2007). Durante el último trimestre de 2006 se vendieron alrededor de 2.4 millones de unidades de productos para recibir TDT, entre descodificadores y televisores digitales integrados. Se estima que el número total de unidades TDT en el mercado alcanzaba entonces casi los 17 millones, aunque se verifica un aumento del porcentaje de adquisiciones destinadas a actualizar segundos televisores, y que el número de hogares utilizando equipamiento de TDT rondaba los 10.6 millones (Ofcom, 2007)56. 56 Para calcular tal cifra, Ofcom ha deducido del número total de unidades TDT en el mercado a aquellas que han sido adquiridas para digitalizar segundos y terceros televisores (aproximadamente unos 3.2 millones), los descodificadores que se encuentran inactivos (por nunca haber sido instalados, haber sido reemplazados o tener problemas de recepción; poco más de un millón), y los heredados de OnDigital (250 mil, de los cuales, se cree que 130 mil posibilitan la única plataforma digital de los hogares que los poseen).

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Tabla 9. Porcentajes de penetración de televisión digital y de participación de mercado por plataforma 2005 Q2

2005 Q3

2005 Q4

2006 Q1

2006 Q2

2006 Q3

2006 Q4

Adopción digital (% hogares) Cable digital

10,4%

10,6%

10,8%

11,1%

11,3%

11,6%

11,9%

Satélite digital

31,7%

32,1%

32,8%

33,1%

33,4%

33,9%

34,7%

TDT

20,8%

23,1%

25,7%

25,3%

25,3%

27,7%

30,4%

ADSL

0,08%

0,15%

0,16%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Total digital

63,0%

65,9%

69,4%

69,7%

70,2%

73,3%

77,2%

Cable analógico

2,8%

2,6%

2,4%

2,1%

1,8%

1,6%

1,4%

Total TV multicanal

65,8%

68,5%

71,8%

71,8%

72,0%

74,8%

78,6%

Cable

16,6%

16,2%

15,6%

15,9%

16,0%

15,8%

15,4%

Satélite digital

50,4%

49,0%

47,3%

47,5%

47,6%

46,2%

45,0%

ADSL

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

TDT

32,9%

34,5%

36,9%

36,4%

36,1%

37,8%

39,4%

Cable

5,3%

0,0%

2,0%

6,2%

0,0%

3,0%

4,3%

Satélite digital

48,1%

17,2%

22,6%

84,3%

87,7%

17,0%

22,9%

TDT

46,7%

79,7%

75,2%

0,0%

12,3%

80,0%

73,1%

ADSL

0,0%

3,1%

0,2%

9,5%

0,0%

0,0%

0,0%

Porcentaje de mercado de televisión digital

Porcentaje de adiciones netas

Q: trimestre

Fuente: Ofcom.

Tabla 10, Hogares y equipamiento TDT (estimaciones en millones) Hogares y equipamiento TDT Nº total televisores preparados TDT Nº total hogares utilizando equipamiento TDT Nº hogares donde la TDT es la única plataforma Q: trimestre

Q1 2006

Q2 2006

Q3 2006

Q4 2006

11,3

12,7

13,5

15,3

8,3

8,6

9,3

10,6

6,4

6,4

7,0

7,7 Fuente: Ofcom.

La adopción de televisión digital varía de región a región y entre grupos demográficos. Mientras que Irlanda del Norte presenta las cifras más bajas de penetración, lo opuesto ocurre con Gales. Por su parte, los jóvenes y aquellas familias con niños en su seno tienen mayor tendencia a contratar servicios de televisión multicanal. En el caso concreto de la TDT, sus espectadores tienden

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a ser mayores que los abonados al cable y al satélite, incluyen una importante proporción de sujetos pertenecientes a la categoría socioeconómica AB, y presentan una tendencia mayor a tener niños en el hogar que aquellos espectadores terrestres analógicos, pero menor que la de los abonados al cable o al satélite. Según Shulzycki (2003), el 75% de los espectadores de Freeview está por encima de los 35 años y el 40% por encima de los 55, el 80% del tiempo de visionado se dedica aún a los cinco canales hertzianos analógicos existentes, además de que el principal motivo de atracción hacia el servicio se encontraría en el hecho de que el mismo no supone más que un desembolso inicial y ningún tipo de contrato. Finalmente, a riesgo de señalar una obviedad y aunque no existan datos al respecto, es importante no perder de vista que debido a la configuración expuesta que presenta la oferta, el perfil del espectador de la TDT engloba audiencias nacionales que sólo pueden por momentos definirse geográficamente como regionales. Estos datos positivos parecerían ilustrar que el Gobierno finalmente está alcanzando aquellos objetivos primeros que se habían establecido en los orígenes del servicio (Hibberd, 2004): dar lugar a una plataforma rival para Sky y a un servicio que en buena medida atrajera a los escépticos del digital con una oferta de canales nuevos en abierto. Sin embargo, ello debe relativizarse en función de la presencia de Murdoch en Freeview y el avance de la oferta de pago en la TDT. 3.3.2. El gran negocio del equipamiento para la recepción Tanto para que la cobertura alcanzada tenga sentido, como para que la penetración sea posible, es necesario el trabajo de agentes no audiovisuales vinculados con la producción, venta y colocación de equipamiento, cuya configuración repercute en las posibilidades de conformación y satisfacción de la demanda. El análisis de cada uno ellos y sus principales productos/servicios se encara a continuación, luego de hacer referencia a en qué medida el ámbito comunitario ejerce influencia sobre el sector. Ello ocurre fundamentalmente a través de la falta de normas y estándares de obligado cumplimiento posibilitada por la UE a través de la Directiva conocida como R&TTE (99/5/CE)57 y el apoyo a las decisiones del DVB. Si por una parte este posicionamiento ha contribuido con la desregulación definitiva del sector, por otra, no ha conducido a grandes acuerdos de interoperabilidad que permitan superar las actuales economías de escala.

57 Implementada en abril de 2000, desde entonces ha supuesto para la industria de fabricación de equipamiento un entorno más desregulado. La implicación de las autoridades en la autorización de los productos ya no es necesaria en la mayoría de los casos, ya que el fabricante es responsable de que su producto responda a una serie de requisitos esenciales, así como de informar a los usuarios de sus funcionalidades.

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Lo que a su vez ha conducido a que los grandes fabricantes de electrónica de consumo masivo se encuentren inmersos en una batalla por acaparar la mayor porción posible de mercado con sus desarrollos propietarios. Los comerciantes e instaladores no relacionados con ellos se ven obligados a aceptar esta situación y a tener que elegir, en muchos casos, entre la representación de unos u otros. A pesar de que el Reino Unido tenga ya una alta penetración de televisión digital, se estima que de los 61 millones de televisores del país casi el 60% no se ha convertido y que menos de un cuarto de los hogares han actualizado todo su equipamiento de recepción, aunque esta última cifra ha mejorado durante 2005 descendiendo el número de televisores analógicos en uso a 36 millones en diciembre del mencionado año (Ofcom, 2006c: 10). Estos datos dan una idea de la magnitud de la escala de producción, venta y distribución de equipamiento que será necesaria para alcanzar el apagón. Los agentes de producción en ello implicados, por tanto, tienen ante sí un gigantesco negocio que ya ha comenzado a materializarse a través de una migración voluntaria, que, llegado el momento, será obligatoria para todo aquel que pretenda seguir mirando televisión. Según Opta (2004: 24), el sector del comercio minorista aumentará sus ingresos por la migración a la televisión digital en 2,4 billones de libras a lo largo del proceso, los fabricantes de equipamiento en general lo harán en aproximadamente un billón, mientras que los de antenas, en particular, recibirán ingresos adicionales por 21,6 millones. Si además se considera que el mercado británico de la electrónica de consumo masivo acapara aproximadamente un cuarto de las ventas de la Comunidad Europea (Binks, 2006), las perspectivas de negocio mejoran todavía más. Sin embargo, también hay riesgos. Un promedio de tres conversiones digitales por hogar (dos televisores y una videograbadora), supone que unas 60 millones de unidades deberán ser provistas a lo largo de los próximos años. Dada la capacidad de producción del sector (anualmente se venden unos 11,5 millones de unidades para la recepción de televisión –STB incluidos–), de no lograrse una demanda estable, debería eventualmente hacerse frente a periodos de escasez en la oferta y a una posible “estampida final” por parte de los consumidores (CMSC, 2006a: 40, 89). La industria de electrónica de consumo masivo No existen en el Reino Unido empresas pequeñas o medianas implicadas en la fabricación de televisores, pantallas o grabadoras, en consonancia con las economías de escala que rigen el sector. Por el contrario, nos encontramos frente a compañías de gran talla y perfil trasnacional como JVC, Humax, Daewoo, Panasonic, Sony, Orion, Thomson, Toshiba y Sanyo. La producción de televisores en el Reino Unido es de aproximadamente 2.5 millones de unidades anuales dominadas por el modelo de tubo de rayos catódicos, que en más de un 75% tiene como destino final el mercado local (Opta, 2004: 40). Como la producción de descodificadores y videograbadoras es considerada más bien en términos de commodity, sus fabricantes son

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influenciados por la proximidad del mercado y los costes de producción, lo que hace que en el Reino Unido este segmento se dedique principal y usualmente al ensamblado final. La industria de la fabricación de electrónica de consumo se ha ubicado principalmente en áreas que en el pasado fueron destinatarias de una política económica de fomento, manifestando por ello el sur de Gales una importante concentración. Pero en tanto se trata de empresas que son parte de multinacionales que toman decisiones globales, ello colocaría a estas inversiones en una posición incierta si el país dejara de ser uno de los líderes en la introducción de la televisión digital. El equipamiento disponible para convertir la recepción televisiva a la señal digital terrestre está en buena medida dominado por la tecnología del descodificador o STB. Su precio más asequible, en comparación a la opción de los televisores con el descodificador digital integrado, hace que dominen el mercado. Sólo el 27% de todos los televisores vendidos en el Reino Unido en agosto de 2005 respondían a esta clasificación de equipamiento que, además, sólo descodifica la señal digital terrestre. Es evidente que la mayoría los consumidores que continúan comprando televisores no estarán preparados para el apagón si no adquieren equipamiento adicional. En el caso de Top Up TV, además, para quien no posea uno de los antiguos STB de OnDigital es necesario contar con un descodificador que posea la ranura adecuada que permita insertar la tarjeta que desencripta la señal, o con un iDTV que tenga ya incorporada esta funcionalidad llamada Condicional Access Module (CAM). Los STB ofrecidos en el mercado varían enormemente en precio y prestaciones, no siendo el más barato necesariamente el más fácil de utilizar58. Mientras que los más asequibles, los zappers, pueden ser adecuados para determinados espectadores, tienen escasas funcionalidades y, por tanto, pueden ser más complicados de utilizar para llevar adelante determinadas tareas. Además, probablemente, serán menos eficientes energéticamente (Scientific Generics, 2005), lo que acaba por convertirlos en opciones más caras en términos medioambientales. Como ya se mencionara, por ejemplo, sólo un modelo soporta audio description y a finales de 2006 sólo había un receptor de TDT que ofreciera canal de retorno a través de la línea telefónica (el modelo también incorpora un navegador para acceder a Internet). La progresión de las ventas de STBs para la recepción de TDT en abierto demuestra que las mismas han aumentado en la medida en que su precio ha decrecido. El monto promedio pagado por uno de ellos en 2006 era de 40 libras (menos de la mitad que en 2003). Si todavía casi la mitad de la actividad de visionado televisivo continúa realizándose a través de señales analógicas (Ofcom, 2006c), ello se debe también a la existencia de un parque todavía importante de televisores analógicos en 58 Es posible acceder a un listado de los STB disponibles más populares en http://www.dttboxes.co.uk/receivers/index.html y a una comparativa de precios en www.idtv.co.uk

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circulación. Por ello, aún aquellos hogares convertidos podrían verse afectados por el apagón, en tanto y en cuanto son numerosos los que aún poseen segundos y terceros televisores que no han sido actualizados. Por consiguiente, para poder continuar utilizándolos una vez que hayan cesado las emisiones analógicas, deberán migrar. O bien, mediante una suscripción adicional a los servicios de pago que reciban, o bien mediante la adquisición de un STB para dicho televisor59. Finalmente, en lo relativo al equipamiento destinado a la grabación, todo aquel que pueda recibir la señal terrestre digital en principio puede grabarla. Sin embargo, como las grabadoras de vídeo (VCRs) tienen su propio descodificador de televisión analógica, a menos que cuenten con otro para descodificar la señal digital (para lo cual debe ser reconvertido como el televisor), no es posible mirar un canal digital mientras se graba otro. La otra alternativa a adaptar la VCR es invertir en nuevo equipamiento digital para grabar: PVR o grabadoras de DVD. De momento, aunque existen opciones más asequibles como adaptadores de bajo coste para VCR y VCR con descodificador digital incorporado, la adquisición de un PVR evita tener un STB separado para convertir la televisión. Así pues, mientras que un VCR adaptado grabará la televisión digital en formato analógico, la ventaja del PVR es que grabará en digital60. El problema de la mayoría de las grabadoras de DVD que se encuentran en el mercado es que no tienen receptores de TDT integrados, por lo que tampoco permiten grabar un canal mientras se mira otro. Esta modalidad empieza recién ahora a popularizarse y puede conseguirse en el mercado por aproximadamente 250 libras61. Las ventas de VCR han caído en un 66% a lo largo de los dos últimos años (a pesar de lo cual existen todavía aproximadamente 34 millones de unidades en uso), lo cual, junto con las importantes ventas de PVR y grabadoras de DVD efectuadas para finales de 2005 (1,4 y 2,3 millones respectivamente), ha contribuido a que por primera vez su venta conjunta supere la de los VCR (Ofcom, 2006c). Los fabricantes y colocadores de antenas Los hogares británicos compran al año aproximadamente entre uno y dos millones de antenas para reemplazar unidades defectuosas, hacer instalaciones en nuevas edificaciones o modernizar la recepción para recibir señales digitales (Opta, 2004). Según Ofcom (2004a), para la recepción de la TDT actual 59 Existen algunos modelos que poseen múltiples receptores que pueden alimentar más de un televisor y permitir mirar diferentes canales de forma simultánea en distintos televisores. 60 Otras funcionalidades incluyen: fácil programación, posibilidad de grabar un programa mientras se visiona otro, copia de información grabada a otros soportes para su almacenaje, índice digital (fin de las funciones forward y rewind) y posibilidad de pausar programas en directo (mediante la grabación de las partes emitidas luego de la pausa). 61 Es posible acceder a un listado de los PVR disponibles en http://www.dttboxes.co.uk/pvrs/ index.html, a uno de iDTVs en http://www.dttboxes.co.uk/idtvs/index.html, y a otro de VCR y grabadoras de DVD que incluyen descodificadores de TDT en http://www.dttboxes.co.uk/dvdrvcr/ index.html. Comparativa de precios en www.idtv.co.uk

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que se está emitiendo en baja potencia, 34% de los hogares necesitará actualizar su antena para recibir una señal confiable, e incluso luego del apagón muchas tendrán que ser ajustadas o reemplazadas (aproximadamente un 10%; CMSC, 2006: 44). Se estima que como resultado de la migración entre 2,4 y 3,5 millones de nuevas antenas serán demandadas (DTI/DCMS, 2005c). Una de las particularidades del caso británico es que el uso de antenas portátiles en el interior de los hogares sigue siendo relativamente frecuente. Mientras que un 4% de los principales televisores del hogar dependen de ella, otro tanto ocurre con aproximadamente el 26% de las segundas y terceras unidades, por lo que se calcula que aproximadamente el 50% de este tipo de antenas deberán cambiarse tras el apagón (Scientific Generics, 2005). Esta necesidad de actualización también se registra en el caso de las antenas comunitarias que sirven varios hogares y televisores en un mismo edificio o incluso varios. De hecho, aproximadamente cinco millones de hogares se encuentran dentro de casas de alquiler de ocupación múltiple (DTP, 2004: 25). Si por una parte el inquilino no puede migrar sin que el propietario actualice la antena correspondiente, el otro elemento a tener en cuenta en algunas de estas instalaciones es que se encuentran en ámbitos no-domésticos como residencias de enfermos, escuelas, hoteles, organismos gubernamentales, etc. Por ello, DCMS ha publicado a mediados de 2005, con la colaboración de diversas organizaciones del sector, una guía práctica para encarar la renovación de sus infraestructuras62. Mientras que casi todos los pubs han reformado sus instalaciones, se desconoce el número de establecimientos sanitarios y hoteleros que también lo han hecho, aunque dentro de este último grupo se cree que aquellos que representan el mayor número de habitaciones se han modernizado (DTI/DCMS, 2005c). El sector de la fabricación de antenas se encuentra altamente fragmentado, con entre 30 y 40 empresas en el país que satisfacen aproximadamente la mitad de la demanda local. El resto se importa de países como España e Italia y, de forma creciente, Europa del Este (Opta, 2004). La industria de las antenas está parcialmente protegida de las importaciones, en especial los productos de menor calidad, y como el coste de transporte es un elemento central en la ecuación de los diseños más baratos, estos productos pueden encontrarse en el mercado mayorista a 2/3 libras la unidad. La producción nacional, sin embargo, pierde terreno en el campo de las antenas de mayor calidad, incluidas las aptas para recibir señales digitales. Como en la ecuación de su fabricación los costes de transporte no son determinantes, estos productos pueden encontrarse a precios mayoristas de entre 9 y 15 libras la unidad. De ahí que se estime que los fabricantes británicos tengan una mayor porción del mercado de los productos de menor calidad y que por ello, frente al apagón, perderán el terreno que ganarán las antenas 62 Good Practice Briefing on Digital Switchover for the Housing Sector. Disponible en http://www.digitaltelevision.gov.uk/pdf_documents/publications/digital_switchover_goodpractice.p df (abril, 2006).

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importadas con más prestaciones. Ello podría repercutir en un aumento de las importaciones del 50 al 70%63. El sector de la instalación es muchísimo más grande y cuenta con gran cantidad de pequeños y medianos emprendimientos, muchos unipersonales o familiares, que suelen cobrar por una instalación hogareña unas 140 libras en promedio. Se cree que existen entre 2.500 y 3.500 agentes en el sector que emplean aproximadamente entre siete y ocho mil instaladores (DTI/DCMS, 2005c). La comercialización La comercialización de equipamiento televisivo digital está concentrada en unos pocos agentes nacionales que poseen importantes y aceitadas cadenas de distribución y numerosos puntos de venta: Boxclever, Comet, Currys, Dixons, John Lewis Department Store, Miller Bros, Sat Europa Direct, SDS y Sony Centre. En casos como el de Sony, incluso, la comercialización de sus productos es parte de una estrategia global de negocio que se inicia en sus laboratorios y acaba en las tiendas. En tanto se estima que los comerciantes independientes acaparan aproximadamente el 25% de las ventas de equipamiento (Opta, 2004), puede afirmarse que los agentes nacionales poseen el porcentaje restante de porción de mercado. La mitad de los comerciantes independientes, unos 23 mil, se encuentran asociados en RETRA y poseen pequeños negocios conformados por una o un número reducido de tiendas. Muchos de ellos obtienen una parte importante de sus ingresos del alquiler de equipos, y frente al apagón tendrán la oportunidad de ofrecer también servicios de instalación a sus clientes. Una investigación de Generics Group (2004b) sugiere que aproximadamente el 5% de los hogares demandarán tal servicio, de los cuales, más del 50% lo contratarán al comerciante o a través de él64. La instancia de la comercialización es una pieza clave en la cadena de distribución de equipamiento, ya que al encontrarse en el último eslabón, no sólo es responsable como los fabricantes de minimizar el impacto de la discontinuidad que se producirá en el mercado, sino que también es central a la hora de informar correctamente a los consumidores. Al respecto es necesario mencionar, en primer lugar, que según la información recogida por Opta (2004), los fabricantes de equipamiento están presionando a los comerciantes independientes a efectuar sus pedidos a través de buying groups. Todo aquel agente que no alcance determinados indicadores queda excluido de la negociación directa y debe efectuar sus compras mediante 63 Un listado con las antenas avaladas por la asociación que nuclea al sector, la Confederation of Aerial Industries (CAI), se encuentra disponible en http://www.dtg.org.uk/retailer/benchmarking. html 64 Una lista bastante exhaustiva de comerciantes, independientes y nacionales, se encuentra disponible en http://www.dtg.org.uk/consumer/retailers.html.

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grupos/centrales de compra, como ser Combined Independent Holdings, que permiten a los fabricantes una mejor planificación de su producción a escala. En segundo lugar, es importante destacar que gracias a la generalizada adopción que el digital tick logo ha tenido en el Reino Unido y la existencia del DVB mark, que identifica a la mayoría de los iDTVs, los compradores pueden tener la relativa tranquilidad de estar adquiriendo el equipamiento adecuado para convertir su hogar a la televisión digital.

Digital Video Broadcasting mark

Digital tick logo

3.3.3. Los costes y ayudas para la digitalización y las actitudes hacia la migración La configuración reseñada de fabricantes, vendedores e instaladores de equipamiento determina en gran medida los costes que los espectadores deben asumir para poder recibir televisión digital terrestre y, en función de ello, parte de su actitud para con el proceso. Tabla 11. Coste típico del equipamiento necesario para recibir TDT (2006) Equipamiento

Coste (en £)

Descodificador TDT

40

Incremento del coste de iDTV

100

Grabadora digital

107

Nueva instalación de antena exterior

125

Nueva alimentación para ante na exterior existente

50

Nueva antena portátil de interior

20 Fuente: elaboración propia y Scientific Generics.

A las cifras que ofrece esta tabla debe agregarse el gasto adicional energético que el equipamiento digital implicará. El mismo alcanzará su pico en 2012, aunque luego decrecerá a medida que los STB antiguos sean reemplazados por unidades de menor consumo. Según Scientific Generics (2005), al coste estimado de 132 libras que un hogar promedio deberá enfrentar para adecuar su equipamiento65, debe sumarse que consumirá el equivalente aproximado a dejar encendida una bombilla de 60 watts entre una hora y media y 65

Compuesto por dos televisores y una videograbadora.

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seis horas y media al día. El coste total anual para el hogar de este uso energético adicional ascendería a entre 2 y 8 libras. Aunque no existe información específica respecto de las actitudes de la población para con la TDT, sí la hay en relación con la televisión digital y el apagón en general. DTI solicitó en su día a la consultora Generics Group un análisis comprensivo sobre la actitud de la población, que dio lugar a la publicación de Attitudes to Digital Television y Attitudes to Digital Switchover (Generics Group, 2004a y 2004b). Estos informes permiten afirmar, en primer lugar, que la visión de la población respecto de la transición se ha constituido de forma separada a la de la televisión digital. Y en segundo lugar, que las actitudes de la población respecto de la televisión digital no se basan sólo en cuestiones de tipo práctico, como su coste y complejidad, sino también en preocupaciones más fundamentales como la calidad y el tipo de contenido ofrecido. Lo interesante es que se pudo constatar que para 2010, apagón mediante o no, el 70% de los hogares tenía intención de convertirse a la televisión digital, cifra que ascendía a 95% frente al escenario del fin de las emisiones analógicas. El 5% restante descartó absolutamente su migración. Análisis más recientes de Ofcom (2006e y 2006g) señalan que el 88% de la población encuestada tiene o tendrá, llegado el momento del apagón, al menos un televisor convertido, aunque un 9% desconoce que hará al respecto y un 3% declara que no migrará. Dentro de las razones más citadas se encuentran una escasa importancia asignada a la televisión y los costes implicados en el proceso66. Sin embargo, para muchos consumidores la complejidad que supone la televisión digital puede ser incluso más problemática que dichos costes. Un análisis de Generics Group sobre su uso y accesibilidad (2003) permitió establecer en 2003 que aproximadamente dos millones de personas serían incapaces de usar los actuales descodificadores para el simple ejercicio cotidiano de ver televisión, y que otras 700 mil serían incapaces de utilizar el teletexto digital y los servicios interactivos, en especial, aquellos por encima de los 75 años. De hecho, casi el 50% de los individuos pertenecientes a este grupo y el 15% del total de la población tendrían problemas en comprar, instalar y utilizar un descodificador de TDT sin ayuda. Otros informes en el mismo sentido67, sumados a las demandas de las asociaciones representantes de estos colectivos y las pruebas piloto efectuadas 66 Para profundizar en este aspecto, las prioridades de los espectadores frente al apagón y sus actitudes frente a los servicios de comunicaciones electrónicas, consultar los documentos Digital Switchover: an audit of viewers' priorities y Communications Market: Special Report - Consumer Engagement with Digital Communications Services, publicados por Ofcom en 2006. 67 El Digital Television Consumer Group elaboró un informe en octubre de 2004 sobre temas relativos a los consumidores y la televisión digital y su migración (acceso al texto en http://www.digitaltelevision.gov.uk/publications/pub_consumer_expert.html); mientras que la Secretaria de Cultura, Medios y Deporte había solicitado al panel de consumidores de Ofcom que examinara cómo el interés de los consumidores más vulnerables podía protegerse durante la migración (acceso al informe de noviembre de 2004 en http://www.ofcomconsumerpanel.org.uk/dso/dsoreport.pdf).

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en 2003 y 2004/05, que han aportado valiosa información sobre los problemas que los ciudadanos enfrentan a la hora de migrar a los servicios digitales de televisión68, condujeron a que el Gobierno haya decidido poner en marcha un esquema de ayuda para los consumidores más vulnerables cuyo coste final podría ubicarse entre los 400 y 800 millones de libras. Tanto el comité que funcionó en la Cámara de los Lores para debatir el futuro de la BBC, como el dedicado al apagón que tuvo lugar en la de los Comunes (CMSC, 2006a y 2006b), han recomendado que sea el Tesoro quien sufrague dicho importe. DCMS, sin embargo, se ha empeñado en que sea la BBC quien lo financie, pero no gestione, con dinero proveniente del canon. El programa será destinado gratuitamente, o mediante el pago de una suma simbólica, a hogares con al menos una persona por encima de los 75 años o con alguna discapacidad significativa. La identificación de lo que se estima son entre cinco y seis millones de personas se realizará con la colaboración de los servicios sociales y las charities correspondientes, que sin embargo, han criticado el alcance de la definición de “vulnerable” (CMSC, 2006a: 29-30). Según las conclusiones del Ofcom Consumer Panel (2004), esta caracterización debería haberse guiado por el criterio de aislamiento social, que además de estar vinculado a la edad y los diversos tipos de discapacidad, permite incluir a aquellos individuos con una baja alfabetización en inglés. A aquellos que cumplan con los requisitos se les proveerá el equipamiento necesario para convertir un televisor junto con la ayuda práctica necesaria para ello. El resto de los ciudadanos que quieran o necesiten ayuda, por ejemplo, los más pobres, quedan fuera de este esquema y sólo contarán con los mecanismos generales disponibles establecidos por Digital UK mediante un programa regional de ayuda que coordinará ayuntamientos, trabajadores sociales, grupos comunitarios, asociaciones y voluntarios. Recordemos que los discapacitados auditivos pueden acceder a servicios de subtitulado y lenguaje de señas en la TDT, y que aquellos individuos con problemas de visión pueden acceder a servicios de audio description, siempre y cuando cuenten con el descodificador adecuado. En este sentido, puede decirse que existe un esfuerzo por promover la inclusión de ancianos y discapacitados a través de la accesibilidad, aunque el hecho de que sólo estén reguladas las mejoras relacionadas con los contenidos, mientras que las que afectan al equipamiento descansan en acuerdos voluntarios, presagia un lento y largo camino. 68 El primer proyecto, Go Digital, estudió la conversión de aproximadamente 300 hogares a la señal de televisión digital en las áreas de Sutton Coldfield, Litchfield y Tamworth. La segunda prueba, Digital Switchover Technical Trial, se llevó adelante en los pueblos de Llansteffan y Ferryside donde la señal analógica se apagó el 30 de marzo de 2005 (más información en http://www.digitaltelevision.gov.uk/technical_trials/ttrials_home.html). A ello debe sumarse el proyecto que DCMS y BBC desarrollaron a partir de octubre 2005, Bolton Digital TV Project, para testar los mecanismos de ayuda para los mayores de 75 años durante la transición a la televisión digital en el área de Hulton Ward, en Bolton, Lancashire (resultados en Report of the Bolton Digital Televisión Trial - May 2006).

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El último informe disponible de Ofcom (2006d) relativo a la practicidad del uso del equipamiento doméstico de televisión digital en general, pone de manifiesto que muchas mejoras son aún necesarias en su diseño así como en las instrucciones de instalación y actualización que lo acompañan. Pero en el plano nacional, al igual que ocurre en el ámbito comunitario, las declaraciones autorregulatorias se imponen a la acción. 3.3.4. Escasa participación y comunicación centralizada Cada hogar británico recibirá con dos años de antelación la información relativa al apagón de la televisión terrestre analógica en la región ITV en la que se encuentre. Para ello se ha puesto en marcha, en mayo de 2006, una campaña informativa general en todo el país que será más intensa en aquella región que se encuentre atravesando por el proceso de migración69. Entre las medidas que se están llevando adelante, centralizadas todas ellas en Digital UK, pueden mencionarse la creación de la mascota Digit Al, una línea de atención telefónica70, el ofrecimiento de información por la vía postal y a través de Internet y la posibilidad de solicitar la colaboración de un servicio técnico al hogar. Esta campaña de comunicación que Digital UK lleva adelante respecto del apagón71 y el etiquetado claro del equipamiento a la venta, a través de la creación y promoción del digital tick logo, son las dos formas de apoyo y consejo a la ciudadanía que el Gobierno ha decidido promover, en tanto y en cuanto la ayuda material concreta sólo se ha reservado a los colectivos mencionados. Condicionado el alcance de estas acciones, en gran medida, por la normativa comunitaria vigente, las mismas deben ser tecnológicamente neutrales y por ello apelar a la transición en general y no a la promoción de la TDT en particular. Aunque que lo primero ocurra, depende fundamentalmente del éxito de la segunda. La cuestión, sin embargo, es que todas las plataformas de televisión digital se van a beneficiar de unas medidas que, en el caso de la campaña de comunicación y el esquema de ayuda previsto para los grupos más vulnerables, son posibles gracias al esfuerzo de los actores más directamente implicados en la TDT. Operadores de múltiple y emisores son quienes soportan los costes operativos de Digital UK. La BBC, más concretamente, o el dinero de los ciudadanos, en otras palabras, financiará la comunicación de la transición cifrada en 200 millones de libras y los subsidios que se otorguen a la demanda “vulnerable”. En este contexto, la participación ciudadana, allí donde se verifica, se encuentra sumamente dispersa y fragmentada. La misma se reduce a la intervención 69 La campaña para el apagón, que durará siete años, se ha iniciado con su lanzamiento en Border, la primera región en migrar. Más detalles en Ofcom (2006g). 70 La atención semi-automatizada y la información de tipo general que por medio de esta línea se brinda, así como el hecho de que no sea gratuita, ha sido duramente criticado por el tercer sector (CMSC, 2006b). 71 Para conocer detalles del impacto que tanto el logo como la campaña están alcanzando, consultar los reportes periódicos publicados por Ofcom bajo el título Switchover Progress Report.

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de aquellas asociaciones de colectivos específicos72 en los debates abiertos por Ofcom y el Gobierno y casi siempre a través del mecanismo de la consulta pública. Aunque debe mencionarse la existencia del Ofcom Consumer Panel, su influencia real es limitada. Esta división, independiente del ente regulador, fue creada por la Communciations Act de 2003 para ser la voz de los consumidores, que no ciudadanos, al interior del organismo73. 3.3.5. Balance de situación La gratuidad de una oferta digital compuesta por una serie de contenidos relativamente novedosos, a la que se suma un único desembolso inicial como principal coste de adquisición, parece ser la principal causa del crecimiento constante que registra la adopción de la TDT desde el relanzamiento del servicio. Ello no impide que los principales problemas a los que se enfrenta el espectador sean tanto el mencionado coste (sobre todo cuando se trata de renovar antena y videograbadora, además de adquirir un descodificador), como la accesibilidad que el equipamiento le plantea. En ambos casos, ello está más condicionado por la actuación de una concentrada y globalizada industria de fabricación de electrónica de consumo que por las directrices del Gobierno, enmarcadas en la política de laissez faire de la UE. Para que el ciudadano haga frente a estas dificultades, sobre todo en sus segmentos más vulnerables, sólo dos mecanismos se han puesto en marcha. Tecnológicamente neutrales y respetuosos de las reglas comunitarias que rigen las ayudas estatales para que estas no interfieran con la libre competencia, la acción informativa de Digital UK y el programa de ayuda a determinados colectivos se erigen como únicas alternativas. Esta escasez de opciones está íntimamente relacionada con el hecho de que el espectador sea interpelado escasamente como ciudadano y principalmente como consumidor/cliente, en la medida en que avanza la oferta de pago y es él quien debe asumir todos los costes del proceso de migración a la televisión digital. La categoría “ciudadano” está ausente de los documentos y análisis aquí reseñados y sólo aparece colateralmente cuando es introducida en el debate por el tercer sector o se consideran otros asuntos paralelos (como el del papel futuro de la BBC en la Era Digital). La fragmentación de su lucha y los límites de su representación, ligada en su mayoría a colectivos muy concretos, conducen a que la participación ciudadana se vea también por ello reducida y deba cristalizarse principalmente a través del mecanismo de la consulta pública y en los términos del debate que las instancias oficiales plantean y los agentes poderosos intentan influenciar.

72 Los más activos son aquellos que representan a minorías con diversos grados de problemas para acceder a los servicios televisivos (ancianos, discapacitados visuales, motrices, mentales, etc.). Dentro de los más importantes deben mencionarse: ACRE, Age Concern, NCC, DBC, Sense, RNIB, VLV, RNID, Help the Aged. 73 http://www.ofcomconsumerpanel.org.uk.

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En suma, se verifica una demanda en crecimiento constante, definida más por sus posibilidades de consumo y acceso que por su perfil ciudadano y participativo. Es posible afirmar, en función de las cifras de penetración del servicio, que la TDT ha ampliado el acceso de muchos a la televisión digital, aunque lo haya hecho en términos realmente básicos. Es decir, a costa de un modelo basado en el zapper. Las limitaciones de la oferta y un parque de receptores con escasas prestaciones no la presentan, pues, como una alternativa real, universal e inclusiva de toda la ciudadanía a la SI, contribuyendo con ello a la visión dominante que del servicio tiene la UE. Inicialmente, el triunfo del modelo de pago configuró principalmente a los sujetos como meros clientes, y aunque esta faceta se ha suavizado tras su fracaso, la progresiva mercantilización de la oferta y, más grave aún, del servicio público, sumada a la escasa influencia alcanzada en la definición de las políticas de comunicación, desdibuja su contorno de ciudadanos. Por tanto, aunque haya mejorado su acceso, no puede decirse lo mismo de su participación. Tabla 12. Principales características del servicio disponible Emisor Pago: Top Up TV Abierto: Freeview

Equipamiento necesario

Coste

Adopción (finales 2006)

Antena y STB o iDTV (con CAM en caso Top Up)

Equipamiento + £9.99 por mes (+ opción PPV y NVOD) Descodificador (única vez)

7.703.000

Fuente: elaboración propia basada en datos de Ofcom.

4. EL MODELO DE TDT La aplicación hasta aquí efectuada de la rejilla de análisis al caso británico se sintetiza en la próxima tabla que también resume su caracterización en términos de opciones de política. Las mismas se explicitan a continuación. Partiendo de ello es posible presentar los principales elementos que constituyen el modelo británico de TDT, para acabar estableciendo su vínculo con las políticas europeas desgranadas en el capítulo III. 4.1. Análisis de políticas Del análisis precedente puede concluirse que la política británica se caracteriza por un alto grado coordinación entre instancias, objetivos y herramientas, pero también por una progresiva liberalización del sector televisivo terrestre y una preservación de los equilibrios existentes.

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Sostenida por un edificio ideológico y discursivo que persigue principalmente la maximización y mercantilización definitiva del espectro y el impulso a la industria audiovisual en general, y de equipamiento en particular, las actuaciones británicas se caracterizan por la preeminencia de un perfil económico-industrial por encima de las consideraciones de tipo social, con influencia variable de diversas implicaciones de tipo político. Ello ha permitido que, más allá del continuismo laborista en política comunicacional, se haya desarrollado una activa y decidida política pública fuertemente basada en el consenso y la planificación. Esta preocupación permanente por la coordinación se ha puesto de manifiesto a través del establecimiento de instancias y mecanismos regulatorios dinámicos, transparentes e integrales, aunque también minimalistas y trasversales. Al respecto, pueden mencionarse la creación del Digital Television Project en 2001, la aparición del Consumers Expert Group en 2003 junto con la sanción de un nuevo marco legal, el sometimiento permanente de las decisiones a la consulta pública efectuada por un nuevo regulador convergente e independiente, y la creación de Digital UK. Esta actitud coordinadora adoptada por la Administración ha posibilitado el consenso responsable de la política emergente de TDT, resultado de la interacción de diversas instancias de toma de decisión y puja de intereses. En tanto Ofcom regula independientemente el sector, la intervención directa del Gobierno se ha limitado a acordar la fecha del apagón, decidir el destino del servicio público y aprobar el esquema de ayuda a los colectivos más vulnerables. El resto de los afectados participa indirectamente en la conformación de políticas interviniendo mediante representantes a través de Digital UK. Sin embargo, a pesar de que la introducción y desarrollo de la TDT ha estado arropada en todo momento por un marco legal integral, el espíritu minimalista emergente de las diversas instancias y mecanismos regulatorios, de perfil técnico-económico y naturaleza crecientemente auto y co-regulada, permite identificar una política liberalizadora cuyos principios rectores son la mínima intervención y el Derecho de la competencia. El laborismo ha abrazado vigorosamente la competencia en el sector de las comunicaciones, promoviendo la idea de que el interés público está mejor servido a través de ella que de la regulación (Freedman, 2003: 177). Esta posición, cuyo eje central es la actuación del mercado, se ha manifestado desde los orígenes de la TDT en múltiples y diversas actuaciones. En primer lugar, en la presión hacia un uso más flexible del espectro que tiene por objetivo su definitiva desregulación (subastas, compra-venta y traspaso de frecuencias, etc.). En segundo lugar, respecto de los agentes con posiciones de dominio en el mercado, se ha permitido su aparición y sólo se les exige un código de conducta consensuado con los potenciales afectados. Iniciativas de normalización voluntaria e impulsadas por los propios interesados también han triunfado en la fabricación de equipamiento que integra APIs privadas, de modo que llegado el momento de desarrollar la TDT interactiva los espectadores quedarán cautivos de una tecnología determinada.

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En tercer lugar y en consonancia con la ausencia de una política de promoción directa de nuevos contenidos y servicios, aunque se la haya escogido para brindar cobertura universal, no se propone un rol central para la TDT en la creación de una SI democrática e igualitaria, sino que se la coloca en competencia con el resto de las plataformas. Su desarrollo se ha planteado en función del mercado, aunque bajo la atenta mirada de gobierno y regulador cuya intervención acabó siendo necesaria cuando fracasó la posición de desestimar la digitalización de la televisión en abierto de perfil universal para abrazar el modelo de pago. El modelo de SI que por consiguiente se prioriza, conecta con la experiencia norteamericana de acceso individualizado a las nuevas redes digitales de pago que encabeza Internet. Por lo que el difuso vínculo que alguna vez existió entre televisión digital y SI, en el primer gobierno de Blair, ha ido desdibujándose en dos etapas. En un primer momento debido a la reducción de los objetivos de la SI a los progresos en el campo del gobierno electrónico y la concentración de las actuaciones sobre medios y herramientas en Internet. A partir de 2005, con la nueva estrategia digital, debido a la subsunción de la noción misma de SI a los términos digital world y knowledge economy. En esta nueva fase, si la televisión digital se menciona es sólo para felicitarse por ocupar los primeros puestos mundiales de penetración del servicio y para recordar, como al pasar, que ella es, al igual que cualquier otro medio tecnológico, una de las tantas formas posibles para difundir los nuevos servicios emergentes. En cuarto lugar, esta liberalización creciente del sector televisivo terrestre que propició la aceptación por parte del New Labour de la posición legislativa conservadora respecto del audiovisual digital, condujo a la adopción de un ambicioso calendario para el apagón, más guiado por las consideraciones de política industrial y económica del DTI y el Tesoro que por la percepción de una demanda existente entre la ciudadanía. Finalmente, debe mencionarse el apoyo ambiguo que se ha otorgado al servicio público. Aunque se haya asegurado en gran medida su supervivencia en el entorno digital (Galperin, 2004) y la BBC se haya fortalecido con el desarrollo de la TDT, los cambios en su estructura comercial (Ojer, 2005) y los debates en torno a la revisión del servicio público y su futuro han conducido a un aumento de las presiones mercantiles. Todo ello permite interpretar que las sucesivas administraciones han utilizado al ente para promover indirectamente el apagón analógico74. Más específicamente, y en lo que atañe a nuestro objeto de estudio, la posición del Gobierno ha confirmado el rol central de la BBC en el proceso de migración, solicitándole que contribuya concretamente a financiar la construcción de la red de TDT y sostener la campaña de comunicación del apagón y el esquema de ayuda previsto para los más vulnerables (DCMS, 2006a y 2006b). Pero al 74 Para un retrato detallado de los elementos principales del debate británico en torno al servicio público, consultar Collins (2005).

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mismo tiempo, el nuevo marco legal que se le ha establecido hasta 2016, a través del Contrato y el Estatuto Real, deja claro que la BBC deberá ofrecer sus servicios en un nuevo contexto de mercado regido por la competencia. Por este motivo se subraya que el ente deberá generar por sí mismo el dinero que necesite sin distorsionar el mercado, mediante mayor eficiencia en su actuación, mejoras en la recolección del canon y obtención de ganancias comerciales provenientes de actividades cuya gestión debe efectuarse de manera diferenciada de las actividades de servicio público. Cualquier cambio significativo que la BBC quiera llevar adelante en los servicios que presta deberá ser sometido al escrutinio de un nuevo mecanismo denominado PVT (Public Value Test), que obliga a evaluar cuantitativamente tanto su contribución al servicio público como su impacto de mercado. De manera que aunque el gobierno de Blair no cuestionó la recaudación del licence fee, su monto no fue inicialmente fijado y ha quedado establecido que, a lo largo de los próximos años, se investigará y consultará sobre la posibilidad de que el financiamiento público pueda ser distribuido más allá de la BBC y que las nuevas autoridades del ente deberán someter las necesidades financieras de la corporación a revisión permanente. Si a ello se agrega que el Window of Creative Competition ha sido ratificado y que la BBC ha entrado parcialmente bajo la órbita reguladora de Ofcom, la valoración instrumental y tecnocrática de la función del servicio público, definida históricamente mediante criterios sociopolíticos y culturales, se confirma como un hecho. Las opciones emergentes de la mencionada revisión del servicio público encarada por Ofcom van incluso más allá (Ofcom, 2004d, 2005a y 2006f). El regulador no sólo sugiere al Gobierno que las finanzas de la BBC deberían reforzarse mediante la incorporación limitada de servicios de suscripción para financiar cualquier crecimiento futuro. Propone además la creación de un nuevo emisor para que compita con el ente, bajo el modelo de broadcaster/ publisher y con financiamiento público (llamado public service publisher, PSP), y sugiere debatir la posibilidad de que la BBC y Channel 4 paguen una tasa por el uso del espectro. El modelo de servicio público que tiene en mente Ofcom tras el apagón supone (Ofcom, 2006f), por tanto, el reparto de los recursos destinados al servicio público más allá de la BBC, la creación de un nuevo agente proveedor del servicio público (el PSP)75, y que a partir de 2014 los operadores también paguen por el uso que hacen de sus frecuencias sobre bases similares a las que se utilizan para cobrar a otros usuarios de porciones valiosas del espectro. Siguiendo a Freedman (2003: 179-185), se sostiene aquí que el compromiso del Gobierno con una radiotelevisión digital inclusiva de servicio público no acabaría financiándose ni con impuestos a los ingresos ni con los billones de 75 El PSP no sería un emisor tradicional (linear), sino que usaría todas las plataformas existentes para lograr gran impacto y proveer contenidos de servicio público para el mundo digital y de banda ancha.

Ejes

Prioridades

Prioridad al consumidor/cliente sobre el ciudadano. Escasa y limitada participación. Leve mejora en el acceso (buena cobertura, oferta más diversa, coste asequible, ayuda a los más vulnerables).

Destinatario

Políticas

Acceso y cobertura, pero no participación universal.

Hegemonía estatal.

Aliento al servicio público pero contradicciones. Apoyo ambiguo.

Mayor concentración, habilitación posiciones dominantes.

Preservación equilibrios existentes.

Nulo vínculo con posibilidades democratizadoras SI (en algún momento difuso).

Promoción de los servicios en abierto pero progresivo relajamiento sobre su mercantilización.

Favorables convergencia e innovación tecnológica.

Intervención mínima, promoción de la auto y co-regulación y el Derecho de la competencia.

Planificación integral pero actuación minimalista y de perfil técnico.

Transparencia y dinamismo pero centralización.

Alto grado de coordinación entre organismos y agentes.

Perfil económico-industrial prevalece sobre políticas sociales.

Alto grado de coordinación, statu quo y liberalización → ausencia democratización

Predominio del ámbito nacional, servicios seudo regionales. Ausencia e incertidumbre TDT local. Vinculación del mercado nacional con el espacio internacional principalmente a través de aquellos actores trasnacionales (BSkyB, BBC Worldwide) y asuntos como la gestión espectral y la exportación de programas.

Espacios/ Mercados

Síntesis

Acceso condicionado propietario en manos privadas con fines de lucro (Top Up TV -Five-). Servicio EPG básico, abierto y disponible, dos operadores privados comerciales que gestionan las guías más avanzadas (propietarias). Gestión del múltiple pública, privada y mixta (no independiente), sobre la que recae la responsabilidad de seleccionar contenidos de TDT (a excepción servicio público).

Operadores audiovisuales tanto públicos como privados, de perfil nacional y ejercicio parcial de funciones regionales, financiados con publicidad, canon (BBC) y abono (Top Up TV). En algunos casos, fuertemente integrados en la producción y empaquetado de contenidos (ITV, BBC/UKTV). Dicha producción, de carácter privado y comercial salvo en el caso de la BBC, se alimenta también a través de pequeñas y medianas productoras audiovisuales nacionales, aunque con creciente tendencia a la concentración y extranjerización del sector y participación en Freeview de operadores audiovisuales, presentes y dominantes incluso en otros mercados televisivos (BSkyB, NTL). Función de empaquetado efectuada por estos mismos operadores y/o productores agentes trasnacionales (Walt Disney). Industria electrónica de consumo concentrada y de perfil trasnacional (intereses en la comercialización -Sony-, producción principalmente para el mercado local). Industria de la fabricación de antenas fragmentada, agentes de tamaño mediano, amenazados por la importación. Numerosas empresas de instalación, mayoritariamente unipersonales y familiares. Sector comercialización concentrado en pocos agentes de carácter nacional. Propiedad privada, comercial y duopólica de la red de transporte y difusión y su gestión (Arqiva & NGW, presente además en la gestión de múltiple y Freeview). Vínculos trasnacionales y con el capital financiero.

Predominantemente en abierto. Contenidos tanto generalistas como temáticos (universales y específicos), vinculados principalmente a los emisores terrestres existentes (creación de nuevos canales) y grandes grupos de la comunicación. Servicios de la SI minoritarios y de tipo enriquecido (ni interactivos, ni convergentes). Vinculados a la oferta televisiva (EPG control editorial).

Público, con alto grado de independencia y autonomía en su actuación, pero coordinado con instancias gubernamentales y de perfil público/privado, además de con el nivel comunitario (ERG). Transparente y dinámico, aunque de perfil centralista y tecnocrático. Injerencia tanto sobre el mundo del audiovisual como de las telecomunicaciones. De tipo nacional, alineada con la del bloque regional. Temprana, minimalista, convergente y transversal. Contiene elementos de auto y co-regulación.

Predominio de la lógica económico-industrial, con importancia variable del elemento sociopolítico.

Nuevos agentes audiovisuales/ gatekeepers

Agentes no audiovisuales

Agentes audiovisuales

Actividades audiovisuales

Regulación

Regulador

Discurso

Tabla 13. Síntesis de las políticas británicas de TDT

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libras que la subasta del espectro otorgaría, sino mediante los bolsillos de los ciudadanos a través de un impuesto regresivo. Si se hubiera realmente querido facilitar una revolución de la que los ciudadanos fueran parte, se hubiera considerado destinar algunos de los casi 23 billones de libras recaudados en abril de 2000, tras la subasta del espectro destinado a telefonía móvil de tercera generación, a reducir los costes de acceso a los nuevos servicios de televisión digital, y se hubieran planteado otras alternativas al aumento del canon76. Ello, sin embargo, hubiera entrado en colisión con la posición oficial de controlar el gasto público, la negativa a otorgar subsidios a la demanda y una filosofía según la cual los nuevos servicios triunfarían o perecerían, principalmente, sobre la base de la demanda de los consumidores. Así pues, hasta ahora no ha habido intervención directa alguna sobre dicha instancia, habiendo sido el mercado quien sentenciara el fracaso del inicial modelo de pago y el posterior éxito de Freeview. La paradoja es doble. Frente a un ambicioso calendario de migración este posicionamiento deja al Gobierno con escasas alternativas para estimular la demanda digital, que por ello sólo se ha plasmado en la ayuda a los hogares más vulnerables. Pero por otra parte, si se observa detenidamente la instancia de la oferta, la premisa no intervencionista brilla por su ausencia. Si a la BBC se le permitió conservar los 244 millones de libras procedentes de la venta de su red de transporte y difusión y se le concedió un ajuste en la recaudación del canon, a ITV y a Five se les otorgó en 2005 una reducción en el pago de sus derechos de licencia y a Channel 4 se la liberó de la obligación de pagar hasta 90 millones de libras al año a ITV, en parte, bajo la promesa de impulsar el servicio, además de que a todos se les otorgó gratuitamente espacio adicional (Elstein, 2002: 3-5). De esta manera acabó preservándose la posición de los agentes audiovisuales, fortaleciendo aún más a la BBC e ITV plc que han logrado aumentar su poder en el entorno digital. No se ha alentado la entrada de nuevos actores, se han permitido importantes grados de integración vertical y participación en diferentes instancias de la explotación del servicio, y se ha otorgado a BSkyB una puerta de entrada a la posibilidad de explotar otra ventana del audiovisual. En otras palabras, debe destacarse que las prioridades de políticas favorecidas en las distintas actuaciones han dado por resultado final la preservación de los equilibrios existentes en la estructura de las redes terrestres, en un posicio76 En 1999 un equipo destinado por el Gobierno a analizar el pedido de dinero de la BBC para financiar sus nuevos canales digitales concluyó que un canon digital adicional pagado sólo por quienes pudieran recibir dichos servicios, junto con la venta de algunos activos, era la mejor opción. La oposición de los operadores comerciales a esta medida y la del Tesoro a cualquier ayuda extraordinaria de los presupuestos, provocó que la solución finalmente adoptada en febrero de 2000 fuera aumentar el importe del canon vigente según la inflación anual, más un 1,5% hasta 2006/07. Ello otorgó a la BBC 200 millones anuales extra para financiar sus nuevos canales digitales de radio y televisión. A cambio, se esperaba que el ente lograra un billón de libras de ahorro a través de mayor eficiencia y un aumento en sus iniciativas público-privadas. Para el actual periodo la BBC solicitó en 2005 un aumento del canon del 2,3% más allá de la inflación, que no le fue concedido.

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namiento coherente con una política centralizada y de corte nacional, que ha ignorado el plano local, ha preservado el papel secundario del ámbito regional y pretende ganar más peso en el mercado internacional. De forma coherente, el gran compromiso de los operadores terrestres con la TDT debe entenderse en relación con sus índices de audiencia: los canales terrestres históricos que acaparan el 90% de la audiencia de Freeview, indefectiblemente, ven reducida su penetración en el resto de las plataformas (CMSC, 2006b: 23). En síntesis, es posible afirmar que las políticas británicas de TDT no han tendido a la democratización del servicio, ya que si bien se verifica una tendencia a la mejora cualitativa y al igualitarismo en términos de acceso, aunque a costa del “modelo zapper”, ello no ocurre con la participación. Mientras que gracias a la TDT ha mejorado la elección para el espectador y han aumentado el número de programas en los que el público interviene como tal, los mecanismos formales de la participación están establecidos, pero en la práctica se encuentran constreñidos a un amenazado servicio público y a una escasa influencia en la toma de decisiones y la definición de políticas. Por lo que no puede decirse que se promueva claramente la participación ciudadana como sí ocurre con la instancia del consumo. 4.2. Luces y sombras del modelo de TDT Para finalizar el análisis de las políticas británicas que permitieron la introducción y desarrollo de la TDT se presentan a continuación los principales rasgos del modelo de ellas emergente. Un modelo de cobertura y acceso universal, predominantemente en abierto y con importante presencia del servicio público, pero concentrado, centralizado y escasamente participado. Oferta predominantemente gratuita y de tipo básico, liderada por agentes tanto públicos como privados, de perfil estatal Aunque inicialmente se confió a la actividad privada comercial el impulso al servicio a través de un modelo basado en el pago, en la actualidad existe una estructura más equilibrada. La importante presencia tanto de actores públicos como privados (predominantemente nacionales y escasamente regionales, pero no locales), permite el predominio de una oferta en abierto con algunos elementos de pago. Dos grandes tipos de operadores audiovisuales hacen posible la TDT. Aquellos deudores del entramado analógico (broadcaster/producer –BBC, ITV–, y broadcaster/publisher –Channel 4, S4C–), y aquel que se configura según la lógica multicanal y digital de la plataforma (Freeview). Los agentes provenientes de la etapa anterior han reforzado aún más su posición a través de la expansión cuantitativa y en parte cualitativa que presenta la oferta. Sin embargo, en el caso del espacio concursado, es el gestor del múltiple quien decide sobre esta cuestión. Respecto de la oferta, los contenidos tradicionales predominan sobre los servicios adicionales, que ni son interactivos ni presentan convergencia con otros

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medios, ya que en el fondo se basan principalmente en información adicional a la programación. La emisión en alta definición en TDT depende de la decisión que Gobierno y Ofcom adopten respecto del espectro a liberar, aunque BBC e ITV llevaron a cabo algunas pruebas durante la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Papel central del servicio público concebido en término amplios En este modelo la noción de servicio público tiene un rol central, fundamentalmente a través de las actuaciones de entes públicos como la BBC y Channel 4 y las obligaciones impuestas a los operadores privados comerciales. Sin embargo, ello puede verse minado por la visión del servicio público que emana del posicionamiento de Ofcom, el nuevo marco legal establecido para la BBC (Estatuto y Contrato) y el hecho de que el otorgamiento de mayores recursos sea acompañado por una mayor presión de la lógica mercantil en su gestión (privatización de la red de transporte y difusión, ahorro permanente de costes, debate por la incorporación de suscripción, cobro por el uso del espectro, creación del PSP y reparto de los ingresos del canon más allá de la BBC). Arquitectura estatal y centralizada que prioriza el número de canales a su calidad e innovación En el Reino Unido se favoreció una estructura en la que prevaleció la expansión de los canales digitales sobre la alta definición y/o los servicios novedosos (sobre todo interactivos). A pesar de ello y en consonancia con su pasado analógico, se configuró una arquitectura estatal y seudo regional, pero no local, tanto en términos de producción como de difusión. Más allá de la internacionalización en el plano de los contenidos y la configuración accionarial de algunos actores, sólo en aspectos formales y técnicos (espectro, equipamiento) se verifica algún grado de dependencia con el plano internacional. Cobertura y acceso universal El objetivo del Gobierno es cesar las emisiones analógicas de televisión para 2012 con la intención de recuperar 14 frecuencias, asegurando el acceso universal y gratuito, aunque de tipo básico, a la versión digital de los canales con obligaciones de servicio público (BBC1, BBC2, ITV1, C4/S4C, Five más Teletext). Ello será posible ofreciendo una cobertura cuasi universal de TDT (98,5%), lo que la coloca en el centro de la estrategia de migración. Pero una tramposa neutralidad tecnológica obliga a promover dicho acceso alentando la demanda de una amplia variedad de plataformas, el resto de las cuales son todas de pago, y sólo permite subsidiarla y asegurarla en sus eslabones más vulnerables (esquema de ayuda, accesibilidad). Competencia “controlada” A diferencia de la televisión digital por satélite y cable, los servicios de TDT no pertenecen a una plataforma verticalmente integrada, aunque sus

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participantes más importantes lo están en relación con los diversos eslabones que conforman su cadena de valor. A pesar de ello, la estructura británica pretende asegurar una mínima competencia en la gestión de la red y del múltiple, y entre los operadores audiovisuales y proveedores de contenidos. Más allá de los operadores audiovisuales, existen dos dueños y operadores de la red de difusión, que al igual que la provisión, instalación y venta de equipamiento se encuentra en manos de empresas privadas comerciales. De cuatro agentes diferentes que gestionan los múltiples y generan un servicio básico y en abierto de difusión de información sobre la programación, sólo uno actúa puramente sin fines de lucro. Existe además una única empresa que controla los servicios con acceso condicionado por el pago (aunque minoritarios). Modelo de negocio mixto: canon, publicidad y abono El financiamiento de la TDT británica es posible tanto a través de la publicidad como del canon, con presencia minoritaria de la televisión por abono, acompañada de algunos ensayos de pago por consumo (PPV en Top Up TV; debate sobre la posibilidad de permitir suscripción para la BBC). Aunque su aporte no sea determinante, el dinero proveniente de la exportación de contenidos y de los presupuestos públicos debe ser mencionado (fondos oficiales para proyectos como los canales Community channel y Teacher’s TV). Participación ciudadana reducida al consumo Los rasgos hasta aquí delineados, sumados a las prisas por ejecutar el apagón para aprovechar sus teóricas ventajas económico-industriales, condujeron a que la recepción se configurase mediante un equipamiento de tipo básico que impide a corto plazo hacer realidad una SI igualitaria a través de la TDT. Por ejemplo, a través de servicios de proximidad. A su mordaza han contribuido la ausencia de interactividad y el escaso ancho de banda que caracteriza al servicio. Como se apuntara, la participación de la población no se ha visto incrementada o renovada sino todo lo contrario. El modelo británico de TDT, a pesar de la importante presencia del servicio público, no construye un destinatario/ciudadano sino que refuerza su papel de consumidor/cliente, ya que es él quien está soportando el mayor peso económico de su despliegue. Aunque los agentes que hacen posible la oferta deben enfrentar altísimos costes de renovación e incluso estructuras duplicadas durante la transición77, han obtenido en su día descuentos en el pago de sus tasas. Si a ello sumamos que la BBC es responsable del financiamiento de toda la campaña de comunicación del apagón y del esquema de ayuda a los sectores vulnerables, además

77 Se estima que los operadores con obligaciones de servicio público tienen un coste adicional anual de entre 110/115 millones de libras por emitir en simultcast (DCMS-DTI, 2005b; CMSC, 2006b).

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de ser el principal sostén financiero de Digital UK, es en realidad el ciudadano a través de sus aportes (presupuestos, canon) quien acaba financiando el coste de la expansión de la TDT. 4.3. La influencia europea en el discurso y su expresión regulatoria La caracterización tanto de las políticas europeas como británicas de TDT, permite establecer su relación en el contexto general de fracaso absoluto de una política comunitaria incongruente y de aplicación dispar en los Estados miembros, retratada en el capítulo III. Lo señalado respecto de las políticas europeas y los casos nacionales considerados, es aplicable en términos concretos a la experiencia británica: no puede establecerse una conexión mecánica, pero es innegable que la influencia de la UE se ha manifestado, principalmente, en los niveles discursivo y regulatorio. El lanzamiento de la TDT en el Reino Unido en 1998 se encuadra en lo que en esta investigación se ha identificado como primera fase del servicio en Europa, caracterizada por desarrollos pioneros sustentados en el pago y en fuerte competencia con otras plataformas televisivas. En línea y alimentando el posicionamiento comunitario (Humphreys y Simpson, 2005), el audiovisual británico ya había iniciado el camino de constituir un “marco ligero” para la regulación del sector cuando la Broadcasting Act de 1996 incorporó tempranamente la Directiva 95/47. Y aunque la aparición de OnDigital respondiera a motivaciones nacionales, como reducir el poderío de BSkyB mediante la competencia, el discurso hegemónico británico no se apartó de la perspectiva económico-industrial dominante en la UE. Para cuando la actual política europea de televisión digital se materializó, a partir del 2000, en conceptos tales como horizontalidad legal, neutralidad tecnológica, polarización redes-contenidos y actuación ex post en defensa de la competencia, el primer modelo británico de TDT manifestaba ya serios problemas. Las recetas ferozmente liberales y desreguladoras no funcionaron en un escenario digital ya concentrado en pocas manos, donde la ausencia de incentivos a la demanda y los problemas técnicos condujeron rápidamente a un círculo vicioso. El nacimiento de Freeview marcó el inicio de la segunda fase de la TDT en Europa y supuso el relativo alejamiento británico de la máxima no intervencionista y, por tanto, del posicionamiento europeo. El Gobierno laborista intervino, aunque indirectamente, para facilitar el surgimiento del actual modelo de TDT, otorgando mayores recursos económicos a una BBC que encaró la producción de contenidos novedosos y de calidad y obligando a los diferentes agentes implicados en su desarrollo a alcanzar acuerdos mínimos para generar un círculo virtuoso. Este se inició gracias a que una nueva oferta multicanal en abierto fue acompañada por la disponibilidad de descodificadores asequibles. El Digital Television Project dejó claro que el mercado por sí mismo no conduciría a la migración a un estadio suficientemente desarrollado como para apagar las

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señales analógicas. Una estrategia cuidadosamente gestionada sería necesaria. Pero estos ejemplos de activa y decisiva política pública no deben confundirse con una ruptura respecto de las tendencias liberales y desreguladoras en marcha. Prueba de ello sería la cercanía que el New Labour manifestó con la política audiovisual europea. En primer lugar, al promover un nuevo marco legal tan neutral y transversal como el paquete de comunicaciones electrónicas que transpuso la Communications Act de 2003 y materializar las recomendaciones europeas respecto de las autoridades de control (nuevo regulador convergente). En segundo, al consolidar el perfil económico-industrial de su discurso una vez se hiciera insostenible la guerra contra Murdoch. Por lo que aunque la retórica de la SI haya sido un elemento detectable en algunas declaraciones oficiales desde las primeras iniciativas que rodearon la televisión digital (Smith, 1999: 4), al igual que en el nivel europeo, no ha existido conexión especial entre esta y la TDT. El análisis de la experiencia británica pone de manifiesto un considerable grado de autonomía en la definición de su modelo de TDT. El mismo es consecuencia de una serie de tomas de posición liberalizadoras, al tiempo que altamente coordinadas y planificadas, que se engarzan tanto en su tradición de actuación en el sector audiovisual como en su estilo de definición de políticas públicas. Es innegable que la protección de los arreglos existentes en el ámbito de la televisión terrestre ha respondido más a una agenda doméstica que a un interés europeo. Por el contrario, fue la UE quien a través de las autoridades de la competencia cuestionó la presencia de BSkyB en BDB, obligando al entonces regulador a forzar su salida de la plataforma. Pero este ejemplo ilustra claramente por qué la independencia es relativa. La política británica de TDT no sólo ha estado condicionada por las decisiones comunitarias relativas a los estándares técnicos (consensos DVB) y la transposición y cumplimiento de la normativa vigente (Directiva TVSF y paquete de comunicaciones). La institucionalización del Derecho de la competencia en el nivel europeo ha limitado sus posibilidades de actuación en favor de una intervención directa abierta. Es por ello que esta se ha concentrado inicialmente en los aspectos señalados (facilitar la aparición de Freeview) y, más recientemente, al colocarse a la TDT en el corazón del proceso de migración a la televisión digital, en favorecer el acceso universal mediante la difusión de información a través de Digital UK, la mejora de la accesibilidad y la protección a los sectores más vulnerables. Todas estas medidas son susceptibles de ser investigadas por la CE, como ya ha ocurrido con los expedientes abiertos a Alemania, Suecia e Italia por la DG Competencia. Aunque es improbable que sean cuestionadas, puesto que cumplen con la condición de “neutralidad tecnológica” al no favorecer ninguna plataforma en particular, Sky ya ha manifestado su preocupación por dos asuntos. En primer lugar, alega que el tratamiento legal otorgado a las antenas parabólicas es discriminatorio respecto del que rige a las antenas de recepción de

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señales terrestres, ya que está sujeto a otro tipo de restricciones y permisos. En segundo término, critica la forma en que se va a financiar gran parte de la transición: con dinero proveniente del canon, es decir, con dinero público (WMF, 2005: 51). Mayor controversia generará, probablemente, la actuación mercantil de la BBC, especialmente en lo referente a sus incipientes actividades on-line. Además de la expansión internacional de sus canales, el ente “está experimentando con nuevas fórmulas de negocio a través de su página web para obtener ingresos” (Ojer, 2005: 6). La medida en que estas sean expulsadas o no del horizonte de posibilidades del servicio público, definirá en un grado importante los límites de su actuación en el nuevo entorno digital. De la misma manera, la actitud de la CE sobre el caso británico marcará toda su política respecto de la transición. Una sentencia negativa dejaría aún más en evidencia la contradicción de promover objetivos de promoción de la SI al mismo tiempo que se persiguen, en nombre del Derecho de la competencia, aquellas políticas de fomento a la transición digital. En definitiva, se sostiene aquí que la política europea ha tenido sobre la introducción y desarrollo de la TDT británica una influencia importante pero no decisiva. Han sido las prioridades definidas a nivel nacional, inextricablemente ligadas a los antecedentes y la configuración audiovisual existentes, las que han configurado el modelo de TDT explicitado.

V. LA TDT EN ESPAÑA El caso español presenta, al igual que el británico, un claro predominio de la televisión satelital en el ámbito digital bajo la forma de monopolio y cuasi control absoluto del mercado de la televisión de pago, luego del fracaso de los primeros intentos de TDT en este campo (Quiero TV) y el difícil desarrollo del cable. La fusión de las principales empresas de este sector es otro punto en común, junto con el interesante ascenso que la televisión por ADSL registra en los últimos años en ambos países. Al igual que en el Reino Unido, en España los operadores de telecomunicaciones que ofrecen conexión de banda ancha han incorporado la oferta televisiva a su paquete de servicios. A pesar de ello, el predominio histórico de las redes terrestres como principal vía de difusión televisiva pone de manifiesto la gran dependencia respecto de su digitalización que evidencia la total y definitiva migración digital en televisión. La TDT, por consiguiente, se encuentra al igual que en el Reino Unido en el centro de este proceso de transición. Tabla 14. Número de abonados a la televisión de pago por tecnología Operadores

Q4 2005

Q1 2006

Q2 2006

Q3 2006

Q4 2006

TV satelital TV terrestre TV por cable TV-IP

1.854.015 196.617 1.062.071 89.614

1.985.000 0 1.089.668 247.789

1.990.000 0 1.109.621 265.193

2.006.000 0 1.125.706 304.087

2.044.000 0 1.141.717 395.855

Total

3.202.317

3.322.457

3.364.814

3.435.793

3.581.572

Q: trimestre

Fuente: CMT (2007).

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Tabla 15. Número de abonados y cuota de mercado de la televisión de pago Operadores Sogecable Grupo Ono Telefónica de España Telecable de Asturias R Cable y Telecomunicaciones Galicia Euskaltel

2Q 2006

3Q 2006

4Q 2006

%/Total

1.990.000 907.862 265.007

2.006.000 913.921 301.908

2.044.000 924.156 380.648

57,1 25,8 10,6

112.252

113.143

115.558

3,2

60.801

60.073

60.988

1,7

28.706

38.569

41.015

1,1

France Telecom España

n.d.

n.d.

9.759

0,3

Jazz Telecom

186

2.179

5.448

0,2

3.364.814

3.435.793

3.581.572

100,0

Total Q: trimestre

Fuente: CMT (2007).

1. LOS HECHOS: UN DESARROLLO A MARCHA FORZADA Lo que ha caracterizado a la política audiovisual española a partir del retorno de la democracia, además de la ruptura del monopolio y la concentración e internacionalización, ha sido la primacía concedida al desarrollo de los aspectos industriales del sector. Sumado a ello, las políticas de televisión de las últimas décadas, plagadas de marchas y contramarchas, pueden definirse también de la siguiente manera (Giordano y Zeller, 1999; Bustamante, 2002 y 2006): dependencia del poder político, proliferación y caos regulatorio creciente, ausencia de una autoridad reguladora independiente con funciones claramente delimitadas, crisis estructural y desorientación del servicio público, y precariedad de la televisión local1. En este contexto, el gobierno conservador de José María Aznar (19962004) impulsó la digitalización de la televisión terrestre a partir de 1998 bajo un modelo liderado por una plataforma de pago. Al confirmarse su fracaso y tras casi dos años de indefinición, optó por una reorientación hacia la televisión local a la que, regulación mediante, se le adjudicó el liderazgo de la TDT (Corominas et al., 2005; López Cantos, 2005). Sin embargo, esta nueva estrategia quedó truncada al producirse el traspaso de poder al Partido Socialista (PSOE), tras las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Aunque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aceptara en buena medida la herencia de su antecesor, planteó una nueva estrategia para el

01 Para una valoración detallada de la política de medios de comunicación durante los años de la Transición, así como del primer Gobierno socialista, ver Fernández Alonso y Santana Cruz (2000).

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desarrollo del servicio relanzándolo oficialmente a finales de 2005, en el marco de una política comunicacional que aspiraba a promulgar un nuevo marco jurídico compuesto por una Ley General Audiovisual y una Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que se sumarían a la ya aprobada Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal. 1.1. ¿Tras la búsqueda de mayor competencia? Los orígenes legales de la TDT en España se remontan a la Ley 66/19972, punto de partida sobre el que se pondría en marcha nueve meses más tarde el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (PTNTDT), el mismo día que el gobierno en funciones también aprobaba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal3. Por tanto, el régimen jurídico para la prestación del servicio siguió siendo el establecido con carácter general en las leyes que regulan la difusión de televisión en España4. El principal argumento para la introducción de la TDT que presenta el decreto que aprueba el Plan, alude a la necesidad de establecer un escenario cierto (plazos y normativa) que permita migrar de la tecnología analógica a la digital. Se mantiene el concepto de servicio público para la difusión digital terrestre, cuyo carácter se asocia también a la cobertura universal y asequible. Se establece que la gestión directa de los servicios que se presten con tecnología digital corresponderá a RTVE y las entidades a las que se refiere la Ley del Tercer Canal, mientras que la gestión indirecta se llevará a cabo con arreglo a las previsiones de la Ley de Televisión Privada. Se especificó que cada una de las concesionarias privadas existentes accedería, en caso de serle renovado el permiso, a un programa dentro de un canal múltiple digital de cobertura estatal para que emitiera en simulcast hasta que se produjera la migración tecnológica, cuyo plazo máximo serían dos años desde la mencionada renovación. Dentro de un múltiple de iguales características se reservaron, con la misma finalidad, dos programas para RTVE y dos para cada una de las entidades públicas que explotaran un canal de cobertura autonómica5.

02 A través de cuatro apartados contenidos en la Disposición adicional 44 de la Ley de 30 de diciembre de 1997, de medidas fiscales, administrativas y de orden fiscal (BOE de 31 de diciembre de 1997). 03 Ambos mediante el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre de 1998 (BOE de 16 de octubre de 1998). Para los antecedentes legales del servicio, lejanos y más inmediatos, consultar Cremades (1999). 04 En lo relativo a la gestión directa del servicio, Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión, reemplazada en 2006 por la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y Ley reguladora del Tercer Canal, en lo que respecta a la gestión indirecta, Ley de Televisión Privada, y en lo referido a los contenidos, Ley 25/1994 por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva TVSF (además de la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres y las posteriores modificaciones a toda esta legislación). 05 Compañía de Radiotelevisión de Galicia, Ente Público de la Radio y Televisión de Andalucía, Ente Público Radio Televisión Madrid, Ente Público Radio Televisión Vasca-Euskal Irrati Telebista, Entidad Pública Radio Televisión Valenciana y Corporació Catalana de Radio i Televisió.

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Sin embargo, para aquellas estaciones de servicio público de ámbito autonómico sin emisión al 1 de enero de 1998, se restringió el inicio de su funcionamiento a la compatibilidad con el PTNTDT. La concesión para el empleo de los restantes programas de cobertura estatal disponibles se realizaría mediante el correspondiente concurso público, igual que la explotación de los canales múltiples de cobertura autonómica y local, a través de cada comunidad autónoma. Esta organización supuso que aunque se previó la existencia de una oferta de TDT nacional por un lado, y autonómica y local por otro, en una fase inicial el PTNTDT sólo realizó la asignación concreta de frecuencias para todos los múltiples estatales y un solo múltiple autonómico. Lo cual permitió que las emisoras nacionales estuvieran en condiciones de emitir antes que la mayor parte de las autonómicas y locales6. El mismo decreto fijó las condiciones generales de la relación usuario final/programador, permitió que las entidades habilitadas emitieran con sus propios servicios portadores o los contrataran a terceros, y estableció los plazos de ejecución del PTNTDT. El Reglamento Técnico ratificó las condiciones de explotación del servicio, concretando que la vigencia de la concesión sería de diez años (renovable por sucesivos periodos iguales). Desde el punto de vista de la regulación de los contenidos, se remitía a la normativa vigente para la televisión analógica precisando que las nuevas sociedades concesionarias del servicio estarían obligadas a emitir en abierto como mínimo cuatro horas diarias y treinta y dos semanales. El resto del tiempo de emisión podría ser en abierto o mediante acceso condicionado, según licencia. Los contenidos a emitir podían ser programas digitales y servicios digitales adicionales, los cuales, no debían ocupar más del 20% de la capacidad de transmisión digital del múltiple objeto de concesión (salvo que la emisión de contenidos programáticos no utilizara toda la capacidad de emisión disponible). Al igual que el sistema operativo debía ser estandarizado, los descodificadores y sistemas de acceso condicional debían ser abiertos y compatibles, conforme a la legislación europea vigente. En lo que refiere a la gestión del múltiple, fuera este compartido o no, solamente se estableció que las entidades que accedieran al aprovechamiento de programas de un mismo canal múltiple podían asociarse o establecer las reglas que creyeran oportunas para su mejor gestión. De esta manera, con una disposición adicional de cuatro apartados en una Ley de medidas administrativas, un Plan Técnico y su Reglamento (que en 2004 serían anulados por los Tribunales), no sólo se definieron las bases para el desarrollo de la TDT sino también el modelo televisivo del Estado (Soto y 06 El Plan Técnico introdujo en España la TDT en las bandas de frecuencia 470 a 758 Mhz (canales 21 a 56 para las redes de frecuencia única de ámbito nacional), 758 a 830 Mhz (canales 57 a 65 para las redes de frecuencia única de ámbito autonómico y provincial y las redes de transmisor único de cobertura local) y 830 a 862 Mhz (canales 66 a 69 para redes multifrecuencia y redes de transmisor único de cobertura local). También dispuso que, en la medida en que la capacidad del espectro lo permitiera, se introducirían más estaciones de TDT con el objeto de incrementar el número de canales disponibles para las distintas coberturas territoriales previstas.

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Ribes, 2003: 43), estableciendo los pilares de lo que sería la impronta del Gobierno del Partido Popular (PP) respecto del servicio. La Orden de 4 de diciembre de 19987 clarificó los plazos en los cuales las concesionarias del servicio público esencial de televisión y las entidades públicas estatales y autonómicas correspondientes podían formular la solicitud para que se les ampliara su concesión a la explotación de programas digitales. Con la figura del gestor de múltiple aún sin regular, se resolvió que todos los operadores existentes de cobertura estatal (La Primera, La 2, Antena 3, Telecinco y Canal+) compartieran un mismo canal múltiple, que por tanto, se dividiría en cinco programas. Días más tarde el Ministerio de Fomento, a través de la Orden de 16 de diciembre8, estableció las localidades a cubrir en las fases de introducción de la televisión digital terrestre previstas por el PTNTDT. El año 1998 finalizó brindando un avance de lo que serían las futuras concesiones. Se modificó el sector audiovisual español mediante una Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la 50/1998 del 30 de diciembre9. Su artículo 96 alteró la Ley de Televisión Privada, principalmente, en lo referente a la participación accionarial de las sociedades concesionarias de televisión. Gracias a ello, “cualquier persona o sociedad con presencia directa o indirecta en el negocio estaría facultada para participar en los futuros concursos de adjudicación de licencias de TDT, siempre que no tuviera el 49% de las acciones de las empresas participantes. El gobierno, por su parte, debía autorizar todos los cambios en las estructuras accionariales que afectaran a más del 5% de las participaciones” (Soto y Ribes, 2003: 44). De esta forma, en un contexto en el que las concesionarias existentes disponían, según el decreto sancionador del PTNTDT y a partir del 31 de octubre de 1999, de un programa adicional para emitir en digital en pruebas antes del 31 de junio de 2000, con el horizonte de extinción de sus licencias fechado en el 3 de abril de dicho año, se iniciaron los concursos para la adjudicación de concesiones de explotación de TDT. Consecuente con sus planes, el Gobierno aprobó el pliego de bases y prescripciones técnicas por el que se convocaba y habría de regirse el concurso para la adjudicación de una concesión con carácter no exclusivo para la explotación del servicio público de TDT10 en gestión indirecta y en régimen de acceso condicional, mediante el uso de tres canales múltiples de frecuencia única y cobertura nacional (llamados B, C y D) y de dos programas dentro del restante canal (llamado A), también de frecuencia única y cobertura nacional. Las intenciones quedaron claras desde un principio según el propio texto del documento: el Gobierno pretendía fomentar el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones de televisión digital que supusieran una vía de competencia en relación con los servicios ofrecidos por otros medios. Para lo cual

07 08 09 10

BOE de 16 BOE de 31 BOE de 31 Resolución

de de de de

diciembre de 1998. diciembre de 1998. diciembre de 1998. 11 de enero de 1999 (BOE de 13 de enero de 1999).

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decidió confiar el peso de toda esta tarea a una única empresa que debía ser una sociedad anónima cuyo objeto social incluyera la gestión indirecta del servicio público de televisión. Esta gestionaría los 14 programas resultantes de la convocatoria en marcha, a pesar de que para entonces, Vía Digital y Canal Satélite Digital mantuvieran conversaciones sobre una posible fusión. Cuando estaba por caducar el plazo para la presentación de ofertas en el concurso abierto, el Gobierno aprovechó la Resolución de 22 de marzo11 en la que estableció el régimen económico en que el ente público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión S.A.) prestaría el servicio portador soporte del servicio de TDT, para ampliar los plazos establecidos en el calendario del pliego de bases y prescripciones. Retevisión brindaría el servicio portador soporte de TDT en condiciones monopólicas hasta abril de 2000, cuando finalizara su periodo de exclusividad sobre el transporte y difusión de las señales de televisión. Por otra parte, con el concurso en marcha, se estableció en un Real Decreto por el que se modificó la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento12, la gestión directa por parte de RTVE del canal múltiple que se le asignara junto a las entidades privadas concesionarias de televisión. Lo hasta aquí expuesto dio lugar a la constitución de un andamiaje económico que se reveló condicionante del desarrollo del nuevo servicio junto con el calendario de su implantación. La puesta en marcha de la TDT en España se encontró con el escollo de las altas tasas que debieron pagar los operadores por el transporte y difusión de su señal, en comparación con sus ingresos por TDT inexistentes, y con las prisas del inicio de unas emisiones que sin embargo nadie estaba habilitado para ver debido a la falta de equipamiento receptor en el mercado. A pesar de ello, y hasta la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, la arquitectura del servicio se plasmó de la siguiente manera. A nivel estatal se concursaron cuatro múltiples. El Gobierno adjudicó la primera licencia de explotación concediendo tres múltiples y medio de cuatro frecuencias cada uno (14 programas o canales digitales) a Onda Digital S.A. que comenzó a emitir en el año 2000 bajo la modalidad de pago y la marca Quiero Televisión13. El 10 de marzo de 200014 el Gobierno convocó los concursos gracias a los cuales se otorgó en diciembre15 el medio múltiple restante para dos frecuencias en BOE de 25 de marzo de 1999. Real Decreto 1206/1999, de 9 de julio (BOE de 2 de agosto de 1999), por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, mediante el cual, por primera vez, el Gobierno hace referencia expresa a la misión de RTVE de gestionar directamente el múltiple compartido por todas las concesionarias del sistema hertziano, pero no lo regula. 13 BOE de 28 de septiembre de 1999. El accionista mayoritario de Quiero era RetevisiónAuna (49%). 14 Resolución de 10 de marzo de 2000 (BOE de 11 de marzo de 2000). 15 El día 13 se hizo público el Acuerdo por el que se adjudicaron las dos concesiones de TDT que excluyeron a Horizonte Digital S.A. (Grupo Godó, Corporación Accionarial Lara y Media Park, entre otros). Resolución de 13 de diciembre de 2000 (BOE de 8 de enero de 2001). 11 12

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abierto a Veo Televisión S.A. y Sociedad Gestora de Televisión Net TV S.A.16, que iniciaron sus emisiones el 18 de junio de 2002. Al mismo tiempo, renovó las licencias de los emisores analógicos existentes por otra década (Antena 3 de Televisión S.A., Gestevisión Telecinco S.A. y Sogecable S.A.), incorporando en sus contratos de explotación las condiciones previstas en el Plan técnico para concederles más tarde un programa digital. Con lo que el múltiple de ámbito estatal disponible, previsto para emisiones en abierto con posibilidad de desconexiones territoriales, se dividió en cinco programas que se repartieron entre los operadores estatales existentes. Dos frecuencias se destinaron a RTVE (una para La Primera y otra para La 2) y una para cada uno de los emisores privados. Los cinco han estado emitiendo en simulcast, como se estableciera en la renovación de sus licencias, desde el 3 de abril de 2002. Para el ámbito autonómico se estableció el otorgamiento de un múltiple de cuatro frecuencias únicas a cada comunidad autónoma, sin posibilidad de desconexiones provinciales. Dos se destinarían al servicio público y las restantes podrían concederse a la gestión privada. En este orden, Madrid, La Rioja, Navarra y Cataluña fueron las primeras en otorgar las concesiones correspondientes. Finalmente, la cobertura local se estableció con el otorgamiento de medio múltiple de dos frecuencias para cada localidad. Aunque la atribución de frecuencias locales sea competencia de las autonomías, la normativa a la cual deben atenerse es labor del gobierno central, que en este caso, tardíamente sancionó el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local (PTNTVDL) el 12 de marzo de 200417, un día después de los atentados del 11-M y dos antes de las elecciones generales que el PP perdería. Para entonces el Gobierno popular ya había decidido “regular la televisión local para integrarla en el digital mediante varias modificaciones parciales a la Ley de 1995 (de Televisión Local por Ondas Terrestres)” en 2002 y 2003 (Badillo, 2005b: 218). En breve, la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social18 estableció que debía entenderse el servicio de televisión local por ondas terrestres exclusivamente en términos de tecnología digital, y que una vez aprobado por el Gobierno el PTNTVDL, las comunidades autónomas debían acogerse a un estricto calendario para convocar los concursos y adjudicar las concesiones correspondientes.

16 Veo era controlada por el grupo Recoletos-Unedisa: Boj Media, del Grupo Recoletos, 25,5%; Unedisa Telecomunicaciones, editora de El Mundo, 25,5% (participaban también en Veo TV, entre otros, Iberdrola, Torreal e Inversiones Ibersuizas; Bustamante, 2002). Net estaba liderada por Prensa Española, editora del periódico ABC, a través de E-Media, 25%, seguida de Pantalla Digital, 24%, que contaba además con el 40% de la sociedad Onda 6 y estaba integrada por el Grupo Árbol (25% propiedad de Vocento, accionista de peso en ese momento en Telecinco junto a Berlusconi y Kirch) y Telson-Cartel. En Net TV también participaban entonces el grupo Radio Intereconomía, Altadis (Via Plus) y Europroducciones (Bustamante, 2002). 17 Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo (BOE de 8 de abril de 2004). 18 BOE de 31 de diciembre de 2002.

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Ante la ausencia de Plan local en diciembre de 2003 y el desfase de las disposiciones legales relativas a la TDT, una vez más el Gobierno utilizó una ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para legislar sobre el audiovisual. A través de la disposición adicional trigésima primera contenida en la Ley 62/200319 se amplió el plazo para la emisión digital de la televisión local hasta el 1 de enero de 2006. El Plan de TDT local de marzo de 2004 estableció principalmente que el país se organizaría en 266 múltiples, conformados por al menos cuatro canales digitales, de los cuales uno sería potencialmente municipal y el resto privados; y que los entes públicos gestores de terceros canales autonómicos que disponían de concesión para explotar el servicio de televisión con tecnología analógica y que estuvieran habilitados para brindar el servicio en digital, debían iniciar las emisiones empleando esta modalidad antes del 1 de enero de 2005. Sus programas debían alcanzar una cobertura del 50% de la población de su ámbito territorial a los seis meses del inicio de sus emisiones, del 80% a los dos años y del 95% antes del 31 de diciembre de 2011. 1.2. Del fracaso de Quiero TV al relanzamiento De esta manera, la TDT se estableció en dos modalidades posibles de desarrollo: la televisión de pago y la abierta de financiación básicamente publicitaria. Ninguna de las dos había conseguido al año 2004 un desarrollo razonable por haberse generado un círculo vicioso. La Administración sentó unas precarias bases legales para el establecimiento del servicio, benefició a los poderes comunicativos existentes que no tenían nada claro el negocio pero querían estar presentes en cada nueva ventana que se abriera para el audiovisual, y se dedicó a verificar cómo no aparecía una demanda importante, al no estar dispuestos los usuarios a comprar/alquilar un descodificador todavía caro para abonarse a un servicio que en el fondo no ofrecía nada innovador. Motivo por el cual, a su vez, la mayoría de los operadores no hizo más que ocupar su señal digital con los contenidos que tenía más a mano a la espera de horizontes más claros. La apuesta inicial por una TDT de pago de ámbito estatal como impulsora del servicio, reveló la ausencia de un plan integral de migración a lo digital que condicionó la actitud tanto de los operadores analógicos existentes como la de los nuevos actores. Los primeros se sumieron en la expectante espera de quien acumula permisos para todo nuevo posible negocio, aunque su objetivo no fuera otro, a corto plazo, que el de seguir explotando sus operaciones concretas y cotidianas; mientras que los segundos debieron instalarse en un mercado muy competitivo para el que no contaban con experiencia ni oferta atractiva. Se dejó libradas a las fuerzas del mercado la competencia entre soportes y la adquisición de descodificadores por parte de las familias, repitiendo el

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BOE de 31 de diciembre de 2003.

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histórico olvido del papel del usuario en el desarrollo de toda nueva tecnología y permitiendo que la televisión digital satelital se constituyera en un barrera de entrada insalvable para Quiero TV, ante una demanda de televisión de pago que se mantuvo prácticamente estable. La subvención de descodificadores, la inversión en contenidos, marketing y publicidad, conformaron una combinación letal para la plataforma que costó a Auna 530 millones de euros a lo largo de su existencia20. Para complicar más el panorama, el Gobierno decidió que sería Retevisión quien prestaría el servicio portador de TDT en condiciones monopólicas. El hecho de concentrar en un único operador privado la gestión de la red, al cual se le permitió cobrar importantes sumas por su servicio, además de habilitarlo a participar accionarialmente en la TDT de pago, avaló un fenómeno de concentración vertical y condicionó el futuro económico de los demás operadores, reforzando la actitud vacilante de las cadenas analógicas obligadas a pagar al carrier por la difusión de una programación que no les representaba ingreso alguno. Otro condicionamiento surgió del modo en que se produjo la asignación técnica de las frecuencias, que coartó la posibilidad de brindar servicios interactivos a la mayoría de los operadores debido al escaso ancho de banda otorgado y colocó a la televisión pública en un papel subsidiario al otorgarle un espacio mínimo al mismo nivel que el resto de los operadores analógicos. Por otra parte, la legislación dispersa y minimalista, producto de regulaciones puntuales y en algunos casos a medida del regulado, sin el debate parlamentario correspondiente, provocó marchas y contramarchas en la implantación del servicio y retrasó injustificadamente su expansión local, ignorando con su inicial rápido dictado la necesidad de aprobar una ley para el sector audiovisual que supusiera una mirada global sobre el problema de la digitalización del sistema de medios vigente. Al fracaso de Quiero, que cesó sus emisiones el 30 de junio de 2002, siguió la incertidumbre e indefinición. El Gobierno, que no extinguió formalmente su licencia de explotación hasta casi un año después, decidió que en su segundo intento la digitalización de las redes terrestres debía comenzar por el sector local, aunque la televisión local aún no estuviera plenamente legalizada (Badillo, 2005a; Corominas et al., 2005). En síntesis, puede decirse que con la privatización de Retevisión y el reparto de las frecuencias de TDT entre los poderes existentes, se determinó, en un juego de interacción con las principales empresas, quiénes serían los ganadores y perdedores de un modelo de corte principalmente comercial. Queda claro, por consiguiente, que se desaprovechó una oportunidad para democratizar el sistema televisivo, profundizando la concentración horizontal cruzada entre cadenas digitales o entre estas y las analógicas, y anulando la competencia que la diversidad de soportes de la televisión digital permitía (Bustamante, 2002).

20 Noticiasdot.com, “La aventura de Quiero TV le ha costado a AUNA 530 millones de euros” (11/09/2003).

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Después, cuando esta estrategia se reveló errónea, se decidió que uno de los eslabones más débiles de la cadena audiovisual, la televisión local, pasara a convertirse en el motor de la introducción de la TDT. El desarrollo posterior de los acontecimientos políticos cuestionó este cambio de dirección, ya que el Gobierno electo en 2004 tomó sus primeras medidas relacionadas con la TDT antes de que acabara el año. A pesar del rumor de que modificaría el PTNTVLD sancionado en el último momento por el PP, en tanto este no había sido aún publicado en el BOE y por ende no estaba vigente, el día 8 de abril de 2004 con su publicación oficial se abrió, por el contrario, el plazo para la ordenación de más de mil emisoras de televisión digital local. Tan pronto como asumió el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio21, José Montilla declaró estar trabajando con la máxima urgencia en un plan que permitiera el relanzamiento de la TDT, en el que las emisoras públicas tuvieran un papel esencial junto a las principales cadenas luego del otorgamiento correspondiente de la capacidad necesaria para ello; y María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, lo ratificó agregando que junto a la reforma de los medios de comunicación públicos22 se presentaría una ley general audiovisual, otra sobre publicidad institucional y la creación de un consejo audiovisual independiente elegido por el Parlamento23. Montilla anunció a finales de agosto de 2004 lo que sería una realidad a principios de diciembre: la revisión del PNTVDL para que las televisiones locales que dispusieran de una licencia para emitir en digital contaran con más tiempo para suspender sus emisiones analógicas, las comunidades autónomas pudieran resolver en un plazo mayor los concursos de adjudicación de los programas de TDT local y se efectuaran ajustes en las demarcaciones diseñadas para convocar los concursos24. Con ello, aunque se permitió que el PTNTVDL acordado por el Consejo de Ministros de Aznar entrara en vigor, se quitó en parte a la televisión local el peso 21 En virtud del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril (BOE de 18 de abril de 2004), el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue suprimido y reemplazado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), contrariando la promesa electoral de crear un Ministerio de Cultura y Comunicación que englobaría las políticas de medios de comunicación desde una perspectiva cultural (de Moragas y Fernández Alonso, 2005). Montilla fue sustituido al frente del Ministerio por Joan Clos en septiembre de 2006. 22 Impulsada con la creación del Consejo de reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, por medio del Real Decreto 744/2004, de 23 de abril (BOE de 24 de abril de 2004). 23 Mientras que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional y la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal son una realidad, los borradores de Anteproyecto de Ley General Audiovisual y de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales dados a conocer en julio de 2005, tras obtener el visto bueno del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, no habían llegado a finales del 2006 al Parlamento. Para conocer detalles ver Souvirón (2006) y SETSI (2006d). 24 Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local (BOE de 4 de diciembre de 2004).

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de la transición. Sin embargo, dos problemas seguían quedando pendientes en el ámbito local. El hecho de que las concesiones de TDT a otorgar debieran serlo sólo por cinco años en función de la normativa vigente y que sólo pudiera destinarse a la gestión directa en el ámbito local un programa por múltiple. A finales de 2004 se anunciaron los principales elementos que conformarían la política del Gobierno, vehiculizada ahora por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante el llamado Plan de Impulso a la Televisión Digital Terrenal, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, acompañado por la constitución de una Comisión para el seguimiento de la transición a la TDT. Entre otros asuntos, se estableció que se actuaría sobre la modificación del PTNTDT, la asignación de las frecuencias liberadas con la quiebra de Quiero TV, el adelanto del apagón analógico del 2012 al 2010, la coordinación de las fechas de lanzamiento de las televisiones de cobertura estatal con las autonómicas y locales digitales y la elaboración de un Plan Institucional de Comunicación de apoyo a la migración. Desde entonces, el debate audiovisual estuvo marcado por la presentación del Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo en febrero de 2005, y la posibilidad de que se autorizara la creación de un nuevo canal terrestre analógico de cobertura nacional, lo que desató una “segunda guerra digital” (Bustamante, 2006). Finalmente, en el contexto de una política comunicacional cristalizada en el mes de junio de dicho año25, que tenía como objetivo declarado un nuevo marco jurídico general para el audiovisual y la radio y televisión de titularidad estatal, la reforma del sector audiovisual comenzó por el mercado televisivo. Más específicamente, mediante las novedades introducidas a través del mencionado proyecto convertido en Ley 10/2005 de 14 de junio26; los decretos por los que se aprueban un nuevo PTNTDT y Reglamento general de prestación del servicio27, acompañados por la correspondiente Orden Ministerial que aprueba el Reglamento técnico de prestación de la TDT28; la aprobación de la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión de cobertura

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2005.

Informe sobre la Reforma del Sector Audiovisual, Consejo de Ministros de 24 de junio de

26 Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (BOE de 15 de junio de 2005). 27 Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (BOE de 30 de julio de 2005; corrección de errores en BOE de 20 de septiembre de 2005). Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre (BOE de 30 de julio de 2005). 28 Orden ITC/2476/2005, de 29 de Julio, por la que se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre (BOE de 30 de julio de 2005). Tanto esta Orden como el Real Decreto 945/2005, vienen a dar cumplimiento a la sentencia de 30 de diciembre de 2004 del Tribunal Supremo que anuló la Orden de 9 de octubre de 1998 por la que se aprobó el Reglamento técnico de la TDT, a raíz de un recurso de casación de Sogecable, y por ello la deroga y reemplaza.

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estatal y su subsiguiente adjudicación29; la modificación del contrato concesional de Sogecable para permitir la emisión de Canal+ en abierto las 24 horas30; y el acuerdo de ampliación de las concesiones de los operadores estatales de televisión terrestre existentes con nuevos canales digitales31. En suma, antes de que acabara el 2005, el Gobierno había sentado ya las bases de una nueva arquitectura para la TDT con el objetivo de relanzarla en abierto y con una mayor presencia del servicio público. El nuevo PTNTDT establece dos escenarios de actuación: durante la transición hacia la tecnología digital y tras el cese de las emisiones analógicas en 2010. Para el periodo de transición, los emisores analógicos estatales existentes (Antena 3, Telecinco y Canal+) acceden a un canal digital sin desconexiones; RTVE a un múltiple completo con desconexiones, más un canal en otro múltiple que gestionará sin disponibilidad de desconexiones; y los emisores digitales estatales existentes, Veo TV y Net TV, obtienen un segundo canal digital que se suma al ya conseguido en el periodo anterior. Se dispuso, además, que de los diez restantes canales digitales de cobertura estatal disponibles, al menos dos debían ser adjudicados por el Consejo de Ministros mediante concurso público, puesto que el resto podía distribuirse entre los concesionarios existentes. La nueva configuración estatal para el servicio se completó modificando el contrato concesional de Canal+ para que la emisora, renombrada Cuatro, pudiera emitir las 24 horas en abierto; otorgando a Gestora de Inversiones Audiovisuales (La Sexta) los dos canales digitales terrestres de cobertura estatal con habilitación transitoria para emitir en analógico32; y distribuyendo los canales digitales restantes entre los emisores ya existentes. En el ámbito autonómico, y durante el periodo de transición, cada comunidad autónoma dispondrá de un múltiple, que en caso de existir disponibilidad puede ampliarse a dos, con capacidad para desconexiones provinciales y libertad para decidir la forma de gestión (directa o indirecta). Tras el cese de las emisiones analógicas, los operadores de televisión de ámbito estatal existentes (Antena 3, Telecinco, Cuatro, Veo TV, Net TV y La Sexta) accederán cada uno a un múltiple estatal completo sin desconexiones, siempre que durante el periodo de transición hayan cumplido con determinadas condiciones para el impulso de la TDT. RTVE dispondrá de dos múltiples

29 Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE de 30 de julio de 2005). Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (BOE de 30 de julio de 2005). Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (BOE de 17 de diciembre de 2005). 30 Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (BOE de 30 de julio de 2005). Debido a la posición preeminente de Sogecable en el mercado de la televisión de pago, se le impusieron condiciones adicionales para garantizar el acceso a los contenidos premium. 31 Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (BOE de 5 de diciembre de 2005). 32 La otra oferta presentada al concurso fue la de Kiss Media.

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completos, uno de ellos con capacidad para efectuar desconexiones. En el plano autonómico, cada comunidad recibirá dos múltiples con posibilidad de desconexiones provinciales. En lo que respecta al ámbito local, si tras la modificación del PTNTVDL del Gobierno anterior se alteró el ámbito de algunas demarcaciones, se crearon otras nuevas y se extendió en dos años, hasta el 1 de enero de 2008, la fecha para emitir en analógico a los adjudicatarios de concesiones para la prestación de servicio público de TDT local, la Ley 10/2005 amplió a dos el número de canales digitales por múltiple que pueden ser reservados para la gestión directa de los ayuntamientos presentes en cada demarcación, elevó el periodo de concesión administrativa para la prestación del servicio de cinco a diez años, y prolongó en seis meses el plazo del que disponían las comunidades para convocar los concursos y adjudicar las concesiones de TDT de gestión indirecta (31 de diciembre de 2005). Por su parte, el nuevo PTNTDT, además de reservar canales múltiples adicionales para las organizaciones territoriales insulares, regula la iniciativa local en la extensión de la cobertura de TDT estableciendo que se podrán instalar en zonas de baja densidad de población del término municipal estaciones en red de frecuencia única, siempre y cuando ello no suponga una distorsión a la competencia. 2. EL PLANO DISCURSIVO Y SU REGULACIÓN 2.1. El sostén argumental de la TDT Las motivaciones que en su día presentó el PP para introducir la TDT en España pueden agruparse bajo el paraguas de un discurso principalmente vinculado a objetivos sociopolíticos y de perfil técnico. La normativa entonces vigente resaltaba que la multiplicación de la oferta que el servicio permitiría conllevaría no sólo una mejora en la calidad de las emisiones y un mejor aprovechamiento del espectro, sino que además abriría una vía para mejorar la competencia en relación con los servicios ofrecidos por otros medios. A consecuencia de ello emergería un mayor pluralismo empresarial y, gracias a este, se alimentaría el pluralismo cultural y político. Si es posible afirmar, siguiendo a Bustamante (2002: 243), que las concesiones entonces otorgadas permitieron dudar seriamente de estas intenciones, así como sus resultados plantearon con el paso del tiempo importantes dudas sobre la viabilidad de esta política, se sugiere aquí la posibilidad de que tal premisa estuvo más ligada al intento de compensar el poderío creciente de la plataforma satelital de Sogecable, en el nuevo entorno multicanal y digital, que a una real preocupación por el pluralismo comunicacional. De hecho, la introducción del servicio debe analizarse a la luz del apoyo gubernamental que entonces se otorgó a la creación de una segunda plataforma satelital, Vía Digital, para que compitiera con Canal Satélite Digital.

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La posibilidad de vehiculizar y democratizar la SI contando con la TDT no fue planteada por el Gobierno de Aznar hasta que el fracaso en el desarrollo del servicio en los términos planteados se hizo evidente. Sólo entonces este objetivo empezó a ser sugerido en determinados discursos33 y se produjo tardíamente la primera vinculación oficial entre la TDT y los objetivos de la SI a través de las iniciativas PISTA y Ciudades Digitales. Aunque no de manera central y con escasas repercusiones, ambas han cobijado proyectos relacionados con la TDT. Por el contrario, tal articulación no había sido tenida en cuenta en ninguno de los dos grandes planes propuestos por el PP para impulsar la adopción de nuevas tecnologías. El Plan InfoXXI, diseñado para el periodo 2000-2003, fue criticado por su escaso presupuesto y por intentar digitalizar la Administración sin fomentar el acceso y uso a las nuevas tecnologías. España.es, vigente entre 2004 y 2005, además de reeditar algunos errores de su antecesor fue acusado en su día de falta de consenso y liderazgo político. Aunque cosechó algunos éxitos en materia de equipamiento, nuevamente fracasó en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (González San Ruperto, 2006). PISTA se planteó como un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el apartado Promoción y Programas de Ayuda a la SI de la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información). Pensado inicialmente para el periodo 1997-2005, ha tenido por objeto impulsar el desarrollo de aplicaciones y la puesta en marcha de prototipos de sistemas y servicios dirigidos a sectores clave, entre los que destacan muy especialmente la propia Administración y los servicios públicos. El programa consistió en la participación activa de grupos de usuarios en pilotos operativos reales y se expresó en diversos proyectos. En el caso de la iniciativa PISTA TDT- Servicios Públicos sobre TV Digital, esta se presentó para los años 2003 y 2004 con la intención de desarrollar aplicaciones de servicios de la SI relacionados con la Administración Pública y la Educación, basadas en MHP, a partir de pruebas piloto en TDT con retorno vía módem telefónico. Su repercusión ha sido escasa. Ciudades Digitales se diseñó como un programa cuyo objetivo era la promoción e implantación de la SI en un entorno local, a instrumentar mediante convenios con cada una de las comunidades y ciudades autónomas a las que se le transferirían fondos. En el marco de los primeros once acuerdos que fueron firmados durante el último trimestre del año 2003, se cobijaron una serie de actuaciones entre las que se propuso una iniciativa relacionada con la TDT a ser llevada adelante en la Ciudad de Alcázar de San Juan. Tras el periodo de incertidumbre e indefinición que siguió al fracaso de la estructura del servicio propuesta por el PP, las políticas del nuevo Gobierno llegaron de la mano de un discurso para su relanzamiento caracterizado por 33 A modo de ejemplo, es posible señalar los de la entonces ministra, Anna Birulés: Nota de prensa del MCYT, “El Ministerio de Ciencia y Tecnología acuerda con la industria y los operadores impulsar el desarrollo de la televisión digital terrenal” (15/02/2002); El País, “La televisión digital arranca sin que los operadores puedan dar servicios interactivos” (02/04/2002).

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poseer importantes puntos de contacto con la argumentación del periodo anterior. Según la Administración, el avance técnico que la TDT supone permite ofrecer a los ciudadanos una mayor oferta, de mejor calidad y más diversa (servicios adicionales), al tiempo que posibilita un mejor aprovechamiento del espectro y una oportunidad para el desarrollo tecnológico nacional. De la misma manera, se afirma, su desarrollo permitirá consolidar un mercado televisivo más plural y competitivo. La vinculación del plano discursivo con motivaciones sociopolíticas y argumentos de tipo técnico y, en parte económico, por tanto, se mantiene como una constante, distanciándose en buena medida de la vertiente discursiva europea dominada por una perspectiva económica-industrial. La diferencia es que la lógica de la rentabilidad social y cultural ha ganado mayor peso al convertirse el pluralismo en un argumento en sí mismo (no es la simple consecuencia de la competencia), y vincularse las ventajas que las mejoras técnicas habilitan a la posibilidad de reforzar la libertad de elección para los ciudadanos, además de asociarse a la introducción de nuevos servicios relacionados con la SI. Es posible afirmar que, inicialmente, el Gobierno socialista otorgó cierta continuidad a la relación TDT/SI planteada por el PP. Su primera medida relacionada con las TIC, el Plan Conecta (2004-2007), se lanzó en septiembre de 2004 con el objetivo de conectar la Administración con los ciudadanos y mejorar el aún vigente España.es, al tiempo que se decidió preservar el programa Ciudades Digitales. Sin embargo, también se manifestó de forma temprana la voluntad de llevar adelante una profunda reforma en los planes destinados a la SI que acabó plasmándose en el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre nuestras Comunidades Autónomas. El mismo ha sido el punto de partida para elaborar las recomendaciones de políticas que en la actualidad encarna el Plan Avanza, estrategia que integra el presupuesto y las actuaciones oficiales de fomento a la TDT. El gobierno de Zapatero aprobó en octubre de 2005 el Programa Nacional de Reformas, en respuesta a la renovada Estrategia de Lisboa para 2010, organizándolo en siete grandes ejes de actuación, entre los cuales hay uno dedicado a la estrategia de investigación, desarrollo e innovación, que ha dado lugar al Programa Ingenio2010 (2006-2010). Este, a su vez, engloba junto a otras iniciativas al Plan Avanza, que tiene a su cargo extender la SI para alcanzar la media europea. Pero ni en el Programa de Trabajo 2006 de Ingenio2010, aprobado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología34, ni en la descripción del Plan Avanza el vínculo que se plantea entre SI y TDT es prioritario. De hecho, el Plan Avanza es un programa cuatrienal (2006-2010) que al resumir sus 34 Acceso en http://www.ingenio2010.es/noticias/descargas/Programa_Trabajo_2006.pdf (julio, 2006).

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objetivos en la máxima “conseguir que el Gasto TIC sobre el PIB se sitúe en el 7% en el año 2010” (SETSI, 2006a: 8), supedita dicha relación a una lógica meramente cuantitativa. La TDT es, por lo tanto, una de las tantas herramientas para acercar la SI a los ciudadanos. De modo que aunque la articulación entre ambas instancias se haya reforzado y haya dejado de ser difusa, se sostiene aquí que dicha relación no es más que formal ya que se encuentra subordinada a una estrategia cuyo rol central ha sido asignado a Internet. El Plan Avanza se organiza en cinco áreas de actuación denominadas Hogar e Inclusión de Ciudadanos, Servicios Públicos Digitales, Competitividad e Innovación, Educación en la Era Digital y Contexto Digital. A finales de 2006, de las medidas que implicaban a la TDT y que se encontraban confinadas a las dos primeras áreas (SETSI, 2006b y 2006c; MITyC, 2006), dos eran de tipo general (difusión y divulgación y desarrollo como canal de comunicación de servicios de la Administración) y sólo una remitía a la TDT como puerta de acceso a la SI. La peculiaridad de la gestión del Plan Avanza, que descansa sobre la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y los agentes del sector de las TIC, supone que la efectiva aplicación de estas medidas es afectada tanto por una variable geográfica como por una económica. En primer lugar, la celebración de convenios puntuales para el desarrollo de las iniciativas concretas, supone que en casi todos los casos las mismas se encuentren constreñidas a aquellos niveles de la Administración comprometidos con sus objetivos. Al respecto, es importante señalar que a excepción de la actuación denominada Colaboración con la Asociación Impulsa TDT, destinada a impulsar la implantación y desarrollo del servicio en todo el país, el resto de las intervenciones previstas están limitadas a programas en algunas comunidades autónomas (Castilla y León, Aragón, Cataluña, Canarias y Galicia). En segundo lugar, la disposición de los recursos del Plan Avanza determina que el Estado financiará directamente aquellas actuaciones de la Administración General, pero pagará de manera compartida la ejecución de aquellas que se desarrollen de manera conjunta con otras Administraciones y agentes privados (los porcentajes de co-financiación entre el MITyC y las comunidades oscilan entre el 40% y el 60%, respectivamente). Lo que supone que en definitiva la materialización efectiva de las medidas relacionadas con la TDT está sujeta a las prioridades de cada región y los intereses de la iniciativa privada35. Más allá del Plan Avanza, la articulación entre TDT y SI que ha apoyado el Gobierno se ha reducido a los debates que han tenido lugar, bajo el paraguas de la Comisión de Seguimiento de la TDT, en los grupos de trabajo del Foro Técnico de la Televisión Digital dedicados a la definición de proyectos de fomento de la

35 Para ver detalles respecto del desarrollo de convenios con comunidades y ciudades autónomas, además de su ejecución presupuestaria, consultar MITyC (2006) y SETSI (2006d).

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TDT como medio de acceso a la SI, y los pequeños emprendimientos efectuados a través del programa Ciudades Digitales, a los que se ha dado continuidad. A través del MITyC, el Gobierno ha decidido seguir aportando al programa Ciudades Digitales que engloba una serie de actuaciones y proyectos que exceden la televisión digital, para afectar a campos como el comercio electrónico y el teletrabajo, entre otros. Estaba previsto que la iniciativa que implica a la TDT, el proyecto Alcázar Digital TDT, se desarrollara para 2007 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Gracias a ella, 30 mil habitantes accederían a través de la TDT a gran variedad de servicios interactivos que incluirán la posibilidad de realizar gestiones municipales36. 2.2. Regulación caótica y dispersa 2.2.1. Profusión de normas En España, el lanzamiento de los servicios de TDT no se produjo en el marco de un cuerpo legal coherente e integral. Su relanzamiento de la mano del gobierno de Zapatero poco ha dejado en pie de la legislación dispersa y minimalista del periodo anterior, aunque la configuración actual del servicio se construyera sobre las bases existentes. La normativa que dio origen a la TDT en el país ya no existe (Decreto 2169/1998, junto a la Orden que lo acompañó) porque se han sancionado un nuevo PTNTDT y Reglamento (Decretos 944 y 945 de 2005 y Orden ITC 2476/2005), y se ha modificado el PTNTVDL (Decreto 2268/2004, Ley 10/2005 y Decreto 944/2005). Recapitulando, ello, junto al Decreto 946/2005 que modificó el Plan Técnico de la Televisión Privada para habilitar un nuevo canal analógico (autorizado mediante la Ley 10/2005), la resolución que modificó el contrato concesional de Sogecable y la decisión del Consejo de Ministros adjudicando el nuevo espacio analógico a La Sexta y otorgando nuevos canales digitales a los operadores estatales existentes, ha permitido la emergencia de la estructura actual de la TDT española. El nuevo PTNTDT no sólo es importante por establecer la arquitectura del servicio para los escenarios de transición y fin de las emisiones terrestres analógicas, sino por adelantar el apagón al 3 de abril de 2010, coincidiendo con el fin de las licencias analógicas de los operadores terrestres estatales. También lo es por disponer que cada múltiple está compuesto por cuatro canales, aunque el operador, estatal o autonómico, a quien se le asigne su explotación íntegra puede emitir el total de los canales técnicamente viables o, 36 Esta ciudad de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un proyecto de “isla digital” que supone instalar en todos los hogares un decodificador MHP. “El proyecto aporta un modelo de ruptura de la brecha digital mediante el uso de la interactividad y reproduce a pequeña escala la situación que se producirá tras el apagón en abril de 2010”. Nota de prensa MITyC, “Alcázar de San Juan, primera ciudad española con servicios interactivos de TDT gracias al proyecto Alcázar Digital” (28/06/2006).

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incluso, uno solo en alta definición. La capacidad de transmisión del múltiple sigue pudiendo utilizarse en hasta un 20% para prestar servicios adicionales distintos del de difusión de televisión. Al igual que estableciera el PTNTDT original, aquellas entidades que compartan un mismo múltiple deben asociarse entre sí o establecer las reglas para su mejor gestión, que queda así librada a la buena voluntad de acuerdo entre las partes. De la misma manera y en línea con la normativa europea al respecto, se mantiene la disposición de que los equipos de recepción deben disponer de interfaces abiertos, compatibles y que permitan la interoperabilidad. Aunque se agrega que deben ser los entes públicos de televisión quienes proporcionen la capacidad necesaria para difundir las actualizaciones del software de los equipos terminales. Tampoco se regula exhaustivamente la figura del gestor de servicios digitales adicionales, como la interactividad o las guías de programas. Al ser considerados servicios de telecomunicaciones, su prestación está sometida en última instancia a la Ley General de Telecomunicaciones, sin que existan normas que establezcan qué servicios adicionales pueden emitirse por TDT ni en qué condiciones. Sin embargo, no está claro que según esta ley pueda exigírsele a quien preste cualquiera de estos servicios adicionales la tramitación de una autorización ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Por tanto, los sistemas de acceso condicionado, las EPG y las interfaces de programa de aplicaciones (API), así como las obligaciones must carrry sobre los programas de televisión, han quedado reguladas de forma mínima a partir de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (disposición adicional séptima)37. En línea con el paquete de comunicaciones electrónicas europeo que transpone, en lo que respecta a la regulación del acceso condicionado, se establece que los operadores y proveedores deben ofrecer al proveedor del servicio de televisión, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, medios técnicos que permitan habilitar la recepción de sus servicios por usuarios de los descodificadores gestionados por aquellos. Respecto de las EPG y API, la CMT podrá imponer obligaciones a los operadores para que faciliten el acceso a estos recursos en condiciones razona37 Además de los reglamentos que la desarrollan: Real Decreto 2296/2004 y 424/2005. Hasta la sanción de esta Ley que los deroga, estos asuntos estaban bajo la órbita de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, que incorporó al derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas comunes para la transmisión digital de señales de televisión por cable, satélite o medios terrestres que favorecieran la libre competencia (BOE de 6 de mayo de 1997), modificada por el Real Decreto-Ley 16/1997, de 13 de septiembre (BOE de 15 de septiembre de 1997). Aunque la Ley 17/1997 no regulara directamente las EPG o las API, la CMT en 2001 investigó el impacto del uso de las API propietarias en el mercado de TDT. En sus conclusiones reconocía que un STB común y obligatorio sería beneficioso para los consumidores y nuevos actores entrantes al mercado, pero acarrearía costes más altos en un contexto de saturación de mercado. Por ello, junto a los operadores, concluyó que era preferible dejar que el mercado decidiera el ritmo y características de su devenir. Esta fue la política hasta la quiebra de Quiero, a partir de la cual, el Gobierno del PP intentaría la coordinación de fabricantes de equipamiento y productores de contenidos para relanzar la TDT (Llorens, 2004).

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bles, justas y no discriminatorias. Como especifica el reglamento de la norma, también podrán imponerse exigencias de transmisión de determinados canales y servicios de programas de radio y televisión a los operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para su distribución, si un número significativo de usuarios finales las utiliza como medio principal para su recepción38. La Orden Ministerial que acompañó el PTNTDT establece las especificaciones técnicas del servicio y los contenidos mínimos que deben incluirse en los pliegos de condiciones que se elaboren por los órganos competentes de las distintas Administraciones para la convocatoria de los correspondientes concursos. Por último, el nuevo Plan modifica una vez más la situación de la TDT local, sumándose a una enrevesada regulación. Si el servicio se encontraba en un limbo legal antes de la aparición del PTNTVDL, ello no impidió que se intentara regularlo con disposiciones que nada tienen que ver con el sector audiovisual. Mediante la Ley 53/2002 el PP quiso resolver el largo y complejo problema que envuelve a las televisiones locales terrestres al imponer, súbitamente, que la televisión local sólo podría existir en digital, y al intentar reemplazar un nunca elaborado plan de televisión local con el PTNTVDL. Ante el retraso en su elaboración y la ya sancionada existencia de televisiones locales terrestres digitales, la Ley 62/2003 ofreció a aquellas televisiones resultantes de concesiones de concursos convocados por las distintas comunidades un periodo transitorio más laxo para migrar a la tecnología digital. Pero una vez aprobado el PTNTVDL, este puso de manifiesto una serie de problemas. En su redacción no se tuvo en cuenta el tipo de reparto y la mecánica posibles para reorganizar las frecuencias en caso de que estas quedaran vacantes producto de concursos desiertos. La tasas que deberían pagar los operadores, establecidas según la densidad de población y la superficie de la cobertura, podrían convertirse en una barrera financiera insalvable para los operadores privados sin ánimo de lucro que pretendieran competir en las áreas de mayor superficie y más densamente pobladas. El reparto de demarcaciones implicaba importantes desequilibrios entre las comunidades (Prado, 2004) y el calendario previsto no era realista (CMT, 2004b). Por muchos de estos motivos, el Gobierno socialista modificó el Plan de TDT local del PP. Si bien es cierto, como puntualiza Prado (2004), que el PSOE podría haberlo paralizado antes de su publicación en el Boletín Oficial, tanto por sus incongruencias como por su anunciada voluntad de ordenar de forma 38 Según el borrador presentado (MITyC, 2005), la Ley Audiovisual establecería la posibilidad de regular el primer acceso, desde un servicio de difusión de radio o televisión, a servicios conexos y adicionales interactivos, estableciendo limitaciones a sus contenidos. Por otra parte, también podría regular las EPG estableciendo, entre otros requisitos, que las guías permitan a los usuarios ordenar los canales según sus preferencias y que la presentación por defecto otorgue preeminencia a los canales de servicio público.

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global el sistema audiovisual, esta opción hubiera dejado nuevamente al sector en un renovado limbo legal. Por lo que parecía más recomendable aprovechar su existencia corrigiendo sus principales falencias. Pero se sostiene aquí que si bien las modificaciones al PTNTVDL realizadas a través del Real Decreto 2268/2004 resolvieron algunos problemas, otros no menos importantes persistieron. Básicamente, se modificó el ámbito de algunas demarcaciones, se crearon 15 nuevas y se volvió a modificar el calendario de implantación del servicio. Por un lado y atendiendo previsiblemente a las demandas de determinadas comunidades donde las zonas de sombra consecuencia del Plan anterior suponían que algunos sectores se quedaran sin TDT, se modificaron demarcaciones en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Canarias y Valencia, con el objetivo de acoger a aquellos ayuntamientos excluidos de la planificación anterior. Respecto de las nuevas demarcaciones creadas, varias comunidades han sido beneficiadas. En Andalucía, por ejemplo, se añadieron cuatro nuevas demarcaciones, al igual que en Cataluña. Castilla-La Mancha, Valencia y Galicia ganaron una demarcación cada una, y Aragón y País Vasco, dos cada una. Se extendió hasta el 1 de enero de 2008 el plazo para emitir en analógico a los adjudicatarios de concesiones para la prestación de servicio público de TDT sujetos a la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, siempre que no existieran incompatibilidades entre estaciones de televisión local, en cuyo caso, tienen prioridad las emisiones con tecnología digital. Por último, para el caso de aquellas comunidades autónomas afectadas por las modificaciones introducidas en el PTNTVDL por este real decreto, se decidió reiniciar el cómputo de los plazos de concesión previstos en la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, lo mismo que para aquellas que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto no hubieran concluido dicho proceso de concesión (como Madrid y Baleares que lo habían iniciado). De manera que en tanto este decreto se hizo oficial el 5 de diciembre de 2004, si el plazo para determinar el modo de gestión de los canales asignados a los municipios y agrupaciones de municipios era de tres meses a contar desde la aprobación del PTNTVDL, a partir de lo cual las comunidades autónomas dispondrían de cinco meses para la convocatoria de los concursos y adjudicación de las concesiones, ello señaló al 5 de agosto de 2005 como fecha límite para la introducción de la TDT en el ámbito local (ha de hacerse notar que los tiempos de los concursos en el caso de las comunidades que al momento los tuvieran abiertos serían los que dichas convocatorias establecieran). Nuevamente, la falta de realismo del calendario previsto, producto sin lugar a dudas de la ausencia de planificación, condujo a que la Ley 10/2005 unificara en un único plazo y prorrogara hasta el 31 de diciembre de 2005 el proceso de convocatoria y adjudicación, tanto para la gestión directa como indirecta del servicio. La norma también puso remedio a los problemas que la modificación del PTNTVDL había dejado pendientes, elevando a dos el número de canales digitales por múltiple que pueden reservarse para la gestión

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directa y a diez el periodo de concesión administrativa para la explotación del servicio. Si bien es cierto que con esta Ley se quitó presión sobre el sector local, se enuncia la garantía de accesibilidad a la TDT para personas con discapacidad y el Gobierno se compromete a fomentar el plurilingüismo, al mismo tiempo se redujo el plazo para dejar de emitir que tendrían los emisores locales que no obtuvieran permisos de TDT (1 de julio de 2006), se relajaron las normas sobre la propiedad de concesiones radiofónicas y se amplió el periodo de compatibilidad de presencias accionariales en sociedades concesionarias de televisiones analógicas y digitales de cobertura estatal (del 1 de enero de 2005 hasta el fin de la transición a la televisión digital terrestre)39. Mientras que el segundo grupo de medidas es discutible, ya que expulsa antes del mercado a las emisoras locales que no obtengan en los concursos en marcha una concesión digital para emitir y blanquea situaciones de hecho40, el primero es positivo porque: - Flexibiliza el accionar de las comunidades respecto de la organización de la TDT bajo su órbita, extendiendo los plazos. - Otorga mayor posibilidad de éxito económico a una inversión en TDT local que tendrá una década y no cinco años para amortizarse. - Y aumenta las posibilidades de configurar un servicio universal de TDT accesible a todos, al abrir la puerta a la gestión directa de dos programas por demarcación (permitiendo con ello que en aquellas zonas que agrupan a muchos municipios con vocación para prestar el servicio ninguno quede fuera, así como que estos soliciten su explotación si los concursos quedaran desiertos por falta de interés de entidades con ánimo de lucro).

39 La norma también liberalizó la televisión por cable, eliminando el tope de dos operadores por demarcación, lo cual fue refrendado con la aprobación del Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable (BOE de 2 de septiembre de 2006). 40 Tanto la conocida como caso "antenicido", como las incompatibilidades existentes en presencias accionariales en sociedades concesionarias de televisiones analógicas y digitales de cobertura estatal. En lo que respecta a la controversia sobre los límites de la concentración de radio, este cambio legal supuso aumentar de dos a cinco las emisoras que una misma persona física o jurídica puede tener en una misma demarcación. Tal es el caso del Grupo PRISA que pasó a tener hasta cinco emisoras en numerosas demarcaciones tras la absorción de Antena 3 Radio. Por otra parte, la Ley de Televisión Privada, a partir de las modificaciones que le introdujo la Ley 53/2002, prohibía a las concesionarias de licencias de televisión privada gestionar operadores que coincidieran en su cobertura, teniendo aquellos que incumplieran estos límites hasta el 1 de enero de 2004 para adecuar sus participaciones. Si tenemos en cuenta que un año más tarde estas disposiciones se flexibilizarían mediante la Ley 62/2003, los infractores como Vocento tendrán, en adelante, hasta la fecha de la efectiva finalización de las emisiones de televisión de cobertura estatal con tecnología analógica para remediar estas incompatibilidades (televisión analógica estatal –Telecinco–, local –UNE–, TDT –Net TV y Onda 6–). Para un análisis detallado de estos movimientos legales, ver, por ejemplo, Segovia Alonso (2005).

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Volviendo a las modificaciones que el nuevo PTNTDT efectuó sobre la arquitectura de TDT, en parte contenidas ya en la Ley 10/2005, aquellas relativas al ámbito local suponen: que en las zonas de baja densidad de población de un término municipal podrán instalarse estaciones de red de frecuencia única y que se introducen nuevos múltiples digitales para las organizaciones territoriales insulares de Islas Baleares y Canarias (tres y siete respectivamente). La entrada en vigor del Reglamento de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable, en septiembre de 2006, afectó a la TDT en cuatro cuestiones de gran importancia. En primer lugar, clarificó las obligaciones must carry del cable. Hasta el cese definitivo de las emisiones de televisión con tecnología analógica y con las compensaciones económicas que se acuerden, quienes presten el servicio de difusión de televisión por cable deben incluir en su oferta tanto a los seis canales analógicos nacionales como a los gestionados directamente por la comunidad autónoma donde desarrollen su actividad. En segundo lugar, modificó el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación, reduciendo de once a tres días el plazo en el que debe hacerse pública la programación anunciada. Se alteró una vez más el PTNTDT para contemplar la posibilidad de que, si la disponibilidad espectral lo permite, se planifique un múltiple digital para la prestación del servicio de TDT en movilidad. Y, por último, se estableció que RTVE, los operadores nacionales y los entes públicos de terceros canales debían presentar un plan para alcanzar de manera escalonada la cobertura del servicio de TDT prevista en el PTNTDT. Este apartado se finaliza resaltando que en lo relativo al ámbito de los contenidos, y al igual que ocurre con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la normativa española se ajusta a las directivas europeas correspondientes. Por ello, coincidiendo con los orígenes del servicio, se aprobó la Ley 22/1999 de 7 de junio41 que incorporó al ordenamiento jurídico español los cambios emergentes de la revisión de la Directiva TVSF. En julio de 2004, mediante el Real Decreto 1652/2004, el gobierno de Zapatero aprobó el reglamento para su cumplimiento, regulando la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas de televisión, europeas y españolas (5% de los ingresos de los operadores de televisión). La hostilidad de las cadenas no se hizo esperar, alimentada por el otro gran debate de los primeros meses de la nueva Administración: el de la “telebasura” (Bustamante, 2006). Al respecto, Gobierno y operadores llegaron a 41 BOE del 8 de junio de 1999, Ley 22/1999, de 7 de junio, de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorporó tardíamente la Directiva 89/552/CEE. Posterior desarrollo reglamentario: Real Decreto 1462/1999, de 17 de septiembre. El Decreto 410/2002, de 3 de mayo (BOE 23 de mayo de 2002), desarrollaría años después el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, estableciendo criterios uniformes de clasificación y señalización para los programas de televisión.

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finales de 2004 a un acuerdo para regular los contenidos mediante el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y su Comisión Mixta de Seguimiento, que se constituyó en enero de 2005. 2.2.2. Ausencia de un regulador independiente La CMT, entidad de derecho público, es el organismo regulador para el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales42. Sus funciones son el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que deben cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones, el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos (actividad que no tiene carácter público). La Comisión tiene patrimonio propio, independiente del Estado, y es económicamente autónoma, ya que sus recursos provienen, casi en su totalidad, de los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas en materia de telecomunicaciones devengadas por la realización de actividades de prestación de servicios. Funciona a través de un Consejo, cuya independencia se supone está reforzada por las garantías de permanencia y no remoción de sus miembros, salvo graves circunstancias, durante el plazo de seis años para el que son nombrados (pudiendo los inicialmente designados ser reelegidos una sola vez). Sin embargo, sus integrantes (un presidente, un vicepresidente y siete consejeros), son nombrados por el gobierno de turno. Ante la ausencia de una entidad reguladora de la actividad audiovisual, en lo referido a contenidos especialmente, el accionar en este sentido ha acabado por recaer en la negociación entre el partido en el poder y los propios regulados. Por lo tanto, mientras que en este aspecto la regulación se ha decantado por una política de laissez faire, las actividades que afectan a las redes de transmisión o difusión se encuentran desde 1996 bajo la órbita de la CMT. En tanto sus funciones y objetivos no van más allá de garantizar condiciones abiertas de competencia en la prestación de estos servicios, en línea con la política audiovisual europea, sus actuaciones tienen un perfil técnico y económico. En lo que respecta a la gestión del dominio público radioeléctrico, esta recae teóricamente sobre otro organismo: la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones43. Esta figura, ente público con carácter de organismo autónomo, personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, tiene por objeto la planificación y administración del espectro, así como el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización, la inspección de instala-

42 Creada por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones. 43 Creada por la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.

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ciones radioeléctricas y la gestión de un registro público de radiofrecuencias en el que consten los titulares de concesiones. Hasta su creación legal en 2003, el órgano facultado para estas funciones era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La cuestión es que sigue siéndolo hasta tanto no se aprueben reglamentariamente las condiciones de funcionamiento de la Agencia y esta sea una realidad palpable. El hecho de que tanto esta entidad como la CMT estén adscritas al actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como la superposición o falta de delimitación clara de sus ámbitos de actuación, ponen de manifiesto el alto grado de injerencia que los gobiernos tienen sobre la regulación del sector, que por consiguiente, no puede calificarse de independiente. El MITyC es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y desarrollo de la Sociedad de la Información, a través de la SETSI. Presidida por Francisco Ros Perán, de la SETSI dependen dos órganos directivos con nivel orgánico de dirección general: la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-mación. Definida como uno de los órganos superiores del Ministerio, corresponden a la Secretaría, entre otras funciones, el impulso, la programación y la supervisión de la mencionada política; la elaboración y propuesta de la normativa referente al sector; la planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico; la tramitación y el otorgamiento, en su caso, de los títulos habilitantes de servicios audiovisuales y para el uso del dominio público radioeléctrico, cuando corresponda otorgarlos a la Administración General; el ejercicio de las facultades de control, inspección y sanción en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y SI, salvo cuando sean competentes otros órganos; y la resolución de controversias entre operadores y usuarios en los términos previstos en la normativa vigente. En el caso del Ente Público RTVE, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia ha estado sometido al Estatuto de 1980 hasta la aprobación de la Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal en junio de 2006. La administración de sus bienes dependió del Ministerio de la Presidencia hasta 2001, fecha en que la responsabilidad de su gestión pasó a manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la que RTVE debía continuar adscrita hasta la puesta en funcionamiento de la sociedad mercantil que crea la nueva norma (Corporación RTVE). Además de una crisis financiera estructural, la dependencia gubernamental del ente ha sido sistemática, marcada por el nombramiento directo del Director General, un Consejo de Administración carente de cualquier facultad de control y un Consejo de Administración con competencias recortadas e integrantes no siempre cualificados para la labor. “Por su parte, la Comisión de Control Parlamentario de RTVE ha reproducido las mayorías gubernamentales, duplicando en la práctica las funciones del Consejo de Administración” (Consejo de sabios, 2005: 31-32).

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Se espera que esta situación cambie con las medidas previstas en la nueva Ley44: gestión en manos de un Consejo de Administración de designación parlamentaria con mandato de seis años; aprobación por parte de las Cortes Generales de mandatos-marco de nueve años, a concretarse en contratos-programa de tres años de duración acordados por el Gobierno y la Corporación, en los que se concretarán objetivos de servicio público y su contraprestación económica; y subvención pública acompañada por ingresos comerciales que estarán sujetos a las reglas del libre mercado (publicidad y venta de productos), dando lugar a un financiamiento mixto basado en la contabilidad analítica y en la eliminación de la financiación vía endeudamiento. En cuanto a las televisiones autonómicas, a pesar de que “la diversidad de sus presupuestos y costes, sus ingresos y niveles de endeudamiento impiden generalizaciones, estructuralmente el diagnóstico es muy similar al de TVE”, aunque deben destacarse los esfuerzos de algunos entes en el pluralismo y democratización de sus Consejos Audiovisuales y de administración (Bustamante, 2002: 234). A pesar de que España sea el único Estado miembro de la antigua UE sin Consejo del Audiovisual, sí cuenta con algunos Consejos autonómicos activos y con autoridad social y política, homologables a los europeos (Cataluña, Navarra, el nuevo de Andalucía), junto con otros en desarrollo o de ambición mucho más restringida (Galicia, Madrid, Valencia) (AUC, 2004; Zallo, 2006). Al respecto, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado su voluntad de suprimir el ente madrileño, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) es el primero en haber conseguido competencia absoluta sobre todo el proceso de adjudicación de licencias45. En síntesis, en lo que respecta a la actividad reguladora de la TDT y en términos generales, no existe una institución independiente. El MITyC se ocupa de los aspectos normativos y, hasta tanto se creen la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones y un Consejo Audiovisual estatal autónomo, es también responsable por el espectro y los contenidos46. Por su parte y en tanto que National Regulatory Authority, la CMT vela por la libre competencia al ajustar su actuación a la legislación europea en materia de comunicaciones electrónicas.

44 Para un análisis de las modificaciones que supone la norma respecto del informe elaborado por el denominado “Consejo de sabios”, ver Bustamante (2006). 45 Para una descripción de estos Consejos y una aproximación al problema de las autoridades independientes del audiovisal, consultar el Cuaderno Central de la Revista Telos, nº 68, julioseptiembre (2006). 46 La norma que incorporó a la legislación española la Directiva TVSF, atribuye al Ministerio de Fomento el ejercicio de las funciones de inspección y control sobre los servicios de televisión con ámbitos de cobertura superiores al de una comunidad autónoma, siempre que aquellos no sean gestionados directamente por una de ellas. Esta referencia hoy ha de entenderse hecha al MICyT. La creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, en los términos que especifica el borrador de su anteproyecto, daría lugar a un órgano de supervisión con amplias competencias e independencia, que asumiría la mayor parte de las atribuciones audiovisuales que hoy tiene el MITyC (seguimiento de la aplicación de la Directiva TVSF, informe previo sobre los concursos para el otorgamiento de licencias, capacidad sancionadora y normativa, etc.).

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Gráfico 4. Estructura de la Comisión de Seguimiento de la TDT

Fuente: elaboración propia basada en datos MICyT.

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El ente es la única institución convergente (audiovisual y telecomunicaciones), aunque sólo desde el punto de vista de las redes (no los contenidos). Mención aparte merecen la SEPI (dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda), el Tribunal de Defensa de la Competencia y las Administraciones autonómicas con sus organismos específicos. De esta manera, las decisiones que afectan el desarrollo de la TDT y la transición a la televisión digital tienen origen más que en la CMT, en el MITyC, es decir, el Gobierno. Muestra de ello es que la Comisión que se ha establecido para el seguimiento de la TDT, que el gráfico 4 ilustra, aunque brinda a todos los afectados un espacio de debate, en el fondo no es más que una instancia ministerial. El 22 de febrero de 2005 se constituyó en la SETSI la Comisión para el Seguimiento de la Transición a la Televisión Digital Terrestre, con el objetivo de proponer las medidas necesarias para el relanzamiento del servicio y diseñar la estrategia global para encarar el proceso de migración y su seguimiento y control. El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información es su presidente y en ella participan 20 miembros que representan a los diferentes agentes del sector. La Comisión identificó una serie de áreas de actuación, cuyo estudio previo al relanzamiento del servicio se encomendó al Foro Técnico de la TV Digital, constituido pocos días después. El Foro está compuesto por un representante de cada entidad participante (están inscritas como tales un total de 138), y es presidido por el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Como su denominación lo indica, la intención ha sido disponer de un espacio en el que se traten aspectos técnicos y se impulsen iniciativas para el desarrollo de la televisión digital en general, indistintamente de su soporte. Se han creado siete Grupos de Trabajo centrados en el relanzamiento de la TDT y el seguimiento de la transición a la televisión digital, encabezados en todos los casos por un funcionario de la SETSI. Su objetivo es cubrir las siguientes áreas de actuación encomendadas por la Comisión: recepción de la TDT, cobertura y apagado analógico, oferta de contenidos, elaboración de un plan de comunicación, accesibilidad en la televisión digital, servicios de la SI de interés público y MHP y otros aspectos técnicos y de servicios. 2.2.3. Predominio del nivel estatal y los mecanismos normativos y gubernamentales Un balance de la actividad reguladora debe poner de manifiesto, en primer lugar, que si bien existen múltiples ámbitos que actúan sobre la regulación de la TDT en España, esta es fundamentalmente un asunto estatal. La cesión de autoridad, tanto al plano comunitario como regional, no ha impedido que las decisiones estructurales emerjan de la Administración central (sobre ellas, en un segundo momento, se articula la actividad de las comunidades). Estas decisiones se han plasmado en una actividad reguladora caracterizada por el

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uso prioritario de herramientas normativas (ejercidas de forma caótica) y la actuación gubernamental, ante la ausencia de una autoridad independiente. La regulación normativa se ha sustentado, en buena medida, en una serie de disposiciones ya desactualizadas que han sido modificadas en cuestiones puntuales a lo largo de los años, dando lugar a un entramado confuso y permanentemente cuestionado de derechos y obligaciones. Así pues, en este caso, más que una retirada progresiva de toda regulación, se verifica una permanente re-regulación del servicio. Esta profusión de normas que no pertenecen a una legislación integral y coherente para la implantación de la televisión digital, responden, en consonancia con el ámbito comunitario, a la lógica tradicional de la regulación sectorial del audiovisual en el plano de los contenidos y, en el de las redes, a la lógica horizontal de la regulación de la competencia. La normativa es, por tanto, sólo en parte transversal y convergente. La actividad reguladora tiene crecientes visos de autorregulación y regulación compartida (código de contenidos negociado entre el Gobierno, MITyC y regulados; servicios adicionales como EPG), y está sometida de manera creciente a la aplicación de las reglas del Derecho de la competencia. El predominio del dictado de normas como principal herramienta para la regulación de la TDT no debe omitir la existencia de mecanismos de búsqueda de consenso (creación de la Comisión Seguimiento TDT), así como el desarrollo de una estrategia para el impulso al servicio englobada en los objetivos del Plan Avanza. Sin embargo, no abundan ni las consultas públicas sistemáticas que aporten transparencia a la definición de políticas públicas ni el dictado de iniciativas integrales. Al respecto, más allá de la reducción del IVA del 16% al 7% en la adquisición de sintonizadores y modernización de antenas aprobada por el Gobierno en 200547, las actuaciones relacionadas con el impulso a la TDT se encuentran en su mayoría limitadas a algunas comunidades autónomas y, en tanto dependen de su voluntad política y presupuestos, su grado de heterogeneidad es alto. Inicialmente cobijadas por el programa Ciudades Digitales, en la actualidad se encuentran integradas en dos áreas de actuación del Plan Avanza que es controlado por el MITyC (SETSI). Dentro del área relacionada con los servicios públicos digitales, cuyo objetivo es conseguir una Administración electrónica plenamente desarrollada en toda España, se encuentra la medida denominada Integración de canales de servicios. La misma promueve la integración de los servicios prestados por las Administraciones Públicas con independencia del canal por el que se ofrezcan, garantizando la accesibilidad del servicio a través de diferentes medios (Internet, acceso telefónico, datos en móviles y televisión digital). 47 Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006 (el artículo 63 establece un IVA reducido para el suministro y recepción de servicios de radiodifusión digital y televisión digital).

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Dos medidas se proponen dentro del área de actuación Hogar e Inclusión de Ciudadanos, cuyo objetivo es hacer partícipes a los ciudadanos de las ventajas de utilizar Internet y las TIC. La denominada Difusión, divulgación y comunicación de los usos de las TIC, tiene por objetivo comunicar a toda la sociedad las ventajas de las TIC y formarles en su uso (móviles, Internet, TDT, PDA, etc.). Por su parte, TDT como acceso a la SI, pretende promover el acceso multicanal, “complementario a Internet”, a nuevos servicios y aplicaciones para los ciudadanos a través de actuaciones piloto. Esta última medida, la única que agrupa actuaciones concretas en torno a la TDT, se desglosa en seis iniciativas de las cuales sólo la primera tiene alcance nacional y ninguna contempla especialmente a la televisión pública: - Colaboración con la Asociación Impulsa TDT para ejecutar acciones conjuntas o coordinadas que impulsen la implantación y desarrollo de la TDT en todo el territorio nacional (ello incluye tanto la elaboración y puesta en práctica del plan de transición a la TDT, como su seguimiento y la ejecución de proyectos piloto que anticipen el proceso). - Proyecto TDT Soria para ejecutar el apagón analógico anticipado en dicha ciudad durante 2008. - Generación de contenidos interactivos para TDT que permitan visualizar información de municipios aragoneses que no dispongan de página web propia. - Pruebas piloto T-Govern en Cataluña para poner en marcha servicios al ciudadano mediante la TDT. - Nuevas aplicaciones y servicios de acceso a la SI en zonas rurales y aisladas de Canarias, utilizando las potencialidades de la TDT. - Desarrollo de una Plataforma Tecnológica de Televisión Digital en Galicia que desarrolle contenidos interactivos y tecnología soporte. Esta ausencia de iniciativas integrales específicas ha conducido a que España no contara a finales de 2006 con un plan detallado para la transición digital, ya que el cese progresivo de las emisiones analógicas se hará de acuerdo con un calendario que la Administración no había hasta entonces acordado con el sector. Tal falta de planificación está íntimamente relacionada con la ausencia de una autoridad independiente. La CMT, sin competencias reales ni autonomía, sólo contribuye a acrecentar la dispersión y descoordinación de funciones respecto a la televisión y el audiovisual que la descentralización autonómica, en líneas generales, no ha hecho más que aumentar sumando entes consultivos (Bustamante, 2002: 234). Si a lo anterior se agrega, aunque la CMT tenga poder sobre los servicios e infraestructuras del audiovisual y las telecomunicaciones, el hecho de que

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los contenidos están fuera de su órbita y no existe un Consejo Audiovisual como en otros países europeos, todo contribuye a que sea el MITyC quien finalmente ejerza el máximo poder regulatorio, con el consecuente peligro que ello conlleva para la transparencia e independencia respecto del gobierno. Los operadores de televisión, de momento, se han posicionado creando a finales de 2005 la Asociación para la Implantación y Desarrollo de la TDT en España (Impulsa TDT). Además de RTVE, Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo, Net, La Sexta y la Federación de Entidades de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA), también forma parte de la Asociación el operador de red de telecomunicaciones Abertis (ex Retevisión). Su objetivo es la promoción de la TDT y el desarrollo del proceso de transición al apagón analógico, colaborando con las distintas Administraciones Públicas. Con su creación han cumplido al mismo tiempo con uno de los requisitos del PTNTDT que les permitió acceder a un canal digital adicional: participar financieramente en la constitución y funcionamiento de una entidad dedicada a la promoción de la TDT y el proceso de transición. Sin embargo, este cumplimiento será indirectamente subvencionado, puesto que el MITyC ha suscrito en junio de 2006 un acuerdo con la asociación por el cual le aportará un total de nueve millones de euros para el ejercicio 2006. Teóricamente, la institución deberá también realizar una aportación económica como mínimo idéntica a la del Ministerio48. 3. EL RESULTADO: ESTRUCTURA DE LA TDT ESPAÑOLA A continuación se retrata la estructura del servicio que emergió en paralelo a la constitución de la dimensión discursiva y regulatoria de los hechos reseñados. De la misma manera que en el caso británico, el análisis se efectúa en términos de oferta, cobertura y demanda. Para analizar la oferta de contenidos y servicios, allí donde existen, se aludirá primero a los agentes audiovisuales, nuevos y tradicionales, implicados en su configuración, aunque debido a la peculiar arquitectura del servicio en España se analizan de forma separada los ámbitos estatal, autonómico y local. Este tercer apartado del caso español se completará con las especificidades que caracterizan la cobertura, para poder determinar aquello que se destina a cada espacio/mercado, y destacar en qué medida es recibido, por quién, y con qué implicaciones. 3.1. Una oferta en abierto y en proceso de experimentación Con el relanzamiento de las emisiones estatales de TDT a finales de 2005 se puso en marcha la actual configuración del servicio en España. Los concursos 48 El acuerdo anual, prorrogable por periodos iguales, estará supervisado por el Comité para la gestión y seguimiento del acuerdo, que se reunirá con una periodicidad bimestral para valorar y aprobar las actuaciones de impulso a la TDT.

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se llevan adelante según el mencionado Plan técnico, que además de establecer los múltiples para obtener cobertura estatal, define las frecuencias autonómicas, insulares y locales en función de los municipios con una población superior a cien mil habitantes. Se contempla también la cobertura de municipios con una población inferior en los casos en los que hay frecuencias disponibles o se prevé próxima disponibilidad. Tras el apagón, el ámbito estatal contará con ocho múltiples destinados a la televisión (uno con desconexiones) y uno reservado para emisiones DVB-H. Cada comunidad autónoma recibirá dos múltiples con cobertura autonómica, mientras que cada demarcación local (un total de 281) tendrá un múltiple con cobertura local. Mientras que las emisiones nacionales se encuentran ya definidas casi en su totalidad, la situación autonómica y local era sumamente heterogénea a finales de 2006. Por ello, cada uno de estos ámbitos se analizará por separado en función de su grado de desarrollo. Si por una parte existen comunidades donde las emisiones autonómicas llevan en actividad varios años y los concursos para las emisiones locales ya han sido resueltos, en otras regiones estos procesos se encuentran aún en sus comienzos. A ello debe sumarse el hecho de que, de forma paralela a la digitalización del sector, algunas comunidades autónomas se han interesado en gestionar un canal autonómico. En el ámbito local, la introducción de la digitalización de las emisiones terrestres está funcionando a la manera de regularización indirecta de un sector que hasta ahora había funcionado en la alegalidad. Según la localidad de residencia, se podrán sintonizar hasta cuatro u ocho canales, uno de los cuales, está reservado a priori para la gestión directa. En función de la normativa estatal, el inicio de sus emisiones ha quedado fijado entre agosto de 2005 y enero de 2008 como fecha límite, dependiendo de las convocatorias de las administraciones correspondientes. En general, se esperaba que la mayor parte de los canales locales comenzaran a emitir a lo largo de 2007. El análisis que se ofrece a continuación del ámbito estatal releva de manera genérica las experiencias autonómicas y locales de aquellas comunidades que habían tomado decisiones para configurar sus servicios de TDT a finales de 200649. El objetivo, luego de un análisis de situación generalizado, es identificar en cada ámbito de difusión los distintos modelos de TDT por los que las autonomías se van decantando, ejemplificándolos con los casos más representativos.

49 A partir de la información disponible en www.tdt1.com, www.mundoplus.tv/muchomas/ zonatdt y www.televisiondigital.es, además de los datos provistos por los propios operadores. Para detalles sobre los procedimientos de adjudicación, consultar análisis como los de Badillo (2006) y Corominas et al. (2006).

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Tabla 16. Operadores audiovisuales y gestores de múltiple – TDT nacional Múltiples/canal radioeléctrico

Programas digitales (operador audiovisual)

Gestor del múltiple

Plan 1998

66

67 68 69 Plan 2005 (hasta 2010)

4 múltiples sin desconexiones

1 múltiple con desconexiones (RGE – canales 57 a 65)

66

67

68

69

RTVE RTVE Sogecable Antena 3 Telecinco Net TV Veo TV Quiero TV x 2 Datos Quiero TV x 4 Quiero TV x 4 Quiero TV x 4 RTVE RTVE RTVE RTVE RTVE Veo TV Veo TV Net TV Sogecable Sogecable Sogecable La Sexta Telecinco Telecinco Telecinco Net TV Antena 3 Antena 3 Antena 3 La Sexta

RTVE

Quiero TV

RTVE

RTVE

Función delegada en el operador de red de difusión (Abertis)

4 múltiples sin desconexiones

1 múltiple con desconexiones (RGE – canales 57 a 65)

Tras el apagón (2010) 1 múltiple con desconexiones (RGE)

1 múltiple completo sin desconexiones para cada uno (posibilidad HDTV)

1 múltiple para DVB-H RGE: Red Global Estatal.

RTVE RTVE Antena 3 Telecinco Sogecable La Sexta Veo TV Net TV Sin adjudicar Fuente: elaboración propia basada en PTNTDT.

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3.1.1. El ámbito estatal: pluralismo controlado Los operadores, la gestión del múltiple y la producción audiovisual Existen siete operadores audiovisuales de TDT de alcance nacional que difunden programación en abierto y de procedencia muy diversa. Tras detallar la situación de cada uno de ellos, se destacará cuál era el estado del sector de la producción audiovisual, que a principios del nuevo milenio, se caracterizaba como un industria relativamente creciente, pero débil y aquejada por un fuerte proceso de concentración (Bustamante, 2002). Como ilustra la tabla 16, la distribución de los canales que se asignó a cada operador tenía por objetivo facilitar que aquellos que fueran a disponer de tres canales, esto es, aquellos que ya emitían por la vía terrestre cuando se relanzó el servicio, se convirtieran en gestores del múltiple que explotarían de manera dominante. De acuerdo con el Plan técnico, RTVE gestionaría los múltiples en los que se encontraran sus canales. No obstante, en todos los casos y por consenso entre los operadores, la función de la gestión técnica del múltiple acabó confiándose al operador de la red de transporte y difusión de la señal (Abertis). Desde los orígenes mismos del servicio y a pesar de habérsele otorgado un espacio mínimo con el PTNTDT de 1998, RTVE se ofreció en reiteradas oportunidades a liderar la implantación de la TDT. Sin embargo y muy a pesar de las expectativas generadas en relación con su reforma a partir de la llegada del Gobierno socialista al poder, su propuesta de puesta en marcha de ocho canales digitales a partir de su oferta de canales temáticos existente no fue aceptada. Por ello, a finales de 2006 emitía seis canales distribuidos en cinco programas digitales. A La Primera y La 2, que ofrecen el mismo contenido que en su emisión en analógico, se sumaron el canal de información Canal 24 Horas, el de deportes Teledeporte, Clan TVE y TVE 50 años. Los dos últimos compartieron inicialmente en un solo canal sus contenidos destinados al público infantil (de 7:00 a 21:00 horas) y los mejores programas del archivo histórico de la cadena (de 21:00 a 7:00 horas), respectivamente. Televisión Española emite también en digital y de forma pionera, asociados a La Primera y La 2, otros servicios como teletexto (500 páginas), en el que el subtitulado es una de las prestaciones más destacadas (6.869 horas en 2005, un 36,6% más que el año anterior), además del subtitulado de programas en directo y la audiodescripción (246 horas en 2005, principalmente para largometrajes; RTVE, 2005 y 2006). Salvo Teledeporte, el resto de los canales se reciben en todo el país ya que se difunden a través de un múltiple con desconexiones. TVE es el único operador que tiene una emisión territorializada con contenidos regionales en todas las comunidades autónomas50 gracias a una 50 A pesar de que la normativa prevé la posibilidad de que emitan con coberturas limitadas a determinadas zonas territoriales, las cadenas privadas nacionales no han sido muy activas en materia de territorialización de sus emisiones. Para conocer tal actividad en los últimos años, consultar la breve referencia que al respecto realiza Sarabia Andúgar (2006).

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estructura compuesta por 17 Centros Territoriales y de Producción51. Estas desconexiones podrán ser preservadas en tanto RTVE es responsable por las emisiones de la Red Global Estatal (RGE). En 2004 RTVE emitió 82.519 horas de televisión en los distintos canales de TVE, con una producción cuyo carácter interno ha rondado en 2005, en promedio, el 70% (La Primera, 68,56% producción propia y 31,44% producción ajena; La 2, 60,50% producción propia y 39,50% producción ajena). De dicha producción, el conjunto de los Centros Territoriales realizaron un total de 9.179 horas, de las cuales, 5.828 horas se emitieron en desconexiones territoriales (RTVE, 2005). Sin embargo, “la producción propia interna ha descendido drásticamente y de manera casi continua, con abandono de sus capacidades de creatividad y con despilfarro de costes fijos”, mientras que la externalización sistemática no ha conseguido asegurar la calidad del servicio público (Consejo de sabios, 2005: 25). Dentro de las productoras independientes que proveen de contenidos a RTVE pueden mencionarse, entre otras, a Globomedia, Gestmusic Endemol, Mediapro, ZZJ, Bainet Televisión y Cromosoma. No existen cifras específicas para las emisiones de TDT, pero los datos señalados, junto con el hecho de que se haya confiado al ente la gestión de los dos múltiples en los que se emiten sus canales, ponen de manifiesto una posición de fortaleza relativa en este mercado en particular. Tal posicionamiento no se ha traducido, sin embargo, en liderazgo. No sólo por “falta de espacio”, sino también debido a los resultados ambiguos que ha arrojado el debate en torno a su reforma. Cinco canales digitales no son suficientes para convertirse en locomotora de la TDT si además no existen certezas sobre los recursos económicos con que se contará para convertirlos en ejemplo de calidad e innovación, de la mano de la nueva estructura organizativa propuesta para el ente. Antena Nova y Antena Neox se constituyeron como la nueva oferta de Antena 3 en TDT. Mientras que la primera se concibió como una revista de ocio y estilo de vida para toda la familia (espacios de salud, cocina, viajes, decoración, tiempo libre, información y entretenimiento), la segunda se pensó para los espectadores más jóvenes (series, programas educativos y de entretenimiento). El canal restante en TDT de Antena 3 distribuye la señal digital de su canal analógico acompañado por su teletexto. El detalle del epígrafe “Consumo de programas y otros” de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio 2005 de Antena 3 TV, permite formarse una idea de la relación de producción propia y ajena global que hasta ahora ha tenido el operador: 36,1% pertenece a la emisión de programas de producción propia, 30,5% a servicios de producciones externas, 24,6% a derechos de emisión de programas y 2,3% a derechos de retransmisiones (estimaciones propias; Antena 3, 2006: 107). 51 Para el detalle de la parrilla convencional de programación territorial para todos los Centros consultar RTVE (2006).

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A través del Grupo Antena 3, al que Antena 3 TV pertenece52, el operador vehiculiza en gran medida esta actividad a través de sus vínculos con las empresas del holding dedicadas a la producción audiovisual: Ensueño Films y Canal Factoría de Ficción, dedicada a los programas de ficción. Otro tanto ocurre con la gestión de derechos y la inversión publicitaria. Considerando, además, que el operador ocupa tres cuartas partes del múltiple desde el cual emite sus canales de TDT, es posible vislumbrar un importante grado de integración vertical en este mercado televisivo. Por otra parte, los accionistas de Antena 3 TV, sociedad matriz del grupo que cotiza en bolsa, vinculaban al operador a finales del 2006 con multinacionales de la comunicación y el sector financiero (Grupo Planeta De Agostini, 39,48%, RTL Group, 17,27%, y Grupo Banco Santander, 10%). Un canal de información deportiva, Telecinco Sport (por acuerdo con Eurosportnews), y otro de series, miniseries y películas, Telecinco Estrellas (que en buena medida recurre a material de archivo y derechos adquiridos hace tiempo), fueron la propuesta de Telecinco para acompañar la emisión en simulcast de su primer canal. Telecinco ha asumido internamente la producción y programación de su teletexto, coincidiendo con el relanzamiento de los servicios de TDT, que se emite por el mismo canal que su principal cadena. El diagnóstico sobre este operador es similar al de Antena 3 al hegemonizar el múltiple desde el cual emite, estar vinculado directa o indirectamente a las productoras audiovisuales que colaboran con su programación y tener proyección internacional y convergente debido a su composición accionarial. Gestevisión Telecinco es la cabecera del Grupo Telecinco que cuenta tanto con empresas controladas como participadas, que además de al propio operador, prestan también servicios a terceros. Aquellas dedicadas a la producción audiovisual son Estudios Picasso Fábrica de Ficción (creación, producción y distribución de obras audiovisuales), Cinematext Media (actividades de subtitulado) y FDF y Miramon Mendi (productoras de contenidos para televisión)53. A través de su segundo principal accionista está relacionada con tres productoras audiovisuales. Vocento (13%; Grupo Mediaset, holding televisivo de Berlusconi, 50,1%), grupo de comunicación líder en prensa de información general, ha creado Veralia, sociedad holding que agrupa sus participaciones en BocaBoca Producciones (70%), Videomedia (30%) y Grupo Europroducciones (70%).

52 Dentro de las empresas más importantes que componen el grupo pueden mencionarse Uniprex (radio, Onda cero y Europa FM), Unipublic (organización de eventos, patrocinio y marketing deportivo), A3 Editorial (gestión de derechos), ATRES advertising (gestión de la inversión publicitaria), Publicidad 3 (servicios de radiodifusión) y Movierecord Cine (publicidad en salas cinematográficas). 53 Atlas (agencia de noticias audiovisuales), Grupo Editorial Telecinco (gestión de derechos) y Publiespaña (explotación publicitaria), son otras empresas que el grupo controla. El resto de las empresas participadas son Jumpy (contenidos en Internet), Premiere Megaplex (explotación de multisalas de cine) y Comeradisa (sociedad creada para gestionar la radio digital en asociación con Vocento).

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Según el informe anual de 2005 del operador, durante dicho año el 81% de toda su programación correspondió a producción propia y el 19% restante a producción ajena (Telecinco, 2006: 69). Telecinco finalizó en 2005 el proceso de digitalización total de sus instalaciones y asegura que la oferta de contenidos e interactividad de sus canales se incrementará proporcionalmente al crecimiento del mercado. Sogecable S.A. decidió emplear los tres canales que se le asignaron para distribuir la señal de su nueva cadena generalista, Cuatro, y dos canales que ya emitía a través de las plataformas de pago pertenecientes al Grupo Sogecable del que es parte: CNN+, de información continua, y 40 Latino, canal de música hispana. Su servicio de teletexto es el que difunde Cuatro en analógico y se realiza en colaboración con MTG España (filial de la compañía sueca de comunicación Modern Times Group AB). La pertenencia del operador a un gran grupo de comunicación le permite tener una integración vertical formal entre sus canales propios y sus filiales de producción o compra de derechos, a lo que se agrega en el mercado de TDT el control de hecho del múltiple desde el cual emite54. Al igual que Antena 3 y Telecinco, sus accionistas le vinculan con importantes grupos de comunicación, nacionales y multinacionales. PRISA es su accionista mayoritario (42,94%), seguido de Telefónica (16,65%). El resto del accionariado estaba compuesto, a finales de 2006, por Vivendi Universal (4,41%), Eventos S.A. (2,94%) y el reparto en bolsa del resto de las acciones (entre sus propietarios figuran agentes como Corporación Financiera Caja de Madrid). El detalle del importe neto del epígrafe “Derechos audiovisuales y deportivos” del balance de situación consolidado de Sogecable S.A. al 31 de diciembre de 2005, es el único elemento público que brinda información sobre los recursos globales que la empresa destina a la producción audiovisual: un 48,7% del total pertenece al rubro producciones audiovisuales y derechos para la distribución de producciones audiovisuales, y un 9,5% a derechos de exclusividad (estimaciones propias; Sogecable, 2006: 182). Desde sus instalaciones en Tres Cantos (Madrid), se producen diariamente más de veinte canales de televisión que se distribuyen fundamentalmente a través de la plataforma Digital+ de la que es accionista. Entre dichos canales se encuentran Cuatro, las nueve versiones de Canal+, así como otros 14 canales de cine, deportes, documentales, infantiles, servicios informativos o musicales. En sus comienzos, Net TV anunció que para cumplir con su concesión transmitiría vídeos musicales durante seis horas en un periodo de prueba de 54 Compañías del Grupo (controladas y participadas): Televisión, Sogecable (Cuatro y Canal+), Canal Satélite Digital (Digital+), DTS Distribuidora de Televisión Digital (Digital+); Canales temáticos, Compañía Independiente de Televisión, Cinemanía, Sogecable Música, Jetix España, Compañía Independiente de Noticias de Televisión; Producción y gestión de derechos deportivos, Audiovisual Sport, Real Madrid Gestión de Derechos; Producción y gestión de derechos cinematográficos, Sogecine, Sogepaq, Canal+ Investment; Publicidad, Sogecable Media; Servicios, Centro de Asistencia Telefónica, Canal Club de Distribución Ocio y Cultura, Sogecable Editorial, Vía Atención Comunicación.

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seis meses, al tiempo que Veo TV aseguró que transmitiría durante cuatro horas diarias la señal del canal temático de información económica Expansión TV, producido por Recoletos, accionista de la empresa. Hasta el relanzamiento del servicio a finales de 2005, Veo repitió la señal de Intereconomía TV55 y Net TV emitió con una programación de mínimos, aunque sin descender de las horas diarias que estipula la ley, incorporando algunos programas de temática rural así como conexiones con Onda 6 (televisión local de Madrid). Las obligaciones para estos emisores se relajaron cuando el Consejo de Ministros del PP aceptó el 26 de septiembre de 2003 la modificación de los contratos de Net TV y Veo Televisión, a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de flexibilizar los compromisos adquiridos para “contribuir al fomento del despliegue de la televisión digital terrestre”. Concretamente, se liberó a los concesionarios del compromiso de estabilidad accionarial, se retrasaron sus obligaciones de inversiones en descodificadores, de fomento a la producción nacional y/o comunitaria en sus contenidos, de fomento a la interactividad de la programación, de aportaciones de capital y de creación de empleo directo56. La reducción de las obligaciones de cobertura para ambos operadores, avalada por el PTNTVLD de marzo de 2004, vino a sumarse a este accionar que redujo sus compromisos. La modificación que se introdujo en el Real Decreto que aprobó el Plan limitó sus obligaciones de cobertura al 25% de la población nacional hasta que el grado de penetración de la tecnología digital alcanzara el 20% y, en todo caso, debieran incorporarse a la fase de introducción que a fecha 31 de diciembre de 2006 fuera de aplicación. En función de las obligaciones previstas en el nuevo PTNTDT aprobado en julio de 2005, que dejan sin efecto esta reducción, ambos canales volvieron a aumentar su cobertura. A finales de 2006 Net emitía Net TV (canal generalista sin noticias y con un importante porcentaje de la transmisión dedicado a la teletienda) y Fly Music (señal dirigida a los jóvenes, con contenidos musicales, dominada por la difusión de vídeos). Por su parte, Veo se desdobló para emitir Veo TV 1 y Veo TV 2. El primero de los canales pasó en mayo de 2006 de cinco horas de emisión a diez (descontadas la televenta y las redifusiones), con programación generalista, dos espacios informativos diarios y algunas telenovelas. El segundo canal que Veo TV tenía asignado no fue explotado por el operador hasta mediados de junio de 2006 ya que reemitía Intereconomía TV. Como parte de 55 A mediados de 2005 el Grupo Intereconomía alcanzó un acuerdo con Recoletos para adquirir los activos de Expansión TV sobre los cuales el comprador montó Intereconomía TV. 56 En concreto, Net TV pudo aplazar su inversión en descodificadores hasta el 18 de junio de 2007, se le amplió el plazo para poder fomentar la interactividad en la programación hasta el 18 de junio de 2008 y se le otorgó un año más, hasta junio de 2009, para ejecutar las inversiones comprometidas por 72 millones de euros, así como las aportaciones de capital anunciadas por valor de 120 millones. Tanto para Veo Televisión como para Net TV, se aplazó el compromiso de favorecer en sus contenidos la producción nacional y comunitaria hasta junio de 2008 y se les autorizó la sustitución de los avales para el cumplimiento de los compromisos asumidos voluntariamente por la garantía definitiva que tienen constituida.

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su estrategia de lanzamiento, en un formato de entretenimiento para toda la familia, se decidió emitir en él Sony Entertainment Television gracias a un acuerdo de licencia de contenidos con Sony Pictures Television International. Durante el periodo considerado ninguno de los dos operadores brindaba servicios de teletexto y, en ambos casos, su programación estaba íntimamente relacionada con sus socios de referencia: Vocento, en el caso de Net TV, y Unedisa y Recoletos57 (dueños de cabeceras como El Mundo y Marca y Expansión, respectivamente), en el caso de Veo TV58. La Sexta comenzó sus emisiones regulares en simulcast el 27 de marzo de 2006. A pesar de que el ámbito geográfico de su concesión es, en principio, todo el territorio nacional, la cobertura total del canal analógico es de un 70% de la población, mientas que la cobertura mínima que deben alcanzar los dos canales digitales es del 50%. Aunque La Sexta, canal con contenidos generalistas, teletexto y subtitulación incluidos, logró en junio de 2006 la máxima cobertura posible (ampliada al 80%), la señal del segundo canal no era explotada a finales de dicho año. Allí emitía en pruebas TeleHit (canal mexicano que ofrece programación orientada a un público joven y pertenece a Televisa). Al igual que Veo y Net, La Sexta no tiene presencia mayoritaria en el múltiple desde el cual emite, lo que los coloca en una posición de desventaja en lo que respecta a la decisión sobre su gestión. La diferencia reside en que mientras que Veo y un canal de Net dependen de RTVE, cuya misión de servicio público es incompatible con la competencia desleal, y el otro canal de Net está alojado junto con Telecinco, con el que comparte accionista (Vocento), La Sexta depende de sus rivales (Sogecable y Antena 3). Sin embargo, el hecho de que los operadores hayan acordado delegar esta tarea técnica en la empresa a la que han contratado la difusión y transporte de su señal, ha conducido a que en la práctica sea este agente quien acapare esta función de gatekeeper. Y aunque podría argumentarse que los operadores cuya presencia en los múltiples es minoritaria pueden verse forzados a aceptar la decisión sobre su multiplexación, este no habría sido el caso puesto que la forma de gestión ha sido consensuada entre todos. La Sexta se creó con la sociedad española Grupo Audiovisual de Medios de Producción (GAMP, 60%) como el máximo accionista. El 40% restante de la empresa pertenece al Grupo Televisa (multimedios mexicano). Como su nombre lo indica, GAMP se formó gracias a un conjunto de productoras audiovisuales: Globomedia (40%, Grupo Árbol - Emilio Aragón y José M. Contreras), Mediapro (38%, Jaume Roures y José María Benet), Drive (10%, José Manuel Lorenzo), El Terrat (7%, Andreu Buenafuente) y Bainet (4%, Karlos Arguiñano).

57 Originalmente del grupo británico Pearson, a principios de 2005 fue comprada por Retos Cartera S.A. que adquirió casi la totalidad de sus acciones (directivos de Recoletos, inversores individuales y Banesto). 58 El resto de los accionistas de Veo Televisión son Torreal SCR, Iberdrola e Inversiones Ibersuizas, entre otros.

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Su vinculación con la instancia de la producción es directa, ya que de estas empresas provienen parte de los contenidos o recursos que difunde el operador en sus canales. Por otra parte, la condición de quienes conforman GAMP como productores de gran cantidad de los programas que se emiten por TDT, manifiesta una importante posición de dominio en esta actividad. Este fenómeno ha empezado a modificar las relaciones que tradicionalmente mantenían las productoras accionistas de La Sexta con sus ahora rivales, Antena 3 y Telecinco. Ambos operadores anunciaron que explorarían nuevos proveedores de contenidos para diseñar su programación y, de hecho, desde el relanzamiento de la TDT el mundo de la producción audiovisual ha asistido a importantes movimientos: - A finales de 2005 Telecinco se desvinculó de la productora Multipark al vender el 35% de su participación, mientras que a mediados de 2006 adquirió un 15% en Miramón Mendi. Este movimiento podría deberse a dos razones: coartar el futuro de la serie más exitosa de la competencia (Miramón tenía un contrato con Antena 3 para la grabación de Aquí no hay quien viva) o, más probablemente, seguir teniendo participación en una productora independiente debido a su dependencia respecto de algunas de las productoras que pasaron a formar parte del accionariado de La Sexta (caso Globomedia –Grupo Árbol–). - Tras desprenderse en junio de 2005 de la totalidad de su participación en el Grupo Árbol (24%), Vocento adquirió en octubre de 2005 el 30% de la productora independiente Videomedia. La salida del Grupo Árbol se debió a la imposibilidad de alcanzar una participación mayoritaria en dicha sociedad y a la decisión de Globomedia de participar en el concurso que habilitaría la creación de La Sexta, así como al proceso de fusión anunciado con el Grupo Mediapro (Vocento, 2006). - Al respecto, en febrero de 2006 el Grupo Árbol y Mediapro anunciaron la creación conjunta de un nuevo grupo de comunicación que, según sus datos, será uno de los tres mayores de producción independiente de Europa. Imagina Media Audiovisual, resultante de la fusión, está integrado por los fundadores del Grupo Árbol (40%), los fundadores de Mediapro (40%) y la multinacional británica de publicidad WPP (20%). - Finalmente, cabe destacar que el ascenso de Mediapro y Globomedia no ha sido sino a costa de Media Park y, en parte, Multipark, productoras que vieron comprometido su futuro tras el fracaso de Quiero TV y la fusión de las plataformas satelitales. En el caso de Multipark, tras la salida de Telecinco

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de su accionariado su participación del 35% ha pasado a ser adquirida por Boomerang TV, repartiéndose el resto de su propiedad entre Telemadrid (35%) y Cajamadrid (30%)59. Media Park, accionista en Quiero TV, inicialmente participada por Iberdrola, Antena 3, Skandia, Philips y TVC Multimedia, ha asistido a la salida progresiva de sus socios minoritarios a lo largo de los años, para acabar siendo desmantelada como productora audiovisual60. En suma, las vinculaciones reseñadas entre operadores audiovisuales y productoras que remite a la noción de captive producers (Bustamante, 2006) e ilustra la siguiente tabla, plantean una concentración e integración vertical que puede llegar a ser crucial a los fines de la competencia, aunque las principales productoras provean de contenidos, en grado diverso, a todos los operadores (incluidos los de ámbito autonómico e incluso local). Tabla 17. Principales productoras audiovisuales y conexiones con operadores audiovisuales nacionales Productora

Accionistas

Imagina Media Audiovisual BocaBoca Producciones

Grupo Árbol, Mediapro y WPP César Benitez Vocento Vocento Socios fundadores Vocento Socios fundadores Grupo Endemol (Telefónica)

Europroducciones Videomedia Gestmusic Zeppelín Bainet El Mundo TV El Terrat Drive Miramon Mendi

K. Arguiñano Unedisa A. Buenafuente J. M. Lorenzo José Luis Moreno Mediaset

Conexión con operadores (indirecta) La Sexta (Telecinco) (Net TV) (Telecinco) (Net TV) (Telecinco) (Net TV) (Sogecable) La Sexta (Veo TV) La Sexta La Sexta Telecinco Fuente: elaboración propia.

59 Sólo unos meses después de conocerse esta operación salió a la luz, en julio de 2006, el deseo de Telecinco de no renovar el contrato que mantenía con Boomerang por la producción del programa Salsa rosa y quedarse con el formato. 60 En enero de 2006 su parque audiovisual en Barcelona fue vendido a Mediapro, luego de lo cual se creó Factoría de Canales, una sociedad conjunta para gestionar el negocio de contenidos con ONO, que el cableoperador decidió participar con el 49% de las acciones. Posteriormente, Iberdrola alcanzó un acuerdo con los accionistas minoritarios para hacerse con el 100% de Media

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A la descripción anterior deben sumarse las importantes debilidades que caracterizan la estructura de la producción “independiente” española (Bustamante, 2002: 230). Principalmente, la hegemonía de la producción financiada por la cadena, que se queda con derechos exclusivos eternos; la política de trasladar los riesgos hacia la productora (remuneración en función del share); y la tendencia a politizar la gestión de la producción en las televisiones públicas, que lleva a beneficiar empresas determinadas en función de influencias políticas y personales. Si se tiene en cuenta entonces, que “el control corresponde a las cadenas hasta el punto de que los programas producidos completamente por las productoras son una excepción dentro de la amplísima mayoría de coproducciones entre cadenas y productoras” (GECA, 2005: 125), la independencia de las productoras es doblemente relativa. Tanto por la modalidad de trabajo hegemónica como por los vínculos de propiedad (formales o informales, directos o indirectos) que existen con los operadores audiovisuales que proveen de contenidos. El caso de La Sexta, con la participación de productoras en su accionariado, pone además de manifiesto un movimiento de diversificación. Según Jiménez y Martínez (2005), el consumo de programas de producción ajena, que representa como media casi el 50% de los gastos operativos de los operadores de televisión, ha sufrido en el conjunto del sector en España un crecimiento del 20% en términos acumulados en el periodo 1999-2003 (aunque con altibajos). “Este aumento se deriva básicamente del relevante auge que los costes de programación en televisión experimentan en los últimos ejercicios y del aumento de los tiempos de emisión de producción independiente dentro de las parrillas de programación de las diferentes cadenas” (Jiménez y Martínez, 2005: 73). La facturación de la producción audiovisual, que en el periodo 1999-2003 registró un crecimiento del 42%, según FAPAE, superó en 2004 los 1.760 millones de euros (Telefónica, 2006: 223). Tres comunidades autónomas representaban el 91% del total de la facturación de la producción audiovisual (cinematográfica y televisiva). Destacaban Madrid y Cataluña con el 83% de la producción del país, siguiendo por este orden Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana (FAPAE, 2006: 16). “Las productoras españolas pueden alardear de haber tenido un importante crecimiento en los últimos años”, tanto por el número de horas producidas como por el éxito de sus programas (Lejarza, 2006: 309). De hecho, el 80% de los 20 programas más vistos de la temporada 2004/05 fueron realizados por productoras independientes (GECA, 2006).

Park, tras lo cual vendió a ONO el 51% restante de Factoría de Canales y Media Park se desmanteló como productora audiovisual. Factoría pasó a actuar principalmente como empaquetadora a través de Teuve, al gestionar la producción y distribución de canales digitales para ser emitidos fundamentalmente en plataformas de cable.

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Si las mismas aportaron 15.717 horas de emisión para las televisiones generalistas durante la temporada 2003/04, un 2,8% menos que durante el periodo anterior, afectadas por “la estrategia de las cadenas de fomentar la producción propia en régimen interno e incluso la creación de productoras dentro de las cadenas” (GECA, 2005: 121), la situación mejoró en el periodo 2004/05 hasta las 17.151 horas61. Esta producción supone el 18,7% del total de horas de emisión, mientras que la producción propia representa el 42,5% (38.883 horas) y la ajena el 38,8% (35.538 horas; GECA, 2006). Se desconoce hasta qué punto el lanzamiento de la TDT a finales de los noventa contribuyó a esta mejora global del sector, que también puede adjudicarse a la expansión audiovisual experimentada entonces con la aparición de dos plataformas satelitales y el desarrollo del cable. En cualquier caso, es un hecho que el volumen de producción independiente ha crecido desde la temporada 1998-1999, así como lo es también que el devenir de las productoras se ha visto influenciado por los altibajos del sector (de forma crucial en el caso de Media Park). Ahora bien, considerando los cambios mencionados experimentados por la producción audiovisual, así como sus posibilidades de crecimiento y la ausencia de datos relativos al relanzamiento de la TDT, es lícito efectuar una estimación sobre la repercusión que el servicio podría tener en el sector. Si según los datos de GECA las productoras independientes aportaron 5.870 horas de emisión en el periodo 2004-2005 a las cinco televisiones generalistas nacionales existentes, de mantenerse constante la demanda, el relanzamiento de la TDT a nivel estatal con 20 canales supondría la posibilidad de aumentar dichas horas anuales a 23.480. De la misma manera, partiendo de la suposición de que los programas de ficción suelen representar un tercio de dichas horas anuales, este segmento podría registrar unas 7.826 horas anuales. Además de los mencionados vínculos con los operadores audiovisuales, el devenir de la industria de producción audiovisual a lo largo de los últimos años ha determinado su caracterización en términos de concentración y centralización, escasez de coproducciones internacionales y elevado peso de las importaciones en el total de la programación (Prodescon, 2001; Bustamante, 2002 y 2006). A pesar de que se hayan duplicado las ventas de la exportación de productos audiovisuales españoles en los últimos años, hasta alcanzar 93.5 millones en 2004 (14,5% más que en 2003; Telefónica, 2006: 29), sólo el 30% de las mismas ha sido de contenidos para televisión. En lo que respecta a la concentración y centralización, Según GECA (2006), en la temporada 2004/05 Europroducciones fue la productora con más horas de emisión en el conjunto de cadenas nacionales y autonómicas, seguida por Gestmusic Endemol, Globomedia, Producciones 52 y Pasouka. En cuanto al número de programas emitidos, Globomedia se situaba como la productora 61 Teniendo en cuenta tanto los primeros pases como las repeticiones. “Si se analiza la temporada 2004/05, se puede observar que, en conjunto, las cadenas de televisión repiten el 11,4% de las horas de emisión de producción independiente” (GECA, 2006: 159). La evolución de esta modalidad deberá ser tenida muy en cuenta en relación con el desarrollo de la TDT.

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líder con un total de 26, seguida de Pasouka, Gestmusic Endemol, Zeppelín Televisión, ZZJ, Mediapro y Mettre Producciones. La comparación de rankings de horas y programas arroja tres productoras que se mantenían entre las cinco primeras posiciones: Gestmusic Endemol, Globomedia y Pasouka. Mientras que durante la temporada 2003/04 las diez productoras más activas acumularon el 27,3% del total de programas y el 34,9% del tiempo de emisión, y las 93 productoras que realizaron un solo programa representaron el 36,9% del número de espacios y el 27,3% del tiempo de emisión, durante el periodo 2004/05 las diez primeras productoras independientes, de un total de 187, emitieron el 40,2% de las horas y el 23,5% de los programas realizados (GECA, 2005: 125; 2006: 164). De no revertirse, esta situación condicionará el perfil y alcance de aquellos que puedan beneficiarse de la nueva instancia de explotación que supone el relanzamiento de la TDT. La sola consideración de quiénes están trabajando y experimentando con nuevas ventanas digitales como los contenidos para móviles y en alta definición, por poner ejemplos, ilustra que la tendencia apuntaría a la consolidación de las productoras ya dominantes, acompañadas por las divisiones de producción de las cadenas generalistas nacionales y algunas emisoras autonómicas (como Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, CCRTV), en la estrategia de explotación intensiva de contenidos. En síntesis, a pesar de la ayuda que ha supuesto para el ámbito de la producción audiovisual la existencia de cuotas de pantalla que los operadores deben atender, a partir de la incorporación de la Directiva TVSF al Derecho español, el estado de situación del sector es uno de los condicionantes de partida para el desarrollo futuro de la oferta española de TDT62. Considerando además, que de momento, dichas obligaciones no han sufrido variaciones frente al nuevo escenario digital y que no existen cuotas de programación independiente nacional o regional ni de producción regional. En la legislación española el porcentaje mayoritario que la producción europea debe ocupar en el tiempo de transmisión se ha plasmado en un 51%. De dicho tiempo de reserva, a su vez, al menos el 51% debe dedicarse a la emisión de obras europeas en expresión originaria en cualquier lengua española y al menos el 10% pertenecer a obras europeas de productores independientes (de las que más de la mitad deberán corresponder a obras producidas en los últimos cinco años). Aunque estas obligaciones no son de aplicación a las emisiones de televisión de cobertura local que no formen parte de una red nacional, se autoriza a las comunidades autónomas a introducir normas de contenido equivalente para este tipo de servicios bajo su competencia con el objetivo de promover la producción audiovisual en su lengua propia.

62 La Ley de Televisión Privada impuso cuotas de un 15% de producción propia y 40% de producción originaria de países de la UE.

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Guías de programas, contenidos y otros servicios Los servicios estatales de TDT se difunden en España mediante cinco múltiples que emiten la programación analógica nacional existente, que en el caso de aquel con desconexiones, constituye la Red Global Estatal. La información provista por el MITyC detalla la ubicación por múltiple de los canales nacionales en abierto existentes, que se analiza a continuación tomando como ejemplo la oferta de finales de 2006. Según el nuevo PTNTDT, aquellos operadores que accedieran a un segundo canal digital adicional, entre otros compromisos, debían emitir programación novedosa, innovadora y diferenciada respecto de la oferta en analógico, que incluyera programación original, emisiones 16:9, servicios de subtitulación y doblaje, y opción de elección del idioma original en producciones extranjeras, además de difundir en todos sus canales la TDT e introducir en el primer año de emisión aplicaciones y servicios interactivos. La difusión de una programación realmente novedosa es escasa, mientras que la provisión de servicios adicionales es sumamente desigual y está en sus comienzos. Más allá del nuevo canal La Sexta, poco han aportado los operadores terrestres existentes a la reemisión en digital de sus canales analógicos. Predomina el reciclaje de contenidos, “solución que concuerda a la perfección con la necesaria optimización al máximo de los costes de producción y el auge de la política de contención de gastos que impera en el sector” (Casero, 2006: 9). De los tres canales que difundía RTVE, dos eran temáticos y ya se encontraban presentes en otras plataformas televisivas, y el restante, conmemorativo del ente, se construyó a partir de material de archivo. Los dos nuevos canales de Antena 3 se orientaron al entretenimiento, y aunque incorporaron nuevos programas infantiles (Neox) y de cocina y salud (Nova), su parrilla se ha rellenado en gran medida con series y contenidos ya emitidos. En el caso de Telecinco, su canal de entretenimiento difundía series antiguas de la cadena, mientras que el dedicado a los deportes se conformó principalmente con el material proveniente de Eurosportnews, responsable del canal temático Eurosport, presente en otras plataformas televisivas. Además de Cuatro, montada sobre Canal+ y la extensa cartera de derechos de Sogecable, los otros dos canales que este operador empezó a difundir en TDT ya existían en su oferta satelital. Finalmente, Net y Veo se centraron en poner en marcha una oferta ligada al entretenimiento, pero mientras que uno de los canales del primer operador se conformó con un alto porcentaje de vídeos, el otro estaba acaparado por la venta directa. Veo, por su parte, se encontraba aún definiendo el perfil de su primer canal a finales de 2006 y, en el caso del segundo, comenzó reemitiendo programación presente en otras plataformas (Intereconomía TV) que fue reemplazada por contenidos Sony. En otras palabras, a partir de la aparición de la TDT los operadores audiovisuales estatales se han convertido también en empaquetadores de contenidos ya difundidos (propios y ajenos) y/o pertenecientes a canales temáticos ya disponibles en otras plataformas.

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Dejando de lado los canales radiofónicos, el análisis global de esta oferta de 20 canales en abierto permite señalar el predominio de los contenidos generalistas ligados al entretenimiento. A los seis canales generalistas también existentes en analógico, se sumaron dos dedicados a 24 horas de noticias y dos dedicados a 24 horas de eventos deportivos, principalmente masivos, además de cinco cuya programación en formación podía ligarse al entretenimiento general. Se sostiene aquí, con las reservas del caso, que sólo los cinco canales restantes podían clasificarse como temáticos. Esta oferta más específica tenía, sin embargo, perfil universal y se dividía entre dos canales musicales, uno infantil, que compartió frecuencia con otro conmemorativo de la historia de RTVE, y otro dedicado a la ficción seriada (Telecinco Estrellas). En lo que respecta a los servicios adicionales de TDT que se difundían a finales del 2006, pueden identificarse tres categorías: guías electrónicas de programación, teletexto digital y servicios relacionados con la accesibilidad. Heredero de su pasado analógico, el teletexto enriquecido era el rubro más desarrollado de los tres. Como se mencionara en el apartado anterior, es ofrecido por casi todos los operadores audiovisuales. De las EPG podría decirse que se encuentran en fase de ajuste. Como se describiera en el caso británico, el consenso logrado en torno al DVB obliga a todos los operadores de múltiple a transmitir la información sobre el contenido de los canales digitales que gestionen. De esta manera, con la información provista por cada uno de los operadores audiovisuales se construye un flujo mínimo de datos cuya difusión no supone la posesión de una licencia específica. Este servicio obligatorio y fundamental, que se emite aún con importantes lagunas, recibe en España el nombre de guía de canal o identificativo de servicio (GT3 SG1, 2005) e incluso la denominación “EPG de la cadena”. A esta información por la que se puede navegar se accede al presionar una tecla del mando a distancia, aunque la misma está limitada a dos servicios fundamentales: descripción detallada del evento en emisión y siguiente programa. En todos los casos, salvo el de RTVE, este servicio era de tipo básico Por el contrario, lo que se conoce en España técnicamente como guía de distribución, es un servicio de información de toda la oferta de programación accesible a un usuario con al menos dos días de antelación. Como este servicio es técnicamente independiente de la trama de emisión de los canales que describe y supone una prestación de información añadida, no es obligatorio, ya que no es imprescindible a los fines de la recepción de TDT. En este caso la presentación de la información varía en función del editor del servicio que, en España, prestaba a finales de 2006 únicamente InOut. Empresa del Grupo TechFoundries63, ofrece su SincroGuía gratuitamente a quien tenga un descodificador Siemens, difundiéndola a través del espacio 63 Su socio fundador, Doménech, posee el 64% del capital de la compañía, Caja Duero un 20% y el resto se reparte entre sus directivos. En caso de contar con el equipo Gigaset M750, que incluye PVR, el software de la SincroGuía permite grabar programas independientemente de las alteraciones en su emisión ya que la guía de programas del equipo se actualiza permanentemente.

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de Veo TV gracias a un acuerdo con este operador. InOut proporciona una EPG con información de hasta tres días de emisión que incluye publicidad. Además de esta vía de financiación, es al fabricante a quien cobra un porcentaje por cada uno de los aparatos comercializados que incorporan su software, aunque no se descarta que cobre a los usuarios en un futuro64. Es importante efectuar un pequeño paréntesis para hacer referencia a cómo la práctica de la contraprogramación, prohibida por ley, podría afectar la conformación de EPGs. A pesar de su flexibilización (de once a tres días), la continuidad en el incumplimiento de la obligación de dar a conocer la programación con antelación, tan común entre los operadores audiovisuales, podría impedir la elaboración y consulta fiable de los contenidos digitales, así como perjudicar la grabación de programas, uno de los beneficios más inmediatos y palpables para el espectador que las guías electrónicas pueden proporcionarle si dispone de dispositivos de grabación. En lo relativo a los servicios adicionales, debe mencionarse la presencia creciente de sonido dual en la TDT española, a finales del periodo considerado sólo presente en algunas de las producciones extranjeras que difunden La Primera, La 2, Veo TV2 y Cuatro. Mucho más complicado es dar cuenta de aquellos servicios relacionados con la accesibilidad de la TDT (subtitulado, interpretación en lengua de signos y audiodescripción), ya que la situación de la accesibilidad a la televisión digital para las personas con discapacidad está todavía en sus comienzos (GT5 SG1, 2005). Para potenciarla, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, inauguró en noviembre de 2005 el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), que tiene entre sus objetivos crear y gestionar un servicio de base de datos que contenga referencias del material subtitulado y audiodescrito disponible. En este ámbito, la legislación española prevé normas generales que establecen principios orientadores de la acción política, sin que hayan llegado a establecerse planes concretos de actuación (CESyA, 2004: 79) ni existan normas que obliguen a cumplir determinados mínimos65. Una complicación adicional podría generarse, como bien señala el Comité español de representantes de personas con discapacidad, con la limitación para el flujo de datos complementarios que supone el actual modelo de TDT (20%) que no especifica si el mismo incluye o no “la parte de datos necesaria para la prestación de los servicios de accesibilidad” (CERMI, 2006: 41). Lo que podría derivar en una situación de competencia con otros servicios adicionales por tener prioridad en un ancho de banda reducido. Cinco Días, “InOut confía en la televisión digital para relanzar su negocio” (10/02/2006). La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones y la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, han aportado nuevos referentes legales pero no han puesto en marcha iniciativas concretas. De la misma manera, la vaguedad de la mencionada Ley 10/2005 sólo estipula que las Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar desde el inicio la accesibilidad. 64 65

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A pesar de todo, se ha pasado de subtitular en 1999 un promedio de apenas el 4% de la programación a ofrecer un 20% (CESyA, 2004: 31)66. Los contenidos con mayor número de horas subtituladas son los informativos, el cine y las series, mientras que lo opuesto ocurre con los documentales y programas divulgativos. Aunque no existan aún datos de la provisión de este servicio en TDT, las cifras disponibles permiten ofrecer una idea de las posibilidades a corto plazo. Si existen dos tipos posibles de subtitulado con esta tecnología, el DVB y el del teletexto, a finales de 2006 todas las cadenas emitían en TDT el del teletexto (únicamente RTVE efectuaba pruebas con subtitulación DVB). Según el Grupo de Trabajo del Foro Técnico de la TDT dedicado a estos asuntos (GT5 SG1, 2005: 14-15), en lo que refiere a la audiodescripción, la industria no ha comenzado todavía a producir y emitir este servicio de forma regular y con un compromiso de continuidad, y aunque existen motivos de tipo técnico que dificultan su prestación incluso con tecnología analógica, durante 2004 RTVE logró emitir 224 horas de contenido audiodescrito. Algo parecido ocurre con el servicio de interpretación a lengua de signos que sólo se ha ofrecido de forma excepcional. Al respecto, deben destacarse las emisiones de los debates del Estado de la Nación que emite todos los años RTVE. Existen también algunos programas aislados con interpretación en lengua de signos en TVE (así como en diversos canales autonómicos). El problema reside en que la expansión que de momento está teniendo la TDT en España se vincula a la adquisición masiva de descodificadores básicos, zappers, que no sólo no permitirán acceder a este tipo de servicios de la SI, sino que tampoco soportarán aplicaciones interactivas (no existían a finales de 2006 en el mercado español STB capaces de soportar audiodescripción). Los receptores a la venta no son accesibles y los contenidos que se difunden no están todavía aprovechando el potencial para la accesibilidad que se podría esperar (Utray y Souto, 2006), aunque es cierto que quienes dispongan de un receptor MHP pueden acceder a las denominadas aplicaciones interactivas que Antena 3, Sogecable y principalmente RTVE llevan adelante. Antena 3 permite acceder desde su lanzadera a un menú que integra los diferentes contenidos interactivos en emisión en cada momento, así como a su teletexto digital, EPG y las aplicaciones Portal de Información (servicio de información de los canales TDT) y Ticket (información adicional al contenido visualizado)67. Sogecable también ofrece información más amplia sobre su programación, pero es RTVE quien había puesto en marcha en 2006 el conjunto de aplicaciones interactivas para la TDT más completo del país. Pulsando el botón rojo del mando, se habilita un menú inicial (lanzadera) que permite acceder a la guía de programación de todos sus canales, al clásico servicio de teletexto digital, notablemente mejorado respecto al analógico en presentación formal y contenidos (con refresco cada tres minutos y posibilidad 66 Para conocer el detalle de los mismos, tanto a nivel estatal como autonómico, consultar CESyA (2004 y 2005). 67 www.antena3.com/TDT/presentacion/tdt.htm.

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de continuar visualizando la programación), así como a nuevas aplicaciones sobre las previsiones meteorológicas, las incidencias del tráfico por comunidades y la evolución bursátil (prácticamente en tiempo real). También ofreció la primera aplicación “interactiva” vinculada al programa llamado Aquí hay trabajo, de La 2, a través de la cual es posible acceder a las bases de datos del INEM y de las comunidades autónomas para consultar las ofertas de empleo disponibles (Emplea-T). Hasta tanto ello no sea posible mediante un descodificador que tenga el canal de retorno apropiado, este servicio, al igual que todos los mencionados, no puede verdaderamente clasificarse como interactivo ya que funciona en un único sentido (la consultas deben efectuarse por vías distintas al descodificador). Por tanto, no puede hablarse de la existencia de una oferta interactiva en la TDT española, la cual únicamente puede recibir el adjetivo de enriquecida y sólo en algunos casos y contando con el equipamiento adecuado (MHP). En síntesis, los servicios de la SI que se ofrecen, de forma gratuita al igual que la programación, son en verdad servicios mejorados y vinculados a dicho flujo de contenidos. Ninguno supone transacciones comerciales y tampoco puede definirse como convergente con otro medio o servicio68. 3.1.2. El ámbito autonómico: dos modelos contrapuestos A diferencia de lo que ocurriera con el reparto de 1998, el PTNTDT de 2005 destina un múltiple digital de cobertura autonómica con capacidad para desconexiones provinciales a cada comunidad autónoma (CC.AA.)69 gracias a la permuta de frecuencias que el nuevo Gobierno logró entre RTVE y las comunidades. En dicho múltiple deben emitir en simulcast las entidades gestoras de terceros canales de televisión, mientras que las tres frecuencias restantes pueden ser explotadas según decida cada autonomía. En general, dos canales se han destinado a la gestión directa y dos a la gestión indirecta. A finales de 2006 las emisiones autonómicas de TDT se encontraban relativamente extendidas por todo el país, estando presentes en Madrid, La Rioja, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. Una descripción más detallada pone de manifiesto que estas pertenecían mayoritariamente a los entes públicos de radiotelevisión que actuaban como motor de las emisiones con este ámbito de cobertura (aunque algunas de las corporaciones constituidas más recientemente sólo emitían en pruebas). Ello es así en tanto y en cuanto, a pesar de que varias comunidades acabaran los concursos para la gestión indirecta del servicio (Madrid, La Rioja, 68 El Foro Técnico de la TDT se encuentra trabajando en propuestas de servicios públicos en televisión digital, como una forma de brindar servicios de la SI (Grupo de Trabajo 6). 69 Como se establece que, siempre que el espectro lo permita, se anticipará la planificación del segundo múltiple autonómico previsto para cada comunidad tras el apagón, ello ha ocurrido en Cataluña.

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Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Murcia), sólo contaban con emisiones regulares de TDT autonómica privada Madrid, La Rioja y Cataluña (en Valencia y Murcia existían en pruebas). A pesar de la antigüedad de sus adjudicaciones, estas eran bastante limitadas en alcance y contenidos. En los tres casos, además, eran de tipo parcial, puesto que de los adjudicatarios madrileños originales, Quiero Madrid (Retevisión) había desaparecido, de los dos canales concedidos en La Rioja a cada operador emitiendo en digital el segundo no era explotado, y en Cataluña sólo se ocupaba un programa digital de todo el múltiple concedido (el resto lo reemitían en pruebas). Así pues, es posible señalar que dos grandes modelos de TDT autonómica se delinean en el horizonte de la configuración del servicio. Con las salvedades del caso que un proceso inacabado impone, pueden identificarse dos grandes alternativas contrapuestas: el modelo de servicio público liderado por los entes autonómicos de radiotelevisión, y la gestión privada del servicio, mercantil y de perfil excluyente. Por una parte, es factible identificar un tipo de actuación liderada por los entes gestores del tercer canal de televisión, principalmente los denominados históricos, que se vincula a un modelo de televisión pública relativamente autónoma, con una política audiovisual oficial explícita que la apoya, muchas veces vinculada a proyectos lingüísticos cooficiales. Este posicionamiento se define también por su radical diferenciación respecto del clasificable como “esquema canario” de seudo privatización de la televisión pública70. Por otra parte, se verifica un modelo que prioriza la gestión indirecta del servicio en manos de agentes con ánimo de lucro, vinculados tanto a empresas multimedia regionales como a grupos de comunicación de alcance nacional, en perjuicio de iniciativas existentes de emisores privados de la región, principalmente si estas son sin ánimo de lucro. La expresión más acabada de estas dos posibilidades, que serían los extremos de toda una gama de situaciones que con sus especificidades aparecen representadas en las distintas CC.AA. pueden encontrarse, en el primer caso, en CCRTV, y en el segundo, en la política audiovisual de La Rioja y Navarra. Mientas que estas comunidades han decidido que sea la televisión privada con ánimo de lucro el motor de la TDT en sus regiones, quien ha actuado en el sentido contrario en Cataluña ha sido CCRTV. La opción por la hegemonía de la gestión indirecta, con varios años sobre sus espaldas en los dos casos mencionados, no ha derivado más que en una lenta marcha del servicio, marcada por contenidos generalistas. Esta cautela, que caracteriza a otros adjudicatarios de los concursos autonómicos de TDT privada, allí donde se han efectuado, también se verifica donde se ha previsto un cierto equilibrio con la gestión directa del servicio. Por contraste, en términos 70 La tercerización de servicios, característica de la televisión pública canaria, es un fenómeno que se advierte en el panorama español de las televisiones públicas autonómicas desde 1998: externalizar la producción a partir de la implantación de un nuevo modelo de gestión de los contenidos, por el que se adjudica a una productora, concurso mediante, la elaboración de toda o parte de la programación (Fernández Alonso, 2002).

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generales, la TDT pública autonómica ha estado actuando como motor de las emisiones regionales, servicios adicionales incluidos, y en los casos en que ha tenido un fuerte y decidido apoyo, como en Cataluña, dicho rol se ha traducido en liderazgo y ha tenido incluso proyección estatal. Si en La Rioja, a pesar de haberse concedido los canales digitales en noviembre de 2001, sólo se difundían a finales de 2006 la réplica de dos canales que ya existían en analógico, y Navarra no contaba con emisiones autonómicas de TDT, Televisió de Catalunya (TVC) ha tenido un papel tanto impulsor como pionero en la implantación del servicio, no sólo efectuando pruebas desde finales de los años noventa, sino convirtiendo a Cataluña oficialmente en la segunda región del mundo en haber difundido aplicaciones MHP. Además de la programación de sus canales y los servicios adicionales mencionados, para favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad visual está prevista la emisión de audiodescripción. En lo que respecta a la emisión de subtítulos, estos también se emiten en catalán (GT3 SG3, 2005). Por otra parte, el interés de TVC en analizar las posibilidades del MHP cuando era una nueva tecnología, la ha llevado a liderar en España el desarrollo y emisión de este tipo de servicios interactivos. A través de CCRTV Interactiva (CCRTVi), la conceptualización, desarrollo y explotación de este tipo de aplicaciones durante más de tres años y hasta la actualidad, sumado al hecho de haber tenido los primeros usuarios reales a través de diversas pruebas piloto, le han aportado gran experiencia (GT3 SG2, 2005: 14-15). En mayo de 2002 se lanzaron cuatro aplicaciones MHP, que a partir de los resultados obtenidos con el proyecto Micromercats, se reemplazaron por otras nuevas, tanto vinculadas como desvinculadas de los programas de emisión y, por ello, ejecutables por el usuario en cualquier momento. La referencia es aquí tanto a sus denominados interactivos independientes, como a los asociados a programas (GT3 SG 3, 2005: 13). Sin lugar a dudas, esta actuación ha sido posible gracias a las activas políticas públicas de incentivo al sector que las distintas administraciones de la Comunidad han llevado adelante, y que se han materializado en un importante y constante accionar en relación con el tema. Además de apoyar el servicio público fomentando las emisiones de TVC, incluso antes de que se regulara la TDT, y reservando más canales para la gestión directa, se respaldaron diversos proyectos en prueba, interactividad incluida, y se alentó la constitución y participación en foros de referencia y fomento. La Generalitat constituyó en diciembre de 2002 el Fòrum de la Televisió Digital Terrestre a Catalunya, que nuclea a los representantes de los principales agentes del sector con el objetivo de impulsar la TDT en la región. El proyecto Micromercats de TDT o Prueba Piloto se realizó entre finales de 2003 y principios de 2004, como una iniciativa promovida por la Administración y los agentes del sector, con el objetivo de poner a disposición de usuarios reales contenidos interactivos para conocer su aceptación y usos71. 71

Resultado del estudio en http://www.tdtcat.net/tdtcat/AppPHP/cat/docs/micromercatsTDT.PDF.

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En marzo de 2004 la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat se incorporó al consorcio DVB y, en mayo del mismo año, en el marco del Fòrum de la TDT en Cataluña, anunció la puesta en marcha del proyecto Maresme Digital cuyo objetivo es, valiéndose de la TDT, solucionar de modo definitivo los problemas de diferencias de cobertura e interferencias de las señales televisivas en el Maresme. Finalmente, debe mencionarse la existencia del Plan de Implantación de la TDT en Cataluña que detalla las actuaciones concretas que la Generalitat llevará adelante para el despliegue del servicio. 3.1.3. El ámbito local y la peculiaridad insular: ¿el triunfo de los clientelismos? A pesar de que a finales de 2006 varias comunidades habían resuelto sus concursos para la gestión indirecta del servicio de TDT local, e incluso insular (como en el caso balear), y/o habían tomado medidas para organizar su gestión directa, sólo Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana contaban con este tipo de emisiones (siendo las únicas regulares las de Barcelona TV). Madrid, Cataluña y Murcia habían definido completamente la explotación pública de la TDT local, mientras que en autonomías como Valencia, Galicia, Asturias, Andalucía y Extremadura se encontraba pendiente la autorización final a los ayuntamientos que oportunamente solicitaran las frecuencias que la normativa les reserva. La diferencia entre ellas, sin embargo, reside en el hecho de que sólo Cataluña y Andalucía han priorizado la gestión directa del servicio, mientras que en el extremo opuesto, Baleares la ha obstaculizado. Allí, todos los canales digitales locales se han entregado a la gestión privada y sólo el otorgamiento de frecuencias de alcance insular tanto a esta Autonomía como a Canarias, por parte del Gobierno central, ha otorgado a los ayuntamientos una nueva oportunidad. En lo que respecta a la gestión indirecta del servicio, esta se encontraba definida en Baleares, Madrid, Valencia y Murcia mediante adjudicaciones denunciadas por favorecer escandalosas relaciones clientelísticas que acabaron por excluir proyectos televisivos históricos. Lo opuesto ocurrió en Cataluña, mientras que la resolución de los concursos en Galicia y Aragón tampoco ha estado exenta de polémica. Este proceso también se encontraba en marcha, con connotaciones diversas, en Extremadura, Andalucía, Asturias y Cantabria. Navarra lo había reabierto y Baleares debía hacerlo en breve. En un contexto en el que siguen existiendo importantes zonas sin cobertura y municipios sin planificar, lo que seguramente conducirá a negociaciones bilaterales entre las comunidades y el MITyC (Corominas et al., 2006), aún es pronto para delimitar claramente los modelos que acabarán dominando la explotación de la TDT local en España. No obstante, en función de los procesos resueltos y los que se encontraban abiertos, es posible señalar que hasta el momento se han planteado dos grandes opciones contrapuestas: al modelo

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de televisión local de proximidad se opone una configuración marcada por proyectos vinculados al gobierno de turno y/o a los intereses económicos más fuertes de la región, en este caso, ligados al mundo de la construcción. Por un lado, se vislumbra una posibilidad de actuación liderada por la actividad de los ayuntamientos y los operadores que actúan con una clara vocación de servicio a la comunidad, generalmente sin ánimo de lucro. Este modelo se vincula a proyectos comunitarios históricos en sus municipios de referencia, relacionados con fuertes experiencias asociacionistas y/o la promoción de lenguas cooficiales, y conecta con un modelo de televisión pública participativa y de calidad. Es el que representan agrupaciones como la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y TV (EMA RTV) o Televisions Locals de Catalunya (TLC) y, en general, todas las entidades asociadas en la Organización de Asociaciones de Televisiones Locales G972, por oposición a los operadores locales que simplemente programan contenidos comerciales, en gran medida de producción ajena y extranjera (norteamericana), y suelen estar relacionados con grupos multimedia regionales o los grandes grupos de comunicación del país. Por otro lado, se verifica un modelo caracterizado por la explotación privada del servicio con ánimo de lucro, en manos de agentes vinculados a los intereses urbanísticos de su región y/o al gobierno en funciones, ya sea por su cercanía ideológica o sus relaciones económico-políticas clientelísticas. Esta opción se erige en desmedro de iniciativas de emisores privados existentes, e incluso, curiosamente, puede llegar a perjudicar a los proyectos locales de grupos de comunicación de alcance regional y nacional. Los procesos balear y valenciano pueden mencionarse como los más representativos de esta opción, que también define la situación de otras dos comunidades gobernadas por el PP que habían resuelto los concursos de TDT local (Madrid y Murcia), aunque los concursos llevados adelante en Galicia y Aragón tampoco han estado exentos de algunas de estas acusaciones. Por oposición, el planteamiento inicial hecho por Andalucía y los permisos otorgados en Cataluña indican otra predisposición a permitir la existencia de proyectos definidos por el modelo de proximidad. De hecho, estos gobiernos autonómicos han alentado las redes regionales de emisoras municipales y asociativas como las creadas tanto por EMA RTV en Andalucía, como por TLC en Cataluña (heredera de la Federació Pro-Legalització de les Televisions Locals a Catalunya). Las mismas, con cerca de 70 y 40 televisiones asociadas, respectivamente, han contribuido al mencionado modelo de proximidad. TLC se define como una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las principales televisiones locales y comarcales de proximidad de Cataluña, que junto a la entidad pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (creada por la Diputació de Barcelona en 2004), ha creado la Xarxa de Televisions Locals 72

http://www.g9tvlocal.com, www.xtvl.org, www.emartv.com.

CRTVG

RTVIB

RTVC

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

EiTB

RTRM

País Vasco

Región de Murcia

La Rioja

CEXMA

Extremadura

RTVV

RTVM

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra Comunidad Valenciana

CCRTV

Cataluña

7 RM

ETB1 ETB2 Canal Vasco ETB Sat

Canal Extremadura Canal Extremadura 2 TVG TV Galicia América IB3 TVCanaria TVCanaria 2

Canal 9 Punt 2

Telemadrid laOtra

TV Murciana Canal 6 Popular TV

Rioja 4/Popular TV Rioja TV

Popular TV LP Teva

Onda 6

Td8

RTVCM Barcelona TV (en Barcelona)

CARTV

TV3 K3 33 Canal 300 3/24

CMT

RTVA

Cobertura

Estatales

Aragón Castilla-La Mancha

Gestión

Andalucía

RTVE

Directa

Estatal Antena 3 TV Gestevisión Telecinco La Primera La 2 Sogecable Canal 24 Horas Teledeporte La Sexta TVE 50 años Clan TVE Veo TV Net TV Autonómica Local Autonómica Canal Sur Canal 2 Andalucía Aragón TV

Operadores/ Cobertura Antena Nova Telecinco Sport CNN+ TeleHit Sony Fly Music Local

Indirecta Antena Neox Telecinco Estrellas 40Latino

Fuente: elaboración propia.

Canal 56 (Vinarós). Telecomarca y Unedisa (Valencia).

Popular TV (5 demarcaciones) Uniprex TV (4 demarcaciones). Supernueve TV (Intereconomía TV en pruebas, Madrid capital). Kiss TV (Madrid capital y Aranjuez) EM2 (Madrid capital). Libertad Digital TV (4 demarcaciones) Canal 7 (3 demarcaciones). 8Madrid (presente en todas las demarcaciones).

Antena 3 Telecinco Cuatro La Sexta 1 Veo TV 1 Net TV

Nota: únicamente operadores audiovisuales con emisiones regulares o en pruebas.

Comunidades Autónomas

Tabla 18. Síntesis de la oferta de TDT (finales 2006)

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como proyecto de coordinación y gestión conjunta de recursos televisivos que agrupa a televisiones locales de Cataluña, pero también de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. EMA RTV es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a más de cien ayuntamientos que poseen radio y/o televisión, y a través de Onda Local de Andalucía (OLA RTV) promueve la cooperación e intercambio en la producción y difusión de contenidos. Debe señalarse la especial prioridad que Islas Baleares y la Comunidad Valenciana han otorgado a los concursos para la explotación indirecta del servicio, que en el primero de los casos, puede definirse como escandalosa por haber favorecido inicialmente la imposibilidad de su gestión directa. Por el contrario, los procesos catalán y andaluz se han caracterizado por autorizar un mayor número de canales digitales destinados a ser explotados de forma directa y por elaborar concursos que contemplaran la especificidad y supervivencia de aquellos agentes que han escrito la historia de su televisión local y comunitaria. En Cataluña, el 87% de las televisiones locales privadas que emitían con autorización administrativa han resultado elegidas en los concursos. En un proceso sin precedentes en España, en el que ha sido el ente regulador quien decidió su resultado con carácter vinculante, 33 de estas 38 televisiones podrán migrar a la tecnología digital73. 3.1.4. Balance de situación La producción y gestión de la oferta de TDT en España, allí donde se ha configurado de manera relativamente estable, se encuentra en gran medida en manos de agentes audiovisuales ya importantes en el sector televisivo terrestre analógico y es un servicio que presenta situaciones de integración vertical. A pesar de ello, se ha planteado en términos descentralizados, aunque son numerosos los casos de participación de operadores audiovisuales en distintos ámbitos de cobertura del servicio. En el nivel estatal, los agentes audiovisuales, tanto nuevos como tradicionales (operadores audiovisuales, productoras, gestores de múltiple y EPG), se encuentran integrados verticalmente en un porcentaje importante. Sus posiciones son ocupadas por actores que ya existían en el ámbito de la difusión terrestre, o bien, tienen conexiones diversas en el mundo de la comunicación. En concreto, todos los operadores estatales terrestres analógicos han extendido su presencia al mundo digital aumentando el número de canales bajo su órbita, siendo dominantes en el múltiple desde el cual emiten (RTVE tiene su gestión legalmente) y presentando importantes vínculos con las productoras que les proveen de aquellos contenidos que no producen internamente. 73 Este concurso se llevó adelante con el marco legal anterior a la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual en Cataluña, a partir de la cual, la competencia sobre los futuros concursos de licencias de servicios de comunicaciones pasa a estar completamente bajo la órbita del CAC.

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La única diferencia con los operadores estatales incorporados a las emisiones terrestres tras el lanzamiento de su digitalización (Net, Veo y La Sexta), es que estos dependen de aquellos en lo que refiere a acordar la multiplexación de la señal. Por consiguiente, a excepción del acceso condicionado que no existe de momento en la TDT española, los nuevos espacios habilitados con el lanzamiento del servicio para agentes de tipo audiovisual (EPG y gestión de múltiple) han sido hegemonizados por los operadores audiovisuales, especialmente, los ya existentes en analógico. Y aunque ello podría tener implicaciones negativas en el futuro sobre el pluralismo y la competencia, la provisión de estos servicios aún no ha dado lugar a conflictos con estos gatekeepers. En el caso de la guía electrónica, como la mayoría de los decodificadores presentes en el mercado son de tipo básico, el espectador navega a través del flujo de datos sobre la programación que cada operador difunde. El mismo, la “EPG de la cadena”, es de tipo básico salvo en el caso de RTVE. Existe un único agente que no es operador audiovisual, InOut, que ofrece un servicio gratuito y alternativo de EPG. Su software de navegación propietario es posible gracias a los acuerdos que ha celebrado con el fabricante del equipo para su incorporación, y con Net TV para su difusión. Para el ejercicio de esta actividad de servicio adicional no necesita autorización alguna, al igual que ocurre con la prestación de servicios interactivos, aún incipientes. Por lo que puede afirmarse que no existe agente alguno con autorización específica para proveer ningún tipo de servicio adicional de TDT. Por otra parte, más allá de criterios como los de no discriminación y transparencia, no existe ninguna otra especificación de actuación para quien provea guías de programación. Ni siquiera, por ejemplo, la obligación de que los canales de emisores de servicio público sean ubicados en posiciones preferentes. Ello es consecuencia directa, al igual que ocurre con todos los criterios de tratamiento de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de la transposición de la normativa comunitaria vigente. Aunque los Estados miembro pueden precisar algunos parámetros de actuación, en España, los requisitos de “justo, razonable y no discriminatorio” aún dejan un amplio margen de debate en el análisis de las posiciones dominantes puesto que no existen guías o códigos adicionales de interpretación. Tanto en el nivel autonómico como local, a excepción de algunas comunidades, el hecho de que muchas de las posiciones de los agentes audiovisuales que hacen posible el servicio se encuentren aún vacantes impide establecer conclusiones definitivas. Muy pocos operadores audiovisuales difunden el flujo de datos de su programación y, salvo en los contados casos en los que explotan un múltiple entero, también están obligados a conformar una sociedad que se encargue de decidir la forma de gestión del múltiple con el resto de los operadores que ocupan la misma frecuencia digital. A pesar de esta situación, es posible afirmar en el plano autonómico que la posición de los entes públicos de televisión se ha fortalecido, ya sea por el aumento del número de canales bajo su órbita o por su creación allí donde no existían. Pero en el caso de los operadores privados está ocurriendo algo simi-

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lar al nivel estatal: estas posiciones son ocupadas por agentes que ya emitían en analógico (Cataluña y La Rioja, por ejemplo) o que poseen fuertes vínculos con el sector infocomunicacional (caso Onda 6). En el plano local la configuración es aún mucho más provisional, aunque es un hecho que en casi todas las comunidades existirá un operador público por demarcación. El mismo, de nueva creación, dependerá de un ayuntamiento o consorcio de ayuntamientos. Distinto es el caso de los operadores privados, allí donde han sido beneficiados por los concursos: los agentes que ya emitían en analógico no son necesariamente los dominantes, ya que ha surgido una nueva capa de operadores vinculados a los gobiernos autonómicos que les han favorecido, así como a una de sus principales vías de crecimiento (el sector de la construcción). De modo que aunque con la TDT se ha preservado y amplificado el papel de todos los emisores estatales terrestres existentes (y los públicos autonómicos), es innegable que la digitalización de las emisiones hertzianas está provocando un cambio estructural en el sistema televisivo español. El statu quo se ha visto alterado en una dirección aún incierta, producto de la autorización de tres nuevos operadores estatales, la creación de un gran número de entes públicos autonómicos de televisión y el ordenamiento del ámbito local por la vía digital, en un movimiento que responde a la propia historia y estructura audiovisual española y se distancia de una política europea que ni privilegia a la TDT como red para distribuir televisión de proximidad ni contempla las opciones de gestión directa o de perfil local/comunitario del servicio. Sin embargo, este aumento exponencial de los operadores posibles, inspirado en un pluralismo numérico (López Cantos, 2005), junto con la teórica profundización de la descentralización del sistema televisivo terrestre que la acompaña, no ha conducido a una mayor democratización del sector. No sólo debido al mencionado perfil que tienen los agentes audiovisuales estatales que puede anular en la práctica dicha descentralización, sino porque se corre el peligro de que entre los modelos contrapuestos de TDT autonómica y local que se están configurando acaben predominando aquellos simplemente vinculados a la explotación mercantil del servicio, alejados del interés general y peligrosamente cercanos a los intereses particularistas y partidistas. De ahí que el liderazgo que los entes públicos autonómicos están ejerciendo pueda verse opacado a largo plazo con un reparto de las frecuencias privadas en línea con lo que ha ocurrido a nivel estatal, y que las posibilidades del modelo de televisión local de proximidad se desdibujen frente al reparto de las frecuencias bajo la lógica del clientelismo político-económico (urbanístico). En suma, puede afirmarse de los agentes audiovisuales implicados en la TDT española que los operadores son de tipo estatal, autonómico y local (además de insular allí donde corresponda), predominantemente privados con ánimo de lucro y, en menor medida, públicos. De hecho, los primeros hegemonizan el ámbito estatal donde sólo existe un operador público (RTVE) y, aunque dependiendo de la decisión de cada Autonomía, el balance puede ser un poco más equilibrado en el plano regional, por mandato legal, en el plano

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local predominarán los emisores privados. Dependerá de cada comunidad si el perfil de estas últimas cadenas será comunitario o comercial. Es posible verificar que los operadores de alcance nacional, con relaciones diversas con el capital financiero y trasnacional, están actuando crecientemente como empaquetadores de contenidos ya existentes (propios o de canales temáticos presentes en otras plataformas) y poseen una importante implicación con el ámbito de la producción audiovisual. Ello no ha impedido que con los años se gestara un sector de producción relativamente importante, que sin embargo, en la actualidad, se caracteriza por su centralización y concentración y el aumento de sus vínculos, tanto formales como informales, con los operadores audiovisuales. De la misma manera que se calculara que el relanzamiento de la TDT podría suponer la posibilidad de aumentar a nivel estatal las horas anuales de producción independiente, el mismo ejercicio puede repetirse para el ámbito autonómico. Al haber demandado 12 cadenas autonómicas 11.281 horas anuales durante el periodo 2004/05 (GECA, 2006), la simple consideración de la aparición de cinco nuevos canales autonómicos (IB3, Canal Extremadura TV, Aragón TV, TV Asturias y RTRM), sin contar con sus proyectos de segundos canales digitales, podría reportar unas 4.700 horas anuales más a la producción audiovisual independiente. En caso de que la peligrosa tendencia al aquí denominado “modelo canario” de televisión se consolide y extienda en el ámbito autonómico, este aumento en las horas de producción audiovisual independiente podría ser incluso mayor. Sobre todo considerando las difíciles experiencias de corporaciones autonómicas como CCRTV y Radio Televisión Madrid en empresas productoras de contenidos (Media Park y Multipark, respectivamente) y el perfil de los nuevos terceros canales (bajos presupuestos, externalización casi total de sus funciones y subordinación política; Bustamante, 2006). Por el contrario, las características de la oferta digital terrestre que los operadores audiovisuales nacionales han puesto en marcha, deja poco espacio para la esperanza. De los 20 canales de TDT de cobertura estatal existentes, sólo tres suponían a finales de 2006, y sólo en parte, la difusión de nuevos contenidos (Cuatro, La Sexta y Veo TV1). El resto ya existía en otras plataformas (Teledeportes), se constituía a partir de material de archivo (Telecinco Estrellas), se dedicaba a la teletienda (Net TV), o eran la mera redifusión total o parcial de una señal extranjera (TeleHit, Telecinco Sport, Sony Television). Así pues, la oferta ha mejorado exponencialmente en términos cuantitativos pero no cualitativos. Por otra parte, a pesar de la tendencia comunitaria al privatismo mercantilista en la promoción del servicio y el apoyo a la promoción de los servicios añadidos como fuente alternativa de financiamiento, tras la caída de Quiero TV, la oferta ha evolucionado dejando atrás un modelo sustentado en el pago y los servicios televisivos nunca han dejado de predominar sobre los de la SI que, además, se encuentran en una fase experimental. En términos generales, los servicios añadidos se vinculan a la oferta televisiva, suministrando contenidos más que ofreciendo la posibilidad de un control editorial.

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Allí donde más avanzados se encuentran, de la mano de los entes públicos de televisión (CCRT y RTVE principalmente), están fundamentalmente orientados a mejorar la accesibilidad y deben definirse como enriquecidos más que como interactivos. Al respecto, debe mencionarse el compromiso efectivo de estos entes con el apoyo discursivo que la UE ha otorgado, por una parte, a la mejora de las condiciones de inclusión y accesibilidad que posibilita la televisión digital, y por otra, al estándar MHP. El cual, de hecho, fue apoyado en 2002 a través de un compromiso de intenciones asumido por todos los operadores audiovisuales nacionales y los representantes más importantes de la industria electrónica de consumo. Aunque inicialmente estuviera contemplada la financiación mediante el pago directo por parte de los espectadores a nivel estatal, y ello esté autorizado en las concesiones autonómicas de TDT privada en Cataluña y La Rioja, las licencias son en su gran mayoría para operar frecuencias en abierto. Por lo que los operadores existentes se financian por la vía publicitaria (los más importantes cotizan en Bolsa), a excepción de los entes públicos que además reciben financiamiento público (dinero de los presupuestos, subvenciones, etc.; financiación mixta). Ante la escasez de recursos genuinos, en este último caso, no habría que descartar que se apele a la vía del endeudamiento como ya ha ocurrido con su funcionamiento analógico. Ello debería quedar finalmente descartado tras el proceso de revisión que la radio y la televisión de titularidad pública están atravesando, en buena medida, producto de la presión que la UE ha ejercido en pos de un comportamiento más transparente que no distorsione la libre competencia. Sin embargo, difícilmente esta reforma se produzca en las televisiones autonómicas y locales sin el dictado de una nueva Ley Audiovisual, llamada a trasladar las transformaciones acordadas para RTVE al resto de las emisoras dedicadas a la gestión directa del servicio. En paralelo, debe señalarse que es discutible que RTVE tenga a nivel estatal el mismo tipo de liderazgo que algunos entes autonómicos están ejerciendo en las emisiones de sus regiones, debido tanto al escaso espacio que finalmente se le ha otorgado (un múltiple más un canal digital) como a los resultados ambiguos y en buena medida inciertos que su reforma está generando. En otras palabras, no se observa una apuesta decidida para que RTVE juegue un papel motor en el ámbito de la digitalización televisiva, a pesar de que ha sido el sector público en su conjunto quien ha encabezado las emisiones digitales desde el primer lanzamiento del servicio. En definitiva, se verifica que todos los operadores audiovisuales se encuentran en una posición de dominio importante: de ellos dependen las EPG de las cadenas, en muchos casos están presentes en el sector de la producción audiovisual y en grado diverso pueden decidir sobre la gestión del múltiple que ocupan. Al respecto, el control es total en el caso de RTVE por mandato legal, casi absoluto en el caso de los operadores estatales ya existentes en analógico (lo será para los entrantes tras el apagón), aunque el ejercicio de esta función se haya delegado en el operador de red, y significativo en el caso de

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los operadores de las restantes coberturas debido a la obligatoriedad que existe de compartir esta función entre quienes ocupan una misma frecuencia digital (lo que puede derivar en gestores de constitución mixta, público/privada). Por tanto, el carácter público, privado o mixto (pero en ningún caso independiente), y estatal, autonómico o local de los aquí llamados nuevos agentes audiovisuales (gestor de múltiple y EPG), está en relación directa con el perfil de los operadores audiovisuales que ejerzan estas funciones. Por otra parte, gracias a haber conseguido frecuencias en un mismo o diversos ámbitos de cobertura, en muchos casos mediante participaciones indirectas, varios de los operadores audiovisuales detentan numerosas participaciones en diversos niveles de la explotación del servicio. Estos operadores no sólo están encarnados en algunos grandes grupos de comunicación del país, sino que también tienen origen en grupos multimedia regionales e incluso empresas o empresarios que han adquirido tal condición a partir de los concursos de TDT. Ejemplos del primer grupo son Vocento, Grupo Antena 3, Unedisa, PRISA y los diversos intereses que detenta la Iglesia Católica74. A finales de 2006, Vocento estaba presente en el ámbito estatal a través de Telecinco y Net TV, en el autonómico, mediante Onda 6, Rioja TV y La Verdad Radio y TV, y en el local gracias a Urbe TV (Cataluña) y HTV y Factoría de Contenidos (Aragón, nueve licencias). A través de Televisión Popular, la Cadena COPE tenía relación con la TDT autonómica en La Rioja, Valencia, Galicia y Murcia, la insular en Menorca, y la local en Navarra, Mallorca, Zaragoza y la Comunidad de Madrid (donde posee cinco concesiones). El Grupo Antena 3 tenía sus intereses repartidos entre el operador estatal del mismo nombre y las licencias locales obtenidas a través de Uniprex TV en Valencia, Cataluña y Madrid (cuatro). La editora del periódico El Mundo estaba vinculada con Veo TV en el ámbito estatal, EM2 en el local (Comunidad de Madrid) y Unedisa Telecomunicaciones en el autonómico y local valenciano (una y cuatro autorizaciones, respectivamente). PRISA poseía canales estatales, frecuencias autonómicas en Navarra (Canal 4) y Baleares (Televisión Digital Baleares), y permisos locales para Localia en la Comunidad Valenciana (uno), en Cataluña (tres), en Galicia (vinculación con siete adjudicatarios) y Aragón (participa en 15 licencias). Dentro del segundo grupo podían destacarse: Grupo Intereconomía (permisos locales en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana), Las Provincias Multimedia (permisos en la TDT autonómica y local valenciana), Grupo Editorial Prensa Ibérica (permisos locales en la Región de Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana y una concesión insular en Mallorca) y Grupo Serra (un permiso insular en Mallorca y cinco locales en toda la Comunidad que ha tenido que devolver). Otros agentes multimedia regionales de importancia que han conseguido expandirse del mundo analógico al digital han sido Godó (un 74 Para una descripción detallada y actualizada de los grupos de comunicación en España, ver Palacio (2006).

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múltiple en Cataluña) y ProMecal (dos canales autonómicos en Navarra), y los gallegos Grupo Correo Gallego, Grupo La Región, El Progreso y La Capital. Entre los empresarios y empresas que han conseguido agrupar varias licencias, e incluso obtener a través de ello el rango de multimedia, destacan Kiss TV (dos permisos locales en la Comunidad de Madrid), Televisión Digital Madrid (diez permisos locales para 8Madrid en la misma Comunidad), Grupo Teletaxi (tres canales locales en Cataluña) y Prensa Leridana (cuatro canales locales en Cataluña y dos en Aragón). Por su rápida ascensión y vinculaciones con los gobiernos autonómicos deben mencionarse Libertad Digital TV (cuatro permisos locales en la Comunidad de Madrid, cuatro en la Comunidad Valenciana y tres en la Región de Murcia) y Jacinto Farrús (permisos insulares y locales en las Islas Baleares). En función de lo anterior, deben hacerse dos reflexiones. En primer lugar, aquella relacionada con el temor de que estas licencias sean vendidas o alquiladas, ya que muchas de las empresas que las han obtenido no cuentan con un proyecto real de televisión. Ello podría derivar en una feroz concentración incontrolada y la puesta en marcha de diversas cadenas de hecho que emitirían de forma simultánea en varias regiones. Lo cual conecta, en segundo lugar, con la configuración de las cadenas de televisión local analógica con implantación en todo el territorio nacional. La situación de precariedad normativa del ámbito local ha generado tal parálisis y confusión que ha permitido la consolidación de los grandes grupos de comunicación en el mercado de la televisión local a partir de la adquisición de numerosas emisoras. Y aunque los concursos de TDT no se estén definiendo en líneas generales a su favor, no debería descartarse la posibilidad de que sean ellos quienes acaben gestionando el funcionamiento de las emisiones digitales. En síntesis, la descripción hasta aquí efectuada de los agentes audiovisuales implicados en el funcionamiento del servicio ha condicionado la lenta puesta en marcha de una oferta en abierto aún en formación, sobre todo en los ámbitos autonómico y local, y dominada por contenidos ya existentes dedicados al entretenimiento, fundamentalmente, a través de cadenas generalistas. 3.2. Ausencia de planificación para una cobertura universal En España, la infraestructura de red existente para el transporte y difusión de la televisión terrestre analógica está conformada por más de dos mil centros emisores que logran una cobertura del 99% de la población en el caso de La Primera, y del 96% en el caso de los operadores audiovisuales privados estatales. En tanto el régimen jurídico dictado para la prestación del servicio con tecnología digital entiende que este no es un nuevo sistema televisivo sino una nueva modalidad de prestación, se preserva y traslada a la TDT el perfil universal de la televisión hertziana. Por consiguiente, en el contexto de una televisión satelital hegemonizada por el modelo de pago y unos servicios de cable con desigual penetración, se ha decidido que sea la TDT quien ofrezca, tras el apagón, el servicio universal

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de televisión. Para ello se han establecido ya la arquitectura del servicio y las obligaciones de cobertura de los operadores, pero no la modalidad elegida para llevar adelante este proceso ni su planificación. Al análisis de estos aspectos, junto con la caracterización de la figura del operador de red, se dedican las siguientes páginas. 3.2.1. Multiplexación de la señal y monopolio en su transporte y difusión La red de transporte y difusión punto masa fue creada y gestionada por RTVE hasta 1989, cuando se decidió la separación de sus activos en una empresa pública independiente creada para tal fin: Retevisión. La entidad se privatizó parcialmente en el año 1997 y de forma total en 2000, con lo que el monopolio sobre el transporte y difusión de la señal de televisión finalizó el 3 de abril de dicho año75. Desde entonces, en teoría, cualquier concesionario de televisión puede escoger a quién contratar el servicio, e incluso, si obtiene la oportuna licencia individual, prestarlo él mismo. Sin embargo, gracias a sus 2.400 emplazamientos en toda España y a su posición de dominio producto del periodo de exclusividad, Retevisión acabó erigiéndose como portador hegemónico. Luego de haber pertenecido al Grupo Auna, ha pasado a formar parte de Abertis, corporación privada líder en España en la gestión de infraestructuras de transporte y comunicaciones, resultado de la fusión de Acesa y Áurea. Auna vendió Retevisión Audiovisual en 2003 a Abertis (controlada por La Caixa y el Grupo ACS), que la adquirió a través de Tradia, filial para la gestión de infraestructuras y redes de telecomunicaciones (que a su vez había sido adquirida en 2002 a la Generalitat de Cataluña). Dentro del Grupo Abertis, la sociedad responsable de la estrategia en infraestructuras y servicios de telecomunicaciones es Abertis Telecom, que gracias a Tradia y Retevisión cuenta con la red de emplazamientos para el transporte, difusión y distribución de señales de radio y televisión más importante del país. En 2005 Abertis detentaba el liderazgo tanto del mercado de transporte como de difusión de la señal audiovisual. Su único competidor en el servicio de transporte era Telefónica Servicios Audiovisuales, que cuenta con un tercio del mercado, mientras que Axión era el competidor más relevante en el mercado de difusión (CMT, 2006: 138-139). Si la CMT identificaba en el año 2004 al Grupo Abertis como único operador que prestaba servicios de difusión a nivel nacional, Axión y Retegal operaban a nivel autonómico en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 75 Su privatización respondió a la intención del entonces gobierno del PP de que el ente se constituyera en una especie de germen de segundo operador de telecomunicaciones para romper con el monopolio de Telefónica. Retevisión fue comprada por un grupo de bancos y compañías eléctricas liderado por Endesa, Fenosa y STET. El Ministerio de Fomento publicó en el BOE de 15 de marzo de 2000 la Orden de 9 de marzo, por la que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones de entonces, que en la práctica, supuso la liberalización de la transmisión de señales de televisión y radio y, por tanto, el fin del monopolio que hasta el momento venía ejerciendo Retevisión.

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Galicia, respectivamente, y Net Radio Medialatina lo hacía únicamente a nivel local (CMT, 2004b: 13). Si bien esta situación no ha cambiado en lo que respecta al liderazgo de Abertis, que ha alcanzado un cuasi monopolio de facto, el mercado podría transformarse a partir de la aparición de nuevos agentes y la voluntad de actuación nacional de los existentes. El Grupo Medialatina, mediante la creación de la empresa Net Radio Medialatina, filial en España de Teledifusión de France (TDF, France Telecom), empezó a prestar el servicio de difusión de televisión en 2002 a pequeños difusores de ámbito inferior al autonómico (su mayor cliente en 2003 fue Tele Sierra, S.L.). La fusión de Medialatina y Axión-Red de Banda Ancha de Andalucía en 2005, dio lugar a Axión (TDF accionista mayoritario), entidad cuyo objetivo es convertirse en alternativa al operador histórico. Axión posee una red de difusión en todas las capitales de España y difunde, por ejemplo, la señal digital de los canales de RTVA. Idéntico servicio prestan a los entes públicos de la comunidad autónoma en la que se encuentran los operadores Retegal, Itelazpi y Telecom-CLM, sociedades de las respectivas Administraciones (Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha). Axión, Itelazpi, Telecom-CLM y Retegal se vincularon en junio de 2006 en la Unión de Operadores de Red de Radiodifusión y Telecomunicaciones (Unired), con la aspiración de prestar servicios a escala estatal aunando esfuerzos y poder así competir con Abertis. La suma de los cuatro operadores supone casi dos mil centros emisores y una cobertura del territorio del 40% (33% de la población). Sin embargo, los plazos de puesta en marcha de la TDT establecidos en 2005, así como las obligaciones de cobertura definidas para los operadores audiovisuales, han supuesto un problema para estos operadores que no tenían desplegada infraestructura nacional. De ahí que todas las cadenas de ámbito nacional acabaran acordando con Abertis la multiplexación, transporte y difusión de su señal. Axión quedó definitivamente descartada como serio competidor el 26 de junio de 2006 cuando la CMT concluyó que las medidas cautelares impuestas a Abertis, para que permitiera durante nueve meses el acceso de Axión a la totalidad de sus 147 centros de la red nacional, se habían extinguido en tanto ésta no había ejercitado este derecho en el plazo fijado76. Así pues, la complementariedad existente entre los activos de Telefónica Servicios Audiovisuales (servicio integral de transporte) y Axión (servicio de difusión), que dio lugar a finales de 2005 a un acuerdo de colaboración para distribuir TDT, no fue suficiente para hacer frente a Abertis. 76 “Axión planteó ante la CMT un conflicto de acceso frente a Abertis en el que solicitaba cautelarmente la declaración de su derecho a requerir de este último operador un servicio integral de transporte y difusión hasta el completo desarrollo de su propia red. La CMT otorgó la medida cautelar solicitada con el objetivo de proteger la introducción de la competencia en la oportunidad que representaba la ampliación del número de canales derivada del nuevo marco de transición a la televisión con tecnología digital” (CMT, 2006: 141).

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En síntesis, a pesar de la liberalización del sector, una sola empresa ejerce el control de la infraestructura y gestión del transporte y difusión de la señal televisiva terrestre en España, que en 1999 ha iniciado un lento proceso de digitalización, acelerado desde 2005 con el relanzamiento del servicio. La propiedad privada y gestión comercial de la red es por tanto lo que predomina, con la existencia de operadores de difusión alternativos que actúan sólo a nivel autonómico y están vinculados a sus respectivas Administraciones. Tanto Axión como Telefónica Servicios Audiovisuales, segundos operadores de los mercados de difusión y transporte de la señal, respectivamente, son controlados por operadores de telecomunicaciones: France Telecom (origen extranjero) y Telefónica. Abertis, que al igual que estos, tiene perfil trasnacional e importantes vinculaciones con el capital financiero, tiene el monopolio de hecho del servicio de difusión a nivel estatal y además ha ostentado importantes posiciones de dominio desde los orígenes del mercado de TDT. Tanto por su integración vertical en operadores audiovisuales, como por el establecimiento de sus tarifas y el actual ejercicio de la función de gestión de los múltiples nacionales. Hasta el 31 de diciembre de 2002, la prestación del servicio portador de difusión nacional de la señal de la televisión por ondas terrestres ha estado caracterizada por la intervención administrativa de las tarifas correspondientes, mediante el establecimiento de un régimen de precios máximos que le resultó favorable. En la actualidad, dicha posición de dominio sigue existiendo. Abertis no solamente continúa involucrada como operador audiovisual (en Cataluña a través de Emissions Digitals) e integra multiplexación, transporte y difusión de la señal estatal, sino que sus precios son fuente permanente de conflicto. En otras palabras, las situaciones de abuso de posición dominante que no se han verificado con la gestión del múltiple y la EPG, se han materializado en este eslabón de la cadena de la TDT. A pesar de que, según Digiworld (2006: 253), España sea uno de los países con menor coste de transmisión a nivel europeo, los operadores de ámbito nacional acusan a Abertis de elevar excesivamente el precio de sus servicios (de 10 a 25 millones anuales) por pasar de una cobertura del 80 al 90% de la población, algo que el operador justifica debido al incremento en el número de repetidores que supone el aumento de cobertura77. Tal vez el caso más representativo de esta puja permanente sea el de Veo TV, cuyos principales accionistas acordaron a principios de 2004 una ampliación de capital de seis millones de euros, de los cuales cinco se destinaron a 77 Cinco Días, “Las TV acusan a Abertis de pedir precios abusivos por la TDT” (17/07/2006). A modo de ejemplo de los precios que deberán pagar a Abertis los operadores locales, puede mencionarse que en la comarca del Barcelonés, el coste anual de la transmisión desde la torre de Collserola se acercará a los 170.845 euros por múltiple, mientras que una televisión que emita en Cataluña Central deberá desembolsar alrededor de 180 mil euros al año (723.190 euros por múltiple). Por su parte, la renovación de contrato que habrían firmado Telecinco y Antena 3 en 2006 sería por cinco años y un millón de euros al año por el canal analógico y tres millones por cada digital para el mismo periodo de tiempo. Expansión, “Implantar la TV digital terrestre exigirá invertir diez mil millones de euros en siete años” (31/05/2004).

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pagar la deuda que existía con Retevisión por el coste de transportar y difundir la señal durante dos años. Veo TV entabló una larga disputa con Retevisión para mejorar los precios fijados por ella, al punto de solicitar el arbitraje de la CMT en noviembre de 200378. La relación Retevisión/operadores audiovisuales sigue siendo tensa ya que los segundos consideran que, como la empresa tiene posición de dominio, el Gobierno debería regular los precios de lo que entienden es un monopolio. De momento, y a pesar de haber confirmado su posición de poder significativo en el mercado y lo terriblemente oneroso que sería para un operador alternativo desplegar una red similar (CMT, 2004b, 2005b, 2006), el ente regulador, en línea con el posicionamiento y normativa comunitaria, ha decidido no actuar más que ex post. Retevisión tiene la obligación de proveer acceso a su red de forma razonable, transparente y no discriminatoria, aunque la misma CMT reconoce que “podría aducir una serie de causas (falta de disponibilidad de espacio, de capacidad de suministro eléctrico, posibles interferencias que podrían provocar los equipos a ubicar, falta de viabilidad técnica, elevadas inversiones a realizar para acondicionar el centro a la solicitud realizada por el operador solicitante del acceso) para denegar o demorar la concesión del acceso” (CMT, 2004b: 40). De ahí que decidiera imponer a Abertis a finales de 2005 una serie de obligaciones para compensar su posición de dominio: obligación de atender las solicitudes razonables de acceso, de ofrecer precios razonables y de no discriminar (CMT, 2005b). Sin embargo, la propia CE consideró que ello no era suficiente e invitó a la CMT a considerar la imposición de una obligación de transparencia con la finalidad de que la obligación general de acceso fuera más efectiva, a establecer un claro marco para las negociaciones comerciales entre operadores, y a precisar lo que consideró una inadecuada propuesta de obligación de control de precios79. Gracias a ello la CMT concretó las mencionadas obligaciones, estableciendo que Abertis debe orientar sus precios en función de los costes de producción y separar sus cuentas en relación con las actividades de acceso, y que debe atender a la obligación de transparencia por la cual remitirá a la CMT, dentro de los diez días siguientes a su formalización, los acuerdos de acceso que suscriba con terceros (CMT, 2006). En adelante, además, Abertis está 78 Veo TV pretendía incluir en el contrato para la prestación del servicio portador de la señal una cláusula que le eximiera del pago en el caso de que cambiase la ley y no se viese obligada a emitir (cosa que ocurriría en parte con la sanción del PTNTVDL). Finalmente, sin embargo, las dos empresas llegaron a un acuerdo en el que Retevisión mejoró los plazos de pago pero no cambió sus precios. Cinco Días, “Veo TV amplía capital para pagar la emisión que nadie ve” (08/03/2004). También presentaron alegaciones en el mismo sentido Net TV y Sogecable (CMT, 2006: 18), mientras que Telecinco y Antena 3 hicieron público su descontento con el operador. 79 Comisión Europea, SG-Greffe (2005) D/206045. Bruselas, 4 de octubre de 2005. Caso ES/2005/0252: Servicios de transmisión de emisiones difundidas para entregar contenidos difundidos a los usuarios finales en España.

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obligado a conceder libre acceso a sus interfaces técnicas y a facilitar la coubicación u otras modalidades de compartición de instalaciones. Es llamativo que este ejercicio con connotaciones negativas de las funciones que implica un agente con condición de guardián no se haya producido en el mercado de TDT respecto de otro tipo de redes televisivas. Es más, en el caso de los cableoperadores, a diferencia de lo que ocurre en otros países vecinos, su condición de carriers, su posición históricamente rezagada y ciertas lagunas jurídicas les llevaron a decidir extender a la TDT su obligación must carry. Derogada la Ley de Cable, hasta la aparición del Reglamento del servicio en septiembre de 2006 existió una disputa en torno a la aplicación de la norma must carry a la TDT. El cable, obligado únicamente a difundir los canales generalistas analógicos, en una interpretación debatible decidió retransmitir los canales estatales de TDT sin el consentimiento de los operadores. Ello condujo a un conflicto entre los cableoperadores y los operadores audiovisuales de TDT que exigían de los primeros una contraprestación económica. El mencionado Reglamento ha clarificado la situación al establecer los requisitos must carry del cable, resumidos en la obligación de difundir, hasta el cese de las emisiones analógicas y contraprestación económica mediante, sólo los canales analógicos nacionales y aquellos directamente gestionados por las comunidades autónomas. En cualquier caso, las dos consecuencias más importantes de que el cable difunda los canales de TDT remiten a la posibilidad de distorsionar las cifras de penetración de los servicios digitales terrestres en caso de que a ellos se sumen los datos del sector del cable, así como a la opción de enriquecer con canales disponibles en abierto una oferta de pago. Al respecto, la lógica de redifundir libremente los contenidos de TDT a través del cable ha fomentado la consolidación del segundo con canales de bajo precio, lo que ha conducido a que no fuera la TDT sino el cable el servicio que se promocionara. 3.2.2. Una cobertura desigual y la necesidad de un gran esfuerzo de despliegue Según Abertis, existen 147 centros emisores plenamente operativos que a finales de 2006 daban servicio a un 80,45% de la población española (Impulsa TDT, 2007) con una red de televisión digital de frecuencia única que aprovecha la infraestructura existente para la distribución y difusión de la televisión analógica. Por tanto, la cobertura de TDT es de poco más del 80% de la población, no del territorio (35%), ya que son los grandes núcleos urbanos los que básicamente tienen adaptados los repetidores de la antigua Retevisión. Por otra parte, existen un buen número de zonas cubiertas por las señales que sin embargo no las reciben apropiadamente porque existen “claros” de cobertura a los que éstas no llegan. En la web oficial destinada al servicio, mediante la introducción del código postal en un sistema de búsqueda por base de datos, existe la posibilidad de consultar la cobertura exacta (www. televisiondigital.es).

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Las obligaciones de extensión de la cobertura para los operadores audiovisuales que el PTNTDT estableció y el Reglamento de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable precisó, sintetizadas en la siguiente tabla, apuntan a que la situación actual, hoy desigual y desfavorable con las zonas rurales y núcleos de población pequeños y medianos, se convierta en una cobertura cuasi universal (98%). Debe aún decidirse la manera en la que se servirá al 2% de población que quedará fuera de la cobertura de TDT (casi un millón de personas). RTVE propone que sea a través de un servicio satelital alternativo en abierto, al estilo Freesat. Otra posible solución para extender la cobertura sería utilizar microreemisores o gap fillers. Según los operadores de red, los actuales sistemas radiantes podrán ser reutilizados en la mayoría de los casos. Sin embargo, debido a las demarcaciones planificadas, tendrán que instalarse algunos nuevos para adaptarse a las nuevas características de cobertura, y con ellos, toda la instalación de cables (feeders) y sujeciones en la torre. Los transmisores que se utilizan para la difusión analógica se sustituirán por transmisores digitales y será necesaria la incorporación de codificadores y multiplexores. En otras palabras, algunas de las infraestructuras actuales serán válidas, mientras que otras tendrán que ser modificadas y acondicionadas e incluso deberán construirse algunos nuevos centros emisores. Este proceso, sumado a las obligaciones de cobertura, supondrá enormes inversiones que en buena medida recaerán sobre los operadores audiovisuales. Tabla 19. Obligaciones de cobertura de población Operadores existentes a la entrada en vigor del PTNTDT de 2005

Antes del 31/12/2005 Antes del 31/12/2008 Antes del 03/04/2010 03/04/2010

Nuevos operadores

Públicos (RTVE y Televisiones Autonómicas)

Privados (Antena 3, Telecinco, Cuatro, Veo y Net)

Públicos, privados, estatales o autonómicos

80%

80%

90%

90%

98%

95%

Los privados, de acuerdo con las condiciones establecidas en sus concesiones; los públicos, de acuerdo con lo que el Gobierno pertinente establezca.

Cese de todas las emisiones analógicas Obligaciones progresivas para operadores nacionales y entes públicos autonómicos (Para cada ámbito territorial y según el Reglamento de difusión de la televisión por cable de 2006)

Para el 31/07/2007 Para el 31/07/2008 Para el 31/07/2009

85% 88% 93%

Fuente: elaboración propia basada en la normativa vigente.

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Si la actual cobertura analógica del 95% de la población que detentan los emisores privados estatales se logra desde aproximadamente 1.200 centros emisores, y la del 99% de RTVE desde unos 2.000, este salto exponencial para lograr cobertura cuasi universal se reproduciría en el ámbito digital. Tabla 20: Relación de coberturas digitales y centros emisores mayo 2006 TVE Privados

80% desde 147 centros

enero 2009

2010 (apagón)

90% + 500/600 centros

98% + 2.000 centros 95% + 1.500 centros Fuente: Gutiérrez (2006).

3.2.3. Migración sin planificación El proceso de transición se realizará respetando la canalización convencional de 8 MHz en las Banda IV y V de UHF, lo que permitirá que las emisiones de televisión terrestre, tanto analógicas como digitales, coexistan hasta el denominado apagón, evitando con ello el impacto negativo que podría ocasionar una total replanificación espectral (costes económicos, pérdida de continuidad de los servicios existentes)80. Tal y como determina el PTNTDT, el apagón deberá efectuarse gradualmente por áreas técnicas. Cada una de ellas se define por ser una zona geográfica cubierta, desde un punto de vista radioeléctrico, por el centro principal de difusión, los centros secundarios que tomen la señal primaria de dicho centro y los centros de menor entidad, que no tomando la señal primaria del centro principal, tienen cobertura solapada con él o con alguno de sus centros secundarios. El área técnica, por tanto, será la unidad básica del proceso de transición, normalmente de menor extensión que el área provincial y no necesariamente coincidente con las demarcaciones establecidas para la TDT local81. Sin embargo, más allá de lo anterior, a finales de 2006 poco se sabía del proceso de migración ya que no sólo no existía un estricto plan de apagado, asociado a un calendario, sino que ni siquiera estaba planificada la extensión de las coberturas. El Gobierno estableció los escenarios de transición y apagado analógico, pero no fijó una estrategia para que todo este proceso se realice de forma ordenada y coordinada, tanto para que no se altere la continuidad de la prestación del servicio televisivo, como para que no haya disfunciones entre los distintos eslabones que conforman la cadena de la TDT. 80 El MITyC aprobó un nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias que sustituyó al aprobado en 2002 (Orden ITC/1998/2005, de 22 de junio). Acceso al mismo en http://www.mityc.es/Telecomunicaciones/Secciones/Espectro/cnaf/. 81 De acuerdo con esta definición, el número de áreas técnicas será igual al número de centros principales de difusión, por lo que podrá diferir de un operador de difusión a otro. Para un ejemplo de cuáles serían las áreas técnicas para el caso de la red que presta servicio a RTVE, consultar el documento sobre Estrategia del Apagado Analógico (GT 3 SG2, 2005).

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El trabajo llevado adelante por los subgrupos del Grupo de Trabajo sobre la Cobertura de la TDT y el Apagado Analógico, del Foro Técnico de la Televisión Digital, explica cuáles serían las posibilidades a considerar en este proceso, señalando que probablemente será necesario definir ámbitos territoriales más pequeños que las áreas técnicas, que podrían denominarse “islas territoriales”. Cada isla podría estar formada por las zonas a las que se proporciona cobertura de televisión por una “rama o ramas” de estaciones secundarias pertenecientes a un centro emisor, o por una agrupación de “ramas” de estaciones secundarias que pertenecen a distintos centros emisores (GT2 SG3, 2005). Los centros emisores principales no deberían cesar las emisiones hasta que los centros secundarios que dependen de ellos lo hayan hecho. La lógica del despliegue de la red de TDT y el cese de las emisiones de la televisión con tecnología analógica debería realizarse, por lo tanto, siguiendo la siguiente secuencia: - El despliegue se iniciaría en los centros emisores con una alta potencia radiada aparente y de cobertura elevada, continuando por los centros reemisores o secundarios de baja potencia radiada aparente y cobertura baja. - El cese de las emisiones de televisión con tecnología analógica se realizaría exactamente a la inversa, es decir, se comenzaría apagando los centros reemisores o secundarios de baja potencia y se finalizaría por los centros emisores principales de alta potencia radiada aparente y con una cobertura elevada. En los centros secundarios se iniciaría la reducción progresiva de la potencia de los transmisores en tres fases: cuatro meses con funcionamiento normal, funcionamiento con una reducción de la potencia a la mitad durante un mes, funcionamiento con una reducción de la potencia a la cuarta parte durante el mes siguiente y cese de emisiones analógicas. A continuación, en el centro principal y en los centros secundarios con cobertura solapada con él, se iniciaría, simultáneamente, la reducción progresiva de la potencia de los transmisores en tres fases: de dos a cuatro meses de funcionamiento normal, media potencia durante dos meses, un cuarto de potencia durante los dos meses siguientes y cese de emisiones. Sobre esta estrategia de apagado podría haber diversas variantes, como la de cesar simultáneamente todas las estaciones de un área técnica o de una isla territorial, aunque ello debería analizarse caso por caso. De la misma manera, existen varias posibilidades para extender la cobertura existente, de las cuales, algunas están basadas en incluir nuevos elementos a la red de TDT (transmisores y gap fillers) y otras proponen la modificación de los esquemas de modulación, pasando de 64 QAM a 16 QAM, lo que sin embargo no parecería ser lo más aconsejable. “Por tanto y, aunque el tipo de cobertura requiere un análisis de cada zona concreta, en términos generales,

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puede decirse que una buena solución es una solución híbrida de nuevos transmisores y gap fillers profesionales en la fase de despliegue hasta el mínimo objetivo y gap fillers institucionales en la fase posterior” (GT2 SG2, 2005: 10). Según el MITyC las condiciones para que este proceso de cese de las emisiones analógicas se produzca suponen el inicio de las emisiones de TDT de las entidades que tienen concesiones para emitir en analógico y digital; una cobertura de emisiones digitales igual a la de las emisiones analógicas; un periodo mínimo de seis meses de simulcast; información sobre el proceso con suficiente antelación a la audiencia y a los colectivos profesionales involucrados; y, producto del seguimiento de las condiciones anteriores, constatación de que existe al menos un 95% de la población afectada que tiene capacidad para recibir las emisiones de TDT. La planificación completa del proceso de apagado requerirá la identificación de todas las islas y el establecimiento de un calendario para todas ellas. El mencionado Grupo de Trabajo sugirió que para el establecimiento del calendario de migración se tomen en consideración, además del criterio del número de habitantes que habita en cada área técnica, otros factores como el grado de interferencias en el despliegue de la red, el esfuerzo necesario de adaptación de instalaciones receptoras y adquisición de aparatos receptores y la oferta actual de contenidos, así como otros factores de tipo sociopolítico (como iniciativas de fomento a determinados territorios). En suma, a cuatro años del apagón, España no contaba ni con un plan de implantación de la TDT ni tenía un calendario detallado de actuación establecido para alcanzar el fin de las emisiones analógicas. Gráfico 5. Esquema de estrategia posible para el cese de las emisiones analógicas

Fuente: Foro Técnico de la TV Digital, Grupo 2.

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3.2.4. La configuración de tres espacios/mercados descentralizados La TDT se ha planteado en España en función de la conversión a la tecnología digital de las emisiones analógicas existentes legalmente reconocidas, y la adjudicación de nuevas frecuencias digitales para los tres ámbitos territoriales ya definidos en el sistema televisivo (estatal, autonómico y local), a los que se sumó a partir de 2005 el reconocimiento de la especificidad de las emisiones insulares. Esto supone que la arquitectura del servicio planteada se monta sobre la configuración existente, y por lo tanto, es deudora de su pasado analógico, aunque la profundiza técnicamente en términos de descentralización. Así pues, y a diferencia del posicionamiento comunitario respecto del servicio, se establecen espacios/mercados tanto de perfil estatal, como autonómico y local. Dicho esto, es preciso recordar, sin embargo, que en los orígenes del servicio la hegemonía la detentó el ámbito estatal, favorecido por una pronta planificación espectral y asignación de frecuencias, por contraposición al plano secundario al que fuera relegado el ámbito local, por mucho tiempo en la alegalidad. La cobertura y oferta de la TDT española, aunque aún en construcción, presentan por consiguiente un importante grado de descentralización. Habrá que esperar para constatar si este planteo se preserva o si, finalmente, la actuación de los operadores estatales conduce a una re-centralización y/o prevalece la gestión conjunta de diversos canales de distintos ámbitos de cobertura, dando lugar a cadenas de hecho, por ejemplo, regionales. Esta preocupación por la existencia de emisiones de distinto alcance territorial no ha tenido una expresión similar en lo relativo al ámbito internacional. Las diversas actuaciones públicas en torno al servicio han delineado escasamente las conexiones que existen entre el mercado nacional y los ámbitos internacional y global, estando estas relacionadas fundamentalmente con las negociaciones espectrales internacionales (aunque sin que existiera en el gobierno de Zapatero un posicionamiento claro respecto de la política liberalizadora comunitaria sobre el espectro radioeléctrico). Por el contrario, lo que sí las pone de manifiesto es el perfil internacionalizado de algunos agentes implicados en el servicio (especialmente operadores audiovisuales y de red). 3.2.5. Balance de situación La cobertura de TDT existente en España, desigual e injusta, se ha planteado en términos de universalidad gracias a tomar como punto de partida la arquitectura analógica existente. En función de ella se ha planificado de forma exhaustiva el espectro para ofrecer emisiones descentralizadas y con diverso alcance territorial. La cuestión es que la cobertura que las mismas deben alcanzar, en un periodo de tiempo relativamente corto, se enfrenta fundamentalmente a dos problemas. En primer lugar, las importantes inversiones que serán necesarias. Un informe de AETIC de 2004 estimó que hasta ese momento se habían invertido en el desarrollo de la TDT unos 250 millones de euros, principalmente por

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parte de los operadores de red de transporte de la señal y los fabricantes de equipamiento, fijando el monto necesario para que el desarrollo del servicio se produjera en unos diez mil millones de euros de inversión hasta finales de 2011 (fecha originalmente prevista para el apagón)82. La digitalización de la red de Abertis ascendería a 320 millones de euros, de los cuales, se habrían invertido 125 millones83. La estimación efectuada en 2005 por el Subgrupo nº 2 del mencionado Grupo de Trabajo sobre cobertura de la TDT, establece que la inversión en equipamiento necesaria para dotar de un 98% de cobertura a un múltiple es de 145 millones de euros (85 millones para el 95% de cobertura y 25 millones para el 80%). Pretender alcanzar una cobertura del 100% supondría una inversión de equipos añadida de 100 millones de euros (GT2 SG2, 2005: 11-12). En segundo lugar, debe enfrentarse a la ausencia de planificación y coordinación. Así como el despliegue del servicio no se encontraba planeado a finales de 2006, tampoco lo estaba el apagado de las señales analógicas. Ello es especialmente preocupante si se pretende alcanzar una penetración del 95% población para 2010, sobre todo, ante la falta de competencia efectiva en el mercado de transporte y difusión de la señal televisiva. El mismo está dominado por un único operador de red de alcance nacional, que actúa por ello de forma monopólica, cuya posición de dominio en otros eslabones de la explotación del servicio ya ha alterado una vez, y gravemente, su expansión. 3.3. Una demanda en creación, interpelada en términos de consumo Debido a la enrevesada historia de la TDT en España, el lento despliegue de su oferta y cobertura hasta 2006 ha configurado una demanda escasa que se conoce poco y se tiene en cuenta todavía menos. Así lo ratifican los datos de penetración del servicio y la ausencia de proyectos de investigación sobre el perfil del espectador de TDT. Al respecto, es posible afirmar que el ciudadano es influenciado en sus decisiones por las decisiones gubernamentales y el atractivo de la oferta de contenidos y servicios disponible, pero también por los costes asociados a la renovación del equipamiento de recepción. A continuación se ofrecen datos sobre el periodo estudiado, con la intención de elaborar un análisis que permita comprender esta demanda en creación. 3.3.1. El crecimiento de la penetración y el perfil del espectador Según la encuesta sobre tecnologías de la información en los hogares del Instituto Nacional de Estadística, corresponiente al 2º semestre de 2006, de 82 Expansión, “Implantar la TV digital terrestre exigirá invertir diez mil millones de euros en siete años" (31/05/2004). 83 Europa Press, “Abertis cierra un acuerdo con todas las televisiones de ámbito nacional para transportar su señal de TDT” (19/04/2006).

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un total de 14.599.608 viviendas que existen en España un 99,6% posee televisión. De estos hogares con televisión, aproximadamente un 19,4% recibe la señal televisiva a través de TDT, liderando Ceuta y la Comunidad de Madrid las cifras de penetración. Más allá de algunas contradicciones en las que han entrado las cifras a lo largo de 2006, de acuerdo a Impulsa TDT (2007) a diciembre de 2006 un 14,4% de los hogares tenía acceso a TDT y se habían vendido un total de 3.325.802 sintonizadores, lo que supone un aumento exponencial de la penetración si se lo compara con los 1.948.000 descodificadores vendidos a junio del mismo año según el MITyC (en teoría unos tres millones y medios de hogares en condiciones de ver TDT)84. En cualquier caso, la primera medición de consumo de televisión a través de TDT efectuada por Sofres, en abril de 2006, arrojó un 1,8% del total (unos 668 mil hogares). Dicha cifra, que ascendió al 3% en agosto y al 4% en diciembre del mismo año, permite argumentar la existencia de una demanda aún escasa pero en formación85. En el perfil del espectador de TDT predomina una mayoría de hombres (el 51,7% de las personas que ven la TDT son hombres, frente al 44,9% que ven la televisión en general) y de personas de mediana edad (25-44 años; Impulsa TDT, 2007: 8). Tabla 21. Equipamiento TDT en el mercado Diciembre 2006 STB vendidos iDTV vendidos DVDs con TDT Total sintonizadores TDT vendidos

Unidades 240.079 128.160 58.487 3.325.802 Fuente: Impulsa TDT.

Por una parte, ello obliga a considerar con cautela pronósticos optimistas como el efectuado por Digiworld (2006: 251), adjuntado a continuación. Por otra, supone reconocer que aunque el perfil de las audiencias pueda ofrecer buenas pistas sobre el espectador de TDT, el aumento exponencial en el número de canales al que se asistirá durante los próximos años permite augurar una fragmentación definitiva e irreversible.

84 Notas de prensa MITyC, “Más de 3 millones de hogares y más de 9 millones de ciudadanos ya ven la TDT” (20/06/2006). 85 De los 3.350 audímetros que posee Sofres, 190 se han destinado a medir la TDT desde abril de 2006 (quienes la han sintonizado al menos un minuto). Con la incorporación de estos datos, algunos canales que sólo emiten en TDT, como Antena Neox y Telecinco Estrellas, se han incorporado al ranking de los 30 canales temáticos más vistos. Europa Press, “La primera medición oficial de Sofres de TDT sitúa su consumo en un 1,8% del total de televisión” (04/05/2006); Carta de Ajuste, “El tirón de la producción independiente y el fin de una época”, agosto de 2006; Impulsa TDT (2007).

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Tabla 22. Proyección de la penetración de TV multicanal (% de hogares españoles) Analógico Penetración multicanal Satélite Cable ADSL TDT Penetración digital

2007 68% 32% 15% 12% 14% 23% 24,6%

2008 64% 36% 16% 13% 20% 29% 29,8% Fuente: DigiWorld (2006).

El primer muestreo de carácter general sobre el servicio realizado por Sofres, a principios de 2006, desveló que el grado de conocimiento de la TDT por parte de la población española era bastante alto (91% de los hogares). Por territorios, Aragón era la zona donde más encuestados decían desconocer la televisión digital, seguida por las dos Castillas. Mientras que por segmentos sociales lo mismo ocurría con las familias de clase social media-baja y los hogares de municipios con menos de dos mil habitantes86. Los resultados del primer estudio cualitativo que el Observatorio de la TDT, perteneciente a Impulsa TDT (2007: 9), puso en marcha en noviembre de 2006, arrojaron los siguientes resultados de percepción. Entre aquellos que aún no eran usuarios del servicio se detectó que la información disponible era superficial, imprecisa y provenía del informal “boca a boca”. La principal motivación que los que sí se declararon como usuarios reconocieron para incorporar el servicio a sus hogares ha sido su gratuidad, acompañada del bajo coste del sintonizador (considerado como un “riesgo asumible”). 3.3.2. Equipamiento para la recepción: nuevas esperanzas Lo señalado durante el análisis del caso británico respecto de la influencia de la UE sobre el sector, aplica también a la experiencia española. La desregulación que ha llevado al establecimiento de normas y estándares mediante la búsqueda de consensos, ha reforzado las posiciones de dominio de las empresas trasnacionales sin conducir a grandes acuerdos de interoperabilidad. Este es el marco en el que se desenvuelven los agentes no audiovisuales implicados en la fabricación, venta y colocación de equipamiento para la recepción. Su análisis se ofrece a continuación, ya que su actuación es fundamental para determinar la asequibilidad y accesibilidad de un equipamiento que materializa la oferta y permite conformar una masa crítica de espectadores. No existen datos nacionales, aunque las estimaciones para Cataluña permiten 86 Cinco Días, “Uno de cada cuatro sintonizadores de TV digital no puede funcionar” (14/04/2006).

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valorar las posibilidades de negocio que estos agentes tienen ante sí: según los cálculos de 2006 de este Gobierno autonómico, el mercado de descodificadores y receptores será de más de 300 millones, mientras que las oportunidades de negocio de instaladores de antenas y otras infraestructuras, oscilaría entre los 135 y 220 millones de euros. La industria electrónica de consumo masivo Si como establece AETIC (2005), virtualmente todas las viviendas tienen televisor y el grado de penetración del videocasete y el DVD es del 97 y 54%, respectivamente, estas cifras ilustran la magnitud del parque de equipamiento de recepción a modernizar. De hecho, habrá que actualizar, como mínimo, aproximadamente 26 millones de televisores analógicos (Gaptel, 2005), puesto que según EGM, en 2003, del total de hogares con televisión un 43,5% tenía dos receptores y un 22,8% tres o más. Este prometedor negocio condujo a los fabricantes de equipos receptores a ofrecer en 2003, y de manera relativamente masiva, los primeros descodificadores y televisores integrados, cumpliendo con el compromiso adquirido con el Gobierno de entonces. Ello derivó en “graves pérdidas económicas y problemas con la cadena de distribución al no producirse el lanzamiento de la TDT acordado y no producirse por tanto la correspondiente demanda de este tipo de equipos por parte de los consumidores” (Gaptel, 2005: 31). El proceso productivo iniciado en 1999 se paralizó por no existir demanda alguna. Esta situación ha comenzado a superarse a finales de 2005, como lo pone de manifiesto el informe anual 2006 elaborado para el sector por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC, 2006). Dentro del mercado español de electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones, que alcanzó en 2005 un volumen total de 67.808 millones de euros (10% más que durante 2004), las empresas de electrónica de consumo representan el 5% de su valor total. Este subsector experimentó en 2005 un incremento del 9%, situando su cifra de mercado en 3.743 millones de euros. A este resultado contribuyó el fuerte incremento en las ventas de televisores de LCD y plasma (según DigiWorld se vendieron un millón de unidades en 2005; 2006: 226), así como de descodificadores de TDT, aunque el segmento que domina este subsector sea el de audio. A pesar de su crecimiento sostenido en los últimos años, la evolución del mercado de electrónica de consumo se ha visto condicionada por la agudización del proceso de deslocalización acaecido en España (AETIC, 2005), que ha reducido el número de empresas fabricantes y ha provocado el cierre de actividades industriales, por ejemplo, en Cataluña. A ello debe sumarse que se mantiene una delicada situación con el comercio exterior. La electrónica de consumo exportó en 2005 un 2% menos que durante 2004 (738 millones de euros) e incrementó en un 12% sus compras al exterior (3.305 millones de euros; AETIC, 2006). El análisis detallado del equipamiento, según cifras del 2004, permite concretar que casi la totalidad de los

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DVD son importados, mientras que por el contrario gran parte de la producción de televisores se destina a la exportación (aunque debido a la mencionada deslocalización, en 2004 ya se verificaba el retroceso de esta actividad). Ello está directamente relacionado con el hecho de que el sector está dominado en España por compañías globales, cuyas decisiones estratégicas y modelos de negocio no se sustentan en los mercados nacionales sino en la división del mercado mundial en grandes regiones de actuación. De esta manera, Beko, Daewo, Grundig, Hitachi, JVC, Kenwood, LG Electronics, Panasonic, Philips Ibérica, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony, Thomson Multimedia y Vestel, según sea el caso, producen y/o ensamblan en función de su posición al interior de su casa matriz. La excepción a esta regla serían empresas de origen nacional y fuertemente orientadas a la exportación, a partir justamente de la parálisis del servicio en España luego del fracaso de Quiero TV: Televés, FTE Maximal, Tecnimagen o Intelsis. Mientras que a las dos primeras les resultó relativamente sencillo exportar a Italia y Francia, la última tuvo que buscar clientes en Extremo Oriente e intenta expandirse a Europa del Este87. Dentro del equipamiento disponible para recibir TDT domina la tecnología del descodificador (el parque instalado estimado de televisores integrados era menor a tres mil unidades en abril de 2005; GT7 SG1, 2005: 48). Su precio, actualmente asequible, ha permitido una importante progresión en las ventas, por contraposición a lo que ocurrió en los orígenes del servicio. Para tomar un ejemplo, podemos remitirnos a la primera gama de productos que comercializó Philips en España en octubre de 2003. La empresa ofrecía dos descodificadores que oscilaban entre los 200 y 350 euros (el más caro, interactivo), y dos iDTV cuyo precio rondaba entre los 900 y 1.200 euros (28 y 32 pulgadas, respectivamente). A junio de 2006, y gracias al relanzamiento de la TDT a partir del compromiso de todos los agentes involucrados, ya se habían alcanzado unas economías de escala tales, en buena medida europeas, que permitían la disponibilidad de STB básicos a un precio promedio de 80 euros (180 euros con MHP) y de iDTVs de baja gama, desde 600 euros (el mercado tenía escasos modelos de televisores integrados que soporten MHP que, por supuesto, son muchísimo más caros)88. A finales de 2006, la tecnología para grabar la señal terrestre digital era aún costosa: una grabadora DVD con disco duro, que integre el sintonizador de TDT además del analógico convencional, costaba aproximadamente unos 450 euros, y una videograbadora digital personal, con receptor de TDT, 480 euros; aunque era posible encontrar receptores de TDT con disco duro desde 200 euros (un reproductor de DVD con sintonizador TDT rondaba los 100 euros). Como la evolución del precio del equipamiento está permanentemente a la baja y, en algunos casos, la presión ejercida por las importaciones procedentes El País, “Una televisiva ‘esperanza blanca’” (04/09/2005). www.televisiondigital.es; para una comparativa técnica de receptores, consultar el número especial de la Revista Tele Digital de julio de 2005. 87 88

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de países como China ha provocado el derrumbe de los precios unitarios, el problema es que en algunos casos ello está dificultando la amortización de las inversiones realizadas (AETIC, 2005: 23). Evidentemente, las diferencias en precios y prestaciones varían enormemente, por lo que puede afirmarse que existe una oferta relativamente razonable de equipamiento básico de recepción. Los asuntos pendientes, por tanto, son otros. Por una parte, promover que exista en el mercado una amplia oferta de receptores asequibles que lleven incorporado el sistema MHP y algún tipo de canal de retorno, tal y como concluyó a finales de 2005 el Foro Técnico de la Televisión Digital luego de sus trabajos previos a la implantación de la TDT. Por otra, investigar el impacto ambiental que generará una masiva y sostenida renovación de equipamiento89. Los fabricantes y colocadores de antenas En España, la forma de recibir señales de televisión terrestre analógica es, mayoritariamente, a través de instalaciones colectivas asociadas a comunidades de propietarios. Por lo que la correcta recepción del servicio depende no sólo del descodificador correspondiente en cada hogar, sino de la adaptación de estos sistemas de recepción. La normativa que regula el funcionamiento de estos sistemas y otros análogos garantiza la correcta distribución de las señales de TDT, por lo que, en instalaciones nuevas, la migración en infraestructuras no debería ofrecer mayores inconvenientes. El problema lo presentan las instalaciones antiguas, en las que la recepción de las señales de TDT puede ser muy difícil si no se realizan las mejoras pertinentes. En lo que respecta al parque de instalación de recepción de televisión en edificios habitados a enero de 2005 (en poblaciones de más de 50 mil habitantes, excluyendo viviendas unifamiliares), FENITEL, federación que agrupa a las empresas integradoras, instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de telecomunicación, estimó que no más del 10% de estos edificios estaban perfectamente preparados para la recepción de la señal de TDT al estar dotados de proyectos ICT90. 89 Al respecto, no sólo debería conocerse el aumento que se generará en el consumo energético durante el periodo de transición al cese de las emisiones analógicas, sino que debería existir un plan integral de reciclaje para los residuos de aparatos de electrónica de consumo que generará España (32 mil toneladas en 2006). La Fundación Ecotic, compuesta por cerca de 60 fabricantes y distribuidores de equipamiento, gestionará el 87% de dicho reciclaje, aunque a marzo de 2006 sólo Islas Canarias y País Vasco habían autorizado la recogida de estos residuos que es obligatoria desde la aprobación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. Esta Fundación ha estimado, junto a PriceWaterhouseCoopers y AETIC, que en cuatro años las toneladas de residuos de aparatos de electrónica de consumo en general van a crecer en un 18% hasta llegar a más de cien mil en 2010. REDES&TELECOM, “Los residuos electrónicos crecerán un 18% en cuatro años” (28/09/2005); Geoscopio, “La Fundación Ecotic gestionará el reciclaje de casi 30.000 toneladas de residuos de aparatos de electrónica de consumo que se generan en España” (30/09/2005). 90 Edificios cuyas licencias de obra fueron concedidas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 279/99 de ICT.

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Del resto de viviendas con antenas colectivas no ICT (90%)91, aproximadamente el 3% de los edificios disponían de amplificadores de banda ancha y el resto (87%) tenían cabeceras de equipos modulares (FENITEL, 2005). Por ello, para la federación, la verdadera dificultad surge cuando se analizan las líneas de distribución existentes: es imposible cuantificar intervenciones que será necesario evaluar una a una a partir de la situación actual y concreta de cada instalación para su adaptación. Los costes de adaptación de antenas colectivas para TDT son otro factor a tener en cuenta. FENITEL estima un gasto de adaptación para cuatro múltiples de entre 650 y 800 euros (cada amplificador modular adicional tiene un incremento de coste estimado entre 130 y 200 euros)92. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación prevé que el 40% de las viviendas tendrán que hacer modificaciones significativas en sus sistemas de recepción, y que otro 30% tendrá que llevar a cabo actuaciones de menor complejidad93. Desde noviembre de 2005 se han adaptado las antenas colectivas de más de 190 mil edificios antiguos, que se suman a los 106 mil inmuebles parcialmente adaptados desde su construcción94. Según FENITEL, durante las Navidades de 2005 el ritmo de instalaciones era de 1.500 diarias, que se redujeron a 1.000 durante la Semana Santa, periodo para el que se habían confeccionado presupuestos para casi el 40% del parque de hogares que pueden tener acceso a TDT95. Se estima que hay 850 mil edificios en los que, en cada uno de ellos, un promedio de cuatro hogares necesitará adaptarse para recibir TDT. Gracias a la aparición en abril de 2006 de la Orden Ministerial96 que define los procesos técnicos a seguir en este tipo de instalaciones, se podrá evaluar de manera homogénea el grado de adaptación del parque de edificios, ya que la norma no sólo obliga a los propietarios a contratar empresas instaladoras homologadas por la SETSI sino que señala que estas deben entregar, tanto al propietario como a la Administración, un Boletín de Instalación y un Protocolo de Pruebas que certifique la intervención realizada. En lo que respecta a la composición del sector, la base de datos de empresas instaladoras de servicios de telecomunicaciones que ofrece el MITyC da 91 Construidos antes de o bajo la Ley de Antenas Colectivas 49/1966, de 23 de julio, derogada por la Ley 42/95 de Telecomunicaciones por Cable. “Se deben realizar importantes actuaciones de todo tipo, principalmente de comunicación, para la implantación adecuada de la TDT en los edificios habitados. Ello a los efectos de no confundir ICT con las antenas colectivas realizadas al amparo de la Ley 49/1966 de 23 julio hoy derogada. Aún cuando ambos sistemas (Antenas Colectivas e ICT´s) tienen una regulación común en determinados aspectos /…/ no tienen desde todo punto de vista una regulación idéntica en todos los apartados que dicha legislación contempla.” (FENITEL, 2005: 18). 92 Para más detalles consultar FENITEL (2005) y el documento informativo sobre la televisión digital elaborado por el Grupo de Trabajo nº 4 del Foro Técnico de la Televisión Digital (GT4 SG2, 2005). 93 Cinco Días, “Adaptar el 40% de hogares a la TDT costará 3.000 millones” (20/07/2005). 94 Nota de prensa MITyC, “Lanzada por la asociación Impulsa TDT con el apoyo del Ministerio de Industria, el lunes comienza la campaña publicitaria sobre la TDT” (29/09/2006). 95Producción Profesional, “Ocho millones se decantan ya por la TDT” (mayo, 2006). 96 Orden Ministerial ITC 1077/2006 (BOE de 13 de abril de 2006).

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cuenta de más de nueve mil instaladores inscritos en todo el país. En su mayoría, pequeñas y medianas empresas y en buena medida emprendimientos unipersonales o familiares, que se encuentran concentrados de forma significativa en Madrid. FENITEL integra a más de 1.200 empresas en toda España, las cuales controlan más del 75% del mercado de instalación y mantenimiento de sistemas para la recepción de radiodifusión en los edificios, generan un empleo directo superior a los 25 mil puestos de trabajo y facturan una cifra de negocio de más de mil millones de euros anuales. Según la federación, las empresas instaladoras han mantenido unos excedentes en mano de obra cualificada que les han supuesto una cuantiosa inversión al tener que formar un número relevante de técnicos en la complejidad que suponen los trabajos en edificios de viviendas habitadas. Los datos disponibles del sector parecerían indicar que ha llegado el momento de materializar el negocio. En el subsector de componentes electrónicos, en el que destaca el proceso de antenización para la recepción de TDT, el mercado se acrecentó un 5% durante 2005 hasta alcanzar los 3.091 millones de euros (AETIC, 2006). El segmento antenas, más concretamente, se incrementó en un 21% durante 2005. Durante 2004 lo había hecho en un 10% (AETIC, 2005). La producción de antenas se destina casi en su totalidad al mercado interno. Unas pocas empresas, en general de origen nacional y proyección internacional, y asociadas en AETIC, controlan su fabricación: Alcad, IKUSI, Engel Systems, Fagor Electrónica, Fractus, SIDSA y Televés. No existen datos sobre emprendimientos de menor talla, pero Fracarro y FTE Maximal pueden mencionase como representativos. La comercialización Los principales puntos de venta de equipamiento se localizan en establecimientos de electrónica de consumo que, en su mayoría, se encuentran concentrados en manos de unos pocos agentes de perfil nacional con presencia en las principales ciudades de todo el territorio nacional. Ellos son Boulanger, FNAC, Media Markt, MIRÓ, Red Elite y Menaje del hogar. A ellos deben sumarse empresas dueñas de importantes cadenas de distribución y numerosísimos puntos de venta como El Corte Inglés/Hipercor y Carrefour. No existen datos sobre el número de comerciantes independientes, que van desde pequeños comercios formados por una tienda a empresas presentes en varias comunidades autónomas. Tampoco sobre la porción de mercado que detentan. A pesar de ello, es posible mencionar establecimientos representativos del segundo caso como BEEP, Diesel.com, Ktuin, Mundo Satélite o Antenas Málaga. No se han detectado importantes lagunas en esta última instancia de la cadena de distribución del equipamiento, aunque se desconoce el impacto que está teniendo sobre los consumidores su uso del logo TDT y el tipo de infor-

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mación y asesoramiento que prestan. Debe resaltarse, respecto de lo primero, que no existe un esquema oficialmente controlado para su uso y exhibición, y en relación con lo segundo, que el sector no ha recibido ningún tipo de formación específica adicional. Por otra parte, es importante recordar que existe la posibilidad de que este logo pueda ser señalado como un elemento no neutral desde el punto de vista tecnológico, en relación con la regulación europea, y en el contexto de la transición.

Logo TDT.

3.3.3. Los costes de la digitalización y los grupos más vulnerables En principio la industria no considera imprescindible la subvención del equipamiento de recepción por parte de la Administración, puesto que las economías de escala que se están obteniendo permiten una bajada de precios que eliminará su coste como barrera de acceso a la TDT. Sin embargo, la reducción del IVA en la adquisición de sintonizadores y modernización de antenas ha sido bienvenida. A pesar de ello, el coste de adaptación a la TDT sigue siendo considerable, sobre todo en el caso del equipamiento con mayores prestaciones (MHP) y para aquellos hogares de baja renta o integrados por personas en situación vulnerable, como pueden ser los desempleados. A ello debe agregarse que tampoco existe esquema alguno de ayuda para las personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Existen en España 7.3 millones de individuos mayores de 65 años que suponen alrededor del 17% de la población. Más del 80% de este colectivo tiene entre 64 y 79 años y el crecimiento esperado del segmento hasta el año 2012 es superior al 16%. Además, existe un alto grado de solapamiento entre este colectivo y el de personas con discapacidad. Tabla 23. Coste típico del equipamiento necesario para recibir TDT (diciembre, 2006) Equipamiento Descodificador TDT iDTV Receptor con disco duro Adaptación de antena (estimación por vivienda para comunidad de 20 vecinos)

Coste (en €) 60 600 200 50

Fuente: elaboración propia basada en datos del MITyC, Impulsa TDT y comerciantes.

Según la información recopilada por el Foro Técnico de la Televisión Digital (GT3 SG4, 2005), el número total de personas con discapacidades en España es superior a 3.5 millones (9% de la población), de los cuales, aproximadamen-

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te dos millones tiene 65 o más años. Los problemas para ver y oír afectan a más del 20% de las personas con discapacidad de entre 6 y 64 años y más del 30% de las personas de 65 años en adelante. Por otra parte, existen más de dos millones de personas con dificultades para desplazarse fuera de su hogar, de las que 1,2 millones presentan discapacidades en el desplazamiento. Para estos colectivos es fundamental tanto el desarrollo de servicios de apoyo a la comunicación, que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos (subtitulado, audiodescripción e interpretación en lengua de signos), como la existencia de servicios de accesibilidad a la televisión digital (uso de la síntesis de voz, que consiste en la interpretación verbal automática de los elementos gráficos de la imagen, aplicaciones del reconocimiento de voz, que permitan el uso de la voz de los usuarios como interfaz con el equipamiento, cuestiones relativas a la usabilidad y ergonomía, y aplicaciones de personalización que permitan adaptar el receptor a las necesidades de diferentes perfiles de usuarios; GT3 SG3, 2005: 14). Sin embargo, “la situación de la accesibilidad a la TV digital en España para las personas con discapacidad está todavía en sus comienzos. En este sentido, es preciso que se asegure y consolide un verdadero desarrollo de una Televisión Digital Accesible para los usuarios, desde los diferentes ámbitos político, social y cultural, mediante la disposición de los recursos humanos y técnicos necesarios, así como el desarrollo normativo y legislativo pertinente” (GT5, 2005: 14)97. Hasta el momento, por consiguiente, las iniciativas de inclusión no superan el ámbito discursivo y la búsqueda de consenso, lideradas por los representantes de estos colectivos y el MITyC, en tanto ni se encuentran reguladas las mejoras posibles en el plano de los contenidos (cuotas de subtitulado, por ejemplo), ni existen muchos visos de acuerdo en la industria de electrónica respecto de la accesibilidad que ofrece el equipamiento. 3.3.4. Comunicación sin campaña integral y escasa participación ciudadana En marzo de 2006 se lanzó una breve campaña de comunicación sobre la TDT apoyada por el MITyC, en colaboración con la Asociación Impulsa TDT, que pasó desapercibida. Entre otras razones, porque este esfuerzo publicitario, integrado por anuncios en la prensa nacional y local, encartes en los suplementos dominicales y cuñas de radio, que intentó responder a las principales preguntas que se hacen los ciudadanos sobre la TDT, ha sido sumamente breve en el tiempo. En un segundo intento, una campaña divulgativa se diseñó para ser relanzada a partir del 1 de octubre con el objetivo de impulsar la implantación de la TDT en España. Fruto del acuerdo de colaboración alcanzado en junio de 2006 97 En esa dirección apunta la propuesta sobre accesibilidad a la televisión digital para personas con discapacidad elaborada por el Grupo de Trabajo nº 5 sobre Accesibilidad del Foro Técnico de la Televisión Digital. Para más detalles, consultar el documento Accesibilidad en Televisión Digital para personas con discapacidad (GT5, 2005).

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entre el MITyC y la mencionada asociación, con un presupuesto de cuatro millones de euros, su desarrollo se previó en tres fases. Se decidió que las dos primeras constarían de la emisión de un spot televisivo durante los meses de octubre y noviembre, mientras que la tercera, en el mes de diciembre, tendría carácter multimedia (radio, Internet y prensa escrita nacional y autonómica). Más allá de estas acciones, existen la promoción del servicio que los operadores audiovisuales están obligados a efectuar a través de sus canales analógicos y la página web de información oficial elaborada por el MITyC. La misma, destinada a la televisión digital en general, cumple con el requisito comunitario de neutralidad tecnológica al hacer referencia a los distintos soportes posibles para su recepción. Además de poder consultar allí un listado de preguntas frecuentes, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con una oficina de atención específica para consultas relacionadas con la televisión digital mediante correo electrónico o una línea telefónica gratuita. Sumadas al mencionado logo de la TDT, estas han sido las únicas medidas de comunicación que el Gobierno decidió poner en marcha. Escasamente planificadas y coordinadas, se desconoce su efectividad, tanto más cuanto no se encuentran financieramente respaldadas: en el mes de junio de 2006 el Ministerio anunció que destinaría 1.5 millones de euros con cargo a sus presupuestos para actividades iniciales de divulgación. Por otra parte, la participación ciudadana en el debate por la digitalización del sector televisivo se reduce a la intervención voluntarista y muchas veces limitada, por lo específica, de asociaciones de colectivos que no han podido establecer aún con la Administración canales decisivos de expresión y mucho menos de actuación98. Al no funcionar el mecanismo de la consulta pública, su participación sólo se integra en instancias como la Comisión de Seguimiento de la TDT y el Foro Técnico de la Televisión Digital, y es por ello más formal que real. Algo similar ocurre con el Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano de ámbito nacional que representa a las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración, que se encuentra adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo y cuyos informes sólo tienen carácter vinculante en algunos casos. Finalmente, a pesar de la valoración positiva que hace la Constitución del acceso a los medios de comunicación, su aplicación en la práctica se ha limitado al acceso a los medios públicos de los grupos políticos significativos que participan en procesos electorales (Pérez, 2002). 3.3.5. Balance de situación En España se verifica la existencia de una demanda en formación, con un crecimiento lento pero constante, que se define más en términos de consumo que 98 Dentro de los más activos deben destacarse la AUC y la Organización de Asociaciones de Televisiones Locales G9. CNSE, ONCE, CERMI y PREDIF resaltan entre aquellos que representan a colectivos de ciudadanos con algún tipo de discapacidad.

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de acceso y participación. Lo primero se configura claramente a partir de la acción informativa de la Administración y las actuaciones de los agentes, tanto audiovisuales como no audiovisuales, que proporcionan una oferta en abierto acompañada por equipamiento asequible sólo en su gama básica. Lo segundo se encuentra limitado por la falta de planificación y coordinación y los límites impuestos a la implicación ciudadana. Dos son los principales problemas a los que debe enfrentarse la demanda, sobre todo en sus capas más vulnerables: el coste de la modernización de su equipamiento de recepción y la accesibilidad que este le permite. Estos factores, que determinan que a pesar de que la cobertura esté planteada en términos de universalidad no ocurra lo mismo con el acceso al servicio, están condicionados tanto por la actuación de una industria electrónica de consumo masivo de perfil trasnacional y concentrado, como por la propia actuación del Gobierno. Su escasa intervención para promover un acceso universal e igualitario conecta con la política europea de TDT, al reducirse a acciones informativas con serias limitaciones estratégicas y presupuestarias y fomentar el debate y consenso a través de instancias que hasta el momento se han caracterizado por desarrollar un perfil principalmente técnico (Comisión de Seguimiento/Foro Técnico). En línea con dicha política, no se apoya ningún tipo de subsidio a la demanda, y aunque se manifieste una preocupación por la accesibilidad, ninguna medida ha superado aún el terreno del debate. Si a pocos años de completar la migración digital se considera que habrá que adaptar casi un millón de edificios a la recepción de la señal televisiva digital, vender al menos un descodificador por hogar y alcanzar una cobertura universal, el gran interrogante es cómo se van a distribuir entre los agentes implicados estos costes de migración. Sobre todo considerando que no existe una planificación estricta para la transición, no se han definido todos los operadores audiovisuales en los distintos ámbitos de cobertura, existen operadores de red dispuestos a competir con Abertis en algunos de estos mercados, el financiamiento de muchos entes públicos de televisión continúa sin definirse claramente y no se ha iniciado una seria e integral campaña de comunicación para dar cuenta del proceso de migración. Las decisiones tomadas hasta el momento no favorecen en este sentido al ciudadano, que será en buena medida quien acabe soportando los costes de este proceso. Aunque el modelo de pago inicial que configuró a los sujetos como meros clientes ha sido dejado a un lado y existe una preocupación relacionada con el acceso universal al servicio, lo anteriormente señalado se verifica si se tiene en cuenta que ello no ha cristalizado aún en ninguna medida concreta, y que además de renovar su equipamiento sin ningún tipo de ayuda, los contribuyentes deberán financiar, a través de los presupuestos, el dinero destinado a la comunicación de la implantación de la TDT, al igual que el que el Ministerio aportará a la Asociación Impulsa TDT a través del Plan Avanza, junto con el que ya reciben los entes públicos de televisión.

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Ello es posible en la medida en que los espectadores son interpelados en función de sus gustos y posibilidades económicas, más como consumidores/clientes que como ciudadanos. Categoría, esta última, prácticamente ausente de los documentos aquí reseñados, sólo introducida sistemáticamente en el debate, en la medida de sus posibilidades, por parte del heterogéneo y fragmentado grupo de asociaciones que vehiculizan una escasa participación ciudadana. Si bien es cierto que la apelación al ciudadano se materializa en una de las cinco áreas de actuación del Plan Avanza, su conexión con la TDT es más bien formal ya que está supeditada a objetivos de política económica. Así pues, puede afirmarse, a partir de los buenos datos de adopción que empieza a manifestar el servicio, en conexión directa con una oferta en abierto y descodificadores asequibles, que la TDT está ampliando el acceso de muchos hogares a la televisión digital. Sin embargo, las opciones de política no configuran ese acceso como universal y, en tanto la mencionada oferta y las prestaciones del equipamiento no pueden definirse más que como básicos y en desarrollo, dichas opciones tampoco proyectan todavía al servicio como una posibilidad factible de acceso igualitario a la SI, en consonancia con el posicionamiento europeo. 4. EL MODELO DE TDT La tabla 24 sintetiza la aplicación hasta aquí efectuada de la rejilla de análisis al caso español, junto con su análisis en términos de opciones de política que se presenta a continuación. Cierran este apartado y el capítulo, partiendo de ello, la explicitación de los principales rasgos que caracterizan el modelo español de TDT y su vínculo con las respectivas políticas comunitarias. 4.1. Análisis de políticas La aplicación de la rejilla a la experiencia española permite establecer que en este caso la política de TDT se caracteriza por presentar escasa coordinación y planificación, dar lugar a consecuencias ambiguas y/o inciertas y haber alterado el statu quo terrestre existente, aunque preservando e incluso fortalecimiento los intereses de los operadores audiovisuales terrestres analógicos de ámbito estatal. Inicialmente asociado a la política errática del PP, que condujo a la indefinición y paralización del servicio luego del fracaso de iniciativas erróneas, incapaces de vislumbrar que la televisión en abierto y el servicio público deben tener un papel motor frente a los círculos viciosos del mercado (Consejo de sabios, 2005: 30), el servicio asistió a un cambio radical en su política a lo largo de 2005 que culminó en su relanzamiento oficial, al menos a nivel nacional. Sin embargo, ello no ha evitado que la actuación en torno a la TDT siga caracterizándose como poco coordinada y planificada, debido fundamentalmente a una regulación caótica y dispersa, configurada por una actuación gubernamental poco transparente y que tiende a priorizar el uso desordenado

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de las herramientas normativas, ante la ausencia de un regulador independiente y la multiplicidad de organismos implicados pertenecientes a diferentes niveles de la Administración. Ello ha tenido su expresión, por ejemplo, en la ausencia de una normativa y un plan integral para la implantación universal del servicio y el apagado de la señal analógica terrestre, a pocos años de distancia de la fecha establecida para ello; o en las falencias de un organismo como la Comisión de Seguimiento, con escasos recursos, independencia y mecanismos para lograr consensos verdaderos y duraderos, cuya aparición además, fue posterior a la decisión del Gobierno sobre el futuro del servicio. El hecho de que desde sus orígenes la planificación que ha existido adoleciera de un perfil estratégico integral y la regulación haya oscilado entre la mínima intervención y la re-regulación, son síntomas de que las opciones de política que se han ido definiendo tienen por resultado más inmediato conducir a consecuencias ambiguas, cuando no inciertas. Ello es evidente en la nueva configuración que se ha otorgado al servicio, las implicaciones de los cambios normativos propuestos, el vínculo establecido con sus posibilidades democratizadoras y el tratamiento otorgado al servicio público. En primer lugar, aunque la TDT se haya relanzado en abierto y suponga una oferta tanto estatal, autonómica y local, como gestionada de forma directa e indirecta, esta descentralización y búsqueda de equilibrio territorial y público/privado, que ha acabado con la alegalidad del ámbito local, no ha impedido el aumento de la incertidumbre respecto del modelo de negocio que va a sostener la explosión prevista en el número de canales, ni las acusaciones y sospechas de politización en la resolución de concursos y la preservación e incluso fortalecimiento de los intereses de los agentes estatales existentes. El ejemplo más claro de que su compromiso no ha sido tal se refleja, por ejemplo, en las dilaciones que ha padecido la puesta en marcha de la campaña de comunicación destinada a promocionar la TDT. Mientras que Antena 3 y Telecinco no desean renunciar a su liderazgo analógico en términos de facturación publicitaria y audiencia (CMT, 2006), la única preocupación de Cuatro y La Sexta ha sido alcanzar una masa crítica de espectadores analógicos, y Veo y Net no consiguen superar las pujas internas que tras cinco años de existencia dificultan la elaboración de su estrategia (en Veo se enfrentan quienes tienen un objetivo editorial a aquellos accionistas que especulan financieramente con la venta del múltiple tras el apagón, mientras que los diversos intereses de Vocento en distintos operadores audiovisuales de diferentes ámbitos de cobertura, acabaron por perjudicar el desarrollo de Net). Si bien el reparto mayoritario de los canales terrestres digitales estatales entre los actores existentes puede entenderse a la luz de un mercado con importantes barreras de entrada, y por consiguiente, como la única salida para un rápido relanzamiento del servicio, la reserva de un múltiple digital completo para cada uno de ellos una vez alcanzado el cese de las emisiones analógicas, obliga a reflexionar sobre el hecho de que el Gobierno ha dejado establecida, en el mundo analógico, la configuración digital futura del sistema

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televisivo español, dejando fuera, en principio, la entrada de nuevos actores. Por otra parte, permite también cuestionar su pretendida actuación a favor de un mayor pluralismo. Aunque la TDT en movilidad y la alta definición estén contempladas, ya está claro para quién será la mayor parte del espectro que el fin de la televisión tradicional liberará; se ha llevado adelante un escaso apoyo a la producción independiente y al acceso social en las instancias de la producción y difusión; y se han permitido el reforzamiento y la aparición de nuevas situaciones de dominio e integración vertical, por ejemplo, relajando las normas sobre la propiedad de medios (la Ley 10/2005 legaliza incompatibilidades existentes en presencias accionariales). En segundo término, si bien debe reconocerse la actuación a favor de una regulación integral, que aspira a que todo el sector audiovisual se rija únicamente por unas pocas normas que establezcan una autoridad independiente y el funcionamiento de los medios públicos y del sector en su conjunto, ello no se ha materializado, y como lo demuestran los concursos de TDT, no puede predecirse el signo de su transposición al ámbito de las competencias autonómicas. En tercer lugar, aunque con la llegada del PSOE las posibilidades de RTVE en el desarrollo del servicio mejoraron gracias a la reserva de un número mayor de programas digitales, al no encontrarse definida a finales de 2006 la situación organizativa y financiera contemplada en la nueva norma que rige al ente, cabía preguntarse entonces cómo materializaría la Corporación RTVE en estas condiciones su deseo de jugar un papel motor en la transición a un futuro entorno audiovisual “todo digital”. Sobre todo, cuando sus obligaciones para con la TDT son mayores que las del resto de los operadores (cobertura, difusión de actualizaciones de software) y el espacio concedido, lejano a los dos múltiples solicitados, limita la experimentación en la oferta. A pesar de que el Gobierno de Zapatero abrió un genuino debate por la continuidad independiente del ente, en el contexto de la presión de Bruselas sobre su financiación que ha ejercido una influencia importante, (Llorens, 2005a y 2005b)99, el destino del servicio público es aún incierto. Mientras que por una parte la nueva norma aprobada en junio de 2006 sienta las bases para una gestión independiente y transparente, por otra, tal posibilidad ha sido erosionada al hacer depender el futuro del ente de criterios técnico-económicos pero también pujas políticas. La configuración final de la nueva Corporación, constituida en septiembre de 2006 para su puesta en funcionamiento en enero de 2007100, quedó condi99 Para profundizar en este debate ver Bustamante (2005a y 2005b). Para un recorrido histórico y valoración de los cuestionamientos de la CE respecto de RTVE ver Llorens (2005b). 100 Tras la aprobación de la constitución de la Corporación de la Radio y Televisión Española, S.A. (Corporación RTVE), la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España, S.A. y la Sociedad Mercantil Estatal, Televisión Española, S.A. por parte del Consejo de Ministros el 1 de septiembre de 2006, la SEPI y la Dirección General de RTVE firmaron la escritura de constitución. Adicionalmente, Carmen Caffarel se confirmó como administradora única de la nueva Corporación hasta tanto el Parlamento eligiera al Consejo de Administración.

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cionada a tres factores: la ejecución del Plan de Saneamiento y Futuro de RTVE a través de la materialización del acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo alcanzado con los sindicatos, la elaboración del primer mandato-marco y mandato-programa para la nueva Corporación y la elección de su Presidente y Consejo de Administración. Si sobre esto último pesaba la simple lógica de las cuotas partidistas, los dos primeros elementos han estado fuertemente condicionados por la posición de agencias como la SEPI y el Ministerio de Economía. Tanto el llamado “plan de saneamiento”, que supone importantes recortes en recursos materiales y humanos, como el dinero propuesto para la Corporación en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, son buenos indicios de cuál podría llegar a ser el futuro de RTVE. El presupuesto de RTVE en 2005, de 1.536,58 millones de euros, fue inferior al del año anterior en 89,12 millones de euros (RTVE, 2006). Y aunque la entidad redujo los gastos y el déficit previsto y Bruselas autorizó al Gobierno a asumir su deuda101, los presupuestos de 2007 destinaron una subvención menor para el servicio público de radio y televisión (de 572,2 millones de euros en 2006, condicionados a la puesta en marcha del plan de reconversión para el ente, a 433,60 millones en 2007). “Como sugería el informe del Consejo (de sabios) a título indicativo, restando los intereses de la deuda, una subvención por debajo de los 540 millones de euros -mediando desde entonces dos nuevos canales en competencia publicitaria- significaría el principio de la decadencia del servicio público en España hacia la insignificancia social y la hegemonía incontestada de la televisión privada con consecuencias imprevisibles de todo orden.” A medio plazo, sus principales víctimas serían la transición a la TDT y el modelo de SI (Bustamante, 2006: 245). De esta manera, el resultado ambiguo que así emerge del tratamiento otorgado al servicio público se extiende al ámbito de las comunidades, al no haberse plasmado la reforma de RTVE en acciones legales regionales similares que obliguen a los entes públicos autonómicos de radio y televisión a encarar su transformación. Al respecto, la consideración de las diversas actuaciones autonómicas permite verificar una gran heterogeneidad en el apoyo concedido al servicio público. Finalmente, en lo relativo a la importancia otorgada a las posibilidades democratizadoras del servicio, debe puntualizarse que aunque se establezca una cobertura universal y se reconozcan legalmente el derecho al acceso y la accesibilidad, ello no se ha trasladado a medidas concretas. Tampoco ha mejorado la participación ciudadana, reducida al consumo de la categoría “cliente”. De la misma manera, el vínculo entre la TDT y su capacidad para contribuir con la construcción de una SI democrática, que ha estado ausente 101 La deuda del ente, valorada en aproximadamente 7.800 millones de euros, se amortizará en distintos bloques hasta 2010 (3.181 millones de euros en 2007).

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en los orígenes de la política española de implantación del servicio, se ha establecido más recientemente aunque de manera formal y subordinada. Si el PP progresó de una posición en la que la relación entre las posibilidades de la TDT para contribuir a la expansión de la SI en España no eran consideradas (InfoXXI, 2000-2003; España.es, 2004-2005), al establecimiento de un vínculo tardío, plasmado a través de las iniciativas PISTA y Ciudades Digitales, el Gobierno socialista partirá de esta articulación difusa (Plan Conecta, Ciudades Digitales) para establecer una relación formal (Plan Avanza). Es decir, que la conexión entre TDT y SI ha sido establecida, pero la misma no ha alcanzado un papel prioritario. Por una parte, es posible afirmar que ello se debe a que se encuentra subsumida a los objetivos económico-industriales del Plan Avanza y desplazada dentro del conjunto de las TIC que se pretenden fomentar. La TDT y la televisión de servicio público ocupan un lugar secundario en un escenario en el que el rol protagónico es para Internet y el servicio es uno de los tantos canales existentes que permitirán difundir un modelo de SI de inspiración estadounidense que prioriza el acceso individual (y de pago) a la red de redes. Por otra, debe destacarse como segunda causa fundamental que el apoyo a la TDT previsto en el Plan, que descansa en la colaboración de los distintos niveles de la Administración y la iniciativa privada, se encuentra condicionado por las prioridades y concepciones que tienen estos agentes, lo que dificulta el establecimiento de una política integral. Así pues, el análisis precedente pone de manifiesto que el statu quo televisivo terrestre se ha alterado, dando paso a un nuevo reparto de poder que sólo está relativamente claro en el ámbito estatal, ya que en los planos autonómico y local se debate entre modelos contrapuestos. Al liderazgo de los entes públicos y la opción por una televisión de proximidad, se opone la gestión privada como motor de la TDT, peligrosamente vinculada a diversas manifestaciones de clientelismo político-económico. Mientras que esta última, tanto en el plano autonómico como el local, se ha traducido en un lento desarrollo, las emisiones de cobertura autonómica gestionadas de manera directa han estado actuando como motor de los servicios regionales. Pueden identificarse dos grandes modelos contrapuestos de TDT autonómica. Aquel liderado por los entes autonómicos de radiotelevisión, vinculado a un modelo de servicio público relativamente autónomo y apoyado por su gobierno regional, se personifica en la actuación de la CCRTV. Aquel que claramente se manifiesta a través de la política audiovisual desplegada en La Rioja y Navarra, prioriza la gestión indirecta del servicio en manos de agentes con ánimo de lucro, vinculados tanto a empresas multimedia regionales como a grupos de comunicación de alcance nacional. Del análisis del plano local también emergen dos grandes opciones para la configuración del servicio. El planteamiento inicial hecho por Andalucía y los permisos otorgados en Cataluña favorecen un modelo de televisión local de proximidad vinculado a la actuación de los ayuntamientos y aquellos operado-

Emisiones en abierto. Contenidos en desarrollo, predominantemente generalistas, escasamente novedosos y acompañados de pocos servicios SI. Servicios añadidos en experimentación (papel motor entes públicos), fundamentalmente enriquecidos y vinculados al continuo televisivo (escaso control editorial →EPG básica).

Operadores públicos y privados (mayoritarios), de perfil nacional, autonómico, insular y local (RTVE ejercicio de funciones regionales). Financiados mayoritariamente con publicidad y, en el caso de los públicos, con dinero del erario público. En sus diversas composiciones (grandes grupos de comunicación, grupos multimedia regionales, empresas/empresarios audiovisuales), presentan participación cruzada en las distintas instancias de explotación del servicio. Los estatales, fuertemente integrados con la instancia de la producción, vinculados con el capital financiero y trasnacional, actúan progresivamente como empaquetadores de contenidos (ya difundidos/de canales temáticos presentes en otras plataformas). La producción audiovisual independiente, de carácter privado y comercial, se encuentra concentrada y centralizada, y presenta vínculos formales e informales con los operadores audiovisuales. Estos son a su vez quienes empaquetan contenidos de agentes trasnacionales, aunque sólo en casos puntuales (CNN, Eurosportnews, Sony).

Regulación

Actividades audiovisuales

Agentes audiovisuales

Síntesis

Destinatario

Espacios/Mercados

Nuevos agentes audiovisuales/gatekeepers

Agentes no audiovisuales

Nacional, alineada con la UE y articulada con el ámbito regional. Temprana, sustentada principalmente en mecanismos gubernamentales y normativos poco transparentes (escasa consulta pública). Ausencia marco legal coherente e integral, elementos de autorregulación y regulación compartida (contenidos, servicios digitales adicionales), predominio Derecho de la competencia en la regulación de las infraestructuras y servicios.

Cobertura pero no acceso y participación universal.

De vínculo tardío y difuso a articulación formal y subordinada con las posibilidades democratizadoras SI.

Escasa transparencia, casos de clientelismo político.

Habilitación de situaciones de dominio e integración vertical (absorción espacios nuevos agentes audiovisuales por parte operadores audiovisuales; cuasi monopolio red de transporte y difusión).

Promoción de los servicios en abierto, reserva legal para la gestión directa y desestabilización del statu quo, pero preservación de los intereses estatales existentes, apoyo desigual y ambiguo al servicio público (CCRTV vs. “modelo canario”; financiamiento RTVE) y aparición de modelos contrapuestos en el ámbito autonómico y local.

Descentralización (a confirmar en la práctica).

Ausencia de planificación integral para la extensión de coberturas y el apagón.

Intervención mínima (apoyo a la auto y co-regulación) pero también reregulación.

Regulación caótica, confusa y dispersa, parcialmente descentralizada y en permanente modificación.

Escasa coordinación y planificación, consecuencias ambiguas y/o inciertas, ruptura parcial del statu quo → ausencia democratización.

Propiedad predominantemente privada y comercial de la red de transporte y difusión (operadores públicos autonómicos). Cuasi monopolio de hecho de Abertis a nivel estatal, situaciones de abuso de posición dominante, perfil trasnacional y vínculos con el capital financiero. Segundos operadores con aspiraciones estatales, controlados por operadores de telecomunicaciones. Industria electrónica de consumo concentrada y de perfil trasnacional, afectada por la deslocalización y el aumento de las importaciones. Sector de la fabricación de antenas controlado por un puñado de empresas de origen nacional y expansión internacional. Numerosas empresas de instalación (pequeños emprendimientos, mayoría) y sector comercialización concentrado en escasos agentes de carácter nacional. Servicio básico de EPG, abierto y disponible (guía más avanzada asociada a software propietario instalado por acuerdo con fabricantes). Gestión del múltiple “no disociada” de la actividad de los operadores audiovisuales (confiada al operador de red en el ámbito estatal). Por tanto, es el perfil de los operadores audiovisuales (público/privado, estatal/autonómico/local), el que determina en principio la caracterización de estos agentes. Servicios estatales (inicialmente hegemónicos), autonómicos y locales. Vinculación del espacio nacional con el ámbito internacional principalmente a través del perfil y contactos de algunos agentes audiovisuales y asuntos como la negociación espectral internacional. Prioridad al consumidor/cliente sobre el ciudadano. Virtual ausencia de participación. Levísima mejora en el acceso (coste asequible equipamiento básico, más canales con escaso o nulo atractivo), aunque este no se proyecta como universal (accesibilidad con pocas definiciones, ayuda constreñida al otorgamiento de información).

Ausencia de una autoridad independiente. Sólo CMT parcialmente convergente. Múltiples instancias públicas, nacionales y regionales (MITyC, normas, espectro, contenidos; CMT, competencia; CC.AA), poco coordinadas, altamente influenciadas por gobiernos de turno, con funciones poco claras y/o superpuestas y/o transitorias, que tienden a afectar tanto audiovisual como telecomunicaciones. Descentralización.

Regulador

Escasa coordinación entre los numerosos organismos reguladores y con los principales afectados.

Políticas

A pesar de la vertiente discursiva dominante, las acciones de perfil sociocultural no prevalecen sobre las opciones de fuerte contenido político (a corto plazo) y en parte económico.

Prioridades

Predominio de la lógica sociopolítica, con importancia creciente de ciertos aspectos culturales y económicos, y constante en el caso del elemento técnico (racionalización espectral).

Ejes

Discurso

Tabla 24. Síntesis de las políticas españolas de TDT

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res que actúan con una clara vocación de servicio a la comunidad. Por contraposición, las concesiones otorgadas en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana pueden mencionarse como las más representativas de un modelo caracterizado por la explotación privada del servicio con ánimo de lucro y guiado por el clientelismo político y los intereses urbanísticos. En suma, se configura una política de TDT en la que el servicio no parecería tener asignado un papel central a la hora de llevar adelante una posible democratización de las comunicaciones en tanto el apoyo a la mejora en el acceso no ha sido más que discursivo, mientras que en el caso de la participación ha sido directamente omitido. La TDT no sólo no ha promovido la participación ciudadana en la producción de los mensajes o la toma de decisiones, sino que no ha mejorado la elección para el espectador ni ha aumentado su interacción en y con los programas, evidenciando con ello que si bien con el Gobierno socialista las lógicas de la rentabilidad social y cultural ganaron mayor peso discursivo, su expresión concreta en opciones de política no ha prevalecido en las diversas actuaciones, cargadas, en realidad, de fuerte contenido político a corto plazo, y por momentos también económico. 4.2. Un modelo de TDT en formación El análisis de las políticas españolas que permitieron la introducción de la TDT se completa a continuación con la presentación de los principales rasgos del modelo de ellas emergente. El mismo se caracteriza por presentar una oferta en abierto, con presencia mayoritaria de operadores privados e influencia variable y tratamiento heterogéneo del servicio público, sustentada en una arquitectura descentralizada, con cobertura, pero no acceso y participación universal Oferta básica en abierto y formación, impulsada por agentes tanto públicos como privados, de perfil estatal, autonómico y local El modelo inicial de TDT desarrollado en España, de impronta comercial y privada y hegemonizado por el ámbito estatal, ha dado lugar a una oferta gratuita que está dando sus primeros pasos tanto en el plano nacional, como en el autonómico y el local. A esta clasificación territorial de los operadores audiovisuales debe agregarse aquella que distingue entre los agentes a los que se les otorga la gestión directa del servicio y los que han obtenido la licencia correspondiente para su gestión indirecta, que son mayoritarios. A su vez, como se detallara en el análisis de la oferta, es necesario diferenciar entre los escasos nuevos agentes entrantes al mercado y los operadores provenientes de la etapa analógica, cuya posición se ha visto reforzada. Esto ha ocurrido principalmente en el ámbito estatal, mientras que en el caso de los servicios autonómicos y locales los concursos están configurando modelos contrapuestos. Los contenidos de tipo tradicional, en crecimiento cuantitativo, predominan sobre unos servicios cuyo principal objetivo es brindar información adicional

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al flujo televisivo, sin llegar a ser convergentes con otros medios ni presentar más que casos aislados de interactividad. No existen más que pruebas de emisiones en movilidad y alta definición, y la calidad y diversidad de la programación son aspectos que aún deben desarrollarse. Papel y concepción heterogénea del servicio público En este modelo, la noción y el rol del servicio público han ganado peso respecto de las primeras experiencias gracias a las iniciativas pioneras y ejemplificadoras de algunos entes, el reconocimiento de la importancia de su accionar como motor del servicio por parte de los diversos niveles de la Administración y la reserva de capacidad espectral que les fuera efectuada. Pero al menos tres procesos en marcha relativizan esta nueva oportunidad para el servicio público, conduciendo a tal heterogeneidad en su actuación y concepción, que ello se traduce en un elevado grado de incertidumbre y ambigüedad. En primer lugar, es importante destacar que sigue existiendo una noción bastante restrictiva del ejercicio de la misión de servicio público que conduce a que el grueso de las obligaciones recaiga sobre los entes de titularidad estatal, convirtiéndolos en principales depositarios de su ejercicio y liberando con ello a los operadores privados. En segundo lugar, el debate abierto respecto del futuro del audiovisual de titularidad estatal, si bien ha dado lugar a una nueva ley y ha conseguido para RTVE más programas digitales, no ha asegurado la continuidad y el alcance de sus recursos ni le ha otorgado los dos múltiples solicitados que posibilitarían su papel motor. Finalmente, el tratamiento desigual que se le otorga en las diversas CC.AA. (del apoyo a CCRTV al “modelo canario”), impide consolidar un acercamiento común. Arquitectura descentralizada que prioriza el número de canales a su calidad e innovación En consonancia con su pasado analógico, en España se ha planteado una arquitectura en tres niveles para la digitalización de la señal televisiva: estatal, autonómica y local (además de insular). Si bien ello está conduciendo a una importante descentralización de la difusión, que aún debe confirmarse con la forma de explotación efectiva de los canales, no ocurre lo mismo con la instancia de la producción. En paralelo, se verifica la internacionalización en la propiedad accionarial de algunos agentes y el plano de los contenidos, al tiempo que se observa un grado importante de dependencia con la industria global de electrónica de consumo masivo. Por otra parte, desde un punto de vista regulatorio, esta descentralización no se está llevando adelante de forma homogénea en todas las autonomías, lo cual es fuente de conflicto y desequilibrios. Sí es un elemento común a todos los casos el haber otorgado mayor prioridad al número de canales que a su calidad (alta definición, servicios adicionales). Al respecto, el PTNTDT vigente contempla tanto la posibilidad de desarrollar los servicios en movilidad como su difusión en alta definición.

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Cobertura pero no acceso universal El Gobierno ha decidido garantizar legalmente la cobertura universal de TDT a través de la imposición de esta obligación a RTVE al momento del apagón (98%), con la intención de superar la fase actual de desigualdad territorial. Ello coloca al servicio público en el centro de este proceso, aunque sin contar con un calendario estricto de migración al cese de las emisiones terrestres analógicas, que a su vez depende de concretar con todos los operadores audiovisuales las obligaciones de extensión de cobertura impuestas a grandes rasgos por la normativa. Ninguna otra medida concreta se ha definido para que dicha cobertura tenga su correlato en un acceso universal. Simplemente se ha enunciado la garantía de su accesibilidad y se ha conseguido la disponibilidad en el mercado de descodificadores básicos asequibles para recibir una oferta en abierto. No se ha previsto, por ejemplo, ningún esquema de ayuda adicional para los colectivos más vulnerables (mayores, discapacitados, pobres). Escasa competencia La forma en que se ha planteado la TDT en España está dando lugar a una escasa competencia, más allá de los argumentos favorables a ella y al pluralismo. De hecho, se verifica una estructura fuertemente oligopólica. Ello se debe, en primer lugar, a que la gestión del múltiple se ha asociado a las funciones de los operadores audiovisuales y las obligaciones de los gestores de guías de programas y otros servicios adicionales no están claramente delimitadas. En segundo término, responde a que existen numerosos casos de propiedad múltiple en los distintos ámbitos territoriales de explotación del servicio y los agentes estatales más importantes se encuentran verticalmente integrados en relación con los diversos eslabones que conforman su cadena de valor (vínculos con la producción audiovisual, ejercicio progresivo de la función de empaquetado, decisión sobre la gestión del múltiple que acabaron delegando, producción de EPG básica). Por otra parte, aunque legalmente se haya acabado con el monopolio en el servicio portador y difusor de la señal televisiva, un único agente heredero del operador histórico ejerce el control del mercado a través de un cuasi monopolio de facto. Su explotación está en manos de una empresa privada comercial, de perfil trasnacional y financiero. Algo similar ocurre con la fabricación y venta de equipamiento que, en términos generales, evidencia además un importante grado de concentración. Modelo de negocio mixto: presupuestos, publicidad e incertidumbre El financiamiento del servicio en España depende en un porcentaje mayoritario de la publicidad, ya que aunque el abono no está taxativamente prohibido, son escasas las licencias que contemplan esta posibilidad (autonómicas).

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De hecho, existe en España un techo de penetración para la televisión de pago del 20% “basado en el hábito social que considera la televisión como un servicio gratuito” (Gaptel, 2005: 7). Los entes públicos a los que se ha confiado la gestión directa del servicio reciben también dinero público, fundamentalmente de presupuestos y subvenciones. El problema en este esquema no sólo reside en que debe aún materializarse en el largo plazo el monto y la aplicación de la compensación a los entes públicos por el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público (¿cubrirá solamente los servicios existentes o aportará recursos extra para su investigación y desarrollo en nuevos ámbitos, como por ejemplo, el on-line?). Aunque se valoren positivamente las estimaciones existentes de demanda de publicidad no satisfecha, a las que deben agregarse definitivamente dos nuevas ventanas de explotación (autonómica y local), y se limite la difusión de publicidad a los operadores públicos, es improbable que la tarta publicitaria pueda por sí sola sustentar el aumento exponencial de canales planificados102. Es necesario, por tanto, desarrollar modelos de negocio diferentes. Participación ciudadana reducida al consumo A pesar de que el perfil de la demanda en el caso español se encuentre en desarrollo, de ella puede afirmarse que su configuración se efectúa más ligada a la noción de cliente que a la de participación ciudadana. Ello es así en tanto y en cuanto la presencia del servicio público es heterogénea y está llena de ambigüedades, los mecanismos de participación se reducen a su representación en asociaciones de colectivos afectados, que a su vez tienen cauces muy limitados de actuación, es muy probable que gran parte de los costes del proceso de migración acaben por recaer sobre el ciudadano y, tanto la Administración como la mayoría de los agentes implicados en el funcionamiento del servicio, lo interpelan en función de su perfil de consumidor/cliente. 4.3. La parcial influencia europea en la regulación Al considerarse la relación entre la política comunitaria y española de TDT, igual que se señalara para la experiencia británica y tal y como se mencionara en el análisis global de los casos europeos presentados, no corresponde hablar de dependencia lineal ni automática. Sin embargo, ello no ha impedido que se verifique una influencia real sobre el desarrollo del servicio en España, manifestada principalmente en el plano normativo y los límites definidos para la actuación del operador de red y el servicio público. A pesar de ello, se trata de una influencia formal y limitada, más que determinante. 102 Según la consultora Zenith, la TDT podría facturar hasta 12 millones de euros en 2006 en concepto de publicidad. A estas previsiones debe sumarse la opinión de algunos profesionales del sector que entienden que para 2010 la cadena líder no superará el 16% de la audiencia. Producción Profesional, “Ocho millones se decantan ya por la TDT” (mayo, 2006).

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En lo que en el capítulo III se ha denominado primera fase de la introducción de la TDT en Europa, la experiencia española estuvo en consonancia con los lanzamientos pioneros sustentados en el pago, especialmente el británico, que como en el resto de los casos acabó fracasando. Tras dos años de incertidumbre que dieron lugar a una importante parálisis, España se incorporó con retraso al segundo momento de desarrollo del servicio marcado por el nacimiento de Freeview, en el que los servicios de pago se redimensionaron a menor escala y el servicio público ganó mayor protagonismo. A partir del 2005 se ha concretado una arquitectura más equilibrada mediante mecanismos de intervención indirecta, alejándose de la postura europea más radical a favor del libre mercado. La intervención sobre el sector se ha plasmado, partiendo de la promoción de una importante reforma legal, mediante la adjudicación de frecuencias, la imposición de obligaciones más precisas al operador de red dominante, el fomento al consenso entre los agentes implicados y la reconfiguración del audiovisual de titularidad estatal. Los cambios normativos están indisolublemente relacionados con el marco legal europeo por su obligada transposición al Derecho interno y, más genéricamente, con el aval comunitario otorgado a determinados acuerdos técnicos (DVB). La búsqueda de consensos y la definición de los agentes implicados en el desarrollo del servicio responden a principios del Derecho de la competencia que descansan en una actuación ex post y limitan la intervención directa. Estos mismos criterios fueron aplicados por la CMT al verificarse la posición dominante de Abertis, aunque la CE consideró que de modo no exhaustivo, por lo que obligó al regulador a imponer al operador obligaciones más estrictas. Si en el caso del servicio público la redefinición de su misión y financiamiento ha estado condicionada por la doctrina europea, los límites del alcance de su actuación futura en el ámbito digital, en este modelo más equilibrado, dependerán de la jurisprudencia comunitaria que al respecto se está construyendo. Lo anterior verifica la influencia de la política europea sobre la experiencia nacional, debiendo también mencionarse la conexión que puede establecerse entre el apoyo discursivo de la UE al estándar MHP y la accesibilidad a la televisión digital, con el reconocimiento de su importancia por parte de la Administración y su promoción efectiva en manos de los entes públicos de televisión. Sin embargo, dicha influencia está siendo más formal que decisiva si se consideran los siguientes elementos que constatan un importante grado de autonomía en la definición de la política española. En primer lugar, la señalada ambigüedad y heterogeneidad que está teniendo lugar en la configuración digital del servicio público, más allá de la nueva normativa. En segundo término, las escasas repercusiones que en el ámbito nacional ha tenido el posicionamiento europeo respecto de cuestiones como la creación de autoridades de control de tipo convergente y políticamente independientes, o la liberalización definitiva y total del espectro. Por otra parte, a pesar de que el caso español inicialmente estuviera en concordancia con la doctrina europea de dejar librado el desarrollo del servi-

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cio a las fuerzas del mercado, el discurso legitimador de su introducción nunca respondió de manera unívoca a la lógica económico-industrial europea, en tanto el elemento político ha sido en España un factor trascendental. Por ejemplo, tanto para preservar muchos de los arreglos existentes en el ámbito de las redes terrestres, como para configurar un nuevo statu quo. Debe mencionarse también que la prioridad otorgada a la promoción de un mercado europeo unificado, que ha llevado a la UE a omitir cualquier referencia al desarrollo de la TDT regional y/o local, contrasta en España con la configuración de una arquitectura descentralizada. Algo similar ocurre con la vinculación entre el servicio y la SI. Aunque tardíamente y de modo inicialmente difuso, la política española se apartó de la posición europea de promover la convergencia tecnológica y no otorgar a la TDT un papel relevante en el impulso al acceso universal a la SI. Sin embargo, en tanto a partir del Plan Avanza dicho papel se establece de manera formal, aunque en términos subordinados, se verifica un acercamiento a la posición europea: la TDT no es más que una plataforma entre tantas que debe demostrar su superioridad compitiendo con otras como puerta de acceso a la SI. En suma, aunque la experiencia española ha sido influenciada en los aspectos mencionados por el nivel europeo, en verdad ha estado más condicionada por el peso de su historia audiovisual, los equilibrios existentes en el sector y los objetivos políticos de los sucesivos gobiernos. Gracias a estos elementos, más que debido a la existencia de una decisión política favorable a aprovechar el margen de maniobra que la incongruencia y los numerosos resquicios que la política europea otorga, es que puede afirmarse que su influencia no ha sido determinante y que las políticas españolas pueden definirse como relativamente autónomas.

VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS La aplicación de la rejilla de análisis a los casos de estudio seleccionados permite compararlos en función de los ejes propuestos metodológicamente para caracterizar la televisión digital. A partir de ello es posible establecer similitudes y diferencias expresadas en términos de opciones de políticas, así como de modelos de TDT emergentes. La comprensión del significado de tales configuraciones se enriquece al vincularlas con el contexto en el que se han desenvuelto, por lo que a continuación se las relaciona con la política europea que las ha cobijado. Finalmente, en tanto que análisis que pretende contribuir a una mirada crítica sobre el objeto de estudio, se desgranan un conjunto de propuestas tendentes a su mayor democratización. 1. ANÁLISIS COMPARATIVO 1.1. Similitudes y diferencias 1.1.1. Opciones de políticas Retroceso del perfil sociocultural en la argumentación de las políticas Mientras que en el Reino Unido, producto del predominio discursivo de una lógica económico-industrial con importancia variable del elemento sociopolítico, las políticas de TDT se han justificado con objetivos tales como la eficiencia espectral y la salud de la industria audiovisual y de equipamiento, en España, la presencia de tales argumentos se ha verificado pero ocupando un segundo lugar por detrás de las motivaciones de tipo político. En este caso, a pesar de la importancia discursiva otorgada de manera creciente a ciertos aspectos culturales y sociales de la implantación del servicio, han prevalecido las opciones de fuerte contenido político a corto plazo.

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Por ello se puede concluir que a nivel discursivo se constata el divorcio entre la dimensión social y cultural del servicio y sus posibilidades técnicas y económico-industriales, así como la distancia entre las palabras que lo conforman y los hechos posteriormente desarrollados. Este fenómeno no ha sido capaz de ocultar la relevancia que sigue ocupando la dimensión política. Tanto en España como en el Reino Unido, la introducción de la TDT estuvo marcada por la intención de cuestionar el cuasi monopolio existente en la televisión satelital y dificultar el desarrollo de los intereses que la sostenían (Murdoch y Polanco). En el Reino Unido, el fracaso de esta alternativa y el nuevo equilibrio emergente del cambio de partidos en el poder condujo a que las tensiones ocasionadas por este proceso se suavizaran. En España, a que recrudecieran. En el primer caso, el relanzamiento del servicio ha servido para preservar los arreglos existentes en el sector audiovisual, fortaleciendo, en parte, la posición de la BBC, que sin embargo pierde terreno al pasar a ser considerada cada vez más como instrumento para la intervención indirecta del gobierno sobre el sector audiovisual. En el caso español, tras la fachada del pluralismo, el relanzamiento ha sido utilizado para alterar parcialmente el statu quo televisivo terrestre. Multiplicidad de reguladores y mecanismos de regulación La gran diferencia en los casos analizados, en lo que a la figura del regulador respecta, reside en su independencia y grado de convergencia. Se reconoce a Ofcom, ente con injerencia tanto sobre el mundo del audiovisual como de las telecomunicaciones y el ámbito de las redes y los contenidos, un alto grado de independencia y autonomía en su accionar, además de una importante coordinación con el nivel comunitario y las diferentes agencias nacionales gubernamentales y público/privadas. A pesar de ello, su actuación transparente y dinámica no ha sido impedimento para que desarrollara un perfil centralista y tecnocrático. Por el contrario, España padece la ausencia de una autoridad independiente en favor de múltiples figuras públicas, nacionales y regionales, escasamente coordinadas, con funciones poco claras y/o superpuestas y/o transitorias, y altamente influenciadas por los gobiernos de turno. A esta dispersión también ha contribuido la creación de un ente como la CMT, sólo parcialmente convergente, cuyo mandato sobre la competencia en el mercado de redes e infraestructuras de comunicaciones electrónicas ha dejado huérfano el control de los contenidos ante la ausencia de un Consejo Audiovisual. Lo anterior está en directa relación con las disímiles características que la regulación de la TDT manifiesta en cada uno de los casos considerados: minimalista pero integral en el Reino Unido, caótica y dispersa en España. En el caso británico, la regulación no sólo descansa sobre múltiples niveles (nacional y europeo) y tiene distintas caras (estatal/gubernamental, público/privado), sino que utiliza diversos mecanismos, entre los cuales, los más importantes son el dictado de normas y la búsqueda incesante de consenso.

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La normativa, temprana, coherente y alineada con el ámbito europeo, es de tipo convergente y transversal, mientras que el ejercicio sistemático de la consulta pública (Ofcom, pero también DCMS y DTI), la creación de organismos como Digital UK y el fomento a la autorregulación y regulación compartida (logos, definición de la estrategia de migración digital), son las herramientas que han permitido alcanzar acuerdos duraderos. En España los múltiples niveles de la regulación son aún más acusados, ya que a los ámbitos europeo y nacional se suman el autonómico e incluso el local. Más allá de ello y la heterogeneidad que genera, la regulación es un asunto estatal en el que la hegemonía la detenta el gobierno debido a la ausencia de organismos independientes. Por ello, entre los mecanismos utilizados sobresalen los gubernamentales y de tipo normativo. El dictado de normas que afectan a la TDT se ha ejercido de forma temprana aunque persiguiendo objetivos a corto plazo, incluso partidistas, por lo que el marco legal del servicio no ha sido desarrollado de manera integral sino que ha derivado en un entramado confuso. Este peculiar ejercicio del mecanismo normativo ha fortalecido el uso de lo que aquí se denominan herramientas gubernamentales para la regulación, que han acabado por alimentar el ejercicio de la negociación permanente con los regulados para alcanzar consensos siempre transitorios. Entre estas herramientas, en las que la consulta pública brilla por su ausencia, deben mencionarse la creación de organismos como la Comisión de Seguimiento de la TDT, el establecimiento de acuerdos de autorregulación como el relativo a los contenidos televisivos y la definición de medidas y programas de apoyo con escasa articulación (reducción en el IVA, creación del logo TDT, Plan Avanza). Estos modos diferentes de regular, expresados en reguladores y regulaciones tan distintas, han conducido a una configuración de políticas con escasos puntos de contacto en este nivel. El ejemplo que más claramente lo ilustra es el de la gestión y resolución de la crisis que el primer conjunto de políticas definidas para la implantación del servicio generó en ambos países. Si en el Reino Unido las políticas de TDT se han caracterizado como favorables a la convergencia e innovación tecnológica, además de transparentes y dinámicas pero centralizadas, gracias a un alto grado de coordinación entre organismos y agentes y a la existencia de planificación, las actuaciones tienden a ser mínimas y de perfil técnico puesto que se promueve la autorregulación y regulación compartida y el principio rector es el del Derecho de la competencia. Esto último también se constata en el caso español, a pesar de que la escasa coordinación entre los numerosos organismos existentes y la regulación caótica, confusa y dispersa, aunque en parte descentralizada, haya conducido a un accionar poco transparente y carente de planificación. En cualquier caso, es posible afirmar que: ambas formas de regular, en su concreción a través de diversos mecanismos, descansan en buena medida en la aplicación de los principios del Derecho de la competencia; que ello ha alimentado una presencia creciente de la autorregulación y regulación compartida;

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y que, más allá de que esta tendencia esté en conexión directa con la desregulación del audiovisual, ello no impide sino que incluso puede fomentar, como ha ocurrido en España, el ejercicio de la re-regulación permanente. El peso del mundo analógico sobre los agentes y actividades Tanto en el Reino Unido como en España, a pesar de las diferencias, puede concluirse que la caracterización de los agentes audiovisuales (tradicionales y nuevos) y no audiovisuales implicados, se encuentra en relación directa con la relativa preservación de los equilibrios televisivos terrestres existentes y el alcance de las actividades audiovisuales desarrolladas. En el Reino Unido, tras el fracaso de los planes originales, se han promovido servicios en abierto que se destacan por su calidad y, en algunos casos, innovación, sometidos a una creciente mercantilización (abono) debido al ambiguo apoyo que se ha otorgado al servicio público y a la habilitación de nuevas posiciones dominantes y mayor concentración. Los operadores audiovisuales, tanto públicos como privados, de perfil nacional y ejercicio parcial de funciones regionales, financiados con publicidad, pero también con canon y suscripciones, se encuentran en algunos casos fuertemente integrados en la producción y empaquetado de contenidos (ITV, BBC), así como en la provisión del servicio básico de EPG, el acceso condicionado (Five a través de Top Up TV) y la gestión del múltiple (pública, privada y mixta pero no independiente). El ingreso de nuevos agentes, por tanto, se verifica de manera reducida y vinculada a perfiles privados con ánimo de lucro y soluciones propietarias (SAC, EPGs más avanzadas), ya que en Freeview participan casi todos los operadores audiovisuales terrestres existentes, la plataforma satelital hegemónica y uno de los operadores de red. A excepción de los instaladores de antenas, el resto de los agentes no audiovisuales implicados denotan un alto grado de concentración e incluso presencia del capital extranjero en su propiedad, sobre todo en el caso de los fabricantes de equipamiento, pertenecientes a una industria global. Tales vínculos trasnacionales definen también a los dos operadores de red que comparten una propiedad y gestión duopólica de la difusión y transporte de la señal audiovisual (en el caso de NGW, además, la integración vertical en el mercado de TDT es importante al ejercer como gestor de múltiple y operador audiovisual). En España, también tras el fracaso del primer intento de implantación del servicio, se han favorecido las emisiones en abierto. La cercanía de su relanzamiento determina una oferta en formación, aunque ya pueda hablarse de escasa innovación, principalmente en el ámbito estatal, debido a un heterogéneo y contradictorio apoyo ofrecido al servicio público que le impide convertirse en locomotora del servicio, y a una ruptura parcial del equilibrio existente cuyas consecuencias son aún inciertas. Los operadores públicos y privados (mayoritarios), de perfil nacional, autonómico, insular y local, financiados mayoritariamente con publicidad y,

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en el caso de los públicos, con dinero de los presupuestos, presentan un importante grado de participación en las distintas instancias de explotación del servicio e integración vertical en el caso de los operadores estatales. En tanto no existe el acceso condicionado a la TDT y el servicio de EPG y la gestión del múltiple no están “disociados” de la actividad de los operadores audiovisuales (aunque esta última función se ha confiado al operador de red en el ámbito estatal), es su perfil el que acaba determinando, en principio, la caracterización de estos agentes (público/privado, estatal/autonómico/local). De ahí que pueda afirmarse que si bien se ha permitido el ingreso de nuevos agentes audiovisuales, producto de los concursos de TDT en sus distintos ámbitos de cobertura, se han reforzado algunas posiciones gracias al aumento de los casos de propiedad múltiple en dichos ámbitos y a la integración vertical habilitada con la absorción de los nuevos espacios por parte de los operadores audiovisuales (especialmente Antena 3, Telecinco y Sogecable). Por otra parte, sólo existe un servicio relativamente avanzado de EPG, que además está vinculado a una empresa privada que explota una solución propietaria. Dos matices deben introducirse a la descripción anterior. En el plano estatal, la mejora relativa evidenciada por RTVE a partir del relanzamiento del servicio no ha podido traducirse en liderazgo como en el caso británico, más que por la escasez espectral asignada, debido a la falta de definición de su futuro económico y organizativo a pesar de la sanción de un nuevo marco legal. En los ámbitos autonómico y local el reparto final está aún por definirse, aunque bajo el paraguas de dos grandes modelos contrapuestos. El liderado por los entes públicos autonómicos de televisión, que ejercitan un servicio público relativamente autónomo y de calidad, y que tiene su correlato en el ámbito local en las experiencias de proximidad, se presenta como una alternativa a la gestión indirecta del servicio vinculada a empresas multimedia regionales y/o grupos de comunicación de alcance nacional, que en el ámbito local, se agudiza y distorsiona en función de los clientelismos políticos y económicos (urbanísticos). Las posiciones de dominio se verifican también entre los agentes no audiovisuales, especialmente en el caso de Abertis que ejerce un cuasi monopolio de hecho en la propiedad y gestión de la red de transporte y difusión de la señal audiovisual. Como este mercado, el de la fabricación de equipamiento y su comercialización, aunque en un grado menor, también manifiestan una importante concentración y presencia del capital trasnacional. Al igual que se señalara con el Reino Unido, la industria electrónica de consumo masivo es parte de un negocio global y el operador de red ostenta vínculos con el capital trasnacional. La diferencia reside que en el caso español esta última función también es ejercida por agentes de perfil público y que su conexión con los operadores de telecomunicaciones es mucho más patente (accionistas directos). Más allá de la comprobación de la importancia que el peso de los equilibrios del mundo analógico ha tenido sobre los agentes y actividades relacionados con la TDT en ambas experiencias, es necesario dejar establecidas las

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siguientes observaciones. Si, en lo que respecta a los agentes audiovisuales, es llamativo que en los dos países la expansión y aparición de nuevas figuras (como el gestor de múltiple) no se haya traducido en el ingreso de nuevos actores, también lo es que a pesar de tradiciones y actuaciones sumamente disímiles con relación al servicio público, en ambos desarrollos, y con las salvedades del caso, el apoyo otorgado a los entes públicos de radiotelevisión no haya estado exento de contradicciones. Tanto en España como el Reino Unido, tampoco debe omitirse la creciente presencia del capital financiero en la explotación del servicio a través de sus inversiones en la propiedad de agentes audiovisuales y no audiovisuales. Estos últimos, además, manifiestan también diversos grados de presencia de capital extranjero e incluso trasnacional. Es más, las situaciones de concentración y propiedad múltiple cuestionan las fronteras entre ambos, tal y como el caso de los operadores de telecomunicaciones ilustra (de las redes punto punto a las redes punto masa y de ahí a la participación en operadores audiovisuales y funciones como la multiplexación de la señal). De hecho, las redes de transporte y difusión de la señal audiovisual son un asunto privado, gestionado de forma duopólica o cuasi monopólica con criterios mercantiles, escasamente cuestionado por la existencia de operadores públicos como ocurre en España en el ámbito autonómico. El correlato de la ausencia de competencia en el sector ha sido la constatación de situaciones de abuso de posición dominante que, curiosamente, aún no se han producido con el resto de los guardianes. En lo que respecta a los contenidos, en ambas experiencias se ha sustituido una fallida introducción del servicio liderada por servicios de pago por un aumento de las emisiones en abierto. A diferencia de lo que ocurre en España, donde predomina la cantidad sobre la calidad, en el Reino Unido estas emisiones han aportado cierta innovación gracias al papel de locomotora que desarrolla el servicio público. Sin embargo, en ambos casos los programas tradicionales siguen prevaleciendo sobre los servicios de la SI, se caracterizan como interactivos productos que en realidad deberían adjetivarse como enriquecidos, a pesar de los discursos más deterministas la TDT no ha mejorado el control editorial por parte del espectador y, al igual que en la televisión terrestre analógica, los contenidos generalistas y ligados al entretenimiento siguen ocupando un rol central. Esta redefinición de la oferta en términos de gratuidad es la responsable, junto con la existencia de equipamiento de recepción asequible, de la mejora que registran las cifras de implantación del servicio, al tiempo que demuestra que su desarrollo también depende, en buena medida, del compromiso de agentes no audiovisuales (como la industria de equipamiento) y de la adopción de soluciones interoperables (como el MHP). De todas maneras, ante la multiplicación del número de canales que se ha habilitado y las inversiones a las que habrá que hacer frente, recuerda y explica la permanente presión sobre la búsqueda de nuevas formas financiamiento que complementen a las existentes.

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Los cuestionamientos a la hegemonía del espacio/mercado nacional La oferta y cobertura de TDT en el Reino Unido ha dado lugar al predominio del ámbito estatal frente a la ausencia de políticas destinadas al desarrollo de los servicios locales y la transformación de unas experiencias que no son más que seudo regionales. Por el contrario, en España el servicio se está estructurando de manera descentralizada, aunque las primeras opciones de políticas hayan favorecido un predominio inicial del ámbito estatal. Pero mientras que en el caso británico las incertidumbres que rodean a las emisiones no nacionales se fundamentan en un reconocimiento legal restrictivo y la existencia de problemas técnicos (escasez espectral), en España los interrogantes se derivan de la tensión existente entre los modelos contrapuestos de TDT autonómica y local mencionados y de una posible concentración incontrolada. En ambos países, el espacio/mercado nacional se vincula con el ámbito internacional implícitamente a través de su condición de Estados miembros de la UE y la composición accionarial y contactos de sus agentes audiovisuales y no audiovisuales. Explícitamente, la relación se pone de manifiesto a través de la gestión de asuntos como la planificación del espectro digital y, en el caso británico, el objetivo de mejorar su posición en el mercado mundial de programas audiovisuales. En conclusión, en cada uno de los casos analizados la arquitectura heredada de la televisión terrestre analógica ha condicionado el punto de partida de la organización de la TDT, cuyo resultado manifiesta en todo su esplendor la función bisagra que los espacios/mercados nacionales ejercen entre los regionales/locales y los globales/de bloque, además de las tensiones existentes entre ellos. Buenos ejemplos de lo anterior son, en el primer caso, el hecho de que en España el relanzamiento de la TDT se haya beneficiado de la existencia de economías de escala europeas en la fabricación de equipamiento (globales incluso, en el caso de algunos componentes); en el segundo, que la hegemonía del mercado estatal británico intente fagocitar, no sin resistencias, los posibles ámbitos regional y local de TDT. Destinatarios sin participación En los dos países y desde los orígenes del servicio, se ha otorgado prioridad al cliente sobre el ciudadano al pensar la TDT como una posibilidad más de consumo en vez de una nueva oportunidad de participación. El fracaso de esta perspectiva no ha hecho más que ralentizar esta tendencia que no ha desaparecido ni mucho menos. En el caso británico así lo demuestra una leve mejora en el acceso a la TDT (buena cobertura, oferta más diversa aunque crecientemente mercantilizada, equipamiento asequible, ayuda a los más vulnerables), aunque a costa del reinado del zapper, acompañada por una escasa y limitada participación. En la experiencia española la participación ha sido cuasi inexistente y dicha mejora

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Tabla 25. Síntesis de políticas destinadas a la TDT en el Reino Unido y España (1998-2006) Reino Unido

España

Perfil económico-industrial prevalece sobre políticas sociales.

A pesar de la vertiente discursiva dominante, las acciones de perfil sociocultural no prevalecen sobre las opciones de fuerte contenido político (a corto plazo) y en parte económico.

Alto grado de coordinación entre organismos y agentes Transparencia y dinamismo pero centralización. Favorables convergencia e innovación tecnológica. Planificación integral pero actuación minimalista y de tipo técnico. Intervención mínima, promoción de la auto y co-regulación y el Derecho de la competencia.

Escasa coordinación entre los numerosos organismos reguladores y con los principales afectados. Regulación caótica, confusa y dispersa, parcialmente descentralizada y en permanente modificación. Ausencia de planificación integral para la extensión de coberturas y el apagón. Intervención mínima (apoyo a la auto y coregulación) pero también re-regulación.

Promoción de los servicios en abierto pero progresivo relajamiento sobre su mercantilización. Aliento al servicio público pero contradicciones. Apoyo ambiguo.

Promoción de los servicios en abierto, reserva legal para la gestión directa y desestabilización del statu quo, pero preservación de los intereses estatales existentes, apoyo desigual y ambiguo al servicio público (CCRTV vs. “modelo canario”; financiamiento RTVE) y aparición de modelos contrapuestos en el ámbito autonómico y local. Habilitación de situaciones de dominio e integración vertical (absorción espacios nuevos agentes audiovisuales por parte operadores audiovisuales; cuasi monopolio red de transporte y difusión). Escasa transparencia, casos de clientelismo político.

Preservación equilibrios existentes. Mayor concentración, habilitación posiciones dominantes.

Hegemonía estatal.

Descentralización (a confirmar en la práctica).

Acceso y cobertura, pero no participación universal .

Cobertura pero no acceso y participación universal.

Nulo vínculo con posibilidades democratizadoras SI (en algún momento difuso).

De vínculo tardío y difuso a articulación formal y subordinada con posibilidades democratizadoras SI.

Alto grado de coordinación, statu quo y liberalización.

Escasa coordinación y planificación, consecuencias ambiguas y/o inciertas, ruptura parcial del statu quo.

Ausencia democratización

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más bien discursiva (equipamiento asequible, más canales con escaso o nulo atractivo, acceso que no se proyecta como universal -accesibilidad con pocas definiciones, ayuda constreñida al otorgamiento de información-). En síntesis, si en el Reino Unido las opciones de política han configurado un acceso y cobertura, pero no participación universal, en España la cobertura se plantea en este mismo sentido, cosa que no ocurre de momento con el acceso y la participación. Aunque desde sus respectivos lanzamientos la demanda no haya dejado de crecer en ambos países, se la conoce más por sus aspectos cuantitativos que cualitativos, lo que permite afirmar que sus gustos, intereses y necesidades son escasamente considerados y que ello contribuye al ocultamiento de su dimensión político-cultural. El desperdicio de una nueva oportunidad democratizadora En suma, la caracterización que resume las opciones de políticas británicas y españolas habla a las claras de una ausencia de democratización del servicio: alto grado de coordinación, statu quo y liberalización, por un lado, y escasa coordinación y planificación, consecuencias ambiguas y/o inciertas y ruptura parcial de los equilibrios existentes, por otro. En ningún caso el referente ha sido la opción por la democratización de las comunicaciones, como el análisis de sus indicadores, acceso y participación, demuestra, y la vinculación del servicio con la SI ilustra. Mientras que las dimensiones del acceso se cumplen parcialmente (la recepción universal del servicio aún no es una realidad, la oferta y su interacción sólo han mejorado en parte en el Reino Unido), de los tres niveles de la participación mencionados en la propuesta metodológica de esta investigación, solamente se verifica en el Reino Unido, y de modo relativo, cierta intervención en la producción de los mensajes (por la importancia relativa de su producción independiente y la configuración de su servicio público), pero no en la toma de decisiones o la definición de políticas. En lo que respecta a las expectativas de que la TDT pudiera convertirse en una opción para el acceso universal y democrático a la SI, tal vínculo, alguna vez sugerido de manera difusa en los inicios de periodo Blair, ha sido nulo en el Reino Unido. En España, de la mano de las numerosas marchas y contramarchas que han caracterizado la implantación del servicio y también acompañando el cambio del partido en el poder, dicha relación, establecida tardía y débilmente, se ha traducido en un vínculo formal pero subordinado. 1.1.2. Modelos de TDT En cada uno de los casos considerados, la selección de diferentes opciones de política ha dado lugar a la emergencia de distintos modelos de TDT. Los principales rasgos del británico remiten a un esquema de cobertura y acceso universal, predominantemente en abierto y con importante presencia del servicio

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público, pero concentrado, centralizado y escasamente participado. El modelo español se caracteriza por presentar una oferta en abierto, con presencia mayoritaria de operadores privados e influencia variable y tratamiento heterogéneo del servicio público, sustentado en una arquitectura descentralizada, que promueve una cobertura pero no un acceso y participación universal. Oferta: el abandono del modelo de pago y la búsqueda de nuevos equilibrios Tanto en el Reino Unido como en España, aunque inicialmente se confió a la actividad privada comercial el impulso al servicio a través de un modelo basado en el pago, en la actualidad existe una estructura más equilibrada. Más allá de la diferente maduración de ambas experiencias, los matices se encuentran en el perfil de los agentes y los contenidos que ellos vehiculizan. En el Reino Unido predomina una oferta en abierto con algunos elementos de pago gracias a dos grandes tipos de operadores audiovisuales (los provenientes de la etapa anterior, que han reforzado aún más su posición, y Freeview, que se configura según la lógica multicanal y digital de la plataforma) y al gestor del múltiple (en el caso del espacio concursado decide sobre la oferta). A diferencia de lo que ocurre en España, estos agentes, tanto públicos como privados, son de alcance nacional y actuación escasamente regional pero no local. En la experiencia española, a la clasificación territorial de los operadores audiovisuales debe agregarse aquella que distingue entre los agentes a los que se les otorga la gestión directa o indirecta del servicio (mayoritarios). Al igual que en el Reino Unido, son escasos los nuevos actores que han ingresado al mercado, mientras que los operadores provenientes de la etapa analógica han visto reforzadas sus posiciones. Sin embargo, en España, la caracterización definitiva de la oferta en abierto, aún en formación, deberá esperar a la completa configuración de los servicios autonómicos y locales. A pesar de ello y de la misma forma que en el Reino Unido, las pruebas en movilidad y alta definición son una realidad, aunque sólo en España se ha previsto legalmente la reserva espectral para su desarrollo. Servicio público: tras una definición digital La digitalización de la televisión terrestre, servicio que ha acunado la noción de servicio público audiovisual, obliga a una definitiva redefinición del concepto cuestionado en su alcance y misión por los cambios acaecidos en la comunicación durante los últimos treinta años. El proceso de progresiva desaparición de la llamada televisión tradicional presenta una encrucijada al servicio público que los casos aquí considerados han enfrentado de manera radicalmente diferente pero con connotaciones comunes. En el Reino Unido, basado en una concepción amplia que excede la actuación de la BBC (obligaciones impuestas a los operadores privados comerciales y Channel 4), el servicio público desarrolla un rol central. Su papel de locomotora emergió de forma nítida tras el fracaso del modelo de pago gracias

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a la conjunción de intereses de los operadores terrestres existentes y los sucesivos gobiernos y la presión de la Corporación. Ello no ha impedido que tal apoyo oficial descanse en buena medida en una visión del servicio público como instrumento para la intervención indirecta sobre el sector audiovisual y no es, ni mucho menos, incondicional. En España, por el contrario, dicho apoyo ha sido inexistente durante el gobierno del PP y, en líneas generales, contradictorio con la llegada socialista al poder. De ahí que el modelo de TDT español, aún en construcción, evidencie un papel y concepción heterogéneos del servicio público. Si bien este ha ganado peso tras el fracaso de Quiero TV gracias a los esfuerzos de RTVE, las iniciativas pioneras de algunos entes autonómicos como CCRTV y el reconocimiento de su importancia como motor del servicio por parte de la Administración, tal aceptación ha sido más bien discursiva y permanentemente atacada por el sector privado con ánimo de lucro. Por lo tanto, el futuro del servicio público en el Reino Unido y en España no está exento de un elevado grado de incertidumbre, que en el segundo de los casos, además, es aún mayor debido a las ambigüedades a las que ha sido sometido a lo largo de los últimos años. Si el servicio público británico puede verse minado por el nuevo marco legal establecido, la concepción que del mismo tiene Ofcom y la permanente presión hacia el aumento de la lógica mercantil en su gestión, al menos tres procesos amenazan al español. La concepción restrictiva que existe de la noción de servicio público, el tratamiento desigual que se le ha otorgado en las diversas comunidades y, fundamentalmente, los interrogantes que pesan sobre la continuidad y alcance de los recursos con que se dotará a RTVE. Arquitectura: la influencia del pasado En consonancia con la arquitectura televisiva terrestre analógica existente, la experiencia inglesa favoreció una estructura estatal, centralizada y seudo regional, pero no local, tanto en términos de producción como de difusión. Por el contrario, el caso español ha dado lugar a una configuración que descansa sobre niveles sucesivos (estatal, autonómico, insular y local). Si bien es probable que ello conduzca a una difusión descentralizada, aunque debe confirmarse la forma de explotación efectiva de los canales, no ocurrirá lo mismo con la instancia de la producción audiovisual altamente concentrada y centralizada. Los otros elementos comunes a estas arquitecturas son haber priorizado el número de canales a su calidad e innovación (alta definición, servicios adicionales), y evidenciar algún grado de dependencia con el plano internacional, fundamentalmente en lo que a aspectos formales y técnicos refiere (negociaciones sobre el espectro, equipamiento, estándares). Cobertura y acceso: la importancia de la universalidad Debido a la presencia de televisión terrestre analógica en todo el territorio nacional y el alto grado de dependencia de sus emisiones para prestar el ser-

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vicio universal de televisión, España y el Reino Unido han decidido confiar a la TDT este papel tras el cese de las emisiones televisivas analógicas. Ello explica que su introducción haya estado íntimamente relacionada con el establecimiento de una fecha y planificación para alcanzar el denominado apagón, al tiempo que pone de manifiesto la inutilidad de alcanzar una cobertura total sin promover el acceso universal. En esta última cuestión reside la diferencia fundamental entre los casos estudiados. Mientras que el Gobierno de Blair decidió cesar las emisiones analógicas en 2012, ofreciendo una cobertura cuasi universal de TDT (98,5%) y asegurando el acceso universal y gratuito, aunque básico, a la versión digital de los canales con obligaciones de servicio público, España ha decretado legalmente que el apagón será en 2010 y que los entes públicos de televisión deberán alcanzar para entonces una cobertura de población del 98%, aunque no se estableciera ninguna otra medida concreta para posibilitar un acceso universal ni para superar exitosamente la transición. Si bien es cierto que se ha alcanzado una disponibilidad de equipamiento de recepción asequible, no se ha hecho nada más que enunciar la garantía de su accesibilidad. A finales de 2006 no existía un calendario detallado de migración ni se había, por ejemplo, contemplado la situación de los grupos más vulnerables como en el Reino Unido (esquema de ayuda, propuestas concretas sobre accesibilidad). En cualquier caso, no puede dejar de mencionarse que esta u otras opciones se encuentran limitadas por el Derecho de la competencia y el principio comunitario de neutralidad tecnológica, cuya consecuencia más inmediata, como el caso británico ilustra, es acabar promocionando la demanda de todas las plataformas aunque estas sean de pago. Concurrencia: la asignatura pendiente La forma en que ha acabado por implantarse la TDT en el Reino Unido y España no ha dado lugar, a pesar de los discursos, a un aumento de la competencia en el sector audiovisual. Más concretamente, si en el primero de los casos el mercado de TDT manifiesta una competencia “controlada”, en el segundo la misma es más bien escasa, y aunque ello responde a la inercia de los equilibrios audiovisuales existentes, también es consecuencia de la hegemonía de un Derecho de la competencia que descansa en los principios de la intervención mínima y la actuación ex post. Ni en España ni en el Reino Unido los servicios de TDT pertenecen a una plataforma verticalmente integrada, aunque sus participantes más importantes sí lo están en relación con las distintas instancias que conforman la cadena de valor del servicio. La diferencia es que mientras que la estructura británica ha pretendido asegurar una mínima competencia en la gestión de la red y del múltiple, y entre los operadores audiovisuales y proveedores de contenidos, en España se ha configurado una estructura fuertemente oligopólica. Como se mencionara en el apartado anterior, la política española ha permitido a los operadores audiovisuales una presencia importante en los distintos

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eslabones (e incluso ámbitos) de explotación del servicio, los agentes estatales más importantes se encuentran verticalmente integrados (vínculos con la producción audiovisual, gestión del múltiple, producción de EPG básica) y un único actor heredero del operador histórico ejerce un cuasi monopolio de facto del servicio de transporte y difusión de la señal audiovisual. En el Reino Unido, más allá de los operadores audiovisuales, se establecieron dos dueños y operadores de la red de difusión, de cuatro agentes diferentes que gestionan los múltiples y generan un servicio básico y en abierto de difusión de información sobre la programación, sólo uno actúa puramente sin fines de lucro, y existe una única empresa que controla los servicios con acceso condicionado por el pago. En ambos casos, la fabricación y venta de equipamiento presenta un importante grado de concentración y, al igual que su instalación, se encuentra en manos de empresas privadas comerciales. Modelo de negocio: la necesidad de nuevas fórmulas El financiamiento de los dos modelos de TDT analizados depende de fórmulas mixtas: canon, publicidad y abono, en el caso británico, y publicidad y presupuestos públicos en el español. La particularidad de la primera experiencia es que la presencia de la televisión por abono es minoritaria, aunque ha ido creciendo acompañada de algunos ensayos de pago por consumo. Sin que supongan un aporte determinante, también existen ingresos provenientes de la exportación de contenidos y los presupuestos públicos (fondos oficiales para proyectos puntuales, como por ejemplo, el canal Teacher’s TV). La peculiaridad del caso español es que el modelo descansa casi exclusivamente sobre la publicidad al no haber prosperado hasta el momento la modalidad del abono y no existir aún un acuerdo estable sobre la financiación del servicio público. Ello ha provocado que hasta el 2006 los entes públicos apelaran al mecanismo del endeudamiento sistemático para equilibrar sus balances. Pero aunque tal dinámica queda en adelante excluida como posibilidad tras la reforma legal de RTVE, debe aún asegurarse en el tiempo una adecuada subvención para el cumplimiento de sus obligaciones. El panorama de la ecología financiera de la TDT española se complica aún más si se considera que tal reforma legal no se ha trasladado a los canales públicos autonómicos y que se producirá una explosión cuantitativa de canales que desatará una competencia feroz por la misma tarta publicitaria. Ya sea para alcanzar el equilibrio financiero en el caso español, o enfrentar una muy probable reducción o redistribución del dinero público destinado a la prestación del servicio público en el Reino Unido (¿desaparición del canon tras 2016 o reparto más allá de la BBC?), ambos modelos de TDT se encuentran ante la imperiosa necesidad de encontrar nuevas vías de ingresos. Participación: la batalla entre el ciudadano y el cliente Ni el modelo británico ni el español interpelan e implican a sus destinatarios como ciudadanos, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la esfera

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pública, sino que los configuran como clientes al pensarlos desde la instancia del consumo. El papel asignado los limita a tener que soportar parte del peso económico del despliegue del servicio y a contribuir con su financiamiento a través del abono y/o el circuito publicitario, siendo los grandes ausentes en el ejercicio de la función del servicio público y los debates en torno al sector audiovisual. De ahí que se concluya que aunque se haya registrado una leve mejora en su acceso al servicio, no se promueve su participación. 1.2. Conclusiones Sintetizando, la investigación comparada de las políticas públicas aplicadas a la implantación de la TDT en España y el Reino Unido, desde sus orígenes y hasta finales de 2006, y los modelos de servicio de ellas emergentes, han dado lugar a un conjunto de similitudes y diferencias. Entre estas últimas deben destacarse: - El discurso. A pesar de que en ambos casos se verifique el retroceso del discurso sociocultural, las motivaciones económico-industriales han sido una constante en la experiencia inglesa, de la misma manera que las de perfil político lo han sido en la española. - La regulación y el regulador. En el Reino Unido la regulación minimalista pero integral descansa en los mecanismos del dictado de normas y la búsqueda de consenso y se corresponde con la existencia de un regulador independiente y convergente. En España, la regulación caótica y dispersa se favorece con el uso aleatorio y descoordinado de mecanismos normativos y gubernamentales, en consonancia con la ausencia de un regulador independiente. - El tratamiento otorgado al servicio público. Aunque el apoyo no sea incondicional y existan connotaciones comunes sobre su futuro, en el Reino Unido, a diferencia de España, se ha otorgado al servicio público un papel motor en el desarrollo del servicio. - La promoción del acceso universal. Ambos países han declarado promover el acceso universal a la TDT, sin embargo, mientras que en el caso británico ello se ha expresado en medidas concretas, en España no se ha superado el plano discursivo. - El grado de competencia alcanzado. El Reino Unido no ha alcanzado, ni mucho menos, un mercado de TDT perfectamente competitivo, aunque ha intentado garantizar una mínima concurrencia en casi todos los eslabones que conforman la cadena de valor del servicio que sin embargo se ha ido erosionando. Sus limitaciones residen en que al preservar la

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posición de los agentes ya relacionados con la televisión terrestre, acabó por promoverse una competencia “controlada”. En España, por el contrario, se ha configurado un mercado oligopólico ya que no se han establecido medidas para promover una mínima competencia en el sector. En lo que respecta a los puntos en común a ambas experiencias, los mismos son: - El perfil de la oferta. Tras el fracaso de OnDigital y Quiero TV, ambas experiencias han acabado por fomentar las emisiones en abierto. El modelo británico, con más años a sus espaldas, ha vuelto a incorporar, aunque en un porcentaje minoritario, contenidos de pago. En los dos casos los servicios adicionales son aún minoritarios y la interactividad, así como la alta definición y la movilidad, no han superado el terreno de las experimentaciones. - Los condicionantes sobre la configuración de la arquitectura del servicio y los agentes en ella implicados. En ambas experiencias, tanto la arquitectura del servicio emergente como la casi mayoría absoluta de los agentes involucrados en su funcionamiento han estado condicionados por la historia audiovisual y los arreglos existentes en el mercado de la televisión terrestre analógica. - La cobertura universal. Las políticas británicas, al igual que las españolas, posicionan a la TDT como heredera natural de la prestación del servicio universal de televisión una vez alcanzado el fin de las emisiones terrestres analógicas, por lo que la colocan en el centro del proceso de migración y promueven su cobertura universal. - El modelo de negocio mixto. Tras abandonar los intentos liderados por los servicios de suscripción, ambas experiencias han dado lugar a combinaciones diversas de financiamiento mixto (público -canon, presupuestos- y de mercado -publicidad, abono-). - La escasa participación. Ante una nueva oportunidad democratizadora, ninguna de las políticas aquí analizadas ha tenido por objetivo promover la participación ciudadana. La TDT, por tanto, reproduce el sistemático “olvido” de esta dimensión y refuerza la concepción de los destinatarios del servicio como meros clientes. Concluyendo, se sostiene aquí la hipótesis de que si este conjunto de similitudes y diferencias es posible, ello se debe a la existencia de una lógica convergente y otra divergente, a la permanente tensión entre una fuerza homogeneizadora y otra rupturista. La primera, que ha hecho posible los puntos de contacto en la definición de ambas políticas, remite a las características del sis-

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tema audiovisual contemporáneo, lo que explica que pueda trascender las particularidades de los mercados nacionales afectándolos en su conjunto. Al respecto, tanto la arquitectura que la TDT ha acabado por adoptar en el Reino Unido y España, como su financiamiento, la oferta que vehiculizan y el perfil de los agentes que la hacen posible, no se explican sin aludir al conjunto del sistema audiovisual y su historia previa. A modo de ejemplos, mencionar que si la estructuración de las emisiones de TDT ha dependido de la configuración previa de las redes terrestres, los contenidos desarrollados y la forma de financiarlos han estado condicionados por el papel que juegan el resto de las plataformas televisivas. De la misma manera, si se fomentan las emisiones universales de TDT es porque el resto de las redes se encuentran dominadas por la iniciativa privada con ánimo de lucro a la que sólo hasta cierto punto pueden imponérsele obligaciones sociales; mientras que si la participación ciudadana no se promueve en ninguna de las dimensiones del servicio, ello responde a la hegemonía de la gestión mercantil del sistema audiovisual. Evidentemente esta influencia convergente no se ha traducido a los casos analizados de igual manera, debido a la actuación de una lógica divergente que es la que permite explicar las diferencias más importantes entre las políticas británicas y españolas. Esta segunda lógica conecta con la estructuración específica de cada Estado-nación. Apelando a Hallin y Mancini (2004) es más fácil entender, en cada uno de los casos considerados, por qué la regulación de la TDT y sus consecuencias en términos de concurrencia ha sido tan distinta, así como la argumentación para su introducción y el compromiso adoptado con el acceso universal al servicio y su dimensión de servicio público. El Reino Unido pertenece, junto con países como Canadá, a un grupo de naciones en las que la regulación del audiovisual público y comercial ha sido siempre importante aunque ha estado relativamente preservada del control político y se ha organizado, al igual que la gestión del servicio público, de acuerdo a un modelo profesional. Ello es consecuencia del desarrollo relativamente temprano de unas instituciones liberales que han conducido a que el rol del Estado haya estado siempre limitado porque el del mercado ha sido tradicionalmente fuerte. Por el contrario, España se identifica con el patrón de otros países del sur de Europa que han atravesado complejas y, en algunos casos, tardías transiciones hacia el capitalismo y la democracia moderna. Este desarrollo tardío del liberalismo conecta con un fuerte rol del Estado en la sociedad, a menudo autoritario, que se ha traducido en un alto grado de politización de los medios. El clientelismo y la instrumentalización, tanto por parte de los gobiernos como los partidos políticos, son una constante que por ello provoca que la capacidad para regular de manera efectiva sea en general limitada. En otras palabras y resumiendo, el análisis permite concluir que las características y necesidades de valorización de la industria televisiva como un todo han afectado de manera diferente a cada caso nacional al haber sido mediadas por los respectivos sistemas sociopolíticos. Así pues, del particular entrecruzamiento de estas lógicas en un momento histórico determinado han

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Tabla 26. Implantación de la TDT en el Reino Unido y España Indicadores básicos (2006) General Inicio de pruebas Legislación Lanzamiento en pruebas Lanzamiento oficial Relanzamiento Apagón analógico Parámetros DVB-T Número de múltiples Bandas Tipo de carrier Modulación MFN y SFN Ancho de banda

Reino Unido 1996 julio 1996 septiembre 1998

España 1997/1998 octubre 1998 mayo 2000 (Quiero TV)

noviembre 1998 octubre 2002 31/12/2012 (inicio 2007)

nayo 2000 (Quiero TV) diciembre 2005 3/4/2010

6 UHF 2k (para 2012 todos 8k) 16 y 64 QAM (para 2012 todos 64 QAM) MFN 8MHz

5 UHF 8k 64 QAM MFN y SFN 8MHz

Organización del Servicio Canales por múltiple Servicios adicionales Mecanismo de asignación

4-8 hasta 10% capacidad múltiple por múltiple - concurso (autoridad independiente)

4 hasta 20% capacidad múltiple por canal digital - concurso (administración correspondiente) a cargo operadores audiovisuales

Gestión del múltiple

a cargo de BBC, SDN, Digital 3&4 y NGW

Red de transporte y difusión

NGW y Arqiva

Abertis operador estatal dominante

Ayudas a la demanda vulnerable

----

Subsidios

Fuente: elaboración propia basada en DBV, Analysys (2005), Ofcom y MITyC.

surgido distintas experiencias de implantación y desarrollo de TDT, expresadas en diversas opciones de política, que a su vez, han fraguado modelos particulares de TDT. Lo interesante es que en ninguno de los dos casos se ha promovido la democratización del servicio, lo cual queda retratado en todas sus implicaciones con la relación planteada en cada país entre TDT y SI. El elemento común a ambos tratamientos reside en la nula o secundaria consideración del servicio para extender las promesas de la SI a toda la población. Y la crítica no reside aquí en la discriminación de la TDT como opción, no necesariamente la más adecuada en todos los casos o incluso plausible si no es complementada con otras tecnologías, sino que apunta a la concepción hegemónica de SI. Su eje central no es la democratización de las comunicaciones

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sino la promoción de una nueva fase de acumulación del sistema capitalista que ya puede caracterizarse como digital (Schiller, 2000). En definitiva, si los modelos de TDT aquí reseñados responden a opciones particulares de políticas de comunicación y cultura, y estas se corresponden con una determinada opción de sociedad, el rasgo central de la misma, expresada actualmente en la metáfora de la SI, no se define precisamente por perseguir la superación de las desigualdades en las relaciones sociales. 2. LAS POLÍTICAS EN EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL 2.1. El juego permanente entre la europeización y la domesticación A lo largo de los capítulos IV y V se ha analizado la relación de las actuaciones británicas y españolas con la política europea, en el contexto general de fracaso de esta última por su incongruencia y dispar aplicación en los Estados miembros. La imposibilidad de establecer una conexión mecánica pero, al mismo tiempo, la identificación de una autonomía relativa, señaladas en el análisis de la relación entre las políticas europeas y los casos nacionales considerados, encuentra su manifestación concreta en las experiencias británica y española. Sin embargo, la influencia europea sobre estos casos no se ha dejado sentir con la misma intensidad ni en los mismos ámbitos. Mientras que en ambas experiencias la dependencia se ha verificado en el plano normativo, como una inevitable consecuencia de la transposición de la normativa europea al Derecho interno, en el Reino Unido la influencia ha sido más bien genérica, pero no por ello intrascendente. El discurso legitimador de la introducción del servicio, así como el modo y alcance de su regulación, han estado en buena medida alineados con (y alimentando) el tratamiento europeo de estas cuestiones. En España la influencia ha sido más bien formal y por ello limitada, ya que se ha constreñido a acciones puntuales (financiamiento del servicio público, actuación del operador de red). En suma, si bien es cierto que las políticas nacionales aquí comparadas han estado influenciadas por el posicionamiento europeo sobre la TDT, las mismas han sido más autónomas que dependientes. Una vez más, las lógicas de la convergencia y la divergencia aparecen en escena para permitir concluir que la homogeneidad promovida por las actuaciones de la UE se encuentra en tensión permanente con la heterogeneidad de su adopción por parte de sus Estados miembros. En términos de Humphreys y Simpson (2005), la conclusión es que en esta relación ha existido tanto europeización como domesticación, pero la segunda ha prevalecido sobre la primera. Es decir, que las políticas española y británica de TDT han estado más condicionadas por la historia y configuración de sus mercados audiovisuales y su tradición en la definición y aplicación de políticas públicas, que por el marco legal establecido a nivel comunitario y su impacto en las estructuras y políticas nacionales.

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Tabla 27. Síntesis comparativa (1998-2006) Reino Unido Políticas de TDT

España

Alto grado de coordinación. Statu quo. Liberalización.

Escasa coordinación y planificación. Consecuencias ambiguas y/o inciertas. Ruptura parcial del statu quo. Ausencia de democratización

Modelo de TDT Oferta Predominantemente gratuita y de tipo básico, impulsada por agentes tanto públicos como privados, de perfil estatal.

Básica, en abierto y formación, impulsada por agentes tanto públicos como privados, de perfil estatal, autonómico y local.

Servicio Público Papel central concebido en términos amplios.

Papel y concepción heterogénea.

Arquitectura Estatal, autonómica, insular y local; descentralizada .

Estatal y centralizada.

Prioridad al número de canales más que a su calidad e innovación. Cobertura y acceso Cobertura pero no acceso universal. Competencia

Universal. “Controlada”.

Escasa. Modelo de negocio Mixto. Presupuestos y publicidad (incertidumbre).

Canon, publicidad y abono.

Participación Escasa, participación ciudadana subordinada al papel de cliente. Influencia comunitaria En el discurso y su expresión regulatoria.

Influencia parcial en la regulación.

Importante grado de autonomía nacional. Influencia internacional Crucial: presión hacia la digitalización espectral y la liberalización de los servicios.

El análisis anterior permite dos grandes reflexiones sobre las políticas españolas y británicas de TDT. Una refiere a su relación con la política comunitaria, la otra se realiza en función del contexto internacional que las ha cobijado. Aunque pudiera afirmarse que la política europea de televisión digital ha sido en un porcentaje nada despreciable el resultado de la competencia global de los gigantes de la comunicación audiovisual, el rol de la UE no puede caracterizarse como de simple subordinación, ya que si bien la introducción de la televisión digital en Europa ha estado marcada por las estrategias de estos

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actores, a los efectos de su impacto en los Estados miembros, estas han estado enmarcadas por las normas comunitarias. Lo fundamental, en el caso concreto de las políticas de TDT en España y el Reino Unido, es que la UE, con su doctrina “tecnológicamente neutral y legalmente horizontal” confiada al Derecho de la competencia, ha definido los límites de la intervención posible para la introducción y desarrollo del servicio. La tensión entre europeización y domesticación ha sido, por tanto, una constante. Por otra parte, es pertinente agregar que la configuración de estas políticas en los tiempos y formas analizados, no habría sido posible de no existir una presión internacional hacia la total digitalización del espectro y un interés por liberalizar el intercambio de servicios. En este sentido, la influencia del contexto internacional ha sido crucial. En otras palabras, se sostiene aquí que las políticas nacionales destinadas a la TDT aquí consideradas, en el marco de un accionar comunitario que puede caracterizarse en el mismo sentido, han sido funcionales a las necesidades de valorización de la industria audiovisual dependiente de una permanente redefinición ampliada de los mercados de consumo, que por ello empuja hacia su total digitalización y mercantilización. 3. PROPUESTAS PARA UNA MAYOR DEMOCRATIZACIÓN Si, como se indicara en la introducción de este trabajo, uno de los objetivos de esta investigación era analizar la contribución de las políticas europeas de TDT, junto a las británicas y españolas, a la democratización del servicio, en tanto tal indagación manifiesta que dicho aporte no ha existido, a continuación se desgranan un conjunto de propuestas para contribuir con su concreción. Más específicamente, las recomendaciones apuntan a construir un modelo de TDT más democrático que los desvelados. Para ello es necesario impulsar un conjunto de políticas coherentes y articuladas (tanto en el plano nacional como con el bloque regional), que supongan una decidida intervención pública acompañada de una mínima planificación que tenga como horizonte el mediano y largo plazo. Sobre todo si se considera que debe promoverse una migración que supondrá importantes inversiones con un bajo retorno en el futuro inmediato. Estas políticas implicarían: Regulación integral, dinámica y transparente, ejecutada por entes independientes Es indispensable que la regulación sea ejercida a través de un marco legal integral para el sector audiovisual, que permita coherencia, claridad y dinamismo en la actuación del regulador. Tal figura, que no necesariamente debe ser responsable también sobre el mundo de las telecomunicaciones si sus medidas van a ser de tipo sectorial, debe tener injerencia sobre el conjunto del sector audiovisual (redes y contenidos) y contar con los recursos suficientes y

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organización adecuada para ser independiente del gobierno de turno y el lobby de los regulados. Sus decisiones deben ser transparentes, por tanto, sometidas a la consulta pública, además de responder tanto a objetivos económico-industriales como socioculturales. Idealmente, debería desarrollar un importante grado de coordinación con otros organismos del ámbito comunicacional pertenecientes a diferentes niveles de la Administración, así como con las instituciones europeas para representar y defender los posicionamientos nacionales. Finalmente, el tipo y grado de su intervención debe ser proporcional a la defensa del pluralismo y la participación ciudadana. Estructuras de propiedad equilibradas y control de los gatekeepers Precisamente, si un grado razonable de pluralismo ha de ser alcanzado, debe existir un reparto equilibrado y descentralizado de las distintas funciones que supone la TDT entre agentes públicos/privados, existentes/nuevos, con/sin ánimo de lucro, estatales/regionales/locales. Ello permitirá la competencia efectiva allí donde sea posible, pero también la minimización de las consecuencias negativas que las posiciones significativas de mercado de los guardianes traen consigo. Al respecto, ante la ausencia de consenso y argumentando a favor de estos objetivos, sería necesaria la imposición de estándares abiertos que favorezcan la interoperabilidad tanto de software y middleware (EPG, APIs) como de hardware (descodificadores), dificulten la conformación de mercados verticales promoviendo una verdadera competencia y faciliten la vida de los espectadores presentándoles tecnologías más accesibles, compatibles además con otras tecnologías hogareñas. De la misma manera, de ser necesario, el dictado de obligaciones must carry aseguraría el acceso justo a terceros operadores, sobre todo si son independientes. Desde luego que la efectividad de tales medidas sólo puede alcanzarse teniendo en cuenta la configuración de todo el sector audiovisual (posición del resto de las plataformas televisivas, situación del transporte y difusión de las señales, grupos de comunicación, etc.), por no mencionar a la industria cultural en general, las telecomunicaciones y la informática (y sus inversiones transnacionales). Oferta atractiva, predominantemente en abierto Sin la ejecución de las opciones de política arriba mencionadas, será muy difícil alcanzar diversidad en los contenidos ofrecidos, rasgo del que depende que se organice una oferta realmente atractiva que justifique ante la ciudadanía una adopción que, llegado el momento del apagón, será compulsiva. Es necesario trascender la simple mejora cuantitativa aportando programación diversa, innovadora, de calidad y fundamentalmente en abierto (la gratuidad se ha revelado central en los casos de rápida adopción). Ello puede conseguirse sólo si existe un reparto equilibrado de las frecuencias y un control objetivo por parte de una autoridad audiovisual independiente.

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Pero también depende de asumir seriamente las implicaciones de las posibilidades y limitaciones técnicas del servicio. Si bien es verdad que en Europa existe cierto consenso en torno a la decisión de mantener el estándar de compresión MPEG-2 para el despegue definitivo de la televisión digital, principalmente por compatibilidad con la base instalada y las inversiones ya realizadas en el sector, también es no menos cierto que aunque este estándar de compresión provee una calidad digital terrestre sumamente digna, no habilita HDTV para el directo si se quiere aprovechar al máximo el espectro. Es decir, si se pretenden tener cuatro canales por múltiple. Francia comprendió a tiempo que las dotes superiores de compresión del MPEG-4 permitirán mayor calidad con menor ancho de banda, reconvirtiendo su retraso en la implantación de la TDT en una nueva oportunidad. De modo que, en conexión directa con la cantidad y tipo de agentes que beneficie el reparto de frecuencias mencionado, la política debe tener muy en cuenta que cualquier servicio de valor añadido o contenidos premium en alta calidad, por no hablar de interactividad, dependerá del ancho de banda asignado. De poco vale traducir una explotación intensiva del espectro en multiplicidad de operadores si el resultado final de la oferta no va a verse mejorado. Es posible argumentar, sobre todo en ámbitos de cobertura reducida como el local, que una oferta razonable no precisa alta calidad de difusión. El interrogante, en todo caso, es si quien en realidad lo necesita no es el modelo de negocio, puesto que una TDT montada bajo la compresión MPEG-2 tendrá buena calidad pero con ciertas limitaciones. Limitaciones que pueden ser nefastas si, como ocurriera en el caso español, cinco operadores se ven obligados a compartir un múltiple, ya que por ejemplo, ventajas tales como el formato 16:9 no pueden aprovecharse. Apoyo sin contradicciones al servicio público para convertirlo en líder y referente Indiscutiblemente, la preservación del servicio público, concebido en términos amplios, es un pilar fundamental para alcanzar los objetivos de pluralismo y participación ciudadana mencionados. Su presencia en la explotación del servicio contribuye con el mencionado equilibrio en las estructuras de la propiedad, mientras que el ejercicio responsable de su misión lo coloca como referente de calidad. De la misma manera, su organización y funcionamiento democrático contribuyen con la mejora del acceso y la participación ciudadana a través de mecanismos tales como el ofrecimiento de una cobertura universal, el dictado de cuotas de producción y difusión independiente y regional o la presencia de representantes de los distintos colectivos sociales en sus órganos de gestión y control. Para que lo anterior sea posible es indispensable un servicio público con una clara misión, traducida en derechos y obligaciones, debidamente financiado y organizado de manera representativa, autónoma y participativa. Frente a la manifiesta incapacidad del mercado para promover una relativamente rápida e igualitaria introducción del servicio, se justifica la existencia

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de un servicio público fuerte que actúe liderando el proceso para permitir su desarrollo y compensar las desigualdades que se generen. Por otra parte, como bien señala Perales (2003) para el caso español, ante la posibilidad de que las televisiones privadas acaben orientándose fuertemente al modelo temático de pago por razones de viabilidad económica, la televisión pública puede construirse a medio plazo en la única garantía de existencia de una televisión generalista en abierto. Promoción de un modelo de negocio viable En función de lo hasta aquí mencionado, la política deberá propiciar la fórmula de financiamiento adecuada que permita a los agentes implicados desarrollar un modelo de negocio estable y viable para hacer realidad la oferta y obligaciones mencionadas. Ello supone, además de dotar al servicio público de fortaleza financiera y, probablemente, autorizar vías de ingresos distintas a las tradicionales, repartir progresiva y equitativamente los costes de la migración hacia la TDT entre los agentes implicados. Ello puede lograrse a través de medidas que fomenten tanto la oferta (beneficios fiscales, créditos blandos) como la demanda (subvenciones para la renovación de equipamiento, campañas de información), que según el caso, alivien o trasvasen el peso económico. Garantía de acceso universal y aliento a la participación ciudadana Finalmente, la política de TDT debe garantizar el acceso universal al servicio. Esto es, lograr no sólo que su señal esté disponible en todo el territorio nacional sino que la población pueda recibirla en condiciones al contar con el equipamiento adecuado, que tal recepción se materialice en una oferta con amplia gama de elección y que el destinatario pueda intervenir en ella (en directo, haciendo llegar sus comentarios etc.). Pero además, debe esforzarse por promover la participación de la ciudadanía no sólo en la producción de los mensajes (para lo cual el servicio público se erige como un mecanismo concreto) sino, idealmente, en el nivel superior de la formulación misma de políticas. En síntesis, la instauración de un modelo democrático de TDT depende de la ejecución de políticas que tengan por objetivo ir superando los distintos niveles que conforman el acceso al servicio y su participación, señalados precisamente en la propuesta metodológica de este trabajo como parámetros de democratización. Es más, en aquellos países con baja penetración de ordenadores (y conexión a banda ancha) por hogar, pero presencia cuasi universal de receptores de televisión, la TDT podría suponer un medio alternativo para el acceso a los servicios de la SI. Aunque por supuesto, ello supondría trascender la actuación sobre la TDT remitiendo a la necesidad de optar por un modelo de SI democrático y plural que, en definitiva, esté sostenido por un modelo de sociedad más justo y solidario.

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COLECCIÓN POLITEYA, ESTUDIOS DE POLÍTICA Y SOCIEDAD

TÍTULOS PUBLICADOS

A las puertas del que probablemente será el mayor reto tecnológico para la televisión desde su aparición, el fin de las emisiones hertzianas analógicas, los desafíos económicos y sociales, pero también políticos que lo acompañan son aún mayores. Esta obra pretende ponerlos de manifiesto a través de un análisis comparado cuyo objetivo es llamar la atención sobre la trascendencia de decisiones que ni son simplemente técnicas, ni pueden desligarse del camino audiovisual ya transitado. Así pues, bajo este prisma, el libro examina las políticas públicas aplicadas a la implantación de la TDT en España y el Reino Unido, desde sus orígenes y hasta finales de 2006, en el contexto más amplio de la actuación de la Unión Europea respecto del sector. El objetivo último: analizar su contribución a la democratización del servicio. Ya que si es posible conectar los modelos de política de comunicación y cultura con opciones determinadas de sociedad, es crucial para el futuro conocer los criterios según los cuales se sustituirá la modalidad audiovisual más extendida entre la población para dilucidar en qué medida podrán aprovecharse las potencialidades que acompañan a la TDT.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL

1 Salvador Giner y Luis Moreno (compiladores), Sociología en España. (1990). Sociology in Spain. (edición inglesa). (1990). 2 Teresa González de la Fe (coord.), Sociología: unidad y diversidad. (1991). 3 Rafael Llano, La sociología comprensiva como teoría de la cultura. Un análisis de las categorías fundamentales del pensamiento de Max Weber. (1992). 4 Luis Moreno (compilador), intercambio social y desarrollo del bienestar. (1993). Social exchange and welfare development, (edición inglesa). (1993). 5 Ramón Mendoza Berjano, María Reyes Sagrera Pérez y Joan Manuel Batista Foguet, Conductas de los escolares españoles relacionadas con la salud. (1986-1990). (1994). 6 José Luis Curbelo, Francisco Alburquerque, Carlos A. de Mattos y Juan Ramón Cuadrado (ed.) Territorios en transformación. (Análisis y propuestas). (1994). 7 Sebastià Sarasa y Luis Moreno (compiladores), El estado del bienestar en la Europa del sur. (1995). 8 Luis Moreno, Escocia, nación y razón. (Dos milenios de política y sociedad). (1995). 9 Daniel Borrillo (ed.) Genes en el estrado. Límites jurídicos e implicaciones sociales del desarrollo de la genética humana. (1996). 10 Luis Moreno (compilador), Unión Europea y estado del bienestar. (1997). 11 Thierry Desrues y Eduardo Moyano (coord.), Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión desde las dos orillas. (1997). 12 Alain-G. Gagnon, Quebec y el federalismo canadiense. (1998). 13 Clemente J. Navarro Yáñez, El sesgo participativo. Innovación democrática en municipios del sur de Europa (1960-1995). (1999). 14 Manuel Pérez Yruela, José Mª Sumpsi, Isabel Bardají y Mª del Mar Giménez Guerrero, La nueva concepción del desarrollo rural: estudio de casos. (2000). 15 Rafael Serrano del Rosal, Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo. (2000). 16 Ángel Paniagua Mazorra (ed.) Naturaleza, agricultura y política agroambiental en España. (2000). 17 Luis Moreno (ed.), Pobreza y exclusión: La “Malla de Seguridad” en España. (2001). 18 Manuel Pérez Yruela, Hilario Sáez Méndez y Manuel Trujillo Carmona, Pobreza y exclusión social en Andalucía. (2002). 19 Eduardo González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder. (2002). 20 Manuel Pérez Yruela, Gregorio Rodríguez Cabrero y Manuel Trujillo Carmona, Pobreza y exclusión social en el Principado de Asturias. (2004). 21 Ángeles Escriva y Natalia Ribas (coords), Migración y desarrollo: estudio. (2004). 22 Manuel Pérez Yruela y Sebastian Rinken, La integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza. (2005). 23 Vicente Rodríguez Rodríguez, María Ángeles Casado Díaz y Andreas Huber, La migración de europeos retirados en España. (2005). 24 Gregorio Rodríguez Cabrero, Ana Arriba, Vicente Marbán y Olga Salido, Actores sociales y reformas del bienestar. (2005). 25 Manuel Fernández Esquinas y Jorge Ruiz Ruiz, Los jóvenes y la creación de empresas. Actitudes y comportamientos emprendedores en la juventud andaluza. (2006).

Mª Trinidad García Leiva, Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido becaria de investigación del Ministerio de Educación, visitante académico en la Universidad de Oxford y profesora en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid.

ISBN 84-00-08652-7

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

9 788400 086527

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POLÍTICAS PÚBLICAS Y TELEVISIÓN DIGITAL. EL CASO DE LA TDT EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO

Colección Politeya Dirigida por: Luis Moreno

Mª TRINIDAD GARCÍA LEIVA

Ilustración de la cubierta: Electrónica Ilustración cedida por: Ángel Adeva