La Patagonia: de la guerra de Malvinas al final de la familia ypefiana 9789876300285

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La Patagonia

Veinticinco años, vveinticinco einticinco libr os libros El ciclo político inaugurado en Argentina a fines de 1983 se abrió bajo el auspicio de generosas promesas de justicia, renovación de la vida pública y ampliación de la ciudadanía, y conoció logros y retrocesos, fortalezas y desmayos, sobresaltos, obstáculos y reveses, en los más diversos planos, a lo largo de todos estos años. Que fueron años de fuertes transformaciones de los esquemas productivos y de la estructura social, de importantes cambios en la vida pública y privada, de desarrollo de nuevas formas de la vida colectiva, de actividad cultural y de consumo y también de expansión, hasta niveles nunca antes conocidos en nuestra historia, de la pobreza y la miseria. Hoy, veinticinco años después, nos ha parecido interesante el ejercicio de tratar de revisar estos resultados a través de la publicación de esta colección de veinticinco libros, escritos por académicos dedicados al estudio de diversos planos de la vida social argentina para un público amplio y no necesariamente experto. La misma tiene la pretensión de contribuir al conocimiento general de estos procesos y a la necesaria discusión colectiva sobre estos problemas. De este modo, dos instituciones públicas argentinas, la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional de General Sarmiento, a través de su Instituto del Desarrollo Humano, cumplen, nos parece, con su deber de contribuir con el fortalecimiento de los resortes cognoscitivos y conceptuales, argumentativos y polémicos, de la democracia conquistada hace un cuarto de siglo, y de la que los infortunios y los problemas de cada día nos revelan los déficits y los desafíos.

Ernesto Bohoslavsky Colaboración de Valeria Galván

La Patagonia de la guerra de Malvinas al final de la familia ypefiana

Ernesto Bohoslavsky La Patagonia : de la guerra de Malvinas al final de la familia ypefiana. - 1a ed. - Los Polvorines : Univ. Nacional de General Sarmiento ; Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2008. 112 p. ; 20 x 14 cm. - (Colección “25 años, 25 libros”; 7) ISBN 978-987-630-028-5 1. Historia Argentina I. Título CDD 982

Colección “25 años, 25 libros” Dirección de la colección: Horacio González y Eduardo Rinesi Coordinación general: Gabriel Vommaro Comité editorial: Pablo Bonaldi, Osvaldo Iazzetta, María Pia López, María Cecilia Pereira, Germán Pérez, Aída Quintar, Gustavo Seijo y Daniela Soldano Diseño editorial y tapas: Alejandro Truant Diagramación: José Ricciardi Ilustración de tapa: Juan Bobillo © Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008 Gutiérrez 1150, Los Polvorines. Tel.: (5411) 4469-7507 www.ungs.edu.ar © Biblioteca Nacional, 2008 Agüero 2502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4808-6000 [email protected] ISBN 978-987-630-028-5 Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión o digital en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma, sin autorización expresa de los editores. Impreso en Argentina - Printed in Argentina Hecho el depósito que marca la ley 11.723

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Introducción

Perdí todas mis apuestas. Sólo queda la Patagonia, que convenga a mi inmensa tristeza, la Patagonia y un viaje por los Mares del Sur. Estoy en camino, siempre he estado en camino. Blaise Cendrars Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France (1913)

Desde que en 1520 Antonio Pigafetta, cronista italiano de la expedición de Fernando de Magallanes, describió a horrorosos gigantes de tres metros de altura, hasta los actuales paleontólogos y cazadores de fósiles, la Patagonia es el lugar en que lo exótico y lo desmedido son, paradójicamente, lo habitual. La marca de la desmesura ha teñido las referencias a la Patagonia desde que los primeros ojos occidentales se posaron sobre ella hace casi cinco siglos y no ha dejado de acompañarla desde entonces: los dinosaurios más grandes de la Tierra, la mayor reserva de agua dulce, la violencia más descarnada, los paisajes más sobrecogedores, etc. Los argentinos no han sido inmunes a esa fascinación por el sur. Por el contrario, han sido promotores y entusiastas defensores de la idea de que allí reside lo extraordinario, seguramente en un intento destinado a confirmarse a sí mismos la supuesta normalidad que tendrían quienes no viven en la Patagonia, la aparente racionalidad de sus costumbres y el carácter civilizado de su geografía. ¿Cómo es posible pensar y analizar, entonces, lo ocurrido en tierras reiteradamente señaladas como fabulosas, encantadoras y míticas? Una parte de las ciencias sociales practicadas en nuestro país ha intentado enfrentarse a esa tarea, ofreciendo investigaciones rigurosas sobre las realidades sociales, productivas y económicas del sur actual y de su historia de los últimos siglos. Muchas de esas producciones han resultado de incalculable valor para la re-

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dacción de este volumen que pretende actuar como una apretada síntesis del período que transcurre entre la finalización del conflicto por las islas Malvinas en 1982 hasta la actualidad. El lector no dejará de notar que está frente al único libro de esta colección que toma por objeto de estudio a una región y no a un problema, a un grupo social, a un partido político o a otro tipo de institución. ¿A qué obedece ese particular privilegio de las provincias del sur, en desmedro de otras más pobladas, más ricas, más antiguas y más relevantes? Quizás una respuesta que se pueda arriesgar es que la Patagonia del último cuarto de siglo actúa como una versión extrema de ciertos fenómenos nacionales: todo allí aparece más agravado e intenso. Da la impresión de que las esperanzas mesiánicas sobre sus riquezas naturales, la violencia y la desarticulación social, la depredación humana y natural, así como muchos otros fenómenos e impresiones que han recorrido el país en los últimos 25 años, en el sur se pueden encontrar redoblados. De allí que este libro parta de la esperanza de que los lectores no necesariamente interesados en la historia reciente de la Patagonia puedan, en cambio, leer estas páginas con otro provecho, esto es, como una metáfora de Argentina, como un espejo un poco deformado y deformante con respecto a la realidad del país todo.

Las novedades del período ¿Cuáles son las grandes líneas directrices que parecen descubrirse en este período de vida patagónica? Una novedad de relevancia para la historia patagónica afecta a los aspectos políticos. A diferencia de lo ocurrido en las demás provincias, al sur del país nunca se habían acumulado dos mandatos constitucionales de gobernadores. Si bien en 1962 hubo elecciones provinciales, los vencedores no pudieron asumir debido al golpe de Estado que ese año desplazó al presidente Arturo Frondizi. Es decir, en los 30 años que van desde la provincialización de los territorios nacionales concretada tras la caída de Perón y 1987, nunca en la Patagonia un gobernador electo le había entregado el mando a otro también proveniente de

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una contienda electoral (Tierra del Fuego tuvo que esperar a 1995 para sumarse a esta tendencia, año en el que el gobernador José Estabillo obtuvo su reelección). También en la dimensión política, otra novedad es que los patagónicos han aportado algunos dirigentes de peso nacional. Entre ellos se destacan, obviamente, Néstor Kirchner, por doce años gobernador de Santa Cruz antes de ser elegido presidente en 2003, y Cristina Fernández, representante en el Parlamento nacional de esa provincia antes de ser presidenta. Pero a la lista hay que sumar al candidato radical a la presidencia en 1995 y gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, al doce años gobernador de Neuquén y candidato a la presidencia en 2007, Jorge Sobisch, al actual presidente del bloque de senadores del kirchnerismo, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto y a la diputada Marta Maffei, fogueada durante las décadas de 1970 y 1980 en el gremio de maestros en Neuquén y posteriormente secretaria general de CTERA. Para una región que exhibía como único antecedente destacado en la vida política nacional a un senador nacional, José María Guido, que había sido presidente durante un año y medio con motivo de la acefalía producida en 1962, parece haber aquí una modificación relevante en términos del peso y la aportación de figuras del sur a la política argentina. Pero la Patagonia ha impactado en la vida política no sólo por el peso político y las responsabilidades públicas que asumieron hombres y mujeres de allí provenientes. La tercera dimensión novedosa que este libro procurará ilustrar es que muchos de los problemas y sucesos vividos en el sur así como las modalidades de resistencia social allí desarrolladas, han terminado por impactar directamente sobre la política nacional. El asesinato del conscripto Omar Carrasco en 1994 en un cuartel de Zapala (Neuquén) generó un efecto político y social de tal envergadura que llevó a la eliminación del servicio militar obligatorio. Pero hay más y más importantes ejemplos. Entre ellos cabe destacar los numerosos conflictos protagonizados por trabajadores de la educación y del petróleo de la Patagonia a lo largo del último cuarto de siglo. Pocos adivinaron el impacto que iba a tener la actividad desplegada en 1996 por grupos de hombres y mujeres desempleados o

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sometidos a condiciones muy precarias de inserción laboral, que cortaron la ruta 22 en las inmediaciones de Cutral Có y Plaza Huincul, exigiendo mejores condiciones de vida y atención por parte del estado neuquino. Allí, y en las tierras también petroleras de Tartagal, en el norte, podemos encontrar uno de los orígenes del actor piquetero, que ha influido notoriamente en el tipo y el tono de actividad política desarrollada en el país en los últimos diez años. Desalojados del ámbito en el que tradicionalmente los trabajadores hacían llegar sus reclamos y protestas (el espacio laboral y productivo), los desempleados inventaron una nueva modalidad (el corte de ruta o de calles, impidiendo la circulación de personas y mercaderías), se dirigieron a un nuevo interlocutor (el Estado en sus distintos niveles) y plantearon una nueva agenda (obtención de planes de emergencia y de fondos para proyectos productivos o comunitarios, generación de empleo genuino, etc.). Esta experiencia se ha visto replicada a lo largo y ancho del país, al calor de la crisis económica vivida desde finales de la década de 1990 e inicios de la siguiente. Pero quizá la principal novedad en la historia reciente de la Patagonia sea la transformación económico-política producida a causa de la reubicación y transformación del modelo de desarrollo estadocéntrico. Aunque retrasado con respecto a lo que ocurría en el nivel nacional, el proceso de reforma del Estado iniciado en la década de 1990 implicó para la Patagonia una alteración radical de las condiciones globales en que se llevaban adelante la producción económica y la reproducción social y simbólica de sus habitantes. La privatización de las explotaciones estatales de petróleo, carbón, gas y minería del hierro así como la reducción o eliminación de la actividad ferroviaria y de otras empresas públicas, impactaron gravemente en la estructura regional, quizá con una intensidad y profundidad mayores a las vividas en otras regiones del país en las que el sector privado pudo ofrecer algún paliativo o “colchón” social, laboral o productivo ante la retirada económica del Estado. Lo que evidenció el rápido cambio de orientación macroeconómica fue la debilidad congénita de las economías patagónicas para afirmar actividades económicas que fueran

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sustentables y autónomas con respecto al decisivo apoyo estatal. Décadas de proteccionismo y subsidio permanente habían insensibilizado a muchos agentes económicos a los estímulos del mercado, pero también habían conseguido incrementar los volúmenes de población allí residente.

Una tierra constr uida desde el Estado construida La conmoción generada por las reformas de la década de 1990 en la Patagonia guarda relación con el predominante lugar que, en aquellas tierras, tuvieron desde fines del siglo XIX las agencias y empresas estatales en la configuración productiva, la generación de empleo, la inversión y la formación de identidades. Primero fue la decisión en 1879 de desterrar de ella a las sociedades indígenas allí instaladas y sus circuitos de apropiación, consumo, circulación y venta de ganado. La “Conquista del Desierto” le brindó al fisco nacional un fondo cuantiosísimo de tierras, extendidas desde el centro de la provincia de Buenos Aires, pasando por el sur de Córdoba y hasta la Cordillera de los Andes. Los gobernantes entregaron buena parte de esa tierra a manos privadas, permitiendo y estimulando el desarrollo del latifundismo en la región, salvo contadas excepciones. El Estado fue el que ordenó tapizar la Patagonia de asentamientos militares, vías férreas y líneas de telégrafo en ocasión de los litigios con Chile, en el paso del siglo XIX al XX, y después de la década de 1930. La gendarmería, creada en 1938, fue destinada a custodiar principalmente las fronteras del sur. Las autoridades de cada uno de los territorios nacionales creados en el sur eran nombradas directamente por el Poder Ejecutivo Nacional entre 1884 y 1957. Desde 1920 la Patagonia había sido formateada, diseñada, imaginada y construida siguiendo un patrón productivo y político centrado en la noción de soberanía estatal-nacional. Seguridad y energía fueron las claves para entender a la región entre el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen y el de Raúl Alfonsín. Después de la creación en 1922 de la empresa nacional de explotación de

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hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se multiplicaron las inversiones e intervenciones estatales en espacios que no eran provincias sino territorios nacionales, carentes de autonomía administrativa y política. Probablemente la inauguración en 1931 del puente ferro-carretero sobre el río Negro que unió a Carmen de Patagones con Viedma constituye un buen ejemplo de un tiempo en que se aspiraba a vincular a la Patagonia con el resto del país. Ese puente puede ser visto como el pistoletazo de una carrera por la (re)ocupación física de la Patagonia, puesto que el ferrocarril no se detuvo en Viedma, sino que tres años después unió Plaza Constitución con el nuevo centro turístico, San Carlos de Bariloche. Allí, la Administración de Parques Nacionales creó el majestuoso hotel Llao Llao y la infraestructura portuaria para navegar por el lago Nahuel Huapi. En esa misma década se construyeron el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti y el tren de trocha angosta (“la trochita”) que todavía hoy conecta la localidad de Ingeniero Jacobacci, en la línea sur rionegrina, con Esquel, en Chubut. Las nuevas carreteras o el asfaltado de las viejas, completaron el panorama de tendido de vías y caminos en el sur. Las rutas 40 y 3, una bordeando el Atlántico, la otra sobre el pie cordillerano, testimoniaban la voluntad estatal de mantener unida la región al resto del país, facilitando el traslado de personas y mercaderías, tropas y pertrechos. La explotación carbonífera desde la década de 1940, siguiendo un modo de organización fordista, estaba destinada a suplantar a uno de los bienes importados que insumían más divisas. Pero simultáneamente la Patagonia era el vértice sobre el que se agolpaban los deseos geopolíticos y las aspiraciones de millones de argentinos. Considerado por décadas el eslabón débil de la nación, el sur fue el espacio regional que suscitó mayores aprensiones militares a lo largo del último siglo y medio en Argentina por su vulnerabilidad defensiva ante la codicia extranjera. Los aprontes bélicos con Chile en 1978 y la guerra de Malvinas en 1982 vinieron a testimoniar la exasperación de los miedos y las angustias sobre el sur así como la convicción de que la corporación castrense debía jugar un rol trascendental en su desarrollo y

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en la conservación o promoción de su autarquía y soberanía. Paradójicamente, serán estas instituciones guardianas de la Patagonia las que terminarán volviéndose contra sus habitantes: el envío de sus jóvenes conscriptos a las islas, los apagones urbanos y la aceptación de la disciplina de guerra fueron algunos de los precios que se debieron pagar. La destrucción del pavimento de la ruta 3 debido al tránsito de tanques en 1982 con destino a las guarniciones del sur, es probablemente la mejor metáfora del paso devastador de las fuerzas armadas por el sur (paradójicamente, fue la anterior dictadura la que promovió el asfaltado de esa ruta como parte de la integración regional planificada). Aquellos que vivieron la experiencia del conflicto bélico en la Patagonia recordarán los simulacros de bombardeo y el permanente adoctrinamiento patriotero, al cual, por otro lado, una parte de la población habría reaccionado muy positivamente (tanto en ocasión de la guerra como en la escalada bélica con Chile, que tan fuertemente impactó en la vida cotidiana patagónica al reverdecer miedos y tensiones al interior de las localidades y familias allí asentadas). Las delegaciones de Vialidad Nacional, las minas de carbón y de hierro, los puertos, los cuarteles militares, las represas hidroeléctricas, los parques nacionales, los puentes, el Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche, la planta de agua pesada de Arroyito, los gasoductos, los aeropuertos, las vías férreas y los puestos fronterizos: todos ellos constituían los nodos de la densa red de la geografía estatal patagónica desplegada afiebradamente entre la década de 1920 y finales de la de 1980. Ésa es la Patagonia que, si no desapareció, hoy al menos parece haberse erosionado hasta el punto de tornarse un pálido e idealizado recuerdo de sus orígenes. Los impactos más importantes del desmantelamiento abrupto y radical de este modelo estatal-productivo en los 90 fueron de tono social y económico. Entre los primeros se cuentan un proceso de desertización social (expresado en una caída vertical de las condiciones de vida del grueso de los habitantes, un incremento del desempleo e incluso la reducción de la cantidad de habitantes en algunos núcleos urbanos), una tendencia a que queden cada vez más resquebrajadas, particularizadas e individualizadas las identida-

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des y las formas de sociabilidad que antaño estaban afincadas en los ámbitos laborales, así como un incremento notorio de los conflictos y resistencias protagonizados por los sindicatos que agrupan a los asalariados del Estado (empleados públicos y personal de las áreas de educación y salud, principalmente) ante los procesos de ajuste presupuestario con los que se intentó frenar las crisis fiscales de la nación y de las provincias. Entre los efectos económicos hay que mencionar un proceso de desindustrialización, una vuelta a las actividades primarias y extractivas y una apertura indiscriminada a las inversiones sobre todo a aquellas caracterizadas por un accionar social y ecológicamente depredador (el mejor ejemplo es la minería del oro), que han tendido a fortalecer la concentración y la extranjerización de la propiedad y los procesos productivos. La producción literaria y cinematográfica de las últimas dos décadas registró estas modificaciones, muchas veces drásticas, en las prácticas sociales y económicas desarrolladas en la Patagonia.

Una periodización posible Periodizar, como se sabe, es el juego favorito de los historiadores. Dividir el tiempo, ordenarlo, dotarlo de sentido, agrupar hechos y etiquetarlos son algunas de las tareas a las que más se dedica este gremio. Si esta parte del trabajo es la que genera más debates y reparos, téngase en cuenta que éstos son todavía mayores cuando se trata de abordar la historia reciente, esto es, aquellos procesos que se caracterizan por estar inconclusos. Atendiendo a esta advertencia sobre el carácter inevitablemente discutible e inconcluso de esta propuesta, este libro parte de la idea de que la historia del último cuarto de siglo de la Patagonia puede ser dividida en la siguiente serie de etapas:

· Una primera, que va desde el retorno de la democracia hasta finales de 1987. Contiene los estertores del modelo de desarrollo estadocéntrico, que tenía por abanderada a la empresa YPF. En este período, enmarcado por el predominio electoral del radicalismo a nivel nacional y los éxitos alcanza-

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dos en la aplicación del Plan Austral prevalecen las continuidades y la inercia por sobre las nuevas propuestas de cuño neoliberal. Se mantienen los subsidios y los regímenes de promoción industrial como parte de una estrategia orientada a estimular una región a la que se consideraba demasiado estratégica como para cedérsela a las fuerzas del mercado. La supervivencia de las empresas públicas ligadas a la energía y de los grandes proyectos regionales de desarrollo (por ejemplo, las obras hidroeléctricas) evidencia la capacidad de presión de las fuerzas armadas para imponer parte de su agenda sobre el gobierno civil en lo que se refiere a industrias sensibles. Es en este período que se puso en marcha el último gran proyecto de ocupación estatal de la Patagonia: el traslado de la Capital Federal a Viedma, en 1986. · Una segunda etapa que se extiende desde finales de 1987 hasta mediados de la década de 1990. En términos políticos se inicia con el triunfo del Partido Justicialista (PJ) en las elecciones para diputados y gobernadores de 1987 y el descalabro económico-político en el que acabó el gobierno de Raúl Alfonsín. Este cambio político fue el que permitió el giro copernicano en lo referido a la macroeconomía del país en general y de la Patagonia en particular. La reorientación se expresó tanto en la aplicación de reformas y ajustes del Estado nacional –sobre todo la privatización de empresas públicas que tenían un impacto directo sobre la economía y la generación de empleo de la región– como en la aplicación un poco más tardía de los ajustes fiscales en el nivel provincial. Este período está caracterizado por la fuerza, rapidez y profundidad de los cambios, que fueron respaldados –abierta o silenciosamente– por buena parte de la población nacional y patagónica, convencida a partir de los procesos hiperinflacionarios de 1989 de la inviabilidad del anterior patrón de desarrollo y de la necesidad de encontrar nuevas estrategias de crecimiento. La rígida paridad cambiaria entre el peso y el dólar implementada por la Ley de Convertibilidad de 1991 les restó competitividad a los bienes exportados por la Patagonia y, por el contrario,

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estimuló la importación de bienes, generando una retroalimentación económica negativa. · La tercera etapa se extiende desde fines de la década de 1990 hasta los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. La principal característica de este período es que se hacen explícitas las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales de desregulación y privatización. El empobrecimiento no es sólo un dato de los boletines estadísticos sino una convicción de la población patagónica, que comienza a practicar formas de protesta –algunas novedosas– contra la profundización de los planes de ajuste y la desocupación. La violenta irrupción política de las agrupaciones de desempleados y de los sindicatos de empleados públicos testimonia, simultáneamente, hasta qué punto había calado hondo la nueva orientación económica y cuáles fueron las resistencias que encontró. Si en el período anterior las innovaciones arrasaron con las fragmentadas oposiciones sociales, políticas y corporativas, desde finales de la década del 1990 la agenda de reformas neoliberales pasó a la defensiva frente al crecimiento de sus detractores. · Finalmente, los últimos años constituyen un nuevo período en la historia patagónica, tributario de la modificación de las grandes variables de la economía nacional tras la devaluación del año 2002. La recesión y el desempleo han retrocedido a causa de la pujanza de un conjunto de actividades económicas ligadas al turismo y la exportación de bienes primarios, actividades que en los años anteriores habían sufrido un acelerado proceso de extranjerización y concentración. Sin embargo, este proceso de recuperación económica no parece haber tenido la fuerza suficiente para recobrar los indicadores de desarrollo humano desbarrancados en torno a la crisis de finales de 2001, a la par que ha abierto interrogantes sobre la sustentabilidad futura de este patrón de crecimiento. Es que esta nueva orientación descansa, en muchos casos, en un uso intensivo y depredador de los recursos naturales, en la incorporación de muy poco valor in situ, en escasa generación de empleo y en una explotación del subsuelo a partir de decisiones exclusivamente

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basadas en la búsqueda del lucro por parte de actores económicos extranjeros, con el aval y la aquiescencia de autoridades provinciales y nacionales.

El escenario Antes de adentrarnos con más detalle en sobre los últimos 25 años de vida patagónica, permítasenos una breve recorrida por los escenarios sobre los que el lector verá desarrollarse la acción. El primer punto a abordar: ¿qué es la Patagonia?, ¿cuáles son sus límites?, ¿quiénes y qué regiones la conforman? Estas preguntas no son ociosas ni sencillas: sus respuestas no son fáciles ni permanentes dado que no ha habido siempre una relación directa entre, por así decir, el nombre y la cosa. Por ejemplo, hay una región en el extremo sur de Chile que también suele recibir el nombre de Patagonia. En Argentina han sido varias las propuestas para recortar algo llamado Patagonia. Por comodidad, en este libro nos referiremos a los territorios situados al sur de los ríos Colorado y Barrancas, incluyendo a las islas de Tierra del Fuego y del Atlántico Sur y el municipio de Carmen de Patagones, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Esto significa usar un criterio histórico y no administrativo, ya que desde 1996 se ha constituido la Región Patagónica, que abarca a las cinco provincias tradicionalmente concebidas como patagónicas (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego) además de la provincia de La Pampa. Esto no quita que en otras interpretaciones se considere que la isla de Tierra del Fuego y el resto del archipiélago atlántico sur no forman parte de la Patagonia, o que deba considerarse a las regiones australes argentinas y chilenas de manera conjunta, desdeñando las fronteras nacionales. En estas cinco provincias hay en la actualidad poco más de cien municipios constituidos y unas cincuenta comunas. La existencia de estos entes municipales testimonia la impresionante tasa de crecimiento demográfico que tuvo la Patagonia desde los tiempos del primer peronismo, mucho mayor que la nacional. Mientras que en 1980 cerca de un millón de personas vivían al sur del río Negro, no

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es descabellado pensar que en la actualidad suman el doble. Esta variación demográfica tuvo fuertes impactos a nivel laboral, social y político. Munidos de la convicción de que en la Patagonia era posible vivir mejor, miles de argentinos (y de chilenos) se radicaron en la región, especialmente a partir de la década de 1960, buscando un empleo y la posibilidad de empezar una nueva vida. Dentro de ese amplio conjunto de LLyQ (“llegados y quedados” como se les conoce en la zona) se contaban jóvenes profesionales seducidos por las posibilidades laborales abiertas por la creación y ampliación de los nuevos estados provinciales y las empresas públicas, trabajadores de la construcción y de actividades ligadas al petróleo y la fruticultura así como aquellos que buscaban un contacto más directo y permanente con la naturaleza o, sencillamente, una vida menos convulsionada. La percepción de que el sur era la tierra de promisión –creencia de larga y profunda raigambre en la imaginación argentina– se mantuvo en pie hasta mediados de la década de 1980. Un mercado laboral caracterizado por el peso de la población aluvional y una demanda en apariencia inagotable combinado con una sociedad en la que los linajes familiares y las tradiciones locales parecían tener escaso peso, se unían para convencer a los recién llegados de que la Patagonia era una tierra en la cual podían crecer en términos laborales y simultáneamente obtener un reconocimiento que en las áreas más pobladas del país les resultaría mucho más arduo. La esperanza de que el paso que mediaba entre el deseo y el logro fuera menor en el sur que en las provincias del norte o en las áreas metropolitanas estimuló a miles de proyectos individuales y familiares, pero también a las políticas públicas. El caso de la ciudad de Neuquén es especialmente impactante al respecto: los 45.000 habitantes que albergaba en 1970, diez años después habían pasado a ser 90.000 y unos 170.000 en 1990, en buena medida gracias a la continua llegada de migraciones (desde Chile, localidades del interior de la provincia y otros puntos del país) y por la rápida reducción de la tasa de mortalidad merced al mantenimiento y expansión del sistema sanitario. La isla de Tierra del Fuego tenía en 1980 unos 30.000 habitantes, pero en la actualidad se

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supone que alberga a casi 120.000. Así y todo, el peso demográfico de la Patagonia en el total nacional es muy bajo: en 1980 no pasaba de 3,7% y en 2001 de 4,8%, a pesar de poseer más de un tercio del total del territorio nacional. Es decir, la población patagónica crece mucho más rápido que la nacional (es lo que ha ocurrido según indican todos los censos desde 1947), pero su punto de partida inicial era tan bajo en términos de volumen demográfico, que le llevará mucho tiempo convertirse en un área con una densidad poblacional parecida a la media nacional. Considérese, por ejemplo, que el partido de La Matanza, en el sudoeste del Gran Buenos Aires, albergaba en 2001 tantos habitantes como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro juntos. Pero si su relevancia demográfica es a todas luces baja, lo contrario puede decirse de su peso económico. A fines de la década de 1990, según Guillermo Gaudio, en la región se producía el 57% de la energía nacional, 85% del petróleo, 88% del gas y 100% del aluminio. En ese desbalance entre la importancia económica y su escualidez demográfica parecen residir algunas de las claves de la historia de la región.

Contenido Este volumen se compone de cinco capítulos: los tres primeros siguen estrictamente un orden cronológico y procuran mostrar las principales características de cada uno de los períodos recortados y discutir en qué medida fueron tributarios de la escena nacional o de fenómenos autónomos de esta región. Los dos últimos capítulos son temáticos. Uno se dedica a analizar los vaivenes de la vida política y electoral de las provincias patagónicas en el último cuarto de siglo. El otro procura ofrecer una entrada, necesariamente fragmentaria y provisional, a las cuestiones e imágenes utilizadas en películas, cuentos y novelas en las que aparece la Patagonia como escenario, tema de reflexión o excusa argumental. Tanto la referencia a sucesos históricos dramáticos y violentos (las huelgas rurales de Santa Cruz en 1921, la fuga y masacre de Trelew de 1972, la guerra de Malvinas) como los efectos sociales del violento giro en la economía política patagónica

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parecen ser los dos grandes tópicos sobre los que se ha concentrado la imaginación artística al referirse a la Patagonia. Los últimos años de la vida patagónica son analizados en las conclusiones: allí también se intenta dar cuenta de los principales desafíos y problemas que enfrenta la región en la actualidad y de cara al futuro. El lector encontrará en las páginas finales un listado de algunas de las películas producidas en los últimos 25 años, que tienen la particularidad de haber sido filmadas en la Patagonia y/o de tomar a la región como centro de su preocupación o indagación artística. Por último, se incluye una breve relación (de ninguna manera exhaustiva) de la bibliografía y sitios web a los que hemos recurrido para la redacción de este texto *** Agradezco a Pablo Bohoslavsky y a Marina Orman la atenta lectura de los borradores de este trabajo y las sugerencias que formularon. Lo propio debo hacer con los coordinadores de esta colección y los evaluadores. La razón de que Valeria Galván aparezca como colaboradora de la redacción de este libro y no como coautora reside exclusivamente en su tozuda e injustificada negativa a asumir ese rol: Valeria dedicó muchas horas a leer, escribir y corregir este texto. Su aporte ha sido esencial y quisiera que quede testimonio de mi agradecimiento por la tarea realizada. Los pocos aciertos que este volumen contenga quiero dedicárselos a mis padres, quienes tuvieron la ocurrencia genial y desesperada de ir a buscar una segunda oportunidad para su vida, la mía y la de mis hermanos a la Patagonia, así como la suficiente tenacidad para convertir esa intuición en frutos.

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Una inclusión y un Estado desfallecientes (1983/1987)

Y así fue como tuvo trabajo toda la vida acá, en YPF. Primero en el taller mecánico, donde hacía trabajos de soldadura y de herrería; después en el campo, entre las bombas de petróleo y las cigüeñas. Se jubiló como jefe de mantenimiento de producción. Toda la vida en la empresa. Y su mujer también; ella trabajaba en el sector administrativo. Hasta que se casaron, claro [...] Vino de joven a Cañadón Seco, bien a principios de los sesenta. El pueblo recién se armaba y la empresa era su columna vertebral, lo que le daba forma. [...] Esas cosas ayudaron a arraigarlo definitivamente en este lugar. La paga era buena, le daban casa, seguro social, y la empresa se encargaba de todo: de mandarle un técnico si se le rompía algo en la casa, de mandar un colectivo si su mujer quería ir a la peluquería en Caleta Olivia. Le organizaba la vida, lo cuidaba. María Sonia Cristoff

Desde 1920, y sobre todo desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la región patagónica fue colonizada por las agencias públicas. El Estado asumió que la Patagonia constituía un reservorio crucial para el desarrollo industrial del país, por lo que sus recursos debían ser urgentemente aprovechados y vigilados atendiendo primordialmente a las necesidades productivas metropolitanas. De allí que la explotación petrolera, gasífera y carbonífera realizada de manera directa por las empresas y organismos del Estado se convirtió en una misión que diversos gobiernos, de los más distintos signos ideológicos, vivieron como ineludible. Como ha mostrado Daniel Cabral Márquez, este modelo de desarrollo incrementó las disparidades regionales ya existentes pues subordinó a la Patagonia a la necesidad de abastecer de energía y productos primarios a las áreas centrales del país. Las empresas públicas o las decisiones políticas eran las que les otorgaban viabilidad a los emprendimientos productivos asentados en la región. Medidas de tinte desarrollista, basadas en la

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creencia muy compartida de que era necesario llevar adelante una planificación territorial para alcanzar el progreso económico impulsaron el dictado de legislación tributaria y tarifaria favorable a la radicación de empresas y la búsqueda del pleno empleo. La ineficiencia de muchas intervenciones estatales, los niveles de corrupción en las empresas estatales y la baja rentabilidad económica de la promoción industrial y de las ventajas impositivas allí desarrolladas fueron considerados precios tolerables hasta el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Hasta entonces era muy alto el peso del gasto público en la economía regional: no menos del 50% del PBI de Santa Cruz, Neuquén y Chubut era responsabilidad del Estado (nacional y provincial) y de sus empresas en la década de 1980. La experiencia cotidiana y la calidad de vida de miles de personas en la Patagonia descansaron, hasta fines de los años ochenta en sus relaciones con agencias y empresas públicas, que les brindaban no sólo beneficios materiales sino también pertenencias individuales y comunitarias. Los enclaves patagónicos de producción de energía y bienes se caracterizaban, según algunos analistas, por funcionar por décadas como company towns, es decir, se trataba de localidades reguladas en función de una única empresa o actividad productiva. Ésta tenía la capacidad para subsumir a otros patrones organizativos y actividades económicas y sociales. Las empresas estatales de este tipo no sólo se encargaban de explotar los recursos naturales (petróleo, gas, etc.) sino que también eran reconocidas como instrumentos del Estado de bienestar. El diseño urbano, los movimientos poblacionales, la cotidianidad doméstica y la vida cultural y comunitaria se organizaban a partir de estas actividades productivas. Las vidas de Cutral Có, Plaza Huincul, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Catriel y Caleta Olivia estaban configuradas en muy buena medida por la presencia de YPF. Ésta era la principal empleadora directa e indirecta por su demanda de servicios de exploración, de reparación de maquinaria, de venta de repuestos e insumos químicos, de transporte de personal, bienes y equipos, de provisión de comidas, de alojamien-

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to y de ropa de trabajo. Pero también era la encargada de proveer servicios de salud, educación, deportes, cultura, vivienda y seguridad, ámbitos de sociabilidad y entretenimiento a la “familia ypefiana” (una familia en la que las diferencias entre obreros manuales y el personal jerárquico estaban tan naturalizadas como aceptadas por sus miembros). Un testimonio de un ex-empleado de la empresa petrolera estatal en Chubut, recogido por Susana López, Mónica Gatica y Gonzalo Pérez Álvarez, muestra esta relación: Uno se siente parte de YPF, porque YPF era mucho más que una empresa para mi padre y para mí. Yo hasta los 33 nunca pagué un pasaje para ir a Buenos Aires porque me lo pagó YPF, nunca pagué una orden de consulta para un médico porque la obra social era integral, el hospital de YPF atendía 900 pacientes por día, te daban turnos tres veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche con todas las especialidades que existen, tenía un horario permanente de 24 horas al día, los 365 días del año de todas las especialidades [...] Yo me eduqué en una escuela de YPF, hice toda mi primaria, mi secundaria, yo me sentía parte y no me imaginaba mi vida por fuera de YPF.

La Patagonia fue uno de los ámbitos geográficos sobre los que más se concentró la planificación pública: el polo industrial textil creado en Trelew a finales de los años sesenta o la posterior instalación de plantas de armado de electrodomésticos en Ushuaia descansaban en iniciativas privadas que consiguieron sobrevivir a la política de libre importación implementada por la última dictadura. El personal ocupado en la actividad textil en Trelew se incrementó más de 200% entre 1970 y 1975, incorporando sobre todo mano de obra proveniente de otras provincias y de Chile. Los subsidios continuos del Estado central y de los provinciales les aseguraban a los empresarios industriales mercados cautivos y rentabilidad económica. Cuando esa protección desapareció o se redujo pocos años después, quedó demostrado que no se trataba de una tutela o de una incubadora que permitiría madurar la iniciativa privada hasta que tomara vuelo, sino que era una condición indispensable para su funcionamiento.

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Un coraz ón de energía y soberanía corazón Comodoro Rivadavia, El Chocón, Río Turbio, Cutral Co, Catriel, Loma de la Lata, Sierra Grande: todos ellos eran puntos clave de un mapa en el que simultáneamente se representaban las fuentes productoras de energía y de soberanía. Autarquía energética era sinónimo de independencia económica. La defensa nacional se medía en kilowatts y toneladas de acero y la soberanía se ponderaba por la cantidad de barriles de petróleo extraídos y refinados. En esta perspectiva, que alcanzó su acelerado final en la década de 1980, las empresas públicas, sus autoridades (muchas veces de origen militar) y sus empleados, constituían no solamente la cara de un Estado empresario e interventor, sino que eran imaginados (y se imaginaban a sí mismos) como una garantía de la ocupación nacional de la Patagonia y como traccionadores de esfuerzos, subsidios y personas hacia tierras naturalmente hostiles a la llegada de inversiones y pobladores. El complejo minero-energético patagónico encontró su punto máximo de desarrollo durante las últimas dictaduras: no fue casualidad que los regímenes conducidos por las fuerzas armadas mostraran esa fuerte preocupación por industrias consideradas estratégicas para la defensa nacional. Algunos datos y ejemplos apoyan esta idea. La primera carrera que se dictó en la Universidad Provincial de Neuquén fue Ingeniería en Petróleo. En 1978 se instaló uno de los proyectos creados por la fuerza aérea, la planta Aluminio Argentino (ALUAR) en Puerto Madryn, que se abastecía exclusivamente de la energía producida en la central hidroeléctrica de Futaleufú, cercana a la cordillera chubutense (a mediados de la década de 1990, ALUAR recibió la concesión de esa central). La empresa estatal Hidronor diseñaba, construía y gestionaba las represas hidroeléctricas de las cuencas cordilleranas. Los yacimientos de hierro de Sierra Grande, en el sudeste rionegrino, propiedad de HIPASAM, encontraban también por entonces su esplendor productivo: en la década de 1970 había casi 15.000 habitantes en el área de influencia de la mina, que dependían directa o indirectamente de la extracción de hierro de alta calidad.

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Esa producción constituía uno de los vértices de un triángulo del “país del acero” que incluía a los Altos Hornos Zapla en Jujuy y a la industria siderúrgica SOMISA en San Nicolás. El yacimiento de carbón de Río Turbio, en el límite con Chile, alcanzó en 1979 el máximo histórico de su producción: ese año se extrajeron 700.000 toneladas de mineral (diez años después una producción estancada y en crisis no superaba las 250.000 toneladas). Restablecido el sistema democrático a finales de 1983, se recuperaron libertades y garantías eliminadas en la década anterior, pero el panorama referido a la política económica no se modificó sustantivamente. La Patagonia siguió siendo un área clave para la mirada castrense y la geopolítica, por lo que el Estado nacional no desinvirtió en la región ni la dejó librada a las fuerzas del mercado. Por el contrario, si bien se comenzaron a implementar algunos mecanismos que favorecían el ingreso de empresas privadas a la explotación del petróleo, en los años inmediatamente posteriores a la guerra de Malvinas se seguía considerando que áreas militarmente sensibles como la energía debían permanecer en buena medida bajo control estatal. Algo de esto ya había empezado a discutirse durante la última dictadura militar, en la cual se comenzó a desarticular sistemáticamente el modelo estadocéntrico vigente en nuestro país desde la década de 1930. El inicio de un proceso brutal de desindustrialización, apertura económica y valorización financiera permitió que el corazón económico del país pasara de la fábrica a la city. La explotación del petróleo, por ejemplo, sufrió graves retrocesos durante la década de 1980, que se expresaron en problemas sociales. La política petrolera seguida por la dictadura fue en el sentido de descomponer el proceso productivo que YPF manejaba como una empresa integrada (exploración, explotación, industrialización y comercialización). Ese dato es uno de los que ayudan a entender por qué, según el censo de 1980, los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) eran proporcionalmente muchos más en la Patagonia que en el resto del país. Mientras que el 27,7% de los hogares argentinos tenía NBI, en Río Negro y Neuquén ese porcentaje trepaba hasta el 40%, durante esa década

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se cuadruplicaron las tasas de desempleo y de subocupación en Comodoro Rivadavia como resultado de la caída de la actividad petrolera estatal. Y aunque el estímulo a la llegada de empresas extranjeras fue reduciendo el control que ejercía YPF sobre la actividad petrolera, no amenazó su peso dentro de la industria. Todavía en 1985 YPF extraía el 81% de todo el petróleo proveniente de la cuenca neuquina y destilaba en Plaza Huincul la mayoría del combustible que se usaba en la zona. Durante la presidencia de Alfonsín las empresas públicas en general y las extractoras de petróleo y de carbón en particular, evidenciaron señales de agotamiento. Algunas de las medidas puestas en marcha para morigerar esa situación profundizaron la caída de los niveles de inversión y de generación de empleo en Chubut y Santa Cruz. La reducción del personal, la desinversión, la tercerización, el debilitamiento gremial, el recorte de salarios y de gastos sociales a finales de la década de 1980 fueron preparando el terreno para que fuera posible la posterior reestructuración. Algunas decisiones en materia energética –Plan Houston I (1985), Plan Houston II (1987) y Plan Olivos (1988)– fueron ampliando la desmonopolización estatal sobre la explotación petrolera. Pero no todo era producción de energía en la Patagonia: por el contrario, diversas actividades se desarrollaban sobre sus suelos. Sin embargo, en el período recortado en este capítulo, muchas de esas actividades entraron en franca decadencia. La actividad textil en Trelew logró resistir a la política abiertamente desindustrializadora de la dictadura y alcanzar un nuevo pico de producción y demanda de trabajo. De hecho, como mostraron Mónica Gatica y otras historiadoras, merced al pleno empleo y a la expansión industrial, todavía en 1987 el sindicato de los textiles del noreste chubutense fue capaz de resistir la imposición de estándares internacionales de productividad (en Trelew cada trabajador atendía 6 telares, mientras que en Brasil los operarios estaban obligados a hacerlo con 12 y en Corea con 18). Pero la actividad industrial no tenía el suficiente dinamismo (la tasa de desarrollo productivo en Trelew en la década de 1980 fue de 3% anual) y no fue capaz de sobrevivir a la desaparición de los estímulos impositivos y tarifarios

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ofrecidos por el Estado. Algo similar ocurrió con la rama textil de Viedma y la producción de jugos en al Alto Valle de Río Negro. La ganadería ovina se vio enfrentada de manera simultánea a una serie de desafíos coyunturales y estructurales de orden interno y externo. Entre ellos se contaba una tendencia de largo plazo a la baja en los precios internacionales de la lana debido a la multiplicidad de competidores dentro del hemisferio sur (como Australia o Nueva Zelanda) o en Asia (China), o el mucho más grave desplazamiento del mercado global hacia las fibras sintéticas. Pero quizá fueron los efectos del durísimo invierno de 1984 los que impactaron más fuertemente sobre la producción de ganado ovino: la gran mortandad de ovejas, como ha mostrado Susana Bandieri, se intentó paliar al año siguiente con un repoblamiento que resultó desmedido frente a la capacidad del suelo para alimentarlas. El resultado fue que se sobrecargó de animales el suelo, se agravó la desertización y se redujo la calidad de las lanas y las carnes producidas en la región patagónica. Probablemente uno de los peores efectos de estos procesos haya sido la profundización de la migración rural del sur rionegrino hacia ámbitos urbanos del Alto Valle, como testimonia el filme Gerónima (1986). La actividad frutícola del norte de la Patagonia fue una de las más afectadas en la década de 1980 por la falta de dinamismo económico del país. La inestabilidad cambiaria y la caída de los precios de la fruta, junto a la introducción en el mercado nacional e internacional de competidores chilenos y europeos, la baja rentabilidad y capitalización del minifundismo, el atraso tecnológico e incluso las trabas arancelarias y fitosanitarias generaron, como marcó Pedro Navarro Floria, un deterioro de la competitividad e inserción internacional de la producción del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Los bajos precios pagados por manzanas y peras fueron desigualmente distribuidos entre productores locales y los exportadores, a favor de estos últimos. La década de 1980 en la Patagonia parece contradecir ciertos aspectos de la vida nacional. Como señaló Joaquín Perrén, Argentina en ese decenio “circuló a dos ritmos”, ya que mientras en importantes áreas del país se producía una reducción de la participación

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del Estado en la generación del PBI y del empleo, había otras regiones como la Patagonia en las cuales ese proceso se retrasó considerablemente. Entre 1980 y 1991 el Estado no decreció en el sur sino que, por el contrario, siguió ampliándose. En esa década se llevaron adelante dos de los últimos grandes proyectos que afectaron a las provincias del sur: el puerto de San Antonio Este y el gasoducto Neuba II. Los gastos en educación de la provincia de Río Negro aumentaron el 84% entre 1984 y 1990. El estado neuquino construyó casi 25.000 viviendas ente 1979 y 1991. En la década de 1980 se crearon en esa provincia 140 nuevos establecimientos educativos, que implicaron un crecimiento igualmente notable de la planta docente, que pasó de 4.000 a 10.000 agentes en el mismo período. El presupuesto provincial de educación y cultura saltó del 8% de 1978 al 19% a mediados de la década de 1980, en buena medida gracias al proceso de provincialización de las escuelas primarias que puso en práctica la última dictadura, y a que así lo permitían los ingresos provenientes de la renta petrolera y la coparticipación nacional.

Una nuev nuevaa capital para un modelo de país que se disuelv disuelvee Al modelo estadocéntrico de producción y ocupación de la Patagonia le quedaba un cartucho en la recámara en la década de 1980. Con el advenimiento de la democracia, el radicalismo en el gobierno pretendió crear en el imaginario popular una nueva Argentina que dejara atrás los desencuentros nacionales de los últimos años. En este marco refundacional, fue cobrando forma un peculiar proyecto que pretendía simbolizar la entrada del país a una “Segunda República” que rompiera con un pasado de violencia política, autoritarismo e intolerancia: el traslado de la Capital Federal a la Patagonia. La iniciativa, que parece haber sido pergeñada por el propio Raúl Alfonsín, respondía fundamentalmente a la necesidad de imponer un símbolo capaz de albergar los objetivos políticos del nuevo gobierno. El proyecto, representante de un viejo anhelo que se había expresado en numerosas iniciativas

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de recapitalización a lo largo del siglo XX, fue impulsado por los legisladores radicales a instancias del presidente. Específicamente, la región elegida fue Viedma-Carmen de Patagones, considerada apta para el traslado de la nueva capital por varias razones. En primer lugar, había chances de desarrollar en su cercanía proyectos de producción de energía hidroeléctrica. En segundo lugar, se encontraba cerca de la región de la pampa húmeda y, por último, contaba con desembocadura propia en el Atlántico. En este sentido, nucleaba los principales atributos de una capital: posibilidad de un puerto internacional y productividad de los recursos hídricos y del suelo. El avance hacia el sur funcionaba, asimismo, como respuesta al temor colectivo generado por los problemas fronterizos y por la vulnerabilidad del Atlántico Sur, que habían vuelto a perturbar el sueño nacional a raíz del conflicto por las islas Malvinas. Así, desde los impulsores de este proyecto, la capitalización de la región Viedma-Carmen de Patagones era presentada como una colonización idílica de un paisaje costero y frío, rico en recursos naturales, pero amenazado, principalmente por la escasez demográfica. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, lo cual permitió que se crearan dos organismos ad hoc: la Comisión Nacional para el Proyecto Patagonia y Capital, y la Comisión Técnica Asesora en Problemas Urbanísticos, Arquitectónicos y Ambientales, que luego se transformaría en el Ente para la Construcción de la Nueva Capital, Sociedad del Estado: el ENTECAP. El ENTECAP estaba a cargo de la expropiación de tierras, el emplazamiento de la infraestructura necesaria y la realización de estudios de impacto ecológico, económico, urbanístico, energético y turístico, entre otras tareas. El proyecto incluía un completo rediseño productivo y urbano, incorporando un plan de desarrollo regional no sólo para la nueva capital sino para todo el país. La sanción de la Ley 23.512 en mayo de 1987 determinó el área en la que se emplazaría el distrito federal (que incluía las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre, así como algunas otras localidades de las provincias de Río Negro y Buenos Aires). El proyecto estaba

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diseñado para ser implementado en diez años a lo largo de tres etapas que comenzarían a ejecutarse en 1989, implicando el desembolso de casi US$ 5.000.000.000 (de los que se creía que una parte provendría de la venta de la sede de la embajada argentina en Tokio). Sobre el nombre de ese nuevo distrito federal corrieron muchas versiones: Argentia, San Martín, Roca, Perito Moreno, Comandante Piedra Buena, Currú Leuvú, Riomarsur, Viedma de Patagones o Patagonia del Mar. El ejecutivo rionegrino acompañó el proyecto convocando a una reforma de la Constitución provincial, que fue aprobada por la Legislatura (en la misma sesión en la que los diputados provinciales aprobaron una ley que les otorgaba jubilaciones de privilegio). La promulgación de la nueva Constitución rionegrina en 1988 desató la pelea y la especulación por la ubicación de la nueva capital provincial. En esa disputa, los alineamientos de las figuras políticas fueron más territoriales que partidarios: el asunto quedó finalmente zanjado con la decisión de que un plebiscito fijaría la sede una vez que se concretara el nuevo asentamiento del poder nacional. Entre las principales consecuencias de este proyecto se destacan los US$ 20.000.000 que se destinaron a la ejecución de obras públicas, de las que todavía se benefician las localidades de la comarca del valle inferior del río Negro. El Banco Hipotecario Nacional y el Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI) construyeron 7.000 viviendas, 40 kilómetros de desagües pluviales y cloacales, asfaltaron calles y reforzaron el servicio de agua potable. Guardia Mitre, por su lado, consiguió el tendido de gas domiciliario. La región incrementó rápidamente su población (y el precio del suelo urbano) a partir de 1986, lo que derivó en una sobrepoblación de zonas marginales y en un aumento de la desocupación. Inicialmente, los gobiernos locales debieron cargar con estas consecuencias, pero a posteriori el Estado nacional otorgó créditos a los municipios para subsanar la crisis desatada por el imprevisto anuncio del traslado de la capital. Finalmente, fue sancionada una ley nacional para condonar estas deudas, convertidas en Fondos de Reparación Histórica. Reducidos su ímpetu fundacional y su espacio político y económico de maniobra luego de la derrota electoral de 1987 y del

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descalabro del Plan Austral, el gobierno alfonsinista dio por terminado el proyecto del reubicación del distrito federal “al sur, al mar, al frío”. Con la asunción adelantada de Carlos Menem en 1989, a raíz de la crisis económica, política y social que atravesó el final del gobierno radical, fueron desarticulados la Comisión Nacional y el ENTECAP. Aunque la iniciativa de recapitalización nunca se instrumentó, la ley que la promovió sigue aún hoy vigente a pesar de los proyectos legislativos para derogarla. Otro de los proyectos que se hundieron junto con el gobierno radical fue la creación de la empresa Fertilizantes Neuquinos (Fertineu) que había sido acordada en 1983 con la firma de un convenio entre la provincia de Neuquén e YPF. Se trataba de un proyecto que implicaba la instalación en la comarca de Cutral Có y Plaza Huincul de una planta destinada a producir fertilizantes y a obtener amoníaco a partir del procesamiento de gas natural. La sensación de frustración comunitaria que trajo la cancelación del Plan Fertineu, alimentó una parte del descontento social que hizo eclosión años después en la zona. Vistos a la distancia, la decisión de trasladar la capital a Viedma y el proyecto de crear la planta de fertilizantes en Cutral Có constituyeron algunas de esas maniobras rupturistas y voluntaristas, pero finalmente inconducentes, que iluminaron la década de 1980. El desmantelamiento de ambas iniciativas constituyó una señal de los nuevos tiempos políticos nacionales y de la Patagonia que se iban a desarrollar a lo largo del siguiente decenio. En todo caso, lo que empezaba a quedar claro era que el tiempo de los grandes proyectos de infraestructura y de industria solventados con dineros públicos había llegado a su fin. A partir de 1989 el Estado evidenció una pavorosa crisis fiscal y de impotencia política que lo llevó a retraer su presencia en las provincias del sur: la hecatombe del gobierno alfonsinista, expresada en la incapacidad para controlar una inflación desbocada y finalizar su período constitucional, arrastró consigo la estrategia productivo-militar-identitaria que el Estado nacional había desarrollado en la Patagonia durante casi setenta años.

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Retiro del Estado empresarial, privatizaciones y transformaciones en las relaciones laborales (1987/1996)

La historia patagónica parece haber cambiado hacia fines de la década de 1980 debido a, por lo menos, dos razones. La primera de ellas es el abandono de las hipótesis de conflicto militar con Chile a causa de diferendos limítrofes y el inicio de un proceso intenso de vinculación comercial. Tradicionalmente considerada la región a disputar por tropas, barcos y aviones, la Patagonia perdió temperatura militar a mediados de los años ochenta gracias a la firma de acuerdos definitivos sobre el canal de Beagle e islas del Atlántico Sur. La segunda causa guarda relación con las transformaciones neoliberales en la economía política y el Estado nacional entre finales de la década de 1980 e inicios de la siguiente. Como se verá, si bien estas modificaciones radicales del régimen económico estadocéntrico e industrialista afectaron a todo el país (más bien a toda América Latina) durante este período, lo ocurrido en la Patagonia parece haber tenido algunas consecuencias particularmente gravosas para la población.

Chile: de la “casi guerra guerra”” a la “casi integración integración”” La fiebre bélica desatada en 1978, que estuvo a punto de conducir a las dictaduras de Chile y Argentina a una guerra abierta, ha dado paso en las últimas dos décadas a un proceso muy intenso de cooperación diplomática y de vinculación económica entre los dos países. No habiendo ya percepción de amenaza (o no siendo socialmente creíble), la presencia más intensa del Estado, y especialmente de sus fuerzas armadas, tiende a considerarse en aquellos espacios menos necesaria que antaño. Los recelos mutuos y el patrullaje de las fronteras dieron paso en los últimos veinte años a declaraciones de buena voluntad y a la ejecución de pro-

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yectos de integración comercial, ferroviaria y vial así como a la circulación más intensa y acelerada de personas, bienes, servicios e inversiones. El Tratado de Paz y Amistad argentino-chileno de 1984 diseñado por la mediación papal –y su respaldo mayoritario en una consulta popular–, permitió zanjar los diferendos sobre el canal de Beagle y establecer límites definitivos en el extremo sur. Las islas y los canales ubicados al sur de la isla de Tierra del Fuego quedaron repartidos entre ambos países, eliminando las chances de un enfrentamiento bélico. Pero el Tratado, sobre todo, estableció mecanismos no violentos para la resolución de los conflictos limítrofes que aún quedaban en pie entre los dos países. En muy poco tiempo fueron zanjados los problemas de delimitación territorial entre Argentina y Chile. El final de la larga dictadura encabezada por Augusto Pinochet permitió a los gobiernos electos en Santiago y Buenos Aires construir una agenda de diálogo binacional completamente nueva. El intercambio comercial argentino-chileno se incrementó el 30% entre 1980 y 1986 merced a la reducción de las restricciones burocráticas y arancelarias que hasta entonces lo limitaban. En la actualidad, Argentina es el tercer comprador de Chile y Chile lo es de Argentina. La relación es más asimétrica en términos de inversiones: a lo largo de la década de 1990 fueron millonarias las sumas que cruzaron desde Chile en busca de oportunidades de negocios, tanto en áreas de comercio como en la gestión de las recientemente privatizadas represas instaladas sobre el río Limay. Los chilenos tienen invertidos cerca de US$ 15.000.000.000 en Argentina, según ha estimado Guillermo Gaudio, mientras que las inversiones argentinas del otro lado de los Andes alcanzan sólo 3% de ese volumen. Sin embargo, muchos empresarios argentinos empezaron a apreciar con mayor interés las posibilidades abiertas para las exportaciones rioplatenses de alimentos y lanas a países del Asia-Pacífico, lo cual requería como paso previo una agilizada relación comercial con Chile. En agosto de 1990 los presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin firmaron el “Acta de Santiago” en la cual ambos países se comprometían al relanzamiento de los procesos de integración.

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En 1991 firmaron el Acuerdo de Complementación Económica, que permitió avanzar en nueva reglamentación para el transporte de personas y bienes, construcción de gasoductos, protección ambiental, cooperación minera y de fuerzas de seguridad, entre otros temas. A tal efecto se diseñaron comités de frontera para atender a las particularidades de las sub-regiones argentino-chilenas distribuidas a lo largo de la cordillera. Los procesos de integración regional fueron vistos por las respectivas cancillerías como intentos de reposicionar estratégicamente al país en el marco de la globalización de los procesos productivos y los flujos de capital. El afianzamiento de los vínculos regionales apuntaba a ampliar la economía de escala de la producción nacional para adquirir competitividad internacional. Entre los proyectos imaginados se contaba un corredor bioceánico que permitiría unir por tierra al puerto de Chacabuco sobre el océano Pacífico con el de Comodoro Rivadavia, sobre el Atlántico. Los presidentes Michelle Bachelet y Néstor Kirchner, en 2006, licitaron las obras de reparación y puesta a punto del Ferrocarril Transandino Central, mientras que ya han comenzado algunas de las obras del Ferrocarril Transandino del Sur, que unirá la neuquina ciudad de Zapala y su zona franca (la actual punta de rieles del Ferrocarril General Roca) con la ciudad de Las Lajas, en Chile, y el trazado de vías férreas entre Río Turbio (Argentina) y Puerto Natales (Chile). Las experiencias de integración han adolecido de una concentración casi excluyente en temas comerciales, aunque es de hacer notar que en los últimos años se han venido produciendo cada vez más eventos deportivos, culturales y académicos binacionales. En estos procesos se ha evidenciado una fuerte presencia e interés de comerciantes y empresarios que ejercen presiones para que avance el proceso, pero no siempre han recibido una correcta atención por parte de las autoridades. En el balance que Palma Godoy ofrecía del proceso a mediados de la década de 1990 destacaba la escasa e incoherente vinculación existente entre las cámaras comerciales y los órganos de gobierno locales y nacionales con los que tenían que planificar y actuar. Asimismo, también se ha señalado la débil presencia en estos procesos de los actores sindicales,

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académicos y no gubernamentales. Muchas de las limitaciones a la integración se derivan de la vigencia de reglamentaciones inmigratorias y zoo-fitosanitarias restrictivas, de la existencia de zonas de seguridad en las fronteras, de la escasa o nula disposición de las burocracias a estimular los procesos, así como de la supervivencia de horizontes de desconfianza y de discriminación entre ambas sociedades. Sin lugar a dudas, otro factor que ha dificultado el afianzamiento de los procesos integradores ha sido la zigzagueante vida económica y fiscal argentina de las últimas décadas, que ha tornado complicado articular marcos aduaneros y monetarios estables y compartidos con Chile, un país que ha mostrado un perfil macroeconómico mucho más estable.

Dejar hacer hacer,, dejar pasar El fracaso del “Plan Primavera”, la hiperinflación y la entrega adelantada del gobierno de Alfonsín eran expresiones del final de un régimen económico que había salido ya bastante deteriorado del “Proceso de Reorganización Nacional”. La lectura neoliberal del pasado inmediato y del anterior medio siglo argentino fue en el sentido de demonizar la intervención pública en la economía, la propiedad estatal de los recursos y el peso de los sindicatos en la fijación de condiciones salariales y laborales. Ese diagnóstico indicaba la necesidad de reducir o de eliminar los subsidios así como los beneficios impositivos y tarifarios incluidos en los regímenes de promoción industrial, de manera tal de estimular a los empresarios a que desarrollaran estrategias nacionales e internacionales competitivas. También se postulaba la desregulación de las tarifas de los servicios públicos, por lo general subsidiadas, que hasta entonces les aseguraban rentabilidad a muchas actividades intensivas en el interior del país y alentaban la radicación de industrias y personas. Los promotores de reformas neoliberales consideraban que el proteccionismo sólo servía para garantizarles la supervivencia a actores económicos ineficientes que parasitaban los recursos públicos: la apertura económica al mundo permitiría

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un sinceramiento de los precios y domesticaría las pretensiones de unos asalariados, propietarios y productores locales que estaban “artificialmente” escudados por “la política”. El achicamiento o el desmantelamiento de agencias y filiales del Estado nacional y la privatización o cierre de empresas públicas –con especial impacto en la Patagonia– fueron algunas de las políticas que se pusieron en práctica con la entrada en vigencia de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica a partir de 1989. En cuestión de meses se desmanteló el régimen económico estadocéntrico que había regulado por más de cincuenta años la vida patagónica, sin generar una respuesta social, económica ni política de una magnitud (ni de una velocidad) similar. Dentro del paquete de reformas estructurales implementadas, las privatizaciones de empresas y servicios públicos constituyeron un punto de quiebre y de recomposición de la relación entre la sociedad y el Estado, que dio como resultado una modificación radical de las funciones públicas dado que fueron mercantilizados servicios otrora entendidos como básicos y de provisión universal, esto es, ajenos a cualquier lógica económica. En ese marco, la reestructuración de YPF sobre la base de un criterio eficientista –sustituyendo al anterior de corte social– impactó de lleno en la Patagonia entre 1990 y 1993. En la primera etapa se licitaron las llamadas “áreas secundarias”, que producían hasta 200 mt3 diarios de petróleo. Posteriormente se privatizaron las “áreas centrales” y finalmente salieron a la venta las acciones de YPF S.A. Oportunamente, la consultora norteamericana contratada en 1991 para revaluar las reservas petrolíferas y gasíferas a disposición de la empresa estatal las cifró en 28% menos que el año anterior. Se pusieron en marcha diversos mecanismos para estimular la participación de capitales privados argentinos y sobre todo extranjeros en la actividad minera y petrolera. El dictado de la Ley de Inversiones Mineras en 1993 estimuló la llegada de inversores, como la minera sudafricana que empezó a explotar el Cerro Vanguardia, en Santa Cruz. Fue licitada la exploración privada de nuevas áreas y se les quitó a las empresas públicas la exclusividad para la explotación de zonas y recursos mineros. Las compañías

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transnacionales no perdieron mucho tiempo ante la invitación del Estado y comenzaron a afluir sus inversiones a través de los procesos de privatización: capitales de origen norteamericano y español encontraron espacio en la actividad petrolera (el punto más impactante fue la compra de YPF por parte de Repsol en 1999, que ya había adquirido Astra en 1996). El shock en términos de producción fue impresionante: la provincia de Neuquén duplicó en el año 2000 los 3.000.000 de tn. de combustible sin procesar que exportaba en 1994. En 1992 se inició el proceso de reestructuración de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y poco después le fue otorgada en concesión a Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. El Estado nacional asumió el compromiso de subsidiar el pago de salarios, otorgar exenciones impositivas federales y provinciales y comprarle anualmente 370.000 tn de carbón a un precio superior al del mercado internacional, que se destinarían a la central termoeléctrica de San Nicolás. No escapaba a nadie que la minería del carbón parecía llamada a una declinación no sólo en Argentina sino en el mundo por razones económicas y ambientales: la década de 1980 fue testigo del reemplazo global del uso del carbón por el gas, el petróleo, la energía nuclear y la hidroeléctrica. Este fenómeno se expresó en una perdurable situación de desempleo en contingentes de la clase trabajadora de Gran Bretaña, Francia y Alemania. ¿Cómo explicar la falta o la ineficiencia de las resistencias de los trabajadores de la familia ypefiana al proceso de destrucción de su existencia laboral y vital? Algunos análisis insisten en destacar la relevante participación de altos dirigentes del sindicalismo petrolero en el proceso. Muchos de ellos promovieron la formación de cooperativas de trabajadores y la aceptación del retiro voluntario, pasaron a actuar como gerentes de las empresas y desalentaron la organización de actividades colectivas de resistencia. Pero vale la pena también hacer referencia no sólo a los dirigentes. Según Pérez Álvarez, hay que tener en cuenta que los trabajadores de YPF estaban preparados para desarrollar sus formas de lucha en un contexto de pleno empleo y de desarrollo industrial, pero que esas herramientas resultaron inútiles cuando el problema a

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enfrentar era el cierre de empresas o el desvío de fondos para inversiones financieras. La pauperización social no genera por sí misma organización si no está mediada por procesos políticos y culturales por los cuales las personas se (re)constituyan como un sujeto colectivo capaz de identificar y de defender sus intereses.

Crisis fiscal y conflictividad de los sindicatos de empleados estatales Está claro que la orientación a favor de desregular el mercado (privatización, retiro de subsidios, etc.) fue una política nacional y no sólo aplicada a la región sur: el impacto de la reducción de las tarifas aduaneras se vio en todo el país y lo mismo puede decirse de la llegada de inversiones extranjeras. En ese sentido, la Patagonia no escapó a los efectos más generales de la aplicación de un conjunto de nuevas reglas económicas que favorecieron el predominio de la renta financiera, la concentración del ingreso y la multiplicación de la deuda externa. Ahora bien, también es preciso señalar que hubo dos particularidades del impacto en el sur. La primera de ellas fue que, dada la centralidad –y en algunos casos exclusividad– de la presencia económica del Estado y sus empresas en las diversas regiones patagónicas, su desmantelamiento o su retiro abrupto tuvieron un efecto mucho mayor que en otras provincias en las que la actividad económica privada podía absorber alguna fracción de las personas afectadas por las transformaciones en la estructura del Estado. La segunda característica peculiar fue que la crisis del Estado llegó más tarde a la Patagonia que a los ámbitos metropolitanos, como si una particular inercia en el gasto y la inversión pública hubieran permitido una supervivencia artificial. La crisis tardó más en llegar al sur, pero llegó. Se expresó en primer lugar en los problemas de los estados provinciales para reducir su déficit, debido a que se achicaron los montos que recibían por la coparticipación en la explotación petrolera. Después de 1989 el Poder Ejecutivo Nacional disminuyó el envío de subsidios a las provincias, especialmente los destinados a servicios sociales y obras públicas. Quizá

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sería más ajustado decir que los subsidios se tornaron más esporádicos y discrecionales, pasando a otorgarse bajo el marco de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), con los cuales la presidencia lograba retener o ampliar lealtades parlamentarias y “puentear” a aquellas autoridades provinciales renuentes a someterse a su hegemonía. Ya a lo largo de la década de 1980 había quedado explicitada la dependencia de las provincias australes con respecto a la remisión de los fondos correspondientes a regalías y coparticipación (en 1986, más de el 70% del presupuesto santacruceño provenía de allí). Pero desde 1987 parecen haber cambiado mucho las cosas, pues el Estado nacional congeló el valor de las regalías. A esa situación se le sumó el rechazo de la empresa YPF a adelantar el pago de las regalías futuras, lo cual complicó fuertemente el abono a tiempo de las remuneraciones a los empleados públicos y pagos a los proveedores y contratistas. De allí en adelante y hasta la fecha resulta evidente la centralidad política del enfrentamiento entre los gremios de empleados estatales y las administraciones provinciales por el agotamiento de un modelo de Estado proveedor o “providencialista”, como lo llama Hugo Villca, que implicaba una activa presencia pública en la provisión de servicios básicos (educación, jubilación, salud, seguridad social). Si hasta entonces el Estado nacional había sido un fabricante de inclusión, a partir de allí los estados provinciales debieron ocuparse de esa tarea sin contar con los recursos (y muchas veces, tampoco la convicción) para ello. Carentes de la financiación proveniente del Tesoro Nacional (y desde 1991 de la inflación que permitía licuar las deudas), los gobiernos provinciales se enfrentaron directamente al mercado financiero nacional e internacional en su búsqueda de recursos para afrontrar su funcionamiento cotidiano. Algunos gobernadores se sirvieron de ese endeudamiento externo para lanzarse durante esa década a una serie de gastos públicos en empresas de dudosa viabilidad, para las que no tenían un respaldo financiero ni técnico suficiente. Los conflictos entre empleados públicos y gobiernos provinciales han sido una constante del último cuarto de siglo patagónico. En 1987 los empleados públicos santacruceños cobraron con re-

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traso: esa anormalidad se volvió una costumbre en las provincias patagónicas en los siguientes 15 años. Basta recordar al respecto las masivas manifestaciones de maestros y afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado en la plaza San Martín de Viedma o los repetidos desbordes urbanos en la ciudad de Neuquén en el marco de conflictos protagonizados por el combativo sindicato de la educación provincial (ATEN). A causa de la crisis y la hiperinflación de 1989/90, el empleo público en Tierra del Fuego se redujo un 17% entre 1990 y 1991, mientras que en Chubut lo hizo en un 12%. En 1990 la presión sobre las arcas provinciales chubutenses llevó a que el gobernador peronista Néstor Perl se viera imposibilitado de cumplir con el pago de los sueldos de la administración pública provincial. Y si bien Perl intentó responder reduciendo algunas partidas de gastos contempladas en el presupuesto, la reación que provocó la situación terminó por costarle el cargo. Ese mismo año un juicio político dio por terminado el mandato del gobernador Ricardo Del Val en Santa Cruz. En abril de 2002 una concentración en Rawson de gremios estatales, principalmente docentes, se enfrentó con la policía y consiguió entrar en la Legislatura, donde se produjeron hechos vandálicos (que el gremio docente achacó a los grupos de desocupados). Tampoco es ocioso recordar que a inicios de 2007 el maestro neuquino Carlos Fuentealba fue asesinado por un agente policial durante el desalojo de la ruta 22 que estaba cortando el gremio docente. El mismo año arreciaron los enfrentamientos entre los docentes santacruceños y el Poder Ejecutivo provincial, que incluyeron un inusitado despliegue de tropas de gendarmería en el interior de las escuelas.

La nueva economía y la desindustrialización Las medidas desreguladoras y liberalizadoras condujeron a una rápida declinación en la Patagonia de la actividad industrial, que se desplazó hacia los ámbitos en los que residía el grueso de sus compradores y proveedores, esto es, el área metropolitana. La rigidez

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cambiaria fijada por la Ley de Convertibilidad redujo los márgenes de competitividad internacional de los exportables argentinos (y de los patagónicos en particular). Simultáneamente, la posesión de un dólar subvaluado merced a un acelerado proceso de endeudamiento externo estimuló el reemplazo de bienes que hasta entonces se fabricaban localmente por importaciones. El impacto se hizo sentir de inmediato en los establecimientos y actividades que quedaron sometidos a la intemperie de la competencia internacional (y de otras regiones del país) y que dependían de la protección o subsidio del Estado nacional o provincial para sobrevivir. Algunos ejemplos bastan para ilustrar esta tendencia a la desindustrialización y la desocupación. Si durante el período de vigencia de la promoción industrial la incorporación de establecimientos fabriles en Trelew estimuló un rápido incremento demográfico y del producto bruto interno, su caída arrastró consigo también los indicadores sociales y económicos que había contribuido a elevar en las décadas pasadas. La industria perdió peso frente a las actividades de servicio, especialmente el comercio. Se calcula que entre 1986 y 1995 desapareció la mitad de los empleos industriales de Trelew: si en 1985 la industria aportaba casi el 30% del PBI chubutense, en el 1992 su participación se había reducido a poco más del 23%: la contracara podemos verla en el hecho de que el comercio y el sector servicios de Comodoro Rivadavia pasaron de absorber en 1982 el 48,7% de la población económicamente activa al 58% en 1992. En el Alto Valle de Río Negro, el porcentaje de los ocupados que pertenecían a ramas industriales pasó del 11,8% en 1981 a 9% en 1997. En la provincia de Neuquén, el número de personas ocupadas en comercio y servicios entre 1985 y 1994 creció el 38,3%, pero los que estaban empleados en la industria descendieron 0,1% en el mismo período. La planta de producción de aluminio asentada en Puerto Madryn sufrió a lo largo de la década de 1990 una caída muy grave de su competitividad internacional debido al abrupto ingreso en el mercado mundial de países de la disuelta Unión Soviética. En Tierra del Fuego, el cierre de instalaciones reempla-

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zó a la anteriormente febril actividad de las manufactureras de electrodomésticos. Depresión de la actividad económica y crecientes dificultades para incorporar a la migración proveniente del continente son parte de una postal fueguina que testimoniaba la incapacidad del mercado interno para seguir absorbiendo la oferta de televisores que se jactaban por entonces de “ser caros, pero los mejores”. La señal del agotamiento se hizo estridente entre mayo y junio de 1995, cuando una ola de ocupaciones de fábricas y huelgas por parte de trabajadores metalúrgicos fueguinos contra los despidos, terminó con una fuerte represión policial y la muerte del trabajador Víctor Choque. Según Orietta Favaro y Graciela Iuorno, en Río Negro también se desarrolló un proceso de desindustrialización durante la década de 1990, que se puede apreciar en la paralización de la planta de elaboración de productos químicos INDUPA en 1992, el decaimiento de la industria agroalimentaria y vitivinícola, como asi también en la clausura del establecimiento textil Lahusen en Viedma y de empresas ligadas a la actividad metalmecánica y ferroviaria, como CRYBSA y COMSAL. Los intentos de reanimar financieramente diversos proyectos productivos a través de créditos del Banco de la Provincia de Río Negro o del Banco de la Provincia de Neuquén terminaron en fracasos o fueron denunciados por la oposición por los procedimientos fraudulentos usados en la adjudicación y la evaluación de riesgo bancario.

Retiro del Estado y crisis de las economías regionales Ante el desmantelamiento de los aparatos de salud y educación no es llamativo que el Censo Nacional de Población de 1991 indicara que las provincias patagónicas tenían una esperanza de vida y una tasa de hogares con necesidades básicas insatisfechas (19,9%) peores que la media nacional. Es probable que para el bienestar de la población patagónica haya sido tan nefasta la privatización de las empresas públicas como el cierre de ramales ferroviarios: en muchos poblados la presencia de la estación y su

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pequeño movimiento diario de cargas, noticias y pasajeros constituía parte central de su existencia comunitaria, de sus espacios de sociabilidad y de su vida económica. Son numerosas las pequeñas localidades que han visto cómo las antiguas estaciones del Ferrocarril General Roca se convirtieron en sedes municipales o comunitarias para actividades culturales o deportivas o fueron abandonadas tras el saqueo de sus instalaciones. Según Navarro Floria, no fue muy distinto el efecto que generó la decisión de eliminar el servicio militar obligatorio en 1994, reduciendo el número de unidades castrenses asentadas en la Patagonia y afectando el movimiento económico de poblaciones como Covunco o Junín de los Andes, fuertemente vinculadas a los cuarteles. Ya su impacto económico local había venido quedando mermado por la reducción de los presupuestos de defensa en esos años. Curiosas puebladas destinadas a evitar el traslado o cierre de unidades militares o a promover la construcción de edificios penitenciarios son parte del conjunto de acciones comunitarias destinadas a retener (o a conseguir) la presencia de agencias estatales que produjeran algún efecto sobre la generación de empleo y la actividad económica local. En 1996 la población de Las Lajas, en Neuquén, se movilizó infructuosamen- te contra la decisión de trasladar el Regimiento de Infantería de Montaña 21 a Covunco, a poco más de 40 kilómetros de distancia. En las instalaciones abandonadas por el Ejército se instaló poco después un cuartel de Gendarmería Nacional y a inicios del gobierno de Néstor Kirchner, el regimiento volvió a Las Lajas. A este primer impacto en términos de pérdida de empleo y producto industrial se le sumó el efecto multiplicador negativo que la recesión de establecimientos fabriles y extractivos produjo sobre su entorno económico en términos de demandas de insumos, mano de obra, servicios y pago de impuestos. Los golpes se hicieron evidentes entre los empleados públicos y los de actividades industriales, pero también en quienes desarrollaban sus labores en el campo. Entre esas ramas, como se mencionó, la actividad frutícola rionegrina y neuquina fue una de las más afectadas (entre 1990 y 1993 la producción de manzanas cayó 13%). La combinación

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de los procesos de concentración de tierras, integración vertical, globalización de los patrones de consumo e incorporación de tecnología ha ido convirtiendo el paisaje agrícola del norte patagónico. Uno de sus resultados fue el aumento de la vulnerabilidad social de los pequeños productores y de los trabajadores, especialmente de las mujeres, como ha señalado Glenda Miralles. En el caso de la fruticultura, la incorporación de nuevas tecnologías afectó la naturaleza y la estabilidad de las prácticas laborales dado que desaparecieron puestos de trabajo y se incrementaron los niveles de capacitación reclamados a los empleados. Si en la década de 1980 12.000 personas trabajaban en la actividad frutícola, hacia el año 2000 no pasaban de 8.000. La tecnificación, si bien trajo aparejada un alza de la productividad agrícola, implicó una fuerte caída en la generación de empleo por parte de esta actividad económica, crecientemente sometida a los dictámenes de agentes económicos globales desinteresados de los efectos sociales locales. El número de agremiados del sindicato de la fruta ha ido descendiendo desde los años ochenta: si en 1978 eran 25.000 los afiliados, en 1982 no pasaban de 20.000, en 1990 de 18.000 y en 1996 de 9.000. Es que el empleo permanente y formal fue reemplazado por maquinaria (el caso de las afichadoras, clasificadoras de fruta, “tapadores a mano”, armador de cajones o tamañadores), labores precarias, informales e intermitentes: la temporada de trabajo en la actividad de la manzana y de la pera se ha reducido de 5 a 2 meses al año, perjudicando la calidad de las relaciones laborales y de vida de los peones, cosecheros y empacadores. El empleo asalariado, migrante y temporal se fue imponiendo en los últimos quince años en la agricultura de exportación en Río Negro, lo cual ha debilitado las posibilidades de expresión colectiva (y permanente) de demandas. Como expresó un peón entrevistado por Silvia Roca: Cuando llegamos, un obrero rural, con lo que ganaba en la cosecha, podía pasar todo el invierno; en estos momentos, haciendo la cosecha, la poda y el raleo, apenas le alcanza para sobrevivir.

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Los vínculos personales y paternalistas entre esos pequeños propietarios y los trabajadores –principalmente chilenos– fueron desplazados en los últimos años por una relación mediada exclusivamente por el salario y en la que intervienen nuevas figuras, como los “responsables técnicos” de la chacra, gerentes que no son propietarios, capacitadores, etc. Pero también la propia experiencia del trabajador rural frutícola se ha visto fragmentada, como, señaló Verónica Trpin, dado que está inmersa en un camino de especialización que diferencia entre perfiles que antaño formaban parte de un mismo desempeño múltiple e inespecífico: tractorista, fumigador, responsable técnico, regador, corredor, etc. El proceso de fondo es un desplazamiento del poder económico dentro de esta rama de la economía, que terminó por completarse a mediados de la década de 1990 en el Alto Valle y en el Valle Medio: un porcentaje creciente de las ganancias fue quedando en manos de los comercializadores, desplazando a los productores familiares merced a un agresivo proceso de integración vertical del proceso productivo liderado por las principales empresas exportadoras, como Expofrut. Éstas han ido acaparando la propiedad de la tierra e integrando las actividades que van desde la producción de la fruta hasta su venta minorista en mercados europeos, pasando por la clasificación, embalaje, comercialización, frío y transporte terrestre y marítimo, entre otras. El impacto del proceso de globalización se hizo sentir en estos años en la búsqueda de uniformización de la calidad de los productos, reducción de los costos laborales e integración de fases productivas, búsqueda que ha ido desplazando del mercado a las pequeñas explo- taciones agrícolas, basadas en trabajo familiar permanente, como mostró María Belén Álvaro. Los productores familiares han tenido que desarrollar múltiples roles, uno de los cuales es el de proveedor de las firmas exportadoras. La integración vertical y la concentración de la propiedad de las tierras trajeron ciertas resistencias de grupos y cámaras de productores, así como de los trabajadores frutícolas, cuya última acción de protesta de gran significación fue la ocupación de plantas en el verano de 1989-90.

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Otra de las actividades afectadas fue la ganadería caprina en la cordillera y precordillera neuquina, realizada tradicionalmente en un contexto de marginación económica y muy bajas inversiones. Estos productores no solían contar más que con una pequeña majada que se alimentaba de un suelo empobrecido (por lo general, de propiedad fiscal o irregular), actuando dentro de estrechos circuitos comerciales y dependiendo de los acopiadores locales para su supervivencia. El proceso de descapitalización de las pequeñas propiedades rurales promovió el desplazamiento de los pobladores del campo a las ciudades, en las cuales era posible acceder a servicios básicos, planes sociales y empleos. Éste es el tránsito que, según Daniel Caminotti, ha transformado a muchos pequeños productores rurales en “asistentes de porteros en las escuelas o ayudantes de albañiles”. La actividad lanera prosiguió con su estela descendente: a los problemas relacionados con la baja de precios en un mercado internacional de fuerte competencia, se le sumó la pérdida o al menos la reducción de las compras realizadas por países de Europa oriental tras el fin de las experiencias de socialismo real. Por otro lado, la rigidez cambiaria fijada por la Ley de Convertibilidad y su consecuente sobrevaluación del peso argentino afectaron negativamente los costos de producción y la competitividad internacional de la ganadería. Según Susana Bandieri, el precio de venta de la lana en 1993 era de US$ 1,50 por Kg. pero su costo de producción no bajaba de US$ 3,50. Pocos años después la situación empeoró: se llegó a una caída récord que fijó el precio en US$ 0,66 por Kg. La erupción del volcán Hudson en 1991 fue casi una señal escatológica de que la ganadería ovina quedaba sepultada: como producto de la lluvia de cenizas que mató una cantidad que se ha estimado entre 500.000 y 2.000.000 de ovejas, la situación se hizo prácticamente terminal para el sector. Las feroces nevadas de 1994 y 1995 obligaron a los pequeños productores a abandonar las estancias o a vender sus propiedades y sus menguadas majadas: el destino de enormes estancias patagónicas fue el turismo para segmentos muy exclusivos o su uso residencial para empresarios o figuras del jet set internacional. No es de extrañar que a lo

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largo de la década de 1990 se redujera abruptamente el stock de ganado ovino: según Navarro Floria, la Patagonia, que había albergado a 75.000.000 de ovejas a principios del siglo XX, en el año 2000 tenía menos de 15.000.000. Dadas esas condiciones, no llama la atención que la zafra de lana a finales de la década de 1990 fuera la mitad de la que se obtenía treinta años atrás. Al igual que en el caso de la fruticultura rionegrina, el proceso de descapitalización de la actividad ovina condujo al ingreso de grandes compañías extranjeras, como la liderada por los hermanos Benetton, que alentaron un proceso de integración vertical del negocio, que iba desde la producción de lana a su industrialización en algún otro punto de la periferia mundial. Una competencia internacional desbocada por la progresiva liberalización de los mercados intensificaba la búsqueda de reducción de los costos a través de modificaciones en los regímenes laborales y en los procesos productivos. Uno de los resultados paradójicos de las reformas neoliberales fue que hubo un sostenido crecimiento de algunas actividades productivas, pero implicó pérdida de empleos, flexibilización y desregulación laboral y descenso del nivel de vida de las familias de los trabajadores. La novedad a la que se asomaban los argentinos era aquella que postulaba la compatibilidad del crecimiento económico y el derrumbe de los indicadores sociales. En este sentido, la concentración, eficientización e integración de las empresas y de las fases de la producción fueron procesos que redundaron en una mejora de la productividad industrial y rural, cuya potencialidad exportadora se fue reduciendo por el atraso cambiario acumulado durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad. Lo que no se anuló fue el efecto social de la nueva economía rural que se expresó en despoblamiento y empobrecimiento.

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La desertización social y las resistencias (1996/2004)

A mediados de la década de 1990 comenzaron a hacerse evidentes los efectos socialmente más nefastos de la reorientación económica impulsada por el gobierno de Carlos Menem. La creciente desregulación estatal y las privatizaciones del sector público repercutieron en la región de una manera drásticamente negativa. El aumento de la productividad de las empresas, ahora privadas, descansó, por lo general, en una racionalización laboral que trajo aparejado un empeoramiento de las economías locales. Aquellos miembros de la familia ypefiana que tenían ingresos salariales y beneficios materiales garantizados independientemente de la situación económica o de su productividad, desde 1991 se vieron embarcados en la tarea de obtener esos bienes de manera individual en un mercado laboral cada vez menos regulado y demandante. Los trabajadores (y sus familias) que años atrás asumían como natural la idea de que iban a desarrollar toda su carrera laboral en una sola empresa, con obra social, aportes jubilatorios y aguinaldo, debieron tomar nota de que su vida había cambiado radicalmente y que en ella se habían instalado la intermitencia y la rotación laboral, cuando no el desempleo y la precariedad. Muchos de ellos no fueron capaces de enfrentar ni colectiva ni individualmente los bruscos cambios. Alcoholismo, autodenigración, baja autoestima, desorientación vital y suicidio, principalmente entre los varones, fueron algunas de las consecuencias del cambio de modelo. Son muy ilustrativos casos como los del complejo petrolero de la Cuenca del Golfo de San Jorge (Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado), de la actividad carbonífera de la cuenca del Río Turbio en el sudoeste de Santa Cruz y de la minería del hierro en Sierra Grande. Estos centros productivos de fundamental importancia en el desarrollo energético nacional ilustran algunos de los impactos de la privatización de las empresas estatales sobre el mundo del trabajo y las comunidades que se

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nutrían de ellas. El libro La Patagonia privatizada, compilado por Agustín Salvia y Marta Panaia, muestra que las privatizaciones profundizaron y aceleraron una serie de tendencias que se venían esbozando en los años anteriores, tales como los procesos de achicamiento de la plantilla laboral, la tercerización de las actividades de apoyo, el debilitamiento del poder de negociación sindical y la precarización de las relaciones de trabajo. Las nuevas relaciones laborales generadas dentro de los emprendimientos productivos bajo control privado solían ser de una flexibilidad extrema (que en la práctica significaba disposición de los trabajadores a ceder sistemáticamente conquistas laborales), expresada en la corta duración e inestabilidad de los contratos, la carencia de cobertura de seguros de riesgo laboral, la tercerización de las actividades, los traslados inconsultos, la disponibilidad horaria absoluta, etc. Las consecuencias de la reorganización laboral y productiva se dejaron ver en los procesos de desempleo, desjerarquización laboral, desintegración y vulnerabilidad social, así como en el debilitamiento de las tramas societales y la alteración radical de las pertenencias simbólicas e identitarias. La reestructuración de la empresa YCF implicó la salida de la mitad de los trabajadores entre 1991 y 1993 por la combinación de despidos y retiros voluntarios. En 1994, los efectos sociales locales producidos en Río Turbio, una localidad que dependía enteramente de la vida de la mina eran notorios: el desempleo rondaba cerca del 20% y un 30% de los hogares tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Ese año los mineros mantuvieron un conflicto que incluyó la ocupación de la mina. A la reducción acelerada del personal en la actividad se le sumó un empeoramiento de las condiciones laborales (evidenciado en el fatídico accidente de 2004 en Río Turbio, que causó la muerte de 14 mineros en las galerías subterráneas). La cesión al grupo Taselli constituyó el inicio de un proceso de vaciamiento de la empresa, al cual sólo se puso fin en 2002, cuando se canceló el contrato debido a los incumplimientos del concesionario. Por entonces ya estaban muy afectados los recursos patrimoniales como las viviendas del personal de YCF en Río Gallegos o las locomotoras que anteriormente se utilizaban

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para trasladar el carbón hasta el puerto. Como señalaron Alicia Cáceres y Alicia García en su trabajo sobre el paisaje urbano de esa capital provincial, el desmantelamiento y deterioro de los recursos de YCF fue posible por la absoluta desidia oficial, expresada en la carencia de cualquier política de preservación del patrimonio. La YPF privatizada procuró inmediatamente mejorar los niveles de eficiencia para incrementar sus ganancias directas, con el objetivo de recuperar en el plazo más corto posible la inversión realizada en la compra de las acciones. En este caso no hubo despidos masivos sino que la decisión de la nueva empresa fue estimular y aceptar las solicitudes de baja de empleados sin incorporar a reemplazantes. Se calcula que entre 1990 y 1997 casi 35.000 personas dejaron de pertenecer a YPF. Los casi 1.500 agentes que dependían de la empresa en Caleta Olivia se redujeron en dos años a 350; en 1995 no sumaban más de 250. Los 4.200 que trabajaban para YPF en Neuquén en 1991 no pasaban de 600 al año siguiente. Un ejemplo en igual sentido lo brindó la empresa productora de aluminios ALUAR, que en 1995 declaró haber obtenido una ganancia de más de US$ 100.000.000 debida, sobre todo, a sus exportaciones. Pero esa mejora de su competitividad descansaba principalmente en la eliminación del 30% de los puestos (por una combinación de despidos, tercerización y retiros voluntarios), así como por el manejo directo del complejo hidroeléctrico de Futaleufú, que le aseguraba la provisión a buen precio y por largo plazo de la cantidad de energía que necesitaba. Miles de trabajadores que se habían plegado al retiro voluntario, se habían jubilado anticipadamente o habían sido despedidos formaron empresas o cooperativas de provisión de servicios petroleros. En sus primeros años de funcionamiento, casi 1.800 ex-agentes apostaron a estas iniciativas, que les permitieron emplear a proximadamente 1.500 personas, gracias a una serie de contratos iniciales con YPF para abastecerla de múltiples tareas y servicios: telecomunicaciones, construcciones, imprenta, desmonte, transporte de cargas y personal, servicios viales, relevamientos topográficos, tendido de cañerías, exploración, laboratorio, etc. El surgimiento de estos agentes económicos (pymes, cooperativas,

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monotributistas) contribuyó a diversificar y complejizar la estructura social allí donde anteriormente regía el modelo de company town. Se calcula que entre 1991 y 1993 se crearon en Comodoro Rivadavia casi treinta de estos emprendimientos y en Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras otros veinte. La atomización de estas nuevas unidades empresariales, por lo general pequeñas, con poco capital y de baja productividad, desplazó el poder económico hacia las empresas petroleras contratistas, que potenciaron la reducción de los costos. No todos los ex-trabajadores se adaptaron rápida o exitosamente a esta nueva lógica, diferente de sus experiencias anteriores como empleados de pozo o jerárquicos en la empresa estatal. De acuerdo con algunos análisis el paso de una situación a la otra no fue sencillo. El objetivo original de generar pequeños y medianos emprendimientos no produjo los puestos de trabajo esperados. El fracaso de estas políticas encontró sus causas, según Karina Costallat, principalmente en la falta de capacidad de gerenciamiento de los ex-trabajadores y en las deficiencias en materia de gestión y control de parte de los sucesivos gobiernos. Carentes de entrenamiento para desarrollar capacidades emprendedoras, reluctantes o desconocedores de los principios del cooperativismo (y de sus formas horizontales de toma de decisión), muchos de estos trabajadores no han logrado que prosperen sus iniciativas y han tenido que revincularse al mercado laboral desde una posición, por lo general, vulnerable. Como muestra el testimonio tomado por Daniel Cabral Márquez en 1996 a un directivo de estas nuevas empresas, las capacidades emprendedoras no nacen de un día para el otro: Lamentablemente YPF encasilló a la gente y la malacostumbró [...] Sobredimensionan todo, pasan por un lugar donde está la luz prendida y la dejan prendida, no les interesa, porque no han sufrido los costos que implican los servicios, no tienen conciencia de esos costos [...] Además, si por ejemplo le decís a un chofer que tiene que ir a pintar, te dice: ¿y por qué tengo que pintar yo si yo soy chofer? Acostumbrado a la mentalidad de YPF

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en donde tenía una categoría, era ésa y punto [...] Para ser empresario hay que tener la mentalidad de empresario, no es sólo el inscribirse en un registro y tener un número de empresa.

Los trabajadores y profesionales que se acogieron al plan de retiros voluntarios obtuvieron indemnizaciones en momentos en que promediaba su vida laboral: ese dinero fue gastado o invertido en un número reducido de actividades cuentapropistas o bienes inmuebles, sin que ninguna agencia estatal se hubiera preocupado entonces por asesorar o advertir sobre el mejor destino de esos ahorros personales no renovables. Las experiencias de cuentapropismo, vulnerables y precarias, fueron surgiendo como resultado de la búsqueda de alternativas desesperadas para personas y comunidades que pugnaban por su supervivencia. Así, remises, locutorios, kioscos y tiendas de importados (los tradicionales locales en los que se vendía “todo por $2” que ilustraron el espíritu de la década) fueron el destino comercial más común de los fondos provenientes del retiro voluntario, que en poco tiempo evidenciaron su escasa rentabilidad y proyección a futuro.

Transformaciones territoriales y demográficas Hacia mediados de la década de 1990 comenzaron a hacerse públicos los efectos sociales del desempleo, la creciente recesión económica y la inviabilidad de los emprendimientos económicos lanzados por quienes habían quedado fuera del Estado. El impacto no sólo afectó a las personas y las familias sino que también se hizo sentir sobre las pautas de crecimiento de las distintas zonas y ciudades de la Patagonia, cuya homogeneidad e integración habían sido consideradas políticas oficiales por décadas. La tercerización de actividades y de servicios de apoyo a las industrias extractivas recayó sobre todo en los ámbitos urbanos, que fueron sometidos a un novedoso proceso de redefinición de los patrones residenciales. La reubicación de la población y el desplazamiento de trabajadores y desempleados fue una de las primeras conse-

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cuencias del abandono del Estado nacional. Esto no sólo provocó el aumento de las tasas de desocupación en la Patagonia sino también la desintegración territorial de la fuerza de trabajo calificada como consecuencia de la precarización laboral. Por ello, entre otros fenómenos, se suscitaron desplazamientos poblacionales: técnicos, profesionales y comerciantes que emigraron hacia centros urbanos con mayores posibilidades de empleo y trabajadores manuales no calificados rurales que partían hacia las capitales provinciales, a causa de las complicaciones por las que pasaba la producción agroganadera. Después de la crisis de 2001, la tradicional llegada de trabajadores rurales chilenos al Alto Valle de Río Negro y Neuquén se vio reemplazada por el arribo de “norteños” (tucumanos y santiagueños principalmente) para realizar la cosecha de uva, pera y manzana en los meses de febrero a abril. Los migrantes rurales no encontraron en las ciudades viviendas disponibles (o por lo menos no a un precio y con condiciones de financiación posibles de enfrentar) y terminaron engrosando los asentamientos precarios en espacios periféricos, a los que también fueron a instalarse los llamados “empobrecidos” o desplazados provenientes de las clases medias. Muchas de estas personas quedaron bajo el amparo de las políticas públicas tendientes a paliar el problema de la desocupación a través de la provisión de planes asistenciales o bienes de primera necesidad. Las tasas de crecimiento demográfico en la Patagonia se tornaron menos impresionantes que en las décadas anteriores. En la última medición intercensal (1991-2001) la tasa nacional de crecimiento poblacional fue de 11,2% y la patagónica de poco más de 17%, lo cual parece indicar una tendencia hacia la convergencia de ambas. Era claro que aquellas tierras que por décadas habían encantado a argentinos y extranjeros con la promesa de trabajo y una nueva vida, habían perdido todo o parte de ese atractivo. La capacidad de la economía patagónica para absorber la oferta de trabajo se resintió: en el Alto Valle de Río Negro se calculaba que entre 1981 y 1991 más de 5.300 personas se incorporaron anualmente a la población ocupada, pero entre 1991 y 1997 el promedio se redujo a 1.300. El desempleo en el conglomerado urbano

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Plottier-Neuquén pasó de 4,2% (1991) a 5,6% (1997). Comodoro Rivadavia fue la ciudad del país con la mayor tasa de desempleo entre 1991 y 1993: en mayo de 1993, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), tenía 14,8% de desocupación. Especialmente afectadas se vieron aquellas zonas donde la vida económica y social estaba regida por las industrias y actividades económicas traspasadas al sector privado, tales como la petroquímica y la explotación del subsuelo. El desarrollo territorial de las comunidades dependientes de las company towns se vio altamente modificado a causa de estas transformaciones estructurales. El cierre de la empresa Hipasam, la minera de hierro de Sierra Grande, implicó la reducción acelerada de la población allí asentada. A finales de la década de 1990 trabajaban en Río Turbio unos 1.100 mineros, muchos menos que los 5.000 que habían llegado a vivir en esa ciudad. El desempleo, la precariedad de las relaciones laborales y la disolución o debilidad de las regulaciones políticas y sociales frente al nuevo orden del mercado empujaron la economía regional hacia una monoactividad y especialización muy dependientes de decisiones (y de precios) que se fijan fuera del país. Esta vulnerabilidad en el nivel productivo y laboral se tradujo en una creciente desintegración social y política, que favoreció la explosión de conflictos sociales por fuera de los canales políticos institucionales. Pero así como hubo novedades en las pautas residenciales de los sectores populares también las hubo entre las fracciones sociales más encumbradas. Creación de barrios privados y de ámbitos y servicios exclusivos de sociabilidad, de entretenimiento y de educación a lo largo de los últimos años testimonian el reordenamiento fuertemente regresivo de los ingresos y la profundización de las brechas sociales en la Patagonia (sobre la dimensión nacional de este proceso puede verse el libro de Carla del Cueto y Mariana Luzzi incluido en esta colección). La sofisticación del consumo gastronómico y la práctica de golf pasaron a ser elementos de distinción y de diferenciación en sociedades poco acostumbradas a los linajes y prestigios arraigados. Tierras que desde hacía ocho décadas se dedicaban a la producción agrícola en Río Negro

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y Neuquén, sobre todo en el triángulo que une a Villa Regina, Plottier y Centenario, fueron redestinadas a un uso urbano. Esas superficies, convertidas en barrios cerrados o destinadas a la ejecución de planes privados de vivienda, desplazaron la frontera agrícola hacia nuevas zonas, a la vez que crearon espacios de distinción.

Una nuev uctura laboral nuevaa estr estructura La reducción o caída de las actividades productivas en los últimos quince años en la Patagonia implicó un reordenamiento de la estructura del empleo. El notorio declive de las actividades industriales y mineras, el retiro voluntario, los despidos y los reajustes de personal trajeron una reducción notoria de los asalariados en la población económicamente activa. El cuentapropismo reemplazó a las relaciones laborales estables y formales, las cuales no sólo brindaban beneficios materiales, sino, como se ha dicho, lazos de pertenencia y sentido de comunidad. En Rawson, por ejemplo, los cuentapropistas eran menos de 14% en 1980, pero a inicios de la década siguiente constituían más de una cuarta parte de la población. Ante la pérdida de miles de puestos de trabajo productivo, de reconversión de empleados en cuentapropistas o proveedores monotributistas de servicios no es de extrañar que el Estado provincial se convirtiera en el más importante contratista. Como mostraron Orietta Favaro y Graciela Iuorno, cuando en 1995 Pablo Verani ganó la gobernación rionegrina, el Estado provincial engrosó su plantilla hasta alcanzar el record histórico de 34.000 empleados: ese año el 55% del presupuesto se destinaba al pago de salarios. En Trelew los empleados públicos representaban el 38% de la población económicamente activa (PEA) en 1991, pero ese indicador se disparó hasta 44% en 1994 y 48% en 2003. En 1991, más del 27% de los trabajadores residentes en Santa Cruz eran empleados públicos: por entonces era la provincia que tenía la más alta proporción de empleados públicos en relación al total de la población: más de 10% de sus habitantes. La planta de la administración pública provincial, que en 1970 tenía 4.500 em-

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pleados, en 1980 contaba con casi 6.500 y en 1990 con más de 15.000, según ha rastreado Gonzalo Pérez Álvarez. En junio de 2000 más de la mitad de la PEA de Río Gallegos recibía su salario del Estado. En 2001 casi 37% de los trabajadores de Neuquén eran empleados estatales (mucho más que el 21% del promedio argentino, pero menos que el 64% de Las Lajas, el pueblo que reclamó no perder la sede del Regimiento de Infantería de Montaña 21). Las transformaciones en el mercado laboral regional se trasladaron con rapidez a los núcleos familiares generando estrategias que intentaran paliar –al menos parcialmente– la crisis que estaban sufriendo. El creciente desempleo y el recorte de los salarios reales llevaron a mujeres y jóvenes a ingresar a un mercado laboral que hasta ese momento se había caracterizado por albergar en su mayoría a varones adultos. El efecto social de este fenómeno pasó por una feminización no sólo del empleo sino también de las jefaturas de hogar, así como por una ampliación del número de personas que componían el núcleo residencial. Otro dato particular de la desocupación generada en la década de 1990 fue que no afectó exclusivamente a los sectores menos calificados del mercado de trabajo sino que impactó de manera similar a quienes habían tenido un proceso de formación de mayor duración y especialización. La experiencia del desempleo afectó muy negativamente la autoestima de aquellos que componían este segmento profesional y jerárquico, quienes tardaron en reconocer su nueva condición (o se negaron a ello), por considerarla meramente temporal o fácilmente reversible. Estos miembros de la ya desintegrada familia ypefiana seguían considerándose a sí mismos poseedores de intereses e identidades irreductiblemente particulares como para asumir las mismas posiciones, estrategias y reclamos que los desocupados menos calificados y participar de proyectos políticos más generales. En muchos casos se resistieran a solicitar el acceso a planes sociales que, por otro lado, estaban diseñados de acuerdo al perfil del desocupado menos calificado. El censo realizado pocos meses antes del estallido de la crisis de diciembre de 2001 aportó el dato de que Neuquén y Río Negro

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seguían siendo las provincias con los peores indicadores de NBI de la región patagónica, pero no ofrecían valores divergentes con respecto a la media nacional. Para ese año, la Patagonia parece haberse nacionalizado en términos de pobreza. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el desempleo en la Patagonia en mayo de 2002 trepó al 17,1% y la subocupación al 13%. Pero si se afina más la mirada, se puede apreciar que el impacto en ciertas ciudades fue aun más gravoso. En mayo de 2002 la desocupación en Trelew alcanzaba al 23% de la PEA, mientras que la subocupación afectaba al 17% (y esto sin tener en cuenta que otras investigaciones independientes ofrecían resultados más alarmantes sobre el desempleo local). Al momento de asumir la presidencia Néstor Kirchner en mayo de 2003, la EPH señaló que el 46% de la población de las ciudades de Neuquén y Plottier era pobre y que 13% estaba desocupado (un año atrás, el número era más pavoroso: casi 21%). Más de medio millón de cajas con alimentos fueron distribuidas ese año en la provincia de Neuquén.

El nacimiento del piquete Las profundas modificaciones en la estructura y la organización del mundo del trabajo (la extensión del cuentapropismo, del desempleo y de la subocupación) así como el deterioro del sentimiento de comunidad tuvieron repercusiones a nivel material, pero también en otros aspectos. La conformación de las identidades y las subjetividades, las formas de demandar y las posiciones políticas asumidas por los trabajadores y ex-trabajadores de empresas públicas también sufrieron cambios notorios a partir de la reconfiguración del mundo económico. Los procesos organizativos que encabezaron varones y mujeres que estaban desempleados, subempleados, empobrecidos o precarizados tomaron como ámbito físico al territorio que compartían (el barrio, la calle, la ruta) y no tanto los (perdidos) espacios laborales, donde tradicionalmente se habían librado los conflictos sociales más relevantes. En consecuencia, la organización de los desocupados se evidenció,

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primero, en sus ramificaciones territoriales a finales de la década de 1990 y posteriormente, ya a inicios del decenio siguiente, en la generalización de los cortes de rutas y de calles y en una densa, cotidiana y sistemática labor militante en los ámbitos de residencia (comedores y huertas comunitarias, talleres, espacios de formación y de asistencia médica y psicológica, emprendimientos productivos, etc.). Desde entonces, el desarrollo de piquetes sobre las rutas constituyó la postal más importante en términos de protesta social en la Patagonia, y probablemente del país. Análisis como el de Andrea Andújar han puesto de manifiesto el notable protagonismo de las mujeres en estos conflictos, lo cual constituyó un proceso de ruptura con su tradicional sociabilidad privada y doméstica de las “esposas ypefianas”, desmintiendo de esta manera una supuesta despreocupación y pasividad política. La aparición de nuevos actores –como los desocupados– provocó una renovación en el contenido y la forma de la protesta, tal como muestra Sebastián Pereyra en el libro incluido en esta colección. De allí que algunos sociólogos sostengan que surgió un nuevo “repertorio de acción colectiva”, diferente del que tenían instituciones movilizadoras clásicas, como los sindicatos o los partidos políticos. Ante la crisis de las identidades tradicionales vinculadas a los ámbitos de producción, surgieron otras, de naturaleza más imbricada a los espacios de reproducción. Así, como parte de este nuevo conjunto de modalidades de intervención se cuentan los estallidos urbanos en contra de autoridades provinciales, los cacerolazos, los escraches, los saqueos a comercios, los cortes de calles y de rutas e incluso las tomas de terrenos (que reconocen antecedentes en las décadas anteriores). No encontramos, entonces, el conflicto tradicional del capitalismo, esto es, entre trabajadores y patronal, sino una llamativa desviación de éste. En primer lugar, el sujeto que reclama no es un sindicato sino una organización de desocupados: en marzo de 1994 apareció en Puerto Madryn la primera organización compuesta exclusivamente por desempleados, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, constituida por ex-trabajadores portuarios, pesqueros y de las industrias textiles y metalúrgicas, según ha mostrado Pérez Álvarez. En segundo

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lugar, dado que sus demandas iban dirigidas al Estado, resulta más comprensible que las protestas se concentraran bloqueando el acceso universal a un bien público (la libre circulación) que el Estado estaba legalmente obligado a defender. En algunos casos, también supermercados y grandes plantas fueron objeto de solicitudes de alimentos y bienes de primera necesidad: en función del discurso de la “responsabilidad social empresaria”, algunas de esas demandas fueron concedidas o canalizadas a través de instituciones como comedores públicos, la Iglesia u ONGs. La privatizada YPF fue también objeto de estas manifestaciones: se le demandaba que ampliara su plantilla de trabajadores temporales, incorporando a algunos de los desocupados que participaban de las protestas. Recordemos brevemente el inicio de las experiencias de corte de ruta. En septiembre de 1992 unos doscientos obreros textiles despedidos impidieron el paso por la ruta 3 en Trelew quemando neumáticos. En 1993, en Senillosa, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Neuquén, un grupo de obreros que habían sido despedidos de la construcción de la obra hidroeléctrica de Piedra del Águila bloquearon la ruta 22: esa metodología se generalizó en la región y en el resto del país a lo largo de los siguientes diez años. Tras el fracaso de la firma de un convenio entre el gobierno neuquino y una empresa de fertilizantes canadiense en junio de 1996 (proyecto que prometía subsanar la cesantía de los ex-trabajadores de YPF de esa zona) eclosionó la tensión que se venía gestando en Cutral Có y Plaza Huincul desde el fracaso del proyecto Fertineu. Unos 5.000 residentes de las comunidades involucradas tomaron las calles –algunos de ellos impulsados por la línea sobischista del partido gobernante– formando barricadas para impedir el paso de la policía. La pueblada se caracterizó por la horizontalidad de las organizaciones involucradas y por el recurso sistemático a la asamblea, lo cual dificultaba el predominio de los aparatos políticos y la institucionalización del conflicto y permitía mantener un fuerte nivel de cohesión comunitaria. Los manifestantes fueron reprimidos por la gendarmería, pero una semana después lograron la firma de un acuerdo con el gobernador Felipe Sapag que apuntaba a solucionar el problema del desempleo y la

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caída en las condiciones de vida: entrega de alimentos, reconexión de servicios de gas y electricidad a las familias que habían sufrido el corte de esos suministros por falta de pago, cese de la persecución penal de los que habían participado de la movilización, declaración de “emergencia ocupacional y social” en Cutral Có y Plaza Huincul y promesas de inversión como la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos, la radicación de las empresas La Oxígena y Ferrostal y el desarrollo del yacimiento gasífero El Mangrullo. Casi un año más tarde, en Semana Santa de 1997, la gendarmería desalojó a un grupo de docentes que protestaban sobre la ruta 22, en Neuquén, porque el gobierno había ordenado dejar de reconocerles en su salario una bonificación por trabajo en zona desfavorable entre otros beneficios. Un movimiento de apoyo al gremio docente en Cutral Có y Plaza Huincul respondió rápidamente a la represión vivida en la capital provincial: miles de habitantes de estas ciudades salieron a las calles protagonizando una pueblada frente a la cual los policías provinciales tuvieron que replegarse. Hubo enfrentamientos directos, y mientras los manifestantes se defendían con piedras, la gendarmería contraatacaba con armas de fuego. El saldo de ese día fue de 13 heridos y de una joven muerta por un disparo de bala, Teresa Rodríguez: su muerte permanece aun impune pese a las investigaciones judiciales. Rodríguez, aunque aparentemente no formaba parte de la protesta, se convirtió en la primera mártir de un movimiento piquetero que se nacionalizó en poco tiempo. Los 140 cortes de ruta que hubo en 1997 en todo el país aumentaron a 2.154 en 2002.

Los desempleados frente al Estado y la economía (organización, política y producción) Los desocupados de manera individual o colectiva les exigían empleos a los gobernantes de turno al ver que las economías regionales no tenían la capacidad para absorber esa oferta. Es por ello que el eje de las negociaciones y el conflicto entre los desocu-

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pados y los diversos niveles de gobierno pasó por lo general por la ampliación de la inclusión en los planes y redes de asistencia social creados a lo largo de la década de 1990 por el gobierno nacional o las provincias (Plan “Trabajar”, Plan “Jefes y Jefas de Hogar”, Plan “Manos a la Obra”, Ley 2.128 en Neuquén, etc.). Las políticas sociales diseñadas y ejecutadas desde entonces dejaron de lado las perspectivas universalistas y pusieron en práctica proyectos y actividades de tipo focalizadas. Probablemente el ejemplo más acabado sea el accionar de los “agentes comunitarios” lanzados como parte de la política social reciente que ha impulsado el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en un intento de estabilizar y de reafiliar a los sectores más desprotegidos, crecientemente vistos como peligrosos. La implementación de estos planes y la expansión del empleo público, por lo general de muy baja remuneración, potenciaron los lazos clientelares dado que otorgaron a las autoridades locales y a sus allegados una poderosa arma de seducción política en momentos en que las chances de obtener empleo en el sector privado iban achicándose por el agravamiento de la recesión o por la elevación de los niveles de calificación exigidos. En este sentido, hasta 2002 el Estado nacional perdió (o cedió) centralidad como interlocutor de las demandas y como proveedor de estos planes frente a unos gobiernos provinciales y locales que consiguieron una notable inserción territorial y barrial gracias a la expansión de la crisis. Como mostró Diego Burd, en Centenario (provincia de Neuquén) existían distintas organizaciones de desocupados, entre las cuales se encontraba una vinculada directamente al dominante partido provincial, que reunía a destinatarios de la ayuda, punteros y autoridades locales y provinciales. Muchas dirigencias y agrupaciones de desocupados que se iniciaron en la militancia política y social a partir de su entorno barrial aceptaron el convite que se hacía desde el Estado y distintos partidos y se sumaron a la actividad política más tradicional. Muchos de esos nuevos militantes, a partir de 2002, establecieron vinculaciones bastante frecuentes y cercanas con las áreas de gobierno encargadas de la gestión y entrega de los planes sociales. Otros grupos de desempleados no se tentaron con la invitación

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formulada desde arriba y siguieron con un camino relativamente autónomo, aprovechando los planes y la financiación provenientes desde el Estado. Conforme fue avanzando el tiempo, las demandas formuladas por estas organizaciones a los distintos niveles de gobierno fueron más allá de la asistencia financiera o la provisión de productos de la canasta básica, para incorporar una preocupación e interés por el desarrollo de unidades productivas. Los que parecen haber sido más sensibles a los reclamos de los desempleados fueron los gobiernos municipales debido a su cercanía con los actores involucrados y a su capacidad para aprovecharse de la política (selectiva) de descentralización llevada adelante por el Estado nacional en los años noventa. Es por eso que a lo largo de este período las administraciones locales adquirieron mayor peso y visibilidad en la gestión y la resolución de la crisis ocupacional. No es casual que sedes municipales como las de Neuquén, Senillosa y Cutral Co en 1995 o la de Pico Truncado en 1999 fueran ocupadas por grupos de desempleados que reclamaban tanto la inclusión en planes sociales como la creación de fuentes genuinas de empleo. Cabe recordar que esta serie de acciones, por lo general, no contaban con el apoyo de los gremios de trabajadores privados o públicos, poseedores de otros mecanismos de presión. Una de las formas de resistencia más emblemáticas de los últimos años fue la desarrollada por los empleados de la planta de Cerámica Zanón, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén. A fines del año 2001 la empresa decidió despedir a sus 380 obreros: habiendo tenido su auge en la década de 1990, gracias, entre otras cosas, a los subsidios nacionales y provinciales, la patronal apostó al cierre y vaciamiento fraudulento de la empresa, un lockout o a la espera de que el licenciamiento forzado de los trabajadores les permitiera mejores condiciones de negociación con el sindicato y el estado provincial. Pero los empleados decidieron repudiar la decisión de los propietarios y comenzaron una labor de agitación en la capital de la provincia, contando con la solidaridad de gremios de empleados públicos y algunos partidos de izquierda. Tras el cierre de la fábrica, los trabajadores la ocuparon

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con el argumento de que era la única manera de cobrar los salarios adeudados y de garantizar los puestos de trabajo. Las perspectivas económicas abiertas a partir de 2002 con la salida de la convertibilidad entusiasmaron al propietario, Luigi Zanón, con la posibilidad de recuperar la fábrica, tanto a través de medidas legales como de presiones sobre el gobierno provincial de Sobisch y del uso de amenazas e intimidaciones a algunos de los trabajadores de lo que ahora se llama FaSinPat (Fábrica Sin Patrones). Los vínculos entre los trabajadores ceramistas y grupos de izquierda ayudan a entender la opción por el control obrero de la planta, desdeñando otras opciones como la estatización o la cooperativización. Un vigoroso ejercicio de democracia interna, con las tensiones provenientes de la convivencia entre distintas tradiciones políticas y sindicales, ha permitido que la actividad de la planta se sostenga con un fuerte nivel de consenso entre los trabajadores. En el año 2002 los obreros no sólo tuvieron que enfrentar la tarea de mantener la cadena de producción y los empleos sino que también se encargaron de las ventas de la primera tanda de 20.000 mt2 de cerámicos. El desafío productivo parece haberse superado cuando en julio de ese mismo año fueron incorporados 130 trabajadores: el espíritu y las tendencias de los últimos quince años se habían revertido y el vaciamiento daba lugar a un proceso de inclusión laboral, identitario y productivo. Sin duda una exitosa estrategia de vinculación con otras empresas recuperadas, con agrupaciones de mapuches, de estudiantes universitarios y de gremios le ha permitido a FaSinPat contar con un fuerte respaldo social. Por otro lado, una campaña de orden internacional, apadrinada por Naomi Klein, le aportó visibilidad y apoyo internacional al emprendimiento de los obreros ceramistas. A su vez, FaSinPat ha confirmado su compromiso con otras necesidades sociales, como cuando envió un camión con alimentos a los inundados de Santa Fe o cuando se comprometió con la construcción de un hospital en su zona de influencia.

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Veinticinco años de vida política

En la introducción de este volumen expusimos la idea de que una de las grandes novedades de los últimos 25 años de historia patagónica era la continuidad democrática durante todo ese período. Dado que hasta fines de la década de 1950 las provincias del sur eran territorios nacionales, su ingreso a una vida política plena y autónoma fue mucho más tardío que en otras regiones del país. De hecho, en 1990 fue convertida en provincia la última de las administraciones de territorios nacionales creadas en 1884: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico obtuvo en 1991 su texto constitucional y se convirtió en la provincia número 22 de la República. Pasó más de un siglo bajo el gobierno directo de gobernadores enviados por el Poder Ejecutivo, quedando sus habitantes desprovistos de voz y voto en la toma de decisiones cruciales para la vida nacional. ¿Qué se puede apreciar de las prácticas electorales patagónicas? ¿En qué medida se apartaron o diferenciaron de tendencias más generales? ¿Cómo expresaron los más importantes fenómenos sociales y económicos del período, esto es, la reorientación del modelo de desarrollo y el crecimiento de la desocupación? La situación que parece detectarse es una significativa falta de sincronía entre el tiempo social y el tiempo político: si el primero muestra fuertes y aceleradas modificaciones regresivas, el segundo, por el contrario, evidencia una velocidad propia, que no obedece de manera mecánica a las variaciones socioeconómicas. Los empleados públicos y los grupos de desempleados y de empobrecidos constituyeron probablemente los actores sociales y políticos más relevantes de la década: sin embargo, como ha señalado José Luis Bonifacio, las agendas políticas de ambos sectores permanecieron por lo general distanciadas –salvo esporádicos encuentros– en buena medida como resultado del despliegue de respuestas sectoriales y fragmentadoras por parte del Estado central y de las provincias. Pero no toda la militancia política pasó por las organizaciones de desempleados, los partidos políticos o

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los sindicatos: aunque de manera menguada, durante la década de 1990 muchas personas optaron por permanecer en el marco de los organismos de derechos humanos, como ocurrió en la ciudad de Neuquén.

Alternancia en el país peronista y en el no peronista Si se presta atención al comportamiento electoral de las provincias patagónicas, lo que se podrá encontrar es que conviven dos tendencias antagónicas. La primera de ellas es la alternancia partidaria al frente de los poderes ejecutivos provinciales: ésa ha sido la situación en Chubut –donde triunfaron peronistas y radicales a lo largo de los últimos 25 años– y en Tierra del Fuego, donde han alcanzado el sillón de gobernador diversos partidos. Primero lo hizo el Movimiento Popular Fueguino orientado por José Estabillo (ganador en 1991 y 1995), después el PJ (con Carlos Manfredotti, gobernador entre 1999 y 2003), la UCR (con Jorge Colazo, electo en el 2003) y recientemente el ARI (con Fabiana Ríos, vencedora del ballotage provincial en el año 2007). Una tendencia inversa podemos encontrar en Río Negro, Santa Cruz y Neuquén: allí lo que ha habido es el predominio electoral de un solo partido, o dicho de otro modo, ausencia de alternancia en el Poder Ejecutivo provincial. Expresada como una regla, la idea es que lo importante fue ganar la elección de octubre de 1983: las posteriores contiendas sólo confirmaron esa primera opción. En Santa Cruz el PJ siempre impuso su candidato a gobernador, en Neuquén el MPN ha sido hegemónico y en Río Negro la Unión Cívica Radical (UCR) nunca perdió el control de la gobernación. Pero además de la monocromía política en el Ejecutivo provincial, hay que destacar la alta tasa de reelecciones de los gobernadores. En Río Negro, salvo el primer gobernador electo, Osvaldo Álvarez Guerrero (quien no estaba habilitado por la Constitución a presentarse nuevamente como candidato), todos repitieron un período de gobierno: Horacio Massaccesi (1987/91 y 1991/95), Pablo Verani (1995/99 y 1999/2003) y Miguel Sáiz (2003/2007

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y reelegido ese año). Néstor Kirchner ejerció el cargo de gobernador en Santa Cruz durante una docena de años de manera ininterrumpida antes de ser presidente. De los primeros 24 años de democracia en Neuquén, Felipe Sapag gobernó 8 años (1983/7 y 1995/1999) y Jorge Sobisch 12 (1991/5, 1999/2003 y 2003/7). Jorge Sapag, sobrino de Felipe y vicegobernador de Sobisch, asumió la máxima magistratura provincial a fines de 2007. Son numerosos los casos de diputados y senadores nacionales que fueron reelectos en más de una ocasión. Gabriel Rafart y Francisco Camino Vela han destacado el hecho de que Río Negro y Neuquén constituyen la reducida extensión del “país no peronista”, es decir, los únicos territorios provinciales en los que el Partido Justicialista no ha ganado una sola elección de autoridades ejecutivas desde el retorno de la democracia en 1983 (aunque sí alguna elección parlamentaria). En Neuquén, desde 1963 el Poder Ejecutivo ha sido monopolizado por alguna figura del MPN, principalmente el viejo caudillo Felipe Sapag. En ningún otro punto del país un partido provincial ha retenido la gobernación de manera ininterrumpida por tanto tiempo. En tanto, en Río Negro, la última (y única) vez que hubo un gobernador peronista fue en el período 1973/76. Es muy destacable el hecho de que, a pesar del descalabro fiscal que vivió esa provincia a mediados de la década de 1990, del retroceso en la calidad de los servicios públicos, del empobrecimiento de la población y de la primarización de la economía (vuelta a la actividad ganadera y abandono de la industria), el radicalismo rionegrino ha acumulado desde 1983 siete gobernaciones consecutivas, aun cuando para ello ha debido recurrir a diversas alianzas electorales para vencer al peronismo (el cual también constituyó múltiples coaliciones en su fracasado afán de desbancar a la UCR). ¿Cómo explicar los reiterados triunfos de partidos oficialistas en Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, siendo que tuvieron que capear el temporal de las crisis de 1989 y de 2001 con su intensa secuela de movilizaciones, demandas y desafíos políticos? Es decir, ¿cómo se puede dar cuenta de estas islas de continuidad provincial en un mar de fuerte renovación y de alternancia a nivel

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nacional? Quizá la clave pasa, como han especulado ciertos analistas, por el hecho de que los partidos gobernantes provinciales han sido capaces de resistir mejor la crisis de representación que sufrieron los niveles nacionales de la política. Su inserción social y territorial resultó más vigorizada que desafiada por las crisis: la expansión de la planta de empleados públicos, así como el despliegue de las redes de planes sociales y de entrega de subsidios constituyeron instrumentos que les permitieron ampliar sus niveles de intervención y de apoyo electoral. Por otro lado, estos partidos (el MPN, la UCR en Río Negro y el PJ en Santa Cruz) han sabido deslindarse a los ojos de la población, como mostraron Rafart, Camino Vela y Quintar, de los elevados costos electorales provenientes de las decisiones tomadas en los ámbitos nacionales. En este sentido, una de las claves es que estos tres partidos han funcionado de facto como fuerzas políticas provinciales (cuando en realidad sólo es el caso del MPN). Frente al proceso de decadencia y desgaste vivido por el radicalismo con la crisis hiperinflacionaria de 1989, la entrega adelantada del gobierno de Alfonsín y, sobre todo, después del descalabro de la Alianza a fines del 2001, los dirigentes provinciales y municipales “exitosos” del radicalismo rionegrino desarrollaron estrategias autónomas de supervivencia. Éstas en muchos casos implicaban consolidar un statu quo con el Ejecutivo nacional o provincial que no coincidía siempre con la línea oficial nacional (no han hecho algo distinto desde 2003 los llamados “radicales K”, más entusiasmados con reproducir su cuota de poder territorial que con obedecer a las autoridades partidarias). Piénsese, por ejemplo, en la negativa del gobernador radical de Chubut, Carlos Maestro, a apoyar al candidato presidencial de su partido, Horacio Massaccesi en 1995. A partir de ese mismo año, la UCR rionegrina se mostró simultáneamente más disciplinada –con respecto a las decisiones políticas tomadas por el gobierno nacional liderado por justicialismo– y más provincializada, esto es, distanciada de la orientación política fijada por la conducción del partido (como por ejemplo, la resistencia a la conformación de la Alianza en 1999 en el distrito, producto de su enfrentamiento con el Frente Grande).

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Par tidos pr ovinciales artidos pro La creación y supervivencia de partidos provinciales, y simultáneamente de fuertes referencias federales parece ser un rasgo especialmente acentuado en la Patagonia de las últimas décadas. Es posible encontrar partidos de orden provincial que han tenido una cierta capacidad para competir electoralmente (como el caso de Acción Chubutense, del Movimiento Patagónico Popular o del Partido Provincial Rionegrino, estos dos últimos en Río Negro) e incluso que en algunos casos han salido victoriosos de los enfrentamientos en las urnas, como fue el caso del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF) y sobre todo del MPN. También han existido partidos muy volátiles, de escasa vida, abusivamente ligados a una personalidad o una coyuntura, que no han logrado (quizá tampoco deseado) institucionalizarse. Los orígenes de los partidos son muy disímiles, y otro tanto puede decirse de sus posiciones políticas. El Partido Acción Chubutense nació en 1966, de la mano de algunos dirigentes cercanos al radicalismo y al desarrollismo, como respuesta a “la insensibilidad, el frío centralismo de los partidos tradicionales y las injusticias vividas”. El MoPoF nació en 1983 de la fusión de dos partidos vecinalistas, el de Ushuaia y el de Río Grande (este último orientado por quien había sido intendente de facto durante la “Revolución Argentina”). El Partido Provincial Rionegrino, dotado de un discurso desarrollista, fue desde 1972 básicamente el vehículo político del ex-gobernador de la “Revolución Argentina”, el general Roberto Requeijo. En los últimos 25 años de vida política, el PPR varias veces ocupó el lugar de tercera fuerza electoral en la provincia, lo cual le ha permitido a veces aliarse al peronismo y otras al radicalismo. En la misma provincia, el Movimiento Patagónico Popular se creó a partir de un desprendimiento del Partido Intransigente: tuvo un perfil opositor al radicalismo desde sus inicios y constituyó de manera regular frentes electorales con el PJ hasta que en el año 2003 modificó abruptamente su postura y pasó a constituir una de las fuerzas oficialistas. Sobre la exitosa trayectoria política del MPN (que ha probado ir más allá de la de sus creadores, los hermanos Felipe y Elías

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Sapag), se ha escrito bastante en los últimos quince años, al punto de que se ha creído develar el “misterio del sapagismo”, como titularon su libro Liliana de Rosas y otros investigadores. Entre los elementos que ayudan a entender el éxito de su convocatoria desde su creación como partido neoperonista, a inicios de la década de 1960, se debe tener en cuenta su capacidad para mostrarse como el legítimo representante de los intereses de la provincia, enfrentados al “centralismo porteño”. Pero no convendría recaer en una explicación estrictamente discursiva del fenómeno, dejando de lado la notoria adhesión que el MPN ha generado (y reproduce) no sólo entre los neuquinos nativos sino entre miles de argentinos que llegaron hasta aquella provincia para aprovechar las oportunidades laborales generadas por las obras hidroeléctricas, el turismo y la ampliación del gasto público y los servicios sociales. El provincialismo ha tenido la capacidad para interpelar con éxito tanto a los neuquinos nativos como a los afincados. De hecho, durante muchos años, el papel de la oposición en Neuquén se ha reducido a contemplar el único conflicto político realmente movilizador y de resultado incierto: la elección interna del MPN, entre la línea amarilla (acaudillada por Felipe Sapag) y la blanca (comandada por Jorge Sobisch). Nada más impactante, en este sentido, que el hecho de que en casi todas las elecciones de gobernador, el partido provincial obtuvo más votos que la suma de sufragios obtenidos por la segunda y tercera fuerzas (para hacerse una idea: el 42% de las personas que componían el padrón electoral neuquino en 2003 estaba afiliado al MPN). Y si bien el MPN ha tenido periódicamente incursiones en la vida política nacional a través de alianzas con otros partidos o de la creación de bloques “federales” de diputados y senadores, e incluso de candidaturas presidenciales propias, queda claro que esas intervenciones fuera de la provincia están muy lejos de tener la eficiencia que posee el partido en territorio propio. El MPN ha desarrollado una red política capilar y territorial tanto en ámbitos rurales como urbanos, que le ha permitido orientar los procesos políticos provinciales por décadas. El control del Estado provincial ha alimentado esas redes con dinero y subsidios que se

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extienden hasta los puntos más recónditos del espacio neuquino, incluyendo a muchas comunidades indígenas. En los últimos años, el fuerte interés por ocupar los ámbitos vecinales de participación, las cooperativas de servicios públicos y cualquier espacio público en el cual se pueda ejercer influencia, evidencia que el MPN es el único partido en la provincia que ha entendido que el resultado electoral producido cada dos años, en realidad, se genera con una tarea cotidiana, permanente y de base.

Problemas fiscales, problemas sociales Buena parte de la agenda pública enfrentada por los gobiernos provinciales patagónicos (pero no sólo patagónicos) desde 1983 tuvo como eje la relación con la administración pública. Probablemente fueron dos las principales razones de esta particularidad. La primera de ellas es que el empleo público se convirtió en uno de los pocos refugios laborales ante el desmantelamiento de muchos emprendimientos productivos privados o basados en empresas públicas nacionales. Acceder al Estado se convirtió desde finales de la década de 1980 en una tabla de salvación para amplísimos sectores sociales a los que el mercado fue dejando de lado, ignorando, disciplinando o flexibilizando. De allí que el empleo público de mala calidad fuera sistemáticamente utilizado por las autoridades provinciales y municipales y las redes político-electorales a la hora de concitar lealtades. La segunda causa tiene que ver con las graves falencias fiscales de algunos estados provinciales, falencias que los condujeron a caer en repetidos incumplimientos en sus obligaciones contractuales. La Ley de Convertibilidad aprobada en 1991 quitaba a las provincias la posibilidad de obtener respaldo financiero del erario público nacional y las obligaba a buscar esos recursos en un mercado financiero crecientemente internacionalizado por la llegada de millonarios flujos desde el extranjero. Esta situación llevó a que varias provincias patagónicas recurrieran en la década de 1990 a empréstitos privados externos, ofreciendo como garantía a los

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acreedores la propiedad de empresas públicas, la futura coparticipación federal o el cobro de impuestos. En todo caso, atender las obligaciones de la deuda externa provincial no dejó de tener un impacto directo en la vida económica y política regional. Por un lado, porque implicó una reducción de los espacios de autonomía y de iniciativa a los gobiernos provinciales ya que los compromisos financieros adquiridos tornaron más rígidos los presupuestos. Por otro lado, porque la búsqueda e imposición de la disciplina fiscal necesaria para cumplir con las deudas afectó fuertemente la relación de las autoridades políticas con los empleados públicos y con aquellos que tenían alguna vinculación económica con el Estado. Algunas de las expresiones que tuvo la crisis fiscal en la Patagonia fueron el retraso en la efectivización de las retribuciones a empleados y proveedores, los congelamientos o recortes de salarios y de beneficios (como el reconocimiento de antigüedad o del desarrollo de tareas en las llamadas “zonas desfavorables”) y el pago en bonos de circulación restringida al ámbito provincial. De allí que buena parte de las resistencias explícitas a las administraciones provinciales en las últimas décadas provinieran de gremios de trabajadores estatales (como los judiciales en Neuquén o los maestros en Santa Cruz). Pero también es necesario señalar que las actitudes de otros gremios que también nuclean a trabajadores públicos –como el caso de la Unión del Personal Civil de la Nación en Río Negro– fueron claves para ofrecer a los gobiernos provinciales una tregua social a cambio de beneficios sindicales o de candidaturas y cargos de gestión para algunos de sus dirigentes. No resulta llamativo que, en este contexto de ajuste sobre la administración pública, grupos de trabajadores del Estado y autoridades sindicales especularan con la posibilidad de crear sus propios vehículos partidarios para presionar sobre el Poder Ejecutivo y, sobre todo, el Legislativo. Así, la experiencia en Río Negro del Frente Grande primero y del Frepaso después, en la segunda mitad de los años noventa, y de la Unión de los Neuquinos desde 2005, dan cuenta de este intento de transvasamiento de redes creadas en el campo sindical y de los movimientos sociales hacia la política partidaria. En ambos casos, se trató principalmente de

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dirigentes y militantes formados en los sindicatos de trabajadores del Estado (UNTER en el caso rionegrino y ATE en el neuquino) que se convirtieron, a lo largo de los últimos doce años, en figuras y candidatos en ámbitos municipales, provinciales y en la Cámara Baja nacional. El origen de estas personas y de sus espacios de militancia impactó, como mostró Francisco Camino Vela, en los temas que estos partidos incluían en sus plataformas electorales, en el rechazo al clientelismo y en su encendida defensa de las condiciones laborales de los trabajadores públicos y de los servicios brindados por el Estado. En 1995 las provincias patagónicas recibieron un ingreso extraordinario por deudas de coparticipación que reconoció el gobierno nacional. La provincia de Neuquén obtuvo cerca de US$ 700.000.000 (equivalente al presupuesto de un año) que fueron utilizados en obras de infraestructura o dilapidados en distintas inversiones y compras de acciones. Río Negro destinó casi $ 600.000.000 para cubrir su déficit público y el del banco provincial. El gobernador de Santa Cruz en esos años, Néstor Kirchner, decidió colocar esos fondos en cuentas bancarias en Suiza, permaneciendo a la fecha la mayor parte de ese dinero sin retornar al país. La entrega de estas millonarias sumas no solucionó los problemas estructurales de financiamiento del Estado en la Patagonia. Quizá la provincia de Río Negro sea aquella en la cual la crisis fiscal alcanzó los ribetes más dramáticos, expresados en una alta conflictividad sindical y en el descalabro presupuestario. El panorama de la provincia a lo largo de la década de 1990 estuvo marcado no sólo por el elevado endeudamiento público y la crispación sociopolítica, sino por evidentes retrocesos económicos dado que, al igual que buena parte de la Patagonia, se fue concentrando cada vez más en las actividades primario-extractivas, en la provisión de servicios y las actividades comerciales. La crisis se explicitó, como se ha dicho, en el retraso salarial y la utilización de bonos, pero también en la reducción de la cantidad y de la calidad de los servicios prestados por la obra social provincial (I.P.R.O.S.S.), en el incumplimiento de los pagos a los proveedores y los contratistas, en la falta de insumos médicos y de profesionales de la salud

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en hospitales, en el deterioro de la infraestructura escolar y pública en general así como en el pago incompleto o atrasado de las transferencias a los municipios (con el efecto multiplicador negativo que esto tenía sobre las frágiles economías locales). El ahogo financiero que se produjo por la disminución (selectiva) de los fondos girados desde el Ministerio de Economía de la Nación, junto con el retraso salarial, la recurrencia de la conflictividad docente y el endeudamiento externo son algunas de las causas que ayudan a entender uno de los actos más curiosos e irresponsables de la historia patagónica de las últimas décadas: acusando al ministro Domingo Cavallo de retener indebidamente fondos de la coparticipación, en 1991 el gobernador rionegrino Horacio Massaccesi ingresó a la sucursal General Roca del Banco Central de la República Argentina y retiró del tesoro regional allí alojado más de US$ 16.000.000 para abonar los sueldos de los empleados públicos (por esa causa fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos). La crisis fiscal se acentuó en 1994, en el momento en que Massaccesi lanzó su candidatura presidencial por el radicalismo: en diciembre de ese año la provincia acumulaba una deuda de US$ 140.000.000 con distintos bancos. Retrasos de dos o hasta tres meses en el pago de los haberes, quitas salariales y pago en bonos que el mercado tomaba en un 60% ó 70% de su valor constituyeron algunos de los datos de la vida rionegrina en esos años. A lo largo de 1995, las movilizaciones callejeras motorizadas por los sindicatos, los ejercicios de retención de servicios de los empleados de las áreas de salud y educación y la toma de escuelas y hospitales por trabajadores y usuarios contribuyeron a crear un clima político muy tenso, que se agravó cuando la Legislatura provincial consagró a Massaccesi como senador nacional. No por casualidad en 1995 el radicalismo retuvo la gobernación por la estrecha diferencia de 600 votos. El precio que decidió pagar el gobierno rionegrino a cambio de recibir el desahogo financiero proveniente del Ejecutivo nacional fue llevar adelante un programa acelerado de reformas del estado provincial, que incluyó la privatización de la Empresa de Energía Provincial, lo cual contrariaba expresamente el

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plebiscito realizado pocos meses atrás, en el que la población rionegrina rechazó la venta de las empresas públicas. Algunas de las medidas tendientes a achicar el gasto público en educación a inicios de la década de 1990 implicaron, como mostró Silvia Barco, una evidente caída en la calidad del trabajo en las escuelas. El gasto en educación pasó del 30% al 21% del presupuesto provincial entre 1995 y 1998. Entre las decisiones tomadas con un criterio estrictamente economicista se contaban la de no nombrar suplentes, reducir miles de horas cátedra en las aulas, eliminar la presencia de psicólogos y médicos en las escuelas especiales, cerrar las residencias escolares y la mitad de los institutos de formación docente, eliminar el innovador Servicio de Educación para el Apoyo Laboral, tercerizar el servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios escolares y fijar una nueva fórmula de subsidio a la educación privada (que entre 1994 y 1998 duplicó su matrícula en la provincia, entre otras cosas porque los padres deseaban evitar los efectos de la alta conflictividad docente en las escuelas públicas). En la actualidad, la provincia de Río Negro registra algunos de los peores indicadores nacionales en términos de repitencia, deserción y fracaso escolar.

Región y territorios La reforma de la Constitución en 1994 prometía insuflarle nueva vida al federalismo argentino, sobre todo a través del estímulo a la creación de regiones. A diferencia de las estrategias de regionalización ensayadas desde el Estado nacional y los organismos tecnocráticos durante la dictadura de Onganía, en la década de 1990 se confiaba en la iniciativa de las provincias para que definieran los límites de las regiones y de sus perfiles productivos. En el caso de las provincias del sur, uno de los avances institucionales más importantes en esta materia fue la firma del tratado de creación de la Región Patagónica en junio de 1996. Ese tratado incluía a las provincias tradicionalmente concebidas como patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra

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del Fuego), pero incorporaba como novedad a la provincia de La Pampa. Sin embargo, fuera de la reunión ocasional del Parlamento Patagónico (compuesto por la suma de los diputados provinciales de las seis unidades político-territoriales) y de la creación de organismos ad hoc (Comisión Administrativa, Foro de Superiores Tribunales de Justicia de la Patagonia), el experimento de regionalización no ha avanzado más allá de lo declamativo y del reclamo de mayor autonomía, confirmando las dificultades para pensar (y actuar) más allá de la relación Nación/provincias. Fue la crisis de finales de 2001 y la debacle de los meses posteriores la que incentivó la búsqueda de nuevos ordenamientos territoriales y políticos en el país. Además de la declarada pretensión de la provincia de San Luis de abandonar el pacto federal, durante los años 2002 y 2003 circularon por la prensa nacional e internacional versiones que indicaban la viabilidad de una secesión patagónica ante la desidia y despreocupación de los políticos de la Capital por la suerte de sus compatriotas del sur. La posesión de los decisivos recursos energéticos del subsuelo y reservas de agua potable les garantizaría a los ciudadanos patagónicos un pasar mucho más holgado del que tenían al mantener sus vínculos con el gobierno central. En septiembre de 2003, Roberto Bendini, jefe del Estado Mayor General del Ejército, con varios años de servicios prestados en la provincia de Santa Cruz, habría informado sobre la presencia de tropas israelíes en el extremo sur, como parte de una avanzadilla de ocupación. Según otras versiones, el gobierno argentino estaría dispuesto a deshacerse de los territorios del sur para cumplir con sus obligaciones financieras. Bastante más alejados del esoterismo geopolítico, hubo otros síntomas de las dificultades que trajo la crisis en el ordenamiento territorial patagónico. En junio de 2002 los gobernadores de las provincias de Río Negro y de Neuquén firmaron el “Tratado de Viedma”, una carta de intención que proponía la fusión de ambas provincias (e incluso la posterior adhesión al Tratado del resto del coro patagónico). El hecho, si bien no pasó de la etapa de las declaraciones puesto que ni siquiera fue aprobado por la Legislatura rionegrina, fue revelador del desconcierto que rondaba por las

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cabezas de la dirigencia de la región durante los coletazos de la crisis así como de las pretensiones del por entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, de avanzar sobre territorios vecinos en su afán político, algo que intentó con magros resultados en las elecciones presidenciales de 2007.

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El vacío es un lugar normal. esentaciones de la P atagonia Repr epresentaciones Patagonia

Se ha desplazado un poco al sur, hacia San Carlos de Bariloche, pasa el día entero sobre la silla, atento a que los rebaños no se desbanden y se pierdan. Tan pronto pueda, construirá una gran cerca, así no tendrá que preocuparse de que las bestias escapen, ni tendrá que levantarse antes del alba, cuando aún no han comenzado a moverse, con ese frío y ese viento que viene de los hielos lejanos y se nota que ha pasado por pocas cosas vivas. Pero hacer llegar la madera y construir la cerca cuesta, y ahora no tiene ese dinero, hay que ser paciente, esperar. Claudio Magris

El brusco giro en el modelo económico nacional vivido a partir de finales de la década de 1980 impactó en la producción artística de nuevos rostros de la Patagonia caracterizados por el uso de tonos menos optimistas que los empleados hasta entonces. Las representaciones visuales han sido, en estos últimos años, la forma más generalizada y difundida de pintar al sur: su imposición sobre las figuras literarias o etnográficas es parte de un proceso mucho más global, que tiene que ver con la enorme influencia de los medios masivos de comunicación y de entretenimiento en la vida cotidiana. Si por décadas el sur representó el espacio de la promesa de una mejor calidad de vida, desde los años noventa las imágenes con las que han quedado asociados esos territorios son más bien las contrarias: el desierto social, la violencia y la desesperanza pintan mejor los tiempos recientes. Las temáticas más en boga en la literatura y el cine en este período parecen haber sido dos: en primer lugar, la “cuestión social” ligada a la desocupación y el desgarro del tejido social como resultado de la reorientación económica del país y, por otro lado, la historia nacional más reciente y violenta que tocó de cerca a la Patagonia, en casos como la fuga de presos políticos de Trelew en 1972 y la guerra de Malvinas.

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Estas innovaciones temáticas coincidieron con una renovación de los lenguajes utilizados, ejemplificada en el fortalecimiento y expansión del cine documental. Pero si ésas son las novedades, hay en cambio, algunas continuidades que merecen anotarse. Por ejemplo, las recientes producciones literarias y fílmicas de la Patagonia no se han alejado demasiado de una de las imágenes más usadas en el siglo XX para referirse al sur: aquella según la cual se trata de una región lejana y exótica en la cual la vida es dura, pero misteriosa y romántica a un mismo tiempo. Desde los orígenes de la industria del cine argentino, la Patagonia fue representada por las cámaras como el lugar de lo exótico e incluso de lo épico. Como afirma Paz Escobar, la imagen de una Patagonia epopéyica y aventurera fue la hegemónica entre las que se proyectaron en las salas nacionales. Hasta la década de 1980, la mayor parte de las producciones cinematográficas coincidía en presentar al sur como un desierto a conquistar a través del esfuerzo físico tanto como un paisaje exuberante e hipnotizante, principalmente sintetizado en la figura del bosque. Según Escobar, el desierto (entendido como el espacio social y geográfico antagónico a la frondosidad y el misterio del bosque) está relacionado con el predominio de lo natural, lo no cultivado (lo in-culto) y la barbarie por sobre la cultura. El paisaje es un espectáculo natural. Desde que se masificó el turismo en las décadas de 1930 y 1940, la forma más común de homogeneizar a la Patagonia en la pantalla grande ha sido usando la magnificencia del bosque de coníferas que rodea al lago Nahuel Huapi. Muchos realizadores –desde Walt Disney hasta Daniel Tinayre, pasando por los actores de El profesor patagónico (1970) o la muy olvidable La edad del sol (1999), entre otros– han echado mano a este recurso natural para transmitir en sus películas un ambiente idílico, idealizado y escasamente humanizado. La paz de los bosques y de los muertos que descansan en un cementerio mapuche es alterada por la llegada de inescrupulosos inversores extranjeros en La nave de los locos (1995), dirigida por Ricardo Wullicher. Estas características del ambiente sureño son llevadas a un extremo en el film de Fabián Bielinski,

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El aura (2005). Bielinski retomó el imaginario popular acerca del bosque patagónico: se valió de su soledad, silencio y un cierto halo de misterio para crear la atmósfera propicia para el desarrollo del crimen perfecto.

Muchas imágenes, muchos espejos Como el Ruhr argentino, como la California argentina, como la Siberia argentina, el Far West argentino, el Paraíso argentino. De esas y de muchas otras maneras ha sido presentada la Patagonia a lo largo del siglo. En función de esas caracterizaciones se han seleccionado distintas imágenes como las más representativas del sur: las costas áridas del Atlántico, los Andes nevados, los pingüinos de Punta Tombo, la minería de Río Turbio, el glaciar Perito Moreno, el lago Nahuel Huapi con el diseño helvetizante del Hotel Llao Llao, etc. Esa pluralidad de imágenes testimonia también la multiplicidad de creencias sobre la Patagonia. Una de ellas es la que postula que la Patagonia poseía una enorme abundancia de recursos económicos estratégicos, al punto que parecía ser el corazón de hierro, carbón y petróleo que sería capaz de abastecer de energía a un país que pretendía alcanzar su madurez industrial. Otra es la que plantea que la región es poseedora de un rico patrimonio natural paisajístico que se debe conservar. Una tercera señalaba que, dada su riqueza económica, era una tierra en riesgo por la codicia y voracidad de potencias centrales y de países vecinos: en consecuencia, sólo una vigilancia estrecha sobre esos territorios aseguraría la paz y la integridad física patagónica. Una cuarta creencia bastante popular sobre las tierras del sur se mantuvo en pie hasta hace pocos años: sostenía que allí era posible desarrollar una mejor vida que en los centros urbanos metropolitanos y en las provincias más viejas. Por último, otra de las representaciones que más se han usado, tanto desde la literatura como desde el cine, insistía en que la Patagonia era paisaje exótico y lejano, un verdadero “fin del mundo” que tenía capacidad mágica para redimir a los pecadores

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ofreciéndoles un segundo nacimiento, un borrón y cuenta nueva a partir del cual el pasado quedaba definitivamente sepultado por un aluvión de futuro abierto y a construir. La idea de que la Patagonia es esencialmente un espacio natural, pre-humano y opuesto a la civilización y a la sofisticación es muy vieja y ha alcanzado un súbito éxito gracias al crecimiento de la industria turística. En esta consideración, los que se atrevían a la Patagonia, los que estaban dispuestos a pagar su altísimo precio climático, recibían a cambio la bendición de un nuevo comienzo, libre de las culpas arrastradas. Autores como Edgar Allan Poe, Jules Verne, Gabriel García Márquez y Claudio Magris hicieron referencia a este territorio para indicar un mundo distante y que, como todo lugar desconocido, conlleva consigo el misterio y la ansiedad de lo mentalmente inabarcable. Es eso también lo que buscaba el protagonista de Los náufragos del Jonathan (1909), una novela que Jules Verne ambientó en las islas fueguinas y en la que un anarquista pacifista e iluminista había huido hacia lo que creía que era el último confín de libertad en el mundo. No es sino una nueva oportunidad, liberada del peso agobiante del pasado, lo que van a buscar algunos de los personajes de Roberto Arlt en El juguete rabioso o en Los siete locos o de la película Caballos salvajes (1995). Sensación cercana fue la que transmitió William Hudson en Días de ocio en la Patagonia (1893): todo hombre que llegara hasta los paisajes del sur lograba (re)encontrarse con su yo animal, con su esencia, y deshacerse de una cultura libresca, metropolitana, vacua y superflua que nada tenía que ver con lo esencial de la vida. De igual manera, para el escritor Claudio Magris el paisaje patagónico marca el destino (lejano, inhóspito, exótico) hacia el cual, a inicios del siglo XX, parte su protagonista, el joven italiano Enrico Mreule, abandonando todo en su Gorizia natal. Mientras su patria se veía afectada por la desintegración del Imperio Austrohúngaro, él, refugiado en ese lugar perdido del planeta y congelado en el tiempo, permaneció al resguardo del caos que invadió a Mitteleuropa inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. La vida en la Patagonia es dura, pero para un intelectual como él resulta reconfortante alejarse de sus elucubraciones cotidianas para dedicarse a los animales y al trabajo manual.

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La crisis social se hace película ¿Cómo se percibieron en las pantallas del cine nacional los cambios en el mundo del trabajo, la reestructuración del Estado y la nueva orientación económica de la región sur? Coincidentemente con el resurgimiento de la industria cinematográfica en el país –período diferenciado en la historia del séptimo arte con el nombre de nuevo cine argentino–, empezaron a ser filmadas las zonas patagónicas afectadas por las privatizaciones y las transformaciones del mercado laboral. Quizá la película que mejor describa la crisis de los noventa (no sólo en la Patagonia) sea Mundo Grúa (1999), un film de ficción que se enmarca dentro del nuevo realismo social. Dirigida por Pablo Trapero, filmada en blanco y negro y con predominio de paisajes áridos y desolados, la película logra transmitir una atmósfera gris y de hastío. El protagonista, un desocupado que decide probar suerte en Comodoro Rivadavia, encarna la trayectoria –característica en esos años– seguida por gran parte de los sectores populares recientemente empobrecidos, cuya exclusión estructural del mercado laboral cambió sus vidas para siempre. Tradicionalmente filmada como un Eldorado en el que el trabajo y la buena vida no faltaban, la Comodoro Rivadavia que aparece en Mundo Grúa tiene muy pocos de esos destellos: no hay trabajo ni comodidad en ella. El viaje de Rulo, el protagonista, a la –cada vez más menos amigable– Patagonia constituye un nuevo fracaso en su desesperado intento por volver a reintegrarse al mundo del trabajo. La crisis social, trasladada a una crisis de la subjetividad es tematizada en la tan exitosa Caballos salvajes (1995). En este film –dirigido por Marcelo Piñeiro–, el protagonista escapa a Chubut con la intención secreta de salvar una tropilla y de realizar su homenaje personal al espíritu libertario tan fuera de época en aquellos años. Más recientemente, El perro (2004), de Carlos Sorín, describe las desventuras de un desocupado en la Patagonia desde que su camino se cruza con el de un dogo argentino de competición. Una vez más, predomina en la pantalla el paisaje desértico, despojado, minimalista y solitario. También los personajes de Una

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sombra ya pronto serás (1994), de Héctor Olivera, basada en el libro homónimo de Osvaldo Soriano, vagabundean en círculos por un lugar desértico pero familiar, buscando sustento de naturaleza material, pero sobre todo de sentido. Las problemáticas sociales encontraron también interés en el cine documental, que vivió un súbito auge debido al surgimiento de numerosas escuelas de cine hacia fines de la década de 1990 y a la importación masiva de mejor equipamiento técnico gracias a un dólar subvaluado. Un renovado circuito de exhibición y competencia de cortos y largometrajes producidos en la Patagonia ha permitido acercar a la población regional a esos productos, así como estimular vocaciones de directores y actores. Es el caso del Festival Federal de Cine y Video “Imágenes de la Patagonia”, que organiza desde el año 2001 la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Neuquén; del Encuentro de Películas “Patagonia Audiovisual” (ya va por su sexta edición) y eventos como la “Muestra de Cine Comunitario y Documental Social en Ushuaia” realizado en 2007. La mayoría de los nuevos documentales de tono social compartían una estructura narrativa similar, basada en entrevistas a pobladores y (ex)trabajadores. Este género ha sabido describir la historia argentina reciente mejor que otras formas de representación. En este marco, es destacable el film La noche eterna (1991), dirigido por Marcelo Céspedes y Carmen Guarini. En este documental, los directores plantean la crisis de Río Turbio tras las privatizaciones, con el consecuente crecimiento del desempleo y la agónica e imparable conversión de la localidad en un pueblo prácticamente abandonado. En la misma línea se inscribe el documental Fantasmas en la Patagonia (1996), de Claudio Remedi, que describe la realidad social de Sierra Grande tras el declive de la minería del hierro. Querida Mara. Cartas de un viaje desde la Patagonia (2001) es un documental que da cuenta de las peripecias que deben realizar los esquiladores patagónicos para sobrevivir. La literatura, en parte, también retomó estas preocupaciones. Así, María Sonia Cristoff en su libro Falsa calma. Un recorrido por los pueblos fantasma de la Patagonia (2005) describe la cotidianidad de los pueblos devastados por el retiro de la acción de empresas

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públicas como YPF. En un contexto de hastío, donde la nostalgia invade las calles y las sueños de aquellos que pasan el día lamentándose por lo que una vez fue, la figura del desierto vuelve también a jugar un rol preponderante en la descripción de –como el mismo título lo indica– los devenidos pueblos fantasma. Los viejos protagonistas de la “epopeya petrolera” se encuentran excluidos del transcurso de la historia nacional y mundial y pasan a residir en una espiral de decadencia personal y colectiva. El aislamiento del mundo, en este caso, no se debe a una decisión personal como lo había sido para Enrico en la novela de Claudio Magris, o para el anarquista aristócrata pergeñado por Verne, sino forzado por circunstancias extra-personales como las restricciones que las privatizaciones y el desempleo impusieron sobre la vida cotidiana y la subjetividad de los habitantes de esos pueblos. Estas personas, habiendo estado alguna vez “más cerca de la civilización” por su cercanía a los principales enclaves extractivo-productivos del país, volvían ahora a alejarse de ella.

Historia y cine En la última década del siglo XX otra moda cinematográfica se hizo cargo de las imágenes de la Patagonia en el séptimo arte: el cine histórico. Esta tendencia, por ejemplo, dio lugar a la evocación de las matanzas de la Patagonia trágica (veinte años después de La Patagonia rebelde, de 1974) con Flores amarillas en la ventana (1996), un film de Víctor Jorge Ruiz. En igual sentido fue Patagonia, utopía libertaria (2006), un documental gallego sobre el máximo dirigente de esas huelgas, Antonio Soto. Sin embargo, la película paradigmática del “nuevo” cine histórico es La película del rey (1986), de Carlos Sorín y Jorge Goldenberg. Si bien la historia del procurador francés que se proclamó rey del sur del mundo ya había generado por entonces varios libros y alguna película como Orelie Antoine, rey de la Patagonia (1984), hubo algo particular en la versión de Sorín y Goldenberg. Como analiza Elina Tranchini, este film marcó el renacimiento de un cine que se terminó de

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afianzar en la década posterior gracias a un proceso de liberación de la represión y tutela cultural y creativa ejercida por la dictadura. Como en una mamushka, el film gira en torno a los problemas para realizar una película histórica en la Patagonia, que termina inconclusa, con maniquíes en lugar de actores, con el viento patagónico que hace imposible realizar las tomas y con el director y el productor detenidos por el ejército por incendio de campos. La relación entre cine y Patagonia parece haberse convertido en un tema en sí mismo para el séptimo arte, no sólo por lo expresado en La película del rey, sino por El viento se llevó lo que (1998), de Alejandro Agresti, que muestra cómo una localidad patagónica vive intensamente sus vínculos con el cine clásico. La película Forajidos de la Patagonia, actualmente en posproducción, también tematiza las dificultades de un equipo por llevar adelante su proyecto fílmico en tierras chubutenses. Así, regresan al cine una vez más las representaciones de la Patagonia como espacio de la aventura, pero ya no como un paréntesis con respecto a la historia, sino todo lo contrario, plenamente inserta en ella. En muchas películas estrenadas en los últimos años, el clima de excepción, de aventura y de otredad ya no oculta la historicidad del relato, sino que la incorpora de una manera abierta, desafiando la representación, tan arraigada en el imaginario popular, sobre la supuesta a-temporalidad de la vida en la región. Como resultado de este proceso, la historia de la Patagonia no sólo forma parte plena de la nacional en un nivel material, sino también en el de sus representaciones culturales. El protagonismo de la historia en el cine llevó a las salas de todo el país imágenes dedicadas a episodios de las últimas décadas. La película Juan, como si nada hubiera sucedido (1987), de Carlos Echeverría se refiere al caso de Juan Herman, el único desaparecido de la ciudad de Bariloche durante los años de plomo. La ambigüedad de la población barilochense frente a la desaparición de Herman es la misma que el director muestra en Pacto de Silencio (2006), un documental que da cuenta de la estadía barilochense de Erich Priebke y de sus intensos vínculos con la sociedad local. Hay otros filmes basados en sucesos de la historia

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reciente. Entre ellos se cuenta Bajo bandera (1997), que refiere la historia del asesinato de un conscripto en una base militar patagónica, una historia en la que muchos creyeron ver una evocación del homicidio del conscripto Omar Carrasco en Zapala, ocurrido tres años antes del estreno de la película. También es importante destacar Trelew. La fuga que fue masacre, dirigida por Mariana Arruti (2003), que relata el escape de 19 presos políticos del penal y el fusilamiento de otros 19, en 1972. La guerra de Malvinas también concitó cierto interés, dado el impacto que generó sobre la conciencia colectiva de los argentinos. Podría afirmarse, si seguimos al texto de Gustavo Junco, que el relato histórico sobre el conflicto ha sido construido, principalmente, a través de las imágenes cinematográficas y televisivas. Uno de los primeros filmes sobre esta temática fue Los chicos de la guerra (1984) dirigida por Bebe Kamín. Basado en la novela homónima de Daniel Kon, este film cuenta la historia de tres jóvenes de diferente extracción social enviados a combatir al archipiélago. La película prácticamente se transformó en la versión oficial del conflicto debido a su reiterada proyección por ciclos televisivos y a que no se produjeron más filmes de ficción sobre este tema durante una década. El multipremiado Iluminados por el fuego, de Tristán Bauer, estrenado en 2005, valiéndose de la técnica del flashback, también utilizada por Los chicos de la guerra, pasó a engrosar la escuálida lista de películas que vuelven a evocar el tema de la guerra de Malvinas, devolviéndole actualidad a la cuestión.

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Perspectiv as. La P atagonia actual: erspectivas. Patagonia ¿Dónde está y dónde puede estar?

Entremos disfrazados de explorador o de lo que sea [...] Entremos también con el peso de una tradición si quieren, sabiendo que la llevaremos siempre a cuestas porque la Patagonia no libera a nadie de nada. Ni de la pobreza ni del tormento. Que se sepa. Sepamos que acá, si no hay un paisaje de tarjeta postal cerca, estamos todos condenados. Parias somos. Cinco gatos locos dando vueltas alrededor de una oveja enclenque [...] Todos quieren hablar de lo grandioso. Parece que lo único que hubiera en la Patagonia son dinosaurios y ballenas. Dinosaurios no hay, pero con la ilusión popular de que todo tiempo pasado fue mejor, hasta el más alejado de la curiosidad paleontológica se muere por ver un fragmento fósil. No sabrían distinguirlo de una piedra pómez si uno los dejara solos. María Sonia Cristoff

Según expresaban en 1991 Ricardo Rivas y otros historiadores de la Universidad Nacional del Comahue, al Banco de la Provincia de Neuquén se le abrieron dos alternativas. Por un lado estaba la idea que el banco había alentado desde sus inicios y que sostenía que “el costo de una política de fomento se justifica por los efectos que en el mediano y largo plazo pueden alcanzarse”, tales como la diversificación del sistema productivo y la disminución de las desigualdades regionales. Por el otro lado el banco tenía ante sí la posibilidad de transformarse en una “entidad altamente competitiva que garantice su rentabilidad e incluso su supervivencia”. Esa bifurcación de caminos a inicios de los años noventa no fue, de ninguna manera, privativa de esa institución bancaria neuquina sino de buena parte de las agencias públicas nacionales y provinciales asentadas en la Patagonia. Uno de los caminos era otorgarle sobrevida financiera y política al modelo de desarrollo y cohesión territorial centrado en el Estado, en la radicación de población,

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en la promoción de actividades industriales y de producción de energía: ese camino quedó definitivamente trunco con la crisis fiscal y económica de 1989, que dio por terminado un ciclo histórico. El otro sendero, el que finalmente se adoptó, implicaba dejar de subsidiar el modelo de crecimiento expansivo y dejarle el paso y el protagonismo histórico a la iniciativa privada, considerada intrínsecamente como la mejor distribuidora y utilizadora de recursos. Los efectos de esta alteración radical de las grandes condiciones sociales y económicas de la vida en Patagonia constituyeron un doble fracaso. En primer lugar, porque no se cumplió con el objetivo de revitalizar a las economías patagónicas, que durante diez años fueron languideciendo, incapaces no ya de generar el empleo y los bienes de antaño, sino de sobrevivir bajo un régimen de competencia abierta. Pero en segundo lugar, porque aun cuando no se alcanzó ese propósito, las consecuencias fueron muy distintas a las prometidas por los gurúes neoliberales en términos de sufrimiento humano y pérdida de calidad y de esperanza de vida. ¿Cuánto de esto se mantiene en pie en la actualidad, cuánto ha cambiado y cuánto cambiará? Estas últimas páginas esperan ser un breve esbozo de problematización en torno a esas preguntas.

El vigor exportador Como primer dato sobre la actualidad patagónica, hay que dar cuenta de que hay numerosas actividades económicas, sobre todo las vinculadas a la exportación, que parecen tener viento de popa. Gracias a una combinación de subvaluación de la moneda nacional, altos precios de los bienes exportables y mejoras productivas, hay un conjunto de ramas de la economía que desde 2002 y más claramente desde 2003 tienen por delante un panorama bastante optimista, como el petróleo, la ganadería, la fruticultura, el turismo e incluso ciertos bienes industriales (en la actualidad la empresa ALUAR abastece a todo el mercado interno de aluminio y comercia en el exterior más de la mitad de su producción). Como muestra Guillermo Gaudio en su libro, la Patagonia ha reforzado su vin-

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culación con el comercio exterior en los últimos años, pasando de exportar US$ 2.800 millones en 1998 a casi US$ 4.000 millones en 2004. Ese mismo año, Chubut exportaba por más de US$ 4.700 per cápita, seguido de cerca por Tierra del Fuego (US$ 3.848). Muy lejos de ello, la provincia de Río Negro conseguía exportar poco más de US$ 600 por habitante. La más importante de las actividades exportadoras tiene que ver con el petróleo: los conflictos bélicos (y las promesas de nuevos episodios) en Oriente medio y la tensión entre Washington y Caracas han colaborado para que se dispare en los últimos años el precio del barril de crudo. Y si bien las principales beneficiadas son las empresas exportadoras, es de destacar que una parte de la renta permanece en manos del Estado nacional y otra llega a las arcas provinciales (según algunos cálculos, 20% de las ganancias). Las agroexportaciones patagónicas no sólo están de parabienes porque la salida de la convertibilidad les devolvió competitividad sino porque pueden aprovechar un proceso de reestructuración del mercado internacional de alimentos. La tendencia es a que en los mercados metropolitanos se comercialicen productos frescos todo el año. Argentina, gracias a la producción frutícola del Valle de Río Negro y Neuquén, puede ofrecer esos productos en contra-estación, por lo que se ha convertido en el primer exportador mundial de peras frescas, el 9° de manzanas frescas y el 4° productor de jugo concentrado de manzana, que se destina en su totalidad al mercado norteamericano. Dentro de esa novedosa geografía de la agroproducción del norte de la Patagonia, San Patricio del Chañar es el emblema de una micro-región rápidamente privatizada, regada y puesta en producción con la participación financiera y regulatoria del Estado neuquino, que ha permitido el establecimiento de innovadoras experiencias frutícolas y vitivinícolas. Esos nuevos espacios parecen estar aprovechando las inversiones efectuadas en la década pasada. Experiencias de menor inversión, pero igualmente significativas se pueden encontrar en Añelo y en las áreas dedicadas a la producción de frutas finas en El Bolsón (Río Negro) y Los Antiguos (Chubut). En estos últimos años el precio de la lana ha alcanzado un nuevo máximo histórico aprovechando que el costo

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de las fibras sintéticas se ha disparado acompañando al costo del crudo. Como cruel burla, el stock ovino del país no parece ser el suficiente para aprovechar esa posibilidad, abierta, entre otras cosas, porque Australia también alcanzó el techo de oferta exportable debido a problemas climáticos (cosa que no ocurría desde hacía casi treinta años). Además, el enorme mercado chino ha autorizado el ingreso de lanas sucias al comprobarse que están libres de aftosa al sur del paralelo 42. Aprovechar esa posibilidad dependerá de que se importen los vientres necesarios o se reduzcan los animales destinados al consumo interno. Otra de las áreas que parecen haber renacido en los últimos años es la actividad turística, sobre todo la proveniente del segmento internacional. Se crearon y mejoraron aeropuertos en distintos puntos turísticos para absorber el creciente movimiento aéreo ligado a la misma. Así, El Calafate o Ushuaia se ofrecen en el mercado global como productos “extremos”. La infraestructura para la práctica de esquí se modernizó también en Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel, y aumentaron las instalaciones para disfrutar de baños termales en Copahue y Caviahue y de la actividad del rafting en la Cordillera. A ello se le suman ofertas más tradicionales como el avistaje de fauna marina en las costas chubutenses, las playas rionegrinas y las estancias inglesas en Tierra del Fuego. Quizá lo más llamativo de todo el fenómeno sea la creación de un circuito de turismo paleontológico (que permite ver fósiles y huellas de dinosaurios) o de turismo minero en Sierra Grande, otrora centro de explotación del mineral del hierro. En todo caso, lo que se puede apreciar en los últimos años es un proceso de ampliación, sofisticación y segmentación de la oferta turística, que implica la creación de ámbitos, servicios y bienes exclusivos, inaccesibles para el grueso de los turistas argentinos.

Las herencias e hipotecas del pasado reciente Las perspectivas promisorias que muestran muchas actividades económicas en la Patagonia parecen arrastrar dos rasgos estructurales de índole negativa. Uno de ellos es que estas áreas de

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la producción no han sido ni parecen ser capaces de reemplazar las funciones de integración territorial y social, de generación del empleo y de radicación de población que realizaron por décadas las actividades empresariales ligadas al Estado. Así, la recuperación económica no tiene el dinamismo necesario para romper la polarización y pauperización social que se fue dibujando en las últimas dos décadas. La desocupación de ciertos sectores parece haberse vuelto muy rígida e insensible al crecimiento económico: las mujeres tienen más problemas que los varones para conseguir empleo y lo propio les pasa a los menos calificados con respecto a los que tienen niveles más altos de capacitación. La mayoría de las fases de producción de la actividad pesquera se realizan a bordo de los buques-factoría, por lo que la demanda de trabajo en los puertos es muy débil y temporaria. La industria petrolera es intensiva en capital más que en trabajo. La extracción de oro y plata por parte de Cerro Vanguardia S.A., en Santa Cruz, ha producido enormes costos ambientales sin un impacto positivo de magnitud equivalente en términos de generación de empleo o de efecto indirecto sobre la economía local. Por el contrario, tanto la actividad minera allí desarrollada como la proyectada sobre Esquel –rechazada en una consulta popular por el 85% de los votantes–, han generado una intensa movilización local repudiando la actividad por sus nocivos pasivos ambientales. Repercusiones parecidas hubo a finales de la década de 1990, cuando se hicieron públicos algunos informes ambientales y médicos sobre las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ, cercanas a Loma de la Lata (Neuquén), fuertemente afectadas por la actividad petrolera. La otra de estas características negativas es la fuerte extranjerización y concentración de la propiedad que se advierte en estas ramas actualmente en expansión. Ello impacta en una serie de variables muy relevantes como por ejemplo los ámbitos en los que se toman las decisiones empresariales, la permanencia de las inversiones y las remesas de ganancias. El carácter de enclave extractivo, monopólico y de capital concentrado que mostraban muchas actividades económicas patagónicas desde la década de 1960 no se ha modificado significativamente, salvo por el hecho de que la

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propiedad de esas empresas ya no es pública sino privada. El grueso de la ganancia de la actividad petrolera no permanece en la región, por lo cual no impulsa con fuerza ni las inversiones ni el consumo local. En el caso de los ovinos, los sectores que se encuentran en mejor situación para desarrollar este perfil exportador, según la prensa especializada, son las grandes compañías que concentran más de dos tercios de los embarques, principalmente de capitales europeos y norteamericanos. La pesca, que en los últimos años también ha evidenciado un muy fuerte crecimiento basado en las exportaciones, sobre todo en el litoral chubutense y santacruceño, muestra graves problemas de sustentabilidad en el futuro. Los niveles de sobreexplotación de los caladeros, la concentración de la actividad en unas pocas especies marinas, así como la falta de control sobre la pesca furtiva, son algunas de las principales amenazas que se ciernen sobre la actividad. El boom de exportaciones y de crecimiento económico que se adivina en la Patagonia sólo puede alcanzar sustentabilidad si se dan una serie de premisas. Una de ellas es que se incremente la productividad de los bienes a través de mecanismos y recursos que le den una competitividad no exclusivamente cambiaria. Otra es que no se realice generando pasivos ambientales que hipotequen ese desarrollo a las futuras generaciones. La tercera parece ser que se apoye en –y estimule– un enorme esfuerzo público por aumentar y mejorar el equipamiento social y productivo de la Patagonia: como señala Guillermo Gaudio, son especialmente necesarias las inversiones en la infraestructura vial (la ruta nacional 40, clave para recorrer la región, aún no se encuentra completamente pavimentada), aérea (hay pocas conexiones intrapatagónicas), marítimas y fluviales (una región con miles de kilómetros de costa marítima y de ríos navegables vive una completa ausencia de líneas de transporte por ese medio) y, sobre todo, ferroviarias. La combinación de gastos públicos fijados en moneda nacional y crecientes ingresos en dólares les ha dado a las provincias patagónicas una situación de desahogo que aleja el fantasma de la crisis fiscal, al menos de manera temporal, lo cual contrasta fuertemente con lo sucedido entre 1987 y 2002. Los ingresos prove-

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nientes de la coparticipación de un Estado nacional superavitario, pero sobre todo de las regalías petroleras, les permiten a algunas de esas provincias, sobre todo a Neuquén, Chubut y Santa Cruz, una cierta comodidad fiscal (desde 2001 las provincias reciben cerca del 12% del precio del barril de crudo, menos el costo del transporte). Sin embargo, todavía resta que esos fondos públicos sean usados siguiendo criterios regional y socialmente más eficientes y equitativos. Aquellas regiones en las que la explotación petrolífera está en auge tienen ingresos extraordinarios, lo cual ha estimulado a los gremios de empleados públicos a buscar recomposiciones salariales desde el 2004 a la fecha. En igual sentido han ido los trabajadores petroleros, conocedores de las tasas de ganancia que están obteniendo las empresas del sector. La negociación de la concesión de áreas de explotación y de exploración se ha convertido en un tema crucial de la actualidad, pero sobre todo del futuro. En ese sentido, la inusitadamente anticipada renovación de los contratos que unen a la provincia de Neuquén con Repsol en 2000, varios años antes de su vencimiento, habla, precisamente, del tipo de especulaciones e intereses millonarios que se ponen en juego en la actividad. Los panoramas son desconcertantes: mientras que más del 90% de los ingresos por exportaciones neuquinas proviene del gas y el petróleo, más de 15.000 hogares de la provincia no tienen gas por red. Los riesgos económicos, fiscales y sociales originados esta dependencia del petróleo, así como las advertencias sobre el agotamiento de las reservas exploradas, no parecen ser temas que hayan entrado en las agendas oficiales con la seriedad del caso. Sin embargo, la velocidad con la que se extrae y se exporta el petróleo ha llevado a muchas voces de la sociedad civil y a especialistas a denunciar la inminencia del agotamiento de las reservas, producto de la desaprensión privada y de la insuficiencia de las inversiones para la prospección de nuevos yacimientos. Otras organizaciones han comenzado a alertar sobre los riesgos que implica que más tentador que el petróleo que queda en la Patagonia resulten sus reservas de agua dulce, tanto las subterráneas como las disponibles en los más de 300 lagos de la región y en los miles de km2 de hielos continentales y glaciares.

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Los cambios sociales y políticos ¿Se aparta en algo la situación social y demográfica actual de la Patagonia con respecto a la del resto del país? La EPH del segundo semestre de 2006 indicaba que los conglomerados urbanos de la región mostraban una serie de diferencias positivas al compararlos con el resto de la nación. Así, por ejemplo, la Patagonia seguía siendo un espacio más joven que el resto del país (los menores de 14 años eran el 26,2% frente al 23,5% nacional, e incluso en Ushuaia-Río Grande constituían casi 29% de la población). Asimismo, el porcentaje de menores pobres en el país alcanzaba al 40,5%, mientras que la Patagonia era del 22,5% (así y todo, había grandes diferencias entre un punto y otro de la geografía sureña: en Viedma-Carmen de Patagones los menores pobres eran casi el 39%, pero en Río Gallegos sólo el 9%). De igual manera, si los menores en condición de indigencia en los principales aglomerados urbanos del país sumaban 14,3%, la Patagonia tenía en esa condición a 8,6% (Río Gallegos sólo el 1,1%, pero en Viedma-Carmen de Patagones era posible encontrar casi la media nacional: 14,1%). La información estadística parece confirmar que quedaron superados los episodios más gravosos de empobrecimiento como los vividos en 2002 y 2003. Sin embargo, hay un aspecto en el cual los efectos de la crisis parecen destinados a sobrevivir durante mucho tiempo más. La desintegración de las identidades colectivas, la fragmentación de las experiencias laborales y comunitarias y la pérdida de poder social de los trabajadores y de los pequeños productores ha implicado fuertes transformaciones no sólo en el mundo social sino en el de la política. Los partidos tradicionales son (y serán) capaces de ganar elecciones, pero arrastran fuertes problemas para representar a los cada vez más diferenciados intereses de las sociedades provinciales. Los últimos años de vida política han mostrado la emergencia de nuevas y volátiles fuerzas partidarias, muchas de ellas ligadas a figuras “independientes”, que se muestran dispuestas a candidatearse indistintamente por cualquier agrupación. La fragmentación de los grandes partidos nacionales en una serie de federaciones provinciales e incluso locales, así como los desafíos pro-

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venientes de los gremios y de las organizaciones de desempleados testimonian la complejidad de los escenarios políticos actuales, que dificultan enormemente la gobernabilidad, el consenso sobre políticas de Estado y la representación de las diversas fracciones e intereses que existen en las sociedades patagónicas. Algunos de los experimentos sociales desarrollados en los últimos años como respuesta a la crisis y al desempleo han fructificado y otros han terminado por desbarrancarse. Muchas de las pymes creadas por ex-empleados de YPF han fracasado en su intento de sobrevivir en el mercado de provisión de servicios a las petroleras, pero otras han sido exitosas. Decenas de iniciativas barriales y comunitarias siguen en pie y han conseguido alcanzar sustentabilidad financiera o productiva en el futuro inmediato. FaSinPat, la planta de cerámicos bajo control obrero, en la provincia de Neuquén, ha sido probablemente uno de los casos mejor resueltos. Durante sus primeros cuatro años de actividad incorporó 170 nuevos trabajadores a la planta: sus vinculaciones con la comunidad de entorno, con otros emprendimientos similares y con organizaciones sociales le han permitido lograr un fuerte respaldo social, a pesar del acoso patronal y del gobierno provincial. Las organizaciones de desempleados, devenidas organizaciones “piqueteras”, alcanzaron una intensa capacidad de presión entre 1999 y 2003, y desde entonces han venido sufriendo una merma en su potencial de movilización y de accionar político en las calles. Mientras que hasta 2003 en general las respuestas de los distintos niveles del Estado con respecto a los desocupados y sus agrupaciones fueron de rechazo, de judicialización, de represión y de búsqueda de despolitización, a partir de entonces comenzó a darse una disputa entre esos niveles y las organizaciones para controlar o extender su impronta sobre los desempleados. Coordinadoras, agrupaciones, fracciones y movimientos de desocupados se han visto sometidos a una lógica de integración política y social subordinada por parte del Estado nacional y algunos provinciales, a la cual no han sabido –en algunos casos querido– resistirse. Carentes de un liderazgo nacional, divididos entre corrientes ideológicas y muchos de ellos seducidos ante la retórica, las decisiones y fondos del gobierno de Kirchner, su poder de convocatoria se ha ido redu-

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ciendo, y en muchos casos han pasado a ser parte de las formas más tradicionales y clientelares de movilización partidaria. *** Finalizando este recorrido por la historia reciente de la Patagonia, sólo hay lugar para unas pocas líneas finales de reflexión. En ellas quizá valdría la pena insistir en una idea que articula este libro: la Patagonia no es tanto una región objetivamente existente y recortada por la disciplina geográfica como una constelación siempre inestable de significados, intereses y deseos. Es un sedimento siempre en movimiento de representaciones y actividades productivas y destructivas y de anhelos y fracasos sociales e individuales. Fue un sueño y realización del Estado, de latifundistas sanguinarios y de gallegos anarquistas, de militares sediciosos, de inmigrantes explotadores y explotados, de misioneros laicos y religiosos compadecidos, delirantes y prepotentes. Fue patria de indígenas desafiantes, de presos políticos y de mujeres armadas y esforzadas. Multiplicidad de proyectos y prácticas de ordenamiento estatal y capitalista en el siglo XX, pero también de resistencias y de negociaciones que descansaban en una creencia mesiánica e incombustible: la Patagonia es un lugar extraordinario, con una dosis de significación que parece inalcanzable para los hombres. Como si nunca se terminara de entender a la región y siempre retuviera un misterio último. Yo no digo que tenga fundamento la idea de que hay residuo de significado escondido más allá. Lo que sí se puede percibir es que miles y miles personas así lo han creído y en función de ello han ido al sur y se han quedado allí (para encontrarlo) o han huido de él (tras hallarlo o hartarse de su búsqueda).

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Sitios web Asociación de Realizadores de Cine de Neuquén (www.aran.org.ar) Cine nacional (www.cinenacional.com) Crónica rural (www.cronicarural.com.ar) Diario El Sureño (www.surenio.com.ar) Diario Río Negro (www.rionegro.com.ar) Escena 10 (www.escena10.com.ar) Fruticultura Sur (www.fruticulturasur.com) Gobierno de la Provincia de Neuquén (www.neuquen.gov.ar) Guía de empresas recuperadas (www.guiarecuperadas.com.ar) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.indec.mecon.ar) Infocuencias (www.infocuencas.com) Infomapuchito (www.infomapuchito.com) Literasur (http://literasur.blogspot.com/) Lof Digital (www.lofdigital.org.ar) Nueva Mayoría (www.nuevamayoría.com) Opinión Periodística Independiente Santa Cruz (www.opisantacruz.com.ar) Oro Sucio (www.orosucio.madryn.com) Parlamento Patagónico (http://parlamentopatagonico.legisrn.gov.ar) Partido Acción Chubutense (www.pach.org.ar) Patagonia Dixit (www.patagoniadixit.com.ar) Proyecto Allen (www.proyectoallen.com.ar) Textos sobre la Patagonia (www.temakel.com/secciontextospatagonia.htm) Traslado de la capital (http://trasladodelacapital.blogspot.com)

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Filmografía (ordenada según año de estreno) Al otro lado del río, dirigida por Dragutín Klein (1983) Insaciable, dirigida por Armando Bo (1984) Los chicos de la guerra, dirigida por Bebe Kamín (1984) Journal de Patagonie, dirigida por Fréderic Campain (1985) Contar hasta diez, dirigida por Oscar Barney Finn, guión de Beatriz Guido (1985) Había una vez una ballena, dirigida por Juan Schroder (1985) La película del rey, dirigida por Carlos Sorín (1986) Gerónima, dirigida por Raúl Tosso (1986) Ana ¿dónde estás?, dirigida por Narcisa Hirsch (1986/1987) Jeremías el adversario, dirigida por Raúl Armando Rodríguez (1987/1988) Sur, dirigida por Fernando Solanas (1987/1988) Guerreras y cautivas, dirigida por Edgardo Cozarinsky (1988) Amor América, dirigida por Ciro Capellari (1989) Los últimos indígenas de Tierra del Fuego, dirigida por Anne Chapman (1989) Marco, de los Apeninos a los Andes, dirigida por Pino Passalaqua (1989) Alambrado, dirigida por Mario Bechis (1990) Benigno Carro y García, el apóstol, dirigida por Raúl Armando Rodríguez (1991) La noche eterna, dirigida por Marcelo Céspedes y Carmen Guarini (1991) Cerro Torre: Schrei aus Stein, dirigida por Werner Herzog (1992) Nach Patagonien, dirigida por Jan Schutte (1992) Los chicos del Belgrano, dirigida por Miguel Pereira (1992) Las heladas tierras de fuego, dirigida por Jesús Sánchez R. (1993) La vida en el bosque, dirigida por Lorenzo Kelly (1993) Calafate, dirigida por Adrián Caetano (1993) Flores secas, dirigida por Lorenzo Kelly (1993) Alas del mar (Sea Wings), dirigida por John Jones (1994) Una sombra ya pronto serás, dirigida por Héctor Olivera (1994) La nave de los locos, dirigida por Ricardo Wullicher (1995) Casas de fuego, dirigida por Juan Bautista Stagnaro (1995) Jaime de Nevares, último viaje, dirigida por Marcelo Céspedes y Carmen Guarini (1995) Asencio Abeijón por los caminos del sur, dirigida por Jorge Vilardo (1995) Caballos salvajes, dirigida por Marcelo Piñeiro (1995) Los Ferro, dirigida por Fabián Hofman (1995) Flores amarillas en la ventana, dirigida por Víctor Jorge Ruiz (1996)

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Hundan al Belgrano, dirigida por Federico Urioste (1996) Por dos, dirigida por Andrés Barrera (1996) Antártida, el confín de Sudamérica, dirigida por Sergio Colella (1996) Sin querer, dirigida por Ciro Capellari (1996) Fantasmas en la Patagonia, dirigida por Claudio Remedi (1997) Invierno mala vida, dirigida por Gregorio Cramer (1997) Bajo bandera, dirigida por Juan José Jusid (1997) Happy Together, dirigida por Wong Kar-wai (1997) La vida según Muriel, dirigida por Eduardo Milewicz (1997) Paralelo 46, dirigida por Sebastián Díaz Morales (1998) Los largos caminos del viento, dirigida por Jorge Vilardo (1998) Patagonia: utopía libertaria, dirigida por Xan Leira (1998) Momentos robados, dirigida por Oscar Barney Finn (1998) El viento se llevó lo que, dirigida por Alejandro Agresti (1998) Mundo Grúa, dirigida por Pablo Trapero (1999) Tierra del Fuego, dirigida por Miguel Littín, con guión de Luis Sepúlveda (1999) Finis Terrae: la libertad de explorar, dirigida por Fulvio Mariani (1999) Fuckland, dirigida por José Luis Marqués (2000) Manekenk, dirigida por Juan Schroder (2000) Gigantes en la Patagonia, dirigida por Rodrigo Moreno (2000) Querida Mara: Cartas de un viaje por la Patagonia, dirigida por Carlos Echevarría (2001) La fuga, dirigida por Eduardo Mignona (2001) Al sur del desierto, dirigida por Galel Maidana (2003) La puta y la ballena, dirigida por Luis Puenzo (2003) Trelew. La fuga que fue masacre, dirigida por Mariana Arruti (2003) El perro, dirigida por Carlos Sorin (2004) FaSinPat, dirigida por Daniele Incalcaterra (2004) El aura, dirigida por Fabián Bielinski (2005) Iluminados por el fuego, dirigida por Tristán Bauer (2005) Swift: un naufragio en la Patagonia, dirigida por Miguel Bertea (2005)

Índice

Introducción ....................................................................................................7 Una inclusión y un Estado desfallecientes (1983/1987) ............................21 Retiro del Estado empresarial, privatizaciones y transformaciones en las relaciones laborales (1987/1996) ................................................................................. 33 La desertización social y las resistencias (1996/2004) ................................. 49 Veinticinco años de vida política .................................................................. 65 El vacío es un lugar normal. Representaciones de la Patagonia ................... 79 Perspectivas. La Patagonia actual: ¿Dónde está y dónde puede estar? ........ 89 Bibliografía .................................................................................................... 99 Filmografía .................................................................................................. 105