La crisis de representación en España 9788490971468, 9788490973974

Citation preview

Ignacio Urquizu Profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador habitual del diario El País, eldiario.es y la Fundación Alternativas. En la actualidad es diputado del PSOE por la provincia de Teruel. En Los Libros de la Catarata dirige la serie Dilemas de la socialdemocracia, donde ha publicado La crisis de la socialdemocracia: ¿qué crisis? (2012).

Ignacio Urquizu

La crisis de representación

en España

Diseño de cubierta: Pablo Nanclares

© Ignacio Urquizu, 2016

© Los libros de la Catarata, 2016 Fuencarral, 70 28004 Madrid Tel. 91 532 20 77 Fax. 91 532 43 34 www.catarata.org

La crisis de representación en España

ISBN: 978-84-9097-146-8 e-ISBN: 978-84-9097-397-4 DEPÓSITO LEGAL: M-15.851-2016 IBIC: JHB/jph/jff

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A Sofía y a Iñaki, esperando que la sociedad en la que ellos crezcan sea todavía mejor.

Introducción

Durante mucho tiempo, una de las intrigas sobre la situación por la que ha pasado nuestro país es por qué no se produjo un estallido social antes. Cada vez que las crisis económica y social mostraban sus peores rostros, numerosos analistas se preguntaban por el motivo de que la gente no se lanzara a la calle a hacer la revolución. Dado el aumento de la desigualdad, el incremento de la pobreza o el alto número de parados, muchos presagiaban que se incendiarían nuestras plazas y nuestras avenidas. La primavera árabe que comenzó a finales de 2010 parecía inspirar muchas de estas reflexiones, esperando que los españoles salieran de sus casas para, emulando las grandes revoluciones, tomar en sus ciudades el Palacio de Invierno, la Bastilla o la plaza Tahrir. Quizás por ello, el 15 de mayo de 2011 significó para muchos el estallido social que estaban esperando. Una multitud de ciudadanos tomó las plazas de sus pueblos y ciudades, siendo la Puerta del Sol el mejor icono de esta movilización. Este fenómeno fue bautizado como el movimiento de los indignados o 15-M. Su recorrido no fue muy largo. Los primeros días de agosto de 2011, aprovechando el periodo estival, la policía desalojó la céntrica plaza de Madrid. Sí que hubo cierta resistencia: el día 3 de agosto, unas 5.000 personas mantuvieron en jaque a las fuerzas de seguridad por unas horas, pero no fue más allá. Un año después, aprovechando que se cumplía el aniversario de la acampada en Sol, muchos ciudadanos volvieron a la Puerta del Sol para conmemorar el cumpleaños de una movilización que asombró no solo a los españoles, sino también al mundo. Este movimiento siguió funcionando en barrios, asambleas vecinales y en algunos movimientos sociales. Pero una movilización similar a la que se originó el 15 de mayo de 2011 no se ha vuelto a producir. Como veremos en este libro, el 15-M es relevante por numerosas cuestiones. No obstante, nos centraremos en dos. Por un lado, los indignados nos indicaban que algo había cambiado en España. Como sucede en muchas ocasiones, las transformaciones silenciosas son las más efectivas. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. La sociedad española ha cambiado profundamente. Como pretendo demostrar, estamos ante una ciudadanía distinta a la que había antes de la crisis económica. Es cierto que el caldo de cultivo de esta transformación se ha ido produciendo en los más de 38 años de democracia.

Es innegable que el aumento del bienestar, la extensión de la educación y la mejora de las comunicaciones han influido en los cambios sociales más recientes. Pero no es menos cierto que muchos de estos cambios han cristalizado una vez comenzada la Gran Recesión. Por otro lado, el 15-M ha sido el precursor de un movimiento político que en 2014 y en 2015 ha transformado el tablero electoral de nuestro país. En su versión municipal está adoptando distintos nombres como Ganemos o en Común. El nexo de unión entre el 15-M y Podemos/Ganemos lo han reconocido los propios protagonistas. Elvira Villa, antropóloga social y profesora universitaria, es una de las portavoces de Ganemos Madrid. En una entrevista concedida al diario 20 minutos decía: “El 15-M está en nuestra genética, pero somos mucho más que el 15-M”¹. Este libro pretende abordar estas cuestiones adentrándonos en la crisis política desde una perspectiva algo distinta a la de muchos de los libros que se vienen publicando en los últimos años en España. El texto que tiene entre sus manos es una mirada desde la ciudadanía. Utilizando los datos de las encuestas de distintos institutos de opinión (CIS, Encuesta Social Europea, Eurobarómetro…) y especialmente de Metroscopia, muchos de ellos no publicados hasta la fecha, realizaré un retrato social de la España de la crisis. Por lo tanto, el lector no está ante un texto que pretenda analizar los fundamentos de la democracia. A lo largo de mi formación académica me he nutrido de textos tan excelentes como La democracia en América, de Alexis de Tocqueville; An Economic Theory of Democracy, de Anthony Downs; Capitalism, Socialism and Democracy, de Joseph Schumpeter; Los principios del gobierno representativo, de Bernard Manin, o Qué esperar de la democracia, de Adam Przeworski. Son obras clásicas que todo aquel que tenga curiosidad por entender mejor nuestros sistemas políticos y nuestras sociedades está obligado a leer. Pero este libro huye de semejantes pretensiones. Tampoco pretendo analizar qué factores están detrás del mal funcionamiento de nuestra democracia o elaborar un recetario de medidas que podrían sacarnos de la situación por la que pasa nuestro país. Todo ese trabajo está hecho de forma excelente por otros científicos sociales. No hay más que leer los trabajos de Ignacio Sánchez-Cuenca (La impotencia democrática, Los Libros de la Catarata, 2014), de José Fernández-Albertos (Democracia intervenida, Los Libros de la Catarata, 2012), del colectivo Politikon (La urna rota, Debate, 2014) o el reciente

libro publicado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Economistas, políticos y otros animales, Península, 2016). En todos ellos se abordan los problemas institucionales que están detrás de nuestra crisis política. Cada trabajo pone el foco en factores distintos. Mientras que el colectivo Politikon hace un mayor énfasis en cuestiones como el funcionamiento interno de los partidos o nuestro sistema electoral, Sánchez-Cuenca y Fernández-Albertos se centran mucho más en los límites que supone la unión monetaria y las instituciones europeas, las cuales han aislado a las instituciones representativas de los ciudadanos forzando la adopción de medidas impopulares. En cambio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez acuña un término que también invita a algunas reformas institucionales: la democracia ilustrada. Para el exgobernador del Banco de España, el funcionamiento de nuestras instituciones, en especial del Parlamento, está muy lejos de un ideal ilustrado. No es un problema de la formación de nuestros políticos, sino más bien de la ausencia de un debate y una deliberación sobre las mejores políticas públicas para nuestro país. No es menos cierto que hay trabajos de menor fortuna explicativa. Nuestras elites, muy tendentes a aquella frase de Ortega y Gasset: “España como problema y Europa como solución“, también han construido argumentos culturalistas e historicistas donde existe una especie de cultura política española refractaria al cambio y la modernidad. Sería nuestro pasado y nuestra cultura la que nos condenaría a la crisis política por la que estamos pasando. Un ejemplo de este tipo de reflexión es el trabajo de César Molinas y su libro Qué hacer con España (Destino, 2013), donde nuestro capitalismo castizo y nuestras elites extractivas estarían detrás de muchos de nuestros problemas. Pero no es el único. A las antípodas de su pensamiento político se encuentra Juan Carlos Monedero, uno de los promotores de Podemos. En su libro La transición contada a nuestros padres (Los Libros de la Catarata, 2013), el origen de todos nuestros problemas estaría en una transición a la democracia donde una parte de la izquierda sacrificaría la ciudadanía con el único objetivo de acceder al poder. De nuevo, nuestra historia y nuestra cultura serían los factores explicativos. Afortunadamente, trabajos como los de Bonifacio de la Cuadra (Democracia de papel. Críticas al poder, desde la transición hasta la corrupción, Los Libros de la Catarata, 2015) han desmontado muchos de estos argumentos. Como sostiene este autor, los problemas de nuestro sistema político no tienen nada que ver con el pacto de origen que se produjo durante la transición, sino con el mal uso que se ha hecho de muchas de nuestras instituciones, pervirtiéndolas y politizándolas hasta límites insospechados. Para Bonifacio de la Cuadra, cronista político del

diario El País durante muchos años, no sería tanto un problema de diseño institucional como del comportamiento de los principales actores, especialmente los partidos. Y para demostrarlo se apoya en muchos de sus análisis que ha ido publicando en los últimos 40 años. No obstante, este trabajo pretende huir de estos enfoques. No es que sea escéptico sobre la viabilidad de nuestro sistema político. Creo que nuestra crisis política tiene solución. Pero en muchas ocasiones se realizan sesudos análisis sin tener en cuenta a la ciudadanía. Por ello, este libro pretende cambiar el enfoque en nuestra crisis política al detenerse en la percepción que tienen de ella los ciudadanos. ¿Cómo vivieron el 15-M los españoles? ¿Qué piensan de nuestra democracia? ¿Cómo son los ciudadanos en sus opiniones políticas? Estas son algunas de las cuestiones que pretendo abordar y que están detrás del surgimiento de fenómenos como Podemos y Ciudadanos. Como señala José Andrés Torres Mora, “nuestro país padece una crisis peor que la económica: sufre una crisis de diagnóstico” (Torres Mora, 2015: 32). Sí que conocemos algunos de los problemas que están detrás de nuestra enfermedad. Como acabo de señalar más arriba, hay trabajos que analizan los factores que han generado la crisis política. Pero no es menos cierto que es difícil hacer un diagnóstico de una enfermedad sin preguntar al paciente. Eso es lo que pretendo con el libro que el lector tiene entre sus manos: preguntar a los españoles por qué muchos de ellos tienen fiebre y sudores cada vez que ven a los partidos tradicionales. Finalmente, me gustaría agradecer a todos aquellos que me han ayudado a construir estas páginas que comenzaron a escribirse a comienzos de 2015. En primer lugar, siempre tendré una deuda permanente con el Instituto Juan March y la persona que lo dirigió durante mi formación de posgrado: José María Maravall. Allí aprendí a pensar por mí mismo, a no tener miedo a leer trabajos que se encuentren en las antípodas de mi pensamiento y a sentir curiosidad por la sociedad que me ha tocado vivir. En segundo lugar, en el departamento de Sociología VI de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid he encontrado un ambiente excelente para el trabajo. Mis compañeros, siempre que han tenido alguna idea o alguna reflexión, me han hecho pensar sobre muchos de los argumentos que aquí se desarrollan. En tercer lugar, Metroscopia me ha posibilitado no solo utilizar sus datos y realizar toda pregunta que me intrigaba, sino que además me ha permitido conocer a un gran equipo y a excelentes personas. José Juan, José Pablo, Paco, Susana, Raquel,

Marcos, Sindo y todo el equipo de esa casa me acompañaron durante varios meses, cuando estas páginas solo eran un proyecto. En especial, me gustaría agradecer a José Juan Toharia todos los comentarios y sugerencias que me dio a los distintos borradores de este libro. Desde luego que cualquier error es responsabilidad del autor. Finalmente, mi pareja, Esmeralda, y mis hijos, Iñaki y Sofía, han tenido que soportar que su padre dedique “algunas” horas al día a pensar sobre por qué estamos como estamos. Pero cuando les miraba, me daba cuenta de que viviendo en un país con muchas virtudes también se merecían algo mejor. No sé si me perdonarán que no haya estado con ellos todo lo que debería en sus primeros años de vida, pero espero que haya merecido la pena si estas páginas nos ayudan a construir una sociedad mejor.

CAPÍTULO 1

El 15-M y los ciudadanos

La distancia de los políticos con la gente está creando mucho descrédito, y la peor enfermedad es la de los ciudadanos que no creen en su Gobierno. Cuando la gente dice: son todos iguales. Pues no. José Mujica, expresidente de Uruguay, El País Semanal, 23-3-2014

El 15 de mayo de 2011 cientos de miles de personas se manifestaron en toda España. Es cierto que la movilización más numerosa fue la de Madrid. Pero en lugares como Barcelona, Zaragoza o Valencia tuvieron un eco enorme también. Su lema era sencillo: “No nos representan“. Era una crítica al sistema político español y a los partidos tradicionales, a quienes veían muy alejados de los intereses de los ciudadanos. No era solo una intuición de los convocantes. Los datos de opinión pública así lo mostraban. En una encuesta realizada por Metroscopia en junio de 2011, el 51 por ciento de los entrevistados consideraba que PP y PSOE representaban solo sus propios intereses como partidos, frente a casi el 19 por ciento que admitía que las dos principales fuerzas políticas representaban realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos². Pero esta movilización no surgió de la nada y tenía algunos precedentes. Durante los meses anteriores fueron legión los que se había movilizado contra el Plan Bolonia de reforma de la universidad o la Ley Sinde³. En ambos casos encontramos dos ingredientes que, como iremos viendo más adelante, definirían el 15-M y los cambios políticos posteriores: jóvenes e Internet. Después de la gran manifestación del 15 de mayo, muchos de sus participantes se dieron cita el día después en la Puerta del Sol. Tras permanecer varias horas, decidieron plantar sus tiendas de campaña y construir una asamblea ciudadana que sería retransmitida en directo a todo el mundo. Esta acampada fue seguida en otros pueblos y ciudades. Así, por ejemplo, en Barcelona, los indignados tomaron la Plaza Cataluña. Pero no solo fueron grandes ciudades. Numerosos

pequeños municipios contaron con su propia asamblea popular, que se reunía frecuentemente en lugares céntricos. ¿Quiénes eran los que decidieron hacer esta revolución ciudadana? Existen muy pocos estudios al respecto. Las encuestas muestran un grado de participación importante aunque insuficiente como para hacer un estudio detallado de los indignados. Casi un 20 por ciento de los españoles admitió haber participado en sus manifestaciones y concentraciones, mientras que un 11,5 por ciento distribuyó información sobre el 15-M en Internet y solo un 7,7 por ciento declaró haber asistido a sus asambleas⁴. Las únicas investigaciones que aportan algo de luz a este respecto las realizó en su momento el Laboratorio de la Fundación Alternativas. Sus trabajos mostraron lo siguiente: el 80 por ciento de los participantes del 15-M tenían menos de 30 años, el 70 por ciento había cursado o cursaba estudios universitarios y el 80 por ciento se definía a sí mismo de izquierdas (Calvo et al. 2011: 7-8). Estos datos coinciden con un estudio posterior que realizó Tina Likki (2012), también para el Laboratorio de la Fundación Alternativas. En él analizó las movilizaciones en Madrid. Según su investigación, el 67 por ciento tenía entre 20 y 35 años, el 66 por ciento había terminado o estaba realizando estudios superiores y todos ellos mostraban una gran preocupación por el futuro económico (Likki, 2012: 4). Para añadir más información a los estudios realizados por la Fundación Alternativas he analizado con más detalle el Clima Social de Metroscopia de octubre de 2011. En él se preguntó sobre la participación en manifestaciones y concentraciones. La tabla 1 muestra los perfiles de aquellos que admitieron su participación y se comparan con los del conjunto de la población. Los datos muestran algunas diferencias relevantes. Los grupos sociales que se sumaron a los actos de los indignados tenían un déficit de jubilados y trabajadoras domésticas no remuneradas. En cambio, los parados, los trabajadores o los estudiantes estaban en proporciones similares o superiores al conjunto de la población. Además, estos ciudadanos eran, de media, más jóvenes que el conjunto de los españoles, predominaban los hombres y el nivel formativo era superior al del total del país. Finalmente, se conectaban a Internet con más periodicidad que el conjunto de la población. Muchos de estos rasgos coinciden con algunas intuiciones que han aparecido en otros textos sobre el movimiento de las mareas⁵ (Sánchez, 2013), sobre el que me detendré más adelante. Pero lo más importante de esta evidencia empírica es que los indignados estaban muy lejos de un perfil de ciudadanos antisistema.

Pero más allá del retrato sociológico de sus integrantes, su gran éxito radicó en el grado de aceptación por parte de la ciudadanía española. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas mostraron un nivel de aprobación del 70 por ciento , cifras casi coincidentes con las aportadas por Metroscopia. Además, como muestra el gráfico 1, este apoyo se ha sostenido bastante en el tiempo. Entre 2011 y 2014 nunca ha bajado del 50 por ciento el número de personas que declaraban tener mucha o bastante simpatía por el 15-M.

Gráfico 1 Simpatía por el 15-M (2011-2014)

Fuente: Metroscopia.

Esta simpatía tiene una característica que observaremos posteriormente en el fenómeno de Podemos y que ayuda a entender qué ha pasado en nuestro país desde el punto de vista político: la transversalidad. Los datos de opinión pública muestran que el grado de apoyo en los distintos grupos sociales (voto, género, edad, ideología y tamaño del hábitat) ha sido, por lo menos inicialmente, muy similar entre ellos. Así, todos los colectivos mostraron una gran simpatía hacia el movimiento de los indignados. No obstante, conforme ha ido pasando el tiempo, los niveles de apoyo mostraron un descenso en algunos grupos que pueden ser bastante significativos. Vamos a detenernos en dos: los votantes conservadores y los electores del PP. Los gráficos 2 y 3 muestran la evolución de la simpatía hacia el 15-M en función a la ideología y el voto de los encuestados. Los porcentajes son el resultado de la diferencia entre aquellos que están de acuerdo con el movimiento y quienes lo rechazan. Si el porcentaje es positivo, significa que hay más gente que muestra su acuerdo con los indignados. Se puede observar que inicialmente, en 2011, todos los grupos mostraban un balance positivo. Aunque también es verdad que los grupos de izquierdas y entre los votantes de formaciones progresistas el grado de simpatía siempre fue mayor. Conforme han ido pasando los años, tanto los ciudadanos más conservadores como los votantes del PP han ido perdiendo simpatía hacia este movimiento y en 2012, transcurrido un año de la movilización, mostraron ya un nivel de apoyo negativo. En cambio, tanto los votantes de izquierdas y de centro como los de PSOE, IU o abstencionistas han seguido teniendo una opinión más bien positiva y su nivel de apoyo casi no cambió en los tres años.

Gráfico 2 Apoyo al 15-M en función de la ideología

Fuente: Metroscopia.

¿Qué ha podido pasar para este cambio de opinión entre los ciudadanos más conservadores de la sociedad? Es posible que la llegada del Partido Popular al gobierno tuviera efectos sobre ellos. El 15-M poco a poco se fue transformando en las mareas ciudadanas y estas recogieron el testigo del movimiento de los indignados. De hecho, a lo largo de la legislatura que acabó en 2015, la principal oposición al gobierno del PP la hemos observado en la calle y por parte de la ciudadanía. Los españoles se han convertido en un actor relevante en la tarea de oposición al ejecutivo de Mariano Rajoy. ¿Qué ha sucedido?

Gráfico 3 Apoyo al 15-M en función del voto

Fuente: Metroscopia.

A partir de 2012, una vez el Gobierno del PP profundiza en las políticas de ajuste y continúa con los recortes en el gasto público⁷, numerosos ciudadanos se lanzaron a la calle, aunque esta vez de forma sectorializada. Así, se constituyeron diferentes plataformas ciudadanas que se presentan como defensoras de determinados servicios públicos o colectivos. Nos encontramos con la marea blanca (sanidad pública), la marea negra (funcionarios), la marea verde (educación pública), la marea naranja (servicios sociales), la marea morada (mujeres) o la marea amarilla (servicios de dependencia). Quizás, de entre todas estas protestas, la más vistosa y emblemática, por lo que significó de recuerdo del movimiento obrero para la izquierda, fue la “marcha negra”. Entre los meses de junio y julio de 2012 numerosos trabajadores del sector minero comenzaron una marcha sobre Madrid partiendo desde diferentes puntos de España. Tras caminar 19 días, llegaron a la capital de España y fueron recibidos por numerosas personas en su paso por las principales calles de Madrid, mientras una multitud les esperaba en la Puerta del Sol. Su objetivo era protestar por los recortes que había sufrido la producción del carbón nacional, fruto de las decisiones de la Unión Europa y de la poca implicación en su defensa del Ministerio de Industria. Todas estas mareas ciudadanas se han traducido en unos niveles de movilización hasta entonces desconocidos. El gráfico 4 muestra el número de manifestaciones entre 2004 y 2014. Podemos ver que a partir de 2012 el número de protestas por parte de la ciudadanía alcanzó cifras que doblaban a las de los años anteriores, logrando su máximo durante 2013. Además, el mayor incremento se produjo en 2012, cuando el Partido Popular accedió al poder. Entre 2011, año en el que nació el 15-M, y 2012, cuando Mariano Rajoy se convirtió en presidente, el crecimiento en el número de manifestaciones fue de más del 140 por ciento. A partir de entonces, en nuestro país el número de protestas anuales siempre ha estado por encima de 40.000. Es decir, las mareas ciudadanas se tradujeron en cifras de movilización política tremendas. Los datos individuales o de encuesta (véase gráfico 5) también avalan este incremento en la participación política en España. Vemos cómo el porcentaje de

personas que admite haber firmado una petición de protesta, haber asistido a manifestaciones o formar parte de organizaciones sociales viene aumentando desde 2008, aunque el mayor incremento se produce a partir de 2010.

Gráfico 4 Número de manifestaciones (sin incluir el País Vasco ni Cataluña)

Fuente: Informe de Evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2014, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Gráfico 5 Participación política en España (2002-2012)

Fuente: Encuesta Social Europea.

Junto a las mareas, no podemos olvidarnos de la plataforma que ha tenido más protagonismo durante estos años y que está también muy ligada al movimiento del 15-M: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Este movimiento nació en febrero de 2009 en Barcelona y en su momento formó parte de la movilización de los indignados. Entre sus muchos objetivos, el más relevante es la paralización de desahucios por parte de las entidades financieras. Así, cuando una persona con escasos recursos va a ser desalojada de su vivienda habitual, los miembros de la PAH se personan en su casa y tratan de paralizar el desahucio. Además, le dan asistencia jurídica y les ayudan a renegociar con la entidad bancaria. Otro de sus objetivos relevantes ha sido la defensa de la dación en pago. Esta reivindicación consiste en dar por concluida una deuda hipotecaria siempre y cuando se entregue la vivienda habitual por imposibilidad de seguir haciendo frente al préstamo y concurra al mismo tiempo la buena fe por parte del deudor. En España, perder una vivienda por falta de pago de la hipoteca que pesa sobre ella no extingue toda la deuda contraída con la entidad financiera. Si en el momento que deja de pagarse el bien inmobiliario este es tasado por un valor inferior a la cantidad que se debe, la diferencia de precio sigue recayendo como una losa sobre la persona hipotecada. Este modelo de mercado hipotecario tras una burbuja inmobiliaria ha significado un auténtico drama social. De hecho, se produjeron algunos suicidios por parte de personas que se vieron atrapadas en este círculo de deudas del que no podían salir. Para lograr el establecimiento de la dación en pago, los miembros de la PAH iniciaron un proceso de recogida de firmas con el fin de tramitar una iniciativa legislativa popular. Una vez que consiguieron su objetivo, el partido con mayoría en la Cámara, el PP, se vio forzado a comienzos de 2013 a admitir su tramitación. La presión popular para que fuese admitida a trámite fue enorme, aunque luego no haya sido reconocido este derecho. El movimiento de la PAH resume de forma muy gráfica algunos de los factores que están detrás de la evolución de la crisis política en nuestro país. Por un lado, el rostro más visible de la plataforma ha sido Ada Colau. Esta líder social encabezó en las elecciones municipales de mayo de 2015 la lista de Barcelona en Común al ayuntamiento de esta ciudad, convirtiéndose más tarde en la alcaldesa.

De nuevo, vemos el nexo de unión entre estas movilizaciones ciudadanas y las plataformas políticas que han nacido después. Es decir, la sociedad se ha organizado para reivindicar sus derechos. Cuando han visto que los grandes partidos no recogían sus demandas, estas plataformas sociales han evolucionado hacia organizaciones políticas con aspiraciones institucionales. Como veremos más adelante, Podemos también responde a este tipo de evolución, aunque no de forma tan evidente. Por otro lado, el drama de los desahucios ha puesto en evidencia el grado de reacción de las grandes formaciones políticas ante los dramas sociales de la crisis. La PAH se creó en 2009 y pasaron cuatro años hasta que sus demandas llegaron al Congreso. Y si traspasaron la puertas del Parlamento fue gracias a una iniciativa legislativa popular. Así, los principales partidos políticos de nuestro país no han sabido leer qué estaba sucediendo en la sociedad y esto les ha impedido reaccionar con más rapidez. Su falta de diagnóstico y la ausencia de propuestas que dieran respuesta a los problemas están muy presentes en la crisis política. Y esto es especialmente grave para una formación política que aspira a representar a una mayoría social. El éxito de un partido político está muy asociado a su capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias por las que pasa la sociedad, en especial en el caso de los partidos socialistas (Urquizu, 2012). Pero tanto PP como PSOE han mostrado una falta de reacción más que evidente. Es posible que este tipo de comportamiento pueda explicar lemas y reivindicaciones como el de “No nos representan”. En definitiva, el 15-M, los movimientos sociales que lo integraron y las posteriores mareas son de vital importancia para el cambio político al que estamos asistiendo en los últimos años. Sin ellos no podríamos entender el estado de ánimo de la ciudadanía. Además, lo que estos fenómenos sociales han representado ha sido compartido por amplias capas sociales. En junio de 2011, a las pocas semanas del inicio de la acampada de los indignados, Metroscopia preguntó por el grado de representación de este movimiento. El 80 por ciento de los encuestados creía que los indignados tenían razón. Pero ¿a qué respondía este estado de ánimo? Lo que había detrás era una crisis de representación.

Una crisis de representación

El cuestionamiento de la idea de representación por parte de la ciudadanía no es una cuestión baladí en España. Así lo expresaba Iñigo Errejón, uno de los dirigentes de Podemos, cuando se refería a esta cuestión en el movimiento del 15-M en una reciente entrevista realizada por la web ctxt.es:

Iñigo Errejón: por partes. Primero hubo una discusión en torno a la interpretación en el 15-M del “No nos representan”. Y eso seguramente es lo más definitivo. Define un espíritu de época. La gente dice: “Ya no les creemos. No nos representan”. Y ahí creo que la discusión tiene que ver con una letra: “No nos representan” no es lo mismo que “no nos representen”. Hay quien quiso ver en el 15-M un rechazo de toda forma de representación, la inauguración de una política directa, en la que no hubiera delegación ni representación. De gente que decide todo en asambleas. Y había una parte de eso en el 15-M. Seguramente la parte más militante y más activista. Pero había también un sector más grande, quizá con menos estudios, con menos intelectuales, que decía: “Estos no nos representan”. No era una crítica de la representación ni de las instituciones. Era una crítica de las elites que habían usurpado unas instituciones que ya no representaban la voluntad popular. De forma que la plaza diría: “Claro que hay voluntad popular, pero nosotros la encarnamos más que quienes están dentro de las instituciones. Así que hay que echarlos”. Creo que convivían esas dos corrientes.

Periodistas: la gente iba a manifestarse ante el Congreso. Por tanto, reconocían la institución…

Iñigo Errejón: como sede de la soberanía popular. Algunos dirán que se trata de la casta. Otros dirán que es el secuestro de las instituciones políticas por parte del poder financiero. Seguramente hay diferentes diagnósticos, pero efectivamente hay un reconocimiento. Si no, ¿por qué vas ahí? Ve al Banco de España, no, mejor ve al Santander. La protesta reconocía que el Parlamento debe ser la sede de la voluntad popular, pero que esa premisa no se estaba cumpliendo. Y creo que eso diferencia la vía de los que estamos ensayando formas de poder político diferente y la otra que dice que estamos construyendo

un estado de opinión y una mera acumulación de fuerzas. Vimos durante todo un ciclo el despliegue de una cosa y la otra, y el agotamiento del ciclo de protestas modificó la correlación entre un alma y otra, porque creo que se generalizó la sensación de “cómo puedo detener yo este saqueo, si lo que está pasando aquí es una desvergüenza, y yo me he manifestado, he hecho asambleas, me han detenido, me han arrestado, he ido a marchas y no sucede nada. 16 de enero de 2015, entrevista en ctxt.es

Por lo tanto, a pesar de algunos análisis que se han hecho estos años, la crítica a la idea de representación por parte de los movimientos ciudadanos no era tanto una apuesta por la democracia directa como que los representantes políticos no recogían las demandas de los ciudadanos. Y algo de esto ha sucedido en nuestro país a lo largo de la crisis. El concepto de representación es una idea muy antigua en la literatura de ciencia política. Uno de los libros clásicos es el de Hanna F. Pitkin, El concepto de representación (1967). Ella definía la idea de representante como “alguien que es responsable, que tiene que dar respuesta a otros de lo que hace” (Pitkin, 1967: 55). Esta definición está muy extendida en numerosos trabajos académicos y se conoce como asignación de responsabilidades. Bajo este punto de vista, nuestra democracia ha funcionado razonablemente bien. Por ejemplo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tuvo que dar muchas explicaciones por su gestión de la crisis, especialmente por el tramo final a partir de mayo de 2010. Dado que los resultados económicos no acompañaron al Gobierno del Partido Socialista y las explicaciones parecieron insuficientes, muchos ciudadanos decidieron castigar al PSOE de forma severa. Así, si reducimos la idea de representación a la posibilidad de mandar a la oposición a aquellos gobiernos que no cumplen con las expectativas de la gente, nuestro sistema político ha sido razonablemente eficiente en este sentido. Cada vez que un partido ha sido tremendamente impopular, no ha podido ganar las elecciones. Pero existe una excepción a esta primera idea de representación y son las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Paradójicamente, la crisis política no parece haberse resuelto si entendemos por representación la capacidad de mandar a alguien impopular a la oposición. Y ha sido el multipartidismo el causante de esta paradoja. Es decir, el fin del bipartidismo, algo que muchos

deseaban, no solo ha traído nuevos problemas a nuestra democracia, sino que además puede ahondar en la desafección existente. ¿Qué significa esto? Vayamos por partes. Tras cuatro años del gobierno del PP, quien ha gozado de una gran impopularidad tanto en las encuestas como en el número de protestas en contra de sus políticas, el PP volvió a ganar los comicios, convirtiéndose en la fuerza política más votada. Es cierto que respecto a 2011, el PP perdió más de 3.650.000 votos y se dejó por el camino 63 escaños. Pero el fin del bipartidismo y la aparición del multipartidismo en nuestro país ha puesto de relieve un nuevo problema democrático sobre el que no nos detenemos en demasiadas ocasiones: cuando son bastantes los partidos relevantes que compiten por la representación parlamentaria, castigar a las formaciones políticas con la oposición es algo mucho más complicado. Dicho de otra forma, cuando el multipartidismo hace su aparición, los ciudadanos pierden una parte de su capacidad para asignar responsabilidades, entendiendo esta como castigar a un partido con la pérdida del poder. Al mismo tiempo, los dirigentes políticos ganan relevancia en sus capacidades de maniobra para seguir en el poder, perdiendo la ciudadanía parte de su influencia. Este problema no es nuevo. Willy Brandt contaba en sus memorias que le asombraba algo de Italia. En sus reuniones del Consejo Europeo siempre asistían los mismos políticos italianos, a pesar de que sus gobiernos se caían cada pocos meses. El multipartidismo italiano no era un antídoto ante políticos impopulares, puesto que provocaba que las políticas de alianzas mantuviesen en el poder a muchos de estos dirigentes, a pesar de ser muy castigados en las urnas. Pero cuando son varias las formaciones políticas y la única salida para la gobernabilidad es un pacto entre varias de ellas, es aquí donde los políticos ganan un gran margen de maniobra y protagonismo. La llegada del multipartidismo a nuestro país ha puesto de relieve este problema. El PP gozaba de una gran impopularidad, pero esto no ha impedido que haya vuelto a ganar las elecciones a pesar de su gran retroceso electoral. Al mismo tiempo, que el principal partido de la oposición alcance el gobierno no parece una tarea fácil. Para ello necesita del concurso de alianzas con otras formaciones. Y es en estas negociaciones donde los representantes políticos gozan de una mayor autonomía y un menor control por parte de la ciudadanía. Aunque no es menos cierto que en el caso del PSOE, sus órganos internos, especialmente el Comité Federal, han aparecido como un fuerte contrapeso ante cualquier

posibilidad de pactos que transgredieran la ideología y los principios básicos que defiende el PSOE. Pero, de nuevo, no es un control ciudadano, sino políticos que controlan a políticos. A pesar de estos déficits democráticos, el multipartidismo disfruta de un amplio apoyo popular en nuestro país. En febrero de 2016, Metroscopia preguntó en su Clima Social por la aceptación de la que gozaba el bipartidismo. Un 31 por ciento de los españoles se posicionaba a favor de la existencia de dos grandes formaciones políticas, aunque esto supusiese la reducción del pluralismo. En cambio, el 66 por ciento de los entrevistados prefería la existencia de un variado número de partidos de tamaño similar, aunque esto implicase dificultades para formar gobierno. Un mes más tarde, en marzo de 2016, Metroscopia repitió esta pregunta y los resultados fueron prácticamente idénticos: el 30,3 por ciento estaba a favor del bipartidismo sacrificando la pluralidad, mientras que el 67 por ciento de los españoles apoyaba el multipartidismo, a pesar de los problemas que genera. Estas opiniones no eran nuevas. Durante 2014 y 2015 Metroscopia preguntó a sus entrevistados sobre su opinión respecto al futuro escenario electoral. Dos tercios de los entrevistados siempre prefirieron que en los futuros comicios nadie ganase por mayoría absoluta y tuviese que buscar pactos de gobernabilidad (véase tabla 2). Es cierto que todo el debate ha venido girando en torno al pluralismo y la eficacia a la hora de formar gobierno. Pero nadie se ha parado a reflexionar sobre el resto de dificultades que entraña el multipartidismo como, por ejemplo, los déficits democráticos que existen a la hora de controlar a nuestros representantes.

La segunda idea de representación tiene más que ver con la sensibilidad de los gobiernos a la hora de recoger las demandas ciudadanas. Es en este aspecto donde nuestra democracia ha mostrado los mayores déficits y la gran crisis económica lo ha puesto de relieve. Pero este problema no ha sido enfocado de forma correcta y es algo más complejo de lo que señalaba Iñigo Errejón en la entrevista. Uno de los mantras más extendidos en los últimos años es “la vuelta de la política”, sin que nadie haya explicado muy bien qué significa esto. Esta expresión está más relacionada con el problema de representación de lo que parece. Lo sencillo sería interpretar este déficit de nuestra democracia como “hacer lo que quiere la gente”. Siguiendo este argumento, bastarían los estudios de opinión pública para elaborar un programa de gobierno. Pero lo cierto es que esto no responde a un proyecto de país. Cualquier proyecto político exige una visión global donde los juegos de mayorías y minorías son menos importantes. Varias son las razones para no entender la política como la simple opinión de los ciudadanos. En primer lugar, no existe una única voluntad. Cuando alguien escucha a la ciudadanía, lo más normal es oír una cierta cacofonía donde cada grupo dice cosas distintas, y en ocasiones contradictorias. Dicho de otra forma, hablar de la voluntad como un todo no solo es un error, sino que además es incierto. En segundo lugar, los políticos tienen más información que el conjunto de la ciudadanía. Es algo bastante comprensible. Los dirigentes políticos disponen de más tiempo y más recursos para estar mucho mejor informados. Por ello, cuando toman decisiones, suelen tener en cuenta un mayor número de factores que los ciudadanos. Si su único criterio de opinión fueran las encuestas, es probable que en muchas ocasiones no acertasen en sus decisiones. En tercer lugar, la opinión pública cambia. Las mayorías no son estables y existen numerosos casos de sociedades en las que su opinión sobre alguna materia se ha modificado a consecuencia de factores como las medidas que aprueba un Gobierno o acontecimientos que impactan en el estado de ánimo de los ciudadanos. Por ejemplo, John Zaller, uno de los mayores expertos en opinión pública, relata cómo campañas gubernamentales en Estados Unidos pudieron cambiar la opinión de los norteamericanos en los ochenta respecto a los

recortes del gasto público en defensa o la presencia de Estados Unidos en países de América Central (Zaller, 1992: 118-150). Y si la opinión de la gente cambia, ¿qué debería hacer una organización política? ¿Debería cambiar de programa cada vez que cambia el estado de ánimo ciudadano? ¿Dónde quedaría la coherencia o la fidelidad a unos principios? De estos argumentos no se desprende que el ideal democrático consista en actuar de espaldas a la ciudadanía. Pero entre seguir la voluntad popular a pies juntillas y alejarse completamente de ella se encuentra la elaboración de proyectos políticos que contengan una idea de país coherente con los principios y valores que defiende una formación política. Entonces ¿qué significa la vuelta de la política cuando existe un problema de representación? Dos son los caminos a seguir de los que la política ha estado muy alejada en los últimos tiempos. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad explicativa de los políticos. Por razones que se me escapan, los gobiernos en general y los partidos en particular han renunciado en España a explicar por qué hacen las cosas. Muchas de las medidas de un gobierno, sobre todo cuando son controvertidas y pueden tener una mayoría en contra, necesitan ser explicadas de forma muy clara y pormenorizada. El gobierno representativo, como argumenta Bernard Manin, “no es un sistema en el que la comunidad se autogobierne, sino un sistema en el que las políticas y las decisiones públicas son sometidas al veredicto del pueblo” (Manin, 1998: 236). Es por ello que la opinión pública, unos ciudadanos bien informados y un Gobierno que dé explicaciones son elementos tan importantes de una democracia. Pero desde hace un tiempo, nuestro país tiene una carencia en este sentido. Solo si los gobiernos se explican, se puede ejercer el liderazgo y la democracia puede ser un buen instrumento de rendimiento de cuentas. Pero en la crisis económica actual, los ejecutivos han renunciado a explicar muchas de sus medidas, sobre todo las más impopulares y polémicas. Un ejemplo puede clarificar esta cuestión. En mayo de 2010, como es muy conocido, el Gobierno socialista decidió atajar el problema del déficit reduciendo una parte sustancial del gasto público. Como ha recogido Fernández-Albertos citando estudios de la OCDE, el 90 por ciento del ajuste recayó en la reducción del gasto y solo un 10 por ciento significó un aumento de los impuestos (Fernández-Alertos, 2012: 2829). Fue uno de los gobiernos más conservadores en su política económica. Pero ¿qué pensaban los ciudadanos?

Como es también sabido, España es un país que se define ideológicamente de centro-izquierda⁸. Y a esto se le añade una peculiaridad más. Los ciudadanos conservadores tienen incluso preferencias socialdemócratas cuando se les consulta por cuestiones como el Estado de bienestar. Tras las elecciones de 2011, el CIS preguntó en su estudio postelectoral sobre qué política económica preferían los ciudadanos: mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque esto significase subir los impuestos o reducir el gasto público, aunque implique bajar los impuestos. La encuesta utiliza una escala de 0 a 10. Entre el 0 y el 4 se pueden agrupar a los que se decantan por la primera opción. Estos sumaron el 44,3 por ciento de los entrevistados. Frente a ellos tenemos a los que se situaron entre el 6 y el 10, más proclives a una política económica como la que emprendió el Gobierno a partir de mayo de 2010. El porcentaje de estas personas sumaba el 22,5 por ciento . Es decir, el doble de españoles hubiese preferido aumentar la presión fiscal a cambio de mejores servicios públicos. En cambio, el Gobierno socialista hizo todo lo contrario. Las medidas de mayo de 2010 deberían haberse explicado en cada fábrica, en cada plaza y en cada medio de comunicación. Pero la no explicación empezó a generar ese divorcio entre representantes y representados. La ciudadanía comenzó a percibir que no existían referentes que razonasen de forma pedagógica no solo sobre qué estaba sucediendo, sino por qué se tomaban medidas económicas que no eran compartidas por una mayoría. Fue una muestra de ausencia de liderazgo y la principal consecuencia fue el acrecentamiento de la brecha que comenzaba abrirse en la ciudadanía respecto a sus elites. Esta falta de explicación se vio complementada con un debate público de baja calidad en nuestro país. Víctor Lapuente lo expresa de forma muy gráfica en su libro El retorno de los chamanes (Península, 2015). La idea principal es que existen dos tipos de creadores de opinión (aquí incluye tanto a políticos como a líderes de opinión): los chamanes y los exploradores. Los primeros fundamentan toda su argumentación en grandes principios, grandes retos, grandes objetivos… La grandilocuencia es lo que les define. Nunca descienden a lo práctico y lo concreto e igual pretenden acabar con el hambre en el mundo que desafiar a la globalización. Frente a ellos están los exploradores. Se caracterizan por entrar más en el detalle de las políticas. Prueban ideas, analizan políticas y exploran otras experiencias. No son tan efectistas y quizás dan menos titulares, pero tratan de solucionar los problemas concretos de un país. Es cierto que, como ha explicado Ignacio Sánchez-Cuenca en una reseña a este libro en Tinta Libre, explicar la diferencia entre países apoyándose únicamente en este argumento es

demasiado ambicioso. Seguramente existirán numerosos factores más que están detrás del éxito o el fracaso de las sociedades. Pero no es menos cierto que la explicación de Lapuente es muy descriptiva del debate político de nuestro país. Nuestra opinión publicada, en muchas ocasiones, no sale de los lugares comunes y grandes objetivos. Es muy poco frecuente leer o escuchar debates políticos de enjundia donde se profundice sobre cuestiones como la capacidad redistributiva de la universidad o la competencia dentro del sector público. Dicho de otra forma, en lugar de hablar de políticas, se habla mucho más de poder. Fernández Ordóñez lo argumenta de la siguiente manera: “La atención de los ciudadanos y de los medios de comunicación se centra en ‘la política’, en quiénes van a hacerse con el poder y quiénes lo perderán, y mucho menos en las políticas” (Fernández Ordóñez, 2016: 32). Esta situación está íntimamente ligada a la escasa explicación de muchas de las decisiones que se han adoptado a lo largo de la crisis. Así, los ciudadanos se han encontrado ante medidas impopulares explicadas, en la terminología de Lapuente, por chamanes. El segundo instrumento que hubiese permitido mejorar la capacidad de representación de nuestro sistema político habría sido hacer copartícipes a los ciudadanos de las decisiones que se tomaban. En ocasiones, la gente estaba a favor de lo que hacía el Gobierno. Pero como lo consideraba transcendental, deseaban participar en la toma de decisiones. Otro ejemplo puede presentar de forma mucho más gráfica a qué me refiero. Acosado por los mercados y presionado por el Banco Central Europeo, José Luis Rodríguez Zapatero decidió introducir la regla de oro presupuestaria en la Constitución, estableciendo el principio de estabilidad presupuestaria. Para ello se realizó una reforma exprés que solo contó con el apoyo de los partidos tradicionales (PP y PSOE, uniéndose también Unión del Pueblo Navarro). Los españoles no están en contra de la estabilidad presupuestaria. De hecho, en el Clima Social de septiembre de 2011 de Metroscopia, un 62,3 por ciento de los españoles habría apoyado esta reforma constitucional en el caso de que se les hubiese consultado. Y si miramos por partidos, este porcentaje era del 60,1 por ciento para los votantes del PSOE y del 81,3 por ciento entre los votantes del PP. Su principal crítica estuvo más bien en el procedimiento. El 61 por ciento de los entrevistados consideraban que habría sido preferible celebrar un referéndum y solo el 32,2 por ciento justificó la urgencia para calmar a los mercados. De nuevo, el sistema político español no pareció recoger las demandas ciudadanas, por lo menos en sus procedimientos. Es decir, la disonancia entre lo que deseaba

la ciudadanía y lo que hacía el Gobierno también se materializó de forma muy clara en la reforma del artículo 135 de la Constitución en verano de 2011, aunque en un sentido distinto: ser copartícipes. No era un problema del contenido de la reforma constitucional, sino del procedimiento que se siguió. En resumen, el problema de representación no se ha resuelto bien en los últimos años de crisis. Los partidos y los gobiernos han renunciado a la política porque han renunciado a explicar las cosas y porque no hacen copartícipes a la ciudadanía de las grandes decisiones. Por ello, la crisis política comenzó a coger cierta dimensión y se canalizó en un divorcio entre sus elites y la ciudadanía. Pero ¿avalan los datos estos argumentos?

Esta falta de representatividad la viene percibiendo una mayoría de los españoles desde hace un tiempo. La tabla 3 muestra datos de Metroscopia de distintas preguntas que han intentado medir el grado de representación de nuestro sistema político. Como ya se señaló al principio de este capítulo y esta tabla pone de relieve, se observa que en junio de 2011 una mayoría de los españoles veía a PP y PSOE más interesados en sí mismos que en la ciudadanía. Y en febrero de 2013 casi el 74 por ciento de los encuestados pensaba que el Congreso de los diputados no representaba a los españoles. No estamos, por lo tanto, ante un déficit cualquiera de la democracia. Nuestros sistemas políticos se apoyan en una idea de representación como fuente fundamental de legitimidad. Si la ciudadanía no los percibe como tales, la crisis política está servida. Así ¿a quién le extraña el grito de “no nos representan“? Pero si las instituciones no representan a los ciudadanos, ¿dónde se toman las decisiones? Para responder a esta pregunta hay que recurrir a los trabajos de Sánchez-Cuenca (2014) y Fernández-Albertos (2012). Ambos ponen de relieve la transferencia de las decisiones más importantes a instituciones que no solo están alejadas de los ciudadanos, como pueden ser las instituciones comunitarias, sino que además no son elegidas democráticamente. Como ellos han desarrollado de forma excelente, esto es un grave problema para el funcionamiento de las democracias. Pero lo que me interesa en este trabajo es demostrar que los ciudadanos también lo han percibido así. Los diferentes episodios políticos aquí relatados y los datos de opinión pública muestran que la ciudadanía no se ha sentido representada. Además, este estado de ánimo se agravó a finales de 2011. Los ciudadanos decidieron castigar el Gobierno socialista por sus políticas y se encontraron con un gobierno del PP que aumentaba los recortes y, por lo tanto, se alejaba mucho más de lo que la ciudadanía quería. Por ello, los españoles se sintieron impotentes al ver que el único instrumento del que disponen, que es el voto, no sirvió para cambiar las cosas. Entonces se lanzaron a la calle con más fuerza que nunca. Pero como veremos en los siguientes capítulos no solo protestaron, sino que además tomaron las riendas de su destino, creando nuevas plataformas políticas. Pero ¿qué significa que el voto no sirvió? La insatisfacción con la actuación del Gobierno se incrementó tras noviembre de 2011. Los españoles apostaron por un cambio, castigando de forma severa al PSOE y dando una mayoría absoluta al PP, partido que había prometido ese cambio. Pero de nuevo se encontraron con una continuación de la política de austeridad, profundizando incluso más en la

magnitud de los recortes. Dicho de otra forma, las elecciones dejaron de cumplir con una de sus funciones: cambiar aquello que los ciudadanos desaprobaban. Gobernase quien gobernase, la política económica no variaba. Es como si los ciudadanos no pudiesen decidir cómo quieren ser gobernados. Es por ello que el 25 de septiembre de 2012 (25-S) se produjo una nueva explosión social. Ese día, fruto de una convocatoria realizada a través de Internet, miles de ciudadanos decidieron rodear el Congreso de los Diputados. Dada esa falta de representación por parte de las instituciones, muchas personas se lanzaron a la calle. Es cierto que, como argumenta Torres Mora cuando recuerda su experiencia del 25-S como parlamentario, “aquellos manifestantes son una parte del pueblo, pero no el pueblo” (Torres Mora, 2015: 91). Es decir, unos pocos ciudadanos protestando en la calle no se pueden arrogar la representación del conjunto de la población. Pero la verdad es que los que rodearon el Congreso el 25-S no lo hicieron solos: el 50 por ciento de los españoles compartía los argumentos de la convocatoria y que se pusieran de manifiesto a través de protestas en la calle, mientras que un 26,6 por ciento solo mostraba su acuerdo con los argumentos de la manifestación. En suma, el 76,6 por ciento de la ciudadanía compartía las ideas que había detrás de la acción de rodear el Congreso. Únicamente un 16,6 por ciento de los entrevistados mostraba su disconformidad con lo sucedido el 25-S¹ . Entre los distintos votantes, solo los del PP mostraban un rechazo a esta movilización ciudadana superior al 30 por ciento, aunque no era mayoritario este sentimiento entre ellos. Los jóvenes eran los más “comprensivos” con el 25-S, pero las personas mayores también lo veían mayoritariamente con simpatía. De nuevo, la transversalidad en el grado de aceptación y de apoyo a un movimiento de protesta volvía a hacer su aparición. El 25-S recogió un lema al que el 15-M no había llegado: “Que se vayan todos”. Valiéndose de uno de los gritos que se hicieron más populares en la crisis de Argentina de 2001, una parte de la población volvió a estallar contra sus representantes. Pero ahora, además de denunciar la falta de representación, ponían una propuesta sobre la mesa: que se vayan. Todos estos acontecimientos (mareas ciudadanas, 25-S…) pueden ayudar a entender por qué los ciudadanos más conservadores y los votantes del PP comenzaron a dejar de mirar con simpatía las protestas ciudadanas. Vieron que estas eran la principal oposición a las políticas desarrolladas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero denotaba un comportamiento muy asimétrico con las

personas de izquierdas y los electores del PSOE. Estos últimos siempre miraron con agrado fenómenos como el 15-M o el 25-S. No les importaba que su partido estuviese en el gobierno o en la oposición, ellos siempre mostraban, encuesta tras encuesta, un alto grado de simpatía. En cambio, los ciudadanos conservadores y del PP cambiaron de opinión sobre la movilización ciudadana una vez su partido accedió al poder. En el origen, el 15-M no fue visto como un movimiento ideológico o politizado. En junio de 2011, Metroscopia preguntó en sus encuestas sobre cómo era vista esta movilización social¹¹: el 57,5 por ciento de los entrevistados no veía una tendencia política concreta, el 30,5 por ciento pensaba que era más bien de izquierdas y el 2,3 por ciento lo encasillaba en la derecha. Estos porcentajes variaban un poco en el caso de los votantes del PP. Aunque la mayoría de ellos no veía una tendencia política concreta (47,7 por ciento), un porcentaje nada irrelevante (38 por ciento) lo etiquetaba más bien de izquierdas. Es muy probable que la opinión de los electores del PP fuera cambiando una vez el PP accedió al poder y los ciudadanos continuaran movilizándose. Seguramente, también ayudaría en este cambio de opinión la actitud beligerante que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy contra las protestas ciudadanas. Un ejemplo lo encontramos en mayo de 2012. En esas fechas se cumplía un año de la acampada en Sol. Por ello, muchos ciudadanos decidieron celebrar este aniversario volviendo de nuevo a la céntrica plaza madrileña. Pero el ejecutivo del PP decidió prohibir la protesta más allá de las 10 de la noche. La ciudadanía, en un claro desafío contra el gobierno, prolongó su estancia en Sol hasta altas horas de la madrugada.

Ejemplos de la crisis de representación: desigualdad y corrupción

El punto de partida del 15-M y su evolución posterior es, por lo tanto, una crisis de representación donde los ciudadanos han perdido parte del control que ejercían sobre sus representantes y donde los dirigentes políticos han dejado de estar atentos a las demandas ciudadanas. Es cierto que a ello se unen algunos ingredientes más que también explicarían la crisis política de nuestro país y que son claros ejemplos de esa distancia entre representantes y representados. Voy a

desarrollar brevemente dos problemas que ejemplifican muy bien esta crisis de representación: la desigualdad y la corrupción. Además, cada uno de estos dos problemas está muy asociado con cada uno de los principales partidos. La desigualdad ha sido el punto más débil de la izquierda en los últimos años, y en especial del PSOE. En cambio, la corrupción ha afectado especialmente al PP. Una de las consecuencias más relevantes de la crisis económica y de las decisiones políticas que se han tomado durante este periodo de recesión es el aumento de la desigualdad en cualquiera de sus dimensiones. Así lo ha percibido la ciudadanía. En noviembre de 2011, MyWord realizó un estudio sobre el impacto de la crisis en la movilidad social¹². De él se desprende que el 90,6 por ciento de los españoles creía que había mucha o bastante desigualdad. Además, el 51,3 por ciento de los entrevistados consideraba que había descendido de clase social frente a un 41,7 por ciento que creía que no había descendido. Por lo tanto, la opinión pública sí que observaba que la desigualad era un problema muy relevante en medio de la Gran Recesión. Si vamos a las cifras objetivas, lo que percibía la ciudadanía era lo que estaba sucediendo. La más evidente de las desigualdades ha sido un reparto de la renta mucho más injusto que al comienzo de la crisis. Los datos así lo confirman. El gráfico 6 muestra la evolución del indicador de desigualdad más extendido entre los estudios internacionales: el índice Gini. Su interpretación es la siguiente: si lo medimos en una escala de 0 a 100, cuanto más se aproxime a 0 significa que la distribución de la renta de un país es completamente equitativa; en cambio, cuanto más se aproxime a 100, más renta acumulan unas pocas manos. Dicho de otra forma, si el índice Gini fuera 100, significaría que una sola persona tiene toda la renta de un país. En España, el índice Gini viene aumentando desde el año 2004 de forma casi ininterrumpida. Esto significa que no es solo un problema de la Gran Recesión, sino que es algo mucho más profundo. No es objeto de este libro analizar el aumento de la desigualdad en España. Para ello existe una enorme literatura al respecto. Pero lo que quiero señalar es que el problema político comenzó antes de 2007. Y es en esta evolución anterior a la crisis donde podemos entender por qué esta problemática ha afectado de forma tan profunda al PSOE.

Gráfico 6

Desigualdad (índice Gini)

Fuente: Eurostat.

No obstante, las consecuencias de la crisis económica no son irrelevantes y seguramente están detrás de la crisis política. Durante el periodo de la Gran Recesión, según los datos de Eurostat, la desigualdad ha aumentado en casi un 9 por ciento. Pero no solo eso, en el año 2014 España se encontraba entre los países más desiguales de la Unión Europea. Únicamente superaban a nuestro país Estonia, Letonia, Bulgaria, Lituania y Chipre. Todos ellos tienen una renta per cápita inferior a España y en casos como el de Bulgaria entre 4 y 5 veces inferior. Dicho en otras palabras, son sociedades con un menor desarrollo económico que el nuestro. Pero la desigualdad tiene otras dimensiones además de la distribución de la renta. También es muy relevante la movilidad social. Es decir, la probabilidad que tenemos de cambiar de clase social y prosperar o descender en la estructura social de un país. Los datos más recientes también muestran que las oportunidades en España se han reducido en las últimas décadas. A principios de los noventa, el porcentaje de personas que ascendían de clase social era del 52 por ciento, mientras que en los últimos años esta cifra ha descendido al 44 por ciento, un dato muy similar al que encontramos en los setenta (Marqués Perales, 2015). Seguramente, la reducción de la movilidad social en nuestro país no es imputable a un único factor. No solo la crisis económica ha contribuido a ello. También han influido los cambios en la estructura económica del país, al pasar de una sociedad industrial a una postindustrial, donde las clases sociales se definen de formas muy distintas. Y otro factor relevante es el diseño de nuestro sistema educativo, el cual tiene algunas etapas poco redistributivas como la universitaria. Pero junto a estas causas un poco más estructurales, es muy evidente que los recortes en el gasto público de estos años se han cebado muy especialmente con aquellos que más necesitan del Estado de bienestar. Hemos visto cómo los servicios de dependencia se han reducido a su mínima expresión, las tasas universitarias se han incrementado de forma sustancial sin compensarlo con un aumento de las becas o se ha establecido el copago de medicamentos para los pensionistas. Una dimensión relevante de la desigualdad también es la pobreza. En los años de la crisis, tal y como recogen los estudios más solventes, “el aumento de la

incidencia de la pobreza ha sido muy intenso. Desde que se dispone de información anual sobre las rentas de los hogares —mediados de los años ochenta— nunca se había registrado un aumento tan drástico de las tasas de pobreza en intervalo temporal tan breve […] No existen precedentes previos de un aumento tan pronunciado de la pobreza en un periodo tan corto, siendo el crecimiento registrado con esta crisis considerablemente superior al que tuvo lugar en el periodo recesivo de los primeros años noventa” (Fundación Alternativas, 2015: 49). Además, si comenzamos a distinguir por distintos niveles de pobreza, la exclusión social severa (tener menos del 30 por ciento de la renta mediana de un país) ha pasado del 3,8 por ciento en 2004 a más del 7 por ciento en 2012 (Fundación Alternativas, 2015: 50). Pero hay más cifras que avalan esta tesis. En 2008, el 1,7 por ciento de los hogares españoles declaraban no tener ningún tipo de ingreso. En 2014 este porcentaje era del 4,2 por ciento. Son incrementos sin precedentes que reflejan de forma muy clara las consecuencias sociales de la crisis económica. En conclusión, la desigualdad, en cualquiera de sus dimensiones, ha aumentado en nuestro país, haciendo de España un lugar mucho más injusto. Además, como veremos en las siguientes páginas, esta nueva realidad social ha tenido consecuencias políticas y electorales, en especial para el PSOE. Junto a la desigualdad, otro factor que puede haber contribuido a acrecentar la crisis política es la percepción ciudadana sobre la corrupción. El gráfico 7 muestra el porcentaje de personas que consideran la corrupción como uno de los principales problemas del país. Observamos que en los primeros años de la crisis, el número de personas que así lo veían aumentó ligeramente. Pero fue a partir de enero de 2013 cuando las cifras se dispararon, alcanzando porcentajes desconocidos en nuestra democracia. El máximo se alcanzó en noviembre de 2014, cuando el 60 por ciento de los españoles consideró que la corrupción era uno de los principales problemas. Desde entonces las cifras se han reducido, aunque siguen por encima de los datos de los años noventa, cuando entonces los casos de corrupción acosaron al Partido Socialista. Estos incrementos en la preocupación ciudadana por la corrupción corresponden con uno de los mayores escándalos de nuestra democracia: la contabilidad B del PP. En enero de 2013, tanto el periódico El Mundo¹³ como El País¹⁴ publicaron sendas exclusivas sobre lo que se ha denominado los papeles de Bárcenas. Este caso ha revelado una presunta financiación irregular del PP durante más de 20 años. Según la información publicada, a cambio de favores políticos, numerosas

empresas habrían realizado pagos en negro al PP. Parte de esta financiación habría acabado en forma de sobresueldos en los bolsillos de los dirigentes del PP durante todos estos años. No es menos cierto que no es el único caso de corrupción que hemos conocido durante la crisis económica. El caso Noos, que ha afectado a la familia real, o el caso de los ERES en Andalucía, que ha golpeado al PSOE, son ejemplos de los escándalos de corrupción que ha ido conociendo la opinión pública española.

Gráfico 7 Porcentaje de ciudadanos que ven la corrupción como uno de los principales problemas

Fuente: CIS.

Se podría argumentar que el estado de excepción ciudadano respecto a la corrupción no está justificado por los datos reales. Así lo desarrolla Torres Mora en su ensayo El día que el triunfo alcancemos (2015: 63-85). Su principal argumento es que los medios de comunicación han magnificado la situación de nuestro país respecto a la corrupción, convenciendo a la ciudadanía de la existencia de un problema que no es tal como lo presentan. No obstante, la idea de Torres Mora exige algunos matices. En primer lugar, que los ciudadanos magnifiquen un problema no significa que este no exista. Es decir, que perciban un problema en mayor magnitud de lo que realmente es también nos da una información relevante, especialmente sobre el clima social de opinión ciudadana. Lo argumentó de forma muy pedagógica en el año 2010 la entonces presidenta del CIS, Belén Barreiro, en una conferencia que impartió en el Foro Nueva Economía: “Las respuestas incorrectas [en las encuestas] nos informan del estado de ánimo de la ciudadanía. El público no siempre es infalible. En ocasiones, los ciudadanos fallan en sus percepciones, por razones que en cada caso conviene explicar”. En segundo lugar, antes de que la Gran Recesión llegara a nosotros, ya había algunos estudios más académicos que advertían de que la corrupción estaba entre nosotros aunque no ocupara las portadas de periódicos nacionales entonces. En el año 2007, según Transparencia Internacional, España ocupaba el puesto 25 en percepción de corrupción, al mismo nivel de países como Uruguay o Eslovenia. Tal y como muestra el gráfico 8, a partir de ese momento España fue ocupando posiciones cada más alejadas de los primeros puestos (en el año 2013 obtuvo su peor posición en el puesto número 40, en un nivel similar al de Cabo Verde y Dominica) y su puntuación fue empeorando. Además, en toda la serie de Transparencia Internacional, desde 1995, España nunca ha estado entre los 20 países menos corruptos, cuando en numerosos indicadores como la renta per cápita, la esperanza de vida o la calidad de servicios públicos como la sanidad sí que tiene una posición muy destacada entre los 10 primeros puestos del mundo.

Gráfico 8 Puesto ocupado por España y puntuación en Índice de Percepción de Corrupción (ICP)

Fuente: Transparencia Internacional.

En tercer lugar, el problema no es solo si hay muchos o pocos casos de corrupción, sino que, además, cuando nos comparamos con países de nuestro entorno, estamos muy alejados tanto en número como en la magnitud de la corrupción. Como ha relatado en varios ocasiones Víctor Lapuente, en el año 2008 en Suecia solo se documentaron dos casos de corrupción, donde el soborno consistió en el pago de unas vacaciones y en la entrega de unos regalos más bien modestos a sendos políticos locales. La experiencia sueca está muy aleja de casos como Bárcenas, Púnica, los ERES de Andalucía o la operación Pokemon. En conclusión, la desigualdad y la corrupción son dos problemas que han ahondado en la crisis de representación de la que hemos hablado en el apartado anterior. En principio, ambas problemáticas son una forma de presentar a los representantes políticos como personas preocupadas únicamente por sus intereses particulares, muy alejados de los intereses generales del país. Los ciudadanos pueden haber percibido que algunos de sus representantes han estado más interesados en aumentar su riqueza que en la distribución de esta en la sociedad, permitiendo abusos en el uso del poder. Además, la desigualdad ha afectado especialmente al electorado de izquierdas, mientras que la corrupción ha golpeado con fuerza en la opinión pública conservadora. Es por ello que PSOE y PP han tenido tantas dificultades políticas durante estos años.

Conclusiones

En definitiva, desde el punto de vista de la ciudadanía, la crisis política nace y estalla con el 15-M. Nadie anticipó tal movilización, aunque muchos analistas se preguntaban qué pasaba en nuestra sociedad y cuestionaban el inmovilismo de los ciudadanos. Este movimiento si por algo se ha caracterizado durante mucho tiempo es por su transversalidad. En sus orígenes, indistintamente de la ideología, intención de voto, edad u ocupación, la ciudadanía ha mostrado una gran simpatía por los indignados. Pero en la evolución de los apoyos, el único

cambio significativo se ha observado en los votantes del PP y en los más conservadores. Una vez este movimiento se convierte en uno de los principales actores de oposición a las políticas del PP, estos grupos dejan de ser vistos de forma mayoritaria con simpatía. El 15-M ha sentado las bases de algo que vendrá después: el surgimiento de nuevas plataformas políticas. Como vamos a ver a continuación, no solo sus bases sociales de apoyo coinciden bastante, sino que además la demanda de nuevas formaciones políticas ya estaba ahí. Lo que hay detrás de este estallido social es una crisis de representación muy profunda. No solo los ciudadanos perciben que ya no son dueños de su destino y que no pueden alterar aquellas políticas que no les gustan, sino que además sienten que los partidos tradicionales han dejado de ser sensibles a sus demandas. El 15-M nos señala el principal problema de nuestra democracia para la ciudadanía: “No nos representan”. Y cuando lo que existe no satisface a un porcentaje relevante de ciudadanos, entonces surgen nuevas opciones políticas. Esta crisis de representación ha puesto en jaque a lo que se conoce como bipartidismo. Y como veremos a continuación, es cierto que las dos principales fuerzas políticas han sumado el menor porcentaje de apoyos electorales de su historia. Pero no es menos cierto que el surgimiento del multipartidismo genera ciertas dudas sobre su capacidad para resolver la crisis de representación. Cuando son varios los partidos con un número significativo de apoyos y de escaños, mandar a la oposición a formaciones impopulares no siempre es posible. Estas pueden tejer alianzas que les permitan seguir en el poder a pesar de sufrir el castigo de la ciudadanía. Además, en la medida que un Gobierno es el resultado de pactos entre políticos y no de la voluntad popular, los dirigentes de los partidos cobran un gran protagonismo en detrimento de los votantes. Dicho de otra forma, al final son los políticos y no los ciudadanos los que deciden quiénes integran el Gobierno. Por todo ello, no es descartable que el desencanto y la desafección sigan entre nosotros. El fin del bipartidismo no parece un antídoto acertado para acabar con nuestra crisis política, puesto que los problemas de representación no se solucionan con el multipartidismo: ni los políticos están más atados a la ciudadanía, sino todo lo contrario, ni los malos gobernantes parecen condenados a la oposición. El análisis presentado en este capítulo contrasta con otras reflexiones realizadas sobre nuestra democracia. Daniel Innerarity presenta una visión un tanto más

pesimista de nuestro sistema político. En su reciente trabajo, La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015), sitúa el foco del desencanto en el mero funcionamiento de la democracia: “Es un sistema político que genera decepción… especialmente cuando se hace bien” (Innerarity, 2015: 155). ¿Por qué? Esta forma de gobierno presenta “ideales inalcanzables” (Innerarity, 2015: 161), de tal forma que esperamos demasiado de un sistema que más bien puede darnos poco, más allá de la gestión del conflicto. Así, Innerarity acaba concluyendo que “es necesario que todos revisemos nuestras expectativas en relación con ella y examinemos si en ocasiones no estamos esperando de la política lo que no puede proporcionar o exigiéndole cosas contradictorias” (Innerarity, 2015: 171). Estos argumentos son un tanto intrigantes. En primer lugar, no queda muy claro en su libro qué esperan los ciudadanos de la democracia. Innerarity habla de “ideales inalcanzables” o “expectativas” difíciles de realizar, sin concretar muy bien qué significa esto. ¿Qué esperan los españoles de su democracia? ¿Realmente son tan exigentes? Estas preguntas no quedan resueltas en los argumentos del filósofo vasco cuando sería posible responderlas. Bastaría un estudio de opinión pública para saber si realmente los ciudadanos piden cosas imposibles a su sistema político. De hecho, ese será el objetivo del último capítulo de este libro. En segundo lugar, no parece que todas las sociedades estén igual de decepcionadas con su democracia. Los datos muestran que los países del sur de Europa tienen una menor satisfacción con su sistema político que los del norte. Y no solo eso. En 2002, el porcentaje de ciudadanos de países del sur satisfechos con su democracia estaba cercano al 50 por ciento, mientras que en los países del norte esta cifra era en torno al 70 por ciento. Diez años más tarde, en medio de la Gran Depresión, el porcentaje de personas satisfechas con su democracia en el sur de Europa pasó a ser inferior al 30 por ciento, mientras que en el norte este dato era superior al 70 por ciento¹⁵. Por lo tanto, no solo hay una diferencia muy clara que se sostiene en el tiempo entre el norte y el sur de Europa, sino que además con la crisis económica esta brecha se ha agrandado. En resumen, la democracia no siempre decepciona. O en algunos sitios decepciona más que en otros. Pero como decíamos anteriormente, para que un sistema político decepcione, primero es necesario saber qué se espera de él. Los siguientes capítulos tratarán de arrojar luz sobre estas cuestiones. Pero nuestro punto de partida es un tanto opuesto al de Innerarity. En lugar de ir a las grandes

cuestiones, intentaremos diseccionar lo acontecido en España en los últimos años. Y por lo visto hasta el momento, todo empezó con una crisis de representación.

CAPÍTULO 2

¿Una ruptura generacional?

El segundo factor que puede ayudar a entender los cambios políticos de nuestro país es la brecha generacional que se ha ido generando en los últimos años. Como explicaré a continuación, no es un fenómeno que se haya producido en un momento determinado, sino que es producto de los cambios por los que ha pasado nuestro país en las últimas décadas. Como resultado de los progresos educativos e innovaciones tecnológicas, las nuevas generaciones de españoles poseen unas características que les diferencian de sus mayores, especialmente de quienes protagonizaron la transición. Esto no implica que sean mejores o peores, sino que tienen rasgos distintos y expectativas diferentes. Estamos, por lo tanto, ante una nueva generación de españoles que desean protagonizar una nueva etapa. Cuando la ciudadanía tomó las plazas y las calles el 15 de mayo de 2011, publiqué seis días después en El País un artículo que se titulaba “El Mayo de la generación del 78”¹ . En él ya apuntaba algunas ideas que veremos en las siguientes páginas. De aquel artículo me gustaría recuperar uno de los argumentos que nos pueden ayudar a entender qué connotaciones tiene esta brecha generacional. Por aquel entonces, muchos analistas estaban preocupados por el corto plazo y se preguntaban: ¿qué consecuencias podría tener el fenómeno de los indignados en las elecciones municipales y autonómicas que se iban a celebrar unos días después? Esta visión cortoplacista impedía ver el mar de fondo que había en la movilización. Los hijos de la Constitución, tal y como los había bautizado Francisco Rubio Llorente en un artículo que publicó en diciembre de 2008 en El País¹⁷, salieron ese día a expresar que estaban insatisfechos con los sistemas económico y político. ¿Y cuál era el origen de esta insatisfacción? Todos los estudios de opinión y las encuestas realizadas a expertos señalaban entonces que el principal foco de desafección estaba en “la enorme influencia que tiene el poder económico sobre el poder político“¹⁸. Pero, además, esta desafección no solo era el resultado del mal funcionamiento de nuestra democracia. Hay que recordar que por aquel entonces, en mayo de 2011, el 70 por ciento de los españoles estaba sujeto a una Constitución de la que no había participado. Dicho en otras palabras, el 15-M no solo fue la escenificación de la crisis de representación, también mostraba que había una nueva generación

de españoles. No es exagerado decir que, para muchas personas de esta nueva generación, la movilización de los indignados se ha convertido en un hito o en un punto de inflexión en su narrativa generacional. No sé si la comparación es excesiva, pero nos recuerda a lo que supuso mayo del 68 para las generaciones anteriores. Para los que nacieron en los años cuarenta y cincuenta, los acontecimientos de París les marcaron tanto, que alguno de sus líderes, como Daniel Cohn-Bendit, todavía son recordados más por aquellos días que por toda su trayectoria política posterior. Es cierto que mayo del 68 tuvo una enorme repercusión internacional y fue seguido con movilizaciones en otros países. Pero el movimiento de los indignados en España no solo acaparó la atención de la prensa internacional, sino que además movimientos como Occupy Wall Street se inspiraron en lo que sucedió el 15 de mayo de 2011 en nuestro país. En definitiva, el 15-M puso de relieve que existía una ruptura generacional. Esta nueva generación de españoles quiere ser la protagonista de los cambios por distintos motivos: se diferencia de sus mayores en algunos rasgos relevantes, está insatisfecha con el funcionamiento de su país y esperan cosas distintas de su democracia. Para algunos, estas afirmaciones no son más que el resultado de un cierto adanismo. Por ello, para poder abordar con cierto rigor las críticas al argumento de la ruptura generacional, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿son importantes las generaciones?

¿Importan las generaciones?

No es la primera vez que reflexiono sobre la brecha generacional. El 19 de agosto de 2013 publiqué un artículo en El País que se titulaba “El debate generacional”¹ . Finalizaba con la siguiente pregunta: “¿Hasta qué punto una nueva generación puede estar atada por lo que decidió la anterior?”. Con ella recuperaba un viejo debate entre Thomas Jefferson y James Madison. El primero argumentaba que “las deudas o hipotecas son obligaciones individuales, no colectivas. Así, una generación posterior no es responsable de todo lo que hizo la anterior. Esto le lleva a concluir a Jefferson que ninguna sociedad puede realizar constituciones perpetuas o leyes perpetuas”² . En el fondo, el entonces embajador de Estados Unidos en París trata de defender ante Madison que toda generación tiene derecho a decidir su propio destino. En una carta que en 1789

escribió Jefferson a Madison, este argumentaba: “Toda Constitución, luego, y toda ley, caduca al final de los 19 años. Si se desea que se extienda en el tiempo, es un acto de fuerza, no un derecho”. En 1816, Jefferson se reafirma en estas ideas en una carta que dirige a Samuel Kercheval: “Cuarenta años [después de que] una Constitución fue aprobada, dos terceras partes de los adultos que entonces vivían [están] muertos”. Un mes después, José María Maravall cuestionaba en El País la idea de las generaciones recogiendo los argumentos de Madison:

Una reforma constitucional no se puede justificar con el argumento de Jefferson de que una generación no puede ser gobernada por una Constitución elaborada por una generación anterior. La opinión de Madison ha prevalecido en todas las democracias: si una generación ha tenido que hacer frente al caos, ese caos no tiene por qué ser sufrido por generaciones siguientes. Las reformas solo se justifican con argumentos rigurosos acerca de problemas muy serios. Por poner algunos ejemplos: Cataluña, la política fiscal, la crisis del euro, programas de gasto social no redistributivo, la dirección política de la Unión Europea. Si no es así, reformar o renovar solo consistirá en fichar a un Justin Bieber; en sustituir ideas por palabras retóricas ²¹.

Al margen de la caricaturización del argumento generacional, sí que tiene razón José María Maravall en que los cambios políticos solo se pueden sostener sobre la resolución de los problemas en una sociedad. No obstante, su argumentación se deshace muy rápidamente de la idea de las generaciones, sin entrar al fondo del asunto. Por ello, vayamos por parte. ¿Existen las generaciones? Y si es así, ¿realmente importan o tienen capacidad explicativa? Respecto a la primera cuestión, por lo que vemos en la literatura, las generaciones sí existen. De hecho, la idea de generación es una idea muy antigua. Filósofos como Antoine Cournot o científicos sociales como Augusto Comte utilizaron el argumento de las generaciones para explicar el devenir histórico. El argumento sería el siguiente: para poder entender los progresos o

avances en una sociedad, muchas veces dividimos la narración en periodos. Cada una de estas etapas se suele circunscribir a una franja temporal donde un grupo de personas de edad aproximada se enfrentan a problemas comunes, que pueden ser nuevos o heredados del pasado. Desde luego que el resto de ciudadanos mucho más jóvenes o mucho mayores también sufren estas mismas dificultades. Por ello, Ortega y Gasset (2005: 85) distinguía a los coetáneos de los contemporáneos. Los segundos constituyen el conjunto de la población, todos aquellos que viven en el mismo periodo temporal indistintamente de la edad que tengan. Pero a los coetáneos les une algo más: son un grupo de personas de edad aproximada que han pasado por experiencias vitales similares y que marcaron sus procesos de socialización. Para Ortega y Gasset, “el conjunto de los que son coetáneos en un círculo de actual convivencia es una generación” (Ortega y Gasset, 2005: 85). En tiempos más recientes, la idea de generación ha sido recuperada por Jaime Miquel, geógrafo y experto en comportamiento electoral. En un trabajo suyo publicado en marzo de 2015 por la revista de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (AEDEMO), defiende la existencia de cuatro generaciones en España: ciudadanos nuevos, reformistas, niños de la autarquía y niños de la guerra. Miquel, además de mostrar que todos estos grupos tienen rasgos sociológicos propios, también observa un claro comportamiento electoral diferenciado. En definitiva, para Miquel las generaciones y sus narrativas tienen capacidad explicativa en la vida política española. Si miramos la idea de generación con cierta perspectiva analítica, vemos que en el pensamiento moderno se ha desarrollado desde tres visiones: científica, política y ética (Moreno Pestaña, 2011). La primera de ellas, la científica, se centra en el conjunto de propiedades que unen a un grupo de personas que comparten una dimensión temporal. La visión política analiza la posición que ocupa una generación dentro de la sociedad. Finalmente, la ética tiene que ver con “las propias creencias o expectativas” (Moreno Pestaña, 2011: 119) de cada grupo generacional. Así, estas tres dimensiones nos permiten definir qué es una generación, qué rasgos les unen, qué posición ocupa dentro del momento que le ha tocado vivir y qué creencias le definen. Estas tres visiones nos van a ser muy útiles para analizar qué ha sucedido en nuestro país con lo que se ha definido como brecha generacional. Pero ¿importan las generaciones? Dicho en otras palabras, ¿tienen alguna capacidad explicativa? Como han constatado algunos de los protagonistas de la España contemporánea, tienen un cierto protagonismo en la política de las

últimas décadas. Cuentan los cronistas que cuando José Luis Rodríguez Zapatero conoció a Felipe González poco antes de presentarse a secretario general en el XXXV Congreso del PSOE, el expresidente socialista le animó a competir por el liderazgo del partido con una reflexión sobre el papel de las generaciones en la política: “El poder se ejerce generacionalmente”²². Los datos parecen corroborar en algunas ocasiones este argumento. El ejemplo más evidente de lo que estoy contando lo constituye la generación del autor de la cita, Felipe González. Cuando le tocó formar su primer Gobierno en 1982, si excluimos a Fernando Morán²³, la diferencia de edad entre el ministro más joven (Joaquín Almunia, nacido en 1948) y el mayor (Javier Moscoso, nacido en 1934) era de 14 años. Esta franja de edad encaja dentro de la idea de generación que estableció Ortega y Gasset. En su obra En torno a Galileo, el filósofo español detallaba que una generación la formaban personas que se encontraban en una franja de edad de 15 años (Ortega y Gasset, 2005: 97). Quizás fuese la casualidad, pero es llamativo que el mayor proyecto transformador y modernizador que ha experimentado España fuese protagonizado por personas que tenían una edad muy similar, que habían pasado por experiencias similares y que compartían la misma ambición: vivir en un país mejor. El propio Felipe González nos saca de dudas cuando reflexiona en el libro de María Antonia Iglesias sobre el grupo de “gente con la que echó andar”. Cuando piensa en la formación de sus gobiernos, el expresidente socialista dice: “Cuando trabajaba en la formación del equipo, yo notaba, desde el principio, que había una limitación, la limitación que siempre representa el horizonte generacional. Como el cambio histórico también era un cambio generacional, esa limitación, en parte, me dolía. Pero se daba el caso de que yo no veía fuera de mi horizonte generacional, ni hacia arriba ni hacia abajo […] Mis vínculos, como es natural, eran generacionales” (Iglesias, 2003: 807). Esta cita también la recoge Ignacio Sánchez-Cuenca en su libro Años de cambio, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011. Pero para este autor, a diferencia de Felipe González, Rodríguez Zapatero no fue capaz de desarrollar un proyecto generacional. Muchos de sus equipos se apoyaron en los cuadros de los años ochenta y noventa. Para Sánchez-Cuenca, la falta de audacia en algunos proyectos provinieron justamente de estos dirigentes más veteranos (SánchezCuenca, 2012: 31). Y es que dentro de una generación se comparten más cosas además de la edad. Como veremos a continuación, existen rasgos objetivos que unen a las personas que han compartido experiencias similares. Volviendo a las críticas de José María Maravall, él mezcla dos ideas distintas

confundiéndolas. Por un lado, como he afirmado más arriba, sí que tiene razón cuando afirma que cualquier cambio político relevante en una sociedad solo puede justificarse ante problemas serios. Pero, por otro lado, no es posible negar la existencia de las generaciones y su capacidad para decidir por ellas mismas. Los problemas pueden ser nuevos o viejos, esto no es tan relevante. Lo realmente importante está en las respuestas que damos en cada momento a estos problemas y si una generación no solo tiene respuestas distintas a sus mayores, sino además si esta nueva generación puede decidir libremente sobre los cambios que puede hacer. Negar la existencia de las generaciones y las diferencias de criterio entre ellas, especialmente en el momento político que vivimos en España, es no conocer la realidad.

¿Qué rasgos tiene esta nueva generación?

Siempre es difícil establecer un criterio o umbral donde separar una generación de otra. Si ponemos como punto de partida el año en que se aprobó la Constitución de 1978 y como punto de llegada 2015, el momento temporal en el que se ha producido el mayor “terremoto“ en nuestro sistema de partidos, vemos que hay una diferencia de 37 años. Así, todos los que hicieron la mayoría de edad en 1978²⁴, en 2015 tenían 55 años. Voy a asumir que la brecha generacional en nuestro país se ha producido en ese punto de edad. Dicho de otra forma, tenemos dos sociedades que de forma paralela conviven: los mayores y los menores de 55 años²⁵. Usando la terminología de Miquel (2015), voy a englobar por un lado a los ciudadanos nuevos y a los reformistas (menores de 55 años). Todos ellos representaban en 2015 el 63 por ciento del censo electoral. Por otro lado, situaré entre los más mayores a los niños de la autarquía y a los niños de la guerra. Lo que les une, entre otros rasgos, es que su biografía está claramente marcada por la dictadura franquista. Además de la descripción exhaustiva que realiza Miquel (2015), cada uno de estos grupos de edad tiene diferencias significativas que voy a relatar en las siguientes páginas. Así, la pregunta que surge es: ¿cuáles son las principales características de esta nueva generación? El primero de los rasgos es el incremento espectacular de la educación media. Cualquiera que tenga una cierta perspectiva de la historia de nuestro país sabe muy bien cuál era el nivel educativo en la España de los años cincuenta o

sesenta. Entonces estudiar era un privilegio. Veamos algunos datos. En el curso 1959-1960, el alumnado matriculado en la universidad española era de 170.062. Esta cifra está muy lejos del curso 1979-1980, cuando los estudiantes universitarios se multiplicaron por casi cuatro, alcanzando el número de 657.447. Por no hablar del siglo XXI. En el curso 1999-2000, los alumnos matriculados en las universidades españolas eran 1.581.415 (Rahona López, 2008: 40). Los últimos datos disponibles por el Ministerio de Educación son del curso 2013-2014. Entonces esta cifra era ligeramente inferior y se situaba en 1.412.673. Por lo tanto, la evolución muestra un claro incremento en la formación universitaria de los españoles. Si tomamos la última encuesta del CIS de 2015 (diciembre) y separamos por la brecha generacional que aquí se ha establecido, también obtenemos una fotografía muy clara de las disparidades en nivel educativo. La tabla 4 presenta estas diferencias. Podemos ver que entre los menores de 55 años, el 25 por ciento declara tener estudios universitarios, casi el doble que sus mayores. En cambio, solo el 0,3 por ciento dice no tener ningún tipo de estudios, cuando entre los mayores de 55 años este porcentaje es casi del 15 por ciento. De hecho, entre la generación de mayor edad, más del 55 por ciento tiene, como máximo, estudios primarios. Entre los menores de 55 años esta cifra es del 6 por ciento. Las diferencias son más que significativas. Estas cifras son muy similares a las que se pueden obtener en otros estudios de opinión realizados por empresas privadas² .

Somos afortunados de tener un país que ha cambiado tanto desde el punto de vista educativo. Y este progreso es el resultado de decisiones políticas. La universalización de la educación que se produjo como resultado de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (1985) y la enorme expansión que sufrió la universidad en los años ochenta son dos elementos fundamentales para entender estas diferencias generacionales. Así, fueron los gobiernos socialistas quienes con sus decisiones colaboraron en la transformación educativa que ha experimentado España. Tener una sociedad con mayores niveles educativos también implica tener una sociedad más crítica, con más capacidad de criterio y de pensar por sí misma. Desde luego que no es lo mismo lanzar mensajes políticos y explicar las decisiones gubernamentales cuando la opinión pública tiene en su inmensa mayoría estudios primarios o cuando la sociedad está formada mayoritariamente por gente que tiene una FP y estudios universitarios. Por lo tanto, el ciudadano que se ha generado como resultado de esta expansión educativa es muy diferente de aquel que poblaba nuestro país en los años cincuenta y sesenta. El segundo rasgo que caracteriza a los menores de 55 años es que han vivido toda su vida adulta bajo un sistema democrático. Esta cuestión no es baladí. Como sabemos, la socialización es el proceso que permite la transmisión de valores entre generaciones. Esta experiencia social dura toda la vida y permite construir nuestra propia biografía personal. Gracias a la socialización se produce una cierta continuidad en los valores y rasgos culturales de una sociedad. Los padres, los maestros o los medios de comunicación transmiten todo el acervo de una sociedad. Así, la socialización tiene un componente de continuidad que garantiza, principalmente, la familia. Esto puede explicar por qué los hijos suelen comportarse políticamente de forma muy parecida a sus padres. Estudios sobre comportamiento electoral en España han mostrado que no solo existe una alta coincidencia entre la ideología de los padres y los hijos, sino que además la ideología de la familia tiene una alta capacidad explicativa sobre la intención de voto de los individuos (Polavieja, 2001: 181). Por lo tanto, los valores se transmiten de generación en generación. Esta influencia familiar es tan fuerte que solo así se explica cómo, por ejemplo, tras 40 años de dictadura, en 1977 el PSOE fue capaz de obtener casi el 30 por ciento de los votos, el Partido Comunista logró el apoyo de casi el 10 por ciento de los españoles o el Partido Nacionalista Vasco tuvo casi el 30 por ciento de los

votos en el País Vasco. A pesar de todos los esfuerzos realizados por el dictador a través de los medios de comunicación o el sistema educativo, los valores y la ideología de los españoles se transmitieron de padres a hijos. Los regímenes autoritarios tienen un lugar donde nunca pueden entrar: los hogares de las personas. Allí se contaban de padres a hijos las historias de la guerra civil o se preguntaba por los familiares que estaban condenados al exilio. Pero una vez se derrumbaron los muros de la dictadura, la libertad campó a sus anchas. Y la socialización que el régimen intentó controlar desapareció. Así, la ciudadanía que ha vivido en democracia la totalidad de su vida adulta, además de recibir la influencia familiar, también ha sido socializada por los amigos, los medios de comunicación y el sistema educativo. Y todos estos actores en democracia no han tenido los corsés y las limitaciones que existían bajo la dictadura franquista. La libertad que han tenido profesores, periodistas o los grupos de amigos para expresarse, emitir opiniones y realizar juicios de valor no tienen nada que ver con lo que sucedía antes de la muerte de Francisco Franco. Por todo ello, la generación de menos de 55 años ha sido socializada en unos valores bastante distintos. Esto puede explicar por qué los hijos de la Constitución ya no se asustan ante los “fantasmas” que durante mucho tiempo han perseguido a sus padres. Como veíamos en el capítulo anterior, la mayoría de los españoles prefiere en estos momentos un sistema político multipartidista, aunque para ello deba sacrificar la gobernabilidad. Esta opinión sería impensable hace 40 años, cuando se puso en marcha la transición a la democracia. Entonces la inestabilidad de la Segunda República estaba en el recuerdo de mucha gente y los dirigentes de la época diseñaron un sistema institucional que huyese de toda inestabilidad política. La fragmentación política y los partidos débiles son dos factores que contribuyen a esa inestabilidad. Así, se estableció un sistema electoral que, teniendo una cierta dosis de proporcionalidad (las circunscripciones más grandes), se comportase en algunos territorios de forma mayoritaria (las provincias menos pobladas), beneficiando a las dos grandes formaciones. También se diseñó un Congreso de los diputados y una administración que diese una gran influencia a las elites de los partidos. Así, tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno están altamente centralizados en sus decisiones, permitiendo tener una gran capacidad de influencia en muchos nombramientos para instituciones de lo más diverso. El sistema electoral también ha contribuido en el amplio poder que tienen los partidos, dándoles la potestad de elaborar las listas electorales en un sistema donde estas están bloqueadas y los votantes no tienen capacidad de decisión

sobre ellas. Por lo tanto, el diseño institucional huía de toda inestabilidad. Si miramos los datos sobre las preferencias del multipartidismo por grupos de edad, vemos que dos generaciones conviven en España y a los más jóvenes ya no les da tanto miedo el multipartidismo. La tabla 5 presenta los resultados de sendas encuestas de Metroscopia sobre esta cuestión para febrero y marzo de 2016. Estos datos, además, ya recogen la experiencia de la inestabilidad. Cuando se realizaron, habían pasado varios meses desde las elecciones generales del 20D y España seguía sin gobierno. Algunos podrían argumentar que una vez los españoles probasen la inestabilidad, estos cambiarían de opinión. Pero no ha sido así. Junto a ello, se observa que la brecha generacional respecto a esta cuestión es muy significativa. Mientras que los mayores de 55 años están muy divididos y el apoyo al bipartidismo se sitúa en torno al 40 por ciento, los menores de 55 años son profundamente multipartidistas y el apoyo al bipartidismo es 15 puntos inferior al de sus mayores.

Por lo tanto, la brecha generacional como resultado de la socialización ha generado un grupo de gente más joven que ya no teme aquello que temían los protagonistas de la transición. Y este cambio en las preferencias se explica, entre otros factores, por la experiencia de estos 38 años de democracia. La socialización en valores democráticos ha permitido tener una nueva generación que, como decía Willy Brandt en 1969 a aquellos jóvenes que protagonizaron el mayo del 68 alemán, quiere “atreverse a más democracia”. El tercer rasgo que caracteriza a la generación más joven es el consumo de nuevas tecnologías. Belén Barreiro se ha referido a esta ruptura generacional como los digitales frente a los analógicos, utilizando como símil la tecnología por la que hemos estado viendo la televisión. También se ha hablado de ellos como la generación del milenio (Millennials). Así, los jóvenes aparecen como grandes consumidores de teléfonos inteligentes, Internet o redes sociales. Frente a ellos, los más mayores tendrían mayores dificultades para consumir toda esta tecnología. Si miramos los datos, el consumo de Internet no solo se ha disparado, sino que además existen profundas fracturas por edad. Belén Barreiro, en su artículo publicado en El País, “La brecha generacional“²⁷, presenta evidencia empírica al respecto: “En 1997, solo el 0,9% de los ciudadanos era usuario diario de Internet; en 2012, el 79% accedía a la Red ocasionalmente y España era ya el quinto país del mundo en uso de redes sociales. La práctica totalidad de los ciudadanos (96%) de 18 a 44 ha usado Internet en los últimos tres meses, porcentaje que cae al 53,5% entre los de 45 y más años. Las tres cuartas partes de los nacidos después de 1970 están en redes sociales, mientras que entre sus mayores solo está uno de cada cuatro”²⁸. Los datos del CIS van en esta dirección. En marzo de 2015, el CIS preguntó por el consumo de Internet y redes sociales en su barómetro. Si separamos en los dos grupos que en este libro se han establecido, vemos que en los mayores de 55 años solo el 15 por ciento de los entrevistados declaraba haber utilizado redes sociales virtuales en los últimos seis meses. En cambio, entre los menores de 55 años esta cifra era del 65 por ciento. En definitiva, el consumo de nuevas tecnologías está muy relacionado con la edad y la brecha generacional también es relevante en esta cuestión. De aquí se desprende un cambio profundo respecto al acceso a la información y, por lo tanto, la formación política de los ciudadanos. El cambio tecnológico está siendo

muy relevante en los medios de comunicación. Estos no solo están ante el reto de un cambio en el modelo de negocio, sino que también la forma de comunicar va a ir transformándose, tanto en el contenido como en las formas. Gonzalo López Alba escribió en el año 2014 un documento de trabajo dentro de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas. En él analizaba el cambio de era en los medios de comunicación. Entre sus conclusiones me gustaría destacar dos. Por un lado, los diarios online están experimentando un crecimiento espectacular en sus cifras de audiencia: “Los datos del EGM indican que solo la audiencia online de los diarios crece a buen ritmo: en 2012 el número de los que declaraba haber utilizado este canal en el último mes superaba los 12,6 millones de personas frente a los 11,8 millones de hace un año. Y la inversión publicitaria en Internet, aunque retrocedió un 11% de 2011 a 2012, acumula un crecimiento del 134% en el periodo 2008-2012” (López Alba, 2014: 12). Por otro lado, estos cambios en las audiencias tienen un fiel reflejo en los modelos de financiación. Así, usando como ejemplo The New York Times, López Alba observa que este “obtiene ya alrededor del 80% de sus ingresos del papel, frente a poco más del 20% de ingresos de su versión digital; pero el 80% de sus lectores están ya en Internet, frente a solo un 20% que siguen en el papel” (López Alba, 2014: 13). La combinación de educación y nuevas tecnologías nos permiten completar el cuadro sociológico que tenemos delante. Así, la gente no solo puede acceder a cantidades ingentes de información (y desinformación) de forma rápida, sino que además gran parte de estos individuos tienen la formación adecuada para buscarla, procesarla y analizarla de forma crítica. Es, por lo tanto, una sociedad más informada, más formada y más crítica. Una sociedad muy distinta a la de nuestros padres y abuelos, donde los argumentarios deben ser sustituidos por argumentos rigurosos y creíbles. Aquellos que no entiendan este nuevo escenario y se dediquen a la comunicación tienen un problema. La nueva sociedad que ya está entre nosotros, no admite las mismas ideas simples con las que a veces se ha tratado de convencer al electorado. La ciudadanía ahora es capaz de poner en cuestión lo que dicen los analistas y los políticos en minutos. En muchas ocasiones, estas “ocurrencias” viajan por la Red a gran rapidez y el “ocurrente” ha sido puesto en evidencia antes de que salga del plató de televisión. Por ello, realizar ahora diagnósticos u ofrecer un proyecto político no es nada fácil. Más aún, es incluso más difícil que en el pasado. Los que escuchan y atienden con interés no son los que eran en los ochenta y noventa.

El cuarto rasgo de esta generación es más coyuntural y tiene que ver con la situación económica de nuestro país en los últimos ocho años: gran parte de ellos son los auténticos perdedores de la crisis. En la literatura sobre mercado laboral se utilizan los términos anglosajones: insiders y outsiders. Con estos dos conceptos se distingue a los trabajadores que tienen unas buenas condiciones laborales (salarios elevados y estabilidad laboral) de los que sufren condiciones más precarias (trabajos temporales y remuneración baja). Generalmente, entre los outsiders (los trabajadores precarios) encontramos principalmente a las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, no es una novedad que los grupos de menor edad sufran peores condiciones económicas que el resto de la población. Como veremos a continuación, el rasgo distintivo actual es que la Gran Recesión no solo les ha golpeado con mayor virulencia, sino que además, dentro del grupo de perdedores de la crisis, la franja de edad se extiende hasta los 55 años. ¿De qué forma? En primer lugar, se ha producido un notable éxodo de españoles hacia el exterior en busca de un trabajo o mejores condiciones laborales. Los estudios más rigurosos muestran que en los últimos años, unas 700.000 personas pueden haber abandonado nuestro país, una cifra muy lejana de las estadísticas oficiales que sitúan la salida de españoles hacia el extranjero entre 2008 y 2012 en 225.000 personas (González-Ferrer, 2013). Si analizamos el perfil de las personas que han emigrado de España, vemos que, entre 2008 y 2012, las franjas de edad donde el aumento ha sido más significativo son entre los 35 y los 55 años (González-Ferrer, 2013: 12). Es cierto que los menores de 35 años son los que más emigran. Pero en la gente entre 35 y 55 encontramos a los grupos de edad que más han incrementado su probabilidad de salir de España. De hecho, son los únicos grupos de edad donde observamos un incremento significativo de salida hacia exterior (GonzálezFerrer, 2013: 12). Esta imagen refuerza la idea de que sí que hay una brecha entre mayores y menores de 55 años y que, por lo tanto, la franja de edad de la fractura generacional se sitúa en torno a esa edad. La segunda consecuencia económica para estos grupos de edad es el paro. El gráfico 9 muestra las diferencias de desempleo entre los mayores y los menores de 55 años. La forma de interpretarlo es la siguiente. Los porcentajes positivos indican que los más jóvenes tienen mayores tasas de paro. Conforme la línea se acerca a 0, estas diferencias entre mayores y menores de 55 años se difuminan. Como advertencia, no podemos afirmar que las causas de esta disparidad se

deban completamente a la crisis. Como se ha señalado más arriba, siempre la juventud ha estado asociada a mayores tasas de desempleo. De hecho, como los datos muestran, antes de la Gran Recesión los menores de 55 años tenían entre 2,7 y 5,8 puntos más de desempleo que sus mayores. Pero a partir de 2008, cuando la crisis económica golpea con toda su crueldad a España, estas diferencias comienzan a aumentar de forma enorme —véase el gráfico 9—. Así, a finales de 2012, los menores de 55 años tenían nueve puntos más de paro que sus mayores. Esta cifra triplicaba la menor diferencia que encontramos en la época de expansión. Es cierto que en los últimos tiempos, las diferencias entre jóvenes y mayores han ido disminuyendo y a ello ha contribuido la mejora de la situación económica. Pero para lo que nos interesa aquí, los datos muestran cómo, desde el punto de vista del desempleo, los menores de 55 años han sufrido la crisis con más crueldad que sus mayores. Estos datos complementan el argumento de la emigración y explican por qué esta generación ha tenido que salir de nuestro país, en especial los que tienen entre 35 y 55 años. La tercera consecuencia económica para este grupo generacional ha sido la pérdida de bienestar. Ya sea como resultado de las medidas del Gobierno, especialmente en materia laboral, como consecuencia de la misma crisis, muchos de los trabajadores de esta generación han perdido parte del poder adquisitivo, especialmente los más jóvenes. La tabla 6 muestra la evolución de los salarios anuales en España para distintos grupos de edad entre 2008 y 2013. Vemos que quienes más bienestar han perdido son los menores de 35 años, los que tienen entre 50 y 54 años y los mayores de 65 años. Respecto a los pensionistas, que estarían dentro del grupo de 65 y más años, seguramente es el resultado de un cúmulo de factores como los cambios que se han producido en el sistema de pensiones y que los que se han jubilado estos años pueden haber tenido una menor renta que los que lo hicieron antes de la crisis. En la medida que en su último periodo de cotización han sido golpeados también por la recesión, desde luego que esto ha podido afectar a la pensión que les ha quedado finalmente.

Gráfico 9 Diferencia en las tasas de paro entre mayores y menores de 55 años (en %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero lo que merece más relevancia para nuestro argumento es el grupo de edad de menos de 55 años. Vemos que, de los ocho tramos de edad, cinco han sufrido una clara pérdida del poder adquisitivo (62,5 por ciento de esta población). Y no ha sido solo una cuestión de los menores de 35 años, sino que aquellos que tienen entre 50 y 54 años también aparecen como perdedores de la crisis. En cambio, en los mayores de 55 años, solo uno de los tres grupos de edad aparece como perjudicado por la crisis (33,3 por ciento de este grupo de población). Además, las pérdidas de bienestar son del 25,1 por ciento para los menos de 20 años y de casi el 20 por ciento para los que tienen entre 20 y 24 años, una caída de sus salarios muy superior a los mayores de 65 años. En definitiva, este grupo de edad, los menores de 55 años, aparece como uno de los grandes perdedores de la crisis: sufren mayores tasas de paro, han tenido que emigrar del país y han visto cómo sus salarios disminuían. Todo ello se producía mientras aumentaba la desigualdad, como vimos en el capítulo anterior. Es decir, que mientras ellos perdían, la gente con mayor poder adquisitivo o ganaba o perdía mucho menos que ellos. Esto, seguramente, ha contribuido a una idea de injusticia. Es decir, la ciudadanía ha percibido que la crisis económica no era igual para todos. Y en la medida que ser perdedor tenía un componente generacional, la brecha que ya existía por las razones que hemos visto más arriba se ha ido ampliando.

Conclusiones

Como resultado de la crisis económica, se ha puesto de relieve que existe una nueva generación en España. Este grupo de edad va más allá del periodo de tiempo que suele englobar una generación (los 15 años, según Ortega y Gasset) y se situaría en los menores de 55 años. Todos estos ciudadanos han vivido en común muchas experiencias: una democracia plena, cambios tecnológicos profundos y un acceso a la educación como ninguna generación anterior. A ello se les une un aspecto más coyuntural: son los perdedores de la crisis. Así, como resultado de todos estos factores, este grupo generacional ha podido generar una identidad propia que les distingue respecto de sus mayores en bastantes cuestiones. En este capítulo hemos visto una de ellas: ya no temen a los mismos

“fantasmas” políticos que sus padres y abuelos. Pero no es solo eso, como analizaremos en los siguientes capítulos, esto les ha llevado a comportarse electoralmente de forma distinta y a tener expectativas diferentes respecto a la democracia. Junto a todo ello y uniendo con el primer capítulo, el 15-M forma parte del relato generacional. Muchos de ellos fueron los protagonistas de la mayor movilización social que ha experimentado nuestro país desde la guerra de Irak. Pero, a diferencia de entonces, la reivindicación de los indignados no es resultado de un hecho puntual, sino algo mucho más profundo. De hecho, encajaría más con lo que significó la transición a la democracia, puesto que muchas de las reivindicaciones y protestas eran sobre política (“no nos representan”, “que se vayan todos”) y no cuestiones parciales o sectoriales. Esta nueva generación ha decidido tomar el rumbo de su país. Ellos son los protagonistas de las nuevas formaciones políticas (Podemos y Ciudadanos) y ellos están intentando renovar los partidos políticos tradicionales. Así, líderes como Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Alberto Garzón, Pedro Sánchez, Susana Díaz, Albert Rivera o Pablo Casado entrarían dentro de este grupo generacional. Pero no desentonan en exceso con gente como Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Juan Carlos Girauta o Miquel Iceta quienes, pese a ser algo mayores, también han asistido a muchos de los cambios sociales por los que ha pasado nuestro país sin ser ellos los protagonistas hasta épocas más recientes. En definitiva, esta brecha generacional forma parte del relato de lo que nos ha pasado durante esta crisis. Permite entender por qué algunos están cambiando a semejante velocidad, el trasfondo de estos cambios y hacia donde estamos caminando. Es un nuevo grupo de edad que aspira a una España distinta y, como veremos en el siguiente capítulo, ha decidido organizarse para ello.

CAPÍTULO 3

Y entonces llegaron Podemos y Ciudadanos

Nos pareció que la admiración hacia Mujica crecía a medida que descendías en la escala social. De mitad hacia abajo gozaba de una reputación conmovedora. Lo veían como uno de los suyos y les parecía un signo de coherencia que aplicara a su vida el grado de austeridad que predicaba para los demás. Juan José Millás sobre José Mujica en su reportaje sobre Uruguay, El País Semanal, 23-3-2014

La crisis de representación es uno de los ingredientes que explica el colapso de un sistema de partidos. O por lo menos es lo que dice la literatura académica. La politóloga Jana Morgan (2011) ha estudiado por qué colapsaron en su momento algunos sistemas de partidos en países como Italia, Venezuela o Bolivia. Su principal conclusión es que tres factores pueden incidir en este acontecimiento. En primer lugar, en estas democracias se produjo una cierta percepción de que las principales formaciones políticas eran indistinguibles en sus ofertas programáticas. Lo que en España se ha resumido en aquello de que PP y PSOE son iguales. Así, la ciudadanía pensaría que apenas existen diferencias ideológicas entre los principales partidos. En segundo lugar, en todas estas democracias se produjeron unos bajos niveles de participación política por parte de sus ciudadanos más allá de las dinámicas electorales. Ya fuera porque no lo permitía el sistema o porque algunos grupos sociales tenían mayores dificultades para participar, la ciudadanía solo transmitía sus demandas en las elecciones. En tercer lugar, en todos estos países se produjo un alto nivel de corrupción que tuvo su traducción en el establecimiento de redes clientelares. Pero en ocasiones, como resultado de una crisis, estas redes se ven dañadas, algo que puede implicar un menor reparto del “botín”. Esto implica dos cosas: la corrupción es puesta en evidencia y la ciudadanía se vuelve más crítica con aquellos partidos que la permitieron.

Para Morgan (2011), la conjunción de estos tres factores estaría detrás de muchos cambios profundos en un sistema de partidos, entendiendo por cambio algo más que la aparición de una nueva formación política. Así, estaríamos ante verdaderos colapsos donde los partidos tradicionales verían menguados sus apoyos de forma sustancial, mientras que nuevas formaciones irrumpirían con mucha fuerza. Algo de esto ha sucedido en nuestro país. Si un grito se ha hecho muy popular estos años es que PP y PSOE se parecen bastante. Que lo piense la gente no significa que sea cierto, pero la percepción sí que está muy extendida. Además, en los capítulos anteriores hemos visto cómo la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra democracia. Junto a ello, la crisis de representación es una forma distinta de señalar que las formaciones políticas han tenido problemas para recoger las demandas ciudadanas. Por lo tanto, algunos de los factores que señala Morgan están presentes en nuestra crisis política. Pero ¿hasta qué punto estamos ante el colapso del sistema de partidos que hemos tenido desde el establecimiento de la democracia?

Unos ciudadanos desencantados y huérfanos

Si miramos los datos con cierta objetividad, las elecciones del 20 de diciembre han significado un terremoto político: las dos fuerzas políticas mayoritarias en nuestro país lograron juntas el menor porcentaje de votos de la democracia. En la tabla 7 podemos ver que los votos del PP y del PSOE, por vez primera, apenas superaban el 50 por ciento. Durante la transición, dada la enorme incertidumbre que tenían ciudadanos y políticos, la competición política se tradujo en una fragmentación electoral significativa. Lo que se conoció como “sopa de letras” dio paso a un sistema de partidos muy fragmentado, aunque nunca dejó de ser un bipartidismo imperfecto. De hecho, conforme fue cogiendo experiencia nuestro sistema político, las dos principales fuerzas se fueron asentando. En 2008, PP y PSOE llegaron a sumar casi el 84 por ciento de los votos (véase la tabla 7). En 2011, nuestro sistema de partidos recibió un primer aviso y el PSOE ya cosechó su peor resultado desde la transición. Pero 2015 ha implicado una mayor fractura: el Partido Socialista no solo ha seguido descendiendo, sino que además el PP ha retrocedido a un resultado similar al de los ochenta, cuando era una

fuerza política de escasa relevancia.

Lo que ha sucedido entre 2011 y 2015 puede explicarnos los dos fenómenos que están detrás del colapso de nuestro sistema de partidos: la pérdida de confianza en las formaciones tradicionales y el surgimiento con fuerza de dos nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos), quienes juntos han sumado 8.727.239 votos (34,6 por ciento de los votos válidos) y 109 escaños (31,1 por ciento del Congreso de los diputados). Volviendo a los argumentos de Morgan (2011), estas cifras claramente significan un colapso y no un simple cambio. Para entender mejor lo que ha pasado, veamos el gráfico 10. En él se puede observar la evolución de la intención directa del bipartidismo (la suma de PP y PSOE), de lo que llamamos huérfanos políticos² y del porcentaje que representan las nuevas formaciones (Ciudadanos, Podemos y las mareas) desde 1996. Si he comenzado la serie hace 20 años es porque se necesita cierta perspectiva para entender el momento político actual. Los datos indican que los partidos tradicionales comenzaron a perder gran parte de su apoyo en el verano de 2012. Este descenso se produjo especialmente en el Partido Popular, aunque el PSOE también caía ligeramente. La situación se agudizó a comienzos de 2013, cuando el bipartidismo se situó por debajo del 30 por ciento, una cifra prácticamente desconocida en nuestra democracia. Al mismo tiempo que caía la confianza en PP y PSOE, los huérfanos políticos comenzaron a aumentar de forma considerable. Tal era la desafección hacia los partidos tradicionales, que en enero de 2014 casi el 50 por ciento de los españoles no sabía a quién votar o pensaba abstenerse. Nunca tanta gente había estado bajo tal orfandad partidista. Como puede verse en el gráfico 10, este grupo de ciudadanos siempre se había movido en los últimos 20 años entre el 30 y el 35 por ciento. Por lo tanto, la crisis política nos ha traído algunas cifras desconocidas desde el punto de vista demoscópico, aunque no son las únicas, como veremos a continuación.

Gráfico 10 Apoyo al ‘bipartidismo’, huérfanos políticos y nuevos partidos

Fuente: CIS.

Los nuevos partidos han venido a ocupar ese espacio. Así, en el momento que Podemos y Ciudadanos comienzan a verse como una realidad, los huérfanos políticos comenzaron a reducirse y volvieron a sus cifras tradicionales. Es decir, la orfandad partidista de algunos ciudadanos es lo que ha nutrido a las formaciones de Pablo Iglesias y Albert Rivera. Eso sí, muchos de ellos eran exvotantes del PSOE y del PP. Por lo tanto, la crisis de representación, con todos sus ingredientes, se tradujo en la pasada legislatura en una caída de los apoyos electorales de los partidos que hasta ahora habían copado mayoritariamente el espacio político. Este vacío fue aprovechado por nuevos líderes. Además, estos liderazgos tenían algunas características que están detrás de nuestra crisis política y que hemos visto en el capítulo anterior: una renovación generacional. Eran nuevos ciudadanos, socializados durante toda su vida en democracia, con niveles de cualificación elevados, que en muchos casos habían participado en las protestas ciudadanas y que estaban muy presentes en las nuevas tecnologías. ¿Cómo eran estos huérfanos políticos? Los datos de los barómetros del CIS muestran que entre julio de 2012 y enero de 2015, periodo temporal en el que se registra el mayor porcentaje de orfandad partidista de nuestra democracia, estos ciudadanos no son sustancialmente diferentes del conjunto de la población. En el anexo figuran unas tablas donde está la edad media, la ideología, el porcentaje de personas con estudios superiores, el porcentaje de individuos que se autoubican en la clase trabajadora, el número de parados y el porcentaje de estudiantes. Si comparamos el conjunto de la muestra con aquellos que dicen sentirse huérfanos políticos, vemos que no hay diferencias significativas. O dicho de otra forma: como observábamos anteriormente respecto al 15-M, se advierte una gran transversalidad. El estado de ánimo de orfandad partidista no ha sido patrimonio de un grupo social determinado, sino que ha afectado a todos colectivos por igual. Esta orfandad partidista se ha visto acompañada por dos fenómenos de opinión pública que se han producido de forma simultánea y que también han contribuido a generar la necesidad de buscar novedades y cambios en nuestro

sistema de partidos. El primero de ellos es un incremento enorme del interés por la política. Como puede verse en el gráfico 11, nunca tanta gente ha estado interesada por la información política en nuestro país como ahora. Hasta antes de la Gran Recesión (1983-2007), el porcentaje de personas que declaraban estar mucho y bastantes interesadas en la política era, de media, el 23 por ciento. Pero a partir de 2008 esta cifra se ha disparado y la media de los muy interesados por la política se ha situado en el 35 por ciento. Además, en los años 2014 y 2015, que es cuando se ha producido el cambio en nuestro sistema de partidos, este interés por la política ha alcanzado ya el 40 por ciento del conjunto de la población. En definitiva, tenemos una ciudadanía muy atenta a lo que hacen sus representantes. Les siguen con gran interés. Prueba de ello es la enorme proliferación de tertulias y debates políticos en todos los medios de comunicación, especialmente en las televisiones y en horarios de máxima audiencia. No obstante, es descorazonador que este interés por la política no se haya traducido en un debate público de más calidad. Como se ha señalado más arriba, los análisis políticos en nuestro país (tanto el que realizan periodistas como intelectuales o políticos) son de baja calidad. En los últimos tiempos han surgido varios libros que así lo han puesto de manifiesto. Ya sea porque se comportan como “chamanes” (Lapuente, 2015), porque se habla más de política que de políticas (Fernández Ordóñez, 2016) o porque algunos, bajo la etiqueta de intelectual, pueden hablar de cualquier tema sin saber casi nada sobre él (Sánchez-Cuenca, 2016), estamos asistiendo a una oportunidad perdida. Cuando más gente que nunca ha estado interesada en saber de política, estamos padeciendo un debate público que deja mucho que desear.

Gráfico 11 Grado de interés por la política

Fuente: CIS.

El segundo fenómeno de opinión pública relevante es el grado de insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia. El gráfico 12 muestra la evolución de este indicador entre 1983 y 2012. Dos son las conclusiones relevantes. En primer lugar, en el año 2012 se observa el máximo porcentaje de personas insatisfechas con el funcionamiento de nuestro sistema político. Nunca tanta gente había estado tan descontenta. Además, como ocurrió en 1993 y 1994, el porcentaje de insatisfechos ha superado a los satisfechos. En segundo lugar, en medio de la crisis política, el CIS no ha vuelto a preguntar por esta cuestión en los últimos cuatro años. Resulta curioso que el principal instituto demoscópico de nuestro país no tenga curiosidad por saber qué piensan los españoles sobre el funcionamiento del sistema político. Esta insatisfacción está relacionada con la corrupción, desde luego. Por ello, ahora se ha producido un escenario similar al de los años 1993 y 1994, cuando los escándalos de corrupción acosaron al Partido Socialista. Pero no solo es un problema de corrupción, porque el grado de descontento nunca había sido tan elevado. Así que hay algo más detrás de estas cifras. Seguramente, la conjunción de crisis económica, crisis social, crisis política y crisis territorial explique que casi el 70 por ciento de los españoles diga que está poco o nada satisfecho con el funcionamiento del sistema político de nuestro país.

Gráfico 12 Grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia

Fuente: CIS.

En conclusión, es en este estado de ánimo donde surgen Podemos y Ciudadanos. Ambos partidos son el resultado de un desencanto, combinado con un gran interés, hacia la política y un elevado número de personas que se encuentran huérfanas respecto a los referentes partidistas. Por lo tanto, la opinión pública ya estaba lanzando señales de que algo estaba pasando. Los datos estaban ahí, aunque algunos se negaban a reconocerlos. De hecho, la socióloga Belén Barreiro fue capaz de verlo con suma claridad en un artículo que publicó el 1 de julio de 2012 en El País: “Regreso del futuro”³ . En él relata cómo el 21 de junio de 2016 un nuevo partido político iba a ganar las elecciones, el Partido Radical, superando a los conservadores y a los socialdemócratas. Algunos de los argumentos que han ido surgiendo en este libro y que veremos en la siguiente sección ya aparecen en el relato de Barreiro (visión crítica de la Unión Europa, pérdida de derechos sociales, brecha generacional…). Muchos de los análisis que se hicieron en aquel tiempo por los científicos sociales no fueron bien recibidos en algunos círculos políticos y periodísticos. Parecía que lo que molestaba eran las encuestas y lo que la gente opinaba, no el conjunto de decisiones que nos han traído a esta situación. Los análisis sociológicos se volvieron molestos para algunos dirigentes de los principales partidos. Pero, como veremos a continuación, la falta de reacción a este desencanto ha tenido unas consecuencias que es probable que no se vayan a quedar solo en el surgimiento de dos nuevas formaciones políticas.

Podemos: del desencanto europeo a la transversalidad

Cuando miremos hacia atrás con cierta perspectiva, será impensable recordar los años 2014 y 2015 sin citar a Podemos y a quienes lo crearon. Su relevancia es tal, que ya se han utilizado litros y litros de tinta para analizar su surgimiento y evolución. De entre todo lo publicado hasta la fecha, y para aquellos que quieran profundizar en esta nueva formación política, hay dos libros que deben leer: Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, de José Ignacio

Torreblanca, y Los votantes de Podemos. Del partido de los indignados al partido de los excluidos, de José Fernández-Albertos. Cada texto se aproxima a este fenómeno de dos formas distintas. El libro de Torreblanca realiza un relato del surgimiento y las ideas fuerza de la formación de Pablo Iglesias. En cambio, Fernández-Albertos realiza un esfuerzo mucho más analítico, estudiando las bases de apoyo de Podemos entre las elecciones europeas de 2014 y las elecciones autonómicas y municipales de 2015. En las siguientes líneas me gustaría enriquecer el debate aportando qué pasó el 20-D. Creo que las elecciones generales son fundamentales para entender el fenómeno Podemos porque, como ellos mismos han dicho en sucesivas ocasiones, nacieron justamente para ese momento. Pero antes de adentrarnos en lo que sucedió en las elecciones generales, es pertinente realizar un recorrido por esta formación en sus escasos dos años de vida. De hecho, sin entender la evolución de Podemos, no podemos entender por qué tuvo los apoyos que tuvo el 20 de diciembre de 2015. El gráfico 13 resume la intención directa de voto de las principales fuerzas políticas españolas entre 2014 y principios de 2016. Para su elaboración se han utilizado los Climas Sociales de Metroscopia, que son sondeos mensuales. Tres son las conclusiones relevantes. En primer lugar, PP y PSOE han gozado de una cierta estabilidad en sus apoyos. A pesar de seguir trayectorias zigzagueantes, ambos partidos se han movido en torno al 15 por ciento de intención directa de voto. Sí que es cierto que la trayectoria del PP ha sido más bien ascendente, mientras que el Partido Socialista subía y bajaba en función de la coyuntura. En segundo lugar, Podemos y Ciudadanos son las formaciones que muestran más volatilidad. Entre el máximo y el mínimo apoyo a Podemos en estos dos años hay 11,1 puntos de diferencia³¹. En el caso de Ciudadanos, esta cifra es de 11,5 puntos³². Pero al margen de estos rangos, si calculamos la volatilidad electoral entre barómetro y barómetro, vemos que este dato es de 1,4 para el PP, 1,8 para el PSOE, 2,3 para Ciudadanos y 3 puntos para Podemos. Es decir, de media, los cambios que experimenta Podemos entre encuesta y encuesta es el doble que PP y PSOE. La volatilidad de Ciudadanos también está significativamente por encima de las formaciones políticas tradicionales. El gráfico 13 deja entrever que la intención directa de voto de los nuevos partidos es lo más parecido a una montaña rusa con pronunciadas subidas y bajadas. La tercera conclusión relevante es que la aparición de Podemos afectó a Izquierda Unida, aunque solo ligeramente. Antes de que surgiera el partido morado, IU ya tenía una trayectoria descendente. En los meses posteriores, mientras que Podemos subía y bajaba, la tendencia de Izquierda Unida era muy estable. Solo a principios de 2016 encontramos una

cierta relación entre el descenso de Podemos y el ascenso de IU. El gráfico 13 y las principales conclusiones que acabo de sintetizar generan numerosas intrigas. Vamos a dejar de lado muchas de ellas y voy a concentrarme en lo que nos trae a esta sección: ¿cómo explicamos la evolución de Podemos en estos más de dos años?

Gráfico 13 Intención directa de voto entre 2014 y 2016

Fuente: Clima Social de Metroscopia.

Seguramente, la mejor síntesis de por qué existe esta formación política la dio uno de sus creadores en una entrevista en ctxt.es que ya ha aparecido citada con anterioridad. Cuando se le pregunta a Iñigo Errejón sobre el éxito de su partido político en los comicios europeos de 2014, él responde: “Después de las elecciones, en la televisión todos me preguntaban ‘¿Cuál es la fórmula?’. Yo podría ser un farsante y escribir un best-seller: ‘Así inventé la campaña Podemos’. Pero la fórmula es: ‘¿No has visto cómo está el país?’. Es un conjunto de ingredientes lo que fabrica la receta”³³. Dicho en otras palabras, Errejón reconoce algo que este libro está demostrando: muchas de las señales estaban ahí. En los capítulos anteriores he desgranado los factores que están detrás de la crisis política que golpea a nuestro país. Es en esta desafección ciudadana donde se incuba el fenómeno de Podemos. En la medida que los partidos tradicionales no son capaces de dar respuesta a la crisis de representación y no conectan con la nueva sociedad que emerge de la brecha generacional, se abre lo que los dirigentes de Podemos llaman “ventana de oportunidad”. Además, esta “ventana” se abre, como veremos a continuación, especialmente en el electorado de izquierdas y entre muchos exvotantes socialistas. No obstante, la evolución de los apoyos a la formación de Pablo Iglesias merece un análisis algo más detallado. Cuando se presentaron inicialmente a las elecciones europeas de 2014, sus electores respondían a los siguientes perfiles: “Jóvenes, en los entornos urbanos, y fue desproporcionadamente apoyado por electores políticamente motivados y con niveles de información política alta” (Fernández-Albertos, 2015: 61). A ellos se unían dos ingredientes más: se situaban en el espacio ideológico progresista y, “en claro contraste con IU, tiene especial éxito entre los votantes ‘euroescépticos’” (Fernández-Albertos, 2015: 61). En esta última afirmación merece detenerse, dada su relevancia. La formación de Pablo Iglesias ha sido de las pocas fuerzas políticas españolas con una visión crítica del proyecto europeo. Frente al cerrado europeísmo de los partidos tradicionales (aquí habría que incluir también a los nacionalistas vascos y catalanes), Podemos ha desarrollado un discurso que cuestiona la actuación de las instituciones europeas en los últimos años. Esta discurso crítico no solo enlaza con una parte muy minoritaria de la izquierda que ya en los años noventa

cuestionó la unión monetaria, sino que además conecta con el estado de ánimo ciudadano: España ha pasado de ser uno de los países donde más apoyos tenía la Unión Europea a situarse entre los más euroescépticos, superando incluso al Reino Unido (Torreblanca y Leonard, 2013). ¿Por qué? Este estado de opinión es el resultado de la gestión de la crisis económica por parte de las instituciones comunitarias. Son numerosos los analistas que creen que la profundidad de la Gran Recesión en España solo se entiende por el papel que ha jugado la Unión Europea. Es decir, si la crisis económica ha golpeado con especial virulencia en nuestro país y en el resto de economías del sur de Europa es porque las instituciones europeas no han cumplido con lo que se esperaba de ellas. En un primer momento, muchas decisiones comunitarias conjugaron la inacción con el favorecimiento de la política económica de algunos países como Alemania (Sebastián, 2015: 64). Es decir, por parte de las instituciones europeas hubo una fuerte dosis de desigualdad a la hora de combatir la Gran Recesión, dando prioridad a los intereses de unas economías sobre otras, especialmente favoreciendo a las más fuertes. Esto provocó que países como el nuestro vieran destruido su tejido productivo y social con mayor rapidez que los demás. Y una vez se comenzaron a tomar medidas como el Plan Juncker o la relajación de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, estas llegaron tarde y avanzaron de forma lenta. Así, a las instituciones europeas les ha faltado una visión de conjunto sobre lo que representa la Unión en esta crisis, generando una sensación de injusticia y dañando seriamente el proyecto europeo. Junto a ello, la Unión Europea también ha proyectado una imagen de falta de sensibilidad social. En los últimos tiempos, la crisis de los refugiados que están llegando mayoritariamente desde Siria ha contribuido a ello. Pero si echamos la vista hacia atrás, observamos que desde hace un tiempo no existe un verdadero proyecto social para Europa. Cuestiones como el mercado laboral o las políticas sociales han sido dejadas de lado en la Unión Europea. Cuando se ha hablado de atajar la desigualdad, se ha hecho especial énfasis en cuestiones territoriales, sin percibir que dentro de cada uno de esos territorios también había situaciones de injusticia social donde la Unión Europea no ha entrado con la misma fuerza. Por lo tanto, en el surgimiento de Podemos, además de conectar con jóvenes, ciudadanos urbanos y los más interesados con la información política, una de sus señas de identidad fue la visión crítica de la Unión Europea. Como muestra la

tabla 8, sus votantes eran en 2014 los más euroescépticos entre el electorado español. Siendo cierto que entre los primeros votantes de Podemos había más apoyos que rechazos a la Unión Europea, también observamos que el mayor porcentaje de rechazo a la Unión Europea está entre aquellos que declararon haber votado a la formación de Pablo Iglesias en mayo de 2014.

No obstante, estos eran los inicios. Podemos nació para algo más que sacar casi el 8 por ciento y cinco diputados en unas elecciones al Parlamento Europeo. La tarea que tenían por delante era lograr una mayoría social que les permitiese alcanzar el poder en unas elecciones generales. Pero hasta que estas se celebrasen, debían superar algunos problemas. El primero de ellos era su origen ideológico. Muchos de sus dirigentes procedían de formaciones muy escoradas ideológicamente a la izquierda, como Izquierda Anticapitalista, el Partido Comunista o Izquierda Unida. Esto implicaba que si los españoles se definen mayoritariamente de centro-izquierda en todas las encuestas, Podemos no podía hacer del eje izquierda-derecha su principal estrategia de competición. Si se presentaba bajo esta etiqueta y mostraba su verdadera ideología, estaba condenada a ser una formación minoritaria. Por ello, los dirigentes de Podemos necesitaban cambiar el eje de competición y la crisis económica les iba a servir de palanca. Iñigo Errejón lo expresa de forma muy transparente:

La ideología no solo se expresa en las metáforas derecha e izquierda. Esa metáfora es eminentemente europea y se utiliza desde hace dos siglos, pero ya no sirve para explicar lo que pasa en España. Las diferencias formales entre izquierda y derecha se han borrado tanto que la gente ya no se identifica con eso… En cambio, la división entre casta y ciudadanía ha prendido como un campo de hojas secas al que tiras una cerilla. La cerilla solo había que tirarla, pero la clave es que el campo estaba totalmente seco, que el terreno estaba abonado. Pero eso no es una apelación nuestra a desideologizar. Al revés: se trata de hacer más política, pero con otras metáforas ³⁴.

En los días que se realizaron estas declaraciones, Pablo Iglesias lo expresó de forma mucho más contundente en una entrevista en El País: “Hay quien piensa que con izquierda y derecha se puede entender el espacio político de nuestro país, nosotros decimos que es un juego de trileros”³⁵.

Un año y dos meses más tarde, los fundadores de Podemos siguen reafirmándose en estas ideas. En una entrevista que concedió Iñigo Errejón a eldiario.es en marzo de 2016, el periodista le pregunta acerca de si la izquierda se ha institucionalizado en exceso. Su respuesta vuelve a ser un cuestionamiento del eje ideológico que vertebra no solo nuestra democracia, sino las principales democracias desarrolladas desde hace más de 200 años:

El Parlamento como teatro simbólico que todos tenemos en la cabeza remite al eje izquierda-derecha, un eje por el cual PP y PSOE se han podido repartir las posiciones centrales y de representación de mayorías y dejar a los que no están de acuerdo a sus márgenes. El PP casi no dejaba margen, y el PSOE dejaba un margen existente, pero incapaz de transformar. Ese eje tiene que ser desbordado, y el 15-M pone en marcha una percepción que apunta a la posibilidad de desbordarlo, y el Parlamento reordena otra vez las identidades políticas en el eje viejo. Ese eje viejo es lo que mejor contribuye al mantenimiento del orden viejo y del régimen del 78 en última instancia ³.

Además de mezclar muchas ideas que no necesariamente están relacionadas entre sí (eje izquierda-derecha, “régimen del 78” y 15-M), de sus respuestas se desprende que su pretensión es dividir la sociedad entre los de arriba y los de abajo. Con ello no solo evitan el debate ideológico, sino que además es una forma distinta de presentar el conflicto social que ha producido la Gran Recesión. Como veíamos anteriormente, la desigualdad no solo estaba creciendo, sino que además los ciudadanos la percibían como un problema relevante en los estudios de opinión pública. Si a ello le unimos que una parte de la sociedad, especialmente donde se producía la brecha generacional, estaba siendo más golpeada por la crisis que los demás, podemos entender qué sucedería después. Con estas referencias a la casta, las oligarquías o los de arriba, Podemos resolvía dos problemas estratégicos: comenzaba a empatizar con el estado de ánimo ciudadano y lograba evitar el problema de representar una ideología minoritaria dentro de la escala izquierda-derecha. Como señala Iñigo Errejón, no se trataba de desideologizar, sino de presentar el debate en otros términos.

Esta estrategia comienza a tener éxito en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. MyWord realizó un estudio en junio de ese año sobre las razones del voto. A los entrevistados se les cuestionó sobre qué tres razones le habían llevado a apoyar al partido político que eligió. En el caso de los votantes de Podemos, el 54,7 por ciento respondió “para que se dé solución a los problemas sociales (la desigualdad, la sanidad, los desahucios…)”, mientras que casi el 30 por ciento lo habían hecho por estar próximos a esas ideas. En cambio, entre los votantes del PSOE, la mayoría lo hizo justamente por razones ideológicas (39,4 por ciento), mientras que solo el 28,4 por ciento alegó “para que se dé solución a los problemas sociales (la desigualdad, la sanidad, los desahucios…)”. Por lo tanto, Podemos se alejó del debate ideológico y se concentró en las consecuencias de la crisis, mientras que los votantes del PSOE apelaban a todo lo contrario: las ideas. El estudio de Fernández-Albertos (2015) ahonda en esta conclusión. Según sus análisis estadísticos, en las elecciones municipales de mayo de 2015 Podemos logró mejores resultados en aquellos municipios donde el desempleo había golpeado con mayor dureza. Es decir, en las poblaciones donde la crisis económica era mucho más pronunciada, Podemos conseguía mayores apoyos electorales (Fernández-Albertos, 2015: 74-78). Además, sin ser la ideología irrelevante a la hora de explicar el voto, los efectos económicos de la crisis tenían un mayor impacto en los resultados electorales de Podemos que la ubicación ideológica del municipio. Este vínculo entre perdedores de la crisis, preocupación por la desigualdad y voto a Podemos se mantuvo muy estable entre 2014 y 2015. En aquellos años, Metroscopia preguntó en diferentes encuestas sobre qué líder estaba más preparado para resolver una serie de problemas. En diciembre de 2014, cuando las encuestas comienzan a situar a la formación de Pablo Iglesias como primera fuerza política (véase el gráfico 13), su líder aparece como el político que inspira más confianza, el que tiene mejores ideas para la economía, quien tiene un proyecto de país, quien podría liderar la reforma constitucional (aquí empatado con Pedro Sánchez), quien sería el mejor presidente y quien podría reducir las desigualdades. Pero de todas estas dimensiones, donde obtiene el mayor porcentaje de aprobación es en la reducción de la desigualdad (véase la tabla 9). En 2015 apareció Albert Rivera como un duro competidor y Pedro Sánchez fue asentando su liderazgo. Esto provocó que las opiniones de los españoles situaran a los líderes del PSOE y C’s como las personas más idóneas para resolver algunos de los problemas anteriores. A pesar de estos cambios, Pablo Iglesias

siguió siendo visto en julio y octubre de 2015 como el político más capacitado para reducir la desigualdad. De hecho, al final de la serie de datos, es la única dimensión donde el líder de Podemos aventajaba al resto de adversarios políticos. En definitiva, Podemos se situó como el partido más capacitado para atender la crisis social por la que pasaba España. En resumen, conforme la formación de Pablo Iglesias va creciendo, pasó de ser un partido que inicialmente se nutría especialmente de los euroescépticos para, sin abandonar a estos votantes, convertirse en la fuerza política de los perdedores de la crisis. La desigualdad se convirtió en la idea fuerza que aglutinaba a sus votantes y que le permitía evitar la confrontación directa dentro del debate izquierda-derecha.

No obstante, en ocasiones se oían voces que pretendían ir más allá de esta división social. La casta frente a los ciudadanos o los de arriba frente a los de abajo no era más que una forma de presentar con distintos significantes el mismo significado, que dirían los dirigentes de Podemos. Presentarse como los representantes de izquierdas de los perdedores de la crisis limitaba mucho el margen de crecimiento electoral. Por ello, algunos apostaron por dar un paso más en esta estrategia política y comenzaron a hablar de transversalidad. Es decir, llegar más allá de los espacios ideológicos progresistas. Emilio Delgado, exsecretario de Organización en Podemos de la Comunidad de Madrid, lo explicó de forma clara en un mensaje privado que fue difundido por los medios de comunicación: la transversalidad “va de ser capaces de interpelar a una mayoría social que puede sentirse y compartir, o no, una identidad de izquierdas, pero que sí que comparte los acuerdos fundamentales que se expresaron en las plazas de nuestro país en torno a la justicia social, la democracia y la soberanía. Va de ser capaces de moverse por dentro pero también por fuera de los límites de la izquierda que ha dejado el campo abierto a las élites las últimas décadas […] lo que convierte un proyecto en más o menos radical, en más o menos útil no son sus postulados, su programa o sus proclamas, sino la capacidad que tiene en la práctica de hacer avanzar las posiciones de las personas comunes frente a las posiciones de los poderosos”³⁷. Aunque sin renunciar al argumento de la ciudadanía frente a las elites, una parte de Podemos pretende ganar las elecciones con un discurso menos ideológico y con ello satisfacer una regla que siempre se ha venido cumpliendo en nuestra democracia: el partido que gana entre los votantes moderados siempre gana las elecciones. Para ello, Podemos necesitaba convencer más allá de los espacios ideológicos de la izquierda y de los perdedores de la crisis, apelando directamente al pueblo como un todo.

Gráfico 14 Intención directa de voto en la extrema izquierda (diciembre 2014-abril 2016)

Fuente: Metroscopia.

¿Qué dicen los datos? Los gráficos 14, 15 y 16 presentan la intención directa de voto en la extrema izquierda, en la izquierda y en el centro para los cuatro principales partidos de nuestro país. Vemos que en las corrientes ideológicas progresistas, Podemos y PSOE han mantenido una dura pugna por este electorado. En la extrema izquierda, la formación morada siempre ha aventajado al Partido Socialista, aunque las diferencias a finales de 2015 y principios de 2016 son mucho más reducidas que cuando Podemos surgió. La disputa por el electorado “natural” del PSOE, la izquierda, ha sido mucho más reñida. Las diferencias siempre han sido mínimas y durante gran parte del tiempo la formación de Pablo Iglesias ha aventajado en este espacio ideológico al Partido Socialista. Entonces, si en la izquierda y en la extrema izquierda Podemos era la primera fuerza política en intención directa de voto, ¿por qué el 20 de diciembre el PSOE superó a la formación morada? La respuesta está en el gráfico 16. En él encontramos los apoyos electorales entre los ciudadanos de centro. Vemos que, cuando surgió Podemos, tal fue su fuerza en la opinión pública que muy rápidamente apareció como el partido preferido por los moderados. Pero conforme fue pasando el tiempo y la ciudadanía conoció las virtudes y los defectos del partido de Pablo Iglesias, la intención directa de voto de Podemos en el centro descendió y la del resto de fuerzas aumentó. Así, si el 20-D el Partido Socialista superó a la formación morada fue gracias a la clara ventaja que tenía entre los electores de centro.

Gráfico 15 Intención directa de voto en la izquierda (diciembre 2014-abril 2016)

Fuente: Metroscopia.

Volviendo al debate que nos ha traído a estos gráficos, la transversalidad está justificada desde el punto de vista electoral. Mientras Podemos contó con un apoyo significativo en el espacio de centro, sus expectativas electorales le situaron casi siempre como primera fuerza política³⁸. Esto ocurrió especialmente entre finales de 2014 y abril de 2015. A partir de ese mes de abril, la formación de Pablo Iglesias comenzó a perder apoyos entre los moderados. La transversalidad le había permitido ir más allá de sus votantes “naturales” y pescar votos en aguas próximas.

Gráfico 16 Intención directa de voto en el centro (diciembre 2014-abril 2016)

Fuente: Metroscopia.

¿Significa que un partido que opta por la transversalidad debe renunciar a sus ideas? No necesariamente, bastaría empatizar con el estado de ánimo de esos votantes moderados. Por ejemplo, en la época del presidente Rodríguez Zapatero los electores de centro siempre se mostraron muy favorables a cuestiones morales como, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Esto le permitió al PSOE lograr apoyos transversales y ser la primera fuerza política entre los moderados. Podemos, que inicialmente sí que alcanzó este objetivo, con el tiempo fue perdiendo fuerza en el centro. Seguramente las noticias negativas que fueron saliendo sobre esta formación (posible financiación desde Venezuela³ , la beca de Iñigo Errejón en la Universidad de Málaga⁴ …) influyeron en esta caída de los apoyos. En una época donde se solicitaba regeneración democrática y cambios políticos, cuestiones sobre las que los votantes moderados suelen ser más sensibles que los demás (Urquizu, 2010), el partido de Pablo Iglesias mostraba problemas que se relacionaban con la idea de “vieja política”: división interna, dudas sobre su financiación o comportamientos poco éticos.

Gráfico 17 Autoubicación ideológica de los españoles y asignación de ideología al PSOE y Podemos

Fuente: CIS.

Además, tampoco quedó muy claro cuál era el discurso dominante de Podemos: ¿perdedores de la crisis o transversalidad? El enfoque más social fue el que predominó, teniendo claros tintes de izquierdas. En cambio, no se lanzaron ofertas muy concretas para los votantes más moderados. De hecho, la ciudadanía así lo percibía. El gráfico 16 presenta la media de autoubicación ideológica de la población española y la ideología media que asignan los entrevistados del CIS al PSOE y a Podemos. Observamos que en una escala de 1 a 10, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha, los españoles han visto siempre a la formación morada entre el 2 y el 2,5 (extrema izquierda). En cambio, como se ha afirmado más arriba, los españoles siempre se han situado, de media, en el centroizquierda (entre el cuatro y medio y el cinco). De hecho, la posición que asignan los ciudadanos al PSOE suele ser muy coincidente con la autoubicación media de los españoles (véase el gráfico 17). Por eso, en muchas ocasiones, se dice que el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española. Estos datos demuestran que los esfuerzos de Podemos por “ocultar” su ideología cambiando los términos del debate o por presentarse como un partido transversal no tuvieron muchos éxitos. La opinión pública percibía al partido de Pablo Iglesias como una organización de extrema izquierda. Seguramente este escenario fue decisivo para explicar por qué Podemos no logró el objetivo para el que nació: superar en apoyos electorales al Partido Socialista. Su segundo problema era construir una organización de la nada y sin apenas implantación territorial. Y a este problema organizativo se añadiría una segunda dimensión: la existencia de diferentes identidades nacionales en algunos territorios. De nuevo, vayamos por partes, porque la cuestión organizativa está muy relacionada con la idea de democracia que hay detrás de Podemos. Los dirigentes de la formación morada siempre han tratado de presentarse como la “nueva política”. Con ello, como se ha señalado anteriormente, vinculaban su aparición con el 15-M. El concepto de “nueva política” es tan ambiguo que caben múltiples interpretaciones sobre su significado. Si uno revisa las numerosas declaraciones y escritos de miembros de Podemos, la “nueva política” se vincula en muchas ocasiones con la participación ciudadana. Pero una participación que vaya más allá de las elecciones y que permita la entrada de la gente en las instituciones. De hecho, si algo caracteriza al pensamiento de

Podemos es una visión más bien negativa de la institucionalización y el parlamentarismo:

Iñigo Errejón: seríamos ingenuos si no creemos que el parlamentarismo está bien diseñado por una cultura del compromiso que tiende a diluir las diferencias y aumentar los consensos. Yo eso lo veo mucho desde mi posición de portavoz parlamentario: me paso la vida negociando por cosas a veces muy pequeñas con los portavoces de los otros grupos parlamentarios, y esas negociaciones no son épicas, en ellas no hay pasión política y, es más, las diferencias políticas fundamentales de deseo de modelo de país, de a quién queremos satisfacer, de en qué tipo de vida estamos pensando para la gente no se ven nunca. Y el parlamentarismo está bien diseñado en ese sentido. El parlamentarismo acolcha a veces las diferencias y ayuda a una cierta cultura del acuerdo, pero dificulta también que los cambios sean más profundos. 30 de marzo de 2016, entrevista en eldiario.es A pesar de sus diferencias políticas, Juan Carlos Monedero comparte esta visión crítica de las instituciones representativas:

La democracia representativa termina devorando, es una constante. Si no estás muy atento, si no escuchas mucho a la calle, si no bajas a los círculos y al final pierdes más tiempo en los parlamentos, en los medios de comunicación, en entornos muy endogámicos, terminas por no escuchar la calle. En Podemos eso hace que pierdas la razón de ser de tu propia existencia. Todo eso nos ha sobrado ⁴¹.

Este conflicto no es muy nuevo y, aunque algunos pretendan presentarlo como “nueva política”, es el viejo conflicto entre elites, militantes, ciudadanos e instituciones. Dicho de otra forma: ¿qué papel juega cada uno de estos actores en una democracia? En el momento en que se produce una delegación de la toma de decisiones en una institución, se produce una relación triangular entre aquellos

que eligieron a sus candidatos dentro de una formación política (relación entre militantes y dirigentes) y entre los ciudadanos y sus representantes. Dicho de otra forma, los políticos “sufren” un doble control: sus compañeros de partido y la ciudadanía. En la ciencia política se han escrito numerosas páginas sobre ello, que van desde la ley de May (1973) a trabajos más recientes de Maravall (2003). Nada nuevo bajo el sol. A este escenario se añade un factor más. Puesto que los votantes penalizan las divisiones internas de los partidos (Maravall, 2003), en ocasiones se sacrifica la democracia interna de las organizaciones con el fin de obtener una mayor ventaja electoral. De todo este puzle eran conscientes los dirigentes de Podemos. En su escuela de verano de 2015, Iñigo Errejón lo expresa muy claramente:

Nosotros tomamos una decisión en Vistalegre, una decisión razonada políticamente que se basaba en un análisis: hay un año político corto y acelerado, una ventana estrecha que te permite llegar hasta la cocina, pero que se puede cerrar. Y hay que construir una herramienta organizativa. Nosotros no nos pusimos a decidir el cómo antes que decidir el qué. ¿Qué hay que hacer? Hay que ganar las elecciones generales. ¿Cómo se hace eso? Y decidimos dar pasos para construir una maquinaria capaz de ganar las elecciones generales. Pero toda decisión organizativa tiene costes. Vaya si los tienen, todas los tienen. No hay solución perfecta. Esta las tiene. ¿Qué significa eso? Significa que se va a las elecciones generales. Hay que trabajar para ganar las elecciones generales. Y hay condiciones para ganar las elecciones generales en un año en el que todo está enloquecido y en el que los de arriba ya no convencen [...] En lo organizativo, nuestra tarea muta. Creo que Podemos haría mal si se esfuerza en ser el mismo después de las elecciones generales. Creo que después de las elecciones generales viene un combate más largo, quizás más pausado y más diversificado en el que Podemos tiene que ir mutando, en mi opinión, de máquina de guerra electoral a movimiento popular. Y eso es más lento, tendrá otras tareas ⁴².

Por lo tanto, los ideólogos de Podemos sabían que tenían un reto importante: combinar una estrategia electoral ganadora con una organización muy abierta a

la participación interna. Y todo ello en muy poco tiempo. Las diferencias de criterio se mostraron solo una vez pasaron los comicios del 20 de diciembre. En marzo de 2016, una vez que Sergio Pascual, el secretario de Organización de Podemos, es destituido, Juan Carlos Monedero señala claramente al responsable:

Hay una expresión que solía decir Íñigo [Errejón] sobre correr al tiempo que nos atábamos los cordones. Habría que añadir que nos pusimos unas zapatillas que no eran las nuestras. A veces, atábamos los cordones de las zapatillas equivocadas y éramos nosotros mismos los que tropezábamos. La sucesión de procesos electorales en un breve plazo de tiempo, las prisas de los medios de comunicación, la necesidad de hacer pedagogía con asuntos que están mal enseñados y mal aprendidos nos obligaban a acumular demasiada información y a pretender que los demás no sabían tanto como nosotros. Eso nos ha llevado a desoír a los círculos. Llevo mucho tiempo diciéndolo, desde que salí de la Ejecutiva: tenemos que prestar más atención al vector participativo porque los cambios los haremos cuando la ciudadanía esté dispuesta en la calle a apoyarnos. Y en los últimos dos meses hemos escuchado a Podemos prácticamente solo desde el Parlamento. Ah, pero ¿no éramos una fuerza política diferente? No es cierto que somos un partido por imperativo legal. Si no estamos muy atentos a lo que ocurre fuera de las instituciones, terminaremos por ser parte de las instituciones. Y dentro de Podemos nos ha faltado ese debate. 23 de marzo de 2016, entrevista en el Huffington Post ⁴³.

En definitiva, la evolución de Podemos volvía a mostrar algunas contradicciones relevantes. Si desde el punto de vista ideológico salvó su posicionamiento de extrema izquierda cambiando el eje de competición entre los de arriba y los de abajo, desde el punto de vista organizativo no podía presentarse como el heredero de la “nueva política” y el 15-M siendo un partido muy centralizado y poco participativo. No obstante, en el fondo, este debate dejaba entrever algo más profundo y que he dejado deslizar anteriormente: Podemos tiene un problema con las instituciones representativas. Íñigo Errejón no lo esconde: “Nuestra hipótesis política y nuestra forma de construcción narrativa y

discursiva se llevaría mejor con un sistema de tipo presidencialista, en el que si ganas, ganas todo”⁴⁴. Es decir, el poder no se comparte: o se tiene o no se tiene. Es difícil ser participativo y permitir la participación cuando se tiene tal concepción instrumental y poco participativa del poder. Y junto al modelo de partido y su inserción en una democracia representativa, se solapa el problema identitario en España. Como sabemos, varios territorios de nuestro país tienen una sensibilidad especial desde el punto de vista de las identidades nacionales. Son Cataluña, País Vasco y Galicia. Además, en Cataluña se ha producido una crisis de convivencia que ha generado la mayor presencia de diputados independentistas en el Parlamento catalán desde la instauración de la democracia. Nunca tantos representantes políticos catalanes — ni tantos ciudadanos— habían deseado que Cataluña no formase parte de España. Por lo tanto, en los últimos años, el debate identitario está constantemente en la agenda política. Podemos ha interiorizado esta situación y ha utilizado su discurso del pueblo frente a la casta. En la medida en que el partido de Pablo Iglesias se presenta como el genuino representante de la ciudadanía en medio de una crisis de representación, no le ha costado mucho posicionarse en favor de un referéndum que permitiese la independencia de Cataluña. Es cierto que Podemos siempre ha dicho que defiende la continuidad de Cataluña dentro de España, pero que creen que la mejor forma de resolver esta crisis de convivencia es consultar a la ciudadanía a través de un referéndum. ¿Qué resultados electorales ha producido esta estrategia? La tabla 10 muestra el porcentaje de votos y escaños en Cataluña, País Vasco y Galicia para las principales fuerzas políticas el pasado 20 de diciembre. Observamos que en dos de ellas, Cataluña y País Vasco, la formación morada fue el partido con más apoyos electorales, mientras que en Galicia se situó como segunda fuerza política, por encima del PSOE y de los nacionalistas. Por lo tanto, la entrada de Podemos en las comunidades autónomas históricas no solo afectó al Partido Socialista, como en el conjunto de España, sino que también tuvo consecuencias para las fuerzas políticas más identitarias. Desde el punto de vista electoral, la estrategia de Podemos tuvo efectos muy positivos.

Junto a los problemas de posicionamiento ideológico y de cuestiones organizativas, la nueva formación morada también tuvo algunas ventajas a la hora de competir por los apoyos ciudadanos. De hecho, algunas cosas habrán hecho bien para haber conseguido en tan poco tiempo tantos votos y escaños. La primera de las virtudes es su novedad en el panorama político español. Podemos no tiene pasado y, por lo tanto, no tiene tantos problemas de credibilidad. Es cierto que no todo el mundo comparte estos argumentos. Przewoski reflexiona sobre esta cuestión y dice: “Los votantes no creen a los partidos que no se han mostrado responsables en el pasado siguiendo las mismas políticas de sus adversarios: esa es la única manera de que puedan adquirir la reputación de ser responsables. Los partidos que salen del desierto político pueden proponer cualquier idea, pero los votantes no les harán caso” (Przeworski, 2010: 173). No queda muy claro sobre qué supuestos construye esta reflexión. Lo cierto es que la actual crisis política se sustenta en el alejamiento de una parte importante de la ciudadanía respecto de los partidos tradicionales (PP y PSOE). A ellos no solo se les acusa de una gran similitud ideológica, sino que además se les asigna la responsabilidad de todos los problemas de nuestra democracia (paro, corrupción, mala gestión de las cuentas públicas, desigualdad…). Por ejemplo, en febrero de 2015, Metroscopia preguntó quién era el responsable de la situación económica por aquellas fechas. El 30,1 por ciento asignaba la responsabilidad de la mala situación al anterior gobierno del PSOE; el 28,8 por ciento creía que el responsable era el PP, y el 34,1 por ciento consideraba que los dos partidos por igual. Por lo tanto, el 93 por ciento de los españoles creía que el PSOE, el PP o los dos por igual eran los responsables de la situación económica siete años después del comienzo de la crisis. En este escenario, con una sensación de fin de etapa, con una gran orfandad política y con la búsqueda de nuevos referentes, los nuevos partidos han tenido un plus de credibilidad. De hecho, no tener pasado se ha convertido en una virtud. La segunda de las ventajas ha sido la gran capacidad de empatía por parte de Podemos con el estado de ánimo ciudadano. Han sabido leer de forma muy correcta qué sentimientos y esperanzas albergaba una parte importante de la sociedad española. Algunos han atribuido esta capacidad al origen académico de sus dirigentes: las ciencias sociales. Es muy probable que la lectura de encuestas y de trabajos cualitativos les haya ayudado a entender de forma muy acertada qué estaba pasando en nuestro país. Pero no es suficiente. El haber participado en el 15-M y en otros movimientos sociales, el carácter abierto, permeable y participativo de su modelo de organización y el perfil de muchos de sus

dirigentes (personas ajenas a la política y que, por lo tanto, no provenían del microclima que se genera en los ámbitos políticos) son factores que también habrán contribuido a esa capacidad de empatía. En muchas ocasiones, cuando los dirigentes de Podemos construían su narrativa, no quedaba claro si los que hablaban eran ellos o la gente. Han mimetizado de forma enorme las principales ideas, frustraciones y esperanzas de una parte importante de la sociedad. Con todas estas ventajas y desventajas llegó Podemos a las elecciones del 20-D. Sus resultados electorales fueron espléndidos: 5.212.711 votos y 69 diputados. Se quedaron muy próximos a su principal competidor, el Partido Socialista. Y todo ello en un escenario adverso y muy competido. Las primeras encuestas realizadas por Metroscopia⁴⁵ tras las elecciones generales apuntan a que Podemos fue la primera fuerza política entre los menores de 55 años, obteniendo un 25,3 por ciento de los apoyos⁴ . En segunda posición aparece el PP con el 19,8 por ciento, seguido del PSOE con el 16,1 por ciento y Ciudadanos con el 13 por ciento. En cambio, entre los mayores de 55 años, el bipartidismo resistió con gran fuerza. PP y PSOE muestran un recuerdo de voto del 26 y 19,9 por ciento respectivamente. Las nuevas formaciones se quedaron con el 13,5 por ciento de apoyos en el caso de Podemos y el 8,1 por ciento para Ciudadanos. Por lo tanto, las nuevas formaciones, y en especial Podemos, supieron conectar con la brecha generacional que se está produciendo en nuestro país. Estos datos muestran cómo han sabido leer el momento social y político por el que pasa el país. Si miramos alguna variable más como el género, la formación morada obtuvo un mejor resultado entre los hombres que entre las mujeres. Así, en el sector masculino su recuerdo de voto fue del 23,6 por ciento, mientras que entre las mujeres esta cifra fue del 18,2 por ciento, cinco puntos menos. Finalmente, la tercera de sus ventajas es el carácter emocional y movilizador de su discurso. Si algo han demostrado las sucesivas campañas electorales que hemos vivido en los últimos dos años y medio, es que a Podemos no se le da nada mal esos escenarios. ¿Por qué? En principio, las campañas electorales permiten no solo un aumento notable de la información política disponible, sino que además las relaciones entre ciudadanos y políticos ya no se producen dentro de los corsés de las instituciones. Esto permite una relación mucho más directa. Como se ha señalado con anterioridad, los dirigentes de Podemos no solo han denunciado las diferentes crisis por las que pasa nuestro país, sino que además lo han hecho con un lenguaje y unos mensajes muy similares a los que usan muchos ciudadanos. Basta leer los estudios de opinión pública de estos años para

ver cómo Podemos ha sido capaz de reproducir este estado de ánimo. Así, en una campaña electoral, dada esa relación mucho más directa entre representante y representado, los dirigentes de la formación morada han emocionado mucho más que sus rivales. Seguramente por ello las campañas electorales han sido tan decisivas para Podemos. Veamos qué dicen los datos. El gráfico 18 muestra la intención directa de voto durante la campaña electoral. Vemos que la formación morada fue el partido que obtuvo un mayor rendimiento en diciembre pasado. El primer día de campaña su intención directa de voto era del 8,6 por ciento y el último día del 16. Casi dobló sus apoyos. Estos incrementos se produjeron especialmente los primeros días y en el tramo final (véase el gráfico 18).

Gráfico 18 Intención directa de voto durante la campaña electoral

Fuente: Metroscopia.

En definitiva, el electorado de Podemos se divide en tres grupos sociales: los euroescépticos, los perdedores de la crisis y aquellos que creen que la solución al problema de convivencia territorial debe resolverse a través de una consulta ciudadana. Estos tres grupos de votantes han llevado a la nueva formación política a un resultado electoral que ha sorprendido a mucha gente. La única duda es si el partido de Pablo Iglesias va a poder seguir manteniendo estos niveles de apoyo en el futuro. Es cierto que no solo depende de ellos. Podemos es el resultado de una cuádruple crisis (económica, política, territorial y social) que golpea con mucha fuerza en nuestro país. Por ello, una vez superemos estas crisis, ¿seguirá Podemos entre nosotros? No tengo respuesta a esta intriga.

Un nuevo partido de centro-derecha: Ciudadanos

Pero la orfandad partidista no solo ha afectado a la izquierda. Hemos visto en el gráfico 10 que el descenso de los dos grandes partidos se vio acompañado de un aumento considerable de las personas que no sabían a quién votar o no contestaban a la pregunta de intención de voto. La duda que surge a continuación es: ¿cómo se distribuyó esta orfandad entre los exvotantes del PP y del PSOE? El gráfico 19 responde a esta pregunta. Podemos ver que una vez aumentó la gente que no tenía un referente partidista, este incremento perjudicó mucho más al PP que al PSOE. Es cierto que los exvotantes socialistas de 2011 no eran muchos, dado el resultado electoral que obtuvo entonces. Pero entre principios de 2012 y finales de 2014, muchos de los huérfanos políticos eran del Partido Popular. Esto significaba que había una parte considerable del electorado conservador que no sabía a quién votar en unas futuras elecciones.

Gráfico 19 Recuerdo de voto de los huérfanos políticos

Fuente: CIS.

Por aquellas fechas, Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, propuso crear “una especie de Podemos de derechas”⁴⁷. Si interpretamos sus palabras desde el punto de vista de la orfandad partidista, no iba mal desencaminado. No sé si el señor Oliu había reparado en los datos del gráfico 19, pero el mercado electoral español sí que parecía preparado para admitir un partido político que recogiese a todas esas personas que habían votado en 2011 al Partido Popular y que ahora mismo no tenía una opción política aceptable. Bajo esta definición, Ciudadanos puede ser calificado como el “Podemos de derechas” que el señor Oliu reclamaba. Como veremos a continuación, al igual que Podemos con el PSOE, la formación de Albert Rivera ha llenado el hueco que ha dejado uno de los partidos tradicionales: el Partido Popular. Desde el punto de vista demoscópico, la aparición de Ciudadanos en una encuesta se produjo por primera vez el 9 de enero de 2015. Entonces el ObSERvatorio de la Cadena SER, de la empresa MyWord, situó a Ciudadanos como quinta fuerza política con un 5 por ciento de los votos. Dos días más tarde, la encuesta de Metroscopia para El País vaticinaba que si esos días se celebrasen unas elecciones, Ciudadanos sería la cuarta fuerza política de España con el 8,1 por ciento. Desde entonces, cada nueva encuesta fue situando a la formación naranja con mayores apoyos. Según Metroscopia, sus mejores predicciones las obtuvo tras las elecciones catalanas de septiembre de 2015 y los meses previos a las elecciones generales del 20-D, cuando más del 20 por ciento de los españoles decía que votaría a Ciudadanos, disputando la hegemonía a PP y PSOE. ¿Qué explica la emergencia de la formación de Albert Rivera? Como se acaba de relatar, el Partido Popular estaba sufriendo la misma crisis política que el Partido Socialista. Tanto la crisis de representación como la brecha generacional también le afectaban. Como se señaló más arriba, ninguno de los dos grandes partidos dieron excesiva importancia a estas circunstancias y en muchas ocasiones culparon a los analistas y a las encuestas de crear una narrativa que les perjudicaba. Así, para algunos dirigentes políticos, la realidad y los análisis que se hacían de ella eran lo realmente molesto. Creían que bastaría con que se dejasen de publicar las encuestas y sus análisis para que la crisis por la que pasaba el bipartidismo se solucionase.

Esta reacción es excesivamente más preocupante para los dirigentes del PP una vez surgió Podemos. Creyeron que eso nos les pasaría a ellos; que el voto del Partido Popular estaba tan afianzado que nunca se verían perjudicados por la emergencia de otra formación conservadora. A ello se unía un segundo argumento. Es cierto que el PP ha sufrido voto oculto en nuestra democracia en varias ocasiones (Urquizu, 2005). Así, por ejemplo, en los ochenta, dado que Alianza Popular y Coalición Popular estaban integrados por numerosos políticos con un pasado franquista, muchos encuestados no revelaban que pensaban votar a estas formaciones conservadoras. Se producía una espiral del silencio como resultado de la vergüenza que algunos sentían al decir en público que votaban a un partido con un pasado autoritario. Por ello, cuando comenzó a caer el voto al PP a partir de 2012, muchos sociólogos interpretaron que el voto oculto estaba volviendo a afectar a la formación de Mariano Rajoy. De hecho, si miramos el recuerdo de voto a PP y PSOE por aquellos años, observamos una notable diferencia (véase el gráfico 20); mientras que los exvotantes socialistas recordaban de forma exacta haberlo apoyado, los votantes del Partido Popular comenzaron a perder la memoria. Parecían haberse olvidado que en algún momento votaron al PP en 2011. La clásica interpretación a este olvido es lo que se conoce como voto oculto. La gente no recordaba que en el pasado había apoyado a la formación de Mariano Rajoy porque le daba cierta vergüenza. Así, si este sentimiento era extrapolable al futuro, significa que en unos próximos comicios volvería a votar al PP, aunque los ciudadanos no lo confesasen en las encuestas. Pero ¿qué pasa si, en lugar de vergüenza, lo que sentían los exvotantes del PP era rechazo? Es decir, como escribí en marzo de 2015 en un post en el blog de Piedras de Papel: “Una interpretación alternativa es que no recordar haber apoyado a un partido en el pasado es fruto del descontento y desafección que nos genera. Sería una forma más de mostrar nuestro desacuerdo con esa formación política, de tal forma que no solo no vamos a votarle en el futuro, sino que además se nos ha ‘olvidado’ que algún día depositamos su papeleta en una urna”⁴⁸.

Gráfico 20 Recuerdo de voto del PP y del PSOE entre 2012 y 2015 (en %)

Fuente: CIS.

De hecho, si miramos los datos a posteriori, el Partido Popular no estaba sufriendo voto oculto. Por un lado, tras las elecciones europeas de 2014, los votantes del PP recuperaron la memoria. Así, mientras parecía que habían olvidado su apoyo a esta formación el 20 de noviembre de 2011, recordaban de forma exacta que le votaron en mayo de 2014⁴ . Como decía en el post en Piedras de Papel anteriormente citado: “Si el mecanismo que podía explicar el ‘olvido’ de los electores del Partido Popular era una cierta penalización social por haberle apoyado, parece ser que este castigo social no es muy fuerte, ya que no les cuesta reconocer que le votaron recientemente”⁵ . En segundo lugar, las encuestas que se elaboraron para las elecciones europeas mostraron un gran acierto en sus datos brutos. La tabla 11 compara la intención directa de voto de dos encuestas preelectorales de Metroscopia con el resultado real de las elecciones europeas de mayo de 2014. Se observa que la intención directa del PP, en especial la del 15 de mayo de 2014, se aproxima mucho a lo que realmente sucedió. De hecho, la única fuerza política que aparece claramente infrarrepresentada en los estudios de opinión y, por lo tanto, susceptible de ser interpretado como voto oculto fue Podemos. Por lo tanto, un análisis de los datos de las encuestas de 2014 mostraba que el Partido Popular no estaba sufriendo el fenómeno de la ocultación de voto y, en cambio, sus exvotantes sí que estaban expresando una enorme desafección. Era tal el desapego hacia el PP que muchos de ellos se olvidaron de su apoyo en noviembre de 2011.

Esta desafección ha sido el resultado de la crisis política, una crisis política que ha sido consecuencia de fenómenos como la corrupción, tal y como hemos visto en el primer capítulo. Como ya se ha relatado, la corrupción ha afectado especialmente al Partido Popular. De hecho, esto no ha pasado desapercibido para los votantes “naturales”. ¿Quiénes son sus electores “naturales”? Los datos más recientes muestran que “los grupos de diferentes ingresos sí tienen preferencias partidistas diferentes. Resulta especialmente llamativo cómo el nivel de ingresos sí parece estar fuertemente relacionado con el nivel de apoyo a cada uno de los nuevos partidos, más incluso que con la preferencia entre el PP y el PSOE. Mientras que en Podemos tiene éxito entre los grupos de menos ingresos, Ciudadanos triunfa entre los votantes más acomodados” (Piedras de Papel, 2015: 130). Por lo tanto, el voto de clase ha aumentado incluso entre los nuevos partidos. Cabe esperar que el electorado “natural” del PP sean las clases más acomodadas, quienes ahora parecen haberse desplazado una parte de ellos hacia Ciudadanos. ¿Por qué estos votantes de mayor renta han optado ahora por C’s? Si vamos al gráfico 21, observamos cómo la clase alta y la clase media, desde comienzos de 2013, están mucho más preocupadas por la corrupción que los obreros no cualificados. Dicho en otras palabras: las clases más acomodadas parecen más sensibles a la corrupción que los votantes de clase baja. Esto significa que una parte del electorado del PP puede haberse desencantado mucho más por escándalos como el Gürtel que el conjunto de la población. De ahí su desafección hacia la formación de Mariano Rajoy y su apoyo ahora a Ciudadanos.

Gráfico 21 Preocupación por la corrupción por clase social entre 2012 y 2015

Fuente: CIS.

La falta de visión y diagnóstico por parte de los dirigentes del PP ha provocado que no se percataran que les estaba pasando algo similar al Partido Socialista: desencanto y alejamiento de una parte de sus bases. Pero si al PSOE le afectaba la desigualdad, en el caso del PP era la corrupción el principal fenómeno que estaba detrás de esta desafección. El partido de Albert Rivera se ha nutrido especialmente de los votantes moderados. Como vimos en el gráfico 16, Ciudadanos ha sido la primera fuerza política en intención directa de voto en el centro desde noviembre de 2015. No obstante, durante muchos meses ha estado disputando ese espacio ideológico a PP y PSOE. Pero, a pesar de esta fortaleza, los primeros datos apuntan a que el 20 de diciembre de 2015, PP y PSOE empataron entre los moderados y C’s se quedó en tercera posición⁵¹. Puesto que Ciudadanos nació para competir con el Partido Popular, también ha penetrado ampliamente en la derecha y en la extrema derecha (véanse los gráficos 22 y 23). No obstante, no ha sido tan exitoso como Podemos en su competición con el PSOE. En la derecha, C’s se ha movido entre el 20 y el 25 por ciento de intención directa de voto, mientras que el PP ha estado entre el 40 y 45 por ciento. En la extrema derecha, las diferencias han sido mucho más abultadas. Así, mientras que el partido de Albert Rivera en muy pocas ocasiones ha superado el 10 por ciento de intención directa, en el espacio ideológico más extremista el PP muestra intenciones directas de voto entre el 60 y el 80 por ciento. Pero, además de competir con el PP, en algunos lugares como Cataluña Ciudadanos ha arañado votos al PSOE. En las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, sorprendió el gran respaldo que logró la formación naranja en uno de los bastiones del PSC: el Baix Llobregat. En el cinturón rojo de Barcelona se situó en segunda posición, con el 23,5 por ciento, casi 6 puntos más que en el conjunto de Cataluña y 65.000 votos más que tres años antes. El Partido Socialista de Cataluña pasó a tercera fuerza política con el 18,2 por ciento, cuando en 2012, en las elecciones autonómicas, fue el primer partido en votos. No obstante, tres años antes el PSC ya había mostrado síntomas de

debilidad, puesto que solo logró el 20,1 por ciento en el Baix Llobregat.

Gráfico 22 Intención directa de voto de PP y Ciudadanos en la derecha (en %)

Fuente: Metroscopia.

Gráfico 23 Intención directa de voto de PP y Ciudadanos en la extrema derecha (en %)

Fuente: Metroscopia.

En septiembre de 2015, Metroscopia realizó una encuesta postelectoral en uno de los principales municipios del Baix Llobregat: Hospitalet del Llobregat. Los datos mostraron lo siguiente: las cifras de transferencias de voto a Ciudadanos eran claramente distintas de la media nacional. En las elecciones autonómicas de septiembre, el PSC cedió en este municipio el 20 por ciento de sus antiguos votantes a C’s, mientras que el PP transfirió el 46 por ciento. En cambio, si observamos el gráfico 24, vemos que en el conjunto de España el PP cedía entonces a Ciudadanos el 20 por ciento de sus antiguos votantes, mientras que el PSOE le daba el 7 por ciento. Por lo tanto, el fenómeno de C’s afectaba mucho más a los dos grandes partidos en Cataluña.

Gráfico 24 Transferencia de voto a Ciudadanos desde PP y PSOE en España (en %)

Fuente: Metroscopia.

El perfil del antiguo votante del PSC que en aquellos momentos se fue a Ciudadanos en el Baix Llobregat también nos da una información relevante. La tabla 12 presenta las principales características. El retrato robot era el siguiente: en su mayoría eran hombres que rechazaban claramente la independencia de Cataluña, que se situaban entre los 35 y 54 años, que trabajaban y que tenían un nivel medio de estudios.

En definitiva, Ciudadanos nació para llenar el hueco que estaba dejando el Partido Popular como resultado de la desafección política. Este desencanto estaba motivado principalmente por los casos de corrupción que acechaban al PP. Como hemos visto, su electorado “natural” era mucho más sensible a los escándalos de corrupción que el conjunto de la población. Así, el grueso de los votantes de Albert Rivera procedía de la formación de Mariano Rajoy. Desde el punto de vista ideológico, su mayor fortaleza ha estado en el centro y la derecha. Eso no ha impedido que en sitios como Cataluña también haya crecido a costa del PSOE, especialmente en lugares tradicionales como el Baix Llobregat. No obstante, las expectativas que generó la formación de Albert Rivera eran mucho mayores de los resultados que finalmente obtuvo el 20 de diciembre. Tras las elecciones catalanas, muchas encuestas como las de Metroscopia situaron a este partido por encima del 20 por ciento de los votos, disputando la primera posición a PP y PSOE. Pero no fue el único instituto de opinión que esperaba mucho más del partido naranja. Una semana antes de las elecciones, el ObSERvatorio de la Cadena SER (My Word) predecía el 18,6 por ciento de los votos para esta formación, situándola como tercera fuerza política y asignándole entre 61 y 66 escaños⁵². Celeste-Tel, en un sondeo que publicó eldiario.es el primer día de la campaña electoral, vaticinaba un 18,6 por ciento de los apoyos para Ciudadanos, apareciendo como tercera fuerza política, y le daba entre 57 y 61 escaños. GAD3, para el ABC, tampoco andaba muy alejada de estas predicciones el 13 de diciembre de 2015 y esperaba que C’s consiguiese un 18,1 por ciento de los votos unos días más tarde. Lo que le sucedió a la formación de Albert Rivera es que durante la campaña electoral se dejó una parte de los votos con los que arrancó (véase el gráfico 18). En los primeros días de campaña, su intención directa de voto era en torno al 12 por ciento, cuando en el tramo final apenas alcanzaba el 9 por ciento. Es decir, la campaña electoral le costó a Ciudadanos tres puntos de intención directa de voto. ¿Por qué? A diferencia de Podemos, quien tiene un discurso mucho más emotivo y pasional, C’s se caracteriza por un relato mucho más institucional y de propuestas. Gran parte de su campaña electoral se centró en señalar las políticas públicas que llevaría a cabo si alcanzaba el poder. Esta estrategia no parece la más acertada para un proceso electoral. En las campañas electorales, como se ha señalado anteriormente, los partidos tienen una relación mucho más directa con los ciudadanos. En este periodo se apela mucho más a los sentimientos y a los grandes actos esperando movilizar al mayor número posible de personas. Estos

dos factores fueron los puntos débiles de Ciudadanos.

Conclusiones

Como veíamos al principio de este capítulo, no es la primera vez que se colapsa un sistema de partidos. Morgan (2011) contabiliza ocho casos entre 1990 y 2005⁵³. Menos Italia, todos los casos los localiza en América Latina. Este colapso tiene importantes consecuencias políticas. La primera y más evidente es que los actores cambian. Los nuevos actores no solo son novatos, sino que además representan intereses distintos. Como señala la politóloga norteamericana, esto hace a la democracia más “vulnerable” (Morgan, 2011: 6), abriéndose un periodo de inestabilidad e ingobernabilidad. Es lo que ha sucedido en España en los meses siguientes a las elecciones generales. Tras más de 100 días de negociaciones, reuniones y ruedas de prensa, cuando estoy escribiendo estas líneas, todavía seguimos con un Gobierno en funciones y sin una mayoría parlamentaria suficiente. De hecho, por primera vez en nuestra democracia se van a repetir los comicios seis meses y seis días después de los anteriores. Es un escenario inédito que casa muy mal con las esperanzas que se han depositado en la “nueva política”. Las nuevas formaciones políticas han nacido al calor del desencanto ciudadanos, un desencanto que ha sido el resultado de la crisis de representación y de la brecha generacional que se han descrito con anterioridad. Algunos interpretaron estos cambios, simplificándolos en exceso, como “nueva política”. Pero lo cierto es que más que “nueva política”, estamos ante una nueva sociedad que exige respuestas nuevas a problemas muy antiguos. Muchas de las dificultades por las que pasa nuestra sociedad y que están detrás de la desafección (desigualdad, corrupción, ausencia de proyectos políticos definidos…) no son nada nuevos. De hecho, llevan mucho tiempo entre nosotros y los hemos observado en otros tiempos y en otros países. Por lo tanto, desde el punto de vista de los problemas, no nos sucede nada que no haya pasado antes. Lo realmente original de este momento histórico es que la sociedad ha cambiado y exige respuestas distintas. Y es normal que demande soluciones nuevas, porque muchos de los cambios a los que estamos asistiendo, especialmente los tecnológicos, lo permiten.

La falta de reacción de los partidos tradicionales (PP y PSOE) a este nuevo escenario es lo que ha provocado el surgimiento de Podemos y Ciudadanos. Todo el conjunto de circunstancias que se han relatado junto con esa falta de reacción han generado una “ventana de oportunidad”. Pero no hay nada determinado. Si los partidos tradicionales son capaces de reaccionar a tiempo, quizás la “ventana” se cierre y volvamos al momento bipartidista anterior. A veces se nos olvida que PP y PSOE siguen teniendo fortalezas: lealtades partidistas sólidas, implantación territorial, experiencia de gobierno…

CAPÍTULO 4

¿Qué esperan los españoles de la democracia?

—¿Quién manda entonces? —pregunté. —Los grandes poderes financieros. Ya no es el perro el que mueve la cola, sino la cola mueve el perro. —¿Y usted le dice esto a los jefes de Estado o los presidentes con los que se reúne? —Sí. —¿Y qué le dicen? —Me dan la razón, pero miran para otro lado. Cultivan la ilusión de volver a ser presidentes, no se atreven a pegarle al enemigo más fuerte que existe. Disimulan, pero somos juguetes. Diálogo entre Juan José Millás y José Mujica en El País Semanal, 23-3-2014

Como se viene relatando a lo largo de las páginas anteriores, la crisis política no solo tiene un origen claramente identificable, sino que además las consecuencias electorales han sido más que relevantes: el surgimiento de dos nuevas formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos. Por ello, para poder contribuir a la solución de esta crisis, debemos saber qué esperan los españoles de la democracia. No es una cuestión baladí. Como se señaló anteriormente utilizando un símil, es difícil tratar una enfermedad sin que el paciente nos cuente qué síntomas tiene, en qué partes del cuerpo le duele más, cuándo empezaron las dolencias… Este cuadro clínico, desde luego, debe ser completado por especialistas en salud. Pero llevamos unos años escuchando a esos especialistas sin haber preguntado antes al paciente. Por ello, creo que este capítulo es fundamental para entender nuestra crisis política. En los capítulos anteriores he

relatado los factores que pueden estar detrás (crisis de representación y brecha generacional) y las consecuencias electorales. Ahora el diagnóstico debe ser completado con la opinión de la ciudadanía. Creo que ella también debe ser la protagonista de los cambios que necesitamos. Pero este protagonismo no consiste necesariamente en seguir a pies juntillas sus deseos, sino más bien tener en cuenta su opinión a la hora de elaborar el diagnóstico. Nadie mejor que los ciudadanos pueden decir dónde falla nuestro sistema democrático y por qué sienten una profunda desafección hacia el funcionamiento de nuestra democracia. A partir de ahí, cuando sepamos dónde les duele, podemos empezar a ver qué remedios existen en otros países ante problemas y situaciones similares. Desde luego que no es la primera vez que los españoles evalúan su democracia. Por ejemplo, desde el año 2007, la Fundación Alternativas viene publicando su Informe sobre la Democracia en España. Un año más tarde, en 2008, este informe comenzó a interrogar a expertos (científicos sociales, periodistas, analistas…) sobre “57 indicadores, que miden aspectos esenciales para un ejemplar desarrollo del sistema democrático” (Fundación Alternativas, 2015a: 206). De esta evaluación se producía una nota media que permitía resumir en una sola cifra la calidad de nuestro sistema político. Desde entonces hasta ahora, nuestra democracia ha ido perdiendo calidad a la vista de los expertos. Si en 2008 la evaluación media era de 6,2 en una escala de 0 a 10, en el año 2015 esta cifra estaba en el 5,2. El gran descenso se produjo en el año 2012, tras la llegada al poder del Partido Popular. En el año 2011, los expertos suspendían a nuestro sistema democrático en el 22 por ciento de las dimensiones por las que eran interrogados. En 2015, tras la legislatura de Mariano Rajoy, “el 52 por ciento de los indicadores, 30 de 57, obtienen calificaciones por debajo de 5” (Fundación Alternativas, 2015a: 207). A lo largo de todo este tiempo, los expertos consultados por la Fundación Alternativas coinciden en que nuestro gran problema radica en la corrupción y la gran influencia que tiene el poder económico sobre el poder político. Además, en el año 2015, el estudio de la Fundación Alternativas detecta una profundiza reducción de los derechos y libertades de las personas (Fundación Alternativas, 2015a: 211-212) a raíz de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, los expertos parecen tener claro dónde están las dolencias de nuestra enfermedad. Pero ¿qué piensa el conjunto de la población al respecto? ¿Coincide la opinión pública con la visión de los expertos? Dicho de otra forma: ¿qué esperan los españoles de su democracia? Lo que viene en las siguientes páginas es un

estudio bastante novedoso. Entre los años 2008 y 2011 tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se dirigía desde el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía⁵⁴. En él pretendíamos analizar la calidad de la democracia de nuestro país. Entre otras actividades, en el año 2009 realizamos junto con el CIS una extensa encuesta interrogando a los españoles sobre cuestiones que afectaban a esta materia. Han pasado siete años desde este estudio de opinión y las siguientes páginas presentarán cómo ha cambiado nuestra sociedad a lo largo de los últimos tiempos, que es cuando se ha producido la fase más aguda de nuestra crisis política. Gracias a Metroscopia he podido volver a preguntar a los españoles por algunos interrogantes que se formularon desde el CIS en el año 2009 en su estudio 2790. Además, Metroscopia dispone de una amplia base de datos de preguntas políticas que van a enriquecer notablemente el análisis. Para poder completar el interrogante de este capítulo me apoyaré en el trabajo de Adam Przeworski, ¿Qué esperar de la democracia? (2010). Este texto nos suministra un marco teórico muy completo y ambicioso que resume de forma perfecta las distintas dimensiones que conforman lo que podríamos entender por democracia: igualdad, participación, representación y libertad. En definitiva, estamos ante un capítulo que concluye el análisis de este libro reflejando la opinión de los españoles ante su sistema político. No podremos salir de nuestra crisis política si no somos capaces de escuchar a los principales perjudicados por esta.

Las cuatro dimensiones de la democracia

Si hay una cuestión recurrente a lo largo de la historia entre científicos sociales esta es en qué consiste la democracia. Desde hace varios siglos son numerosos los pensadores que se hacen esta pregunta. En la introducción a este libro hice mención a bastante bibliografía al respecto. No es objeto de esta obra realizar una disquisición teórica sobre ello. Más bien, de todo lo leído, voy a utilizar el marco teórico que mejor se puede ajustar a un análisis empírico de la opinión pública. Creo que el trabajo de Adam Przeworski que acabo de citar unas líneas

más arriba resume de forma muy certera las principales dimensiones que debemos considerar en un sistema político para definirlo como democracia. Además, como veremos a continuación, estas dimensiones son perfectamente cuantificables, algo que nos permite realizar un trabajo empírico novedoso. La idea fuerza en una democracia es la de autogobierno. Pero ¿qué significa esto? En principio, estaría relacionada con la capacidad que tienen los ciudadanos de tomar sus propias decisiones, tanto para sí como en relación con los demás. La teoría de la elección social ha abordado esta cuestión de forma muy extensa⁵⁵. A raíz de muchas de estas investigaciones se ha puesto de relieve que el autogobierno tiene profundas limitaciones. Un ejemplo de estos límites es el conocido teorema de imposibilidad de Arrow, el cual concluye que no es posible tomar una decisión colectiva cumpliendo los supuestos de racionalidad cuando existen tres o más alternativas. Por lo tanto, que la gente se gobierne a sí misma no es algo sencillo. Los argumentos de Przeworski (2010) tratan de superar estos límites y establece lo que sería el “segundo mejor autogobierno” (Przeworski, 2010: 89-90). Para este politólogo polaco, el sistema de toma de decisiones colectivas con ciudadanos libres se basa en cuatro puntos: “Cada uno de los participantes debe tener igual influencia en las decisiones colectivas (igualdad), cada uno de los participantes debe tener alguna influencia efectiva en las decisiones colectivas (participación), las decisiones colectivas deben ser implementadas por los hombres elegidos para ello (representación) y el orden legal debe permitir la cooperación segura sin interferencias indebidas (libertad)” (Przeworski, 2010: 75). Estos cuatro puntos resumen de forma perfecta los desafíos de un sistema democrático y que trascienden la toma de decisiones. Estos retos tienen que ver con la dificultad de generar igualdad socioeconómica, con que la gente sienta que su participación es efectiva, con asegurarse de que los gobiernos hagan aquello que prometieron y no lo que no se les encargó y “equilibrar orden con no interferencia” (Przeworski, 2010: 33-34). En definitiva, lo que me voy a proponer en las siguientes páginas es analizar cómo los españoles ven cada una de estas cuatro dimensiones: igualdad, participación, representación y libertad. Son los cuatro ejes que nos permiten evaluar a un sistema político como democrático. Pero ¿qué significa cada una de estas dimensiones? Y ¿cómo puntúan los españoles a su democracia en estos cuatro desafíos?

Igualdad

El principal interrogante de la igualdad política es hasta qué punto una democracia nos ayuda a caminar hacia una igualdad social. Los datos que presenta Przeworski (2010: 149) son un tanto pesimistas al respecto: aunque todos tengamos la misma influencia en la toma de decisiones colectivas, esto no se traduce en una sociedad sin desigualdades socioeconómicas. De hecho, como ha demostrado la actual crisis económica, las democracias no son necesariamente un freno al incremento de las diferencias sociales. Sobre esta cuestión los españoles son bastante realistas. En el año 2009 ya se interrogó a la ciudadanía si el sistema democrático ayudaba a reducir las desigualdades: casi el 32 por ciento pensaba que bastante o mucho, mientras que el 34 por ciento admitía que poco o nada (véase tabla 13). Los españoles estaban profundamente divididos al respecto y se posicionaban ligeramente en una visión pesimista. Si además atendemos a la fractura generacional que se ha producido en nuestro país, vemos que los mayores son mucho más pesimistas al respecto que los menores de 55 años. Dicho de otra forma, la generación de la Constitución del 78 espera un poco más del sistema democrático en su combate de la desigualdad que la generación más mayor. ¿Por qué la igualdad política no se traduce en igualdad social? Como todo fenómeno social, un conjunto de factores están detrás de este resultado. Entre ellos me gustaría destacar uno: las diferencias de participación política en función de la renta. Son numerosas las investigaciones que corroboran que la gente con menos recursos económicos participa menos en las elecciones. Así, Braulio Gómez y Manuel Trujillo (2011) muestran cómo en las elecciones generales de 2008, de las 20 secciones censales con más abstención, 16 de ellas sufren pobreza extrema. Lugares como la Cañada Real de Madrid o el Polígono Sur de Sevilla tuvieron tasas de abstención próximas al 80 por ciento (Gómez y Trujillo, 2011: 16). Los datos de encuesta corroboran esta conclusión respecto a la pobreza: “Habría un 46 por ciento de ciudadanos excluidos que votan siempre o casi siempre en cada una de las elecciones que se celebran en este país, frente a un 74 por ciento de ciudadanos incluidos socialmente” (Gómez y Trujillo, 2011: 28).

El estudio comparado más relevante publicado en España va en la misma dirección. El trabajo de Eva Anduiza (1999) viene demostrando desde hace tiempo que existe una relación entre las condiciones económicas de los individuos y la probabilidad de participar en las elecciones: a menor renta, menos asistencia a las urnas. La tabla 14 reafirma las conclusiones de los estudios académicos citados. En ella podemos ver la abstención declarada en los estudios postelectorales del CIS en función al nivel de renta. Así, se observa que, entre el año 2000 y el año 2011, las personas que declaraban menos ingresos (menos de 900 euros) siempre participaban menos que los que declaraban rentas mensuales superiores a los 3.000 euros. Por lo tanto, toda la evidencia empírica apunta a que la desigualdad social produce de por sí desigualdad política.

Estas diferencias socioeconómicas en la probabilidad de participar en unas elecciones pueden explicar por qué la democracia no produce la igualdad social esperada. Los partidos tienen menos incentivos a atender a una parte del electorado que no se acerca a las urnas y, como acabamos de ver, son los que tienen menos recursos. De hecho, viendo estos datos, podemos concluir que la relación entre desigualdad social y desigualdad política es endógena: los pobres participan menos y, al votar menos, las formaciones políticas no se preocupan todo lo que deberían por los excluidos sociales, agudizando las diferencias sociales y políticas. Junto a ello, los españoles consideran que hay dos ingredientes más que dificultan que nuestra actual democracia camine hacia más igualdad social. En primer lugar, tanto en 2009 como en 2016 se ha interrogado a los ciudadanos que sitúen en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada protegido y 10 muy protegido, cómo de amparado está el poder político frente al poder económico. En el año 2009, la media fue de cuatro y el 57 por ciento de los españoles se situaban por debajo del cinco. Es decir, casi el 60 por ciento de la ciudadanía consideraba que el poder político no estaba muy protegido respecto del poder económico. En el año 2016, Metroscopia ha repetido esta cuestión: la media es ahora del 3,9 y el 53,2 por ciento de los españoles se sitúa por debajo del cinco. Por lo tanto, la amplia mayoría de los ciudadanos ven que el poder político está poco protegido respecto de los intereses del poder económico. Como veíamos al comienzo de este capítulo, los expertos consultados por la Fundación Alternativas no solo coinciden con esta opinión, sino que además sitúan este problema como uno de los más importantes. Esta visión sobre nuestro poder político es muy relevante si queremos entender qué ha pasado en España en los últimos años. Uno de los pilares que sostienen nuestra crisis de representación se apoya justamente en esta visión. Tanto expertos como ciudadanos coinciden en que el poder económico puede condicionar con mucha facilidad al poder político, algo que pone en jaque nuestra democracia. Sobre esta cuestión no se habla lo suficiente en el debate público, pero es fundamental para entender no solo la desafección, sino el surgimiento de Podemos. Cuestiones como las puertas giratorias, los privilegios regulatorios que tienen algunas grandes empresas o la gran cantidad de dinero que se ha utilizado para salvar un sistema financiero que dejaba en la calle a muchas personas por no poder pagar sus hipotecas ha enfadado de forma notable a nuestra sociedad. Y es aquí donde el poder político tiene un gran trabajo. Cuando se habla de la vuelta de la política no es más que esto: tener unas instituciones que sean menos permeables a la influencia del poder económico.

En segundo lugar, la ciudadanía entiende que no todos somos iguales ante la ley en función a nuestra renta. La tabla 15 muestra los resultados de preguntar a los españoles si la justicia trata igual a ricos y a pobres. El 12,1 por ciento, en 2009, y el 10,7 por ciento, en 2016, así lo creen. En cambio, casi el 90 por ciento en 2016 y el 82,1 por ciento en 2009 se muestran en desacuerdo con esta afirmación. Por lo tanto, es abrumadora la mayoría que cree que hay dos tipos de justicia: una para las personas de más renta y otra para los pobres. Además, con el paso del tiempo de la crisis económica, esta opinión no solo se ha consolidado, sino que además la visión negativa se ha agravado.

En conclusión, si atendemos a la idea de igualdad, la ciudadanía considera que la democracia no puede acabar con las diferencias sociales. Además, creen que nuestra justicia no es igual para todos en función a la renta y que el poder político en España está muy poco protegido respecto del poder económico. Estas opiniones se refuerzan con la siguiente realidad: las personas de menos renta participan menos en las elecciones. Por todo ello, desde el punto de vida de la igualdad, los españoles consideran que nuestra democracia es susceptible de mejora.

Participación

Como acabamos de señalar, la participación electoral en España está muy relacionada con la renta de las personas. Pero lo cierto es que el voto no es la única forma que tenemos los ciudadanos para participar en la vida política. Los partidos son el principal instrumento de intermediación que permiten la relación entre instituciones y ciudadanía. Por ello, desde el punto de vista de la participación, las formaciones políticas tienen también un papel fundamental. Cuestiones como su articulación interna son mecanismos muy relevantes de participación. Pero vayamos por partes.

Gráfico 25 Los partidos son todos iguales

Fuente: Metroscopia.

Cuando Przeworski analiza el funcionamiento de las democracias, argumenta que estas necesitan que los partidos se distingan entre sí, especialmente desde el punto de vista ideológico. Esto contradice la teoría del votante mediano, la cual pronostica todo lo opuesto: la convergencia en el centro. Así, Przeworski argumenta: “Lo que no está claro es si la insatisfacción en relación con la democracia surge de la exigüidad de las diferencias entre los partidos o del hecho de que las políticas están encerradas en el espectro partidario. ¿Los ciudadanos se sienten políticamente impotentes porque hay poco espacio entre las paredes o porque las paredes están mal puestas? ¿Se quejan de no tener más opciones o por las que les ofrecen?” (Przeworski, 2010: 174). Dicho con otras palabras: la disyuntiva es saber si te sientes próximo ideológicamente a algún partido que hay en la competición o si te gustaría que hubiese más competición. Veamos cómo estas cuestiones son respondidas en nuestra actual crisis política. Comencemos por las diferencias ideológicas entre partidos. El gráfico 25 muestra la opinión de los españoles sobre el grado de distinción que perciben en los partidos. Vemos que entre 1985 y 2012 fue creciendo la idea de que todos los partidos eran iguales, alcanzando su máximo en 2012, cuando más del 80 por ciento de la población así lo advertía. Si comparamos esta cifra con los años ochenta y noventa del siglo pasado, el incremento es de entre 20 y 30 puntos porcentuales. Pero una vez surgió Podemos en 2014 y Ciudadanos dio el salto nacional en 2015, la opinión de los españoles cambió. De hecho, a partir de 2014 y en especial en 2016, ya son más los españoles que creen que no todos los partidos son iguales. La aparición de las nuevas formaciones políticas ha hecho cambiar de opinión a la ciudadanía a este respecto. Por lo tanto, sí que parece haber una relación entre una nueva oferta partidaria y la percepción que tenían los españoles sobre el grado de distinción ideológica de las organizaciones políticas. No obstante, este nuevo escenario partidista y el cambio de opinión de la ciudadanía no han implicado que la gente sienta una mayor satisfacción por el funcionamiento de nuestra democracia. En la misma encuesta de Metroscopia de 2016, donde se interroga a los entrevistados si todos los partidos son iguales, también se cuestionó sobre el grado de satisfacción ciudadana: el 74 por ciento

declaraba estar poco o nada satisfecho. Esta cifra es muy similar a la que observábamos en el CIS en 2012 (véase el gráfico 12). Así, desde un punto de vista agregado, ni la aparición de nuevas formaciones ni la percepción de un mayor grado de distinción entre partidos se asocia a mayor satisfacción. No obstante, desde el punto de vista individual, la situación sí que ha cambiado ligeramente. La tabla 16 muestra que aquellas personas que creen que los partidos son distintos entre sí están más satisfechas con la democracia que aquellas que consideran que todas las formaciones políticas son iguales. Además, las diferencias son más que significativas. Por lo tanto, aunque la sociedad española en su conjunto no parece haber cambiado de opinión, los ciudadanos que creen que las formaciones políticas son distintas entre sí muestran una mayor satisfacción. Pero si los partidos se encuentran desacreditados en España y no aparecen como instrumentos válidos para la participación política es por más razones. En primer lugar, una mayoría de ciudadanos ha comenzado a pensar que los partidos ya no permiten participar en política. Como se observa en el gráfico 26, tanto en los años ochenta y noventa del siglo pasado, la mayoría de los españoles sí que estaban de acuerdo con la idea de que las formaciones eran un instrumento de participación política. Pero en el año 2011 esta visión cambió y ya fueron mayoría los que estaban en desacuerdo con esta afirmación. Desde entonces, excepto en algún momento puntual, la mayoría de los entrevistados por Metroscopia viene sosteniendo que los partidos no permiten participar en política.

Gráfico 26 Los partidos permiten participar en política

Fuente: Metroscopia.

En segundo lugar, son cada vez más los españoles que se posicionan en favor de partidos abiertos en sus métodos de elección de candidatos. La tabla 17 muestra la opinión de los entrevistados sobre quién debería elegir a los candidatos en las formaciones políticas. Vemos que la mayoría siempre se inclina por procesos lo más abiertos posibles (todos los ciudadanos y ciudadanas), mientras que la última preferencia viene siendo el método más cerrado e interno (los órganos internos del partido). Es cierto que el método de elección de candidatos tiene consecuencias profundas en la vida interna de los partidos. Generalmente, se han asociado los procesos abiertos de competición con la división interna. Es decir, en el momento que un partido decide abrir a las bases o a la ciudadanía la elección de sus candidatos, se produce una disputa entre diferentes adversarios, transmitiéndose una imagen de discrepancia interna. En principio, si los votantes perciben que un partido está desunido, esto se traduce en penalización electoral (Urquizu, 2010). No obstante, como ha demostrado Maravall (2003), los procesos de debate interno también permiten aumentar la información de la que disponen los votantes. Así, si tras una discusión interna existen mecanismos que permiten reforzar la unión (por ejemplo, listas cerradas y bloqueadas), no es necesariamente cierto que los procesos abiertos de selección de candidatos conduzcan a penalizaciones electorales. Dicho de otra forma: si la democracia interna se combina con instrumentos que refuercen la unión a posteriori, es posible combinar métodos abiertos de elección con unidad interna.

No obstante, cuestionar la democracia interna de los partidos porque esta produce confrontación de ideas sería lo mismo que cuestionar la democracia como sistema político porque esta produce facciones y división entre la población. De hecho, si uno lee a los padres de la democracia norteamericana o a los ilustrados del siglo XVIII se encuentra con este último argumento. Por ello, es pertinente preguntarse: ¿están dispuestos los españoles a sacrificar la democracia interna de los partidos en beneficio de su unidad? La tabla 18 responde a este interrogante. Vemos que la ciudadanía está muy dividida al respecto. En el año 2009, una ligera mayoría se posicionaba en favor de la unidad, aunque desde el punto de vista generacional los más jóvenes preferían el debate a la unión interna. Todo lo contrario que sus mayores, quienes parecían dispuestos a sacrificar la democracia interna a cambio de unidad. Unos años más tarde, en 2016, las dudas no se han despejado y la fractura se mantiene: de nuevo, una ligera mayoría prefiere unidad a debate interno. Lo que sí que es distinto es la opinión entre generaciones. Ya no observamos las diferencias de 2009 y ambos grupos generacionales se encuentran muy divididos al respecto.

Pero mientras los ciudadanos demandan partidos más abiertos a la participación y con más democracia interna, lo cierto es que solo algunas formaciones contemplan en sus normas esta posibilidad. Además, en muchas ocasiones, aunque sus estatutos lo permitan, ni siquiera se llega a producir tal competición. Son tantos los requisitos que se exigen para poder ser considerado candidato que casi siempre estos procesos internos acaban siendo un mero trámite. Todo este conjunto de opiniones sobre el papel que desempeñan los partidos como instrumentos de participación ha llegado a cuestionar la mera existencia de las formaciones políticas dentro de una democracia. El gráfico 27 resume el porcentaje de personas que cree que es posible un sistema democrático sin partidos políticos. La gente que así lo creía era muy minoritaria en los años ochenta y noventa del siglo pasado: en torno al 15 por ciento. Pero esta visión comenzó a aumentar a partir de 2011. Así, tras el 15-M, ha habido momentos como en 2012 en los que el 40 por ciento de los españoles ha llegado a pensar que era posible una democracia sin partidos. Este cambio en la opinión pública ha tenido su reflejo en las elecciones municipales de 2015. Si pensamos en lo que se han llamado “alcaldes del cambio”⁵ , ninguno de ellos ha alcanzado el poder a través de partidos políticos tradicionales. Todos ellos se han apoyado en plataformas ciudadanas, donde confluían partidos tradicionales con movimientos sociales. Es decir, no es que las formaciones políticas tal y como las conocemos estén superadas, pero la actual crisis política demanda modelos de organización distintos. La apertura y las posibilidades de participación son valoradas de forma muy positiva y, como acabamos de ver en los distintos datos, los españoles no ven en los partidos tradicionales estas características. En las grandes ciudades siempre se producen los cambios sociales con una cierta anticipación. Por ello, lo sucedido en las elecciones municipales de 2015 deberían constituir un aprendizaje a la hora de organizar las formaciones políticas y las candidaturas electorales en el futuro.

Gráfico 27 Sin partidos puede haber democracia

Fuente: Metroscopia.

En definitiva, en términos de participación nuestra democracia también presenta notables déficits, en especial en todo lo que respecta a los partidos políticos. Comenzando por el final, se ha producido en nuestro país un cierto cuestionamiento sobre su papel en el sistema democrático: desde que comenzó la crisis política, se ha incrementado el porcentaje de personas que creen que es posible una democracia sin partidos. Esta opinión está estrechamente ligada a que ya no son vistos como instrumentos de participación y cuesta distinguirlos ideológicamente entre sí. Las nuevas formaciones sí que han llenado estos vacíos en la opinión pública. Pero aún así su aparición no ha sido suficiente para aumentar el grado de satisfacción con nuestro sistema político. De hecho, la insatisfacción no ha disminuido en los últimos años. El cuadro que acabo de presentar no es baladí. Debemos tener en cuenta que los principales actores en un sistema democrático son los partidos. Ellos canalizan la participación y presentan los proyectos políticos. Por ello, su descrédito es algo muy serio que debería invitarnos a una reflexión profunda.

Representación

La tercera de las dimensiones que destaca Przeworski es la representación. ¿En qué consiste? Para el politólogo polaco, cuando analizamos una democracia debemos evaluar el grado de “agentividad”. Es decir, en qué medida los gobiernos son representativos de la mayoría o cuánto se desvían de esta. Es cierto, y así lo reconoce Przeworski, que “algunos costos de agentividad son inevitables a menos que los gobiernos quieran exactamente lo mismo que quienes les apoyan” (Przeworski, 2010: 227). Es decir, en muchas ocasiones los gobiernos deben desviarse de las opiniones mayoritarias, puesto que en su toma de decisiones deben tener en cuenta más elementos, como el derecho de las minorías o el largo plazo. Por lo tanto, los costes de “agentividad” son necesarios en democracia. Pero es solo una cuestión de minorías o largo plazo. Cuando

analizamos lo que algunos llaman “pueblo”, descubrimos que este no es un todo uniforme, sino que más bien existen multitud de opiniones, en muchas ocasiones contradictorias entre sí. Por lo tanto, no podemos acercarnos al electorado pensando que todo el mundo piensa lo mismo y que las diferentes opiniones que vamos a encontrar son siempre complementarias. Más bien al contrario. Tal y como señala Przeworski, “las elecciones tienen que cortar al electorado en grupos partidarios; luego los gobiernos electos tienen que zurcir las heridas de las elecciones” (Przeworski, 2010: 229). Toda esta reflexión no es nada novedosa. Como he señalado unas líneas más arriba, en el origen de la democracia representativa muchos pensadores temían que este sistema político generaba divisiones entre la población. Es decir, si algo atemorizaba a los ilustrados era que las elecciones y los partidos eran dos instrumentos para dividir la soberanía en facciones, en ocasiones irreconciliables y apasionadas. Pero debemos distinguir dos momentos en la idea de representación. Por un lado, es cierto que las elecciones, conforme han ido consolidándose, han dividido a la ciudadanía desde el punto de vista partidista. Es decir, los comicios nos presentan una fotografía de las distintas preferencias ciudadanas. Pero, por otro lado, una vez se ha producido la elección, los gobiernos deben tomar decisiones para el conjunto de la población. Por lo tanto, el grado de representatividad de un Gobierno debe ser superior al de un partido político. Przeworski lo expresa de la siguiente manera: “La declaración de Salvador Allende ‘No soy presidente de todos los chilenos’ fue un error enorme. La acusación de que los partidos dividen a la gente es perenne en la historia de la democracia. No obstante, las elecciones evolucionaron hasta ser partidarias” (Przeworski, 2010: 229). Por todo ello, cuando los gobiernos y los partidos pierden su capacidad de representación, aunque sea de distinto grado, la desafección emerge. ¿Qué está pasando en nuestro país?

El punto de partida es que los españoles sí que creen que una de las principales características de una democracia es representar. La tabla 19 muestra qué esperan los españoles de una democracia sobre la base de distintas posibilidades. Vemos que en 2009 se asociaba el sistema democrático con sus resultados económicos dignos y como segunda opción con la idea de representación. Si nos adentrábamos en la brecha generacional, veíamos que para la generación por debajo de los 55 años la idea de representación era mucho más importante que para los de mayor edad. Siete años más tarde, en 2016, tras la mayor crisis económica desde los últimos 40 años, vemos que la economía perdió algo de fuerza y la gente valoró con mucha más intensidad la idea de representación, pasando a ser la primera característica con la que los españoles asocian la democracia. Esta opinión, de nuevo, estaba algo más extendida entre los más jóvenes. Además, el trato igualitario ante la justicia se consideró entonces mucho más importante que los resultados económicos. Seguramente todos los casos de corrupción que se vienen conociendo en los últimos años explican este resultado. Por lo tanto, con el paso del tiempo y quizás como resultado de la crisis política, los españoles han señalado la representación como la principal característica de la democracia. Además, la sociedad del futuro, la que representan los menores de 55 años, pone un mayor énfasis en esta idea.

La pregunta que surge a continuación es: ¿cumplen los partidos con este cometido? En un sistema democrático, las formaciones políticas, además de permitir la participación, también deben jugar un papel relevante a la hora de representar las preferencias ciudadanas. ¿Qué dice la opinión pública española? Las tablas 20 y 21 responden a esta intriga. En la primera de las tablas observamos que una inmensa mayoría de la población considera que los partidos tienden a dar prioridad a sus propios intereses. Desde el año 2012 hasta ahora, así lo ha visto casi el 90 por ciento de los españoles. Estos datos se refuerzan con una segunda idea: la ciudadanía cree que las formaciones políticas no se preocupan por lo que piensa la gente (tabla 21).

Por lo tanto, la situación es la siguiente: una inmensa mayoría ve a los partidos más preocupados por sí mismos que por el conjunto de la población. Desde el punto de vista de la representación, estas opiniones son muy graves. De hecho, es en estas dos visiones donde podemos resumir una parte relevante del estado de ánimo ciudadano. Como se ha señalado en el primer capítulo del libro, el origen de nuestros problemas está en la crisis de representación por la que ha pasado nuestro país en los últimos años y que se resume en los siguientes problemas: crisis del bipartidismo, ausencia de mecanismos de participación ciudadana y gobiernos que no seguían las preferencias ciudadanas. Los datos de las tablas 20 y 21 refuerzan las conclusiones que presentamos al principio de este trabajo y que nos ayudan a entender por qué estamos en medio de una crisis política de gran envergadura. Si a este estado de ánimo ciudadano le sumamos la ausencia de referentes en casi todos los ámbitos de la sociedad, comenzamos a ser conscientes de que lo que nos pasa es más grave de lo que creemos. En una sociedad desorientada, que siente que los partidos no cumplen con sus funciones de participación y representación, que perciben que el poder económico es más relevante que el poder político, le añadimos la carencia de liderazgos sociales, culturales, económicos, etc. Es por ello que los datos de opinión pública que se vienen presentando son tan graves y debería invitarnos a tomarnos muy en serio lo que nos está pasando. Un segundo aspecto relevante de la representación es el sistema electoral. Este se encarga de transformar los votos en representación institucional. Como sabemos por los estudios académicos, desde un punto de vista comparado, nuestro sistema electoral es de los más mayoritarios entre los sistemas proporcionales. Esto se debe a que las provincias menos pobladas no solo están sobrerrepresentadas, sino que además priman en ellas las dos principales fuerzas políticas. En la medida que los escaños que se reparten en cada una de estas circunscripciones son pocos, resulta muy difícil para terceras y cuartas fuerzas políticas acceder al reparto. Así, hasta las elecciones generales de 2015, existían 29 distritos electorales donde en la inmensa mayoría de las ocasiones solo dos fuerzas electorales habían logrado representación. Su tamaño variaba entre los 2 escaños de Soria y los 10 de Murcia. Estas 29 provincias sumaban 133 de los 350 diputados del Congreso (38 por ciento). Pero el 20 de diciembre cambió esta fotografía. En estos 29 distritos bipartidistas, solo 10 siguieron siéndolo⁵⁷ (34 escaños). En el extremo encontramos casos como el de Tarragona, donde los seis escaños se repartieron entre seis formaciones políticas.

A pesar de este multipartidismo, las elecciones generales de 2015 no produjeron algo que reclaman los españoles en las encuestas. En el estudio que elaboró Metroscopia en abril de 2016, el 89 por ciento demandaba un sistema electoral en el que existiese una proporción lo más exacta posible entre el número total de votos que se obtiene y el número de escaños que se consigue. La tabla 22 muestra el porcentaje de votos y de escaños por formaciones tras el 20-D. Vemos que el partido más beneficiado por el sistema electoral fue el PP, quien obtuvo una prima de más de seis puntos porcentuales. El PSOE también se benefició en más de tres puntos. En cambio, Podemos, Ciudadanos y los nacionalistas guardaron una proporción mucho más exacta entre votos y escaños. Finalmente, como viene siendo habitual, Izquierda Unida (en este caso Unidad Popular) fue la más perjudicada al repartir sus apoyos por todas las circunscripciones. No obstante, estas primas están lejos de las que obtuvo la UCD en 1977 y 1979, cuando la formación de Adolfo Suárez obtuvo 13 puntos porcentuales más de escaños que de votos. El PP se benefició en 2015 de una forma similar a como viene primando el sistema electoral al partido que gana las elecciones en España. Es decir, el 20-D consolidó dos ideas: es posible un sistema multipartidista, pero las formaciones políticas que sigan fuertemente implantadas en las provincias más pequeñas seguirán disfrutando de una prima en escaños.

La segunda demanda respecto a nuestro sistema electoral es el establecimiento de listas abiertas donde los votantes puedan cambiar el orden de los candidatos o tachar algunos. Esta reclamación la apoyan casi el 84 por ciento de los españoles⁵⁸. No obstante, si vamos a la experiencia, vemos que esta posibilidad existe en el Senado y casi no se utiliza por parte de los votantes. Como demostró un estudio que elaboré con Alberto Penades, los electores españoles no son muy “sofisticados” a la hora de usar las listas electorales. En las elecciones de 2004, el 97,6 por ciento de los electores optaron por señalar al primer miembro de la lista de cada partido, un porcentaje muy similar al de 1996 (97,9 por ciento). Además, la diferencia de apoyo entre el primer y el tercer senador de las listas del PP fue de 1,2 por ciento, un dato muy similar para las listas del PSOE. Finalmente, el 87 por ciento de los electores siguieron el orden de la lista, sin alterarlo. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los votantes no hacen uso del poder discrecional que les otorga las listas abiertas del Senado (Penadés y Urquizu, 2007). Podríamos argumentar que este comportamiento está motivado por el escaso poder político que tiene la Cámara Alta. Pero cierto es que al principio de la democracia, los españoles sí que hicieron un mayor uso de las listas abiertas. En 1982, solo el 55 por ciento de los electores siguieron el orden que establecía la papeleta del Senado, una cifra que se elevó al 75 por ciento en 1986. Estos porcentajes son muy inferiores a lo que hemos observado después. Así, conforme se ha ido consolidando nuestro sistema político, la gente ha hecho un menor uso del poder discrecional que le otorga las listas abiertas. En definitiva, la idea de representación es una de las características que más asocian los españoles con un sistema democrático. Pero como hemos visto en la dimensión anterior, su insatisfacción se centra en los partidos políticos. La inmensa mayoría cree que estos están más preocupados por su interés particular que por el interés general. Un segundo aspecto de la representación surge del funcionamiento del sistema electoral. Los españoles se decantan por un modelo proporcional y con listas abiertas. Las elecciones del 20-D han mostrado que el multipartidismo es posible y que, por lo tanto, nuestro sistema sí que da cierto margen para la proporcionalidad. No obstante, su opinión sobre las listas abiertas contrasta abiertamente con el uso que se viene haciendo de este método en el Senado.

Libertad

La última dimensión que señala Przeworski dentro de un sistema democrático es la libertad. Pero ¿qué entiende él por esta dimensión? “Así, la libertad no es ni la libertad natural ni el derecho a actuar contra las leyes. Es la seguridad de vivir bajo leyes […] Ser libre, en el sentido de vivir bajo leyes elegidas por nosotros mismos, es una libertad de ciudadanos guiados por la razón, la virtud o la moral universal” (Przeworski, 2010: 241). Por lo tanto, es una idea de libertad vinculada al imperio de la ley y a su aplicación, algo que compete al sistema judicial. Los españoles son un tanto pesimistas sobre esta dimensión. En la encuesta sobre calidad de la democracia que elaboró el CIS en 2009, se preguntó a los entrevistados que de una escala de 0 a 100 cuántos ciudadanos creían que cumplían las leyes. La media de la respuesta fue 52,1 y menos del 10 por ciento de la población creía que 90 de cada 100 españoles cumplía las normas españolas. Por lo tanto, existe una idea muy extendida de que poco más de la mitad de la población cumple las normas. Un segundo aspecto vinculado al cumplimiento de la ley tiene que ver con la justicia. Como vimos anteriormente, los españoles creen que hay una justicia para los ricos y otra para los pobres. Pero no solo eso, en 2016, según los datos de Metroscopia, casi el 90 por ciento considera que los políticos reciben un trato distinto ante la justicia que la ciudadanía. Esta cifra era del 86 por ciento en 2009⁵ . Por lo tanto, sí que parecía muy asentada la idea entre la opinión pública de que existían dos grupos: unos privilegiados que reciben un trato mucho más favorable en términos de justicia que el conjunto de la población. Estos dos grupos son los ricos y los políticos. Viendo estos datos, podemos entender por qué algunos términos como casta han hecho fortuna en el debate político español. Incluso antes de que lo usasen los dirigentes de Podemos, los españoles ya creían en la existencia de grupos privilegiados. Las primeras cifras de opinión pública que he citado provienen del año 2009. En conclusión, la dimensión de justicia también tiene notables déficits para los ciudadanos, en especial al cumplimiento de las normas y a la capacidad que tiene el poder judicial en ser igual para todos. Son dos aspectos que también debilitan la evaluación que hacen los españoles del funcionamiento de nuestra democracia.

Conclusiones

En este capítulo he pretendido mostrar la visión que tienen los ciudadanos de nuestro sistema político. Si tuviésemos que resumir todas las dimensiones aquí analizadas en unas pocas ideas fuerza, vemos que la principal debilidad de nuestra democracia aparece en los partidos políticos. Los españoles creen que son poco representativos, que no son instrumentos útiles para la participación política y que sus integrantes son unos privilegiados en términos de justicia. Además, creen que nuestro sistema político tiene notables déficits a la hora de perseguir la igualdad social. Seguramente, todas estas opiniones son las que han debilitado a nuestra democracia a los ojos de la gente. Por lo tanto, si lo que se persigue es aumentar la satisfacción de la ciudadanía con su sistema democrático, parece urgente introducir reformas en las formaciones políticas, algo que ya señaló hace unos años el colectivo Politikon en su libro La urna rota. No obstante, como muestra lo ocurrido con el sistema electoral y las listas abiertas, la opinión ciudadana hay que recogerla únicamente como un sistema de alerta. A partir de aquí, las propuestas de reformas no deberían ser únicamente el reflejo de lo que pide la gente en las encuestas, sino que también es necesaria una opinión ilustrada que nos muestre qué sucede en otros países y cómo han resuelto problemas políticos similares a los nuestros. Dicho de otra forma: lo aquí narrado no es una invitación a seguir a pies juntillas la opinión pública, sino que lo que he pretendido es enriquecer nuestro debate público con datos y cifras. Dicho eso, solucionar problemas políticos es algo más complejo que realizar encuestas y recoger opiniones: también exige del estudio y el análisis de especialistas.

Conclusiones

En el año 2012, cuando publiqué mi anterior libro, acababa concluyendo que “la socialdemocracia no está en crisis, sino que lo que está en crisis es la democracia. Si las decisiones políticas y económicas dejan de tomarse en el ámbito de las democracias y se trasladan a instituciones no representativas, la izquierda encontrará numerosas dificultades para llevar a cabo su programa político. […] Esto me lleva a pensar que el primer reto de la socialdemocracia es establecer un cambio profundo en el poder político y en la toma de decisiones. Es necesario mejorar el funcionamiento de nuestras democracias y que las instituciones representativas recuperen parte del poder que cedieron a las no representativas [….] En definitiva, muchos analistas y dirigentes políticos apelan a la idea de recuperar la política. Pero este deseo no puede convertirse en una mera declaración o lugar común. Todo lo contrario; recuperar la política significa que el autogobierno y las instituciones representativas recuperen parte del espacio que perdieron” (Urquizu, 2012: 134-135). Este trabajo ha pretendido ser una continuación a estas afirmaciones. Como entonces señalaba haciéndome eco de otros trabajos académicos, una parte de la crisis política se fundamenta en la pérdida de poder por parte de las instituciones representativas, las cuales han delegado muchas de sus funciones hacia el exterior o en instituciones contramayoritarias. Es decir, los sistemas políticos se han ido poblando de instituciones que deben ser un contrapeso a los deseos de la mayoría (Sánchez-Cuenca, 2010). No es negativa la existencia de este tipo de instituciones, excepto si su poder comienza a ser tan desmesurado que relega a las instituciones representativas a un papel secundario. Pero esta pérdida de poder e influencia por parte de los parlamentos y de los gobiernos tiene más causas. Una de la que se habla mucho menos y que considero también muy relevante es los cada vez más menguantes recursos económicos y humanos de las asambleas legislativas. Si miramos el Congreso de los Diputados, vemos que sus presupuestos son notablemente inferiores al de los parlamentos de las democracias más desarrolladas (Torres Mora, 2015). Esto provoca que existan muy pocos técnicos y asesores en las más diversas materias. Así, por ejemplo, ni siquiera existe un Servicio de Estudios del Congreso que pudiese generar información muy valiosa para las tareas legislativas. De hecho,

como resultado de la crisis política, se ha presentado a los diputados y senadores como privilegiados. Esto ha generado un profundo debate sobre algunos de sus derechos y sobre sus salarios. Seguramente, algunas de las prebendas que tenían eran propias de otros tiempos. Pero no es menos cierto que dada la responsabilidad que tiene un representante político no es muy justo el debate que han suscitado cuestiones como sus sueldos, sus horarios laborales… No solo en la Administración pública hay empleados que tienen salarios superiores al de un diputado, sino que además en la empresa privada por puestos de similar responsabilidad se encuentran también retribuciones muy superiores. No obstante, dada la crisis económica por la que pasa España, la creciente desigualdad y la necesidad de dar ejemplo desde las instituciones, deberían pensarse en otras estrategias más allá de las salariales para atraer personas con talento y prestigio a la política. Es aquí donde el parlamentarismo español podría dar un papel más relevante a la figura del representante político. Como señalan numerosos analistas, los partidos han devorado con gran avidez a los grupos parlamentarios, generando diputados y senadores con muy poca autonomía personal. Así, por ejemplo, algo tan propio del proceso legislativo como presentar una enmienda no puede hacerse a título individual. Esto provoca que la creatividad o el prestigio de alguien que acepte acceder a un escaño se vea rápidamente menguado. En otros países existen medidas que compensan los incentivos salariales con otros beneficios menos materiales, pero que ahondan en el prestigio y en la capacidad de cambiar la realidad. Así, hay democracias que contemplan la figura del relator de una ley, lo que provoca que una persona asuma la responsabilidad legislativa sobre una materia hasta el punto de que esa norma acaba llevando su nombre. Seguramente, medidas de este tipo permitirían atraer más talento a las instituciones representativas. Esta pérdida de recursos económicos y humanos no es baladí. El poder de las instituciones representativas también depende de las personas que las integran y de los recursos que disponen para hacer su trabajo. La capacidad de influencia de nuestras asambleas legislativas se verá notablemente mermada si no generamos un sistema de incentivos para atraer ingenio y creatividad a las instituciones. Además, una vez accedan a ellas muchas de estas personas deberían disponer de los recursos suficientes para llevar a cabo un trabajo legislativo de calidad. Pero si nuestra crisis política es de tal magnitud es porque han ocurrido más cosas. En este libro me he centrado en otro aspecto que considero de vital importancia y que creo que está en el corazón de muchos de los acontecimientos

que se han producido desde 2011: la desconexión entre los dirigentes y los cambios sociales. Como hemos visto, muchos de los datos de opinión pública ya nos indicaban que algo estaba sucediendo en la ciudadanía. Pero numerosos analistas, periodistas y políticos prefirieron ignorarlos, como si, al obviar la realidad, esta cambiara o desapareciera. Lo que no supieron comprender es que las transformaciones sociales, especialmente cuando son de una gran envergadura, deben comprenderse antes de intentar revertirlas, que es lo que algunos han pretendido. No todo el mundo quiere que las sociedades cambien. Este negacionismo ha sido la puerta de entrada a la desconexión entre ciudadanía y partidos políticos, es decir, a la crisis de representación. Muchos de los datos de opinión pública que he expuesto en este libro tienen mucho que ver con la falta de reacción ante una realidad que no quería verse. Una vez los cambios sociales han llegado a la esfera política con el surgimiento de dos nuevas formaciones, algunos han tratado de reducir este nuevo escenario a lo que se ha denominado “nueva política”, sin aclarar muy bien qué significa esto. De hecho, la idea de “nueva política” se ha convertido en un cajón de sastre donde todo cabe y donde algunos acaban proyectando sus propios deseos. Y esto en el mejor de los casos, porque en ocasiones todo ha quedado reducido a estrategias de comunicación, discursos con mucho titular y escaso contenido o diagnósticos que quepan en 140 caracteres. Dicho de otra forma: ha existido un exceso de superficialidad a la hora de acercarse a la nueva etapa política que se ha abierto en nuestro país. Si reflexionamos con un poco de atención a lo que se ha denominado como “nueva política”, veremos que no deja de ser más que respuestas nuevas ante problemas antiguos. Muchas de las dificultades por las que pasa España no son nada novedosas. La desigualdad, la corrupción o la falta de expectativas por parte de la generación más joven son problemas que vemos en otras sociedades desarrolladas y que ya hemos sufrido en el pasado en otras ocasiones. Lo novedoso es que ahora debemos darles respuesta en un contexto distinto: una sociedad más formada e informada, un mundo más globalizado, una Unión Europa más integrada, pero con numerosos déficits… A esto se añade que los que dicen ser representantes de la “nueva política” han acabado poniendo de manifiesto que no son tan nuevos, puesto que muchos de sus comportamientos y de sus formas de acercarse a la actividad política son más propios del pasado. Así, por ejemplo, las luchas internas por el control de la organización o la financiación de las nuevas formaciones son cuestiones sobre

las que se ha generado una gran controversia en los medios de comunicación. Pero no solo eso, la superficialidad a la hora de acercarse a muchas de las cuestiones que debemos resolver como sociedad se ha puesto de manifiesto en la breve legislatura que acabó el 2 de mayo. Basta con leer la conocida Ley 25 de Emergencia Social de Podemos para darse cuenta de los notables déficits que tiene a la hora de resolver un problema tan grave como la desigualdad. De entre todos estos problemas que no acaba de resolver la “nueva política”, me gustaría destacar uno, el cual considero el más importante. Además afecta tanto a los partidos tradicionales como a las nuevas formaciones. Innerarity (2015) señala en su libro que la política consiste en “un proyecto con el que merezca la pena comprometerse”. ¿Qué significa esto? El fútbol puede ser un excelente ejemplo para mostrar lo que quiero decir. Hace unos años, el periodista deportivo de El País, Diego Torres, escribió un libro que se titulaba: Prepárense para perder. En él narraba la etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid. Para Torres, el gran defecto del equipo blanco es la ausencia de una idea que sustentase su modelo de juego. Es decir, hasta los proyectos deportivos deben basarse en un modelo como resultado de unos valores (individualismo frente a trabajo en equipo, contraataque frente a posesión del valor, verticalidad frente horizontalidad, cantera frente a fichajes de estrellas mediáticas…). En la nueva etapa que se está abriendo en nuestro país comenzamos a ver este defecto. Frente al agotamiento de los partidos tradicionales, las nuevas formaciones no han supuesto aire fresco desde este punto de vista. Mientras que Ciudadanos reduce casi todo a propuestas tecnocráticas (aunque con notables déficits tanto en sus diagnósticos como en sus medidas) , en Podemos los sentimientos y las emociones lo invaden todo, sin dejar espacio a las propuestas rigurosas y elaboradas. Por todo ello, las nuevas formaciones tampoco presentan proyectos políticos con los “que merezca la pena comprometerse”. Pero ¿cómo configurar un proyecto de estas características? Creo que la transición a la democracia también puede servir de ejemplo para responder a esta intriga. Mucho se ha hablado de esta etapa en los últimos años, produciéndose un cierto revisionismo injusto. Lo que me gustaría destacar de aquel tiempo fue la capacidad de empatía que tuvieron los dirigentes políticos para conectar con los anhelos e ilusiones de la sociedad. Entonces los españoles deseaban ser una democracia homologable a su entorno, formar parte de Europa y disfrutar de un bienestar propio de su riqueza como país. Los representantes políticos de entonces se hicieron cargo de este estado de ánimo y llevaron a cabo un proyecto político que daba satisfacción a estos desafíos. En cambio, en la España actual,

ya sea porque la sociedad está confundida, porque no disponemos de liderazgos sólidos, porque hay un problema de diagnóstico o porque nos centramos más en las pequeñas cuestiones que en los grandes retos, no somos capaces de reproducir semejante tarea. No existe un consenso social sobre cómo hemos llegado hasta aquí ni sobre los desafíos que tenemos como sociedad. Si a ello le unimos la profunda desconexión que se viene narrando en este libro, podemos entender mucho mejor qué nos está pasando. Se está abriendo una nueva etapa en España y el proyecto por el “que merezca la pena comprometerse” está sin definir. Esta ausencia de proyecto de país ha contribuido también a la crisis política. No me gustaría concluir estas páginas sin explicar la causa última de este libro. Además de pretender arrojar luz sobre lo que nos ha pasado, también he querido mostrar un compromiso con la sociedad en la que vivo. En la crisis política actual, a la ciudadanía se le ha escuchado poco más allá de los periodos electorales. Eso sí, muchos se han ofrecido a interpretar sus opiniones sin mostrar ni un solo dato que avalara lo que se argumentaba sobre ella. Pero no solo eso, Podemos ha tenido una tentación mayor: aprovecharse de un estado de ánimo ciudadano para alcanzar un proyecto político que no comparte la mayoría de la sociedad. Es decir, que la gente esté enfadada, que no simpatice con el funcionamiento de la democracia y de los partidos, que no se sienta representada no significa que en estos momentos se haya vuelto de extrema izquierda. De hecho, de persistir en estas intenciones y seguir intentando alcanzar unos objetivos políticos utilizando como coartada la desafección ciudadana, puede acabar conduciendo a una mayor crisis política. Por todo ello, como paso previo a solucionar nuestros problemas como sociedad, creo que era necesario un diagnóstico donde el enfermo contara qué le estaba pasando. Esta es la mayor contribución de este libro. A partir de ahí, los representantes políticos tenemos la tarea de dar respuesta a estas demandas. Como he señalado en repetidas ocasiones, la política no puede transformarse en hacer aquello que la gente pide, sino más bien en escucharla a la hora de tomar decisiones y mostrar empatía por sus opiniones. Quizás Felipe González haya dado la mejor definición de la tarea política: “Hacerse cargo del estado de ánimo de la gente”. Una vez hemos diseccionado ese estado de ánimo, ya tenemos mejores instrumentos para la actividad política. A partir de aquí queda por delante la tarea de introducir reformas que permitan que la gente se sienta representada. Desde luego que no es fácil, tal y como he intentado poner de manifiesto, aunque confío que tras estas páginas pueda estar algo más a nuestro

alcance.

Anexo

Bibliografía

Anduiza, Eva (1999): ¿Individuos o sistemas? Las razones de la abstención en la Europa Occidental, CIS, Madrid. Calvo, K; Gómez-Pastrana, T. y Mena, L. (2011): “El movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?”, Zoom Político, 4, Laboratorio de la Fundación Alternativas. Fernández-Albertos, J. (2012): La democracia intervenida, Los Libros de la Catarata, Madrid. — (2015): Los votantes de Podemos. Del partido de los indignados al partido de los excluidos, Los Libros de la Catarata, Madrid. Fernández Ordóñez, Miguel Ángel (2016): Economistas, políticos y otros animales, Ediciones Península, Madrid. Fundación Alternativas (2015a): Informe sobre la democracia en España, Los Libros de la Catarata, Madrid. — (2015b): 2º Informe sobre la desigualdad en España, Los Libros de la Catarata, Madrid. García Abad, José (2006): Las mil caras de Felipe González, La Esfera de los Libros, Madrid. — (2010): El Maquiavelo de León, La Esfera de los Libros, Madrid. Gómez, Braulio y Trujillo, Manuel (2011): “Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España”, Documento de trabajo 169/2011, Laboratorio de la Fundación Alternativas. González-Ferrer, Amparo (2013): “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Zoom Político, 18, Laboratorio de la Fundación Alternativas.

Iglesias, María Antonia (2003): La memoria recuperada, Aguilar, Madrid. Innerarity, Daniel (2015): Política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, Barcelona. Lapuente, Víctor (2015): El retorno de los chamanes, Ediciones Península, Barcelona. Likki, T. (2012): “15M Revisited: A diverse movement united for change”, Zoom Político, 11, Laboratorio de la Fundación Alternativas. López Alba, Gonzalo (2014): “El cambio de era en los medios de comunicación”, Zoom Político, 24, Laboratorio de la Fundación Alternativas. Manin, Bernard (1998): Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid. Maravall, José María (2003): El control de los políticos, Taurus, Madrid. Marqués Perales, Ildefonso (2015): La movilidad social en España, Los Libros de la Catarata, Madrid. May, John D. (1973): “‘Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity”, Political Studies, vol. 21(2), pp. 135-151. Miquel, Jaime (2015): “Elecciones en España (1977-2015)”, revista de AEDEMO, 126, pp. 38-41. Moreno Pestaña, José Luis (2011): “Los usos del concepto generación en la filosofía española de los años 40: racionalizaciones biográficas, trayectorias académicas y tradiciones teóricas”, Revista Internacional de Filosofía, 53, pp. 117-143. Morgan, Jana (2011): Bankrupt representation and party system collapse, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania. Ortega y Gasset, José (2005): En torno a Galileo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. Penadés, Alberto y Urquizu, Ignacio (2007) “Las elecciones al Senado en 2004:

listas abiertas, votantes cerrados y sesgo conservador”, en José Ramón Montero, Mariano Torcal e Ignacio Lago (eds.), Las elecciones legislativas de 2004 en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. Piedras de Papel (2015): Aragón es nuestro Ohio. Así votan los españoles, Malpaso Ediciones, Barcelona. Pitkin, H. F. (1967): The concept of representation, University of California Press, Berkeley. Polavieja, Javier G. (2001): “¿Qué es el voto de clase? Los mecanismos del voto de clase en España”, Zona Abierta, 96/97, pp. 172-213. Przeworski, Adam (2010): Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno, Siglo Veintiuno editores, Madrid. Rahona López, Marta Mercedes (2008): La educación universitaria en España y la inserción laboral de los graduados en la década de los noventa. Un enfoque comparado, Premios Injuve de Tesis Doctorales, Madrid. Sánchez, Juan Luis (2013): Las 10 mareas del cambio, eldiario.es libros, Madrid. Sánchez-Cuenca, Ignacio (2010): Más democracia, menos liberalismo, Katz, Madrid. — (2012): Años de cambio, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011, Los Libros de la Catarata, Madrid. — (2014): La impotencia democrática, Los Libros de la Catarata, Madrid. — (2016): La desfachatez intelectual, Los Libros de la Catarata, Madrid. Sebastián, Miguel (2015): La falsa bonanza. Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo intentar que no se repita, Atalaya, Madrid. Toharia, José Juan (2012): Pulso de España (enero 2011-mayo 2012), Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. Torreblanca, José Ignacio (2015): Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, Debate, Barcelona.

Torreblanca, José Ignacio y Leornad, Mark (2013): “The continent-wide rise of Euroscepticism”, Policy Memo, European Council of Foreign Relations. Torres, Diego (2013): Prepárense para perder: la era de Mourinho 2010-2013, S. A. Ediciones B, Madrid. Torres Mora, José Andrés (2015): El día que el triunfo alcancemos, Ediciones Turpial, Madrid. Urquizu, Ignacio (2005): “El voto oculto en España”, Revista Española de Ciencia Política 13, pp. 119-156. — (2010): “Moderate voters and internal party factionalism”, Juan March Institute, Working Papers. — (2012): La crisis de la socialdemocracia: ¿qué crisis?, Los Libros de la Catarata, Madrid. Zaller, John R. (1992): The nature and origins of mass opinion, Cambridge University Press, Nueva York.

Notas

1. 20 minutos, 4 de noviembre de 2014. 2. Clima Social de Metroscopia, junio de 2011. 3. El 4 de mazo de 2011 se aprobó la Ley de Economía Sostenible. La polémica surgió a raíz de la disposición final segunda que regulaba las páginas en Internet y la propiedad intelectual. El objetivo era perseguir las descargas ilegales que estuvieran protegidas por derechos de autor. El problema de la reforma radicaba en la gran arbitrariedad que permitía la ley, admitiendo el cierre de una página web como un procedimiento administrativo, sin la intervención de un juez. 4. Clima Social de Metroscopia, octubre de 2011. 5. Las mareas fueron diferentes movimientos ciudadanos que aglutinaban desde agentes sociales a organizaciones no gubernamentales, incluyendo también a personas a título individual. Su objetivo fue defender algún sector o servicio público determinado como la educación, la sanidad o los dependientes. 6. Estudio CIS 2905. 7. Según los cálculos que realizó Ignacio Sánchez-Cuenca en su artículo “Hay un genio en el PP” (infolibre.es, 30-4-2013), los recortes de gasto público del Partido Popular podrían ascender entre los años 2012, 2013 y 2014 a más de 102.000 millones de euros. Estas cifras contrastan con la gestión del PSOE durante la crisis. La reducción del gasto público que presentó José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso en mayo de 2010 sumaba 15.000 millones de euros. 8. Unos capítulos más adelante mostraré evidencia empírica al respecto. 9. CIS 7711. 10. Clima Social de Metroscopia de octubre de 2012. 11. Clima Social de Metroscopia de junio 2011.

12. http://myword.es/wp-content/uploads/2014/07/El-ObSERvatorio-deMyWord-para-la-Cadena-SER-el-impacto-de-la-crisis-en-la-movilidadsocial_fichero_3.pdf 13. El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó que el antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, había realizado pagos en dinero negro como sobresueldos a los principales dirigentes del PP. 14. El 31 de enero de 2013, El País publicó la contabilidad B durante la etapa de José María Aznar (entre 1990 y 2009). En ella se observaba que durante mucho tiempo el Partido Popular se había presuntamente financiado con dinero procedente de empresas privadas a cambio de favores políticos. 15. Estos datos proceden del artículo de Sonia Alonso en el blog de London School of Economics: “The growing economic and ideological breach between Northern and Southern EU countries is pushing Europe towards a perfect storm” (disponible en http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/07/22/the-growingeconomic-and-ideological-breach-between-northern-and-southern-eu-countriesis-pushing-europe-towards-a-perfect-storm/). 16. http://elpais.com/diario/2011/05/21/opinion/1305928805_850215.html 17. http://elpais.com/diario/2008/12/02/opinion/1228172411_850215.html 18. Ignacio Urquizu, “El Mayo de la generación del 78”, El País , 21 de mayo de 2011. 19. http://elpais.com/elpais/2013/07/04/opinion/1372934793_131631.html 20. Ignacio Urquizu, “El Mayo de la generación del 78”, El País , 21 de mayo de 2011. 21. José María Maravall, “Más participación para salvar la política”, El País, 16 de septiembre de 2013, http://elpais.com/elpais/2013/09/10/opinion/1378810053_049779.html 22. Esta frase se ha atribuido a Felipe González en varias ocasiones. Así, José García Abad la cita en su libro El Maquiavelo de León (2010: 52). La anécdota que aquí se relata aparece en otro libro de este mismo autor: Las mil caras de Felipe González (2006).

23. Ministro de Asuntos Exteriores entre 1982 y 1985. 24. Asumo como mayoría de edad los 18 años. 25. Seguramente, si hiciéramos una clasificación mucho más exhaustiva de los grupos de edad, separando a los individuos cada 15 años, veríamos que también existen diferencias entre los que tienen 25 y 50 años. No obstante, he optado por la simplificación. ¿Por qué? Por un lado, es cierto que ser detallista en los argumentos enriquecería la narración, pero prefiero centrarme en la capacidad explicativa de la idea de brecha generacional. Por otro lado, seguramente la gente entre 40 y 55 años se encuentre a caballo de los más jóvenes y de los mayores. Por los análisis que he realizado estos años, en este grupo de edad encontramos rasgos y preferencias intermedias entre los que tienen por debajo en edad y los que se encuentra por encima. No obstante, en sus preferencias políticas están más próximos a los más jóvenes que a los mayores. Pero no es solo una cuestión de opiniones políticas. Como veremos por ejemplo en los datos de emigración, el grupo de edad entre 35 y 55 años no solo se aproxima mucho más a los grupos de menor edad en su comportamiento a la hora de salir del país, sino que la crisis económica les ha golpeado con mayor virulencia que a sus mayores. 26. Véase Ignacio Urquizu, “¿Qué es la nueva política?”, El País, 17 de diciembre de 2015 (disponible en http://elpais.com/elpais/2015/12/15/opinion/1450175451_928271.html). En este artículo utilicé datos de Metroscopia y los porcentajes son muy similares, mostrando la misma tendencia. 27. 27 de diciembre de 2015. 28. Belén Barreiro, “La brecha generacional”, El País, 27 de diciembre de 2015. 29. Aquellos que declaran no saber a quien votar, no contestan a la pregunta de intención directa de voto o han decidido abstenerse. 30. http://elpais.com/elpais/2012/06/22/opinion/1340380077_562677.html 31. La máxima intención directa de voto a Podemos fue en noviembre de 2014 (22,2) y su mínimo lo localizamos en agosto de 2015 (11,1). 32. Si no tenemos en cuenta el primer barómetro en el que C’s hace su primera

aparición (enero de 2014), el máximo apoyo a Ciudadanos lo encontramos en marzo de 2016 (17,7) y su mínimo en junio de 2015 (6,1). 33. 16 de enero de 2015, entrevista en ctxt.es 34. 16 de enero de 2015, entrevista en ctxt.es 35. 18 de enero de 2015, entrevista en El País (disponible en http://politica.elpais.com/politica/2015/01/17/actualidad/1421526937_154439.html). 36. 30 de marzo de 2016, entrevista en eldiario.es (disponible en http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-formar-acuerdo-apoyarGobierno_0_500101060.html). 37. http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459784420_936764.html 38. Entre noviembre de 2014 y abril de 2015, con excepción del Clima Social de diciembre, Metroscopia dio una predicción donde situaba a Podemos como primera fuerza política de España. 39. En esos meses estalló el “caso Monedero”. 40. El 17 de noviembre de 2014, el diario El Mundo publica que Iñigo Errejón tenía una beca en la Universidad de Málaga dentro de un proyecto de investigación, pero casi no acudía allí. Durante varios meses esta noticia estuvo en los medios y la misma universidad abrió una investigación al respecto. 41. 23 de marzo de 2016, entrevista en el Huffington Post (disponible en http://www.huffingtonpost.es/2016/03/23/entrevista-juan-carlosmonedero_n_9530726.html?utm_hp_ref=spain). 42. Vídeo aquí (disponible en https://www.facebook.com/ierrejon/videos/961230953926458/). 43. http://www.huffingtonpost.es/2016/03/23/entrevista-juan-carlosmonedero_n_9530726.html?utm_hp_ref=spain 44. 30 de marzo de 2016, entrevista en eldiario.es (disponible en http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-formar-acuerdo-apoyar-

Gobierno_0_500101060.html). 45. Clima Social de enero de 2016. 46. El barómetro de enero del CIS también muestra que el 20-D Podemos fue la primera fuerza en todos los tramos de edad por debajo de los 55, excepto en los que tienen entre 45 y 54 años. 47. http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/josep-oliu-propone-crearuna-especie-podemos-derechas-3329695 48. http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/entonces-llegoCiudadanos_6_365423475.html 49. En un post en el blog de Piedras de Papel de diciembre de 2014 analizo el recuerdo de voto a las principales fuerzas políticas españolas, y se observa esta discrepancia entre el recuerdo de voto del PP de las generales de 2011 y el de las europeas de 2014: ¿por qué es difícil analizar las encuestas? (disponible en http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/dificil-analizarencuestas_6_333226683.html). 50. http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/entonces-llegoCiudadanos_6_365423475.html 51. El Clima Social de enero de 2016 de Metroscopia muestra que el 19,5 por ciento de los ciudadanos de centro recuerdan haber votado al PSOE el 20-D, mientras que el 19,2 declara que se decantó por el PP. Ciudadanos tiene un 15,8 por ciento de recuerdo de voto entre los moderados, mientras que para Podemos esta cifra es del 12,3 por ciento. 52. http://myword.es/wp-content/uploads/2015/12/Informe-de-resultadosObSERvatorio-pre-electoral-2015.pdf 53. Bolivia, 2005; Colombia, 1998-2002; Italia, 1992-1994; Venezuela, 19931998; Brasil, 1990; Guatemala, 2003; Paraguay, 1993; Perú, 1990. 54. Esta institución pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 55. Un perfecto resumen de estas teorías, así como una reflexión muy completa

de la idea de autogobierno, lo encontramos en el libro de Ignacio SánchezCuenca: Más democracia, menos liberalismo. 56. Manuela Carmena en Madrid, Ada Colau en Barcelona, Joan Ribó en Valencia y Pedro Santisteve en Zaragoza. 57. Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora. 58. Metroscopia, abril de 2016. 59. CIS 2790. 60. Un ejemplo de los notables errores de Ciudadanos es su visión de la educación. Sus discursos son tremendistas. Cuando hablan de la etapa obligatoria, realizan una interpretación totalmente equivocada del Informe PISA, utilizando algunos de los argumentos más reaccionarios. No es cierto que nuestros estudiantes obtengan malos resultados en las evaluaciones de PISA ni que nuestro sistema educativo sea un desastre. Como los datos señalan y los expertos concluyen, nos encontramos en torno a la media y con unos rendimientos propios de la estructura social de nuestro país. Además, cuando se refieren a la educación superior, su obsesión por las universidades de elite anglosajonas no les permite ver que nuestro país ha mejorado notablemente en este ámbito. Como recuerda Daniel Peña en un artículo que publicó en El País en 2012: “El ranking QS de las 50 mejores universidades con menos de 50 años incluye cuatro españolas [….] en el ranking QS dos de las diez mejores universidades del mundo con menos de 25 años son españolas: la Carlos III de Madrid y la Pompeu Fabra. Entre todos los países del mundo solo Australia aventaja a España en el éxito en la creación de universidades en los últimos 25 años”. Y todo ello en un mundo con casi 20.000 universidades (Daniel Peña, “Las universidades españolas en los ‘rankings’ internacionales”, El País, 17-92012).