La ciencia de la erradicación : modernidad urbana y neoliberalismo en Santiago de Chile, 1973-1990 [1 ed.] 8400106121, 9788400106126

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60 Mercedes del Cura González Medicina y pedagogía. La construcción de la categoría «infancia anormal» en España (1900-1939), 2011. 61 Aitor Anduaga Egaña Meteorología, ideología y sociedad en la España contemporánea, 2012. 62 Xavier Calvó-Monreal Polímeros e instrumentos. De la química a la biología molecular en Barcelona (1958-1977), 2012. 63 Francisco Villacorta Baños La regeneración técnica. La Junta de Pensiones de Ingenieros y Obreros en el extranjero (1910-1936), 2012. 64 Antonio González Bueno y Alfredo Baratas Díaz (eds.) La tutela imperfecta. Biología y farmacia en la España del primer franquismo, 2013. 65 Matiana González Silva Genes de papel. Genética, retórica y periodismo en el diario El País (1796-2006), 2014. 66 José Manuel Azcona Pastor y Víctor Guijarro Mora La utopía agraria. Políticas visionarias de la naturaleza en el Cono Sur (1810-1880), 2015. 67 Annette Mülberger (ed.) Los límites de la ciencia. Espiritismo, hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales (1850-1930), 2016. 68 Raúl Velasco Morgado Embriología en la periferia: las ciencias del desarrollo en la España de la II República y el franquismo, 2016. 69 Mario César Sánchez Villa Entre materia y espíritu. Modernidad y enfermedad social en la España liberal (1833-1923), 2017. 70 Isabel Blázquez Ornat El practicante. El nacimiento de una nueva profesión sanitaria en España, 2017.

CÉSAR LEYTON ROBINSON

MODERNIDAD URBANA Y NEOLIBERALISMO EN SANTIAGO DE CHILE, 1973-1990

59 Paula Olmos Gómez Los negocios y las ciencias. Lógica, argumentación y metodología en la obra filosófica de Pedro Simón Abril (ca. 1540-1595), 2010.

Este libro tiene como objetivo general analizar las relaciones entre higiene, geopolítica y poder político en las estrategias de erradicación y segregación de grupos poblacionales implementadas en Santiago de Chile durante la dictadura militar de 1973 a 1990, valorando las rupturas y las continuidades que pueden identificarse entre el reformismo sociosanitario liberal y las medidas neoliberales de regulación social. Para la consecución de este propósito se abordan, en primer lugar, algunos de los antecedentes más notables de este proceso en el Estado liberal chileno del siglo xix, a través de dos estudios de caso especialmente significativos, como son la transformación urbana de Santiago de Chile, llevada a cabo bajo la intendencia de Benjamín Vicuña Mackenna, y los planteamientos en torno a la cuestión social y el gobierno de las poblaciones del médico Augusto Orrego Luco. Ambas propuestas contribuyeron a consolidar modelos científicos de higienización y segregación social. En segundo lugar, ya en el marco cronológico de la dictadura militar, se analiza el importante papel que la geopolítica desempeñó en las estrategias de regionalización y erradicación poblacional, identificando sus fundamentos teóricos y su relación con la Doctrina de Seguridad Nacional. Finalmente, se estudian las políticas concretas, relativas al traslado de la población hacia comunas periféricas, que marcaron un nuevo ordenamiento socio-espacial y que han permitido trazar un «itinerario de la erradicación» que presta especial atención al análisis de la política de vivienda social —como parte de la llamada política de erradicación de la pobreza—, así como a las políticas de reproducción y alimentación de la población como un programa científico de higiene individual y colectiva.

LA CIENCIA DE LA ERRADICACIÓN

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ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA

César Leyton Robinson

César Leyton Robinson ha desarrollado su labor profesional en el Museo Nacional de Medicina Dr. Enrique Laval y, más tarde, en el Museo Nacional de Odontología de la Universidad de Chile. En estos espacios, además de un trabajo intenso de recuperación y análisis del patrimonio científico y sanitario chileno, ha puesto en marcha una línea de investigación en historia de la salud que ha permitido consolidar un programa de diplomado en Historia de las Ciencias Biomédicas y Salud Pública, impartido en la Universidad de Chile y del que ha sido coordinador entre 2013 y 2018. Este trabajo tiene su continuación, en la actualidad, en un programa de diplomado denominado Biopolítica desde la Frontera, en el Departamento de Salud Pública, y en el Programa Internado Rural Interdisciplinario (PIRI), de la Universidad de la Frontera en Wallmapu. Actualmente es coordinador de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría y autor o editor de numerosas publicaciones, entre las que cabe destacar: Industria del delito. Historias de las ciencias criminológicas (2014); Bulevar de los pobres. Historia de la higiene, racismo científico y eugenesia (2015) y República de la salud. Fundación y ruinas de un país sanitario (2016).

LA CIENCIA DE LA ERRADICACIÓN MODERNIDAD URBANA Y NEOLIBERALISMO EN SANTIAGO DE CHILE, 1973-1990

71 Carolin Schmitz Los enfermos en la España barroca y el pluralismo médico. Espacios, estrategias y actitudes, 2018. 72 José Chabás Computational Astronomy in the Middle Ages. Sets of Astronomical Tables in Latin, 2019.

ISBN: 978-84-00-10612-6

CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Ilustración de cubierta: Collage La ciencia de la erradicación, basado en «Fotografía de camión con pobladores», Los Marginales, revista Hoy, 1986.

LA CIENCIA DE LA ERRADICACIÓN

ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA, 73 Director Rafael Huertas García-Alejo, Instituto de Historia, CSIC Secretario Jon Arrizabalaga Valbuena, Institución Milá y Fontanals, CSIC Comité Editorial María Montserrat Cabré i Pairet, Universidad de Cantabria Susana Gómez López, Universidad Complutense de Madrid Bernat Hernández Hernández, Universitat Autònoma de Barcelona Mauricio Jalón Calvo, Universidad de Valladolid María Luz López Terrada, Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, CSIC Carmen Ortiz García, Instituto de Historia, CSIC Juan Pimentel Igea, Instituto de Historia, CSIC María Jesús Santesmases Navarro de Palencia, Instituto de Filosofía, CSIC Consejo Asesor Rosa Ballester Añón, Universidad Miguel Hernández, Alicante Daniela Bleichmar, University of South California Mónica Bolufer Peruga, Universitat de València Ricardo Campos Marín, Instituto de Historia, CSIC Antonio Lafuente García, Institutot de Historia, CSIC Antonello La Vergata, Università di Modena Leoncio López-Ocón Cabrera, Instituto de Historia, CSIC José Ramón Marcaida, Cambridge University Marisa Miranda, CONICET, La Plata, Argentina Javier Moscoso Sarabia, Instituto de Filosofía, CSIC Annette Mülberger, Universitat Autònoma de Barcelona Enric J. Novella Gaya, Universitat de València Teresa Ortiz Gómez, Universidad de Granada José Pardo Tomás, Institución Milá y Fontanals, CSIC Francisco Pelayo López, Instituto de Historia, CSIC Eulalia Pérez Sedeño, Instituto de Filosofía, CSIC José Luis Peset Reig, Instituto de Historia, CSIC Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, Instituto de Historia, CSIC Pedro Ruiz Castell, Universitat de València Antonella Romano, Centre Alexandre Koyré-EHESS, Paris Fernando Salmón Muñiz, Universidad de Cantabria Nuria Valverde Pérez, Universidad Autónoma Metropolitana de Cuajimalpa, México DF Marga Vicedo, University of Toronto Isabel Vicente Maroto, Universidad de Valladolid

CÉSAR LEYTON ROBINSON

LA CIENCIA DE LA ERRADICACIÓN Modernidad urbana y neoliberalismo en Santiago de Chile, 1973-1990

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Madrid, 2020

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones. Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado: https://cpage.mpr.gob.es Editorial CSIC: http://editorial.csic.es (correo: [email protected])

© CSIC © César Leyton Robinson © De las imágenes, las fuentes mencionadas en el pie de foto © Ilustración de cubierta: Collage La ciencia de la erradicación (basado en: «Fotografía de camión con pobladores», Los Marginales, revista Hoy, 1986; protozoo: https://es.wikipedia. org/wiki/Protozoo; figura de soldado: https://es.dreamstime. com/silueta-del-soldado-ej%C3%A9rcito-que-saluda-aislada-en-el-fondo-blanco-memorial-day-d%C3%ADa-veterano-to-de-julio-image116279059; y Santiago de Chile: https:// ha.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile). ISBN: 978-84-00-10612-6 e-ISBN: 978-84-00-10613-3 NIPO: 833-20-060-6 e-NIPO: 833-20-061-1 Depósito Legal: M-7082-2020 Maquetación, impresión y encuadernación: Nemac Comunicación, S.L. Impreso en España. Printed in Spain En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado ECF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.

ÍNDICE Agradecimientos .......................................................................................

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Introducción ............................................................................................

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La ciencia de la erradicación . .......................................................... Estructura del libro . .........................................................................

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Los proyectos pioneros liberales. Erradicación e higiene en la ciudad bárbara ......................................................................................

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Introducción . ...................................................................................... Del viaje iniciático a la voluntad reformadora . ...................................... La reforma urbana de Vicuña Mackenna .............................................. La «ciudad propia»: la montaña mágica de Santa Lucía . ....................... El aduar africano frente a la ciudad europea ......................................... La solución higiénica: el bulevar de los pobres ......................................

27 32 40 41 45 46

Erradicación y biología de las poblaciones: Augusto Orrego Luco y la cuestión social ........................................................................

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Introducción . ...................................................................................... La raza vagabunda y la cuestión social .................................................. Biología, economía y población. La medición de la población . .............. La degeneración biológica de los pobres ...............................................

53 56 65 71

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Índice

La geopolítica, el «Estado ameba» y la población . ..................................

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Introducción . ...................................................................................... La geopolítica de Pinochet y el «Estado ameba» ................................... (Geo)política de población ................................................................... Regulación de la fecundidad . ............................................................... Población, educación y cambios culturales ............................................ Población y seguridad nacional . ...........................................................

81 82 92 94 103 106

La construcción de un país orgánico (I). Geopolítica y regionalización ...............................................................................................

115

Introducción . ...................................................................................... Visión geopolítica de la regionalización chilena ..................................... Geopolítica, regionalización y pobreza .................................................. Regionalización, población y macrocefalia urbana: Santiago rumbo a la erradicación, 1976-1986 ....................................................................... El Estado-ameba de CONARA: los fundamentos de segregación territorial y social de la dictadura ................................................................... La geopolítica como ideología de lo nacional y comunal: el tutelaje sobre Santiago . .............................................................................................

115 119 123

La construcción de un país orgánico (II). Geopolítica y erradicación . ....

143

Introducción . ...................................................................................... Itinerario de la erradicación. El comienzo: erradicación y negocio inmobiliario . ............................................................................................... Radicados y erradicados ....................................................................... El operativo de la erradicación ............................................................. La otra ciudad ..................................................................................... La tecnología de la erradicación: CONARA y ODEPLAN .................... La geopolítica y la «raza» chilena . ........................................................

143

Erradicación y vivienda social . ................................................................

177

Introducción . ...................................................................................... El plan de saneamiento de los campamentos y la caseta sanitaria ...........

177 179

8

129 136 139

145 149 151 153 162 167

Índice

La vivienda higiénica . .......................................................................... Vivienda, erradicación y marginación social ..........................................

187 194

Erradicación, alimentación y laboratorio social . ....................................

203

Introducción . ...................................................................................... Darwinismo social, liberalismo económico y nutrición ........................... Desnutrición, inteligencia y daño sociogénico ....................................... Alimentación y potencial genético ........................................................ El pacto político y las agencias de intervención ..................................... La intervención sanitaria de la población .............................................. Higiene y nutrición en la caseta sanitaria . .............................................

203 205 209 217 220 225 227

Conclusiones ............................................................................................

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Bibliografía ..............................................................................................

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A mis hijas Maura Leyton Corvalán y Sayen Leyton López A Tomás Suazo

AGRADECIMIENTOS Hay personas que siempre estuvieron conmigo, dándome el apoyo necesario para cumplir con una promesa que le había hecho a ellos y a mi infancia, cuando la dictadura cubría todavía nuestros horizontes, por ello agradezco a mis padres, Silvia Robinson A. y César Leyton G., junto con mis hermanos Alan y Carlos, que me motivaran siempre a seguir adelante para formarme en este oficio. A las historias campesinas de infancia de Tomasa Solís. A mi maestro Rafael Huertas, que me enseñó la horizontalidad del conocimiento histórico y el combate que en él hay que llevar. A los otros maestros del CSIC, José Luis Peset y Ricardo Campos. A la familia Huertas-Del Cura de Madrid. A la profesora Elisa Fernández, que insistió siempre con sus palabras en que somos un grupo de historiadores que tenemos algo que aportar. A Sandra López, que nunca me negó su apoyo como mujer política. Y a mis amigos Cristian Palacios, Claudia Araya, Marcelo López, Marcelo Sánchez y Mario Fabregat, por sus conocimientos y creatividad para pensar la historia. A la maestra Marta Gajardo, por enseñarme que la ciencia también puede construir comunidad. Agradecer también a Christian Rodríguez y Carlos Liberona (CEPSS) por sus conocimientos críticos en la salud de las minorías; y a Sergio Sánchez, Pablo López y Yury Carvajal, por creer que la medicina es vida y conocimiento, y no poder y estatus. Al maestro de pregrado Jorge Pinto, que me educó en la historia de la frontera y de todas las fronteras. A Pablo Muñoz y a los grandes amigos de la vida y la educación popular: Víctor Neira, Aldo Fontana, Mario Valdés V., Octavio Ulloa, Enrique Camus y Domingo Oñate. A los hueipifes del Wall Mapu. A los niños de la escuela N.° 3 y a los jóvenes del Liceo A-26 de Linares. Y a los estudiantes universitarios y de enseñanza de adultos de Santiago, que me hicieron intuir, con sus identidades territoriales, la historia social de esta ciudad y lo que la «dictadura militar» hizo con ella. 13

INTRODUCCIÓN Tras el golpe militar de 1973 y la desarticulación de las organizaciones sociales se produjo en Chile una modificación de los marcos legales que mediaban la relación entre el Estado y la población, lo que trajo consigo novedades profundas en la responsabilidad estatal frente al problema habitacional, incluyendo la erradicación de miles de familias y la reestructuración socioespacial de Santiago (Silva, 2012). Un nuevo ciclo de movilización y segregación poblacional que recurrió a acciones que, al menos en parte, guardaban cierta continuidad con las que se produjeron en el marco del liberalismo decimonónico. En la presente investigación nos proponemos estudiar en profundidad el proceso de erradicación y segregación que tuvo lugar en Santiago de Chile durante la dictadura militar (1973-1990), prestando atención a la utilización de conceptos científicos que, procedentes del higienismo y de la geopolítica, desempeñaron un papel importante en su desarrollo. Entendemos por higienismo el movimiento de reforma social y política sanitaria iniciado en el primer tercio del siglo xix en el marco de los Estados liberales (Rosen, 1985), cuyo objetivo era prevenir las enfermedades y preservar la salud de la población a través de medidas de salubridad puestas en marcha, fundamentalmente, en el medio urbano e industrial. Las aportaciones pioneras del británico Edwin Chadwick (1842) y su sanitary movement (Hamlin, 2008) influyeron de manera definitiva, con más o menos variaciones, en la extensión del higienismo en Europa y América (Illanes, 1993; Armus, 2007; Durán, 2012; Ramos Gorostiza, 2014). Sin embargo, no solo se trataba de una cuestión técnica de infraestructuras sanitaras: alcantarillado, agua corriente, viviendas higiénicas, mejora de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, etc., sino que, a través de la mejora del ambiente urbano, se pretendía la estabilidad social y la moralización de las clases trabajadoras (Campos, 1995), además de la consecución de beneficios económicos, aumento de la productividad, etc. (Urteaga, 1985-6; Rodríguez Ocaña, 1992) 15

César Leyton Robinson

Por su parte, la geopolítica, al intentar establecer una relación entre el Estado, el territorio y la población, aparece como una «ciencia del Estado» (Cairo, 2011) capaz de estudiar la causalidad espacial de los sucesos políticos y de diseñar intervenciones —tanto en el interior del propio Estado como en relación con otros— sobre el territorio y sobre la población. Precisamente, el estudio y la intervención sobre las características (sociodemográficas, epidemiológicas, etc.) de la población y sobre su ubicación en el territorio, nos permite relacionar higienismo y geopolítica a través del concepto de biopolítica. La biopolítica es un término que, al igual que el de geopolítica, fue propuesto por Rudolf Kjellén a finales del siglo xix (Espósito, 2011; Fernández Aguis, 2008), si bien las líneas historiográficas y teóricas en torno a la biopolítica se establecen a partir de los trabajos de Michel Foucault (2007; 2014). Para los efectos de nuestra investigación, resulta de gran utilidad teórica entender de qué manera, desde la llamada biopolítica (Salina Araya, 2014), se ha intentado agrupar y estudiar las prácticas de los Gobiernos relacionadas con las características vitales de la población; es decir, salud, higiene, alimentación, reproducción, natalidad, morbilidad, mortalidad, longevidad, razas, etc., pero también asentamientos de población, migraciones, etc. Los problemas derivados de este tipo de cuestiones han planteado retos políticos y económicos y han pasado a formar parte de los programas de gobierno desde finales del siglo xviii hasta nuestros días, en los que se siguen reformulando planes y programas orientados a la optimización de la biopolítica (Ávila y Ávila, 2010). Tras estas precisiones conceptuales y teóricas, nos parece imprescindible aclarar que, aunque la higiene y la geopolítica utilizan, en sus formulaciones y en sus prácticas, nociones procedentes de las ciencias naturales, su estatuto como disciplinas científicas es discutible. Se trata de campos limítrofes entre las ciencias naturales y las sociales, pero con la característica de ser claramente susceptibles de responder a directrices políticas y/o ideológicas —que se sitúan al margen de la racionalidad científica—. Por eso, nuestra intención no es analizar determinados conceptos científicos como categorías epistémicas en 16

Introducción

sí mismas, sino en su vertiente más utilitaria y en relación con estrategias y acciones políticas. Se trata de un enfoque ampliamente utilizado y validado en la historiografía de la salud (Gil Montes, 2002; Polo Blanco, 2006; Huertas, 2008; Vázquez, 2009; Quintanas, 2011). El movimiento higienista y la geopolítica decimonónicos han tenido desarrollos teóricos y prácticos diversos a lo largo de los siglos xix y xx. Pensamos que los Gobiernos de la dictadura chilena configuraron un modelo específico de control de la población y de regulación social en los que pueden identificarse continuidades, aunque también diferencias, con los proyectos higienistas y urbanos propios de la modernidad liberal. En este sentido, parece necesario conocer las líneas fundamentales de las reformas liberales que más incidieron en materia sanitaria. Las relaciones entre higiene y población, que aparecen de manera nítida en el origen de una modernidad liberal (mejora de las condiciones sanitarias del naciente proletariado, modelos urbanos segregacionistas, etc.), serán, más tarde y con sucesivas variantes, recuperadas y adaptadas por el neoliberalismo. Se trata de dos épocas muy diferentes pero con conexiones que es posible establecer desde un enfoque genealógico; es decir, con una perspectiva que, a la hora de analizar un suceso determinado, intenta comprender la relación existente entre los elementos de innovación y los heredados (Varela y Álvarez-Uría, 1997). Del mismo modo en que se habla del resurgir de la escuela económica clásica, estableciendo conexiones entre Adam Smith o David Ricardo con Friedrich Hayek o Milton Friedman (Petsoulas, 2001), resulta lícito, y está sobradamente aceptado por la historiografía, analizar las relaciones entre el liberalismo decimonónico y el neoliberalismo en el ámbito sanitario (Montiel, 1993; Huertas, 1999 y 2008). En un sentido muy similar, Aceituno explica cómo determinadas teorías médicas (o su utilización) han perdurado, adaptándose a nuevas realidades sociales, a los largo de los últimos dos siglos: Si señalamos estos alcances sobre un aspecto del desarrollo del discurso psiquiátrico del siglo xix, es debido a que nos parece que la doctrina de la degeneración no es un capítulo menor de la historia de la psiquiatría moderna. Se encuentra en ella algo de verdad de una

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César Leyton Robinson época cuyos estertores —o sus prolongaciones— adquirirán con otro tiempo (el nuestro) una versión actualizada y, en cierto modo, oculta. No es muy difícil encontrar en las catástrofes de nuestro siglo (la segregación, la barbarie racial, las guerras fratricidas, la exageración de las exclusiones más totales) así como en las prácticas «purificadoras» a las que algunos científicos se han acoplado sin mucha resistencia, una versión contemporánea de esta vocación de profilaxis social (Aceituno, 2011: 59).

Teniendo en cuenta todo lo antedicho, nuestra hipótesis de trabajo podría formularse de la siguiente manera: en el marco de la dictadura militar chilena (1973-1990) existió una planificada política de erradicación poblacional de los sectores más pobres de la sociedad, cuya finalidad fue reubicarlos en distintas comunas de la periferia, con el objetivo de generar un ordenamiento basado en el control social. Este ordenamiento formó parte de un diseño coherente con los principios de la geopolítica y de la higiene de cuño mercantil, que encuentra sus antecedentes en el ideal ilustrado de organización social que margina, segrega y discrimina a todos aquellos sujetos cuyas condiciones de vida se consideren atentatorias contra las bases del Estado moderno y su teleología del progreso. Partiendo de esta hipótesis, nuestro propósito es analizar las relaciones entre higiene, geopolítica y poder político en las estrategias de erradicación y segregación implementadas en Santiago de Chile durante la dictadura militar, valorando las rupturas y las continuidades que pueden identificarse entre el reformismo sociosanitario liberal y las medidas neoliberales de regulación social. A tal fin, deberemos analizar, por un lado, algunos de los antecedentes más notables de este proceso en el Estado liberal chileno del siglo xix, para lo que recurriremos a dos estudios de caso especialmente significativos: la transformación urbana de Santiago de Chile, llevada a cabo bajo la intendencia de Benjamín Vicuña Mackenna, y los planteos en torno a la cuestión social y el gobierno de las poblaciones del médico Augusto Orrego Luco. Aunque ambos estudios de caso han sido objeto de acercamientos previos por nuestra parte (Leyton y Huertas, 2012; Leyton, en prensa), su inclusión, actualización y adaptación en esta monografía cobran un sentido diferente, 18

Introducción

al ser considerados como antecedentes de los modelos científicos de higienización y segregación social. Por otro lado, ya en el marco cronológico de la dictadura, nuestro objetivo es comprender la geopolítica de la dictadura militar chilena, basada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, como modelo sustentador de las estrategias de regionalización y de erradicación poblacional; identificar y analizar los fundamentos teóricos y la implementación de las políticas públicas relativas al traslado de la población hacia comunas periféricas que marcaron un nuevo ordenamiento socioespacial; trazar un «itinerario de la erradicación» y, finalmente, analizar las políticas de vivienda social, fecundidad y alimentación de la dictadura como un programa científico de higiene individual y colectiva.

La ciencia de la erradicación Aunque al principio de esta introducción nos hemos esforzado en precisar los conceptos clave que vamos a manejar (geopolítica e higiene), lo que nos ayuda a establecer el marco teórico de nuestra investigación, este puede completarse con algunos elementos más. Este trabajo aspira a situarse en una línea de investigación amplia que estudia las relaciones entre higiene y regulación social. El uso de normas públicas de carácter general, con la amenaza de aplicar la capacidad coactiva del Estado en caso de incumplimiento, es una de las definiciones que genera mayor consenso en torno al concepto de regulación (Jordana, 2006). En esta definición amplia se incluyen políticas que buscan regular diversos ámbitos, tales como educación, salud, urbanismo, políticas sociales y de vivienda y medio ambiente. Para el caso que nos ocupa, se trataría de estudiar las estrategias, los modelos y las prácticas tendentes a preservar la salud de la población en función de los objetivos del sistema social y económico (Bourdelais, 2001). Un sistema en el que la «seguridad», y sus políticas, aparecerá como otro concepto clave estrechamente ligado a la higiene y al control social (Neocleous, 2008). Desde esta perspectiva, se trataría de estudiar de qué manera los contenidos higiénicos o sanitarios, 19

César Leyton Robinson

en el marco de políticas de regulación social más amplias, resultan imprescindibles para entender buena parte de los procesos de inclusión-exclusión social (Huertas, 2008). Categorías de análisis como la del Homo hygienicus, habitante de una sociedad «saludable» que ha tenido una definición explícita de clase al ser ideado y, en buena medida, ejecutado por los mismos sectores sociales que han controlado el proceso de modernización industrial (Labisch, 1985). Es cierto que el traslado de la población menos favorecida del centro de las localidades, la creación de guetos o la ordenación del espacio urbano con marcada segregación y desigualdad social han sido prácticas habituales en los más diversos contextos (Secchi, 2015), pero no lo es menos que el caso chileno puede tener características específicas que merece la pena explorar y que tienen que ver con la implantación de una económica (neo)liberal en el contexto de una dictadura en la que las políticas de erradicación coincidieron con una situación de exterminio y represión política que no puede olvidarse y que otorga un especial significado a la pregunta que en torno a estos temas plantea Roberto Espósito, «¿Por qué, al menos hasta hoy, una política de la vida amenaza siempre con volverse acción de muerte?» (Espósito, 2011). Finalmente, nos parece imprescindible intentar definir lo que hemos denominado «ciencia de la erradicación». Si bien el proceso de erradicación puesto en marcha por el Gobierno chileno constituye uno de los ejes centrales de la investigación, nuestro propósito es establecer las relaciones entre el fenómeno en sí (el traslado de la población de unos lugares a otros) y sus fundamentos «científicos». Como ya hemos adelantado, nuestra intención no es considerar determinados saberes científicos como categorías epistémicas, sino en su vertiente más utilitaria y en relación con estrategias y acciones políticas. La mixtura doctrinal, ya apuntada, entre geopolítica e higienismo (o medicina preventiva) aparece como un elemento fundamental de la defensa social, que será designada en esta investigación como la «ciencia de la erradicación». El término erradicación puede tener al menos dos acepciones, una científico-médica, que implicaría la aplicación de técnicas higiénicas y sanitarias con el fin de eliminar o 20

Introducción

lograr la desaparición de una determinada enfermedad en una determinada área geográfica en un tiempo determinado. Puede aplicarse también, en medicina, a la acción de extirpar lesiones o alteraciones localizadas en un órgano o en un tejido. Un segundo significado de erradicación, más general que el anterior, podría formularse como la eliminación o supresión completa y definitiva de una cosa, especialmente de algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a muchas personas. Así, la erradicación de la pobreza, del analfabetismo, de la marginalidad, de la desnutrición, pero también de otras amenazas, como la disidencia, la subversión, el comunismo, etc. En general, el concepto de erradicación sanitaria tiene que ver con la lucha contra las enfermedades infecciosas (endémicas o epidémicas), además de las campañas de vacunación, el control epidemiológico y las medidas de aislamiento y desplazamiento poblacional, así como otras medidas preventivas que han formado parte de los más diversos planes de erradicación de enfermedades (Rodríguez Ocaña, 1992). Merece la pena destacar que el lenguaje de la propaganda y de la educación higiénica propias de las campañas sanitarias aparece repleto de metáforas bélicas: se trataba de «combatir la enfermedad», de declarar la «guerra a los microbios», etc. (Cooter, 2003; Agostini, 2008). Un lenguaje que favorecía la disciplina política y económica de las poblaciones intervenidas. Aunque esta terminología procede de siglos anteriores, ya en el siglo xx Marcos Cueto ha señalado cómo se logró, en el contexto de la Guerra Fría, la asociación de enfermedad (contagiosa) y comunismo. Este autor sostiene que se creó una simbiosis entre la ideología estadounidense en torno de la Guerra Fría y las instituciones de salud, que dieron lugar a una serie de códigos y eufemismos para referirse a la enfermedad y a cómo combatirla. Por ejemplo, los términos «liberación», «guerra», «cruzada», «oportunidad de oro» y «perfección» aparecieron en la jerga sanitaria de la época (Cueto, 2007; Gudiño, 2016). La metáfora sanitaria fue empleada también tras la guerra civil española cuando, por ejemplo, se comparó el «piojo verde», transmisor del tifus exantemático, con el «piojo rojo», como despectivamente se llamó a los militantes de iz21

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quierda, «transmisores» de la «enfermedad» del comunismo (Jiménez Lucena, 1993). Por nuestra parte, cuando hablamos de «ciencia de la erradicación» lo hacemos en un doble sentido; por un lado, haciendo referencia a los conocimientos científicos que, procedentes fundamentalmente de la geopolítica o de la higiene, sustentaron las decisiones políticas y las acciones e intervenciones destinadas a propiciar o a imponer desplazamientos de población, creación de nuevos asentamientos y cambio de ubicación de campamentos y viviendas con el fin de segregar de manera controlada a determinados sectores populares, en el llamado proceso de erradicación. Pero, por otro lado, no podemos dejar de indicar que la «ciencia de la erradicación» tiene también un componente metafórico, en cierto modo similar al ya indicado a propósito del «combate sanitario» que exige la erradicación de las enfermedades infecciosas. Habitualmente se sostiene que las metáforas son expresiones en las cuales se dice algo pero se evoca o sugiere otra cosa. Aunque se tiende a pensar que las metáforas son, o deberían ser, patrimonio casi exclusivo del lenguaje literario o del lenguaje vulgar y que no son relevantes en el discurso científico, lo cierto es que la ubicuidad de la metáfora en la ciencia —no solo en la enseñanza y la divulgación, sino también en la producción y, sobre todo, en la legitimación del conocimiento— resulta cada vez más evidente, hasta el punto de poder afirmar, como sostiene Héctor Palma (2005), que «las metáforas cumplen en la ciencia un papel constitutivo fundamental». Según este autor: Con facilidad puede constatarse que a lo largo de la historia de la ciencia —y también en la actualidad— los científicos utilizan metáforas todo el tiempo: han sostenido que el universo es un organismo, que es una máquina, o bien que es un libro escrito en caracteres matemáticos; que la humanidad o una civilización se desarrolla o muere; que las leyes de la economía o la sociología son equivalentes a las de la física newtoniana; que entre las empresas comerciales, las innovaciones tecnológicas, o aun entre los pueblos y culturas hay un mecanismo de selección de tipo darwiniano; que el mercado se autorregula a través de la mano invisible; que la evolución de las especies puede exponerse a través del árbol de la vida; que la mente humana es como una computadora o bien

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Introducción que una computadora es como una mente; que la ontogenia humana repite o reproduce la filogenia o, por el contrario, que la filogenia repite la ontogenia, que en los genes hay un código que el organismo decodifica para funcionar, un código que los científicos están aprendiendo a leer también; e infinidad de otras metáforas (Palma, 2009: 13-14).

En definitiva, la metáfora (lo metafórico) se halla presente en la ciencia a través de una variedad de formas y registros, en suma, una red de asociaciones y referencias que dan lugar a modelos, analogías, etc. También las ciencias sociales utilizan metáforas diversas basadas en las ciencias naturales o biológicas: el caldo de cultivo social, la consideración de la sociedad como un gran organismo vivo, el cáncer comunista, etc. Los propios teóricos de la geopolítica chilena, con Pinochet a la cabeza, utilizaron la metáfora del «Estado ameba» para explicar el comportamiento de la expansión del Estado, tal como desarrollaremos más adelante. Basta aquí con recordar la importancia de la metáfora en el lenguaje de las ciencias (naturales y sociales) y su utilidad en el contexto de nuestro análisis sobre la erradicación (cortar de raíz, arrancar las raíces) y los saberes científicos y técnicos que la sustentaron. Finalmente, completaremos este apartado señalando que nuestro enfoque metodológico pretende ser transversal e interdisciplinar, en un intento de aunar categorías de análisis procedentes de tradiciones historiográficas diferentes, desde la historia social hasta los estudios culturales. Dicho de otro modo, desde conceptos gramscianos, como el de hegemonía o el de clases o grupos subalternos (Gruppi, 1978), hasta las nociones de tecnologías de seguridad de las poblaciones desarrolladas por Michel Foucault. Una encrucijada, en suma, en la que historias disciplinares (como la historia de la ciencia y de la medicina) o la historia social y cultural se encuentran y entrecruzan en un «campo de fuerzas» (Jay, 2007), en un espacio dialéctico de prácticas de saber y poder que se interrelacionan y que se construyen en la vida social. Es precisamente ahí donde cobran todo su sentido conceptos como el ya citado de hegemonía social de Gramsci, o como el de habitus de Bourdieu, con el que se pretende explicar el proceso por el cual lo social se interioriza en los individuos para dar cuenta de 23

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las «concordancias» entre lo subjetivo y las estructuras objetivas. En este sentido, las preferencias culturales no operan en un vacío social, dependen de los límites impuestos por las determinaciones objetivas; por eso, la representación de la realidad y las prácticas de las personas son también, y sobre todo, una empresa colectiva (Bordieu, 1980). Estos últimos aspectos nos pueden ofrecer claves teóricas y metodológicas para comprender la asimilación y/o las resistencias a la erradicación por parte de los pobladores y, en definitiva, las contradicciones de esos espacios sociales que han sido denominados «laboratorios de la norma» (Huertas, 2008).

Estructura del libro La presente monografía está estructurada en siete capítulos. En el primero, titulado «Los proyectos pioneros liberales. Erradicación e higiene en la ciudad bárbara», se analizan las características principales de las reformas urbanas propiciadas por Benjamín Vicuña Mackenna en Santiago de Chile entre 1872 y 1875. Se presta especial atención al origen de sus objetivos modernizadores, íntimamente relacionados con el programa de instauración de una cultura (civilización) urbana por parte de las elites latinoamericanas, y se analizan las estrategias de defensa social que dichas reformas llevaron implícitas. La influencia del positivismo francés y del proyecto de Haussmann en París fueron determinantes en la propuesta de Vicuña Mackenna y en su modelo de ciudad segregada: Una «ciudad propia» («europea», burguesa, civilizada e higiénica) que debía ser protegida y un suburbio («africano», popular, salvaje y antihigiénico) que debía ser regenerado y colonizado. El segundo capítulo, «Erradicación y biología de las poblaciones: Augusto Orrego Luco y la cuestión social», analiza de qué manera el higienismo urbano estudiado en el capítulo anterior traspasa los límites citadinos para ocuparse, de manera más genérica, del gobierno de las poblaciones. Para ilustrar este proceso se recurre al análisis de la obra del Augusto Orrego Luco, por considerarla suficientemente representativa del pensamiento de una oligarquía médica chilena asi24

Introducción

milada a los intereses de las elites. Se estudia la vertiente médico-social de este autor y se valora en qué medida se va construyendo una nueva forma de administración y gubernamentalidad de los sectores populares, a través de nuevos dispositivos o formas de control, relacionadas con una mirada sociobiológica de estos grupos relegados. Teorías científicas basadas en un determinismo hereditario y/o ambiental que explicaría tanto sus patologías físicas y mentales como su miseria social. En el tercer capítulo, que lleva por título «La geopolítica, el “Estado ameba” y la población», se estudian los orígenes de la ciencia de la geopolítica en el marco de una concepción organicista de la naturaleza y el funcionamiento social y, en particular, la metáfora de la célula-Estado. La importancia de la geopolítica castrense chilena queda patente no solo en el análisis efectuado de la obra de Pinochet, y en su propuesta del «Estado ameba», sino también en la vinculación de la geopolítica con la Doctrina de Seguridad Nacional. Las políticas territoriales y de población implementadas por el Gobierno de la dictadura estuvieron estrechamente vinculadas a estos principios geopolíticos, por lo que, en la segunda parte del capítulo, se analiza la política de población —desde la mencionada perspectiva geopolítica— en facetas diversas, que van desde la regulación de la fecundidad y la política natalista a la educación y los cambios culturales de la población durante la dictadura, siempre en aras de la seguridad nacional. El desplazamiento de la población hacia zonas de colonización fue uno de los objetivos fundamentales del proyecto geopolítico de la dictadura chilena, que se articuló mediante dos estrategias diferentes: la regionalización y la erradicación. Los dos capítulos siguientes analizan ambos procesos. En el primer caso, tal como se analiza en el cuarto capítulo, «La construcción de un país orgánico (I). Geopolítica y regionalización», los movimientos de colonos en el Estado-ameba no avanzan a otros Estados, sino a territorios internos que hay que repoblar y sanear, para así instaurar un modelo fundacional en el espacio urbano. Una «endocolonización» que garantice estructuras urbanas y rurales dotadas de servicios básicos con un núcleo central de 25

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actividades económicas y sociales que orienten una dinámica de crecimiento, para lo cual resultaba imprescindible una base poblacional suficiente que actúe como fuerza de trabajo y como mercado de consumo. En el segundo caso, el proceso de erradicación —objeto del quinto capítulo, «La construcción de un país orgánico (II). Geopolítica y erradicación»— es estudiado como un fenómeno complejo que pretende una asepsia territorial; esto es, combatir, y «erradicar», no solo la subversión, sino también la pobreza y la marginalidad. Un aspecto fundamental de este proceso de erradicación es la política de vivienda social puesta en marcha en este contexto y al que se le dedica el capítulo sexto de esta monografía, titulado «Erradicación y vivienda social». Para nuestra reflexión, la nueva política habitacional se conformó tanto con modificaciones espaciales y de hábitat, como con cambios culturales de la población en términos sanitarios. Se hace hincapié en el diseño y desarrollo de las llamadas comunas container y el papel de la caseta sanitaria en el plan de saneamiento de los campamentos. Un elemento importante que creemos demostrar a lo largo de este capítulo y de los dos anteriores es la relación estratégica y efectiva existente entre geopolítica y neoliberalismo, de tal modo que, en el marco de estas políticas territoriales, urbanísticas y de población, se pusieron en marcha procesos de privatización, endeudamiento y consumo, cuyas características hemos intentado exponer y examinar. Finalmente, el séptimo y último capítulo, «Erradicación, alimentación y laboratorio social», pretende completar nuestro estudio abordando el plan de «erradicación» de la desnutrición, elaborado por el doctor Fernando Mönckeberg. Se analizan, en este sentido, conceptos desarrollados por este prestigioso médico nutricionista, como el de «daño sociogénico» o la relación que establece entre alimentación y desarrollo intelectual, y también los principios básicos de su proyecto de intervención sanitaria sobre la población en materia de alimentación, así como su relación con la política habitacional antes estudiada.

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LOS PROYECTOS PIONEROS LIBERALES. ERRADICACIÓN E HIGIENE EN LA CIUDAD BÁRBARA Introducción Tras conseguir la independencia en las primeras décadas del siglo varios países latinoamericanos iniciaron un complejo proceso de formación de sus Estados nacionales (Oszlak, 2007). Como es bien sabido, en la construcción de la identidad nacional, el positivismo científico desempeñó un papel fundamental al ser asumido por una elite intelectual empeñada en el desarrollo social y, en suma, en un ideal de «modernidad» al que se creía poder llegar mediante la alianza entre tales ideas científicas y los proyectos políticos de un buen número de Gobiernos latinoamericanos a lo largo de la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del xx (Weinberg, 1998). La modernización de Argentina, planteada desde Sarmiento (primera edición chilena en 1845) en el enfrentamiento entre civilización y barbarie (Botana, 1997), o de México durante el porfiriato (Krauze y Zerón-Medina, 1993), tienen ese denominador común: la ciencia como gran abanderada del progreso y al servicio de un proyecto político de elite. Un proyecto que, aunque con características locales más o menos específicas, tendrá sus referentes en modelos nacionales occidentales europeos, excluyendo la vieja metrópoli. Como ya hace tiempo explicaba el prestigioso historiador argentino José Luis Romero:

xix,

España fue la tradición y Europa el cambio […] España fue el pasado y Europa fue el presente y el futuro. La imagen de una Europa sin España arraigó fuertemente en los grupos predominantes. Con ello el juicio sobre el europeo adquirió un tono generalizadamente positivo, en tanto que el juicio sobre el español adquirió un tono negativo (Romero, 1967: 33).

Así, con la vista puesta en Europa, las elites latinoamericanas apostaron por una modernidad «poshispana» que, dejando atrás la 27

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barbarie representada por la colonia, pretendió tanto la explotación económica y militar de nuevos territorios, como la renovación y extensión de los medios de comunicación, la creación de instituciones, de reformas urbanas y un largo etcétera de iniciativas que, financiadas por empresas privadas extranjeras (europeas o norteamericanas) o por los propios Estados-nación, acometieron la tarea ingente de dotar a estos de la modernidad burguesa y liberal representada por los países europeos más desarrollados. En este contexto, el positivismo francés aparece como una de las corrientes de pensamiento más influyentes en la constitución y desarrollo del mencionado proyecto político. La recepción y reformulación de determinados modelos europeos de intervención social por las clases dominantes de países «periféricos» cumpliría dos funciones básicas; por un lado, levantar toda una superestructura que legitimase su relación de clase poderosa local con el núcleo dominante internacional; y, por otro, ya en el orden interno, fortalecer su propia posición de poder al operar como instrumento de dominación y medio de distinción en relación con las clases o grupos subordinados. En este sentido, como bien ha apuntado Rosa del Olmo en su ya clásico ensayo sobre la criminología en América Latina, las iniciativas políticas y las reformas sociales aparecen [una vez que] sus clases dominantes e «ilustradas» hubieran definido los dictados de la ideología liberal y la filosofía positivista, consideradas como la mejor vía para lograr el «orden y el progreso», pero sobre todo el «orden», el cual consideraban tan necesario, no solo por los largos periodos de anarquía, caudillismo y guerras civiles que habían caracterizado a la historia del siglo xix latinoamericano, sino también para el proceso de implantación del capitalismo como modo de producción dominante en el área (Olmo, 1981: 127).

En este contexto, la ciudad aparece como una de las expresiones más acabadas de la modernidad occidental; es más, en el caso latinoamericano, sirve para «inventar la modernidad», para extenderla y reproducirla (Gorelik, 2003), independientemente de que la urbe en cuestión sea una realidad física o una idea más o menos utópica (Romero, 2001). La ciudad (lo urbano) surge, en definitiva, como 28

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un «artefacto ideológico de modernidad» (Vallejo, 2007: 53). Así es utilizada por Sarmiento a mediados del siglo xix, como referente simbólico de la civilización (Padin, 2013), frente a la doble barbarie de la naturaleza americana y el pasado español, incluso antes de que Buenos Aires se convirtiera en un reflejo de París, esa capital europea, ostentosa y refinada, luminosa y moderna, que se convierte en el modelo ideal de ciudad que las elites latinoamericanas pretenden imitar: «París soberana de ciudades […] tu hermana muy joven aún, hasta hoy recatada […] verá que perteneces a la misma estirpe», dirá un texto anónimo en la época del centenario de la ciudad de Buenos Aires (Petrone, 2013). Otras ciudades de América Latina buscarán esa misma identificación con la ciudad burguesa europea, limpia, ordenada y segregada, acorde no con la idea colonialista de las castas, sino con las más modernas nociones de la ciencia y la técnica. Dejando atrás el damero colonial, se va configurando una ciudad «orgánica», sometida a flujos de todo tipo de personas, pero también de mercancías y de capitales. Una ciudad «higiénica» (Armus, 1993) que debe estar debidamente saneada para evitar los miasmas y las pestilencias, pero también otros peligros sociales, como los generados por una parte importante de población (pobres, vagabundos, inmigrantes poco exitosos) y que terminan por configurar otra ciudad, que se superpone o que se anexa a la urbe ideal, que resulta amenazadora y foránea y que será objeto de reformas urbanas de gran envergadura no exentas de una voluntad científica de regulación y defensa social. En Chile este modelo no es ajeno, el dominio del partido liberal, en la segunda mitad del siglo xix, está marcado por la conformación de un Estado moderno, dejando atrás la barbarie del pasado y con una nueva elite burguesa en el poder, que realiza en la década de 1870 profundas transformaciones económicas, políticas y sociales en el territorio nacional y en el espacio urbano. Su solución a la crisis económica internacional de comienzos de esta década incentivó la expansión territorial militar del Estado chileno, en la llamada Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia (1879-1884) y en la Pacificación de la Araucanía frente a la nación indígena mapuche 29

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(1860-1883). Conflictos de características colonialistas cuyo objetivo fue la obtención de los territorios necesarios para un modelo agroindustrial y minero que contribuyera al desarrollo económico del Estado (Pinto, 2003). En términos de modernización urbana ocurrió algo similar, la colonización de la ciudad bárbara, utilizando estrategias muchas veces relacionadas con tecnologías científicas. El control social de las dos ciudades que cohabitan (Salazar, 1989: 232) y que Vicuña Mackenna explicita de manera muy clara: Se proyectó reorganizar la planta urbana de la ciudad de Santiago […] a fin de establecer una separación entre las dos ciudades […] Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, cristiana. El resto […] una inmensa cloaca de infección y de vicio, de crimen y de peste, un verdadero potrero de muerte (Vicuña Mackena, 1872a; tomado de Ramón, 1978: 258).

Políticas liberales de avanzadas,1 como lo denomina el historiador Armando de Ramón, susceptible a estas categorías: Estás últimas serán las características de los habitantes de los suburbios, o al menos, de este terrible suburbio que describe el Intendente. Por si caben dudas, éste, en su obra antes citada hace deducir otras características tales como inmorales, criminales, viciosos y enfermos (Ramón, 1978: 259).

El control social de una marginalidad urbana que había aumentado peligrosamente en la segunda mitad del siglo xix era un punto de partida (Romero, 1997; Ramón y Gross, 1985). El modelo europeo de colonización africana-oriental fue uno de los imaginarios políticos

1   Se incorpora población europea alemana e italiana a los territorios indígenas sometidos. Blanqueamiento racial y disciplina del trabajo son los objetivos, conformándose un territorio «granero» industrial que acumula plusvalía agrícola y botánica para el Estado colonialista. Pinto (2003) plantea que este modelo no funcionó en el tiempo, pero creemos que la permanencia de conflictos hasta el día de hoy siguen teniendo un discurso de discriminación racial sobre las poblaciones indígenas, lo que hace que este proceso de «blanqueamiento» dirigido siga prevaleciendo en el imaginario político y social.

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de inicio de la endocolonización urbana del bajo pueblo por la acometida liberal: Santiago es, por su topografía, según ya dijimos, una especie de Pekín, un distrito pacífico y laborioso, y otro brutal, desmoralizado y feroz: La ciudad china y la ciudad tártara. No hay en esta imagen ni exageración. Hay una melancólica verdad. Barrios existen que en ciertos días, especialmente los domingos y los lunes, son verdaderos aduares de beduinos, en que se ven millares de hombres, mujeres y aun niños reducidos al último grado de embrutecimiento y de ferocidad, desnudos, ensangrentados, convertidos en verdaderas bestias y esto en la calle pública y a la puerta de chinganas asquerosas, verdaderos lupanares consentidos a la luz del día por triste interés de una patente (Vicuña Mackena, 1872a. Tonado de Ramón, 1978: 258).

Muchos de estos estudios han sido más ornamentales que identificados como estrategias de control social. Además, los objetivos de segregación racial no han sido analizados desde las estrategias sanitarias de la ciudad. Solamente su aspecto ritual de reproducción de una ciudad europea: Como mencionábamos antes, el magnate Luis Cousiño creo en 1870 un parque al estilo del Bois de Boulogne de París en los terrenos del antiguo Campo de Marte, y de acuerdo al proyecto del urbanista español Manuel Arana Bórica y del paisajista francés Renart. Ailanthus, nogal negro, pimiento, variedades de encinas y álamos, componían las zonas boscosas y en la romántica isla del centro de la laguna, se plantaron robles americanos, el ceibo enano, el árbol de las tres espinas y el ciprés calvo (Ramón y Gross, 1985: 29).

En el presente capítulo pretendemos estudiar el marco ideológico y científico en el que se desarrolló la renovación urbanística llevada a cabo por el que fuera intendente de Santiago de Chile entre 1872 y 1875, Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), autor prolífico, intelectual positivista y político liberal-conservador, convertido en el gran reformador de la ciudad de Santiago. Prestaremos especial atención al origen de sus objetivos modernizadores, íntimamente relacionados con el ya aludido programa de instauración de una cultura (civilización) urbana por parte de las elites latinoamericanas (Morse, 31

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1978; Rama, 1984) y analizaremos las estrategias de higiene y defensa social que dichas reformas llevaron implícitas.

Del viaje iniciático a la voluntad reformadora Opositor político del presidente Manuel Montt, Vicuña Mackenna se vio obligado a abandonar Chile en 1852, aprovechando el destierro para recorrer Estados Unidos y Europa, en un viaje formativo que, a la postre, sería fundamental en la elaboración de sus propuestas reformadoras. Según relata en su diario de viaje, publicado a su regreso a Chile (Vicuña Mackena, 1856), y más tarde en otras obras (Vicuña Mackena, 1872), Vicuña Mackenna se muestra fascinado por los avances técnicos y los nuevos medios de información y de comunicación. El teléfono y el telégrafo, cuya eficacia tiene oportunidad de comprobar durante su estancia en Estados Unidos, lo llevan a vislumbrar tecnoutopías que simbolizan el más alto grado de modernidad: Y por qué al mismo tiempo no se pediría al telégrafo igual servicio doméstico? Conocí yo hace años en Nueva York un hombre eminente que ha dado su nombre (Ogden) a uno de los pueblos de la gran ruta del Atlántico al Pacífico llamado a grandes destinos, i este innovador abrigaba la firme convicción de que en el curso de los tiempos se suprimía del trato de la caligrafía, los correos, el papel de cartas i hasta las plumas de acero, porque, a su juicio, cada vecino debería tener en su cuarto de trabajo una maquinita alfabética sumamente sencilla i barata, con la cual, puesta en contacto con los alambres de la calle, podía escribir, conversar, hacer negocios, con las cuatro partes del mundo (Vicuña Mackena, 1856: 228).

El político liberal veía en los avances tecnológicos una herramienta fundamental en el desarrollo de una sociedad civilizada que, tras modificar la estructura colonial, propiciase una época dinámica en la que los flujos de información desempeñaran un papel fundamental en la expansión del modelo económico capitalista, en cuyo marco ideológico puede explicarse el modelo utópico civilizatorio defendido por Vicuña Mackenna: «La era de la Independencia queda cerra32

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da. La era de la Civilización está, pues, desde hoy abierta» (Vicuña Mackena, 1856:112). Pero es en Europa donde el futuro intendente de Santiago encontrará los referentes teóricos y prácticos más claros para lo que más tarde será su proyecto reformador. Lector infatigable, va adquiriendo conocimientos de historia, ingeniería, urbanismo, geología y sociología que afianzan su formación positivista. En París visita la Universidad, así como el Instituto de Francia y sus cinco «facultades»2 (Vicuña Mackena, 1872: 117), pero, sobre todo, se interesa por el proyecto de modernización urbanística que Napoleón III había encargado al barón Haussmann, al que más tarde nos referiremos y que en buena medida inspirará las futuras reformas santiaguinas. En Londres visita el British Museum, donde queda deslumbrado por la expansión de la civilización británica y su conquista de la materialidad de otras culturas: Esa institución es el Museo Británico, verdadero compendio de la historia, de la ciencia i del desarrollo del mundo, que dentro de sus colosales tapas de negrusco granito contiene todo lo que el hombre puede saber. Allí la Gran Bretaña ha acumulado todos los espolios de sus conquistas en el universo, desde los frisos del Partenón a las flechas plumas de los aborígenes de Oceanía; desde los dioses mitolójicos de Nínive i Babilonia hasta las huacas de Trujillo y el Cuzco. Allí está el alfabeto titánico de la creación, desde los esqueletos gigantescos del mastodonte i del megaterio hasta la formación microscópica de la mas humilde luciérnaga de la noche, de las más imperceptibles de las orugas de las plantas (Vicuña Mackena, 1872: 318).

La ciencia como mecanismo de poder político, el conocimiento científico como elemento imprescindible en la administración del Estado y en la construcción de la nación. Una ciencia llamada a conquistar el mundo, a dominarlo y civilizarlo mediante la imposición de los valores, las normas y la cultura europeos. Estas ideas son las 2   Aunque alude a «facultades», se está refiriendo, lógicamente, a las cinco academias que componían y siguen componiendo el Institut de France: Académie Française, Académie des Inscriptions et Belles-lettres, Académie des Sciences, Académie des Beaux-arts y Académie des Sciences Morales et Politiques.

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que Vicuña Mackenna va aprendiendo en su viaje a la «civilización» y que, en cierto modo, ofrece una imagen especular de otros viajes realizados en sentido contrario por los europeos. Sin olvidar el viaje romántico a tierras exóticas, recuerda, sobre todo, el viaje del naturalista (botánico, zoólogo o antropólogo) que refería y representaba la naturaleza de lejanas tierras (Pimentel, 2003), por más que lo que nuestro viajero explora y «descubre» sean nuevos mundos tecnológicos y no siendo la naturaleza sino la cultura (esto es, la naturaleza trasformada) el objeto de su interés. El recorrido de Vicuña Mackenna tiene elementos de un viaje «enciclopédico», en el sentido de Serrés, de adquisición de conocimientos, de tránsito «por un lugar privilegiado donde es posible experimentar directamente una teoría científica» (Serres, 1968: 211) o, en el caso que nos ocupa, comprobar los logros de la ciencia en la construcción de la moderna civilización occidental. Y es también un viaje «iniciático», pues no en vano el joven político exiliado, a través de la experiencia vital y de los conocimientos adquiridos, toma conciencia de sí mismo y termina por asumir una misión, civilizatoria y modernizadora, que se traducirá en las reformas urbanas que más tarde comentaremos. Vicuña Mackenna asume, con todas sus consecuencias, el racismo vigente en América durante la segunda mitad del siglo xix y que no es, ni mucho menos, una continuidad del racismo de la época colonial. Europa también exportó a las jóvenes repúblicas americanas un racismo científico que tuvo como primer e indiscutible referente a Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) y su monumental Essai sur l’inégalité des races humaines, cuyos cuatro tomos fueron publicados en París entre 1853 y 1855, momento en el que, como ya sabemos, Vicuña Mackenna estuvo en Europa. Como es sabido, Gobineau condenaba la mezcla de etnias por considerar que daba como resultado individuos inferiores a los de las razas puras, lo que llevó a algunos a criticar el modelo colonial español y ensalzar el británico, más limpio y segregado, admitiendo en todo momento la superioridad del blanco europeo, y sajón, frente a razas intrínsecamente serviles, como la africana, o salvajes, como la indígena americana (Sepúlveda, 2005: 34

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266). En un sentido muy similar se expresaba el naturalista escocés Robert Chambers (1802-1881) en su obra Vestiges of the Natural History of Creation, publicada en 1844; obra de divulgación que llegó a tener una enorme difusión popular, contribuyendo a que «la idea de evolución biológica empezara a flotar en los densos aires de la sociedad victoriana» (Puig-Samper, 1992: 14). Chambers se apoyó en descubrimientos embriológicos y paleontológicos para imaginar una evolución dirigida hacia lo más perfecto, es decir, hacia el hombre o, incluso, hacia el superhombre del futuro. Dando por sentado que la «perfección humana» debería encarnarla el hombre blanco, europeo, civilizado, insistía en que «solo en las familias caucásicas o indoeuropeas se ha mejorado la organización primitiva. Los mongoles, malayos, americanos y negros, quizá incluyendo cinco sobre seis partes de la humanidad, están degenerados» (Puig-Samper, 1992: 14). No es de extrañar que, en este contexto, John Langdon Down, al describir el síndrome que hoy lleva su nombre, denominara a los sujetos portadores del mismo, en el marco de una pretendida clasificación étnica de la idiocia, con el apelativo de «mongólicos» (Down, 1866; Huertas, 1998: 86), asumiendo así que la discapacidad mental podía clasificarse en términos de desviación respecto de la raza blanca caucásica. El libro de Chambers causó verdadera sensación en la sociedad inglesa de la época, fue duramente criticado por los partidarios del creacionismo y, de algún modo, fue preparando a la opinión pública victoriana para la aparición de la obra de Darwin (Secord, 2001). Cuando Vicuña Mackenna llega a Europa en 1853, aparece la décima edición de la obra del británico, siendo, por tanto, una obra muy difundida. Este racismo científico será, en muy buena medida, el punto de partida «doctrinal» de las reformas del futuro intendente. En el fondo, se trataba de imponer una «civilización», fuertemente eurocéntrica, que exigía la modificación (o desaparición) de la población que no se ajustara a los cánones aceptados, interiorizados e impuestos por la nueva elite liberal latinoamericana (Quijano, 2000). Unas elites que, abriendo un nuevo periodo de gobiernos en el continente, se sentían identificadas por ese etnocentrismo europeo. Una minoría 35

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blanca que veía con buenos ojos un sistema económico capitalista que se asociara a una doctrina científica de superioridad racial como argumento justificador de su poder en estas naciones liberales emergentes. Su alianza política y económica con los grandes imperios les permitiría incluso concluir antiguos problemas coloniales, como «la cuestión indígena», que no se acomodaban a los nuevos intereses de un capital basado en la disciplina del trabajo y que requería una gran masa de obreros urbanos. La superioridad racial del colonizador sobre el colonizado era suficiente evidencia para justificar el modelo de progreso político, social, económico, tecnológico y cultural impuesto por las elites (Lara, 2012). El siguiente párrafo de Sarmiento no deja lugar a la duda sobre este tipo de argumentos: Puede ser muy injusto exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que están en posesión de un terreno privilegiado; pero gracias a esta injusticia, la América, en lugar de permanecer abandonada a los salvajes, incapaces de progreso, está ocupada por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y la más progresiva de las que pueblan la Tierra (Sarmiento, 1883).

Obviamente, la ciencia positivista y, en particular, el evolucionismo (Vallejo y Miranda, 2010) y el degeneracionismo (Campos, Martínez-Pérez y Huertas, 2000) ofrecieron buena parte del soporte científico con el que acometer la construcción de una modernidad y de una identidad nacional de la que debían excluirse elementos degenerados, detritus sociales que difícilmente podrían contribuir al mencionado objetivo. En cierto modo, la degeneración de las razas inferiores podía llegar a explicar la extinción natural de las poblaciones nativas, ocultando así el genocidio practicado sobre las mismas y facilitando el acceso a nuevos territorios en los que instalar empresas nacionales y extranjeras (Lara, 2012: 175). La relación entre degeneración biológica y decadencia social, tantas veces argumentada (Campos y Huertas, 1999), aparece en el pensamiento de Vicuña Mackenna con gran claridad cuando advierte del atraso de la raza chilena, especialmente de los antiguos campesinos o «gañanes», vistos como herederos culturales de los indígenas —nomadismo, poligamia, indisciplina laboral— y del pasado agrario 36

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y latifundista de la colonia, siempre subordinado al terrateniente o a la Iglesia. Por el contrario, el nuevo ciudadano que Vicuña Mackenna vislumbra debe formar parte de la modernidad industrial y urbana, proletariado de fábrica, consumidor de tecnología, cosmopolita por las relaciones laborales y por el acceso a la información. Civilización, y economía, expansiva en suma, propia de un liberalismo que se va afianzando paulatinamente. En este sentido, el retraso social es argumentado a partir de la pobreza del mundo rural y de la estética indígena (vestimenta, fisiología), que se presenta como la antítesis de la civilización: Mirad el traje del campesino, del gañán. El de los pobladores de la ciudad se ha transformado casi por entero; pero la vestimenta del peón es siempre la misma; las mismas ojotas, el mismo calzón asiático de tocuyo, el mismo poncho araucano que tenía hasta 1810 (Vicuña Mackena, 1872: 408).

En la década de 1870, una gran masa de población campesina emigró a los núcleos urbanos chilenos (Grez Toso, 1995: 211), lo que introdujo problemas específicos no solo en la configuración de la ciudad, sino en las relaciones entre sus habitantes. Los nuevos pobladores, procedentes del campo, eran vistos con desconfianza, porque representaban decadencia y peligrosidad social, pero, sobre todo, un gran impedimento para el progreso: Mirad como todo ha progresado en Chile de una manera asombrosa, incluso la agricultura en su material, en sus semillas, en sus bestias, en todo, menos en el hombre, en el inquilino, en el peón, que es el eje real de todo mecanismo. Asomad si no la cabeza al postigo, en cualquiera de vuestros viajes por rieles a la hacienda i notareis que el rancho que acabáis de pasar es la misma infeliz choza de cincuenta años, de ahora un siglo, de la época de la conquista; la misma basura, el mismo fogón, los propios niños raquíticos i descamisados, i el hambre i el abandono i la miseria i la barbarie en todo (Vicuña Mackena, 1872: 408).

Esta visión del hombre bárbaro, mitad indígena, mitad asiático, constituye el símbolo de lo que hay que transformar no solo en una raza, sino en una ciudad. Su miseria, biológica y social, es lo que hay 37

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que erradicar de la civilización. Se hace necesario acabar tanto con los miasmas pestilentes que transmiten enfermedades como con los «miasmas sociales» (Corbin, 1987), que igualmente contaminan, según la conocida metáfora, el gran organismo social. Para Vicuña Mackenna, el objetivo primordial es modificar la «raza», lo que, como es bien sabido, no resulta algo aislado ni extemporáneo en la realidad latinoamericana del momento. En los círculos intelectuales hegemónicos de toda América Latina (médicos, higienistas, abogados, políticos) se debate sobre cómo gobernar la población. Para unos, las clases populares (desde los indígenas a los campesinos y obreros) eran ingobernables por estar sometidas a un proceso de degeneración racial; para otros, las deficiencias raciales podrían corregirse a través de medidas disciplinarias y biopolíticas aplicadas por el Estado. Unos y otros, sin embargo, reproducían el mismo imaginario colonial de la «limpieza de sangre» (blancura) que persistió durante todo el siglo xix y las primeras décadas del xx. El dilema está presente en países como Colombia (Castro-Gómez, 2007) o México, donde, ya bien entrado el siglo xx, José Vasconcelos, en un discurso de 1922, critica estos procesos e identifica sus bases científicas: Escritores y educadores del viejo tipo científico […] expresaron con frecuencia la opinión de que nuestro pueblo, particularmente el indio y la clase trabajadora constituían una casta irredimible […] el progreso produce fatalmente una clase afortunada que, por poseer mejores dotes, representa la selección de las especies y tiene, por lo mismo, el derecho casi sagrado de explotar y sostener a su dominio de ineptos. En Spencer y Darwin encontraría el grupo social que sostenía tales doctrinas, la justificación de su lugar social y los medios de que se había servido para lograrlo (Tomado de Zea, 1997: 28).

El «blanqueamiento de la población», basado en el estímulo a la emigración europea, con el fin de «mejorar» y «equilibrar» las razas, tuvo resultados dispares según el contexto que consideremos (González-Ripoll, 2000). Para el caso chileno, Vicuña Mackenna es consciente de las limitaciones de una actuación sobre las biologías particulares. Se lamenta del fracaso que, a su juicio, había sufrido el 38

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primer intento para blanquear la población con emigrantes germanos hacia 1850: Por otra parte, de qué manera se haría, la aglomeración de razas, la transfusión de sangre, único arbitrio que fecundiza las falanges emigratorias? Donde está la alianza posible del huaso i del europeo en las condiciones presentes de aquel i del último? Esta es la cuestión primordial, i esta es la esplicación, llana, sin ambajes de falsos éxitos, que explica el aislamiento absoluto, por no decir la hostilidad latente, de los grupos jermánicos que han mudado de casa de Bremen o Hamburgo a Puerto Montt u Osorno, pero que jamás han emigrado a nuestro país en el sentido social, político i doméstico de esta palabra (Vicuña Mackena, 1872: 416).

Si la emigración blanca no había traído los resultados esperados, se hacía necesario regenerar a la población con otras estrategias que abarcaran lo racial, pero también lo cultural. La ciudad «modificada» aparece entonces como un ideal a conseguir, un «organismo» al que se le aplicará la necesaria «transfusión de sangre» renovada. Las metáforas biológicas se suceden porque la alianza entre biología, medicina y sociología monopolizan el discurso político. Una especie de «nacionalismo orgánico» domina el proyecto de transformación urbana de Santiago de Chile llevado a cabo por Vicuña Mackenna: Nuestro caso de actualidad, nuestro progreso verdadero, no es, pues, de importación extraña: es esencialmente una cuestión casera y preparatoria. Podemos primero el árbol envejecido: después practicaremos el injerto. Levantemos a nuestra raza aborigen de su postración secular (Vicuña Mackena, 1872: 416).

Esta es la utopía que el intendente persigue, considerar la ciudad de Santiago como un gran organismo, como un gran cuerpo en el que la salud equivale a desarrollo social y la enfermedad a todo lo que impida dicho desarrollo, un conjunto de patologías sociales que deberán combatirse y extirparse. «Podar el árbol envejecido para después practicar el injerto», tal como se expresa en la cita anterior, implicaba un proceso en el que, antes de modernizar y de reformar la ciudad, imitando las grandes urbes europeas, era preciso extirpar determinadas formas de vida y de hábitat que se contraponían al mo39

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delo de la ciudad moderna y civilizada y que constituían una especie de antimodelo, de anticiudad.

La reforma urbana de Vicuña Mackenna No cabe duda de que las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan, en buena medida, la manera en que las personas reaccionan unas con respecto a otras, la forma en que ven y escuchan, en si se tocan o están distantes, etc. Estas necesidades de relación entre individuos o entre grupos jerarquizados socialmente han condicionado planes y diseños urbanísticos; pero, además, la concepción científica que se tenía del cuerpo ha influido en la manera de entender el espacio urbano. Por ejemplo, cuando Harvey, a comienzos del siglo xvii, describió la circulación de la sangre, ofreció una nueva imagen del cuerpo no solo para la ciencia médica, sino también para la ciencia política y para el urbanismo. Adam Smith supuso, en La riqueza de las naciones, que el libre mercado de trabajo y de bienes operaba de una manera similar a la circulación de la sangre en el cuerpo humano. La circulación e intercambio de mercancías y dinero parecía mucho más provechosa que la posesión fija y estable de la propiedad. Frente a la sociedad feudal, el incipiente capitalismo se movía, libre de viejas ataduras, a lugares o a gentes concretas. La premonición final de El mercader de Venecia es un poco eso: «Para moverse con libertad, no se pueden tener demasiados sentimientos» (Rodríguez Braun, 2009). En definitiva, como ha indicado Gustavo Vallejo, «la figura de la circulación condensa la construcción analógica de la ciudad industrial como traducción física de las necesidades y los ideales del capitalismo» (Vallejo, 2007: 71). Es evidente que las descripciones anatómicas y fisiológicas de la medicina moderna influyeron también en las concepciones urbanísticas de los planificadores ilustrados; desde Harvey, la cuidad tendrá pulso, respiración y grandes arterias y venas por las que circularán las personas; desde Willis, las urbes contarán también con fibras y energía nerviosa (Sennet, 1997). Los paralelismos entre cuerpo individual y cuerpo social son muy evidentes en el pensamiento sociológico de la época y Vicuña Mac40

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kenna no hace sino incorporarlos y aplicarlos a su ya citado proyecto de transformación de la ciudad de Santiago. Durante los años en que ocupó el cargo de intendente de la capital chilena (1872-1875) llevó a cabo una serie de reformas urbanas, entre las que destacan, por su importancia y por su simbolismo, de un lado, la modificación del cerro Huelén (en lengua mapuche), rebautizado como cerro de Santa Lucía por los conquistadores españoles, que representa y define la ciudad burguesa, moderna y «europea», y, de otro, la construcción del camino de cintura o muro sanitario que aislará el suburbio, esa anticiudad que es preciso regenerar en aras de la misma modernidad. El propio Vicuña Mackenna diferencia claramente los dos sectores urbanos que pretende segregar: Define la ciudad estableciendo los límites propios de ésta, demarcación que hoy día forma una de sus más imperiosas necesidades, con relación a la edilidad (es decir, al pavimento, las aceras, las plantaciones, el alumbrado, la seguridad, el uso del agua potable, etc.), creando la ciudad propia, sujeta a los cargos i beneficios del municipio, i los suburbios, para los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y menos activo (Vicuña Mackena, 1872a: 18).

La «ciudad propia»: la montaña mágica de Santa Lucía La remodelación del cerro de Santa Lucía, situado en el centro de la ciudad, constituye, sin duda, una de las grandes novedades urbanísticas que Vicuña Mackenna introduce durante su mandato (Pérez de Arce, 1993). Un cerro seco y polvoriento que es transformado en un vergel en el que se instalan fuentes, paseos, jardines, miradores, etc. En definitiva, un diseño de parque urbano que, desde el punto de vista simbólico, supone la conquista geográfica de las cotas montañosas de la ciudad, pero también el triunfo de la higiene. La obra del cerro Santa Lucía vino a transformar el basural que había sido este lugar por mucho tiempo, convirtiéndolo en un área verde que trajera aire limpio y eliminara las pestilencias de la ciudad, un verdadero nuevo pulmón para este cuerpo urbano: «Por el mismo principio, es ahora cuna de asombro que el Santa Lucia está gran casa de sanidad 41

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hay y ha sido tantos años convertido en verdadero foco de infección y de miasmas pestilentes, en el corazón mismo de la ciudad» (Vicuña Mackena, 1874: 4). Los paseos circulares que rodean el cerro de Santa Lucía y sus zonas adyacentes suponen también un primer límite urbano, una circunvalación que marca la separación entre zonas urbanas incompatibles. Para la zona protegida, la que habitan las elites, se propone «crear en derredor de la ciudad una serie de paseos circulares en embellecerse en breve tiempo son hermosas quintas i casa de recreo, que contribuirán a hacer mas sano el clima de la localidad» (Vicuña Mackena, 1872a: 19). Pero si la función sanitaria o higiénica del cerro resulta evidente en este proyecto «orgánico» de Vicuña Mackenna, no lo es menos su misión de proporcionar materia prima, piedra basáltica fundamentalmente, para la urbanización de las calles; en este sentido, el cerro de Santa Lucía estaba llamado también a convertirse en una especie de corazón-motor, donde la modernidad de la ciudad inauguraría un artefacto de minería industrial urbana. Así, en el proyecto urbanístico se aunaban ciencia y tecnología, grandes obsesiones del intendente, y, por supuesto, el lucro como resultado final de esta intervención, porque la explotación del cerro «reportará por años, tal vez siglos, una renta no despreciable» (Pérez de Arce, 1993: 151). Tampoco puede olvidarse que, junto a las razones higiénicas y a las industriales, se va desarrollando toda una estructura comercial y de ocio que representa otra faceta de modernidad urbana, la que articula un nuevo escenario económico y de consumo y un reajuste de los usos mercantiles y residenciales, y que acaba constituyéndose en lo que algunos autores han llamado «mito urbano»; esto es, un elemento de referencia colectiva que, desde el seno de los sistemas discursivos desarrollados por los poderes públicos (o privados), establece una causalidad directa entre morfologías espaciales y las prácticas de los agentes sociales (Dagnaud, 1978). La construcción de pasajes techados y elegantes comercios permite instalarse a determinados comerciantes suficientemente distanciados de los mercadillos al aire libre, del comercio popular y de la 42

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cultura de un Homo ludens (Huizinga, 2000) que frecuenta espacios de diversión transgresores o peligrosos (tabernas, prostíbulos, casas de juego). Bajo el acero y el vidrio queda establecido el gran comercio, claramente diferenciado de la venta ambulante y de los mundos sociales vinculados a las clases populares. Los escaparates empezaron a mostrar otra ciudad con productos de consumo en una nueva urbe llena de oportunidades, con el sueño de la industrialización y con la vana promesa de riqueza, bienestar y avances tecnológicos. La montaña mágica de Vicuña Mackenna terminaba con una serie de castillos burgueses, llenos de jardines grecolatinos con esculturas de divinidades, símbolos de occidente, hechos en acero y hierro fundido, elementos de la industrialización del siglo xix. Finalmente, se pretendía instalar en la montaña un monumental reloj, un faro y un ferrocarril. Proyectos que no llegaron a concretarse pero que poseen una enorme fuerza simbólica; así, la luz de la razón, con su connotación ilustrada, terminaría con el «peso de la noche», expresión que, años más tarde, el presidente Diego Portales utilizaría para referirse a la tradición colonial como factor de estancamiento del progreso social en el estado chileno (Jocelyn-Holt, 1997). Pero, además, el reloj, como elemento de control de la cotidianidad de los ciudadanos, representa la imposición de reglas calculables para disciplinar las relaciones sociales (Spitzer, 1979), a la vez que introduce la metáfora de la ciudad-máquina (nueva utopía tecnológica) perfectamente sincronizada en su funcionamiento (Ferla, 2006). En cuanto al ferrocarril, este fue instalado en Valparaíso (los ascensores urbanos de la ciudad-puerto) en aquellos mismos años, adelantándose al proyecto del intendente. No cabe duda de que toda esta remodelación está directamente inspirada en la gran reforma de París llevada a cabo por el barón Haussmann entre 1853 y 1870, y a cuyo proyecto, como ya hemos apuntado, tuvo acceso Vicuña Mackenna durante su viaje a la capital francesa. Tras la demolición de las estrechas e insalubres calles medievales de París, la construcción de anchos bulevares, grandes plazas y amplios jardines garantizaban espacios abiertos y salubres, evitando el hacinamiento de la población y favoreciendo el comercio 43

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y el flujo de personas. Reformas de gran envergadura que permitieron la expropiación forzosa de los viejos inmuebles derruidos y el desplazamiento de los obreros y las clases populares a la periferia de la ciudad, sin olvidar que la anchura de las calles permitía el rápido desplazamiento del ejército o de la policía y dificultaba la construcción de barricadas, con lo que las reformas urbanas cumplieron también el objetivo militar de reprimir las revueltas sociales o los conatos revolucionarios (Moncan y Heurteux, 2002; Cars, 2000). Vicuña Mackenna puede ser considerado el «Haussmann chileno» (Leyton, 2005). Su proyecto responde, en el fondo, a las mismas preocupaciones: transformar Santiago en una ciudad higiénica y moderna, conjurando el temor a las turbas de obreros o campesinos, a esas clases peligrosas procedentes de los suburbios que debían mantenerse suficientemente alejados del núcleo limpio y ordenado de la ciudad burguesa. Se trata de una dinámica que se repite en toda América Latina. Años más tarde, ya en los albores del siglo xx, Francisco Pereira Passos, alcalde de Rio de Janeiro, acometió la gran reforma de dicha ciudad con premisas muy similares, lo que le ha valido el apelativo del «Haussmann tropical» (Benchimol, 1990). Como ya hemos indicado, el apelativo de «montaña mágica», aplicado al cerro de Santa Lucía, fue utilizado por primera vez por el arquitecto chileno Rodrigo Pérez de Arce (1993). Sin terminar de quedar muy claro hasta qué punto su intención es aludir a La montaña mágica (1924) de Thoman Mann, la analogía nos resulta oportuna por al menos dos motivos. Por un lado, podrían establecerse ciertas similitudes, más simbólicas que reales, entre el nuevo cerro de Santa Lucía y la montaña de Davos, en los Alpes suizos, sonde se sitúa el sanatorio antituberculoso escenario de las peripecias vitales de Hans Castorp: la belleza del panorama que puede observarse desde sus cimas, pero sobre todo la pureza del aire y las posibilidades de una suerte de climatoterapia, sugerida en el proyecto de Vicuña Mackenna y, sin duda, muy evidente en la obra de Mann (Montiel, 2006). Pero, por otro lado, como es bien sabido, La montaña mágica es también la alegoría de una Europa en crisis y una metáfora de la decadencia burguesa. Una burguesía que habita en un mundo herméti44

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camente cerrado, en el que su protagonista vive una realidad fingida hasta que los cañonazos de la Gran Guerra lo sacan violentamente de su ensoñación. No podemos dejar de apuntar que, salvando las distancias, el cerro de Santa Lucía tiene también ese elemento de mundo cerrado y de realidad fingida, frente a la realidad que lo circunda y que le amenaza.

El aduar africano frente a la ciudad europea El suburbio, el arrabal, esas zonas por las que las ciudades han crecido siempre de modo descontrolado y antihigiénico, donde viven las clases más desfavorecidas, y situadas, en general, extramuros o en la periferia, identificadas ya en la historiografía más clásica (Pirenne, 1927), cobraron un singular protagonismo en la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del xx, porque simbolizaban, como ya hemos indicado, la antítesis de la ciudad moderna pretendida por los estados liberales. Probablemente relacionado con el colonialismo español y francés en el norte de África, determinados tipos de suburbios fueron identificados con el aduar africano, es decir, con las pequeñas poblaciones formadas por cabañas y chozas situadas en las pedanías urbanas de Marruecos y del resto del Magreb. El término pronto se aplicó a los barrios pobres de las ciudades, asociándolo siempre con la cuestión social y con las condiciones antihigiénicas. Así, por ejemplo, la epidemia de cólera que asoló la ciudad española de Salamanca en los años ochenta del siglo xix puso en evidencia la existencia de dos ciudades en una: «No obstante merecer Salamanca el sobrenombre de Roma la Chica, por el valor artístico de sus monumentales edificios públicos, las antihigiénicas cualidades de algunos de éstos y casi todos los de índole privada aseméjanse más a un aduar africano que a una ciudad europea» (López Alonso, 1895: 33). De igual modo, el novelista Pío Baroja muestra, en La Busca (1904), un Madrid contradictorio y paradójico marcado por la llegada de emigrantes: «La Corte es ciudad de contrastes; presenta luz fuerte al lado de la sombra oscura; vida refinada, casi europea, en 45

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el centro; vida africana, de aduar, en los suburbios» (Baroja, 1972 [1895]: 53). Pues bien, esta misma idea había sido utilizada por Vicuña Mackenna cuando, en su proyecto de transformación urbanística de Santiago, insiste en la existencia de una ciudad blanca, luminosa y limpia y otra mestiza (indígena, «africana»), oscura y sucia: «Conocida es el orijen de esa ciudad completamente bárbara, injertada en la culta capital de Chile i que tiene casi la misma área de lo que puede decirse forma el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, cristiana […] se ha edificado en toda su área un inmenso aduar africano» (Vicuña Mackena, 1872a: 24). Ya no se trata solo de regenerar a campesinos degenerados, sino de defenderse de la peligrosidad social que encarna una nueva «raza interna», salvaje y bárbara, que es comparada con la población africana y que, por su marginalidad, su pobreza, sus enfermedades o su potencial criminalidad, supone una gran amenaza para la civilización que las elites pretenden construir. Población proletaria en formación, situada en los primeros enclaves de la industrialización y considerada inferior desde el punto de vista intelectual, moral y racial: Peores son esas pocilgas inmundas que agrupadas en los suburbios de nuestra población, i mui principalmente en los que me ocupo, que mas que destinados a dar albergue a civilizados seres humanos, parecen chozas o tolderías de salvajes, cuya incapacidad intelectual y moral les impidiera mejorar su propia condición (Vicuña Mackena, 1872a: 26).

Queda, pues, descrito este aduar africano que Vicuña Mackenna identifica, como veremos a continuación, con la Chimba o suburbio santiaguino y justifica una reforma interior de la ciudad basada en la segregación urbana, un intento de aislar las poblaciones molestas o peligrosas.

La solución higiénica: el bulevar de los pobres La segregación de las clases populares, del aduar africano, requirió una gran obra de circunvalación de 11 km de diámetro. Los lími46

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tes marcados por la muralla medieval o colonial son aquí sustituidos por un gran espacio abierto, un bulevar amplio, que segmenta la ciudad en dos grandes áreas de población, la elite y su «ciudad propia» y la marginalidad con su «arrabal». La palabra bulevar (castellanización del término francés boulevard) proviene del holandés bolwerk (bastión, defensa) y, en una primera acepción, sería una vía de comunicación situadas alrededor de las murallas o fortalezas defensivas de las ciudades. Al desaparecer las murallas medievales quedaron como cinturones viales de circunvalación de los núcleos urbanos. Posteriormente, ya en el siglo xix, los bulevares se convirtieron en vías vertebradoras de la ciudad, bien como accesos y salidas de las grandes urbes, bien como rutas de comunicación y circulación de sus habitantes. Al sur, donde se ubican los grandes barrios obreros que están naciendo (matadero) y donde también se sitúan las «ranchas» de los emigrantes rurales que, como hemos visto, tanto menosprecia el intendente y que la prensa liberal de la época también ataca: Tal atmósfera sólo es a propósito para formar bestias, enfermos, valetudinarios, criminales, aplasta almas y cuerpos. Hasta ahora, el malestar de nuestras clases pobres no nos ha traído sino prostitución, inseguridad, epidemias, una considerable recluta para los presidios y alguna ocupación para el verdugo (Grez Toso, 1995: 212).

El camino de cintura liberará de este «infierno social» y delimitará con una nueva frontera urbana algunas las redes sociales que perduraban desde la colonia. Encerrar en un cordón sanitario la sociabilidad urbana en sus distintas modalidades, una idea aséptica de urbanidad, donde el nuevo ciudadano de Benjamín Vicuña Mackenna, participe del ágora, pero desde su propio espacio focalizado, circulando perpetuamente, sin mezclarse, sin unirse, sin reproducirse, por seguridad y sanidad, por miedo a la barbarie y a la enfermedad. Dos ciudades cuyos flujos de negocios y cultura circulen permanentemente, pero que nunca se fusionen en relaciones reproductivas o de clases. El camino de cintura partía del Campo de Marte (el lugar más aséptico de los cuerpos de la ciudad, el espacio del ejército), rodeando la ciudad por la actual avenida Matta y llegando en una gran circunferencia 47

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a la entrada del barrio norte, a una vía o espacio, la Chimba (en quechua: al otro lado del río), que no había sido controlado nunca y donde el alboroto, la juerga y la chingana (el prostíbulo, el juego, la resistencia política y la taberna) reinaban en la sociabilidad del campesino, el burgués y el obrero, algo que quiere evitarse a toda costa (Rosales, 1994). Se pretende así una ciudad que prometa tener sitio para todos, pero cada uno dentro de un espacio bien compartimentado, ordenado, aislado. Una ciudad que no repita los errores de la colonia y de la hacienda, donde el «roto», la «china» o el gañán se mezclaban con las clases altas, contaminando con su presencia el espacio público: Chingana tiene celebrado consorcio con el rancho (que es también es un legado jentilicio) y la prole de ambos es el roto, es decir, el hijo del vicio i de la miseria, de la chicha i de la quincha, i así, mientras el roto viva arrebozado en su rito cubierto con su poncho, como el lépero de México, el llanero de Venezuela i el gaucho de las Pampas, es evidente que no existirá el ciudadano, esto es, que no existirá la república sino como nombre: i como realidad existirán los presidios, las penitenciarias i los lazareto (Vicuña Mackena, 1872a: 89).

Por eso es preciso, en el sentir de Vicuña Mackenna, proteger la «ciudad propia» de las múltiples amenazas que la acechan, mediante el aislamiento físico, «[estableciendo] alrededor de los centros poblados una especie de cordón sanitario, por medio de las plantaciones, contra las influencias pestilenciales de los arrabales» (Vicuña Mackena, 1872a: 18); pero también mediante la regeneración, y recuperación, de los individuos. Su final es crear una ciudad que conjure dicha amenaza, que haga desaparecer el aduar africano, que garantice la seguridad de las elites burguesas; pero que en su segregación y jerarquización no genere enfrentamiento social. Las medidas higiénicas y moralizadoras dirigidas a las clases populares responden a la necesidad de asegurar una mano de obra sana y numerosa, evitando la «aduana de hombres» generada por la emigración masiva de chilenos hacia Perú en 1870 (Grez Toso, 1995: 163). Pobres, inmigrantes, indígenas, etc. son movilizados y alejados del lugar de residencia de las elites, a la vez que se vigila la expansión de las enfermedades sociales, como la tuberculosis, la sífilis, el 48

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alcoholismo, pero también la criminalidad o la prostitución. Todo un programa de defensa y profilaxis social que, evidentemente, está teniendo lugar en otros muchos lugares y cuyo denominador común, independientemente de las especificidades de cada contexto, viene a ser el empeño de combatir la degeneración de la raza, o dicho de otro modo, de conseguir, gracias al concurso inestimable de la eugenesia, la educación y la higiene, en su más amplio sentido, individuos sanos y fuertes que contribuyan al desarrollo socioeconómico y a la construcción de la nación. Una mano de obra sana, gradualmente blanqueada, y suficientemente adaptada a su condición subalterna, que resultaba imprescindible para la instauración definitiva del moderno capitalismo y, en suma, del tantas veces aludido espíritu civilizador. La Chimba, ese espacio a conquistar, y a colonizar, por el que habían llegado los incas, los españoles o el ejército libertador, es ahora objetivo de la higiene y de la ciencia. Junto a las reformas urbanas y las acciones concretas de control sanitario y social, como la prohibición de la mendicidad en 1872 o la reglamentación de la prostitución en 1875 (Allende, 1875). Las relaciones entre mendicidad y delincuencia son percibidas como una amenaza sobre la que se hace necesario intervenir: Desde el 5 de mayo se leerá en todas las entradas de nuestra capital esta inscripción: En el departamento de Santiago es prohibida la mendicidad. Esa inscripción resume el decreto de su señoría el intendente de Santiago en que ordena perseguir la mendicidad en todas sus formas, para castigarla cuando es una insolente superchería de la ociosidad, para socorrerla y asilarla cuando es una verdadera miseria […]. El número de mendigos que pulula actualmente por nuestras calles, asusta porque entre ellos se ocultan centenares de bribones. Redúzcase ese número a los verdaderamente imposibilitados para el trabajo, y se vería que la plaga es mucho menor de lo que se supone (Grez Toso, 1995: 219).

Se insiste en las muy tenues fronteras entre pobreza, mendicidad y delincuencia como una característica antropológica de las clases populares: La mendicidad ha tomado entre nosotros proporciones amenazadoras. La mayoría de nuestras clases desheredadas mendiga un poco y

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César Leyton Robinson hace de la mendicidad, ya su única fuente de entrada o ya una fuente para aumentar su entrada. Mientras el padre va al trabajo y la madre guarda el hogar, los hijos corren las calles solicitando la limosna. De esta manera, lo primero que aprenden es la industria de vivir sin trabajar. En esa industria pierden toda dignidad, todo sentimiento de decoro y concluyen por asociar el robo a la mendicidad. Está averiguado que es en las filas de la mendicidad donde el robo hace sus mejores reclutas. A título de mendicidad se golpea a todas las puertas y se penetra en todos los hogares. Si se ve al mendigo, solicitado una limosna. Si no se le ve, se la toma sin pedirla. De ahí que puede establecerse que no hay un solo ladrón que no sea mendigo y que casi todos los mendigos son ladrones (Grez Toso, 1995: 219).

Es evidente que el texto precedente está describiendo lo que en otros lugares se denominó la «mala vida» (Campos, 2009; Cleminson y Fuentes, 2009). Las gentes de «mal vivir», según el español Bernaldo de Quirós: Son los criminales, las prostitutas, los mendigos, los golfos y perdidos de toda especie, la gente que se ampara y reúne en esta clase, tipos heterogéneos y proteiformes que, desprendidos —por virtud de un proceso de degeneración— del organismo social, viven parasitariamente sobre éste, ya perseguidos como enemigos, ya tolerados como comensales, ya en ciertas relaciones de mutualidad (Bernaldo de Quirós y Llanas, 1901: 9-10).

Y según el argentino Eusebio Gómez: Parásitos sociales, lumpen, hampa..., exponentes, en definitiva, de la «mala vida»; una forma de parasitar la actividad librecambista y en la que una serie de sujetos viven —o sobreviven— «delinquiendo o llegando hasta las fronteras del crimen para allí detenerse y ejercer todas las malas artes propias de la canalla» (Gómez, 1907: 432).

Es en este contexto en el que aparece la figura del «niño de la calle», del niño «golfo», como uno de los habitantes predilectos de la «mala vida». Con las crisis económicas de finales del siglo xix, las calles de las grandes ciudades industrializadas se poblaron de niños y adolescentes que, provenientes en general de barrios periféricos, desarrollaron una forma de vida entre la mendicidad y el hurto, entre la 50

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vagancia y el delito. Charles Dickens (1812-1870), en su Oliver Twist, había descrito con toda precisión los llamados Fagin’s Children, término que ha sido retomado recientemente por Jeannie Duckworth (2002: 19) en su brillante ensayo sobre la criminalidad infantil en la Inglaterra victoriana y que ha llegado a alcanzar rango de categoría sociológica: los niños delincuentes son pobres, urbanos, sin familia, que actúan en bandas, viven al margen del trabajo y de las aulas, adquieren habilidades para el robo mediante un lento aprendizaje en la «escuela» de delincuentes y con frecuencia son instrumentalizados por adultos sin escrúpulos que se aprovechan de sus raterías (Varela y Álvarez-Uría, 1991: 240). La calle aparece así como un espacio de trasgresión, caldo de cultivo de vicios, perversiones y marginalidad. Un lugar insalubre y peligroso donde el imaginario colectivo identifica la amenaza del crimen y la perdición, en contraposición con el ideal estereotipado del hogar burgués, ordenado y decente, que brinda cobijo y protección a las familias moral y físicamente higiénicas. Pero la calle aparece también como un espacio de deseo, de anhelo de vivencias y emociones. Las nuevas conformaciones urbanas de la segunda mitad del siglo xix —y Santiago de Chile no fue una excepción— ofrecen escenarios inéditos donde aparecen anónimos personajes que habitan la intemperie de las calles y que, confundiéndose con la multitud, se sitúan también en el extremo opuesto del mundo burgués individual y privado (Huertas, 2009; Rojas, 2010). Digamos, para terminar, que la modificación del mercado de origen indio, ubicado en la cabecera del río Mapocho, en la frontera de la Chimba, también formó parte del proyecto de transformación de la capital durante su administración de Vicuña Mackenna. Asimismo, en 1875 tuvo lugar la primera reforma de la beneficencia pública, lo que permitió la llegada de una elite médica que puede considerarse fundadora de la medicina social en Chile, dando lugar, años más tarde, a la creación del Consejo Superior de Higiene, en 1892, en el marco del intenso proceso de industrialización del país durante el mandato del presidente liberal José Manuel Balmaceda y su legado (Cruz-Coke, 1995). 51

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Vicuña Mackenna sentó las bases de lo que fue un impresionante entramado institucional que se instaló en la Chimba e intervino científicamente sobre el cuerpo social. A partir del proyecto de Vicuña en 1872, y hasta 1925, fueron apareciendo y modernizándose una serie de instituciones, establecimientos y espacios higienistas que adquirieron una enorme importancia social y se convirtieron en rectores y reformadores de una población que producía y se reproducía en el marco de un incipiente modelo industrial. Así, el Cementerio General, la Casa de Orates, la Escuela de Medicina, los hospitales o lazaretos para tuberculosos y «apestosos» de San José y Vicente de Paúl, la Escuela de Odontología, el Instituto de Higiene Pública y Bacteriología y el Instituto de Medicina Legal (Lautaro Ferrer, 1911). La Chimba es vencida y la ciudad higiénica de Vicuña Mackenna triunfa a lo largo de todo el siglo xx. A modo de reflexión final, y como conclusión adicional, cabe decir que el colonialismo europeo en África, durante la segunda mitad del siglo xix y hasta bien entrado el siglo xx, propició la construcción de una jerarquización racial que se aplicó, como hemos visto, al imaginario social y urbano. Determinados discursos y prácticas propias del racismo «científico» fueron utilizadas por la elites latinoamericanas, que las aplicaron a sus propias poblaciones marginales, a las que sometieron y colonizaron, viniendo a confirmar, tal como han apuntado otros autores (Chukwudi, Paget y Castro-Gómez, 2008) —y el caso del proyecto de Vicuña Mackenna nos parece suficientemente significativo—, que colonialismo y modernidad no deben ser entendidos como fases sucesivas en el tiempo (la modernidad como superación del colonialismo), sino como fenómenos coexistentes y fuertemente interrelacionados.

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ERRADICACIÓN Y BIOLOGÍA DE LAS POBLACIONES: AUGUSTO ORREGO LUCO Y LA CUESTIÓN SOCIAL Introducción La línea de pensamiento y de intervención social inaugurada en Chile por Benjamín Vicuña Mackenna encontrará continuación y desarrollos precisos de la mano de otros intelectuales liberales. El higienismo urbano, que hemos analizado en el capítulo anterior, fue dando paso a un discurso que trasciende los espacios de la ciudad para ocuparse, de una manera más genérica, del gobierno de las poblaciones. La visión que las elites tienen, y pretenden transmitir, de las poblaciones populares adquiere, en buena medida, una fundamentación científica en la que el determinismo biológico desempeña un papel primordial y de cuyo análisis nos ocuparemos en las páginas que siguen tomando como objeto de nuestro estudio los aportes de una de las figuras más destacadas de la medicina chilena del cambio de siglo, Augusto Orrego Luco (1849-1933). Si el abogado, político e historiador Vicuña Mackenna diseñó y ejecutó una tecno-utopía urbana en su calidad de intendente de la ciudad de Santiago, es ahora un médico político el que desarrolla todo un discurso de defensa e higiene social. Orrego Luco, médico y psiquiatra, cultivó la literatura y el periodismo político, siendo redactor de El Ferrocarril y El Mercurio, así como director de la Revista Chilena y fundador de la Revista de Santiago. Miembro del Partido Liberal, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados (18861888) y ocupó varias carteras ministeriales.1 Pero lo que más nos inte1   Ministro del Interior desde el 26 de junio hasta el 25 de agosto de 1897; ministro de Justicia e Instrucción Pública desde el 14 de abril hasta el 18 de junio de 1898, bajo la administración de Federico Errázuriz Echaurren; y ministro de Justicia e Instrucción Pública desde el 23 de diciembre de 1915 hasta el 8 de enero de 1916, bajo la administración de Juan Luis Sanfuentes Andonaegui. Véase Reseña Biográfica Parlamentaria: Augusto Antonio Orrego Luco. Historia Política Legislativa del Congreso Nacional de Chile. Disponible en línea: http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Augusto_Antonio_Orrego [consulta: 5-12-2018].

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resa destacar aquí es que Orrego Luco fue uno de los más destacados representantes de lo que Ricardo Cruz Coke ha denominado «oligarquía médica chilena», para ilustrar que «unos pocos destacados profesores controlaban todos los altos cargos públicos médicos y de salud del Estado, en los ministerios, Parlamento, instituciones de higiene, Universidad, Facultad de Medicina, Sociedad Médica, Revista Médica» (Cruz-Coke, 1995: 463). Del mismo modo que otros destacados médicos chilenos como José Joaquín Aguirre (1822-1901), Orrego Luco fue profesor y director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1871 y presidente de la Sociedad Médica de Chile en 1895 (Goic, 1992: 10; Larraín, 2002). En el plano internacional fue miembro de la Académie Française y llegó a colaborar en la Iconographie de la Salpêtrière, uno de los grandes proyectos de Charcot en el marco de sus estudios sobre la histeria (Roa, 1992). No cabe duda de que todos sus cargos, políticos y científicos, hacen de Orrego Luco uno de los médicos más influyentes de su época. Merece la pena señalar que esta «oligarquía médica» puede identificarse en otros contextos. Probablemente, la influencia de la medicina francesa, tan evidente en los médicos chilenos del siglo xix, al menos hasta la Guerra del Pacífico (1879-1883), cuando la medicina y el Ejército viven una fuerte modernización prusiana, se extendió también a la organización del poder médico. En Francia, José Mateo Buenaventura Orfila (1787-1853), catedrático de Medicina Legal y decano de la Facultad de Medicina de París, llegó a configurar un entramado médico-político, en apoyo de la «monarquía liberal» de Luis Felipe de Orleans, que ilustra perfectamente las dinámicas que estamos apuntando. Desde su puesto de decano, Orfila creó una «aristocracia científica» mediante la que controló la sanidad y la salud pública francesa y que, de algún modo, complementó el papel de la «aristocracia financiera», descrita por Karl Marx como la fracción de la burguesía que comprende a «banqueros, reyes de la bolsa, reyes de los ferrocarriles, propietarios de las minas de carbón y de hierro, propietarios de las tierras» (Marx, 2008 [1950]). Una «aristocracia científica» que, en total connivencia con la clase dominante, ocupó importantes parcelas de poder y de influencia y colaboró, como po54

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seedora de los conocimientos científicos necesarios, en el control social que el régimen político liberal precisaba (Huertas, 1988: 76). También en España se utilizó la expresión «oligarquía médica» para referirse, fundamentalmente, a los responsables de la Administración sanitaria, médicos políticos, pero también higienistas y técnicos sanitarios que prestaban servicio en la Inspección General de Sanidad dependiente del Ministerio de Gobernación (Huertas, 1994). Volviendo a la figura de Augusto Orrego Luco, otros autores han matizado y profundizado en los conceptos que estamos manejando, al utilizar el término intelligentsia médica (Illanes, 1993), un selecto grupo de médicos cercanos al higienismo que, a partir de su discurso sanitario sobre las enfermedades y sus propuestas de defensa de la ciudad y de la raza chilena, penetraron el mundo social y político. Estos médicos adquirieron un estatus social cercano a la tradicional elite y varias vacantes en el parlamento y los ministerios, en su mayoría bajo el alero del Partido Liberal (Cruz-Coke, 1995). Un sitial que posibilitó al Estado un naciente poder tecnocrático que se esforzó en ofrecer las soluciones que necesitaba la emergente república, la cual todavía no podía superar su origen productivo agrario, casi colonial, quedándose al margen del progreso industrial que inducía el cambio de siglo. De la amplia producción científica y literaria de Orrego Luco, dos textos resultan especialmente significativos para nuestro análisis. Por un lado, La cuestión social fue originariamente una colección de artículos que aparecieron en el periódico porteño La Patria a lo largo de 1884, para ser publicados más tarde, en 1897, de manera conjunta (Orrego Luco, 1897). Por otro, el importante discurso de toma de posesión de su cargo de presidente de la Sociedad Médica, que fue transcrito y reproducido en la Revista Médica de Chile en 1895.2 Se trata de dos textos fundamentales para entender no solo el pensamiento médico-social de su autor, sino también para valorar en qué medida se va construyendo un discurso que tiende a constituir una

2   Revista Médica de Chile (1895), año xxiii, tomo XXIII, n.º 2-3, febrero-marzo de 1895, pp. 52-60, Santiago, Imprenta Cervantes.

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nueva forma de administración y gubernamentalidad de los sectores populares, a través de nuevos dispositivos o formas de control, relacionadas con una mirada sociobiológica de estos grupos relegados. Teorías científicas basadas en un determinismo hereditario y/o ambiental que explicaría tanto sus patologías físicas y mentales como su miseria social.

La raza vagabunda y la cuestión social Orrego Luco muestra su preocupación por lo que denomina la «raza vagabunda». Los cambios del modelo productivo dieron lugar a la aparición de una población errante convertida en un fenómeno fundamental de la cuestión social: Esa raza vagabunda es la expiación del régimen económico y social á que nuestras haciendas han estado sometidas, régimen que solo podía sostenerse mientras la dificultad de comunicación mantuviera separadas la población urbana y la rural y que naturalmente debía caer hecho pedazos el día que se estableciera una corriente entre las ciudades y los campos (Orrego Luco, 1897: 39).

Se trata de sujetos no productivos y no siempre movilizables como fuerza de trabajo: los vagabundos, gentes «sin juramento de fidelidad», sin ataduras, portadores de una libertad de movimientos que los sitúan al margen de la norma. La vida errante, sin oficio y sin domicilio fijo, implica una fisura más en la pretendida estabilidad de la sociedad burguesa, en el equilibro de la jerarquía social, y supone, en definitiva, una desviación social y un problema de orden público. En definitiva, tras el fin del Ancien Régime, el nuevo Estado liberal facilita y canaliza la movilidad de la población siempre que esta esté suficientemente codificada: el problema no está en el campesino que marcha a trabajar a la ciudad, o en el obrero que circula de una fábrica a otra, sino en el que rechaza la fábrica, o en el menor que huye de la escuela (Gaudemar, 1979: 39). Es sabido que desde Karl Marx (1848) y su El 18 brumario de Luis Bonaparte los vagabundos han sido considerados integrantes del 56

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lumpenproletariat y, con las crisis económicas, del «ejército industrial de reserva» (armée de réserve). Sin embargo, pienso que el rasgo definitorio del vagabundo tiene que ver, fundamentalmente, con su peligrosidad social, con su asimilación a la otredad, a una representación de «nómada extranjero» que propicia un sentimiento de inseguridad porque interfiere y amenaza el buen orden burgués. En este sentido, resulta oportuna la definición ofrecida por Robert Castel cuando escribe: Pero, ¿quiénes son en realidad los vagabundos? Peligrosos depredadores que acechan en el borde del orden social, que viven del robo y amenaza la propiedad y la seguridad a la gente? Esta es la forma en que se presentan, y que justifica un tratamiento inusual: ellos han roto el pacto social —trabajo, familia, moralidad, religión— y son enemigos del orden público (Castel, 1995: 97).

Desarraigo, transgresión y desorden confluyen en la figura del vagabundo, símbolo antiburgués tan atractivo como inquietante. Se hace necesario actuar sobre esa errancia no canalizada mediante una codificación estricta de los desplazamientos. Determinadas instituciones reguladoras de entradas y salidas entran en juego: cárcel, reformatorio, manicomio, workhouse, etc., de tal modo que encierro y moralización, criminalización y patologización, constituyen unos de los ejes fundamentales de la estrategia de domesticación del vagabundo, con el fin de que acepte e interiorice las normas establecidas y de que se integre en el sistema productivo (Fecteau, 2004). Dicho de otro modo: «Lo crucial era saber por qué el vagabundo era un “otro” distinto, peligroso, perseguido, enjuiciado y condenado» (Araya, 1999: 12). En dicho proceso de patologización, algunos autores han llegado a afirmar que la medicina francesa de la segunda mitad del siglo xix consideró de manera unánime que «todos los vagabundos eran enfermos mentales» (Durou, 1966: 31) y que el fenómeno del vagabundaje «converge en el dominio intrínseco de la patología mental» (Beaune, 1983: 185). El problema es, sin embargo, más complejo, pues intervienen factores sociales y culturales locales que hacen que las relaciones entre vagabundaje y enfermedad mental (en particular 57

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la llamada fuga disociativa) sean más visibles en unos contextos que en otros (Hacking, 1998); por ejemplo, al contrario que en Inglaterra y en el resto del mundo sajón, en Francia existe una amplia producción sobre les aliénés voyageurs. Médicos de renombre, como el mismísimo Charcot, participaron en el debate sobre si la «enfermedad del vagabundaje» era debida a la histeria o a la epilepsia (Huertas, 2014 ; Vaschetto, 2010). Llama la atención que Orrego Luco, alienista de formación francesa, e incluso colaborador de Charcot, no aluda en ningún momento a relaciones entre nomadismo y locura. Resulta obvio que sus intereses son otros, ofreciendo un discurso más propio de un estadista y de un médico social que de un psiquiatra clínico. El nomadismo, pues, rompe con el modelo económico, pero, para nuestros objetivos, lo interesante es ver cómo es considerado como un mal endógeno objeto de la mirada médica. Para Orrego: Desde hace cuarenta o cincuenta años principió a aparecer el peón forastero, esa masa nómade, sin familia, sin hogar propio, sin lazo social, que recorre las haciendas en busca de trabajo. Esa masa flotante no echa raíces en ninguna parte, no tiene nada que la ligue, y constituye la fuerza y la debilidad de Chile, su miseria adentro y su grandeza afuera (Orrego Luco, 1897: 37).

Las causas del nomadismo tienen que ver, según Orrego, con cambios en el clima y en la alimentación de la población: Esa masa enorme y peligrosa ha salido del rancho del inquilino, ha principiado á salir hace cuarenta o cincuenta años, precisamente en la misma fecha en que los efectos del cambio clima se principiaron a sentir, en que en el desequilibrio entre la alimentación y las condiciones atmosféricas se principió a acentuar, en que también las precipitaciones se principiaron á ser fáciles, rompiendo las vías públicas que vivían las haciendas (Orrego Luco, 1897: 38).

Las causas mesológicas y el determinismo ambiental son muy evidentes en las argumentaciones del médico chileno. De los cambios climáticos resultará una «grave y peligrosa anomalía»: «la de un pueblo que habita un clima frio y tiene la alimentación vegetal de los 58

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países tropicales, y que está por consiguiente, fatalmente condenados al abuso de las bebidas alcohólicas para poder sostener su lucha con el clima» (Orrego Luco, 1897: 25). La importancia otorgada a la alimentación es fundamental, una alimentación propia de culturas asiáticas y mesoamericanas que el médico lamenta, pues la considera el origen de muchos males: Bajo esa misma base se han levantado las sociedades antiguas, los grandes y dóciles imperios del Asia y América, desarrollándose sus castas á la sombra de los mismos principios económicos. Y con la misma razón que se ha dicho, que el arroz ha hecho la China, el ragi ha hecho a la India, el maíz a los grandes imperios de Méjico y los Incas, podemos decir que nuestro alimento va desarrollando todo un régimen social, de clases y castas, régimen de honda división que tiene como base el bajo precio del jornal (Orrego Luco, 1897: 32).

Y será, precisamente, la alimentación vegetal la que explique, siempre según Orrego, la «notable fecundidad de nuestra raza» (Orrego Luco, 1897: 29). Una fecundidad que es comparada con la de los pueblos asiáticos, inferiores y degenerados; pero también con la propia manera de ser de las clases populares, envueltas «en una atmósfera de enervante indiferencia, en esa resignación silenciosa de los pueblos orientales, sin iniciativa, sin esfuerzo por mejorar su condición» (Orrego Luco, 1897: 34). Esto es, la antítesis de dinamismo y la iniciativa que exigen las elites liberales dispuestas a modernizar el país. Se va constituyendo así una población subalterna que debe ser dirigida. Los nuevos asalariados o jornaleros pueden ser libres, deben salir de su condición de esclavo feudal agrario; pero, aunque en otro contexto, se sigue fundamentando una naturaleza inferior de estas razas, destinadas a seguir siendo mano de obra para el proyecto comercial e industrial que se avecina. Esta población «asiática», si no se controla adecuadamente, pone en peligro el sistema económico. No cabe duda de que la masa campesina errante que abunda por todas las fronteras de la nación, que emigra a otras naciones, supone un problema de distribución territorial. El médico Orrego Luco piensa que esa masa agraria poblará las ciudades generando proble59

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mas sanitarios y políticos. Por lo tanto, introducirá en su análisis el lenguaje de la prevención y las estadísticas, sobre todo en las que tienen que ver con la reproducción y la distribución de la población. Siendo estas causadas, mayoritariamente, por el alto índice de mujeres. Esta mayoría de mujeres, se explica, por la emigración de muchos trabajadores fuera del país: Es decir que vive fuera de los pueblos una población casi cuatro veces mayor que la que encierran sus ciudades […]. Este es el primer rango que dibuja la diversidad de regiones, acentuada por otro hecho de gravísima importancia: la proporción en que se encuentran los dos sexos […]. Si ese predominio femenino no es debido ni al mayor nacimiento de mujeres, ni a una mortalidad mayor entre los hombres, solo puede ser el resultado de una emigración que arrastra las fuerzas vivas del país (Orrego Luco, 1897: 16).

La modernización ha provocado cambios materiales que pueden traer consecuencias sociales. El desarrollo de los medios de comunicación, caminos urbanos, carreteras a centros económicos que unen los centros agrarios y urbanos, hace que esta población nómada comience a transformarse en un posible habitante de las ciudades, lo que se convierte en un motivo de inquietud, un peligro que comienza a acechar a las elites. La ostentosidad que vive puede convertirse en una atracción de aspiraciones para esta masa, que no tiene derechos económicos, ni políticos. Los (nuevos) bárbaros, como plantea Orrego Luco, pueden tener ambiciones que atenten contra el monopolio de la riqueza: La facilidad de los transportes y sobre todo los establecimientos bancarios, ha hecho posible la construcción de habitaciones elegantes y suntuosas, y lleva a los campos casi todos los refinamientos de la vida urbana, presentando inquilino un nuevo ideal, una nueva y deslumbradora aspiración. Esa brusca revelación de la riqueza ha debido lógica y necesariamente producir un sacudimiento moral muy semejante al que experimentaron los bárbaros al ver aparecer de una manera repentina los esplendorosos monumentos del imperio (Orrego Luco, 1897: 40).

Es evidente la llamada a los sectores políticos, que todavía no se dan cuenta de la formación del proletariado, para unirse en la defensa 60

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social, para conservar la organización social a pesar de la modernización industrial: No creemos necesario ahondar más aún en este problema, porque creemos haber bosquejado sus contornos con suficiente claridad para poder decir que estamos envueltos en una cuestión social amenazadora y peligrosa, que reclama la más seria atención del estadista […] para poder decir que el proletariado se está constituyendo á nuestra vista, y que delante de nosotros se desorganiza la familia en los ranchos y se destruye el equilibrio de los sexos (Orrego Luco, 1897: 45).

Por eso resulta urgente, en el sentir de Orrego, intervenir con medidas higiénicas y regulación social que terminen con el nomadismo. La labor no es fácil: «Ahora, si esa masa es una masa nómade, errante, que va de rancho en rancho, de aduar en aduar, ¿cómo se puede pensar seriamente en inspirarle hábitos de higiene y economía, en desarrollar su inteligencia y levantar su moral?» (Orrego Luco, 1897: 51). La forma de hacerlo no es otra que la de disciplinar a esta población errante en torno a la industria, organizarla en torno al trabajo, incorporarla a una clase social: «Lo primero es fijar esa masa, aglomerarla alrededor de un trabajo organizado, hacerla entrar en las clases sociales, presentarle un núcleo de condensación, y ese núcleo es el trabajo fijo del establecimiento y de la industria» (Orrego Luco, 1897: 51). Pero para «fijar» a esa masa itinerante es preciso procurarle un ambiente adecuado. Conseguir una masa asalariada, saludable y productiva es uno de los objetivos básicos de la medicina social liberal. Así se expresa Orrego cuando afirma que «en las condiciones de vida que atraviesa la masa de esas poblaciones está, pues, el secreto del peligroso mal que las invade, que debilita nuestra fuerza productora y amenaza el desarrollo nacional» (Orrego Luco, 1897: 17). Higiene y moralización de las clases populares serán elementos indispensables para la mejora de las condiciones de vida y, sobre todo, para la nueva forma de organización social que se pretende: Material y moralmente la atmósfera del rancho es una atmósfera malsana y disolvente, y que no solamente presenta al estadista el problema de la mortalidad de los párvulos, sino también el problema más

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César Leyton Robinson grave todavía de la constitución del estado civil, de la organización fundamental de la familia; problema formidable en que hasta ahora no se ha fijado la atención y que está llamado a hacer una peligrosa aparición en un término acaso no lejano (Orrego Luco, 1897: 35).

Esta organización social tiene elementos biopolíticos nada desdeñables: matrimonios y parentescos, vinculación sanguínea claramente definida, formando vínculos familiares y territoriales que lo identifiquen con el sedentarismo, abandonando la circulación como gañanes y su reproducción de huacherío (huérfanos o expósitos) sin vínculo social. El mero higienismo queda completado por un depurado discurso político sanitario que se elabora en pleno proceso de reforma urbana y de discusión sobre cómo enfrentar la cuestión social y el control de la población. El Estado liberal debe intervenir. Economía e higiene aparecen como los elementos de una alternativa política que debería sacar al proletariado de su inferioridad, dejando atrás los vicios que lo condenaban a ser una masa etnológicamente primitiva: «Una masa aguijoneada por las implacables exigencias de la vida no puede consagrarse á su mejoramiento intelectual, no puede pensar en economías ni higiene, está condenada á vegetar en el trabajo y á que los vicios materiales devoren» (Orrego Luco, 1897: 51). Pero lo más importante es que este programa no podrá cumplir su objetivo de intervención, si no se articula un Estado de control. La doctrina del laissez aller, laissez faire puede ser aplicada a la economía, pero no al control de las poblaciones. Si la máxima liberal del laissez faire, laisser passer implica una aparente despolitización del Estado, para asegurar la libertad económica, política y social, la realidad es que la libertad de mercado se hace rápidamente compatible con un estado interventor en lo político que garantice la «tranquilidad social» y la producción. Orrego Luco no tiene dudas al respecto: Desde luego, en presencia de esa amenazadora y grave situación, la doctrina de la indiferencia impasible, del laissez aller, laissez faire, está juzgada de una manera inexorable. Al amparo de esa doctrina imprevisora se ha desarrollado precisamente la situación que deploramos, y que de una manera natural se agravaría si permitiéramos que continúe desenvolviendo sus efectos.

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Erradicación y biología de las poblaciones... Necesitamos, pues, intervenir para ayudar con mano vigorosa el establecimiento de nuevas condiciones económicas y nuevas condiciones morales, que nos saquen de la atmosfera en que las bajas capas sociales ahora se sienten asfixiadas (Orrego Luco, 1897: 46).

El programa higienista no solamente quiere acabar con las malas condiciones sanitarias del bajo pueblo, sino también con la peligrosidad que implica su descontento social. Los criminales agrarios pueden emigrar a la ciudad y convertirse en la concretización del temor de la elite, atentando contra sus intereses de organización y de sistema económico. Un diseño que no termine en una coerción vehemente por parte del Estado, sino que ofrezca soluciones sin recurrir a las viejas formas de autoridad y soberanía de la muerte: Si a esto se añade una aplicación más seria de los principios de la higiene, el establecimiento de la vacunación obligatoria, un servicio hospitalario para la asistencia de los párvulos y una organización menos estrecha de la caridad social, se tendrán en su conjunto las medidas primordiales que reclama de los hombres de Estado este problema que más adelante puede exigir soluciones de un carácter áspero y violento (Orrego Luco, 1897: 53).

Así pues, el programa higienista no solamente resuelve los problemas sanitarios y garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, también previene la violencia social que puede detonar en los sectores populares. Los reformadores, como Vicuña Mackenna y Orrego Luco, planifican esta defensa de la ciudad y de la población, siendo el Estado el llamado a cumplir esta misión. La peligrosidad social de las poblaciones que emigran a la ciudad generan un temor político que hay que resolver, que hay que predecir. Los pobres pueden levantarse como criminales, como delincuentes (el salvaje de origen agrario) dispuestos a cobrar venganza (Salinas, 1986). El problema no es nuevo, pues, como advierte Orrego Luco, situaciones similares se dieron antes de la Guerra del Pacífico de 1879, poniendo de manifiesto el peligro de la rebelión social convertida en una «marea negra» arrolladora e imparable, a la vez que alude —en una línea de pensamiento lombrosiana que más adelante abordaremos— a los instintos atávicos de la criminalidad salvaje: 63

César Leyton Robinson Y la posibilidad de esas situaciones no puede ser una quimera para el que recuerda el estado social que atravesamos cuando estalló la guerra hace cinco años. Veíamos entonces que la cuestión social principiaba á hacer su sombría y tremenda aparición. Las doctrinas más disolventes flotaban en la atmósfera; los arrabales se presentaban á desafiar la fuerza pública en el corazón mismo de Santiago; partidas de bandoleros recorrían los campos; la policía estaba al acecho de incendiarios. Y aquella marea negra iba subiendo, haciéndose cada día más amenazadora y más audaz, y dejando entrever más claramente la perspectiva de esos trastornos sociales que no gobiernan las ideas sino las ferocidades salvajes del instinto (Orrego Luco, 1897: 53).

Tal como había ocurrido en otras naciones, y como ocurre hoy día, el crimen y la inestabilidad social generan desconfianzas al capital: Se había entrado en un círculo vicioso de que la desagraciada Irlanda, á pesar de tantos esfuerzos, parece no poder salir. El crimen crea la desconfianza, y la desconfianza, engendrando la miseria, provoca al crimen. El capital no viene á fecundar el suelo porque no hay seguridad, y la seguridad falta porque el capital falta. Era, pues, necesario aprovechar los momentos en que existía todavía la confianza, en que no había aparecido todavía el crimen agrario que dio origen al círculo vicioso de la Irlanda; ese momento en que unos solos pocos hombres previsores entreveían la cuestión social que se acercaba […]. Esa inseguridad de la tenencia es la base, como ya hemos dicho, de la cuestión irlandesa, y esa inseguridad de la tenencia también se presenta en nuestros campos. Allá produjo como primer efecto la emigración y el trabajador vagabundo —efectos que aquí también ha producido—, después los White boys, los steel boys, los black feet y los ribonmen, es decir, el terror y el crimen agrario. Y por último los fenianos, que á todos los peligros de aquella situación vinieron á añadir las dificultades de complicaciones exteriores (Orrego Luco, 1897: 53).

Los gañanes criminales, la población vagabunda delictiva (bandoleros, salteadores rurales, cuatreros) son objetivo de las medidas de seguridad. Se trata de grupos que pueden arribar a la ciudad y que es preciso detener situando muros que los contengan, bulevares, defensas. Para Vicuña Mackenna, la creación de una policía moderna es la solución, pero no deja de llamar la atención el papel de los 64

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propios sectores populares en la formación de los nuevos cuerpos de seguridad del Estado: No tenemos la razón que nos place atribuirnos cada día para maldecir i desconocer una administración reciente i especial, gracias a la cual vivimos en mediana paz i confianza en medio del profundo desorden que trabaja las regiones inferiores del pueblo, en cuyo seno elegimos alternativamente nuestros esclavos y nuestros custodios (Vicuña Mackena, 1875: 129).

Esclavos y custodios, trabajadores y policías, reprimidos y represores, todos procedentes de una misma clase social desfavorecida (Palacios, 2013). Sin embargo, para Orrego, la criminalidad, como más tarde veremos, se puede enfrentar con criterios científicos. La ciencia debe estar al servicio del Estado, pero para desempeñar tal misión se precisaron investigación y tecnologías de medición que facilitasen la información y el conocimiento necesarios. Las estadísticas y los estudios de población de Quetelet, la degeneración de Morel, la criminología de Lombroso, etc., irán conformando el marco en el que construir una normativa biológica y social que identifique e integre a los aptos y excluya a los residuos sociales incapaces de incorporarse al modelo productivo.

Biología, economía y población. La medición de la población

La percepción de territorios inseguros, en los que debe conformarse una población acorde con el modelo productivo, comenzó a plantearse en los procesos de urbanización europea de fines del siglo xviii, cuando la marginalidad urbana sufrió el «gran encierro», en términos de Foucault, en hospitales generales, lazaretos, hospicios para pobres, lugares que mezclaban marginalidad urbana, prostitutas, venéreos, locos y anormales físicos (Peset, 1983). En Chile, es Manuel de Salas —reformador social ilustrado de comienzos del siglo xix— quién abre la discusión sobre la situación de la población mar65

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ginal, proponiéndole al imperio español, todavía vigente en la administración política, solucionar uno de los problemas geoestratégicos fundamentales que le preocupaba a la Corona: revertir la situación de «despoblación» que vivía la región de Chile. Como plantea Francisco Vázquez, las vacunaciones no eran solamente un tema de filantropía médica, el peligro de la extinción de súbditos e indígenas terminaba con la burocracia y la tributación al imperio y abría la posibilidad de ocupación de las colonias españolas de ultramar por parte de otras potencias europeas (Vázquez, 2009). Incluso medidas sanitarias realizadas por las primeras expediciones médicas hispanas, como la del doctor Xavier Balmis (1803-1810), buscaron resolver estas situaciones. La temprana vacunación de súbditos en Chile, por el sacerdote Pedro Manuel Chaparro de la congregación de San Juan de Dios, en las campañas de inoculación de viruela en 1805, no escaparía a estas políticas de cuidado de la población colonial (Ramírez, 2002). La creación del primer hospicio para pobres planteado por Salas pretendía cumplir el objetivo de mejoramiento sanitario con el fin de preservar el crecimiento de la población: La pobreza extrema, la despoblación asombrosa, los vicios, la prostitución, la ignorancia y todos los males que son efecto necesario del abandono de tres siglos, hacen a este fértil y dilatado país la lúgubre habitación de cuatrocientas mil personas, de las que los dos tercios carecen de hogar, doctrina y ocupación segura, cuando podrían existir diez millones sobre más de diez mil leguas cuadradas de fácil cultivo (Grez Toso, 1995: 45).

La relación entre vida, economía y población es, pues, un tema que está muy presente en los ilustrados o incipientes liberales de la primera mitad del siglo xix. La continuidad del debate sobre las condiciones de la población se vuelve central en la segunda mitad de la centuria, cuando el modelo de crecimiento necesita de una mano productiva. Orrego Luco aborda la cuestión, pero ya no es la despoblación del territorio lo que le preocupa, sino la decadencia de la raza y el envejecimiento de la población. Su reflexión se centra entonces en la emigración y en la «fecundidad de la raza», fenómenos que son identificados a través de las estadísticas, que le permiten cuantificar el problema y lamentar 66

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sus consecuencias: «No creemos que por ese camino se llegue a la despoblación del territorio, pero evidentemente estamos en presencia de un grave mal que por ahora obliga solamente a un número limitado de individuos al cruel abandono de la patria» (Orrego Luco, 1897: 10). La emigración como mal social de progreso y la fecundidad descontrolada traerían consigo mortalidad infantil, hacinamiento, subalimentación, poniendo en peligro el futuro de la nación. Hay que encontrar, por tanto, las causas de estos males que aquejan a la población. Las preguntas sobre la relación económica, las condiciones sociales y la «forma de vida» irrumpen con fuerza en el discurso de Orrego: «¿Cuál es ese mal? ¿Dónde está la causa de esa corriente que emigra al exterior y de esa mortalidad que devora á nuestros párvulos? ¿Es la obra exclusiva de las condiciones económicas? ¿Es el resultado de dificultades sociales?» (Orrego Luco, 1897: 10). Ordenar la población en un territorio, crear las tecnologías (estadísticas) sobre la vida de las poblaciones, obtener información de cómo gobernarlas para el modelo productivo, crear una verticalidad de conducción del Estado que controle a estas poblaciones atrapadas en un mundo pasado es el secreto que busca resolver Orrego Luco. Acabar con las limitaciones que condenan la vida de esta población especie, atajar la amenaza que, en un doble sentido, representa dicha población, la que limita la vida de esa masa productora y, posteriormente, la de la peligrosidad social que desafía a los Gobiernos: «En las condiciones de vida que atraviesa la masa de esas poblaciones está, pues, el secreto del peligroso mal que las invade, que debilita nuestra fuerza productora y amenaza el desarrollo nacional» (Orrego Luco, 1897: 17). Toda una tecnología (bio)estadística, médica y criminológica se va desarrollando con el fin de identificar carencias, pero también de intervenir, conducir y someter a la población: Uno de los más hermosos triunfos de las investigaciones científicas del siglo es haber llegado á formular las grandes leyes que dominan el movimiento social, y haber conseguido poner de manifiesto que esas leyes están sujetas á condiciones materiales que la estadística puede formular (Orrego Luco, 1897: 18).

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La confianza absoluta en la ciencia y sus leyes, en la investigación y conformación de estándares de vida, de objetivación de los seres vivos, al modo de la historia natural y sus clasificaciones de las especies, constituyen el marco de referencia. Las «leyes» estadísticas que motivan los «movimientos» de las poblaciones ofrecen una lectura sobre la voluntad de los individuos y permiten deducir, predecir y anunciar las conductas sociales. Una tecnología capaz de elaborar una «cartografía de la voluntad» que mida para el Estado las variables del comportamiento humano. Un «control a distancia», según la expresión de Yuri Carvajal (2013), que puede identificarse en el discurso de Orrego: Los actos individuales de más caprichosas apariencias, que exigen un número mayor de circunstancias fortuitas para poderse producir y en que la voluntad del hombre parece dominar sin contrapeso, están sujetos, sin embargo, á una regularidad que pone de relieve un factor extraño y superior a la simple voluntad del individuo (Orrego Luco, 1897: 19).

El médico chileno cita los trabajos de Adolphe Quételet (17961874), al que considera el gran descubridor de las leyes sociales. Quételet publicó en 1935 su trabajo Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale, obra importante y pionera de la aplicación de la estadística a la sociología. Basándose en probabilidades matemáticas y partiendo de datos sobre determinadas conductas sociales (criminalidad, suicidio, locura, etc.), Quételet (1827) estudia y propone ciertos patrones de predicción de los comportamientos sociales. La ciencia aparece, una vez más, como el fundamento de un Estado laico que desplaza a la Iglesia en la contabilidad de las personas (nacimiento y defunciones), pero también que marca los contornos de la normativización social (Sánchez Carrión, 1999). Contribución científica y política a la vez que fue recogida por Orrego Luco y aplicada a la realidad chilena: Todos sabemos que la criminalidad obedece á las fórmulas de una estadística casi absolutamente matemática, y que es posible decir de antemano no sólo cuál será la cifra de los crímenes que se van a cometer el año próximo, sino hasta su forma y hasta el instrumento con que lo van a perpetrar (Orrego Luco, 1897: 19)

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Medir y cuantificar la vida, su proyección, su muerte, es la función médica a desarrollar, como una fisiología, o una física social, inspirada en la estadística de Quételet. Por eso el suicidio, la fecundidad, la alimentación, la emigración y los sexos se ordenan como factores que se prolongan o limitan en el desarrollo de las poblaciones y determinan sus conductas: El suicidio, que á primera vista es el acto que más difícilmente se puede sujetar á leyes regulares, las respeta sin embargo, y por más temerario que parezca, se puede decir: el año próximo tantos hombres y tantas mujeres se verán arrastradas por la desesperación á una muerte voluntaria, como se puede decir el número de hombres y mujeres que se van á unir en matrimonio (Orrego Luco, 1897: 20).

La construcción de fenómenos demográficos o de población, a través de fórmulas estadísticas, van configurando un sujeto, un hombre estandarizado, que Quételet denominó «hombre medio», concepto que surge en el marco de las sociedades con una alta densidad demográfica y que pretende «incluir» a la mayoría de la población «normalizada» y gobernada (Ellul, 1965). En 1843 se funda la primera oficina nacional de estadísticas en Chile, con el objetivo de organizar censos modernos de población. A pesar de que ya se habían instaurado algunos en la época colonial, es a partir de la iniciativa del naturalista Claudio Gay cuando se moderniza y funda como institución del Estado-nación. Desde ese momento se establecen cincos censos nacionales que reflejan la política de Estado, de una administración moderna sobre la población. Contabilizar la población chilena, homogeneizarla (étnica y culturalmente) en criterios descriptivos y de integración de territorios (territorios aislados en la zona austral y las nuevas zonas mineras integradas en la Guerra del Pacífico y en la ocupación de la Araucanía), en un proceso expansivo que se produce a lo largo de todo el siglo xix, son las aplicaciones centrales de la información obtenida (INE, 2009). El primer censo de 1843, a pesar de cambiar la visión colonialista de una población dividida en diferentes castas raciales, no cumple con los objetivos de entregar información para la administración política y económica de la nación. Sus metodologías arcaicas y su vin69

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culación a la Iglesia siguen arrastrando antiguas formas de conducir estas instituciones. No será hasta el censo de 1865 cuando se aplique la metodología de Quételet (INE, 2009: 112) y se abogue por el hombre medio chileno: la raza única. La construcción de un imaginario social, de una población homogénea, donde oficialmente no existe negritud, como en el resto de América latina, ni extranjeros subalternos, ni indígenas. La raza única es un intento por introducir una identidad nacional y por excluir a los que no representan los valores de la modernidad. Esto es lo interesante de la doctrina poblacional de Quételet, su búsqueda estadística de un hombre medio, con ciertas características físicas, morales e intelectuales, va conformando, en palabras de Sandra Caponi, «una normalidad biológica y social» (Caponi, 2013). Esta se constituye a través de la obtención de un biotipo poblacional homogenizado/higienizado; una construcción del «hombre medio» que es la que recoge Orrego Luco: la articulación entre lo físico, lo moral e intelectual y su relación con la historia y una determinada geografía. Quételet compara el promedio de altura del hombre con la vivienda, para determinar que todo territorio posee su propio cuerpo, su propio tipo de individuo (Caponi, 2013: 837). Su masa corporal (según el índice de Quételet: masa/estatura2), no es sino la media que identifica a un grupo racial de población. Un modelo normativo «físico-social» que representa al hombre medio, a la civilización. Ahora bien, las estadísticas sobre crímenes, suicidios, locura, etc., agrupados por Quételet, permiten obtener datos de la población que se desvía del estándar del «hombre medio»; por eso, en los censos de población no solo se incorpora una mirada de identidad nacional, sino que se añade la diferencia: «Por un lado, las categorías se amplían y se incorporan las sugerencias de los expertos extranjeros, que plantean lo importante de dejar explícito lo diferente, ya que eso constituye también las características generales de una población» (INE, 2009: 114). Así se van incorporando varios ítems de información, a partir de las influencias del método de Quételet, incluyendo datos obligatorios para el empadronamiento: nombre y apellidos, sexo, jefe de familia, 70

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estado civil, profesión, culto, lengua, conocimiento de lectura y de escritura, origen de nacimiento y nacionalidad (INE, 2009: 115); pero aparece también un ítem que, en cierta forma, busca identificar los niveles intelectuales de la población: «La ceguera, la sordo-mudez, el idiotismo i cretinismo i la enajenación mental» son considerados limitantes orgánicos de una población degenerada (INE, 2009: 115). Aunque la incapacidad física estaba ya considerada desde mediados del siglo xix, ahora hay un acercamiento al «desviado», al que se sale de la norma biológica y es portador de taras físicas, pero también mentales. En 1895, las estadísticas poblacionales chilenas incluían la enajenación mental, sutil dato para una nación que se desarrolla, pues establece una relación entre raza y patología mental (INE, 2009: 114-115). Había que identificar a los «otros», a los diferentes, a esos que no servían para el modelo modernizador. En palabras de Zafaronni, las estadísticas sociobiológicas que encontraron un hombre medio, también identificaron al desechable orgánicamente, al «humano que no es persona», al enemigo interno, endógeno: La propia estadística criminal, a partir del célebre belga Quételet, se valió de la construcción del concepto de hombre medio, una pretendida realidad que insensiblemente se convirtió en un ideal que, convenientemente manipulado, permitió considerar que el judío no era el hombre medio, que se apartaba de él, que no era ciudadano. En momentos en que produce un enorme revuelo la propuesta de un derecho penal del enemigo —y se pretende que hay humanos que no son personas—, es revelador observar que la idea del hombre medio civilizado no sería más que un homúnculo surgido de la retorta de una alquimia criminológica, como instrumento útil para la fabricación de enemigos (Zafaroni, 2012).

La degeneración biológica de los pobres Esos enemigos, esas «no personas», son los degenerados, los sujetos que se alejan de la media estadística del «hombre medio», que se alejan de la norma prototípica y que, por tanto, son «anormales». Como es sabido, lo anormal, lo periférico, sufrirá un proceso de medicalización, de patologización, hasta el punto de que, como nos explicó George Canguilhen, la diferenciación no se hará entre lo nor71

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mal y lo anormal, sino entre lo normal y lo patológico (Canguilhen, 1986). Se trata de un proceso en el que la teoría de la degeneración desempeñó un papel fundamental que no podemos pasar por alto. En 1895, año de la publicación de obras tan significativas como Les dégénérés, de Valentin Magnan y Paul Maurice Legrain, y Gli Anarchici, de Cesare Lombroso, la Revista Médica de Chile edita el ya citado discurso de toma de posesión de Orrego Luco como presidente de la Sociedad Médica de Chile. Aun tratándose de la transcripción de una conferencia, debe considerarse, tanto por la categoría del disertante como por sus propios contenidos, uno de los textos más significativos y seminales del degeneracionismo en Chile (Sánchez, 2014). Cuando comienza la segunda mitad del siglo xix tienen lugar importantes cambios en el conocimiento de las ciencias biológicas. Alrededor de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, la sociedad europea y americana reaccionó como temiendo las novedades que el evolucionismo pudiera presentar. Racismo antropológico, somaticismo médico, persecución del anormal o del extraño, etc. son algunas de las aportaciones que la ciencia positivista muestra. Los preludios de las crisis económicas y del neoliberalismo ponen en marcha, como ya hemos visto, mecanismos ideológicos que preparan el terreno. En este contexto, el médico dirigirá una dura mirada encaminada, fundamentalmente, a los criminales y a los enfermos mentales, en un intento de dar soporte científico a las exigencias de la sociedad burguesa finisecular. Un buen ejemplo de ello fue la aparición del Traité des dégénérescences del alienista francés August Morel (1857), obra muy influyente que sentó las bases de la llamada doctrina de la degeneración (Huertas, 1987; Pick, 1989). El degeneracionismo fue, en muy buena medida, la respuesta que, durante la segunda mitad del siglo xix, dieron la psiquiatría y la medicina legal a las necesidades de control social, indispensables para mantener la hegemonía de las clases dominantes, sirviendo además de soporte para la génesis y desarrollo de otras teorías, como las de la escuela criminológica positivista italiana (Peset y Peset, 1975; Kneeper y Ystehede, 2012). 72

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En su discurso, Orrego Luco, como presidente in pectore de la Sociedad Médica de Chile, se vale de conceptos degeneracionistas para argumentar sus propuestas de intervención social. Si como alienista entiende la degeneración de manera individualizada, en el individuo concreto, como médico social percibe sus importantes implicaciones higiénico-sociales. Además, el papel de la herencia —elemento insoslayable en el discurso degeneracionista— otorga las claves necesarias para explicar las razones biológicas (constitucionales) de la desigualdad, para intervenir en familias y poblaciones enteras afectadas por las «taras hereditarias» y, sobre todo, para medicalizar el control de individuos y colectivos. Con una doble voluntad científica y política, pero también corporativa, Orrego reclama el monopolio médico de determinadas parcelas de la defensa social en las que otros agentes sociales, como abogados, educadores, etc., no tendrían cabida: «He dicho que hay en los dominios de la higiene un terreno cerrado para otros y abierto á nuestro estudio y propaganda. Me refiero, señores, á ese implacable y sombrío imperio de las leyes de la herencia».3 El sombrío destino de la herencia morbosa, de la herencia degenerada, implica incurabilidad, muerte y miseria biológica y moral, en tanto que se tiende a relacionarlo con enfermedades sociales como la sífilis o el alcoholismo. El pesimismo antropológico que caracteriza la teoría de la degeneración queda bien patente en el discurso de Orrego cuando se refiere a la mortalidad infantil y a la sífilis congénita: Todos los días estamos viendo mujeres que, en medio de la juventud, se ven condenadas á la forma de esterilidad más deplorable: —á la serie de los hijos muertos por infección hereditaria. Tienen hijos que mueren antes de nacer, hijos que mueren apenas han nacido; hijos que atraviesan la primera infancia en medio de una serie de accidentes patológicos, que van á sucumbir más tarde bajo la acción implacable de una infección hereditaria, á sufrir durante el curso entero de su vida el peso 3  Orrego Luco, Augusto. «Discurso pronunciado por el doctor señor Augusto Orrego Luco. Al tomar posesión del cargo de Presidente de la Sociedad Médica», Revista Médica de Chile, n.º 2-3 (1895), pp. 52-60; reproducido en Leyton, César; Palacios, Cristian y Sánchez, Marcelo. Bulevar de los pobres. Racismo científico, higiene y eugenesia en Chile e Iberoamérica, siglos xix y xx, Santiago de Chile, Ocho Libros, 2015, p. 64. En lo sucesivo se cita por esta última edición.

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César Leyton Robinson abrumador de aquella herencia sifilítica (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 66).

La voluntad preventiva del médico, no solo ante la amenaza venérea, sino ante la degeneración de la raza, le obliga a intentar intervenir, a través de la eugenesia y de la educación (y la propaganda), sobre una población potencialmente anormal: Para que el niño viva, es necesario que la herencia no lo haya condenado á una muerte fatal é inevitable, es necesario que no muera antes de nacer. ¿No creéis, señores, que sería profundamente útil que vulgarizáramos con nuestros estudios el conocimiento de las leyes de la herencia, de las medidas necesarias para salvar a muchas madres de la enfermedad, á muchos hijos de la muerte, y á muchos padres de una desgracia que la vergüenza hace aún más amarga? (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 66).

Resulta evidente que, junto a las visiones más pesimistas y nihilistas que el degeneracionismo propicia, aparece una voluntad higiénica, más esperanzadora, que hace «totalmente compatible», como ha señalado Marcelo Sánchez recientemente: La puericultura y su afán preventivo, con las visiones hereditaristas más radicales; lo que establece más bien una continuidad, antes que una ruptura, entre la visión optimista de la puericultura y el ambientalismo con la creencia de un sistema de herencia fatídico y cerrado al cambio (Sánchez, 2014: 385).

Un planteamiento que, en efecto, puede identificarse en el discurso de Orrego Luco, pero que está presente ya en los primeros autores degeneracionistas, pues, a pesar del peso indiscutible de la herencia en la etiología de la degeneración, el propio Morel remitía sus causas últimas a factores externos de carácter social (Huertas, 1993). Especial interés tiene, en estas dinámicas preventivas, la preocupación de Orrego por las nodrizas: Hay todavía otro punto á que sería tal vez oportuno llamar la atención pública. Sabéis, señores, que el niño sifilítico infecta á su nodriza y de ese hecho se deriva un nuevo peligro para la sociedad y un nuevo deber para nosotros.

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Erradicación y biología de las poblaciones... Se ha buscado una mujer joven, fuerte, sana, para que sirva de nodriza de ese niño. Esa pobre mercenaria no sabe el peligro que corre; no sospecha, ni puede medir las consecuencias del servicio que va á desempeñar. Los padres de ese niño enfermo tampoco miden la responsabilidad que ellos asumen (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 66).

La llamada lactancia mercenaria es, sin duda, un problema de salud pública que preocupa a higienistas y pediatras de todo el mundo a finales del siglo xix (Navarro, 1982). Se trataba de una práctica extendida mediante la que familias aristocráticas y burguesas contrataban los servicios de nodrizas, mujeres puérperas procedentes, en general, del bajo pueblo que, habiendo perdido a su propio hijo o no, se encargaban de la alimentación y el cuidado de los niños de dichas familias. Como es lógico, las nodrizas eran cuidadosamente seleccionadas para que fueras mujeres sanas y fuertes, sin taras físicas ni morales. Se produce así una explotación y proletarización biológica de mujeres de las que se obtiene una plusvalía orgánica. Sin embargo, como acabamos de ver, Orrego no desconfía de la mujer que ha de vender su leche materna, sino de sus empleadores, abogando por una serie de medidas que la protejan: Estamos, señores, en el deber de amparar á esa nodriza. No podemos hacernos la ilusión de que el resultado de nuestras discusiones pueda llegar á sus oídos, pero, en nombre de los deberes que la conmiseración humana nos impone, podemos crear una corriente de opinión que preste á esa mujer el amparo de la ley y podemos, sobre todo, despertar la conciencia social (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 66).

Con todo, y a pesar de voluntades higienistas e intentos reformadores, la amenaza de la degeneración termina relacionándose con la degradación y la inferioridad hereditaria del bajo pueblo: Aquí encontramos una poderosa causa de mortalidad infantil; pero encontramos, sobre todo, el origen de afecciones que condenan á sus víctimas á una existencia más desesperante que la muerte misma, al idiotismo, á la demencia, á la perversión moral, á la neurosis que degradan al hombre, á tendencias criminales, que degradan á la especie (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 67).

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La relación entre alcoholismo y heredointoxicación alcohólica (Huertas1993, Campos, 1997), causas degenerativas de primer orden y criminalidad es una constante en el discurso médico y criminológico de la época (Huertas, 1993a; Huertas y Martínez, 1993). Orrego lo expresa con mucha claridad cuando asegura que la influencia hereditaria del alcoholismo en la «embriología del crimen» es ya un hecho que no admite discusión. Á las vagas apreciaciones de épocas pasadas ha sucedido ahora una serie de trabajos documentados suficientes para formar un criterio irrecusable a este respecto (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 67).

Una «embriología del crimen» que da lugar a familias marginales, y degeneradas, que amenazan y contaminan una sociedad ordenada, pulcra y aséptica. El origen social de la criminalidad desaparece porque la biología lo invisibiliza, lo naturaliza: Conoceis el célebre ejemplo, tantas veces citado, de la familia Yuke de Estados Unidos en que se contaron doscientos ladrones y asesinos, doscientos ochenta y ocho valetudinarios y noventa prostitutas, descendientes todos de un mismo tronco, el alcoholista Max, en el espacio de ciento quince años (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 67).

Orrego está haciendo alusión a la célebre familia Juke, sobre la que Richard Louis Dugdale publicó, en 1877, The Jukes: a study in crime, pauperism, disease, and heredity, que llegó a convertirse en un clásico del eugenismo y cuya trama de decadencia, crimen y degeneración, a través de varias generaciones, solía sacarse a la luz hasta bien entrada la década de 1930, especialmente en los debates sobre la esterilización eugénica (Sánchez, 2014: 386). En todo caso, y como cabía esperar, cuando Orrego profundiza en su reflexión sobre el crimen y la criminalidad se muestra abiertamente lombrosiano: Señores, sea cual fuere la manera como se aprecien las tentativas geniales de Lombroso, ellas han venido á establecer una serie de hechos que substancialmente modifican las hipótesis que servían de base á nuestras ideas sobre la criminalidad y la legislación penal.

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Erradicación y biología de las poblaciones... En todo el mundo civilizado las doctrinas de Lombroso han tenido una profunda y viva resonancia, han modificado los procedimientos de la justicia criminal y modificado la organización del sistema carcelario (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 68).

Orrego Luco insta a la sociedad médica a incorporar esta nueva criminología, dejando atrás la punición, comprendiendo e incorporando las novedades científicas y tecnológicas. Frente a las viejas leyes, que es preciso modificar, una nueva ciencia se alza como garante de la defensa social: Señores, ya es tiempo que á ese movimiento científico se asocie el de los médicos chilenos; que nuestros estudios hagan ver cuál es el verdadero carácter de los hombres criminales, y que demostremos á nuestros legisladores que, á la vieja y bárbara teoría que veía en la pena un castigo impuesto al delito, es necesario substituir la noción más humana y más en armonía con la naturaleza de las cosas, que ha despojado á la pena de ese carácter de venganza, para ver en ella solamente una defensa de la sociedad en contra del crimen (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 68).

Termina su disertación meditando sobre la joven raza americana. Frente a la vieja estirpe europea, capaz de generar «hombres de genio» o «degenerados superiores», las elites americanas deben estar dispuestas a recibir y adaptar los conocimientos producidos en otras latitudes: Como ha observado el mismo Lombroso que acabo de citaros, mientras más vieja es una raza, en su degeneración misma encontrará más fuentes de neurosis y por consiguiente de genialidad, y al mismo tiempo una razón para que en su población encuentren resistencias los descubrimientos nuevos. Esto nos explica el hecho contradictorio que pueblos que son en masa ultra-conservadores en política y en religión, sean los que han producido los más grandes revolucionarios en los diversos ramos de la actividad humana. Las razas nuevas no han desarrollado todavía en su seno esos gérmenes de degeneración de que brota la originalidad y el genio, no producen grandes revolucionarios religiosos y científicos, pero pueden, en cambio, apropiarse los descubrimientos y las ideas revolucionarias de los otros (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 66).

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En suma, las elites liberales del nuevo mundo estarías llamadas a importar conocimientos y destrezas con el fin de mejorar la raza y conseguir que las utopías tecnocientíficas sean posibles en nuevos territorios: Y así, las nuevas ideas que salen de la vieja Europa, donde deban morir estériles, por falta, no de quién las crea, sino de quien las comprenda, irán á encontrar en el Nuevo Mundo quién las perpetúe fecundándolas y aplicándolas; así como el fruto inspirador de la vid, el primer consuelo y el primer pecado del patriarca asiático, principia á volvernos ya modificados y mejorados del Nuevo Mundo, donde por tanto tiempo pareció extraño […] así como la libertad política, sueño utópico y envidiada meta del viejo continente, echa raíces sólidas y seguras en el mundo americano, de donde los grandes pensadores europeos recibirán nueva fuerza para sus trabajos y la última mirada de consuelo para una vida desconocida y burlada (Orrego Luco, 1895. Tomado de Leyton, Placios y Sánchez, 2015: 69).

En 1908, en vísperas del centenario de la Independencia (1910) y algunos años más tarde de los discursos y escritos del doctor Orrego Luco, se celebró en Chile el Primer Congreso Científico Pamericano (Cuarto Congreso Científico Latinoamericano) 1908-1909. Las dos secciones con mayor número de trabajos fueron la de Ciencias Médicas e Higiene, dirigida por el médico chileno-alemán Germán Greve (1909), y la de Ciencias Naturales, Antropología y Etnología, coordinada por el biólogo Carlos E. Porter Greve (Sánchez, 2014). Es en este congreso donde el higienismo, la medicina, la etnología y las ciencias naturales se entrecruzan con más claridad, y donde la biometría comienza a incorporarse como una teoría y tecnología científica a seguir (Calvo, 2011). El nacionalismo y la identificación biológica habían triunfado, las elites latinoamericanas habían incorporado estas tecnologías de depuración poblacional (bertillonage y dactiloscopia). El criminólogo chileno Robustiano Vera anunciaba, en este cuarto congreso, una nueva amenaza, la de la inmigración no deseada, el último eslabón de la cadena teórica de la herencia degenerativa lombrosiana, el criminal político o revolucionario: Los pueblos de América acrecientan su población por la inmigración. El beneficio es indiscutible. Si en cada puerto de entrada se establecieran gabinetes de identificación, no tendríamos tantos criminales,

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Erradicación y biología de las poblaciones... hay que defenderse de los agitadores, de los gremios obreros y de los anarquistas (Vera, 1909: 158).

Frente a anteriores oleadas inmigratorias, consideradas de manera positiva por la llegada de trabajadores y colonos europeos que iban a contribuir a la construcción de los estados nacionales y que dieron lugar consignas como la de «gobernar es poblar», del argentino Juan Bautista Alberdi (Vázquez Rial, 1988), los inmigrantes europeos llegados al Cono Sur en el periodo comprendido entre 1870 y 1890 son percibidos de manera muy distinta. La derrota de la Comuna de París, la caída de la Primera República española, las leyes antisocialistas de Bismarck y la dura represión de las revueltas obreras en Italia fueron causas desencadenantes del traslado a América de contingentes de trabajadores con una activa militancia política a sus espaldas. Además, el proceso de industrialización dio lugar a una serie de problemas y tensiones sociales bien conocidas en Europa, pero que resultaban nuevos en el continente americano. La creación de sindicatos, «gremios obreros» como los denomina Robustiano Vera, y, en general, el surgimiento del movimiento obrero (Pizarro, 1986; Ortiz, 2005), de corte socialista o anarquista, causaron honda preocupación en las elites y precipitaron tanto su criminalización como el desarrollo de estrategias y técnicas de defensa social. Unas elites que se preparaban para hacer frente a los «subversivos» y a las revoluciones sociales del siglo xx. Entre todo su arsenal, la ciencia no sería un arma menor. En este capítulo y en el anterior hemos mostrado, a través de dos estudios de caso suficientemente significativos, cómo el liberalismo chileno decimonónico desarrolló políticas sociosanitarias y urbanísticas que tuvieron consecuencias directas en el gobierno de las poblaciones. Pensamos que, por su diseño y contenidos, tanto las propuestas como las acciones llevadas a cabo por el Estado liberal pueden ser considerados como antecedentes de los modelos científicos de higienización y segregación implementados, muchos años más tarde, por la dictadura militar de Pinochet en el marco del (neo)liberalismo del siglo xx. Entre ambos momentos históricos pueden establecerse, como apuntábamos en la introducción y trataremos de demostrar, conexiones ideológicas, matizadas continuidades políticas y novedades técnicas sobre las que merece la pena reflexionar. 79

LA GEOPOLÍTICA, EL «ESTADO AMEBA» Y LA POBLACIÓN Introducción La modernidad liberal, representada por autores como Benjamín Vicuña Mackenna o Augusto Orrego Luco, viene a conectar directamente con la modernidad neoliberal, violenta y autoritaria, que adaptó proyectos higienistas y eugénicos, diseños urbanísticos y políticas sociales con el fin de configurar un modelo específico de control de la población y de la regulación social. En un escenario muy diferente, tras el golpe de Estado de 1973 y la caída de la Unidad Popular, la instauración de una dictadura militar, fascista en lo político y neoliberal en lo económico, dio lugar a una serie de reformas que también tuvieron un soporte científico fundamentado en una concepción organicista de la sociedad. Una concepción organicista basada en el establecimiento de analogías entre la sociedad y un organismo viviente, por medio de operaciones que, de forma más o menos explícita, contendrán un análisis comparado de sus elementos constitutivos: las células y los seres humanos. Ambas entidades pasarán a ser, dentro de esta lógica, unidades objeto de manipulaciones experimentales que invocan mandatos científicos, con el fin de conseguir un funcionamiento orgánico (social) ideal (Miranda y Vallejo, 2005). Esta tendencia a explicar biológicamente el funcionamiento de la sociedad —presente ya en el darwinismo social decimonónico— es retomada, en muy buena medida, por los fascismos europeos: La teoría de la sociedad que sirve de base y fundamento a los fascismos presenta una clara orientación de carácter transpersonalista y organicista. La sociedad (y en seguida el Estado) vienen a ser considerados como entes u organismos suprapersonales, como «hombres en grande» capaces de absorber en su seno a los hombres individuales convirtiéndoles en simples miembros, o parte de ese gran «todo social» […]. La tesis del Estado ético en el fascismo italiano y la idea de Comunidad entendida al modo del nazismo alemán serían, como hemos dicho, concreciones históricas de

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César Leyton Robinson esa hipóstasis de la sociedad y el Estado, de esa auténtica sustanciación de lo colectivo que llevan a cabo las concepciones organicistas […]. La conexión entre un cierto organicismo social y los Estados totalitarios parece, en efecto, indudable. La entificación o sustanciación de lo colectivo ha sido, puede sin duda decirse, la concepción de una sociedad que, con sentido elitista oligárquico y base real capitalista, ha servido como fundamento a los Estados totalitarios fascistas (Díaz, 1966: 134-135).

Esta línea de pensamiento es aplicable al Régimen Militar chileno, si bien pueden identificarse rasgos específicos muy concretos que permiten explicar, como intentaremos argumentar más adelante, lo que hemos denominado ciencia de la erradicación. El importante papel que desempeñó en Chile la geopolítica resulta central en nuestro empeño de mostrar las bases científicas de las estrategias del gobierno de las poblaciones durante la dictadura de Pinochet. Veamos, a continuación, los fundamentos de la geopolítica castrense chilena y su aplicación en la configuración de la noción de «Estado ameba», propuesta por el propio Pinochet y ejemplo donde los haya de metáfora biológica en el marco de una concepción claramente organicista de la sociedad.

La geopolítica de Pinochet y el «Estado ameba» En 1968, el entonces coronel del Estado Mayor chileno y profesor de la Academia de Guerra del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006) publicó su Geopolítica (Pinochet, 1944 [1968]). Se trata de una obra en la que el futuro dictador intentaba aplicar los principios de la geopolítica de Friedrich Ratzel (1844-1904) o de Rudolf Kjellén (1864-1922), entre otros, al contexto chileno, en unas condiciones históricas, sociopolíticas y estratégicas bien diferentes de las que generaron las políticas expansionistas e imperialistas de los Estados europeos liberales de finales del siglo xix y comienzos del xx. Este libro de Pinochet se sitúa en el marco de una importante tradición de estudios geopolíticos en el Ejército chileno, introducida con anterioridad por el geógrafo militar Ramón Cañas Montalva, que llegó a ser comandante en jefe de Ejército de Chile entre 1947 y 1949 y que tuvo un destacado protagonismo en las políticas de expansión terri82

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torial chilena hacia la Antártida (Cañas Montalva, 1940; 1941). Cañas formuló, además, la necesidad de recuperar territorios estratégicos, como la Patagonia. Colonizaciones y luchas geográficas y de conquista del territorio fuertemente influidas por la Polistiche Geographie (1897) de Friedrich Ratzel (Santis, 1986). La línea de trabajo y de enseñanza iniciada por Ramón Cañas Montalva fue continuada con entusiasmo por oficiales del Ejército con responsabilidades docentes en la Academia de Guerra, donde se impartieron cursos sobre Geografía y Geopolítica a cargo del general Gregorio Rodríguez Tascón y del propio Pinochet. Existe, además, una producción nada desdeñable de textos que demuestran el especial interés de los militares chilenos por los aspectos geoestratégicos y geopolíticos (Von Chrismar Escuti, 1969; Buzeta, 1978), entre los que destacan los del futuro dictador, autor de obras como Síntesis Geográfica de Chile, Argentina, Bolivia y Perú (Pinochet, 1953), Síntesis Geográfica de Chile (las relaciones espaciales, aspectos geofísicos, geohumanos, geografía política y económica de Chile) (Pinochet, 1955) y, de manera especial, Ensayo sobre un estudio preliminar de una Geopolítica de Chile (Pinochet, 1965) y la ya citada Geopolítica (1968). La propuesta geopolítica de Pinochet no es original, pues se limita a recopilar, de manera más o menos ordenada, las ideas de otros autores; incluso recientes acusaciones de plagio ponen en duda tanto su capacidad científica como su honestidad intelectual (Peña, 2013). Sin embargo, lo que nos interesa destacar aquí es la importancia que la «ciencia de la geopolítica» llegó a tener, como veremos, en el diseño de las estrategias de erradicación que la dictadura militar puso en marcha a partir del golpe de Estado de 1973. Para ello fue necesaria una adecuación de la vieja Geopolitik alemana, con su concepción darwinista del Estado y sus metáforas organicistas, que tanta importancia había tenido no solo en la Alemania de entreguerras, como soporte ideológico y científico del Tercer Reich (Cairo, 2011), sino en otros Estados fascistas, como la Italia (Massi, 1986) o el Japón de la Alianza del Eje (Takeuchi, 1980) o la España franquista (Vicens Vives, 1940; Carreras i Verdaguer, 2011). Tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazi-fascismo, esta Geopolitik alemana fue muy criticada (Paterson, 1987; Bassin, 1987) 83

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y, en cierto modo, sustituida por una orientación diferente, ligada a los intereses imperialistas de Estados Unidos y a su política anticomunista (Tuathail, 1996). Sin embargo, en América Latina, esta nueva geopolítica norteamericana, con las obras de Nicholas Spykman (1893-1943) como manuales de cabecera (Spykman, 1942, 1944; Fiori, 2007) y centrada en la supremacía de los Estados Unidos y en la lucha contra el comunismo, pudo llegar a convivir con ciertos «brotes tardíos» de las teorías geopolíticas de entreguerras (Child, 1979; 1985), cuyas reminiscencias fascistas debieron resultar muy atractivas para los dictadores del Cono Sur. Todo ello en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional (Velásquez, 2002) que, como se sabe, llevó la lucha contra la amenaza comunista a sus máximas consecuencias, propiciando golpes de Estado, poniendo en marcha políticas de exterminio del «enemigo interior» y ejerciendo el más férreo control de la población con el fin de erradicar, de cortar de raíz, cualquier elemento individual o colectivo que amenazara el orden instituido. Ahora bien, aunque todo este proceso está, como acabamos de ver, suficientemente documentado, la historiografía no parece haber prestado especial atención a la convivencia entre las nuevas y las viejas doctrinas geopolíticas. Por esta razón y por lo hasta aquí expuesto, nos aventurarnos a plantear que la fusión entre la geopolítica impuesta desde Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y la de origen prusiano anterior a la misma permitió unos desarrollos que difícilmente pueden entenderse sin tener en cuenta el soporte científico propiciado por el determinismo positivista decimonónico. Darwinismo y darwinismo social, determinismo biológico y ciencia positiva, pero también racismo científico, eugenesia, prevención e higiene social aparecen como telón de fondo de una geopolítica cuyas conexiones con la llamada biopolítica resultan evidentes.1 1   Fue, precisamente, Rudolf Kjellén el primero en utilizar tanto el término geopolítica como el de biopolítica. Véase, al respecto, Espósito (2005), Fernández Agis (2008) y Vázquez (2009). Sin embargo, es indudable que las líneas historiográficas y teóricas en torno a la biopolítica se establecen a partir de los trabajos de Michel Foucault, entre los que destacaremos aquí los cursos que impartió en el Collège de France a finales de los años setenta y que no fueron publicados hasta la primera década del siglo xxi: Nacimiento de la biopolítica (2007) y Seguridad, territorio, población (2014).

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Como ya se ha indicado, la Geopolítica de Pinochet (1968) aparece como la obra de un profesor de la Academia de Guerra del Ejército, pero trasciende la mera voluntad docente, en el ámbito militar, para convertirse en una obra ideológica que pretende justificar científicamente el expansionismo chileno en el área. No se trata aquí de analizar en profundidad sus contenidos, pero sí de destacar los elementos más sobresalientes en función de nuestros objetivos. En este sentido, lo que más nos interesa enfatizar es la influencia de autores como Friedrich Ratzel (1896, 1897) y, de manera particular, su visión evolucionista y determinista de las relaciones entre territorio y población (Díaz, 2011). Un concepto fundamental en el pensamiento de Ratzel es el de «espacio vital» (Lebensraum), expresión con claras reminiscencias darwinistas y, en cierto modo, emparentada con las nociones de lucha por la vida, selección natural, supervivencia del más apto, etc. Aunque es discutible que la obra de Ratzel deba situarse en el marco del llamado darwinismo social (Cairo, 2011), no cabe duda de que su obra constituyó una justificación política de la expansión de los Estados poderosos a costa de sus vecinos más pequeños o más débiles (Bassin, 1987a). Para Ratzel, los Estados no son realidades estáticas, sino que se encuentran en continua evolución, como si fueran organismos vivos. Como se sabe, primero Rudolf Kjellén (1916) y más tarde Karl Haushofer politizaron las ideas de Ratzel y sentaron las bases de la geopolítica nazi (Holdar, 1992). El propio Adolf Hitler utilizó la terminología del Lebensraum para describir la necesidad del Tercer Reich de encontrar nuevos territorios para expandirse, principalmente a costa de los pueblos eslavos de Europa del Este. A este respecto, tal como afirmó George Sabine, «el Lebensraum y la teoría racial combinaban simplemente la forma más burda del imperialismo explotador (alemán y de dominio de la raza blanca)» (Sabine, 1963: 652). Pues bien, Pinochet cita repetidamente a todos estos autores, esforzándose en sintetizar sus ideas. Es interesante constatar, por ejemplo, la influencia de Haushofer, para el que el espacio vital no tiene que coincidir con el territorio delimitado jurídicamente para un 85

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Estado, sino con la extensión de la cultura y del grupo étnico (Cairo, 2011: 342), lo que es recogido por Pinochet cuando afirma que: También el espacio físico puede lograrse por la influencia espiritual, por el alcance que toman las ideas de un pueblo de mayor cultura en otros de inferior capacidad. Esta inferioridad muchas veces llega a subordinar por completo un pueblo a otro hasta llegar a su subordinación total, significando con ello un aumento de espacio físico (Pinochet, 1974 [1968]: 216).

Pero en la obra de Pinochet puede identificarse también la influencia del geopolítico británico Halford John Mackinder (18611947) y su teoría del Heartland (teoría de la «región cardial» o «área pivote»), zona nuclear —que este autor sitúa en Europa del Este— de la máxima estrategia geopolítica desde la que se controlaría el mundo. Es famosa la conferencia que Mackinder pronunció ante la Real Sociedad Geográfica de Londres el 25 de enero de 1904, en la que expone por primera vez su teoría del área pivote y que fue publicada en inglés ese mismo año (Mackinder, 1904), pero resulta especialmente significativo que Pinochet (1974 [1968]: 231-249) incorpore este texto en castellano, como anexo, en su Geopolítica. La importancia que el militar chileno otorga a la obra de Mackinder se hace también evidente en la utilización de la teoría del Heartland y en su peculiar traslación al Pacífico Sur, con un diseño geopolítico en el que incluye a tres continentes (América del Sur, Oceanía y la Antártida) y en el que el núcleo vital (el Heartland) estaría en el Chile continental (Pinochet, 1974 [1968]: 70). La supremacía de Chile en el Pacífico Sur es, sin duda, uno de los ejes fundamentales del discurso de Pinochet. Destaquemos, finalmente, que el modelo de Mackinder es utilizado para describir una anatomía del Estado (nunca se renuncia a la ya comentada visión organicista del mismo) en la que distinguen cinco estructuras morfológicas: 1) frontera: capa envolvente cuya resistencia está en el grado de potencialidad del núcleo vital; 2) Hinterland o espacio alimentador del núcleo vital: su crecimiento se expande hasta las fronteras buscando el espacio vital; 3) núcleo vital o Heartland: núcleo más poderoso del Estado y el que le da vida; 4) comunicaciones: nervios que unen las diferentes zonas entre sí y dentro de ellas; 86

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y 5) ciclo vital del Estado: deben tenerse en cuenta también los elementos que permiten explicar el nacimiento, desarrollo y muerte de los Estados (Pinochet, 1974 [1968]: 30). Sin embargo, donde más claramente puede identificarse el peso que esta geopolítica organicista y determinista tiene en la obra de Pinochet es en su propuesta de considerar al Estado como una ameba. La metáfora biologicista llega a su máxima expresión al considerar el Estado como un organismo vivo que tendría unas propiedades similares al de dicho protozoo: El Estado como un organismo formado por los elementos señalados […] adquiere en su composición una constitución semejante a una Ameba […]. Para la geopolítica, el Estado no es una creación legalista. Por el contrario, ve en él un organismo vivo, sometido a ciertas leyes y sujetos a influencias naturales al igual que cualquier otro organismo animal. Por lo tanto, un Estado experimenta fenómenos de nacimiento, crecimiento y muerte; se expande, enferma y envejece como todos los seres (Pinochet, 1974 [1968]: 30).

La formulación de este Estado-ameba resulta bastante apropiada para los fines del autor. La ameba, descrita por Johann Rösel von Rosenhof (1705-1759) a mediados del siglo xviii (Money, 2014: 195), ha sido mostrada tradicionalmente como un ejemplo muy característico de organismo unicelular: su forma cambiante; su capacidad para moverse hacia los nutrientes y de emitir pseudópodos con los que desplazarse y alimentarse con un cierto componente «depredador»; sus posibilidades de expandirse y reproducirse; y, finalmente, la función específica de determinados orgánulos, como las vacuolas, que permiten atrapar sustancias nutritivas, pero también digerirlas y asimilarlas o destruirlas y eliminarlas desde el interior del citoplasma. No resulta difícil establecer paralelismos, más o menos metafóricos, con los Estados en expansión que luchan por su espacio vital, se abastecen y crecen a expensas de los organismos más débiles y controlan y eliminan sus desechos internos. Aplicando el símil a Chile, parece obvio que esta concepción de Estado-ameba permite entender que, como la célula, su forma es también cambiante o, lo que es lo mismo, que sus fronteras no son estables y pueden ampliarse 87

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«fagocitando» y «alimentándose» del territorio peruano y boliviano. Los conflictos fronterizos de Chile con sus vecinos del norte vienen, como es sabido, de larga data. Desde la Guerra del Pacífico, en el siglo xix, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, hasta las más recientes controversias de límites marítimos entre Chile y Perú, dichas disputas «geopolíticas» constituyen una constante histórica (M. A. Huertas, 2008). Precisamente, la supuesta inferioridad orgánica de la sociedad boliviana en su conjunto, explicada desde la biología y la geografía, justificaría dicha «fagocitación». Así se consideraba desde la Revista Chilena de Geopolítica, órgano de expresión del Instituto Geopolítico de Chile: Si miramos al Estado de Bolivia bajo el prisma geopolítico de organismo vivo, necesario nos será reconocer que vino a la vida como un organismo débil por razones fisiográficas: su topografía redundó en un compartimiento interno, estanco como el de un buque de guerra, materializado en regiones separadas entre sí por fronteras naturales, lo que hizo que muy pocas venas y arterias llevaran el flujo sanguíneo vital, de ida y regreso, que todo organismo necesita para desarrollarse fuerte y sano (Bravo, 1985: 58).

Y lo mismo ocurrió hacia el sur con la otra frontera, la que se traspasa con la ocupación de la Araucanía, en pleno expansionismo liberal y con la finalidad de someter e iniciar la aculturación del pueblo mapuche. La ameba de Pinochet fagocitó también las tierras mapuches con la fuerza de las armas, con la represión y desarticulación del movimiento indígena, y de la legislación, al promulgar el decreto ley de 1978, n.º 2568, que produjo la división y liquidación de las comunidades mapuches (Espinoza y Mella, 2013). Así pues, hay otro lugar donde es clave concentrar población, precisamente para ampliar y proteger el espacio vital original: la frontera. La idea de frontera está elaborada en los elementos constitutivos del Estado geopolítico, pero nos llama la atención que la definición que promueven algunos teóricos, como el geógrafo chileno Ricardo Riesco Jaramillo, parte de un concepto procedente del proceso de colonización del Oeste norteamericano, como un elemento que forjó la identidad de los colonos en el proceso de formación de los Estados Unidos como nación: 88

La geopolítica, el «Estado ameba» y la población Aclarando el sentido de frontera geopolítica acudo al historiador norteamericano F. J. Turner (1861-1932). Él sostiene que fue precisamente en la frontera, y a tenor del impacto que provocan medios ambientes naturales desconocidos y salvajes que actúan sobre individuos representantes de una civilización trasplantada, de donde se formó y fortaleció la concepción libertaria, depuró el ideal nacionalista y acrisoló el espíritu democrático de los Estados Unidos (Riesco Jaramillo, 1985: 19).

El autor chileno se está refiriendo a Frederick Jackson Turner, autor de The Significance of the Frontier in America History (1893), que inauguró los estudios de frontera y la llamada Frontier Thesis. El trabajo de Turner fue, sin embargo, muy discutido, ya en el siglo xx, por autores como George Wilson Pierson (1942), quien consideró que en la configuración de la nación norteamericana existieron otros factores diferentes a la «cultura de frontera», o como Patricia Nelson Limerick (1987), al proponer que el Oeste americano debe ser entendido como un lugar y no como un proceso de expansión permanente. Desde la historia urbana, es de destacar, asimismo, la obra de Richard C. Wade (1959), que sostiene que las ciudades occidentales, y no los pioneros agricultores, fueron los catalizadores de la expansión hacia el Far West estadounidense. Así pues, podemos aventurar que el recurso a Turner para argumentar la geopolítica en el sur adolece de una perspectiva, o conceptualización, anticuada para un proceso de colonización que se desea aplicar en las zonas australes de Chile a finales del siglo xx. Una mixtura teórica, conservadora y futurista, sobre la que pretende asentarse la geopolítica en el ámbito chileno. En el contexto que estamos considerando, el expolio y la anexión de los territorios mapuches (Wallmapu) tiene puntos de contacto con las acciones del Gobierno brasileño en los territorios amazónicos. En Brasil, tan solo dos años antes de la publicación del libro de Pinochet, apareció la Geopolitica do Brasil del general Golbery do Couto e Silva (1966), también profesor de la Escola Superior de Guerra y uno de los referente de la Doctrina de Seguridad Nacional en su país durante la dictadura militar instaurada a partir del golpe de Estado de 1964. Se trata de una obra prestigiosa que recoge influencias intelectuales y políticas muy similares a las de Pinochet (Kjellen, Raztel, Haushafer o Spykman) y que plantea, de manera expresa, la necesidad de extermi89

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nar a los enemigos internos (políticos y sociales) del Estado, así como la ocupación de las llamadas áreas vacías (zonas de los indígenas amazónicos) para asegurar los negocios de los empresarios locales y de las trasnacionales norteamericanas. Como ha explicado Andrés Ruggeri: «La geopolítica es la teorización de la política-militar de las necesidades expansivas —de conquistas de materias primas y mercado— de los monopolios en la fase superior del capitalismo» (Ruggeri, 2006). Así pues, la geopolítica conformó fronteras y espacios vitales, también en el interior de los Estados, con el fin de desarrollar los procesos económicos regionales —industrialización, colonización de mercados o construcción de comunicaciones— diseñados por las elites. Además, asegurará militarmente un sistema macrorregional orgánico y económico: La concepción geopolítica de la necesaria concepción armónica entre el heartlant y hinterland, los lleva a preocuparse preferentemente […] del desarrollo regional del poder. Se trata de la proposición de planes de industrialización, colonización, vías y obras y otras políticas estatales que robustezcan las fronteras, desarrollen hinterland secundarios con el principal y comuniquen expeditivamente las zonas de la célula-estado. De ahí se deprende un énfasis particular en la subdivisión militar y política del territorio, que haga operable la operación del gobierno, la dislocación de las fuerzas militares y la densidad demográfica (Cavalla, 2001: 47).

La metáfora biologicista de la célula-Estado se asumirá y repetirá en otros intentos de teorización de la geopolítica chilena: Los individuos y los Estados, de conformidad con Kjellen, ofrecen la lucha por la supervivencia y se presenta el fenómeno geopolítico del predomino […]. El yo subconsciente es una manifestación al igual que la mayor parte del yo consciente o social, de la autodefensa existencial; es el afán del protoplasma celular por existir, como un mandato programado en la sustancia del ácido desoxirribonucleico (ADN) y busca el fluido energético que le permite su subsistencia vital, llegando a destruir a cualquier ser que se oponga o compita ante la energía, sí ésta escasea (Stack, 1985: 9).

Estos paralelismos entre organismos unicelulares y organismos sociales sirven para justificar, y naturalizar, unos valores de conflicto 90

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y competencia por el alimento, el espacio y, en definitiva, por la supervivencia. Una geopolítica, conceptualmente ligada al darwinismo social, que sirve de soporte a una teoría orgánica del Estado y termina justificando acciones políticas con una pretendida fundamentación científica. Para Hernán Santís, fundador y primer director del Instituto de Geografía de la Universidad Pontificia Católica de Chile y consejero del Instituto Geopolítico de Chile: Una primera gran corriente surge del esfuerzo intelectual del catedrático Federico Ratzel (1897) que arrancando del darwinismo social elabora y propone una la Teoría Orgánica del Estado. Bien sabemos que la mayoría de las escuelas nacionales de geopolítica, a su vez, encuentran su origen en tal corriente de investigación y reflexión, incluyendo las significativas contribuciones de Rudolf Kjellen sobre la materia, que alcanza desde el neologismo geopolítica hasta la elaboración de una estructura conceptual para la Ciencia Política (Santís, 1985: 6).

Las políticas territoriales y de población implementadas por el Gobierno de la dictadura estuvieron estrechamente vinculadas a estos principios geopolíticos. Pinochet fue cauto con la teoría en términos discursivos, pero persistente en promover sus elementos fundamentales en las políticas gubernamentales. Así lo explica el coronel del Ejército estadounidense Howard Taylor Pittman (1981) en su influyente y monumental trabajo Geopolitics in the ABC Countries: A Comparison, en el que analiza en profundidad las características de las tres escuelas geopolíticas más importantes de Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile), todas ellas en el marco de dictaduras militares instruidas en la Doctrina de Seguridad Nacional. La influencia de este autor en Chile fue importante y algunos de sus trabajos fueron publicados en la Revista Chilena de Geopolítica (Pittman, 1986, 1987, 1987a). Con respecto al Régimen chileno especifica que: La revolución de 1973, que llevó al poder al ex profesor de geopolítica, Augusto Pinochet Ugarte, no resultó inmediatamente en una inundación de teorización geopolítica. Más bien, el énfasis parece haber estado en la aplicación de principios geopolíticos para el gobierno. Como él y otros habían enseñado en los Colegios Militares. Sin embargo, continuaron desarrollándose algunas ideas básicas (Pittman, 1986: 79).

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Así pues, la materia que Pinochet enseñaba en la Academia Militar contribuyó de manera definitiva a un proyecto general de país que cristalizó veinte años después. Su llegada al Gobierno y la puesta en marcha de una política territorial relacionada con la seguridad (enemigos internos y externos) y el control, administración y distribución de la población es irrefutable.

(Geo)política de población El control de la población es, sin duda, uno de los objetivos fundamentales de la geopolítica. Como expresaba el mayor Julio von Chrismar Escuti, discípulo de Pinochet y otro de los teóricos de la geopolítica chilena: Los objetivos generales permanentes de la Geopolítica son: el desarrollo (económico y social) y la seguridad. Ambos tienen igual importancia y se apoyan recíprocamente. De ahí la estrecha relación de la geopolítica con la Economía política, la Sociología, la Geografía Humana y Económica y con la Política y la Estrategia (Von Chrismar Escuti, 1968; tomado de Polloni, 1972: 38).

Siguiendo con el hilo de pensamiento hasta aquí expuesto, resulta obvio, pues, que la geopolítica se convirtió, durante la dictadura militar en aquel «tiempo de generales», según la expresión de Fredecick Nunn (1992), en uno de los soportes imprescindibles del Estado chileno y de su funcionamiento. El propio Von Chrismar afirmaba, desde las páginas de la Revista Chilena de Geopolítica, que: «Algunos factores geopolíticos, tales como la población, el territorio, la soberanía y la organización político- administrativa, constituyen una de las bases en que se sustenta la institucionalidad del estado-nación» (Von Chrismar Escuti, 1984: 82). La población aparece como el objetivo fundamental que diversas estrategias e intervenciones (geo)políticas, ya que: La geopolítica debe prever, a largo plazo, las necesidades de la población, con la proyección de su crecimiento cuantitativo y cualitativo, las tendencias de la sociedad nacional; las proyecciones culturales, espe-

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La geopolítica, el «Estado ameba» y la población cialmente ideológicas, filosóficas y religiosas y los adelantos científicos y tecnológicos, con el objetivo de adoptar las previsiones pertinentes y orientar en forma racional y jurídica las aspiraciones futuras, especialmente a las nuevas generaciones. Dentro de este campo le corresponde a la geopolítica estudiar las indicaciones y síntomas sociales que permitan detectar oportunamente tendencias y aspiraciones que puedan atentar contra la seguridad nacional, especialmente cualquier síntoma de decadencia moral, intelectual y física de la población (Von Chrismar Escuti, 1984: 75-76).

He aquí, perfectamente sintetizado, todo un programa de actuación sobre la población que tendrá su traducción normativa en un importante documento, elaborado por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) en 1978 y publicado un año más tarde, titulado Política de Población (1979), cuyos contenidos merece la pena analizar con cierto detalle porque ODEPLAN, que en 1990 se convirtió en el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (MIDEPLAN), fue el espacio gubernamental en el que los teóricos de la geopolítica implementaron sus ideas. Este documento, cuyo título completo es Política de población: política poblacional aprobada por su excelencia el presidente de la República y publicada en el Plan Nacional Indicativo de Desarrollo (1978-1983), resulta clave para entender la aplicación directa de la ciencia de la geopolítica al gobierno de la población chilena, pero también, y en muy buena medida, para valorar la íntima relación entre geopolítica y población, como formas de expresión de un biopoder que pretende regular, como indican Hartdt y Negri, «la vida social desde su interior, siguiéndola, absorviéndola y reticulándola […] el biopoder, pues, se refiere a una situación en la cual el objetivo del poder es la producción y reproducción de la vida misma» (Hartdt y Negri, 2002: 25). Administrar la vida, porque la vida misma se ha convertido en un objeto de poder, sería, según estos parámetros, la finalidad última de la política de población que analizaremos a continuación. Los tres ejes fundamentales sobre los que pivota esta política de población del Gobierno de la dictadura son: 1) regulación de la fecundidad; 2) población, educación y cambios culturales; y 3) población y Seguridad Nacional. 93

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Regulación de la fecundidad Resulta interesante constatar que las políticas demográficas chilenas que estamos considerando se sitúan en una cierta encrucijada histórica, pues, si bien podemos hablar claramente de una política pronatalista, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia y propia de los regímenes fascistas europeos, tampoco podemos dejar de señalar que en 1978, el momento en el que como hemos visto se elabora el documento que estamos analizando, existe a nivel internacional un amplio debate en torno a las consecuencias de la explosión demográfica y al papel que la llamada planificación familiar debía desempeñar. Conviene contextualizar adecuadamente esta situación porque nos permitirá entender mejor el discurso de la dictadura pinochetista en materia de regulación de la fecundidad. En los años sesenta del siglo xx, el notable crecimiento de la población mundial inaugurado por el baby boom de la segunda posguerra mundial despertó señales de alarma en varios países europeos y, especialmente, en los Estados Unidos. Pronto comenzaron a difundirse investigaciones e informes que pronosticaban un inminente agotamiento de los recursos existentes y el aumento de la inestabilidad política y económica del sistema capitalista, relacionando la crisis del Tercer Mundo y sus altos niveles de subdesarrollo con su numerosa población. El soporte académico y científico de esta corriente de pensamiento neomalthusiana fue propiciado por el Club de Roma, la organización no gubernamental, fundada en la capital italiana en 1968, que encargó al Instituto de Tecnología de Massachusetts el famoso informe Los límites al crecimiento. En dicho informe, elaborado por un equipo dirigido por Donella Meadows (1972), se auguraba un futuro colapso global por agotamiento de los recursos naturales si el mundo no detenía su crecimiento poblacional y sus niveles de producción industrial. Una de las condiciones necesarias para evitar la catástrofe era la aplicación de políticas de planificación familiar, con especial énfasis en los grupos sociales más empobrecidos. Siguiendo estas recomendaciones se impulsaron programas de ayuda financiera a países diversos que exigían el compromiso de im94

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plementar medidas de planificación familiar que impidieran seguir reproduciendo la población y la pobreza, sin olvidar el control militar de las expresiones de descontento o resistencia con el fin de garantizar, como ya se ha indicado, la estabilidad del sistema capitalista. En todo caso, con anterioridad al informe al Club de Roma, el control de la natalidad ya era un hecho en Chile. Héctor Gutiérrez Roldan, demógrafo de la Escuela de Salud Pública durante la Unidad Popular e investigador contratado por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia tras el golpe de Estado de Pinochet, publicó en 1975 una importante monografía titulada La población en Chile, en la que se indica que «desde mediados de la década de los 60 ha comenzado en Chile una significativa reducción de la fecundidad» (Gutiérrez Roldán, 1975: 12). Las razones de este fenómeno demográfico son explicadas por la extensa difusión de la planificación familiar en Chile desde comienzos de la década de los sesenta. Desde el año 1962 se comenzó a proporcionar servicios de planificación familiar en algunas de las clínicas del Servicio Nacional de Salud de Santiago; pero su número aumentó significativamente en 1965. En 1969 existían 170 clínicas de protección materno-infantil del Servicio, en las que se prestaban atenciones de regulación de la familia; aunque se calcula que había unas 80 clínicas más, manejadas por otras instituciones, en las que también se ofrecían estas atenciones (Gutiérrez Roldán, 1975: 25). Como el Servicio Nacional de Salud atendía prácticamente al 70 % de la población total del país, el efecto de la difusión de anticonceptivos a través de sus clínicas resultó, sin duda, eficaz. Un informe del Servicio Nacional de Salud del año 1969 indicaba que atendía a más de 220 000 aceptantes activas de anticonceptivos, de las cuales casi un 50 % usaban los dispositivos intrauterinos y un 20 % la píldora. El informe señalaba, además, que la disminución de la fecundidad registrada en el país en ese período había sido paralela al desarrollo del programa de planificación familiar, aunque no establecía una relación directa (Gutiérrez Roldán, 1975: 25). Mientras en 1964 el 18 % de las mujeres casadas o convivientes usaban métodos anticonceptivos eficaces, siempre según los datos 95

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aportados por Gutiérrez Roldán, esta proporción subió a un 50 % en 1967. Asimismo, la incidencia del aborto provocado bajó a un 63 % entre 1964 y 1968, pero al mismo tiempo descendió la fecundidad en un 45 % en el mismo lapso. Pudo demostrarse así, según este autor, que «es posible reducir drásticamente la incidencia del aborto —y también de la fecundidad— en un período corto y sin cambiar el nivel de vida, a condición de poner a disposición de las parejas los métodos anticonceptivos que deseen y que además estén predispuestas a utilizarlos» (Gutiérrez Roldán, 1975: 27). Es importante tener en cuenta este escenario, tanto en el plano nacional como en el internacional, porque nos permitirá entender la situación de partida de la política de población de la dictadura en materia de regulación de la fecundidad. Una política pronatalista que seguirá siendo reclamada por teóricos de la geopolítica, como el ya citado Julio von Chrismar Escuti cuando asegura, ya en 1984, que «la población de Chile estaba sometida desde más de una década a un intenso deterioro, por campañas anticonceptivas introducidas desde el exterior, usando a nuestra Patria como un verdadero “conejillo de Indias”» (Von Chrismar Escuti, 1984: 31). Para afirmar, dos años más tarde, que debe considerarse que es una tarea urgente de todos los chilenos recuperar el tiempo perdido y reparar el grave deterioro demográfico sufrido en los últimos 15 o 20 años, debido a los graves e intencionales daños provocados a nuestra población por entidades extranjeras y nacionales infiltradas y erróneamente aceptadas por nosotros los chilenos (genocidio sistemático autoinferido) (Von Chrismar Escuti, 1886: 34).

Cuando habla de «entidades extranjeras», el militar chileno se está refiriendo, sin duda, a los vínculos del Programa de Planificación Familiar chileno con organizaciones como la Population Council, la Rockefeller Foundation, la International Planned Parenthood Federation y la ONU entre 1960 y 1973 (Zárate y González, 2015). Sin embargo, tal tarea de recuperación demográfica no resulta nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta el éxito y aceptación que, según acabamos de ver, alcanzó la planificación familiar en épocas anteriores entre la población chilena y las tendencias internacionales en esta materia. El aludido documento Política de Población de 1979 96

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es una buena muestra del esfuerzo por conseguir una tendencia pronatalista en el país. La relación entre aumento de la población y productividad, entre recursos humanos y desarrollo económico es señalada desde el inicio del referido documento: Siendo el recurso humano no sólo el medio fundamental del que un país se vale para lograr su desarrollo, sino también su finalidad última, la dinámica de cambios y fluctuaciones a que se ve sometida la población, ha de ser un proceso ampliamente conocido y considerado por el Estado, debido por una parte a su enorme importancia para la asignación oportuna y adecuada de los limitados recursos económicos con que cuenta la Nación (ODEPLAN, 1979: 1).

A esta importancia económica de la población para el Estado se suma una fundamentación cultural y, concretamente, religiosa. Los redactores del informe que estamos analizando aúnan con habilidad estos elementos en una especie de fusión de los intereses de la geopolítica y los de la Iglesia católica: El Gobierno de Chile, consciente de que el pueblo chileno ha surgido y se ha forjado en el contexto del pensamiento cristiano de la vida, ha hecho de esta visión trascendental del hombre, la fuente básica de donde emanan las principales directrices trazadas para lograr un efectivo desarrollo nacional, contándose entre ellas la Política de Población como consecuencia natural de dicha elevada concepción de la realidad del hombre (ODEPLAN, 1979: 1).

La puesta en marcha de una política de natalidad activa, estimulando la procreación en el seno de las familias —con ayudas a las familias numerosas, por ejemplo— y prohibiendo y persiguiendo los métodos anticonceptivos, pudo ser viable en los fascismos europeos y, de manera particular, en el nacional-catolicismo de la España franquista (Landwerlin, 1995; Nash, 1991). Sin embargo, el tiempo ha pasado y ni siquiera a una dictadura militar fascista le resulta fácil, a finales de los años setenta, reproducir las políticas natalistas de los estados autoritarios de los años treinta y cuarenta. El discurso debe ser más cauto, pero no por ello menos efectivo. 97

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La familia (cristiana) aparece como el núcleo primordial de la sociedad, como el elemento básico de la estructura social, en el que sus componentes, unidos por el amor, encuentran el ámbito insustituible para crecer como personas: Así, el individuo forma una familia para alcanzar fines que no puede lograr solo, continúa luego formando asociaciones más amplias para lograr objetivos que la familia es incapaz de conseguir por sí misma, para finalmente delegar en el Estado aquellas funciones que ninguna sociedad intermedia está en condiciones de realizar por si sola. Ahora bien, dicha realidad marca un límite al campo de acción de cada sociedad mayor, respecto a la menor (ODEPLAN, 1979: 1).

Es decir, el Estado no debe inmiscuirse en decisiones que deben tomarse exclusivamente en el interior del núcleo familiar. El documento postula el «principio de subsidiariedad» del Estado, en relación a las responsabilidades que deben recaer en la familia, y es muy claro a este respecto: Aplicando este principio a la relación que debe establecerse entre el Estado y la familia respecto a la forma como esta concibe su propio bienestar en términos de números de hijos y lapso entre nacimientos, es claro que el Estado no puede intervenir en forma alguna sin caer en contradicción con el Principio de Subsidiariedad, y por tanto del grado de libertad que le es inherente al sistema familiar (ODEPLAN, 1979: 1).

Como se sabe, el principio de subsidiariedad tiene su origen en la Doctrina Social de la Iglesia, aunque su aplicación se ha independizado en gran parte de ella y es empleada en el Derecho para justificar la abstención de regulación estatal. La expresión «principio de subsidiariedad» fue formulada por primera vez por el Papa Pio XI en su encíclica Quadragesimo Anno (1931), retomado y actualizando, cuarenta años más tarde, las ideas de León XIII en la Rerum Novarum (1891). La Iglesia pretende compatibilizar la propiedad privada y el libre mercado con cierto concepto de «justicia social» basada en la caridad cristiana y en los valores evangélicos (Domènec, 2000). En definitiva, el principio de subsidiariedad, en su sentido originario, 98

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forma parte de la filosofía del sistema capitalista en la medida en que favorece la abstención del Estado ante la iniciativa privada, lo que llevado a sus últimas consecuencias lo convierte en pieza clave del modelo neoliberal. Resulta interesante la habilidad con que se maneja y aplica este principio de subsidiariedad en un documento dedicado a la regulación de la fecundidad y la manera de conjugar en un mismo discurso la ideología política y económica del régimen con las tendencias internacionales y con las novedades que se van produciendo en la doctrina de la Iglesia. En 1968, durante la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán (Irán), la planificación familiar fue definida, por primera vez en un documento internacional, como el derecho humano fundamental de los padres para decidir sobre el número de hijos y los intervalos entre sus nacimientos: «La protección de la familia y del niño continúa siendo la preocupación de la comunicad internacional. Los padres tienen un derecho humano básico a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener y cuándo tenerlos« (Naciones Unidas, «Proclamación de Teherán. Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán», 13 de mayo de 1968; tomado de Felitti, 2008: 11). Con este enunciado se buscaba imponer un límite a los programas que consideraban el control de la natalidad como una obligación de la ciudadanía para con sus Estados. Parece que el Gobierno chileno recoge, si no el espíritu, si al menos la letra de la Proclamación de Teherán, cuando afirma: Se entenderá por planificación familiar las acciones tendentes a prevenir el embarazo, tales que permitan el ejercicio de la paternidad responsable, con la cual la pareja decide el número y frecuencia de hijos que desea. Mira hacia el bienestar familiar y la salud de la madre y el niño y su aplicación es absolutamente determinada por la libre decisión de la pareja (ODEPLAN, 1979: 2).

A todo esto hay que añadir que solo dos meses más tarde de la celebración de la referida Conferencia de Teherán vio la luz la encíclica Humanae Vitae, con la que Pablo VI y el Vaticano se sumaron 99

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a las discusiones sobre la regulación de la natalidad. Contrariamente a lo esperado, solo la abstinencia sexual se consideraba lícita para tal fin. Más allá de sus correlatos teológicos y morales, la declaración de Pablo VI se insertaba en el debate internacional sobre la cuestión demográfica al rechazar los medios que los organismos internacionales promovían —píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, esterilizaciones— y marcaba un límite preciso a los programas que imponían por la fuerza el control de la natalidad (Felitti, 2007). Con todos estos elementos la dictadura va elaborando una retórica sutil con la que propiciar una política pronatalista que asegure un incremento de la población, no solo para obtener «recursos humanos» para la producción o para el ejército, en aras de asegurar el desarrollo y la soberanía territorial, sino también para facilitar el consumo, pieza clave, como se verá, en el modelo económico neoliberal. En el fondo, toda una estrategia que, siguiendo a Michel Foucault, estaría encaminada a «procurar que la gente de reproduzca, y se reproduzca lo más posible», con el fin de conseguir la «cantidad óptima que es deseable en un territorio dado», teniendo en cuenta que «ese número deseable varía en función de los recursos y del trabajo posible, así como del consumo necesario y suficiente para sostener los precios y, de manera general, la economía» (Foucault, 2014: 395). Tres parecen ser los recursos discursivos que están presentes en dicha estrategia, en primer lugar, como ya se ha indicado, la importancia otorgada a la familia como piedra angular de la sociedad occidental. En este sentido, merece la pena destacar que, a diferencia del movimiento del birth control liderado por el feminismo,2 los primeros programas de family planning se preocuparon por las condiciones en que los niños venían al mundo, tomando a la familia como unidad de acción y no a las mujeres ni a sus derechos (Gordon, 1990). Algunas autoras han discutido las contradicciones de estas dinámicas introdu2   Sobre la fundación en 1923 de la American Birth Control League —con el objetivo de legalizar el control de la natalidad y atender el problema del crecimiento demográfico—, la situación de hambre en el mundo y la promoción del desarme y su evolución, puede verse Tone (2001).

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ciendo conceptos como el de «natalidad seleccionada» mediante la que se favorecería un incremento de la población pero limitado a determinados sectores sociales (Miranda, 2005). En el caso chileno, la familia cristiana y dócil con el régimen establecido debería asumir sus responsabilidades convirtiéndose en un espacio de normativización y de control social, pero también en una célula del gran organismo social por más que el Estado, al menos aparentemente y sobre el papel, no se inmiscuyera en su funcionamiento interno. En segundo lugar, con el fin de facilitar que la familia interiorice su misión procreadora, el Estado debe garantizar unos mínimos de bienestar social o, por lo menos, crear perspectivas en ese ámbito: Lo que sí es responsabilidad del Estado es que este crecimiento natural refleje la necesidad real de descendencia que cada grupo familiar desea para sí, brindándole para ello, las condiciones de estabilidad y tranquilidad social necesarias para despejar la incertidumbre del futuro, ampliando la posibilidad del ingreso familiar por medio de un crecimiento económico general, reduciendo al mínimo posible la tasa de mortalidad materno-infantil, evitando toda presión o coacción sobre sectores de la población para inducir en ellos límites a su procreación, y manteniendo en general, una infraestructura adecuada de servicios de prestación de salud y de información al respecto (ODEPLAN, 1979: 2).

Un atisbo de Estado protector que no termina de ajustarse con las privatizaciones en el sector sanitario, pero podría abrir una puerta al consumo de este tipo de servicios. Finalmente, en tercer lugar, la prohibición taxativa del aborto y la esterilización. Se reconoce que el aborto «en muchos países se ha legalizado con el fin de impedir la mortalidad materna como consecuencia de abortos clandestinos llevados a cabo en condiciones carentes de servicios médicos adecuados» (ODEPLAN, 1979: 2), un problema del que se era consciente en Chile desde al menos la década anterior, no solo por estudios de autores chilenos (Armijo y Requena, 1967; Requena, 1965), sino de organismos internacionales. El Population Council estimaba, en 1966, que en Chile ocurría un aborto por cada dos nacimientos y que dos tercios de los aproximadamente 130 000 abortos realizados cada año, eran inducidos (Ross, 1966). 101

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Sin embargo, se deja claro que la legalización del aborto no es la respuesta correcta al problema. De acuerdo con la Humanae Vitae, aunque sin citarla, se aboga por el «derecho a nacer» y se insiste en las hondas repercusiones espirituales, psicológicas y culturales que la legalización del aborto traería consigo: Fácilmente es posible prever las nefastas consecuencias que para el futuro de una sociedad puede significar el que un sector de la población pierda el sentido de la inmensa responsabilidad que implica el decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano en gestación, factor que trae consigo la degradación del profundo sentido cristiano de la vida, fundamento común que caracteriza y da cohesión al patrimonio cultural esencial del pueblo chileno (ODEPLAN, 1979: 3).

Aun así, la ley chilena permitió el aborto terapéutico en caso de graves patologías de la madre gestante hasta 1989, siendo en las postrimerías de la Junta Militar cuando la Ley 18 826 fue derogada, aduciendo que los avances de la medicina la hacían innecesaria. Una manera subrepticia de abuso de poder impuesto contra la opinión generalizada de los sectores vinculados a la salud pública en Chile y en el mundo (Jiles Moreno, 1992: 192). Algo similar ocurre con la esterilización, porque si bien en un primer momento su práctica fue tenida en consideración, aunque siempre por razones estrictamente médicas, finalmente fue prohibida por la clara influencia de la Iglesia católica: En Chile y consecuentemente con su concepción espiritual del hombre, todo método que implique esterilización tanto femenina como masculina, está fuera de consideración como parte del desarrollo de programas de regulación de la fecundidad en el contexto de paternidad responsable (ODEPLAN, 1979: 3).

Recuérdese que, incluso en los programas eugénicos más radicales de los años treinta, el catolicismo siempre se opuso a la esterilización, lo que supone una diferencia notable entre las prácticas biopolíticas de la Alemania nazi y, por ejemplo, las propuestas que en este sentido se realizaron en un país católico como España, en el que triunfó un régimen autoritario de corte fascista autodenominado 102

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«nacional-catolicismo» (Álvarez, 1997; Campos, 2016). También en Chile, aunque en una época y en un escenario diferente, la fusión entre régimen político-militar, integrismo católico y modelo económico (neo)liberal dio lugar a resultados y consecuencias similares.

Población, educación y cambios culturales El segundo apartado del documento Política de Población, más breve, se ocupa de la necesidad de una educación (sexual) adecuada a los cambios culturales que se estaban produciendo en la sociedad chilena. En la década anterior ya se había apuntado que los obstáculos para que los programas de planificación familiar no alcanzaran logros de mayor cobertura se debieron, fundamentalmente, a las elevadas tasas de aborto y al alto porcentaje de población analfabeta, lo que dificultaba la información/educación sexual (Romero, 1965, 1969; Viel, 1966). Sin embargo, ahora la educación sexual se plantea desde unas premisas completamente diferentes, aunque también tenga en el punto de mira al aborto y la salud materno-infantil. La educación sexual, en este contexto, no tiene como objetivo la prevención de los embarazos no deseados, ni la profilaxis de enfermedades venéreas, sino propiciar un aprendizaje para ser padres mediante: «Una permanente campaña educativa obligatoria a través del curriculum escolar, de materia tal que permita el aprendizaje del espíritu materno y paterno mucho antes de que se constituya la unión entre dos personas o el embarazo» (ODEPLAN, 1979: 3). Se pretende, pues, que la educación dé un espaldarazo definitivo a la creación de una «cultura familiar» capaz de trasmitir «elevados valores espirituales y sociales», entre los que la maternidad y la paternidad ocuparán el lugar más destacado: pero el «oficio» de padre y de madre debe enseñarse, pues no es tarea fácil que un hombre y una mujer establezcan una relación personal profunda, estable y duradera, que puedan criar hijos sanos física y mentalmente. No obstante estas tareas, que la inmensa mayoría de los individuos desempeñará inevitablemente, quedarán a merced de su propia improvisación (ODEPLAN, 1979: 3).

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Como bien puede verse, se insiste en un modelo de familia «estable y duradera» cuyo fin es la reproducción y el cuidado de los hijos. Un modelo que debía interiorizarse ya desde la edad escolar. Esta conciencia maternal, aprendida desde la infancia, permitiría enfrentar con éxito los perjudiciales cambios culturales que, debido precisamente a la pérdida de determinados valores, se estaban produciendo en una sociedad moderna. La preocupación por el abandono de la lactancia natural parece ser un signo inequívoco de la frivolidad de las mujeres que no tienen suficientemente asumida su misión de madres: Es del caso observar el reciente fenómeno cultural de la mujer como símbolo sexual, que ha tenido infelizmente una rápida expansión a toda la sociedad y que se tradujo en una mayor superficialidad del rol materno, al punto que se han adoptado conductas como el no dar de mamar a los hijos, o bien el dejar de hacerlo al corto tiempo, con el exclusivo fin que la mujer pueda cuidar mejor su aspecto físico, hecho que aumentó por sí solo la desnutrición infantil en la población de menores recursos debido a que no cuentan con los medios sustitutivos higiénicos que reemplacen eficazmente la leche materna, todo esto sin contar con el distanciamiento sicológico y afectivo que una conducta así origina en la relación madre-hijo (ODEPLAN, 1979: 3).

Se trata de un discurso muy falaz, porque, admitiendo naturalmente que la lactancia materna tiene ventajas indiscutibles, la valoración que se hace del fenómeno está repleta de prejuicios misóginos, pues culpabiliza a la mujer y a su falta de responsabilidad y sentimiento maternal, ignorando las exigencias que el modelo económico y las políticas laborales imponen a las mujeres trabajadoras y criticando los cambios culturales en los roles sociales de las mujeres, consecuencia, al menos en parte, del avance del movimiento feminista chileno (Rojas Mira, 1994). No en vano, el Régimen Militar valoró a la mujer por su dimensión de madre, definiendo la capacidad de procrear como su función social primordial. El propio general Pinochet, en su discurso «La Junta de gobierno se dirige a las mujeres de Chile», pronunciado en el Edificio Diego Portales, ante varios miles de dirigentes femeninas, el día 24 de abril de 1974, afirmaba: «No podría este Gobierno intentar 104

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la ambiciosa empresa de crear un nuevo Estado, sin la participación activa y enérgica de la mujer. La formación de nuevas generaciones, que lo integrarán mañana, está en las manos de las madres de hoy» (Tomado de Valdés, 1987: 23). Para continuar identificando maternidad y familia con patriotismo: Educadora y formadora de conciencias, la mujer es la gran forjadora del porvenir y la gran depositaria de las tradiciones nacionales. En su misión de mujer y de madre, se dan la mano el pasado y el futuro de la nación, y que aspire, como gobernante, a proyectar en el tiempo una obra política estable, tiene que contar con la palanca espiritual de su poder (Tomado de Valdés, 1987: 24).

Pero sobre lo que más se incide en este apartado del documento Política de Población es, una vez más, en el problema del aborto. Como se ha indicado con anterioridad, la preocupación por el gran número de abortos practicados ilegalmente en Chile se remonta a las décadas anteriores. La despenalización del mismo queda descartada por principio y se plantea la educación como un medio ideal para evitar este evidente problema de salud pública: Reviste especial preocupación para el Estado, que la población juvenil pueda llegar a adquirir la degradante concepción […] de que coartar el desarrollo del ser humano en sus primeras etapas llegue a ser algo estimable como un medio de bienestar, puesto que se estará constituyendo así, una base moral sobre la que difícilmente se podrá construir y sustentar nociones superiores de solidaridad social […]. Será necesario entonces, reafirmar en toda la medida de lo posible el profundo enlace que encierra el proceso de trasmisión de la vida humana, puesto que por parte de los padres, no solo significa la concepción física del ser, sino que entraña simultáneamente la trasmisión de los valores morales, culturales y espirituales, misión que constituye la responsabilidad por excelencia del núcleo familiar (ODEPLAN, 1979: 4).

Lo que se impone, pues, no es una educación sexual en la que para evitar el aborto se instruye a la población en métodos de contracepción que impidan tener que llegar a la interrupción del embarazo, sino una educación moral de clara inspiración católica que asuma el 105

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derecho a la vida del nonato, afiance la el concepto de familia tradicional, evite la «regresión cultural» del amor libre y favorezca el aumento de natalidad.

Población y seguridad nacional Las relaciones entre población y seguridad nacional quedan definidas por una serie de variables fundamentales, entre las que destacaremos: el número de habitantes y su distribución porcentual por edades, las características culturales (carácter, valores, aptitudes, motivaciones, sentido de pertenencia, etc.) y la distribución espacial de la población. En primer término, se insiste con alarma en que «Chile ha llegado a ser uno de los países más “viejos” de Latinoamérica (con uno de los menores porcentajes de su población entre cero y catorce años)» (ODEPLAN, 1979: 5). Este envejecimiento de la población se explica por la intensidad con que se han llevado adelante los programas de regulación de la fecundidad a los que aludíamos en un apartado anterior y que, como también hemos visto, fueron fuertemente criticados por los demógrafos y los geopolíticos del Régimen Militar. La «alarmante crisis de natalidad» obligaría a cambiar la tendencia de la pirámide de población chilena y a estimular y potenciar un aumento de su población mediante actuaciones sanitarias que redujesen la mortalidad materno-infantil; pero se insiste en señalar que la reducción de la mortalidad materno-infantil no deberá basarse en sistemas extendidos e inducidos de regulación de la fecundidad, que pueden arriesgar por este motivo nuevos estancamientos de la tasa de crecimiento de la población. La reducción de la mortalidad materno-infantil deberá contemplarse en la calidad de la atención prestada y los programas de ayuda a la maternidad (ODEPLAN, 1979: 6).

El Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende había previsto y desarrollado prestaciones sanitarias integrales con programas de salud reproductiva que ponían el mayor énfasis en el derecho de las mujeres, tanto para evitar embarazos no deseados como para 106

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alentar gestaciones planeadas y deseadas. Se brindaba, además, educación sexual en escuelas y centros de atención, incluyendo estos últimos servicios de planificación familiar, cuidados antes y después del parto, prevención del cáncer cervical o tratamiento de la infertilidad (Casas y Herrera, 2013: 63). Sin embargo, aunque la dictadura de Pinochet siguió implementando servicios de salud materno-infantil y programas que alentaban la maternidad (Szot, 2002), se produjo un retroceso importante en materia de derechos, políticas y prácticas laborales que se tradujo en una doble moral hacia la mujer trabajadora. En 1978 —el mismo año de la elaboración del documento Política de Población—, el Ministerio de Trabajo recomendó oficialmente a los empleadores que pidieran pruebas de embarazo y certificados de nacimiento antes de contratar mujeres, para evaluar si estaban protegidas por derechos de maternidad. Sin embargo, cuando el país enfrentó una grave crisis económica, tanto el uso de servicios de planificación familiar como el ejercicio de los derechos laborales, de maternidad y de protección fueron catalogados como abusos del sistema (Casas y Herrera, 2013: 64). Tal como advertíamos en un apartado anterior, la planificación familiar fue una práctica extendida y aceptada en Chile desde su implementación en los años sesenta. Las mujeres estaban debidamente informadas sobre los métodos de control de la natalidad y la demanda social no coincidía con las recomendaciones y perspectivas del Gobierno. Los programas oficiales de planificación familiar siguieron funcionando, aunque con un perfil más bajo, produciéndose lo que Ximena Jiles Moreno ha definido como una «jibarización de los programas de paternidad responsable» (Jiles Moreno, 1992: 175). Una reducción drástica de presupuestos y servicios que pretendieron dificultar el acceso a los mismos de la población. Por un lado, la disminución de recursos económicos y humanos (médicos y matronas) propiciaron una precarización de los programas de planificación familiar (Jiles Moreno, 1992: 190). Pero, por otro lado, se pusieron en marcha estrategias diversas, algunas más sutiles, como la recomendación de que no se debía «abusar» de los métodos anticonceptivos o la retirada de los anuncios sobre el control de la natalidad en los es107

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tablecimientos de atención de salud con el fin de evitar las demandas del servicio (Casas, 2004). Pero otras más contundentes y agresivas, como la retirada de dispositivos intrauterinos sin consulta previa ni autorización de las usuarias. Estas prácticas han sido señaladas por varias autoras (Casas y Herrera, 2013: 64; Jiles Moreno, 1992: 190), aunque la eficacia real de las mismas es incierta, habiéndose apuntado que: Se desconoce la implementación y el efecto práctico que, a nivel de consultorio y hospital, ha tenido este cambio de énfasis en la formación de la política de población. Aparentemente el impacto ha dependido de la actitud de los equipos médicos y paramédicos frente a los programas de planificación familiar y paternidad responsable, y de la interpretación que en consonancia con sus actitudes estos equipos dieron a las nuevas directivas. El impacto es difícil de medir. Testimonios de médicos, personal paramédico y también de usuarias indican que, sea por razones presupuestarias, sea por motivos que se derivan del espíritu de la política de población, ha habido restricciones en el acceso a la colocación de dispositivos intrauterinos y a la entrega de gestágenos orales y un control más estricto en los requisitos que autorizan la esterilización (Raczynski y Serrano, 1986: 58).

Otro dato que nos da claves sobre la voluntad política del Gobierno en este ámbito es el hecho de que, durante el Régimen Militar, Chile fue el único país de América Latina que impidió la realización de la encuesta mundial de fecundidad de la OMS, decisión en la que influyó la entonces alcaldesa de Providencia, Sra. Carmen Grez, a quien el General Pinochet encomendaría el «Ministerio de la Familia», que no llegó a crearse (Jiles Moreno, 1992: 191). Asimismo, el Gobierno fiscalizó a instituciones de derecho privado de reconocido prestigio, tales como la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), que había sido fundada en 1965 y que fue pionera en el apoyo y la financiación de las políticas de planificación familiar en Chile. La ministra de Justicia, Mónica Madariaga, amenazó con quitar su personalidad jurídica en virtud de las acciones emprendidas en pro de la paternidad responsable, situación que no llegó a concretarse, por lo que la asociación siguió 108

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prestando servicios, un tanto devaluados, durante la dictadura (Jiles Moreno, 1992). Finalmente, cabe decir que se pusieron trabas a la investigación sobre anticonceptivos y se pretendió vigilar y controlar, desde el Gobierno, cualquier actividad científico-técnica que tuviera que ver con el estudio de la regulación de la fecundidad: El Gobierno deberá estar oportuna y permanentemente informado sobre la acción que organismos nacionales, sean instituciones privadas, universitarias o del sector público, estén desarrollando en materia de planificación familiar, especialmente si trabajan en convenio con organismos o instituciones internacionales. Respecto a las investigaciones que se lleven en el país en materia de reproducción humana, deberá llevarse un control de ellas, debiendo ser informadas a las sociedades científicas chilenas antes de ser publicadas en el extranjero (ODEPLAN, 1979: 8).

Se mantiene la desconfianza hacia los organismos foráneos y/o supranacionales, pero, sobre todo, resulta evidente que, a pesar de la teórica aplicación del principio de subsidiariedad antes comentado, y del aparente respeto a la libertad individual en esta materia, la natalidad se convierte en el Chile de la dictadura en una cuestión de Estado: Así, el Gobierno de Chile, en pleno respeto a la libertad del hombre, rechaza toda intervención que conlleve intereses demográficos ajenos al profundo sentir de su ciudadanía, sin por ello descuidar su estrecha vigilancia y la debida consideración respecto de las implicancias que este proceso guarda con el planeamiento del desarrollo nacional y sus perspectivas de evolución social a largo plazo (ODEPLAN, 1979: 8).

En definitiva, el aumento de la natalidad y el crecimiento demográfico fue considerado un «objetivo nacional» ligado al desarrollo de la nación y a la seguridad nacional. Se trataba, pues, tanto de propiciar un «rejuvenecimiento» de la población, en términos demográficos, como de conseguir un incremento de la cantidad y la calidad de la población chilena. Sin embargo, como bien se ha señalado, las dificultades a la planificación familiar impuestas por las políticas pronatalistas de los Go109

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biernos de Pinochet afectaron, fundamentalmente, a sectores con escasos recursos económicos y no a la población con mayores ingresos. Se pretendió un crecimiento «hacia abajo» (Jiles Moreno, 1992: 192), privilegiando la cantidad de habitantes sobre la calidad de vida de la población. Se perdió de vista la necesidad de educación, salud, alimento, vivienda, etc., por lo que las nuevas generaciones de chilenos (pobres) difícilmente podrían contribuir al desarrollo de la nación o a velar por la seguridad nacional. En segundo lugar, se insiste en las relaciones entre seguridad nacional y cultura, haciendo hincapié en la constitución y capacitación física de la población y en su constitución moral. Las políticas de salud, nutrición, protección de menores, etc., cuyo acceso a los sectores populares fue más que discutible, como acabamos de ver, contribuirán, en teoría, a la salud y fortaleza corporal de los chilenos, pero básicamente donde se arraiga el poderío moral de un país, y la fuerza de expansión que esta proyección trae consigo, es en la cultura de formación básica que haya adquirido el grueso de la población. Tenemos así que el espíritu de defensa de sí misma que una sociedad posea va a ser función directa de los valores y principios por los que se rige, en los cuales cree, y por los que necesita seguir esforzándose (ODEPLAN, 1979: 6).

Poderío moral, valores patrios, espíritu castrense, sentimiento nacionalista… son elementos fundamentales de una población que debe crecer en cantidad y calidad para defender al país de las amenazas externas e internas que lo ponen en peligro: Por esto es que el espíritu presto a defender su país y sus valores, debe ser desarrollado a través del fortalecimiento de los principios morales fundamentales que han de ser transmitidos y estimulados desde temprana edad por la propia familia, proceso que se conjuga finalmente para crear la fe en el necesario cambio emprendido por la sociedad en que vive (ODEPLAN, 1979: 7).

La voluntad de adoctrinamiento de la población es evidente. Para Von Chrismar: 110

La geopolítica, el «Estado ameba» y la población En la educación permanente de la ciudadanía, a todo nivel y en todos los ámbitos y sectores de la vida nacional, debe darse especial importancia al cultivo de las virtudes ciudadanas y militares, especialmente relacionadas con los nobles valores heredados de nuestra civilización cristiana occidental (Von Chrismar Escuti, 1986: 35).

La férrea moral de los individuos y de la sociedad, basada en la interiorización de los valores cristianos y nacionalistas, impedirá la penetración de ideologías foráneas, desestabilizadoras y peligrosas, cuando no «patológicas». La «sociedad sana» que el régimen propugna debe protegerse de la enfermedad del comunismo y su población debe inmunizarse ante el posible contagio. En este sentido, el citado geopolítico Von Chrismar, dando una vuelta más al concepto de sanidad nacional y con el fin de proponer una «seguridad integral» que garantice la «salud» del Estado y de la sociedad, sostenía: De estas consideraciones se deduce la fundamental importancia geopolítica del conjunto de circunstancias que configuran la «salud» de un Estado y los procedimientos para vigilarla y detectar oportunamente las «enfermedades» y las medidas de tratamiento que deben aplicarse para garantizarle una evolución larga, segura y normal. Este concepto es lo que algunos geopolíticos denominan «Seguridad Integral» del Estado, para diferenciarla del término «Seguridad Nacional», cuyo significado es semejante, pero de alcance más restringido. En este último caso, se asegura al Estado de todo peligro o amenaza externa o interna, contra su integridad territorial, autoridades, instituciones, etc., de acuerdo a la Constitución y a las leyes. El concepto de «Seguridad Integral» va más allá aún; prevé todo fenómeno que pueda significar una amenaza presente o futura para el Estado (Medicina Preventiva), vigila el aprovechamiento máximo de la capacidad ciudadana en beneficio de los objetivos nacionales y controla el perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas (morales, intelectuales y físicas) para evitar todo riesgo de decadencia del Estado y de sus Instituciones fundamentales (Von Chrismar Escuti, 1969: 35).

La metáfora biologicista, e inmunitaria, no es nueva; fue utilizada con profusión por otros regímenes fascistas (Huertas, 1996), en los que, al igual que el caso que nos ocupa, se construyó una cultura de la seguridad no solo referida a la integridad territorial y a la protección de las fronteras, sino a la tranquilidad de una sociedad exenta de vicios y desajustes que atenten contra la estabilidad del Estado: 111

César Leyton Robinson Así, se debe reafirmar por todos los medios posibles el carácter espiritual del hombre, y su rectificación moral consecuente, puesto que los sistemas sociales foráneos y agresivos, usan como arma de lucha para conquistar otras sociedades, el estado de corrupción latente que pueda existir en ella y que fomentan al máximo, encontrando precisamente el fundamento de su acción en este estado de cosas, así, la drogadicción, el soborno, la pornografía, el alcoholismo, son tierra abonada para la penetración política, por lo que se hace necesario el enriquecimiento moral que haga del bien común el fin, y del bien individual el medio, un factor del fin, para que la sociedad mantenga realmente una estructura sana (ODEPLAN, 1979: 7).

Como vemos, el sector sanitario y el educativo han de ponerse al servicio de una política pronatalista consecuente con la ideología conservadora y autoritaria del Régimen Militar. La defensa a ultranza de los valores de la familia cristiana y el «derecho inalienable a la vida» que se aplica al no nacido contrastan fuertemente con la política de supresión física del enemigo político y de la «subversión» y con la constante violación de los derechos humanos durante la dictadura. Como contrasta, aunque no sea objeto de esta investigación, el papel del integrismo católico reaccionario que apoyó a Pinochet (Almeyda, 1981) con el desempeñado por esa otra Iglesia, la de la Vicaría de la Solidaridad, que sí defendió los derechos humanos prestando apoyo y asistencia a las víctimas de la dictadura (Gutiérrez, 1998). Pero las consecuencias políticas y geopolíticas del incremento demográfico que se pretende van mucho más allá, pues justifican el «reparto» de la población en el territorio y su desplazamiento en procesos de colonización en busca de recursos naturales y económicos: Deberán crearse los incentivos necesarios para que los ciudadanos chilenos colonicen e incorporen al desarrollo, aquellas zonas despobladas del territorio nacional cuyos recursos naturales se presten para ello. Los inmigrantes extranjeros que deseen colonizar dichas zonas, serán seleccionados por grupos familiares menores, no en forma masiva. La Región Austral contará en breve con una infraestructura vial que la unirá por tierra al resto del territorio nacional, facilitándose así, la colonización de esa región (ODEPLAN, 1979: 7).

El desplazamiento de la población hacia zonas de colonización es uno de los objetivos fundamentales del proyecto geopolítico que 112

La geopolítica, el «Estado ameba» y la población

se articula mediante dos estrategias diferentes: la regionalización y la erradicación. En cuanto a la primera, los movimientos de colonos en el Estado-ameba no avanzarán a otros Estados, sino a territorios internos que hay que repoblar y sanear, para así instaurar un modelo fundacional en el espacio urbano. La «endocolonización» —tomamos el término de Paul Virilio (2003)— de los militares del Cono Sur no es síntoma de subdesarrollo o barbarie castrense, sino más bien un anticipo del modelo de sociedad que se irá imponiendo. Una sociedad que debía poseer, de acuerdo con los principios geopolíticos, «una estructura urbano-rural que garantizara un nivel de servicios básicos a la población regional y, además, contar con un “lugar central” que actuara como “núcleo” de las actividades económicas y sociales para orientar la dinámica del crecimiento»; siendo imprescindible la existencia de una «base poblacional suficiente para impulsar el desarrollo, actuando como fuerza de trabajo y mercado de consumo» (CONARA, 1976: 12). Respecto a la segunda, la erradicación fue más allá de los supuestos subversivos, porque el espacio urbano/social y político debía estar libre de marginalidad para el mercado, una asepsia territorial que se tradujo en trasladar a las poblaciones pobres a nuevos territorios, a nuevos lugares que más tarde analizaremos y denominaremos comunas container, localizadas en los extramuros de la ciudad, preparando el terreno para un nuevo orden urbano y social donde la segregación y el consumo serán caras de una misma moneda neoliberal.

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LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS ORGÁNICO (I). GEOPOLÍTICA Y REGIONALIZACIÓN

Introducción Como es sabido, América Latina tiene una gran «tradición centralista» (Véliz, 1984). En el caso de Chile, como en el de otros lugares, la herencia del centralismo borbónico en la organización del Estado y de la Administración pública resulta innegable, pero destaca como elemento fundamental del proceso la política del ministro Diego Portales. Portales consolidó el Estado chileno con un régimen presidencial autoritario centralista que en lo formal se extendería desde 1833 hasta 1891, pero cuya influencia intelectual se prolongaría durante largo tiempo. El papel de los intendentes como piezas clave de dicho centralismo, convertidos en agentes directos del presidente de la República, nombrados por él y encargados de ejecutar sus órdenes en el territorio a su cargo, ha sido analizado por historiadores sociales (Salazar, 2005; Villalobos, 2005). Para Gabriel Salazar: El régimen o estado portaliano se caracterizó desde su fundación en 1830 hasta bien avanzado el siglo xx, por el autoritarismo local de los intendentes, gobernadores, subdelegados e inspectores, que a menudo llegó a ser más drástico que el gobierno central. Y fue ese autoritarismo el que, en definitiva destruyó la democracia local de los cabildos, la autonomía de los pueblos y la soberanía relativa de las provincias (Salazar, 2005: 378).

Los primeros intentos de descentralización territorial llegaron de la mano de cambios políticos y de ciertas catástrofes naturales. Según Sergio Boisier: Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial (con concretas implicaciones económicas para el país), se agrega el triunfo de la coalición de izquierdas (frente popular) que pone término al periodo oligárquico y abre un fructífero periodo de modernización, que duraría prácticamente un cuarto de siglo. Ello se instrumentaliza mediante la creación de la

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César Leyton Robinson Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), como parte de la respuesta pública a la necesidad de reconstrucción provocada por el devastador terremoto de Chillán en enero de 1939 (Boisier, 1992: 3).

Hay que esperar, sin embargo, a otro gran desastre natural, los terremotos y maremotos de mayo de 1960, para que la CORFO asuma tareas específicas de desarrollo regional con la creación de comités provinciales de desarrollo, cuyo propósito era «equilibrar el desarrollo económico del país, eliminar los focos de centralismo, la concentración productiva y el crecimiento dispar de las diversas regiones del país» (Boisier, 2000: 84). Asimismo, los estudios realizados al amparo del convenio CORFO-Universidad de Chile, que constituirían la semilla de los trabajos ejecutados posteriormente en la Oficina de Planificación Nacional. ODEPLAN fue creada en 1965 por el Gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei, que había llegado al poder un año antes, incluyendo en su programa electoral una propuesta de desarrollo regional y descentralización inspirada en la obra de Jorge Ahumada (1958), En vez de la miseria. En palabras de Boisier: «La descentralización, si bien balbuceante y ni siquiera bien conceptualizada se instala en el centro mismo de la cuestión regional» (Boisier, 2000: 84). La cuestión regional estuvo también presente, desde otros parámetros políticos, durante los años de gobierno de la Unidad Popular: «La administración Allende continúa con las tareas propias de la planificación regional, esbozando diversos cambios que intentan ser congruentes con el proyecto político de movilización social y transición al socialismo de la Unidad Popular» (Boisier, 2000: 85). Sin embargo, es con la dictadura militar con la que se inicia un proceso de regionalización sin precedentes que tendrá una serie de peculiaridades entre las que cabe destacar el enlace entre política económica neoliberal y geopolítica castrense. Dentro del marco general de la Doctrina de Seguridad Nacional, el Gobierno define su acción (Declaración de Principios del Gobierno de Chile) como antimarxista, nacionalista y autoritaria, pero, en paralelo, propugna un modelo económico liberal con privatizaciones y desnacionalizaciones y con una apertura externa de la economía. En este contexto, la descentralización y la planificación regional se desa116

La construcción de un país orgánico (I)...

rrollan, aparentemente, en un ámbito «anómalo» de contradicciones políticas, en el que el discurso autoritario convive con el ultraliberal en el desarrollo de políticas públicas que pretenden ser racionales y eficaces. Sergio Boisier (2000) identifica dos vertientes desde donde emanarían las influencias que ayudaron a configurar esta vocación regionalista del Gobierno militar. Por un lado, las propuestas de política económica realizadas por un grupo de economistas desde 1973, cuyo conjunto se articuló finalmente en un documento conocido como El Ladrillo. Dicho documento no fue publicado por el Centro de Estudios Públicos hasta 1992, pero puede ser considerado como la base de la política económica del Gobierno militar. El prólogo fue escrito por el economista Sergio de Castro, ministro de Hacienda del Gobierno militar entre 1976 y 1982, quien tuvo una activa participación en la elaboración del documento. Su propósito principal fue formular una política económica que fuera aplicada por cualquier Gobierno y que consultara medidas de emergencia de corto y mediano plazo. En él se realizó un diagnóstico de la economía del momento, que se consideró cerrada, regulada, inflacionaria y con una balanza de pagos desequilibrada. Frente a tal situación, se planteaba la necesidad de liberar los precios internos, disminuir el volumen del sector público, financiar el sector fiscal y las empresas públicas, bajar los aranceles externos, formar un mercado de capitales, modernizar la agricultura, abrir el mercado de tierras e instaurar una política de descentralización comercial, monetaria, fiscal y tributaria. La propuesta en cuestión contenía un fuerte alegato a favor de la descentralización, entendida esta en un riguroso contexto de teoría económica, es decir, como el marco institucional de un sistema económico basado en el mercado y en un conjunto libre de precios que, en términos relativos, configurarían los parámetros para la asignación óptima de los recursos. No había una referencia, ni cercana ni lejana, a la dimensión territorial de la descentralización. Por otro lado, una segunda vertiente, de la que se alimenta la vocación regionalista/descentralizadora en este período, aparece concretada en otro documento, elaborado por ODEPLAN y asumido 117

César Leyton Robinson

por CONARA (Comisión Nacional de la Reforma Administrativa), que en 1973 llegó a formar parte del manifiesto del presidente de la república con motivo de la iniciación del proceso de regionalización del país. Este documento recogía afirmaciones como las siguientes: Es necesario que exista un equilibrio fronterizo bien definido y el país esté sólidamente cohesionado en su interior […] no favorece lo anterior si el país presenta numerosos espacios vacíos dentro del territorio nacional, o si existen áreas de bajo desarrollo o hay desaprovechamiento parcial de los recursos en determinadas regiones. Asimismo, la excesiva migración rural-urbana crea alrededor de las metrópolis cinturones de poblaciones marginales, donde proliferan ciudadanos frustrados, proclives a la delincuencia, a aceptar ideas foráneas o a la subversión […] la excesiva concentración económica en algunas ciudades del país, especialmente en Santiago, alcanza hoy niveles de tal magnitud, que obliga a distraer cuantiosos recursos en obras urbanas, que obviamente tendrían una rentabilidad social mayor si fuesen investidos en actividades productivas que permitirían un crecimiento económico más acelerado y regionalmente equilibrado (ODEPLAN, 1973. Tomado de Boisier, 2000: 89).

Como puede verse, este documento sí hace referencia explícita al territorio, por lo que no es de extrañar que fuera bien recibido por los militares. El territorio es a la cultura «profesional» de los militares lo que el mercado es a la cultura de los economistas, y no podemos olvidar que muchos de los altos mandos habían sido instruidos y eran firmes partidarios de la Doctrina de Seguridad Nacional, con su fuerte componente de geopolítica y de darwinismo social, según hemos visto en un capítulo anterior. La geopolítica tiene puntos de contacto muy evidentes con la planificación regional; por lo que no debió resultar difícil para uno de los sectores militares (particularmente el que daría forma a CONARA) entender y aceptar el trabajo previo de ODEPLAN en esta materia, máxime cuando el contacto histórico y el trabajo conjunto con el alto mando había sido rutinario en el pasado. Fue, en efecto, la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, creada en diciembre de 1973, el organismo responsable de la creciente asociación entre las ideas de descentralización y de planificación regional del desarrollo, insertando la geopolítica en el nuevo Estado neoliberal. Las características técnicas del proceso de regio118

La construcción de un país orgánico (I)...

nalización han sido analizadas con detalle por Sergio Boisier (2000 y 2007), pero lo que nos interesa en las páginas que siguen es indagar sobre los contenidos ideológicos del discurso de los militares en relación con el proceso de regionalización.

Visión geopolítica de la regionalización chilena Es importante insistir en que la reestructuración administrativa del territorio chileno, denominado regionalización, debe entenderse en el marco de las estrategias de la dictadura para la construcción de un proyecto de seguridad nacional. CONARA, la instancia institucional encargada de llevar adelante la regionalización del país, insertando los principios geopolíticos y el control de los territorios y de las personas en el nuevo Estado neoliberal, estuvo bajo el control de un Comité Asesor formado por militares de alto rango. Su presidente fue Julio Canessa Robert, uno de los generales en el asalto al Palacio de La Moneda, geopolítico y jefe del Comité Asesor de la Junta Militar de Gobierno. Otros oficiales representaban sectores de la elite tradicional, como el coronel Juan Barrientos Vidaurre, vicepresidente de CONARA, egresado de Ciencias Políticas de la tradicional y conservadora Universidad Católica, institución académica donde se generó el proyecto económico neoliberal (Valdivia, 2003: 123). Especialmente significativo resulta el hecho de que el importante artículo de Julio Canessa, titulado «Visión geopolítica de la regionalización chilena», fuera publicado en la revista Seguridad Nacional, editada por la Academia Superior de Seguridad Nacional (Canesa, 1982). Se trata de un texto que refleja, en palabras del que fue el máximo responsable del organismo, la visión ideológica que se tenía desde la Junta Militar de la cuestión de la regionalización. En el planteamiento de Canessa, y de CONARA, geopolítica y regionalización van de la mano: Las limitaciones de espacio que impone un artículo, impiden extenderse más sobre las numerosas acepciones que a través de su vida, relativamente corta, ha tenido la geopolítica, como asimismo, todas las

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César Leyton Robinson consideraciones que el Gobierno de Chile y específicamente CONARA, tuvieron en vista para ir aplicando su teoría al proceso de la Regionalización de Chile (Canesa, 1982: 14).

Uno de los elementos fundamentales de esta reorganización territorial era la creación de un aparato gubernamental, en las provincias y las comunidades más pequeñas, que garantizara el ejercicio del poder local en la regulación y el control social de los diversos territorios. En palabras de Canessa: Al asumir el poder el actual Gobierno en 1973, encontró un verdadero caos en la Administración Pública, agravado por un centralismo asfixiante de la misma, en la capital del país. Para resolver lo primero emprendió la Reforma Administrativa. Para enfrentar lo segundo recurrió a la Regionalización. Ambos procesos estaban estrechamente ligados, pero la Regionalización adquirió prioridad, porque era indispensable para manejar la nación. En efecto, era impostergable proceder a una delegación de facultades y atribuciones administrativas del gobierno central en autoridades de diferentes niveles — regionales, provinciales y locales— (Canesa, 1982: 17).

Esta estrategia política se complementó y fusionó con medidas económicas e infraestructurales con el fin de agrupar a la población (mano de obra y consumidores) en determinadas regiones, con el fin de explotar mejor los recursos naturales del territorio. El Gobierno militar desarrolló y conectó espacios urbanos con otros portuarios y agroindustriales a través de vías de comunicación, generando una integración económica exportadora desde empresas privadas locales a mercados internacionales: Dentro de una política económica, basada en un modelo de economía social de mercado, con amplia apertura al comercio internacional, las actividades productivas, liberadas de sus trabas tradicionales, se radican en las fuentes de recursos, orientándose hacia diversas regiones según sus reales potencialidades económicas y sus ventajas corporativas, frente a un mercado mundial prácticamente ilimitado. […]. La Regionalización del país no importa sólo como un proceso de orden formal, heredado en una nueva división política y administrativa del

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La construcción de un país orgánico (I)... territorio nacional, sino que encierra trascendentales proyecciones de carácter político, social, económico y administrativa (Canesa, 1982: 17).

Sin duda, los dos grandes ideólogos de esta geopolítica regionalista fueron Julio Canessa y el propio Augusto Pinochet. La influencia de la Geopolítica de Pinochet, analizada en el capítulo anterior, es notable en la producción del presidente de CONARA, que no solo cita con frecuencia a su comandante en jefe, sino que incorpora la idea del Estado como un organismo vivo —que recuerda la metáfora de la ameba—, lo que tiene consecuencias inmediatas para interpretar la sociedad e, incluso, para hacer predicciones del comportamiento social: «Mientras la geografía política estudia y describe el Estado sobre el escenario geográfico, la geopolítica busca interpretar y predecir el significado futuro. Esta ciencia plantea así, la cuestión de la dinámica del desarrollo del Estado como un ser vivo» (Canesa, 1982: 17). Esta capacidad predictiva y prospectiva de la geopolítica está inspirada en la obra de Karl Haushofer, uno de los ideólogos del «espacio vital» (Lebensraum), que sentó las bases de la geopolítica nazi y cuya obra, según hemos visto, ejerció una notable influencia en la de Pinochet. Canessa retoma al autor alemán, esta vez para formular el papel de la geopolítica en un Estado visionario empeñado en mantener un determinado modelo social, económico y político: «La Geopolítica», como dice Haushofer, alcanza su esplendor cuando se ha expresado un ideal político a través de un acto consciente de valorización. Este concepto apunta a la formulación de la imagen futura del Estado, como lo ha hecho el Objetivo Nacional, enunciado por el gobierno de Chile, que merced a los aportes de esta ciencia tendrá que irse precisando cada vez más, constituyendo la mira lejana de todos los esfuerzos de desarrollo del país, sin dejar de lado los complejos problemas de Seguridad Nacional (Canesa, 1982: 14).

Finalmente, cabe destacar otra idea central que Canessa expone y en la que basa su visión geopolítica de la regionalización: la fidelidad absoluta al jefe del Estado; la consideración de este como baluarte absoluto de la nación, aun en sus más lejanos y recónditos lugares. En este sentido, la descentralización es, en el fondo, una delegación del poder central, pues carentes de autonomía, los Gobiernos locales 121

César Leyton Robinson

no son sino la representación de la más alta autoridad de la nación, de su jefe supremo. Las alusiones a Pinochet y a esta jerarquización son constantes: En el ámbito de sus proyecciones políticas, la regionalización va más allá de una participación amplia y, en lo posible apolítica, en cuanto anteponga los intereses reales a las simples ideologías. La regionalización, en este aspecto, constituye también el más amplio intento jamás realizado con anterioridad, de hacer sentir la presencia de la autoridad del Jefe Supremo de la Nación en todo el territorio nacional, no sólo para recoger las aspiraciones e inquietudes de la comunidad, sino también para movilizar las fuerzas vivas del país en torno a los grandes objetivos nacionales […]. La regionalización permite a la más Alta Autoridad de la Nación disponer de una organización piramidal, ampliamente desplegada en el territorio nacional, para hacer sentir su presencia y su acción en todo el ámbito de esté. Esta organización se expande en la base, a través de las comunas, cuya autoridad es el alcalde, y se proyecta hacia las provincias, bajo la autoridad del gobernador, las cuales confluyen hacia las regiones, bajo la autoridad del intendente, para integrarse finalmente en la cúpula, bajo la suprema autoridad de S.E. el Presidente de la República […]. El jefe supremo del Estado, en un circuito ininterrumpido, llega hasta la base misma de la comunidad, tanto para conocer los reales problemas y aspiraciones de está, como para montar integralmente su capacidad de progreso y bienestar, en un esfuerzo conjunto, en el cual participan todas las regiones según sus ventajas comparativas y su verdadera potencialidad económica (Canesa, 1982: 16-17).

En definitiva, una descentralización sometida a la autoridad central de un comandante en jefe, de un caudillo, de un «padre» que guía a los nuevos patriotas, obedientes y desmovilizados, por la senda del progreso y el bienestar. La «obra» del jefe supremo de la nación se basa en una estructura administrativa y económica que va de lo nacional a lo comunal y que es portadora de un mensaje de orden y sumisión procedente de la autoridad central: En el campo político, la regionalización involucra una forma ordenada y sistemática de participación de la comunidad, con un nuevo enfoque, en el cual predominan los efectivos intereses regionales y nacionales, por sobre ideologías o doctrinas dogmáticas y sectarias. A la vez, implica una nueva modalidad en el ejercicio del poder, ya que la autoridad central, anteriormente aislada e invisible, se acercará a la

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La construcción de un país orgánico (I)... comunidad en todo el ámbito territorial del Estado, hace sentir su presencia efectiva y adquiere un conocimiento directo de las aspiraciones e inquietudes de todos los ciudadanos (Canesa, 1982: 16).

Unos ciudadanos que se espera que sean apolíticos, habitantes de unas comunidades en las que la participación política y la movilización social han sido suprimidas. No debe olvidarse que el comienzo del proceso de regionalización coincide con la represión y el exterminio de personas (Denisse Gutiérrez, 2013) y organizaciones (Amorós, 2008). El general Canessa acusa a los anteriores Gobiernos, democráticos, y a sus Administraciones de no haber acometido el problema del control del territorio, permitiendo las desigualdades de población y complicando la puesta en marcha del Estado geopolítico: Se trata de asegurar un armonioso equilibrio entre el todo y sus distintas partes integrantes, para evitar los graves desequilibrios del pasado, en que las extensas áreas pobladas del centro distorsionaron el desarrollo nacional, con el apoyo de un parlamento politizado, que solo atendía a intereses electorales (Canesa, 1982: 14).

La estructura de la regionalización, necesita del control político jerarquizado, piramidal, con la cúpula militar en su vértice y con las comunidades en su base. Estructura básica dirigida y dominada por un alcalde, lo que resultará fundamental en los procesos de erradicaciones urbanas a las que más tarde nos referiremos. Sobre las comunas estarían las provincias, conducidas por los gobernadores, y, como estructura macro, las regiones, dirigidas por los intendentes. Sobre ellos, la mencionada cúpula militar como «suprema autoridad». Un poder absoluto y necesario para dirigir y reproducir todos los conceptos y técnicas del nuevo capitalismo neoliberal que está implementándose a futuro por el Estado geopolítico.

Geopolítica, regionalización y pobreza Uno de los propósitos fundamentales del proyecto de regionalización, según Canessa, es dar una solución al problema de la pobreza. 123

César Leyton Robinson

Esto es fundamental para los objetivos de nuestra investigación, la relación que comienza aparecer entre regionalización y comuna: La ausencia de una estructura regional, capaz de promover el desarrollo integral del país, dejó amplias zonas marginales del progreso, de la cultura y del bienestar y contribuyó, en gran medida, a configurar las áreas de extrema pobreza, con su múltiples problemas de orden social, heredados de anteriores Administraciones y que el Supremo Gobierno está empeñado en superar cuanto antes (Canesa, 1982: 18).

Como se ve, el problema de orden público que generan la pobreza y la marginación se atribuye al funesto legado de las Administraciones anteriores y no a los ajustes neoliberales, con la privatización de las empresas estatales y la expropiación de los beneficios sociales de la población. Control social y modelo económico neoliberal van de la mano en las estrategias geopolíticas de regionalización. Por un lado, el texto de Canessa que estamos analizando se escribe y publica en 1982, en un momento en el que las poblaciones capitalinas, los sectores populares, se están movilizando contra la dictadura, la protesta social se hace activa y los pobladores presionan mediante marchas e incluso con huelgas de hambre desde 1981. El movimiento laboral se organizó y movilizó en torno al rechazo del Plan Laboral impuesto por el Gobierno en 1979 (Colectivo de Memoria Histórica Corporación José Domingo Cañas, 2005: 61). Por otro lado, la aplicación de un (neo)liberalismo pragmático y la consolidación del modelo socioeconómico chileno, que se produce entre 1981 y 1990, se caracterizaron, entre otras cosas, por privatizaciones y desnacionalizaciones, ausencia de intervencionismo estatal en materia económica y el sometimiento a las «leyes del mercado». Como explica Manuel Gárate: Las empresas CORFO privatizadas durante este período (históricamente de propiedad pública) fueron aquellas pertenecientes a sectores estratégicos de la economía del país, principalmente del área de comunicaciones (ENTEL), telefónica (CTC), transporte aéreo (LAN-Chile), producción y distribución de electricidad (ENDESA y Chilectra), siderurgia (CAP), petroquímica, y minería no metálica (SOQUIMICH), producción azucarera (IANSA) […]. Al incluirse una orientación de

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La construcción de un país orgánico (I)... mercado, el Estado fue obligado a retirarse de muchas funciones que le habían sido asignadas desde la década de 1930. Tanto las reformas económicas como las sociales estaban íntimamente ligadas (Gárate, 2012: 262-263).

Pero, además de las privatizaciones en el sector productivo, la economía de mercado afecta también, y de manera muy notable, en el sector de los servicios. Salud, educación y vivienda dejan de ser áreas de justicia redistributiva, con una asignación específica de gasto público, para convertirse en objetos de consumo. Las transformaciones económicas de la dictadura generan un cambio sociocultural muy importante al sustituir la idea de «derecho social» por el concepto de «servicio», al cual se asigna un precio de mercado y puede ser provisto tanto por agentes públicos como privados (Gárate, 2012: 262). Es evidente que este tipo de privatizaciones genera una evidente falta equidad en el acceso a dichos «servicios» y, por tanto, una desigualdad social entre los grupos de población más pobres y los más pudientes, pero da lugar también a una violencia simbólica, en el sentido de Bourdieu, es decir, una violencia indirecta, casi invisible, que se añade a la violencia directa y física de la represión militar y que viene a arrancar sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas colectivas y en unas creencias socialmente inculcadas (Bourdieu, 1999: 173; Fernández, 2005). En definitiva, una subjetivación de normas que naturalizan comportamientos y que aceptan que ámbitos considerados derechos sociales se conviertan en bienes o en objetos de consumo. Las consecuencias sociales y culturales de este proceso han persistido, según algunos autores, después de la dictadura (Gárate, 2012: 21). Resulta cuando menos paradójica la utilización que los teóricos de la regionalización hacen de la retórica de la igualdad. A los poderes locales les corresponderá tomar decisiones políticas en torno a la pobreza, lo que, como más tarde veremos, resultó fundamental en los procesos de erradicación propiciados por los municipios. La regionalización permite reformas territoriales que tienen como objetivo combatir la pobreza: 125

César Leyton Robinson Más allá de la acción social, destinada a combatir la extrema pobreza, asegurar igualdad de oportunidades en los sectores postergados y superar los problemas contingentes de la comunidad, todo el desarrollo social, en sus diversos aspectos, como educación, vivienda, salud, y otros de similar importancia, presenta características específicas que lo adecúan al proceso de regionalización, ya que las necesidades enunciadas pueden ser atendidas regionalmente, con amplia desconcentración, y así se ha proyectado en la reorganización de los Ministerios y servicios correspondientes (Canessa, 1982: 18).

Se generan nuevos marcos legales y se declara la «igualdad de oportunidades» —en un nuevo modelo «social de mercado»—, que apunta a la igualdad de la posibilidad de consumir ignorando, aparentemente, el diferente poder adquisitivo de las personas. En todo caso, independientemente de las desigualdades sociales existentes y difíciles de solucionar por la vía del consumo, existe un intento de superar desigualdades territoriales que pasan por la descentralización de las políticas sociales para acercar las mismas a las distintas regiones: Salud, Vivienda y Urbanismo [son] los que en mejor forma se han adaptado al proceso de Regionalización, bajo el principio de que la administración central no debe realizar ninguna acción que pueda cumplir eficientemente la administración regional. Estos ministerios han desconcentrado sus medios, tanto humanos como materiales, a través de servicios de carácter regional, y provincial con amplia autonomía, imprimiendo al desarrollo un carácter eminentemente regional, sin desmedro de la planificación y la coordinación central (Canessa, 1982: 18).

La inversión en desarrollo regional no solo se dirige a políticas sociales que pretenden modificar el hábitat de los más pobres (salud, educación vivienda), también es necesario acometer la construcción de infraestructuras: En el mismo sentido se ha orientado el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que ha puesto énfasis en las obras de infraestructura para el desarrollo social y en la acción social, directamente orientada a las necesidades efectivas de la comunidad. Un rol destacado han desempeñado en este ámbito los intendentes regionales, gobernadores provinciales y alcaldes, sin cuya dedicación abnegada y permanente al servicio de la

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La construcción de un país orgánico (I)... comunidad esos recursos, de por si limitados, no hubieran fructificado en importantes obras de adelanto social (Canessa, 1982: 19).

La ordenación del territorio implica controlar y reubicar a la población: reformas de la vivienda urbana (MINVU-CONARA a partir de 1975), Ley de poblaciones de 1979 (ODEPLAN), erradicación de poblaciones (regionalización de 1974) y aplicación de su reforma a municipios y comunas durante toda la década de los ochenta, específicamente de la Región Metropolitana. CONARA y ODEPLAN son las encargadas de llevar el proyecto, sus miembros, conformados por nacionalistas, desarrollistas, militares y neoliberales, aunados en la nueva derecha neoliberal (Gárate, 2012). La intervención sobre la comuna permite conectar con el nivel local, llegando al último eslabón administrativo de la planificación geopolítica y de la circulación de las ideas económicas neoliberales del proyecto urbano. A través de la comuna se implementan las bases de la organización social; los alcaldes controlan los municipios, pero también otros organismos de la comunidad, como las juntas de vecinos, y una serie de corporaciones y entidades, claramente identificadas con la dictadura, que actúan en el nivel local y articulan todo un programa de intervención social, pero también de control ideológico. A modo de ejemplo: centros de madres (dependientes de la Fundación CEMA Chile, presidida por Lucía Hiriart de Pinochet); voluntariado sanitario y de beneficencia social (Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad- CONAPRAN); asistencia sanitaria femenina (Damas de Rojo); juventudes políticas de extrema derecha gremialista y de acción nacional católica, etc. Estos organismos de la comunidad resultan fundamentales en el proceso de descentralización y regionalización del país y terminan desempeñando un papel político muy importante, pues están en la base del complejo entramado piramidal ideado por los geopolíticos (véase fig. 1). No en vano es en las comunidades locales donde debe darse en forma plena la participación de la comunidad y en que la acción gubernamental se hace presente en la forma más directa a cada uno de sus integrantes. Su ordenación territorial se basa en las condiciones tipológicas, su naturaleza económico-social, en el hábitat y en

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César Leyton Robinson su rango administrativo. Debe permitir una adecuada organización de la población y eficiente prestación de servicios locales, ordenación y equipamiento de su territorio. En resumen, es el órgano final de la jerarquía administrativa y territorial del Estado, constituyendo a nivel político y administrativo más directo de contacto de la comunidad organizada por sus gobernantes (Canessa, 1982: 23).

Figura 1. Tomado de Julio Canessa (1982).

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La construcción de un país orgánico (I)...

Regionalización, población y macrocefalia urbana: Santiago rumbo a la erradicación, 1976-1986 El proyecto de regionalización implicaba un reordenamiento del territorio nacional en términos militares y geopolíticos (CONARA) y económicos (ODEPLAN). Se persigue una mejor explotación de los recursos naturales en zonas abandonadas por Administraciones anteriores. Los movimientos de población pretenden equilibrar la población en las distintas regiones, para lo que resulta imprescindible intervenir sobre la zona de mayor concentración urbana y demográfica, sobre el núcleo vital, en términos geopolíticos, sobre la capital de la nación, ante «el desequilibrado desarrollo de las diversas áreas geográficas de nuestro dilatado y complejo territorio nacional, y la macrocefalia metropolitana en desmedro de importantes zonas geográficas deprimidas» (Canessa, 1982: 21). Otro destacado geopolítico, el coronel Julio von Chrismar, insiste en este desequilibrio destacando la hipertrofia de la metrópoli santiaguina, generadora de desajustes «orgánicos»: Otros factores de desarmonía en la contextura del Estado son: la presencia de grandes espacios vacíos de población en áreas valiosas susceptibles de ser más pobladas, especialmente cuando están en áreas fronterizas […] hipertrofia del núcleo vital que crea grandes problemas dentro de él y genera migraciones internas centrípetas (Von Chrismar Escuti, 1984: 79).

Esta hipertrofia del núcleo vital constituye uno de los argumentos centrales de la estrategia geopolítica de regionalización que desembocará en la erradicación de pobladores. El mayor Jaime García Covarrubias explicaba en 1985, desde las páginas de la Revista Chilena de Geopolítica, que «la población de Santiago en el último siglo ha crecido siempre a un ritmo mayor que el resto del país», hasta el punto de que «hoy nuestra capital contiene el 32 % de la población nacional. Se trata de una población anómala, o al menos, poco frecuente en el mundo» (García Covarrubias, 1985: 32). El legado del colonialismo español propició que más de la mitad de la población chilena se concentrara en menos del 5 % del territo129

César Leyton Robinson

rio, en la zona capital portuaria de Santiago y Valparaíso. Valparaíso constituyó un emporio industrial y comercial exportador muy importante durante las últimas décadas del siglo xix y primeras del xx, hasta la gran crisis de 1929 (Blackemore, 1992). Esta concentración de la población en ambas ciudades es señalada como un problema geopolítico a resolver: Durante muchos años Chile no tuvo una concepción geopolítica clara, definida y permanente en relación con el largo territorio que le legó la Madre Patria. Lo anterior fue generando paulatinamente una serie de problemas ente los cuales se puede destacar la singular situación de que el país tenga la mitad de su población concentrada en el 4,2 % del territorio constituido por poco más de 31 000 kms2 correspondientes a las regiones V y Metropolitana de Santiago (García Covarrubias, 1985: 23).

Las zonas de desarrollo industrial y comercial, íntimamente relacionadas con los procesos de urbanización, terminan configurando lo que en términos geopolíticos se define como «núcleo vital». En palabras de García Covarrubias: Debe entenderse que los empleos industriales son más notables que los provocados por el sector extractivo o primario. Las generadoras de ciudades consolidadas no son las exportaciones agrícolas, pecuarias, mineras o pesqueras, sino las industrias que se asocian a la producción derivada de estas (explotadoras) en consecuencia, son las ciudades integrales en sistemas urbanos las que configuran un núcleo vital (García Covarrubias, 1985: 24).

La ciudad portuaria de Valparaíso y, también en parte, la de Concepción son consideradas por los geopolíticos chilenos potenciales ejes económicos fundamentales. Sin embargo, ninguna de las dos pudieron competir con la capital. Santiago se consolidó desde mediados del siglo xx como el heartland (núcleo vital), relegando a Valparaíso a la categoría de hinterland o espacio que lo sustenta en términos económicos: Valparaíso, muy próximo a Santiago, se desenvuelve también por su vocación portuaria en función de este recurso auténticamente nue-

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La construcción de un país orgánico (I)... vo, que es el mar y también se beneficia con él Concepción. Sin embargo, Santiago no es el hinterland de Valparaíso; por el contario, se sirve de ésta y radicaliza su condición de centro del núcleo vital, dentro de cuyo espacio de influencia se encuentra el puerto (García Covarrubias, 1985: 27).

Para los geopolíticos, el núcleo vital debió constituirse cerca del mar, fuente de energía económica; pero la hipertrofia de Santiago y su evolución generaron un espacio o «unidad del interior» como centro económico y social limitando a las otras urbes. A esta hipertrofia contribuyó también el fenómeno migratorio, advirtiéndose que las tasas de crecimiento en los últimos dos decenios podían ser producto del aumento de las emigraciones, en especial entre 1960 y 1970 (García Covarrubias, 1985: 29). Santiago, encajonado en los Andes, se convirtió en la ciudad con mayor importancia y proyección hacia el futuro. Es interesante valorar la contradicción que, para la ortodoxia geopolítica, implicaba circunstancia: Se genera así la contradicción que será el patrón de la evolución geográfica del territorio, una unidad del interior como centro, pese a que su mayor recurso es el mar. En el futuro, el sistema urbano no podrá desprenderse de la primacía santiaguina y cada vez con mayor fuerza, las ciudades del centro, en especial Santiago, irán ganando posiciones frente a las costeras (García Covarrubias, 1985: 28).

Los recursos naturales de explotación y consumo de la población seguían siendo tradicionalmente agrícolas, a pesar de los enormes recursos marinos del territorio nacional. La visión geopolítica ponía su acento en el despilfarro de las zonas marítimas como generadoras de recursos naturales y económicos. La zona geográfica portuaria-agrícola seguía siendo hegemonizada por la capital, lo que limitaba el incremento poblacional nacional, a partir de otras urbes o zonas económicas del territorio. Entre los recursos continentales y los marinos, los chilenos seguirán prefiriendo los primeros, al paso que entre los extremos y el centro, seguirán optando por el centro agrícola ganadero. Son estas actividades centrales las que darán origen al núcleo vital que se desarrolla entre la V

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César Leyton Robinson región de Valparaíso y la IX de la Araucanía, con Santiago como centro emergente (García Covarrubias, 1985: 28).

Pero no solo las poblaciones costeras, también las zonas mineras eran entendidas como tributarias de la metrópoli, como una «tierra posterior» de la que el núcleo vital se beneficiaba: Sin embargo, parte importante de los medios financieros de la minería toda ella primaria y destinada a la exportación casi sin agregación de valor, con bajos niveles de industrialización servirán para ser invertidos en construir mansiones en Santiago, mejorar las tecnologías agrícolas e incrementar la superficie de riego en el centro del país. En suma, el crecimiento económico motivado por la minería, provocará mayor desarrollo en Chile Central y en Santiago, que en los territorios de origen de estos recursos (García Covarrubias, 1985: 29).

La reubicación de pobladores se convirtió así en un objetivo del desarrollo del Estado. La hipertrofia de la capital y de la Región Metropolitana se interpretó como una anormalidad que desequilibraba el funcionamiento del país, entendido como un gran organismo que debía tener una homeostasis suficientemente estabilizada. En términos geopolíticos, la regionalización implica ocupar territorios más allá del heartland y del hinterland; supone la necesidad de expansión hacia esos lugares definidos como lebensraum (espacio vital). Las propuestas de Karl Haushofer son retomadas, una vez más, y adaptadas a la realidad chilena. No se trata aquí de salir de la geografía nacional, de ocupar territorios ajenos, para paliar el crecimiento de la población, como se propuso el Tercer Reich, pero no cabe duda de que la influencia de la geopolítica nazi fue una constante en las propuestas de los militares chilenos: En suma, nuestro problema substancial es el del «control del espacio» Karl Haushofer señala: El espacio rige la historia de la humanidad: las potencias del mundo quedan divididas en dos grupos fundamentales distintos. Por una parte, aquellos que tienen mucho más espacio del que alguna vez podrían dominar y, por otra, aquellos que cuentan con menos espacio que el que deberían tener alimentar en forma adecuada a su población actual […]. De acuerdo a esto es que el tema se ha abordado dando un especial énfasis al problema poblacional, elemento constituti-

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La construcción de un país orgánico (I)... vo del Estado, que en nuestro caso está ubicado en forma desproporcionada en el centro del territorio nacional (García Covarrubias, 1985: 38).

Los paralelismos entre la política geográfica expansionista nazi y el proceso de regionalización chileno deben ser valorados con cautela, pues se trata de fenómenos y procesos diferentes por más que Haushofer, la geopolítica nazi y, en general, las históricas influencias prusianas en el Ejército chileno estén fuera de toda duda (Quiroga y Maldonado, 1988). En todo caso, la desconcentración poblacional de Santiago es uno de los objetivos centrales de esta estrategia demográfica. La intervención urbana y la distribución y división de la población son clave para el proyecto geopolítico neoliberal. Partiendo de la idea de que el aumento de la población capitalina trae como consecuencia conflictos sociales que es preciso prevenir, se propicia la imagen de una ciudad inhabitable, llena de peligros y miserias y convertida en un espacio patológico que exige medidas de defensa social: El fortalecimiento regional es indispensable, pero fundamental y absolutamente indispensable para evitar la destrucción de la nación chilena. Se calcula que de continuar el crecimiento de Santiago al ritmo actual, más de cien mil habitantes por año, en 20 años Santiago van a tener el 60 % de la población de Chile, y no lo va a tener para vivir mejor, sino que lo va a tener para vivir peor. La mayor concentración, significa mayores problemas, mayores inversiones inútiles, mayor miseria, y en consecuencia, mayor violencia y mayor delincuencia. Los estudios sobre la materia revelan que en 20 años más, de cada 5 personas, con que uno se tope en la calle, 3 pueden ser potenciales agresores (Arnello Romo, 1985: 14).

Una estabilidad que debe perseguirse también por razones de seguridad nacional intentando evitar «áreas vacías» de población, pero también zonas superpobladas con problemas (escasez, hacinamiento, marginalidad, delincuencia, etc.) muy difíciles de combatir. El desequilibrio territorial genera problemas y exige medidas concretas: Estas circunstancias, sumadas a las tendencias negativas de nuestro crecimiento poblacional, que tiende a la concentración de Santiago y mantiene deshabilitado nuestro litoral y extensas regiones de nuestro

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César Leyton Robinson territorio, pueden significar que las fuertes presiones demográficas, políticas, económicas, sociales, de toda índole, que genera las necesidad del espacio y de la alimentación de esos más de tres mil millones de habitantes, provoquen un vuelco en las relaciones y en las consideraciones del orden internacional y, entonces, significa una fuerte presión y una amenaza para una nación que no está realizando bien una de sus primeras funciones esenciales: poblar su territorio, desarrollarlo y hacerlo productivo (Arnello Romo, 1985: 9).

Se insiste en una descentralización que potencie las regiones alejadas de la metrópoli, de la gran urbe santiaguina: En 1986 la cultura y civilización que ostentosamente denominamos urbana, no son, no pueden ser un privilegio sólo de los habitantes de las áreas denominadas metropolitanas ni de las ciudades a partir de un determinado número. Cuando en un país, por razones de la rentabilidad económica o a cualquier otro título, se discrimina y margina a cualquier miembro de la sociedad, simplemente se está sembrando la semilla de la desintegración nacional y por ende la desintegración geopolítica. La integración geopolítica no consiste, ni puede jamás consistir, en la existencia en el espacio de una ciudad madre (metrópoli) y unas ciudades-hijas (colonias); la integración geopolítica es el acto racional y lógico de reconocernos miembros de una misma sociedad que habita el territorio nacional (Santis, 1986: 13).

La intervención urbana no busca, como es lógico, minimizar la capital. El núcleo vital debe ser el punto de partida de todo el proceso. El movimiento de su población, su «descentralización», traerá como consecuencia el desplazamiento de población por todo el país, logrando así la mano de obra necesaria y debidamente distribuida para la explotación de todos los recursos regionales. Santiago debe convertirse, en clave geopolítica, en el eje de las redes de comunicación: Los núcleos contemporáneos tienen en su interior los principales componentes de la vida social, cultural, económica y política del estado nacional. Demográficamente hablando ellos avanzan a velocidades distintas hacia el hecho de la megalópolis con sus grandes densidades, sus buenas redes de circulación, sus migraciones pendulares, su intensidad de llamadas telefónicas, la importancia de la prensa escrita y audiovisual. Se van convirtiendo en punto focal para la organización de la vida, en

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La construcción de un país orgánico (I)... el resto del país, es decir, en la tierra adentro. El núcleo combina nudos geográficos con costumbres y facilidades de comunicación social; al mismo tiempo que debe desarrollarse una capacidad de respuesta a las necesidades del «hinterland». Vivimos en una época de comunicaciones y consumo masivo; desde una perspectiva el núcleo central es la unidad-elite, el centro de decisión que unifica las otras entidades geográficas del Estado (Santis, 1986: 15).

Una restructuración que permita un mejor control del espacio, pero también un mejor control político. Organizar las capitales regionales y comunales es parte de la solución del control social: Aquí solo tocamos las capitales políticas, que de una u otra forma encarnan e ilustran el vigor, la organización y la potencia de un país. Ellas son el centro de la vida social, en la cual la historia y las tradiciones quedan enraizadas, la capital apoya su autoridad en una concentración de los asuntos públicos. Pero desde la perspectiva que motiva la exposición, ella, la capital política, tiene el papel de unificar todas las estructuras espaciales de un país. Quizás ello implique los humanos afanes de relocalizar las ciudades capitales hacía una posición central del país o al menos del núcleo central (Santis, 1986: 16).

Como veremos más adelante, CONARA y ODEPLAN llevarán a cabo esta labor, pero la cuestión no es solo técnico-administrativa, se hace necesario también adoctrinar en términos ideológicos a esa población adosada al proyecto geopolítico regional y urbano. La nueva organización poblacional y territorial se promueve a través de la educación y los medios de comunicación: «En Chile, el concepto de regionalización se enseña en las Escuelas Públicas (Instituto Geográfico Militar, 1978) y se le da una extensa publicidad en los medios de comunicación (El Mercurio, enero 15 de 1979)» (Pittman, 1986: 82). Se busca una transformación total de la sociedad chilena, una contrarrevolución al proceso anterior. La regionalización es el primer paso para disponer de la población y el espacio, posteriormente vendrán las decisiones más radicales de la dictadura en torno a las poblaciones menos proclives, y con menos capacidad de desarrollo, para el nuevo modelo económico que se estaba ensamblando. 135

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Howard Taylor Pittman, militar norteamericano que contribuye al debate geopolítico del continente, señala que la doctrina en el país andino, está en un nivel similar al alcanzado en Brasil: El último paso en el proceso de la Planificación de gobierno basado en objetivos geopolíticamente nacionales. En Brasil, los objetivos nacionales son perseguidos a través del Ministerio de Planificación de parte de la Casa presidencial, que tiene tanto papel de planificación como de supervigilancia. Una posición y papel similares se desempeñan en Chile, donde la declaración de Principios y Objetivos Nacionales promulgados por la Junta Militar Decreto Presidencia, respectivamente, constituyen la base de la planificación nacional (ODEPLAN) que es parte también de la Oficina Presidencial. En Chile, el proceso de planificación se extiende a través de los niveles regional y provincial con el representante de planificación como asesor principal para el gobernador regional o provincial (Pittman, 1986: 83).

El Estado-ameba de CONARA: los fundamentos de segregación territorial y social de la dictadura

La geopolítica acuñada por las fuerzas armadas chilenas tiene, como ya se ha señalado, un fuerte componente de «organicismo social». Las corrientes de pensamiento decimonónicas de «progreso», como el darwinismo social de Herbert Spencer, por ejemplo, han ido dando paso a algunas ideologías que, ya en el siglo xx, se caract erizaron por el totalitarismo y la jerarquización segregacionista en función de razas, clases o creencias: Las ideologías del progreso que encauzaban la creciente tendencia a explicar biológicamente el funcionamiento de la sociedad, llegarían a convertirse en un eficaz instrumento de lucha intraespecífica, como lo pondrán particularmente de manifiesto los nacionalismos europeos, de las décadas de 1930 a 1940 (Miranda y Vallejo, 2005: 14).

En este contexto, el fascismo y el nazismo buscaron un «hombre nuevo» en una sociedad dividida, clasificada y regulada bajo las concepciones de ese estado orgánico. 136

La construcción de un país orgánico (I)...

El organicismo social influyó considerablemente en los postulados de los nacionalismos militares. Una relación que se fortalece a fines del siglo xix y comienzos del xx, llegando a impregnar la ciencia de la geopolítica de los militares latinoamericanos en plena Guerra Fría y en el marco de la gran ofensiva anticomunista que supone la tantas veces aludida Doctrina de Seguridad Nacional. Resulta muy interesante la metáfora biologicista empleada por Jaime Guzmán — asesor de Pinochet en temas jurídicos y políticos (Moncada, 2006; Gazmuri, 2013)—, al comparar el marxismo con una infección que precisa un tratamiento enérgico con los «medicamentos» adecuados: Nos interesa saber si esas personas que se horrorizan ante el término «antimarxista», también se niegan a tomar antibióticos o antivirales cuando su médico se los receta, y le argumenta que ellos ingieren remedios «positivos». O si estiman si Dios fue «negativo» al enunciar siete de sus diez mandamientos […]. De igual modo, los antibióticos o antivirales bien recetados, no son más que un instrumento de una muy positiva defensa de la salud (Guzmán, 1976:14).

El pensamiento tradicionalista católico y «organicista» de Donoso Cortés, que a mediados del siglo xix en España planteaba: «Dios ha hecho la gangrena para la carne podrida» (Rodríguez Jiménez, 1997: 31; Jara Hinojosa, 2006), tiene sentido en los escritos de Guzmán. No cabe duda de que esta concepción de la sociedad, y del Estado, como un gran organismo social en equilibrio, al que hay que proteger y curar si enferma, forma parte de los cimientos ideológicos de la dictadura. El propio general Pinochet, en su discurso del 11 de julio de 1974, al explicar el proceso de regionalización del país que guiaba la institución, retoma conceptos que estaban ya presentes en su Geopolítica, editada con anterioridad al golpe. Las características orgánicas del país, formuladas ahora desde el poder, exigen no «debilitar» el «núcleo vital» en el proceso de descentralización territorial y permiten ofrecer una visión evolutiva del Estado: De este modo debe quedar muy en claro que no se trata de debilitar el nivel nacional o poder central, que es el «núcleo vital» o eje principal del Sistema, del cual emanan el reconocimiento y la delegación de facul-

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César Leyton Robinson tades y la creación de precisos niveles que ordenados jerárquicamente permiten el cumplimiento de la descentralización deseada en forma responsable (Pinochet, en CONARA, 1974: 12).1

Las ideas evolucionistas orgánicas, presentes en los discursos públicos de Pinochet, constituyen metáforas que permiten comprender la situación de un Estado que puede enfermar y manifestar síntomas que es preciso prevenir o curar, a la vez que promocionar el desarrollo y la evolución: De este modo, el supremo Gobierno cumple su papel ineludible de Conductor Nacional, en el sentido de proyectar su país hacia el futuro, comprendiendo que en nuestro caso, además de materializar un Plan de Desarrollo integral, es preciso modificar las estructuras vigentes […]. Todo gobierno debe mantener una permanente observación sobre la evolución del Estado, para conocer oportunamente cualquier síntoma de debilidad, decadencia o vacilación, que pueda afectarle y que sea producto no sólo de influencias adversas proyectadas o infiltradas del exterior, sino también de la propia molicie, desorientación o falta de deseos de superación de la ciudadanía […] la decadencia y la destrucción de los Estados ha sido generalmente efecto de la propia incapacidad y de la anulación de los esfuerzos, a causa de las luchas internas más que de acciones foráneas (Pinochet, en CONARA, 1974: 14).

La vitalidad del Estado, ante la amenaza de las luchas políticas externas e internas de la población, debe quedar garantizada. La Doctrina de Seguridad Nacional, como elemento insoslayable del desarrollo de la nación, facilita que, finalmente, la geopolítica se convierta en una estructura central sobre la que fundamentar el Estado neoliberal que se va construyendo. La prevención de ciertas medidas sobre la población regula el control del Estado y evita la destrucción de este: Para corregir estos eventuales defectos, los objetivos permanentes de todo Estado deben ser: Aumentar el nivel cultural (cultura y civiliza1   El texto corresponde al discurso de Pinochet, Fundamentos de la regionalización. Manifiesto de S. E. El presidente de la República, General del Ejército Don Augusto Pinochet Ugarte, con motivo de la iniciación del proceso de regionalización del país. Santiago de Chile (11-7-74).

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La construcción de un país orgánico (I)... ción) […]. Aumentar al máximo posible la capacidad de sus ciudadanos (moral, intelectual y física) […]. Aumentar su Poder Nacional (poder político, interno y externo, económico y de defensa nacional). Este es otro modo de formular los objetivos permanentes del desarrollo y de la seguridad nacional (Pinochet, en CONARA, 1974: 15).

La geopolítica como ideología de lo nacional y comunal: el tutelaje sobre Santiago Como se sabe, CONARA fue la institución que trasformó todo el territorio y planificó una política macroeconómica de desarrollo sobre una base poblacional de acuerdo a los intereses del modelo neoliberal. Su objetivo fue poner en marcha un proceso de integración nacional que solo podía lograrse a través de un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución geográfica de la población y la seguridad nacional, de manera que se establecieran las bases para una ocupación más efectiva y racional del territorio nacional (Boisier, 2000: 88). Pero, además, CONARA es la responsable de las reformas locales y comunales que parten de la capital urbana de Santiago. Diseña e implementa el proyecto que consiste en el aumento de las comunas metropolitanas, mayoritariamente comunas container o receptoras masivas del proceso de segregación o «erradicación» de la pobreza. En abril de 1981 se elabora el plan urbano de Reformulación Comunal de la Región Metropolitana, que establece los criterios técnicos para la creación y regulación de nuevos espacios en la ciudad neoliberal (Hidalgo, 2014). Ese mismo año se pueden identificar dicisiete nuevas comunas en la provincia de Santiago, construidas según los criterios del mencionado plan urbano elaborado por CONARA (Gross, 1991). Como ya hemos indicado, CONARA, controlada por militares expertos en geopolítica, y ODEPLAN, con civiles neoliberales en su seno, participarán de manera activa en el proyecto de erradicación comunal. Los diferentes planteamientos de partida no dificultaron 139

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una labor que, finalmente, resultó complementaria. Según explica Sergio Boisier: Fue la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) el organismo responsable de la creciente asociación entre las ideas de descentralización y de planificación regional del desarrollo, una asociación que sobrevivirá al embate que el «núcleo duro de los Chicago Boys» hará a la idea de planificación, a fines de la década de los setenta (Boisier, 2000: 89).

Ambos organismos crearán los instrumentos necesarios para llevar a cabo la reestructuración administrativa del territorio, desde lo nacional a lo comunal; donde destacan instituciones administrativas como las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), conducidas por ODEPLAN, bastión de los neoliberales, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), dependiente del Ministerio del Interior, dominada por CONARA. Estas dos organizaciones son las defensoras de la fusión del modelo burocrático: Fueron cuatro los instrumentos organizacionales principales del período: i) las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS), órganos desconcentrados de los ministerios nacionales (salvo los Ministerios de Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores), estructuras entonces destinadas a expresar regionalmente la administración del Estado; ii) las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), también un organismo desconcentrado de la entonces ODEPLAN, pero con un estatus superior al resto de la Secretarías, dado su papel de «coordinación» y su función como secretaría técnica del intendente; iii) las Secretarías Comunales de Planificación y Coordinación (SECPLAC), organismo asesor y secretaría técnica de los alcaldes; iv) la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior (Boisier, 2000: 93).

SUBDERE, considerada «el hada nodriza de la descentralización», se convertirá en un organismo fundamental en el proceso de reformas regionales y locales, asesorando directamente al presidente de la República y coordinándose con ODEPLAN. A medida que el proceso de reforma administrativa profundiza en lo local, este instru140

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mento de planificación aumenta su poder y se convierte en la heredera de CONARA (Boisier, 2000: 94). Al revisar la documentación sobre la relación institucional entre CONARA y SUBDERE en este proceso histórico, encontramos unos criterios políticos que el propio dictador denomina «fundamentos del proyecto territorial de regionalización». El ordenamiento de la ciudad, el control de la marginalidad y la represión de la resistencia política establecen ejes de actuación bien definidos. Por un lado, la seguridad ante la delincuencia y la subversión constituye uno de los fundamentos imprescindibles en la concepción de la ciudad neoliberal. La marginalidad y la pobreza urbana, producidas en buena medida por la migración rural hacia la ciudad, obligarían a los grupos sociales más desfavorecidos a adoptar formas de vida delictuales. La criminalización y la peligrosidad social de la pobreza justifican su aislamiento; y lo mismo ocurre con los subversivos o los enemigos políticos del régimen. Por otro lado, como ya se ha indicado, la concentración económica de la ciudad de Santiago es considerada un factor de estancamiento para el resto de las regiones del país. Estos elementos, teorizados repetidamente por los expertos de la regionalización, quedan resumidos en el documento conjunto de CONARA y SUBDERE, que establece los fundamentos de dicho proceso (CONARA, 1976: 11). El pacto entre geopolítica y neoliberalismo comienza a consolidarse en una nueva estructura administrativa del país. El control de las poblaciones, los espacios y la organización política quedan sellados en este acuerdo institucional de la dictadura. El modelo se forja con un impulso castrense y es ajustado por los tecnócratas neoliberales. La ciencia geopolítica como custodio del capital a nivel nacional en la estrategia de la regionalización y como policía urbana local en la estrategia de la erradicación.

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LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS ORGÁNICO (II). GEOPOLÍTICA Y ERRADICACIÓN Introducción Tal como ha quedado descrito en el capítulo anterior, la dictadura acometió, a partir de 1975, una profunda reforma territorial en todo el país que se denominó regionalización y que tuvo como objetivo fundamental lograr un mejor control económico para sus reformas neoliberales. Dicha reordenación territorial obedeció también a un objetivo de control político, dirigido a las organizaciones sociales y poblacionales que sobrevivieron a la represión política puesta en marcha tras el golpe de Estado que derrocó a la Unidad Popular y que seguían en franca oposición al Régimen. Los territorios fueron ocupados militarmente y las divisiones geográficas fueron organizadas como regiones militares: «El territorio, las ciudades, fueron divididos en zonas militares coordinadas a nivel de los municipios» (Rodríguez y Rodríguez, 2009: 11). Una segunda estrategia, que venía a complementar el proceso de regionalización, fue, como ya se ha adelantado, la erradicación de personas y colectivos; es decir, el cambio de ubicación de campamentos y viviendas con el fin de segregar de manera controlada a determinados sectores de la población con una doble voluntad: de defensa social, por un lado, y de integración y aceptación de una sociedad de consumo basada en principios neoliberales, por otro. A fines de los años setenta comenzó a implementarse una política de evacuación de los campamentos de la ciudad de Santiago hacia zonas nuevas o áreas habitacionales «adecuadas».1 Desde la prensa 1   A pesar de que estas políticas de desplazamiento de población pobre fueron aplicadas desde mediados del siglo xix, ya en la segunda mitad del siglo xx se habían regulado los espacios urbanos. Normando la segregación social, al prohibir barrios ricos separados de los pobres. Concibiendo, además, la vivienda social como un derecho. A partir de la dictadura se volvió a alejar a los pobladores pobres del centro urbano y se homogenizaron las comunas ricas y pobres. La vivienda social, que había

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opositora a la dictadura de la época se denunció el apartheid social que generaron estas deportaciones. Las similitudes con la política de apartheid en Sudáfrica parecen antojadizas, pero son interesante para un estudio específico: cómo ambas dictaduras fueron anticomunistas e intercambiaron relaciones en organizaciones internacionales como OTAS (Organización del Tratado del Atlántico Sur). Además, las relaciones entre el régimen de Pretoria y las dictaduras del Cono Sur, en la década de 1970, comenzaron a ser repetidamente apuntadas (Waksman-Schinca, 1979; Sohr, 1982). Los campamentos, surgidos en las «tomas» de terrenos baldíos, eran un producto de la emigración rural que había quedado al margen de los procesos de urbanización y que históricamente había vivido en la ciudad, sumida en la pobreza y la marginalidad social. No contaban con agua, electricidad o infraestructuras sanitarias, lo que demostraba la condición de exclusión social de sus habitantes. Estaban aislados de todos los derechos que anunciaba una sociedad moderna en sus códigos de organización comunitaria: salud, educación, trabajo, vivienda, etc. El periodista Miguel Budnik describe estos asentamientos originales, que no habían sido incluidos en los procesos de bienestar social, del siguiente modo: Estos espacios, muchas veces, son potreros semirurales o rurales de la periferia de Santiago, donde esos humanos, en la búsqueda de un terreno donde vivir, no pocas veces han debido desplazar ganado para constituirse en el mismo lugar en verdaderos ghettos (Budnik, 1986: 98).

Muchos de estos campamentos también se ubicaban en las zonas ricas del Gran Santiago —Santiago, las Condes y Providencia—, quedando atrapados en los procesos de crecimiento de estas comunas más acaudaladas. Estos bolsones de pobreza fueron obligados a trasladarse hacia comunas pobres con nuevas instalaciones y soluciones habitacionales, lo que en teoría significaría una mejora —que, en realidad, no llegó a producirse— de sus condiciones de vida. Más de sido un motor de las luchas por los derechos civiles, pasó a ser un bien de consumo y no un derecho social logrado por los pobladores. Sobre todo este proceso histórico, véase MacDonald (ed.), 1983.

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29 000 familias de la Región Metropolitana fueron realojadas en sectores geográficos periféricos, que volvieron a constituirse en guetos sociales. Según un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Política Nacional de Desarrollo Urbano vigente entre 1979 y 1985 provocó en las comunas receptoras efectos muy negativos para la población, sobre todo en los factores organizadores, fundamentales en políticas sociales democráticas, como la educación y la salud (Morales y Rojas, 1986). En el presente capítulo analizaremos, en primer lugar, lo que hemos llamado el itinerario de la erradicación, que nos permitirá reconstruir, al menos en parte, los principales hitos del proceso, para después valorar su marco político-administrativo y sus consecuencias.

Itinerario de la erradicación. El comienzo: erradicación y negocio inmobiliario

En el año 1981, la Región Metropolitana fue sometida a una gran reforma urbana. El número de comunas se duplicó de 16 a 32 y, ya en 1982, tuvo lugar el traslado de los pobladores que comenzaron a ocupar las nuevas comunas. La llamada Unidad de Campamentos fue el organismo creado por la dictadura que estuvo a cargo de las operaciones de erradicación. Se trataba de una estructura compuesta por militantes y civiles de extrema derecha que colaboró con unidades municipales y organizaciones de Estado. La Unidad de Campamentos se encargó, pues, de seleccionar y distribuir a las familias en las comunas «receptoras», apoyados por los militares. El criterio fundamental de selección fue el perfil social de los pobladores, pues no en vano se buscaba una homogeneización social que permitiera planificar necesidades. La condición social y económica definía al sujeto «erradicado»: Entre junio y agosto de 1982, la Unidad de Campamentos organizó la ubicación de familias, distribuyéndose en cada una de las comunas receptoras, por población y por villas. El principal criterio utilizado para

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César Leyton Robinson esta asignación fue la similitud de perfil social de los futuros erradicados (Rodríguez e Icaza, 1993: 16).

Ahora bien, desde el principio del proceso pueden identificarse resistencias por parte de los afectados. La pérdida de beneficios sociales, o la lejanía entre las comunas de origen y las de destino, fueron motivos de protesta que ciertas municipalidades, conducidas en general por alcaldes de extrema derecha que apoyaban a Pinochet (Budnik, 1986), se vieron obligadas a compensar de diversas maneras lo que en el fondo era una expulsión encubierta: La reacción de las familias a la propuesta de ser erradicadas fue negativa. Los principales problemas que consideraban eran la lejanía (respecto al centro) de los lugares a los cuales serían trasladados, y la posibilidad de perder diversos subsidios que recibían de la Municipalidad de Santiago. Frente a esta reacción; el Municipio de Santiago se comprometió a traspasar a las municipalidades receptoras los subsidios a planes de empleo, trasladar las matrículas escolares de los niños, las fichas médicas —para lo cual realizó las acciones y coordinación correspondiente— y hacer otros aportes sociales a las comunas de destino (Rodríguez e Icaza, 1993: 15).

El proceso se aceleró entre los meses de junio y julio de 1982, momento en el que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago elaboró las bases de la licitación para la construcción de viviendas para los erradicados. Las bases consideraban en conjunto la licitación del terreno y de la construcción de las viviendas. La llamada al concurso se realizó en julio de 1982, y en septiembre del mismo año se adjudicaron 258 viviendas para ser construidas en San Bernardo y 1500 en la comuna de la Granja (Rodríguez e Icaza, 1993: 16). Ese mismo mes, la Unidad de Campamentos distribuyó las viviendas entre los seleccionados. A cada uno de ellos se le hizo firmar una declaración jurada de no poseer ninguna propiedad, ningún bien raíz; la condición de extrema pobreza, o indigencia, era su única garantía social, pero a la vez aceptaban el programa de erradicación ofrecido por la Municipalidad de Santiago. Un programa que se difundía a través de charlas dictadas en los campamentos para dar a conocer los diferentes subsidios y beneficios que, aparentemente, po146

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dían obtenerse de este modelo de erradicación puesto en marcha en la zona metropolitana (Rodríguez e Icaza, 1993: 16-17). En 1983 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Santiago, la «donante», y la de La Granja, la «receptora», por el cual la primera construyó centros educacionales y recreacionales, arborizó calles y pasajes y compartió la financiación de la pavimentación del eje principal de acceso. Durante el periodo de la construcción de las viviendas, de julio de 1982 a marzo de 1983, la Municipalidad de Santiago realizó los estudios correspondientes a los títulos de dominio y a la cobranza de los préstamos (Rodríguez e Icaza, 1993: 17). Los municipios acaudalados y los funcionarios afectos al Régimen vieron un negocio lucrativo sin límites y fueron los que financiaron y condujeron este proceso de desplazamiento y exclusión de esta población marginal: Asimismo son los municipios con más recursos, los que financian la construcción de poblaciones de viviendas básicas, en comunas de escasos recursos, produciéndose de este modo desplazamiento poblacional desde las zonas nor-oriente y centro hacia las áreas sur y poniente de Santiago […], las poblaciones construidas con fondos del Ministerio de la Vivienda, también han enfatizado dicha orientación, contribuyendo con ello a acentuar aún más los desequilibrios socio-económicos entre comunas pobres y ricas (Rojas, 1984: 40).

Los procesos de «erradicación» de campamentos de la zona metropolitana en 1979 son el inicio de la cimentación del negocio de la segregación. A través de una política de viviendas sociales, construyeron enormes conjuntos habitacionales en zonas excluidas de toda estructura básica del Estado, ahorrando inversión y desviando capitales estatales de protección social a la creación de una industria inmobiliaria. Sus enormes dividendos fueron a instituciones financieras privadas para, posteriormente, implementar e intervenir en un programa de transformación social radical hacia el modelo neoliberal dirigido a toda la población chilena. Una de las más importantes, por el volumen de recursos y sectores poblacionales a los que se pretendió llegar, es la política de erradicación de campamentos. Ese proceso se complementó con una política habitacional para los sectores 147

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definidos, en términos oficiales, como de «extrema pobreza»; nos referimos a la construcción de viviendas básicas y la constitución de nuevos conjuntos habitacionales en el área metropolitana. La erradicación consistió en trasladar a los pobladores en condiciones de extrema pobreza desde lugares en el corazón de comunas ricas a zonas de baja rentabilidad. Estos grupos, que no poseían nada y no calificaban en los nuevos sistemas de subsidios y préstamos, fueron desplazados, y el suelo que dejaban fue utilizado para la construcción de condominios privados de lujo. La mayoría de las erradicaciones fueron dirigidas hacia el sur de la ciudad, donde se instalaron la mayoría de las comunas receptoras. Otras, aunque en menor número, se ubicaron en la zona norte, y algunas otras se constituyeron en comunas agrarias, que históricamente habían estado al margen del crecimiento urbano y de la marginalidad que generaba la ciudad. La ocupación de áreas agrarias no solamente provocó una pérdida en términos ecológicos para el entorno de la ciudad, sino también, en no pocas ocasiones, el desabastecimiento de productos alimentarios de las poblaciones más pobres. Las luchas violentas por el suelo agrario en el proceso de transformación a suelo urbano y la falta de alimentos de los erradicados provocaron situaciones de hambruna a los pobladores, ocultadas en los ciclos fundacionales de la ciudad neoliberal (Budnik, 1986: 40). Al finalizar el primer semestre de 1983, el Secretario Regional Metropolitano de la Vivienda y Urbanismo declaraba: «Se completó la cifra de 12 000 personas erradicadas este año en la Región Metropolitana, correspondiente a 2355 familias que abandonaron definitivamente los campamentos y su situación de marginalidad» (Rojas, 1984: 6). Las comunas receptoras concentraron más del 50 % de la erradicación, convirtiéndose en nuevas áreas fronterizas urbanas que, en contra de las previsiones, no se vieron libres de la marginalidad, la discriminación, el aislamiento y la violencia social. Como ya se ha indicado, el eje geográfico del sur agrupo a la mayor parte de la población erradicada: De las 26 comunas estudiadas, 10 de ellas son receptoras netas; tres de ellas ubicadas en el sector sur de la capital (La Granja, San Bernardo

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La construcción de un país orgánico (II)... y Puente Alto), otras tres en el sector Nor Occidente (Renca, Pudahuel y Quilicura) y las cuatro restantes fuera del Área Metropolitana (Colina, San José de Maipo, Peñaflor y Paine) […]. Tomando la variación neta de la población entrada-salida, se aprecia que de las comunas receptoras netas, el 49,6 % de la población erradicada fue recibida por la comuna de La Granja. Las comunas del sector Sur en conjunto (San Bernardo, La Granja y Puente Alto) recibieron el 77,3 % de la población erradicada (Labbé y Llévenes, 1986: 200).

Así pues, antes de marzo de 1983, los pobladores ya tenían sus títulos de propiedad. Propiedades con las que contraían una deuda que era traspasada a entidades privadas. Como se explicará en el capítulo siguiente, los créditos obtenidos generaron un sistema de deudas (préstamos inconclusos) y, en no pocas ocasiones, la pérdida de la vivienda y el terreno, que era recuperada por las inmobiliarias que habían construido con dinero público. Así, los pobladores y sus descendientes subsistirían en ese espacio inmovilizados por las deudas durante un tiempo muy prolongado.

Radicados y erradicados Como acabamos de indicar, a partir de 1982 se implantó en Santiago el Proyecto de Saneamiento de Campamentos de la Región Metropolitana, que redefinía los campamentos de pobres, sus características sanitarias y la necesidad de acabar con la precariedad de los grupos habitacionales que se crearon antes del Gobierno militar. La tenencia del suelo es fundamental para diferenciar entre una población para la radicación (asentada en su comuna de origen, los menos) y un campamento para la erradicación (la población mayoritariamente desplazada). Esta diferenciación entre radicados y erradicados es importante para entender un proceso en el que funcionaron determinados criterios de selección que pueden resumirse en laborales, jurídicos y sociosanitarios. En relación con el primer criterio, se puede afirmar que algunos miembros de los colectivos erradicados no llegaron a ser expulsados 149

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porque eran considerados útiles como mano de obra de servidumbre en las comunas ricas. Estos «radicados» eran, fundamentalmente, trabajadores domésticos a cuyos servicios no se quería renunciar: Los anuncios recientes, en orden a radicar en la comuna de Las Condes a un número aproximado de 1000 familias sobre las cuales estaba pendiente la erradicación de sus campamentos (la Segunda, 10 de septiembre 1985) se debe, en parte, a las presiones de los propios habitantes de esa comuna por mantener un número de familias, históricamente integradas a la vida comunal como se refleja en las críticas aparecidas en la sección cartas de algunos periódicos para satisfacer la demanda de empleados en servicios domésticos, jardinería, carpintería, etc. (Morales y Rojas, 1986: 49).

Asimismo, el criterio jurídico de propiedad es fundamental en todo el proceso: El criterio utilizado por el ministerio a partir de 1973 es bastante sencillo. En terminos generales, lo que diferencia a un campamento de una población es la precariedad o legalidad de la posesión del suelo: en los casos en que éste es propiedad de los ocupantes se trata de una población, en aquéllos en que sólo hay posesión o mera tenencia, se cataloga como campamento. De allí que la acción del Estado, en estos últimos casos, tienda a regularizar esta situación en forma prioritaria, siendo un factor fundamental en la decisión de «radicar» o «erradicar» un campa� mento, es decir, sanear la propiedad del terreno ocupado o cuando ello no es posible, por razones legales o geográficas, trasladarlos a otro lugar: En ambos casos se hace mediante la expropiación, si procede y a la venta del terreno al poblador, acto protocolizado con la entrega del título de dominio respectivo (Benavides y Morales, 1982: 4-5).

Finalmente, el criterio sociosanitario resultaba prioritario en la selección de la población a erradicar y en las acciones a llevar a cabo. Una población caracterizada por un nivel socioeconómico y educacional bajo que se había asentado de manera irregular en los lugares de los que ahora eran expulsados: Su origen se debe a crecimientos espontáneos en terrenos ocupados ilegalmente (poblaciones «callampa») o a iniciativas oficiales en momen�tos de urgencias (poblaciones de «emergencia»). Las viviendas son de apariencia modesta y construidas en base a materiales inadecuados (lata,

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La construcción de un país orgánico (II)... lona, trozos de madera) o en base a madera y otros materiales livianos, provisionales y de escasa duración: estas poblaciones se caracterizan por la carencia o completa inadecuación de servicios de infraestructura, tales como agua, corriente eléctrica, pavimentación y alcantarillado, y de servicios sociales como transporte público, escuelas, servicios médicos o facilidades sanitarias. Pero lo que más las definía era el estancamiento o falta de mejoramiento de las viviendas dada la imposibilidad, por la pequeñez de los sitios o la situación geográfica, de construir allí áreas residenciales estables (Benavides y Morales, 1982: 4).

El mecanismo de la radicación funcionaba de la misma forma, se saneaba el terreno, que pasaba a ser posesión del poblador, aunque, como ya hemos indicado y más adelante se desarrollará, las mejoras habitacionales y urbanísticas pasaban siempre a ser responsabilidad económica del poblador: Los programas de radicación consisten en un conjunto de medidas relativas al saneamiento ambiental y técnico-sanitario de aquellos asentamientos de Operación Sitio ubicados en terrenos de valor adecuado y a los loteos sin alcantarillado, agua potable, electricidad, etc. Las conexiones domiciliarias, sin embargo, deben ser financiadas por los habitantes de los loteos (Valdés, 1983: 48).

El operativo de la erradicación El proceso de selección y expulsión de los habitantes con bajos ingresos del centro de Santiago fue llevado a cabo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en estrecha colaboración con CONARA, pero en lo que se denominó la «operación de erradicación» participaron otros muchos organismos civiles y militares como: Carabineros de Chile, Ejército de Chile, CEMA (Centro de Madres), Secretaria Nacional de la Mujer, Secretaria Nacional de la Juventud, Municipalidad de Santiago, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército de Salvación, Chilectra S. A., Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias y Comandancia del Cuerpo de Bomberos (Rodríguez e Icaza, 1993: 19-20). Un impresionante despliegue institucional, personal y material destinado a poner en marcha un complejo operativo que es descrito del siguiente modo: 151

César Leyton Robinson El Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad estableció un plan de traslado de familias por campamentos, indicando lugar, fecha, horario, sistema de carga de mediaguas y enseres, fijación de turnos del personal que intervendría y sistema de traslado de convoyes de camiones […]. La operación de erradicación contó con los siguientes equipos de personas y maquinarias: Personal para ayuda de desarme y carga; Ayuda a personas no capacitadas; Personal de vigilancia; Personal de labores de apoyo; Movilización (buses); Traslado de niños, mujeres y ancianos; Camiones de carga para traslado de grupos familiares, así como enseres de casa, materiales de construcción, etc.; Camiones aljibes; Maquinarias (motoniveladoras, buldozer, cargador frontal, camiones tolva, equipos portátiles de iluminación); Despeje y emparejamiento de terrenos, carga de desperdicios, retiro de escombros; Equipos de altavoces; Equipo de radiocomunicaciones; Atención de primeros auxilios; Servicio de alimentación; Alimentación de equipos de colaboración y niños entre 1 y 12 años de las familias erradicadas; Tratamiento de control sanitario; Tratamiento de focos infecciosos, control de animales domésticos, desinfección de enseres previo al traslado, tratamiento sanitario de los vehículos de trasporte; Servicios de urgencia; Servicios de emergencia de luz, agua y bomberos (Rodríguez e Icaza, 1993: 19).

Ya hemos comentado que no todos los pobladores aceptaron de buen grado la erradicación y cómo la Municipalidad de Santiago propuso a los reticentes una serie de compensaciones materiales; sin embargo, los que siguieron resistiendose fueron obligados por la fuerza pública a abandonar sus poblaciones marginales, incluso sin percibir ningún subsidio o indemnización. Los pobladores llegaron a describir los hechos del siguiente modo: Los carabineros un día nos sacaron en camiones a los albergues de Conchalí. Nos dijeron que nos sacarían si no nos íbamos. Empezaron a venir todos los días a decirnos eso. Nosotros no teníamos a donde irnos, ¿a dónde?, hasta que un día nos sacaron en esos camiones. Y ahí estuvimos un tiempo y después nos dijeron que teníamos que salir porque iban a demoler los albergues. No sé si los demolieron. La cosa es que nos trajeron al Fresno con una mediagua de tres por tres y un paquete de mercaderías, pero no hemos recibido nunca más nada (Budnik, 1986: 6).

Merece la pena mencionar, en este contexto, la existencia de una resistencia organizada que se tradujo en «tomas» de terrenos por parte de los pobladores. Pese al rigido control que el Régimen autoritario 152

La construcción de un país orgánico (II)...

ejerció sobre la población, la movilización a través de dichas «tomas» de terrenos se mantuvo desde 1980. Si bien la mayoría de dichas movilizaciones no tuvieron éxito y fueron duramente reprimidas, lo cierto es que constituyeron un importante elemento de presión para acelerar los planes gubernamentales de soluciones habitacionales, en especial durante los años 1983 y 1984 (Morales y Rojas, 1986: 31). En definitiva, puede afirmarse que la deportación de los pobres, la erradicación, tuvo una doble finalidad; por un lado, activar el mercado inmobiliario liberando suelo, y, por otro, prevenir y controlar posibles conflictos sociales procedentes de las clases populares. Un objetivo económico y otro político dentro de la misma solución: la segregación por el mercado y el control social. El tantas veces citado documento de FLACSO, elaborado por Morales y Rojas, resume perfectamente, a propósito de la comuna de Las Condes, este doble enfoque político y económico de la erradicación: Las Condes otra de las Comunas con mayores recursos, ha erradicado una masa poblacional levemente inferior a la comuna de Santiago (2591 familias, unas 13 mil personas). Este traslado de pobladores de campamentos obedece al incremento del valor del suelo urbano en el mercado y la necesidad, por lo tanto, de recuperar aquellos espacios y a una decisión política, esto es, erradicar de la comuna a sectores potencialmente generadores de conflicto social. La operación, tal como en el caso de la Municipalidad de Santiago, consiste en la inversión de fondos municipales en la construcción de viviendas sociales para los pobladores trasladados. El destino de estos también es el mismo: las comunas del sur de la ciudad y, en menor proporción, las comunas del nor poniente (Morales y Rojas, 1986: 48-49).

La otra ciudad Así pues, la ciudad de Santiago vivió un importante proceso de reforma social y urbana entre los años 1979 y 1986. Un gran desplazamiento de población, específicamente de los sectores populares, fue implementado desde el centro de la ciudad a los márgenes urbanos, nunca antes utilizados en la planificación de exclusión urbana del 153

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Estado en el siglo xx. Numerosas comunas fueron creadas o reconvertidas en enormes guetos urbanos, constituyendo «la otra ciudad». La relocalización espacial de la pobreza se estructuró a partir de este dualismo administrativo urbano que justificó esta diferenciación de dos ciudades como resultado de un nuevo proceso de modernización basado en el mercado, pero que, furtivamente, traía como consecuencia la profundización de la segregación socioespacial. Dos ciudades con una compleja estructura urbana separada: una con todos los privilegios de esta modernidad y otra implantada a partir del abandono y el aislamiento espacial. Una discriminación social que fue recogida en los medios y denominada por los teóricos del proceso como erradicación de la pobreza: Un costo de 800 millones de pesos (8 millones de US) tiene el programa de erradicación de campamentos que está llevando a cabo la Municipalidad de Santiago en esa comuna, y cuya primera etapa se completa hoy con la inauguración de 1758 viviendas, que benefician a alrededor de 11 mil personas (El Mercurio, miércoles 9 de marzo de 1983: 2).

La construcción de viviendas sociales implicaba una gran inversión que redundaría en importantes beneficios económicos. De la segregación de los sectores populares depende el inicio del negocio. Construir zonas urbanas para pobres, agrupándolos y separándolos totalmente de la minoría privilegiada, era parte de un mismo objetivo económico y político. Era la consecuencia y la continuidad de políticas urbanas dirigidas hacia la pobreza, ya ejecutadas a fines del siglo xix, y que, nuevamente, se legitimaban en un actual contexto de refundación de la ciudad: Los sectores populares, a partir de la disminución de la oferta de vivienda, de las erradicaciones y de sus bajos niveles de ingreso, también han aumentado su segregación desarrollando diversas estrategias de supervivencia. Esta segregación se traduce, principalmente, en una concentración de los sectores populares en las áreas periféricas de la ciudad, tanto en las poblaciones previamente constituidas, como en los terrenos que la autoridad ha dispuesto para dichos sectores (erradicaciones), y en una retención de los mismos en dichas áreas. Es decir, los desplazamientos de los sectores de bajos ingresos hacia otras de la ciudad han disminuido sensiblemente salvo para el trabajo, como se ha podido

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La construcción de un país orgánico (II)... comprobar por las Encuestas de Origen y Destino de Movimiento de personas en el Gran Santiago, realizadas por el Departamento de Transporte del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile y el Ministerio de Obras públicas (Valdés, 1983: 58).

En el fondo, esta relocalización espacial de la pobreza, según ya hemos apuntado, tenía como fin último la homogeneización de los espacios comunales, con comunas «ricas», descongestionadas y libres de bolsas de pobreza y marginalidad, y comunas «pobres». Un corte social que acentuaba las desigualdades polarizando el espacio urbano: Tal política segregatoria, en cuanto implica reestructurar la distribución espacial de los habitantes de campamentos y pobladores en el área metropolitana, no hace sino aumentar los niveles de polarización a situaciones extremas desde el punto de vista de las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales. La misma situación es posible aplicarla a las medidas de traslado de pobladores allegados a diversas regiones del país (Rojas, 1984: 71).

Las nuevas comunas metropolitanas venían a institucionalizar el proceso de homogeneidad comunal expresado en los siguientes términos por Eduardo Morales y Sergio Rojas en un documento de trabajo de FLACSO-Chile: La idea de propender a la «homogenizacion social» de la población de Santiago a través de la reforma, permitio la relocalizacion, en espacios administrativos determinados como son las comunas, de importantes sectores populares urbanos. Se esctructuró un cuadro comunal en que las distancia entre comunas «ricas» y comunas «pobres» se ha incremen� tado en la medida que la crisis economica que atraviesa el país se ha agudizado. Ello no sólo ha hecho impracticable los objetivos originalmente definidos con la reforma, sino que ha transformado en una tarea muy dificil el manejo de las comunas más débiles por el creciente deterioro social de sus habitantes (Morales y Rojas, 1986: 29).

Un deterioro social imparable, pues como se sigue indicando en el documento aludido: El reverso de la situación muestra, cómo en las comunas con menores recursos se adiciona un volumen significativo de pobladores en condiciones de marginalidad casi absoluta, puesto que el beneficio pro-

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César Leyton Robinson metido no es sino una vivienda extremadamente pequeña para el número de personas promedio de la familia popular. Se trata, en resumen, de agregar en espacios deprimidos y densamente poblados por sectores en condiciones de pobreza extrema, un nuevo contingente de asimilares características, esto es, homogeneizar los espacios de la ciudad (Morales y Rojas, 1986: 50).

Pero esta homogeneización social implica, como es obvio, la concentración de la pobreza urbana en áreas previamente escogidas, situadas en entornos periféricos y desarticulados del resto de la ciudad. Desajustes y precarización social que afectaban no solo a las infraestructuras y a los servicios públicos (sanidad, educación, etc.), sino a las pautas de convivencia y socialización de los pobladores. En cuanto a los servicios públicos y las políticas sociales, resultan muy esclarecedores los datos ofrecidos por los investigadores de FLACSO sobre las posibilidades educativas en las comunas: El déficit de infraestructura preescolar es de 100 % en la totalidad de las nuevas poblaciones de erradicación construidas en la comuna de Puente Alto donde residen algo más de 2500 familias (aproximadamente 13 mil personas). Asimismo, el déficit de establecimientos de educación básica bordea los límites de un déficit total al constituirse la distancia y el copamiento de las matrículas en las escuelas y centros abiertos existentes, en dos escollos limitantes. Similares problemas tiene las otras comunas receptoras de pobladores erradicados de los campamentos de las comunas metropolitanas. Entre ésta, sin lugar a duda, es la comuna de la Pintana una de las más afectadas. Como se ha señalado anteriormente, la comuna de la Granja y en particular la nueva comuna de la Pintana ha constituido entre 1979 y 1985 la comuna receptora más importante del Área Metropolitana, […] localizando los nuevos asentamientos en áreas extremadamente distantes y marginadas de equipamiento comunitario […]. Así, no sólo presenta un claro déficit de atención pre-escolar, sino también insuficiente cobertura de nivel básico y muy insuficiente en el caso de la educación media (Morales y Rojas, 1986: 46).

Las diferencias entre una ciudad y la otra resultan muy evidentes en el ámbito de la educación, tanto en las infraestructuras educativas como en la población a escolarizar: Las comunas «Dadoras Netas» como Santiago y Las Condes han experimentado una disminución en su matrícula del 7 y 5 %, respec-

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La construcción de un país orgánico (II)... tivamente. Mientras que La Florida, la comuna de mayor crecimiento poblacional y habitacional, experimentó un incremento del 58 % en sus matrículas (Labbé y Llévenes, 1986: 207).

En las comunas ricas, la educación pública descendió producto del traslado de los pobladores a otras realidades comunales. En estas se instauró la educación municipal, logrando aumentar sus registros de estudiantes, especialmente en las comunas pobres y de clases medias. Este tipo de educación también se privatizó, generando subsidios estatales a empresarios educacionales particulares que se lucraron con estos fondos públicos, disminuyendo los costos de inversión en estructuras de establecimientos escolares y sueldos de profesores. Muchas de estas escuelas, llamadas municipales, se transformaron en centros técnicos de mano de obra calificada industrial o comercial, o simplemente en escuelas guetos, depositarias de una marginalidad infantil o juvenil (Claudio Gutiérrez, 2012). En un sentido similar, refiriéndose también a los servicios sociales y sus infraestructuras, Budnik afirmaba que: En relación al acceso de servicios básicos y atención hospitalaria, policlínicos y acceso a establecimientos educacionales, se constatan, a lo menos, tres situaciones: inexistencia de servicios, dificultades de acceso en cuanto a distancia y sobresaturación de los servicios existentes por crecimiento de la población (Budnik, 1986: 100).

Las enormes distancias para llegar a los establecimientos hospitalarios, por falta de una implementación de transporte público y la falta de ingresos familiares, son cuestiones que se repiten insistentemente en las fuentes consultadas: El déficit de servicios de salud se agrava por las distancias prácticamente inalcanzables para los sectores extremadamente pobres que viven en las poblaciones de erradicación. A los problemas de distancia física, se debe agregar la precaria situación de ingresos los que le impide, la mayoría de las veces, utilizar los servicios de locomoción como medio de acercamiento (las distancias del Hospital Sótero del Río de las poblaciones de erradicación de la comuna de Puente Alto es entre 2 y 7 kilómetros, mientras que en el caso de la comuna de Peñalolén es entre 8 y 10 kilómetros en relación al Hospital El Salvador (Morales y Rojas, 1986: 47).

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Asimismo, el gran aumento de la población en las comunas erradicadas produjo el colapso de los pocos consultorios existentes: En la comuna de Pudahuel la situación no es mejor. Los problemas generados por la expansión horizontal de la ciudad son evidentes al observar la enorme distancia que separa las poblaciones de erradicación (en al nor poniente de la comuna en su mayoría) del Hospital base (Félix Bulnes): entre 7 y 8 kilómetros. Los consultorios, a pesar de existir en mayor cantidad, todos ellos están saturados, lo que se refleja en el volumen de población asignada que es superior a la cifra de 60 mil, recomendada por el Ministerio de Salud (Morales y Rojas, 1986: 47).

Pero no solo el sistema sanitario asistencial y sus problemas de infraestructuras o sus dificultades de acceso influyeron en el estado de salud de la población. Es preciso tener en cuenta otros factores determinantes de la salud, como son el medio social y el estilo de vida de las colectividades. Así, por ejemplo, tanto los recortes en las ayudas sociales como la distribución de aportes lácteos a los niños de las poblaciones marginales debieron tener consecuencias inmediatas en la nutrición infantil de los sectores afectados: La cantidad de leche y mezclas proteicas entregadas por el Ministerio de Salud para los 5 años considerados que van de 1979 a 1983. Se puede apreciar que hasta 1982 esta cifra se mantuvo relativamente constante experimentando una brusca caída del 30 % en 1983 que afectó a todos los sectores exceptuando el occidente, en donde dichas cantidades entregadas aumentaron en 13 %. El sector que experimentó la mayor caída fue el oriente con 34 % (Labbé y Llébenes, 1986: 211).

El ya comentado aumento de la población en determinadas comunas trajo consigo hacinamiento y problemas de higiene que fueron denunciados en su momento y que relacionaban pobreza, erradicación y enfermedad: El problema de salud en campamentos y poblaciones del país es, indiscutiblemente, uno de los más graves, críticos y apremiantes de todos cuantos intentan contra la sobrevivencia de sus habitantes […]. Algunos estudios dignos de fe, en ausencia de estadísticas oficiales, estiman que más de un millón de personas viven en esos sectores urbanos más deteriorados, incluyéndose en esa cifra a 135 mil familias que subsisten en calidad de allegadas (Budnik, 1986: 87).

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Las consecuencias sociales del abandono fueron registradas por las crónicas de la revista Hoy, especialmente en el ámbito de la salud. El sistema impuesto por la dictadura es analizado por los gremios médicos de Santiago, dando una sinopsis negativa de lo que estaba sucediendo con los sectores más pobres y erradicados de la ciudad. Las observaciones de las corporaciones no son escuchadas por las autoridades y la diversidad de enfermedades y el abandono de sus tratamientos es común en las comunas indicadas: La salud mental, ambiental, el problema de la alimentación y desnutrición, enfermedades infecciosas, digestivas; la delincuencia, drogadicción, alcoholismo; el deficiente equipamiento y funcionamiento de los consultorios, que se traduce en carencia de asistencia médica y medicamentos; el hacinamiento y otros aspectos han sido motivo de múltiples llamados de atención por parte del Colegio médico de Chile. (Doctora Haydee López, Secretaria del Consejo Regional Santiago, consultora de la Organización Mundial de la Salud) (Budnik, 1986:87).

Uno de los aspectos más comprometidos de la salud, junto con la desnutrición y el problema social de la delincuencia, es la enfermedad mental. La facultativa entrevistada responsabiliza a la represión que produce la dictadura, política y estatal, para identificar esta problemática médica: El [problema] de la salud mental, que deriva en general de la represión. Ya sea de la represión política o de la represión que podríamos llamar institucionalizada, a través de las medidas económicas que ha adoptado este gobierno, se traducen, por un lado, en la cesantía, que tiene una serie de secuelas sociales económicas pero también en salud. (Doctora Haydee López, Secretaria del Consejo Regional Santiago, consultora de la Organización Mundial de la Salud) (Budnik, 1986: 87).

La neurosis, como enfermedad mental central de las secuelas de la dictadura y su represión, es un fenómeno psíquico que presentan, casi siempre, poblaciones en procesos de guerra (Davoine y Gaudillière, 2011; Villasante, 2009). La violencia, el rompimiento del vínculo social y el aislamiento provocan esta enfermedad, también conocida como neurosis de guerra o síndrome posbélico (Villasante, 1997). 159

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La represión política es productora de enfermedades psíquicas, pero también de lo que la doctora denomina enfermedades psicosociales: Por otro lado está la represión «olímpica», que es más directa y que se refiere por lo tanto al ataque directo a una persona o aun grupo, y que ahora apunta a toda la población, lo que crea una patología de tipo mental: neurosis, pero también enfermedades que podríamos calificar como sicosociales, como son la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, el aumento enorme del alcoholismo (Budnik, 1986: 87).

El hacinamiento que provoca la erradicación también es considerado un factor de enfermedades para la población. Las soluciones técnicas al proyecto son criticadas desde esta perspectiva: El aumento de la densidad de personas por casa, por pieza y por cama, no es sólo un problema para ingenieros, arquitectos o urbanistas, sino que, fundamentalmente, un problema de salud, porque aumentar el hacinamiento de la población aumenta las posibilidades de difusión y de contagio de enfermedades […]. De esta situación ha surgido un problema de transmisión de enfermedades respiratorias que se agudiza por la concentración de gente viviendo muy cerca uno del otro —afirma la doctora—. Un problema que es muy, muy especial, es el de las enfermedades de transmisión digestiva: la tifoidea y la hepatitis. Entre el año 74 y el año 84 subieron los casos de tifoidea, más o menos de tres mil y algo más en el año, a cerca de trece mil. Esto en Chile, pero particularmente en el Área Metropolitana (Budnik, 1986: 87-88).

La crisis social es total para estos grupos poblacionales, el modelo se monta después de doblegar a la población. La segunda parte de la erradicación es la purgación de los más pobres: «De este modo podríamos llegar a un listado de los problemas centrales enfocados durante la segunda etapa que sería: hambre, cesantía, salud, vivienda, educación, cultura y recreación, participación, con la represión y el temor de trasfondo» (Benavides y Sánchez, 1982: 44). Apuntemos, finalmente, en relación con las pautas de convivencia y socialización de los pobladores, que la comunidad organizada históricamente se va destruyendo, los intereses colectivos se pierden. La homogenización no garantiza la identidad cultural de estos espa160

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cios de integración. Se deja atrás un espacio socialmente reconocido, lugar donde se generaban y desarrrollaban relaciones comunitarias basadas en una similitud de intereses, origen y continuidad espacial, para ser reubicados en espacios periféricos, quedando desvinculados de los sectores poblacionales historicamente más estructurados y, por consiguiente, más participativos. La reinserción obligada, como consecuencias de la erradicación de campamentos, somete a los pobladores a una situación de convivencia con sectores de procedencias distintas en cuanto a su origen, experiencias y participación comunitaria con desarrollos desiguales de participación y de integración e inclusión social (Moralñes y Rojas, 1986: 53). En suma, el reordenamiento de las comunas por grupos sociales «homogéneos» naturaliza la segregación en toda la Región Metropolitana. Clases altas, intermedias y bajas van constituyendo comunas de acuerdo a la condición social de las poblaciones. Las comunas intermedias (clases medias) también son modificadas y vaciadas de elementos marginales. La comuna de Ñuñoa puede ser un buen ejemplo de este tipo: La relocalización de la pobreza urbana y la política comunal en función de redimensionar el espacio urbano, también ha modificado la composición social de comunas intermedias. El caso más destacado es quizás la comuna de Ñuñoa, actualmente diferenciada de dos segmentos territoriales con alta concentración de sectores de escasos recursos: comunas de Macul y Peñalolén, disminuyendo de este modo su área a sectores de mayores ingresos homogeneizando socialmente su población, erradicando los bolsones de pobreza que existían hacia otras comunas, entre estas principalmente Peñalolén (Morales y Rojas, 1986: 51).

Al igual que en la época de Vicuña Mackenna, Santiago contenía dos ciudades en una. Circunstancias históricas diferentes, estrategias distintas, pero muy similares principios: segregación urbana, aislamiento de poblaciones molestas o peligrosas. Quizá la gran diferencia estribe en que mientras que la tecnoutopía liberal decimonónica tiene un alcance más limitado y se articula a través de diferente decretos y medidas municipales, la erradicación neoliberal tiene una aplicación masiva y está perfectamente estructurada y ejecutada por el Gobierno central. 161

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La tecnología de la erradicación: CONARA y ODEPLAN La erradicación fue operada por los municipios locales, que eran el último eslabón del diseño geopolítico elaborado por CONARA,2 que, como sabemos, había transformado el territorio nacional en lo que hemos denominado el proceso de «regionalización». La división microespacial de este proyecto nacional, que también fue parte de la planificación de CONARA, propició la reestructuración de la administración de las comunas (control) y sus instituciones locales, una reforma municipal militarizada, autoritaria y antidemocrática (Budnik, 1986: 148). Los militares geopolíticos de CONARA establecieron una alianza con los civiles neoliberales de ODEPLAN en la implementación de la reforma urbana. Entre estos últimos destacan los Chicago boys, denominación con la que se conoce a los economistas liberales chilenos formados en la escuela de Chicago, y discípulos de Milton Friedman, que influyeron poderosamente en las reformas neoliberales en el Chile de la dictadura. Cabe destacar, entre ellos, a Álvaro Bardón, Roberto Kelly, Rolf Lüders, José Piñera, Cristian Larroulet, Joaquín Lavín, Juan Andrés Fontaine y Miguel Kast (Pérez Serrano, 2013: 20). Miguel Kast, uno de los integrantes fundamentales de esta escuela, fue el responsable de la articulación de las reformas urbanas (ODEPLAN y MIDEPLAN) y de la aplicación del neoliberalismo en la privatización de los derechos sociales de los sectores populares (Gárate, 2012: 217-218). 2   Generales como Augusto Pinochet y Julio Canessa fueron partes fundamentales de la erradicación. Ellos tutelaron esta reforma urbana en Santiago junto a otros militares como el general Carol Urzúa, miembro de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), que también ocupó el cargo de intendente de la ciudad mientras se desarrollaba el proyecto. Además del ministro de Vivienda de la época, el general Roberto Guillard Marinot, que formó parte de CONARA-MINVU y que también se relacionó con los oficiales de la DINA. La DINA era la unidad especializada de exterminio de la Doctrina de Seguridad Nacional, siendo menos reconocida o estudiada en su relación con CONARA, como parte de un aparataje estatal de control y desplazamiento de la población y el territorio urbano (Paz Rojas et al., 2003).

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CONARA y ODEPLAN elaboraron este modelo para administrar la segregación e imponer determinados conceptos en el espacio urbano: «seguridad» y «áreas homogéneas» son los pilares de la construcción ideológica de la modernización de la ciudad de Santiago que la dictadura quiere llevar a cabo: El general Roberto Guillard, director en ese entonces de la Corporación Nacional de la Reforma Administrativa (Conara), explica los fundamentos de los cambios puestos en marcha de la siguiente forma: Hay que recalcar que uno de los objetivos de hacer esto no es crear comunas por crear comunas […]; es justamente acercar la prestación de servicios de la autoridad hacia la comunidad. Producir una identificación de ella con sus propios problemas y que participen en la decisión de sus destinos [...]. Esta división tiende a hacer las comunas más chicas, donde al alcalde le sea más fácil el manejo e inversión de fondos […]. El problema demográfico no es tan simple; tiene una serie de implicancias en el manejo de la comuna. En primer lugar, se produce una congestión de los servicios […]. En segundo lugar, hay otro aspecto que es muy importante, que tiene que ver con la identificación de ciertas áreas más homogéneas; si se toma en cuenta la población, se está tomando en cuenta las características de ella (Hidalgo, 2004: 228).

Este proyecto de modernidad fue ejecutado también por el Ministerio de Planificación y Cooperación y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La citada fusión de dos escuelas técnicas y científicas, civiles neoliberales y militares geopolíticos, dio lugar a este modelo de ciudad que generó una enorme riqueza inmobiliaria a un sector minoritario, al expulsar a los grupos pobres de los suelos potencialmente rentables de las comunas ricas. El papel desempeñado por el MINVU es clave en todo este proceso. Es donde la influencia de CONARA y de ODEPLAN se fusiona para establecer un modelo de erradicación y de un proyecto de viviendas sociales. El MINVU es, además, el primer ministerio que se adecúa integralmente a las políticas de regionalización y descentralización administrativa propiciados por CONARA. Como llegará a afirmar el propio Pinochet: Es necesario destacar la novedad que en términos de organización se introduce en esta proposición, ya que las Corporaciones antes men-

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César Leyton Robinson cionadas desaparecerán, dando origen a Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, uno por cada región. De esta manera se está dando cabal cumplimiento a la política de Gobierno sobre Regionalización. Esta Comisión nacional considera que modelos similares de organización al usado por este ministerio serán posibles de aplicar en los de Educación, Salud y Agricultura (CONARA, 1976: 51).

(Geo)políticas de organización del espacio, pero también, como venimos insistiendo, inclusión del neoliberalismo procedente de ODEPLAN en el manejo de políticas económicas concretas (subsidiariedad, economía social de mercado, competencia, monetarismo, reducción del gasto social). Ahora bien, la geopolítica representada por los militares de CONARA merece un comentario específico, porque, como ya se ha expuesto en otros lugares de esta monografía, sus objetivos estuvieron dirigidos más hacia el interior que hacia al exterior del país. Más que propiciar un enfrentamiento entre Estados, con el fin de ampliar el «espacio vital», lo que se favoreció fue una ciencia política militar ordenadora del territorio y de la seguridad interna. En palabras de Aníbal Romero: En América Latina la geopolítica ha sufrido un cierto vuelco; los teóricos militares no han dado prioridad al problema de la expansión del «espacio vital» y han enfocado más bien la atención hacia el ámbito interno del Estado; así, la geopolítica ha sido parcialmente transformada en una especie de ciencia política para el desarrollo del poder nacional, considerado este último no tanto en función de la expansión física territorial sino de la segundad y el desarrollo (Romero, 1989: 22).

La relación con la Doctrina de Seguridad Nacional, como también hemos señalado, es innegable, pero esta geopolítica tuvo, además, un fuerte componente biologicista que entronca con un darwinismo social que no ha pasado desapercibido para algunos autores: «A esto se agrega, adicionalmente, el hecho de que muchos de los altos mandos habían sido instruidos, aquí y en el exterior, en la doctrina de la “seguridad nacional” con un fuerte componente de geopolítica (y de “darwinismo social” se podría añadir)» (Boisier, 2000: 89). Un darwinismo social que aparece como justificación científica del capitalismo más salvaje y excluyente. Resulta evidente que las po164

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blaciones erradicadas, pobres y débiles, si no eran capaces de adaptarse a las leyes «naturales» del mercado estaban llamadas a desaparecer. Desde una concepción «orgánica» de la sociedad, la lucha por la existencia sería encarada con éxito por los grupos más pudientes, que detentaban el poder y el control sobre los demás, y también, aunque con más dificultades, a aquellos que conseguían convertirse en consumidores y pequeños propietarios que terminarían siendo aptos para la vida, aunque esta se desarrollara en condiciones precarias. Estas metáforas biologicistas se aplican regulando el mercado y el mundo social en el marco de un proyecto neoliberal perfectamente definido: La ideología neoliberal es la que proporciona el libro de instrucciones para estas maniobras. Con una perspectiva cientificista, que nos asegura que el todo del objeto de la «ciencia económica» no es otro que el todo del objeto capitalista, cuyas propiedades habría que «desarrollar» e inclusive «innovar» pero sin pretender transformarlo, y que de hecho y por consiguiente lo «naturaliza», la tesis estrella de estos pretendidos científicos es que el capitalismo es un cuerpo que se regula por sí solo y que por lo tanto no necesita de controles externos. Esta es la esencia de la pedagogía que Milton Friedman, Arnold Harberger y Larry Sjaastad les propinaron a los Chicagos boys chilenos durante la década del setenta y que ellos nos infligieron posteriormente con aplicación discipular (Rojo, 2016: 40).

La fusión de principios ideológicos entre la CONARA y ODEPLAN comienzan a quedar de manifiesto en los documentos fundacionales de la dictadura. Los dos organismos, como asesores directos de la presidencia de Pinochet, unieron estrategias de administración, economía y seguridad que comienzan a ser centrales en el proyecto institucional de la dictadura: Las señaladas necesidades determinaron la creación de la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), organismo encargado de asesorar al Presidente de la República en la conducción de una reforma administrativa integral, destinada a adecuar la organización estructural, funcional y territorial de la Administración Pública a esquemas modernos, que garanticen el logro de los objetivos nacionales del Gobierno de Chile mediante un accionar cuyos caracteres de eficiencia, racionalidad y economicidad aseguren el éxito de su gestión (CONARA, s. f.: 2-3).

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La construcción de una nueva institucionalidad, a partir de los principios neoliberales de subsidiariedad, es argumentada con fuerza por los responsables de régimen: La Nueva Institucionalidad, además, establece otros principios básicos, cuales son: la plena libertad del ser humano en materias económicas y culturales, cuya incidencia en el desarrollo de la nación no puede desconocerse; en el mantenimiento estricto del orden social, que impide toda acción perturbadora de tal desarrollo y del orden público; en la exclusiva e indelegable radicación de las funciones de gobierno y de dirección del Estado en sus máximas autoridades y su consiguiente responsabilidad en la conducción de las Relaciones Exteriores y en el afianzamiento efectivo de la Seguridad Nacional, externa e interna y en el otorgamiento, a través de organismos públicos, de prestaciones de servicios inherentes o propios del Estado y de aquellas que éste asuma por razones de subsidiaridad (CONARA, s. f.: 10).

Una subsidiaridad que exige dejar al Estado, además de las funciones de coordinación general, aquellas actividades que le corresponden y a las que no puede renunciar, como la de gobernar y la de dotar a la comunidad, mediante los servicios públicos, de aquellas prestaciones que por su naturaleza son propias del Estado o no estén en condiciones o no resulte aconsejable cederlas a la iniciativa privada (CONARA, s. f.: 9-10). Insistamos una vez más, geopolítica (CONARA) y política económica neoliberal (ODEPLAN) se dan la mano en una estrategia común y complementaria. Como afirma Sergio Boisier, de acuerdo con nuestros propios argumentos: La geopolítica tiene más que puntos de contacto con la planificación regional; en realidad posee amplias áreas de traslapo, de forma que no resultó difícil, para un sector militar (particularmente el sector que daría forma a la CONARA) entender y aceptar el trabajo previo de la ODEPLAN en esta materia, máxime cuando el contacto histórico y el trabajo conjunto con el alto mando había sido rutinario en el pasado (Boisier, 2000: 89).

«Darwinismo social» y «segregación» son coherentes en el pensamiento de los técnicos de la erradicación. En una entrevista realizada 166

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al general Roberto Guillard, integrante de CONARA, intendente de Santiago entre 1981 y 1983 y, finalmente, ministro de Vivienda, este militar con formación geopolítica contestaba a la periodista en términos que no dejan lugar a dudas sobre la imposición autoritaria que supuso la erradicación, presentando el proceso como algo inevitable que exigía a los afectados conformarse ante lo que era entendido como «ley de vida». En dicha entrevista, aparecida en El Mercurio, el 9 de octubre de 1983, el general se expresaba en los siguientes términos: Periodista: General R. Guillard, ¿se da cuenta de lo que significa 15 000 familias dispuestas a subir de la noche a la mañana a un micro de la Municipalidad, con todas sus cosas y sus guaguas y partir «a lo que me toque», como me dijo una señora? Intendente: […] ¿Y cómo se fue la gente en los Estados Unidos al Oeste? […]. Periodista: Y la compulsión de tener que dejar a sus familias y amigos porque no pueden seguir subsistiendo aquí? Intendente: […] Bueno, pero si la vida es así. Yo puedo vivir en Nueva York, pero resulta que me muero de hambre allá. Y entonces tengo que irme a vivir donde pueda hacer lo que yo sé hacer o donde haya mayores expectativas. El mundo es así, y ni usted ni yo lo vamos a cambiar […] (Rojas, 1984: 66).

Los grupos desplazados han de aceptar un tipo de ley consuetudinaria de sobrevivencia para algunos, los más pobres, en su condición de aceptar lo que les tocó vivir, con la incapacidad de cambiar su suerte o su destino (no existe el cambio social). La geopolítica impregnada de darwinismo social está presente desde el comienzo en la articulación del proceso de erradicación.

La geopolítica y la «raza» chilena En íntima relación con el darwinismo social al que venimos refiriéndonos, pensamos que la selección étnica y la construcción de un nacionalismo chileno sobre bases raciales estuvieron presentes como telón de fondo del proceso de erradicación. El nuevo orden social 167

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que se pretende imponer parecía necesitar toda una retórica basada en el surgimiento de una nueva raza, de un nuevo «hombre chileno» capaz de hacer grande a la patria, garantizando un proyecto superior de progreso simbolizado en las Fuerzas Armadas: Solamente una raza surgida del cruce de dos vertientes de sangre intrínsecamente tan extraordinarias podría producir el milagro de un pueblo que, como el chileno, ha sido capaz de construir en el extremo sur del pacífico, un país que se distinguió desde los albores mismos de la Independencia por su altivez nacional, dignamente representados por sus Fuerzas Armadas, su innato sentido de la jerarquía y el orden, su amor por la libertad y la cultura, su audacia sin límites para abrir nuevos cauces al progreso, su tenacidad para superar algunos factores negativos de su medio geográfico (desvinculación geográfica, configuración física compleja, sismicidad, etc.) y su decisión permanente de atenuar sus efectos o superarlos totalmente cuando ha sido humanamente posible (CONARA, 1976: 173).

En suma, una «revolución» fascista que insiste en su carácter moderno y en su capacidad para crear una nueva civilización. Una modernidad conservadora y totalitaria. Algunos historiadores han criticado, con acierto, este supuesto carácter «revolucionario» del fascismo en términos contundentes: Cuando se habla de «revolución» fascista habría que usar siempre grandes comillas, si uno no quiere dejarse enceguecer por el lenguaje y la estética del propio fascismo…la insistencia de la matriz revolucionaria del fascismo lleva a nuestros historiadores a subestimar, e incluso a negar, la presencia de un componente conservador en el seno del fascismo […] su dimensión moderna, en su voluntad de edificar una civilización nueva y en su carácter totalitario, olvidando un poco demasiado rápido que el conservadurismo acompaña la modernidad, es uno de sus rostros (Traverso, 2012: 132).

Precisamente, ese conservadurismo duro, difícil de concebir en el proyecto de modernización que pretende llevar a cabo la dictadura, puede asociarse con un darwinismo social renovado, que tiene dimensiones técnicas entregadas por el neoliberalismo y una población mesiánica favorecida para consolidarlo: 168

La construcción de un país orgánico (II)... De todo ello y del posterior aporte de otras razas de antigua cultura y sólidos hábitos de trabajo, ha resultado un pueblo que se ha destacado como pionero en el continente hispanoamericano, tanto en la organización de una comunidad singularizada por su respeto a las libertades públicas, a los derechos humanos y a la ordenada evolución de sus instituciones, como en la planificación de sus recursos económicos y humanos; en la afirmación de sus derechos sobre el mar patrimonial; en la protección del capital humano, desde la gestación de la vida hasta la muerte, en su afán de llevar los beneficios de la educación y la cultura a todos los niveles de la población, y en su esfuerzo por asimilar todo lo positivo de la civilización actual, sin perder jamás de vista las singularidades del ser nacional (CONARA, 1976: 173).

Este «culto a la técnica y el mito del hombre nuevo» (Traverso, 2012: 133) resulta fundamental para entender cómo se produce una administración técnica, no solo de los valores de la población, vinculados a esta «revolución conservadora neoliberal», sino también a la gestión y tutela de dicha población como recurso humano o «capital humano», desde su nacimiento hasta su muerte. Esta transformación civilizatoria facilitaría el desarrollo de las riquezas de la nación, sin límites sociales y al progreso material que la modernidad venía prometiendo desde el siglo xix. La continuidad de este proyecto liberal con una nueva población para una inédita civilización: Un nacionalismo chileno de vocación universalista deberá conjugar simultáneamente una tradición histórico-cultural que nos liga a la civilización occidental y europea, con una realidad geoeconómica que, recogiendo e incorporando esa misma tradición, proyecta a nuestro país dentro del continente americano y, en especial, de Iberoamérica, a la vez que le abre perspectivas insospechadas hacia otras civilizaciones y culturas a través del Pacífico, cuyas posibilidades y riquezas para Chile deberán ser aprovechadas integralmente (CONARA, 1976: 2).

Así pues, la dictadura formulaba un nuevo modelo de sociedad basada, entre otras cosas, en una selección étnica acorde con las nuevas exigencias del Estado-nación, pero en el marco de una nueva institucionalización liberal: Los principios fundamentales en que se basa la Nueva Institucionalidad, de subsidiaridad y de economía social de mercado. En virtud de

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César Leyton Robinson estos, la Nueva Institucionalidad se orienta hacia la construcción de una nueva sociedad, más fuerte, más sana, más libre, activa y participante, dentro de un Estado que ajusta su esquema a las exigencias y posibilidades de esta nueva sociedad. A su vez, la Administración del Estado requiere adoptar un modelo semejante (CONARA, s. f.: 9).

Este discurso sobre la construcción de la nueva «raza» y de la nueva «sociedad» chilena se puede relacionar con la erradicación. Por un lado, como sabemos, se «sanearon» los territorios de las comunas ricas, expulsando a los pobres, en el proceso de homogeneización al que nos hemos referido anteriormente, con el fin de conseguir formas de convivencia segregadas y, por qué no decirlo, eugenésicas (áreas de selección de población exclusiva para los más ricos, siempre vinculados a los grupos blancos). La naturalización de las diferencias entre ricos y pobres estaba suficientemente asentada y provenía de una tradición social darwinista que situaba al hombre blanco y rico, que había sabido triunfar en la vida, en la cúspide del proceso evolutivo. La relación entre biología y cultura queda patente, en el marco del capitalismo, en obras como la de William Graham Sumner,3 cuando señala que los millonarios son un producto obtenido por la selección natural actuando sobre la totalidad de los hombres para elegir los que puedan convenir a las exigencias de cierto trabajo que ha de realizarse […] el fuerte y el débil son términos que no admiten ninguna definición, a menos que se hagan equivalentes al laborioso y al perezoso, al frugal y al derrochador.... Si no nos gusta la supervivencia del más apto, sólo tenemos una alternativa posible, y es la supervivencia del más inepto.

3   William Graham Sumner fue el titular de la primera cátedra de Sociología de la Universidad de Yale, introdujo el término «etnocentrismo» y, en el ámbito del darwinismo social, propuso distinguir dos caras de la lucha por la supervivencia del ser humano: una sería la lucha por la existencia en la relación del ser humano con la naturaleza; y otra la competencia por la vida entre seres humanos. El hombre lucharía contra la naturaleza para satisfacer necesidades básicas como la alimentación o el agua, y, a su vez, esto crearía el conflicto entre el hombre y el hombre con el fin de satisfacer las necesidades de una oferta limitada. Véase Hawkins (1997: 109-110).

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Jhon D. Rockefeller compartía esta opinión de todo corazón: «el  crecimiento de un gran negocio es simplemente una supervivencia del más apto..... Se trata sencillamente de la realización de una ley de la naturaleza y de Dios» (Tomado de Dobzhansky, 1963: 21). Por otro lado, aportaciones desde la sociogenética, como la realizada por Carlos Valenzuela, introducen otros elementos sobre los que merece la pena reflexionar y que vienen a formular que la permanencia de la segregación racial o étnica en Chile, la composición genética y sanguínea siguen estando supeditadas a los grupos históricamente separados: ricos —blancos de origen europeo— y pobres —mestizos e indígenas—. Sigue planteándose lo biológico como un índice importante de este ordenamiento social: Españoles tenían altas frecuencias de los alelos A y D y una frecuencia apreciable de los alelos B. Aborígenes chilenos tenían frecuencias muy bajas o totalmente carecían de estos alelos. Los españoles mantuvieron los estratos socioeconómicos más altos y el trabajo manual fue realizado por mestizos o aborígenes. Así, la declinación sociogenética chilena se explica por la mezcla étnica, la discriminación socioeconómica y emparejamiento selectivo socioeconómico. Los resultados muestran que la explicación histórica y cultural exclusiva de la declinación no es suficiente y un factor genético, debe añadirse a los anteriores (Valenzuela, 1988: 259).

Las erradicaciones podrían haber sido un intento de reponer un orden histórico de las elites, segregación sociorracial que estaba siendo socavada por los movimientos sociales que habían avanzado en sus derechos durante todo el siglo xx y que, de alguna forma, el neoliberalismo vino a restaurar: En Chile ha sido propuesto un Marco de Referencia Sociogenético para estudios en Salud Pública. El fundamento de dicho marco es la demostración que el porcentaje de mezcla aborigen es casi inexistente en estratos socioeconómicos altos, y surge e incrementa en una gradiente hasta llegar a ser casi el 50 % en los estratos bajos. Los estratos sociogenéticos son: alto (5 %), de población sin componente amerindio, un estrato medio (20 %) con 20 % de mezcla amerindia, y un estrato bajo (75 %) con 35 % a 40 % de mezcla amerindia. Las implicancias de las diferencias sociogenéticas condicionarían las estructuras antropométricas, de inmunidad, morbilidad y mortalidad, que sumadas a las diferencias

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César Leyton Robinson ambientales y socioculturales conllevan a desarrollar inequidades sociales (Venegas, Villalón y Valenzuela, 2008: 639).

Estos trabajos, y otros previos (Valenzuela, 1984), ponen en evidencia que, desde el punto de vista genético, las clases altas en nuestro país no se han mezclado con las clases bajas. Acaso es absurdo pensar en una modernidad neoliberal vinculada a la ¿segregación?, ¿neocolonialismo?, ¿apartheid? o ¿eugenesia moderna? La erradicación actuó, en suma, como una estrategia geopolítica que pretendió hacer de Chile una «gran nación».4 Para ello fue necesario imponer medidas que permitieran «arrancar de raíz», erradicar, las influencias que podían obstaculizar dicho objetivo. Aislamiento y segregación garantizarían la pureza racial de unos y la degeneración de otros, pero también evitarían conflictos sociales y una sociedad suficientemente estratificada, ordenada y regulada. La sobrepoblación de Santiago fue el argumento que se utilizó para fundamentar, ante la opinión pública, el alejamiento de la población marginal de la capital hacia otras regiones del país. Malthusianismo, eugenesia y darwinismo social han contribuido, históricamente, a justificar las deportaciones masivas en diversos procesos de modernización autoritaria (Davis, 2006). En Chile, las dimensiones del proceso fueron, sin duda, de gran alcance. El general de las Fuerzas Armadas, intendente de Santiago e ideólogo de CONARA, R. Guillard, explicaba la fase final del proceso, que había de culminar con la deportación de los allegados. Tras el saneamiento de los campamentos, su demolición y, posteriormente, su traslado a cientos de kilómetros, de modo que una vez terminado ese plan, saneados todos los campamentos, convertidos esos pobladores en propietarios, habíamos planificado este otro programa que es el de los allegados y que estaba destinado fundamentalmente a las regiones. Y lo habíamos pensado así, no a tontas ni a

4   El Mercurio del 6 de julio de 1975, p. 21. Declaración de Principios del Gobierno de Chile: la frase «Chile será una gran nación», escrita a grandes trazos, fue la consigna que en 1975 presidió el acto con que los pinochetistas celebraron el 11 de septiembre en la Plaza Bulnes de Santiago (Cavalle y Chateaux, 1977).

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La construcción de un país orgánico (II)... locas, sino que, científicamente, porque en la Región Metropolitana creo que estamos llegando a 5 millones de habitantes… El Mercurio, 9 de octubre de 1983 (entrevista al intendente metropolitano, R. Guillard) (Rojas, 1984: 7).

Algunas organizaciones sociales como AVEC (Acción Vecinal y Comunitaria), entidad vinculada al Arzobispado de Santiago, calculaba que «en la Región Metropolitana el número mínimo de familias allegadas en los sectores de menores ingresos es de 135 000, es decir son 567 000 personas (revista Hoy, 2 al 8 de noviembre de 1983)» (Rojas, 1984: 47). El problema de los «allegados», es decir, de los «pobladores sin casa» fue identificado e interpretado como una consecuencia directa de la política de erradicaciones, puesto que «el reducido espacio construido de las viviendas básicas no permite que los asignatarios los lleven a sus nuevas viviendas. En los casos en que han debido seguir de allegados en las nuevas viviendas, el nivel de conflictos y problemas tiende a agudizarse» (Rojas, 1984: 51-52). Incluso las autoridades incitaron a los pobladores propietarios de viviendas sociales a abandonar a los allegados, con el objetivo de descongestionar las viviendas, que las propias autoridades habían saturado producto del negocio inmobiliario, los subsidios de deudas y la segregación que ellos habían propuesto como diseño del programa. Las palabras del general intendente de Santiago y miembro de la DINA, Carol Urzúa, no dejan lugar a dudas: Pienso que la solución está en Uds., tanto como en nosostros… Estamos trabajando en todos los frentes. Ustedes mismos deben cuidarse. Defender y mantener lo que han logrado con esfuerzo y trabajo. No deben permitir allegados… (Diálogo del Ex Intendente de Santiago general Carol Urzúa con dirigentes poblacionales de Renca. El Mercurio, 28 de agosto de 1983) (tomado de Rojas, 1984: 52).

La solución más radical que ofreció, o más bien impuso, la dictadura para estas personas fue el traslado a regiones retiradas de la capital. La deportación a lugares alejados a los que hubieron de adaptarse, pues la vida urbana era diametralmente opuesta a la vida y las labores mineras o rurales que les tocó enfrentar alejados de sus fami173

César Leyton Robinson

liares, que quedaron en la region metropolitana y aislados en pequeñas zonas del norte y centro del país. La figura del poblador abandonado surge de nuevo en el diseño de planificación de la erradicación. El informe de Sergio Rojas deja patente tal situación: En cuanto a los pobladores trasladados a regiones, la situación pareciera no ser mejor. A diferencia de los pobladores erradicados dentro del área metropolitana, enfrentan otro tipo de problemas que se generan a partir de las características de las regiones y localidades donde han sido trasladados. En términos generales es posible proveer, primero, problemas de adaptación a medios diametralmente opuestos a la vida urbana metropolitana; segundo, el grado de inserción en las localidades de destino depende de las oportunidades laborales, en la mayor parte muy limitadas. Por último, el desgaste psicológico que implica vivir en localidades aisladas, en confinamientos rurales, urbanos o mineros desvinculados de los referentes sociales y culturales de las familias trasladadas (Rojas, 1984: 73).

A medida que la situación se agudizaba, los pobladores «allegados» fueron organizándose, tomando terrenos del Estado y de los municipios, acciones que fueron respondidas por las autoridades de forma violenta e incriminatoria. Una defensa de la propiedad privada que implicaba la manipulación y criminalización de los hechos y la acusación de que los pobladores pertenecían a grupos políticos de izquierda. ¡Perdóname! Eso sí que no lo voy a aceptar, ellos no han tratado de comprar ningún terreno. Ellos están manejados por un grupo marxista […]. Mire, yo les tengo una soluciones a todos lo que están en esas tomas, pero ellos no quieren soluciones. Entonces, si Ud. se mete dentro de mi casa —yo puedo reconocer que Ud. Tiene un problema muy grave que está de allegado, etc.— pero Ud. se metió en mi casa, y es mía pues, es mi propiedad privada…. entonces, usted está cometiendo un robo. Entrevista a Intendente Roberto Guillard, El Mercurio, septiembre de 1983. (Declaraciones frente a las tomas de terrenos de allegados en septiembre de 1983) (Tomado de Rojas, 1984: 57).

Para detener la organización de los pobladores «allegados» en los procesos de erradicación, la dictadura ya había anunciado la aplicación de un decreto promulgado el 28 de mayo de 1980 en el que se especificaba que: 174

La construcción de un país orgánico (II)... Los ocupantes ilegítimos o usurpadores de inmuebles de propiedad del Fisco, de las municipalidades, de los SERVIU, o de particulares, cuyo lanzamiento o desalojo se ordenase por la autoridad competente, quedarán inhabilitados para ser asignatarios de una vivienda social, como asimismo del derecho a obtener una vivienda mediante el sistema de postulación a través de los SERVIU, o del derecho a ser beneficiarios del subsidios habitacionales (Rojas, 1984: 58).

La geopolítica quedaba así atravesada y complementada por la doctrina económica neoliberal, en la que el consumo y la propiedad de la vivienda aparecían como elementos fundamentales de integración social. La «solución habitacional» constituye uno de los ejes fun�damentales de la política de erradicación y su análisis resulta imprescindible para comprender todo el proceso que estamos analizando.

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ERRADICACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL

Introducción En el marco del proceso de erradicación analizado en el capítulo anterior, resulta fundamental la consideración de la política habitacional puesta en marcha por la dictadura. Una dictadura interesada, como sabemos, en aplicar el modelo neoliberal que asumió, a partir de los primeros años, un rol subsidiario, disminuyendo su papel de productor directo de bienes y servicios. Con respecto a la política habitacional, se desarrolló un cambio radical en relación al acceso a la vivienda, puesto que la vivienda propia ya no se consideraba como un derecho social, sino como un bien de consumo más a conseguir dentro de los límites impuestos por el mercado. Se aceleró la privatización de los servicios sociales, transfiriendo al mercado la responsabilidad en la satisfacción de las necesidades esenciales de la población (Vergara, 1989 y 1990). En 1975 se promulgó la Ley de Vivienda Social de la dictadura, en la que se anunciaba cómo debía constituirse y construirse esta nueva habitación. Un hábitat levantado bajo la disciplina y la subjetivación de los valores neoliberales. Para nuestra reflexión, esta política de vivienda se conforma en un programa doctrinario, tal como lo planteaba el higienismo decimonónico en la modificación del hábitat y los cambios culturales de la población en términos sanitarios, pero ahora bajo los intereses del mercado y las políticas de segregación generadas por el Estado militar y sus herederas, las inmobiliarias. Se buscaba, al igual que a comienzos del siglo xx, modificar no la biotipología o raza física, sino las costumbres y las tradiciones culturales de esta población a partir de un programa normativo del hábitat o vivienda social que introducía los valores neoliberales. En el primer tercio del siglo xx se abogaba, desde la higiene, por determinadas reformas urbanísticas. El urbanismo creará el cuadro material de la ciudad futura, organismo colectivo viviente que hará sensible e íntima la solidaridad cívica.

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César Leyton Robinson La cuestión de la habitación empieza por la demolición del tugurio y concluye por la construcción en la piedra y en el espíritu de la sociedad futura (Sand, 1925: 58).

La tipología habitacional y la construcción del discurso higienista de los primeros años del siglo xx significaron la búsqueda de una mano de obra sana para la productividad, un biotipo poblacional, que Alfons Labisch (1985) ha denominado Homo higienycus, que fuera parte fundamental del proyecto estatal industrial. Sin embargo, en relación con la tipología habitacional de la dictadura, cabe plantearse una diferenciación, ya que, como estamos viendo, tenía otro objetivo —aunque la intervención del hábitat sigue siendo fundamental—, imponer las normas del mercado basadas en la segregación social, justificando la erradicación por condiciones sanitarias de los más pobres. Dicho así parece un simple cambio de domicilio. Vivido, significa dejar atrás un promedio de 10 ó 12 años de pesadilla diaria entre pozos negros, promiscuidad, barriales de invierno y sequías y tierrales insoportables de verano, hacinamiento, niños enfermos y famélicos, la imperiosa tentación del alcoholismo para paliar tanta desgracia, etc. (El Mercurio, 17 de abril de 1983; citado en Rojas, 1984: 38).

Las condiciones de miseria eran verdaderas, y la necesidad de instalar estos servicios básicos era importante para los pobladores que serían erradicados: Me parece un sueño. Llevo siete años viviendo aquí. Por fin sabré lo que es tener el baño y la cocina dentro de la casa. Lo más importante es que será mi casa. Al fin podré dejarle a mis hijos un lugar digno donde vivir. Es maravilloso. No sabe la felicidad que sentimos todos de poder iniciar realmente una nueva vida. Atrás dejamos inviernos llenos de frío y barro y veranos con problemas por las enfermedades en los niños. Ya no cabe ni un pozo negro más en el terreno. Son una incomodidad y una inmundicia. ¡El olor que hay en las tardes! (El Cabildo, 9 de abril de 1983: 8-9).

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Erradicación y vivienda social

Esto habría sido una solución real a los problemas habitacionales que existían; sin embargo, toda la infraestructura sanitaria fue privatizada, de modo que el sistema de alcantarillado, la luz y el agua actuaron contra la economía doméstica de los pobladores, trayendo más crisis a su sobrevivencia. Merece la pena estudiar los discursos y prácticas que sobre la vivienda social produjo la dictadura. En sus contradicciones se atravesaban elementos higiénicos, urbanísticos, económicos y de control social, cuya resultante nos atrevemos a definir como la gran falacia neoliberal que imposibilitó el éxito del proceso de erradicación.

El plan de saneamiento de los campamentos y la caseta sanitaria

Como ya hemos comentado, el Proyecto de Saneamiento de Campamentos de la Región Metropolitana se pone en marcha en Santiago a partir de 1982, estableciendo un modelo de relocalización de pobladores en la región. Dicho proyecto estuvo dirigido por SERPLAC, una de las ramificaciones de ODEPLAN, con la colaboración del MINVU y del SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo). Se elabora una redefinición de los campamentos de pobres, sus características sanitarias y la necesidad de acabar con la precariedad de los grupos habitacionales que se crearon antes del Gobierno militar. La tenencia del suelo es fundamental para diferenciar entre una población para la radicación (asentado en su comuna de origen, los menos) y un campamento para la erradicación (la población mayoritariamente desplazada); por lo tanto, es importante ver las condiciones jurídicas, de sanidad y de posesión de la propiedad para conformar estos criterios. Haciéndolos propietarios y construyendo una vivienda, a partir de préstamos con intereses del Estado y de los prestadores de estos servicios, las inmobiliarias que también se lucraron con los sectores habitacionales más pobres. Según se expresa en un documento de trabajo de la época: El criterio utilizado por el Ministerio, a partir de 1973, es bastante sencillo. En terminos generales, lo que diferencia a un campamento de

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César Leyton Robinson una población es la precariedad o legalidad de la posesión del suelo: en los casos en que éste es propiedad de los ocupantes se trata de una población, en aquéllos en que sólo hay posesión o mera tenencia, se cataloga como campamento. De allí que la acción del Estado, en estos últimos casos tienda a regularizar esta situación en forma prioritaria, siendo un factor fundamental en la decisión de «radicar» o «erradicar» un campa� mento, es decir, sanear la propiedad del terreno ocupado o cuando ello no es posible, por razones legales o geográficas, trasladarlos a otro lugar: En ambos casos se hace mediante la expropiación, si procede y a la venta del terreno al poblador, acto protocolizado con la entrega del título de dominio respectivo (Benavides y Morales, 1982: 4-5).

La condiciones de marginalidad y precariedad de los campamentos justifican un sistema de subsidios y servicios que, antes del neoliberalismo, no poseían los pobladores. Lo que deja atrás una ciudad condenada a las viviendas transitorias (mediaguas) sin ningún equipamiento o infraestructura que mejore las condiciones de vida de sus habitantes. Los viejos campamentos que se pretenden erradicar tienen una población caracterizada por un nivel socioeconómico y educativo bajo, y su origen de debe a crecimientos espontáneos en terrenos ocupados ilegalmente (poblaciones «callampa») o a iniciativas oficiales en momentos de urgencias (poblaciones de «emergencia»). Las viviendas son de apariencia modes� ta y construidas en base a materiales inadecuados (lata, lona, trozos de madera) o en base a madera y otros materiales livianos, provisionales y de escasa duración: estas poblaciones se caracterizan por la carencia o completa inadecuación de servicios de infraestructura, tales como agua, corriente eléctrica, pavimentación y alcantarillado, y de servicios sociales como transporte público, escuelas, servicios médicos o facilidades sanitarias. Pero lo que más las definía era el estancamiento o falta de mejoramiento de las viviendas dada la imposibilidad, por la pequeñez de los sitios o la situación geográfica, de construir allí áreas residenciales estables (Benavides y Morales, 1982: 5).

El saneamiento de los territorios pasa por implementar estos servicios después del proceso de erradicación. Una vivienda social en un medio urbanizado, con alcantarrillado, pavimentación y electricidad, es la ventaja de la relocalización espacial de los pobres que ostenta y promueve el modelo económico y que, como ya se ha indicado, trae consigo importantes contradicciones. 180

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El mecanismo de la radicación funcionaba de una manera similar. Se saneaba el terreno, que pasaba a ser propiedad del poblador. Pero había un detalle importante, la extensión y las mejorías de la habitación y su urbanización pasaban a ser responsabilidad económica del poblador, lo que abría un sistema de endeudamiento que se acrecentaría a futuro (Valdés, 1983: 48). Esto es crucial en el análisis de todo el proceso: la obligación de que sean los propios pobladores los que deban hacerse cargo de los gastos de las infraestructuras, a lo que hay que sumar la sustitución de la vivienda social por la llamada «caseta sanitaria». Así, por un lado, se destacaban los préstamos internacionales que se habían logrado para financiar el proyecto, créditos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): La construcción de 180 mil casetas sanitarias, lo que significaría entregar una solución racional al problema de vivienda de miles de familias que viven en la extrema pobreza […]. El costo del plan asciende a 22 mil millones de pesos, suma que proviene de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 230 millones de dólares. Las otras dos fuentes de financiamiento son las municipalidades y la redestinación de aportes del ministerio de la Vivienda y Urbanismo. El Mercurio, 27 de septiembre de 1982. El banco interamericano de desarrollo financia el 56 % de los costos de construcción, mientras que el otro 44 % lo aportan las municipalidades o el fisco. La Segunda, 6 de octubre de 1983 (Rojas, 1984: 21).

Pero, por otro lado, son los pobladores los que deben pagar su nueva radicación. Para ello se concedieron préstamos y subsidios a los que sus titulares difícilmente pudieron hacer frente. Miguel Budnik analiza y viene a explicar de qué manera el sistema de hipoteca habitacional (subsidio estatal) de la dictadura arrastró a los pobladores a una situación desesperada de pérdida de lo poco que tenían: Esta deuda es a doce años. Con un ocho por ciento de interés anual y que se paga, en el caso de las poblaciones municipales, como Santiago de Nueva Extremadura (comuna de la Pintana) en Unidades de Fomento (UF). El precio de compraventa es de 187,23 UF, de los cuales los pobladores deben pagar 46,81 UF. En la práctica esto equivale a una cifra

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César Leyton Robinson aproximada mensual que un poblador recibe en el PEM o un quinto de lo que recibe en el POJH (Rojas, 1984: 104).

El desarraigo o desplazamiento de los pobladores significó la pérdida de sus trabajos originales. Los que pudieron conservarlos hubieron de gastar parte de sus sueldos en el trasporte a sus lugares de faena. El pago de la luz y el agua, más el propio dividendo habitacional, terminó por consumir rápidamente el poco dinero y las esperanzas que pudieran restarles. Muchos de ellos terminaron trabajando en el PEM (Programa de Empleo Mínimo) o en el POJH (Programa Ocupacional de Jefes de Hogar); ambos eran proyectos de la dictadura para ocultar la cesantía que habían traído, entre los más pobres, los ajustes neoliberales de privatización de las empresas estatales y el término de los beneficios sociales (privatización de las pensiones y la salud). En palabras de los pobladores citados por esta publicación: «O no pagar mensualmente el dividendo o, definitivamente, dejar de comer para pagarlo» (Rojas, 1984: 104). Tampoco puede olvidarse que el llamado «milagro» económico chileno estuvo acompañado de una tasa persistente de desempleo que triplicó los índices históricos, de modo que los niveles de remuneraciones hasta 1981 no habían alcanzado el valor de 1970. Esto provocó la expansión de trabajadores «informales» e independientes ocupados en actividades de comercio y de servicios y agudizó ostensiblemente las desigualdades de ingreso y riqueza (Benavides y Sánches, 1982: 58). Hay que recordar, asimismo, que el crédito hipotecario consumía un tercio del sueldo total del jefe del hogar. La situación era aún más precaria cuando no se entregaban los 18 m2 construidos, que como más adelante veremos era la dimensión estándar de las nuevas viviendas, sino solamente la caseta sanitaria y la cocina, es decir, 6 m2; lo que, por supuesto, significaba una situación infrahumana para una familia mínima de 5 personas (sumándole casos de allegados, que eran un porcentaje importante de los erradicados). Sin embargo, estos pobladores aparecen como «privilegiados» en relación a otros que, al ser erradicados, sólo se encuentran con seis me-

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Erradicación y vivienda social tros construidos, que constituyen el espacio para la instalación de una cocina y un baño, de una vivienda que, de acuerdo a las actuales políticas estatales, nunca se levantarán (Benavides y Sánchez, 1982: 104).

Por lo tanto, ese 25 % que debían colocar los pobladores para su higienización, para la construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento, se convertía en una deuda impagable para ellos. Lo más cruel y perverso del sistema es que muchas casas recibían apoyo para la construcción de la caseta sanitaria (ideología higiénica), pero nunca las inmobiliarias privadas se interesaban en construir el resto, ya que no les convenía por el bajo monto que el Estado entregaba a estas personas: Según algunos estudios, la caseta sanitaria tiene un costo para el Fisco claramente inferior al aporte estatal que reciben otros sectores sociales por conceptos de vivienda. Es decir, el subsidio que reciben los estratos de extrema pobreza es del orden de las 90 UF; en cambio el subsidio habitacional para la adquisición de vivienda hasta 400 UF es de 162 UF. En el fondo, esto significa que la ayuda estatal es menor para los que tiene más necesidades y viceversa (Benavides y Sánchez, 1982: 105).

El Estado entregaba más subsidios a los menos pobres, porque aseguraba la construcción de una vivienda a las inmobiliarias privadas, garantizando negocios con los sectores sociales que pudieran pagar verdaderamente el crédito hipotecario. La caseta sanitaria también significaba una doble trampa, ya que, al construirla, la familia no tenía, según las nuevas leyes, más derecho a subsidios por el hecho de tener este elemento básico habitacional sanitario: En esta materia el Estado considera cumplida su responsabilidad en el rubro de vivienda con la instalación de esta llamada caseta sanitaria, en el marco de un sector con electricidad y alcantarillado, financiado en un 75 por ciento por el Estado y en un 25 por ciento que deben pagar los pobladores a través de un crédito que les otorga para esos efectos (Budnik, 1986: 104).

Los préstamos y deudas hacen que la vivienda se transforme definitivamente en un bien de consumo. El derecho social conquistado por los movimientos poblacionales, se extingue. La solución de ter183

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minar la vivienda y pagar los préstamos termina denominándose por el Régimen como un privilegio que es asumido por todos (sociedad y Estado). El Estado se desentiende y abandona la responsabilidad de este derecho. Los más débiles deben ganárselo en términos individuales, dejando la organización colectiva para resolver los problemas en forma privada. El nuevo ciudadano, producto de la ciencia de la erradicación, se constituyó con estos elementos: La vivienda ya no es definida como un derecho; éste se adquiere con el esfuerzo y el ahorro, frente a lo cual el grupo familiar y el Estado comparten la responsabilidad. La vivienda no es más una dádiva del Estado, producto del sacrificio de muchos en beneficio de algunos privilegiados (MINVU, 1976; citado por Sur, 1982) (Valdés, 1982: 109).

El sueño de la casa propia y digna fue convirtiendose en una pesadilla de deudas que se diluía bajo el remate de las inmobiliarias que recuperaban para ellas lo invertido por el Estado y lo poco que pudieron juntar los pobladores para cubrir sus préstamos, por eso: «La caseta sanitaria en si, sea dicho, es una forma de la institucionalización de la pobreza. No pueden aspirar los que reciben este beneficio a ningún otro tipo de ayuda estatal que les permita continuar el proceso de construcción de una vivienda digna» (Valdés, 1982: 105). Estos tipos de préstamos, y las deudas que generaban, terminaron anclando a las poblaciones al territorio y condenándolas al gueto, lo que tiene que haber sido visto como una forma «civilizada» de mantener lejos a los sectores populares del desarrollo de los barrios ostentosos y al margen del mundo cultural. Es importante insistir en el papel desempeñado por la caseta sanitaria; las autoridades acabaron cambiando su discurso en torno a la vivienda social, sustituyendo esta por la llamada «caseta», que consideraron preferible a otras soluciones habitacionales. La caseta sanitaria era ofrecida como un conjunto de servicios higiénicos, relacionados con alcantarillado, electricidad y cocina, conjunto que fue denominado «lote de servicios», lo que abarataba costos en beneficio de las inmobiliarias privadas y responsabilizaba al poblador, convertido en propietario, del mantenimiento y 184

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pago de las infraestructuras. Este discurso era compartido y repetido por los alcaldes de los municipios en los que tuvieron lugar los asentamientos. Lo más importante es que la gente cuente con baño, cocina y una red de alcantarillado y agua potable. Esos requisitos mínimos los llena la caseta. Es más barata que una vivienda social y el poblador se incentiva a seguir construyendo su propia habitación definitiva (Alcalde de San Bernardo, Álvaro Vial, La Segunda, 30 de septiembre de 1983). […] La razón es muy simple. Con el valor de una vivienda básica se pueden construir dos de estos lotes (incluyen la caseta sanitaria, con un baño y una cocina y conexión con las redes de agua potable, alcantarillado y electricidad, soleras con zarpas y calzadas dotadas de una carpeta de estabilizado y ripiado) […]. Lo más importante del programa es transformar al beneficiado en propietario individual de este lote de servicio (Alcalde de Ñuñoa, Luis Navarrete, La Segunda, 30 de septiembre de 1983). […] La caseta sanitaria es una de las formas más efectivas de dar solución al problema del déficit habitacional, toda vez que es una salida más sencilla y más económica. Además, permite que el propio poblador participe en su solución definitiva […]. Desde el punto de vista nuestro, la caseta nos parece la mejor solución. No es que consideremos que la vivienda social es mala. Es simplemente que para nosotros, desde el punto de vista municipal, ésta tiene varias ventajas, porque permite la participación del poblador en su propia solución habitacional y es evidentemente más rápida (Alcalde de San Miguel, Juan Carlos Bull. La Segunda, 30 de septiembre de 1983) (citado en Rojas, 1984: 33).

Se pretendía así justificar las bondades de la caseta sanitaria a través de encuestas y estudios en cuyas conclusiones quedaban patentes sus ventajas no solo higiénicas sino sociales, pues, aparentemente, estimulaban la previsión y el ahorro de las familias de las clases populares: El estudio también destaca que las casetas sanitarias estimulen el ahorro de las personas, por cuanto, a partir de ellas, las familias amplían y construyen su vivienda definitiva. (Conclusiones de Estudio sobre po-

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César Leyton Robinson lémico tema: casa versus casetas sanitarias), La Segunda, 30 de septiembre de 1983 (Rojas, 1984: 34).

La caseta sanitaria se convirtió en un elemento fundamental en el programa y procedimiento de la «solución habitacional» de los erradicados. Sin embargo, las dificultades para pagar el antes mencionado «lote de servicios» hicieron que, con frecuencia, las familias renunciasen a su ampliación o a la edificación de la propia vivienda. La incapacidad de ahorro de las familias, las dificultades económicas, las cesantías, etc. impidieron a muchos construir en el terreno obtenido y conseguir la tan anhelada vivienda social. Los testimonios de los propios pobladores no dejan lugar a dudas: «Pienso construir, pero no ahora, porque no tenemos plata… el dueño de casa trabaja en el POJH. Elsa Rioseco, de la Población “Carol Urzúa”, La Segunda, 30 de septiembre de 1983» (citado en Rojas, 1984: 37). Los programas de empleo que había creado la dictadura, a consecuencia de la crisis económica que atravesaba el país, no servían para cubrir las necesidades básicas de la población, por lo tanto, se volvió imposible terminar el proyecto habitacional. El POJH solamente sirvió para ocultar la cesantía producto de la propia erradicación, ya que se desligó a muchos pobladores de sus trabajos en las comunas de origen. Programas de empleo ficticios mantenidos por el régimen: «Podríamos avanzar mucho más rápido si hubiera más dinero, pero los sueldos del POJH apenas alcanzan para comer […]. Una pobladora, La Segunda, 29 de septiembre de 1983» (citado en Rojas, 1984: 37). En definitiva, la falta de ingresos y las deudas que se acumulaban impedían avanzar en la consecución de una vivienda digna: Nos entregaron los planos y quiero ampliar la caseta. Claro que será de apoco, porque el negocio no está muy bueno. Yo mismo hice el radiar para construir… Lo principal —agrega— es que tenemos alcantarillado. Somos pobres, pero nos gusta la limpieza, sobre todo por los niños. Un poblador, La Segunda, 30 de septiembre de 1983 (citado en Rojas, 1984: 37).

En suma, muchas viviendas sociales quedaron reducidas a casetas sanitarias. Las inmobiliarias acabaron urbanizando grandes zonas 186

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solamente con casetas sanitarias y el proyecto de erradicación acabaría por convertirse en una red de deudas para los habitantes. El sacrificio de una gran parte de la población para obtener un terreno con vivienda se transformó en rentables negocios inmobiliarios que se beneficiaron del dinero público invertido por el Estado. Muchos pobladores, desalentados, acabaron construyendo la misma habitación precaria que, supuestamente, habían dejado atrás en los campamentos. Por esta razón, después de un año del inicio de este proyecto de «higiene neoliberal», la caseta sanitaria comenzó a ser cuestionada incluso por las mismas autoridades. El propio general Guillard, después de dejar el Ministerio de Vivienda que impulsó el comienzo del proceso de urbanización del territorio y ahora intendente de Santiago, rectificaba su punto de vista, precisamente porque las comunas se estaban poblando de campamentos precarios muy similares a los que habían pretendido erradicar: A mí no me gusta la solución (la construcción de casetas sanitarias con un sitio), porque ello se trasforma en campamentos un poco más limpios. Lo caro de la operación es la urbanización del terreno; lo más barato es la caseta sanitaria. Si Ud. deja al poblador con el terreno urbanizado y la caseta, le va a nacer un campamento al fin. Es mejor un poco más de esfuerzo y entregarles la casa entera. Intendente Metropolitano Roberto Guillard, La Segunda, 30 de septiembre de 1983 (citado en Rojas, 1984: 34).

La vivienda higiénica En general, y desde ámbitos médicos y sanitarios, se celebró la implementación de casetas sanitarias como un logro del control de enfermedades que, principalmente, se asociaban a la contaminación de alimentos por sistemas precarios de falta de agua: Los resultados obtenidos contrariamente a lo señalado en la literatura […] parecen demostrar un efecto claramente beneficioso para el grupo en el cual se realizó la intervención sanitaria […] la mejoría del saneamiento ambiental fue substancial, como lo demuestra la adecuada cantidad de agua consumida por las personas (Schlesinger y Monckeberg, 1983: 238).

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En este proceso de erradicación se pretendió conciliar la histórica segregación social-racial con un intento de integración, a través del consumo, de los grupos en extrema pobreza, donde la construcción de la vivienda social modificó la idea de que la vivienda era un derecho, convirtiéndose en algo que había que ganarse mediante la competencia individual, el trabajo y el consumo supeditado al mercado inmobiliario;1 así, «la vivienda es un derecho que se adquiere con el esfuerzo y ahorro. Familia y Estado comparten su cuota de responsabilidad […] el término derecho es reemplazado por el de bien» (Haramoto, 1983: 141). Atrás quedaban las luchas de los movimientos sociales que habían conquistado estos derechos (Iglesias, 2011). El pobre se convertía ahora en un consumidor, ni siquiera de productos, sino de deudas habitacionales y de servicios. Ahora bien, más allá de la aludida caseta sanitaria, el diseño de la vivienda social era consecuencia de un meditado programa sobre cómo organizar el espacio para estas familias, instruyéndolas con ideas prácticas de cómo vivir en estos diminutos espacios gueto. En este proceso se experimentó y creó, según Rodrigo Hidalgo, una nueva forma de vivienda, es decir, una nueva «tipología habitacional» que formará parte de la estrategia de la erradicación: Las soluciones de viviendas entregadas a quienes habían sido objeto de las erradicaciones instauraron una tipología habitacional que ha perdurado hasta nuestros días y que constituye el principal diseño utilizado por los planes de vivienda de los gobiernos de los años noventa: las llamadas «viviendas sociales básicas», unifamiliares o en bloques en altura, cuya superficie construida promedio no supera los 42 metros cuadrados. Estos nuevos patrones habitacionales se convirtieron en un símbolo de la periferia de la mayoría de las ciudades chilenas (Hidalgo, 2004: 228). 1   Sería importante recordar que, a fines del siglo xix y comienzos del xx, las Juntas de Beneficencia, asociadas al Estado liberal asistencial, actuaban a modo de administradoras inmobiliarias, disponiendo de las donaciones de caridad para procurar asistencia a los más necesitados. Por eso, fue fundamental para las aristocracias civiles y clericales dominar espacios hospitalarios e instituciones de caridad para pobres, ya que no solo administraban a estos en términos sanitarios, sino también los bienes raíces que se entregaban a estas industrias o instituciones de administración de la pobreza. Véase el pionero artículo, publicado en pleno proceso de privatización de los derechos sociales en Chile, de René Salinas (1983).

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La falta de espacio era el gran inconveniente para las familias erradicadas. De los 40 m2 que, en un principio, estaban proyectados para las viviendas se pasó, en una reducción significativa, a tan solo 18 m2, a lo que se denominó «vivienda mínima»: Actualmente también se ha reducido el metraje de la considerada vivienda mínima: la Ley n.º 18 138 del 25 de junio de 1982 fija en 18 m2 la superficie de las viviendas que deberán construir las Municipalidades. Se hace la salvedad, a nivel del Reglamento correspondiente, que esta superficie debe ser considerada como la primera etapa de una vivienda económica, si bien no se aclara cuando se continuará con otras etapas (Valdés, 1982: 110).

El espacio habitacional se vuelve, en efecto, «mínimo», aunque se considera una primera etapa del proceso y se prevén, al menos sobre el papel, ampliaciones futuras que nunca llegaron a concretarse: Pobladores de once campamentos de la comuna de Santiago serán trasladados, en el trascurso del presente mes y en abril a las 1500 viviendas básicas que el presidente Pinochet inaugurará hoy en La Granja, como parte de los actos oficiales del 2.º aniversario de la Constitución Política, y a 258 viviendas en San Bernardo […]. Las familias, que serán erradicadas definitivamente por la municipalidad de Santiago, provienen de los campamentos Lo Ruiz, General Amengual, Oscar Bonilla, Nueva Independencia, Lautaro, Lo Valledor Norte y Nueva Lo Valledor, San Juan, La Justicia, Cerrillos y Santiago Norte [...]. Todos los habitantes de estos campamentos fueron encuestados por la municipalidad que también se encargó de construir la población «Santiago del Nuevo Extremo» en La Granja, conformada por viviendas de 18 metros cuadrados, con planos de ampliación (El Mercurio, 9 de marzo de 1983: 9).

Resultaba, pues, obligado convencer a las familias de que se podía coexistir en una pequeña dimensión donde compartir sus necesidades vitales. Dividir el espacio central en comedor y sala de estar (living room) para habitarlo durante el día, y convertirlo, durante la noche, en el dormitorio de todos los integrantes del hogar (loft). El diseño y las dimensiones de este modelo habitacional se reflejaban en la publicación de la revista oficial del municipio de Santiago, que mostraba, mediante infografías, cómo debería distribuirse el espacio habitacional. El Cabildo entregaba las siguientes instrucciones: 189

César Leyton Robinson Sala de estar en el día y dormitorio en la noche […]. Una idea moderna para solucionar la falta de un dormitorio en casa pequeñas. Lo normal es que la sala tenga un sofá con dos sillones, pero el uso de este tipo de muebles es caro, achica el espacio y no soluciona el problema de falta de camas. Cambiando esta forma tradicional de amoblar la sala por simples y económicas camas…se obtendrá el dormitorio que falta durante la noche, y un acogedor ambiente de reunión para el día […]. Las camas no deben tener piesera, ni respaldo sino que simples soportes de colchón. Deben ubicarse pegadas a la pared para poder apoyar los cojines que darán color a la sala y comodidad para sentarse (El Cabildo, 1 de agosto de 1982: 7).

A los linvig room se sumaron los modelos de camas-camarotes para ahorrar espacio, cuatro cajones para cumplir la función de closet (cajones de manzanas). «Una casa ordenada es una familia feliz», se� gún las instrucciones de este diario municipal, dirigidas a que los habitantes aceptaran de manera acrítica su destino y su «espacio vital»: No existe disculpa ni justificación para el desorden y la preocupación, porque EL ORDEN no cuesta plata sino ingenio y un poco de habilidad manual. Una casa ordenada, donde cada objeto se le ha hecho un lugar para ser guardado produce felicidad y agranda el aspecto interior, a pesar de los pocos metros de construcción… Porque los niños van a preferir jugar en su casa a vagar en la calle, ya que el orden les permite tener más espacio (El Cabildo, 1 de agosto de 1982: 9).

Los organismos que disciplinaron, en estos espacios mínimos, a los pobladores fueron las instituciones de propaganda del Régimen. Organismos vinculados a la población civil partidaria, que elaboraron y desarrollaron programas de educación que perseguían el buen uso de la vivienda, el aseo y el orden, el aprovechamiento del espacio, así como el ocultamiento de las condiciones paupérrimas en las que les entregaron los conjuntos habitacionales. El primer paso en este proceso fue un empadronamiento de las personas que residían en estos campamentos. La Secretaría Nacional de la Mujer se encargó, además, de visitar cada uno de los hogares de las familias erradicadas con el fin de dar capacitación individual a cada grupo familiar. Así, durante 1982 se capacitó a las familias para el buen «uso de las viviendas definitivas, ornato, aseo, aprovechamiento del espacio interior, 190

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aprovechamiento racional del sitio, como también relaciones entre el grupo» (Rodríguez e Icaza, 1993: 15). La Secretaria Nacional de la Mujer y CEMA-Chile, instancias de organizaciones vecinales femeninas (mujeres de militares, burguesía y, minoritariamente, pobladoras) simpatizantes del Régimen, colaboraron en dicho proceso de disciplina. Espacio, higiene y consumo comenzaron a ser vinculados en estos programas neoliberales: Las dueñas de casa de este campamento y los demás que serán erradicados, recibieron cursos de capacitación por parte de la Secretaria Nacional de la Mujer y de CEMA-Chile […]. Las mujeres explicaron que aprendieron cómo llevar el presupuesto, educar a sus hijos, mantener la casa y aprovechar el espacio, entre otras enseñanzas (El Mercurio, 9 de marzo de 1983: 2).

Se constata así el papel otorgado a las mujeres en el orden y equilibrio del grupo familiar. La instrumentalización de las mujeres en las luchas y campañas sanitarias dirigidas a la clase obrera y a sectores populares ha sido apuntada en otros contextos (Campos, 1990). Por tanto, el hogar se convierte en un espacio de control social y de subjetivación de la norma ideal para disciplinar a las clases populares. El lugar donde se produce una domesticación de la vida social, la normalización de los espacios y los comportamientos y la moralización de la población, basada en el control de los impulsos y la canalización de los deseos hacia el ciclo producción-consumo. La intención es actuar dentro del terreno de lo doméstico, lo privado y lo familiar para así lograr obtener control y dominio sobre los individuos. Al entender que la falta de moralidad habitaba entre la precariedad y la carencia material, se hacía necesario transformar o cambiar los lugares donde residían (Evans, 2005; Letelier, 2014:7). Por eso, la vivienda obrera siempre fue un objetivo de la medicina social, no solo porque el hacinamiento o la falta de luz, ventilación o agua fueran los causantes de enfermedades infecciosas, sino porque generaban vicios morales y degeneración (Campos, 1994). Las «casas baratas» tienen una larga tradición en el higienismo liberal. Objetivos higiénicos y moralizadores se dan cita en la vivienda obrera retroalimentándose constantemente (Campos, 1995). Inculcar 191

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hábitos higiénicos, pero también de ahorro y previsión, resultaba imprescindible y formaba parte del programa higienista desde el siglo xix. Estas dinámicas, que pueden identificarse con facilidad en Europa, en América han sido señaladas para Chile. El concepto de vivienda económica se acerca a las primeras legislaciones modernas sobre la vivienda, que se basaron en la ideología higienista. Paralelamente, hubo en Chile una significativa labor legislativa en el ámbito de la higiene y la salud pública, que tuvo sus proyecciones en la vivienda obrera (Hidalgo, 2004: 87). La necesidad, por parte del Estado, de controlar el espacio privado de las clases populares, inculcándoles los valores de la ideología dominante, formó parte de políticas gubernamentales que recurrieron, en muy buena medida, a estrategias sanitarias. Los Consejos de Habitación Popular o Ley de Habitaciones Baratas son las primeras normativas al respecto, pero dicho fenómeno debe considerarse tan solo como una especie de proceso de demolición de las antiguas formas premodernas de viviendas colectivas de los sectores populares, conventillos y «ranchas», sin analizar en profundidad el nivel de segregación que implicaba. Frente a las movilizaciones obreras, ya en 1890 el Estado comienza a tomar ciertas medidas de tipo higiénico y en 1906 se crean los Consejos de la Habitación Popular destinados a promover la construcción de vivienda y a higienizar, es decir, a rehabilitar viviendas y a demoler conventillos o casas colectivas consideradas insalubres (Valdés, 1982: 87-88).

Se trata, a nuestro juicio, de una visión ingenua y complaciente de un proceso que contiene innumerables caras y aristas, porque además de los resultados eminentemente higiénicos se persiguen otros de regulación social que no pueden ser pasados por alto. Además de la segregación, resulta fundamental, como ha podido verse en las páginas precedentes, la ofensiva ideológica que el liberalismo (y el neoliberalismo) pone en marcha en un intento de aculturación de las clases populares —que a su vez son percibidas como peligrosas—, con el objetivo no solo de conseguir su desmovilización, sino también de lograr que, de manera individual y colectiva, interioricen las nor192

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mas y valores de las elites hegemónicas. Fomentar el individualismo es la clave de tal estrategia. Si se pone el acento en las medidas higiénicas individuales, esto es, en la modificación de las costumbres y los hábitos, las causas sociales del enfermar no solo pasan a un segundo término, sino que cualquier intervención sobre la organización socioeconómica se considerará innecesaria. Responsabilizar, y culpabilizar, al individuo de sus propias desgracias (de su enfermedad o de su pobreza) forma parte del planteamiento liberal desde sus inicios (Huertas, 2008: 127; Letelier, 2014: 35-36). Se trata, sin duda, de un viejo debate: la «falta de previsión» del proletariado, sus malos hábitos, sus «vicios», su degeneración física y moral, etc. fueron argumentos habitualmente esgrimidos por la burguesía liberal del siglo xix para responsabilizar a la clase trabajadora de sus desgracias, de su miseria y de sus enfermedades. Gran parte de estos criterios son ahora retomados por el neoliberalismo (Huertas, 1999), reafirmándose un planteamiento ideológico que establece la individualización de una causalidad colectiva que, por su misma naturaleza, hubiese requerido una respuesta colectiva (Navarro, 1978). Es en este marco de referencia en el que puede entenderse la concepción que la dictadura chilena tiene de la vivienda higiénica. Lo que podríamos denominar «el higienismo neoliberal en la vivienda social» considera que «el problema de la vivienda es definido como un problema privado que debe ser resuelto en forma individual» (Valdés, 1983: 47). Se trataba de afianzar un orden espacial y social segregado y evitar esas «respuestas colectivas» propias de los últimos Gobiernos socialdemócratas y socialistas, que podían ser reclamadas por movimientos de pobladores que había que desmovilizar. Entre 1975 y 1982, dichas políticas sociales fueron modificadas sistemáticamente, incentivando el individualismo y, en suma, propiciando la destrucción de la cohesión social que había sido el pilar para enfrentar políticas de desigualdad social: «Desde el punto de vista de los valores, se diluyen aquellas prácticas solidarias, propias de la vida en los campamentos, para ser reemplazadas por prácticas individualistas en la solución de los problemas cotidianos» (Rojas, 1984: 72). 193

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Un individualismo que aparece íntimamente ligado, como ya se ha dicho, con el fomento del ahorro y la previsión. La falta de previsión fue una de las principales acusaciones que se formularon contra la clase trabajadora desde los comienzos de la cuestión social. Lejos de admitir que el problema radicaba en el modelo de acumulación y en las relaciones de producción, se argumentó con vehemencia que el obrero debía administrar correctamente su salario, controlar sus excesos y conformarse con una escasez que no tenía por qué resultarle insoportable si se comportaba con arreglo a una serie de pautas. Fomentar la propiedad privada, aun a costa de endeudamientos, fue, como ya hemos visto, un elemento crucial del proceso de erradicación y respondió a razones económicas, pero también de higiene y previsión, con un pretendido impulso al ahorro, así como de regulación social, pues los subsidios convertidos en préstamos, y generadores de deudas impagables, establecían un vínculo de dependencia y sometimiento de la población convertida en propietaria: Los programas de erradicación contemplan la formación de nuevos propietarios urbanos al mismo tiempo que el retorno del total de la inversión hecha. Este doble objetivo se conseguía incorprando a los erradicados a un sistema de ahorros y prestamos. Por ello, las erradicaciones tuvieron que realizarse en áreas periféricas de bajo costo y, por lo tanto, lejos del centro o de los ejes de accesibilidad (Valdés, 1982: 95).

Vivienda, erradicación y marginación social Como acabamos de ver, la producción masiva de viviendas sociales de la dictadura conllevó una estrategia mediante la cual, a través de la segregación comunal en lugares alejados y del endeudamiento, se pretendía aferrar a los pobladores a un espacio (gueto) del que no les resultaba nada fácil salir. Se evitaba así eludir el peligro del «contagio» real o simbólico de sus patologías, físicas o morales, al resto de la población. En definitiva, una política de aislamiento de sujetos potencialmente enfermos en términos espaciales y sociales. 194

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En un trabajo ya antiguo pero útil todavía, Thomas Schelling propuso tres tipos esenciales de procesos de marginación social: 1) el que tiene su origen en la acción organizada, que puede ser legal o ilegal, sutil o evidente, directa o indirecta, moralista o pragmática, pero que, en cualquier caso, está explícitamente presente en las voluntades colectivas, por lo que no se prejuzga su estatuto jurídico ni su legitimidad y es llevada a cabo por grupos o instituciones que se consideran capacitadas para tal menester; 2) el proceso de segregación puede ser resultado de las desigualdades sociales; proceso en gran parte económico, aunque no totalmente, que separa ricos y pobres, niveles de instrucción y competencia, relaciones sociales, modo de vida, etc.; y 3) finalmente, la marginación puede aparecer también como resultado de la combinación de comportamientos discriminatorios que denotan una percepción, consciente o inconsciente, de sexo, edad, religión, etnia, etc., que no establecen necesariamente una voluntad de segregación, pero que acaban definiendo prioridades entre individuos y/o grupos humanos (Schelling, 1978). Como es lógico, en la práctica, estos tres tipos de marginación pueden asociarse de manera variable en la producción de situaciones concretas o singulares, lo que nos permite aunar consideraciones, tanto estructurales (económicas) como superestructurales (ideológicas), y definir marginación como «un conjunto de procesos que a nivel de las condiciones materiales de la existencia sitúan al individuo o grupo social en una clara situación de inferioridad —o de limitación de acceso— en relación a la obtención de los recursos más habituales de su sociedad» (Romaní, 1992: 259). De todo lo antedicho, parece evidente que los habitantes, considerados individual o colectivamente, que protagonizaron los desplazamientos de la erradicación sufrieron una clara situación de marginación social, pero también espacial. Las instituciones consideradas capacitadas para aplicar la acción organizada de la erradicación (ODEPLAN, CONARA, MINVU, etc.) se esforzaron en segregar y alejar convenientemente a la población erradicada de los centros o de los ejes de accesibilidad, pero, al mismo tiempo, como ya se ha adelantado, a fijar a la población en un espacio convertido en gueto, es 195

César Leyton Robinson

decir, en una zona o barrio que es habitado por personas que tienen un mismo origen o condición y que viven aisladas o marginadas por motivos raciales o culturales y, en el caso que nos ocupa, económicos y políticos. La producción masiva de viviendas sociales conlleva, pues, el mantenimiento de los pobladores en un gueto de segregación comunal, impidiendo su desplazamiento y su errancia. No es de extrañar, pues, que la vivienda aparezca como un elemento de fijación de mano de obra (Perrot, 1977). Comprometer a un obrero con el pago de una casa no era solo terminar con los problemas de las construcciones insalubres, o estimular su espíritu previsor, era también terminar con los comportamientos heredados del peón errante que, sin tener domicilio fijo, en su deambular acarreaba los vicios y los desórdenes por la ciudad. De este modo, la cuestión habitacional termia convirtiéndose en una cuestión política de primer orden. En otros capítulos de este libro ya hemos relacionado las políticas de población con la geopolítica y con la Doctrina de Seguridad Nacional. Insistamos ahora en la noción de «seguridad integral», que parece tener que ver con cualquier tecnología preventiva hacia los elementos que podían entorpecer el proyecto planificado dentro de un Estado-nación. Seguridad política y defensa social se aúnan en una misma filosofía de gobierno: Se asegura al Estado de todo peligro o amenaza externa o interna, contra su integridad territorial, autoridades, instituciones, etc., de acuerdo a la Constitución y a las leyes. El concepto de «Seguridad In�tegral» va más allá aún; prevé todo fenómeno que pueda significar una amenaza presente o futura para el Estado (Medicina Preventiva), vigila el aprovechamiento máximo de la capacidad ciudadana en beneficio de los objetivos nacionales y controla el perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas (morales, intelectuales y físicas) para evitar todo riesgo de decadencia del Estado y de sus Instituciones fundamentales (Von Chrismar Esciti, 1969).

La Doctrina de Seguridad Integral compartiría varios principios con el higienismo tradicional; la visión de salud del Estado como organismo y el control de las «enfermedades» que lo pueden llevar a la pérdida de su vitalidad. Una medicina preventiva para fructificar y 196

Erradicación y vivienda social

potenciar las facultades de la población en beneficio de un proyecto nacional. Pero el exterminio, desplazamiento y segregación forman parte de este proyecto de gestión de los residuos sociales. No en vano, las instituciones que llevaron a cabo la administración de las estrategias de erradicación y radicación de pobladores y la construcción de viviendas sociales, aunque estuvieran gestionadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fueron instituciones de Estado asociadas al control y poder militar (Ministerio del Interior, Intendencia), lo que demuestra la importancia política del proyecto. Militares como Carol Urzúa (intendente de Santiago y agente de la DINA); Osvaldo Rodríguez Pedreros (intendente de Santiago y agente de la DINA); Enrique Montero Marx (ministro del Interior y agente de la DINA) y Roberto Guillard (ministro de Vivienda y miembro de CONARA) establecen una relación entre servicios de inteligencia, y exterminio (DINA), y geopolítica militar (CONARA), ideologías fusionadas en la Doctrina de Seguridad Nacional que sostienen y administran el proyecto de la erradicación. Así se da a entender en un informe de 1984: En relación a los órganos y agentes responsables de las políticas de erradicación y radicación de campamentos se han transferido responsabilidades de organismos y agentes tradicionalmente encargados del diseño y aplicación de programas, en este caso específico el ministerio de la vivienda y urbanismo, hacia otros de carácter político: ministerio del interior, intendencia y municipios (rojas, 1984: 66).

La peligrosidad social y política que las autoridades del Régimen ven en la organización de los pobladores conlleva estas instancias de administración, segregación y control de la vivienda: En consecuencia, la trasferencia de responsabilidades a órganos de tipo político significa someter el problema de la vivienda a lo político, lo que implica un cierto control frente a una supuesta peligrosidad de los sectores poblacionales. por último, no está ajeno el efecto político que en el ámbito comunal pueden ejercer los alcaldes al hacer uso de nuevas atribuciones, legitimándose, en alguna medida, ante los sectores populares urbanos. Las reivindicaciones de los pobladores se trasladan

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César Leyton Robinson de los organismos nacionales a los organismos locales. Se diluye así la responsabilidad del «gobierno» en sus problemas (rojas, 1984: 69).

No cabe duda de que estas políticas fueron verticalmente planificadas. Las reformas municipales dirigidas por CONARA y ODEPLAN manifiestan estos hechos, dejando a los municipios solo como interventores locales y como instituciones «carnaza» para confundir la organización y reivindicaciones de los pobladores. Los grandes planificadores siguen siendo las instancias conducidas por la geopolítica militar de exterminio y los ultraneoliberales. La administración de la política habitacional y territorial (CONARA y ODEPLAN) logra la exclusión de los derechos sociales de los más pobres, construyendo un mercado del Estado basado en la segregación. El siguiente paso pondrá su punto de mira en las clases medias; potentes grupos económicos privados acometerán la construcción de viviendas haciendo crecer el negocio inmobiliario, aunque en ámbitos probablemente más lucrativos: En la actual administración la política habitacional otorgó mayor importancia al sector privado en la atención de los sectores medios de la población. Para estos sectores la labor del Estado se centró en la entrega de subsidios habitacionales y dejó en manos del sector privado la construcción de las viviendas (Labbé y Llévenes, 1986: 198).

Sin embargo, volviendo a las clases más desfavorecidas, la erradicación y la política de vivienda aparecen íntimamente ligadas a la marginación social más extrema. Una marginación que responde a causas económicas y sociales pero también políticas, como acabamos de ver. Como ya se ha explicado con anterioridad, el Gobierno puso en práctica un complejo sistema de subsidios habitacionales, muchos de los cuales favorecieron casi exclusivamente a los estratos medios. Existieron, sin embargo, unos subsidios —los que terminaron ocasionando el endeudamiento masivo de los pobladores erradicados— que estaban dedicados específicamente a situaciones de pobreza y marginación: el programa de «Lotes con infraestructura sanitaria» y el «Subsidio de marginalidad habitacional» (Valdés, 1989: 43), para 198

Erradicación y vivienda social

cuya consecución no era necesaria la postulación, sino que se otorgaba de acuerdo a las prioridades presentadas por las distintas municipalidades al Ministerio de la Vivienda. El beneficiario recibía un sitio urbanizado con una caseta sanitaria o vivienda social. Esta política de vivienda social fue encomendada al Ministerio de la Vivienda en virtud del D. L. 2522 de 1979 (Labbé y Llévenes, 1986: 199) La radicación y erradicación se basaban en este sustento económico y social. Se justificaba su aplicación por condiciones higiénicas, que serían solucionadas con estas viviendas sociales. En el año 1979, la dictadura y sus técnicos comenzaron con estas políticas de selección y su montaje se aceleró en la segunda mitad de los años ochenta. La mayoría de los desplazamientos de la erradicación se dieron en la primera fase del proyecto, entre 1979 y1984. Acceder a la vivienda era salir de la barriada y obtener terrenos urbanizados y con infraestructuras. Las necesidades de los pobladores en los campamentos que dejaban eran muchas (falta de agua, alcantarillado y electricidad), y fue la razón fundamental por la que aceptaron la propuesta de ser erradicados. La mayoría de estas privaciones tenía que ver con temas sanitarios, lo que hacían de los campamentos una amenaza para la salud de sus pobladores. Así pues, estas carencias, similares a las que motivaron los proyectos higienistas del pasado, estaban en el origen del traslado a los nuevos conjuntos habitacionales masivos. La posibilidad de una vida más segura, en términos no solo de salubridad, constituyó en argumento fundamental para legitimar el proyecto inmobiliario: Han dejado atrás la mediagua, el pozo negro, la iluminación clandestina y la amarga experiencia de un techo incapaz de soportar las inclemencias del tiempo, para integrarse a una vida más segura y limpia, en su propio hogar situado en un ambiente mejor, en poblaciones ordenadas, limpias y bien trazadas, sin insalubridad, ni problemas de agua o electricidad. El Mercurio, 3 de junio de 1983 (discurso al inaugurar un conjunto habitacional en La Granja) (Rojas, 1984: 7).

La oferta de una vida mejor forma parte de la retórica utilizada para convencer a los sujetos de la erradicación para que acepten desplazarse a los nuevos lugares: «La presidenta como la llaman sus 199

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vecinos, comentó también que la población queda un poco alejada, pero nos prometieron que íbamos a tener una escuelita modelo para nuestros hijos muy cerca, con piscina y gimnasio» (El Mercurio, 9 de marzo de 1983: 2). El argumento de una mayor seguridad ciudadana se esgrime también como una gran ventaja de las nuevas radicaciones y los pobladores naturalizan el hecho de separarse de lo indeseado, molesto y peligroso. Delincuentes y toxicómanos, creados por la propia marginalidad de la dictadura, son la justificación para trasladar, por seguridad, a los grupos menos protegidos: La opinión de Mónica Becerra, empleada doméstica fue similar. Otros no quieren, pero yo estoy feliz de irme, porque no me gusta el ambiente […]. Esto, debido a los grandes grupos de jóvenes que se reúnen en las noches para fumar marihuana, aspirar neoprén y beber, y que no dejan dormir. A ello se suman las inundaciones, debido al cercano Zanjón de la Aguada y la proximidad de la línea del tren, que hace peligrar la vida de los niños, indicó La seguridad como promesa de sobrevivir en el gueto […]. De primera las lloré cuando supe que tenía que irme, contó Elisa Saldivia de 53 años, porque me dijeron que era muy chico, y me deshice de mis plantas y mis aves. Ahora tengo que aceptar no más, porque no hay otro remedio, dijo […]. Agregó que toda la vida ha vivido como gitana, trasladando de un lado a otro sus cosas, que se hacen tiras y nadie responde, y tanto que ha costado tenerlas, suspiró. Señaló que fue harto malo que hicieran un solo dormitorio con tanto niño que hay por aquí (El Mercurio, 9 de marzo de 1983: 3).

Sin embargo, muy pronto los erradicados comienzan a darse cuenta del engaño: la tipología de vivienda mínima —con un solo dormitorio para un grupo familiar de cinco personas—, cuando la hay, la imposibilidad de construir una cuando solo se dispone de la caseta sanitaria, el fuerte endeudamiento, la imposibilidad de desplazarse, el control político al que son sometidos, etc. Los intereses privados priman sobre las necesidades sociales y los pobladores obtendrán vivienda o caseta sanitaria según los intereses de los grupos económicos en invertir o abandonar. Cuando los grupos eran extremadamente marginales y no interesaban a los intereses privados simplemente eran abandonados en su infraestructura pública. Más adelante, según Labbé y Llévenes: 200

Erradicación y vivienda social Se intentaría determinar si el gobierno, originador del proceso de erradicación, ha implementado las estructuras de apoyo necesarias que se requieren para atender a este proceso, debido a que el sector privado pareciera no tener los incentivos necesarios para prestar algunos servicios, como educación, salud, vialidad urbana, etc., dado el bajo nivel de ingreso que poseen las personas erradicadas, la desmejorada situación de algunas de las comunas que las recibieron, o porque algunos servicios constituyen bienes públicos (Labbé y Llévenes, 1986: 199).

Con todo, en 1982 el proceso había alcanzado cifras importantes. Según SERPLAC, la distribución de los campamentos quedaba registrada de la siguiente manera en la Región Metropolitana: 29 373 familias de radicación, 18 964 de erradicación y 54 897 de operaciones en lugares sin las mínimas condiciones de higiene y de una gran promiscuidad. Es a esta situación de marginalidad urbana, que afectaba a alrededor de 600 mil personas en la Región Metropolitana, a la que estaba dirigida la política de vivienda social. El abandono social y la marginación, pero también el control económico y político marcaron el proceso de erradicación que, con el pretexto de mejoras higiénicas, respondió en todo momento a un modelo (neo)liberal que se apoyaba en la doble dictadura militar y de mercado.

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ERRADICACIÓN, ALIMENTACIÓN Y LABORATORIO SOCIAL

Introducción En los capítulos precedentes hemos estudiado el proceso de regionalización y de erradicación como parte fundamental de una estrategia, geopolítica y neoliberal, puesta en marcha por la dictadura militar chilena con el fin de intervenir sobre determinados sectores de la población. Un programa de «erradicación» de la pobreza que, como hemos visto, influyó de manera definitiva en políticas demográficas, urbanísticas y sanitarias cuyas justificaciones científicas, ideológicas y políticas tuvieron siempre como telón de fondo la Doctrina de Seguridad Nacional. Con el fin de completar el panorama hasta aquí expuesto, nos parece oportuna una última reflexión en torno al plan de «erradicación» de la desnutrición elaborado por el doctor Fernando Monckeberg Barros (2011). Este prestigioso especialista en pediatría y nutrición, creador del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos de la Universidad de Chile (INTA) y presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) —instituciones a las que más tarde aludiremos—, estudió medicina en la Universidad de Chile, recibiéndose en 1952, y en 1958 realizó un posgrado en Bioquímica y ejerció la docencia en la Universidad de Harvard. En su libro de memorias, Contra viento y marea, Mönckeberg explica las razones por las que aceptó el encargo de la dictadura de hacerse cargo del citado plan de lucha contra la desnutrición. Apela a la neutralidad de la ciencia y del científico: «Hemos sostenido que no somos políticos y que no es nuestro interés el poner o sacar gobernantes, ni tampoco aprovecharnos del poder» (Monckeberg, 2011: 190); se lamenta de las escasas oportunidades que gobiernos anteriores le brindaron para llevar a cabo una política sanitaria que primara los aspectos nutricionales de la población: 203

César Leyton Robinson Colaboramos con el ministro de Salud, el doctor Ramón Valdivieso, en tiempos del Presidente Frei, Allende, también sin mucho éxito. Sin embargo, no puede haber ninguna circunstancia que justifique el cruzarnos de brazos y negarnos a entregar lo que creemos que sabemos hacer en beneficio y bienestar de los niños y nuestro país, simplemente porque estemos o no de acuerdo con lo que está ocurriendo. Frente a la oportunidad, demostrémonos que nuestro compromiso no es con el gobierno de turno, sino con el futuro de nuestro país (Monckeberg, 2011: 192).

Por eso, dejando claro que nunca fue partidario de la dictadura de Pinochet, Monckeberg justifica su colaboración con la misma, ante la gran oportunidad que se le presentaba de poder hacer su trabajo: «Seguí valorando la oportunidad como única, señalando que no éramos partidarios de dictaduras militares, pero la oferta que teníamos delante difícilmente la habíamos tenido en democracia. A partir de ese instante, el INTA volvió a ser lo que era» (Monckeberg, 2011: 192). No puede extrañarnos que, al igual que en otros libros de memoria de científicos o intelectuales, Monckeberg tenga necesidad de explicar esta cuestión. Argumentos parecidos, en relación con la dictadura franquista, pueden encontrarse, por ejemplo, en Descargo de conciencia (1930-1960), del español Pedro Laín Entralgo (1976). Lo que nos llevaría a reflexionar, y a reconocer, la compleja situación de muchos científicos que desempeñaron su labor en Regímenes dictatoriales (Huertas, 2015). En todo caso, las propuestas del médico chileno fueron aceptadas por la Junta Militar, pues, como él mismo relata: Al completar el plazo indicado, teníamos un documento escrito con la evaluación del problema nutricional, su impacto en los primeros años de vida, su diagnóstico acotado, sus consecuencias a nivel nacional y el diseño en la estrategia a seguir. Con éste en manos se produjo la segunda reunión con el gabinete de Gustavo Leigh, ya en presencia de su equipo de asesores (Monckeberg, 2011: 192).

Una relación que cristalizó, en marzo de 1974, con la creación, mediante decreto ley, del Consejo Nacional para la Alimentación y la Nutrición (CONPAN, 1974-1978), un organismo interministerial presidido por el propio Monckeberg, cuya función era crear, orientar 204

Erradicación, alimentación y laboratorio social

y coordinar una política nacional de alimentación y nutrición que debía ser aplicada a través de todo el país. Se trataba de un servicio descentralizado, con personalidad jurídica, formado por un Consejo integrado por los ministros del Interior, Salud, Economía y Reconstrucción, Agricultura, Educación y Trabajo y Previsión Social (Monckeberg, 2011: 193) Así pues, contando con un soporte institucional y con todos los parabienes del Gobierno de la dictadura, se acometió un plan de «erradicación» de la desnutrición que coincidió en el tiempo —la década de los setenta y ochenta— con el proceso de erradicación al que nos hemos venido refiriendo en capítulos anteriores y cuyos puntos de contacto merece la pena señalar y analizar. Desarrollaremos a continuación algunas de las ideas de Monckeberg que relacionan darwinismo social, desnutrición e inteligencia, desde una perspectiva sociobiológica, así como las relaciones que establece entre alimentación y pobreza y, finalmente, la manera en que el plan de nutrición se imbricó con el proceso de erradicación que venimos estudiando.

Darwinismo social, liberalismo económico y nutrición Fernando Monckeberg es considerado, por el investigador Javier Pinedo (2005), un «heredero» de Francisco Antonio Encina, contro�vertido historiador, darwinista social spenceriano, racista, liberal y con un proyecto nacionalista en buena medida antidemocrático (Ruíz Schneider, 2010). Pinedo analiza el libro Chile y sus recursos naturales (1975), que es una síntesis de su conocido Jaque al subdesarrollo (Monckeberg, 1981 [1974]), en el que plantea, de un modo muy cercano a Encina (aunque no lo menciona), cómo alcanzar el desarrollo económico. Según Pinedo: El punto de vista de Monckeberg es el de la modernización del país y para alcanzarla señala que la educación y la alimentación de la población son cuestiones fundamentales. Un desarrollo y una modernidad que al autor le parecen conseguibles si se siguen ciertos lineamientos, como el acceso al conocimiento y el adelanto científico del país (Pinedo, 2005: 112).

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Son de destacar los planteamientos económicos de este médico, quien, desde presupuestos liberales, critica las políticas públicas de la Unidad Popular. Su proyecto pretende ser innovador y capaz de conseguir un crecimiento y un desarrollo basados en cambios tecnológicos que permitan la utilización eficiente de los recursos naturales, para poder exportar y generar riqueza, y un «valor agregado» que permita conseguir grandes beneficios minimizando la inversión. Un pensamiento económico liberal que se articula perfectamente con una especie de neopositivismo científico que acepta, finalmente, que el darwinismo social viene a ser fundamental para alcanzar el desarrollo. Dicho pensamiento «económico» tiene su razón de ser en lo que supone la preocupación fundamental de nuestro médico. Su neodarwinismo social se ensambla con el problema nutricional de tal manera que le lleva a dialogar con Malthus y reflexionar, en el artículo «Mathus se equivocó», sobre la vieja idea de la escasez de alimentos y el crecimiento de las poblaciones: El hambre recorre las páginas de la historia prácticamente desde que la humanidad empezó a poblar el Planeta. Ya entonces, cuando los recursos se atochaban en la Tierra, esta cruel enfermedad social penetraba en la casa de los pobres, ahuyentando a poblaciones completas y segando millones de vidas. La lucha por la obtención de alimentos siempre ha sido una preocupación fundamental de los pueblos. Sin, embargo, a partir del «estampido» demográfico, es este el desafío de cada hombre y cada nación (Monckeberg, 1977: 12).

La crítica a Malthus no lo es, en este caso, a la interpretación de la pugna por los recursos naturales, sino más bien a que, en el sentir del médico chileno, el desarrollo tecnológico debe dar lugar a una producción de alimentos suficiente para alimentar a la población por mucho que esta pudiera crecer: Malthus se equivocó rotundamente cuando, en 1798, describió que el crecimiento de la población sería mayor al de los alimentos, ya que gracias al desarrollo científico y tecnológico, que él no previó, la humanidad puede mostrar desde entonces un incremento superior de sus recursos nutritivos respecto de los nuevos nacimientos. Sin embargo, lo anterior no impide todavía que de los 4 mil millones de seres que actualmente somos, la mitad de ellos estén desnutridos y que 600

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Erradicación, alimentación y laboratorio social millones de los mismos reciban una alimentación insuficiente (Monckeberg, 1977: 12).

En este sentido, su apuesta por las posibilidades tecnológicas y los nuevos modelos agroindustriales resulta muy potente: Latinoamérica equivocó el camino al tratar de estimular el desarrollo industrial, sacrificando el desarrollo agrícola, con el objetivo miope de sustituir importaciones. De allí que debe buscarse otra estrategia. El esfuerzo debe encaminarse a lograr un «desarrollo agrícola integral», que dé paso posteriormente a la agroindustria. La implementación de esta política permitiría una masiva absorción de la cesantía y, por supuesto, la eliminación de los cordones de miseria que rodean a las ciudades. Este fenómeno típico del subdesarrollo desaparecería con el retorno de estas poblaciones a las áreas rurales (Monckeberg, 1977: 13).

Al respecto, destaca el éxito obtenido por Nueva Zelanda al impulsar un modelo similar: «Este país de condiciones muy parecidas a las chilenas, aunque de menor extensión se convirtió en pocos años, de importador, en gran exportador de alimentos. Para este objetivo tuvo que luchar, incluso, contra la gran erosión de sus tierras» (Monckeberg, 1977: 13). La importancia sanitaria y económica de estos argumentos es obvia, pero supone también una particular contribución geopolítica. Para algunos investigadores, como el ya citado profesor Pinedo: Fernando Monckeberg es uno de los primeros, o el primero, que a partir de estas iniciativas sugiere establecer una nueva identidad geopolítica para Chile, dejando de lado sus tradicionales afanes europeístas para conectarlo con el mundo asiático y la Cuenca del Pacífico (Pinedo, 2005: 114).

De este modo, la visión neodarwinista de Monckeberg otorga una importancia superlativa a la utilización de los recursos (humanos y materiales) que permita potenciar el desarrollo y la adaptación al medio: «Ya antes que existiera la vida inteligente, primero los vegeta�les y luego los animales fueron haciendo uso de estos recursos, lo que permitió su crecimiento, desarrollo y la selección de aquellas especies más adaptables a ese medio» (Monckeberg, 1975: 5). 207

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La desnutrición —el no aprovechamiento de los recursos nutricionales— impediría dicha adaptación, entre otras cosas, porque afectaría a la inteligencia y a las capacidades cognoscitivas de la población subalimentada. El enfoque evolucionista queda sancionado cuando afirma que en América Latina la mitad de las muertes se producen antes de los quince años de edad, mientras que en Estados Unidos esta proporción es sólo del 6 % (OMS, 1967) influye poderosamente la subalimentación, que altera los mecanismos adaptativos y de defensa, dejando al organismo vulnerable frente al medio ambiente (Monckeberg, 1981: 78).

Por eso, la lucha contra la mortalidad infantil, y de manera específica contra la desnutrición infantil, se convierte, para Mönckeberg, en una prioridad sanitaria, política y económica, pues: Desde un punto de vista puramente económico, la muerte prematura constituye un pesado lastre para la sociedad. La primera etapa de la vida del hombre es improductiva y significa una fuerte inversión tanto para la familia como para la sociedad, que posteriormente se ve compensada cuando el hombre alcanza la etapa productiva de la vida y es capaz de devolver a la sociedad lo que de ella ha recibido (Monckeberg, 1981: 79).

Las ideas vertidas en Jaque al desarrollo resultaban, como puede suponerse, muy atractivas, tanto para la concepción de Estado orgánico que tenían los geopolíticos como para la economía (neo)liberal implantada por la dictadura. La relación entre pobreza, desnutrición y enfermedad es apuntada por su autor, con gran claridad, en un artículo titulado «Daño sociogenético producido por la miseria», que llegó a ser publicado en la Revista de Seguridad Nacional. En dicho texto se afirmaba: La desnutrición y la miseria, van muy estrechamente unidas y es evidente que no es posible erradicarlas independientemente una de otra. En la miseria se suman partes, constituyendo un todo, potenciándose entre sí los diversos factores: desnutrición, enfermedad, falta de educación, incultura, malas condiciones sanitarias, hacinamiento, etc.

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Erradicación, alimentación y laboratorio social […] En la especie humana, la subalimentación nunca es un fenómeno aislado, ya que los grupos que sufren de desnutrición sufren también de otros muchos factores adversos, inherentes a la miseria (Monckeberg, 1976: 117).

Se hacía necesario, pues, solucionar problemas estructurales como la pobreza y la desnutrición, un nudo sanitario indisoluble sobre el que higienistas y reformadores sociales venían reclamando soluciones desde el siglo anterior. El objetivo requiere de voluntades políticas y técnicas, pero es enormemente difícil y ambicioso: El combatir la miseria requiere de un nuevo planteamiento y de grandes esfuerzos de programas de acciones globales y directas, destinadas a cambiar completamente el submundo que genera la miseria. Este concepto debe estar muy claro tanto para economistas como sociólogos, educadores y médicos. No es fácil combatir la miseria, ni siquiera la riqueza logra vencerla, cuando aquella se ha metido en el individuo. La complejidad de la sociedad moderna exige cada vez más de los individuos, si estos requieren realmente incorporarse a ella y gozar de los beneficios que han brindado el conocimiento humano (Monckeberg, 1976: 124).

Si la desnutrición anidaba en la miseria, provocando una baja capacidad cognitiva en los sectores populares, cuya consecuencia era la menor productividad de esta población, se hacía necesario erradicar ambas, la pobreza y la desnutrición, con el fin de «regenerar la raza» y conseguir poblaciones sanas y productivas. El problema de la desnutrición pasó a formar parte del proyecto geopolítico del Estado chileno.

Desnutrición, inteligencia y daño sociogénico Uno de los elementos más importantes del pensamiento médico-social de Monckeberg es la relación que se establece entre la desnutrición y el daño intelectual o cognitivo de la población: La pobreza afecta al desarrollo intelectual, debido tanto a factores sociales como biológicos […]. Parece lógico pensar que el déficit del

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César Leyton Robinson desarrollo psicomotor es la consecuencia de la suma de diferentes factores: falta de estimulación, escaso afecto, sensación de inseguridad y desnutrición. Todos ellos se potencian llegando a producir un daño en el individuo, que debiera llamarse más propiamente «daño sociogéni� co-biológico» (Monckeberg, 1976: 119-120).

Esta categoría de «daño sociogénico-biológico» permite al cien�tífico un análisis muy determinista —un determinismo biológico y social— que condenará, si no se remedia, al déficit intelectual de las clases más desfavorecidas y condenadas a la pobreza y la miseria crónica. En suma, las escasas capacidades cognitivas de las clases populares estarían en el origen de su peligrosidad y de la amenaza social que tradicionalmente se les atribuye. La preocupación del médico por la desnutrición infantil, como responsable de la baja calidad biológica de los futuros ciudadanos, es notoria cuando advierte: Sin embargo, poco se sabe si la subalimentación crónica que se produce durante la edad preescolar tiene o no alguna consecuencia en el desarrollo mental […] el patrón de crecimiento de tres grupos de niños que pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos. Se puede observar, que aquellos que presentan mayor retraso en el crecimiento, son precisamente los que pertenecen al nivel socioeconómico más bajo […]. Coincide ésta también con una alta incidencia en el retraso del desarrollo psicomotor (Monckeberg, 1976: 118).

La lucha contra la desnutrición infantil será una de los objetivos prioritarios del programa de Monckeberg, que termina ampliando su perspectiva y considerando que el desarrollo intelectual y cognitivo de la población responde a un conjunto de factores, algunos biológicos, como los efectos de la desnutrición en el desarrollo del sistema nervioso central, pero otros sociales que obligarían a intervenir en un sentido más amplio. En sus propias palabras: «Podemos afirmar que exista una relación de causa efecto, ya que existen muchos otros factores que también pueden influir negativamente en el desarrollo de las capacidades intelectuales» (Monckeberg, 1976: 118). 210

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Y esos «otros factores» son identificados de manera convincente enumerando una serie de explicaciones que se alejan del determinismo biológico y hereditario para marcar el acento en lo social y cultural: No parece lógico pensar que el retraso intelectual observado en los grupos socioeconómicos más débiles, sea debido a factores genéticos, ya que hay experiencias que demuestran que se puede prevenir, si se actúa precozmente, si se mejoran simultáneamente las funciones cognoscitivas. […] El medio ambiente es gris y aplastante y no estimula la imaginación ni exacerba la curiosidad. Todo carece de luminosidad, siendo limitada la gama de colores y careciendo del juego - estimulo necesario para provocar el desarrollo de las habilidades del niño. […] Los padres presentan una notoria limitación en el lenguaje, lo que condiciona un escaso estimulo verbal. Es un hecho constante que, dentro de las diferencias específicas cognitivas observadas en estos niños, hay un constante retraso en el lenguaje. […] En estas condiciones, la motivación está solo condicionada por hechos cotidianos contingentes, sin una proyección real del futuro. Todo ello reduce la información y motivación en el niño y limita las posibilidades alternativas del comportamiento. Por otra parte, en condiciones de extrema pobreza, están disminuidas las relaciones entre el niño y el adulto y existe poca actividad común entre los miembros de la familia, lo que es evidencia por una indiferencia hacia el niño. El afecto y apoyo es escaso […]. Es así como se ha observado, por ejemplo, que los niños pertenecientes a bajos niveles socioeconómicos poseen una pobre «autoestima», lo que trae consecuencias restrictivas sobre la motivación personal e incapacidad posterior de integrarse en forma eficiente a la sociedad (Monckeberg, 1976: 119).

Esta evidente sensibilidad social de Monckeberg y su empeño de intervenir sobre «lo social» se sitúan, a nuestro juicio, en una tradición de higienismo social liberal que se remonta, salvando las distancias, al siglo xix. Estrategias de higiene ambiental, reformas urbanísticas, lucha contra la pobreza y contra las enfermedades endémicas y epidémicas para evitar el menoscabo de la raza y garantizar 211

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la productividad. Prevención, educación, higiene, nutrición… permitirían, en buena lógica social darwinista, una eugenesia «positiva» que conseguiría —sin cuestionar el modelo económico y político— la disminución de los más débiles y los menos inteligentes e improductivos. Características que no solo se atribuían a los sectores más populares, sino también a las minorías étnicas con similares problemas de lenguaje y adaptación. La apuntada sensibilidad social de Monckeberg no lo lleva a proponer soluciones utópicas, sino acordes siempre con la racionalidad liberal: «No es cuestión de llegar y repartir la riqueza, por la senci�lla razón de que no hay suficiente riqueza que repartir. Primero hay que buscar la forma de crear riqueza, y luego ver cómo distribuirla» (Monckeberg, 1980: 5). Una «racionalidad» que encajaba bien en el contexto económico y político de la dictadura, aun cuando, como es lógico, la labor de Monckeberg debe situarse como un eslabón más en una larga tradición de medicina y pediatría sociales en Chile, en las que la lucha contra la desnutrición infantil, tal como expone Claudia Deichler, es fundamental: De este modo, es trascendental destacar la labor pediátrica, la que tuvo sus primeros impulsos de asistencia social con la creación del Patronato Nacional de la Infancia, pero que a lo largo del siglo xx se fue fortaleciendo, aportando conocimientos científicos e impulsando una enconada lucha contra el problema de la alimentación, lucha que persistió durante todo el siglo. Importantes pediatras y médicos fueron protagonistas de este cambio: Luis Calvo Mackenna y Vicente Valdés, con la creación del Patronato Nacional de la Infancia (1901); Jorge Mardones Restat, con sus importantes aportes en el ámbito de la alimentación y su constante preocupación por el problema de la desnutrición en las poblaciones, como creador del Consejo Nacional de Alimentación (1936) y como Ministro de Salud (el primer ministro de esa cartera); Eduardo Cruz-Coke, en su labor de ministro, senador y como impulsor de leyes ya mencionadas anteriormente; Arturo Baeza Goñi, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría y Fernando Monckeberg, quien ocupó ese mismo cargo además de ser presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (1965) y quien además fue creador, durante la segunda mitad del siglo xx, de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) y del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), además de ejercer otras diversas labores (Deichler, 2016: 111).

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Merece la pena retomar la reflexión sobre la relación entre pobreza, y desnutrición, y déficit intelectual, porque nos introduce en un plano sociobiológico susceptible de un análisis algo más profundo. En un conocido trabajo, titulado «El racismo de la inteligencia», Pie�rre Bourdieu afirma: Debemos preguntarnos cuál es la contribución de los intelectuales al racismo de la inteligencia. Habría que estudiar el papel de los médicos en la medicalización, es decir, en la naturalización de las diferencias sociales, de los estigmas sociales, así como el papel de los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas en la producción de eufemismos que permiten designar a los hijos de sub-proletarios o de inmigrantes de una manera tal que los casos sociales se convierten en casos psicológicos, las deficiencias sociales en deficiencias mentales, etc. En otras palabras, habría que analizar todas las formas de legitimación de segundo orden […] sin olvidar los discursos de aspecto científico, el discurso psicológico, así como las afirmaciones mismas que nosotros hacemos (Bourdieu, 1974: 67).

La cita del autor francés nos parece pertinente porque, entre otras cosas, pone el acento en la naturalización de las diferencias sociales e intelectuales. Ya hemos visto cómo Fernando Monckeberg tiene una visión más social que biológica de la pobreza y, en este sentido, se aleja de los planteamientos de su tío Carlos Mönckeberg (1925, 1932), director de la clínica obstétrica universitaria durante los años treinta, eugenista y promotor de estudios que relacionaban inteligencia y herencia. Trabajos en los que advierte: Esta mayor procreación de los inferiores es un grave peligro para las generaciones futuras, porque amenaza a las naciones y al mundo entero con un aplastamiento de la clase selecta, que perecería ahogada por los de abajo […]. Ante tal amenaza se comprende que se haya llegado a proponer la esterilización de los individuos de menor valencia en defensa de la comunidad (Carlos Monckeberg, 1932: 360).

El nivel social se correspondía con el intelectual y ambos estaban sujetos a un determinismo biológico que no se cuestionaba. Como bien expresa el historiador Marcelo Sánchez: Puesto en el plano de la cruzada eugénica, Monckeberg realizaba afirmaciones de un determinismo hereditario rotundo, en el que los mé-

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César Leyton Robinson dicos tenían un lugar de honor; «se puede declarar que las aptitudes intelectuales se transmiten en forma regular de padres a hijos», así «to�dos los hijos de médicos, se han particularizado por su cultura y por sus disposiciones profesionales» (Sánchez, 2014: 73).

Para el doctor Fernando Monckeberg, por el contrario y como ya hemos apuntado, este determinismo biológico es más que cuestionable. Realiza estudios en los que da mucha importancia a la medición y cálculo del cociente o cuociente intelectual (CI) de los individuos de las poblaciones marginales: En condiciones de miseria, la familia se encuentra distorsionada y desorganizada. La imagen del padre está deteriorada, o lo que es frecuente, es inexistente […] el cuociente intelectual de las madres que viven en poblaciones marginales, por ejemplo, es contantemente bajo. Utilizando la prueba de Wechsler, casi el 80 % de las madres, de una población marginal, presenta un nivel inferior a 80 (Monckeberg, 1976: 120).

Esta cita nos sugiere dos reflexiones paralelas, por un lado, las razonables dudas metodológicas que plantean los tests de inteligencia y, por otro, la existencia de una herencia no biológica, sino cultural, que hace que la pobreza se reproduzca de generación en generación, con lo que el determinismo (social en este caso) se mantiene. En relación a la primera cuestión, es sabido que los tests de inteligencia tienen un sesgo sociocultural que ha sido señalado por diversos autores. Julio Castillo indica, a este respecto: Kagan concluye que el test de C. I. es un instrumento seriamente sesgado, que casi garantiza puntajes más altos a los niños blancos de clase media que a los niños de otros grupos […]. En Puerto Rico, tres tests de inteligencia —el de Stanford-Binet, el Wechsler Intelligence Scale for Children y el Goodenough Draw a Man Test— han sido traducidos y adaptados en el pasado, pero en todas las instancias, y debido a factores culturales, los investigadores han sido incapaces para redefinir los instrumentos suficientemente bien para obtener la media esperada de un C.I. de 100. Esto conduce a una subestimación de la inteligencia del niño […]. En otras palabras, los tests de C.I., en general, no toman en cuenta las diferencias culturales y sociales del medio ambiente donde los niños son socializados y el modo en que este es percibido, provocando

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Erradicación, alimentación y laboratorio social un sesgo cultural y social que produce diferencias artificiales, no reales, en el coeficiente intelectual de los niños (Castillo, 1987: 78).

Los tests de inteligencia han generado un gran debate. Los pioneros trabajos de Binet y Simon fueron criticados por autores que vieron en ellos el germen de una ideología segregacionista destinada a eliminar del circuito escolar a los más torpes. Sin embargo, su intención fue justo la contraria, propiciar la recuperación de los niños más atrasados; en este mismo sentido, Stephen J. Gould (1984: 151) opina que Binet no consideró el Cociente Intelectual como un recurso para clasificar jerárquicamente a los alumnos de acuerdo a sus valores intelectuales, sino que elaboró una escala con fines muy limitados: el encargo que le había hecho el Ministerio de Educación francés de idear una guía práctica para detectar aquellos niños cuyos pobres resultados escolares indicaban su necesidad de recibir una educación especial. No por ello puede negarse que, a pesar de sus buenas intenciones, las aportaciones de los psicólogos y pedagogos franceses ofrecieron al darwinismo social una eficaz herramienta con la que medir la desigualdad intelectual de los seres humanos. La estratificación del «reparto de tareas» en una sociedad de clases quedaba consagrada en virtud de la diversidad intelectual de la especia humana. «El discurso se completó hábilmente con las teorías hereditarias de la inteligencia, presentes desde el comienzo del movimiento eugénico y el determinismo del Cociente Intelectual» (Huertas, 1998: 154). En 1969, Arthur R. Jensen (1972) publicó un extenso e influyente artículo en el que actualizó las ideas de la determinación biológica de la inteligencia. Dicho trabajo no era sino el inicio de una ofensiva que pretendía negar, una vez más, las condiciones sociales en el análisis del comportamiento humano, poniendo al día viejos reduccionismos biologicistas y somaticistas. Pocos años más tarde vio la luz el famoso libro de Edward O. Wilson (1975) que pretendió explicar, desde la denominada sociobiología, la influencia determinante de la herencia biológica, de lo genético, en los comportamientos sociales. 215

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Nótese que estas ideas surgen en la prestigiosa y conservadora Universidad de Harvard, precisamente en el inicio de una etapa política y económica en la que la exigencia liberal del individualismo y del darwinismo social necesitaba apoyos teóricos que se presentaran como incuestionables. Una etapa histórica, la década de los setenta, en la que en Chile se estaban gestando los diversos programas de erradicación objeto de nuestro estudio. Por eso, y teniendo en cuenta además las vinculaciones de Monckeberg con Harvard, resulta especialmente interesante su posición al respecto, su peculiar concepto de la sociobiología y del darwinismo social y su visión médicosocial, que le lleva a plantear la existencia de una herencia, sí, pero de una herencia social y cultural que puede llegar a tener tanto peso o más que la herencia genética. Lo que nos enlaza con la segunda cuestión, sobre la que el propio Monckeberg se pronuncia de manera inequívoca cuando afirma: La miseria y la desnutrición no sólo se potencian entre sí, sino que también ambas cierran un círculo vicioso, que permite que el daño se transmita de generación en generación […]. En otras palabras, una madre con un déficit psíquico importante tiene una alta posibilidad de que su niño crezca como desnutrido, mientras que aquellas con cuociente intelectual normal tienen mejores posibilidades de ser capaces de alimentar adecuadamente a su hijo, aun cuando las condiciones socioeconómicas no sean adecuadas (Monckeberg, 1976: 121).

Deja claro que la herencia no es genética (la esterilización eugénica no tendría ningún sentido), pero no por ello la población defectuosa se reproducen en la siguiente generación: Por lo general, aquellos individuos que viven en condiciones de miseria, son el producto de muchas generaciones que han vivido en circunstancias similares […] no quiere decir esto que el proceso sea hereditario, ya que en tal caso el daño sería irreparable, pero sí que demora más de una generación en alcanzar la normalidad, cualquiera que sea la razón (Monckeberg, 1976: 121-122). La importancia de una intervención sobre el medio sociocultural resulta fundamental en el proyecto del doctor Fernando Mönckeberg. El daño sociobiológico se regularía con un programa de nutrición y educación sanitaria sobre estas poblaciones. 216

Erradicación, alimentación y laboratorio social

Alimentación y potencial genético Desde un punto vista práctico, uno de los elementos fundamentales de la intervención nutricional es que esta se produzca en épocas de la vida muy tempranas. La alimentación en la época escolar podía evitar problemas de desnutrición o influir en el peso y la talla de los niños, pero no tenía efecto sobre el cuociente intelectual más que en épocas vitales en las que el desarrollo cerebral era aún muy precoz: Es importante considerar especialmente la edad en la cual deben iniciarse estos programas, ya que, si se realiza tardíamente, las posibilidades de recuperación son escasas. Esto parece desprenderse de una experiencia realizada en Chile hace dos años. Para ello se escogió una escuela en que existían 60 niños cuyas edades oscilaban entre 7 y 9 años. El nivel socioeconómico era muy bajo, con una alta incidencia de subalimentación, y al mismo tiempo un bajo rendimiento intelectual [...] de modo que sólo un 9 % de los niños presentaba un cuociente intelectual superior a 90. Durante un año ellos recibieron en la escuela el total de los requerimientos calóricos y proteicos, siendo controlada la ingesta alimentaria diariamente. Al mismo tiempo se sometieron a un programa de educación, especialmente diseñado y adaptado a esta realidad. Al finalizar el año escolar se notó un evidente progreso en el crecimiento, en talla y en el incremento en pesos. Sin embargo, no hubo modificaciones evidentes en el cuociente intelectual de los niños (Monckeberg, 1976: 122-23).

Monckeberg relata una experiencia realizada con un grupo de setenta lactantes con desnutrición grave, sometidos a un programa especial de tratamiento en un centro de recuperación. Para tal objetivo se habilitó una casa, cercana a un hospital pediátrico, atendido por voluntarias de un adecuado nivel cultural: El tratamiento consistió básicamente en: a) alimentación en base a leche de vaca; b) estimulación psicomotora de acuerdo a un curriculum previamente desarrollado, y c) afecto, tratando de imitar lo que una madre podía normalmente dar. Los resultados fueron realmente sorprenderte, ya que la recuperación, tanto física como psíquica, se reinició inmediatamente a un ritmo acelerado […]. Con sorpresa pudo observarse que incluso la recuperación psíquica era casi absoluta, alcanzando niveles de desarrollo psicomotor casi normales al cabo de 150 días. La mortalidad fue también muy diferente (Monckeberg, 1976: 123).

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Desde el convencimiento de que el «daño sociobiológico» destruye las «potencialidades genéticas» del individuo, Monckeberg asegura que «solo logran terminar la educación primaria aquellos niños en los que el medio ambiente fue lo suficientemente generoso con ellos, como para que pudieran expresar, durante su etapa de crecimiento, la mayor parte de sus potencialidades genéticas» (Monckeberg, 1976: 124). En el término «potencialidades genéticas» y su preservación pueden identificarse, tal vez, reminiscencias del viejo movimiento eugénico, pero la verdad es que, en el caso de nuestro autor, la articulación entre lo biológico y lo social aparece como una constante en su pensamiento. Según cuenta en sus memorias: A medida que íbamos avanzando en las investigaciones, también íbamos tomando conciencia de la complejidad y gravedad del daño que ancestralmente se venía produciendo en el recurso humano, hasta el grado de dificultar el progreso de la sociedad entera. Pasamos a denominar tal situación como el «daño sociogénico-biológico», aludiendo a su etiología, constituida por una mezcla de factores adversos, tanto sociales (pobreza sociocultural) como biológicos (deficiencias nutritivas), que acompañando a la pobreza llegaban a limitar la expresión del potencial genético en el conjunto social. Entre todos ellos, la desnutrición temprana aparecía como el factor más limitante (Monckeberg, 2011: 200).

El daño sociogénico-biológico limita el potencial genético y, por lo tanto, las capacidades de salir de condiciones de subdesarrollo económico. Pero también define una jerarquía humana y social en las sociedades del tercer mundo. Monckeberg lo define de la siguiente forma: Es por ello que podemos afirmar que cuando los grupos humanos enfrentan condiciones ambientales adversas, pueden tener limitaciones en su crecimiento o en su capacidad intelectual no porque sus genes sean diferentes, sino porque el medio ambiente, actuando por vía epigenética, interviene en su expresión. Por tal motivo, los estratos socioeconómicos más elevados o de buen pasar, alcanzan una significativa mayor estatura y mejores capacidades intelectuales, lo cual constituye como una regla sin excepción en países de América latina, Asia y África (Monckeberg, 2011: 134).

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Como es sabido, la epigenética, término acuñado por Conrad Hal Waddington, establece una relación entre influencias genéticas y ambientales y estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes que no tienen que ver directamente con su propia estructura, es decir, con la secuencia de ADN. Frente a la separación radical entre genotipo y fenotipo, propuso los términos epigenotipo, referido al proceso de desarrollo, y epigenética, como la ciencia encargada de su estudio (Waddington, 1953). Los argumentos de Fernando Monckeberg no parecen nutrirse tanto de la vieja eugenesia como de unos conocimientos sobre genética mucho más modernos, que le permiten aunar biología y ambiente sin dificultad epistemológica alguna. Por eso se muestra convencido de que la intervención sobre lo social contribuiría a la igualdad «fisiológica» de los seres humanos; si las condiciones ambientales durante más de una generación comienzan a ser favorables, proporcionablemente, las diferencias antropológicas comienzan a decrecer hasta desaparecer (Monckeberg, 2011: 134). Es más, el doctor Monckeberg llegará a afirmar que desplegar este potencial genético es un derecho que debía estar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común para todos los pueblos y las naciones del mundo. Tales derechos están descritos en treinta artículos. De su lectura deduzco que allí falta uno y creo que es el más importante: «El derecho de todo ser humano de expresar totalmente su potencial genético», lo cual depende básicamente del grado de amabilidad de su medio ambiente (Monckeberg, 2011: 134).

Tal alegato es realmente muy impresionante. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta encomiable defensa, y propuesta de ampliación, de los derechos humanos es manifestada en sus memorias, publicadas en 2011. No hay, como cabía esperar, ninguna alusión a los mismos en sus escritos de los años setenta, un momento en el que dichos derechos eran vulnerados sistemáticamente en Chile. En todo caso, su propuesta de intervención social, con el fin de combatir la pobreza y la desnutrición y, en suma, conseguir la inclu219

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sión social y la «igualdad fisiológica», es cauta en lo político. Su entu�siasmo científico lo lleva a hacer futurismos de una ciencia ficción en la que la posibilidad de una sociedad estratificada y biocrática queda contemplada: Sin embargo, si esta igualdad se llegara a establecer, todavía los seres humanos continuarían siendo, en apariencias, diferentes unos a otros debido a pequeñas diferencias en el ADN. En el futuro, se podrá también modificar los genes encargados de esas características, agrupando a los humanos en clases estratificadas como en Un mundo feliz, de Aldous Huxley, pero no sería el mundo que deseamos (Monckeberg, 2011: 134).

La alusión a Huxley nos introduce, un vez más, en utopías sociobiológicas en las que se retoman taxonomías sociales basadas en las capacidades intelectuales —entendidas como facultades naturales—, en virtud de las cuales se establecerá el lugar que cada uno debe ocupar en las relaciones de producción. Desde profesionales liberales —inteligentes, triunfadores y cualificados— hasta obreros no especializados, la gama de posibilidades es amplia y permite insistir en las relaciones entre inteligencia y clase social. Todo lo cual nos coloca, en efecto, a un paso del «mundo feliz» que Huxley imaginó. No es el mundo que Monckeberg desea, según sus propias palabras, pero tampoco parece estar muy seguro de los logros que un programa de política e intervención social en el marco de un modelo económico y político que no se cuestionaba: «No era fácil imaginar cómo transformar ese ambiente agresivo, propio de la pobreza, en un ambiente sano y amigable que permitiera expresar integralmente el potencial genético que traía cada niño desde su concepción» (Monc�keberg, 2011: 136).

El pacto político y las agencias de intervención Antes de entrar en algunos aspectos técnicos de la puesta en marcha del plan de alimentación propuesto por Monckeberg, hacer alusión, aunque sea brevemente, a los avatares políticos de su gestación. No resulta fácil situar un programa de acción sanitaria, de tan 220

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aparente espíritu humanista, en plena dictadura militar. Ya hemos comentado al principio de este capítulo las matizaciones que el propio Monckeberg hacía de su posición ante el Régimen de Pinochet y también adelantábamos que su proyecto contó con el apoyo de su Gobierno. Este último punto debe ser ampliado y calibrado, porque su relación con las autoridades militares no fue tan fácil ni tan lineal como podría suponerse. Monckeberg reconoce el rol científico y la experiencia (histórica) que tiene la medicina en torno a la pobreza y su relación con la salud: Con los médicos y los profesionales de la salud teníamos una mejor aceptabilidad, porque estábamos en contacto más directo con los problemas de la salud y la pobreza [...], pero había que comenzar por convencer a los políticos, economistas, sociólogos y planificadores que, hasta entonces, no habían considerado la importancia del recurso humano como el factor fundamental para lograr el desarrollo y el bienestar (Monckeberg, 2011: 136).

Insiste en que las propuestas formuladas a los Gobiernos de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular nunca habían prosperado debido a la ideologización política de los Gobiernos y a la hegemonía de los partidos: Luego, cuando todo estuviera preparado y llegara la hora de las intervenciones a nivel nacional, se requeriría de una voluntad política que no iba a ser fácil conseguir, dada la extrema ideologización que se vivía en aquella época y a la que Chile no estaba ajeno. ¿Qué posibilidad existía de implementar una política de Estado —aceptada por todos los sectores— y aplicarla más allá de los gobiernos de turno, considerando que sus efectos deberían comenzar a notarse a largo plazo? No era fácil predecirlo (Monckeberg, 2011: 139).

En efecto, la dictadura, al hacer desaparecer las divisiones o la confrontación política, facilitaba, en el sentir de Monckeberg, la puesta en marcha de proyectos sociales cuya implementación era aparentemente más compleja con otros modelos políticos. Monckeberg hace valer en todo momento su condición de técnico, de científico «neutral» cuyo argumento central es que el factor biológico y el social de la desnutrición son determinante del estado de salud de la pobla221

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ción. Todo lo demás, el quiebre de la democracia, la violencia política institucionalizada, etc., etc., resulta superfluo en el debate médico. Sin embargo, el proyecto del Consejo Nacional para la Alimentación y la Nutrición, creado como ya sabemos en 1974 y presidido por Monckeberg, encontró oposición en las propias filas de la dictadura. La estrategia neoliberal todavía no dimensionaba el aporte que la lucha contra la desnutrición podía suponer, de modo que el CONPAN nació sin presupuesto conocido y, para colmo, los economistas del ministerio de Hacienda (los llamados «Chicago boys») nos miraban sin mucho interés. En aquel entonces, su estrategia no consideraba la calidad del recurso humano como un elemento importante para el desarrollo (Monckeberg, 2011: 194).

El desprecio de los neoliberales hacia un programa de inversión social obligó a CONPAN a solicitar recursos económicos externos a Estados Unidos. Los contactos internacionales de su presidente y el empeño en sacar adelante el proyecto «contra viento y marea» le hizo contactar con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), que terminó financiando el proyecto: Los Chicago boys no pretendían hacernos el camino fácil, pero tampoco esto iba a amilanarnos; nuestra especialidad era precisamente la de prescindir de recursos del Estado, claro debíamos conseguir financiamiento afuera, por lo cual nos contactamos con la Embajada de Estados Unidos para solicitar que alguien de Agency for International Development (AID) viniera de Washington a visitarnos, con el objeto de que examinara nuestra propuesta de intervención nutricional y, en base a ella, concediese un préstamo inicial para poner en marcha el programa. En tiempo récord, la AID concedió al Conpan un préstamo a largo plazo y sin intereses, por cinco millones de dólares (Monckeberg, 2011: 194).

Es de notar la importancia que determinados organismos estadounidenses han desempeñado en cuestiones de salud y desarrollo en América latina, como la citada AID o la Fundación Rockefeller, con áreas concretas de actuación en el ámbito de la salud (Cueto, 1994; del Cura y Huertas, 2009). En ocasiones, tales actuaciones no resultaron muy afortunadas, como en el controvertido programa de 222

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planificación familiar llevado a cabo en Perú por el Gobierno de Alberto Fujimori, entre 1994 y 1998, y financiado, precisamente, por la AID (Lerner, 2009). Además de la AID, Monckeberg contó con el apoyo de la corporación norteamericana de comunicaciones ITT. Empresa clave en el derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende, que emprendió un boicot económico a partir de la elección de este y hasta su derrocamiento como presidente de la república. Algunos documentos de la ITT revelan esta circunstancia: Le dije a Mr. Vaky que le dijera a Mr. Kissinger que Mr. Geneen está deseoso de venir a Washington a discutir los intereses de la ITT y que estábamos preparados para ayudar económicamente con sumas hasta siete cifras. Dije que la preocupación de Mr. Geneen no es «después que se robó el caballo» sino que todo el tiempo hemos temido la victoria de Allende y hemos estado tratando sin éxito de alertar a otras compañías americanas sobre el destino de sus inversiones para que se unieran a nosotros en nuestros esfuerzos preelectorales (Documentos secretos de la ITT: 8-9).

Argumentos válidos para el médico, que alabó los dineros de la transnacional y expresó su apoyo político a ella en la disputa que tuvo con el Gobierno de Allende: «Su idea era exactamente contraria a la del gobierno de Salvador Allende, cuando él mismo procedió a expropiar, sin compensaciones, a la emblemática empresa americana ITT, dueña en el país de la Compañía de Teléfonos» (Monckeberg, 2011: 229-230). Merece la pena señalar que ITT, sin perder sus inversiones anteriores en telecomunicaciones, militarismo y seguridad, se transformó en una empresa de alimentos en Chile, lo que sin duda debe relacionarse con el apoyo económico que brindó al proyecto de salud pública que termina complementándose con un nuevo mercado de alimentos, agroindustrial, dirigido hacia nuevos espacios económicos y geográficos: El diálogo llegó a feliz término en agosto de 1976, fecha en la que el Diario Oficial publicaba el convenio entre la ITT y el Gobierno de Chile, dando nacimiento a lo que en adelante se llamaría la Fundación Chile […] la Fundación Chile olvidó su compromiso con la imaginería de las

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César Leyton Robinson comunicaciones y dedicó todos sus esfuerzos en el desarrollo agroindustrial y al tecnología de los alimentos, áreas en las que se vislumbraron un gran futuro para Chile, como ya había señalado en Jaque al subdesarrollo (Monckeberg, 2011: 131).

Finalmente, y en paralelo a COPAN, se fundó la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN), con objetivos muy concretos de intervención pediátrica. Dependientes de ella, se crearon 27 centros nutricionales a lo largo de todo Chile. El primero de ellos fue establecido en 1975, como plan piloto, en Providencia, «con la ayuda e impulso de la Municipalidad; desde entonces la obra ha crecido y difundido su ayuda al país entero» (Monckeberg, 1980: 5). En relación con este primer centro piloto, Monckeberg explica: Cuando CONIN parecía un sueño de locos —explica el visionario hombre de ciencia y empresario— se encontró una respuesta, y esta provino del Alcalde Alcaíno. Con recursos municipales y de la comunidad se instaló el primer CONIN, como plan piloto, en la Av. Pedro de Valdivia, donde en un corto período se demostró su eficiencia y factibilidad (Monckeberg, 1983: 8-9).

Vemos, pues, la enorme habilidad de Monckeberg para conseguir recursos económicos y para organizar, planificar y dirigir intervenciones diversas. Con un proyecto mixto, que contaba con aportes económicos públicos, procedentes del Estado y de las municipalidades, y privados, se convierte en una especie de empresario de la salud, muy en consonancia con los nuevos tiempos. Eso sí, siempre desde posiciones apolíticas y neutrales, insistiendo siempre, enfáticamente: «No deseo que me encasillen, solo quiero que me crean que mi único interés es terminar con la desnutrición en Chile» (Monckeberg, 1983: 8) Sus esfuerzos encierran una idea de futuro que debe trascender la dictadura: «Los Talleres y CONIN trabajan hoy, pero sus mejores frutos se verán mañana: cuando la población se componga de más gente sana y más gente útil» (Mönckeberg, 1983a, s. p.). No puede negarse que lo logró. Tras la dictadura, ya en democracia, su modelo se mantuvo con los ajustes precisos, lo que, al comienzo de la segunda década del siglo xxi, lo lleva a declarar con orgullo: 224

Erradicación, alimentación y laboratorio social En los cuatro años de existencia del Conpan, éste había logrado cumplir ampliamente su objetivo, dejando implementadas todas las medidas que habíamos soñado y elaborado durante tanto tiempo. Para lo que vendría, no había que desfallecer. Por el contrario, debíamos ser capaces de implementar nuevas estrategias que nos permitieran, ya desde fuera del gobierno, asegurar la continuación de los diversos programas que se estaban desarrollando. Mirando al pasado, creo que lo logramos desde entonces, en 1978, hasta ahora. Habiendo transcurrido muchos años y varios gobiernos, los programas continuaron, aunque no libres de vicisitudes. Más allá de eso, cada uno se fue perfeccionando y profundizando con los resultados que hoy conocemos (Mönckeberg, 2011: 233).

En las políticas de salud de la concertación, después de 1990 se incorporó definitivamente a la estrategia neoliberal de desarrollo sanitario y mercantil el concepto de capital humano, tal como lo había planificado el doctor desde comienzos de 1970.

La intervención sanitaria de la población Pasemos a continuación a analizar brevemente el desarrollo técnico del proyecto de Monckeberg y su relación con el proceso de erradicación. De manera general, se trataba de una intervención sanitaria a gran escala: La estrategia recomendaba la implementación de intervenciones simultáneas de amplia cobertura, por lo menos en sietes áreas fundamentales, dirigidas principalmente hacia el control del embarazo y primeros años de vida: a- Atención primaria de la salud, la que incluía el control periódico de la madre durante el embarazo y primeros años de vida. b- La intervención nutricional dirigida a estos mismos grupos etarios, desde las últimas semanas de embarazo, hasta los primeros tres años de vida. c- El tratamiento de los niños con desnutrición avanzada en «centros cerrados», los cuales eran hospitales pediátricos. d- La implementación de la educación y la nutrición preescolar. e- La alimentación escolar como incentivo para evitar la deserción escolar. f- Educación e incremento de la educación de los padres. g- El saneamiento ambiental (agua potable, alcantarillados, eliminación de excretas en zonas rurales y tratamiento de aguas servidas) (Mönckeberg, 2011: 192).

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Pero más específicamente, el plan de alimentación del doctor Fernando Monckeberg tenía un doble objetivo: uno higienista, de intervención en el ambiente social e íntimamente ligado, como veremos, a acciones de saneamiento urbano; y otro, más netamente biomédico, dirigido a los niños afectados de desnutrición, en los que prevenir alteraciones cognitivas mediante estimulaciones psicomotoras específicas: Debíamos por comenzar concentrando los esfuerzos en aquellos niños que estaban naciendo, como también en las madres embarazadas que debían dar a luz, tanto en las zonas rurales como en los cordones de miseria que rodeaban a todas las ciudades. Teníamos que ser capaces de llegar al niño y modificar su micro ambiente, hasta transformarlo en un acogedor y generoso espacio que permitiera la total expresión de su verdadera capacidad genética (Mönckeberg, 2011: 197).

La puesta en marcha de este plan de alimentación es relatada por su principal artífice en términos de gesta casi heroica: Nuestra estrategia pretendía lograr una adecuada nutrición e inserción intrafamiliar del niño, estimulando los respectivos roles de los padres. El objetivo final era lograr prevenir la desnutrición y asegurar un desarrollo normal durante los primeros períodos de la vida de los niños, mediante una estructura familiar que proporcionara los estímulos afectivos y sensoriales necesarios para su desarrollo físico y mental. En resumen, dirigir todos los esfuerzos para cambiar el ambiente adverso que afectaba al niño a edades tempranas (Mönckeberg, 2011: 193).

Monckeberg, doctor en bioquímica, afirma que «los avances de la bioquímica cerebral autorizan para afirmar que todo el proceso de la inteligencia abstracción, memorización, etc. tiene un sustrato de este orden […] y depende de procesos de síntesis de proteínas en las células nerviosas» (Mönckeberg, 1981: 81). Como ya advertía en Jaque al subdesarrollo (1974), las encuestas nutricionales confirman que los que están ingiriendo menor cantidad diaria de proteínas de origen animal presentan también una menor capacidad intelectual, por lo que facilitar este tipo de ingesta sería «invertir en inteligencia» (Mönckeberg, 1981 [1974]: 82). Esta idea 226

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fue retomada por uno de sus discípulos más destacados, el pediatra y nutricionista argentino Abel Albino.1 Lo biológico y lo ambiental vuelven a entrecruzarse en los planteamientos de nuestro autor: Si bien la construcción de la arquitectura cerebral es dependiente del programa genético, no así las interconexiones neuronales finas que se establecen durante su desarrollo, especialmente durante el primero y segundo año de vida, como también su plasticidad. De este modo, se ha ido conociendo la correlación existente entre genética y el medio ambiente, que en definitiva condiciona la funcionalidad cerebral. Es la constante recepción de estímulos sensoriales, emocionales, verbales y no sensoriales, los que en buena medida van condicionando el adecuado establecimiento de la red neuronal (Mönckeberg, 2014: 178).

El medio ambiental representado en la educación también entra en juego en el programa: Sea que el proyecto escaso o nulo se deba o no a la mala alimentación, la verdad es que en colectividades subdesarrolladas, un porcentaje alto de sus miembros no tiene posibilidad de expresar el total de su potencialidades genéticas. El individuo que no completa su educación primaria queda postergado, debiendo contentarse posteriormente con subempleos y muy bajos salarios o con la cesantía, que cierran el círculo de la miseria y marginalidad manteniéndose esta situación de una generación a otra, con pocas expectativas de escapar (Mönckeberg, 1981 [1974]: 85).

Higiene y nutrición en la caseta sanitara Monckeberg participó en ese proyecto de viviendas sociales y sus casetas sanitarias con un experimento de contención de enferme-

1   Albino creó, en 1993, la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), asumiendo su presidencia con el apoyo del propio Mönckberg, que ocupó la vicepresidencia de dicha fundación. Es de notar el talante ultraconservador de Albino, miembro del Opus Dei, contrario a las campañas de utilización de preservativos y con un marcado discurso homófobo (Albino, 2010). Sobre este autor, véase Vallejo (2016).

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César Leyton Robinson

dades gastrointestinales para evitar la desnutrición de estos sectores poblacionales: Un equipo multidisciplinario del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, encabezado por los médicos Liana Schlesinger y Fernando Monckeberg, realizó, en una población marginal de Santiago, una experiencia de saneamiento ambiental que se describe en el penúltimo trabajo. El proyecto consistió en la construcción de casetas e infraestructuras sanitarias en lotes ocupados por mediaguas, que no contaban con servicios domiciliarios de agua potable ni alcantarillado. Posteriormente el equipo realizó un seguimiento para determinar cambios en el nivel sanitario de las viviendas. Los resultados fueron positivos no sólo en el aspecto saneamiento, que interesaba sobre todo a los especialistas. También se pudo detectar un incremento notable de la calidad general de vida y del nivel habitacional. Los autores concluyen de ahí que la dotación de estructuras sanitarias esenciales constituiría un primer paso decisivo para la superación de umbrales críticos de habitabilidad en sectores marginales (MacDonald, 1983: 11).

Según explican los responsables del equipo desplazado: Para desarrollar esta intervención nutricional se eligió una población marginal urbana de la ciudad de Santiago de muy baja condición socioeconómica. La población «El Vivero» de la comuna de Maipú es�taba constituida por 570 familias que habían llegado a ese lugar en el año 1965. En aquella ocasión el Ministerio de la Vivienda proporcionó un sitio de 9 mts. de frente por 18 mts. de fondo a cada una de ellas. El sector se encontraba totalmente urbanizado, en cada sitio existía una llave de agua conectada a la red de agua potable de la ciudad, y se había construido la red de alcantarillado. Al entregarse el sitio las familias construyeron, por sus propios medios, viviendas provisorias en el fondo de él. Estaban hechas de material de desecho, trozos de madera, cartones alquitranados, plásticos, etc. Al no disponer de recursos económicos hasta el momento de iniciarse la experiencia, ninguna familia pudo utilizar el sistema de alcantarillado, por lo que construyeron pozos negros abiertos y sin ninguna condición sanitaria. El agua proveniente de la llave que tenía cada sitio era acarreada y almacenada para las necesidades básicas del hogar (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 220).

Su labor se completó con una encuesta sobre los cambios en la calidad de vida de los pobladores, que incluyó recursos económicos 228

Erradicación, alimentación y laboratorio social

y hábitos nutricionales y de consumo, concluyendo que «las familias allí instaladas no experimentaron cambio alguno en sus condiciones de vida desde 1965 a 1977» (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 221). Asimismo, se tuvieron en cuenta las infraestructuras sanitarias disponibles: Desde un comienzo ellos recibieron atención de salud de acuerdo al programa nacional del Servicio Nacional de Salud. A un kilómetro de distancia de esta población existía un Centro de salud, que disponía de médico pediatra, obstetra e internista. Un 90 % de los niños de esa población recibían allí atención médica curativa y preventiva (educación, vacunaciones, control médico, planificación familiar). En dicho Centro, además de la atención de salud, se distribuía mensualmente alimentos a todos los niños menores de dos años y a las madres embarazadas y nodrizas de acuerdo al Plan Nacional […]. El Plan Nacional, que cubre el 92 % de los lactantes y 85 % de pre-escolares del país, incluye: a) leche en polvo, con 26 % de grasa, 3 kilos mensuales para los menores de 2 años, b) Alimentos enriquecidos en polvo, con 22 % de proteínas (UPN similar a la caseína), 2 kilos mensuales, para los niños de 2 a 6 años, c) leche en polvo, 1.5 kilos mensuales, para las madres embarazadas y nodrizas (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 221).

El proyecto de intervención consistió en seleccionar familias, con el objetivo de construirles casetas sanitarias que facilitasen la higiene y evitasen la contaminación de los alimentos. Estas casetas o «unida�des sanitarias» son descritas del siguiente modo: Para cumplir el objetivo del estudio se construyeron a 270 familias de la población «Unidades Sanitarias». Cada unidad consistió en una construcción de madera y albañería de ladrillo de 6 m2, que se levantó en la parte anterior de cada sitio, independientemente de la vivienda. Su diseño era tal, que permitiría su posterior conexión a la casa definitiva. La unidad sanitaria estaba constituida por 2 piezas: un baño, que poseía lavatorio, W. C. y una ducha de pie, y una cocina equipada sólo con un lavaplatos y un calefont. Afuera y bajo techo se instaló un lavadero. La unidad completa disponía de agua fría y caliente (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 221).

Lo que resulta especialmente interesante es que, en este caso concreto, los préstamos facilitados a los pobladores para «adquirir» las mencionadas casetas sanitarias fueron tramitados por intermedio del 229

César Leyton Robinson

Consejo Nacional para la Alimentación y la Nutrición, con lo que dicha institución, y por tanto Monckeberg, participó de lleno en la filosofía neoliberal del proyecto de erradicación. Además, para la realización de su estudio, no a todos los pobladores se les facilitó la obtención de la caseta sanitaria, pues era necesario contar con un grupo control: Por razones presupuestarias el programa debía efectuarse en dos etapas. La primera etapa consistía en la construcción de unidades para la mitad de las familias de la población. En la segunda etapa, 20 meses más tarde, se construirían las unidades para el resto de ellos. Para el objeto del estudio ello permitió tener 2 grupos homogéneos de familias: Grupo experimental, que disponía de unidad sanitaria y Grupo control, que durante el tiempo que durase el estudio no dispusieran de esta facilidad […]. Las familias de ambos grupos no se encontraban geográficamente segregadas sino que vivían unas al lado de las otras, de modo que al lado de una familia con unidad sanitaria podía existir otra sin ella. Esto significo que si bien es cierto que las facilidades sanitarias teóricamente modificaban el microambiente familiar, persistía el mismo microambiente en toda la población (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 223).

El experimento desarrollado por los expertos de INTA busca identificar y restringir la contaminación de los alimentos consumidos por los pobladores. En julio de 1977 se entregaron las unidades sanitarias a la mitad de la población. A partir de esa fecha, y por un período de 20 meses, hasta marzo de 1979, se evaluó el efecto de la intervención sanitaria sobre contaminación bacteriana de biberones, incidencia de episodios de diarrea y estado nutritivo de todos los niños entre 0 y 4 años de aquellas familias que accedieron a participar voluntariamente en el estudio, tanto las pertenecientes al grupo experimental como al grupo control. Para la evaluación del estado nutritivo se determinó peso y talla, mensualmente, a los 209 niños del estudio. Las mediciones fueron efectuadas por dos enfermeras universitarias especialmente entrenadas para ello. Los resultados de la antropometría se analizaron usando como patrón las tablas del National Center for Health Statistics Percentiles (NCHS), y se aplicó el criterio de porcentaje de adecuación de peso para edad, talla 230

Erradicación, alimentación y laboratorio social

para edad y peso para talla al percentil 50 de esas tablas (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 226). Las conclusiones son obvias y demuestran lo que, por otro lado, era lógico esperar: que las familias con caseta sanitaria, con agua corriente y mejores condiciones sanitarias presentan menor grado de contaminación alimentaria. Mejorar las condiciones sanitarias disminuye notablemente el porcentaje de biberones contaminados […]. La mejoría del saneamiento ambiental fue substantiva, como lo demuestra la adecuada cantidad de agua consumida por las personas. Ello se debió al tipo de facilidades disponibles para el grupo de estudio (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 233).

De algún modo, la sanitarización posibilitó trasformaciones importantes en los focos de marginalidad. Las poblaciones salían de sus condiciones de exclusión y estarían en condiciones de devolver lo invertido por el Estado. La estrategia de la erradicación, que como ya se ha desarrollado en capítulos precedentes tuvo unos fines geopolíticos y neoliberales, al convertir a los pobladores en propietarios y consumidores, propició un cambio de actitud de muchos de los afectados. Los responsables de los estudios nutricionales relatan este cambio de actitud, que consideran «espontáneo»: También se notaron cambios importantes en el comportamiento de la comunidad. Espontáneamente aparecieron organizaciones comunitarias: junta de vigilancia, centro de madres, junta de vecinos. Estas organizaciones realizaron además una activa campaña, que entre otras cosas, cambió el aspecto físico de la población: mayor limpieza, árboles, jardines, etc. (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 235).

El programa desarrollado por los nutricionistas y sus resultados constituían una interesante experiencia para programas de intervención en los niveles de marginalidad extrema. Un triunfo que legitima al Gobierno de la dictadura, pero que sigue cuestionando la inversión que ha de hacer el Estado en este tipo de políticas sociales: Numerosos son los factores que condicionan la desnutrición en los países subdesarrollados y todos ellos se potencian entre sí. Esto

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César Leyton Robinson hace difícil decidir qué intervenciones pueden ser más beneficiosas, dentro de las limitaciones de recursos económicos de que dispone. En el caso de Chile, durante los últimos años se han implementado costosos y extensos programas de salud, planificación familiar, educación nutricional, jardines infantiles y distribución de alimentos. Sin duda, ellos han tenido efectos beneficiosos, como lo demuestra la disminución del porcentaje de desnutrición en los niños menores de 5 años y los descensos de la mortalidad infantil y del preescolar. Con todo, el problema aún persiste y cada vez se hace más difícil mejorar los índices ya alcanzados (Schlesinger, Monckeberg et al., 1983: 232).

El problema persiste, claro, porque la pobreza y la miseria no llegaron a ser erradicadas. No puede negarse la importancia de la lucha contra la desnutrición infantil que Monckeberg lideró y que consiguió logros reconocidos en el plano internacional. Como él mismo señala en sus memorias: Lo alcanzado en Chile traspasó las fronteras y ahora se mira a nuestro país como el caso especial que ha logrado controlar la desnutrición de los primeros años, aun persistiendo factores tan adversos como el subdesarrollo y la pobreza.  Junto a numerosos expertos, fui invitado con el objeto de explicar como Chile, único caso de país subdesarrollado, había logrado esta meta. Uno de los datos que tuve que precisar para dicha presentación fue la cuantía de los recursos económicos invertidos con dicho objetivo. Según mis cálculos, la inversión durante el período comprendido entre 1970-2000 en salud primaria, nutrición, educación y saneamiento ambiental, había alcanzado el equivalente de veintitrés mil millones de dólares. La rentabilidad de esta inversión no puede discutirse, sí consideramos los trascendentales cambios en el nivel del recurso humano que el país ha alcanzado en los últimos años (Monckeberg, 2011: 239).

Ciencia y economía se fusionan al servicio de un modelo de Estado. La lucha contra la desnutrición infantil cosechó éxitos indudables, pero no se consiguió erradicar la pobreza por mucho que en el empeño de Mönckeberg, y al menos en teoría, ambos esfuerzos fueran complementarios y se desarrollaran en paralelo. En definitiva, los pobres estarán mejor alimentados, tendrán esperanza de vida tras el nacimiento, se integrarán socialmente para 232

Erradicación, alimentación y laboratorio social

saldar su deuda con la sociedad y con el Estado regulador, pero las condiciones de desigualdad y jerarquización social se mantendrán. No podía ser de otro modo, la intervención sobre la desnutrición infantil requiere voluntad política y soluciones técnicas, pero combatir la pobreza y la desigualdad social exige medidas estructurales y superestructurales que cuestionen el modelo de económico y productivo.

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CONCLUSIONES A lo largo de las páginas precedentes se ha desarrollado una investigación en la que creemos haber demostrado la existencia de una «ciencia de la erradicación», esto es, un conjunto de conocimientos científicos que vinieron a sustentar decisiones políticas y acciones destinadas a propiciar o imponer desplazamientos de población, creación de nuevos asentamientos y cambio de ubicación de campamentos y viviendas, con el fin de segregar de manera controlada a determinados sectores populares en el proceso de erradicación que tuvo lugar en Santiago de Chile durante la dictadura militar de 1973-1990. En este sentido, hemos intentado reconstruir una etapa fundamental de las políticas de control de la población desarrolladas durante la dictadura que bajo ciertos preceptos científicos, buscó controlar el espacio y regular la conformación sociosanitaria de los pobres de la ciudad. Dichos conocimientos científicos, procedentes fundamentalmente de la higiene y de la geopolítica, impregnaron los contenidos y el lenguaje de la erradicación y terminaron incorporándose, de una manera utilitaria, a las estrategias e intervenciones políticas que la llevaron a cabo. La presente investigación tiene un componente genealógico, es decir, ha pretendido analizar el fenómeno de la erradicación intentando comprender la relación existente entre los elementos de innovación y los heredados, y tiene, además, un empeño antinormativo y desmitificador, pues pretende sacar a la luz sus contradicciones y las estructuras semiocultas bajo aparentes discursos de modernidad (Castel, 1983). En este sentido, nos parece probado que entre el reformismo liberal decimonónico y las políticas neoliberales, en torno a determinadas transformaciones urbanas y al gobierno de las poblaciones, pueden establecerse ciertas continuidades, ciertos elementos heredados, que se sitúan en una tradición de defensa y regulación social que es diacrónica, aunque vaya modificándose y adaptándose con el tiempo. Así, el proyecto liberal de la segunda mitad del siglo xix implicó, entre otras cosas, expansiones territoriales, movimiento de fronteras, etc., pero generó también un nuevo orden en los espacios 235

César Leyton Robinson

internos. A partir de la década de 1870 la ciudad se convierte en objetivo de reformas y discusiones políticas y técnicas en torno a cómo debe ser administrada, tanto en el plano urbanístico como en el de la población. Lo que hemos llamado la «tecnoutopía» de Benjamín Vicuña Mackenna concibió una serie de reformas que, como hemos visto, propició la separación de la población en áreas urbanas diferentes. La clara distinción entre la «ciudad propia» y el suburbio facilitó la segregación y el control de la población en aras de la defensa social. Todo un proceso en el que las razones higiénicas y médico-sociales fueron argumentadas con insistencia. El médico Augusto Orrego Luco es otro exponente de la elite científica que desarrolló en Chile todo un pensamiento médico-social que contribuyó, más allá de los límites de la gran ciudad, a una nueva forma de administrar el gobierno y el control de las clases populares. La medicalización y la patologización, propuestas en aportaciones como La cuestión social, son un claro ejemplo del papel que la medicina y la ciencia desempeñaron en la configuración de todo un soporte ideológico y doctrinario que se sitúa en los cimientos del Estado liberal. El determinismo geográfico y biológico comienza a manifestarse en estas nuevas expresiones de control del Estado que tienen como prioridad la población. Va imponiéndose un conjunto de políticas y de prácticas implementadas por los Gobiernos para intervenir sobre los cuerpos, la biología o las características vitales de la población: políticas de natalidad, sociodemográficas y sanitarias (higiene, alimentación, prevención de enfermedades, promoción de la salud, etc.). Políticas, en definitiva, sobre la vida de las personas que aparecen íntimamente relacionadas con el modelo económico liberal y precisan no solo de una información fidedigna sobre la naturaleza biológica de dicha población, sino de una tecnología —proporcionada por el higienismo, la medicina social o la eugenesia— que posibilite la selección y el fortalecimiento de los habitantes del Estado, con el fin de garantizar la productividad y el desarrollo social. En dicho proyecto de modernización se impone, asimismo, combatir y prevenir la degeneración de la especie mediante el aislamiento de los menos aptos o los más peligrosos. 236

Conclusiones

Es evidente que estos planteamientos estuvieron influidos y estimulados por un contexto internacional de renovación técnica de la administración del Estado, donde la ciencia llegó a ocupar un lugar sobresaliente. Por poner un ejemplo, legislaciones europeas como la nueva Poor Law británica de 1834, que modificó el sistema de tratamiento y control de la pobreza, centralizándolo y favoreciendo el desarrollo de las casas de trabajo (wokhouses) (King, 2000); o las leyes de beneficencia promulgadas en Prusia o Francia, que iban dirigidas a los pobres, mendigos y vagabundos y, en general a «los fracasados en la economía malthusiana» (Desmond, Browner y Moore, 2008: 43). Por su parte, las elites liberales del nuevo mundo, de las nuevas repúblicas latinoamericanas, estarían llamadas a importar conocimientos y destrezas con el fin de mejorar la raza y para que las utopías tecnocientíficas de progreso y desarrollo se hicieran posibles en los nuevos territorios. Una especie de «nacionalismo biológico» que debía incorporar, para su consecución, tecnologías de depuración poblacional, como las impuestas, entre otros, por Porfirio Díaz, Domingo Faustino Sarmiento, Benjamín Vicuña Mackenna o Augusto Orrego Luco. Unas tecnologías que encontraron en la geopolítica otro de los soportes fundamentales para su ejecución. La defensa social basada en la geopolítica fue uno de los objetivos de la intelectualidad militar criolla, produciéndose una fusión entre la geopolítica prusiana del siglo xix y la impuesta por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, renovada y en un contexto de «guerra fría» anticomunista. De ahí su íntima relación con la Doctrina de Seguridad Nacional, pero también con un modelo militar de desarrollo espacial y poblacional asociado a ideas de organicismo y a los principios del darwinismo social (Pelayo, 2010). Pero las estrategias y planificaciones del Estado en sus territorios y sobre sus pobladores no se quedaron en el nivel «teórico», sino que se materializaron y ejecutaron en el ámbito administrativo de la ciudad. En este sentido, hemos intentado mostrar cómo los principios castrenses de la geopolítica desempeñaron un papel primordial en el diseño y puesta en marcha tanto de las políticas demográficas de la dictadura como de los procesos de regionalización y erradicación estudiados. 237

César Leyton Robinson

Junto a la higiene y la geopolítica, el mercado aparece como el tercer elemento fundamental en el modelo específico que hemos analizado. Pensamos que se puede afirmar que un objetivo fundamental de las reformas urbanas fue la creación de un mercado inmobiliario. La expulsión o erradicación de la población pobre de los barrios ricos permitía subir la plusvalía del suelo, y la segregación espacial propició la homogenización de espacios urbanos, claramente identificables para una Administración que supo separar y ordenar con políticas públicas de control social y mercado. Se volvía a insistir en la construcción urbana y social de dos ciudades disímiles, unidas por la segregación y compuesta por nuevas y definidas fronteras urbanas internas. Una ciudad rica y modernizada, y otra, al amparo de políticas basadas en servicios limitados y subsidiados, como una categoría social y económica subalterna. Dos ciudades —que recuerdan a las diseñadas por Vicuña Mackenna un siglo atrás— con grandes diferencias infraestructurales, donde se vuelve a establecer un área de implementación administrativa espacial periférica y aislada, con un fuerte contraste en el acceso a bienes y a servicios y unidas solamente por la ilusión del consumo. Un consumo inducido para los pobladores erradicados, pues la vivienda y las infraestructuras urbanas (agua, electricidad, etc.) pasaron a formar parte de un sistema de endeudamiento producto de la liberalización o privatización de los derechos y las ayudas sociales. Se trata, pues, de un modelo de urbanización segregacionista que opera expulsando habitantes con criterios económicos o inmobiliarios, pero también una experiencia piloto de control político y militar basado en un nuevo tipo de apartheid urbano, con comunas segregadas socialmente por diferencias de clase y de raza. Los pobres de la ciudad, a fines del siglo xx, fueron intervenidos en una totalidad organizativa, quedando ocultas estas mediaciones por las posiciones, aparentemente neutrales, técnicas y «naturalizadas» por la ciencia y el mercado. Todo ello a la luz de una deportación masiva de población y una serie de intervenciones sociosanitarias que se desarrollaron en menos de una década. 238

Conclusiones

Puede concluirse, tras la investigación realizada, que nuestra hipótesis de partida se confirma a la vista de los resultados obtenidos, pudiendo afirmar que durante la dictadura militar chilena (19731990) existió una planificada política de erradicación poblacional de los sectores más pobres de la sociedad, cuya finalidad fue reubicarlos, en distintas comunas de la periferia, con el objetivo de generar un ordenamiento basado en el control social. Podemos concluir también que buena parte de dichas políticas pueden situarse en una tradición histórica de regulación social del Estado liberal decimonónico, pudiendo encontrarse elementos de continuidad tanto en los diseños de organización social —de segregación y discriminación de las clases populares— como en su realización práctica. Sin embargo, también hemos identificado elementos específicos y genuinos cuyos antecedentes no son fáciles de establecer. Pensamos que los tres pilares del modelo de erradicación de la dictadura fueron la seguridad (geopolítica), la sanidad (higiene) y el mercado (neoliberalismo). El intento de integrar a los pobladores erradicados en la sociedad de consumo y en el sistema social y cultural implicaba, por parte de las autoridades, un esfuerzo de organización y de persuasión que merece la pena destacar. Junto a la represión de la dictadura, hay un esfuerzo por convencer a la población de la bondad de estas políticas, convertir al poblador en «propietario», convencerlo de que debe endeudarse, de que debe trabajar para pagar sus deudas, de que no debe revelarse, forma parte imprescindible, a nuestro entender, de las políticas de erradicación. El sujeto debe hacer suyas las normas que se le imponen, debe ser responsable y previsor, debe aceptar, normalizar y naturalizar su condición en una sociedad de clases, fuertemente jerarquizada, y en la que ocupa un lugar subalterno inamovible. Esto nos lleva a hacer una última reflexión que tiene que ver con la manera en que las tecnologías de seguridad y lo que podríamos llamar una «higiene neoliberal» se atraviesan permanentemente. Individualismo, autorresponsabilidad, subjetivación de la norma… serán elementos fundamentales para llegar a un buen orden social aceptado acríticamente por la población. Las llamadas «tecnologías de seguridad» pretenden la regulación de esa población y de 239

César Leyton Robinson

su forma de vida, situándose en una encrucijada entre un poder repartido y que llega a todos lados y políticas específicas que favorezcan la gubernamentalidad del Estado (Álvarez, 2009). Dicha categoría es claramente aplicable a las políticas de segregación que hemos analizado; en ellas pueden identificarse los «mecanismos reguladores» o «dispositivos de seguridad» destinados a controlar la vida y la forma de vida de las personas. Si estas dinámicas caracterizaron el arranque de la modernidad liberal, resultan asimismo importantes en la construcción de un modelo biopolítico neoliberal. En el caso que nos ocupa, dichas dinámicas consistieron en incentivar la segregación y administrar a la población en su espacio habitacional, con pautas de normativa social impuestas, según hemos visto, por el higienismo, la seguridad y el consumo. La «subjetivación de la norma» (Huertas, 2008), o si se prefiere, la «conducción de conductas», propició actitudes y prácticas entre los propios pobladores, que llegaron a organizarse en juntas de vigilancia al desconfiar de sus iguales que llegaban de otros lados de la ciudad en estos procesos de erradicación (Lemke, 2010). La organización de pobladores se entendió dentro de un marco de prevención de enfermedades y de conflictos sociales, negando la crítica política a los contextos que se vivían. «Estas organizaciones realizaron además una activa campaña que entre otras cosas, cambió el aspecto físico de la población: mayor limpieza, árboles, jardines, etc.» (Schlesinger y Monckeberg et al., 1983: 235). Así se desmembró a la comunidad diversa, la que había luchado, durante todo el siglo xx, por sus derechos políticos y no solamente por el acceso económico. Los grupos intervenidos con discursos de mejoramientos sanitarios y tecnológicos fueron concebidos como pilotos de avance social: Se observó también un progreso importante en el equipamiento del hogar. Durante los 20 meses, fueron numerosas las familias que se esforzaron en adquirir diversos equipos (máquina de coser, refrigerador, maquina lavadora y/o televisor). Tanto en el grupo con unidad sanitaria como en el grupo control, se notó igual tendencia. Al término de la experiencia, más del 90 % de las familias tenían uno o más de estos equipos (Schlesinger y Monckeberg et al., 1983: 235).

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Conclusiones

La industria de la felicidad y la seguridad, a través del lenguaje del consumo, se consideró como la única vía de ascenso social y bienestar. La sociedad ya no se presentaba como una fuente de necesidades (vivienda, empleo, salud, educación, vejez, etc.) por cubrir, sino como un potencial de energías, de actividad por suscitar. Para ello, como ya hemos adelantado y queda patente en las fuentes analizadas, el individuo debía responsabilizarse de su propia existencia, debía «fabricarse» a si mismo, mediante el automoldeado de sus propias capacidades y hábitos, para poder alcanzar una vida de calidad (Vázquez, 2005: 196), por más que tal pretensión, como también hemos visto, se convirtiera en un objetivo falaz e imposible de conseguir. Las instituciones que pusieron en marcha y desarrollaron el programa de erradicación fueron la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa y la Oficina de Planificación Nacional. CONARA estuvo dirigida por militares y asesores civiles en geopolítica, que ejercieron un control castrense de los espacios y las poblaciones, con una mentalidad social-darwinista que pretendió construir un país «orgánico», pero, sobre todo, con una aplicación estricta de la Doctrina de Seguridad Nacional. No parece una casualidad que los generales que propiciaron las reformas administrativas regionales y urbanas desde CONARA estuvieran también vinculados, de un modo u otro, a la Dirección de Inteligencia Nacional, la temida DINA (Pinochet, Urzúa, etc.). Por su parte, en ODEPLAN se aunaron el fundamentalismo católico y el neoliberalismo, de tal modo que, con criterios pronatalistas y de incremento de la población, pretendieron lograr objetivos militares (defensa y seguridad), económicos (mercado) y culturales (catolicismo). En definitiva, la intervención preventiva sobre el espacio y la población, mediante el ordenamiento geopolítico del territorio urbano, fue uno de los grandes soportes del modelo biopolítico neoliberal, en una ciudad como Santiago de Chile, donde el miedo reinaba y donde la Doctrina de Seguridad Nacional era el principio político fundacional. Dualidad que se manifiesta y administra hasta el día de hoy (Paz Ciudadana y la ley antiterrorista podrían entenderse como la extensión de la Doctrina de Seguridad Nacional en democracia). 241

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Nuestro estudio de caso pone en evidencia la faceta «interna» de la geopolítica, en conexión directa con la problemática del Estado y su gubernamentalidad, concepto en el que soberanía, disciplinas y mecanismos de seguridad aparecen como los ejes sobre los que pivotan las teorías y las prácticas que hemos analizado. Según hemos visto, la geopolítica se amplía «hacia dentro» del Estado, hacia las fronteras internas, hacia sus propios ciudadanos. En el caso chileno, Pinochet se convirtió en una especie de reformador social y político a la usanza decimonónica, reproduciendo mecanismos de control social-darwinistas, pero incorporando también visiones contemporáneas. Como todos los planteamientos de exterminio o regulación de la población, viene de un pasado situado en el siglo xix y la primera mitad del xx. Políticas que lograron su auge a través de la guerra, entendida como una maquina purificadora de la modernidad, y que llegaron a su máxima expresión con el nazismo, el más claro exponente de un Estado biológico depurador de poblaciones (Amery, 2002). De la mano de la geopolítica del dictador Pinochet se llega a una política más general que tiene elementos peculiares, pues la instauración del modelo económico neoliberal en el marco de una cruel dictadura militar permite entender la convivencia de un Estado totalitario, próximo a los regímenes nazis o fascistas, y un Estado neoliberal. La «tanatopolítica» nazi —según expresión de Salvador Cayuela— respondió a una economía minuciosamente regulada y orientada a la guerra como horizonte político, lo que, para este autor, resultaría incompatible con el liberalismo (Cayuela, 2008). Sin embargo, salvando las distancias históricas y con las matizaciones necesarias, pensamos que ambas formas tienen puntos de similitud. Las políticas de exterminio, las ejecuciones sin juicio, los desaparecidos, los detenidos, etc. responden a una política de Estado totalitaria en la que se asegura la función de la muerte en la economía del poder; dicho de otro modo, la muerte de los otros no es sino un reforzamiento biológico en sí mismo, en tanto que son miembros de una raza o nación. Esos «otros» (enemigos políticos, indígenas, pobres, etc.) suponen un peligro de contaminación del que es preciso defenderse (Espósito, 2005; 2009). Pero, como venimos diciendo, 242

Conclusiones

esta política autoritaria y represiva convivió, durante la dictadura militar chilena, con un modelo en el que la libertad de mercado neoliberal pasaba por un mínimo intervencionismo económico, pero con un máximo intervencionismo jurídico; es decir, el Estado ya no influía en la economía, ni se responsabilizaba de las políticas sociales —entendidas como áreas de justicia redistributiva—, tal y como ocurría en el Estado del bienestar, sino que se limitaba a garantizar, lo que no es poca cosa, la paz social, con el fin de crear unas condiciones marco para el desarrollo de la iniciativa privada. El análisis del proceso de erradicación en la ciudad de Santiago durante la dictadura militar nos ha permitido ilustrar este proceso, así como explorar el soporte científico que, en buena medida, sustentó las prácticas políticas. Santiago se transformó en un «laboratorio biológico» del neoliberalismo. Técnicas higienistas y eugenésicas, procedentes de proyectos sanitarios sociobiológicos de viejo cuño liberal —vivienda, ciudad, medicina social—, se aunaron con intervenciones en la reproducción sexual, la alimentación y la biogenéticca en la construcción de lo que Adrian Petryn ha denominado «ciudadanía biológica». En este sentido, la llamada biopolítica se entendería no solo como política de la población, sino como política de la vida, y tendría que ver, en especial, con las desigualdades que la afectan, a las que Didier Fassin llama «biodesigualdades». Según este autor, de lo que se trataría no es únicamente de la «normalización» de la vida de las personas, sino más bien de la decisión respecto al tipo de vida que estas pueden o no vivir. Regida por una nueva «ética del desarrollo», como lo denomina el filósofo Raúl Villarroel (Villaroel, 2013) de esta ciudadanía biológica, se fue propiciando la asunción subjetiva del neoliberalismo. El nuevo destino al que Pinochet pretendía conducir a la nación, con su proyecto orgánico de país, no constituyó una mera metáfora o retórica administrativa, sino que se tradujo en eficaces políticas aplicadas de forma progresiva e integral en su población. Uno de los legados de la dictadura de Pinochet fue la «naturalización» de una sociedad competitiva y eficiente en términos biológicos y económicos. Una sociedad urbana descarnada que, sin tener 243

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en cuenta consecuencias sociales y ambientales, queda a merced de los intereses de consorcios privados y trasnacionales, siguiendo una supuesta dirección «evolutiva» hacia el único camino posible: el neoliberalismo. La medicalización de la sociedad, para moldear el «capital humano» deseado en la economía estatal de la primera mitad del siglo xx, fue integrada por el neoliberalismo como estrategia central, verticalista y autoritaria, en los orígenes del modelo. Una medicina higienista renovada con técnicas diversas, como la bioquímica cerebral y la biogenética (alimentación y sistema cognitivo), posibilitaría una población sana para levantar nuevos mercados y para impulsar una sociedad que transitaba de una dictadura militar a una sociedad del conocimiento regulada. La especulación capitalista sobre la prolongación de la vida y la privatización de las cotizaciones de los trabajadores son también parte de este proyecto. Mayor expectativa de vida de la población y mayor negocio neoliberal sobre ella —vivienda, pensiones, cotizaciones, alimentación, enfermedad— se articulan como bases del modelo económico. Superar problemas como la desnutrición, sin pasar por las convulsiones sociales que amenazaban el poder de la oligarquía chilena, fue un triunfo del sistema. Transformar a seres humanos en ciudadanos modernos no es solamente producto de conductas de consumo, sino también objetivo de estrategias científicas y técnicas que pretenden el equilibrio político de la vida, donde, nuevamente, este ciudadano biológico vuelva a tributar a los que permiten su existencia en el sistema económico y social. Las normas de competencia y de lucha por la vida impuestas por la nueva economía no son más que una recuperación de la vieja retórica social darwinista, renovada por las novedades científico-técnicas y por la voluntad política de controlar y expandir por el mundo el ciclo de vida neoliberal, justificando así la desigualdad y la riqueza de un sector minoritario. Por eso era imperativo para el modelo persuadir a los sujetos sobre la necesidad de esta doctrina. No es solo el poder sobre la vida, sino sobre el tipo o el modo de vida. Cuando se sostiene que es ne244

Conclusiones

cesaria una buena nutrición para «potenciar la genética de la población» resulta evidente que se pretende construir ese nuevo «ciudadano biológico», para lo que se impone actuar no solo en el marco de una política sanitaria sobre el control de su vida (medicina y biotecnología), sino también de su subjetividad. Comprobar que es posible el bienestar en términos biológicos, y no necesariamente sociales, es fundamental para la elite, porque la subjetivación de las normas y de la propia condición subalterna en el resto de la población hace innecesario el cambio político. Pero este laboratorio no solamente pactó vidas, también asignó muertes. Los hombres de ciencia que auxiliaron a las poblaciones pobres encubrieron el proceso de exterminio, no se enteraron de los crímenes políticos, ni de las técnicas de aniquilamiento que circundaban las estrategias de salud pública (electrochoque, químicos tóxicos, bacterias inoculadas, fármacos psicotrópicos). El poder de la ciencia y la técnica daba vida, pero, por otro lado, resignaba y distribuía la muerte. La pregunta planteada por Roberto Espósito, y de la que nos hacíamos eco al comienzo de esta tesis, «¿Por qué, al menos hasta hoy, una política de la vida amenaza siempre con volverse acción de muerte?» (Espósito, 2006: 16), nos remite a una biopolítica negativa, al biopoder que opera despojando a la vida de su carácter formal, de su calificación, y la reduce a simple materia viviente, que fragmenta la vida (bíos) en regiones de diferente valor. Subordina a aquellas consideradas sin valor, o de escaso valor, y privilegia a las que se les atribuye mayor valor biológico. «El resultado de este procedimiento es una normalización violenta que excluye lo que se define preventivamente como anormal y, al fin, la singularidad misma del ser viviente» (Castro, 2005). La nueva higiene neoliberal conformó un tipo de fisiología y de moral de la población en torno a nuevos determinismos impuestos desde arriba. Estos principios sociales penetraron rápidamente en las clases populares, tal como sucedió en el pasado con la expansión del darwinismo social, como lo plantea Carl Amery (2020). En Chile, la dictadura fue capaz de imponer un sistema con estas características, un programa político estatal basado en una intervención a gran escala 245

César Leyton Robinson

sobre la población, con un esquema biológico que terminó traduciéndose en una doctrina económica segregadora y un modelo social desigual. Las desigualdades sociales y económicas generadas comprometen el estatuto de la ciudadanía porque se traducen no solo en pérdida de derechos —de la asistencia social y de la provisión estatal de los servicios—, sino en la eliminación efectiva de los derechos de participación en los asuntos públicos, porque directa o indirectamente, las carencias socioeconómicas desembocan en exclusión política y en la pérdida de legítimos reconocimientos (Villaroel, 2013). La avanzada de una doctrina social-darwinista en los sectores populares, llena de chovinismos y eslóganes como «Chile país ganador» o «Un nuevo Chile», son asumidas como expresiones de la nueva naturaleza humana que debe caracterizar la sociedad chilena moderna. La divulgación de tales argumentos en los sistemas educacionales, sanitarios y económicos de la nación terminó configurando este nuevo ciudadano biológico neoliberal.

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60 Mercedes del Cura González Medicina y pedagogía. La construcción de la categoría «infancia anormal» en España (1900-1939), 2011. 61 Aitor Anduaga Egaña Meteorología, ideología y sociedad en la España contemporánea, 2012. 62 Xavier Calvó-Monreal Polímeros e instrumentos. De la química a la biología molecular en Barcelona (1958-1977), 2012. 63 Francisco Villacorta Baños La regeneración técnica. La Junta de Pensiones de Ingenieros y Obreros en el extranjero (1910-1936), 2012. 64 Antonio González Bueno y Alfredo Baratas Díaz (eds.) La tutela imperfecta. Biología y farmacia en la España del primer franquismo, 2013. 65 Matiana González Silva Genes de papel. Genética, retórica y periodismo en el diario El País (1796-2006), 2014. 66 José Manuel Azcona Pastor y Víctor Guijarro Mora La utopía agraria. Políticas visionarias de la naturaleza en el Cono Sur (1810-1880), 2015. 67 Annette Mülberger (ed.) Los límites de la ciencia. Espiritismo, hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales (1850-1930), 2016. 68 Raúl Velasco Morgado Embriología en la periferia: las ciencias del desarrollo en la España de la II República y el franquismo, 2016. 69 Mario César Sánchez Villa Entre materia y espíritu. Modernidad y enfermedad social en la España liberal (1833-1923), 2017. 70 Isabel Blázquez Ornat El practicante. El nacimiento de una nueva profesión sanitaria en España, 2017.

CÉSAR LEYTON ROBINSON

MODERNIDAD URBANA Y NEOLIBERALISMO EN SANTIAGO DE CHILE, 1973-1990

59 Paula Olmos Gómez Los negocios y las ciencias. Lógica, argumentación y metodología en la obra filosófica de Pedro Simón Abril (ca. 1540-1595), 2010.

Este libro tiene como objetivo general analizar las relaciones entre higiene, geopolítica y poder político en las estrategias de erradicación y segregación de grupos poblacionales implementadas en Santiago de Chile durante la dictadura militar de 1973 a 1990, valorando las rupturas y las continuidades que pueden identificarse entre el reformismo sociosanitario liberal y las medidas neoliberales de regulación social. Para la consecución de este propósito se abordan, en primer lugar, algunos de los antecedentes más notables de este proceso en el Estado liberal chileno del siglo xix, a través de dos estudios de caso especialmente significativos, como son la transformación urbana de Santiago de Chile, llevada a cabo bajo la intendencia de Benjamín Vicuña Mackenna, y los planteamientos en torno a la cuestión social y el gobierno de las poblaciones del médico Augusto Orrego Luco. Ambas propuestas contribuyeron a consolidar modelos científicos de higienización y segregación social. En segundo lugar, ya en el marco cronológico de la dictadura militar, se analiza el importante papel que la geopolítica desempeñó en las estrategias de regionalización y erradicación poblacional, identificando sus fundamentos teóricos y su relación con la Doctrina de Seguridad Nacional. Finalmente, se estudian las políticas concretas, relativas al traslado de la población hacia comunas periféricas, que marcaron un nuevo ordenamiento socio-espacial y que han permitido trazar un «itinerario de la erradicación» que presta especial atención al análisis de la política de vivienda social —como parte de la llamada política de erradicación de la pobreza—, así como a las políticas de reproducción y alimentación de la población como un programa científico de higiene individual y colectiva.

LA CIENCIA DE LA ERRADICACIÓN

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ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA

César Leyton Robinson

César Leyton Robinson ha desarrollado su labor profesional en el Museo Nacional de Medicina Dr. Enrique Laval y, más tarde, en el Museo Nacional de Odontología de la Universidad de Chile. En estos espacios, además de un trabajo intenso de recuperación y análisis del patrimonio científico y sanitario chileno, ha puesto en marcha una línea de investigación en historia de la salud que ha permitido consolidar un programa de diplomado en Historia de las Ciencias Biomédicas y Salud Pública, impartido en la Universidad de Chile y del que ha sido coordinador entre 2013 y 2018. Este trabajo tiene su continuación, en la actualidad, en un programa de diplomado denominado Biopolítica desde la Frontera, en el Departamento de Salud Pública, y en el Programa Internado Rural Interdisciplinario (PIRI), de la Universidad de la Frontera en Wallmapu. Actualmente es coordinador de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría y autor o editor de numerosas publicaciones, entre las que cabe destacar: Industria del delito. Historias de las ciencias criminológicas (2014); Bulevar de los pobres. Historia de la higiene, racismo científico y eugenesia (2015) y República de la salud. Fundación y ruinas de un país sanitario (2016).

LA CIENCIA DE LA ERRADICACIÓN MODERNIDAD URBANA Y NEOLIBERALISMO EN SANTIAGO DE CHILE, 1973-1990

71 Carolin Schmitz Los enfermos en la España barroca y el pluralismo médico. Espacios, estrategias y actitudes, 2018. 72 José Chabás Computational Astronomy in the Middle Ages. Sets of Astronomical Tables in Latin, 2019.

ISBN: 978-84-00-10612-6

CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Ilustración de cubierta: Collage La ciencia de la erradicación, basado en «Fotografía de camión con pobladores», Los Marginales, revista Hoy, 1986.