Estudio introductorio del derecho ambiental nacional e internacional [1 ed.] 9789942063120

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ESTUDIO INTRODUCTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL NACIONAL E INTERNACIONAL

David Sánchez Santillán

Quito, Ecuador 2015

Corporación de Estudios y Publicaciones (Departamento Jurídico Editorial y Departamento de Diagramación), en colaboración con la Universidad de Los Hemisferios

© 2015 Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP) Derechos de autor: 045987: 17-abr-2015 ISBN 978-9942-06-312-0

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INTRODUCCIÓN

El Derecho como ciencia social, no está ajeno a la evolución del conocimiento. Día a día la humanidad avanza en todos los campos y una intrincada maraña de relaciones que comienza a convencer al hombre que nada existe aislado y que la interdependencia de los fenómenos sociales con los fenómenos naturales, igualmente debe ser objeto de regulación.1

Nacido y perfeccionado históricamente para tutelar intereses directos de carácter individual o colectivo, el Derecho carece hoy del instrumental necesario para regular los intereses ambientales, que sin dejar para nada de tener una dimensión individual y colectiva, son simultáneamente transindividuales y transcolectivos, no sólo porque todo interés ambiental es en último término un interés de toda la humanidad, sino también porque, al implicar el derecho a vivir de las futuras generaciones, el interés ambiental tiene una dimensión transgeneracional.

Tal vez en ningún otro campo, como en el de la tutela del ambiente y del desarrollo sostenible, las ciencias jurídicas vienen mostrando con tanta evidencia su obsolescencia, su precariedad teórica, su incapacidad para ponerse a ritmo con la velocidad vertiginosa de los acontecimientos. Sus doctrinas, sus principios, sus instituciones, su lectura de la realidad y del propio fenómeno jurídico, se tambalean o derrumban frente a los requerimientos tutelares del ambiente.

Una prueba de ello es la forma en que muchos juristas vienen tratando de hacer su entrada en el tema del ambiente: no se atreven a hablar del Derecho Ambiental, como una nueva disciplina jurídica que debe asumir impostergablemente la terrible responsabilidad de elaborar teorías, doctrinas y técnicas normativas capaces de garantizar la conservación de la naturaleza, de los recursos naturales y de los demás elementos constitutivos del sistema ambiental que sustenta la vida en esta única Tierra, a la par de regular el

desarrollo sostenible de los pueblos, sin el cual es imposible la conservación, la auténtica realización del hombre en su categoría humana.

Antes bien, el tema suele ser abordado desde la perspectiva individualista, urbanocentrista, inmediatista y meramente declarativa, del derecho de las personas a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y no desde la perspectiva que por elemental deber ético debe asumir cualquier jurista, cual es la de tratar de responder a la humanidad qué está haciendo la ciencia jurídica para garantizar ese derecho de todos los hombres de la tierra, de hoy y del futuro.

La verdad es que no tiene ningún sentido en el mundo de hoy reduplicar enfáticamente la tautología del derecho de las personas al ambiente, mientras se omita toda referencia al presupuesto necesario de dicho derecho, que es el deber de todas las personas de conservar el ambiente.

En la lectura de las escuelas clásicas del Derecho, el problema ambiental se reduce una vez más al interés directo e inmediato del individuo y a una supuesta relación de alteridad con el Estado, al igual que cuando se trata de derechos patrimoniales, civiles o políticos. Así, al incluirse el derecho al ambiente en una nueva generación de Derechos Humanos, se estaría dando el gran paso de que cada individuo pueda reclamar ese derecho al Estado, como puede acceder al derecho a su libertad individual, al voto, a la libertad de tránsito, a la propiedad, etc.

Sin embargo, la lectura cabal del problema ambiental y de su fenómeno jurídico es que la relación fundamental de alteridad está dada más bien con la humanidad del futuro, que reclama a todos los estados, sociedades e individuos de hoy, sin excepción alguna, el establecimiento de modelos de desarrollo, estilos de operación ambiental, hábitos de consumo, modos de vida, mecanismos de distribución social de la riqueza, patrones de ocupación espacial, tasas de crecimiento demográfico, etc. que le garanticen para mañana no solamente un

mundo aun vivible, sino también un mundo que propicie, más que el actual, el desarrollo creciente del hombre en su categoría humana.

Desde esta perspectiva, todos nosotros somos responsables, en mayor o menor medida, de los daños ambientales ocasionados a la biosfera, porque todos disfrutamos de una u otra forma, del statu quo vigente y porque todos son operadores ambientales: el industrial que contamina, el ciudadano que se transporta, la ama de casa que desperdicia, el campesino que deforesta, quema o depreda los suelos, el pescador, cazador o recolector que extermina, etc.

En consecuencia, el interés ambiental es, más que un derecho por reclamar, un deber por cumplir y un mundo por construir. Más que un vínculo cerrado de alteridad entre el individuo y el Estado, es un vínculo de alteridad mutua entre todos los individuos entre sí, de las sociedades, de los estados, y de todos los individuos, sociedades y estados, con la proyección temporal y existencial de nosotros mismos, que es la humanidad del futuro.

La humanidad del futuro debe ser entendida no solamente en el sentido de personas que vivirán mañana en el planeta, sino también en el sentido del mayor grado de realización personal y expansión ontológica que deben alcanzar esos hombres del mañana. Esa debe ser la entelequia de la historia; cuya expresión a nivel de comportamiento individual y social dimane del creciente grado de racionalidad que progresivamente vaya alcanzando el ciudadano medio. A su vez, esa creciente racionalidad garantizará mejor que cualquier ley, la conservación del ambiente y la construcción del desarrollo sostenible.

Hay dos factores que cabalgan paralelamente generando impactos ambientales: La contaminación ambiental y la depredación de los recursos naturales. La velocidad de vértigo con que ambos avanzan a partir de 1950 hace, por ejemplo, que hoy el mundo esté volviendo los ojos preocupadamente hacia el ecosistema amazónico, reputado indestructible hasta hace poco, dada su inmensidad. Problemas globales para el mundo, como el efecto invernadero, el agujero en la

capa de ozono, las lluvias ácidas, la contaminación de aguas internacionales, eran riesgos remotos o imprevistos antes de 1950. La pérdida de suelos fértiles, estimada en 8 millones de hectáreas por año, la extinción de especies, la contaminación de aguas freáticas, etc. constituyen ya una realidad trágica y no simples advertencias.2

1 SANTANDER, Enrique, “Instituciones de Derecho Ambiental”, pág. I. 2 ANDALUZ, Antonio, “Derecho Ambiental propuestas y ensayos”¸págs.: 2930.

ÍNDICE

CAPÍTULO I APRECIACIONES INTRODUCTORIAS AL ESTUDIO DEL DERECHO AMBIENTAL

1.1.- El ambiente 1.2.- El medio ambiente como sujeto de derecho 1.3.- Tendencia moderna de la concepción del ambiente 1.4.- El desarrollo sostenible 1.5.- El desarrollo sustentable 1.6.- La vida, la naturaleza y el Derecho 1.7.- El Derecho y el cambio global

CAPÍTULO II EL DERECHO AMBIENTAL ANALIZADO DESDE SU PERSPECTIVA ELEMENTAL

2.1.- Evolución del Derecho Ambiental 2.2.- Definiciones de Derecho Ambiental 2.3.- El rol del Derecho Ambiental

2.4.- Características del Derecho Ambiental 2.5.- Sujetos del Derecho Ambiental 2.6.- Fuentes del Derecho Ambiental

CAPÍTULO III PANORAMA BÁSICO DEL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL EN SUS PRINCIPALES DECLARACIONES

3.1.- El derecho internacional del medio ambiente 3.2.- Fuentes del Derecho Internacional Ambiental 3.3.- Breve análisis de las principales cumbres internacionales en materia ambiental 3.3.1.- La conferencia de Estocolmo 3.3.2.- Carta Mundial de la Naturaleza 3.3.3.- Conferencia de Río de Janeiro 3.4.- Breve comparación de estos instrumentos 3.5.- Otros instrumentos internacionales: 3.5.1.- Conferencia de Johannesburgo del 2002 3.5.2.- Protocolo de kyoto 3.6.- Arbitraje y Conciliación 3.7.- Aportes de las ONGs

CAPÍTULO IV IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONCIENCIA CIUDADANA

4.1.- El deber ambiental y el Derecho Ambiental 4.2.- La realidad y el concepto de la educación ambiental 4.3.- Objetivos de la educación ambiental 4.4.- La Educación y gestión ambiental 4.5.- La importancia de la educación ambiental 4.6.- Exposición de algunos parámetros para construir un proyecto educativo ambiental 4.7.- La educación ambiental en lo técnico y profesional y sugerencias de estrategias para la formación de docentes en materia ambiental 4.8.- Constitución Política de la República del Ecuador 1.998 y Legislación Ambiental aplicada en el Ecuador 4.9.- Constitución de la República del Ecuador 2008 y Código Orgánico Integral Penal- COIP. 4.10.- Derecho Penal Ambiental y Código Integral Penal – COIP en el Ecuador 4.11.- Análisis comparativo entre la legislación ambiental del Código Penal y el marco normativo del COIP. 4.11.1.- La Remisión de la norma frente al delito ambiental 4.11.2.- Código Integral Penal -COIP: Legislación Ambiental

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO I APRECIACIONES INTRODUCTORIAS AL ESTUDIO DEL DERECHO AMBIENTAL 1.1.- El ambiente 1.2.- El medio ambiente como sujeto de derecho 1.3.- Principios generales del medioambiente 1.4.- Tendencia moderna de la concepción del ambiente 1.5.- El desarrollo sostenible 1.6.- El desarrollo sustentable 1.7.- La vida, la naturaleza y el Derecho 1.8.- El Derecho y el cambio global

1.1.- El ambiente

Es cualquier espacio de interacción y sus consecuencias, entre la Sociedad (elementos sociales) y la Naturaleza (elementos naturales), en un lugar y un momento determinados. En esta dinámica concepción el Hombre es, a la vez, un elemento natural, en tanto ser biológico y social, en tanto creador de cultura y desarrollo en su más amplia acepción. Así, visto desde una dimensión antropocéntrica, este concepto ubica al ser humano en el centro mismo de la intrincada red de interacciones entre la sociedad y la naturaleza.

Así, el concepto ambiente ha variado desde una visión estática, de ser todo lo que nos rodea, tomado como un instante fotográfico del espacio físico, hacia la comprensión dinámica, de interacción y sus consecuencias, entre los elementos

que lo componen; que ve al ambiente como un complejo sistema de interrelaciones, muy activo, entre el espacio físico y el sociocultural, en medio del cual está la especie humana (como individuos o como grupos organizados), actuando como motor de ese dinamismo.

Sin embargo y aun cuando el ambiente, considerado globalmente, no tiene límites ni fronteras, para fines de análisis y comprensión conceptual, esta definición, además de dinamismo, le atribuye dimensiones limitantes (espacial y temporal). En términos espaciales, y desde un punto de vista holístico, el ambiente es sólo uno en la Tierra. No obstante, dadas las variadas diferencias geológicas, morfológicas y fisiográficas de la superficie terrestre y de biodiversidad, así como la muy diversa variedad de formas de organización humana (sociedades, naciones, países, etnias, etc.), se puede distinguir infinidad de ambientes, en los cuales son reconocibles los elementos conceptuales (naturales y sociales en interacción) que definen el ambiente. La integralidad del ambiente se evidencia más sensiblemente, cuando se toma en consideración el impacto que las acciones humanas tienen sobre las características de los factores ambientales que condicionan la calidad, constancia y perdurabilidad de un ecosistema y con él, la calidad de vida para una especie de referencia, en nuestro caso, la especia humana (…)¹.

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo y acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse bienestar. En el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas, las marítimas, las costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y subterráneos y, en general, todos los elementos que forman parte de la biosfera. Pero también el medio humano, constituido por el entorno socio-cultural del hombre, el patrimonio históricoartístico y los asentimientos humanos urbanos y rurales. También puede definirse al ambiente como el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas. “(Comité internacional de la Lengua Francesa)”².

A partir de la época del 50, las ciudades industrializadas y las grandes urbes en el mundo confrontaron un nuevo problema de salud pública. La contaminación ambiental definida como la presencia en el ambiente de toda materia, sustancia o forma de energía que por su cantidad, combinaciones o características, físicas, químicas y biológicas puede ser nociva para la vida animal o vegetal. Estas sustancias existen normalmente en la naturaleza sin provocar daño, pero se consideran contaminantes cuando al incorporarse o actúan en el aire, agua, suelo, flora o fauna alteran o modifican la composición natural de los elementos y provocan daño a la salud y desequilibrio ecológico.

El hombre fue modificando su entorno y condicionando al mismo tiempo con ello su futuro, pero también recibió las influencias de este medio transformado y tuvo que adaptarse a ellas. El humo de las fábricas el ruido y el ajetreo de la actividad fabril consecuente con la revolución industrial, llegó a constituir signo de legítimo orgullo y de progreso. Así empezó el hombre su gran aventura tecnológica, sin darse cuenta de que con ella llevaba también una serie de aspectos negativos cuyo alcance no podía entonces adivinar.

Pero esta equivocada imagen del progreso fue puesta en evidencia. Es precisamente en las grandes concentraciones urbanas e industriales de los países más desarrollados, en donde se manifiesta por primera vez la preocupación por el medio ambiente y, posteriormente, por la calidad de vida. El origen de esta inquietud, el nacimiento de esta nueva preocupación, hay que buscarlo en el deterioro del medio ambiente producido por la influencia negativa de un desarrollo planteado, fundamentalmente, bajo ópticas de carácter económico, en el que se persigue el logro de elevadas tasas de crecimiento económico, sin tomar en consideración determinados costes sociales, ni pretender, paralelamente, la mejora cualitativa de las condiciones de vida, por lo menos no como un objetivo prioritario.

Tal vez el rasgo más característico para estudiar el medio ambiente sea su amplitud: porque en realidad el medio ambiente lo es todo, y los elementos que

componen este todo están íntimamente relacionados entre sí. No pueden separarse los temas de la naturaleza de los urbanos, porque todo está interrelacionado. Los problemas de contaminación se relacionan con los principios de la termodinámica. La contaminación se transfiere de unos elementos naturales a otros. Las aguas residuales contaminan los ríos y éstos, el mar.

Los lodos de las depuradoras y los residuos de los filtros de aire, pueden contaminar las aguas o los suelos si no son adecuadamente gestionados. Y las lluvias ácidas, producidas por la combinación de los anhidros emitidos a la atmósfera con el vapor de agua que ésta contiene, producen ácidos. Las deficiencias del medio ambiente no sólo se dan en las sociedades muy desarrolladas, esto se puso claramente de manifiesto en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano en donde en los países en vías de desarrollo expusieron sus problemas tan distintos a los de los países más adelantados y si se quiere más graves aún, más patéticos, más humanamente angustiosos, porque se relacionaban con la Sanidad ambiental, las carencias de infraestructura, las condiciones de las viviendas, los bienes culturales y sobre todo con la destrucción y el despilfarro de los recursos naturales.

Queda claro entonces que en el medio ambiente se integran el medio natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas, las marítimas, las costas, las playas y plataforma continental, flora, fauna y vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y subterráneos y, en general, todos los elementos que forman parte de la biosfera, pero también el medio humano, constituido por el entorno sociocultural del hombre, el patrimonio histórico-artístico y los asentamientos humanos, urbanos y rurales.

Una vez que el hombre ha conseguido cubrir sus necesidades mínimas vitales, es decir sus mínimos biológicos, empieza a pensar en otras necesidades, que también son fundamentales, pero no tan urgentes, como son la salud, la seguridad, los valores culturales, la calidad de su entorno, el tiempo y los

espacios para el ocio. etc. El poder disponer con suficiencia de todos estos elementos y en la calidad adecuada, es necesario para poder disfrutar de un aceptable nivel de calidad de vida.

Por eso en los países menos favorecidos, la preocupación fundamental es el desarrollo económico, no preocupándose en principio por la calidad de vida, ni por los aspectos cualitativos del medio físico, ya que, como es lógico, el objetivo fundamental es cubrir, en breve plazo, las necesidades básicas fundamentales, que son de orden material y se refieren a poder disponer de suficiente comida, viviendas adecuadas, asistencia médica, vestidos y calzado, etc.

Los planes de desarrollo que hasta época reciente han establecido los diferentes países, fijaban generalmente como objetivos prioritarios, el logro de elevadas tasas de crecimiento económico, sin tener en cuenta los costos sociales que este planteamiento representaba, ni preocuparse por la mejora de calidad de vida. Las aspiraciones y exigencias del hombre varían según la época de la historia en la que le ha correspondido vivir. Las formas de vida de la civilización Egipcia no eran las mismas que las del Renacimiento ni lo son tampoco iguales a los de nuestra sociedad de consumo, y aun dentro de está existen notables diferencias de unos países a otros según su grado de desarrollo, o incluso lo existen también entre las diversas regiones de un mismo país.

Y esto es así porque el concepto calidad de vida, tiene marcado un carácter subjetivo que complica extraordinariamente su delimitación.

En él influyen las condiciones históricas, culturales y económicas particulares de cada país o región de acuerdo con la escala subjetiva de valores fijadas por sus propios habitantes. Cada época ha estado definida por un conjunto de características, a las que el hombre se fue adaptando, no sin ciertas tensiones más o menos inconscientes.

Pero además de las acomodaciones físicas o biológicas, la adaptación del hombre a su entorno, es una adaptación cultural.

Cualquier cambio brusco en su actual situación, representaría sin lugar a dudas, profundos sufrimientos. El concepto de calidad de vida, cristaliza por primera vez en los Estados Unidos, como una visión sociológica nueva, difícil de concretar y definir. Su rápida aceptación se debe a la toma de consecuencia de los deterioros producidos por el desarrollo económico poco controlado entre los que destacan los ocasionados al medio ambiente. Son pocos los países que hoy en día no se preocupan de alguna forma del medio ambiente y de la calidad de vida.

Surge este concepto en un momento en el que el hombre se siente abrumado por el desarrollo tecnológico, por el deterioro del medio ambiente y en definitiva, por una forma de vivir conseguida con su esfuerzo, pero que no responde en gran parte a sus deseos. La búsqueda de la calidad de vida es, en realidad, una búsqueda de la calidad humana y esta búsqueda se hace, efectivamente, más difícil, porque no sabemos con claridad cuál es la meta perseguida.

Aun cuando la calidad de vida se interpreta generalmente en una función de deseos y de necesidades materiales, no hay que olvidar que comprende también valores culturales y espirituales. Debemos tener en cuenta, por tanto, para un correcto enfoque del tema, las condiciones objetivas de vida, las posibilidades de evolución de estas condiciones y el grado de satisfacción alcanzado.

Es frecuente que se equiparen los términos calidad de vida y aprovechamiento del ocio, aunque éste sólo sea una parte de aquel. Tampoco es lo mismo nivel de vida que calidad de vida. Se puede disponer de todos los bienes materiales que nos ofrece la moderna tecnología, lo que significaría disfrutar de un alto nivel de vida, pero carecer del estado de satisfacción necesario.

En realidad el término calidad de vida ha venido a sustituir el de bienestar, más sencillo y comprensible, aunque no equivalente. Y éste a su vez a sustituido al de felicidad, que comporta satisfacciones de tipo moral. También el término satisfacción fue utilizado para designar este concepto.³

1.2.- El medio ambiente como sujeto de derecho

Somos responsables de los daños que provoquemos a otras personas, sus cosas o sus derechos. Dado que el medio ambiente es un derecho al que todos debemos tener acceso, quienes lo afecten, están cercenando la posibilidad de hacerlo. El medio ambiente está considerado como un derecho colectivo pues los bienes del medio ambiente pertenecen a la comunidad. Pero para saber en qué consiste el derecho al medio ambiente se debe definir qué se entiende por tal (aunque ya lo tratamos en el punto anterio) pues cada persona dependiendo de su realidad tiene variada concepción diferente del ambiente.

En consecuencia se ha definido por la doctrina que los derechos colectivos equivalen a derechos difusos. Se ha considerado el medio ambiente como cosa de nadie (res nullius). Debido a esto, pertenece a la colectividad en general, y a ningún individuo en particular. Sin embargo los derechos colectivos, tienen obligatoriedad como derechos subjetivos. Se tiene por ejemplo el derecho que recae en las aguas que nacen y mueren en la misma heredad, y en las que sin duda se puede predicar derecho real de propiedad sobre las mismas.

De cualquier forma, de manera tradicional, el hombre occidental no se ha considerado parte del ambiente sino su señor que endilga derechos de dominio sobre los mismos. Por otra parte, en algunos sistemas jurídicos, medio ambiente sólo se circunscribe a los recursos naturales renovables mientras que los más avanzados además de elementos apropiables o sensibles, también incluye intangibles como la tranquilidad, la paz, entorno urbano, etc.

Pero muchas veces, la preservación, y conservación del ambiente se realiza a costa del mejoramiento de vida de los ciudadanos, creando el primer conflicto que es el existente entre preservación del ambiente y el desarrollo. Sin embargo las más recientes teorías acerca del papel que debe jugar el ambiente en la vida de la especie humana, buscan una conciliación entre estos intereses, y se pregona que no puede existir conservación y mejoramiento del ambiente si a la vez no se mejoran las condiciones de vida del hombre ya que éste es parte del ambiente y sólo puede comprenderse el desarrollo de uno ligado al del otro.

Es por esto que se tiene en cuenta que el ambiente se conserva para mantener condiciones de salud, de higiene, de psiquis del hombre. Para conciliar teóricamente el concepto de ambiente y su relación con el hombre, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin limitar el potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Cabe señalar que del desarrollo sostenible, hablaremos en un punto posterior.

En el concepto de desarrollo sostenible se tiene en cuenta en especial a las generaciones futuras, que son los verdaderos sujetos del Derecho Ambiental y para quienes deben diseñarse todas las intervenciones del estado actual, que garanticen que las condiciones de vida a las que tengan acceso sean mejores que las que tenemos las generaciones actuales.

Es importante tener en cuenta que las condiciones ambientales no sólo se garantizan tornando medidas de carácter ambiental, sino que deben ser medidas integrales que tengan en cuenta el bienestar social a fin de que esto derive en el mejoramiento del entorno. Las relaciones ambientales del mundo moderno están en un plano bipolar en el cual se habla de culpables y víctimas, responsables y beneficiarios o utilitaristas e ilusos. En todo caso debe tenerse en cuenta que en la filosofía de desarrollo sostenible, se busca el bienestar del hombre, que sólo se logra a través de la calidad de su entorno.

El desarrollo en todo caso, no puede pensarse que es única y exclusivamente el económico. No hay que continuar siendo pobre para evitar los perjuicios ambientales del desarrollo. Existe tanto contaminación de la riqueza como de la pobreza, y esta última puede ser peor, por cuanto la contaminación no responde a ningún beneficio que la justifique. Es más, los países en desarrollo están en un momento privilegiado, pues pueden diseñar su modelo de desarrollo económico evitando los problemas que se han presentado en países desarrollados, que no tuvieron en cuenta el impacto ambiental pues la conservación se ha vuelto un imperativo sólo hace unas pocas décadas.

Debe siempre quedar claro, en todo caso, que el desarrollo puede causar impacto ambiental, pero éste debe ser mitigado, compensado o corregido con medidas eficaces. El medio ambiente, jurídicamente puede protegerse por medio de vías privatistas, es decir, dejar a las normas del Derecho Civil el campo de acción para que a través suyo se resuelvan los conflictos particulares que afecten el ambiente e indirectamente se protege el derecho colectivo al medio ambiente sano. Generalmente estas controversias se resuelven por vías de responsabilidad civil extracontractual, o son desarrollo de las teorías de la vecindad, abuso del derecho, etc.

En otros sistemas jurídicos, como el nuestro, aparte de las acciones civiles del Derecho privado, existen procedimientos constitucionales y de Derecho Público que buscan tanto la garantía del derecho al ambiente sano para la comunidad y para los individuos particularizados. Por lo tanto, el medio ambiente se protege de manera directa por acciones creadas exclusivamente para tal fin. El medio ambiente, por lo tanto es un sujeto de derecho independiente y para proceder a su protección no importa que haya o no sujetos particulares afectados.⁴

1.3.- Tendencia moderna de la concepción del ambiente

En los últimos tiempos se ha afianzado un cambio radical en la concepción del ambiente. Pasó a ser considerado como un valor en el campo de la ética y se ha

convertido en un bien económico. Se ha indicado que la biosfera es un conjunto integrado por dos elementos valiosos: el hombre y la naturaleza.

Hay un nuevo concepto del valor hombre: el hombre y el entorno. Desde luego que aquél no pierde su centralidad; está en la cima de la comunidad biótica porque es el único ser dotado de conciencia y voluntad con inmenso poder sobre lo demás. Esta nueva ética significa un cambio diametral en la relación hombrenaturaleza porque se le reconoce a ésta su valor y por eso el hombre debe respetarla y ayudarla: adquiere la responsabilidad negativa de evitarle daños y la positiva de socorrerla mediante la investigación científica y las aplicaciones tecnológicas. Los animales, las plantas, toda la naturaleza, deben ser protegidos y ayudados de la misma manera en que se protege a un infante.

Los parámetros para evaluar la moralidad de las acciones humanas conciernen no solo al hombre, sino al hombre y la naturaleza. En el plano económico la variación también fue rotunda. El sistema económico era concebido como un sistema abierto en el sentido que se consideraba posible extraer recursos en forma indefinida y arrojar residuos eternamente. Ya hay conciencia que los recursos no son ilimitados y reproducibles en forma continua, y que el desarrollo económico tiene límites insuperables constituidos por la tolerancia y la compatibilidad ambientales. Ahora se concibe como un sistema cerrado, porque la extracción de los recursos naturales presenta un límite insuperable, al igual que la formación y la eliminación de los residuos. Así los bienes naturales se tornan bienes económicos.

Entonces, el ambiente, considerado un valor en el campo de la ética y convertido en un bien económico, se vuelve objeto de protección jurídica, reclamando una inversión de las perspectivas culturales habituales que se refleje en nuevas normas, nuevos principios y nuevas técnicas jurídicas. Y sus problemas, por ser un patrimonio común de la humanidad, no se pueden resolver dentro de la perspectiva tradicional de la protección individual sino al hilo de la tutela colectiva.

La determinación del objeto y de su contenido, ha requerido de bruscas modificaciones: Los ordenamientos jurídicos tradicionales se orientaron hacia la protección de intereses individuales y la noción de bien fue concebida como consecuencia de la protección de esos intereses. Se concluía que bien jurídico era aquello que constituía objeto de un derecho subjetivo.

El problema ambiental invierte esa perspectiva: se requiere primero la protección del bien ambiental y a partir de ella, se determinan las posiciones jurídicas de las personas individuales. La calificación del ambiente como bien jurídico y el reconocimiento del derecho humano al ambiente, son obras del ordenamiento jurídico que llega a esos dos resultados por distintos caminos, que se entrelazan, y la determinación legislativa del bien ambiental termina siendo el objeto establecido del derecho humano al ambiente. De ahí que sea imposible concebir la disciplina jurídica del ambiente separada del reconocimiento del derecho humano al ambiente, y el hecho de que se trate de derechos humanos calificará el interés que se destaca por encima de todos los demás.

El derecho tiene como pilar la relación entre sujeto y objeto, por lo que hay que considerar al ambiente como un objeto de derecho. Es definido, con un criterio omniabarcador y de acuerdo a un programa de la UNESCO («Man and biosphere»), como biosfera. Su protección jurídica se adelanta individualizando los varios elementos que la integran, pero teniendo en cuenta que el bien ambiental es integral, se ha de mirar como conjunto de bienes naturales y culturales. Su amparo jurídico se ejerció de manera directa con varias leyes para convertirlo en un bien jurídico.⁵

Este término tiene una significación restringida de satisfacción de intereses particulares, como la apropiación individual y amplia de procuración y beneficio de intereses colectivos, que pueden utilizarse indistintamente. La tradición romana refundía cosa y bien. Hoy cosa es porción del mundo externo que puede ser causa o razón jurídica de un efecto jurídico. Bien es la cosa que expresa cierta utilidad y sobre la cual pesa cierto interés que el ordenamiento jurídico protege. La cosa en sí no tiene sentido jurídico; el bien lo tiene, es lo real

jurídico.

Modernamente se distinguen bienes materiales (res corporales de los romanos), bienes inmateriales (obras de ingenio, marcas, lemas) y «bienes personales» (salud, vida, honor). Pero una misma cosa puede expresar varios bienes con relación a sus diversas utilidades, a los diversos intereses y a la diversa tutela jurídica⁸.

Así, el ambiente es un bien integrado por cosas materiales, por cosas de interés histórico y artístico, por cosas que constituyen bellezas naturales. Es un bien material, porque los bienes naturales y los bienes culturales son entidades del mundo externo. El valor ambiental y el valor cultural no son protegidos independientemente de la cosa material que los expresa.

En el bien cultural, el valor está incorporado a la cosa. Y si el ambiente fuera considerado bien inmaterial no se podría admitir la hipótesis de su puesta en peligro y no se podría hablar de daño ambiental. Pero el ambiente, además, de ser un bien material, es un bien institución. Es que los bienes también se clasifican en bienes mercancía y bienes institucionales. Los primeros son objeto de derecho subjetivo, y tienen como función la de someterse a los plenos poderes del propietario. Los segundos en cambio, tienen una disciplina, un ordenamiento o una norma y son, en consecuencia, entidades jurídicas.

El ambiente es una entidad jurídica porque tiene importancia para el derecho por su valor intrínseco, y esa es su trascendencia principal, aunque algunas declaraciones internacionales lo señalan como objeto de pertenencia de las generaciones presentes y futuras, y como tal puede ser considerado un bien patrimonial.

1.4.- El desarrollo sostenible

Para nosotros el desarrollo sostenible es un objetivo intermedio o instrumental al servicio de la conservación de la naturaleza y, en particular, de su característica más importante: la biodiversidad. Este objetivo está asociado a la utilización racional de los recursos; es más, esta utilización sostenible de los recursos naturales no de la unidad sistemática que es el ambiente o naturaleza es un objetivo instrumental o intermedio, a ciertos efectos, respecto del desarrollo sostenible.

Estas dos afirmaciones sirven para caracterizar el desarrollo sostenible, por un lado, por arriba respecto del objetivo al que sirve y, por otro lado, por abajo respecto del objetivo del que se sirve. Esto significa que el desarrollo sostenible al servir a la conservación de la naturaleza y al servirse de la sostenibilidad ambiental es un objetivo integral e integrador. Quiere decirse que el desarrollo del que hablamos es mucho más que un desarrollo económico: se convierte en desarrollo socioeconómico en un contexto o marco de equidad intergeneracional e interterritorial, pero sobre la base de la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Esto significa que la sostenibilidad de los recursos es requisito para la sostenibilidad del desarrollo que, a su vez, es requisito para la sostenibilidad de la naturaleza y, en particular, de la biodiversidad.

Para que el desarrollo sea sostenible desde el punto de vista de la utilización de los recursos y desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, se requiere definir los términos desarrollo sostenible. Las interpretaciones o conceptos posibles son dos: uno que podemos denominar económicoantropocéntrico y otro socioeconómico-ambiental.

La reducción del desarrollo sostenible al desarrollo económico y antropocéntrico es contradictorio y además inutiliza el concepto como objetivo rector o inspirador de la nueva estrategia de los seres humanos para conservar la naturaleza y, en particular, la biodiversidad.

Desarrollo sostenible, término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión sostenibles de los recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Esto implica prestar atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo.

En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la actividad humana. Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales.

Durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a quedar cada vez más claro que los recursos naturales estaban dilapidándose en nombre del desarrollo. Se estaban produciendo cambios imprevistos en la atmósfera, los suelos, las aguas, entre las plantas y los animales, y en las relaciones entre todos ellos. Fue necesario reconocer que la velocidad del cambio era tal que superaba la capacidad científica e institucional para ralentizar o invertir el sentido de sus causas y efectos. Estos grandes problemas ambientales incluyen:

1) El calentamiento global de la atmósfera (el efecto invernadero), debido a la emisión, por parte de la industria y la agricultura, de gases sobre todo dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos que absorben la radiación de onda larga reflejada por la superficie de la Tierra; 2) El agotamiento de la capa de ozono de la estratosfera, escudo protector del planeta, por la acción de productos químicos basados en el cloro y el bromo, que permite una mayor penetración de rayos ultravioleta hasta su superficie;

3) La creciente contaminación del agua y los suelos por los vertidos y descargas de residuos industriales y agrícolas; 4) El agotamiento de la cubierta forestal (deforestación), especialmente en los trópicos, por la explotación para leña y la expansión de la agricultura; 5) La pérdida de especies, tanto silvestres como domesticadas, de plantas y animales por destrucción de hábitats naturales, la especialización agrícola y la creciente presión a la que se ven sometidas las pesquerías; 6) La degradación del suelo en los hábitats agrícolas y naturales, incluyendo la erosión, el encharcamiento y la salinización, que produce con el tiempo la pérdida de la capacidad productiva del suelo.

A finales de 1983, el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que creara una comisión independiente para examinar estos problemas que sugiriera mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades básicas. El grupo de ministros, científicos, diplomáticos y legisladores celebró audiencias públicas en cinco continentes durante casi tres años. La principal tarea de la llamada Comisión Brundtland, era generar una agenda para el cambio global. Su mandato especificaba tres objetivos: reexaminar cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo, y formular propuestas realistas para hacerles frente; proponer nuevas fórmulas de cooperación internacional en estos temas capaces de orientar la política y los acontecimientos hacia la realización de cambios necesarios; y aumentar los niveles de concienciación y compromiso de los individuos, las organizaciones de voluntarios, las empresas, las instituciones y los gobiernos. El informe fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987.

En el informe se describen dos futuros: uno viable y otro que no lo es. En el segundo, la especie humana continúa agotando el capital natural de la Tierra. En el primero los gobiernos adoptan el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más equitativas, que empiezan a cerrar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. Este abismo, en lo que se refiere a la

energía y los recursos, es el principal problema ambiental del planeta; es también su principal problema de desarrollo. En todo caso, lo que quedaba claro era que la incorporación de consideraciones económicas y ecológicas a la planificación del desarrollo requeriría toda una revolución en la toma de decisiones económicas.

Tras la Comisión, el siguiente acontecimiento internacional significativo fue la Cumbre sobre la Tierra, celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro del que trataremos en un capítulo posterior.

Los resultados se vieron empañados por la negativa de algunos gobiernos a aceptar los calendarios y objetivos para el cambio (por ejemplo para la reducción de emisiones gaseosas que conducen al calentamiento global), a firmar ciertos documentos. No obstante, la Cumbre fue un trascendental ejercicio de concienciación a los más altos niveles de la política. A partir de ella, ningún político relevante podrá aducir ignorancia de los vínculos existentes entre el medio ambiente y el desarrollo. Además, dejó claro que eran necesarios cambios fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible. Los pobres deben recibir una participación justa en los recursos para sustentar el crecimiento económico; los sistemas políticos deben favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, en especial las relativas a actividades que afectan a sus vidas; los ricos deben adoptar estilos de vida que no se salgan del marco de los recursos ecológicos del planeta; y el tamaño y crecimiento de la población deben estar en armonía con la cambiante capacidad productiva del ecosistema.

Diez años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, también conocida como Río+10 por celebrarse una década después de la primera Cumbre de la Tierra. Los acuerdos finales acordados en esta Cumbre, que reunió en la ciudad sudafricana de Johannesburgo a representantes de 191 países, incluyeron una Declaración Política, que formula una serie de principios para alcanzar el desarrollo sostenible, y un Plan de Acción en el que destacan los siguientes compromisos:

a) Reducir a la mitad en 2015 la población que vive sin agua potable y sin red de saneamiento de aguas residuales.

b) Recuperar, en el año 2015, las reservas pesqueras “donde sea posible” y crear, antes de 2012, una red de áreas marítimas protegidas. Este plan contempla la reducción de las capturas para devolver a niveles saludables los caladeros de pesca.

c) Reducir, significativamente, la pérdida de biodiversidad antes de 2010.

d) Minimizar, antes de 2020, el impacto producido por la emisión de productos químicos al medio ambiente.

Sin embargo, la Cumbre de Johannesburgo decepcionó a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que esperaban acuerdos concretos en otros aspectos como el aumento de las fuentes de energía renovables o la lucha contra la pobreza.

1.5.- El desarrollo sustentable

Esta considerado como un modelo de crecimiento económico global que satisface las necesidades actuales de la humanidad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este modelo quedó consagrado con la publicación del documento “Estrategia Mundial para la Conservación”, redactado por la UICN en 1980 con la intención de concientizar a los seres humanos de que la búsqueda del desarrollo económico debe tener en cuenta lo limitado de los recursos y la capacidad de los ecosistemas.

Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro o la disminución de los recursos naturales renovables y no renovables que deberán utilizar las generaciones futuras para satisfacer sus propios requerimientos. Concepción del desarrollo que sostiene que la armonía entre éste y el ambiente puede, y debe, constituir una meta universal. Dicha armonía no es un estado fijo sino un proceso de cambio por el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los procesos tecnológicos y la modificación de las instituciones concuerdan, tanto con las necesidades presentes como con: las futuras.

La idea de desarrollo sustentable implica límites, no absolutos, sino limitaciones que impone, al uso de los recursos del ambiente, el estado actual de la tecnología y de la organización social así como la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Este importantísimo concepto fue elaborado por iniciativa del Club de Roma y formulado por los expertos del MIT (Massachussets Institute of Tecnology) en su obra “Los Límites del Crecimiento” de 1972. Es por lo tanto un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.⁷

1.6.- La vida, la naturaleza y el Derecho

Como se sabe, la preocupación por las condiciones de vida del hombre, en el planeta que habita, es en realidad una preocupación de reciente data, si la consideramos como el esfuerzo interdisciplinario mediante el cual se intenta lograr que la vida humana se desarrolle en un estado de perfecta salud, y dentro del mayor bienestar físico y mental posible, para el conjunto de seres vivientes que habitamos la biosfera, esa delgada capa que circunda el planeta Tierra y dentro de la cual se dan las condiciones de vida necesarias para el nacimiento y

desarrollo de las especies naturales.

Y si estamos en condiciones de sostener que el esfuerzo metodológico de la ciencia, en el sentido de atender en forma interdisciplinaria el objetivo de la perduración de la vida en las mejores condiciones posibles, no reconoce una antigua fecha de partida, debemos al mismo tiempo sostener que dentro del ámbito jurídico no es tampoco antigua la preocupación por los temas que analizamos.

En tal sentido, y desde nuestro particular punto de vista, el derecho se preocupó siempre de la proyección de la vida, en cuanto pudiera ser afectada por algún individuo o grupo de individuos en situaciones concretas y directas, mediante las cuales fuera posible advertir un nexo de causalidad inmediato entre el productor del mal y quien en el lenguaje técnico es reconocido como la víctima. En este sentido, resultaría grave desconocer el esfuerzo de sistematización que se ha efectuado en particular desde el campo del derecho penal, para tratar de lograr normas regulatorias de la conducta humana, mediante las cuales la integridad física de los individuos, considerada en cualquiera de sus manifestaciones, fuera protegida. Este esfuerzo sistemático ha plasmado en las cuidadosas leyes penales vigentes, que dentro de los valores espirituales de nuestra civilización se puede decir que han descrito todas las conductas típicas que en torno de la defensa individual de la vida pudieran ser pensadas.

Al contrario, cuando se trata de la preservación de la vida humana, desde el punto de vista de los efectos que determinadas personas o grupos de personas pueden producir sobre las condiciones naturales del medio físico en que vivimos, estamos en condiciones de asegurar que tales conductas no han merecido aún la necesaria recepción dentro de los sistemas mundiales legislativos, constituyéndose así una ausencia sustantiva, una verdadera laguna jurídica, que afecta nada menos, y nada más, que la supervivencia de la especie humana, o al menos la alteración de la propia estructura física de los seres humanos o de las condiciones físico-químicas que condicionan el desarrollo vital humano.⁸

1.7.- El Derecho y el cambio global

Es frecuente la referencia al cambio global en materia de ecología. Por cambio global (“global change” en su designación inglesa) se entiende el conjunto de modificaciones que sufre el planeta, en particular en sus condiciones naturales. Todo lo que las ciencias naturales están analizando en materia de efecto invernadero, variaciones de temperatura, nivel de la altura de los mares, perturbaciones más o menos sensibles del clima, no servirían de nada si tales investigaciones y comprobaciones no resultan trasferidas al campo de las ciencias sociales.

No son muchas las aportaciones que se pueda señalar como de auténtica interdependencia científica entre ciencia natural y social. Por Harold K. Jacobson y Martin F. Price (A framework for research on the human dimensions of global environmental change, ISSC, UNESCO, Serie 3), conocemos alguna aportación de la sociología, pero también es urgente que se mezclen los conocimientos de la psicología, la economía y el derecho para que podamos pensar en obtener una auténtica solución científica global. En esta oportunidad, quizá consiga en particular el derecho a obtener el respeto que le corresponde como disciplina social. Su lugar preferente como sistema de planificación social moderna no siempre se destaca, pues queda oculto detrás de los procedimientos judiciales de la abogacía, de tanta importancia individual y colectiva para la vida social, pero que disminuyen al derecho como ciencia de la planificación, al desdibujarla en la herramienta abogacía, tan necesaria pero no exclusiva.

Los políticos, son de esencial importancia en trasformar conclusiones técnicas y científicas de las ciencias naturales a lo social. No bastará conocer el probable funcionamiento de la economía en razón de los cambios naturales o apreciaciones sobre comportamiento social, que aporten los sociólogos, ni las actitudes psicológicas para identificar pautas de conducta individual o colectiva. Lo que será trascendente (más allá de la importancia tremenda que concedemos a todos los mirajes que dejamos señalados) es saber qué ley o leyes sabrán buscar la solución al tema del cambio climático. En definitiva, el derecho deberá

señalar el camino de restauración de la correlación natural del planeta.

Y si atendemos a las disciplinas que deberán ser utilizadas, empezaremos por señalar que todo el derecho se deberá utilizar. Porque sólo un sistema legal íntegramente aplicado dará respuesta adecuada al problema. Pero una vez formulada esta hipótesis globalista, debemos recorrer en sentido inverso el camino tan arduamente recorrido por las disciplinas especializadas. Esto es, se deberá aplicar las nuevas instituciones del derecho ambiental, las que antes fueron pensadas para el llamado derecho de los recursos naturales, para llegar, por último, al más antiguo y hoy lejano: el derecho agrario, o, como se lo designó al inicio, el derecho rural.

Las instituciones agrarias, es decir, las categorías jurídicas que intentaron desde el primer código agrario de que se tiene idea (el de Hammurabi), serán las que signifiquen la esperanza de poner uno de los límites a utilizar para que el cambio global suspenda sus efectos nocivos. El cambio será agrario, pero por sobre todas las cosas deberá ser inverso al doctrinalmente recorrido hasta ahora. Irá de lo ambiental, de la noción totalizadora y globalista, a la visión recursista que supone una visión de conjunto de equilibrio natural y producción (mucho antes de la reunión de Río denominada Eco 92 y del concepto de desarrollo sostenido).

De allí llegará a las instituciones de siempre relativas a los conceptos de unidad económica, conservación de suelos, concentración parcelaria, el régimen de los recursos forestales y su protección, las áreas naturales. Ello, todo junto y en combinación con las modernas formas de protección colectiva y general, que proceden del derecho de los recursos naturales y del derecho agrario.

Las instituciones legales que han quedado señaladas serán a partir de ahora las que necesariamente se deberá utilizar en la corrección de los efectos negativos que el hombre causa al planeta.

CAPÍTULO II EL DERECHO AMBIENTAL ANALIZADO DESDE SU PERSPECTIVA ELEMENTAL 2.1.- Evolución del Derecho Ambiental 2.2.- Definiciones de Derecho Ambiental 2.3.- El rol del Derecho Ambiental 2.4.- Características del Derecho Ambiental 2.5.- Sujetos del Derecho Ambiental 2.6.- Fuentes del Derecho Ambiental 2.7.- El Derecho al ambiente en las constituciones comparadas

2.8- Principios del derecho ambiental

2.1.- Evolución del Derecho Ambiental

Las normas jurídicas dirigidas a enfrentar la creciente conflictividad que origina la utilización de los recursos naturales deben tener un nuevo enfoque. En efecto, el nuevo derecho ambiental es, ante todo, multidisciplinar pues busca integrar las distintas ramas del ordenamiento jurídico a fin de prevenir, reprimir o reparar las conductas agresivas al bien jurídico ambiental, teniendo en cuenta las características culturales y sociales del medio humano.

En realidad, el derecho ambiental no es una rama autóctona del ordenamiento jurídico en el sentido de que posea un bien jurídico diferente al derecho administrativo. Lo novedoso de esta disciplina es, fundamentalmente, su enfoque metodológico.

La evolución del derecho ambiental ha sido vertiginosa en algunos países occidentales, especialmente en Estados Unidos y Alemania, así como en los países nórdicos. En naciones como España, Portugal o Grecia, el sistema de protección jurídica del ambiente se desarrolla a partir del reconocimiento en los textos constitucionales del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, con el fin de asegurar una digna calidad de vida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. De igual manera, se adoptan diferentes mecanismos para su protección, tales como las acciones colectivas y de amparo.

Igualmente, en el ámbito internacional, la problemática ambiental ha sido objeto de expreso reconocimiento. Es así como la Conferencia de Estocolmo, en 1972¹ , marcó un hito en el reconocimiento y determinación conceptual del nuevo derecho humano a la protección de su entorno natural. La declaración final de la

Conferencia, en su principio 1, sostiene:

“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que se le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.¹¹

Es innegable la importante repercusión de esta declaración en el ámbito internacional, tanto así que después de 1972 son muchos los tratados internacionales de protección del medio ambiente y los pronunciamientos de los organismos multilaterales sobre su compromiso en la defensa de los recursos. Así, la Comunidad Económica Europea eleva la protección del medio ambiente a la categoría de objetivo prioritario de su actuación, estableciendo que la acción de dicho organismo se dirige a garantizar tanto la conservación y mejora de la calidad del ambiente como su utilización racional. La juridización del problema ambiental se ha extendido en el plano mundial, y la protección de los recursos se ha elevado en algunos países a derecho de rango constitucional.

La trascendencia jurídica de la problemática ambiental, a pesar de ser reciente, se ha hecho presente en todos los ámbitos jurídicos comenzando por el constitucional, y en éste, a través de dos caminos. por una parte, el algunos estados las políticas de protección parten del reconocimiento constitucional expreso de un derecho al ambiente, principalmente, en aquellas constituciones elaboradas a partir de 1970. Ahora bien, respecto de aquellas anteriores a esta época, la doctrina y la jurisprudencia, acudiendo a la interpretación de disposiciones y derechos tradicionales, han fundamentado un derecho implícito a unas condiciones ambientales que favorezcan la calidad de la vida o el desarrollo de la personalidad.

En el primer grupo está la Constitución española de 1978, que es una de las pocas constituciones europeas que consagran expresamente en su parte

dogmática un derecho al ambiente y la correlativa obligación de su conservación (artículo 45).

Como antecedentes inmediatos de la disposición constitucional española, se señalan el artículo 24 de la Constitución griega de 1975, que establece: “Constituye obligación del Estado la protección del ambiente natural y humano”. También la Constitución portuguesa de 1976, que en el mismo sentido destina un amplio apartado en el artículo 66, el cual comienza proclamando:

“Todos tienen derecho a un ambiente de vida humano sano y ecológicamente equilibrado y el deber de defenderlo”.¹²

En otros estados, en los que no se reconoce expresamente la protección al ambiente, la jurisprudencia constitucional y la doctrina han derivado de otros principios del texto constitucional, derechos y lineamentos orientadores de una política conservacionista. En los Estados Unidos, la Constitución no menciona la protección del ambiente y los tribunales han rechazado en varias ocasiones la existencia de un derecho a un ambiente sano y equilibrado derivado de aquélla.

No obstante, en la Constitución se otorgan al Congreso competencias legislativas sobre determinadas materias, a partir de las cuales se ha deducido un implícito poder para legislar sobre el ambiente. Así, el artículo I, sección 8, cláusula 3, de la Constitución estadounidense “otorga competencia al Congreso para regular el comercio con las naciones extranjeras y entre los Estados miembros”¹³. Sobre esta cláusula, el Tribunal Supremo ha deducido una competencia para regular el uso de la tierra y los recursos naturales; esta competencia ha servido de base para la aprobación de gran número de leyes federales reguladoras de la materia. Por otra parte, el artículo IV, sección 2, cláusula 2, de la Constitución otorga el poder al Congreso para regular todo lo concerniente al territorio y la propiedad perteneciente a la federación (que comprende un tercio del territorio de los Estados Unidos). Tomando como base esta norma, ha interpretado el máximo Tribunal americano, que existe una competencia para legislar sobre cuestiones

de medio ambiente relacionadas con dicho territorio.

Ahora bien, la omisión constitucional no impide que las autoridades de los estados estén debidamente facultadas para expedir normas de protección ecológica, pues en las mismas constituciones de los estados federales se consagran garantías específicas de protección al ambiente.

Así, el artículo 14 de la Constitución de New York establece: “La política del Estado estará encauzada hacia la conservación y protección de los recursos y bellezas naturales, encareciendo también el desarrollo y mejora de sus terrenos agrícolas para la producción de alimentos y otros productos de la tierra”.

La Constitución italiana de 1947 tampoco establece un derecho al ambiente, pero la jurisprudencia y la doctrina han llenado el vacío acudiendo en vía interpretativa a otras normas constitucionales, en particular a los artículos 2, 9 y 32. El artículo 32 reconoce el derecho fundamental a la salud, no sólo como interés del individuo sino de la colectividad. El artículo 2, reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre en las formaciones sociales donde desarrolla su personalidad. El artículo 9 reconoce que el Estado tutela el paisaje.

A partir de la conexión de dichas disposiciones se derivan dos principios fundamentales de protección del entorno natural. Al relacionar el artículo 2 con el 32, la Corte de Cassazione deriva un derecho subjetivo a la salubridad del ambiente y en la sentencia No. 5172 de 6 de octubre de 1979 reconoce: La protección -se refiere a la salud del hombre- se extiende a la vida asociada del hombre en todos aquellos aspectos en los cuales ésta se articula, y en razón de su efectividad, a la preservación de las condiciones indispensables y propicias a la salud: ésta asume de tal modo un contenido de sociabilidad y de seguridad, por el cual el derecho a la salud, antes que como mero derecho a la vida y a la incolumidad, se configura como derecho al ambiente salubre.¹⁴

Por otra parte, de la combinación de los artículos 2 y 9 se ha construido ya no un derecho subjetivo, sino un principio objetivo dirigido al legislador de tutela del paisaje. En Alemania, la Grundgestz (La Ley Fundamental de Bonn) de 1949 no contiene un derecho fundamental al ambiente, de ahí que, también, la doctrina ha construido una garantía constitucional de segunda mano mediante la interpretación de variadas disposiciones. Para algunos, puede fundamentarse una construcción dogmática en el artículo 1.1 (Dignidad humana), el artículo 2.2 (Derecho fundamental a la vida y a la incolumidad física), el artículo 2.1 (libre desarrollo de la personalidad), y el artículo 20.1 (Principios del Estado social de derecho).

Las anteriores disposiciones, según la doctrina alemana, permiten reconocer un derecho fundamental a un mínimo ecológico de existencia en analogía con aquel mínimo social de existencia, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Para otro sector de la doctrina alemana, la protección del ambiente viene fundamentada por cuanto constituye el presupuesto del ejercicio de los derechos fundamentales, de manera que se requiere su tutela en aquellos casos en que su lesión ponga en peligro derechos fundamentales, como el de la vida o de la integridad corporal o, también, la propiedad.

Por otro lado, y al igual que en los Estados Unidos, el tema ambiental se halla presente en las Constituciones de los Lánder. Así, el artículo 141.3 de la Constitución de Baviera establece un derecho fundamental al disfrute de la naturaleza, además, en el artículo 3.2 la obligación para el Estado de proteger las bases naturales de la vida y las tradiciones culturales.

La tendencia a la constitucionalización de la problemática ambiental se hace presente, igualmente, en las cartas constitucionales latinoamericanas. Así, la Constitución de Panamá, sancionada en 1972, dispone en su artículo 110 “el deber del Estado de velar por la conservación de las condiciones ecológicas,

previniendo la contaminación del ambiente y el desequilibrio de los ecosistemas, en armonía con el desarrollo económico y social del país”.¹⁵

Cuba estableció en 1976 que el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. Como consecuencia de tal punto de partida, el texto constitucional en su artículo 27 establece que “corresponde a los órganos competentes y a cada ciudadano velar porque sean mantenidas limpias las aguas y la atmósfera y que se proteja el suelo, la flora y la fauna.”¹

La Constitución peruana de 1979, en su artículo 123, reconoce a cualquier persona “el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y apropiado al desarrollo de la vida y a la preservación del paisaje y de la naturaleza”¹⁷.

La Constitución brasileña de 1988 establece, en el artículo 225, “el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, imponiéndose igualmente el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones”.¹⁸

Esta visión del derecho comparado, que no pretende ser exhaustiva, nos muestra que la preocupación por la conservación del medio natural y humano en condiciones de equilibrio ha adquirido la categoría de valor primario de relevancia constitucional. No obstante, ello con ser importante no es suficiente, pues en la actualidad la discusión se centra en determinar los mecanismos jurídicos de tutela, bien como derecho público subjetivo o en sentido objetivo como bien jurídico, existiendo en torno a tal discusión dificultades metodológicas que parten de los contornos difusos que puede adquirir el concepto de ambiente.¹

2.2.- Definiciones de Derecho Ambiental

Para establecer el ámbito jurídico que comprende el Derecho Ambiental se parte del estudio de las diversas formas de relación del hombre con la naturaleza, dentro del Derecho positivo, es decir el derecho que está en vigencia. Considerando que la regulación de la naturaleza desde el interés del poder público ha quedado delimitada en los ámbitos del Derecho Administrativo, es quien se ocupa de las nociones y disposiciones relativas al dominio público y en consecuencia, a los bienes naturales que componen dicho dominio público.²

Es una disciplina jurídica, que se ocupa de las leyes y disposiciones relativas al ambiente (...) Como disciplina relativamente nueva, se ha orientado a la determinación de aquellas normas que permitan la conservación de los recursos naturales, el manejo adecuado de los mismos, y el ordenamiento de determinadas actividades sociales que inciden en la calidad del ambiente.²¹

Cuando hablamos de Derecho ambiental nos asalta intuitivamente una primera noción. El Derecho ambiental se nos presenta como el Derecho que protege el medio ambiente. Esta primera definición es la que nos sirve de punto de partida de nuestro razonamiento que ha de conducirnos por tres escalones hasta formular nuestra definición del Derecho ambiental. Porque esta primera aproximación pone de manifiesto, en su misma elementalidad, ideas esenciales para la definición del Derecho ambiental.

La definición inicial expuesta nos presenta tres elementos importantes para la definición del Derecho ambiental. Estos tres elementos son: el Derecho, la protección y el medio ambiente. Estos tres elementos vendrían a constituir el primer escalón de nuestro proceso definitorio. Este primer escalón nos agrupa a otro segundo escalón constituido por otros elementos que intuitivamente aparecen asociados con aquellos tres.

El Derecho con las normas jurídicas, la protección con la función tuitiva o

tuteladora que despliega el indicado Derecho y el medio ambiente con el objeto de la protección de aquella función que se despliega a través del Derecho ambiental. A su vez, los elementos indicados del segundo escalón nos conducen a otro tercer escalón. En este tercer y último escalón nos encontramos con las normas jurídicas, con la función tuitiva o de protección y con el objeto de protección.

El primer elemento del tercer escalón relacionado con el Derecho y con las normas jurídicas es el concepto de sistema (...) La interpretación más extendida es la que reduce el sistema jurídico a un único elemento, el normativo. En cambio, otra defiende la ampliación a otros elementos.

No es nuestra misión, ni tampoco es necesario para llevar a cabo nuestra investigación, terciar en la polémica. A nuestros efectos es suficiente, sobre la base de lo que más adelante se argumentará, reconocer, por un lado, que el principal elemento del Derecho son las normas jurídicas y, por otro lado, que el análisis jurídico no puede circunscribirse al análisis normativo y debe ampliarse a otros elementos tales como los sujetos y las actividades que éstos desarrollan relativas o con relación a las normas jurídicas.²²

El segundo elemento nos indica que la función del Derecho ambiental desarrolla una actividad, misión o cometido relativos a un objeto. Porque se trata de una misión de protección (de la naturaleza) respecto o frente a todo aquello que la amenaza, para lo que el Derecho hace aquello que le es propio (regular). Esta función tuitiva nos conduce, a su vez, a interrogarnos sobre dos cuestiones centrales. Por un lado, el cómo el Derecho despliega esta función, y por otro lado, cuáles son los peligros que el Derecho ambiental pretende conjurar precisamente para proteger el medio ambiente. El Derecho despliega su función tuitiva mediante la regulación de aquello que precisamente es la fuente de los peligros que pretende conjurar, esto es, las actividades humanas.

El tercer y último elemento del tercer escalón que hemos subido en nuestro razo-

namiento, nos conduce al objeto de la protección del Derecho mediante la función tuitiva. Nos referimos al medio ambiente, o más simplemente, al ambiente o la naturaleza. Esta aproximación sucesiva en tres escalones o fases nos ha permitido llegar a la definición del Derecho ambiental. A nuestro juicio, el Derecho ambiental es aquel conjunto de normas jurídicas que integrando un sistema normativo o un subsistema normativo del Ordenamiento jurídico regulan las actividades humanas para proteger el medio ambiente o la naturaleza. La definición que hemos propuesto es un inicial punto de llegada a partir de una definición intuitiva, basada en lo que podemos denominar como la acepción más común o vulgar del Derecho ambiental. Sin embargo, lejos de resolver el inicial problema de la definición de este Derecho nos suscita numerosos interrogantes.

La importancia de la capacidad de significación del estatuto jurídico del medio ambiente obedece a que es precisamente su protección la que justifica, al igual que explica, la propia existencia de esta rama o sector del Derecho llamado Derecho ambiental. Sin embargo, no puede olvidarse que el Derecho ambiental es ante todo Derecho. Por esta razón, nuestra exposición comenzará, precisamente, por mostrar la condición sistémica del Derecho, como sistema normativo que interactúa con sujetos y actividades (...) El elemento de unión entre el Derecho y el medio ambiente es precisamente la función tuitiva que aquél asume respecto de éste y que se concreta en la regulación de unos instrumentos de protección que, como se analizarán, serán actuados fundamentalmente por la Administración.²³

2.3.- El rol del Derecho Ambiental

El papel del derecho ambiental, sin embargo, está siendo considerado de diverso modo. Para algunos lo cubre todo; el derecho ambiental no se limitaría a ser una rama del derecho, sino todo un ordenamiento jurídico paralelo, que duplica al convencional, tradicional, voluntarista u ordinario vigente. Su objeto en cuanto es la globalidad del ecosistema terrestre o biosfera equivale a la suma de los objetos de las ramas de aquél. De ahí que haya un derecho ambiental penal, internacional, etc. Esta posición ratifica, así, la actualidad y vigencia del derecho

ambiental.

Para ciertos autores el derecho ambiental tiende a desaparecer. Para Michel Prieur los principios e instituciones ambientales están siendo adoptados por las ramas tradicionales del derecho de manera tal que al completarse un ciclo o período de absorción por parte de ellas, el derecho ambiental desaparecía, confirmando su carácter de disciplina, si bien valiosa, circunstancial, pasajera o de moda, que habría generado o despertado nuevos enfoques y soluciones pero que finalmente forman parte del bagaje de las otras ciencias jurídicas.²⁴

En una noción similar, se anunciaba que el camino es rural; que el cambio será agrario. Las instituciones agrarias, según Eduardo A. Pigretti, es decir las categorías jurídicas que fueron intentadas desde el primer Código de Hammurabi serán las que signifiquen la esperanza de poner uno de los límites a utilizar, para que el cambio global suspenda sus efectos nocivos. Para esta posición el derecho ambiental aparecido como una moda debería ahora dar lugar a la renovada presencia y necesaria aplicación de las instituciones relativas a los conceptos de unidad económica, conservación de suelos, concentración parcelaria, el régimen de los recursos forestales y su protección, las áreas naturales, junto a otras formas a instancia articuladora del intercambio de información, experiencias y búsqueda del consenso (…)²⁵

2.4.- Características del Derecho Ambiental

Las características del Derecho Ambiental, de acuerdo con el tratadista Héctor Bibiloni, se pueden resumir en las siguientes:²

Dinámico

Según el Diccionario de la real academia española, el dinamismo es “ (…) Actividad, presteza, diligencia grandes (…). Y es preciso antes de redactar este tema, que en sí el derecho, según el método sistemático, es interdependiente, lo cual quiere decir que, las diversas áreas de la ciencia jurídica, tienen relación con otras.

Héctor Bibiloni textualmente indica que el derecho ambiental, tanto en sus aspectos formales como sustanciales, está integrado por una cantidad de elementos dinámicamente interconectados entre sí. El movimiento es lo que caracteriza la existencia misma del cosmos, y la dinámica también es la cualidad que identifica la esencia de la vida.

Dentro de esta característica, se pueden identificar tres facetas:

a) cantidad y en la diversidad de sus contenidos, b) La manera de cómo operan las normas que integran el Derecho Ambiental; y c) La tutela jurídica del Derecho Ambiental

No cabe duda que el Derecho Ambiental es dinámico, pues sus normas se refieren con la Constitución, Derecho Civil, Derecho Laboral, etc. Dentro de éste último, se habla de las adecuadas condiciones de salud que deben tener los trabajadores para que ejerzan su trabajo, es por eso que hay reglamentos y leyes que conducen a la aplicación del Derecho Ambiental en el Derecho Laboral.

Sistemático

La palabra sistemático, denota que existe un orden

“ (…) Que sigue o se ajusta a un sistema. || 2. Dicho de una persona: Que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etc. (…)²⁷”

Una normativa ambiental que no guarda coherencia con el orden jurídico impuesto, pierde toda eficacia y no cumple ninguna función.

“Sistema es el conjunto de reglas o principios sobre una materia, enlazados entre sí. Conjunto de cosas que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto”²⁸.

Carece de todo sentido que la protección ambiental se fundamente en normas aisladas entre sí o desvinculadas del resto de la red normativa, y principalmente de su sustrato material y fáctico. Si las normas del derecho ambiental no se incluyen en forma sistemática en todo el contexto jurídico, no es un derecho útil porque no va a rendir ningún beneficio a los ciudadanos.

No cabe duda que el Derecho Ambiental, se apoya en principios, esos principios constituyen normas de carácter vinculante, es decir, que hay que cumplirlas. Muchos de esos principios constan en la legislación nacional, en los principales convenios, incluso, de los cuales, Ecuador los ha aceptado a través de la ratificación. De estos principios nos referiremos en un capítulo posterior.

Reglado

“La Regla constituye una norma, principio, precepto, estatuto, constitución. (…)

orden, armonía (…)”²

El tratadista Bibiloni, indica textualmente que el carácter de derecho reglado se manifiesta al menos en dos aspectos. Si bien con una minuciosa investigación histórica podemos encontrar antecedentes remotos de procedimientos que han sido reputados como ambientalmente amigables, como fue la rotación de los cultivos, o el desplazamiento de los rebaños, esa conclusión resulta de una interpretación actual de conductas humanas que no respondían a un análisis de las consecuencias lesivas del comportamiento humano, sino más bien a la aplicación del sentido común. La rotación de cultivos o el traslado de las reses no eran medidas que se tomaran para preservar el suelo, sino porque habían demostrado resultar medidas eficaces para mejorar el rendimiento de los frutos de la tierra.

El derecho ambiental es derecho reglado, porque aunque los conocimientos actuales nos permitan encontrarle cierto significado ambiental a alguna costumbre de algún pueblo primitivo, ello de ningún modo es suficiente para sostener seriamente que esas conductas instauraron normas de derecho consuetudinario.³

Para acotar lo que estamos desarrollando, vale la pena destacar que el carácter reglado del Derecho Ambiental, tiene que ver con la cualidad de sistemático. En otras palabras, las diversas legislaciones de las naciones, han llevado a positivar las normas del Derecho Ambiental, sin perjuicio de que éstas se encuentran en la normativa internacional.

Primacía de los intereses colectivos

No debemos olvidar que uno de los objetivos o fines del Derecho es el bien común, que para éste análisis, tiene mucha relación con el interés colectivo.

Debemos sacrificar muchas veces el interés individual y velar por los intereses de la sociedad.

El tratadista que estamos analizando, indica que el Derecho por sí mismo, respalda a la colectividad, a un conglomerado social, de ahí que se deriva la característica de generalidad de la ley. Con mucha más razón, los distintos problemas ambientales, afectan a todos los conglomerados, en otras palabras, podríamos decir que todos somos sujetos activos y pasivos del Derecho Ambiental, ya que tenemos algunos derechos, pero también tenemos varias obligaciones, una de ellas sería por ejemplo el respeto a las ordenanzas que rigen en materia de contaminación ambiental. Un ejemplo de derecho que tenemos sobre la temática que estamos abordando, sería por ejemplo el respirar un medio ambiente sano y libre de contaminación, tal cual consta en la Constitución de la República y en algunos tratados internacionales.

La palabra primacía significa: “Superioridad, ventaja o excelencia que algo tiene con respecto a otra cosa de su especie”³¹

El Derecho Ambiental es un Derecho Público. Los conflictos que el Derecho Ambiental aborda enfrentan habitualmente amplios sectores sociales: productores y consumidores, contaminadores y perjudicados, industriales entre sí, propugnadores del consumo y defensores de la calidad de vida, etc. Los intereses más relevantes son de carácter político y los respalda el Estado. Su carácter público no excluye el concurso del ordenamiento civil (privado) en lo que respecta a compensaciones o indemnizaciones en caso de culpa contractual (problemas ambientales que pueden generarse dentro de una relación por arrendamientos de predios, locales urbanos, etc.) o extracontractual como por ejemplo problemas ambientales que pueden generarse por culpa, o dolo, relación entre responsable y perjudicado.³²

Participativo

La participación significa el deber que, tanto instituciones públicas, privadas y ciudadanos, debemos ejecutar para lograr un objetivo común, y que beneficie a todos. Sin lugar a duda que el medio ambiente, es una institución que requiere el compromiso participativo de todos.

Todos los ciudadanos somos responsables de una u otra forma, de la crisis de nuestro planeta, es por eso que se hace necesario recobrar la confianza en el sistema, pero todos nosotros debemos colaborar con eso, por ejemplo con nuestra actuación responsable frente al ambiente. Desde luego, no cabe duda, que es el estado a través de las instituciones competentes, el que tiene que dar las pautas de una verdadera educación ambiental, la cual debe ser difundida no sólo en los centros de educación, sino a través de talleres, foros, conferencias, los cuales deberían tener el carácter de gratuitos.

Condicionado

Otro carácter a tener en cuenta, vinculado directamente con el anterior, deriva de los condicionamientos a que está sometido. El ejercicio y la vigencia del derecho ambiental están condicionados, porque dependen de un cierto nivel de educación y de una buena información. ³³

No hace falta hacer mayores comentarios sobre este tema, pero sí debemos insistir en que para que el ordenamiento jurídico en un estado de derecho funcione, deben funcionar todas las instituciones que regentan dicho estado. Por lo tanto, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, debemos condicionar nuestra conducta a lo que la ley establece. No debemos proceder conforme nuestras creencias, sino de acuerdo al orden jerárquico normativo, el mismo que se encuentra condicionado por una reglamentación, la cual, al mismo tiempo denota, la actuación correcta de las personas.

Vocación Redistributiva

Uno de los desafíos del Derecho Ambiental radica en interiorizar los costos que suponen para la colectividad la transmisión de residuos y subproductos a los grandes ciclos naturales. A través de compensaciones, indemnizaciones, internalización de externalidades, el que contamina paga, etc. (Hoy se asume la internacionalización de la internalización de las externalidades). Podrán conseguirse resultados ambientalmente aceptables si el Derecho Ambiental consigue canalizar recursos para compensar a los perjudicados, remediar e implantar sistemas de control de la contaminación.³⁴

Dialéctico

El tratadista Bibiloni indica que el Derecho Ambiental es un derecho de ejercicio dialéctico continuo, por esa necesidad que impone de conciliar permanentemente intereses en conflicto. Los hechos y las conductas que ponen en riesgo el equilibrio de los sistemas sustentadores de la vida configuran situaciones complicadas que involucran siempre una multiplicidad de intereses contrapuestos. En esas circunstancias, el diálogo se transforma en una herramienta imprescindible, cuando es necesario explorar opciones de solución para los problemas del entorno, que a la vez satisfagan a la mayoría de los intereses en juego. ³⁵

Siempre es preciso y fundamental el diálogo para la solución de los problemas. El diálogo puede traer como efecto que no se suscite un conflicto, es por eso que creemos en la existencia y aplicación (entre otros) de los métodos alternativos de solución de conflictos. A veces ya iniciado un conflicto (por ejemplo en el juicio verbal sumario), el Juez, tiene la obligación de convocar a las partes a la audiencia de conciliación, la cual, a través del diálogo, puede traer consigo la solución de un problema ya planteado. Aún suscitado ya un conflicto, lo

podemos llegar a solucionar a través de la transacción.

Público

Corresponde al estado, a través de sus instituciones, preocuparse por la aplicación, difusión y defensa del derecho Ambiental. En Ecuador, es de conocimiento público, que existe el Ministerio del Ambiente, entidad encargada de dichas funciones. Entonces, es política de Estado (pero también es nuestra responsabilidad), velar por la correcta aplicación de las normas del Derecho Ambiental.

“El adjetivo público sólo se refiere a la responsabilidad primaria del Estado y de los órganos de gobierno en materia de preservación y protección ambiental. Es la clase política la que está llamada a percibir las valoraciones sociales apuntadas, y sobre la base de ellas detectar las jerarquías que rigen en esos valores. Con esa escala, viva y por ello siempre variable, debe determinar en cada circunstancia cuáles de los intereses llevados a conflicto prevalecen sobre qué otros, en que momento lo hacen, y por cuánto tiempo se les concederá ese privilegio. Es el gobernante quien debe cumplir la función administrativa y reguladora, que es de la esencia misma de la función del Estado, otorgando autorizaciones y concesiones de explotación, de ejecución de obras o de prestación de servicios, fijando pautas, cánones y condiciones, haciendo cumplir las normas y disponiendo las medidas precautorias, preventivas o sancionadoras que correspondan y a quien corresponda.”³

Evolutivo

El derecho ambiental siempre ha estado en evolución, en otras palabras, tiene la característica de ser progresivo. Es decir, tiene que adaptarse a las condiciones de la sociedad. Y el legislador tiene que dictar, crear o modificar las normas

ambientales, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Las normas del Derecho ambiental nunca pueden ser regresivas, ya que deben evolucionar dando mejores y mayores beneficios al ambiente. Nuestra Constitución (a manera de ejemplo), garantiza a los ciudadanos el Derecho al buen vivir, entre lo que se destaca el derecho a un medio ambiente sano.

Económico

Las actividades de mayor riesgo y con más probabilidades de ocasionar graves daños ambientales son las que despliega el hombre en aras de su tan mentado desarrollo, y en pos del difundido fin de mejorar su calidad de vida; por ello, tanto la sanción como la promulgación y la ejecución de la normativa ambiental tendrá, en todos los casos, una fuerte incidencia económica. ³⁷

Hay que tener en cuenta que, para la aplicación y ejecución de las normas del Derecho Ambiental, se necesitan muchos factores tecnológicos, lo cual da a entender que debe existir una inversión económica. Existe normativa interna respecto al cumplimiento de dichas medidas, por ejemplo, en los hospitales, consultorios médicos, etc., existe la obligación de insertar basureros especiales, en donde esté plenamente identificados con colores, los tipos de residuos que se botan, ya que unos podrían se reciclables, y otros que harían mucho daño a la salud. Todo ello denota una inversión económica, la cual, habrá que ponerla en práctica, porque sólo así ayudaremos al medio ambiente.

Vocación preventiva

Aunque el Derecho Ambiental se apoya a la postre en un dispositivo sancionador, sin embargo, sus objetivos son fundamentalmente preventivos.³⁸

La importancia de los problemas ambientales y sus consecuencias conocidas hacen que sea indeseable que se presenten. Los dispositivos sancionatorios ambientales no son instrumentos realmente útiles para compensar los daños ambientales que se produzcan, ya que los mismos son difícilmente cuantificables y por lo general irreparables, así que lo mejor es evitar vulneraciones al ambiente. En ese aspecto se parecen el Derecho Penal y el Ambiental, puesto que la represión en sí misma, implica prevención, sólo que mientras en el Derecho Penal son claras las consecuencias de la agresión o el delito, en el Derecho Ambiental no se conocen las consecuencias, lo que dificulta la coacción a posteriori en cuanto muchas veces no se sabe lo que se quiere evitar por vía de amenaza y admonición. El Derecho Ambiental deberá fortalecer las sanciones para que se desincentive la técnica de muchos infractores, que prefieren pagar las muchas veces irrisorias sanciones después de procesos largos y dispendiosos de la administración, que no realizar las conductas ambientalmente atentatorias que generalmente van relacionadas a facilitar un proceso productivo, y económicamente rentable³ .

Principio Precautorio

En tal sentido podemos señalar que el principio precautorio es la base o el pilar esencial de la existencia de la institución de la precaución, que es la actitud o medida para cautelar o cuidar el ambiente, basándose en lo precautorio a través de normas, leyes, reglas o principios jurídicos de aceptación no sólo nacional, sino también de aceptación internacional, para prevenir, proteger o precaver el ambiente, el cual se encuentra constituido por el medio físico (…) ese es el ambiente en el que nos desenvolvemos y que está en constante desarrollo y transformación, el cual lamentablemente es cada día más depredado y destruido por la acción del hombre y los adelantos científico técnicos, que lejos de contribuir a su bienestar lo están conduciendo dramáticamente a la autodestrucción del mismo y en general de todo tipo de vida.⁴

Tanto la prevención como la precaución requieren la fijación de parámetros y niveles, mínimos y máximos, a fin de demarcar claramente los límites de ingreso

a la zona de riesgo primero y a la de peligro después. Son los llamados estándares ambientales o de protección que ya hemos mencionado, cuya determinación y aplicación son responsabilidad de las autoridades, y cuyo control de ejecución no está sólo a cargo de ella sino de toda la comunidad, porque todos nosotros tenemos la obligación de controlar a las autoridades mediante el ejercicio de las acciones (…) Este principio, incorporado en 1992 con el número 15 en la “Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (Eco 92) (…)⁴¹.

Si nos situamos, en primer lugar, en una perspectiva epistemológica, el principio de prevención supera el modelo curativo y se sitúa en un espectro anterior al modelo anticipativo, es decir, conforma, estructura o da sentido al modelo denominado justamente «modelo preventivo».⁴²

Solidario

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 83 dispone:

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley (…):

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios.”⁴³

Podemos argumentar a manera de criterio personal, que la solidaridad debe hacerse presente en todos los tiempos y circunstancias, a fortiori, cuando se trata de una norma de Derecho Ambiental. Ponemos como ejemplo que si un barrio se organiza para hacer una minga de limpieza, todos los vecinos estarán en la

obligación moral de cumplir este objetivo. La solidaridad por tanto, comporta una práctica que debería ser inherente y consustancial al ser humano. Sin duda que la solidaridad, tiene mucha relación con los principios anteriores, y ello porque, de una u otra manera, las personas, somos responsables del problema ambiental que se esta suscitando en nuestro planeta.

Inextinguible

Esta característica implica de que todos los ciudadanos, estamos obligados por igual y en todo momento a los deberes de acción o de abstención en materia ambiental, que por las características del bien jurídico que se protege son imperecederos y constantes. Acción, significa por ejemplo dar cumplimiento estricto de la normativa ambiental, la misma que es de variada índole (reglamentos, leyes, ordenanzas, etc.). La abstención, proviene de la obligación de no hacer, o si la hacemos, tenemos una sanción por incumplimiento. Un ejemplo de abstención en materia ambienta en la ciudad de Quito, sería por ejemplo sacar la basura en el día y hora que no nos corresponde por razón de la recolección en nuestro sector-vecindario.

Imprescriptible

Contrario a la imprescriptibilidad, viene la prescripción: “(…) Medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina, y que es variable (…)”.⁴⁴

“Las lesiones al ambiente son un modo peculiar del daño que no se consolida con la conducta ilícita, sino que a partir de allí se desencadena. El impacto ambiental provoca una liberación de fuerzas poderosas, que hasta ese momento estaban cautivas en un sistema que las compensa entre sí por su propia armonía y equilibrio. Roto ese equilibrio, el sistema buscará recobrarlo, y hasta ese

momento los efectos y consecuencias de las fuerzas liberadas se extenderán en el espacio y en el tiempo, con resultados imprevisibles. La entidad del perjuicio y de sus secuelas son de tal gravedad que se hace imprescindible tratar de evitarlo, o en su caso detenerlo inmediatamente, por lo que no son aplicables los esquemas jurídicos clásicos. El término de prescripción no debe computarse desde que se comete el hecho, sino desde que cesan sus efectos (…)”⁴⁵

Inalienable

“Calificativo de la cosa o del derecho que no se puede enajenar, ceder ni transferir”.⁴

Sería imposible hablar de que el medio ambiente se pueda vender, hipotecar o ceder. Esto resulta verdaderamente absurdo. El medio ambiente es un bien jurídico protegido, es un sistema de protección a los seres humanos y viceversa. Lo que resulta esencial de esta característica, es que el medio ambiente, no puede ser objeto de transacción jurídica alguna. Esto, sin dejar de tomar en cuenta que el Estado, a través de la legislación pertinente, permite la explotación de algunas zonas de nuestro territorio.

Indisponible. Irrenunciable. Incompensable

De estos caracteres ya enunciados, y de su condición de derechos de incidencia y de goce colectivo, deriva su carácter de indisponibles, y en consecuencia son también irrenunciables e incompensables. Primero porque se trata de una expresa cuestión de orden público, y que además compromete intensamente el interés público y los derechos de terceros. Estos caracteres también se infieren del principio de equidad intergeneracional que surge de la constitución y de la legislación ambiental específica, en cuanto a las garantías que consagra a favor de las generaciones futuras.⁴⁷

De orden público

“El orden público es la observancia de un conjunto de normas jurídicas, cuyo cumplimiento es indispensable para preservar el mínimo de condiciones necesarias para una convivencia normal. Parte del orden jurídico que asegura los fines esenciales a la colectividad”.⁴⁸

En aras de la preservación y custodia de esos valores, en especial de aquellos que son considerados los de mayor jerarquía para cada sistema, hay ciertos asuntos que son sustraídos de la voluntad de las personas, a las que se veda la posibilidad de disponer libremente de ellos (...) Las normas que mandan a preservar el ambiente son de orden público y establecen derechos y deberes para todos, sin ninguna excepción.⁴

2.5.- Sujetos del Derecho Ambiental

Lo que pareciera ser un tema trillado y simple adquiere características importantes en el derecho ambiental. La respuesta de ¿quiénes son o pueden ser considerados partes en las distintas instancias del proceso y el procedimiento en materia ambiental?, constituye todo un universo jurídico donde las reglas de la legitimación procesal se ven, de alguna manera, moduladas por el principio de que no se requiere relación o situación jurídica alguna con el objeto de protección, que instruye el derecho ambiental, para poder constituirse como parte.

En relación con los sujetos del derecho ambiental se han expuesto varias tesis que coinciden, en su mayoría, en reconocer como titulares de la acción en materia de derecho ambiental a las personas, organizaciones y asociaciones que

realizan actividades atinentes al tema o que se encuentran legalmente habilitados; por ejemplo, al público en general como consumidores; al Defensor de los habitantes, y de manera especial a las generaciones futuras. En legislaciones especiales es usual que se reconozcan grupos determinados, como las poblaciones indígenas y comunidades locales.

A pesar de lo indicado, la gran discusión radica en dilucidar si se requiere contar con un derecho subjetivo o si por el contrario basta con mostrar un interés legítimo para accionar y exigir la tutela del ordenamiento. Más aún, hay discusiones sobre si basta con que ese derecho haya sido reconocido por un instrumento internacional o si requiere de un reconocimiento expreso del ordenamiento jurídico nacional. Se señala que mientras el derecho tradicional, en cualquiera de sus ramas, establece como necesario para la legitimación la oposición de un derecho subjetivo o un interés legítimo en virtud de que las relaciones se establecen en un marco individualista y subjetivo, el derecho ambiental es intrínsecamente colectivo y naturista.

Esta corriente es posteriormente desarrollada por la línea de pensamiento que ubica el derecho ambiental como un derecho humano y fundamental, y por lo tanto intrínseco a esa condición. Esta afirmación nos parece más que procedente cuando consideramos que el derecho ambiental incorpora como titulares de ese derecho a las generaciones futuras o los no nacidos, los cuales no están en condición de ejercer y proteger sus derechos futuros.

El debate avanza con los que siguen la posición del derecho subjetivo, con las tesis de que se trata de dos tipos de derechos subjetivos: sustantivos e instrumentales. Los primeros tutelan el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; mientras que el derecho instrumental permite ejercer y solicitar la tutela judicial, pudiendo darse el caso de que estos últimos sufran restricciones legales para su ejercicio.

Bien se trate de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, lo cierto es que lo

que interesa a los habitantes es que se les permita ejercer las garantías jurisdiccionales para proteger el medio ambiente y hacer efectivo el derecho reconocido constitucionalmente a disfrutarlo en calidad y equilibrio.

Este debate se torna relevante entre los tratadistas latinoamericanos y otros autores que provienen de países donde la normativa no les otorga a los sujetos amparo directo o sin lesión a la salud para tutelar los derechos ambientales, es decir, donde se califica de derecho subjetivo mediato, no directo. En este caso se requiere de una afectación directa y personal y de un desarrollo legislativo para poder ejercerse; pero en el caso de Costa Rica no es así, ya que, ampliamente, la jurisprudencia ha reconocido los derechos concedidos en el numeral 50 como un derecho humano, y como tal, tutelado por todas las acciones propias y la ausencia de requisitos o formalidades correspondientes, para los valores protegidos por el ordenamiento como fundamentales.⁵

Al encontrarse protegido por la Constitución Política, como un derecho humano, es irrenunciable e imprescriptible. Para accionar ante cualquier instancia sobre los temas ambientales no se requiere ni la condición de ciudadanía, ni de mayoría de edad, ni de relación o lesión directa por la acción u omisión que se ataque.

Tradicionalmente, el acceso al proceso está condicionado a cumplir con el requisito de legitimidad “ad causam;” sin embargo, al constitucionalizarse el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se reconoce un derecho sustantivo que implica para su efectivo ejercicio un derecho instrumental para accionar. Sin que requiera para ello como ya se indicó, de una norma de orden legal que así lo disponga. Al constitucionalizarse este derecho, se incorpora a la categoría de derechos públicos subjetivos.

Se reconoce así una nueva categoría de derechos subjetivos que a diferencia de los personales y exclusivos oponibles frente a terceros son comunes, fundamentales y oponibles principalmente frente al Estado. Este concepto ha

representado todo un problema para algunos teóricos del derecho (…), ya que a través de los derechos públicos subjetivos se habilita el reclamo de los derechos colectivos frente al Estado, el cual, se supone, representa esos derechos colectivos.⁵¹

2.6.- Fuentes del Derecho Ambiental

Las fuentes del Derecho Ambiental tienen un carácter difuso, están dispersas en toda la legislación, pero por orden de jerarquía es la Constitución Política la primera fuente del Derecho Ambiental (…)⁵²

Las fuentes no difieren en lo sustancial y los diversos tratadistas coinciden en señalar que es la Constitución (instrumento jurídico político que construye el ordenamiento jurídico del Estado: leyes civiles, penales, mercantiles, procesales, administrativas, laborales, fiscales, agrarias, mineras, ambientales, entre otras, no sólo por razón de jerarquía, sino también por orden cronológico), es la primera fuente del Derecho Ambiental.⁵³

Resumamos las fuentes del Derecho Ambiental.

La legislación

En la medida en que el Derecho ambiental va adquiriendo importancia, las legislaciones con contenido ambiental, se van tornando profusas, dispersas y variadas de acuerdo al concepto de ambiente que se tenga en cada contexto jurídico.

En aras de simplificar, podríamos considerar tres tipos de normas ambientales:

• Sanitarias o higienistas. Tienen en cuenta los riesgos para la salud humana de los problemas ambientales. Ejemplo de éstas son los Códigos Sanitarios. • Sectoriales. Protegen los recursos naturales de manera aislada y sin tener en cuenta las relaciones entre ellos. Ejemplo de éstas son las normas que buscan regular el uso del aire, el agua, el ruido, etc. • Ecosistémicas. Aquellas que conectan todos los factores que conforman el ambiente y compilan en códigos las normas relacionadas con el medio ambiente. Ejemplo de éstas son las normas jurídicas que reglamentan las licencias ambientales.

En todo caso no puede decirse que un ordenamiento ambiental obedece sólo a un tipo de normas, sino que básicamente son normas antiguas que se van adaptando a las nuevas necesidades y a los nuevos avances en Ecología que obligan a la conjunción de los tres tipos de normas.

En todo caso, y si tenemos en cuenta la legislación ambiental moderna, es decir, aquella surgida después de la década del cincuenta, podemos clasificar la tendencia de la legislación ambiental mundial como de corte ectorial con tendencias ecosistémicas.

La doctrina

La doctrina de Derecho Ambiental, es abundante, en los que una especie de moda ambientalista obliga a todas las disciplinas del conocimiento a ocuparse desde su óptica en los problemas del entorno. Las normas, para que puedan considerarse ambientales, no necesariamente tienen que pertenecer a ese

ordenamiento, sino que deben ser susceptibles de una interpretación para propósitos ambientales, es decir, normas que sin serlo, causan consecuencias ambientales tales como las dedicadas a la planeación urbana, etc.

Sin embargo, existen normas que directamente se relacionan con el cuidado ambiental. Estas normas tienen como objetivo, ya sea la prevención, la represión o la reparación de las conductas ambientalmente negativas. De acuerdo a cada codificación ambiental, se tratan de agrupar las normas en categorías de acuerdo a su importancia inmediata y su sensibilidad en el medio. Es así, como la legislación del agua es más estricta y aplicada en lo relacionado con aguas superficiales dulces, y más laxa en normas sobre aguas marítimas internacionales. La legislación que busca controlar la contaminación atmosférica es una en general, pero existe la reglamentación especial para contaminación por fuentes móviles, fijas etc.

Igualmente, y respondiendo a concertaciones intersectoriales, la normatividad ha sido planteada teniendo en cuenta actividades productivas, y es así como se sistematizan las normas ambientales para la actividad minera, la constructiva, la azucarera etc., no siendo este el enfoque más correcto toda vez que desvirtúa el trato integrador que debe tener el tema ambiental (…)⁵⁴

La jurisprudencia

Son los fallos que emiten los más altos tribunales de justicia.

Originariamente Sirvió para referirse a la ciencia del derecho. La jurisprudencia se la puede entender desde dos sentidos:

Sentido amplio.- Cualquier fallo que pronuncie un juez de cualquier clase de jurisdicción.

Sentido restringido.- Conjunto de fallos dictados por los tribunales de mas alta jerarquía con la condición de que esos fallos guarden uniformidad. El fundamento legal, lo tenemos en los artículos 184, 185 y 436 de la Constitución de la República.

“Art. 185.- Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria.

La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala.”⁵⁵

Es fácil observar que un criterio mantenido de forma constante por la jurisprudencia de espaldas a lo que la ley determina, acaba propiciando que el propio ordenamiento jurídico se reforme y autorregule para adecuarse a la mudable y cambiante realidad de las cosas. Se dice entonces que, aunque la jurisprudencia no sea una fuente de Derecho en sentido formal, termina siéndolo en sentido material, al asignar a la ley su sentido y alcance práctico y concreto.⁵

Es obvio que en materia ambiental, existe abundante jurisprudencia sobre el tema, la misma que forma parte del ordenamiento jurídico, tanto nacional como

internacional. Cabe señalar que los fallos de triple reiteración, obligan a los jueces de primero y segundo grado, pero la Corte Nacional de Justicia, puede o no acatarla como referencia.

Art. 185.- “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria.

La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala”.⁵⁷

CAPÍTULO III PANORAMA BÁSICO DEL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL EN SUS PRINCIPALES DECLARACIONES 3.1.- El derecho internacional del medio ambiente 3.2.- Fuentes del Derecho Internacional Ambiental 3.3.- Breve análisis de las principales cumbres internacionales en materia ambiental: 3.3.1.- La conferencia de Estocolmo 3.3.2.- Carta Mundial de la naturaleza 3.3.3.- Conferencia de Río de Janeiro 3.4.- Examen comparativo de estos instrumentos 3.5.- Otros instrumentos internacionales: 3.5.1.- Conferencia de Johannesburgo del 2002 3.5.2.- Convenio 169 de la OIT 3.5.3.- Protocolo de kyoto 3.6.- Arbitraje y Jurisprudencia

3.7.- Aportes de las ONG

3.1.- El derecho internacional del medio ambiente

Dentro del ordenamiento jurídico internacional, el Derecho Internacional Ambiental, una de sus ramas más reciente, constituye un cuerpo específico de normas para la protección del medio ambiente. Una de sus particularidades es que no cuenta con una dogmática establecida, esto se debe a su complejidad derivada de algunas causas como la dependencia del dato científico, la interdisciplinariedad, las situaciones políticas y económicas, entre otras. Este nuevo Derecho busca respuestas jurídicas a los numerosos problemas que se presentan alrededor del mundo y que, como consecuencia, han obligado al cambio paulatino del Derecho Internacional tradicional, renovando sus esquemas de conocimiento aceleradamente.⁵⁸

Dentro de los tratados internacionales ambientales, debemos indicar en que estos, son parte del Derecho internacional relacionada con cuestiones ambientales. Esta cuestión ha adquirido una creciente importancia en los últimos años dada la creciente toma de conciencia, por parte de la opinión pública, de que muchos problemas ambientales pueden traspasar las fronteras de los países, o tienen un alcance tan global que no es posible hacerles frente sólo por medio de leyes de alcance nacional. Los tratados y convenciones entre distintos países son hoy la principal fuente de leyes ambientales internacionales.

Desde comienzos del siglo XX, vienen firmándose tratados sobre lo que hoy llamaríamos cuestiones ambientales. Éstos aumentaron en número y alcance a partir de la II Guerra Mundial. Entre los ejemplos más importantes se encuentran la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Petróleo de los Mares (1954), la Convención de París sobre la responsabilidad de terceras partes en el campo de la energía nuclear (1960) y la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional (1971).

Como veremos más adelante, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, convocada por las Naciones Unidas y celebrada en 1972, aumentó la conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio ambiente. Se intensificó la actividad internacional, lo que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A la vez, la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) puso en marcha un programa de iniciativas medioambientales.

Los principales tratados sobre el medio ambiente firmados desde la Conferencia de Estocolmo incluyen la Convención sobre el Comercio Internacional en Especies amenazadas de Fauna y Flora (1973), la Convención para la Prevención de la Contaminación del Mar desde estaciones situadas en tierra (1974), la Convención sobre la Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia (1979), la Convención para la Protección del Nivel de Ozono (1985) y la Convención para el Control de los Desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su eliminación (1989).

En 1992, las Naciones Unidas convocaron una Conferencia global sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Cumbre sobre la Tierra), que se celebró en Río de Janeiro. En ella se aprobaron dos importantes convenciones internacionales, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica.

A pesar de los muchos tratados internacionales actualmente en vigor sobre el medio ambiente, su aplicación efectiva sigue siendo un importante desafío para la comunidad mundial. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas sólo puede desempeñar un papel limitado como árbitro de las disputas entre los diferentes países. Las previsiones de los tratados internacionales suelen incluir reuniones regulares de sus signatarios y mecanismos para obligar a los países a aportar informes detallados sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Cada vez es más reconocida la importancia de la participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso.

Además de las obligaciones formales especificadas en los propios tratados ambientales, se está haciendo un uso cada vez mayor de la ‘ley blanda’, en forma de directivas, declaraciones, códigos deontológicos, y otras declaraciones de principios. Al contrario de lo que ocurre con las obligaciones impuestas por los tratados, éstas no son legalmente vinculantes para los países y son, por lo tanto, más flexibles y fáciles de acordar. Aún así pueden tener una influencia significativa en la mejora de los estándares internacionales de conducta. Dos ejemplos importantes, acordados en la Cumbre sobre la Tierra de 1992, son la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Agenda 21, un extenso documento en el que se traza un programa de medidas ambientales a tomar hasta los primeros años del siglo XXI.⁵

Las normas del Derecho Internacional Ambiental han aparecido sobre todo con la intención de proteger los espacios comunes del planeta, que constituyen el patrimonio ecológico colectivo de los estados. Esta situación tiene su explicación sociológica y su fundamentación jurídica. Así, las cuestiones que guardan relación con los efectos de la contaminación y otros impactos ambientales transfronterizos solo afectan, inicialmente, a los intereses de los estados lesionados y, en la mayoría de los casos, en una dimensión jurídica puramente bilateral; pero se convierten en causa a defender por la comunidad internacional los impactos producidos sobre los espacios del planeta, para cuya protección se requieren normas más imperativas. Es entonces cuando la flexibilidad que las normas ambientales pueden mostrar, en la tutela de los intereses estatales individuales, se trasforma necesariamente en rigor y severidad, pues se trata de proteger los intereses ecológicos colectivos.

Sería una equivocación suponer que la totalidad de los instrumentos jurídicos internacionales favorables a la protección del ambiente son de reciente data. Por el contrario, aun con anterioridad a 1900 ya había alguno que otro acuerdo internacional de favorables consecuencias para la protección del entorno. A estos efectos, recordamos, por ejemplo, la Convención para la Protección del Salmón en el Río Rhin, de 1855.

Pero es indiscutible que los acuerdos ambientales internacionales empezaron a aparecer más repetidamente desde comienzos del siglo XX, pudiendo identificar entre los primeros, la Convención para la Protección de las Aves Útiles a la Agricultura, de 1902, y la Convención para la Preservación y Conservación de las Focas, de 1911. La anterior Convención para la Protección del Salmón en el Río Rhin y ésta última para la Preservación y Conservación de las Focas comparten el particular mérito de figurar entre las que inauguraron la multilateralidad de los instrumentos jurídicos del Derecho ambiental internacional.

Otro acuerdo internacional que reviste singular relevancia histórica es el Tratado sobre las Aguas Limítrofes entre Estados Unidos y Canadá, firmado en 1909; en él se anticipó el tratamiento de eventuales conflictos por la contaminación transfronteriza de cuerpos de agua con efectos potencialmente perjudiciales a la salud de las personas y sus propiedades.

Desde la década de los 30 se extendió la práctica de los acuerdos internacionales multilaterales, tales como la Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de Ballenas, de 1931, y la Convención sobre las Actividades Pesqueras en el Nor-Oeste del Atlántico, de 1949. Pero también comenzaron a celebrarse otros dedicados a la protección conjunta o simultánea de dos o más recursos naturales interrelacionados, pudiendo reseñar la Convención de Londres sobre la Preservación de la Fauna y Flora de África en su Estado Natural, de 1933, y la Convención de Washington para la Conservación de la Naturaleza y la Preservación de la Vida Silvestre en el Hemisferio Occidental, de 1940.

Entre 1950 y 1972, es decir, hasta la celebración de la Conferencia de Estocolmo, la comunidad internacional dirigió una atención preferente a los problemas de la contaminación del mar por petróleo y a los de los riesgos por los usos civiles de la energía nuclear. Respecto a los primeros, citamos: la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleo, de 1954, la Convención sobre la Intervención en Alta Mar en los Casos

de Daños por Contaminación por Petróleo, la Convención sobre Responsabilidad Civil por los Daños de Contaminación por Petróleo y el Acuerdo de Cooperación para Enfrentar los Problemas de Contaminación por Petróleo en el Mar del Norte, estos tres últimos de 1969. En cuanto a la otra categoría de problemas, en el Tratado de la Antártida, de 1959, se prohibió todo tipo de actividad nuclear en dicho continente; en julio de 1960 se acordó el Convenio sobre la Responsabilidad de Terceras Partes en Materia de Energía Nuclear; en 1962 resultó aprobado el Convenio sobre la Responsabilidad de los Operadores de Barcos Nucleares; y en 1967 se convino en la firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina.

Aunque la contaminación marina por hidrocarburos y los riesgos de la energía nuclear hayan sido los intereses principales del naciente Derecho ambiental internacional, también hubo durante ese período otros muchos problemas ambientales que lograron atraer una atención multinacional. En 1967, se votó favorablemente el Tratado sobre los Principios que Gobiernan las Actividades de los Estados en la Exploración y Uso del Espacio Exterior, Incluidos la Luna y otros Cuerpos Celestiales. Bajo el patrocinio del Consejo de Europa, sus países miembros acordaron, en 1968, la Declaración sobre el Control de la Contaminación del Aire, la Carta Europea del Agua y el Acuerdo Europeo sobre la Restricción del Uso de Ciertos Detergentes en Productos de Limpieza y Lavado.

De ese mismo año, 1968, es la Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que representó el primer instrumento de Derecho ambiental internacional en el cual se enfocó la naturaleza en su integralidad, reconociendo la necesidad de proteger tanto a las especies amenazadas como a sus habitáis; en esta Convención también se estableció la especial responsabilidad de los Estados en cuyos territorios existían ciertas especies raras o muy poco comunes. Finalmente, como preludio a la Conferencia de Estocolmo, en 1971 se suscribieron la Convención de Ramsar para la Protección de los Humedales de Importancia Internacional y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. ¹

El Dr. Marco Monroy Cabra, en su obra “Derecho Internacional Público”, indica que los temas que se desarrollarán en el derecho internacional del medio ambiente son la información científica, la aplicación de los principios del derecho internacional del medio ambiente, la armonización de los estándares ambientales, y la verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales y la solución de controversias.

En el desarrollo del derecho internacional del medio ambiente deben participar no solo los Estados, sino también las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones transnacionales, y toda la gente porque es un tema que está en el nuevo contexto internacional.

al gore en su libro La tierra en la balanza: la ecología y el espíritu humano dice que una vez derrotado el comunismo, los problemas ambientales globales constituyen un nuevo reto a afrontar, además de que son una causa espiritual común a toda la humanidad que proporciona a los Estados Unidos la oportunidad de ejercer un nuevo liderazgo. Para combatir el daño ecológico al gore propone un “Plan Marshall Global Ambiental”, en el que se establecerían los compromisos de los países desarrollados y en desarrollo para conseguir un desarrollo sostenible. ²

Es necesaria la adopción de un conjunto mínimo de normas ambientales internacionales, por debajo de las cuales las empresas y los países no pueden seguir operando. Asimismo, la aceptación de prácticas ambientales corporativas voluntarias, y la internacionalización de los costos ambientales.

Gert Rosenthal, dice refiriéndose a América Latina y el Caribe, lo siguiente: “En el umbral del tercer milenio, América Latina y el Caribe enfrentan dos enormes desafíos interrelacionados: la transformación productiva con equidad y el manejo sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. El primero de estos aspectos forma aparte ya de las aspiraciones de la región e influye en sus políticas. El segundo, en cambio, se ha ido incorporando progresivamente a la

agenda del desarrollo en los últimos años”. ³

Además, hay consenso en la protección de la atmósfera mediante la lucha contra los cambios climáticos, el agotamiento de la capa de ozono y la contaminación atmosférica transfronteriza.

Hay consenso también en el manejo sustentable de los bosques y en la importancia vital de los mismos. Por último, hay consenso en la necesidad de una gestión ambientalmente adecuada de productos químicos y desechos peligrosos o radiactivos. Hay otros temas como ambiente y salud humana, pobreza y medio ambiente, cuentas nacionales y medio ambiente, que constituirán indudablemente retos para la comunidad internacional y desde luego para los Estados y la sociedad civil.

3.2.- Fuentes del Derecho Internacional Ambiental

La exposición de las fuentes del Derecho internacional implica la realización de una doble tarea, ambas estrechamente entrelazadas y en algunos aspectos simultáneas: una consiste en identificar cuáles son las reglas jurídicas del Derecho internacional que regulan la conducta de sus sujetos, en cuyo caso se estaría tratando de sus fuentes en un sentido material; la otra tiene por objeto presentar las autoridades competentes y los procedimientos o medios que ellas han de seguir para crear, modificar o extinguir dichas reglas jurídicas reguladoras de conducta, tratándose, ahora, de las fuentes del Derecho internacional desde un punto de vista formal.

Por lo general se da por entendido que las fuentes materiales del Derecho internacional no son otras que las enumeradas en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en vigor a partir del 26 de junio de 1945. Aunque esta enumeración fue originalmente concebida con el exclusivo

propósito de orientar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en los litigios que se le llegasen a plantear, su misión ha sido extrapolada a la de marco general de referencia para la solución de casi cualesquiera conflictos que requieran del concurso del Derecho internacional. En efecto, aunque la disposición reproducida tiene, en su literalidad, el único objeto de indicar (exclusivamente a la Corte Internacional de Justicia) cual es el Derecho aplicable que ésta deberá manejar para resolver los conflictos que le sean sometidos, la misma se ha convertido en un punto obligado de partida y referencia al tratar de las fuentes del Derecho internacional, viniendo a encarnar, en definitiva, la doctrina oficial o la norma básica sobre las fuentes.

Transcribimos en su totalidad el Artículo 38 en cuestión: 1. La Corte, cuya función es decidir de acuerdo con el Derecho internacional las disputas que se le sometan, deberá aplicar:

a. Las convenciones internacionales, generales o particulares, que establezcan reglas reconocidas expresamente por las partes en conflicto; b. La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho; c. Los principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas; y d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medios auxiliares para la determinación de las normas del Derecho.

2. La anterior provisión no restringe el poder de la Corte para decidir un caso ex aequo et bono, si las partes así lo con vinieren.

Frente a la ausencia de un texto legal que lo haya determinado con exactitud, se

ha prestado a discusión el asunto de cuál es la jerarquía interna de las fuentes del Derecho internacional. El sector mayoritario de la doctrina entiende que las distintas fuentes enumeradas por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia tienen entre sí idéntico rango normativo y valor derogatorio, habiendo que recurrir, en caso de conflicto entre ellas, a los mismos criterios generales que se aplican en los ordenamientos domésticos para situaciones semejantes. Los dos más importantes de estos criterios son: la norma posterior deroga a la anterior en aquello que la contradice, y la norma especial priva sobre la general en las materias de su especialidad y/o para las partes concernidas.

Pero aun contando con idéntico rango, es indudable que ese listado de las fuentes por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sí expresa una cierta jerarquía de conveniencia, porque, en el proceso de discernir cuál es el Derecho aplicable en la solución de un conflicto internacional, lo que inicialmente haría el juez de la causa es buscar si existe alguna convención suscrita por las partes y que sea pertinente al objeto del litigio y, de no encontrarla, muy probablemente que se remitiría, primero, a la costumbre, luego, a los principios generales del Derecho y, final e indistintamente, a la doctrina y/o a la jurisprudencia.

Como excepción a lo anterior, hay determinadas normas fundamentales que pueden provenir de los tratados o de las costumbres o de los principios generales del Derecho, las cuales están investidas de una jerarquía superior. De acuerdo con el Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que entró en vigor el 27 de enero de 1980, “un tratado es nulo si, al mismo momento de su conclusión, él está en conflicto con una norma imperativa del Derecho internacional general”. El mismo Artículo entiende por norma imperativa del Derecho internacional general aquella norma aceptada y reconocida por la totalidad de la comunidad internacional de los Estados como una norma que no permite derogación y que sólo puede ser modificada por otra subsiguiente norma del Derecho internacional general que tenga el mismo carácter (Art. 53). Estas normas superiores constituyen el denominado ius cogens.

Por su parte, as decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones apenas son, tal como lo manifiesta el mismo Artículo 38 que se analiza, medios auxiliares para la determinación de las que sí son fuentes del Derecho internacional; en otras palabras, más que fuentes, ellas únicamente sirven para encontrar o demostrar cuáles son las convenciones internacionales, costumbres internacionales o principios generales del Derecho aplicables en la solución de los conflictos del Derecho internacional.

Ese carácter auxiliar o subsidiario de las decisiones judiciales queda reafirmado por otra disposición del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual dispone que las decisiones de la Corte no tienen fuerza vinculante, excepto para las partes y sólo para el caso particular planteado (Art. 59) ⁴. Sin embargo, en la práctica y en contra del texto expreso, es innegable que las decisiones judiciales internacionales pueden gozar de una influencia que trasciende los términos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en tanto que los órganos que las pronuncian se encuentran naturalmente propensos a acatar sus propias decisiones anteriores; y también las comisiones arbitrales suelen hacer frecuente uso de las decisiones de los tribunales internacionales y hasta de las decisiones de otras comisiones de su misma índole. Esta circunstancia contribuye a la mayor estabilidad del Derecho Internacional y a la posibilidad de predecirlo.

En lo que respecta a las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones en otras palabras, la doctrina o enseñanzas de reconocidas autoridades en la materia, según conste en sus libros, estudios u otros textos en un antiguo pero todavía sonado caso de Derecho internacional, el Paquete Habana-el Lola, de 1900, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, haciendo recurso a la doctrina, explicó que tales obras son utilizadas por los órganos jurisdiccionales, no por las especulaciones de sus autores sobre lo que debiera ser el Derecho, sino como evidencia fidedigna de lo que realmente es el Derecho. Aquí es conveniente aclarar que esta categoría de las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones hay que entenderla como igualmente referida, además de a las autoridades individuales, a ciertas entidades corporativas de reconocido prestigio, tales como: la Comisión de Derecho Internacional, un órgano auxiliar de las Naciones Unidas, creada desde 1947, a los fines de dar cumplimiento a la disposición de su Carta Constitutiva

que llama al desarrollo progresivo y codificación del Derecho internacional (Art. 13.1.a); y la Asociación de Derecho Internacional, una organización no gubernamental, fundada en 1873, con más de 15.000 miembros, de la cual se ha dicho que, en virtud de su antigüedad, número de miembros, extensión mundial, experiencias y logros, ha conseguido llevar el Derecho internacional a la atención del público y de los gobiernos ⁵.

Nos concentramos ahora en la última opción prevista en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En ella se permite que unas partes en conflicto faculten al Tribunal Mundial para decidir su caso ex aequo et bono, es decir, de acuerdo a lo que él considere justo y correcto, sin tener que circunscribirse estrictamente a la legislación vigente. Pero esta posibilidad, por razones obvias, nunca se ha materializado: la misma implica que los Estados en cuestión establecen una jurisdicción especial y conceden a sus jueces una discrecionalidad casi absoluta en la creación de la ley a aplicar, lo cual es algo que los Estados, siempre celosos de su soberanía, han sido renuentes a consentir.

A todo evento, hay que evitar confundir una eventual decisión ex aequo et bono y una decisión con fundamento en la equidad: mientras que en ambas alternativas se ha de procurar la solución más justa, una decisión en base a la equidad únicamente puede buscarse dentro del marco de la ley, encontrándose los jueces que la aplican con una discrecionalidad bastante limitada.

Pero al igual que no todos los particulares enumerados por el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia califican de verdaderas fuentes del Derecho internacional (acabamos de ver que la jurisprudencia y la doctrina no lo son), cada vez son más intensas las presiones favorables al reconocimiento de otras fuentes materiales y nuevas maneras de crear el Derecho internacional.

Se argumenta que no resulta lógico pretender avanzar mucho si nos limitamos a racionalizar el Derecho Internacional únicamente en función de los términos del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, diseñado desde

hace mucho tiempo y, por si fuera poco, prácticamente idéntico a su equivalente en el Estatuto del ya fenecido Tribunal Permanente de Justicia Internacional (también Art. 38), elaborado en 1920: hacerlo con el propósito de analizar y explicar los elementos y categorías del actual Derecho internacional, como todavía hay quienes lo intentan constantemente, es, simple y llanamente, una actitud que colinda con lo absurdo.

Exactamente con el mismo criterio, otros autores sostienen que la enumeración de las fuentes del Derecho internacional por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no refleja ni la evolución actual del Derecho internacional ni la variedad de actividades que pueden contribuir al desarrollo de nuevas normas jurídicas (...) La categoría de las fuentes tradicionales estará constituida por las señaladas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a aber: las convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del Derecho. En la categoría de las fuentes no tradicionales, es decir, las que no aparecen en la enumeración del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (…) primero, las declaraciones unilaterales de los Estados; segundo, las decisiones normativas de ciertas organizaciones internacionales intergubernamentales; tercero, estudiándolas por separado de las anteriores, las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas; y, en cuarto lugar, otros instrumentos aprobados en el seno de diversas organizaciones internacionales intergubernamentales y/o no gubernamentales, así como en importantes conferencias mundiales o regionales, a todos los cuales se los suele englobar bajo el anglicismo de soft law (Derecho blando) .

Finalmente, siendo el Derecho ambiental internacional una rama del Derecho internacional general, por supuesto que las fuentes de ambos son las mismas. Por tanto, cuando especificamos esas fuentes como del Derecho ambiental internacional, lejos de pretender categorizar una tipología de fuentes distintas a las del Derecho internacional general, tan sólo intentamos destacar que nuestros comentarios introductorios sobre sus fuentes tradicionales estarán principalmente referidos a la problemática ambiental del Derecho internacional; pero también lo hacemos con el expreso propósito de dejar al descubierto que esa misma problemática de la protección internacional del ambiente figura entre los temas o aspectos que están empujando con mayor fuerza para derribar las

compuertas que se han opuesto a la consideración de nuevas fuentes del Derecho internacional general, distintas a las enumeradas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

3.3.- Breve análisis de las principales cumbres internacionales en materia ambiental

Las Declaraciones tienen por contenido, como se desprende de su propia redacción, la enumeración de principios de conservación con arreglo a los que debe guiarse y juzgarse todo acto del hombre que afecta a la Naturaleza. Es importante destacar la universalidad de los principios porque no sólo pretenden obligar a los Estados, sino más generalmente a todos los seres humanos. Se confirma que estamos ante principios cuya fuerza de obligar radica en esta llamada a los ciudadanos o a los pueblos del mundo para que hagan valer su fuerza, para que los Estados los traduzcan en normas jurídicas en sentido estricto. Como tales principios deben servir de inspiración y guía y de pauta o criterio para juzgar cualquier acto de los seres humanos respecto de la Naturaleza. Ciertamente, se trata más de un juicio inicialmente de índole moral, mas como consecuencia de la obligación que pesa sobre los Estados de traducirlos en normas jurídicas, también dará lugar a un juicio propiamente jurídico. ⁷

3.3.1.- La conferencia de Estocolmo

“El sofisma de Estocolmo: El ambientalismo entre la pobreza y la riqueza.” ⁸

Al salir de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se preocuparon por estabilizar sus economías y superar la destrucción y el caos heredados, fines para los que utilizaron la tecnología de manera desmedida sin reparar el costo ambiental. Algunos científicos dieron la voz de alarma porque se estaba

superando el umbral de la contaminación, y la crisis petrolera de los años 60 los respaldó. Para discutir sobre esos temas que enmarcaban la situación presente y futura de la humanidad, y proponer políticas de solución, con el apoyo de empresas industriales poderosas, en abril de 1968 se reunieron cerca de 100 personalidades en la Academia del Lince, quienes integraron, a iniciativa del industrial Aurelio Peccei y de Alexander King, el denominado Club de Roma, que encargó de elaborar el correspondiente estudio a algunos científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets I.T.M. El informe, que se publicó con el título Los límites del crecimiento, alertó sobre la crisis y recomendó estabilizar el crecimiento demográfico, reducir el consumo de recursos naturales, detener el aumento desbordado de capital y centrar la producción en sectores básicos como la salud, la educación y la recuperación de suelos erosionados. Concluyó: Todas las proyecciones basadas en el crecimiento conducen a la catástrofe.

Recibió críticas por su exagerada generalización frente a la situación real y concreta de las distintas zonas y regiones del planeta. Entonces se comisionó un segundo estudio a científicos de Cleveland –Mesarovic y Pestel– quienes utilizaron como modelo diez zonas diferentes y concluyeron en la urgencia de establecer un nuevo orden internacional con menores diferencias entre los países ricos y los países pobres. Se cayó en cuenta, en fin, que el agotamiento de los recursos naturales y el creciente deterioro del ambiente, eran problemas de alcance mundial agravados por ser factores acumulativos crecientes en progresión geométrica principalmente a causa de la ley del sinergias, según la cual el impacto ambiental de los factores actuantes es mayor que la suma aritmética de los efectos individuales de cada uno de estos.

Este marco llevó a que la Asamblea General de la ONU, que es su cuerpo político, convocara a la Conferencia. En los comités preparatorios se presentaron agudas controversias por la disparidad de criterios sobre la concepción de lo ambiental, como sucedió en el Simposio de las Naciones Unidas sobre Desorganización del Medio, celebrado en Tokio-1990; en la Reunión Técnica de Founex-1971, y en la Declaración de Mentón de 1971. La Conferencia se celebró del 5-16 de junio de 1972, participaron cerca de seis mil personas, entre ellas las delegaciones de ciento trece Estados, los representantes de todas las organizaciones intergubernamentales, personalidades invitadas a título individual

y cerca de mil quinientos periodistas.

El título oficial es «Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente». Contiene un preámbulo de siete puntos, seguido por veintiséis principios, entre los que se destacan:

1) El que reconoce la prerrogativa de todos a un ambiente sano como derecho humano fundamental, tiene cuatro expresiones:

- El derecho a que la vida y la salud personales no sean lesionadas o puestas en peligro como consecuencia de la contaminación o deterioro ambiental. Abarca esos valores que han sido tradicionalmente objeto de tutela jurídica por otros principios o cuerpos normativos: la vida, la integridad física, la salud. - El derecho a un razonable nivel de calidad ambiental. Repetidas veces las actividades contaminadoras potencialmente más peligrosas resultan ser aquellas en las cuales no se identifica pronto sus impactos desastrosos sobre el ambiente o la salud humana, y que constituyen los fenómenos de latencia y acumulación. El primero es el período transcurrido entre la exposición a un agente contaminante y la aparición de los efectos dañinos, que en ocasiones es muy dilatado, como ciertos agentes carcinógenos que permanecen latentes por más de treinta años; el efecto mutagénico de algunos químicos peligrosos que solo se revela varias generaciones después de la exposición inicial. Y el segundo implica la situación que descargas aisladas del polutante pueden resultar inofensivas, pero la suma de ellas, procedentes de una o varias fuentes, representan una amenaza contra el ambiente y la salud. - El derecho a disfrutar del patrimonio ambiental. Resultan ilícitas acciones que, exentas de efectos peligrosos para la salud o vida humanas, eventualmente priven a los ciudadanos del uso y goce de ese acervo universal. - El derecho a proteger la propiedad privada de eventuales daños causados por contaminación o perturbaciones ambientales provocadas por terceros. Cuando las consecuencias no significaren peligro contra la vida o la salud humanas, o

contra el ambiente en sí mismo, corresponde entonces al derecho civil la defensa de esos derechos ambientales afectados.

2) El de equidad intergeneracional en el uso de los recursos de la biosfera.

Somos beneficiarios del patrimonio natural del Planeta, a título de fideicomiso, conjuntamente con hombres de épocas pasadas y futuras. Esto implica derechos y obligaciones que son la base del principio de justicia entre las generaciones, cada una de las cuales recibe de las anteriores un legado natural y cultural, que debe sostener y entregar a las posteriores.

Tiene tres expresiones:

- De la conservación de las opciones. Toda generación debe, a través de la conservación equilibrada del entorno, no limitar las posibilidades de futuras generaciones en la satisfacción de sus necesidades. - De calidad ambiental. Toda generación debe entregar el planeta por lo menos en las mismas condiciones que lo recibió, en cuyo propósito las intervenciones deben regularse por el criterio del límite óptimo sostenible en el uso de los recursos y ecosistemas. - De conservación al acceso. Toda generación tiene un derecho equitativo de acceso a la oferta ambiental.

3) El principio de preservación de la diversidad biológica del planeta y del límite óptimo sostenible en el uso de los recursos vivientes. Tiene estas razones:

a) Científicas: El trabajo investigativo de especies y ecosistemas es de primera importancia para e] avance de la información científica. De ahí que el exterminio de una especie única o de un ecosistema aún no estudiado, representa pérdida insustituible para la ciencia. Es que el conocimiento básico sobre sistemas vivientes y relaciones ecológicas es indispensable para entender cómo se desenvuelve la biosfera y cuál el lugar que se ocupa en ese proceso. Nosotros no podríamos imaginar cuánto se habría retrasado nuestro conocimiento de la evolución, si, por ejemplo, la fauna única de las islas Galápagos hubiese sido destruida antes de que Charles Darwin visitara las islas en 1835. Y la extinción de una especie amenaza con desorganizar ecosistemas (procesos biológicos, tejidos en la red de intrincadas relaciones ecológicas) con consecuencias impredecibles sobre el bienestar humano. b) Económicas: las especies producen alimentos, fibras, medicinas, combustibles, productos industriales. Recientes estudios han demostrado que se puede utilizar material genético de una especie en otras para mejorar la resistencia y productividad de especies cultivables, que se pueden adaptar a tierras empobrecidas o marginales. Las especies interactúan en la dinámica de los ecosistemas como polinizadores, dispersadores de semillas, descomponedores, depredadores, para resultar que la disminución de la biodiversidad implica la debilidad de todo, el sistema. c) Éticas: Los planos ético y económico son las orillas opuestas por entre las que se abre paso el plano jurídico. La ética son los valores de los cuales una cultura no puede prescindir; la economía destaca los fenómenos que se verifican por el fuerte impulso de los intereses económicos.

La pérdida de la biodiversidad puede significar una irreparable alteración de la biosfera que imposibilita comprender el complejo mecanismo de su funcionamiento al, por lo menos, alterarse su curso. El interrogante a plantear es si estamos o no éticamente justificados para alterar o modificar la evolución de los ecosistemas y, en fin, del planeta. edward goldsmith plantea una ética fundada en el reconocimiento humano al orden cósmico, de donde conductas moralmente positivas serían aquellas que contribuyeran a la conservación y progreso de las especies con trascendencia para el bienestar humano, e inmorales, las que contrariaren ese orden con el efecto natural correspondiente sobre el hombre.⁷

4) El que reconoce el derecho de todos los pueblos al desarrollo sostenible. En el trópico tiene escenario la brutal paradoja de encontrarse los centros de mayor diversidad genética del planeta, donde se abigarran formas vivientes que orquestan la sinfonía vegetal de la siempre verde selva tropical, pero donde también germinan las carencias estructurales en los servicios básicos, el desempleo y tiene su mejor entorno social la pobreza absoluta. Tanta miseria en medio de tanta riqueza. La conservación de especies y ecosistemas no puede escindirse de la lucha por un orden más justo para todos.

3.3.2.- Carta Mundial de la Naturaleza

Los antecedentes de la Carta Mundial de la Naturaleza se remontan a la XII Asamblea General de la entonces Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la cual, cambió su nombre por el de Unión para la Conservación Mundial, con las siglas de UCM), celebrada en Zaire, en 1975. En su discurso de clausura, el Presidente Mobutu lanzó la idea de la conveniencia de formular y aprobar mundialmente algunos principios globales de protección ambiental.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabajó esta iniciativa y elaboró un documento que presentó a la consulta de sus miembros. Una vez revisado este documento, Zaire, con el respaldo de la Organización de la Unidad Africana, lo sometió a la consideración de Secretaría de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual lo hizo circular entre sus Estados participantes, y éstos, una vez discutido y afinado, lo aprobaron unánimemente bajo la forma de resolución, el 28 de octubre de 1982.

Ella contiene 24 principios, estructurados en cuatro capítulos: “Preámbulo”, “Principios Generales”, “Funciones” e “Implementación”. En su Preámbulo, la Carta Mundial de la Naturaleza se plegó a favor de una protección ambiental de

contenido y alcances profundamente ecologistas, haciendo ver la necesidad de conservar toda forma de vida, independientemente de los innegables y múltiples beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza.

Allí también se expresa el convencimiento de la necesidad de adoptar medidas adecuadas, a nivel nacional e internacional, individual y colectivo, público y privado, para proteger la naturaleza y promover la cooperación internacional en esta esfera. Este Preámbulo termina sentenciando que los principios de conservación de la Carta Mundial de la Naturaleza deberán servir para juzgar todo acto del hombre que afecte la naturaleza. Sus Principios Generales están dedicados a desarrollar su referida inspiración ecologista (Principios 1-5): hay que respetar la naturaleza; no se debe amenazar la viabilidad genética en la Tierra; hay que administrar los recursos ambientales procurando mantener su productividad óptima y continua; y hay que proteger la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad.

El capítulo sobre las Funciones es un nuevo nivel de concreción de la Carta Mundial de la Naturaleza, en especial, de sus Principios Generales (Principios 613): la planificación del desarrollo debe hacerse con criterios conservacionistas, teniendo en cuenta las características físicas, la productividad y la diversidad biológica de los distintos espacios; los recursos naturales deben ser aprovechados con mesura, en función de su abundancia, su capacidad natural de regeneración y el impacto que se produzca sobre el funcionamiento de los sistemas naturales; hay que controlar las descargas de sustancias contaminantes y demás actividades que puedan tener consecuencias sobre la naturaleza, utilizando las mejores técnicas disponibles; y las medidas destinadas a prevenir, controlar o limitar los desastres naturales, las plagas y las enfermedades apuntarán directamente a eliminar las causas de dichos flagelos, y no deberán surtir efectos secundarios perjudiciales en la naturaleza.

El capítulo de Implementación consta de once Artículos de contenido eminentemente operativo y dirigidos a los Estados, a las organizaciones internacionales o nacionales y a las personas privadas (Principios 14-24): los

principios de la Carta deberán ser incorporados en el Derecho y la práctica de cada Estado, y se adoptarán también a nivel internacional; hay que profundizar en los conocimientos sobre la naturaleza, y difundirlos por todos los medios, sin que se pongan restricciones al respecto; se asignarán recursos financieros suficientes para la conservación de la naturaleza; hay que brindar a todas las personas la posibilidad de participar en la toma de decisiones que conciernen directamente a su medio, y de ejercer los recursos legales necesarios para obtener una indemnización por los daños sufridos a causa de un deterioro ambiental. Por su particular importancia, reproducimos íntegramente el siguiente principio:

Principio 21.- Los Estados y, en la medida de sus posibilidades, las demás autoridades públicas, las organizaciones internacionales, los particulares, las asociaciones y las empresas:

a) Cooperarán en la tarea de conservar la naturaleza con actividades conjuntas y otras medidas pertinentes, incluso el intercambio de información y las consultas; b) Establecerán normas relativas a los productos y los procedimientos de fabricación que puedan tener efectos perjudiciales sobre la naturaleza, así como métodos para evaluar dichos efectos; c) Aplicarán las disposiciones jurídicas internacionales pertinentes que propendan a la conservación de la naturaleza o a la protección del medio ambiente; d) Actuarán de manera tal que las actividades realizadas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo su control no causen daño a los sistemas naturales situados en otros Estados ni en los espacios ubicados fuera de los límites de la jurisdicción nacional; y e) Salvaguardarán y conservarán la naturaleza en los espacios que estén más alla de los límites de la jurisdicción nacional.

La Carta Mundial de la Naturaleza expresó los que en su momento eran los principales criterios y orientaciones del Derecho Ambiental internacional, habiendo sido muchos de ellos posteriormente incorporados en tratados (por ejemplo, en el Tratado sobre la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos en el Sur-Este Asiático de 1985), y han servido de fuente de inspiración en los ordenamientos jurídico-ambientales de numerosos países.⁷¹

3.3.3.- Conferencia de Río de Janeiro

La característica de los instrumentos de la Conferencia de Río es que son evolutivos, es decir, son un marco jurídico general que tendrá que ser desarrollado y aplicado progresivamente en el ámbito mundial, regional y por países.⁷²

Vamos a analizar brevemente la “Declaración de Río”⁷³ que actualiza la Declaración sobre el Medio Humano, de Estocolmo de 1972. Los principios de la Declaración de Río son los siguientes:

Principio 1. “Los seres humanos están en el centro de las preocupaciones por el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.”

Este principio es básico porque declara que los seres humanos están en el centro de la preocupación por el desarrollo sostenible.

La Declaración de Estocolmo era más precisa por cuanto se refería al derecho del ser humano a un ambiente de calidad en el contexto de otros derechos humanos, tales como la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida

adecuadas, pero también le imputa la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Principio 2. “Los Estados tienen, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional, el derecho soberano de explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de otros Estados o áreas fuera de los límites de jurisdicción nacional.”

Este principio tiene su antecedente en el principio 21 de Estocolmo.

El derecho de un Estado a controlar la explotación de sus recursos naturales dentro de su territorio, es uno de los componentes básicos de la soberanía estatal. En 1952 y 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este derecho soberano como principio de derecho internacional. Este principio es similar al de Estocolmo con la mención al concepto de desarrollo.

Principio 3. “El derecho al desarrollo debe ser cumplido para cubrir equitativamente las necesidades de desarrollo y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras.” El reconocimiento del derecho al desarrollo en la Declaración de Río fue una propuesta de los países en desarrollo, a pesar de que este derecho ya había sido reconocido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, aprobada mediante la resolución 41/128 de la Asamblea General de la ONU, del 4 de diciembre de 1986.

El derecho al desarrollo se trató conjuntamente con el principio de equidad en el sentido de equidad intergeneracional, es decir, el que aboga por la equidad entre las generaciones presentes y futuras.

Principio 4. “Para lograr el desarrollo sustentable, la protección ambiental deberá constituir una parte integral del proceso de desarrollo y no puede ser considerada en forma aislada de él”. Este principio consagra la integración de las políticas de protección del ambiente y las políticas de desarrollo. En la Declaración de Estocolmo este problema se trató en el preámbulo y en el principio 13, que impuso una obligación a los Estados de adoptar un enfoque en la planeación del desarrollo que integrara adecuadamente los factores ambientales relevantes.

Principio 5. “Todos los Estados y toda la gente cooperarán en la tarea esencial de erradicar la pobreza como un requerimiento indispensable para el desarrollo sustentable, a fin de disminuir las disparidades en los estándares de vida y cubrir mejor las necesidades de la mayoría de la gente del mundo”. Este texto fue una propuesta del Grupo de los 77, y tuvo su antecedente en la resolución 44/228. El tema de la pobreza no aparece en la Declaración de Estocolmo y es de equidad intrageneracional.

Principio 6. “Se deberá dar especial prioridad a la situación especial y a las necesidades de los países en desarrollo, particularmente los ramos desarrollados y aquellos que son más vulnerables ambientalmente. Las acciones internacionales en el campo del medio ambiente y del desarrollo deberán tratar los intereses y necesidades de todos los países”. En la Declaración de Estocolmo se menciona la diferencia de circunstancias de los países en desarrollo, y se hace referencia a la situación especial de estos países en los Principios 9, 10,11, 12, 20 y 23. El Principio 6 marca una diferencia entre los países en desarrollo y aquellos que son más vulnerables.

Principio 7. “Los Estados cooperarán en un espíritu de asociación global, para conservar, proteger y restaurar la salud e integridad de los ecosistemas terrestres. En vista de las diferentes contribuciones a la degradación ambiental global, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que

tienen en la búsqueda internacional del derecho sustentable, en virtud de las presiones que sus sociedades imponen al medio ambiente global y de las tecnologías y recursos financieros de que disponen.”

Esta propuesta tiene su origen en el Primer Informe del Panel íntergubernamental sobre Cambio Climático y fue incluida como propuesta de principio a ser englobado en la Convención de Cambio Climático. Es importante que se atribuya una responsabilidad especial a los países desarrollados, y es un avance por cuanto en la Declaración de Estocolmo no aparece este principio.

Principio 8. “Los Estados deberían reducir y eliminar los patrones insostenibles de consumo y producción y promover políticas demográficamente apropiadas, para lograr un desarrollo sustentable y una calidad de vida más alta para toda la gente.”

En la Declaración de Estocolmo solo se destaca el problema del crecimiento de la población o las concentraciones excesivas de población y la necesidad de aplicar políticas demográficamente adecuadas. El problema de los patrones irracionales de consumo surgió de la Declaración de Río y fue el resultado de un debate de recriminaciones entre los países desarrollados y los en desarrollo.

Principio 9. “Los Estados deberían cooperar para reforzar las capacidades internas para el desarrollo sustentable mediante la mejora del entendimiento científico y el conocimiento tecnológico, fortaleciendo el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, incluyendo tecnologías nuevas e innovadoras.”

Este principio contiene dos ideas importantes: la de reforzar las capacidades internas de los países y la de la importancia de la tecnología. Intercambio de conocimiento científico y tecnológico y transferencia de tecnología.

Principio 10. “Los temas ambientales son manejados de una mejor manera con la participación de todos los ciudadanos involucrados.

En el ámbito nacional, cada individuo tendrá acceso apropiado a la información que tengan las autoridades públicas, concerniente al medio ambiente, incluyendo la información sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los Estados facilitarán y alentarán la conciencia y participación pública, haciendo ampliamente disponible la información. Se proveerá acceso efectivo a procedimientos administrativos y judiciales, incluyendo revisión y reparación.”

El tema de la participación pública implica reconocer el derecho de la ciudadanía a obtener información en torno al medio ambiente, y la necesidad de la participación pública en la toma de decisiones.

Principio 11. “Los Estados promulgarán una legislación ambiental efectiva. Los estándares objetivos de administración y prioridades ambientales deberán reflejar el contexto al que se aplican. Los estándares aplicados por algunos países pueden ser inapropiados y de costo social y económico no garantizado a otros países, en particular a los países en desarrollo.”

Este principio tiene la misma preocupación del Principio 23 de la Declaración de Estocolmo, que es la idea de que cada país debe poder proteger su propio sistema de valores y que es necesario idear diferentes estándares para los países avanzados y para los países en desarrollo.

Principio 12. “Los Estados deberían cooperar para promover un sistema

económico internacional abierto y favorecedor, que lleve al crecimiento económico y al desarrollo sustentable en todos los países, para tratar mejor los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con propósitos ambientales fuera de la jurisdicción del país importador deberían ser evitadas. Las medidas ambientales para tratar los problemas ambientales transfronterizos o globales deberían, tanto como sea posible, estar basadas en un consenso internacional.” El texto tiene los siguientes elementos:

a) Se vincula el sistema económico abierto, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable a las posibilidades de tratar con los problemas ambientales. b) Se señala que las políticas comerciales con propósitos ambientales no deben ser utilizadas como medios de discriminación injustificada o restricción encubierta. c) Se establece que no se deberían aplicar medidas unilaterales para resolver problemas fuera de la jurisdicción de un país importador. d) Se consagra que para resolver problemas ambientales transfronterizos o globales, se deberían aplicar medidas basadas en consensos internacionales.

El lenguaje del texto tiene su origen en una reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que tuvo lugar en Cartagena de Indias, en 1991. Textos similares aparecen en la Convención Marco de Cambio Climático y en la Declaración sobre Bosques.

Principio 13. “Los Estados desarrollarán leyes nacionales respecto a responsabilidad y compensación a las víctimas de la contaminación y otro daño ambiental. Los Estados también cooperarán de una manera expedita y determinada para desarrollar más el derecho internacional respecto a responsabilidad y compensación por los efectos adversos o el daño ambiental causado por actividades dentro de su jurisdicción o control de

áreas fuera de su jurisdicción”. Este principio se desarrolló en el Principio 22 de la Declaración de Estocolmo. Los Estados no estuvieron preparados para aceptar la responsabilidad internacional en caso de daños ambientales y solo expresaron una promesa de desarrollar el derecho. Es claro que se habla de responsabilidad no solo por contaminación, sino que se extiende a otros tipos de daños causados fuera de su jurisdicción.

Principio 14. “Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o prevenir la reubicación y transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental severa o se encuentre que sean dañinas a la salud humana.”

Este principio hace referencia a la situación de la que las empresas de países desarrollados transfieren sus desechos y actividades peligrosas a países menos desarrollados, en donde, por falta de legislación o de aplicación de la misma, les resulta menos costoso disponer de los recursos. Esta situación intentó ser resuelta mediante la Convención de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Sustancias Peligrosas, que por no haber entrado aún en vigor, no ha logrado influir en la situación actual.

Los países africanos, por ejemplo, mediante la Convención de Bamako, acordaron una prohibición absoluta al ingreso al continente africano de desechos tóxicos provenientes de otros países, pero esta convención no ha entrado en vigor.

Principio 15. “Con el objeto de proteger el medio ambiente, el enfoque precautorio se aplicará ampliamente por los Estados de acuerdo a sus capacidades. Donde hay amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no será usada como una razón para posponer medidas económicamente efectivas para prevenir la degradación ambiental.”

El principio de precaución es una idea de la última década y aparece en términos de llevar a cabo medidas precautorias en el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, en la Declaración Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial del Clima y en algunos instrumentos internacionales referentes a la atmósfera. En el fondo, el que realiza una actividad tiene que probar que dicha actividad no causará daño.

Principio 16. “Las autoridades nacionales deberían esforzarse para promover la internacionalización de costos y el uso de instrumentos económicos, tomando en cuenta el enfoque de que el contaminador debería en principio, cubrir el costo de la contaminación, con debida atención al interés público y sin distorsionar el comercio internacional y la inversión.”

Este principio tiene a su vez dos principios:

a) Internacionalización de costos económicos. Este principio es el resultado de análisis económicos que han traído a la luz el hecho de que los modelos de predicción económica y los indicadores económicos con los que usualmente se evalúa la actividad económica no incluyen la viariable ambiental. b) “El que contamina, paga”. Este principio se ha promovido en la Comunidad Europea, y se ha incorporado en las leyes y directivas ambientales.

Principio 17. “La evaluación del impacto ambiental, como un instrumento nacional, será llevado a cabo para actividades propuestas que tienen probabilidades de tener un efecto adverso significativo en el ambiente, y están sujetas a la decisión de una autoridad nacional competente.”

La evaluación del impacto ambiental como requisito previo para la realización de actividades con probabilidades de tener repercusión en el ambiente, es un concepto hoy aceptado en las leyes ambientales de muchos Estados. En los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo, se está imponiendo este requisito al financiar proyectos a los países (“condicionalidad verde”)⁷⁴.

Principio 18. “Los Estados notificarán inmediatamente a otros Estados de cualquier desastre natural u otras emergencias que son susceptibles de producir efectos nocivos repentinos en el medio ambiente de otros Estados. La comunidad internacional hará todos los esfuerzos para ayudar a los Estados afectados.”

Principio 19. “Los Estados proveerán notificación previa y oportuna e información relevante a los Estados potencialmente afectados sobre actividades que pueden tener un efecto ambiental transfronterizo adverso significante y consultarán con aquellos Estados en una etapa temprana y en buena fe”. El tema de la notificación y consulta previa entre Estados en caso de actividades con efectos potencialmente adversos sobre el medio ambiente de terceros Estados o zonas fuera de su jurisdicción, es aceptado hoy en los dos principios antes mencionados. Asimismo, ha sido consignado en diversos tratados bilaterales y regionales (Acuerdo de “La Paz”, Convención ESPOO).

Principio 20. “Las mujeres tienen un papel vital en la administración ambiental y el desarrollo. Su participación plena es por tanto necesaria para lograr el desarrollo sustentable.”

Principio 21. “La creatividad, ideales y valor de la juventud del mundo debería ser movilizada para forjar una asociación global a fin de lograr el desarrollo sustentable y asegurar un mejor futuro para todos.”

Principio 22. “Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales, tienen un papel vital en la administración y el desarrollo por sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y posibilitar su participación efectiva en el logro del desarrollo sustentable.”

Los tres principios anteriores se refieren a un mismo problema, que es la falta de participación de algunos grupos sociales especialmente vulnerables, lo que conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a nivel universal especialmente a través de la igualdad y la necesidad de que no exista discriminación.

La Declaración de Estocolmo solo tiene una breve mención, en el principio 19, a “los poco privilegiados”, en el contexto del tema educación y medio ambiente.

Principio 23. “El medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos bajo opresión, dominación y ocupación serán protegidos.” Una idea semejante, contenida en los Principios 1 y 15, aparece en la Declaración de Estocolmo. La fuerte presión de los países árabes, en apoyo al pueblo palestino, hizo que este principio fuera adoptado por unanimidad.

Principio 24. “La guerra es inherentemente destructiva del desarrollo sustentable. Los Estados, por tanto, respetarán el derecho internacional proveyendo protección para el medio ambiente en tiempos de conflicto armado y cooperarán en su desarrollo futuro, según sea necesario”. Debido a la influencia de la guerra del Golfo Pérsico, muchos países refrendaron este principio ya contenido en la Declaración de Estocolmo (Principio 26), aunque en dicho documento el principio se limitó únicamente a las armas nucleares. Es importante observar que la Declaración de Río habla de cooperación para desarrollar el derecho internacional en materia de

protección ambiental en tiempos de conflicto armado.

Principio 25. “La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles.”

Principio 26. “Los Estados resolverán todas sus controversias ambientales pacíficamente y a través de medios apropiados, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”. Los tratados ambientales que tratan temas globales, tales como la Convención de Viena sobre la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, la Convención de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de sustancias peligrosas, etc. contienen disposiciones en materia de solución de controversias derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos.

Principio 27. “Los Estados y los pueblos cooperarán de buena fe y en espíritu de asociación en el cumplimiento de los principios incorporados en esta Declaración y en el futuro desarrollo del derecho internacional en el campo del desarrollo sustentable. Este principio es una expresión de buenos deseos y un acicate para el desarrollo del derecho internacional.”

3.4.- Breve comparación de estos instrumentos

Los tres instrumentos citados tienen por contenido, como se desprende de su propia redacción, la enumeración de principios de conservación con arreglo a los que debe guiarse y juzgarse todo acto del hombre que afecta a la Naturaleza (Carta Mundial de la Naturaleza de octubre de 1982). Es importante destacar la universalidad de los principios porque, no sólo pretenden obligar a los Estados, sino, de forma más general, a todos los seres humanos. Se confirma así que estamos ante principios cuya fuerza de obligar radica en esa llamada a los

ciudadanos o a los pueblos del mundo para que hagan valer su fuerza, para que los Estados los traduzcan en normas jurídicas en sentido estricto. Como tales principios deben servir de inspiración y guía, pero, además, de pauta o criterio para juzgar cualquier acto de los seres humanos respecto de la Naturaleza. Ciertamente, se trata más de un juicio inicialmente de índole moral, pero que como consecuencia de la obligación que pesa sobre los Estados de traducirlos en normas jurídicas, dará lugar también a un juicio propiamente jurídico.

“Los principios enunciados en la presente Carta se incorporarán según corresponda en el Derecho y la práctica de cada Estado y se adoptarán también a nivel internacional”⁷⁵, esto lo señala el Principio 14 de la Carta Mundial de la Naturaleza de octubre de 1982. Esto significa que los principios carecen de eficacia jurídica directa, por lo que deberán incorporarse al Derecho e incluso a la actividad de los Estados. Pero esto no es óbice para que sigan cumpliendo la importante misión de guía e inspiración y para que, además, todas las personas acomoden su conducta a los principios expuestos; porque la principal característica de estos principios es su universalidad. Incluso los principios deben ser cumplidos por cada persona en su propia esfera de acción, al mismo tiempo que deben convertirse en impulsores del cumplimiento de sus determinaciones a través de los mecanismos institucionales existentes en cada uno de los Estados. Es el reconocimiento más indubitado de la debilidad, pero también de la misma fortaleza de los principios en ellas contenidos: su efectividad no depende de nadie en particular, pero sí de todos y cada uno en general. Todos los pueblos y ciudadanos de la Comunidad internacional deben ser los gobernantes y los jueces encargados y responsables de cumplir las disposiciones de las Declaraciones y Resoluciones. Estados y pueblos están llamados a convertir los principios en prácticas ambientales sostenibles mediando o no la «traducción normativa o positiva de los mismos. Esta obligación finalista la deben cumplir «cooperando de buena fe y con espíritu de solidaridad.

La solidaridad internacional está relacionada con la idea o con el concepto que se sostenga de la Naturaleza: porque si la Naturaleza es concebida de manera antropocéntrica -como ocurrió con la primera Declaración de 1972- el concepto

de solidaridad, o no existe, o tiene una virtualidad muy escasa; en cambio, si el concepto sostenido es más integrador, la solidaridad cobra sentido desde el momento en que la Naturaleza es de todos, pero no es de nadie en particular.⁷

3.5.- Otros instrumentos internacionales:

3.5.1.- Conferencia de Johannesburgo del 2002

Aunque ya comentamos brevemente esta conferencia cuando abarcamos el tema del desarrollo sostenible, vale la pena indicar que se realizó en septiembre del 2002, Johannesburgo Sudáfrica, el criterio generalizado radica en que aquí se otorgó al medio ambiente el certificado de membresía que lo identifica como componente integrante del comercio global. Como tal, dejó claro que su manejo se establece en base a los principios del comercio, bajo prioridades en las que la dimensión territorial está supeditada a las exigencias de la globalización y, que en consecuencia, gobiernos y comunidades deben abrir el paso en los escenarios de negociación internacional a las fuerzas vivas de la globalización, entre las cuales el papel destacado lo desempeñan los representantes de los grupos económicos corporativos. Se afirma que la Cumbre significó:

La recomposición de las fuerzas del poder. Ello implica que los países pobres tienen que redimensionar radicalmente su estrategia de acción para contrarrestar esa arremetida.⁷⁷

3.5.2.- Protocolo de kyoto

Como consecuencia de la Conferencia de Río y concretamente del Convenio de Cambio Climático, se acuerda el Protocolo de Kyoto, el 10 de diciembre de

1997, que es el protocolo del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con el fin de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. El Protocolo de Kyoto desarrolla las disposiciones del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de acuerdo con los criterios contenidos en el Mandato de Berlín de 1995 y la Declaración de Ginebra de 1996. Las negociaciones del Protocolo fueron difíciles, complejas y controvertidas, y aunque se logró alcanzar un consenso final, todavía queda mucho trabajo por hacer para desarrollar las reglas subsidiarias, directrices y metodologías a las que se refiere el texto.⁷⁸

(...) El Protocolo de Kyoto establece que los países desarrollados deben reducir sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero en un 5,2% para el año 2012 respecto a las emisiones del año 1990. Sin embargo, este protocolo debe ser ratificado por al menos 55 países desarrollados cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sumen entre sí el 55% del total.⁷

3.6.- Arbitraje y Conciliación

Hay que recordar que los tratados internacionales en materia ambiental remiten la resolución de los conflictos al arbitraje y la conciliación; así por ejemplo, el de biodiversidad y el de cambio climático.

En nuestra opinión, no parece lógico que cada controversia sea resuelta por un panel de expertos ad hoc. Así nunca podría desarrollarse ese derecho ambiental tan homogéneo que necesitamos para proteger el planeta. Por ello se propone un arbitraje institucionalizado con una lista de árbitros y conciliadores limitada y en permanente contacto con las evoluciones del derecho ambiental, para garantizar la construcción jurisprudencial del edificio del derecho ambiental.⁸

Esta es la forma en que trabajan en derecho comercial internacional con muy buenos resultados. Hay que tener presente que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aunque haya creado una sala especial sobre medio ambiente está limitada a controversias en las que las dos partes sean Estados. Los agentes ambientales son más que los gobiernos y, sobre todo, la tutela ambiental ha de partir de que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano que nos corresponde a todos los seres humanos.

Son precisos, pues, órganos de tutela que puedan activarse a instancia de cualquier persona o grupo colectivo, aunque no tenga el apoyo del Gobierno de su país. Otro dato importante de la corte es que no está vinculada en su composición estructura y funcionamiento a ningún gobierno, estando libre de toda presión política en la resolución de conflictos o en el nombramiento de jueces. Se trata finalmente de un arbitraje o conciliación institucionalizado. De este modo cuando surge un conflicto y se somete a consideración de la corte, las partes eligen entre un reducido y selecto grupo de juristas a los más idóneos para el caso. El arbitraje puntual, en el que siempre participen personas diferentes, puede traer como consecuencia una construcción del derecho ambiental más lenta, con abundantes contradicciones en los laudos. Se ha procurado incorporar a la corte a todas las culturas jurídicas del mundo, aunque sobre ello hay cosas que mejorar.

El acceso a la corte no es limitado. Las partes pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales. En concreto, el procedimiento está abierto a todos aquellos particulares u organizaciones no gubernamentales que cuestionan la conformidad de las decisiones administrativas adoptadas por los Estados y sus organismos respecto al derecho aplicable. A pesar de que se insistió en el carácter internacional de la corte, su jurisdicción no está limitada; comprende todo tipo de conflictos ambientales, incluyendo los nacionales. A la hora de redactar los estatutos de la corte, se hizo hincapié en la necesidad de que aquellos Estados en los que, por razones de hecho o de derecho, la revisión judicial de acciones u omisiones administrativas sobre cuestiones ambientales no funciona correctamente, puedan tener acceso a una Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación, teniendo ésta a su favor la mayor legitimidad dada su composición internacional.

Respecto a las opiniones consultivas sin embargo, los estatutos limitan la jurisdicción de la corte a cuestiones internacionales relativas al ambiente (art. 49) ya que en este caso las actividades de la corte se fundamentan en la petición por parte de un Estado, y no en un acuerdo de ambas partes. El extenso alcance de la jurisdicción de la corte conlleva que las normas sustantivas en las que se basa ésta para emitir sus decisiones y opiniones deben ser asimismo extensas. En estos tipos de actuaciones la corte aplica:

- Tratados internacionales sobre la protección ambiental, especialmente las disposiciones imperativas contenidas en ellos; - Los principios generales del derecho ambiental internacional; - El derecho nacional relevante, de acuerdo con las reglas generalmente aceptadas por el derecho internacional privado y otras normas de conflicto de leyes, y - Cualesquiera otros principios, reglas o normas que la corte estime relevantes, incluyendo la equidad.

La actividad de la corte se limita a estos tres apartados:

Cualquier persona o entidad pública o privada puede dirigir una solicitud escrita la corte solicitando un arbitraje. Si las partes están de acuerdo se da comienzo al procedimiento. Si ello no fuera así, la corte enviará copia de la solicitud a la otra parte. Una vez que ambas hayan prestado su consentimiento se formará un tribunal compuesto por un número impar de árbitros, si no se acuerda lo contrario serán 5.

La composición del tribunal y el procedimiento a seguir recuerdan el modelo

establecido en el arbitraje mercantil internacional. En estas disputas ambientales, es de particular importancia el poder del tribunal para elegir a uno o más expertos y la posibilidad de las partes de presentar los suyos propios. El tribunal resolverá de acuerdo con el derecho aplicable salvo que las partes acuerden resolver ex aequo et bono. El tribunal, además, podrá recomendar la adopción de medidas cautelares para salvaguardar el medio ambiente o los derechos de las personas. El laudo se dicta por escrito y contiene una declaración sobre todas las pretensiones sometidas por las partes al tribunal.

Cuando se recibe en la corte una solicitud de conciliación se envía copia de la misma a la otra parte. Una vez que ambas han aceptado, se nombra una comisión compuesta por un número impar de miembros (5, si no hay acuerdo diferente) según lo acuerdan las partes. Debe destacarse que si la parte demandada rechaza la conciliación, el solicitante puede solicitar una Opinión Consultiva, con lo cual la corte opina en derecho sin que un rechazo del demandado suponga la completa indefensión.

La comisión dilucida los puntos controvertidos por las partes y se esfuerza en lograr un acuerdo que sea aceptable para ambas. Si la comisión a lo largo del procedimiento considera que no hay posibilidad de lograr acuerdo, puede declarar concluso el procedimiento y redactará un acta, haciendo constar que la controversia fue sometida a conciliación sin lograrse avenencia.⁸¹

Ha habido conflictos ambientales internacionales cuya solución fue voluntariamente remitida por los Estados involucrados a la jurisdicción internacional o a comisiones de arbitraje creadas ad-hoc. En ambas instancias, sus sentencias y/u opiniones han tenido el particular valor de trascender los asuntos de su estricta incumbencia y, de esta manera, enriquecer el Derecho ambiental internacional. Esto ha podido ocurrir por varios caminos: uno, porque en ellas se ha interpretado y aplicado desde una óptica específicamente ambiental algunos principios y costumbres preexistentes del Derecho internacional general; otro, porque han servido de primer paso hacia la formación de nuevos principios y costumbres de ese mismo Derecho; y todavía

uno más, porque las decisiones pertinentes han servido de marco de referencia y fundamento a otras decisiones de contenido netamente ambiental o, inclusive, porque ciertos de los criterios que sustentaron las sentencias u opiniones en cuestión han resultado ulteriormente reconocidos por los Estados mediante su incorporación formal en varios acuerdos internacionales.⁸²

3.7.- Aportes de las ONGs

Una multitud de muy disímiles organizaciones internacionales han llegado a desempeñarse como las promotoras y protagonistas más eficientes de la formulación y supervisión del cumplimiento de los instrumentos del moderno Derecho ambiental internacional. Amén de otras posibles clasificaciones (por ejemplo, dependiendo de que sus fines sean generales o específicos, o que sus ámbitos sean universales o regionales), entre estas organizaciones se suele distinguir las intergubernamentales de las no gubernamentales (ONGs).

Hay algunas organizaciones ambientalistas con antecedentes muy remotos, por ejemplo, las derivadas de los intereses de los naturalistas del siglo XVI, y otras que se crearon en Europa hace más de 100 años, especialmente en la Inglaterra. Pero la primera de las modernas organizaciones internacionales no gubernamentales con mayor relevancia actual, y que con seguridad es una de las que más ha contribuido al desarrollo del Derecho ambiental internacional contemporáneo, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). Ésta se fundó en 1948, y recientemente modificó su nombre por el de Unión para la Conservación Mundial (UCM), tal como ya lo hemos señalado en temas anteriores de la presente tesis.

Sus estatutos le permiten amalgamar a gobiernos de países, organizaciones gubernamentales y otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como a muy diversas entidades tales como universidades, institutos de investigación, etc. En el listado de sus objetivos, figuran la evaluación del estado de los recursos naturales renovables, la aplicación de

mecanismos de presión para la adopción de medidas conducentes a su protección, así como la educación e información ambiental. Entre otras importantes organizaciones internacionales no gubernamentales hay que mencionar: Greenpeace, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF), Friends of the Earth, el Consejo Internacional de Asociaciones Científicas y la Asociación de Derecho Internacional.

Ni el Derecho internacional ni la teoría de las relaciones internacionales suelen reconocer personalidad jurídica internacional a las organizaciones internacionales no gubernamentales. Ellas tan sólo disfrutan de la personalidad que los ordenamientos domésticos les hayan reconocido formalmente, quedando su participación e influencia en el foro de la comunidad de naciones bajo la total discreción de los Estados y de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Sin embargo, especialmente a partir de la Conferencia de Estocolmo, las organizaciones internacionales no gubernamentales han logrado revertir a su favor tal discreción, logrando alcanzar, una legitimidad en la arena internacional que, en ciertos aspectos, casi pudiera compensar su naturaleza extralegal en el plano internacional. Por su moderna trascendencia, a estas organizaciones se las considera el principal cauce por el cual se manifiesta la aspiración mundial de proteger el ambiente y, al mismo tiempo, sus más celosos guardianes. Así, paradójicamente, aunque todavía no se las valore como personas jurídicas internacionales en el sentido estricto de la expresión, nadie puede discutir que, por sus muchos roles asumidos, las organizaciones internacionales no gubernamentales son de los más importantes actores del Derecho ambiental internacional.

Vemos a continuación algunas manifestaciones prácticas de varias de sus funciones, teniendo en cuenta que, por supuesto, ellas han sido asumidas en muy distinta medida, en función de sus recursos, intereses y demás características propias a cada organización. En primer lugar, han habido casos en que a las organizaciones internacionales no gubernamentales les ha correspondido la iniciativa en la identificación y evaluación de ciertos problemas ambientales internacionales, como ocurrió con los del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, y en la movilización de la atención pública mundial sobre esos u otros aspectos de la crisis del entorno.

Luego, las organizaciones internacionales no gubernamentales también han servido de puente entre la comunidad científica y la política, habiendo presentado la evidencia sobre distintos aspectos de la problemática ambiental de manera neutra, con prescindencia de los intereses específicos de los Estados, así lo hicieron con el tema del agotamiento de la capa de ozono.

En tercer lugar, por la misma razón de que carecen de derechos y obligaciones en el Derecho internacional, las organizaciones internacionales no gubernamentales han disfrutado de una libertad de acción desconocida a los Estados soberanos. Esta condición les ha permitido ejercer presiones directas sobre los propios Estados o sobre las organizaciones intergubernamentales de su creación. En especial, siendo indiferentes al principio de la no intervención, las organizaciones internacionales no gubernamentales se han podido inmiscuir en asuntos exclusivamente domésticos.

En cuarto lugar, quizá uno de los roles de mayor relevancia desempeñados por las organizaciones internacionales no gubernamentales en el Derecho ambiental internacional haya sido el de su participación en la definición de estándares y normas conservacionistas, que luego han resultado incorporados en tratados tal como sucedió en los casos del Tratado sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, el de la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y el de la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.

Esta función la han podido desempeñar en la medida en que dichas organizaciones han sido aceptadas e incluidas, bajo el status de observadores, en los organismos y reuniones internacionales donde a menudo se discuten y elaboran los nuevos acuerdos ambientales. De esta manera, además de disputarles a los Estados soberanos su hegemonía absoluta en la formulación de los instrumentos del Derecho ambiental internacional, también han logrado que en sus acuerdos y protocolos se consagren obligaciones jurídicas relativamente precisas y exigentes, en contra de la tendencia natural de los Estados hacia

compromisos más generales y ambiguos.

Por último, y de nuevo invadiendo otro campo usualmente reservado a los Estados, las organizaciones internacionales no gubernamentales se han mostrado particularmente activas y eficientes en la vigilancia del cumplimiento de los convenios ambientales. La presencia de las organizaciones internacionales no gubernamentales se ha convertido en un poderoso acicate para que las partes de los tratados sean más cuidadosas en el cumplimiento de sus obligaciones. Las partes saben por experiencia la rapidez con que estas organizaciones suelen denunciar cualesquiera casos de incumplimiento, así como el malestar que tales denuncias puede despertar en la comunidad internacional. Los países, por lo general, prefieren comportarse en obediencia a las obligaciones contraídas, en vez de verse objeto de una publicidad tan adversa.

Aparte de este cumplimiento por temor a una publicidad negativa, las mismas organizaciones han tenido un valor instrumental en la observancia de algunos tratados mediante la denuncia de sus violaciones ante las autoridades competentes, y hasta ejerciendo recursos ante los tribunales ordinarios de las jurisdicciones domésticas. Esta última posibilidad ya ha sido inclusive formalmente reconocida en algunos tratados regionales, como, por ejemplo, en el de la Convención Nórdica de Protección Ambiental, de 1974, y en las Enmiendas al Tratado de la Comunidad Económica Europea, de 1987, lo que ha venido a ser una excepción al principio de la no personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales en el Derecho internacional.⁸³

CAPÍTULO IV IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONCIENCIA CIUDADANA 4.1.- El deber ambiental y el Derecho Ambiental 4.2.- La realidad y el concepto de la educación ambiental

4.3.- Objetivos de la educación ambiental 4.4.- La Educación y gestión ambiental 4.5.- La importancia de la investigación en los programas de educación ambiental 4.6.- Exposición de algunos parámetros para construir un proyecto educativo ambiental 4.7.- La educación ambiental en lo técnico y profesional y sugerencias de estrategias para la formación de docentes en materia ambiental 4.8.- Constitución Política de la República del Ecuador 1.998 y Legislación Aplicada en el Ecuador 4.9.- Constitución de la República del Ecuador 2008 y Código Orgánico Integral Penal 4.10.- Derecho penal Ambiental y Código Integral Penal – COIP en el Ecuador 4.11.- Análisis comparativo entre la Legislación Ambiental del Código Penal y el marco normativo del COIP. 4.11.1.- Remisión de la norma

4.11.2.- COIP: Legislación Ambiental

4.1.- El deber ambiental y el Derecho Ambiental

(…) Con relación a la preservación de los sistemas sustentadores de la vida sobre la Tierra, consideramos que el ser humano más que derechos tiene deberes, y mucho antes que prerrogativas tiene obligaciones, y ellas nacen de su responsabilidad (…) Cabe destacar que, en principio y como posición de base, sostenemos que el hombre carece de un derecho natural al disfrute de su entorno, por lo que no debería hablarse de un derecho humano a la calidad de vida, y tampoco de un derecho ambiental. ⁸⁴

Todas las acciones antrópicas que arriesguen el equilibrio del entorno generan primero un compromiso de preservación erga omnes, un deber natural ambiental en cabeza de toda la especie humana, al que son acreedoras todas las formas de vida, y de existir un derecho ambiental, éste nace a posteriori, sólo como corolario de aquel compromiso, y siempre a condición del cumplimiento de esa obligación previa, que por otra parte tampoco es nueva.

Con esta salvedad dejamos clara nuestra posición filosófica en lo que se refiere a la esencia del concepto utilizado, por lo que en el marco del presente trabajo, y en atención al carácter práctico que pretendemos imprimirle, prescindiremos de adentrarnos en el análisis de sus diferentes consideraciones doctrinarias. A los fines que nos hemos propuesto, es suficiente dejar aclarado desde el principio que cuando nos referimos al derecho ambiental estamos aludiendo sólo al plexo normativo que regula el cumplimiento de ese deber de preservación.

⁸⁵

4.2.- La realidad y el concepto de la educación ambiental

La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite el individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puede generar en él, y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por su ambiente. Estas actitudes, por supuesto deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y desde una concepción de desarrollo sostenible.

Este mismo concepto nos conlleva a trabajar la educación ambiental desde una perspectiva que permita contribuir a repensar la sociedad en su conjunto. No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza en el marco de los actuales modelos de desarrollo sino de construir nuevas realidades y nuevas manifestaciones de desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso en lo cultural y el desarrollo de potencialidades individuales colectivas. Dentro de este marco, la educación ambiental debe ser parte del proyecto de transformación del sistema educativo, de la reformulación del quehacer pedagógico y didáctico. De la de actitudes y valores de acuerdo con las necesidades de los individuos y sus colectividades. ⁸

Hay que aceptar que los problemas ambientales relacionados con el desarrollo económico y social están siendo desde hace algunas décadas tomados cada vez más en cuenta. Hemos visto que el sistema de producción actual nos ha llevado a una crítica situación de la cual no es fácil salir, aún poniendo el mayor de nuestro

empeño. Hasta el momento todo intento de solucionar estos problemas, han venido de la mano de cambios tecnológicos, de sanción de normativas más estrictas, de establecer impuestos a quien contamine o de subsidios a quien elabore productos verdes o amigables con el medio ambiente. Todas estas medidas han tenido un éxito relativo, pero lo cierto es que la situación ambiental del planeta es cada vez peor y cada vez más irreversible, si así pudiere decirse.

Dado lo anterior, cada vez tiene mayor relevancia analizar la relación entre el medio ambiente y el sistema de producción capitalista, porque hasta el momento (desde la Revolución Industrial) economía y ecología aparecen como cuestiones antagónicas. Allí aparece la educación ambiental. Para algunos la principal solución a los problemas ambientales, en todos los niveles y sectores de la sociedad. Ahora, seguramente la principal salida y no la única, ya que ésta debe ser acompañada por otras medidas de corte económico, político, tecnológico, etc. Esta es una herramienta fundamental para lograr un cambio de actitud y de comportamiento en la sociedad, no sólo en los productores sino también en los consumidores de todo el mundo.

Existen diversas definiciones sobre educación ambiental. Por ello traemos a colación algunas de ellas, que no por esto son las más importantes o generalizadas.

De acuerdo a la propia definición de la Organización de las Naciones Unidas la educación ambiental, es aquella parte de las ciencias de la educación que permite reconocer valores y conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias para comprender y apreciar la relación natural y social entre el hombre y su medio biofísico circundante, al tiempo que le da posibilidades de crear normas y códigos de comportamiento para lograr el mejoramiento de la calidad ambiental.

En Argentina, según la definición que hace el técnico en Gestión Ambiental cristian frers, la educación ambiental es una dimensión de la educación que

persigue una mayor eficacia social y pretende ser un resorte del desarrollo comunitario, atendiendo a la conservación de la calidad del medio y, por tanto, de la calidad de vida. Y ésta puede definirse como la educación en el respeto hacia la naturaleza y las culturas humanas, la conciencia de interdependencia entre todos los seres vivos y su medio, y la necesidad de actuar desde la solidaridad. ⁸⁷

En Nicaragua la Ley General del Medioambiente, o Ley 217 de 1996, define la educación ambiental “como un Proceso permanente de formación ciudadana, formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente” (art. 5, 26 de marzo de 1996).⁸⁸

También algunos educadores, al hacer una aproximación al concepto atendiendo los propósitos del desarrollo sostenible, la definen como un proceso integral, sistemático y permanente de información, formación y capacitación formal, no formal e informal, basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las personas, individual y colectivamente, toman conciencia y se responsabilizan del ambiente y sus recursos, mediante la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y motivaciones que le facilitan comprender las complejas interrelaciones de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, políticos, culturales éticos y estéticos que intervienen en el medio ambiente, así como participar y movilizarse en función de resolver y prevenir sus problemas presentes y futuros, dentro de un proceso de desarrollo sostenible, orientados hacia la convivencia en armonía y equilibrio con la naturaleza, para beneficio de las generaciones actuales y por venir.

La educación ambiental es un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos, al igual que en el sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que

apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos, como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, se desarrollen tecnológicamente, etc., de manera que minimicen la degradación del paisaje original o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales.

En el Congreso Internacional de Naciones sobre Educación y Formación Ambiental se dijo:

La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. (…)Y finalmente, nos parece indicado adicionar las siguientes precisiones conceptuales: 1. Educación sobre el medio: se entiende que las acciones persiguen tratar las cuestiones ambientales en el aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano); 2. Educación en el medio: es el estudio in situ del medio, con frecuencia de tipo naturalista, aunque cada vez son más los temas relacionados con el ámbito urbano (al fin y al cabo el entorno urbano – artificial- también es ambiente humano, como así se quiso entender en la Conferencia de Estocolmo en 1972), y 3. Educación para el medio: desemboca en una acción tendiente al cambio de actitudes, para conservar el medio natural y/o urbano y para mejorarlo. ⁸

Para finalizar el presente subtema, podemos ensayar como concepto de educación ambiental, como el conjunto de normas legales, disciplinarias y morales, que tienen por objeto inculcar en el ciudadano el respeto, la importancia y la belleza de todos los elementos que conforman el medio ambiente.

4.3.- Objetivos de la educación ambiental

Los temas generales de la educación ambiental fueron objeto de la Primera Conferencia Intergubernamental acerca de la Educación Ambiental, que tuvo lugar en Tiflis (Georgia, ex URSS; del 14 al 26 de octubre de 1977), fue organizada por la UNESCO en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Las conclusiones de la Conferencia fueron complementadas por un estudio de las necesidades y prioridades internacionales de la educación ambiental, en el cual tomó parte un 80 % de los Estados Miembros de la UNESCO.

Con anterioridad, se había llevado a cabo un taller internacional en Belgrado, en 1975, y posteriormente fueron organizadas reuniones regionales y subregionales acerca de la educación ambiental en África, los Estados Árabes, Asia, Europa y América Latina. La conferencia de Tiflis adoptó 41 recomendaciones, las que cubren una amplia gama de materias referidas a los aspectos tanto nacionales como internacionales de la educación ambiental. Especialmente relevantes son las recomendaciones que tratan de los fines y objetivos de la educación ambiental, los principios básicos que deberían ser aplicados al diseñar los programas y elegir las poblaciones a que estén destinados, así como la metodología pedagógica.

Poniendo énfasis en la importancia de desarrollar la comprensión de las relaciones complejas que existen entre el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento del medio ambiente, la Recomendación N° 1, indicó como finalidad básica de la educación ambiental lograr que los individuos y comunidades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente natural y construido resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales, y adquieran los conocimientos, valores, actitudes y

habilidades prácticas para participar en forma responsable y efectiva en anticipar y resolver problemas ambientales y en el manejo de la calidad del medio ambiente.

En lo que se refiere al contenido, la educación ambiental debería proveer los conocimientos necesarios para poder interpretar los fenómenos complejos que modelan el medio ambiente, y fomentar valores éticos, económicos y estéticos que, al constituir la base de la autodisciplina, favorecerán el desarrollo de conductas compatibles con la preservación y mejoramiento del medio ambiente: también debería proveer un amplio espectro de habilidades prácticas requeridas para idear y aplicar medidas efectivas con el fin de solucionar problemas ambientales.

En lo que se refiere a las poblaciones meta, la misma recomendación indica que la educación ambiental debe estar dirigida a todas las edades y grupos socioprofesionales de la población. En este contexto menciona, además del público corriente, constituido por personas jóvenes y adultas, a aquellos grupos sociales en particular, cuyas actividades profesionales afectan la calidad del medio ambiente, y los científicos y técnicos cuyas investigaciones y trabajos especializados sentarán las bases del conocimiento sobre el que la educación, la capacitación y el manejo responsable del medio ambiente deben apoyarse.

La Recomendación N° 2 distingue cinco categorías de objetivos para la educación ambiental: conciencia, conocimiento, actitudes, habilidades y participación. Pone énfasis en que la educación ambiental debe considerar el medio ambiente en su totalidad, debe ser un proceso continuo y permanente, debe tener un enfoque multidisciplinario, debe examinar los aspectos ambientales más importantes desde el punto de vista local, regional, nacional e internacional, debe enfocar situaciones ambientales presentes y potenciales, debe subrayar el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional para enfrentar asuntos ambientales, debe relacionar los estudios con planes para el desarrollo y crecimiento, y debe ayudar a los educandos a descubrir los síntomas y causas reales de los problemas ambientales.

En lo que se refiere a la metodología educacional, varias recomendaciones ponen énfasis en la necesidad de un enfoque flexible, por ejemplo, para la integración de los temas ambientales en la enseñanza de las ciencias naturales y sociales y de la tecnología. La naturaleza multidisciplinaria de los problemas y las soluciones ambientales son temas recurrentes en muchas de las recomendaciones, como asimismo lo es la necesidad de un enfoque educativo orientado hacia la resolución de problemas y hacia la acción.

Se hace especial referencia a los efectos que el trabajo de muchos profesionales tiene sobre el medio ambiente (se menciona a ingenieros, arquitectos, administradores, planificadores -Recomendación N° 11- y profesores -Recomendación N° 17), subrayando la necesidad de incluir temas ambientales en su formación previa -incluyendo los estudios de postgrado- así como también en los cursos especiales de formación en servicio.

El tratadista Alvaro Cardona, citando al profesor alemán Robert Spaemann ¹, resume los objetivos de la ecuación ambiental en los siguientes:

1. Generar conocimiento; 2. Generar conciencia; 3. Estimular la participación ciudadana; 4. Apoyar la transparencia; 5. Apoyar la conservación; y,

6. Incentivar el desarrollo sostenible.

No puede concebirse una educación ambiental sólo para la escuela, donde el nivel curricular pretende apenas divulgar y estimular el desarrollo integral del educando, con aquella que se inculca en los niveles superiores donde se estimula y promueve la investigación. El papel de la educación ambiental en la formación de profesionales ambientales o de profesionales de otras disciplinas, en las que lo ambiental aparece en los currículos transversales o flexibles, debe permitir el desarrollo de principios, técnicas y actitudes requeridos para el manejo, uso y estabilidad de los sistemas de recursos naturales renovables.

La educación con enfoque ambiental permitirá abrir nuevas perspectivas de trabajo en ámbitos como la protección del patrimonio público; crear una conciencia social sobre los problemas del deterioro del ambiente, tanto en bienes culturales como naturales, así como la generación de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional. La formación ambiental deberá darse en ámbitos formales (básica, secundaria y profesional) como en los informales, lo que significa incorporar la idea de lo ambiental en lo cotidiano como política de Estado, haciendo hincapié en los procesos globales y los asuntos locales, generando enfoques innovadores de los problemas y conflictos ambientales que condicionan nuestro estilo de vida y promoviendo una nueva forma de pensar el ambiente.

En los documentos emitidos por la unesco, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, y el pnuma (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) se declara la necesidad de implementar una educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada. En la medida en que los anteriores objetivos o propósitos se logren por medio de la educación ambiental, como política ambiental de una nación, igualmente se generarán las condiciones para apoyar la transparencia en la toma de las decisiones y en la asignación de recursos en la

gestión ambiental (…) gran parte del éxito de la política ambiental va a estar condicionada a la capacidad que tenga el Estado para demostrar que sus acciones son ambientales. Es decir, que está comprometido de manera decidida con un cambio radical de actitud frente al medio ambiente (…) Casi existe unanimidad en que primero hay que buscar la conciencia hacia la preservación para luego intentar la recuperación de nuestro entorno natural. Por ello debemos recordar el Principio 7 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3 al 14 de junio de 1992) que reza.

Las discusiones alrededor del concepto de desarrollo sostenible coinciden en reconocer el rol estratégico de la educación en el logro de un cambio real en los modelos económicos imperantes. La incorporación de esta perspectiva permite analizar críticamente el papel de los distintos actores sociales en la valoración de los recursos ambientales en cuanto elementos imprescindibles de producción y transformación. De hecho, el Consejo sobre Desarrollo Sostenible que creara el Presidente Clinton en su momento en los Estados Unidos sugirió que la educación ambiental está evolucionando hacia educación para la sostenibilidad ya que tiene un gran potencial para aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad para que se comprometan con decisiones que afectan sus vidas. ²

4.4.- La Educación y gestión ambiental

Al haber hablado ya del carácter estratégico que la educación ambiental tiene en el proceso hacia el desarrollo sostenible que es uno de los objetivos de la educación ambiental, es evidente que la acción educativa, por sí sola, no es suficiente para responder al reto ambiental. La educación ambiental, como le sucede en general a la educación, debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos de cada país adopten en relación al medio ambiente si de veras pretende contribuir con

eficacia a mejorar el medio ambiente.

Siendo la educación, a la vez, producto social e instrumento de transformación de la sociedad donde se inserta, los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y resultado de los procesos de cambio social. Ahora bien, si el resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy improbable que el sistema educativo ambiental transforme el complejo entramado en el que se asientan las costumbres malsanas, las estructuras socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las conductas de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo establecido. De ahí que surja la necesidad de incluir los programas de educación ambiental en la planificación y en las políticas nacionales, elaboradas a través de la efectiva participación social.

Como dice el profesor e investigador Luis villar borda:

La educación ambiental, la incorporación a los programas de escuelas, colegios y universidades de cursos que formen a las nuevas generaciones en estas materias y las hagan conscientes de los graves peligros que amenazan la supervivencia misma de la vida sobre la tierra y la responsabilidad individual de cada ciudadano y colectiva de sociedades, Estados y organizaciones internacionales para preservarla, es tal vez la tarea más urgente y promisoria a fin de conseguir el objetivo común de conservar y embellecer nuestro entorno ³.

La educación ambiental debe integrarse con la gestión ambiental, ya que como se dice, la mejor educación es una buena gestión y no ser utilizada como justificación ante las posibles deficiencias de ésta. En resumen, no es posible concebir una política de gestión ambiental, sin un componente de educación ambiental. Así el reto debe ser el de favorecer la transición hacia la sostenibilidad y la equidad, siendo conscientes de que esta transición requiere profundos cambios económicos, tecnológicos, sociales, políticos, además de

educativos.

4.5.- La importancia de la educación ambiental

En el contexto de la apreciación y aceptación del riesgo basados en el juicio individual y colectivo, cobran una particular importancia el grado de conocimiento y la responsabilidad individual y colectiva. A su vez, el conocimiento y la responsabilidad tienen en la educación uno de sus pilares más relevantes. Además, cuando se afirma que la protección ambiental es una responsabilidad compartida, esta responsabilidad sólo se puede asumir y, eventualmente, exigir, si está asentada en el conocimiento de la realidad y, en particular, de la situación de los seres humanos en la naturaleza, sin olvidar los valores asociados a la responsabilidad misma.

La educación ambiental es objeto de atención en numerosas normas jurídicas internacionales y nacionales. Entre aquéllas, ya conocemos las alusiones contenidas en las diversas Declaraciones universales en materia ambiental. Los Convenios que ya hemos estudiado se refieren también a esta cuestión. Basta recordar lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 5 de junio de 1992, suscrito en Río de Janeiro en el que se dispone que las Partes Contratantes promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los programas de educación y cooperarán, según proceda, con otros Estados y Organizaciones internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. ⁴

4.6.- Exposición de algunos parámetros para construir un proyecto educativo ambiental

Para la construcción de un proyecto de esta naturaleza, el tratadista Eduardo Padilla, hace las siguientes recomendaciones:

Regionalización.- Ubica problemática ambiental dentro de un tiempo y un espacio dados. Cada región presenta una dinámica natural, social y cultural propia, lo que da lugar a diferentes formas de relación, con el ambiente, esto incide en la definición de los problemas y las diversas aproximaciones para resolverlos.

Concertación.- La concertación hace referencia a una forma de relación en la que intervienen diferentes grupos, asociaciones e individuos para el logro de metas comunes. En la concertación es importante que cada una de las partes que participan lo hagan desde su competencia y responsabilidad, buscando puntos de integración, en la mira de hacer posible la solución de los problemas planteados.

Cogestión.- La cogestión implica la concertación para el desarrollo de un proyecto común. Significa compartir responsabilidades reconociendo los límites y alcances de cada uno de los que participan en el proceso. Esto presupone un cierto nivel de la autogestión, entendida esta como la autonomía en la toma de decisiones y en la realización de acciones que fortalezcan el proyecto.

Participación.- La participación está ligada a los procesos de apropiación de la realidad por parte no sólo de los individuos sino de los colectivos. Es una construcción que parte de la comprensión de los diversos fenómenos con los cuales entra en contacto, cotidianamente, un individuo.

Interculturalidad.- Implica el respeto de la diversidad cultural como componente fundamental de la educación ambiental y el concepto que cada grupo humano posee de los recursos naturales y su preservación.

En el sector no escolar existe una dinámica propicia por grupos, asociaciones, movimientos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que han venido trabajando entorno a la búsqueda de soluciones para la problemática particular, a través de proyectos cuyas estrategias metodológicas corresponden a unos objetivos muy particulares derivados de sus competencias en lo que al ambiente se refiere, como en el caso de las Corporaciones Autónomas, los Ministerios, las Fundaciones, etc.

En el sector escolar, existen algunos grupos de maestros y alumnos que trabajan alrededor de la problemática ambiental en actividades generalmente extraescolares y sin una vinculación directa con las diversas áreas del conocimiento y con las diversas actividades escolares para la comprensión de dicha problemática y además sin una clara vinculación a la comunidad en la cual la escuela está inserta.

Por lo tanto, se debe propender porque los proyectos en este sector no se queden al interior de la escuela, sino que ellos trasciendan los límites de la misma y, desde su competencia sean impulsores de los proyectos ambientales, locales o regionales, a través de la concertación con el sector escolar es aquí en donde la escuela debe hacer claridad de sus objetivos y de su quehacer en materia de ambiente; hecha esta claridad la escuela puede entrar a concertar con todos los grupos o asociaciones del sector no escolares de perder los objetivos, adoptando y enriqueciendo las estrategias metodológicas para contribuir a la búsqueda de soluciones.

Finalmente, se requiere de un proceso de retroalimentación en donde la escuela garantiza la continuidad de los proyectos y a la vez aporta elementos metodológicos de formación para la cualificación de la comunidad. Es en esta

dinámica en donde se puede afirmar que se empieza a desarrollar procesos formativos autogestionarios, en donde la propia comunidad construye y adecue elementos de diversa índole para resolver sus problemas y garantizar una dinámica social acorde con la dinámica natural.

En el diagnóstico de la región uno de los problemas ambientales que afecta a la comunidad es la erosión; dicha comunidad plantea proyectos para resolver el problema y puede valerse de grupos externos que son los especialistas, para cualificar la información y enriquecer aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos. La escuela como parte de la comunidad debe asumir la responsabilidad que le compete: La formación. Por tanto, sus proyectos deben buscar que los alumnos comprendan el fenómeno erosión, asuman actitudes responsables y contribuyan en la búsqueda de alternativas de solución.

Lo anterior implica que el problema sea objeto permanente de investigación y que se requiera un constante entrar y salir de la escuela. Salir de la misma para el reconocimiento del fenómeno a través de la observación para la recolección de información, para el intercambio de experiencias con la comunidad; entrar en la escuela para que el aula de clase recobre su importancia como lugar de discusión y debate permanente, en donde se confrontan ideas, opiniones, comentarios, y en donde se enriquece la argumentación a través de estrategias como conferencias, lecturas, revisión de documentos, etc., que llevará a plantear alternativas desde la perspectiva de la escuela. Una de ellas, que se visualiza luego de todo el proceso en este ejemplo puede ser la reforestación.

Evidentemente. la escuela no puede abarcar todo lo que la solución a la reforestación implica, pero si puede aproximar a los estudiantes a su conocimiento mediante dinámicas del grupo, recolección de información, etc., estas pequeñas experiencias de reforestación pueden servir al proyecto escolar para que los alumnos profundicen en el conocimiento del fenómeno y desarrollen actitudes de compromiso individual y colectivo frente a las alternativas de solución planteadas; es así como la escuela puede tener una verdadera proyección a la comunidad.

De manera más puntual se puede comprender la dinámica de trabajo de un proyecto ambiental educativo, ubicándola correctamente en los marcos escolares.

Una vez que el programa a trabajar está definido, en este caso la erosión, es importante que el maestro inicie un trabajo de exploración en los alumnos. El aula de clase puede permitir una buena discusión en donde se pongan en juego las opiniones, los comentarios o ideas que los alumnos permitan conocer cuáles son sus concepciones, a lo que es igual, sus explicaciones previas acerca del fenómeno.

Conociendo las explicaciones previas a propósito de la erosión, es factible iniciar un trabajo de aproximación a la realidad local y/o regional, en la cual se inscribe el problema con el objeto de que los alumnos empiecen a confrontar sus concepciones previas con el fenómeno mismo. Aquí la salida de campo es fundamental porque a partir de ella se puede iniciar un reconocimiento de la zona. La tradición oral juega un papel muy importante en la reconstrucción de la historia de la comunidad y es factible de trabajar en los proyectos a través de charlas y visitas de los diversos grupos, familias y personas que, de una u otra manera, han estado comprometidas con el desarrollo y evolución de la comunidad.

A través de resultados de la ciencia y no mediante procesos, por intermedio de certidumbres y no a través de dudas, a través de afirmaciones cerradas y no interrogantes y, en algunas oportunidades, a través de problemas teóricos de la disciplina y no de problemas o situaciones de la vida cotidiana, es decir, no se extraen de las disciplinas sus conceptualizaciones, sus métodos de razonamiento, sus conflictos y, en general, sus redes epistemológicas, lo cual dificulta el trabajo para la comprensión de la problemática ambiental, ya que es fundamental para el diálogo interdisciplinario y con otros saberes.

Otros obstáculos a sobrepasar en materia de formación de docentes para la educación ambiental, son el autoritarismo prevalente en las relaciones escolares, la idea de escuela sólo como espacio físico y de puertas cerradas, la ausencia de una verdadera comunidad educativa, la concepción del currículo como plan de estudios, las debilidades en la formación ciudadana de los docentes mismos, poca reflexión por parte del maestro, a propósito de los escenarios en los cuales desarrolla su trabajo y el desconocimiento del contexto natural y social en el cual se mueve la escuela.

Así mismo, sobrepasar la idea de un docente solamente de aula para formar uno suficientemente preparado para el trabajo de campo, es un reto para la educación ambiental, puesto que implica incluir un alto componente investigativo en su formación específica, en su formación pedagógica y didáctica, que pueda conducir a un trabajo integrado, interdisciplinarioabierto, que reconozca la particularidad de la escuela y la ponga en concordancia con los intereses de la comunidad. Formar un docente para el proyecto y no sólo para la clase implica, también, ayudarlo para que se ubique en la realidad de su escuela, requiere que el maestro tenga una formación para la resolución de problemas y para el trabajo por proyectos, para que pueda contextualizarla y, de esta manera, pueda recontextualizar el conocimiento y los saberes, haciéndolos significativos. ⁵

4.7.- La educación ambiental en lo técnico y profesional y sugerencias de estrategias para la formación de docentes en materia ambiental

Es todos los centros de educación, deben impartirse materias relacionadas en materia ambiental. Con mucha mayor razón en las facultades de Derecho. Consideramos que al menos deben haber dos semestres de la cátedra “Derecho Ambiental”. Tanto en la sensibilización, como en la formación, la profundización y la proyección se debe hacer prioritarios aspectos como:

a) El fortalecimiento conceptual, a nivel del ambiente de la educación ambiental, de la pedagogía, la didáctica y del trabajo interdisciplinario. b) El esclarecimiento conceptual, metodológico y estratégico de la disciplina de la especialización con respecto al trabajo por problemas desde el concepto de ambiente, extendiendo que no existe un cuerpo de contenidos organizados y sistemáticos que permita, comprensión de la problemática ambiental, sino que para ellos es necesario recurrir a contenidos que provienen de diversas disciplinas de distintas áreas de reconocimiento de diversos saberes. c) El fortalecimiento del concepto de investigación, desde la Problemática ambiental y la competencia de la escuela, desde la problemática educativa y su papel como institución y por su puesto, desde las problemáticas pedagógicas y didácticas en este campo. d) La contextualización permanente de procesos de investigación pedagógicos y didácticos en el marco de la educación ambiental. e) El intercambio permanente de metodologías construidas para el trabajo de la problemática ambiental y su aplicación a la escuela, atendiendo a las competencias y responsabilidades de la misma. f) El fortalecimiento de un concepto de evaluación para la dinámica del problema, para el proyecto y para la proyección de los resultados de los mismos. g) El acceso a la información pertinente, su interpretación, los mecanismos de organización respectivos y las adecuaciones de esta información, para los procesos educativos, pedagógicos y didácticos. h) La construcción de territorios interdisciplinarios y/o transdisciplinarios. i) La preparación para asumir el liderazgo de procesos o de acciones de gestión ambiental de participación ciudadana para el reconocimiento y la solución de los problemas ambientales de la comunidad para la cual trabaja. Esto debe enmarcarse en la viabilidad de acciones a corto, mediano y largo plazo. j) Una formación sobre el terreno: desde el proyecto, a través del desarrollo del proyecto y para las proyecciones del mismo.

Esta formación debe estar acompañada por elementos complementarios tales como seminarios, talleres, conferencias, etc. especializados. Estos últimos no pueden suplir la formación permanente.

Finalmente, se hace necesario, el fortalecimiento de la comprensión de la importancia del quehacer docente y de su orientación para el desarrollo de procesos que permitían que la problemática ambiental entre a hacer parte de las preocupaciones de la escuela. Pero que entre, por que hace parte de lo cotidiano de los alumnos, y que entre, por vía del planteamiento de situaciones pedagógicas y didácticas, que correspondan a sus intereses y desarrollos, y que a la vez, sean elementos de transformación de la escuela y transformación de las relaciones de esta con la comunidad, desde su validez y pertinencia, para la reformulación del papel de la ciencia y la tecnología y las diversas áreas del conocimiento en la escuela.

De la misma manera, la entrada de la problemática ambiental a la escuela, por la vía planteada, debe permitir reformular los espacios de construcción del conocimiento en la escuela, los espacios de interacción: Conocimiento-realidadmaestro, alumno-comunidad-maestro-escuela-gestores externos, -escuelasociedad, etc. En fin, de los escenarios de construcción de conocimiento para la comprensión de la problemática real, para la acción responsable y, por ende, para la participación en una gestión ética del ambiente.

Para el desarrollo de lo anterior se hace necesario que los centros de educación, entre otras, replanteen y reorienten las diferentes carreras de formación del docente, atendiendo a las necesidades actuales del trabajo por problemas, a través de proyectos en la escuela. Esto implica recontextualizar la enseñanza disciplinaria, así como construir espacios interdisciplinarios para el planteamiento, análisis y resolución de problemas desde los puntos de vista pedagógicos, didácticos, ambiental; igualmente, implica permitir que otros saberes como el saber común es, el saber tradicional entre a formar parte del currículo para el verdadero diálogo de saberes, fundamental en la convención de

la problemática ambiental y en el trabajo de los proyectos.

Otro aspecto importante es la vinculación de la universidad a las problemáticas educativas ambientales locales, regionales y/o nacionales, a través de proyectos que tengan posibilidades de retroalimentar conceptual, metodológica y estratégicamente los procesos de formación de docentes. Esto permitirá trabajar desde el problema mismo, con una perspectiva investigativa y académica en el marco de los intereses de las comunidades por mejorar su calidad de vida.

Si el docente está para ayudar a los alumnos a comprender la realidad ambiental, a actuar frente a la misma y asumir posiciones desde una construcción ética y responsable, todos los procesos de su formación deben estar permeados por estos aspectos. En todo momento el centro de la metodología de su formación, debe ser el debate, la discusión, la búsqueda del consenso, la tolerancia y el respeto por la diferencia para el fortalecimiento de la argumentación nuevamente, en necesario señalar que la formación de los docentes debe tener una fuerte dosis de trabajo de campo, alrededor de un problema ambiental concreto que haga parte de su cotidianidad, o de la cotidianidad de la comunidad con la cual desarrolla su labor, problema, al cual, desde su óptica y suposición le pueda encontrar alternativas de solución permitiéndole participar en la gestión.

La formación formativa implica, la participación de todos y cada uno de los actores del proceso, atendiendo a sus propósitos, papeles y niveles particulares, en el marco de lo global, reconociendo sus particularidades. En este aspecto, propicia una retroalimentación permanente. A través de esta evaluación, todo lo que se produce en el proyecto es analizado en sí mismo, sin perder de vista el marco referencial.

La evaluación formativa se nutre fundamentalmente del método analítico, que incluye diversos puntos de vista, perspectivas, saberes y por lo tanto diversos instrumentos para la construcción permanente de criterios que son marcos de referencia y son flexibles, puesto que ellos pueden evolucionar con la dinámica

del proceso y del proyecto. Ellas dan cuenta de las debilidades y fortalezas de los procesos, las analiza y propone estrategias para superarlas, fortalecerlas o afianzarlas.

Esta forma de evaluar la de mayor importancia a la construcción permanente de perfiles, hace miradas globales y particulares, es tolerante, ya que permite aceptar ciertos elementos inesperados en el proceso y valorarlos de acuerdo con su participación en su evaluación y logros del proyecto. Quizá uno de los aspectos más relevantes de esta evaluación es que no trabaja sobre certidumbres. Ella mira productos, procesos y hace verificaciones para confirmar las necesidades y orientaciones de los ajustes pertinentes, y lo que es más importante, permite que los individuos y los colectivos, se formen en la evaluación, es decir, se formen para que pueda autoevaluarse y evaluar a los otros en el marco de un proceso de reconocimiento permanente

Debe existir una relación del proyecto con la consolidación del equipo, los docentes y otros actores educativos importantes para el desarrollo del mismo, especificaciones e intereses de cada uno de los participantes en el equipo básico, la percepción del problema ambiental propuesto, sus formas de razonamiento, el manejo de la información la capacidad que reflexionará, propósito de sus actitudes y de sus propios valores, sus relaciones con la comunidad educativa, capacidad de gestión, dinámica del equipo, conocimientos previos a propósito de la problemática trabajada, los modelos de enseñanza manejados, los contenidos y su aplicación a la resolución del problema, la capacidad para construir procesos pedagógicos y didácticos acordes con las necesidades del proyecto, su capacidad investigativa, etc.

Las relaciones del proyecto con el currículo escolar, los criterios de selección del problema para el proyecto escolar, el diálogo de saberes, tales como saberes comunes, tradicionales y científicos, la educación de los planes de estudio a la resolución del problema, para la construcción de conceptos, en el marco de un conocimiento significativo, la vinculación de aspectos fundamentales de la dinámica cultural, social y natural del medio en el cual se desarrolla el proyecto,

los espacios para las reflexiones éticas y estéticas íntimamente ligadas al manejo del ambiente.

Deben existir relaciones del proyecto con los actores fundamentales, los alumnos. Sus concepciones previas y sus obstáculos para la construcción del conocimiento, sus formas explicativas, sus modelos de razonamiento, sus formas de acceder al conocimiento, de maneras de relacionarse consigo mismo, con los demás, y con su entorno, sus percepciones del problema ambiental propuesto, sus mecanismos de participación, sus ideas a propósito de sus responsabilidades, las estrategias a través de las cuales establecen compromisos, sus relaciones con la escuela como institución y con la comunidad, sus propios valores y la comprensión de los valores sociales, sus actitudes, en general, sus relaciones con lo social, lo natural y lo cultural y. por consiguiente, los procesos de evolución de todos estos elementos en el marco del proyecto.

Otras relaciones y desarrollos, derivados de la dinámica misma del proyecto deberán ser tenidos en cuenta en los procesos evaluativos, bien sea que ellos hayan hecho parte integral del proyecto o parte de algunos de sus componentes, o que sean elementos resultados de la dinámica del mismo proyecto.

El planteamiento hasta aquí trabajado supone, como ya se dijo, una reformulación profunda de la escuela, un replanteamiento del sistema educativo, un compromiso de la sociedad en su conjunto con la reorientación del papel que debe jugar la escuela en las transformaciones sociales, económicas y políticas, en el marco de un desarrollo sostenible acorde con las dinámicas locales, regionales y/o nacionales, y fundamentado en el respeto a la diversidad tanto natural como social y cultural del país. Este es el reto de la educación ambiental, de la educación para el desarrollo sostenible.

4.8.- Constitución Política de la República del Ecuador 1.998 y Legislación Ambiental aplicada en el Ecuador

La Constitución Política de 1998 ⁷, aprobada el 5 de junio del mismo año, en Riobamba, ciudad sede de la fundación del Estado Ecuatoriano en 1.830, marcó un hito en derechos ambientales y principio de precaución tipificados en los artículos 86 al 91, del Medio Ambiente donde esta extinta carta magna demostraba ser pionera en el ejercicio de una cultura ambiental misma que estaba enmarcada en políticas ambientales que eran acatadas por órganos de fiscalización como la Fiscalía especializada en temas de contravenciones ambientales. Los cabildos municipales vía la secretaría de Medio Ambiente ejercen la competencia de canalizar reclamos o denuncias de particulares en la afectación de sus derechos ante algún tipo de agravio o delito ambiental, pero un punto negativo frente a este tipo de faltas es que la ley penal anterior y la ordenanza imponían las sanciones pertinentes pero el desconocimiento de la ciudadanía frente a ello enfocaba que uno de cada diez contravenciones ambientales eran tomadas en cuenta.

La normativa ambiental existente desde inicio del año dos mil, con la creación del Texto único de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente – TULAS, aprobado mediante decreto 3399, del 16 de diciembre de 2002, en la presidencia de Gustavo Noboa Bejarano, que fuera acogida en el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa sin lugar a dudas fue un gran proyecto pese a la falta de promoción de estos preceptos ambientales. El desconocimiento ciudadano hacia estos cuerpos legales es una de las debilidades que se han mantenido hasta la emisión de la constitución del 2008, únicamente los medios de comunicación dieron a conocer el mayor atentado ambiental perpetrado en nuestro país en la provincia de Sucumbíos, Nueva Loja en la amazonía ecuatoriana, fue cuando Texas Petroleum Company firmó un contrato de concesión de derechos de exploración y explotación de hidrocarburos con el Gobierno del Ecuador el 5 de marzo de 1.964 y, por el mismo instrumento avalado por el propio gobierno, dicho contrato fue transferido a la Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, C. A. y a Gulf Ecuatoriana de Petróleo, S.A., contrato que fue registrado en el Ministerio de Minas de ese entonces en fecha 14 de marzo del mismo año.

El Gobierno de Ecuador demandó en contra de de Chevron, aunque fue una demanda interpuesta entre varias comunidades indígenas afectadas, por ello el estado se ha visto obligado a involucrarse en los últimos años para defenderse de los ataques de Chevron en el ámbito internacional. La demanda es por derramamiento de más de 80 000 toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio durante los años 1964 y 1992. La zona comprometida por la contaminación petrolífera abarca unas 500 000 hectáreas aproximadamente. Según versiones de la propia petrolera indica que hizo la limpieza y remediación ambiental al interior de los campos ambientales antes de entregarlos y que la responsable por la contaminación presente es la empresa estatal petrolera Petroecuador pero el estado ecuatoriano ha demostrado la responsabilidad penal ambiental frente a esta demanda, misma que ha sido demostrada y evidenciada por varias personalidades del mundo de la política y entretenimiento, los efectos dejados de la contaminación y la falta de políticas de remediación ambiental en la campaña “ la mano sucia de Chevron” ⁸.

4.9.- Constitución de la República del Ecuador 2008 y Código Orgánico Integral Penal- COIP.

Con la aprobación de la Constitución del 2008 , el Ecuador se convirtió en pionero a nivel mundial en consagrar los derechos de la naturaleza o Pachamama en temas de mucha relevancia basados en principios y derechos, Tutela estatal sobre el ambiente, Imprescriptibilidad de acciones ambientales, marco institucional en el caso de la empresa privada, Función social y Ambiental de la propiedad; y, otros temas de interés ambiental tales como: agua, biodiversidad, áreas protegidas, así como Derechos de la Naturaleza.

En los artículos 71 y 72 de la carta magna se establece el respeto a su existencia y mantenimiento, regeneración de ciclos vitales y derecho a la protección y restauración. Hoy esa protección, consideran ambientalistas y expertos en derecho ambiental, experimenta una regresión o no está expresada del todo clara en el Código Integral Penal¹ (COIP), vigente desde el pasado 10 de agosto de 2014.

El Código Integral Penal -COIP es un instrumento jurídico que garantiza derechos y que tiene ciertas garantías, pero en el caso de los derechos de la naturaleza no se establecen precauciones que permitan tipificar delitos, cuando acciones u omisiones impliquen afectación a la naturaleza. En el capítulo cuarto, dedicado a los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama, se observa al parecer un retroceso puesto que esta última se excluye como sujeto de derecho. En ese capítulo, de hecho, no se habla de naturaleza, sino de recursos naturales y medioambiente, que conceptualmente son distintos.

En ese sentido, el nuevo Código Integral Penal no incluye como delito la destrucción, la tala ilegal ni el cambio de uso de suelo, que estaban contemplados en el Código Penal de 1971, implica incluso una contradicción, porque los libros del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria – TULAS incluyen especificaciones técnicas para juzgar delitos que ya no existen. Desaparecen de este cuerpo legal además del delito de tala de árboles y flora protegida, el irrespeto a la veda de especies de flora y fauna que no estén amenazadas ni en peligro de extinción, pero necesitan conservación, para lo cual había especificaciones de tiempo y tamaño para ser capturada. Se pesca una especie acuática protegida en sin que sea en un periodo o zona de producción de semilla, o de reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies, ni se realiza dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El hecho era delictivo bajo el antiguo código, con una pena de uno a tres años. Bajo el COIP, el hecho queda impune y como una infracción administrativa.

Cambios de este tipo constituyen, una violación al llamado “principio de no

regresión”¹ ¹, que se aplica en países como Costa Rica y establece, según la teoría jurídica, que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto de los niveles de protección alcanzados con antelación.

En el Ecuador, a pesar de que la Constitución no consagra expresamente el “Principio de no regresión” en materia ambiental, explica, el fundamento está en el “Principio de progresividad”¹ ², consagrado en el artículo 340, Título Séptimo, Régimen del Buen Vivir.

El COIP mantiene, igual que la norma anterior, penas de entre uno y tres años, pero en ciertos delitos termina por reducirla al no contemplar los agravantes. En cambio, establece responsabilidad penal de las personas jurídicas asociadas a un delito ambiental y los delitos contra el patrimonio genético, que no estaban tipificados y son vistos como un avance en la materia.

Sin embargo, existen alguno cuestionamientos respecto del artículo 248 de este novísimo cuerpo legal, mismo que plantea no precisamente la conservación de la biodiversidad, sino con la transformación de la biodiversidad en mercancía, y la cárcel no es la solución a ello.

En los casos de agrobiodiversidad que se refiere al desarrollo de semillas, los sectores campesinos e indígenas han sido claves, por lo que se debería normar en relación con los recursos genéticos es su apropiación, por ejemplo, a través de la aplicación de derechos de propiedad intelectual.

En conclusión desde la aprobación del Código Integral Penal el pasado 10 de agosto de 2014, en lo referente a materia ambiental se observan algunos problemas en la aplicación con normativa en materia ambiental vigente: normas

técnicas insuficientes, falta de juzgados y peritos y dificultades en la cadena de custodia para la presentación de pruebas aspectos que deberán ser corregidos en la actual administración de justicia.

4.10.- Derecho Penal Ambiental y Código Integral Penal – COIP en el Ecuador

Desde una visión global o generalizada, el Derecho Penal Ambiental presenta los inconvenientes propios de una ciencia en expansión que busca independizarse del Derecho Penal, tal como ocurrió con el Derecho Penal Económico, o el Derecho Penal Tributario. No obstante genera importantes resistencias por cuanto generalmente va contra el sector más poderoso política y económicamente de la sociedad: empresas multinacionales que centran sus negocios en la explotación de los recursos naturales. Al tiempo que provocan la criminalización de los denunciantes, tanto el Derecho Penal Ambiental como el Derecho Procesal Penal Ambiental no son materias que se enseñen en las carreras de Derecho ni en posgrados universitarios y, por ende, no hay capacitación específica. Hay cierta resistencia u oposición de la doctrina jurídica y que el Derecho Ambiental abreva en el Derecho Civil, Administrativo y por cierto Constitucional. Y también no es menos cierto que en el ámbito internacional está escasamente legislado, afortunadamente no es el caso de Ecuador.

Cierto es entonces que la protección penal del ambiente es muy controvertida y no tenemos aquí espacio suficiente para abordar las distintas teorías, desde las que van por el abolicionismo pasando por las eclécticas y llegando a las que, como en mi caso, reclaman la autonomía y penalización de las conductas contaminantes.

Pero a todo efecto damos por descartado que tanto la legislación penal ecuatoriana –sea la anterior como la que surge del COIP- guarda la tradición en la defensa de la autonomía del Derecho Penal Ambiental.

4.11.- Análisis comparativo entre la legislación ambiental del Código Penal y el marco normativo del COIP.

¿Cuáles son las principales características de los delitos ambientales que rescatamos en la redacción del art. 437 del Código Penal del Ecuador, que estuvo vigente hasta el 10 de agosto del 2014?

En primer lugar y como muy destacable, hay un claro reconocimiento de la naturaleza o los ecosistemas como sujetos autónomos de derecho. Ello coincide con el art. 10 de la Constitución de la República sancionada en el año 2008. Esta titularidad tiene su expresión en la tutela que ejerce, desde la acción penal ambiental, el cuerpo de fiscales penales. Y más aún, la Constitución de Montecristi declara la imprescriptibilidad de las acciones legales que se interponen como resultado de una actividad contaminante. He aquí entonces la principal característica: la imprescriptibilidad de la acción penal ambiental en función del bien jurídico tutelado: la Naturaleza. La figura penal de “peligro abstracto” en los delitos ambientales

Los delitos ambientales se consideraban de peligro abstracto.

Basta con la simple amenaza para que el tipo legal se configure.

Y si alguna duda cabe, es bueno referirnos a otros delitos de peligro abstracto previsto en nuestros ordenamientos legales, como aquellos que penalizan el narcotráfico o la evasión tributaria. El carácter no exige que haya una real puesta en peligro del bien jurídico del bien jurídico sino que el legislador introduce una presunción basada en cuestiones de política criminal.

Se trata de una verificación –como en el caso del narcotráfico, antes simplemente constatable por el juez con prueba aportada por las Fiscalía General del Estado. No es menos cierto que, para justificar lo que puede ser un delito de lesión o resultado, se invocaba el art. 437, literal d), esto era en caso de que el delito ambiental produzca lesiones o muerte de alguna persona, pero era claro que esta norma constituía solo un agravante de las tipificaciones, no un tipo autónomo.

4.11.1.-La Remisión de la norma frente al delito ambiental

No menos cierto es que otra de las características es la remisión que habitualmente se hace a normas penales en blanco, cuando de delitos ambientales se trata. El objetivo es impedir que la integración del tipo penal quede obsoleta con el paso del tiempo y nuevamente echamos manos al derecho penal comparado. Las normas que dan la característica de estupefaciente en los delitos de narcotráfico no están incorporadas en el tipo sino que generalmente se sujetan a convenios internacionales – como el Convenio de Rotterdam¹ ³ sobre sustancias tóxicas, suscrito por Ecuador en 1998- o a disposiciones del poder ejecutivo. Ocurre lo mismo con los delitos ambientales. Pero de modo alguna esta remisión puede configurar una delegación jurisdiccional o mucho menos una mutilación del tipo penal. No es una remisión genérica por cuanto el núcleo de la prohibición es inmutable dentro del propio tipo. Tal por caso el art. 437, literal a), del extinto Código Penal del Ecuador deja claro que la remisión a la definición de “desecho tóxico peligroso” está en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Título VI Anexo II.

4.11.2.- Código Integral Penal -COIP: Legislación Ambiental

A primera vista se observa un retroceso entre las normas expuestas en el Código Penal de 1.971 y el actual COIP. Los delitos contra el ambiente previstos en el capítulo cuarto-desde el artículo 245 en adelante- presentan una redacción que difícilmente podrá tonarse compatible con el bien jurídico que se tutela. Por ende, puede resultar inconstitucional si es que aplicamos el principio de retrocesión ambiental para que recobre validez el cuerpo penal anterior.

En primer lugar, en lo referente a los delitos contra el agua, exige un “daño grave”- ( art. 251 COIP”¹ ⁴)- con lo que los delitos ambientales han dejado de ser delitos de peligro. La norma penal exige un resultado para que el hecho se configure. Tal por caso, un volcado al río de sustancias tóxicas requerirá la comprobación del daño real del agua. Es como si exigiésemos que, para tipificar la conducta de un evasor tributario, se demostrase primero en qué pudo el Estado invertir ese dinero sustraído y no lo hizo por la maniobra del delincuente.

El segundo inconveniente de gravedad inusitada y no menos preocupante que la anterior es la remisión penal en blanco por partida doble, que se hace desde el capítulo cuarto. En primer lugar, cita como integrante del tipo –. El art. 252 ¹ ⁵ del COIP- la contravención a una norma vigente. No dice cuál es, no establece el rango de esa norma ni el orden de prevalencia. ¿Cómo debemos interpretarlas si hay más de una y, como habitualmente ocurre, contradictorias entre sí? La otra remisión en blanco –y aquí ya no cabe duda de que puede ser atacada de inconstitucional- es que la prevé el art. 256¹ en la Sección Cuarta, cuando establece que “la autoridad Nacional Ambiental determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza definiciones técnicas y alcances de daño grave”.

Cabe resaltar que la configuración del hecho ilícito dependerá de un dictamen posterior de una autoridad dependiente del poder ejecutivo, con lo cual se extravía aquel principio fundamental del derecho penal, como lo es el de legalidad. Ya no se trata de una simple necesidad de complementación, nos

encontramos ante una definición de antijuricidad en manos de un funcionario administrativo que verificará los hechos imputados y dará su opinión sobre la gravedad o no del daño. Nos está remitiendo a una autoridad administrativa que, a lo posterior de los hechos, será la encargada de determinar la gravedad de la conducta básica, y por lo menos afectamos tres principios esenciales: legalidad o de reserva como ya referenciamos; el de irretroactividad, por cuanto el funcionario público decidirá si el hecho es criminoso o no, luego de producido; y, finalmente, el de tipicidad, ya que la ley penal, al crear delitos y penas, debe referirse directamente a los hechos que constituyen aquellos, y a la naturaleza y límites de éstos.

CONCLUSIONES

1. Debemos recordar que el Derecho ambiental es una la rama del ordenamiento jurídico que regula las actividades humanas que tienen una incidencia o impacto ambiental significativo o importante con el objetivo de proteger la naturaleza. No debemos olvidar que la protección a la naturaleza, es una labor prioritaria, ya que de ello dependerá nuestra vida y evolución futura. Es la única manera de protegernos. Sólo así, podremos evitar, gracias a nuestra ayuda, nuevos impactos en el ambiente que solo tienen por objeto afectar a nuestra salud y a la de los demás seres vivos.

2. El Derecho ambiental tiene por objeto la regulación de nuestra relación con la naturaleza, nuestros modos de acceso a la naturaleza. Estas definiciones deben situarse en su misma historicidad. Porque la visión que late en su seno no puede ocultar el mismo dinamismo de la naturaleza ni tampoco de nuestras visiones de la naturaleza de nuestra situación en su seno. Como habíamos explicado en la conclusión anterior, el hombre tiene una estrecha relación con la naturaleza y es por eso que debemos cuidarla. El artículo 83, numeral 6 de nuestra Constitución, cuando trata sobre los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, nos obliga a “respetar los derechos de la naturaleza, preservar un medioambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”.

¹⁷

3. El Derecho ambiental está en permanente cambio, en permanente transición. En estos momentos no es posible desentrañar cuál es el futuro que le espera; sin embargo, parece que comienza a vislumbrarse, como está sucediendo en otras ramas científicas próximas, como la Economía, que la fase siguiente es la de la ecologización plena del Derecho: el Derecho ecológico. Esta conclusión, sin duda, tiene relación con la progresibilidad del Derecho Ambiental. Es decir, que este derecho, siempre está en constante evolución, es decir, va a la par de los cambios de la sociedad. Por lo tanto, las normas relacionadas con la legislación ambiental, tienen que, crearse, modificarse o extinguirse de acuerdo con los avances de la sociedad.

4. Es importante la consideración del ambiente como biosfera: esto significa que la naturaleza deja de ser un elemento al servicio del sistema social que constituye su ambiente para constituirse en un sistema propio, diferenciado, distinto y separado del sistema social al que precisamente pertenece. La biosfera es un sistema planetario en cuyo seno se encuentra el sistema social. Por lo tanto el sistema ambiental no pertenece, no es propiedad del sistema social, sino que el sistema social pertenece al sistema planetario, biosfera, desde el momento en que constituye la forma de organización de los seres humanos en el seno de tal sistema global o general.

5. El Derecho ambiental, se caracteriza por la toma de conciencia de la singularidad y autonomía, lo que ha de alcanzarse con el desarrollo institucional de esta rama del ordenamiento jurídico, al mismo tiempo que de las elaboraciones basadas en dicho Derecho. De todas maneras, para que cualquier norma (y entre ellas las ambientales), tomen fuerza y por tanto, obtengan validez, necesitan tener su respaldo en la normativa jurídica, es decir, requieren estar positivadas, ya sea en códigos, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, etc.

6. Paradójicamente, esta autonomía coincide con la integración del objetivo de la protección ambiental en el Derecho, en el ordenamiento jurídico como un objetivo y como un valor consustancial al propio Derecho: podemos denominar dicho fenómeno la ecologización del Derecho. Es muy importante este nuevo término denominado ecologización del Derecho, el mismo que implica la relación constante y vinculante que debe haber entre la ley y todos los seres vivientes. Por lo tanto, no solo nos estamos refiriendo a los seres humanos, sino también a las plantas y animales, sobre todo cuando estos últimos, están en peligro de extinción. Esta ecologización rompe con la asignación monopolista y monopolizadora de la protección ambiental por el Derecho ambiental. Porque la protección ambiental se convierte en el basamento de todo el Derecho, al mismo tiempo que define el objetivo que persigue el ordenamiento en su conjunto.

7. Al igual que sucede con otros bienes definidores de la civilización, lo que se ha dado en llamar los cánones de la civilización que, en tanto que tales, son valores y objetivos comunes a todo el Derecho, lo mismo ha de suceder y está comenzando a suceder con la protección ambiental. La protección ambiental por lo tanto, invita a todos quienes, de una u otra manera estamos inmersos en el tema, a tomar conciencia de una verdadera cultura ambiental, la misma que debe estar basada en el respeto a la naturaleza y el respeto a la ley.

8. No es posible la civilización sin la naturaleza; no es posible cánones de civilización sin concebir a ésta en su contexto que le da vida, o sea, sin la naturaleza; hoy la civilización o es ecológica o no es civilización, como se evidencia en el Derecho internacional. Por lo tanto, al mismo tiempo que el Derecho ambiental gana en autonomía, la pierde desde el momento en que sus objetivos son los de todo el Derecho. En definitiva, la ecologización del Derecho ambiental coincide, ha de coincidir, con la ecologización de todo el Derecho.

9. Hay que considerar que el Derecho ambiental no es un Derecho meramente conservacionista, sino algo más: es el subsistema normativo que tiene por finalidad ordenar las actividades del sistema social en el seno del sistema planetario, biosfera o Gaia a los efectos de que el equilibrio dinámico entre los

elementos que lo integran, fruto de su interacción, no ponga en peligro la vida tal cual hoy la concebimos y, en particular, la propia vida humana. Este es, precisamente, el espíritu que debe primar y reinar en las últimas conferencias que se están dando en relación con el medioambiente, lo cual, no sólo debe quedar en simples declaraciones o palabras, sino que, debe tener un efecto vinculante.

10. Como no es posible conocer en este momento cuál es ese estado de equilibrio que hace posible la vida e incluso por qué ese estado es el que la permite, sí podemos establecer indicios fuertes o sospechas fundadas respecto de qué síntomas son manifestaciones inducidas o producidas directamente por la actividad de los seres humanos que ponen en peligro la supervivencia en el planeta. Ejemplos de ello son: uso indiscriminado e innecesario de electrodomésticos, fumar, etc. Por esta razón, el objetivo estratégico debe convertirse en un criterio más operativo, aunque igualmente genérico. Este criterio es el que podemos denominar el de la intervención mínima de los seres humanos. Esto significa máxima eficiencia de las actividades humanas en el seno del sistema y, en particular, mejorar al máximo el uso de los recursos naturales.

11. Esta visión del Derecho ambiental rompe con el modelo clásico puramente sectorial basado en lo que podemos denominar el conservacionismo para convertirse en un Derecho total o global con proyección sobre todas las actividades, y pone, además, un especial énfasis en las actividades que con mayor intensidad interactúan con el sistema planetario. Nos referimos a las actividades económicas.¹ ⁸ Todos los seres humanos realizamos actividades económicas, ya que todo gira entorno a la economía y por eso tiene estrecha relación las actividades económicas con el Derecho Ambiental. Empresas, instituciones, restaurantes, oficinas, locales de negocios, etc, realizan actividades económicas, pero las mismas deben estar basadas en el respecto a la normativa ambiental, tanto nacional como internacional.

12. El Derecho ambiental debe regular todas las actividades, en particular, las de

índole económica, que tengan o puedan producir dichos efectos. Desde esta perspectiva, el Derecho ambiental pasa a ser Derecho regulador de la actividad económica puesto que son estas actividades las que producen tales efectos y sirve al objetivo estratégico citado.

13. El Derecho ambiental se presentaría, conforme a las ideas expuestas, como el subsistema normativo que regula las actividades del sistema social en el seno del sistema planetario (o biosfera) a los efectos de que la interacción de aquellas actividades con el resto de los elementos del sistema planetario no provoque una evolución de este sistema hacia un nuevo equilibrio en el que no sea posible la vida tal cual hoy la conocemos y, en particular, no sea posible la vida humana. A tal fin, el único criterio operativo es el de la intervención mínima, la cual se traduce en la mejora de las actividades humanas y, en particular, en la optimización del uso de los recursos naturales para que no superen, ni la capacidad de regeneración, ni la de asimilación del sistema planetario en su conjunto.

14. A pesar de la apreciación general de que el Ecuador no cuenta con un número considerable de normas jurídicas sustantivas y procesales en materia ambiental (…) se ha podido establecer que son amplias y abundantes y se hallan dispersas en un gran número de cuerpos legales, que los medios litigiosos son numerosos y que nuestra legislación permite asimilar las vías procesales de otras materias para litigar en el campo ambiental. Más aún, la fuerza suprema de las disposiciones constitucionales en vigencia, establece una serie de caminos por los cuales tanto las autoridades públicas como los ciudadanos, pueden tomar acciones para defender el ambiente. ¹

15. La Educación ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. Esta definición tiene más de 30 años pero aún mantiene su vigencia. El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras.

16. Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no es suficiente con una información sencilla, como la que nos proporcionan los medios de comunicación, ni una transmisión de conocimientos a la manera de la educación reglada tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo necesidades surge la educación ambiental. Dentro de este punto, es precisamente que tiene y tendrá una enorme incidencia el gobierno de turno. Para lograr ese comportamiento adecuado y acertado de la sociedad, debemos generar cultura ambiental, la misma que se logrará con charlas, foros, difusión de documentos, etc., pero lo más importante: con drásticas sanciones para quienes de una u otra manera, seamos los principales infractores de la ley.

17. Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia Internacional de Educación Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en octubre de 1977. Se profundizó en la motivación y toma de conciencia de la población respecto a los problemas ambientales, así como en la incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo. Además, en Tbilisi se determinó la necesidad de la cooperación internacional. Esta materia, debe impartirse incluso en todos los centros de educación baja, media y superior, no sólo en las facultades de derecho. Hay que tomar conciencia de que si el hombre no conserva el ambiente, éste se destruirá muy pronto.

18. La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de edad y categorías socioprofesionales. Debe tener en el alumno a un elemento activo al que se debe informar y formar, inculcando

en él actitudes positivas hacia el medio ambiente. Esto se logra con foros, participaciones, talleres, debates, en donde exista también un derecho muy importante en la persona: “La libertad de expresión”. Por lo tanto, con la participación de todos, se lograrán nuevas leyes, acuerdos, mesas de diálogos y todo lo que el país necesita para salir adelante en esta materia. La educación ambiental no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de la educación convencional. En este caso, no hay métodos específicos debido a los múltiples grupos a los que va dirigida, desde legisladores y administradores (asistiendo a congresos, simposios, reuniones, debates, etc.) hasta escolares, estudiantes y otros grupos, en los que se pueden utilizar métodos muy diversos (juegos ambientales, simulaciones, empleo de medios de comunicación, interpretación ambiental). ¹¹

19. Los objetivos de la educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales; Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales, fomentando así una ética ambiental, pública y nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida; De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y programas ambientales, y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el sentido de la responsabilidad ambiental. ¹¹¹

20. En función de las diferentes metodologías de aplicación de la materia ambiental y el ámbito en el que se desarrolla, cabe diferenciar entre educación ambiental formal y no formal. La primera es la que se imparte como un integrante más de los sistemas educativos, desde un nivel preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel universitario o de especialización. Para que sea operativa debe integrar una perspectiva interdisciplinaria, debe buscar el fundamento en los problemas de la comunidad en que se desenvuelve el alumno

y debe enfocarse a la solución de problemas.

21. En cuanto a uno de los principales convenios que existen en materia ambiental, tenemos al Protocolo de Kyoto. En efecto, los países desarrollados asumen el compromiso de reducir sus emisiones entre los años 2008 y 2012, en un porcentaje del 5 % por cada uno de los 6 gases de efecto invernadero, tomando como referencia los niveles de emisión de 1990. Para los países en vías de desarrollo se estableció un mecanismo de desarrollo limpio y provisión de recursos financieros nuevos. Se desarrollan con este instrumento varios procesos que coadyuvan al cumplimiento de las metas de reducción de CO2 como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el comercio de emisiones y los proyectos de implementación conjunta. ¹¹²

22. De todas maneras, afortunadamente en nuestro país, las universidades si han planificado programas académicos de posgrado en materia de Derecho Ambiental, en donde, dichas instituciones, a través de sus capacitadores, deben ser fuente creadora y productoras de conocimiento, en donde se traten todos los problemas inherentes al caso y se brinden alternativas de solución para los mismos.

RECOMENDACIONES

1. La universidad puede jugar un papel muy importante en la consolidación de equipos de maestros que desde sus proyectos ambientales escolares, requieren de un proceso permanente de acompañamiento para la investigación en lo pedagógico, didáctico y ambiental, desde la proyección de sus prácticas docentes sus metodologías especiales y sus trabajos de grado.

2. En todo este proceso es fundamental que los resultados de los proyectos que trabaja la universidad en el marco de la información de docentes llegue a las comunidades y a los equipos de maestros, con el ánimo de que la información contribuya al fortalecimiento de los procesos y permita avanzar en el desarrollo de los proyectos. ¹¹³

3. En este mismo sentido los pocos espacios de formación y capacitación de docentes en educación ambiental, diferentes a la universidad, deben incluir la dimensión ambiental como eje fundamental de sus procesos en el marco ya reseñado y de acuerdo con sus propias competencias.

4. Vale la pena destacar que en el anterior marco, el docente debe prepararse para ser un guía, un orientador permanente y un mediador para la construcción de conocimientos y comprensión de la realidad por parte de sus alumnos. Así, debe plantearse un proceso de autoreflexión sobre la calidad de sus propias construcciones de sus apreciaciones, de sus desarrollos y proyecciones y en general de la calidad de su propia construcción del mundo.

5. En este contexto debe incluir en su quehacer docente el intercambio con pares con equipos de maestros que trabajan igualmente por proyectos, la búsqueda, selección interpretación de resultados significativos de otras experiencias similares, entre otros, con el fin de cualificar su labor desde el enriquecimiento de su propia formación, debe buscar permanentemente el apoyo y acompañamiento de sus proyectos por parte de otros expertos de otras instituciones tanto ambientales como educativas e investigativas. Debe crear, con los anteriores, algunos mecanismos de asociación, de negociación y de concertación.

6. La evaluación, entonces, debe convertirse en una herramienta de vigilancia de la calidad de los procesos. Debe permitir visualizar los elementos a través los

cuales estos evolucionan como también deben permitir identificar los obstáculos que dificultan dicha evolución, con el fin de efectuar los ajustes pertinentes y hacer las reformulaciones necesarias para el logro de los propósitos. Debe, a su vez, implicar a todos y cada uno de los actores del proyecto en sus diferentes niveles y papeles, para explicitarles sus avances, sus dificultades sus proyecciones y debe contemplar todos y cada uno de los escenarios de construcción de los procesos, en fin la evaluación de los proyectos ambientales escolares debe ser ante todo, interactiva, integral y permanente.

7. Lo anterior fundamenta la razón por la cual, para evaluar los procesos educativos en materia de educación ambiental y particularmente los proyectos ambientales escolares, tal vez se tenga que recurrir, prontamente, a la evaluación formativa, ya que ella tiene como preocupación fundamental el seguimiento de la calidad de vida en los procesos.

8. La evaluación debe dar cuenta, además, de la evolución en la construcción de conocimiento para la contención del problema objeto, de la evolución en el cambio de aptitudes, de la evolución en la comprensión de los valores, de la evolución en la construcción de los conceptos de gestión y de participación, entre otros, sin descuidar, por supuesto, aspectos tan importantes como la percepción de la propuesta, por parte de los actores, su apropiación, las proyecciones y la creación y construcción de nuevos espacios para el saber, para el saber ser y para el saber hacer.

9. En los proyectos ambientales educativos, para evaluación formativa, se deben considerar los siguientes aspectos:

10. El proyecto y su relación con la comunidad, es decir como percibe la comunidad el proyecto, su grado de compromiso, su apropiación, su capacidad, la gestión, sus mecanismos de participación y concertación, sus mecanismos asociativos y su capacidad de respuesta a problemas ambientales particulares, así como la evolución de la relación proyecto-Comunidad.

11. El proyecto y sus relaciones con la institución educativa, cual es el papel que este juega en la definición del carácter de la institución, espacios institucionales que se generan a través suyo, mecanismos de concertación intra e interinstitucionales, relaciones entre los miembros de la comunidad educativa con respecto al proyecto, los mecanismos organizativos, las estructuras de apoyo del mismo, por supuesto, la evolución de todos estos aspectos y sus relaciones con la marcha del proyecto.

12. El criterio jurisprudencial debe orientarse hacia el reconocimiento del interés jurídico de todas las personas para hacer valer el interés público que es inherente a las cuestiones relativas al medio ambiente, porque actualmente la Constitución General del la República ya los reconoce. ¹¹⁴

13. El juicio de amparo, actualmente, sí puede ser un instrumento eficaz para lograr la cabal aplicación de las normas sobre medio ambiente y, de modo indirecto, será útil para tutelar el interés público. Para lograr que el juicio de amparo resulte accesible a quien promueve, éste no debe regirse por las reglas generales del amparo indirecto, que atribuyen al quejoso la carga de la prueba y el principio de estricto derecho, entre otras, sino que deben tener aplicación las mismas normas que rigen para el juicio de amparo en materia agraria, que propiciará una eficaz protección del bien jurídico tutelado, que, finalmente, nos interesa a todos por igual. ¹¹⁵

14. Los Estados, urgentemente, deben unir sus esfuerzos para que, a través de las personas y/o autoridades competentes, conciencien a la población a través de programas de difusión (prensa, internet, televisión radio, etc.), que la contaminación ambiental es un grave problema que afecta a la humanidad, y que

quizá, pasa por desapercibido, sin darnos cuenta en un futuro cercano de los graves perjuicios que puede ocasionarnos. Por lo tanto, la campaña de concienciación debe ser rigurosa, formal, entre las que se destaquen el uso de instrumentos, electrodomésticos, equipos industriales, automotores, en las condiciones y bajo los presupuestos que manda la normativa jurídica nacional e internacional. Pensamos que no hacen falta más cumbres, sino una adecuada campaña de concienciación.

15. El legislador, como representante de la soberanía del Estado ecuatoriano, debe capacitarse constantemente en este tema, debe enterarse de la problemática ambiental, y debe informar a las autoridades competentes de los daños ambientales que produzcan una amenaza para la comunidad. En este mismo sentido, debe presentar proyectos de leyes que tiendan a endurecer las sanciones para quienes infrinjan la ley ambiental, siempre y cuando la situación lo amerite.

16. Así mismo, pienso oportuno que el Estado, difunda y aplique incentivos a las personas que si respeten las normas ambientales, a través de exoneraciones o descuentos tributarios, descuentos en algunos pagos, etc. Esto ayudará a que otras personas sigan estos mismos pasos, porque a todos los ecuatorianos nos gustaría gozar de estos beneficios.

17. Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, por lo tanto, los individuos resultan ser las causas primarias del daño ambiental que sufre el mundo. Todavía no está todo perdido, los humanos debemos actuar para salvar a nuestra madre Tierra, y así proteger y conservar lo que aún queda. La educación ambiental es un proceso que puede reivindicar la acción humana sobre el medio ambiente, pues para actuar se necesita conocimiento y las herramientas precisas para trabajar por el equilibrio de los recursos naturales y el desarrollo del ser humano. ¹¹

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15 VÉASE: Constitución de Panamá. 16 VÉASE: Constitución Cubana. 17 VÉASE: Constitución peruana. 18 VÉASE: Constitución brasileña. 19 RODAS, Julio, “Fundamentos constitucionales del Derecho Ambiental Colombiano”, págs.: 27-28. 20 NARVÁEZ, Iván, “Derecho Ambiental y temas de Sociología Ambiental”, pág. 287. 21 QUIROZ, César y otros, “Manual de referencia sobre conceptos ambientales”, pág. 66. 22 BETANCOR, op cit., págs.: 12-13. 23 BETANCOR, op cit., págs.: 15-16. 24 PRIEUR, Michel, CITADO POR: BELLORIO, Dino, “Tratado de Derecho Ambiental”, pág. 289. 25 BELLORIO, Dino, “Tratado de Derecho Ambiental”, pág. 290. 26 BIBILONI, Héctor, “El proceso ambiental”, págs.: 32-33 27 VÉASE: Diccionario de la RAE. 28 GOLDSTEIN, Mabel, “Diccionario Jurídico Consultor Magno”, pág. 525. 29 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, pág. 856. 30 BIBILONI, Héctor, “El proceso ambiental”, págs.: 32-33. 31 VÉASE: Diccionario RAE. 32 NARVÁEZ, op cit, págs: 301-302.

33 BIBLILONI, op cit. 34 NARVÁEZ, op cit., pág. 301. 35 BIBILONI, op cit. 36 BIBILONI, op cit., págs: 40-41. 37 BIBILONI, op cit. 38 NARVÁEZ, op cit., pág. 300. 39 SANTANDER, Enrique, “Instituciones de Derecho Ambiental”, pág. 14. 40 GALARRAGA, Marcelo, CITADO POR: “Novedades Jurídicas”, pág. 61. 41 BIBILONI, op cit., pág. 44. 42 JIMENEZ DE PARGA, Patricia, “El Principio de prevención en el Derecho Internacional del Medio Ambiente”, pág. 60. 43 VÉASE: Constitución de la República. 44 OSSORIO, op cit., pág. 787. 45 BIBILONI, op cit., pág. 47. 46 GOLDSTEIN, op cit., pág. 316. 47 BIBILONI, op cit. 48 GOLDSTEIN, op cit., pág. 406. 49 BIBILONI, op cit., págs: 51-52. 50 ARRIETA, Liliana, TOMADO DE: “Lecturas sobre el Derecho del Medio Ambiente”, Tomo VI, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, pág. 19. 51 ARRIETA, Liliana, TOMADO DE: “Lecturas sobre el Derecho del Medio Ambiente”, Tomo VI, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, págs.:

19-20. 52 Corporación Latinoamericana para el desarrollo, op cit., pág. 25. 53 NARVÁEZ, op cit., págs.: 297 y 298. 54 SANTANDER, op cit., págs: 10-11. 55 VÉASE: Constitución de la República. 56 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 57 VÉASE: Constitución de la República. 58 CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO, op cit., pág. 327. 59 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 60 CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO, op cit., págs.: 331-332. 61 LOPE, Nelson, “Derecho Ambiental Internacional”, págs.: 109-110. 62 TOMADO DE: MONROY, Marco, “Derecho Internacional Público”, págs: 632-633. 63 TOMADO DE MONROY, Marco, “Derecho Internacional Público”, pág: 633. 64 VÉASE: ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 65 LOPE, Nelson, “Derecho Ambiental Internacional”, pág. 156-157. 66 LOPE, op cit., págs.:158-159. 67 BETANCOR, op cit., Pág. 314. 68 NARVÁEZ, op cit., pág. 346.

69 YESID, op cit., pág. 149. 70 VÉASE EN: RAMIREZ, YESID, “El Derecho Ambiental”, pág. 151. 71 LOPE, op cit., pág. 132. 72 CLD, op cit., pág. 350. 73 VÉASE: “Principios de la declaración de Río” 74 MONROY, Marco, “Derecho Internacional Público”, pág. 631. 75 VÉASE: Carta Mundial de la Naturaleza. 76 JIMENEZ DE PARGA, Patricia, “El principio de prevención en el Derecho Internacional del Medio Ambiente”, págs: 31-32. 77 NARVÁEZ, op cit., pág. 355. 78 Corporación Latinoamericana para el desarrollo, op cit., págs.: 354-355. 79 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 80 LOPERENA, Demetrio y REHBINDER, Eckard, CITADO POR: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, “Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente”, Tomo VI, pág.:213. 81 LOPERENA, Demetrio y REHBINDER, Eckard, CITADO POR: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, “Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente”, Tomo VI, págs.: 214-215. 82 LOPE, oc cit., pág.: 110. 83 LOPE, op cit., págs.: 121-122. 84 BIBILONI, op cit., pág I. 85 Ibídem, pág. I. 86 PADILLA, op cit., pág. 211.

87 FRERS, Cristian, CITADO POR: CARDONA, Alvaro, VEASE EN: “Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente”, op cit., pág. 62. 88 CARDONA, Alvaro, VEASE EN: Ibídem pág. 62. 89 CARDONA, Hernando, CITADO POR: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, op cit., pág. 65. 90 BELLORIO, op cit., págs.: 634-635. 91 VEASE EN: “Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente”, op cit., págs.: 66-68. 92 CARDONA, CITADO POR: Universidad Externado de Colombia, op cit., págs: 69-70. 93 VILLAR, Luis, CITADO POR: Universidad Externado de Colombia, op cit., pág. 80. 94 BETANCOR, op cit., pág. 85. 95 PADILLA, op cit., págs.: 219-220. 96 PADILLA, op cit., págs.: 225-226. 97 Constitución Política del Ecuador 1998, Varios autores 98 La mano Sucia de Chevron, portal web 99 Constitución de la República del Ecuador 100 Código Orgánico Integral Penal 101 AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, “El principio de No Regresión Ambiental en el Derecho Comparado Latinoamericano” 102 Constitución de la República del Ecuador, art. 340 103 La Conferencia de las Partes del Convenio de Róterdam tuvo lugar del 20 al 24 de septiembre de 2004 en Ginebra y la segunda del 27 al 30 de septiembre de

2005 en Roma. 104 Código Orgánico Integral Penal, art. 251 105 Código Orgánico Integral Penal, art. 252 106 Código Orgánico Integral Penal, art. 256 107 VEASE: Constitución de la República del Ecuador. 108 BETANCOR, Andrés, “Instituciones de Derecho Ambiental”¸ pág. 178. 109 CALISTO, Hernán y otros, “Manual de litigio ambiental”, pág. 3. 110 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 111 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 112 CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO, op cit., págs.: 354-355. 113 PADILLA, op cit., pág. 222 114 CENTRO DE DOCUMENTACION UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA, “Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible”, pág. 179. 115 Ibíd.,pág. 179 116 EDIECUATORIAL, “Responsabilidad es el amor por el medio ambiente”, pág. 7. OI-395 29-abr-2015 AN