Democracia en tiempos de crisis

Citation preview

Absalón Jim énez Becerra

DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE CRISIS Un estudio sobre la ciudadanía, los alzados en armas y el Estado en Colombia, 1949 -1994

te m a s d e h o y .

Colección: Grandes Temas © Absalón Jiménez Becerra, 2003 nzalo Sánchez, en el que fue inscrito el trabajo con un apoyo fundamental en la realización de la investigación, y el estudiante y asis­ tente, Raúl Solano, quien colaboró en el rastreo de información sobre los años cincuenta.

CAPÍTULO 1

CIUDADANÍA, SECTORES SUBALTERNOS Y ESTADO EN COLOMBIA Yo soy d hijo d e la guerra, e l hombre qu e los combates h a tim a d o a la m agistratu ra, la fo r tu n a m e h a sostenido en ese rango y la victoria lo ha confirm ado. Pero no son éstos los títu los consagrados p o r la ju stic ia , p o r la dicha, y p o r la v o lu n ta d nacional. E sta espada no pu ede se rv ir de n a d a rl d ía d e pa z, y este debe ser e l ú ltim o d e m i poder... porqu e no pu ede haber R epública don de el pueblo no esté seguro del ejercicio de su s propias fa cu lta d es. Yo quiero ser c iu d a d a n o p a m ser libre y p a ra que todos lo sean. Prefiero el titu lo de c iu d a d a n o a l de libertador, porqu e éste em an a de la guerra, a q u é l em an a de las leyes. C am biadm e Señor, todos m is dictados p o r el d e buen ciu dadan o.

Discurso del libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Cúcuta en 1821 al asumir la Presidencia de Colombia El problem a de la ciudadanía sigue siendo un tem a im portante en la discusión sobre la form ación de la nacionalidad de cualquier país latinoam ericano. l a ciudadanía y la m anera com o se han ab o rd ad o los derechos para su realización, adem ás de sus im plicaciones d e n tro d e la dem ocracia, se convierten en u n o d e los ejes para la in te rp re ta ­ ción de los conflictos políticos p o r los que ha atravesado nuestra his­ toria7. El Estado de tipo liberal, en la m edida en que se fue consolidando con las revoluciones burguesas y la industrial desde finales del siglo XVIII, perfiló una concepción d e sociedad civil y de ciudadanía que se estable­

’ F.I balance q u e a c ontinuación se presenta, m ediante una propuesta narrativa en su elab oración, toca un problem a d escuidad o por la historiografía colom b ian a, c o m o es el de la ciudadanía y su relación con la construcción nacional y el Estado. Este problem a, en nuestro país, ha sido abordado en térm inos ju ríd icos y p olitológicos, no obstante, de m anera tangencial, algunos trabajos d e historia han tocado ciertos actores, recon ocién ­ d o lo s co m o p otenciales ciudadanos, portadores de derechos. El presente balance, p io­ nero en esta problem ática, adem ás d e tener en cuenta aspectos generales de la ciudadanía formal, discute la m anera c o m o el sector subalterno; e s decir, el iletrado, el q u e no votaba ni se representaba hasta épocas recientes, con sus pequ eñ as luchas trascendió formas d e identidad inm ediatas y locales, para convertirse co m o colectivo en potencia­ les ciudadanos, q u e muy a su estilo lucharon por d erech os puntuales. Esta lucha d e manera im plícita tuvo la in ten ción d e consolidar un escen ario dem ocrático m u ch o más am plio y plural, con respecto al ofrecid o por las élites.

22

Democracia en tiempos He crisis

ció con derechos por fuera de la institucionalidad burocrática o poder legal del mismo Estado. Así, en el contrato social burgués com enzaron a brotar derechos. Prim ero, los derechos civiles, que inicialmente se defi­ nieron com o los fundam entales: a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad frente a la ley. Luego vendrían los derechos políticos (al voto, la participación y la representación). Por último, los derechos so­ ciales, que garantizarían la participación en la riqueza colectiva, como el derecho a la educación, al trabajo, al salario justo, a la salud y a la jubilación. En efecto, según Leonardo Morlino, el Estado, en su proceso de consolidación dem ocrático, desarrolló cuatro umbrales fundamentales: el umbral de la legitimación, referido al reconocim iento efectivo de los derechos civiles; el umbral de la inenrf¡oración, perteneciente a la amplia­ ción del sufragio, hasta el voto paritariam ente reconocido a todos los ciudadanos y que se refiere, pues, a la ampliación de la ciudadanía polí­ tica; el umbral de la representación, referente al paso de sistemas electora­ les mayoritarios a sistemas proporcionales; y el umbral ejecutivo, referente a la institucionalización del Estado y al control parlam entario del go­ bierno". Sobre la base de esta visión clásica y lineal del concepto de ciudada­ nía, se establecieron los principios de lo que se concibió como las tres características fundam entales para la realización de una ciudadanía m oderna, la cual comenzó a ser discutida de m anera profunda en las democracias liberales, tanto en Europa occidental com o en América Latina, desde mediados del siglo XX. La ciudadanía plena fue constitui­ da por el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales'*, los cuales fueron garantizados de m anera formal por el Estado. Luis Jorge Garay, en un reciente trabajo, da a conocer que el “desarrollo del verdadero concepto d e ciudadano se circunscribe al siglo XX, y más propiam ente en la segunda posguerra, con la configuración del ciudadano formal definido com o m iem bro de un Estado-nación y de u n ciudadano sus­ tantivo com o poseedor de derechos civiles, políticos y sociales""’. * l-eon ard o M orlino, “I.as dem ocracias", en O.ianfrnnco Pasquino, M anual de ciencia política, op. rit., p. 102. ’ Esta visión, que se convirtió en fu en te de interpretación d e la ciudadanía m oderna, fue expuesta | » r 'I'. II. Marshal, Ciudadanía y clasr social, (Cambridge Uuiversity Press, Londres. 1950. " Luis Jorge Garay Salam anca, Ciudadanía, lo público, democracia. Textos? notas, B ogo­ tá, Editorial I.itocencoa, 2000, p. 73.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

23

Kl ciudadano, en la sociedad moderna, es aquel que logra, de mane­ ra Integral, ejercer ciudadanía plena sobre las anteriores bases, que le permiten, al disfrutar de unos derechos garantizados por el Estado, cons­ truir identidad hacia él mismo y con la sociedad de la cual hace parte. I ja ciudadanía de tipo pleno ha sido viable en determinados momentos hUtóricos en las democracias occidentales europeas y anglosajonas, pero en el ( aso de América Latina, particularmente en Colombia, la garantía de esos derechos en su totalidad ha sido una utopía. El Estado colom­ biano, caracterizado por su debilidad, ha sido incapaz de garantizar ciu­ dadanía moderna que aporte en la construcción de identidad hacia un referente de nación para la totalidad de sus miembros. No obstante, como lo vamos a observar, en la sociedad colombiana, desde mediados del siglo XIX, sectores de la sociedad, medios y subal­ ternos, han luchado por un proyecto de inclusión ciudadana mediante vías no formales garantizadas por nuestra democracia liberal, cuya ciu­ dadanía, al llevarse a efecto por fuera de los parámetros oficiales, se convierte en el antecedente directo del tipo de ciudadanía que han ejer­ cido, entre otros, los alzados en armas en Colombia, desde mediados del siglo XX. El conflicto de la ciudadanía en el siglo XX y su relación con los alzados en arma está antecedido por la discusión sobre un tipo de ciu­ dadanía subalterna (vista como no formal) y por la manera como se construyó la identidad hacia la nación y el Estado en Colombia. La ciu­ dadanía informal es concebida como una forma de participación políti­ ca popular, no reconocida dentro de los cánones de los derechos políticos oficiales. Reiterando el planteamientos de Murilo de Carvalho, la “ciu­ dadanía informal' representa 1111 tipo de “preciudadanía* desarrollada por los sectores sublatemos que entra a reevaluar la visión apática e incompetente de participación del pueblo en el escenario de lo públi­ co. En efecto, esa forma de participar acompañada de su carácter reivindicativo es otra forma de presionar derechos11. Visto así el concepto de ciudadanía, podemos ampliar la visión a otras formas de participación dentro del sistema democrático", tras­ " José Murilo de Carvalho. Daenvoltrimienía He la ciudadanía en Brasil, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 51. 11 La definición de sistema democrático o régimen político, ha logrado un consenso dentro de la potiiología conservadora, la cual mediante, una idea empírica, ha buscan­ do superar la discusión de las diferentes concepciones filosóficas e ideológicas acerca

24

Democracia en Item/tos de crisis

ce n d ie n d o el d e re c h o al voto y los derechos de representación que éste conlleva. Por lo tanto, la ciudadanía inform al tiene q u e ver con la lucha de los sectores subalternos en la am pliación de la dem ocracia al reivindicar, en sus acciones y contiendas particulares, derechos de tipo puntual. En el sistema dem ocrático liberal formal (europeo y anglosajón), la identidad nacional se encuentra vinculada a los derechos de los ciuda­ danos. la s posibilidades que el mismo sistema dem ocrático garantiza para la realización ciudadana se convierten en un refuerzo m utuo en la relación de la ciudadanía con el régim en dem ocrático. Pero para el caso colom biano, ¿qué tipo de conflictos han evidenciado los sectores subal­ ternos en la construcción de la ciudadanía y la dem ocracia?, ¿desde qué m om ento se puede h a b la re n (Colombia de la presencia de una ciudada­ nía subalterna o “inform al", que reivindica derechos desde lo popular?, ¿qué tipo de ciudadanos inform ales antecedieron la década de los cin­ cuenta?, ¿los alzados en arm as en Colom bia, desde m ediados del siglo XX (en el período de estudio 1940 a 1994), han aportado en la am plia­ ción del espectro ciudadano reivindicando derechos en ejercicio de una

d e lo q u e e s un sistem a p olítico y tina dem ocracia. D en tro d e un c o m p leto balance h e c h o por L eonardo M orlino. este politóln go m auifíesta q u e la salida más elegan te n la discusión la lia d a d o el estad ou n id en se R ob en D alil, para qu ien la d em ocracia y el régim en p olítico es caracterizado “por la continua capacidad de respuesta del g ob iern o a las preferencias d e sus ciu dad anos, considerados p olíticam en te iguales*. Para q u e esta capacid ad d e respuesta d el go b iern o se dé tien en qu e existir al m en os las siguientes o c h o garantías institucionales: a) libertad d e asociación y organización: b) libertad de p en sa m ien to () exp resión ); r) d e r e c h o de voto; d ) d e r e c h o de los líderes p olíticos d e com p etir por el apoyo (electoral); e ) fuentes alternativas d e inform ación: 0 posibilidad d e ser e le g id o para cargos pú b licos (electorad o pasivo): g ) e le cc io n e s libres y correctas: h ) existen cia d e institu cion es qu e hacen d ep e n d er las políticas gu b ernam entales del voto y d e otras ex p resio n es d e preferencia." S egú n esta d efin ición y estas características, se logra pasar d e la c o n c ep ció n d e la dem ocracia ideal a la d em ocracia real o la valora­ ció n de la real dem ocracia de V éase G iaufranco Pasquino (c o m p .) M anual ríe rim eia polítiro. cap ítu lo 3. “I j s d em ocracias', p. 79. L eonardo M orlino Madrid. Alianza ed itores, 1988. Esta c o n c ep ció n conservadora «le dem ocracia y sistem a p o lítico lia |>esado para qu e ciertos análisis lierh os desd e la historia |x>lítica y la politología concib an a (Colombia c o m o el paladín d e las dem ocracias latinoam ericanas. F orm alm ente nuestra dem ocra­ cia ha m a n ten id o estas o c h o características, inclusive durante el p eríod o del Frente N acional que para algu n os e s una dem ocracia restringida; sin em bargo, c o m o más ade­ lante lo observarem os, para analistas internacionales corno D aniel Pécaut v jo n a th a n Hartlyn, a lo m áxim o es una d em ocracia lim itada, pero e n to d o raso dem ocracia.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en (Mombta

29

ciudadanía no formal?, ¿su lucha ha aportado o no en la construcción del proyecto ciudadano, visto como parte de lo nacional? l>as anteriores preguntas son importantes, pues la relación de los alzados en armas con la ciudadanía y la democracia, de 1949 a 1994, ha contribuido, muy a su estilo, en la construcción de un referente nacio­ nal reivindicativo que tiene que ver con derechos ciudadanos. Sin em­ bargo, este proceso estuvo antecedido por la reivindicación de derechos (civiles y políticos en el siglo XIX, y sociales en la primera mitad del ligio XX), de los sectores subalternos mediante una manera particular de exigirlos, la gran mayoría de las veces por fuera de los cánones for­ males que se establecieron en el sistema democrático liberal. UN VISTAZO AL PROBLEMA CIUDADANO EN EL SIGLO XIX La ciudadanía en Colombia tuvo que ver con un proceso de cons­ trucción de identidad nacional en la que han participado de manera mutua las élites y los sectores subalternos. Al mirar de una manera re­ trospectiva y ágil el pasado, podemos observar que la construcción de lo nacional, lo ciudadano y lo institucional, fue un proceso que se constru­ yó de manera no pensada y en el transcurso de la misma marcha por parte de estos sectores. El proceso protonacional'\ anterior a 1810, fue precedido por va­ rios hechos históricos, como las ideas de la Ilustración y las revoluciones burguesas, junto a lo qu ejh o n Lynch ha denominado como un proceso de “emancipación informal"14 que se originó por el resentimiento de las reformas borbónicas de 1750, vistas como una reconquista de Espa­ ña, ya no hacia los indios, sino hacia los criollos, lo cual trajo como consecuencia su exclusión social y una mayor carga tributaria en la ad­ ministración del Nuevo Reino. '

111 El térm ino pmtonarionnl se refiere a los 'prim eros’ indicios o antecedentes en la construcción del nacionalismo, del proyecto nacional y la posterior consolidación del Eftado. Eric Hobsbawm. cuando habla de proUnactonalismose refiere a lo “popular*, a la participación de los iletrados en la construcción de lo nacional, un tanto difícil de esta­ blecer, pues la historia está enterada de la participación de los sectores alfabetizados y letrado* en la construcción de este proceso (véase, Eric Hobsbawm, Naciones y naciona­ lismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991, p. 57). l4John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas. 1808-1826. Barcelona, Editorial Ariel, 1983, p. 13.

26

Democracia en tiempos de crisis

En el protonacionalism o colom biano hu bo una participación direc­ ta, tanto d e los sectores subalternos, com o de las élites, en la construc­ ción de la identidad nacional y de la disyuntiva de lo ciudadano durante el siglo XIX. Por u n a parte, los sectores subalternos gestaron la revuelta com unera de 1781 en respuesta a los tributos impuestos por la Corona, cuya movili­ zación comenzó a delimitar los intereses foráneos, tributarios y borbónicos, en detrim ento de los locales. Profundizó grados de apropiación, prim ero en lo regional para repercutir en lo nacional, además ele lograr que algu­ nos sectores de las élites regionales, com o las del Socorro, com partieran valores con los campesinos, indígenas y en general con los mestizos. Esto se convirtió en el prim er paso en el proceso de construcción íle identidad para el desarrollo de un proceso nacional1'. O tro elem en to cohesionador, que se alcanza a identificar en la re­ vuelta com unera y que aportaría en la construcción d e la ciudadanía, es el rom pim iento de la segregación de las castas —e n tre la república de españoles y la república de indios— , basado en la cohesión mestiza. Sin d uda, u n o de los principales elem entos de cohesión y movilización co­ m unera fue el alto grado de mestizaje. Este elem ento facilitó a quienes participaron en la movilización que se sintieran com o parte de una co­ m unidad d e iguales, q u e reivindicaban derechos"1. Desde 1781 se rom pió con un orden m oral basado en la tradición, la segregación y la discrim inación social, d o n d e algunos sectores de la élite regional neogranadina y sectores subalternos dejaron sedim entadas las bases p ara el desarrollo del período denom inado patriotismo, que pro­ m ulgaba u n a libertad política, en su etapa de gestación, gen eran d o lue­ go un p roceso q u e confluyó en la inco rp o ració n ciu d ad an a com o principal tarea del nuevo Estado y fundam ental elem ento aglutinador d e la nueva República.

15 H an vjoach itn K óning, En rl camino hncin In nación, NacicnaUsmn en ci proceso dr for­ mación del Hitado v la nación de la N im w ('-ranada, 17Í0-IS86. B ogotá. Raneo (Ir la Repú­ blica. 1994. p . l S l . Para este investigador, en tre las m an ifestacion es com u n eras que aportarían a un nacionalism o se en en rn tran dos: rl pasquín con tra el visitador general G utiérrez d e Piñerrs: Salud, Señar Regente, d e abril d e 1781, y Las capitulaciones de Zipaquirá, d e ju n io d el m ism o a ñ o , con las cu alrs la reb elión term in ó rn Forma incruenta '* M ario A guilera y Renán Vega Cantor. Ideal democrático y m 'iiella /mfnilar, B ogotá. Instituto M aría C an o. ISMAC. 1991. p. 77.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

27

En lo que respecta a las élites, las reformas borbónicas, como parte de un proceso modemizador, lograron influenciar a los sectores sociales al­ tos, acercándolos a las ideas de la Ilustración. En este período, el proceso de ilustración español tuvo una expresión directa en la Nueva Granada con la conformación de la Expedición Botánica, en 1783. Dado el ante­ rior ambiente, se logró desarrollar un proceso protonacional, no pensa­ do por parte de las élites, el cual se percibía en la m anera como se redactaron los informes de la Expedición Botánica, dirigidos no a España •ino a los neogranadinos como referentes directos de la concepción de nación17. Durante esta misma época surgieron los periódicos de corte ilustra­ do, como la Imprenta Real y la Imprenta Patriótica, de Nariño, en los años de 1791 y 1793, respectivamente. También las Sociedades Económicas de Amigos, que comenzaron a aparecer desde 1781, aportando al estudio de Im posibilidades de desarrollo económico de las regiones"*. Estas asociat Iones, reconocidas como cívicas, fueron de vital importancia, pues, para el tuso colombiano, se convirtieron en espacios pioneros de la práctica (Irinocrática, que posteriormente conducirían a la formación de la opi­ nión pública y la esfera de lo público19. En esa misma época comenzó a reflejarse el discurso de la Revolutión Francesa en el proceso del nacionalismo neogranadino liderado por las élites, que llegó, sin embargo, por diferentes canales a la societltul n i general, incluidos los sectores no letrados, los cuales comenza­ ron a impregnarse del ideario liberal. Desde el m om ento de la crisis colonial de 1781, se inició la nueva matriz liberal en la m entalidad polílltu del país, de la que los sectores subalternos no fueron receptores |M»ivopulares expresadas en ex p o sició n d e dem andas, am enazas, ruegos, ataques, y otras llam adas a la acción y al recon ocim ien to, m anifiesta que en la actualidad existe un con ­ senso general e n el ám bito acad ém ico sobre la defensa d e los plan team ien tos d e los lectores d e abajo, el cual respond e a un proceso p olítico, basado en la defensa articulada d e determ in ad os intereses. “D e acu erd o con lo c o m ú n m en te acep tad o, los sectores populares plantean reivindicaciones colectivas cu an d o tien en intereses en co m ú n , una organización com partida, un os recursos qu e movilizar, y cierta seguridad fren te a la represión, al tiem p o que perc¡l>cn una oportun id ad o una am enaza a sus intereses c o ­ m u n es- . V éase Revista He Historia Social, No. 15, Valencia, España, Instituto d e Historia Social, 1993. Dossicr. “Estado y acción colectiva e n torn o a la obra «le Citarles Tilly."

44

Democracia en tiempos de crisis

la tierra, incluía los dem ás derechos sociales, em pezando po r el dere­ cho al trabajo. Fue una fuerza poderosa que reclam aba, sin saberlo, la función social de la propiedad rural y la inclusión en un nuevo tipo de Estado, hasta convertirse en una propuesta que com enzó a tom ar fuer­ za d e n tro del proyecto liberal de m ediados de 1930. Los colonos y campesinos, m ediante estas acciones, golpearon de m anera seria el gran latifundio rural, desarrollando sin q u erer una re­ form a agraria popular en determ inadas regiones del país. Le G rand, al respecto, deduce: En la práctica, el gobierno trató fie fomentar la emergencia de una dase inedia rural al apoyar resueltamente los esfuerzos de los cultivadores de baldíos. Si los latifundistas hacían el papel de los villanos, los colonos en cambio se convertían en protagonistas del desarrollo nacional. Indu­ dablemente es el agricultor quien merece llamarse el primer ciudadano del país en 1930.. til., p. I 18,

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado m Colombia

47

ra solución a sus problemas. De hecho, el problem a de la lucha por la tierra es un elem ento transversal en la historia del inconformismo y del conflicto arm ado colom biano que se desarrollaría principalm ente en escenarios rurales desde mediados del siglo XX hasta nuestro días. En este sentido, se afirma que el Estado, para 193b, m ediante la I .ey 200, no recogió el acum ulado histórico de las movilizaciones campesinas, sino más bien o rientó al país en u n a supuesta propuesta de desarrollo agroindustrial y latifundista. Alfonso López Pumarejo, con su contradictoria reform a agraria, no integró a la población rural al sistema de gobierno m ediante propues­ tas claras de inclusión social y ciudadanas. La Ley 200, com o prim era m edida, trató de solucionar los conflictos de los campesinos que habían luchado como colonos hasta el año de 1934, declarándolos poseedores de buena fe, pero de ese año en adelante sus luchas colectivas se decla­ rarían ilegales. La ley 200 dio nuevam ente fuerza a los títulos de propie­ dad de los terratenientes, con el objetivo de brindarles seguridad en cuanto a su noción de propiedad y sus propuestas de desarrollo para el campo. Se puede decir que el campesinado, en estos años, y de m anera par­ ticular en determ inadas regiones del país en las que se abrió paso una tradición de organización y de lucha por la tierra, triunfó sobre la ha­ cienda cafetera, la cual prácticam ente desapareció del escenario nacio­ nal, y cuyo triunfo se evidenció en regiones com o el Tequendam a y el Sumapaz, además de los departam entos del Q uindio, el Viejo Caldas y parte de los santanderes. Este triunfo, aunque im portante, fue efím ero con respecto a las ne­ cesidades de cambio e inclusión social que dem andaba el país, pues los sectores campesinos, en ese m om ento triunfantes, posteriorm ente se­ rían anulados del escenario político nacional. Las reformas de la élite populista de 1936 frenaron el potencial revolucionario y la autonom ía de movimiento campesino. Este pequeño triunfo, convertido en fraca­ so, lo testimonia muy bien Charles Bergquist: A medida que avanzaban hacia sus metas, iban abandonando las estrategias colectivas que les habían otorgado sus primeras victorias [...] l a transformación de su lucha significó que, inevitablemente, los trabajadores rurales se enfrentaran entre sí, y dejó en libertad a sus opresores de clase paia foijar un nuevo consenso ideológico y político, y consolidar exitosamente el orden capitalista industrial de la posguerra. De esta manera, al ganar la

48

Democracia en tiempos de crisis lucha por la tierra, los trabajadores cafeteros perdieron la batalla por transformar la sociedad capitalista exportadora en la cual laboraban.’'1

A estos cam pesinos, de m anera particular los trabajadores cafeteros, la oligarquía rural les entregó los m edios de producción, pero se guar­ dó para su beneficio el m onopolio de la com ercialización y exportación del cafe. N o obstante la afirm ación de Bergquist, en esta coyuntura se debe recalcar que los cam pesinos, au n q u e no ganaron de m anera definitiva su lucha p o r la tierra, sí am pliaron el escenario político nacional ejer­ ciendo de m anera individual y colectiva u n a ciudadanía política, en el ám bito de lo legal e inform al, y ap o rtaron a la m odernización del espec­ tro ciudadano y dem ocrático del país. lucha por la dem ocracia y la ciudadanía del cam pesinado, hasta poco antes de 1936, fue una lucha p o r el acceso a la tierra, la pequeña parcela y p o r los títulos de propiedad, en la que d e rro tó al terrateniente cafetero, de tipo individual y em presarial, que quiso im pedirle la reali­ zación de sus derechos; así mismo, d e rro tó la estructura hacendataria acom pañada de reglas d e ju e g o y n o rm ath id ad es que se salían del or­ d en social y ju ríd ico nacional, y subordinaban al cam pesino m ediante relaciones oprobiosas. El cam pesinado, m ediante el ejercicio de una 51 C harles B ergq uist, Los trabajadores en la historia latinoamericana, cap ítu lo 5: Colombia, B ogotá, S ig lo X X I, 1988, p. 368. En este im portante trabajo, qu e se ubica d e n tr o d e la visión d ep en d en tista d e la e c o n o m ía , el au tor se traza c o m o pregunta central las posibi­ lid ades d e organización au tó n o m a y revolucionarias «le la clase trabajadora m ediante una visión com parada d e C h ile, A rgen tina, V en ezu ela y C olom b ia. Su tesis central es q u e e n países d o n d e el sector d e pu nta es m anejado |>or capital extranjero, el sindicalis­ m o e s fu erte, (casos fie V enezu ela y C h ile); e n países d o n d e el sector d e p u n ta d e la e co n o m ía es m anejado por una é lite nacional, c o m o A rgen tina y C olom bia, la clase trabajadora es débil. Los sectores d e la clase trabajadora llam ad os a d em an d ar y encabezar los gi-am les cam b ios q u e necesita el país, son aq u ello s q u e se en cu en tran ubicados e n el sector de punta. En el caso c o lom b ian o. Bergquist, a diferen cia d e los otros países estu d iad os por el. e n tr ó en el dilem a d e hablar d e la categoría ob rero o m ás bien tivbajador cafetrm o trabajador rural, sin ser lina clase social co n ceb id a d e n tr o d e los parám etros d e la m oder­ nidad. Lo anterior, c o n to d o el d e sp re c io q u e existía fren te al cam p esin ad o c o m o el sector trabajador más im portante d e un país. Bergquist reivindica esta categoría, a pe­ sar d e los sectores de izquierda y los m arxistas, a los cu ales les gustaría que estos fueran proletarios urbanos para facilitar d e una m anera más acelerada los procesos revoluciona­ rios (estas últim as ideas fu eron desarrolladas por el profesor C harles Bergquist, en c o n ­ feren cia dada e n la U n iversid ad P ed agógica N acion al, se g u n d o sem estre d e ÜI97. organizada por el d esap arecid o profesor D arío B ctan cou rt).

Ciudntlania, sectores subalternos y Estado en Colombia

49

ciudadanía informal, dem andó y legitim ó la presencia de un Estado to n fuertes características de interventor, regulador y árbitro de las relacio­ nes sociales, con el fin de que se les garantizara tina serie de necesida­ des y derech o s acum ulados históricam ente, q u e fueron defendidos d e n tro de su lógica rural de una m anera muy racional. EL GAITANISMO COM O DEMANDA DE INCLUSIÓN CIUDADANA La irrupción del populism o en C olom bia fue tal vez el más im por­ tante canal de participación y de dem anda de inclusión ciudadana po r parte de los sectores populares, en este caso urbanos. Este fenóm eno político se desarrolló en las sociedades en un m om ento de fractura, evidenciado con el paso de u n a sociedad tradicional a u n a m oderna, dem andando además “un escenario urbano, una base social pluríclasista, una ideología ecléctica y am bigua con un tinte de nacionalism o, y ante todo un líder carismático"1'*. De esta m anera, el populism o en Colom bia se consolidó en las déca­ da» de los treinta y los cuarenta, cuando el país vivió un m om ento de fractura, tom ando fuerza la urbe com o principal escenario social para la tom a de decisiones y definiciones políticas. En estos mismos años se Inició un proceso de industrialización que consolidaría una burguesía nacional, acom pañado de un débil m ovim iento o b rero ” , arraigándose Igualmente un nuevo tipo de Estado de carácter social e intervencionista. " W. J o h n C reen . "Nuevas in terp retacion es d el p op u lism o latin oam erican o y el caso tlrl C aitanism o en C olom bia", en Revista Innovar dr Economía, N o. 5, U niversidad N acio­ nal, B ogotá, enero-jun io de 1995, p. 119. Este investigador m anifiesta q u e el p op ulism o, pura el p e r ío d o d e 1930 a 1960, invad ió a gran parle d e A m érica Latina en m o m en tos r u q u e se desarrollaba el capitalism o industrial, las socied ades se urbanizaban e irrum pían tuirvos actores. Para este autor, los populistas se diferen cian d e los caudillos, sus predei m ores del siglo X IX , en q u e la m ayoría d e e llo s n o eran m ilitares, to d o s podían exigir un asen so m ás representativo del p o d er y, m uy esp ecia lm en te, e n q u e el p op u lism o fue m i fe n ó m e n o d e masas, m ientras q u e el cau d illism o no. 111 .a d eb ilid ad del m ovim ien to o b rero co lo m b ia n o se con clu ye al estudiar la vertien­ te liialoriográfica d rp en d en tista, q u e e s la q u e m ás ha aportado e n este aspecto. C olom ­ bia. al do|>endcr d e produ ctos prim arios d e la e co n o m ía , c o m o los agrícolas, ante tod o el i a lé, se con vierte e n nn país débil e n el ca m p o industrial y, por e n d e , su clase trabajadu la es muy reducida. M ediante la visión d ep en d en tista d e la e co n o m ía , Daniel Pécaut desarrolló sus in vestigaciones (Orden y violencia, y Política y sindicalismo en Colombia), p ilo rizando el escen ario urbano para concluir, e n tre otros asp ectos, qu e el sind icalism o rn ( xilom bia, salió adelante m ás por iniciativa d el m ism o Estado q u e d e los trabajadores rn los añ os d e treinta y cuarenta. I’or su parle. C h alles Hergquist, e n su investigación

50

Democracia en Ilempos He crisis

Efectivamente, el populism o, como «na form a directa de participa­ ción política y com o expresión de cierto tipo de ciudadanía no formal, em ergió ante todo de lo urbano y de los diversos actores que en este escenario se consolidaron, com o los propietarios medios, sectores de la econom ía informal, descm pleados, intelectuales, artesanos, trabajado­ res y hasta im portantes sectores organizados del cam pesinado. El populism o en Colom bia, com o fenóm eno de lo urbano, tuvo sus antecedentes en la protesta de sus actores, que com enzó a incidir en las decisiones formales de lo político, por lo m enos desde 1909. En la bús­ queda de su consolidación, se puede traer a colación la prim era protes­ ta urbana, que se rem onta a 1909, en lo que se denom inaron las Jornadas de Marzo, clave en el derrocam iento del entonces presidente Rafael Reyes, quien, adem ás de haber fu m ado un lesivo acuerdo con Estados Unidos, po r la pérdida del canal de Panamá, tenía inclinaciones dicta­ toriales. Entre varios puntos tocados por su reform a constitucional, se estipulaba la prórroga presidencial por diez años, la pena de m uerte pu r delitos políticos y la censura de prensa’1. Frente a esta iniciativa, que lesionaba derechos de tipo político, se movilizó un im portante sector del artesanado que aún quedaba en Bo­ gotá, ju n to con los estudiantes. Esta movilización que confrontó al régi­ m en se produjo dentro de los cánones de la política formal, pues no estableció up plan de reformas ni de dem andas claras, y se apegó más bien a las propuestas bipartidistas. Entre los resultados positivos de la movilización se pueden contabilizar la caída fie Reyes, el 7 de ju n io de 1909, y la convocatoria a elecciones para la Presidencia de la República un año después, m ediante voto directo, conservando la exigencia de saber leer y escribir y poseer patrim onio, requisitos estipulados por la Constitución de 1886.

l.m trabajnrimrs en In /(«forró rlrAméiico Lnlitia, al observar el caso d e C olom bia evidencia esa debilid ad, pues los sectores trabajadores que perten ecen a la esfera d e punta de la eco n o m ía (la cafetera) son cam pesinos y n o un ‘ proletariado urbano”. lista debilidad del m ovim iento obrero n os im pide trabajar cierto aparte en la lucha de la ciudadanía proletaria q u e se da en los m ism os añ os en otros países d e A m érica la tin a , co m o son los casos d e Argentina y Brasil, ante tod o. Fu C olom bia, una buena parte d e los trabajado­ res urbanos fueron arrastrados por el populism o gaitanista c o m o m uestra in d ep en d ien ­ te de ciudadanía basada en una propuesta pluriclasista. M M ed ófilo M edina, l.n pmtestn whnnn en Cnlninbift. B ogotá. Editorial Aurora, l!)84. p. 23.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

51

La segunda irrupción de inconformismo urbano, de una fuerza im­ portante, se presentó en Bogotá, del 6 al 9 de ju n io de 1929, y tuvo como trasfondo la crisis de la hegem onía conservadora, su mala m anio­ bra en la política laboral y su incapacidad para canalizar las nuevas de­ mandas. Sin em bargo, la movilización urbana luvo como antecedente directo el m onopolio del tranvía en Bogotá y el mal servicio del acue­ ducto. Esta movilización, encabezada por los estudiantes, los usurarios de servicios públicos y el com ercio, se expresó en el boicoteo al tranvía y en el no pago de servicios de agua y de impuestos. Esta movilización com prom etió al mismo gobierno central, el cual, hI finalizar la protesta, tuvo que aceptar no sólo el cam bio del m inistro de O bras Públicas y del g obernador de C undinam arca, sino la ren u n ­ cia del jefe de la Policía Nacional y de su m inistro de Justicia, com pro­ metidos en la masacre de las bananeras. Con esta movilización, iniciada por derechos puntuales de los sectores urbanos, se daría el golpe de gracia al gobierno de Abadía M éndez y a la hegem onía conservadora, que había sido herida de m uerte para caer un año después5*. Estas movilizaciones fueron de gran im portancia porque aportaron elem entos a la consolidación del escenario urbano como principal cen­ tro de participación en lo político. Sin embargo, sus actores no trascen­ dían los intereses del bipartidism o colombiano, pues sus dem andas aún lio evidenciaban ruptu ra frente a una sociedad tradicional. Fue hasta 1980 cuando se produjo una coyuntura de corte político con la caída de Abadía M éndez y de la hegem onía conservadora. El país entró en un m om ento de fracuira y de profundos cambios. Se inició el dom inio del partido liberal, se consolidó una propuesta ca­ pitalista en el país y em ergieron nuevos actores. A la ya probada inde­ pendencia y capacidad de movilización del cam pesinado, surgió una clase trabajadora disgregada en todo el país, que comenzó a dem andar reformas en lo laboral, ju n to con una política social de Estado. Se con­ solidaron terceras fuerzas en lo político e hicieron presencia los secto­ res populares urbanos que se encontraban por fuera de una propuesta «le desarrollo capitalista. Esta década consolidó el furor de un nuevo país, acom pañado de la dem anda de oportunidades para una serie de nuevos actores.

“ ¡bu!., p. 43.

52

Demorrncin en tiempos ríe crisis

Así las cosas, todo oslaba d ado para la consolidación de una opción populista, la cual trasegaría, prim ero, po r los caminos d e una propuesta ind ep en d ien te que se preocupó, de m anera directa, del cam pesinado, a com ienzos d e los años treinta, y más tarde, por el rcform isino liberal de 1936, para llegar en los años cuarenta a tom ar independencia, encarna­ da en Jorge Eliécer Gaitan, máximo líder que lian tenido las masas en Colombia. La opción populista de Gaitán fue antecedida por cierto populism o de las élites, lideradas por Alfonso López Pum arejo, quien, m ediante un proceso de grandes reform as, en 1936, crearía expectativas, falsas promesas y abriría brechas sociales, que años después Gaitán explotaría para beneficio de su m ovimiento. Se puede decir que, para los años treinta, en Colom bia existió un populism o de élite, el cual, m ediante grandes reform as frente a los sectores subalternos, tenía p o r objeto un control social de carácter utilitario, de cooptación y d e destrucción de la reivindicaciones populares. Fue Alfonso López Pumarejo quien, mediante las grandes reformas de 1936, definió el nuevo Estado, con deberes sociales, obligaciones im­ plícitas a los particulares, y en general, un nuevo tipo de relaciones ciuda­ danas: una ciudadanía social garantizada desde lo político; es decir, desde un Estado interventor. Es esto lo que se logra corroborar al observar los puntos de sus principales reformas. En su program a se establecieron, en tre otros planteam ientos políti­ cos, la fu n ció n social de la p ro p ie d a d , base fu n d am e n ta l p ara la prom ulgación de la ley 200, más conocida com o la Reforma Agraria de la República Liberal. En el cam po laboral, aunque n o desarrolló una gran reform a, reconoció al colectivo de los trabajadores m ediante un Estado no represor sino m ediador, que los observó com o producto so­ cial del capitalismo; se elevó a canon constitucional el derech o de huel­ ga, salvo en los servicios públicos; estableció una ley de patrim onio familiar inem bargable; limitó el personal de obreros extranjeros; y esta­ bleció una ley de descanso rem unerado y otra de protección a la m ater­ nidad. Así mismo, concibió un Estado partícipe en la econom ía, la planifi­ cación, la producción, la distribución y el consum o d e bienes m ateria­ les, base para la reform a tributaria que obligó pagar, a mayor capital, mayores impuestos, saliendo afectadas grandes industrias nacionales y m onopolios extranjeros. Derogó una serie de artículos que abrirían paso

/

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

53

al replanieam iento del Concordato y de las relaciones Iglesia-Estado: garantizó, por ejem plo, la libertad de conciencia y de opinión religiosa, garantizó la libertad de enseñanza, otorgándole al Estado la inspección de las instituciones públicas y privadas; desarrolló una gran reform a universitaria, materializó la Universidad Nacional dotándola del camfjus universitario actual, y le dio fuerza a la form ación de docentes en las Escuelas Norm ales Superiores™. Las anteriores reformas fueron importantes, pues todas tuvieron que ver con un nuevo tipo de ciudadanía política basada en lo social y en la intervención del Estado. Una ciudadanía política que, para el caso de los trabajadores, se fundaba en las garantías que el Estado daba a ciertos de­ rechos, ju n to a su papel de árbitro en la relaciones sociales con sus patro­ nos. Para el caso del campesinado, una ciudadanía en la que el Estado interventor sería garante de una reforma agraria basada en el principio de la obligación social de la propiedad. Pero el proyecto de la Revolución en Marcha, que ap u n tó ideológi­ cam ente a una ciudadanía liberal y laica para los nuevos actores sociales del siglo XX, se condensó en el rcplanteam iento de las relaciones Igle­ sia-Estado, garantizando una mayor libertad en lo ideológico. Al desa­ rrollar esta reform a, de m anera im plícita se buscaba acabar con el m onopolio en la inspección y orientación de la educación d e los colom­ bianos por parte de la Iglesia católica. l a reform a prom ulgaba una edu­ cación pública, laica y liberal, que convirtió el espacio educativo en uno de los principales campos de enfrentam iento ideológico. Este proyecto fue tratado con revanchism o desde 1946, cuan do el conservatism o retom ó el p o d er y la Iglesia católica fue la principal institución llamada a “rem oralizar” el país. López Pum arejo fue quien en realidad abrió una brecha entre el pueblo y la oligarquía. El pueblo observó con esperanza sus reformas y sus grandes obras que tenían que ver con la m odernización en lo políti­ co. Sin embargo, al mismo tiempo, la oligarquía comenzó a apertrecharse rn posiciones de clase, que una década después daría sus nefastos resul­ tados. Frente a este tipo de populism o, Jh o n Oreen subraya: w Para un e stu d io d etallad o del p erío d o d e A lfonso L ópez Pumarejo, véase el trabajo dr Alvaro T irado Mejía, Asf»rla\ fmlitiem ilrl ptim rr gobierno de Alfonso Lópei Ihtmarejo, 1934M. Ilogoiá, Instituto C olom b ian o d e Cultura, primera ed ición , 1981. Tam bién en Nueva Historia ile Colombia, to m o I, cap ítu lo 11. “López Pumarejo: 1.a revolución e n m archa,’ llo ró la . Editorial Planeta, reedición , 1098.

Demarraría en tiempos de crisis

54

C u a n d o e l b lo q u e d o m in a n t e p e r c ib e u n a crisis p r o fu n d a , d e b id o a q u i­ la n u e v a fa c c ió n b u sc a , sin lo g r a r lo , im p o n e r su h e g e m o n ía e n e l m a r c o d e la e str u c tu r a d e l b lo q u e d e p o d e r , la s o lu c ió n al c o n flic t o p u e d e c o in c id ir e n q u e d ic h a fa c c ió n a p e le a las m asas para q u e éstas d e sa r r o lle n su a n ta g o n is m o c o n t r a e l E sta d o [...] El p o p u lis m o d e las c la s e s d o m in a n t e s e s s ie m p r e a lta m e n te r e p r e siv o p o r q u e trata d e llevar a c a b o u n e x p e r im e n t o q u e resulta m á s p e lig r o s o q u e e l r é g im e n p a r la m e n ta r io e x is te n te : m ie n tr a s q u e e s te s i m p l e m e n t e n e u t r a l iz a e l p o t e n c i a l r e v o l u c i o n a r io , a q u é l p r e t e n d e d e sa r r o lla r d ic h o a n ta g o n is m o m a n t e n ié n d o lo d e n t r o d e c ie r to s lím ites.''1 J”A

El populism o de Alfonso López Pum arejo m anipuló el potencial re­ volucionario y el antagonism o social de los sectores medios y campesinos al prom eter grandes reformas, algunas engañosas, com o la Reforma Agra­ ria, que posteriorm ente entrarían en una pausa y luego en un prolonga­ do letargo, generando incertidum bre e insatisfacción. El encuentro del Estado con las masas nunca se dio, pese al acto del l 9 de mayo de cuando los trabajadores, los sectores medios y de izquierda, se abrazaron con López Pum arejo y el tipo de Estado que había prom etido. La verdad es que este tipo de populism o generó una im portante participación de personas y sectores sociales en la vida política de la nación que no pertenecían a la élite. Debe tenerse en cuenta, adem ás, la entrada de nuevos actores sociales a la vida política del país: los secto­ res m edios, los trabajadores y los campesinos. En este sentido, se trató de un movim iento am plio que buscó incluir nuevos elem entos en el ju eg o político con formas de movilización popular y de oposición a las relaciones de p o d er existentes. En el caso colom biano, del populism o desarrollado po r la élite una década antes, se desprendió luego el fenóm eno de Jorge Eliécer ( Jaitan. El populismo gaitanista se puede ubicar dentro de cierto tipo de populismo dem ocrático especial, pues se caracterizó “por incorporar como líderes y seguidores a profesionales e intelectuales provenientes de las clases me­ dia y m edia baja. Se distingue po r m antener lazos estrechos con el cam ­ p e s in a d o y n o g e n e r a r fo rm a s c lie n te lis ta s en sus e s tru c tu ra s organizacionales", anotándose, adem ás, que “los populistas dem ócratas — como G ailán— han dem ostrado su predilección por la dem ocracia tanto en la palabra com o en el hecho"58. 57W .John C reen. “N uevas in terp retacion es del pop u lism o”, o/», t i l , p. 121. r’* Jbid., p. 122. El p o p u lism o d em ocrático es eontrario al p op u lism o autoritario, el cual proviene del ejército, del c lero \ los terratenientes.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

55

El populism o gaitanista de corte dem ocrático, que para algunos es discutido'9, se desarrolló, según Daniel Pécaut, sobre tres tipos de ten­ siones u oposiciones, las cuales, en la m edida en que se m antuvieran abiertas, le daban mayor cabida en el ju eg o político. La prim era la cons­ tituía el enfrentam iento entre las masas y la oligarquía; las masas, en el sentido amplio, concebidas como pueblo, y la oligarquía, que confisca­ ba el poder; el segundo conflicto fue el de las clases sociales: la burgue­ sía industrial decidida a deshacerse de los sindicatos y unos sindicatos persuadidos a jugar com o actores independientes; la tercera la constitu­ yó la oposición de los partidos tradicionales*1. *' En el caso d el trabajo desarrollado^jor M ario A guilera y R enán Vega, IArnl democrá­ tico y m m etta popular, en su últim o capítulo, ru an d o tocan el gaitanism o, se nota un distanciam iento con una co n cep ció n definida acerca d e ese fe n ó m e n o c o m o populista. Kstos autores, au n q u e al igual que en los dem ás estud ios, ubican el fe n ó m e n o gaitanista (d e m anera tangencial en su trabajo) en un m o m en to d e cam bios estructurales d entro d e la socied ad colom b ian a y desarrollan una serie d e d iscusiones bastante polém icas, ro m o el carácter anticapitalista d e Jorge F.liécer Gaitán; asi m ism o, al final de su trabajo, lo señalan lio c o m o un populista, sin o c o m o un caudillo prrcapitalisla (véase pp. 2 1 1­ 227). En esta discusión no se tien e en cu en ta d e m anera clara el capitalism o dem ocráti­ c o por el q u e propugnaba G aitán, quien n o e n vano envió una d elegación suya a visitar a los industriales textileros d e M ed ellín en el añ o de 1946. En lo qu e respecta al señala­ m ien to d e G aitán c o m o cau d illo anticapitalista, asp ecto q u e lo enm arcaría e n el m ism o rótulo d e los caudillos feudales del siglo XIX, esta idea tien e su respuesta en la m elan co­ lía y viejo en fren tam ien to entre los populistas y los partidos com unistas. Para estos últi­ m os, los populistas n o consolidaron un actor social válido; es decir, n o crearon un partido con un carácter estrictam ente d e clase, esto por su e clecticism o en el ám bito id eológico y social. Por esta razón, se produjeron los en fren tam ien tos en tre los com unistas y los gaitanistas desd e la década del treinta. La propuesta de un capitalism o dem ocrático |>ara los com unistas, im p id ió el industrialism o y el p roceso d e proletarización. funda­ m ental para la con solid ación d e los m ovim ientos obreros y los partidos com unistas, con Intereses m arcados d e clase. Los populistas, con sus form as d e organización e n rotnités y p eq u eñ os nú cleos, perm itieron, más qu e la con solid ación d e un partido, un m ovi­ m ien to de carácter m om en tá n eo , que, c o m o lo anota G on zalo Sán ch ez, en el caso del gaitanism o, origin ó “una am plia diversificación social en m om en tos de ascenso, incorIm iando a las masas a su p ro p io proceso d e m ovilización; p ero era un obstáculo a la divrrsificación id eológica y a la coh esión disciplinaria en m o m en to s d e crisis* (véase (itiu zalo Sánchez, “V iolen cia, guerrillas y estructuras agrarias*, op. ciL, p. 131). ** D aniel Pécaut, Orden y Violencia. Colombia ¡930-1954. B ogotá, Editorial C erec y Si­ g lo XXI. Vol. II, p. 372. Para este investigador, la im posibilidad d e síntesis d e estas o p o ­ sicion es hizo ciertam ente p o c o seguro el rum bo d el pop ulism o, pero fue tam bién lo que lo convirtió en irresistible, b fuerza del p od er populista d e p e n d ió d e dejai a b ie ila Im brecha en tre las o p o sicio n es, y se fu n d am en tó, en otro sen tid o , e n sil capacidad de m antener se|>arados d e h e c h o el m ovim iento social y el Estado, en oscilar d e u n o al otro •in d eten erse en n in gu n o , en guardar para sí el d o m in io del u n o y del otro, en m antetiei el carácter arbitrario d e lo d o arbitraje.

56

Democracia en tiempos de. crisis

De estas tres disociaciones, la más im portante en el m om ento de la m uerte del líder político fue, sin duda, la de pueblo-oligarquía, pues recogía el pluriclasismo y el eclecticismo social e ideológico que carac­ terizaba al movimiento, frente al bloque de p o d er que ya había consoli­ dado la oligarquía. H erbert Braun, en su clásica obra Mataron a Gaitán, establece estos divorcios y disociaciones del populism o, basados en posiciones interm e­ dias en el paso histórico de una sociedad dividida entre unos cuantos y u na masa amorfa, a otra de proporciones burguesas, definida por los logros y m éritos de los individuos. Para este autor, al vivir al m argen, e n tre el pueblo y los políticos, entre lo viejo y lo nuevo, Gaitán encarna la cualidad que los antropólogos denom inan “liminidad", que define la fase interm edia entre la separación y la incorporación presente en lo­ dos los ritos d e transición'11. l a ideología populista trajo implícita un tipo de ciudadanía informal de los sectores urbanos inconform es y la necesidad de institucionalizar un nuevo tipo de relación soc ial, o más bien, u n nuevo pacto político estatal basado en lo social. la s grandes reform as de 1936, su legislación laboral junto con su política agraria, buscaron el objetivo de desarrollar una ciudadanía regulada para los nuevos actores mediante la consolida­ ción de un Estado interventor y árbitro*2. La consolidación de un nuevo tipo d e Estado huscó una nueva base social que rom piera con la soc ie­ dad tradicional, la cual estaba representada en los sectores medios, par­ ticularm ente los urbanos, y un cam pesinado que había dado m uestras de independencia política desde los años veinte. El fenóm eno populista en el país, encarnado en el gaitanismo, hizo irrupción como m ovim iento de masas a partir de 1945. Bajo la b andera de la “restauración m oral”, y teniendo com o fondo la crisis del lopismo, r'' H erbert Braun. Matainn a Gaitán. Vida pública y violencia tabana en Colombia. Bogo­ tá. Editorial N orm a, 1998, p. 67. El au tor busca ubicar esta “liminidad" en la biograf ía d e Jorge F.. Gaitán, d esd e su origen familiar, pu es al ser h ijo de un librero y una maestra d e escuela, su familia n o tenía un lugar fijo d en tro del ord en social. Gaitán representa­ ba la típira figura política in cóm od a para la clase política tradicional, pues ni era bur­ g u é s ni era obrero. G aitán. m ás cerca d e caer en el proletariado que d e ascender a la bu rgu esía, desd e joven se esforzó desesp erad am en te por m antener las apariencias e x ­ ternas d e la respetabilidad a fin d e distinguirse d e los obreros y los cam pesinos que llegaban a la ciudad, pero q u e él, ya c o m o p olítico, se preocupaba d e representar. 9 D aniel Pécaut m anifiesta q u e este objetivo tam bién so bus» ó en Brasil pata el mis­ m o p e r ío d o m ediante tina legislación social, Oirlen y violencia, op. cil., p. Sfi9.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

57

em prendió la tarea de superar el divorcio en tre la sociedad y el Estado, entre el país real y el país político. Como lo anota Gonzalo Sánchez, la crisis del Estado social prom etido po r López, creó una situación conflic­ tiva pero no necesariam ente revolucionaria: ...lo que la hizo realmente explosiva fue la dinámica que en ella introdujo el movimiento gaitanista, con dos temáticas claramente reformistas, la distribución económica y la participación política, pero respaldadas por una movilización social de tal magnitud que parece transformar su contenido y que, de hecho, las fuerzas del status qito percibieron como una amenaza a todo el edificio social de la República oligárquica.'’'' Luego, en 1946, el gaitanismo se consolidó com o fenóm eno en la historia política de los coloníbianos. Jorge Eliécer Gaitán, sin el aval ofi­ cial del liberalismo, arrebató el 44% de las votos de su partido en las elecciones presidenciales de ese año, haciendo tem blar tanto a la oligar­ quía liberal como a la conservadora**4. En definitiva, Gaitán se convirtió en el catalizador del inconformismo y de las dem andas de inclusión ciu­ dadanas de sectores medios y subalternos. En este período, como fenó­ m eno populista, ganó adeptos de las demás corrientes políticas en boga. Así, tanto sectores del comunismo como del mismo conservatismo co­ menzaron a ser arrastrados por las propuestas del líder. Para Daniel Pécaut, la opción populista de Gaitán tenía que enfren­ tar dos obstáculos infranqueables que, a la postre, triunfarían: los gre­ mios económicos que ya habían iniciado su disputa en el interior del Katado y el bipartidism o político, el cual había perm eado la sociedad. El populismo surge así como un huracán por encima del modelo liberal de desarrollo y de la democracia oligárquica, a los que, sin embargo no puede arrastrar a su paso, porque ambos están sólidamente arraigados: el primero, en el bloque de los gremios que tienen vocación de copartícipes en el gobierno; la segunda, en las filiaciones partidistas que obstaculizan con su arcaísmo toda empresa de reunificación nacional.r’!i De esta m anera,Jorge E. Gaitán identificó una serie de experiencias li uní radas en cuanto al ejercicio de una ciudadanía política, desde un t lotízalo Sánchez, “V iolen cia, guerrilla y estructuras agrarias", op. cil., p. 128. "* Kn esta r¡rasión los resultados d e las votaciones presidenciales fueron las sigu ien ­ te» M ariano O spina Pérez (conservador) 565.939 votos; Gabriel Turba y (liberal) 441.199 votos; |o rg e F.liérer ('•aitán (liberal) 358.957 votos. Daniel Pécaut, Orden y Violencia., op. cil., p. 3(Í3.

58

Democracia en tiempos de crisis

Estado interventor y regulador. El Estado, m ediante una serie de gran­ des transform aciones, preten d ió desarrollar su papel de actor central en la sociedad colom biana en los años treinta. El “Estado-actor"1*, m e­ diante grandes reform as en lo económ ico y lo social, se había trazado com o objetivo precisam ente la reunilicación nacional incorporando a los nuevos actores, p ero sin lograrlo. Un Estado con frustraciones, con brechas, con aberturas y con oposiciones irreconciliables fue lo que en­ contró el populism o en Colom bia du ran te esta coyuntura. El m ovim iento gaitanista, integrado principalm ente p o r sectores m edios de la sociedad, pequeños propietarios e intelectuales, tenía com o m eta representar los intereses de los excluidos políticos que, desde la década de los treinta, com enzaron a q u ed ar rezagados: cam pesinos y un gran n úm ero d e sectores m edios y urbanos, en la gran mayoría ex­ cluidos de la vida pública y de la política po r parte de los jefes liberales y conservadores. G aitán representó la unión de los dos países: el país político y el país real. Esto en una sola nación, en una sola propuesta.

15,1Para r l raso de esta investigación rl “Estado co m o actor" d en tro de la socied ad se va a conceb ir, adem ás d e las herram ientas otorgadas p or Max WcImt (q u ien lo observa c o m o exp resión de burocracia legal, rap a/ d e m on op olizar el u so de la fuerza), ron oirá propiedad fu n d am en tal, c o m o lo es la de ejerrer el m o n o p o lio de la creación tlr norm as colectivas vin cu lan tes y m odernizan tes. Esta faceta del Estado nos perm ite esta­ b lecerlo c o n p ro p ied a d es o características propias y distintas, con capacidad d e influir en form a derisiva e in d e p e n d ie n te en la con form ación y cam bio d e la socied ad . Según esta perspectiva, el E stad o es a lgo m ás qu e un sim ple esp acio o arena d o n d e grupos o clases sociales form ulan dem an d as y entran en co n flicto s y com p rom isos p olíticos. El Estado tam bién se c o n c ib e r o n características weberianas al lograr ejercer el monopolio de ln m a rió n rit nonnas rolertwns vinculantes, gracias al respaldo q u e le otorga el control m o n o p ó lic o de los m ed io s d e violencia y c o er ció n . El e le m en to vinculante d e lal defin i­ ción n o es el ejercicio d e la fuerza sin o el m o n o p o lio d e la creación de aquellas “nor­ mas'* q u e co m p r o m e te n el c o n ju n to d e la socied ad. El Estado y las instituciones en las cuales éste se cristaliza, a d q u ieren ceu tralid ad en la creación y m an ten im ien to de cierto tip o de ord en in te rn o basado en norm as, leyes, d ecretos, reform as, q u e p ropend an la m od ern ización social y política. Basado en esta faceia. al insp eccion ar el papel d el Esta­ do co lo m b ia n o d esd e m ed iad os d e siglo, e n su tarea m odernizan te en el ca m p o social y p o lític o c o m o parte d o un proyecto ciu d ad an o aglu tin an te, observarem os q u e lia fraca­ sado e n sus in ten tos. Parte d e esta d efin ició n fue discutida p or Ana María Bcjarano, en su artículo “Para rep en sar las relacion es Estado, socied ad civil y régim en p olítico”, en Controversia. C inep. segu n d a etapa, N o 167, octubre- noviem bre d e 1995. T am bién véase Economía y Snriedarl, d e Max Weber, M éxico, F ondo d e Cultura E conóm ica, M éxico 1992. Prim era parte, capitulo: “Form as d e dom inación"; y la Segun da parte, capítulo VIII. “!.as c o m u n id a d es políticas". También en Max Weber, 1.1 fmlitiro y el científico, Madrid. Alianza Editorial, 19 9 6 , p. 92.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

59

De igual m odo, el m ovim iento vendió un proyecto de vida digna para todas las clases sociales, declarándose enem igo, no de la riqueza, niño de la pobreza. Este aspecto lo constata H crbert Braun, en u n a en­ trevista con uno de los gaitanistas integrantes de L a jeg a , núcleo políti­ co de G a itá n , del cual h a c ía n p a rte in te le c tu a le s , e m p re sa rio s, profesionales, estudiantes, trabajadores y cam pesinos. Ellos aspiraban a una sociedad donde “a la vez que la m atrona luciera joyas, el obrero estuviera calzado; que así com o el banquero gozaba de su chalet y su automóvil, el cam pesino tuviera vivienda higiénica y pudiera m anejar su tractor, si el m agnate industrial educaba sus hijos en el exterior, los hijos de los artesanos fueran a las universidades nacionales”*7. Gaitán, al concebir la política com o u n a acción directa sobre las m ultitudes, logró m ostrar á los pobres que detrás de su oratoria y sus frases celebres — “Pueblo, a la carga", “Contra la oligarquía”, “Yo no soy un hom bre, soy un pueblo”— , existía la gama de sus derechos y de sus aspiraciones económ icas en el m undo concreto. Les m ostró su miseria, pero tam bién las posibilidades de su victoria colectiva en el m undo po­ lítico desde una lucha informal. La organización gaitanista, frente a las brechas evidenciadas en la década de los cuarenta, se m ostró com o algo revolucionario en la m edi­ da en que el pueblo fue llevado ante las instituciones con intenciones claras de m aterializar u n a ciudadanía política prom etida en los años treinta. Tanto los cam pesinos com o los sectores m edios, integraron de m anera im portante el m ovim iento antes y después de la m uerte del lí­ der político. Estos dos sectores, que eran la concepción del pueblo para Gaitán, serían excluidos después del 9 de abril de 1948 de las posibilida­ des de inclusión de un proyecto hegem ónico de ciudadanía política y «ocial, y de un proyecto de nación que no se logró concretar. Las palabras de Carlos Lleras Restrepo, en el entierro de Jorge E. (lailán, fueron bien dicientes en este sentido, pues la clase política mos­ tró preocupación por el pueblo, el cual, según su discurso, iba a ser tenido en cuenta desde ese m om ento en la vida nacional. l a idea cen­ tral sugería que después de Gaitán no se podía excluir al pueblo de la vida pública: Atrás queda el gesto vanidoso de quienes creen poder sacar de sus propias cabezas todos los programas políticos como si estos no tuvieran I Irriten Bniim , op. rit., |i. 170.

fio

D em ocracia en tiem pos d e crisis

que ser forzosamente la sistemática y ordenarla interpretación de los intereses populares. Atrás queda el aristocrático aislamiento de los grupos rectores [...] Alrás las orientaciones imaginadas en círculos estrechos, que 110 se cree necesario explicar abiertamente en el aire libre del agora [...] No podrá hacerse en Colombia una política que merezca tal nombre sino con el pueblo.*" Estas palabras se quedaron en buenas intenciones y de nuevo revela­ ron la grieta que existía entre los políticos y el pueblo. Pese a estas pala­ bras, volvieron los dos sectores a países distintos. Los dirigentes políticos se quedaron sin auditorio y desde entonces el bipartidism o se olvidó de las grandes reformas sociales, y buscaron el poder y la cosa pública como m eta personal, l a exclusión del pueblo y la violencia com o elem ento característico de la dem ocracia se convirtieron, desde entonces, en la bandera del régim en político colom biano. El 9 de abril de 1948 representa para los colom bianos un m om ento de fractura en la posibilidad de la realización de sus derechos. Desde entonces, se ha m id o u n a incertidum bre en cuanto a la posibilidad de realización de una ciudadanía plena en nuestro sistema dem ocrático. Aún así, en la década del cincuenta, para m uchos políticos, el pueblo sería la antítesis de la nación; de m anera particular los sectores cam pe­ sinos que venían luchando por un proyecto de inclusión social y políti­ ca inconcluso. Sin duda, el gaitanism o, acom pañado de otras formas de organiza­ ción surgidas en las prim eras décadas del siglo XX en Colom bia, ante todo la organización y lucha del cam pesinado, antecedida por los ar­ tesanos, representa u n a expresión de ciudadanía imaginada q\te reali­ zó un balance de su pasado, com partió valores y observó en perspectiva la posibilidad de reivindicar u n proyecto dem ocrático de vida que pa­ saba por la reivindicación y respeto de sus derechos. Ciudadanía imagi­ nada, que tenía que ver con grados de identidad colectiva, com o sector, reivindicación de derechos, coincidencia y com patibilidad con el tipo de Estado que en ese m om ento se estaba reestructurando. En efecto, el gaitanismo representa, a la vez, un puente entre cierto tipo de ciudadanía informal y formal. Un puente entre la apatía e igno­ ™Carlos Lleras R estrepo, De In república a la (firt/tdnm, teslimnnio snbir la polilicn cn/nm hiann (m em orias). B ogotá, Editorial Planeta. HH)7. |>. 103. "Discurso p ronu nciado cu nom b re d e la D irección N acional d el Liberalism o, e n los funerales drl d octor Jorge F.liécer O ailán. Abril *20 «le l'MK”.

Ciudadanía, sectores subalternos y Estado en Colombia

61

rancia política de sectores que no habían participado en el escenario pú­ blico, y la reivindicación abierta po r u n tipo de Estado que en realidad los incluyera en un m om ento de profunda íracturación en la sociedad. En consecuencia, el gaitanism o fue la expresión más desarrollada durante el siglo XX de sectores que no habían participado del tipo de ciudadanía política que garantizaba el régim en dem ocrático liberal: el sector informal, los vendedores am bulantes, em boladores, conducto­ res, amas de casa, intelectuales, sectores del artesanado, campesinos, trabajadores e incluso industriales medios y pequeños propietarios ru­ rales. Com o organización, el gaitanism o los com prom etió y arrastró a un escenario de lucha en el que se dem andaba una ciudadanía política garantizada por los derechos sociales que se encontraban en boga en las democracias latinoamericanas. El gaitanismo, visto en su coyuntura his­ tórica, representó un requerim iento de m odernidad dem ocrática de estos sectores a los cuales se les había negado dicho tipo de ciudadanía. Demanda que se fragm enta en los años cincuenta, no sólo p o r la crítica Hituadón social en la que el discurso intransigente, acom pañado de la violencia, invadió el escenario político, im pidiendo la realización de una c iudadanía amplia y m oderna, sino, además, por la privatización del Kwtado como espacio de lo público. El- ESTADO COLOMBIANO DE MEDIADOS DE SIGLO El proyecto de Estado de Alfonso López Pum arejo, ya com o espacio tlt’ lo público y dinam izador de lo social, ya como árbitro y regulador de I o n conflictos o com o interventor de la econom ía, fue truncado por los Intereses privados que impusieron su hegem onía para la segunda mitad de la década de los cuarenta. En 1945, se hizo evidente esta ruptura m an d o López Pum arejo presentó su renuncia al Congreso de la Repú­ blica. Este m om ento no sólo fue el fin de ia República Liberal, sino el verdadero punto de rup tura de la m odernidad colom biana en el cam­ po político y social1*. El sector cam pesino y los trabajadores que vieron

"" Daniel Pécaut, Otilen y violencia, op. rit En este aparte se d e b e recordar que su obra, t|itr representa el estud io más serio sobre el Estado en C olom bia para este períod o, opera d en tro del relato p olítico, privilegiando el espacio urbano, toca el tem a de la tlruio» raeia y los nuevos sectores populares y m edios; lo d o esto enm arcado d entro una i uní rpi ión d e m odrruidad d esd e lo político. En la parte inicial d e su segu n d o capítulo

62

Democracia en tiempos de crisis

en el prim er período de su m andato (1934-1938) la posibilidad íle una inclusión ciudadana real, basada en el reconocim iento de sus derechos, para la década de los cuarenta sufrieron u n colapso al observar cóm o el interés privado invadía el espacio público del Estado. Ejem plo de esta crisis sería la m alograda reform a agraria de López Pum arejo, la Ley 200 de 193fi. F.n la reform a constitucional del m ism o añ o se in trodujo el principio de “la función social de la p ro p ie d a d ” com o b a n d e ra de la reform a rural, que nunca se aplicó de m anera dem ocrática, pues se o rien tó a la agroindustria y a un proyecto de prole tari/.ación del cam pesinado. Dicho principio estipuló que los tí­ tulos de las grandes propiedades debían ratificarse si los predios eran dedicados a la agricultura, dan d o un plazo inicial de diez años para p o n e r a p ro d u cir las tierras a los futuros agroindustriales, agrem iados en instituciones oligárquicas. Los grem ios de la esfera rural, como la Federación Nacional de Ca­ feteros (Fedecafé), la Sociedad de Agricultores de Colom bia (SAC) y la difusa Acción Patriótica Económ ica Nacional (APEN) se salieron con la suya. Lograron presionar una reforma agraria según sus intereses, y años después, m ediante diferentes maniobras, com o la Ley 100 de 1944, se estipuló la extensión del dom inio privado por diez años más. De tal m anera, m ediante diferentes m aniobras, el plazo de la productividad de grandes extensiones de tierra se extendió hasta la misma conform a­ ción de la Asociación Nacional de Usuarios Cam pesinos (ANUC), a fi­ nales de los años sesenta. Así, para la década de los cuarenta, el sector privado, en su lucha por el dom inio de sus intereses económicos, obstruyó las posibilidades del prim er volum en, m anifiesta que las dem ocracias latinoam ericanas evid en cian, des­ d e 1920. un proletariado no a p io para el ejercicio d e la ciudadanía. En este con texln nace la necesid ad del intervencion ism o del Estado en el cam po v x ia l, en las décadas de 1930 y 40. 1.a ciudadanía social e s amarrada por lo p o lítico en los casos de Brasil y M éxico. El prim er m o m en to d e frustración d e lo social para estas dem ocracias se vive e n la crisis eco n ó m ic a d e los treinta. F.1 caso d e C olom bia es bien particular; aun qu e la crisis n o la afecta, la necesid ad de una legislación social da lugar al o nlrn (ro m o objeti­ vo p o lítico d el Estado e n la década del treinta) y a la violencia ( c o m o el caos d e lo social qu e se vive desd e los cuaren ta). Orden y violencia, d esd e e n to n ces, se convierten en las categorías centrales de lo p o lític o en C olom bia. En esta primera etapa, la del arden. Gómez, dada la abstención liberal.'14 l,a resistencia de im portantes núcleos del cam pesinado, concebi­ da no sólo com o la lucha po r la dem ocracia, sino p o r sus derechos, se facilitó en regiones d o n d e anterio rm en te se habían presentado con­ flictos con los terrate n ie n tes: zonas de fro n te ra cerrad a, com o r! T equendam a; zonas de reciente colonización, com o el Sum apaz y el sur del Tolima, y zonas de frontera abierta con tendencia liberal, como los Llanos O rientales. En general, zonas donde existía una estructura agraria que podía sostener a una cuadrilla de hom bres arm ados, con condiciones topográficas favorables y con relativo aislam iento de l o s w Eric J. Hobsbawn, Rebeldes primitivos. B arcelona, Editorial Ariel. IÍMiS, p. 263. G onzalo Sánchez, "V iolencia, guerrilla y estruc tura» agraria*", nfi. cil., p. IMH.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

83

centros de poder y, por lo general, con hom ogeneidad política lit>eral y con productos de pan coger. Frente a la insubordinación cam pesina de tradición comunista y li­ beral, el presidente Laureano Gómez iniciaría con m ano dura su labor de hegem onización conservadora y persecución liberal y comunica- En agosto de 1950, recién posesionado, ocurrió la masacre de Puebl. IK5.

1,5 íbirl..

C.atnfiesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

101

el golpe de m ano al gobierno de Laureano. Esta Ley, que se puede in­ terpretar como una respuesta campesina frente a la ofensiva laureanista de com ienzos de ese año, “im puso la organización de los Llanos insurrectos en lo político, militar y jurídico, para proyectar la revolu­ ción hacia la ‘liberación nacional’, y la constitución de un ejército po­ pular como fuerza arm ada revolucionaria, que respaldase al G obierno Democrático Popular que se proyectaba construir"139. Esta Constitución, que representó una propuesta alterna y radical frente al Estado, buscó su reem plazo en el ám bito no sólo normativo niño jurídico, social y militar. La segunda Ley del Llano tuvo un carácter nocialista y colectivo en lo concerniente a los recursos de la tierra, y, por extensión, com prom etió a la población llanera con la revolución. En esta Constitución se atacó la estructura del hato, estableciendo que el verdadero principio de poder de la región era la “ju n ta de vereda”, lo que despojaba la hegem onía del gamonal en la región. Seguida de la junta de vereda, se encontraban, de m anera ascendente, los com andan­ tes de zona, el Estado Mayor General y el Congreso Guerrillero (artícu­ lo 43). Con este tipo de artículos se logró com probar que para esta coyun­ tura (junio de 1953), el conflicto comenzaba a dejar de ser partidista pura convertirse en un problem a de clase contra el poseedor de la tierra y los bienes. Por ejemplo, la “vereda” o vecindario, que correspondía al grupo de población que surtía de carne en un mismo sitio de matanza, lile definida como el principal punto de discusión de los problem as nocíales de las com unidades (artículo 48). 1.a Consdtución de Vega Perdida o segunda Ley del Llano fue penniida para una sociedad y una región en trance revolucionario que debía

tá, C inep, 1080. Arturo Alape, La fxiz, la violencia, testigos He exce/>ción. Bogotá. Editotial Planeta, 1986. Eduardo Umaña Luna, La violencia y la paz. Bogotá, Tercer M undo, 1981*. y l.nis Villar Borda. Oposición, imurgencia y amnistía, Bogotá. Editorial Dintel 1982. El Tiempo. 23 d e ju n io de 1953. 114 IbiH.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

113

también se extiende para los presos por delitos políticos, los cuales tendrán derecho a la rebaja de la quinta parte con motivo de la exaltación al capelo cardenalic io del arzobispo de Bogotá y a los presos por cuestiones de orden público con ocasión del movimiento militar del 13 de junio.1'1'

Este prim er Indulto parcial sembraría las bases del proceso de am­ nistía a civiles que, bajo dos formas jurídicas (decretos 1823 y 2062), se extendió hasta 1954. En este indulto, no sólo se establecerían las claras filiaciones del nuevo gobierno con la Iglesia católica, sino que se delimi­ taría en el ám bito ideológico el proyecto de sociedad de Rojas que, en Hspectos fundam entales, seguía siendo muy similar al de Laureano (íómez. Un proyecto de sociedad basado en un “orden” institucional, con un carácter vertical en la toma de decisiones, asentado en la “fe cristiana” hegem ónicam ente católica que garantizaría la sumisión y la paz., y acom pañado además de la garantía y el principio del “trabajo” para los campesinos, serían las bases de los procesos de desmovilización cil varias regiones y cárceles del país. Consecuentemente con lo anterior, el prim er indulto, acompañado tic una rebaja de penas, se selló con el Decreto 1546 de 1953, y fue sancio­ nado en nombre de la “Gracia" de Dios y de la Iglesia católica y como un acto de “G rada” del nuevo gobierno. Este indulto, otorgado como don de “Gracia", en térm inos religiosos se concibe como algo inmerecido que se concede gratuitam ente. No hubo mérito de obra en este acto, dándose por sentado la incapacidad del pecador de lograr por mérito propio el perdón y el olvido de la falta. Por tal razón, el soberano Dios ftrrdona. La amnistía, como indulto, tiene una directa relación con el concepto teológico de gracia, entendida como un don inm erecido y un proyecto de ciudadanía basado en la fe católica. De esta manera, en los primeros días de su m andato el general Rojas Pinilla estableció la propuesta de reincorporación ciudadana para los alzados en armas de los años cincuenta, la cual se basó en los principios lundamentales del respeto “al orden" institucionalmente establecido por las élites desde el escenario urbano, el respeto a la “fe cristiana” unáni­ memente católica, y bajo el principio del “trabajo”, elem entos que galam izaban la reincorporación. Por lo demás, dichos elem entos, en Kcncral, representaron las bases de la sociedad colombiana que, para

Ib id .

114

Democracia en tiempos de crisis

esta coyuntura, .siguió siendo caracterizada por aspectos profundam en­ te tradicionales. IA DESMOVILIZACIÓN En general, bajo estos principios, el gobierno se comprom etió, ante las prim eras entregas de campesinos, a garantizar su protección y a ela­ borar u n plan de reincorporación a las actividades propias de la vida civil y el trabajo. No obstante, en el proceso de desmovilización de los años cincuenta no buho para los antiguos alzados en armas un conjun­ to de garantías, ya fueran de carácter social, económico o político, que les facilitara su reincorporación a la vida civil. En consecuencia, en el m om ento de dejación de sus armas fueron tratados como menores de edad, pues el gobierno, de m anera simbólica, les entregó, en el mejoi de los casos, instnim entos de trabajo para el campo, pero en otros, a cambio de su anua, se les entregó “ropa”, “cigarrillos" y “dulces”. Fue asi como el 10 de julio, el diario El Tiempo comenzó a dar a conocer proce­ sos masificados de entrega de armas y desmovilización de hombres. I'n esta fecha, “500 guerrilleros se entregaron en la zona del Tolima, el com ercio se ha normalizado, se han realizado negocios grandes y pe­ queños, y el am biente ha cambiado. Existe un clima de verdadera satis facción que se refleja en los rostros, en las conversaciones y en las diversas manifestaciones personales de quienes tienen que ver con la industria o el com ercio"lw. D entro de las entregas se pueden destacar las que se presentaron en el departam ento de Antioquia, principalm ente la de Jesús Franco, ocurrida de m anera oscura el día 27 de agosto. Para esta fecha, la opi nión pública se enteraría no tanto de la entrega, sino de la oscura captura del capitán Franco. A pesar de esta situación, en ese m om ento en el departam ento de Antioquia se contabilizaron 1.533 guerrilleros desmovilizados, de los cuales 714 pertenecían a los cuadros y a la es tructura guerrillera de Franco, quienes fueron puestos en libertad ¡n m ediatam ente, a excepción de su líder1” . Así mismo, se presentan desmovilizaciones en otras regiones del país, como las dadas en Puerto Wilches y el río Magdalena, donde “el guen i llero Rafael Rangel y 105 hom bres regresan ahora a la vida civil al ampa IV1 El Tiern/to. 10 d e ju lio de 1953.

r" El

21 de agosto di- 1(153.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

115

ro de las garantías ofrecidas por el gobierno”. “Este grupo de guerrille­ ros se mostró dispuesto a regresar a la vida civil y a reincorporarse a sus actividades ciudadanas dentro del seno de la sociedad"1*", m ientras en Ducaramanga deponen las armas 84 guerrilleros, declaró la Quinta Bri­ gada1™. No obstante las anteriores desmovilizaciones, Rojas y el país espera­ ban con expectativa la respuesta positiva de la región de los Llanos, la cual se dio de m anera masiva después de entrar en vigencia el indiilto parcial, el 12 de julio de 1953, que cobijó los delitos políticos cometidos por los campesinos desde 1948. El mismo 12 de julio, fecha en la que entró en vigencia el indulto, el gobierno de Rojas inició gestiones para la entrega de los guerrilleros del Llano, liderados por Luis Eduardo Fonseca, los cuales se desmovilizaron casi de m anera inmediata. Este mismo día, “Guadalupe Salcedo y Eduardo Franco, máximos com an­ dantes de la ‘Revolución’ del Llano, ofrecieron su entrega al Presidente a través de una Comisión Especial manifestándole en ella su propósito de suspender definitivamente sus campañas armadas”"". El 2 de agosto se produjo en los Llanos orientales la prim era entrega masiva de “711 guerrilleros que andaban operando en Tauramena, Boca del Monte, San Martín, Barranca de Upía. Entrega que se extendió a los guerrilleros en las riveras de los ríos Baudó, y en los ríos M onguido y Buey”161. El proceso de desmovilización del Llano finalmente se materializó del 13 al 18 de septiembre. Para entonces, en la ciudad de Villavicencio, se dio un parte refiriendo que el dom ingo 13, en las horas del m edio día, se “protocolizó la entrega de Guadalupe Salcedo con 208 hombres, 112 fusiles, 7 piezas de artillería, y Dumar Aljure con 160 hom bres"1*2. En el m omento de la entrega, que para los campesinos de la región se «lio bajo la sombra de los engaños y las presiones, el máximo com andan­ te de las guerrillas del Llano, Guadalupe Salcedo, a la vez que afirmó su “confianza” en la palabra del presidente de la República, term inó di­ ciendo: “No fuimos ni somos bandoleros, somos campesinos y en mi caso retornaré a las faenas ganaderas. Los llanos necesitan un plan de IMt'J Tiempo, lw‘ El Titmfxj, lbid. 101 El Tiempo, '** El Tírmpo,

4 de agosto tic 1953, 12 de julio de 1953. 4 de agosto de 1953. 14 de septiem bre de 1953.

116

Democracia en tiempos de crisis

fom ento a gran escala, creación de escuelas, hospitales y colonias aerí­ colas”. Finalm ente, se com prom etió a “no volver a pelear m ientras se garantice justicia, libertad, trabajo y compresión""*\ F.l m iércoles ló se anunció la entrega de Alejandro C haparro, lídei de las guerrillas que operaban en Tainc, Arauca. Al realizarse la entrega en com pañía de los integrantes del grupo “M ochaca”, la opinión puhli ca percibió que este grupo se com ponía de 50 guerrilleros arm ados v 150 hom bres sin armas. I.as arm as eran fusiles, am etralladoras, un expulsor de m agneto y bom bas de percusión. D urante el protocolo, Ale­ jan d ro C haparro manifestó que “ponía a Dios por testigo de este acto de paz basado en la plena confianza de la palabra del Señor Preside n te"IM, a lo cual el general Duarte Blutn replicó: “Somos católicos, sontos respetuosos de la moral, tendréis escuelas, puestos de salud, asistencia médica, casas baratas, crédito y ayudas a vuestras labores agrícolas o para las de simple ganadería”"*5. Posteriorm ente, el 21 de septiem bre, vendría la desmovilización de los últimos reductos guerrilleros com andados por Aurelio Gualteros, Maximiliano O rtega, M edardo C iraldo y Víctor Agudelo, quienes Final m ente se entregaron en com pañía de 128 hom bres armados"**. Pese a este im portante proceso de entregas, la paz en la región de los Llanos no quedaría sellada sin la desmovilización de los grupos contrarrevolucionarios o “guerrillas de paz”, que habían sido coníói m ados p o r los dueños de los hatos y grandes ganaderos de la región en respuesta a “la revolución”, y en m om entos en que ésta comenzaba i orientarse contra los propietarios, sin im portar su filiación política. Esn desmovilización había sido un p unto dem andado por los principales com andantes de la revolución: G uadalupe Salcedo, los herm anos Fonseca y Eduardo Franco Isaza, entre otros. Los grupos contrarrevolucionarios, que respondían a una polític a discutida en los encuentros de ganaderos y dueños de hatos, entre 19f» I y 1952, se concibieron com o un cuerpo de apoyo del Ejército en la re gión del Llano. La tarea de estos grupos, que fueron de los últimos en desmovilizarse, consistía en com batir contra los guerrilleros de Salcedo.

m IbiH. IMEl Tiempo, 18 de septiem bre de 1953. ¡bul, im pj fjrtHpo, 22 ele septiem bre de 1953.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

117

Fonseca y otros. Según el alto m ando militar, estas “guerrillas de paz” decidieron desmovilizarse, pues no tenían ya razón de existir. Así, la entrega de Benito Juárez, líder de una de las guerrillas de paz de los Llanos, ocurrió el lunes 14 de septiem bre. Esta guerrilla operaba en cercanías a Cupiagua con el grupo que dirigía Rafael Calderón. Para Cutos mismos días ya se había entregado en M onterrey el grupo que dirigía Holmes Ramírez, u no de los más num erosos del Llano. “La cifra d r los anteriores grupos, además de los que operaban en O rocue, se m im aba en unos mil hom bres”187. Del 13 al 18 de septiem bre la prensa oncial dio a conocer la entrega de 6.500 hom bres en todo el país, incluyendo el im portante núcleo llanero. Las guerrillas, según Duarte Blum, “sin haber sido vencidas por I»* armas, habían sido vencidas con la buena fe y el patriotism o del ge­ neral Rojas Pinilla”. Al final de un emotivo discurso, a la vez que las reconoció políticam ente, invitó a los campesinos a que regresaran al trabajo: “Hom bres de la guerrilla, regresad a vuestras tierras y recibid el Mpoyo del gobierno”"**. Con estas entregas, el general Rojas Pinilla consideró sellada la paz rn los Llanos orientales. Este proceso sería su principal orgullo, mues­ tra pacificadora y prueba de credibilidad ante la opinión pública y la masa campesina del país, pues se produjo bajo los principios del prim er indulto parcial, con una base filosófica católica que se resum ió en su consigna hacia los campesinos de “perdón y olvido"169. El masivo proceso de pacificación que recorría los Llanos orienta­ les, obligó al gobierno nacional a la creación de una Oficina de Rehabi­ litación, “la cual tenía como prioridad la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por la violencia, restablecer las economías regionales garantizando créditos po r m edio de la Caja Agraria y brindar apoyo al gran núm ero de exiliados que llegaron a Bogotá po r esos años.” Ade­ más, se anunció “un plan de cinco millones de pesos para la recuperai ion del Llano distribuidos por m edio de créditos dirigidos a agricultores y ganaderos”170. El papel de dicha Oficina no fue muy im portante, pues su labor se basó en el asistencialismo durante el m om ento de desmovilización. En El El El 17,1 El

Tiempo, Tiemfm, Tiempo, Tiempo,

14 18 22 21

de de de dr

septiem bre septiem bre septiem bre septiem bre

de de de de

1953. 1953. 1953. 1953.

118

Democracia en tiempos He crisis

el proceso de entrega del más im portante núcleo guerrillero del país, se percibe cóm o el nuevo gobierno, por m edio de sus representantes y de la nueva Oficina de Rehabilitación, trató a los campesinos alzados en armas com o a m enores de edad, que nacieron de nuevo el 13 de junio de 1953. D urante las entregas y desmovilizaciones recibieron dulces, cigarrillos, ruanas, pantalones de dril, sombreros, hamacas, vestidos, m edicam entos y herram ientas de trabajo, con el fin de ser “reincorpo­ rados” a la vida civil. En todo caso, com o prueba de que la Oficina de Rehabilitación no cumplió su com etido en la inversión social a largo plazo, fue el manejo que Rojas, desde el principio, le dio al problem a educativo. En esta co­ yuntura, la educación no fue una prioridad en su proyecto de reincor­ poración ciudadana de los antiguos alzados en armas. Días antes a la creación de la Oficina de Rehabilitación, el 15 de septiem bre de 1953, el ministro de Gobierno, Lucio Pabón Nuñez, manifestó, con respecto a las prioridades de su cartera, que “prim ero es vivir que filosofar”, y refi­ riéndose a las posibilidades de inversión educativa en las áreas rurales, arguyo: Todos nuestros planes y esfuerzos están limitados por las vitales reclamaciones riel orden público, ya que según la clásica sentencia, prim an es v iv ir y después filo so fa r [...] Los verdaderos responsables rie que el gobierno no ejecute a cabalidari todas las obras que exige nuestro pueblo, no son otros que esos hombres en cuyo espíritu el odio ha borrado las nociones ele Dios, de patria, de bien y rie honor. Unámonos torios los colombianos para liquidar rie una vez por todas este problema riel bandolerismo, y tendremos como consecuencia rie la paz. convertidos en espléndida realidad nuestros más altos ensueños patriotas.'71 No obstante esta prim era experiencia, la Oficina de Rehabilitación se m antendría sólo como propuesta años después. Dicha Oficina, du­ rante el Frente Nacional, buscaría canalizar una serie de dem andas para el logro de un verdadero proyecto de inclusión social para los campesi nos, pretendiendo com prom eter al Estado en la realización de una se rie de obras que satisficieran expectativas de inclusión a la nación, como

171 C onferencia de Lnrio Pabón N uñez, 15 de septiem bre de IÍI53, en Miscelánea confnmcias de ministros y presidentes, Í9 5 2-19>1. Bogotá Imprenta N acional. 1953. p. h> Citado por A lexis Yhidimir Pinilla. Elites, educación y cultura fmlitica. a/t. cit., p. 47.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949 -1957

119

la construcción d e carreteras y escuelas reclamadas por los prim eros desmovilizados desde 195317*. Luego del proceso de desmovilización de los Llanos orientales, se buscó extender la experiencia al resto del país. Ante lodo, hacia la re­ gión andina, la del Sumapaz y, en general, la que cobijaba los departa­ mentos de Cundinamarca, Tolima y Huila. En dicha región, la propuesta de Rojas Pinilla se asumió con escepticismo, pues un im portante núm e­ ro de campesinos cesaron su accionar pero no entregaron las armas. Sin em bargo, se debe reconocer que tam bién se presentaron im portan­ tes procesos de desmovilización, uno de ellos en Algeciras, departam en­ to del Huila; y en los municipios de Rovira y Chaparral, departam ento del Tolima. En este último departam ento, para el 27 de octubre, según los cálculos oficiales, se habían entregado 800 hom bres aproxim ada­ m ente1” . En este contexto, el 31 de octubre de 1953 se produjo otra entrega que Rojas Pinilla esperaba: el gm po de Juan de la Cruz Varela entregó xus armas en el m unicipio de Cabrera, zona fronteriza que divide a Cundinamarca y Tolima, en la que operó por cuatro años. “Se cnLregó con más de 500 hom bres armados en presencia del general Dua rte Blum, quien, a nom bre del gobierno, les repartió m edicamentos, alimentos y vestidos, bajo el lema de “trabajo, reconstrucción y paz”174. La reinserción a la vida civil y a la ciudadanía de los más de 10.000 campesinos desmovilizados, se dio bajo los parám etros de respeto a “la fe cristiana”, “al orden establecido” y al principio “del trabajo”. En este proceso de desmovilización, a la vez que se nota una preocupación de orden político, se hace latente otra de orden económico. Los alzados en urmas habían alterado algunas proyecciones impuestas por las élites después de los hechos del 9 de abril de 1948, particularm ente en lo político, las cuales afectaron los principios conciliatorios que habían establecido los directorios de los partidos tradicionales, transform ando el orden y la fe cristiana de la nación. l a preocupación de lo económ ico se había notado no sólo en la legión de los Llanos —donde, producto ele la acción arm ada de los campesinos, se habían desarrollado continuos encuentros de dueños 172 G onzalo Sánchez, “Rehabilitación y violencia hajo el Frente N acional”, en Guerra * Imlilira en la sociedad colombiana, Bogotá, Ancora Editores, 1991. m El Tiempo, 27 d e octubre d e 1953. 174 El Tiempo, 19 d«* noviem bre d e 1953.

120

Democracia en tiempo* He crisis

de halos y ganaderos, decidiendo lom ar posición frente al fenótixno— , sino tam bién en la región andina, particularm ente en la 7.011.1 cafetera, do n d e el fenóm eno no se logró controlar del todo. l a preo< 11 pación económ ica de la propuesta fie desmovilización buscaba incn m entar la producción agrícola, particularm ente la del café, y la ganadei .1. en m om entos de una de las mejores bonanzas económ icas que había vivido Colom bia hasta entonces. I,a propuesta de reincorporación ciudadana, en la que se m ent id naba constantem ente el principio del “traliajo", liderada por Rojas Pinilla y dirigida a los antiguos núcleos guerrilleros en los años 1953 y 1954. si debe in terpretar de acuerdo con el contexto internacional que favoiv cía a la econom ía colombiana. El líder del partido liberal, Carlos Lleras Restrepo, coincidía con el argum ento central de la reincorporación en m om entos en que el café se cotizaba en Nueva York a 4 centavos di dólar la libra y el campesino caldense vendía la arroba de café pergami 110 a 30 pesos, convirtiéndose en los más altos precios del grano en mi historia. Para este líder político, las Fuerzas Armadas colocadas transito riam ente en la dirección de los destinos públicos del país, junto a todos los colombianos, ...debían detenerse a examinar este panorama y a decidir si resuelv» n aprovechar hasta el máximo las posibilidades que él ofrece o si prefiní n contentarse con resultados mediocres, con lo que buenamente rayan dandi. el esfuerzo rutinario, la actividad desarticulada y la improvisación. Dclx-u pensar si desaprovechan esla hora excepcional en que todo nos imita .1 trabajar para el logro de grandes objetivos [...] Por otro lado hay una innu nvi tarea que realizar en el orden institucional y político, la de restaurarla vid.i democrática, las libertades públicas y la convivencia ciudadana. Cuando m medita sobre la magnitud de estas dos grandes empresas, una política * otra económica y social, se comprende fácilmente que 110 nos hallamos de al 7a en su valor adquisitivo; véase: Alvaro Tirado Mejía. “El gob iern o de I .ni ira no G óm ez, d e la dictadura civil a la dictadura militar", en Nueva ¡¡istmia de Colom­ bia, leiino II, op. ri¿, p. 93)

122

Democracia en tiemfms de crisis

Al finalizar 1953, en una entrevista facilitada a la Revista Semana v reproducida por el diario El Tiemfx), el presidente Rojas Pinilla realizó un balance positivo de su gestión, destacando com o puntos fuertes «I proceso de pacificación, la recuperación y presencia del Estado en zo­ nas en las que se había ausentado o no había existido, y la necesidad riid., p. 17.

126

Democracia en liemfws de crisis

F,n el segundo semestre de 1954, en desarrollo del proceso de incluí to y amnistía, los casos más relevantes que se ejecutaron por el Tribunal Militar y que se m encionaron Fueron los del viernes 1tí de julio, é m u ­ los que se concedió la gracia a 626 personas. Se nom braron ...el caso de Rclálcazar que cohija a 37 ciudadanos en hechos ocurridos el 9 de febrero de 1953; el caso de (i6 condenados por el Consejo de Guen a por los sucesos de Chaparral ocurridos en 1950, donde se presentaron incendios y homicidios; otro proceso que cobijó a 125 personas por los casos ocurridos en Antioquia, el de Cattcacia (95 personas) y San Cayetano (30 personas); el caso de 48 ciudadanos por los hechos ocurridos en Camiei i de Bolívar.'"7

Acom pañados de estos prim eros indultos, se presentó en la tercera semana de ju lio un núm ero im portante de peticiones de amnistías da das desde las cárceles. F,1 dom ingo 25 de julio se contabilizaron “!()(> peticiones, com prom etiéndose el gobierno a darles curso lo más pro ti­ lo posible de acuerdo con los decretos 1823 y 2062 los cuales contenían el indulto y la amnistía para civiles"1*'. Pero no a todas las peticiones di­ am nistía e indulto se les dio luz verde. El caso más sonado fue el de l o s “fusilamientos de San Vicente en los que estaban com prom etidos 7f> procesos a los que se les negó la gracia concedida, por su atrocidad por no ser hechos políticos”"*9. El último suceso que llamó la atención por su m agnitud, fue el de 800 procesados en los Llanos orientales, a los que se les concedió la am nistía el jueves 23 de septiem bre tle 1954. Se trató de 35 procesos acum ulados por m uerte de soldados y policías en hechos de armas v enfrentam ientos. Con esta m edida, el gobierno dio a conocer “que pa­ san de mil los favorecidos por las providencias”1*"'. Se debe anotar que, de los favorecidos con la amnistía que se presentaron entre 1949 y 1953. en los casos de la violencia en los Llanos orientales, sólo 17 procesarlos se encontraban presos, a los cuales se les concedió la gracia de la amnis­ tía. “I.as acciones por las que estaban siendo procesados se presentaron en los m unicipios de Monterrey, en Barranca de LJpía, Maní y otros pun­ tos del Meta, Gasanare y Vichada”11". 1,7 El Tiempo, I (i de ju lio d e 1954.

'** FJ Tiempo, 25 d e ju lio d e 1954. IWEl Tiempo, 3 de septiem bre d e 1954. iw p i tiempo, 24 de septiem bre de 1954. Ihirl.

Campesinado, violen ñ a y ciudadanía, 1949-1957

127

En el ámhito político, durante 1954, el proceso de amnistía e indul­ to del general Rojas Pinilla, intentó antes que nada legitimar su régi­ men nacional e intem acionalm ente, dando una imagen de intervención y de arbitraje a su accionar entre los diferentes sectores en pugna. Este proceso de indulto y amnistía representó un acuerdo de tres de los sec­ tores más tradicionales de la sociedad colombiana: “los paitidos políti­ cos”, “los militares” y la “Iglesia católica”, tríada que representaba las fichas clave del poder en ese m om ento. INTRANSIGENCIA ROJASPINILLISTA No obstante, el éxito que en su m om ento tuvo el anterior proceso de amnistía, el general Rojas Pinilla excluyó del acuerdo a cualquier fuerza opositora o expresión de diferencia en lo político y lo religioso, como el Partido Comunista y el protestantismo. En este sentido, el ge­ neral, al retom ar como base la intransigencia política de su antecesor, se convirtió en un personaje efím ero en la vida política del país. Precisa­ mente, para los días de cierre del proceso de amnistía, la Asamblea Cons­ titucional declaró al comunismo por fuera del proyecto ciudadano que Rojas intentaba establecer para los colombianos. El texto final fue dado a conocer el 8 de septiem bre por el diario El Tiempcr. Art. 1, Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición. Art. 2. Este acto rige desde sil sanción.,w Para Eduardo Pizarro, “esta declaración de ¡legalización sería sólo el preám bulo de una agresión masiva contra las regiones agrarias de in­ fluencia com unista"lw. Sin em bargo, en un plano más amplio, con esta actitud se quería reforzar el proyecto ciudadano de los años cincuenta establecido po r las élites, pues, de m anera im plícita, forzaba al hecho de que para poder acogerse a la amnistía, el alzado en arm as debía adherirse previamente a la clientela de uno de los dos partidos tradicio­ nales, y declararse católico, respetuoso de la fe cristiana y del orden institucional.

™ El Tiempo. 8 de septiem bre de 1954. '** Eduardo Pizarro l^eongóm ez. Las FARC, de la autodefensa, op. cil., p. 105.

128

Democracia en tiempos de crisis

Dichos procesos de indulto y amnistía fueron dirigidos a una mu chedum bre iletrada y excluida de todo tipo de derechos. Esta situación le garantizó a la triada en el pinler un éxito coyuntural, pues la resisten cia cam pesina cesaría en ese m om ento para nuevam ente resurgir cu 1955. I.a masacre de estudiantes por parte del Ejército, ocurrida e m ir el 8 y 9 de junio de 1954, en Bogotá, constituyó un acontecim iento qmluego sería acom pañado fie la Tallida prim era intención por conformai el “rqjaspinillismo”, aglutinado en el Movimiento de Acción Nacional, (MAN), en enero de 1955,W; estos sucesos se convertirían en la muesiia de la espuela dictatorial del gobierno militar d e Rojas Pinilla. A los prim eros cam pesinos desmovilizados p o r la obra pacificado ra de Rojas, en 1953 y 1954, se les reconoció el estatus de guerrilleros, no sólo en los discursos de desmovilización por parte del general Duai ir Rlum, “guerrilleros, buenos días”1*1, sino p o r parte del gobierno n.i cional, que en cabeza del general Rojas Pinilla dio un trato a dicha íiimi b o rd in a c ió n cam p esin a en térm in o s políticos m ed ian te m edidas conciliatorias. En este proceso, a los campesinos que respondieron al llam ado de desmovilización se les reconoció la calidad de “rebeldes com batientes”, figura que se utilizó com o un recurso tul hoc dentro drl m arco de las negociaciones de paz. para sacar adelante los decretos dr indulto y am nistía d e carácter amplio, que cobijaron a todos los alzados en armas. '■MCésar A ugusto Avala M ago, Resistencia T oposición ni establecimiento del fíenle Ami­ na!. ¡jns orígenes de la A lianza Nacional Popular (ANAfX)). (.olnmliin 1951-1964. Dogma C olciencias 1996 (p r im er ca p ítu lo ). F.l Rqjaspinillismo tu vosú origen e n e n era rle I9 V, ru an d o el G eneral Rojas Pinilla a n u n ció que durante su g o b ie rn o no levantaría el Ki.i d o d e Silio. F.sias afirm aciones produjeron m alestar e n el se n o de colectividades polín ras tradicionales. Un colu m nista de El Tiempo llam ó a form ar un “Frente dcitux l álii . 185José Vásquez Santos, Guerrilletvs, buenos rfias. Novela social d e la violencia. Rogol.i Editorial ARGRA. 1954. p. 181.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

129

La am plitud de este proceso de amnistía la recuerda el profesor Eduardo Umaña Luna, de m anera positiva, pues los decretos de Rojas cobijaron la gran mayoría de expresiones arm adas que se presentaron durante el prim er período de la Violencia. Lo particular del indulto y la amnistía de este período fue que cobijó el ataque al gobierno, la extralimitación en su defensa y hasta los hechos de sectarismo político: F.l decreto 1823 de 1953 y el decreto 2062 de 1954, son dos decretos que contienen la amnistía para los civiles. Por ejemplo, este decreto (el 2062), tiene una cosa nuiy importante, que es el concepto de delito político que se les da a los efectos de la amnistía. Los que hicieron el decreto no se atienen al concepto clásico de delito político que es la rebelión, la sedición, la asonada y el común denominador, la conspiración, según lo dice el Código Penal. No, ellos van más lejos, ellos ven que esas figuras políticas no son suficientes para poner paz en el país [...] Los decretos cobijaron “primero: el ataque al gobierno (como las guerrillas) o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo a la adhesión al Estado (lo que ahora llaman los grupos paramilitares) o por aversión o sectarismo político. No se necesita ni que hubiera ataque al gobierno, porque cuando se dice por aversión o sectarismo político, es el caso, por ejemplo, de un hom bre liberal que dice “maté a ese por conservador".1'"’

No obstante los efectos pacificadores del proceso de am nistía e in­ dulto, debido a su am plitud en cuanto a sus contenidos jurídicos, los ejes de la discursiva intransigente en el escenario político im pidieron la realización de una ciudadanía amplia y m oderna para los años cincuen­ ta. l a recrim inación dirigida a los “comunistas" y “protestantes", y gene­ ralizada a los opositores políticos del g obierno rojaspinillista, fue trasladada al escenario rural, declarando de nuevo la guerra a regiones Identificadas como opositoras a su proyecto de sociedad de tendencia conservadora, basado en “el orden", “la fe cristiana" y “el trabajo”. No en vano el gobierno declaró de nuevo una guerra a la región del Sumapaz, a comienzos de 1955, tildando a los campesinos de “comunis­ tas” y “protestantes”, además de “bandoleros”, lo que repercutió de in m o diaio con el reinicio de la violencia en la región andina y en una lógica de resistencia campesina, que trascendió inm ediatam ente en el resto del ln* Arturo A lape, L a paz, la violencia: testigos de excepción, B ogotá, Editorial Planeta, l!IH.r>, p. 169. En la entrevista q u e realizó Alape a Eduardo Utnaña Luna, éste m anifestó qur la am plitud del decreto fue tan increíble q u e se am nistiaron más d e veinte mil personas.

130

Democracia en tiempos de crisis

país1**7. Rojas Pinilla declaró una nneva guerra en el escenario rural cu m om entos en que se comenzaba a ambiental' un golpe en su contra. BANDOLERIZACIÓN Y VIGENCIA DE IA LUCHA CAMPESINA La nueva persecución al cam pesinado que no se desmovilizó en el proceso de am nistía y la m anera com o el gobierno em pezó a referirse a las regiones rurales “opositoras" al proyecto rqjista del gobierno com prueban la relación asim étrica que existía entre el gobierno y el alzado en armas. En térm inos jurídicos y políticos, el guerrillero que no s« desmovilizó bajo los principios de la propuesta ciudadana de los años cincuenta, recibía, adem ás tle los apelativos de com unista y protestante, el de “bandolero”, palabra que, en el sentido peyorativo, no le recomí cía al alzado en arm as estatus político ni la calidad de rebeldía, exclu yéndolo de posibles amnistías. Para finales de 1954, los alzados en arm as que quedaron p o r fuera del proceso de reconciliación nacional de Rojas fueron declarados abiei lam ente com o bandoleros. M uestra de ello fue la afirmación hecha poi el m inistro Cuéllar, el m artes 14 de noviem bre de 1954: El sábado pasado, en Ataco, región de Similco, a tres horas del ptiesi« ■ m ilitar de Copilicua, fue atacado el ejercito, que se encontraba realizand< • una exploración alrededor de esa zona, por una banda de forajidos compuesta por diez hombres. lx»S bandoleros iban armados con escopetas calibre 22 y bombas. En el ataque mataron a un soldado de la tropa, y en el contra-ataque el Ejército mató a 3 bandoleros, pero ninguno de ellos pudo ser identificado, cuyo objetivo no es otro que el robo de las haciendas Nosotros no indagamos sobre la Filiación política de los bandoleros. Es« es bandolerism o puro y no puede tener otro nom bre, hay que mírailos com o bandoleros y com o tales se deben tratar. I!*“

En térm inos judiciales, el bandolero perdía todo derecho político, es decir, pasaba a ser tratado com o un delincuente com ún. No se l< reconocía filiación política e ideológica o un program a m oderno d«

La difícil situación qu e c o m en zó a afrontar el país en e se a ñ o, se reflejó en l.i ten d en cia en la elevación d el nú m ero d e m uertes causadas por la violencia. Según l.i estadísticas consultadas por Paul O qtlist, d e 9 0 0 m uertes q u e se presentaron e n 195 I. si pasó e n 1 9 5 5 a 1.013 y n i 1956 se llegó a 11.136, llegan d o a un to p e sim ila r a prim ipios d e los años cin cu en ta. Paul O quist. Violencia, conflicto v /mlitica. op. cil., p. 18. I'*1 El Tiempo, 14 de n oviem bre d e 1954.

Campesinado, violencia y ciudadanía, 1949-1957

131

lucha. En térm inos sociales, para Eric Hobsbawm, este fenóm eno (el bandolerism o) es visto com o una protesta cam pesina que responde a los valores locales de las sociedades rurales y que se antepone a los del Estado en m om entos de grandes cambios estructurales. El bandoleris­ mo es visto com o “una protesta endém ica del cam pesino que busca po­ cas ambiciones [...], un m undo tradicional en el que los hom bres reciban un trato de justicia, no un m undo nuevo y con vicios de perfección”1*". El bandolerismo, como respuesta social del campesinado, tiene unas carac­ terísticas, para Hobsbawm, algo peyorativas: prepolíticas, prem odem as, primitivas y prccapitalistas, debido a que “su fuerza se encontraba en proporción inversa a los movimientos revolucionarios agrarios organi­ zados bajo la égida del socialismo o el com unism o”2'"'. N o obstante la im portancia de los d e rro te ro s establecidos p o r Hobsbawn, no podríam os interpretar de m anera concreta lo ocurrido en el caso colom biano, pues, com o lo anotó Gonzalo Sánchez, para la segunda m itad de los años cincuenta y por lo m enos hasta 1965, nuestra nación vivió un fenóm eno de “bandolerism o político”201. Este fenóm eno se in terp reta, de tal m anera, p o r razones particula­ res de nuestra historia, en la que los partidos políticos tradicionales desem peñaron un papel hegem ónico en el escenario rural, desde me­ diados del siglo XIX, po r lo menos, hasta m ediados del siglo XX. La razones de la movilización campesina anárquica y desorganizada fue­ ron políticas, no sólo po r el trato dado por parte del Estado hacia el campesinado, antes y después de la amnistía, sino p o r la filiación políti­ ca de las cuadrillas bandoleras que m antuvieron su presencia en los de­ partam entos del Valle, Q uindío, Caldas y Tolima, después de las medidas de amnistía del gobierno de Rojas. De tal m anera, casos com o el colom biano, sirven para evaluar algu­ nos elem entos del clásico trabajo de Hobsbawn, debido a que “se debe­ ría rechazar la dicotom ía primitivo/moderno que planteó (en la década

Eric H obsbawm , R rM dnprim itivos, op. ciL, p. 15. Este fe n ó m e n o p r e m o d e m o d e |Molesta social, se incrusta en el p eríod o com p ren d id o en tre los siglos XVIII al X X , en lo» que las socied ad es rurales tuvieron que afrontar cam bios que afectaron d esd e sus irlarion cs cotidianas, hasta aspectos estructurales, co m o la su bordinación cam po-ciull.nl. m Ibid., p.42. *' (lotízalo Sánchez y D on ny M eertens, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la \'inleiicia en Colombia, B ogotá, El Ancora Editores, 1992, p. 25.

132

Democracia en tiempos de crisis

de los sesenta), com o un elem ento fundam ental en su argumentación, y que aun hoy com parten muchos historiadores sociales. Y ello porque refleja un esquem a evolutivo de carácter lineal, tanto en el ám bito riel desarrollo rie las sociedades, según hem os criticado, com o en el terre­ n o del desarrollo de la conciencia de clase. Con la clasificación entiende que la lucha contra el comunismo no requiere la eliminarion física de los comunistas, ni justifica la aplicac ión de tratamientos que im estén autorizados por leyes y admitidos por principios de la civilización cristiana.*01'

Producto de la posición crítica del liberalismo y del diario E l Tiem po. órgano informativo al que se le apresaron varios corresponsales que lúe

L,“" C ésar A u gu sto Ayala. Resistencia v oposición ni establecimiento riel Fíente Xaritmnl op. cit., p. 38. n*> ¡ jemjm 2 núm ero de afiliados de pésima clase y condición [...]F,n desarrollo de los operativos militares sin ninguna excepción, en todos los puestos de comando que cayeron en poder de las tropas, se encontró junto a la abundante propaganda comunista copiosa divulgación protestante, lo cual significa sin lugar a dudas, que el comunismo internacional ha comprendido que para luchar con éxito en Colombia, es necesario rom per prim ero o destrtiii en cuanto sea posible, la unidad religiosa.*1*

En este mismo mensaje, frente a su polémica decisión de restringir la prensa y violar los derechos democráticos de inform ación, agregó que ésta era preferible, por enseñarlo así la caridad cristiana y aconse­ jarlo la salud de la República, pues no se perm itiría que la prensa mos­ trara los cadáveres para sacar adelante sus intereses políticos215. Luego, 211 Archivo fie Presidencia fie la República. Mensajes t Hiscursos He Gustavo Rojas Pinilln en rt año He /955. “F.l G obierno y la Iglesia.” Discurso p ronu nciado el 30 fie scp lieiiih ir d e 1955 en la sed e d e A cción Cultural Popular en la ciudad de Bogotá. ,,v Archivo de Presidencia d e la República. Mensajes y discursos He Gustavo Rajas 1‘iinllii en ei año de 1956. D iscurso d e in icio d e año, I fie e n e r o fie I9í>ti. "* IhiH.

Campesinado, violencia y ciudadanía, ¡949-1957

137

el 2 de m arzo de 1956, entraría en vigencia en el país el Decreto 0434, que estableció prisión de uno a cinco años o relegación a Colonia Agrí­ cola Penal por igual térm ino e interdicción de derechos y funciones públicas, a las personas que profesaran pensam iento comunista o se com prom etieran en actividades relacionadas con esta propuesta políti­ ca; dicho Decreto sería aplicado para quien: Art. 1. Tome parte de actividades políticas de índole comunista. Art. 2. Este delito no tendrá derecho a ninguna rebaja de pena. Art. 3. Comunista es quien figure, quien contribuya, quien ejecute, quien sea dirigente, quien redacte y quien exprese la decisión de ser comunistas.” 1 Los campesinos de la región del Sumapaz, ante las declaraciones de guerra por parte del gobierno, se convertirían en uno de los principales opositores del proyecto político de Rojas, que concebía, adem ás de un Estado autoritario, una ciudadanía reducida, 1.a ampliación por la de­ mocracia y la ciudadanía recayó, en buena m edida, en la lucha que en­ cabezarían los campesinos durante todo 1956, año recordado como uno de los más difíciles en cuanto a la persecución hecha a los campesinos del Sumapaz, vistos com o opositores políticos del régimen. La ¡legalización del com unism o y la persecución a los protestantes, se convirtieron en la prueba más fehaciente de la prem odernidad polí­ tica que vivió el país en los años cincuenta, lo que impidió desarrollar un verdadero proyecto ag lu tin ad o r para la nación. La g uerra del Sumapaz, acom pañada de la resistencia del campesinado del Tolima, fueron elem entos clave para presionar la caída de Rojas y la instaura­ ción del Frente Nacional, que trajo como prim era consecuencia un nuevo am biente pacificador en el país. En este sentido, el general Rojas, sin ser un ministro de la Iglesia, asumió el ejercicio de la Presidencia com o si lo fuera, pues, pese a con­ vertirse en un partero de la m odernización al propugnar, en ju n io de 1956, la consolidación de una tercera fuerza política que enfrentaría a las oligarquías bipartidistas para intentar m antenerse en el poder du314El Intermedio, 2 tle m a n o d e 1956. Este periód ico fue el q u e rem plazó «le m anera m om entánea al diario El Tiempo, m ientras que duró su cierre, producto de la d ecisión del gobiern o de Rojas Pinilla. En ElIntermedioexiste poca inform ación sobre la realidad |H>lítica nacional; su orientación fue ante tod o dar a con ocer las noticias de carácter internacional m ientras se levantaba el veto al diario capitalino en las jornadas de mayo d e 1957.

138

Democracia en tiempos de crisis

rante el período 1958-1962, es un personaje de tránsito, “m entalm ente atado a un fundam entalism o católico propio He los años de la guerra fría". “El General es producto consciente de una arraigada costum bre en la cultura política del país que consideraba natural la intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado y del devenir político”*1*. En la caída del general Rojas Pinilla, ocurrida el 10 de junio de 1957, se deben tener en cuenta al menos tres elementos que sumados desgas­ taron y colapsaron al gobierno militar de entonces. En prim er lugar, se encuentra el tem or de las élites de ser excluidas del poder por el gobier­ no militar; en efecto, Rojas Pinilla, convocó el 30 de abril de 1957, la conformación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (Anac), que como opción independiente a las élites bipartidistas acogería y avalaría la candidatura del general como supuesta expresión de un que­ rer popular de la nación; una segunda razón de la caída es el tipo de decisiones que en el ámbito de lo económico se iban a tomar, como la nacionalización del emisor y la nacionalización de todo tipo de mono­ polios; por último, la violencia potencialm cntc revolucionaria, que en el escenario rural no babía podido controlar el general. En este sentido y como prueba de que la resistencia campesina se mantuvo en uno de los m om entos más oscuros de la coyuntura y del escenario político nacional, el campesinado alzado en armas se pronun­ ciaría una vez. depuesto el dictador. El 30 de junio, las guerrillas comu­ nistas del Tolim a, q u ien es en u n a reu n ió n de jefe s guerrilleros, encabezados por el líder agrario, José A. Richard, conocido como el “Com andante Richard”, exigieron a la transitoria Junta Militar presidi­ da po r el general Andrés París, vías de comunicación en sus zonas .n Ayala in ició c o n siete m inistros liberales y c in co conservadores.

El estatus político de la guerrilla colombiana

151

ticamente se doblan. 2)Extensión imprecisa de la noción de subversión que permite castigar con un año de prisión a los que distribuyan propaganda subversiva, exhiban en lugares públicos textos o dibujos ultrajantes o sub­ versivos, que inciten a los ciudadanos a la revuelta o a desobedecer a las autoridades. 3) Atribución a las autoridades subalternas, militares y policiales, de la capacidad de fijar penas por estos delitos.” '2

A dicionalm ente, se le atribuyeron a las autoridades militares fun­ ciones de policía judicial. Es decir, fueron habilitadas para desarrollar la recolección de pruebas, la captura y la acusación del sospechoso, circunstancia en la cual el d etenido perdía todo tipo de garantías pro ­ cesales. Se debe anotar que las anteriores medidas, en vez de intim idar a los grupos guerrilleros, originaron más bien la propagación de acciones de rebeldía, lo que llevaría al agravamiento de la situación del orden públi­ co en los meses siguientes. A las dos semanas de haberse decretado el Estatuto, el ex m inistro de gobierno, Rafael Pardo Vuelvas, fue asesina­ do en su propia casa por el Movimiento de A utodefensa O brera (ADO). Luego, el 3 de enero de 1979, el grupo guerrillero M-19, entró en el escenario de lo m ilitar para confrontar al Estado. En esta fecha se cono­ ció la noticia del robo de 5.000 armas, por m edio de la excavación de un túnel en el cantón m ilitar de Usaquén, al norte de Bogotá. A unque a los pocos días las armas fueron recuperadas y un buen núm ero de líderes tic este grupo detenidos, el hecho hacía prever m om entos difíciles para el entonces presidente Turbay. Bajo el Estatuto de Seguridad, y como producto de esta acción del M-19, se produjeron en Bogotá y en el resto del país centenares de arres­ tos en 1979, seguidos de procesos judiciales y de sentencias masivas. En un sólo día, los tribunales militares, en su em peño por ganar tiem po, leyeron en form a com pleta las acusaciones yjuzgam ientos sim ultáneos a más de 300 personas'2” . El sistema dem ocrático se vio hondam ente afectado por el Estatuto de Seguridad. Los com andantes de brigada, los jueces militares y los tribunales penales militares, de m anera inapropiada, tuvieron la com­ petencia para el juzgam iento de civiles. Organizaciones internaciona-

TO Daniel Pécaul, Crónica d t dos décadas de fxdítica colombiana, 1968- 1988. B ogotá. Slgln XXI Editores, 1989, p. 320. m II,id., p. 341.

152

Democracia en tiempos de crisis

les, com o Amnistía Internacitonal.se pronunciaron a comienzos de 1980 de m anera enérgica, dando a conocer que “en Colombia por virtud del Estado de Sitio se desconocen los derechos hum anos e im pera la arbi­ trariedad a través de los arrestos masivos indiscrim inados y otros abusos, como arrestos arbitrarios, irregularidades en los procesos, torturas y aten­ tados contra el derecho a la defensa, entre otros”234. Frente a esta situa­ ción, u n o de los opositores del Estatuto de Seguridad, el ex canciller Alfredo Vásquez. Carrizosa, en un artículo de prensa afirmó: No hay otro ejemplo de una democracia donde los civiles sean juzgados por los militares dentro de un sistema que no tenga nada que ver con el poder judicial ordinario. El simple principio tutelar de la distinción separación de las ram as del poder im plica que no cabe adm itir l.i acumulación de funciones legislativas, ejecutivas yjtidiciales, en una misma ' autoridad. Amnistía Internacional, en el informe rendido al gobierno, señaló el dato espantable de que existen en Colombia aproximadamente “cincuenta formas de tortura", todas ellas calificadas dentro de tratos crueles, inlni manos y degradantes que definen las Naciones Unidas, Vale decir que llevamos en el m undo el campeonato de la imaginación en las variedades de las formas psicológicas y físicas de cansar dolor en los detenidos bajo el Estatuto de Seguridad.211'

La rienda suelta que el gobierno Turbay dio a los militares en el m anejo del orden público hizo reconocer este período administrativo com o el de una “dem ocracia restringida", en la que fueron coartarlos los derechos de opinión, asociación y participación política, y se origino la continua violación a los derechos hum anos. Además, se golpeó a las organizaciones sociales de base, sindicatos y m ovimientos como el estn t lian ti 1, que no podían pronunciarse en un am biente de orden público recrudecido. En efecto, en el gobierno de Julio César Turbay hizo crisis la deino cracia restringida que se había establecido durante el período del Fren

María d e los Á ngeles Bejarano y Miriam Prieto Sandoval, Cese ni fuego y el surgimim tndeln Unión patriótica. M onografía para optar el tirulo rio Licenciadas en Ciencias Si >7 indultos y amnisti.i com prueba la tradición jurídica de Colom bia. El C ongreso directam en te, e n 23 subversivos com o la principal causante d e la guerra.

El estatus político de la guerrilla colombiana

165

sino por el contrario, estimular este comienzo de democratización y para ello las guerrillas deben, a mi modo de ver, cumplir en lo que les corresponde.iRI Así, con las FARC, se desarrolló un proceso de diálogo basado en lo que se definió en su m om ento como el principio de la buena fe, no de­ jándose de superar, claro está, uno que otro bache que se presentó en el camino. El 25 de mayo de 1983 se produjo el prim er campanazo de alerta en el proceso de paz. O tto Morales Benítez renunció a la presi­ dencia de la Comisión, aduciendo que “al gobierno aún le falta una tarea exigente [...], com batir contra los enemigos de la paz y de la reha­ bilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno”4*5. En su reem plazo fue nom brado inm ediatam ente John Agudelo Ríos, con quien el proceso, un año más tarde, daría sus primeros frutos. Después de una serie de dilatadoras discusiones respecto a lo que se concebía como cese al fuego y tregua po r parte de las FARC-EP2M, se llegó por fin a la firma de los Acuerdos de Uribe en el departam ento del Meta, el 28 de m arzo de 1984. Estos acuerdos estarían acom pañados de una tregua que comenzaría a cumplirse dos meses después, el día 28 de mayo. El docum ento del Acuerdo de Uribe se convirtió en el más im por­ tante de este proceso, pues, además de com prom eterse las partes en un cese al fuego, se desautorizó el secuestro como política de financiación de guerra y se estableció una Comisión Verificadora para que las FARC iniciaran un proceso interno tendiente a la participación política legal dentro de los cánones institucionales. Pero, ante todo, en el punto 8 se definieron las principales dem andas concernientes a un nuevo tipo de democracia y de ciudadanía. Veamos los principales apartes del docu­ mento: 1. Las FARC ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 0;00 horas.

aftl Jacobo Arenas, Correspondencia s e o rla de! Proteso de P a z , Bogotá, Editorial La Abeja Negra. 1989, p.31. C arta enviada al Sexto F rente de las FARC, 18 d r mayo de 1983. M íb id ., p. 40. Carta d e O tto M orales Benitez al presidente d e la República, mayo 25 de 1983. “Estamos a un paso de la paz". E l C olo m b ian o , 30 de m arzo de 1984. pp. 1 y 3. Para las FARC, el cese al fuego tenía una condición transitoria y la tregua la form a de arm is­ ticio pleno.

Demorrada en tiempos de crisis

2. Las FARO condenarán y desautorizaran nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentado que son contra la liliertad y la dignidad humana. [-] 4. U na C om isión am plia y representativa, será encargada del ' cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en este Acuerdo, con la finalidad de consolidar el proceso de pacificación. t —3

6. Cuando a juicio de ta Comisión Nacional de Verificación hayan cesad» i los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera citun año para que los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. I I gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. 7. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la Ley 35 de 1982 y decretos complementarios, citando llenen las condiciones en ellas y ellos establecidos. 8. La Comisión de Paz da fe que el gobierno tiene una amplia volun­ tad de: a) P r o m o v e r l/t m o d e r n i z a c i ó n d e la s in s tit u c io n e s políticas dirigida a enriquecer la vida democrática de la nación, e insistir ante las cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, garantías a la oposición, elección p o p u l a r d e a lc a ld e s , reforma electoral, acceso de fuerzas políticas a los medios de información, control político de la actividad estatal, mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del Kstado y a procurar la cons tame elevación de la moral pública; b) Impulsar rigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria;

c) Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios rain pesinos y de indígenas, las asociaciones cooperativas y sindicales en favm de todos los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organizaciones políticas. 9. La Comisión de Paz estima que los enunciados anteriores representan un notable mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción políti» a y electoral y reitera su invitación a los sectores comprometidos en acciones disturbadoras del orden público, a que se acojan a la normalidad y apliquen sus talentos y prestigio a la conquista de la opinión pública por procedí miemos democráticos y pacíficos.

El estatus político de la guerrilla colombiana

167

10. El presente acuerdo será válido respecto de cualquier otro grupo alzado en armas que exprese su decisión de acogerse a él, previa mani­ festación de lal voluntad hecha al gobierno por intermedio de la Comisión de Paz.2M En el punto 8, a nuestro parecer el más im portante, el Actierdo pre­ tendió, ante todo, ampliar la democracia, a la vez que establecer un nuevo tipo de relaciones sociales entre la ciudadanía y el Estado, basa­ das en la participación a través de mecanismos políticos, como la vota­ ción directa para la elección popular de alcaldes y el ejercicio del poder local. Para llegar a este objetivo, como lo planteó el Acuerdo, se busca­ ría m odernizar y enriquecer la vida democrática, tram itando una refor­ ma política que garantizara la oposición en Colombia, que permitiera desarrollar la elección popular de alcaldes y una reforma electoral, ju n to al acceso de las terceras fuerzas a los medios de información. También, producto de este Acuerdo, se trató de prom over las formas de organi­ zación cam pesina, indígena, com unal y sindical, con el objetivo de que participaran directam ente en el diagnóstico y solución de sus pro­ blemas. Los puntos centrales de los Acuerdos de Uribe (Meta), al igual que las dem andas de las guerrillas campesinas de los años cincuenta, des­ bordaron las reivindicaciones que se podían hacer en la democracia formal de aquellos años. Fue este tipo de relación y acuerdos, dados entre el Estado y un actor armado, los que determ inaron y dinam itaron una serie de reformas y garantías que tenían que ver con la posibilidad de establecer una nueva democracia. El problem a de los años ochenta, en ejercicio de esta m anera particular de ciudadanía informal, toca ante todo el problem a de los derechos políticos, mas no los económicos y sociales. Una ciudadanía política que no había sido garantizada de ma­ nera clara por el Estado colombiano, desde mediados del siglo XX, era el trasfondo discusión en los años siguientes a este acuerdo. De igual modo, los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC en su m om ento se convierten en uno de los fundam entos de la paz, ligando la evolución del orden público de la tramitación violenta de los conflictos políticos, a la implementación de un amplio conjunto de trans­ formaciones estructurales del proceso político colombiano. Por lo de­ más, para Ricardo Santamaría y Gabriel Silva, al dem andarse en los “ ‘Jaco b o Arenas, O s e n i fuego , o p . c it., p. 63. Cursivas mías.

168

Democracia en tiempos de crisis

Acuerdos de Uribe (Meta) la modernización de las instituciones políticas, dirigidas a enriquecer la vida democrática, el proceso reformista, desde esc m om ento “no quedó en manos exclusivamente de los sectores políticos institucionalizados sino de las Inervas beligerantes con el sistema, que aparecen entonces, por gracia de los acuerdos y del diálogo nacional, como los abanderados del proceso de t r a n s f o r m a n ó n . Firmados los Acuerdos de Uribe (M eta), las críticas no se hicieron esperar. Una de las más duras fue la del ex presidente ('.arlos Lleras Restrepo, para quien el docum ento firmado entre el gobierno y la gu«' rrilla de las FARC en el departam ento del Meta, despertó en el país tanto esperanzas como serias preocupaciones, pues en ninguna parte se plan teó la entrega de armas y la desmovilización, principal objetivo de un proceso de negociación. A la vez, observó, de m anera muy ambigua, los térm inos de la reforma política, como el tiempo que las FARC-F.P eni p lea ría n p ara su tran sfo rm ació n y particip ació n en la legalidad institucional’1*. Además de esta crítica, que representaba la posición de gran parir de la clase política tradicional, se sumaría un distanciam iento del M -l'1 y el F.PL, que 110 aceptaron dicho pacto, pues había sido firmado m m edio de una situación de estado de sitio, lo cual entorpecía, según ellos, las negociaciones para llegar a un acuerdo de tipo multilateral con las fuerzas revolucionarias del país. El M-19 y el FPL manifestaron que el acuerdo de las FARC’ era lesivo para el movimiento guerrillero en general, pues en él se condenaba el secuestro com o política de finam ia ción de la lucha arm ada*7. Para esos días, tanto el M-19 com o el l- PI solicitaron que se desarrollara un acuerdo directo cotí ellos para conv car a un diálogo nacional donde tuviera participación directa la so< ir dad-"*. Pese a estas críticas y a estos distanciamientos, el 28 de mayo es i< cordado por los colombianos como un día cívico decretado por el g«' bienio nacional en el que 10.000 palomas fueron lanzadas al aire en l.t Plaza de Bolívar de Bogotá, en homenaje a la paz; se pintaron palomas *** Ricardo Santam aría y Gabriel Silva Lujan, Pmcesopolítico en Colombia, op. cil.. |> ••“* ** “Análisis de C arlos Lleras al plan de paz", FJ Espectador. 8 «le abril «le 19B-I. p|< 1 y 8 A. s»*“M-19 y EPL no aceptan fiarlo del 2H «le mayo", l.n IJherlad, 20 «Ir mayo «Ir l‘*NI pp. I y 10. sen “A cuerdo directo d e paz piden M-19 y F.IM.’ , El llnnldn. 27 «le mayo «le 1981. |> •

F.l estatus político de la guerrilla colombiana

169

en las callcs y en los andenes de las casas, viviéndose una especie de jolgorio nacional. Finalmente, se firmó la tregua con las FARC, la pri­ mera pactada entre una guerrilla comunista y el gobierno. En esta misma coyuntura, en el pleno del Estado Mayor Central de las FARC, celebrado en mayo de 1984, nació la idea de crear la Unión Patriótica, UP, como aporte directo a la apertura demotrálica por parte de la izquierda arm ada en su proceso de transformación; su futuro diri­ gente, Braulio H errera, así lo dio a conocer: Hicimos un análisis de las perspectivas en el proceso que se avecinaba y vimos cómo se reportaba un ascenso de la lucha popular y democrática, cómo la lucha por la paz se había convertido en preocupación central del país, cómo la bandera de la paz estaba en el centro de la discusión, del debate y de la confrontación política. La Unión Patriótica surge de esa reunión con la firma de los Acuerdos de la Uribe. La UP no se definió como el partido de las FARC. Las FARC son la plataforma de lanzamiento de un movimiento político de convergencia democrática. En la Plataforma de lucha de la UP [...], se plantean cambios y reformas que caben perfectamente en una democracia burguesa representativa.5159

Se inició así un nuevo y duro recorrido en el camino hacia la amplia­ ción de la democracia colombiana, en térm inos de una transformación formal al ejercicio del derecho al volo, la participación y la representa­ ción, proceso en el que la izquierda política haría un gran aporte. En desarrollo de este mismo proceso, el 20 de julio de 1984 el Estado Ma­ yor Central de las FARC envió una carta a la plenaria de la Comisión Nacional de Verificación de Cese al Fuego, Tregua y Paz, que, en líneas gene­ rales, se convirtió en el diseño de la plataforma con la cual las FARC buscarían convertirse en un movimiento político nacional. Dicha plataforma fue un pronunciam iento contra el sistema políti­ co vigente en ese m om ento, basado en la Constitución de 1886. En uno de sus apartes, el docum ento dio a conocer que la Unión Patriótica (UP), lucharía “por la reforma de la Constitución de 1886 en considera­ ción de que en 100 años la vida de la nación ha cambiado fundam ental­ mente. Colombia ya no es el país de 1886. Tenemos que atem perarnos a lo nuevo en la vida de la sociedad. Colombia necesita una constitución m oderna y dem ocrática”27''. ** Olga Behar. I.a s guerras p o r la p a z , op. cit., p. 384. ""Jaco b o Arenas. (Irse a l fu e g n , o p . c i t , p. 13.

170

Democracia en tiempos de crisis

l¿i U nión Patriótica nació así como producto p o l í t i c o de los acuer­ dos de paz con las FARC. F.ste proyecto p o l í t i c o se consolidó como vehícu­ lo que perm itiría el gradual paso de los insurgentes a la acción p o l í t i c a legal, cuyo proceso se inició con u n carácter m ultipartidista, aunque liderado por la izquierda. En la UP, como dice su manifiesto original, “caben liberales, conservadores, comunistas y gentes sin partido. Caben obreros, campesinos, intelectuales y en general toda la gente C o l o m b i a na q ue quiera los cambios”’171. La UP realizó en agosto de 1985 su prim era convención nacional v luego, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del mismo año, des.i rrolló el Prim er Congreso Constitutivo Nacional. En este acto se presen tó como un frente amplio, interesado en impulsar el proceso de aperim.i dem ocrática. En varios apartes íle los veinte puntos de su plataforma política se destacaron los siguientes planteam ientos: El le v a n ta m ie n to in m e d ia to d e l e s ta d o d e sitio y el re s p e to a los d e re c h o s h u m a n o s . Se b u s c a u n a r e f o r m a p o lític a e n d ir e c c ió n a d c s in o n ta t ■I m o n o p o lio d o la o p in ió n e je rc id a p o r los p a rtid o s tra d ic io n a le s p a ra ahí ii l.i p a rtic ip a c ió n d e las m ay o rías n a c io n a le s a través d e u n a re f o rm a electo i.il d e m o c rá tic a , l a elección p o f i n l a r d e a lc a ld e s, la e lim in a c ió n riel p a rá g ra fo rrespor\denria secreta, np. c il., p. 249. m Las elecciones parlam entarias de marzo de 1986 se convirtieron en el prinu-i ejercicio político de la UP. logrando una representación im portante en el Congreso: un senador y 11 representantes a la Cámara, im portante representación en las asambleas departam entales V los consejos municipales. Posteriorm ente, su candidato a la presi dencia en el mismo año, Jaim e Pardo Leal, obtendría una votación de 328.752 volm Luego, en diciem bre de 1990, la Alianza Democrática M-19, junto a oíros sectores íih Ir pendientes, obtendrían el 30 % de dom inio sobre la Asamblea Nacional Constituyeme ^ J a im e Castro, Elección /m p u ln i de nlrnlrles. np. c il.. p. 39

El estatus político de la guerrilla colombiana

173

reconocida por el gobierno en abril de 1987, se reagniparon los sindi­ catos independientes, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), influenciada por el partido comunista, y la mayoría de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), confederaciones cercanas a los parti­ dos tradicionales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), desde el m om ento en que se originó, reivindicó tres objetivos fundamentales: “la defensa del pueblo colombiano, concebida como la lucha contra la deuda externa; la defensa de los derechos de tos trabajadores; y la de­ fensa de la vida contra la violencia, el terrorismo y la guerra sucia”280. Este proceso de unidad política, visto como una forma diferente de participación y opinión que quiso desarrollar la izquierda colombiana de los sectores que convergieron en la UP y en la misma CUT, con el objeto de ampliar la democracia, no fue com prendido por los colom­ bianos. Así lo demuestra el hecho de que en la búsqueda de la amplia­ ción de la democracia y la ciudadanía política, como esbozo de un nueva forma de participación, la UP ha puesto la cuota más alta de víctimas. Para fines de 1986, la UP ya había visto m orir a 300 de sus militantes, entre los cuales figuraba un senador, un representante, un diputado, veinte concejales y una serie de dirigentes prestigiosos de la vida políti­ ca local y municipal. Luego, en la elección popular de alcaldes de 1988, vista como el prim er term óm etro de participación política directa de los colombianos, la UP ya había perdido a su máximo dirigente, Jaime Pardo Leal, ju n to a dos senadores, dos representante a la Cámara, cinco diputados, 45 concejales, cuatro alcaldes municipales y 500 militantes y dirigentes*'81. Frente a este experim ento fallido, de legalizar la izquierda colombiana por medio de un proceso electoral, continuado m ediante el ejercicio del voto y la participación en el poder local, el sociólogo Alfredo Molano anotó: Para aclimatar el tránsito se creó la Unión Patriótica; la estrategia consistía en legalizar progresivamente el poder político de la insurrección transformándolo en poder político de oposición civil [...] No fue posible. La Unión Patriótica fue asesinada de oficio. Caían los alcaldes, los concejales,

■*" Entrevista a jo rg e Carrillo, “La CUT en tre el sindicalismo y la política", en A n á lis is No. 1, Bogotá, mayo-agosto de 1987, p. 91. *" “Prim era elección p opular de alcaldes: expectativas y frustraciones", en Revista A n á lis is Político, No. 4. Bogotá, mayo-agosto d e 1988, p. 68. Político,

174

Demonnrin en tiempos de crisis

los cuadros, los simpatizantes, acusados de ser colaboradores o miembros a< in>* de la guerrilla. A medida que la UP avanzaba electoralmenle, los políticos dr provincia se convertían en sus enemigos declarados; los narcos que habían comprado las tierras del pie de monte entendieron que también su enemigc > . i< p. 153). Wl Jacnbo Arenas. Eaz, amigos y nictoiff's, lio^otá, Kdilorial Abeja Negra, IWtlI, |i

El estatus político de la guerrilla colombiana

179

ción con el gobierno. Al no iniciarse la política de paz con ellos, sino con las FARC, en marzo de 1984 tomaron a Florencia, capital de departam en­ to del Caquetá, acto que fue calificado como parte de su desesperación y ambigüedad política por no ser los actores centrales en la política de paz. Para varios analistas, desde un inicio el M-19 hirió de m uerte la política de paz y amnistía de Betancur, ya que, después de dicha toma, el discurso militarista se afianzaría más dentro del proceso de diálogo* 1. Ante esta situación, no fue el M-19 sino el EPL el que dio un golpe de opinión para em pezar el diálogo con los demás grupos guerrilleros. El 29 de marzo de 1984, m ediante una rueda de prensa, el país sabría de la presencia del licenciado en filosofía Oscar William Calvo, quien, con otro vocero “político-militar” que no quiso dar su nom bre, manifestó abiertam ente que el EPL representaba el brazo arm ado del Partido Comunista Marxista Leninista, del cual ellos hacían parte292. El motivo de la rueda de prensa dada en la ciudad de Mcdellín por parte de una de las guerrillas que la opinión pública concebía como de las más ortodoxas en lo ideológico hasta ese m om ento, era iniciar los contactos de paz con el gobierno, pero ante todo con la Comisión Na­ cional de Paz, presidida po r John Agudelo Ríos. Oscar William Calvo, a la vez que hizo un llamado para una tregua multilateral de todas las guerrillas operantes en el país, dio a conocer que el EPL era una organi­ zación que tenía un carácter nacional con capacidad de upo militar y que, al tener una disposición de diálogo para acordar una tregua, no obedecía en ningún m om ento a una situación de debilitam iento, sino que era el inicio para allanar un debate político para un diálogo nacio­ nal que perm itiera definir una real apertura política en la vida colom­ biana2®'. Sin duda, en las posiciones del M-19 y del EPL había un acercamien­ to m utuo para dialogar con el gobierno. Ambas organizaciones apuntaS"1 E nrique Santos C.. L a g u e rra p o r la p a z , op. c tt., “Después d e Florencia", marzo 18 de 1984, p. 131 8113 Olga Behar. L a s g u e rras He la p a z , op. c it., p. 365. Ó scar William Calvo, dirigente político del EPL, en su entrevista d io a conocer que en 1979 se hizo una balance del EPL. según él, de “nuestra historia nuestras realizaciones y nuestros fracasos, y en abril de 1980 se tom a la decisión d e ser un partido y una organización guerrillera populares. Kii 1980, el XI Congreso del PCC-ML significa el rom pim iento con las posiciones maoístas, y el rom pim iento frente al papel de la guerrilla en el proceso revolucionario, la cual no drb fa ser su único determ inante. «jj, jreglla debe Se r con toda la guerrilla", F J M u n H a , 29 de marzo 1984, p. I.

180

Democracia en tiempos d* crisis

han a un cese m ultilateral del fuego, una amnistía amplia, el levanta­ m iento del estado de sitio, la atención a la situación de derechos hum a nos, deteriorada desde el gobierno Turbay, y la convocatoria a un diálogo nacional. Los acercam ientos «le abril continuaron de m anera positiva entre estos dos grupos y el gobierno, Ó scar William Calvo señaló que el gobierno nacional había dado un paso im portante al reconocer a los movimientos guerrilleros como fuer­ zas beligerantes, y a la vez anunció que el M-19 y el KPl.se reunirían con la Comisión de Paz para discutir aspectos relacionados con el cese al fue­ go, en el marco del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC*4. En efecto, el acercam iento y acuerdo e n tre los dos grupos era algo dado p o r hecho. Así, en los prim eros días de abril, presentaron una propuesta conjunta para buscar los m ecanism os tendientes a estable­ cer un cese al fuego que perm itiera pasar a un diálogo nacional, donde se discutieran las m edidas que condujeran a u n a real apertura dem o­ crática495. En esta instancia, es necesario reconocer que el proceso de diálogo con el M-19 y el EPL, tom ó fuerza por el avance al que habían l l e g a d o los Acuerdos de Uribe (Meta), entre el gobierno y las FARC, firmarlos en m arzo de 1984. Estos Acuerdos, de m anera indirecta, avalaron el diálogo nacional, pese a que las FARC, en uno de los puntos, desaprobó el secuestro como un m ecanism o para financiar la guerra. Oscar William Calvo, dirigente del EPL, fue uno de los prim eros guerrilleros en pronunciarse en favor de una reforma constitucional . 3-A. 504 “Paz con M-19 y EPL se firm a el 12 d e agosto", E l T ie m p o , 24 d e ju lio d e 1984, p. 1-A. ** “Aplazada firma d e paz p o r asesinato de T oledo”, E l T ie m p o , 11 d e agosto de 1984. p. 1-A. *"i “El (¿obierno confia en firm a d e acuerdos". E l (Colom biano, 11 d e agosto d e 1984, p. I.

184

Democracia en tiempos de crisis

posición equivocada. “Por eso nos m antenem os firmes en la disposición de firmar los acuerdos fie paz"™7. El día 23 de agosto de 1984 se firmaron los acuerdos entre el gobier­ no, el M-19 y EPL. Los puntos centrales del docum ento firmado tuvie­ ron que ver con las condiciones que facilitaran la posibilidad de la convocatoria a un diálogo nacional garantizando los derechos dem o­ cráticos y ciudadanos a todos los sectores sociales, incluyendo a la gue­ rrilla, con el objetivo de diagnosticar de manera directa los problemas que aquejan a los colombianos, trascendiendo así la visión del viejo país y del tradicionalismo político que no había perm itido la opinión y parti­ cipación de los ciudadanos de m anera diferente: Primero: la convocatoria al diálogo nacional entendido como la participación de todos los sectores sociales y políticos del país en la discusión y decisión sobre reformas políticas, económicas y sociales que requiera la nación. Segundo: el restablecimiento de la norm alidad civil que permita asegurar las libertades consagradas en la Constitución para toda la ciudadanía. Se entiende que el restablecimiento de la normalidad implica el levantamiento del estado de sitio. Se deben resolver los problemas particulares de las zonas guerrilleras, la suspensión de retenes, salvocon­ ductos, el control de mercado. Tercero: respaldo de las investigaciones por parte del gobierno contra los gru(Mis paramilitares. Cuarto: estudio y procedimiento de las denuncias por violaciones dr derechos humanos, sobre detenciones y desapariciones.

Quinto: compromiso del cese al fuego a partir del momento en que sifirme el documento. Sexto: el F.PL se compromete a no retener y secuestrar personas’"1. Con este acuerdo, Belisario Betancur concluyó un im portante es fuerzo por lograr la paz, negociando con el 95% de las guerrillas colon i hianas. Sin embargo, al igual que con los acuerdos firmados con las FARC, más que grandes críticos no faltaron los escépticos que iban e n ­ ciendo a m edida que la política de paz se desarrollaba. Enrique Santos Calderón, editorialista del diario F.l Tiempo, anotó, a los pocos días, que “Seguirá el diálogo tic paz". E l M u n d o , 8 de agosto do I!IK4, p. 7. •'* “F.l martes será firmada la tregua con el M-19 y el K P I.\ E l Tiem p o, II) ele agm ln pp. I y IDA. m

El estatus político de la guerrilla colombiana

185

lo firmado con estas guerrillas tenía la solidez del papel si no se obraba de buena fe, como lo dio a conocer el presidente en su discurso. Pero a la vez, anotó que el proceso tendría un costo político para estas guerrillas en caso de fracasar30’'. Oscar William Calvo, una vez firmada la tregua con el gobierno, ini­ ció la convocatoria para el diálogo nacional en Medellín. En un acto pú­ blico y m ultitudinario en el Parque Berrío, acom pañado de Ernesto Rojas, com andante militar del EPL (que al final resultó ser su herm a­ no), y en presencia del presidente de la Comisión de Paz, John Agudelo Ríos, propuso la realización de una Asamblea Nacional Constituyente con carácter decisorio!',(). El líder del EPL se dirigió en los siguientes términos a una concentración importante de personas: Es este el momento de presentar una propuesta al pueblo colombiano para el diálogo nacional que hoy se convoca. En Colombia existe una democracia deformada, en extinción, pisoteada y el pueblo ansia derechos políticos. Por eso nuestra propuesta de apertura dem ocrática radica principalmente en una reforma a la Constitución colombiana. Obtenida a través de una Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo, y con poder constituyente y decisorio, que aborde los temas de la reforma laboral, agraria, fiscal, los problemas de la deuda externa1".

Óscar William Calvo, a lo largo del fallido proceso del diálogo nacio­ nal, defendería la propuesta de la realización de una Asamblea Nacio­ nal Constituyente, entendida como el principal mecanismo para lograr la apertura democrática ante una democracia en exünción y deforma­ da. Así las cosas, el problem a para el EPL, al igual que para el M-19 y las FARC, era ante todo políüco, más que social. Era un problem a de aper­ tura, participación y reestructuración de las relaciones sociales y ciuda­ danas. Se inició así un proceso que, para algunos, fue definido como un acuerdo lleno de propuestas gaseosas, abstractas y muy genéricas de la guerrilla, como también los ofrecimientos del gobierno, que no pasa­

Enrique Santos C alderón. "Si 110 es la paz, ¿qué?", E l Tiem p o, 30 de agosto de 1984, |>. 4-A. ,l0 R m o lu r ió n . Medio de información del EPL. Primera Q uincena de septiem bre de lí)84, pp. 4 y 5. Edición No 120. Este docum ento habla de los acuerdos del 23 y 24 de agosto firmados con el gobierno. Ib id . Cursivas mías.

186

Democracia en tiempos de crisis

ron de ser promesas de impulsar determ inadas reformas que no esta­ ban en manos dci Ejecutivo, “sino de una institución autónom a como lo es el parlamento, y en última instancia de las concesiones que hiciera, a la hora de la verdad, la clase dirigente, quien es la que controla los re­ sortes de la economía y la política’’'” *. Este acuerdo, al igual que el firmado con las FARC, fue criticado de m anera muy fuerte por el ex presidente Meras Restrepo. F.1 ex presiden­ te lo concibió como “una tregua armada" en la cual, después de aproba­ das las leyes de amnistía e indulto, para facilitar a los grupos subversivos su reincorporación a la vida civil, se les permitió conservar sus armas para hacer política legal, lo cual se convirtió en una desventaja dentro del sistema político colombiano frente a los demás partidos311. Estas divergencias en la opinión pública frente a los acuerdos logiados con los grupos subversivos crearon en el país un raro ambiente po­ lítico en el que se alcanzó a hablar de la posibilidad de un golpe militar. Sin embargo, éste fue desmentido por el ministro de Defensa, general Gustavo Matamoros Dacosta314. Aún así, pese a las declaracio­ nes del general, las dudas de los militares persistieron durante todo el periodo, pues no creyeron en las palabras de la guerrilla. Durante esta coyuntura, el Ejército logró incautar los docum entos de la Octava Con­ ferencia de las FARC, en la que se planteaba la toma del poder para la década de los noventa*'*. Por su parle, las directivas de Senado y Cámara también rechazaron la participación institucional del Congreso en el denom inado dialoga nacional. En el mismo comunicado, esta institución le recordó a la gue­ rrilla que el Congreso constituía el foro natural establecido por el sistr ma democrático para debatir, discutir y aprobar las leyes, que el bienestai de la nación y las que el funcionam iento del Estado requirieran'’"*. SI1 R evista S e m a n a , 3 de septiem bre de 1984, p. 24 *'* “Lleras pide a B etancur cóm o va ser el diálogo nacional". E l Tiem p o, 2 de septiciu bre de 1984. p. 1-A ,N “Un absurdo pensar en nn golpe militar: Matamoros", E l Tie m fw , 5 de «epticml» 84, p. 8-A. 521 “El pueblo debe ser el constituyente prim ario. Entrevista a Horiiardo (iiitié n c /. m iem bro del Estado Mayor Geni rol del EPI,", E l Mundo, I !• íle septiem bre de H(8 1 . p. ,'t.

El estatus político de la guerrilla colombiana

189

Después de esta salida en falso del EPL, el diálogo nacional se organi­ zó m ediante el establecimiento de diez ejes temáticos y diez subcomisio­ nes que tratarían los siguientes lemas: desarrollo económ ico, reforma agrada, reforma constitucional, reforma laboral, problem a urbano, ser­ vicios públicos, educación, salud, justicia y universidad. Como se observa, este proceso se inició lleno de ambigüedades y posiciones encontradas por parte de las guerrillas, escepticismo de miem­ bros de las comisiones y de la opinión pública, un am biente enrarecido dentro de los círculos militares, y cierta desatención por parte del Con­ greso de la República que desde el comienzo se distanció totalm ente del proceso. Así las cosas, el tan m entado diálogo nacional, del que desde comienzos de los años ochenta se venía hablando, nació y m urió en el prim er semestre de 1985, teniendo como entierro final los nefastos re­ sultados de noviembre del mismo año con los hechos del Palacio de Justicia. Una de las características de este proceso fue la falta de compromiso eficaz, aspecto que se com probó en la inasistencia a las diez subcomisio­ nes reproducidas regionalm ente por parte de sectores im portantes de la econom ía y de la vida política regional y nacional. En las sesiones, la única presencia que se rescataba era la de los representantes de las gue­ rrillas, de las organizaciones sociales y de la misma izquierda política, hablando solos, o mejor, en un diálogo de sordos frente a la clase políti­ ca y a los sectores económicos que representaban el viejo país. En mayo de 1985 se evidenció la crisis de la propuesta de diálogo nacional. El M-19 fue el prim ero en retirarse del proceso, m anifestan­ do que ello no significaba la ruptura de la tregua ni del cese al fuego. En ese m om ento, po r sustracción de m ateria, las diez subcomisiones dieron a conocer su fracaso. La razón fundam ental radicaba en que a ellas no asistieron los representantes de los partido tradicionales ni los de los grem ios económicos, a excepción del día de la inauguración del acto**2. Por los mismos días de mayo vino lo que muchos temían: un atenta­ do contra el vocero legal del M-19, Antonio Navarro Wolf, tal vez uno de los hom bres más formados de dicho movimiento: ingeniero graduado en Inglaterra y ex decano de la Universidad del Valle. Este atentado, al

™ “D iálogo N acional a p u n ió d e m o rir". E l Tinnfm , 4 d e j u n io d e 1985, p. 1-A.

190

Democracia en tiempos de crisis

igual que el de un año antes, en el que había perdido la vida Carlos Toledo Plata, se convirtió en una advertencia, no sólo para el proceso, sino para los ex guerrilleros en trance de lanzarse a la política. En los días en que el diálogo prácticam ente estaba roto, el minis­ tro de Defensa, Miguel Vega Uribe*25, anunc ió que las Fuerzas Arma­ das no perm itirían cam pam entos del M-19 o de cualquier otro grupo subversivo en la ciudades. Además, ratificó en tono enérgico que “los guerrilleros que no se acogieran al indulto aprobado por el Congreso serían tratados con m ano dura después de «pie el beneficio entre en vigencia"524. En junio de 1985, el com andante militar del M-19, Carlos Pizano Leongómez, consideró rota la tregua y decidió regresara la lucha arma­ da manifestando que “desde hoy estamos construyendo el nuevo go­ bierno y que en poco tiem po tendrem os zonas liberadas, pueblos insurrectos y hom bres libres525. Por su parle, los gremios económicos, prim ero los del Valle y luego los antioqueños, comenzaron a girar a la derecha, frente al proceso de diálogo que se había dado con las guerrillas, ante todo con el M-19. L o s gremios encabezados por Fabio Echeverri Correa, presidente de la A s o ­ ciación Nacional de Industriales (ANDI), el 27 de agosto, celebraron l,t

Com o se lia observado, una de las características del período de Belisario Betant m fue la presencia de linas Fuerzas Armadas d e lib ra n tes, problema que venía heredado directam ente de los dos gobiernos anteriores. F.n en ero de 1984. después d e unas polr micas declaraciones, el presidente de la República logró presionar la renuncia del grui­ rá! Latí daza bal Reyes. Pero en su reem plazo, la cúpula militar logró presiona) ■I nom bram iento del general Vega llrib e, hom bre fuerte del Estatuto de Seguridad . 177. F.l anterior es el principal argum ento para hacer un recorrido sobre la historia constitucional de Colom bia. Las % «li­ la población beneficiada del programa; aproxim adam ente el 35% de desmovilizados solicitaron tierras. El Programa de Reinserción, por su parte, adjudicó, para agosto di1994, un total de 78 predios con 12.994,3 hectárea*, a 683 desmovilizados, por un valoi de 4.525,3 m illones d e |>csos.

Democracia, rrinserción y ciudadanía. 1987-1994

219

observan en la actualidad bajo una perspectiva de escepticismos y des­ confianza. En buena medida, la carta constitucional ha sido un avance democratizador al fundam entar al Estado social de derecho en la digni­ dad hum ana y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fue un avance en lo que respecta a la ampliación de la dem ocracia y al origen de nuevas formas de participación por intereses particulares, expresado en el reconocimiento de los movimientos sociales; a la vez, fue un avan­ ce en el fortalecimiento de instituciones, como la Corte Constitucional, y en la independencia de poderes. Nunca antes, como et\ los últimos años, tantos congresistas, ministros y políticos habían ido a parar a la cárcel por corrupción. Frente a los anteriores avances, han sido varios los intentos de la clase política tradicional por contrarrestar el acervo democratizador de la Constitución. Intentos como el de limitar el uso de la tutela, term inar con la Corte Constitucional y en general buscar una reforma de la Cons­ titución en lo concerniente a una política social comprom etida con los sectores sociales más deprimidos son expresiones de un pafs anquilosa­ do al que le ha costado adaptarse a la nuevas reglas de jue^o. El carácter social de la Constitución no ha sido tenido er» cuenta por ninguno de los gobiernos, desde 1991 hasta la fecha, llegando a la situa­ ción de que, en los últimos años, el mismo gobierno violó la carta cons­ titucional mediante su política económica neoliberal, pese a que la nueva constitución estableció un modelo social demócrata que darút prioridad a la inversión social dentro del gasto público anual*1*. Las estrategias eco­ nómicas de las tres últimas administraciones, iniciadas con César Gaviria, se han caracterizado por la ortodoxia neoliberal de apertura al exterior, privatización de los servicios públicos, recorte del gasto social y predo­ minio del interés del gran capital. En este acuerdo formal, jurídico y normativo, en torno a la concep­ ción del nuevo Estado, no se llegó a acuerdos estructurales de tipo eco­ nómico y social, que es lo que alegan los grupos que se mantienen aún alzados en armas. Problemas como el de la acumulación de la riqueza, en una de las sociedades más desigualitarias del m undo, la política de

** Esta situación se agravó en la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), la cual no respetó la prioridad del gasto público social sobre cualquier otra asignación (artículo 350 de la Constitución Nacional). En su tortuoso Plan de Desarrollo (Decreto 955 del 2000) establece com o prioridad el cubrim iento del pago de la (leuda externa.

220

Democracia en tiempos de crisis

los hidrocarburos, la protección a la industria nacional, el em pleo, el acceso a la tierra y a la vivienda para im portantes sectores de la sociedad aún excluidos, quedaron intactos. En lo que respecta a la favorabilidad política, que en este caso inclu­ ye a la par lo social, el único caso exitoso ha sido el del Movimiento Armado Q uintín I.amc. Este proceso no dejó heridas abiertas, al punto que 134 de los 157 desmovilizados, perm anecieron en el Cauca, en con­ traste con la diáspora que vivieron otros grupos**1, com o el EPL, en una de sus históricas zonas de influencia, el Urabá antioqueño. Además de eso, los antiguos miembros del Q uintín empezaron a tener una alta par­ ticipación en los asuntos locales, adviniéndola posibilidad de darle con­ tinuidad a su proyecto político. El Q uintín I am e no intentó construir, a partir de sí mismo, un nuevo movimiento político legal, sino que se disolvió para concurrir, al lado de otras organizaciones, a la confor­ m ación del m ovim iento Alianza Social Indígena (ASI), que surgió en ju n io de 1991. En la ASI, no obstante que en el plano directivo hay presencia notable de los antiguos miembros de la dirección política del Q uintín, no hay protagonism o de éstos como cabezas visibles en las lis­ tas que se han presentado a corporaciones públicas y otros cargos de elección popular'7". El insumo que aportó el Q uintín Ijim e en la presencia del moví m iento indígena en Colombia, ha sido innegable al punto de que, poi m edio de los derechos étnicos, el movimiento indígena ha logrado ne­ gociar una ciudadanía m oderna y, com o ningún otro actor social, los ha com prom etido en una serie de nuevas luchas en los Estados democráti

Ricardo Peñaranda. Historia del Moi'imiento Armarlo Quintín Lame, trabajo presenta d o c o m o tesis para optar por el título d e Magístpr en Historia. Bogotá. Universidad N acional de C olom bia, D epartam ento de Historia, 1999, p. 112. ,7" Ibid., p. 222. Este proyecto p olítico joven , ron una historia m ilenaria, aunque im logró el m ism o protagonism o inicial del M-19 y el F.PL, ha dem ostrado una mayor coits tancia y estabilidad política al p u n to de q u e aún hoy se m antiene. En 1991 logró l.i elección , com o senador, de A ntonio Q uita, con 29.493 votos, y aunque en 1994 perdii. la representación en el Senad o al presentar d os listas por la circunscripción naciiin.il increm en tó su presencia en más de 10.0(10 sufragios. F.n el ám bito local y regional, su participación política ha tenido un desarrollo m ayor en IÍÍ94 logró la elección de ti diputadosdepartam entales, colocánd ose en tercer lugaren tre las instituciones polítii .i' no tradicionales, después de la UP y del M-19. Ese m isino año obtuvo 78 alcaldías (7 t u el Cauca) y 127 concejales (82 en el C auca). Tres años desp ués, en octubre de 1997 prácticam ente duplicó la votación para gobernación , alcaldías, asambleas y consejos

Democracia, reinserción y ciudadanía. 1987 -1994

221

eos, como “el m edio ambiente", “el desarrollo alternativo", “la defensa de los derechos hum anos” y “de la diversidad cultural”1'71, En lo político, los indígenas, como colectivo, lograron muchos más avances y benefi­ cios con la Constitución de 1991 que el mismo movimiento campesino, el cual se quedó a la espera de una verdadera solución al problem a de la tierra y de una reforma agrada en determ inadas regiones del país. Pero en térm inos generales, a excepción del anterior caso, el clientelismo político, el gamonalismo regional y los vicios del poder local no han desaparecido, sino que se han increm entado en varias regiones del país. Ijl renovación democrática, como un acuerdo im portante en la histo­ ria reciente, ha sido nefasta para los antiguos grupos guerrilleros. El M-19, convertido en Alianza Democrática M-19, se consolidó ante los colom­ bianos como una de las tres primeras fuerzas en la Asamblea Nacional Constituyente, para luego desaparecer; lo mismo se podría decir de Es­ peranza, Paz y Libertad, cuyos miembros finalmente han sido absorbi­ dos por el sistema político tradicional. Este paso, de las armas a la política, para el caso particular del M-19 y del EPL, fue nefasto, no obstante la alta votación de Antonio Navarro como candidato a la Presidencia de la República en 1990, con 739.320 votos, aun cuando tuviera un papel protagónico en la Asamblea Nacio­ nal Constituyente, pues a su bancada se debe, en parte, algunos de los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, como la consagra­ ción del Estado social de derecho, la inclusión de los derechos huma­ nos en sus tres generaciones como normas constitucionales, el cambio de régim en político, el sistema de partidos y la acción de tutela. En todo caso, el funesto paso de la Alianza Democrática M-19 a la política formal se debe m edir p o r su pronta desaparición como “movi­ m iento político’”’72, pues, si bien durante marzo de 1990 había buscado 1,1 Christian Gros, Políticas tic la rtnicidad: Identidad, Estado y modernidad, Bogotá, Edi­ torial Instituto de A ntropología e Historia, 2000, p. 122. ,7! Jaim e Zuluaga N ieto, "De guerrillas a m ovim ientos políticos (Análisis d e la expe­ riencia colom biana: el caso del M-19)", en De las armas a la política, op. cit., p. 8. Este trabajo clasifica en tres tipos fie experiencia el paso d e la guerrilla a la política. El caso d e guerrillas triunfantes, que convierten su m ovim iento arm ado en m ovim iento políti­ co para la dirección del Estado, com o el M ovim iento 2f> de Julio, en Cuba, y el Frente Sandinista d e Liberación Nacional vivido p a ra q u e ten g a se n tid o p e rso n al, para q u e el in d iv id u o se tra n s fo rm e en actoi q u e se in se rta e n u n a s re la cio n e s sociales a la vez tra n s fo rm á n d o la s, p e ro sin iden tifi c arse n u n c a c o m p le ta m e n te con n in g ú n g ru p o , c o n n in g u n a colectividad. Este su je­ to , c o m o a c to r in d iv id u a l, te n d rá la c a p a c id a d d e m o d ific a r el e n to r n o m aterial. Véase A lain T o u ra in e , Crítica a ta modernidad, op. rit., p. 257.

Democracia, mnsercióny ciudadanía. 1987-1994

235

talleres colectivos consideraban que ya para ellos no había opción de re­ inserción. Ellos decían: “esta sociedad ya no cambia”, loca es formar esta generación de chiquitines (sus propios hijos) para ver como se les dan mejores condiciones^*. En términos generales, la reinserción social no se solucionó del todo con el trabajo académico. Muchos desmovilizados no hicieron parte de la propuesta y algunos de ellos se retiraron; sin embargo, la propuesta pedagógica fue la que más les aportó en el proceso de inclusión social. En una entrevista sostenida con el ex militante del EPL José Antonio Salgado, a la vez que hizo una valoración positiva del proceso, recordó de m anera anecdótica: El EPL negoció más duro que el M-19, prueba de ello fue la demanda educativa que hicimos nosotros y que la demandamos a nivel nacional. Si el programa de educación tuvo que ampliarse era por la demanda del EPL. Eramos 2.000 hombres en proceso de desmovilización, teníamos compañeros en muchas ciudades del país, como Medellín, Barranquilla, Pasto, Cali, Cúcuta, Montería, Bucaramanga, etc. l a Pedagógica tuvo que ampliarse y abrir sedes a medida en que varios compañeros de las regiones comenzaban a demandar el programa. Si la Constituyente fue el regalo del EPL al país, el Programa Educativo fue nuestro regalo para el resto de compañeros desmovilizados de otros grupos*'*1. Los testimonios han sido fundamentales para hacer un balance y evaluación de la política de reinserción social que hacía parte del Pro­ grama Integral para la Reinserción de la Presidencia de la República, en la cual la propuesta educativa ha sido la mejor evaluada por parte de los reinsertados, pues les perm itió readaptarse a la dinámica de la vida citadina para muchos de ellos y salir adelante en su vida material: Dentro de la política de reinserción social recuerdo que salió una plata para los proyectos. Era un millón y medio de pesos, pero no estábamos preparados para administrarlos. l a mayoría de proyectos fracasaron, había muchos supermercados, carnicerías, proyectos en construcción y en ventas. Sin embargo, lo de la propuesta educativa es lo único palpable hoy en varios de nosotros. Me pareció excelente, que yo haya salido del programa de educación, me pareció lo mejor. Que tuviéramos la primaria, porque había muchos compañeios que no habían terminado ni siquiera la primaria, otros Wl Entrevista ron Marta Eugenia Gallo, ya citada. ** E ntrevista c o n ju r é A n to n io S algado, B ogotá, 12 d e m ayo d e 2001.

236

Democracia ni tiempos de crisis

no habían terminarlo el bachillerato, eso fue un acierto. Kn mi caso, solamente había hecho un año rio bachillerato, ríe resto lo realice allá en la Pedagógica. F.l programa tuvo algo importante que fue crear valores personales a los compañeros, valores de integridad, de formación humana, porque los desmovilizados somos hombres de cambio. Realmente boy. gracias al programa me siento realizado,sabiendo que tengo mi bachillerato y que puedo trabajar en una ciudad como Bogotá, lo veo para mí fundamental y creo que para todos los compañeros que terminaron también.*" En el program a, José Antonio Salgado es recordado como uno de los más críticos de la propuesta curricular de carácter social y com unita­ rio. Para varios desmovilizados, sus expectativas ya 110 cían políticas, sociales o comunitarias, pues 110 querían volverse a com prom eter con esas propuestas. E 11 este caso se buscaba recuperar el tiem po para dedi­ cárselo a herram ientas académicas que le perm itieran readaptarse a la vida material y de desarrollo capitalista en la que se encontraba el país: F.n el programa académico había muchas materias sociales y conui nitarias que no me interesaban porque ya no me interesaba la política. A mí 110 me interesaba eso. I-a Pedagógica nos quería dar formación para ser líderes sociales y varios ríe nosotros ya no queríamos nada de eso. Yo quería más formación en matemáticas y en inglés para luego estiidial ingeniería en la Universidad Distrital. Citando manifesté mi inquietud, algunos compañeros me señalaron de burgués. K11 esta parte falló el programa; sin embargo, 110 quicio decir que hubiera sido malo1’-. Este testimonio fue facilitado po r un desmovilizado que hizo pai te del program a en Bogotá, cu un contexto social en el que las demandas de tipo material fueron más aprem iantes, pues sil participación políti< .1 en ese m om ento no era determ inante debido a que la gran mayoría di sus com andantes se encontraba en la ciudad, com prom etidos con el proceso constitucional y de elecciones. Esperanza Paz y Libertad, en ese m om ento, tenía m ucho más peso regional, y desde una región como Urabá, estaba m etido en la dinám ica política nacional. E11 otro aparte de la entrevista, reconoció que sus falencias en matemáticas, física y oti .is m aterias eran profundas; sin embargo, no se ie podía pedir más al pío grama, pues lo que se buscaba dentro de lo real y lo posible por parle de

Democracia, reinserción y ciudadanía. 1987 -1994

237

la Universidad era insertarlos tle nuevo a la sociedad de la m anera más práctica, debido a que el program a curricular para cada grupo se esta­ bleció en año y m edio para abordar todo el bachillerato. Carmen Ciraldo, que había hecho parte del PRT, avanzó m ucho más en su proceso individual debido a que, además del bachillerato, siguió una licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional: valoró de m anera positiva la experiencia, haciendo distinción, al igual que el ex militante del EPL, de la favorabilidad económica de la social, tal vez debido a que los desmovilizados tenían la idea de una continua dialécti­ ca entre estos dos procesos: La favorabilidad económica en nuestro caso no fue bien manejada, no hubo orientación. Me refiero a lo del aporte que daba el Estado en dinero para asociarnos y montar algo, eso realmente no se logró. La gente lo que hizo fue utilizar esa plata para sobrevivir; era más o menos un millón quinientos mil pesos con lo que algunos intentaron montar microemprcsas. Inclusive yo estuve participando con algunos muchachos en una fábrica de mangueras, pero eso no funcionó. En cuanto a la favorabilidad social había otras garantías como era lo de salud y seguro social, pero lo que más nos benefició fue la propuesta educativa. Había compañeros del movimiento que no sabían leer ni escribir, otros habían terminado quinto de primaria. En mi caso yo había hecho hasta segundo de bachillerato, entonces en el proceso nos enteramos de la idea de estudiar. I xj único que he logrado hasta ahora personalmente ha sido el estar aquí en la universidad. No todas las personas que estábamos en el programa quisimos continuar en la universidad, porque como había otros intereses, unos terminaron la pri­ maria o el bachillerato y no continuaron. Pero en mi caso yo continúe, claro que con mucha voluntad propia, y este año termino mi licenciatura en Educación Física gracias a haber pertenecido al program a de reinserción®'1. Los antiguos combatientes, desde la clandestinidad, sentían que por m edio de su lucha habían reivindicado derechos, que en el caso de lo educativo era una reivindicación que se había ganado gracias a esa “ciu­ dadanía informal” dada por fuera de los cánones estatales. Para Car­ men Giraldo, el estar en la universidad y haber hecho parte del program a era el producto de una lucha mediada por las armas en la que se reivin­ dicó una serie de derechos para la sociedad en general y en la que nun-

*" Knliev¡*tii r o n ( ¡m inen ( ¡¡raido, B ogotá. 25 d e abril d e 2001,

238

Democracia en tiempos de crisis

ca se perdió de vista que en el fondo existía un contexto social formali­ zado, el cual ellos no podían negar: P ara m í e l t e r m in o trin seirión s e u tiliza b a p o r q u e u n o v o lv ía a la vida civ il. P e r o c u a n d o u n o e sta b a a lz a d o e n arm a s ig u a l h a c ía p a it e d e nn.t s o c ie d a d , d e p r o n to c o n p o s ic io n e s p o lític a s d ife r e n te s , p e r o h a c ía p a r le. C u a n d o e m p e c e e n la u n iv e r s id a d s e n tía q u e u n o d e b í a e s ta r e n la u n iv e r sid a d , q u e u n o te n ía e l d e r e c h o a e sta r e n la u n iv e r sid a d . O sea tu v im o s u n a p o s ib ilid a d d if e r e n t e a la d e l c o m ú n d e la g e n t e d e e je r c e i c iu d a d a n ía . N o s o tr o s e stá b a m o s e n la u n iv e r sid a d g r a cia s a u n p r o c e s o d o n d e s e lu c h a b a n u n o s d e r e c h o s . P e r o ta m b ié n gracias a u n a id e a a n te r io r q u e fu e e l p r e t e n d e r g a n a r las c o sa s; o sea , l o e d u c a tiv o e s u n d e r e c h o q u e se g a n ó y q u e se d e b ió g a n a r p a ra m u c h a g e n l e W4.

Com o se observa, el problem a de sentirse parte de la sociedad y ejercer ciudadanía, para los desmovilizados no era algo que se iniciaba en el Programa de Reinserción de la Presidencia, sino que hacía parte de su vida anterior como alzados en annas, en la que se babía luchado por una serie de derechos para la sociedad. Por otro lado, pasando al caso del M-19, se reivindicaba un tipo de dem ocracia más amplia y or­ gánica, com o se había pensado desde los tiem pos de Jaime Bateman. A este p unto se llegó con el ex com batiente del M-19 Eyner Panche, después de haber tocado de m anera particular las causas de sit desmo­ vilización: Yo m e d e s m o v ilic é c u m p lie n d o u n a o r d e n . P e r o 1 1 0 m e r e in s e r té p o r q u e 11 0 t e n ía p r o b le m a s j u d ic ia le s , y e l c o m a n d a n te R aúl, d u r a n te la d é c im a

c o n f e r e n c ia d e 1 9 8 9 , e n u n p r o c e s o d e d e s m o v iliz a c ió n e s p ir itu a l, 111 >s m a n ife s tó q u e n o s o t r o s e r a m o s lo s q u e d e b e r ía m o s in d u lta r y p e r d o n a r al g o b ie r n o p o r e l a tr o p e llo y la e x c lu s ió n q u e h a viv id o e l p u e b lo c o lo m b ia n o E n t o n c e s , b a jo e so s p r in c ip io s d e h o n o r y d ig n id a d q u e te n ía m o s to d o s lo s c o m b a tie n te s d e l M -19, d e c id í d e s m o v iliz a r m e . P o r q u e e l

honor

s ie m p r e

lo s e n tim o s c o m o e l e s tr ic to c u m p lim ie n t o d e l deber'"*.

Eyner Panche, a) hacer un balance clel proceso de reinserción, al igual que sus com pañeros del EPL y del PRT, se refirió de m anera inicial a las oirás partes íle la rcinserción política, económ ica y social, para reivindicar lo educativo com o lo tnás im portante para ellos y para sus com pañeros: * 4 lbid. *° E ntrevista c o n É v n rr P a n c h e , ya citad a.

Democracia, reinserción y ciudadanía. ¡987-1994

239

AI hacer un balance del proceso, sólo hubo reinserción política para los comandanies. F.n lo social Navarro no presionó gran cosa más allá del millón y medio de pesos que se podían exigir para montar el proyecto, lo que en realidad alcanzó para sobrevivir y para el arriendo y la comida en los primeros meses. De resto de lo social, lo único que veo es lo que se dio en términos educativos para formar a los ex combatientes de base. Porque es lo único que quedó, unos compañeros graduados de primaria, otros de bachilleres y algunos accedimos a la universidad. Entonces este es un proceso que yo vi que servía, algo concreto de la desmovilización liie lo educativo. Lo demás yo no veo ni una microempresa de los compañeros que esté funcionando de esa época de la reinserción'1*'. En el punto referente al dilema ciudadano y como ellos lo veían antes y después de la desmovilización, recalcó que el problem a de la dem ocracia para el "Eme” había sido una discusión en la que se había planteado la posibilidad de una dem ocracia más amplia y orgánica, no sólo política, sino tam bién económica, social y cultural, basada en el nacionalismo, en la que de m anera implícita las relaciones ciudadanas cambiaran: Nosotros, cuando pertenecimos al M-19, siempre hablamos de abrir los canales de participación, ampliar la democracia, profundizarla. Pero siempre en términos de una democracia orgánica, que era la propuesta del maestro Antonio García y que fue la que siempre sentimos en el interior de la organización. La democracia orgánica planteaba que ésta no sólo se quedara en lo político, sino que también hubiera democracia en lo económico, en lo social y en lo cultural. Una democracia mucho más amplia como proyecto de vida era lo que se pensaba y no solamente hacia los canales de participación, hacia lo político. En lo teórico, como miembro de la organización, concluí que para el Eme la propuesta de democracia se basaba en la visión de Antonio García, porque todos los comandantes que tuve, incluyendo a “Raulilo” me hicieron leer su libro La dialéctica de la democracia, era el libro de cabecera, era como lo que nos daba las bases para construir una democracia amplia, orgánica, profunda, basada en el nacionalismo. Ix> que éramos nosotros .. .toda esa riqueza de la que hablaba Bateman197. Al escuchar los planteam ientos de los desmovilizados que lograron hacer un tránsito proporcionalm ente viable —de las annas a la ciudada­ nía formal garantizada por el Estado— se puede com probar que, en el ** IbiH. lililí.

240

Democracia en tiempos de crisis

fondo, el dilema de la ciudadanía y la democracia siem pre estuvo pre­ sente, ya fuera como alzados en anuas, desmovilizados y hoy “nuevos" ciudadanos reincorporados a una sociedad. Las relaciones dadas entre la sociedad y el Estado, con sectores excluidos del proyecto nacional, han sido mediadas por una relación informal, expresión de ciudadanía popular y subalterna, que ha estado presente históricamente, durante buena parte de la consolidación nacional y hasta por lo menos el año de 1991, cuyo objetivo ha sido acelerar cambios m odernizantes y dem o­ cratizantes en el escenario político, y presionar derechos y reivindica­ ciones por m edio de las vías de hecho. Finalm ente, se reitera que en la coyuntura de comienzos de los años noventa se materializaron una serie de luchas que fueron presionadas desde espacios no controlados ni reconocidos por el Estado. Una expre­ sión de ciudadanía informal, ciudadanía imaginada o sociedad civil no fot mal, m ediada p o r las arm as, se convirtió en un actor y elem ento dinam izador que aceleró los cambios dem ocratizadores para el año de 1991. Esta expresión de ciudadanía imaginada, que trascendió a lo largo del siglo XX formas de identidad inmediatas, para encontrarse en el amplio espectro de los derechos y la identidad frente al Estado, presione» y se constituyó como un sector abanderado de los cambios de la dem o­ cracia, en la coyuntura de los años 19S0 y comienzos de los noventa, poi m edio de las armas. La Asamblea Nacional Constituyente, la Constitu­ ció n de 1991 y la m ism a p ro p u esta educativa p ara los sectores desmovilizados, son expresiones de correlación de fuerzas y un produc­ to de este tipo de relaciones en una sociedad que ha cedido a los cam­ bios y ha entrado en procesos de democratización, en m om entos en que se ha presentado esta conflictiva relación y esta m anera paradójic a de ejercer ciudadanía. En efecto, si bien gran parte de la insurgencia armada no logró ha­ cer la revolución, sí logró dem ocratizar y m odernizar a la sociedad co­ lom biana en aspectos fundam entales, para definirla como un Estado social de derecho. Dicho proceso representó un paso im portante y un punto de llegada en el ejercicio de una “ciudadanía inform al”, po r par­ te de andguos grupos alzados en armas, como el M-19, el EPI.y el Quintín Lame, grupos que fueron gestores y participaron en un proceso de cam­ bio constitucional, el único que vivió Colombia en el siglo XX.

CONCLUSIONES

En la prim era parte de la investigación se realizó un balance en el que se establecieron los antecedentes de la form a com o los sectores subalternos, políticam ente, desde el siglo XIX, se vieron obligados a participar de m anera no formal d entro de la propuesta de Estado que se consolidaba. En este sentido, se logró determ inar que la moviliza­ ción del artesanado de mediados del siglo XIX, a la vez que represen­ tó la primera expresión de “sociedad dvil" en Colombia, su lucha expresó la entrada en escena de cierto tipo de “ciudadanía informal", concebida com o subalterna o popular, que paulatinam ente presionó cam bios democratizadores dentro del Estado y la sociedad colombiana. A pesar de que la presencia del artesanado se mantuvo como una expresión de ciudadanía popular por un largo período, logrando incluso hacer em ­ palme con el movimiento populista de Jorge Eliécer Gaitán a mediados de 1940, fueron los campesinos quienes, desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, ejercieron una propuesta de ciudadanía que tenía que ver con sus derechos fundam entales apegados a la tierra y con acciones de hecho que les servirían para enfrentar exitosamente la propuesta hacendataria cafetera, sus relaciones oprobiosas de pro­ ducción y su normatívidad interna. Posteriorm ente, vendría la propues­ ta populista del movimiento gaitanista que, en la década de los cuarenta, recogió las experiencias de las movilizaciones subalternas, logrando consolidar un movimiento de masas en la que artesanos, campesinos,

242

Democracia en tiempos fie crisis

sectores medios, informales, desem pleados, pequeños y m edianos pro­ pietarios, se vieron arrastrados, la gran mayoría por prim era vez, a parti­ c ip ar en el escenario público para d e m a n d a r sus d erech o s y tina ampliación de la democracia con un verdadero carácter incluyente. Este tipo de movilizaciones, caracterizadas por que se realizaron m ediante vías no formales reconocidas po r el régim en institucional, se convirtieron en una característica y una m anera de repensar las relacio­ nes dadas entre la sociedad y el Estado colom biano. Im portantes secto­ res de la saciedad excluidos y form alm ente no reconocidos, y com o un conglom erado de sectores subalternos que no votaban ni se representa­ ban a sí mismos en las instituciones gubernam entales, se movilizaron y lucharon po r prerrogativas puntuales, com o la protección gremial, el derecho a la tierra y, en general, a mediados del siglo XX, po r el real reconocim iento de una ciudadanía social, que en ese m om ento los de­ jab a por fuera de cualquier posibilidad de identidad m oderna frente al Estado. Sin duda, estas expresiones de ciudadanía, desarrolladas la gran mayoría de las veces po r fuera de los escenarios formales que garantiza el Estado para el ejercicio de los derechos políticos, se convirtieron cu el antecedente directo de cierto tipo de ciudadanía alzada en armas, que com enzó a tom ar fuerza en Colombia durante la década de los cin­ cuenta. Los ejes centrales de la discusión, desde esta coyuntura, tuvie­ ron que ver fundam entalm ente con la m anera particular com o “los alzados en arm as” en ese m om ento, —algunos sectores organizados del campesinado— , ejercieron una ciudadanía, con la cual lograron enfren­ tar con cierto éxito las propuestas conservatizantes de Estado y sociedad que im pedían la consolidación de una dem ocracia y ciudadanía de ca­ rácter am plio y m oderno. En la década de lo s cincuenta, sectores im portantes del campesina­ do, de m arcada tradición liberal y de lucha por la tierra, producto de la coyuntura política que se vivía, fueron perseguidos bajo los ejes de la discursiva intransigente que los acusó de “bandoleros”, “comunistas" y “protestantes”, contrarios al proyecto ciudadano de tendencia conser­ vadora basado en los principios del “orden", “la fe cristiana” y “el traba­ j o ”. De m anera fundam ental, los ejes de la intransigencia impidieron la consolidación de una dem ocracia amplia, lo que trajo más bien, como consecuencia direcla, una ciudadanía fragm entada en térm inos políti­ cos bipartidistas, que se mantuvo, por l o menos, hasta la instauración

Conclusiones

243

del Frente Nacional. En la lucha informal de este tipo de cam pesinado de mediados de siglo, se dehe identificar una ciudadanía alzada en ar­ mas que resistió de m anera exitosa la persecución en su contra. Estos campesinos, por medio de la resistencia, lograron debilitar y de paso aportar al derrocam iento de propuestas autoritarias de sociedad y Esta­ do, encabezadas por Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla, que bus­ caron echar raíces en la Colombia de mediados del siglo XX. Además, los campesinos de regiones com o el Sumapaz, el sur del Tolima y los Llanos orientales, com o expresión de ciudadanía informal o más bien com o parte de una ciudadanía imaginada no establecida en ese m om ento por el régimen institucional, trascendieron formas de iden­ tidad inm ediata, como la familia y redes locales, para encontrarse en el escenario de sus derechos como ciudadanos, lo que les perm itió esta­ blecer plataformas políticas en los años 1952 y 1953, que desbordaron los canales de participación de la democracia formal, aspecto que de­ m andó a la vez un Estado m oderno que les garantizara una identidad social com o nuevos actores. La ciudadanía alzada en armas ñivo una nueva expresión a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando las gue­ rrillas m odernas, nacidas después de 1965, reivindicaron una amplia­ ción de la democracia, expresada en el fin del estado de sitio del gobierno de Julio César Turbay, el derogam iento del Estatuto Nacional de Seguri­ dad, el entierro, en térm inos reales, del acuerdo burocrático del Frente Nacional y la instauración de la prim era Comisión de Paz, que buscó acercam ientos con estas guerrillas. En los procesos de diálogo e n tre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla, iniciado en 1982, los puntos discutidos por los alzados en arm as se dieron desde el escena­ rio de los derechos políticos, más que desde los derechos sociales o económ icos. En esta coyuntura, en el proceso de “desfatalizar” el pasado recien­ te, los alzados en armas se convirtieron en una expresión de sociedad civil no formal, que denotó una serie de relaciones sociales no controla­ das por el Estado, las cuales no dejaron de ser políticas ni de dem andar m edidas m odernizantes. Esta expresión particular de sociedad civil y de ciudadanía informal reivindicó un nuevo tipo de relaciones ciudadanas entre la sociedad y el Estado, basadas en la participación, la descentrali­ zación y el ejercicio del poder local, cuyo proceso term inaría con la elección popular de alcaldes (F.PA) como principal resultado para mos­

244

Democracia en tiempos He crisis

trar en esta conflictiva coyuntura política que vivió el país. Por últim o y, pese a los fatídicos resultados del M-19, el EPL y, particularm ente, la U nión Patriótica como expresión política fie las FARC, el proceso ini­ ciado en los años ochenta term inaría con el establecimiento ríe las bases para una Asamblea Nacional Constituyente, que el país se vio abocado a realizar años después. Efectivamente, en este proceso se establecieron de m anera directa o indirecta las bases de la reform a constitucional de los años noventa, que tenían que ver con un mayor impacto del sufragio universal en el régi­ men institucional; es decir, en el escenario de la discusión de los derechos políticos, se buscó una mayor incidencia del ciudadano dentro del siste­ m a democrático, el cual estaba obligado a modernizarse. Aspectos, como la revocatoria del mandato, el plebiscito y el referéndum además fie la Asamblea, fueron dem andados p o r buena parle de la izquierda armada, una de las dinamizadoras y pioneras del proceso constitucional de 1991. Si bien la violencia se ha convertido en un elem ento consustancial en la política colom biana desde mediados del siglo XX, la democracia ha estado mediada por las armas, en uno de los regímenes institucionales más verticales y conservadores de América Latina. Los cambios dem o­ cráticos, dentro de un régim en institucional excluyeme, que expresa los intereses de una élite económ ica y política, han sido dinam itados c impulsados por esta paradójica relación y esta m anera particular de ejer­ cer ciudadanía en una de las democracias más antiguas y “estables” del hemisferio occidental. En la evaluación del paso dado “de las armas a la política”, que han elaborado algunos investigadores recientem ente con respecto al último proceso de negociación que se vivió a la luz o bajo la sombra de la Cons­ titución de 1991, y en el que se desmovilizaron cuatro grupos de gran im portancia, como el M-19, el EPL, el PRT y el Q uintín Lim e, acompa­ ñados de la C orriente de Renovación Socialista y de otros cuatro tic carácter m inoritario, se tuvo en cuenta la propuesta educativa como un aporte positivo a la desmovilización. En este aparte, pese al escepticis­ mo que pudo existir debido al fracaso en térm inos de continuidad polí­ tica, de grupos como la ADM-19 y Esperanza, Paz y Libertad, se buscó recoger las experiencias positivas, com o las que vivió el Q uintín U m r. Este grupo, ya como parte del movimiento indígena, logró negociai por m edio de la reivindicación de sus derechos históricos cierto tipo de ciudadanía m oderna avalada por la Constitución de 1991, aspecto que

Conclusiones

245

les brindó muchas más ventajas con respecto a otros actores rurales como el campesinado. No obstante esta experiencia, el objetivo central ha sido resallar la propuesta educativa como la única que tuvo un real im­ pacto dentro de las garantías sociales ofrecidas a los desmovilizados. La propuesta educativa fue la mejor evaluada por parte de los ex com­ batientes, la cual permitió “insertarse” a muchos de ellos o “reinsertarse”, en el caso de otros, en la sociedad, perm itiéndoles seguir su vida en escenarios formales garantizados po r la democracia. El dilema de la ciu­ dadanía y la democracia siempre estuvo presente en sus vidas, ya fuera como alzados en armas, desmovilizados o “nuevos” ciudadanos reincor­ porados a una sociedad. Las relaciones dadas entre la sociedad y el Esta­ do con sectores excluidos del proyecto nacional han estado mediadas por una relación informal, expresión de ciudadanía popular y subalter­ na, que se ha visto obligada en determ inadas coyunturas históricas a presionar derechos y reivindicaciones por m edio de las vías de hecho. De esta m anera, en la prim era mitad de la década de los noventa, se cierra un capítulo im portante, de casi m edio siglo, de las relaciones dadas entre la sociedad y el Estado, mediadas por las armas. En este aparte final, parece oportuno recordar que el principal filtro para estu­ diar el pasado, es el presente mismo, en el cual debemos reconocer una doble dinámica. Como lo anotó Gonzalo Sánchez, por un lado, la de los impulsos de la relegitimación democrática y fortalecim iento del Estado y, por otro, el predom inio creciente de la lógica de la guerra39". En este sentido, pese a los avances de la democracia, la situación nacional poste­ rior a la coyuntura de 1991, no es la mejor, producto de la multiplicidad de las expresiones de violencia que se viven en el territorio nacional, tanto de carácter rural como urbano. La dinám ica del conflicto ha entrado en un proceso de degradación en el cual se han atravesado otra serie de actores “parainstitucionales”, que, como el narcotráfico y el paramilitarismo, acompañados del gramaje de la hoja de coca, en la que tam bién han incursionado las guerrillas, han enturbiado cualquier tipo de relación social. Igualm ente, la violen­ cia urbana sigue cam pante acom pañada de la im punidad que la caracte­ riza, y de sus grandes flagelos que, como el sicariato, las milicias populares y los grupos de “limpieza social”, han m antenido a nuestro país en un ** G on zalo S ánchez, “G u e rra p ro lo n g a d a , neg o ciacio n es in ciertas e n C olom bia", e n Boletín ilrl Instituto dr Estudio Andinos, L im a, P e n i, m arzo d e 2000.

246

Democracia en liemfws de crisis

índice q u e oscila entre las 30.0()() y las 35.000 m uertes violentas anuales. Así pues, existe una serie de buenas razones por las cuales Colombia ha pasado crecientem ente a ser el centro de la atención m undial, en una súbita intcrnacionalización negativa de nuestra imagen. Desde luego, debem os aclarar que la violencia política ii organizada “constituye el contexto en el que se desarrolla la no organizada"5®9, cuyo desenlace es el im pedim ento de cualquier tipo de convivencia. De esta m anera, com o lo afirma Daniel Pécant, la violencia actual no se articula más con actores sociales ni con identidades colectivas locales; la fragili­ dad de la unidad simbólica de la nación contribuye a que las delimita­ ciones entre lo legal y lo ilegal sigan siendo inciertas y que, más bien, la sociedad colom biana en general, en los últimos años, sea objeto de una guerra declarada contra ella misma. Una guerra contra la sociedad—que im pide cualquier forma de reivindicación colectiva de derechos, así sean de carácter imaginado, populares y subalternos— , representa la situa­ ción crítica del presente. En consecuencia, la degradación del conflicto, con sus puntas de lanza, com o las masacres y los desplazam ientos forzados, se ha converti­ do en la principal m áquina de dem olición de cualquier tipo de identi­ dad colectiva que perm ita a la postre el ejercicio de la ciudadanía. Por lo demás, en esta última coyuntura, posterior a la de la Constitución de 1991, se hace m ucho más difícil discutir cualquier tipo de ciudadanía informal y subalterna, pues el carácter político de ella se pierde en la degradación de la guerra misma. Por consiguiente, las identidades co­ lectivas, partiendo de las más m odernas com o las que se gestan en la acción reivindicativa y en la protesta social urbana, p ero de m anera par­ ticular, en el tipo de identidades que pueden gestar los sectores subal­ ternos com o los campesinos, indígenas, com unidades negras rurales «• incluso sectores populares de la periferia urbana, han sido las directa­ m ente afectadas. En este sentido, y de acuerdo con nuestro actual contexto, debe­ mos “desguerrillerizar" las posiciones reivindicalivas y de oposición, con v in ien d o a éstas en una preocupación de la sociedad en su conjun­ to y no exclusivam ente de la insurgencia con el Estado. Por lo demás, debem os trascender esta relación paradójica e n tre la sociedad y el Es!W9 D a n iel P é c an t. “P re se n te , p a sa d o y fu tu ro «le la violencia e n C o lo m b ia", e n (inrini contra la sociedad, B o gotá, F.spasa-Hoy. 2(KK). p. 90.

Conclusiones

247

lacio m ediada por las arm as, con el objetivo y — pese a las circunstan­ cias actuales— , de generar identidades colectivas que com o expresio­ nes reivindicalivas de derechos generen tejido social con capacidad de discusión frente al listado mismo. 1.a necesidad de una paz. integral que reconstruya la institucionalidad, el Estado y, ante todo, el tejido social, acom pañado de una propuesta de izquierda dem ocrática, es un proceso que puede dem andar el esfuerzo de varias generaciones. Dicha tarea, con carácter urgente, será m ucho más difícil de em p ren d er si no logramos frenar y derro tar ese único imaginario que nos une com o co­ lombianos: la violencia y la guerra.

BIBLIOGRAFÍA

A r c h iv o s :

Archivo de la Presidencia de la República, 1955-1956, 1980- 1994. Archivo de la Universidad Pedagógica Nacional, 1991-1996. Archivo del diario El Colombiano, 1983-1984. Archivo del diario El Espectador, 1980-1985. Archivo del diario El Heraldo, 1984. Archivo del diario El Mundo, 1983-1984. Archivo del diario El Siglo, 1950-junio de 1953. Archivo del diario El Tiempo, 1950-agosio de 1955, segundo semestre de 1957,1980-1991. Archivo del diario La Libertad, 1984. Archivo del periódico El Intermedio, 1956. E n t r e v is t a s :

Entrevista con Carmen Giraldo, Bogotá, 25 de abril de 2001. Entrevista con Éyner Panche, Bogotá, 24 de abril de 2001. Entrevista con Germán Rojas Niño, ‘Raúl’, Bogotá, 16 de mayo de 2001. Entrevista con José Antonio Salgado, Bogotá, 12 de mayo de 2001.

2r>o

Demacraría en tiempos de crisis

Entrevista con María Eugenia Gallo, Bogotá, (i de junio de 2000. Entrevista con Vladimir Zabala, Bogotá, 9 de mayo de 2001. L it e r a t u r a

t e s t im o n ia l :

Arenas, Jacobo, Cese al fuego. Una historia política de tas FARC. Bogotá, Oveja Negra, 1985. ______, Correspondencia secreta del Proceso de Paz. Bogotá, Editorial La Abeja Negra, 1989. ______, Vicisitudes del Proceso de Paz, Bogotá, Editorial La Abeja Negra, 1990. ______, Paz, amigos y enemigos, Bogotá, Editorial La Abeja Negra, 1990. Ejército Popular de Liberación (EPL), "Revolución”, m edio de infor­ mación, prim era quincena de septiembre rie 1984, Edición No. 120. Marulanda Vélez, Manuel, Cuadernos de campaña, Bogotá, Editorial Abe­ jó n Mono, 1973. República de Colombia, Presidencia, F.l pmeeso de paz en Colombia, com­ pilación de docum entos, lomo I, FJ Golnerno de ¡Misario de Betancur. La Propuesta de Paz, I9N2-I984, Bogotá, Biblioteca del Alto Comisio­ nado para la Paz, 1998. Restrepo, Carlos Lleras, De la república a la dictadura, testimonio sol»r la política colombiana (memorias). Bogotá, Editorial Planeta, 1997. Sierra Ochoa, Gustavo (Cr.) Las guerrillas de los IJavos orientales, Manizales. 1954. Trujillo, Ciro, Ciro, páginas de su xndn (autobiografía), Bogotá, Editorial Abejón Mono, 1974. Vásquez, Santos José, Guerrilleros buenas días, Bogotá, 1954.

T

e s is d e g r a d o y m o n o g r a f í a s :

Bocanegra, Luz María, Crisis del hipartidismo. Pivceso de Paz, 1970-I9S4. monografía de grado para optar por el título de licenciada en Cien­ cias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, junio de 1987. Bejarano, María de los Angeles y Prieto Sandoval, Miriam, ('.ese alJuego y el surgimiento déla Unión Patriótica, m onografía para oplar por el títu­

Bibliografía

251

lo de licenciadas en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 1990. Figueroa, Hclwar Hernando, Intransigencia y catolicismo en Colombia, 1930­ 1946, monografía para optar por el tíuilo de Historiador, Universi­ dad Nacional de Colombia, Bogotá, ju nio de 2000. Jiménez, Absalón, Propuestas de resolwión de conflictos y posición de un gru­ po insurgente. Caso las FARC-EP. 1990-1996, Tesis para optar por títu­ lo de Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidadjaveriana, Bogotá, 1997. Moreno, Pablo, Protestantismo y disidencia política en el suroccidente colom­ biano, 1908-1940. Tesis para optar por el título de Magíster en Histo­ ria, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Historia, Bogotá, 1999. Peñaranda, Ricardo, Historia del Movimiento Armado (¿uintín Isime, Tesis para optar por el título de Magíster en Historia, Universidad Nacio­ nal de Colombia, Departamento de Historia, Bogotá, 1999. Pinilla, Alexis Vladiniir, Elites, educación y cultura política. El conflicto co­ lombiano 1946-1953. Tesis para optar por el título de Magíster en Educación, con Enfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, julio de 2000. Urrcgo, Miguel Ángel. La creación de un orden teocrático durante la Regene­ ración, tesis para optar por el título Magíster en Historia, Universi­ dad Nacional de Colombia, Bogotá, 1990. T

extos:

Abel, Christopher, Política, Iglesia y partidos en Colombia. 1886-1953, Bo­ gotá, Editorial FAES, Universidad Nacional, 1987. Aguilera, Mario, Insurgencia urbana en Bogotá. Motín, conspiración y guerra civil, 1893-1895. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1997. Aguilera, Mario y Vega Cantor Renán, Ideal democrático y revuelta popular, Bogotá, Instituto María Cano, ISMAC. 1991. Alape, Arturo, La paz, la violencia, testigos de excepción, Bogotá, Editorial Planeta, 1986. Barbosa, Reinaldo, Guadalupe y sus centauros. Memorias de la insurrección llanera, Bogotá, Cerec, 1992.

252

Democracia en tiempos de crisis

Ayala, C'^sar Augusto. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. I.os orígenes de In Alianza Nacional Popular (AÑAPO). Colom­ bia 1953-1964, Bogotá, Colciencias, 1996. Behar, Olga, Ims güeñas de la paz, Bogotá, Editorial Planeta, 1985. Bcjarano, Jesús Antonio, Una agenda para la paz, Bogotá, T ercer M undo Editores, 1995. Bergquist, ('liarles, Los trabajadores en la historia latinoamericana, Bogotá, Siglo XXI Editores, 1988. B etancurt, Darío, Matones y cuadrilleros. Origen y n>olución de la violencia en el occidente colombiano, Bogotá, T ercer M undo Editores, 1991. Bushnell, David, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Bogotá, Ancora Editores, 1996. Bobbio, N orbcrto, Estado, gobierno y sociedad. México, Fondo de C ultura Económ ica, 1994. Braun, H erbert, Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Co­ lombia, Bogotá, Editorial N orm a, 1998. Castro, Jaim e, Elección popular de alcaldes, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1987. Castro, María Clem encia y Díaz, Carm en Lucía, Guerrilla, reinserción y lazo social, Bogotá, A lm udena Editores, 1997. Cortes, José David, Curas y políticos. Mentalidad religiosa e intransigencia en la diócesis de Tunja, Rogotá, M inisterio de la C ultura, 1998. Fals Borda, O rlando; U m aña Luna, Eduardo y Guzm án, G erm án, La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, Bogotá, Tercer M un­ d o Editores, 1964. Gaitán Pavía, Pilar, Comunidad, alcaldes y recursos locales, Bogotá, FESCOL, 1991. ______ y M oreno Ospina, Carlos, Poder local, realidad y utopía déla descen­ tralización en Colombia, Bogotá, T ercer M undo Editores, 1990. García, D urán M auricio, De la Uribe a l'laxcala. Proceso de Paz, CINEP, Bogotá, 1992. Garay, LuisJorge, Ciudadanía, lo público, democracia. Textos y notas, Edito­ rial Litocencoa, Bogotá, 2000. Gros, Christian, Políticas de la etnicidad: Identidad, Estado y Modernidad, Bogotá, Instituto de A ntropología c Historia, 2000. Hartlyn, Jo n ath an , La política del régimen de coalición. 1.a experiencia del Frvnte Nacional en Colombia. Bogotá, Tercer M undo Editores, 1993.

Bibliografía

253

H enderson, Jam es D., I m s ideas de Laureano Gómez, Bogotá, Tercer M un­ do Editores, 1985. H errera, M artha Cecilia y Low, Carlos, Los intelectuales y el despertar del siglo. El caso de la Escuela Normal Superior, Universidad Pedagógica Nacional, 1997. Hoenigsberg, Julio, La frontera de los partidos políticos en Colombia, Bogo­ tá, Editorial ABC, 1953. Hobsbawn, EricJ., Rebeldes primitivos, Barcelona, Editorial Ariel, 1968. ______ , Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Editorial Crítica, 1991. Kóning, Hans-Joachim, En el camino hacia la nación. Naciónalúmo en el proceso de formación del Estado y la nación de la Nueva Granada, 17501886. Bogotá, Banco de la República, 1994. Leal Buitrago, Francisco y Zamosc, León, A l filo de caos. La crisis política en la Colombia de los años 80, Bogotá, Tercer M undo Editores, 1991. LeG rand, C atherine, Colonización y protesta campesina en Colombia. 18501950, Bogotá, Universidad Nacional, 1988. León, E. G uillerm o, Grandes temas social cristianos, tom o I, A m bito sociopolítico. Politología, Universidad Javeriana, Bogotá, Editorial FIEL, 1985. Lynch, Jo h n , Las revoluciones hispanoamericanas. 1808-1826. Barcelona, Editorial Ariel, 1983. Marshal, T. H. Ciudadanía y clase social, C am bridge University Press, Londres, 1950. M arulanda, Elsy, Colonización y conflicto. Las lecciones del Sumapaz, Bogo­ tá, Editorial Tercer M undo, Universidad Nacional, 1991. ______ y González, Jairo, Historias de Frontera. Colonización y guerras en el Sumapaz. Bogotá, Cinep, 1990. M edina, McdóFilo, La protesta urbana en Colombia. Bogotá, Editorial Au­ rora, 1984. Molano, Alfredo, Amnistía y violencia, Bogotá, Cinep, 1980. M urilo de Carvalho, José, Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, México, Fondo de C ultura Económ ica, 1995. Nieto Arteta, Luis Eduardo, Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, Banco de la República, 1996. O cam po, José A ntonio, Historia económica de Colombia, Bogotá, Tercer M undo y Siglo XXI, 1987.

254

Democracia en tiempos de crisis

Oquist, Paul, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colom bianos, 1978. Orozco, A. Iván, Combatientes, rebeldes y terroristas. Gueira y derecho en Co­ lombia, Bogotá, Tcmis, IEPRI, 1992. Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en las acuerdos de paz, Bogotá, Cerec, 1992. Palacio, G erm án, 1.a irrupción del paraestado, Bogotá, Cerec, 1990. Palacios, Marco, El café en Colombia, 1850-1970, Bogotá, El Áncora Edito­ res, 1983. Pasquino, Gianfranco (comp.) Manual de ciencia política, M adrid, Alian­ za Editores, 1988. Pécaut, Daniel, Orden y violencia. Colombia, 1930-1954. Bogotá, Cerec y Siglo XXI, 1987. ______ , Crónica de das décadas de político colombiana, 1968-1988, Bogotá, Siglo XXI Editores, 1990. ______ , Guerra contra la sociedad, Bogotá, Espasa-IIoy, 2000. Peñaranda, Ricardo y G uerrero, Javier (com ps.), De las armas a la políti­ ca, Bogotá, Tercer M undo, IEPRI, 1999. Perea, Carlos Mario, Porque la sangre es espíritu, Bogotá, Editorial Aguilar, IEPRI, 1996. Pizarro Leongómez, Eduardo, Las FARC. l)e la autodefensa a la combina­ ción de todas lasformas de lucha, Bogotá, Tercer M undo Editores, 1991. Rudé, Georges, Revuelta pofmiar y conciencia decíase, Barcelona, Editorial Crítica, 1982. Sabato, Hilda, Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectiva histórica de América latina, México, Fondo de Cultura Económica, • 1999. Sáenz, R. Eduardo. La ofensiva empresarial. Industriales, políticas y violencia en los años 40 en Colombia, Tercer M undo-Uniandes, Bogotá, 1992. ______Colombia años 50. Industriales, política y diplomacia, Bogotá, Uni­ versidad Nacional, 2002. Sánchez, Gonzalo, Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en pro­ vincia, Bogotá, Centro C ultural Jorge Eliécer Gaitán, 1984. ______ , Ensayos de historia social y política del siglo XX, “Las raíces históricas de la amnistía , Bogotá, El Ancora Editores, 1985. ______ , Ijis grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, Bogotá, Editorial Planeta, 2000.

Bibliografía

255

______ , Colombia, violencia y democracia. Comisión de Estudios sobre la vio­ lencia, Bogotá, IEPRI, Colciencias, 1987. ______ y Meertens, Donny, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia, Bogotá, El Ancora Editores, 1992. ______ , y Peñaranda, Ricardo, Pasado y presente de la violencia en Colom­ bia, Bogotá, Cerec 1986. Santam aría, Ricardo y Silva Lujan, Gabriel, Proceso político en Colombia. Del Frente Nacional a la apertura democrática, Bogotá, Cerec, 1984. Santos, C. Enrique. La guerra por la paz. Bogotá, Cerec, 1985. Thom pson, Edward Palmer, Tradición, revuelta y conciencia de clase, Bar­ celona, Editorial Grijalbo, 1979. Tirado Mejía, Alvaro, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso Lófwz Pumarejo. 1934-38, Bogotá, Instituto Colom biano de Cultura, 1981. Toiiarine, Alain, Critica a la modernidad, Madrid, Editorial Ensayo, 1993. Umaña Luna, Eduardo, La violencia y la paz, Bogotá, Tercer Mundo, 1982. Uribe, María Victoria, Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la Vio­ lencia en el Tolima. 1948-1964. Bogotá, Cinep, 1996. Valencia, V. H ernando, Cartas de batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano, Bogotá, Cerec, 1997. Vásquez, Alfredo, Betancur y la crisis nacional, Bogotá, Editorial Aurora, 1986. Villar, B. Luis, Oposición, insurgenciay amnistía, Bogotá, Editorial Dintel, 1982. Villarraga, Alvaro y Plazas, Nelson, Para reconstruirlos sueñas, (Una histo­ ria del EPL), Bogotá, Editorial Progresar, 1995. Weher Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1992. ______ , El político y el científico, M adrid, Alianza Editorial, 1996. E

n sa y o s y a r t íc u l o s :

Bejarano, Ana María, “Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régim en político”, en Revista Controversia, CINEP, segunda eta­ pa, No. 167, Bogotá, 1995. Bejarano, jesús A ntonio “Cam pesinado, luchas agrarias e historia so­ cial: notas para una balance historiográfico”, en Anuario Colombiano

256

Democracia en tiempos de crisis

de Historia Social y de la Cultura. No. 11, 1983, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Cárdenas, Jh o n Jairo, “Participación y dem ocracia”, Revista Foro, No. 2, Bogotá, 1987. Carvalho, José Murilo, “Dimensiones de la ciudadanía en el Brasil”, en Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas la­ tinoamericanas, Fondo de Cultura Económica, México, 1999. Faletto, Enzo, “l,a función del Estado en América Latina”, Revista Fom, No. 23, Bogotá, 1994. García, Mat lha Cecilia, “Luchas y movimientos cívicos en Colombia durante los ochenta y los noventa, transform aciones y perm anen­ cias”, en Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, Edito­ res Mauricio Archila y Mauricio Pardo, CES, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001. Green, W. Jo h n , “Nuevas interpretaciones del populismo latinoam eri­ cano y el caso del gaitanismo en Colombia", en Revista Innovar de Economía, Universidad Nacional, No. 5, Bogotá, 1995. Lecbner, N orbert “La búsqueda de la com unidad perdida: los retos de la dem ocracia en América Latina”, Bogotá, Revista Fom, No. 12, Bo­ gotá, 1990. Meló, Jorge O rlando, “La constitución brasileña: liberalismo, dem ocra­ cia y participación”, en Revista Análisis Político, No. 6, Bogotá, 1989 Molano, Alfredo, Ponencia presentada a la Asamblea por la Paz, orga­ nizada por la USO y ECOPETROL, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 26 al 29 de agosto de 1996. Morlino, Leonardo, “Las democracias", en Gianfranco Pasquino, Ma­ nual de ciencia política, Madrid, Alianza, 1988. P écau t, D aniel “La crisis d e g o h e rn a b ilid a d en C o lo m b ia ”, en Gobemabilidad Democrática. Elpivyecto colombiano, Bogotá. Instituto Luis Carlos Galán, 1998. Pizarro Leongómez, Eduardo, “Un nuevo pacto nacional más allá del bipartidism o”,en Revista Fom, No. 2, Bogotá, 1987. Restrepo, Juan Camilo, “El gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986", en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, lomo VII, 1999. Restrepo, Luis Carlos, “El protagonism o de los movimientos sociales", en Revista Fom, No. 2, Bogotá, I9N7.

Bibliografía

257

Revista Bitácora, No. 2, Revista del Programa para la Reinserción-Red de Solidaridad Social, diciem bre de 1995. ______, No. 3. Revista del Programa para la Reinserción-Red de Solida­ ridad Social. O ctubre de 1996. Revista de Historia Social, No. 15, Editorial Soler, Valencia (España), 1993. ______, No. 25, Editorial Soler, Valencia (España), 1996. Sánchez, Gonzalo, “La Violencia y sus efectos en el sistema político co­ lom biano”, en Revista Cuadernos Colombianos, No. 9, prim er trimes­ tre de 1976. ______, “Los bolcheviques del Líbano”, en Ensayos de historia social y política del siglo XX, Bogotá, El Ancora Editores, 1985. ______, “Las Ligas Campesinas en Colom bia”, en Ensayos de historia so­ cial y política del siglo XX, Bogotá, El áncora Editores, 1985. ______, “Violencia, guerrilla y estructuras agrarias” en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, tomo II, 1998. ______, “Ciudadanía sin dem ocracia o con democracia virtual", en Ciut dadanía política y formación de las naciones. ______.“Guerra prolongada, negociaciones inciertas en Colombia", en Boletín del Instituto de Estudio Andinos, Lima, Perú, marzo de 2000. Santam aría, Ricardo “Aspectos políticos del gobierno Barco (1986­ 1990)” en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, Tomo VII, 1998. Silva, Miguel, “César Gaviria, los años del revolcón (1990-1994)”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, Tomo VII, 1998. Tirado Mejía, Alvaro, “El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadu­ ra civil a la dictadura militar”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, tomo II, 1998. ______, “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”. Valencia Villa, H ernando “Vida, pasión y m uerte del Tribunal Especial de Instrucción", en Revista Análisis Político, No. 2, Bogotá, 1987. Zuluaga Nieto, Jaim e, “De guerrillas a movimientos políticos (Análisis de la experiencia colombiana: el caso del M-19)”, en De las armas a la política, Bogotá, Tercer M undo Editores-IEPRI, 1999.