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CAMISEA EN LOS ANDES: IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Suyana Huamani Mujica © Asociación Servicios Educativos Rurales Jr. Domingo Ponte 840, Lima 17, Perú (51-1) 4727 950 www.ser.org.pe © Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho – FEREMIA Av. Los libertadores 590 distrito de Carmen Alto- Huamanga – Ayacucho RUC 20601943299 Corrección de estilo: Madeleine Perusse Diseño y Diagramación: Araceli Paucarpoma Rosales Foto de portada: Municipalidad Distrital de Acocro, Ayacucho Primera Edición, Lima, junio 2020. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-04752. Impresión: ArtColor Jr. Huaraz N °1747 Int. Z04, Breña, Lima. Tiraje: 500 ejemplares
Camisea en los Andes: Impactos de los ductos de gas en las comunidades de Ayacucho Suyana Huamani Mujica
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
AGRADECIMIENTOS Esta publicación no sería posible sin la colaboración de diferentes personas que han permitido que este texto pueda desarrollarse a quienes quiero darles las gracias por todo el apoyo. Quiero empezar agradeciendo a FEREMIA y SER por la confianza depositada en mi persona para la elaboración de este estudio, especialmente a Melania Canales y Raquel Reynoso. Agradecer a las personas de las diferentes comunidades campesinas que visité en Huamanga y La Mar quienes con muy buena disposición me abrieron las puertas y compartieron sus experiencias, aspiraciones y frustraciones en torno a los ductos de Camisea. Agradezco también a Omar Rosel, Nelly Mejía y Olga Calderón por su apoyo permanente en el trabajo de campo en Ayacucho. Agradezco a mi padre, Jorge Julio Huamani quien, a pesar de la edad me acompañó en la visita a las comunidades apoyándome con la traducción del quechua. Lengua que aún estoy en proceso de aprender. Finalmente, agradezco a los asistentes en la presentación preliminar de los hallazgos de este estudio por sus valiosos comentarios que han enriquecido el documento. La autora.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
ÍNDICE INTRODUCCIÓN
08
I. El Proyecto Camisea
10
1.
La Importancia del Gas de Camisea
12
2.
La Puesta en Operación de Camisea
15
II. Transportando el Gas de Camisea: Empresas e Infraestructura
22
1.
Transportadora de Gas del Perú
23
2.
Perú LNG
26
3.
El Trazo de los Ductos
27
III. Conviviendo con los ductos de Camisea
32
1.
Las Comunidades: Contexto Económico y Social
33
2.
Los Cambios
39
3.
Las Tensiones
49
4.
La Gobernanza Comunal
55
5.
¿Cambios en la Situación de las Mujeres?
57
IV. Los Beneficios de Camisea
60
1.
El FOCAM
61
2.
Distribución de Transferencias del FOCAM
64
3.
Ejecución de los Recursos del FOCAM
67
V. Conclusiones y Recomendaciones
75
BIBLIOGRAFÍA
79
7
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
INTRODUCCIÓN Camisea es uno de los proyectos más emblemáticos del país en materia de hidrocarburos. Desde su descubrimiento, fue considerado un activo estratégico para el país por su gran potencial para lograr mayor desarrollo económico y brindar seguridad energética nacional. Su construcción, que se dio a principio de la década del dos mil, implicó una gran infraestructura compuesta por plantas de explotación en Cusco y ductos que permitieran transportar el gas hasta las plantas en la costa, desde donde se realiza la distribución a Lima e Ica para el consumo del mercado interno, así como para la exportación. Los lotes de Camisea, así como la infraestructura que hace posible su operación comercial, se superponen a los territorios de diferentes pueblos indígenas y comunidades locales, por lo que ha sido fuente frecuente de conflictos y tensiones. Desde el inicio de las negociaciones para la construcción del proyecto Camisea, existieron preocupaciones por los impactos ambientales y sociales. A pesar de que se incluyeron acciones por demanda de la sociedad civil orientadas a aminorar estos impactos, estos esfuerzos quedaron insuficientes. Como consecuencia, existe un escenario de conflictividad en diversos puntos que con el paso de los años no ha logrado resolverse. Cuando se revisa la literatura sobre este tema, la mayoría se concentra en lo que ocurre donde están los Lotes, es decir en la parte amazónica, debido a la presencia de pueblos indígenas machiguengas y de pueblos indígenas no contactados y en contacto inicial, sumado a la presencia del ecosistema de montañas amazónicas, que representa un área de gran afectación social y ambiental. Sin embargo, pocas veces se ha estudiado lo que ocurre más allá de Camisea, es decir, en el camino para la distribución y explotación del gas. Recordemos que son más de 700 km de ductos, a través de los cuales se transportan el gas y sus derivados, que cruzan comunidades andinas y costeras de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima Región. En Ayacucho, en las zonas por donde pasan los ductos, reside una población mayoritariamente indígena cuya lengua principal es el quechua y la forma predominante de organización son las comunidades campesinas. Evidentemente, la puesta en marcha de los ductos no ha sido un proceso sencillo para estas comunidades, pues ha significado el ingreso de un actor con el cual tienen que compartir sus tierras. Es así que frecuentemente la Defensoría del Pueblo ha registrado conflictos en estos ámbitos de forma permanente. Por ello, resulta necesario también documentar qué es lo que ocurre en estos ámbitos y cuáles han sido las implicancias desde la llegada de Camisea a estas zonas. En ese contexto, la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho – FEREMIA y la Asociación Servicios Educativos Rurales – SER han considerado necesario realizar un diagnóstico que permita cubrir este vacío y conocer cómo la presencia de los gasoductos está afectando a la población local y en particular a las mujeres indígenas de Ayacucho a fin de generar propuestas
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO para la incidencia. En ese sentido, el presente informe tiene por objetivo identificar y describir los cambios que los ductos de Camisea han generado en las comunidades campesinas de Ayacucho, y un primer acercamiento a la situación de las mujeres indígenas en este contexto. Para el desarrollo del presente informe, se han realizado visitas a nueve localidades del ámbito de influencia de los ductos en las provincias de La Mar y Huamanga, llevándose a cabo entrevistas a la población local, autoridades comunales, autoridades municipales y otros actores involucrados. Asimismo, se revisó información documentaria que comprende normas, informes técnicos de entidades gubernamentales, estudios previos y bibliografía afín al área de estudio. El presente documento se estructura en cuatro partes. La primera, referente a los antecedentes de Camisea, brinda información sobre el proceso de construcción, actores involucrados y las implicancias de su implementación para el país. La segunda sección trata sobre el funcionamiento de los ductos, presentando también una descripción de las empresas responsables de su operación, que son Perú LNG y Transportadora de Gas del Perú (TGP). La tercera sección aborda propiamente a las comunidades afectadas, el contexto en el que se desarrolla Camisea, las principales afectaciones, así como las tensiones registradas entre empresas y comunidades. También en esta sección se incluye un recuento de las implicancias que han tenido los ductos en las mujeres indígenas. Debido a que la implementación de Camisea generó promesas como el desarrollo de las localidades del ámbito de influencia, en la cuarta sección, se aborda la implementación del Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM, que son las regalías que se destina a esta región por la explotación de Camisea. Finalmente, la última sección bosqueja algunas conclusiones y recomendaciones que puedan servir para el debate en esta temática.
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I. EL PROYECTO CAMISEA
GAS
CAMISEA
IMPACTOS
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Desde la década de los ochenta, se empezó a hablar de los yacimientos de Camisea y su relevancia para el Perú al ser la principal reserva de gas del país. A lo largo de los años, el debate público en torno a su explotación se ha centrado tanto en el abastecimiento energético para el país como en el potencial para incrementar las inversiones privadas a través de su exportación. Este proyecto se concretó a principios de la década del dos mil, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, e implicó la construcción de una gran infraestructura que posibilitara su explotación, transporte y distribución, la cual se encuentra en operación. La extracción del gas de Camisea y su comercialización han sido un proceso continuo de acciones que han estado orientadas por las discusiones de priorizar el mercado interno o su exportación. Ello trajo como resultado que, en el año 2000, se otorgue la concesión para la explotación del Lote 88 por 40 años a un consorcio formado por Pluspetrol, Hunt Oil Company y otras, que dio inicio a la construcción y puesta en operación de la infraestructura necesaria. En este primer momento, la orientación fue principalmente hacia el mercado interno, pero conforme pasaban los años, la idea de la exportación tomó relevancia; aun cuando el discurso todavía se enmarcaba en la idea de seguridad energética, en la práctica, los hechos mostraban otra intención: la de promover la exportación (Gamboa & Davila, 2010). De esta manera, en los años posteriores, se emitieron normas que permitían la explotación con fines de exportación, que incluso supusieron la renegociación de contratos firmados con el Consorcio Camisea. Estos hechos no estuvieron exentos de controversias y escándalos que incluían a altos funcionarios de turno1. Esto llevó a que, en el año 2006, el Gobierno peruano autorizara la realización por Perú LNG, un consorcio formado por la empresa Perú Hunt Funding Company y otras2, de un proyecto de infraestructura para la exportación del gas. Esta infraestructura sería complementaria a la autorizada en el año 2000. Posteriormente, a principios de la década del 2010, se aprobaron una serie de normas para dinamizar el consumo interno del gas, que incluyeron la construcción y concesión de infraestructura para la masificación del gas en las principales ciudades del país, así como la construcción del gasoducto Sur Peruano, que permitirá, además de llevar gas a las regiones del sur, la generación de una industria petroquímica. La construcción de este gasoducto ha sido paralizada debido a los escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht3.
1 De acuerdo al Grupo Propuesta Ciudadana (s. f. ), que realiza un recuento temporal de las acciones realizadas por el gobierno en torno al gas de Camisea, se terminó favoreciendo la exportación a pesar de que existen estudios que muestran que los lotes 88 y 56 de Camisea (que son los que están en explotación) son insuficientes para cubrir la demanda del consumo nacional. Esta línea también es sostenidad por Gamboa & Davila (2010). Este proceso estuvo caracterizado por su falta de transparencia e incluso por conflictos de interés, esto último representado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, durante la licitación de la exportación, fue primer ministro y luego asesor de las empresas ganadoras. 2 El consorcio está conformado por Perú Hunt LNG Funding Company (40%), SK Innovation (20%), Shell Gas BV (20%), Camisea LNG (Holding) Company (10%) y Marubeni LNG Development B.V (10%) (OSINERGMIN, 2017). 3 Este proyecto fue licitado a la empresa Odebrecht, la cual actualmente se encuentra en un proceso legal por la realización de actos de corrupción asociados a proyectos que el gobierno peruano adjudicó a esta empresa.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
1. La importancia del gas de Camisea Desde su inicio de operación, Camisea es la principal fuente de gas del país y ha venido incrementado cada año su producción. En el año 2018, Camisea representó el 95.2% de la producción nacional de gas, mientras que, en el 2008, representaba el 77.6% (Osinergmin, 2019). Como se observa en el siguiente gráfico, en el año 2016, se alcanzó el mayor pico de producción, presentando una caída en los años siguientes, especialmente por la rotura del poliducto en febrero de 2018, lo que implicó la reducción en el transporte (MEF, 2018). Evolución de la Producción Fiscalizada de Gas Natural Zócalo Norte
1600
Selva Central
Costa Norte
Selva Sur
1400 1200 1000 800 600 400
2018 IV
2018 II
2017 IV
2017 II
2016 IV
2016 II
2015 IV
2015 II
2014 IV
2014 II
2013 IV
2013 II
2012 IV
2012 II
2011 IV
2011 II
2010 II
2010 IV
2009 IV
0
2009 II
200
Fuente: Osinergmin, 2019
Como se ha mencionado, esta producción ha tenido dos destinos: el consumo nacional y la exportación, con una ligera predominancia de este último. Como puede observarse en el siguiente gráfico, las exportaciones entre los años 2012 y 2014 fueron más altas que las entregadas al consumo nacional, pero la tendencia está a la baja desde el año 2016. En el caso del consumo nacional, se observa un incremento sostenido desde el 2014 a la fecha y esto se relaciona en buena medida con la promoción de la masificación del gas. En ambos casos, se registra el pico más alto en el año 2016, coincidente con la mayor producción. Gas natural entregado por destino 2012-2018 223 209
Millares
MMSCFD*
250 200 150
216 209
177
2012
Exportación
183
2013
2014
229 211
219
229
Consumo nacional
2016
202
2017
2018
*Millones de Pies Cúbicos Estándar al Día
Fuente: Osinergmin, 2019. Elaboración propia
12
210 194
2015
212
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO El inicio de actividades de Camisea ha tenido impactos en el consumo energético nacional. De acuerdo al MINEM (2017), en su Balance Nacional de Energía, para el año 2016, el gas natural y los líquidos de gas natural (LGN) representaron el 70.5% de la estructura de producción de energía primaria. Es decir, nuestro consumo nacional energético se basa principalmente en el gas. Desde la puesta en funcionamiento de Camisea, la incorporación de gas en matriz energética ha ido en aumento, mientras que el consumo de petróleo y de energía hidráulica se encuentra a la baja. El transporte del gas de Camisea orientado al consumo nacional se encuentra a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que funciona a través de un gasoducto que conecta la planta de las Malvinas en Cusco, donde se explota el gas de Camisea, con el City Gate Lurín4 en Lima, desde donde se distribuye a los usuarios. ¿A qué se destina el gas de Camisea en el país? El volumen del consumo interno del gas se destina mayoritariamente a las plantas centrales de generación eléctrica. Este tipo de consumo representó el 61% en el año 2018. Entre los principales consumidores, se encuentran las empresas ENERSUR, a cargo de la central Chilca, EGESUR, Kallpa y otras ubicadas en las zonas costeras. Distribución del gas por tipo de consumo. Perú 2004 - 2018
800
MMPCD
600 400
Generación Eléctrica
Industriales Fuente: Osinergmin
GNV
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
200
Residenciales
5
El consumo industrial ocupa el segundo lugar en la demanda nacional. En el 2018, se trataba de 396 clientes industriales que involucraban la manufactura, refinería y minería, entre los cuales se encuentran empresas como Cementos Lima, Cerámica Lima, Minsur, Refinería La Pampilla, Alicorp y otros6. El tercer lugar de consumo es el Gas Natural Vehicular (GNV), que, como señala su nombre, es el gas que se emplea para el transporte. Año a año, la conversión de vehículos aumenta, concentrándose principalmente en Lima, seguido por los departamentos de la costa y, últimamente, los demás departamentos, siendo el gas el combustible más barato comparativamente a los otros. 4 El City Gate o estación de entrega es un punto donde el gas pasa de un sistema de transmisión principal a uno de distribución local, que puede ser una red domiciliaria o troncal. 5 Información extraída del portal: https://observatorio.osinergmin.gob.pe/distribucion-gn-segmento-demanda 6 La relación de empresas con suministros de gas natural se encuentra en http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/consumidores_industriales/ofertas_ publicas_capacidad.html
13
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO En último lugar del destino de consumo del gas, se encuentra el gas destinado al consumo residencial, el cual representa entre el 2% y 3% de la demanda total. Actualmente, la distribución solo se desarrolla en Lima Metropolitana y en las principales ciudades de Ica. De acuerdo a OSINERGMIN (2019), al 2018, se contaba con 745 mil clientes conectados en Lima y Callao, mientras que en Ica se alcanzó un total de 54.6 mil clientes residenciales. Después de más de una década de iniciado Camisea, la promesa de masificación del gas por donde atraviesa el proyecto, como Cusco, Ayacucho y Huancavelica, todavía no se ha concretado. De otro lado, como mencionado, la otra mitad del volumen de gas que se extrae de Camisea se destina a la exportación. Esto se ha desarrollado a partir del año 2010 y es operado exclusivamente por el consorcio Perú LNG, que cuenta para ello con un gasoducto que se conecta desde la planta Chiquintirca en Ayacucho (administrada por TGP) hasta llegar a la planta de licuefacción de Pampa Melchorita, ubicada en Cañete, al sur del departamento de Lima. En esta planta, se cuenta con infraestructura marítima (muelle y plataforma) que permite la salida y entrada de buques. Los principales países de destino de la exportación del gas de Camisea son España, México y Japón, los cuales en conjunto concentran el 79% de las exportaciones. Exportación de gas natural por destino en toneladas métricas 2010 - 2018 4,000,000 3,500,000
España
3,000,000
México Japón
2,500,000
Corea del Sur 2,000,000
Francia
1,500,000
China Otros
1,000,000 500,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Petro Perú7. Elaboración propia.
2018
En el caso de la exportación a México, la tendencia de los últimos años muestra que está a la baja. Cabe destacar que cuando se aprobó el Proyecto Perú LNG, la empresa Repsol, que es la intermediaria de la compra del gas licuado, firmó un acuerdo con el Gobierno mexicano para proveer gas. Sin embargo, cuando se inició la operación, la infraestructura del Gobierno mexicano aún no estaba lista, entonces Repsol aprovechó para reexportar el gas hacia otros países (Campodónico, 2018, pág. 299). Entonces México no era el destino final, sino que fue enviado a países que pagaban el gas un precio mayor sin comunicarlo al Gobierno peruano. Esto generó una gran controversia que llevó a un arbitraje internacional que le dio razón al Perú e implicó que el Consorcio Camisea devolviera US$ 62 millones en regalías no pagadas al Estado aunque esto no haya repercutido en 7
14
Información disponible en http://www.perupetro.com.pe/exporta/relacion.jsp
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO mejoras de los contratos con las empresas a cargo de la exportación del gas (Campodónico, 2018, pág. 299)8. Asimismo, a pesar de que el volumen promedio anual de exportación se ha mantenido, su valor expresado en dólares ha tenido variaciones considerables, ello principalmente debido a que el precio internacional del gas ha caído en los últimos años tras el descubrimiento de reservas en Estados Unidos. Por ello, en el 2016, siendo el pico más alto de exportación en términos de volumen de gas, su valor en dólares fue menor que en el año 2014. Estos problemas de volatilidad de precios y falta de regulaciones en el comercio del gas traen evidentes consecuencias para el Estado peruano, pues implican un menor recaudo de regalías que deriva en un menor presupuesto de los gobiernos locales y regionales. Según las estimaciones de Campodónico (2018), son aproximadamente US$ 1,056 millones de regalías que el Estado peruano ha dejado de percibir. En los últimos años, las exportaciones de gas se han orientado al mercado asiático, a países como Corea del Sur y Japón, que presentan tendencias a la alza. Entonces Camisea es de gran importancia en términos de seguridad energética para el país, pues el gas constituye la base de buena parte de la matriz energética nacional. Se destina principalmente para abastecer las plantas centrales de generación eléctrica y al consumo industrial de los departamentos costeros alrededor de Lima. Ambos en conjunto concentran cerca del 80% de la demanda nacional, mientras que el consumo de los hogares es marginal, llegando a apenas el 3% de la demanda total. La otra mitad de lo extraído de Camisea se destina a la exportación, pero su venta tiene un precio bajo. Así, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019), la exportación de gas en el 2018 solo representó el 2.2% del total de exportaciones. Esto muestra que el gas en el país principalmente es un negocio de empresas y que son estos actores los directamente afectados respecto a su explotación.
2. La puesta en operación de Camisea Para la puesta de operación de Camisea, se emitieron un conjunto de normas de forma progresiva a lo largo de los años. Una premisa principal que establecieron es que la cadena productiva del gas natural esté dividida en tramos con el fin de evitar “que una misma empresa operara varios tramos de la cadena productiva del GN [gas natural], concentrando poder de mercado y desincentivando la competencia” (OSINERGMIN, 2017, pág. 86). Con este fin se desarrolló un esquema de operación segmentado en tres procesos: a) producción, b) transporte y c) distribución. Cada uno de estos tramos sería concesionado a diferentes empresas o consorcios, que tendrían discrecionalidad para la construcción y operación de sus negocios en el marco estricto de lo que la normativa nacional establece. Es por ello que el proceso de concesión también se dio por partes. Sin embargo, como veremos más adelante, este anhelo de empresas independientes no se cumplió porque los consorcios que obtuvieron las licitaciones están compuestos por algunas empresas similares.
8 Asimismo, de acuerdo a los contratos de exportación y las tasas referenciales que se emplean para los precios, las exportaciones que van hacia Norteamérica son las más bajas, ascendiendo a un promedio de USD 3 en comparación con el mercado asiático que tiene un promedio de USD 12. El precio más bajo se registró en el 2016.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Respecto a la producción, se trata de la licitación de los lotes que se encuentran en Camisea, estos son los lotes 88, 56, 57 y 58. La explotación de los dos primeros se inició en la década pasada, mientras que la del Lote 57 empezó en el año 2014 y el Lote 58 sigue en exploración. Fue con la licitación del Lote 88 al Consorcio liderado por Pluspetrol en el año 20009 que se comenzó a desarrollar la producción de Camisea. Para ello, este consorcio se encargó de la construcción de la planta Las Malvinas en Cusco, la cual implica infraestructura que permita la extracción del gas a través de perforaciones, instalaciones en los yacimientos, así como plantas de procesamiento que generan gas seco y gas natural licuado (GNL)10. Esta planta inició su operación en el año 2004 y ha tenido ampliaciones que permitieran el aumento de la capacidad de extracción. En el año 2004, también se aprobó la licencia de explotación del Lote 56 al consorcio de Pluspetrol, que, junto con otras empresas, creó Perú LNG. Este proyecto está destinado íntegramente a la exportación del gas natural licuado. Situación de los Lotes de Camisea Lote
Año licencia de explotación
Inicio de producción
Destino
Lote 88
2000
2004
Mercado nacional (Entre 2008 y 2014, se usó una parte para exportación)11
Lote 56
2004
2008
Exportación
Lote 57
2004
2014
Exportación
Lote 58
2005
En trámite
Por definir
Elaboración propia
El segundo segmento, que es el foco principal del presente estudio, se refiere al transporte del proyecto Camisea. Para poder atender la demanda nacional, era necesario llevar el gas a Lima, donde se concentra la mayor demanda. La apuesta fue la construcción de un sistema que hiciera posible el transporte desde la planta de Las Malvinas en Cusco hasta el City Gate de Lurín en Lima, para su correspondiente distribución a través de una red de ductos. Cabe destacar que, en ese momento, estuvo planificado que se licitara de forma conjunta el transporte y la distribución. En paralelo a la negociación del Lote 88, se desarrolló el proceso de licitación del transporte y distribución que culminó con la adjudicación a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en 9 La licencia de explotación se aprobó mediante Decreto Supremo N˚ 021-2000-EM. 10 También se conoce como Gas Natural Licuefactado, el cual es el gas natural que, a través de un proceso de enfriamiento, se convierte en líquido. Esto permite su almacenamiento y transporte en forma líquida a presión ambiente, ocupando un volumen aproximadamente 600 menor que en su forma gaseosa. Es considerado como una manera económica y eficiente para su transporte. 11 Cuando se autorizó la Licencia de explotación del Lote 88 en el año 2000, estaba prevista exclusivamente para el mercado nacional. Sin embargo, en el año 2005, se firmó una adenda entre Petroperú y Pluspetrol que autorizó que se usara parte de las reservas del Lote 88 para fines de exportación. Esta medida se desarrolló debido a que “[p]ara financiar el proyecto, los bancos exigieron [a Perú LNG] reservas por 4.5 TCF, pero para entonces solo tenían 2.0 TCF del Lote 56, así que el Estado peruano les permitió utilizar el monto restante (2.5 TCF) de las reservas del Lote 88” (OSINERGMIN, 2017, pág. 76). Por años, esta decisión generó controversias porque se estaba atentando contra la seguridad energética del país. A ello, se le sumó el escándalo de la reventa del gas que Perú exportaba a México y de los bajos precios que se pagaban por la venta del gas en este país, trayendo consigo pocas regalías para el Perú. Ante esta situación, en el gobierno de Ollanta Humala, se desarrollaron conversaciones con la empresa para renegociar la licencia, lográndose que en agosto de 2014 se firmara una adenda entre PeruPetro y Pluspetrol, en la cual se establece que el uso de las reservas del Lote 88 se destinaría exclusivamente al mercado nacional. De esta manera, se recuperó el gas para el consumo nacional.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO octubre del año 2000. Esta empresa fue la única postora en la licitación, teniendo como consecuencia que su oferta por la licitación sea un pequeño margen al establecido en el precio base por el Estado peruano12. La inversión total ascendió a USD 1,456 millones (USD 1,300 millones para transporte y USD 156 millones para distribución). Además, TGP estuvo conformado por las mismas empresas que formaban parte del Consorcio de Pluspetrol (Techint, Pluspetrol, Hunt Oil, entre otras), a las cuales se autorizó la licencia para la explotación del Lote 88 y posteriormente del Lote 56 (Gamboa & Davila, 2010, pág. 67). De esta manera, la empresa TGP quedó como responsable de transporte del gas natural (o seco) y del GNL, así como de la distribución a los usuarios. Cabe resaltar que, años más tarde, algunas de las empresas accionistas de TGP transfirieron sus acciones a otras como se verá en la próxima sección. Participación accionarial de las empresas en el Proyecto Camisea (producción y transporte) al momento de la obtención de la licencia Casa Matriz
Lote 88
Lote 56
TGP
Grupo Pluspetrol
Pluspetrol Peru Corporation S.A. (Operador)
Pluspetrol Peru Corporation S.A. (Operador)
Carmen Corporation
Pluspetrol Camisea S.A.
Pluspetrol Lote 56 S.A.
Hunt Oil Company
Hunt Oil Company of Peru
Hunt Oil Company of Peru
Hunt Oil Company Ltd.
S.K. Group
S.K. Corporation Suc. Peruana
S.K. Corporation Suc. Peruana
S.K. Corporation
Grupo Techint
Tecpetrol del Peru S.A.C.
Tecpetrol del Peru Lote 56 S.A.C.
Tecgas Camisea S.A.
Sonatrach Petroleum Corp.
Sonatrach Perú Corporation S.A.C.
Sonatrach Perú Corporation S.A.C.
Sipco Peru Pipelines Corporation
Repsol YPF
Repsol Exploración
Repsol Exploración
Tecgas N.V.
GDF Suez
Suez Tractebel S.A.
Grupo Graña y Montero
Graña y Montero S.A. Fuente: (Gamboa & Davila, 2010)
Sin embargo, unos años más adelante, el Gobierno emitió normas haciendo posible que las empresas puedan ceder su posición contractual (como titulares de la licitación) a otras, es decir, que se puede traspasar a otras empresas. En el 2002, TGP cedió los derechos de posesión contractual de la distribución de gas por ductos en Lima y Callao a la empresa Tractebel, que conformaría la empresa hoy denominada Calidda. La operación de la distribución inició en el año 2004 e implicó llevar el gas natural desde la estación City Gate de Lurín hacia clientes en Lima y Callao a través de ductos subterráneos. 12 De acuerdo con Gamboa y Dávila (2010), al ser el consorcio TGP el único postor, no hubo margen para que se desarrolle competencia y se incremente el monto del precio base, como sí ocurrió en el caso del Lote 88, donde participaron dos postores (el consorcio Camisea liderado por Pluspetrol y Total Elf de Francia). Ello permitió que las regalías propuestas con el Consorcio Camisea sean mayores que el precio base, que era del 10%, lográndose obtener el 37.24%.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Progresivamente el alcance de la distribución del gas natural ha ido ampliándose, aunque de manera lenta, teniendo un mayor impulso a principios de la década del 2010 con la emisión de normas y políticas que promovían la masificación del gas13. Así, en el año 2004, se dio inicio al funcionamiento de la producción y transporte de Camisea, con la puesta en funcionamiento de la infraestructura construida para estos fines: la planta Las Malvinas en Cusco para su explotación, el gasoducto para el transporte (que cruza las regiones de Cusco, Ayacucho, Huancavelica e Ica, hasta llegar a Lima), la Planta de Fraccionamiento de Pisco14 y la estación del City Gate en Lurín, desde donde se interconectaría y distribuiría a los usuarios finales del gas natural. Ese mismo año, 2004, Pluspetrol obtuvo la licitación de explotación para el Lote 56 con fines de exportación, a través del Consorcio Perú LNG. Con ello, se amplió la operación de Camisea, implicando la construcción de más infraestructura que demandó una inversión de aproximadamente USD 3,791.4 millones. A esta etapa, algunos la llaman el Proyecto Camisea 2. En el año 2006, el Gobierno peruano firmó un convenio con Perú LNG, que brindó seguridad a la puesta en marcha del proyecto (contrato Ley) por un período de 40 años. Previo a esta firma, el Gobierno peruano había realizado cambios a varias de las normas relativas a la explotación del gas en un claro favorecimiento a Perú LNG y su proyecto de exportación15. De esta manera, esta empresa logró obtener un escenario favorable para la explotación de los lotes 56 y 88 con fines de exportación del gas natural16. La infraestructura que se construyó en el marco de este proyecto consistió en: La planta de licuefacción en Pampa Melchorita, entre la ciudad de San Vicente de Cañete y Chincha, para la transformación al GNL; Instalaciones marítimas de 1.4 km de muelle y plataforma, un canal de navegación dragado para el ingreso y la salida de los buques, remolcadores y un rompeolas con las instalaciones correspondientes para recibir buques tanque, desde donde se exportaría el gas; y Un gasoducto de 34 pulgadas de diámetro y 408 km de longitud, que conecta la planta de GNL con el gasoducto de TGP, al final de su tramo Selva (Osinergmin, 2019). Se trataría de un segundo gasoducto que partiría de Ayacucho hasta la planta Melchorita. Esta infraestructura inició su funcionamiento en el año 2010 para la producción, el transporte y la exportación del GNL. Asimismo, el punto de partida de este segundo gasoducto es la Planta Compresora Chiquintirca, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Anco en Ayacucho. Esta planta que es operada por TGP se construyó de forma paralela a la infraestructura de Perú LNG e inició su funcionamiento en el 2010. Es evidente que la puesta en marcha del proyecto de exportación 13 Como la Ley 29969, que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural, la Ley 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social, ambas publicadas en el 2012, entre otras normas. 14 En esta planta, se extrae propano, butano, nafta virgen y destilado medio para mezclas (MDBS) del gas natural licuefactado. 15 Davila, Cueto, & Avila (2012) realizan un recuento de las modificaciones realizadas que tuvieron por fin “eximir al Consorcio Camisea de su responsabilidad de abastecer al mercado interno de manera prioritaria, para sí hacerlo con el proyecto de exportación de Perú LNG” (pág. 23-24). Disponible en: http://dar.org.pe/ archivos/publicacion/peru_lng_final.pdf 16 Sin embargo, a través del Decreto Supremo 008-2012-EM, del 4 de abril de 2012, se establece que PeruPetro realice las actividades necesarias para que el contrato de licencia del Lote 88 se destine exclusivamente al uso nacional, hecho que se concretó en el año 2014.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO requería una mayor capacidad de la infraestructura para operar, sumado a la creciente demanda del mercado nacional del gas natural. Por ello, y en cumplimiento al contrato de adjudicación, de acuerdo a Osinergmin (2018), TGP ha venido realizando la siguiente construcción de infraestructura para ampliar el sistema de transporte de Camisea: Planta Compresora de Chiquintirca (Ayacucho), que inició su operación en 2010. Su diseño permitió transportar a todo el sistema hasta 1104 MMPCD de gas natural. Interconexión del Sistema de Transporte de Gas operado por TGP con la planta de licuefacción Melchorita. Construcción del Loop Costa, que consistió en la instalación de un loop de 24” paralelo al ducto de 18” entre Chilca y Lurín. La primera etapa se realizó en el 2009 y la segunda en 2016, permitiendo aumentar la capacidad para el mercado interno. Planta de compresión de Kámani en Cusco, que permite transportar a todo el sistema hasta 1540 MMPCD. Inició su operación en el año 2016 y se conecta con el Lote 57. Derivación principal Ayacucho: inicia en la progresiva kilométrica 277, en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga, y se extiende hasta la ciudad de Ayacucho, donde se ubica un City Gate que realiza la transferencia del gas transportado al distribuidor local. Se concluyó en 2016. Posteriormente, en el año 2013, se dio el ingreso de la inversión china en la administración de los lotes 57 y 58 de Camisea. La empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) se hizo acreedora del 46% de las acciones del Lote 57, mientras que Repsol tiene el otro 54%. En el año 2014, se inició la producción del gas en este lote. La explotación de este lote beneficia al Lote 56 al alargar su vida útil, pues este lote también se destina al mercado externo a través de Perú LNG. Para ampliar la producción, en el 2018, se inauguró las instalaciones que están conformadas por la planta Sagari para la perforación y extracción y la planta de compresión Nuevo Mundo. Estas instalaciones se conectan con la planta Las Malvinas operada por Pluspetrol y de allí con el sistema de transporte de Camisea.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Mapa de operación de Camisea: producción, transporte y distribución
Repsol y CNPC (57)
57
Calidda
56
Distribución de GN en Lima y El Callao
Lima
Pluspetrol (56 y 88) Malvinas
58
Huancayo
City Gate de Lurín
Huancavelica
Perú LNG
TGP
Planta de Licuefacción
TGP
88
CNPC (58)
Planta compresora Chiquintirca
Transporte: Gasoducto y Producto Camisea
Melchorita
Pluspetrol
Planta de fraccionamiento de LGN
Pisco
Contugas
Ica
Explotación
Transporte
Distribución de GN en el departamento de Ica
Distribución
Exportación
Fuente: Osinergmin, 2017.
Cabe destacar que para la construcción de ambas etapas del proyecto Camisea, se tuvo financiamiento de instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Eximbank de Estados Unidos17. La participación del BID en ambas etapas ha tenido especial relevancia debido a que, tras la incidencia de organizaciones de la sociedad civil para el adecuado cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales de esta entidad financiera, se generaron cambios cualitativos en el proceso de construcción y operación de los primeros años de Camisea. Una muestra de ello es la firma de los 21 compromisos ambientales y sociales entre el Estado Peruano y el BID (Gamboa, Cueto, & Davila, 2008), así como la implementación del “Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea”18, el cual se realizó gracias a un préstamo de USD 5 millones con el objetivo de fortalecer al Gobierno peruano en la supervisión, vigilancia y fiscalización de los aspectos ambientales del proyecto Camisea en la zona de influencia del proyecto. Los compromisos incluyeron la creación del Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea (FOCAM), además de intensificar y mejorar el Plan de Salud del Bajo Urubamba, entre otros. Lastimosamente, no todos los compromisos lograron concretarse o solo se desarrollaron mientras operaba el programa financiado por el BID (Gamboa, Cueto, & Davila, 2008). De parte del Estado peruano, no se cuenta con información que dé cuenta de su cumplimiento. 17 18
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La agencia de créditos para exportaciones e importaciones de Estados Unidos. Información de este proyecto se encuentra en: https://www.iadb.org/es/project/PE0233
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Hasta aquí hemos realizado un recuento del proceso de funcionamiento de Camisea, que involucra los segmentos de producción o explotación, transporte y distribución. Cada uno de ellos ha significado una gran inversión económica y la construcción de la infraestructura que lo hiciera posible. Sin duda, este proceso ha tenido muchas controversias, que han llevado a discutir las implicancias de la explotación del gas natural para el país y cuestionar el funcionamiento de la gobernanza energética. A lo largo de todo este proceso, la sociedad civil ha sido crítica respecto al performance de los distintos gobiernos que en varios momentos han favorecido a las empresas en perjuicio de los intereses nacionales (Davila, Cueto, & Avila, 2012; Grupo Propuesta Ciudadana, s. f.; Campodónico, 2018). Si bien a principios de esta década se ha tratado de cambiar esta tendencia al tratar de dar prioridad al consumo nacional del gas, así como a la generación de una industria gasífera que no solo se quede en lo extractivo, logrando que el Lote 88 se destine exclusivamente para el consumo peruano e impulsando la infraestructura para la masificación del gas a través de la construcción del Gasoducto Sur Peruano, no se ha terminado de consolidarse. El avance de la construcción del gasoducto ha sido muy lento y ha estado salpicado por el escándalo de Lava Jato, que ha llevado a su paralización, y nuevamente no se ha cumplido con criterios de transparencia para la adjudicación y operación de la nueva infraestructura. Además de cuestionarse en términos agregados los resultados de Camisea para el país, en el plano más local es evidente que la construcción de la gran infraestructura a lo largo de su recorrido ha generado tensiones con la población local, como pueblos indígenas, comunidades campesinas, pequeños agricultores, pescadores, entre otros, quienes desean y reclaman que la promesa de mejora que se hizo al momento de iniciar estos proyectos en los territorios que habitan se cumpla respetando sus derechos fundamentales. En esa línea, a continuación, se centrará en las implicancias que trae el transporte de Camisea, específicamente en el departamento de Ayacucho. Para ello, en la próxima sección se presenta más información de las empresas TGP y Perú LNG que, como lo hemos señalado, están a cargo de la administración de los gasoductos que atraviesan Ayacucho.
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II. TRANSPORTANDO EL GAS DE CAMISEA: EMPRESAS E INFRAESTRUCTURA
GAS
CAMISEA
IMPACTOS
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO El transporte de los recursos provenientes de Camisea se realiza a través de un sistema de ductos. Actualmente, existe un ducto que transporta gas natural, el cual se origina en la planta Las Malvinas llegando hasta la planta Chiquintirca en Ayacucho desde donde salen dos ramales: uno que tiene como destino final el City Gate de Lurín en Lima y el otro que tiene como destino la planta Melchorita al sur de Lima. Asimismo, existe un ducto para el transporte de los líquidos de gas natural, denominado poliducto, que se origina en Las Malvinas hasta llegar a la planta refractaria de Pisco. Son en total tres ductos los que atraviesan Ayacucho. La empresa a cargo de la administración del gasoducto y el poliducto que sale de Las Malvinas, que es el sistema de transporte principal de Camisea, es TGP, mientras que el ramal de gasoducto que sale de Chiquintirca con dirección a Melchorita tiene por titular a la empresa Perú LNG. Además de estas empresas, están presentes en el terreno otras dos que tienen un rol de subsidiarias y que interactúan frecuentemente con la población local. Se trata de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) que, de acuerdo al contrato de licencia de operación del sistema de transporte, es la encargada de realizar las operaciones de los ductos. La otra empresa es Techint, la cual es contratada tanto por Perú LNG como por TGP para realizar labores de mantenimiento.
1. Transportadora de Gas del Perú En el año 2000, TGP firmó un contrato BOOT19 con el Gobierno peruano para la concesión del sistema de transporte del gas natural y líquidos de gas natural de Camisea por un período de 33 años. Este sistema comprende la conexión por ductos de gas desde la planta Las Malvinas en Cusco hasta el City Gate de Lurín que tiene un recorrido de 729 Km, así como el transporte de GNL hasta la planta de fraccionamiento de Pisco de 557 Km. La construcción del sistema de ductos se desarrolló entre el 2002 y el 2004, año en el que se iniciaron las operaciones comerciales de transporte. Posteriormente, la infraestructura del sistema fue ampliándose con fines de aumentar la capacidad del transporte, como fue descrito anteriormente. En Ayacucho, que es el lugar de nuestro estudio, actualmente, TGP administra la siguiente infraestructura: Planta compresora de Chiquintirca ubicada en el distrito de Anco, provincia de La Mar Gasoducto de 18 pulgadas y poliducto de 14 pulgadas, denominados red principal; ambos recorren juntos un mismo trazo que cruza las provincias de La Mar y Huamanga. Derivación principal a Ayacucho, que implica el City Gate Huamanga y el ramal que lo conecta a la red principal, ubicada en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga20. En cuanto a las empresas que están a cargo de la operación de esta empresa, como se mencionó, al momento de obtener la licitación, el consorcio TGP estaba liderado por la empresa Techint de Argentina (30% de participación), Pluspetrol de Argentina (19.2%), Hunt Oil Co. de Estados Unidos 19 “La palabra BOOT son siglas provenientes del inglés built, own, operate & transfer, que simplemente significan: construir, ser propietario, prestar el servicio para luego transferir al Estado la propiedad de los bienes de la concesión” (Gamboa & Davila 2010, pág. 48). 20 En el año 2013, se firmó una adenda al contrato BOOT para incluir la construcción de la conexión a Huamanga, lo que implicó una inversión de USD 47 millones.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO (19.2%), SK Corp. de Corea (9.6%), Sonatrach de Argelia (10%), así como la peruana Graña y Montero (12%) (OSINERGMIN, 2017, pág. 70). Todas estas empresas, excepto las dos últimas, también eran accionistas de los consorcios que operan los lotes 88 y 56, lo que les daba una posición favorable en la operación de todo Camisea. Sin embargo, con el paso de los años se ha venido dando una reconfiguración empresarial. En el año 2019, las empresas que conformaban TGP eran las siguientes: Enagas International S.L.U. (28.95%), Tecgas Camisea Inc. (20.64%), Sipco Peru Pipelines Corporation (21.18%), Carmen Corporation (13.92%), Pisco Four Holdings Inc. (8.07%), La Habanera L.P. (7.25%). Todas estas empresas provienen de tres grandes grupos empresariales o empresas matrices, como puede observarse en la siguiente tabla. Empresas accionistas de TGP 2019 Accionista
Porcentaje de participación
Grupo econñomico/ casa matriz
Nacionalidad
Enagás Internacional S.L.U
28.95%
Enagás
España
Tecgas Camisea Inc.
20.64%
CPPIB
Canadá
Sipco Peru Pipelines Corporation
21.18%
Sonatrach
Islas Caimán/Argelia
Carmen Corporation
13.92%
CPPIB
Canadá
Pisco Four Holdings INC
8.07%
CPPIB
Canadá
La Habanera L.P.
7.25%
CPPIB
Canadá
Fuente: TGP, 2019. Elaboración propia.
Actualmente, la Oficina de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB por sus siglas en inglés) es el principal accionista (49.9%) de TGP. Esta es una corporación de la Corona Canadiense establecida para administrar los recursos del Plan de Pensiones de ese país y cuyo único mandato es invertir maximizando los retornos sin un mayor riesgo de pérdida. Su funcionamiento es independiente del Gobierno de Canadá, teniendo su propia junta directiva. Asimismo, tiene discrecionalidad para administrar los activos del fondo e invertir en lo que considera sea el mejor interés de los beneficiarios del plan (CPPIB, 2019)21. Esta empresa ingresó al Consorcio TGP en el año 2013 con la compra de Tecgas (antes propiedad de Techint) y progresivamente fue adquiriendo las demás empresas hasta alcanzar la titularidad de la mayoría de las acciones. En cuanto a Enagas, es una empresa de origen español y la principal compañía de transporte de gas natural en ese país, y además opera la explotación y el transporte a través de gasoductos en varios países, como Chile y México. Su ingreso a TGP fue en el 2014 cuando compró acciones a Repsol y Hunt Oil. Su posición tiene relevancia dado que España es el principal destino del GNL que 21
24
Para mayor información: http://www.cppib.com/en/who-we-are/
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO se exporta de Camisea. Asimismo, esta empresa es parte del consorcio ganador de la licitación para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, en el cual participa también Odebrecht22 y que viene siendo acusado por sobornos en la licitación; por ello, Enagas se encuentra bajo investigación23. De otro lado, la empresa española cuenta con una Estrategia de Acción Social, la cual señala que, para proyectos en el ámbito internacional fuera de España, “se limitará a iniciativas comerciales en la comunidad (iniciativas dirigidas a asuntos de importancia para los intereses o la imagen del negocio o del sector) y donaciones benéficas en respuesta a situaciones de emergencia, analizando en cada caso la posibilidad de colaborar con los socios de negocio en iniciativas que se planteen”24. De ello se entiende que tienen una política reactiva respecto a la gestión social, mientras que CPPIB promueve políticas de sostenibilidad aparentemente más sólidas para la aplicación en sus proyectos. Es relevante mencionar que, desde el 2014, esta corporación es miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre los Principios para la Inversión Responsable25, lo cual implica incluir un enfoque de derechos humanos en las inversiones extractivas como es el gas. De acuerdo al Informe Anual del 2018 del CPPIB, estos principios están siendo progresivamente incorporados en sus inversiones. En ese sentido, en el año 2017, la empresa TGP se ha suscrito al Pacto Global de Responsabilidad Social Corporativa de las Naciones Unidas26. En el caso específico de TGP, señalan que una de sus políticas de sostenibilidad está orientada a la “contribución al desarrollo de las comunidades a través de la contribución, desde [sus] actividades y en [el] ámbito de influencia, al desarrollo social y económico de las comunidades, respetando y promoviendo su patrimonio cultural, derechos y diversidad” (TGP, 2019). Respecto a su aplicación, la empresa señala que han avanzado con la implementación de un Programa de Gestión de Conflictos y Negociaciones para atender las quejas y los reclamos de las poblaciones del ámbito de influencia, lo cual consiste en un proceso de registro, verificación y negociación. Señalan que, en el 2017, recibieron 32 reclamos, que fueron principalmente reclamos para compensaciones por daños y perjuicios. Asimismo, señalan que destinan el 0.49% de los ingresos brutos de TGP a programas sociales destinados a las comunidades del área de influencia (TGP, 2019). Tanto CPPIB como Enagás tienen la totalidad de las acciones de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), la cual, de acuerdo al contrato BOOT de concesión, es la encargada de realizar las operaciones del gasoducto. Esta compañía a su vez contrata la empresa Techint27 para las actividades de mantenimiento al gasoducto. Pero los asuntos de relaciones comunitarias están bajo responsabilidad directa de TGP.
22 En el consorcio, participan las empresas Odebrecht y Graña y Montero, donde Enagas tiene el 25% de las acciones. A raíz de los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht, en el año 2017, se suspendió el contrato de licitación para dar inicio a las investigaciones, frente a lo cual Enagas ha presentado un arbitraje contra el Estado peruano, demandando compensaciones. En el marco de las investigaciones de Lava Jato, funcionarios de Odebrecht han realizado pagos ilícitos para obtener la licitación del Gasoducto Sur Peruano. Disponible en https://idl-reporteros.pe/nuevas-revelaciones-2/ 23 Ver https://gestion.pe/peru/politica/enagas-gasoducto-sur-investigacion-fiscal-a-enagas-posiciona-mejor-al-estado-ante-demanda-en-ciadi-noticia/ 24 Ver Estrategia de Acción Social de Enagás. Disponible en: https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Documentos/Estrategia%20de%20Acci%C3%B3n%20 Social%20de%20Enag%C3%A1s_ES.pdf 25 Se encuentra mayor información en: https://www.unpri.org/ 26 En el siguiente enlace, se encuentra la autoevaluación que TGP realiza sobre los principios que este pacto impulsado por Naciones Unidas tiene. https://www. unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/422761 27 Esta empresa fue contratada para la construcción del gasoducto de Camisea I y II.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
2. Perú LNG En el año 2006, se firmó un contrato entre el Estado peruano y esta empresa para desarrollar el proyecto de exportación del gas. Con esta inversión, Perú LNG se encargaría de la licuefacción del gas natural seco, es decir, su transformación a gas natural licuado para su exportación a cargo de la empresa Shell28. Para ello, Perú LNG administra un gasoducto de 408 kilómetros, una planta de procesamiento de gas natural licuado (planta Melchorita) y un terminal marítimo desde donde salen las embarcaciones para la exportación. Actualmente, el gas que se explota proviene del Lote 56, el cual se encuentra destinado enteramente a la exportación, y, en los últimos años, también del Lote 57. El gasoducto de Perú LNG inicia en Ayacucho (en la comunidad de Chiquintirca, en la provincia de la Mar, distrito de Anco) y continúa hasta la costa peruana, donde está la planta de GNL, en el kilómetro 163 de la Panamericana Sur. Perú LNG es titular de la siguiente infraestructura en Ayacucho: Un gasoducto de 34 pulgadas de diámetro que atraviesa las provincias de La Mar y Huamanga. La composición empresarial de Perú LNG no ha variado desde su conformación en el año 2003 y está integrada por: Perú Hunt LNG Funding Company (40%), SK Innovation (20%), Shell Gas BV (20%), Camisea LNG (Holding) Company (10%) y Marubeni LNG Development B.V (10%) (OSINERGMIN, 2017), siendo Hunt LNG Operating Company S.A.C. (Hunt LNG) la encargada de operar el proyecto. Empresas accionistas de Perú LNG 2019 Accionista
Porcentaje de participación
Grupo econñomico/ casa matriz
Nacionalidad
Perú Hunt LNG Funding Company
40%
Hunt Oil Company
Estados Unidos
SK Innovation
20%
SK Energy
Corea del Sur
Shell Gas BV
20%
Sonatrach
Holanda
Camisea LNG (Holding) Company
10%
Hunt Oil Company
Estados Unidos
Marubeni LNG Development B.V.
10%
Marubeni Corporation
Japón
Elaboración propia.
La participación de la empresa Hunt Oil Company, de origen estadounidense, no ha estado exenta de controversias. En marzo de 2018, la Fiscalía reabrió la investigación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la licitación de los contratos del Lote 56, debido a que el expresidente realizó asesorías a la empresa Hunt Oil sobre el gas de Camisea29 y posteriormente fue ministro de Economía y Finanzas y premier entre 2004 y 2006, período en el cual se dieron normas que beneficiaron a las 28 Hasta el 2014, el off-taker, o la empresa compradora, fue Repsol. 29 Mayor información en https://larepublica.pe/politica/1265845-fiscalia-reabre-investigacion-ppk-contrato-lote-56-camisea-ii/.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO empresas para la exportación del gas30, generándose un típico caso de puerta giratoria. En cuanto a las políticas y sociales, Perú LNG señala que viene realizando un conjunto de proyectos en las comunidades del área de influencia del gasoducto en materia de salud y educación, así como un programa de monitoreo social ambiental participativo, que involucra a las comunidades31. Cabe resaltar que la aprobación del financiamiento de este proyecto por parte del BID implicó que se contara con un documento de gestión ambiental, social y sanitaria, y se cumpliera con las exigencias de la normativa peruana que implican desarrollar instrumentos de gestión ambiental.
3. El trazo de los ductos El norte de Ayacucho es atravesado por tres grandes ductos que vienen desde Cusco, pasando por el VRAEM, la provincia de La Mar, la provincia de Huamanga y una parte pequeña de Cangallo para continuar su recorrido hacia Huancavelica en dirección a Lima. Los ductos administrados por TGP, el gasoducto y el poliducto, siguen el mismo trazado a lo largo de toda su ruta, mientras que el gasoducto operado por la empresa Perú LNG se desprende del ducto principal en el distrito de Anco, recorriendo los distritos de La Mar y Huamanga. En ambos casos, los ductos cruzan varias comunidades campesinas y localidades ubicadas a diferentes pisos altitudinales. Distritos de Ayacucho por donde atraviesan los ductos de Camisea Provincia Huamanga
La Mar Cangallo
Distrito Acocro Acos Vinchos Chiara
Socos Tambillo (City Gate Huamanga32) Vinchos
Anco (planta compresora Chiquintirca) Chilcas
San Miguel Anchihuay
Paras Fuente: Estudios de Impacto Ambiental. Elaboración propia.
La geografía por donde cruzan los ductos en esta región comprende localidades que se ubican en áreas montañosas, donde termina la densa selva e inicia el ande (a 700 metros sobre el nivel del mar), y parajes andinos con montañas de diversas altitudes (que llegan a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar). Subiendo y bajando las montañas y los valles, los ductos avanzan enterrados, como parte del paisaje en estos territorios, y su presencia se hace notar por los hitos que indican el kilometraje a su paso o por la presencia de las estaciones de bombeo. De acuerdo a la normativa, son 25 metros alrededor del ducto los que están dados en condición de servidumbre de paso a las 30 En el año 2008, ya la Contraloría General de la República había advertido irregularidades en el proceso de adjudicación del Lote 56, que benefició a un consorcio en el que se encontraba Hunt Oil, como la reducción del pago de regalías, entre otras; un informe al respecto fue presentado a la Fiscalía pero fue archivada en el año 2012. https://peru21.pe/politica/informe-21-pedro-pablo-kuczynski-relacion-hunt-oil-puerta-giratoria-396451-noticia/. La prensa internacional también advirtió de estas irregularidades en el año 2010, ver: https://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/8/us-looks-tax-supported-bank-peru-gas-project/ 31 En cuanto a las políticas sociales y ambientales, se observa que la empresa Hunt Oil presenta declaraciones y compromisos que apuntan a lograr operaciones libres de accidentes. Uno de esos compromisos es el de implementar prácticas para prevenir la contaminación, así como respetar la cultura y las costumbres de las comunidades afectadas por sus operaciones. Ver: http://www.huntoil.com/pdf/Environmental,%20Health%20and%20Safety%20Policy.pdf 32 Planta de distribución de gas natural en Huamanga
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO empresas responsables para su operación comercial33. Durante la fase de construcción, se requirió de más tierras para disponer de espacios para los materiales, campamentos y demás necesidades de la construcción, lo que involucró que las empresas realizaran pagos por las servidumbres a las poblaciones que viven en estos territorios, tanto por el recorrido por donde pasa la tubería de forma permanente como por el espacio que ocuparon temporalmente para la construcción. Este proceso no estuvo libre de tensiones y conflictos, varios de los cuales se mantienen hasta el día de hoy, como veremos más adelante. Entre los años 2002 y 2004, se desarrolló la construcción e instalación de la infraestructura de Camisea administrada por TGP (primer proyecto)34. Durante este proceso, se realizaron varias modificaciones a la ruta de la tubería en el departamento de Ayacucho35, conforme se avanzaba con la construcción. Ello implicó que se realizaran modificaciones al estudio de impacto ambiental (EIA). Una de las principales razones fue para lograr terminar la construcción en el año 2004, lo cual era el compromiso pactado entre la empresa y el Gobierno. Debido a ello, cuando se encontraron más restos arqueológicos de lo previsto en las rutas, se optó por realizar una modificación en el tramo que comprende el río Torobamba (La Mar) y el río Vinchos (Huamanga). Lo llamativo de este cambio es que, previamente, sobre esta área ya se había aprobado un EIA modificando el trazo debido a la identificación de impactos ambientales36, pero unos meses después, al encontrarse los restos arqueológicos mencionados, se decidió volver a la ruta inicial37. Asimismo, con el fin de evitar generar mayor afectación ambiental por la necesidad de abrir un camino adicional que permita el monitoreo, como se justifica en el EIA, se decidió modificar el trazo de la variante Pacobamba en el distrito de Anco, en la CC Chiquintirca38. Esta área corresponde geográficamente al límite entre las montañas selváticas y andinas. Se optó por establecer los ductos en paralelo a la carretera Pacobamba-San Antonio, lo cual en la práctica significó una reducción de la construcción de varios kilómetros. Un aspecto importante de esta modificación que no se resaltó en el EIA es que, en los márgenes de esta carretera, se estaban desarrollando ya asentamientos humanos, como Huayllaura y Pacobamba, los cuales con el tiempo fueron adquiriendo diversos servicios públicos, como escuelas, postas y otros, que al presente se encuentran muy cercanos a la tubería. En el año 2004, se finalizó la construcción del sistema principal de los ductos e inició su operación. Posteriormente, en el año 2006, se realizó la construcción de un túnel Ccorimayo-Toccate en el distrito de Anco con el objetivo de evitar la erosión, después de un accidente de derrame de miles de barriles de líquidos de gas natural ocurrido un año antes en esta misma localidad. Unos años después, en el 2008 y 2010, se desarrolló la construcción de la infraestructura del 33 El Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 081-2007-EM, en su artículo 94, establece que “el Derecho de Vía para el Ducto de Transporte de Hidrocarburos debe permitir labores de patrullaje, inspección y mantenimiento; el ancho tendrá un máximo de 25 metros”. 34 La construcción inició después de que las empresas obtuvieran las licencias ambientales necesarias como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 35 La ruta inicial que fue incluida en el EIA aprobado mediante la Resolución Directoral 073-2002-EM-DGAA de 4 de marzo de 2002 y la Resolución Directoral Nro. 092-2002-EM-DGAA de fecha 18 de marzo de 2012. 36 Modificación que fue aprobada por Resolución Directoral 207-2002-EM-DGAA de fecha 23 de julio de 2002. Esta modificación preveía además atravesar la ruta por un extremo de la ciudad de Huamanga. 37 El EIA de esta modificación fue aprobado por Resolución Directoral 167-2003-EM-DGAA de fecha 31 de marzo de 2003. 38 El EIA de esta modificación fue aprobado por Resolución Directoral 372-2002-EM-DGAA de fecha 3 de diciembre de 2002.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO segundo proyecto de Camisea a cargo de la empresa Perú LNG. Esto implicó la instalación de un gasoducto que se inicia en la planta de compresión Chiquintirca, teniendo un recorrido diferente al del sistema principal, aunque en la misma dirección, encontrándose ambos ductos a la altura del distrito de Vinchos en Huamanga y siguiendo su camino separados hacia la costa. La construcción de esta segunda infraestructura no implicó modificaciones en su ruta. Posteriormente, lo que había sido un mero compromiso social se transformó en una obligación. Mediante la adenda al contrato BOOT de concesión del transporte del gas natural con TGP en el año 201339, se aprobó la construcción de una derivación principal desde el ducto existente hasta la ciudad de Ayacucho con el objetivo de brindar gas natural a la ciudad de Ayacucho. Esta construcción requirió, de acuerdo a la empresa, una inversión de US$47 millones (TGP, 2018) y se finalizó en el año 2016, proceso que también tuvo tensiones con las comunidades locales por temas de servidumbre. Modificaciones al EIA del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural administrado por TGP Fecha
Resolución
Nombre
Comentarios
18-03-2002
92-2002EM-DGAA
Estudio de Impacto Ambiental del sistema de transporte de gas natural y de líquidos de gas Camisea - Lima
Primer EIA
23-07-2002
207-2002EM-DGAA
Modificación del EIA del sistema de transportes de gas natural y de líquidos de gas natural – Variantes Ayacucho y Aendoshiari
Se modificó la ruta con el fin de reducir el impacto que habría a los bofedales y para pasar cerca de la ciudad de Ayacucho a fin de que en el futuro se provea gas a la ciudad.
3-12-2002
372-2002EM-DGAA
Modificación del EIA del sistema Se modificó debido a que se requería un de transporte de líquidos de camino para realizar el mantenimiento de gas de Camisea – Variante la estación de bombeo; como ya existía Pacobamba (cuenca del río la carretera Pacobamba-San Antonio, se Chunchubamba) decidió realizar en paralelo a ésta, sobre una distancia de 15 km.
31-03-2003
167-2003EM-DGAA
Modificación del EIA del sistema Se volvió al trazo original, dejando la de transportes de gas natural modificación aprobada en julio del 2002. y de líquidos de gas natural La modificación se debió a la existencia Variante Altoandina (Huamanga- de restos arqueológicos. Se argumenta La Mar). Se establece la que habría una menor afectación a las construcción de un ramal para áreas agrícolas. Asimismo, la tubería ya Ayacucho. no pasaría por la ciudad de Ayacucho.
17-05-2006
164-2006MEM/AAE
EIA semidetallado del sistema de transportes de gas natural y de líquidos de gas natural – Variante Túnel Ccorimayo-Toccate
Construcción de un túnel CcorimayoToccate de 750 metros debido a zona accidentada que puede generar la ocurrencia de accidentes.
Elaboración propia.
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Aprobado por el MINEM mediante Resolución Suprema No.053-2013-EM-DGAA de fecha 31 de marzo de 2013.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Sin duda, la geografía accidentada ha representado un desafío para la instalación de los ductos y para su operación, pero también se registraron falencias en la infraestructura del sistema de transporte de Camisea, como fue el caso de los ductos operados por TGP. Un año después de la puesta en operación de la extracción del gas natural, se registraron dos incidentes en Ayacucho. Uno de ellos ocurrió en setiembre del 2005, en la localidad de Pacobamba, distrito de Anco, y consistió en la fuga de líquidos de gas natural, cuyo volumen derramado fue de 16.6 barriles. Un mes después, en el centro poblado de Tocate del distrito de Anco, se registró también un derrame con afectación a cientos de personas (Gamboa & Davila, 2010). En Cusco, también se registraron diferentes incidentes dentro de los dos años del funcionamiento de los ductos. Después de varios incidentes similares y ante los frecuentes reclamos de la población del ámbito de influencia que fue afectada, sus autoridades y la sociedad civil, el Gobierno peruano encargó la realización de una auditoría al sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, que incluye tanto al gasoducto como el poliducto a cargo de TGP. En el año 2007, la empresa Germanischer Lloyd, por encargo del Gobierno peruano, presentó el informe de auditoría al sistema de transporte de Camisea40, el cual contiene 38 observaciones 41 . Varias de éstas se referían a deficiencias en los protocolos de operación y mantenimiento, problemas con las soldaduras, manejo inadecuado de los cruces en fallas geológicas debido a un insuficiente proceso de identificación de peligros geológicos, geotécnicos e hidrológicos durante la construcción, el hecho de que los ductos no se hayan construido simultáneamente, manejo inadecuado de control de erosión, entre otros aspectos. Lo curioso es que esas recomendaciones no implicaron una actualización del EIA que pudiera incluir un manejo de los nuevos riesgos ambientales identificados. Frente a dichas observaciones, TGP ha señalado que ha realizado actividades orientadas a resolver esas observaciones, lo que ha implicado un costo de varios millones de dólares. Por su parte, el MINEM no ha publicado documento alguno que señale cómo las observaciones han sido subsanadas, ni cuáles han sido los procesos o plazos. Al carecer de estas documentación o información oficial, no se tiene certeza si las diversas observaciones han sido levantadas. Habiendo pasado 15 años desde el inicio de la operación del sistema de ductos, casi la mitad del tiempo de concesión, sería necesario contar nuevamente con una auditoría que permita conocer el estado de la infraestructura y realizar las adecuaciones que se requieran y no esperar a que las tuberías se desgasten con los años, pudiendo traer consecuencias negativas.
40 El documento se encuentra disponible en: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/REPORTEFINALOct.pdf 41 Inicialmente, la auditoría encontró 69 hallazgos, 30 de los cuales fueron levantados por TGP durante la elaboración de dicho informe.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Mapa de los trazos de los ductos de Camisea y la superposición con comunidades campesinas en Ayacucho Cusco
Huancavelica San Miguel La Mar Ayacucho
Huamanga LEYENDA Capitales: Ayacucho Cangallo San Miguel Comunidades campesinas Provincias de influencia Límite departamental
Cangallo
Cangallo
Empresa: Perú LNG S.R.L. Transportadora de Gas del Perú S.A.
Fuente: Mapa Energético Minero - Osinergmin
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III. CONVIVIENDO CON LOS DUCTOS DE CAMISEA
GAS
CAMISEA
IMPACTOS
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Para esta sección, se ha realizado visitas de campo a localidades que pertenecen a comunidades campesinas en las provincias de La Mar y Huamanga. Por los territorios de estas comunidades atraviesan los diferentes ductos administrados tanto por TGP como Perú LNG. También, varias de ellas han registrado diferentes momentos de conflicto con estas empresas desde la construcción de los ductos. A partir de sus experiencias y percepciones sobre la convivencia con los ductos, que en algunos casos llevan más de quince años en sus tierras, y la revisión de documentos adicionales, se describen los cambios percibidos en su día a día, las dinámicas de relación con las empresas y, en general, las implicancias que estos proyectos han traído para las comunidades. Así, en esta sección, se presenta el contexto económico y social en el que viven las comunidades, los cambios reportados desde la instalación de los ductos, los impactos ambientales, las tensiones, con un énfasis en las implicancias que tienen para las mujeres. Comunidades visitadas Localidad
Comunidad Campesina
Distrito
Provincia
Empresa
Cochas
CC Virgen de Cocharcas de Cochas
San Miguel
La Mar
Perú LNG
Uras
CC Uras
San Miguel
La Mar
Perú LNG
Anchihuay Sierra
CC Anchihuay
Anchihuay
La Mar
Perú LNG
Huayllaura
CC Chiquintirca
Anco
La Mar
TGP
Ccoyama
CC Retama
Chilcas
La Mar
TGP
Sallalli
CC Sallalli
Vinchos
Huamanga
Perú LNG
Mayobamba
CC Mayobamba
Vinchos
Huamanga
Perú LNG
Choccyacc
CC Vinchos
Vinchos
Huamanga
TGP
Vinchos
CC Vinchos
Vinchos
Huamanga
TGP/Perú LNG
Elaboración propia
1. Las comunidades: contexto económico y social Como se mencionó líneas arriba, el ámbito de influencia de los ductos de Camisea se concentra en algunos distritos de las provincias de Huamanga y La Mar. Por ello, en esta sección, se realiza una caracterización de la región y en específico de estas provincias para comprender mejor cómo se desarrollan las comunidades que son afectadas por la presencia de los ductos. En cuanto a las actividades económicas, Ayacucho se ha caracterizado por ser una región agrícola, aunque, en los últimos años, actividades como la extracción del gas y minerales han venido creciendo a un ritmo más acelerado que la agricultura, llegando a ocupar el primer lugar, con el 23.4% de la participación en la estructura económica ayacuchana. Seguido se encuentra la agricultura con 11.9%, actividad que ha presentado, junto con la manufactura, las tasas de crecimiento anual más
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO bajas (poco más del 1%). Las siguientes actividades relevantes son el comercio y la construcción con 9.4% y 10% respectivamente. Esta última está vinculada principalmente a la inversión pública realizada por los diferentes niveles de gobierno (BCR, 2018). Son los grandes centros urbanos en los que más se desarrolla actividades de comercio, como es el caso de la ciudad de Ayacucho, que es la capital del departamento y se encuentra en la provincia de Huamanga. Las localidades por donde pasan los ductos son rurales. La actividad que más se desarrolla es la agropecuaria y la que genera más empleo, seguida de la construcción y servicios, mientras que la mano de obra que demanda el gas es calificada y no genera tanto empleo. Así la ocupación predominante en los ámbitos de influencia es la actividad agropecuaria. En el caso de La Mar, las tuberías del gas atraviesan ámbitos de ceja de selva, valles andinos y montañas de altura, justo en el ingreso al VRAEM. De hecho, distritos como Anco y Anchihuay son considerados de influencia directa y los distritos de San Miguel y Chilcas como ámbitos de influencia42. Esta característica es importante debido a que, desde el año 2007, el Gobierno peruano viene realizando acciones con el objetivo de promover el desarrollo de la población y fortalecer la presencia del Estado en estos ámbitos donde existe narcotráfico. Ello implicó en la práctica una mayor inyección de recursos públicos para la realización de proyectos43, sumado a lo que los gobiernos regionales reciben por concepto del FOCAM, lo que a su vez generó la activación del sector comercial por estos distritos, especialmente en los centros urbanos. Las localidades más alejadas, por su parte, no necesariamente participan de este rubro comercial, sino más bien podrían tener estacionalmente participación en el cultivo de hoja de coca que es un “dinamizador de empleo” (Mendoza & Janneth, 2017). Así, en La Mar, existe un mayor dinamismo económico tanto por la economía formal como por la ilícita, en contraste con la provincia vecina de Huamanga. En la provincia de Huamanga, los ductos atraviesan los distritos de Acocro, Acos Vinchos, Tambillo, Chiara, Soscos y Vinchos, que se caracterizan principalmente por una geografía de montañas andinas de diversas altitudes. La actividad que más se desarrolla en los ámbitos rurales es la agricultura y, en los sitios más altos, la actividad pecuaria y la producción de quesos. El destino de la producción de estas tierras es principalmente la ciudad de Ayacucho. Las comunidades más cercanas tienen una mayor interrelación con la ciudad. Varias de estas localidades están a menos de una hora de viaje en transporte terrestre, como es el caso de las comunidades Vinchos y Sallalli del distrito de Vinchos. Las comunidades que se encuentran más alejadas son las que están en las zonas más altas. Los ductos corren cerca de la carretera Los Libertadores Wari, la cual desemboca en la Panamericana sur, conectando la ciudad de Ayacucho con Lima. En cuanto a la población, la mayoría se encuentra en la provincia de Huamanga, que, de acuerdo con el Censo 2017, representa el 45% de la región. Esta provincia es la única que ha crecido en términos poblacionales, mientras que el resto de las provincias ayacuchanas han presentado una reducción en la tasa de crecimiento, replicándose así el centralismo, el cual se concentra en la ciudad de Ayacucho. Respecto a la población rural, ésta ha disminuido en ambas provincias.
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De acuerdo con el Decreto Supremo N˚ 040-2016-PCM que establece los ámbitos de intervención del VRAEM. Se estima que, entre los años 2007 y 2017, se ejecutaron más de S/. 2,738 millones en gastos de inversión en el ámbito de todo el VRAEM.
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO El departamento de Ayacucho se ha caracterizado por presentar bajos indicadores económicos y sociales. Ello ha motivado que, en la última década, haya estado entre los departamentos en los cuales se ha impulsado con mayor fuerza el desarrollo de programas sociales orientados a la reducción de la pobreza y la lucha contra la desnutrición crónica e infantil. Si bien se ha visto mejoras importantes en la atención de las necesidades básicas insatisfechas, como el aumento en la cobertura del acceso a agua potable, desagüe, luz eléctrica, todavía son insuficientes, pues en varios casos existe una brecha de cobertura del 30% de la población. Comparando ambas provincias en el ámbito de influencia de los ductos, la parte de La Mar presenta indicadores sociales ligeramente mejores que Huamanga44. En Huamanga, el distrito que tiene menos necesidades insatisfechas en el ámbito de influencia de los ductos es Vinchos, seguido de Chiara y Acocro. Asimismo, incluso a pesar de la reducción de la pobreza, las tasas siguen siendo altas de acuerdo al mapa de pobreza del 2013. Lo mismo ocurre en educación, contándose con más infraestructura como colegios. Generalmente, los tres niveles de la educación básica regular están reservados para los asentamientos con mayor población, mientras que las comunidades más pequeñas cuentan al menos con una escuela primaria. Las brechas de acceso a educación entre mujeres y varones también son evidentes. Los servicios de salud, por su parte, escasean y son fuente de preocupación frecuente de los pobladores. De hecho, se observó que, en algunas comunidades, eran las municipalidades o las propias comunidades las que se encargaban del pago al personal de las postas. Como puede observarse, las necesidades de las comunidades persisten y muchas veces se reflejan en las demandas que plantean a las empresas cuando estallan los conflictos. Finalmente, una característica relevante de la población es su adhesión a la religión evangélica, presente en las localidades rurales de ambas provincias.
La organización comunal Las comunidades campesinas están presentes a lo largo de todo el departamento de Ayacucho y son reconocidas como tales por diferentes actores. De hecho, es el tercer departamento que más comunidades concentra, 704, solo después de Cusco y Puno, de acuerdo con el último Censo de Comunidades Campesinas (INEI, 2018, pág. 24). Un 64.6% de estas comunidades se reconoce como pueblo indígena u originario. El pueblo al que pertenecen es el quechua, cuya lengua está muy presente en las diversas comunidades. En las provincias del ámbito de influencia, la tendencia se repite: la mayoría de las comunidades se reconoce como pueblos indígenas, siendo más pronunciado en Huamanga que en La Mar, aun cuando más del 95% de las comunidades en ambas provincias señala que su lengua materna es el quechua. Durante las entrevistas realizadas con los miembros de las comunidades visitadas, varios expresaron no tener mayor conocimiento de las leyes y otras implicancias que traía el ser reconocido como pueblos indígenas. Esto podría ser una explicación de por qué varias comunidades, a pesar de que tienen como lengua principal el quechua, no se reconocen como indígenas. 44 Según el Censo del 2017, la necesidad básica en la que más se ha avanzado es el acceso al agua potable en ambas provincias, mientras que, en los otros aspectos como luz eléctrica, Huamanga ha tenido avances significativos, pero no así en alcantarillado, siendo los distritos de Vinchos, Chiara y Acocro los que más necesidades presentan. En cuanto a La Mar, tiene un mejor indicador en alcantarillado, pero son los anexos de las localidades a más altura las que presentan más necesidades, como en los distritos de Anchihuay y Anco. Estas características se han contrastado en las visitas de campo.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO En cuanto a la titulación de las comunidades, en ambas provincias todavía existen algunas comunidades pendientes de titular, aunque en una proporción de 15% del total. Cabe resaltar que, de acuerdo a los EIA, no se ha identificado comunidades afectadas por los ductos que carezcan de títulos de propiedad de sus comunidades. La mayoría de las comunidades de Huamanga y La Mar se titularon en la década de los noventa, apenas unos años antes del inicio de la construcción de los ductos. Para varias de ellas, que padecieron la violencia política en la década anterior, este proceso de titulación implicó incluso el retorno de la población a sus localidades. Es el caso de Anchihuay Sierra (que pertenece a la CC Anchihuay), cuya población huyó por la violencia en los ochenta y, a partir del año 1993, retornó progresivamente. Como muestra de este terrible momento, tienen una iglesia que fue quemada por Sendero Luminoso y que hoy buscan recuperar45. Tanto Huamanga como La Mar fueron provincias muy afectadas por la violencia política, generando consecuencias en las dinámicas comunales. Sobre la gobernanza dentro de las comunidades, el ente a cargo del Gobierno y la administración son las juntas directivas comunales, que están compuestas por el presidente de la comunidad, que es la máxima autoridad, un vicepresidente, un secretario y otros directivos que la comunidad decida46. Mediante las asambleas comunales, se eligen a las autoridades y la participación en este espacio se suele dar por hogar o familia de acuerdo al padrón comunal. Los presidentes representan a las comunidades en los diálogos y coordinaciones con otros actores, como son las entidades de gobierno, empresas que operan los ductos y otros. En las comunidades visitadas, las personas manifestaron que, cada vez que las empresas quieran visitar la comunidad para alguna coordinación, deben notificar a los presidentes. Las directivas comunales por estas tierras suelen tener una duración de dos años. En cuanto a la gestión del territorio comunal, coexisten dos sistemas de tenencia de la tierra, donde funcionan las normas formales provenientes del Estado y las normas propias de las comunidades, que en muchos casos se basan en sus propios usos y costumbres, que emanan de la historia e identidad de las comunidades y de la relación que tienen con su territorio. Así, las comunidades campesinas cuentan con un solo título por las tierras que les da legalidad, y a nivel interno, se basan en los usos y costumbres para distribuir o asignar las tierras entre los miembros de la comunidad. Esta última asignación, aun cuando no necesariamente cuente con un documento formal47, es reconocida y respetada por los miembros de la comunidad y actores externos. A los miembros de la comunidad a quienes se les asigna una porción o parcela de tierra se les denomina posesionarios. Como tales, las y los posesionarios adquieren y reconocen tener un conjunto de derechos sobre la tierra asignada, que desde el punto de vista legal podría ser interpretado como usufructo, pero, para las comunidades, es propiedad basada en el reconocimiento de sus pares (Quiñones, 2015). Entonces, durante la construcción de los ductos, se realizaron los pagos de compensación por la servidumbre de uso de tierras afectadas tanto a los posesionarios por sus parcelas como a la comunidad en su conjunto.
45 Para conocer más sobre las comunidades campesinas de La Mar en los tiempos de violencia y recuperación de paz, puede revisarse Del Pino (1996) que narra cómo la capacidad organizativa histórica de Chiquintirca y Anchihuay les permitió hacer frente a la violencia. 46 Las comunidades campesinas se rigen por la Ley N˚ 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 47 Existen casos donde los gobiernos regionales emiten constancias de posesión.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO De otro lado, dentro de las comunidades, la población también participa de organizaciones de base como parte de los asuntos de la comunidad. De acuerdo con el Censo de comunidades, tanto en La Mar como en Huamanga predominan el Club de Madres y al Comité de Vaso de Leche, seguido de los comités de autodefensa en La Mar y las rondas campesinas en Huamanga. Sin embargo, a nivel de organización más externo, la afiliación de las comunidades a una federación u organización representativa es baja o, en la mayoría de los lugares, inexistente. Siguiendo la tendencia nacional de comunidades campesinas, donde solo el 15% pertenece o está afiliada a alguna organización, en las provincias de estudio, también el índice de afiliación es muy bajo. En el caso de la Mar, en el ámbito de influencia del proyecto, esta situación llega a que no se registre federación alguna y, en Huamanga, el índice de afiliación llega al 5% (INEI, 2018). En las visitas de campo realizadas a las localidades, se confirmó este mismo patrón, pues ninguna de las comunidades manifestó tener afiliación en una organización, aunque señalaron que en ocasiones han coordinado para temas específicos con la Federación Agraria Departamental (FADA)48 o el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, pero sin encontrar apoyo de forma permanente y sin considerar tener membresía en estas organizaciones. Esta característica tiene implicancias importantes, pues, como veremos más adelante, condiciona a que el accionar de las comunidades quede principalmente en el ámbito local. Finalmente, un aspecto de relevancia que cabe mencionar es que las comunidades han tenido transformaciones a lo largo de los años, lidiando con diferentes presiones externas políticas, económicas y sociales, pero que, a pesar de ello, las instituciones comunales subsisten y permiten la administración colectiva del territorio que ocupan. Sin duda, los desafíos que se presentan a las comunidades son varios, yendo desde la propia gobernanza, hasta la existencia de conflictos, pasando por la insuficiencia de recursos que permitan la producción agrícola y ganadera, las presiones del mercado, entre otros. Desafíos que las diferentes comunidades afrontan de acuerdo a sus capacidades y contexto.
Sobre las mujeres La mayoría de la población son mujeres, superando por apenas una décima al porcentaje de la población masculina en el departamento de Ayacucho. Esta misma tendencia se presenta en las provincias de influencia del proyecto. Desafortunadamente, los puestos de toma de decisiones no cuentan con participación de mujeres en las provincias. De 119 municipalidades provinciales y distritales de la región, apenas son cuatro las que tienen mujeres ocupando el cargo de alcaldesas para el período 2019-2022. No hay ninguna alcaldesa en los distritos de influencia de los ductos. Esta situación se repite en las comunidades campesinas, donde los presidentes son varones y, en muy pocos casos, se tiene participación de mujeres ocupando cargos en las juntas directivas49.
48 La FADA es una organización de campesinos de la región que involucra a agricultores individuales y colectivos. Fue creada durante la década de los setenta y es parte de la Confederación Nacional Agraria, siendo un actor relevante en la política regional. Cuenta con un local denominado “La Casa del Campesino”, el cual se facilita a los agricultores de la región para múltiples coordinaciones como un espacio de la sociedad civil. 49 De las comunidades visitadas, solo en Uras, en San Miguel, señalaron que están incluyendo a mujeres en su junta directiva, pero esto responde más al trabajo que está realizando ONAMIAP en la zona.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Las mujeres participan en organizaciones como los Clubes de Madre y el Vaso de Leche, organizaciones donde principalmente se discuten asuntos del cuidado de los hijos y la alimentación, y que, como se señaló antes, están presentes en la mayoría de las comunidades campesinas. A través de estas organizaciones también interactúan con los programas sociales, como, por ejemplo, Cuna Más50. A pesar de este y otros importantes roles que desempeñan las mujeres, en los otros asuntos de la comunidad, la participación es baja. Los factores son diversos. Tradicionalmente, los roles de las mujeres se les vincula con el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, aunque progresivamente han ido incluyendo otras tareas, como el pastoreo o apoyo en el cultivo de la tierra, que no siempre es reconocido (Quiñones, 2015). Asimismo, los indicadores de educación muestran que son las mujeres quienes presentan una mayor tasa de analfabetismo en estos ámbitos (20%) y quienes abandonan más pronto la escuela. De esta manera, se genera un círculo vicioso, pues aquellas mujeres que tienen acceso a estudios pueden construir trayectorias de liderazgo que con el tiempo les permitan ocupar cargos (Zambrano y Uchuypoma 2015) u otras posiciones dentro y fuera de las comunidades. La reciente ley publicada a mediados del 2019, que establece que las juntas directivas deben estar conformadas por al menos 30% de mujeres o varones51, representa un avance, pero requiere que su aplicación sea fortalecida. En la visita a las comunidades, varios pobladores y presidentes señalaron desconocer la existencia de esta norma. Además, debido al costo de los trámites de inscripción, las comunidades no siempre actualizan su registro en la SUNARP, quedando el registro de las juntas directivas solo a nivel interno y, por lo tanto, con riesgo de que desde fuera no se exija el cumplimiento de la norma52. Asimismo, como lo ha explicado Quiñones (2015), hay varios temas previstos en la Ley de comunidades que podrían implicar un trato igualitario, pero, en la práctica, se generan prácticas particulares en la gestión comunal que, en algunos casos, excluyen a las mujeres. Quiñones, por ejemplo, señala el tema del padrón comunal. De acuerdo a la norma, éste es un registro de información de los comuneros donde podría entenderse se consigna la información de la toda la población de la comunidad (adultos, niños, etc.), pero la autora identificó que, en algunas comunidades ayacuchanas, existen prácticas en las que solo se consigna a los jefes de familia, y la participación de las mujeres se condiciona a su estado civil o al hecho de ser madre o no. Como se observa, la posición de las mujeres respecto del desarrollo y la participación presenta brechas frente a los varones. Existe abundante literatura que señala que estas brechas se profundizan cuando se desarrollan proyectos y actividades que no incorporan consideraciones de género, pues se refuerzan las desigualdades como una externalidad, que es la situación que ha venido sucediendo con la puesta en funcionamiento de los ductos.
50 La organización de los clubes de madres alcanza el ámbito regional. En 1990, se crea la Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho (FEDECMA), que es un actor social relevante en la política regional. SI bien mucha de su agenda ha estado vinculada a la gestión de los alimentos, hubo esfuerzos por ampliar su alcance. Por ello, en el año 2013, una parte de la FEDECMA pasó a denominarse Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA) con el objetivo de promover los derechos colectivos e individuales de las mujeres. Uno de los desafíos que presentan estas organizaciones es poder trabajar más allá de la agenda de alimentos, pues muchas veces ésta es condicionada por los asuntos más locales y domésticos donde a la mujer se les atribuye exclusivamente el cuidado de los hijos. 51 La Ley 30982 modifica la Ley de comunidades campesinas para fortalecer el rol de la mujer. Ver: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-quemodifica-la-ley-24656-ley-general-de-comunidades-ca-ley-n-30982-1789945-1 52 De acuerdo con la Ley de comunidades campesinas, la actualización de la junta debe registrarse en la SUNARP para que se cumpla con la formalidad.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
2. Los cambios Cuando se discutía la importancia de Camisea para el país e iniciaban los trabajos de construcción, las promesas de Camisea señalaban que las condiciones de vida mejorarían y que las comunidades altoandinas por donde atravesaba este valioso recurso también se beneficiarían con el gas. Promesas que traían nuevas aspiraciones a estas comunidades que venían recuperándose de los años de violencia. Es en este contexto de disposición favorable que se inició la construcción de los primeros ductos en el año 2002, que no estuvo exenta de desconfianza y dudas sobre lo que vendría. Los cambios serían registrados paulatinamente por la población, como se detallará a continuación.
Afectación a las tierras: las servidumbres Los primeros cambios que registró la población iniciaron al poco tiempo, cuando la tierra empezó a ser removida, llegaron los materiales y los campamentos de las empresas se instalaban en sus tierras. Para que esto último ocurra, los representantes de las comunidades y los posesionarios previamente suscribieron un acuerdo de servidumbre, por el cual se cedía a los operadores de las empresas las áreas donde se instalarían los ductos, así como la infraestructura, como válvulas, planteas de bombeos, entre otros. Efectivamente, de acuerdo a la normativa, mediante la servidumbre, las empresas adquieren el derecho de disponer de un área, en propiedad privada o pública, tanto del suelo y del subsuelo como de los aires, para tender el ducto y ocuparla sea con fines construcción, funcionamiento, y mantenimiento. En el caso de los ductos de transporte de gas, se establece que el área de servidumbre como derecho de vía de ducto tendrá un ancho máximo de 25 metros53. Asimismo, por otorgar esta servidumbre, las comunidades o propietarios reciben una compensación e indemnización, que debe ser parte del acuerdo de servidumbre, el cual se define entre las partes, es decir, entre las empresas y, en estos casos, las comunidades y los comuneros en su calidad de posesionarios. Este acuerdo debe firmarse ante notario o juez de paz y ser inscrito en registros públicos. Además, debe remitirse una copia al MINEM. En caso no se llegue a acuerdo entre las partes, la empresa puede recurrir al MINEM para que éste constituya “con carácter forzoso” las servidumbres, las cuales se publicarán mediante decreto supremo (artículo 97 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos), indicando la ubicación, extensión, temporalidad, así como los pagos que impliquen. Es decir, en última instancia, el Estado tiene facultad de disponer de las tierras y cederlas a las empresas que lo requieran para el funcionamiento de la industria del gas. Se dieron dos tipos de servidumbres, una orientada propiamente al funcionamiento de la infraestructura, que tiene una duración de 33 años para los ductos de TGP y de 40 años para PLNG, y otra destinada a la construcción, que implicó el uso de espacios que posibiliten el desarrollo de trabajos, almacenamiento de materiales y otros. Como el establecimiento de las servidumbres se define entre pares, a lo largo del trayecto se dieron negociaciones entre las empresas con cada una de las comunidades y a su vez con los comuneros posesionarios cuyas parcelas eran afectadas, en condiciones evidentemente no igualitarias. Como se mencionó antes, en el territorio comunal, las comunidades campesinas cuentan con un título de 53 El Decreto Supremo 081-2007-EM sobre el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos es la norma que establece disposiciones sobre las servidumbres, en específico, el Título V “Uso de bienes públicos y terceros”
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO propiedad que comprende todo su territorio y asignan parcelas a los comuneros en base a los usos y costumbres propios de la comunidad. Estos comuneros, llamados posesionarios, hacen uso de su parcela como si tuvieran la propiedad y son reconocidos como legítimos posesionarios. Entonces, al desarrollar las negociaciones por las servidumbres, se dio una doble negociación tanto con las comunidades representadas por su presidente y la junta directiva como con los posesionarios. Hubo dos grandes momentos cuando se dieron estos procesos de negociación: entre los años 2002 y 2004, cuando se dio la construcción de los ductos administrados por TGP, y entre 2007 y 2009, cuando se instaló el ducto de Perú LNG. En general, durante las visitas de campo realizadas, diversos pobladores manifestaron que los pagos por compensación realizados en ambos momentos fueron insuficientes e injustos, que las comunidades no estaban preparadas porque fueron negociaciones desiguales, que las empresas se aprovecharon de la condición humilde de los pobladores y la falta de acceso a recursos, como un abogado, y que las empresas asumieron diferentes compromisos, como la ejecución de proyectos, que no se cumplieron. Todo ello ha generado entre los pobladores un sentimiento de malestar que en buena medida sigue presente hasta el día de hoy y es parte central de los reclamos que Montalvo (2011) y Anchante et al. (2010) también han documentado. Las compensaciones recibidas varían entre comunidades y entre posesionarios. Esto no solo se debió a criterios de extensión de la longitud del ducto o de las características de las tierras ocupadas, sino principalmente a la capacidad de negociación. La Defensoría para el Proyecto Camisea54 señala en su informe que el valor económico de las compensaciones se fijó a través de un proceso de “regateo” de las partes, un tira y afloja constante (Anchante et al, 2010). Como resultado, existen comunidades que, teniendo una mayor extensión de ductos en sus territorios, recibieron menor pago que aquellas con menos extensión. Lo mismo sucedió entre posesionarios de una misma comunidad: a aquellos que reclamaban más, se les compensó mejor. Por ejemplo, a la comunidad de Cochas, San Miguel, se le pagó 120 mil soles por 10 km de afectación, mientras que, a la comunidad de Patizamba, también en San Miguel, se le pagó 750 mil soles por 4 km (Montalvo, 2011). Entonces, las comunidades con menor organización y los posesionarios con menor instrucción o que pertenecen a comunidades más lejanas fueron los que menos recibieron. En este grupo se encuentran también los anexos ubicados en las zonas más altas y distantes. La mayoría de la población no tuvo acceso a información, que era muy técnica, o soporte que pueda servir de asesoramiento durante este proceso, frente a la cantidad de abogados y funcionarios que venían de parte de la empresa, hecho que se dio con mayor énfasis en el año 2002 por la novedad del proceso. Asimismo, cabe mencionar que este primer momento se desarrolló en un contexto en el que se iniciaba un periodo de post violencia política donde la población de las comunidades aún se encontraba en condiciones de vulnerabilidad. Efectivamente, varias de estas comunidades fueron arena de contienda durante el periodo de violencia, siendo víctimas directas. A finales del año 1999, Ayacucho dejó de ser considerado como zona de emergencia que implicó que los militares progresivamente fueron retirándose de los ámbitos donde habían tenido control (Crisóstomo 2011). Por el año 2002 varias comunidades se encontraban en proceso de reconstruir las instituciones comunales que fueron afectadas por la violencia de las décadas anteriores; los pobladores que 54 Esta Defensoría se crea mediante Decreto Supremo 030-2002-EM en el año 2002, como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con el BID. Su objetivo fue prevenir conflictos asociados al desarrollo de actividades del proyecto Camisea, así como mediar o facilitar en caso surjan. Esta defensoría fue una entidad autónoma y su desarrollo estuvo a cargo de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO habían huido por la violencia estaban retornando por esta época, y mientras tanto se estaban recogiendo testimonios y denuncias por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Todo ello influyó en que la población tenga una limitada agencia de acción para la defensa de sus interese propios55 y pueda emprender la acción colectiva. Las comunidades además de no contar con el soporte técnico para estas negociaciones y de provenir de un contexto estructural de exclusión social, se encontraban recuperándose e iniciando la construcción de su resiliencia. En ese sentido, las negociaciones entre las empresas y comunidades campesinas durante este primer momento fueron profundamente asimétricas. Progresivamente, algunas comunidades con capacidad para hacerlo fueron incorporando asesoramiento técnico. Para el año 2008, para la construcción del tercer tubo, hubo comunidades que estuvieron un poco más organizadas, especialmente aquellas de los distritos de Vinchos y Anco que vivieron el primer proceso, pero no necesariamente fue el caso de la mayoría que eran nuevas comunidades involucradas. Sumado a ello, en varios casos, cuando las negociaciones se prolongaban, una práctica frecuente por parte de la empresa y funcionarios del Estado era la utilización de la amenaza de abrir el recurso de imposición de servidumbre que se encuentra prevista en la ley56. Se generaba así una brecha de acceso a la información y un evidente desequilibrio entre empresas y comunidades en el momento de la negociación de la servidumbre. Por ello consideran que el proceso fue desigual. Respecto a la cantidad pagada por las compensaciones, existe la percepción de que fueron insuficientes e injustas. Varios señalan que los precios que pagaron las empresas fueron muy ínfimos. Incluso llegaron a pagar 20 céntimos por metro cuadrado o montos similares. Por ejemplo, la comunidad de Retama, en el distrito de Chilcas, recibió de TGP la suma de 13 mil soles por 1.4 km de ducto, que implica un área de 36 250 m2. Para los procesos del año 2008, los montos que otorgó la empresa Perú LNG fueron más altos en comparación con el proceso anterior, respondiendo a las circunstancias de ese momento, pero se definieron según las mismas prácticas que en el período en que fueron fuente de desconfianza. Un aspecto relevante que estuvo presente en las negociaciones era el poco entendimiento de las partes sobre la valorización de las tierras para la servidumbre. Mientras que, en las empresas, prevalecía una racionalidad más económica que se basaba en establecer el costo según su uso, para las comunidades, el valor también tenía un componente simbólico y cultural por su ocupación ancestral. Desde la racionalidad de las comunidades, implicaba afectar su principal fuente de medios de vida, que es la tierra. Sin embargo, estos criterios no fueron considerados para la valorización. Así, este diálogo intercultural tuvo límites, generando animadversión de parte de las comunidades. Según señala la Defensoría de Camisea, los cuestionamientos por las comunidades sobre la valorización eran frecuentes, generando desconfianza que llevaba a la no generación de acuerdos y a la amenaza por parte de las comunidades de recurrir a medidas de fuerza. Con los años, éste ha sido un proceso de aprendizaje para las comunidades.
55 Agencia en el sentido que señalan Ibrahim y Alkire como “la capacidad de actuar en función de lo que una persona valora y tiene razones para valorar” (2007). 56 Tanto la norma Decreto Supremo N˚ 055-93 vigente para el proceso del año 2002 como el Decreto Supremo 081-2007-EM establecen que cuando no hay acuerdo entre las partes, el estado realiza una servidumbre administrativa en favor de la empresa.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Además de las negociaciones por la servidumbre para el establecimiento permanente de los ductos y demás instalaciones que permitieran su operación, las comunidades estuvieron disconformes con la servidumbre para el uso de áreas adyacentes para la construcción de los proyectos, que se usaron, por ejemplo, para almacenar materiales, transportar los materiales, establecer campamentos entre otros. Al finalizar la construcción, las empresas dejaron afectadas las chacras, viviendas, algunos ríos y demás recursos que no fueron remediados completamente. Asimismo, se hizo uso de terrenos adicionales a los estipulados en las servidumbres para la construcción. Ello generó reclamos constantes de la población, reclamos que no fueron atendidos con sentido de urgencia. De hecho, Osinergmin, que era la entidad estatal a cargo de la supervisión de la construcción, registró diferentes incidentes de este tipo. Del mismo modo, la Defensoría de Camisea señala que el 17% de los casos atendidos en la parte sierra era por afectación a los cultivos debido a las actividades de construcción del Proyecto, constituyendo el segundo tipo de quejas con mayor incidencia (Anchante et al., 2010). Otros de los motivos del malestar de la población respecto a las servidumbres y la afectación fue que las promesas y los compromisos que las empresas y las entidades gubernamentales acompañantes asumieron durante la construcción de los ductos no se cumplieron. En el informe de la Defensoría de Camisea, éste es el principal reclamo de la población. Desde entonces, en cada manifestación o protesta que las comunidades realizan, siempre está presente el incumplimiento de los compromisos. Y es que, más allá de las propias comunidades afectadas, nadie más monitoreó su cumplimiento. Para diferentes entidades del Estado, éste es un asunto de privados. Esa ha sido la forma en la que se ha venido tratando las tensiones alrededor de los ductos de Camisea que están en esta región. En las diferentes localidades visitadas, las servidumbres de ambos procesos siguen siendo un motivo de controversia hasta el día de hoy. Las comunidades que han tenido o tienen una mesa de diálogo han presentado como una de sus demandas principales la renegociación de los contratos de servidumbre. Debido a la respuesta negativa de las empresas sobre este punto en estos espacios de diálogo, algunas comunidades y algunos posesionarios han optado por llevar esta demanda a la vía judicial, pero todavía no han tenido un resultado favorable. Por ejemplo, la Comunidad Campesina de Vinchos lleva más de siete años en el proceso, mientras que algunos posesionarios han desistido porque no tuvieron la capacidad de mantener por tanto tiempo los costos. Incluso están algunos casos en los que los abogados que los asesoraban se han aprovechado de esta situación sin darles resultados.
La convivencia diaria Como se observa, desde su aparición en el territorio ayacuchano, el proyecto Camisea ha estado caracterizado por las tensiones, quizá en algunos lugares más que en otros. Con el tiempo, la intensidad de estas tensiones ha ido disminuyendo, aunque esto no ha implicado que la población deje de estar alerta sobre el accionar de las empresas ni ha impedido que en ocasiones escalen las tensiones. Finalmente, son sus vecinos que ocupan las mismas montañas andinas donde están y a lo que aspiran es a disfrutar también de los beneficios que trae Camisea. Como señala Perla (2017), “la ausencia de conflicto abierto no necesariamente significa la ausencia de problemas”. La entrada en funcionamiento del ducto ha cambiado las dinámicas sociales por los territorios donde atraviesa
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO el ducto. En una relación evidentemente desigual entre empresas y comunidades, estas últimas desarrollan diferentes estrategias para hacer respuesta. Antes de entrar en detalle a este punto, es necesario conocer cómo se desarrollan las prácticas y percepciones de esta relación en el día a día. En el escenario social rural de Huamanga y La Mar, las empresas se han constituido como un actor relevante. Tanto es así que, cuando un foráneo visita las comunidades, la pregunta que emerge de la población es si el o la visitante viene por la empresa o el Gobierno. Entonces, relacionistas comunitarios, operarios y otros funcionarios de las empresas se han convertido en parte del paisaje social en estos ámbitos. Las empresas, para el funcionamiento de los ductos y la infraestructura, requieren de su operación y mantenimiento constantes. Para ello, en el caso de TGP, la función de operación y mantenimiento está a cargo de la empresa COGA57, mientras que en el caso de Perú LNG, COGA se encarga solo del mantenimiento. La empresa COGA, a su vez, contrata a la empresa argentina Techint para prestar servicios de mantenimiento a las tuberías. La empresa Techint también estuvo a cargo de la construcción de todos los ductos. Respecto a las relaciones comunitarias, tanto Perú LNG como TGP son las responsables directas. Entonces, para las coordinaciones con las comunidades, ambas empresas están presentes y, para las labores de mantenimiento en la práctica, es Techint que se encuentra en el territorio. La actividad más frecuente que las empresas desarrollan es el mantenimiento de la infraestructura. Para ello, las empresas informan a la población a través de los relacionistas comunitarios sobre los trabajos que se realizarán en las localidades. Una forma de involucramiento que las empresas han establecido con las comunidades para esta tarea es a través de su programa de contratación de mano de obra local. Así, los comuneros participan en las tareas de mantenimiento de los ductos que se encuentran en su comunidad. Es decir, si hay un mantenimiento que hacer en los ductos que se ubican en la comunidad de Sallalli, los comuneros seleccionados de esta comunidad participarán de las tareas. La participación de los comuneros es rotativa. Cada miembro del padrón comunal que representa una familia tiene un turno para participar de los trabajos. Una vez que la comunidad comunica a la empresa qué comunero estará a cargo, éste es llevado por la empresa hasta la ciudad de Ayacucho para una evaluación médica y para ser capacitado y así estar apto para el trabajo requerido. El número de veces que los comuneros pueden ser contratados está en función a la demanda de los trabajos que se tengan previstos realizar en las instalaciones dentro de la comunidad. Sobre la duración de estos trabajos, puede ser de unos días y, si los comuneros están con más suerte, puede llegar a ser meses. En caso de que un comunero y su familia no estén en condiciones para la realización de los trabajos, lo que se suele hacer es vender el cupo internamente a otros miembros de la comunidad que sí lo puedan realizar. De otro lado, también las empresas desarrollan actividades de prevención, como son los simulacros ante eventos de riesgo. Las comunidades visitadas manifestaron que al menos una vez al año lo practican. También señalaron que, en fechas especiales como navidad o inicio de clases escolares, las empresas traen juguetes y útiles escolares para los niños, aunque ésta es una práctica que se ido dejando de hacer en los últimos años. En algunas comunidades, desarrollan campeonatos deportivos, siendo el futbol el deporte preferido. Las empresas mencionan en sus memorias 57 Ello en virtud de lo establecido en el contrato BOOT.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO anuales la realización de programas como parte de su responsabilidad social, lo cual incluye, entre otras cosas, la mano de obra local ya descrita, el monitoreo ambiental comunitario, el apoyo a los gobiernos locales en el fortalecimiento de capacidades para el diseño de proyectos de inversión pública. Sin embargo, con excepción de la contratación de la población local, los demás proyectos no fueron recordados con facilidad en las comunidades visitadas. Más bien, lo que más recuerdan son los proyectos solicitados por la población. Los proyectos o actividades que realizan las empresas responden a las coordinaciones y negociaciones que han llevado con cada comunidad. Así, las actividades pueden comprender la construcción de infraestructura de servicios, como escuelas, casas comunales, postas médicas, entre otros; el impulso de actividades productivas, como la compra de insumos para la agricultura, capacitaciones, piscigranjas y otros; así como la realización de obras recreativas y religiosas, como canchas de futbol, refacción de iglesias, cementerios, etc. El alcance, la frecuencia y la temporalidad de estas actividades están sujetos a los acuerdos que hayan establecido con cada comunidad. Por ejemplo, la empresa Perú LNG otorga anualmente a la comunidad de Vinchos un monto que se destina a la compra de insumos para la agricultura. Por decisión de la comunidad, dicho monto se reparte por igual entre las familias miembros de la comunidad. Año tras año, deciden si el material será abono, semillas, mangueras, etc., según alcance el presupuesto anual asignado. En el caso del anexo de Anchihuay Sierra, Perú LNG comunicó que, para este año, cuentan un con monto máximo de diez mil soles para la realización de alguna obra, monto que no alcanzaba para la demanda de la comunidad. En cuanto a TGP, por ejemplo, en Ccoyama, la empresa se encarga del mantenimiento del camino de acceso. Asimismo, las y los comuneros entrevistados son conscientes de que las comunidades ubicadas a mayor altitud no reciben tantos proyectos y que puede haber disparidades al interior de las comunidades, pues los anexos más distantes se benefician menos o no se benefician casi nada de estos proyectos. Entonces, la presencia de proyectos no es por igual en todas las comunidades y la ejecución de varios de ellos ha respondido a la presión que realiza la propia población, pues, a pesar de que las empresas se comprometen a realizar estos proyectos, no siempre lo cumplen. Así, la relación que tienen las empresas con las comunidades no es una de tipo patrimonialista. Como señala Perla (2017), en su análisis sobre la naturaleza de la relación entre comunidades y empresas mineras, a pesar de la asimetría entre estos actores y la entrega permanente de bienes y servicios por parte de las empresas, esta dinámica no está condicionada a una serie de obligaciones que las comunidades deban cumplir, como el apoyo político y la lealtad a la empresa. La relación es más bien una permanente negociación donde cada actor, en función de sus recursos, puede hacer presión. De parte de las comunidades, la motivación permanente que empuja hacia esta negociación es la de mejorar sus condiciones de vida y evitar que los impactos que traen las operaciones de los ductos las afecten. En un contexto de limitada capacidad estatal y de presencia de un actor con gran capital económico, las comunidades buscan sus propias estrategias para poder llegar a sus aspiraciones. De esta forma, en el día a día, las comunidades también están alertas a las actividades que desarrollan las empresas para la operación de los ductos en sus territorios. Después de las malas
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO experiencias que se dieron durante la construcción, respecto a que las empresas no remediaron adecuadamente las consecuencias que trajeron la apertura de zanjas para instalar los ductos, los lugares de almacenamiento de material de construcción, los depósitos de residuos, los movimientos realizados en los ríos, la apertura de caminos para la construcción y la remoción de tierra arable, entre otras cosas, las comunidades iniciaron reclamos y las empresas respondieron a éstos realizando los proyectos antes descritos. Con la puesta en funcionamiento del ducto, las comunidades empezaron a notar algunos impactos y a vivir las restricciones que trae la presencia de los ductos. Existen afectaciones a las actividades productivas de las comunidades. Frecuentemente, las comunidades visitadas señalaron que, en las chacras por donde pasa el ducto, solo están permitidos ciertos tipos de cultivos que no tengan raíces profundas, como hortalizas o papas, pero no frutales, por ejemplo, limitando así su producción. En los valles de La Mar, donde se encuentran comunidades como Cochas, Uras y Retama, esto es fuente de preocupación porque actualmente está creciendo la producción de palta porque el precio de esta fruta está en aumento y representaría mayor rentabilidad para los productores. En consecuencia, perciben como una barrera no poder usar esas tierras. En esa misma línea, otro impacto registrado es que las tierras por donde pasa la tubería se han vuelto menos productivas. La población señala su descontento, pues, durante la construcción de la tubería, les dijeron que sus tierras seguirían igual y, por lo tanto, podrían realizar sus actividades agropecuarias con normalidad. Esta situación se agudiza porque, para realizar el mantenimiento de los ductos, se requiere realizar excavaciones. Al remover la tierra para el mantenimiento, ésta es reemplazada por tierra que no necesariamente es apta para el cultivo porque se trata de construcción. Además, mencionan que, tras las labores de mantenimiento, no se limpian adecuadamente los materiales empleados, quedando material particulado que genera que la tierra ya no sea tan fértil y los cultivos producidos sean de baja calidad. Asimismo, en diversas localidades se ha reportado el problema de los cortacorrientes. Para evitar el almacenamiento de agua sobre los ductos, que puede producir su corrosión, se construyen alrededor de la tubería canales que se denominan cortacorrientes. El problema es que estos canales en varios lugares desembocan en las chacras de los comuneros, generando inundaciones e impacto que han llevado a la pérdida de los cultivos. También las personas entrevistadas manifestaron que los cortacorrientes no son adecuadamente mantenidos, generando impactos negativos en su tránsito. Otra de las afectaciones es referida al uso del territorio adicional al que la servidumbre establece. Como se comentó, son 25 metros de ancho de vía del ducto los permitidos, pero las y los comuneros señalan que, en la práctica se está usando más áreas, llegando a 30 o incluso 60 metros. El malestar radica en que no reciben compensaciones por el uso de estas áreas adicionales. Para presentar sus reclamos y demostrar que las empresas usan más tierras de las acordadas, deben recurrir a los servicios de personal capacitado que no siempre están en posibilidad de costear. Por ello, han acudido a terceros, como las municipalidades o el Gobierno regional, para que reporten estas afectaciones, encontrado respuestas limitadas según la autoridad de turno. Y es que varios alcaldes optan por no involucrarse en estos conflictos. En algunos casos, el Gobierno regional ha proporcionado apoyo en la realización del diagnóstico de estas afectaciones, como fue el caso con
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO la CC de Vinchos. En los centros poblados cercanos a los ductos, también se registran impactos. Por motivos de seguridad y mantenimiento, no están permitidas las construcciones por donde transitan los ductos. Como la población requiere de servicios públicos, es necesaria la construcción de nueva infraestructura, pero se ve impedida de realizarse por la presencia del ducto. Este es el caso de Huayllaura, anexo de la CC de Chiquintirca, que se encuentra en un punto de la carretera San Antonio-Pacobamba en la provincia de La Mar. Los ductos administrados por TGP siguen el camino de la carretera en este trayecto. El pueblo se asienta en los márgenes de la carretera, donde se encuentran sus casas, la escuela, la iglesia y demás instituciones, viéndose afectado directamente porque por uno de los márgenes pasan los ductos. Allí se encuentra el local comunal y algunas viviendas que carecen de luz eléctrica porque está prohibida la instalación de postes debido a la presencia de los ductos. Si bien los habitantes de las casas de esta área han sido reasentados en otra parte del pueblo, se resisten a dejar sus casas porque no quieren alejarse del pueblo. Una situación similar ocurre en Sallalli, donde el local de educación inicial se encuentra cerca del ducto y, por lo tanto, una de las empresas ha solicitado que quede inhabilitado para su uso. Este local fue construido por la municipalidad distrital, demostrando una limitada planificación y coordinación de las autoridades gubernamentales, como las municipalidades, que son encargadas de brindar los servicios públicos que la población necesita. El crecimiento de los centros poblados que están cerca del ducto presenta serios desafíos, siendo el caso del centro poblado de Huayllaura, el más representativo, pues es completamente atravesado por el ducto. Como la población lleva viviendo varios años allí, una aspiración es poder obtener el título de propiedad que les brinde seguridad jurídica, pero esto no será posible porque el área ha sido clasificada como de riesgo por la presencia de los ductos. Lo que llama la atención es que el centro poblado de Huayllaura existió antes de la construcción de los ductos, pero en el EIA, no se priorizaron estos impactos58. Por estas razones, el pedido de esta población es que se cambie la ruta de los ductos.
Las emergencias y los derrames Desde el inicio de operación de los ductos hasta la fecha, han ocurrido 13 emergencias a lo largo del sistema de transporte de líquidos de gas natural: 4 en Ayacucho, 8 en Cusco y una en Huancavelica. En el período 2004-2007, ocurrieron 6 accidentes, lo que motivó la realización de una auditoría internacional con sugerencias de mejoras en la infraestructura del sistema de transporte. Posteriormente, en el año 2012, ocurrieron nuevamente 3 accidentes y, entre 2014 y 2018, se reportaron 4 adicionales. Todos estos casos están relacionados con el poliducto que traslada los líquidos de gas natural y se encuentra bajo la administración de TGP. Los incidentes en el departamento de Ayacucho han ocurrido principalmente en el distrito de Anco, en los anexos Pacobamba, Tocate, Huayrapata de la Comunidad Campesina de Chiquintirca, implicando el derrame de miles de barriles de líquidos de gas natural, generando contaminación 58 La inclusión de Huayllaura en la ruta de los ductos responde a una modificación del EIA. Lo que llama la atención es que esta modificación se justificó señalando que habría menos impactos ambientales porque se aprovecharía la carretera Pacobamba-San Antonio y no sería necesario construir nuevas vías. Sin embargo, lo que no se consideró fue que, en esta carretera, ya existían centros poblados como Huayllaura.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO del medio ambiente y daños a la salud de las personas que habitan estas localidades. También se reportó un incidente en la Comunidad Campesina 8 de octubre en el distrito de Socos, Huamanga. Emergencias ocurridas en el poliducto de líquidos de gas Camisea en Ayacucho Fecha
Provincia
Distrito Comunidad Campesina
Localidad
Barriles derramados
Descripción
29 de agosto de 2005
La Mar
Anco
Chiquintirca
Pacobamba
15
Falla debido a soldadura trajo afectación a bofedales
16 de setiembre de 2005
La Mar
Anco
Chiquintirca
Tocate
4000
Rotura de ducto debido a movimiento de tierra que afectó a personas, ocasionándoles intoxicación, así como contaminación de ríos, suelo, flora y fauna.
11 de octubre de 2012
Huamanga
Socos
Ocho de Octubre
Pallcapampa
S/I
Perforaciones al ducto realizadas por terceros, que generaron una filtración contaminando el suelo
30 de abril de 2015
La Mar
Anco
Chiquintirca
Huayrapata
1723
Fractura externa por movimiento de tierras que generó una explosión seguida de derrame en ríos suelo, fauna y flora. Se reportó personas intoxicadas.
Fuente: Osinergmin. Elaboración propia.
Los dos primeros incidentes ocurrieron en el año 2005, apenas un año después del inicio de operación de los ductos administrados. El 29 de agosto del 2005, se dio la emergencia en el anexo de Pacobamba de la CC de Chiquintirca, implicando en derrame de 15 barriles de líquidos de gas natural. Este derrame ocurrió debido a una falla técnica en el empalme de soldaduras del ducto, que generó una rotura en el ducto. Como consecuencia del derrame, se contaminó el suelo en áreas donde se encontraban bofedales, generando preocupaciones y miedos en la población local (Anchante et al., 2010). Menos de un mes después, ocurrió el segundo derrame de mayor magnitud también en la CC de Chiquintirca, pero esta vez en el anexo de Tocate, a unos 25 km del primero. Tras una explosión, el 16 de setiembre del 2005, se produjo la segunda emergencia en el anexo de Tocate. Debido a una rotura del ducto por efecto de movimientos de tierras en la zona, se derramaron 4 mil barriles de líquidos de gas natural. De acuerdo al reporte de DIGESA, el derrame generó un cauce que se dirigió al río Chunchubamba y, a través de éste, llegó al río Apurímac. Si bien el 30% del derrame se evaporó, el resto generó la contaminación de ambos ríos, afectando los peces, el suelo y la flora del lugar (Gamboa & Davila, 2010). Fueron evacuadas al menos 200 personas, todas
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO ellas habitantes del anexo de Tocate. Asimismo, debido a la contaminación de grandes extensiones de suelo y agua, DIGESA consideró a la población de las comunidades aledañas como expuestas al riesgo. Después de la ocurrencia de estas emergencias en estas zonas, en cumplimiento de lo ordenado por OSINERGMIN, TGP construyó, en el sector Ccorimayo-Toccate, un puente de una extensión de 750 metros con el fin de prevenir futuros riesgos en esta área que presenta una geografía muy accidentada. La tercera emergencia ocurrió en octubre del 2012 en la CC Ocho de Diciembre en el distrito de Socos. Esta emergencia fue ocasionada por perforaciones en el ducto realizadas intencionalmente por terceros. Se produjo una filtración de los líquidos de gas de pequeña magnitud, por lo que no se registró en el Sistema Automático de Supervisión, Control y Lectura de Parámetros a Distancia (OSINERGMIN, 2012), sino fue detectado por comuneros de la zona, quienes lo reportaron a la Empresa. De acuerdo a TGP (2013), este incidente fue considerado como un “intento de Robo de producto/Sabotaje” porque se encontraron evidencias, como válvulas para instalaciones clandestinas, y fue derivado a la Fiscalía Especializada en Asuntos Ambientales. Para la reparación de la tubería, la comunidad en un principio no dejó entrar a los trabajadores de la empresa y demandó ser compensada por las posibles afectaciones. Luego de acuerdos entre la empresa y la comunidad que involucraron la contratación de miembros de la comunidad, la empresa culminó con las labores de reparación y control. En abril del 2015, ocurrió el cuarto derrame en el anexo de Huayrapata de la CC de Chiquintirca. La tubería se fracturó debido a la fuerza externa que trajo el deslizamiento de tierras causado por las lluvias que ocurrían en esta zona. Producto de ello, se generó la fuga de más de 1700 barriles de líquidos de gas natural, lo que además provocó una explosión. Este hecho generó consternación entre los habitantes de Huayrapata, quienes además fueron afectados, presentando indicios de intoxicación. La posta médica quedó desbordada, pues a más de 300 personas se les diagnosticó intoxicación por inhalación de hidrocarburos, requiriendo asistencia médica59. El derrame afectó un área de 4 mil metros cuadrados, contaminando el suelo y el río Apurímac y afectando a otras localidades cercanas. La población también reportó el hallazgo de peces muertos en el río. Estos derrames han implicado sanciones. Los organismos reguladores y fiscalizadores, como OSINERGMIN60 y OEFA, impusieron multas a TGP por la ocurrencia de los derrames en Chiquintirca al encontrar algún tipo de responsabilidad a la empresa. La última multa impuesta fue en el año 2018 con relación al derrame del año 2015. OEFA aplicó una multa de hasta 100 UIT (un equivalente a 415 mil soles) y ordenó acreditar la remediación de los cuatro mil afectados, concluyendo, en la fundamentación de esta sanción, que TGP no había tomado medidas de prevención para evitar los impactos ambientales61. En el caso del derrame en Socos, como se encontraron evidencias de que terceras personas habrían realizado las perforaciones, no se aplicaron multas. Para los habitantes de Tocate, Pacobamba, Huayrapata y demás anexos de la CC de Chiquintirca, los sucesos han quedado marcados, generando temores e inquietudes sobre los efectos en la salud y el desarrollo de sus actividades en las áreas. Asimismo, ha emergido de esta comunidad el reclamo que 59 https://lamula.pe/2015/05/07/ayacucho-tgp-indemnizaria-a-poblacion-afectada-por-fuga-de-gas/noticiasser/ 60 Hasta el año 2010 OSINERGMIN estuvo a cargo de las fiscalizaciones ambientales. Con la creación del OEFA, esta competencia pasa al OEFA. 61 Resolución de Tribunal Ambiental 142-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 23 de mayo de 2018.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO busca, además de las sanciones impuestas por el Estado, que se indemnice a la población por los daños causados. En respuesta a ello, en varias reuniones, TGP se comprometió a realizar proyectos en la comunidad. En el último derrame, la población estuvo desconfiada de estos ofrecimientos, por las experiencias pasadas de que no todos los compromisos fueron cumplidos. Por ello, una parte central de las demandas de Chiquintirca está orientada a reclamar una indemnización por estos tres acontecimientos negativos. A raíz de ello, se creó una mesa de diálogo entre la Comunidad y TGP, que es facilitada por el MINEM.
3. Las tensiones Como se observa, son múltiples las afectaciones que las comunidades señalan que han ocurrido en sus territorios. Se pueden clasificar en tres tipos. El primer tipo se refiere a las servidumbres por el derecho de uso de vía de los ductos, que, según las comunidades, no conllevó una compensación justa por las tierras y amerita una renegociación. El segundo está referido a las afectaciones cotidianas relacionadas con la operación y el mantenimiento de los ductos, lo cual incluye el uso de más tierras de las acordadas en la servidumbre, la falta de remediaciones por el uso de las tierras y las afectaciones de las cortacorrientes o canaletas de drenaje de las tuberías, que generan erosión, deslizamiento e inundación, afectando las chacras. Y el tercer tipo de afectación se refiere a los derrames de líquidos de gas natural que generaron contaminación ambiental. Este último tipo de afectación se presenta únicamente en la CC de Chiquintirca, mientras que los dos primeros han sido registrados en todas las comunidades visitadas, en la prensa y demás documentos revisados. Evidentemente, las afectaciones producen un malestar en la población, generando desconfianza, y devienen en una relación de tensión con las empresas de variada intensidad, llegando por momentos a escalar en conflictos visibles. La población del área de influencia no se opone al funcionamiento del ducto, como ocurre en otras áreas con presencia de actividades extractivos, sino que demanda que estas afectaciones sean atendidas y remediadas, así como que la población sea resarcida por los daño y perjuicios. Apelan a un criterio de justicia y respeto. Asimismo, las empresas son percibidas como un actor que debe coadyuvar al desarrollo de las comunidades. Y, en lo referido a desarrollo, existen diferentes visiones que cada comunidad determina según sus circunstancias. Entonces, las comunidades están en una negociación permanente con las empresas, y producto de ello son los diferentes proyectos o acciones que éstas implementan. Cuando las negociaciones escalan en climas de tensión, se debe principalmente a la acción colectiva de la comunidad, producto de la limitada respuesta de las empresas a las demandas. Con acción colectiva, nos referimos a la capacidad de organización y movilización de la comunidad para poder generar una mayor influencia en las empresas. Como se han desarrollado los conflictos hasta el momento, todos tienen como fin influir en las empresas. Para ello, en el camino, las comunidades buscan aliados en los gobiernos locales, los gobiernos regionales y congresistas. La existencia de otros actores no estatales, como ONG u organizaciones de la sociedad civil, es casi nula. Las comunidades que han escalado a un conflicto se han valido de sus propios recursos financieros y de logística, pues saben que requieren de apoyo legal y técnico para poder sustentar y demostrar las afectaciones. El problema es que no siempre estos recursos están disponibles y, por tanto, no todas las comunidades llegan a conflictos.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
Conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo En base a la información sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo62, se identificaron un promedio de 2.8 conflictos por año en el período 2008-2018, involucrando al menos ocho comunidades. Considerando que son más de 40 comunidades campesinas las que se encuentran en el área de influencia de los ductos de Camisea en el departamento Ayacucho, porcentualmente la incidencia de conflictos es baja. Esta situación puede tener diferentes lecturas. Desde la perspectiva de los funcionarios gubernamentales, la conflictividad escala en buena medida por la presencia de abogados o asesores que buscan obtener algún rédito. En este discurso, las comunidades tienen un rol pasivo. Sin embargo, como se ha descrito, las comunidades son conscientes de las afectaciones y de que, de tener asistencia técnica, podrían fortalecer la presentación de sus demandas, pero, al carecer de los recursos para poder costearlo, no lo hacen. Entonces, los abogados y asesores están presentes por estos ámbitos porque existe la demanda. Los conflictos identificados por la Defensoría del Pueblo, en la mayoría de los casos, han sido considerados, por la presencia de acciones contenciosas, como protestas públicas que han ido más allá de la comunidad. Por ejemplo, se realizaron marchas a la ciudad de Lima (Vinchos), acciones que implicaron tomas o amenazas de tomas de la infraestructura de los ductos (Chiquintirca y Retama) y acciones involucrando otras entidades gubernamentales, como el Gobierno Regional, la PCM, congresistas y otras (Vinchos, Chiquintirca). Línea de tiempo de conflictos sociales por los ductos de camisea en Ayacucho Actores
Empresa
‘08 ‘09 ‘10
‘11
‘12
‘13
3
3
3
‘14 ‘15 ‘16 ‘17
‘18 ‘19
HUAMANGA Municipalidades de Acocro, Acos Vinchos, Tambillo, Vinchos
Perú LNG
Asoc. de Altoandinos y Accopampa, CC. Vinchos, CC. San José de Mayobamba
Perú LNG
CC. Vinchos FREDCOM (posesionarios de CC de distrito Vinchos) CC. Uchuypampa
TGP TGP y Perú LNG TGP
LA MAR CC. Anchihuay
Perú LNG
CC. Chiquintirca
TGP
CC. Retama-Ccoyama
TGP
Número de conflictos
1
3
2
2
2
3
4
4
4
Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración propia. 62 Para esta sección, se revisaron los Reportes Mensuales de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, disponibles en https://www.defensoria.gob.pe/ areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO En cuanto a la ubicación de estos conflictos, tres fueron reportados en la provincia de La Mar, correspondientes a las comunidades campesinas de Anchihuay, Chiquintirca y Retama-CCoyama. Los participantes fueron las comunidades y las empresas. En la provincia de Huamanga, fueron cinco los conflictos registrados e involucraron además a diferentes actores además de las comunidades y empresas, tales como municipalidades y el Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (FREDCOM). El conflicto que involucró a las municipalidades de Huamanga entre los años 2008 y 2010 se presentó al finalizar la construcción del ducto de Perú LNG. Las municipalidades demandaron la implementación de proyectos de desarrollo en los distritos donde se encontraba el ducto, demanda que fue atendida. En relación al FREDCOM, este frente se encuentra compuesto por los posesionarios de diferentes comunidades campesinas del distrito de Vinchos. Un caso particular es la CC de Vinchos, pues su participación se ha dado como comunidad, como parte del FREDCOM y a nivel de anexos (Choccyacc y San Luis de Picha). Entre las otras comunidades donde se registraron conflictos, están San José de Mayobamba, Sallalli y otras comunidades de Vinchos, así como Uchuypampa en el distrito de Tambillo (donde se encuentra el City Gate Huamanga). De otro lado, con relación a las empresas, se observa que los conflictos que involucraron a la empresa Perú LNG se concentran en el período 2008-2012, mientras que en los años recientes predominan los conflictos con TGP. Ello se puede explicar porque, en ese período, se desarrolló la construcción del ducto de Perú LNG y las negociaciones sobre las servidumbres y las indemnizaciones por actividades de construcción en algunos casos se extendieron, como fue el caso de Anchihuay, Vinchos y Mayobamba. Debido a que los pagos por estas servidumbres de Perú LNG fueron mayores que lo realizado por TGP, algunas comunidades del ámbito de influencia de TGP empezaron a exigir una renegociación de las servidumbres, como fue el caso de CC Retama y las comunidades del distrito de Vinchos, a través del FREDCOM. Asimismo, la ocurrencia del tercer derrame en el 2015 fue un detonante para que la comunidad de Chiquintirca solicite una mesa de diálogo a fin de exigir una indemnización por la contaminación en las localidades afectadas y otros puntos de agenda. También en el año 2016, se dio la construcción del ramal de la planta de gas para la ciudad de Ayacucho, lo que generó reclamos de la comunidad de Uchuypampa sobre la servidumbre, ocasionando la paralización de la obra. Cabe destacar que las comunidades de Chiquintirca y Vinchos se caracterizan por presentar grandes extensiones de territorio, ser las capitales de los distritos de Anco y Vinchos respectivamente y estar conformadas por un gran número de anexos (25 y 26). Y en ambas están presentes las dos empresas. Características para una compleja gobernanza territorial, pero que, al mismo tiempo, son percibidas por las demás comunidades como una mayor ventaja, pues consideran que, al ser más grandes y contar con más recursos, están mejor posicionadas para negociar con las empresas. En ese sentido, la inexistencia de registro de conflictos no necesariamente implica la ausencia de tensiones. Este es el caso de las comunidades de Uras y Cochas en La Mar, las cuales, si bien no han registrado conflictos, presentan quejas y malestar en la población, principalmente por la servidumbre y las afectaciones diarias. Su principal preocupación es que no cuentan con asistencia técnica o legal para poder demostrar las afectaciones y realizar sus reclamos, además
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO de la existencia de desconfianza hacia sus autoridades comunales por hechos de malversación en el pasado. Mientras, la relación con la empresa es una negociación permanente. La empresa busca desarrollar actividades de pequeña escala en estas comunidades, mientras la expectativa de éstas es que se desarrollen actividades de mayor magnitud e incluso se les otorgue compensación monetaria directa. Así, cada uno de estos actores mide en el otro su capacidad de actuar de forma permanente.
Las mesas de diálogo Frente a los diferentes conflictos socioambientales en el país, la instalación de mesas de diálogo ha sido la respuesta. Pero, como señalan Paredes y De la Puente (2014), no ha habido una regulación clara sobre la formación, la duración, los roles e incluso la naturaleza jurídica de la conformación de estas mesas. Esta situación no ha cambiado hasta el día de hoy. Los conflictos por los ductos de Camisea en Ayacucho registrados por la Defensoría del Pueblo no han sido la excepción. Estos conflictos han contado con mesas de diálogo cuyo facilitador generalmente ha sido el MINEM a través de su Oficina General de Gestión Social. Cuando el Gobierno Regional ha tratado de ser el facilitador del diálogo, no ha sido exitoso en lograr la participación de las empresas63. Estas mesas de diálogo se han caracterizado por presentar dos actores protagonistas: las comunidades y la empresa. El MINEM, como facilitador, es un mediador y se encarga de mantener las actas y la documentación que se vaya generando en las mesas. Ocasionalmente, participan como invitados otras entidades, como OEFA u OSINERGMIN, de requerirse por las partes participantes; también han participado como observadores la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM e incluso despachos de congresistas64. Los actores protagonistas de las mesas de diálogo son considerados como dos privados a quienes se busca dar un trato igualitario, aunque es evidente que la empresa tiene mayores recursos para responder y justificar su posición. Algunos representantes de las comunidades participantes señalaron que ese trato igualitario no siempre se ha dado y que varía dependiendo del personal del MINEM que esté a cargo de la facilitación. Así, en la mesa de diálogo de la CC de Retama-Ccoyama, los comuneros señalaron que, en el último tramo de la negociación, la posición del MINEM era evidentemente favorable a la de la empresa, mientras que, en mesas más recientes, ya no perciben esta tendencia. Algunos consideran que el MINEM no es muy eficiente en su rol de facilitador al no motivar lo suficientemente a las partes para que destraben los puntos de mayor controversia. De parte de las comunidades, además del presidente comunal, participan otros representantes que son elegidos por las propias comunidades. El número puede variar de acuerdo con cada comunidad. Las más grandes tienen una participación mayor, como es el caso de Chiquintirca, donde por cada anexo participan tres delegados, pudiendo así llegar a participar más de sesenta representantes. En cuanto a los recursos que se requieren para participar en las mesas, como las comunidades deben sustentar sus demandas y demostrar las afectaciones, requieren contar con apoyo técnico. 63 Ver http://www.regionayacucho.gob.pe/index.php/transparencia/personal/17-varios/132-oficina-regional-de-prevencion-y-gestion-de-conflictos-sociales 64 En el año 2019, en el caso de la CC de Chiquintirca, participó el congresista Humberto Morales, mientras que en el caso de la CC de Vinchos, participó el congresista por Huancavelica Zacarías Lapa Inga.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Generalmente, acuden a abogados para el soporte legal. También contratan a profesionales que se encargan de elaborar los documentos técnicos de las afectaciones a sus territorios, peritajes, así como la valorización de dichas afectaciones. El gasto que involucra esta asistencia es cubierto directamente por las comunidades. Los asesores acompañan a los representantes comunales a las reuniones de las mesas de diálogo, y su participación está determinada por las comunidades. No se ha observado presencia de las ONG. Actualmente, existen tres mesas de diálogo con la empresa TGP para atender las demandas de las comunidades de Vinchos, Chiquintirca y anexos de Vinchos. En este último caso, también han demandado la participación de la empresa Perú LNG, sin encontrar mayor respuesta, pues esta empresa aduce que, en años anteriores, ya compensó a los solicitantes. Cabe destacar que comunidades que están dentro del ámbito de influencia del proyecto de Perú LNG también han presentado quejas, pero las vienen abordando de forma directa con los relacionistas comunitarios de la empresa.
Resultados de las mesas de diálogo Con relación a los tres tipos de afectaciones antes mencionados, las afectaciones diarias y las del derrame son las que han logrado obtener respuestas por parte de las empresas, mientras que la demanda de renegociación de las servidumbres no obtuvo respuestas favorables. Las empresas han sido tajantes en señalar que se trata de un tema cerrado, argumentando cuestiones jurídicas y de cumplimiento de compromisos asumidos al momento de su suscripción. Incluso, para que las mesas de diálogo continúen, ha sido un requisito demandado por las empresas el que los actores participantes reconozcan que los compromisos que podrían asumir las empresas se realizan en términos de compensación o de responsabilidad social de la empresa, mas no aceptando una renegociación de las servidumbres. Es por ello que, por ejemplo, la CC de Vinchos ha llevado el tema por la vía judicial, proceso todavía en marcha. Entonces, en el caso de las mesas de diálogo que se instalaron tras el inicio de operación de los ductos, la demanda de las comunidades de que se revisen los contratos de servidumbre no se ha atendido. En cuanto a las afectaciones diarias, el primer punto de discusión en las mesas de diálogo consiste en demostrar dónde se encuentran, cuál es el tipo de afectación, así como su magnitud. Para ello, tanto la empresa como los comuneros realizan estudios propios que puedan comprobar el alcance de las afectaciones. Para salir de este punto de disputa, en ocasiones muy puntuales, se ha llamado a OEFA para que realice este monitoreo, como ha sido el caso de los anexos de Vinchos. En otros casos, como en el de la CC de Chiquintirca, se ha optado por una metodología de trabajo donde empresas y comunidades realizan en conjunto las inspecciones. Esta última es una metodología nueva. Un segundo punto álgido en de las mesas de diálogo es definir el monto de la compensación por las afectaciones reconocidas por las partes. Las empresas, por su lado, acuden a una tercera empresa para estos cálculos y, con el tiempo, las comunidades han empezado a hacer lo mismo, encargando la elaboración de estudios para este fin. Al final, en base al margen de lo que los estudios de cada parte puedan establecer, lo que termina sucediendo es un regateo, tal como ocurrió durante las
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO suscripciones de la servidumbre. Ceder en las posiciones depende de cada parte, pero un factor importante habiendo avanzado hasta este punto se centra en la capacidad de la comunidad para mantenerse en la negociación. Estas mesas de diálogo tienen una duración promedio de un año y medio, lo que implica una organización interna fuerte, así como mantener una posición conjunta de la comunidad, lo cual no es sencillo. Recordemos que, mientras se desarrollan estas mesas de diálogo, sea en la ciudad de Ayacucho o en otro lugar, en el territorio donde se encuentra la tubería, la convivencia continúa. En consecuencia, la interacción entre la empresa y la comunidad continúa teniendo diferentes dimensiones. Una de ellas es que las empresas puedan seguir desarrollando actividades en favor de la comunidad, generándose en ocasiones cambios en las percepciones de los comuneros respecto a la agenda de la mesa de diálogo. Asimismo, el cambio de autoridades comunales es un factor relevante que afecta la duración de las mesas de diálogo, pues las posiciones pueden cambiar. Así, habiendo definido el monto de las compensaciones que serán costeadas por las empresas y los compromisos que las empresas asumen65, otro punto de discusión es la forma cómo éstas serán entregadas a las comunidades. Cuando se trata de compensaciones a los posesionarios, suele ser en pagos directos a cada posesionario, pero cuando se trata de compensación a nivel comunal, varía. De parte de las empresas, existe una tendencia para que la compensación se realice a través de la ejecución de proyectos para la comunidad, pero esta posición no siempre es compartida por la comunidad. Por ejemplo, en el caso de la CC de Retama, una vez que se definió el monto de pago de 500 mil soles por parte de TGP, la discusión fue cómo se entregaría a la comunidad, en efectivo o en proyectos. La comunidad optaba por efectivo y la empresa por proyectos. Al final, prevaleció la posición de la comunidad después de varias reuniones. En mayo del 2019, en la CC de Chiquintirca, la empresa aprobó la compensación de 16 millones de soles66, pero la implementación se realizará a través de proyectos. Ambas opciones responden a las vivencias de cada comunidad y localidad. Existe el temor, por una parte, de que el dinero sea malversado por los dirigentes comunales y, por otra, de que los proyectos no cumplan con las necesidades urgentes que tienen las familias. Asimismo, el pedido de que el pago sea en efectivo se debe también a que los comuneros buscan recuperar la inversión de diversas formas de recursos que han invertido para poder realizar sus reclamos y mantenerse durante todo el período que duran las mesas de diálogo. Entonces, también es visto como una inversión. Una inversión para exigir que se cumplan sus derechos. Pero también una inversión que no todos los comuneros pueden realizar. Como se observa, las mesas han tenido como resultados un conjunto de compromisos, generalmente financieros por parte de las empresas, orientados a compensar los daños diarios causados por la operación de los ductos, de acuerdo a lo que los comuneros demandan. Luego de desarrolladas estas mesas de diálogo, se identifica un desafío. El monitoreo de estos compromisos es ausente y no se cumplen con transparencia, dando pie a diversas interpretaciones sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa y creando un motivo más de desconfianza. 65 Como, por ejemplo, mantenimiento de carreteras, entrega de becas de estudio, reparación de canaletas de drenaje de los ductos. 66 Ver http://www.noticiasser.pe/ayacucho/comunidad-de-chiquintirca-y-tgp-llegan-acuerdos-sobre-proyectos-de-desarrollo-social
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
4. La gobernanza comunal La configuración política y social del territorio por donde atraviesan los ductos en Huamanga y La Mar incluye a diferentes actores y formas de organización. En ese contexto, las comunidades campesinas son un actor vigente y se han tornado aún más relevantes en la gobernanza de estos territorios por la presencia de la infraestructura de Camisea, en la medida en que ésta se superpone a las comunidades, representando una presión sobre el territorio comunal. En el día a día, los conflictos que hemos visto se dan por la competencia sobre el uso de la tierra. Asimismo, las empresas se han convertido en actores importantes en la política local y son vistos como una fuente de recursos, lo que les da una posición de ventaja por sobre los demás actores sociales. A nivel intracomunal, dentro de la agenda comunal, la interacción con las empresas es un asunto relevante, como también lo es para las municipalidades. Para los fines de diálogo y negociaciones por afectaciones, como hemos visto, son las autoridades comunales las representantes, mientras que los alcaldes tienen una participación limitada. Varios de los gobiernos locales prefieren tener una posición al margen, debido a que buscan coordinar con las empresas para obtener colaboración en los asuntos ediles. Como se ha mencionado antes, las diferentes acciones que realizan las empresas en el territorio comunal se coordinan con los presidentes comunales. Así, tal como sucede en otras regiones con presencia de proyectos extractivos, la legitimidad de las autoridades depende en buena medida de la relación que pueden llevar con la empresa, es decir, de si pueden lograr la que la empresa ejecute acciones en pro de la comunidad. Hasta el momento, no se ha observado una dimensión más amplia de la comunidad que pueda incluir un conjunto de comunidades, un distrito o alguna forma de organización de mayor escala. Asimismo, se observa que más que ser una posición institucional, existe una respuesta de corte más individual de algunos funcionarios frente a las comunicaciones de la población sobre las afectaciones. Algunos de los asesores de las comunidades que brinda soporte para llevar el diálogo con las empresas han sido funcionarios públicos de las municipales o el gobierno regional. Al parecer esta relación se construye en la interacción que cuentan estas personas con las comunidades como parte del ejercicio de la función pública. En ese sentido, existen dinámicas locales de construcción de lazos de confianza para la selección de asesores. A diferencia de otros contextos de comunidades con presencia de industrias extractivas, donde las redes de incidencia van más allá del plano local, llegando al nacional o incluso internacional, en las comunidades Ayacucho no se registra la existencia de estas redes; tampoco de otros actores como las ONG o colectivos que puedan proveer asistencia técnica. En buena medida esto puede deberse a la limitada presencia de ONG y la percepción de desconfianza que la población tiene sobre ellas. De otro lado, la presencia de los ductos ha significado el ingreso de recurso financieros directamente a la comunidad con diferentes efectos. No todas las comunidades estuvieron preparadas para atender este ingreso, tanto en términos de planificación como de gestión. Ello se evidencia en los diversos fines que se dieron a los recursos obtenidos en las servidumbres y en las compensaciones posteriores.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO En el caso de Cochas, la comunidad decidió guardar estos recursos en la Cooperativa Federación de Mercados por las altas tasas de interés que ofrecía. Pero, unos años después, esta cooperativa quebró67 implicando la pérdida del dinero de la comunidad. En otros casos, los recursos se han destinado a la construcción de infraestructura, como postas o casas comunales. También se han destinado a la elaboración de proyectos productivos y a la adquisición de máquinas de construcción, como ocurrió en la CC de Anchihuay, proyectos que no necesariamente llegaron a funcionar68 y máquinas que se fueron deteriorando con el tiempo. También se repartió el dinero directamente a cada miembro registrado en el padrón comunal, como ocurrió en la CC de Retama. Y otra forma de distribución consistió en otorgar en igual proporción a cada familia de la comunidad beneficios tales como materiales para el cultivo, como se hace en Vinchos con los recursos recibidos de la empresa Perú LNG. Al realizar las visitas de campo a las comunidades y consultar qué realizarían con los recursos de la compensación, las respuestas son múltiples, como las escritas en el párrafo anterior, evidenciando la falta de un plan que pueda orientar la realización o concreción de las aspiraciones de la comunidad. Asimismo, una percepción muy presente entre los comuneros es el descontento por acciones de malversación de los fondos o aprovechamiento del cargo por algunas autoridades comunales. Por ello, frecuentemente piden que las coordinaciones no solo se realicen con la junta directiva, sino que impliquen a los diferentes comuneros. También ha generado la búsqueda de mecanismos para la ejecución de las actividades. Uno de ellos es la conformación de un fondo fiduciario a cargo de la empresa para la ejecución de los recursos. Es decir, que el dinero sea administrado por la empresa para las acciones que defina la comunidad, hecho que ocurre en la CC de Vinchos con la empresa Perú LNG. Las comunidades deciden las actividades a implementar y la empresa se encarga de la gestión administrativa de los recursos para realizar dichas actividades, de forma que las autoridades comunales ya no tienen que estar administrando directamente los recursos. Un mecanismo similar se planea usar en la CC de Chiquintirca con la empresa TGP. Es necesario que la administración de los recursos, cualquiera que sea su modalidad, incluya mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas a fin de evitar acciones de corrupción y la desconfianza intracomunal. De no darse, con el tiempo, podría generar conflictos a nivel interno y un resquebrajamiento de la gobernanza, y profundizar aún más la situación de que los beneficios de estos grandes proyectos extractivos no llegan a las personas. Sumado a ello, estas intervenciones comunales no necesariamente coordinan con las acciones que otras entidades estatales realizan en el territorio, por lo que su alcance en términos de impacto es limitado. De esta forma, el fortalecimiento de la gobernanza comunal, que implica mejorar las capacidades de gestión, organización y planificación de la comunidad, es urgente. Existen casos en los que ni el acervo documentario comunal está disponible cuando cambian las comunidades. Entonces, es más complejo que se cuente con transparencia y, peor aún, que se monitoree el cumplimiento de los acuerdos.
67 Esta cooperativa de ahorro y crédito no se encontraba asegurado o con algún fondo de contingencia. Este hecho ocurrió antes de que el Congreso emita la Ley que regula el funcionamiento de las cooperativas como entidades financieras. 68 Como el de piscigranja que no logró continuar su funcionamiento
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Finalmente, las comunidades campesinas asentadas en el ámbito de influencia de los ductos de Camisea pertenecen al pueblo indígena quechua. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las personas entrevistadas manifestaron que desconocían sobre los derechos colectivos que tienen como pueblos indígenas incluyendo la normativa internacional y nacional afín. Los líderes comunales o miembros de las juntas señalaron también su limitado conocimiento de dichas normas. Este hecho se observa también en la ausencia del lenguaje de derechos pueblos indígenas en las demandas que las comunidades realizan y en sus estrategias empleadas. La CC de Uras representa un caso muy puntual en la inclusión de reconocimiento de pueblos en su estatuto. Para poder replicar esta experiencia, y que los ciudadanos en estas áreas puedan ejercer sus derechos un paso importante es que ellos puedan conocer el alcance de sus derechos y ejercerlos como parte del fortalecimiento de su gobernanza comunal.
5. ¿Cambios en la situación de las mujeres? Para este análisis, seguiremos las dimensiones planteadas por Anchante (2012), que incluyen la participación social y política, el acceso a la tierra y las oportunidades laborales. Respecto a la primera dimensión, evidentemente, las relaciones de las comunidades con las empresas a cargo de los ductos constituyen uno de los principales puntos en la agenda de gestión comunal. En esa medida, parte importante de la toma de decisiones está orientada a este aspecto. Sin embargo, en las comunidades, la inclusión de mujeres en los puestos de toma de decisión, como son la presidencia comunal y la junta directiva, es limitada, siendo estos puestos ocupados mayoritariamente por varones. En las comunidades visitadas, se registró que ningún puesto de autoridad comunal es ocupado por una mujer. En las mesas de diálogo, la participación de mujeres es escasa. Si bien algunas mujeres son consideradas como delegadas, se trata de la minoría. Es importante mencionar que la limitada participación de las mujeres no significa que no exista preocupación entre las mujeres por los impactos que los ductos generan. Ellas viven también las afectaciones de sus tierras y participan activamente en las acciones de reclamo, pero no necesariamente su voz es escuchada debido a que no son consideradas en los espacios de decisión y su participación se ve limitada por el cuidado de los hijos, algunas dinámicas internas de funcionamiento de las comunidades, el temor a la reprobación y el grado de instrucción entre otros. En las asambleas comunales, la participación generalmente está reservada a los varones, quienes participan en su calidad de jefes de hogar, mientras que una mujer es considerada comunera calificada solo cuando tiene estado civil de divorciada o viuda. La participación de las mujeres entonces se encuentra condicionada y, por ello, no están presentes en los puestos de gobierno de las comunidades. Para las mesas de diálogo o acciones fuera de la comunidad, es más complicado asistir para las mujeres, por los costos que implica dejar el cuidado de los hijos. Cabe resaltar que esta situación no es exclusiva de las comunidades, sino que está presente en las diferentes organizaciones e instituciones sociales y políticas. Como se mencionó en el contexto, la participación política de las mujeres en puestos de gobierno es baja en la región y en las provincias de La Mar y Huamanga. El ingreso de las empresas y la construcción de los ductos no ha significado un cambio en este aspecto. Las comunidades han requerido tener mayor organización para poder negociar con las empresas y, en este proceso, los espacios de decisión han mantenido
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO sus mismas características. Sumado a ello, el ingreso de las compensaciones ha requerido que las comunidades puedan tomar decisiones sobre su uso, y es posible que las opiniones y necesidades de las mujeres al respecto no hayan sido consideradas a cabalidad. Aunque existen casos muy puntuales de participación, los avances que se han venido realizando para que las mujeres tengan más participación en la política local todavía son lentos y no cuentan con el apoyo suficiente para impulsarlos. En relación con el acceso a la tierra, como Quiñones (2017) lo señala, dentro de la comunidad, los factores que determinan el acceso de las mujeres a la tierra son los códigos y las costumbres. De forma similar a la participación, el estado civil toma importancia, así como los mecanismos de herencia. Anchante (2012), en un estudio sobre la comunidad de Chiquintirca, también identificó que las mujeres en general heredaban menos cantidad de tierras y que la disposición de tierras para las mujeres se vinculaba a su condición de jefas de familia. La participación en el padrón comunal condiciona también el acceso a la tierra, pues es la que le da la formalidad. Así, generalmente, solo cuando las mujeres son madres solteras o viudas pueden tener la titularidad de la posesión de las tierras que la comunidad asigna. Entonces, los recursos por compensación de la servidumbre han llegado mayoritariamente a los varones. Lo que sucede con estos recursos varía según las dinámicas familiares. Es necesario realizar estudios de lo que genera el ingreso de recursos por compensación de servidumbre y daños dentro de los hogares con una consideración de género. Asimismo, como la dinámica económica de las comunidades ha ido cambiando, Quiñones (2017) señala que las estrategias económicas familiares y la conexión con los centros urbanos vienen influyendo en el acceso y control de la tierra de las mujeres. De otro lado, en cuanto a la dimensión laboral, se observa que la mayoría de las oportunidades que han surgido alrededor de los ductos están destinadas a los varones. Por ejemplo, el programa de mano de obra local implica básicamente el trabajo de mantenimiento de la infraestructura del ducto, que es realizado por varones en su totalidad. Como el acceso a estos puestos es rotativo, cuando le toca a una mujer, lo canjea o lo vende porque no se encuentra preparada para realizar estos trabajos. Asimismo, la inyección de los recursos del FOCAM y de los proyectos que se realizan con las compensaciones va orientada principalmente hacia actividades de infraestructura, lo que implica que la mano de obra sea masculina. Tradicionalmente, se ha vinculado el trabajo de construcción con el trabajo masculino, dejando así muy pocas oportunidades para que las mujeres puedan beneficiarse o insertarse en el ámbito laboral en estos proyectos. Tanto Anchante (2012) como Montalvo (2011) han documentado la insatisfacción que esto ha generado en las mujeres, pues las expectativas no se cumplieron y, aun cuando pudieron existir reclamos, no fueron atendidos. Esta situación no ha cambiado mucho al presente. El título de esta sección se encuentra a modo de pregunta, pues como se ha descrito en los párrafos anteriores, la situación de las mujeres no ha cambiado desde el inicio del proyecto Camisea. Lo que ha ocurrido es que se han reforzado las estructuras de toma de decisión ya existentes, donde las mujeres presentan una participación política limitada, a pesar de que también padecen las afectaciones y se preocupan por que esta situación se revierta. Asimismo, la presencia de los ductos de Camisea ha generado brechas en el aspecto laboral, quedando las mujeres relegadas y, en consecuencia, reduciendo su acceso a más ingresos económicos. Entonces, además de padecer las afectaciones
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO de los ductos y participar activamente en su denuncia, las mujeres deben buscar mecanismos para asegurar su participación de tal forma que sus opiniones y necesidades sean consideradas en las decisiones que tomen las comunidades, municipalidades y demás instituciones presentes.
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IV. LOS BENEFICIOS DE CAMISEA
GAS
CAMISEA
IMPACTOS
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Desde su descubrimiento, el discurso sobre Camisea ha sido que la implementación del proyecto, además de brindar energía para el país, traería mejoras y desarrollo en la población, más aún en aquellas áreas por donde transita el ducto. Una forma de que esta promesa se concrete es que los beneficios económicos que genera la extracción del gas puedan también llevarse a las áreas por donde atraviesa la infraestructura de Camisea. Es así que, de las regalías que se obtienen de la explotación del gas, se financia el canon gasífero, que se distribuye en las áreas donde se encuentra el recurso, es decir Cusco, y el FOCAM para las otras áreas por donde transita el gas Camisea para llegar a sus consumidores, entre las cuales se encuentra Ayacucho. En esta sección, se presentan las características y los alcances del FOCAM, así como un recuento de los proyectos ejecutados en el departamento de Ayacucho, prestando especial atención a las provincias de La Mar y Huamanga.
1. El FOCAM Antecedentes Para la construcción de los ductos del transporte de Camisea, TGP solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Después de diferentes acciones de incidencia de la sociedad civil orientadas a que se cumplan salvaguardas ambientales y sociales para el proyecto Camisea (Gamboa, Cueto, & Davila, 2008)69, el BID aprobó el “Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Gas de Camisea”70, cuyo objetivo principal fue contribuir a fortalecer la capacidad del Gobierno peruano para supervisar, vigilar y fiscalizar los aspectos ambientales y sociales. En este contexto, el Gobierno peruano también se comprometió a realizar 21 acciones orientadas a este fin. Uno de estos compromisos, el tercero, fue “Participar en el desarrollo e implementación del Fondo Camisea, financiado con regalías del Gobierno y con la participación de fondos de las compañías, cuyo objeto será apoyar el desarrollo económico, social y ambiental en las áreas de influencia del proyecto”. El propósito de este fondo era garantizar que las poblaciones en las áreas de influencia del Proyecto Camisea también puedan ser beneficiarias durante el funcionamiento de Camisea (BID, 2002). Es en cumplimiento de este compromiso que se crea el FOCAM en el año 2004 mediante la Ley N° 28451, Ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM, aunque no necesariamente con el alcance inicialmente planteado. El proceso de creación de este fondo tuvo diversos actores implicados. Por un lado, una de las actividades del Programa financiado por el BID buscaba ayudar a la construcción del fondo. Para ello, el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI), encargado de implementar el programa de apoyo y en el que participaron diferentes entidades del poder ejecutivo, realizó acciones orientadas a diseñar el fondo. Entre las características consideradas para el fondo, el GTCI evaluó la posibilidad de que se tratase de un mecanismo financiero independiente, de que recibiese recursos de las empresas además de las regalías, lo que incluye diferentes tipos de beneficiarios, y de que pudiese brindar asistencia para la construcción de proyectos (Gamboa, Cueto, & Davila, 2008). 69 Como se menciona en el primer capítulo, desde el inicio de las negociaciones para aprobar la realización del proyecto Camisea, tanto para la explotación de lotes como para el transporte y la distribución, existieron diferentes preocupaciones de la sociedad civil sobre los impactos ambientales y sociales, así como sobre las implicancias para la seguridad energética del país. 70 Este programa implicó un préstamo de US$ 5 millones al Gobierno Peruano (Préstamo N˚ 1441/OC-PE) y tuvo una contrapartida de éste de un monto de US$ 2.2 millones. Fue ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas con una duración de cinco años.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Sin embargo, estas propuestas impulsadas por el GTCI no llegaron a concretarse. La propuesta que se convirtió en Ley no provino del GTCI, sino directamente del Congreso. Allí se construyó en base a proyectos de ley de diferentes bancadas y la participación de los representantes del GTCI no logró mayor eco entre las y los congresistas71. Asimismo, líderes y autoridades regionales de Ayacucho consideran haber contribuido a la aprobación de la ley del FOCAM, pues, durante el año 2004, realizaron movilizaciones y marchas de sacrificio involucrando a autoridades y líderes a lo largo del gasoducto hasta llegar a Lima. Estuvieron presentes el día de la aprobación de la ley y atentos a su reglamentación. Unos años después, en el 2007, también se desarrollaron movilizaciones en Ayacucho a través de la “Agenda Wari”, que involucró a diferentes autoridades regionales y locales, así como a las organizaciones sociales, solicitando que el canon gasífero se modifique incluyendo también a Ayacucho (Tanaka, 2011). Esta demanda no obtuvo una respuesta favorable de las autoridades nacionales. Esta desconexión entre el GCTI, el congreso y los líderes locales generó que no se consideraran importantes elementos en la Ley del FOCAM que, hoy después de quince años, merecen ser revisados a la luz de la evaluación de su implementación. El FOCAM en su origen generó mucha expectativa en la población ayacuchana, especialmente en el ámbito regional. El gas de Camisea que atravesaba el departamento era visto como un importante activo, por ello ocupó un espacio primordial en la “Agenda Wari” y las movilizaciones en torno a ella. No obstante, progresivamente dejó de tener relevancia en la agenda regional. En las últimas elecciones regionales (2018) ninguna de las propuestas de los candidatos con mayor votación hace referencia a los ductos o al FOCAM. De forma tangencial un plan de gobierno menciona el acceso a gas natural pero no una propuesta concreta de cómo lograrlo. Por último, en relación al FOCAM se observa que ha dejado de tener una participación importante en el presupuesto del gobierno regional y municipal (como se describirá más adelante) y en consecuencia ya no cuenta su relevancia en la agenda municipal y regional es menos que en el 2007. Habiendo señala estos antecedentes, a continuación, se presenta las características, distribución y ejecución del FOCAM.
Características del FOCAM A los meses siguientes de promulgada la Ley 28451, Ley de creación del FOCAM, en abril del 2005, se publicó su reglamento mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EF. En ambos dispositivos, se establecen la creación, los recursos, la conformación, la distribución y los procedimientos. De acuerdo a estas normas, el FOCAM es un fondo intangible destinado a contribuir al desarrollo sostenible de los departamentos por donde pasan los ductos principales conteniendo los hidrocarburos de los lotes 88 y 56. Inicialmente, tuvo como beneficiarios a los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima (exceptuando a Lima Metropolitana). Sin embargo, por presión social al comprobarse que se usaban también canales de agua provenientes del departamento de Ucayali, éste se incorporó para beneficiarse del fondo en el año 2005.
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Ver el debate de aprobación de la Ley: http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2004/Diciembre/30/L-28451.pdf
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO La composición de este fondo proviene del 25% de las regalías de la explotación de los lotes 88 y 56 que le corresponden directamente al Gobierno nacional. Cabe precisar que este porcentaje se mide después de hacerse los recortes de la Ley del Canon72 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos73, que dictan deducciones a favor de OSINERGMIN y el Ministerio de Energía y Minas. La distribución se ha mantenido desde que fue creada la norma, de la siguiente manera74: Estructura de la distribución del FOCAM
Porcentaje
Beneficiarios
Criterios de distribución
30%
Gobiernos regionales
Indicador compuesto de población y necesidades básicas insatisfechas, y longitud de los ductos existentes en cada jurisdicción
30%
Municipalidades provinciales
Indicador compuesto de población y necesidades básicas insatisfechas existentes en cada provincia
15%
Municipalidades distritales donde pasan los ductos
Indicador compuesto de población y necesidades básicas insatisfechas existentes en cada distrito, y longitud de los ductos existentes en cada jurisdicción
15%
Demás municipalidades distritales
Indicador compuesto de población y necesidades básicas insatisfechas existentes en cada distrito
10%
Universidades públicas
En partes iguales entre las universidades
Fuente: Ley 28451 y su reglamento.
En el año 2005, se iniciaron las transferencias por el FOCAM a cuatro regiones, sumando en total poco más de 68 millones de soles. A partir del siguiente año, con la inclusión del departamento de Ucayali, el total sobrepasó los 100 millones de soles. Desde entonces, los montos por este concepto han ido creciendo, resaltando el período 2010-2014, en el cual se registran cifras de casi 500 millones de soles. Pero en el período 2015-2016, las cifras decrecieron considerablemente, en parte por la caída del precio internacional del gas. Desde el 2017, el FOCAM se encuentra nuevamente en crecimiento, como puede observarse en el siguiente cuadro, que detalla cada año.
72 Ley N° 27506, Ley del Canon. En su artículo 11, crea el canon de explotación de gas natural. 73 Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional. En el artículo 6, literal g, establece que PeruPetro establece las deducciones del canon en favor del MINEM y OSINERGMIN. 74 Asimismo, en el caso de Ucayali, la distribución es la siguiente: 60% para los gobiernos locales de la provincia de Atalaya, 10% para los gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo, 10% para los gobiernos locales de la provincia de Padre Abad, 3% para los gobiernos locales de la provincia de Purús, 13% para el Gobierno Regional de Ucayali y 4% para las universidades públicas del departamento de Ucayali.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Recursos transferidos del FOCAM en millones de soles 2005-2018 600
Millones de soles
500 400 300 200 100 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Transferencias por FOCAM Fuente: PeruPetro S.A. Elaboración propia.
Dos características son importantes: 1) se trata de un fondo público75 que se asigna de forma anual a través del presupuesto público a las entidades beneficiarias y 2) los fondos provienen de dos de los cuatros lotes de Camisea. Este último punto merece atención debido a que, como se ha mencionado en el primer capítulo, desde el 2014, ya se está extrayendo gas del Lote 57 y se emplean los ductos para su transporte. Además, está encaminado el proceso para el próximo inicio de explotación del Lote 58, que ya cuenta con EIA certificado por el SENACE. En ese contexto, actualmente las regiones beneficiaras del FOCAM no están recibiendo las regalías por todos los hidrocarburos que cruzan sus regiones y, si no se realizan cambios, se aumentará la magnitud de las regalías que dejarán de recibir.
2. Distribución de transferencias del FOCAM Como son cinco los grupos de beneficiarios (gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales por donde pasan los ductos, las demás municipalidades y universidades públicas), para la asignación de los recursos del FOCAM a cada uno de ellos, se han establecido criterios (a excepción de las universidades, a las que sí se les asigna un monto igual). Para este fin, de acuerdo con el reglamento del FOCAM, el MEF establece un índice de distribución oficial, que aprueba mediante Decreto Supremo al inicio de cada año. Este índice usa la información que el INEI, el MINEM y el MINEDU entregan para determinar cuántos y cuáles son los distritos beneficiados, cuál es la población de las localidades y cuáles son sus necesidades, cuál es la extensión de los ductos, etc. Es importante precisar que las transferencias son realizadas mensualmente y que pueden variar según las regalías que el Gobierno recibe. El proceso para la distribución inicia cuando el Gobierno nacional recibe las regalías por la extracción hidrocarburífera de los lotes 88 y 56. Luego, de ese monto, se hacen las deducciones correspondientes al MINEM y a OSINERGMIN, según lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley del Canon. A continuación, del nuevo total, se calcula el 25% para las regiones 75 Tiene como finalidad poder focalizar el presupuesto público hacia determinado fin (población, área geográfica, etc.). Una característica importante es la mayor probabilidad de estabilidad presupuestal. Es decir, al ser un recurso determinado, no pasa por una discusión política cada año. Desde 1990 hasta 2005, se crearon 59 fondos, incluyendo el canon minero, forestal, gasífero, energético e hidroenergético. (Barrantes 2007).
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima Provincias y el 2.5% para Ucayali. A partir de las cifras así obtenidas, se crean nuevos porcentajes de 30%, 15% y 10%, determinados por la Ley del FOCAM, según cada nivel de gobierno y universidad. Por último, se hace la distribución para cada Gobierno regional o Municipalidad según el índice oficial que el MEF publica cada año. Los índices se realizan una vez al año y los montos se distribuyen mensualmente. Sin embargo, por la creación de nuevos distritos o provincias, es posible encontrar modificaciones en los índices publicados, alcanzando así dos o más índices por año. Para un mejor entendimiento, presentamos un gráfico de cada momento del proceso de asignación y transferencia para cada Gobierno regional, Municipalidad y universidad. Proceso de asignación de los recursos del FOCAM Gobierno Nacional recibe regalías de lotes 88 y 56
Se deducen montos del canon gasífero y Ley de PeruPetro S.A. (MINEM, OSINERGMIN)
Se calcula el 25% y el 2,5% del nuevo total
Se determina el 30%, 15%, 10% para gobiernos loc., reg. y univs.
Se aprueban índices de distribución para cada localidad en específico (D.S.)
Elaboración propia.
Las transferencias realizadas anualmente dependen de las regalías de producción de los lotes ya mencionados. Es por ello que el 25% resulta en diferentes montos y, en consecuencia, en diferente distribución para las entidades beneficiarias. Así, el promedio anual asciende a 370 millones de soles, siendo los años de mayor recaudación el 2011 y el 2014, cuando el fondo alcanzó más de 480 millones de soles. Asimismo, como el 25% es solo sobre las regalías asignadas al Gobierno nacional, en la práctica, el porcentaje del FOCAM respecto al total de regalías que recauda el Gobierno es menor. Por ejemplo, en el año 2018, el monto de las regalías que recaudó por los lotes 56 y 88 ascendió a S/. 2.4 mil millones, de los cuales, después del proceso indicado para la distribución, se destinaron S/. 360 millones al FOCAM, es decir, el 15% del total de regalías. Respecto a las transferencias efectivas que se realizan a los departamentos, se observa que Ayacucho y Lima Provincias son los departamentos que más recursos han recibido del fondo, representando el 23.7% y el 21.8% respectivamente del total asignado entre los años 2010 y 2018. Esta información incluye los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, los municipios distritales con y sin ductos en su jurisdicción y las universidades que están en la jurisdicción de las regiones. Haciendo una rápida revisión, sobresale el departamento de Ayacucho como el que más recursos recibe, con una tendencia positiva en los últimos años. En el siguiente gráfico se muestra el consolidado de montos transferidos según cada departamento beneficiado.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Transferencias del FOCAM por departamento en millones de soles 2010-2018
Millones de soles
120 100 80 60 40
2010
Lima Prov.
2011
2012
2013
Ayacucho
2014
2015
Ica
2016
2017
Ucayali
2018
Huancavelica
Fuente: PeruPetro S.A. Elaboración propia.
Dentro de Ayacucho, que es nuestro ámbito de estudio, existen tres grupos de pliegos presupuestales o ejecutores de gastos, que comprenden el Gobierno regional, las municipalidades distritales, que ascienden a 108, las provinciales, que son 11, y las universidades, que incluyen la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. En el siguiente cuadro, se muestra el acumulado de éstos para el período 2010-2018. Transferencias del FOCAM destinadas a Ayacucho 2010-2018 Entidades
Monto en S/
Gobierno regional
264,645,750
Municipios (108 distritales y 11 provinciales)
462,151,900
U.N. Autónoma de Huanta
26,199,500
U.N. San Cristóbal de Huamanga
38,184,790
Total
791,181,950
Fuente: PeruPetro S.A. Elaboración propia.
Respecto a la distribución del FOCAM en el departamento de Ayacucho, de acuerdo a la aplicación del índice del MEF para el año 2019, se observa que Huamanga, Huanta y La Mar son las provincias con mayor porcentaje de transferencias. Desde esta perspectiva comparativa, se posicionan con mayor presupuesto. Sin embargo, es importante mencionar que, conforme han pasado los años, el FOCAM ha dejado de representar parte importante de estas entidades. Actualmente, los recursos del fondo para estas localidades representan un porcentaje pequeño respecto a su presupuesto total. Por ejemplo, para el año 2019, el Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con un presupuesto que sobrepasa los S/. 1,000 millones, de los cuales S/. 31 millones aproximadamente corresponden al FOCAM. En el caso de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en los últimos años, los ingresos procedentes del FOCAM han representado en promedio 7% de su presupuesto total y para La Mar, el 10%. Es decir, cada vez sus presupuestos dependen menos del FOCAM.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Índice de distribución del FOCAM en municipalidades provinciales de Ayacucho para el año2019 Provincias
Índice de distribución
Huamanga
2.47%
Huanta
1.55%
La Mar
1.47%
Lucanas
0.97%
Cangallo
0.49%
Parinacochas
0.45%
Vilcashuamán
0.33%
Víctor Fajardo
0.32%
Sucre
0.17%
Huanca Sancos
0.16%
Paucar del Sara Sara
0.16%
Fuente: MEF 2019. Elaboración propia.
3. Ejecución de los recursos del FOCAM La ejecución del gasto es la otra cara de la moneda de la asignación presupuestaria. Es importante revisar a qué se han destinado estos recursos. De acuerdo a la Ley del FOCAM y su reglamento, los recursos se orientan exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública, así como a intervenciones vinculadas a la infraestructura económica y social ejecutados tanto por los gobiernos regionales como por las municipalidades. Además, se pueden destinar recursos al mantenimiento de infraestructura existente, la formulación de estudios de pre-inversión, perfiles de proyectos, y a la asistencia técnica para desarrollar capacidades de gestión, seguimiento y monitoreo. También contempla el financiamiento de proyectos de investigación científica y/o tecnológica de las universidades públicas, así como infraestructura y equipamiento para dichos fines de investigación. Cuando se trata de proyectos, estos se aprueban a través y siguiendo las reglas del sistema de inversión pública (invierte.pe). Para esta sección, se ha empleado información del portal Consulta Amigable del MEF76 para la estimación del gasto de los recursos del FOCAM. En general se observa que el nivel de ejecución de los recursos del FOCAM es alto, ascendiendo al 97% de los recursos transferidos a todos los departamentos en el periodo 2010 y 2018. Respecto a Ayacucho, del total de recursos transferidos a esta región se ejecutó el 96% en estos años que asciende a S/. 756 millones. En el siguiente gráfico se puede observar que la tendencia de mayor gasto coincide con los años 2011-2014 donde hubo transferencias de mayor monto por el incremento de precio del gas en el mercado internacional. En el 76 Se ha revisado la información consignada en el “tipo de recurso R: Sub cuenta FOCAM” del portal consulta amigable del MEF. Los montos que se incluyen en toda esta sección corresponden a la información del nivel de ejecución de gasto en la categoría girado que proporciona el portal. Para el cálculo de la ejecución de los montos se ha realizado un contraste entre la información provista por PetroPerú sobre las transferencias efectuadas a los pliegos, y la información del nivel de ejecución de gasto girado provisto por Consulta amigable. Esto debido a que el portal no consiga información detallada del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), ni el porcentaje de avance de ejecución.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO gráfico se puede observar que en algunos años como el 2012, el monto de los recursos ejecutados o gastados supera a la transferencia, esto sucede debido a que los recursos del FOCAM, en caso de no lograr gastarse en un año según lo previsto, pueden ser incorporados en el presupuesto del siguiente año. Entonces al incluirse los saldos del año anterior se elevan los gastos por encima de los transferido. Comparación entre los recursos del FOCAM transferidos y nivel de ejecución de gasto en Ayacucho 2010-2018 140 120 100 80 60 40
2010
2011
2012
2013
Transferido
2014
2015
2016
2017
2018
Ejecutado
Fuente: PetroPerú S.A. y Consulta Amigable - MEF. Elaboración propia.
A nivel de pliegos encontramos tres tipos que son el gobierno regional, las municipalidades provinciales y distritales, y las universidades. El nivel de ejecución de gasto para las dos primeras es alto. De hecho, las municipalidades alcanzan una ejecución de 100% para el periodo 2010-2018 y el gobierno regional de 98%. Mientras que las universidades son las que menor ejecución han presentado en ese periodo, siendo la Universidad Autónoma de Huanta la que menos ha ejecutado alcanzando apenas el 15%. En el siguiente gráfico se presentan la información comparativa de la ejecución de gasto y transferencia por tipo de pliegos en el departamento de Ayacucho. Lastimosamente, debido a que la información del Presupuesto Anual de Apertura (PIA) no está disponible en el portal Consulta Amigable, no es posible realizar un análisis más desagregado sobre el nivel de ejecución por provincias y distritos.
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Ejecución en La Mar y Huamanga
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Recursos del FOCAM transferidos y nivel de ejecución de gasto por tipo de pliego en Ayacucho 2010-2018 500
462,2 462,2
450 400
Millones de soles
350 300 250
264,6
259,8
200 150 100 38,2
50 0
26,2
Gobierno Regional
Municipios (distritales y provinciales) Transferido
3,9
U.N. Autónoma de Huanta
30,2
U.N. San Cristóbal de Huamanga
Gastado
Fuente: PetroPerú S.A. y Consulta Amigable - MEF. Elaboración propia.
Respecto al tipo de proyectos ejecutados financiados con recursos del FOCAM para el período 2010-2018, se ha realizado un análisis de los tres tipos de pliegos. En el caso de las municipalidades, la revisión concentra las municipalidades provinciales y distritales de las provincias de Huamanga y La Mar que es por donde atraviesan los ductos de Camisea en Ayacucho. En el Gobierno Regional, son cuatro tipos de proyectos los que concentran la mayoría del de los recursos del FOCAM ejecutados por este pliego. Transporte es el rubro en el que más recursos se han ejecutado, ascendiendo a S/. 58 millones, que representa el 22.3% del total del presupuesto. En estos proyectos, se incluye tanto la construcción de infraestructura como el mantenimiento de carreteras y caminos viales. Seguidamente se encuentra el rubro “gestión administrativa”, que concentra 19.6%, es decir alrededor de S/. 51 millones. En este rubro se identifican actividades orientadas a la incorporación de sistemas de gestión e infraestructura del gobierno regional, también el fortalecimiento de capacidades y la formulación y monitoreo de proyectos de inversión pública. En tercer lugar, están los proyectos de agricultura y riego, que representan el 19.4%. La mayoría de este financiamiento se dirige a desarrollar proyectos de infraestructura de riego, como la construcción de canales o su mantenimiento, y, en menor medida, al fortalecimiento de capacidades o emprendimientos agropecuarios. En cuarto lugar, se encuentra el gasto en educación con 14.9%, siendo la principal actividad la construcción de escuelas y colegios.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Otros gastos relevantes del gobierno regional son los de salud y de infraestructura pública con 8.2% y 6.3% respectivamente. En salud, las actividades financiadas son referidas a infraestructura de salud, destacándose la construcción del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho que es principal de la región. También incluye infraestructura y equipamiento de centros de salud. En relación a infraestructura pública, las actividades realizadas están orientadas al mantenimiento de la infraestructura a cargo del gobierno regional y la adquisición de maquinarias para este fin. Con menor presupuesto, se desarrollan proyectos orientados al ambiente (1.8%), en el cual se ha financiado la elaboración de instrumentos de gestión ambiental como la zonificación ecológica y económica regional; también se han desarrollado actividades de turismo (1.4%) y proyectos productivos y de comercio (0.8%). Estos últimos destinaron a actividades de empleabilidad y promoción de artesanía. En la siguiente tabla, se detalla el tipo de proyectos que se ha ejecutado por el Gobierno Regional de Ayacucho con recursos del FOCAM. En otros proyectos se incluyen pequeñas acciones destinadas a fortalecer la participación ciudadana, la gestión de riesgo, programas de nutrición infantil, y la recreación y el deporte. Ejecución de recursos del FOCAM por el Gobierno Regional de Ayacucho según tipo de proyecto. 2010-2018 Tipo de proyecto
Monto
Porcentaje
Transporte
57,901,491
22.3%
Gestión administrativa
50,914,560
19.6%
Agricultura y riego
50,448,575
19.4%
Educación
38,641,062
14.9%
Salud
21,229,958
8.2%
Infraestructura pública
16,404,975
6.3%
Otros
5,785,202
2.2%
Ambiente
4,637,972
1.8%
Servicios básicos
4,449,443
1.7%
Mujeres y poblaciones vulnerables
3,830,800
1.5%
Turismo
3,606,731
1.4%
Proyectos productivos y comercio
1,959,051
0.8%
Total
259,809,820
100.0%
Fuente: Consulta Amigable. Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla, en la categoría “mujeres y poblaciones vulnerables” se han incluido aquellos proyectos que señalan explícitamente en sus nombres la atención de las mujeres, también en este rubro se incluyó proyectos orientados a protección de los niños y adolescentes. Esta categoría asciende al 1.5% de los recursos del FOCAM ejecutados por el gobierno regional. Entre los proyectos o actividades ejecutadas destacan la Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, la construcción del centro de atención para víctimas de violencia familiar y sexual, y el Fortalecimiento de las capacidades de mujeres tejedoras
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO en Huancasancos. También se incluyó la prevención de consumo de drogas de adolescentes y mejoras en el asilo de ancianos en Huamanga. Estas acciones, que se realizaron en diferentes años, en conjunto ascienden a S/. 3.9 millones aproximadamente. De otro lado, no todos los proyectos cuentan con información de las y los beneficiarios desagregada por género, que permitiría conocer el impacto que tienen en las mujeres. Sin embargo, como se mencionó antes, al predominar los proyectos de construcción de infraestructura de diversa índole, ha incrementado la mano de obra laboral masculina, con muy pocas posibilidades para las mujeres. De otro lado, respecto a la ejecución de gasto de las universidades ayacuchanas, como se ha mencionado antes, estas presentan un menor nivel de ejecución de los recursos, especialmente la Autónoma de Huanta77 que en el periodo 2013-2018 solo ha logrado ejecutar el 15% de los recursos transferidos del FOCAM. Buena parte de los recursos en ambas universidades está orientada a la mejora de infraestructura y equipamiento, especialmente para la Universidad de Huanta, ya que ha sido relevante para su proceso de licenciamiento. Cabe destacar que los recursos del FOCAM representan una parte importante de su presupuesto. En cuanto a la universidad San Cristóbal, además de infraestructura, se han financiado el fortalecimiento de capacidades pedagógicas, así como proyectos de investigación, para lo cual tienen unos lineamientos que establecen los procedimientos para el acceso a financiamiento.
Ejecución en La Mar y Huamanga En lo que respecta a la implementación de proyectos ejecutados por las municipalidades, a continuación, se presenta un análisis centrado en las provincias La Mar y Huamanga, comprendiendo el total de recursos ejecutados tanto por las municipalidades distritales como provinciales entre los años 2010 y 2018. En total se identificó S/. 171 millones de recursos del FOCAM ejecutados en Huamanga a través de 16 municipios (1 provincial y 15 distritales) y S/. 99 millones en La Mar a través de 11 municipios (1 provincial y 10 distritales). Los principales gastos se concentran en rubros similares. Así, en ambas jurisdicciones el rubro transportes, que incluye la infraestructura vial, los servicios viales y su mantenimiento, es el común denominador representando el 21.5% y 22.5% del gasto de Huamanga y La Mar respectivamente. Parte importante de los proyectos implementados es la construcción de caminos viales en los centros poblados. El segundo tipo de proyecto común con mayor gasto es el referido a “gestión administrativa”, la cual incluye acciones como la formulación de perfiles de proyectos, fortalecimiento de capacidades y operación de las municipalidades. Para La Mar este gasto representa el 14.6%, mientras que para Huamanga es 19.9%. La Mar también destinó un porcentaje casi similar (15%) a la construcción de infraestructura de “servicios básicos”, entendiendo éstos como servicios de agua y saneamiento, y en menor media Luz. En Huamanga el porcentaje destinado para estas acciones fue de 12.6%. Asimismo, a proyectos de agricultura y riego en ambas provincias las municipalidades destinaron un porcentaje similar (10.9%). También se observan diferencias en las prioridades de los gastos. Por ejemplo, los proyectos de educación tienen mayor relevancia en La Mar que destinaron el 12.8% de los recursos. 77
La Universidad Nacional Autónoma de Huanta se creó en el año 2011 y empezó a funcionar en el año 2012.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO En comparación Huamanga solo destinó el 4.9%. Una posible explicación de esto es que la infraestructura educativa es más escaza en La Mar. Otro rubro que presenta diferencias relevantes es seguridad ciudadana. En Huamanga se destinó el 4.1%, mientras que en La Mar apenas fue de 0.3%, considerando que esta provincia tiene mayor concentración urbana las necesidades de seguridad son más predominantes. Cabe destacar que una parte importante de los gastos se orientan a la construcción de infraestructura en diferentes rubros. Además de los mencionados, también se han destinado gastos hacia la construcción de infraestructura para la recreación y el deporte que son principalmente lozas deportivas; para la gestión de riesgos de desastres, especialmente climática en centros poblados urbanos; así como para la gestión comunal. En este último los recursos se han empleado frecuentemente en la construcción de locales comunales y en muy menor medida en capacidades de las organizaciones locales. En el siguiente gráfico se presenta la información comparativa de los gastos ejecutados en las dos provincias de acuerdo al rubro. Comparación de gasto entre las municipalidades provinciales de La Mar y Huamanga 2010-2018 Transporte Gestión administrativa Servicios básicos Agricultura y riego Infraestructura pública
La Mar
Ambiente Huamanga
Educación Seguridad ciudadana Recreación y deporte Gestión de riesgos Gestión comunal Salud Proyectos producticos y comercio Participación ciudadana Mujeres y poblaciones vulnerables Turismo Nutrición y alimentación Otros 01
0,000,0002
0,000,000
30,000,000
Fuente: Consulta Amigable. Elaboración propia.
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40,000,000
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO Los tipos de gasto orientados a transporte y gestión administrativa se han mantenido a lo largo de los años, registrándose una moderada caída a partir del año 2015 en ambas provincias. Los gastos en servicios básicos y de infraestructura pública (espacios urbanos) también han experimentado una caída considerable a partir del año 2015. Esto se explica en parte en la reducción de los recursos del FOCAM debido a la caída del precio internacional del gas. De otro lado, en cuanto a la cantidad de recursos que reciben las municipalidades, las provinciales son las que mayor presupuesto reciben. A nivel distrital, en la provincia de La Mar, la municipalidad del distrito de Anco es el que ha tenido la mayor ejecución del gasto de los recursos del FOCAM, seguido de Tambo y Chilcas. En la provincia de Huamanga, es el distrito de Vinchos el que presenta la mayor ejecución, seguido de Chiara y Acocro. Estos distritos, exceptuando Tambillo, son aquellos por donde la tubería de Camisea atraviesa. En su conjunto las municipalidades de estos distritos del ámbito de influencia78 ejecutaron S/. 172 millones aproximadamente que representa el 64% de los recursos ejecutados por las municipalidades de ambas provincias y el 22% del total gastado en el departamento de Ayacucho. Es importante mencionar que el gasto puede ser incluso mayor si se contabiliza, por ejemplo, lo ejecutado por el Gobierno Regional en estos distritos, sin embargo, debido a las limitaciones de la información sobre la ejecución de gasto no se puede realizar este cálculo con precisión. En cuanto a los espacios de participación para definir la orientación de los recursos del FOCAM, se encuentran los presupuestos participativos. Los representantes de las comunidades visitadas en La Mar manifestaron que, debido a que son varias comunidades y varios anexos, para que puedan beneficiarse, se turnan entre anexos en los procesos anuales de presupuesto. Otras comunidades señalaron que no tenían mucho conocimiento del alcance del FOCAM. En general, se percibió que los asuntos del FOCAM no eran prioritarios para las autoridades comunales, en comparación con las negociaciones que realizan con las empresas por las compensaciones. Así, el FOCAM es un tema que se deja a las autoridades ediles. Si bien los recursos del FOCAM han reducido su relevancia dentro del presupuesto de entidades como el gobierno regional y las municipalidades provinciales, para las municipalidades distritales todavía representan una proporción importante de sus presupuestos. En las municipalidades provinciales de La Mar y Huamanga la participación del FOCAM pasó de ser en promedio el 16% en el año 2010, a ser el 7% en el año 2018. Mientras que para varias municipalidades distritales este porcentaje oscila entre el 19% en el año 2018. Así, los recursos del FOCAM son relevantes en la gestión local municipal. Aún no existe una evaluación técnica de parte del Estado Peruano para medir los cambios o impactos que ha traído la creación del FOCAM en las localidades beneficiadas. Sin embargo, existen algunos documentos que plantean estas preguntas, haciendo una comparación con otros lugares sin el mismo beneficio. Un ejemplo de esto es un documento de trabajo que el BID realizó en el 2016. Sus conclusiones muestran cómo los gobiernos beneficiarios, en el período 2005-2012, tuvieron un incremento estadístico significativo del gasto capital, es decir, una mayor cantidad de obras realizadas, teniendo impactos positivos en el desarrollo de infraestructura local, en línea con los 78
Para el cálculo se consideraron los distritos de Acocro, Acos Vinchos, Chiara, Socos, Tambillo, Vinchos, Anco, Chilcas, San Miguel y Anchihuay.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO resultados presentados en esta sección del informe sobre la tipología de los proyectos ejecutados con recursos del FOCAM en Ayacucho. Estos autores también encuentran un resultado inesperado en la forma cómo las municipalidades abordaron las dificultades para ejecutar los gastos, tomando en consideración lo complejo que son las normas de ejecución de inversión pública y de presupuesto y las limitadas capacidades institucionales. Sus resultados sugieren que los municipios con menor capacidad lidian con el problema de recibir más fondos trasladando sus esfuerzos administrativos hacia los gastos capitales (Corral, Henderson, & Miranda, 2016). De allí, que los gastos del FOCAM usados para la gestión administrativa sea uno de los más relevantes como se observa en los resultados presentados arriba, logrando una lata ejecución de los recursos.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
V. Conclusiones y recomendaciones Camisea es la principal fuente de energía del país y, por ello, su desarrollo tiene implicancias para la seguridad energética. Sin embargo, como diferentes autores han planteado, tal como su estructura viene funcionando, no es un negocio beneficioso para el país, debido a que la mitad de la producción del gas y sus derivados va hacia la exportación, siendo retribuida con precios muy bajos que no compensan la energía que como país dejamos de consumir. Año tras año, el consumo nacional se encuentra en incremento, por lo que es necesario que el esquema de explotación de Camisea asegure la existencia del recurso para los próximos años e incluso para las próximas generaciones. Asimismo, es preciso realizar modificaciones para asegurar que los pagos de la exportación sean beneficiosos. En esa línea, dinamizar la masificación del uso del gas es una tarea urgente, más aún cuando han pasado quince años desde el inicio de Camisea y no ha logrado concretarse en todas las localidades por donde atraviesa. En el caso de Ayacucho, ya se cuenta con la infraestructura de una puerta de conexión cerca de la ciudad de Ayacucho, pero, a tres años de terminada, aún no se ha logrado iniciar operaciones para la distribución del gas domiciliario. Además, es necesario generar mecanismos para que no solo se beneficien las ciudades, sino también los ámbitos rurales, especialmente aquellos por donde pasa el ducto, los cuales no están en los planes de masificación de gas natural. La construcción de la infraestructura para la extracción, el transporte y la distribución del gas de Camisea ha generado cambios de diversos alcances. A nivel local, la presencia de los tres ductos que cruzan Ayacucho ha sido una fuente de preocupaciones, tensiones y configuración de una nueva dinámica política y social donde las empresas (Perú LNG y TGP) son actores relevantes. Como los ductos se superponen al territorio de comunidades campesinas quechuas, se han producido diferentes tipos de afectaciones a las actividades que realizan las poblaciones locales, afectaciones que han estado presentes desde el inicio de la construcción hasta la actualidad. Una de las implicancias es que la dinámica de la comunidad ha tenido que profundizarse en la medida en que estos nuevos actores representan una amenaza a su territorio y una oportunidad para ellas. Así, la relación con la empresa toma un papel relevante en la agenda de los asuntos comunales y genera desafíos en su gobernanza de la tierra. El proceso de suscripción de los acuerdos de servidumbre por derecho de vía para los ductos entre las empresas y las comunidades ha presentado problemas desde el principio, generando una relación de desconfianza presente hasta el día de hoy. Los problemas radican en el bajo pago ofrecido, el temprano incumplimiento de promesas de las empresas, la limitada información con la cuentan las comunidades y la coerción al momento de la suscripción de los acuerdos por el uso de las tierras. Es por ello que existe una insatisfacción generalizada sobre este proceso en todas las comunidades visitadas, por lo que una de las principales demandas de las comunidades y de la población local es la renegociación de los acuerdos de servidumbre. Sin embargo, la respuesta por parte de las empresas ha sido negativa y las compensaciones que han brindado a las comunidades en los últimos años se han entendido más como un tema
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO de responsabilidad social. El tema de las servidumbres seguirá presente en los próximos años, por lo que es necesario que el MINEM busque un mejor abordaje, considerando que la norma brinda una posibilidad de revisión (que aún no ha sido aplicada) y que el contexto después de quince años de funcionamiento ha cambiado. La relación entre las comunidades y las empresas se caracteriza por ser en general tensa y esto se debe a la insatisfacción de las comunidades a lo largo de los ductos sobre los contratos de servidumbres, a las afectaciones diarias como consecuencia de la operación y el mantenimiento de los ductos, al incumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas y a los derrames (este último solamente en la comunidad de Chiquintirca) con afectaciones a la salud de las personas. Esta situación ha generado un escenario contencioso donde se desarrolla una constante negociación entre empresas y comunidades que puede escalar a conflictos visibles, donde ningún actor (gubernamental) interviene para regular, sino hasta que las comunidades recurren a acciones disruptivas para poder plantear sus demandas. En este contexto, las comunidades desarrollan diferentes estrategias para poder hacer frente a la situación y que sus demandas puedan ser atendidas. Sin embargo, esto solo es posible en la medida en que cuenten con los recursos para ello, lo que implica, además de una organización interna, el acceso a asesoría especializada, tanto legal como técnica, que les permita demostrar las afectaciones y pedir una compensación. Esto no siempre es posible, porque no todas las comunidades están en posición de costear estos gastos. De ahí que, de las más de cuarenta comunidades del ámbito de influencia, los conflictos de una cuantas sean visibles. Esta situación es similar a otros contextos con presencia de empresas mineras, pero, en Camisea, por la dimensión de la infraestructura, la cantidad de comunidades del área de influencia es mayor, lo que sugiere la necesidad de identificar mejores prácticas en el relacionamiento con las comunidades, así como de un monitoreo permanente de las fuentes de conflictos, que son las afectaciones diarias, por una tercera parte legítima, y de reglas más claras y efectivas para la compensación y remediación por estos daños. Estas afectaciones por lo general impiden el desarrollo de las actividades agropecuarias, que son el principal sustento de esta población, de ahí su preocupación. Este tema toma relevancia en el contexto de la construcción del gasoducto sur, que también cruzará el territorio de diversas comunidades andinas. Las mesas de diálogo han tenido como principal resultado las compensaciones financieras por los daños diarios, mas no por otros asuntos, como la servidumbre. Estas mesas solo se activan cuando el conflicto ha escalado, por lo que es necesario buscar mecanismos más efectivos para evitar situaciones de violencia. Las empresas manifiestan tener mecanismos de quejas, pero no parecen ser muy eficaces. Las comunidades consideran que las mesas de diálogo son la vía más efectiva para atender sus demandas. Es urgente identificar mecanismos ágiles, eficaces y confiables para la solución de las controversias, que tomen en cuenta la existencia de la asimetría en la negociación. A pesar que la población que vive en estos ámbitos pertenece al pueblo quechua, el conocimiento de los derechos como pueblos indígenas es limitado. Por ello, es necesario que las comunidades campesinas de estos ámbitos fortalezcan sus conocimientos tanto de sus
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO derechos individuales como varones y mujeres, así como de sus derechos colectivos como pueblos indígenas como parte del fortalecimiento de la gobernanza comunal. La llegada de Camisea ha generado el ingreso de recursos financieros tanto a nivel localcomunal, por las compensaciones, como a las entidades de gobierno, a través del FOCAM. La gestión de estos recursos ha presentado dificultades en los diferentes actores. Si bien algunos, con el tiempo, han desarrollado capacidades para su implementación, en diferentes casos, se observan debilidades en la gestión, evidenciando, por un lado, una limitada planificación y coherencia del uso de los recursos con las aspiraciones que tienen las comunidades o poblaciones y, por el otro, un uso indebido de los recursos y poca transparencia. Por ello, es necesario generar acciones de fortalecimiento de capacidades y mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, tanto en los espacios comunales, como en las municipalidades. En estas últimas, es necesario fortalecer el involucramiento de las comunidades en los espacios de participación, como los presupuestos participativos. En el caso de las comunidades, resulta necesario también desarrollar documentos propios o instrumentos que permitan recoger las aspiraciones de la comunidad sobre su territorio y guiar la implementación de acciones locales para alcanzar estas aspiraciones. Respecto al FOCAM, la ley actual establece que este fondo se financia con el 25% de las regalías de los lotes 88 y 56 destinadas al Gobierno nacional. Sin embargo, actualmente se encuentran en explotación no solo estos dos Lotes, sino también el Lote 57. Desde el año 2014, se encuentra en operación comercial, pero ninguna de las regalías de este lote ha sido destinada a este fin. En ese sentido, es necesario modificar la Ley del FOCAM para incluir este lote, así como el Lote 58, que se encuentra en preparación para su próxima operación comercial. De lo contrario, los departamentos por donde atraviesan los ductos para la extracción de gas estarán dejando de recibir importantes recursos para el desarrollo de proyectos, principalmente a escala local, desvirtuando así el espíritu de la norma que busca que los beneficios de Camisea se compartan con las poblaciones locales por donde pasa el ducto. En los primeros años de implementación, el fondo constituía una importante fuente de recursos en términos porcentuales para los presupuestos de las municipalidades. Últimamente, esta tendencia ha cambiado, reduciéndose su importancia en el presupuesto, especialmente de las municipalidades provinciales y más aún del Gobierno Regional, hasta menos del 10%. Esto se explica por la reducción en la recaudación de las regalías, así como por el aumento de otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, para las municipalidades distritales, así como para la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, todavía sigue siendo una fuente de recursos relevante. En un contexto de frecuente presencia de conflictos en la región, es necesario buscar formas más eficaces para que los recursos del FOCAM puedan atender las demandas de la población. En un contexto de conflictos, es importante que exista una mayor conexión entre la orientación del gasto y las necesidades de las comunidades afectadas, algo que no necesariamente está reflejado en el gasto actual de los recursos del FOCAM. Estos se han destinado principalmente a la construcción de infraestructura de diversa índole, destacando la de transporte, servicios
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO básicos, infraestructura pública y proyectos agropecuarios. Parte importante de estos recursos se ha orientado a la gestión administrativa de los proyectos ante la falta de recursos de otras fuentes para este fin, así como para otras acciones de corte institucional que fueron ejecutadas principalmente por el Gobierno Regional y las municipalidades provinciales. Con relación a los cambios en la situación de las mujeres indígenas, la presencia de Camisea por estas zonas, más que generar cambios, ha significado la profundización de brechas estructurales que existían en términos de participación política, acceso a la tierra y oportunidades laborales. Los espacios que han surgido para la coordinación con las empresas y las mesas de diálogo tienen poca participación de mujeres, quienes se encuentran limitadas por las prácticas de la gobernanza comunal, que propicia principalmente la participación de los varones. Esto tiene implicancias porque las opiniones y necesidades de las comuneras no necesariamente son consideradas cuando se negocia con las empresas, a pesar de que ellas son también afectadas y tienen preocupaciones. La limitada participación formal de las mujeres en la comunidad también tiene implicancias en la gestión de la tierra y el acceso a las compensaciones, pues son pocas las mujeres que figuran como titulares posesionarias y, en consecuencia, puedan recibir estos recursos, pudiendo generarse dinámicas asimétricas dentro de los hogares. Por ello, es importante que se promueva dentro de las comunidades una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. El reciente cambio en la Ley de Comunidades para incrementar la participación de las mujeres en las juntas comunales representa un paso importante en este aspecto, pero el desafío está en su implementación. En lo que respecta a oportunidades laborales, la brecha se ha ampliado porque tanto las actividades que desarrollan las empresas como los proyectos realizados por las instituciones gubernamentales con recursos del FOCAM están orientados principalmente a la construcción o al mantenimiento de infraestructura. Al ser éste un sector que involucra tradicionalmente mano de obra masculina, son muy pocas las oportunidades que se generan para que las mujeres puedan insertarse laboralmente, teniendo como consecuencia la reducción de ingresos. Asimismo, se ha observado que es muy poco el gasto del FOCAM destinado a generar condiciones más igualitarias para varones y mujeres. En ese sentido, es necesario, por una parte, que los recursos existentes puedan orientarse a mejorar las condiciones para que las mujeres puedan insertarse laboralmente y, por otra parte, que se destinen espacios o cuotas de trabajo de forma progresiva para que las mujeres puedan participar de una manera culturalmente apropiada.
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IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO
Bibliografía Anchante, M. (2012). Negociaciones por Compensaciones y Desarrollo. El Caso de la CC Chiquintirca (Ayacucho) y la Empresa TGP en el marco del Proyecto Camisea. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Anchante, M., Guzmas-Barron, C., Morales, M., & Perez, F. (2010). Lecciones aprendidas sobre la Defensoría para el Proyecto Camisea. Un puente para el entendimiento. Lima: Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. BCR. (2018). Caracterización del Departamento de Ayacucho . Huancayo: Banco Central de Reserva del Perú. BID. (2002). Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Gas de Camisea. Obtenido de BID: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument. aspx?docnum=EZSHARE-1754739393-8148 Campodónico, H. (2018). El gran fraude de la exportación de gas. Perú Hoy, 283-302. Corral, L., Henderson, H., & Miranda, J. J. (2016). Evidence from a Natural Experiment on the Development Impact of Windfall Gains: The Camisea Fund in Peru. IDB WORKING PAPER SERIES N˚ IDB-WP-687. CPPIB. (2019). Report on Sustainable Investing 2018. Obtenido de Canada Pension Plan Investment Board : http://www.cppib.com/documents/1922/CPPIB_SI_2018_ENG.pdf Crisóstomo, Mercedes. “Servir al Pueblo de todo Corazón”. Una aproximación al Frente de Defensa del Pueblo de. Tesis para optar el grado de magíster, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001. Davila, J., Cueto, V., & Avila, R. (2012). El proyecto de exportación de PERÚ LNG y la gobernanza energética nacional. Lima: Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR. Del Pino, P. (1996). Tiempos de guerra y de dioses. Ronderos, evangélicos y senderistas en el valle del Río Apurimac. En I. Degregori, J. Coronel, P. Del Pino, & O. Starn, Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso (págs. 117-188). Lima: IEP/Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Gamboa, C., & Davila, J. (2010). Análisis Legal de los Contratos de Transporte del Proyecto Camisea. Lima: Derecho Ambiente y Recursos Naturales . Gamboa, C., Cueto, V., & Davila, J. (2008). ¿El Estado Peruano Cumplió con Camisea? Diagnóstico Final sobre el Cumplimiento de los Compromisos del Perú en el Ámbito del Proyecto Camisea. Lima:
79
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO DAR. Grupo Propuesta Ciudadana. (s. f.). Camisea ¿Para quién es el Gas? Entre el consumo interno y la exportación. Lima. Ibrahim S. & Alkire S. (2011). Agencia y empoderamiento en la medición de la pobreza. Revista de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. INEI. (Diciembre de 2018). I Censo de Comunidades Campesinas 2017. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística e Informática: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_ digitales/Est/Lib1599/ MEF. (2018). Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022. Obtenido de Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2019_2022.pdf Mendoza, W., & Janneth, L. (2017). La economía del VRAEM. Diagnóstico y opciones de política. Lima: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Consorcio de Investigación Económica y Social. Mincetur. (Enero de 2019). Reporte Mensual de Comercio. Obtenido de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_ exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/2019/RMC_Enero_2019.pdf MINEM. (2017). Balance Nacional de Energía 2016. Lima: Ministerio de Energía y Minas. Montalvo, R. (2011). La huella de Camisea. Reportaje sobre los impactos sociales y ambientales del ducto de Camisea en Ayacucho. Lima: Asociación Servicios Educativos Rurales - SER. OSINERGMIN. (2012). Informe sobre Novena Falla Ocurrida en el Sistema de Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos de Camisea a la Costa de la Empresa Concesionaria Transportadora del Gas del Peru S.A. Lima: OSINERGMIN. OSINERGMIN. (2017). La industria del gas natural en el Perú. A diez años del Proyecto Camisea. Lima: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Osinergmin. (Mayo de 2019). Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado de Gas Natural. Segundo Semestre del 2018. Obtenido de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/ Reportes_de_Mercado/Osinergmin-RSMMGN-II-2018.pdf Paredes, M., & De la Puenta , L. (2014). Protestas y negociaciones socioambientales. El caso de las industrias extractivas. En G. Damonte, & G. Vila, Agenda de investigación en temas socioambientales en el Perú: Una aproximación desde las ciencias sociales. (págs. 75-105). Lima: Centro de
80
IMPACTOS DE LOS DUCTOS DE GAS DE CAMISEA EN LAS COMUNIDADES DE AYACUCHO IDL - Reporteros. (07 de Agosto de 2019). Lava Jato Nuevas Revelaciones. Obtenido de https://idlreporteros.pe/nuevas-revelaciones-2/ Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Perla, C. (2017). Encuentro entre empresas mineras y poblaciones locales: Usando las armas de James C. Scott. En P. Drinot, El Perú en Teoría (págs. 107-136). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Quiñones, P. (2015). Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: Experiencias de comuneras quechuas y aymaras. Lima: Asociación Servicios Educativos Rurales - SER. Tanaka, M. (2011). ¿Por qué el Estado no responde adecuadamente a los conflictos sociales? Y ¿qué hacer al respecto? . Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Consorcio de Investigación Económica y Social . TGP. (2018). Estados Financieros Intermedios. 31 de Marzo de 2018. Transportadora de Gas del Perú S.A. TGP. (2018). Transportadora de Gas del Perú S.A. Estados Financieros Intermedios. 31 de marzo de2018. Lima. TGP. (2019). Memoria Anual 2018. Lima: Transportadora de Gas del Perú . Zambrano, G., & Uchuypoma, D. (2015). Intersectando desigualdades: participación política de mujeres indígenas a nivel subnacional en el Perú. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
81