Digesto Constitucional Mexicano. Michoacán 9786074686340


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Digesto Constitucional Mexicano. Michoacán
Contenido
Presentación
I. Evolución constitucional del Estado de Michoacán
1. Independencia y soberanía en Michoacán
2. La Constitución de Apatzingán
3. La primera Constitución de Michoacán
4. Los embates del clero contra la segunda Constitución
5. La Constitución del siglo XX
II. Integrantes de los Poderes del Estado
1. Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo
Gobernadores del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo
2. Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo
3. Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo
III. Constituciones históricas
1. Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán (1825)
2. Constitución Política del Estado de Michoacán (1858)
3. Constitución Política del Estado de Michoacán (1918)
IV. Debates del Constituyente
1. Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1824-1825
2. Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1824-1825
3. Actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1857-1858
4. Actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1917-1918
V. Reformas constitucionales
1. Listado de decretos de reforma a las Constituciones Políticas del Estado de Michoacán de 1825 y 1858 (Histórico)
2. Adiciones, reformas y supresiones hechas en la Constitución de 1825
3. Relación de reformas, adiciones y supresiones en la Constitución de 1858
4. Listado de reformas a la Constitución Política del Estado de Michoacán
5. Decretos de reformas constitucionales publicadas desde el 7 de febrero de 1918 hasta el 16 de diciembre de 2013
VI. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Actualizada con las reformas publicadas el ...
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Digesto Constitucional Mexicano. Michoacán
 9786074686340

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La imagen que aparece en portada corresponde a un fragmento de El nacimiento de la patria (óleo sobre madera), de Jorge González Camarena. Primera edición: marzo de 2014 D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación Avenida José María Pino Suárez núm. 2 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06065, México, D.F. D.R. © Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Carlota Armero Núm. 5000 Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán C.P. 04480, México, D.F. ISBN: 978–607–468–634-0 Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización escrita de los titulares de los derechos. La edición y diseño de esta obra estuvieron al cuidado de la Coordi­nación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DIGESTO CONSTITUCIONAL MEXICANO michoacán Manuel González Oropeza David Cienfuegos Salgado

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Ministro Juan N. Silva Meza Presidente Primera Sala Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo Presidente Ministro José Ramón Cossío Díaz Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Segunda Sala Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente Ministro José Fernando Franco González Salas Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Ministro Alberto Pérez Dayán Ministro Sergio A. Valls Hernández

Tribunal electoral del poder judicial de la federación Sala Superior Magistrado José Alejandro Luna Ramos Presidente Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa Magistrado Constancio Carrasco Daza Magistrado Flavio Galván Rivera Magistrado Manuel González Oropeza Magistrado Salvador O. Nava Gomar Magistrado Pedro Esteban Penagos López

Presentación................................................................................................ VII I. Evolución constitucional del Estado de MICHOACÁN Manuel González Oropeza 1. Independencia y soberanía en Michoacán.......................................... 3 2. La Constitución de Apatzingán........................................................... 6 3. La primera Constitución de Michoacán............................................. 14 4. Los embates del clero contra la segunda Constitución...................... 17 5. La Constitución del siglo XX............................................................... 20 Ii. Integrantes De Los Poderes Del Estado 1. Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo Gobernadores del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo............................................................ 27 2. Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.............. 31 3. Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.......................................... 89

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Iii. Constituciones Históricas 1. Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán (1825)......................................................................... 115 2. Constitución Política del Estado de Michoacán (1858)................ 143 3. Constitución Política del Estado de Michoacán (1918)................ 165 Iv. Debates Del Constituyente 1. Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1824–1825................................................ 211 2. Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1824–1825................................................ 829 3. Actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1857–1858.................................................................. 1419 4. Actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1917–1918................................................................... 1763 V. Reformas Constitucionales 1. Listado de decretos de reforma a las Constituciones Políticas del Estado de Michoacán de 1825 y 1858 (Histórico)....................... 2383 2. Adiciones, reformas y supresiones hechas en la Constitución de 1825.................................................................... 2387 3. Relación de reformas, adiciones y supresiones en la Constitución de 1858............................................................... 2415 4. Listado de reformas a la Constitución Política del Estado de Michoacán................................................................... 2447 5. Decretos de reformas constitucionales publicadas desde el 7 de febrero de 1918 hasta el 16 de diciembre de 2013................. 2461 Vi. Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Michoacán de ocampo Actualizada con las reformas publicadas el 16 de diciembre de 2013.... 2935

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Digesto Constitucional Mexicano

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a importancia de Michoacán en el constitucionalismo mexicano es innegable. Fue ahí donde Ignacio López Rayón y José María Morelos aportaron elementos sobre la futura constitución nacional. Culminado el movimiento inde­ pendentista, la falta de reyes y virreyes haría que la soberanía volviera a su depo­ sitario original, el pueblo, lo que obligaba a contar con una ley fundamental para organizar el gobierno resultante de la gesta. Los Elementos constitucionales de Rayón, al igual que otros documentos, fueron tomados en cuenta por Morelos para con­ feccionar la Constitución de Apatzingán de 22 de octubre de 1814, que motivó una reacción estrepitosa por parte de la Inquisición. Aun cuando aquella Consti­ tución realmente no tuvo validez, estableció la necesidad de buscar instituciones que permitieran resolver pragmáticamente los desafíos que afrontaría la nación independiente y soberana. Consumada la Independencia, Michoacán realizó una importante labor cons­tituyente. El 19 de julio de 1825 se expidió su primera Constitución, a la cual siguió la de 1o. de febrero de 1858, promulgada por Santos Degollado. La si­ guiente se aprobó el 5 de febrero de 1918, un año después de expedida la vigente

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Constitución Federal. En cada ley fundamental de Michoacán se ha notado la defensa del federalismo y el respeto a los derechos humanos. El texto de las Constituciones michoacanas mencionadas, así como el de sus reformas, se encuentra en este nuevo Digesto constitucional mexicano, que cuenta con un estudio introductorio donde se da cuenta de la historia constitucional de la entidad, así como de eventos históricos de relevancia nacional que ahí ocurrie­ ron. Como se trata de una publicación electrónica, el lector dispone de diversas herramientas de búsqueda para acceder con rapidez al contenido que sea de su especial interés.

Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal

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I. Evolución del E stado

constitucional de

M ichoacán

Manuel González Oropeza

1. Independencia y soberanía en Michoacán

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l Estado de Michoacán aportó al país la guía y liderazgo de sus hijos preclaros para continuar con la insurgencia, sentando además las bases del consti­ tucionalismo nacional. Tanto Ignacio López Rayón como José María Morelos aportaron las elementos y sentimientos respecto de la futura Constitución que regiría a la Nación, carente de reyes y virreyes legítimos, por lo que ante la ausencia de poder, la soberanía retornaba a su depositario originario, el pueblo, quien organizado a través de una Junta debería cubrir esa ausencia de gobernantes y promulgar una ley fundamental que organizara el gobierno resultante. Estas “jun­ tas” se habían organizado en España con la invasión napoleónica y el secuestro de los reyes y, en 1812, aprobaron una Constitución monarquista: la célebre Cons­ titución de Cádiz. El movimiento independentista creó su propia Junta en Zitácuaro, Michoa­ cán, el 19 de agosto de 1811, sobre la base de la soberanía popular y correspondió a Ignacio López Rayón el mérito de presidirla, produciendo un borrador que con­ tenía elementos o puntos sobre la Constitución de nuestro país, proclamando la

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independencia de nosotros como “americanos”. Este primer punto es de llamar la atención, pues en lugar de utilizar el gentilicio de novohispanos, Rayón llama la atención que en México y los mexicanos seríamos, ante todo, América y ame­ ricanos.1 Este llamado de nuestra nación como América, según se lee en el artículo 4o. de los Elementos Constitucionales de la Junta de Zitácuaro,2 nos ilustra la denominación de origen de nuestra nación hacia el nombre, aun antes de llamar­ nos México, como país independiente.3 Los Estados Unidos, con posterioridad, se han apropiado de la “Americanidad”, aunque su nombre oficial es Estados Uni­ dos “de América”; lo cual no implica que América sea de los Estados Unidos, sino tan solo que ellos son una parte de América. Pero la práctica promovida por ese país ha sido que América se agota con los Estados Unidos y el resto de las demás naciones que ocupan el continente sean una especie de América califi­ Esta referencia de México, o Nueva España, como “América”, me parece muy significativa, dada la apropiación indebida de los Estados Unidos hacia este término, mucho tiempo después, surgida con un tinte racista y anexionista. Efectivamente, correspondió a un oscuro abogado estadounidense denominado O’Sullivan quien con motivo de la invasión de su país a México, cuando se separó Texas, justifició la anexión de esta pro­ vincia a los Estados Unidos en diversos artículos, en uno de ellos escribe:“Why, were other reasoning wanting, in favor of now elevating this question of the reception of Texas into the Union, out of the lower region of our past party dissensions, up to its proper level of a high and broad nationality, it surely is to be found, found abundantly, in the manner in which other nations have undertaken to intrude themselves into it, between us and the proper parties to the case, in a spirit of hostile interference against us, for the avowed object of thwarting our policy and hampering our power, limiting our greatness and checking the fulfillment of our manifest destiny to overspread the continent allotted by Providence (!) for the free development of our yearly multiplying millions”. John O’Sullivan. (1813-1895) “Annexation”. US Magazine and Democratic Review. Vol. XVII. Julio de 1845. El autor prosigue: “La Independencia de Texas fue completa y absoluta. Fue una Independencia no solo de hecho sino de derecho. Ningún compromiso hacia México tiende a restringir, en el menor grado, nuestro derecho de recuperar la provincia que una vez fue nuestra (¡)… Si Texas llegó a ser poblada con habitantes de América (Estados Unidos), no fue por una estratagema de nuestro gobierno, sino por una invitación expresa del mismo México… (Texas) Fue liberada, legítima y absolutamente liberada, de cualquier lealtad hacia México, u obligación hacia el gobierno Mexicano, por los actos y vicios del mismo México, y sólo de México”. Sin embargo, el autor niega que la Anexión de Texas sea consecuencia de la pervivencia de la esclavitud en esa provincia, tal como ya lo había argumentado Henry Clay en el Congreso de los Estados Unidos. En otra parte de su discurso menciona: “Hay todavía mucho por lograr la anexión durante nuestra generación a lo largo de nuestra frontera norte. Texas fue absorbida por la Unión debido al inevitable cumplimiento de la ley general que esta empujando a nuestra población hacia el oeste… es demasiado evidente, para no dejarnos ninguna duda, el manifiesto designio de la Pro­ videncia en la ocupación de este Continente”. En su conclusión, el autor no encubre las intenciones de su país: “California caerá próximamente… Torpe y negligente, México nunca podrá ejercer ninguna autoridad real de gobierno sobre ese territorio”. 2 Dicha disposición prescribe: “La América es libre independiente de toda otra nación”. 3 Como se explica posteriormente, la Constitución de Apatzingán, expedida en 1814, sustentada con el mismo propósito de los Elementos Constitucionales de la Junta de Zitácuaro, también adoptó el término de América, mucho antes que el “Destino Manifiesto” de los Estados Unidos. El nombre oficial de la Constitución insurgente fue Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. 1

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cada con epítetos: América Latina, Sud América o América Central. Todo lo cual los excluye de la tradicional y “genuina” América. En esta etapa del movimiento independentista, los insurgentes desde Michoacán no cejaron de denominarse “ame­ ricanos” en todos sus manifiestos, planes y comunicaciones. Incluso los pueblos indígenas ubicados en su territorio, que son verdaderamente originarios del con­ tinente, se les denomina americanos nativos; aunque a los demás indígenas que son igualmente nativos de América no se les denomina de esa manera, sino se les reconoce por su etnicidad: inuis de Canadá, nahuas de México, mayas de Mesoa­ mérica, tainos del Caribe, incas del Perú o mapuches de Chile, por nombrar a algunos. Histórica y geográficamente es una falacia que los Estados Unidos sean sinó­ nimo geopolítico de la América. Habrá que recordar en esta digresión semántica, provocada audazmente por los Elementos Constitucionales de Rayón, que Americo Vespucio (1451–1512) navegó principalmente la porción de Sudamérica en sus expediciones entre 1497 y 1508 y Martin Waldseemuller, con la ayuda de Matias Ringman, publicó la Carta Marina, o de marear, en 1507, habiendo una edición de 1516, con el nombre de “América”, desplegado en la parte sur del continente,4 en honor del florentino que había explorado Sudamérica, descubriendo islas y tierras no conocidas hasta entonces. El mérito de ambos fue el consolidar la versión de que América estaba dividida por dos porciones y constituían un continente sepa­ rado de Asia. Hacia 1538, el mapa de Gerardo Mercator confirmaba no una América sino dos: América del Norte y América del Sur. Todo lo anterior suce­ dió mucho antes de la presencia de los británicos en territorio del actual Estados Unidos, por lo que este país no tiene reconocida en la cartografía el nombre de América, como sí la tienen los países del actual Sudamérica y México. Aunque se especula que pudo haber llegado al Golfo de México, pero la inexactitud de sus narraciones y noticias, asoman la duda de que lo haya hecho, por lo que las excursiones a América del Sur son las más cier­ tas y mejor descritas. El nombre de la obra que contiene esta Carta es Cosmographiae introductio cum quibusdam geometraie ac astronomiae principiis ad eam rem necesariis. Insuper quatuorAmerici Vespucii navigationis. Universalis Cosmographiae descriptio tam in solido quam plano, eis etiam insertis, quae Phtolomeae ignota a nuperis reperta sunt. Cfr. Joseph Fischer, “Martin Waldseemuller”, The Catholic Encyclopaedia. On Line, Kevin Knight, vol. I. 1999. En estos años, América del Norte apenas había sido explorada, Sebastián Cabot investigaba en 1508 el Paso del Norte y casi veinte años después, Alvar Núñez Cabeza de Vaca explora México, Texas y Florida. Jacques Cartier exploraría Canadá con posterioridad. Como se aprecia, el nombre de América se asignó primordialmente cono­ ciendo la parte sur del continente, más que la del norte. 4

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Por otra parte, los Elementos Constitucionales, nacidos en Michoacán, obede­ cieron a un modelo de Constitución donde se reconocía la autoridad de Fernando VII, por lo que Rayón mostró escepticismo frente a la radical posición inde­ pendentista de Morelos y, por consiguiente, al modelo republicano, nacido tam­ bién en Michoacán, contenido en la Constitución de Apatzingán. Los Elementos fueron aprobados en el año de 1812 y siempre fueron conside­ rados por Rayón como puntos de partida para discutir el modelo constitucional de nuestra nación. Aunque se refiere a la soberanía del pueblo depositada en la per­ sona del rey, ya se perciben grandes beneficios en este documento, pues declara la independencia nacional, parte del supuesto de que la soberanía dimana inmedia­ tamente del pueblo, organiza los tres poderes de gobierno, espaciando la elección de cada autoridad cada año; determina la inviolabilidad de los titulares del Supremo Consejo (Poder Legislativo), establece un Protector Nacional (Poder Ejecutivo) y organiza los tribunales con sus procedimientos, incluyendo el habeas corpus para garantizar los derechos del hombre, proscribe enteramente la esclavitud a nivel constitucional, reconociendo la libertad de imprenta como la primera de las liber­ tades públicas, proscribe la tortura y es muy favorable hacia los extranjeros, entre muchas otras instituciones.5 Con todas estas ventajas es de justicia reconocer el gran mérito de las apor­ taciones de los Elementos Constitucionales de Rayón, a pesar de que en el diseño no haya coincidido con la Constitución de Apatzingán, la cual fue todavía más ventajosa para las instituciones constitucionales de nuestra nación.6 2. La Constitución de Apatzingán7

El constitucionalismo mexicano fue fecundado en Apatzingán. Su gestión no la impidieron ni la lucha insurgente contra las fuerzas virreinales, ni las facciones internas, ni siquiera la Constitución española de Cádiz. Nuestra independencia 5 En los artículos 19 y 20 asimilan a los extranjeros como “ciudadano americano” y se determina que “Todos los venidos de fuera que favorezcan la libertad e independencia de la Nación, serán recibidos bajo la protección de las leyes”. 6 Los Elementos Constitucionales fueron la primera expresión constitucional de nuestra patria. José Luis Soberanes Fernández, El pensamiento constitucional de la insurgencia, Porrúa–UNAM, 2012, p. 102. 7 Tomado del artículo del mismo título aparecido en Ars Iuris, Revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, No. 3, 1990, pp. 77-84.

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fue una revolución paralela al movimiento constitucionalista español de 1812, pues “levantamos en Dolores el grito de Independencia, al tiempo que nuestros representantes se disponían a trasladarse a la isla de León”.8 Aunque la Consti­ tución de Cádiz representó la transformación del gobierno español en monarquía constitucional y nuestros representantes habían logrado el establecimiento de una supuesta igualdad entre peninsulares y “americanos” así como a la implantación de las diputaciones provinciales, tan pronto como se firmara y publicara esta Cons­ titución en México, el 30 de septiembre de 1812, José María Morelos, escéptico y convencido de las posibilidades nacionales tendría que manifestar: “Las Cortes de Cádiz han asentado más de una vez que los americanos eran iguales a los euro­ peos… si hubiera sido así nos hubieran dado nuestra Independencia”,9 por lo que exigía: “Europeos, ya no os canséis en inventar gobiernitos. La América es libre aunque os pese…”.10 Para conseguir esa libertad, Morelos escogió el camino del constituciona­ lismo y su mérito no está tanto en la opción sino en la oportunidad y persistencia de su decisión. Para ello, se instauró en protector del Congreso de Anáhuac, por­ que su finalidad era la de aprobar una Constitución. Constituciones y proyectos ya habían aparecido en América con anterioridad a Apatzingán; Morelos fue el guardián del Congreso de Chilpancingo y de la Constitución del 22 de octubre de 1814. La idea de un Congreso Nacional ya aparece desde 1808, también durante los primeros años de la insurgencia (el 18 de abril de 1811) y se reitera el 31 de mayo de 1813. Por su parte, Morelos convoca al Congreso (28 de junio de 1813), convence a sus integrantes (Ignacio López Rayón, José María Liceaga y Carlos María Bustamante, entre otros), formula su reglamento de trabajo (11 de sep­ tiembre de 1813) y lo declara instalado (14 de septiembre de 1813) en Chilpan­ cingo por ser “el centro de las distancias”, a pesar de que Bustamante le sugiriera la Antequera de Oaxaca como sede. El Congreso es tolerante y perseguido, pero culmina su labor en Michoacán, donde sesiona en Tiripetío, Uruapan y Apatzingán. “Proclama del Congreso”, febrero de 1815, Puruarán. Gobierno del Estado de Michoacán, Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, 1964, Ed. Facsímil, p. 101. 8

“Manifiesto de Morelos en Oaxaca, el 21 de diciembre de 1812, publicado en, op. cit., nota anterior, pp. 65–66. 9

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“Manifiesto de Morelos en Oaxaca el 23 de diciembre de 1832” publicado en, op. cit., nota 1.

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Morelos, asimismo, analiza los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón (15 de enero de 1813), el proyecto de Constitución Nacional de Vicente de Santa María (24 de julio de 1813) y el proyecto de Constitución de Bustamante (27 de julio de 1813); de igual modo resume las ideas de Jean Jacques Rousseau, John Locke, Jeremy Bentham y Montesquieu, entre otros,11 pero además, encabeza la insurgencia. La Constitución de Apatzingán fue la antítesis de la Inquisición y de lo que representaba. Como respuesta, la Inquisición condena el Decreto Constitucional (8 de julio de 1815) y a su principal autor: José María Morelos y Pavón (27 de noviembre de 1815). Detrás del Tribunal, el aparato virreinal condena a la Cons­ titución de Apatzingán (9 de mayo de 1815) con la misma vehemencia que la observada en las reiteradas aboliciones de la Constitución de Cádiz (Decreto del 4 de mayo de 1814 y Bandos del 10, 17 de agosto y 15 de diciembre de 1814). Por si fuera poco, nuestro primer Decreto Constitucional es quemado (27 de mayo de 1815), prohibido en su lectura (26 de mayo de 1815), desacreditado ante el gobierno de los Estados Unidos (30 de mayo de 1815), y al tenedor de ejemplares, sería excomulgado (10 de julio de 1815). Tanto interés por destruir la “ridícula” Constitución, como la calificara Félix María Calleja, era significativo de su difusión y simpatía del pueblo. No podía ser de otra manera, pues Independencia y De­ creto Constitucional fueron sinónimos y México requería consumar su emanci­ pación a través de un texto constitucional.12 Aunque en México todas las Constituciones y proyectos han sufrido críticas acervas, si revisamos nuestros textos constitucionales desde 1814 hasta 1917, en­ contraremos prácticamente los mismos argumentos de vituperio enderezados por sectores doctrinarios: ausencia de legitimidad o de representatividad en el Congreso Constituyente respectivo, falta de positividad o vigencia de la Consti­ tución, jacobinismo en el propio Congreso Constituyente y copia inadecuada de otros modelos constitucionales, entre otros. Torre Villar, Ernesto de la, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1964, pp. 78 y ss. Guedea, Virginia. José María Morelos y Pavón, Cronología, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1981, passim. 12 Así lo ha explicado la teoría constitucional Vid. Wheare K. C., Las constituciones modernas, España,Ed. Labor, 1971, p. 12; González Avelar. Miguel, “La Constitución Constituyente de Apatzin­ gán”, en La Constitución de Apatzingán y otros estudios, sep, 1980, núm. 20, 1982, p. 41. 11

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En este aspecto, la Constitución de Apatzingán también inaugura la lista de estos vituperios, lanzados en su contra desde 1831 por Lorenzo de Zavala,13 hasta 1940 por Manuel Herrera y Lasso;14 sin embargo, el análisis histórico final ha otor­ gado al texto de Apatzingán el valor que merece. Autores como Mario de la Cueva15 y Ernesto de la Torre16 han destacado su valor como el primer intento mexicano de otorgarnos una Constitución Política. Luis Villoro,17 por su parte, la define como la primera concepción liberal y la definición de la forma de gobierno que actual­ mente poseemos: la republicana. Ante estos méritos, poco importa que haya sido producto de un cuerpo de ocho miembros,18 de los cuales sólo uno fue electo y los restantes designados como suplentes, o que no haya gozado de una vigencia palmaria;19 su valor está en haber sentado las bases para la división de poderes, el sistema republicano de gobierno y el otorgamiento de libertades públicas, entre otros principios que actualmente son rectores de nuestra comunidad política. Esta defi­ nición histórica de la ideología insurgente fue contraria a la observada por Agustín de Iturbide y permite diferenciar las dos etapas de nuestra Independencia. Morelos aparece como el gran mediador entre Ignacio López Rayón y el Con­ greso de Chilpancingo; su temor por las facciones lo acerca a James Madison, en El Federalista número 10. La proclama del 23 de octubre de 1814 determinaba: “podemos francamente practicar todo lo que no se oponga a las leyes, por más que contradiga a las pasiones y caprichos de los que gobiernen... ¡Horror eterno a las facciones intestinas!”.20 La figura de Morelos no disminuye por no haber sesionado regularmente en el Congreso o por no haber formulado directamente la Constitución; contraria­ mente a lo que piensa Anna Macías,21 el constitucionalismo de Apatzingán estaba supeditado a la independencia nacional y la prioridad de Morelos era esta úl­ tima. En este sentido, Washington y Morelos tenían las mismas metas y la forma­ Zavala, Lorenzo de, Ensayo histórico de las Revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, en Obras, con prólogo de Manuel González Ramírez, Ed. Porrúa, 1969, cap. V, I. 13

14

Herrera y Lasso, Manuel, Estudios constitucionales, Ed. Polis, 1940, p. 12.

15

Cueva, Mario de la, “La Constitución Política de México”, en 50 años de Revolución, FCE, 1961, p. 55.

Torre Villar, Ernesto de la, “El constitucionalismo mexicano y su origen”, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, UNAM, 1964. 16

Villoro, Luis, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, UNAM, 1977 (1a. reimp.), p. 111. Hidalgo, Luis, El equilibrio del poder en México, UNAM, 1978, 2a. ed., p. 40. 19 Aunque Felipe Remolina ha demostrado la vigencia del Decreto Constitucional en territorio insurgente, cfr. González Avelar, op. cit. supra nota 12, pp. 43–44. 20 Vid. Gobierno del Estado de Michoacán, op. cit., supra nota 8, p. 59. 21 Macías, Anna, Génesis del Gobierno Constitucional en México, Sepsetentas número 94, 1973, pp. 115-–117. 17

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ción de la Constitución estaba en las buenas manos de Andrés Quintana Roo y José Manuel de Herrera, aquí, como de James Wilson y Gouverneur Morris en Estados Unidos. Para Morelos “una de las prerrogativas más propias de la soberanía es el Poder Ejecutivo o mando de las armas en toda su extensión: el sujeto en quien éste recayere debe ser de la confianza de toda o la mayor parte de la nación y miembros princi­ pales de los que generosamente se han alistado en las banderas de la libertad”.22 El Decreto Constitucional refleja con gran agudeza las relaciones que el Poder Ejecutivo guarda con el Legislativo. Siguiendo los temores fundados de Rousseau sobre la inclinación natural de los gobiernos para excederse en el ejerci­ cio del poder,23 convierte al Legislativo en el poder predominante, subordinando al Poder Ejecutivo y, en Apatzingán, se concibe al Congreso como el “único deposi­ tario de los derechos y confianza de los pueblos”, “ya que la soberanía ejercida por una sola persona conduce a la tiranía”.24 Para lograr este objetivo, la Constitución otorga amplias facultades al Congreso y, en contraste, reserva algunas, siempre subordinadas, al Ejecutivo. Además, el Poder Ejecutivo no se depositaría en una persona (reminiscencia de la autoridad real), sino que habría tres personas designadas por el Congreso que durarían en su cargo por tres años, renovándose un tercio anualmente; presidiría el Poder Ejecutivo cada uno de sus integrantes durante cuatro meses cada año (ar­ tículos 133, 137 y 141 del Decreto Constitucional). ¿De dónde salió este poder Ejecutivo Colegiado que sería igualmente con­ siderado diez años después en los debates de la Constitución de 1824? Varios autores25 consideran que la influencia decisiva de esta organización fue la Consti­ tución francesa del 22 de agosto de 1795 en cuyo artículo 132 estableció un Direc­ torio Ejecutivo constituido por cinco miembros. Vid. “orden circular convocando a un Congreso, dictada en Acapulco e! 8 de agosto de 1813”, en Gobierno del Estado de Michoacán, op. cit. supra, p. 70. 23 Rousseau, Du contrat social, capítulo X, libro tercero, precedido por un “Ensayo sobre la política de Rousseau”, por Bertrand de Jouvenel, Le libre de poche, 1978. 24 Estas ideas fueron claramente expuestas por Alberto Lista a través del periódico El Espectador Sevillano, que circuló en la Nueva España, Vid. Macías, op. cit. supra, p. 122–124. 22

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Macías, idem; Miranda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, UNAM, 1978, 2a. ed., p. 363.

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Los forjadores de las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795 consi­ deraron que un Poder Ejecutivo unitario sería considerado como un rey y estaría propenso a la dictadura de una persona.26 Se consideraba al Directorio de 1795 como un órgano subordinado al Poder Legislativo, no sólo porque éste designaba a sus integrantes, sino porque no se le reconocía facultad de iniciativa legislativa, ni de veto, ni mucho menos, de diso­ lución del cuerpo legislativo. Por otro lado, se imponía al Directorio la obligación de promulgar obligatoriamente las leyes, sin posibilidad de hacer observaciones (sanción) a menos que hubiera una irregularidad en el procedimiento legislativo. La influencia del Directorio francés establecido en la Constitución de 1795 llegó a América y fue adoptado en varios documentos constitucionales de la épo­ ca; entre ellos podemos mencionar al Proyecto de Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata, elaborado el 4 de noviembre de 1812, en el que se adoptó el nombre de directorio.27 El desempeño de Carlos María de Bustamante en el Congreso Constituyente de 1824, así como la intervención de José Sixto Verduzco y Juan Nepomuceno Rosains en el primer Consejo de Gobierno de 1825, todos ellos participantes en mayor o menor medida en la formulación de la Constitución de Apatzingán, puso en evidencia que la unidad del Poder Ejecutivo constituyó un elemento coyun­ tural en la organización constitucional. De igual modo implicaba el segundo plano de importancia que el Ejecutivo tenía con relación al Congreso. Si en 1814 la solución para someter la arbitrariedad del Ejecutivo era depo­ sitarlo en tres personas, para 1824 los constituyentes del Estado Federal ponde­ raron la importancia de un solo Presidente ante situaciones de emergencia que tendría que afrontar. Ya para 1824 la experiencia, además de la ciencia, estaba en la opinión pública, pues en forma tan reciente como lo fueron enero de 1824, 26 Lepointe, Gabriel, Historie des Institutions et des faits sociaux de France (1787 à 1875), Francia, Editions Montchrestein, 1956, p. 662; Esmein, A. Précis elémentaire de l’historie du Droit Français de 1789 a 1814, Libraire du Recueil Sirey, 1911, p. 53. 27 Vid. Esteva Gallicchio, Eduardo, Documentos para el estudio de la historia constitucional del Uruguay, Fundación de cultura Universitaria, s/f. t. I, p. 151.

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las rebeliones de Francisco Hernández y de José María Lobato habían resaltado la necesaria unidad, prontitud y energía en el Poder Ejecutivo para sofocarlas.28 Asimismo, para 1824, la experiencia había demostrado que en todos los Eje­ cutivos colegiados que habían funcionado, siempre surgía una personalidad lo suficientemente poderosa o, si se quiere, ambiciosa, como para jefaturar de hecho al órgano ejecutivo colegiado. De esta manera, tal como Napoleón había jefatu­ rado al Consulado francés de 1800,29 en México desde la promulgación del De­creto de Apatzingán, Morelos y José María Cos, disputaron por el predominio del Ejecutivo, acompañándoles José María Liceaga.30 Iturbide jefaturó la Regencia colegiada y José Mariano Michelena pretendió controlar el triunvirato integrado además por Guadalupe Victoria y Miguel Domínguez.31 Pero este resultado, que se dio con una posterioridad de diez años a la expe­ dición del documento de Apatzingán, demuestra que en México ensayamos y abri­ mos al debate todas y cada una de nuestras decisiones fundamentales contenidas en los textos constitucionales. Si bien se promulgó el decreto constitucional con un carácter transitorio, mientras se lograba la independencia, avanza muchísimo en el ensayo de nuestras instituciones constitucionales. No obstante que contamos con modelos de otras Constituciones y de múltiples doctrinarios, en nuestro país todo lo ponderamos y lo ensayarnos: de la forma monárquica a la republicana; de la centralista a la federal; del congreso unicamaral al bicamaral; del Ejecutivo cole­ giado al unitario, etcétera. Fue un largo camino que consumió todo el siglo pasado de nuestra historia; no obstante, este pragmatismo ayuda a consolidar las actuales instituciones y a entenderlas de la forma más racional posible y este pragmatismo que contribuye a entendernos a nosotros mismos, empezó en Apatzingán. 28 Vid, Rodríguez, Jaime E., El nacimiento de Hispanoamérica, Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808–1832, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 122 a 124; Costeloe, Michael, La primera República Federal de México (1824–1835), Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 29–30.

El establecimiento del Consulado, derivado del Directorio que se había organizado por la Constitución francesa de 1795, fue consecuencia de un golpe de Estado del mismo Napoleón. Thierry Lentz, Le 18 Brumaire. Les corps d´Etat de Napoléon Bonaparte (novembre-décembre 1799), Perrin, 1997, pp. 267–284 30 Vid. Timmons, Morelos, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 139–140. 29

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Rodríguez, op. cit. supra nota 28.

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Sin embargo, el camino institucional no fue fácil. La independencia nacio­ nal y creación de instituciones fue entorpecida por la jerarquía de la Iglesia cató­ lica. A través del edicto del 26 de mayo de 1815, se publicó expresamente un opúsculo curioso cuya tesis se descubre desde su amplio título.32 Sus pocas páginas estuvieron repletas de retórica ultramontana, que para la época mostraban los sofismas incompatibles con los nuevos tiempos: El respeto debido a Dios, los mantiene (a los súbditos) en la justa subordinación al Soberano. Instruidos por la religión, saben que el Rey, sea el que fuere, es una imagen viviente y visible del mismo Dios, elegido por su providencia para la conducta y gobierno de sus dominios, y levantada la consideración hasta tocar en la autoridad de Dios, de donde viene la del Soberano, le aman, respetan y obedecen como al mismo Dios, de quien es ministro establecido para el bien y felicidad de sus vasallos.33

Basado en la autoridad de San Pablo, Pedro González Araujo, continúa ase­ verando lo siguiente: Funda el apóstol la obediencia debida al Rey en el origen de su autoridad que es Dios, de quien es Ministro, no de los hombres, y por esto nos enseña que nuestra sumisión no es arbitraria, ni de consejo, sino de necesidad y riguroso precepto, que nos obliga, en consecuencia, y de modo que faltando a él, nos hacemos reos de una eterna condenación.34

Después de condenar a la Constitución de los Estados Unidos, la autoridad ecle­ siástica, manifiesta que ese “Código de Anarquía” está fundado en las “impiedades y delirios de los ateístas , remata con la frase que a continuación se cita: La insolente libertad del gobierno popular o democrático, sería un mal continuo y de costumbre.35

Impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del Código de Anarquía, cuyo título es: Decreto Constitucional para la libertad de la América. Sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814, y de otros varios escritos de los fingidos representantes de las provincias y pueblos de la América Septentrional, en que por sus mis­ mos principios y notorios hechos, se les convence de enemigos de la religión y del Estado. Extendida por el señor Dr. Don Pedro González Araujo y San Román. Prebendado de esta Santa Iglesia Metropolitana. Imprenta de la Calle de Santo Domingo esquina Tacuba, 1816, México. Este libelo no fue el único publicado en contra de la Constitución, también es digno de citarse el Discurso que en refutación de la infame Constitución Mexicana dijo el R. P. Fray Antonio Gálvez Camacho el 6 de agosto de 1815 en la ciudad de Zacatecas, Guadalajara, 1816. 33 Op. ult. cit. p. 3. 34 Idem. p. 9. 35 Idem. p. 20–27. 32

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No obstante, a pesar de estas condenas, el Supremo Tribunal establecido por la Constitución de Apatzingán fue el primero en impartir justicia en defensa de los derechos humanos en la “América Mexicana”. Desde la sentencia de restitución de tierras a los indígenas de San Francisco Tula, del 25 de febrero de 1815, hasta el amparo de María Guadalupe Corona contra un presbítero del 12 de julio de 1815, la Constitución insurgente promulgada en Michoacán fue interpretada direc­ tamente para impartir justicia, sin distingos de condición social o género, lo cual debió marcar la pauta para la administración de justicia del futuro país.36

3. La primerA Constitución de Michoacán

La labor constituyente de Michoacán ha sido intensa y pocas entidades federativas conservan la memoria legislativa de sus sesiones como esta entidad federativa; re­ sulta doloroso aceptar la ola de violencia y criminalidad que ha azotado en 2013 y 2014 al crisol de nuestras instituciones jurídicas. Desde los orígenes de la Diputación Provincial de Michoacán, una vez lo­ grada la independencia del país, la labor parlamentaria en la Provincia se carac­ terizó por la fruición en el trabajo legislativo, pues logró sesionar durante setenta y cuatro ocasiones del 1o. de febrero de 1822 al 24 de enero de 1823.37 El primer Congreso Constituyente se instaló el 6 de abril de 1824 y discu­ tieron el proyecto de Constitución Libre y Federal del Estado formulado por Manuel de la Torre y Palacio. Esta Constitución fue expedida el 19 de julio de 1825, promulgada por el gobernador Antonio de Castro. En sus diez años de vigen­ cia sufrió 27 reformas a su texto. En dicho texto se consagra en el artículo 85, fracción II, la institución del Consejo de Gobierno con la función de velar por el cumplimiento de la Constitución del Estado, lo cual constituyó el primer medio de control político de la constitucionalidad en la entidad. Manuel González Oropeza y Pedro López Saucedo. Las resoluciones judiciales que han forjado a México. Tomo I, Suprema Corte de Justicia, México, 2010, pp. 23–57. 37 Actas de la Diputación Provincial de Michoacán (1822–1823), Congreso del Estado de Michoacán, 1a. ed., 1976, 136 pp. 36

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En realidad, la primera Constitución de Michoacán consideró que todos los habitantes tendrían la obligación de “guardar religiosamente” la Constitución, por lo que su artículo 213 facultó a todo ciudadano para acudir al Congreso del Estado cuando está fuese violada en su perjuicio. El primer poder constitucional organizado fue el Poder Judicial, junto con las autoridades regionales y municipales.38 A instancias del sacerdote y diputado constituyente Manuel de la Torre Lloreda, se aprobó un régimen de responsabi­ lidad política para el gobernador del Estado, que quedó plasmado en el artículo 71 de la Constitución.39 A partir de este momento, la responsabilidad política quedó reconocida como primer medio de control constitucional, pues las violaciones a la Constitución fueron encomendadas en su sanción al Congreso del Estado.40 Los jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia fueron también responsables de sus actos, según el artículo 42, fracción IV y la ley sobre responsa­ bilidad de jueces del 24 de marzo de 1813. Los constituyentes que suscribieron el texto constitucional fueron: Pedro Villaseñor (Presidente), Agustín Aguiar (Vicepresidente), José María Rayón, José María Jiménez, Manuel de la Torre Lloreda, Manuel González, José María Paulín, Manuel Menéndez, Juan José Pastor Morales (Secretario) y José Salgado (Secre­tario). Un diputado que fuera reportado como “gravemente enfermo” no pudo firmar la Constitución: Isidro Huarte. La Constitución se expidió en la ciu­ dad de Valladolid.41 Historia General de Michoacán, Gerardo Sánchez, coordinador, vol. III, El Siglo XX, Instituto Michoa­ cano de Cultura. Morelia, 1986, p. 4. 39 En dicho artículo se lee: “Durante el tiempo de su ejercicio (el Gobernador) no podrá ser acusado sino ante el Congreso, y por los delitos de traición contra la libertad e independencia nacional o forma establecida de gobierno; por cohecho o soborno; por impedir las elecciones de gobernador y y vicegobernador, consejeros y diputados; o que estos se presenten a servir sus destinos, o que ejerzan sus oficios; o por crímenes atroces”. Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. Régimen Constitucional 1824. Facsímil de la edición de Mariano Galván Rivera de 1828, Cámara de Diputados LIX Legislatura, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2004, t. II, p. 28. 40 Mauricio Cabrera Aceves, “Control de la Constitucionalidad en Michoacán en el siglo XIX”, en Ensayos histórico-jurídicos: México y Michoacán, Armando Alfonzo Jiménez, Oscar Cruz Barney y Emmanuel Roa Ortiz (coordinadores), UNAM. 41 Desde el primer Congreso Constitucional del Estado, el diputado José Joaquín Domínguez propuso el 27 de septiembre de 1826 que se cambiara el nombre de Valladolid por el de “Morelos” en honor del pa­ tricio insurgente nacido en esa ciudad. Como regla general se aprobó el 23 de agosto de 1828 que los nombres de ciudades españolas adoptadas en México fueran cambiadas por nombres de personajes ilustres, por lo que el 38

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Fue durante la vigencia de esta primera Constitución que se implementó la expulsión de los ciudadanos españoles y así se hizo el 9 de noviembre de 1828, lo cual provocó la renuncia del gobernador de Castro y la asunción de José Sal­ gado en funciones de titular del Poder Ejecutivo, desde el 9 de noviembre de 1827. Durante el periodo como gobernador, este último encaró las luchas entre federa­ listas y conservadores que se recrudecerían a mediados del siglo XIX, por lo que su gestión estuvo accidentada por destituciones y rehabilitaciones antes de 1835.42 Las facciones políticas que respaldaron a liberales y conservadores provo­ caron en 1833 un episodio inédito, por el cual la V Legislatura del Estado tuvo que exiliarse del 17 de junio hasta principios de julio de dicho año en la ciudad de Celaya de Guanajuato, a raíz del Plan Escalada, proclamado por Ignacio Es­ calada el 26 de mayo de 1833 contra el sistema federal.43 La Constitución de 1825 instauró un Poder Judicial vigoroso y le encomendó la protección de los derechos humanos, como lo había hecho el Supremo Tribu­ nal de Ario; para ello, la carta constitucional previó todo un sistema de adminis­ tración de justicia que comenzaba con “tenientes” que administrarían justicia en las comunidades que no tuvieran ayuntamientos, alcaldes para los ayuntamien­ tos, jueces de partido y, hacia 1831, estableció jueces de letras, es decir, conoce­ dores del derecho y no personas legas. La preocupación por regular la justicia en el Estado se manifiesta con las ochenta y tres disposiciones contenidas en el Título cuarto de la Constitución de 1825. Consta en el archivo judicial la demanda de Jesús Alvarado interpuesta en 1828 contra el alcalde de Coeneo, Francisco Navarro, por haber mandado dar azotes, lo cual está prohibido por la Constitución. 10 de septiembre de 1828 se aprobó el nombre de Morelia, oficializándose el 16 de septiembre, después de considerar los nombres de Ciudad Morelos y Patria de Morelos. El nombre de Morelia, Congreso de Michoa­ cán, 1978, pp. 1–3. 42 Michoacán y sus Constituciones, Morelia, 1968, p. XIV. 43 Xavier Tavera Alfaro, El Congreso de Michoacán en Celaya. 1833, LXIV Legislatura del Estado, Publicaciones del Congreso, Morelia, 1989, p. 12.

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Esta primera Constitución tuvo a bien prohibir “para siempre” el comercio y tráfico de esclavos (artículo 14), pero es digno de reproducir el artículo 13 que consagró la universalidad de los derechos del hombre en los siguientes términos: El Estado de Michoacán los respetará (los derechos) como sagrados e inviolables en los hombres de cualquier país del mundo que pisen su terreno, aunque sólo sea de tránsito.

En la Ley Orgánica de Tribunales, reglamentaria de las disposiciones consti­ tucionales sobre la materia, se establecieron dos tribunales especializados, uno para juzgar sobre las faltas de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y otro para revocar o casar las sentencias definitivas del propio Tribunal Supremo. Los primeros magistrados del Tribunal fueron: Juan Nepomuceno Gómez de Navarrete, José María Sánchez de Arriola, José María Ortiz Izquierdo, José Sotero Castañeda, José María Gallegos y Juan Bautista Ruz, siendo fiscal Ignacio Alvarado. Posteriormente le sucedería el ilustre Melchor Ocampo como gobernador del Estado, quien continuó el debate sobre federalismo o centralismo que tanto dividió al país y al Estado. Michoacán recobra su carácter de Estado libre y sobe­ rano dentro del sistema federal a partir del 5 de septiembre de 1846, restablecién­ dose en consecuencia la vigencia de la Constitución de 1825 a partir del 27 de enero de 1847. Las reformas necesarias al sistema reformado federativo se hicie­ ron en el Estado con 31 reformas al texto constitucional a partir de ese año hasta el 18 de febrero de 1852.44

4. Los embates del clero contra la segunda Constitución

El federalismo implicó la adopción y puesta en práctica de las ideas liberales que reflejaban la necesidad de libertad de culto, así como la implementación de una serie de medidas que afectaron los intereses económicos de la Iglesia católica, 44

Michoacán y sus Constituciones, pp. XV y XVI.

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como la desamortización de sus bienes para reparar el quebrantado erario pú­ blico, dañado seriamente por las intervenciones extranjeras. Desde 1851, el obispo de Michoacán Clemente de Jesús Munguía se negó a jurar la Constitución de 1825 porque comprometería los derechos y libertades de la Iglesia católica.45 Con el incidente que se verificó en el Palacio de Gobierno del Estado el 6 de enero de 1851 ante el gobernador Gregorio Ceballos, se anunciaba que el constitucionalismo de mediados de siglo se enfrentaría a un gran obstáculo, tanto a nivel nacional como estatal: la separación del Estado y la Iglesia. Con la nueva Constitución federal, publicada en el Estado el 29 y 30 de marzo de 1857, 46 un nuevo Congreso Constituyente fue convocado en Michoacán, el cual comenzó a sesionar el 1o. de julio de 1857. Su labor concluiría con la promulgación de la nueva Constitución por el gobernador Santos Degollado, el 1o. de febrero de 1858. Reafirmando la vocación constitucional en el Estado, el nuevo texto estatal fue acompañado de un mensaje por el Congreso Constituyente, el 21 de enero de 1858: Desaparecido el Consejo de Gobierno, la nueva Diputación Permanente es encomendada con el poder de vigilar la observancia de la Constitución, según el artículo 34 de dicha Constitución, lo que nos permite apreciar que Michoacán siempre mantuvo un control constitucional interno. A semenjanza de la Constitución anterior, la de 1858 confía en que todos los habi­ tantes del Estado estarían obligados a “guardar fielmente” el texto constitucional. No son pues las Cartas constitucionales miserables hojas de papel que barridas por el huracán del despotismo desaparecen sin dejar un recuerdo. 47

Moisés Ornelas Hernández, “El Obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, ¿Escándalo o provocación política?”, biblio.jurídicas.unam. 46 Misma que no fue jurada en Michoacán por la oposición del clero, como se anticipaba desde 1851 con la Constitución del Estado de 1825. La Iglesia católica promulgó la excomunión a todo aquel que la jurara, por orden del Papa Pío IX, lo que obligó a las autoridades michoacanas a publicar un opúsculo Reflexiones sobre los decretos episcopales que prohíben el juramento constitucional para persuadir a la población de que obedeciera la Constitución del Estado. Sergio García Ávila, Historia del Supremo Tribunal de Justicia, Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Morelia, 1992, p. 140. 47 Michoacán y sus Constituciones, p. 76. 45

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Por ello, la Constitución de 1858 observó una tendencia para garantizar los derechos como parte del sistema político en el Estado, y aunque fue suspendida su vigencia hasta 1867 por la intervención francesa, su operatividad provocó once reformas que la mantuvieron actualizada durante casi sesenta años.48 El Congreso Constituyente del medio siglo fue convocado por los integrantes del Consejo de Gobierno en el Estado el 13 de junio de 1857.49 Santos Degollado no tomó posesión del cargo inmediatamente pues estaba sometido a un juicio de imprenta, del cual fue exonerado. Mientras se sustanciaba ese procedimiento, Miguel Silva fue provisionalmente gobernador. La inseguridad y violencia en los caminos se descubre en este periodo por la propuesta que hacen dos diputados constituyentes el 16 de julio de 1857, al inicio de sus actividades, que presentan una iniciativa para aprobar un decreto para dar fin al problema de “ladrones y salteadores de caminos”. El Congreso fue integrado por nueve diputados propietarios: Francisco W. González, Francisco Díaz Barriga, Justo Mendoza, Miguel Silva Macías, Anselmo Arqueta, Mateo Echáiz, Jesús Maciel, Gerónimo Elizondo y Atenógenes Álva­ rez. Otros fueron suplentes como: Vicente Domínguez, Macedonio Gómez, Manuel Oviedo, Pedro Echeverría y Félix Alva. El 21 de octubre de 1857 se inicia el proceso de discusión de la nueva Cons­ titución. No obstante, en 1858 se tiene que decretar el estado de sitio en la entidad por las luchas entre liberales y conservadores, que habían sido agravadas por la expedición de la Constitución del Estado. Como resultado, la capital del Estado fue trasladada a Uruapan el 28 de abril de 1859. Las reformas a la segunda Constitución del Estado se verificaron en 1869, 1875, 1887, 1894, 1896, 1899, 1900, 1902, 1904, 1906 y 1912, siendo las correspondientes a los años de 1875, 1904 y 1906 las más completas. Michoacán y sus Constituciones, p. XIX. 49 El Consejo de Gobierno fue una institución muy popular a nivel federal y estatal durante el siglo XIX. Según la Constitución de 1825, el Consejo tendría la atribución de velar por el cumplimiento de la Constitución y leyes del Estado (artículo 85, fracción II) y se integraría por cuatro miembros (artículo 77) que en el caso fueron: Miguel Zinecúnegui, Agustín Tena, Jesús Maciel y Francisco W. González, siendo Secretario Rafael Carrillo. Xavier Tavera Alfaro. Actas del Congreso Constituyente de 1857–1858, Morelia, 1977. 48

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Esta Constitución estatal confirmó la supresión del fuero eclesiástico, siguiendo la ley promovida por Benito Juárez en 1855, y consagra la elección de magistrados y fiscales del Supremo Tribunal. Una característica interesante es que la Consti­ tución de 1858 le confió al Supremo Tribunal la facultad de conocer la nulidad o validez de las elecciones de alcaldes.50 El 16 de julio de 1857 el Congreso Constituyente nombró a los integrantes del Tribunal Supremo: Manuel Alzúa, Luis Iturbide, Mariano Ramírez, Luis Hinojosa, Joaquín Mota, Manuel Valdovinos, Juan Huerta Antón, Luis Ojeda, Octaviano Ortiz y Guadalupe Araujo. Una vez en vigor la segunda Constitución, los poderes del Estado se instala­ ron de acuerdo a su texto el 16 de septiembre de 1858 y, para preservar la paz, se investía al gobernador con facultades extraordinarias desde la conclusión del Con­ greso hasta la instalación de los poderes constituidos. El estado de sitio persistía en los términos del decreto del 13 de marzo de 1858. 5. La Constitución del siglo XX

Durante la Revolución Mexicana, el gobernador provisional José Rentería Luviano convocó a elecciones para un nuevo Congreso en el Estado. El había asumido el Poder Ejecutivo del Estado el 19 de febrero de 1917, con fundamento en el Plan de Guadalupe, después de una larga cadena de sucesivos gobernadores civiles y mili­ tares. En el decreto se ordenó que además de las labores ordinarias este nuevo Congreso sería Constituyente, con el objeto de discutir las reformas de 1917 a la Cons­ titución del Estado. Así inició la XXXVI Legislatura del Estado el 10 de julio de 1917. Las elecciones fueron el 24 de junio de 1917 y el 10 de julio se reunieron los presuntos diputados en el Salón de Sesiones de la Legislatura. Los integrantes de este Congreso serían: 1. Morelia. Salvador Herrejón Roberto Vaca (suplente) 50

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Tavera Alfaro, op. cit, p. 148.

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2. Morelia. Carlos García de León J. Trinidad García (suplente) 3. Morelia. Francisco R. Córdoba Tomás Ramírez (suplente) 4. Zinapécuaro. Elías Contreras David Solís (suplente) 5. Maravatío. Timoteo Guerrero José Molina (suplente) 6. Zitácuaro. Miguel Reyes León Rodríguez (suplente) 7. Huetamo. Sidronio Sánchez Pineda Procopio Ortiz (suplente) 8. Tacámbaro. Joaquín Silva Francisco A. Martínez (suplente) 9. Ario. Martín Castrejón Carlos Pérez (suplente) 10. Pátzcuaro. Félix C. Ramírez José Amézquita (suplente) 11. Uruapan. Joaquín Silva Jesús Morales (suplente) 14. 51 Jiquilpan. Fernando R. Castellanos Ildefonso Valencia (suplente) 15. Zamora. Adolfo Cortés Miguel Jiménez (suplente) 51

No se consignan los diputados de los distritos 12 y 13.

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16. La Piedad. Vicente Gutiérrez Próspero Herrera (suplente) 17. Puruándiro. J. Encarnación Vázquez Rafael Infante (suplente) Sus sesiones no comenzaron sino hasta el 1o. de noviembre de 1917 y con­ cluyeron hasta el 31 de enero de 1918. La Comisión Especial de reformas a la Constitución presentó del 29 de julio al 30 de octubre de 1917 no un proyecto de reformas, sino un proyecto de nueva Constitución para el Estado. El proyecto de Constitución fue enviado el 2 de oc­ tubre de 1917 por el gobernador Pascual Ortiz Rubio. Se tiene noticia de que antes del proyecto del gobernador, el diputado Martín Castrejón había concluido otro proyecto que no ha sido identificado; no obstante, por las actas del Con­ greso, se sabe que fue tomado en consideración.52 La calificación de las credenciales se hizo en las juntas preparatorias que se orga­ nizaron y en ellas se conoce de los conflictos electorales en el Estado para configu­ rar el Congreso. Algunos casos, como el de Pátzcuaro, provocan la desintegración del quórum, por lo que se tiene que discutir en varias sesiones. En otras ocasiones, se resuelve sobre la doble representación que tienen algunos distritos, como el de Morelia (sesión del 17 de julio de 1917). La credencial del diputado Jesús Romero Flores, quien había sido diputado en el Congreso Constituyente federal de Querétaro, provocó gran discusión en el seno de la Legislatura constituyente de Michoacán. Finalmente, el 21 de julio de 1917 se declaró formalmente instalada la Legis­ latura; sin embargo, los problemas electorales no terminan y la nulidad de la elección del diputado Ramírez de Pátzcuaro es debatida a consecuencia de múltiples votos que fueron anulados.53 La discusión del proyecto de Constitución y su metodolo­ gía dio inicio el 30 de octubre de 1917. Xavier Tavera Alfaro, Actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1917–1918, T. I, LX Legislatura del Estado, 1977, p. XI. 53 Ibidem, pp. 35–36. Según la ley electoral, la discusión de las credenciales de los diputados deberían haber terminado, sin embargo, quedaron algunos casos pendientes. 52

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En la sesión del 2 de agosto de 1917 se declaró formalmente como goberna­ dor del Estado al propio Pascual Ortiz Rubio. En dicha sesión se integró igual­ mente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La lista incluye a Fran­ cisco Méndez, David Carrillo, Manuel E. Ortiz, José María Campuzano. El propio Congreso designó en las sesiones del 9 y 10 de noviembre de 1917 al rector de la Universidad Nicolaíta, el Dr. Manuel Martínez Solórzano, quien fuera padre del distinguido constitucionalista Antonio Martínez Báez. En la sesión del 3 de diciembre de 1917, la Comisión de Constitución in­ cluyó en el proyecto las facultades del Congreso, entre las cuales están la inspección de la Contaduría de Glosa, la potestad para crear juzgados de primera instancia en los municipios y la fijación del contingente de “sangre”, que era la aportación de reclutas al Ejército federal. Adicionalmente se otorgó al Congreso la facultad de calificar las elecciones de todas las autoridades del Estado. Continuando con el cuidado de velar por el control constitucional, se otorgó a la Diputación Permanente esa potestad en el artículo 39, fracción I. La partici­ pación del diputado Herrejón es prolija en las sesiones del Constituyente, lo que provoca el celo de otros diputados, por lo que para no entorpecer las labores de la Comisión de Constitución renuncia a su integración, ya que un bloque opositor se había organizado para votar negativamente y de manera sistemática los acuerdos tomados por Herrejón al interior de dicho organismo. No obstante, su dimisión fue declinada, dándose un voto de confianza a su importante labor en dicha comisión.54 Como dato interesante de las labores del Congreso, se encuentra en la sesión del 29 de diciembre de 1917 la discusión sobre la suspensión de derechos polí­ ticos del ciudadano José Reyes Navarro por haber infringido la disposición cons­ titucional (artículo 36, fracción III) de no haber votado, sin justificación, en las elecciones estatales. La educación primaria fue declarada prioritaria y estatal por el Constitu­ yente en la sesión del 2 de enero de 1918. En la discusión del Poder Judicial, los diputados Silva, Guerrero, Ramírez y Reyes expresaron sus dudas sobre si los tri­ bunales no tendrían la capacidad de interpretar las leyes, ya que para aplicarlas 54

Actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1917–1918, t. II, pp. 43–45.

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deberían contar con la facultad de interpretarlas. Esta posición novedosa estaba de acuerdo con el nuevo artículo 14 de la Constitución federal que permitía la “inter­ pretación jurídica” en la aplicación de las leyes. Sin embargo, la tendencia decimo­ nónica de reservar la interpretación de la ley al Congreso prevaleció, y en la sesión del 23 de enero de 1918 así se aprobó.55 Se define en la Constitución de 1918 al matrimonio como un contrato civil, lo cual muestra la innegable influencia de Melchor Ocampo, y lo caracteriza como un vínculo disoluble (artículo 143), a tono con la Ley de Relaciones Familiares dictada por Carranza expedida el 12 de abril de 1917. De la misma manera, es im­ portante señalar que la Constitución michoacana reconoce el patrimonio familiar en el artículo 119 como inalienable, inembargable y exento de impuestos. Con motivo de una disposición constitucional, hay una interesante discusión sobre el carácter de los diputados en periodos de receso del Congreso, ante la pre­ gunta del diputado Herrejón. Se concluye que los diputados, aunque no estuvie­ sen en funciones, conservan su investidura para los efectos legales. En ésta como en otras discusiones, los diputados muestran un cuidado escrupuloso para no violen­tar ninguna de las normas de la Constitución federal.56 Michoacán se preocupó por la implementación de los derechos sociales desde un principio, por ello, la Legislatura dictó la extinción de las deudas labo­rales, la regulación del trabajo en materia de pensiones, multas y descuentos. Asimismo, Herrejón propuso la creación de tribunales agrarios para dirimir los conflictos de tierras que tanto apremiaban al Estado.57 Todas estas ideas fueron federalizadas posteriormente en la Constitución de 1917. Después de todos estos avances, el 5 de febrero de 1918 se llevó a cabo la sesión solemne de aprobación de la Constitución del Estado de Michoacán. Con este capítulo,, un episodio más de la vida constitucional en el Estado comenzaría, con las reformas que en este trabajo se relacionan.

Ibidem, pp. 186–187. Ibidem, p. 205. 57 Ibidem, pp. 208, 212 y 231. 55 56

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II. I ntegr antes de los Poderes del E stado

1. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Gobernadores del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo PERIODO

Nombre

1825–1827

Antonio Castro

1827–marzo de 1830

José Trinidad Salgado (Interino)

1830

Juan Manuel Gómez Ureña (Interino)

1830–1833

Diego Moreno

1833

José Trinidad Salgado

1833–1846

Onofre Calvo Pintado Mariano Anzorena y Foncerrada

1833–1846 1

Interinos: Pedro Villaseñor José Manuel Chávez

Jaime Hernández Díaz, La Primera República Federal en Michoacán, 1825-1835: Entre la Inseguridad pública y la inestabilidad política. En Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano 1824-1835, El Colegio de México. Josefina Zoraida Vázquez y otro (Coord.), México, 2012. 1

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PERIODO

Nombre

José Antonio Pérez Gil Mariano Amescua Ramón Sánchez Felipe Menocal Joaquín Caballero de Acuña Manuel Ruiz de Chávez Gil Antonio Bribiesca José María Silva Manuel de Echenique Antonio Manzo de Cevallos Antonio Telésforo Méndez de Torres

28

1847

Melchor Ocampo

1852

Francisco Silva

1853

José de Ugarte

1856

Gregorio Ceballos

1857

Santos Degollado

1861

Epitacio Huerta

1865

Vicente Riva Palacio

1876–1891

Mariano Jiménez

1891–1911

Aristeo Mercado

1911–1911

Felipe de Jesús Tena

1912–1913

Miguel Silva

1913–1915

Gertrudis Sánchez

1915–1917

Alfredo Elizondo

1917

José Renteria Luviano

1917

Pascual Ortiz Rubio

1918

Porfirio García de León

1919

Francisco Ortiz Rubio

1920

Rafael Álvarez

Digesto Constitucional Mexicano

PERIODO

Nombre

1920

Francisco J. Múgica

1920

Celerino Luviano

1920

José Renteria Luviano

1921

Primo Serranía Mercado

1921

Jesús Magaña Soto

1921

Silvestre Guerrero

1922–1924

Sidronio Sánchez Pineda

1924–1928

Enrique Ramírez Aviña

1928

Luis Méndez

1928–1929

Lázaro Cárdenas del Río

1929–1930

Dámaso Cárdenas del Río

1930

Lázaro Cárdenas del Río

1930–1931

Gabino Vázquez

1931–1932

Lázaro Cárdenas del Río

1932–1934

Benigno Serrato

1934–1935

Rafael Sánchez Tapia

1936–1936

Rafael Ordorica

1936–1939

Gildardo Magaña Cerda

1939

Arnulfo Ávila

1939–1940

Conrado Magaña

1940–1944

Félix Ireta Viveros

1944–1949

José María Mendoza Pardo

1949–1950

Daniel T. Renteria

1950–1956

Dámaso Cárdenas del Río

1956–1962

David Franco Rodríguez

1962–1968

Agustín Arriaga Rivera

1968–1970

Carlos Gálvez Betancourt

Michoacán

29

PERIODO

30

Nombre

1970–1974

Servando Chávez Hernández

1974–1980

Carlos Torres Manzo

1980–1986

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

1986–1988

Luis Martínez Villicaña

1988–1992

Genovevo Figueroa Zamudio (interino)

1992

Eduardo Villaseñor Peña

1992–1996

Ausencio Chávez Hernández (interino)

1996–2002

Víctor Manuel Tinoco Rubí

2002–2008

Lázaro Cárdenas Batel

2008–2012

Leonel Godoy Rangel

2012–2013

Fausto Vallejo Figueroa

2013–2015

Jesús Reyna García (interino)

Digesto Constitucional Mexicano

2. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO I Congreso Constituyente Legislatura 1824–1825

Propietarios

Suplentes

José María Rayón

Manuel de la Torre Lloreda

Juan José Martínez de Lejarza y Alday

Mariano Quevedo

Isidro Huarte

Manuel de la Torre Lloreda

Juan José Pastor Morales

Mariano Menéndez

José Antonio Macías

Agustín Aguiar

Juan Foncerrada y Soravilla

Juan Gómez Puente

Pedro Villaseñor

Manuel Chávez

José María Jiménez Manuel González Pimentel José María Paulín José Trinidad Salgado

31

I Congreso Constitucional I Legislatura 1825–1827

Propietarios

Suplentes

Miguel Zincúnegui

Mariano Chávez

José Antonio Pérez Gil

Francisco Camarillo

Joaquín Domínguez Isidro Huarte Francisco de Aragón José María Pallares Agustín Aguiar José Ignacio de Ocampo Mateo Echaiz Antonio Chávez Mariano Ruiz de Chávez I Congreso Constitucional 1827

Propietarios José María Regato

José Manuel Iglesias

Juan Hernández

José María Rodallega

Tomas Rivera

José Maria Esparza

José Maria Vidal

Arcadio Pacheco

José Maria Guerrero

Juan Cavada

José Antonio Pescador

Ignacio Camacho

Isabel Gallegos

Rafael Peña

José Maria Valle Miguel Miranda Pedro Piñeiro J. Manuel Machinega

32

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

II Legislatura 1827–1829

Propietarios

Suplentes

Manuel Iriarte

Joaquín Cendejas

José María Silva

José Rudesindo de Villanueva

Basilio de Velasco

Cornelio Rojas

Pablo José Peguero José Antonio Pérez Gil Francisco Camarillo Juan Gómez de la Puente Ignacio Villavicencio Joaquín Tomás Madero Antonio Chávez Francisco Méndez de Torres José Manuel Ruiz de Chávez José Joaquín Domínguez Juan José Farfán Juan Manuel González Urueña José María Paulín

III Legislatura 1829–1831

Propietarios

Suplentes

Manuel Alvírez

Manuel García

Luciano Farías

José María Ruiz de Chávez

Joaquín Ladrón de Guevara

Francisco Benítez

Nicolás Menocal

José Antonio Méndez Cano

José María Silva

Luis Soria

Michoacán

33

III Legislatura 1829–1831

Martín García de Carrasquedo

José Ortiz

Juan Gómez Puente Pedro Romero

Manuel Carbajal

Isidro García de Carrasquedo Onofre Calvo Pintado Felipe Carbajal Tomás Arreaga Antonio Bribiesca Ramón Echenique Francisco Antonio Iturbide

IV Legislatura 1831–1833

Propietarios Mariano Rivas Juan Gómez de la Puente Isidro Huarte José Ma. Navarro Rafael Gómez dela Puente Pedro Villaseñor Ignacio Barrera Juan José Méndez del Corral José Joaquín Domínguez Manuel Alvírez Pablo José Peguero Juan de Dios López de Lara

34

Digesto Constitucional Mexicano

Suplentes José Mariano Anzorena y Foncerrada

IV Legislatura 1831–1833

Manuel Menéndez Lorenzo Aurioles

V Legislatura 1833–1834

Propietarios

Suplentes

Isidro García de Carrasquedo

Mariano Mejía y Lago

Onofre Calvo Pintado

Manuel Foncerrada y Soravilla

Nicolás Menocal

Vicente Rincón

José María Zerrano

Maximiano Madrigal

Francisco Silva

Manuel García

Rafael Puga

Cayetano Otero

Miguel Zincúnegui Fernando Rihoz Agustín Tena Joaquín Zendejas Joaquín Guevara Gregorio Cevallos Agustín Dueñas Francisco Santoyo José Orozco Francisco Gaona

VI Legislatura 1835–1835

Propietarios Juan Manuel Olmos

Suplentes José María Izazaga

Michoacán

35

VI Legislatura 1835–1835

Manuel Alvírez

Rafael Guedea

Vicente Sosa

Nicolás Chávez

Rafael Robles

Manuel Leiva

Vicente Herrera

Mariano Castro

Mariano Suárez

Cayetano Gómez

Mariano Ramírez

José María Pallares

Miguel Méndez López

Mariano Peñalosa

Antonio Peña Francisco Romero y Soravilla Antonio García Rojas José Ugarte Ignacio Álvarez Mariano Porto Juan Gómez Puente Manuel Alzúa Francisco Méndez Torres Junta Departamental 1837

Propietarios

36

Suplentes

Juan Manuel Olmos

Ignacio J. Domínguez

Vicente Sosa

Onofre Calvo Pintado

José Mariano de Anzorena

Pascual Guerra

Mariano Rivas

Liberato Maldonado

Juan Gómez Puente

Martín Mier

Tomás Quiroz

Nicolás Ruiz de Chávez

Ignacio Barrera

Miguel de Acha

Digesto Constitucional Mexicano

Junta Departamental 1838

Propietarios

Suplentes

Juan Manuel Olmos

Vicente Sosa

Manuel Farías

Pedro Rafael Conejo

José María Gómez Arias

Juan Ignacio Anciola

Tomás Quiroz

Martín Mier

José María García

Francisco Solórzano

Juan López Romano

Francisco Soravilla

Francisco Plancarte y Arceo

Mariano Castro

Asamblea Departamental 1843

Propietarios

Suplentes

José Ugarte

Francisco R. Soravilla

Pelagio Lavastida

José Alonso Terán

Juan Gómez Puente

Nicolás Dávalos

Antonio del Moral

José María Galván

Agustín Norma

Vicente Herrera

José Dolores Méndez

Cristóbal Treviño

Félix Malo

Santiago Anzar

Manuel Alzúa

Mariano Castro

José María Cervantes

Asamblea Departamental 1845

Propietarios

Suplentes

Gregorio Cevallos

Juan José Orozco

Onofre Calvo Pintado

Juan Ortiz Careaga

Michoacán

37

Asamblea Departamental 1845

Luis Couto

Ruperto Arzác

Santos Degollado

Francisco García Anaya José María Silva

Asamblea Departamental 1846

Propietarios

Suplentes

José María Cervantes

José Dolores Méndez

Vicente Franco

Santiago Anzar

Antonio Del Moral

Antonio P. Martínez

José María Galván

Manuel Avilés

Vicente Sosa

Manuel Vélez

José María Gómez Arias

Mariano Porto

Agustín González

Juan Ortiz Careaga

Teodoro Mendoza

Antonio Frutos de Olmos

José María Ibarrola

Ignacio Silva Juan Ortiz Careaga Antonio Frutos de Olmos Ignacio Silva

VII Legislatura 1846–1848

Propietarios

38

Suplentes

Pelagio A. de Lavastida

José de la Cruz Román

Juan M. González Urueña

Francisco Gaona

Luis Couto

Isidro García de Carrasquedo

Francisco Figueroa

Francisco Marván

Digesto Constitucional Mexicano

VII Legislatura 1846–1848

Juan C. Fontán

Juan N. Patiño

Mariano Ramírez

Francisco Navarrete

Antonio Olmos

Timoteo Castrejón

Pedro Romero

José María Castañeda

Agustín Ramón Dueñas

Antonio Balbuena

Ramón Sánchez José María Parra Francisco de Paula Cendejas Antonio Santa Cruz José María Manzo Ceballos Eulogio Rubio José María Vidales Ramón Cano Vicente Estrada VIII Legislatura 1848–1849

Propietarios

Suplentes

Mariano Ramírez

Rafael Degollado

José María Manzo Ceballos

Carlos Valdovinos

Ignacio Cuevas

Ramón Pérez Silva

Juan Ortiz Careaga

Pedro Romero

Manuel Alzúa

Antonio Mota

José María Parra

José María Bocanegra

Francisco Gaona

Manuel García Pacheco

Antonio Galván

Francisco Soto

Ramón Alvarado

Ignacio Valdez

Michoacán

39

VIII Legislatura 1848–1849

Miguel Bárcena

Buenaventura Ortiz

Casiano Cortés

Miguel Lascano

Francisco Darío Alcázar

Francisco Alcaraz

Francisco Cajiga

Luis Iturbide

Eulogio Rubio Luis Ruiz Mariano González Esteves José María Vargas Madrigal Pedro Rangel Gregorio Cevallos Santos Degollado José María Silva Miguel Caballero IX Legislatura 1850–1851

Propietarios Luis G. Ruiz

Manuel García Pacheco

Manuel Alzúa

José María Bocanegra

Mariano Ramírez

Pedro Romero

Antonio Galván

Antonio Mota

José María Vargas Madrigal

Francisco Soto

Ignacio Cuevas

Juan N. Flores

Eulogio Rubio

José de la Cruz Román

Francisco Cajiga

Ramón Araujo

Manuel Bárcena

Francisco Carrillo

Ignacio Aguilar

40

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

IX Legislatura 1850–1851

Ignacio Barrera Manuel Elguero Luis Couto Jerónimo Elizondo Mariano G. Esteves Gabino Ortiz Francisco Correa Juan Huerta Antón

X Legislatura 1852–1853

Propietarios

Suplentes

Agustín A. Tena

Anselmo Argueta

Francisco García Anaya

Luis Hinojosa

Francisco Figueroa

Hilario Madrazo

Luis G. Couto

Francisco Díaz Barriga

Mariano Salomo

Antino P. Mota

Atenógenes Álvarez Juan González Movellan Rafael Esquivel Manuel de Alzúa

Gobierno Provisional 1853–1855

Propietarios

Suplentes

José Mariano de Anzorena

Vicente Franco

Miguel Elguero

Miguel Martínez

Luis G. Sierra

Michoacán

41

Gobierno Provisional 1853–1855

Miguel Silva Macías Onofre Calvo Pintado Luis Hinojosa Miguel Zincúnegui Gobierno Provisional 1855

Propietarios

Suplentes

Miguel Silva Macías Onofre Calvo Pintado Luis Hinojosa Miguel Zincúnegui Agustín Tena Luis Iturbide Manuel Alzúa Gobierno Provisional 1855–1857

Propietarios

Suplentes

Miguel Silva

Luis Iturbide

Onofre Calvo Pintado

Manuel Alzúa

Luis Hinojosa

Rafael Carrillo

Miguel Zincúnegui

Francisco W. González

Agustín Tena

Manuel Oviedo II Congreso Constituyente 1857–1858

Propietarios Jerónimo Elizondo

42

Digesto Constitucional Mexicano

Suplentes

II Congreso Constituyente 1857–1858

Francisco W. González Justo Mendoza Jesús Macial Anselmo Argueta Vicente Domínguez Macedonio Gómez Atenógenes Álvarez Miguel Silva Francisco Díaz Barriga XI Legislatura 1861–1862

Propietarios

Suplentes

Jesús Maciel

José Ma. Alzati

Francisco Vaca

Jesús Díaz

Atenógenes Álvarez

Rafael Verduzco

Carlos G. Urueña

Luis Díaz

Carlos Garibay

Francisco Darío Alcázar

Antonio P. Mota

Antonio Huerta

Manuel Cárdenas

Bartolo Cisneros

Hilario Madrazo

Mariano Cendejas

Pedro Echeverría

Ignacio Renteria XII Legislatura 1862–1863

Propietarios

Suplentes

Bruno Patiño

Antonio Huerta

Francisco Figueroa

Juan Rubio

Michoacán

43

XII Legislatura 1862–1863

Francisco Darío de Alcázar

Ramón Pérez Silva

Francisco W. González

Antonio Chapina

Carlos Garibay

Francisco Soto

XIII Legislatura 1862–1863

Propietarios

Suplentes

Juan B. Rubio

Manuel Ramírez

Pascual Ortiz

Anselmo Rodríguez

Luis González Gutiérrez

José María Sámano

Luis Iturbide

Néstor Caballero

Macedonio Gómez

Antonio Mora

Félix Alva

José María Herrera

Manuel Alvírez

Juan González Urena

Eduardo Ruiz

Eduardo Alcázar

Ángel Padilla

Juan Aldaiturreaga

XIV Legislatura 1869–1871

Propietarios Francisco Vaca

José María Bravo

Macedonio Gómez

Antonio Gutiérrez

Rafael Carrillo

Amador Correa

Miguel Mesa

Ramón Farías

José María Sámano

Octaviano Valdés

Manuel Díaz Barriga

Félix Arreguín

Rafael Miranda

44

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

XIV Legislatura 1869–1871

Anselmo Rodríguez Ramón Bocanegra Eduardo Ruiz Aristeo Mercado Antonio Espinoza Jacobo Ramírez

XV Legislatura 1871–1873

Propietarios

Suplentes

Luis González (Padre)

Jesús Rodríguez

Rafael Ruiz

Francisco Zavala

Gerónimo Elizondo

Prudenciano Dorantes

José María Sámano

Félix Alva

Juan B. Rubio

Marcos Ortega

José María C. Dávalos

Octaviano Valdés

Miguel Mesa Rafael García Antonio Mora Ramón Romero Leónides Gaona Aristeo Mercado

XVI Legislatura 1873–1875

Propietarios Luis Iturbide (Padre)

Suplentes José María Velázquez

Michoacán

45

XVI Legislatura 1873–1875

Gerónimo Elizondo

Néstor López

José María Celso Dávalos

Francisco P. Zavala

Rafael Mirnada

Félix Alva

Aristeo Mercado

Rafael Montaño

José María Bravo

Mariano Cendejas

Ramón Farías Macedonio Gómez Luis González Gutiérrez José María Manzo Ceballos Juan B. Rubio Víctor Luviano Francisco Vaca XVII 1a. Legislatura 1875–1876

Propietarios Miguel Mesa

José María Bravo

Juan B. Rubio

Adeodato López

Ramón Farías

José Velarde

Néstor López

Pedro Equihua

Teodosio Alvírez

Manuel García

Prudenciano Dorantes

Diego Esqueda

Eduardo Alcázar Eduardo Ruiz Medardo Burgos Luis Iturbide Gómez Manuel G. Lama

46

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

XVII 1a. Legislatura 1875–1876

José S. Arévalo José María Velázquez Prudenciano Dorantes Antonio Rodríguez Gil XVII 2a. Legislatura 1876–1879

Propietarios

Suplentes

Prudenciano Dorantes

Luis G. Sámano

Antonio Rodríguez Gil

Francisco Iturbide

Rafael Montaño

José Trinidad Guido

José Ma. Sámano

José María Celso Dávalos

Eduardo Carreón

Miguel Tena

Octaviano Fernández

Antonio Mota

Amadeo Betancourt Antonio Chapina Leonardo Valdez Manuel de Estrada Eugenio Acha Mariano Cendejas Antonio Mora XVIII Legislatura 1877–1881

Propietarios

Suplentes

Prudenciano Dorantes

Francisco P. Zavala

Manuel de Estrada

Gregorio Moncada

Eduardo Carreón

Francisco Pulido

Michoacán

47

XVIII Legislatura 1877–1881

Pedro Equihua

Francisco Cano

Ramón Romero

Leocadio Ochoa

Francisco Montaño Ramiro

Domingo Pizarro

José María Martínez Negrete Joaquín Suárez Leonardo Valdez Regino Zenteno Antonio Chapina Adolfo Fernández Amadeo Betancourt XIX Legislatura 1881–1883

Propietarios Luis González Gutiérrez

Pedro Rangel

Luis Iturbide (Padre)

Carlos Equihua

Rafael Miranda

Juan Campero Calderón

Jacobo Ramírez

Mariano de Jesús Torres

Agustín Fernández

Juan de la Torre

Severino Mercado

Feliciano Manrique

Eduardo Carreón Francisco de P. Zavala Francisco de Estrada Macario Treviño Regino Zenteno Joaquín Suárez Francisco Montaño Ramiro

48

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

XX Legislatura 1883–1885

Propietarios

Suplentes

Adalberto Torres

Vicente Silva

Antonio Ramírez González

Felipe de J. Rubio

Ramón Montaño Ramiro

José Carmen Luviano

Juan Campero Calderón

Francisco Pulido

Luis R. Valdés

José María Bravo

Eduardo Carreón

Alejandro Abarca

Francisco Cano Primitivo Ortiz Pedro Rangel Manuel Alvírez González Andrés A. García XXI Legislatura 1885–1887

Propietarios

Suplentes

Pascual Ortiz

Francisco Pulido

Antonio Ramírez González

Benigno Ugarte

Leonardo Valdez

José Rodríguez Gil

Luis Iturbide (Padre)

Luis I. de la Parra

Pedro Rangel

Rafael Miranda

Francisco de S. Menocal

Ángel Carreón

Ramón Montaño Ramiro Luis González Gutiérrez Manuel de Estrada Juan Campero Calderón Eduardo Carreón

Michoacán

49

XXI Legislatura 1885–1887

Félix Alva Luis G. Sámano

XXII Legislatura 1887–1889

Propietarios

Suplentes

Leonardo Valdés

Pedro Rangel

Luis González Gutiérrez

Antonio Pérez Gil

Epifanio Reyes

Pedro Cueto

José Trinidad Guido

Francisco Menocal

Victoriano Torrentera

José Ponce de León

Ángel Carreón

Nicolás Menocal

Ignacio Ojeda Verduzco Primitivo Ortiz Eduardo Carreón Vicente Maciel Ramón Montaño Ramiro Félix Alva Luis I. de la Parra

XXIII Legislatura 1889–1890

Propietarios

50

Suplentes

Leonardo Valdés

Plutarco Murguía

Luis González Gutiérrez

Emilio Madrigal

Macedonio Gómez

Luis B. Valdés

Ignacio Ojeda Verduzco

Francisco Iturbide

Digesto Constitucional Mexicano

XXIII Legislatura 1889–1890

Primitivo Ortiz

Victorino Pérez

Ángel Carreón

Diego Moreno

Eduardo Carreón Nicolás León José Trinidad Guido Félix Alva Nicolás Menocal Luis I. de la Parra Ramón Montaño Ramiro

XXIV Legislatura 1890–1892

Propietarios

Suplentes

Luis González Gutiérrez

Epifanio Jiménez

Ángel Carreón

Plutarco Murguía

José Trinidad Guido

Emilio Madrigal

Eduardo Carreón

Diego Moreno

Primitivo Ortiz

Aurelio Pérez

Antonio Pérez Gil

Bruno Orduña

Ignacio Ojeda Verduzco Francisco Iturbide Ramón Montaño Ramiro Félix Alva Nicolás Menocal Nicolás León Luis I. de la Parra

Michoacán

51

XXV Legislatura 1890–1892

Propietarios

Suplentes

Luis González Gutiérrez

Carlos Equihua

José Trinidad Guido

Epifanio Jiménez

Vicente Domínguez

Aurelio Pérez

Antonio Pérez Gil

Plutarco Murguía

Francisco Iturbide

Mariano Canedo

Luis R. Valdés

Eduardo Alcázar

Francisco Montaño Ramiro Eduardo Carreón Ignacio Ojeda Verduzco Silviano Martínez Félix Lemus Olañeta Ángel Carreón Nicolás Menocal XXVI Legislatura 1894–1896

Propietarios Luis González Gutiérrez

Ramón Farías

Ángel Garmendia

Enrique Domenzáin

José Trinidad Guido

Ponciano Saavedra

Vicente Domínguez

Constantino Mota

Francisco Montaño Ramiro

Tomás Torres

Francisco Iturbide

Jesús Velasco

Luis R. Valdés Melchor Ocampo Manzo Eduardo Carreón

52

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

XXVI Legislatura 1894–1896

Félix Lemus Olañeta Ángel Carreón Nicolás Menocal Silviano Martínez

XXVII Legislatura 1896–1898

Propietarios

Suplentes

Luis González Gutiérrez

Adalberto Torres

José Trinidad Guido

Jesús Rodríguez

Ramón Farías

Mariano de Jesús Torres

Vicente Domínguez

Manuel Torres

Francisco C. García

Lauro Treviño

Luis R. Valdés

David Franco

Francisco Montaño Ramiro Francisco Iturbide Melchor Ocampo Manzo Ángel Carreón Nicolás Menocal José Carmen Luviano Enrique Domenzáin

XXVIII Legislatura 1898–1900

Propietarios

Suplentes

Luis González Gutiérrez

Adalberto Torres

José Trinidad Guido

Salvador Cortés Rubio

Michoacán

53

XXVIII Legislatura 1898–1900

Vicente Domínguez

Vicente García

Luis R. Valdés

Ponciano Saavedra

Ramón Farías

Salvador González

Melchor Ocampo Manzo

Antonio Estrada

Ángel Carreón Enrique Domenzáin José Carmen Luviano Silviano Martínez Felipe Rivera Nicolás Menoval Jesús Rodríguez XXIX Legislatura 1900–1902

Propietarios Luis R. Valdés

Vicente García

José Trinidad Guido

Adalberto Torres

Luis González Gutiérrez

Félix Lemus Olañeta

José Rodríguez Gil

Demetrio Méndez

Ramón Farías

Ignacio Juárez Sosa

Ángel Carreón

Manuel Ibarrola

Enrique Domenzáin Miguel Mesa Silviano Martínez Felipe Rivera Nicolás Menoval Jesús Rodríguez

54

Suplentes

Digesto Constitucional Mexicano

XXX Legislatura 1900–1902

Propietarios

Suplentes

Melchor Ocampo Manzo

Vicente García

José Trinidad Guido

Primitivo Ortiz

Luis González Gutiérrez

Leandro Ibarra

José Rodríguez Gil

Félix Lemus Olañeta

Luis R. Valdés

Rafael Elizarrarás

Ramón Farías

Florentino Mercado

Ángel Carreón Enrique Domenzáin Miguel Mesa Silviano Martínez Felipe Rivera Nicolás Menoval Jesús Rodríguez XXXI Legislatura 1900–1902

Propietarios

Suplentes

Luis R. Valdés

Vicente García

José Trinidad Guido

Rafael Elizarrarás

Melchor Ocampo Manzo

Leandro Ibarra

Ramón Farías

David Franco

Ángel Carreón

José Canedo

Primitivo Ortiz

Luis G. Arriaga

Miguel Mesa Enrique Domenzáin Salvador Cortéz Rubio

Michoacán

55

XXXI Legislatura 1900–1902

Luis Verduzco López Silviano Martínez Felipe Rivera Jesús Rodríguez

XXXII Legislatura 1906–1908

Propietarios

Suplentes

Vicente García Leiva

Primitivo Ortiz

José M. Ojeda

David Franco

Ramón Farías

Rafael Elizarrarás

Miguel Mesa

Diódoro Videgaray

Ángel Carreón

Luis G. Arriaga

Salvador Cortés Rubio

Juan B. Fuentes

Enrique Domenzáin Silviano Martínez Felipe Rivera Vicente García Jesús Rodríguez Aurelio Arciniega José Cañedo

XXXIII Legislatura 1908–1910

Propietarios

56

Suplentes

Antonio Mora

Luis G. Burgos

Felipe Rivera

Juan B. Fuentes

Digesto Constitucional Mexicano

XXXIII Legislatura 1908–1910

Primitivo Ortiz

Diódoro Videgaray

Miguel Mesa

Federico Tena

Vicente Maciel

Pascual Ortiz Rubio

Salvador Cortés Rubio

Rafael Hinojosa

Vicente García Enrique Domenzáin Ángel Carreón Ramón Farías Agustín García Real Silviano Martínez Jesús Rodríguez

XXXIV Legislatura 1910–1912

Propietarios

Suplentes

Felipe Rivera

Primitivo Ortiz

José Canedo

Juan B. Fuentes

Miguel Mesa

Diódoro Videgaray

Porfirio Villaseñor

Porfirio García de León

Vicente Maciel

Pascual Ortiz Rubio

Salvador Cortés Rubio

Jesús Solórzano Pliego

Leandro Ibarra Enrique Domenzáin Vicente García Ángel Carreón Silviano Martínez Celerino Luviano Jesús Rodríguez

Michoacán

57

XXXV Legislatura 1912–1914

Propietarios

Suplentes

Felipe de J. Tena

Mariano de Jesús Torres

Francisco Villalón

Baltazar Izquierdo

Joaquín Romero

Joaquín Silva

Manuel Coria

Sabino Elizondo

Enrique Domenzáin

Enrique Arreguín

Felipe Castro Montaño

Enrique Elizarrarás

Enrique Ortiz Anaya Alberto Oviedo Mota José María Mora José Ortiz Rico Tranquilino García Márquez Vicente García José Guadalupe Soto

XXXVI Legislatura 1917

Propietarios

58

Suplentes

Salvador Herrejón

Roberto Vaca

Carlos García de León

J. Trinidad García

Francisco R. Córdoba

Tomás Ramírez

Elías Contreras

David Solís

Timoteo Guerrero

José Molina

Miguel Reyes

León Rodríguez

Sidronio Sánchez Pineda

Próspero Ortiz

Digesto Constitucional Mexicano

XXXVI Legislatura 1917

Joaquín Silva

Franco A. Martínez

Martín Castrejón

Carlos Pérez

Félix C. Ramírez

José Amézquita

Joaquín Silva

Jesús Morales

Fernando R. Castellanos

Ildefonso Valencia

Adolfo Cortés

Miguel Jiménez

Vicente Gutiérrez

Próspero Herrera

J. Encarnación Vázquez

Rafael Infante

XXXVII Legislatura 1918–1920

Propietarios

Suplentes

Carlos García de León

Baltazar L. Pineda

Elías Contreras

Pedro Rangel Calderón

Joaquín Silva

Salvador Ojeda Chávez José Molina

Timoteo Guerrero

Rafael M. González

Primo Serranía M.

Faustino García

Bruno Valdez

Salvador Chávez

Silvestre Marroquín

Aristeo Sepúlveda

José Nieves Cardiel

Juventino Herrera

José S. Aceves

Librado Ortiz

J. Matilde Pimentel

Luis C. de la Vega

Ramón Sánchez Anaya

Mariano R. Peña

Rafael Álvarez y A.

Florentino Melgoza

J. Encarnación Vázquez

Maximiliano Zavala

Michoacán

59

XXXVIII Legislatura 1920–1922

Propietarios

Suplentes

Vicente Barba y Casillas

Filiberto Cisneros

Aureliano Tena

Donaciano Vázquez

José Barriga Zavala

J. Trinidad García

Guilebaldo Murillo

Gaspar Vélez

Federico Villegas

Emilio Moreno

Agustín Gómez Campos

J. Soledad Soto

Sidronio Sánchez Pineda

José Ma. Álvarez

Alfredo Moreno

Silviano Gaona

Jesús Magaña S.

Federico Montaño

José Solórzano

Jesús Barriga

Alberto Coria

Alejo García Rojas

Rafael Vaca

José Ma. Cuevas

Rafael N. González

J. Jesús Pineda

Marciano R. Peña

Aurelio Gómez P.

Rubén C. Navarro

Salvador Oseguera

Edmundo Flores

Juan Rodríguez

Alfonso Valdés

Alberto Estrada XXXIX Legislatura 1922–1924

Propietarios

60

Suplentes

Juan Ascencio

Rodrigo Méndez

José Tena Ortiz

Isidro L. Tapia

Ricardo Adalid

Félix Calderón

Alfredo León

Gaspar Vélez

Emilio Moreno

Primitivo Juárez

Digesto Constitucional Mexicano

XXXIX Legislatura 1922–1924

Jesús Pérez Vela

José Aguilar

José Renteria Luviano

Francisco Figueroa

Luis J. Guzmán

Carlos Santoyo

Federico Montaño

Salvador Infante H.

José Carrillo Arriaga

Francisco Guido

Alberto Coria

Antonio Meléndez

Ramón Medina

Rosendo Solís Jr.

J. Jesús Pineda

Ignacio Torres

José Cervantes Melesio Moreno R.

Herculano E. Flores

Luis Mora Tovar

José Barriga Zavala

Vicente Sámano

Victoriano Gallegos

Jesús Romero Flores

Miguel Guzmán

Alfonso Valdés

José Navarrete XL Legislatura 1924–1926

Propietarios

Suplentes

Francisco Patiño Borja

Aquiles de la Peña

Sacrovir Patiño

Javier Riva Palacio

Luis J. Guzmán

José Cortés López

Federico Montaño

Luis Gómez Hurtado

José Carrillo Arriaga

Salvador Verduzco

José Bejarano A.

Ramón Ortiz M.

Ramón Medina

Librado Pulido

Manuel del Río

Atanasio Pineda L.

José Cervantes

Heliodoro Farías

Michoacán

61

XL Legislatura 1924–1926

Ramón Chávez

Salvador Zepeda

Vicente Guzmán

Jerónimo Hernández

Melesio Moreno R.

Isaac C. Alfaro

Miguel Guzmán

Vidal Solís

Alfonso Valdés

Bonifacio Estrada XLI Legislatura 1926–1928

Propietarios

Suplentes

Emigdio Santa Cruz

Salvador M. Guerrero

Ramón Medina

Librado Pulido

Lázaro V. Ramírez

Agustín Tena S.

Francisco Patiño Borja

Daniel Padilla

Julián Gándara

José Ma. del Río

Alberto Aceves

Heli M. López

J. Jesús Castillo G.

J. Jesús Muñoz

Rodolfo Ramírez

62

Miguel Guzmán

Franco Rivera Díaz

Rodrigo Méndez

Gabriel Ávila

José Bejarano A.

Manuel Santa Cruz

J. Jesús Ceja

Rodolfo Silva

Manuel del Río

J. Matilde Pimentel

Rafael Picazo

Enrique Sánchez D.

Juan S. Picazo

Ramiro González

Luis Méndez

Alberto Ramírez

Melesio Moreno R.

Octaviano López

Pedro Chavolla

Eleno Curiel

José Valdovinos G.

Enrique Soria

Digesto Constitucional Mexicano

XLII Legislatura 1928–1930

Propietarios

Suplentes

Ernesto Ruiz Solís

Pioquinto Nino

Juan Manuel Carrillo

J. Jesús Carrillo D.

Silvestre Guerrero

José Rivera

Aquiles de la Peña

Joaquín Reyes

Julián Gándara

Daniel T. Renteria Jr.

Enrique López

Primo García

Héctor Varela

Clecerio V. Carvajal

Alberto Ramírez

Manuel Guerrero M.

Enrique M. Ramos

José Ramos Chávez

Juan Ayala

Ramón Daza

J. Jesús Ceja

Francisco Cerda

J. Jesús Ordorica

Leopoldo Valladares

Dámaso Cárdenas

Juan Maciel

Juan S. Picazo

Ernesto Prado

Luis García Amézcua

Luis García Navarro

Julio Herrera

Melesio Moreno R.

Miguel Guzmán

Eduardo Chavolla

Ángel Zavala

Juvenal Vargas XLIII Legislatura 1930–1932

Propietarios

Suplentes

Ernesto Ruiz Solís

J. Pilar Ruiz

Enrique M. Ramos

Manuel Escoto

Alberto Bremauntz

José Villicaña L.

Santiago Hernández

Miguel A. Quintero

Michoacán

63

XLIII Legislatura 1930–1932

Luis García Amézcua

Alfonso Molina

Dámaso Cárdenas

Juan N. Maciel

Rosendo de la Peña

Miguel Rincón C.

J. Jesús Ordorica

Leopoldo Valladares

Héctor Varela

Arturo Pineda H.

Enrique López

Aquiles de la Peña

Julián Gándara

Primitivo Juárez

XLIV Legislatura 1932–1934

Propietarios

Suplentes

Enrique Morelos N.

José Ochoa L.

José Solórzano

Aurelio Munguía

José Valdovinos G.

Joaquín Rodríguez

Luis Méndez

Brígido Alatorre

Alfonso Leñero R.

León Rodríguez

Antonio Mayés Navarro

J. Jesús N. Ávalos

Miguel Rincón C.

Cornelio Rodríguez

Espiridión Torres G.

Juan Cuevas y C.

Arturo Chávez

Arturo Pineda H.

Aquiles de la Peña

Heli M. López

Juan B. Reséndiz

David M. Moreno

XLV Legislatura 1934–1936

Propietarios

64

Suplentes

Agustín Leñero

Norberto Vega V.

Enrique M. Ramos

José Carrillo Arriaga

Digesto Constitucional Mexicano

XLV Legislatura 1934–1936

Enrique Ramírez

David Vargas Sánchez

Brigido Alatorre

J. Jesús Torres

Avelino del Río

Ignacio Ochoa R.

Vidal Zepeda M.

Salvador Lozoya V.

Ramón Rodríguez

José Torres Guillén

Gabriel Chávez T.

Pablo Serrato

Donato Guevara P.

Anastasio López

Carlos González Herrejón

Benjamín Hernández Lara

J. Jesús Colín

Víctor Gutiérrez Jr. XLVI Legislatura 1936–1938

Propietarios

Suplentes

J. Ventura Mier

J. Jesús Fernández

Pedro López

Eustaquio Pedraza

Bardomiano Lémus

Felipe Pérez

Abraham Martínez

José Cerda

Juan Gutiérrez F.

J. Guadalupe Rodríguez

Ismael L. Silva

José Garibay Romero

Salvador Lémus F.

Primitivo Sandoval

Fortino González

Leopoldo C. Arias

Ignacio Ramírez

Conrado Arreola

Heli M. López

Assael Olivares

J. Trinidad García

Heladio Oseguera XLVII Legislatura 1938–1940

Propietarios Norberto Vega V.

Suplentes José Ávalos H.

Michoacán

65

XLVII Legislatura 1938–1940

Pedro S. Talavera

Ezequiel Cruz de la Cruz

Pascual Abarca Pérez

Abraham Lémus

José María Vega

Luis Campos

Conrado Magaña

J. Dolores Cano

José Garibay Romero

Salvador Lozoya

Roberto Cerda E.

Manuel Juárez

Pascual Ayala

Luis Ordorica

Rafael Vázquez

Salvador González

J. Sacramento Arismendi

Claudio Bolaños

J. Guadalupe Hernández

Amado Yáñez

XLVIII Legislatura 1940–1942

Propietarios

66

Suplentes

Francisco Martínez V.

Cayetano Vivanco

Delfino Loya L.

José Domínguez

David Vargas Sánchez

Luis Corral V.

Alfonso Reyes H.

Rafael Aceves

Juan Gutiérrez F.

Ángel Ayala

Mauro Sánchez Medina

Antonio Godoy S.

Everardo Campos

J. Trinidad Hernández

Donato Ramírez

Abel Trujillo

Everardo Rodríguez C.

Froylán Sánchez I.

Pedro Espino

Ramón Acevedo

Joaquín Contreras

Félix Núñez

Digesto Constitucional Mexicano

XLIX Legislatura 1942–1944

Propietarios

Suplentes

Daniel Ruiz Solís

Roberto García R.

Roberto Gutiérrez

Eusebio Nieto

Armando Mejía O.

Luis Corral Valadés

Ramón López

Roberto Chavolla

Octavio Magaña

José Ma. Franco

Baltazar Gudiño

Antonio Godoy

Eduardo Pita Hurtado

Miguel Equihua O.

Ramón Magaña Chávez

Rafael Gómez Campos

Rafael Vázquez

Manuel Coria C.

Horacio Tenorio C.

Nestor Bautista

Maclovio Herrera C.

Ricardo Bastida L Legislatura 1944–1947

Propietarios

Suplentes

Norberto Vega V.

Zeferino Negrete

Miguel R. Quintana

Fausto A. Mendoza

Julio Torres

Martín Arroyo

Francisco Silva

Rodolfo Chavolla

Ignacio Torres E.

Antonio Loera

José Garibay Romero

Enrique Bravo V.

José Bejarano A.

Mario Ramírez

Anastasio Pineda L.

Francisco Medina

Jesús Sánchez P.

Luis García O.

Luis G. Zumaya

Saúl Guillén

Ernesto Ruiz Solís

Anastasio Correa G.

Michoacán

67

LI Legislatura 1947–1950

Propietarios

Suplentes

Melesio Aguilar F.

David Lozano

Benjamín Núñez Chávez

Benigno Figueroa

Alfonso Hernández S.

Francisco Méndez A.

Francisco Medina Díaz

Adán Martínez

J. Jesús Fernández

Antonio Tungui

Abraham Mendoza Valencia

Rosendo Tejeda

Ignacio Ochoa Reyes

Froylán Sánchez L.

Gabriel Rosales

Joaquín Bustamante

Salvador Rivas O.

Lázaro O. Correa

LII Legislatura 1950–1953

Propietarios

68

Suplentes

José Molina Marín

Francisco Esquivel

Carlos Pimentel R.

José González B.

Héctor Montaño N.

Martín Ortega A.

Vicente Chávez y Ch.

Ignacio Castellanos

Francisco Cristóbal R.

Manuel Ayala Alfaro

Alfonso Sánchez F.

Bernabé Macías

Efrén Arceo López

Francisco Aguirre O.

Rubén Vargas Garibay

Federico González B.

Enrique Aguilar G.

Antonio Gil Cardona

J. Sacramento Arismendi

Heliodoro Tello S.

Eduardo Cruz Colín

Plutarco Nieto G.

Digesto Constitucional Mexicano

LIII Legislatura 1953–1956

Propietarios

Suplentes

Luis Marín Pérez

Francisco Villagómez V.

Antonio Martínez Mejía

Ernesto Reyes Rodríguez

J. Jesús Magaña Ortiz

Wilfrido Ortiz M.

Enrique García G.

Arnulfo García Olivares

Manuel Ayala Alfaro

Eleazar Noriega R.

Francisco Cortés Pérez

J. Cruz Pérez Cárdenas

Roberto Gutiérrez A.

Apolinar López G.

Antonio León Sifuentes

Federico Arias López

Antonio Gil Cardona

Pasiano León Pineda

Leonel Domínguez Gallegos

Sabas Tello Suárez

Álvaro M. Nava

Moisés Baltazar Gasca LIV Legislatura 1956–1959

Propietarios

Suplentes

José Molina Marín

J. Trinidad Hernández H.

Ezequiel Cruz de la Cruz

Esperanza García de Rodicio

Eduardo Chávez Núñez

José Ledesma Rodríguez

Guillermo Salazar N.

Felipe Amador

Agapito Ochoa Reyes

Joaquín Cortés Sandoval

Sixto M. Ochoa

Salvador García Rojas

Federico Ortiz Ayala

Búlmaro Orza Castillo

Antonio Barragán de la Peña

Enrique Villaseñor

Julián Luviano Costilla

Manuel Escobar Vega

Reynaldo Valdespino

Eulogio Delgado Rojo

Ernesto Ruiz Solís

Lázaro O. Correa

Michoacán

69

LV Legislatura 1959–1962

Propietarios

Suplentes

Celia Gallardo González

Reynaldo Olivo Cervantes

Eduardo Bucio Ciprés

Alfonso Cruz Tapia

Rodolfo Báez Ruiz

Octaviano Abrego M.

Ignacio Castellanos Godínez

José Ma. Cano Ramos

Alfonso Valdés Fernández

Rafael Ramírez León

Ignacio Gálvez Betancourt

Ignacio Maciel Franco

Salvador Pedraza Gonzaga

Francisco Ramos Torres

Rafael Mendoza Mendoza

Darío Pantoja Cortés

Efrén Cárdenas Jiménez

Roberto Villalón S.

Samuel Reyna Miranda

Evangelina Rodríguez C.

Serapio Nava Solís

Salvador Arguello Avilés LVI Legislatura 1962–1965

Propietarios

70

Suplentes

Mario Ruiz Aburto

Juan Alzate Ávila

Víctor Cázares Sánchez

José Reyes Servin

Javier González Talavera

José Carmen Salazar Téllez

Xavier Herrera Pantoja

Salvador Morales Cerda

Arnulfo García Olivares

Roberto Chavolla Bermúdez

Carlos Grajeda Rodríguez

Enrique Martínez Ocaranza

Rafael Degollado Gómez

Adelina Rayas Ceja

Jesús Hinojosa Ortiz

Santiago Vargas Reyes

Rodolfo Zamora Amézcua

Mario Cortés García

Efraín Dávalos Luviano

Sotero López Fernández

Francisco Guevara López

J. Trinidad López Gómez

J. Encarnación Tellitud

Indalecio Peña Reyes

Digesto Constitucional Mexicano

LVII Legislatura 1965–1968

Propietarios

Suplentes

José Alvarado Vega

Hermilo Camarena Ayala

Alberto López Corral

Luis Ramírez Molina

Wilfrido Ruiz B.

Genaro Rodríguez Tapia

Rodolfo Báez Ruiz

Baldomero Ramírez Guevara

Manuel Chávez C.

Antonio Tinoco Orozco

J. Jesús García López

Felipe Herrera García

Carmen Herrera T.

Antonio Núñez Ruiz

Rodolfo Palomares G.

Antonio Arévalo Cázares

Ignacio Espinosa Escalera

Óscar Gutiérrez A.

Virgilio Pineda A.

Adán Becerril Madrigal

Manuel Romero Vallejo

Guadalupe Calderón C.

Jaime Castro Romero

Naborina Colín Benítez LVIII Legislatura 1968–1971

Propietarios

Suplentes

Marco Antonio Aguilar Cortés

Evelia Calderón Corona

Carolina Escudero Vda. de Mújica

Gabriel Estrada Ríos

Rafael Rivera Gaytán

Ricardo Mora Bañales

José Álvarez Cisneros

Jesús Sánchez Calderón

Francisco Chavolla Hernández

Alfonso Gutiérrez Maldonado

Guillermo Villa Ávila

Rafael Ramírez León

Roberto Garibay Ochoa

Luis Contreras Zepeda

Eduardo Martínez López

Antonio Estrada Juárez

Roberto Ruiz del Río

Abelardo Gaona González

Saúl Chávez Peralta

J. Jesús Garfias Zúñiga

Michoacán

71

LVIII Legislatura 1968–1971

Ignacio Zaragoza Murguía

Salvador Baca Martínez

Antonio Chávez Sámano

Álvaro Miranda García

LIX Legislatura 1971–1974

Propietarios

Suplentes

Rafael Saavedra Terán

Ángel Díaz Pérez

M. de los Ángeles Hernández Figueroa

José Luis Carranza Aguirre

Jorge Stamatio López

Fortino Saucedo Tinoco

Cutberto Tenorio González

Alejandro González Estrada

Manuel Bravo Cervantes

María Ruiz Higareda

Arturo Pérez Coronado

Onofre Orozco Melgoza

Margarito Antúnez Domínguez

María Villaseñor Díaz

Héctor Renteria López

Odón Cerna Gómez

Sergio Navarro Espinosa

Heriberto López Galeana

Moisés Martínez Muñoz

José Yépez Fuentes

Ricardo Mora Bañales

Leopoldo Hernández Cruz

Federico Hernández Rodríguez

Vicente Silva Baca

Adán Cárdenas Ochoa

Manuel Gálvez Rodríguez

José Cervantes Acosta

Evangelina Villanueva Torres

Arturo Valdés García

Lázaro González Reyes

Valente Genel Manzo

Cosme Torres Vega

LX Legislatura 1974–1977

Propietarios Ángel Díaz Pérez

72

Digesto Constitucional Mexicano

Suplentes Adolfo Arceo López

LX Legislatura 1974–1977

Guillermo Morales O.

Alejandro González Estrada

Efrén Talavera Godínez

José Ángel Velázquez Z.

Guillermo Montoya C.

José Tariacuri Cano Soria

Alfonso Toscano Sánchez

Ignacio Alvarado García

Rafael Genel Manzo

J. Jesús Rangel Aguilar

Ramón Anguiano E.

Luis G. Aburto

Abdías Toledo Bucio

Gilberto García T.

Alfonso Quintero Larios

J. Mauro Cisneros Fonseca

Constantino Ortiz Tinoco

Ángel Barrera Mendoza

Santiago Zúñiga Rodríguez

Carlos Vera Cisneros

Ladislao Banderas Galindo

Antonio Peñaflor Pérez

Luis Contreras Zepeda

Javier Sánchez Degollado

Evangelina Villanueva Torres

J. Jesús Lemus Díaz

Rodolfo Vargas Escamilla

José Coronel Zamudio

Eliseo Macías Pallares

Victorino Mier Chávez LXI Legislatura 1977–1980

Propietarios

Suplentes

Lorenzo Escobar Béjar

Víctor Manuel Sánchez R.

Jorge Mendoza Álvarez

Ma. Teresa Acosta de J.

Martín León Martínez

María Villaseñor de Fuentes

Pablo Aguilera Navarro

José Arellano López

David Guzmán Segura

Jesús Zavala Ildefonso

Francisco Barragán Vivas

Maximiliano Rivera C.

Cuauhtémoc Pedraza R.

Yolanda G. González Punzo

Carlos Acosta Mora

Emilio Solórzano Solís

Michoacán

73

LXI Legislatura 1977–1980

Enrique Garibay del Río

José Ma. Plancarte Torres

Tomás Pérez Luna

Reyes Cazadero Salazar

Guillermo Villa Ávila

Zeferino Reyna Martínez

José Trinidad Cano Soria

Oswaldo Vega Garibay

Javier Sánchez Degollado

Manuel García de Pino

Juan Villegas Torres

Abimael López Castillo

José Ma. Montejano Delgado

Artemio Yáñez Correa

Ma. del Socorro M. de Torres

Félix Ríos Farías

Crescencio Morales Orozco

Bertoldo Calderón Arroyo

LXII Legislatura 1980–1983

Propietarios

74

Suplentes

Ma. Herminia Yolanda Molina

J. Ascención C. G. Salazar Gómez

Federico Hernández Rodríguez

Raquel Núñez de Arzate

José Gastón Francisco Mendoza Alcocer

Jorge Bogart Ruiz Villa

Marco Antonio Aviña M.

Carmen Lucía Torres Barrón

Roberto Gutiérrez Gómez

Alfonso Zaragoza Hilario

Eduardo Estrada Pérez

Bulmaro Corza Castillo

Mateo Virgilio Hernández R.

Cristóbal Arias Solís

Alejandro González Estrada

Anastacio Hernández Cruz

Abelardo Gaona González

Rodolfo Ceja Abarca

Moisés Martínez Muñoz

Arturo A. Rodríguez S.

Raúl Tovar Ortiz

Natalio Flores Lázaro

Efraín Cardoso Medina

Ing. Antonio Salgado Arriaga

Carmen López de Heman Pali

Salvador Topete Peña

Digesto Constitucional Mexicano

LXII Legislatura 1980–1983

José López Reyes

Salvador Vallejo Alcázar

Antonio Peñaflor Pérez

Sonia Leticia Nava M.

Vicente Godínez Zapién

Celedonio Barajas Cabrera

Eduardo Pliego Margain

Rogaciano Morales Reyes

Jerjes Aguirre Avellaneda

Roberto Benítez Castañeda LXIII Legislatura 1983–1986

Propietarios

Suplentes

Luis Salinas Juárez

Juan Carlos Velazco Pérez

Yolanda Hernández de M.

Alfredo Nateras Tello

Tomás Torres Magaña

Moisés Hernández Paque

José Tariácuri Cano Soria

Rogelio Valtierra Flores

Reyes Tinajero Amador

Luis Rodiles Duarte

Octaviano Alanís Alanís

Gerardo Cázares Melgoza

J. Trinidad Ramos Zamudio

Gabino Hernández Santillán

Andrés Vieyra Botello

Raymundo Palacios Martínez

Raúl Reyes Ramírez

Ignacio Sánchez Ruelas

Fidel Urbano Marín Valdés

José Francisco Sánchez Pérez

José Chávez Ruiz

Valerio Trujillo Velázquez

Daniel Arellano Pulido

Jesús Ramos Ávila

Ramón Herrera González

David Chávez Fernández

Salvador Gómez Mora

Valentín Maldonado Medina

Florencio Alcántara Mejía

Raymundo Arreola Ortega

Salvador Hernández Mora

Fortino Rangel Mendoza

Rafael Melgoza Radillo

Victoriano Mejía Patiño

Daniel Suazo Pineda

Leónides Luviano F.

Michoacán

75

LXIII Legislatura 1983–1986

Adrián Cirilo Amado

Rosa Elvira López Dávila

Carlos Navarrete Martínez

Martha Guerrero Uribe

Luis Mejía Guzmán

Juan Ruiz Villalón López

Francisco Javier Barragán Zepeda

Fernando Basurto Sotelo

Luisa Ma. Calderón Hinojosa

Ma. de la Luz Murillo C.

J. Jesús Paniagua Cornejo

Julio Prado Valdés

LXIV Legislatura 1986–1989

Propietarios

76

Suplentes

Jaime Genovevo Figueroa Zamudio

José María Valencia Contreras

Marco Antonio Aguilar Cortés

Jose Javier Piña Martínez

Jorge Gabriel Pita Arroyo

Ma. Salud Sesento García

Luis Meza Ramos

Gustavo Botello Alcalá

Rodolfo Paniagua Álvarez

Jorge Ramos Valladolid

Ramiro Contreras Núñez

Raquel Valdez Amaya

María Villaseñor Díaz

J. Guadalupe Cardona Valenzuela

J. Ascención Orihuela Bárcenas

Juan Paniagua Miguel

Rafael Corona Bazaldúa

Benjamín Serrato Blanco

Antonio Gutiérrez Sagrero

Juan Torres Martínez

Guillermo Navarro Arévalo

Ezequiel Cruz Pérez

Manuel Álvarez Barrientos

Amparo Ortega Díaz

Roberto Garibay Ochoa

José María Padilla Zepeda

José Cervantes Acosta

José Luis García Sánchez

Artemio Yáñez Correa

Luis Manuel Medina

Manuel Mercado Tovar

Manuel Jiménez González

Francisco Bautista Valencia

Benigno Trejo Ibarra

Digesto Constitucional Mexicano

LXIV Legislatura 1986–1989

Ausencio Chávez Hernández

Antonio Saucedo Urrieta

José Luis Murillo Martínez

Héctor Pantoja Vázquez

Alejandro Ruiz López Ma. Teresita Concepción Villaseñor de Villaseñor

José Roberto Rivera Ferreyra

Gilberto González González

Ismael Poliz Vallejo

Armando Mora Calderón

Mateo Vieyra Galván

Enrique Gálvez Montes

Humberto Ávalos Navarro

LXV Legislatura 1989–1992

Propietarios

Suplentes

Elio Núñez Rueda

Emma Mondragón Navarrete

José Alfonso Pascual Solórzano Fraga

Susana Esquivel Farías

José Moisés Hernández Paque

Manuel Coria Arguello

Jaime Rodríguez López

Ramón Maya Morales

Juan Villegas Torres

Jaime Méndez Alfaro

Antonio Lagunas Ángel

José Rosario Torres Ramos

Ignacio Banderas García

Saúl Acosta Mata

Víctor Manuel Tinoco Rubí

Jaime Castro López

Humberto Sánchez Gallegos

Octavio Torres Vázquez

Roberto Molina Loza

Daniel González Montoya

Rubén Solís Medina

Raúl Nuci Zinzún

Roberto Orozco García

J. Jesús Vargas Alejos

Alfredo Anaya Gudiño

Abraham González Negrete

Benito Juárez Santa Clara

Felipe Maldonado Valencia

Michoacán

77

LXV Legislatura 1989–1992

Fidel Martínez Juárez

José Ma. Melo Bolaños

José Francisco Moreno Barragán

Miguel Mendoza Barajas

Tayde Aburto Torres

Antonio Soto Sánchez

Julián Rodríguez Sesmas

Margarita González Aguirre

Ma. Esperanza Morelos Borja

Baltazar Tena Martínez

Luis Guillermo Villanueva Valdovinos

Ramón Guzmán y Roch

Javier Blanco Sánchez

Francisco Alfonso Suárez González

Ma. Guadalupe Sánchez Borja

Graciela Farías Rangel

J. Amparo Mora Martínez

Florentino Guzmán Zacarías

Reynaldo Herrera Chávez

Rogelio Leal Calderón

José Alfonso Pascual Solórzano Fraga

Susana Esquivel Farías

LXVI Legislatura 1992–1995

Propietarios

78

Suplentes

Rubén Pérez Gallardo Ojeda

Enrique Juárez Trejo

Vicente García Rincón

Sergio Magaña Martínez

José Hernández Garnica

Navonides Vargas

Jaime Mares Camarena

Abelino Pimentel Calderón

Hugo Francisco Miranda Mora

Sergio Flores Navarro

Manuel Trejo García

Fernando Anaya García

Margarito Antúnez Domínguez

Ubaldo Rojas

Cenobio Contreras Esquivel

Alfonso Colín Pardo

Constantino Ortiz Tinoco

José García

Germán Ireta Alas

Alberto Bucio Camacho

Digesto Constitucional Mexicano

LXVI Legislatura 1992–1995

M. Francisco Octavio Aparicio

Raúl Trinidad Santos

Samuel Salgado Arriaga Armando Ballinas Mayés

José Ma. Garibay Navarro

Víctor Manuel Silva Tejeda

Alberto Ortiz Pulido

María de los Ángeles Gaytán

Hilario Hernández Hernández

Gustavo López Mendoza

Domingo Mendoza

José Luis Navarrete Fabres

Armando Álvarez

Miguel García Jiménez

Leonel Santibañez Torres

Jaime Hernández Díaz

Efraín García Becerra

Humberto Urquiza Marín

Nabor Benítez Mondragón

Onofre Vázquez Ortiz

José Isabel Albavera Velázquez

Wilbert Idelfonso Rosas Monge

José Gustavo Tena Vences

Marciano Razo Amezcua

José Rodríguez Zárate

Rafael Melgoza Radillo

Froylán Velázquez Hernández

Antonio Soto Sánchez

Pedro Aguirre Alvarado

Ignacio Ocampo Barrueta

Raúl Custodio Gómez

Fausto Vallejo Figueroa

Jesús Valencia Mercado

José González Morfín

Víctor Manuel Silva Morfín

Mateo Serrano Martínez

Gilberto Alonso Cárdenas

Amador Reyes Tinajero

Alejandro González Estrada

Arturo Esquivel Núñez

Rodolfo Bustamante Martínez LXVII Legislatura 1995–1998

Propietarios

Suplentes

Juan Rafael Castelazo Mendoza

Pablo Antonio Villanueva

Julio César González Jiménez

Pablo Enrique Buitrón A.

Michoacán

79

LXVII Legislatura 1995–1998

80

Víctor Corona Alva

Cresenciano Luquin Corral

Ramón Maya Morales

Pascual Raya Sepúlveda

Ramón Ceja Romero

F. Javier Torres Ruiz

Salvador Moreno García

Lourdes Gallegos Espinosa

Valentín Rodríguez Gutiérrez

Yolanda González Punzo

Héctor Terán Huerta

Moisés Salazar Contreras

Mauro Cisneros Fonseca

Raymundo Arreola Ortega

Sergio López Melchor

David Sánchez Ortega

Mario Magaña Juárez

Saúl Murillo Ortiz

Alfredo Esquivel Ramírez

Rafael Ayala García

Jaime Oseguera Herrera

María Teresa Munguía

Pedro Medina Villanueva

Emilio Velázquez Vargas

Leonel Victoria Benítez

Gustavo Arias Garduño

Agustín Trujillo Iñiguez

Jesús Cervantes Sandoval

Manuel Santa María Contreras

Antonio García Garfias

Arturo Acosta Mora

Alberto Tentori García

Rodolfo Ceja Abarca

Daniel Mora Ortega

Rosa María Molina Rojas

Ulises Córdoba Morán

Jorge Cañedo Vargas

Gerardo Martínez Cardiel

Ramiro Sánchez Cárdenas

Enrique Monroy García

Samuel Montejano Delgado

María Elena Ruiz Cancino

Efraín García Becerra

Alberto Novoa Gudiño

Ma. de los Ángeles Renteria González

Dora María Arroyo A.

Fidel Urbano Marín Valdez

Benito Suárez Bautista

Serafín Ríos Álvarez

Francisco Ruiz Bravo

Digesto Constitucional Mexicano

LXVII Legislatura 1995–1998

Germán Tena Orozco

Ma. de los A. Socorro Elvira

Rodolfo Sánchez Murillo

Javier Morelos Borja

Francisco José Pérez Pérez

Beatriz López Moreno

LXVIII Legislatura 1998–2001

Propietarios

Suplentes

Enrique Juárez Trejo

José Javier Piña Martínez

Alfredo Muñoz Reyes

Enrique Álvarez del Castillo

Gregorio Flores Alonso

Ma. Guadalupe Medina González

Jaime Tejeda Vega

Jesús Servín García

José Alfredo Pérez Patiño

Sergio Antonio García Martínez

Salvador Castillo Núñez

Nicolás Aguilar Murillo

Esteban Cruzaley Díaz Barriga

José Moreno Martínez

Cenobio Contreras Esquivel

Alfonso José Medrano Valtierra

Rafael Álvarez Ramírez

Edith Domínguez Gómez

Roberto Molina Loza

Pedro Muñoz García

Ezequiel Cruz Pérez

Eliseo Rojas

Alfredo Rosales Rosales

Luis Manuel Higareda

Gerardo Acevedo Ravelo

Luis Ochoa Cárdenas

José Luis García Sánchez

Alejandro Avilés Reyes

Salvador Pérez Martínez

Ramiro Ávila Bello

Jaime A. Esparza Cortina

Armando Corona Galindo

Idelfonso Estrada Jacobo

Ernesto Alfonso Oregel

Israel Tentory García

José Luis Salcedo

María Ortega Ramírez

Nelly Gutiérrez Martínez

Salvador Hernández Mora

José Luis Martínez Tapia

Michoacán

81

LXVIII Legislatura 1998–2001

Ana Lilia Guillén Quiroz

Gustavo Loya Álvarez

Carlos Naranjo Ureña

José Luis Heredia Cortés

Daniel Rangel Piñón

Pedro García Chávez

Rosa Elva Soriano Sánchez

Daniel Tinoco Tafolla

Efrén García Escobedo

Pedro Domínguez Alanis

Salvador Vega Casillas

Miguel Ángel Peraldi Sotelo

Juan Luis Calderón Hinojosa

Rosendo González Patiño

María Irene Villaseñor Peña

Ma. Buenaventura Aguirre Hernández

José Luis Espinoza Torres

José Torres

Víctor Manuel Vivanco Mora

Francisco Cedeño

LXIX Legislatura 2002–2005

Propietarios Gerardo Lara García José Jaime Hinojosa Campa Gonzalo Herrera Pérez Esteban Arroyo Blanco Isidro Fausto Gutiérrez José Luis López Salgado Marco Antonio Lagunas Vázquez Esteban Aparicio Cuiriz Juan A. Iriarte Méndez Ricardo Luna García Luis Betancourt del Río Sandra Luz Valencia

82

Digesto Constitucional Mexicano

Suplentes

LXIX Legislatura 2002–2005

Juan Antonio Domínguez García Efraín García Becerra Selene Vázquez Alatorre Rafael Ríos Álvarez Raúl Morón Orozco

Fabricio Apolos Gómez Souza

David Vázquez Chávez Rafael Ramírez Sánchez Mario Magaña Juárez Martín Acosta Rosales Gilberto Coria Gaudiño Francisco Villaseñor Esquivel Adriana Janette Martínez Nambo Eustolio Nava Ortiz Gabriel Ruiz Romero Raymundo Arreola Ortega Salvador Galván Infante Armando Octavio Ballinas Mayés Jorge Eduardo García Torres Ma. Guadalupe Calderón Medina Cuauhtémoc Ramírez Romero Elio Núñez Rueda Salud Martha Camarena Reyes José Leonardo Vallejo Rojas Gerardo Correa Cosio Francisco Morelos Borja Juana Torres Ochoa

Michoacán

83

LXIX Legislatura 2002–2005

Juan Rafael Castelazo Mendoza Luis Patiño Pozas LXX Legislatura 2005–2008

Alejandro Méndez López Alfonso Jesús Martínez Alcázar Ana Luisa Medina Galindo Baltazar Gaona Sánchez Benigno Quezada Naranjo Citlalli Fernández González David Garibay Tena Emiliano Velázquez Esquivel Eugenio Torres Moreno Fernando Cano Ochoa Francisco Javier Ayala Martínez Genaro Guizar Valencia Guadalupe Juan Carlos Corona Suazo Guillermo Valencia Reyes Gustavo Arias Garduño Gustavo Orozco Zepeda Jesús Martínez Saldaña Jorge Adolfo Reza Maqueo José Antonio Plaza Urbina José Hugo Ángel Olvera José Jaime Mares Camarena José Jesús Reyna García

84

Digesto Constitucional Mexicano

LXX Legislatura 2005–2008

José Juan Marín González José Miguel Cazares Higuera Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela Julián Rodríguez Sesmas Ma. Cruz Campos Díaz Manuel Duarte Ramírez María del Rocío Luquin Valdés María Lucila Arteaga Garibay Martín Godoy Sánchez Martín Samaguey Cárdenas Mauricio Montoya Manzo Minerva Bautista Gómez Rafael López Hernández Ramón Chávez Chávez Reginaldo Sandoval Flores Uriel López Paredes Verónica García Reyes Víctor García Romero LXXI Legislatura 2008–2011

Alfredo Anaya Gudiño Antonio Cruz Lucatero Antonio García Conejo Arquímedes Oseguera Solorio Arturo Guzmán Ábrego Carlos Humberto Quintana Martínez

Michoacán

85

LXXI Legislatura 2008–2011

David Huirache Bejar Eduardo Sánchez Martínez Eligio Cuitláhuac González Frías Enrique Bautista Villegas Epigmenio Jiménez Rojas Francisco Campos Ruiz Francisco J. Morelos Borja Gabriela Molina Aguilar Gonzalo Elvira Cabrera Gustavo Ávila Vázquez Heriberto Lugo Contreras Iván Madero Naranjo Jaime Rodríguez López Jesús Ávalos Plata Salvador Hernández Limón José Jaime Hinojosa Campa José Jesús Lucas Ángel José Trinidad Martínez Pasalagua José Antonio Salas Valencia Juan Carlos Campos Ponce Juan Manuel Macedo Negrete Librado Carranza Martínez Lourdes Esperanza Torres Vargas Luis Manuel Antúnez Oviedo Ma. Guadalupe Calderón Medina María Macarena Chávez Flores

86

Digesto Constitucional Mexicano

LXXI Legislatura 2008–2011

Martín Cardona Mendoza Mauricio Prieto Gómez Miriam Tinoco Soto Raúl Morón Orozco Roberto Arriaga Colín Samuel Arturo Navarro Sánchez Sergio Solís Suárez Wilfrido Lázaro Medina LXXII Legislatura 2012–2014

Antonio Sosa López César Chávez Garibay Daniela de los Santos Torres Eduardo Orihuela Estefan Jaime Darío Oseguera Méndez Juan Carlos Orihuela Tello Marco Polo Aguirre Chávez Marco Trejo Pureco Miguel Amezcua Manzo Olivio López Mujica Omar Noé Bernardino Vargas Rigel Macías Hernández Rosa María Molina Rojas Salomón Fernando Rosales Reyes Salvador Galván Infante Santiago Blanco Nateras

Michoacán

87

LXXII Legislatura 2012–2014

Víctor Manuel Silva Tejeda Armando Hurtado Arévalo Cristina Portillo Ayala Elías Ibarra Torres Erik Juárez Blanquet Fidel Calderón Torreblanca Francisco Bolaños Carmona José Eleazar Aparicio Tercero Osbaldo Esquivel Lucatero Selene Lucia Vázquez Alatorre Silvia Estrada Esquivel Uriel López Paredes Adriana Gabriela Ceballos Hernández Alfonso Jesús Martínez Alcázar Bertha Ligia López Aceves Jorge Moreno Martínez José Eduardo Anaya Gómez José Sebastián Naranjo Blanco Laura González Martínez María Eugenia Méndez Dávalos Sergio Enrique Benítez Suárez Reginaldo Sandoval Flores Sarbelio Augusto Molina Vélez César Morales Gaytán

88

Digesto Constitucional Mexicano

3. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Magistrado

Periodo 18241 Agosto

Juan Nepomuceno Gómez de Navarrete José María Sánchez Arriola

Octubre 1825 Febrero Abril Septiembre

José María Ortiz Izquierdo José Sotero Castañeda Ignacio Alvarado

Sergio García Ávila y Otro. Evolución del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y sus presidentes, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, Febrero, 1997. 1

89

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

José María Ortiz Izquierdo José Sotero Castañeda José María Sánchez Arriola José Gallegos José María Sánchez Arriola José Gallegos Ignacio Alvarado Manuel Diego Solórzano

90

1826 Enero Febrero Abril Mayo 1827 Enero Mayo Julio

José María de la Parra

1829–Noviembre

Antonio de Castro José María de la Parra

1831 Abril Septiembre

Tomás Mariano Bustamante

1831–Octubre

Antonio de Castro

1832–Febrero

Agustín María Gómez Eguiarte

1833–Julio

Antonio de Castro Antonio Bribiesca

1835 Abril Noviembre

Antonio de Castro

1836–1838

Clemente Valdez

1840–Marzo

Alvirez

1843–Enero

Agustín Tena

1844–Febrero

Manuel Alvirez

1845–Junio

Antonio Bribiesca

1846–Marzo

Manuel Alvirez

1848

Juan Manuel Olmos

1850

Agustín Norma Juan Manuel Olmos Carlos María Saavedra

1851 Febrero Marzo Octubre

Digesto Constitucional Mexicano

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Agustín Norma

1852–Febrero

Juan Manuel Olmos Manuel Alvirez

1853 Enero Febrero

Antonio Morán

1854–Julio

Antonio Morán Juan Manuel Olmos

1855 Enero Septiembre

Anselmo Argueta Rafael Carrillo

1856 Julio Septiembre

Manuel Teodocio Alvirez

1857–Febrero

Agustín Tena

1858–Enero

Francisco Benites Agustín Tena

1859 Enero Marzo

Francisco A. Benites Agustín Tena

1860 Enero Marzo

Mariano Salomo Antonio Aguilar

1861 Febrero Noviembre

Agustín Tena Antonio Aguilar

1862 Enero Junio

Rafael Carrillo Agustín Tena

1863 Octubre Diciembre

Fermín Ortega José Dolores Méndez

1864 Febrero Diciembre

Juan Bautista Gómez Rafael Carrillo

1867–Julio

Michoacán

91

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

92

Luis Couto García Rincón

1868 Enero Septiembre

Pascual Ortiz

1869–Agosto

José María García Pascual Ortiz

1870 Septiembre Noviembre

José María García

1871–Octubre

Ángel Garmendia

1872–Septiembre

Luis Couto

1873–Septiembre

Pascual Ortiz

1874–Septiembre 1876

Ángel Garmendia

1876–Septiembre

Pascual Ortiz Ángel Garmendia Pascual Ortiz

1877 Enero Julio Octubre

José María García

1878–Septiembre

Pascual Ortiz Vicente Domínguez Ángel Garmendia Francisco Vaca

1879 Enero Marzo Junio Octubre

Ángel Garmendia Vicente Domínguez

1880 Enero Mayo

Zeferino Paramo

1881–Septiembre

Fernando Martínez Ángel Garmendia Zeferino Paramo

1882 Enero Marzo Octubre

Ángel Garmendia Luis G. Alvirez

1883 Mayo Septiembre

Digesto Constitucional Mexicano

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Ángel Garmendia

1885–Enero

Vicente Domínguez

1888–Abril

Pascual Ortiz Ángel Garmendia

1889 Septiembre Octubre

Vicente García Leiva Pascual Ortiz Ángel Garmendia Vicenta García Leiva Pascual Ortiz

1890 Febrero Abril Junio Septiembre Octubre

Ángel Garmendia

1891–Noviembre

Pascual Ortiz Francisco Pérez Gil

1892 Enero Septiembre

Pascual Ortiz

1893–Octubre

Francisco Pérez Gil

1894–Mayo

Vicente Maciel

1895–Septiembre

Francisco Pérez Gil

1897–Enero

Vicente García Leiva

1898–Octubre

José María Ojeda

1899–Enero

José Baltazar

1899–Julio

Vicente García Leiva Francisco Pérez Gil

1899 Septiembre Noviembre

José María Ojeda José Baltazar

1900 Enero Junio

Melchor Ocampo Manzo

1901–Septiembre

Francisco Pérez Gil

1902–Abril

Michoacán

93

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

94

Ponciano Saavedra

1905–Septiembre

Francisco Pérez Gil

1907–Septiembre

Felipe de J. Tena Ponciano Saavedra

1910 Agosto Septiembre

José Cruz Rodríguez Francisco Pérez Gil Rafael Guerrero

1911 Enero Septiembre Diciembre

José Cruz Rodríguez José Baltazar Luis G. Caballero

1912 Abril Junio Octubre

José Ugarte José Cruz Rodríguez Narciso Orduña José Ugarte

1913 Enero Marzo Agosto Diciembre

José Cruz Rodríguez Mariano Canedo

1914 Marzo Agosto

Francisco Méndez David Carrillo

1917 Agosto Diciembre

Manuel E. Ortiz Francisco Méndez

1918 Febrero Octubre

Adolfo Cortés

1919–Septiembre

Manuel E. Ortiz

1920–Febrero

Adolfo Cano

1921–Diciembre

Adolfo Cortés

1922–Diciembre

Alfonso Alvirez Leopoldo Gallegos

1924 Mayo Septiembre

Digesto Constitucional Mexicano

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

2

Ismael Tinoco Bonilla

1925–Mayo

Luis Garrido Ricardo Zavala Ismael Tinoco Bonilla Luis Garrido

1926 Enero Abril Julio Octubre

Leopoldo Gallegos Ismael Tinoco Bonilla Ricardo Zavala Luis Garrido Ismael Tinoco Bonilla

1927 Enero Abril Julio Septiembre Diciembre

Agustín Leñero

19282

Francisco G. García

1932

Alfonso Ríos Gómez

1935

Bernardo Castañeda

1935–1936

J. Jesús Ramírez Mendoza

1941–1944

Gaspar Hernández Ochoa

1950

Guillermo Morales Ossorio

1959

Enrique Estrada Aceves

1962–1965

Enrique Estrada Aceves

1968

Roberto Estrada Salgado

1968–1971

Jorge Mendoza Álvarez

1977

J. Refugio Gallegos Baeza

1986

José Solórzano Juárez

1988

Jorge Mendoza Álvarez

1990

Fernando Juárez Aranda

1991

Poder Judicial Michoacán. Coordinación de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública. 2013.

Michoacán

95

Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Marco Antonio Aguilar Cortés

1996–1997

Marco Antonio Aguilar Cortés

1998

Jorge Orozco Flores

1999

Mauro Hernández Pacheco

2002

Fernando Arreola Vega

2009

Alejandro González Gómez

2011–2012

Juan Antonio Magaña de la Mora

2013

Magistrados Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1824

José María Sánchez Arriola José María Ortiz Izquierdo Magistrados Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1928

José Vázquez Francisco G. García Magistrados Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1835

Antonio de Castro Agustín María Gómez Eguiarte Antonio Telésforo Méndez de Torres Clemente Valdés Manuel Alvirez Tomás Mariano Bustamante

96

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1841

Mariano Tercero Tomás Mariano Bustamante Manuel Alvirez Antonio Bribiesca Clemente Valdez Antonio de Castro Tomás Mariano Bustamante Magistrados Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1857

Agustín Tena Vicente Domínguez Rafael Puga Gabino Ortiz Francisco A. Benítez Zeferino Páramo Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1863

Agustín Tena Gabino Ortiz Magistrados Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1867

José María García Agustín Tena

Michoacán

97

Magistrados Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1867

Gabino Ortiz Cayetano López Macedonio Gómez Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1912

José María Campuzano Julio Ramírez Wiella Mariano Canedo Luis G. Caballero José Ugarte Nicolás Méndez Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1917

Francisco Méndez Manuel E. Ortiz José María Campuzano Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1928

José Vázquez Francisco G. García Agustín Leñero Jesús Gudiño Everardo García

98

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1928–1932

Cristóbal Ruiz Gaytán Raúl Castellanos Everardo García Gabino Vázquez

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1934–1935

Ismael Tinoco Bonilla Rafael Gallegos del Río Francisco Ochoa, Miguel Martínez Dávila José Vázquez

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1935–1936

Rafael Gallegos del Río Alfonso Ríos Gómez León Bermúdez Miguel Martínez Dávila José Vázquez

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1941–1944

Arturo Núñez Adolfo Alvarado

Michoacán

99

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1941–1944

Jorge Alberto Caballero Alberto Cano Díaz Salvador Gallegos del Río Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1950

José Vázquez Alfonso Ríos Gómez Ignacio Calderón Álvarez Víctor Manuel Chávez Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1950–1953

Bonifacio Irigoyen Díaz Ignacio Armería Agustín Carreón José Zavala Alcaraz José Jesús Vázquez Pallares Arturo Valenzuela Paniagua Gilberto Vargas López J. Jesús Ortega Calderón Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1959

Gaspar Hernández Ochoa Ramón Villasana Urricalday

100

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1959

Jorge Alberto Caballero Serapio Nava Solís Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1962–1965

Gilberto Vargas López J. Jesús Ramírez Mendoza Jorge García López José Molina Marín Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1964–1966

Gilberto Vargas López Alberto Lozano Vázquez Jorge García López José Molina Marín Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1968

Juan Díaz Ponce de León Salvador Bolaños Guzmán Gilberto Vargas López Jorge García López José Molina Marín J. Jesús Sandoval Bustos

Michoacán

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Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1968–1971

Gregorio Sánchez León Mariano Domínguez Martínez Alfredo Gálvez Bravo Miguel Velásquez Ramírez Carlos Huerta Cañedo José Solórzano Juárez

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1977

Ángel Baltazar Barajas Luis Eudoro González Vázquez Octavio Oropeza Bejar Eduardo Estrada Pérez J. Jesús Aguilar Ferreira J. Jesús Avalos Hernández Felipe González Oseguera José Solórzano Juárez Cecilia Chávez Cervantes

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1986

Luis García Hugo Guillermo Lara Hernández Fernando Arreola Vega Mauro Hernández Pacheco

102

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1986

José Luis Vega Antonio Mercado Guido Ramón Núñez Álvarez Alfredo Ocegueda Villanueva José Nieto Domínguez Ezequiel Hernández Calderón Rocío González Vélez Aldana José Solórzano Juárez Luis Alonso Rodríguez Nieto Elia Maldonado Calderón Juana Rodríguez Díaz

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1988

J. Jesús Genel González Ramón Núñez Álvarez Jaime Medina Ortiz Augusto Arriaga Mayés Hugo Guillermo Lara Hernández Jorge Orozco Flores Roberto Mendoza Torres César Ochoa Arellano Luis Alonso Rodriguez Nieto Plácido Torres Pineda Fernando Juárez Aranda Juana Rodríguez Díaz

Michoacán

103

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1988

Ma. Guadalupe Morales Ledesma Mauro Hernández Pacheco Fernando Arreola Vega

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1990

Jacinto Nava Mendoza Manuel López Rendón Daniel Amescua Zalapa Ramón Núñez Álvarez Luis Alonso Rodríguez Nieto Plácido Torres Pineda Gregorio Sánchez León Fernando Arreola Vega Hugo Guillermo Lara Hernández Mauro Hernández Pacheco Martha Imelda González Huerta Ma. Guadalupe Morales Ledesma Fernando Juárez Aranda Daniel Trujillo Mesina Juvencio Camacho Acevedo

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1991

Hugo Guillermo Lara Hernández

104

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1991

Jacinto Nava Mendoza Manuel López Rendón Fernando Arreola Vega Carlos Arroyo Carrillo Gregorio Sánchez León Luis Alonso Rodríguez Nieto Juvencio Camacho Acevedo Ramón Núñez Álvarez Mauro Hernández Pacheco Ma. Guadalupe Morales Ledesma Martha Imelda González Huerta Daniel Amezcua Zalapa Plácido Torres Pineda Adolfo Mejía González

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1996–1997

Plácido Torres Pineda Felipe Rojas López Hugo Guillermo Lara Hernández José Rigoberto Díaz Zavala Ricardo Color Romero Luis Rubén Puebla Calderón Héctor Octavio Morales Juárez Juvencio Camacho Acevedo

Michoacán

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Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1996–1997

Isidro Romero Silva Maria del Carmen González Vélez Aldana Elva Gamiño Bedolla Rita Reyes Herrera María Cristina Torres Pacheco Luis Alonso Nieto Ramón Núñez Álvarez

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1998

Isidro Romero Silva Ramón Núñez Álvarez José Rigoberto Díaz Zavala Héctor Octavio Morales Juárez Hugo Guillermo Lara Hernández Plácido Torres Pineda Luis Rubén Puebla Calderón Fernando Arreola Vega Mauro Hernández Pacheco María Cristina Torres Pacheco María del Carmen González Vélez Aldana Elva Gamiño Bedolla Ricardo Color Romero Juvencio Camacho Acevedo Luis Alonso Rodriguez Nieto

106

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 1999

Isidro Romero Silva José de la Paz Mercado Ricardo Color Romero Sergio Fernández Villagrán Rafael Ortiz Govea José Miguel Munguía Viveros Placido Torres Pineda Hugo Guillermo Lara Hernández Fernando Arreola Vega Mauro Hernández Pacheco María de los Ángeles Ornelas Manríquez María Cristina Torres Pacheco Bertha Alicia Bonilla Miranda Luis Alonso Rodríguez Nieto Juvencio Camacho Acevedo Ramón Núñez Álvarez

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2002

Marco Antonio Flores Negrete Ricardo Color Romero Luis Rubén Puebla Calderón Juan Antonio Magaña de la Mora Alejandro González Gómez Placido Torres Pineda

Michoacán

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Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2002

Hugo Guillermo Lara Hernández Ramón Núñez Álvarez Fernando Arreola Vega Isidro Romero Silva María del Carmen González Vélez Aldana María Cristina Torres Pacheco María de los Ángeles Rusiles Gracias María Alejandra Pérez González Luis Alonso Rodríguez Nieto Juvencio Camacho Acevedo

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2009

Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez Alejandro González Gómez Jorge Reséndiz García Sergio Fernández Villagrán Miguel Dorantes Marín Rafael Ortiz Govea Sergio Alberto Cázares Solórzano José de la Paz Mercado Plácido Torres Pineda Luis Rubén Puebla Calderón Juan Antonio Magaña de la Mora Armando Pérez Gálvez María Cristina Torres Pacheco

108

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2009

Dora Elia Herrejón Saucedo María Alejandra Pérez González Luis Alonso Rodríguez Nieto Víctor Barragán Benítez Jorge Pérez Zavala

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2011

Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez Sergio Alberto Cázares Solórzano Luis Rubén Puebla Calderón Miguel Dorantes Marín Rafael Ortiz Govea Sergio Fernández Villagrán Marco Antonio Flores Negrete Armando Pérez Gálvez Jorge Pérez Zavala Víctor Barragán Benítez Plácido Torres Pineda Jose de la Paz Mercado Juan Antonio Magaña de la Mora Dora Elia Herrejón Saucedo María Alejandra Pérez González María de los Ángeles Ruciles Gracián María Cristina Torres Pacheco Fernando Arreola Vega

Michoacán

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Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2012

Juan Antonio Magaña de la Mora Rafael Ortiz Govea Sergio Fernández Villagrán Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez Miguel Dorantes Marín Luis Rubén Puebla Calderón Sergio Alberto Cázares Solórzano José de la Paz Mercado Jorge Pérez Zavala Armando Pérez Gálvez Víctor Barragán Benítez Héctor Octavio Morales Juárez Marco Antonio Flores Negrete María Alejandra Pérez González Dora Elia Herrejón Saucedo María Cristina Torres Pacheco María de los Ángeles Ruciles Gracián Fernando Arreola Vega

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2013

Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez Jorge Pérez Zavala Alejandro González Gómez Miguel Dorantes Marín

110

Digesto Constitucional Mexicano

Ministros Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 2013

Víctor Barragán Benítez Marco Antonio Flores Negrete Rafael Ortiz Govea Sergio Fernández Villagrán José de la Paz Mercado Sergio Alberto Cázares Solórzano Armando Pérez Gálvez Dora Elia Herrejón Saucedo María Alejandra Pérez González María de los Ángeles Ruciles Gracián María Cristina Torres Pacheco Fernando Arreola Vega Luis Rubén Puebla Calderón Plácido Torres Pineda

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III. C onstituciones históricas

E

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE FEDERADO DE MICHOACáN (1825)

n el nombre de Dios trino y uno, autor y supremo legislador de la sociedad.

El congreso constituyente del estado de Michoacan, usando de los poderes que por el hecho de su elección le confirió al efecto el pueblo soberano, decreta para su gobierno la siguiente constitución política. ARTÍCULOS PRELIMINARES. Art. 1. El estado de Michoacan conservará este nombre, que obtuvo de la antigüe­ dad, y su escudo de armas se formara con alguna alusion a lo que significa. Art. 2. Es y deberá ser siempre libre de toda dominacion. Art. 3. Como soberano puede arreglar su gobierno conforme le sea mas conve­ niente, conservando como federado las bases que han sentado la Acta constitutiva y Constitucion federal. Art. 4. Es independiente de los demas estados unidos de la nación mexicana, con los cuales tendrá las relaciones que establezca la Confederacion general de todos ellos. Art. 5. Su religion es, y deberá ser perpetuamente, la católica apostólica romana, única verdadera. El estado la protege por leyes sábias y justas y prohibe el ejercicio de cualquiera otra.

115

Art. 6. El territorio michoacano es por ahora el mismo que correspondía antes á la intendencia conocida con el nombre de Valladolid, esceptuándose Colima. Una ley que será constitucional, determinará sus límites respecto de los demas estados colin­ dantes. Art. 7. Se dividirá en departamentos, partidos y municipalidades. Las leyes fija­rán el número y los términos de estas secciones. Art. 8. Son michoacanos solamente los nacidos en el territorio del estado. Art.9. Se reputarán como tales: —1.° Los nacidos en cualquiera estado ó territorio de la Federacion Mexicana, luego que sean vecinos de este. —2.° Todos los que el año de 1821 se hallaban establecidos en algun lugar del es­ tado, y no hayan variado despues de domicilio. —3.° Los americanos naturales de alguno de los otros puntos independientes de la nación española, y los estrangeros que casaren con michoacana y se hicieren vecinos del estado. Art. 10. Los michoacanos tienen obligaciones generales y particulares. Las pri­meras les corresponden como á individuos de la gran familia mexicana, y son objeto de leyes generales. Art. 11. Las que les competen como á michoacanos, son: —1.ª. Desempeñar los cargos de eleccion popular. —2.ª. Sostener las autoridades y las leyes, la independencia y la libertad del estado. —3.ª. Contribuir para los gastos públicos, en los términos que lo exigiere la ley. Art. 12. Los derechos comunes á todos los hombres, son: —1.° El de libertad para hablar, escribir, y hacer cuanto quisieren, con tal que no ofendan los derechos de otro. —2.° El de igualdad, para ser regidos y juzgados por una misma ley, sin mas dis­ tinciones que las que ella misma establezca. —3.° El de propiedad, por el que pueden disponer á su arbitrio de sus bienes, y de las obras de su industria ó talento, siempre que no ceda en perjuicio de la sociedad, ó de los otros. —4.° El de seguridad, por el que pueden exigir de la sociedad proteccion y defensa de sus personas, intereses y derechos, para el goce pacífico de los unos y de los otros.

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Digesto Constitucional Mexicano

Art. 13. El estado de Michoacan los respetará como sagrados é inviolables en los hombres de cualquier pais del mundo que pisen su terreno, aunque sea solo de tránsito. Ellos por su parte cumplirán con el deber de respetar sus autoridades y de sujetarse á sus leyes. Art. 14. En consecuencia queda para siempre prohibido en el territorio del estado el comercio y tráfico de esclavos; y los que en el existen actualmente se darán por libres con la indemnizacion correspondiente, si la exigieren los dueños. Art. 15. Los michoacanos, á mas de los derechos comunes á todo mexicano, tienen otros especiales, que son: —1.° El de sufragar para la eleccion de individuos de las municipalidades en su vecindad respectiva. —2.° El de votar para diputados al congreso del estado, y para gobernador, vicego­ bernador y consejeros. —3. ° El de obtener los empleos de este en todas lineas, con preferencia á los ciuda­ danos de los otros en igualdad de circunstancias. Art. 16. Los derechos de ciudadanía comunes y particulares, se pierden: —1.° Por admitir carta de naturaleza, ó residir cinco años en pais estrangero, sin comision ó licencia del gobierno. —2. ° Por recibir empleo, condecoracion: ó pension de gobierno estrangero, sin per­ miso de los Estados Unidos Mexicanos. —3.° Por sentencia ejecutoriada, en que se impongan penas infamantes. —4. ° Por deuda fraudulenta, calificada en juicio como tal. Art. 17. Perdidos estos derechos, solo pueden recobrarse por habilitacion formal de la legislatura del estado. Art. 18. Su ejercicio se suspende: —1.° Por incapacidad física ó moral, pública ó comprobada. —2.° Por ser deudor á los caudales públicos, habiendo precedido requerimiento para el pago. —3. ° Por no tener domicilio, y empleo, oficio ó modo de vivir conocido. —4.° Por ser ébrio consuetudinario ó jugador de profesion. —5.° Por sirviente doméstico, destinado inmediatamente á la persona.

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—6.° Por no tener la edad que designar la ley. —7.° Desde el año de cuarenta por no saber leer y escribir. TITULO PRIMERO. PODER LEGISLATIVO. CAPITULO I. Del Congreso y de los Diputado Art. 19. El poder legislativo del estado se deposita en un congreso, compuesto de diputados elegidos de un modo indirecto por el pueblo. Art. 20. El número de los diputados se arreglará á la población. Se nombrará una por cada veinte y cinco mil almas, ó por una fracción que no esceda de la mitad de esta base, la que solo podrá variarse en caso que ella no diere el número de quince, que será el ínfimo de que deberá constar el congreso. Por cada dos propietarios se nombrará un suplente; si hubiere fraccion, no se tomará en consideracion. Art. 21. El artículo anterior no tendrá efecto en el primer sexenio de esta constitu­ cion, durante el cual, sin bajar del ínfima señalado, podrá aumentarse hasta veinte y uno el número de los diputados, cualquiera que sea la poblacion, segun que las legislaturas lo juzguen necesario. Art. 22. De consiguiente cada legislatura fijará el número y reglamentará la eleccion de diputados para la siguiente, observando lo prevenido en esta constitucion. Art. 23. El congreso se renovará cada dos años, y la eleccion de diputados se hará en el año en que corresponda, el domingo último del mes de mayo en la capital del estado. Art. 24. Para ser diputado so requiere: —1.° Ser michoacano por nacimiento, ó vecino del estado cinco años antes de la eleccion. —2.° Tener al tiempo de ella veinte y cinco años cumplidos. Art. 25. No podrán ser diputados: —1.° Los que estén privados ó suspensos de los derechos de ciudadano. —2.° El gobernador y vicegobernador del estado, los individuos de su consejo, el secretario de gobierno, los ministros del supremo y superior tribunal de justicia, el tesorero general, los prefectos, los empleados de hacienda del estado de nom­ bramiento del gobierno, y los demás de que habla la restriccion sesta artículo 23

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Digesto Constitucional Mexicano

de la constitución federal; si no es que estos hayan cesado absolutamente en sus des­ tinos seis meses antes de las elecciones. —3.° Los no nacidos en el territorio de la federacion mexicana, aunque hayan obte­ nido carta de naturaleza, mientras no sean casados con michoacana, tengan diez años de vecindad en el estado, y diez mil pesos en bienes raices, ó una industria que les produzca mil cada año; esceptuándose de estos los emprendidos en el ar­ tículo 21 de la constitucion federal, á quienes bastarán los requisitos que espresa el artículo antecedente. Art. 26. La reunion del congreso se hará todos los años el día seis de agosto en el edificio destinado á este fin en la capital del estado. El reglamento interior prescri­ birá las formalidades con que ha de celebrarse la apertura de las sesiones. Art. 27. Si por causas estraordinarias juzgare el congreso necesario variar de resi­ dencia, podrá hacerlo, ínterin aquellas subsistan, con la aprobacion de las dos terce­ ras partes del número total de diputados. Art. 28. En su gobierno interior observará el reglamento formado por el actual congreso, pudiendo hacer en él las reformas que se juzgaren necesarias. Art. 29. Las sesiones ordinarias del congreso serán diarias, sin otra interrupcion que la de los dias festivos religiosos, ó de fiesta nacional muy solemne, y durarán cada año tres meses y medio, pudiendo prorogarse hasta treinta dias útiles, por reso­ lucion del mismo congreso, ó á pedimento del gobierno. Art. 30. El artículo anterior no tendrá efecto en cuanto al primer congreso cons­ titucional, el cual tendrá tres sesiones semanarias á lo menos por el tiempo de seis meses, que puede prorogarse hasta ocho en cada uno de los dos años de su duración. Art. 31. Las sesiones serán públicas, esceptuándose los casos, en que por reglamen­ to deban celebrarle en secreto. Art. 32. El gobernador concurrirá al acto de abrir y cerrar las sesiones ordinarias, pronunciado un discurso análogo á las circunstancias al que contestará el presi­ dente del congreso en términos generales. Art. 33. El día siguiente al de la apertura de las sesiones se presentará el secretario de gobierno a informar al congreso por escrito del estado de la administración pública, con la estension que demanda objeto tan importante. Art.34. Si algún motivo grave exigiere la reunión estraordinaria del congreso, este no se ocupará de otro asunto que de aquel para que hubiere sido convocado. Art. 35. Cuando esta reunion extraordinaria se hiciere en el tiempo inmediato á su renovacion, no se suspenderá por esto la eleccion é instalacion del nuevo, el que continuará deliberando sobre el negocio que ocupare al antiguo, sí aun durase pendiente su resolucion.

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Art. 36. Los diputado son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desem­ peño de su comision: y en ningún caso ó tiempo, ni por autoridad alguna, podrán ser reconvenidos por ellas. Art. 37. Gozan de inmunidad en sus personas é intereses desde el día de su pose­ sión hasta un mes después de fenecido el tiempo de su encargo; y en cualquier causa que se intente contra ellos, no podrán ser juzgados, sino por el tribunal que designa esta constitucion, después de haber declarado el congreso que ha lugar á su formacion, en el modo que dispone el reglamento interior. Art. 38. Durante el mismo tiempo no podrán admitir para sí, ni solicitar para otro, pensión ó empleo alguno de provisión del gobierno, ni ascenso que no sea de rigo­ rosa escala en su respectiva carrera. Art. 39. Los diputados nombrados se presentarán á la diputacion permanente, la que hará escribir sus nombres en un registro, que se archivará en la secretaria del congreso. Art. 40. La fórmula del juramento que han de prestar los diputados antes de tomar posesión, será la siguiente. ¿Jurais á Dios haberos bien y fielmente en el encargo que os confia el estado, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo, observando y haciendo observar la acta constitutiva y constitucion federal, y la par­ ticular del estado en todas sus partes? Sí juro– Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si nó os lo demande. Art. 41. Antes de concluir el congreso las sesiones ordinarias, nombrará una dipu­ tacion de cinco individuos de su seno. Esta que se denominará diputacion perma­ nente, subsistirá todo el tiempo del receso de aquel, con las atribuciones que le designa esta constitucion. CAPITULO II De las atribuciones del congreso, y de la diputación permanente. Art. 42. Pertenece esclusivamente al congreso: —I. Dictar leyes para el régimen del estado en todos los ramos de su administracion interior, interpretarlas, ó derogarlas en caso necesario. —II. Intervenir en la eleccion de gobernador y vicegobernador del estado, en el modo que previene esta constitución, y declarar los electos. —III. Resolver las dudas sobre credenciales de los diputados, nulidad de elecciones de los mismos, de los consejeros, y del gobernador y vicegobernador, en las que haga para estos destinos la junta electoral, y calificar las escusas que alegaren cual­ quiera de estos funcionarios para no servir sus encargos.

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—IV. Conocer en calidad de gran jurado, en el modo que disponga el reglamento interior, para declarar si ha ó no lugar á formación de causa, en las acusaciones que se hagan contra los diputados, gobernador, vicegobernador, consejeros, secretario del despacho, individuos del supremo tribunal de justicia, y tesorero general por los delitos que cometan durante su comisión. —V. Disponer se haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios que se espre­ san en la atribución anterior, y que se exija á los demas empleados, cuando haya lugar á ello. —VI. Recibir el juramento al gobernador, vicegobernador, consejeros y ministros del supremo tribunal de justicia. —VII. Conceder al gobernador, por tiempo limitado, facultades estraordinarias cuando lo requieran circunstancias graves de conveniencia pública, calificadas por las dos terceras partes de los diputados que constituyan la legislatura. —VIII. Prescribir la forma que haya de observarse en la elección de diputados por el estado al congreso general. —IX. Elegir senadores para el mismo, y sufragar para la elección de presidente y vicepresidente de la federación, y ministros de la suprema córte de justicia, con­ forme á lo dispuesto en la constitucion federal. —X. Nombrar el tesorero general del estado, y los ministros del supremo tribunal de justicia. —XI. Señalar anualmente los gastos de la administracion pública, con vista de los presupuestos que presente el gobierno. —XII. Imponer las contribuciones que fueren necesarias para cubrirlos, con inclu­ sion de la suma que se haya asignado al estado para los gastos generales de la fede­ racion. —XIII. Aprobar definitivamente cada año las cuentas de los caudales públicos del estado. —XIV. Disponer lo conveniente para la administracion, conservación y enagenacion de los bienes del mismo. —XV. Señalar, aumentar ó disminuir las dotaciones de los empleados y funciona­ rios públicos del estado, las pensiones de los primeros en el caso de jubilación ó retiro temporal con causa justa. —XVI. Contraer deudas sobre el crédito del estado para objetos de utilidad comun. —XVII. Dictar leyes para mantener en su vigor la observancia de los cánones y la disciplina esterior de la iglesia en el estado, arreglándose á los concordatos que

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en este punto celebrare el congreso general con la silla apostólica, y á los decretos que en su consecuencia espida el mismo. —XVIII. Aprobar, previo informe del gobierno, los aranceles de cualquiera clase, reglamentos de tribunales y oficinas, los de policía y sanidad, los arbitrios para obras públicas de beneficencia, utilidad y ornato, y las ordenanzas municipales que formen los ayuntamientos. —XIX. Conceder premios personales, y declarar beneméritos en grado heróico á los que hayan hecho servicios distinguidos al estado, y declarar honores públicos á la memoria de los mismos. —XX. Reglamentar el modo en que deberá hacerse la recluta del contingente de hombres, que corresponda al estado para el reemplazo de la milicia activa y perma­ nente. —XXI. Disponer lo conveniente para el alistamiento é instruccion de la milicia cívica del estado, observando las leyes generales. —XXII. Promover por todos los medios la instruccion pública y el progreso de las ciencias, y prescribir lo conducente á la mejor educacion moral y política de la juventud. —XXIII. Procurar eficazmente la prosperidad común, fomentando las artes, la in­ dustria y establecimientos útiles, y decretando la apertura y mejora de aminos en lo que corresponda al estado. —XXIV. Protejer los derechos de los michoacanos, y la libertad política de la imprenta. —XXV. Conceder indultos generales por delitos de que deben conocer los tribu­ nales del estado. —XXVI. Establecer el juicio por jurados, cuando se juzgue conveniente, atendidas las circunstancias del mismo. —XXVII. Conceder á los estrangeros carta de naturaleza en el estado, conforme á lo que dispusiere el congreso general sobre este punto, y de ciudadanía á los mismos en el modo que prescriba la ley. —XXVIII, Arreglar, de acuerdo con los colindantes, los límites del estado, y dividir su territorio como mejor convenga á su gobierno. —XXIX. Formar leyes y reglamentos de colonizacion en la demarcacion del estado, conforme á lo que se disponga por el congreso general. —XXX. Ordenar el plan general que debe servir para la estadística del territorio.

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—XXXI. Ultimamente está en sus atribuciones todo lo que corresponde al órden legislativo, en cuanto no se oponga á la constitución federal ni á la particular del estado. Art. 43. Pertenece á la diputación permanente: —I. Velar sobre la observancia de la constitucion federal, de la del estado y sus leyes, dando cuenta al congreso de las infracciones que note. —II. Acordar se convoque al congreso, cuando lo exijan ocurrencias graves, ó lo pidiere el gobernador con el consejo, ó este solo, señalando dia para su reunion y lugar si fuere necesario. —III. Comunicar las órdenes correspondientes para convocar á congreso extraordi­ nario por medio de su presidente, cuando no pueda ejecutarse por el gobernador, ó este no lo haga al tercero día de habérsele pasado el decreto. —IV. Llamar á los diputados suplentes por falta de los propietarios, y en caso que el número de unos y otros no llene el de que debe componerse el congreso, dar las órdenes correspondientes para que se completen por una nueva eleccion. —V. Cuidar de que en los días señalados por la ley, se hagan las elecciones populares que previene esta constitucion, escitando, al gobierno á que con oportunidad libre las ordenes correspondientes. —VI. Recibir las actas de elecciones de los diputados, para que se presenten á la primera junta preparatoria del congreso. CAPITULO III. De la formación y publicación de las leyes* Art. 44. Tienen facultad de proponer al congreso proyectos de ley ó decreto: —1.° Los diputados en ejercicio. —2.° El gobernador. —3.° El consejo —4.° Los tribunales supremo y superior de justicia. —5.° Los ayuntamientos Art. 45. En cuanto á la forma con que deberán presentarse, y el modo con que ha de proceder el congreso para su admision, discusion y votacion. se observará lo prevenido en el reglamento interior. Art. 46. Las leyes ó decretos del congreso se espedirán bajo esta fórmula: “EI con­ greso constitucional del estado de Michoacan decreta: (aquí el testo.) El gobernador

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del estado dispondrá se publique, circule y observe.” Y se firmarán por el presidente y los dos secretarios. Art. 47. El gobernador, oido el consejo, podrá hacer reflexiones sobre las leyes ó decretos que se le remitan, en el término de diez días contados desde su recibo, y en tal caso los devolverá al congreso, acompañando el dictámen del consejo con una esposicion de su observaciones. Art. 48. Si tuviere que hacerlas sobre ley espedida en el tiempo inmediato al de concluir las sesiones del congreso, y este las cerrare antes de espirar el término de los diez dias, las espondrá dentro de las cuatro primeras del año siguiente. Art. 49. El congreso las tomará en consideracion con las formalidades que dispone el reglamento interior: si resolviere de conformidad con lo pedido, se tendrá por desechada la ley en el todo, ó en la parte á que las reflexiones se contraigan; y en el caso opuesto, se devolverá al gobernador, quien deberá publicarla. Art. 50. Pasados los diez dias de recibida por el gobernador una ley, no se admitirán observaciones acerca de ella. Art. 51. El gobernador hará publicar solemnemente las leyes, y con la brevedad posible, si no tuviese que esponer sus observaciones sobre ellas. Art. 52. Ninguna ley obligará sin la publicacion mandada por el gobierno. Art. 53. Desechado un proyecto de ley, no podrá volverse á tratar de él en las sesio­ nes de aquel año. Art. 54. Si el congreso por el voto de las dos terceras partes de los diputados presen­ tes, calificare de urgente la publicacion de alguna ley, podrá dispensar las formalidades que el reglamento previene para su formacion, y determinar que no pueda el go­ bierno hacer observaciones sobre ella, ó limitarle el tiempo en que lo podrá ejecutar. Art. 55. La interpretacion ó derogación de las leyes, se hará con los mismos trámites y formalidades que se prescriben para su formacion. Art. 56. Siempre que haya de tratarse algún asunto, en que á juicio del congreso se tuviere por conveniente oir al gobierno, ó este lo pidiere, podrá asistir y hablar en la discusion, pero sin voto, el orador que él mismo nombre; no pudiendo ser otro, que el secretario del despacho, ó alguno de los individuos del consejo.

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TITULO SEGUNDO. Poder ejecutivo. CAPITULO I Del gobernador, vicegobernador y su eleccion. Art. 57. El supremo poder ejecutivo se deposita en un solo individuo con el nombre de gobernador del estado. Art. 58. Habrá también un vicegobernador, el que tendrá en caso de imposibilidad física ó moral del gobernador, todas las facultades y prerogativas de él. Art. 59. Para ser gobernador ó vicegobernador se requiere: —1.° Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. —2.° Haber nacido en país de la federacion. —3. ° Tener treinta años cumplidos al tiempo de la primera eleccion. —4.° Ser vecino del estado con residencia de cinco años, si no fuere michoacano. Art. 60. No se podrán elegir para estos cargos los eclesiásticos ni los empleados de la federacion. Art. 61. El gobernador y vicegobernador no podrán ser reelectos para este encargo, sino pasando un cuatrienio de haber cesado en sus funciones. Art. 62. El gobernador y vicegobernador del estado servirán este destino con prefe­ rencia á cualquier otro que tengan en el mismo. Art. 63. La junta electoral del estado, al día siguiente de haber hecho el nombramiento de diputados, elegirá tres individuos para gobernador y vicegobernador. Art. 64. El presidente de la junta remitirá testimonio de la acta de esta eleccion á la diputacion permanente del congreso, ó a este si estuviere reunido, para que se pre­ sente al inmediato. Luego que este se instale, procederá al nombramiento de gober­ nador y vicegobernador, el que se hará precisamente en dos de los tres individuos propuestos por la junta electoral. CAPITULO II De la duracion del gobernador y vicegobernador, del modo de llenar las faltas de ambos, y de su juramento. Art. 65. El gobernador y vicegobernador del estado entrarán á servir sus destinos el dia 6 del mes de octubre. En igual dia á los cuatro años, cesarán precisamente en

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sus funciones y deberán ser reemplazados por una elección constitucional. Aunque esta no se haya hecho por algun evento, cesarán siempre los antiguos, y la falta del poder ejecutivo se llenará del modo que previene el artículo siguiente. Art. 66. En caso de imposibilidad perpetua del gobernador y vicegobernador, nom­ brará la legislatura, y en su receso la diputacion permanente, de entre los individuos del consejo, propietarios ó suplentes, quien haga las funciones del primero, hasta que tomen posesión el gobernador ó vicegobernador electos constitucionalmente. En toda falta del vicegobernador, ó cuando funcione de gobernador, hará sus veces el decano del consejo. Art. 67. El gobernador y vicegobernador prestarán el juramento ante el congreso bajo la fórmula siguiente: “Yo N. nombrado gobernador (ó vicegobernador) del estado de Michoacan, juro por Dios y los santos evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que el mismo estado me ha confiado, y que guardaré y haré guardar la constitucion y leyes de la federacion y del estado.” Art. 68. Si el gobernador ó vicegobernador se presentaren á jurar cuando no esté reunido el congreso, lo deberán hacer ante la diputacion permanente: y si el vicego­ bernador jurare antes, entrará desde luego á gobernar hasta que el gobernador haya jurado. CAPITULO III. De las prerogativas del gobernador. Art. 69. El gobernador puede hacer al congreso las propuestas de ley ó decreto que juzgue convenientes al bien del estado, esponiendo sus fundamentos por escrito. Art. 70. Podrá suspender por una sola vez hasta nueva resolución las leyes ó decre­ tos del congreso, conforme se previene en los artículos 47 y 48. Esta prerogativa no tendrá lugar en los casos que espresa esta constitución. Art. 71. Durante el tiempo de su ejercicio no podrá ser acusado sino ante el con­ greso, y por los delitos de traicion contra la libertad é independencia nacional ó forma establecida de gobierno; por cohecho ó soborno; por impedir las elecciones de gobernador y vicegobernador consejeros y diputados; ó que estos se presenten á servir sus destinos, ó que ejerzan sus oficios; ó por crímenes atroces. Art. 72. De cualquiera otro delito que haya cometido en el tiempo de su empleo, podrá ser acusado dentro de seis meses contados desde el día en que haya cesado en sus funciones. Pasado dicho tiempo, no habrá lugar á la acusacion. CAPITULO IV. De las atribuciones y obligaciones del gobernador, y restricciones de sus facultades. Art. 73. Las atribuciones del gobernador, son:

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—I. Promulgar, mandar cumplir y ejecutar las leyes y decretos del congreso del estado. —II. Cuidar de la conservacion del órden público en lo interior, y de la seguridad del estado en lo esterior, con arreglo á la constitucion, y á las leyes del mismo y de la federacion. —III. Mandar en gefe la milicia cívica del estado, y disponer de ella para los fines que índica el artículo anterior. —IV. Proveer en la forma que esta constitucion y las leyes dispongan, todos los em­ pleos del estado, escepto los que por ellos se reservan á la eleccion del pueblo, ó del congreso. —V. Nombrar secretario del despacho de gobierno, y separarlo á su arbitrio. —VI. Velar sobre el puntual cumplimiento, tanto de esta constitucion, como de la general, y de las leyes y decretos de la federacion y del congreso del estado, y espedir las órdenes correspondientes para su ejecucion. —VII. Formar los reglamentos que juzgue necesarios para el mejor gobierno, en los ramos de la administracion pública del estado, presentándolos al congreso para su aprobacion. —VIII. Celar que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los tribunales del estado, y que se ejecuten sus sentencias; sin mezclarse por esta inspección en el examen de las causas pendientes, ni disponer, durante el juicio, de las personas de los reos. —IX. Cuidar de la recaudacion y decretar la inversion de las contribuciones del es­ tado, con arreglo á las leyes. Art. 74. Es de su deber: —1.° Dar informe al congreso, cuando este lo pidiere. —2.° Consultar al consejo en los casos que previene esta constitucion. —3.° Cuidar que las elecciones constitucionales se hagan en el tiempo asignado. —4.° Convocar á congreso, cuando lo determine la diputacion permanente. —5.° Presentar cada año al congreso para su aprobacion, el presupuesto de gastos del estado. —6.° Dar cuenta por medio de su secretario al congreso del estado de la administra­ ción pública en todos sus ramos, informando sobre los medios con que juzgue poder adelantarse.

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—7.° Pedir se exija la responsabilidad á los secretarios del gobierno general en caso que comuniquen alguna orden contraria á la constitución del estado. —8.° Cuidar que la milicia cívica se instruya conforme á la disciplina que se mande observar por el congreso general. —9.° En la publicacion de leyes y decretos del congreso del estado deberá usar de la fórmula siguiente: ‘El gobernador del estado de Michoacan á todos sus habitantes, sabed: que el congreso del mismo estado ha decretado lo que sigue. (Aquí el testo.) Por tanto, mando se imprima, publique y circule, y se le dé el debido cumplimiento” Art. 75. El gobernador puede: —I. Pedir al congreso la próroga de sus sesiones, por el tiempo prescrito en esta constitucion. —II. Pedir, con acuerdo del consejo, á la diputacion permanente, la reunion estraor­ dinaría del congreso. —III. Devolver al consejo por una vez la terna que le presente para el nombramiento de empleados. —IV. Suspender de los empleos hasta tres meses, y privar hasta la mitad de los suel­ dos por el mismo tiempo, previo dictamen del consejo, á los empleados del gobierno y de la hacienda del estado, infractores de sus órdenes y decretos; pasando los ante­ cedentes al tribunal respectivo, cuando juzgue que se les debe formar causa. —V. Conceder, con arreglo á la ley y consulta del consejo, indultos, y conmutar la pena ordinaria en otra menor, en casos particulares, y por delitos cuyo conocimiento corresponda á los tribunales del estado. —VI. Si tuviere quejas contra algún magistrado, y formado espediente parecieren fun­ dadas, podrá, oido el consejo, suspenderlo, haciendo pasar inmediatamente el espe­ diente al tribunal que corresponda, para que este lo juzgue con arreglo á las leyes. —VII. Podrá imponer multas en sus órdenes y decretos, hasta la cantidad de quinien­ tos pesos. Art. 76. No puede el gobernador: —I. Mandar en persona la milicia cívica local, sin espreso permiso del congreso, y en su receso de la diputación permanente. —II. Ocupar la propiedad de ningún particular, ni corporacion, ni turbarte en la pose­ sion, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario, para objeto de conocida utilidad común, tomar la propiedad de un particular ó corporacion, no podrá hacerlo sin aprobacion previa del congreso, ó si este no estuviere reunido, del

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consejo, y sin que primero se indemnice al propietario con su justo precio, á bien vista de hombres buenos. —III. Arrestar á persona alguna, si no es cuando lo exijan el bien y seguridad común, en cuyo caso pondrá al arrestado dentro de cuarenta y ocho horas a disposición del tribunal ó juez competente. —IV. Imponer pena alguna. —V. Ausentarse mas de cinco leguas de la capital del estado, ni por mas de ocho días sin espreso consentimiento del congreso, y en su receso de la diputacion permanente, previo informe del consejo. —VI. Poner á disposicion del gobierno general la milicia cívica, sino conforme al artículo 110, atribucion 11.a de la constitucion federal. CAPITULO V. Del consejo de gobierno Art. 77. Habrá en el estado un consejo de gobierno, compuesto de cuatro consejeros electos por el pueblo, y del vicegobernador, que será su presidente con voto en todas sus deliberaciones. Art. 78. Cuando asista al consejo el gobernador del estado, lo presidirá sin voto. Art. 79. La elección de consejeros se hará por la junta electoral el mismo dio, y acto continuo á la de los tres individuos para gobernador y vicegobernador, debiendo reno­ varse cada dos años por mitad, saliendo en la primera vez los nombrados últimamente. Art. 80. El número de suplentes, que también deben elegirse, será igual al de los propietarios, y de unos y otros solo uno podrá ser eclesiástico. Art. 81. Respecto de los consejeros se observará lo prevenido en los artículos 63 y 64. Art. 82. Los consejeros deben tener los mismos requisitos que los diputados, y ade­ mas el de treinta años cumplidos. Art. 83. No pueden ser consejeros, los que no pueden ser diputados. Art. 84. Habrá, un secretario del consejo, que lo será uno de sus individuos, nombrado del modo que disponga su reglamento interior, que formará el mismo y aprobará el congreso. Art. 85. Las atribuciones del consejo, son: —I. Consultar al gobernador en todos los asuntos en que lo pida el mismo, y casos en que lo prevenga la ley.

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—II. Velar sobre el cumplimiento de la constitucion y las leyes, y dar parte al con­ greso de las infracciones que notare con el espediente que forme. —III. Promover el establecimiento en el estado de todos los ramos útiles, y el fomento de los que son propios del mismo, y proponer cuanto juzgare conveniente para su ilustracion. —IV. Hacer las observaciones que le parezcan conducentes, para el mejor cumplimien­ to de la constitucion y leyes generales y particulares del estado. —V. Presentar al gobernador ó al congreso, proyectos de ley ó de reforma sobre cualquier ramo de la administracion pública. —VI. Proponer ternas para la provision de los empleos en que lo disponga la ley. —VII. Glosar en último resultado todas las cuentas de los caudales públicos, y presen­ tarlas al congreso para su examen y aprobacion. Art. 86. Los individuos del consejo son responsables de todos sus procedimientos en el desempeño de las funciones de su encargo, y principalmente por consultas con­ trarias á la constitución ó leyes del estado. Art. 87. El consejo estendera sus dictamenes por escrito, llevando un registro de todos los que diere. Art. 88. Los consejeros antes de entrar a servir sus encargos, pintarán juramento con la misma fórmula que los diputados, ante el congreso, si estuviere reunido, y en su receso ante la diputación permanente. CAPITULO VI. Del despacho de gobierno Art. 89. Habrá un secretario de gobierno para el despacho de todos los negocios del mismo. Art. 90. El secretario debe ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y nacido en pais de la federación mexicana. Art. 91. Todas las órdenes y providencias del gobernador deberán autorizarse por el secretario del despacho, y sin este requisito no serán obedecidas. Art. 92. Será responsable de las que autorice contra la constitución y leyes del estado, sin que le sirva de escusa haberlo mandado el gobernador. Art. 93. En el gobierno interior de la secretaría se observará el reglamento que for­ mará el secretario y aprobará el congreso.

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TITULO TERCERO Gobierno político y económico CAPITULO I. De los prefectos y subprefectos Art. 94. En cada departamento habrá para su gobierno político–económico un pre­ fecto con entera dependencia del gobernador del estado. Art. 95. Los prefectos serán nombrados por el gobierno de acuerdo con el consejo. Art. 96. Para ser prefecto se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años, nacido en pais de la federacion, con residencia de cinco años en el estado, y de la conveniente aptitud. Art. 97. Servirán estos destinos por el término de cuatro años, no pudiendo conti­ nuarse en los mismos, sino otros cuatro, por circunstancias muy recomendables. Art. 98. Los prefectos serán el conducto de comunicacion de las órdenes del gobier­ no, pasándolas á los subprefectos, y estos á los ayuntamientos ó tenientes, y por la misma serie inversa volverán las contestaciones; sin que sea lícito variarla, si no es en caso de queja contra alguna de las referidas autoridades: entonces podrán ocurrir por el orden prescrito á la mas inmediata hasta el gobernador. Art. 99. Las atribuciones, facultades y sueldos de los prefectos, se designarán por una ley. Art. 100. En cada partido, menos en el que reside el prefecto, habrá un subprefecto nombrado por él con aprobacion del gobierno. Art. 101. Para ser subprefecto se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y tener algún capital, finca ó ramo de industria que baste á mantenerlo con decencia. Art. 102. Nadie podrá escusarse de estos cargos, sino en el caso de reeleccion inme­ diata; de no pasar dos años de haber servido cargas municipales; ó por otra causa legítima á juicio del concejo. CAPITULO II. De los ayuntamientos. Art. 103. Habrá ayuntamientos, compuestos de alcaldes, regidores y síndicos, á cuyo cargo estará el gobierno y régimen interior de los pueblos. Art. 104. Se establecerán en los que por sí ó con su comarca, consten lo menos de cuatro mil almas.

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Art. 105. Los que no llegaren á este número, se unirán entre sí hasta completarlo para formar ayuntamiento. Art. 106. El que se forme por la reunion de que habla el artículo anterior, se esta­ blecerá en el lugar que se calificare conveniente, á juicio del prefecto. Art. 107. Los pueblos que no tengan el número señalado, ni puedan por su mucha distancia reunirse á otros para completarlo, se agregarán al ayuntamiento mas inme­ diato del mismo partido. Art. 108. En los pueblos en que no hubiere ayuntamiento, se nombrará por la junta electoral de aquel á que pertenezcan, un teniente con facultades de alcalde consti­ tucional, que al mismo tiempo será encargado de ejecutar las órdenes del subprefecto, y otro que haga sus veces. Art. 109. En las cabeceras de partido, sea cual fuere su poblacion, deberá haber ayun­ tamientos Art. 110. Para ser individuo del ayuntamiento se requiere, ser ciudadano en ejerci­ cio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, ó de diez y ocho siendo casado, vecino del distrito del ayuntamiento, con residencia de un año y ánimo de perma­ necer en él, y tener algún capital ó industria de que subsistir. Art. 111. Los alcaldes y síndicos que se elijan para el año de 1833 y siguientes, de­ berán saber leer y escribir, y los regidores por lo menos leer. Art. 112. No podrán ser individuos del ayuntamiento los empleados por el gobier­ no, ni los que estuvieren á sueldo ó jornal de alguna persona, ni los eclesiásticos, ni los individuos de la milicia permanente, ni los magistrados ó subprefectos. Art. 113. Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los síndicos. En donde hubiere uno, se mudará todos los años. Art. 114. Una ley establecerá el número de individuos de que deben componerse los ayuntamientos, el modo de elegirlos, las facultades de los alcaldes municipales, y las de los ayuntamientos y sus empleados. TITULO CUARTO. Poder judicial CAPITULO I. De los tribunales Art. 115. La potestad de aplicar las leyes en lo civil y en lo criminal residirá esclusi­ vamente en los tribunales. Art. 116. Ni el congreso, ni el gobierno podrán en caso alguno ejercer las funciones judiciales, avocar las causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

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Art. 117. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones, que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Art. 118. No podrán interpretar las leyes, ni suspender su ejecución. Art. 119. Toda falta de observancia de las leyes que arreglan la administracion de justicia, hace responsables personalmente a los jueces, y de ellas pueden ser acusa­ dos por cualquier ciudadano, ante el tribunal competente. CAPITULO II. De la division, forma y atribuciones de los tribunales Art. 120. Habrá juzgados de partido de municipio, y en la capital del estado tribu­ nales superior y supremo de justicia. Art. 121. Para las primeras instancias de los negocios comunes, civiles y criminales, serán jueces de partido, conociendo á prevención, los alcaldes de sus cabeceras. Art. 122. En los distritos de las municipalidades, que por sus circunstancias la exi­ jan, se podrán establecer juzgados, previa designación del gobierno con aprobación del congreso, en los mismos términos que los de partido, ejerciendo en ellos esta jurisdicción sus alcaldes. Art. 123. Los de primera nominacion, ó los que hagan sus veces en las cabeceras de partido, y municipalidades de que habla el artículo anterior, conocerán esclusiva­ mente en las primeras instancias de los asuntos de hacienda pública. Art. 124. Se establecerán asesores ordinarios en los departamentos, en el número que se juzgue conveniente. Art. 125. Podrán ser recusados por las partes. Art. 126. Serán nombrados por el gobierno, á propuesta del consejo, gozarán el sueldo que el congreso señale, y no podrán llevar otro derecho por ningún titulo ó motivo. Art. 127. Los asesores deben ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de veinte y cinco años, y nacidos en algún lugar de la república. Art. 128. Se renovarán cada cuatro años, y solo por una vez podrán ser reelectos con destino á una misma jurisdicción. Art. 129. No se pronunciará sentencia sin dictamen de asesor en ninguna especie de causas, siendo el juez lego.

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Art. 130. Los alcaldes que ejerzan jurisdiccion contenciosa, remitirán al tribunal superior de justicia lista circunstanciada de las causas pendientes y concluidas, haciéndolo cada tres meses de las criminales, y cada cuatro de las civiles. Art. 131. El tribunal superior de justicia con nombre de audiencia del estado, se compondrá de tres ministros y un fiscal. Art. 132. Las faltas accidentales de los ministros, se suplirán por el fiscal, ó por el asesor ordinario; y en defecto de estos, por asociados que nombrará el gobierno á propuesta de los ministros que hubiere, y quedando uno solo, del consejo. Art. 133. Pertenece á este tribunal: —1.° Conocer de los negocios en segunda instancia. —2.° Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre los jueces inferiores. —3.° Conocer de las causas de responsabilidad de los mismos jueces. —4.° Determinar los recursos de nulidad, de las sentencias ejecutoriadas en primera instancia. Art. 134. Para ser ministro ó fiscal de este tribunal se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años, y tener las demás cualidades que designen las leyes. Art. 135. Estos magistrados serán perpetuos. Art. 136. Asi ellos, como los demás jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sino por causa legalmente probada y sentenciada: ni suspendidos sino por acusación intentada según la ley ó por providencia del gobierno conforme á sus facultades. Art .137. Las demás atribuciones, prerrogativas y obligaciones de este tribunal y sus ministros, se arreglarán por una ley. Art. 138. El supremo tribunal de justicia constará de dos secciones, permanente y extraordinaria. Art. 139. La seccion permanente se compondrá de tres magistrados y un fiscal. Art. 140. Corresponde á esta seccion: —1.° Conocer en tercera instancia de los negocios en que hubiere lugar á ella. —2.° De los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias ejecutorias del tribunal de justicia —3.° De los de fuerza y protección de todos los tribunales eclesiásticos del estado.

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—4.° Decidir las competencias que se susciten entre los tribunales de primera ins­ tancia y el superior de justicia. —5.° Examinar las listas que se le deberán remitir de las causas pendientes y conclui­ das en primera y segunda instancia, y pasar copia de ellas al gobierno para su publi­ cacion. —6.° Oir las dudas de los otros tribunales y jueces sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al congreso por conducto del gobierno, quien las acompaña­ rá con su informe. Art. 141. Los mismos ministros de que consta la seccion permanente del tribunal supremo de justicia, formarán la estraordinaria que se dividirá en tres salas, com­ puesta cada una de un ministro y de conjueces nombrados por las partes en la forma que disponga la ley. Art. 142. El fiscal actuará en las tres salas que se denominaran respectivamente, de primera, segunda y tercera instancia Art 143. Corresponde á esta seccion conocer; —1.° De las causas que se promuevan contra el gobernador del estado según el ar­ ticulo 71, previa la declaracion del artículo 42 atribucion 4ª —2.° De las causas criminales de los diputados del congreso, vicegobernador, secre­ tario del despacho, consejeros, y tesorero general, con arreglo á lo prevenido en el artículo citado. —3.° De las demandas civiles y criminales contra los magistrados de segunda instan­ cia, y de los juicios sobre responsabilidad de estos, por el ejercicio de sus funciones. —4.°De las diferencias que se susciten sobre negociaciones ó pactos celebrados por el gobierno ó sus agentes. Art. 144. El supremo tribunal de justicia, tendrá ademas conocimiento de los nego­ cios que le señalen las leyes, y estas dispondrán también el modo, forma y grados en que deben conocer, asi en estos como en los otros casos de que hablan los ar­ tículos anteriores. Art. 145. Para juzgar á los ministros y fiscal del supremo tribunal de justicia, nom­ brará el congreso en el primer mes de su renovación diez ciudadanos, de edad de treinta años, vecinos del estado, y de probidad conocida. Art. 146. El congreso, y en su receso la diputación permanente, sorteará de estos individuos un fiscal y tres jueces, que formarán la primera sala. Del mismo modo, cuando sea necesario, se sortearán otros tres para que compongan la segunda, que­ dando en consecuencia formada con el resto la tercera. En todas actuará el fiscal que salga para la primera.

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Art. 147. Los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias ejecuto­ rias del supremo tribunal de justicia, y del que hablan los dos artículos anteriores, se determinarán por un tribunal de tres jueces, que nombrará el congreso cuando se sorteen los ministros de que habla el articulo precedente. Art. 148. Respecto de los ministros y fiscal del supremo tribunal de justicia, se observarán los artículos 134 y 136. Art. 149. Desde el año de 35 en adelante, se renovarán cada seis años los ministros del supremo tribunal de justicia, pudiendo reelegirse indefinidamente. Art. 150. Los ministros de este supremo tribunal serán nombrados por el congreso, y prestarán el juramento ante el mismo. CAPITULO III De la administracion de justicia en general Art. 151. La justicia se administrará á nombre del estado, en la forma que las leyes prescriban. Art. 152. Las mismas dispondrán el modo en que ha de procederse para la sustan­ ciacion y determinacion de las causas civiles y criminales, y ninguna autoridad podrá dispensar de las formalidades que deban observarse. Art. 153. Las leyes designarán igualmente los negocios de corto interes, y de leves delitos, que deban determinarse definitivamente por providencias gubernativas y señalarán las penas que se han de aplicar á estos. En unos y otros no se podrá proceder sin audiencia de parte, y sin comprobacion de los hechos. De las determi­ naciones que sobre ellos se dieren no se admitirá recurso; aunque el juez quedará sujeto á la responsabilidad. Art. 154. Los alcaldes y tenientes de los pueblos asociados con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, ejercerán en ellos el oficio de conciliadores en el modo y forma que prevenga la ley, Art. 155. En ningún negocio podrá haber mas que tres instancias, y oirán tantas sentencias definitivas Art. 156. Las leyes determinarán según la naturaleza y calidad de los negocios, cual de las tres sentencias ha de causar ejecutoria. Art. 157. De las sentencias ejecutoriadas solamente se puede interponer el recurso de nulidad en la forma y para los efectos que determinen las leyes. Art. 158. Ningún juez que haya sentenciado un negocio en alguna instancia, puede sentenciarlo en otra, ni determinar el recurso de nulidad, que se interponga en el mismo.

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Art 159. Las sentencias que dieren los arbitros elegidos por ambas partes, se ejecu­ tarán sin recurso, si al hacer el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar. Art. 160. Todos los habitantes del estado son libres para promover sus derechos por sí ó por medio de persona de su confianza sin necesidad de firma de letrado. Art. 161. En la administración de justicia se observaran todos los artículos de la sección 7ª. del título 5.° de la constitucion federal. CAPITULO IV De la administracion de justicia en lo criminal. Art. 162. Ningún habitante del estado podrá ser preso, sin que preceda informacion sumaria del hecho, por el que merezca segun la ley ser castigado con pena corporal. Art. 163. Cualquiera persona podrá arrestar al delincuente infraganti, siendo el delito grave, para el efecto solo de presentarlo á la autoridad que corresponda. Art. 164. Para que un habitante del estado pueda ser preso, se necesita; —1º. Orden de prisión, firmada por autoridad competente. —2º. Que el mandamiento esprese los motivos de la prision. —3º. Que se notifique al reo. —4º. Que se entregue al alcaide, firmado por la autoridad que decretó la prision. Art. 165. El que se pusiere en la cárcel ó en otro arresto, sin todos estos requisitos, no se tendrá como preso, sino como detenido. Art 166. Para que alguno sea detenido, deberá haber orden por escrito de la auto­ ridad competente. Art. 167. Nadie podrá ser detenido, sin que haya semiplena prueba, ó indicios de que es delincuente. Art. 168. Ninguno será detenido solamente por indicios mas de sesenta horas. Sí pasando este tiempo no se ha decretado la prision, ni comunicádose la orden de que habla el artículo 164, se pondrá inmediatamente en libertad por el que estuviere encargado de su custodia. Art. 169. El alcaide no podrá prohibir al preso ó detenido la comunicacion con per­ sona alguna, sino en el caso de que la orden de prision ó detencion asi lo esprese. Esta incomunicacion solo podrá durar seis días cuando mas, respecto del preso; pero respecto del detenido, solo podrá durar sesenta horas.

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Art. 170. Dentro de las cuarenta y ocho horas primeras del arresto, se tomará decla­ ración al tratado como reo, y se le instruirá de quien sea su acusador, si lo hubiere. Art. 171. Solamente en los casos de resistencia á los mandamientos de que tratan los artículos 163, 164 y 166, ó cuando fundadamente se tema la fuga del reo, podrá usarse de la fuerza necesaria para hacer efectiva la disposicion que aquellos contengan. Art. 172. Son culpables y están sujetos á las penas de detencion arbitraria: —1.° Los que sin facultad legal arrestan ó hacen arrestar á cualquiera persona. —2 .° Los que teniendo dicho poder abusan de él, arrestando ó mandando arrestar, ó continuando en el arresto á cualquiera persona fuera de los casos determinados por la ley. —3.° Los alcaides que contravengan á los artículos 164, 166, 168 y 169. Art. 173. No será puesto en la cárcel el que dé fiador en los casos, en que la ley no prohiba que se admita fianza. Art. 174. En cualquier estado de la causa en que aparezca que no pueda imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad dando fiador. Art. 175. Al tiempo de tomar la confesión al procesado, se le deberán leer íntegra­ mente todos los documentos y las declaraciones de los testigos con sus nombres, y se le darán cuantas noticias pida, para que venga en conocimiento de ellos. Art. 176. En ningún caso se procederá contra persona alguna por denuncia secreta. Art 177. Desde que se reciba la confesión al tratado como reo, toda causa criminal será pública, en el modo y forma que dispongan las leyes. Art. 178. No podrá hacerse embargo de bienes, sino cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria; y entonces solo se embargarán los que basten á cubrir la cantidad á que ella puede estenderse. Art. 179. No podrán imponerse dos penas por un mismo delito. Art. 180. Se prohiben las penas de ázotes, aun por via de correccion; y las afrentosas de esponer los delincuentes al escarnio público. Art. 181. No podrán ser perpetuas las de presidio ó reclusion, ni imponerse por mas tiempo que ocho años, Art. 182. Las cárceles se dispondrán con departamentos separados, para detenidos, incomunicados y presos, proporcionándose de modo que sirvan solo para seguri­ dad, y no para mortificación de los reos. Art. 183. Si en circunstancias estraordinarias la seguridad del estado exigiere la suspension de alguna de las formalidades prescritas para el arresto y prision de los delincuentes, las legislaturas podrán decretarla por tiempo determinado.

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TÍTULO QUINTO Hacienda del estado. CAPITULO ÚNICO. Art. 134. La hacienda pública del estado se formará de las contribuciones directas ó indirectas, establecidas ó que se establezcan por el congreso. Art. 185. Estas contribuciones se arreglarán á lo que necesite el estado según el presupuesto que forme el gobierno y apruebe el congreso. Art. 186. Si se impusieren directas se repartirán entre los michoacanos con pro­ porcion á sus facultades. Art. 187. Para la custodia y distribucion de los caudales públicos, habrá en la del estado una tesorería al cargo de un tesorero general. Art. 183. Este ministro será nombrado por el congreso. Las leyes designarán sus facultades, obligaciones y responsabilidad. Art .189. El tesorero en la distribucion de los caudales se arreglará al presupuesto general. Si el gobernador le ordenare, que suministre alguna cantidad que no cons­ tare en él, podrá hacerle sobre ello las observaciones que estime convenientes; mas si el gobernador insistiere, deberá ministrarla, quedando en este caso libre de responsabilidad. Art. 190. El gobernador justificará oportunamente ante el congreso la necesidad del gasto y aplicacion de las cantidades estraordinarias que pidiere según el artículo anterior. Art. 191. La contaduría general para el examen y glosa de todas las cuentas de los caudales públicos del estado, será al cargo del consejo de gobierno, al que se presen­ tarán con este objeto, y concluido su examen las pasará al gobierno, quien con su informe las remitirá al congreso para su aprobacion. Art. 192. Será á cargo del mismo consejo glosar las cuentas de los propios y arbi­ trios, que deben formarse por los ayuntamientos, y las de cualesquiera otros fondos públicos, con arreglo á lo que dispusieren las leyes. TITULO SESTO. Instrucción pública. CAPITULO ÚNICO. Art. 193. El método de la enseñanza pública será uniforme en todo el estado, arre­ glándose por un plan general, que formará el congreso.

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Art. 194. Habrá escuelas de primeras letras para ambos sexos, con separacion, en el número competente, dotadas de los fondos ó arbitrios que designe el mismo plan. En ellas se enseñará á leer, escribir y contar, el catecismo de la religion católica, los principios de urbanidad, y cuanto pueda contribuir á una buena educacion. Art. 195. El gobierno dispondrá se forme una cartilla política, que comprenda la posicion del sistema actual de gobierno, y de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, la que aprobada por el congreso, se enseñará también en las escuelas. Art. 195. Asimismo se crearán y arreglarán los establecimientos que se juzguen necesarios para la enseñanza de todas las artes y ciencias. Art .197. En los que existen y en los que se formaren de nuevo, se esplicará esta cons­ titucion, y la general de la república. Art. 198. El gobierno dispensará una especial proteccion al importante ramo de la instruccion pública, y las leyes la promoverán de toda preferencia. TITULO SÉPTIMO. Milicia del estado CAPITULO ÚNICO. Art. 199. Habrá en el estado cuerpos de milicia local para la conservacion del orden interior, y para la defensa esterior. Las leyes dispondrán, con arreglo á las generales, el modo con que ha de hacerse el nombramiento de sus comandantes y oficiales, y el tiempo en que prestarán el servicio. TITULO OCTAVO. Disposiciones generales CAPITULO ÚNICO. Art. 200. Los electores que han de nombrar diputados para la cámara del congreso general, y para el del estado, deben ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayores de veinte y cinco años, con cinco de vecindad en el partido que los elija, y no ejercer en él jurisdiccion eclesiástica ó militar, ni cura de almas en su cabecera. Art. 201. Los diputados de las legislaturas no podrán ser electores en las juntas pri­ marias, secundarias y del estado. Art. 202. La eleccion para diputados, que recaiga en individuos de la junta que los nombre, no será válida, si no reuniere por lo menos las tres cuartas partes de los votos. Art. 203. Se entenderá lo mismo respecto de las propuestas para gobernador y vi­cegobernador, y de la eleccion de consejeros.

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Art. 204. Todo ciudadano tiene facultad para reclamar las faltas que note, ó decir de nulidad de las elecciones de diputados y consejeros, asi como de las que haga la junta electoral de individuos para gobernador y vicegobernador, dentro de veinte días, contados desde su publicacion: pasado el cual tiempo no se admitirá reclamo alguno. Art. 205. Los que se hagan sobre estos se presentarán á la diputacion permanente, ó al congreso si se hallare reunido, para que examinándole en la primera junta preparatoria de la siguiente legislatura los que sean sobre diputados, y tomados en consideracion los otros luego que se instalare, se resuelva á la vez lo conveniente. Art. 206. La legislatura que acaba hará la asignacion de las dietas y viáticos para los diputados de la que le suceda, y esta no la podrá variar respecto de sí misma. Art. 207. La asignacion de los sueldos correspondientes al gobernador, secretario de gobierno, vicegobernador y consejeros no podrá variarse, mientras no se varíen los individuos. Art. 208. Ningún vecino del estado que sea elegido diputado, gobernador, vicego­ bernador ó consejero, podrá excusarse de servir estos cargos, sin causa muy justa calificada por el congreso. Art. 209. Todos estos funcionarios cesarán durante su encargo de atender á cuales­ quiera otros empleos que obtengan, sean de la clase que fueren; y ninguno de ellos podrá ser abogado ni apoderado para asuntos judiciales, ni servir de hombre bueno en juzgado alguno. Art. 210. Los supremos poderes del estado, y el consejo residirán en un mismo lugar. Art. 211. El establecimiento de juicios por jurados de que habla el artículo 42, atri­ bucion 26, se hará progresivamente, comenzando por determinada especie de causas. TITULO NOVENO. De la observancia de esta constitucion, y modo de proceder para hacer variaciones en día, CAPITULO ÚNICO. Art. 212. Todos los habitantes del estado, sin escepcion alguna, están obligados á guardar religiosamente esta constitucion en todas sus partes; y ninguna autoridad podrá dispensar de este deber. Art. 213. Todo ciudadano tiene facultad de representar ante el congreso ó el gober­ nador reclamando su observancia.

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Art. 214. Ningún funcionario ni empleado público entrará en el ejercicio de sus funciones, sin prestar juramento de guardar, á mas de la acta constitutiva y cons­ titución federal, la del estado. Art. 215. El congreso en sus primeras sesiones tomará en consideracion las infrac­ ciones de constitucion que se le hubieren hecho presentes, para poner el conve­ niente remedio, y que se haga efectiva la responsabilidad de los infractores. Art. 216. Solo el congreso podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligen­ cia de los artículos de esta constitucion. Art. 217. Hasta el año de 1830, no se podrá proponer alteracion, adicion ni reforma en ninguno de sus artículos. Art. 218. Cualquiera proposicion de reforma en algún articulo de esta constitucion deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada á lo menos por la tercera parte de los diputados que compongan la legislatura. Art. 219. La proposicion de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de cinco dias de una á otra lectura; y en la ultima se deliberará, si ha lugar a admitirla á dis­ cusion. Art. 220. Para ser admitida bastará la pluralidad absoluta de votos; faltando esta se tendrá por desechada, y no volverá á presentarse en el tiempo de la misma legislatura. Art. 221, Si se admitiere á discusion, se imprimirá y publicará con los fundamentos en que se apoye. Art. 222. El congreso siguiente procederá á la discusion y votacion sobre las refor­ mas que se hubieren propuesto. Art. 223. Si fueren aprobadas por las dos terceras partes de los diputados que com­ pongan la legislatura, se publicarán inmediatamente como leyes constitucionales, y no podrá el gobernador hacer observaciones acerca de ellas. Valladolid julio 19 de 1825—Pedro Villaseñor, presidente.— Agustin Aguiar, vicepresi­ dente.—José Maria Rayon.—Manuel de la Torre Lloreda.—José Maria Jiménez.—Manuel Gonzalez.—José Maria Paulin.—Manuel Menendez.—Juan José Pastor Morales, diputado se­ cretario.—José Salgado, diputado secretario. Nota. El ciudadano diputado lic. Isidro Huarte no firmó esta constitucion por estar gravemente enfermo. Por tanto, mando se imprima, publique y circule, y se le dé el debido cumplimiento. Valladolid á 19 de julio de 1825.–Antonio de Castro.—Por mandato de S. E., Rafael Huerta Escalante.

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2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (1858)

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REPUBLICA MEXICANA Constitución Política del Estado de Michoacán* 1858

os representantes de Michoacan bajo los auspicios del Ser Supremo y á nom­ bre de los pueblos sus comitentes, decretan la siguiente Constitucion política del Estado Titulo primero. De los michoacanos

Art.º 1.º Son michoacanos: 1.º Los nacidos en cualquier punto del territorio del Estado de padres mejicanos originarios del mismo ó avecindados en él. 2.º Los q. accidentalmente nazcan fuera del Estado de padres michoacanos, siempre que estos no hayan perdido la vecindad.

* La copia del manuscrito de la Constitución fue facilitada por el Dr. Rafael Diego–Fernández Sotelo, Profesor–Investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. En la paleografía se conservaron la ortografía original y los testados.

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3.º Los mejicanos que se naturalicen en el Estado conforme á sus leyes particulares. Art.º 2.º Son derechos de los michoacanos: 1.º Defender el territorio del Estado y sostener su constitución, leyes y autoridades legítimamente constituidas. 2.º Ser preferidos en igualdad de circunstancias á los que no sean michoacanos, para todos los empleos, cargos ó comisiones de nombramiento de las autoridades del Estado. Son obligaciones de los michoacanos: 1ª. Defender el territorio del Estado y sostener su constitucion, leyes y autoridades legítimamente constituidas. 2ª. Contribuir para los gastos públicos en proporcion á sus haberes. 3ª. Ynscribirse en el registro civil de su municipalidad. Art.º 4.º La calidad de michoacano se pierde pr. naturalizarse en otro Estado. Título segundo De los ciudadanos michoacanos Art.º 5.º Son ciudadanos michoacanos: Los que teniendo la calidad de micho siendo michoacanos tengan además los requi­ sitos prevenidos en el Art.º 34 de la constitucion gral. Art.º 6.º Son prerogativas de los ciudadanos michoacanos: 1ª. Votar en las eleccio­ nes populares para los funcionarios del Estado. 2ª. Poder ser votados para todos los cargos de eleccion popular del mismo y nom­ brados para cualquier otro empleo ó comision, teniendo las calidades que las leyes requieran. 3ª. Asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado. 4ª. Tomar las armas en la guardia nacional del mismo para la defensa de su territo­ rio, instituciones y autoridades legítimas. 5ª. Ejercer el derecho de peticion en los negocios del mismo Estado. Art.º 7.º Son obligaciones de los ciudadanos michoacanos: 1ª. Ynscribirse en el registro político de su municipalidad. 2ª. Votar en las elecciones populares del Estado en la localidad que les corresponda.

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3ª. Desempeñar los cargos populares del mismo Estado, para que fueren electos. Art.º 8.º La calidad de ciudadano michoacano se pierde: 1.º Por haber sido condenado en juicio á sufrir pena de presidio ó de obras públicas. 2.º Por quiebra fraudulenta calificada en juicio. Art.º 9.º El que pierda los derechos de ciudadano michoacano solo podrá recobrar­ los por habilitacion formal del Congreso del Estado. Art.º 10.º El ejercicio de los derechos de ciudadano michoacano se suspende: 1.º Por incapacidad moral, pública ó comprobada. 2.º Por ser deudor á los caudales públicos puestos á su manejo, presidiendo reque­ rimiento para el pago. 3.º Por estar procesado criminalmente, desde el auto motivado de prision ó desde la declaracion de haber lugar á la formación de causa á los funcionarios públicos, hasta la sentencia si fuere absolutoria. 4.º Por se ebrio consuetudinario, vago ó tahúr habitual calificado legalmente. 5.º Por haber sido condenado á sufrir pena de prision. Art.º 11.º La suspensión de los derechos de ciudadano michoacano en los casos primeros, segundo y cuarto y quinto del art.º anterior, solo durarán mientras ecsis­ tan las causas que lo produzcan. Título tercero De los transeuntes Art.º 12.º Todo transeúnte goza en el Estado de la proteccion de las leyes y de sus autoridades, y está obligado á obedecer y respetar unas y otras. Título cuarto Del territorio del Estado Art.º 13.º El territorio del Estado es el que le corresponde conforme á la constitu­ cion general, y

refundidos en uno solo

Art.º 14.º El territorio del Estado se divide para su régimen interior, en Partidos Distritos, Municipalidades y Tenencias. La ley fijará el número y comprension de estas secciones.

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Título quinto De los poderes del Estado Art.º 15.º La soberanía del Estado se ejerce por medio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos ó mas de ellos en una persona ó corporacion, ni depositarse el legislativo en un individuo. Título sesto De la formacion del poder legislativo Art.º 16.º El poder legislativo se deposita una Asamblea que se denominará Con­ greso del Estado, y estará compuesto de nueve miembros propietarios que se llama­ rán Diputados. Para llenar las faltas de los diputados propietarios habrá un número igual de suplentes. Art.º 17.º La eleccion de diputados será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral. Art.º 18.º Para ser diputado al Congreso del Estado se requiere: 1.º Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos. 2.º Tener veinte y cinco años cumplidos el dia de la apertura de las sesiones. Art.º 19.º No pueden ser electos Diputados: 1.º Los funcionarios de la Federacion, el Gobernador del Estado, los Ministros del Tral. y los diputados al Congreso del mismo, á menos que tengan que cesar en sus funciones cuando comiencen á desempeñar su encargo. 2.º Los empleados civiles y militares de la Federacion que estén en actual servicio. Art.º 20.º Los diputados propietarios desde el dia de su eleccion no pueden aceptar empleo ó comision alguna del ejecutivo de la Union ó del Estado, sin previa licen­ cia del Cong.o La misma prohibicion tienen los diputados suplentes mientras estén en ejercicio. Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el desempleo de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. De la reunión, receso y renovación del Congreso Art.º 22.º El Congreso se reunirá en sesiones dos veces al año en el edificio que al efecto tenga designado. El primer periodo comenzará el 16 de Sbre. Y concluirá el 15 de Fbro. el segundo comenzará el 16 de Mayo y terminará el 15 de Julio, pudiendo prorogarse este último quince días mas por acuerdo del Congreso ó á peticion del

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ejecutivo. El reglamento interior prescribirá los formalidades con que hán de cele­ brarse la apertura y clausura de las sesiones. Art.º 23.º El segundo periodo de sesiones se destinará de toda preferencia al ecsá­ men y votacion de los presupuestos del año fiscal siguiente, y á la revision de las cuentas del año anterior que deberá presentar el ejecutivo. Art.º 24.º El Congreso se reunirá en sesiones estraordinarias siempre que para ello sea convocado, y en ellas no se ocupará de otros asuntos que los consignados en respectiva convocatoria, á menos que durante estas mismas sesiones ocurran otros de mayor urgencia calificados de tales por las dos terceras partes de los diputados presentes. Art.º 25.º Las sesiones del Congreso serán públicas, á esepcion de aquellas en q.e por la calidad de los negocios que deban tratarse, el reglamento interior prevenga que sean secretas. Art.º 26.º El Gobor. Concurrirá á la apertura y clausura de las sesiones pronunciando un discurso análogo á las circunstancias, que será contestado por el Pte. Del Con­ greso en términos generales. Art.º 27.º No puede el Congreso abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin la con­ currencia de la mayoría del número total de sus miembros; pero los presentes debe­ rán reunirse el dia señalado por la ley y compeler á los ausentes bajo las penas que ella designe. Art.º 28.º En caso de que no se hubiere reunido mayoría de Diputados propietarios para la instalacion del Congreso, los que se hubieren presentado llamarán á los su­ plentes que estuvieren en el lugar de la reunión para que integren el Cuerpo mientras se presentan los compelidos. Art.º 29.º El Congreso se renovará por partes cada dos años, saliendo en la primera renovación los cinco diputados que hubieren obtenido menos número de votos y en lo sucesivo los mas antiguos á cuyo efecto cada Congreso al concluir su periodo designará los diputados de su seno que deban entrar á componer el inmediato y el número de los que hán de elegirse para completarlo. Art.º 30.º El congreso para el despacho de los negocios de su resorte formará el corres­ pondiente reglamen.to q.e podrá variar cuando lo juzgue conveniente. De las facultades del Congreso Art.º 31.º Son facultades del Congreso: 1ª Dictar leyes para el Gbno. del Estado en todos los ramos de su admon. interior, interpretarlas ó derogarlas en caso necesario. 2ª. Señalar anualmente los gastos de la admon. pública del Estado, con vista de los presupuestos que presente el ejecutivo.

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3ª. Ymponer las contribuciones que fueren necesarias para cubrir dichos gastos con inclusion de la suma que se haya asignado al Estado para los gastos generales de la Union. 4ª. Aprobar definitivamente cada año, las cuentas de caudales públicos del Estado presentadas por el ejecutivo. 5ª. Disponer lo conveniente para la administracion, conservacion ó enajenacion de los bienes del Estado. 6ª. Da bases bajo las cuales pueda el ejecutivo celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, aprobar esta y mandar pagar la deuda del mismo Estado. 7ª. Conceder al ejecutivo por tiempo limitado, facultades estraordinarias cuando lo requieran circunstancias graves de conveniencia pública, calificada por las dos ter­ ceras partes de los diputados presentes que forman el congreso. 8ª. Aprobar los aranceles de cualquiera clase toda clase de aranceles. 9ª. Aprobar los arbitrios que presenten los Ayuntamientos para llenar los objetos de su institucion, y las ordenanzas municipales que formen. 10ª Dictar leyes sobre naturalización. 11ª Conceder cartas de ciudadanía á ciudadanos de otros Estados por servicios que hayan prestado á todo el país o al Estado. 12ª Dividir el territorio del mismo como mejor convenga á su gbno. y con sujecion al art.º 12 13ª. Promover por todos los medios posibles el desarrollo de la instruccion pública y el progreso de las ciencias, y prescribir lo conducente á la mejor educacion moral y política de la juventud. 14ª. Fomentar la agricultura, las artes y comercio la industria, decretando estable­ cimientos útiles y la apertura y mejora de caminos en lo que corresponda al Estado. 15ª. Conceder premios personales y declarar beneméritos del Estado á los q.e le hayan hecho servicios distinguidos y decretar honores públicos á la memoria póstu­ ma de los mismos. 16ª. Determinar el plan general que deba servir para la formacion de la estadística del Estado. 17. Señalar, aumentar o disminuir las dotaciones de los empleados o funcionarios públicos del mismo. Crear o suprimir empleos públicos del Estado, señalar, aumen­ tar o disminuir las dotaciones, así como las pensiones de los primeros empleados en el caso de juvilacion ó retiro temporal por causa justa.

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18ª. Calificar la validés ó nulidad de la elección de Gobor., individuos del Tral. Spmo. Y Diputados al Congreso del Estado. 19ª. Admitir ó desechar las renuncias que hagan dichos funcionarios para no servir sus encargo respectivos encargos, y concederles licencia temporal para separarse de ellos. 20ª. Conocer en calidad de gran jurado y en el modo que disponga su reglam.to interior, para solo el efecto de declarar si há o no lugar á formacion de causa, de las acusaciones que se intenten contra los referidos funcionarios y secretarios del despacho, por los delitos que cometan durante su encargo. 21ª. Conceder indultos generales y particulares por delitos de que deban conocer ó hayan conocido los Trales. del Estado. 22ª. Establecer cuando lo creyere conveniente, el juicio por jurados. 23ª. Fijar y cambiar el punto que debe servir de residencia á los poderes del Estado. 24ª. Disponer lo conveniente para el alistamiento, instruccion y servicio de la guar­ dia nacional del Estado, con sujecion á las leyes generales. 25ª. Dictar las providencias que crea mas eficaces para hacer concurrir á los diputados presentes ausentes y corregir las faltas ú omisiones de los presentes. 26ª. Nombrar y remover libremente á los empleados de su Sría. 27ª. Ultimamente está en sus atribuciones todo lo que corresponda al órden legis­ lativo en cuanto no se ponga á las constituciones general y particular del Estado. De la diputación permanente Art.º 32.º Durante los recesos del Congreso habrá una diputacion permanente com­ puesta de tres diputados que nombrará el mismo la víspera de la clausura de sus sesiones ordinarias. Para llenar las faltas de los electos se nombrarán dos suplentes. Art.º 33. Si durante el receso del Congreso fuere este convocado á sesiones estraor­ dinarias, concluidas estas continuará la diputacion permanente hasta que llegue el nuevo período de las sesiones ordinarias. Art.º 34. La diputación permanente se sujetará al reglamento interior del Congreso en el desempeño de sus funciones. Art.º 35. Pertenece á la diputación permanente: 1.º Velar sobre la observancia de la constitucion general, de la particular del Estado y sobre la de sus leyes, dando cuenta al Congreso con las infracciones que note. 2.º Acordar por sí solo ó á peticion del ejecutivo del Estado, la convocacion del Congreso á sesiones estraordinarias cuando así lo ecsijan circunstancias graves.

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3.º Espedir las órdenes correspondientes por medio de su Pte. para tal reunion, cuando esta no pueda efectuarse por el ejecutivo ó este no lo haga al tercer dia de habérsele pasado el decreto. 4.º Cuidar de que en los días señalados por la ley se hagan las elecciones populares que previenen esta constitucion y la general, ecsitando al ejecutivo á que con opor­ tunidad libre las órdenes correspondientes.

Suprimido no. colo­ cación de las dispo­ siciones generales

5.º Recibir las actas de elecciones de los funcionarios del Estado, de cuya validez debe conocer el Congreso, y presentarlas á este para su calificacion. 6.º Recibir el juramento de los funcionarios públicos á quienes debería recibir el Con­greso si estuviera reunido. 7.º Ejercer en su caso la facultad de que habla la fraccion 2ª. del Art.º 31 y las más que le consigna esta constitucion. 8.º Dictaminar sobre todos los asuntos que se ofrezcan en el tiempo de su periodo a fin de que el Congreso tenga desde luego de que ocuparse. De la iniciativa, formación y publicación de las leyes Art.º 36. El derecho de iniciar leyes corresponde 1.º A los diputados en ejercicio 2.º Al ejecutivo 3.º Al Tral. Spmo. de Justicia en asunto del ramo 4.º A los Ayunt.tos en los de su inspeccion. Art.º 37. En cuanto á la forma con que deberán presentarse las iniciativas de ley y el modo con que há de proceder el Congreso para su admisión, discusion y vota­ cion se observará lo que prevenga en reglamento interior. Art.º 38. Todo proyecto de ley que no venga del ejecutivo, tan luego como sea presentado por la comisión respectiva, el C. pasará en copia con la del espedien­ te, para que dentro de diez días manifieste su opinion sobre él ó esprese que no usa de esta facultad. Si pasado este término no hubiere dicho nada sobre el proyecto, se procederá desde luego á su discusion y votación, dandósele en todo caso aviso del dia en que han de tomar lugar aquellas, por si quisiere mandar su orador para que lo combata ó apoye. Art.º 39. Siempre que concurra el órgano del ejecutivo para apoyar sus opiniones, tendrá voz en la discusion pero no voto. Art.º 40. Toda resolución del Congreso no tomará otro carácter que el de ley ó acuerdo.

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Art.º 41. Ningun proyecto de ley podrá discutirse sin que haya pasado primero el ecsamen de la comision respectiva. Art.º 42. Ningun proyecto de ley ó acuerdo se tendrá por aprobado ó reprobado, sino cuando haya reunido la mayoría absoluta de votos de los diputados presentes, á no ser en los casos en que por esta constitucion se ecsija mayor número. Art.º 43. Todo proyecto de ley que hubiere sido desechado, no podrá volverse á presentar en el mismo periodo de sesiones en que hubiere tenido tal écsito. Art.º 44. En los casos de urgencia notoria calificada por el voto de dos tercios de los diputados presentes, el congreso puede dispensar ó estrechar los trámites estable­ cidos en los art.os 38 y 41. Art.º 45. La interpretacion ó derogacion de las leyes se hará con los mismos requi­ sitos y formalidades que se prescriben para su formacion. Art.º 46. Las leyes del Congreso se espedirán bajo la siguiente fórmula: “El Congreso de Michoacán decreta” (aquí el testo)= El C. ejecutivo del Estado dispondrá se pu­ blique, circule y observe” y se firmarán por el Pte. y Srios. del Congreso. Los acuerdos se comunicarán á quienes corresponda trascribiéndose por solo los Srios. Art.º 47. Ninguna ley puede obligar sin que haya sido publicada en la forma q.e previene esta constitucion. El pro. Del poder ejecutivo De la formacion y duracion del poder ejecutivo Art.º 48. El poder ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo, que se denominará Gobernador del Estado, y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral. Art.º 49. El Gobor. Del Estado entrará á ejercer sus funciones el 16 de Sbre. y du­ rará en ellos cuatro años, al cabo de los cuales cesará en su encargo aun cuando no se haya hecho la elección del que ha de sustituirlo ó este no se haya presentado. Art.º 50. Las falatas absolutas del Gobor. Que ocurran un año antes de que espire su periodo constitucional, se llenarán por medio de una nueva eleccion que se hará con arreglo á la ley de la materia, y el nuevamente nombrado solo durará el tiempo que falto al que remplazara. En las faltas temporales del Gobor. Y en las abso­ lutas que no esceda de un año, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará á ejercer provisionalmente el poder ejecutivo, el individuo que nombre el Congreso ó el que en su receso elija la diputacion permanente unida á los diputados que ecsistan en el lugar de su residencia á quienes llamará al efecto: no pudiendo recaer tal nombramiento sino en alguno de los funcionarios electos popularmente por el Estado para la formación de los otros poderes. Art.º 51. Para sr Gobor. del Estado se requiere:

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1.º Ser mejicano por nacimiento 2.º Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos. 3.º Tener treinta años cumplidos al tiempo de tomar posesión. Art.º 52. No pueden ser nombrados para el cargo de Gobor. del Estado: 1.º Los funcionarios de la Federacion que no deban cesar en el ejercicio de sus fun­ ciones al tiempo de tomar posesion del encargo. 2.º Los empleados civiles y militares de la Federacion que estén en actual servicio. Art.º 53. No puede el Gobor. del Estado separarse del lugar designado para la resi­ dencia de los poderes del mismo, ni del ejercicio de sus funciones, sino por causas graves calificadas por el Congreso, y en receso de este por la Diputacion permanente. La anterior prohibicion no tendrá lugar cuando su ausencia sea por hacer la visita del Estado, en cuyo caso solo dará el correspondiente aviso al Congreso ó á la dipu­ tacion permanente. De las facultades y obligaciones del Gobor. Art.º 54. Son facultades y obligaciones del Gobor. 1.º Promulgar sin demora, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes y acuerdos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa su esacta observancia. 2.º Velar por el puntual cumplimiento de esta constitucion, de la general de la repú­ blica y de las leyes ó acuerdos de la federacion espidiendo las ordenes correspondien­ tes para que se cumplan. 3.º Formar los reglamentos que juzgue necesarios para el buen despacho de la ad­ mon. pública del Estado, presentándolos al Congreso para su revision. 4.º Hacer que la justicia se administre pronta, y cumplidamente por los Trales. del Estado y que se ejecuten sus sentencias, sin mesclarse por esta inspección en el ecsámen de las causas pendientes ó concluidas, ni disponer durante el juicio de las personas de los reos. 5.º Facilitar al poder judicial los auscilios que necesite para el ejercicio espedito de sus funciones. 6.º Cuidar de que las elecciones constitucionales se hagan en el tiempo señalado. 7.º Cuidar de la recaudación y hacer la inversión de los caudales del Estado, con arreglo á las leyes. 8.º Presentar cada año al Congreso el dia penúltimo del primer periodo de sus sesiones ordinarias, el proyecto de presupuestos del año venidero y la cuenta de gastos del anterior.

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9.º Dar informe al Congreso, cuando este lo pidiere, sobre cualquier ramo de la admon. 10.º Dar cuenta por escrito al Congreso y por medio de su Srio, en el último mes del segundo periodo de sesiones de cada año, del estado que guarde la admon. pública en todos sus ramos, informando sobre los medios que juzgue á propósito para mejorarla. 11.º Cuidar de la instruccion de la guardia nacional del Estado conforme á las leyes y reglamentos generales; y mandarla en jefe, no pudiendo hacerlo personalmente sin espreso permiso del Congreso y en sus recesos de la diputacion permanente. 12.º Nombrar y remover libremente al Srio. del despacho y á los Prefectos. 13.º Preveer en la forma que las leyes dispongan, todos los empleos que sean del resorte del ejecutivo. 14.º Suspender de los empleos hasta por tres meses y privar hasta de la mitad de los sueldos por el mismo tiempo, á todos los empleados de su nombramiento, por las faltas ligeras que cometan en el servicio de sus empleos; consignarlos con los ante­ cedentes necesarios al Tral. respectivo, cuando juzgue que se les debe formar causa. 15.º Ymponer multas hasta la cantidad de 500 ps. á los infractores de sus órdenes. 16º Arrestar á cualquiera persona cuando así lo requiriere el bien y la tranquili­ dad pública del Estado, poniendo inmediatamente al acusado á disposicion del Juez competente. 17.º Pedir al Congreso la próroga de sesiones por el tiempo prescrito en esta cons­ titucion. 18.º Pedir á la diputacion permanente la reunion extraordinaria del Congreso. 19.º Convocar al Congreso cuando lo determine la diputacion permanente. 20.º Visitar en los términos que disponga la ley durante su periodo y en los térmi­ nos que disponga la ley, los pueblos del Estado, para imponerse de sus necesidades proponiendo al Congreso los medios que crea convenientes para remediarlas. Del despacho del ejecutivo Art.º 55. Para el despacho de los negocios del ejecutivo habrá un Srio. Gral. Art.º 56. Para ser Srio. del despacho se requiere: 1.º Ser ciudadano mejicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos. 2.º Tener veinte y cinco años cumplidos.

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Art.º 57. El Srio. del despacho será el órgano indispensable por donde el Gobor, comunique sus resoluciones el mismo llevara en el congreso el mismo llevara en el congreso su voz el mismo quiere y llevara el congreso la voz del ejecutivo cuando esté ó aquel lo consideren conveniente, y llevará en el congreso la voz del ejecutivo cuando este ó el mismo congreso lo considere conveniente. Art.º 58. Ninguna órden, reglamento ó disposición del Gbno. serán obedecidas sino están autorizadas por el Srio. Art.º 59. El Srio. del despacho será responsable de los actos del Gobor., que auto­ rice contra la constitucion y leyes generales, ó la constitucion y leyes particulares del Estado. Art.º 60. Los empleados de la Sría., sueldos qu.e deben disfrutar y modo de desem­ peñar sus trabajos, se determinarán por el reglamento interior de la oficina, que formará el Srio, y será aprobado por el Congreso. Título Del gobierno público y económico de los pueblos De los partidos distritos Art.º 61. En cada cabecera de distrito habrá un Prefecto á cuyo cargo estará el gobierno económico–político del partido distrito. Art.º 62. Para ser Prefecto se requiere: 1.º Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos. 2.º Tener veinte y cinco años cumplidos Art.º 63. Las atribuciones y facultades de los Prefectos se designarán en la corres­ pondiente ley orgánica. De los ayuntam.tos y tenencias Art.º 64. Habrá ayuntam.to en la cabecera de municipalidad y los individuos que las formen serán electos popular y directamente por los ciudadanos del territorio respectivo en los pueblos que no sean cabecera de municipalidad, habrá gefes de policía electos del mismo modo que los individuos de los ayunt.tos. Art.º 65. La ley determinará el número de individuos que compongan los cuerpos municipales, la duracion de sus miembros y el mod la manera de llenar sus faltas. Art.º 66. Para ser individuo de ayuntam.to ó geje de policía se requiere: 1.º Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos.

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2.º Ser vecino de la municipalidad que lo elija con un año al menos de residencia en ella. Art.º 67. No pueden ser electos para las funciones de que habla el art.º anterior: 1.º Los que no pueden ser electos diputados. 2.º Los empleados del Gobno. del Estado. Art.º 68. El Los cargos de individuo de ayunt.to ó geje de policía son honoríficos, y nadie podrá escusarse de servirlos sino por causas graves calificadas por el respec­ tivo ayunto.to ó por no haber pasado dos años desde que hayan servido algún otro cometido. Art.º 69. Corresponde á los ayunt.tos: 1.º La policía interior de los municipios en todos sus ramos. 2.º La propagacion y fomento de las instruccion primaria en los mismos municipios. 3.º La propagacion y fomento de las artes, industria, agricultura y minería de los mismos. 4.º Arbitrar los recursos necesarios para llenar los anteriores objetos, sujetándolos á la aprobacion del Congreso. 5.º Formar sus ordenanzas municipales y remitirlas á la aprobacion del cuerpo legis­ lativo. 6.º Conocer de la validez ó nulidad de las elecciones de sus miembros y de las escu­ sas que liguen para no servir sus encargos. Art.º 70. La ley determinará la estension y limite de las facultades de los ayunt.tos y las de lo gefes de policía. Título Del poder judicial y funcionarios en quienes se deposita Art.º 71. La facultad de aplicar las leyes en lo civil y criminal residirá exclusiva­ mente en el poder judicial y ninguna otra autoridad podrá avocarse el conocimien­ to de causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos. Art.º 72. El poder judicial no podrá ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado en la parte que le corresponda. No podrá interpretar las leyes ni suspender su ejecucion. Art.º 73. El poder judicial del Estado se deposita en un Tral. Spmo. de Justicia en los Juzgados de 1ª. Ynstancia, Alcaldes y Jurados.

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Del Tral de Justicia. Art.º 74. El Tral. de Justicia del Estado se compondrá de seis ministros propietarios y dos fiscales cuyos funcionarios serán de eleccion popular indirecta en primer grado. Las faltas absolutas de estos individuos, que ocurran un año antes de con­ cluirse el periodo de su duracion, se llenarán por nueva eleccion, no debiendo durar los electos en este caso sino el tiempo que falte á los que remplazan, Las demás faltas se llenarán con arreglo á lo que disponga la ley orgánica respectiva. Art.º El modo con que ha de organizarse el Tral. para el despacho de los negocios de que deba conocer, ya sean comunes ó de responsabilidad, será determinado por la ley de la materia. Art.º 75. Para ser ministro ó fiscal del Tral. Spmo. de Justicia se requiere. 1.º Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos. 2.º Tener treinta años cumplidos. 3.º Tener cuatro años de abogado y no estar suspenso en el ejercicio de su profesion. Art.º 76. El Tral. Spmo. de Justicia se renovará en su totalidad cada seis años que se contarán desde el 16 de Sbre. En que debe instalarse. Si por alguna circunstancia no se renueva en dicho tiempo continuarán ejerciendo las funciones judiciales los individuos que lo formen hasta que vengan los nuevamente nombrados. Art.º 77. Corresponde al Tral. de Justicia del Estado conocer: 1.º De las causas de responsabilidad que haya de formarse á los funcionarios de que habla el Art.º 8 previa la declaracion que se haga de haber lugar á formacion de causa. 2.º De los recursos de fuerza y proteccion que se interpongan contra los Trales. del Estado. 3.º De las competencias que mutuamente se susciten entre los Jueces de letras, entre estos y los alcaldes ó de los que se verifiquen entre unos ú otros y alguna de las Salas del Tral. ó entre ambas Salas. 4.º De los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias ejecutoriadas que los admitan. 5.º De los negocios civiles y criminales comunes como Tral. de apelacion ó última instancia. 6.º De la validez ó nulidad de las elecciones de los alcaldes. 7.º Declarar si há ó no lugar á formación de causa contra los Prefectos y Jueces de letras. 8.º Hacer la recepcion de abogados y escribanos.

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9.º Nombrar los empleados de sus Srías. Y castigarlos por las faltas que cometan en el servicio hasta con tres meses de suspension de empleo ó multas que no escedan de la mitad de su sueldo si la falta no mereciere formacion de causa. 10.º Consultar al Congreso sobre las dudas de ley que ocurran al mismo Tral. ó á los Juzgados inferiores. 11.º Formar su reglamento interior sujetándolo á la aprobacion del Congreso. Art.º 78. La ley determinará la manera de organizacion del Tral. para el despacho de los negocios comunes ó de responsabilidad de que deba conocer, y los términos en que há de ejercer las anteriores facultades. De los Juzgados de letras ó Yntancias Art.º 79. La admon. de justicia en 1ª. instancia estará á cargo de Jueces letrados. La ley determinará su número, el lugar de su residencia, la estension de sus respectivos territorios y la manera de llenar sus faltas absolutas y temporales. Art.º 80. Los Jueves de 1ª. instancia durarán en el ejercicio de sus funciones seis años que comenzarán á contarse que se contarán del mismo modo que á los indi­ viduos del Tral. Spmo. continuando, como estos, en el ejercicio de sus funciones mientras no se presenten los nuevamente nombrados. Art.º 81. Los Jueces de 1ª. instancia serán nombrados por el Spmo. Tral. de Justicia del Estado. Art.º 82. Para ser Juez de letra 1ª. instancia se requiere: 1.º Ser ciudadano mejicano en ejercicio de sus derechos. 2.º Tener veinte y cinco años cumplidos. 3.º Ser abogado no suspenso en el ejercicio de su profesion. Art.º 83. Son atribuciones de los Jueces de 1ª instancia: 1.º Conocer en 1ª. instancia de todos los negocios civiles y criminales de su territo­ rio y de los de responsabilidad de los funcionarios del mismo, previa la declaracion que hagan de haber lugar á formacion de causa contra ellos. 2.º Conocer de las competencias que se susciten entre los alcaldes del mismo terri­ torio y entre los de los otros que designe la ley. 3.º Nombrar á los empleados de su Juzgado. 4.º Desempeñar las mismas funciones que en el orden judicial les designen las leyes.

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De los Alcaldes Art.º 84. Habra Alcaldes en cada una de las poblaciones que designe la ley, los que serán electos popular y directamente por los individuos de sus respectivos territo­ rios. La ley determinará el número que ha de haber en cada poblacion, sus facultades, obligaciones y modo de llenar sus faltas. Art.º 85. Los alcaldes durarán un año en el ejercicio de su encargo que será hono­ rífico, no pudiendo renunciarlo sino por causa grave calificada por el Spmo. Tral. ó por no haber pasado dos años desde que hayan servido alguna otra carga concejil. Art.º 86. Para ser Alcalde se requiere: 1.º Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos. 2.º Tener veinte y cinco años cumplidos. 3.º Ser vecino de la municipalidad poblacion que lo elija con un año al menos de residencia en ella. De los Jurados Art.º 87. Todo ciudadano en ejercicio de sus derechos es jurado de la localidad donde resida. Art.º 88. Son atribuciones de los jurados, conocer en calidad de jueces de los nego­ cios de imprenta y de los demás que les sometan las leyes. De la admon. de justicia en lo general Art.º 89. Los negocios judiciales del Estado serán decididos dentro de él en todas sus instancias, no debiendo pasar estas de tres aun en los negocios civiles. La ley determinará cual de las tres instancias debe causar ejecutoria, atentas la naturaleza, cuantía y calidad de los negocios. Art.º 90. De sentencias que causen ejecutoria no se admitirá otro recurso que el de nulidad y este no podrá interponerse de otras sentencias que de las ejecutorias. Los efectos de la nulidad, el modo de interponerla y las causas que la produzcan serán determinados por la ley. Art.º 91. Cada instancia será sentenciada por diversos jueces, sin que jamás pueda el que haya sentenciado en una, hacerlo en otra. Art.º 92. Los negocios de corto interés y los delitos leves y los juicios por los delitos leves que señalaren las leyes, se terminarán definitivamente por los Alcaldes breve y sumariamente pero ni en unos ni en otros se procederá sin audiencia de parte y comprobacion de los hechos. De las determinaciones pronunciadas sobre ellos no se admitirá recurso alguno, aunque el Juez que las dicte quedará sujeto á la responsa­ bilidad si obrase contra derecho.

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Art.º 92. Los negocios á que se refiere el art.º anterior se decidirán verbalmente y los de mayor cuantía en la forma y por los trámites que designen las leyes. Art.º 93. Todo hombre es libre podrá promover en el Estado para promover sus derechos por sí ó por medio de persona de su confianza; pero siempre con firma de letrado y en los términos y con las esepciones que disponga la ley. De la admon. de justicia en lo civil. Art.º 94. Los negocios de poco interés de que habla el art.º 92 se decidirán verbal­ mente, y los de mayor cuantía en la forma y por los trámites que designen las leyes. Art.º 95. Todo hombre es libre en el Estado para terminar sus diferencias ya sea por convenios amistosos ó por medio de árbitros ó arbitradores, aun cuan que estén cuando se hayan sometido á juicio y sea cual fuere el estado que este guarden. Toda sentencia pronunciada por árbitros ó arbitradores, se ejecutará sin recurso a menos que las partes se hayan reservado alguna legal. De la admon. de justicia en lo criminal Art.º 96. Todo delito leve de los que habla el art.º 92 será sentenciado en juicio verbal: los de mayor gravedad lo serán en el modo y términos que designen las leyes. Art.º 97. Nadie podrá ser detenido ni preso, sin que haya indicios ó semi plena prueba de que es delincuente. Art.º 98. A ningún preso ó detenido se le pondrá incomunicacion, sino en el caso de que la órden de prision ó detencion así lo esprese. Esta incomunicacion no durará sino el tiempo muy preciso no podrá decretándose por un motivo justo que se espresará en la causa. Art.º 99. Solo por delitos que traigan consigo responsabilidad pecuniaria, se embar­ garán bienes en cuanto basten á cubrirla. Art.º 100. En el curso de las causas no se usará con los reos de promesas, amenazas, ni violencias. Art.º 101. Los procesos criminales se harán públicos tan luego como estén en estado de que al reo se le tome su confesion con cargos. Art.º 102. A ninguna persona se le tomará juramento sobre hechos propios cuando declare en juicios criminales y solo se le escitará de decir verdad. Art.º 103. Queda derogado el derecho de asilo y ningún lugar por respetado que sea podrá gozar de él. Art.º 104. Las penas de reclusion y presidio jamás serán perpetuas por un solo delito no podrán acceder de diez años. Art.º 105. No podrán imponerse dos penas por un mismo delito.

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De las responsabilidades Art.º 106. El Gobor. del Estado, los Diputados al Congreso del mismo, los indivi­ duos del Tral. Supmo. de Justicia, el Srio. del despacho, los Prefectos, Jueces de letras, Alcaldes y funcionarios municipales, son responsables por los delitos comunes que cometan y por los delitos, faltas ú omisiones en que incurran en el ejercicio de su encargo. Art.º 107. Siempre que se trate del Gobor., Diputados, individuos del Tral. y Srio. del despacho, el Congreso erijido en gran jurado declarará si há ó no lugar á formacion de causa contra el acusado, Cuando se trate de los jueces de letras y Prefectos, el Tral. Spmo. será quien haga la antecedente declaracion Art.º 108. En caso de que la declaración de que habla el art.º anterior sea negativa, no habrá lugar á ningún procedimiento ulterior; pero en caso afirmativo quedará el acusado por el mismo hecho separado de su encargo y sujeto á su juez competente si el delito fuera comun, y siendo oficial al Tral. de Justicia. De los delitos que cometan los demás funcionarios y empleados no denomina­ dos especialmente, en los anteriores artículos, conocerán los Trales. ordinarios de la demarcación donde residan los culpables, aunque el delito sea oficial y sin nece­ sidad de previa declaracion de haber lugar á formacion de causa. Art.º 110. Pronunciada una sentencia por delitos oficiales no se concederá al reo la gracia de indulto. Art.º 111. La responsabilidad por faltas ó delitos oficiales cometidos por los funcio­ narios de que hala el arto. 105, solo podrá ecsijirse durante el periodo en que ejerzan su encargo y hasta un año después; pero en este último caso no habrá necesidad de la declaracion previa de haber lugar á formación de causa. Art.º 112. Los delitos oficiales de los funcionarios públicos de que hablan los artícu­ los anteriores producen accion popular. Art.º 113. En negocios del órden civil no hay inmunidad para ningún funcionario público. Título De la hacienda pública del Estado. De la formacion de la hacienda pública y principios en que debe fundarse. Art.º 114. La hacienda pública del Estado se compondrá de los bienes propios del mismo y de las contribuciones que establezcan las leyes, con arreglo á los artículos siguientes. Art.º 115. La base de las contribuciones será la escala de las fortunas, que en propor­ ción de ella deberán contribuir para las atenciones del Estado aun cuando su dueño no resida en él, no pudiendo ecsijirse á nadie mas de lo que aquellas permitan.

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Art.º 116. Las contribuciones se fijarán anualm.te por el congreso con vista del pre­ supuesto que presentará el Gobor. y aprobará el mismo congreso. Art.º 117. Ninguna contribución podrá establecerse sino con el preciso objeto de cubrir las atenciones del Estado, continuando vigentes las que estuvieren estableci­ das mientras no se decretaren nuevas. De la tesorería del Estado Art.º 118. En el lugar de la residencia de los Spmos. Poderes del Estado, habrá una tesorería general que dependerá inmediatamente del congreso, á la que entrarán real ó virtualmente todos los caudales que formen la hacienda pública del Estado.

refundidos en uno

Art.º 119. La ley designará los empleados de que ha de componerse la tesorería y las facultades y obligaciones de ellos. Art.º 120. La tesorería no podrá hacer otros gastos que los que por leyes y reglamen­ tos estén determinados como fijos y periódicos, los que estén dentro de la cantidad que se concede al ejecutivo para gastos estraordinarios, y los que con este último carácter decretare el congreso. De la contaduria general del Estado. Art.º 121. En el mismo lugar de la residencia de los poderes del Estado, habrá una contaduría general, compuesta de los empleados que designe la ley, en la que se glozarán las cuentas de los gastos que se hicieren q. dependerá inmediatamente del congreso compuesta de los empleados que designe la ley, en la que se glozarán las cuentas de los gastos que se hicieren. En todas las ramas de la admon. pública del Estado. Art.º 122. Para cuenta relativa á los fondos públicos del Estado, sea cual fuere su procedencia y la oficina ó individuo á cuyo cargo esté su manejo; se concluirá, glo­ zará y aprobará anualmente sin que jamás se permita quede pendiente de un año para otro crédito alguno activo del Estado. La falta de cumplimiento de la anterior prescripcion, será objeto de responsabilidad. De la instrucción pública del Estado. Art.º 123. El Estado proporcionará á sus habitantes enseñanza gratuita para for­ mar de ellos ciudadanos útiles, cuidando de que sea uniforme en todo él y esté relacionada con las instituciones que forman la base de su organización política. Proporcionará también escuelas de arte y oficios para la perfeccion y mejora de unos y otros. Art.º 124. La instruccion pública será uno de los objetos á que el ejecutivo prestará una proteccion particular, y que de toda preferencia impulsarán las leyes.

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Título De la milicia del Estado

refundidos en uno solo

Art.º 125. La guardia nacional del Estado y las fuerzas de policía del mismo compo nen su miliacia. Art.º 126. El objeto de la primera será defender el Estado, sus instituciones y auto­ ridades y cumplir los demás deberes que le impongan las leyes generales; el de la segunda, proteger la seguridad particular de las poblaciones y cumplir las demás obligaciones que le prescriban las leyes del Estado. Art.º 127. El Gobor. del Estado es el Geje de su milicia y el cual por lo mismo podrá disponer de ella para llenar los objetos de su institucion. Título Disposiciones generales Art.º 128. Ningun Ningun empleo ó cargo de elección popular de los que habla esta constitucion podrá ser desempeñado por podrá ser desempeñado por indivi­ duos del estado seculgar ó regular que pertenezcan al estado seglar. Art.º 129. Todos los cargos de elección popular son obligatorios para las personas en quienes se hagan recaigan y no podrán renunciarse sino por causa grave. Art.º 130. Los funcionarios de que habla el anterior artículo que sin causa justi­ ficada ó sin la correspondiente licencia falten al desempeño de sus funciones perde­ rán la dotación remuneratoria que disfruten por ellas ó por cualquier otro empleo q.e desempeñen, quedarán suspensos de los derechos de ciudadano y no podrán obtener ningún otro empleo que toque al servicio público. Esta privacion la sufri­ rán por todo el tiempo que dure la rescision y no mas. Art.º 131. Todo cargo de elección popular es incompatible con el ejercicio de cual­ quiera otro empleo del Estado en que se disfrute sueldo, sino es que para desempe­ ñarlo se obtenga licencia del congreso: hai también incompatibilidad en los indivi­ duos del Tral. Spmo. y Jueces de letras para servir durante su encargo de hombres buenos, abogados ó procuradores sinó es en negocios propios ó de su familia, y la hai asimismo en la primera para servir de asesores, árbitros ó arbitradores, en negocios en que las partes se hayan reservado algún recurso. La infraccion á lo prevenido en este art.º y en los demás que tratan de las prohibiciones impuestas á los funcionarios públicos, será caso de responsabilidad que castigarán las leyes.

entre los Transitorios

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Art.º 132. Las prohibiciones de que hablan los art.os 1.º fracción 2ª. y 52.º, solo durarán mientras por el congreso general se fijan las preferencias que debe haber entre el desempeño de las funciones públicas y empleos de la federacion, y el de las funciones públicas de los Estados.

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Art.º 133. Los poderes supremos del Estado residirán en un mismo lugar; á menos que por circunstancias estraordinarias calificadas por las dos terceras partes de los individuos presentes del congreso, sea necesaria su separacion. Art.º 134. Todos los funcionarios del Estado de eleccion popular; á escepcion de aque­ llos cuyo cargo es concejil, recibirán una compensacion por estos servicios que será determinada por la ley y pagada por los fondos públicos. Esta compensacion no es renunciable, y la ley que la aumente ó disminuya no podrá tener lugar durante el periodo en que el funcionario esté ejerciendo su encargo. Art.º 135. El Gobor. del Estado, diputados al congreso del mismo, individuos del Tral. Spmo. de Justicia y Srío. del despacho, prestarán ante el Congreso, o en su recision ante la diputacion permanente al tomar posesión de su encargo, el jura­ mento prevenido en el art.º 121 de la constitucion general, los demás funcionarios y empleados ante sus gejes inmediatos ó ante los Presidentes de las corporaciones á que pertenezcan. Art.º 136. No se pierde la vecindad que se requiere para los cargos públicos por estar desempeñando algún otro fuera del punto de la residencia del que lo obtenga. Art.º 137. El cargo de Gobor. prefiere á todo otro y el de individuo del Tral. Spmo. al de diputado. De la observancia y reformas de la constitucion del Estado Art.º 138. Todos los habitantes del Estado sin escepcion alguna están obligados á guardar fielmente esta constitucion en todas sus partes y ninguna autoridad podrá dispensar el cumplimiento de este deber.

refundido en uno

Art.º 139. Todo ciudadano tiene facultad de representar ante el Congreso ó Gobor. reclamando su observancia. Art.º 140. El Congreso en sus primeras sesiones tomará en consideracion las infrac­ ciones á esta constitucion q.e se le hubieren hecho presentes, para aplicar el conve­ niente remedio y disponer se haga efectiva la responsabilidad de los infractores. Art.º 141. Solo el congreso podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligen­ cia de los artículos de esta constitucion. Art.º 142. La presente constitucion no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un Gbno. contrario á los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo á ella y á las leyes que en su virtud se hubieren espedido serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelion como los que hubieren cooperado á ella. 143. En cualquier tiempo podrá ser reformada esta constitucion concurriendo los requisitos siguientes:

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1.º Que cualquiera proposición de reformas se haga por escrito y por quienes con arreglo á esta constitucion pueden iniciar leyes, leyéndose tres veces en el congreso con intervalo de cinco días de una á otra lectura. 2.º Que en caso de ser admitida á discusion la proposición, sea ecsaminada por una comisión compuesta de tres diputados que nombrará el congreso. 3.º Que presentado el dictamen se imprima y publique íntegro para que sea discu­ tido en el periodo siguiente de sesiones. Artículos Transitorios Art.º 1.º La presente constitucion se publicará desde luego en el Estado con toda solemnidad y comenzará á regir inmediatamente en todo aquello que no necesite nuevas leyes orgánicas para su ejecucion, rigiendo entretanto la actual. Art.º 2.º Los primeros poderes constitucionales del Estado por esta vez se instala­ rán el 1.º de Julio del año corriente, y su periodo terminará en las fechas siguientes: el del legislativo el 15 de Sbre. de 57, el del ejecutivo el 15 del mismo mes de 861, y el del judicial en igual fecha y mes de 863. Dada en el salón de sesiones del Congreso, en Morelia á veinteiuno de Enero de mil ochocientos cincuenta y ocho. Firmas Vicente Domingues D.P. Francisco [ilegible]

M. Silva

G. Mendoza

[ilegible]



Macedo Gomez

Anselmo Argusta G. Elizondo D.S. D.S.

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3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN* (1918) TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO I De las Garantías Individuales y Sociales Artículo 1º. En el Estado de Michoacán de Ocampo todos los individuos gozarán de las garantías consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los demás derechos que otorga esta Constitución y las leyes que de ambas emanen. Artículo 2o. La familia tendrá la protección del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo acuerdo o a petición de cualquiera de los cónyuges cuando medie justa causa que determi­ narán las leyes. Los padres están obligados a alimentar, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y dictará normas para asistir la insuficiencia económica de la familia o el abandono de los hijos por los cónyuges.

* Fecha de promulgación: 31 de enero de 1918. Fecha de publicación en el Diario Oficial: 5 de agosto de 1986.

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Artículo 3º. Todas las personas tienen derecho a una existencia digna, a la instruc­ ción, a la cultura y al trabajo. El Gobierno promoverá el mejoramiento físico, moral, intelectual y económico del pueblo. CAPÍTULO II De los Habitantes del Estado Artículo 4º Son obligaciones de los habitantes del Estado: I. Si son mexicanos, las que señalen en esta Constitución y en el artículo 31 de la General de la República, y II. Si son extranjeros, acatar y respetar en todas sus partes lo establecido por las leyes y sujetarse a las resoluciones de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que se conceden a los mexicanos, y contribuir a los gastos públicos de la manera que dispongan las leyes y autoridades del Estado. Capítulo III De los Michoacanos Artículo 5º. Son michoacanos: los mexicanos nacidos en el Estado, los hijos de michoacanos nacidos fuera de él y los que se avecinen de manera continua durante un año. Artículo 6º. Son derechos de los michoacanos: I. Los que concede la Constitución Federal a los mexicanos, y II. Ser preferidos para los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades y en las concesiones que otorgue el Estado. Capítulo IV De los Ciudadanos Artículo 7º. Son ciudadanos los que reúnan los requisitos que señala el artículo 34 de la Constitución Federal. Artículo 8º. Son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las elecciones populares, desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los ayun­ tamientos, cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para cada caso, y los demás que señala el artículo 35 de la Constitución Federal. Artículo 9º. Son obligaciones de los ciudadanos, desempeñar los cargos de elección popular del Estado y del municipio, para los que fueren designados, y las conte­ nidas en el artículo 36 de la Carta Fundamental del País.

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Artículo 10. Los derechos de los ciudadanos se pierden y se suspenden, respecti­ vamente, en los términos previstos por los artículos 37 y 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los casos que determinen las leyes del Estado. TÍTULO SEGUNDO Capítulo I De la Soberanía del Estado y de la forma de Gobierno Artículo 11. El Estado de Michoacán de Ocampo es libre, independiente y sobera­ no en su régimen interior, de conformidad con lo prescrito en esta Constitución y en la General de la República. Artículo 12. La soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo, y se ejerce por medio de los poderes públicos, en los términos que establece esta Constitución. Artículo 13. El Estado adopta para su régimen interior, la forma de gobierno repu­ blicano, representativo y popular, como previene el pacto federal. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las for­ mas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y muni­ cipal, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. En los procesos electorales estatales y municipales los partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, con los elementos necesarios para la consecución de sus fines. Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente, de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la Ley. La organización de las elecciones es una función estatal que se ejerce por los pode­ res Legislativo y Ejecutivo del Estado con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos según lo disponga la Ley. Esta función la realizará un organismo público autónomo con personalidad jurídica. La certeza, legalidad, objetividad y pro­ fesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal.

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La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerá un Tribunal Autónomo, que será órgano jurisdiccional en materia electoral y garanti­ zará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. El tribunal electoral tendrá la competencia y organización que determine la Ley; funcionará en pleno o en salas; resolverá en una sola instancia; y sus sesiones serán públicas. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo garantizarán su debida integración. Las resoluciones del tribunal electoral serán obligatorias, contra ellas no procederá juicio ni recurso alguno y solo podrán ser modificadas o revocadas por los Colegios Electorales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, cuando de su revisión se deduzca que existen violaciones a las reglas en materia de admisión y valoración de pruebas y en la motivación del fallo. Los Magistrados del Tribunal deberán satisfacer los requisitos que señale la Ley, que no podrán ser menores a los que señala esta Constitución para ser Magis­ trados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por el Ejecutivo del Estado, que siempre será, el doble del número a nombrar. Si dicha mayoría no se logrará en la primera votación, se complemen­ tará la propuesta con una mitad más del número de candidatos que formaron la lista original. Si aún así no se obtuviere la mayoría, se procederá a insacular de los candidatos propuestos, el número que corresponda de Magistrados del Tribunal. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente. CAPÍTULO II Del Territorio del Estado Artículo 14. El Estado de Michoacán de Ocampo es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y está constituido por la porción de territorio nacional que le reconozcan la Constitución Federal, las leyes y los convenios. El Estado puede arreglar con las entidades federativas limítrofes, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión. Artículo 15. El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organi­ zación política y administrativa el Municipio Libre. Cada municipio conservará la extensión y límites que le señale la Ley de División Territorial. Artículo 16. La creación de nuevos municipios se sujetará a las prescripciones de esta Constitución.

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TÍTULO TERCERO CAPÍTULO I De la División de Poderes Artículo 17. El Poder Público del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actuarán separada y libremente, pero cooperando, en forma armónica, a la realización de los fines del Estado. No podrán reunirse dos o más de éstos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo o el Judicial en un individuo. Artículo 18. La ciudad de Morelia es la residencia habitual de los Poderes, y éstos no podrán trasladarse a otro lugar del Estado sino por causa grave, cuando lo acuer­ den así las dos terceras partes de los miembros del Congreso, a iniciativa del Gober­ nador del Estado. CAPÍTULO II Del Poder Legislativo Artículo 19. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una asamblea que se denominará: Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Sección 1 De la Formación del Poder Legislativo Artículo 20. El Congreso del Estado se compondrá de representantes del pueblo, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. El Congreso del Estado estará integrado por dieciocho diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electo­ rales uninominales y hasta doce diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votados en una circunscripción plurinominal. Artículo 21. Para la elección de los doce diputados según el principio de represen­ tación proporcional y el sistema de listas de candidatos, se constituirá una cir­ cunscripción electoral plurinominal en el Estado y se sujetará a las bases generales siguientes y a lo que en lo particular disponga la Ley: I. Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos nueve distritos uninominales. II. Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del total de la votación emitida para las listas de candidatos de la circunscripción pluri­

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nominal, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados electos según el principio de representación proporcional. III. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores, les serán asignados diputados por el principio de representación proporcional. La Ley establecerá la fórmula para la asignación. Además, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. IV. En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se observa­ rán las siguientes reglas: a) Ningún partido político podrá contar con más de veintiún diputados electos mediante ambos principios. b) Si ningún partido político obtiene por lo menos el treinta y cinco por ciento de la votación estatal emitida, a todos los partidos políticos que cumplan con lo dis­ puesto en las dos bases anteriores, le será otorgada constancia de asignación por el número de diputados que se requerirán para que su representación en el Congreso, por ambos principios, corresponda en su caso, al porcentaje de votos obtenidos. c) Al partido político que obtenga nueve o más constancias de mayoría y el treinta y cinco por ciento de la votación estatal, le será otorgada constancia de asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en el Con­ greso. Se le asignará también un diputado de representación proporcional, adicio­ nalmente a la mayoría absoluta, por cada ocho por ciento de votación obtenida por encima del treinta y cinco y hasta menos del sesenta por ciento, en la forma que determine la Ley. d) El partido político que obtenga el sesenta por ciento y el setenta por ciento de la votación estatal, y su número de constancias de mayoría relativa represente un por­ centaje del total del Congreso, inferior a su porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de represen­ tación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos princi­ pios represente el mismo porcentaje de votos. Artículo 22. Los diputados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente; los suplentes podrán ser reelectos para el periodo inmediato con el carác­ ter de propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio; pero los propieta­ rios no podrán ser reelectos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Artículo 23. Para ser diputado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser michoacano en ejercicio de sus derechos, y II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. Artículo 24. No podrán ser electos diputados: I. Los ciudadanos que tengan mando de fuerza pública en el Estado.

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II. Los titulares de las dependencias básicas de la organización administrativa del Ejecutivo y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. III. Los jueces de primera instancia, los recaudadores de rentas y los presidentes municipales en los distritos electorales donde ejerzan sus funciones, y IV. Los ministros de cualquier culto religioso. Los ciudadanos enumerados en las fracciones I, II y III pueden ser electos, siempre que se separen de sus cargos noventa días antes de la elección. Artículo 25. El Congreso del Estado calificará a través de un Colegio Electoral la elegibilidad y la conformidad a la Ley de las constancias de mayoría o de asignación proporcional a fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección de sus miembros. El Colegio Electoral del Congreso del Estado se integrará con nueve presuntos diputados propietarios, nombrados por los partidos políticos en la proporción que les corresponda, respecto del total de las constancias otorgadas por la autoridad electoral en la elección de que se trate. La resolución de los colegios electorales serán definitivas e inatacables. Artículo 26. Las sesiones del Colegio Electoral se iniciarán treinta días antes de la instalación del Congreso. Las credenciales que no fueren calificadas en este perio­ do, lo serán con posterioridad. Artículo 27. Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, y no podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente del Congreso velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros del mismo y por la inviolabilidad del recinto en donde se reúnan a sesionar. Artículo 28. Los diputados propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna comisión o empleo de la federación, del estado o del municipio por los cuales se disfrute sueldo, a excepción de los de instrucción pública y beneficencia, sin licencia previa del Congreso. En su caso, cesarán en sus funcio­ nes representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados suplentes cuando estuvieren en ejer­ cicio. La infracción a esta prohibición, se castigará con la pérdida del carácter de diputado. Sección II De la Reunión, Receso y Renovación del Congreso Artículo 29. El Congreso se renovará totalmente cada tres años, y se instalará el día quince de septiembre del año en que hubiere elecciones ordinarias.

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Artículo 30. El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de la mayoría del número total de sus miembros. Si no se reuniere esa mayoría el día designado por la Ley, los diputados presentes exhortarán a los ausentes para que concurran, dentro de los ocho días siguientes. Si a pesar de ello no se presentaren, se llamará a los suplentes, quienes funcionarán durante ese periodo de sesiones, y si los suplentes no se presentaren en el mismo plazo de ocho días arriba señalado, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elec­ ciones. Se entiende también que los diputados que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente del Congreso, de lo cual se dará cono­ cimiento a éste, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, y se llamará, desde luego, a los suplentes. Si no hubiese quórum para instalar el Congreso, o para que ejerza sus funciones una vez instalado, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se pre­ senten a la brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los ocho días de que antes se habla. Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la Ley señale, a quienes habiendo sido electos diputados, no se presenten, sin causa justi­ ficada a juicio del Congreso, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los partidos políticos que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados, acuer­ den que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. En el Congreso del Estado, las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos del mis­ mo partido que sigan en el orden de la lista de candidatos respectiva, después de habérseles asignado los diputados que le hubieren correspondido. Artículo 31. El Congreso tendrá cada año un periodo de sesiones ordinarias que comenzará el día 15 de septiembre de cada año y terminará el 15 de febrero del año siguiente. Ese plazo podrá prorrogarse por un mes, por acuerdo del Congreso y a iniciativa de algunos de los diputados o del Gobernador del Estado. En ese mismo periodo de sesiones se ocupará de los siguientes asuntos: I. Revisar la cuenta pública del año anterior, que deberá enviarle el Ejecutivo den­ tro de los diez primeros días de la apertura de sesiones. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las partidas respec­ tivas del presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar; II. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo, y

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III. Estudiar, discutir y votar las iniciativas de Ley que se presenten, y resolver los demás asuntos que le corresponda, conforme a esta Constitución. Artículo 32. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias, cada vez que sea convo­ cado por el Gobernador del Estado, o por la Diputación Permanente en los casos previstos en esta Constitución; en ellas no se ocupará de otros asuntos que de los consignados en la respectiva convocatoria, a menos que durante estas mismas sesiones ocurran otros de mayor urgencia, calificados por el voto de las dos terce­ ras partes de los diputados presentes. Artículo 33. El Gobernador del Estado asistirá a la apertura de sesiones de cada año legislativo y rendirá en ese acto o dentro de los treinta días siguientes, según lo deter­ mine el Congreso, el informe que manifieste el estado que guarde la Administración Pública. El Presidente del Congreso contestará en términos generales. En el último año de ejercicio de cada periodo gubernamental el informe de que trata este artícu­ lo, se rendirá ante la Legislatura que concluya su periodo constitucional, la que se constituirá en sesión especial para este solo efecto. Al acto a que se refiere este pre­ cepto, deberán asistir el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los miem­ bros que formen este cuerpo. Artículo 34. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de Ley o Decreto. El primer nombre corresponde a las resoluciones que versen sobre materia de inte­ rés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo; el segundo, a las que sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, estable­ cimientos o personas. Las resoluciones administrativas del Congreso tendrán el carácter de acuerdos. Artículo 35. Las sesiones del Congreso serán públicas o secretas, según lo deter­ mine su Ley Orgánica. Sección III De la Iniciativa y Formación de las Leyes Artículo 36. El derecho de iniciar leyes corresponde: I. Al Gobernador del Estado; II. A los diputados; III. Al Supremo Tribunal de Justicia, y IV. A los ayuntamientos. Las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado o por el Supremo Tri­ bunal de Justicia pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los ayuntamientos, se sujetarán a los trámites que señale el reglamento. Artículo 37. Las iniciativas de Ley o Decreto se sujetarán a los siguientes trámites:

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I. El dictamen de comisión será leído una o dos veces en los términos que prevenga el reglamento de debates; II. La discusión del dictamen se hará el día que señale el Presidente del Congreso, y agotada aquélla, se hará la declaración de que hay lugar a votar; III. La aprobación deberá hacerse por mayoría absoluta del número de diputados presentes, o por las dos terceras partes cuando así lo exija esta Constitución; IV. Aprobado un proyecto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observacio­ nes que hacer, lo publicará inmediatamente; V. Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los siguientes diez días hábiles; a no ser que, corriendo ese término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido; VI. El proyecto de Ley o Decreto, desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones al Congreso y deberá ser discutido nuevamen­ te por éste, pudiendo el Ejecutivo mandar su orador, para lo cual se le dará aviso previo, y VII. Si el proyecto fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación. Toda iniciativa o proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso no podrá presentarse otra vez en el mismo periodo de sesiones. Artículo 38. En los casos de urgencia notoria, calificada por el voto de las dos ter­ ceras partes de los diputados presentes, el Congreso podrá dis­pensar la lectura o lecturas del dictamen que hubiere formulado la comisión respectiva. Artículo 39. Siempre que concurra el Gobernador del Estado o su representante para apoyar sus opiniones, tendrá voz en las discusiones, pero no voto. Artículo 40. La derogación de las leyes se hará con los mismos requisitos y formali­ dades que se prescriben para su formación. Artículo 41. Las votaciones de las leyes o decretos serán nominales; las de los acuer­ dos serán económicas. Artículo 42. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Pre­ sidente y los Secretarios, y los acuerdos sólo por éstos. Las leyes o decretos se pro­ mulgarán en esta forma: “El Congreso de Michoacán de Ocampo Decreta”: (texto de la ley o decreto). El Congreso expedirá la Ley Orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos.

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Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia. Artículo 43. El Ejecutivo del Estado no puede hacer observaciones a las resolucio­ nes del Congreso, cuando éste ejerza funciones de Colegio Electoral o se encuentre erigido en Gran Jurado. Sección IV De las Facultades del Congreso Artículo 44. Son facultades del Congreso: I. Legislar sobre todos los ramos de la administración que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que se expidieren, así como participar en las reformas de esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos; II. Iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos, y secundar, cuando lo es­ time conveniente, las iniciativas hechas por las Legislaturas de otros estados; III. Legislar sobre el fraccionamiento y expropiación de tierras, conforme a las bases que fija el artículo 27 de la Constitución General de la República; sobre educación, ejercicio de profesiones, salubridad y asistencia pública; IV. Crear municipios dentro de los límites territoriales de los existentes, lo que de­ berá hacerse conforme a estas bases: a) La solicitud de erección debe ser hecha por un grupo de ciudadanos en número no menor de mil y con residencia en la localidad de tres años, cuando menos; b) La fracción territorial que haya de constituirse en un nuevo municipio debe con­ tar con una población no menor de diez mil habitantes; c) Es preciso comprobar que dicha fracción tiene los elementos necesarios para su existencia económica y administrativa, así como que el municipio o los municipios de que se segregue, puedan seguir subsistiendo sin grave menoscabo de su hacienda municipal; d) El Congreso debe tener la opinión del ayuntamiento o ayuntamientos del muni­ cipio o de los municipios de cuyo territorio pretenda formarse la nueva circuns­ cripción municipal, así como del Gobernador del Estado, quienes deberán emitirla dentro del mes siguiente a la fecha en que les fuere pedida; e) La creación del nuevo municipio debe ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes; V. Agrupar dos o más municipios en uno sólo, cuando a su juicio no reúnan las condiciones expresadas en la fracción anterior. El acuerdo debe ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados presentes;

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VI. Facultar al Ejecutivo, con las limitaciones que estime necesarias, para que por sí o por apoderado especial, represente al Estado en actos o contratos para los que no esté facultado expresamente por esta Constitución; VII. Fijar la jurisdicción política, administrativa y judicial del Estado; VIII. Dictar normas para la administración, conservación y enajenación de los bie­ nes del Estado; IX. Expedir leyes fiscales, de planeación y programación del desarrollo económico y social, a nivel estatal y municipales, considerando la promoción, concertación y eje­ cución de acciones, para lograr la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social, económica y estatalmente necesarios; X. Aprobar o modificar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas públicas; XI. Legislar en materia de ingresos y egresos del Estado; XII. Dar las bases para que el Ejecutivo celebre empréstitos, con las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución General de la Repú­ blica; aprobar los contratos respectivos y reconocer y autorizar el pago de los adeu­ dos que contraiga el Estado; XIII. Pedir cuentas al Ejecutivo de la recaudación e inversión de los caudales públi­ cos cuando las dos terceras partes de los miembros del Con­greso lo estimen conve­ niente; XIV. Legislar sobre toda clase de aranceles; XV. Vigilar el correcto funcionamiento de la Contaduría General de Glosa; XVI. Crear y suprimir los empleos públicos, según lo exijan las necesidades de la administración así como aumentar o disminuir los emolumentos de que éstos gozan, teniendo en cuenta las condiciones de la hacienda pública, y nombrar y remover libremente a los empleados del Poder Legislativo; XVII. Conceder honores, premios y recompensas a las personas que presten servi­ cios eminentes a la República o al Estado, y otorgar pensiones a ellas o a los familia­ res que comprueben encontrase en difíciles condiciones económicas; XVIII. Hacer el escrutinio de los votos emitidos en la elección de Gobernador, cali­ ficar dicha elección y declarar electo al que haya obtenido mayoría; XIX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayun­ tamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas siguientes: a) Cuando alguno de los miembros del ayuntamiento cometa un delito;

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b) Cuando el Cuerpo Edilicio se encuentre desintegrado por licencia o desaparición de una mayoría de sus componentes; c) Cuando se juzgue indispensable para la tranquilidad y beneficio del municipio; Los miembros de los ayuntamientos tendrán siempre oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la Ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, la Legislatura desig­ nará, entre los vecinos, a quienes deban concluir los periodos respectivos; XIX–A. Designar a las personas que han de integrar los ayuntamientos, cuando falte alguna de ellas, por cualquier causa; XX. Hacer la declaratoria de haber resultado electos Senadores por el Estado, los ciudadanos que a su juicio hubiesen obtenido la mayoría de los votos emitidos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 de la Constitución General de la Repú­ blica; XXI. Aprobar o desaprobar las propuestas, solicitudes de licencia y renuncias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; XXII. Conceder las licencias que soliciten para separarse temporalmente de sus cargos, y admitir o rechazar las renuncias que hagan de sus respectivos puestos los diputados y los funcionarios y empleados que fueren de su nombramiento. Igualmente, aceptar o rechazar la renuncia que presente el Gobernador del Estado, o las licencias que éste solicite para separarse de sus funciones por más de treinta días; XXIII. Designar Gobernador interino del Estado cuando la separación del titular sea mayor de treinta días; XXIV. Formar la Comisión Instructora Especial y erigirse en Gran Jurado, para los efectos señalados en el artículo 108 de esta Constitución, así como conocer de las acusaciones que se hagan a los servidores públicos que hubieren incurrido en delitos, en los términos del artículo 109 de este mismo ordenamiento; XXV. Expedir la Ley Orgánica del Congreso y dictar resoluciones económicas rela­ tivas a su régimen interno; XXVI. Comunicarse con el Ejecutivo por medio de comisiones de su seno; XXVII. Expedir convocatoria a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes de diputados; XXVIII. Conceder, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presen­ tes, amnistías o indultos por delitos que deben conocer o hayan conocido los tribu­ nales del Estado;

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XXIX. Establecer el juicio de jurados para los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público y cuando lo creyere conveniente, respecto a los de­ más delitos; XXX. Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas y los contratos de interés gene­ ral celebrados por el Ejecutivo del Estado; XXXI. Rehabilitar, con arreglo a la Ley, a las personas a quienes se haya impuesto como pena, la pérdida o suspensión de los derechos de ciudadanía, civiles o de fa­ milia; XXXII. Expedir todas las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facul­ tades anteriormente expresadas, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes del Estado, y XXXIII. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. Las resoluciones del Gran Jurado serán definitivas e inatacables. Sección V De la Diputación Permanente Artículo 45. Durante el receso del Congreso habrá una Diputación Permanente compuesta de cinco diputados que se nombrarán la víspera de la clausura de sesio­ nes ordinarias, por mayoría de votos de los presentes; se instalará inmediatamente después de dicha clausura, y durará todo el periodo de receso, aún cuando haya sesiones extraordinarias. Se nombrarán también tres miembros con el carácter de suplentes. La Diputación permanente se sujetará al reglamento interior del Congreso en el desempeño de sus funciones. Artículo 46. Corresponde a la Diputación Permanente: I. Velar por la observancia de la Constitución General, de la Particular del Estado y de las Leyes que de ellas emanen y dar cuenta al Congreso de las infracciones que note; II. Acordar, a propuesta del ejecutivo, o por propia iniciativa en los casos previstos en esta Constitución, la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias. Podrá señalarse lugar distinto de la Capital para la reunión del Congreso, cuando así lo exijan circunstancias graves. En todo caso la convocatoria señalará el objeto de las sesiones extraordinarias; III. Expedir la convocatoria a sesiones extraordinarias, por medio de su Presidente, cuando el Ejecutivo no publique, en el término de tres días, el decreto correspon­ diente;

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IV. Recibir las actas y expedientes de elección de representantes populares del Estado, de cuya validez debe conocer el Congreso, y presentarlos a éste para su cali­ ficación cuando se reúna; V. Ejercer, en su caso, las facultades de que habla el artículo 30; VI. Dictaminar sobre todos los asuntos que se ofrezcan durante su periodo, para que el Congreso los resuelva; VII. Ejercer las funciones del Congreso en los casos de las fracciones XXII y XXIII del artículo 44; VIII. Resolver los negocios que tengan el carácter de urgentes y que no exijan la expedición de una ley o decreto, y IX. Ejercer las demás facultades que le señala esta Constitución. Capítulo III Del Poder Ejecutivo Sección I De la Elección del Gobernador Artículo 47. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo que se denominará “Gobernador del Estado” Artículo 48. La elección de Gobernador será popular y directa en los términos que disponga la Ley Electoral. Artículo 49. Para ser Gobernador se requiere: I. Ser ciudadano michoacano en pleno goce de sus derechos; II. Haber cumplido treinta años el día de la elección, y III. Haber nacido en el Estado o tener residencia efectiva no menor de cinco años anteriores al día de la elección. Artículo 50. NO pueden desempeñar el cargo de Gobernador: I. Los individuos que pertenezcan o hayan pertenecido al estado eclesiástico o que hayan sido o sean ministros de algún culto religioso; II. No pueden ser electos para ocupar el cargo de Gobernador: a) Los que tengan mando de fuerza pública; b) Aquellos que desempeñen algún cargo o comisión del Gobierno Fe­deral, y

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c) Los titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Las personas a que se refieren los incisos anteriores podrán ser electas si se separan de sus cargos 90 días antes de la elección. Artículo 51. El Gobernador entrará a ejercer su cargo el 16 de septiembre del año de su elección, y no podrá durar en él más de seis años. El ciudadano que haya de­ sempeñado el cargo de Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encar­ gado del despacho. Artículo 52. Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato: a) El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aún cuando tenga distinta denomina­ ción, y b) El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier deno­ minación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del periodo. Artículo 53. El Gobernador cesará en el ejercicio de su encargo al terminar su periodo de Gobierno, aún cuando no se haya hecho la elección del que deba susti­ tuirlo, o éste no se haya presentado. Artículo 54. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá en Colegio Electoral inmediatamente, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Gobernador interino; al mismo tiempo expedirá la convocatoria de elecciones para gobernador sustituto que termine el periodo constitucional, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para las elecciones, un plazo no menor de tres mese ni mayor de seis. Si el Congreso estuviere en receso, la Diputación Permanente nombrará desde luego un Gobernador provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Con­ greso, para que éste a su vez designe al Gobernador interino y expida la convoca­ toria a elecciones en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta de Gobernador ocurriere en los cuatro últimos años del periodo para el cual fue electo, si el Congreso del Estado estuviere en sesiones, elegirá a mayoría absoluta de votos, el Gobernador sustituto que deberá concluir el periodo respectivo. Si el Congreso no estuviere reunido, la Diputación Permanente nom­ brará un Gobernador provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordi­ narias para que se erija en Colegio Electoral y haga la designación de Gobernador sustituto.

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Artículo 55. El Cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso, ante el que se presentará la renuncia. Artículo 56. La designación de Gobernador provisional, interino o sustituto debe recaer en persona que reúna los requisitos a que se refiere el artículo 49 y que no esté comprendida en algunas de las prohibiciones aplicables de los artículos 50 y 52 de esta Constitución. Artículo 57. Si al comenzar un periodo Constitucional no se presentare el Gober­ nador electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 16 de septiembre, cesará, sin embargo, el Gobernador cuyo periodo haya concluido, y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el que designe el Con­ greso del Estado, o en su receso, con el carácter de provisional, el que designe la Diputación Permanente, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 54. Cuando la falta del Gobernador fuese temporal, el Congreso del Estado, o en su defecto la Diputación Permanente, designará un Gobernador interino para que funcione durante el tiempo que dure la falta; si ésta no excede de treinta días, el Secretario de Gobierno se encargará del despacho del Poder Ejecutivo, salvo el caso de falta temporal o impedimento, en el que será reemplazado por el Oficial Mayor. Artículo 58. En caso de que se declaren desaparecidos los Poderes del Estado, será Gobernador el funcionario a quien corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160 de esta Constitución, o en su defecto, el que designe la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos de la Constitución General de la República. Artículo 59. El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Con­ greso del Estado, o ante la Diputación Permanente en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de Michoacán; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden” Sección II De las Facultades y Obligaciones del Gobernador Artículo 60. Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y pro­ veer en la esfera administrativa a su exacta observancia; II. Poner a la disposición del Poder Judicial los medios necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones; III. Derogada.

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IV. Someter al Congreso del Estado, las propuestas para la designación de Magistra­ dos del Supremo Tribunal de Justicia o a la Diputación Permanente según el caso; V. Fomentar el turismo y promover el desarrollo agrícola, industrial y comercial de Michoacán; VI. Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que tiendan al mejoramiento de la administración pública; VII. Expedir los reglamentos interiores de las oficinas a su cargo; VIII. Cuidar de la recaudación y de la inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes; IX. Presentar cada año al Congreso, durante los primeros diez días de cada periodo ordinario de sesiones, la cuenta de gastos del ejercicio fiscal próximo anterior, y antes de que concluya el año, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos para el año siguiente; X. Dar informes al Congreso y a la Diputación Permanente, cuando le fueren pedi­ dos, sobre cualquier ramo de la administración pública; XI. Dar cuenta al Congreso, como lo dispone el artículo 33 de esta Constitución, sobre el estado que guarde la administración pública, proponiendo los medios para mejorarla; XII. Instruir a la Guardia Nacional, de acuerdo con los reglamentos que expida el Congreso de la Unión; XIII. Supervisar la formación e instrucción de las fuerzas de seguridad pública y tránsito en el Estado. La Policía y Tránsito en la capital del Estado dependerá directamente del Gober­ nador y tendrá como jefe inmediato a un director. El Gobernador del Estado tendrá mando de las corporaciones de policía y trán­ sito en los Municipios donde eventual o transitoriamente se encuentre. XIV. Disponer de las fuerzas de seguridad y de la Guardia Nacional, y ordenar que pase ésta a otros Estados, en los términos que establezca la Constitución Federal; XV. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la adminis­ tración pública estatal cuyo nombramiento y remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las leyes; XVI. Imponer multas hasta de quinientos pesos, o arresto hasta de quince días, por infracciones a los reglamentos gubernamentales o de policía. Sólo cuando el sancionado no pague la multa, se conmutará ésta por el arresto correspondiente.

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XVII. Pedir al Congreso prórroga de sus sesiones ordinarias en el caso a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución; XVIII. Pedir a la Diputación Permanente la reunión extraordinaria del Congreso; XIX. Convocar al Congreso cuando lo determine la Diputación Permanente, en los términos de esta Constitución; XX. Visitar los municipios del Estado para imponerse de sus necesidades, y pro­ poner al Congreso los medios para remediarlas; XXI. Cuidar de la conservación de los ejidos, tierras y aguas comunales, en los tér­ minos de la Ley; XXII. Promover el fraccionamiento de los latifundios y la formación de la pequeña propiedad, y XXIII. Todas las demás atribuciones que le confieran la Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de ellas emanen. Artículo 61. El Gobernador del Estado no podrá: I. Negarse a promulgar y publicar las leyes y decretos de la Legislatura; II. Imponer contribución alguna que no esté previamente establecida por la Ley; III. Distraer los caudales públicos del objeto a que estén destinados por la Ley; IV. Impedir o retardar las elecciones populares o la instalación de la Legislatura; V. Intervenir en las elecciones para favorecer a personas determinadas; VI. Salir del territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del Con­ greso o de la Diputación Permanente. Cuando el Gobernador, sin abandonar sus funciones, salga del territorio del Estado, el Secretario de Gobierno quedará encar­ gado del despacho, salvo el caso de falta temporal o impedimento en el que será reemplazado por el Oficial Mayor; VIl. Mezclarse en asuntos judiciales, ni disponer, durante la tramitación de un jui­ cio, de las cosas que en él se versen o de las personas que estén bajo la acción de la justicia, y VIII. Autorizar la ocupación de la propiedad de persona alguna, ni privarla de la posesión, uso o goce de lo que le pertenece.

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Sección III Del Despacho del Poder Ejecutivo Artículo 62. Para el despacho de los negocios del orden político–administrativo, el Ejecutivo del Estado contará con las dependencias básicas y organismos que de­ terminen esta Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública y demás leyes. Artículo 63. Para ser Secretario de Gobierno se requiere: I. Ser mexicano y michoacano por nacimiento, o tener residencia efectiva en el Es­ tado, no menor de dos años anteriores a la fecha del nombramiento; II. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; III. Haber cumplido veinticinco años de edad el día de su designación; IV. No haber sido condenado por delito no culposo. Los mismos requisitos serán necesarios para ser Oficial Mayor de Go­bierno. Artículo 64. El Secretario de Gobierno será el órgano por el cual el Ejecutivo comu­ nique sus resoluciones y llevará en el Congreso la voz del Gobernador cuando éste lo crea conveniente. El Gobernador podrá autorizar que comparezcan ante el Congreso los titulares de las dependencias básicas del Poder Ejecutivo, a rendir informes sobre el estado que guarde el ramo respectivo o cuando se discuta alguna ley, decreto o asunto de su competencia. Artículo 65. La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán cons­ tar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios. Artículo 66. Los titulares de las dependencias serán responsables con el Goberna­ dor en todos aquellos asuntos que lleven su firma. CAPÍTULO IV Del Poder Judicial Artículo 67. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en los Jueces de Primera Instancia, en los municipales y de te­ nencia y en los Jurados.

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La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por esta Constitución y la Ley Orgánica respectiva, las cuales esta­ blecerán las condiciones para el ingreso, y formación permanencia de quienes sir­ van al Poder Judicial del Estado. Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial serán hechos preferentemente entre aquellas perso­ nas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los jueces de primera instancia y los que con cualquier otra denominación se creen en el Estado, serán nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenuncia­ ble. la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Artículo 68. La facultad de aplicar e interpretar las leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, y ninguna otra autoridad podrá avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos. Artículo 69. El Poder Judicial no podrá ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Sección I De la Integración y Funcionamiento del Supremo Tribunal Artículo 70. El Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por un número no menor de siete magistrados propietarios, y funcionará en Tribunal Pleno o en Salas, en los términos que disponga la Ley. Habrá además, el mismo número de Magis­ trados supernumerarios. La Ley Orgánica del Poder Judicial fijará el número de magistrados y distribuirá las competencias señalando las funciones que correspondan al Presidente, al Pleno y a las Salas. Artículo 71. Para ser electo magistrado, propietario o supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se necesita: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos polí­ ticos y civiles; II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la elección; III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título pro­ fesional de abogado expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsi­

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ficación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausen­ cia en el servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. Artículo 72. Los magistrados durarán tres años en el ejercicio de su encargo, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Cuando el magistrado inamovible cumpla setenta años, o padezca incapacidad física o mental permanente para desempeñar su cargo, el Supremo Tribunal dictaminará el retiro forzoso. El dictamen se someterá a la consideración del Gobernador del Estado, quien lo enviará, en su caso, para su aprobación al Congreso o a la Dipu­ tación Permanente. Podrá retirarse voluntariamente si tiene más de quince años de servicios efectivos, como magistrado, siempre que haya cumplido 60 años de edad. En este caso se seguirá la misma tramitación. El magistrado inamovible que obtenga su retiro forzoso, disfrutará de una pensión equivalente a la remuneración que perciba, si tiene más de diez años de servicios efectivos como magistrado. El que obtenga su retiro voluntario, disfrutará de la misma pensión. Artículo 73. La designaciones de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se harán por el Congreso o la Diputación Permanente en su caso, a propuesta del Gobernador del Estado. Cada Magistrado del Supremo Tribunal, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Congreso, y en sus recesos, ante la Comisión Permanente, en la siguiente forma: Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?”. Magistrado: “Sí, protesto”. Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación y el Estado os lo demanden” Artículo 74. La falta temporal de un Magistrado que no exceda de tres meses, será suplida por uno de los supernumerarios que designe el Pleno del Supremo Tribunal. Si la falta es definitiva o por más de tres meses, se seguirá el mismo proce­ dimiento determinado por el artículo 73. Los Magistrados supernumerarios conocerán de los negocios en el orden de su designación, cuando los propietarios, en su totalidad, sean recusados o se encuen­ tren impedidos; podrán ser llamados también para integrar el pleno, en el caso de

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falta o impedimento de un magistrado propietario, cuando no exista la mayoría requerida por la ley para la decisión de un asunto. Artículo 75. En caso de que se declaren desaparecidos los Poderes del Estado, el fun­ cionario que asuma el Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado, en la misma forma que determina la fracción IV del artículo 60, la designación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 76. Los magistrados designados para suplir las faltas de los propietarios, durarán en su encargo el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional respectivo. Artículo 77. Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado: I. Conocer: a) De las cuestiones de competencia y de las de acumulación entre los jueces muni­ cipales de diversos distritos judiciales, entre los jueces de Primera Instancia del Estado y entre éstos y los jueces municipales de otros distritos; b) De los negocios civiles y penales comunes, como tribunal de apelación; c) De las recusaciones y excusas de los magistrados y secretarios del Tribunal, en los negocios de la competencia del mismo; d) Del recurso de queja, en los términos que dispongan las leyes. II. Expedir su reglamento interior; III. Autorizar a los jueces del Estado a sostener competencias con los jueces de otros Estados, de la Federación, del Distrito Federal y Territorios y con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, y IV. Las demás que le asigne esta Constitución y la Ley Orgánica respectiva. Artículo 78. El Supremo Tribunal de Justicia nombrará cada año su Presidente, el cual podrá ser reelecto. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia rendirá ante el Pleno, el 13 de sep­ tiembre de cada año, informe que manifieste el estado que guarde la administra­ ción de justicia. A este acto asistirán el Gobernador del Estado, el Presidente del Congreso y los diputados. Artículo 79. El Presidente del Supremo Tribunal será responsable de la buena marcha de la administración de justicia; tendrá la representación del Poder Judi­ cial y las facultades que le fije la Ley Orgánica respectiva. Artículo 80. Los magistrados continuarán en sus funciones aunque haya fenecido su periodo constitucional o el plazo para el que fueron nombrados, mientras no se presenten los nuevamente designados.

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Sección II De los Juzgados de Primera Instancia Artículo 81. La administración de justicia en primera instancia estará a cargo de jueces letrados. La ley determinará el número de éstos, su residencia, su compe­ tencia, sus atribuciones y la manera de llenar sus faltas absolutas o temporales. El Supremo Tribunal de Justicia podrá nombrar jueces de Primera Instancia super­ numerarios, que auxilien las labores de los juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita. Artículo 82. Los Jueces de Primera Instancia, serán nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia, en la forma que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, durarán en su cargo tres años, y no podrán ser privados de sus puestos sino en los términos del título IV de esta Constitución. Al concluir su encargo, continuarán en sus funciones hasta que se presenten los nuevamente nombrados. Artículo 83. Para ser Juez de Primera Instancia se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos; II. Tener veintiún años cumplidos; II. Reunir los requisitos que señala el artículo 71, fracción III, de esta Constitución, y IV. No haber sido condenado por delitos infamantes o contra la propiedad. Artículo 84. Los Jueces de Primera Instancia residirán en la cabecera de distrito que señale la ley, y no podrán cambiar el despacho a otra población, sino autori­ zados por el Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 85. Son atribuciones de los Jueces de Primera Instancia: I. Conocer en primera instancia de los negocios civiles y penales de su territorio; II. Conocer de las cuestiones de competencia y de las de acumulación que se sus­ citen entre los jueces municipales del mismo distrito; III. Nombrar a los empleados de su despacho, y IV. Desempeñar las demás funciones que les asignen las leyes. Sección III De los Jueces Municipales Artículo 86. Habrá jueces municipales en las poblaciones que determine la Ley Orgánica respectiva. los que serán nombrados por el Supremo Tribunal de Justi­ cia. La ley determinará el número de estos funcionarios que ha de haber en cada población, sus facultades, obligaciones y modo de llenar sus faltas.

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Artículo 87. Los jueces municipales durarán en su encargo el tiempo que marque la Ley Orgánica respectiva, no pudiendo renunciar sino por causa que calificará el Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 88. Para ser juez municipal se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; II. Tener veintiún años cumplidos; III. Ser vecino de la población donde debe desempeñar el cargo, con residencia en ella de, cuando menos, un año; IV. Saber leer y escribir, y V. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por delitos contra la propiedad. Artículo 89. Los jueces municipales, no podrán ser removidos en el ejercicio de su encargo, sino conforme al título IV de esta Constitución. Sección IV De los Jurados Artículo 90. Todo ciudadano en ejercicio de sus derechos, que sepa leer y escribir, está obligado a desempeñar las funciones de jurado en la población en donde resida. Artículo 91. Es obligación de los jurados conocer, en calidad de jueces, de los ne­ gocios que determinen las leyes. Sección V De la Administración de Justicia en General Artículo 92. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer vio­ lencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que esta­ rán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la indepen­ dencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Artículo 93. Los negocios judiciales serán decididos dentro del Estado en todas sus instancias, las que nunca podrán ser más de dos. Cada instancia será senten­ ciada por diferentes jueces.

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Los negocios de poca cuantía y los procesos por delitos leves se tramitarán sumaria y definitivamente por los jueces municipales, en los términos de la Ley; pero nunca se procederá sin audiencia de parte y comprobación de los hechos. Artículo 94. Toda persona está en libertad para determinar sus diferencias contra otra, ya sea por convenio o por medio de arbitro o arbitradores, aun cuando se haya sometido a juicio y sea cual fuere el estado que éste guarde. Toda sentencia arbitral se ejecutará sin recurso, a menos que las partes se hayan reservado alguno. Artículo 95. En el curso de los procesos penales no se emplearán con los acusados promesas, amenazas o violencias. Las penas privativas de la libertad no podrán en ningún caso exceder de treinta años. Artículo 96. Las leyes estatales podrán instituir tribunales de lo contencioso–admi­ nistrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Procederá el recurso de revisión ante el Supremo Tribunal de Justicia contra las resoluciones definitivas de dichos tribunales administrativos, sólo en los casos que señalen las leyes estatales, y siempre que esas resoluciones hayan sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso– administrativa. Sección VI Del Ministerio Público y de la Defensoría de Oficio Artículo 97. El Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes en los casos en que tenga intervención, conforme a su Ley Orgánica. A ese fin, deberá ejercitar las acciones que correspondan con­ tra los infractores de esas leyes; hacer efectivos los derechos concedidos al Estado y representar a éste ante los tribunales. Artículo 98. Ejercen esta institución en el Estado el Procurador General de Justi­ cia y los agentes del Ministerio Público que determine la ley. Artículo 99. El Procurador General de Justicia deberá tener los mismos requisitos que se fijan para ser Magistrado y será el consejero jurídico del gobierno. Artículo 100. El Procurador General de Justicia intervendrá personalmente en todos los negocios judiciales en que el Estado sea parte. En los demás casos en que debe intervenir el Ministerio Público, el Procurador podrá hacerlo por sí o por medio de alguno de sus agentes. Artículo 101. La Ley Orgánica del Ministerio Público fijará el número, adscripción y demás deberes y atribuciones de los funcionarios y empleados que integren esta institución.

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Artículo 102. La Defensoría de Oficio proporcionará la defensa necesaria en mate­ ria penal a los procesados que no tengan defensor particular y patrocinará en los asuntos civiles y administrativos a las personas que lo soliciten y acrediten no tener suficientes recursos económicos. Artículo 103. La Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio fijará las demás atribu­ ciones y deberes inherentes a su organización. TÍTULO CUARTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Artículo 104. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, tanto estatales como municipales, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comi­ sión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, quie­ nes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acu­ sado por violaciones a esta Constitución, o a la Constitución General de la Repú­ blica por manejo indebido de fondos federales y estatales y por delitos graves del orden común. Se concede acción popular, para denunciar ante el Congreso del Estado, los delitos comunes cometidos por los servidores públicos, sin obligación de constituirse en parte. Artículo 105. Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por un diputado, por el Gobernador, por un Magistrado, por el Secretario de Gobierno, por el Oficial Mayor, por el Procurador de Justicia o por el Tesorero del Estado, el Congreso erigido en Gran Jurado, declarará por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes cuando se trate del Gobernador, y por mayoría, cuando se trate de otros funcionarios, si procede o no la formación de causa. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, salvo que aparezcan nuevos datos y ele­ mentos, pero tal declaración no será obstáculo para que la acusación continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, pues la resolución del Con­ greso no prejuzga absolutamente sobre los fundamentos de la acusación. En caso afirmativo quedará el acusado separado de su encargo y sujeto a la acción de los tri­ bunales comunes, salvo que se trate del Gobernador del Estado, en cuyo caso sólo habrá lugar a que el Congreso lo juzgue como si se tratare de un delito oficial. La de­ claración de haber lugar a formación de causa contra un funcionario de elección popular, procede desde la fecha en que haya sido declarado electo. Si los expresados funcionarios no estuvieren ejerciendo su cargo, no gozarán de fuero constitucional por los delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de algún empleo, encargo o comisión del servicio público que haya acep­ tado antes o durante el periodo en que, conforme a la ley se disfrute de aquel fuero. Para que la causa pueda iniciarse cuando el funcionario haya vuelto a ejercer sus

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funciones, deberá precederse con arreglo a lo dispuesto en la primera parte de este artículo. Artículo 106. En los casos previstos por los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comunicación de la declaración emi­ tida por el Senado de la República, deberá conocerse por el Congreso Estatal en la primera sesión que se celebre después de recibida y se procederá conforme a las dis­ posiciones de esta Constitución y las leyes correspondientes. Artículo 107. El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidades de conformidad con las si­ guientes prevenciones: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 108 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los inte­ reses públicos fundamentales o de su buen despacho. La Ley precisará los casos en que se sigue este perjuicio. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación penal, y III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que du­ rante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. La Legis­ lación Penal sancionará con el decomiso y con la privación de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular denuncia ante el Congreso respecto de las conductas a que se refiere el presente artículo. Artículo 108. Podrán ser sujetos de juicio político, el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores Municipales, los titulares de las dependen­ cias básicas que menciona la Ley Orgánica de la Administración Pública, los Direc­ tores Generales o sus equivalentes de organismos descentralizados, empresas de

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participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fidei­ comisos públicos. Asimismo los miembros de los ayuntamientos y funcionarios municipales, que señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de su encargo. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cual­ quier naturaleza en el servicio público estatal y municipal, de acuerdo a la ley de la materia. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la denuncia pre­ sentada al Congreso, se turnará a una comisión instructora especial, formada por cinco diputados al Congreso, misma que emitirá declaración por mayoría de sus componentes, una vez practicadas las diligencias correspondientes en presencia del acusado; dicha declaración se turnará al Congreso. En caso de ser negativa, el Congreso determinará su archivo, y si es acusatoria, se constituirá en Gran Jurado, para revisar lo actuado, juzgar y aplicar las sanciones del caso, por las dos terceras par­ tes de sus votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría cuando se trate de otros servidores públicos. El procedimiento de juicio político, sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento. Las resoluciones del Gran Jurado, son inatacables. Artículo 109. Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados al Congreso, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de Gobierno, Oficial Mayor, Procurador de Justicia y Tesorero del Estado, por la comisión de deli­ tos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por las dos terceras partes de sus miembros presentes en sesión cuando se trate del Gobernador y por mayoría absoluta cuando se trate de otros servidores públicos, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Las declaraciones y resoluciones del Congreso son inatacables. Artículo 110. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Dipu­ tados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 109 comete un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nom­ brado electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 109, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. La Ley sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos determinará sus obliga­ ciones, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables

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por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones eco­ nómicas, las que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 107 pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cual­ quier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consig­ nados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescrip­ ción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 109. La Ley de Responsabilidades señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omi­ siones a que hace referencia la fracción III del artículo 107. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. El Gobernador Constitucional del Estado y los Diputados gozarán de fuero desde el día en que fuesen declarados electos; los Magistrados Propietarios desde la fecha en que fuesen designados; los Gobernadores Provisionales, Interinos y Sustitutos, los Diputados Suplentes, los Magistrados Supernumerarios, el Secretario de Gobierno, el Oficial Mayor, el Procurador de Justicia y el Tesorero, únicamente dentro del término de su encargo. TÍTULO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Artículo 111. El Estado adopta como base de su división territorial y de su organi­ zación política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva. Artículo 112. Cada Municipio será representado y administrado por un Ayun­ tamiento de elección popular directa, que debe residir en la cabecera que señala la Ley y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Artículo 113. El ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales. Artículo 114. Los Ayuntamientos se integrarán por un Presidente, un Síndico y de tantos regidores como determine la Ley, pero éstos no podrán ser menos de cinco. Las leyes estatales introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

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Artículo 115. El Presidente, el Síndico y los Regidores de los Ayuntamientos, serán electos directamente por el pueblo; sus facultades, obligaciones y la manera de suplir sus faltas absolutas o temporales, serán determinadas por la Ley. Artículo 116. Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamien­ tos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carác­ ter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. Artículo 117. Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamien­ tos serán electos simultáneamente, y en su totalidad, cada tres años. Por cada regidor propietario se elegirá un suplente. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que las leyes prevengan, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad sufi­ ciente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan; todo esto sujeto a lo que dispone el título cuarto de esta Constitución. Artículo 118. El Ayuntamiento electo calificará la validez de las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que se susciten sobre ellas. Artículo 119. Para ser electo Presidente Municipal, Síndico, o Regidor se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, ser michoacano en ejercicio de sus de­ rechos y no haber sido condenado por delito doloso; II. Haber cumplido veintiún años el día de la elección; III. No ser funcionario de la Federación, del Estado o Municipal, ni tener mando de fuerza en el municipio en que deba efectuarse la elección, durante los noventa días anteriores a la fecha en que aquella se celebre; si se trata del Tesorero Muni­ cipal, es preciso que hayan sido aprobadas sus cuentas; IV. No ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso; V. No estar comprendido en ninguno de los casos que señala el artículo 117. Artículo 120. Los Ayuntamientos no pueden impedir la entrada o salida de mer­ cancías o productos de cualquier clase por el territorio de su municipio. Artículo 121. Los Ayuntamientos necesitan autorización del Congreso del Estado para comprar, vender y gravar bienes inmuebles, y para contratar empréstitos.

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Artículo 122. Todo Ayuntamiento tendrá un Secretario y un Tesorero, que serán nombrados por sus miembros por mayoría absoluta de votos a propuesta del Pre­ sidente Municipal Ningún regidor podrá desempeñar estos empleos y las personas designadas llenarán los mismos requisitos que los regidores, con excepción del de vecindad. El Tesorero deberá otorgar fianza para garantizar el manejo de fondos públicos. Artículo 123. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: I. Representar jurídicamente al municipio; II. Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor y, en todo caso: a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad in­ mobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con la Tesorería General del Estado, para que ésta se haga cargo de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado, a partir de criterios de prioridad regional, niveles de desarrollo y disponibilidad de recursos y servicios. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. No se establecerán exenciones o subsidios respecto de los incisos a) y c) en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, del Estado y de los municipios estarán exen­ tos de dichas contribuciones. III. Aprobar sus presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisará sus cuentas públicas. IV. Expedir, de acuerdo con las bases normativas establecidas por el Congreso del Estado, los reglamentos y bandos para la administración y funcionamiento de los ser­ vicios públicos dentro de sus respectivas jurisdicciones; V. Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de: a) Agua potable y alcantarillado. b) Alumbrado público. c) Limpia.

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d) Mercados y centrales de abastos, e) Panteones. f) Rastros. g) Calles, parques y jardines. h) Policía y tránsito; e, i) Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territo­ riales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Los municipios de una misma región geoeconómica y política, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan. VI. Formular, aprobar y administrar, en los términos de las leyes federales y esta­ tales relativas, la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utili­ zación del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y, participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas. Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; VII. Vigilar las escuelas públicas y las particulares, tomando empeño para que en sus respectivas circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños en edad escolar; VIII. Conocer anualmente, en pleno, el estado que guarda la administración muni­ cipal, por informe que rendirá el Presidente; IX. Procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan las tierras y aguas necesa­ rias para su subsistencia, cuidando de la conservación de sus arbolados, ejidos, tierras comunales y patrimonios de familia; X. Cuidar de la repoblación y conservación de los bosques; XI. Cumplir y dictar disposiciones para difundir y propagar la agricultura e indus­ trias rurales; XII. Promover y fomentar el fraccionamiento de latifundios y procurar que se formen colonias urbanas; XIII. Nombrar y remover libremente a sus empleados y concederles toda clase de licencias; XIV. Formar sus cuerpos de policía y tránsito;

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XV. Colaborar ampliamente con los organismos electorales, en los términos de la ley; y, XVI. Las demás que les señalen las leyes. Artículo 124. La administración pública, fuera de la cabecera municipal, estará a cargo de jefes de tenencia o encargados del orden; sus facultades y obligaciones serán determinadas por la Ley. Por cada propietario habrá un suplente y serán nom­ brados en plebiscito. Artículo 125. El cargo de Presidente, Síndico y Regidores es obligatorio y sólo podrá renunciarse por causa grave que califique el ayuntamiento. Artículo 126. Los ayuntamientos distribuirán entre los regidores la atención de los servicios municipales, en comisiones unitarias permanentes, las que emitirán dic­ támenes en todo caso para que el pleno de aquellos dicte los acuerdos convenientes y oportunos. La ejecución de tales acuerdos estará a cargo de los presidentes muni­ cipales. Los regidores no tendrán mando directo sobre los empleados municipales. Artículo 127. Contra los actos de los Presidentes Municipales, procede el recurso de queja ante los ayuntamientos respectivos. Artículo 128. Los presidentes Municipales tomarán empeño para que en sus res­ pectivas circunscripciones asistan a las escuelas públicas o privadas todos los niños en edad escolar. TÍTULO SEXTO DE LA ECONOMÍA PÚBLICA Y LA PLANEAC1ÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Artículo 129. Es obligación del poder público garantizar el desarrollo integral esta­ tal, mediante el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución de la riqueza y el ingreso de la población estatal, evitando concentraciones o acapa­ ramientos que impidan la distribución adecuada de bienes y servicios a la población y en el Estado. En el desarrollo económico estatal, concurrirán los sectores público, social y privado, correspondiendo al Gobierno del Estado procurar la armonía entre ellos para cum­ plir con su responsabilidad social. El sector público cuidará de impulsar por sí o conjuntamente con los demás sectores, las áreas que se consideren prioritarias para el desarrollo del Estado. Los recursos económicos de que dispongan los Gobiernos Estatal y Municipales así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adju­ dicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias,

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para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponi­ bles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y Municipios. El manejo de recursos económicos del Estado y los Municipios, se sujetarán a las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Artículo 130. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanis­ mos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal. La Federación y el Estado, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éste del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario. El Estado está facultado para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 131. En el Estado de Michoacán de Ocampo quedan prohibidos los mono­ polios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que señalan la Constitución General de la República, esta Constitución y las leyes que de ambas emanen. Pertenecen al Estado, además de los bienes de dominio público, de las contribucio­ nes decretadas por el Congreso y de los impuestos, derechos, productos, aprove­ chamientos y participaciones que deba percibir, los inmuebles mostrencos, previa declaración que haga la Tesorería General del Estado conforme lo determine la Ley. El Congreso expedirá las leyes fiscales en los ámbitos estatal y municipales, que es­ tablecerán las bases, tanto para la fijación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, como para la manera de hacerlos efectivos y los medios que per­ mitan la defensa de los contribuyentes. El Presupuesto formará siempre un sólo cuerpo distribuido en partidas, según los conceptos de erogación y serán obligatoriamente incluidos en él los gastos y las dota­ ciones necesarias para atender los servicios públicos, según los planes y programas establecidos.

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Sección I De la Tesorería General Artículo 132. Habrá en el Estado una Tesorería General a la que ingresarán todos los caudales públicos. El Tesorero hará la distribución de ellos, según el presu­ puesto de egresos. Sección II De la Contaduría General de Glosa Artículo 133. En la capital del Estado habrá una Contaduría General de Glosa que dependerá del Congreso, atendida por los empleados que designe la Ley. Esta oficina glosará, sin excepción, las cuentas de los caudales públicos. Artículo 134. Toda cuenta de fondos públicos quedará glosada, a más tardar, un año después de su presentación. La falta de cumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad de los empleados de la Contaduría y de la Comisión Inspectora que nombre el Congreso. Artículo 135. La Contaduría General expedirá en la forma que la ley prevenga, el finiquito de las cuentas que glose, y rendirá cada tres meses al Congreso, por el con­ ducto que señale la Ley, un informe de las operaciones que haya practicado. Artículo 136. Los empleados que manejen fondos públicos otorgarán fianza en la forma que la ley señale. TÍTULO SÉPTIMO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Artículo 137. La educación pública dependerá directamente del Gobernador del Estado, quien cuidará de fomentarla por todos los medios posibles. Articulo 138. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los habitantes del Estado, y la que se imparta en los establecimientos oficiales será gratuita. Artículo 139. La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facul­ tades del ser humano y fomentará en 61, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Garantizada la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resul­ tados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las ser­ vidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) Será democrática, considerando la democracia no sólo como una estructura jurí­ dica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

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b) Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la com­ prensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independen­ cia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la per­ sona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga para sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. Artículo 140. Sólo podrán establecerse en el Estado escuelas particulares, si éstas se sujetan a la vigilancia del Gobierno y a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Educación. Artículo 141. El Ejecutivo deberá proceder al establecimiento de escuelas rurales, de artes y oficios y de agricultura. Artículo 142. Ninguna corporación religiosa ni los ministros de cualquier culto, podrán establecer o dirigir escuelas primarias de instrucción. Artículo 143. Por ningún motivo se revalidarán y otorgarán dispensas, o se corre­ rán otros trámites para dar validez a los estudios hechos en los establecimientos de enseñanza profesional de los ministros de algún culto o de las corporaciones religiosas, y si llegan a darse tales dispensas y expedirse títulos fundados en ellas, dichos títulos serán nulos. Artículo 144. Para ejercer una profesión en el Estado, se requiere la posesión de un título legalmente expedido y registrado. La Ley determinará las profesiones que requieren título, la forma de su registro, el procedimiento para expedir licencias a los prácticos, y en general, reglamentará todo lo relativo al ejercicio de las profesiones. TÍTULO OCTAVO DE LA PROPIEDAD, DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL Artículo 145. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en los térmi­ nos que establece la Constitución Federal; con entera sujeción a ésta el Congreso expedirá leyes para regular el aprovechamiento de las aguas que no sean de pro­ piedad nacional y se localicen en dos o más predios, para vigilar, dentro del terri­ torio del Estado, el respeto a las disposiciones constitucionales sobre capacidad para adquirir el dominio de las tierras, aguas, bosques y sus accesiones y para fijar la extensión máxima de la propiedad rural y llevar a cabo el fraccionamiento de los exce­ dentes, procurando el fomento y desarrollo de la auténtica pequeña propiedad. También dictará las leyes necesarias para determinar los casos en que sea de utili­ dad pública la ocupación de la propiedad privada, facultando al Ejecutivo para hacer la declaración correspondiente.

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Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tienen plena capacidad para adquirir, poseer y administrar tierras, bosques, aguas y sus accesiones. A fin de que puedan acreditar su personalidad y ejercer sus dere­ chos, la Legislatura del Estado dictará una ley que regule su funcionamiento y pro­ teja debidamente los bienes que cons­tituyan su patrimonio, conforme a las siguientes bases: I. Siguiendo un procedimiento democrático y de acuerdo con las costumbres esta­ blecidas, se hará la designación de los representantes legales de las comunidades, los cuales acreditarán su personalidad con credenciales que deberá expedirles el Gober­ nador del Estado; II. Se formulará el censo de las personas que deban ser reconocidas como comune­ ros, dando amplia oportunidad de defensa a todos los que se crean con tal derecho y se establecerán las bases para determinar la forma en que se transmitan los dere­ chos de cada comunero; III. La autoridad suprema de los núcleos de población comunal será la Asamblea General de Comuneros. Las funciones de ésta, así como las facultades de los repre­ sentantes que legalmente elijan, serán fijadas en la Ley respetando las limitaciones establecidas en este artículo; IV. Son inexistentes todos los actos de particulares y todas las resoluciones, decre­ tos, acuerdos, leyes o cualquier acto de las autoridades municipales o del Estado, así como de las autoridades judiciales del orden común que hayan tenido o tengan por consecuencia privar total o parcialmente de sus derechos a los núcleos de po­ blación comunal. Se exceptúa únicamente el caso de expropiaciones por causa de utilidad pública que en forma muy limitada y expresa, se establecerán en dicha ley y que se tramitarán y resolverán, oyendo los puntos de vista de la Asamblea General de Comuneros. La indemnización se destinará a la adquisición de otros terrenos; V. Las tierras, pastos, bosques, aguas, plantas, canteras, arenas y demás recursos propiedad de las comunidades, se explotarán directamente por ellas mismas con el asesoramiento técnico del Gobierno o de las instituciones u organismos que para tal efecto se funden; VI. Se establecerá en favor de las comunidades un régimen fiscal de protección, semejante al de los ejidos; VII. Con la participación de las propias comunidades, se crearán organismos ade­ cuados que, por medios conciliatorios, busquen la resolución amistosa de los con­ flictos entre las comunidades; VIII. Se formularán también las normas que regulen el manejo honrado y el con­ veniente destino de los fondos comunales que deriven de la explotación o aprove­ chamiento de los terrenos comunales; IX. El Estado dictará también, dentro de la esfera de su competencia y en auxilio del Gobierno Federal, las disposiciones necesarias para vigilar que no se lesionen los ejidos ni la auténtica pequeña propiedad, que no se realicen falsas clasificaciones

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de tierras o de explotaciones agrícolas y ganaderas, ni se realicen maniobras o simu­ laciones para ocultar acaparamientos de la propiedad territorial, que no se violen en perjuicio de los campesinos, las disposiciones relativas al crédito y al correcto manejo del patrimonio ejidal y, en general, para lograr el cumplimiento efectivo de la reforma agraria. Artículo 146. El Ejecutivo vigilará por la seguridad de los obreros haciendo que los patrones adopten las medidas necesarias, a fin de evitar los peligros para su salud o integridad física. Artículo 147. El Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que el salario mínimo señalado por las Juntas competentes, se haga efectivo en todo el Estado. Artículo 148. El Gobernador cuidará con todo empeño de que sean obedecidas las prescripciones relativas al trabajo y a la previsión social, en los términos de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución General de la República. Las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 149. Se establece en el Estado la institución del patrimonio de familia o bien familiar. El Congreso del Estado organizará dicha institución sobre las siguien­ tes bases: I. La cuantía de los bienes que formen el patrimonio de familia se fijará atendiendo a las condiciones sociales y económicas del Estado; II. Los bienes que lo constituyan no podrán ser enajenados, gravados o embargados, ni afecto a responsabilidad alguna civil o criminal; III. El acto que en cada caso formalice la constitución del patrimonio de familia, estará exento de toda clase de impuestos, derechos y aprovechamientos; y, IV. Se simplificarán las formalidades y trámites en los juicios sucesorios que tengan por objeto el bien familiar o patrimonio de familia. Artículo 150. El Congreso del Estado expedirá todas las leyes relativas a previsión social en consonancia con los preceptos y espíritu de la Constitución General de la República. Artículo 151. Todas las leyes relativas a previsión social se considerarán de orden público, y sus preceptos no serán renunciables, a menos de que en ellas mismas se indique que lo pueden ser.

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TÍTULO NOVENO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 152. Los cargos de elección popular y empleos de que habla esta Consti­ tución, sólo podrán recaer en individuos que pertenezcan al estado seglar. Artículo 153. Los funcionarios de elección popular que sin causa justificada y sin la correspondiente licencia faltaren al desempeño de sus funciones, perderán la dotación remuneratoria que disfruten por ellas o por cualquier otro empleo que desempeñen; quedarán suspensos en sus derechos de ciudadanos y no podrán obtener ningún empleo que toque al servicio público. Estas privaciones las sufri­ rán por el tiempo que dure la omisión y no más. Artículo 154. Todo cargo de elección popular es incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo del Estado en que se disfrute sueldo, excepción hecha de los de instrucción y beneficencia, si no es que para desempeñarlo se obtenga licencia del Congreso. Hay también incompatibilidad en los individuos del Supremo Tribunal y jueces letrados para servir durante su encargo, de hombres buenos, abogados o procuradores, si no es en negocios propios o de su familia, y la hay asimismo, en los primeros, para servir de asesores, árbitros o arbitradores en negocios en que las partes se hayan reservado algún recurso. La incompatibilidad que establece la pri­ mera parte de este artículo se hace extensiva en los mismos términos a los Magis­ trados supernumerarios en ejercicio; las demás, los comprenderán en los negocios particulares de que conozcan, y en los casos y por el tiempo que designe la Ley Orgánica respectiva. La infracción a lo prevenido en este artículo y en los demás que tratan de las prohibiciones impuestas a los funcionarios públicos, será causa de responsabilidad que castigarán las leyes. Artículo 155. Ningún individuo podrá desempeñar, a la vez, dos cargos de elección popular; pero podrá elegir entre ambos el que quiera desempeñar cuando resulte electo para los dos. El cargo de Gobernador prefiere a cualquier otro. Artículo 156. Todos los funcionarios de elección popular a excepción de aquellos cuyo cargo es concejil, recibirán una compensación por sus servicios, que será deter­ minada por la ley y pagada por los fondos públicos. Artículo 157. Los diputados y los titulares de las dependencias básicas del Poder Ejecutivo al tomar posesión de su encargo, rendirán ante el Congreso, o en su caso ante la Diputación Permanente, la protesta de guardar y hacer guardar la Consti­ tución Federal, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente sus respectivos encargos. Los demás funcionarios y empleados pro­ testarán bajo la misma fórmula y ante las autoridades y corporaciones que determi­ nen las leyes. Artículo 158. Los poderes supremos del Estado residirán en el mismo lugar, a me­ nos que por circunstancias extraordinarias, calificadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso, sea necesaria la separación.

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Artículo 159. No podrá hacerse cargo alguno que o esté comprendido en el presu­ puesto o determinado por la ley. El Tesorero General del Estado se negará a obe­ decer cualquier orden del Gobernador contraria a este respecto; pero si le fuere reiterada, la cumplirá dando cuenta inmediatamente al Congreso del Estado, y en sus recesos, a la Diputación Permanente; de lo contrario, será responsable personal y pecuniariamente. Artículo 160. En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de los funcionarios siguientes por el orden de designación: I. El Presidente de la última Legislatura o el de la Diputación Permanente, si la disolución de los poderes ocurriese estando ésta en funciones; II. El Secretario de Gobierno o el Oficial Mayor conforme a los artículos 57 y 61 fracción VI, de esta Constitución; y, III. El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. La persona que asume el Poder Ejecutivo convocará desde luego a elecciones, suje­ tándose en lo posible a la forma y términos prescritos por esta Constitución. Artículo 161. Los funcionarios que entren a ejercer su encargo después del día señalado por esta Constitución o por las leyes, como principio del periodo que les corresponda, sólo durarán en sus funciones el tiempo que les faltare para com­ pletar dicho periodo. Artículo 162. Queda prohibida en el Estado de Michoacán la pena de muerte. Artículo 163. Los poderes del Estado no podrán reconocer, bajo ningún concepto, a los individuos que se apoderen tanto del Poder Ejecutivo de la Unión como del Estado, por medio de alguna asonada, motín o cuartelazo. Tampoco podrán reco­ nocer la renuncia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que se hubiere obtenido por medio de la fuerza o de la coacción. TÍTULO DÉCIMO DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN Artículo 164. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada en cualquier tiempo concurriendo los requisitos siguientes: I. Que la proposición de adiciones o reformas se haga por escrito y por quienes con arreglo a ella tienen derecho a iniciar leyes; II. Que sea examinada por una comisión compuesta de tres diputados que nombra­ rá el Congreso, la cual emitirá dictamen sobre si ha lugar a admitirla a discusión, para lo cual se requerirá una mayoría absoluta de votos, y faltando ésta, se tendrá por desechada y no volverá a presentarse en el tiempo de la misma Legislatura;

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III. Que, admitida a discusión, se apruebe por el Congreso con la misma mayoría de votos a que se refiere la fracción anterior, mandándose imprimir y publicar las reformas aprobadas, con los fundamentos en que se apoye, reservando el proyecto para que lo tome en consideración el Congreso inmediato siguiente; IV. Que se sometan las adiciones o reformas aprobadas por el Congreso anterior al estudio de nueva comisión de tres diputados que nombre el nuevo Congreso, para que emita dictamen sobre ellas y se proceda a la discusión y votación, con la misma mayoría que se expresa en este artículo; V. Las adiciones o reformas que fueren aprobadas se publicarán como leyes consti­ tucionales y no podrá el Gobernador hacer observaciones acerca de ellas; VI. Cualquiera adición o reforma que no fuere ratificada por el segundo Congreso, deberá reservarse para el siguiente, y si éste tampoco la aprobare en la forma seña­ lada, se tendrá por desechada definitivamente. Si la proposición de adiciones o reformas no proviene del Gobernador del Estado, antes de discutirse y votarse se pasará al Ejecutivo para que dentro de un mes emita su opinión sobre ella. VII. Cuando se trate de adecuar esta Constitución a las reformas y adiciones de la Constitución Federal, bastará con la aprobación de una sola Legislatura. TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA OBSERVANCIA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Artículo 165. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún cuando, por al­ guna rebelión o estado grave de emergencia, se interrumpa su observancia. Si se estableciere un Gobierno surgido en contravención a los principios que ella contiene, tan pronto como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su obser­ vancia y con sujeción a la misma y a las leyes que de ella hayan emanado, serán juzgados aquellos que la hubieren infringido. TRANSITORIOS Artículo Primero. Esta Constitución se publicará con la mayor solemnidad y comen­ zará a regir el día 5 de febrero del año en curso, fecha en la cual rendirá la protesta de ley ante la Legislatura, que para ese efecto se reunirá el Gobernador, los Magis­ trados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Secretario General del Despacho. Los demás funcionarios y empleados protestarán al día siguiente ante las autori­ dades que corresponda. Artículo Segundo. El actual periodo constitucional terminará para el Gobernador y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el día 15 de septiembre de 1920, y para la XXXVI Legislatura el 15 de septiembre de 1919.

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Artículo Tercero. El Congreso del Estado, el día primero de febrero del presente año, se erigirá en Colegio Electoral para designar los magistrados propietarios y suplen­ tes del Supremo Tribunal de Justicia. Artículo Cuarto. Por esta única vez, la Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias el día dos de abril del corriente año, y el periodo respectivo terminará el 31 de mayo del mismo año. Artículo Quinto. El Estado de Michoacán de Ocampo se reserva los derechos que le otorga la Constitución General de la República, para rectificar sus límites con el Estado de Guerrero. Artículo Sexto. Se ratifican todas las leyes y los acuerdos dictados por la XXXVI Legislatura, desde el 10 de julio de 1917, hasta la fecha de esta Constitución. Artículo Séptimo. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores con sus patrones o los familiares o inter­ mediarios de éstos, hasta la fecha de la presente Constitución. Artículo Octavo. El Congreso expedirá con preferencia y a la mayor brevedad, las leyes que conforme a los artículos 27, 117 fracción VIII, 123 y 130 de la Constitución General, le compete dictar. Artículo Noveno. La presente Constitución sustituye a la del Estado expedida en 21 de enero de 1858. Artículo Décimo. Se derogan las leyes, decretos y reglamentos vigentes en el Estado, en todo lo que se opongan al cumplimiento de la presente Constitución. Salón de Sesiones de H. Congreso. Morelia, Enero 31 treinta y uno de 1918 mil novecientos dieciocho.–PRESIDENTE, Diputado Suplente por el décimo quinto Distrito Electoral, Zamora, M. Jiménez.–VICEPRESIDENTE, Diputado por el sexto Distrito Electoral, Zitácuaro, Miguel Reyes.–SECRETARIO, Diputado por los Distritos Electorales octavo y décimo, correspondientes a Tacámbaro y Uruapan, J., Silva.–PRO–SECRETARIO, Diputado por el décimo cuarto Distrito Electoral, Jiquilpan, F. R. Castellanos.–PRO–SECRETARIO, Diputado por el quinto Distrito Electoral, Maravatío, Timoteo Guerrero.–Diputado del primer Distrito Electoral de Morelia, S. Herrejón.–Diputado por el segundo Distrito Electoral de Morelia, Carlos García de León.–Diputado por el Tercer Distrito de Morelia, Francisco R. Córdoba.–Diputado por el cuarto Distrito Electoral, Zinapécuaro, Elías Con­ treras.–Diputado por el séptimo Distrito Electoral, Huetamo, S. Sánchez Pineda.– Diputado suplente por el octavo Distrito Electoral Tacámbaro, F.A. Martínez.–Dipu­ tado Suplente por el noveno Distrito Electoral, Ario, C. Pérez.–Diputado por el décimo Distrito Electoral, Pátzcuaro, Félix C. Ramírez.–Diputado por el décimo ter­ cer Distrito Electoral, Coalcomán, J. Matilde Pimentel.–Diputado por el décimo sexto Distrito Electoral, La Piedad, Vicente Gutiérrez.–Diputado por el décimo sépti­ mo Distrito Electoral, Puruándiro, J. E. Vázquez.

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Por tanto, mando se imprima publique por bando solemne, circule y se le de el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Morelia, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos dieciocho.– El Gobernador Constitucional, Pascual Ortiz Rubio. El Secretario General de Gobierno, Adolfo Cortés.

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IV. D ebates del C onstituyente

1. ACTAS Y DECRETOS DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1824–1825 1 TOMO I Compilación, Prólogo y Notas Xavier Tavera Alfaro Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, Mich., México 1975.

MES DE ABRIL

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ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO

n la Ciudad de Valladolid, Capital del Estado de Michoacán, a los catorce días del mes de marzo del año de mil ochocientos veinticuatro de Independencia, y tercero de libertad, día señalado para la celebración de las Juntas Electorales de Provincia por el señor Jefe Político, Ciudadano Antonio de Castro, de acuerdo con esta Excelentísima Diputación Provincial, según las facultades que le concede el artículo 2o. del Soberano Decreto de 8 de enero de este año (1), contraídas a elegir Diputados que han de componer la Legislatura de este Estado, conforme al Acta Constitutiva de la materia; mas como el mismo artículo 29 de dicha Ley se refiere metódicamente en esta parte, a la de diez y siete de junio del año anterior de veinti­ trés, por ella, y su artículo 57 (2) reunidos los treinta y siete Electores que con­ cu­rrieron en el Aula General del Colegio Seminario (3) dos días antes de esta

Fuente: Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán 1824–1825, Tomos I y II, Compilación y Prólogo de Xavier Talavera Alfaro, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, More­ lia, Mich., México, 1975. (Se conservó la ortografía del texto original). 1

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fecha: Ciudadanos Ignacio Coria, Manuel Iriarte, Manuel González, Mariano Chavez, Francisco Méndez de Torres, Miguel de la Mora, José María Díaz, Juan José Solís, Pbro. Manuel Orozco Rincón, Antonio Abad Rosel, Lic. José María Jiménez, Bachi­ller Mariano Calderón, Bachiller Guirban, Francisco Romero Soravilla, Ba­ chiller José María Vargas, Tomas Cano, Ignacio Guiza, Joaquín Madero, Francisco Alman­za, José María Ruiz de Chavez, Francisco Vega, José Vicente Aguilar, Bachi­ ller Vicente Ríos, Rudesindo Villanueva, José María Sanchez Arreola, José María Nava­rro, Bachiller José María Rayón, Bachiller Mariano Olvera, José Domingo Losada, Bachiller Nicolas Díaz, Bachiler Mariano Villicaña, Gregorio Pérez de la Busta, Vicente Pérez de la Busta y Mariano Ruiz de Chavez. Comenzaron la vota­ ción de Secretario, que con la mayoría de veinte votos, recayó en el Ciudadano Miguel de la Mora, y pasando a la de primer escrutador, resultó electo con dieci­ ocho el Ciudadano Joaquín Paulín, y por el mismo orden, y con veintidós, el Ciudadano Manuel González; y para cumplir con el artículo 60, en todo su sen­ tido (4), se nombró la comisión de tres individuos de su seno, para que revisaran e informarán de las credenciales, de los tres que lo fueron, los Ciudadanos Lic. José María Jiménez, Br. José María Rayón y Manuel Iriarte, y resultando evacuado el artículo 67 bajo la misma reunión y día señalado, se oyeron y resolvieron los infor­ mes, y en el día de la fecha, hecha la pregunta que contiene el artículo 25 (5) se comenzó el nombramiento de diecisiete Diputados, once propietarios, y seis suplen­ tes, según así se designó su número por la Excelentísima Diputación Provincial (6); y siendo el primer Ciudadano, Br. José María Rayón, con treinta y dos votos; el segundo Ciudadano, Juan de Lejarza, con treinta y cinco: el tercero, el Lic. Isidro Huarte, con veintinueve; el cuarto Ciudadano, Br. Juan Pastor Morales, con dieci­ nueve; el quinto Ciudadano, Lic. José Antonio Macías, con treinta; el sexto Ciuda­ dano, Juan Foncerrada y Soravilla, con veintiuno; el septimo Ciudadano Pedro Villaseñor, con veintiocho; el octavo Ciudadano, Lic. José María Jiménez, con treinta; el noveno Ciudadano, Manuel González Pimentel, con treinta y uno; el décimo Ciudadano José María Paulín, con veintitrés; el undécimo Ciudadano José Trini­ dad Salgado, con veintiseis; y para Suplentes, los Ciudadanos; Bachiller Manuel Lloreda, con treinta y seis votos; Mariano Menéndez, con veintinueve; Agustín Aguiar, con diecinueve; Teniente Coronel Mariano Quevedo, con veinticuatro; Juan Gómez Puente, con veintiseis, y Manuel Chavez, con veintisiete. Y concluida la votación se disolvió la Junta, la que pasó a la Santa Iglesia Catedral, en donde se cantó un solemne Te Deum, y para constancia lo firmaron, con el Señor Presi­ dente, los Electores, por ante mí el Secretario, según doy fe. –Antonio de Castro; Vicente Pérez de la Busta; Lic. José María Sanchez de Arreola; José Domingo Losada; José María Jiménez: Bachiller José Vicente del Río; José María Rayón; Antonio Abad Rose!; Mariano Calderón; José Tomas Cano; José Ignacio de Guiza: Juan José Solís; José Gregorio Pérez de la Busta; José María del Razo; Francisco Sierra; José María Ruiz de Chavez: Francisco Almanza; Francisco Méndez de Torres; Fran­ cisco Romero y Soravilla; Francisco Vega; Joaquín Saavedra; Ignacio Coria; Bachi­ ller José María Vargas; Bachiller Mariano Vicuña; Joaquín Tomas Madero; Nicolas Díaz; José María Navarro; Agustín Aguiar; Joaquín Paulín; Manuel González Pimentel; Mariano Ruiz de Chavez; Patrico Diego Guirban; Martín Burgos; Manuel Iriarte; Bachiller Manuel Orozco Rivera; Rudesindo Villanueva; José Vicente Pérez. –Ante mí, Miguel de la Mora, Secretario. Es copia del original que queda en la Secretaría del Gobierno Político de esta Capi­ tal, de donde se sacó hoy día de su fecha en dos fojas útiles, para que sirva de título de Diputado Propietario al Ciudadano Bachiller Juan Pastor Morales. Antonio de Castro (Rúbrica), Joaquín Paulín (Rúbrica), Manuel González (Rúbrica). Miguel de la Mora. Secretario. (Rúbrica).

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Sesión Pública del día 6 En la Ciudad de Valladolid a seis días del mes de abril de 1824, instalando el Con­ greso Constituyente del Estado libre de Michoacán conforme a la ley de su institu­ ción, y reunidos en su mayoría con siete diputados, dio principio a sus Sesiones en el General del Colegio Seminario, y por moción del Sr. PRESIDENTE se acordó en primer lugar que por oficio se avisase a los Supremos Poderes de la Federación haberse instalado en éste día,* haciendo lo mismo por medio del Decreto (7) con las Autoridades, Corporaciones y Pueblos del Estado. –En seguida, que por el mismo Decreto se autorizase al Jefe Político, para que interín se elige gobernador, continúe el ejercicio de sus funciones, avisandoselo igualmente los Secretarios por oficio. – Por proposición del SR. HUARTE, se determinó que la Comisión que examinó las credenciales de los señores Diputados en las juntas preparatorias, excluído el Sr. Presidente que era uno de los que la componían en consideración a su ocupa­ ción lo haga con la del Sr. Ecco. Manuel Lloreda, a quien llama la Ley como primer suplente en lugar del Sr. Lic. Antonio Macías, cuya elección se declaró nula. –Por proposición del SR. LEJARZA, quien en la sesión de mañana se proceda a tratar el nombramiento del Gobernador del Estado. –Asimismo, se acordó, por moción que hizo el Sr. SALGADO, que se adopte para este Congreso, el reglamento interior del de Jalisco, que se leyó en la Sesión, mientras se forma el que ha de regir. –También se acordó, por moción del SR. VILLASEÑOR, que la Secretaría que ha servido a la

* Protestando su obediencia los decretos y órdenes que diese relativos al Gobierno General de ella; que en términos de consonancia y confraternidad se practique también con los demás Estados y los Congresos de los mismos.

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Diputación Provincial continúe en los mismo términos en que se halla en los traba­ jos de la del Congreso. –Que se haga mención en el Acta y se conteste por los Secre­ tarios haber oído con agrado la felicitación del Comandante Gral. Del Estado, con que dieron cuenta los mismos. Con lo que se levantó la sesión a las doce y cuarto del día, quedando hecha citación para las nueve del de mañana. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 7 En la ciudad de Valladolid a siete días del mes de abril del citado año, abierta la Sesión del Congreso de este Estado se leyeron el Acta del día anterior y la minuta del Decreto que en ella se expresa, las que fueron aprobadas, con la adición que se puso al calce que también se leyó inmediatamente. Leídas en seguida las felicitacio­ nes del Congreso de Guanajuato y del de la de Puebla, se acordó se contestase con el mayor comedimiento, protestando la unión y correspondencia de este Congreso, y que la contestación al de Puebla se firme por el Ciudadano Presidente y Secreta­ rios. –Que las felicitaciones del Vicario Capitular de esta Santa Iglesia, del Juez de Letras de esta ciudad, del Gral. de Brigada Miguel Francisco Barragan, la del Cuerpo de Milicianos Cívicos de esta Ciudad, y la del Rector de Sta. Fe de la Laguna, se contesten haberse oído con agrado. Dada cuenta con un ofico del Decreto Gral. de Aduanas al que acompaña número de ejemplares del estado formado por la Contaduría Gral. de aquel ramo, que para conocimiento del público demuestra los valores conseguidos en todas las Aduanas de la Nación Mexicana, desde 1777 hasta 1822, se acordó se le contestase el recibo, manifestando el aprecio con que se ha visto este curloso y útil documento, el que se mandó archivar para los usos que con­ ­venga hacerse de él. –Habiendo leído una exposición del ex–Diputado Provincial, Ciudadano Antonio Manzo de Ceballos, en que renuncia la comisión que tenía para la compostura del Salón que se destinó para las Sesiones del Congreso, y otra del Ciudadano Capitan Francisco Aragón manifestando no poder continuar la obra del dicho Salón por falta de dinero, se mandó contestar a ambos de ente­ rado, y que las exposiciones se pasaran a la Comisión de Policía luego que se nom­ bre. –Leída una solicitud del Ciudadano Antonio Correa para que se le acomode de portero del Congreso, se determinó pase a la Comisión de policía para que la

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tenga presente, y que lo mismo se haga con otro del oficial mayor de la Secretaría que era de la Diputación Provincial, en que pide se tenga en consideración sus servicios para cuando se formalice la del Congreso. –Dada cuenta con unos plie­ gos cerra­dos que entregó el Administrador de Correos de esta Ciudad, dirigidos al Gober­nador del Estado, se acordó pasasen al Jefe Político, para que encargandose del contenido de las providencias que exijan si estan en sus facultades, o los dirija oportunamente a donde corresponda tomarlas. –Vistos dos oficios del mismo Jefe Político en que acompaña varios expedientes que le ha dirigido el Supremo Poder Ejecutivo y el Soberano Congreso Constituyente con el fin de que los traslade al de este Estado, por corresponder a su conocimiento, se acordó se conteste recibo, que luego que se nombren las Comisiones se pasen a la que cada uno pertenezcan, según el asunto que contengan, o a la de peticiones en el caso de duda. –Habiendo presentado la Comisión que ha entendido en el exámen de las credenciales de los Diputados un dictamen aprobando la del Ciudadano Lloreda, que como primer suplente debe entrar en lugar del Lic. Macías, se determinó en su vista pasase a incorporarse previo el juramento de estilo. –Entretanto leyó el Ciudadano Lejarza una exposición expresiva del mérito del Lic. Mariano de Michelena, haciendo por último proposición para que se nombrase Gobernador del Estado, eligiéndose un interino mientras aquel vuelve de Londres, donde se halla en comisión del Gobierno de la Federación, y se acordó se tomase en consideración al tiempo de tratar de la elección de Gobernador, lo que había de verificarse acto contínuo. –Consecutiva­ mente se presentó el Diputado Lloreda y habiendo hecho el juramento y tomando asiento hizo luego proposición sobre que ni el Congreso, ni ninguno de los Repre­ sentantes tuviesen tratamiento alguno, y que esta proposición se declarase en el momento, admitido lo cual se acordó: que interín se forma la Constitución, al Con­ greso se hablase en tercera persona, poniéndose al frente de las represntaciones, memoriales, y otros escritos, la sola expresión de “Honorable Congreso” y que ni el Presidente ni los Secretarios y demás Diputados tuviesen otro tratamiento que el de Ciudadanos, y el corriente de Vmd., así en lo particular como de oficio. –Con lo que se concluyó la Sesión Pública para entrar en Secreta. Valladolid abril 7 de 1824 (8). (Tires medias firmas)

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Sesión Pública del día 8 En la Ciudad de Valladolid a los ocho días del mes de abril del citado año, abierta la Sesión del Congreso de este Estado a las diez de la mañana, se leyó el Acta de la Sesión anterior que fue aprobada. Dieron cuenta los Secretarios de la felicitación que hace el Intendente de Hacienda pública del Estado, y bajo su nombre los demás Empleados de la misma, y se acordó se les contestase haberse oído con agrado; se dio también cuenta con una solicitud del Ciudadano Pedro Zepeda, pretendiendo se le destine en la Secretaría, y con otra igual del Ciudadano Antonio Vega, acor­ dandose pasasen ambas a la Comisión de Policía para que se les tenga presentes. Leída la renuncia que hace el Diputado electo Ciudadano José María Paulín, se dispuso que se le librase orden para que a la mayor brevedad se presente al Congreso, no obstante su citada exposición, por considerarse necesaria su asistencia para que con sus luces contribuya al acierto de sus deliberaciones. Asimsmo, que en orden al Diputado Juan Soravilla (9), se presente su oficio de contestación al Jefe Político, en que expresa las causas que el impiden su pronta venida, en la Sesión siguiente para determinar lo que convenga. Hecha presente la representación del Ciudadano Gerónimo Martínez, dirigida por el Ministerio de Guerra y Marina, se acordó pase al Gobierno, luego que se establezca. Que a la Comisión de Peticiones pase el oficio dirigido por el expresado Ministerio, sobre el cargo que debe hacerse a los Ciruja­ nos del gasto hecho por los reclutas que remitió la Diputación Provincial a San Luis Potosí, y desechó por inútiles aquel Comandante general. Por moción del Ciuda­ dano Presidente se acordó oficien los Secretarios al Jefe Político provisional, para que llame a los CC. Manuel Menéndez, Mariano Quevedo y Manuel de Chavez, electos Diputados suplentes de esta Legislatura y residentes en esta Ciudad, para que se incorporen al Congreso, Ínterin se llena el número de propietarios y pasan­

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doles entretanto el sueldo correspondiente. A consecuencia se dispuso que en la sesión siguiente señale el Ciudadano Presidente las Comisiones permanentes del Congreso, conforme al Reglamento adoptado provisionalmente. Que en la misma sesión se de última lectura a la proposición del Ciudadano Lejarza, sobre que no tenga el Congreso Guardia de honor. También se acordó que por Decreto se autorice a las Autoridades judiciales establecidas, Ayuntamientos, Corporaciones y demás Autoridades Civiles y Militares del Estado para que continúen ejerciendo sus fun­ ciones (10). Se oyó con agrado la felicitación del Ayuntamiento de esta Ciudad, y que se conteste en estos términos. Habiéndose hablado sobre elección de personas para el Gobierno del Estado y discutido sobre este punto algún espacio de tiempo, se decidió deberse continuar este asunto en Sesión secreta, como el día anterior, lo que se verificó comenzandose ésta a las doce y cuarto de la mañana (11), que volvió a hacerse pública a la una en que se hizo la votación por cédulas secretas, de que resultó salir electo para Gobernador interino del Estado el Ciudadano Francisco Manuel Sanchez de Tagle, con siete votos de ocho; y para Teniente de Gobernador al Ciudadano Antonio de Castro, en los mismos términos; cuyas elecciones anun­ ció el Ciudadano Presidente al Pueblo que las recibió con aplauso general, mandan­ dose en seguida se diesen al Público por Decreto (12), comunicandose a todas las Autoridades y Corporaciones del Estado haciéndolo los Secretarios directamente a los nombrados para que se presenten a hacer el juramento de estilo, y tomar pose­ sión de sus empleos, concluyéndose la Sesión a la una y media de la tarde, y quedando citada la otra para el sabado inmediato, diez del corriente, a las diez de la mañana. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 10 En la Ciudad de Valladolid a diez del citado mes y año, abierta la Sesión del Con­ greso de este Estado se acordó primeramente, por moción del Ciudadano Lloreda, que se mandase celebrar una misa y hacer rogaciones públicas por tres días en esta Sta. Iglesia Catedral y en los Conventos y Parroquias de todo el Estado (13). En segui­ da se leyó la felicitación de la Milicia Provincial de esta Ciudad y se mandó se con­ testase al Comandante de ella haberse oído con agrado. Dada cuenta con un oficio del Intendente de la Provincia en que inserta la resolución del Soberano Congreso Constituyente sobre que se paguen de la Tesorería de la Hacienda Pública los gastos del de este Estado interín se organiza el plan para los gastos generales y los particu­ lares de cada Estado, se acordó se contestase de enterado. –La Comisión encargada del exámen de las credenciales de los Diputados, presentó su dictamen aprobando las de los suplentes Ciudadano Mariano Quevedo, Manuel Menéndez y Manuel Ruiz de Chavez que quedaron aprobadas. –Lo quedó, asimismo, una fórmula de juramento para el que debe prestar próximamente el Teniente Gobernador nom­ brado para este Estado; que a consecuencia eligió el Sr. Presidente la Comisión que ha de salir a recibrlo desde la escalera cuando se presente a hacer el dicho juramento. –Se determinó que antes de este acto se avisasen a los mencionados suplentes para que prestando el que les corresponde se incorporen en el Congreso, lo que se veri­ ficó. –Entretanto se dio cuenta con un ofico del Alcalde 1° de Cuitzeo, en que acompaña una cuenta relativa a la contribución directa, establecida por Decreto de veintisiete de julio anterior, y se acordó pasase a la Comisión de Hacienda. –Leída una proposición del Ciudadano Jiménez pidiendo que para extinguir los ladrones de que esta infestada la República se les aplique la pena de muerte, omitiendo las formalidades de la legislación Española, y que formada que sea la causa por el Juez de Letras, o Subdelegado de Partido, hallandose en estado de sentencia, se pronun­ cie ésta dentro del preciso y perentorio término de 20 días, dando cuenta inmedia­ tamente al Poder Judicial para la confirmación o revocación, y que en el primer caso

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se ejecute en el lugar donde fuere juzgado el reo, siendo éste fusilado por la tropa del mismo lugar, o por la del mas inmediato, cuyo comandante no podra excusarse de prestar este auxilo, y se determinó que se repita la lectora en la inmediata Sesión. –Habiendo pedido el Ciudadano Lloreda se le entregasen unos papeles que remitió a la Diputación Provincial, que contienen varios proyectos sobre caminos, correos y otras cosas, se accedió a su solicitud mandando se le entregasen en la Secretaría. –Dada cuenta con un memorial del Ciudadano Mariano Aragón pretendiendo se le destine en la Secretaría del Congreso, se mandó pasase a la Comisión de Policía. –Consecutivamente procedió el Ciudadano Presidente a hacer el nombramiento de Comisiones ordinarias del Congreso en la forma siguiente: la de Policía y Go­­ bierno interior del Congreso y la de Peticiones, al mismo Presidente y Secretarios; la de Constitución, Legislación y Gobernación, a los Ciudadanos Isidro de Huarte y José María Jiménez; la de Relaciones de Federación, Negocios Eclesiásticos, Ins­ trucción Pública y redacción de Estilo, a los Ciudadanos Juan de Lejarza y Manuel Lloreda; la de Hacienda, Agricultura, Minería, Artes, Industria y Comercio, a los Ciudadanos Manuel Chavez y Trinidad Salgado; la de infracciones de Consti­­ tución, libertad de Imprenta y Negocios de guerra a los Ciudadanos Manuel Menén­ dez y Mariano de Quevedo. –En este acto se presentaron los mencionados suplentes, y habiendo prestado el juramento tomaron sus asientos. –Inmediatamente se leyó el oficio del Ciudadano Soravilla en que expresa que habiendo emprendido la cura­ ción de sus enfermedades en la Ciudad de México, no puede venir a desempeñar el empleo de Diputado de esta Legislatura con la brevedad que quisiera, insinuando también necesitar 400 pesos para cubrir algunos créditos que, estrechado de la nece­ sidad, ha contraído en aquella Capital, sobre lo cual expresa dirigirse a la Dipu­ tación Provincial; y se acordó pasase este oficio, con los antecedentes que existan en la Secretaría, a la Comisión de Policía. –Dada cuenta con una solicitud del Ciuda­ dano Antonio Molina sobre que se le coloque con un destino de la Secretaría del Congreso, se mandó pasar a dicha Comisión de Policía, y que se hiciese lo mismo con otra del Ciudadano Antonio Haro, vecino de Los Reyes. –Por moción del C. Lloreda, se acordó se pida al Intendente razón del estado de la Hacienda Pública. A petición del mismo Diputado se determinó que la Comisión de Policía presente a la mayor posible brevedad el proyecto sobre Reglamento interior del Congreso. –Por otra moción del mismo Ciudadano, se acordó que el asunto que había pasado a la Comisión de Policía sobre no poderse continuar la obra del Salón del Congreso por falta de numerario, se pase al Teniente Gobernador para que deter­ mine se provea de lo necesario para la continuación de dicha obra, previniéndole disponga lo mismo para los gastos indispensables de la Secretaría, y a este fin, a propuesta del Ciudadano Huarte, se determinó se nombrase un Tesorero que per­­ cibiera y distribuyera las cantidades necesarias para dichos gastos y otros semejantes. –En este acto se dio aviso de que el Teniente Gobernador había llegado, y saliendo a recibirlo la Comisión compuesta de los Ciudadanos Huarte y Jiménez, lo introdu­ jeron al Salón del Congreso donde inmediatamente presentó el juramento bajo la fórmula que se había adoptado y aprobado anteriormente, y después, y habiendo tomado asiento al lado izquierdo del Ciudadano Presidente, y arengado según estilo, se retiró en la misma forma. –Se leyó por último la felicitación del Venerable Cabildo Eclesiastico de esta Ciudad, y acordandose que se le contestase haber sido oída con el mayor agrado, se levantó la Sesión pública para entrar en secreta, lo que se verificó (14). (Tres medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 13 En la Ciudad de Valladolid a trece de abril de 1824, habiéndose citado a Sesión extraordinaria a las cinco de la tarde, reunido el Honorable Congreso, expuso el Ciudadano Presidente el objeto de ella, que fue se declarase que honores y tra­ tamiento debía tener el Teniente de Gobernador por parecer precisa esta declaración con motivo de la proximidad del jueves santo en que debía asistir a la Iglesia Cate­ dral. Discutido suficientemente el punto, se acordó que por ahora se suspenda toda asistencia del Gobernador a funciones eclesiasticas, hasta que se forme con la deten­ ción necesaria el Reglamento correspondiente a este asunto por una Comisión nombrada al efecto. –En seguida expuso el Ciudadano Salgado que sería conveniente se formase con el Reglamento citado el correspondiente a los otros dos poderes del Estado con todos los puntos de etiqueta; cuya proposición ampliada por el Ciuda­­ dano Lejarza fue aprobada, y nombrandose por el Ciudadano Presidente para la Comisión a los Ciudadanos Huarte, Lejarza y Chavez se levantó la Sesión. (Dos medias firmas)

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Sesión Pública del día 21 En la Ciudad de Valladolid a veintiuno de abril de 1824. –Abierta la Sesión del Congreso de este Estado se leyó el Acta anterior del día 10, que fue aprobada, que­ dando suspensa en cuanto a la palabra mandar que se usa al decir se celebren misas de rogativas. –Se leyó la otra Acta de la Sesión extraordinaria del día 13, y tam­­ bién fue aprobada. –Lo fue igualmente la minuta del Decreto sobre rogativas (15). –Dada cuenta con las felicitaciones de los Ayuntamientos de Patzcuaro, Tlalpu­ jahua, Mara­vatío, representante provincial de San Francisco, Administrador de Rentas unidas de Jiquilpan, el de igual clase de Maravatío, Cuerpo de Milicia Cívica del mismo Pueblo y Cura de Tacambaro, se mandó contestar de haberse oído con agrado. –Habiéndose leído el oficio de los señores Secretarios del Congreso del Estado de México, en que acompañan varios impresos relativos al mismo Congreso, se acordó que pase a la Comisión de Relaciones interiores para que ésta ponga la contesta­ción. Dada cuenta con las solicitudes de los ciudadanos Ruperto Castañeda y Juan Evangelista Solórzano para que se les destine en la Secretaría, se dispuso pase a la Comisión de peticiones. –Se dio última lectura a la proposición del ciudadano Jimé­nez sobre Ley contra ladrones y a la del ciudadano Lejarza sobre que no tenga Guar­dia el Congreso, y se mandó que la primera pase con preferencia a la Comi­ sión de Legislación y Justicia, y la segunda a la de Policía. –Se acordó que corra los trámites de reglamento un Proyecto de Ley contra ladrones y asesinos que presentó y leyó el Ciudadano Salgado. –Habiéndose leído el oficio del Ciudadano Diputado José Ma Paulín, en contestación al que se le dirigió para que se presentase inmedia­ tamente al Congreso, según lo acordado en Sesión del día 8 del actual, se acordó contes­tarle accederse a la solicitud de los dos meses que pide se le concedan para acabar de arreglar sus asuntos comenzandose estos desde la fecha de oficio. –En vista

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del oficio del Ministerio de Hacienda fecha 10 del corriente, a la Diputación Provin­ cial, en que se avisa haber acordado el Supremo Gobierno a la solicitud de la misma sobre que se pagasen por la Tesorería Pública los costos de la conducción de los 600 fusiles remitidos para el Batallón Provincial de esta Ciudad, por serle imposible al Ayuntamiento su satisfacción, se acordó que por conducto del Gobernador se con­ teste de enterado, y que lo comunicase así al Ayuntamiento y demás a quienes corresponda. –Leído otro oficio de dicho Ministerio a la expresada Diputación en que le participa la resolución del Supremo Poder Ejecutivo acerca de la solicitud del ciudadano Miguel Bellido, para la conducción a esta Ciudad, y entrega en la Facto­ ría del ramo, de 450 terclos de tabaco de su pertenencia que tiene en la Villa de Córdova, discutida suficientemente dispuso, previo informe del Ciudadano Huarte como individuo que fue de dicha Diputación, se acordó admitirse esta propuesta, y que se hiciese saber así al interesado por conducto del Gobernador, imponiéndolo de los antecedentes de la materia, y diciéndole active la remisión y entrega de dichos terclos, participandose igualmente por su conducto al S.P.E. esta admisión, y que el Estado se compromete al pago de ellos según las leyes de la ma­ te­­ria. –Que se conteste de enterado de los oficios sobre nombramiento de Presidente y Secretario del Congreso general en el mes de la fecha, y remisión a Veracruz de los reos que fueren sentenciados a presidio: el 1° del Ministerio de Relaciones, y el 2° del de Justicia que dirigió el Gobernador a la Secretaría y con que se dio cuenta. –Habiéndose hecho con el oficio en que el mismo Gobernador acompaña la cuen­ta de bienes de Comunidad y Proplos y arbitrios del Pueblo de Chucandiro, se acordó pase a la mesa de glosa de estas cuentas que tenía la Diputación Provincial, para que reconocido se archive hasta la disposición general que se de sobre este punto. –Que pasen a la Comisión de Hacienda los trece estados que acompaña el Inten­ dente con oficio de 10 del corriente, contestandosele de enterado. –Que corran los trámites del Reglamento las proposiciones: del Ciudadano Lloreda sobre arreglo de teatro y sobre imprenta, para actas y demás del Congreso; del Ciudadano González sobre Manifiesto a todos los habitantes del Estado, y colocación de dos oficiales que redac­ten lo que se trate en las Sesiones; del Ciudadano Lejarza sobre bienes de Comuni­dad y fondos municipales de Ayuntamientos. –Que se de paso a la del Ciu­ dadano Lloreda sobre esclavos; y a la del Ciudadano González sobre Decreto para el juramento de obediencia y reconocimiento al Congreso por todas las autorida­ des del Estado, pasando esta de preferencia a la Comisión de gobernación, y aquella al Gobierno por los Secretarios. Con lo que se levantó la sesión a la una de la tarde. (Dos medias firmas)

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Sesión Pública del día 22 En la Ciudad de Valladolid a veintidós de abril de 1824, abierta la Sesión del Con­ greso de este Estado, fue leída y aprobada el Acta del día anterior, y, en seguida, se dio cuenta con las solicitudes de los Ciudadanos Juan Nepomuceno Joaquín de Estrada y Juan García, para que se le destine en la Secretaría, y se dispuso pasen a la Comisión de Peticiones, e igualmente a la de Negocios Eclesiásticos las de las Monjas Teresas en que impetran el permiso del Honorable Congreso para pasar a esta Capital a fundar un Convento de su orden (16). –Asimismo, se leyó y aprobó la contestación que por acuerdo de ayer puso la Comisión de Relaciones al oficio con que los Señores Secretarios del Congreso de México acompañaron varios impre­ sos relativos al mismo Congreso. –Visto después un oficio atrasado con que aquel Congreso participa su instalación, se determinó contestarle como es de estilo. –Por moción del Ciudadano Lloreda, se acordó que en la conclusión de los oficios a las Corporaciones de igual jerarquía, como son todos los Congresos de la Federación, se usen, en lugar de Dios y Libertad, Unión y Libertad; y con las inferiores Salud y Libertad. –Dada cuenta con los oficios sobre quejas del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, contra el Ciudadano Coronel de la Milicia Cívica, Francisco Camarillo, y los de éste contra el Cuerpo en general, y contra los Alcaldes en particular, se mandaron pasar a la Comisión de Guerra con los mas documentos que en orden al asunto presentó en el acto el Ciudadano Lejarza. –Igualmente se determinó que la representación del Ciudadano José Hurtado contra el Alcalde primero de Huani­ ­queo, sobre contrato que celebró con un hermano suyo, se reserve al Poder Judical, a quien toca especialmente el conocimiento de este asunto. –En virtud de haber pasado a la Comisión de Gobernación la proposición del Ciudadano González, sobre Decreto para el juramento de obediencia y reconocimiento al Congreso por

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todas las Autoridades del Estado, pidió el Ciudadano Vice–Presidente, como indi­­viduo de ella, se leyera la fórmula del que para igual caso dictó el Congreso del Estado de México (17), exponiendo que el dictamen de la Comisión, era usar de la misma, poniéndole únicamente en la conclusión, en lugar de “‘el Estado os lo demande”, Dios os lo demande, y verificada, en efecto, su lectura, por unanime consentiminto se aprobó con la indicada variación. –De la misma manera la propo­ sición del Ciudadano Lloreda, sobre que los Decretos y todos los demás asuntos que deban imprimirse, pasen para su revisión a la Comisión de corrección. –Se dió segunda y última lectura al proyecto de Ley que presentó el Ciudadano Salgado contra ladrones y asesinos; a las proposiciones del Ciudadano Lloreda sobre arre­­ glo de Teatro; a la del Ciudadano Lejarza, sobre administración de bienes de Comunidad; a la del Ciudadano González, sobre Manifiesto a todos los habitantes del Estado; a otra del mismo Ciudadano González y Ciudadano Lloreda, sobre imprenta, establecimiento de un periódico y ocupación de dos Escribientes para la redacción; y otra del Ciudadano Lejarza, sobre que la Comisión de Peticiones, se encargue de los ramos económicos que estaban antes a cargo de la Diputación Pro­ ­vincial, mientras que el Congreso determina lograr con este fin un Tribunal espe­­ cial, y se mandaron pasar, el primero a la Comisión de Legislación y Justicia; la segunda a la de Instrucción pública unida con la de Policía; la tercera a la especial que se nombró de los Ciudadanos Lejarza, Villaseñor y Huarte; la cuarta al Ciuda­­ dano Lloreda, para su efecto; la quinta a la de Gobernación, y la última a la de Legislación y Gobernación unidas. –A continuación se leyeron por primera vez: un proyecto del Ciudadano Salgado sobre creación del Supremo Tribunal de Jus­­­ ti­cia; una proposición del mismo, en orden a los empleados de Hacienda; otro pro­yecto del Ciudadano Lejarza para la organización del Poder Judicial; y otra propo­ ­sición del Ciudadano González, sobre que el minimum de los sueldos en el Estado, sea, por ahora, de 300 pesos, y el maximum de 2,000 pesos, a excepción del Gobernador, a quien se hara asignación particular, contemplando al decoro y atenciones del empleo, y se acordó que corran los trámites del Reglamento. –Habién­­dose conformado, por último, el Honorable Congreso con el dictamen de la Comi­sión de Hacienda, relativo a que estando ya contestado el oficio del Ciuda­ dano Intendente del Estado, de 8 del corriente, en que comunica el acuerdo del Sobe­­rano Congreso General (18), sobre que se ministre por las Tesorerías de los Estados de la Federación los gastos que causen los Congresos de ellas, nada mas le queda que decir, sino que este es un motivo para que se acuerde el nombramiento de una comisión que forme el reglamento de los gastos del Congreso, las costas que le son anejas, y se determinó que con orden a este punto entienda la de Hacienda unida a la de Policía. Con lo que se levantó la Sesión pública a la una de la tarde para entrar en secreta. (Dos medias firmas)

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Sesión Pública del día 24 En la Ciudad de Valladolid a los veinticuatro días del mes de abril de 1824, abierta la Sesión del Congreso, fue leída y aprobada el Acta del día anterior; y como en seguida tomara la palabra el Ciudadano Lejarza, y expusiera que la fórmula del juramento de obediencia que se aprobó en la Sesión de antes de ayer no la conside­ raba adaptable por la oscuridad de sus artículos y otras razones que alegó, y esforzó el Ciudadano Lloreda, opinando ambos, como individuos comisionados para la corrección de estilo, de este Decreto, o se discutiera punto por punto, o volviera para su informe a la misma Comisión que lo propuso; después de una ligera discu­ sión se acordó de conformidad con la segunda parte de la petición de los Ciudada­ nos preopinantes. –Dada cuenta después, con los oficios en que los Ayuntamientos Constitucionales de Uruapan y Taretan felicitan al Honorable Congreso, se man­ dó con­testarles como es de estilo. –Vistas las solicitudes de los Ciudadanos José María Navarro, José Joaquín de Estrada y José Ignacio Aranzeta sobre destino en la Secretaría, y la de Francisco Puelles, sobre goce de fuero y colocación en alguno de los ramos de Hacienda pública, se mandaron pasar a la Comisión de Peticiones, juntamente con la del Ciudadano José María Zepeda en que pretende la Adminis­ tración de Alcabalas de la Villa de Zitacuaro; y que se acuse recibo al Ciudadano Teniente Gobernador de los ejemplares que mandó de los Decretos del Sobe­ rano Congreso general, sobre prórroga de la Ley de 27 de septiembre del año próximo pasado(19), y sobre que no se admita por aquella Secretaría recurso alguno de indulto, si no es conforme a lo prevenido en el mismo; así como también de los otros de este Honorable Congreso, sobre rogativas; públicas, dejando distri­ bui­dos los que corresponden a cada uno de los Ciudadanos Diputados. –Leído el dictamen de la Comisión de Peticiones, contraído a que se le adelanten al Ciuda­

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dano Diputado Juan Soravilla los 400 pesos que pide, a mas de los 200 que última­ mente se la han remitido, ofreciendo que se devengaran de lo que le toque en el prorrateo con los empleados, según pensó la Diputación Provincial, para el pago que se le adeuda de dietas por el tiempo que acudió a las Sesiones del anterior Soberano Congreso, se reservó para tratar sobre él en la Sesión inmediata. –A conti­ nuación se mandó pasar a la Comisión de Guerra, con la asociación del C. Chavez, el oficio en que el Coronel de la Milicia Cívica, C. Francisco Camarillo, se queja que el Alcalde lo. Constitucional de esta Ciudad ha echado primero mano de los Milicianos Cívicos para el alistamiento de los Provinciales, no obstante que la Dipu­ tación Procial, tratando de la conservación de aquel Cuerpo le libró orden en contrario. Con este motivo, pidió al Honorable Congreso el Ciudadano Lejarza, que se sirviera dictar por punto general una providencia que protegiendo la Mili­cia Cívica, cortara al mismo tiempo, y evitara para lo sucesivo, las diferencias que se notan entre el referido Coronel y el Alcalde, y que resultan en perjuicio del Estado, y se acordó que hiciera la proposición por escrito para que corriera los trámites del Reglamento, considerandola ya como leída por primera vez. –En seguida pidió también el C. González que se leyera el Decreto por el que se prorroga la Ley del 27 de septiembre del año próximo pasado, para que en su vista se declarara si tenían o no lugar los proyectos de los CC. Jiménez y Salgado, que tienden al mismo objeto(20), y discutido suficientemente se determinó que pasara el mismo Decreto a la Comisión de Legislación, aumentada con los CC, Menéndez y Chavez. –Por moción del C. Huarte y proposición del C. González, que se leyó por primera vez, sobre que en la Comisión de Constitución, Gobernación, Legislación y Justicia, encargada ahora a dos individuos, se duplique este número permitiéndoles el uso de la palabra, aunque no el voto, a los demás Diputados o a otros CC. particu­ lares que quieran concurrir a sus discusiones, y que se excite a los sablos del Estado para que cooperen en cuanto puedan con sus luces para la formación de la Constitu­ ción, quedó dispuesto que el C. Presidente reformara las Comisiones, aumentan­ dole uno o mas individuos de los que las componían según el Acta del 10 del corriente, para su mejor desempeño; y que se oficie al Teniente Gobernador del Estado a fin de que libre la orden correspondiente a todas las oficinas de la Capital para que por los Jefes de ellas les franqueen a los Presidentes de las mismas Comisiones las noticias y documentos necesarios que les pidan. –Inmediatamente se dio la última lectura a la proposición del C. Salgado sobre empleos de Hacienda pública y a un proyecto del mismo sobre creación del Supremo Tribunal de Justicia, y se resolvió devolverle aquella para que la redacte de nuevo, y que la lectura de éste se repita en la Sesión inmediata, para la que también se reservó una proposición del C. Lejarza sobre organización del Poder Judicial, y otra del C. González sobre el maximum y minimum de los sueldos. –Habiendo mandado por último que la reflexión que hizo la Comisión de Hacienda en orden a la falta de papel sellado que se advierte en varios Pueblos pase al Teniente de Gobernador para que provea lo conveniente en la materia, y que las credenciales del C. Juan José Pastor Morales las revise la Comisión nombrada especialmente para este asunto, se levantó la Sesión Pública a la una y cuarto para entrar en secreta. (Dos medias firmas)

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Sesión Secreta del día 24 En la Ciudad de Valladolid a los venticuatro días del mes de abril de 1824, se abrió la Sesión secreta del Congreso, y se acordó, primero: que el Tesorero de que hace mención el Acta del día 10, para gastos de la Secretaría y otros semejantes, lo sea el Ciudadano Presidente conforme sea nombrado para esta ocupación cada mes, según el Reglamento. Segundo: Que por consecuencia de esta resolución, pida el actual Presidente por conducto del Gobierno, y firmando el oficio con uno de los Secretarios, la cantidad de mil quinientos pesos para gastos interiores del Congreso, los que estaran en su poder a efecto de que provisionalmente se den para el día primero del entrante mayo, a cada uno de los Ciudadanos Diputados foraneos cien pesos en cuenta de sus dietas, según la asignación que se haga, y para gastos in­ dispensables de la Secretaría lo que se necesite. José Ma. Rayón (Rubricado) PRESIDENTE José Salgado (Rubricado) Manuel González (Rubricado) DIP. SRIO. DIP. SRIO.

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Sesión Pública del día 27 En la Ciudad de Valladolid a los veintisiete días del mes de abril de 1824 se leyó y aprobó el Acta de la Sesión anterior, y a consecuencia, presentó la Comisión encar­ gada del exámen de las credenciales de los Diputados, un dictamen aprobando la del Ciudadano Juan José Pastor Morales, y en su vista se determinó que pasara a incorporarse, previo el juramento de estilo; y habiendo entrado con las formali­ dades que previene el Reglamento, lo hizo bajo la fórmula acostumbrada, y después de haber tomado asiento se dio cuenta con las felicitaciones del Ayuntamiento de Indaparapeo y Zinapécuaro que se mandan con acuse el recibo de las copias que acompañó, así de la resolución testar como es de estilo, y que al Teniente Goberna­ dor se le del Soberano Congreso general comunicada por el Ministerio de Guerra y Marina, sobre que el Supremo Poder Ejecutivo ha podido siempre, y puede en lo sucesivo, ocupar a los militares empleados por los Estados cuando lo estime mas útil al servicio de la Nación, como también de la otra, comunicada por el mismo Minis­ terio, sobre que se tengan por nulos todos los despachos de empleos efectivos, gra­ dos o retiros de oficiales del Ejército que no tengan el cúmplase y toma de razón de las oficinas que corresponde; y por último de la otra en que se comunica por el Ministerio de Relaciones estar encargado el Excelentísimo Señor Don Pablo de la Llave del despacho de la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos. –Visto un ofi­cio del Ayuntamiento de Tuxpan en que hace varias consultas sobre bienes de Comunidad, se mandó pasar a la Comisión especial nombrada para este asunto; y del de Negocios Eclesiásticos el oficio y discursos del cura de Zinapécuaro sobre provisión de beneficlos, que se leyeron a petición del Ciudadano Lloreda. –Leída una instancia del Ciudadano Miguel Rojas y Espino, en que como apoderado de los naturales de Huandacareo, pide se establezca Ayuntamiento en aquel Pueblo;

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después de discutido si debía pasar o no a la Comisión que corresponde, en vir­tud de estar pendiente el punto sobre aumento o disminución de estas Corporaciones de los Pueblos del Estado, se determinó reservarla hasta tratar de la materia. –Discu­ tido asimismo, si el memorial en que Ramón Guevara y Gabriel Jaso, presos en la carcel de esta Ciudad impetran su libertad alegando inocencia y acusando arbitra­ riedad en el Juez por cuya orden estan detenidos, se reservaba al poder Judicial o pasa a la Comisión de infracción de Constitución, quedó acordado suspenderlo hasta el establecimiento de aquel Tribunal, para el que también se reservó del ocurso del Ciudadano Teniente José Ma. Parente sobre competencia de jurisdic­ ción con el Comandante general de las Armas del Estado. –Dada cuenta con otro en que el C. Felipe Menocal pide que se tome conocimiento de la representación que hizo a la Diputación Provincial, y para ahora en poder del Intendente, sobre si deben, o no, seguirse dando con juramento a la Aduana las relaciones de los frutos vendidos en las haciendas, se acordó que pasara a la Comisión de Legislación y Hacienda unidas, y que ésta pida al expresado Intendente todos los antecedentes con su respectivo informe. –Leídas las solicitudes de los CC. José Ma. Perón sobre destino en la Secretaría, de Vicente Villaseñor sobre que se le conceda retiro de Coronel con goce del sueldo que le corresponde, y de Francisco Antonio Benítez en que pide una mesada para ocurrir a las necesidades a que quedó reducida toda su familia por haber fusilado, a su padre las tropas del Gobierno Español, se dispuso que la primera pase a la Comisión de Peticiones; y la segunda se devuelva al intere­ sado para que ocurra al Supremo Poder Ejecutivo de la Federación; en cuanto a la última se suscitó una larga discusión, que después de varios debates se concluyó con una proposición que fijó el C. Lloreda, contraída a que se hiciera la declaración de si estaba o no en las facultades del Congreso conceder premios a los Patriotas, que­ dando pendiente la contestación de la solicitud mientras ésta corría los trámites del Reglamento. –En seguida se dio cuenta con el oficio del Ayuntamiento de esta Ciu­ dad sobre dudas en orden a la Milicia Cívica, que se mandó pasar a la Comisión de Guerra; y se leyó por primera vez la proposición del C. Lejarza sobre que se pre­ venga al Teniente Gobernador del Estado que para evitar una total destrucción del Cuerpo Cívico, no se obligue por la fuerza ninguno de sus soldados a ser alistados en los Cuerpos Provinciales. –En vista del oficio en que el C. Francisco Manuel Sanchez de Tagle admite el nombramiento que se le hizo en su persona para Gober­ nador del Estado, y avisa que queda arreglando sus asuntos domésticos para em­ prender el viaje a la posible brevedad, el C. Lejarza dijo que consideraba muy conveniente, tanto por el decoro del mismo Estado, como por el mismo de su Gobernador y buena disposición que manifestaba para consagrarse al servicio de la Patria, con desprendimiento de sus intereses particulares, que se le ministrasen algunas cantidades con las que tal vez abreviaría su marcha y se le haría menos gra­vosa, y quedó acordado que la Comisión de Hacienda propusiera arbitrios para verificarlo, pasandole al efecto los estados de la Intendencia que también le servi­ rían para informar sobre el sueldo que debía gozar, cantidad que podría mandar­ sele, y en que términos. –Tratando inmediatamente, conforme a lo prevenido en el Acta anterior, del asunto del C. Soravilla, se volvió a leer el dictamen de la Comi­ sión, que, como se dijo, opina que se le den los cuatrocientos pesos que pide a mas de los doscientos que se le libraron, y quedó aprobado en todas sus partes, sin mas diferencia que haber salvado su voto el Ciudadano Lloreda en cuanto al modo

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que se había hecho, así como también el C. Lejarza en cuanto a la discusión que, según manifestó, no debía haberse admitido a ella este asunto; concluyendo con que al interesado se le preguntase, antes de mandarle el dinero, cuando podría venir. –Consecutivamente se leyó la proposición del C. González sobre aumento de individuos en las Comisiones para su mejor desempeño; y como igualmente pidiera la concurrencia en ellas de los demás Diputados o de otros Ciudadanos particulares que quisieran asistir sin voto a sus discusiones, y que se excitara a los sablos para que cooperen con sus luces a la formación de la Constitución, se acordó que estando ya cumplida la primera parte en virtud de haber presentado el C. Presidente refor­ mada la lista de las mismas Comisiones, en cuanto a la segunda, los Presidentes de ellas, llamaran a los individuos que mejor les parecieran, y en cuanto a la tercera, se excitara a los sablos como se quiere por medio de un Decreto (22); quedando asimismo dispuesto, por moción del C. Rayón, que las referidas Comisiones nom­ brarán sus Presidentes y Secretarios, menos la de Peticiones que por su naturaleza ya los tenían. –Se leyeron por última vez la proposición del C. González sobre el maximum y minimum de los sueldos, y los proyectos del C. Salgado sobre creación del Tribunal de Justicia y del C. Lejarza sobre organización del mismo, y admitidas a discusión se mandaron pasar: aquella a la Comisión de Hacienda y los otros a la de Legislación y Justicia para que en vista de ellos formen el plan correspondiente. –Habiendo por último expuesto la Comisión encargada de formar el Decreto de obediencia que insistía en el mismo dictamen que antes había extendido, se acordó devolverlo para que cumpliera lo dispuesto en el Acta anterior; y como el C. Lloreda en virtud de la ejecución que demanda este asunto y de la creación del Supremo Tribunal de Justicia pidiera una Sesión extraordinaria con sólo estos objetos, quedó señalado el de mañana para el primero, y el martes 4 del próximo mes de mayo para el otro. Con lo que se levantó la Sesión a la una y media. (Dos medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 28 En la ciudad de Valladolid a veintiocho de abril de 1824, abierta la Sesión extraor­ dinaria del Congreso que se acordó según se expresa al calce del Acta anterior. Se dio principio con la lectura de dos minutas del Decreto sobre juramento y obediencia por las autoridades del Estado que presentó el C. Menéndez como individuo de la Comisión encagada de este asunto; el uno comprensivo de 4 Artículos, y el otro de 14. Discutidos ambos en general se aprobó el último y habiéndose procedido a la discusión particular de dichos artículos, leídos sucesivamente, lo hizo el C. Secre­ tario con el primero que dice: Todos los Empleados, Autoridades y Corporacio­ nes del Estado así Civiles como Militares y Eclesiasticas presentarán el debido juramento de obediencia al Congreso y reconoceran como legítimas las Autorida­ des que de él emanen. Puesto a discusión fué aprobado suprimiéndose la palabra Empleados, que con la adición de públicos se colocó después de la palabra Eclesias­ ticas, añadiéndose del Estado después de la de Congreso, quedando el artículo redactado en estos términos: Todas las Autoridades y Corporaciones del Estado, así Civiles como Militares y Eclesiasticas y los Empleados Públicos, presentarán el juramento al Congreso del Estado, y reconoceran como legítimas las Autorida­ des que de él emanan. –Leído el segundo que dice el Gobernador del Estado, su Teniente y los miembros del Consejo, cuando se instale, haran el expresado juramento ante el Congreso en el Salón de sus Sesiones, fué aprobado sin discu­ siones. –De igual modo lo fué el tercero que dice el Jefe de Hacienda Pública, los Ministros de esta Caja Nacional, el Ayuntamiento de esta Ciudad, el Juez de Letras y los Jefes y Contadores de oficinas lo prestaran ante el Gobernador del Estado o su Teniente, y sus Subalternos de oficinas ante sus respectivos Jefes. –Leído el cuarto, que dice los Jefes, Oficiales y Tropa de la Milicia del Estado,

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haran este juramento al frente de sus Banderas, puesto a discusión se suscitó ésta sobre si comprendía el juramento a la Milicia permanente que reside en el Estado, y tratado suficientemente él punto se resolvió no comprenderlo por considerarse cómo población transeúnte, que además de estar obligada por el juramento que hizo del Acta Constitutiva de la Federación a reconocer a Los Congresos de los Estados donde resida, esta comprendido igualmente su juramento en el que hace en general el Pueblo, y fué aprobado en los términos referidos el artículo que perte­ nece a la Milicia Cívica y Provincial. –Leído el artículo quinto que dice El Venera­ ble Cabildo Gobernador de esta mitra, su Vicario Capitular, el rector del Nacio­ nal y Pontificio Colegio Seminario Tridentino de esta capital, y los Prelados de las Religiones lo prestaran igualmente ante el Gobernador o Vice–Gobernador del Estado, diputando al efecto el Ilmo. Cabildo una comisión de su seno. Puesto a discusión se trató sobre si debía comprenderse al rector del Colegio Seminario por reparo que hizo sobre este punto el C. Pastor Morales, y discutido suficientemente se acordó suprimirse salvando su voto el C. Lejarza, y notando el C. Lloreda que daba el mejor sentido el artículo poniendo en seguida de la palabra Mitra, la expresión de la comisión diputada por el Ilmo. Cabildo, se redactó y aprobó en estos términos: El Venerable Cabildo Gobernador de esta Mitra por medio de una Comisión que diputara de su seno, el Vicario Capitular y los Prelados de las reli­ giones lo prestaran igualmente ante el Gobernador o Vice–Gobernador del Estado. –Fue aprobado sin discusión el sexto que dice: El Clero Secular lo hara ante el Provisor y Vicario Capitular, y el Regular ante sus respectivos Prelados. –Lo fué también de este modo el septimo, que dice: En las Ciudades, Villas, Pue­ blos y lugares del Estado hara el juramentó el Alcalde primero Constitucional ante el Ayuntamiento, para que después el mismo Alcalde lo reciba de cada uno de sus individuos. –Leído y puesto a discusión el octavo que dice: Asimismo lo presentarán ante el Alcalde mas antiguo, los Jueces de Letras donde los haya y los Jefes de oficinas, y ante éstos sus respectivos subalternos, se aprobó el artículo, añadiendo las palabras los Subdelegados en estos términos: Asimismo lo presen­ tarán ante el Alcalde mas antiguo, los Subdelegados o Jueces de Letras, los Jefes de oficinas, y ante éstos sus respectivos subalternos. –Leído y discutido el nono que dice: Con respecto a la Milicia se observara proporcionalmente lo mismo que se tiene prevenido en el artículo cuarto para la Capital del Estado, se suprimió por redundante. –Leído el décimo que dice: A los Curas y Prelados de religiones, donde los haya, prestaran el juramento ante el Alcalde primer nombrado, el Clero secular ante sus respectivos Parrocos y el regular ante sus Prelados; después de discutido se aprobó salvando su voto, en cuanto a la primera parte, el C. Pastor Morales, sobre que dio voto particular que se acompaña a esta Acta, y quedó en lugar del anterior que se suprimió. –Fueron aprobados sin discusión los artículos diez, once, doce, y trece que dicen: 10. La fórmula bajo la cual debera prestar­ se dicho juramento sera la siguiente: ¿Reconocéis la independencia y soberanía del Estado de Michoacán, en orden a su gobierno interior, representado por su Con­ greso Constituyente, electo con arreglo a la Acta Constitutiva y Ley de Convoca­ toria? Sí reconozco. –¿Jurais a Dios obedecer y observar las Leyes y Decretos que de él emanen? Sí juro. Si así lo hiciereís Dios os lo premie, y si no os lo demande. 11. En el juramento que se reciba a las autoridades se dira; ¿Jurais a Dios obedecer y observar y hacer obedecer y observar?, etc. –12. Todos estos juramentos deberan

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hacerse en público conciliando la solemnidad de acto tan sagrado con las circuns­ tancias de pobreza en que se halla todo el Estado. –13. y último. El Gobernador o su Teniente, cuidara de que se hagan estos juramentos a la mayor posible breve­ dad, exigiendo los correspondientes certificados de haberse ya cumplido, los que pasara inmediatamente a la Secretaría de este Congreso. –En seguida se acordó añadirse artículo separado para el juramento del Pueblo, y teniéndose presente el igual acordado por el Supremo Poder Ejecutivo para el del Acta Constitutiva, se redactó y aprobó de este modo. –El Pueblo prestara el juramento en la forma acostumbrada, y se mandó que este artículo fuese el doce, numerándose los demás según van referidos (23). (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 29 En la Ciudad de Valladolid a los veintinueve días del mes de abril de mil ochocien­ tos veinticuatro. Abierta la Sesión del Congreso, se leyó el Acta del día 27 del mismo, y aprobada que fue, se leyó también la de la Sesión extraordinaria de ayer, la que por no contener, en los artículos aprobados, ni noticia de los desechados, ni tampoco las adiciones con la respectiva discusión, y fundamentos principales de las objeciones según manifestaron los C.C, Lloreda, Lejarza, Huarte, y Morales, se mandó redactar de nuevo, insertando en ella el Decreto en los mismos términos que quedó formado después de haberse suficientemente discutido. –A continuación se aprobó la minuta del Decreto sobre que se excite a los sablos de este Estado para que cooperen con sus luces a la formación de la Constitución. –Dada cuenta con las solicitudes del C. José Manuel de Heredia sobre destino en la Secretaría y la de German Barrón sobre que se le ponga en libertad en atención a que dos años ha estado preso sólo por indicios, se determinó que la una pasase a la Comisión de Peticiones, y la otra se reservara al Supremo Tribunal de Justicia. –Igualmente se mandó pasar a la Comisión de Legislación el ocurso de los mineros de Angangueo en que pretenden quedar excentos de la Milicia Cívica, y a la de Hacienda, con preferencia, la consulta del Juez de Letras de esta Ciudad sobre lo que debe hacerse para la distribución de comisos que en ella refiere, y la solicitud del C. Luis Gil con los demás documentos que acompaña, con el fin de que se le declare el goce del sueldo asignado a la plaza que obtiene en la Contaduría de la Renta del Tabaco. –Por moción del C. Lloreda se acordó, después de una ligera discusión, que por medio de Decreto se avisase que todas las solicitudes que hayan de hacer los CC. al Honorable Congreso, de cualquiera clase que sean, las verifiquen, por conducto del Gobernador del Estado, quien la remitirá con el respectivo informe. –Se acordó

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igualmente oficiarse al Teniente de Gobernador por la Secretaría para que de cono­ cimiento al Congreso y le comunique todos los decretos, órdenes y resoluciones que reciba del Soberano Congreso general, y Supremo Gobierno de la Federación antes de publicarlos, a excepción de aquellos que lo demanden ejecutivamente. –Visto el Soberano Decreto de 12 del corriente relativo al modo con que deben juz­garse los oficiales desertores y la resolución del Supremo Poder Ejecutivo de 24 del mismo, sobre que el Sr. La Llave, Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, se encar­gue interinamente de la Secretaría de Relaciones Interiores y Exterio­ res, se mandó acusar el recibo correspondiente al Teniente Gobernador del Esta­ do. –En seguida se leyó, por primera vez, una proposición del C. Lloreda sobre que se le conceda al Pueblo de Santa Clara de los Cobres una feria anual con la franqui­cia con que se han concedido en otros Pueblos. –Asimismo, otra del C. Lejarza sobre nuevas elecciones de Ayuntamiento, y siguen corriendo sus trámites. –Se leyeron, también por segunda vez, la proposición del C. Lejarza sobre preven­ ción al Gober­nador del Estado para que no se obligue por la fuerza a ninguno de los Milicianos Cívicos a ser alistados en los Cuerpos Provinciales, y la del C. Llore­ da sobre decla­ración de las facultades del Congreso en orden a premios de los patriotas, y admi­ti­das ambas a discusión, se determinó que la primera pasara a la Comisión de Guerra, y la segunda a la de Legislación y Justicia. –Por indicación del C. Jiménez se acordó que para no confundir el numero de votos, los Secreta­ rios, sin levan­tarse de los asientos que ocupan, dirigieran sus preguntas. –Habiendo determinado por último que los individuos de la Comisión nombrarán en lo priva­ do sus respec­tivos Presidentes y Secretarios, se levantó la Sesión pública a las doce y cuarto, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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MES DE MAYO Sesión Pública del día 4 En la Ciudad de Valladolid a cuatro de mayo de 1824, abierta la Sesión del Con­ greso se leyó y aprobó el Acta de la Sesión extraordinaria del día 28 de abril, sobre juramento de obediencia al Congreso, por las autoridades del Estado, que por acuerdo del día 29 se mandó reformar. –Se leyó y aprobó igualmente el Acta del citado día 29. –Dada cuenta con las felicitaciones de los Ayuntamientos de Puruán­ diro y Jiquilpan al Honorable Congreso, se mandó contestar cómo es de estilo. –Conformé a lo acordado en el Acta del día 27 del citado abril, se dio primera lectura al dictamen que presentó la Comisión de Legislación, y Justicia, sobre estable­ cimiento del Tribunal Judicial, mandándose que según el artículo del Reglamento provisional se saquen por la Secretaría copias de las proposiciones que contiene dicho dictamen, y se repartan a los Diputados. –Leyó el C. Lloreda el Manifiesto a los Habitantes del Estado cuya formación se le encomendó por acuerdo del día 22 de dicho mes, y se mandó que en consorcio del autor pasase para su revisión a la Comisión especial de los CC. Huarte y Pastor Morales, que nombró el C. Presiden­ te. –Leídas las solicitudes de los CC. Francisco Hurtado y Antonio Piñón se acordó devolvérselas a los interesados para que ocurran por conducto del Gobierno según lo dispuesto por punto general en el Acta del día 29, y que por la Secretaría se remita al mismo Gobierno la de los Alcaldes de Tlalpujahua sobre que se restituya a aquel Real el goce de Caja de correos que antes disfrutaba. –Leído un oficio del C. Fran­ cisco Camarillo en que pide se despache con brevedad el asunto de Milicia Cívica que se halla en la Comisión de Guerra, y presentó él mismo, se acordó pase a dicha Comisión. Que se remita a la de Gobernación y de Hacienda unidas, la del C. Llo­

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reda, sobre concesión de la feria anual en el Pueblo de Santa Clara, a la que se dio segunda lectura, y se admitió. –Se dispuso corra los trámites del Reglamento la proposición del C. Pastor Morales sobre indulto, y a Comisión especial que nom­ bró el C. Presidente de los CC. Lejarza y Villaseñor con preferencia a otra del mismo C. Morales en que pide no salgan de la Comisión de Constitución sus individuos aún cuando sean nombrados para Presidente y Secretarios. –Pasó a la Comisión de Legislación y Constitución dos proposiciones de los CC. Lloreda, Lejarza y Quevedo sobre renovación de Ayuntamientos. –Y también se acordó que se diga al Gobierno active el pronto despacho de la imprenta y cuide que el impresor remita la planta de cuanto se imprima relativo al Congreso a la Comisión de Corrección de Estilo, para que la revise. –Habiendo leído el C. Menéndez por encargo del C. suplente Chavez, una petición del mismo sobre que se le conceda su retiro con respecto al ingreso del C. Propietario Pastor Morales, se acordó contestarle por el mismo con­ ducto accederse a su solicitud, aunque con sentimiento de su falta por la de sus luces necesarias en las deliberaciones del Congreso, con lo que se levantó la Sesión pública a las doce de la mañana para entrar en la secreta. (Tres medias firmas).

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Sesión Secreta del día 4 En la Sesión secreta del cuatro de mayo del año corriente, se leyó la minuta de representación que presentaron los Ciudadanos Salgado y Quevedo, según se había dispuesto, consultando en ella al Soberano Congreso Constituyente, los términos en que deben manejarse los Comandantes generales de los Estados, y la dependen­ cia que deban tener de su gobierno, especialmente para mover la tropa permanente que tienen a su mando, y habiendo hablado el Ciudadano Lloreda sobre no pare­ cerle por ahora oportuno hacer semejante gestión, fueron de opinión contraria algunos otros Diputados, aunque discrepando en el modo; pues unos dijeron que debía hacerse, aquella representación en derechura al Soberano Congreso, otros, por medio de los representantes que hay en su seno de este Estado, y otros conviniendo en que se hiciese de este modo, opinaron, que sólo se le remitiesen instruciones sobre el asunto para que lo promoviesen cuando lo estimasen oportuno. En tal estado se suspendió la discusión para continuarla el día siguiente en la Sesión secreta, que se destinaba desde luego a este objeto. José Ma. Rayón (Rubricado) Presidente José Salgado (Rubricado) Manuel González (Rubricado) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Secreta del día 5 En cinco de mayo del año citado, entrando el Congreso, en Sesión secreta, se pasó luego a discusión el asunto del día precedente y habiendo insistido el Ciudadano Lloreda, y también el Ciudadano Lejarza, en que no convenía por ahora hacer representación alguna al Soberano Congreso, sobre la dependencia que debería tener del Gobierno del Estado el Comandante militar, reprodujeron asimismo otros Ciudadanos Diputados su opinión contraria como el día antecedente, hablando con la misma variedad en orden al modo de dirigir la pretensión. Después de una ligera discusión sobre estos puntos, se pidió se preguntase al Congreso, primero: si se hacía o no la expresada representación, y ejecutado se acordó que se hiciera. Lo segundo: si se dirigía en derechura al Soberano Congreso directamente; o se hacía por medio de los representantes del Estado que hay en su seno; y se resolvió que se ejecutase en derechura al Soberano Congreso, participandolo solamente a dichos Diputados, con el fin de que agiten este negocio y esforcen la justicia de él, salvando tanto en este acuerdo, como en el precedente, su voto, los Ciudadanos Lloreda y Lejarza. En seguida, por moción de éste, se trató sobre si la representa­ ción se dirigiría por la vía reservada, y después de una ligera discusión, se acordó se hiciese por la ordinaria, y asimismo, que la Comisión, conforme a las observaciones que se habían hecho en la discusión de este negocio, arreglase la minuta de la repre­ sentación, y la presentase en la primera Sesión secreta. Concluido este asunto, hizo presente el Ciudadano Villaseñor, ser imposible que la Hacienda pública del Estado, mantenga los dos Regimientos de infantería y caballería que hay en él, y que por

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tanto se excitase al Gobierno para que lo haga así presente al Supremo de la Fede­ ración, y declarado este punto urgente, se determinó se hiciese como se pedía. Con lo que concluyó la Sesión. José Ma. Rayón (Rubricado) Presidente José Salgado (Rubricado) Manuel González (Rubricado) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública del día 6 En la Ciudad de Valladolid a seis de mayo de l824 abierta la Sesión del Con­ greso, se leyó y aprobó el Acta anterior con la advertencia de que en el acuerdo sobre que el impresor remita la planta de cuanto se imprima a la Comisión de Corrección de Estilo para que la revise, se especifique que la prevención se entien­ de solamente en asuntos relativos al Congreso. –Asimismo se leyó el dictamen de la Comisión especial encargada del exámen de la proposición del C. Morales sobre que no se varíen los individuos destinados a la de Legislación y Constitución; y sin embargo de haber expuesto el impedimento que pulsaba para que se accediera a la solicitud, por otras razones que, según dijo, pesaban mas en su concepto, y omitió por la premura del tiempo, propuso tres artículos que después de suficientemente discutidos quedaron aprobados en estos términos: 1o. Que no se pueda nombrar para Presidente o Secretario mas que un individuo de la comisión citada de Cons­ titución y Legislación. –2o. Si saliere elegido alguno de sus miembros, ocupara provisionalmente su lugar uno de los Diputados que salgan de oficio, el cual pasara después a otra comisión, cuando el nuevamente electo quede libre para volver a la primera en que estaba colocado. –3o. Como el Vice–Presidente, por lo común tiene poco trabajo, y no se haya precisado a estar por instituto en deter­ minada comisión, puede salir electo indistintamente de cualquiera de ellas, resul­ tando de hecho que tampoco se nombra mas que un tndividuo de una y otra de ambas comisiones. –A continuación, se aprobó la minuta del Decreto No. 7 sobre que los que hubiera de hacer algunas solicitudes al Honorable Congreso de cualquie­ra clase que sean lo verifiquen por conducto del Gobernador del Estado, que las remi­ tira con su respectivo informe. –En seguida se procedió a la renovación de oficios por escrutinio secreto, del que resultó electo para Presidente el C. Licenciado Isidro Huarte con diez votos, de once que concurrieron; para Vice–Presidente, el C. Manuel de la Torre Lloreda con siete de los mismos; y para Secretario

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el C. Tri­ni­dad Salgado con diez de otros tantos. Dada cuenta con las felicitaciones de los Ayuntamientos de Los Reyes y Santa Clara, del C. Juan Gómez Navarrete y de los CC. Representantes de este Estado en el Congreso General, se mandaron con­­ testar como es de estilo, sin mas diferencia que la de usar en la última de la expre­ sión, se oyó con el agrado que corresponde. –Vistos los oficios del Ayun­tamiento de Jiquilpan sobre que se les conceda invertir 300 pesos que sobran anualmente en el Pueblo de Los Reyes, correspondientes a bienes de Comunidad, en pago de un Preceptor de primeras letras. Del de Tzintzuntzan, sobre el adeudo que resulto C. Francisco Lama por el ganado que mató en aquel suelo, y otro del mismo Ayun­ tamiento sobre que se le conceda cobrar, de las cuatro tiendas que hay en aquella Ciudad, el importe de los pilones que causan en dos días por semana para subvenir a los gastos de escuela pública y Secretario de la Corporación. Se mandaron pasar, el primero a la Comisión donde hay antecedentes sobre el asunto, y los dos últi­­mos a la de Gobernación, acusandose el correspondiente recibo de ellos al Teniente Gobernador que los remitió, lo mismo que de los quince ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general de 28 de abril último, que entre otras cosas declara traidor y fuera de la Ley a Dn. Agustín de Iturbide, siempre que se presente en algún punto del territorio de la República. –Leído otro del Alcalde de Cojuma­tlan en que solicita el permiso de invertir en la construcción de carcel 49 pesos, pertenecientes a bienes de Comunidad de aquel Pueblo, se discutió si debe pasar o no a la Comi­­­ sión, y habiendo declinado la opinión por la negativa se acordó contestarle por conducto del expresado Teniente Gobernador que use de la cantidad que men­­ ciona en calidad de reintegro a su respectivo fondo de cualquier otro colectable del Ayun­­tamiento, y precisamente dentro del año actual. Como en seguida pidiera el C. Lejarza que se librara una orden para recoger las ventas de bienes de Comu­­ nidad que actualmente debe haber en poder de los Ayuntamientos, para que no quedaran expuestos a la dilapidación que con sobrados motivos temía, se controver­ ­tió el punto con respecto al paso que debía darsele a esta petición, y declarado que inmediata­mente había que resolverse en obvio del peligro que amenazaba a dichas rentas se suscitó luego una larga discusión sobre si el Teniente Gobernador, o los Ministros de las Cajas debían encargarse de este ramo, y después de haberse alegado diferen­tes razones por los CC. Villaseñor, Lloreda, Morales, Jiménez, Lejarza y González, se determinó por proposición del C. Presidente, a que se adhirie­ron todos, que se previniera al Gobernador del Estado que mientras la Comisión espe­­ cial encargada del asunto exponía su dictamen, tomara conocimiento de él, cobrando y haciendo entrar en las Cajas de esta Capital, los productos de los referidos bienes, conservan­dolos en calidad de depósito, sin que jamas se pueda usar de ellos sin expresa orden del Honorable Congreso. –Leída una representación de los CC. Ofi­ ciales Naciona­les de esta Ciudad, sobre que los individuos de su cuerpo no sean alistados en la Milicia Provincial, se mandó pasar de preferencia a la Comisión de Guerra, y por haberse declarado ejecutiva la resolución se citó Sesión extraordinaria con este objeto para mañana a las nueve y media. –Habiéndose leído por primera vez los dictamenes de la Comisión de Policía sobre guardia del Congreso, el uno, y sobre arreglo de su Secretaría, el otro, a que se agregó el voto particular del C. Lejarza sobre número de oficiales y sueldo que debían gozar, se mandó que corrie­ran los trámites del Reglamento, y que los estados de los ingresos y egresos de la Caja en el mes próximo pasado y el de la Factoría que remitió la Intendencia, pasen a la Comi­sión de Hacienda donde hay antecedentes. Con lo que se levantó la Sesión. (Tres medias firmas).

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Sesión Pública Extraordinaria del día 7 En la Ciudad de Valladolid a los siete días del mes de mayo de 1824, se abrió la Sesión extraordinaria citada en el Acta anterior con la lectura del dictamen de la Comisión de Guerra, sobre los ocursos que han hecho al C. Coronel Francisco Camarillo, el Ayuntamiento de esta Ciudad y los oficiales Cívicos, en orden a varios puntos tocantes a la Milicia Nacional, y movido el punto sobre si se procedía a su discusión, o se señalaba otro día para verificarlos, se suscitaron diversas opiniones, fundadas unas en el acuerdo de la Sesión última, que parecía indicar que hoy mismo debía resolverse el asunto, y las otras que trataban de diferirlo, en la gravedad de la materia que demandaba para el acierto una mas madura y detenida reflexión; que­ dando por último acordado, en virtud de la conciliación que hizo de todos los pareceres el C. Presidente, que se fijara el lunes próximo, como pidió el C. Mora­ les, para discutir el dictamen en general y sus artículos en particular. –A continua­ ción se presentó un oficio del C. Alcalde José María Sanchez Arriola, que según manifestó el C. Salgado era relativo a los asuntos de que se habla, y aunque el C. Lejarza se opuso a su lectura, ésta se verificó por la mayoría de votos que hubo a su favor, y en su vista se determinó devolverlo al interesado, para que ponién­dola en papel del sello que corresponde la remita a la Secretaría, y se tenga presente en lo que haya lugar el día señalado para la discusión de la materia. –Igualmente se mandó que de los artículos del dictamen arriba insinuado, y de todos los demás que ocu­ rran, se saquen en la Secretaría copias para repartirlas entre los CC. Diputados. En seguida Hubo otra controversia sobre si se debía o no dar cuenta con otros asun­ tos por no haber tenido mas objeto esta Sesión que el de arreglar el alistamiento de la Provincial, en consulta de los aumentos de la Nacional. Y como se estuviera a la afirmativa, se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones unidas de Hacienda

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y Policía encargadas de formar el Reglamento de dietas y viáticos de los CC. Dipu­ tados de este Congreso y se mandó que corriera los trámites del Reglamento. –Des­ ­pués pidió el C. Lloreda que no se unieran las Comisiones por varios inconvenien­ tes que pulsaba, y principalmente porque un dictamen firmado por todos los individuos que las componían, y mas si llegaba el caso, nada remoto, de que se unieran los de las tres, sería, mas bien que una opinión discutible en el Congreso, una resolu­ ción que ya no podría variarse. Y sin embargo de que objetó el C. Presidente y el C. Morales, concluyó la disputa con que el C. preopinante hiciera por escrito su pro­posición y corriera los trámites de estilo, considerandola ya como leída por pri­ mera vez. –Por último se dio la segunda lectura al dictamen de las Comisiones de Justicia y Legislación sobre formación del Tribunal de Justicia, y señaló el C. Presi­ dente para su discusión el día de mañana, encargando su preferencia. Con lo que se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas).

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Sesión Secreta del día 7 En la Ciudad de Valladolid a siete de mayo de 1824. Verificada la Sesión secreta del Congreso, se dio principio por el asunto de diezmos sobre que se conferenció en las Sesiones anteriores, y el Ciudadano Presidente hizo ver la necesidad que se tenía de tomar en consideración este punto por tener datos ciertos de que el Cabildo Eclesiastico estaba haciéndose anticipaciones escandalosas respecto de sus indivi­­ duos, insinuando que se había dado al Dean una libranza de diez mil pesos para San Luis Potosí, con orden de pagarsele aunque fuese vendiendo frutos a cual­quier precio, y era de necesidad se llevase a efecto la providencia de ponerse un Inter­ven­ tor por conducto del Gobierno, así para prevenir y evitar los perjuicios que había indicado contra la Hacienda pública, como para arreglar lo que por este ramo per­ tenecía a la misma. Se leyeron en seguida los principales documentos que sobre el asunto había pedido el citado Presidente al Intendente, quien lo remitió hace algu­ nos días por enfermedad del Ciudadano Rayón al Ciudadano Jiménez como Vice– Presidente, y en seguida el Ciudadano Presidente hizo cinco proposiciones al efecto, que se tuvieron por de primera lectura; a continuación, por moción que hizo el Ciudadano Rayón y se discutió, declaró el Congreso que el secreto de las Sesio­nes que lo sean conforme al juramento que se ha prestado para este fin, se haga exten­ sivo aún respecto de los Diputados que no alistan, sobre los puntos que por acuer­ do del mismo se declaren reservados. Con lo que se concluyó la Sesión de éste día. Adición al acta de este día: Presentó la Comisión de los Ciudadanos Quevedo y Salgado, la representación sobre consulta al Soberano Congreso general en orden al Comandante general, que se le devolvió por acuerdo del Acta anterior para que la reformase conforme a las averiguaciones hechas, y leída de nuevo se hicie­ron otras,

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quedando acordado volviese a la misma Comisión con asociación del Ciudadano Lloreda, para que se presentase sin tardanza. –Leyó por primera vez el Ciuda­­ dano Salgado una proposición sobre que si del expediente que se forme de deuda de la Santa Iglesia a la Hacienda pública, resultasen implicados el Contador de diez­­ mos, u otros individuos que no sean del fuero eclesiastico, se suspendan inmediata­ ­mente y se forme causa hasta su sentencia por el tribunal que corresponde. José Salgado (Rubricado) Manuel González (Rubricado) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública del día 8 En la Ciudad de Valladolid a los ocho días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso, fue leída y aprobada el Acta del día 6 del corriente; lo fue asimismo la de la Sesión extraordinaria de ayer después de corregidas algunas expre­ siones inexactas que notaron los CC. Lejarza y Lloreda. –En seguida se dio cuenta con la felicitación del Ayuntamiento de Tacambaro, que se mandó contestar como es de estilo. –De conformidad con el dictamen de la Comisión de Peticiones, se deter­ ­minó devolverle al C. Ignacio Rubio la solicitud que hizo sobre destino en el ramo de Alcabalas para que ocurra al Gobierno; y que pasaran a la Comisión de Gober­­ nación el expediente en dos cuadernos que remitió el Soberano Congreso Consti­­ tuyente sobre quejas del Ayuntamiento de Los Reyes contra la Diputación que fue de esta Provincia; a la misma, unida a la de Constitución, otro de la referida Junta Provincial sobre arbitrios de los Ayuntamientos; y al Gobernador para que obre según sus facultades la orden del Supremo Poder Ejecutivo de 31 de marzo último por la que declara que el Gral. Dn. José Armijo debió reconocer los reclutas que se le remitieron de este Estado y desechar los inútiles, y que por consiguiente a los Cirujanos que los reconocieron aquí antes de enviados, debe hacérseles el cargo de los gastos que erogaron(2). –De la misma manera se mandó pasar a la Comisión de Gobernación la proposición de los CC. Lloreda, Salgado y Quevedo sobre arre­­ glo de teatro, y devolverles a los CC. Antonio de Haro, José Ma. Zepeda y Francisco Xavier Puelles para que dirijan a donde convenga los ocursos que hicieron preten­ diendo, el lo. el relato de Los Reyes, el 2o. la Administración de Alcabalas de Zita­­ cuaro y el último que se le declare Capitan de infantería retirado con goce de fuero y uniforme y se le de colocación en alguna plaza de Hacienda pública. –Igualmente se acordó que el oficio y recibos que acompaña el Ayuntamiento de Los Reyes sobre

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gastos de escuela, pasen al Gobierno para que disponga lo conveniente. –Dada la primera lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la consulta que hizo el C. Juez de Letras de esta Capital en orden a la distribución de comisos, y suspen­ dida la proposición del C. Morales sobre indulto hasta tener a la vista los decretos que hay en la materia expedidos por el Soberano Congreso general, se discutió lar­­ gamente el dictamen que presentaron los CC. Morales y Jiménez, individuos de la Comisión de Legislación y Justicia, sobre la formación del Tribunal de ésta, y quedó pendiente el exámen particular de los artículos para las siguientes Sesiones. Con lo que se levantó la de este día, a la una y cuarto. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 10 En la Ciudad de Valladolid a diez de mayo de 1824, abierta la Sesión extraordinaria del Congresos se leyó y aprobó el Acta anterior. Y sin embargo de haberse citado con el objeto de tratar únicamente el punto que esta pendiente sobre la destrucción que esta sufriendo la Milicia Cívica por la recluta que se hace de sus soldados para la Provincial, por economizar el tiempo, se dispuso que se diera cuenta con la corres­ ­pondencia, la cual se redujo sólo un oficio, de los Exmos. Sres. Secretarios del Soberano Congreso general, con que acompañaron una representación y documen­ ­tos de Dn. Pedro Romero y Dn. José Ma. Loyola, individuos del Ayuntamiento, de Tlalpujahua, sobré que se les conceda la gracia de continuar la recaudación de pilones para fomento de la escuela de primeras letras, y en su vista, se determinó que pasara a la Comisión de Gobernación. –Luego tomó la palabra el C. Presidente y dijo que el Regimiento No. 10 de caballería que salió antes de ayer contramar­­ chaba de orden del Supremo Poder Ejecutivo de la Federación a situarse otra vez en esta Ciudad, donde también se halla el Batallón de infantería del mismo número. Que el Comandante general le había comunicado esta noticia con el fin de que la pusiera en conocimiento del Honorable Congreso, por lo que importaba a sus determinaciones en orden a la Hacienda pública, cuyos fondos eran insuficientes y demásiado escasos para el socorro de ambos cuerpos y demás precisas atencio­­ nes del Estado. Con este motivo, y teniendo a la vista los documentos de la materia que se mandaron pedir al expresado Comandante, se acordó oficiar al Teniente Gobernador, para que imponiéndose, por un estado que pedira a la Intendencia, del presupuesto de los gastos que debe hacer esta tropa y la lista civil, haga presente en el correo de hoy al Supremo Gobierno el haber que se necesita para cubrir el deficit que necesariamente ha de notar, remitiendo para su mayor seguridad certifi­

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cado el pliego. –A continuación se leyó el dictamen de la Comisión de Guerra sobre el punto de Milicia Cívica, arriba indicado, y el oficio del C. Alcalde José Ma. San­ chez Arriola (que se mandó tener presente para esta discusión), la que verificada en lo general del dictamen, se procedió luego a la particular de sus artículos. Contro­ vertido suficientemente el primero, y resuelto que en el encabezado se ponga que se decretó provisionalmente, quedó aprobado en estos términos: 1o Los CC. que estuviesen alistados en la Milicia Cívica, y que acrediten cumplir con el servicio, haciéndolo por sí misinos, no podran serlo por fuera en los Cuerpos Provin­ ciales; salvando su voto en cuanto a la expresión, haciéndolo por sí mismos, los CC. Villaseñor y González; y en canto a la discusión de todos los artículos, el C. Pre­ sidente por considerar que este asunto debe pasar al Gobierno. –Leído el segundo que dice: Los que no estuvieren alistados, o estandolo no se presten a hacer el servicio que la Patria les exige, justificado que sea, podran ser compelidos a entrar en el sorteo que se hace en dichos cuerpos. Se suprimió por redundante, y ocupó su lugar el 3o. que fue aprobado, sin discusión, de esta manera: No seran impedidos de pasar a Provinciales los que pretendan hacerlo libremente. El 4o. quedó pen­ diente para la Sesión inmediata. Al levantarse la de hoy pidió el C. Pastor Morales qe se le concediera licencia para retirarse por ocho días a arreglar algunos asuntos suyos domésticos, y se determinó que lo hiciera por escrito, exponiendo la causa para proceder conforme al Reglamento. Con lo que se levantó la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 11 En la Ciudad de Valladolid a los once días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso fue leída y aprobada el Acta anterior, y en seguida se dio cuenta con un oficio del Gobierno en que avisa quedar enterado de lo dispuesto por el Honorable Congreso sobre que se le de conocimiento de todos los decretos, órde­ nes y resoluciones que expidan los Supremos Poderes de la Federación antes de publicarse a excepción de aquellos que ejecutivamente demandan esta solemnidad; y como añada que considera bastante para cumplir esta orden, pasaran inmediata­ mente a la Secretaría un ejemplar de aquellos documentos, sin que por esto se suspenda su impresión y publicación, respecto a que el Soberano Decreto de 19 de abril de 1822 hace responsable bajo la privación de empleo a todo funcionario público que recibiendo algún decreto u orden no le de cumplimiento dentro de tercero día(3), se acordó que pasara de toda preferencia a la Comisión de Goberna­ ción para que exponga su dictamen; acompañandole igualmente para que informe, otro en que transcribe la resolución del Supremo Poder Ejecutivo, comunicada por el Ministerio de Guerra, sobre que los Gobernadores de los Estados suspendan las propuestas de los oficiales provinciales, hasta que el Soberano Congreso resuelva la consulta que le tiene hecha en la materia; en cuyo trámite salvaron su voto los CC. Lejarza, Salgado y González. –Asimismo se determinó devolver al Gobernador el oficio del Alcalde de Apatzingan y documento a que se refiere sobre aumento de sueldo del Secretario de aquel Ayuntamiento, diciéndole que por ahora, y hasta que se dispongan reglas en la materia, puede resolver lo conveniente en cualquier asunto de esta naturaleza, y que se le conteste de enterado el de 10 del corriente en que traslada el oficio del Exmo. Sr. Ministro de Relaciones, contraído a que el Supremo Poder Ejecutivo, reclama y previene de nuevo el cumplimiento del Sobe­

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rano Decreto de 9 de marzo de 1822, que se repitió en 27 de abril, y en 9 y 22 de agosto del mismo año(4), en orden al número de ejemplares que deben exhibir los editores de papeles públicos conforme al Reglamento de Libertad de Imprenta. –A continuación se dio segunda lectura al dictamen de la Comisión de Policía, sobre Guardia del Congreso; a otro de la misma, unida con la de Hacienda, sobre arreglo de la Secretaría, a que se agregó el voto particular en la materia del C. Lejar­ za; a otro de las referidas Comisiones unidas sobre dietas de los CC. Diputados; y última­mente a otro de la Comisión de Hacienda sobre la consulta que hizo el C. Juez ele Letras de esta Ciudad en orden a la distribución de comisos. Y se señaló para la discusión del primero y tercero las primeras sesiones útiles; para el cuarto la del sabado próximo, y respecto del segundo se determinó que luego que se repartan los correspondientes ejemplares de sus artículos a los CC. Diputados, se fijara el día en que deba discutirse. –Por conclusión se leyeron por la primera vez dos propo­­ siciones del C. Villaseñor: la una, sobre que se declare inmediatamente cual es el tratamiento que corresponde al Gobernador del Estado; y la otra, sobre que se le pida al Teniente Gobernador un informe circunstanciado del estado en que se halla la Milicia Cívica; y otras dos del C. Salgado, relativa, la primera, a que con arre­ ­glo al artículo 16, punto 4o. del Acta Constitutiva, se provean por el Gobierno del Estado, a pro­puesta de los Jefes de oficinas particulares, los empleos de la Hacienda pública de él; y la segunda, a que corra sus trámites el Proyecto de Ley que presentó sobre homicidio y latrocinio, en virtud de no encontrarse en el Acta Constitutiva prohibi­ción expresa de que los Estados expidan las leyes que consideren saludables para lo interior de ellos, e inferirse mas bien lo contrario de los puntos primero y segundo del artículo 13 de dicha Acta; y habiendo mandado que corran todas los trámites de estilo, y que la 1a. del C. Villaseñor, por haberse declarado ejecutiva, se discuta el jueves inmediato, se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 11 En la Ciudad de Valladolid a once de mayo de 1824, verificando el Congreso la Sesión secreta de este día, se dio principio tomando en consideración una peti­­­ ción del Ciudadano Lejarza, reducida a que se declarase acerca de la proposición cuarta del dictamen que presentó la Comisión de Guerra sobre los reclamos del Coro­ ­­nel Camarillo contra el Alcalde Sanchez Arriola, respecto de los individuos de la Milicia Cívica que habían pasado forzados a la Provincial, con motivo de las razones que tuvo el mismo con el Ciudadano Quevedo, individuo de la Comisión, en el intermedio de la Sesión pública de hoy, a la secreta, y que hallandose dicha propo­ si­­ción separada del dictamen, pedía se declarase si era de toda la Comisión, o supo­si­ ción suya. Discutido el punto se mandó salir a dichos Ciudadanos Quevedo y Lejarza fuera del Salón; y habiendo vuelto a entrar, el Ciudadano Presidente les hizo saber dicha proposición, que el Congreso había recibido como de la Comisión dicha proposición, por haberse leído por el Ciudadano Lejarza a continuación de las otras, y antes de las firmas, sin haberse reclamado por parte de sus asociados, con lo que expresó él mismo estar satisfecho. Se leyó la exposición que hace por escrito el Ciudadano Morales para la licencia que solicita, conforme a lo resuelto en la Sesión pública de ayer se acordó concedersele por ocho días perentorlos contados desde el de su salida, cuya disposición se puso, para los Secretarios, al margen de la exposición para devolvérsela proveída. En seguida se pasó a tratar del asunto sobre diezmos; y el Ciudadano Presidente presentó las proposiciones que requiere el Acta anterior, a que se dio segunda lectura, y admitidas a discusión se dieron copias de ellas los Ciudadanos Diputados conforme a su contenido que es el siguiente: “Pido al Honorable Congreso se diga al Gobierno, que, por todos los medlos posibles evite las anticipaciones escandalosas que se ha llegado a entender hacen los Canó­­

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nigos del fondo o masa decimal”. Segunda: “Que se forme un expediente instruc­­ tivo de las anticipaciones que se hayan hecho, y formalidades con que se hayan entregado, no sólo a los Canónigos, sino también a los dependientes que llaman de Clavería, Haceduría y Contaduría de Diezmos”. Tercera: “Para que en lo sucesivo no se repitan semejantes abusos, se nombre interinamente un Contador de toda confianza, que sea conforme su instituto un Fiscal que avise al Gobierno de todos los excesos que advierta en la administración e inversión de los diezmos, formando los debidos cuadrantes, que entiendo no se han presentado desde el año de mil ocho­cientos dieciseis”. Cuarta: “En el expediente se haran los cargos que el Supremo Poder Ejecutivo hace a la Contaduría de Diezmos, y los mas que crean las Cajas deber hacer a aquella oficina”. Quinta: “Para este efecto se le remitiran al Gobierno los papeles que vinieron de la Intendencia para que sacando copia de los intere­ san­tes los devuelva a aquel Jefe para que obren en su despacho”. –Se determinó que dichas proposiciones pasen a la Comisión de Negocios Eclesiásticos y Hacienda unidas, y que por la Secretaría se les pasen todos los documentos que cita la propo­ ­sición quinta, con las formalidades de estilo. Preguntó el Ciudadano Rayón que se declarase lo que había de ser secreto de lo que se había tratado en la Sesión, y dicién­ ­dose que todo lo concerniente a diezmos se levantó la Sesión. José Salgado (Rubricado) DIP. Srio.DIP. Srio.

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Manuel González (Rubricado)

Sesión Pública del día 13 En la Ciudad de Valladolid a trece días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso, fue leída y aprobada el Acta anterior, y a continuación se leyó un oficio del Gobierno a que acompaña el Presupuesto que mandó el Ayuntamiento de Apatzingán, por orden de la Diputación Provincial que cesó, de los gastos que puede importar la edificación de la capilla del Pueblo de Parácuaro, y discutido el trámite que debía dársele, se acordó devolverlo al mismo Gobierno para que deter­ ­mine, lo que convenga. Con este motivo hizo proposición el C. González para que también se le pasaran los antecedentes que obren en el archivo que fue de la Dipu­tación Provincial, así respecto de este asunto, como de todos los demás que ocurran de igual naturaleza, y se mandó que la hiciera por escrito, para que corra los trámi­tes de Reglamento. –Se le dio segunda lectura a la del C. Villaseñor, sobre que se declare el tratamiento que debe tener el Gobernador del Estado; y habiendo pedido la palabra el C. Lloreda, expuso, que aunque en la segunda Sesión había opinado en contra de estas distinciones, procurando la igualdad conforme al sis­­ tema republi­­cano, la practica que había observado en los otros Estados, donde creía que hubie­­sen seguido la misma máxima liberal, le hacía reformar ahora su propo­ sición, con­viniendo por su parte, que en efecto se hiciese la declaración del tra­ tamiento del Gobernador, pero después de haber hecho la del que asimismo debe tener el Congreso, y sus individuos. Controvertido el punto sobre si se discutía la proposi­ción del C. Villaseñor, como esta prevenido en el Acta anterior, y admitida y man­­dada poner por escrito la del C. Lloreda, quedó por fin acordado que ambas, por ser correlativas, y demandar ejecución, pasen a la comisión especial encargada de arreglar los puntos de etiqueta. Y como en ella falten los CC. Chávez y Huarte, el primero por haberse retirado del Congreso, y el segundo porque se notaría

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que él mismo, estando de Presidente, indicara los honores y distinciones que le con­ venían, se reformó, quedando en lugar de estos individuos los CC. Rayón y Lloreda, y como individuo nato el C. Lejarza. –Dada cuenta con el oficio en que el Teniente Gobernador transcribe la contestación del C. Soravilla aceptando los 400 pesos en la manera que se le proponen, y ofreciendo que luego que los reciba se pondra en camino para esta Capital, pulsados los inconvenientes que hay para hacerle con prontitud la remisión del dinero, se acordó contestar de enterado, y que la respuesta pase a la Tesorería del Congreso con los antecedentes, avisando al mismo tiempo al Gobernador que disponga se entreguen al interesado los 200 pesos que se habían librado a favor del C. Macías. –Visto otro, a que acompaña una representación que hace el Alcalde que fue el año pasado del Pueblo de Paracho, solicitando que se le dis­ ­­pense el cargo que le resulta de 33 pesos 4 reales, correspondientes al ramo de con­­ tri­bución directa, por haber hecho uso de esta cantidad en pago del Preceptor de prime­ras letras, y no tener con que satisfacerla, se determinó que pase a la Comi­­­ sión de Hacienda, y que se le contesten de enterado los dos que remitió; acom­pa­­­ ñando en uno, copia del que contiene la renovación de oficios del Congreso General, y en el otro el Soberano Decreto sobre habilitación del Puerto de Huatulco(5). –Dada la primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación, respecto al punto que contiene el oficio del Teniente Gobernador, sobre que para cumplir con la orden que se le comunicó, a fin de que diera conocimiento al Honorable Congreso de todos los decretos, órdenes y resoluciones de los Supremos Poderes de la Federa­ ­ción, le bastaba pasar a la Secretaría un ejemplar de estos documentos, sin suspen­­­ der por eso su impresión y publicación. Se leyó el último artículo del dictamen de la de Guerra, sobre la destrucción que esta sufriendo la Milicia Cívica por la recluta que se hace de sus individuos para la Provincial, que dice: Siendo los principlos anteriores a la ejecución deben arreglarse al espíritu de estas proposiciones para reclamar los individuos que hayan pasado a los cuerpos Provinciales sin las cir­­­ cunstancias requeridas. Discutido suficientemente se reprobó, Salvando su voto los CC. Lloreda, Lejarza y Quevedo de la Comisión. Con lo que se levantó la Sesión pública a las doce del día para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 13 En la Ciudad de Valladolid a trece de mayo de 1824, se dio principio a la Sesión secreta del Congreso por la duda que se ofrece al Gobernador del Estado sobre el orden que ha de observarse en las Corporaciones y Autoridades al prestar ante el mismo el juramento de obediencia al Congreso, y se acordó decirle, que no pudiendo por la premura del tiempo darse una disposición formal en este punto, se haga por ahora este acto sin preferencia alguna, prestando el juramente por el orden en que los asistentes hayan ocupado sus asientos, salvando su voto él Ciuda­ ­­dano Rayón respecto del Cabildo Eclesiastico que decía deber ser el primero. Por moción del Ciudadano Presidente se acordó que en Sesión secreta se discuta el dictamen presentado sobre Secretaría por haber de tratarse de aptitud o falta de ella en los individuos que se coloquen, reservandose lo que se acuerde en este punto para la Sesión pública. Se dio primera lectura a una proposición del mismo Ciuda­­ dano Presidente sobre que se suplique al Soberano Congreso general tome en consi­ ­­deración, con preferencia, el punto que acordó el mismo quedase en una Comisión de su seno sobre si debe aplicarse a los Curas cierta parte de diezmos, eximiendo a los feligreses del pago de objeciones, haciendo esta petición en atención a las grandes utilidades que resultaran a los Pueblos de su resolución, insinuandole que los sen­­­ timientos de este Congreso estan en consonancia con los que indica el citado punto, y que celebrarían se extendiese su consideración al otro sobre si debe rebajarse a los labradores alguna parte del diezmo acostumbrado. –Se presentó por el Ciudadano Lloreda reformada la representación de consulta a dicho Soberano Congreso gene­ral acerca del Comandante general, y se mandó pasase a la Comisión especial que nom­ ­bró el Presidente de los Ciudadanos Jiménez y Villaseñor, para que examinada se pase a los Ciudadanos Secretarios para su remisión. Continuó tratandose acerca del

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asunto de diezmos, y como el Ciudadano Lloreda, Presidente de la Comisión encar­ gada de éste punto, manifestase haber necesidad de dilatarlo por embarazos que presentaba y otras razones que expuso, la que contestó en contrario el Ciuda­­ dano Presidente. Hizo moción el Ciudadano Salgado sobre si debía fijarse término para el despacho a las Comisiones en algunos asuntos que se les encargasen, advir­­ tiendo que así se practicaba en el Congreso de Jalisco, según tenía entendido y parecía en el orden. Se discutió el punto y habiéndose insistido en él por los Ciuda­ ­danos Jimé­nez y González, se pasó a votación que habiendo salido empatada con cinco votos por la afirmativa y otros tantos por la negativa, prosiguió la discu­­ sión, concluyén­dose con ofrecer la Comisión presentar su dictamen el martes dieci­ ­ocho, término que insinuó el Ciudadano Presidente y se tuvo por bastante. Se dio segunda lec­tura a la proposición del Ciudadano Salgado sobre suspensión de empleados que no tengan fuero en el Tribunal de Haceduría y demás formaciones de causa, y admitida se mandó pasar reservadamente a la Comisión de Justicia, con lo que se levantó la Sesión. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública Extraordinaria del día 14 En la Ciudad de Valladolid a los catorce días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión extraordinaria, que se citó este día, se leyó el Acta anterior, y habiéndose mandado que se insertara en ella el artículo desechado del dictamen de la Comi­­ sión de Guerra sobre los perjuicios que resultan a la Milicia Nacional por el alis­­­ tamiento de sus individuos en la Provincial, quedó aprobada en todas sus demás partes. –En seguida promovió el C. Lejarza que se discutiera el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la consulta del C. Juez de Letras de esta Ciudad, en orden a la distribución de comisos, y como pidiera también el C. Lloreda que se tratara sobre el de dietas de los CC. Diputados del Honorable Congreso, se deter­ minó proceder a la discusión en particular de sus respectivos artículos. Leído y controvertido el primero, se aprobó en estos términos: Art. 1º. –Las dietas de los Diputados serán de 1,800 pesos anuales a cada uno. –Discutido, asimismo, el segundo y puesto a votación, quedó aprobado de la manera siguiente: Art. 2o. –A los que tengan sueldo fijo por la Nación se les descontara este en sus ajustes; y en los de los Curas se rebajara lo que ellos mismos certifiquen percibir del producto de sus emolumentos. –Leído el tercero que dice: Los que tuvieren caudal propio para subsistir quedan libres para ceder el todo o la parte que quieran a favor del Erario, lo que se publicará para su satisfacción, se suprimió en fuerza de las razones que al efecto se alegaron y ocupó su lugar el cuarto, después de discutido y aprobado como sigue: Art. 3o. –El viático se abonara a razón de 3 pesos por legua, por venida y regreso, y en sus ajustes se rebajara lo que en cuenta de él hayan reci­ bido, que­dando pendientes los otros dos para la Sesión inmediata. Con lo que se levantó la pública de este día, a las doce, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta Extraordinaria del día 14 En la Ciudad de Valladolid a catorce de mayo de 1824, comenzada la Sesión secreta extraordinaria del Congreso, se dio principio con el objeto que la había motivado y fué el dar cuenta el Ciudadano Salgado con un Plan revolucionario que confiden­­­­ cialmente se le había remitido por el correo último, y que según parecía debía estallar en el mes actual, pidiendo no se le exigiese el nombre del que se lo había remitido, y añadiendo que, según le parecía, era dicho Plan, cubierto de algunos paliativos, el mismo que se había pensado verificar en Guadalajarara con asociación de México, como manifestaba el extracto del que se leyó, expresando que aquel Plan lo habían remitido a un militar amigo suyo, para que éste lo hiciese al General Negrete, y que dicho Plan, porque desde luego no había tenido mucha aceptación, se había variado en los términos que expresa el nuevo. Tomándose en consideración el asunto, y discutido suficientemente, se acordó que una Comisión que fué nombrada de los Ciudadanos Villaseñor y Salgado pasase de parte del Congreso a manifestar al Teniente Gobernador esta ocurrencia, excitando su celo para que sobre las medidas que le pareciera conveniente tomar, la avisase igualmente al Supremo Poder Ejecu­ ­tivo en los términos mas claros y sencillos por el correo de hoy, añadiendo que el Congreso de Michoacán está por el orden y no accede a plan alguno que lo altere; decidiéndose que no se enviase correo extraordinario por no dar lugar a movimien­ ­­tos o inquietudes sobre inquirirse la salida de él, con cuyo objeto se determinó igualmente que marchase la Comisión nombrada a cumplir su encargo, disolvién­­ dose la junta, con lo que concluyó la Sesión. –El extracto que cita esta Acta, es el que sigue a la letra: “Extracto de las bases que contenía la copia de un oficio firmado por Dn. Luis Quintanar fecha tantos de abril de mil ochocientos veinticuatro en Guada­lajara y son las siguientes: Primera. La conservación intacta de la Religión de

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Jesu­cristo; Segunda. La independencia que el Altísimo nos concedió por conducto del Héroe de Iguala. Tercera. Separación de todo mando a los europeos que los ocu­pan; castigo a los malos, aprecio a los buenos, y que nuestro verdadero Liber­ tador sea restituido al suelo donde vio la luz primera en los términos que la Nación lo estime conveniente”. Estas son las razones de dicho oficio. –Copia a la letra del segundo Plan recibido el doce de mayo de mil ochocientos veinticuatro, y remi­­­ tido con carta siete del mismo. “Extracto: Reconcentrar el poder interinamente en el Jefe que se ponga a la cabeza del Ejército que pronuncie este Plan; garanti­ ­zar la sobe­ranía incuestionable de los Estados; que estos nombren una asamblea denominada Convención que reforme el Acta Constitutiva y forme la Constitu­­­ ción; que los Estados, en virtud de una Ley que debe publicar la nueva Asamblea, elegirán el sujeto que se ha de encargar del Supremo mando de la Nación; que los mismos Estados elijan un Senado para que consulte con el Jefe Supremo; que éste con consulta de aquel, remueva, separe y destierre los Coyotes y Galli–Coyotes contra quienes hay sospechas de Borbonismo y desafecto a la Independencia; y que a los que viven pacíficamente entre nosotros, se les garanticen sus vidas y propie­dades”. Nada más. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública Extraordinaria del día 15 En la Ciudad de Valladolid a quince de mayo de 1824, reunido el Congreso del Estado se leyó y aprobó el Acta de la Sesión extraordinaria de ayer; y a continuación se dio cuenta con una instancia del C. Mariano González de Aragón, en que pretende entrar de meritorio en la Secretaría, y se mandó pasar a la Comisión de Policía. –Igualmente se determinó archivar con sus antecedentes, el oficio en que el Ayun­­­ tamiento de Los Reyes avisa no haber podido darle al Pueblo de Cotija los 200 pesos que ordenó la Diputación Provincial por las razones que expresa. –Dada la segunda lectura a la proposición de los CC. Villaseñor y González, sobre que el Gobernador informe del estado en que actualmente se halla la Milicia Cívica; a la del C. Salgado sobre que con arreglo al Art. 16, punto 4o., del Acta Constitutiva, se provean por el Gobernador del Estado, a propuesta de los Jefes de oficinas particu­ ­­­lares, los empleados de Hacienda pública(6); a otro del mismo sobre que corre sus trámites el Proyecto de Ley sobre homicidio y latrocinio, en virtud de no hallarse en el Acta Constitutiva prohibición expresa de que los Estados expidan las Leyes que consideren saludables para lo interior de ellos, sino más bien inferirse lo con­­­­ trario de los puntos 1o. y 2o. del Art. 13 de dicha Acta. Se acordó que la primera pasase a la Comisión de Gobernación; la segunda a la de Hacienda, y la tercera de preferencia, a la de Legislación y Justicia unidas. –En seguida, se leyó por la primera vez la proposición de los CC. Salgado y González, relativa a que se encargue a la comisión que corresponda, extienda de preferencia su dictamen acerca del Cuerpo consultivo que debe tener el Gobernador del Estado, número de individuos que deben componerlo, y sus atribuciones, con lo demás que le pertenezca. –Visto el ocurso del Ayuntamiento de Ucareo en que pretende el restablecimiento de su Mili­cia Cívica, para perseguir a los criminales, y conservar el orden interior de

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su territorio, se mandó pasar al Gobierno, para que conforme a los antecedentes y órdenes posteriores, provea lo que convenga. –Inmediatamente siguió la discusión de los artículos quinto y sexto del dictamen que presentó la Comisión de Hacienda unida con la de Policía, sobre dietas de los CC. Diputados del Honorable Congreso, y leído, y reformado el primero, quedó aprobado del modo siguiente: Art. 4o. –La asignación de estas dietas se contará desde el día en que se hubieren presen­­ tado con las credenciales correspondientes. Discutido ligeramente el último, se aprobó en estos términos: Art. 5o. –Esta asignación no podrá variarse en el tér­­ mino de un año. Mandando que por ahora no se publique este Decreto. –A conti­ ­­nuación se leyó el dictamen de la misma Comisión, sobre la consulta que hizo el C. Juez de Letras en orden a la ley que debía aplicar en la distribución de comisos de tabaco aprehendidos antes de publicarse la nueva pauta, y discutida suficiente­­­ mente la proposición en que concluye, se mandó devolver a la referida Comisión que la pidió para reformarla inmediatamente. –Entretanto, se leyó el artículo 1o. del otro dictamen de las Comisiones unidas de Legislación y Justicia, sobre forma­ ción del Tribunal de ésta; y como el C. Villaseñor tomó la palabra y expuso las razones en que se fundaba para reprobar, no sólo éste, sino todos los demás artícu­­ los que contiene, el Presidente de la Comisión pidió que se leyera el nuevo Plan que ya de antemano había presentado, para substituir el otro que retiró. Y leído, en efecto, sigue corriendo sus trámites. –Volvió la proposición sobre comisos que reformada dice: El Juez de Letras, en los expedientes de comisos de Tabaco, pro­­ cederá con arreglo a las leyes vigentes al tiempo de su aprehensión, y no a la nueva pauta. Y habiéndose discutido, se aprobó, salvando su voto el C. Huarte y Jiménez. Con lo que se levantó la Sesión pública a las doce, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 15 En la Ciudad de Valladolid a quince de mayo de 1824, se comenzó la Sesión secreta del Congreso por la lectura de las Actas reservadas de los días cuatro, cinco, siete, once, trece y catorce que fueron aprobadas y rubricadas según las adiciones que tienen. Se acordó, por moción del Ciudadano Presidente, que en las mocio­­nes o proposiciones que se hagan al verificarse alguna discusión, se anoten los nombres de los Ciudadanos Diputados que las hagan observándose esto en las Actas suce­­­ sivas; que en la de ayer se incluya copia del extracto del primer Plan que cita, y del segundo en su totalidad, según los leyó el Ciuadano Salgado. Habiendo tomado la palabra el Ciudadano Presidente, sobre que se acordase algún proyecto, a fin de que el Estado asegurase sus gastos particulares por la necesidad que se ofrecía al efecto, y fundó con razones que expuso, concluyó con que por la Comisión de Hacienda se formase un presupuesto del importe de dichos gastos sacado por un calculo aproximativo respecto a no poderse hacer con exactitud por no estar aún detalladas todas las dotaciones para, con tales noticias, pedir al Soberano Congreso general, que deje al Estado una parte de los ingresos que tiene para cubrir sus aten­ ciones; y después de una ligera discusión, se convino en lo expuesto, ofreciendo la Comisión presentar dicho presupuesto el jueves próximo veinte del corriente. En seguida la Comisión nombrada ayer para acercarse a hablar al Gobierno sobre el asunto que expresa el Acta dio cuenta del cumplimiento de su encargo, manifes­­ tando el Ciudadano Villaseñor, como individuo de ella, que conforme a lo tratado en la Sesión se había informado por menor al Teniente Gobernador de lo ocu­­ rrido, dejándole copia de ambos planes, y que contestó tomaría todas las medidas

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condu­centes respecto del Estado en lo interior, y pasaría los correspondientes infor­ ­mes al Supremo Gobierno de la Federación por el correo del día, a cuyo fin pidió al Ciudadano Salgado diese por escrito lo que le había manifestado de palabra, lo que verificó dicho Ciudadano Salgado según expuso. Se concluyó la Sesión. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública del día 18 En la Ciudad de Valladolid a los dieciocho días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó, y aprobó el Acta del día anterior, dando principio con la lectura de un oficio del Gobernador del Estado al que acompaña los Autos en dos cuadernos sobre devolución de las tierras de San Sebastián Tumbastatiro que le dirigió el Alcalde primero constitucional de Cuitzeo, y después de una ligera discusión que se suscitó sobre el curso que debía dárseles, se determinó que se reser­ ­­ven al conocimiento del Tribunal de Justicia, que esta para establecerse. –Se dio segunda lectura a la proposición del C. Lloreda en que pide al Honorable Congreso que teniendo en consideración el corto número de individuos que lo componen, acuerde que ningún asunto pase a Comisiones unidas, sino que cuando sea preciso, expongan su dictamen separdamente, y se mandó pasar a la Comisión de Policía. –A otra de los CC. Manuel González, y José Salgado, sobre que a la Comisión que corresponda, se encargue de preferencia extienda su dictamen acerca del Cuer­po consultivo que debe tener el Gobernador del Estado, número de individuos que deben componerlo, y sus atribuciones; quedó acordado pasara a la Comisión de Constitución. –Dada cuenta con un oficio del Secretario de la Diputación Provincial del Estado de las Tamaulipas, con los dos ejemplares que incluye del Manifiesto expedido por aquella Corporación, con motivo de las ocurrencias acaecidas en la Villa de San Carlos al irse a instalar la Legislatura de aquel Estado (7), se determinó se acuse el recibo y se ponga en una de las mesas de la Secretaría para que Los CC. Diputados que quieran instruirse de su contenido lo hagan. –Visto el dicta­­­ men de la Comisión de Gobernación relativo a la organización de la Milicia Cívica, quedó dispuesto se pida al Gobierno el informe al que se contrae. –Se dio segunda lectura al dictamen de la Comisión sobre formación del Tribunal de Justicia, y se

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mandó que por la Secretaría se saquen copias para repartir a los CC. Diputados, señalán­dose el sábado 22 del corriente para su discusión. –A otra de la Comisión de Gober­nación sobre que el Teniente de Gobernador de conocimiento de todos los decretos, órde­nes y resoluciones que expidan los Supremos Poderes de la Fede­­ ración antes de publicarse, y se dispuso que sacándose también copias por la Secreta­ ­­ría, señaló el mismo día para su discusión; y como en seguida pidiera el C. Manuel González que se fijara día para la del dictamen que presentó la Comisión de Peti­­­ ciones y Poli­cía sobre arreglo de la Secretaría, quedó acordado se verificara en la primera Sesión secreta. –Por proposición del C. Manuel Lloreda, se determinó que todos los expe­dientes en giro, pendientes de resolución que existen en la Secretaría que fue de la Diputación Provincial, se pasen al Gobierno para que les de curso a aquellos que estén en sus facultades, y los que no los devuelva con informe al Con­ ­­greso. –A conti­nuación expuso el C. Villaseñor que todos los asuntos relativos al Gobierno debían pasársele, y que no habiendo un inventario formal para saber los que tocan a su cono­cimiento, se hiciese por ahora de aquellos que están pendientes, ínterin se efectúa aquel. Exponiendo el C. Salgado conformarse en todo con sola la adición de que se proceda a su formación; y habiendo tomado la palabra el C. Pre­ ­sidente, dijo que no pudiendo menos de demorarse esta operación, le parecía conve­niente, que con firma del mismo Secretario y lista que quedara en la Secre­­ taría se entregaran todos los que se hallan pendientes entre tanto se hace el inventa­ ­­rio. –Por moción de los CC. Lloreda y Lejarza, se acordó que habiendo ofrecido el Supremo Gobierno de México, la impresión gratuita del análisis estadístico de este Estado (8), de que ofreció presentar documento, se le recordase esta oferta por con­ ­ducto del Gobierno. –Se dió primera lectura a un Proyecto de Ley que presentó el C. Lloreda para evitar los males que acarrea la embriaguez, y se mandó que corriera los trámites del Reglamento. Con lo que se levantó la Sesión pública a las doce del día para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 18 En la Ciudad de Valladolid a dieciocho de mayo de 1824, se comenzó la Sesión secreta del Congreso dando principio por la lectura del Acta del día quince que fué aprobada y rubricada según las adiciones que tiene. Y en seguida hizo moción el Ciudadano Presidente sobre que se represente por la Secretaría al Gobernador del Estado, para que éste lo haga al general de la Federación, patentizándole que con motivo a la orden que Su Alteza tiene dada para que con preferencia se satis­­­­ faga la lista del prest militar, no queda absolutamente nada para pago de la lista civil, y siendo comprendidos en ella los individuos del mismo Congreso, los que ocupan su Secretaría, y gastos de ella, se teme, con sobrado fundamento, que llegue el caso que la Representación del Estado se ponga en el de una nulidad escandalosa; que asimismo se diga que los establecimientos tan consecuentes como útiles, e indis­ ­­­pensables a la forma de gobierno adoptada, no se pueden llevar a efecto, ni se tiene valor por el Congreso para establecerlos porque no se sabe de dónde serán satis­­ fe­chas las dotaciones de sus individuos; cuya moción fue ampliada por los Ciudada­ ­nos Villaseñor, Lloreda, Lejarza, Rayón y el mismo Ciudadano Presidente; quedó acordado se verificase así. En consecuencia del punto anterior, se formó discusión por los mismos Ciudadanos sobre que convendría que la Comisión de Hacienda abriese dictamen sobre las Rentas generales de la Federación, y las particulares del Estado, proponiéndose, que, o bien se diese a aquellas el sobrante de los ingresos que hay, o se pidiese una parte, o señalándose al Estado su respectivo contingente se le dejase la libre administración de sus Rentas en general, representándose en este caso, sobre el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso general, según propuso el Ciudadano González, y apoyó el Ciudadano Rayón, y tratándose finalmente cómo se debía hacer la solicitud para lograr el fin de que el Estado cuente

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con seguridad por los gastos interiores de él, se acordó lo hiciese la Comisión del mejor modo, y conforme a lo que se había hablado en esta discusión. El Ciudadano Presidente hizo moción para que se tratase algo del importante asunto de deuda decimal en favor de la Hacienda pública, en cuya virtud tomó la palabra el Ciu­­­ dadano Lloreda, y en un largo discurso manifestó la gravedad del asunto, sus impli­ ­caciones, consecuencias, delicadeza, dificultades y temores para salir con honor en el particular, concluyendo con proponer que el asunto tendría mejor éxito tratán­­ dolo por unos medlos suaves, y entrando en una conciliación, a lo que fué contestado por el Ciudadano Presidente, que cualquiera que fuese el modo de pensar de la Comisión a que había pasado el asunto, y de que era Presidente el Ciudadano Llo­reda, que lo expusiera en su dictamen. Se dio segunda lectura a la proposición del Ciudadano Presidente sobre que se suplique a la Asamblea general, tome en consi­deración el importante asunto de que a los Curas se les de una parte de los diezmos para su sostensión, con el fin de eximir a sus feligreses de lo que se ha llamado Derechos Parroquiales. Se admitió a discusión y se mandó pasar a la Comi­ ­­sión de Negocios Eclesiásticos. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública del día 20 En la Ciudad de Valladolid a los veinte días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso, fue leída y aprobada el Acta anterior. –En seguida se dio cuenta con la felicitación del Sr. Diputado en el Congreso general D. José María Izazaga, que se mandó contestar, usando de los mismos términos que con los otros Sres. sus compañeros. –Visto luego un oficio del Ministerio de Guerra y Marina, que con­­ tiene la recomendación que hace el Supremo Poder Ejecutivo de D. Agustín Hidalgo y Costilla, para que en retribución de los servicios que tiene alegados se le coloque en alguna de las plazas de Hacienda pública, se determinó contestar de enterado, y que al Teniente Gobernador se traslade para cuando ocurra el interesado, conser­ ­­vando el original en el archivo de esta Secretaría. –Igualmente se leyó un oficio del Gobierno del Estado, en que con fecha 19 del corriente, compaña copia del Sobe­­­ rano Decreto dirigido por aquel Ministerio, sobre arreglo de batallones (9); otro de la misma fecha sobre la resolución del Soberano Poder Ejecutivo, comunicada por el de Relaciones, en orden a que vuelva a encargarse de su despacho el Sr. Dn. Lucas Alamán; y, por último, otro con que dirige 15 ejemplares del Decreto No. 8(10) del Honorable Congreso sobre el modo en que pueden ser, o no, listados en la Milicia Provincial los individuos de la Nacional. –Se leyó después el dictamen de la Comi­­­ sión de Policía sobre el ocurso del C. Mariano Aragón, pretendiendo se le admita de meritorio en la Secretaría, y se reservó para la Sesión secreta. –Asimismo, se leyó por primera vez, otro dictamen que presentaron las Comisiones unidas de Legisla­­ ción y Constitución, en orden a la proposición del C. Lejarza sobre renovación de Ayuntamientos, y el Plan del C. Presidente sobre establecimiento del Tri­bu­ ­­nal de primera instancia. Siguen corriendo sus trámites. –A continuación leyó el C. Lloreda las proposiciones que se hicieron en el Congreso particular de México,

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para que todos los expedientes en giro que existían en la Secretaría que había sido de la Diputación Provincial, pasaran al conocimiento del Gobierno, llevando en esto el fin de acreditar, como lo había ofrecido, que la que hizo en la Sesión ante­ rior sobre el mismo asunto, era conforme en todo a aquella, y que no había padecido la equivocación que le notaron. –En virtud de no haber ocurrido otra cosa con que dar cuenta, se determinó proceder a la discusión del dictamen sobre el conocimiento que debe dar el Gobernador del Estado al Honorable Congreso de todos los decre­ ­­tos y órdenes que reciba de los Supremos Poderes de la Federación, y antes de comenzar hizo proposición el mismo C. Lloreda, para que, aunque se discu­­ tie­ran algunos Negocios de gravedad e importancia no estando presentes todos los CC. Diputados, su votación no se verificara, sino cuando se hallaran reunidos por lo menos nueve, que forman las tres cuartas partes de su número total, y siguió el exámen del dictamen en general, que declarado suficientemente controvertido, se pasó al particular, dando principio por la lectura del primer artículo o proposición, en Cuyo acto se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. –Al prin­ ­­­­cipio de ésta presentó el C. Lejarza un oficio del C. Comandante general del Estado en que le encarga el mando militar del mismo, por corresponderle en su ausencia (11), previo el consentimiento del Congreso, y discutido suficientemente el punto, se acordó, que en atención al corto número de Diputados, se exima de este encargo al C. Lejarza, pasando al que toque, según la escala, y se halle expedito para ejercerlo, cuyo acuerdo se dispuso que como una adición se agregara al Acta pública. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 20 En la Ciudad de Valladolid a veinte de mayo de 1824, se abrió la Sesión secreta del Congreso dando principio por la lectura del Acta del día dieciocho, la que fue apro­ ­­­bada y rubricada con las adiciones que tiene; y en seguida hizo moción el Ciuda­­­­ dano Presidente preguntando si la contestación que se expresa en el Acta sobre falta de recursos pecuniarlos para la sostensión del Congreso y establecimiento de los demás Poderes, si se había pasado al Gobernador, mas como fue contes­tado por los Ciudadanos Secretarios, que el no haberse verificado fue porque, tenien­­do que ir por el correo del viernes, se había reservado para hoy, lo que fué motivo para que por algunos de los Ciudadanos Representantes se hablase algo sobre la misma, y lo que dio motivo para que el Ciudadano Secretario Salgado, hubiese presentado una minuta de dicha contestación, la que fue aprobada con ciertas y cortas variacio­nes que se le hicieron. –En seguida leyó el Ciudadano Secretario de la Comisión de Hacienda, un dictamen de la misma sobre la deuda decimal a la de Hacienda pública; el Ciudadano Villaseñor su voto particular como individuo de la misma, y a ambos documentos se les dio la denominación de primera lectura. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) DIP. Srio. DIP. Srio.

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Sesión Pública del día 22 En la Ciudad de Valladolid a veintidós de mayó de 1824, abierta la Sesión del Con­ ­greso, fue leída y aprobada el Acta anterior. A continuación se dio cuenta con un oficio en que el Gobierno acompaña un ocurso hecho por el C. Mariano Tercero, relativo a que se le declare Abogado, y se mandó pasar a la Comisión de Legislación y Justicia, así como también a esta última el proyecto de Ley que presentó el C. Llo­ ­­reda sobre medidas para contener la embriaguez. –Leída una proposición de los CC. González y Salgado, sobre que se requiera a los Ayuntamientos que aún no han dado la noticia que les pidió la Diputación Provincial en orden el estado actual en que se hallan sus bienes de Comunidad, y considerada como de trámite, se deter­ ­­minó pasara a la Comisión especial encargada de este ramo; y que se excite al Gobierno, según piden en otra los mismos CC, para que conforme a sus faculta­des, exija responsabilidad a los Ayuntamientos en el cumplimiento de órdenes que se les libren y comisiones que se les encarguen, por la indolencia que hasta ahora se observa en estos Cuerpos. –Habiendo manifestado el C. Presidente que la Caja de esta Ciudad deseaba saber la voluntad del H. Congrego, respecto, del pago de las dietas que se adeudan a los representantes del Estado en el Congreso gene­ ral, se mandó que se hiciera proposición y corriera sus trámites. –Inmediatamente se leyó el Plan sobre establecimiento del Tribunal de Justicia, cuyo exámen estaba reservado para esta Sesión y retirados por los CC. Lejarza y Salgado, los que también habían presentado en lo particular sobre el mismo asunto, se procedió a la discusión en general. Concluida ésta, que rodó igualmente sobre el primero que había presentado la Comisión, se preguntó, si la Audiencia ha de constar de dos Salas compuestas de seis individuos permanentes dotados del fondo público, o de menos se declaró la votación por lo primero, a excepción del C. Huarte, que salvó

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su voto respecto de la permanencia y duración en general, y se mandó volver a la Comisión para que reformando los artículos consultara el modo con que debían formarse las dos Salas con los seis individuos dichos, y diera cuenta en la Sesión extraordinaria del lunes próximo que se citó con este objeto. –Por último pidió el C. Lloreda que para abreviar este negocio, y dejarlo concluido en todas sus partes en la misma Sesión extraordinaria del lunes, se nombrara una Comisión especial que expusiera su dictamen, sobre si el nombramiento de los individuos que han de formar el referido Tribunal de Justica, lo ha de hacer el H. Congreso o el Gobierno, y habiéndose diferido su solictud, se señalaron para componer la Comisión los CC. Villaseñor, Jiménez y Morales. Y se levantó la Sesión pública a las doce, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 22 En la Ciudad de Valladolid a veitidós de mayo de 1824, abierta la Sesión secreta ordinaria del Congreso del Estado, comenzó ésta leyendo el Acta del día veinte de éste, la que fue aprobada y rubricada; y en seguida propuso el Ciudadano Pre­­ si­dente que se entraría en discusión del Reglamento de la Secretaría del Con­­ greso; mas el Ciudadano Lloreda recomendó el dictamen sobre la deuda deci­­ mal, pidien­do se le diese segunda lectura en virtud de su importancia, lo que así verificado, se señalo por el Señor Presidente para su discusión el martes próximo. En seguida puso a discusión el Ciudadano Presidente el dictamen de la Comisión de Policía en la solictud del Ciudadano Aragón, pretendiendo se admita de merito­ ­rio en la Secre­taría del Congreso, y de la que resultó que se reserve para cuando se trate en lo general el punto de si se admiten o no meritorlos en dicha Secretaría. El Ciudadano Lejarza pidió que se discutiese el Reglamento de Secretaría, y yendo a hacerse, pidió el mismo Ciudadano la palabra con el objeto de recomendar la colocación en la misma del Sr. Diputado al Congreso general Cabrera, lo que veri­­ ficó apoyán­dolo en varias y fundadas razones, como el haber perdido su destino en la Clavería, por admitir el que le hizo la Diputación Provincial, sus servicios al Estado, sus luces, etc. Y sobre lo que nada se resolvió. Hizo moción al Ciudadano Lloreda para que no se tuviesen tan frecuentes Sesiones secretas, porque el Pueblo podría extrañarlo, y además no eran muy análogas al sistema republicano, y sobre lo que nada se resol­­vió, levantándose la Sesión a la una de la tarde. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública Extraordinaria del día 24 En la Ciudad de Valladolid a los veinticuatro días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión Extraordinaria del Congreso fue leída el Acta anterior; y sin embargo de haber reclamado el C. Lloreda la generalidad con que se habla en ella de la poca energía de los Ayuntamientos en el cumplimiento de sus obligaciones, creyendo que sólo se hablaba de algunos, se aprobó por estar su redacción conforme en todo a la proposición que trata de la materia, salvando su voto el mismo Ciudadano. –Inme­­dia­ ­tamente se leyó el Plan que presentó la Comisión sobre los seis Ministros per­ma­nen­­­tes que han de formar el Tribunal de Justicia. Leído y controvertido suficien­temente, el primer artículo quedó aprobado en estos términos: Art. 1o. Constará este Tribunal de seis Ministros y un Fiscal, todos Letrados, con la dotación que les asignare la Ley. –Leído igualmente el segundo que dice: Será su Presidente uno de los mismos Ministros, por turno o elección mensal, según lo establezca. Y puesto a dis­cusión fue aprobado, suprimiéndose la palabra mensal, que susti­tuyó la periódica, y aña­ diendo después de establezca, su reglamento interior. Quedó por fin redac­­tado el artículo del modo siguiente: Art. 2o. Será su Presidente uno de los mismos Minis­ tros, por turno o elección periódica, según lo establezca su Reglamento interior. –Después de discutido el tercero y redactado de nuevo por su confusión, fue apro­ bado de esta manera: Art. 3o. Los seis Ministros se distribui­rán en dos Salas, tres en cada una. –Leído y examinado el cuarto se determinó dividir en dos artículos, para su mayor claridad, la materia que contenía; y redac­tado en efecto uno de ellos, quedó aprobado en estos términos: Art. 4o. Cualquiera de las dos Salas conocerá indistintamente de todos los asuntos, así Civiles como Criminales, en segunda o tercera instancia. –Igualmente lo fue el otro que dice: Art. 5o. Ninguno de los Ministros que haya conocido en una causa de segunda instancia, conocerá

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de la misma en la tercera. El cual ocupó el lugar del quinto que había presentado la Comisión, y fue desechado por redundante. –Se leyó por último el sexto que dice: Habrá en cada Sala un Escribano de Cámara nombrado por el Congreso a pro­puesta del Tribunal. Puesto a discusión se suprimieron sus dos últimas partes; y habiéndole substituido las palabras siguientes: con la dotación que le asigne la Ley, se hizo moción sobre los Relatores que debía tener también el Tribunal, y quedó pendiente su resolución por haberse levantado la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 25 En la Ciudad de Valladolid a los veinticinco días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión extraordinaria del Congreso con la lectura del Acta anterior, que fue apro­ bada, se dio cuenta con un oficio del Teniente Gobernador en que avisa quedar impuesto de exigir responsabilidad a los Ayuntamientos que falten al cumplimiento de las órdenes que se les libren, y comisiones que se les encarguen; y como al mismo tiempo manifieste que él no haber tomado desde antes providencia alguna contra varios de estos Cuerpos, como con el de Tacámbaro que positivamente le ha desobe­ ­decido, haya sido por no estar demarcadas sus atribuciones, se suscitó una larga dis­­­ cusión en orden a los términos en que se le debía contestar sobre este punto. Después de varios debates se determinó que se trajera el Acta del Congreso del Estado de México, para resolver en su vista, si se usaba, como pidió el C. González, de las expresiones que contenía un artículo de ella relativo al mismo asunto. Entre­ ­­tanto se leyó otro oficio del Gobierno a que acompaña los ocursos que hicieron los CC Honorato Muñatones y Juan Miguel de Urrizola, pretendiendo formar contrata con el Estado para la elaboración de polvos y rapés; discutido el trámite que debía dársele, pasaron a la Comisión de Hacienda, y siguió la lectura del artículo del Acta arriba insinuado, sobre el cual hubo una ligera discusión, y se aprobó con excepción del C. Rayón que por considerar este asunto digno de un exámen mas detenido, salvó su voto; quedando por consecuencia acordado que al Teniente Gobernador se le diga “que sus facultades en el Estado serán las ordinarias que ejerce actualmente el Supremo Poder Ejecutivo en toda la Federación, y no se le reser­ ­­van exclusivamente en el Acta Constitutiva”. –Leído otro con que el mismo Gobierno remite una representación del C. Agustín de Celis, sobre que se le confirme en la clase de Teniente retirado con sólo el goce de fuero y uso de uniforme, se mandó

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que ésta vuelva al interesado por el mismo conducto para que ocurra donde con­­ venga. –En seguida se dio primera lectura al dictamen sobre el nombramiento de los Ministros del Tribunal de Justicia, que presentó la Comisión especial formada para consultar en la materia. –Asimismo, a otro sobre el tratamiento, honores y eti­queta que deben observarse con los Poderes Superiores del Estado. –Y por último a otra de la Comisión de Hacienda sobre el perdón que impetra el C. José Ma. Queré de treinta y tres pesos, cuatro reales, que siendo Alcalde de Paracho en el año pasado tomó del dinero de contribución directa para la enseñanza de los niños de dicho Pueblo. –A continuación se leyó por segunda vez el Plan del C. Presidente sobre el establecimiento del Tribunal de Justicia en primera instancia, y admitido a discu­sión pasó a la Comisión de Legislación y Justicia. –Y un dictamen de la Comi­ ­sión de Gobernación sobre nuevas elecciones de Ayuntamientos. Con este motivo tomó la palabra el C. Lloreda y expuso que aunque había sido uno de los que fir­­ maron la proposición sobre que versa el dictamen, por evitar las siniestras interpre­ ­taciones que le daban a la buena intención con que lo había hecho, ya que no podía retirar su proposición y que la Comisión consultaba en contrario sentido, repro­ baba aquella y se adhería a esta opinión, haciendo el sacrificio de la suya, que él antes había sentado, en obsequio del buen nombre del Congreso en general y de sus individuos en particular; lo mismo expuso el C. Quevedo, y aunque el primero concluyó pidiendo que inmediatamente se examinara el dictamen, se le reservó su discusión para la primera Sesión útil por indicación del C. Lejarza. –Dada cuenta con el oficio en que el Honorable Congreso del Estado de Veracruz comunica su instalación, se mandó contestar como es de estilo. –Por último se leyó el artículo sexto que quedó pendiente en el Acta anterior sobre los seis Ministros permanentes que deben formar el Tribunal de Justicia; y al comenzar su discusión se levantó la Sesión pública a las doce, para entrar en secreta. (Tres medias, firmas)

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Sesión Secreta del día 25 En la Ciudad de Valladolid a veinticinco de mayo de 1824, abierta la Sesión secreta y leída el Acta del día veintidós de éste, se aprobó y rubricó como es de estilo. En seguida se leyó el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre deuda decimal en favor de la Hacienda pública, y el voto particular de su individuo, Ciudadano Villa­ se­­ñor en el mismo asunto. A continuación pidió la palabra del Ciudadano Presidente, quien explayó, con varias razones, los puntos de su proposición que provocó dicho dictamen, refutando al mismo tiempo las en que lo fundó la Comisión, conclu­yen­do con que reprobaba el sentir de dicha Comisión. El Ciudadano Pastor Morales habló en seguida ampliando la opinión del Ciudadano Presidente, y fundándola especialmente en la posesión en que ha estado la Hacienda pública de percibir los novenos vacantes, etc., de que provenía la anunciada deuda, concluyendo con que se debía promover el cobro por el camino que la Ley le marcaba. En seguida tomó la palabra el Ciudadano Villaseñor explayando las razones en que había fundado su voto particular dando otras nuevas, y concluyendo con que se debía llevar a efecto el citado cobro. El Ciudadano Rayón habló en favor del dictamen de la Comisión; dijo que el Concilio de Trento traía expresa prohibición para que la potestad secular no se entrometiera en materia de diezmos, concluyendo con que si no era por unos medios de conciliación no podía hacerse dicho cobro por otro camino. Le fue con­ testado por el Ciudadano Presidente, que a la decisión tridentina que había citado, no se le había dado pase por el Gobierno español, como así lo acreditaba la Orde­­ nanza de Intendentes. Habló el Ciudadano Jiménez diciendo que si los novenos y vacan­­tes no tocaban a la Hacienda pública ¿a quién pertenecían? Volvió a hablar el Ciu­­dadano Pastor Morales ampliando mas lo que antes había dicho, y repitiendo e instando la posesión en que ha estado y esta la Hacienda pública para percibir las

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cantidades de que se trata. El Ciudadano Rayón dijo: que las Iglesias Catedra­ ­les estaban en posesión de no pagar tales deudas como se entendía de lo que a ésta se le demandaba. El Ciudadano Villaseñor volvió a hablar deduciendo la opinión de que los diezmos eran bienes espirituales, y manifestando el origen de ellos, su aplicación y abusos. El Ciudadano Rayón insistió en que la potestad secular no podía mezclarse en diezmos si no era ocurriendo a la Silla Apostólica; le fué contestado por el Ciudadano Presidente, que ese ocurso sería tardado y difícil, y además no estaba en las facultades de los Estados, y que en la Soberanía del Estado sobraban facultades para hacer dicho cobro. En este estado se advirtió ser la una de la tarde, hora en que se acostumbra levantarse la Sesión, y con este motivo pidió el Ciudadano González se declarase que continuara la Sesión por permitirlas el Reglamento provisional hasta de dos horas y sólo una había pasado; lo apoyó el Ciudadano Salgado expresando que la discusión iba ya avanzada, y habiéndose votado de conformidad con lo pedido, tomó la palabra el Ciudadano Lloreda, dio varias razones en favor del dictamen de la Comisión, concluyendo con que para hacer el cobro que se trataba a la Catedral, era necesario que se declarase antes, que el Patronato de las Iglesias estaba en la Soberanía de la Nación. Le fué contestado por los Ciudadanos Presidente, Pastor y Villaseñor, que el asunto que se trataba no era del que tocaba a la naturaleza intrínseca del Patronato, pues sólo era de unos derechos que de inmemorial tiempo habían estado en posesión de percibirlos los Reyes de España, después la Nación cuando este Gobierno se hizo Constitucio­ ­­­nal, y ahora la nuestra independida de la española. Volvió a hablar el Ciudadano Lloreda concluyendo con que suponiéndose la deuda que se demanda en favor del Rey de España, de este modo sí se podía tomar conocimiento en ella por vía de represalia. Contestó el Ciudadano Villaseñor, que toquen a quien se quiera los dine­ ­­ros de que se trata, en ningún caso lo es a los Canónigos, y por consiguiente deben entrar en Cajas, aún cuando fuera bajo el crédito de la Nación, para después ente­ rarlo a quien corresponda. Hablaron los, Ciudadanos Presidente, Villaseñor, Gon­ zález y Pastor en contra del dictamen, y a favor los Ciudadanos Rayón, Lloreda y Lejarza, el primero, cuarto, quinto y sexto, y del segundo, tercero y séptimo, y des­­ pués de una discusión larga se preguntó al Congreso si el punto estaba suficien­­­­ temente discutido, y la mayoría se decidió por la afirmativa, desechando el dicta­­ men de la Comisión. Luego entró la duda de que modo y bajo que voces se hacía la excitación al Gobierno, y, después de una ligera discusión, se acordó que en subs­­­­­ tancia se le explicara el concepto bajo los términos siguientes: “Que se excite al Gobierno para que por los medlos mas conformes a las Leyes vigentes (teniendo presente el de Interventor) cobre del Cabildo Eclesiástico de esta Santa Iglesia las cantidades que han debido y debieren entrar en Cajas Nacionales de la parte a que estas les corresponde en la masa decimal”; lo que preguntado el Congreso se votó por la mayoría afirmativamente, salvando sus votos los Ciudadanos Rayón, Lloreda, Lejarza, Quevedo y Menéndez, expresando, además, que reprobaban la resolución. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 26 En la Ciudad de Valladolid a los veintiséis días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior, y en seguida se dio cuenta con un oficio del Gobierno a que acompaña una representación del Licenciado Dn. Francisco Menocal y otros documentos con que acredita los quebrantos y deméritos que han pasado sus fincas en el tiempo de la revolución, solicitando por esta causa y varias razones que alega, la remisión de los réditos vencidos, y rebaja de los futuros en los términos que propone, y se mandó pasar a la Comisión de Legis­­ lación. –Asimismo, a la de Constitución un oficio del Augusto Congreso de Mérida, y un ejemplar del dictamen que acompaña sobre las observaciones que le ha parecido deber hacer en orden a algunos artículos del Acta Constitutiva; acusando antes el correspondiente recibo. –Igualmente se mandaron archivar otros dos oficios de las Exmas. Diputaciones de los Estados de Chihuahua y las Tamaulipas, en que acusan el recibo de la noticia que se les comunicó de haberse instalado este Hono­­­ rable Congreso. –A petición del C. Lejarza, se determinó, que por la Secretaría se pasara a la Comisión de Relaciones una nota de todas las contestaciones que ha habido con los Estados de la Federación. –Visto después el oficio en que los veci­­ nos de la Coahuayana se quejan del Administrador de Alcabalas de Colima, y piden se agregue su Receptoría a dicha Administración, y ésta a este Estado, donde corres­ ­ponde, se resolvió que pasara al Gobierno con los antecedentes, si los hubiere, para que le dé el giro que convenga, o si debe volver al Congreso le informe en el particu­ ­­lar. –De la misma manera el ocurso hecho por Honorato García en que solicita, a nombre de los Naturales del Pueblo de Etucuarillo, que se les den las seiscientas varas de tierra que les corresponden por cada viento, según Ordenanza, o que se les deje en posesión de las que tenían y les despojó el Ayuntamiento de Ario. –A conti­

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­ uación se leyeron los cinco primeros artículos aprobados para la formación del n Tribunal de Justicia, y examinado el sexto que estaba pendiente, se aprobó de esta manera: Art. 6o. Habrá en cada Sala un Escribano de Cámara con la dotación que le asigne la Ley. –Tratandose después de los Relatores que debe tener también el Tribunal, según se indicó en la última Acta, se determinó otro artículo que, discu­ ­­tido y aprobado, se concibió en estos términos: Art. 7o. Los mismos Escribanos harán por ahora veces de Relatores en una y otra instancia; quedando de octavo el séptimo del dictamen, que fue aprobado del modo siguien­te: Art. 8o. Las atribu­ ­­ciones y arreglo del Tribunal serán según se prescribe en la Constitución, y el Decreto de esta materia, en los artículos que no se opongan al actual sistema, ni a las Leyes posteriores, y que sean adaptables a la planta que queda propuesta. –Inmediatamente tomó la palabra el C. Villaseñor, y mani­festó, que a su parecer el Decreto aún no estaba completo, y que para perfeccionar­lo necesitaba algunas adi­ciones; a cuyo efecto presentó dos proposiciones; la una, comprensiva de cuatro artículos, y la otra de uno, contraído éste a que si por la escasez de Letrados no pudiese establecerse pronto el Tribunal de que se trata, en la totalidad de Ministros de que debe componerse conforme a esta nueva Ley, se formara, por lo menos, con arreglo a ella una Sala de Segunda Instancia; y habiéndose mandado que la primera corriera sus trámites, se declaró la segunda por del momento; y discutida suficiente­ ­­mente resultó aprobado el siguiente artículo: Art. 9o. Luego que se presenten los Ministros suficientes para la formación de una Sala, se establecerá ésta. Por último se leyeron las proposiciones que sobre la mate­ria contiene el dictamen de la Comi­­­ sión en la parte expositiva, y se levantó la Sesión a las doce y media. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 29 En la Ciudad de Valladolid a los veintinueve días del mes de mayo de 1824, abierta la Sesión del Congreso se leyó y aprobó el Acta anterior. Luego se dio segunda lectura a los dictámenes siguientes: 1o. Sobre el nombramiento de los Ministros para el Tribunal de Justicia. 2o. Sobre tratamiento, honores y etiqueta de los Supre­ ­­mos Poderes del Estado. 3o. Sobre el perdón que impetra Queré del dinero que tomó de la contribución directa para la enseñanza de los niños del Pueblo de Paracho, y se señaló el martes próximo para la discusión de los tres por el orden que van anotados. –Después se leyó por primera vez otro de la Comisión de Hacienda sobre la dotación que deben tener aquellos Ministros, y sigue corriendo sus trámites. –Inme­diatamente se procedió a la discusión de los artículos pendientes para la formación del referido Tribunal, y se le dio la segunda lectura a la proposición del C. Villase­ñor que contenía las adiciones que, según se dijo en el Acta anterior, consideró debían hacérsele al Decreto de la materia, y a petición del mismo propo­ ­­nente quedó desechada. A consecuencia se leyeron otras adiciones que presentó la Comi­sión que ha consultado en este asunto, así como también las proposiciones que sentó en la parte expositiva de su dictamen. Con este motivo pidió la palabra el C. Lloreda, y dijo: que si de esta manera se seguían admitiendo proposiciones y discutiéndose adiciones para el citado Decreto, jamás se terminaría. Que en su opi­ ­­nión hoy debía quedar concluida la planta, agregándole únicamente el artículo que ya se había aprobado desde antes, sobre que el Tribunal formara su Reglamento interior y lo presentara al Congreso para su aprobación. El C. Villaseñor, aunque discurrió de la misma manera, añadió otras reflexiones que suscitaron una larga dis­ ­­­cusión, la que cesó, conviniendo todos, por último, en que el Decreto concluyera con el artículo que indicó el C. Lloreda redactado y aprobado en estos términos:

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Art. 10o. El Tribunal formará su Reglamento interior y lo presentará al Congreso para su aprobación por conducto del Gobierno, sujetándose entretanto a la prác­­­tica observada en la Audiencia de México. Y variándose la numeración de los antecedentes, comenzaron, según pidió el C. González, con el siguiente: Art. 1o. Este Tribunal se denominará Audiencia del Estado libre y Soberano de Michoacán. En cuyo Estado se mandó pasar al Gobierno para su impresión y circu­lación. –Habiendo expuesto el C. González que las proposiciones contenidas en la parte expositiva del dictamen de la Comisión estaban aún pendientes, se mandó leer la primera que a la letra es como sigue: Que se redacten los artículos pertinen­tes de la Constitución y del Decreto sobre arreglo de Tribunales. Y admitida y aprobada se leyó la segunda concebida en estos términos: Que se suspendan o modifi­­ quen por ahora aquellos artículos que en todo o en parte no sean compatibles con las circunstancias en que se halla el Estado. La cual, anuente la Comisión, se dese­ ­chó por redundante, y se levantó la Sesión a las doce para comenzar en secreta. Por principio de ésta se leyó la tercera proposición que dice: Que ésta operación se extienda en forma de proyecto de ley, y para que no retarde su dis­cusión la insta­ ­­lación del Tribunal, se proceda desde luego a ésta bajo el Plan en general que se ha presentado. Y se aprobó solamente la primera parte por estarlo la última en virtud de haberse mandado publicar la planta para la instalación; que­dando, por último, reducido todo a este acuerdo: “Que la Comisión entresaque del Decreto de las Cortes de España sobre arreglo de Tribunales, y de la Constitución Española los artículos que corresponden a este Tribunal, según el actual sistema y demás circuns­ ­tancias con que debe formarse, pasándole igualmente las adiciones que presentó la misma, y se leyeron por primera vez en la Sesión de hoy; para que con todos estos documentos forme el Proyecto de Ley que marque las atribuciones y arreglo del repetido Tribunal con lo más que le toque”. Añadiéndose también las proposicio­­ nes que hizo el C. Villaseñor en este día, que indicó debían agregarse a la planta, y no se admitieron en este sentido, como lo fueron en cuanto a que se tuviesen pre­­­ sentes en la formación del proyecto dicho. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 29 En la Ciudad de Valladolid a veintinueve de mayo de 1824, se abrió la Sesión secreta del Congreso dando lectura al Acta del día veinticinco de éste, la que fue aprobada y rubricada según estilo. En seguida leyó el Ciudadano González una proposición suya relativa a que en lo sucesivo no se tenga ninguna Acta secreta, que se forme un extracto de las que ha habido, a fin de hacer cesar las interpretaciones siniestras que se han dado en las discusiones que sobre deuda decimal se han tenido, y que se impriman éstas, manifestando con verdad y sencillez las opiniones que en el caso vertieron los Ciudadanos Diputados, y que se indague por los medlos mas enér­gi­­­­ cos el origen por donde se ha divulgado la revelación del secreto, en que se ha hollado con el juramento, con el honor de los Diputados y con la dignidad del Congreso, haciéndole perder el prestigio que a la vista del Estado que representa, y aún al de los demás de la Federación, debe conservar por su misma naturaleza, y con el fin de que se tomen las providencias que convenga para cortar tal abuso; la que se tuvo por primera lectura. Luego se trató de entrar a discusión sobre el Reglamento que esta pendiente de la Secretaría del Congreso, mas como le Ciuda­­­­ dano Pastor Morales representó que no tenía antecedentes en la materia, se reservó para otra vez, y lo que dio motivo para que el Ciudadano Lejarza retirase su voto particular que sobre el mismo asunto tenía presentado, con lo que se concluyó la Sesión levantándose ésta a las doce y media. Manuel González (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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MES DE JUNIO Sesión Pública del día 1o. En la Ciudad de Valladolid a primero de junio de 1824. Abierta la Sesión del Con­ ­greso con la lectura del Acta anterior que fue aprobada, se dio cuenta en seguida con la minuta del Decreto No. 9, sobre formación del Superior Tribunal de Justicia, y habiendo hecho el C. Salgado la reflexión de que no se dijera en la conclusión al Teniente Gobernador que dispusiera su cumplimiento, por el inconveniente que podría resultar de que acaso entendiera que por estas expresiones se le autorizaba para que nombrara por sí mismo los Ministros, se resolvió que al tiempo de tratar el Decreto sobre nombramiento, quedaría salvada esta dificultad. –A continua­ ción hizo proposición el C. Lloreda para que se declarara Sesión permanente hasta concluir la discusión de dos asuntos, por lo menos, de los que hay pendientes, y se desechó. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. En que inserta un oficio del Exmo. Sr. Ministro de Relaciones, contraído a manifestar el estado en que se halla la impresión del Análisis Estadístico, y lo conducente que será que su autor remita el plano geográfico que ofreció en la misma obra y se desea para su complemento y perfección (1), en cuya vista se determinó que se le comuni­ que al C. Lejarza para que informe en la materia; 2o. Acompañando copia auto­­ rizada del Acta del juramento de obediencia que prestaron en esta Ciudad las Autoridades y Empleados públicos, y cuatro certificados que hasta ahora ha recibdo sobre el mismo asunto de los Pueblos del Estado, y se mandó acusar el recibo y archivar estos documentos en carpeta separada, para reunir en ella los más que vengan; 3o. En que transcribe el oficio que le dirige el Comandante de la Mili­­­ cia Cívica de esta Capital, acompañando el ocurso que han hecho los Nacionales

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Cris­tóbal Durán, Antonio Sánchez y Victoriano Fonseca, impetrando indulto del delito que cometieron en tomar las armas contra su oficial de guardia, y después de dis­cu­tido el trámite, se determinó que pasara primero a la Comisión de Legislación, y después a la de Guerra; mandando igualmente que se archive el oficio en que el Honorable Congreso de Veracruz acusa el recibo de los ejemplares del Manifiesto que dirigió el de este Estado. –Se leyó por segunda vez el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la dotación que deben tener los Ministros del referido Tribu­ nal de Justicia, y se señaló el sábado próximo para su discusión. –Inmediatamente se procedió a la del otro sobre nombramiento de los mismos Ministros, y controver­ ­tido suficientemente el punto y puesto a votación, se decretó que el nombramiento dicho lo hará el Honorable Congreso; por cuyo motivo el C. Presidente, que opinó en sentido contrario, pidió que su voto se sentara en el Acta, y así quedó dispuesto. A consecuencia volvió a suscitar el C. Salgado la especie que propuso al principio, en orden al Decreto sobre formación del Tribunal de Justicia, y discutido el punto, quedó aprobada la minuta en los mismos términos que se presentó; pre­viniéndose, además, que el Decreto sobre nombramiento se extendiera por sepa­ ­rado y no añadido al artículo segundo de aquel, como insinuó el mismo C. Salgado. –En seguida, por unánime consentimiento, se procedió a la discusión particular de los artículos del dictamen sobre tratamientos, honores y etiqueta que deben obser­­­ varse con los Poderes Superiores del Estado, y leído el primero del título primero, sobre tratamientos, que dice: El Congreso conservara el de Honorable en la forma y modo que tiene ya adoptados, se aprobó sin discusión; de la misma manera que el 2o., 3o., y 4o. del mismo título y el 5o. del segundo, sobre asistencias públicas, que a la letra son como siguen: Art. 2o. Al Presidente o Vice–Presidente, en su vez, del Poder Legislativo; al Gobernador del Estado o al Teniente en su falta; y al Tribunal Justicia en corporación se dará el tratamiento de Excelencia. –3o. Los demás Vocales del Congreso y los Ministros del Poder Judicial, tendrán el de Seño­ría. –4o. Estos tratamientos sólo se darán de oficio, y tendrán lugar cuando se hallen ejerciendo sus funciones respectivas, los individuos o Corporaciones desig­ nadas. –Art. 5o. Tit. 2o. El Congreso reunido en cuerpo no asistirá a fun­­ción alguna. –Leído el 6o., Tit. 2o. que dice: Si en algún caso hubiese de asistir una diputación de su seno, ésta presidirá a todas las autoridades y funcionarlos públi­ ­­­­cos. Se suscitó una larga discusión sobre los honores que debían hacérsele en caso de aprobar el artículo, y después de varios debates, se concluyó mandando que volviera a la Comisión, o para que lo desechara, o le hiciera la adición que necesi­­­­­ taba. –Al comenzar la discusión del 7o. Tit. 2o., se levantó la Sesión a los tres cuar­ ­­­tos para la una. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 3 En la Ciudad de Valladolid a los tres días del mes de junio de 1824, se abrió la Sesión del Congreso con la lectura del Acta anterior, que suscitó una larga discu­­­­ sión por las siguientes reflexiones que en orden hizo el C. Lloreda. –1a. Que res­­­­ pecto de la proposición suya sobre que se declarara Sesión permanente hasta que se discutieran dos asuntos por lo menos de los que estaban pendientes, no se había acordado que lo hiciera por escrito, sino que más bien, no habiéndose admitido por el momento como pretendía, se había desechado. –2a. Que no habiéndose, asi­­­­ mismo, acordado expresamente por el Honorable Congreso, que sólo por esta vez se reservaba el nombramiento de los Ministros de la Audiencia del Estado, no debía haberse sentado así en el Acta, aunque ese hubiera sido su espíritu; pues que esa y semejantes interpretaciones, a más de estar expuestas a una sustancial equivo­­­ cación, eran también ajenas de la pureza y sencillez con que debe redactarse lo acae­cido en la Sesión. –La 3a. sobre que el voto particular del C. Presidente, en orden al mismo nombramiento, no debía tampoco constar en ella, en razón de que el objeto con que se suscribían alguna vez estos votos, era con el de ilustrar los asuntos antes de su discusión y votación; pero no después, como lo había hecho el C. Presidente. –Controvertida suficentemnte la segunda, que fue la que mas inte­­ resó la atención del Congreso, y suprimida en ella la expresión por esta sola vez, se mandó igual­mente que la primera se reformara en los términos que indicó el mismo C. Lloreda, y que en la última se estuviera a su respectivo acuerdo, que­­­ dando de esta manera aprobada el Acta, y por consecuencia la minuta del Decreto No. 10, que formó la Comisión encargada de la Corrección de estilo, con arreglo al acuerdo literal de la materia. –Dada cuenta con un oficio del Gobierno a que acom­ ­­pañó la solicitud del Administrador de Alcabalas de Jiquilpan, contraída a que se

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abone a la Receptoría de su cargo el diez por ciento de honorario sobre todo lo que cobran de alcabala permanente y eventual; y con otro a que también acompaña copia del Soberano Decreto de 5 de mayo último, sobre que por ahora y entretanto se forma la Ley Orgánica de la Milicia activa, supla la Ordenanza que actualmente la rige, se mandó que de ambos se acuse recibo, pasando el primero, junto con la solicitud, a la Comisión de Hacienda, y que el segundo se archive de la misma manera que los otros en que los Congresos de Oaxaca, Zacatecas y Guanajuato contestan haber recibido el Manifiesto que les dirigió el de este Estado; acusando al mismo tiempo al de Veracruz el recibo de tres ejemplares que remitió del suyo. –Visto otro del C. Lejarza en que informa los motivos por los que no se ha con­­­ cluido el Plano geográfico del Estado, y pide licencia de un mes, por lo menos, para retirarse de los trabajos de Diputado y dedicarse exclusivamente al complemento de aquel, se deter­minó tenerlo presente para resolver en primera ocasión (2). –Se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Policía sobre la proposición que hizo el C. Lloreda para que ningún asunto pasara a Comisiones unidas. –2o. De la de Hacienda sobre las solicitudes que hicieron los CC. Urrizola y Muñatones con el objeto de formar contrata con el Estado para la elaboración de polvo delgado y rapé. –3o. De la de Legislación sobre el ocurso hecho por los mineros de Angangueo, solicitando quedar exceptos del servicio de la Milicia Nacional; y todos siguen corriendo sus trámites con la diferencia de que el segundo, a petición del C. Lloreda, se ha de discutir el mismo día de su segunda lectura. –Habiéndose determinado que continuara el exámen de los artículos que queda­ron pendientes sobre tratamientos, honores y etiqueta de los Supremos Poderes del Estado, se leyó el artículo sexto que volvió reformado por la Comisión respectiva, y después de una ligera discusión, quedó aprobado en estos términos: Art. 6o. Tit. 2o. Si en algún caso hubiere de asistir una Diputación de su seno, el Presi­ dente de ella tendrá el primer lugar, después de éste el Gobernador del Estado, y en seguida los demás individuos que la compongan. –Examinado el séptimo y refor­­mada su redacción, se aprobó de este modo: –Art. 7o. Fuera de este caso, el Gober­na­dor del Estado tendrá lugar preferente en toda asistencia pública. –El octavo, que dice: Al Gobernador debe seguir la Audiencia o Tribunal de Jus­ ticia, y no asis­tiendo aquel tendrá éste la presidencia, volvió a la Comisión para que pul­sando las dificultades que se pre­sentan con respecto al lugar que debe ocupar el Ayun­­tamiento, exponga su dicta­men. –Por último hizo proposición el C. Lloreda para que del préstamo de ocho millones de pesos que ha conseguido de Londres el Supremo Gobierno, solicite el Honorable Congreso que bajo las reglas del com­ pro­­­miso se le den a este Estado cuatrocientos mil pesos con el fin de invertirlos en varios objetos de pública utili­dad; sigue corriendo sus trámites. Habiendo quedado desechado por constar en uno de los artículos del Reglamento adoptado, según manifestó el C. Presidente, la que hizo el C. Jiménez pidiendo la inviolabilidad de los Diputados en sus opiniones, se levantó la Sesión pública a las doce y media, para entrar en secreta (3). (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 4 En la Ciudad de Valladolid a los cuatro días del mes de junio de 1824, se abrió la Sesión secreta ordinaria del Honorable Congreso, la que comenzó leyéndose el Acta del día veintinueve de mayo, la que fué aprobada y rubricada según estilo. En seguida hizo moción el Ciudadano Presidente persuadido de la necesidad e importancia de que se forme un Reglamento para el establecimiento y orden de la Tesorería del Congreso, en que se convino por el Honorable Congreso, disponiendo de que su verificación fuese por una Comisión especial que se nombrase, lo que así acordado lo verificó el Ciudadano Presidente en los Ciudadanos Rayón y Menén­­dez. Hizo presente el mismo Ciudadano Presidente, que ya había pasado al Ciuda­­dano Intendente el presupuesto del mes que va a vencerse el día cinco de éste, de los gastos del Congreso y su Secretaría, lo que dio motivo a que hubiese instruido al Congreso que los dependientes de ésta estaban recibiendo su sueldo adelan­­­tado, y que en el estado de urgencia en que estaba la Hacienda pública, no era muy con­ forme a razón estos adelantos, lo que provocó una ligera discusión entre los Ciuda­ danos Pastor, Rayón, Jiménez, Villaseñor y Salgado, conviniendo en que para que devengasen la mesada adelantada, se les fuese rebajando en cada una de las sucesi­ vas una cuarta parte, hasta que quedase cubierta la Hacienda pública. Luego se pasó a discusión sobre el Reglamento de Secretaría, y aunque se habló de él en nada se quedó, levantándose la Sesión a la una de la tarde. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) José Ma. Jiménez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 5 En la Ciudad de Valladolid a los cinco días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior, sin embargo de haber extra­ ­ñado el C. Presidente que no constaran en ella las razones que opuso a la reflexión del C. Lloreda, respecto de la inserción que pidió se hiciera en la misma Acta de su voto particular sobre el nombramiento de los Ministros de la Audiencia; y como las repitiera, reformó su proposición, retrayéndose en virtud de ellas, de lo que antes había dicho en la materia, y pidió que se hiciera esta indicación en el Acta de hoy. –A continuación se dio cuenta con un oficio en que el Exmo. Sr. Bravo transcribe la exposición que hizo al Honorable Congreso de Jalisco, acercándose con las tropas de su mando a la frontera de aquel Estado, y se determinó que los CC. Lloreda y Lejarza extendieran la contestación que debía dársele, y que ambos documentos se imprimieran. –Igualmente se mandó acusar recibo al Teniente Gobernador del ofi­cio que remitió sobre la contestación que ha dado el C. Diputado Soravilla, de haber endosado a su favor el Licenciado Macías la libranza de 200 pesos que tenía en su poder y de que, entretanto cobra esta cantidad, espera los 200 pesos res­tantes. Asimismo, de los otros dos a que acompaña los ejemplares del Decreto No. 9 sobre formación del Tribunal de Justicia, y los certificados del juramento de obe­dien­cia que han hecho los Pueblos de Jiquilpan y Tacámbaro, y los emplea­­­ dos sub­alternos de la Factoría y fábrica de Tabacos de esta Capital; archivando estos documentos en la carpeta donde hay antecedentes. –En vista de la solicitud que hace el C. Manuel Piñón para que se le coloque en uno de los destinos de Hacienda pública, o se pro­­ponga en la clase de Teniente en algún Cuerpo Provin­ cial del Estado, se determinó que volviera al Gobierno, para que en su caso prove­ yere lo conveniente; y que a la Comisión de Hacienda se pasara la noticia, que

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mandó el C. Intendente, de los productos, gastos y líquido que tuvo esta Admi­ nistración de Correos en el año próximo pasado. –Con el fin de resolver sobre la licencia que ha pedido el C. Lejarza para retirarse por un mes a lo menos de las tareas del Congreso, y dedicarse exclusi­­vamente a la conclusión del Plano geográfico que se solicita de México, se retiró el interesado y controvertido el punto, se acordó que no siendo posible separarlo de las atenciones y trabajos del Congreso, así por el corto número de individuos que lo componen, como por la falta que hacen sus luces para la deli­beración de los asuntos que en él se versan, por un oficio se le excitara únicamente para que en algunos ratos desocupados acabara de perfeccio­ nar su Plano (4); y que con­forme al espíritu de esta resolución se le contestara, por medio del Gobierno al Exmo. Sr. Ministro de Relaciones, el oficio en que lo piden. –Luego se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión espe­ cial encomendada de presentar el proyecto que expedite el manejo de la Tesorería del Con­greso; 2o. De la de Legislación y Justicia, sobre la solicitud de Don Mariano Tercero para que se le habilite de Abogado. –En seguida se leyó por segunda vez el de la Comisión de Policía sobre la proposición del C. Lloreda, para que ningún asunto pase a Comisiones unidas. El de la de Legislación sobre el Ocurso que han hecho los mine­ros de Angangueo, solicitando quedar excentos del servicio de la Milicia Nacional; y el de la de Hacienda sobre la contrata que pretenden for­ mar con el Estado para la elaboración de polvo delgado y rapé, los CC. Urrizola y Muñatones; y habiéndose señalado para la discusión de los dos primeros la primera Sesión de él, se procedió a la del último, según quedó dispuesto en el Acta ante­ rior; y así, después de que ella se había votado en favor de las primeras partes que componen la propo­sición con que concluye el dictamen, por reclamo del C. Rayón en orden a la última se suscitó una larga cuestión, que por su acaloramiento la sus­ pen­dió el C. Presi­­­dente. –Al comenzar la de los artículos que faltan del dictamen sobre tratamientos, honores y etiqueta de los Supremos Poderes del Estado, a peti­ ción de su Comisión respectiva se suspendió también para informar mejor en el asunto con vista de otros reglamentos que hay en la materia. –Hizo moción el C. Lloreda para que se nom­brara Sesión extraordinaria con el fin de examinar la contestación que se ha de dar al Sr. Bravo, y aunque no se defirió a su solicitud, se nombró una Comisión compuesta de los CC. Pastor y Rayón, para que las revisaran, quedando al mismo tiempo establecida otra Sesión más, ordinaria, que se celebrará los lunes. –En segui­da, hizo el mismo C. Lloreda la reflexión de que el artículo de la Ordenanza Militar que exceptúa del servicio de la milicia activa al individuo a cuyo cargo corre la sub­sistencia de su madre viuda y hermanos pequeños huérfa­ nos, no estaba dero­­gado conforme a justicia y equidad; añadiendo que lo ponía en conocimiento del Con­greso para que si era de su agrado lo reclamara. –En acto con­ tínuo hizo también la proposición de que se reformara el artículo 55 del Reglamento interior que se ha adoptado, ésta sigue corriendo sus trámites. –Discutido en gene­ ral el dictamen sobre que el Gobernador comunique, antes de su publicación y circu­ lación los decretos y órdenes que vengan del Soberano Congreso y Supremo Poder Ejecutivo, se proce­dió a la particular de sus artículos, y examinado el primero se aprobó de esta manera: “Art. 1o. Que la anticipación que debe haber entre el cono­ cimiento que se da o remisión que se hace a la Secretaría de este Honorable Congreso de los documentos referidos a su publicación, debe ser de 48 horas”. –Asi­ mismo, se aprobó el segundo (en que salvó su voto el C. Lejarza respecto de la pala­

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bra suspen­sión) y el tercero, que a la letra son como siguen: “2o. Que sea indistinta­ mente, ya sobre asuntos ordi­narlos o ejecutivos, pidiendo el Vice–Gobernador en el término expre­sa­do, mandar su impresión, suspendiendo totalmente su publicación a circu­lación hasta pasado el tiempo de 48 horas, en que sin necesidad de nueva declara­ción pueda verificarlo”. –”3o. Para conseguir el fin, que sea de obligación y con responsabili­­­dad de los Secre­tarios del Congreso del Estado, imponer sin pérdida de horas en los Decre­tos o resoluciones que el Vice–Gobernador remita a la Secreta­ ­ría, dando cuenta al C. Presi­dente su contenido con la oportunidad que exija su materia; que­­dando además dispuesto que con arreglo a este acuerdo se extienda la contes­tación al oficio del Teniente Gobernador”. –Por último se leyó el dictamen de la Comi­sión de Hacienda sobre dotación de los Ministros de la Audiencia, y exami­nado ligeramente en lo general, se dirigió la discusión particular de sus artícu­ los, y leído el primero que dice: “A los seis Oidores y al Fiscal, por el doble trabajo que impende en una y otra Sala, se asigna la cantidad de 3,000 pesos anuales a cada uno”. Se levantó la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 7 En la Ciudad de Valladolid a los siete días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión del Congreso se leyó y aprobó el Acta anterior; y como el C. Lejarza reclamó que no constaba en ella que había salvado su voto en lo general del dictamen sobre que el Gobernador suspenda la publicación y circulación de los decretos y órde­nes que vengan del Soberano Congreso general, hasta dar conocimiento de ellos al particular del Estado. Se mandó hacer esta indicación para suplir aquella falta. –Luego se procedió a la renovación de oficios, y por estar dividida la opinión respecto del Presidente, y no haberse verificado en alguno la pluralidad absoluta, entraron en segundo escrutinio los CC. Lloreda y Morales que tuvieron mas votos en el primero, y resultó electo para Presidente el C. Lloreda con cinco sufraglos de nueve que votaron; para, Vice–Presidente el C. Villaseñor con ocho de once votos; y para Secretario el C. Jiménez con siete de los mismos. –Habiendo ocupado su lugar el nuevo Presidente, se dio cuenta con tres oficios del Gobierno a los que acompaña dos Soberanos Decretos de 7 y 22 de mayo último, relativo el uno, a que en lo sucesivo sea el Nuevo León un Estado de la Federación Mexicana; y el otro, a la misma declaración respecto de Durango; y una instancia del C. José Ambrosio Arroyo, sobre quejas contra el Alcalde primero de Puruándiro; y se deter­ ­­minó contestarlos de enterado, pasando el último a la Comisión de infracción de Constitución. –Se dio segunda lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comi­ ­­­sión sobre arreglo de la Tesorería del Congreso. 2o. Sobre el ocurso del C. Tercero pretendiendo que se le declare Abogado; y determinó el C. Presidente que nume­­­­ rando los dictámenes de segunda lectura que están pendientes, se observe lo mismo con éstos y los que ocurran, para que por el orden de su antigüedad se vayan des­­­­ pa­chando. –Siguió después la discusión de la proposición del dictamen sobre la

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pre­ten­sión de los fábricantes de polvos Urrizola y Muñatones, y controvertida suficien­te­­mente y reformada la última parte de ella que quedó pendiente en la Sesión anterior, se aprobó en estos términos: “Que se diga al Gobierno que debiendo por ahora continuar el Estanco de polvos de tabaco, está autorizado para celebrar con­­­ trato con los individuos que propongan mas ventajas en calidad y precio; que ha de usar de individuos del Estado; y que el mismo Gobierno procure se comuniquen los secretos que pueda haber en la elaboración, gratificándole según hallare por conveniente; lo que también podrá verificar en la construcción de puros y otros ar­tículos de este ramo”. –A continuación se leyó el artículo primero del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre dotación de los Ministros de la Audiencia del Estado; y como respecto de la cantidad que éste les asigna variasen las opiniones, se preguntó, si se le señalaba la de dos mil quinientos pesos anuales a cada uno, y estuvieron por la afirmativa los CC. Lloreda, Lejarza, Villaseñor, Rayón, Quevedo y Menéndez, y por la negativa los CC. Huarte, Jiménez, Salgado, González y Pastor Morales, en cuya virtud quedó aprobado el artículo de esta manera: Art. 1o. A los 6 Oidores, y al Fiscal, por el doble trabajo que impende en una y otra Sala, se asigna la cantidad de dos mil y quinientos pesos anuales a cada uno. Leído asimismo el segundo, reformado también en cuanto a la cantidad, se aprobó en estos térmi­­­ nos: Art. 2o. A los Escribanos que deben hacer de Relatores, la de ochocientos pesos anuales a cada uno. –Y volvió a suspenderse la discusión de los restantes para dar segunda lectura a las siguientes proposiciones del C. Lloreda: 1a. Sobre la refor­ma del artículo 55 del Reglamento adoptado; 2a. Sobre que para los decretos que sean de algún interés o trascendencia, haya a lo menos la concurren­cia de nueve vocales; 3a. Sobre que en todos los Negocios graves no pueda el Con­greso deliberar con menos de las dos terceras partes de sus miembros; y la 4a. Sobre que se pidan al Supremo Gobierno cuatrocientos mil pesos de los ocho millones que ha prestado Londres; y se mandaron pasar tres a la Comisión de Policía y la 1a. a la de Hacienda. –Por último, se leyó por la primera vez, la del C. Salgado, sobre que se reciban en las oficinas de Hacienda pública las monedas legítimas que por el uso se hayan borrado; y la del C. González, sobre que al margen de las Actas se pongan los nom­­ bres de los Sres. Diputados que hayan asistido a la Sesión. –Habiendo pedido el C. Lejarza que se señalara día para el nombramiento de los Ministros de la Audien­ ­­­cia, contestó el C. Presidente que era necesario concluir primero la discu­sión del dictamen sobre sus dietas, y que entonces se asignaría. Con lo que se levantó la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 8 En la Ciudad de Valladolid a los ocho días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión del Congreso con la lectura del Acta anterior se aprobó ésta después de reformada en el trámite que debe dársele a la proposición del C. Lloreda, sobre que se le pidan al Supremo Gobierno cuatrocientos mil pesos del préstamo de Londres, y borrada la expresión de que la Secretaría diera cuenta cada medio mes de los CC. Diputados que no asistieran a las sesiones, y número de sus faltas. –En seguida tomó la palabra el C. Presidente y dijo que se comunicara al Gobierno la renova­ ción que hizo de oficios el Honorable Congreso; asimismo, que los asuntos que se estimen de gravedad y preferencia, se numeren, como los corrientes, para discutir­ los también por el orden de su antigüedad; igualmente expuso, que no constando en la proposición aprobada sobre contrata para la elaboración de polvos, el tiempo o cantidad limitada que debía estipularse, para no gravar a la Hacienda pública con la abundancia de un efecto de poco consumo, era indispensable hacerle esta indica­ ción al mismo Gobierno; cuyo punto examinado ligeramente, quedó acordado en los términos propuestos, así como también que se cumpliera con los dos primeros. En acto continuo extrañó el mismo C. Presidente que no se hubiera dado cuenta con la contestación al oficio en que transcribe el Exmo. Sr. Bravo, la exposición que hizo al H. Congreso de Jalisco, acercándose con las tropas de su mando a la fron­tera de aquel Estado. Y como el C. Salgado le hiciera ver que la Secretaría había cumplido con el acuerdo, que respecto de este asunto se contrajo únicamente a que la Comi­ sión especial compuesta de los CC. Rayón y Pastor Morales la revisara, añadiendo además que desde el sábado en la noche se había remitido por el correo, quedó con­ vencido, y siguió la discusión del artículo tercero del dictamen sobre dietas de los Ministros de la Audiencia, que a la letra es como sigue: Art. 3o. A los Jueces de

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Letras que deben establecerse en los Partidos, a mil doscientos pesos cada uno. Controvertido suficientemente, lo mismo que el cuarto que dice: A los escribanos de sus respectivos Juzgados la de seiscientos pesos anuales; se mandaron volver a la Comisión para que los tenga presentes cuando se trate del Tribunal de primera instancia. –Leído el quinto y puesto a discusión, se aprobó sin ella en estos térmi­ nos: A los dos Porteros de la Audiencia la de doscientos pesos anuales a cada uno. Examinado bastantemente el sexto, se aprobó de este modo: Los demás dependien­ tes de la Audiencia percibirán sus dotaciones de los derechos de Arancel, y de los de penas de Cámara; y se determinó que ocuparan por su orden el lugar del tercero y cuarto que se devolvieron; con lo que concluyó el Decreto, quedando igualmente dispuesto, por moción del C. González, que se suspendiera su publicación hasta que saliera el presupuesto general de los gastos de los tres Poderes; en cuyo acuerdo salvaron su voto los CC. Villaseñor, Salgado, Jiménez y Menéndez, que opina­ ron en sentido contrario. –Reformado y presentado por su Comisión respectiva el artículo octavo sobre honores y etiqueta de los mismos Poderes, se leyó y aprobó de la manera siguiente: Art. 8o. Después del Gobernador del Estado, seguirán los individuos de su Consejo, que se interpolarán con los de la Diputación del Con­ greso cuando ésta asista. –Leído el noveno que dice: El Tribunal Supremo de Justicia seguirá después del Gobernador y su Consejo; después la Audiencia terri­ torial, y en seguida el Ayuntamiento, se aprobó su primera parte, y se suscitó una larga cuestión respecto de la segunda, que quedó pendiente por haberse levan­ tado la Sesión pública a las doce y cuarto, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 8 En la Ciudad de Valladolid a los ocho días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión secreta de este Honorable Congreso se leyó el Acta anterior que se aprobó y rubricó como es de estilo. En seguida se dio segunda lectura a la proposición del Ciudadano González reducida a tres puntos que son: que todos los asuntos se traten en Sesión pública; que hecho un extracto de las Actas secretas que se han tratado de la deuda decimal, se publiquen por medio de la imprenta, y que siendo una falta gravísima la que se ha notado por haberse descubierto el secreto, se indague el ori­ gen para las providencias que se estimen convenientes; y desechado el punto primero, se mandó pasar por lo respectivo a los otros dos que se admitieron a discusión, a la Comisión de Policía. Hizo presente el Ciudadano Presidente estar convidado para Padrino de la profesión de un religloso agustino, que se le dijese si podría asistir o nó, y discutido ligeramente el asunto, se resolvió el que no asistiera. A continuación hizo moción el mismo Ciudadano Presidente para que debiendo ya tratarse sobre elección de Oidores, se conviniese en acordar los puntos preliminares, y se resolvió que los Ciudadanos Diputados trajeran para la siguiente Sesión listas de todos los individuos que juzgaran aptos, para que hecho escrutinio en secreto, se pudiera des­ pués, en Sesión pública, hacer el nombramiento, pudiendo ser de dentro o fuera del Estado prefiriéndose a aquellos de la Casa igualdad. Hizo moción el Ciudadano González, llamando la atención del Congreso sobre la venida del Gobernador Ciu­ dadano Tagle: discutido el asunto se resolvió que se diga al Vice–Gobernador, manifieste al Señor Tagle, que deseándose su venida para que el Gobierno tome toda su energía, le comunique si la falta de lo necesario para su viático tiene alguna parte en su demora para proporcionárselo, y que se pregunte al Supremo Gobierno

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de la Federación, por el Vice–Gobernador, si para cuando venga el Señor Tagle se le podrán franquear uno o dos mil pesos por no tenerlos el Estado, con lo que se con­ cluyó la Sesión a la una y media de la tarde. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) José Ma. Jiménez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 10 En la Ciudad de Valladolid a los diez días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión del Congreso se leyó y aprobó el Acta anterior. Luego se dio cuenta con cinco ofi­ cios del Gobierno, acompañando en el primero los Certificados del juramento de obediencia que han prestado los Pueblos de Purépero, Ixtlán y Santiago Tangaman­ dapio, la comunidad del convento de San Agustín; y empleados de la Administra­ ción de Alcabalas y Resguardo de esta Capital; con el segundo, quince ejemplares del Decreto No. 10, sobre que los Ministros de la Audiencia del Estado serán nom­ brados por el Congreso del mismo; con el tercero, otros quince del Decreto del Soberano Congreso general de 5 de mayo último, relativo a que por ahora, y entre tanto se forma la Ley Orgánica de la Milicia activa supla la Ordenanza que actual­ mente rige; con el cuarto una copia autorizada de otro Decreto del mismo Congreso general, que contiene la aclaración sobre la facultad décima sexta del Poder Legisla­ tivo de que habla el Acta Constitutiva, y la de quién debe nombrar y proponer los oficiales de Milicias Provinciales; y con el quinto, un expediente mandado formar por el mismo Gobierno para instruir la solicitud de los vecinos de Cutzio, contraída a establecer Ayuntamiento en aquel Pueblo, y se mandó pasar éste de preferencia a la Comisión de Constitución, y contestar los demás de enterado; así como también otro en que transcribe la contestación que dio el Exmo. Sr. Ministro de Hacienda a la indicación que se le hizo al Supremo Poder Ejecutivo sobre los mil pesos que se libraron por esta Tesorería, contra la general de la Federación, y sobre el defi­ ciente que resulta mensalmente en la Caja del Estado. –Visto el ocurso que hace el C. Antonio Mendoza quejándose contra el Teniente de cuarta nominación de esta Ciudad, se determinó que se devuelva al interesado para que ocurra por conducto del Gobierno. –A continuación se dio primera lectura a los dictámenes siguientes:

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1o. De la Comisión de Constitución acerca del Cuerpo consultivo que deba tener el Gobernador del Estado. –3o. De la de Hacienda sobre la solicitud del C. Luis Gil, Oficial segundo de la Contaduría de Tabacos, para que se le conceda el sueldo íntegro que tiene asignada su plaza. –Inmediatamente se procedió a la discusión de la segunda parte del artículo noveno del dictamen sobre tratamiento, honores y etiqueta de los Supremos Poderes del Estado; y como después de ella se empatara la votación, se abrió de nuevo y concluyó por fin aprobando al artículo en esta manera: Art 9o. El Tribunal Supremo de Justicia seguirá después del Gobernador y su Consejo; después la Audiencia territorial y en seguida el Ayuntamiento. –Leído el décimo que dice: El Comandante general tendrá su lugar después Presidente de la Audiencia, se aprobó sin discusión. –Examinado el 11 y puesto a votación se aprobó en estos términos: El Juez de Letras del Partido después del Presidente del Ayun­ tamiento. –Igualmente lo fueron el décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto, que a la letra son como siguen: Art. 12o. A la Autoridad de las Supremas que preside, se le pondrá una mesa con cubierta y cojín, y tarima y sillas para los demás individuos de éstas. –Art. 13o. A la comisión del Congreso cuando asista; al Pre­ sidente del mismo en ejercicio; al Gobernador del Estado y Tribunal Supremo de Justicia, se harán los honores de Capitán General de Ejército; y sus guardias serán correspondientes a semejantes honores. –Art. 14o. Los Diputados del Congreso llevarán por distintivo una cinta tricolor en el lado izquierdo del pecho. Con los cuales se finalizó el Decreto. –Al comenzar la discusión del dictamen de la Comi­ sión de Constitución sobre renovación de Ayuntamientos, se suspendió hasta el sábado próximo por pedimento del C. Lejarza; y en seguida se mandó archivar el de la Comisón de Policía sobre guardia del Congreso en virtud de haberse decla­ rado ya los honores que le corresponden. –De conformidad con lo expuesto por la Comisión de Hacienda, en orden al perdón que solicita el C. José Ma. Queré de los 33 pesos 4 reales, que siendo Alcalde de Paracho en el año pasado tomó del dinero de contribución directa, para la enseñanza de los niños de dicho Pueblo, se acordó que se devuelva el expediente al Gobierno para que en uso de sus facultades exija los referidos 33 pesos 4 reales pertenecientes a la contribución directa, de quien deba pagarlos, conforme al Decreto de la materia, por no haber lugar a la gracia que pide el suplicante. –Luego se señalaron para discutirse el sábado próximo, por el orden que van nombrados: los dictámenes de la Comisión de Policía sobre arre­ glo de Secretaría, y sobre que ningún asunto pase a Comisiones reunidas; el de la de Legislación sobre el ocurso de los mineros de Angangueo, para quedar exentos del servicio de la Milicia Cívica, y el insinuado arriba sobre renovación de Ayuntamien­ tos. –Por último se dio primera lectura a la proposición del C. Villaseñor, sobre que discutido el proyecto sobre arreglo de la Secretaría, se publiquen inmediatamente los que ya están aprobados en orden a dietas de los señores Diputados, y sueldos de los Ministros y Subalternos de la Audiencia. –Y segunda a la del C. González sobre que al margen de cada una de las Actas se pongan los nombres de los CC. Dipu­ tados que hayan asistido a la Sesión; y a la del C. Salgado, contraída a que se reciban en las oficinas de la Hacienda pública las monedas legítimas que por el uso se han borrado. Y habiéndose mandado que la primera pase a la Comisión de Policía, y la segunda a la de Justicia, primero, y luego a la de Hacienda, se levantó la Sesión a las doce y cuarto. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 12 En la Ciudad de Valladolid a los doce días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión del Congreso se leyó y aprobó el Acta anterior. Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Con el que acusa recibo del que se le dirigió con el objeto de que consultara al Supremo Poder Ejecutivo, si para cuando deter­ mine su marcha a esta Capital el C. Gobernador del Estado, podrán proporcio­narse en México uno o dos mil pesos. –2o. Con el que asimismo avisa haber puesto en el conocimiento de dicho Gobernador esta providencia. –3o.Con el que acompaña 15 ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general expedido el 7 de mayo último, sobre que Nuevo León sea en lo sucesivo un Estado de la Federación Mexi­ cana, y que se forme otro de Coahuila y Texas. –4o. Con el que contesta quedar impuesto de exigir a quien corresponda los 33 pesos 4 reales que tomó el C. José María Queré para pagar la escuela del Pueblo de Paracho. –Y se mandó acusar el recibo del tercero y archivar los demás. –Vista la minuta que presentaron los CC. Secreta­ rios del Decreto No. 11 sobre tratamiento y honores que deben hacerse a los Supre­ mos Poderes y demás Autoridades del Estado, tomó la palabra el C. Presidente y dijo: que respecto a este Decreto era necesario, en su opinión, variarle el encabe­ zado usando de otra fórmula. Igualmente hizo la reflexión de que no se había designado el lugar que debía tener en las funciones el Comandante general cuando no asistiera la Audiencia, inclinándose a que en este caso debería ocupar el que sigue del Presidente del Ayuntamiento; y por último que extrañaba en el mismo Decreto un artículo que había presentado la Comisión sobre los honores, que con la graduación respectiva a los que corresponden a los Supremos Poderes del Estado, se habían de hacer a las demás autoridades. Y como ésta añadieron otras los CC. Rayón y González, sobre tratamiento del Teniente Gobernador no estando en ejercicio, y

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sobre el del Consejo que aún no estaba declarado, se determinó, que así estas indi­ caciones, como el artículo que en efecto se olvidó examinar cuando se sancionó el Decreto, pasaran a la Comisión que consultó en la materia, para que tomándo­ las en consideración extendiera su dictamen, no omitiendo exponerlo igualmente respecto del pedimento del C. Salgado, en orden al uso del bastón por los señores Diputados; y que entrara el C. Pastor Morales a ocupar en esta Comisión el lugar que por la presidencia dejó el C. Lloreda. –A continuación se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre la queja de los CC. Pedro Romero y José Ma. Loyola, individuos del Ayuntamiento de Tlalpujahua, contra la Dipu­ tación Provincial que acabó por haberles reprobado el arbitrio que tomaron de colectar los pilones en las tiendas de aquel Real para la escuela de primera letras y otros objetos, y al de la de Hacienda sobre dietas del Gobernador y Vice–Goberna­ dor. –Dada la segunda al de la Comisión de Negocios Eclesiásticos sobre la preten­ sión de las Monjas Teresas; al de la de Constitución sobre el Cuerpo Consultivo que debe tener el Gobernador; y al de los de la de Hacienda sobre el ocurso de don Luis Gil, para que se le satisfaga íntegra la dotación que tiene su plaza de Oficial 2o. en la contaduría de la Renta del Tabaco, y sobre la solicitud del Administrador de Alcabalas de Jiquilpan, contraída a que se abone a las receptorías de su cargo el diez por ciento de honorario sobre todo lo que cobren de alcabala permanente y eventual. Se mandaron numerar todos para discutirlos por su orden. –Puesto a dis­ cusión el dictamen de la Comisión de Policía, sobre que ningún asunto pase a Comisiones reunidas, se leyó y aprobó el primer artículo en estos términos: Que no pase asunto a Comisiones reunidas. De la misma manera el segundo que dice: Que cuando por la naturaleza de él, sea indispensable que conozcan una, des o mas Comisiones, se pase primero a una para su dictamen, el que extendido pase a la otra con el mismo fin, hasta cuyo estado no se dará cuenta al Congreso con la cosa dictaminada. –Inmediatamente se procedió al exámen de las Comisiones de Legis­ lación y Constitución sobre renovación de Ayuntamientos; y leído tomó la palabra el C. Lejarza y expuso los motivos por que había hecho la proposición para desva­ necer la siniestra interpretación que se había dado a sus ideas, las que, según dijo, no tenían otro espíritu que el mismo que manifiesta el C. Diputado Villa verde en las proposiciones que con el mismo objeto hizo en el Congreso particular del Estado de México. Tomadas éstas en consideración se mandaron pasar a la Comisión de Constitución; quedando en seguida acordado que los Ayuntamientos conforme a las reglas de su elección permanezcan, hasta que por la Constitución no se asigne el modo y forma más convenientes al Estado. –Leído asimismo el de la Comisión de Legislación sobre la solicitud de los mineros de Angangueo para quedar exentos del servicio de la Milicia Nacional, y puesto a discusión el primer artículo que dice: Todos los que voluntariamente se hallan alistados en la Milicia Nacional, segui­rán bajo las Leyes establecidas, se desechó por redundante. Discutido suficiente­mente el segundo como sigue: Todo individuo entregado al trabajo de minas, al benefi­ cio de metales, ya sea por fundición o por patio, se tendrá por exento de la Milicia, a que sólo libre y voluntariamente podrá servir, volvió a la Comisión para que particularice las clases que de estos individuos deben quedar libres. –Siguió después el de la de Legislación y Justicia, sobre la pretensión del C. Tercero para que se le declare Abogado; y tomados en consideración los fundamentos en que lo apoyan, se le confirmó por el Congreso el título de Abogado, que con dispensa del exámen

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le concedió el de Chilpancingo. –A pedimento del C. Villaseñor se abrió la discu­ sión del de la de Policía sobre arreglo de la Secretaría del Honorable Congreso con la lectura del primer artículo, que desde luego se aprobó en estos términos: Capítulo 1o. “De los Secretarios”. Art. 1o. Los Diputados Secretarios son los Jefes de la Secretaría, con las obligaciones que se les describan en el Reglamento del gobierno interior del Congreso. –El segundo que dice: Habrá en la Secretaría cuatro Oficia­ les con la denominación de 1o., 2o., 3o. y 4o.; cinco Escribientes y un Portero, ayudando a éste el último de aquéllos cuando la necesidad lo exija, se aprobó la primera parte, y la segunda suscitó un alarga discusión, que por último se suspendió para dar segunda lectura a la proposición del C. Villaseñor, en que pide, que discu­ tido el proyecto sobre arreglo de la Secretaría, se publiquen inmediatamente los que ya están aprobados en orden a dietas de los señores Diputados, y sueldos de los Ministros y Subalternos de la Audiencia, revocando el acuerdo del día 9 de este mes, y pasó a la Comisión de Legislación. –Habiendo hecho por fin presente el C. Salgado que en las contestaciones que mediaron entre el Ayuntamiento de esta Capital y C. Coronel Francisco Camarillo sobre asuntos de la Milicia Cívica, había aún algunos puntos pendientes, se mandaron pasar a la Comisión de Peticiones, y se levantó la Sesión a la una y media de la tarde, quedando citada una secreta extra­ ordinaria para mañana a las once y tratarse sobre los Ministros de la Audiencia. (Tres medias firmas)

Michoacán

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Sesión Secreta Extraordinaria del día 13 En la Ciudad de Valladolid a los trece días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión secreta extraordinaria, se leyó el Acta anterior y se rubricó como es de estilo por haberse aprobado. En seguida anunció el Ciudadano Presidente que siendo el objeto de la Sesión que cada uno de los Sres. Diputados propusiera para Oidores a los Letrados más a propósito para que, hecho escrutinio secreto, se pudiera pro­ ceder después en público con mayor acierto a la elección, se formara por uno de los Secretarios lista de los presentados. Formada ésta, se contaron veintidós indivi­ duos, entre ellos al Teniente Gobernador y los Sres. Diputados del actual Congreso general. Después de una larga discusión se acordó que no podían serlo dichos señores por no ser compatible, ni tampoco el Teniente Gobernador, por no ser conveniente. Hecho un escrupuloso escrutinio de los restantes, quedaron escogidos siete, de común acuerdo, para de ellos hacer en público la votación de los seis Oidores y el Fiscal, con lo que se concluyó la Sesión secreta a la una y media de la tarde para continuar la pública contraída al indicado objeto. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) Manuel González (Rúbrica) Dip. Srio. Sup. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 13 En la Ciudad de Valladolid a los trece días del mes de junio de 1824, concluida la Sesión secreta extraordinaria que se mandó citar en el Acta de ayer, se abrió la pública para nombrar los indivduos que deben formar la Audiencia del Estado. Y habiéndose procedido a la votación por escrutinio secreto, salieron electos para Ministros, con todos los sufraglos de los once vocales que concurrieron, en primer lugar el C. Licenciado Juan Nepomuceno Gómez Navarrete; en segundo el C. Licen­ ciado José María Sánchez Arriola; en tercero el C. Licenciado José Ma. Ortiz Izquierdo; en cuarto el C. Licenciado José Sotero Castañeda; en quinto el C. Licen­ ciado José Gallegos y en sexto el C. Licenciado Juan Bautista Raz y Guzmán; y para Fiscal el C. Licenciado Ignacio Alvarado (5). A continuación mandó el C. Presidente que se leyera la lista; y aunque pidió el C. Lejarza que se fijara en público, y que por no haber en la Ciudad Escribanos examinados, se invitaran en los demás de la Fede­ ración, se acordó únicamente, después de la discusión, que por un oficio se comu­ nicara hoy al Gobernador el nombramiento, para que dispusiera su publicación, y que al mismo tiempo se le dijera en otro el sueldo que tienen asignado los Minis­ tros, para que al participarles la elección que se ha hecho de sus personas, lo ponga en su conocimiento, excitando por el correo de mañana a los ausentes, para que en caso de admitir este encargo verifiquen a la mayor posible brevedad su venida. Se levantó la Sesión a las dos y media de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 15 En la Ciudad de Valladolid a los quince días del mes de junio de 1824, abierta la Sesión del Congreso, fue leída y aprobada el Acta de la Sesión ordinaria del día 12 del corriente, lo mismo que la de la extraordinaria del domingo, después de refor­ mada en una equivocación. En seguida se dio cuenta con dos estados, que mandó el C. Intendente, de los ingresos y egresos que tuvo la Tesorería General del Estado en el mes anterior, y pasaron a la Comisión de Hacienda. Luego con el ofi­ cio en que la Exma. Diputación de las Tamaulipas acusa el recibo de los ejemplares del Manifiesto, y con la exposición que hace la misma sobre el número de indivi­ duos que pueden emplearse en los tres Poderes de aquel Estado, sueldos que deben gozar e ingresos suficientes con que se cuenta para ocurrir a estos gastos, y se man­ daron archivar. –Se leyó por segunda vez el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre sueldo y viático del Gobernador, y el de la de Gobernación relativo a la queja de los individuos del Ayuntamiento de Tlalpujahua contra la Diputación Provincial que acabó, y se numeraron por el orden que les corresponde. –Puesto a discusión el dictamen de la Comisión de Negocios Eclesiásticos sobre la pretensión de las Religiosas Teresas para fundar un convento de su orden en esta Capital, y exami­ nado suficientemente el punto que a consecuencia tocó el C. Huarte respecto de que al Gobierno y no al Congreso pertencía determinar en la materia, se falló en contra de la opinión de este señor Diputado que a una con el señor Villaseñor salvó su voto, y se procedió al exámen particular del único artículo que contiene el dicta­ men. Después de leído se suscitó otra cuestión que divagada por diversas partes concluyó por reclamo del C. Presidente, reduciéndola a sólo el artículo que se trata, el cual, puesto a votación, se aprobó en estos términos: Se concede a las RR. Reli­ giosas de Querétaro el permiso que solicitan para fundar un Convento de Teresas

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descalzas en esta Ciudad, con la única condición de que han de situarse, precisa­ mente, dentro del territorio del Estado los dotes de las nuevas Religosas que en él entraren (6); y volvieron a salvar su voto los CC. Villaseñor y Huarte, a que se agregó el C. González, manifestando el primero que aunque aprobaban la funda­ ción del referido Convento, se oponían, no obstante, a que el permiso se concediera sin previo informe del Gobierno. –A continuación preguntó el C. Secretario Salgado de que modo daba curso a la providencia que en favor del C. Tercero había decre­­ tado el Honorable Congreso; y habiéndose acordado que por oficio la comunicara al Gobierno, para que éste la hiciese entender al interesado, hizo la reflexión el C. Pastor de que dicha providencia no estaba redactada en los términos que debía concebirse; con cuyo motivo volvió a tomarla en consideración el Congreso, y resultó, después de leída y discutida ligeramente, variada y aprobada de esta manera: El Con­ greso de Michoacán declara subsistente la habilitación de Abogado, que con dis­ pensa de exámen concedió el provisional de Chilpancingo al C. Mariano Tercero (7). –Leído el artículo segundo del dictamen de las Comisones de Policía y Hacienda sobre arreglo de la Secretaría, y examinada la segunda parte que quedó pendiente, se aprobó, quedando redactado todo el artículo de este modo: Capítulo Segundo “De los Oficiales y Escribientes”. Art. 2o. Habrá en la Secretaría cuatro oficiales con la denominación de 1o., 3o. y 4o.; cinco escribientes y un portero, ayudando a éste el último de aquellos cuando la necesidad lo exija. Discutido el tercero, y variado en cuanto al sueldo que le señalaba a cada uno de los oficiales, se aprobó en estos términos: Quedará por ahora el Oficial 1o. con el sueldo de novecientos pesos anuales; el 2o. con el de setecientos; el 3o. con el de qunientos cincuenta, y el cuarto con el de trescientos cincuenta. Igualmente lo fue el articuló cuarto que dice: Los escribientes disfrutarán la asignación de trescientos pesos cada uno, y el portero tendrá igualmente la misma, aunmentándole cien pesos sobre los doscien­ tos que tenía en atención al continuo servicio de su empleo. Suprimido el quinto, y reservados para la Sesión secreta el sexto y séptimo, que han de seguir por su orden del cuarto, se aprobaron sin discusión los que a continuación se expresan: Capítulo Tercero: “De las ocupaciones de los Oficiales”: Art. 7o. El Oficial 1o. con dos escribientes tendrá a su cargo el despacho de todos los ramos pertenecien­tes a la Segunda Comisión, a saber: Constitución, Legislación, Gobernación, Justicia, Infracciones de Constitución, Libertad de Imprenta. –Art. 8o. El Oficial 2o. con otros dos escribientes, tendrá a su cargo el despacho de los ramos pertenecientes a la Tercera Comisión, a saber: Relaciones de Federación, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública, Corrección de Estilo, Negocios de Guerra, Hacienda, Agri­ cultura, Minería, Industria, Comercio y Artes. –Art. 9o. Estará a cargo Oficial 3o. el orden del Archivo, según el Reglamento que se forme al efecto. –Art. 10o. El Oficial 4o., con un escribiente, tendrá a su cargo los asuntos pertenecientes a la Primera Comisión de Policía y Peticiones. Art. 11o. Los Oficiales 3o. y 4o. ayudarán cuando sea mucho el trabajo a los Oficales 1o. y 2o., estando todos a las órdenes de aquél, después de las de los Secretarios. –Art. 12o. Mientras no haya Taquígrafos, o Redactores que lleven las discusiones, quedará al arbitrio y juicio de los Secretarios, tomar los Oficiales, o Escribientes que formen los ayun­ tamientos para extender las Actas. –Art. 13o. Será de la obligación del Oficial 1o. cuidar no falten los otros Oficiales y Escribientes, si no es por alguna causa legítima de que deberá dar conocimiento a los Secretarios. –Art. 14o. Los Ofi­

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ciales y demás Subalternos trabajarán desde las ocho de la mañana, hasta que concluya la Sesión, y no habiéndola, hasta las doce; cuando no la haya por la tarde comenzará el trabajo a las cuatro y concluirá hasta que los Secretarios dis­ pongan. El décimoquinto del capítulo último, que se contrae a que el Congreso declare los honores y distinciones que deben gozar los dependientes de la Secre­ taría, pasó a la Comisión especial encargada de formar el Reglamento de la materia, y luego se dio cuenta con tres oficios del Gobierno. Con el primero acompaña una copia autorizada de la Circular expedida por el Ministerio de Relaciones sobre reno­ vación de oficios del Soberano Congreso general Constituyente. Con el segundo otra del Decreto del mismo Soberano Congreso en que prohibe la introducción de los frutos y efectos procedentes de países extranjeros, y que expresa una lista que también incluye; y en el tercero manifiesta los motivos que han suspendido la contrata con el fábricante de polvo delgado y rapé. Los dos primeros se manda­ ron contestar de enterado, y el último que pasara de preferencia a la Comisión de Hacienda. –Por último promovió el C. Presidente que se le diera alguna gratifica­ ción a Dn. Juan Córdova por el tiempo que ha servido de meritorio en la Secretaría, y que se tomaran providencias para el arreglo de Correos. Tomados ambos puntos en consideración se determinó, respecto del primero, que se le dieran cincuenta pesos al referido Córdova, distribuidos en cantidades parciales de a veinticinco pesos que recibirá éste y el mes entrante. Y en orden al segundo, que se hiciera la propo­ sición por escrito para que corriera sus trámites. Se levantó la Sesión a la una y cuarto de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 18 En la Ciudad de Valladolid a los dieciocho días del mes de junio de 1824. Abierta la Sesión del Congreso se leyó el Acta anterior, y sin embargo de haber reclamado el C. Huarte el acuerdo que en ella consta sobre la gratificación del meritorio Cór­ dova, manifestando que las cantidades parciales que se le asignaron, no debía reci­ birlas sino hasta que se pagaran los doscientos pesos al C. Diputado Soravilla, fue aprobada suprimiendo únicamente en el artículo cuarto del dictamen sobre arreglo de Secretaría, estas expresiones con que concluye: en atención al continuo servi­ cio de su empleo. –Por enfermedad del C. Secretario Jiménez entró a ocupar su lugar el C. González, y se dio cuenta inmediatamente con dos oficios del Gobierno a que acompañan ocho certificados del juramento de obediencia que han prestado varios Pueblos del Estado; asimismo con otros dos en que incluye quince ejempla­ res del Decreto del Soberano Congreso general relativo, entre otras cosas, a que el nombramiento de los oficiales de que habla el Acta Constitutiva en la facultad 16a. del Poder Legislativo, se entiende por la Milicia Cívica o local, y otros quince del Decreto expedido por el mismo Congreso, sobre que Durango forme un Estado de la Federación Mexicana (8); y todos se mandaron contestar de enterado y archi­ varse en sus respectivas carpetas. –A continuación hizo presente el C. Salgado, que a lo resuelto por el Congreso en orden a la pretensión de las Monjas Teresas de Querétaro, aún no se le daba curso en la Secretaría por no estar dispuesto si se habían de volver o no a las religiosas los antecedentes de su solicitud, ni en que términos se había de comunicar la providencia, y después de discutidos ambos pun­ tos, se determinó, respecto del primero, que se archivaran los documentos, y en orden al segundo, que por un oficio se le avisara al Gobierno transcribiéndole a la letra el acuerdo para que lo ponga en el conocimiento de las interesadas. –Habiendo

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manifestado el C. Presidente la necesidad que había de concluir la discusión de los artículos del dictamen sobre etiqueta, por estarse ofreciendo a cada momento fun­ ciones públicas, y no poder asistir a ellas el C. Gobernador por la falta de este Reglamento, se procedió al exámen de las adiciones que presentó la Comisión res­ pectiva, dando principio con la lectura de los artículos aprobados, en los que repro­ duciéndose de nuevo las objeciones hechas al tiempo de su aprobación, hubo varios y prolongados debates, que únicamente se permitieron en consulta del acierto, con­ cluyendo, por fin, con que la primera adición, que se contraía a que el Supremo Tribunal de Justicia tuviera el tratamiento de Alteza, y sus individuos de Señoría; se insertara en el artículo segundo, lo mismo que la del Consejo del Gobernador, dándoles a uno y a otro el de Excelencia, y que la Secretaría lo redactara, como lo verificó de esta manera: Art. 2o. Al Presidente y Vice–Presidente, en su vez, del Poder Legislativo; al Gobernador del Estado, al Teniente en su falta; al Supremo Tribunal de Justicia y al de la Audiencia, se dará el tratamiento de Excelencia. Después de suprimidas en el tercero las expresiones siguientes: y los Ministros del Poder Judicial, se redactó y aprobó en estos términos: Art. 3o. Los demás vocales del Congreso; los del Consejo; los del Supremo Tribunal de Justicia, y los de la Audiencia tendrán el de Señoría. Adicionando el décimo con la indicación del lugar que debe tener al Comandante general cuando la Audiencia no asista, y el décimo primero con la del que asimismo ha de ocupar el Juez de Letras en el segundo caso del Comandante, se redactaron y aprobaron en esta forma: Art. 10o. El Coman­dante general tendrá su lugar después del Presidente de la Audien­ cia, o inmedia­tamente después del Presidente del Ayuntamiento si aquella no asistiere. Para mayor claridad del décimo segundo, lo presentó oficiosamente la Comisión redactado y dividido en dos artículos, que aprobados son como siguen: Art. 12o. Si asis­tiere la Diputación del Congreso se pondrá a su Presidente un asiento mas elevado, con su cojín correspondiente; lo mismo se hará con el Gober­ nador o su Teniente, cuando presida, y en igual caso con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. –Art. 13o. Para los demás individuos de estas tres Supre­ mas Corporaciones se pondrán sillas. Por este orden se aprobó el artículo décimo cuarto, agregándole después de las palabras, al Gobernador del Estado, y su Con­ sejo, y quedó concebido en estos términos: A la Comisión del Congreso cuando asista; al Presidente del mismo en ejercicio; al Gobernador del Estado y su Con­ sejo, y al Tribunal Supremo de Justicia se harán los honores de Capitán general de Ejército; y sus guardias serán correspondientes a semejantes honores. El décimo quinto y el décimo sexto volvieron a una Comisión especial compuesta de los CC. Pastor Morales, Huarte y Rayón, para que dictamine de preferencia; y de conformi­ dad con la primera se suprimió la proposición del C. Salgado respecto del uso del bastón, porque de hecho lo llevan las primeras autoridades. –Se dio primera lectura a las proposiciones siguientes: 1a. Del C. Salgado, sobre que por medio del Gobierno se ordene a los Ayuntamientos de Apatzingán y Ario informen con justificación el número de haciendas y ranchos que hay de beneficio de añil en sus respectivos terri­ torios; cuántos obrajes en cada una; cuántas están en giro y cual sea la causa de los que no lo están. Añadiendo, bajo un calculo juicioso, el maximum y minimum de la cantidad de zurrones de añil de ocho arrobas que puedan labrar anualmente, y el total de haciendas y ranchos que hay en cada Partido, para que bajo este cono­ cimiento se pueda formar idea si el Estado de Michoacán podrá o no abastecer a

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toda la República, y en el primer caso pedir al Congreso general que entre los artícu­ los prohibidos de importación se comprenda éste. A la que se agregó una adi­ ción del Ciudadano González, para que se tome la misma medida con razón a los ingenlos de azúcar. –2a. Del C. Pastor Morales sobre que no se vuelva a exigir firma de Letrados en ninguna especie de recursos judiciales, y que en los Partidos distan­ tes de la Capital u otro lugar donde no haya Abogados expeditos puedan consul­ tar los Jueces no Letrados con personas que tampoco lo sean; pero que tengan alguna inteligencia en el Derecho, aunque sea adquirida solamente por la práctica, suje­ tando a esta clase de consultores a la misma responsabilidad que tienen los Letra­ dos. –3a. Del mismo C. sobre que se forme un Consejo de Hacienda, o a lo menos un Tribunal de Cuentas. –4a. Del C. Lejarza, sobre que mientras el Congreso gene­ ral de la Federación no declare el punto pendiente del Patronato, se suspenda toda providencia o Ley que directa o indirectamente pueda contrariar la que el referido Congreso dictare en la materia. –5a. del mismo C. en que pide que suspendiendo el artículo aprobado sobre la distinción que han de llevar los Diputados, deje este punto para que sea el objeto de una Ley particular, a que deberán proceder el informe de la Comisión y la discusión correspondiente. –6a. Del C. González, sobre que aten­ dida la necesidad que hay de administración de justicia se autorice por ahora a los dos Ministros electos, que se hallan en esta Ciudad, para que formen una de las Salas, sirviendo de Escribano de Cámara uno de los que hay públicos; o que se nombre otro Abogado, aunque no esté electo, para que asociado con dichos dos Ministros, supla, mientras se presenta uno de los propietarios. Declaradas por el momento las de los CC. Salgado y González, se mandó cumplir con la de aquel en su primera parte; y para la discusión de la del segundo se señaló la Sesión de mañana en que se verificará con preferencia de otros asuntos. Las demás corren su trá­ mite. –Por último se acordó que en la Sesión secreta de mañana, se haga el nom­ bramiento de los dependientes de la Secretaría, y se levantó la pública de hoy a la una y cuarto. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 19 En la Ciudad de Valladolid a los diecinueve días del mes de junio de 1824. Se abrió la Sesión del Congreso con la lectura del Acta anterior, que fue aprobada, después de haberse dispuesto, en virtud de las advertencias del Exmo. Sr. Presidente, que se añadiera en la proposición que hizo en aquella Sesión el C. Salgado en orden a los añiles, la del C. González sobre azúcares, y que igualemente se reformara la redacción del artículo segundo sobre tratamientos, colocando, después del Teniente Gobernador al Consejo, que es el lugar que por el orden le corresponde; y por último, que respecto de los artículos sobre distinción y honores que se mandaron pasar a la Comisión especial, compuesta de los CC. Pastor Morales, Huarte y Rayón, se agre­ gue la palabra de preferencia, cuya circunstancia falta en el acuerdo. –En seguida se dio cuenta con un oficio en que el Teniente Gobernador transcribe el de Jefe de Hacienda pública, relativo a la carta que también acompaña, escrita por el Fiel de Zinapécuaro al Factor de la Renta del Tabaco, promoviendo una providencia para exterminar el contrabando, y se determinó que pasara de toda preferencia a la Comisión de Legislación, a fin de que presente un Proyecto de Ley que reprima estos abusos. –Luego se dio primera lectura al dictamen extendido por la Comisión de Hacienda a consecuencia del oficio con que el Teniente Gobernador manifiesta los motivos por que no se ha podido verificar la contrata con el fábricante de polvos, y a otro de la misma con respecto a la proposición del C. Lloreda, sobre que se pidan al Gobierno Supremo cuatrocientos mil pesos para el Estado del préstamo que ha conseguido de Londres. –Conforme a lo prevenido en el Acta anterior, se leyó la proposición en que el C. González pide que se autorice a los dos Ministros electos que se hallan en esta Ciudad para que una de las Salas de la Audiencia, sir­ viendo de Escribano de Cámara uno de los que hay públicos, o que se nombre otro

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Abogado, aunque no esté electo, para que asociado a dichos dos Ministros supla, mientras se presenta uno de los propietarios; y examinada suficientemente, así en lo general como en lo particular de sus artículos, se desecharon estos, después de discutido segunda vez el primero, por haber empatado, respecto de él la votación. En acto continuo tomó la palabra el C. Huarte, y al tiempo de exponer varias razo­ nes que confirmaron más el acuerdo, pidió, para consultar de algún modo a los fines de aquella proposición, en primer lugar, que se excitara al Gobierno para que man­ dara prevenir las Salas y oficinas que deben servir para el despacho de la Audien­cia; en segundo, que se le dijera, asimismo, hiciera administrar pronta y cumplidamente la justicia donde hubiera quejosos, y en tercero, que por medio de los papeles públicos se invitaran pretendientes idóneos para el desempeño de las plazas de Escribanos. Tomando estas proposiciones en consideración se aprobó la primera, quedando desechas las segunda y tercera. –Retirada otra que hizo el C. Pastor sobre que el Gobernador nombrara los escribanos, se procedió a la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre arreglo de la Tesorería, y a petición del C. Huarte, se suspendió y reservó hasta que se designen las rentas que corresponden al Estado. –A continuación se leyó el de la Comisión de Legislación sobre el Cuerpo consultivo que debe tener el Gobernador, y se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 19 En la Ciudad de Valladolid a diecinueve de junio de 1824, se abrió la Sesión secreta ordinaria del Honorable Congreso, que comenzó por la lectura del Acta del día 13 de este, la que se aprobó, ocn las reformas que en ella constan, y rubricó como es de estilo. En seguida mandó el Ciudadano Presidente se anunciase el motivo de la Sesión secreta, y habiendo instruido que para la elección de los dependientes de la Secretaría del Congreso, fué leído el artículo sexto propuesto en el Reglamento que presentó la Comisión de Policía, el que después de una larga discusión hacia los indivduos que en él se comprenden, fue aprobado en estos términos: “Artículo 6o. Los cuatro oficiales dichos, serán los Ciudadanos José María Caballero, Juan del Corral, José Miguel Trujillo y Luis Vaquero, los mismos que por este orden servían en la de “Diputación Provincial”. Se comenzó la discusión del artículo séptimo que trata de los Escribientes, en cuyo punto se intrincó una discusión, la que fue cor­ tada por el Ciudadano Presidente, manifestando que había un pliego del Ciudada­ no Gobernador, o Vicario Capitular de la Mitra, que fue dirigido al mismo Ciudadno Presidente, el que se abrió y leyó y contenía un Edicto sobre libros prohibidos, un oficio en que lo participa dicho Vicario Capitular al Honorable Congreso, pidién­ dole que por su autoridad se dicten las providencias que se estimen oportunas a efecto que por la autoridad Civil se sostenga su providencia; cuyo punto se discutió brevemente, quedando resuelto y acordado, que en Sesión extraordinaria de esta tarde se resolvería el asunto, con lo que se levantó la Sesión a las dos de la tarde. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) Manuel González (Rúbrica) Dip. Srio. Sup. Dip. Srio.

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Sesión Secreta Extraordinaria del día 19 En la Ciudad de Valladolid a diecinueve de junio de 1824, leída y aprobada el Acta de la Sesión anterior, sin más reclamo que el del Ciudadano Huarte expre­ sando que salvaba su voto en cuanto al nombramiento del cuarto oficial de la Secreta­ ría, el que se mandó expresar en esta Acta, y otro del mismo Ciudadano pidiendo no se tuviesen sino dos Sesiones secretas ordinarias en la semana, para que así no se llamase la atención pública sin causa suficiente para ello. Se acordó hiciese por escrito su proposición y corriera trámites. Continuó la Sesión secreta extraordinaria del Congreso, abierta a las cinco de la tarde, la misma que se citó por el Ciudadano Presidente en la secreta de la mañana de este día, que siguió a la pública, siendo el principal objeto de ella tratar acerca del oficio del Ciudadano Vicario Capitular de esta Diócesis, que remitió a las doce de hoy al Congreso, por conducto del Ciu­ dadano Presidente en que acompaña un Edicto, que, según insinuó el mismo Ciudadano verbalmente, se ha de leer mañana en esta Santa Iglesia, relativo a prohi­ bición de libros impíos, pinturas y otros instrumentos obscenos. En consecuencia se tuvo este punto por de preferencia, y al efecto se comenzó por repetir la lec­ tura del oficio que se había verificado en la Sesión secreta de la mañana. Y comen­ zada la discusión tomó la palabra el Ciudadano Presidente, y en un largo discurso manifestó la justicia del paso por la corrupción de costumbres, haciendo presente que la noticia comunicada por la Vicaría Capitular era un acto de comedimiento y política, no porque necesitase de otra Autoridad por tener facultades para todo lo que contiene el Edicto, concluyendo con que se le contestase elogiando su celo, y asegurándole que el Congreso coadyuvaría al logro de esta medida, dictando con detención y madurez las providencias oportunas. El Ciudadano Huarte expuso que como había manifestado en la Sesión anterior, al concluirse la lectura del oficio,

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debía oírse al Gobierno en esta parte, porque, según las Leyes vigentes, no tocaba a la Autoridad eclesiástica, sino a aquél el recoger los libros e instrumentos prohibi­ dos. Lo apoyó el Ciudadano Villaseñor con iguales razones, a que el Ciudadano Presidente contestó con otras repitiendo su dictamen, que igualmente expuso el Ciudadano Lejarza. El Ciudadano Villaseñor manifestó que según las noticias que tenía, el Exmo. Sr. Gobernador del Estado había recibido hace tiempo orden del Supremo Poder Ejecutivo de la Federación con el objeto de que se trata, lo que hacia más necesario que el oficio del Ciudadano Vicario Capitular y Edicto adjunto viniesen informados por dicho Gobierno vertiéndoselos a este efecto. El Ciuda­ dano Lejarza dijo: que si era así debía exigirse responsabilidad al Gobierno por no haber dado conocimiento de tal orden al Congreso, coniforme a lo dispuesto; a que contestó el Ciudadano González, que bien podría ser fuese aquélla anterior al acuerdo, y que además, según parecía, sólo contendría disposiciones gubernati­ vas, que en opinión del que hablaba no eran a las que el Congreso había mandado, se le diese conocimiento; el Ciudadano Rayón habló también de conformidad con lo expuesto por los Ciudadanos Presidente y Lejarza exponiendo que a fin de cortar la corrupción generar que se advertía en puntos de religión, aun cuando hubiese leyes que dejasen a la autoridad Civil la facultad de recoger los libros impíos y demás cosas perniclosas, el Congreso debía disimular en esta parte por ahora, dejando a la Autoridad eclesiástica con entera libertad para obrar. En este estado se acordó sería conveniente tener a la vista las citadas Leyes y órdenes; y habiéndose encargado de presentarlas el Ciudadano Villaseñor salió con este objeto, que­ dando entretanto suspensa la Sesión, que habiendo continuado a su vuelta, se leyó el artículo cuarto y quinto del capítulo segundo del Decreto de las Cortes de España de veintidós de febrero de mil ochocientos trece, y una orden del Supremo Poder Ejecutivo de la Federación de diez de abril último al Gobierno de este Estado, en que renovado el reglamento sobre prohibición de libros, y demás que con fecha veintisiete de septiembre de mil ochocientos veintidós expidió el Ex–Emperador Iturbide, dice al mismo Gobierno pida al Eclesiástico del Estado, lista de los que deban prohibirse, procediendo en lo demás con arreglo al Reglamento citado, y leído éste, como también el dictamen del Consejo de Estado de la misma fecha, que la formó a petición del ex–Emperador, continuó la discusión repitiendo los Ciuda­da­ nos Presidente, Lejarza y Rayón su dictamen, así como el contrario los Ciudadanos! Huarte y Villaseñor, expresando el último que estas determinaciones de los Decre­ tos leídos eran antiguas, y habían estado en uso desde el Gobierno monárquico absoluto, a cuyo efecto leyó la cuestión del Tratado de Máximas sobre recursos de fuerza y protección de Covarrubias, folio doscientos treinta, en cuanto al recurso de fuerza que podrá introducirse sobre la observancia de la Ley treinta y ocho, título séptimo, libro primero de la Recopilación, insistiendo dicho Ciudadano en la nece­ si­dad de dar conocimiento al Gobierno. El Ciudadano Salgado hizo presente que se infringía el Reglamento por haber pasado dos horas que el mismo permite en Sesio­ nes secretas, y no creía de suma importancia el asunto para que se demorase la Sesión por más tiempo, pudiendo diferirse para otra el asunto. Hizo ver que ha más de tres años, que los libros y demás de que se hablaba corrían libremente, por lo que nada podría influir que ahora se retardase dos o mas días a fin de asegurar más la resolución. El Ciudadano González manifestó, que aunque el Ciudadano Presi­ dente decía que la remisión del oficio y Edicto era un acto de mera política, parecía,

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según el mismo (a cuyo efecto leyó el párrafo último), que se contraía a pedir al Congreso dictase las providencias oportunas, en cuyo caso era una solicitud, debía tenerse por esto comprendido el asunto en los de que habla el Decreto número siete de este Congreso, cuya observancia recomendó, añadiendo que el conducto por donde se había recibido el oficio, que fue el del Ciudadano Presidente, lo tenía desconocido e ilegítimo, debiendo haberse hecho por la Secretaría, alegadas varias razones, en seguida se pidió preguntarse si estaba discutido y en disposición de votarse el punto y decidido por la afirmativa antes de procederse a la votación, pidió el Ciudadano Salgado que se tuviese presente la orden que se había leído del Supremo Gobierno, y el Ciudadano González recordó igualmente el Decreto número siete de este Congreso, y habiéndose verificado la votación, ésta se hizo sobre si se contes­ taba el oficio, y en el acto se decidió que sí por los votos de los Ciudadanos Presi­ dente, Rayón, Lejarza, Quevedo y Menéndez, se preguntó después si se suspendía el Edicto y se decidió por los mismos votos que no, habiendo sido de opinión que se dijese al Vicario Capitular suspendiera el Edicto, hasta que el Gobierno del Estado informara y corrigiese el oficio los trámites correspondientes para asegurar mejor la resolución, los Ciudadanos Huarte, Villaseñor, Salgado y González. A con­ secuencia se trató de la contestación que había de darse al Vicario Capitular, y el Ciudadano Presidente fijó la siguiente proposición que fue aprobada en los térmi­ nos de la votación anterior: “Que se diga al Vicario Capitular que el Congreso queda enterado del contenido del Edicto que va a publicarse para contener los progresos de la impiedad, y que elogiando su celo y deseando cooperar por su parte a tan santo fin, deliberará con detención y madurez para dictar las providencias que sean mas conducentes a este objeto.” El Ciudadano Huarte hizo la siguiente adición que generalmente se aprobó: “Con arreglo a las Leyes Vigentes”. Lo fue igualmente otra del Ciudadano Rayón que fue: “Que no se opongan a las determinaciones Pontificias.” En seguida pidieron los Ciudadanos González y Salgado se salvase su voto. El Ciudadano Huarte pidió se leyese en público el Acta de esta Sesión lo que se aprobó, como también la insinuación del Ciudadano Presidente, que a más de hacerse publicar se imprimiese, y disponiéndose a consecuencia que inmediata­ mente se participase la resolución, se levantó la Sesión a las nueve de la noche. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) Manuel González (Rúbrica) Dip. Srio. Sup. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 21 En la Ciudad de Valladolid a los veintiún días del mes de junio de 1824, leída y aprobada el Acta de la Sesión anterior, se dio cuenta con un oficio en que el C. Lic. Carlos María Bustamante pide una nota exacta de lo ocurrido en la desgraciada expedición del Exmo. Sr. Morelos en esta Ciudad, y del arresto y muerte de su segundo el Sr. Matamoros, por serle llegado el caso de hablar de ella en el Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, que esta encargado de formar; y se determinó que pase al Gobierno, para que impuesto de su contenido nombre los sujetos que estime mas a propósito para que extiendan el informe a la mayor brevdad, y con la misma se remita al interesado (9). –A continuación pidió el C. González que se man­ dara pasar a la Comisión de Legislación, encargada de formar el Proyecto de Ley para evitar el contrabndo de tabaco, un oficio de la materia que a petición de la de Hacienda, en cuyo poder existe, mandó la Factoría, y como el Exmo. Sr. Presi­­ dente contestara que los de las Comisiones están autorizados para pedir los papeles que necesiten en la Secretaría o en cualquiera otra oficina pública, quedó así enten­ dido el solicitante, y se procedió a dar segunda lectura de los dictámenes siguientes: 1o. Al que extendió la Comisión de Hacienda con motivo del oficio en que el Teniente Gobernador manifiesta los que han impedido verificar la contrata con el fábricante de polvos; 2o. Al de la misma, en orden a la proposición que hizo el C. Lloreda a fin de que se pidieran al Supremo Gobierno, como se ha dicho, cuatro­ cientos mil pesos para el Estado. Sobre ambos se determinó tratar hoy mismo, y en consecuencia, discutido el último, se suspendió, y se pasó al primero que sigue después de ligeramente examinado, se aprobó, reduciendo la substancia de los dos artículos que contiene a estos términos: “Que por oficio se le diga al Teniente Gober­ nador que en uso de sus facultades puede resolver conforme a lo que sea más con­

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veniente al Erario público, en orden a la cantidad de libras que ahora deban labrarse, la que habiendo de ser corta no se exija al contratista que ocupe individuos del Estado ni se le de gratificación alguna, sin obligarlo tampoco a que descubra un secreto que es de poca importancia”. –Luego se leyó la minuta de los artículos apro­ bados para el Reglamento de la Secretaría del Congreso; y habiendo reflejado el Sr. Presidente que aún faltaba un articulo en que debía señalarse la obligación en que estaban los escribientes de trabajar también en las Comisiones, se discutió el punto, y quedó redactado y aprobado por undécimo y último el siguiente: Estará a cargo de los Sres. Secretarios señalar indistintamente los Escribientes de la Secre­ taría para los trabajos de Comisiones. –Inmediatamente se leyó por segunda vez la proposición del C. Pastor Morales, que entre otras cosas pide que no se vuelva a exigir firma de Letrado en ninguna especie de recursos judiciales; y aunque se trató de desechar, por no hallarse presente su autor, quedó suspensa. –En seguida pidió el C. Lejarza que se le permitiera leer una “Gaceta de Jalisco”, para que así el Hono­ rable Congreso, como los espectadores, se instruyeran de que las diferencias de aquel Estado habían terminado felizmente (10). Luego que concluyó siguió la segunda lectura de dos proposiciones del mismo C. Lejarza: la primera sobre que mientras no se declare el punto pendiente del Patronato, se suspenda toda provi­ dencia o Ley que directa o indirectamente pueda contrariar la que el Soberano Congreso general dictare en la materia; y la segunda sobre que el artículo aprobado en orden a la distinción que han de llevar los Diputados se suspenda igualmente, y quede este punto para que sea el objeto de una ley particular, a que deberán prece­ der el informe de la Comisión y la discusión correspondiente. Ambas pasaron a la Comisión de Legislación, lo mismo que a la de Agricultura la del C. Salgado sobre añiles, que también se leyó por última vez. Habiéndose dispuesto, por fin, que se sacara un apunte de los asuntos que hay pedientes en las Comisiones y que se diera cuenta con él en la primera Sesión. Se levantó la de hoy a las doce y cuarto. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 22 En la Ciudad de Valladolid a los veintidós días del mes de junio de 1824, leída y aprobada el Acta de la Sesión anterior, se dio cuenta con tres oficios en que el Hono­ rable Congreso de Jalisco y las Diputaciones Provinciales de Chihuahua y Nuevo León, acusan el recibo de los ejemplares que se les mandaron del Manifiesto. –A conti­ nuación se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Constitución sobre el ocurso que hizo el Pueblo de Cutzio pretendiendo que se les conceda establecer Ayuntaminto. Luego propuso el Exmo. Sr. Presidente que se diera por concluido el Reglamento de etiqueta, sin esperar el dictamen de la Comisión sobre los artículos que se le pasaron en orden a los honores que se deben a los Supremos Poderes del Estado y distinciones que han de llevar los CC. Diputados del Congreso, pues que ya había pasado mucho tiempo y se estaba notando la falta del Teniente Goberna­ dor en las asistencias públicas; pero no habiendo declarado su discusión por del momento, se acordó que se señalara término a la Comisión, para que cuanto antes consultara en el particular y se le designó, en efecto, la primera Sesión. –Inmediata­ mente se procedió a la discusión que quedó pendiente del dictamen de la Comi­sión de Hacienda sobre los cuatrocientos mil pesos que se trata de pedir al Gobierno. En ella hubo varios debates que terminaron por fin con el acuerdo de que se diga al Gobierno que tomando todos los datos necesarios sobre el modo y condiciones con que se ha conseguido el préstamo de Londres, informe circunstanciadamente al Congreso para ver si puede pedirse alguna cantidad para el Estado. –Después se leyó el dictamen de la de Constitución, sobre el Cuerpo consultivo que debe tener el Gobernador y aprobado en lo general se descendió a la discusión particular de sus artículos, quedando aprobado sin ella el primero que dice: Se compondrá el Con­ sejo del Vice–Gobernador y dos Vocales, siendo el primero Presidente nato de

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dicho Cuerpo. Examinado el segundo se aprobó en estos términos: Art. 2o. Habrá dos designados para que en caso que el Vice–Gobernador haga veces de Gober­ nador, o por otra causa no pudiere asistir, entre en su lugar el primer nombrado, y el otro quede expedito para poder entrar si acaeciere muerte o enfermedad de alguno de los Consejeros. El tercero y el cuarto se aprobaron igualmente de este modo: Art. 3o. En el caso de que el Vice–Gobernador ejerza funciones de Gober­ nador, será Presidente del Cuerpo el vocal más antiguo. Art. 4o. Hará de Secre­ tario del Consejo uno de los mismos Consejeros en la forma que disponga su Reglamento interior. El 5o. que dice: Solamente uno de los Consejeros podrá ser Eclesiástico, ya sea propietario o suplente, suscitó una larga discusión en la que después de varias objeciones acaloradas, se determinó, para que concluyeran, poner a votación el artículo, al intento se leyó, y cinco de los Vocales estuvieron por la afirmativa y los otros cinco por la negativa. Se levantó la Sesión pública a las doce y media para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 23 En la Ciudad de Valladolid a veintitrés días del mes de junio de 1824, se abrió la Sesión secreta ordinaria del Honorable Congreso, y en la que no se leyó el Acta de la Sesión del día diecinueve del mismo en que se trató como punto esencial el oficio y Edicto del Vicario Capitular de esta Diócesis sobre prohibición de libros, por no haberse podido concluir con las circunstancias que se mandó. Luego se entró al nom­ bramiento de los cinco escribientes y portero que detalla el Reglamento de la Secreta­ ría, y al efecto se mandaron poner delante las solicitudes que para tales destinos había pendientes, y examinadas profundamente la aptitud, conducta, patriotismo y cargas de familia, recayó el nombramiento en los Ciudadanos siguientes: Pedro Zepeda, con ocho votos, Juan García, con ocho votos, José María Perón, con siete, Juan Córdova, con nueve, Antonio Molina, con seis, y para portero el Ciuda­ dano Juan Rojas, con lo que se levantó la Sesión a la una y media de la tarde. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) Manuel González (Rúbrica) Dip. Srio. Sup. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 25 En la Ciudad de Valladolid a los veinticinco días del mes de junio de 1824, fue leída y aprobada el Acta anterior, después de reformada la redacción de lo ocurrido en la votación del artículo 5o. del dictamen sobre formación del Consejo de Estado, que quedó pendiente en aquella Sesión. Inmediatamente se dio cuenta con siete oficios del Gobierno, acompañando con el primero una copia del Soberano Decreto de 1o. del corriente comunicado por el Ministerio de Guerra y Marina, sobre decla­ ración de los casos en que deben considerarse empleados, o de cuartel, los generales del Ejército (11): con el segundo, otro de la Circular expedida por el de Relacio­ nes, sobre hallarse en posesión de su destino el Exmo. Sr. Dn. Guadalupe Victoria; con el tercero, el Soberano Decreto de 9 del corriente, que entre otras cosas contiene la de que el Soberano Poder Ejecutivo dará patentes de corso a los nacionales y extranjeros (12); con el cuarto, otro Decreto que prohibe la importación de proce­ dencia extranjera en el territorio de la Federación Mexicana, de los géneros, frutos y efectos que constan en la lista que también incluye; con el quinto, tres certifica­ dos del juramento de obediencia que han prestado los Pueblos de Chilchota y Tare­ tan, y empleados subalternos de la Administración de Alcabalas de Zamora; con el sexto, una representación del C. Ignacio Urbina, solicitando destino en la Secre­ ta­ría del Supermo Tribunal de Justicia; y con el séptimo, otra del C. Juan López, teniente de la Milicia Cívica de esta Capital, sobre que se le exonere del servicio en los proplos términos que se estaba haciendo con otros individuos, y se han dejado de practicar, según expresa el I. Ayuntamiento, respecto a una consulta que hay pendiente en el particular. Todos se mandaron contestar de enterado, y que el último pasara con sus antecedentes a la Comisión de Guerra, y el penúltimo se devolviera al interesado para que ocurra a donde corresponde. –Leído otro oficio en que el

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C. Manuel Reyes acompaña una copia de la exposición que hizo al Congreso gene­ ral de la Federación con el fin de indemnizarse del delito de que se le acusa, como comprendido en la conspiración descubierta en 13 de mayo último, se acordó que pase a una Comisión especial compuesta de los CC. Huarte, Lejarza y Salgado, para que en la primera Sesión informe sobre su contenido, y si deba o no contestársele. –Luego se leyó la minuta del Reglamento de la Secretaría que fue aprobado; y como a continuación pidió el C. Huarte que en él se añadiera la expresión de que los oficiales y demás dependientes sean amobibles ad nurum, se determinó, que hiciera la proposición por escrito para que corriera sus trámites. –Igualmente se leyó y aprobó la lista de los oficiales y escribientes nombrados por dicha Secretaría. Después de haber dado cuenta con la nota de los asuntos que hay pendientes en las Comi­ siones, mandó el Exmo. Sr. Presidente que se sacara otra de los Ayuntamientos que han felicitado al Honorable Congreso. –En seguida se dio primera lectura al dic­ tamen que extendió la Comisión de infracciones de Constitución, en virtud del ocurso que hizo el C. José Ambrosio Arroyo quejándose de varios excesos y arbitra­ riedades del Alcalde de Puruándiro, y a otro de la de Gobernación respecto de la queja del Ayuntamiento de Los Reyes contra la Diputación Provincial que acabó. –Se dio, asimismo, segunda lectura al dictamen de la Comisión de Constitución, sobre la solicitud del Pueblo de Cutzio para que se le conceda establecer Ayuntamiento, y se numeró para tratar de él cuando por su orden le corresponda. –Se abrió la discusión del artículo quinto, que, quedó pendiente, sobre formación de Consejo, y para salvar toda duda y equivocación se dividió por el Sr. Presidente en dos partes: 1a. ¿Si se excluyen los eclesiásticos o no del nombramiento de consejeros? 2a. En el supuesto de que se puedan nombrar ¿pueden ser Eclesiásticos todos los Consejeros, o se liga el nombramiento a uno solo? Discutidas ambas preguntas, se declaró la primera por la negativa; y en virtud de las razones que se alegaron, para que no pudiera componerse el Consejo de sólo Eclesiásticos, se aprobó el artículo en estos términos: Art. 5o. Solamente uno de los Consejeros podrá ser eclesiástico, ya sea propietario o suplente. El sexto, que dice: Se renovará el Consejo por mitad cada dos años, saliendo un propietario y un suplente, a quienes toque por suerte, aun­ que fue aprobado sin discusión, al leer el séptimo, hizo la reflexión del C. Villaseñor de que así éste, como aquel, eran proplos más bien de la Constitución, que precisa­ mente había de designar el tiempo y modo en que debía reformarse el Cuerpo; y habiéndose generalizado la opinión, se suprimieron ambos, y quedaron reducidos a un nuevo artículo, que, redactado por el Sr. Presidente, se aprobó de esta manera: Art. 6o. La Constitución arreglará el modo como haya de renovarse el Consejo. El octavo, que ahora debe ocupar el lugar del séptimo, quedó suspenso para dar segunda lectura a las proposiciones siguientes: 1a. Del C. Pastor Morales, que entre otras cosas pide que no se vuelva a exigir firma de Letrado en ninguna especie de recursos judiciales; 2a. Del mismo, sobre que se forme un Consejo de Hacienda, o a lo menos un Tribunal de Hacienda, y se suspendió su trámite mientras volvían tres señores Diputados que habían salido al desahogo. Entre tanto hizo indicación el C. Presidente que se excitara al Gobierno, para que en virtud de las facultades que tiene, hiciera al Congreso las proposiciones que estimara por convenientes; y habiéndola retirado por varias reflexiones que ocurrieron, hizo otra, para que a la Autoridad Eclesiástica de esta Capital, se le comunicaran, para su inteligencia, los decretos y providencias que emanaran del mismo Congreso, pues que hasta ahora

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no había recibido mas que la orden para el juramento de obediencia. Admitida ésta, y de conformidad con lo que se pide, se acordó oficiar al Gobierno para su cumplimiento. –Presentes ya los señores Diputados que habían salido, se admitie­ ron las dos proposiciones arriba insinuadas, y se mandó pasar la primera a la Comi­ sión de Legislación, y la segunda a la de Constitución. Por último se dio primera lectura a otra proposición del C. Pastor, sobre que se recuerde el cumplimiento del Decreto de las Cortes de España, en orden a responsabilidad de los Jueces, imprimiéndose y circulándose los ocho primeros artículos, y el 21o. que son los conducentes. A la del C. Huarte, que pide la declaración de cuantas Sesiones secre­ tas ordinarias debe haber cada semana, y en que día se han de celebrar, y a la del C. Salgado sobre que se establezca una Junta de premios, para que examine y califi­ que los servicios de los que los representaren, pidiendo al mismo tiempo, que en igualdad de aptitud y conducta, se prefieren los beneméritos de la Patria. La prime­ ra y la última corren los trámites; la segunda pasó a la Comisión de Policía. Con lo que se levantó la Sesión a las doce horas. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 26 En la Ciudad de Valladolid a los veintiseis días del mes de junio de 1824. Fue leída y aprobada el Acta anterior. En seguida se dio cuenta con los oficios en que el Exmo. Sr. Teniente Gobernador transcriba la manifestación que hacen de su grati­ tud los CC. Lics. Juan Gómez Navarrete y José Sotero Castañeda por la elección que se hizo de sus personas para Ministros del Tribunal Superior de Justicia, así como también la del C. Lic. Alvarado por haberlo nombrado Fiscal, y se manda­ ron contestar de enterado, diciendo al Gobierno, respecto de los dos primeros, que el Congreso desea saber el tiempo que podrán tardar en venir porque ninguno lo señala en sus contestaciones. –Igualmente se acordó en vista del ocurso del C. Aran­ zeta, devolverle los documentos que en él pide, y que presentó al tiempo de solicitar destino en la Secretaría. –A continuación se leyó la lista de los Ayuntamientos que han felicitado al Congreso, y se mandó sacar otra de los que han prestado el juramento de obediencia. –Luego se leyó también por primera vez el dictamen de la Comisión especial encargada de consultar sobre los dos artículos que se le pasaron, relativos a los honores y distinciones de los Supremos Poderes del Estado; por la segunda, el de la Comisión de Gobernación sobre queja del Ayuntamiento de Los Reyes contra la Diputación Provincial que acabó, y el de la de infracción de Constitución, sobre queja también del C. José Ambrosio Arroyo contra el Alcalde de Puruándiro, y se numeraran para tratar de ellos por su orden. Por moción del C. Villaseñor se deter­ minó discutir el dictamen de la Comisión especial sobre honores, después que concluya el exámen de los artículos pendientes sobre formación del Consejo de Estado, al que inmediatamente se procedió con la lectura del octavo que dice: Cuando el Gobernador asistiere al Consejo lo presidirá sin voto, y en este caso el Vice– Gobernador se tendrá solamente como uno de los tres Vocales que lo componen, y

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se declaró por aprobado desde la Sesión anterior. En acto continuo se leyó la primera atribución del citado Consejo, y después de suficientemente discutida y variada su redacción por el Exmo. Sr. Presidente, se aprobó en estos términos: 1a. Dar consejo al Gobernador en los casos que éste deba o quiera pedirlo. La larga discusión que hubo en la segunda se suspendió para pasar a la de los referidos artículos sobre hono­ res; y habiéndose prolongado también demásiado la cuestión que suscitaron, sin haber recaído en ellos resolución alguna, se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. Por acuerdo de ésta, se dio por leída la primera vez una proposi­ ción del C. Lejarza, en la que entre otras cosas pide, que el Honorable Congreso se digne aclarar si le corresponde exclusivamente entender en todas las causas de infrac­ción de Constitución. (Tres medias firmas).

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Sesión Secreta del día 27 En la Ciudad de Valladolid a veintisiete días del mes de Junio de 1824, se abrió la Sesión secreta ordinaria del Honorable Congreso en la que fue leída, aprobada y rubricada el Acta del día diecinueve de éste, asimismo lo fue la del día veintitrés del mismo; y en seguida hizo moción el Ciudadano Presidente a efecto de que se resol­viese desde el día en que comenzaban a disfrutar los oficiales de la Secretaría el aumento de sueldo que se les concedió, como el día en que comenzaban, o debían comenzar, su ejercicio los nuevos Escribientes, y después de una corta discu­ sión se resolvió que uno y otro comenzasen desde el día primero del próximo julio; asimismo, se resolvió que se le diga al Gobernador del Estado, que pida al general de la Fede­ración gratuitamente el edificio de la suprimida Compañía de Jesús, para el uso de Sesiones, oficinas, etc., del Honorable Congreso, añadiéndole, que supuesta su voluntad presunta, ya se habían hecho considerables gastos en él al indicado fin. Se resolvió asimismo, que se le satisfaciese al Ciudadano Francisco Aragón lo que se le resultare deber por el tiempo que continuó sus servicios en la Secretaría, liquidán­dosele su cuenta, hasta el día último del corriente, con la condi­ ción que concluyese de arreglar y entregar del archivo de la Diputación Provincial en que se estaba ocupando, sin otro estipendio. Con lo que se levantó la Sesión a la una y media de la tarde. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Salgado (Rúbrica) José Ma. Jiménez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 28 En la Ciudad de Valladolid a los veintiocho días del mes de junio de 1824, se leyó y aprobó el Acta de la Sesión anterior, y por acuerdo de la secreta que se tuvo el día diecinueve del corriente con motivo del Edicto sobre prohibición de libros, que mandó el Sr. Vicario Capitular de esta Diócesis, se leyó asimismo la que le corres­ ponde: en ella trató de hacer algunas adiciones el Exmo. Sr. Presidente, que no se admitieron por varias razones que se alegaron, y principalmente por la de que estando aprobada el Acta, como lo está desde su respectiva fecha, de ninguna manera puede corregirse su redacción, ni menos alterarse sus acuerdos. Luego se pasó a tratar sobre el modo y términos en que, según lo dispuesto también en ella, se ha de excitar al Gobierno para que informe las medidas que deben tomarse a fin de evitar la propa­ gación de los libros impíos, y después de una larga y divagada discusión, para cum­ plir por ahora con la oferta hecha al señor Vicario Capitular, se determinó, con excepción del voto del C. González, oficiar al Teniente Gobernador diciéndole: que por su parte auxilie a la Autoridad eclesiástica, en la colección de los libros prohibidos en el Edicto de dieciseis del presente; quedando pendiente la Ley que debe dictarse en la materia, hasta examinar el punto con más detención y madurez. –Inmediatmente se dio cuenta con cinco oficios del Gobierno. Con el primero acom­ paña quince ejemplares del Soberano Decreto que declara los casos en que deben considerarse empleados los generales del Ejército; con el segundo otros quince del que asimismo declara que al Supremo Poder Ejecutivo pertenece dar las patentes de corso. Con el tercero una copia de la Suprema resolución de veintitrés del pre­ sente, sobre que en virtud de estar confirmadas las noticias de la exaltación al Trono Pontificio de Nuestro Santísimo Padre León XII y restablecimiento de su salud, se proceda a su formal reconocimiento del modo más solemne, según lo acostumbrado

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en iguales casos con sus predecesores (13). Con el cuarto un ocurso del Ilustre Ayuntamiento de Pátzcuaro, sobre que el ramo de carnes quede sujeto a un solo individuo capaz de abastecer al público; y con el quinto otro de Da. Antonia Quiroz, sobre que en virtud de los servicios prestados por su difunto marido en favor de la libertad de la Patria, y que comprueba con las certificaciones, que también incluye, se le asigne una pensión con arreglo al Decreto de premios de diecinueve de junio de mil ochocientos veintitrés. Esta solicitud se mandó suspender hasta que se decida si al Congreso toca dar los premios que refiere, y la de Pátzcuaro que pase a la Comisión de Gobernación, contestando todos los oficios de enterado; así como también otros dos, relativo el uno a la contestación que dio el Exmo. Señor Minis­ tro de Hacienda, de haber acordado el Supremo Poder Ejecutivo que se facilite por aquella Tesorería general al señor Gobernador Ciudadano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, para su viaje a esta Capital, los mil o dos mil pesos que se pidieron por este Congreso; y el otro al aviso que da el ciudadano Lic. Juan Gómez Navarrete de que a mediados de julio próximo emprenderá su marcha para tomar posesión de su des­ tino en el Superior Tribunal de Justicia. –Leída la minuta con que se dio cuenta de los Pueblos, Ayuntamientos y demás Corporaciones que han prestado el juramento de obediencia al Honorable Congreso, se acordó que respecto de los que faltan se inda­ guen los motivos por que no lo han verificado, oficiándole al efecto al Teniente Gobenador. –Las credenciales del señor Diputado Dn. José María Paulín, que igual­ mente se presentaron, pasaron a la Comisión de Policía para su informe. –Luego abrió el Señor Presidente la discusión de los artículos que hay pendientes sobre honores de los Supremos Poderes del Estado, con la proposición de que teniendo a la vista los honores que se dispensaron a los Virreyes, como Jefes Políticos Superiores del Reino, se haga a la Diputación del Congreso, Poder Ejecutivo, y Supremo Tri­ bunal de Justicia, según su orden gradual, los que corresponden a las Supremas Corporaciones del Estado; con ella pensó conciliar las diversas opiniones que se han advertido en las disputas que ha habido en la materia, pero se suscitaron otras tan difusas y acaloradas, que para reducirlas al punto principal de la cuestión, mandó el C. Presidente que se pusiera a votación el artículo presentado por la Comisión respectiva, la cual a la letra es como sigue: Que a las primeras autoridades del Estado en las ocurrencias de entrada y despedida en el Templo y en todas las demás que no estén señaladas en el reglamento, se hagan los mismos honores que por estatu­ tos o costumbres correspondían a los Virreyes en el extinguido sistema de Gobierno. Verificada aquella y aprobado el artículo por la mayoría de sufraglos, continuó aún la discusión que por último se suspendió levantándose la Sesión a la una de la tarde. Salvando su voto el Sr. Presidente, en cuanto a lo dictaminado por la Comisión sobre honores en el Templo. (Tres medías firmas).

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Sesión Pública del día 30 En la Ciudad de Valladolid a los treinta días del mes de junio de 1824. Leída el Acta de la Sesión anterior, se reformó por indicación del Ciudadano Presidente una expresión equívoca de que se usaba al referir la determinación relativa a que se oficie al Gobierno para que auxilie a la Autoridad eclesiástica en la colección de los libros prohibidos, mandándose igualmente insertar en ella, a la letra, la proposición que hizo el mismo Ciudadano Presidente para conciliar las diversas opiniones que ha habido respecto de los honores que se deben a las Supremas Autoridades del Estado, y que en la de hoy se sentará la que también hizo y reclamó el Ciudadano Huarte, concebida en estos términos: “Que se diga al Gobierno, informe sobre los medlos que contemple más a propósito para evitar la propagación de las doctrinas antirreligiosas que se vierten en los libros prohibidos en el edicto de 16 del presente, y para que se recojan las estampas obscenas.” Mas como el Ciudadano González dijera que tampoco constaba, que el artículo sobre honores presentado por la Comi­ sión respectiva, había sido aprobado, no obstante las disputas que originó su votación, se determinó, después de examinado el punto, que también se agregara y que para no perder el tiempo inútilmente se presentara el Acta con estas adiciones en la Sesión inmediata para su aprobación. –Luego se dio cuenta con un oficio del Hono­ rable Congreso de Guanajuato a que acompaña tres ejemplares del Manifiesto que dio a los habitantes de aquel Estado, y con otro del Exmo. Sr. Bravo, en que también incluye seis del que dirigió a los de Jalisco; uno y otro se mandaron contestar como es de estilo, y que los impresos se repartieran a las Comisiones. Dada cuenta asi­ mismo con los documentos que mandó sin oficio el Ciudadano Lic. Azcárate, rela­ tivos al éxito que tuvo su Comisión para unir éste y el Estado de Guanajuato, se mandaron archivar. –Examinados por la Comisión de Policía, las credenciales del

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señor Diputado Paulín y aprobadas por el Honorable Congreso, se determinó que entrara a prestar el juramento de estilo y tomar posesión de su empleo. Concluido este acto se leyó y mandó contestar con agrado un oficio de las Religiosas Teresas de Querétaro, en que manifiestan su gratitud, por haberles permitido fundar en esta Capital un convento de su orden. –Por disposición del mismo Congreso se procedió al exámen de la adición que hizo al artículo aprobado, sobre honores, el Ciudadano Huarte, contraída a que también se distingan las Supremas autoridades con el uso del dosel. Suficientemente discutido, se preguntó si se había de poner a todos los Pode­ res unidos y a cualquiera de ellos por separado, y votado por partes, se declaró en ambas por la afirmativa, quedando por consecuencia aprobado el artículo y redac­ tado por la Secretaría en estos términos: Que a las primeras autoridades del Estado en las ocurrencias de entrada y despedida en el Templo, y en todas las demás que no estén señaladas en el reglamento, se hagan los mismos honores que por estatutos o costumbres correspondían a los Virreyes en el extinguido Sistema de Gobierno, agregándole a la que de éstas obtenga la Presidencia el uso del dosel. El Ciudadano Presidente salvó su voto respecto de todo el artículo. –Leído un oficio del Gobierno, a que con el informe correspondiente acompaña la solicitud del Ciudadano Francisco Aragón para que se le indemnice con un empleo equiva­ lente al que obtenía, y que se le declare, entretanto, en la clase cesante con arreglo a la dotación de éste, pasó a la Comisión de peticiones. –En seguida se leyó y puso a discusión el artículo 2o. de las atribuciones del Consejo; y por haber indicado el Ciudadano Presidente que aún faltaban otros sobre la edad, y demás circunstancias que debían tener los Consejeros, se determinó, volver el dictamen a la misma Comi­ sión, para que con vista de la Ley orgánica de México, consulte los que deban añadirse. –Leído asimismo, el de la de Hacienda sobre dietas del Gobernador, y apro­ bado en lo general, se descendió al exámen particular de su primer artículo, que dice: El Gobernador del Estado disfrutará el sueldo de seis mil pesos anuales. Largamente discutido, se suspendió su votación, y se dio primera lectura a la pro­ porción que en el calor de la disputa sobre honores, salió a hacer por escrito el Ciudadano Villaseñor, contenida en estos términos: “Al llegar a los artículos que tratan en el Decreto de honores de los que deben hacerse en la Iglesia a las Supremas Autoridades del Estado, pido se ponga la cláusula, de que conformándose con la costumbre antigua y práctica de la Iglesia en este punto se les hagan los que se expre­ sarán”. Con lo que se levantó la Sesión pública a las doce y media para entrar en secreta. Habiéndose tratado en ésta y resuelto que se le dijera al Gobernador del Estado pida al general de la Federación el edificio de la suprimida Compañía de Jesús, para el uso del Honorable Congreso, añadiéndole que supuesta su voluntad, ya se han hecho considerables gastos con el indicado fin. Se acordó igualmente que esta providencia constara en el Acta pública. (Tres medias firmas).

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Sesión Secreta del día 30 En la Ciudad de Valladolid a treinta de junio de 1824, abierta la Sesión secreta ordi­naria se leyó y aprobó el Acta anterior. En seguida se acordó, por moción del Exmo. Sr. Presidente que el asunto de pedir al Supremo Poder Ejecutivo el edificio de la Compañía, se tratase en Sesión pública. A consecuencia expuso el mismo Sr. Presidente, que el Ciudadano Lejarza se hallaba muy resentido a causa de creerse ofendido por la indicación hecha por el Ciudadano Villaseñor acerca, del oficio que el mismo Ciudadano Lejarza puso al Sr. Ministro de la Guerra y corre impreso en los Soles (19). Tomada la palabra por el mismo Ciudadano Villaseñor, expuso que su ánimo no fue el de ofender, y sí de indicar al mismo Ciudadano Lejarza, apoyán­ dolo en que lo haría movido por su buen celo. Habiendo hablado en apoyo de lo mismo varios de los Sres. Diputados, se declaró por el Congreso que no se le había injuriado en cosa alguna, y que si por esta causa dejaba de asistir a las Sesiones, se le oficiase por los Secretarios para que asistiera. Habiendo indicado el Exmo. Sr. Presi­ dente que respecto ha haberse incorporado el Sr. Paulín debía salir como suplente el Sr. Quevedo, pero que convendría no saliese por varias razones que alegó, en cuyo acto pidió licencia el Ciudadano Menéndez, por ser idéntico el caso en atención a ser suplente, y habiéndosela otorgado, discutido ligeramente el asunto, quedó acordada la separación del Ciudadano Quevedo. Hizo moción el Ciudadano Gon­ zález para que se pusiesen dos escribientes que llevaran la redacción de las Actas; pidió el Ciudadano Salgado que quedase a arbitrio de la Secretaría para que destinase indistintamente, a oficiales y escribentes en lo que se convino. El mismo Ciuda­ dano González pidió que se le destinase un escribente que supliese las faltas del portero, y se acordó que quedase a arbitrio de los Secretarios el señalar al escribente

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que quieran para este fin. Se acordó por último, que se pasase oficio al Gobierno con el Presupuesto de gastos del Congreso para que se mande su importe. Se levantó la Sesión a la una y media de la tarde. Manuel de la Torre Lloreda (Rúbrica) Presidente José Ma. Jiménez (Rúbrica) José Ma. Paulín (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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MES DE JULIO Sesión Pública del día 1o. En la Ciudad de Valladolid a primero de julio de 1824, se abrió la Sesión del Con­ greso con la lectura del Acta del día veintiocho del próximo pasado junio que fue aprobada después de corregida en una expresión inexacta. Luego se leyó la de ayer, y a continuación tomó la palabra el Exmo. Señor Presidente y dijo; que cuando había salvado su voto respecto del artículo y adición que se aprobó en orden a los honores que se ha de hacer a los Supremos Poderes del Estado, unos de los apoyos principales de su opinión habían sido los mismos decretos de la Sagrada Congregación de ritos, alegado por la contraria; y que consultando al honor del mismo Congreso y al suyo propio, hacía esta indicación comprobando su aserto con los dos siguientes decretos, que manifestando desde luego la directa oposición que tienen con el referido artículo, los ponía antes de la aprobación del Acta a la consideración del Honorable Congreso: 1o. Baldachinum in Eclesiis et locus in Presbiterio non debetur Domine loci, et admonentur ordinarii ne permitant huyusmodi usurpationem, et non licitam detentione ni S.R.C.G. Jun. 1657 in Polinianen. 2o. Concienator absente Episcopo debet prius salutare canonicos Cathedralis in apparatu Chorali. Capitulariter sedentes, et deinde Gubernatorem secularem civitatis S.R.C 11 Aug. 1691 in Verselen salutationis. El Ciudadano Villaseñor alegó que la costumbre observada no sólo en los reinos extraños, sino tam­ bién en el nuestro, estaba en contra de estos decretos, y que aquella derogaba el derecho positivo que tienen; y por consiguiente, que no había en ellos toda la fuerza y valor que se les quería dar, así como no la tenían tampoco otros varios de la misma Sagrada Congregación que se oponen en algunos puntos a la práctica constante de

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la Iglesia. El Ciudadano Presidente contestó que las corruptelas y abusos no justifica­ ban los hechos, y que esta verdad se deducía con bastante, claridad de la admonición que se hace al ordinario en las últimas palabras del primero de los citados decretos. El Ciudadano Huarte expuso, que los decretos hablaban de sujetos particulares que no tenían los derechos del Soberano, a quien se le debían más honores y preeminen­ cias que las acordadas en el artículo que se trata; y que aunque por el feudalismo quería encarecerlas el Ciudadano Presidente y considerarlas con aquella representa­ ción, de ninguna manera podía tenerla, el que estaba, como ellos, subordinado al rey. Otras varias razones se controvertieron con calor y los Ciudadanos Rayón y Salgado, sin embargo de haber votado antes en favor del artículo, dijeron que salvaban ahora su voto en vista de los decretos presentados por el Ciudadano Presidente, añadiendo el primero que suscribía la misma proposición que se exige sacar de ellas para que corra sus trámites, siempre que se suspenda la publicación del decreto aprobado. Esta condición suscitó nuevos debates que concluyeron poniéndola a votación. Antes de verificarse se aprobó el Acta por haber dicho los Ciudadanos Salgado y Pastor Morales, que estando conforme en todo a lo acaecido en la Sesión respectiva, no había para que entorpecer su aprobación. El Ciudadano Gonzá­ lez reclamó varias veces el orden, por haber entrado en discusión, contra lo pres­ crito en el Reglamento, pero no obstante, se preguntó si se suspendía o no el Decreto sobre honores, y la mayoría se decidió por la afirmativa. En este estado, hizo pro­po­sición el Ciudadano Presidente sobre que, estando para votarse algún asun­ to arduo, no saliera de la Sesión ningún Diputado; y se dio por leída la primera vez. –Inmediatamente se dio cuenta con un oficio en que el Gobierno pregunta ¿si el Venerable Cabildo Eclesiástico habiendo prestado el juramento de obedien­ cia por medio de una comisión, está en el caso de exigírsele la causa por que ha dejado de remitr el certificado correspondiente? y pasó a la Comisión de Gober­ nación. Leído otro, en que igualmente pregunta si la mente del Honorable Con­ greso es la de que se pasen a la Autoridad eclesiástica todos los decretos aun cuando no le toque directamente su cumplimiento, se formó otra cuestión más acalorada que la primera, y se levantó la Sesión a las doce y media. (Tres medias firmas).

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Sesión Pública del día 3 En la Ciudad de Valladolid a los tres días del mes de julio de 1824, se leyó el Acta de la Sesión anterior, quedando dispuesto que en la de hoy constara el reclamo del Ciudadano Rayón, respecto de que cuando había aprobado el artículo sobre hono­ res de los Supremos Poderes del Estado, salvó su voto en cuanto a que a cualquiera de ellos, asistiendo sin la reunión de los demás, se pusiera el dosel; pues que al defe­ rir por su parte el uso de esta distinción, había sido en la inteligencia de que sola­ mente en la concurrencia de todos se había de poner, como que entonces era cuando justamente se contemplaba reunida la Soberanía. –En seguida, se dio cuenta con dos oficios del Gobierno a los que acompañó, por una parte, cuatro certificados del juramento de obediencia que prestaron los Pueblos de Zinapécuaro, Ucareo y San Juan Parangaricutiro, y el Colegio Seminario de esta Capital, y por la otra, quince ejemplares del decreto No. 11, en que el Honorable Congreso prescribe las reglas para el gobierno inteterior de su Secretaría; ambos se mandaron contestar de enterado, y archivar en sus respectivas carpetas los documentos que refieren. –Luego se leyó el oficio del Ciudadano Lic. Azcárate, que por equívoco se quedó en la Secreta­ ría al tiempo de haber dado cuenta con los documentos que remitió para manifes­ tar el éxito que tuvo la comisión que le confirió la Diputación que fue de esta Provincia cerca de la de Guanajuato, sobre unión de ambas Provincias ahora Estados, y se determinó contestarle, dándole las gracias por la eficacia con que se manejó en el desempeño de su encargo (1). –Vista la dimisión que hace el Ciudadano Antonio Molina del destino de escribiente y la pretensión del Ciudadano Mariano Aragón para colocarse en él, dijo el Exmo. Sr. Presidente, que la renuncia quedara admi­ tida, y la plaza se suprimera, por no ser ahora tan necesaria, como se creyó al prin­ cipio de su establecimiento; que cuando los trabajos se aumentaran, entonces se

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trataría de su provisión y se tendría presente la solicitud del referido Aragón. Al aprobar el Congreso esta indicación, el Ciudadano Huarte pidió, que estando ya dispuesto que hubiera en la Secretaría cinco escribientes, pasara a una Comisión el escrito de Molina para que exponiendo los motivos por que se suprimía la plaza, no se dijera alguna vez, contra el honor del Congreso, que sin fundamento y con tanta facilidad derogaba sus decretos. El Ciudadano Pastor Morales adhiriéndose a la opinión del Ciudadano Presidente e interpretando sus expresiones, dijo: que no se trataba de derogar un decreto, sino de suspender únicamente por limitado tiempo y en una sola parte su efecto, y que habiéndolo, además, acordado el Congreso, era necesario también sujetarse a su decisión. El Ciudadano Presidente para conciliar las opiniones propuso: que por ahora se suspendiera la provisión de la plaza, y que cuando se estime conveniente suprimirla, pase a la Comisión para que consulte los términos en que deba hacerse. Así quedó acordado. –De Conformidad con el dic­ tamen de la Comisión de Policía, pasó a la de Justicia la solicitud que hace el Ciuda­ dano Francisco Aragón para que se le indemnice con un empleo equivalente al que obtenía, y que entretanto se le declare en la clase de cesante, con el sueldo que le corresponde. –A continuación, se dio primera lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Policía: el primero, sobre la proposición que el Ciudadano Huarte hace, pidiendo se declare, cuantas Sesiones secretas ordinarias debe haber cada semana; el segundo, sobre la del Ciudadano Presidente en orden a la reforma del artículo 55 del Reglamento de Jalisco; el tercero, sobre la del Ciudadano González, dirigida a que se sienten los nombres de los Diputados que asistan a las Sesiones al margen del Acta; y el cuarto, sobre otras dos proposiciones del Ciudadano Presi­ dente, relativa la una a que en todos los Negocios graves no pueda deliberar el Congreso sin las dos terceras partes de sus miembros, y la otra, a que los decretos que sean de algún interés y trascendencia, no se traten sin la asistencia, a lo menos, de nueve individuos; otro de la de Legislación, sobre el ocurso de los mineros de Angan­ gueo, para quedar exentos del servicio de la Milicia Nacional, que a petición del Ciudadano Rayón se numeró para discutirlo por su orden, y por último, otro de las Comisiones unidas de Hacienda y Legislación, en orden a la proposición del Ciu­ dadano Salgado, para que se reciba en las oficinas de Hacienda pública las monedas legítimas deterioradas por el uso; y el de la de Gobernación, con respecto a la soli­ citud del Ciudadano Lejarza, para que se encargué la Comisión de Petición de los ramos económicos con que corría la Diputación Provincial. –Después hizo moción el Ciudadano Presidente para que el Congreso declare lo que debe hacerse con el artículo sobre honores, que se suspendió en la Sesión anterior; y aunque el Ciuda­ dano Salgado manifestó que nada puede determinarse hasta que corra sus trámites la proposición que hay hecha nuevamente en la materia, por instancia del mismo Presidente, y opinión del Ciudadano Villaseñor, pasó de preferencia a la Comi­ sión respectiva. Luego se puso a discusión el dictamen que extendió la de Cons­ titución, con motivo del ocurso hecho por los vecinos de Cutzio, para que se les permita establecer Ayuntamiento en aquel Pueblo. El Ciudadano Villaseñor tomó la palabra, y después de recomendar el Pueblo, así por su antigüedad, como porque tiene la población que pide la Ley para el establecimiento que pretende, concluyó aprobando el dictamen de la Comisión, que es conforme a la solicitud, y añadió que sería muy conveniente deferir a ella, para poder terminar de este modo las disensio­ nes que hay entre aquel Pueblo y el de Huetamo por haberle dado siempre a éste la

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preferencia, no obstante su menor extensión y antigüedad. El Ciudadano Presidente dijo: que en su opinión debían suprimirse los más Ayuntamientos, según lo intentó también en otro tiempo la Diputación Provincial; pero que estando aún vigentes las Leyes que previenen su establecimiento, y no habiéndose tomado medida alguna en contrario, en consulta de la igualdad que ante éstas deben tener todos los Pue­ blos, convenía por ahora en el dictamen de la Comisión; así opinó también el Ciudadano Huarte, y en consecuencia, el Congreso (2). Inmediatamente preguntó el Ciudadano Salgado si esta resolución se comunicaba al Gobierno por oficio o en clase de decreto, y se suscitó una ligera discusión, que según las razones que expu­ sieron los Ciudadanos Pastor Morales y Huarte contra las del Ciudadano Presidente que para evitar otra semejante consulta, opinó que se decretara por punto general, que en éste y en otro igual caso, procediera el Gobierno según sus facultades, a la creación de los Ayuntamientos, se concluyó disponiendo que al calce o al margen del expediente se extendiera la concesión, y se pasara con oficio al Teniente Gober­ nador para su cumplimiento. –Se abrió la discusión del artículo 1o. sobre sueldos del Gobernador, que a la letra es como sigue: El Gobernador del Estado disfru­ tará el sueldo de seis mil pesos anuales. Los Ciudadanos Pastor Morales, Rayón y el Presidente, por la escasez de la Hacienda pública, y queriendo aliviar a los Pueblos sobre quienes necesariamente gravitan los gastos del Estado, reprobaron la dota­ ción de seis mil pesos, alegando además, que si el Congreso particular de México, cuyo estado en todos sus ramos es diez veces mayor que el de Michoacán, le había asignado a su Gobernador cinco mil; proporcionalmente debía señalársele a éste menor cantidad. Los Ciudadanos Huarte y Villaseñor opinaron en sentido opuesto, apoyados, principalmente, en las recomendables circunstancias del Gobernador nombrado, de quien por su habilidad y talentos conocidos debe prometerse el Estado las mayores ventajas y no temer jamás, que por la diferencia de mil o dos mil pesos resulten mas gravados los Pueblos. Otros varios fundamentos se expusieron de una y otra parte y declarado el punto por suficientemente discutido, se reprobó la dotación de seis mil pesos. Luego se pasó a tratar sobre la que debía señalarse; y aunque los mismos Ciudadanos que reprobaron aquella se opusieron también a la de cinco mil que se indicó después ésta quedó acordada por la mayoría de votos, y el artículo aprobado, y redactado en estos términos: El Gobernador del Estado disfrutará el sueldo de cinco mil pesos anuales. El Ciudadano Huarte hizo la adi­ ción de que el Teniente Gobernador en su caso disfrutará el mismo sueldo y se mandó que siguiera los trámites del reglamento. –Se leyeron por última vez las proposiciones siguientes: 1a. Del Ciudadano Presidente para que se reforme, en cuanto al dosel, el artículo aprobado sobre honores, en virtud de los decretos que presentó de la Sagrada Congregación de ritos. 2a. Del Ciudadano Villaseñor, sobre que al llegar a los artículos que tratan en el Decreto de honores de los que deben hacerse en la Iglesia a las Supremas Autoridades del Estado, se ponga la cláusula de que conformándose con la costumbre antigua y práctica de la misma Iglesia en este punto, se les hagan los que se expresarán. 3a. Del Ciudadano Lejarza en que pide la aclaración sobre si le corresponde exclusivamente al Congreso entender en todas las causas de infracción de Constitución. 4a. Del Ciudadano Pastor, sobre que se recuerde el cumplimiento del Decreto de las Cortes de España en orden a la respon­ sabilidad de los Jueces; imprimiéndose y circulándose los ocho primeros artículos, y el veintiuno que son los conducentes. 5a. Del Ciudadano Presidente sobre arreglo

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de Correos. 6a. Del Ciudadano Salgado sobre que se forme una Junta de premios. Las dos primeras pasaron a la Comisión especial encargada del asunto que tratan; la 3a. a la de Constitución; y las tres últimas a la de Legislación, con la calidad de pre­ ferentes. –Impuesto el Congreso de los asuntos que hay pendientes señaló el Ciu­ dadano Presidente, para discutirse en primer lugar, el dictamen sobre el ocurso de los mineros de Angangueo, para quedar exentos del servicio de la Milicia Nacio­nal; en segundo, el que trata de las dietas del Gobernador; y en tercero, el que extendió la Comisión de infracciones de Constitución, con motivo de la queja del Ciudadano Ambrosio Arroyo contra el Alcalde de Puruándiro, y se levantó la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas).

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Sesión Pública del día 5 En la Ciudad de Valladolid a los cinco días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso se dio cuenta con cinco oficios del Gobierno. Con el primero acompaña la solicitud hecha por el Ciudadano José María Jiménez, para que se le coloque en alguna de las oficinas que han de establecerse, o en cualquiera adminis­ tración del Estado; discutido el trámite se mandó devolver al interesado por con­ ducto del Gobierno para que ocurra a donde corresponda la provisión del destino que pretende. Con el segundo, la representación del Ciudadano Luciano Ramírez, vecino de Pajacuarán, quejándose de la mala administración de justicia que han observado aquellos Alcaldes en el asunto que refiere; pasó a la Comisión de Peti­ cio­nes, en razón de haber alegado el Ciudadano Villaseñor, que a ella correspondía informar sobre el trámite de todos los asuntos que ocurran. Con el tercero un infor­ me del Alcalde primero de Huango, sobre los perjuicios que resultan de que en la plaza de aquel Pueblo se construyan, como ha querido el Ayuntamiento, unos cuar­ tos de adobe para los comerciantes; se mandó devolver al mismo Gobierno para que, según sus facultades, resuelva lo que convenga. Con el cuarto, una queja de doña María Dolores Espinoza contra el Alcalde de cuarta nominación de esta Ciu­ dad porque la ha obligado a que entregue una poca de ropa suya, a su hija adoptiva, y como al mismo tiempo añada el Ciudadano Gobernador que sería conveniente tomar alguna medida para evitar la frecuencia con que se le están presentando ins­ tancias de esta naturaleza, y aun otras llenas de impertinencias y despropósitos, se acordó respecto de lo primero, que se le devuelva la representación, para que según lo que le permitan sus atribuciones tome en consideración el reclamo de la intere­ sada, y en cuanto a lo segundo, que en oficios separados se le diga, que indique el arbitrio que pueda, tomarse para cortar aquel abuso. Con el quinto, un ocurso de Ignacio Martínez para que se le ponga en libertad, en virtud de no habérsele justifi­ cado el delito de ladrón de que ha sido acusado, y se determinó devolver la instancia al interesado por conducto del mismo Gobierno, para que ocurra al Tribunal que corresponda. Tomadas en consideración éstas y otras quejas y representaciones que han ocurrido por la mala administración de Justica, se discutió suficientemente el punto, y en consulta del bien público se acordó nombrar, y en efecto se nombró,

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una Comisión compuesta de los Ciudadanos Pastor Morales, Huarte y Paulín, para que precisamente en la Sesión de mañana diga de que providencia puede valerse el Congreso para remediar estos males mientras se instala el Superior Tribunal de Jus­ ticia. Por último se dio cuenta con otro oficio del Gobierno, en que incluye una copia de la Suprema Orden comunicada por el Ministerio de Relaciones sobre las formalidades que deben preceder para expedirse pasaportes en favor de los extran­ jeros o Ciudadanos de la República, que intenten salir fuera de su territorio, y se mandó contestar de enterado. –Luego se dio primera lectura al dictamen de la Comi­ sión de Legislación sobre la proposisión en que el Ciudadano Villaseñor pide, que discutido el proyecto sobre arreglo de la Secretaría, se publiquen inmediatamente los que ya están aprobados en orden a dietas de los Señores Diputados y sueldos de los Ministros y Subalternos de la Audiencia; revocando el Decreto del día 9 de junio último, y al de las Comisiones unidas de Gobernación y Constitución, en orden al expediente promovido por la Diputación Provincial, sobre arbitrios y reforma de los Ayuntamientos. –2a. Al de la Comisión de Policía respecto de las proposiciones del Ciudadano Lloreda, relativas a que para los Decretos que sean de algún interés y trascendencia, se necesite la asistencia, a lo menos, de nueve indivi­ duos, y a que en todos los Negocios graves no pueda deliberar el Congreso sin las dos terceras partes de sus miembros; a otro de la misma, sobre la proposición del Ciudadano González, para que en el margen de las Actas se pongan los nombres de los Diputados; al de la misma, sobre la del Ciudadno Huarte, para que se declare cuantas Sesiones secretas ordinarias debe haber cada semana, y a otro, sobre la reforma del artículo 55 del Reglamento de Jalisco, que pidió el Ciudadno Lloreda. Se leyeron también, por última vez, el de las Comisiones unidas de Hacienda y Justica, en orden a la proposición del Ciudadano Salgado, para que se reciban en las oficinas de Hacienda pública todas las monedas deterioradas por el uso, y al de las de Gobernación y Legislación, sobre la del Ciudadno Lejarza, para que la Comi­ sión de Peticiones se encargue interinamente de los ramos económicos que estaban a cargo de la Diputación Provincial. Los seis se numeraron para discutirlos cuando por su orden les toque. –En seguida, hizo proposición el Ciudadano Lloreda, para que se invite por oficio al Venerable Cabildo, a fin de que nombrara una comi­ sión que auxiliara con sus luces a la de Negocios Eclesiásticos del Congreso, cuando trate de estos asuntos, y se tuvo por de primera lectura. –Después se leyó y puso a discusión el dictamen de la Comisión de Legislación, sobre el ocurso que hicieron los mineros de Angangueo para quedar exentos de la Milicia Cívica. El Ciudadano Villaseñor dijo, que aunque juzgaba oportuno que quedaran libres de este servicio, por la utilidad que se seguía de que se dedicaran exclusivamente a los trabajos de su profesión; pero que por tocar esta dispensa al Supremo Gobierno reprobaba el dictamen que trataba de concedérselas. El Ciudadano; Rayón, como individuo de la Comisión alegó que siendo estos individuos de una clase privilegiada, y por lo mismo, exentos aún desde el anterior Gobierno de toda carga pública con mucha mas razón debían considerarse ahora libres de la misma manera respecto de la Mili­ cia. Los Ciudadadanos Presidente y Pastor Morales, a más de haber esforzado las razones del Ciudadano Villaseñor dijeron que el Decreto de la referida Milicia que los exceptuaba del servicio en ella, y con todo aprobó el dictamen el C. Pastor y lo reprobó el C. Presidente. El Ciudadano Rayón insistió diciendo que por lo mismo que el Reglamento no hablaba de ellos expresamente, debían considerarse exentos como que aún no están derogadas las leyes que en esta materia los han favorecido siempre. En este estado se suspendió la discusión por no haber más que ocho Dipu­ tados en el Congreso, y se levantó la Sesión pública a las doce y media para entrar en secreta. (Tres medias firmas).

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Sesión Secreta del día 5 En la Ciudad de Valladolid a cinco de julio de 1824, abierta la Sesión secreta ordi­ naria, leída el Acta del día treinta del pasado junio, se acordó que por haber equivo­ cado en varias expresiones, se variase conforme al espíritu del Congreso, lo que verificado se aprobó. Pidió el Exmo. Sr. Presidente que en orden a sus dietas se le tuviese en consideración que el Curato de Santa Clara solamente estuvo de su cuenta hasta el día 20 de junio, y desde ese día el de Pátzcuaro, y que por consiguiente creía que ni en el mes dicho, ni en el actual percibiría cosa alguna, por lo que pedía se le dieran por lo menos, las dos terceras partes, entre tanto se sabe lo que le de el Curato de Pátzcuaro, si no que se le iría en pagar ministros. El mismo Sr. Presi­ dente presentó una solictud del Ciudadano Camilo Camacho por la que pide se le pague lo que se le salió debiendo del tiempo que sirvió en la Diputación del Con­ greso general, y se resolvió que pasara a la Comisión de Hacienda. Se levantó la Sesión a la una de la tarde. José Salgado (Rúbrica) Presidente José Ma. Jiménez (Rúbrica) José Ma. Paulín (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 6 En la Ciudad de Valladolid a los seis días del mes de julio de 1824, se abrió la Sesión del Congreso con la lectura del Acta del día tres, que fue aprobada lo mismo que la de ayer, después de reformada en dos equivocaciones. En seguida se procedió a la renovación de oficios, y habiéndose empatado entre los Ciudadanos Salgado y Villaseñor la primera votación que se hizo para Presidente, en la segunda salió nombrado el primero con seis sufraglos de nueve que votaron; para Vicepresidente en segundo escrutinio, por haberse empatado también el primero, el Ciudadano Lejarza con cinco de ocho votos; y para Secretario el Ciudadano Paulín, con seis de once vocales. Concluido este acto se leyó por segunda vez el dictamen de la Comi­ sión de Legislación, sobre la proposición hecha por el Ciudadano Villaseñor, para que discutido el proyecto sobre arreglo de la Secretaría, se publiquen inmediata­ mente las que están aprobadas en orden a dietas de los Señores Diputados, y suel­ dos de los Ministros y Subalternos de la Audiencia, revocando el acuerdo de 9 de junio último (3); y el de las Comisiones unidas de Gobernación y Constitución, en orden al expediente promovido por la Diputación Provincial sobre arbitrios y reforma de Ayuntamientos y se numeraron para discutirlos por su orden. –Leído el de la Comisión especial nombrada ayer, para consultar sobre la providencia que puede tomar el Congreso para remediar, mientras se instala la Audiencia del Estado, los males que padece el Pueblo por la falta de este Tribunal, se determinó discutirlo en la primera Sesión. –Luego pidió licencia el Ciudadano Lloreda para pasar a reci­ birse del Curato de Pátzcuaro, y arreglarlo en lo posible, para volver con mas desem­ barazo al desempeño de las obligaciones que le ha impuesto la Patria; y dijo el Ciudadano Presidente que la impetrara por escrito según se había observado en otra vez. –Inmediatamente se abrió la discusión del dictamen que quedó pendiente en

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la Sesión anterior sobre el ocurso que hiceron los mineros de Angangueo, para quedar libres del servicio de la Milicia Cívica; y como convenga en la excepción que solicitan, lo reprobó en lo general el Ciudadano Huarte, fundándose, en primer lugar, en que este asunto es propio de las atribuciones del Supremo Congreso de la Federación, a quien, según el artículo 13 del Acta Constitutiva, corresponde exclusi­ vamente organizar, armar y disciplinar la Milicia de los Estados; y en segundó, porque estándose tratando actualmente en el mismo Congreso general sobre otra solicitud semejante a la de los de Angangueo, fácilmente podrá suceder que la resolución que de en el caso, el particular de este Estado, se oponga con la que de aquel debe ema­nar, y que acaso se sigan consecuencias que ahora pueden evitarse esperando aquel resultado, u oficiando al Soberano Congreso para que tome en considera­ ción el punto que se discute. El Ciudadano Rayón, reproduciendo lo que había dicho en la Sesión anterior, insistió en que los mineros bien pueden considerarse exentos de la Milicia Cívica, en virtud de estarlo por leyes vigentes de todas aquellas cargas concejiles incompatibles con su destino, que por lo mismo los exoneran también del servicio militar; sin que, por otra parte, obste a la gracia que piden, que sea de las atribuciones del Congreso general organizar armar y disciplinar la Milicia de los Estados, pues la concesión de que se trata, ni es un decreto, ni tampoco una providencia permanente; sino mas bien provisional, y duradera mientras se publica la Constitución. Los Ciudadanos Pastor Morales y Menéndez alegaron varias razones en favor también del dictamen contra las que produjeron los Ciuda­ danos Huarte, Villaseñor y Lloreda; con lo que declarado por suficientemente dis­ cu­tido, se aprobó en lo general, y se descendió, al exámen particular del primer artículo, que con una ligera discusión se aprobó igualmente, en estos térmi­ nos: Artículo 1o: Quedan exceptuados del alistamiento para la Milicia Nacional todos los operarlos dedicados diariamente a la excavación de las minas. –Leído el segundo que dice: “Igualmente se exceptúan los azogueros, fundidores y demás dependientes que se ocupan en el beneficio de los metales, ya sea por fundición o por patio.” Se opuso el Ciudadano Villaseñor en razón de que éste no habla de individuos jornaleros o privilegiados por la Ley, como el anterior, que en esta inte­ ligencia aprobó. El Ciudadano Rayón replicó diciendo: que aunque en un riguroso sentido no sean jornaleros; pero que por la diaria y constante asistencia que tienen al trabajo, debían considerarse como tales; alegó, además, que el Honorable Con­ greso bien podía privilegiarlos, así como lo hizo respecto de la Milicia activa en el Decreto de 13 de mayo con los que acreditaran prestar personalmente sus servicios en la Nacional, no obstante la libertad en que están los individuos de ella, según el Reglamento, para poder hacer por sí o pagar sus fatigas. El Ciudadano González dijo que el Decreto de que habla el Ciudadano preopinante, no se había contrariado con el Reglamento de la Milicia Nacional, que permite el servicio por paga, pues el único objeto del Congreso había sido recomendar más, con esta providencia, el que prestaba el individuo por sí mismo que el que se hacía por una retribución pecunia­ ria; que en consecuencia, a nadie se había quitado la libertad de hacerlo de este último modo, y por tanto podían verificarlo así los individuos de que habla el artículo, siendo una de las razones por que opinaba no se diesen por exceptuados, pudiendo prestar el servicio correspondiente en la Milicia sin dejar sus ocupacio­ nes. Por último, se puso a votación el artículo del modo que se transcribió arriba y quedó aprobado. El tercero, como se contrae a exceptuar también a los administra­

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dores y subalternos destinados al cuidado de las operaciones indicadas en los artículos precedentes, el Ciudadano Lloreda se opuso a su aprobación por el inconveniente que resultaría, de que igualmente; quisieran la misma excepción los administrado­ res de fincas rurales y comerciantes, cuyos ramos, son sin duda, de mejor condición que el de minería, porque son las principales fuentes de donde dimana la verdadera riqueza de los Estados; por estas razones y otras que en favor del artículo se contro­ vertieron, pasó al Ciudadano Morales para que lo redactara del modo que indicó al contestar la reflexión del Ciudadano preopinante. –Por la generalidad en que esta concebido el cuarto, se determinó que volviera a la Comisión para que reformán­ ­dolo en términos más precisos, lo presentara después a nuevo exámen. El quinto se aprobó sin discusión, de ésta manera: Se excluyen de la enunciada gracia los que con conocimiento de causa se declaren perturbadores de la paz y buen orden en los reales de minas. A continuación dijo el Ciudadano Lejarza, que esta providencia la aprobaba si ha de ser únicamente respecto de los de Angangueo; pero que si se extendía a todos los reales de minas del Estado, salvaba su voto, porque de este modo excedía sus facultades el Honorable Congreso y traspasaba las que en la materia le corresponden exclusivamente al Supremo de la Federación. –Siguió la discu­ sión del artículo segundo del dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre dietas y viá­tico del Gobernador; y no obstante las razones en que se fundaron los Ciudada­ nos Huarte y Villaseñor para que se le asignaran 600 pesos para gastos del viático, como pedía la Comisión, por otras que expusieron los Ciudadanos Pastor Morales y Lloreda, se decidió el Congreso por la de 500, y aprobó el artículo de este modo: Artículo 2o.: Se dará al mismo para gastos de su viático 500 pesos. –Finalmente, se leyó por segunda vez la proposición que hizo el Ciudadano Lloreda, para que cuando estén para votarse los puntos que sean de alguna consideración, no salga ninguno de los Señores Diputados, y admitida a discusión pasó a la Comisión de Policía. Se levantó la Sesión. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 8 En la Ciudad de Valladolid a los ocho días del mes de julio de 1824, leída y apro­ bada el Acta de la Sesión anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña el Soberano Decreto, sobre que los Congresos de los Estados pueden dispensar todas aquellas leyes que no sean del resorte principal de la Federación (4). 2o. Incluye igualmente copia de la Suprema orden, sobre la obser­ ­vancia del artículo 17, capítulo 2o. de la Instrucción para el Gobierno econó­­ mico–político de las Provincias; según previene el Decreto de 9 de junio de 1822. 3o. Transcribe el que le dirigió el Ciudadano Lic. José Sotero Castañeda, avisando que por sus indispensables ocupaciones no pondrá venir a desempeñar el cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia, sino hasta mediados de septiembre próximo. El primero y el último se mandaron contestar de entrado, y el segundo pasó a la Comisión de Gobernación. A la de Hacienda pasó también el estado que remitió el Ciudadano Intendente de los ingresos y egresos que tuvo en el mes pasado la Caja de esta Ciudad. –Luego se leyó el oficio en que el Ciudadano Lloreda pide licencia por quince días para pasar a recibirse del Curato de Pátzcuaro; y toma­ dos en consideración los motivos que expone se le concedió, ligada precisamente a aquel término. –Visto otro en que el H. Congreso de Oaxaca acompaña dos ejem­ plares de la primera parte de su Ley orgánica, se mandó contestar, dándole las gracias, y que uno de los ejemplares se pasara a la Comisión de Constitución. –En seguida se puso a discusión el dictamen de la Comisión especial, contraído a que ínterin se instala la Audiencia del Estado, se forme una Sala con los dos Oido­­ res que se hallan en esta Capital y el Ministro de la Junta de revisión que ha que­­ dado expedito, nombrándose igualmente para Fiscal el que lo era de la misma Junta. Pidió la palabra el Ciudadano Lloreda, y dijo que lo reprobaba por dos

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razones: Primera, porque este dictamen es substancialmente el mismo que otra vez ha reprobado el Honorable Congreso, y la segunda, porque para aprobarlo era nece­ ­sario revocar el artículo 1o. del Decreto de 29 de mayo último, sobre formación del Tribunal de Justicia, que previene que hasta que se presenten los Ministros suficien­ ­tes para la formación de una Sala, se establezca ésta; que cuando hizo la proposición para que se tomara alguna medida que remediara interinamente los males que padece el Pueblo por la falta del Tribunal de Justicia, creyó ciertamente que la Comisión, tomando otro rumbo, consultaría la ampliación de facultades en el Goberna­­ dor, que es, en su concepto, la providencia mas aceptable en el caso. Desechada la indicación que en seguida hizo el Ciudadano Paulín para que se suspendiera la dis­ cusión hasta que estuvieran presentes los individuos de la Comisión, habló el Ciu­ dadano Rayón insistiendo como el Ciudadano Lloreda en que se desechara el dicta­ men, y que se facultara al Gobernador para que cuide de la recta administración de Justicia mientras se establece el Tribunal respectivo. El Ciudadano Villaseñor expuso que el Gobernador no puede tomar mas conocimiento en los asuntos judi­ cales, que el que le permiten sus atribuciones, y que éstas no son suficientes para llenar el objeto que se ha propuesto el Congreso; pero que estando ya muy inme­ diata la venida de algunos Ministros, lo más conveniente sería excusar toda provi­ dencia en la materia y por consiguiente, desechar el dictamen. El Ciudadano Lejarza manifestó que todas las quejas que han ocurrido se reducían a infracciones de Constitución en que tiene ,conocimiento el Gobierno y que bajo este concepto opinaba del mismo modo que los Ciudadanos Rayón y Lloreda y pedía, además, se encargue al Teniente Gobernador, vele sobre el cumplimiento exacto de los Jue­ ces en quienes se están observando faltas de mucha consideración. y que fácilmente podrán verse en los libros de entradas de presos, donde a más de no haber un auto motivado, como previene la Constitución por sus fechas se viene en conocimien­to del largo tiempo que hace están detenidos muchos infelices, acaso arbitrariamente. El Ciudadano Jiménez dijo, que no era necesario dispensa alguna de Ley para apro­ bar la medida que proponía la Comisión, por ser conforme al Decreto de arreglo de tribunales, y que no se infringía el de este Honorable Congreso; porque el haber dicho, que luego que se reunieran; tres Ministros se formaría una Sala fue en con­ cepto de que no tardarían, y que habiendo ya dos en esta Capital, solamente se trataba de nombrar un suplente que cesara en sus funciones, luego que se presen­ tara alguno de los propietarios. El Ciudadano Lloreda, esforzando las razones que tiene alegadas, tocó, como por incidencia, otros principlos, en cuya exposición reclamó el orden el Ciudadano Jiménez, y concluyó la discusión preguntándose si se aprobaba o no el dictamen, y la mayoría se declaró, por la negativa. –Luego se pro­ cedió al exámen del artículo tercero del dictamen en que la Comisión de hacienda propone que se le dé al Teniente Gobernador el sueldo de tres mil pesos anuales, y el Ciudadano Lejarza dijo, que habiéndole rebajado ya al Gobernador mil pesos de seis mil que se le habían asignado, con la misma proporción se le dieran ahora al Teniente Gobernador 2,500 pesos, supuesto que la Comisión desde un principio lo había graduado en la mitad del primero. El Ciudadano Villaseñor opinó por los 3,000 pesos fundado, en que siendo el Teniente Gobernador de mayor dignidad que los Consejeros y que los Ministros de la Audiencia no debía gozar el mismo sueldo que aquellos. El Ciudadano Lloreda dijo que no convenía con esta opinión, porque ni se debe atender para los sueldos a la dignidad, ni la del Teniente Gober­

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nador es tampoco mayor que la de los Consejeros, cuando esta formando con ellos un mismo Cuerpo; que por otra parte el Congreso no se ha conformado con los suel­ dos que la Comisión ha propuesto para los demás empleados, y que así, opinaba que se le asignaran sólo 2,500 pesos anuales. El Ciudadano Villaseñor insistió, en que el mayor sueldo sigue a la dignidad como ha sucedido siempre con los Curas, que a proporción del mérito de cada uno se les han dado benficlos más o menos pingües, y que no considera justo que si se trata de reformas comiencen éstas por los indivi­ duos del primer orden y patriotas que ahora se están colocando, cuando el Inten­ dente, Ministros, tesorero y otros empleados disfrutan sueldos excesivos, no obstante la notable diferencia que hay entre su representación y la del Teniente Gobernador, por más que se quiera igualarlo con los Consejeros. El Ciudadano Lejarza, aunque convino con lo insinuado por el Ciudadano preopinante respecto a los sueldos de que habló; pero añadió que el Honorable Congreso no debe imitar aquellos abusos y que desde luego, confirmándose en la opinión de que se le asignen al Teniente Gobernador 2,500 pesos, es también de la de que ocurriendo al Supremo Gobierno de la Federación se procure cuanto antes la reforma de sueldos en los empleados de Hacienda pública. El Ciudadano Lloreda dijo, entre otras cosas, que el Ciudadano Villaseñor se equivocaba en el ejemplo que propuso de los beneficlos Eclesiásticos, para probar que el mayor sueldo seguía la dignidad, pues que el Curato del Sagrario de esta Capital era demásiado inferior en sus emolumentos que el de Urecho, Huetamo y otros varios, y que nadie podría decir que éstos eran de mayor dignidad que aquel. Mas contrayéndose al objeto principal de la discusión se difundió discu­ rriendo sobre la obligación en que esta todo Ciudadano de ser útil en algún modo a la Patria, sin más interés que el de la satisfacción de servirla, y concluyó insis­ tiendo en que al Teniente Gobernador se le asignaran 2,500 pesos anuales. Luego se preguntó si estaba suficientemente discutido el punto, y se procedió a la vota­ ción; de ella resultó reprobada la dotación de 3,000 pesos, y el artículo aprobado en estos términos: Artículo 3o.: El Teniente Gobernador, como Presidente nato del Consejo, tendrá el sueldo de 2,500 pesos anuales. –Como en seguida propuso el Ciudadano Lloreda que se discutiera la adición hecha por el Ciudadano Huarte, sobre que el Teniente Gobernador en el caso del Gobernador disfrutara el sueldo de 5,000 pesos, y el Ciudadano Rayón preguntara en que circunstancias debía gozarlo para que la Hacienda pública no resultara gravada percibiéndolo a un tiempo los dos; pasó a la Comisión para que consulte en la materia. –Habiendo, por último, recordado el Ciudadano Jiménez el punto pendiente en orden a la consulta que hizo el Gobierno sobre si debía pasar al Venerable Cabildo Eclesiástico todos los Decretos y órdenes que emanaran del Honorable Congreso, o sólo aquellos cuyo cumplimiento le toque inmediatamente, se determinó, después de una ligera discu­ sión, que se le comunicaran generalmente todos, y se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 8 En la Ciudad de Valladolid a los ocho días del mes de julio de 1824, se abrió la Sesión secreta del Honorable Congreso en la que leyó el Exmo. Sr. Presidente el dis­ curso que sigue: “Señores. El objeto de esta Sesión secreta es para llamar a V.SS. la atención sobre la apatía y vergonzosa marcha que ha tenido el Congreso. Ajustamos ya tres meses de instalado, y en ellos poco se ha hecho. Para satisfacerme de tal aserto, tiro la vista al Cuerpo Legislativo, y en él veo que ni el Reglamento de su Gobierno interior se ha formado; la paso al Poder Ejecutivo, y veo que ni su extensión y facul­ tades se le han detallado; que las que tiene son las que dijo el Gobierno de México a su Gobernador, y nosotros rutineramente adoptamos, sin haber tenido la circuns­ pección de examinarlas una a una, como estaba en el orden, o para suprimir algu­nas, modificar otras o aumentar otras, conforme exigieran las circunstancias particulares de nuestro Estado. Luego la paso al Poder Judicial, y no encuentro otra cosa hecha en él, que el establecimiento da la Audiencia, ¿y que diré de la Hacienda, Instruc­ ción pública, Municipalidades, intereses de Comunidad, Agricultura, Comercio, Artes, etc.? ¿Hay acaso colección de materiales de todos esos ramos, para que el Congreso y sus Comisiones puedan fábricar el Edificio, que les esta encargado?. Me sonrojo, Señores, al acordarme que México formó su Ley orgánica: la pasó a las Corporaciones de su Capital, y la está ya discutiendo aventajadamente; que Jalisco tiene hace más de tres meses presentado al público su Proyecto constitucional; que Zacatecas lo ha remitido al Congreso de México, según consta de sus Actas, y que Oaxaca nos ha remitido en este correo, ya sancionado, su Proyecto orgánico: y Michoacán ¿que ha hecho? Estar al nivel de los Congresos ridiculizados en los papeles públicos, como Potosí y Guanajuato. Estoy persuadido que si no hemos corrido igual suerte, habrá sido porque en nuestro Estado hay más mansedumbre y quietud.

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V.SS., mejor que yo, saben que estamos responsables a Dios, a la Nación y al Estado de nuestra misión, y que todos están pendientes de nuestras operaciones. Por tanto pido a V.SS. que reprendiéndonos a nosotros mismos por nuestras faltas, que son innegables, acordemos en esta Sesión de dar una marcha viva y recta a nuestro Congreso para cumplir con Dios, con la Nación, con nuestro Estado y con nues­ tro honor” (5). Concluido este discursó, siguió el Exmo. Sr. Presidente manifestando el deseo que lo anima de que todas las Comisiones activen sus trabajos respectivos. –Sobre esto propuso el Ciudadano Villaseñor, que se excite a las de Constiución y Gobernación, cuyos objetos, a más de ser los principales, son dientes de varias combinaciones que sin relación a las otras es menester esperar. El Exmo. Sr. Presi­ dente insistió en que todas entren en un orden de más dedicación que el seguido hasta aquí, en cuya virtud se acordó, que este asunto se arreglara en la Sesión secreta siguiente. –A continuación el mismo Exmo. Sr. Presidente llamo la atención hacia la escasez de fondos para el pago de sueldos que muy breve deben crecer con el aumento de nuevos empleados, y preguntando cuál medida debería adaptarse, que llenara el objeto, hablaron varios de los Ciudadanos Diputados, conviniendo al fin, la mayoría del Honorable Congreso, en que se nombre una Comisión especial que forme una representación para el Congreso General, pidiendo que con arreglo al presupuesto de gastos (que debe acompañarle formado por la misma Comisión) deje a beneficio de este Estado igual cantidad de sus ingresos, y en el caso de que con ellos no queden cubiertos los gastos, que se le dé el déficit, bajo el supuesto de que de no ser así, no puede subsistir en clase de Estado. El ciudadano Paulín salvó su voto, y el Exmo. Sr. Presidente nombró para la Comisión especial a los Ciuda­ danos Lloreda, Villaseñor y Lejarza para que el día diez del corriente presenten al Honorable Congreso sus trabajos. –Por moción del Ciudadano González sobre remedio a las necesidades del momento en que se hayan los Sres. Diputados, cómo los dependientes de la Secretaría, por falta de sus dietas y sueldos vencidos desde el día cinco, leyó el Exmo. Sr. Presidente copia del oficio que pasó al Sr. Intendente sobre el mismo asunto pidiendo dinero para el caso. Agregó que habiendo pasado dos días sin haber recibido contestación alguna, dijera el Honorable Congreso qué calificación hacía de este proceder del Sr. Intendente, sobre cuyo punto se acordó esperar hasta mañana, en cuya Sesión secreta extraordinaria se trataría. –A conti­ nuación volvió a Suscitar el Exmo. Sr. Presidente el arreglo de Comisiones y horas en que se han de reunir, quedando en que esto se tratará en la Sesión secreta extra­ ordinaria de mañana, y se levantó la de hoy a la una y media del día. José Salgado (Rubricado) Presidente José María Jiménez (Rubricado) José María Paulín (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Secreta Extraordinaria del día 9 En la Ciudad de Valladolid a los nueve días del mes de julio de 1824, se abrió la Sesión secreta extraordinaria del Honorable Congreso, y después de leídas y apro­ badas las Actas del día treinta de junio, cinco y ocho del corriente; el Exmo. Sr. Presi­ dente pidió a discusión la moción que tenía hecha, el Ciudadano Lloreda acerca de que no esperando nada en este mes de su nuevo Curato de Pátzcuaro, pedía que por esta consideración, se le dé una parte de sus dietas. Retirado del Salón dicho Ciuda­ dano Lloreda, se discutió el asunto entre los Ciudadanos Pastor Morales, Gon­ zález, Rayón y Villaseñor y [el] Exmo. Sr. Presidente, quedando resuelto que se le den a buena cuenta dos terceras partes de lo asignado a los Diputados: que dichas dos terceras partes se le pasen por meses, al fin de los cuales presentará la regula­ ción de los productos anuales del Curato de Pátzcuaro, para que con respecto a ellos se le siga en la Tesorería del Congreso su cuenta de dietas, dejándole liqui­dada la anterior hasta veinte de junio pasado en que dejó el Curato de Santa Clara cuya liqui­ dación ha de ser con relación a los novecientos pesos regulados ahí de rendimien­ tos. –El Exmo. Sr. Presidente puso en conocimiento del Honorable Congreso que todavía no ha dado contestación el Ciudadano Intendente al oficio de que se trató la Sesión secreta de ayer, determinando dar espera hasta la de hoy, en cuya virtud se comenzó la discusión, y habiendo pedido el Excelentísimo Sr. Presidente al Ciuda­ dano Lloreda, que ocupara su asiento para no presidir en asunto que era parte, contestado por el mismo Ciudadano Lloreda, que el asunto no era personal sino del Presidente del Congreso, siguió la discusión entre los Ciudadanos González, Pastor Morales, y Exmo. Sr. Presidente, quedando mandado por el Honorable Congreso, que por conducto de los Secretarios se diga al Ciudadano intendente, que la falta de su contestación podría atribuirse a desprecio. Se leyó un oficio del

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Teniente Gobernador insertando copia de la renuncia que el Ciudadano Francisco Manuel Sánchez de Tagle hace del empleo de Gobernad y se determinó se lea en Sesión pública. Siguió una discusión sobre variación de los individuos que compo­ nen las Comisones, quedando acordada la fecha por el Exmo. Sr. Presidente. Se acordó asimismo, que todas las Comisiones se reúnan desde el próximo lunes: la primera en la Secretaría del Honorable Congreso, la segunda en el Salón de Sesio­ nes, y la tercera en la casa de su Presidente. En cuanto a las horas y duración de las Sesiones se dejó su deliberación a las mismas Comisiones dando cuenta de lo que sobre ello determinen al Exmo. Sr. Presidente. Igualmente quedó mandado que cada Comisión lleve sus Actas con anotación de los individuos asistentes a ella. Se levantó la Sesión a la una, del día. José Salgado (Rubricado) Presidente. José María Jiménez (Rubricado) José María Paulín (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 10 En la Ciudad de Valladolid a los diez días del mes de julio de 1824, leída y apro­bada el Acta de la Sesión anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña quince ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general, sobre que los particulares de los Estados pueden dispensar todas aquellas leyes que no sean del resorte general de la federación (6); se mandó acusar el recibo y repartir los ejemplares. 2o. Incluye, asimismo, seis certificados con sus correspondientes oficios del juramento de obediencia que prestó el Clero secular de esta Capital, el regular de los Conventos de San Diego, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de la Merced; el Cuerpo de la Milicia Cívica de la misma y los Empleados subalternos de la Renta nacional de Correos; y como todas estas Corporacio­ nes sean de las que no habían mandado, conforme al Decreto de la materia, los referidos certificados, se discutió si debían pasar, o no a una Comisión para que examinara las causales de esta falta, y quedó, por fin, acordado, que la Comisión de Gobernación las informara, para tomar después las providencias que convengan, contra los que por una culpable omisión no llenaron inmediatamente este deber. 3o. Remite igualmente otros seis certificados del que también han prestado, la Ciudad de Pátzcuaro, y Pueblos de La Piedad. Yurécuaro, Ecuandureo, Zináparo y Tlalpujahua, mandados por los Ayuntamientos respectivos antes que recibieran el reclamo que se les ha hecho por la falta de remisión de estos documentos: y se acordó, que contestándose de enterado, se archiven en sus antecedentes. 4o. En que inserta el que le dirigió el Ciudadano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, renunciando el nombramiento de Gobernador, por varios motivos graves que expresa. Los Ciuda­ danos Lloreda y Villaseñor, deseosos de que el Gobierno del Estado tuviese a su cabeza un individuo de los talentos, ilustración, probidad y demás virtudes que

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adornan al Ciudadano Tagle, apoyados en las expresiones de su oficio, que según parece, no indican una renuncia absoluta, sino condicional respecto al tiempo que necesita para el arreglo de los complicados asuntos que actualmente lo ocupan, dije­ ron que se le contestara ampliándoselo hasta cuatro meses; pero los Ciudadanos Rayón, Pastor Morales y Jiménez que, según manifestaron, están convencidos de que los términos en que se expresa son puramente políticos, y para contestar la dimi­sión que hace después de haber ofrecido que vendría, opinaron en sentido contrario, concluyendo con que se le admitiera la renuncia, que sin duda era absoluta, como lo confirmaba una carta que en lo particular había escrito al Teniente Gobernador encargándole, que antes de pasar al Congreso la exposición que le hace, suplicara a cada uno de los Sres. Diputados defirieran a su solicitud. Con otras razones esforzó una y otra parte los fundamentos de su opinión, hasta que suficien­ temente discutido el punto, se preguntó si se admitía o no la renuncia, y la mayoría se declaró por la afirmativa. –Luego se leyó un oficio del administrador de Tipitaro, dirigido al Exmo. Sr. Presidente con el fin de que tomando en consideración los trabajos, peligros y otras circunstancias con que recomienda a los agricultores, influya, por su parte, en el Honorable Congreso para que se eximan del derecho de alcabala, y sólo la paguen los comerciantes que no están gravados con tantas pensiones, y se mandó pasar a la Comisión de Agricultura. –Leído el oficio, en que el Ciudadano Huarte pide licencia para salir fuera de la Ciudad, a reponerse de sus enfermeda­ des, se le concedió por el término preciso de doce días, no obstante que por el corto número de individuos que forman el Congreso, pretendió el Ciudadano Lloreda que se suspendiera la concesión hasta su regreso de Pátzcuaro o alivio del Ciudadano Lejarza. –Puesto a discusión el dictamen de la Comisión de infracciones de Consti­ tución en orden a la queja del Ciudadano Ambrosio Arroyo, por varios excesos y arbitrariedades del Alcalde de Puruándiro, se examinó suficientemente el punto, y en virtud de que los Ciudadanos Lloreda y Villaseñor expusieron que la Comi­ sión no había llenado su objeto, dejando sin explicar en que casos había el Alcalde de aquel Pueblo infringido la Constitución, o si el asunto era puramente judicial, para poder dictar el Congreso la providencia conveniente; no obstante las razones alegadas en favor del dictamen por los Ciudadanos Pastor Morales y Jiménez, resultó de la votación, que volviera a la Comisión para que informe más circunstan­ ciadamente. –Siguió después la discusión de los dictámenes que extendieron las Comisiones de Justicia y Hacienda, respecto de la proposición del Ciudadano Sal­ gado, sobre que se reciban en todas las oficinas de Hacienda pública las monedas legítimas deterioradas por el uso. La primera consultó conforme al espíritu de la misma proposición, añadiendo únicamente que también se recibieran en el comer­ cio; y la segunda, queriendo además, que igualmente se admitan todas las de los cuños conocidos, sin distinción alguna en cuanto al año de su sello; de suerte, que sólo se prohiban las de cobre o plomo y las contrahechas. El Ciudadano Lloreda convino en el primer dictamen, y se opuso al segundo, por la generalidad con que la Comisión quiere que se reciban indistintamente todas las monedas; manifestó los inconvenientes que de esto se seguían, y entre ellos el de que el Estado se llena­ ría de moneda falsa, se entorpecería su comercio, y, por otra parte, jamás podría exigirse del Gobierno, ni de las casas del respectivo cuño que la bonificaran, como deben hacerlo, en caso de algún abuso, con las selladas desde el año de 21 en ade­ lante, que corren con el permiso necesario. El Ciudadano Villaseñor se adhirió a

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esta opinión, aunque por su parte, se inclina a que también se reciba la de Durango y Guanajuato acuñada el año de 20 por correr con una, casi, general aceptación. El Exmo. Sr. Presidente alegó las ventajas que ha conseguido el Estado de Jalisco por haber adoptado el sistema de que ninguna moneda se desechara; lo mismo dijo el Ciudadano Jiménez; pero por último se aprobó el primer dictamen, mandando que se extendiera el decreto; el segundo volvió a las mismas Comisiones, para que pulsando los inconvenientes que se han indicado, en cuanto a que corran general­ mente todas las monedas, consulte de nuevo la providencia que debe tomarse. –A continuación se leyó el dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre la queja de los Ciudadanos Pedro Romero y José María Loyola, individuos del Ayun­ tamiento de Tlalpujahua, contra la Diputación Provincial que acabó, por haberles reprobado el arbitrio de recoger los pilones para gastos de la escuela, y después de una ligera discusión, se desechó el segundo de sus tres artículos, y los otros dos que­ daron reducidos a sólo el siguiente: “Que no ha lugar a lo pedido por los Ciudada­ nos Romero y Loyola, y en consecuencia, que cumpliendo con lo acordado en aquel tiempo por la Diputación Provincial, rindan al Gobierno las cuentas de los caudales que de este arbitrio hayan entrado a la Tesorería del Ayuntamiento”. Aprobado. –Por fin, se leyó la primera vez una proposición del Ciudadano Paulín, sobre que se quiten los Edictos que aún existen fijados en algunas Parroquias, expedidos por la extinguida Inquisición, declarando herética la Constitución de Apatzingán, impre­ sos de los primeros Patriotas y herejes las personas de éstos. Y se levantón la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 12 En la Ciudad de Valladolid a los doce días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso fue leída y aprobada el Acta anterior, y por indicación que hizo el C. Lloreda se mandó poner en lugar de la palabra heréticas que se halla al fin de ella, la de herejes que ocupó su lugar. Habiéndose hecho mención de la contes­ tación que debía dársele al C. Tagle, por la renuncia que hace al empleo de Gober­ nador de este Estado, se acordó que por conducto del Gobierno se le conteste en términos de gratitud, manifestándole al mismo tiempo lo sensible que le es la falta de sus luces y que espera coadyuvará por su parte al beneficio de este Estado en virtud de la oferta que le hace. Puesto a discusión el dictamen de la Comisión de Legislación sobre que se publiquen los artículos tocantes a dietas de los Sres. Dipu­ tados y los aprobados en orden a los Ministros del Tribunal de Justicia, provocó varias reflexiones en atención a haberse acordado reservar la publicación de los ar­ tículos sobre sueldos hasta que se formara el presupuesto general de gastos de los demás empleados, y habiendo interrumpido esta operación la asignación de suel­ dos de la Secretaría, expuso el C. Lloreda que ya no se habían publicado todos, era de opinión que por la misma Secretaria se sacara una lista de las dietas señaladas a los Sres. Diputados y a los Ministros de la Audiencia, sin necesidad de hacerse ver por un decreto; y como quiera que los CC. Paostor Morales, Jiménez y González fueran de sentido contrario, después de suficientemente discutido el punto, quedó acordado que los sueldos que estén asignados a los Ministros del Tribunal de Justi­ cia y a los Sres. Diputados, como los que se vayan señalando a los demás empleados, se publiquen paulatinamente por medio de decretos. A continuación se dio cuenta con la minuta del Decreto No. 12, sobre que en las oficinas de Hacienda pública, como en el comercio se reciban las monedas deterioradas por el uso que

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conserven algunos vestiglos que indican su legitimidad, y después de una ligera discusión quedó aprobado en estos términos: Que generalmente se reciban en el Estado las monedas deteriodadas por el uso que conserven algunos vestiglos que indiquen su legitimidad. Se dio también cuenta con el dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a varios reclamos que hizo el Ayuntamiento de Los Reyes al Soberano Congreso general contra la Diputación Provincial que acabó, y puesto a discusión, expuso el C. Pastor Morales que el expediente de que trata debía pasar al Gobierno para que en uso de sus facultades haga recoger los caudales que adeuda aquella Corporación, según se le tiene prevenido, no sólo respecto de este Ayun­ tamiento, sino de todos los demás, quedándole su derecho a salvo para representar en todo tiempo al Tribunal que corresponda los agravios que dice haberle inferido la Diputación, y habiéndose preguntado si el dictamen debía volver o no a la Comi­ sión, se puso a votación, la que empatada quedó pendiente hasta que se reuniera mayor número de Diputados. –En seguida se dio cuenta de los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Al que acompaña copia autorizada de la Circular expedida por el Ministerio de Relaciones, por la que consta haber procedido el Soberano Congreso general a la renovación de oficios, resultando electos para el ejercicio de sus funcio­ nes los Exmos. Sres. que expresa; 2o, El que incluye otra del Soberano Decreto que entre otras cosas previene sea la Provincia de Chihuahua un Estado de la Federa­ ción (7); 3o. Acompañando también copia autorizada de otro Soberano Decreto expedido en 28 de junio anterior sobre crédito público (8); 4o. En que transcribe lo que con fecha 7 del presente le dice el C. Lic. José María Gallegos, respecto de su venida a esta Capital; 5o. En que traslada lo que con igual fecha le dice el C. Ignacio Alvarado, Fiscal nombrado para la Audiencia de este Estado, en orden al mismo asunto; 6o. En el que incluye copia del Soberano Decreto del 7; del mismo que declara en consecuencia de una consulta del Supremo Gobierno, que los Vocales de las Diputaciones Provinciales, que como tales han funcionado de Jefes Políticos, no están comprendidos en la excepción del artículo 73 de la Convocatoria del 17 de junio del año próximo anterior; 7o. En que también transcribe lo que con la misma fecha le dice el Exmo. Sr. Ministro de Estado y Relaciones en orden a la consulta que los Comisionados de S.M.B, cerca del Gobierno Supremo de la Federación Mexi­ cana, le hace en atención a la sepultara que deba dárseles a los Súbditos ingleses establecidos y transeuntes en diversos puntos de esta República que mueran en ella, y se mandó contestar a todo de enterado. El 8o. y último suscitó una muy detenida discusión, con motivo de una copia autorizada que acompaña de la orden del S.P.E. que declara estar sujetos los Milicianos nacionales a la manera que todos los demás Ciudadanos, al alistamiento para los Cuerpos Provinciales, y como quiera que sobre la materia ya había expedido un Decreto el Honorable Congreso (9), haciendo ver qué clase de individuos deben ser exentos del servicio de la Nacional, expuso el C. Pastor Morales que el S.P.E. de la Federación sin duda había tomado esta provi­ dencia sin conocimiento del Decreto expedido por este Honorable Congreso, pero que siempre convenía, consultando a su decoro y a esta Representación, mandar suspender su publicación. –El C. Rayón dijo que en lo substancial no disentía, pero que siendo este asunto de los de más gravedad que hasta ahora se han presentado al Congreso debía meditarse con la mayor delicadeza, tino y circunspección, mucho más cuando al día siguiente no debía publicarse todavía en atención a habérsele prevenido al Gobernador en oficio de 5 de junio último, que la anticipación que

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debe haber entre el conocimiento que se da o remisión que se hace a la Secreta­ ría de los decretos, órdenes y resoluciones de los Supremos Poderes de la Fede­ ración a su publicación, debía ser de cuarenta y ocho horas; en cuya virtud concluyó dicendo salvaba su voto en cuanto a que el mismo día de hoy se mandara al Gober­ nador suspendiera su publicación; el Exmo. Sr. Presidente añadió que no debía publicarse por ser opuesta al Decreto que sobre la materia había expedido ya el Honorable Congreso, haciendo ver que de su publicación resultaría una contradic­ ción espantosa, insistiendo en su suspensión hasta tanto se versa si el Congreso derogaba aquella Ley en virtud de la orden expedida por el Supremo Poder Ejecutivo, y después de suficientemente discutido el punto y declarándose por del momen­ to, quedó acordado pasara de toda preferencia a la 2a. Comisión, y que al Teniente Gobernador se le acusara el recibo de la indicada orden previniéndole al mismo tiempo no procediera a su publicación hasta nueva resolución del Congreso. Por último se dio segunda lectura a una proposición del C. Paulín sobre que se quiten los Edictos del extinguido Tribunal de la Inquisición que se conservan fijados en algunas Iglesias y declaran herética la Constitución de Apatzingán y otros mani­ fiestos de los Caudillos de la Patria; y se mandó pasar a la Comisión de Negocios Eclesiásticos, concluyendo la Sesión pública a la una de la tarde para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 12 En la Ciudad de Valladolid a doce de julio de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, leída y aprobada el Acta del día nueve del corriente, leyó el Sr. Lloreda, como individuo de la Comisión especial nombrada en Sesión secreta del día ocho del corriente, la representación que se le encomendó para el Congreso general de la Federación, contraída a que se conceda que en vez de pagar­ se con preferencia la lista Militar, como está mandado, se pague primero la Civil; pues necesitándose para ésta de ocho mil pesos según el presupuesto formado, no puede cubrirse con los diecisiete mil pesos que se regulan de ingresos mensuales, siempre que de ello se pague, a más del contingente que toque al Estado, los gastos de tropas situadas frecuentemente en él; sin que obste lo que sobre esto dijo el Supremo Poder Ejecutivo dando por salida la tropa que marchó a Guadalajara, la que ya está regre­ sando de aquel punto, y además no es de esperarse falten nunca aquí estos, ni otros Cuerpos miliares, de cuyas razones se concluía que de no conseguirse lo que el Honorable Congreso solicita, desde luego no puede este Estado subsistir por sí solo. Seguida una ligera discusión, quedó aprobada la representación, por el Honorable Congreso, y mandó que por el correo de hoy se dirija al general de la Federación, remitiendo copia a los Sres. Representantes de este Estado en aquella Asamblea. Se levantó la Sesión a las doce y media. José Salgado (Rubricado) Presidente. José María Jiménez (Rubricado) José María Paulín (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 13 En la Ciudad de Valladolid a los trece días del mes de julio de 1824, se leyó el Acta anterior y se mandó redactar de nuevo por no estar conforme en varios puntos con lo acaecido en aquella Sesión. En seguida se dio cuenta con un oficio a que el Honorable Congreso de Zacatecas acompaña un ejemplar de la Constitución de aquel Estado (10), y se acordó contestarle como es de estilo, y que el referido ejem­­­ plar pase a la Comisión de Constitución, lo mismo se acordó respecto al de Guana­ ­juato, por haber mandado tres ejemplares del segundo Manifiesto que ha hecho a los Pueblos que representa. –A continuación se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Policía sobre la proposición del Ciudadano Lloreda, relativa a que cuando esté para votarse algún punto que sea de consideración, no salga ninguno de los Sres. Diputados de la Sesión; igualmente que estando la de Peticiones con motivo de la representación que hace el Ciudadano Luciano Ramírez, vecino de la jurisdicción de Turicato, quejándose de la falta de administración de justicia, y agravios que ha inferido el Ciudadano Alcalde Gregorio Moche. –Reservado para cuando hubiera mayor número de Diputados el dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre queja del Ayuntamiento de Los Reyes contra la Diputación Provincial que acabó, se leyó y puso a discusión el de la Comisión de Hacienda, con respecto al ocurso hecho por el Ciudadano Luis Gil, Oficial 2o. de la Contaduría de la Renta del Tabaco de esta Ciudad, pidiendo que se le conceda el pase nece­ sario a la Real Orden por que fue aprobado su despacho, para poder percibir el sueldo íntegro que tiene asignado su plaza; y como se declarara el asunto bastante llano, desde luego que acordó, de conformidad con la Comisión, ‘’Que el Gobierno en vista del despacho y aprobación Real que menciona el interesado, resuelva lo que estime conveniente, previa la averiguación del motivo que haya habido para

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que en tanto tiempo no se le haya dado el pase que solicita”. –Después se procedió a discutir otro dictamen de la misma Comisión en orden a la solicitud del Adminis­ trador de Alcabalas de Jiquilpan, contraída a que se abone a las Receptorías de su cargo el diez por ciento de honorarlos sobre todo lo que cobren de alcabala perma­ nente y eventual. El Ciudadano Pastor Morales pidió inmediatamente la palabra, y dijo que la Comisión no había llenado su objeto, pues según la sencillez y laconis­ mo con que se expresaba, era, más bien que un dictamen, una consulta de trámite, y que aunque se podía convenir en éste, pero que siempre era necesario que la Comisión se fundara como previene el Reglamento. Así opinió el Ciudadano Rayón, y no obstante la explicación que hizo el Ciudadano González del concepto que se formó la Comisión al extender su consulta, volvió a la misma para que fundando su opinión, la manifieste con la claridad necesaria. –Abierta la discusión del dicta­ men de las Comisiones unidas de Gobernación y Constitución, sobre el expediente que promovió en su tiempo la Diputación Provincial en orden a arbitrios y reforma de los Ayuntamientos, se determinó, después de una ligera discusión en que los Ciudadanos Pastor Morales y Rayón esforzaron el parecer de las Comisiones, que como ellas piden se agregue este expediente a los demás que deban tener presentes al tiempo de formar la Constitución Política del Estado. –Luego que para discutirse se leyó el dictamen de la Comisión de Policía sobre la proposición que hizo el Ciu­ dadano Huarte a efecto de que se declarara cuantas sesiones secretas ordinarias puede haber cada semana, tomó la palabra el Exmo. Sr. Presidente y dijo: que aun­ que como individuo de la Comisión había suscrito con ella que fueran dos; pero que haciendo nuevas reflexiones, le había ocurrido la de que convenía dejar libertad al Congreso, y que en ella se confirmaba, porque muchas veces no había cosa que tratar en secreto, y muchas en que sería necesario tener diariamente sesiones de esta clase; y que no había razones para obligarlo a reunirse inútilmente en el primer caso, ni tampoco para llamar, en el segundo, la atención del público que impuesto a que el Congreso no debía tener más que un cierto número de sesiones secretas ordinarias, le causaría novedad cualquiera extraordinaria que fuera preciso citar. El Ciudadano Rayón manifestó que en todos los Congresos de la Federación está designado un número fijo de sesiones secretas, y que en su opinión debe hacer lo mismo el del Estado, sin que obste la novedad que se alega, pues el público sabe que hay asuntos que deben tratarse en secreto, y en el caso de excitarse su curlosidad, sería mas bien, cuando no habiendo días señalados para las sesiones secretas, se citaran éstas inesperadamente. El Ciudadano Pastor esforzó la opinión del Ciuda­ dano Presidente, concluyendo con que el dictamen se desechara, porque aunque es cierto que en efecto debe haber algunas sesiones secretas, también es verdad que deben ser a juicio del Congreso para que las cite cuando sean necesarias, pues de lo contrario sería hacer un establecimiento sin objeto. El Ciudadano González expuso que las razones alegadas en pro y en contra pesan en su opinión tanto, cuanto que no halla a cual adherirse; pero que conviniendo con lo que dijo el Ciudadano Jimé­ nez en orden a que se reservara el punto para cuando se discutiera el Reglamento interior del Congreso, pedía que pasara a la Comisión respectiva, con el único fin de que lo tuviera presenté, sin obligarla a determinada consulta y que entre tanto, se estuviera a lo que previene en la materia uno de los artículos del de Jalisco, que se leyó. Después de estas y otras razones que se controvertieron, quedó desechada la proposición, y el punto recomendado a la Comisión de Policía para que lo tenga

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presente. –Igual acuerdo recayó en el dictamen de la Comisión de Policía, sobre reforma del artículo 55 del mismo Reglamento de Jalisco. –Habiéndose en seguida suspendido hasta la concurrencia en el Congreso de mayor número de individuos, otro de la misma Comisión sobre las proposiciones del Ciudadano Lloreda, para que en los decretos de algún interés se necesiten a lo menos nueve Vocales, y para la deliberación de los Negocios graves las dos terceras partes del Congreso; se puso a discusión otro, contraído a que se sienten al margen de cada una de las actas los nombres de los Ciudadanos Diputados que asistan a las sesiones, y aunque el pare­ cer de la Comisión era conforme a la proposición que al efecto hizo el Ciudadano González, por las razones que expuso el Ciudadano Morales, se acordó que sola­ mente se apuntaran los que no concurrieran, con expresión de los motivos de su falta, y que esta resolución se comunicara a la misma Comisión. –De conformidad con el dictamen de las Comisiones unidas de Gobernación y Legislación, se mandó archivar la proposición que hizo al Ciudadano Lejarza, para que la Comisión de Peticiones se encargara de los ramos económicos que estaban a cargo de la Dipu­ tación Provincial, por estar ya puestos a la dirección y conocimiento del Gobier­ no. –Por último, se dio primera lectura a las proposiciones siguientes: 1a. Del Ciudadano Pastor Morales, en la que pide que la Comisión de Hacienda presente con la posible brevedad un resumen instructivo de todos los ramos de las Rentas públicas, exponiendo al mismo tiempo su dictamen acerca de los atrasos que respec­ tivamente se adviertan en ellas; 2a. Del Ciudadano Jiménez, sobre que se adopten en el Estado, y se lleven a efecto sin dilación las providencias expedidas en el año de 13 por la Regencia de España, para que los terrenos de Comunidad de los Indios se repartan entre ellos mismos en dominio y propiedad, bajo las condiciones que prescriben; 3a. Del mismo, sobre que igualmente se adopte en un todo el artículo 128 de la Constitución Española. Corren sus trámites. –La del Ciudadano Paulín, que se leyó por segunda vez, relativa a que se de una providencia general para que se quiten de algunas Parroquias los Edictos inquisitoriales, que declaraban heréticos todos los Manifiestos y demás documentos de los antiguos Patriotas, y herejes a los primeros Caudillos, pasó a la Comisión de Negocios Eclesiásticos, y se levantó la Sesión a las doce. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día15 En la Ciudad de Valladolid a los quince días del mes de julio de No concurrieron 1824, se leyó el Acta del día doce que anotada en otras varias equi­ los CC. Villa­señor, vocaciones, volvió a la Secretaría para su reforma. La del día trece Huarte, Lejarza y Lloreda. Los tres se aprobó, mandando que al margen, no al fin de ella, se sentaran primeros por enfer­ los nombres de los Ciudadanos Diputados que no concurrieran, y mos y el último con que el punto sobre sesiones secretas pasara a la Comisión de Policía, licencia. con el fin de que lo tenga presente para cuando forme el Reglamento interior del Congreso. –A continuación se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña una instancia de los comerciantes de Jiquilpan remitida por aquel Ayuntamiento, en que solicitan se declare por punto general la extinción del impuesto de pulperías. Se mandó acusar el recibo, y que pase a la Comisión de Hacienda. 2o. Acompaña igualmente, seis certificados con sus respectivos oficios del juramento que han prestado los empleados de las Administraciones de Pátzcuaro, Zitácuaro y Maravatío, y los Pueblos de Araró, Chucándiro y del mismo Marava­ tío. Pasó a la Comisión de Gobernación donde hay antecedentes. 3o. Remite un ocurso del Ciudadano Coronel Francisco Camarillo, Curador ad litem del Ciuda­ dano menor Diego Correa, en que pide se le habilite para defender a su parte, en virtud de no haber encontrado Abogado en esta Ciudad que se encargue de la causa que se le sigue de oficio a aquel individuo, por razón de que los que hay, o han intervinido en ella, no son de su confianza. Que pase a la Comisión de Legisla­ ción. 4o. Incluye 15 ejemplares del Soberano Decreto, que declara sea la Provincia de Chihuahua un Estado de la Federación. 5o. Asimismo, otros 15 del Decreto No. 12 expedido por este Honorable Congreso, sobre que se reciban en el Estado las monedas que por el uso se hayan gastado, siempre que conserven señales de la

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Faltaron los CC. Lejarza, Huarte y Lloreda. Los dos primeros por enfer­ ­­medad y el último con licencia.

legitimidad de su cuño. El anterior se mandó contestar de enterado, y de éste, que se acuse recibo correspondiente, repartiendo unos y otros ejemplares entre los Ciu­ dadanos Diputados. 6o. Transcribe la contestación que le dio el Exmo. Sr. Ministro de Hacienda, sobre el informe que le pidió en orden a las condiciones y demás requisitos estipulados en el contrato acordado por el Supremo Gobierno para el préstamo de Ocho millones conseguidos de Londres; y como el fin del Honorable Congreso en la pregunta que le hizo al Teniente Gobernador no fue para que indi­ cara al Supremo Gobierno sus intenciones, se mandó pasar a la Comisión de Gober­ nación con el acuerdo del Acta respectiva y demás documentos de la materia, para que en su vista informe de parte de quién está la falta que se nota para tomar la providencia que convenga. –Visto un oficio del Exmo. Sr. Dn. Guadalupe Victo­ ria, a que acompaña la manifestación que hace de sus sentimientos a todos sus compatriotas, se acordó darle las gracias, y que el ejemplar quede sobre la mesa para que lo lea el Ciudadano Diputado que guste. Leído otro, en que el Ciudadano José María Navarro hace varias indicaciones en apoyo del Decreto, en que el Honorable Congreso privilegió a los Milicianos nacionales para que no pasen listados en la Milicia Provincial siempre que acrediten hacer su servicio personalmente, se mandó constestarle haberse oído con agrado, y que se tengan presentes. –Luego se leyeron las minutas de los Decretos No. 13 y 14 de 12 del corriente, expedidos por este Honorable Congreso, sobre dietas, el primero, de los Ciudadanos Diputados, y el segundo de las de los Ministros de la Audiencia. Ambas fueron aprobadas. –En segui­ da se dio primera lectura a los dictámenes siguintes: 1o. De la Comisión de Gober­ nación, con respecto a la orden del S.P.E. de la Federación en el que declara que los Milicianos cívicos no están exentos de servir en los Cuerpos Provinciales; 2o. Sobre la proposición del Ciudadano Pastor Morales, en que pide se recuerde el cum­ plimiento del Decreto de las Cortes de España en orden a responsabilidad de los Jueces, imprimiéndose y circulándose los ocho primeros artículos y el 21, que son los conducentes; 3o. De la de Legislación, sobre la del Ciudadano Lloreda, rela­ tiva a que se suspenda el artículo aprobado sobre distinción que han de llevar los Dipu­tados; 4o. De la de Gobernación, sobre la solicitud que hace el Alcalde de Tzintzuntzan, para que se le permita al Ayuntamiento cobrar dos días cada semana los pilones de cuatro tiendas que hay en aquella Ciudad, para los gastos de escuela y Secretaría. Corren sus trámites. –Por segunda vez se leyeron las proposiciones que siguen: 1a. Del Ciudadano Jiménez, sobre que se adopte en un todo el artículo 128 de la Constitución Española. Admitida, se mandó pasar a la Comisión de Consti­ tución. 2a. En que pide el mismo, se adopten igualmente en el Estado, y se lleven a efecto sin dilación, las providencias expedidas en el año de 13 por la Regencia de España, para que los terrenos de Comunidad de los Indios se repartan entre ellos mismos en dominio y propiedad bajo las reglas que prescriben, se determinó que pasara, primero a la Comisión especial de bienes de Comunidad, y después a la de Gobernación; 3a. Del Exmo. Sr. Presidente, sobre que se decrete, de que armas debe usar el Estado. Pasa de preferencia al Ciudadano Lejarza. 4a. Del Ciudadano Pastor Morales, sobre que la Comisión de Hacienda presente, con la posible breve­ dad, un resumen instructivo de todas las Rentas públicas, exponiendo al mismo tiempo su dictamen acerca de los atrasos que respectivamente se adviertan en ellas. Pasa también de preferencia a la Comisión de Hacienda. –Leído por última vez el dictamen de la Comisión de Policía, sobre la proposición del Ciudadano Lloreda,

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para que cuando esté para votarse algún punto de consideración, no salgan del Congreso ninguno de los Señores Diputados; y otro que extendió la misma con motivo de la representación que hace el Ciudadano Luciano Ramírez, quejándose de la falta de administración de Justicia, y agravios que, según dice, le ha inferido el Ciudadano Alcalde José Gregorio Moche. Se determinó que ambos se discutieran en la Primera Sesión. –Luego hizo mención el Ciudadano Rayón para que el Decreto sobre la excepción de la Milicia Cívica, que pretendieron los mineros de Angan­ gueo, se diera por concluido con los tres artículos que hay hasta ahora aprobados, y que atendidas las circunstancias, no se extendiera la providencia, o privilegio a todos los mineros en general, sino que se ciñera únicamente al Real de Angangueo. En esta virtud se leyeron los artículos 1o., 2o. y 5o. que son los aprobados, y entrando en la cuestión, después de haber opinado el Ciudadano Presidente, que el Decreto debía extenderse para todo el Estado, pidió la palabra el Ciudadano Villaseñor, y dijo: que siendo como es este asunto del resorte general de la Federación, su deci­ sión toca al Supremo Poder Legislativo, y que por consiguiente opinaba que la providencia se ciñera solamente a los mineros de Angangueo, y esto por estar ya aprobados algunos artículos, pues que por otra parte no consideraba que resul­ tasen tan gravados los mineros con el servicio de la Milicia, que se entorpeciesen sus trabajos, porque regularmente pasaba mucho tiempo de una a otra de las fatigas que les corresponde, y tenían además el arbitrio legal de pagarlas cuando quisiesen. El Ciudadano Pastor Morales convino en que, en efecto, este asunto era del resorte general de la Federación, pero que de ninguna manera aprobaba que la providen­ cia se sujetara a los de Angangueo solamente, porque en el caso de que el Congreso quisiera privilegiarlos, no obstante el inconveniente que se pulsa, debía ser exten­ siva esta gracia a todos los mineros del Estado, como que los motivos en que estriba son generales, y en estos términos están aprobados los tres artículos del dictamen. El Ciudadano Rayón, que iguales o mayores facultades se necesitan para excepcio­ nar de la Milicia Activa, que las que se requieren para excepcionar de la Cívica; que el Honorable Congreso ha tenido facultades para excepcionar de la Activa a los cívi­ cos que sirvan personalmente, luego no le faltan para excepcionar a los mineros de la Nacional; pero que atendiendo a la orden que posteriormente ha venido del Supremo Poder Ejecutivo, era de parecer que esa gracia o merced, por ahora se con­ cediese sólo a los de Angangueo, y eso no perpetuamente, sino hasta que la Consti­ tución General de la Federación, y la Particular del Estado declaren las mercedes y privilegios que se crea oportuno conceder a los empleados en el importante ramo de minería. El Ciudadano Villaseñor, esforzando lo que antes dijo, explicó los tér­ minos en que este asunto correspondía al resorte general de la Federación, refirién­ dose al Acta Constitutiva, en la que según la facultad 16 del Poder Legislativo, a éste le corresponde organizar, armar y disciplinar la Milicia de los Estados. El Ciuda­ dano Pastor Morales se confirmó en que el asunto era del resorte general de la Federación, y añadió que cuando se aprobaron los tres artículos del dictamen, no se tenía conocimiento de la orden que ha venido del Supremo Poder Ejecu­­ tivo, concluyendo con que para quitar toda duda y temor se le oficiara para que en atención a los trabajos de los mineros y de la absoluta necesidad que hay de estos individuos para hacer florecer un ramo de que depende en mucha parte la felicidad de la República, se les conceda el privilegio que solicitan. Con estas y otras razones que se alegaron, se declaró por suficientemente discutido el punto, y puesto a vota­

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ción, se preguntó si los artículos aprobados se hacían extensivos a todo el Estado, y la mayoría se decidió por la negativa, de la misma manera que, en cuanto a que quedaran subsistentes para Angangueo, quedando en consecuencia dispuesto que el dictamen volviera a la misma Comisión, para que informe, contrayéndose al punto particular que promovieron los de Angangueo. –Por fin hizo moción el Ciudadano Presidente para que se proveyera el empleo de Gobernador que renunció el Ciuda­ dano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, y se reservó este asunto para la Sesión siguiente, así como también el tratar de la entrega del Archivo de la Diputación Pro­ vincial y cuentas del Tesorero de la misma; con lo que se levantó la Sesión pública a las doce y media para entrar en secreta. (Tres medías firmas).

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Sesión Secreta del día 15 En la Ciudad de Valladolid a quince de julio de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, expuso el Sr. Paulín, Srio., no estar extendida el Acta del día doce, y en seguida se dio primera lectura a una proposición del Exmo. Sr. Presidente sobre que se represente al Congreso general a fin de que se nivelen los despropor­ cionados sueldos del Intendente y Ministros de estas Cajas, con los moderados que está asignando el Honorable Congreso a los nuevos empleados. El Exmo. Sr. Presi­ dente recomendó a las respectivas Comisiones el más pronto despacho sobre Reglamento y honores a las primeras Autoridades, atribuciones del Consejo y sueldo del Teniente Gobernador, en los distintos casos en que puede funcionar. Se levantó la Sesión a las doce, no habiendo asistido los señores Huarte, Lloreda y Lejarza, los dos primeros ausentes con licencia y el último enfermo. José Salgado (Rubricado) Presidente. José María Jiménez (Rubricado) José María Paulín (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 17 En la Ciudad de Valladolid a los diecisiete días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso se leyeron y aprobaron las Actas Lloreda del día 12 y 15 del corriente. –En seguida se dio cuenta con dos oficios del Gobierno a que acompaña las cuentas de los caudales que manejó el Tesorero que fue de la Diputación Provin­ cial, y las del Secretario Substituto de aquella Corporación, por los que respectiva­ mente recibió y distribuyó en gastos de la Secretaría el tiempo que corrió a su cargo. Unas y otras pasaron a la Comisión de Gobernación para que las revise. –Luego se leyeron por primera vez los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Negocios Eclesiásticos, sobre la proposición del Ciudadano Paulín, en orden a que se manden quitar de algunas Parroquias los Edictos inquisitoriales que aún permanecen fijados en ellas contra la Constitución de Apatzingán y los primeros Caudillos de nuestra Independencia; 2o. De la de Hacienda, sobre la cuenta que mandó el Ayuntamiento de Cuitzeo, respecto de los productos del cinco por ciento en la contribución directa. 3o. De las Comisiones unidas de Hacienda y Justicia, en orden al curso de las monedas de Guanajuato y Zacatecas, acuñadas en los años de 20 y anteriores. 6o. De la especial sobre reforma del artículo en que se concede a las Supremas Auto­ ridades del Estado, el uso del dosel. 7o. De la de Hacienda, sobre la solicitud del Administrador de Jiquilpan, para que a las Receptorías de su cargo, se les abone el diez por ciento sobre todo lo que conbren de alcabala permanente y eventual. Corren sus trámites. –Por segunda vez se leyeron los que siguen: 1o. De la Comi­sión especial encargada de consultar, sobre la orden del Supremo Poder Ejecutivo, que declara estar sujetos los Milicianos nacionales a la manera que todos los Ciudada­ nos, al alistamiento en los Cuerpos Provinciales. 2o. De la de Gobernación, sobre la solicitud del Alcalde de Tzintzuntzan, para que se le permita a aquel Ayuntamiento

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Faltaron a esta Sesión los Ciuda­ danos Lloreda y Huarte, el primero con licencia y el se­ gundo por enfer­ ­ medad.

cobrar dos días, cada semana, los pilones de cuatro tiendas que hay en aquella Ciu­ dad, para gastos de escuela y Secretaría. 3o. De la de Legislación, sobre la distinción que han de llevar los Ciudadanos Diputados. 4o. De la de Legislación, sobre la proposición del Ciudadano Pastor Morales, en que pide se recuerde el cumplimiento del Decreto de las Cortes de España, en orden a la responsabilidad de los Jueces. El 2o. y el 3o, se han de discutir en la Sesión inmediata, el último cuando haya oportunidad y el primero hoy mismo. –En esta virtud, se volvió a leer; y como la Comisión, sosteniendo el Decreto en que este Honorable Congreso excepcionó del alistamiento en los Cuerpos Provinciales a los cívicos que acreditaran hacer por sí mismos el servicio, opine que por medio del Gobierno del Estado se manifieste al general de la Federación el mismo Decreto, y las urgentes causas que lo motiva­ ron, como también la necesidad que hay de suspender la orden de S.A.S. por cuanto podrá creerse una revocatoria de dicho Decreto, y ocasionara dudas y un general desorden, se aprobó sin discusión mandándose, en consecuencia, según pidió el Ciudadano Rayón, que el oficio o contestación lo extendiera la misma Comisión que ha consultado en el asunto. –En seguida se procedió a tratar del dictamen de la de Policía, sobre la proposición que hizo el Ciudadano Lloreda, para que ningún Diputado saliera del Congreso cuando estuviera para votarse algún punto de con­ si­deración, y después de un ligero examen, se desechó el artículo que presentó la Comisión, y se mandó variar de este modo: “Al tiempo de votar cualquier punto el Congreso, se llamaran a los Ciudadanos Diputados que estuvieren fuera del Salón, para que este acto se verifique con la concurrencia de todos los que hayan asistido a la Sesión”. En cuyos términos fue aprobado. –discusión de otro dictamen de la Comisión de Peticiones que siguió inmediatamente, sobre la queja del Ciudadano Luciano Ramírez, vecino de Turicato, contra el Ciudadano Alcalde Gregorio Moche, se suspendió y se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas).

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Sesión Secreta del día 17 En la Ciudad de Valladolid a diecisiete de julio de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, expuso el Sr. Paulín, Srio., no estar todavía extendidas las dos últimas Actas por ocupaciones que lo han impedido. A continuación se dio segunda lectura a la proposición del Exmo. Sr. Presidente sobre que se represente al Congreso general se nivelen los sueldos del Intendente y Ministros de estas Cajas con los asignados por el Honorable Congreso a los nuevos empleados. Admitida a discusión se mandó pasar a la Comisión de Hacienda en calidad de reservada. El Exmo. Sr. Presidente expuso, que teniendo acaso que tocar en personalidades sobre nombramiento de Gobernador, ha tenido a bien se trate en secreto. En segui­ da tomó la palabra el Sr. Pastor Morales, y después de haber recomendado las virtudes del Sr. Castro, y los conocimientos que tiene de este Estado, concluyó opinando se le nombre Gobernador. Siguió discutiéndose la materia muy larga­ mente entre los Sres. Diputados, y después de bien examinada bajo distintos y varios aspectos, manifestándose la opinión por el Sr. Castro, aunque con alguna ambigüedad respecto al título bajo el cual debía gobernar, se preguntó al Honorable Congreso si el asunto estaba suficientemente discutido, y habiéndose respondido por la afirmativa, se preguntó si el Sr. Castro, seguía gobernando, a lo que también se respondió por la afirmativa; se volvió a preguntar si continuaba gobernando con el título de Teniente Gobernador, cuya respuesta fue por la negativa. Entonces el Hono­ rable Congreso nombró al Sr. Castro Gobernador interino, hasta que se forme la Constitución del Estado, mandando que al comunicarle este nombramiento se le diga establezca la correspondiente Secretaría, extendiéndose a todo lo demás del uso de sus atribuciones. Mandó asimismo el Honorable Congreso, que este nom­ bramiento se haga saber en la inmediata Sesión pública. Por moción del Sr. Secre­

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tario Jiménez, mandó el Honorable Congreso se pregunte al Teniente Gobernador cual ha sido el resultado del oficio que con fecha veinticinco de mayo se le pasó relativo al cobro de lo que adeuda el Cabildo Eclesiástico a las Cajas Nacionales de esta Capital en razón de la parte que le corresponde en la masa decimal, salvan­ do sus votos los señores Menéndez, Rayón y Lejarza. Se levantó la Sesión a las dos menos cuarto de la tarde, habiendo faltado los señores Huarte y Lloreda ausentes con licencia. José Salgado (Rubricado) Presidente José María Paulín (Rubricado) José María Jiménez (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 19 En la Ciudad de Valladolid a los diecinueve días del mes de julio de 1824, leída y aprobada el acta de la Sesión anterior, se dio cuenta con tres oficios que remitió el Gobierno, acompañado con el primero una copia autorizada del Soberano Decreto expedido en 13 del corriente (11) en orden a los artículos aprobados de la Consti­ tución, sobre elecciones de Diputados y Senadores que han de componer el primer Congreso ordinario que debe instalarse el día 1o. del próximo enero, y después de haberse leído a pedimento del Ciudadano Lejarza, con el fin de que el Con­ greso tomara en consideración los artículos 5o. y 6o., que no obstante estar decla­­ rada la población del Estado los sujetan, para computar el número de Diputados que le corresponde nombrar, al censo que se tuvo presente en la elección de los del actual Congreso Constituyente (12); y que por otra parte, no declara esta Ley si pueden o no reelegirse los Diputados presentes, se mandó pasar a la Comisión de Constitución. Con el 2o. 15 ejemplares de otro de 28 de junio último sobre cré­ ­dito público. Con el 3o. otros 15 del que se expidió a consecuencia de la consulta del Supremo Gobierno, sobre la excusa de Don José Urquidi, Diputado por Chihuahua (13). De ambos se mandó acusar el recibo, y repartir ejemplares entre los Ciudada­ nos Diputados; A continuación se leyó por primera vez el dictamen que extendió nuevamente la Comisión de infracciones de Constitución, con motivo de la queja del Ciudadano José Ambrosio Arroyo, contra el Alcalde de Puruándiro. Por segunda los que siguen: 1o. De la Comisión de Negocios Eclesiásticos, sobre la proposición que hizo el Ciudadano Paulín, para que se mandaran quitar de algunas Parroquias donde todavía se conservan fijados, los Edictos del extinguido Tribunal de la Inqui­ sición, entre ellos el que declara herética la Constitución de Apatzingán, y los Manifiestos de los patriotas Dn. José María Morelos y Dn. Ignacio Rayón, declarando

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No asistieron a la Sesión los Ciudada­ nos Huarte y Llo­ reda, por enfermo el primero, y con licencia el segundo.

asimismo herejes a ambos Caudillos; 2o. De la de Hacienda, sobre la cuenta que mandó Cuitzeo, respecto de lo producido del cinco por ciento en el cobro de con­ tribución directa; 3o. De los de las Comisiones unidas de Justicia y Hacienda, sobre el curso de las monedas de Guanajuato y Zacatecas, acuñadas en los años de 20 y anteriores; 4o. De la Especial, sobre reforma del artículo que concede a las Autori­ dades Supremas del Estado el uso del dosel; 5o. De la de Hacienda, en orden a la solicitud del Administrador de Alcabalas de Jiquilpan, para que se abone a las Recep­ torías de su cargo el diez por ciento de honorario sobre todo lo que cobren de alca­bala permanente y eventual. Para la discusión de los cinco se señaló la Sesión inmediata. Habiendo preguntado el Ciudadano Jiménez en qué términos debía comunicarse el nuevo nombramiento de Gobernador, se determinó que por Decreto. En seguida se puso a discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre el ocurso que hizo el Alcalde de Tzintzuntzan para que se le conceda al Ayuntamiento cobrar los pilones en las tiendas de aquella Ciudad, para los gastos de escuela y Secretaría; y como opine que no ha lugar esta solicitud, y que al interesado se le haga saber por conducto del Gobierno, devolviéndole el oficio que la contiene, desde luego lo aprobó el Congreso, en cuya virtud pidió el Ciudadano Lejarza que la orden se hiciera extensiva a todos los Pueblos, para evitar en lo sucesivo seme­ jantes solicitudes que, a pesar de no haberse deferido jamás a ellas, estaban haciendo los Ayuntamientos desde el tiempo de la Diputación Provincial. Esta indicación se examinó ligeramente, y se desechó, determinándose después de haber discutido la reflexión que hizo el Exmo. Sr. Presidente respecto de la falta de escuela que se advertía en Tzintzuntzan, y para cuyo fomento se proponía el arbitrio de cobrar los pilones, que a mas de los que expone la Comisión, se le diga también al Gobierno que fijando la atención en este punto, tome, según las facultades que tiene, las provi­ dencias convenientes a su remedio. –Luego se leyó y puso a discusión el dictamen de la Comisión de Legislación, que de conformidad con lo que pide el Ciudadano Pastor Morales, sobre responsabilidad de los Jueces, concluye con las siguientes pro­ posiciones: 1a. “Que se recuerde eficazmente la observancia del Decreto de las Cortes de España, sobre la responsabilidad de los Jueces, imprimiéndose y circulándose los ocho primeros artículos y el veintiuno.” 2a. “Que el Juez que al ejercer su oficio injurie a los reos o litigantes, quede suspenso de su empleo por cuatro meses, y sujeto a las Leyes sobre injurias.” Examinada y aprobada en lo general, de la misma manera que en lo particular, la primera proposición; suscitó la segunda una larga discusión que rodó principalmente, sobre que no debía aplicarse indistintamente una misma pena a toda clase de injurias, en cuyo concepto se mandó volver a la Comisión, para que la reformara según las razones alegadas, habiendo antes indicado el Ciudadano Rayón, que aunque como individuo de la Comisión había suscrito el dictamen; pero que respecto de esta última proposición, había opinado en sen­ tido contrario, porque en su parecer el contenido de ella era ajeno de las facultades del Congreso. Admitida y examinada la proposición que a consecuencia hizo el Ciudadano Lejarza, sobre que se agregue a este Decreto el artículo de la Consti­ tución que todavía rige, para que no se proceda a la prisión de ningún Ciudadano sin que preceda el auto motivado de su delito, y que los que se consideren en clase de detenidos no pasen del término prescrito por la Ley, se determinó, que para no mezclar un artículo que ya tenía su lugar en la Constitución, con este Decreto, por separado se extendiera y publicará. –El dictamen de la Comisión de Legislación,

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sobre la proposición del mismo Ciudadano Lejarza, en que pide, que suspendiendo el artículo aprobado, sobre la distinción que han de llevar los Diputados, deje este punto para que sea el objeto de una Ley particular, a que deberán preceder el informe de la Comisión, y la discusión correspondiente, como conviene con el espíritu de la misma proposición; se aprobó sin discusión alguna. –El de la de Peticiones, sobra la queja del Ciudadano Luciano Ramírez, contra el Alcalde de Turicato, Ciudadano Gregorio Moche, volvió a la misma Comisión por haber manifestado uno de sus individuos, que había errado la consulta. –Otro de la de Policía, sobre la proposi­ ción que hizo el Ciudadano Lloreda, para que en las decisiones del Congreso, en asuntos graves, hubiera, por lo menos la concurrencia de nueve Vocales, se reservó para cuando se discuta el Reglamento interior del mismo Congreso. –Por último, preguntó el Ciudadano Lejarza si se le debía exigir nuevo juramento al Teniente Gobernador, por haberse nombrado ahora Gobernador interino, y se resolvió que era suficiente el que tenía prestado. Concluyendo con que de este nombramiento, por haberse hecho en la Sesión secreta, a causa de ser necesario tratar de algunas perso­ nas en particular, se hiciese mención en esta Acta, para conocimiento del público, con lo que se levantó la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 20 En la Ciudad de Valladolid a los veinte días del mes de Julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. En seguida se dio cuenta con un oficio del Gobierno, a que acompaña una instancia del Ciudadano Sebastián Andrade y otros documentos, solicitando que se le de por subsistente, la licencia que, según dice, tiene del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, para no servir en la Milicia Cívica, por estar legítimamente impedido. Igualmente se leyó otro, en que incluye 15 ejemplares del Decreto de este Honorable Congreso, que designa el sueldo que han de disfrutar los Ministros del Tribunal de Justicia, y dependientes del mismo. De ambos se mandó acusar el recibo, y que el primero con la instancia y documentos que refiere, pase a la Comisión de Guerra, y los ejemplares que vinieron con el segundo se repartan entre los Ciudadanos Diputados. –Dos oficios que man­ daron los Alcaldes de los Pueblos de Jacona y Santiago Tangamandapio, acompa­ ñando el 1o. los certificados del juramento de obediencia que prestó aquel Clero y el mismo Pueblo; el 2o. una instancia del Ayuntamiento para que se les exima del derecho de Alcabalas, se mandaron devolver para que uno y otro Alcalde ocurra por conducto del Gobeirno. –Leído otro del Honorable Congreso de Durango, en que participa su instalación, se determinó contestarlo como es de estilo, ofreciéndole además, que cuando haya imprenta se le mandaran las Actas. –Luego se leyó y aprobó la Minuta del Decreto No. 15 sobre nombramiento de Gobernador interino, hecho en el Ciudadano Antonio de Castro. –A continuación, hizo moción el Ciuda­ dano Lejarza, para que en el mismo Decreto se agregara un artículo, detallándole sus facultades, y discutido ligeramente el punto, se determinó que en el oficio con que se ha de acompañar el Decreto, se le diga que desde luego ponga su Secretaría, a fin de que pueda desarrollar todas las facultades que como Gobernador le corres­

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No asistieron a esta Sesión los Ciuda­ da­nos Huarte por enfermo, y Lloreda con licencia.

ponden. –Inmediatamente se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre el oficio que dirigió al Gobierno el Alcalde de Tzintzuntzan, a nombre de aquel Ayuntamiento, consultando si se había de estrechar al Ciudadano Francisco Lama a pagar lo que adeuda por razón de una pensión municipal, proce­ dente de matanza de ganados. –Luego se leyó el que extendió nuevamente la Comi­ sión de Policía, sobre la queja del Ciudadano Luciano Ramírez, contra el Alcalde de Turicato, y como su consulta es únicamente de trámite pasó a la Comisión de Jus­ti­ cia. –Puesto a discusión el dictamen de la Comisión especial encargada de consul­tar sobre reforma del artículo aprobado, en que se concede el uso del dosel a las Auto­ ridades Supremas del Estado; después de largamente controvertido el punto entre los Ciudadanos Pastor Morales, que como individuo de la Comisión sostuvo el dic­ tamen, y Villaseñor que opinó en sentido contrario, se puso a votación la pro­po­­ sición siguiente, con que concluya el mismo dictamen: “Que se suprima en el último artículo de los aprobados sobre honores de las primeras Autoridades del Estado, la parte adicional, relativa al uso del rito del dosel en el templo.” Y preguntado si se aprobaba o no, la mayoría se declaró por la afirmativa. Después se procedió a tratar del de la Comisión de Negocios Eclesiásticos, que conviniendo con la proposición que hizo el Ciudadano Paulín, pidiendo que se extendiera una orden general para que de algunas Parroquias, donde todavía se conservan fijados los Edictos inquisito­­ riales, que declaraban herética la Constitución de Apatzingán y herejes a los Ciuda­ ­danos Morelos y Rayón, concluye con la siguiente proposición: “Que habiendo llegado a entender, que aún hay en el Estado Iglesias en que se mantienen fija­ dos algunos Edictos del extinguido Tribunal de la Inquisición, y entre ellos los que ofenden al decoro y buen nombre de los Caudillos de la Independencia, decrete el Honorable Congreso que inmediatamente sean quitados, en cumplimiento de la Ley de la materia, cuidando el Gobierno de tomar las medidas correspondientes al efecto, y el de que en lo sucesivo no se note la omisión que en este punto se ha advertido hasta ahora.’’ El Ciudadano Pastor Morales se opuso, manifestando que en primer lugar, habiendo Ley en la materia, corrió lo dice la misma Comisión, el hacerlo cumplir no era de las atribuciones del Congreso; que en segundo, estaba creído, que los Edictos de que se habla ya no existían en ninguna Parroquia; pues aún habiéndolos solicitado nunca pudo conseguirlos ni por el dinero, y en tercero: que aún cuando en efecto los haya en alguna Iglesia, también hay otros documentos posteriores, que honran como es justo a los antiguos Patriotas; y así, que en su opi­ ­nión, ni hay autoridad, ni hay necesidad, ni utilidad, para el Decreto que consulta la Comisión, que cuando más, se excite al Gobernador para que sobre el particular tome las providencias que estime convenientes, siempre que se verifique, que en efecto, permanecen aún fijados en alguna Iglesia. Los Ciudadanos Paulín y Villase­ ­ñor, aseguraron que hay Iglesias, y aún el segundo nombró algunas donde se con­­ servan todavía los Edictos. Con estas razones se dio por suficientemente discutido el punto, conviniendo, por fin, en que la proposición de la Comisión se reformase, contrayéndola solamente a que se excitase al Gobernador para que mandara quitar los Edictos; en cuya virtud y por las razones que alegó el Ciudadano Rayón para que la orden, sin abrazar todos los Edictos en general, comprendiera únicamente los que ofendan a los Caudillos de la Independencia, se aprobó la redacción que hizo del artículo el Ciudadano Villaseñor en estos términos: “Que se excite al Goberna­ ­dor, para que se quiten de las Iglesias, los Edictos de la extinguida Inquisición, que

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se oponen a nuestro actual sistema, e injurian a los primeros Caudillos de la liber­ tad”. –La discusión de los dictámenes de las Comisiones unidas de Justicia y Hacienda, sobre el curso de las monedas de Guanajuato y Zacatecas, acuñadas en los años de 20, y anteriores, se suspendió hasta tener a la vista un Decreto del Sobe­ rano Congreso general, que, según dijo el Ciudadano Villaseñor, prohíbe el curso de las monedas de que se trata. En seguida quedó dispuesto, por moción del Ciuda­ dano Presidente: que se pidieran al Gobierno los Decretos y órdenes, que se le pasaron con el archivo que fue de la Diputación Provincial. Luego se leyeron por primera vez las proposiciones siguientes: 1a. Del Ciudadano Pastor Morales, en que pide ,que para evitar el abuso, de que se presenten a este Honorable Congreso muchas instancias, cuya naturaleza pide otra dirección, le parece conveniente, que el Gobierno prescriba el trámite de semejantes ocursos, si lo extraviaren las partes, y si no reclamaren la providencia que acerca de ello hubiere dictado. 2a. Del Ciuda­ dano González, sobre que en las atribuciones que han de señalarse al Consejo del Gobernador, se incluyan las económicas y políticas, que ejercía la extinguida Dipu­ tación Provincial respecto de todos los Ayuntamientos, y singularmente se le cometa el cargo de velar sobre la buena administración y arreglo de los bienes de Comuni­ dad, formando al efecto un Reglamento especial, que presentará al Congreso para su aprobación, y en que consulte igualmente a la seguridad de dichos bienes, para que no sean malversados por los Ayuntamientos. 3a. Del mismo, sobre que se reclame al Gobierno el informe que se le tiene pedido, y que si no pudiere darlo, por no haberlo aún verificado los Ayuntamientos, estreche sus providencias en uso de sus facultades, para que bajo la responsabilidad de aquéllos, lo verifiquen en el peren­ torio término que les señale. La primera y segunda corren sus trámites, y respecto de la última, por haberse declardo del momento, se mandó hacer corno pide. –Igual­ mente se determinó que los tres ejemplares del Manifesto, que sin oficio vinieron de Guadalajara, en que trata de sincerar su conducta aquel Congreso respecto de los últimos acontecimientos, quedaran en la mesa, para que los lea el Ciudadano Dipu­ tado que guste. –Dispuesto por último, a petición del Ciudadano Jiménez, que las proposiciones se extiendan en un pliego de papel, se levantó la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 22 En la ciudad de Valladolid a los veintidós días del mes de julo de 1824. Abierta la Sesión del Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. En seguida se leyó también para, su aprobación la Minuta del Decreto número 15, sobre tratamientos y hono­ res de los Supremos Poderes, y demás Autoridades del Estado; y después de refor­ mada la redacción de su encabezado, se advirtió que las distinciones que en el artículo 12 previenen para las Supremas Autoridades en las asistencias públicas, no eran conformes con los honores que, según el 15 se les han de hacer en las ocurren­ cias de entrada y despedida en el Templo, y en todas las demás que no están seña­ ladas en el Reglamento; asimismo, se notó en el artículo 14 la confusión con que habla en orden a las guardias que les corresponden a los mismos Poderes; y por reflexión del Sr. Morales, que no constaba en el Título 1o. el tratamiento que debían tener los Ayuntamientos, ni tampoco, según indicó el Señor Rayón, se expresa­ban en el tercero, los términos en que debía tener la guardia el Gobernador, En esta inteli­ gencia, se alegaron varias razones, que movieron por fin al Congreso a determinar que pasara el Decreto, de toda preferencia a la misma Comisión especial que enten­ dió en la materia, para que en unión de la de Corrección de estilo, subsanara los insinuados defectos, consultando además, el tratamiento que deben tener los Ayun­ tamientos, y que el mismo Congreso acordó concederles. A continuación se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña seis certificados del juramento de obediencia, prestado por la Ciudad de Tzintzuntzan, Villas de Zamora, Charo y Zitácuaro, y por los Pueblos de Ario e Irimbo; se mandó pasar a la Comi­ sión de Constitución. 2o. Incluye la solicitud que hace el Ciudadano José María Istiga y Navarro, para que se le conceda la plaza, que supone vacante, de tercer Escribiente en esta Secretaría. Pase a la Comisión de Policía. 3o. Dirige la felicita­

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No asistieron a la Sesión el Señor Huarte por enfer­ mo, y el señor Llo­ reda con licencia.

ción que hace el Pueblo de Ario al Honorable Congreso. Que se acuse el recibo. 4o. Acompaña la representación que hace el Ayuntamiento de dicho Pueblo, preten­ diendo se le conceda disponer del producto de bienes de Comunidad, que son a su cargo, para ocurrir a los gastos que se impendan en los costos de un altar, y otras obras de aquel Templo. Que pase a la Comisión de Gobernación. 5o. Manda 15 ejemplares del Decreto número 14 de este Honorable Congreso, sobre dietas de los Sres. Diputados que lo componen. Que se acuse el recibo y se repartan los ejem­ plares. 6o. Remite una copia autorizada del Soberano Decreto de 13 del actual, que declara, entre otras cosas, pertenecer a la Federación el Hospital del Divino Salva­ dor, erigido en México para el asilo de mujeres dementes. De enterado. 7o. Acom­paña otros 15 ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general Constituyente, que contiene los artículos aprobados de la Constitución para las elecciones de los Dipu­ tados y Senadores, que han de componer el primer Congreso ordinario. Que se conteste de enterado, y se repartan los ejemplares. 8o. Transcribe la renuncia que hace el Señor Oficial Mayor 1o. del Ministerio de Relaciones, Licenciado Don Juan Guzmán, del empleo de Ministro de la Audiencia del Estado (14). Se determinó contestarle, que se ha oído con sentimiento su renuncia y que queda enterado de ella el Congreso. –Luego se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Guerra, sobre el ocurso que hizo el Ciudadano Juan López, Teniente de la Milicia Cívica de esta Ciudad, para que se le exonere del servicio por las causas que alega. 2o. De la de Hacienda, con respecto a la proposición que hizo el Señor Morales, para que esta misma Comisión presentara, con la posible brevedad, un resumen instructivo de todos los ramos de las Rentas públicas, exponiendo al mismo tiempo su dictamen acerca de los atrasos que respectivamente se adviertan en ellas. 3o. De la de Constitución, sobre la del Señor Jiménez, para que se adopte en un todo el artículo 128 de la Constitución Española. 4o. De la de Legislación, en orden a la que hizo el Señor Lloreda, sobre arreglo de Correos. 5o. De la de Legislación y Justicia; sobre la que hizo el Señor Diputado, para que se declare si esta en las facul­ tades del Honorable Congreso conceder pensiones y premios a los hijos del Estado que hayan merecido de la Patria. 6o. De la de Legislación, sobre la que hizo el Señor Presidente, para que en la provisión de destinos se prefieran en igualdad de aptitud y conducta, a los que declare la Junta de premios, que también pide se establezca, por meritorios de la Patria. 7o. De la misma Comisión, en orden a la consulta que hizo el Ciudadano Felipe Menocal, sobre si se debía, o no seguirse dando con juramento a las Aduanas las relaciones de los frutos vendidos en las haciendas. Corren sus trámites. Por segunda vez se leyeron los que siguen: 1o. De la Comisión de Gobernación, respecto de la consulta que hace el Alcalde de Tzintzuntzan, a nombre de aquel Ayuntamiento, sobre si se ha de estrechar al Ciudadano Francisco Lama, a pagar lo que adeuda, por razón de una pensión municipal, procedente de matanza de ganados. 2o. De la de Infracciones de Constitución, sobre la queja del Ciudadano José Ambrosio Arroyo, contra el Alcalde de Puruándiro. 3o. De la de Hacienda, sobre la cuenta que mandó Cuitzeo, de cargo y data del cinco por ciento, producido del cobro de la contribución directa. Este y el primero se pusieron consecutivamente a discusión; y como en uno y otro consulten las Comisiones res­ pectivas, que se devuelvan al Gobierno; el 1o. para que en vista de la instancia y de sus antecedentes, si fueren necesario, dicte la providencia que convenga, y el 2o. por corresponderle el conocimiento del asunto que contiene, en virtud de ser de

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aquellos que tocaban a la extinguida Diputación Provincial, desde luego quedaron aprobados. –Después se procedió a examinar el 2o., y al efecto se leyó la proposi­ ción con que concluye, concebida en estos términos: “Que el expediente de que se trata vuelva al Gobierno para que según su estado, y la naturaleza del asunto, dicte las providencias que convengan”. El Sr. Villaseñor se opuso, dicendo que este asunto no correspondía al Gobierno, sino al Tribunal de Justicia, porque aun cuando la queja de Arroyo se versara sobre infracciones de Constitución, éstas no venían documentadas, y el Gobierno no podía proceder con sólo el simple dicho de las partes, y así, que en su opinión debía esperarse el interesado a que se estableciera la Audiencia, que era la que podía, según sus facultades, tomar providencias efica­ ces en el caso. El Sr. Pastor, sosteniendo el dictamen, dijo contra lo expuesto: que ha notado, que tanto el Sr. preopinante como el Gobierno, en este asunto y otros de igual naturaleza, han opinado que su resolución corresponde al Superior Tribu­ nal de Justica; pero que le parece una equivocación, porque este Tribunal es pura­ mente de apelación, y para sentenciar en asuntos contenciosos entre partes que se demanden, de cuya clase no son ciertamente las infracciones de Constitución, que como ofensivas directamente a la Sociedad, pertenecen de consiguiente al Gobierno; que por otra parte, se pide la suspensión de un Alcalde, infractor de la Constitu­ ción, y ésta sólo puede practicarse por el Gobierno. Alegó otras razones con que se declaró suficientemente discutido el punto, y puesta a votación la proposición, quedó aprobada por todos los Señores Vocales. –En seguida hizo moción el Sr. Presidente para que se dijera al Gobernador que en los casos de duda sobre el conocimiento que debe tener sobre los Jueces, consulte al Congreso; a lo que contestó el Señor Villaseñor, que el conocimiento único que tiene sobre los Jueces el Gobernador es la inspección que le conceden las Leyes; porque necesitaba de aclaraciones el modo de practicarla para que fuera eficaz, y que con este objeto haría proposición al Honorable Congreso. –Por indicación que en seguida hizo el Señor Jiménez, en orden a la falta de respeto, que se nota en el Abogado que patrocinó el asunto de que se acaba de tratar, no dándole en el escrito el tratamiento que corres­ ponde al Honorable Congreso, se determinó, no obstante que los Señores Rayón y Lejarza lo disculpaban, fundados en que aún no se publicaba el Decreto sobre hono­ res y tratamientos, que pasara nota a la Comisión de Justicia, para que informara en la materia. –Ultimamente se leyó por primera vez una proposición del Señor Salgado, sobre establecimiento en esta Ciudad de una Cátedra de Medicinal (15), y por segunda, la del Señor Pastor Morales, sobre que para evitar el abuso de que se presenten a este Honorable Congreso muchas instancias, cuya naturaleza pide otra dirección, que el Gobierno prescriba el trámite de semejantes ocursos; si lo extravia­ ren las partes, y si no reclamaren la providencia que acerca de ello hubiere dictado; asimismo, la del Señor González; en que pide, que entre las atribuciones que han de señalarse al Consejo del Gobernador, se incluyan las económicas y políticas que ejercía la extinguida Diputación Provincial respecto de todos los Ayuntamientos, y singularmente se le cometa el cargo de velar sobre la buena administración y arreglo de los bienes de Comunidad, formando al efecto un Reglamento especial que pre­ sentará al Congreso para su aprobación, y en que consulte igualmente a la seguridad de dichos bienes, para que no sean malversados por los Ayuntamientos. De estas dos, la primera se mandó pasar a la Comisión de Policía, y la segunda a la de Gober­ nación, y se levantó la Sesión a las doce y cuarto, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 22 En la Ciudad de Valladolid a los veintidós días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, leídas las Actas de los días doce, quince y diecisiete del corriente, hizo el Sr. González la moción de que a ninguno de fuera del Congreso se le de tratamiento, sobre lo cual ofreció presentar una proposición. Siguió una ligera discusión sobre el tratamiento que que el Honorable Congreso tiene decretado para los señores Diputados, y se mandó que las tres Actas leídas se corrijan en esta parte, quedando aprobadas en lo demás. –Se dio cuenta por un oficio del Exmo. Sr. Gobernador que contesta al que se le pasó en diecinueve del corriente, exponiendo que la suspensión de la orden que se le comunicó para el cobro de lo que adeuda el Cabildo Eclesiástico a estas Cajas Nacionales, ha consis­ tido en temor de que no recibiendo bien el referido Cabildo, podría seguirse algún desorden en ocasión de no haber aquí tropa para contenerlo, y que por otra parte le pareció oportuno dar alguna espera, ínterin el Congreso general manifestaba sus resoluciones con respecto a la clasificación de rentas. Comenzada la discusión pidió el Sr. Rayón que por ahora no se entrara en ella. El Sr. Villaseñor sostuvo que era del momento. El Sr. González dijo, entre otras razones que expuso, que las urgen­cias del Estado hacen ejecutivo el asunto, y habiéndose preguntado si era del momento, se respondió por la afirmativa. Continúa la discusión, y el el Sr, Pas­tor Morales, dijo que ni para suspender el curso del Soberano Decreto, ni para retar­dar la noticia de esa providencia hay motivo suficiente en los temores de una conmo­ ción popular, ni en la espectativa de la Constitución General de la Federación; que si el Gobernador estimó fundados sus temores, debió elevarios al conocimiento del Honorable Congreso, y si débiles, no tenía fuerza para suspender el Decreto; que sus efectos, después de expedido a consecuencia de una circunspecta discusión, no

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podían sujertase a un plazo indefinido, cual es la publicación de la Constitución General. Que es Ley expresa, que la Hacienda no ha de entrar despojada en juicios contenciosos. Que estaba en posesión de recibir abonos de lo que adeudan las ren­ tas de Catedral, suspendidos recientemente sin causa que aparezca. Que no aparece negar el Venerable Cabildo las deudas, que el Congreso general marcará las dis­ tribuciones de ese haber; pero que no es de esperarse autorice al deudor para que retenga lo que adeuda bajo la duda de la aplicación que el acreedor haya de darle. El Sr. Rayón convino con el Sr. Pastor en cuanto a la primera razón alegada por el Exmo. Sr. Gobernador, calificándola también de insuficiente para la suspensión del Decreto; pero sostuvo que no estaba destruida la segunda, pues en asunto tan deli­ cado debía, y era muy justo esperar las deliberaciones del Congreso general, de cuya espera ningunos inconvenientes podían seguirse ni debían tenerse. El Sr. Lejarza suscribiéndose a lo dicho por el Sr. Rayón, añadió que el asunto además estaba sujeto a la complicación que ofrece la reunión de diversos Estados dentro del Obispado (16), cuyas respectivas asignaciones no se pueden señalar sin esperar las determina­ ciones del Congreso general; concluyó proponiendo que se consultase al Supremo Gobierno. El Sr. González expuso que ya el Supremo Gobierno dijo cuanto podía decir, desde que mandó se pusiera un Interventor. El Sr. Villaseñor dijo que nada es más justo que cobrar a un deudor; que los bienes de que se trata son de los que autores clásicos llaman secularizados; que el asunto es tan justo como ejecutivo. El Exmo. Sr. Presidente dijo que el asunto parecía tan claro y justo, que admiraba cómo en el seno del Honorable Congreso hay quien se oponga; que por cualquier aspecto que se vean estos intereses, deben evitarse que siga su dilapidación. Decla­ mado el punto suficientemente discutido, se preguntó al Honorable Congreso si se llevaba adelante lo mandado; y contestó por la afirmativa, salvando su voto el Sr. Menéndez. Se levantó la Sesión a las dos y cuarto, habiendo faltado los señores Lloreda y Huarte ausentes con licencia. José Salgado (Rubricado) Presidente José María Paulín (Rubricado) José María Jiménez (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio

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Sesión Pública del día 24 En la Ciudad de Valladolid a los veinticuatro días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior, después de haberse man­ dado que se insertara en ella la moción que hizo y reclamó el Sr. Presidente, sobre que se dijera al Gobernador, que en los casos de duda en orden al conocimiento que debe tener en los Jueces, consulte con el Honorable Congreso. –En seguida se leyeron los artículos 12, 14, 15 y 16, del Decreto sobre tratamientos y honores de las Autori­ dades del Estado, que presentó reformados la Comisión especial que ha entendido en el asunto; y sin más que una ligera discusión que hubo en el décimoquinto que­ daron todos aprobados en estos términos: “Artículo 12. Si asistiere la Diputación del Congreso, se pondrá a su Presidente un asiento mas elevado con el adorno corres­ pondiente a lo que se previene en el artículo último de este Reglamento; lo mismo se hará con el Gobernador o su Teniente cuando presida, y en igual caso con el Supremo Tribunal de Justicia. –“‘Artículo 14. El Congreso tendrá la guardia que se daba a un Capitán general de Ejército, la que hará los honores de tal al Presi­dente al entrar y salir del Salón de las Sesiones, luego que se presente a la vista del Cuerpo de dicha guardia”. –“Artículo 15. La Diputación que saliere del seno del Con­greso, el Gobernador del Estado y su Consejo, y el Tribunal Supremo de Justicia tendrán la misma guardia y honores de Capitán general de Ejército”. –“‘Artículo 16. Cuando estas Autoridades concurran en la Iglesia, se harán a la que presida los mismos honores que por estatutos o por costumbre correspondían a los Virreyes en el extinguido sistema de gobierno.” Con lo que se concluyó el Decreto, y se aprobó la respectiva minuta. Inmediatamente reclamó el Sr. Jiménez, que la Comisión no había consul­ tado, según se previno en el Acta anterior, sobre el tratamiento que debe darse a los Ayuntamientos; y como el Sr. Villaseñor expusiera que la Comisión, de intento

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Falto el Sr. Lloreda con licencia.

quiso reservar este punto para otra ocasión, considerándolo digno de un más dete­ nido exanen, por algunas dificultades que se pulsan en él, se determinó, que sin perjuicio de la publicación del Decreto, se pasara a la misma Comisión una nota sobre la materia. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Contesta el que se le dirigió, reclamándole la noticia que se le tiene pedida del estado actual de la Milicia Cívica, diciendo que tan luego como reciba los informes de los Ayuntamientos respectivos, aquienes ha hecho ya las prevenciones necesa­ rias, pasara al Honorable Congreso el que corresponde en la materia. 2o. Acom­ paña 15 ejemplares del Soberano Decreto, que declara perteneciente a la Federación el Hospital del Divino Salvador, erigido en México para asilo de mujeres dementes. 3o. Incluye 7 certificados con sus Correspondientes oficios, del juramento de obedien­ cia que han prestado los Pueblos de Cuitzeo, Teremendo, Tarímbaro y Zirahuén, el Párroco de Huango, y Empleados Subalternos de la Aduana de Zamora, y Cajas nacionales de esta Ciudad. El 1o. se mandó contestar de enterado, del 2o. y 3o. acusaron correspondiente recibo, y que los ejemplares del Decreto se repartan entre los Sres. Diputados, y los certificados del juramento pasen a la Comisión de Gober­ nación. –Leído el oficio del Sr. Comandante general Interino, Ciudadano Pablo Erdozáens, en que pregunta, si en el Decreto que previene el curso de las monedas deterioradas por el uso, están comprendidas las acuñadas en los años de 20, y ante­ riores, en las Casas de Guanajuato y Zacatecas, se suspendió su resolución hasta tratar del dictamen que está pendiente en la materia. –Hizo presente el Señor Jimé­ nez que en el asunto del Ciudadano Felipe Menocal, sobre si debe, o no seguirse dando con juramento a las Aduanas las relaciones de los frutos vendidos en las haciendas, faltaba el dictamen que a continuación del que ha extendido la Comi­ sión de Legislación, debía poner la de Hacienda; con cuyo motivo se determinó que inmediatamente se le pasara. –Se dio primera lectura a los dictámenes: 1o. De la Comisión de Gobernación, sobre la proposición del Sr. Lloreda, para que se designe uno o dos censores, de ilustración, juicio y prudencia, que revisen y aprueben todas las grandes y pequeñas piezas, versos y tonadillas que se representen y canten en el Teatro; 2o. De la de Hacienda, en orden a las circunstancias, en que el Teniente Gobernador, haciendo las veces de Gobernador, debe gozar el sueldo de éste, sin que la Hacienda pública resulte gravada con el pago de dos sueldos iguales. 3o. De la de Justicia, sobre la omisión notada por la Secretaría en un escrito suscrito por Letrado, que presentó el Ciudadano José Ambrosio Arroyo. 4o. De la de Goberna­ ción, sobre los certificados de juramento público que han venido después de requeri­ dos por la falta de ellos, los respectivos Ayuntamientos. 5o. De la misma, sobre la duda que manifiesta el Gobernador del Estado en su oficio de 30 del próximo pasado junio, de si el Ilustrísimo y Venerable Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, en razón de haber prestado el juramento de obediencia por medio de una comisión, debe remitir el certificado correspondiente. 6o. De la Legislación, sobre el punto a que en particular se contrae la solicitud de los mineros de Angangueo, respecto del servicio de la Milicia Cívica. –Por segunda vez se leyeron los que siguen: 1o. De la de Legislación, sobre la proposición que hizo el Sr. Salgado, para que se forme una Junta de premios, y que en la provisión de destinos, se prefieran en igualdad de aptitud y conducta, a los que ésta declare por beneméritos de la Patria. 2o. De la de Legislación y Justicia, sobre la que hizo el Sr. Lloreda, para que se declare, si esta en las facultades del Honorable Congreso, conceder pensiones y premios a los hijos

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del Estado, que asimismo hayan merecido de la Patria. 3o. De la de Legislación, sobre otra proposición que hizo el mismo Sr. Lloreda, para que se indaguen las causas de los extravíos y atrasos que padecen las cartas en las estafetas, y que se arre­gle este ramo. 4o. De la de la Constiución, sobre la del Señor Jiménez, para que se adopte en un todo el artículo 128 de la Constitución Española. 5o. De la de Hacienda sobre la del Señor Pastor, para que se disponga que esta misma Comisión presente, con la posible brevedad, un resumen instructivo de todos los ramos de las Rentas públicas, exponiendo a un tiempo su dictamen acerca de los atrasos, que respectiva­ mente se adviertan en ellas. 6o. De la de Guerra, sobre el ocurso del Ciudadano Juan López, Teniente de la Milicia Cívica de esta Ciudad, para que se le exonere del servicio, declarándose, igualmente, a quién corresponde conceder estas exenciones. Sobre todos éstos se determinó tratar en la Sesión inmediata. –Puesto a discusión el dicamen de las Comisiones de Hacienda y Justicia, sobre el curso de las monedas acuñadas en los años de 20, y anteriores, en las Casas de Durango, Guanajuato, Guadalajara y Zacatecas, se leyó el Decreto que declara legítima la de Zacatecas del año de 21 en adelante; más como faltaran otros decretos, que según dijo el Señor Villaseñor, había en la materia, y, según su espíritu, prohibían el curso de las mone­ das de que se trata, volvió a quedar suspenso este asunto, hasta tenerlos a la vista. Luego se procedió a tratar, sobre lo que opinó la Comisión de Hacienda en orden a la solicitud del Administrador de Alcabalas de Jiquilpan, para que se abone el diez por ciento de honorario, a todas las Receptorías de su cargo en todos lo que cobren de alcabala permanente y eventual, y después de un ligero examen, se acordó, de conformidad con la Comisión, que este ocurso se reserve para cuando se clasifiquen las Rentas, y se sepa de cuales pueda disponer el Estado, y decretar su arreglo. –En este acto llegó un oficio, en que el Gobernador del Estado hace dimisión de este empleo, por no considerarse con la aptitud necesaria para su desempeño. El Hono­ rable Congreso estimando estas excusas, por un efecto solamente de su prudencia y moderación, determinó que se le contestara, diciéndole, según indicó el Sr. Lejar­ za, que estaba satisfecho de su honradez, patriotismo, eficacia, luces y demás virtu­­des que lo caracterizan, y que así, no juzgaba conveniente admitirle la renuncia, espe­ rando, por consiguiente, que en obsequio del Estado, y del bien público, mandaría inmediatamente publicar el Decreto de su nombramiento. –A pedimento del Sr. Rayón, se entró en la discusión del dictamen que extendió la Comisión de Legis­ lación, respecto de la calificación de los mineros de Angangueo que deban quedar exentos del servicio de la Milicia Cívica; y aunque la Comisión opinaba, que el Hono­ rable Congreso resolviera que los 80 individuos que de 125 que hacen la solictud, resultan exceptuados, conforme al artículo 10 del Reglamento de la Milicia, no fueran apremiados al servicio, ni tampoco se les exigiera pensión por este motivo, en virtud de haberse alegado varias razones, para que el Gobierno, y no el Con­ greso, tomara conocimiento en el asunto, que en efecto se vuelva el expediente al Gobernador para que según las Leyes de la materia, resuelva lo que convenga. –Examinado por último el dictamen de la Comisión de Gobernación, que respecto de las representaciones del Ayuntamiento de Los Reyes contra la Diputación Pro­ vincial, por injurias que dice haberle ésta inferido, opina que se pase el expediente al Gobernador del Estado para que se lleve adelante la providencia que tomó la misma Diputación, corrigiéndole su insubordinación, y estrechándole a la exhibi­ ción de los bienes de Comunidad, de que quería usar a su arbitrio, se aprobó después

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de haberse declarado que no había en el asunto, por parte de la Junta Provin­cial infracciones de Constitución. –Se leyó por segunda vez la proposición del Sr. Presiden­ te, sobre establecimiento de una Catedra de Medicina; pasó a la Comisión de Ins­­ trucción Pública, y se levantó la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 26 En la Ciudad de Valladolid a los veintiséis días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. A continuación se leyeron por segunda vez los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Justicia, sobre el ocurso que hizo el Ciudadano Luciano Ramírez, vecino de la jurisdicción de Turi­ cato, quejándose contra el Alcalde Gregorio Moche, por haber infringido en su perjuicio el artículo 287 de la Constitución, que prohibe las prisiones arbitrarias. 2o. De la de Gobernación, sobre la proposición que hizo él Sr. Lloreda, para que se designe uno, o dos censores de juicio y prudencia, que revisen y aprueben todas las grandes y pequeñas piezas, versos y tonadillas que se representen y canten en el teatro. 3o. De la Hacienda, en orden a las circunstancias en que el Teniente Gober­ nador, haciendo las veces de Gobernador, deba gozar de la asignación hecha a éste, sin que la Hacienda Pública resulte gravada en el pago de dos sueldos iguales. 4o. De la de Justicia, sobre la omisión de tratamiento, notada por la Secretaría, en el escrito que presentó el Ciudadano José Ambrosio Arroyo, suscrito por Letrado. 5o. De la de Gobernación, sobre los certificados de juramento público que han venido después, del requerimiento, que por falta de ellos se ha hecho a los Ayun­ tamientos respectivos. 6o. De la misma, sobre la consulta que, hace el Gobernador del Estado, de si el M. I. y Venerable Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, en razón de haber prestado el juramento de obediencia por medio de una Comisión, está en el caso de remitir también el certificado correspondiente. Todos se han de discutir en la Sesión siguiente, si hubiere lugar. –Puesto inmediatamente a discu­ sión el dictamen de la Comisión de Legislación, sobre la proposición que hizo el Sr. Salgado, para que se establezca una Junta de premios, y que en la provisión de destinos, se prefieran en igualdad de aptitud y conducta a los que ésta declare por

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No asistió el Sr. Llo­ reda, con licen­cia, y el Sr. Me­nén­­dez, por enfermedad.

benemérito de la Patria, se leyó la siguiente proposición con que concluye: “Que para las provisiones de los empleos del Estado, así en la carrera eclesiástica, como en la secular, sean atendidos con preferencia los individuos que acrediten, en forma suficiente, haber hecho servicios de importancia, en defensa de la libertad e inde­ pendencia de la Patria; con tal que no les falten las cualidades que se requieren, para obtener los indicados destinos”. Y como el Sr. Presidente dijera, que la Comi­ sión no había llenado su objeto, porque ni hablaba, de si debía, o no establecerse la Junta de premios, ni mucho menos sobre las pensiones de las viudas y huérfanos de los que perecieron en ambas épocas, se suscitaron diversas cuestiones, que termina­ ron por fin, disponiéndose que volviera el dictamen a la misma Comisión, junto con el que también extendió, unida a la de Justicia, sobre la proposición del Sr. Lloreda, contraída a que se declare, si esta en las facultades del Honorable Congreso conce­ der pensiones y premios a los hijos beneméritos del Estado, para que en virtud de las razones alegadas en la discusión, y teniendo presentes las que se expusieron, así para que los estanquillos, se dieran solamente a las viudas y huérfanos de los patrio­ tas, como para que los indivduos, que en el caso de establecerse la referida Junta, se nombrarán para componerla, no se pudieran excusar de este encargo, sino que se considerara como concejil, consultara de nuevo en la materia. –Luego se procedió a tratar sobre el de la de Constitución, en orden a la proposición que hizo el Sr. Jimé­ nez, para que se adopte en un todo el articulo 128 de la Constitución Española, que a la letra es como sigue: “Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna Autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. –En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzga­ dos, sino por el Tribunal de Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el Reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las Sesiones de las Cortes, y un mes después, los Diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecu­ tados por deudas”. La Comisión consulta de conformidad con lo que pide el Señor Jiménez, añadiendo solamente, la ampliación de seis meses que la Constiución de Zacatecas, dio a la última parte del artículo, tocante a demandas por deudas; y aun­que el referido artículo se fue discutiendo y aprobando por partes; por haber expuesto el Sr. Villaseñor, que era inútil esta discusión, porque rodaba sobre un punto consti­ tucional que nos rige y está ya adoptado, se contrajo únicamente a la ampliación que proponía la Comisión, la cual por ser en favor de los mismos Diputados, para que no se atribuyera a una intención siniestra, se reprobó, quedando el artículo por ahora, en todo su vigor para su observancia. –En seguida se leyó y puso a discu­ sión el dictamen de la Legislación, sobre arreglo de Correos, y después de exami­ nado, se aprobó el artículo que propuso, concebido en estos términos; “Que se excite al Gobierno para que recuerde eficazmente el cumplimiento de las Ordenanzas del ramo de Correos, en cuanto a la apertura de valijas, y precaución del extravío de cartas, a la Administración del mismo ramo”. –La discusión que suscitó el dictamen extendido por la Comisión de Hacienda, con motivo de la proposición que hizo el Sr. Pastor Morales, para que la misma Comisión presentara un resumen instruc­ tivo de todos los ramos de las Rentas públicas, exponiendo al mismo tiempo su parecer acerca de los atrasos que resepectivamente se adviertan en ellas, se suspen­ dió, y se levantó la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas).

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Sesión Pública del día 27 En la Ciudad de Valladolid a los veintisiete días del mes de julio de 1824. Abierta la Sesión del Congreso se leyó y aprobó el Acta anterior. Inmediatamente se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: Con el 1o. acompaña una instan­ cia hecha por el Ciudadano Francisco García, quejándose contra el Ciudadano Alcalde José María Parente, porque éste le exige, para ponerlo en libertad, seis pesos de costas de lo actuado con motivo de su causa, que es la de una riña en que resul­ taron heridas. Con el 2o. una copia del Soberano Decreto de 21 del corriente, comunicado por el Ministerio de Relaciones, sobre que el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación ha de residir en un sólo individuo, que se denominara Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Con el 3o. otra del Decreto del 19 del presente, comunicado por el mismo Ministerio, sobre que cada uno de los territorios de la Federación nombrará un Diputado en clase de propietario, y otro en la de suplente, bajo las prevenciones que contiene. Con el 4o. otra del que comunicó el Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, sobre prohibición del comercio y tráfico de esclavos, procedentes de cualquier Potencia, y bajo cualesquiera Bandera. Del primero se mandó acusar el recibo, y que la representación que incluye, pase a la Comisión de Justicia; así como también a la de Constitución el Decreto, sobre nombramiento de un Diputado Propietario y un suplente en cada uno de los territorios de la Fede­ ración; y que todos los demás se contesten de enterado, lo mismo que el quinto, en que transcribe la noticia que le comunica el Gobierno del Estado libre de Queré­ taro, sobre que el 20 del corriente fue pasado por las armas Dn. Agustín de Iturbide por el Jefe Don Felipe de la Garza (17). –Leído otro, en que el Congreso de las Tamaulipas comunica por medio de sus Secretarios, haberse instalado el día 7 del corriente, se determinó contestarle como es de estilo, y que al Gobierno del Estado

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Faltó el Sr. Lloreda, con licencia.

de San Luis Potosí, se le den las gracias por el comedimiento que tuvo en participar su nombramiento. –En seguida se leyó también una represntación del Sr. Jiménez, impetrando el permiso de salir por veinte días para arreglar sus intereses, que dejó casi abandonados, por venir al desempeño de las obligaciones que le ha impuesto la Patria; y habiéndose retirado, se conferenció el punto ligeramente, y se le conce­ dió la licencia, bajo la condición de que no ha de usar de ella, estando fuera otro Señor Diputado, ni mientras esté con el encargo de Secretario. –Luego se abrió la discusión que quedó pendiente en la Sesión anterior, en orden al dictamen que extendió la Comisión de Hacienda, con motivo de la proposición del Sr. Pastor Modales, relativa, a que la misma Comisión, presente un resumen instructivo de todos los ramos de las Rentas públicas; exponiendo al mismo tiempo su parecer, acerca de los atrasos que respectivamente se adviertan en ellas. Al efecto se leyó la proposición con que concluye, cencebida en estos términos: “Que la instrucción sobre Rentas, que el Sr. Pastor pide ahora a la Comisión de Hacienda, se exija de los Jefes respectivos, luego que se clasifiquen las que corresponden al Estado”. –El Sr. Pastor se suscribió a ella, con tal de que se le quite la parte condicional que al fin incluye. Esta opinión se generalizó, añadiéndose, por indicación de los Sres. Presidente y Villaseñor, que la noticia se pida por conducto del Gobierno, encargándole que la remita a la mayor posible brevedad, con cuyas modificaciones, quedó aprobada la proposición. –Puesto después a discusión el dictamen de la Comisión de Justicia, sobre la queja del Ciudadano Luciano Ramírez, vecino de la jurisdicción de Turicato, contra el Ciudadano Alcalde Gregorio Moche, por haber infringido el artículo 187 de la Constitución, se leyó el artículo en que la Comisión opina que se devuelva al Gobierno el escrito, para que exigiendo del Alcalde informe documentado sobre los principales puntos de la acusación que contiene, disponga en su vista lo que convenga. Controvertida ésta, principalmente en cuanto a la expre­ sión de que el Gobierno exija los justificantes de la demanda, se aprobó la pro­­ posición, no obstante que los Sres. Huarte y Villaseñor, opinaron que se pasara el escrito al Gobernador sin más advertencia que la de que procediera en el asunto, conforme a las facultades que le conceden las Leyes; quedando igualmente dispues­ to, que por la Secretaría se pase una nota a la Comisión de Legislación, para que consulte los términos en que el Gobernador debe conocer de las faltas de los Jueces. –Discutido asimismo el dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre las circunstancias en que el Teniente Gobernador, haciendo las veces de Gobernador, debe gozar de la asignación hecha a éste, sin que la Hacienda pública resulte gravada con el pago de dos sueldos iguales; para conciliar uno y otro extremo, se acordó de conformidad con la misma Comisión, variar la dotación de 2,500 pesos que como Presidente nato del Consejo se le había ya asignado, en el artículo 3o. del primer dictamen; y extender los dos siguientes, que fueron aprobados: “Artículo 3o. El Teniente Gobernador por la clase de tal, y como Presidente nato del Con­ sejo, tendrá el sueldo de 3,000 pesos anuales”. “Artículo 4o. Haciendo las veces de Gobernador en los únicos casos de muerte, o falta de éste, en que no perciba sueldo por el Estado, disfrutara de 5,000 pesos anuales”. El Sr. Lejarza salvó su voto en lo general y particular del dictamen. –A continuación se leyó por segunda vez la proposición que hizo esta misma Comisión, para que se variara el artículo 2o. sobre viático del Gobernador, en razón de haber variado también las circunstancias que lo motivaron, por la renuncia del Ciudadano Francisco María (sic) Sánchez de Tagle,

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opinando que ahora debe redactarse de esta manera: “Artículo 2o. Se abonarán al mismo cuando sea electo, y residiere fuera de la capital del Estado, a seis pesos por lengua en razón de viático”. Y se señaló para su discusión la Sesión inmediata. –Examinado después el de la Comisión de Justicia, con respecto a la falta en que incurrió el Abogado que suscribió el escrito presentado por el Ciudadano José Ambrosio Arroyo, sobre queja contra el Alcalde de Puruándiro, omitiendo el tra­ tamiento que debió darle al Honorable Congreso, se aprobó la siguiente proposi­ ción: “Que al Abogado que incurrió en la indicada falta, se le haga saber por el Gobierno, que este Honorable Congreso la miró con desagrado, y que tratándole con equidad, se ha dignado no hacer otras prevenciones proporcionadas al modo irreverente, con que se ha conducido en el caso”. El Sr. Lejarza, aunque individuo de esta Comisón, opinó en sentido contrario, y por consiguiente, salvó su voto en el acuerdo. –Por último, se discutió largamente el dictamen que extendió la Comisión de Gobernación, sobre los 17 certificados del juramento de obediencia, que se pasa­ ron a su examen, para que informara los motivos por que retardaron este acto los Pueblos, Ayuntamientos y empleados respectivos de Hacienda pública, consultando al mismo tiempo la corrección o pena, a que se han hecho acreedores por su inobe­ diencia, y desechados los cuatro artículos que propuso en la materia, por indica­ cio­nes que hicieron varios Señores, se acordó que archivándose los certificados y devolviéndole al Gobierno los oficios con que han sido remitidos, se le diga que el Honorable Congreso ha visto con sumo desagrado la indolencia de todos los que han hecho últimamente el juramento, y que en esta virtud proceda, según sus facul­tades, a aplicarles la pena que merezcan, conforme a las faltas en que respectiva­ mente hayan incurrido, siendo a juicio del mismo Honorable Congreso, más culpa­ bles los empleados que perciben renta en el Estado; que en lo sucesivo, obrando de igual manera, respecto de los demás que aún faltan, y de los que continúen con omisión en este punto, remita únicamente a la Secretaria los certificados que vengan, y conserve en su poder los oficios que han de servirle para los fines indicados. –Leída por primera vez una proposición del Sr. Jiménez, sobre reedificación del Colegio de San Nicolás Obispo (18), se levantó la Sesión a la una y cuarto. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 29 En la Ciudad de Valladolid a los veintinueve días del mes de julio de 1824, leída el Acta anterior, notó el Sr. Presidente que no se expresaban en ella los fundamentos en que se apoyó el Honorable Congreso para decretar que se extrañara por el Gobierno la falta de respeto en que incurrió el Abogado que patrocinó el asunto del Ciudadano José Ambrosio Arroyo, así como se había hecho con los que tuvo el Sr. Lejarza para opinar en sentido contrario; siguiéndose de esta falta el gravísimo inconveniente, de que cualquiera que leyera el acta juzgaría acaso, que la mayoría había fallado contra el Abogado, sin desvanecer los argumentos que se hicieron en su favor. Con este motivo, y con el de economizar el tiempo y trabajo que se inver­ tiría en redactar todo lo ocurrido en esta materia, se mandaron suprimir las razones en que estribó la opinión particular del Señor Lejarza; no obstante que el Señor Lloreda quería más bien que quedando éstas, se extendieran las otras, que era en lo que consistía el defecto. Por reclamo que hizo también el Señor Rayón, se deter­ minó igualmente que en esta Acta se hiciera la indicación que en la otra no consta, de que aunque este Señor Diputado había convenido en el acuerdo sobre que el Gobernador tome providencias contra los que no han prestado oportunamente el juramento de obediencia, su aprobación en este punto no se extendía hasta los Eclesiásticos; pues que la represión que trata de hacerse al Cura de Chucándiro, por no haber prestado hasta ahora el indicado juramento, debe ser, en su concepto, por medio del Prelado respectivo, para no faltar jamás a la inmunidad eclesiástica. Subsanados así estos defectos, se aprobó el Acta, y se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Transcribe el del Exmo. Sr. Ministro de Relaciones, contraído a que el Supremo Poder Ejecutivo, con objeto de que en manera alguna pueda entorpecerse la ejecución del artículo 5o. del Decreto de 30 de junio último,

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Faltaron los Sres. Lejar­za y Villaseñor, por enfer­medad.

relativo a las formalidades con que han de expedirse los documentos jurídicos que hayan de obrar fuera de la República; tuvo a bien acordar, que los referidos documen­ tos que vayan de los Estados a aquel Ministerio, para la certifcación prevenida, han de tener el requisito de que las firmas de los Escribanos sean precisamente certifica­ das por los Gobernadores respectivos. 2o. Incluye copia de la Suprema Orden que previene lo que debe observarse para hacer el abono de sueldos a los Jefes y Oficia­ ­les del Ejército que disfrutan licencias temporales. 3o. Remite quince ejemplares del aviso dado ayer al público sobre arribo al Soto de la Marina y decapitación de Dn. Agustín de Iturbide. 4o. Manda cuatro certificados con sus respectivos ofi­ cios, del juramento de obediencia que han prestado los Pueblos de Guarachita, Jaripo, Tangancícuaro y Puruándiro. Los dos primeros se mandaron contestar de enterado; del tercero y cuarto acusar el recibo, y repartir los ejemplares del aviso que vinieron con el uno, devolviendo los oficios con que se acompañaron los certifica­ dos que vinieron con el otro. –Luego se dio primera lectura a los dictámenes que siguen: 1o. De la Comisión de Instrucción Pública, sobre la proposición que hizo el Sr. Presidente, para que se establezca en esta Ciudad una Cátedra de Medicina. –En este acto entró un oficio del Gobierno, que inmediatamente se abrió y con­ tenía 15 ejemplares del Soberano Decreto de 21 del que rige, sobre nombramiento de un Diputado propietario y otro suplente, por cada uno de los territorios de la Federación; y habiéndose mandado repartir los ejemplares, y acusar el recibo, con­ tinuó la lectura de los dictámenes. 2o. De la de Justicia, sobre la solicitud del Ciu­ dadano Francisco Aragón para que se le indemnice con un empleo equivalente al que obtenía en la Secretaría de la Diputación Provincial, y que entre tanto se le declare en la clase de cesante. 3o. De la de Gobernación, sobre el ocurso que hace el Ayun­ tamiento de Ario para que se le conceda disponer del producto de los bienes de Comunidad, para ocurrir a los gastos que se impendan en la construcción de un altar, y otras obras de la Iglesia Parroquial de aquel Pueblo. 4o. de la misma, sobre los siete certificados del juramento de obediencia de los Pueblos de Zirahuén, Cuitzeo, Tarímbaro; del Cura de Huango, y de los empleados subalternos de la Aduana de Jiquilpan. 5o. De la de Constitución, encargada de examinar el Soberano Decreto de 19 del presente, sobre elecciones de Diputados en los territorios de la Federa­ ción, 6o. De la de Gobernación, encargada igualmente de informar sobre la orden del Supremo Poder Ejecutivo, para que se suspendan las propuestas, de oficiales de la Milicia Provincial. 7o. De la de Justicia, sobre la instancia hecha por el Ciudadano Francisco García, quejándose de que el Ciudadano Alcalde José María Parente, lo tiene preso por seis pesos que le exije de costas en razón de una causa concluida sobre injurias. 8o. De la de Gobernación, en orden a las cuentas de la Tesorería de la última Diputación Provincial. –En seguida se leyó y puso a discusión la proposi­ ción que hizo la Comisión de Hacienda, para que se variara el artículo segundo sobre viático del Gobernador en razón de haber variado también las circunstancias que lo motivaron, por la renuncia del Ciudadano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, opinando que ahora debe redactarse de esta manera: Artículo 2o. Se abona­ rán al mismo cuando sea electo y residiere fuera de la Capital del Estado, a seis pesos por legua en razón de viático. Y como el Sr. Lloreda se opuso a él por redun­ dante, se suscitaron varias cuestiones, que tocando en diversos puntos, ya sobre la misma redundancia que nota el Sr. Lloreda, ya sobre la redacción que para evi­ tarla se proponía que hiciera en términos precisos la Secretaría, y ya, finalmente,

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sobre las circunstancias que se tuvieron presentes en la primera asignación que se hizo, y las que ha tenido ahora la Comisión para consultar la de seis pesos; se redujo todo, por ultimo, a la pregunta de si se aprobaba o no el artículo en cuanto a la sustancia, y la mayoría se decidió por la afirmativa, salvando en consecuencia su voto el Señor Lloreda. –Examinado después el dictamen que extendió la Comi­ sión de Gobernación sobre la duda que manifiesta el Señor Gobernador del Estado, de si al IIlmo. y Ve. Sr. Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, por razón de haber prestado el juramento de obediencia por medio de una Comisión, debe exigír­ sele también el certificado correspondiente, se acordó de conformidad con la misma Comisión, contestarle que la obligación de remitir el certificado de haber cum­ plido con el juramento, es peculiar de la Autoridad ante quien se presta; y que no estando en este caso el referido Deán y Cabildo, a quien pertenece certificar tal hecho, es al mismo Gobernador ante quien lo prestaron. –Finalmente se leyeron por la primera vez las proposiciones siguientes: 1a. Del Señor Huarte en que pide, que siendo la provisión de bagajes en el modo que actualmente se practica, uno de los males que más aflijen a los Pueblos, el Honorable Congreso se sirve excitar al General de la Federación, para que se digne tomarlo en consideración con el fin de aligerar esta carga en toda la parte posible. 2a. La que hoy mismo hizo el Sr. González en lo verbal, ofreciendo presentarla por escrito, sobre que se declare en que sentido debe entenderse la salvación del voto que hagan los Sres. Diputados, si de reprobar la materia o acuerdo sobre que aquél recaiga, o de ni aprobar ni desaprobar. –Por segunda la del Señor Jiménez sobre reedificación del Colegio de San Nicolás Obispo, que admitida pasó a la Comisión de Instrucción Pública. Con lo que se levantó la Sesión a las doce y cuarto para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 29 En la Ciudad de Valladolid a los veintinueve días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, y leída el Acta del día veintidós del corriente, después de una ligera discusión quedó aprobada, expresando que el Sr. Menéndez que salvó su voto. En seguida el Sr. Lloreda propuso que se nombre una Comisión de redacción de Actas, con lo que a más de conseguirse tenerlas fiel­mente redactadas se podrán también publicar inmediatamente que haya imprenta. Decla­ rado el asunto del momento, continuó la discusión entre los Sres. Lloreda, Huarte, Pastor Morales y Exmo. Sr. Presidente, quedando en su consecuencia resuelto, que: un solo individuo sea el comisionado al cual se hará una asignación competente por este encargo, que no le ha de eximir de las demás atenciones a que como Diputado queda sujeto. El Exmo. Sr. Presidente al Sr. Lejarza, y aunque el Sr. Llo­ reda pidió que de una vez se fijase al asignación, se dejó para otra Sesión. –Se leyó un oficio del Exmo. Sr. Gobernador, en que inserta otro del Ministro de Relaciones contraído a que necesitándose documentar las acusaciones en la causa que se esta siguiendo al General Quintanar, se le den aclaraciones sobre la carta de que este Honorable Congreso dio cuenta al Supremo Poder Ejecutivo en el mes de mayo próximo pasado. Tenida una ligera discusión se convino en que se nombre una Comisión al intento. El Sr. Pastor Morales y Rayón pidieron que no se les nombre para ella; y el Sr. Lloreda agregó que a ningún eclesiástico. En seguida el Exmo. Sr. Presidente nombró para la referida Comisión a los Sres. González y Jiménez. Se levantó la Sesión a la una y media, habiendo faltado los señores Lejarza y Villaseñor, por enfermedad. José Salgado (Rubricado) Presidente José María Paulín (Rubricado) José María Jiménez (Rubricado) Dip. Srio Dip. Srio

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Sesión Pública del día 31 En la Ciudad de Valladolid a los treinta y un días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión del Congreso fue leída y aprobada el Acta anterior. A continuación, se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Proponiendo la medida que juzga conveniente para evitar el que se distraiga la atención del Honorable Con­ greso, y la suya misma, con solicitudes necias e impertinentes, dice: “Que en su concepto la mas obvia y segura es, la de que no se admitan todas aquellas, que conocidamente sean de inspección ajena, o que carezcan de los requisitos necesa­ rios”, añadiendo que para excusar cualquiera arbitrariedad en el particular, por parte del Gobierno se haga esta calificación, por la Comisión de Peticiones como que no es otro su objeto, dirigiéndose inmediatamente al Honorable Congreso, todas las instancias de particulares, que no se versen sobre dispensa de Ley en que únicamente se requiere el informe del Gobierno. Se mandó pasar a la Comisión de Gobernación. Acusa el recibo del Decreto No. 16, expedido por este Honora­ ble Congreso, sobre tratamientos y honores de las Autoridades del Estado; y como concluye diciendo, que lo mandara imprimir para publicarlo y circularlo, no obs­ tante que le ha parecido indicar, que en cuanto a los honores militares que deban hacerse a dichas Autoridades, se haya pendiente la resolución del Soberano Con­ greso general por promoción que al efecto se le ha hecho, se suscitó una larga discu­ sión, que rodó, en primer lugar, sobre si los artículos del referido Decreto preve­ nían los honres a la milicia en general, o sólo se contraían a exigirlos en particular de la Milicia Cívica, en cuyo caso no podía resultar oposición alguna con cual­quiera providencia que dictara en la materia el Soberano Congreso; y en segundo, sobre si se debía o no suspender la publicación del Decreto, en virtud de lo expuesto por el Gobierno, hasta saber cual era aquella suprema resolución. Examinados suficiente­

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Faltaron por en­ fer­medad los Sres. Le­jarza y Villa­señor.

mente ambos puntos, se acordó que el oficio pasara a la Comisión especial que ha entendido en este asunto, y al Gobierno se le dijera que suspendiera la publicación del referido Decreto, hasta nueva orden. –Luego se dio segunda lectura a los dictá­ menes siguientes: 1o. De la Comisión de Constitución, respecto del Soberano Decreto de 19 del presente, sobre elecciones de Diputados en los territorios de la Federación. 2o. De la de Gobernación, sobre las cuentas de la Tesorería de la última Diputación Provincial. 3o. De la de Justicia, sobre la queja del Ciudadano Francisco García, contra el Ciudadano Alcalde José María Parente, por las costas que le exige para ponerlo en libertad. 4o. De la de Gobernación, encargada de informar sobre la orden del Supremo Poder Ejecutivo, para que se suspendan las propuestas de ofi­ ciales de la Milicia Provincial. 5o. De la de Instrucción Pública, sobre la proposición que hizo el Señor Presidente para que se establezca en esta Capital una Cátedra de Medicina. 6o. De la de Justicia, sobre la solicitud del Ciudadano Francisco Aragón, para que se le indemnice con un empleo equivalente al que tenía en la Secretaría de la Diputación Provincial, y que, entre tanto, se le declare en la clase de cesante. 7o. De la de Gobernación, sobre los 7 certificados del juramento de obediencia de los Pueblos de Zirahuén, Cuitzeo, Tarímbaro; del Cura de Huango, y de los emplea­ dos subalternos de la Aduana de Jiquilpan. 8o. De la misma, sobre la represen­ tación del Ayuntamiento de Ario, en que pretende se le conceda disponer del producto de los bienes de Comunidad que son a su cargo, para ocurrir a los gastos que se impendan en la construcción de un altar, y otras obras de la Iglesia Parroquial de aquel Pueblo. –Respecto del primero, como el Decreto se pasara únicamente para instrucción de la Comisión, de conformidad con ella, se acordó, desde luego, acusar el recibo al Gobierno, y que se ponga en el Archivo. De los demás se deter­ minó tratar en la Sesión inmediata. En seguida, se leyó y puso a discusión el dic­ tamen de la Comisión de Guerra, sobre la representación que han hecho los Ciudadanos Juan López y Sebastián Andrade, para que se les exonere del servicio de la Milicia Cívica de esta Ciudad, pidiendo además el Ayuntamiento, que fue quien la dirigió al Gobierno, la resolución de quién deba conceder tales exenciones. Al efecto se leyó la proposición con que concluye el dictamen, concebida en estos términos: “Que ínterin el Congreso general publica el nuevo Reglamento que esta for­mando sobre la materia, y en que desde luego habrá tenido presentes estos casos, se autorice al Gobernador del Estado, para que determine en ellos, conce­ diendo las licencias que soliciten los Ciudadanos de la Milicia Nacional para eximir­ se del servicio, haciéndolo por conducto de sus Comandantes respectivos, y previos los informes que estime conducentes”. Y controvertidas suficientemente varias razones que se expusieron en favor, y en contra de ella, se puso a votación por par­ tes: La primera quedó aprobada por la mayoría, y desechada, la segunda. Luego se suscitó otra cuestión, sobre que pudiendo por sí el Gobierno determinar en este caso, según lo alegado antes, no debía decírsele que se le autorizaba, sino devol­ verle únicamente las representaciones, para que en su vista, tomara, conforme a sus facultades y Leyes de la materia, las providencias convenientes; y después de un largo debate, se determinó variar aquella expresión, y usar de las conformes a este último sentido. –Examinados en seguida los puntos que presentó el Sr. Huarte, sobre que debe extenderse la contestación que ha de darse al Supremo Poder Ejecutivo, en orden a la aclaración que hizo, de que los Milicianos nacionales no están excep­ tuados del alistamiento en los Provinciales, se dispuso que volviera a la misma

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Comisión especial, compuesta nuevamente de los Sres. Huarte, Morales y Lloreda, por haberse enfermado dos de los otros Sres. que la formaban. –Por fin, se dio segunda lectura a las proposicones siguientes: 1a. Del Sr. González, en que pide se declare en que sentido debe entenderse la salvación de voto que hagan los Sres. Diputados. 2a. Del Sr. Huarte, pidiendo al Honorable Congreso, que siendo uno de los males que más afligen a los Pueblos el modo en que actualmente se practica la provisión de bagajes, excite al general de la Federación, para que se digne tomar en consideración este punto, a efecto de aligerar a los Pueblos tal carga en la parte posible. La primera pasó a la Comisión de Policía, y la segunda, a la de Goberna­ ción, y se levantó la Sesión pública a las doce y tres cuartos, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 31 En la Ciudad de Valladolid a los treinta y un días del mes de julio de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, y leída el Acta del día veintinueve, corre­gida según las ligeras reflexiones que de ella se hicieron, quedó aprobada. En seguida se leyó el dictamen presentado por la Comisión especial relativo a las aclaraciones que el Ministro de Relaciones pide al Exmo. Sr. Gobernador sobre la carta de que se trató en la Sesión anterior, y puesto a discusión por un cuarto de hora, preguntó el Sr. Lloreda si había alguna copia del parte que el Exmo. Sr. Gober­ nador dio al Supremo Poder Ejecutivo. El Sr. González como individuo de la Comi­ sión contestó que su Señoría se vio al intento con el Exmo. Sr. Gobernador, quien le dijo que en su poder ningún apunte ni documento quedó de este asunto. El Sr. Rayón lo extrañó, el Exmo. Sr. Presidente dijo que en virtud de la reserva con que S.E. puso en conocimiento del honorable Congreso este asunto; el Exmo. Sr. Goberna­dor le devolvió los documentos reducidos a la carta original de que se ha tratado, y la copia de lo que sobre ella expuso el Exmo. Sr. Gobernador al Supremo Poder Ejecutivo, la cual leyó el Sr. Presidente. El Sr. Lloreda opinó se conteste que el Exmo. Sr. Presidente fue quien puso en conocimiento del Honorable Con­ greso la carta referida, suspuesto que la reserva que pidió S.E., es limitada única­ mente a no descubrir al autor de la carta. El Sr. Rayón dijo que no es honor del Honorable Congreso contestar en esos términos dando conocimiento de sus secre­ tos. El Sr. Huarte, que como quiera que las indagaciones que el Supremo Poder Ejecutivo pide, son con respecto al individuo que hizo la denuncia, y no con res­ pecto al Honorable Congreso, puede contestarse según ha propuesto el Sr. Lloreda, salvando de ese modo tanto el acta, como la buena fe con que el Honorable Con­ greso convino no exigir el nombre del autor de la carta. A petición del Sr. Pastor

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Morales se leyó otra vez el oficio del Exmo. Sr. Gobernador, y el Sr. Lloreda insistió en que se conteste con sujeción total al Acta, llamando la atención a que el Sr. Dipu­ tado que dio la noticia puso la condición que no se le exigiese descubrir al autor de la carta; la que fue admitida por el Honorable Congreso, y bajo de ella misma, dio la noticia por conducto del Gobernador del Estado. Suspendida la discusión por el Exmo. Sr. Presidente el Sr. Lloreda hizo proposición sobre que en las Sesiones secre­ tas, hasta después de la discusión no se lea el Acta anterior. Se tuvo por de primera lectura, y se levantó la Sesión a la una y media. José Salgado (Rubricado) Presidente José María Paulín (Rubricado José María Jiménez (Rubricado) Dip. Srio Dip. Srio

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MES DE AGOSTO Sesión Pública del día 2 En la Ciudad de Valladolid a los dos días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Congreso fue leída y aprobada el Acta anterior. Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña la instancia y documentos que presentó Dña. María Ignacia Jiménez, viuda del Capitán Dn. Casimiro Aldama, solicitando se haga efectivo el artículo 1o. del Decreto de 19 de julio de 1823, no sólo en su favor, sino en el de todas aquellas que quedaron viudas por haber muerto sus maridos en defensa de la Patria. Se mandó pasar a la Comisión de Legis­ ­lación. 2o. Remite quince ejemplares del Soberano Decreto que declara quedar para siempre abolido en el territorio de los Estados el comercio y trafico de esclavos procedente de cualquiera Potencia y bajo cualesquiera bandera. Que se acuse el recibo y se repartan los ejemplares. Igual determinación recayó en el 3o., en que incluye otros quince ejemplares del Decreto relativo a que las Legislaturas de los Estados procedan a la elección del Presidente de la República, con arreglo a los artículos que contiene. 4o. Acompaña copia autorizada de otro Decreto que demarca el territorio de la Provincia de Chihuahua. 5o. Otra del que concede a Dn. Juan Bautista Binnon, privilegio exclusivo para trabajar minas de azogue en el territorio de la Federación por término de cinco años, y establecer tres fábricas para el bene­­ ficio de los metales. Estos dos se mandaron contestar de enterado. 6o. Remito nueve certificados del juramento de obediencia que han prestado los Pueblos de Apatzin­ gán, Turicato, Tancítaro, Uruapan, Copándaro, Capula, Carácuaro, Sta. Anna Maya, y Angangueo. Se determinó archivarlos y acusar el correspondiente recibo. –Inmedia­ tamente se leyó y puso a discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación, la

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No concurrieron a esta Sesión los Sres. Pastor Mora­ les, Lejar­­za y Villa­ señor. El pri­mero por ocupaciones del Soberano Con­­­greso y los dos últi­mos por enfermedad.

cual, en orden a la proposición que hizo el Sr. Lloreda para que se designe uno o dos censores de ilustración, juicio y prudencia que revisen y aprueben todas las grandes y pequeñas piezas, versos y tonadillas que se representen y canten en el teatro, es de sentir que la dirección de este punto toca al ramo municipal; y que se pase al Gobierno a fin de que bajo este aspecto le dé el giro que estime conveniente. Por varias razones que alegaron los Sres. Lloreda y Rayón, sosteniendo contra los Sres. Huarte y Jiménez que debía dictarse una Ley para evitar los abusos, que ofen­ ­diendo no solamente el buen gusto, sino también las buenas costumbres y la sana moral se practicaban en los coliseos donde no se había tomado aquela medida, se puso a votación el dictamen, y quedó desechado, mandándose después que volviera a la misma Comisión para que en virtud de lo expuesto consultara de nuevo. –Leído a continuación el de la de Justicia sobre la queja del C. Francisco García contra el C. Alcalde José María Parente, porque para ponerlo en libertad le exigen seis pesos de costas de lo actuado con motivo de su causa, como consulte que este asun­to pertenece al conocimiento judicial, y que para que tome el giro correspon­­ diente se devuelva al Gobierno, se aprobó sin discusión. De la misma manera el de la de Gobernación, que respecto a la orden del Supremo Poder Ejecutivo, para que se suspendan las propuestas de oficiales provinciales, opina que se archiven por no haber qué decir en esta materia, sobre que tomó ya resolución el Soberano Con­greso. –El que presentó la Comisión de Hacienda sobre las cuentas de la Teso­ ­rería de la última Diputación Provincial, se le devolvió para que informe las que corres­ponden al mes de abril próximo pasado, respecto de la Secretaría, expli­­ cando al mismo tiempo cuales sean las deudas activas o pasivas que resulten y el estado actual en que se hallan. –Habiéndose examinado en seguida el que extendió la Comi­sión de Justicia, con motivo de la instancia que hizo el C. Francisco Aragón, para que se le indemnice con un empleo equivalente al que obtenía, opinando que la egresada instancia se devuelva al Gobierno, para que acerca de ella provea lo que estime conveniente, se aprobó; no obstante que el Sr. Lloreda, suscribién­dose a la opinión particular del Sr. Lejarza, pedía que se devolviera, pero recomendán­­­ dola, y declarando antes el Honorable Congreso al interesado en la clase de cesante mintras lograba su colocación. Con lo que se levantó la Sesión publica a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 2 En la Ciudad de Valladolid a los dos días del mes de Agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, leída el Acta del día treinta y uno del pasado sobre las aclaraciones relativas a la carta de que se trató en aquella Sesión. Se examinó el Acta secreta del día catorce de mayo último pasado, donde consta el conducto y circunstancias por donde vino al conocimiento del Honorable Congreso este asun­ to, con la resolución tomada de ponerlo en noticia del Sr. Gobernador, para que también lo elevase al Supremo Poder Ejecutivo. La discusión rodó sobre si se contestaría al Exmo. Sr. Gobernador con un testimonio de la referida Acta sola­ mente, o con la misma Acta, y la agregación de algunas aclaraciones. Mas consul­ tando al decoro del Honorable Congreso, y la necesidad de sostener la condición de que no se exija el descubrimiento del actor de la carta. Examinado todo muy larga y detenidamente propuso el Sr. Lloreda, que se conteste que la noticia que este Honorable Congreso tuvo de la revolución que se fraguaba en aquel tiempo, la recibió de uno de los individuos de su seno, quien al presentar la carta y plan, exigió por condición no se le obligase a descubrir al autor de ella, bajo la cual procedió este Honorable Congreso cuando lo participó al S.E. para su gobierno y que lo trasla­ dase al conocimento del Supremo de la Federación. Convenido el Honorable Con­ greso resolvió se conteste en los mismos términos al Exmo. Sr. Gobernador, y se levantó la Sesión a la una y cuatro, habiendo faltado los señores Lejarza, Villaseñor y Pastor Morales, los dos primeros por enfermedad, y el último por ocupación del Honorable Congreso. José Salgado (Rubricado) Presidente José María Paulín (Rubricado José María Jiménez (Rubricado) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 3 En la Ciudad de Valladolid a los tres días del mes de agosto de 1824. Abierta la Sesión del Congreso fue leída y aprobada el Acta anterior. Inmediatamente se leyó y puso a discusión el dictamen que extendió la Comisión de Gobernación a conse­ ­cuencia del ocurso del Ayuntamiento de Ario, en que pide se le conceda usar del sobrante de bienes de Comunidad para concluir lo que falta del reedificio de aque­ ­lla Iglesia Parroquial, que se ha hecho en lo restante a expensas del vecindario; en él opina que en virtud de lo acordado para que el ramo de bienes de Comunidad esté provisionalmente sujeto al Gobierno, es conveniente que se le devuelva el expresado ocurso para que tome las providencias que correspondan. Y habiendo expuesto su voto particular el Sr. Lloreda, en orden a que estos bienes eran una verdadera pro­­ piedad de los Naturales, oponiéndose por lo mismo a que al Gobierno se le diese una orden absoluta para que determinara de ellos, y menos para que conviniera en la solicitud del Ayuntamiento, a quien con el mismo fin de reedificar la Igle­­ sia ya se le había hecho un préstamo de estos bienes por la Diputación Provincial; tomó en seguida la palabra el Sr. Pastor, y dijo: sosteniendo el dictamen, que según las Leyes y Ordenanzas que están vigentes acerca de bienes de Comunidad, se atiende con ellos a las fábricas de las Iglesias Parroquiales de los Pueblos, de lo que citó varios ejemplares; añadiendo que en consideración a ellos no pagan los llamados Indios derechos funerales de fábrica como todos los demás feligreses. El Sr. Jimé­nez, apoyando todo lo expuesto por el Sr. Pastor, dijo, además, que habiendo pendientes otros asuntos de importancia no debía perderse el tiempo en discusiones fuera del seno; que el dictamen de la Comisión estaba muy bien fundado, porque el Gober­­ nador debía arreglarse a las Leyes de la materia, y que si el ánimo del Honorable Congreso era que no se gastaran los bienes de Comunidad, no había muchos días

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que se le ordenó al mismo Gobierno que corriese con ellos, depositándolos, sin gastarlos por pretexto alguno; y que de consiguiente la Comisión sabiamente había pedido que se le remitiera el ocurso de Ario para que tomara las providencias con­ venientes. Alegadas otras varias razones se declaró por suficientemente el punto, y puesto a votación el dictamen, quedó aprobado en lo genral y particular. –Examinado en seguida el de la de Gobernación, la cual sobre las certificaciones del juramento de obediencia de los Pueblos de Zirahuén, Cuitzeo, Tarímbaro y Teremendo; del Cura de Huango, y de los Empleados subalternos de la Aduana de Jiquilpan, es de parecer que no ofreciéndose reparo, más que en las de los dos primeros Pueblos que acreditan la morosidad, con que procedieron sus Ayuntamientos, se archiven las otras, y de éstas se dé aviso al Gobierno para que tome la providencia que convenga; se aprobó en lo general, y la substancia de la proposición en lo particular, reprobán­ dose únicamente los términos de su redacción, que no eran conformes con el acuerdo que había en la materia, por cuyo motivo se mandó devolver a la misma Comisión para que la reformara. A continuación se leyó el proyecto de Ley que debe regir en las próximas elecciones, y que presentó la Comisión de Constitución. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno que acaban de llegar: 1o. Acompaña una representación del C. Agustín Barandiarán en la que solicita, como deudor que es a varios capitales que reportan sus fincas, se digne el Honorable Congreso dictar una Ley que remueva los obstáculos que se presentan a la agricultura por estos cré­ ditos en que se hallan incursos los de su clase; se mandó pasar a la Comisión de Legislación. 2o. Otra de la Milicia Nacional de Irimbo contraída a que se le exima del servicio de bagajes, y otros que relaciona. Pasó a la Comisión de Guerra. 3o. Remite 15 ejemplares del Decreto No. 15 sobre nombramiento de Gobernador Interino del Estado. Que se repartan los ejemplares y se acuse el recibo. –Habiendo manifestado el Sr. Jiménez, que no había formado la minuta del Decreto sobre sueldos y viáticos del Gobernador, por parecerle que salía informe, respecto a que no se habla del viático del Teniente Gobernador y Consejeros, se suscitaron diver­ sas opiniones, entre ellas la que indicó el Sr. Lloreda, distinguiendo las cargas de los Empleados, y concluyendo, con que primero se aclarara, si por aquélla solamente, y no por éstos, se debía asignar cantidad alguna en razón de viático; y por último se mandó volver el dictamen a la Comisión. –Por moción que en seguida hizo el Señor Lloreda, se determinó citar Sesión extraordinaria para mañana con el fin de tratar sobre la Ley de Elecciones, y se levantó la pública de hoy para entrar en secrta. (Dos medias firmas)

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Sesión Secreta del día 3 En la Ciudad de Valladolid a los tres días del mes de Agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, leída y aprobada el Acta de ayer, propuso el Sr. Lloreda que este Honorable Congreso se ponga en comunicación con los de los Estados limítrofes con el interesante objeto de instruirse mutuamente sobre la opinión de cada uno acerca de los individuos a quienes piensan elegir para Presi­­den­te de los Estados Unidos Mexicanos, cuya medida debería producir tal unifor­mi­dad y acierto en la elección de dichos Estados que les daría mucho honor. Lo apoyó por distintas razones; pero habiéndose discutido suficientemente entre los Sres. Huarte, Rayón, Pastor Morales y el mismo Sr. Lloreda, no tuvo a bien el Honorable Con­ greso admitir la propuesta con lo cual se levantó la Sesión a la una. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José María Paulín (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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No concurrieron los Sres. Jiménez y Villa­ señor, el pri­ mero ausente con licencia, y el segun­ do por enfermo.

Sesión Pública Extraordinaria del día 4 En la Ciudad de Valladolid a los cuatro días del mes de agosto de 1824. Abierta la Sesión extraordinaria del Congreso, se leyó el Acta anterior, cuya aprobación se mandó suspender hasta reformar el acuerdo que se tuvo en ella con motivo de la indicación que hizo el Sr. Jiménez, sobre que habiéndosele asignado viáticos al Gober­ ­­nador, faltaba que declarar si al Teniente Gobernador y Consejeros, debía asignár­­ seles también, pues, según se dijo, no estaba redactado conforme a lo acaecido en la Sesión. –Luego se leyó por primera vez el dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto de la consulta hecha por el Sr. Gobernador del Estado, en orden al sueldo que debe gozar su Secretario. En él consulta la Comisión, que atendidas las circuns­ tancias de idoneidad, trabajo y atenciones propias del individuo, a quien ha de encar­ garse el desempeño de aquella, es de opinión que se le asigne la cantidad de 2,000 pesos anuales, y se le comunique al Gobierno para que en consecuencia pueda soli­­ citar la persona que haya de ocupar este destino; y como el asunto se declarara por del momento, se puso a discusión, y sin ella se aprobó el parecer arriba indicado. –A continuación se procedió a tratar sobre el Reglamento que presentó la Comi­sión de Constitución para las Juntas electorales que deben hacerse en el Estado, conforme al artículo 3o. del Soberano Decreto de 13 de julio del presente año. Al efecto se leyó el encabezado, que después de examinado y reformado en varias expresiones, se redactó y aprobó en estos términos: “El Congreso Constituyente del Estado libre, Soberano e Independiente de Michoacán, en uso de sus facultades declaradas en el artículo 3o. del Decreto de Convocatoria de 13 de julio del corriente año, para las elecciones de los Diputados que deben componer el primer Congreso general ordi­ nario, que ha de instalarse el día 1o. de enero de 1825, ha tenido a bien decretar el siguiente Reglamento”. –Leído asimismo, y discutido el artículo 1o. en que se suprimeron algunas palabras, se aprobó de esta manera: “Capítulo 1o. De las Jun­ tas en general. Artículo 1o. Habrá Juntas electorales primarias, secundarias y del Estado”. El 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. se aprobaron sin discusión del modo siguiente: ‘’Artículo 2o. Serán precedidas de Rogaciones públicas en la Iglesia Catedral, y en

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las Parroquiales. Artículo 3o. En las Juntas no se presentarán los Ciudadanos con armas ni habrá guardias. Artículo 4o. El Presidente de la Junta se abstendrá de hacer invitaciones para que la elección recaiga en determinadas personas, y cui­ dará de que no las haga otro alguno de las concurrentes. Artículo 5o. Nadie se podrá votar a sí mismo, bajo la pena de perder su derecho por aquella vez. Artículo 6o. Concluidas las elecciones, pasarán el Presidente, los Electores, y elegidos a la Iglesia Catedral, o Parroquial, donde se cantará solemnemente el Te Deum en acción de gracias al Todo Poderoso”. El 7o. del Capítulo 2o. que dice: “Las Juntas primarias se compondrán de los Ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de 18 años, o casados antes de cumplirlos, avecindados y residentes en el distrito de la Parroquia”. Se aprobó substituyendo, en lugar de la expresión de la Parro­quia, la del Ayuntamiento. El 8o., suprimiéndose la prevención que hacía sobre residencia en los avecindados en el Estado, y añadiendo al fin la declaración de la edad que deben tener los militares, que voten, se aprobó en estos términos: Artículo 8o. Tienen derecho a votar todos los Ciudadanos nacidos en el territorio del Estado, los avecindados en él, y los militares de toda clase que se hallaren de guarnición en la Capital, o en los Pueblos, que tengan la edad que previene el artículo 7o. El 9o. Se aprobó sin discusión como sigue: Artículo 9o. No tienen lugar a votar los Ciu­dadanos, cuyos derechos estén legalmente suspendidos, los sirvientes domés­ ticos (no entendiéndose por tales los Jornaleros, Arrieros, Pastores, Vaqueros, y otros, que no sirven inmediatamente a la persona del dueño) y los que no se hallen comprendidos en el artículo anterior (1). EL 10o., que dice: Se suspende el derecho de votar por no tener domicilio fijo, empleo, oficio, o modo de vivir conocido; y por no haber pagado a lo menos un tercio de la contribución directa”. Se aprobó igualmente, desechando la última causa que pone para suspender el derecho de votar. El 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, después de unas ligeras modifica­ ciones se aprobaron como sigue: Artículo 11. Se celebrerán las Juntas primarias en toda Población que llegue a 500 almas. Artículo 12. Los Pueblos que no lleguen a 500 almas, y las haciendas y ranchos, sea cual fuere su Población, se agregarán para las elecciones a la Junta más inmediata. Artículo 13. En las Poblaciones que por sí, o su comarca fueren populosas, se dividirán en los Departamentos que el Ayuntamiento crea bastantes para que en cada uno se nombren el Elector, o Elec­ tores correspondientes a su Población respectiva. Artículo 14. Las Juntas prima­ rias se celebrarán en este Estado, el domingo 5 de septiembre del presente año. Artículo 15. Serán presididas estas Juntas por el Alcalde primero, y si divide la Población en Departamentos, la Junta de uno se presidirá por el primer Alcalde; y las otras por los demás Alcaldes y Regidores, según el orden de su nombramiento. La discusión del 16, que dice: “En todas las Poblaciones con una anticipación competente al día designado para esta elección, repartirán los Ayuntamientos cédu­ las rubricadas por sus Síndicos, Procuradores, a todos los Ciudadanos que conforme a los artículos antecedentes, no se hallen suspensos del derecho de votar, exigiéndo­ les, so pena de una ligera multa, se presenten con dichas cédulas a votar, en el día y horas determinadas, lo que se anunciará en el bando correspondiente”. Se suspen­ dió por el Sr. Presidente. –Por moción que hizo el Sr. Lloreda para que se mandara publicar el Decreto sobre honores y tratamientos de las Autoridades del Estado, suprimiendo los artículos 14 y 15, que tratan de los honores militares, en razón de estar pendiente de esta publicación la función que debe celebrarse por la inaugura­ ción al Trono Pontificio de Nuestro Santísimo Padre el Sr. León XII, se acordó oficiar al Gobierno de conformidad con lo expuesto, y se levantó la Sesión a la una y cuarto. (Tres medias firmas).

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Sesión Pública del día 5 En la Ciudad de Valladolid a los cinco días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Congreso, se leyó el Acta del día tres del corriente, y como notó de nuevo en ella el Señor Presidente que no se habían sentado las razones en que se fundó el Honorable Congreso para aprobar el dictamen que extendió la Comisión de Gober­ nación, sobre el ocurso en que el Ayuntamiento de Ario pide se le conceda usar del sobrante de bienes de Comunidad para el reedificio de aquella Iglesia Parroquial, así como se hizo con las que tuvo el Sr. Lloreda para opinar en lo particular de diverso modo que la Comisión de que era individuo, se determinó que se redactara lo que falta, dando al efecto el Sr. Pastor, un apunte de lo que en la materia expuso. Leída después la de ayer, dijo el Sr. González, que en ella se daban por aproba­dos los artículos 9 y 10 de la Ley de Elecciones, cuando en su concepto habían quedado suspensos en virtud de reclamo que hizo él mismo, sobre que no se expresaban varias circunstancias que privaban del derecho de votar, y estaban expuestas en los artículos 16 y 17 de la ultima Convocatoria, y constaban, además, en los artícu­ los 24 y 25 de la Constitución Española; por lo que entonces pidió se hiciese una redacción de aquellos en términos que se extendiesen a todos los casos que deben referirse; que al efecto el Sr. Presidente, le había dicho que la hiciese para discutirla en la Sesión siguiente. Con este motivo presentó un artículo, en que con­ tenidos el 9o. y 10o. de que se habla, dice de esta manera: Artículo 9o. No tienen lugar a votar los individuos que se hallen en los casos de que tratan los artículos 24 y 25 de la Constiución Española, exceptuándose en los de servicio doméstico, los Jornaleros, Arrieros, Pastores, Vaqueros, y otros que aunque vivan en la casa del dueño no sirven inmediatamente a su persona. –El Señor Presidente dijo en consecuencia que se tendría presente; y habiéndose aprobado el Acta conforme

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estaba, se tomó, desde luego, en consideración, quedando acordado, después de un largo y detenido examen, que en lugar de los citados artículos 9 y 10 se pusiesen los 16 y 11 de la Convocatoria de 17 de junio de 1823, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 16. No tienen derecho de votar los que han sido sentenciados a penas aflictivas, o infamantes, si no han obtenido rehabilitación. Artículo 17. Se suspende el derecho de votar, por incapacidad física o moral, manifiesta o declarada por Autoridad competente, en los casos dudosos; por quiebra fraudulenta, califcada así; por deuda a los fondos públicos, habiendo precedido requerimiento para el pago; por no tener domicilio, empleo, oficio, o modo de vivir conocido; por hallarse procesado criminalmente; por el estado de sirviente doméstico, no enten­ diéndose por tales los Jornaleros, Arrieros, Pastores, Vaqueros, y otros que aun­ que vivan en la casa del dueño no sirven a su persona. –Luego se procedió a la discusión que quedó pendiente en la Sesión anterior sobre el artículo 16 de la refe­ rida Ley de elecciones, concebido en estos términos: En todas las Poblaciones, con una anticipación competente al día designado para esta elección, repartirán los Ayuntamientos cédulas rubricadas por sus Síndicos Procuradores, a todos los Ciu­ dadanos que, conforme a los artículos antecedentes, no se hallen suspensos de derecho de votar, exigiéndoles, so pena de una ligera multa, se presenten con dicha cédula a votar en el día y hora determinadas, lo que se anunciará con el bando correspondiente. Examinada suficientemente la primera parte, se aprobó, variada únicamente en cuanto a que los que deben rubricar las cédulas sean aquellos indi­ viduos que comisionen los mismos Ayuntamientos. La segunda, que se contrae a la multa que ha de exigírseles a los que sin estar legítimamente impedidos, no se pre­ senten a votar con la cédula respectiva, se examinó también detenidamente; y aun­ que los Señores Huarte y Rayón se opusieron con varias razones a que se decretara esta pena, alegadas otras a favor de ella, por los Señores Lloreda y Pastor Morales, se puso a votación y fue aprobada por la mayoría. –Con motivo de que el Señor Huarte dijo en seguida que a más de no ser conveniente, en su opinión, imponer multa alguna en este caso, se le presentara asimismo la dificultad de no haberse fijado en el acuerdo, la cantidad que debía exigirse; se intrincó nueva disputa, que ter­ minó por fin, preguntándose si se señalaba la cantidad de un peso. La mayoría reprobó ésta, de la misma manera que la de seis reales, cuatro, y dos, que sucesi­ vamente se fueron proponiendo. De este hecho infirió el Señor Presidente que había algún acaloramiento entre los Señores Diputados, y mandó suspender la vota­ ción para que después se hiciera con más serenidad, y que se pasara a la discusión del artículo 17. Este, sin más que una ligera explicación que hizo el Señor Pas­tor del fin que se propuso la Comisión para dictarlo, se aprobó en estos términos: Artículo 17. Reunidos los Ciudadanos en número a lo menos de ciento, en las Poblaciones que pasen de dos mil almas, de 70 en las que consten de mil, y de 30 en las de 500, elegirán nominalmente a pluralidad absoluta de votos, un Secretario y dos Escru­ tadores, de entre los Ciudadanos presentes. El 18, que justamente es uno de los de la Constitución, como se le hubiera añadido la palabra intriga después de la de soborno, para evitar, según expuso el Señor Lloreda, las combinaciones maliciosas, que para que recayera la elección en determinada persona, podían hacerse no sola­ mente por el cohecho o soborno, sino también por la persuación, y otros medios que no previene la Constitución y están comprendidos en aquella palabra; se con­ trovertió el punto suficientemente, y de conformidad con la Comisión, se aprobó

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como sigue: Artículo 18. Instalada la Junta, preguntara el Presidente si alguno tiene que exponer queja sobre cohecho; soborno o intriga para que la elección recaiga en determinadas personas, y habiéndola, se hará pública justificación ver­ bal en el acto. Resultando cierta la acusación, quedarán privados los reos de voto activo y pasivo; y resultando falsa, sufrirán los calumniadores la misma pena, y de este juicio no habrá recurso. –Habiendo hecho moción el Señor González, sobre que los Ayuntamientos no publicaban el día y la hora señaladas para las elecciones, sino únicamente la Convocatoria, siendo tal vez esto causa de la falta que se nota de la concurrencia de los vecinos en semejantes actos, se determinó, después de una ligera discusión, que el mismo Sr. González, presentara un artículo alusivo a este punto. Con lo que se levantó la Sesión a la una y media. (Tres medias firmas)

Michoacán

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Sesión Pública del día 7 En la Ciudad de Valladolid, a los siete días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Congreso se leyó el Acta anterior, y fue aprobada, después de haberse mandado, en virtud de reclamo del Sr. González, que por principio de la de hoy se indicara que estas palabras: lo que se anunciará en el bando correspondiente, con que concluye el artículo 16 de la Ley de elecciones, se supriman en éste, y quada­ban para hacer el uso conveniente de ellas en el que ha de presentar sobre bandos el mismo Sr. González, y alegadas también varias razones en contra de otro reclamo que hizo el Sr. Pastor Morales, sobre que el cuántum de la multa que se propuso descendiendo sucesivamente, desde un peso hasta dos reales, para que se exigiera a los que sin impedimento legal no se presentarán a votar con la cédula respectiva, se había suspendido, y no reprobado como dice el Acta. –Luego se pro­ cedió a la renovación de oficios, y habiéndose verificado, salió electo para Presidente el Sr. Pastor Morales con ocho de nueve votos; para Vicepresidente el Sr. González, con siete; y para Secretario el Sr. Menéndez, con cinco. Concluido este acto se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1lo. Acompaña 13 certificados del juramento de obediencia que han prestado los Pueblos de Sahuayo, Pajacuarán, Tajimaroa, Jungapeo, Zacapu, Angamacutiro, Copándaro, Indaparapeo, Panindí­ cuaro, Santa Fe de la Laguna y Tingüindin; el Coronel retirado Don José María González Arévalo, y el Administrador y Dependiente del Tabaco de la Ciudad de Pátzcuaro; haciendo presente que ya estas Corporaciones quedan enteradas del desa­ grado con que el Honorable Congreso ha visto su morosidad en el cumplimien­ to del Decreto de la materia. 2o. Incluye 15 ejemplares del Soberano Decreto que declara concebido el privilegio que solicitó Don Juan Bautista Binnon para trabajar minas de azogue en el territorio de la República. El primero se mandó contestar de

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enterado, y del último acusar el recibo y repartir los ejemplares. En seguida leyó el Sr. González el artículo que ofreció presentar según lo indicado en el Acta anterior, y en principio de ésta. Su tenor literal es el que sigue: Artículo 17. Con la misma anticipación proporcionada, que será de dos días a lo menos, publicarán los Alcal­ des respectivos, de acuerdo con los Ayuntamientos, el correspondiente bando, por el que excitarán al efecto a los Ciudadanos bajo las formalidades referidas, seña­­ lando la hora en que deben comenzar las votaciones, Departamentos en que la Población se divida, y parajes donde hayan de verificarse. Discutido suficientemente sobre la anticipación en que debe publicarse la Convocatoria, dijo el Sr. Lloreda que se suspendiera el artículo hasta tratar de algunas adicionales que aún necesita el Reglamento, y admitida esta indicación, se convino en ella; y se pasó a exami­ nar el punto pendiente, sobre la cantidad que ha de exigirse de multa. Discutido largamente, se preguntó si se fijaba, o no, la de 4 reales, y la mayoría se decidió por la afirmativa. Inmediatamente añadió el Sr. Huarte, que se dijera en el acuerdo, que se había aprobado la cantidad de 4 reales, sin embargo de estar reprobada (2); el Sr. Presidente determinó que la hiciera por escrito. –Habiéndose también dispuesto que los otros dos puntos que se tocaron en la discusión, sobre si la multa se contraía solamente a los lugares donde se tenía la Junta, o se hacía extensiva a toda la com­ prensión del Ayuntamiento respectivo, y sobre si se habían de hacer pesquisas de los que faltaran, o solamente por denuncia, se reservaron para cuando se tratara, como se dijo, de los artículos adicionales. –El artículo 19, con una ligera reforma se aprobó sin discusión en estos términos: Artículo 19. Si se suscitaren dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades requeridas para votar, la Junta, a pluralidad de votos de todos los concurrentes, decidirá en el acto, y su decisión se ejecutará sin recurso para sólo esa vez, entendiéndose que la duda no puede versarse en lo prevenido en ésta u otra ley vigente. El 20 que dice: La Junta la compone la reunión de los Ciudadanos presentes, autorizada por su Presidente, Secretario, y Escrutadores, y no éstos solo como regularmente se entiende; así, cualquiera Ciudadano de los que allí se hallen, debe tener el uso de la palabra, y para una decisión definitiva ha de consultarse el voto de todos. Suscitó dos cues­ tiones. 1a. Sobre si era redundante, 2a. sobre el lugar que debía ocupar; discutida una y otra, se aprobó el artículo sin variación alguna, y quedó en el lugar del 19, y éste en el del 20. –Examinado por último el 21, se aprobó, y la disputa que se ofre­ ció después, sobre si la base para cada Elector debía ser el número de 500 almas, o el de 800, se suspendió y se levantó la Sesión a la una y media, citándose extraordi­ naria para esta tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 7 En el mismo día, reunido en Sesión extraordinaria el Honorable Congreso, siguió la discusión de la Ley de elecciones con la lectura del Artículo 22, que desde luego se aprobó en esta forma: Artículo 22. Cada ciudadano se acercará a la mesa, presen­ tará la cédula de que habla el artículo 16, y designará una o más personas, según el número de Electores que corresponda a aquella Junta, conforme a lo prevenido en el artículo anterior, y el Secretario las escribirá a su presencia. Reformado el 23 con la adición de que las cédulas se repartan también a los Eclesiásticos y miltares, por medio de sus respectivos superiores y Jefes, se aprobó de este modo: Artículo 23. A los Eclesiásticos y Militares se repartirán las cédulas por conducto de sus respectivos Superiores y Jefes. Por la indicación que en seguida hicieron los Sres. Salgado y Lloreda, sobre si estos Cuerpos estaban sujetos a la multa acordada para los que sin impedimento legítimo no asistieran a votar, se suscitaron largos debates que concluyeron preguntándose, si los militares estaban comprendidos en esta pena, y la mayoría se declaró por la negativa; haciéndose igual pregunta después, res­ pecto a los Eclesiásticos, se hizo la votación nominalmente a petición del Sr. Llo­ reda; y los Sres. Salgado, González, Huarte, Paulín, Jiménez, Villaseñor y el Exmo. Sr. Pre­sidente estuvieron por la afirmativa, y los Sres. Lloreda y Rayón, por la negativa; pidiendo en consecuencia los Sres. Huarte y Rayón que sus votos opuestos al acuerdo, el primero sobre la multa únicamente y el segundo sobre éste y la comprensión de los Eclesiásticos en ella, constaran ambos en el Acta, y así quedó dispuesto. –Luego se discutió la indicación del mismo Sr. Huarte, sobre si los Mili­ cianos Provinciales estaban exentos de la multa, así como los de línea, y después de cuestionado el punto, se convino en que para quitar la duda que ocurrió de si los Provinciales correspondían exclusivamente a la Federación, sin nombrarlos expre­

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samente, se concibiera en términos generales un nuevo artículo, que en efecto redactó el Sr. Lloreda, y fue aprobado de esta manera: Artículo 24. Las Tropas que están inmediatamente sujetas a la Federación, no están comprendidas en la pena del artículo. El artículo que por razón de éste que se ha puesto nuevamente debe ser ahora el 25, se aprobó sin discusión como sigue: Si el Ciudadano llevare apunte o lista de las personas que quiera elegir, le será leída por el Secretario y éste le pre­ guntará si esta conforme con lo que ella expresa, y se enmendará en caso de no estarlo. Por este orden se aprobó igualmente en cuanto a la sustancia el artículo 26, de la misma manera que su siguiente redacción, no se admitirá a votar sino al que lo haga en persona. El 27 que dice: En ningún caso servirá una sola lista para varios individuos, o en representación de algún Pueblo, ni menos se admitirán billetes o cartas de otro Pueblo del distrito, en que conste el nombramiento de algún Ciudadano, y sustituyendo en su lugar el que sigue, se aprobó en estos térmi­ nos: Artículo 27. Concluida la elección el Presidente, Escrutadores, y Secretario, reconocerán las listas, y el primero publicará en voz alta los nombres de los elegidos por haber reunido más votos, y en caso de igualdad decidirá la suerte. Después de examinado el 28, se aprobó de esta manera: El Secretario extenderá el acta que con él firmarán el Presidente y los Escrutadores. Se entregará copia firmada por los mismos a cada uno de los electos, para hacer constar su nombramiento. Asimis­ mo, se remitirá otra copia al Presidente de la Junta secundaria. Habiéndose discu­ tido por partes el 29, y añadiéndole al último, a petición del Sr. Huarte, ni Cura de Almas, se aprobó en esta forma: Artículo 29. Para ser Elector primario se requiere ser Ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, o de 21 siendo casado, vecino y residente en el distrito de aquel Ayuntamiento o de la Junta electoral a que corresponda, y no ejercer en el mismo distrito jurisdicción conten­ ciosa, civil, eclesiástica o militar, ni Cura de Almas. Los que siguen se aprobaron sin discusión: Artículo 30. No se comprende en la restricción anterior, las autori­ dades elegidas popularmente como los Alcaldes. Artículo 31. Nadie puede excu­ sarse de estos cargos con motivo alguno. Artículo 32. Concluido el nombramiento de Electores, quedará disuelta la Junta, y cualquiera otro acto que se mezcle será nulo. –Habiendo promovido en seguida el Sr. Lloreda, hablando de los individuos que no concurran a votar, que estas faltas podían reclamarlas los Ciudadanos que en la misma Junta las advirtieran, indicando además, que se formaran listas y se fija­ ran en público para evitar el abuso que podía hacerse con los productos de la multa que debe exigírseles, se suscitaron diversas cuestiones, rodando la principal sobre el modo y tiempo en que debía reclamarse la falta y cobrarse la multa; y aunque se pensó dejar estos puntos para cuando se tratara de los artículos adicionales, según se determinó en la Sesión anterior, por haberse dicho que ahora debía quedar con­ cluido el Reglamento, se acordó añadir en este 2o. Capítulo los artículos siguientes, que redactados y examinados suficientemente, se aprobaron de este modo: Artículo 33. Las multas de que se trata en el artículo 16, no se podrán reclamar pasados ocho días, contados desde la celebración de la Junta. Artículo 34. El producido de estas multas se aplicará a los fondos de los Ayuntamientos; quedando, en conse­ cuencia, desechadas las indicaciones del Sr. Lloreda, sobre las listas, y la que hizo después el Sr. González, en orden a que el Secretario y Escrutadores intervinieran en la calificación de la falla para la imposición de la multa. –Al comenzar la discu­ sión de los artículos del Capítulo 3o. sobre Juntas secundarias, y del 4o., sobre las

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del Estado, se determinó a moción del Sr. Presidente, que se leyeran seguidos, por ser todos, con muy corta diferencia, de la Convocatoria general de 17 de junio de 1823, deteniéndose únicamente en el examen de aquellos, que reclamara algún Sr. Diputado. En efecto, con una que otra ligera variación, se leyeron y aprobaron los siguientes: Capítulo 3o. De las Juntas secundarias. Artículo 35. Estas se compon­ drán de los Electores primarios, congregados en las Cabezas de los Partidos, a fin de nombrar Electores, que en las Capitales de provincia han de elegir a los Dipu­ tados. Artículo 36. Las Juntas secundarias se celebrarán a los ocho días de celebra­ das las primarias, que deben ser el doce de septiembre. Artículo 37. Por cada 20 Electores primarios de los que se nombraron en todos los Pueblos del Partido, se elegirá un secundario. Artículo 38. Si resultare una mitad más de 20 Electores primarios, se nombrará otro secundario; pero si el exceso no llega a la mitad, nada valdrá. Artículo 39. Si la Población del Partido no hubiere dado 20 Electo­ res primarios, se nombrará, sin embargo, un secundario, sea cual fuere aquélla. –”40. Las Juntas secundarias serán presididas por el Alcalde 1o. de la Cabeza del Partido, a quien se presentarán los Electores primarios con el documento que acre­dite su elección para que sean anotados sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de la Junta’’. –“41. Tres días antes de las elecciones se congrega­rán los Elec­ tores con el Presidente en el lugar que se señale, y nombrarán Secre­tario y dos Escru­ tadores de entre ellos”. –”42. En seguida presentarán las certificacio­nes de su nom­ bramiento para que sean examinadas por el Secretario y Escrutadores, quienes al día siguiente informarán si están o no arregladas. Las del Secretario y Escrutadores serán examinadas por tres individuos de la Junta, quienes informarán al siguiente día”. –”43. En éste, congregados los Electores, se leerán los informes sobre las certi­ ficaciones, y hallándose reparo sobre las calidades requeridas, la Junta resolverá en el acto, y su resolución se ejecutará sin recursos”. – “44. En el día y horas señaladas para la elección se reunirán los Electores, y ocupando sus asientos, sin preferencia, leerá el Secretario los artículos que quedan bajo el rubro de Juntas secundarias, y hará el Presidente la Pregunta que se contiene en el artículo 18, y se observará cuanto en él se previene”. –”45. Inmediatamente, los Electores primarios nombrarán a los secundarlos, de uno en uno, por escrutinio secreto mediante cédulas”. “46. Con­ cluida la votación, el Presidente, Secretario y Escrutadores examinarán los votos, y se habrá por electo el que haya reunido, a lo menos, la mitad y uno más de los votos, y el Presidente publicará cada elección. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad abosluta de votos, los dos en quienes haya recaído el mayor número, entrarán a 2o. escrutinio, quedando electo el que reúna el mayor número, y en caso de empa­ te, decidirá la suerte”. – “47. En las Juntas en que haya de nombrarse un solo Elector secundario, no se procederá a la elección, sin tres primarios, a lo menos”. –” 48. Para ser Elector secundario, se requiere ser Ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, con 5 de vecindad y residencia en el Partido, y que no ejerza jurisdicción contenciosa, civil, eclesiástica o militar, ni Cura de Almas en la Cabe­cera del Partido; pudiendo recaer la elección en Ciudadanos de la Junta, o fuera del estado seglar, o del eclesiástico secular”. –“49. El Secretario extenderá el acta que con él firmarán el Presidente y Escrutadores, y se entregará copia firmada por los mismos, a los electos, como credencial de su nombramiento. El Presidente remitrá copia, igualmente autorizada, al Gobernador del Estado, donde se hará notoria la elección en los papeles públicos”. –”50. En las Juntas secundarias se obser­

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vará lo prevenido para las primarias en los artículos 30, 31 y 32”. –”Capítulo 4o. De las Juntas del Estado. Artículo 51. Se compondrán de los Electores secundarlos de todo él, congregados en la Capital, a fin de nombrar Diputados”. –”52. Se celebra­ rán el primer domingo de octubre”. –”53. Serán presididas por el Gobernador del Estado, a quien se presentarán los Electores con su credencial, para que sus nom­ bres se apunten en el libro en que han de extenderse las actas de la Junta”. –”54. Tres días antes de la elección se congregarán los Electores, con el Presidente en el lugar señalado a puerta abierta, y nombrarán un Secretario y dos Escrutadores de entre ellos mismos”. –“55. En seguida se leerá este Decreto y las credenciales, igualmente que las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las Cabezas de Partido, a fin de que, examinadas por el Secretario, y Escrutadores, informen al día siguiente, si todo esta arreglado; y las certifcaciones del Secretario y Escrutadores, serán vistas por tres individuos de la Junta, quienes informarán en el mismo día”. –”56. Juntos en él los Electores, se leerán los informes, y hallado reparo sobre las certificacio­nes, o sobre las calidades de los electos, la Junta resolverá en el acto, y su resolución se efectuará sin recurso”. –“57. En el día señalado para la elección, juntos los Electo­ res, sin preferencia de asientos, a puerta abierta, hará el Presidente la pregunta prevenida en el artículo 18, y se observará cuanto en él se dispone”. –”58. En seguida, los Electores nombrarán a los Diputados, de uno en uno, por cédulas, manifestan­ dolas al Secretario, cerrándolas después ellos mismos, y poniéndolas en el ánfora. El Secretario y Escrutadores serán los primeros que voten, quienes mostrarán las cédulas al Presidente”. –”59. Concluida la votación, los Escrutadores con el Presi­ dente, y Secretarios, harán el escrutinio de los votos, y se publicará como elegido aquel que haya reunido, a lo menos, la mitad y uno más. Si ninguno se hallare con la pluralidad absoluta, se hará segunda votación sobre los dos que haya reunido mayor número, y quedará elegido el que obtenga la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y concluida la elección se publicará por el Presidente”. –”60. Des­ pués de la de Diputados propietarios para el Congreso se procederá a la de suplen­ tes por el mismo método, y su número será el tercio del de propietarios. Los suplen­tes, concurrirán al Congreso siempre que éste lo califique necesario”. –”61. Se requie­ren a lo menos 8 Electores secundarios para la elección de un Diputado”. –” 62. Para la elección de éstos se tendrán presentes los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del mencionado Soberano Decreto de 13 de julio del año presente, que como constitu­ cionales han de cumplirse a la letra en todas sus partes” (3). Por conclusión expuso el Sr. Lloreda, que faltaba que el Honorable Congreso dijera el modo en que se debían entender lo poderes de los Diputados, y sin haberse resuelto cosa alguna en la materia, se levantó la sesión a las nueve y media de la noche, quedando citada una extraordinaria para mañana. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 8 En la Ciudad de Valladolid, a ocho días del mes de agosto del año de 1824, reunido el Honrable Congreso en Sesión extraordinaria, con el fin de concluir el examen de los artículos del Reglamento propuesto por la Comisión de Constitución para las próximas elecciones de Diputados que han de componer el primer Congreso gene­ ral ordinario que debe instalarse en 1o. de enero del año entrante, tomó la palabra el Señor Lloreda, y dijo: que no siendo posible que este Decreto saliera como se deseaba, por el Correo del martes inmediato, así por el estado en que se hallaba su discusión, como porque aunque ya estuviera concluido, el Gobernador tenía que hacer algunas indicaciones en la materia, principalmente en orden a la presidencia de las Juntas, proponía al Honorable Congreso, en primer lugar, que se pasara al mismo Gobernador el proyecto de Convocatoria en los términos de aprobación que actualmente se halla, para que usando en el término más corto, por la estrechez de las circuntancias, del derecho que le concede la Ley, haga sobre él las observacio­ nes que crea convenientes; y en segundo, que se nombre una Comisión para que con vista de la Convocatoria pasada, de este mismo proyecto, y aun de las reflexiones que hiciere el Señor Gobernador, consulte las adiciones o reforma que sean necesa­ rias. Tomando uno y otro punto en consideración, y discutido suficientemente, quedaron aprobadas ambas indicaciones, pasando los documentos respectivos, a un tiempo que al Gobernador, a la misma Comisión que ha entendido en el asunto; y que en lugar del Señor Presidente, que era individuo de ella, entre el Señor Salgado. –En seguida propuso también el Señor Villaseñor, que ya que por lo expuesto se hacía indispensable variar el tiempo de las elecciones, y que éstas no se celebren el primer domingo de octubre, como previene el Soberano Congreso general, se publique la causa que ha dado motivo a ello. Tomada igualmente que las otras,

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en consideración, se mandó pasar de preferencia a la Comisión, dispensando así en aquellas, como en ésta, los trámites que deben correr conforme al Reglamento. – Habiendo por último manifestado, el Señor Presidente, que mañana no habría Sesión, para que la Secretaría expeditara su despacho, se levantó la de hoy a las once. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 10 En la Ciudad de Valladolid a los diez días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión pública del Congreso se leyó el Acta del día 7 del corriente, que fue aprobada, igualmente que las de las Sesiones extraordinarias de la tarde de ese mismo día, y de la mañana del siguiente, reformadas en una que otra expresión inexata. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña copia autorizada de la Soberana resolución de 30 de julio último, que dispone quede en el Gobierno el Exmo. Sr. Don Vicente Guerrero a consecuencia del regreso del Sr. Bravo, que debe ocupar la silla que en propiedad le corresponde. 2o. Remite otra copia del Sobe­ ­rano Decreto de 4 del corriente, sobre credenciales de los Sres. Diputados y Sena­­ dores. El primero se mandó contestar de enterado, y del segundo acusar el recibo, pasando el Decreto a la Comisión de Constitución. –Leído en seguida el que mandó la Intendencia, acompañando dos estados de los ingresos, y egresos que tuvo en el mes próximo pasado la Tesorería principal del Estado, se determinó que pasara a la Comisión de Hacienda. Vistos después otros dos, con que remitieron los Congre­ ­sos de la Puebla de los Angeles, y Tamaulipas, tres ejemplares el 1o., y dos el 2o. del Manifiesto que respectivamente hizo cada uno a los habitantes de aquellos Esta­dos, se mandaron contestar como es de estilo, y que asimismo se haga con el de San Potosí por los ejemplares que también mandó, aunque sin oficio, así de su Mani­­ fiesto, como del Acta de la Sesión que tuvo con motivo del arribo del Sr. Iturbide al Soto de la Marina, y prisión de éste; quedando ejemplar en la mesa para que lo lea el Sr. Diputado que guste. –Habiendo llegado en este acto un pliego del Gobierno se abrió, y contenía dos oficios con los que acompañó 15 ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general Constituyente, que designa el territorio de que se debe componer la Provincia de Chihuahua, y otros 15 del Decreto No. 16, sobre

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Faltaron por en­ fermedad los Sres. Lejarza y Menén­ dez, y el Sr. Jiménez con licencia.

tratamientos y honores de las Autoridades del Estado. De unos y otros, se mandó acusar el recibo y repartir los ejemplares. –Inmediatamente se leyó la proposición que presentó reformada, la Comisión de Gobernación, según el acuerdo del día 3 del corriente, sobre las 7 certificaciones del juramento de obediencia de los Pue­ blos de Zirahuén, Cuitzeo, Tarímbaro y Teremendo; del Cura de Huango, y de los Empleados subalternos de la Aduana de Jiquilpan; y como este asunto ya esté contro­ vertido, y el dictamen de la Comisión aprobado, en cuanto a la sustancia, resolvió el Sr. Presidente que hoy mismo se examinara la proposición, luego que se discu­ tiera el dictamen de la Comisión de Instrucción pública, sobre la proposición que hizo el Sr. Salgado, para que se establezca en esta Capital una Catedra de Medicina. Leído éste, en efecto, y visto que la Comisión consulta en él, que para que el Estable­ cimiento de que se trata, tenga toda la perpetuidad y solidez, que por ahora no permite lo exhausto del Erario público, se suspenda hasta que se puedan tomar aquellos arbitrios y medidas correspondientes al objeto, y buen nombre del Estado, se cuestionó suficientemente el punto, quedando por último acordado que se pase copia al Gobierno de la proposición del Sr. Salgado, para que indagando sobre la oferta que hace el facultativo C. Juan González Urueña (4), y cerciorándose sobre su estabi­ lidad, informe lo que le parezca conveniente, como, asimismo, si de los fondos del Hospital de San Juan de Dios (5) podrá sacarse el sueldo o gratificación para el que sirva la Cátedra. –A continuación se leyó para su examen la proposición que redac­ tada de nuevo, presentó la Comisión de Gobernación, sobre las 7 certificaciones del juramento de obediencia de los Puebos de Zirahuén, Cuitzeo, etc., y sin discu­ sión se aprobó en los términos arriba indicados. –Igualmente se leyeron las reformas o reflexiones que hizo en el proyecto de Convocatoria la Comisión de Constiución, o mas bien, el Sr. Lloreda, porque, según manifestó, no se habían podido reunir los demás individuos de ella. –Por último, hizo el Sr. Huarte la proposición siguien­ te: “Debiendo recibir el Estado, el 1o. del entrante septiembre sus Rentas particu­ lares, pido al Honorable Congreso, que mande se forme un plan en que consten todas las medidas necesarias para dicho recibo. Valladolid, agosto 11 de 1824”. Admitida y declarada por del momento, se mandó pasar de preferencia, a petición del Sr. Lloreda, a la Comisión de Hacienda. –Habiéndose leído por el Sr. Sal­gado el Reglamento interior del Honorable Congreso, que presentó la Comisión respec­ tiva, se suspendió en el artículo 32 y se levantó la Sesión pública a los tres cuartos para la una, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 10 En la Ciudad de Valladolid a los diez días del mes de Agosto de 1824, se abrió le Sesión secreta del Honorable Congreso, en la que se dio principio con la lectura del Acta del día tres del corriente la que fue aprobada y rubricada. Luego presentó la Comisión de Hacienda su dictamen en el ocurso que tiene hecho Dn. Camilo Camacho para que se le pague lo que se le quedó debiendo de sus dietas en el tiem­ po que fue Diputado en el Primer Congreso general por este Estado (antes Provin­ cia) y al que se le dio primera lectura. En seguida hizo moción el Sr. Presidente excitando a los Sres. Diputados para que diesen medidas para el arreglo y laborío de las Comisiones, lo que dio lugar para que hablasen en el caso los Sres. Lloreda y Huarte por cuyos discursos manifestaron que su arreglo y actividad dependía de que se mudase el Congreso y su Secretaría al Palacio dispuesto, pues que de este modo las Comisiones se reunirían en la Sala destinada al efecto, y que siendo asunto de seis u ocho días, para su total conclusión (dijo el segundo) entonces tomarían el giro que S.E. deseaba; a este fin pidió el Sr. Lloreda que fijase el Sr. Presidente día para la traslación del Congreso, a que fue contestado por S.E., que no podía hacerlo sin saber en el estado que estaba su obra; que ya se instruiría pasando en persona a verlo, y que en la Sesión siguiente avisaría al Honorable Congreso (6). El Sr. Lloreda manifestó que el Oidor Navarrete estaba resfriado e irresoluto a quedarse en el Estado, porque creía que los sueldos asignados no los percibirían con oportunidad e integridad, pidiendo que se fijase la atención sobre este punto que es de importan­ cia; esto dio lugar a una ligera discusión de la que resultó el Sr. Presidente encar­ gase al Sr. Huarte, que en lo confidencial instruyese al Oidor Navarrete, de que el Estado arreglaría su Hacienda y calmarían esos temores. En seguida pidió el Sr. González que se ocupase el Congreso en dictar algunas providencias para que se

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evitase el contrabando que escandalosamente había aún en esta Ciudad, en perjui­ cio de las rentas de Alcabala y Tabacos y manifestó latrocinio de los guardas, y que una de las medidas que en su concepto se debían tomar, era limpiar un foso que por algunas partes hay, y abrirlo en otras (7); esto dio motivo a que hubiese una ligera discusión entre los Sres. Huarte, Salgado, Lloreda y Presidente, resultando de ella, que cuando se haga la separación de Rentas se tomara todo lo insinuado por el Sr. González en toda su consideración, con lo que concluyó la Sesión levantándose a la una y media. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública Extraordinaria del día 11 Reunido el Honorable Congreso en Sesión extraordinaria la tarde del día once de agosto de 1824, se leyó el oficio del Gobierno en que hace algunas reflexiones sobre los artículos del proyecto de Convocatoria que con este objeto se le pasó el día 8 del corriente; y puesto a discusión, propuso el Sr. Presidente que por la pre­ mura del tiem­po, le parecía mas conveniente, que se circulara la Convocatoria pasada, y los trabajos de ésta se reservaran para tenrlos presentes en la formación de la Constitución; pero habiendo alegado el Sr. Rayón, que éste ya no era un mero proyecto, sino más bien un Decreto, cuyos artículos están aprobados por el Hono­ rable Congreso, no le parecía regular que se suspendiera, y más cuando con el objeto de publicarlo con la perfección posible, sería pasado al Gobierno para que hicera sobre él las observaciones y reformas que creyera convenientes; que hechas éstas, debían, en su opinión, examinarse inmediatamente. En seguida indicó el Sr. Presidente, que por no permitir el tiempo que acerca de ellas se discutiesen con la necesaria detención, sería conveniente que cualquiera resolución que se tomase a consecuencia y en conformidad de ellas, no tomase el carácter de una revocación de los Decretos a que se contraen, sino de una suspensión de sus efectos, a vista de las dificultades que pulsaba y exponía el Gobierno, atentas las actuales circuns­ tancias; y que todo se tuviera presente al tiempo de formarse la Constitución de este Estado. Discutido ligeramente este punto, y aprobado, se procedió a la discusión de las observaciones del Gobierno en el orden que las propuso. Así se verificó, y por consiguiente, leída la primera indicación del Gobierno, que en sustancia se contrae a manifestar, que en el articulo 8o., donde se habla de los individuos que tienen derecho a votar en las Juntas primarias, podría deducirse alguna exclusión respecto de los Militares, por expresarse en él terminantemente, que tienen drecho a votar los

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No asistieron por enfermos los Sres. Lejarza y Menén­ dez, y el Sr. Jiménez con licencia.

que se hallaren de guarnición en la Capital, o en los Pueblos, sin declarar cosa alguna en orden a los que no lo están; se discutió suficientemente, y para quitar aquel sen­ tido, de que en efecto era susceptible el artículo, se acordó suprimir en él palabra guarnición, que era en la que consistía la diferencia. –La segunda reflexión del Gobierno es, sobre el artículo 16, en que se propone, en primer lugar, que los Ayun­ tamientos con una anticipación competente al día designado para la elección, repartan a todos los Ciudadanos que no se hallen suspensos del derecho de votar, cédulas rubricadas por los individuos que comisionen ellos mismos; y en segundo, que se exija, bajo la multa de cuatro reales, a los que no están legítimamente impedi­dos, que se presenten a votar con dicha cédula. Sobre la primera, pulsa el Gobierno varios inconvenientes: primero, que dejándose comúnmente, y aun por el artículo 20 del mismo proyecto a la Junta electoral primaria la calificación de los que sean, o no, hábiles para votar, parece, por el artículo en cuestión, que esta facultad se ha trans­ ferido a los comisonados encargados de distribuir las cédulas. Segundo, que si esta calificación se ha de hacer con la circunspección debida, precediendo alguna suerte de justificación, aunque verbal, debe ser sumamente embarazoso, y aún muy difícil por falta de principios en la materia, pues no hay Ley que designe las cualidades necesarias para ser Ciudadano, y sólo sí, una que otra restricción, como por ejem­ plo, la de los que no tinen oficio, o modo de vivir conocido, que siendo, por desgra­ cia, bastante común (8), prepara, por lo mismo, innumerables cuestiones, en que tendrá mucho lugar la arbitrariedad. Tercero, que los gastos que es necesario erogar en papel y Escribientes para las boletas, deben tenerse también en consideración, porque, aunque es verdad que son muy despreciables, es igualmente cierto que hay Ayuntamientos tan miserables, que ni el Cuerpo, ni sus individuos, pueden sopor­ tarlos. Cuarto, que la premura del tiempo impide esta operación, con que no se puede contar, a lo menos, en los lugares distantes, y que así, en las circunstancias presentes, es necesario adoptar un método más sencillo y a que estén acostumbra­ dos los Pueblos. En orden a la segunda, en que se impone la multa de 4 reales, dice, que todos estos inconvenientes se multiplican, porque compelidos los Ciudadanos por el temor de la pena, se aumentarán considerablemente las averiguaciones, así porque los individuos concurrirán en mayor número, como porque el examen no sólo se reduce a si son, o no, bastantes las causas que expongan para excusarse de hacerlo, con lo que son mayores los embarazos, crecen los gastos, y tiene más campo la arbitrariedad; añadiendo, que tal coacción, no sólo repugna a nuestro sistema y a todos sus principios, sino a la idea que se tiene de este derecho, que estimándose como una gracia un honor, una prerrogativa, se aviene mal con la violencia, y degeneraría por ella, de su naturaleza, convirtiéndose en odioso lo que se reputa un favor; que en su concepto, todo el mal esta en la falta de espíritu público, y en que no teniéndose el correspondiente de la excelencia y nobleza de esta atribu­ ción, el medio de la fuerza que se pretende emplear, lejos de contribuir a inspirár­ selos, produciría, tal vez, el efecto contrario. Por último, que conviene en la necesidad de tomar algunas precauciones, pero que cualquiera medida, por la dificultad de la materia, necesita tiempo para meditarse, y combinar bien sus extremos, y, por con­ siguiente, que no es del momento. Tomadas en consideración por el Honorable Congreso todas estas observaciones, aunque, en una que otra, se desvanecieran con razones sólidas las dificultades que presenta, por las demás se acordó, en fin, sus­ pender el artículo 16 de que se ha hablado. –En seguida, propuso el Señor Lloreda,

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que por equivalente de las cédulas, se formara lista al tiempo de las elecciones de los individuos que votaran, para que pasándola después al Gobierno, pudiera formar idea de los verdaderos Patriotas. Admitida ésta, y discutida suficientemente, en la votación quedó desechada, de la misma manera que otra hecha a continuación, por el Sr. Rayón, sobre que se declarara el número necesario de votos para aprobar, o desaprobar la materia que se cuestiona. –Luego se procedió a tratar sobre la tercera reflexión que hace el Gobierno respecto del artículo 17, en que se previene, que para la formación de la Junta primaria, o para que ésta comience a ejercer sus fun­ ciones, haya, a lo menos, la concurrencia de cien ciudadanos, en las Poblaciones que pasen de 2,000 almas, de 70 en las que consten de mil, y 30 en las de 500. En ella expone, que no será fácil hacer esta reunión, aun en el supuesto de que se imponga la obligación general de votar, porque seguramente no podrá contraerse a hora determinada sin incurrir en nuevos inconvenientes, y originarse una gran con­ fu­sión. Que en el Congreso del Estado de México se hizo igual proposición, y aunque reducida al número de 15, no se admitió, y así, que sería mejor dejarlo por ahora, a la prudencia del Sr. Presidente. Examinada esta indicación, se convino también en suspender el artículo a que corresponde. –Por la cuarta observación, contraída a que se designe otro Presidente para la Junta electoral del Estado; que no sea el Gober­ nador, como previene el artículo 53, se determinó, en virtud de los fundamentos que expone, sustituir en su lugar al Alcalde 1o. del Ayuntamiento. –Como, por último, eche menos en lo general del proyecto, el número de Diputados que corres­ ponda al Estado, la base para el nombramiento de Electores primarios, se contro­ vertió suficientemente el punto, y puesto a votación, se preguntó, si se señalaba, o no, el número de Diputados, y el Honorable Congreso se decidió por la afirmativa, de la misma manera, que en cuanto a que se fijara el número de 3 Diputados pro­ pietarios y un suplente, quedando en consecuencia dispuesto, que la Secretaría redactara los artículos respectivos, y los colocora en el lugar correspondiente. –El Sr. Rayón pidió que a la Convocatoria se acompañe una proclama o exhortación a los Pueblos, para que concurran a votar; y aunque después de su discusión quedó apro­ bada, y que se pusiera por artículo separado por haber sobrevenido otras indica­ ciones, se aprobó la redacción que hizo el Sr. González, del artículo sobre el bando que quiere que se publique por los Ayuntamientos con la anticipación necesaria, para que se verifique la concurrencia de los Ciudadanos; y se suspendió la otra, que al mismo tiempo presentó, sobre la exhortación a los Pueblos; para tratar de ella en la Sesión de mañana. –Por último; se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobier­ no: 1o. Acompaña una representación hecha por el Cuerpo de Sargentos de la Mili­ cia Cívica de Puruándiro, a aquel Ayuntamiento, con el objeto de que se exima de la contribución directa a todos los individuos que componen dicha Milicia. 2o. Incluye una copia de la circular expedida por el Ministerio de Relaciones, en que se previene por el Supremo Gobierno, que se hagan efectivas las penas que la Orde­ nanza militar impone contra los encubridores de desertores. 3o., manda, asimismo, otra que manifiesta haber procedido el Soberano Congreso general Constituyente a la renovación de oficios en el mes de la fecha. El primero se mandó pasar a la Comisión de Constitución y Legislación, y otros dos que se contesten de enterado. –Habiendo ordenado el Sr. Presidente que para mañana se presentara la minuta del Decreto de Convocatoria con las indicaciones que se han hecho, se levantó la Sesión a las siete y media de la noche. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 12 En la Ciudad de Valladolid a doce días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión pública del Congreso, se leyó reformada el Acta del día 3 del corriente, que fue aprobada, igualmente que la de ayer. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Transcribe el que le dirigió el Ciudadano Licenciado Juan Gómez Navarrete, comunicándole que, como ofreció, ha venido a esta Capital con el objeto de desempeñar las funciones de Magistrado de la Audiencia para que se sirva dispo­ ­ner el día en que se ha de instalar el Tribunal, el edificio que debe servirle para sus Sesiones, el modo y forma en que han de prestar los Ministros el juramento corres­ ­pondiente, y por quién de ellos deba comenzar el turno de la Presidencia, interin se forma el Reglamento. 2o. Acompaña 7 certificados del juramento de obediencia que han prestado al Honorable Congreso los Pueblos de Huaniqueo, Cocupao, San Mateo del Rincón, Etúcuaro y Cojumatlán, y Empleados subalternos de Rentas públicas de panindícuaro, y Tlalpujahua. El primero se mandó pasar de preferencia a la Comisión de Justicia, y del segundo acusar el recibo y archivar los documentos que refiere. –Habiendo presentado en seguida el Sr. Salgado las cuentas del caudal que manejó en el tiempo de su Presidencia, se suscitó la cuestión, sobre si se pasaba al Sr. Presidente actual, o se reservaban hasta el establecimiento de la Tesorería del Estado, y discutido el punto, se determinó que pasaran al Sr. Presidente, como había sido costumbre. De esta discusión resultó que el mismo Señor Presidente ofreciera hacer, para la siguiente Sesión, una proposición sobre arreglo de Tesorería. –Luego se leyó en borrador el Acta de ayer, que por no estar extendida más que en cuanto a los puntos que se controvertieron, respecto del Decreto de Convocatoria, se sus­ pendió su aprobación. –Leída, a continuación, la minuta del referido Decreto, por reflexión del Sr. Presidente se suprimieron en el artículo 20 estas palabras: como

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Faltaron por enfer­ medad el Sr. Menén­ dez, y con licencia el Sr. Jiménez

regularmente se entiende, quedando la redacción concebida, en estos términos: La Junta la compone la reunión de los Ciudadanos presentes, etc. El artículo 58 se suprimió a petición del Sr. González, en razón de que hablando en la Convoca­ toria general pasada con respecto a todas las Provincias, no debía tener ahora lugar en la particular del Estado, donde ya se sabe que han de concurrir más de 30 Elec­ tores. En el 57 se suprimieron también las palabras del último período que con­ tiene, por indicaciones del Sr. Presidente, que las consideró redundantes; quedando igualmente borradas en él las que dicen: y su número será el tercio del de propie­ tarios. Por indicación del Sr. Huarte, para que se añadiera un artículo que declare que los Militares no necesitan residencia para votar, se examinó el punto, y discutido suficientemente, se aprobó el siguiente, que se mandó colocar después del 45: Artículo 46 Los Militares no necesitan la residencia que expresa el artículo ante­ rior. Hecha después otra indicación, por el Sr. González, sobre que asimismo se añadiera otro artículo, que de conformidad con el Soberano Decreto del 4 del corriente, previniera al Presidente de la Junta del Estado, remita copia autorizada del Acta de elecciones al Gobierno del mismo, para que éste lo haga a la Secreta­­ ría del Congreso, se tomó en consideración, y para resolver con más acierto se leyó aquel Decreto, y en su vista se acordó formar nuevo artículo, que redactado en el acto se aprobó del modo siguiente: Concluidas las elecciones dará cuenta el Presi­ ­den­te de la Junta del Estado al Supremo Poder Ejecutivo y comunicara a los ele­gi­dos su nombramiento, según se previene en el Soberano Decreto del 4 del corriente, quedando dispuesto además, que se colocara en el último lugar. –Inme­ diatamente leyó el Señor Lejarza las indicaciones que con permiso que pidió antes para salir a hacerlas por escrito, las presentó en estos términos: “No habiendo tenido el honor de asistir a las varias discusiones que han precedido a la aprobación de la presente minuta de la Convocatoria, ignoro las razones poderosas que pudieron mover al Honorable Congreso a desechar muchos artículos del plan presentado por la Comisión; pero en clase de Ciudadano y como representante de 400 mil almas que hoy componen el Estado de Michoacán, y correspondiendo, en la parte que me toca, a la confianza que en mí han depositado, por mil razones de utilidad y conve­ niencia general que ahora sería excusado alegar; a más de salvar mi voto en su totali­ dad, sobre el Decreto en cuestión, me opongo formalmente al artículo que sujeta a la junta Electoral del Estado, a ser presidida por el Alcalde de un Ayuntamiento que sólo corresponde a un Partido peculiar, por ser absolutamente repugnante y expuesto a ser reprobado por tan respetable Junta. –En segundo lugar, reclamo la considera­ ción del Honorable Congreso, en nombre de más de 90 mil almas, que quedan sin justicia, privadas de representación, si por su parte no se representa al Congreso general, que teniendo listadas y filiadas, digámoslo así, en los estados remitidos por los Ayuntamientos para la Estadística 369,089 almas este Estado de Michoacán no debe regir en él para la asignación del número de Diputados el Censo de que trata el Decreto, sobre Convocatoria, del Congreso de la Federación, pues para la asigna­ ción del contingente con que ha de contribuir, se le dan 400 almas; y sólo 270 mil para la presente elección cuyo reclamo convierto en una proposición formal” (9). La segunda parte se tomó desde, luego en consideración, y discutida suficientemente, resultó que por ahora, y hasta que se representara al Soberano Congreso general se suspendiera el primer artículo de la Convocatoria, y, por consecuencia necesaria, el segundo que designaba el número de Diputados que correspondía nombrar a

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este Estado, y calidades que debían concurrir en ellos; advirtiéndose, que si llegado el tiempo de esta elección, aun no resolvía el Soberano Congreso; debería estarse al Censo que fija el Decreto de Convocatoria de 13 de julio del corriente año, nom­ brando en este caso tres Diputados propietarios y un suplente, que, según él, tocan al Estado. Discutido después el punto, sobre presidencia del Alcalde, a que se reduce la primera parte, se acordó expresar en el artículo 50, que se autorizaba por esta vez al Alcalde de la Capital para que presidera la Junta variando la redacción de dicho artículo en esta forma: Serán presididas por el que haga de Alcalde 1o. en la Capital, a quien por esta vez se autoriza al efecto, y a quien se presentarán los Electores con su credencial, para que sus nombres se apunten en el libro en que se han de extender las Actas de la Junta. –Después se procedió a examinar la redac­ ción que presentó el Sr. González, en primer lugar, del artículo, sobre el bando que debe publicarse para señalar la hora en que deben comenzar las votaciones, y en segundo sobre la exhortatoria, o proclama que igualmente debe dirigirse a los Pue­ blos para que no falten a ellas. En punto a lo primero se aprobó el artículo de esta manera: Dos días antes de aquel en que hayan de verificarse las elecciones, publi­ carán los Alcaldes el correspondiente bando en que señalarán la hora en que han de comenzar las votaciones, departamentos en que la población se divida, y demás formalidades necesarias; circulando copias de él a los Pueblos, haciendas y ran­ chos de su territorio; y en cuanto a lo segundo se determinó que por oficio se diga al Gobierno “que no permitiendo la premura del tiempo dictar por esta vez las providencias convenientes para que se logre la concurrencia necesaria de Ciudada­ nos a las votaciones, y cuya falta se ha advertido en los actos anteriores, excite a los Ayuntamientos para que asociándose a los Párrocos y demás Ciudadanos de ilustra­ ción y patriotismo, tomen las medidas que a su juicio sean bastantes para el insinuado objeto”. –Aprobada, en fin, la Convocatoria con todas las reformas dichas, salvó su voto el Sr. Lloreda, lo mismo que el Sr. Lejarza y dijo que ya que no se había tenido presentes las reflexiones que también hizo en el asunto, como individuo de la Comisión, se pasaran, a lo menos, a la de Constitución, para cuando ésta se forme; así quedó determinado. Igualmente se dispuso que se extendiera la minuta, y se ordenara la numeración de los artículos, que varió por haberse suspendido algunos, y formando otros de nuevo. –Se leyó por primera vez la siguiente proposición del Señor González; “Pido al Honorable Congreso que entre las artibuciones que hayan de señalarse al Presidente del Consejo del Gobierno, como tal, se añada al de Jefe Supremo de policía con todas las funciones anexas a este destino”. –Habiendo nombrado, por último, el Sr. Presidente una Comisión compuesta de los Sres. Lloreda y Lejarza, para la representación que ha de hacerse al Soberano Congreso general, sobre el aumento de Diputados; se levantó la Sesión a la una y media de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública Extraordinaria del día 13 En la Ciudad de Valladolid a los trece días del mes de agosto de 1824. Reunido el Honorable Congreso en Sesión extraordinaria, con el fin de examinar la minuta del Decreto de Convocatoria para las próximas elecciones de los Diputados que deben componer el primer Congreso general ordinario, que ha de instalarse el día 1o. de enero de 1825, se leyó ésta, y corregida en una que otra expresión, se aprobó, levantándose la Sesión a las nueve. (Tres medias firmas)

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Faltaron los Sres. Menéndez, Lloreda, Lejarza y Jiménez.

Sesión Pública del día 14 En la Ciudad de Valladolid a los catorce días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Honorable Congreso, se leyeron y aprobaron las Actas de los días 11, 12 y 13 del corriente. Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña una instancia del Ayuntamiento de Maravatío, en que pretende se le conceda percibir de su comercio el producto de pilones, para ocurrir a los gastos de escuelas y compostura del puente de aquel lugar. Pasó a la Comisión de Legislación. 2o. Remite 15 ejemplares del Soberano Decreto que previene, entre otras cosas, que las Juntas electorales remitan al Presidente del Consejo de Gobierno testimonio de las Actas de elecciones de Diputados. Se mandó contestar de enterado. 3o. Acom­ paña una instancia del Ciudadano José María Navarro, en que pide, se le dispense el tiempo de práctica, que regularmente se exije para poderse examinar de Escri­ bano. Pasó a la Comisión de Legislación. 4o. Otra de Dña. María Manuela Lejarza, en que solicita le reintegre la Caja Nacional 300 pesos que a ella prestó su finado esposo en el año de 1811. Pasa primero a la Comisión de Gobernación, y luego a la de Hacienda. A continuación se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Hacienda, sobre el ocurso en que el Ciudadano Felipe Meno­ cal pide la declaración de si debe, o no, seguirse dando, con juramento a las Aduanas, relación jurada de los frutos venidos de las haciendas. 2o. De la de Policía, sobre la solicitud del Ciudadano José María Istiga y Navarro, para que se le coloque en la plaza de Escribiente que se halla vacante en la Secretaría. 3o. De la Especial, sobre los honores militares que deben hacerse a las Supremas Autoridades del Estado. Corran sus trámites. –En seguida se procedió a tratar de los dictámenes que enten­ dieron las Comisiones de Hacienda y Justicia, con motivo de la proposición, que hay pendiente, sobre el curso de las monedas acuñadas en Guanajuato y Zacatecas,

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Faltaron los Sres. Menéndez, Paulín y Jiménez; por en­ fermedad los dos primeros y el terce­ ro con licencia.

en los años de 20 y anteriores. La primera, consulta, variando el modo de pensar que tuvo al principio, por los inconvenientes que se cruzaron en la discusión, que hubo sobre la materia, en la Sesión del día 15 de julio: que no esta en las facultades del Honorable Congreso determinar cosa alguna sobre este punto. Se funda, en que por el Acta Constitutiva, se ha prevenido que la moneda debe ser igual en todos los Estados; que con este objeto, el Congreso general se reservó señalar el tipo, ley, peso y denominación de aquella, y de consiguiente sólo el Gobierno de la Federación es responsable a cualquiera falta que se note, y el que debe garantir la legitimidad y ley que debe tener la moneda que se acuñe; y así, que existiendo estas razones genera­ les, parece que los Estados nada pueden variar en este asunto, y mucho menos decre­ tar que corran monedas de cuya legitimidad dudó el Congreso general cuando decretó, que las de Guanajuato y Zacatecas sólo pudiesen circular las del año de 21 en adelante. La segunda, opina, adhiriéndose al primer dictamen que extendió la Comisión de Hacienda, que parece conveniente que para evitar los cambios usu­ rarios, que en perjuicio del público, y principalmente de las personas pobres, ocasiona el descrédito de las monedas provinciales, se admitan y circulen en todo el Estado las de Zacatecas, Guadalajara y Guanajuato, del año de 20, y anteriores, cesando la prohibición que lo impedía; igualmente las de Durango, así de dichos años, como de los subsecuentes. Controvertidos suficentemente los puntos que respectivamente contiene cada uno de estos dictámenes, por indicación que hizo el Sr. Lejarza, y que apoyaron otros Sres., se determinó que el asunto pasara al Gobierno, para que sobre él informe lo que estime conveniente. –Por último se acabó de dar la primera lectura al Reglamento interior del Honorable Congreso, presentado por la Comisión de Policía, y se levantó la Sesión pública a las doce y cuarto, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 14 En la Ciudad de Valladolid a los catorce días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, se aprobó el Acta de la precedente, y se dio segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre cobro de dietas que hace el Ciudadano Camilo Camacho de las vencidas en el tiempo en que sirvió de Diputado en el primer Congreso Constituyente, y se mandó se discutiese en primera ocasión. En seguida el Sr. González recordó el preferente despacho de la Comisión de justicia, sobre el ceremonial que deba observarse en la instalación de la audiencia. El Exmo. Sr. Presidente, a conscuencia de lo que se había tratado en la Sesión secreta antecedente sobre la translación del Honorable Congreso a su Salón, la fijó para el lunes ventitrés del presente (10). El mismo Sr. Presidente hizo moción sobre que se adelanten trescientos pesos a los oficiales de la Secretaría para que puedan hacer alguna ropa con que poder presentarse con algún decoro, y habiéndose tomado en consideración este asunto, se discutió largamente entre todos los Sres. Dipu­ tados, determinándose, por último se suspendiese la resolución como pidió el Sr. Huarte hasta ver de nuevo el negocio en la Sesión inmediata o en otra, con lo que concluyó la de este día. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 16 En la Ciudad de Valladolid a los dieciséis días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Honorable Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. Luego se dio cuenta con un oficio, en que el Sr. Diputado Foncerrada, y Soravilla suplica que se le mande un estado, en que conste cual fue la asignación de dietas de que gozó en el Congreso genral, cuál la cantidad que de ellas devengó, cuál el viático, y cuáles las cantidades que en razón de ambos objetos se le ministraron, para poder hacer la liquidación de su cuenta, según lo prevenido por aquel Soberano Congreso, en orden de 26 del próximo pasado julio. Se mandó pasar a la Comisión de Policía. Asimismo, se determinó que pasara a la de Constitución uno de los ejemplares impresos, que vinieron sin oficio, de Oaxaca, y que los otros quedaran en la mesa para que los leyera el Sr. Diputado que gustara. En seguida, se leyeron por segunda vez los dictámenes que a continuación se expresan: 1o. De las Comisiones unidas de Hacienda y Legislación, sobre la declaración que pide el Ciudadano Felipe Meno­ cal, de si deben, o no, seguirse dando, con juramento, a las Aduanas, las relaciones de los frutos vendidos en las haciendas. 2o. De la de Policía, sobre la solicitud del Ciudadano Istiga y Navarro, para que se le coloque en la plaza de tercer Escribiente, que supone vacante en esta Secretaría. 3o. De la Especial, en orden a los honores miltares que deben hacerse a las Supremas Autoridades del Estado. Sobre los tres se determinó tratar en la primera oportunidad. –Habiendo hecho presente, uno de los Señores Secretarios, los asuntos que estaban suspensos, se mandó, que el que trata sobre el préstamo que se pensó pedir para el Estado, del dinero de Londres, pasara a la Comisión donde está el expediente de la materia. Asimismo, respecto de la pro­ posición que hizo el Sr. Lejarza, sobre que se agregara al Decreto, en que se trata de recordar la responsabilidad a los Jueces, el artículo de la Constitución relativo a

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Faltó por enfermo el Sr. Paulín; y con li­cencia el Sr. Jimé­ nez.

que no se proceda a la prisión de ningún Ciudadano, sin que preceda al auto moti­ vado de su delito, y que los que se consideren en clase de detenidos no pasen del termino prescrito por la Ley; como ya sea éste un punto resuelto en las Sesiones anteriores, se mandó que se cumpla con arreglo a lo acordado. –En orden al Decreto citado, sobre responsabilidad, se excitó a la Comisión respectiva, para que a la posi­ ble brevedad consulte sobre el punto único, que tiene aun en su poder, y falta para poderle dar el curso correspondiente. –Al dar la segunda lectura al Reglamento interior del Honorable Congreso, presentado por la Comisión de Policía, expusie­ ron algunos Señores Diputados, que sería mejor, que omitiendo esta solemnidad, se les pasaran las copias necesarias para imponerse; pero habiendo dicho el Señor Presidente, que se diera un intervalo para tratar otros asuntos, dejando éste para lo último, se leyó y puso a discusión el dictamen, que extendió esta misma Comisión, sobre la solicitud del Ciudadano Istiga, arriba indicada. En él opina, que aunque la plaza de tercer Escribiente, esta, en efecto, vacante, no debe proveerse ahora, por no haber necesidad de ella, ni tampoco, negocio alguno atrasado en la Secretaría; que al interesado se le tenga presente, para cuando llegue el caso necesario y que si, entre tanto pidiere sus documentos, se le devuelvan para los usos que le conven­ gan. Aprobado sin discusión. –A continuación, se procedió a examinar los de las Comisiones unidas de Hacienda y Legislación, sobre la declaración que pide el Ciu­ dadano Menocal, en orden a las relaciones juradas. Una y otra Comisión, confor­ mes en el modo de pensar, consultan, sin más diferencia que en los términos: “Que no ha lugar, a lo menos por ahora, a que se exima al postulante de dar a la Aduana de su distrito las relaciones juradas, y de estilo, de los frutos vendidos; y que ésta, con sus antecedentes, pase al Gobierno para que disponga se le haga saber al mencio­ nado Menocal, la indicada resolución”. Y aunque hubo una larga disputa, ya, sobre si era una dispensado derogación de Ley la que pedía el interesado, ya, sobre si éste, en el segundo caso, podía pedirla, o no, y ya, sobre si el Honorable Congreso tenía facultades para resolver en el punto principal de que se trata, siendo, hasta ahora, del resorte general de la Federación, en la votación se aprobó el dictamen, suprimién­ dole, únicamente, las palabras, a lo menos por ahora. –Leído, para su examen, el de la Especial, sobre los honores miltares que deben hacerse a las Autoridades Supre­ mas del Estado, y discutido suficientemente, se aprobó la siguiente proposición con que concluye: “Que estando muy a la vista los graves inconvenientes, de que a las Supremas Autoridades del Estado no se les de guardia, ni se les haga otro honor militar, a tiempo en que no se omiten los que corresponden por ordenanza al Comandante general, y a otros Jefes, [rota la foja] se represente al Congreso gene­ ral, tome este negocio en consideración, con la preferencia que exije”. Y se mandó, después de haberse desechado la invitación que hizo el Señor Lloreda, para que no sólo sobre este punto, sino también sobre otros que hay pendientes, se consul­ tara al Soberano Congreso general, que volviera a la misma Comisión, para que extienda la representación que se menciona. Como inmediatamente pidió el Señor Salgado, que se tuviese presente la moción que hizo el Señor Huarte, sobre que en esta representación se le diga igualmente al Soberano Congreso, que no se hagan honores a ninguna otra Autoridad que resida en las Capitales de los Estados, donde se hallan sus respectivos Supremos Poderes, se determinó que la proposición se hiciera por escrito, para que siguiera sus trámites. –A este tiempo entró un pliego del Gobierno que contenía dos oficios. –Con uno acompaña la circular expedida

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por el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, sobre nombramiento de Ministro Universal de Hacienda; y con el otro, la que comunica el de Relaciones, sobre que el Supremo Poder Ejecutivo se sirvió nombrar al Exmo. Sr. Dn. Guada­ lupe Victoria, para que se encargue del desempeño de una comisión interesante a la República, ocupando su lugar, por esta causa, en el Supremo Gobierno el Exmo. Sr. Dn. Miguel Domínguez. Ambos se mandaron contestar de enterado. –Después se dio segunda lectura a la proposición del Sr. González, sobre que entre las atribu­ ciones que hayan de señalarse al Presidente del Consejo del Gobierno, como tal se añada la de Jefe Supremo de policía, con todas las funciones anexas a este destino. Admitida, pasó a la Comisión de Constitución. –Por primera vez, se leyó la del Señor Salgado, contraída, a que durante el ejercicio de los Diputados propietarios y suplentes, que ejerzan, o hayan ejercido, y un año después, no puedan obtener empleo ninguno de la línea civil y eclesiástica, cuya provisión o propuesta sea del resorte de las Auridades del Estado. –Habiendo dicho, por último, el Sr. Presidente, que aunque, en efecto, se pasen, como deben pasarse a los Señores Diuptados copias del Reglamento interior del Honorable Congreso, convenía siempre darle las lectu­ ras correspondientes. Se leyó por última vez, señalándose para su discusión la Sesión inmediata; con lo que se levantó la de hoy a la media para la una. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 17 En la Ciudad de Valladolid a los diecisiete días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Honorable Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. En seguida, se dio cuenta con tres ejemplares del Manifiesto que hizo a sus habitantes el Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato, y se mandó que quedaran sobre la mesa. Luego presentó el Señor Presidente un pliego reservado que dirigió a la Secretaría el M.I. y Venerable Cabildo Eclesiástico, y se dejó para la Sesión secreta. A conti­ nuación se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Instrucción pública, en orden al la proposición que hizo el Señor Jiménez, sobre restablecimiento del Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo. 2o. De la de Hacienda, sobre la proposición en que se pregunta, si al Teniente Gobernador y Consejeros, deberá señalárseles, a más de sus sueldos, alguna cantidad en razón de viático, cuando vengan de algún lugar distante a servir sus destinos. Corren sus trámites. –Inmedia­ tamente se procedió a tratar del Reglamento interior del Honorable Congreso, y al concluir la lectura de los 3 primeros capítulos, se recibió un pliego del Gobierno, que desde luego se abrió, y contenía dos oficios. Con uno, acompaña el ocurso que hace, a nombre de su padre, el Ciudadano José María Aguilar, suplicando se le paguen por la Hacienda pública cerca de 2,000 pesos que le adeuda por razón de sus dietas, como Diputado que fue por este Estado al primer Congreso general. Se deter­ minó que pase a la Comisión de Gobernación. Con el otro, 15 ejemplares, que se mandaron repartir, del Decreto No. 17 de este Honorable Congreso, sobre las elec­ ciones de los Señores Diputados que deben componer el primer Congreso general ordinario. Inmediatamente continuó la discusión del referido Reglamento, el cual, después de haber satisfecho el Señor Salgado el reclamó que hizo el Señor Lloreda en orden a la falta que notaba de algunos artículos, manifestando que

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Faltó con licencia el Sr. Jiménez.

constaban en el cuerpo del mismo Reglamento, y conviniendo, por último, en que algunos otros que se estimaran necesarios, se añadirían cuando llegara el caso de su respectivo examen, se admitió en lo general, y se procedió a tratar de su encabezado, que con nueva redacción se aprobó en estos términos: Reglamento para el gobierno interior del Congreso del Estado de Michoacán. Igualmente examinado el rubro del artículo 1o., se aprobó en la misma forma que lo presentó la Comisión. –Entre las diversas cuestiones que hubo respecto del primer artículo, tanto sobre los términos de su redacción, como sobre si debía o no, tratarse de él en este Reglamento, por haberlo considerado algunos Señores como punto constitucional, se suscitó otra por la idicación que hizo el Señor Lejarza, de que a este artículo se le agregaran las siguientes palabras, “oyendo al Gobierno”, y habiéndose dilatado demasiado, la sus­ pendió el Señor Presidente, y se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 17 En la Ciudad de Valladolid a los diecisiete días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, el Exmo. Sr. Presidente presentó un oficio que había recibido del Venerable Cabildo, acompañado de de una represen­ tación a este Honorable Congreso. Leído el oficio se suscitó la cuestión de si este ocurso debería venir por conducto del Gobierno con arreglo a lo acordado en veinti­ nueve de abril. El Sr. Lejarza dijo: que aquel Decreto es comprensivo a los Ciuda­ danos, y no a las Corporaciones. El Exmo. Sr. Presidente agregó, que los Secre­ tarios y el mismo Sr. Presidente pueden ser conducto para el Honorable Congreso, en apoyo de lo cual hizo leer el artículo 26 del Reglamento interior. El Sr. Lloreda expuso que el Decreto de que se ha hablado se contrae únicamente a solicitudes particulares, y pidió además que se tome una resolución por punto general. El Sr. Villaseñor dijo, que la practica de este Honorable Congreso y de los demás, ha sido la de admitir esta clase de ocursos presentados directamente. El Sr. González pidió que para aclarar el espíritu del Decreto, se leyera el Acta de la Sesión en que se dis­ cutió. Interin se registraba el Acta hizo el Exmo. Sr. Presidente que se leyera la representación que acompañaba al oficio; en ella pide el Venerable Cabildo la revo­ cación del acuerdo de veinticinco de mayo último sobre cobro de la parte decimal y medida de Interventor, concluyendo con copia del oficio que para el intento le dirigió el Gobierno. Hecha esta lectura se continuó con la del Acta, en la cual se vio que el Decreto sobre el modo de comunicación con este Honorable Congreso Se contrae únicamente a las solicitudes de los Ciudadanos, en cuya virtud el Exmo. Sr. Presidente hizo la proposición siguiente: la Comisión de Policía dictamina, que pase esta representación con sus antecedentes a las Comisiones de Hacienda y

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Ausente el Sr. Jimé­ nez con licencia.

Negocios Eclesiásticos. Puesta a votación quedó aprobada. En seguida dijo el Sr. Lejarza que echaba menos en el oficio de que se ha hablado las palabras en caso necesario. El Sr. Lloreda apoyó este reclamo. Inmediatamente pidieron la palabra los Sres. Salgado y González; que eran Secretarios aquel mes, y manifestaron que la Secretaría se había conducido en el caso con una escrupulosa exactitud, porque no hizo otra cosa que transcribir en el oficio el artículo de la letra respectiva, y habién­ dose leído a petición de los Sres. dichos se halló estar concedido en los mismos términos, de que resultó una absoluta vindicación de los Sres. Ex–Secretarios, y se levantó la Sesión a las dos de la tarde. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 19 En la Ciudad de Valladolid a, los diecinueve días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión del Honorable Congreso, se leyó el Acta anterior, cuya aprobación se suspendió hasta presentarla reformada en varios puntos que se notaron en ella, siendo el primero, el que indicó el Señor Lloreda, sobre que en la conclusión no se expresaba si la Sesión secreta de aquel día había sido de las ordinarias, o de las extra­ ­ordinarias, respecto del cual se dispuso que se viera lo que en la materia dijeran las actas pasadas. El segundo, sobre que en la proposición que hizo el Señor Jiménez, en orden al Colegio de San Nicolás Obispo, no se usara de la palabra reforma, sino de la de restablecimiento, que era la más conforme al espíritu de la misma proposi­ ­ción. El tercero, sobre el desenlace que se advertía en la discusión del Reglamento que continuó después de haberse dado cuenta con unos oficios que se recibieron del Gobierno. Cuarto, sobre que se había pasado un asunto a la Comisión de Legis­ ­lación, según reclamó el Señor Lejarza, antes de haberse aprobado esta misma Acta en que se previno el trámite. El quinto y último, sobre que al indicar los trámites de los asuntos, no se usara de la palabra pasó, sino de que pase, o se acordó que pasara. –Luego se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comi­ sión de Guerra, sobre la solicitud que por conducto del Alcalde de Irimbo, hace la Milicia Nacional de aquel Pueblo, para que se le exima del servicio de bagajes y otros que relaciona. 2o. De la de Hacienda, sobre las cuentas de la Tesorería y Secretaría que fue de la Diputación Provincial, presentadas por el Señor Dr. Don Angel Mariano Morales (11). 3o. De la misma, sobre las que presentó el Ciudadano Francisco Aragón, por el tiempo que fue a su cargo la Secretaría de la referida Diputación. 4o. De las de Guerra y Legislación, sobre el ocurso que hizo el Cuerpo

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Faltó con licencia el Sr. Jiménez.

de Sargentos de la Milicia cívica de Puruándiro, para que se exima de la contribu­ ción directa a aquellos milicianos. 5o, De la de Policía, sobre el oficio en que el Señor Diputado Soravilla pide un estado en que conste cual fue la asignación de dietas que gozó, como repreesntante del primer Congreso Mexicano, cuál la canti­ dad que de ellas devengó, cuál el viático, y cuáles las cantidades que en razón de ambos objetos se le ministraban. Este se tomó inmediatamente en consideración, y después de examinado, se aprobó con una ligera adición, la proposición siguiente en que concluye: “Que se pase al Gobierno la instancia del Señor Diputado Dn. Juan Foncerrada y Soravilla, con los antecedentes que existan en la Secretaría, para que en vista de ellos tome las providencias convenientes’’. Continuó la lectura primera de los dictámenes. 6o. De la Comisión de Justicia, sobre la consulta del Señor Gómez Navarrete, dirigida al Gobierno, a fin de que se sirva disponer el día en que se ha de instalar el Tribunal de Justicia, el edificio que debe servirle para sus Sesio­ nes, el modo y forma en que se ha de prestar el juramento, y por quién deba comenzar el turno de la Presidencia, interin se forma el Reglamento. 7o. De la de Legislación, sobre la solicitud del Ciudadano José María Navarro, para que se le dispense el tiempo de práctica que se requiere para ser examinado de Escribano. –Con motivo de haber manifestado el Señor Lloreda la necesidad que había de establecer el lunes próximo la Audiencia del Estado, se determinó abrir la discusión del penúltimo dictamen. Al efecto se leyó, y después de admitido y aprobado en lo general, se procedió al examen del primer artículo, que, discutido suficientemente, se aprobó en estos términos: “Artículo 1o. El Tribunal de Justicia se instalará sin falta alguna el lunes 23 del corriente”. Ligeramente examinado el segundo se aprobó en esta forma: “Artículo 2o. En cuanto al lugar de las Sesiones, servirá el Salón mismo propuesto por el Gobernador del Estado, poniéndose éste de acuerdo con el Ayuntamiento” (12). En este acto se recibió un pliego del Gobierno que desde luego se mandó abrir, y contenía los oficios siguientes: 1o. Transcribe la consulta que hace el Ayuntamiento de Charo, sobre que no habiendo en el Partido más que cuatro Electores primarios, quién deba examinar las credenciales del Secretario y Escrutadores. 2o. Transcribe igualmente el que le dirigieron los Ministros de la Audiencia, haciéndole presente, que si el Tribunal no puede establecerse por falta de edificio, esta dificultad esta allanada con la oferta que del General del Colegio Seminario les ha hecho el Señor Dr. Morales (13). El primero se mandó pasar de preferencia a la Comisión de Cons­ titución; y el segundo, que se conteste con arreglo a lo que resulte de aquella discu­ sión. Esta siguió con la lectura del artículo 3o. que dice: “El juramento lo prestará el Tribunal ante el Congreso, con asistencia del Gobierno, bajo la fórmula siguiente: ¿Juráis a Dios nuestro Señor haberos fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones anexas al empleo que os ha confiado el Estado? Sí juro. Si así lo hicie­ res Dios os lo premie”. Discutida suficientemente la primera parte, se desechó, quedando acordado que el juramento lo prestaran los Ministros ante el Gobier­ no. Examinada a continuación la segunda, que contiene la fórmula, se aprobó ésta, añadiéndole al fin, por pedimento del Señor Rayón, las siguientes expresio­ nes: y si no, os lo demande. Mas como en seguida preguntare el Señor Lloreda, si el juramento había de ser individual, o a una voz lo habían de presentar los Minis­ tros, se suscitó nueva cuestión que terminó, por fin, disponiéndose que lo hicieran individualmente, reformándose, en consecuencia, el artículo de esta manera, en que fue aprobado: “Artículo 3o. Los Ministros prestarán individualmente el juramento

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ante el Gobernador, bajo la fórmula siguiente: ¿Juráis a Dios nuestro Señor habe­ ros fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones anexas al empleo que os ha confiado el Estado? Sí juro. Si así lo hiciereis. Dios os lo premie, y si no, os lo demande”. El cuarto se varió igualmente, y quedó aprobado de este modo: “Artícu­ lo 4o. Conforme al espíritu del artículo 3o. del Decreto No. 9 de este Honorable Congreso, la Presidencia comenzara por elección”. En el adicional que propuso la Comisión, para que la Audiencia nombre provisionalmente los sujetos para los destinos que sean de absoluta necesidad, interin presenta el Congreso su Reglamento; como esté concebido en términos generales, y no excluya los que son del resorte del Gobierno, se controvertió suficientemente el punto, y quedó con otra redacción aprobado como sigue: “La Audiencia nombrará provisonalmente los Subalternos que conforme a las Leyes, no sean del resorte del Gobierno”.—Luego se dio segunda lectura a los dictámenes siguintes: 1o. De la Comisión de Hacienda, sobre la propo­ sición en que se pregunta, si al Teniente Gobernador y Consejeros, deberá señalár­ seles, a más de sus sueldos, alguna cantidad en razón de viático cuando vengan de algún lugar distante a servir sus destinos. 2o. De la de Instrucción pública, sobre restablecimiento del Colegio de San Nicolás Obispo. Uno y otro, quedaron para dis­ cutirse en la primera Sesión. También se leyó por segunda vez la proposición que hizo el Señor Salgado, sobre que durante el ejercicio de los Diputados propietarios y suplentes, y un año después, no puedan obtener empleo alguno de la línea civil o eclesiástica, cuya provisión o propuesta sea de las Autoridades del Estado. Admitida, se mandó pasar a la Comisión de Constitución. –Por indicación que hizo el Señor González, se acordó oficiar al Gobierno para que solemnice del mejor modo posi­ ble el establecimiento de la Audiencia, y que inmediatamente lo comunique a todos los Pueblos del Estado para su satisfacción. La aprobación de la minuta del Decreto sobre recuerdo del cumplimiento de los Artículos 287 y 293 de la Constitución Española, se suspendió, y se levantó la Sesión pública a las dos de la tarde para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 19 En la Ciudad de Valladolid a los diecinueve días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión Secreta del Honorable Congreso, se dio cuenta con un oficio del Gobierno insertando otro del Venerable Cabildo en que le pide suspenda la ejecución del Decreto de 25 de mayo último, en virtud del ocurso interpuesto al Honorable Con­ greso de que habla el Acta anterior. El Sr. Presidente indicó que pasara a la Comisión donde están los antecedentes, lo que fue aprobado por el Honorable Congreso. Se levantó la Sesión a las dos y cuarto de la tarde. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Ausente el Sr. Ji­ mé­nez con li­cen­ cia.

Sesión Pública Extraordinaria del día 20 En la Ciudad de Valladolid a los veinte días del mes de agosto de 1824, reunido el Honorable Congreso en Sesión extraordinaria, se leyó un oficio en que el Ciuda­­ dano Francisco Aragón, comisionado para la compostura del Palacio Nacional (14), avisa que para el miércoles inmediato, aunque no estará del todo concluido, quedara, sin embargo, dispuesto en términos que pueda hacerse uso de él en ese día; y como ya estaba determinado, que la traslación se verificara el lunes próximo, dijo el Señor Huarte que este punto no podía resolverse, sino hasta que el Honorable Congreso declarara si había, o no, motivos justos que calificaran el retardo; añadiendo, que de permitirlo, se seguirá el inconveniente de que el lunes y martes no hubiera Sesión, porque apenas habría lugar para las de la Audiencia, que necesariamente se ha de instalar el lunes. Los Señores Rayón y Salgado salvaron esta dificultad, proponiendo, el primero, que por la tarde de los mismos días lunes y martes, podrían ser las del Honorable Congreso, dejando libres las de las mañanas para las de la Audiencia; y el segundo, con que se tuvieran seguidas las del Honorable Congreso, desde el miércoles hasta el sábado, quedando los primeros días de la semana, tanto para las Sesiones de la Audiencia, como para que la Secretaría pudiera mudar sin embarazo el Archivo y demás utensilios de la oficina. Pero sin embargo de estas indicaciones, se acordó que los días lunes y martes quedaran a disposición de la Secretaría para que, pudiera verificar la mudanza, y que no hubiera Sesión hasta el miércoles, que ya estaría todo expedito en el Palacio. –A continuación recordó el Exmo. Sr. Presi­ dente la indicación que hizo el Señor Lejarza en la Sesión anterior, sobre que no se de curso a las providencias, ni se pasen expedientes a las Comisiones, hasta des­ pués de aprobada el Acta respectiva, manifestando, al mismo tiempo, los inconve­ nientes que resultarían de innovar en esta parte la práctica observada hasta el día; y

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Faltaron los Sres. Jiménez y Lejarza.

habiéndolo tomado en consideración el Honorable Congreso, y discutido suficien­ temente el punto, acordó, de conformidad, con la indicación que hizo el Señor Villaseñor, que no se varíe la práctica en razón de este punto, hasta que formalizando su proposición el Señor Lejarza se determine lo conveniente. –En seguida propuso el Señor Presidente, que se tratara sobre la solicitud del Ciudadano José María Navarro; pero se reservó para la primera Sesión, por haberse alegado que ésta se había reunido sin más objeto que el de variar la translación del Honorable Congreso por las causas expuestas. –Sin embargo de este acuerdo, atendiendo a la premura del tiempo, se tuvo por conveniente tomar en consideración la indicación que hizo el Señor González, sobre que se allanaran algunos puntos pendientes, relativos al esta­ blecimiento de la Audiencia, que, como se dijo antes, precisamente debe verificarse el lunes inmediato. A consecuencia, se procedió a tratar del Escribano de Cámara que debe tener el Tribunal para autorizar sus providencias; y después de una detenida discusión, que rodó, principalmente, sobre quién debía hacer este nombramiento, se decretó autorizar al Gobierno para que lo haga provisionalmente, a cuyo objeto se redactó la siguiente proposición, que fue aprobada en estos términos: “Se autoriza al Gobierno para que nombre provisionalmente un Escribano de Cámara, a fin de que la Audiencia pueda comenzar sus actuaciones”. –Por último, el Señor Lloreda manifestó, que había llegado a su noticia que en el Archivo del Convento de San Francisco de México había algunos manuscritos interesantes al Estado, y que le pare­ cía conveniente, que se oficiase al respectivo Prelado, pidiéndole un informe cir­cuns­ tanciado sobre la materia, para en su vista, poder tomar algunas providencias con­ ducentes a hacerse de unos documentos que suponía demasiado útiles y apreciables (15). Asimismo, indicó que sabía que en algunos Pueblos se habían hecho ya las elecciones primarias entendiendo equivocadamente el Soberano Decreto de 19 de julio próximo pasado, que sólo habla con los territorios de la Federación; y pidió, que también se dictaran providencias oportunas para subsanar este defecto. Tomados ambos puntos en consideración, se acordó, respecto del primero, que se oficie hoy mismo al R.P. Provincial pidiéndole la noticia que se refiere; y en orden al segundo, que se diga al Gobierno, que a fin de que tenga efecto el Reglamento dado por este Honorable Congreso para la elección de Diputados, mande inmediatamente circu­ lar una orden, previniendo a todos los Pueblos del Estado, celebren las primeras y segundas y elecciones en los días y según la forma que se ha prescrito en el mencio­ nado Reglamento, declarando, por consiguiente, nulas las que se hayan celebrado según aquel Decreto, y se levantó la Sesión a las nueve y media de la mañana. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 21 En la Ciudad de Valladolid a los veintiún días del mes de agosto de 1824, se leyó reformada el Acta del día 17 del corriente y se aprobó. Asimismo, se leyó la minuta del Decreto que recuerda el cumplimiento de los artículos 287 y 293 de la Consti­ tución Española, cuya aprobación estaba suspensa; y como el Señor Presidente dijo que por la dificultad que había en los Pueblos de llevar a la práctica lo que previe­ nen, se habían dictado posteriormente órdenes concernientes a este objeto, se dis­ cutió largamente el punto, y esforzada la indicación del Señor Presidente con otras varias razones que expusieron los Señores Lloreda y Huarte, se acordó que pasara a la Comisión de Constitución, para que solicitando aquellas órdenes, consultara en vista de ellas sobre el particular. –En seguida manifestó el mismo Señor Presidente la variación que había hecho en las Comisiones, segregando de la segunda el ramo de gobernación para aumentarlo en la tercera a donde pensó también el Señor Salgado. Después se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comi­ sión de Constitución, respecto a la consulta que hace el Ayuntamiento de Charo, sobre quién deba revisar los poderes del Secretario y Escrutadores de la Junta electoral secundaria, no tocando a aquel Partido más que cuatro Electores. 2o. De la de Gober­ nación, sobre la proposición del Señor Huarte, en orden a provisión de bagajes. 3o. De la de Legislación, sobre las proposiciones del Señor Pastor Morales, respecto a que no se vuelva a exigir firma de Letrados, en ninguna especie de recursos judicia­ les, y que en los Partidos distantes veinte o más leguas de la Capital, u otro lugar dónde no haya Abogados expeditos, puedan consultar los Jueces no Letrados, con personas que tampoco lo sean, pero que tengan alguna inteligencia en el Derecho, aunque sea adquirido solamente por la práctica, dejando a estos consultores sujetos a la misma responsabilidad de los Letrados. –Se dio luego segunda lectura a los que

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Faltó el Sr. Jimé­ nez con licencia.

siguen: 1o. De la Comisión de Guerra, sobre la solicitud que por conducto del Alcalde de Irimbo hace la Milicia Nacional de aquel Pueblo para que se le exima del servi­ cio de bagajes, y otros que relaciona. 2o. De la de Hacienda, sobre las cuentas de la Tesorería y Secretaría que fue de la Diputación Provincial, presentadas por el Sr. Dr. Morales. 3o. De la misma, sobre las que igualmente presentó el Ciudadano Francisco Aragón, respecto del tiempo que corrió a su cargo la Secretaría de la refe­ rida Diputación. 4o. De la de Guerra sobre el ocurso hecho por el Cuerpo de Sar­ gentos de la Milicia Cívica de Puruándiro, para que a ellos y a los demás individuos que la componen se les exceptúe de la contribución directa. 5o. De la de Legisla­ ción, sobre la solicitud del Ciudadano José María Navarro, para que se le dispense el tiempo de práctica que regularmente se exige para poder examinarse de Escribano. Los cuatro primeros se han de discutir en primera oportunidad, y el último se tomó, desde luego, en consideración, conforme al acuerdo de ayer, y en consecuencia se volvió a leer, y puesto a discusión, se reformó el artículo a que redujo su dictamen la Comisión y se aprobó en estos términos: “En consideración al tiempo de la prác­tica de Abogado que ha tenido el C. José Ma. Navarro, se le dispense el que se requiere para que pueda ser recibido de Escribano”. –Siguió después el de la Comisión de Constitución, sobre la consulta del Ayuntamiento de Charo, indicada arriba. En él opina que el poder de cada uno de los cuatro Electores, se examine por los tres res­ tantes, y como éste se tuviere por el mejor medio de combinar la revisión entre un tan corto numero de Electores, desde luego se aprobó mandándose, al mismo tiempo, que en lugar de la palabra poderes, se pusiera la de certificaciones, y que al Gobierno se le incluya copia literal de todo el dictamen, a fin de que la acompañe al Ayun­ tamiento para que no le quede motivo alguno de duda en este particular. –Inme­ diatamente se procedió a tratar del que extendió la Comisión de Instrucción Pública, consultando en razón de la proposición que hizo el Señor Jiménez, sobre restablecimiento del Colegio de San Nicolás Obispo, que se excite al Gobierno para que de ruego y encargo pida al Venerable Cabildo las instrucciones necesarias sobre el asunto para los fines que convengan. Controvertido suficientemente este punto, y otros varios que se tocaron, se aprobó por fin la proposición determinándose igualmente que la instrucción se extienda sobre la erección, patronato, y demás concernientes a dicho Colegio (16). –A este tiempo se recibió un pliego del Gobierno, a que acompaña la solictud de María Guadalupe García, para que se le conceda licencia de contraer matrimonio en virtud de oponerse su padre y no tener la edad necesaria. Se mandó pasar a la Comisión de Legislación. –Tomada en considera­ ción la moción que hizo el Sr. Villaseñor sobre distinción de asientos de los Minis­ tros de la Audiencia, se acordó, después de suficientemente discutida, que en las asistencias públicas se les pusieran sillas. Luego hizo otra el Sr. Lloreda para que se cubriera la banca del Ayuntamiento, a la manera que se hacía en Pátzcuaro y en México, y el Señor Huarte, para que se les pusieran sillas como a la Audiencia. Cuestionada una y otra proposición, se aprobó la primera, y la segunda se reservó para cuando se forme la Constitución. Con lo que se levantó la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Digesto Constitucional Mexicano

Sesión Pública del día 25 En la Ciudad de Valladolid a los veinticinco días del mes de agosto de 1824, trasla­ dado el Honorable Congreso a su Palacio, que es en el edificio de la extinguida Compañía de Jesús (17), y abierta la Sesión ordinaria, el Exmo. Sr. Presidente pronunció un discurso análogo a las circunstancias de la traslación, a que añadió otro el Señor Lloreda, y ambos constan agregados a esta Acta (18). –Después se leyeron las Actas de los días 19, 20 y 21 del corriente, que fueron aprobadas. –A continuación se dio cuenta con los oficios en que la Audiencia de este Estado, la de Puebla y el Congreso de León, comunican su respectiva instalación. El primero se mandó contestar de enterado, y con aprecio; los otros dos, como es de estilo. Vistos los ejemplares del Manifiesto que hizo a los Pueblos de su comprensión el Congreso de Guanajuato; como vinieron sin oficio se determinó que quedaran en la mesa, y que uno de los ejemplares se pasara a la Comisión de Constitución. –Luego se leyó por primera vez la proposición que hizo el Exmo. Señor Presidente, que suscribe el Señor Lejarza, concebida en estos términos: “Pido al Honorable Con­ greso que para perpetuar la memoria de los grandes sucesos que han fijado la época de la Soberanía del Glorioso Pueblo de Michoacán, se sirva decretar: 1o. Que se celebre como festividad nacional el aniversario de la instalación de este Congreso. –2o. Que las Actas tocantes a la misma, se graben en láminas o se copien en cuadros que se coloquen en el Salón de las Sesiones. –3o. Que en paraje público se erija una columna, o, a lo menos, se ponga una lápida con los símbolos e inscripciones más adaptables al objeto indicado; y de la misma manera se acuñen medallas, y se colo­ quen y distribuyan como convenga. –4o. Que se funde cuando lo permitan las cir­ cuntancias, una Academia, y, entre tanto, se nombre por el Gobierno uno, o más sujetos de ilustración, para que se escriba la historia de este Estado. Valladolid

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Faltó el Sr, Jiménez con licencia.

agosto 25 de 1824”. A consecuencia, indicó el Señor Lloreda, que se pida al Gobier­ no una instrucción, de lo que deja libre a la Hacienda Pública el fondo de Lotería, con el fin de presentar al Honorable Congreso un proyecto, para el establecimiento de igual juego en el Estado. Se reservó para lo último de la Sesión. En seguida se dio primera lectura al proyecto de Ley que formó la segunda Comisión, sobre los puntos que ella misma propuso se añadieran al plan que presentó para el arreglo del Supe­ rior Tribunal de Justica. Por segunda se leyeron los que siguen: 1o. De la Comisión de Legislación, en orden a la proposición que hizo el Señor Huarte, sobre provisión de bagajes. 2o. De la misma, sobre proposición del Exmo. Señor Presidente, en la que, entre otras cosas, pide que no se vuelva a exigir firma de Letrado en ninguna especie de recursos judicales; éstos se han de discutir en la primera oportunidad. – Inmediatamente se procedió a tratar del dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre si al Teniente Gobernador y Consejeros, deberá señalárseles, a más de sus sueldos, alguna cantidad en razón de viático, cuando vengan de algún lugar distante a servir sus destinos. En él expone que estas asignaciones sólo se acostumbran res­ pecto de los empleos, que son, más bien, una verdadera carga, pero no respecto de los que tienen señalado sueldo competente, y que pueden no aceptarse por los provistos, para ellos; y que aunque a estos últimos, por algunas justas consideracio­ nes, podrá la Ley asignarles, fuera de su sueldo, alguna gratificación para viático, como de hecho ha sucedido en el Estado, con el Gobernador electo, que resida fuera de la Capital; sin embargo, opina que el Decreto sobre sueldos del Goberna­ dor, su Teniente y Consejeros, y viático del primero, se reduzca a los artículos acor­ dados hasta ahora, y que así se publique inmediatamente. Discutido y aprobado en lo general, se examinó la proposición en que concluye, y controvertidos varios puntos que se tocaron, concernientes a la Hacienda Pública, se aprobó de conformidad con la Comisión. –Puesta igualmente, a discusión el que extendió la Comisión de Guerra, sobre la solicitud que por conducto del Alcalde de Irimbo hizo la Milicia Nacional de aquel Pueblo, para que se le exima del servicio de bagajes, y otros que relaciona, se aprobó desde luego en lo general, así como también en lo particular de su proposi­ ción, que a la letra son como siguen: 1a. “Que no ha lugar a la solicitud expresada de la Milicia Nacional de Irimbo”. 2a. “Que al devolver el expediente al Gobierno para que se comunique esta resolución, se excite para que haga al Alcalde y Ayun­ tamiento las prevenciones de que el servicio, que como cívicos deben prestar, se economice cuanto sea posible, y en ningún caso exceda del que permite el Reglamen­ to; y que mientras que se resuelve por el Congreso General el punto sobre bagajes, se considere cuanto fuere posible a los que hacen personalmente el servicio militar nacional”. –Por último, recordó el Señor Presidente, la indicación que hizo al prin­ cipio el Señor Lloreda, para que se pidiera al Gobierno la instrucción sobre el ramo de Lotería, y habiéndose determinado que hiciera la proposición por escrito, la retiró, e hizo otra, sobre que se recordara al Gobierno la noticia que hace mucho tiempo se le tiene pedida, sobre esclavos; y como el señor Villaseñor dijera, que ya casi todos los más Pueblos habían infomado en el particular, y que, acaso, el Gobierno esperaba que lo hicieran todos para pasar una razón completa al Honorable Con­ greso, quedó convenido, y se levantó la Sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 25 En la Ciudad de Valladolid a los veinticinco días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, se leyeron y aprobaron las Actas del día diecisiete y diecinueve del corriente. En seguida se dio cuenta con un anónimo preventivo para las elecciones de Presidente de la República, el que se vió con dospre­cio y se mandó quemar. Se siguió con una representación de los oficiales de la Secretaría que piden se les haga un préstamo de trescientos pesos (19), obligán­ dose mutuamente los tres que firman, a dejar mensualmente la parte de sus sueldos, y se mandó se tenga presente cuando, se continúe la discusión que quedó pendiente sobre este asunto el día catorce del corriente. Se puso a discusión el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la solicitud del C. Camilo Camacho sobre pago de dietas del tiempo que fue representante por este Estado en el Congreso General, y se aprobó redactado en estos términos: “Que ocurra al Gobierno del Estado ha percibir los documentos que le sean necesarios para la liquidación de su cuenta, y a donde convenga para su pago”. En seguida propuso el Sr. Lloreda que para con­ ciliar las opiniones en cuanto al asunto pendiente sobre diezmos, le parecía que aprovechando la oportunidad que ofrece la división que va a hacerse de las Rentas de los Estados, y de la Federación podrían contarse todas las diferencias con que se diga al Gobierno que en el cobro de la parte de rentas decimales que toque al Estado, se arregle bajo los mismos términos, que esté arreglado en la Metrópoli. Tomado en consideración por el Honorable Congreso y declarado del momento, se mandó pasar de preferencia a las Comisones de Hacienda y Negocios Eclesiásticos. El Sr. Gonzá­ lez hizo las tres mociones siguientes: Primera, que se provea al reemplazo del Minis­ tro de la Audiencia que falta. Segunda, que los impresos se pongan en las mesas de la Sala de recreo, con tinteros. Tercera, que se mude la mesa afuera del dosel. El Sr.

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Faltó el Sr. Jiménez ausente con licen­ cia.

Lejarza hizo la de que se nombre Juez de Letras de la Capital, y tomadas en con­ sideración por el Honorable Congreso, se reservó su discusión para otro día, y se levantó la Sesión a las dos y media. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) José Salgado (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 26 En la Ciudad de Valladolid a los veintiséis días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión se leyó el Acta anterior que fue aprobada después de haber pedido el Señor Lloreda, que para satisfacción del Gobierno, a quien se le había informado, que en la moción que hizo ayer, para se indagara el número de esclavos existentes en el Estado, lo culpaba de omiso, asegurando que no había tomado providencia alguna sobre el particular, constara en ella, que sus expresiones se habían tergiver­ sado, o entendido mal, pues que sólo se refería a algunos Ayuntamientos que no habían dado cumplimiento a sus órdenes, y que lo que había asegurado, era, que no había algún Decreto o providencia de los Supremos Poderes de la Federación respecto de los esclavos existentes en la República. –Luego se leyó la minuta del Decreto número 19, sobre sueldos y viático del Gobernador, Teniente Gobernador y Consejeros del Estado, y aprobada en lo general, se examinaron los artículos en par­ ticular. El 1o., 2o. y 3o. quedaron aproados nuevamente, y el 4o. fue variado en cuanto a su redacción, y aprobado en esta forma: “Disfrutara el mismo del sueldo asignado al Gobernador, en los únicos casos de muerte, o falta de éste, en que no perciba sueldo por el Estado.” El 5o. fue también aprobado. A continuación se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña copia de la Suprema orden, sobre que ningún Militar en actual servicio, o empleado en algún ramo de Rentas generales de la Federación, pueda admitir en lo sucesivo, empleo alguno de nombramiento de los Estados sin previo permiso del Supremo Gobierno, si no es en el caso que se previene. Se mandó que pase a la Comisión de Constitu­ ción. 2o. Remite otra de la Circular expedida en 11 del actual, por el Ministerio de Hacienda, que contiene la Suprema resolución, sobre acuñación de monedas. Que se conteste de enterado. 3o. Incluye otro del acuerdo del Soberano Congreso general,

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Faltó con licencia el Sr. Jiménez.

sobre que los Gobernadores de los Estados cumplan, dentro del término que el Supremo Poder Ejecutivo señale, con las órdenes que su Alteza expida respecto de la formación de la Milicia activa. De enterado. 4o. Otra del Soberano Decreto de 20 del actual, sobre reconocimiento de la Independencia de las Provincias unidas del Centro de América. De enterado. 5o. Avisa que ha nombrado provisionalmente para Escribano de Cámara al Ciudadano Francisco Calderón, quien prestó el juramento de estilo. 6o. Transcribe el que le dirigió el Exmo. Sr. Ministro de Rela­ ciones, con inserción del acuerdo que le comunicaron los Exmos. Sres. Diputados Secretarios del Soberano Congreso general, sobre excitación a los Estados, para que con arreglo a sus respectivas Constituciones pongan, a la mayor brevedad, en sus Distritos, Partidos, o Departamentos, las Autoridades políticas con quienes han de entenderse sus Gobernadores. Se determinó que pasara a la Comisión de Constitu­ ción, así como también el Soberano Decreto de 18 del presente, sobre colonización, que acompañó con el 7o. y 8o, Transcribe otro que le dirigió el Exmo. Sr. Ministro de Relaciones, sobre la resolución que tomó el Supremo Poder Ejecutivo, a conse­ cuencia de haber visto los ejemplares del Decreto de este Honorable Congreso, sobre que en el Estado puede circular la moneda desgastada, con tal de que tenga algunas señales de su legitimidad, previniendo, por último, que se esté, sin hacer por ahora innovación alguna, a lo que contienen las informes del Superintendente de Casa de Moneda y Ministros de la Tesoreía general, que también acompaña. Se acordó pasar a la Comisión que ha entendido en el asunto. –En seguida se dio igualmente cuenta con los que siguen de la Audiencia del Estado: 1o. Suplica, que respecto a no haber llegado todavía el Fiscal Dn. Ignacio Alvarado, y ser indispensable la inter­ vención de este Ministro para el acertado despacho y sustanciación de Negocios de que va a encargarse aquel Tribunal, se sirva el Honorable Congreso nombrar provi­ sionalmente a alguno de los Letrados de esta Ciudad, o autorizar al mismo Tribunal para el nombramiento, declarando en uno, u otro caso, la gratificación o sueldo que deba asignársele. Se acordó que pase de prefrencia a la Comisión de Justica. 2o. Comunica haber nombrado provisionalmente un Ministro ejecutor, con la dota­ ción anual de 200 pesos que deben satisfacerse de la Hacienda pública, y que el nombrado propondrá dos Comisarios que también necesita el Tribunal, a quienes de los mismos fondos se les ha asignado el salario de 8 pesos al mes. Se mandó pasar, primero, a la Comisión de Justicia, y después a la de Hacienda. 3o. Mani­fiesta la necesidad que igualmente tiene de crear dos oficiales mayores, uno para cada ofi­ cio, que a más de las obligaciones comunes, tengan la de suplir por los Escribanos de Cámara cuando estuvieren impedidos, sujetándolos a examen, y juzgando que la menor dotación que pueda asignárseles, es la mitad de la que la Ley señala a los Escribanos de Cámara. Se determinó que pase a la Comisión de Legislación. 4o. Pide que se suspenda por algún tiempo el artículo 15 del Capítulo 1o. de la Ley sobre arreglo de Tribunales, en que se prohibe llamar los autos pendientes aún ad efectum videndi. El trámite de este oficio se discutió detenidamente, y quedó acordado, de conformidad con la indicación del Señor Huarte, que sobre el particular se oiga al Gobierno. 5o. Suplica que se le oiga antes de votar sobre la proposición que hay hecha en el Honorable Congreso para que todos los Jueces y Tribunales del Estado, puedan admitir escrito sin firma de Letrado. Se mandó tenerlo presente hasta que se trate sobre la proposición que refiere. –Se dio primera lectura a los dictámenes siguientes: 1o. De la Comisión de Hacienda, sobre la proposición del Señor Lloreda,

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para que del dinero de Londres se pideran prestados, en favor del Estado, 400 mil pesos. 2o. De la misma, sobre la que hizo el Señor Salgado, pidiendo, que con arre­ glo al artículo 16, punto 4o. del Acta Constituva, se provean por el Gobernador del Estado, a propuesta de los Jefes de oficinas particulares los empleos de la Hacienda pública de él. Por segunda vez se leyó el proyecto de Ley, presentado por la segun­ da Comisión sobre arreglo del Superior Tribunal de Justicia; y se ha de discutir cuando por su orden le corresponda. Inmediatamente se procedió a tratar del dic­ tamen que extendió la Comisión de Gobernación con motivo de de la proposición que hizo el Señor Huarte, sobre que se excitara al Soberano Congreso general, para que tomando en consideración el modo con que actualmente se practica la provisión de bagajes, se sirva dictar alguna providencia que aligere esta carga, tan gravosa a los Pueblos. En él consulta su conformidad con lo que pide el Señor Huarte, quien a consecuencia manifestó las razones en que se funda su proposi­ ción; pero, como ni la Comisión opine, que entre tanto recae sobre este asunto la resolución del Soberano Congreso, general, se tome alguna en el Estado, para aliviar a los Pueblos, ni tampoco lo exija así el Señor proponente, se suscitó una larga dis­ cusión, de la cual resultó que el Honorable Congreso acordara: que al Gobierno del Estado se pida un informe de los arbitrios o medidas que en beneficio de los Pueblos puedan tomarse en cuanto a lo gubernativo y económico de este punto, mientras que el Congreso general de la Federación, a quien al mismo tiempo se ha de repre­ sentar, como queda dicho, para que se sirva tomarlo en consideración, resuelve lo conveniente. –Puesto después a discusión el de la Comisión de Guerra, contaído a manifestar, que no ha lugar a la solicitud hecha por los Sargentos de la Milicia Nacional de Púruandiro, para que todos los individuos que la componen queden exentos de la contribución directa, opinando en conclusión, que se devuelva al Gobierno, a fin de que les comunique esta resolución, .motivándola con las mismas razones que tuvo presentes al tiempo de dirigirlas al Congreso. Se aprobó desde luego. –En seguida hizo el Exmo. Sr. Presidente la indicación de que esta providen­ cia se generalizara por medio de un Decreto; a ella se adhirió el Señor González, y controvertida suficientemente, se determinó que se diga al Gobierno la tenga por genral para asuntos de igual naturaleza. –A este tiempo se recibieron los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Dice, que habiendo sabido, en la Sesión que tuvo ayer el Honorable Congrego, uno de sus Señores Diputados reclamó el cumplimiento de la Circular sobre esclavos, para satisfacción del mismo Honorable Congreso, del Señor Diputado y del público, acompaña todas las contestaciones que en el particu­ lar le han sido dirigidas por los Ayuntamientos y Alcaldes respectivos. 2o. Remite 9 certificados del juramento de obediencia que han prestado los Pueblos de San Mateo Enandio, Tlapehuala, San Felipe Coatepec, Paracho, Coeneo, Santiago Undameo, Erongarícuaro y Coahuayana. El primero se mandó pasar a la Comisión de Gobernación, y el segundo a la de Hacienda, respecto a la falta de papel sellado cada uno con sus respectivos documentos. –En seguida reclamó el Señor González un oficio en que el Ayuntamiento de Coahuayana pide que las rentas que se pagan a la Hacienda pública de Colima, se cobren por el Estado; y se mandó que se buscara. Llegado el caso de tratar sobre el dictamen que extendió la Comisión de Legis­ lación, con motivo de la proposición del Señor Presidente, para que no se exija firma de Letrado en ninguna especie de recursos judiciales, se leyó de nuevo el ofi­ cio citado arriba de la Exma. Audiencia, y se determinó suspender este asunto hasta

Michoacán

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oír las indicaciones que ofrece hacer en el particular. –Luego se dio segunda lectura a la proposición en que el Exmo. Sr. Presidente, entre otras cosas, pide, que para per­ petuar la memoria de la instalación del Honorable Congreso se celebre ésta, anual­ ­mente, como festividad nacional. Se acordó que pasara a la Comisión de Constitución. –Habiendo pedido el Señor Lejarza, que se señalase media hora, a lo menos, en cada Sesión ordinaria para la discusión del Reglamento interior del Honorable Congreso, se levantó la Sesión pública a la una de la tarde, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 26 En la Ciudad de Valladolid a los veintiséis días del mes de Agosto de 1824, abierta la Sesión secreta pedida por el Sr. González, propuso que se tuviera una Sesión preparatoria para el nombramiento de Presidente, Vice–Presidente de la República, y Senadores, la cual fue admitido por el Honorable Congreso, acordando asimismo que se señalaría el día. A continuación preguntó el Sr. Lloreda que si estos nom­­ bramientos deberían ser en Sesión secreta, y que si los Senadores debían ser del seno del Honorable Congreso; pero dejando todo lo relativo a esta materia para tratarlo en la Sesión preparatoria acordada ya, se levantó esta a las dos y cuarto de la trde. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Faltó el Sr. Jimé­ nez, ausente con licencia.

Sesión Pública del día 27 En la Ciudad de Valladolid a los veintisiete días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Legislación, sobre el ocurso que hizo el Ayuntamiento de Maravatío, pidiendo que se le conceda recoger los pilones, para la reposición del puente de aquel Pueblo. Se dio, asimismo, segunda lectura a los que siguen: 1o. De la de Hacienda, sobre la proposición del Señor Salgado, relativa que con arreglo al artículo 16, punto 4o. del Acta Constitutiva, se provean por el Gobernador del Estado, a propuesta de los Jefes de oficinas particulares, los empleos de la Hacienda pública. 2o. De la misma, sobre la del Señor Lloreda, para que se pidiese al Supremo Gobierno de la Fede­­ ración 400 mil pesos para el Estado, del préstamo de Londres. Se determinó tratar de ellos cuando por su orden les corresponda. –Luego se procedió a examinar el dictamen de la Comisión sobre la reimpresión del Decreto acerca de la responsabi­ ­lidad de los Jueces. Discutido y aprobado en lo general, se leyó el primer artículo, y se suspendió su examen por no estar presentes algunos Señores Diputados. Entre tanto se pasó a tratar del 3o., que, según manifestó el Señor Presidente, no tenía conexión con aquel Decreto. Suficientemente discutido, se aprobó en estos térmi­­ nos: “Artículo 3o. Se prohibe a los Jueces, bajo la mas estrecha responsabilidad, que tengan en sus casas mujeres depositadas, de cualquiera clase que sean, sin que sobre este punto se les admita excepción alguna” (20). Presentes ya todos los Señores Diputados, se leyó, discutió, y redactado de nuevo, se aprobó el primer artículo de este modo: “Artículo 1o. Que se imprima, publique y circule para su observancia en todo lo que se oponga al actual sistema, y Leyes posteriores, el Decreto de las Cortes de España de 24 de marzo de 1813, sobre responsabilidad de Jueces y demás funcio­ ­narlos públicos”. El 2o. en que se empeñó, más que en los otros, la discusión, que­

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Faltaron los Sres. Me­­néndez y Jimé­ nez; por enferme­ dad el primero y el segundo con li­ cen­cia.

dó desechado, porque se declaró que estaban comprendidos, como decía, en el ar­ tículo 14 del referido Decreto de las Cortes de España, los Jueces que ultrajaran de palabra, o de obra a los delincuentes, y Litigantes, mandándose por último que los dos artículos aprobados se publiquen separados. –Por último se dio cuenta con dos oficios que en este acto se recibieron del Gobierno: en ellos acusa los recibos de los Decretos número 18 y 19 de este Honorable Congreso. Y se levantó la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 28 En la Ciudad de Valladolid a los veintiocho días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, con arreglo a lo acordado el veintiséis, se leyó el Acta del día veinticinco en la que se añadió el artículo que habla de un anóni­mo, del objeto a que se contrae en cuyos términos quedó aprobada. Igualmente se leyó y aprobó la del día veintiséis, como el objeto de esta Sesión no era que tener una junta preparatoria para la elección de los dos individuos Presidente y Vice–Presi­ dente de la República, y los Senadores, pidió el Exmo. Sr. Presidente que se leyeran los Decretos del Congreso general, relativos a dichas elecciones, lo que verificado, propuso el mismo Sr. Presidente que deliberara el Honorable Congreso, si las elec­ ciones habían de ser públicas o secretas. El Sr. Huarte, tomó la palabra diciendo que los escrutinios fueran en secreto, y las elecciones en público. El Sr. Lloreda conviniendo en la primera parte, opinó que las elecciones de los individuos, para Presidente y Vice–Presidente fuesen también en secreto, fundándose en el artículo quinto del decreto de la materia, cuyo tenor leyó y expuso extensamente. Siguió discutiéndose con mucha detención por el Exmo. Sr. Presidente, y Vice–Presidente, los Sres. Huarte, Lloreda, Villaseñor, Lejarza, Rayón y González, quedando al fin acordado que la elección de los individuos para Presidente y Vice–Presidente de la República sea en secreto, guardándose este hasta el día seis del próximo enero. El Sr. Rayón salvó su voto. Igualmente quedó acordado, que el escrutinio para los Senadores fuese en secreto, y la elección pública. A continuación comenzó el escru­ tinio sobre los individuos que pueden elegirse para Presidente y Vice–Presidente de la República, y contrayéndose al primero nombrado, se propusieron los dos gene­ rales Bravo y Victoria, como los más adecuados de quienes podía sacarse el Presi­

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dente. Se trató muy extensamente de las virtudes y demás prendas que hacen a cada uno acreedor a tan elevado puesto; más siendo ya la una y media de la tarde se sus­ pendió este escrutinio para continuarlo en la Sesión siguiente. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 31 En la Ciudad de Valladolid a los treinta y un días del mes de agosto de 1824. Abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se leyó, y aprobó el Acta del día 26 del mismo; y la del 27 volvió a la Secretaría para que se reformaran algunos puntos que se notaron en ella. Luego se leyó la minuta del Decretó número 20 que previene la reimpresión y publicación del que expidieron las Cortes de España en 24 de marzo de 1813; sobre responsabilidad de los Jueces, y controvertido que fue el punto que se tocó, sobre si esta resolución debía publicarse con el carácter de Decreto, o sala­mente se había de excitar al Gobierno para que se llevara a efecto, atendidas las razo­nes que expuso el Exmo. Sr. Presidente, sobre no haberse publicado en la República aquella Ley, y otras del Señor Lloreda y otros Señores quedó aprobada en clase de Decreto. Leída asimismo la otra, que contiene, el que prohibe el depó­ sito de muje­res en la casa de los Jueces, se aprobó igualmente, con una ligera reforma en su redacción. –A continuación se dio cuenta con un oficio del Gobierno, a que acom­paña 15 ejemplares del Soberano Decreto sobre colonización, y se mandó acu­ sar el recibo, y repartir los ejemplares. –Visto otro, con que la Exma. Audiencia del Estado, remite el proyecto de Ordenanzas que para su Gobierno han formado los Magistrados de ella, a consecuencia de lo prevenido en el artículo 11 de la Ley dictada para su establecimiento, se acordó que pasara, de preferencia, a la Comisión de Constitución. Leído otro, en que el Exmo. Sr. Dn. Guadalupe Victoria comunica los felices resultados de la expedición que hizo sobre Oaxaca, de orden del Supremo Poder Ejecutivo, se determinó contestarle, como es de estilo. Un ejemplar impreso de las Actas de las Sesiones que celebró el M.I. Ayuntamiento en los días 26, 27, 28 y siguientes de julio, con motivo de haberse puesto al frente de los Negocios públi­ cos, por haber abandonado aquella Capital su Congreso y Gobierno, y otros dos

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Faltó el Sr Lejarza por enfermo.

sobre preguntas al Ayuntamiento, y palabras dirigidas al Pueblo sobre elecciones, se mandó que quedaran en la mesa, para que los leyeran los Señores Diputados que qui­sieran, lo mismo el de Jalisco, sobre elección de Presidente y Vicepresidente de la República. –Por petición del Señor González, se determinó, que se pasaran a la Exma. Audiencia los expedientes que se reservaron para cuando se verificara su esta­ ­blecimiento. –El Reglamento de Veracruz sobre arreglo de administración de justi­ cia que vino sin oficio. Se mandó pasar a la Comisión de Constitución. –En seguida se dio segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el ocurso que hizo el Ayuntamiento de Maravatío, solicitando el permiso de recoger los pilones en aquel comercio para la redificación de un puente, y se ha de discutir cuando por su orden le corresponda. –Puesto después a discusión el que entendió la misma, con motivo de la proposición en que el Señor Salgado pide, que con arreglo al articulo 16 del Acta Constitutiva, provean por el Gobernador del Estado, a propuesta de los Jefes de oficinas particulares los empleos de la Hacienda pública de él, y que por el Honorable Congreso se decreten reglas para que se atienda el mérito de los indi­ viduos, y no quede su provisión sin más norte que el arbitrio de sus concedentes, se examinó suficientemente, y de conformidad con la Comisión, se acordó: quedán­ dose por aprobada la primera parte de la proposición, por ser de Ley Vigente; en cuanto a la segunda, pase a la Comisión de Legislación, a la que corresponde consultar las reglas que se piden para la buena y legítima provisión de los empleos. –Leído últimamente, para su examen, otro de la misma Comisión, en que con respecto a la proposición del Señor Lloreda, sobre que se pidieran al Supremo Gobierno en favor del Estado, 400 mil pesos del préstamo de 8 millones contratado en Londres por la Nación, consulta, que este asunto, con todos sus antecedentes se suspenda absolutamente, archivándose en la Secretaría, en virtud del oficio del Ministerio de Hacienda, que en clase de informe, mandó Gobierno, manifestán­ dose por él, que no puede, por manera alguna, realizarse la solicitud del Señor Lloreda, se aprobó sin discusión, y se levantó la sesión pública a las doce para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 31 En la Ciudad de Valladolid a los treinta y un días del mes de Agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso continuó el escrutinio que quedó pen­ diente en la última Sesión, sobre nombramiento para Presidente y Vice–Presidente de la República. El Sr. Huarte tomando la palabra expuso que en cuanto al primer nombrado se había dicho lo bastante; por lo que pasando al segundo opinaba que no fuese militar, sino letrado. En apoyo de esto mismo, varios Sres. Diputados manifestaron muy larga y detenidamente los inconvenientes que podrían seguirse de la reunión de los militares a la Cabeza del Gobierno (21). A consecuencia de lo dispuesto se propusieron varios Letrados en quienes podía recaer la elección. El Sr. González pidió que se aclarara si de los dos nombrados solo uno había de ser militar, y reproduciéndose con este motivo varias razones de las que se habían ale­ gado, se suspendió la Sesión a la una y tres cuartos de la tarde para continuarla a las cuatro y media. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Secreta del día 31 En la Ciudad de Valladolid a los treinta y un días del mes de agosto de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, conforme a lo acordado en la ante­ rior, el Exmo. Sr. Presidente tomó la palabra preguntando al Sr. González si insistía en la proposición que hizo en la Sesión de esta mañana, sobre que el Honorable Congreso declarara, si de los dos nombrados sólo uno había de ser militar, a lo que contestó dicho Sr. que no hacía una proposición formal, pero que si insistía en que se tuvieran en consideración las razones que había expuesto, y habían empleado nuevamente otros Sres. Continuó luego conferenciándose acerca de los Letrados en quienes podía recaer la votación, y teniéndose por bastante cuanto se había dicho en el asunto, se pasó a tratar acerca de los Senadores por lo cual se leyó el Decreto de la materia. El Sr. Lloreda dijo que debían elegirse los Senadores del seno del Honrable Congreso, apoyando esta aserción en razones de bastante peso, califica­ das como tales por el Honorable Congreso, y otros Señores Diputados opinaron en contra. En seguida se propusieron varios individuos en quienes podía recaer la elec­ ción, y habiéndose examinado maduramente cuantas indicaciones se hicieron, quedó concluido este escrutinio. El Exmo. Sr. Presidente propuso al Honorable Congreso que declarara las demostraciones con que debía anunciarse al público el nombramiento de los Senadores; pero habiéndose pulsado varios inconvenientes por la estrechez del tiempo, retiró esta invitación, y se levantó la Sesión a las ocho de la noche. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José Ma. Paulín (Rúbrica) Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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MES DE SEPTIEMBRE Sesión Pública Extraordinaria del día 1o. En la Ciudad de Valladoid a 1o. de septiembre de 1824, reunido el Honorable Congreso en Sesión extraordianria, se leyó el Acta del día 27 del mes próximo pasado, que fue aprobada. Después se leyó también la de ayer y en seguida, contra­ yéndose el Señor Huarte a lo que en ella se dice, con respecto a que por Decreto se mandara la reimpresión de la Ley de las Cortes de España, sobre responsabili­dad de Jueces, manifestó, que el motivo principal en que se había apoyada el Hono­rable Congreso para esta determinación había el de que en la República no corrió con la solemnidad necesaria para su cumplimiento; pero que, seguramente se había pade­ cido equivocación en este acertó, porque estaba satisfecho de que el año pasado el Soberano Congreso dispuso su reimpresión, y publicación. Estas mismas razones las esforzaron los Señores Villaseñor y Salgado, comprobándolas, el primero, con el oficio original que leyó; mas como de nuevo se insistiera en que, no por Decreto, sino por medio de oficio se comunicara al Gobierno el acuerdo de que se trata, se suscitó nueva discusión, que, al fin, se suspendió y reservó para la Sesión de mañana, quedando, sin embargo, aprobada el Acta. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña copia del Soberano Decreto de 24 de agosto último, que señala a los Estados el contingente de hombres para el reemplazo del Ejército, se mandó pasar de preferencia a la Comisión de Guerra. 2o. Remite otra del que previene las elecciones de los individuos que han de componer el Supremo Tribu­nal de Justicia, con arreglo a los artículos que contiene. 3o. Remite 15 ejem­ plares del Decreto número 19 de este Honorable Congreso. De éste se mandó acusar el recibo y repartir los ejemplares, y del otro, que se conteste de enterado. –Inme­

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diatamente se procedió a la elección de los Senadores, conforme al artículo 14 del Soberano Decreto de 13 de julio de este año, y no habiendo recaído la mayoría absoluta de votos en ninguno de los tres sujetos en quienes se versó la elección, se procedió a segunda votación entre los Señores Dn. Ignacio Ansorena (1), y Dn. Fran­ cisco Manuel Sánchez de Tagle, resultando quedar nombrado el primero por seis de los once votos. Hecha después la del segundo Senador, por no haber reunido la mayoría ninguno de los votados, se repitió, y al tiempo de estarse leyendo las cédu­­ las, manifestó el Señor Lloreda, que no debía el Señor González tener parte en ella, por ser pariente, en primer grado, del Sr. Dn. Manuel Diego Solórzano, a cuyo favor se estaban declarando algunos votos. De este reclamo, resultó otro que hizo el Exmo. Sr. Presidente, alegando que el Señor Huarte se hallaba en el mismo caso, como pariente del Señor; Tagle, que había entrado en segundo escrutinio con el Señor Solórzano. Retirados los Señores Huarte y González, se examinó suficiente­ mente el impedimento de uno y otro, y declarado por legítimo el del segundo, quedó excluido de la votación; no verificándose así respecto del primero por estar dudoso el grado de su parentesco. En esta parte salvó su voto el Señor Rayón, y comenzó de nuevo la elección, que empatada entre los referidos Señores Solórzano y Tagle, se determinó que la suerte decidiera en el caso, la cual declarada por el primero, anunció al público el Exmo. Sr. Presidente, que el Señor Ansorena quedaba electo para primer Senador, y el Señor Solórzano para segundo, y se levantó la Sesión a las dos de la tarde. (Tres medias firmas)

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Digesto Constitucional Mexicano

Sesión Secreta del día 1o. En la Ciudad de Valladolid a primero de septiembre de 1824, habiéndose concluido lo concerniente a los propósitos para Presidente y Vice–Presidente de los Esta­ dos Unidos Mexicanos, se acordó continuar el escrutinio para el nombramiento de los Senadores, y que este examen se pusiera como acto separado respecto de lo anterior de la Sesión, relativo al Presidente y Vice–Presidente. Se movieron nueva­ mente las cuestiones que quedan indicadas en las Actas sobre este asunto. Se pro­ pusieron otros individuos en quienes podía hacerse la elección; y, por último, pasando ya las doce del día, se levantó la Sesión para abrir la pública y procedr a la votación. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José María Paulín (Rúbrica) Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 2 En la Ciudad de Valladolid a los dos días del mes de septiembre de 1824, abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se leyó el Acta anterior, y se mandó que volviera a la Secretaría para que se variara en un punto concerniente a la votación de Senadores. Luego promovió el Exmo. Sr. Presidente la discusión que quedó pendiente, sobre si por fin debía mandarse por Decreto, o por oficio, la reimpresión del que expidieron las Cortes de España en 24 de marzo de 1813, acerca de la res­ ponsabildad de los Jueces. El Señor Villaseñor reprodujo las mismas razones que manifestó en la Sesión pasada, para que esta providencia se comunicara por oficio. El Señor Salgado, oponiéndose a la reimpresión del Decreto de que se habla, dijo, que éste no era análogo a las circunstancias de los Jueces del Estado, en razón de que las penas que contra ellos declara, los aterrorizaría de tal suerte, que por no expo­ nerse a caer en ellas, dejarían impunes los delitos, y de este modo, queriéndose evitar tal cual exceso en la administración de Justicia, vendría a sentir la Sociedad mayor mal, no castigando a los criminales que la inquietan. Manifestó además: que en el Congreso general estaba sancionado un artículo relativo a que nadie podrá ser arrestado sin que haya semiplena prueba, o indicio de que es delincuente, y que esto era una prueba de que nuestra Constitución general no se funda en los exal­ tados principios liberales que la Española, de cuyas Cortes es aquel Decreto (2). El Exmo. Sr. Presidente contestó que la reimpresión de la Ley no podía suspenderse porque ya estaba mandada por el Honorable Congreso, y aún pasada al Gobierno la minuta del Decreto que la previene; en cuya virtud se determinó, respecto de lo expuesto por el Señor Villaseñor, que por ahora se mandara la reimpresión por Decreto, y que para acuerdos de igual naturaleza, se tendría, en lo sucesivo, presente todo lo alegado sobre este punto; que en orden a lo que manifestaba el Señor

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Faltó el Sr. Lejarza por enfermo, y el Sr. Lloreda por es­tar asistiéndole.

Salgado, hiciera proposición por escrito, teniéndola ya por de primera lectura. –En seguida se pasó a discutir el dictamen de la Comisión de Legislación, sobre el ocurso hecho por el Ayuntamiento de Maravatío, con el fin de que se le permitera recoger los pilones para la reedificación de un puente. En él consulta: que no siendo adaptable este arbitrio, proponga el Ayuntamiento otros para subvenir al gasto de la obra que indica, haciendo el presupuesto, y presentándolo al Gobierno para su aprobación; y que si los bienes de Comunidad no le alcanzan para la escuela, como añade en su instancia, proponga, asimismo, los medios que, al efecto, estime mas justos. –Aprobado en lo general y particular, hizo el Señor Huarte, la adición de que el mismo Ayuntamiento se le dijera que al proponer los arbitrios tuviera presente el de gravar las bebidas embriagantes, y habiéndose opuesto a ella algunos Señores, la retiró su autor. –A continuación hizo otra el Señor Salgado, contraída, a que se excite al Gobierno para que, por su parte, al comunicar el acuerdo al Ayuntamiento, tome en consideración la necesidad pública que representa y dicte algunas provi­ dencias gubernativas con que desde luego, se remedie, consultando el caso necesario con el Honorable Congreso. Esta fue admitida, y después de un suficiente examen, se aprobó en lo sustancial, disponiéndose que en la Secretaría se ordenara su redac­ ción. –Luego se procedió a tratar de la consulta que extendieron las Comisiones de Gobernación y Hacienda, sobre las cuentas que presentó el Sr. Doctor Morales, pertenecientes a la Secretaría que fue de la Diputación Provincial, y examinada con la detención necesaria, se acordó, de conformidad con dichas Comisiones, que se pasaran al Gobierno a quien coresponde su glosa, y que, al mismo tiempo, se le transcribieran las cuatro primeras observaciones, que sobre ellas constan en el dicta­ men, hechas por la Comisión de Hacienda, para que en su vista providencie lo conveniente, y que la quinta pasara a la Comisión de Policía. –A consecuencia se determinó también, que respecto de las de la Secretaría de dicha Diputación, por el tiempo que corrió a cargo del Ciudadano Francisco Aragón, se pasara a la Comi­ sión de Policía una nota de las reflexiones que igualmente hizo sobre ellas la Comisión de Hacienda, para que aclare las dudas que se versan en este asunto. –Por moción que hizo el Señor González, se dispuso que los oficios del Gobierno que se reciban en el acto de la Sesión, se reserven para la siguiente, si no es que tengan la recomenda­ ción de ejecutivos, en cuyo caso se ha de dar cuenta con ellos inmediatamente. –Habiendo hecho ver el Señor Presidente la gravedad en que actualmente se halla el Señor Lejarza, pidió que se le nombrara un asistente de los mismos Señores Diputados, y que se le ayudara para los gastos de su enfermedad con la cantidad de 50 ó 60 pesos, y se declaró estaba autorizado para tomar en el caso las providencias que estimara convenientes. Con este motivo hizo proposición verbal el Señor Huarte, para que la Comisión de Hacienda informara sobre los gastos extraordinarios de las enfermedades y entierros de los Señores Diputados. Admitida, se mandó que la pre­ sentara por escrito, y se tuviera por de primera lectura. –Luego se leyó, y aprobó la contestación que debe dirigirse al Supremo Gobierno con motivo de haberse sus­ pendido la superior orden, en que declara que los Nacionales, no están exceptuados del alistamiento, y sorteó para la Milicia activa, y se mandó suspender la representa­ ción que reclamó el Señor Salgado, y había acordado hacer el Honorable Congreso al general de la Federación, sobre el número de Diputados que corresponden al Estado, según la población que realmente tiene. –A petición del Señor González, se determinó pasar una nota a la Comisión de Legislación, para que tenga presente

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el artículo 3o. del Soberano Decreto de 18 de agosto último, sobre colonización. –La proposición que hizo el Exmo. Sr. Presidente para que se pusiera en noticia de los Pueblos, que los asuntos de la Diputación Provincial habían pasado al cono­ cimiento del Gobierno, la retiró por haberse opuesto a ella algunos de Ios Señores Diputados. –Por último se dio primera lectura a las proposiciones siguientes: 1a. Del Señor Salgado, sobre que de toda preferencia se dicten reglas para que los habitan­ tes de los Pueblos de Tepalcatepec, Coalcomán, Maquilí, Ostula, Pomaro, Coahua­ yana, Congregación de la Sierra de Aguililla, y haciendas y ranchos de los expresados, perciban el beneficio moral y civil a que están a derecho como Ciudadanos del Estado. 2a. Del Señor González, sobre que el Honorable Congreso se sirva declarar que el contenido del Decreto número 7, que previene que todas las solictudes que se le hagan por lo Ciudadanos se remitan por conducto del Gobierno, quien las informara, se entiende también respecto de todas las Autoridades y Corporaciones del Estado. Habiéndose dispuesto, que cuando la Comisión respectiva presentara el Reglamento sobre administración de Justica, se acordaría lo conveniente respecto de la proposición que el Señor Salgado, de que pasara a la Audiencia para que hiciera algunas reflexiones sobre él, y se levantó la Sesión a los tres cuartos para la una. (Tres medias firmas)

Michoacán

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Sesión Pública del día 4 En la Ciudad de Valladolid a los cuatro días del mes de septiembre de 1824, abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se dio principio con la lectura de las Actas de los días 1o. y 2 del corriente, y después de unas ligeras modificaciones que se mandaron hacer a la primera, notó el Señor González que en la segunda no se decía que la quinta observación hecha por el dictamen de la Comisión de Hacienda, pasara a la de Policía, como se había acordado: reformadas que fueron quedaron aprobadas. En seguida se dio cuenta con un oficio del Gobierno, al que acompañan 15 ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general Constituyente, que declara quedar reconocida la independencia de las Provincias unidas al Centro de América, y se mandó que se acusase el recibo, y que los ejemplares se repartieran a los Señores Diputados. A continuación se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Guerra, sobre reclutas para reemplazos del Ejército, que señala a cada uno de los Estados el Decreto del mismo Soberano Congreso general de 24 de agosto último, cuyo dictamen recomendó el Señor Huarte, por la premura del tiempo. –Puesta a votación la primera parte del artículo 1o. del Reglamento interior del Honorable Congreso que dice: El Congreso residirá en la Capital del Estado, suscitó una muy larga y detenida discusión, sobre si dejando el artículo en esos términos induciría a creer, que Valladolid estaba declarado Capital del Estado, y después de varias y fun­ dadas razones que se alegaron, quedó suficientemente discutido todo el artículo, aprobado y redactado en estos términos, salvando su voto el Señor González: El Congreso residirá en Valladolid, sin no no es, que el mismo estime conveniente trasladarse a otro de los lugares del Estado, para cuya resolución se necsitarán los votos de las dos terceras partes de sus Diputados. Leído el segundo que dice: El Edificio del Congreso es el que antes se conocía con el nombre de La Com­

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Faltó por enfermo el Sr. Lejarza.

pañía; en lo sucesivo se titulara Palacio del Congreso del Estado, quedó aprobado lo mismo en el tercero que dice: Las Sesiones del Congreso serán en el Salón pre­ parado en dicho Edificio, en cuyos artículos salvó su voto el Señor Lloreda por varias razones que expuso. Artículo 4o. En él habrá un dosel colocado en su testera sobre la derecha de su entrada, una silla debajo de él, para el Presidente del Con­ greso, y otra a su izquierda para en el caso de que asista el Gobernador. Y discutido ligeramente, quedó aprobado, pasando a la discusión del 5o. que dice: Delante de la silla del Presidente habrá una mesa con la decencia correspondiente, y en cuyas cabezas se colocaran las que deben ocupar los Diputados Secretarios. Suficiente­ mente discutido, quedó aprobado y redactado en estos términos: Delante de la silla del Presidente habrá una mesa con la decencia correspondiente, en cuyos lados se colocaran las que deben ocupar los Diputados Secretarios. Y habiendo indicado el Señor Rayón, que en caso de etiqueta ocupen sus asientos indistintamente entre los demás Señores, se reservó para tratarse en otra ocasión, quedando pendiente el examen particular de los demás artículos para las Sesiones inmediatas. –Se dio primera lectura a una proposición de los Señores Huarte y González, en que piden al Hono­ rable Congreso excite al Gobierno para que instruyendo un expediente sobre los medios necesarios para la desecación de las lagunas y pantanos que están al rededor de la Ciudad, tome las medidas más eficaces, a fin de que aquella se verifique, y cesen las tercianas que se han vuelto epidérmicas, según se cree, por este motivo, y admi­ tida por del momento, se mandó excitar de toda preferncia al Gobierno. Por último, se dio segunda lectura a las proposiciones siguientes: 1a. Del Señor Salgado, en que pide se les imparta el beneficio moral y civil, que como a Ciudadanos les corresponde a los habitantes de los Pueblos de Tepalcatepec, Coalcomán, Maquilí, Ostula, Pomaro, Coahuayana, Congregación de la Sierra de Aguililla, y haciendas y ranchos del distrito de los expresados, por las razones que exponen, y se mandó pasar a la Comisión de Gobernación. 2a. A la del Señor González, en que pide al Honora­ ble Congreso se sirva declarar el contenido de su Decreto No. 7, que previene que todas las solictudes que se le hagan por los Ciudadanos, se remitan por conducto del Gobierno para que las informe, se entienda también, respecto de todas las Autoridades y Corporaciones del Estado, con lo que concluyó la sesión pública de este día a los tres cuartos para la una, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Sesión Secreta del día 4 En la Ciudad de Valladoid a los cuatro días del mes de Septiembre de 1824, abierta la Sesión secreta del Honrable Congreso, se leyó y aprobó el Acta del veintiocho de agosto que se había mandado volver a la Secretaría, por no referirse en ella el escru­ tinio tenido para el nombramiento de los individuos propuestos para Presidente y Vice–Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente se leyeron y aproba­ ron las dos Actas del treinta y uno del mismo agosto, añadiendo a la última que el Sr. Lloreda, cuando hizo la indivación de que los Senadores debían ser del seno de esta Honorable Asamblea, la apoyó en razones de bastante peso, que de tales calificó el Honorable Congreso. En seguida el Sr. Salgado hizo presente que el Sr. Lejarza se hallaba fuera de peligro; pero que habiéndose consumido los cincuenta pesos que se le dieron, en gastos de Sacramento, juntas de Médicos, Botica y otros, pedía se le completaran hasta ciento, para las demás atenciones de su enfermedad. Tomado el punto en consideración, se acordó que se administrara al Sr. Lejarza la enunciada cantidad, y que se pasara a las Comisones de Policía y Hacienda nota de la proposi­ ción que hizo el Sr. Huarte en dos del presente, a fin de que abran dictamen sobre los gastos extraordinarios de enfermedades y entierros de los Sres. Diputados del Honorable Congreso. Igualmente se mandó pasar a las mismas Comisiones una nota de la moción del Sr, Lloreda sobre que se asigne alguna cantidad a los Sres. Diputados para ciertos gastos extraordinarios, repartiéndose por meses, porque siendo muy escasas las dietas no proveen a algunas necesidades de los Sres. Dipu­ tados, con lo que se levantó la Sesión a la una y media de la tarde. Juan José Pastor Morales (Rúbrica) Presidente José María Paulín (Rúbrica) Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio. Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 6 En la Ciudad de Valladolid a 6 de septiembre de 1824, leída y aprobada el Acta de la Sesión anterior, se procedió a la renovación de oficios, y habiéndose verificado por escrutinio secreto, mediante cédulas, salió electo para Presidente el Señor Jiménez con 7 de 10 votos; para Vicepresidente, con los mismos, el Señor Rayón, y con 9 para Secretario el Señor Huarte. –Luego se leyó la lista de los asuntos que hay pen­ dientes en las Comisones. –En seguida se dio cuenta con una proposición hecha en el Honorable Congreso de Veracruz, y dictamen que aprobó, para que no se per­ mita desembarcar a los Españoles que vinieron en la Escuadrilla que condujo el relevo para Ulúa. –Asimismo con 2 ejemplares de la Ley orgánica de México, y se mandó que uno de ellos pasara a la Comisión de Constitución, y el otro quedara sobre la mesa de la Secretaría. A continuación se leyeron los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña una instancia de los Ciudadanos Vicente Santa María y Francisco Benítez, en que manifestando haber cumplido cuatro cursos de Cánones y Leyes, y uno de Derecho público, piden que se les dispense el 5o. para pasar a la práctica, se acordó que pasara a la Comisión de Legislación. 2o. Acompaña 15 ejem­ plares del Decreto del Soberano Congreso general, sobre que las Legislaturas de los Estados, procedan a la elección de los indivduos que han de componer el Supremo Tribunal de Justicia, se mandó acusar el recibo y repartir los ejemplares. 3o. Incluye 3 oficios en que los Alcaldes de los Pueblos de Araró, Pungarabato y Numarán, expre­ san entre otras cosas, no haber esclavo alguno en los respectivos distritos de su cargo. Se determinó que se archivara en su respectiva carpeta. Después se dio primera lectura a los dictámenes que a continuación se expresan: 1o. De la Comisión de Justicia, sobre el establecimiento de las plazas de Ministro Ejecutor, con la dotación de 200 pesos anuales, y de dos Comisarios con la de 8 pesos mensuales cada uno,

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Faltó por enfermo el Sr. Lejarza.

para la Audiencia del Estado. 2o. De la de Constitución, en orden al Decreto sobre colonización; y como su consulta sea de puro trámite, se acordó, de conformi­ dad con ella, que pase el expediente al Gobierno, para que informe, y vuelva a la Comisión. 3o. De la misma, sobre división del territorio del Estado en Depar­ tamentos y Partidos. Recomendado éste por ejecutivo se mandaron sacar copias, y que mañana se le de la segunda lectura. –Habiendo hecho moción el Señor Lloreda para que el Honorable Congreso mandara publicar el nombramiento de Presidente y Vice–Presidente de la República, a petición del Señor Morales se reservó para la Sesión secreta. –Dada la segunda lectura al dictamen que extendió la Comisión de Guerra, sobre el modo con que debe hacerse la recluta del contingente de hombres que para el reemplazo del Ejército permanente, ha correspondido al Estado, según el Decreto del Soberano Congreso general, se determinó proceder a su discu­ sión, según el acuerdo de la Sesión del sábado último. Al efecto, aprobado en lo general, se leyó y examinó en lo particular su encabezado, el cual con una ligera modificación se aprobó en estos términos: “El Congreso Constituyente del Estado libre, soberano e independiente de Michoacán, en uso de las facultades que le corresponden, y constan en el artículo 3o. del Decreto del Soberano Congreso gene­ ral No. 74, fecha 24 de agosto último, sobre contingente de hombres, asignado a los Estados, para reemplazo del Ejército, ha tenido a bien decretar los siguiente”. Leído asimismo el artículo 1o., y discutido suficientemente, se aprobó de esta manera: “Artículo 1o. Conforme al Contingente de 1,139 hombres, que toca al Estado, el Gobierno, con presencia de la Estadística formada el año de 1822 (3), señalará a cada uno de los Partidos el cupo de remplazos que según ella le corresponda, con un décimo más, así como el número de los que deben quedar alistados, como pre­ viene el artículo 7o. del citado Decreto, dirigiéndolo a los Ayuntamientos de las Cabeceras, quienes formando el suyo repartirán a los de sus otros Pueblos el que juzguen conveniente, arreglándose al contenido de este Decreto”. El segundo, sin más variación que el de la edad hasta la que están comprendidos los reclutas, se aprobó del modo siguiente: “Artículo 2o. La recluta comprende desde la edad de 18 años hasta la de 50’. El tercero, sin embargo de haberse tratado, que se especifica­ ran en él la clase de viciosos por quienes debía empezar la recluta, se aprobó en los mismos términos que lo presentó la Comisión, cuya redacción es la siguiente: “Artículo 3ó. Deberá verificarse: 1o. Con los ociosos, vagos y demás, que no tengan oficio, o modo de vivir conocido; 2o. con los que aunque lo tengan, o se ocupen en otros destinos, sean viciosos y no cumplan con sus obligaciones respectivas”. El cuarto se aprobó sin discusión de esta manera: “Artículo 4o. Si con los indivi­ duos que expresa el artículo anterior, no se llenare el número pedido, se completará con los Ciudadanos, prefiriéndose en este caso los solteros a los casados, y entre éstos, a los que tuvieren menos familia”. Con lo que se levantó la Sesión a la una de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 7 En la Ciudad de Valladolid a siete de septiembre de 1824, abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. Luego se dio cuenta con un oficio, en que el Congreso Constituyente de Coahuila y Tejas comunica su ins­ talación. Se mandó contestar como es de estilo. Visto otro a que el de Monterrey acompaña dos ejemplares del Manifiesto que dirigió a los habitantes de aquel Estado, se acordó darle las gracias, y que los Manifiestos queden en la mesa de la Secretaría, así como también dos impresos que vinieron sin oficio de Guanajuato. –A conti­ nuación se dio segunda lectura al dictamen de la Comisión de Constitución, sobre división del territorio del Estado en Departamentos y Partidos, y se determinó tratar de él, luego que concluya la discusión del que extendió la Comisión de Guerra en orden a los términos en que debe hacerse la recluta del contingente de hombres que corresponde al Estado para reemplazo del Ejército permanente, la cual siguió con la lectura del artículo 5o. que dice: “El contenido de estos artículos se extiende a todo individuo sin consideración alguna de familia, o distinciones de esta clase, que­ dando a juicio del Gobierno el castigo de las faltas, o abusos que se notaren en este particular, y reclamaren por cualquiera Ciudadano”. Discutido suficientemente el punto que tocó el Señor Huarte, sobre que se dejaran en libertad a los Ciudada­ nos para que, los que quisieran, pudieran poner en su lugar el correspondiente reemplazo, como se había practicado respecto de la Milicia activa, o Provincial, y atendidas las razones que expuso el Señor González, y esforzó el Señor Lloreda, para que esta providencia no se hiciera efectiva, en razón de que entonces podrían fácilmente eximirse del alistamiento los hijos viciosos de padres acomodados, y no pediría conseguirse el fin que se propuso la Comisión, de quitar de este modo la polilla de la Sociedad (4), se aprobó desde luego, adoptándose como medio que indicó el Señor Rayón, para que los viciosos y criminales, no quedasen libres, y pudiese, no obstante, tener lugar la moción del Señor Huarte, que este artículo se pusiese después del tercero y que el cuarto ocupara su lugar. Respecto del ar­ tículo sexto pidió el Señor Lloreda, que se comprendiera en las excepciones que propone los músicos, cantores y sacristanes de las Parroquias, y el Señor Huarte que en orden a los tonsurados, y menoristas, se expresara, que sólo quedaran

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Faltó el Sr. Lejarza por enfermo.

exentos los que tuvieran las circunstancias que exija el Concilio de Trento. Exami­ nados ambos puntos, y variadas algunas palabras del mismo artículo, se redactó de nuevo, y aprobó en estos términos: “Artículo 6o. Se exceptúan del alistamientos: 1o. los ordenados in sacris, y los de órdenes menores y primera tonsura, que tengan las circunstancias que exige el Concilio de Trento. Los músicos, cantores y sacrista­ nes dotados y necesarios para el culto. 2o. Los empleados civiles. 3o. Los Abogados, Médicos y Cirujanos. 4o. Los Maestros púbicos, de primeras letras, y los de oficios y artes que tengan talleres públicos. 5o. Los estudiantes de aplicación y honesta con­ ducta. 6o. Los hijos honrados de viuda, o padre anciano impedido de trabajar, siempre que no tuviere arbitrio para subsistir, u otro individuo que entienda en los intereses y Negocios de su casa. 7o. Los individuos de la Milicia Cívica, que a más de una conducta acreditada, cumplan personalmente con el servicio que les corres­ ponda por sí mismos. 8o. Los mayordomos y administradores de haciendas, ranchos, minas y otras negociaciones, y los subalternos de éstos, siempre que por el lugar que ocupen, y salario que ganen, acrediten su pericia y necesidad de sus personas en ellos. 9o. Los que tuvieren impedimento físico conocido para el servicio miltar” .El sép­ timo y los que siguen hasta el décimoquinto, inclusive, que es el último, después de ligeramente examinados, y variadas en ellos también algunas expresiones, se apro­ baron de este modo: “Articulo 7o. Una Junta que nombrarán los Ayuntamientos, compuesta de 2 Regidores, 1 Procurador, el Comandante de Milicia Cívica (donde lo haya) y dos vecinos honrados del lugar, calificara los individuos que se reclutaren, en los términos y con las circunstancias expresadas”. “Artículo 8o. Las Juntas de las Cabeceras de Partido, a más de las calificaciones que deban hacer por lo tocante a sus municipalidades, oirán las quejas que se dieren de excepción de personas u otras faltas de las Juntas de los demás Ayuntamientos, previos documentos justifica­ tivos de ellas, que exigirán a las partes, y remitirán informados al Gobierno, el que decidirá definitivamente el punto. Castigando la falta cometida, si la hubiere, con­ forme a las Leyes, sin que se evite la remisión a la Capital, de la persona sobre que se verse la queja, esperando ésta allí la última resolución”. “Artículo 9o. Si se inten­ taren quejas de igual clase contra alguna Junta de las Cabeceras, harán las partes su ocurso en derechura al Gobierno, con las formalidades expresadas”. “Artículo 10o. Los reclutas de los Pueblos se remitirán por sus Ayuntamientos a los de las Cabe­ ceras, con lista firmada por la Junta, la que certificará igualmente, que procedió a la correspondiente calificación”. “Artículo 11o. Desde la fecha en que fueren aprehen­ didos los reclutas, se ministrara a cada uno un real diario, cuidando el Gobierno de que por el Intendente se comuniquen al efecto las órdenes correspondientes, a las oficinas de Rentas de las Cabeceras, donde recibirán los Tesoreros Mayordomos de propios del Ayuntamiento las cantidades necesarias, y reintegrándose por éstos a los de los Pueblos los suplementos que hubieren hecho, y deberán justificar”. “Artículo 12. En dichas Cabeceras se harán las revistas semejantes a las de Comisario, seña­ lándose a cada recluta la fecha de su aprehensión, conforme a las listas de califi­ cación, que reunidas por las Juntas de las Cabeceras, remitirán sus Ayuntamientos al Gobierno con las de revista, quedando en su archivo copias certificadas por la Junta”. “Artículo 13o. Reunido el número designado de reclutas en las Cabeceras, harán los Ayuntamientos su remisión segura a la Capital, donde dispondrá el Gobierno que a satisfacción del Comandante general del Estado, reconozcan los facultativos a los que tuvieren impedimento físico bastante para el servicio, por cuyo motivo deban excluirse”. “Artículo 14o. El Gobierno dispondrá, de acuerdo con el citado Comandante general, que se auxilie a los Ayuntamientos en las operacio­ nes de la recluta con la fuerza armada, a fin de que puedan verificar con seguridad sus disposiciones”. “Artículo 15o. Asimismo, circulará a los Ayuntamientos las instruc­ ciones que crea necesarias para la más exacta observancia de este Decreto”. Se levantó la Sesión a la una y cuarto de la tarde. (Tres medias firmas)

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Sesión Pública del día 9 En la Ciudad de Valladolid a los nueve días del mes de septiembre de 1824, abierta la Sesión pública de este Honorable Congreso, se leyó, y aprobó el Acta anterior. –Luego se dio cuenta con los oficios siguientes del Gobierno: 1o. Acompaña copia autorizada de la resolución del Supremo Poder Ejecutivo, para que los Jefes y Emplea­ ­dos de Hacienda, en sus contestaciones con el Ministerio respectivo, anoten al mar­gen la oficina de donde proceden, o el empleo de quien las suscribe, extractando igual­ mente su contenido. Se mandó contestar de enterado. 2o. Remite 15 ejemplares del Decreto número 20, de este Honorable Congreso, por el que se prohibe a los Jueces que tengan en sus casas mujeres depositadas. Que se acuse el recibo y se repar­tan los ejemplares. Visto otro del Honorable Congreso de Oaxaca, a que, acompaña copia de la última contestación que le dirigió el Supremo Poder Ejecutivo, aprobando los procedimientos de aquella Asamblea en los aciagos días de la sublebación del Coro­ nel León, e igualmente la respuesta que se dio a dicho documento, se determinó que se conteste felicitándolo por su restablecimiento (5). En seguida se dio primera lec­tura a los dictámenes que a continuación se expresan: 1o. De la Comisión de Hacienda, suscribiéndose, en un todo, al que extendió la de Justicia, sobre el informe y petición de la Audiencia territorial, para que se establezcan las plazas de Ministro Ejecutor con la dotación de 200 pesos anuales, y de dos Comisarlos con la de 8 pesos mensuales cada uno. 2o. De la misma, sobre la falta de papel sellado en el Pueblo de la Coahuayana. 3o. De la de Legislación, con respecto a la instancia de María Guadalupe García, vecina de Zirahuén, impetrando licencia para casarse, en virtud de no tener la edad legal, y oponerse su padre al enlace que pretende. A petición que desde luego hizo el Señor Lloreda para que se declarara del momento, en bene­ ficio de la parte, que hacía mucho tiempo estaba pendiente de esta resolución,

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Faltó por enfermo el Sr Lejarza

erogando varios gastos que le eran insoportables, se procedió inmediatamente a su examen y después de suficientemente discutido, se acordó de conformidad con la misma Comisión, que la facultad de suplir el consentimiento paterno para contraer matrimonio, debe corresponder al Gobernador, en quien se hallan, en grado supremo, todas las que correspondían a los Jefes políticos. –Después se puso a discusión el de la segunda Comisión, sobre división del Estado en Departamentos y Partidos, y como después de haber manifestado el Señor Lloreda varias razones en apoyo del mismo dictamen, pretendiendo además, que cuanto antes se expeditara este asunto; por haber pedido algunos Señores que se reservara para otra vez, hasta impo­­ nerse mejor en la materia, con vista de las copias, que pedían se pasaran individual­ ­­mente, se determinó que en efecto se suspendiera, y la Secretaría pasara a cada uno de los Señores Diputados la copia correspondiente. –A continuación se procedió a examinar el artículo 6o. del Reglamento interior, que, a la letra, es como sigue: “Se colocará sobre la mesa un crucifijo pequeño, la Constitución general que rija, la particular del Estado, este Reglamento, la lista de Comisiones, libro de Actas, y los más papeles que se consideren necesarios, según las materias que vayan a tra­ tarse; previa orden del Presidente, que dará a la Secretaría con la oportunidad necesaria”. La primera parte suscitó una larga discusión, sobre si en la mesa o en otro lugar debía ponerse la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y controvertido suficientemente el punto, se preguntó si se aprobaba esta parte del artículo en los términos que esta concebida; y empatada la votación volvió a discutirse detenida­ mente, hasta que por fin se reservó para otra Sesión, por haber acaecido segunda vez el mismo empate. Lo restante del artículo quedó aprobado, mandando se pusieran duplicados, la Constitución, el Reglamento y lista de Comisiones. Leído el séptimo, se suspendió también para examinar la minuta del Decreto, sobre recluta de los hombres que han correspondido al Estado, para reemplazo del Ejército perma­ nente, y reformada en algunas repeticiones, se aprobó, mandándose que después de puesta en limpio, pasase a la Comisión encargada de la corrección de estilo, y se levantó la Sesión a la una de la tarde, para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Digesto Constitucional Mexicano

Sesión Secreta del día 9 En la Ciudad de Valladolid a los nueve días del mes de septiembre de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, se leyó el Acta del día primero sobre el nombramiento de individuos propuestos para Presidente y Vice–Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor, después de algunas ligeras modificaciones, quedó aprobada en estos términos: “En la Ciudad de Valladolid a primero de sep­ tiembre de 1824, reunido el Honorable Congreso del Estado, en número de once individuos que lo componen con el objeto de cumplir el Decreto del Congreso General Constituyente de veintiuno de julio último en que se previene, que las Legis­ laturas de los Estados hagan en este día la elección de Presidente de los Estados Uni­ dos Mexicanos, nombrando cada una de ellas dos individuos, se procedió a la vota­ ción secreta del primero, y resultando siete sufragios por el Exmo. Sr. Dn. Nicolás Bravo, y los cuatro restantes por el Exmo. Sr. Guadalupe Victoria, se declaró quedar legítimamente electo el mencionado. Sr. Bravo por haber reunido la pluralidad absoluta de votos. En seguida se procedió a la elección del segundo individuo, y habiendo salido el Exmo. Sr. Dn. Miguel Domínguez con diez sufragios, y el expre­ sado Sr. Victoria con uno, quedó nombrado el primero que reunió la pluralidad absoluta. A consecuencia declaró el Excmo. Sr. Presidente, que los Sres. Dn. Nicolás Bravo y Dn. Miguel Domínguez eran los individuos que el Congreso de Michoacán había elegido para Presidente y Vice–Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y que de ello se diese cuenta al Exmo. Sr. Presidente del Congreso general Constitu­ yente, remitiéndole testimonio del Acta según se previene en el artículo veintiuno del citado Soberano Decreto, con lo que concluyó este acto” (6). A continuación se suscitaron algunas gestiones, ya relativas al secreto conque se había mandado guardar la expresada Acta, y las personas en quienes recayó la elección, como el modo con­

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que debía remitirse al Presidente del Congreso general; si se hacía por conducto del Gobierno, o en derechura al Presidente; si lo hacía la Secretaría de éste, o sólo el Presidente del Honorable Congreso. Después de haberse discutido sobre todos estos puntos se acordó, que se publicará la elección insertándose el Acta en el Libro de las Sesiones públicas, y que la Secretaría extendiera un certificado literal del Acta del día primero para remitirlo en derechura al Presidente del Congreso gene­ ral. Después se leyó el Acta del día cuatro que también se aprobó. Se movió luego el punto sobre las credenciales de los electos para el Senado y remisión de acta al Gobierno Supremo. Con este motivo pidieron algunos Sres. el Decreto de la mate­ ria, y tanto por no estar a la vista, como por no ser aún ejecutiva su remisión, siendo ya las dos de la tarde se levantó la Sesión. José María Jiménez (Rúbrica) Presidente Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio.

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Digesto Constitucional Mexicano

Sesión Pública del día 11 En la Ciudad de Valladolid a once de septiembre de 1824, abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se leyó y aprobó el Acta anterior. Luego se dio cuenta con los oficios siguientes: 1o. Del Gobierno acompañando copia certificada de la provi­ dencia que el Supremo Poder Ejecutivo tuvo a bien dictar a consecuencia del ase­ sinato perpetrado en la persona de un extranjero residente en aquella Capital. Se mandó contestar de enterado. 2o. De la Audiencia, comunicando la llegada del Señor Ministro Castañeda, y consultando el modo en que debe recibírsele el juramento, en virtud de estar aún pendiente en este Honorable Congreso la apro­ bación del Reglamento interior de aquel Tribunal, y pidiendo, además, se habilite de Fiscal a este mismo Señor interin viene el propietario. Se separó para resolver este asunto, luego que se acabe de dar cuenta. En seguida se leyó el testimonio del Acta que ha de remitirse al Presidente del Congreso general, de la elección de los dos indi­viduos propuestos para Presidente y Vice–Presidente de los Estados Unidos Mexi­ canos; y habiéndose tratado sobre si la fecha que había de llevar debía de ser la del día 1o., la del día de su aprobación o la del de su remisión, se acordó que esta última, y que lo mismo se hiciera respecto de la del nombramiento de Senadores, ponién­ dola en clase de testimonio, y no como una certificación, según consultaba la Secre­ taría (7). –Después se dio primera lectura a los dictámenes que siguen: 1o. De la Comisión de Constitución, sobre el Reglamento de la Audiencia territorial. 2o. De la de Legislación, sobre abasto de carnes. El primero se tomó desde luego en consideración, y examinado ligeramente, se acordó, de conformidad con la misma Comisión, que se pase una nota al Gobierno de los artículos 14 y 15, del Capitulo 3o. del referido Reglamento, que tratan de la posesión y juramento de los nuevos Magistrados, para que informe con la brevedad que exige el asunto lo que estime

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Faltó por enferme­ dad el Sr. Lejarza.

conveniente, acompañándole al mismo efecto, y de preferencia, el oficio de la Audiencia, citado arriba, por ser concerniente a dichos artículos. A continuación se leyeron por segunda vez los que siguen: 1o. De las Comisiones de Justicia y Hacienda, sobre nombramiento y dotación de Ministro Ejecutor, y Comisarios de la Audiencia, y como el de la Hacienda sólo esta suscrito por dos de sus indivi­ duos, se discutió si debía, o no, admitrse de esta manera, y resuelto por la afirmativa, continuó la lectura de los dictámenes. 2o. De la misma de Hacienda, sobre falta de papel sellado en el Pueblo de la Coahuayana; sobre uno y otro se determinó tratar en primera oportunidad. Puesto después a discusión el dictamen de la Comisión de Constitución, sobre división del territorio del Estado en Departamentos y Partidos, se controvertió suficientemente, quedando, aprobada en lo genral, la división de los cuatro Departamentos que consulta la Comisión. Respecto de la subdivisión que también hace de los Partidos para formar estos Departamentos, hubo una larga disputa, por la separación que hace de los terrenos, agegando parte de unos Pueblos a otros, y variando algunas Cabeceras. Con este motivo se determinó, después de haberse empatado dos veces la votación, que volviera a la misma Comisión, para que consultara de nuevo conforme a las razones que se alegaron. Por último, pidió el Señor Lloreda, que en el Acta de hoy constara la instancia que ha hecho para que este asunto acabara de expeditarse, por la necesidad que hay de nombrar los Prefec­ tos, o Autoridades intermedias, que excita el Soberano Decreto de la materia. Y se levantó la Sesión pública a la una de la tarde para entrar en secreta. (Tres medias firmas)

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Digesto Constitucional Mexicano

Sesión Secreta del día 11 En la Ciudad de Valladolid a los once días del mes de septiembre de 1824, abierta la Sesión secreta del Honorable Congreso, se leyó el Acta del día primero relativa al último escrutinio para el nombramiento de los Senadores, que se aprobó, determi­ nándose que se rubricaran por los Sres. Pastor Morales y Paulín, como Presidente el primero, y Secretario el segundo en aquella fecha. También se leyó y aprobó la del día nueve. Sin embargo de haberse determinado en la Sesión pública que el acta sobre Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos se remitiera con la fecha del día cuatro, de este, conforme la presentó la Comisión por moción que hizo el Sr. Pastor Morales, se volvió a discutir sobre este particular, y atentas las razones que expuso, y esforzó el Sr. Huarte, y otros Sres., de que constando en las Actas posteriores que no se había aún presentado, la Secretaría no podía cer­ tifcar con la fecha del día cuatro, se acordó que se le pusiera la del día de la remi­ sión, y que así constara en el Acta pública. El Exmo. Sr. Presidente expuso que los dependientes que habían pretendido el préstamo de trescientos deseaban que el Honorable Congreso resolviera conforme a su solicitud por las mismas razones en que la apoyaron. Tomando este punto en consideración, se determinó que no estando aún cubierto de sus dietas los Sres. Diputados por falta de dinero, no se les podía franquear la expresada cantidad. También hizo presente el mismo Sr. Jimé­ nez, que se les extendiera a los oficiales y demás subalternos el correspondiente des­ pacho; pero habiendo expuesto el Sr. Salgado que la Comisión de Policía que formó el Reglamento interior tocaba un punto, que se decía en relación con éste, se acordó reservarlo para cuando se discuta. Luego se pasó a tratar del salario del mozo que barre el Salón y Oficinas y habiendo discutídose lo necesario, se resolvió asig­ narle ocho pesos mensueles. El Sr. Lloreda hizo la siguiente moción que esforzó el

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Faltaron los Sres. Lejarza por enfer­ mo, y Villaseñor con licencia.

Sr. Huarte y otros Sres.: Que para que la leva se hiciera en los vagos y viciosos, sería muy conducente que el Gobierno asignara día en que deba comenzar en todos los Pueblos del Estado, y después de suficientemente discutido, se acordó que se oficie reservadamente al Gobierno para que asignando el día, encargue a los Ayuntamien­ tos guarden el debido secreto hata que se comience la expresada leva (8). El Sr. González hizo moción para que también se dijera al Gobierno que la edad hasta que debe hacerse la recluta es la de cuarenta años, conforme a la práctica obser­ vada en este particular, ya que comúnmente hablando, pasada esta edad, los vagos y viciosos no tenían la robustez necesaria para el servicio y fatigas militares. Después de haberse discutido suficientemente, se determinó oficiar al Gobierno conforme a esta invitación para que así constara en la minuta sobre los términos en que se ha de hacer la leva, y que ya se le tenía comunicado. EL Sr. Huarte que se excusara a la Coahuayana de contribuir con los reclutas que debían tocarle, ya por falta de hom­ bres que tenía el Partido como en razón de no alcanzar el tiempo para la comunica­ ción y ejecución de las órdenes correspondientes, y que, por otra parte, seria muy gravosa a las rentas la conducción de los alistados. Habiéndose tomado en conside­ ración todos estos particulares, se desechó esta indicación como ofensiva a la igual­ dad republicana, y porque además también en ese Partido hay porción de vagos y viciosos, de que sería muy conveniente purgarlo. Por último el Sr. González hizo la proposición siguiente, que ofreció repetir en la Sesión pública, pidiendo se tuviera por de primera lectura: que se declare que al Gobierno del Estado le corresponden las facultades que por la décima tercia del Acta Constitutiva se señalan al Supremo de la Federación. Con lo que se levantó la Sesión a las dos y cuarto de la tarde. José María Jiménez (Rúbrica) Presidente Manuel Menéndez (Rúbrica) Dip. Srio.

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Sesión Pública del día 13 En la Ciudad de Valladolid a trece de septiembre de 1824, abierta la Sesión pública del Honorable Congreso, se leyó y, aprobó el Acta del día anterior. Luego se dio cuenta con los oficios siguientes: 1o. Del Gobierno, acompañando cuatro contesta­ ­ciones de los Alcaldes de Carácuaro, Santa Fe de la Laguna, Copándaro y Uruapan, en que expresan no haber esclavo alguno en los distritos de su cargo. Se mandó contestar, de enterado, y que estos documentos se archiven con sus antecedentes. 2o. Del mismo, incluyendo 15 ejemplares del Decreto del Soberano Congreso general, sobre el cupo que pertenece a cada Estado para el reemplazo de hombres que se necesita para cubrir las bajas del Ejército permanente. Que se acuse el recibo, y se repartan los ejemplares. 3o. Del Congreso Constituyente de Oaxaca, en que comunica la felicidad con que terminaron las infidencias del Coronel Don Antonio León, y acompaña copia de las últimas contestaciones que sobre la materia tuvo con el Exmo. Sr. Ciudadano Guadalupe Victoria, General en Jefe del Ejército y opera­ ciones. Se determinó contestarle de enterado, y felicitarle de nuevo por tan fausto suceso. –En seguida se dio segunda lectura al dictamen que extendió la Comisión de Gobernación con motivo de la instancia del Ayuntamiento de Pátzcuaro, sobre que se restablezca en aquella Ciudad el antiguo método de abasto de carnes, por medio de una contrata pública. Se ha de discutir en primera ocasión oportuna. –Después se puso a discusión el dictamen de las Comisiones de Justicia y Hacienda, sobre establecimiento de plazas de Ministro Ejecutor con la dotación de 200 pesos anuales, y de dos Comisarios con la de 8 pesos al mes cada uno. Ambas opinan que por conducto del Gobierno se diga a la Audiencia: 1o. Que se establece la plaza de Ministro Ejecutor con la dotación de 200 pesos anuales. 2o. Que este Ministro en caso necesario, se auxilie con dos soldados de la guardia de la cárcel, o Casas Con­

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Faltó el Sr. Llore­ da, y por enfermo el Sr. Lejarza.

sistoriales, que pedirá a sus respectivos Comandantes. –Discutido, y aprobado en lo general, se examinó en lo particular la primera parte, la cual fue igualmente aprobada, con la adición de que el sueldo del Ministro Ejecutor corra desde el día de su nom­ bramiento provisional. La segunda se discutió detenidamente, y declarado que no había lugar a los Comisarios, quedó aprobada también, sustituyendo solamente, en lugar de las palabras “con dos soldados de la guardia de la cárcel, o Casas Consis­ toriales”, las que siguen: “con la tropa cívica necesaria”. –Puesta a discusión, y apro­ bada desde luego la primera parte del artículo 6o. del Reglamento interior, que quedó pendiente de la Sesión pasada, sobre que en la mesa debía ponerse la imagen de nuestro Señor Jesucristo, se leyó para su examen el artículo 7o., contraído al modo y lugar en que deben colocarse las armas; y como aún no esté declarado, si se ha de usar de las generales de la Federación, o al Estado se le han de señalar algunas par­ ticulares, se suspendió la discusión de este artículo, mandándose que la Comisión de Constitución consulte en la materia, pasándosele al efecto, la correspondiente nota. El artículo 8o., variado únicamente en cuanto al lugar que ha de ocupar la imagen de María Santísima, y advocación bajo la cual se ha de tener por Patronal se aprobó en estos términos: “Artículo 8o. Al frente de la puerta del Salón se colocará decorosamente formada una imagen de María Santísima de Guadalupe, adoptán­ dola el Congreso por su Patrona” (9). Los que siguen se aprobaron sin discusión. “Artículo 9o. Se dispondrán los asientos que permita el Salón p