Diccionario Juridico Mexicano Tomo 7 P

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DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO TOMO Vil

P-Reo

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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie E. VARIOS. Núm. 29 Esta edición fue financiada por la "Fundación Jorge Sánchez Cordero"

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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO TOMO VII P-Reo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO México, 1984

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Primera edición: 1984 DR © 1984, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. Instituto de Investigacionee Jurídicas Impreso y hecho en México

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DicaoNARio

J U R Í D I C O MEXICANO

DIRECTORIO COMITÉ TÉCNICO Presidente: Jorge Carpizo Secretario: Jorge Adame Goddard Miembros: Jorge Barrera Graf, Héctor Fix-Zamudio, Eugenio Hurtado Márquez, Jorge Madrazo COORDINADORES DE ÁREA Derecho administrativo: José Othón Ramírez Gutiérrez Derecho agrario: José Barragán Barragán Derecho civil: Alicia Elena Pérez Duarte y N. y Jorge A. Sánchez-Cordero Dávila Derecho constitucional: Jorge Carpizo y Jorge Madrazo Derecho económico: Marcos Kaplan Derecho fiscal: Dolorea Beatriz Chapoy Bonifaz y Gerardo Gil Valdivia Derecho internacional público: Ricardo Méndez Silva Derecho del mar: Alberto Székely Derecho mercantil: Jorge Barrera Graf Derecho militar: Francisco Arturo Schroeder Cordero Derecho penal: Alvaro Hunster y Sergio García Ramírez Derecho procesal: Héctor Fix-Zamudio Derecho del tr(ú>ajo y seguridad social: Santiago Barajas Montes de Oca Derechos humanos: Jesús Rodríguez y Rodríguez Historia del derecho: Ma. del Refugio González Teoría general y filosofía del derecho: Ignacio Carrillo Prieto, Ulises Schmill Ordóñez y Rolando Tamayo y Salmorán

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COLABORADORES DE ESTE TOMO

Abascal Zamora, José María Acosta Romero, Miguel Adame Goddard, Jorge Arenal Fenochio, Jaime del Arreóla, Leopoldo Rolando Barajas Montes de Oca, Santiago Barragán Barragán, José Barrera Graf, Jorge Becerra Bautista, José Bemal, Beatriz Breña, Ingrid Bunster, Alvaro Carballo Balbanera, Luis Car[»izo, Jorge Cervantes Ahumada, Raúl Correa García, Sergio Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz Dávalos, José Díaz Bravo, Arturo Esquivel Avila, Ramón Fellini Gandulfo, Zulita Fix-Fierro, Héctor Fix-Zamudio, Héctor Franco Guzmán, Ricardo Galindo Garfias, Ignacio García Laguardia, Jorge Mario García Mendieta, Carmen García Moreno, Víctor Carlos Gil Valdivia, Gerardo Góngora Pimentel, Genaro Gómez-Robledo Verduzeo, Alonso González, Ma. del Refugio González Oropeza, Manuel Hernández Espíndola, Olga Hernández Gaona, Pedro Kaplan, Marcos Labariega V., Pedro A. Labariega Villanueva, Pedro Gabriel

Lanz Cárdenas, Femando Licona, Cecilia Lima Malvido, Ma. de la Luz Limón E., Gerardo A. López Ayüón, Sergio López Monroy, José de Jesús Madrazo, Jorge Márquez González, José Antonio Márquez Pinero, Rafael Martínez Roaro, Ester Medina Lima, Ignacio Méndez Silva, Ricardo Montero Duhalt, Sara Moreno Hernández, Moisés Nava Negrete, Alfonso Oñate Laborde, Santiago Orozco Henríquez, J. Jesús Ovalle Favela, José Patino Camarena, Javier Pérez Duarte y N., Alicia Elena Ramírez Gutiérrez, José Othón Ramírez Reynoso, Braulio Reyes Heroles, Federico Righi, Esteban Rocha Rodríguez, Germán Rodríguez Manzañera, Luis Rodríguez y Rodríguez, Jesús Ruiz Sánchez, Lucía Irene Salas Alfaro, Ángel Sánchez Galindo, Antonio Santos Azuela, Héctor Schmill Ordóñez, Ulises Schroeder Cordero, Francisco Arturo Soberanes Fernández, José Luis Soberón Mainero, Miguel Staelens Guillot, Patrick Székely, Alberto Tamayo y Salmorán Rolando

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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE DICCIONARIO

a,, aa. BJ c. C ce CCo. CFF CFPC CFPP cfr. CJM CP CPC CPP es DO ed. etc. edit. fr., frs. i.e. ibid. id. inf. ISIM IVA LA LAH

artículo, artículos Boletín Judicial capítulo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Código Civil para el Distrito Federal Código de Comercio Código Fiscal de la Federación Código Federal de Procedimientos Civiles Código Federal de Procedimientos Penales confrontar, cotejar Código de Justicia Militar Código Penal del Distrito Federal Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial edición etcétera editor fracción, fracciones esto es en el mismo lugar el mismo Informe de la Suprema Corte de Justicia Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles Ley del Impuesto al Valor Agregado Ley de Amparo Ley General de Asentamientos Huma-

LCÜDEP

LCS LDU LFT LFTSE LGBN LGP LGSM LGTOC LIAP Lie LICOP LIE LIF LIR LIS LM LMI

LMV LMZAA

LN

Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Ley del Contrato de Seguros Ley de Dsarrollo Urbano del Distrito Federal Ley Federal del Trabajo Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Ley General de Bienes Nacionales Ley General de Población Ley General de Sociedades Mercantiles Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 1 ,ey de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas Ley para Promover la Inversión Mexicana y Vigilar la Inversión Extranjera Ley Federal de Instituciones de Fianza? Ley del Impuesto sobre la Renta Ley General de Instituciones de Seguros Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos Ley que crea el Consejo Tutelar de Menores Infractores del Distrito Federal Ley del Mercado de Valores Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas Ley del Notariado del Distrito Federal 11

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LNCM LNN LOAPF loe. cit. LOFr. I LOPJF LOPPE LOTCADF

LOTFF LOTJFC

LPC LO LR LRPC LSI LVGC núm. núms, OEA ONU op, cit. p.pp. pfo., pfoe.

Ley de Navegación y Comercio Marítimo Ley de Nacionalidad y Naturalización Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lugar citado Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional Ley O^ánica del Poder Judicial Federal Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal Ley Federal de Protección al Consumidor Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos Ley de Responsabilidades Ley sobre el Reamen de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal Ley de Sociedades de Inversión Ley de Vías Generales de Comunicación número, números Oi^anización de Estados Americanos Oi^anización de las Naciones Unidas Obra citada página, páginas párrafo, párrafos.

p.e. reimp. RLOFr, I

por ejemplo reimpresión Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional RLSC Reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas RRIE Reglamento del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras RRP Re^amento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal RSIR Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta RZ Reglamento de Zonificación para el Territorio del Distrito Federal s.a. sin año SA Sociedad Anónima se Sociedad Cooperativa SCC Sociedad Cooperativa de Consumo SQ Suprema Corte de Justicia SCP Sociedad Cooperativa de Producción S de RL Sociedad de Responsabilidad Limitada S en C por A Sociedad en Comandita por Acciones S en CS Sociedad en Comandita Simple S en NC Sociedad en Nombre Colectivo s.e. sin editorial SI Sociedad Irregular SJF Semanario Judicial de ¡a Federación s.l. sin lugar s.p.i. sin pie de imprenta t. tomo tít. título trad. traducción, traductor V. véase vol, volumen

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Siendo jefe del Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jundicas José Luis Soberanes, se temiinó de imprimir este libro en Profesional Tipográfica, S. de R.L. el 31 de Julio de 1984. Su composición se hizo en tipos Bodoni de 10 y 8 puntos. La edición consta de 3,000 ejemplares.

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PRESENTACIÓN DE LA OBRA El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con agrado y entusiasmo, presenta su Diccionario Jurídico Mexicano. Esta obra está redactada por los investigadores del Instituto y por profesores vinculados con nuestra dependencia universitaria; constituye un proyecto colectivo del Instituto, se programó y ejecutó por los miembros de su personal académico. En nuestro Instituto, los investigadores realizamos los proyectos de investigación que proponemos y, en su caso, aprueban los órganos académicos colegiados, contribuimos con material para tas publicaciones periódicas de la dependencia y participamos en los proyectos colectivos. Dentro de este iiltimo sector se enmarca la presente obra que se editará en varios volúmenes. Así, el Diccionario Jurídico Mexicano representa el último esfuerzo académico colectivo del personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La Dirección del Instituto propuso el proyecto del Diccionario a un grupo de investigadores que posteriormente constituyó el Comité Técnico del mismo. EUos acogieron con agrado la idea y en una serie de reuniones se discutieron los criterios generales que después formaron parte del documento que se repartió a todos los colaboradores del Diccionario para precisarles qué objetivos se perseguían y las reglas que se debían seguir para lograr la unidad de la obra. El Comité Técnico designó a los coordinadores de las diversas materias jurídicas, quienes se responsabilizaron de escoger a sus colaboradores, previa consulta con el Comité Técnico, y del nivel académico de las respectivas voces. Los créditos a todos los que intervinieron en la elaboración de este volumen se señalan en las primeras páginas y a todos ellos quiero expresarles mi gratitud por su colaboración. El doctor Jorge Adame Goddard y el señor Eugenio Hurtado Márquez fueron la columna vertebral de este proyecto. A ellos, en fonna muy especial, mi profundo agradecimiento. Las finalidades que este Diccionario persigue son proporcionar a! lector una descripción tanto teórica como práctica de cada una de las voces empleadas en las fuentes jurídicas mexicanas. En consecuencia, no se comprenden todos los conceptos que se utilizan en la ciencia jurídica general. Las voces del Diccionario son las que se emplean en nuestro orden jurídico actual; por tanto, sólo hay vocablos con referencias históricas cuando éstas se consideraron significativas para comprender nuestras instituciones presentes. Esta obra es de divulgación, no es estrictamente de investigación; por tanto, se procuró utilizar un lenguaje sencillo y claro; así, podrá ser consultada no sólo por el especialista sino por los estudiantes y profesionales de otras ciencias sociales. Se recomendó a los colaboradores que el desarrollo de cada voz comenzara con su etimología, para después: a) precisar la definición técnica, precedida cuando fuera conveniente, por la definición en el lenguaje usual; b) esbozar, cuando así se considerara prudente, una relación sintética de los antecedentes históricos; c) desarrollar los aspectos más significativos relacionados cor el concepto y la delimitación del vocablo, tratando de conseguir un equilibrio entre las cuestiones teóricas y las prácticas, y d) sugerir una bibhografía general que no excediera de diez referencias. En el documento que se repartió a los colaboradores se hizo énfasis en que se debía guardar un equilibrio entre la información doctrinal, la legislativa y la jurisprudencial; que el desarrollo de las voces no debería consistir en una simple exégesis del texto legal o jurisprudencial, pero tampoco se debía caer en el extremo contrario: que el desarrollo de la voz contuviera sólo o excesiva información doctrinal. En el documento mencionado se fue muy preciso respecto a las indicaciones formales, desde cómo dividir y subdividir las voces hasta la extensión de las mismas. Las sugerencias del documento únicamente persiguieron.

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como ya he indicado, otorgar cierta unidad a una obra colectiva donde intervinieron más de sesenta colaboradores. Esperamos haber logrado tal cometido. Sobre el contenido de las voces, el Instituto no necesariamente está de acuerdo con los autores; luego, sólo ellos son loe responsables de sus opiniones. Entre otras, ésta es una de las razones por las cuales cada voz lleva el nombre de su redactor. Como es natural, el nivel académico de las voces no es homogéneo; sin embargo, el Instituto trató de alcanzar un nivel académico alto, que generalmente se logró; pero debe reconocerse que en algunos casos, aunque con mucho son los menos, el nivel sólo es aceptable. En una obra de esta naturaleza siempre se presentan algunas dificultades: el Instituto está contento de que las pudo superar, con relativa faciUdad, y así ofrecer al jurista, al estudiante de Derecho, al profesional de otras ciencias sobre el Hombre, este Diccionario que esperamos les sea de utilidad en sus labores cotidianas. Si ello se logra, los que lo planeamos, lo redactamos y lo realizamos nos sentiremos muy satisfechos por haber alcanzado las finalidades que perseguimos en su construcción y edificación. Jorge GARFEO Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

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en el caso de no ser pagado". Se conocía desde el derecho griego; era diferente del pactum de vendendo o de distrakendo, que daba al acreedor facultad para vender la cosa y pagarse con el precio, cuando no pagaba el deudor. La lex commissoria en materia de prenda fue declarada nula por Constantino (Jors/

Kunkel). El desarrollo del pacto comisorio en los contratos Pacto, V. C O N V E N I O .

Pacto cfHnisorio. I. Es la llamada, también, condición resolutoria de las obligaciones sinalagmáticas en caso de incumplimiento que, aunque no se exprese, consagra el a. 1949 c e según el cual "la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible". También se conoce como pacto comisorio el que permite al acreedor apropiarse de la cosa empeñada si el deudor no paga en el término establecido. Este último se encuentra prohibido (a. 2883 CC). II, Antecedentes. En Roma no existía, la resolución de los contratos por incumplimiento. El perjudicado sólo tenía acción para exigir que la otra parte cumpliera. Se conocieron excepciones: en la venta al contado no se operaba la transmisión de la propiedad mientras no se pagara el precio. En los contratos sinalagmáticos, contra quien demandaba sin haber cumplido procedía con eficacia la excepción de dolo. En los contratos do ut des y do ut facías, se daba una condictio contra quien no cumplía, para obligarlo a restituir lo que había recibido (condictio causa non data causa non secuta). En las ventas a crédito, y en los otros contratos, se estableció la costumbre de insertar una cláusula resolutoria (llamadaíexcommüfona), por medio de la cual el contrato, y la transmisión de la propiedad que le hubiera seguido, quedarían resueltas si el precio no estaba pagado al día del vencimiento (Colin y Capitant). La lex commissoria, en la prenda, era "el pacto por el que se atribuía al acreedor el derecho de quedarse con la cosa pignorada (comiso)

sinalagmáticos se atribuye al derecho canónico, por causas de equidad. Lo cierto, al parecer, fue que el pacto adquirió vigor en el antiguo derecho consuetudinario francés, en donde su uso fue tan constante, que se acabó por sobrentender en caso de venta, y luego en todos los contratos sinalagmáticos (Pothier). Esta fue la causa por la que se le acogió, con cambios, en el código civil de Napoleón (a. 1184). III. No es condición. Ha sido por la fuerza del uso que se le ha llamado condición resolutoria, y previsto en el capítulo de las obligaciones condicionales. Sin embargo, no es una condición. De ser tal dejaría al incumplido la facultad de resolverla obligación. El acreedor que cumplió debe tener la opción, de exigir el cumplimiento o la resolución. El código civil francés requería, además, que la resolución se declarara por la autoridad judicial; la cual podía, atendiendo a las circunstancias del caso, conceder al deudor un plazo adicional para el cumplimiento. Es así que pasa a los diversos ordenamientos europeos y a nuestros códigos de 1870 (a. 1350), de 1884 (a. 1349), y al actual (a. 1949). En éste, se encuentra suprimida la facultad del juez para conceder al acreedor un plazo adicional. El efecto del pacto es resolver la obligación, no rescindiría. Sin embargo, nuestro CC y en la práctica usan más el término rescisión que resolución. IV. Puede ser tácito o expreso. El primero siempre se sobrentiende y corresponde al texto ya transcrito del a. 1949 CC (i;. también SCJ, AD 2792/77 Informe de 1978, tesis 4 3 , p. 34). Que siempre se sobrentiende lo ha sostenido la S Q (AD 7883/58, SJF, 6a. época, cuarta parte, vol. XXXI, p. 83 y AD 2784/78,/n/orme de J979, tesis 78, p . 66). Se equipara al tácito cuando las partes lo prevén, pero se limitan a reproducir la regulación legal. El expreso es cuando las partes lo regulan, modificando o adicionando las reglas del código; p.e.: cuando estipulan que opere sin necesidad de declaración judicial, o cuando establecen los casos de incumplimiento resolutorio, otorgan plazos de gracia, avisos.o requerimientos previos, regulan sus efectos, etc. 13

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Por aplicación del principio contenido en el a, 1797 c e , es irrenunciable. Aunque nuestra SQJ resolvió que se puede renunciar siempre que eeto se haga de modo expreso (AD 5074/81, /n/orme de 1982, Tercera Sala, tesis 84, p. 94). Como ya se dijo, cuando el pacto comisorio es expreso puede convenirse que opere por el solo hecho del incumplimiento. En este caso, el afectado debe, por lo menos, manifestar su voluntad de optar por la resolución. Mientras tanto, ésta no se produce. Si la resolución implica la necesidad de ejecutarla; como, p.e. cuando el bien se encuentra en manos del incumplido, será necesario que el juez declare la resolución y ordene lo que sea necesario para ejecutarla. Pero el momento de la resolución aera cuando se haya manifestado la voluntad de resolver, y no cuando se dicte o cause ejecutoria la sentencia. Cuando el pacto es tácito, o cuando siendo expreso nada se convino, será el juez quien declare la resolución, que se producirá por la sentencia. V. Efectos. En principio, son similares a los de la condición resolutoria: extingue el vínculo y todas las consecuencias que de él derivan. Lo que no debe entenderse de modo absoluto. Cuando las obligaciones son de tracto sucesivo no se pueden destruir los efectos que se hayan producido por el transcurso del tiempo; p.e.: en el arrendamiento (SCJ, AD 4795/60, SJF, 6a. época, cuarta parte, vol. LVI, p. 133, también en Apéndice de 1975, Tercera Sala, tesis relacionada en p. 396). La SCJ ha decidido que aunque las partes no lo pidan, o pidan otra cosa, el juez debe declarar cuales son los efectos de la resolución {SJF, 6a. época, cuarta parte, V. XLV, p. 88, AD 485/59). Los efectos de la resolución no pueden, tampoco, afectar los derechos producidos en beneficio de terceros de buena fe; p.e.: cuando en una compraventa se entregó el bien al comprador y la cláusula rescisoria, en la venta de abonos, no se inscribió y el bien se transmitió a un tercero (y. aa. 1950 y 2310 CC). Aun cuando su regulación, en general, se encuentra dada por los aa. 1949 a 1951, se encuentran diversas disposiciones en relación con algunos contratos. VI. Contrato de promesa. Contiene una obligación de hacer. El a. 2247 CC faculta al juez a firmar el contrato definitivo en rebeldía del promitente incumplido. Si la cosa ofrecida pasó a tercero de buena fe, sólo procede la rescisión con pago de daños y peijuicios. VH. Compraventa. El incumplimiento del vendedor se rige por las reglas generales. Pero hay que distinguir el incumplimiento total, del defectuoso, que se regula

por las reglas correspondientes a la evicción y saneamiento (y. aa. 2119 a 2162 CC). Mención especial requiere el caso de que la cosa enajenada tenga vicios ocultos, lo que puede dar lugar desde una acción de disminución del precio, hasta una de resolución (y, aa. 2143 y siguientes CC). Si la compraventa es entre un proveedor y un consumidor en los términos de la LPC, ésta regula un procedimiento previo de conciliación (a. 59, fr. VIII), que es obligatorio cuando el consumidor reclama al proveedor. Existen modos diversos de responder por el incumplimiento (aa. 30 a 38 LPC). En todo caso, si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó. Cualquier condición que imponga al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas, será nula (a. 2311 CC y SCJ, Apéndice de 1975, Tercera Sala, tesis 117, p. 353). Si la operación cae dentro del ámbito de la LPC, la renta y la indemnización serán fijadas por las partes hasta el momento de pactarse la rescisión voluntaria o, a falta de acuerdo, por peritos designados administrativa o judicialmente. Los intereses que perciba el comprador que haya pagado parte del precio, serán conforme a la tasa que autorice con carácter general la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y, a falta de esta determinación, serán computados a la misma tasa con que se pactaron para su pago al vendedor (a. 28 LPC). Cuando el comprador paga extemporáneamente, pero el vendedor recibe los abonos fuera del plazo, no puede exigir la rescisión por ese incumplimiento, ya que al aceptar el pago hizo desaparecer la mora (SCJ, AD 1231/78, Informe de 1979, tesis 17, p . 16 y AD 100/82, Informe de 1982, tesis 83, p, 94). Si la venta está protegida por la LPC, cuando se demande la resolución o cumplimiento pormora, respecto de compraventa a plazo, si el deudor ha cubierto más de la mitad del precio, el consumidor podrá optar por la rescisión o por el pago del adeudo vencido más las costas y gastos judiciales (a. 29 LPC), VIH. Kn la permuta, el contratante que recibió la

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cosa y acredita que no era propia del que la entregó, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió (2328 CC), El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, podrá reivindicar la que dio si se halla aún cu poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios. Lo que no puede suceder si se perjudican los derechos que a título oneroso haya adquirido un tercero de buena fe (aa. 2329 y 2330 CC). IX. Arrendamiento. Al regular este contrato el legislador se ha preocupado de determinar cuales son los casos de incumplimiento del arrendador, que dan lugar a la rescisión: la falta de reparaciones necesarias para el uso a que esté destinada la cosa arrendada (aa, 2146 y 2147 CC); cuando el arrendador fuere vencido en juicio sobre la cosa arrendada o parte de ella (v, aa. 2420 y 2434 CC); y, cla^p está, cuando no entregue la cosa arrendada en estado de servir para el uso convenido (a. 2412 fr. I CC). Para el arrendatario son casos de incumplimiento la falta de pago puntual de la renta, el uso de la cosa arrendada en contravención a lo convenido o conforme a la naturaleza y destino de la misma, y el subarrendamiento o cesión de sus derechos sin consentimiento del arrendador (a. 2489 CC). Los tribundes federales se han ocupado en numerosas ocasiones de la resolución del arrendamiento por falta de cumplimiento. Entre otras, se ha dicho que las acciones de rescisión y pago de rentas no son contrarias (SCJ, Apéndice de 1975, Tercera Sala, tesis 79, p . 245). Que el pago efectuado en el juicio especial de desahucio, termina este procedimiento, pero no extingue la acción rescisoria fundada en falta de pago (Apéndice de 1975, Tercera Sala, tesis 91, p. 268). Que cuando el pago debe hacerse en el domicilio del arrendatario debe haber constancia del cobro, ya que de otra forma no se constituye el arrendatario en mora (SCJ, tesis 82, p. 248, mismo Apéndice); pero si eg demandado el inquilino, el emplazamiento equivale al cobro de rentas en el domicilio, por lo que debe cubrir las rentas, y ai no lo hace incurre en mora (SJF, 5a. época, tomo CXXVII, p. 972, AD 3623/55). Estos criterios son similares a los que ae aplican cuando se estipula que el pago se hará en el domicilio del arrendador, 3Í no se precisa la ubicación de ese domicilio y no se probó en el procedimiento que el deudor lo conocía (tesis 83, p. 251, mismo Apéndice). Lo mismo, si hay cambio de dueño del predio arrendado, para que el

arrendatario incurra en mora, debe hacérsele saber el nombre del nuevo arrendador (tesis 84, p. 252, mismo

Apéndice). X, En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesionista sólo responde por ne^gencia, impericia o dolo (CC a. 2615). XI. En la aparcería de ganado el a. 2756 establece que "el propietario está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del ganado y a sustituir por otros, en caso de evicción, los animales perdidos; de lo contrario, es responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar por la falta de cumplimiento del contrato". XII. Renta vitalicia. El acreedor rentista no puede exigir la resolución por incumplimiento. Los aa. 2782 V 2783 CC detenninan que la falta de pago de las pensiones, no autoriza al pensionista para demandar el reembolso del capital o la devolución de la cosa para constituir la renta, sino sólo tiene derecho de ejecutar judicialmente al deudor, por el pago de las rentas vencidas, y para pedir el aseguramiento de las futuras. Oaro está que si esta solución no fuese posible, entonces procedería la rescisión (a, 1949 CC). XIII, Clase de incumplimiento requerido. Es muy importante determinar que clase de incumplimiento es necesario para que se produzca la resolución. El principio general es fácil de enunciarse: si el pacto comisorio implica una solución de equidad, en favor de quien no pudo obtener aquello por lo cual se obligó, será incumplimiento bastante el que defraude la espectativa de la otra parte de obtener aquello por lo cual se obligó. Pero las aplicaciones particulares de este principio son especialmente difíciles. En primer lugar, debe excluirse cualquier incumplimiento que no sea culpable o doloso. Que también podrá dar lugar a resolver la relación, pero no con los efectos del pacto comisorio. No habrá lugar a dudas cuando las partes convienen en qué casos operará la resolución por incumplimiento; ya que entonces se deberá estar a lo pactado. Cuando esto no ocurre, es necesario atender a las circunstancias del caso. No opera la resolución por incumplimiento de obligaciones accesorias. El incumplimiento debe ser grave y atender a la obligación principal. Si la falta de cumplimiento es parcial, también pudiera darse el caso de que fuera resolutorio, ya que la iey no distingue. La buena fe debe moderar siempre la solución de los caaos límite y negarse la resolución cuando el actor no ejerce la acción de resolver de acuer15

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do a la funcirái económica de su facultad; p.e,; me debían 100 pesos y ya me pagaron 95, pido la resolución porque el bien vendido vale ahora 150 pesos. Es importante atender a los motivos y circunstancias, ya que si el obligado paga mal y tarde, al acreedor ya no le servirá para lo miaño el dinero pactado. En esta materia puede entrar en juego la excepción de dolo del actor (excepto do/í), y que procede de la teoría del abuso del derecho (Diez Picazo). La SCJ determinó en un caso que no procedía la resolución de una compraventa en abonos por mora en el pago de los intereses del precio (AD 2505/77, Informe de 198¡, tesis 24, p. 25). Caso diferente del incumplimiento parcial es el retardo, que puede ser resdiutorío cuando frustra el fin práctico perseguido por el acreedor o cuando determina en éste un interés atendible en la resolución (Diez Picazo). XrV. Í*acío comisorio en la prenda. Ya quedó definido. El a. 2887 CC establece que es nula toda cláusula que autorice al creedor a apropiarse de la prenda, aunque ésta sea de menor \úor que la deuda, o a disponer de ella fiíera de los procedimientos establecidos en el código. La raxón de ser de esta prohibición estriba en evitar loe abusos del acreedor, que fácilmente puede oUigar fl deudor a convenir el pacto comisorio. En materia mercantil, el a. 344 LGTOC dice que '*el acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, sin el expreso consentimiento del deudor, manifestado por escrito y con posterioridad a la constitución de la prenda". Este precepto es criticable, ya que permite simular esta autorizacicHi, posfechando el documento, y colocando al deudor en situación sumamente difícil, ya que la prueba del fraude a la ley sería punto menos que imposible. V. C O M P R A V E N T A M E R C A N T I L , C O N S U M I D O R , E X -

CEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, OBLIGACIÓN, RESCISIÓN DE CONTRATOS. XV. BIBLIOGRAFÍA: BORJA SORIANO, Manuel, Teoría general de ¡mt obügacionet; 2a. ed., México, Porrúa, 1956; C O L Í N . Ambroao y CAPITANT, Henri. Curto elemento/ de derecho citñt; tnd. de Demófílo de Buen; 3a. ed., Madrid, Reus, 1957, t. n i ; DiEZ PlCAZO, Um, Fundamento» de de reeho cica patrimonial, Madrid, Tecnoe, 1970;GlORGL Jorge, Teoría de las obligacionei en el derecho moderno; trid, ¿e Eduardo Dato Iradier; 2a. ed., Madrid, Reus, 1930, v cuando asume la posición pasiva. Ortiz Urquidi {Derecho civil, p. 252) explica que en ambas posiciones pueden existir varias personas con una misma pretensión y todas ellas constituyen una sola parte. Es preciso diferenciar el concepto de parte y de autor que tienen en común la realización de un acto jurídico y se distinguen en su número. Es decir, cuando un acto jurídico es realizado por una sola persona o por varias, pero con la misma pretensión, a ésta se le conoce como autor y cuando son dos o más personas las que realizan el acto jurídico con pretensionta diferentes se les denomina partes. II. A los conceptos de autor y parte se opone el concepto de tercero. Por tercero se entiende toda persona ajena a los efectos del acto jurídico, es un extraño a la relación misma, aunque concurra a su celebración e, inclusive, sea otorgante. Son terceros concurrentes los testigos y notarios, ya que asisten al otorgamiento sin que establezcan por sí mismos una relación de derecho; son terceros otorgantes aquellos que sin tener un interés directo establecen una relación de derecho, p.e. los representantes. III. En la relación procesal, el concepto de parte presupone la existencia de una contienda, de un litigio, en la que las partes que intervienen alegan cada cual su derecho. En el proceso se denominan: actor y demandado; el primero es el sujeto de la pretensión deducida en la

demanda y el segundo es aquel a quien se íe exige el cumplimiento de la obligación que se aduce en la demanda. La importancia de la identificación de las partes en derecho procesal está dada por que la competencia de los jueces magistrados o secretarios y está limitada, entre otras cosas, por el interés directo o indirecto que pudieren tener en el juicio (a. 170 CPC). IV. BIBLIOGRAFÍA: BECERRA BAUTISTA, José, El proceto ciñlen México; 8t. ed., México, Porrúa, 1980; BORJA SORIANO, Manuel, Teoría general de lat obli^icionei; 8a. ed., México, Porrúa, 1982; G A L I N D O GARFIAS, Ignacio, Derecho civil; 2a. ed., México, Porrúa, 1976; O R T I Z U R Q U I D I , Raúl, Derecho civil, México, Porrúa, 1977. Alicia Elena P E R E Z D U A R T E Y N.

Parte alícuota. I. El calificativo alícuota indica que un todo está dividido en porciones iguales. Tratándose de la copropiedad la parte alícuota de cada uno de loe copropietarios divide al derecho de propiedad y no a la cosa sobre la cual recae. De Ibarrola (p.373) explica que la copropiedad es un "accidente" de la propiedad: "es la simultaneidad en el derecho que varios individuos tienen respecto a una cosa en la cual poseen una parte ideal, que se denomina parte alícuota. . .". n . El a. 950 c e señala que cada copropietario tiene la propiedad de su parte alícuota y la de sus frutos y utilidades, de ahí que pueda ejercitar sobre ella cualquier acto de dominio debiendo respetar el derecho ád tanto de los demás condueños. Los efectos de la enajenación sólo surtirán sobre la porción que se le haya adjudicado al momento de dividir la cosa. y. COPROPIEDAD. in. BIBLIOGRAFÍA: iBARROLA, Antonio de, Cosas y tucetionet; 4a. ed., México, Porrúa, 1977; ROJINA VILLEGAS, Rafael, DerecAo civil nie:cícano, t. lll, Bienet o derechos reales y potetión; 4a. ed., México, Porrúa, 1976, Alicia Haia K R E Z D U A R T E y N.

Parte dogmática de la Constítucirái. I. Sección de una Constitución de corte liberal burguesa en donde están determinados, en fOTma no limitativa, los derechos humanos o garantías individuales. El término "dogmática" sugiere que constituyen valores incontrovertibles que una sociedad tan sólo reconoce, pues la

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creación de los derechos se considera anterior a toda Constitución y connatural al hombre según se explica en la doctrina constitucional del sigjo XIX. La parte dogmática se entiende así mismo, como una limitación a los órganos del Estado cuyos actos no deben transgredir los fffincipios contenidos en esta parte. De esta manera, los destinatarios de las garantías individuales son los {»ropios órganos del Estado, mientras que los beneficiarios son los individuos así como, a partir de la C de 1917, ciertos grupos sociales como los campesinos y los trabajadores. La parte dogmática, en consecuencia, no puede circunscribirse al c. I tít. primero de la C, puesto que no todo su contenido se refiere a las garantías individuales, como el tácito c. económico (aa. 25-28), mientras que otros, como el a. 123, contienen derechos sociales que deben integrarse a la parte dogmática. Asimismo, debe observarse que las garantías contenidas expresamente en la C no son las únicas por considerar, ya que el poder judicial federal puede colegir otras garantías a partir de la interpretación del texto constitucional. No obstante, México no cuenta con una disposición similar a la Enmienda Novena de la Constitución americana que indica: "No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo". IL Fueron las ideas de la Ilustración vertidas en el constitucionalismo americano y francés las que motivaron la inclusión de una declaración de derechos humanos en las Constituciones. En 1789 Mounier declaraba que "para que una constitución sea buena, debe estar fundada sobre los derechos de los hombres". Con la declaración de derecha del hombre y del ciudadano se determinó que un Estado sin derechos fundamentales (parte dogmática) y sin división de poderes (parte orgánica) no tiene Constitución. ISo obstante lo anterior, la Constitución americana de 1787 no contuvo onginalmente ninguna declaración de derechos (BiHo/ñ^/iíí)sino hasta las primeras enmiendas de 1791. E^ta ausencia original de parte dogmática se debió a que los constituyentes americanos consideraron que el enlistado de los derechos del hombre proi'ocaría la omisión involuntaria de otros derechos o bien su modificación limitativa, por lo que siendo los derechos humanos anteriores a cualquier Constitución, no resultaba necesíuia su inclusión. Tanto el Acta Constitutiva como la Constitución de 1824 siguieron el ejemplo de la Constitución ame-

ricana de 1787 y no contuvieron los derechos del hombre, mismos que fueron contemplados por primera vez en las Leyes Constitucionales de 1836, para adquirir una verdadera importancia en la Constitución de 1857, cuya parte dogmática se considera como meramente enunciativa del catálogo de derechos del hombre sin limitar a los no contemplados expresamente, ya que según el a. l o . de la C de 1857 establece a los derechos humanos como la "base de las instituciones sociales" con ese significado. ni. BIBLIOGRAFÍA: BURGOA, Ignacio, Dbrecho constitucional mexicano; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; CARRILLO P R I E T O , Ignado, La ideología jurídica en la constitución del Estado mexicano, 1812-1824, México UNAM, 1981; L O Z A N O , José Mana, Estudio de derecho constitucional patrio en lo relativo a los deredios del hombre; 2a. ed. facsimilar, México, Porrúa, 1972; MONTIEL Y DUARTE, Isidro, Estudio sobre garantías individuales; 2a. ed. facstniilar, México, Porrúa, 1972; RUIZi Eduardo, Derecho constitucional: de la 2a. ed., México, ÜNAM, 1978; SCHMILL O R D O Ñ E Z , Ulises, £í sistemo de la Constitución mexicana; México, Librería de Manuel Porrúa,1971; SCHMITT, Garios, Teoría de la Constitución, México, Editora'Nacional, 1970; WOOD, Gordon, The Creation of the American Reputíic, 1776-1787, New York, The Norton Library, 1972. Manuel GONZÁLEZ OROPEZA Parte orgánica de la Constitución. I. Una de las dos partes o principios en que se han dividido tradicionalmente las Constituciones libo-al-burguesas. Esta parte contiene el denominado principio de organización por medio del cual se establece la forma de gobierno, los órganos de gobierno, la división de poderes, las atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno y la distribución de competencias entre las esferas de gobierno. La función de la parte orgánica consiste en establecer la organización del Estado, nosólo para determinar su composición sino ppra complementar las garantías individuales en tanto que delimitan las funciones públicas implementando así el principio de que el poder frene al poder. El poder reformador de la Constitución en México ha operado fundamentalmente en las atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno, así como en la distribución de competencias entre las esferas de gobierno. De esta manera, las atribuciones o facultades de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial se han visto modificadas frecuentemente; de igual manera, a pesar de la regla del a. 124 de la C, la distribución

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competencial entre federación y estados ha sido flexiblemente reformada en favor de la primera esfera. Sin embargo, la parte orgánica de la C cuenta con ÍMincipios que han sido denominados como decisiones fundamentales y, en consecuencia, irreformables. Entre estos principios se encuentra la forma republicana y federal de gobierno, la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y su separación o distinción con la asignación de atribuciones propias. n . A diferencia de la parte dogmática, la orgánica ha sido consubstancial a la propia C en México. Desde el Acta Constitutiva de 1824 hasta la vigente de 1917, las Constituciones en México han observado una estructura integradcwa de la parte orgánica con los siguientes elementos: 1. Forma de gobierno. 2. División de poderes, dentro de la cual están contemplados la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además de estos poderes, algunas constituciones han agregado un poder adicional, como fue el caso del Supremo Poder Conservador de las Leyes Constitucionales de 1836 y del Poder Electoral de las Bases Orgánicas de 1843. 3. Lincamientos geniales del gobierno interior, sea de los Estados en las constituciones federales o de los Departamentos en las constituciones centralistas. 4. Prevenciones generales. III. BIBLIOGRAFÍA: C A R P I Z O , Jorge, La Constitución mexicana de 1917; 3a. ed-, México, UNAM, 1979; SCHMILL O R D O Ñ E Z , Ulises, El sistema de la Cofwíííucion mexicana, México, Librería de Manuel Ponúa, 1971; SCHMITT, Carloe, Teoría de la Constitución, México, EditoríJ Nacional, 1970; T E N A R A M Í R E Z , Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1983; 12a. ed., México, Porrúa, 1983. Manuel GONZÁLEZ ÜROPEZA

Partes procesales. L Desde el punto dt vista etimológico, la voz, parte, proviene del sustantivo latino pars, partís, que corresponde a porción o fracción en nuestro idioma. Lógicamente, parte es porción componente de un todo con el que guarda relación. El todo, a su vez, no puede dividirse en menos de dos partes. II. En los negocios jurídicos en general se habla de partes para referirse a las personas que intervienen en ellos y que, en tal virtud, adquieren derechos y reportan obligaciones. En el ámbito procesal el concepto

de parte no fue suficientemente esclarecido durante la época anterior al surgimiento del procesalismo científico, de suerte que solía no demarcarse la necesaria separación entre sujetos de la relación de derecho material y partes en la relación jurídica procesal. Se encuentran así, aun en las obras de algunos respetables tratadistas de los procedimientos judiciales del primer tercio del presente siglo, extensas exposiciones de cuanto concierne a los órganos de la jurisdicción, en tanto que se omite en ellas el análisis debido al concepto de partes prooesales, lo que da por supuesto que en todo caso el traslado de los sujetos de los negocios al campo del proceso en caso de litigio, los convierte automáticamente en partes, sin cambio alguno de su calidad jurídica. En el Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de Escriche, se dice que litigante es el que disputa con otro en juicio sobre alguna cosa, ya sea como actor o demandante o como reo o demandado y que es parte cualquiera de los litigantes, ya sea el actor o el demandado. La doctrina científica ha precisado la distinción entre los conceptos de parte en los actos o negocios que tienen lugar fuera de los tribunales y sujetos procesales y partes en el proceso jurisdiccional. Se evidencia el carácter distinto de los primeros frente a éstos, con sólo advertir que sujetos procesales son el juzgador y los litigantes y que únicamente estos últimos pueden ser partes, o sea que el concepto de partes es esencial y exclusivamente procesal, tanto, que pueden imaginarse las situaciones de actor y demandado en un proceso sin que necesariamente preexista entre ellos negocio o vínculo material de ninguna especie y la de litigio en que la materia de la controversia gire en tomo a la existencia o a la validez legal de un acto o de un negocio jurídico, lo que no impide que la relación procesal se desarrolle normalmente entre actor y demandado. En este orden de consideraciones, la definición de parte procesal que ha alcanzado el más amplio acogimiento por gran número de tratadistas, así sea con temperamentos o adiciones que no la privan de su contenido esencial, es la propuesta desde hace ya muchos aflos, por el egregio profesor Giuseppe Chiovenda, según la cual son partes en el proceso "aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de ley y aquel frente al cual esa declaración es pedida". Dicho de otro modo, actor es simplemente el que promueve una demanda y

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demandado es aquel contra quien esa demanda so endereza. En parecidos términos eí profesor Leo Rosenberg, p. e., con referencia al proceso civil sostiene que partes son aquellas personas que solicitan y contra quienes se solicita en nombre propio la tutela jurídica estatal, en particxdar la sentencia y la ejecución forzosa. III. Basta, pues, para ser parte en un proceso, la simple afirmación de ser titidar de un derecho y la situación de ser atraído al mismo con base en aquella afirmación del demandante, con independencia de cualquiera previsión sobre el posible contenido del fallo que se espera. Agrega Chiovenda que la idea de parte surge de la litis, por la relación procesal que la demanda origina y que, por tanto, no hay que buscar esa calidad ni fuera de la litis ni en la relación sustancia que puede ser objeto de la controversia. Descarta también el elemento interés para caracterizar a las partes, en vista de que puede darse ei proceso aunque entre los que se entable no exista verdadera oposición de intereses. "El interés que es inherente al concepto de parte —dice— estriba por consiguiente, sólo en ser sujeto activo o pasivo de la demanda judicial". Es pertinente observar que en las definiciones antes transcritas y en las de los procesalistas que las secundan, no se hace referencia a la condición esencial para que pueda, en rigor, llamarse actor a quien a nombre propio plantea una demanda, que consiste en que ésta haya sido admitida por el juez a quien se dirige y que el juez haya ordenado la notificación y emplazamiento al demandado, el cual sólo hasta ese momento adquirirá en rigor, tal calidad. Así lo advierte el tratadista mexicano Ediiardo Pallares. Según él, son partes en juicio los que figuran en la relación procesal activa o pasivamente. El actor es parte desde el momento en que es admitida su demanda por el juez y el demandado lo es desde que se le emplaza en forma legal. Otro sector de la doctrina, que se apoya en el concepto fundamental de pretensión, afirma que 'aparte es la persona que pide y ía/íersona^reníe a (no contra) quien se pide la actuación de una pretensión''^ (Jaime Guasp). La pretensión consiste en la exigencia del reconocimiento de un derecho afirmado por el pretensor ante el tribunal y de su actuación forzosa, independientemente de que tal derecho exista o no en la realidad jurídica. El hecho procesal en que la pre-

tensión se manifiesta, identifica por sí solo al pretensor como parte, así como también al sujeto pasivo de la misma en tanto en cuanto, como queda dicho, el tribunal haya dado entrada a ésta y haya ordenado dar legal conocimiento de ella al convenido. Nada se prejuzga, por tanto, sobre la relación sustancial que puede-vincular a tales sujetos y ser o no reconocida en la sentencia. Se trata de una figura sólo comprensible en función del proceso jurisdiccional, por lo que en caso de extinguirse éste, las partes habrán dejado también de existir aunque la relación sustancial previva. IV. Bien entendido que el proceso determina una relación jurídica tripersonal, que los antiguos juristas enunciaron diciendo, judicium est actus trium personarum, actoris, judiéis, rei y que las partes son únicamente el actor y el demandado, en la posición de cada uno de estos últimos pueden hallarse al mismo tiempo varias personas que entonces reciben el nombre de litisconsortes o partes complejas en la terminología de Garnelutti. Se habla de litisconsorcio activo si la pluralidad es de actores y pasivo si se da entre los demandados. Cuando no es legalmente posible promover un proceso sin la concurrencia de varias personas en razón de la unidad de la pretensión que se deduce o no cabe oponer alguna excepción sino por todos sus titulares juntos, se dice que el litisconsorcio es necesario. Por el contrario, hay litisconsorcio impropio o voluntario, -también denominado facultativo, cuando los litisconsortes, por acto de voluntad y no por necesidad legal sino por razón de economía procesal, deciden ejercitar unidos sus pretensiones en una misma demanda ante el juez competente para conocer de ellas. V. Se clasifica a las partes en principales y accesorias. Las primeras obran sin dependencia o subordinación a otras, en tanto que las accesorias tienen su actuación dependiente de las principales, como ocurre en los casos de coadyuvancia, ya sea ésta con la parte actora o con la demandada. En ellos un tercero interviene en el juicio para colaborar {ad adjuvandum) en la causa del actor o en la del demandado, supuesto en el que el a. 656 del CPC considera a la parte coadyuvante asociada con el coadyuvado y precisa concretamente sus facultades. Alcalá Zamora sostiene que el coadyuvante, en rigor, no pasa de ser una subparte y que por tanto, "Los códigos que en olvido de esa su verdadera condición, le permiten realizar actos que sólo a la parte 39

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principal incumben, transforman su naturaleza jurídica o subvierten su posición en el proceso". La distinción entre partes directas y partes indirectas mira a la posible trascendencia de los actos de los sujetos procesales con respecto a otros que guardan con ellos una cierta relación como ocurre con el mandatario ad litem. Camelutti señala las dos figuras de parte indirecta, que son: el representante y el sustituto. El representante asumirá así el papel de sujeto del proceso, bien sea por voluntad del sujeto de la litis o por necesidad legal. Así, cuando el tutor ejercita la acción que corresponde a su pupilo, obra en su calidad de representante legal de éste. Distinta de las situaciones anteriores es la sustitución procesal, que se produce cuando alguien puede ejercitar válidamente la acción que corresponde a otro, movido por "un interés conexo con el inmediatamente comprometido en la litis o en el negocio" (Camelutti). En nuestro derecho, el a. 29 del CPC enuncia el principio general de libertad para el ejercicio de la acción diciendo:. "Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete o por su representante legitimo. . . " y en seguida delínea un supuesto de sustitución procesal tradicionalmente conocido como acción subrogatoria u oblicua, como sigue: " . . . No obstante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor cuando conste el crédito de aquél en título ejecutivo y, excitado éste para deducirlas, descuide o rehuse hacerlo". Otro supuesto de sustitución se localiza en la fr. m del a. 32 del código citado, como sigue: "Guando alguno tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego; y si excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél". Como se ve, en estos casos el sustituto tiene interés propio y distinto, pero conexo con el del sustituido. De todas maneras en el proceso que éste promueva, el tendrá el carácter de parte procesal, en tanto que el sustituido será en todo caso la parte material. Camelutti propone dos especies de sustitución de partes, una absoluta y una relativa según que la tutela del interés del sustituto agote o no totalmente la del interés del sustituido. Finalmente, hay posibilidad de que en el curso del proceso cambien las partes por sucesión, esto es, por reemplazo de loe sujetos del litigio, como se pre-

viene en loe aa. 5 y 12 del CPC, cuando se enajena el objeto litigioeo. En el primer supuesto se trata de ¡audatio o nomiimtio auctoris, tal como sucede p. e., siempre que el inqiiilino demandado en reivindicación del bien arrendado, designa al propietario arrendador para que éste afronte la responsabiUdad del juicio. En el a. 12 del propio código distrital se ha considerado la sucesión de la parte demandada en el juicio hipotecario: "Cuando después de fijada y registrada la cédula hipotecaria cambie de dueño y poseedor jurídico el predio (en cuyo caso), con éste continuará el juicio". u

D I R E C C I Ó N D E L PROCESO, L I T I S C O N S O R C I O ,

PRINCIPIOS PROCESALES. RELACIÓN JURÍDICO

PRa

CESAL, T E R C E R Í A S .

VI BIBLIOGRAFÍA: ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, Ntceto, Derecho procesíd mexiáMito, México, Porma, 1977, t. II; id., "El antagonismo juez-parte; situaciones intermedias y dudosas", Estudioi de teoría e hittoria del proceso (1945-1972), México, UNAM, 1974, t. I; BECERRA BAUTISTA, José, El proceso civil en México; 10a. ed., México, Porrúa, 1982; "ÍCARNELUTTI, Francesco, Iiutituciones del proceso civil; trad de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1959, t. I; CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil; trad. de Emilio Gómez Orbaneja, Madrid, Eítítorial Revista de Derecho Privado, 1940, t. II; D E V I S ECHANDIA, Hernando, Nociones de derecho pro oesal civil, Madrid, 1966; GUASP, Jaime, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Cívíl; 2a. ed., Madrid, Aguilar, 1948, t I; id.. Derecho procesal civil; 2a. reimpreáón de la 3a., ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977,1.1; PlNA, Rafael de y CASTILLO L A R R A Ñ A G A , José, instituciones de derecho procesal civil; 13a, ed., México, Porrúa, 1981; OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal civil, México, Haría, 1980; ROSEMBERG, Leo, Tratado de derecho procesal civil; trad. de Angela Romero Vera, Buenos Aires; EJEA, 1955,1.1.

lícnacio MEDINA LIMA Partes sociales, v. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. S O C I E D A D E S PERSONALES.

Participación de la herencia, v. DIVISIÓN DE LA HERENCIA. Participación criminal. I. La participación criminal es una expresión de carácter eminentemente penal, que se plantea cuando hay pluralidad de sujetos activos, cuyas acciones interfieren de algima manera las acciones de los otros ante un resultado prohibido por la norma, y en la que se pueden encontrar los que ayu-

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dan, cooperan, determinan, etc.; hay convergencia de las acciones de cada uno de ellos en t o m o a la producción de un resultado relevante para el derecho penal. La expresión "participación criminal" tiene un doble sentido: uno amplio y otro estricto. La participación criminal lato sensu, se refiere a todas y cada una de las formas de intervención personal en la realización de un hecho delictuoso; comprende, por tanto, las diversas formas que integnuí la autoría y la participación stricto sensu. En este sentido amplio, es equivalente a "concurrencia de personas en el delito", "codelincuencia" o "coparticipación criminal", entrando en ellas autores (coautores), instigadores y cómplices. Stricto sensu, en cambio, la participación comprende únicamente la instigación y la comphcidad; es decir, aquellos intervenientes que no son autores. Dentro del concepto de participación criminal lato sensu, puede, a su vez, manejarse el criterio del autor único o el diferenciador, lo cual obedece a la idea de negar toda importancia a la distinción entre autores y partícipes en sentido estricto, equiparando a todos los que de alguna o de otra manera intervienen en la realización del delito, sin tomar en cuenta la cantidad de su aportación o la calidad con que intervienen, o bien, a la idea de aceptar la necesidad de distinción entre autores y partícipes. El primero de los criterios, admitido en alguna época, encuentra actualmente rechazo en la ciencia jurídico penal, por los efectos que trae consigo, no obstante su comodidad práctica; aceptándose, por tanto, el criterio de la diferenciación. Conforme a este último, además, pueden seguirse diversos caminos para llegar a la distinción, con mayor o menor preponderancia de aspectos objetivos o subjetivos, dentro de los cuales puede manejarse un concepto extensivo o uno restricíiuo de autor. La necesidad de establecer diferencias entre autoría y participación, se plantea solamente en los delitos dolosos; en los delitos culpcfflos, estructurados de modo diferente, la distinción no tiene ninguna significación; autor de un delito culposo es todo aquel que, en la producción de un resultado típico, interviene mediante una acción que viola un deber de cuidado conforme al ámbito de relación. Cuando se habla de participación en sentido estricto, que comprende únicamente la instigación y la complicidad, se está implicando ya el manejo de un criterio diferenciador. La participación criminal lato sensu, por otra par-

te, no presupone la existencia de una conducta de otio u otros; es decir, de un hecho principal realizado por el o los autores, en cuya perpetración tengan intervención, en calidad de partícipes, otras personas, pues ella misma abarca también a la coautoría, que es en principio autoría. Lo que hay es una intervención de varios, ya sea como autores o partícipes, en la realización de un delito. En otras palabras, la participación criminal en sentido amplio, no encierra la idea de la dependencia respecto de un hecho principal, que es la conducta del autor, sino únicamente la concurrencia de personas en la realización del hecho punible, independientemente de la calidad en que cada uno lo hace. La participación stñcto sensu, en cambio, sí implica la idea de la dependencia: se participa en un hecho de otro, esto es, en un hecho ajeno; y se participa prestando una ayuda o cooperación (complicidad) o determinando a otro la realización de un hecho (instigación). Esa relación que existe entre la conducta del partícipe (instigador o cómplice) y la conducta del autor del hecho principal, es una relación de accesoriedad, la cual varía según el concepto que se tenga de autor. Así, p.e., para la teoría del "dominio del hecho", el autor es aquel que tiene el dominio del hecho; el partícipe, en cambio, se caracteriza porque no lo tiene, sólo participa en el hecho del autor, ya sea determinando a éste a la realización del hecho o prestándole una ayuda. De lo anterior se deriva que la participación criminal stricto sensu, no constituye un tipo autónomo o independiente, sino una fígura accesoria, un "concepto de referencia", como dice Maurach, con cuya ayuda los partícipes en el deito, no autores por falta del dominio del acto, pueden ser sometidos, dentro de ciertos límites, a una pena; constituye, por eso, una causa de extensión de la punibilidad señalada al autor, basada en la realización del injusto por el autor. Por lo que hace al criterio de la accesoriedad, conforme al cual la conducta del partícipe es accesoria del injusto realizado por él o los autores, éste se ha planteado, en cuanto a su aspecto interno, de diferente manera, por lo que se refiere a los requisitos que deben concurrir en la conducta del autor, es decir, en el hecho principal, para fundamentar la punibilidad de la conducta del partícipe. Según algunos autores, la participación (instigación y complicidad) es accesoria de una conducta típica, antijurídica y cidpable; es decir, de un delito técnicamente hablando, por lo 41

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que la culpabilidad del partícipe dependerá de la culpabilidad del autor (teoría de la accesoriedad extrema o máxima). Para otros, la conducta del partícipe es accesoria de una conducta típica y antijurídica del autor, sin requerir de la culpabilidad de éste; es decir, se participa en el injusto realizado por otro u otros; el fundamento de la punibilidad de la participación, por tanto, reside en que provoca la decisión a una acción antijurídica (contraria a derecho), o favorece su realización, no siendo necesario que el autor haya actuado culpablemente, concretándose aquí el principio de que "cada partícipe es punible según su propia culpabilidad sin consideración de la culpabilidad de otros" (teoría de la accesoriedad limitada). Finalmente, hay quienes opinan que para que se fúndamete la punibilidad de la participación, basta con que la conducta del autor sea típica, por lo que, si el autor del hecho principal actúa amparado por una causa de justificación, el partícipe sí podrá ser merecedor de una pena (teoría de la accesoriedad mínima); esta opinión es muy poco sostenida en la doctrina. Junto a la concepción de que la participación en sentido estricto es accesoria de un hecho principal, hay también quienes piensan que ella no tiene naturaleza accesoria, sino que constituye un tipo autónomo; es decir, que la instigación es un tipo autónomo, y que al instigador se le sanciona por su propia conducta y no por la que realiza el autor. Se trata, pues, de una conducta con desvalor propio e independiente del desvalor de la conducta en la cual se participa; y que, por tanto, puede entrar en concurso con el o los deUtos que se cometan o bien quedar con éstos en relación de exclusión por absorción; puede, igualmente, realizarse puniblemente en grado de tentativa y en ella; consiguientemente, pueden admitirse otras formas de intervención igualmente punibles, etc. Esta concepción se encuentra en la actualidad desacreditada, en virtud de que conduce a una serie de consecuencias inaceptables. n . En relación a la ubicación sistemática del problema para su estudio, la participación criminal es un tema de la teoría del delito, dentro de la cual, a su vez, encuentra distinto tratamiento. La teoría tradicional del delito, considera a la participación criminal en sentido amplio, y consiguientemente también a la participación en sentido estricto, como una forma especial de aparición del delito, por tratarse de un caso de pluralidad de sujetos en la comisión de un hecho punible. Esto, en virtud de que

en la doctrina jurídico penal tradicional, una vez que se ha planteado qué es el delito, también se plantea el problema de cómo o cuáles son las formas de aparición del mismo. Por lo que hace a la primera cuestión, la doctrina penal contemporánea ha dado diversas respuestas, sobre todo en cuanto a las características que estructuran el concepto del delito; así, siguiendo la concepción estratificada del delito, que ha sido la más aceptada, el concepto del delito se integra de diversos estratos o niveles de análisis, cuyo número es variable según el criterio que se maneje, pero que, conforme a la opinión dominante, lo integran tres, de donde resulta el concepto de delito como conducta típica, antijurídica y culpable. En cuanto a la segunda pregunta, la doctrina tradicional responde que hay formas normales o comunes y formas especiales de aparición del delito. Entre las formas especiales de aparición del delito, junto a la tentativa y al concurso, se encuentra la "participación criminal"; por lo que, en el análisis de la tipicidad únicamente se estudia el problema del autor o sujeto activo, mientras que el problema de la autoría y participación, en que se ven los casos de coautoría, autoría mediata, instigación y complicidad, se estudia después de haber analizado los elementos del delito. Para la doctrina moderna, la participación criminal no constituye una forma especial de aparición del delito, sino un problema que se plantea a nivel de la teoría del inj^^8to, por tratarse éste precisamente de un injusto personal, y que es donde se concentra el problema de los sujetos que intervienen en su reaUzación y donde se plantea la delimitación del autor respecto del partícipe. TTT. El CP de 1931, hasta antes de las reformas planteadas en diciembre de 1983, se refiere a la participación criminal ¡ato sensu en el c. III del tít. primero, utilizando la expresión "personas responsables de loa delitos", con la que se abarca o, por lo menos, eso trata de hacer, las distintas formas de intervención en la realización de un hecho delictivo: coautoría, autoría mediata, instigación y complicidad, pero sin aclarar quiénes son autores y quiénes partícipes, dando a todos un trato igual en cuanto a la punibilidad. Es decir, en nuestra legislación se sigue el criterio de la participación criminal, cpnforme al cual personas distintas a las consideradas en cada uno de los tipos penales de la parte especial del CP, es de-

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cir, a los autores, pueden ser considerados igualmente responsables si tienen alguna intervención, cualquiera que sea, en la realización del hecho punible, aun cuando su actividad no se traduzca en la concretación por lo menos parcial de la acción descrita en el tipo, es decir, aun cuando la actividad desplegada por ellos no caiga dentro del marco de la tipicidad, lo cual resulta de la regulación contenida en la parte general del CP (a. 13), dándose lugar a los distintos conceptos de "autor", según el criterio que se maneje. Dado lo defectuoso de su redacción, que dificulta una correcta delimitación de esas distintas formas, el Código ha sido en este aspecto objeto de múltiples críticas por la doctrina y de diversos intentos de reforma. En efecto, de la interpretación que se ha hecho de las frs. 11 y III del a. 13 del CP, se ha tratado de derivar las figuras de la instigación (o inducción) y de la Complicidad, respectivamente, que conforman la participación en sentido estricto, aunque no haya un manejo adecuado de los conceptos, pues, por un lado, se parte de una distinción principal entre autor material y autor intelectual, comprendiendo en este último, tanto casos de la fr. I como de la fr. II del mencionado a. 13, y, por otro, se utilizan las voces o expresiones "codelincuencia", "coparticipación criminal", etc., sin un preciso contenido y una clara distinción de las cosas. La regulación contenida en el CP, de 1931, es adoptada por la casi generalidad de Códigos de los estados de la Repúbüca, por lo que son objeto de las mismas consideraciones. Modernos Códigos y proyectos penales mexicanos adoptan un sistema diferente, más técnico y más preciso; utilizan la expresión "autoría y participación" para referirse a este problema, procurando, a su vez, distinguir con mayor precisión las figuras de los autores, instigadores y cómplices, conforme a la naturaleza que a cada una corresponde, según el criterio de delimitación más convincente que se adopte. Así tenemos, p.e., los Códigos de los estados de Guanajuato (1978) y de Veracruz (1980), lo mismo que el CFF (1983), que adoptan una nomenclatura diferente: en lugar de "personas responsables de los delit o s " hablan de "autoría y participación" y en el contenido del artículo respectivo que lo regula, se hace una mayor precisión distintiva. Este mismo criterio se plantea en las reformas al CP de diciembre de 1983, aprobadas por el Congreso de la Unión y pubHcadas en el DO 13 de enero de

1984. En efecto, el a. 13 reformado establece ahora: "Son responsables del delito: I. los que acuerden o preparen su realización; 11. los que lo realicen por sí; r n . los que lo realicen conjuntamente; IV. los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V, los que determinen intencionalmente a otro a cometerlo; VI. los que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; VIL los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito, y VIII. los que intervengan con otros en su comisión, aunque no conste quién de ellos produjo el resultado". Con la nueva regulación, es palpable la mayor claridad y la posibilidad de una mejor interpretación; la jurisprudencia podrá ahora, siguiendo los criterios adecuados, sin dificultad determinar quien es autor y quien partícipe; la ciencia del derecho penal encuentra ahora un campo fértil; para desarrollarse provechosamente. Conforme a la regulación señalada, podría decirse que, en cierta medida la legislación penal mexicana mantiene un criterio mixto respecto de la naturaleza jurídica de la participación stricto sensu, en cuanto que la participación (instigación y complicidad) se encuentra sistematizada en principio en la parte general del CP, y es aplicable, por tanto, al conjunto de los delitos de la parte especial, pero sin dejar de considerar, excepcionalmente, hipótesis particulares que requieren otros términos de solución legal. Es decir por lo que se refiere a la participación criminal en sentido estricto, ella posee en nuestra legislación, en principio, naturaleza aceeíorío y no constituye un tipo autónomo, además de ser una causa de extensión de la punibilidad; sin embargo, excepcionalmente, la instigación o la complicidad, que es la participación en el hecho de otro, aparecen como tipos independientes, en los que la sola inducción o la prestación de una ayuda o auxilio se traduce en la realización típica. Por lo que hace a la punibilidad de la participación, es decir, a la punibilidad que corresponde a quiénes no son autores, el CP no hace distinción; debiéndose entender que la misma punibilidad señalada al autor en cada uno de los tipos de la parte especial es aplicable a los demás intervenientes en la comisión del hecho punible, sean coautores, instigadores o cómplices, hayan o no dado una promesa anterior. El Código Penal de Guanajuato, sin embargo, siguiendo un criterio diferente a este respecto, sí establece, por

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ejemplo, una Banción menor para el cómplice (a. 22, pfo, tercero), en virtud de considerarse que "la contrihución causal del cómplice es menor también''; et Código de Guanajuato tiene también el mérito de señalar expresamente el principio de que "cada participe será penado conforme a su culpabilidad" (a. 23), además de que esclarece el problema de la comunicabilidad de las circunstancias en la participación. V, AUTOR DEL DELITO.

IV. BIBLIOGRAFÍA: R E R R O , Guülermo J., Teoría .de ta participación criminal, Buenos Aires, Edíar, 1964; BIlANCO GUZMAN, Ricardo, "El concurso de personas en el ddito", RevÍMta de la Facultad de Derecho de México, México, t. XII, núm. 47, julio-septíembre de 1962; MAURACH, Reinhart, Tratado de derecho penal; trad. de Juan Córdoba Roda, Barcelona, Ariel, 1962, t. II; ROXIN, Oaus, "Sobre la autoría y participación en el derecho penal". Problemas actualet de bu ciencias penales y ¡a filosofía del derecho; en bomenege al profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos Aires, Pannedúle, 1970; WELZEL, Hans, Derecho penal aiemán; parte general; trad. de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez; 2a. ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1976; Z A F F A R O N I , Eugenio Raú], Manual de derecho penal; parte general, Buenos Aires, Ediar, 1977.

Moisés MORENO IfeRNANDEZ Participación de multas. I. Es la distribución de las multas aplicadas con motivo de una infracción a las normas aduaneras, que son repartidas entre denunciantes, descubridores, aprehensores, ya sean estos particulares o empleados piíblicos, y a loe fondos de gastos de aprehensiones y ^atifícaciones, así como el de previsión. IL La Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas, de 12 de junio de 1891, ya contempla la participación de multas, cuyos conceptos han sido trasladados a nuestra actual legislación aduanera como el denunciante, aprehensores, fondo de gastos dé aprehensiones y ^atifícaciones en sus aa. 661 al 674. Con base en este ordenamiento se participaban los derechos adicionales que se causaban a la importación o exportación y las midtas, dividiéndose generalmente entre denunciante, aprehensores, comandante de la zona, administrador, contador de la aduana, vista, jefe y el fondo ya señalado. La primera Ley Aduanal expedida en e! presente si^o, fue la de 18 de abril de 1928 y entró en vigor el lo, de septiembre de ese mismo año, concibió dos clases de partícipes: directos, que eran los denunciantes, descubridores y aprehensores, e indirectos, en cuya

clasificación se encontraban todos los demás empleados del ramo de aduanas señalados en esa ley. Se participa igualmente que en la Ordenanza de 1891 el producto de los derechos adicionales y de las multas, y se traslada a esta ley el sistema de aquella en sus aa. 742 al 764. La Ley Aduanal de 30 de diciembre de 1929, que entró en vigor el l o . de enero de 1930, resulta ser un símil de la Ley Aduanal de 1928, tanto así que la figura analizada se encuentra regulada en el mismo tít. XVin. De las infracciones a esta ley, c. V, inversión del producto de los derechos adicionales y de las multas que establece esta ley y además pbr los aa. del 742

al 764. La Ley Aduanal de 19 de agosto de 1935, que entró en vigor el l o . de enero de 1936, regula en los aa. 407 a 417 en su tít. XV, c. VII, las distribuciones; por primera vez se hace alusión únicamente a la participación de multas excluyendo la práctica inconstitucional de distribuir también los ingresos por concepto de impuestos, por lo demás se trasladan a esta ley los mismos conceptos de la Ley Aduanera de 1928 y que van a continuar integrando el Código Aduanero y la actual Ley Aduanera, sin que se den cambios positivos. El Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos de 30 de diciembre de 1951, que entró en vigor el l o . de abril de 1952, marca la pauta de la re^amentación aduanera a partir de la segunda mitad del si^o XX, sin embargo la influencia de la Ordenanza de 1891 y de las subsecuentes leyes aduaneras, se deja sentir de manera importante en todo el texto de este código sobre todo en esta añeja figura de la distribución de multas. Las multas serán distribuidas cuando efectivamente hayan ingresado, y que la resolución de la que deriven haya causado estado; la forma de distribuir las multas se establece como sigue: I. 20%. al denunciante o descubridor; II. 20% al aprehensor; m . 40% al fondo de gastos de apreliensiones y gratificaciones, y IV. 20% al fondo de previsión que se repartirá entre el personal de la Direcdón General de Aduanas. Los resultados que arrojen los dos fondos serán distribuidos semestralmente dentro de los primeros quince días de los meses de enero y julio. Se Establece que será distribuible en lo5 casos de contrabando y tenencia ilegal de mercancías de procedencia extranjera el 80% del valor comercial alto mayoreo en la ciudad de México. Durante la vigencia de este Código Aduanero se suscitaron graves irregularidades en cuanto a la distri-

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bución de multas y del valor de las mercancías, como el hecho de llevarias a cabo sin que hubiera causado estado la resolución dictada. i n . La Ley Aduanera de 28 de diciembre de 1981, que entró en vigor el l o . de julio de 1982, a pesar de sus grandes innovaciones, continúa contemplando en su a. 141, la distribución de multas o el valor comercial al mayoreo de las mercancías secuestradas, todo ello en condiciones similares a como lo regulaba el Código Aduanero; no se aprovecha por parte del ejecutivo, quien envía el proyecto de ley al Congreso, el momento conyuntural para desechar esta ñgura de la distribución que, como acertadamente sostiene John F. Due, "El pagar a los funcionarios examinadores un porcentaje de las multas impuestas, práctica seguida en algunos países latinoamericanos, es particularmente censurable, puesto que discrimina entre un personal de servicio y conduce a un exceso de multas y a una imposición extra". La distribución de multas se fundamenta en un estíumlo económico, en especial para los funcionarios aduaneros que durante el desempeño de sus delicadas fimciones, denuncien hechos ilegales, descubran infracciones o aprehendan mercancías objeto de una infracción aduanera, con lo que se demuestra una dedicación y aptitud distinguida, en este trabajo altamente especializado. Debe señalarse que la distribución de multas ha arrojado resultados contraproducentes, dando lugar a poner un precio a los sobornos en relación con el porcentaje de participación, aunado a que se crean grupos privilegiados de empleados y funcionarios, principalmente de las áreas de visitadores e inspectores que realizan visitas domiciliarias. La existencia de un poder sancionador por parte de las autoridades aduanales, al aplicar multas por violaciones a las disposiciones legales aduaneras es con el fín de reprimir la violación cometida y procurar su cumplimiento con fines de ejemplaridad, el contenido pecuniario de las multas es un beneficio indudable para el fisco federal, una indemnización para reparar el daño causado al no haberse pagado en tiempo y en la forma normal. Es insostenible que una ley aduanera moderna, insista en otorgar participaciones sobre las multas que impone la propia autoridad, ya que ello vincula a la autoridad aduanera en la suerte del negocio, por el interés propio que tiene en su resolución, más aún en el procedinúento administrativo, en donde la autoridad aduanera debe resolver la participación, le impide la claridad de juicio para dictar ima resolución a p e a d a a derecho.

ya que su resolución está viciada por tener un interés particular en el resultado del negocio, este argumento se encuentra contenido en la exposición de motivos de la iniciativa del CFF, que presentó el ejecutivo federal al Congreso de la Unión en diciembre de 1966, en el cual se excluyó el sistema de otorgamiento de participaciones con base en el importe de sanciones, textualmente, dice; "pues se considera que el propio sistema de participaciones da lugar a irregularidades y procedimientos reprobables". rV. El Reglamento de la Ley Aduanera, reproduce respecto de esta figura conceptos que se encuentran en la Ordenanza de 1891, es una de las figuras no sólo anacrónicas sino negativas que se conservan en estos ordenamientos. La forma de distribución de multas se regula en el a. 176 del Re^amento, de la misma manera que en el Código Aduanero; en relación con la distribución basada en el valor de las mercancías, establece una innovación consistente en que para valuar la mercancía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará un catálogo de precios preferenciales- y determinará los casos en que sus peritos practiquen dicho avalúo. El re^amento define las diversas clases de partícipes en su a. 177 de la manera siguiente: i. Denunciante, a quien presente y en su caso ratifique la denuncia referente a la infracción de la ley. ii. Aprehensor: a) de mercancías materia de estas infracciones, a quien las capture y entregue o asegure a disposición de la autoridad fiscal federal, y b) de personas, a quien detenga a presuntos responsables de contrabando y los ponga a disposición de las autoridades competentes. iii. Descubridor, al empleado fiscal que rinda informe oficial de la infracción aduanera. V. BIBLIOGRAFÍA: DUE, John F., La imposición indirecta en los países en vías de desarrollo; trad. de F. Alvira Martín, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1972; LOMELI CEREZO, Margarita, Derecho fiscal represivo, México, Ponúa, 1979.

José othón RAMÍREZ GUTIÉRREZ Participación de utilidades. I. Es el derecho que posee la comunidad de trabajadores de ima empresa a percibir una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de los bienes y servicios. II. El discurso de Ignacio Ramírez "El Nigromftite", pronunciado en los debates del Contituyente, el 7 de julio de 1856, se registra como el primer antecedente 45

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en México de la participación de utilidades. En él pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del empresario. Más tarde esta tesis sirvió de base a los diputados constituyentes de 1917 para incorporar a la C el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. nL Els un derecho colectivo que se realiza en beneficio individual. E» un derecho que corresponde a la x^omunidad obrera, la cual puede defenderlo ante las autoridades competentes y exigir que se ponga a su disposición la suma de dinero que le pertenezca; el beneficio es individual porque lo disfruta cada trabajador. rV. La participación de utilidades: a) es aleatoria, de no ser así tendría un carácter salarial; b) es obligatoria; c) es de régimen estrictamente legal; d) es variable; e) es imprescriptible para la masa de trabajadores y prescriptible en forma individual; f) constituye una obligación empresarial; g) su pago debe hacerse en efectivo; h) no es salario, pero tiene una protección semejante, e i) es un derecho colectivo que se individualiza. V. El derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa se encuentra regulado en en los incisos del a al f de la fr. IX del a. 123 constitucional y reglamentado en los aa. del 117 al 131, y fr. V del a. 450 de la LFT. VI. "Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas" (a. 117). Misma que en su última resolución aprobada el 11 de octubre de 1974 y publicada en el DO de 14 de octubre del mismo año, determinó que: ' l o s trabajadores participarán en un 8% de las utilidades de las empresas a las que presten sus servicios", sin hacer ninguna deducción, ni establecer diferencias entre las empresas. Para los efectos de la LFT se considera como utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la LIR (a.l20, pío. segundo). 1. "El patrón, dentro de un término de diez días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores una copia de la misma. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia Secre-

taría. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos" (a. 121, fr. I). 2. "Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzguen convenientes. La resolución definitiva dictada por la Secretaría de Hacienda no podrá ser recurrida por los trabajadores" (a. 121, frs. 11 y III). Les queda como único camino la interposición del juicio de garantías. 3. "Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma, independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio" (a. 121, fr. IV). 4. "La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales; la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el a ñ o " (a. 123). Por días trabajados debe entenderse días realmente trabajados; salvo las dos excepciones que señala la LFT y que son: riesgos y enfermedades profesionales, y maternidad; días en los cuales aun cuando no se labore se consideran como si se hubiera trabajado. Para los efectos de la participación de utilidades, se considera como salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considerarán como partes integrantes del salario las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones que señala el a. 84 de la LFT. En los casos de salarios por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas durante el año. (a. 124). 5. "Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las siguientes normas: a) una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugarvisible del establecimiento. Para este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la Usta

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de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga; b) si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo, y c) los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes, dentro de un ténnino de quince días", y en caso de que se f onnulen serán resueltas por la misma comisióti, dentro de un término de quince días (a. 125). V n . Reglas para el reparto. 1. En relación con las empresas. "Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades; a) las empresas de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento; b) las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para el fomento de industrias nuevas; c) las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de exploración; d) las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios; e) el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y f) las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Industria y Gimercio (ahora Secretaría de Comercio y Fomento Industrial)" (a. 126). 2. En relación con los trabajadores: "a) los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en el reparto de utilidades; b) los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste al trabajador de base con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un veinte por ciento, como salario máximo; c) el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario; d) las madres trabajadoras, durante los periodos pre y posnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, durante el periodo de incapacidad temporal.

serán considerados como trabajadores en servicio activo; e) en la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere en el artículo 125, adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación; f) los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades, y g) los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos" (a. 127). VIII. La comunidad de trabajadores tiene la posibilidad de defender este derecho que les consagra la C y la LFT. 1. Al formidar objeciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por inconformidad sobre la declaración anual del impuesto sobre la renta que presenta el patrón. Este derecho que tienen los trabajadores tiene como finalidad poner en conocimiento de la autoridad fiscal las deficiencias, errores, exageración de gastos u ocultamiento de utilidades, por parte del patrón, para que al hacer la revisión de la declaración tome las medidas pertinentes. 2. Ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, mediante un juicio ordinario, cuando el patrón se niegue a entregar al trabajador una cantidad determinada que se le haya asignado por concepto de participación de utibdades. la SCJ ha sustentado, en diversas ejecutorias, el criterio de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen competencia para conocer y resolver sobre la procedencia del pago del importe de participación de utiüdades de las empresas, siempre y cuando su monto se encuentre establecido en autos en cantidad líquida y determinada, en forma definitiva, en favor de quien reclame. 3. Mediante la huelga para exigir el cumpÜmiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades. Cuando el patrón incumple alguna de las disposiciones que sobre materia de reparto de utilidades esteblece la C o la LFT, los trabajadores tienen como recurso la huelga para exigir su cumplimiento. Aun cuando algunos autores sostienen que no todo incumplimiento en la materia de participación de utilidades constituye una causal de huelga y citan como ejemplo el hecho de no entregar a un trabajador el importe de su participación de utilidades. A las utilidades le son aplicables las normas protectoras del salario.

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No se harán compensaciones de los años de pérdidas con los años de ganancia. Esto significa, por un lado, la prohibición de exigir a los trabajadores que restituyan al patrón las utilidades ya percibidas para cubrir las pérdidas de un año posterior y, por el otro, la prohibición de pretender aplicar la utilidad de un año a la pérdida sufrida en el año posterior. El derecho al reparto de utilidades prescribe en un año, y el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, serán agregadas a la utilidad repartible del año siguiente. V. C E N T R O

DE T R A B A J O . COMISIONES MIXTAS.

los juzgados de los partidos foráneos, para aprovechar las instalaciones, aunque con competencia en todo el Distrito Federal. En cualquier momento, el Tribunal Superior de Justicia puede trasladarlos al centro, como hizo con los juzgados de lo familiar. m . La división en partidos se justificó cuando dichas localidades eran pueblos alejados de lo que propiamente era la ciudad "de México; hoy que todos eUos se han integrado a la gran metrópoli, verdaderamente es una sola ciudad, no tiene pbjeto esa división, que en los últimos años de estar en vigor, era causa para entorpecer la administración de justicia.

SALARIO.

IX. BIBLIOGRAFÍA: BUEN LOZANO, Néstor de. Derecho del trabajo, t. II, Derecho individual, derecho colectivo; 4a. ed., México, Porrúa, 1981 ; C A V A Z 0 S F L O R E S , Baltazar, 35 lecciones de derecho taboral, México, TriUaa, 1982; CUEVA, Mario de la. El nuevo derecho mexicano del trabajo, t. I. Historia, principios fundamentales, derecho individual y trabajos especiales; 6a. ed., México, Porrúa, 1980; PROCURADURÍA F E D E R A L DE L A D E F E N S A D E L T R A B A J O ,

Manual de Derecho del trabajo; 3a. ed.^ México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1982; R A M R E Z FONSECA, Francisco, Ley Federal del Trabajo comentada, México, Publicaciones Administrativas y Contables, 1982. José D A V A L O S

Partidoe judiciales. L Para los efectos de la competencia territorial de los diversos tríbimales, las entidades se suelen dividir en algunas ocasiones en distritos judiciales y otras en partidos judiciales. En el Distrito Federal, así como en los territorios federales, cuando los hubo, se dividieron en partidos judiciales, hasta la reforma a la LOTJFC, publicada en el DO de 30 de diciembre de 1975, en cuyo actual a. 5 dice que el Distrito Federal comprende un solo partido judicial. n . Los cuatro partidos judiciales en que se dividía el Distrito Federal eran: a) el de Alvaro Obregón, comprendiendo las delegaciones políticas de Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa; b) el de Coyoacán, integrado por las delegaciones de Coyoacán y Tlalpan; c) el de Xochimilco, que se extendía alas delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta y TIáhuac, y d) el de México que comprendía el resto del Distrito Federal. Lo mismo se había hecho con los territorios federales. . En la actualidad, aunque ya no existe división teiritorial, se han mantenido sendos juzgados, de primera instancia de lo civil y penal, en donde antes existían

José Luis SOBERANES FERNANDEZ Partidos políticos. L Con Maurice Duverger se puede decir que el origen de los partidos políticos, propiamente dichos, se remonta a poco más de un si^o de existencia; en 1850 había clubes políticos, asociaciones, grupos parlamentarios; pero no partidos. En el presente los partidos políticos han cobrado carta de ciudadanía en todas partes. . El a^ge alcanzado por los partidos no podría explicarse si no se vincula su historia a la de la democracia representativa, de ahí que el mismo Duverger señale que el desarrollo de los partidos se encuentra vinculado a la extensión de las prerrogativas paiiamentarias y del sufragio, ya que, por una parte, al afirmarse la independencia del pariamento y acrecentar éste sus funciones, sus integrantes procuraron agruparse y, por otra, la universalización del derecho de voto, incentivó la formación de agrupaciones capaces de canalizar los sufragios. n . La doctrina está de acuerdo en señalar que el origen de los partidos políticos es doble: parlamentario y extrapariamentario. Los partidos de origen parlamentario y electoral se formaron por representantes populares que en las épocas de elecciones desarrollaban ciertas actividades con el objeto de integrar grupos en el seno del parlamento que tuvieran propósitos políticos definidos. Los partidos de origen extrapariamentario, son partidos de masas que se desarrollaron a partir de la actividad desplegada por oi^anizaciones independientes del parlamento como en el caso de los sindicatos. Duverger sostiene que los partidos pariamentarios presentan ciertas diferencias respecto de \ob partidos de creación exterior y afirma que los que provienen de la cima son, en términos generales, más centraliza-

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No se harán compensaciones de los años de pérdidas con los años de ganancia. Esto significa, por un lado, la prohibición de exigir a los trabajadores que restituyan al patrón las utilidades ya percibidas para cubrir las pérdidas de un año posterior y, por el otro, la prohibición de pretender aplicar la utilidad de un año a la pérdida sufrida en el año posterior. El derecho al reparto de utilidades prescribe en un año, y el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, serán agregadas a la utilidad repartible del año siguiente. V. C E N T R O

DE T R A B A J O . COMISIONES MIXTAS.

los juzgados de los partidos foráneos, para aprovechar las instalaciones, aunque con competencia en todo el Distrito Federal. En cualquier momento, el Tribunal Superior de Justicia puede trasladarlos al centro, como hizo con los juzgados de lo familiar. m . La división en partidos se justificó cuando dichas localidades eran pueblos alejados de lo que propiamente era la ciudad "de México; hoy que todos eUos se han integrado a la gran metrópoli, verdaderamente es una sola ciudad, no tiene pbjeto esa división, que en los últimos años de estar en vigor, era causa para entorpecer la administración de justicia.

SALARIO.

IX. BIBLIOGRAFÍA: BUEN LOZANO, Néstor de. Derecho del trabajo, t. II, Derecho individual, derecho colectivo; 4a. ed., México, Porrúa, 1981 ; C A V A Z 0 S F L O R E S , Baltazar, 35 lecciones de derecho taboral, México, TriUaa, 1982; CUEVA, Mario de la. El nuevo derecho mexicano del trabajo, t. I. Historia, principios fundamentales, derecho individual y trabajos especiales; 6a. ed., México, Porrúa, 1980; PROCURADURÍA F E D E R A L DE L A D E F E N S A D E L T R A B A J O ,

Manual de Derecho del trabajo; 3a. ed.^ México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1982; R A M R E Z FONSECA, Francisco, Ley Federal del Trabajo comentada, México, Publicaciones Administrativas y Contables, 1982. José D A V A L O S

Partidoe judiciales. L Para los efectos de la competencia territorial de los diversos tríbimales, las entidades se suelen dividir en algunas ocasiones en distritos judiciales y otras en partidos judiciales. En el Distrito Federal, así como en los territorios federales, cuando los hubo, se dividieron en partidos judiciales, hasta la reforma a la LOTJFC, publicada en el DO de 30 de diciembre de 1975, en cuyo actual a. 5 dice que el Distrito Federal comprende un solo partido judicial. n . Los cuatro partidos judiciales en que se dividía el Distrito Federal eran: a) el de Alvaro Obregón, comprendiendo las delegaciones políticas de Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa; b) el de Coyoacán, integrado por las delegaciones de Coyoacán y Tlalpan; c) el de Xochimilco, que se extendía alas delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta y TIáhuac, y d) el de México que comprendía el resto del Distrito Federal. Lo mismo se había hecho con los territorios federales. . En la actualidad, aunque ya no existe división teiritorial, se han mantenido sendos juzgados, de primera instancia de lo civil y penal, en donde antes existían

José Luis SOBERANES FERNANDEZ Partidos políticos. L Con Maurice Duverger se puede decir que el origen de los partidos políticos, propiamente dichos, se remonta a poco más de un si^o de existencia; en 1850 había clubes políticos, asociaciones, grupos parlamentarios; pero no partidos. En el presente los partidos políticos han cobrado carta de ciudadanía en todas partes. . El a^ge alcanzado por los partidos no podría explicarse si no se vincula su historia a la de la democracia representativa, de ahí que el mismo Duverger señale que el desarrollo de los partidos se encuentra vinculado a la extensión de las prerrogativas paiiamentarias y del sufragio, ya que, por una parte, al afirmarse la independencia del pariamento y acrecentar éste sus funciones, sus integrantes procuraron agruparse y, por otra, la universalización del derecho de voto, incentivó la formación de agrupaciones capaces de canalizar los sufragios. n . La doctrina está de acuerdo en señalar que el origen de loe partidos políticos es doble: parlamentario y extrapariamentario. Los partidos de origen parlamentario y electoral se formaron por representantes populares que en las épocas de elecciones desarrollaban ciertas actividades con el objeto de integrar grupos en el seno del parlamento que tuvieran propósitos políticos definidos. Los partidos de origen extrapariamentario, son partidos de masas que se desarrollaron a partir de la actividad desplegada por oi^anizaciones independientes del parlamento como en el caso de los sindicatos. Duverger sostiene que los partidos pariamentarios presentan ciertas diferencias respecto de \ob partidos de creación exterior y afirma que los que provienen de la cima son, en términos generales, más centraliza-

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dos que los segundos que tienen su punto de partida en la base. "En uno, los comités y secciones locales se establecen bajo el impulso de un centro ya existente, que puede reducir, a su gusto, su libertad de acción; en los otros, por lo contrario, son los comités locales preexistentes los que crean un organismo central para coordinar su actividad y limitar, en consecuencia, sus poderes, a fin de conseiyar el máximo de autonomía". En el presente la doctrina conceptúa a los partidos políticos como grupos organizados que se proponen conquistar, conservar o participar en el Hercicio del poder a fin de hacer valer el programa político económico y social que comparten sus miembros. Al respecto conviene tener presente que Robert Michels concebía a los partidos como organizaciones de combate, en el sentido político del término. En este orden de ideas se puede afirmar que le corresponde a los partidos políticos reflejar la oposición de las fuerzas sociales dentro de la sociedad, materializar su acción en la estructura del Estado, contribuir a integrar la voluntad general, organizar, educar e informar políticamente al cuerpo electoral, e intervenir activamente en el proceso de selección de los dirigentes. m . En esta materia conviene distinguir a los partidos políticos de los grupos de presión, término que sirve para designar una amplia gama de organizaciones cuyo denominador común estriba en que participan en la contienda política de manera indirecta. De aquí que con el propósito de diferenciar a estos grupos de los partidos políticos, Duverger afirme que estos últimos "tratan de conquistar el poder y de ejercerlo; su método es hacer elegir a los consejeros generales, a los alcaldes, a los senadores y a los diputados, hacer entrar a los ministros en el gobierno y designar al jefe del Estado. Los grupos de presión, por el contrario, no participan directamente en la conquista del poder y en su ejercicio sino que actúan sobre el poder, pero permaneciendo al margen de él y realizando una presión sobre el mismo". Por lo que se refiere al poder que detentan y a los fines que persiguen unas y otras organizaciones, Patricio E, Marcos, en su intervención en la Comisión Federal Electoral, precisó que "mientras los representantes de la soberanía sintetizan las múltiples facetas del espíritu nacional todo, éstos actúan por la salvaguarda y el acrecentamiento de sus intereses específicos y materiales; mientras la acción partidaria se da a plena luz, en la plaza pública, la de los grupos de pre-

sión se verifica a hurtadillas en las inmediaciones del palacio". Respecto a los grupos económicos de presión, puntuaUzó que el propósito de éstos, "no es el de la defensa de los intereses generales y mayoritarios, sino el de los particulares y privados. "Sus frutos legislativos sin embargo, siempre envuelven y disfrazan esta tendencia privatista bajo los ropajes del interés general". Si en un principio los partidos políticos fueron prohibidos y más tarde apenas tolerados, ello obedeció a que el pensamiento individualista y liberal temía que la disciplina de partido pudiera dar lugar a que se sustituyera la voluntad del pueblo soberano por la voluntad de una minoría partidista. Sin embargo, con el paso de los años el proceso de constitucionalización se viovigorizado al amparo de las siguientes consideraciones; en primer término, el reconocimiento de que la persona no es un ser aislado, sino miembro de un grupo social y, en segundo lugar, a la convicción de que si bien la democracia supone pediciones divergentes, también requiere que éstas se reduzcan a través de los partidos políticos y, sobre la base del sufragio universal, a proporciones administrables a efecto de organizar la vida política, económica, social y ctdtural del país. En este orden de ideas, durante las sesiones que llevó a cabo la Comisión Federal Electoral en el año de 1977, con objeto de sentar las bases para la reforma política, se puso de manifiesto que el proceso de constitucionalización de los partidos políticos se encuentra en marcha en la mayoría de las democracias occidentales. Con este fíit se formularon repetidas referencias a la Constitución italiana de 1947, que en su a. 49, declara: "todos los ciudadanos tienen el derecho a afiliarse libremente en partidos para colaborar, en forma democrática, en la determinación de la política nacional". Asimismo, se aludió a la Constitución ¿"ancesa de 1958 que en su a. 4o., precisa: ' l o s partidos y grupos políticos concurren a la expresión del sufrago. Forman y ejercen su actividad libremente. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y de la democracia". También se trajo a colación a la ley fundamental de Bonn que en su a. 2 1 , reconoce a los partidos políticos como "concurrentes en la formación de la voluntad política del pueblo". En nuestro medio, la constitucionalización de los partidos políticos revela los siguientes pasos: Un primer paso se dio con la promidgación de la C 49

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d e 1 9 1 7 , q u e reconoció en su a. n o v e n o el d e r e c h o de los ciudadanos para asociarse y tratar los a s u n t o s políticos del p a í s , sentándose a s í las bases para q u e se crearan y desarrollaran l(w p a r t i d o s políticos. U n p a s o m á s se d i o e n el a ñ o de 1 9 6 3 , c u a n d o se r e f o r m a r o n los aa. 5 4 y 6 3 constitucionales, relativos al régimen de d i p u t a d o s de p a r t i d o y se f o r m u l ó u n a referencia tangencial a los partidos políticos, sin det e r m i n a r su naturaleza, ni precisar la función q u e d e s e m p e ñ a n y los fines q u e persiguen. En este e s t a d o de cosas, y a efecto de a p o y a r la p r o p u e s t a d e reformar la G y de precisar las bases del régimen de partidos, Pedro González Azcuaga argum e n t ó q u e dichas agrupaciones, en t a n t o q u e cuerpos i n t e r m e d i o s q u e fijan los canales de participación d e la c i u d a d a n í a organizada, d e b e r í a n ser objeto d e u n a regulación constitucional, y a q u e "la estructura fund a m e n t a l d e u n a nación, sus instituciones primarías y las n o r m a s principales d e su organización política, están d o t a d a s , al c o n t e n e r s e en la Constitución, de u n a superlegalidad q u e les p r o p o r c i o n a majestad y j e r a r q u í a y a la vez les confiere cierto grado d e inmutabilidad y p e r m a n e n c i a " . F i n a l m e n t e , en el a ñ o de 1 9 7 8 el p o d e r revisor adicionó el a. 4 1 constitucional, a efecto d e precisar q u e " l o s p a r t i d o s políticos tienen c o m o fin p r o m o v e r la p a r t i c i p a d ó n del p u e b l o e n la vida democrática, c o n t r i b u i r a la integración d e la representación naciofial y c o m o organizaciones d e ciudadanos, hacer posible el acceso d e éstos al ejercicio del p o d e r público, d e a c u e r d o c o n los programas, principios e ideas q u e postulan y m e d i a n t e el sufragio universal, libre, secreto y directo". Al r e s p e c t o , conviene r e c o r d a r q u e la d o c t r i n a considera q u e u n p a r t i d o p o l í t i c o es u n a asociación de personas q u e c o m p a r t e n u n a misma ideología y q u e se p r o p o n e n participar e n el p o d e r p o l í t i c o o conquistarlo y q u e para ello, c u e n t a n c o n u n a organización p e r m a n e n t e . La vigente LOPPE, al r e ^ a m e n t a r este dispositivo constitucional, precisa q u e : "la acción d e los p a r t i d o s tenderá a: 1. propiciar la articulación social y la participación democrática de los c i u d a d a n o s ; 2. p r o m o v e r la formación ideológica d e sus militantes; 3 . c o o r d i n a r acciones políticas c o n f o r m e a principios y programas, y 4 . estimular discusiones sobre intereses c o m u n e s y delibera-ñones s o b r e objetivos nacionales a fin d e establecer v í n c u l o s p e r m a n e n t e s e n t r e la o p i n i ó n ciudad a n a y los poderes p ú b l i c o s " (a. 2 0 ) .

D e esta manera, se r e c o n o c e q u e las funciones de los p a r t i d o s n o se agotan e n la mera participación periódica en las elecciones, sino q u e , t a m b i é n tienen obligaciones q u e los vinculan a tareas de información, educación y desarrollo p o l í t i c o . Por l o q u e se refiere a n u e s t r o m e d i o , cabe señalar q u e a través de las leyes electorales q u e se h a n suced i c o de 1 9 1 7 a la fecha, se h a n p r o c u r a d o delinear las bases, d e p u r a r los principios y racionalizar cada vez de mejor manera, la organización y f u n c i o n a m i e n t o de los p a r t i d o s p o l í t i c o s nacionales. IV. BIBLIOGRAFÍA: BURGOA, Ignacio, etaL, £3 régimen constitucional de lo» partidos políticos, México, UNAM, 1975; DUVERGER, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional; 5a. ed., Barcelona, Ariel, 1970; id., Los partidos políticos; trad. de Julieta Campos y Enrique González Pedrero, México, Fondo de Cultura Económica, 1957; G O N Z Á L E Z A Z C U A G A , Pedro, "Ponencia presentada ante la Comisión Federal Electoral en re^esentación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana", Reforma Política, México, vol. I, núm. 1, 28 de abril de 1977; MARCOS, Patricio, E., "Ponencia presentada a título individual ante la Comisión Federal Electoral", Reforma Política, México, vol. I, núm. 8, 23 de junio de 1977; MONTAÑO, Jorge, Partidos y política en América Latina, México, UNAM, 1975; MORENO, Daniel, Los partidos políticos del México contemporáneo; 2a. ed., México, Co8ta-Amic, 1970; P A T I Ñ O C A M A R E N A ,

Javier, Análisis de la reforma política, México, UNAM, 1981; RUIZ M A S S I E U , José Francisco, Normación constitucional de los partidos políticos en América Latina, México, UNAM, 1974. Javier PATINO C A M A R E N A Pasaporte. L (Del fi^mcés passeport.) Existen diversas acepciones del t é r m i n o : primera, se n o s dice q u e e s la licencia o d e s p a c h o p o r escrito q u e se da para p o d e r pasar libre y s e g u r a m e n t e de u n p u e b l o o país a o t r o ; segunda, el d o c u m e n t o para trasladarse de u n lugar a o t r o fuera del país y e n el q u e se hace c o n s t a r la identidad del q u e l o posee, y tercera, la aquiescencia q u e se da p o r escrito para transitar l i b r e m e n t e de u n país a otro. Para la legislación mexicana, " e s el d o c u m e n t o de viaje q u e la Secretaría d e Relaciones Exteriores expide a los nacionales mexicanos para acreditar la i d e n t i d a d del titular y solicitar a las a u t o r i d a d e s extraiijeras q u e les p e r m i t a n libre paso, les i m p a r t a n a y u d a y p r o t e c ción y, en su caso, les dispensen las cortesíías, privilegios e i n m u n i d a d e s q u e a su cargo o r e p r e s e n t a c i ó n c o r r e s p o n d a n " {v. R e g l a m e n t o para la E x p e d i c i ó n de Pasaportes ( R E P ) /X> 9 de diciembre de 1 9 8 1 ) .

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Como se puede apreciar, el significado del vocablo es complejo y por consecuencia su fórmula no es sencilla de definir. Se entiende por pasaporte el documento jurídico administrativo que emana de los órganos de la autoridad competente del Estado que lo emite; por el que se concede a su portador, autorización para abandonar el territorio nacional y dirigirse ai extranjero. El pasaporte és reconocido no solamente por los órganos nacionales que lo emitieron, sino de igual manera, con respecto a los órganos extranjeros, en base a la reciprocidad. II. Se tiene conocimiento que este documento ha existido desde hace mucho tiempo y que los gobiernos de los estados lo han expedido no sólo a sus nacionales, sino a extranjeros. Así tenemos, p. e. que en 1822 existió un decreto que indicaba la suspensión de pasaportes para sahr del país {v. decreto XXVin, 9 de enero de 1822). Dos años más tarde, en junio de 1824, y con el propósito de estructurar de una mejor manera los mecanismos de expedidión de pasaportes, se dispuso " 1 . que los extranjeros que pertenecen a naciones que tienen cónsules en la República Mex-cana, pidan los pasaportes que necesitan para salir de ella al supremo gobierno por conducto de sus respectivos cónsules. 2. Que los que no tuvieran cónsules de la nación a que pertenecen lo pidan por medio de los gobernadores de los estados donde residan. 3. Que los mexicanos que quieran salir fuera de la república deberán ocurrir al supremo gobierno á que les expida el correspondiente pasaporte por conducto de los mismos gobernadores de los estados,. . . " {cfr., Colección de órdenes y decretos de la soberana junta provisional gubernativa y soberanos congresos generales de la nación mexicana; 2a. ed., México 1829, t. 1). Para diciembre de ese mismo año, se expide el decreto 137, que de alguna manera restringe la expedición de pasaportes a extranjeros, al establecer en su pfo. primero que "estando en las facultades del gobierno expeler del territorio de la república á todo extranjero cuando lo juzgue oportuno, cuidará de dar el correspondiente pasaporte á los que en las actuales circunstancias le parezca conveniente" {id. p. 288). Como se puede apreciar, era ei supremo gobierno de la República y los gobernadores de los estados los autorizados para expedir pasaportes. Para 1918, la Secretaría de Gobernación por medio de circular número uno, se amplía la autcMÍzación de

expedición del documento a que nos hemos venido refiriendo, quedando de la siguiente manera: "quedarán autorizados los Inspectores del Servicio General de Migración, para expedir pasaportes a los ciudadanos mexicanos que deseen cruzar la línea internacional de límites con los Estados Unidos de Norte América...". Asimismo, en esta disposición se estípula en el pfo. primero que la expedición del documento sería graüiita a los ciudadanos mexicanos ya fueran p w nacimiento o naturalización (y. DO 11 de diciembre de 1918). Esta misma dependencia, en mayo de 1918, emite la circular número 18 que, por sus disposiciones trata de dar un eficiente servicio al usuario de este documento de identidad al disponer en sus firs. I y DI, lo siguiente: "Los fundonarioe públicos autorizados por el ciudadano presidente de la República para la expedición de pasaportes son: el secretario de Relaciones Exteriores; los ciudadanos gobemadores-de los estados; los presidentes municipales en la frontera con los Estados Unidos de América; y, los ciudadanos inspectores de migración en los puertos fronterizos con dicha nación". "Los gobernadores de los estados extenderán pasaportes a las personas que se dirijan a cualquier punto de los Estados Unidos de América, comprendiéndose en esta disposición los ciudadanos mexicanos por nacimiento o por naturalización y los extranjeros cuyo Gobierno no tenga agentes diplomáticos o cónsules acreditados en el país" (v. DO 4 de mayo de 1918). En abril de 1938, se expide el Recámenlo para la Expedición y Visa de Pasaportes, núsmo que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 19B1 {v. DO 21 de mayo de 1938). n i . Podemos dedr que existen cuatro clases de pasaportes de manera general: 1. pasaporte ordinario: a) individual, b) colectivo, y c) familiar; 2. pasaporte diplomático; 3 . pasaporte oficial: a) consultar, y b) de servicio; 4. pasaporte especial: a) laissez-passer; b) nansen o de identidad y vi^e, y c) documento especial de viaje. No obstante las anteriores modalidades, en nuestro país sólo existen tres clases de pasaportes: ordinario, diplomático y oficial (u. a. 2 REP). El pasaporte ordinario será expedido a personas de nacionalidad mexicana que cumplan con los requisitos que el susodicho re^amento exige y cuya temporalidad será de cinco años (v. aa. 5 , 1 1 , REP). Por su parte, el pasaporte diplomático podrá ser expedido a: presidentes de la Repúbhca, expresidentes, presidentes de la gran comisión de las Cámaras de Diputados y Senadores, ministros de la SCJ, secretarios de Estado, jefes de departamentos administrativos. 51

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secretarios particular y privado del señor presidente de la República, al jefe del estado mayor presidencial, a los procuradores generales de la república y de justicia del Distrito Federal, gobernadores de los estados, subsecretarios de Estado y secretarios generales de departamentos administrativos y funcionarios del servicio exterior mexicano. Será válido, durante el tiempo que dura el cargo o comisión (u. aa. 15, 21 REP). Los pasaportes oficiales se podrán expedir a: senadores y diputados al Congreso de la Unión, titulares de órganos públicos que vayan a -desempeñar alguna comisión oficial en el extranjero, empleados del servicio exterior mexicano adscritos en el extranjero a las representaciones de nuestro país. Su validez es mientras dura el cargo o la comisión {v. aa. 23, 27, REP). Por lo que se refiere a los pasaportes especiales, es oportuno señalar que los incluida» en ese rengjón, son expedidos por las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA. Los expedidos por la primera organización son los laissez-passer y los nansen. Con regularidad, los primeros son otorgados a los funcionarios denominados generalmente internacionales, o sea, a aquellas personas que trabajan y tienen ese rango para la organización. Son las únicas personas que pueden portar este tipo de documento. El segundo, el nansen (su nombre se debe al noruego F . Nansen, quien en 1922 fungió como alto comisario de la Sociedad de Naciones para los refutados y quien ideó el documento), es expedido en la actualidad por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a las personas apatridas y a aquellas cuya nacionalidad es dudosa. Los documentos que expide la OEA a sus funcionarios son los llamados documentos especiales de viaje. En nuestra legislación, se menciona que el pasaporte ordinario será expedido en la República por la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus delegaciones y, en el extranjero, por las embajadas y consulados de ::arrera de México; en cuanto a los pasaportes diplomáticos y oficiales lo hará la Secretaría de Relaciones Exteriores, como facultad exclusiva (u. aa. 3, 4, REP). Entre los requisitos para la obtención de pasaportes, podemos señalar: presentar solicitud, comparecencia del que lo solicita, documentos que acrediten su identidad, fotografías y el pago de derechos (v. a. 5 incisos a-f. REP). Existen otros ordenamientos jurídicos mexicanos que se encuentran intimamente relacionados con la expedición de pasaportes, mismos que a continuación

enunciamos: C; LOAPF (DO 29 de diciembre de 1976); LNN (DO 20 de enero de 1934); Ley Federal de Derechos —disposiciones generales— (DO 31 de diciembre de 1982); Ley del Servicio Militar Nacional (DO 8 de septiembre de 1942); Reglamento parala Expedición de Certificados de Nacionalidad Mexicana (DO 18 de octubre de 1972); Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (DO 26 de noviembre de 1980), CC; Ley Oi^ánica del Servicio Exterior Mexicano (DO 8 de enero de 1982), y su Re^amento (DO 22dejuliodel982). V. DOCUMENTO CONSTITUTIVO. DOCUMENTO PROBATORIO. IV. BIBLIOGRAFÍA: OSMANCZYK, Edmund Jan, Enciclopedia mundial de relaciones internacionales y Naciones Unidas, México, 1976; MOLINA, Cecilia, Práctica consular mexicana, México, Porrúa, 1970. Pedro Gabriel L A B A R I E G A V I L L A N U E V A

Paso en tránsito. I. Se entiende por "paso en tránsito", según el a. 38 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, abierta a la firma el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, como el ejercicio de la libertad de navegación y sobrevuelo por los buques y aeronaves de todos los estados, exclusivamente para los fines del tránsito rápido e ininterrumpido por cualquiera de los estrechos utilizados para la navegación internacional, entre una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva. Dicho paso no podrá ser obstaculizado por los estados con costas en el estecho. El derecho de paso en tránsito no rige cuando el estrecho está formado por una isla de un estado ribereño de ese estrecho y su territorio continental, y cuando del otro lado de la isla exista una ruta de alta mar o que atraviese una zona económica exclusiva, igualmente conve niente para el paso en lo que respecta a sus características hidrográficas y de navegación. n . El concepto del derecho de paso en tránsito es nuevo en el derecho internacional del mar. Surgió como una fórmula de compromiso en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entre aquellas potencias marítimas que tradicionalmente se habían opuesto a la ampliación de la jurisdicción nacional de los estados en el mar, y los estados ribereños de los distintos estrechos que son utilizados para la navegación internacional. Estos últimos pretendían ejercer, hasta sus últimas consecuen-

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cias, los derechos que derivaban de su soberanía sobre las aguas de sus respectivos estrechos, cuando éstas constituían agua de mar territorial. Este era el caso de cualquier estrecho en el que la distancia entre ambas riberas del estrecho fuera de 24 millas o menos ya que, como se sabe, la extensión máxima del mar territorial es la de 12 millas. Así, en el caso de estrechos en los que, al trazar el mar territorial desde cada una de sus riberas, abarcara una distancia de 24 millas o menos, la totalidad de las mismas serían concideradas como mar territorial. La consecuencia de esto último sería, según la Convención de Ginebra de 1958 sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, que las embarcaciones extranjeras no tuvieran lüiertad de navegar por dichas aguas, sino solamente el derecho de un paso inocente. Dado que una buena cantidad de los estrechos del mundo que se utilizan pgra la navegación internacional caen dentro de la anterior categoría, es decir, que tienen, una anchura de 24 millas o menos, y dada la inmensa importancia estratégica que los mismos guardan para las potencias marítimas, no sólo desde el punto de vista comercial sino, principalmente, militar, dichas potencias no estaban dispuestas a permitir que se limitara su posibilidad de efectiva navegación a través de los mismos. El derecho de paso inocente constituía una garantía poco aceptable para ellas, ya que está sujeto a diversos requisitos cuyo cumplimiento puede ser, en ocasiones, calificado a discrecionalidad del Estado costero en cuestión. Era necesario, por lo tanto, buscar una fórmula que les permitiera el mayor grado de libertad posible para navegar por esos estrechos. Los estados costeros encontraban tal pretensión inaceptable, pues constituía un intento de derogación de su soberanía sobre sus aguas territoriales. Eventualmente, se logró inventar una fórmula de compromiso con base en la figura del derecho de paso en tránsito. Según el a. 39 de la Convención, los buques y aeronaves extranjeras que ejerzan el derecho de paso en tránsito por un estrecho utilizado para la navegación internacional, deben avanzar sin demora por o sobre el estrecho, abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de los estados ribereños del estrecho, así como abstenerse de toda actividad que no esté relacionada con sus modalidades normales de tránsito rápido e ininterrumpido, salvo que resulte necesaria por fuerza mayor o por dificultad grave. Además, durante el paso los buques deben cumplir los reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales

de seguridad en el mar generalmente aceptadas, incluido el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, así como los relativos a la prevención, reducción y control de la contaminación causada por buques. Por su parte las aeronaves, durante su paso en tránsito, deben observar los correspondientes reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales sobre seguridad en la materia. Como puede apreciarse, este régimen jurídico del paso en tránsito es significativamente menos estricto que el régimen jurídico del derecho de paso inocente y, por tanto, benéfico para quienes quieren utilizar estrechos para la navegación internacional. En efecto, el régimen de paso inocente permite al Estado ribereño el adoptar medidas nacionales para asegurar el cumplimiento de los requisitos que se exijan para ejercer ese derecho. Así, el Estado ribereño puede adoptar, según los aa. 17 a 32 de la propia Convención, leyes y reglamentos nacionales que regulen el paso inocente de embarcaciones extranjeras por su mar territorial. Los referidos aa. incluso dan un tratamiento distinto a, por una parte, los barcos mercantes y a los barcos del Estado destinados a fines comerciales y, por la otra, a los barcos de guerra y a otros barcos de Estado destinados a fines no comerciales. Contrasta todo lo anterior con el régimen del paso en tránsito, que se aplica a todos los buques extranjeros, sin distinción por razón de los fines a los que son destinados, y que en importantes materias limita la facultad del Estado ribereño de dictar leyes y reglamentos nacionales, al disponer la aplicabilidad exclusiva de reglamentos, procedimientos o prácticas internacionales generalmente aceptadas. Aunque a lo largo de las costas de México no existe ningún estrecho de los arriba referidos, es importante conocer esta situación por dos razones. En primer lugar porque es parte del derecho positivo mexicano, ya que las disposiciones citadas de la Convención fueron incorporadas al mismo al haber sido ésta ratificada por nuestro país el 18 de marzo de 1983 {DO, l o . de junio de 1983), una vez que fue aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1982 {DO, 18 de febrero de 1983). En segundo lugar, debe considerarse que México, al incrementar su participación en el tráfico marítimo internacional, lo que interesa al país a fin de abaratar los costos de transj.. rtación en la exportación que hace de sus productos a diversos rincones del mundo, las embarcaciones que llevan la bandera mexicana deberán pasar por estrechos que se utilizan 53

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para la navegación internacional y, por tanto, deberán someterse y beneficiarse de las normas que constituyen el régimen jurídico del nuevo derecho del paso en tránsito. V. A L T A M A R . M A R T E R R I T O R I A L , P A S O INOCEN TE, Z O N A ECONÓMICA EXCLUSIVA.

III. BIBLIOGRAFÍA: M E S E G U E R S A N C H E Z , José L.,

"El caso del 'Arlington' (1859-1860). (Un precedente de la doctrina del libre tránsito por los estrechos)", Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, vol, 28, núms. 1-3, 1975; REISMAN, W. Michael, "The Regime of Straits and National Security: AnAppraisalof International Lawmaking", American Journal of Internationtd Law, Washington, vol. 74, núm. 1, enero de 1980; MOORE, John Norton, "The Regime of Straits and the Third United Nations Conference on the Law of the Sea", American Journal of Intematiomd Lato, Washington, vol. 74, núm. 1, enero de 1980. Alberto SZEKELY Paso inocente. I. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, abierta a la firma en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial de cualquier otro Estado. Esta institución constituye, por tanto, la única limitación sustancial a la soberanía que ejerce el Estado costero sobre su mar territorial« Como este derecho está sujeto a una serie importante de requisitos, la limitación a la soberanía no llega al grado de derogarla. En efecto, si así fuera, más que un derecho de paso inocente estaríamos ante la institución de la libertad de navegación. Esta institución constituye, más bien, un punto medio entre la libertad de navegación y el pleno y estricto ejercicio de soberanía por parte del Estado costero sobre una porción espacial que se considera asimilada a su territorio. La definición de este derecho la da la Convención, en sus aa. 18 y 19, dividiéndroce8al tiene carácter público, no sólo por conducto de las excepciones se plantea la ausencia o los defectos de los presupuestos procesales. Los ordenamientos locales que se inspiran en el anteproyecto distrital de 1948, es decir los CPC de Sonora (1949), Morelos (1955) y Zacatecas (1965), regulan de manera expresa los dos medios para el examen de los referidos presupuestos. En vía de ejemplo podemos citar el a. 48 del primero de dichos ordenamientos locales, el cual dispone que el demandado podrá denunciar al juez y hacer valer como excepciones, los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, pero además, el propio juzgador está facultado para hacer valer o mandar subsanar de oñcio, sin requerimiento de parte, la falta que advierta de tales requisitos. En forma menos precisa el a. 335 del CFPC regula la posibilidad de enmendar los defectos en algunos presupuestos procesales, en cuanto dispone que cuando una excepción se apoye en la falta de personalidad (en realidad, de personería) o en cualquier otro defecto

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procesal (¡ue p u e d a subsanarse, el inttiresado podrá corretrirlo en cuahjuier estado del juicio, con el objeto de encausar legalmente el desarrollo del proceso. IV. En las restantes ramas procesales, los ordenamientos respectivos no hacen referencia directa a los presupuestos procesales, puesto q u e s ó l o r e h i l a n las excepciones procesales y en forma específica cada u n a de las citadas condiciones necesarias para la valide/. (](íl proceso respectivo, e o m o las mem^ionadas anteriormente. Por otra parte, se advierte en el derecho procesal m e x i c a n o la falta de u n i n s t r u m e n t o específico para subsanar la falta o los defectos de los presupuestos mencionados, e o m o el despacho saneador del d e r e c h o brasileño o la audiencia preliminar rejiulada por los o r d e n a m i e n t o s angloamericanos; instituciones que permiten la corrección o p o r t u n a de las irregularidades denunciadas p o r las partes o advertidas p o r el juzgador en la etapa inií'ial del p r o c e d i m i e n t o , con lo cual se evitan los perjuicios que con frecuencia se firoducen t a n t o para las partes c o m o para la administración de justicia, c u a n d o , a pesar de la invalidez de ta relación jurídico-procesal, el p r o c e d i m i e n t o se continúa hasta la fase fínal, en la cual n o p u e d e resolverse el fondo de la controversia. En los preceptos antes m e n c i o n a d o s del CPC de Sonora y del CFPC, se establece la posibilidad de enm e n d a r de oficio o p o r la parte interesada, dichos defectos o la falta de presupuestos, c u a n d o los mismos s o n subsanables, p e r o n o establecen u n a e t a p a f)rocesal preliminar, en la cual pudiera hacerse dicha correeión. En este mismo sentido, el segundo ¡)fo. del a. 6 8 6 de la L F T o t o r g a a l a s j u n t a s de conciliación y arbitraje la facultad de corregir cualquier irregularidad u omisión que n o t a r e n en la substanciación del proceso, para el efecto de q u e p u e d a n regularizar el procedim i e n t o , sin q u e esto i m p h q u e que puedan revocar sus propias resoluciones. V. C O M P E T E N C I A , ( ^ . A P A C I D A D P R O C E S A L . D I R E C -

C I Ó N DEL PROCESO, EXCKPCIONES, LEGITIMACIÓN, PERSONERÍA, RELACIÓN JURIDICO-PROCESAL.

V. BIBLIOGRAFÍA: . A L C A L A - Z A M O R A Y CASTILLO, Niceto, Derecho procesal mexicano, México, Porrúa, 1977, t. I; A L S I N A , Hugo, Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial :2a. ed., Buenos Aires, 1 9 5 6 ; B K C E R R A BAUTISTA, josé, EI proceso civil en México; 10a. ed., México, Porn'ía, 1982; rillLOW, O.scar von, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales', trad. de Mií!>jel AnRel Rosas Lichtschien, Buenos Aires, EJEA, 1964;

C O U T U R E , Eduardo J., Fundamentos del derecho pmctísat civil; 3a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1958: D E V I S K C H A N DIA, Hernando. Compendio de derecho procesal, t. I,Teoriú general del proceso: 5a. ed., Bogotá, Editorial ABC, 1976; OVALLE F A V E L A , José, Derecho procesal civil. México, Haría, 1980. Héctor r I X-ZAMLIDIO Pretensión. I. Esta v o / , e o m o la m a v o r i a de los tecnicismos jurídicos dt- los |)aíse3 de derecho romano-can ó n i c o procede del latín. En esa lengua corresponde a postulare, postulatio-onis, q u e significa petición, solicitud, reclamación y también acusación o demanda. Ea incorporación a la lexicología procesal de dicho sustantivo es relativamente reciente y su c o n c e p t o reviste destacada importancia, si bien no hay consenso u n á n i m e en c u a n t o a su c o n t e n i d o y determinación científica. 11. En efecto, una consideración superficial podrá identificar a la pretensión procesal con la demanda, p o r c u a n t o ésta se dirige p o r el actor al tribunal en solicitud del ejercicio de la jurisdicción en el caso que se le s o m e t e : pero tal aparente equivalencia entraña el error de confundir el c o n t e n i d o c o n el c o n t i n e n t e , puesto que la d e m a n d a conlleva la pretensión, más no se identifica e')digo Penal argentino, que ¡m[(one reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres años al cjue, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la .salud, produjcní la muertfí de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente (H:asionar la muerte. 4) Kxislé, finalmentcendiente, padrastro o madrastra, de todo derecho a los bienes del ofendido y de ta patria potestad sobre todos sus descendientes; tax los deUtos de los profesionales previstos en los aa. 228-230, la prohibición definitiva del ejercicio de U [wofesión, oficio o actividad técnica correspondientes; en los delitos 229

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contra el estado civil (a. 278), la pérdida deñnitiva del derecho a heredar que el agente tuviere respecto de las personas a quienes por la comisión del delito peijudique en sus derechos de familia; en el delito de lesiones inferidas por quien ejerce la patria potestad o la tutela (a. 295), la privación de la patria potestad; en el delito de abandono de niños (a. 335), la privación de la patria potestad ola tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido; y en la acción punible de hacer entrega de un niño a una casa de expósitos (a. 343), la privación para los ascendientes o tutores que la practiquen, teniéndolo bajo su potestad, de los derecha que tengan sobre la persona y bienes de! expósito. n i . a) A diferencia de la privación de derechos, la suspensión es reglamentada por el CP (aa. 45-46), más no definida. Consiste en el impedimento temporal para el ejercicio de los derechos a que se refiere. Los aa. que la reglamentan distinguen dos clases de suspensión: una que se impone por sentencia como sanción (a. 4 5 , fr. II), léase pena principal, por lo g e n i a l copulativamente con otras penas, y otra que, como pena accesoria, "por ministerio de la ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta" (a.45,fr.I). 6) Como pena principal la impone la ley a los delitos por imprudencia (a. 60), donde la suspensión es del ejercicio de la profesión u oficio hasta por dos años; a la revelación de secretos (a. 211), donde la suspensión es del ejercicio de la profesión, de dos meses a un año; a los delitos de los profeaonales previstos en los aa. 228*230, donde la suspensión es del ejercicio de la profesión, arte o actividad técnica, respectivamente, de un mes a dos años, y a los deHtos de los abogados, patronos o litigantes, por los hechos delictuosos previstos en los aa. 231 y 232, donde la suspensión es del ejercicio de la profesión, de un mes a dos años. La pena de suspensión de derechos impuesta por vía principal junto con una pena privativa de libertad comienza al terminar ésta, y su duración es la señalada en la sentencia (a. 4 5 , fr. 11). c) Como pena accesoria, la suspensión de derechos lo es, por ministerio de la ley, de la pena de prisión, y en tal caso tiene por objeto o contenido los derechos políticos y los de tutela, cúratela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, arbitro, arf)itrador o representante de ausentes (a. 46).

Dispone la ley que la ejecución comienza desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y que su duración es la de todo el tiempo de la condena. IV. BIBLIOGRAFÍA: CARRANCA Y T R U J I L L O , Raúl, Derecho penal mexicano; parte general; l i a . ed„ México, Pomia, 1977; GONZÁLEZ DE LA V E G A . Rene, Comentarios al Código Penal, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 1975.

Alvaro BUNSTER Privüegioa, v. FUEROS Y PRIVILEGIOS. Prívile^os e inmunidad^ consulares. I. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se tiende a usar indistintamente los términos inmunidad y privilegio. No obstante, es conveniente delimitar el alcance de cada uno de ellos. Inmunidad consular, es la situación especial que se concede a los representantes consulares de un país que se encuentran debidamente acreditados ante las autoridades de otro, en virtud de lo cual no están sujetos al procedimiento jurisdiccional ordinario. Privilegio consular, es la prerrogativa que se concede a los representantes consulares de u n país que se encuentran debidamente acreditados ante las autoridades de otro, en virtud de lo cual se les otoi^an ciertas ventajas por encima de los demás extranjeros. n . Históricamente, entre los primeros grupos sociales, la concesión de estas situaciones especiales —privilegios e inmunidades—, era exclusiva para los enviados a negociar, ya que se negaba a los guerreros. A aquéllos se les consideraba en carácter "sagrado" y esto provocaba que su persona gozara de una situación especial que no debía de sufrir mal alguno, ya que se encontraba bajo la protección de los dioses. Con el desarrollo de las relaciones entre los estados, se pierde el carácter sagrado de los enviados al ya no considerárseles como representantes personales del soberano protegido por los dioses, sino que adquieren el carácter público, ya que forman parte de la administración del Estado. El reconocimiento de su atuación especial va adquiriendo a través del tiempo un carácter jurídico por la evolución del derecho. Así, en las ciudades italianas se reconocía a los representantes de las comunidades de comercio —primeras personas con atribuciones consulares tal como ahora las conocemos— una situación especial que los ubicaba por encima de los demás extranjeros.

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La costumbre internacional y la necesidad de una mayor libertad para el ejercicio de sus funciones, propició q[ue tos enviados gozaran de una situación cada vez más favorable. Para el siglo XX, existían gran número de normas de derecho consuetudinario que reconocían a los representantes de los estados el derecho inalienable de gozar de la protección de su persona, bienes y familiares; así como, de exenciones y facilidades para el desempeño de su función. Esas normas fueron recogidas por la Convención de La Habana sobre Funcionarios Consulares de 1928 y reafirmadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; en adelante citada como (CVRC). n i . Esta situación especial comprende cuatro aspectos: 1) inviolabilidad; 2) inmunidades; 3) facilidades, y 4) privilegios. En el primer caso, la inviolabilidad se puede referir a las personas, a los locales y a los bienes consulares. Así tenemos, en cuanto a los locales y bienes, que la CVRC en sus aa. 3 1 , frs. 1-4 y 33, establece: " 1 . los locales consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este artículo; 2. las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en parte de los locales consulares que se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina consular... ; 3 . . . . el Estado receptor tendrá la obUgación especial de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los locales consulares. . . , contra toda intrusión o daño y para evitar que se perturbe la tranquilidad de la oficina consular o se atente contra su dignidad; 4. los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina consular y sus medios de transporte, no podrán ser objeto de ninguna requisa, por razones de defensa nacional o de utilidad pública"; a. 33 "Los archivos y documentos consulares son siempre inviolables dondequiera que ge encuentren". Por lo que se refiere a la inviolabilidad de personas, dicho instrumento enuncia en sus aa. 40 y 4 1 , fi^, 1-2 que; "el Estado receptor... adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad; 1. los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva.. . ; 2 . . . . los funcionarios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a ninguna otra forma de limitación de su libertad personal...". El estatuto especial es concedido a los estados y por extensión, los fiíncionarios consulares gozan de su

práctica, ya que no se da en cuanto a la persona como particular, sino a la función que su Estado les encomienda. En lo que respecta al punto 2 —inmunidades—, podemos decir que la inmunidad de jurisdicción consiste en que "los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares" (v. a. 4 3 , fr. 1, CVRC). Por lo tanto, esta inmunidad se va a dar en los aspectos penal, civil y administrativo. Existe también la inmunidad de ejecución, la cual se da cuando un funcionario consular ha sido sometido a un procedimiento judicial y se le ha dictado una sentencia. La autoridad que dictó la resolución no podrá obligar al funcionario a ejecutada, mientras el Estado que envía no haya realizado la respectiva renuncia. La renuncia se llevará a cabo de la manera siguiente: " 1 . el Estado que envía podrá renunciar, respecto de un miembro de la oficina consular, a cualquiera de los privile^os e inmunidades establecidos en los artículos 4 1 , 4 3 y 4 4 ; 2. la renuncia habrá de ser siempre expresa, . . . y habrá de comunicarse por escrito al Estado receptor; 4. la renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de acciones civiles o administrativas no implicará, en principio, la renuncia a la inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se dicte, que requerirán una remmcia especial" (i;. a. 41 CVRC). El punto 3 —facilidades—, se refiere a que el Estado receptor deberá conceder todas las facilidades necesarias para el desempeño de las funciones consulares. Dentro de las facilidades que se otorgan, podemos señalar la obUgación que tiene el Estado receptor de ayudar para la adquisición o arrendamiento tanto de las residencias para los funcionarios consulares, como para los locales de la oficina consular. Asimismo, se les brindarán las facilidades para comunicarse libremente con sus nacionales en caso de detención de éstos últimos (v. aa. 28, 30, 36, CVRC). Por lo que respecta al punto 4 —privile^os-, podemos decir que se dan de tres tipos: \.Exenciones sobre los locales consulares y la residencia del jefe de la oficina consular de carrera, de impuestos y gravámenes nacionales, municipales y regionales, salvo el pago de servicios. Los funcionarios consulares también estarán exentos del pago de impuesto, de la inscripción de extranjeros y del permiso de residencia prescritos 231

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en leyes y reglamentos locales; asimismo, de contar con permiso de trabajo que impongan los ordenamientos del Estado receptor a trabajadores extranjeros; gozarán de exención fiscal sobre salarios que perciban por sus servicios, su equipaje personal y el de su familia estará exento de inspección aduanera y del pago de derechos de aduana, salvo de aquellos que se causen por servicios (v. aa. 32, 39,46-50, CVRC). 2 . Libertades. El Estado receptor garantizará la libertad de circulación y tránsito a los funcionarios consulares de una oñcina consular, para el buen desempeño de sus funciones; asimismo, cuidará de la libertad de comunicación para fines oficiales. Los medios de comunicación utilizados por la oficina y sus funcionarios deberán ser los apropiados (correo consular, valija consular, cifra o clave), pero no se podrá utilizar una emisora de radio sin el previo consentimiento del Estado receptor. Dentro de las comunicaciones se pueden señalar las realizadas con sus nacionales y con las autoridades del Estado receptor {v. aa. 34, 35, 36 y 38 CVRC). 3 . Privilegios especiales. Consisten en el derecho que tienen los estados que envían de usar su bandera y escudo nacionales en lugares visibles en sus oficinas y residencias en territorio del Estado receptor. Asimismo, gozan de la libertad de culto. Por lo que se refiere a la legislación aplicable en este campo, podemos señalar que los países deben apegarse a lo establecido por la CVRC de 1963 y por loa usos y costumbres internacionales. Sin embargo, cada Estado podrá complementar las disposiciones mencionadas con normas de carácter interno. En nuestro país, los mecanismos jurídicos de apoyo al respecto son, entre otros, la Ley del Registro Federal de Automóviles; el CP, el Código Aduanero y su re^amento, y nuestra Carta Magna.

IV. BIBLIOGRAFÍA: A N T O K O L E T Z , Daniel, Tratado teórico y práctico de derecho diplomático y cojuuJar, Buenos Aires, Ideaa, 1948, t. II; LEE, Luke T., Contutor Lavo and Practice, Londres, Stevens and Sons, Ltd., 1961; LlON D E PETRE, José, Derecho diplomático; 2a. ed., México, Manuel Porrúa, 1974; MARESCA, Adolfo, Las relacionea conaularea; trad. de Herminio Morales Fernández, Madrid, Aguilar, 1974; OSMAÑCZYK, Edmund Jan, Enciclopedia mundial de relaciones intemacionatea y Naciones Unidas, México, Fondo de Cultura Económica, 1976; SATOW'S, Emest Sir, A Cuide to Diplomatic Practice; 5a. ed,, 2a. reimpresión, Londres, Logrean Press, 1981. Pedro Gabriel L A B A R I E G A V I L L A N U E V A

Privilegios e inmunidades de las oi^anizaciones internacionales. L De una manera general se denomina así al estatuto especial que se concede a las oi^anizaciones internacionales, a sus funcionarios y a los representantes de los Estados miembros. n . Kn la doctrina y en la jurisprudencia es usual sólo hacer referencia a los términos privilegios e inmunidades, pero el estatuto especial comprende también la inviolabilidad y las facilidades. Los estados y las organizaciones internacionales conceden, a los representantes que reciben, ese estatuto especial de manera más o menos amplia, de acuerdo a la calidad de la representación. Es conveniente hacer la distinción entre la situación especial de la propia organización y sus funcionarios en el territorio de un Estado, y la situación de los representantes de los estados miembros de la organización, que asisten a reuniones periódicas o conferencias o que laboran en la sede misma de la oiganización. En el primer caso, se trata de la organización y de funcionarios internacionales enviados por una institución con personalidad jurídica diferente de la de los estados. Estos jenviados, que pueden formar parte del alto personal (Secretaría) o del personal calificado en general, no defienden los intereses de ningún Estado ya que, cualquiera que sea su nacionalidad, ellos deberán actuar sólo en nombre de la oi^anización y no en el de un determinado país. Al ser, hasta cierto punto limitada su fiínción por la naturaleza de la oi^anización, el estatuto especial de que gozan es igualmente limitado. Por otra parte, los representantes de los estados miembros en la organización y los que asisten a una reunión temporal, tienen como función principal defender los intereses del país que los aCTeditó y su situación especial es similar a la de los agentes diplomáticos. Otro aspecto importante es el relativo a la titularidad del derecho al estatuto especial. Los funcionarios no tienen un derecho subjetivo propio, sino sólo son terceros beneficiarios, ya que el estatuto especial se concede a la organización. El representante de un Estado, por su parte es igualmente beneficiario del estatuto concedido al Estado que lo envía. i n . Los antecedentes de goce de la situación especial a. que nos estamos refiriendo, podemos encontrados en las estipulaciones de los documentos constitutivos de Comisiones Fluviales y de las Uniones Administrativas del si^o XIX.

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Al respecto es ilustrativa el Acta General de la Comisión del Río Congo, al señalar que sus agentes estaban ". . . investidos del privilegio de la inviolabilidad en el ejercicio de sus cargos" (a. 18). Referencias análogas aparecen en los instrumentos jurídicos que establecieron la Comisión Europea del Danubio y la Comisión Central de Navegación del Rhin. Sin embargo, éstas fueron concesiones aisladas que no se generalizaron. El otorgamiento de un estatuto especial similar al actual, tiene realmente su origen en la Sociedad de Naciones (1919). El pacto de esta organización establecía: "Los representantes de los Miembros de la Sociedad y sus agentes gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades diplomáticas. Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, sus funcionarios y los representantes que asistan a sus reuniones, serán inviolables" (a. 7, pfos. 4 y 5). La Organización Internacional del Trabajo (1919) en su Constitución contiene estipulaciones paralelas. La Organización de Naciones Unidas (1945) propició un avance en este terreno pues además de las previsiones de su carta constitutiva un poco más amplias que las del Pacto de Sociedad de Naciones elaboró un documento especial aprobado en febrero de 1946 considerando, en detalle el estatuto especial que debía concederse a la organización y sus enviados. En 1947 se aprobó un tratado similar, en relación con los organismos especializados y sus representantes. El documento de 1946, Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, ha servido de base para la elaboración de otras convenciones al respecto, ahora es usual que cada organización cuente con un documento específico que fije el estatuto especial que, de acuerdo a sus fines y cometidos, deba reconocérsele. rV. Como ya se apuntó, el estatuto especial de las organizaciones y sus funcionarios pueden encontrarse en diversos documentos bilaterales o multilaterales, y por tanto variar de una organización a otra, pero de una manera general el contenido de todos puede resumirse como sigue: Inviolabilidad de su persona, sus bienes, documentos y correspondencia; de los locales que ocupa la oficina de la organización y de su residencia; de los archivos, en donde quiera que se encuentren. Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, así como para actos oficiales y palabras escritas o habladas. Inmunidad de ejecución hasta que no

se haga la renuncia correspondiente por parte de la organización. Facilidades para el desempeño de su misión y a sus familiares, en caso de conflicto armado o de fallecimiento del funcionario. Privilegios. Exención de: impuestos aduaneros sobre menaje de casa, en ocasión de su in^eso al país como representante permanente; impuestos sobre sueldos siempre que no sean nacionales del Estado receptor; prestación de servicios de carácter.nacional, si son extranjeros; aplicación de leyes de migración y de registro de extranjeros, para los representantes y sus familiares; aplicación de prohibiciones de importación y exportación de artículos para uso oficial y de publicaciones. Libertad de comunicación con la organización, con oficinas en otros países y con los Estados. Disfrute de fondos y ¡franquicias en iguales condiciones que los agentes diplomáticos. Por lo que respecta a los representantes de los estados, ante las organizaciones internacionales, su situación especial se encuentra reglamentada por la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal, de 1975, la que recogió la práctica generalizada. Habíamos apuntado que la situación de estos representantes es similar a la de los agentes diplomáticos; así se les conceden inviolabilidad, inmunidades, facilidades, libertades y exenciones. Inviolabilidad. Se aplica a las personas, bienes, locales de la oficina y la residencia, archivos y documentos (donde quiera que se encuentren). Inmunidades. Gozan de inmunidad de jurisdicción penal para todos sus actos y de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa para actos en el desempeño de su cometido. Se les concede también inmunidad de ejecución mientras la organización no haga la renuncia correspondiente. Facilidades. En este punto la intervención de la organización es relevante, puesto que las facilidades de adquisición de locales y alojamiento en el Estado huésped (donde se encuentran) se logran a través de su conducto y las facilidades para el desempeño de la función son dadas por la propia organización. Libertades. Gozan de libertad de circxdación y tránsito dentro del territorio del Estado huésped, igualmente podrán cursar toda clase de comunicaciones incluyendo correo diplomático y clave o cifra tenien-

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do que contar con la aprobación del Estado huésped para instalar una emisora de radio.

Exenciones. Se les exime del pago de impuestos personales y por los locales de las oficinas y r^idencias; no se les cobran derechos aduaneros ni se les revisan sus equipajes. Asimismo, están exentos de la aplicación de las leyes de nacionalidad, registro de extranjeros y segiuidad social, asi como de prestación de servicios públicos. V. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DIPLOMÁTICOS. V. BIBLIOGRAFÍA: C A H I E R , Philippe, Derecho diplo mático contemporáneo; trad. y notas de J.V. Torrente, M. Oreja y J. González C , Madrid, Rialp, 1965; DiEZ DE V E L A S C O , Manuel, Instituciones de derecho internacional público, t. lí, Organizaciones internacionales; 2a. ed., Madrid, Tecnos, 1978; H A R D Y , Michad, Modem D^lomatic Law, Manchester Univeraty Press, 1968; RUIZ SÁNCHEZ, Lucía Irene, "La Cohvencíón de Viena sobre Representantes ante Organizaciones Internacionales. Análisis y comentarios". Relaciones Internacionales, México, vol. VI, núm. 23, octu-

bre-diriembre de 1978. Lucía Irene RUIZ SANCHEZ Privilegios e inmunidades diplomáticos. I. Bajo esta denominación se engloba la situación o estatuto especial de que gozan los representantes diplomáticos. n . La esencia de esa situación la constituye la excepción ala aplicación de la jurisdicción local, es decir, que los enviados diplomáticos de los otros estados, por su calidad representativa, nú son sujetos del orden jurisdiccional imperante en el Estado receptor. Este no es un derecho subjetivo del diplomático, a n o que la titularidad del derecho corresponde al Estado como cualidad inherente de su soberanía y el enviado sólo goza de la situación especial en su calidad de representante de ese Estado. Por otra parte, el Estado acreditante debe exigir sólo aquellas situaciones especíales que sean esenciales, para el desempeño de sus funciones diplomáticas. m . El estatuto especial está comprendido en cuatro aspectos principales: inviolabilidad, inmunidades, facilidades y privilegios. inviolabilidad significa que ni las autoridades del Estado receptor, ni sus licitantes pueden afectar de ningún modo a la persona o libertad del representante diplomático. Esta inviolabilidad se aplica a: todos los funcionarios diplomáticos y a los integrantes de su familia; la residencia oficial y particular, y a los bienes incluyen-

do los archivos y documentos de la misión. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, CVRD en adelante, establece claramente el goce de las mismas (aa. 22 ir. 1, 27 fre. 2-5,29 y 30). Inmunidad diplomática. Particularmente significa que el representante extranjero está excliudo de la jurisdicción local, mientras dure su comisión. Las inmunidades concedidas son de dos tipos: inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. La inmunidad de jurisdicción, según la naturaleza del acto de que se trate, puede aplicarse en tres ámbitos: el penal, el civil y el administrativo. La inmunidad de ejecución exime al enviado diplomático de que se le obligue a ejecutar un fallo o resolución emitido en un juicio, en tanto que su Estado no haya hecho la correspondiente renuncia. Los diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción penal y de inmunidad de ejecución para todos sus actos, mientras que la inmunidad de jurisdicción civü y administrativa está restringida (aa. 3 1 , 3 7 , 38 y 39 CVRD). Cuando el representante, por sus actos particulares, deba ser objeto de requerimientos por los tribunales locales respectivos, su Estado tiene la obligación moral de renunciar a la inmunidad correspondiente, en la inteligencia de que por esto no sean afectadas las funciones de la misión. La renuncia deberá hacerse siempre por escrito, expresando claramente a la inmunidad que se renuncia y el caso específico para el que se hace (a. 32 CVRD). Facilidades, El significado de esta situación especial se centra en la obligación que tiene el Estado receptor de propiciar que el desempeño de las funciones de la misión y sus integrantes se desarrollen en las mejores condiciones Para el efecto, se dará todo el apoyo a los representantes, tanto en sus labores como en la adquisición de locales para sus oficinas y en la obtención de alojamiento para el personal. En el caso especial de conflicto armado, el Estado receptor deberá dar facilidades para que salgan del territorio aqueUas personas que gozan de estatuto especial (aa. 2 1 , 2 5 y 44 CVRD). Privilegios. Comprenden aquellas prerrogativas que se otorgan a los reprr-ientantes diplomáticos y que los colocan por encima de los demás extranjeros. Esta situación comprende: exenciones, libertades y privilegios especiales. Exenciones. Se exime a los diplomáticos del pago de impuestos y gravámenes personales sean naciona-

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les, regionales o municipales; también del pago de impuestos y gravámenes por los locales de sus ofícinas o residencias y los que causen los derechos y aranceles que perciban por actos oficiales realizados. Tampoco pagarán derechos de aduana ni impuestos y gravámenes sobre los mismos, salvo que se trate de servicios que han recibido. Igualmente ellos y sus familiares, estarán exentos de revisión de equipaje, prestación de todo servicio público y de que se les apliquen las disposiciones sobre seguridad social, nacionalidad y registro de extranjeros, vigentes en el Estado receptor (aa. 2 3 , 2 8 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 y 39 CVRD). Libertades. Los enviados diplomáticos gozan en todo el territorio del Estado receptor de libertad de circulación y tránsito, salvo zonas de seguridad nacional. Del mismo modo tanto la misión como sus integrantes, tendrán libertad de comunicación para todos loe fines oficiales. Aquélla comprende todas las formas de correspondencia incluyendo correo diplomático y mensajes en cifra o clave, pero no se podrá instalar radiodifusora sin permiso previo del Estado receptor. (Los terceros Estados entre su país y el receptor le otorgan también algunas facilidades y libertades.) (aa. 26, 27 y 40 CVRD.) Privilegios especiales. En este apartado se comprenden situaciones que si bien no son indispensables para el desempeño de las funciones, si coadyuvan al mantenimiento de las buenas relaciones entre las partes. Entre estos privilegios, podemos mencionar el derecho a colocar la bandera y el escudo del país acreditante en los locales de la misión, en la residencia y en sus transportes. También dentro de este apartado se encuentra el derecho a ejercitar el culto religioso privado (a. 20). IV. El origen del estatuto especial se encuentra en d carácter divino de que se revestía a los primeros enviados en la antigüedad, que fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en una obligación juridica. En Atenas y Roma se reconocía la inviolabilidad de los enviados; p.e., en el Digesto se establecía la obligación de entregar a la nación ofendida, para su castigo, al que cometiera agravios contra un enviado de otro pueblo. A fines del siglo XVIII se desarrolló la doctrina Se la inmunidad del Estado, por la cual, todos los demás debían abstenerse de ejercer su jurisdicción in personam o in rem de los enviados extranjeros. Para el si^o XIX ya había sido reconocida amplia-

mente la inmunidad del Estado; y era común el respeto a la persona de los enviados; aun en el imperio otomano, se les reconocía inmunidad mientras estuvieran acreditados ante el sultán. Actualmente, todos los estados conceden a los enviados diplomáticos un estatuto especial, que aunque con pequeñas variantes, comprende los aspectos que hemos apuntado. Los instrumentos internacionales que principalmente re^amentan la situación, son: La Convención de La Habana sobre Funcionarios Diplomáticos de 1928 y la Convención de Viena sobré Relaciones Diplomáticas de 1961. Esto sin perjuicio de los acuerdos bilaterales que sobre la materia los estados pueden concertar. De una manera general, en todo tiempo los atentados contra los enviados extranjeros han sido sancionados. Desde las Leyes de las Siete Partidas del rey Sabio, en el siglo XIII, las legislaciones de los estados han [wevisto castigos severos por violaciones al estatuto especial de los diplomáticos. La legislación mexicana lo hace en su CP. Algunos de los ordenamientos principales que norman la concesión del estatuto especial en México, son: la C, el Código Aduanero y su re^amento, el Código Sanitario, la Ley del Registro Federal de Vehículos y diversos decretos conexos. V. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CONSULARES. V. BIBLIOGRAFÍA: CAHIER, Philippe, Dencho diplomático contemporáneo, trad. y notas de J.V. Torrente, M. Oreja y J. González C, Madrid, Rialp, 1965; LlON DEPETRE, José, Derecho diplomático, México, Manuel Porrúa, 1952; S A N T A PINTER, José JuIio, Teoría y práctica de la diplomacia, Buenos Aires, Depalma, 1958; SORENSEN, Max (edit.X Manual de derecho internacional público, México, Fondo de Cultura Económica, 1973. Lucía Irene RUIZ SÁNCHEZ Procedimiento administrativo. I. Es el medio o vía legal de realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en la producción definitiva de los actos administrativos en la esfera de la Administración. Como explicamos en otra ocasión (Derecho procesal administrativo, p. 77) quedan incluidos en este concepto, los de producción, ejecución, autocontrol, e impugnación de los actos administrativos y todos aquellos cuya intervención se traduce en dar deñnitividad a la conducta administrativa.

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Gabino Fraga en su clásico Derecho administrativo dice que "el procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo" (p. 255). Andrés Serra Rojas en su Derecho administrativo, afirma: "el procedimiento administrativo está constituido por un conjunto de trámites y formalidades —ordenados y metodizados en las leyes administrativas— que determinan los requisitos previos que preceden al acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento y condicionan su validez, al mismo tiempo que para la realización de un fin" (p. 273). Otros autores extranjeros, son coincidentes en el concepto de procedimiento administrativo; p.e., López-Nieto y Mallo, Francisco le define como "el cauce legal que los órganos de la administración se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para jwoducir los actos administrativos" (p. 21). Abrevia el concepto Jesús González Pérez y dice: "el procedimiento administrativo será, por tanto, el procedimiento de la función administrativa" (p. 69). n . Procedimiento administrativo y proceso administrativo. G)rresponde a toda actividad del Botado un procedimiento, que es el cauce legal obligatorio a seguir. Cada una de las tres actividades o funciones del Estado, la legislativa, la judicial y la administrativa, siguen el procedimiento previsto en la ley para su realización. Es común llamar proceso legislativo al procedimiento que deben seguir los rá-ganos legislativos constitucionalmente establecidos a fin de elaborar la ley y realizar su función propia que es la legislativa. En la doctrina, en las leyes y en la práctica judicial se habla de proceso, para significar el procedimiento que se sigue ante los tribunales por quienes desean obtener justicia en un litigio o controversia, cumpliéndose la función jurisdiccional. Finalmente, la función administrativa también se realiza a través de un procedimiento que debe seguir la administración como garantía de legalidad de sus acciones ante sí y frente a los administrados. Gara se ve la diferencia que existe entre el procedimiento administrativo y el proceso administrativo. El primero es el cauce legal que sigue la administración para la realización de su actividad o función administrativa, en cambio el segundo es la vía legalmente prevista para canalizar las acciones de quienes demandan justicia ante los tribunales a fin de resolver una con-

troversia administrativa, es decir, un conflicto originado por un acto o una resolución administrativa que se reputa ilegal. Por suerte que los CFF de 1967 y el vigente de 1983 separan justamente el procedimiento administrativo tributario y el procedimiento contencioso en materia tributaria, que el CFF de 1938 confundía como fase oficiosa y fase contenciosa del procedimiento tributario. i n . El procedimiento administrativo y ¡a garantía de audiencia. El mejor vehículo legal para cumplir por las autoridades administrativas con la garantía de audiencia prevista en el a. 14 de la C, es el procedimiento administrativo. En él la administración antes de pronunciaree y dictar su resolución, conoce la realidad concreta que examina y oye a los administrados con la amplitud necesaria, recibiendo y valorando las pruebas que éstos presentan y analizando las razones de hecho y de derecho que se deduzcan para evitar pretensiones que puedan resultar injustas o ilegales. Es obligación constitucional para todas las autoridades del país cumplir con la garantía de audiencia. Para las autoridades administrativas lo es y así lo establece la jurisprudencia de la SCJ (y. Apéndice al SJF de 19171975, tercera parte. Segunda Sak, tesis núm. 336, p. 564). Empero la misma jurisprudencia hace excepciones tratándose de dos materias: impuestos y expropiación pública (ü. Apéndice al SJF de 1917-1975, primera parte, Pleno, tesis núms. 20 y 46, pp. 62 y 112, respectivamente). Si el legislador es omiso en prever el procedimiento administrativo para cumplir con la garantía de audiencia, las autoridades administrativas deben respetarla y escuchar al administrado, previamente a sus resoluciones. Sobre este sentido también existe jurisprudencia (y. Apéndice al SJF de 1917-1975, tercera parte, Segunda Sala, tesis 339, p. 569). • IV. Clasificación de procedimientos. Dos procedimientos administrativos principales se advierten en la vida legal y práctica de la administración, el de elaboración o producción del acto administrativo y el de impugnación del mismo. En las leyes y re^amentos administrativos encontramos distintas denominaciones para diversos procedimientos: p.e., se habla de procedimiento de oposición, de inconformidad, de ejecución, sancionador, de contratación, etc. El CFF vigente utiliza para su tít. V, el rubro: "De loe procedimientos administrativos".

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para después ocuparse de varios, efectivamente. Todos ellos, sin embargo, son en el fondo procedimientos que concluyen en la elaboración de un acto o resolución administrativa. El mismo procedimiento que se prevé para tramitar un recurso administrativo e impugnar un acto administrativo, termina con otro acto de la misma especie. No obstante, en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos generales se separa y singulariza el procedimiento de impugnación de actos administrativos y el procedimiento que inieialmente formó al acto impugnado. Son dos procedimientos que se estructuran en forma diferente y sobre todo el de impugnación que a veces en forma indebida se le construye como si se tratara de un proceso. V. Unitarización del procedimiento administrativo. Es por todos conceptos saludable y práctica, la política legislativa seguida por algunos países de regular la existencia de un solo procedimiento para canalizar todas las actividades administrativas de la administración. Así lo han hecho, España con su Ley de Procedimiento Administrativo del 17 de julio de 1968; Argentina con su Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (ley núm. 19, 549 publicada en el Boletín Oficial 27-4-1972, pero cuyo texto vigente se hizo conforme a la ley núm. 2 1 , 686 Boletín Oficial 25-XL1977) y Alemania Federal con su Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 25 de mayo de 1976, vigente a partir del l o . de enero de 1977. Cierto es que estas leyes, admiten excepcionalmente algunos procedimientos especiales, pero la unidad del procedimiento se conserva en gran medida. En México existen tantos procedimientos administrativos como número de leyes y reglamentos vigentes, y quizás más, pues en algunos de estos ordenamientos se recogen dos o más procedimientos. Mucho se ha logrado con los códigos fiscales de 38, 67 y 8 3 , que han estructurado un solo procedimiento tributario federal. Han faltado organización y decisión en el gobierno federal para avocarse seriamente a la elaboración de una ley de procedimiento administrativo, que hasta ahora ha sido sólo objeto de algunos ensayos o anteproyectos de lamentable precariedad. VI. BIBLIOGRAFÍA: ALESSI, Renato,Sisíema isUtuzionole del diritto amministrativo italiano, Milán, Gíuffré, 1960; B A R O N E , Giuseppe, L'tntervento del privato nel procedimento amministrativo, Milán, Giuffre, 1969; FRAGA, Gabíno, Derecho Administrativo; 22a. ed,, México, Porrúa, 1982; G O N Z Á L E Z P É R E Z , jesús. Comentarios a la Ley de Proce-

dimiento

Administrativo,

Madrid, Civitas, 1977; LOPEZ-

NlETO Y MALLO, Francisco, El procedimiento administratiüo, Barcelona, Bosch, 1%0; N A V A N E G R E T E , Alfonso, Derecho procesal administrativo, México^ Porma, 1959; S A N D U L L I , Aldo M., II procedimento amministrativo, Milán. Giuffre, 1 9 5 9 ; S E R R A R O J A S , Xnáréa, Derecho administra tivo; 12a. ed.. México. Porrúa, 1983; VlVANCOS, Eduardo Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, Bar. celona. Editorial AHR, 1959.

Alfonso NAVA NEGRETE Procedimiento de ejecución. I. Conjunto de actos procesales que tienen por objeto la realización coactiva de la sentencia (regularmente de condena), cuando la parte vencida no la cumple voluntariamente. A este procedimiento también se le denomina de ejecución forzosa o forzada o, asimismo, de ejecución procesal. Intentaremos hacer una breve descripción de la regulación de los procedimientos de ejecución en cada una de las ramas procesales. n . Derecho procesal civil. En el CPC la ejecución de las sentencias se puede llevar a cabo, a elección de la parte interesada, a través de la llamada vía de apremio o por medio del juicio ejecutivo (aa. 444, 500 y 505). La vía de apremio constituye sólo una etapa procesal —la etapa de ejecución— en la cual existen muy limitadas posibilidades de oposición para la parte condenada (a. 531); en cambio, el juicio ejecutivo constituye un nuevo juicio, en el que, no obstante su prevalente función ejecutiva, son mayores las posibilidades de oposición de la parte condenada, para quien no existe en forma expresa la limitación de las excepciones aducibies, y las cuales pueden dar origen —en el caso de que se opongan— a un nuevo juicio ordinario. Por ^ste motivo, es explicable que en la práctica la parte vencedora utilice regularmente la vía de apremio y no el juicio ejecutivo. Pueden dar origen a la vía de apremio los siguientes títulos: a) las sentencias firmes; fe) las sentencias definitivas apeladas en "un solo efecto" (o efecto ejecutivo); c) las sentencias interlocutorias; d) los convenios y transacciones celebrados por las partes en el juicio y aprobados por el juzgador, y e) los laudos arbitrales (aa. 5 0 1 , 502, 504 y 632 del CPC). El CPC regula detalladamente las diversas modalidades de la ejecución de las sentencias de condena, según condenen a dar (pagar una suma líquida o ilíquida de dinero, entregar una cosa mueble o inmueble y entregar una persona), a hacer (hechos de carácter personal, impersonal, celebración de un acto jurídico.

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rendir cuentas y dividir una cosa común) o no hacer. En términos generales, la ejecución de las sentencias que condenan a pagar una cantidad de dinero se traduce eo el embargo y la enajenación de bienes de la parte vencida, para pagar con el producto de la enajenación, la suma principal y sus accesorios (la primera señalada generalmente en la sentencia definitiva y los segundos determinados regularmente a través de incidentes de liquidación). La ejecución de las sentencias que condenan a realizar hechos que no son de carácter personal o a celebrar un acto jurídico se obtiene con la sustitución de la parte obligada por un tercero o el juez, respectivamente. La sustitución de la parte obligada por el tercero se hace con cargo a aquélla, y el pago a dicho tercero también puede traducirse en el embaído y enajenación de bienes de la parte vencida. La ejecución de las sentencias que condenan a ía entrega de cosas inmuebles y de personas se logra, directamente, a través de la imposición coactiva de la conducta ordenada en la 8entencia,obien,indirectamente, mediante la utilización de las medidas de apremio. La ejecución de la sentencia que condena a la división de la cosa común se lleva a cabo a través de una junta de los interesados en la que el juez los exhorta para que se pongan de acuerdo en la división o para que designen un partidor y en caso de no lograrlo, el propio juez se los nombra. En fin, la ejecución de las sentencias que condenan a la entrega de cosas muebles, la realización de un hecho personal, la presentación de cuentas y ano hacer se concreta, primero, en la imposición de medidas de apremio, y, después, en caso de no obtener por este medio la ejecución, en el embaído y enajenación de bienes de la parte condenada, para pagar con su producto los daños y pei^uicios ocasionados a la parte vencedora por el incumplimiento de la parte obligada. Al contrario de lo que ocurre con el CPC, el CFPC no sólo no prevé dos posibles formas de ejecución de las sentencias —como son la vía de apremio y el juicio ejecutivo— sino que confiínde, bajo el tít. de la ejecución, estas dos instituciones. No obstante, un análisis cuidadoso de las disposiciones de este tít. del CFPC debe conducir a distinguir el procedimiento de ejecución cuando se trata de sentencias firmes (que excluye la posibilidad del planteamiento de un nuevo litigio), del procedimiento de ejecución de los documentos ! públicos y de los privados reconocidos judicialmente i (que requiere de la presentación de una demanda y del conocimiento previo, así sea breve, del litigio por

parte del juez, quien también debe pronunciar una sentencia para poder proceder en forma definitiva a la ejecución). En consecuencia, a pesar de la aparente confusión, en el CFPC es preciso distinguir la ejecución de las sentencias firmes, las cuales, de acuerdo con la conocida formulación de Liebman, son títulos ejecutorios que dan origen a una ejecución definitiva e inmediata, de la ejecución de los documentos públicos y privados reconocidos judicialmente, los cuales son títulos ejecutivos que dan motivo a una ejecución provisional, la cual no se convierte en definitiva sino hasta que el juez pronuncie la sentencia sobre la demanda presentada por el actor, es decir, la ejecución provisional se convierte en definitiva hasta que el título ejecutivo se transforma en título ejecutorio por la sentencia pronunciada por el juez. En relación con la ejecución, conviene tener presente que el a. 4o. del CFPC, después de establecer como reg^ general que los organismos y las dependencias de la administración pública federal y de los estados tendrán en et procedimiento judicial la misma situación de parte que cualquier otra persona, dispone como excepción que "nunca podrá dictarse en (contra de dichos organismos y dependencias) mandamiento de ejecución ni providencia de embaído". Fuera de estas modalidades especiales, las re^as del CFPC sobre el procedimiento de ejecución de las sentencias ejecutoriadas son muy simüares a las del CPC, con muy ligeras diferencias que no ameritan comentario aparte. 111. Derecho procesal mercantil. Por ser una copia mutilada del CPC de 1884, el CCo. incluyó las re^as sobre vía de apremio dentro del tít. del juicio ejecutivo. Similares consideraciones a las hechas anteriormente sobre el CFPC, habna que hacer sobre el CCo., aunque con sentido inverso: así como en el CFPC se trató de subsumir el juicio ejecutivo dentro del procedimiento de ejecución, en el CCo., en cambio, el procedimiento de ejecución de las sentencias quedó confundido con las disposiciones sobre el juicio ejecutivo, aunque un análisis cuidadoso de las reglas de dicho Código debe conducir, necesariamente, a distinguir estas dos instituciones. Si bien la sentencia firme es considerada como un título ejecutivo, las excepciones que se pueden aducir en contra de aquélla son sólo las que se pueden oponer en la vía de apremio (aa. 1391, ít. I, y 1397). Sin embargo, se debe aclarar que si la parte vencida llega a oponer alguna de las excepciones permitidas, podrán tener lugar las fases de pruebas.

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alegatos y sentencia (aa. 1399 y 1400), aunque en forma claramente diferente a como se deben realizar en el juicio ejecutivo en sentido estricto. Por lo demás, las reglas del CCo, sobre el procedimiento de ejecución de las sentencias son totalmente insuficientes. Por un lado, sólo prevén la ejecución de las sentencias que condenan al remate de los bienes embargados a la parte vencida, por lo que quedan sin regulación específica las demás sentencias que condenan a dar y las sentencias que condenan a hacer o no hacer. Pero aún la regulación de las sentencias de remate se limita a cinco aa. que prevén el procedimiento de remate de los bienes embargados —tanto muebles como inmuebles—, el cual se lleva a cabo a través del avalúo de dichos bienes, el anuncio del remate y las almonedas públicas, en las cuales el acreedor puede pedir la adjudicación de los bienes en pago de las prestaciones que se le adeuden. Las partes pueden convenir el procedimiento de enajenación y el precio de los bienes embargados (aa. 1410-1414). Ante las omisiones del CCo. sobre el procedimiento de ejecución de las sentencias, habrá que aplicar supletoriamente las normas pertinentes del respectivo código de procedimientos civiles local, como lo previene el a. 1050 del ordenamiento mercantil. IV. Derecho procesal del trabajo. En la LFT se encalca la ejecución de los laudos, de las resoluciones pronunciadas en los procesos sobre conflictos colectivos de naturaleza económica y de los convenios celebrados ante las juntas de conciliación y arbitraje, a los presidentes de dichas juntas (aa. 939 y 940). En dicha ley se prevé, asimismo, que los laudos y demás títulos ejecutorios deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a su notificación y se faculta a las partes para convenir las modalidades de 8u cumplimiento (a. 945). A pesar de que se indica que la ejecución debe despacharse para "el cumplimiento de un derecho" o para "el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta la cuantificada en el mismo" (a. 946), la ley regula exclusivamente la ejecución de los laudos que condenan al pago de una cantidad de dinero, sin que contenga previsiones sobre la ejecución de los laudos que ordenen "el cumplimiento de un derecho". En este sentido, se advierte una omisión en las reformas promulgadas en 1979, pues con anterioridad a ellas el a. 844 —actualmente derogado por tales reformas—, preveía en forma expresa la ejecución de los laudos que condenaran a la entrega de una cosa deter^

minada, a hacer alguna cosa o a no hacerla. Esta lamentable omisión podría ocasionar algunos problemas prácticos en la ejecución de los laudos mencionados; aunque es claro que, aun sin previsión expresa, dichos laudos deberán ser ejecutados, pues de lo contrario la jurisdicción de los tribunales del trabajo se reduciría a producir meros consejos o recomendaciones de las partes, lo que sería contrario al a. 123, apartado A, de la C, a la naturaleza y la función de los propios tribunales del trabajo y a los principios generales del derecho, de aplicación supletoria conforme, al a. 17 de la LFT.. La LFT se limita, pues, a regular en forma expresa la ejecución de los laudos que ordenan el pago de una suma determinada de dinero, la cual se lleva a cabo a través del embargo y el remate de bienes de la parte condenada. Por su parte, la LFTSE sólo contiene dos preceptos sobre la ejecución de los laudos: los aa. 150 y 1 5 1 , El primero consigna genéricamente el deber del tribunal federal de conciliación y arbitraje "de proveerá la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". El segundo precepto señala, más concretamente, que, a petición de la parte interesada, el tribunal despachará el autor de ejecución y comisionará a un actuario para que, acompañado por dicha parte, requiera en su domicilio a la parte condenada para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que en caso de desobediencia, el tribunal le impondrá medidas de apremio, las cuales consisten exclusivamente en multas hasta de mil pesos. V. Derecho procesal penal. EJn el proceso penal ordinario —tanto federal como del Distrito Federal—, la ejecución de las sentencias de condena queda encomendada a la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (aa. 575 del CPP y 529 del CFPP). Pronunciada la sentencia firme, los tribunales penales concluyen su intervención en el enjuiciamiento penal, Hmitándose a remitir una copia certificada de la sentencia a la citada dependencia de la Secretaría de Gobernación, la cual decide tanto el centro penitenciario en el que el reo debe cumplir la pena impuesta, como las diversas modalidades que la ejecución de ésta pueda tener: la libertad preparatoria, la rentención, la conmutación, la reducción de la sanción, la remisión parcial de la pena, etc. 239

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Aparte de la intervención ejecutiva en el cumplimiento y las modalidades de la pena por parte de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (con la que concurren, en todo caso, el director del respectivo centro penitenciario y su consejo técnico interdisciplinario), el CFPP prevé, también, la fiscalización, por parte del Ministerio Público, del cumplimiento de la pena impuesta, con el objeto de verificar que ésta se ajuste-a los términos de la sentencia (aa. 5 y 529). La ejecución de las penas privativas de libertad se debe llevar a cabo de acuerdo a las previsiones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual fue promulgada el 8 de febrero de 1971. Esta ley, que tiene vigencia en el Distrito Federal para la ejecución de penas por delitos comunes federales y locales y en toda la república para la ejecución de penas por delitos federales, establece un régimen penitenciario de carácter progresivo y técnico, compuesto, por lo menos, de un periodo de estudio y diagnóstico y otro de tratamiento, el cual se subdivide, a su vez, en las fases de tratamiento en clasificación y tratamiento preliberacional (aa. 3 y 7). En el Distrito Federal también rige el Reglamento de Reclusorios promulgado el 14 de agosto de 1979. Cada Estado de la República cuenta con su propia Ley sobre Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad y, algunos de ellos, con los reglamentos de los respectivos centros penitenciarios. Por último, en el CJM se atribuye la ejecución de las penas —entre las cuales todavía figura la de muerte— a "las autoridades del Fuero de Guerra", es decir, a la Secretaría de la Defensa Nacional si el reo es miembro del ejército o de la fuerza aérea, o a la Secretaría de Marina, si es de la armada (a. 847). Conviene advertir que, a diferencia de los anteriores ordenamientos procesales penales, en el CJM se da intervención al Supremo Tribunal de Justicia Militar en la decisión de alguna de las modalidades de la ejecución de las penas privativas de libertad, como es el caso de la libertad preparatoria, la retención y la reducción de las sanciones (aa. 8 5 5 , 8 6 5 , 8 6 7 y 871). En términos generales, la doctrina procesal penal mexicana considera que el estudio de la ejecución de la pena no corresponde al derecho procesal penal, sino a una rama diferente y especializada en dicho tema, como es el derecho penitenciario, el cual ha tenido importantes desarrollos en épocas recientes.

VI. Derecho procesal administrativo. En el CFF no existen previsiones específicas sobre la ejecución forzada de las sentencias que pronuncia el Tribunal Fiscal de la Federación. La jurisprudencia de la SCJ ha sostenido, tomando como punto de partida el a. 27 de la Ley de Justicia Fiscal —la cual fue abrogada por el Código de 1938—, que las sentencias que pronuncia el Tribunal Fiscal de la Federación, como tribunal de "justicia delegada", son meramente declarativas, por lo que carece de facultades y de medios para ejecutarlas; y que para poder lograr la ejecución de sus sentencias, la parte interesada debe utilizar el juicio de amparo, para que, a través de la ejecución de la sentencia de amparo, dicha parte logre la ejecución de la sentencia del Tribunal Fiscal (tesis 296, 303 y 304 deMpéndice al SJF 1917-1975, tercera parte. Segunda Sala, pp. 501-502, 509-510 y 514-515, respectivamente). Actualmente, estas tesis de jurisprudencia carecen de apoyo legislativo, pues el a. 27 de la Ley de Justicia Fiscal ya se encuentra derogado y su contenido no fue recogido ni por el CFF ni por la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal vigentes. Por otro lado, las sentencias del Tribunal Fiscal —que ya ha sido dotado de plena autonomía— no son siempre meramente declarativas, sino que también puedaí ordenar la reposición del procedimiento e indicar los términos en los que la autoridad fiscal debe pronunciar su nueva resolución, en cumplimiento, precisamente, de la sentencia respectiva del Tribunal Fiscal, es decir, pueden contener una condena contra la autoridad fiscal. Y si bien el CFF no contiene normas sobre los medios de apremio ni sobre la ejecución de las sentencias, podría acudirse, supletoriamente, a las reglas que el CFPC contiene sobre la materia (a. 197 del CFF). En todo caso, resulta evidentemente contrario al principio de economía procesal obligar a la parte interesada a promover todo un proceso (de amparo) para lograr la ejecución de una sentencia pronunciada en un anterior proceso (ante el Tribunal Fiscal). En cambio, la LOTCADF prevé, por u n lado, los medios de apremio que dicho tribunal puede imponer con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones (a. 29), y por el otro, regula la queja, a través de la cual la parte que haya obtenido sentencia e^timatoría puede denunciar ante la sala respectiva el incumpli* miento en que incurra la autoridad responsable, a la cual si efectivamente ha incumplido, la sala puede amonestar y apercibir de imponerle una multa hasta por dos mil pesos, la que puede ser reiterada si persis-

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te en su actitud; para lograr el cumplimiento de la sentencia, la sala puede dirigirse al jefe del Departamento del Distrito Federal para que conmine al funcionario renuente, y, todavía si el pleno lo estima pertinente, puede dirigirse al presidente de la República cuando quien incumpla sea el jefe del Departamento del Distrito Federal (a. 82). VIL Derecho procesal constitucional. La LA es especialmente rigurosa en la regulación de la ejecución de las sentencias de amparo. En los juicios de amparo indirectos, y en los juicios de amparo directos en los que se haya interpuesto revisión, el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito, respectivamente, deben notificar la sentencia firme a la autoridad responsable para que le dé cumplimiento, previniéndole que informe o aquellos acerca de dicho cumplimiento (a. 104). Si en un plazo de 24 horas no se logra o no se inicia el cumplimiento, el juzgador de amparo requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable para que nbUgue a ésta a cumplir la sentencia y puede reiterar estos requerimientos a las demás autoridades jerárquicamente superiores, hasta llegar a la más alta; si la autoridad responsable no tuviese superior jerárquico, el requerimiento debe hacerse directamente a ella (a. 105). En los juicios de amparo directos, la SCJ o el tribunal colegiado de circuito que haya conocido de aquéilcí; ^erán remitir a la autoridad responsable un testimonio de la sentencia firme, con el objeto de que dicha autoridad cumpla con lo ordenado en ésta e informe sobre dicho cumplimiento. Si dentro del plazo de 24 horas no se logra o no se inicia éste, el juzgador de amparo hará los requerimientos mencionados en el pfo. anterior. Una adición hecha con las reformas a la LA promulgadas el 29 de diciembre de 1979, autoriza a la parte interesada para solicitar la ejecución de la sentencia de amparo a través del pago de los daños y perjuicios que haya sufrido, los cuales se deben cuantificar en un incidente en el que se escuche a las partes (a. 106). Si a pesar de las anteriores medidas, el juzgador de amparo no obtiene el cumpHmiento de la sentencia, remitirá el expediente original a la SCJ, la cual, si comprueba las violaciones de la autoridad responsable a la sentencia de amparo y a los requerimientos del juzgador, destituirá a dicha autoridad y la consignará al juez de distrito competente, ante el cual se le debe seguir un proceso penal, en los términos señalados por el a. 107, fr. XVI, de la C (aa. 105 y 106 de la LA). La propia LA prevé que, ante el incumplimiento de la autoridad responsable y cuando la naturaleza del

acto lo permita, el juzgador de amparo —por sí mismo o a través de su secretario o de su actuario— se trasladarán al lugar donde deba cumplirse la sentencia y la ejecutarán directamente. Cuando se trate de la libertad personal y la autoridad responsable no haya cumplido la sentencia en un plazo de tres días, el juzgador de amparo ordenará que se ponga en libertad al reclamante y el encargado de la prisión deberá acatar dicha orden (a. 111). Por ííltimo, la parte que haya obtenido la sentencia de amparo estimatoria cuenta con el recurso de queja para impugnar los excesos o los defectos en que incurra la autoridad responsable en el cumplimiento de la sentencia (a. 95, fr. IV). V. D E R E C H O P E N I T E N C I A R I O . E M B A R G O , J U I C I O EJECUTIVO, M E D I D A S D E APREMIO. R E M A T E .

VIII. BIBLIOGRAFÍA: ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, "Síntesia de derecho procesal (civil, mercantil y penal)". Derecho procesal mexicano, México, Porrúa, 1977; ARMIENTA, Gonzalo, El proceso tributario en el derecho mexicano, México, Textos Universitarios, 1977; BECERRA BAUTISTA, José, £/ proceso civil en Jtféa;íco;8a.ed.,México, Pornia, 1981; BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo; 16a. ed., México, Pomia, 1981; GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Legilación penitenciaria y correccional comentada, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1978; NORIEGA C A N T U , Alfonso, Lecciones de amparo^ México, Porrúa, 1975; OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal civil, México, Haría, 1983; PALLARES, Eduardo, La vía de apremio, México, Botas, 1946; ZAMORA-PIERCE, Jesús, Derecho procesal mercantil, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1977.-

joaé OVALLE FAVELA Procedimiento legislativo. I. Llámase también proceso legislativo (nosotros preferimos reservar la expresión proceso para la actividad propiamente jurisdiccional) o proceso de formación de la ley. Entiéndese por tal la serie ordenada de actos que deben realizar los órganos del gobierno facultados para ello, a fin de elaborar, aprobar y expedir una ley o decreto. II. El procedimiento legislativo se encuentra detalladamente previsto en los aa. 71 y 72 de la C vigente. El antecedente inmediato de estas disposiciones se encuentra en las reformas que el año de 1874 se hicieron a la Constitución de 1857, que determinaron, entre otras cosas, la reinstalación del bicamarismo y el otorgamiento del veto presidencial. A partir de 1874 la Constitución reguló al detalle los mecanismos y procedimientos que debían seguirse para la formación de una ley o un decreto. 241

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El Constituyente de 1916-17, acogió con variaciones mínimas lo establecido sobre el particular por ia Constitiición anterior. Se ha dicho, y creo que con sobrada razón, que la regulación detallista que la Constitución hace del procedimiento legislativo debía ser materia de la legislación re^amentaria más que objeto de la Ley Fundamental. m . El procedimiento legislativo establecido particularmente por el a. 72 se asienta, a m¡ manera de ver, en las siguientes bases: Q) Existencia de un sistema bicameral. b) Existencia de un principio de colaboración de poderes y coordinación de funciones. c) Necesidad de contar con la conformidad plena de ambas cámaras para la aprobación de una ley o un decreto, dando hasta dos oportunidades en un mismo periodo, a cada cámara, para lograr el consenso. d) Existencia de un mecanismo riguroso que impida que cualquiera de las cámaras obstaculice deliberadamente la aprobación de una ley o decreto. A pesar de algunas divergencias en la doctrina mexicana, podemos afirmar que el procedimiento legislativo está integrado por las siguientes fases: iniciativa, discusión, aprobación o rechazo, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. A) Iniciativa. De conformidad con el a. 71 C,sólo tienen facultad de iniciativa las siguientes entidades; el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Esto significa que no poseen facultad de iniciativa legislativa otros órganos de gobierno, como pudiera ser la SCJ, así como los particulares. En eí caso del poder judicial el constituyente quiso separar nítidamente la función de interpretación de la ley, que incumbe a este poder y la función de hacer la ley, con lo cual se pretende asegurar la imparcialidad en la función interpretativa del juzgador. En cuanto hace a los particulares, a pesar de no tener la facultad de iniciativa sí poseen el derecho de petición conforme al a. 8 C. Por esta razón el a. 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en aquello que no contradice a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM); dispone que todas aquellas peticiones de particulares o en general de autoridades que no tengan el derecho de iniciativa, se mandarán pasar por el presidente de la Cámara a la comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto de que se trate.

debiendo dictaminar dichas comisiones si las peticiones son o no de tomarse en cuenta. En caso de que la petición sea de tomarse en cuenta, se entiende que la comisión la hace suya y ejercita su facidtad de iniciativa. En cuanto a la facultad de iniciativa del presidente de la República, ésta es una clara muestra de nuestro sistema de coordinación de funciones y atiende' a la razón de que el ejecutivo federal es quien cuenta con las mejores posibilidades de entender la situación y problemática del país y por ello de sugerir su implementación normativa. Al presidente de la República le corresponde en forma exclusiva la presentación de algunas iniciativas como son: las leyes de ingresos de la federación y del Departamento del Distrito Federal, el proyecto de presupuesto de egresos y la cuenta pública anual, a pesar de que estos dos últimos son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. También al ejecutivo federal le corresponde iniciar, en forma exclusiva, el procedimiento de suspensión de garantías, en los términos del a. 29 C, aunque en la especie no se trata de una ley sino de un decreto. Por lo que hace a las iniciativas de diputados y senadores, debe entenderse que corresponde a un solo diputado o senador, o a un grupo de ellos; en cambio, tratándose de las legislaturas estatales esta facultad le es otorgada al órgano y no a uno o varios de sus miembros. La justificación de que estas entidades gocen del derecho de iniciativa es evidente: representan la voluntad popular y su función natural es la de legislar. El segundo pío. del a. 71 C, dispone que las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los Estados, o por las diputaciones de las mismas, pasarán desde luego a comisión y las que presentaren los diputados o senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates, Sobre el particular, debe tenerse presente que el a. 56 del Reglamento, dispone que también las iniciativas presentadas por uno o varios miembros de las cámaras pasarán desde luego a comisíó>n, por lo que en realidad no se da distinción alguna. B) Discusión y aprobación o rechazo. El a. 72 C contiene las diversas hipótesis que pueden presentarse en el procedimiento de formación de la ley. En principio las iniciativas pueden presentarse ante cualquiera de las dos cámaras; la que conoce en primer término de la iniciativa se llama cámara de origen y la otra cámara revisora. El inciso h del a. 72 C dispone, sin em-

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bargo, que las iniciativas relativas a empréstitos, contribuciones o impuestos y reclutamiento de tropas, deben ser discutidas primero en la Cámara de Diputados. Según don Felipe Tena Ramírez esta disposición obedece a que ¡as contribuciones en dinero y sangre son las que afectan más directamente al pueblo y por ello debe conocerlas primero la "cámara genuinamente popular". Por otra parte, existe la regla general de que los miembros de una cámara no pueden promover ante la otra cámara, por lo que las iniciativas de diputados deberán discutirse en esta cámara, sucediendo lo mismo respecto,de las iniciativas de los senadores. Es conveniente destacar que el inciso i del a. 72 C dispone que las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la cámara en que se presenten, a menos de que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el proyecto puede presentarse y discutirse en la otra cámara. Ciertamente, el a. 72 C, en lo relativo a los distintos supuestos del procedimiento legislativo, adolece de ordenación y correcta sistematización. Sin embargo, es posible distinguir los siguientes supuestos: a) Presentado un proyecto de ley ante la cámara de origen y aprobado por ésta, pasa a la revisora, quien, en caso de aprobarlo también, lo deberá enviar al ejecutivo para que éste, si no tuviese observaciones que hacer, lo publique inmediatamente. 6) Si el proyecto de ley es desechado en la cámara de origen, no se puede presentar nuevamente sino hasta el siguiente periodo de sesiones. c) Si el proyecto de ley es aprobado en la cámara de origen, pero reprobado totalmente por la revisora, el proyecto vuelve con sus observancias a l a de origen para ser discutido nuevamente por ésta, pudiéndose presentar cualquiera de estos dos supuestos: í) que sea aprobado por la mayoría de los miembros presentes, caso en el cual regresará el proyecto a la revisora para que lo pondere nuevamente. Si la revisora también lo aprobase pasará al ejecutivo para los efectos de su sanción, y íí) si en la segunda ponderación la revisora nuevamente lo rechaza, el proyecto no podrá volver a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones. d) Aprobado un proyecto de ley en la cámara de origen, pero desechado parcialmente, modificado o adicionado por la revisora, el proyecto debe regresar a la de origen, para que ésta discuta nuevamente pero

sólo respecto de lo rechazado parcialmente, modificado o adicionado, pudiéndose presentar nuevamente dos situaciones: í) que la cámara de origen apruebe por mayoría absoluta de votos las observaciones de la revisora, caso en el cual el proyecto es enviado al ejecutivo, y i'i) que la cámara de origen no esté de acuerdo con las observaciones de la revisora por el mismo margen de votación, debiendo volver el proyecto a la revisora para una segunda ponderación. SÍ la revisora ya no insiste en sus observaciones, el proyecto es enviado al ejecutivo, pero si la revisora por la mayoría absoluta de ios presentes insiste en su rechazo parcial, modificaciones o adiciones, el proyecto ya no puede presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones. En esta última hipótesis ambas cámaras pueden convenir, por votación de la mayoría absoluta de sus miembros, que la ley se publique sólo con los artículos aprobados. e) Cuando un proyecto de ley ya ha sido aprobado por las cámaras, debe pasar al ejecutivo para los efectos de su sanción. Esta fase es lo c^e corresponde al derecho de veto. De acuerdo con el inciso b del a. 72 C se reputará aprobado por el ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto a la cámara de origen, con sus observaciones, dentro de los 10 días útiles siguientes a su recepción, a menos de que corriendo ese término el Congreso hubiere concluido el periodo de sesiones, caso en el cual la devolución deberá hacerse el primer día útü en que el Congreso esté reunido. Si el ejecutivo vetare el proyecto de ley, éste regresará a la cámara de origen para ser discutido nuevamente, si fuese confirmado por esta cámara, es decir, si no se estuviese de acuerdo con las observaciones del ejecutivo, por las dos terceras partes del número total de votos, el proyecto pasará a la revisora y si ésta también confirmara el proyecto por la misma mayoría, el proyecto se convierte en ley o decreto regresando al ejecutivo para el sólo efecto de su publicación. Es conveniente apuntar algunos de ios principales aspectos de la discusión y aprobación de una ley previstos en el Reglamento, Abierta la discusión, dispone el a. 95, inmediatamente se dará lectura a la iniciativa y a continuación se leerá el dictamen de la comisión correspondiente y el voto particular cuando lo hubiere. Acto seguido el presidente de la cámara formará una lista de los individuos que deseen Hablar en pro y en contra del proyecto, lista a la cual deberá darse lectura antes de iniciar el debate. E! proyecto de ley se discutirá primero en lo general, es decir todo el pro-

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yecto, y después en lo particular cada uno de sus artículos. Los miembros de la cámara hablarán alternativamente en pro y en contra del proyecto iniciando la discusión quienes se hayan inscrito para hablar en contra. Los discursos de los parlamentarios no podrán durar más de media hora, a menos de que exista permiso de la cámara. De acuerdo con el a. 114 del Reglamento antes de cerrarse la discusión tanto general como particular podrán hablar seis individuos en pro y seis en contra, además de los miembros de la respectiva comisión o los secretarios de Estado. Una vez que hubiesen hablado todos los inscritos, el presidente mandará preguntar si el asunto está suficientemente discutido; de ser así se pasará a recoger la votación pero, en caso contrario, deberá seguir la discusión, siendo sólo necesario que hable un individuo en pro y uno en contra. Cuando se considere que un proyecto no está suficientemente discutido se debe preguntar en votación económica si es de enviarse el proyecto nuevamente a la comisión para que lo reforme; no aceptándose esta propuesta el proyecto o el a. se entenderá desechado. Los proyectos que pasen de una cámara a otra para los efectos de su revisión deben ir firmados por el presidente y dos secretarios, acompañando el expediente respectivo, el extracto de la discusión y demás antecedentes para que los tenga a la vista la cámara colegisladora. La cámara revisora no podrá tratar en público los asuntos que se hayan tratado en secreto en la cámara de origen, pero si podrá tratar en secreto los que en la de origen se hayan tratado púbUcamente (a. 145). El inciso f del a. 72 C dispone que en la interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Esta disposición resulta un tanto ociosa pues siendo interpretación, reforma o derogación, no deja de ser un acto legislativo; por otra parte la palabra "interpretación" que utiliza esta disposición, no puede ser entendida sino como "aclaración", ya que la función de interpretación de la ley corresponde al poder judicial. C) Promulgación o publicación. Aprobada y sancionada una ley el ejecutivo tiene la obligación de ordenar su publicación a fin de que pueda ser conocida por quienes deban cumplida. La publicación de la ley se hace en el DO. No se insiste en esta fase del proce-

dimiento legislativo, en razón de que en este mismo Diccionario se desarrolla en forma particular. V. C Á M A R A D E O R I G E N . C Á M A R A R E V I S O R A . I N I CIACIÓN DE LA VIGENCIA, INICIATIVA DE LEY, VE-

TO PRESIDENCIAL. IV. BIBLIOGRAFÍA: BURGOA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano; 2a. ed,, México, Pomia, 1976; CARPIZO, Jorge, EZETA, Héctor Manuel y otros,Z)erecfto legislativo mexicano, México, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, 1973; M O R E N O , Daniel, Derecho constituciontd mexicano; 2a. ed., México, Editorial Pax, 1973; SCHMILL O R D O Ñ E Z , UUses, El sistema de la Constitución mexicana, México, Librería de Manuel Porrúa, 1971; TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano; IBa. ed., México, Pomia, 1981. Jorge M A D R A Z O

Procedimientos. I. Sustantivo plural cuya raíz latina es procedo, processi, procederé, proceder, adelantarse, avanzar. En general procedimiento es la manera de hacer una cosa o de realizar un acto. Procedimiento corresponde a procédure en fi'ancés, a procedure en in^és, procedura en italiano y Verfahren en alemán. 11. En el lenguaje forense esta voz se ha usado tradicionalmente como sinónimo de juicio o instrucción de una causa o proceso civil (Escriche). José Ma. Manresa y Navarro, uno de los clásicos del procedimentalismo español, dice que procedimiento es la a^omeración o reunión de re^as y preceptos a que debe acomodarse el curso y ejercicio de una acción, que se llama procedimiento; y al orden y método que debe seguirse en la marcha de la sustanciación de un negocio se denomina enjuiciamiento; el enjuiciamiento determina la acción sucesiva de las actuaciones trazadas por el procedimiento. O sea que, para este tratadista, el tecnicismo en cuestión debe interpretarse en sentido normativo y de esta acepción no discrepa la doctrina moderna. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo hace notar que el citado sustantivo no adquirió relieve procesal en su país, sino hasta el sigjo XIX, debido al influjo de la codificación napoleónica, dado que en la Partida Tercera, que, como se sabe, es el antecedente histórico de las leyes españolas y latinoamericanas, no aparece empleado dicho vocablo. Con la erudición que le distingue, el mismo autor considera que probablemente el primero en usar la locución procedimientos judiciales habrá sido Juan Martín Carremolino en una obra aparecida en 1839.

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En nuestro Continente, tres años antes de la aparición de aquella obra, el 11 de marzo de 1833, el general Andrés de Santa Cruz, presidente de la República de Bolivia, promulgó el Código de Procederes de Santa Cruz, sancionado por el Congreso Constitucional de su país y editado en el mismo año en la imprenta Chiquisaquena, dirigida por Ailón y Castillo, en la ciudad de Chiquisaca de aquel país. Tal ordenamiento, según relata Couture (que tuvo en sus manos un ejemplar del mismo) abarcaba las materias civil y penal, constaba de 1534 aa. y fue el primer código de América. i n . En nuestro país, tal como ocurría en España por aquellos años, las obras didácticas de procedimientos judiciales se denominaban así unas, y otras práctica forense. Podemos rebordar, p.e., la que el ilustre jurisconsulto y político Manuel de la Peña y Peña, publicó en la ciudad de México durante los años de 1835 a 1839, Práctica forense mexicana, dividida en cuatro tomos y que sirvió de texto en la Escuela Nacional de Jurisprudencia durante muchos años. En la generalidad de los países latinoamericanos, el nuestro inclusive, durante la segunda mitad del si^o XIX y hasta las primeras décadas del presente, fue también libro de texto en las escuelas de derecho, el Tratado histórico, critico, filósofo de los procedimientos judiciales en materia civil, de José de Vicente y Caravantes. W. Por cuanto al uso del sustantivo francés proeédure en la legislación napoleónica, éste apareció por primera vez en el Code de Procédure Civile (código de procedimiento civil) promulgado en 1806, que entró en vigor el l o . de enero de 1807. A la pregunta de cuál habrá podido ser la razón que inspiró el empleo de aquel sustantivo a la cabeza de tan importante cuerpo legal, es posible aventurar la suposición de que lo haya motivado la dedicación profesional de los autores del anteproyecto del mismo, dado que fueron todos ellos, juristas eminentemente prácticos, como puede juzgarse por las actividades a que estuvieron dediif&dos, a saber: Treilhard, Presidente del Tribunal de Apelación de París ;Berthereau, Presidente del Tribunal del Sena; Try, Comisario del Gobierno ante el Tribunal de Apelación de París, y Pigueau, antiguo Abogado ante el Tribunal del Chatelet. El nombramiento de esta Comisión se dio a conocer por decreto de 3 germinal, año X (24 de marzo de 1802). V. En cuanto a los países latinoamericanos, predomina el vocablo procedimientos en la denominación

de la mayoría de sus códigos procesales de las materias civil y penal, si bien en algunos de ellos, como los de Argentina, Brasil, Guatemala y otros, de pocos años a la fecha se ha cambiado ya por el más apropiado de, código procesal o código del proceso civil, penal, etc. En México la denominación tradicional se mantuvo para los cursos facultativos correspondientes, hasta la primera treintena del presente siglo, época en que comenzó a llamárseles cursos de derecho procesal. Asimismo los códigos de esta materia siguen llevando el epígrafe de procedimientos, civiles o penales, conforme al objeto que re^amentan. En cambio, la LFT de 1970, en su tít. XIV lleva la denominación de "Derecho procesal del trabajo ", que conserva en la reforma de todo ese tít. que entró en vigor el primero de mayo de 1980, con un articulado que a todas luces está fuera de lugar, puesto que debió de independizarse en su oportunidad, para constituir, un código aparte con los 306 aa. que lo componen, comprendiendo el tít. XV, intitulado ''Procedimientos de ejecución^\ V. PROCEDIMIENTOS PENALES. VI. BIBLIOGRAFÍA: A L C A L A - Z A M O R A Y CASTILLO, Niceto, Cuestiones de terminología procesal, México, UNAM, 1972; COUTURE, Eduardo J., "Trayectoria y destíno del derecho procesal hispanoamericano". Boletín de la Facultad de Derecho de Montevideo, Montevideo, núm. 3, 1940, MANRESA Y NAVARRO, José Mana, Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1856, t. II; O L I V A S A N T O S , Andrés de la. Lecciones de derecho procesal, Barcelona, Romargraf, 1982, t. I; r E RROT, Roger, Cours de droit judiciaire privé, París, Les Cours de Droit, 1974-1975, t I; VlCENTE Y CARAVANTES, José de. Tratado histórico crítico y filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig, 1856, t. II.

Ignacio MEDINA LIMA Procedimientos agrarios. I. Reza así el tít. quinto de la Ley Federal de Reforma Agraria, para referirse a los diversos pasos que deben darse en cada una de las acciones de restitución, dotación y ampliación de tierras, bosques, aguas, objeto de la mencionada reforma agraria. Además, son también procedimientos agrarios otro tipo de acciones de muy diferente naturaleza, tales como son las permutas, fusiones, divisiones y expropiaciones de ejidos;los trámites para la determinación de las propiedades inafectables; los trámites para el reconocimiento, titulación y deslinde de bienes 241

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comunales; así como los procedimientos propiamente de nulidad y cancelación de certificados de inafectabilidad; los de suspensión y privación de derechos agrarios, y, finalmente, los trámites por conflictos internos de los ejidos y comunidades. II. Cabe subrayar que todos estos procedimientos y trámites tienen en común, su marcado carácter administrativo, pese a que por excepción se admite o se concluye en verdaderos procedimientos jurisdiccionales, según acontece, p.e., tratándose del juicio de inconformidad en- los conflictos por límites de bienes comunales y la excepción de los casos en que se admite el juicio de amparo. Este carácter eminentemente administrativo de los procedimientos agrarios proviene del hecho de que todas las autoridades agrarias, menos el presidente de la República, son consideradas por la C como autoridades de mero trámite, o encargadas únicamente de hacer los diversos trámites de que se trate, para elevarlos posteriormente al presidente de la República, quien tiene la consideración legal de ser la suprema autoridad agraria, a quien compete dictar las resoluciones definitivas en dichos asuntos agrarios. Con todo, ya examinando más detenidamente esos diversos procedimientos, fácilmente veremos que, por las funciones que se ejercen de hecho, presentan otros caracteres, conio el ser procedimientos de tipo jurisdiccional en algunos casos, lo que ha dado pie para insistir en la necesidad de la creación de una verdadera y propia jurisdicción agraria. Existe, pues, una profunda concentración de la competencia en materia agraria a favor del gobierno federal y, en menor cuantía, de los gobiernos estatales. El mandato de la reforma agraria, se ha venido encomendado legalmente al ejecutivo federal, cuyo titular, decíamos que era la máxima autoridad agraria y la instancia última en casi todos estos procedimientos, no obstante que la aplicación de la legislación agraria implica, no sólo trámites administrativos de dotación, restitución o ampliación de tierras, sino la necesaria solución de problemas de verdadero contenido jurisdiccional. De hecho, esta legislación ha convertido al gobierno federal principalmente en el tutor por excelencia del reparto de tierras, en el tutor de los ejidos. De manera que todo comienza y todo termina con una instancia administrativa, con muy escasas excepciones, como son los pocos supuestos en que se admite el juicio de amparo o la intervención de la SCJ para resolver litigios agrarios.

V. D O T A C I Ó N D E T I E R R A S Y A G U A S . R E F O R M A AGRARIA, R E P A R T O D E T I E R R A S . R E S T I T U C I Ó N D E TIERRAS YAGUAS.

III. BIBLIOGRAFÍA: C H A V E Z P A D R O N , Martha, E¡

proceso social agrario y sus procedimientos; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; MENDIETA Y fiVÑEZ, lucio. El problema agrario en México y la Ley Federal de Reforma Agraria; 16a. ed., México, Ponúa, 1979. José B A R R A G A N B A R R A G A N

Procedimientos penales. I. Son las diversas etapas en las cuales puede dividirse el proceso penal, comprendiendo los trámites previos o preparatorios. II. Los procedimientos que integran el proceso de carácter penal pueden entenderse en un doble sentido, en el propio de las distintas etapas que lo integran, o los que configuran los aspectos paralelos, como son los relativos a los enjuiciamientos castrense, de los funcionarios públicos y el de los menores. Abordamos sólo la primera concepción pues la segunda constituye en realidad el examen de otros tipos de proceso de carácter represivo. III. El primer sector de los procedimientos penales está constituido por las etapas de carácter previo o preparatorio, entre las cuales pueden comprenderse la averiguación previa, la declaración de procedencia-y el juicio político de los funcionarios públicos, en virtud de que estos trámites son indispensables para poder iniciar el proceso penal en sentido estricto, a través de la consignación del Ministerio Púbbco (MP) ante el juez o tribunal competente para conocerio. A) La averiguación previa es la investigación que debe realizar el MP con el auxilio de la poHcía judicial, con el fin de reunir los elementos necesarios para demostrar la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, de acuerdo con lo establecido por los aa. 262-286 del CPP; 113-133 del CFPP, y 446-450 del CJM. Como en nuestro ordenamiento no existe el llamado juez de instrucción, quien de acuerdo con el modelo francés fiscaliza estas investigaciones prebminares, las mismas se realizan a través de un procedimiento que puede calificarse de administrativo. B) El procedimiento de procedencia tiene su apoyo en el a. 111 de la C de acuerdo con la reforma constitucional promulgada en diciembre de 1982, de acuerdo con el cual no se puede proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

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los ministros de la SCJ; los secretarios del despacho; los jefes de los departamentos administrativos incluyendo el del Distrito Federal (DF); y los procuradores generales de la República y de justicia del D F ; p o r l a comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, sin que previamente la Cámara de Diputados del propio Congreso Federal declare por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión respectiva, si ha lugar a proceder contra el inculpado. Este procedimiento de procedencia está reglamentado por los aa. 25-29 de la Ley Federa! de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LR), publicada el 31 de diciembre de 1982, y de acuerdo con los cuales, la sección instructora de la mencionada Cámara de Diputados realiza una averiguación previa, puesto que está obligada a practicar todas las diligencias-conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del llamado ftiero constitucional (en reaUdad, inmunidad) cuya remoción se solicita. Sin esta declaración de procedencia no se puede iniciar o seguir un proceso penal contra los citados servidores públicos, en virtud de que si se advierte que se tramita dicho proceso sin haberse efectuado el mencionado procedimiento previo, la secretaría de la citada Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente deben enviar oficio al juez o tribunal que conozca de la causa a fin de que suspenda el procedimiento, en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder (a. 29 de la citada LR). Este mismo sistema, si es que todavía no se ha regulado, debe seguirse en las leyes locales de responsabilidades, de acuerdo con las bases establecidas por el a. 109 de la propia C reformado también en diciembre de 1982. C) El juicio político. De acuerdo con el a. l U de la C en su texto original y con las leyes de responsabilidades federales de 1940 y 1980 pudiera considerarse como un enjuiciamiento autónomo, por hablarse de delitos y faltas de carácter oficial, pero siempre como una condición para e! proceso penal en sentido estricto. En los términos del vigente a. 110 de la C, debe estimarse comounaetapaprevia al juicio criminal. Según el mencionado a. 110 de la C, podrán ser sometidos al referido juicio político: los senadores y diputados al Congreso de la Unión; los ministros de la SCJ; los secretarios del despacho;los jefes de departamentos administrativos, incluyendo el del DF; los ma^strados de circuito y jueces de distrito;lo8 magistra-

dos y jueces del fuero común del DF; los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. También pueden ser objeto de este procedimiento los gobernadores de los estados, diputados locales y magistrados de tribunales superiores de las entidades federativas, pero sólo por violaciones graves a la propia C y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. El procedimiento en el juicio político está regulado por los aa. 9o.-24 de la LR de diciembre de 1982, y de acuerdo con los mismos se desarrolla en dos instancias, la primera ante la Cámara de Diputados del Congreso Federal, en la cual se realizan la investigación previa y la etapa de instrucción para determinar la culpabilidad de los citados servidores, que de aprobarse por mayoría absoluta del número de miembros presentes, debe sostenerse como acusación por una comisión de tres diputados ante el Senado, el cual decide por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes la aplicación de la sanción de índole político, que consiste en.la destitución y la inhabilitación desde uno hasta veinte años, según la gravedad de la infracción. Si se trata de funcionarios locales, la resolución es declarativa y se comunica á la legislatura de la entidad respectiva, para que proceda en ejercicio de sus atribuciones. A los procedimientos de procedencia y del juicio político, es aplicable supletoriamente el CFPP (a. 45 delaLR). IV. La siguiente etapa, ya dentro del proceso penal en sentido propio y una vez agotada la etapa previa de la averiguación administrativa, el procedimiento de procedencia o el juicio político, se ha calificado como instrucción, y se inicia con la consignación, es decir con la instancia a través de la cual el MP ejercita la acción penal ante el juez que se considera competente (aa. 5o. y 6o. CPP, 136 CFPP). La instrucción es también denominada sumario judicial y según la doctrina mexicana, en la misma se hace una investigación por el juzgador para determinar la existencia de los delitos y la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado. En consecuencia, en dicha etapa tienen aplicación los derechos del procesado establecidos por el a. 20 de la C, de manera que debe rendir la declaración preparatoria y dentro de las setenta y dos horas dictarse el auto de formal prisión

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o de sujeción a proceso, asi como recibirse las pruebas respectivas (aa. 287-304 del CPP, 168-290 del CFPP, 451-622 del CJM). V, La fase final del proceso recibe el nombre de juicio penal, y se inicia en cuanto el juez expide el auto por el cual se declara cerrada la instrucción, es decir cuando considera que se han reunido todos los elementos necesarios que constituyen el objeto del proceso. Esta fase final del juicio se divide a su vez en dos sectores que no siempre se distinguen claramente en particular en el llamado procesamiento sumario (en realidad plenario rápido). La primera se califica como preparatoria pues en ella se formulan las conclusiones tanto del MP como de la defensa y se cita para la audiencia de fondo, y es en esta audiencia en la que concluye el procedimiento con las pruebas y alegatos de las partes y el pronunciamiento de la sentencia. En la calificada como etapa preparatoria del juicio penal deben distinguirse dos formas de procedimiento, es decir la calificada como sumario (en cuanto a la brevedad del mismo) y el que se conoce como juicio ordinario. A) El procedimiento summrio procede, en los términos de los aa. 305 del CPP y 152 del CFPP cuando se trate de flagrante delito, exista confesión rendida ante la autoridad judicial y la pena aplicable n o exceda en su término medio aritmético de cinco años de prisión, o sea alternativa o no privativa de libertad. El ordenamiento distrital agrega que también se seguirá el procedimiento sumario cuando en el acto en que se dicte el auto de formal prisión o sujeción a proceso o dentro de los tres días siguientes a su notificación, el inculpado o su defensor, manifiesten que se conforman con él y que no tienen más pmebas que ofrecer salvo las conducentes a la individualización de pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias. En este tipo de procedimiento la etapa preparatoria de la audiencia de fondo se reduce considerablemente (aa. 308-310 del CPP y 152 y 307 del CFPP). B) En el procedimiento ordinario, una vez cerrada la instrucción, los actos preparatorios de la audiencia de fondo consisten en la fonnulación de las conclusiones del MP, y si estas son acusatorias, se cita para audiencia final (aa. 325 CPP, 305 CFPP y 623 Q M ) . VI. La fase conclusiva del juicio penal. Esta se desarrolla esencialmente en la audiencia de fondo, en la que se repiten diligencias de prueba cuando fuese ne-

cesario, se formulan alegatos y se pronuncia el fallo en la propia audiencia o dentro de un breve plazo posterior (aa. 326-329 del CPP; 306 del CFPP; 623-717 del CJM). . V. C O N C L U S I O N E S

DEL MINISTERIO

PUBLICO,

CONSIGNACIÓN, JUICIO PENAL, JUZGADOS PENALES. MINISTERIO PUBLICO.

Vn. BIBLIOGRAFÍA: A L C A L A - Z A M O R A

Y CASTI-

LLO, Niceto, "Sínteas del derecho procesal (civil, mercantil y penal)". Derecho procettd mexicano, México, Pomia, 1977, t. II; A R I L L A B A S , Femando, El procedimiento penal en México; 7a. ed., México, Editores Unidos Mexicanos, 1978; COLÍN SÁNCHEZ, Guuiemio, Derecho mexicano de procedimientos penales; 2a. ed., México, Porrúa, 1977; FRANCO bODI, Carlos, El procedimiento penal mexicano; 4a. ed., México, Porrúa, 1957; G A R C I A H A M I R E Z , Sergio, Curto de derecho procesal peruü; 4a. ed., México, Porrúa, 1983; GONZÁLEZ BLANCO, Alberto, EI procedimiento penal mexicano en la doctrina y en el derecho positivo, México, Pomía, 1975; GONZÁLEZ BUSTAMANTE, J uan José, Principios de derecho procesal mexicano; 7a. ed., México, Porrúa, 1983; PiÑA Y P A L A C I O S . Javier, Derecho procesal penal, México,

Talleres Gráficos de la Penitenciaría delDF, 1947;RlVERA SILVA, Manuel, El procedimiento penal; 13a. ed,, México, Porrúa, 1983. Héctor F I X - Z A M U D I O

Proceso, v. DERECHO PROCESAL, JUICIO. Procuraduría Agraria. I. Dependencia de la administración pública federal encalcada de brindar servicios gratuitos a los campesinos del país con el objeto de ayudarios en todos los trámites correspondientes a la administración de justicia agraria en sus distintas acciones y sus diversas instancias procedimentales. Trámite dado a tos expedientes agrarios por las autoridades «encargadas de practicar las investigaciones y diligencias necesarias, relativas a las solicitudes de restituciones, dotaciones y ampliaciones de fierras y aguas; incluidas todas las gestiones que conforme a la ley deban realizarse en beneficio de los campesinos interesados hasta la obtención del dictamen legal que proceda, una vez calificadas sus pretensiones. II. Expresa el a. 27 de la C (fr. VII) que "los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren"; pero aquellos núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución, por imposibili-

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dad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten (fr. X). Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se presentarán en los Estados directamente ante los gobernadores, quienes las turnarán a comisiones mixtas que se encargarán de sustanciar los expedientes relativos y emitirán dictámenes que aprobarán o modificarán los propios gobernadores, ordenando se de posesión inmediata de las superficies que en su concepto procedan. Los expedientes pasarán al ejecutivo federal para que sea éste, como suprema autoridad agraria, quien dicte la resolución definitiva en un plazo prudente (fr. XII). Las reglas para dar un trámite eficaz a dichas soücitudes quedaron insertas en el Código Agrario y actualmente lo están en la Ley Federal de Reforma Agraria promulgada en el mes de marzo de 1971. Sin embargo, pese al interés del legislador por facilitar a los campesinos su tramitación, el procedimiento se ha llenado de tantos tecnicismos y de varias instancias, que ha sido necesario crear un cuerpo no sólo de consultores sino de expertos asesores encargados de orientar y facilitar las gestiones de los núcleos de población ante las autoridades respectivas, no sólo para que obtengan una rápida resolución de los problemas inherentes a la adjudicación y tenencia de la tierra, sino como necesaria consecuencia de la reforma agraria. III. Con fecha primero de julio de 1953 el entonces presidente señor Adolfo Ruiz Cortines dispuso por decreto la integración de la Procuraduría de Asuntos Agrarios, en cuyas consideraciones estimó que aun cuando en el texto del Código Agrario y sus re^amentos se había procurado simplificar la tramitación de ios expedientes agrarios, la frecuente demora sufrida por los interesados en las solicitudes respectivas, debida a su falta de dirección y conocimientos de las gestiones que debían realizar de acuerdo con la ley, ocasionaba la intervenrión de diversas autoridades con la consiguiente pérdida de tiempo, en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública y de los intereses de los propios gestores. Con base en este decreto empezó a desempeñar funciones procesales la Procuraduría Agraria, dependiente en esa época del extinto Departamento Agrario y actualmente bajo el control de la Secretaría de la Reforma Agraria, con oficinas en cada uno de los

Estados de la República y el número de procuradores necesario para atender los problemas inherentes al proceso agrario, parte del derecho procesal social, como atinadamente lo ha señalado en varios estudios y comentarios el doctor Fix-Zamudio. En efecto, debido a la necesidad de superar obstáculos del derecho procesal civil, como él dice, inspirado en criterios liberales e individualistas, empezó a abrirse paso la necesidad de encontrar nuevas fórmulas procesales para tutelarlos derechos de los grupos humanos más débiles. Estos principios fueron introducidos inicialmente en el proceso laboral, pero bien pronto se proyectaron al derecho procesal agrario en sus aspectos de tutela de los campesinos en relación con los terratenientes y en especial respecto de los diversos sistemas de reforma agraria implantados por numerosos ordenamientos, muchos de ellos en Latinoamérica, bajo la inspiración de la reforma agraria mexicana; todo lo cual ha dado lugar a lo que se ha denominado derecho procesal social agrario, y que ha florecido de manera extraordinaria a partir de la segunda posguerra. IV. El proceso agrario se inicia, como lo hemos expresado, con las pretensiones de los núcleos de población para que les sean dotadas o restituidas tierras o aguas. Conforme a la ley, la tramitación puede iniciarse de oficio por las autoridades agrarias competentes mediante un proceso a base de acción en el que es suplida oficiosamente la actividad procesal de los campesinos. Ahora bien, como lo hizo notar el doctor Alcalá-Zamora y Castillo, los diversos procedimientos de nuestras leyes agrarias han resultado tan complicadas, ya que al lado de verdaderos procesos existen diversos procedimientos administrativos e inclusive algunos que pueden situarse dentro de la jurisdicción voluntaria, tal circunstancia ha obligado a que sea el cuerpo de procuradores agrarios quienes se encarguen, en representación de los núcleos de población, de cuestiones que para los campesinos resultarían comphcadas y onerosas. ¿Cuáles son las funciones de la Procuraduría Agraria? Podríamos sintetizarlas en las siguientes: Primera, organizar sistemas de información y orientación para que las demandas de los sectores agrarios sean tramitadas por los conductos adecuados a fin de lograr la mayor eficiencia de la administración agraria. En caso necesario deberán ser los procuradores agrarios los encargados de redactar y tramitar dichas demandas. 249

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Segunda, asesorar en fonna gratuita a los campesinos, a las autoridades ejidales y a las comunidades agrarias, en todos los asuntos en que estén interesados y de ser requeridos sus servicios, representar a estos sectores de población otorgándoles personalidad legal suficiente para que intervengan en todas las acciones que se intenten, cualquiera sea su naturaleza. Tercera, llevar a cabo la investigación y esclarecimiento de las reclamaciones que sean presentadas en relación con violaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria, o en contra del personal que tenga a su cargo la aplicación estricta de la legislación agraria. Cuarta, estudiar y opinar sobre tas quejas y reclamaciones que se formulen por particulares, ejidatarios y comuneros, en términos del reglamento interior que se redacte o instituya dentro de cada una de las delegaciones agrarias en la Repiíblica, a fin de ajustarse a las normas que se establezcan para la tramitación en particular de cada expediente, atenta la especialidad del procedimiento agrario de que se trate. (Recuérdese que la ley divide en siete los procedimientos agrarios: de restitución, dotación y ampliación de tierras, bosques y aguas; de permutas, fusión, división y expropiaciones ejidales; determinación de propiedades inafectables; reconocimiento, titulación y dedinde de bienes comunales; de nulidad y cancelaciones; de la suspensión y privación de derecbos agrarios, y sobre los conflictos internos de los ejidos y comunidades.) Quinta, intervenir, por la vía conciliatoria, en la solución de las controversias agrarias que se susciten entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, fundamentalmente cuando puedan resultar afectados los intereses de los niícleos de población; así como en los conflictos que se susciten por límites, deslindes, señalamientos de zonas de protección de tierras ejidales, comunales y pequeñas propiedades. Sexta, practicarlas investigaciones y diligencias necesarias para comprobar los hecbos relacionados con divisiones, fraccionamientos, trasmisiones y acaparamiento de predios en cualquier lugar del territorio de la República, en los términos a que se refiere la ley, para en su caso, solicitar la colaboración de las autoridades correspondientes para el desahogo de las denuncias de investigación que sean necesarias. Séptima, practicar de oficio y mandar desahogar a petición de los interesados, ya sea en el periodo de investigación o dentro de cualquier procedimiento, las diligencias necesarias y conducentes para declarar la nulidad de los fraccionamientos ilegales de propiedad

afectables, así como de los actos de simulación. Toda instrucción respecto de cualquier procedimiento, deberá llevarse a cabo con audiencia de los interesados hasta culminar en el dictamen que para cada caso señala la ley. V. Actualmente la Procuraduría Agraria es una dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero tiene establecidas oficinas en todos los estados de la República y en algunos de ellos en los municipios de mayor importancia agraria. Conforme a su re^amento interior su oficina coordinadora atenderá las promociones de las procuradun'as estatales para activar los expedientes que lleguen a la Secretaría; es la encargada de mantener relaciones con otras dependencias del gobierno federal o estatal, y debe concentrar los informes mensuales que rindan los procuradores agrarios en el país. El personal que atienda los asuntos no podrá poseer predios rústicos cuya extensión exceda a la superficie asignada a las propiedades inafectables; tampoco desempeñará cargo alguno de elección popular ni puede ser dirigente de organizaciones campesinas o de propietarios de tierras. Su honorabilidad debe ser reconocida y en algunos casos se exige examen de capacidad para el desempeño de algunos cargos técnicos o administrativos en los que se requiere poseer título legal o reconocida aptitud en materia agraria. Recientemente han sido organizadas ligas femeniles agrarias para la realización de un número indeterminado de actividades relacionadas con la actuación de la mujer campesina en algunos cuerpos consultivos o de acción femenil. A los procuradores agrarios se ha encargado su dirección y orientación y en estos casos, de resultar necesario, ha sido nombrado personal femenino también, encargado de atender estas cuestiones. Finalmente, han sido establecidas severas sanciones en aquellos casos de incumplimiento del personal de tas procuradurías, y son los siguientes: cuando los servicios no sean prestados en forma gratuita y se exijan ayudas pecuniarias por cualquier concepto; cuando los procuradores actúen con carácter político o ideológico, y cuando existan quejas comprobadas de campesinos que hayan resultado afectados con actuaciones ineficaces o dolosas. De comprobarse cualquier denuncia ello ameritará la destitución del cargo y la aplicación, en lo que resulte procedente, de la LR. V. D E R E C H O A G R A R I O , P R O C E D I M I E N T O S AGRARIOS.

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VI. BIBLIOGRAFÍA: A L C A L A - Z A M O R A Y CASTI-

LLO, Niceto, Proceso, autocomposición y autodefensa; 2a. ed., México, UNAM, 1970; CERVANTES AHUMADA, Raúl, 'Tribunales agrarios. Necesidad de su creación". Estudios Agrarios, México, año III, núm. 8, mayo-agosto de 1964; CHA VEZ P A D R Ó N , Martha, EI proceso social agrario y sus

procedimientos; 2a. ed., México, Porma, 1977;FÍ[X.ZAMI]DIO, Héctor, "Introducción al estudio del derecho procesal social", Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Madrid, núm. 3, 1965; MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, El pwblema agrario en México y la Ley Federal de Reforma Agraria; 16a. ed., México, Porrúa, 1979. Santiago BARAJAS MONTES DE OCA Procuraduría de la Defensa del Trabajo. I. Organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal y del gobierno de las entidades federativas y del Distrito Federal en el nivel local, que tiene funciones de representación, asesoría, prevención, denuncia, coordinación y conciliación en beneficio de los trabajadores y de los sindicatos obreros. II. A pesar de que desde 1929 se había federalizado la facultad de legislar en materia de trabajo; no • obstante que el primer cuerpo normativo de alcances nacionales fue la LFT de 18 de agosto de 1931 y que ésta contemplaba a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como una de las autoridades laborales, es hasta el 11 de septiembre de 1933 cuando se pubHca en el DO el recámenlo correspondiente a dicha dependencia. El presidente Manuel Avila Camacho promulgó el Recámenlo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal el 24 de noviembre de 1944; no debe olvidarse que aunque la federación legislaba en exclusiva sobre la materia jurídica laboral, el Distrito Federal y los estados compartían la facultad de administrar justicia y de mediar en la resolución de la conflictiva laboral a través de las juntas de conciliación y arbitraje y de sus departamentos administrativos del trabajo. Como puede observarse, la constitución de las procuradurías en los ámbitos federal y local, así como la expedición de los re^amentos correspondientes, no estuvieron en consonancia con la celeridad que demanda la protección de las reivindicaciones obreras dentro de la rama más dinámica y representativa de! derecho social: el derecho del trabajo. Las entidades federativas reglamentaron el funcionamiento de sus procuradurías con cierta lentitud; a la fecha todas

cuentan con un reglamento que recoge y reproduce las experiencias, vicios y aciertos del "centro"; es decir, las disposiciones y directrices contenidas en los re^amentos de la Procuraduría Federal y del Distrito Federal. III. En fechas recientes los reglamentos de las dos procuradurías citadas se han actualizado; v. DO de 2 de junio de 1975 para el caso de la Procuraduría Federal y DO de 6 de enero de 1982, así como la Gaceta Oficial del DDF de primero de febrero de 1982, para lo concerniente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal. En virtud de que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recibe del a. primero de su reglamento la'encomienda consistente en "coordinar sus funciones con todas las autoridades laborales del país, especialmente con las Procuradurías de la Defensa del Trabajo que funcionan en cada uno de los Estados", analizaremos brevemente su base legal, estructura y funcionamiento. IV. El a. 523 de la LFT prescribe que la aplicación de las normas laborales compete, entre otras autoridades y en su respectiva jurisdicción, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; luego en siete preceptos (aa. 530-536 LFT) fija los aspectos básicos de su alta función social. • El a. segundo del Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se refiere a la integración de los órganos de ésta, en la forma siguiente: un procurador federal; un secretario general; dos procuradores auxiliares generales (de asesoría, conciliación y quejas y de defensoría y conflictos); los procuradores auxiliares que sea necesario acreditar ante diversas autoridades jurisdiccionales y administrativas; un cuerpo de peritos; un centro de información sobre derechos del trabajador, así como las dependencias internas necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Diversas actividades de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo merecen ser destacadas; particularizaremos, por límites de espacio, las que corresponden a los aa. sexto, séptimo y octavo de su reglamento y que consisten en "interponer demanda de amparo ante las autoridades competentes, siempre que sea procedente, y seguir el juicio hasta obtener sentencia ejecutoriada"; representar o asesorar a los trabajadores o a sus sindicatos en los juicios de amparo en que figuren como terceros interesados; y que todos los servicios que preste serán gratuitos. 251

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Es promisorio ver que últimamente se amplia el alcance de los servicios que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo presta a la clase trabajadora; la construcción misma de un nuevo edificio forma parte de esa intención de estar a tono con la función social de brindar esa suerte de "defensoría de oficio" a la clase que más la necesita, coadyuvando así a ese desequilibrio necesario en el derecho del trabajo —sobre todo en materia procesal— o al logro de la igualdad por compensación, como decía Couture. V. JUICIO LABORAL. JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. V. BIBUOGRAFIA: CONFEDERACIÓN REGIONAL O B R E R A MEXICANA, "Procuraduna de la Defensa dd

Trabajo. Organización, fundones e inftmnación" (ponenda de la CROM), Revista del Trabajo, México, t. II, núm. 141, octubre de 1949; SECRETARIA DEL TRABAJO Y P R E VISION SOCIAL, "Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa dd Trabajo", Trabajo y Previsión Social, México, t. XIII, núm. 53, junio de 1942; TORRES J A R A , Ma. Teresa, "Fundonainiento de la Junta Federal de Conciliadón y Aibitraje y de la Procuraduría Federal de la Defensa dd Trabajo", Reviita Mexicana del Trabajo, México, 6a. época, t. XIV, núm. 3, juUo-septiembre de 1 9 6 7 ; T R U E B A U R B I -

NA, Atiwrto, Nuevo derecho administrativo del trabajo, México, Porrúa, 1979, t. I; ViLLAMIL CASTILLO, Carios, "La Procuraduría de la Defensa dd Trabajo y las tendendas dd gobierno actual", Revista del Trabajo, México, 1.1, núm. 2, septiembre de 1937. Braulio RAMÍREZ R E Y N O S O Procuraduría Federal del Cwisumidor. I. Procuraduría, en su significación más amplia, es el oficio o cargo de procurador, qxie realiza funciones de procuración; es decir, llevar a cabo diligencias de cuidado y manejo adecuado de los negocios de otro. La procuraduría es también la oficina en donde despacha el procurador. Ks procurador, no solamente el titular de una dependencia encargada de administrar justicia, sino también el abogado o licenciado en derecho que defiende ante los tribunales, en forma oral o escrita, los intereses de las personas que le encomiendan sus asuntos. n . Técnicamente, la Procuraduría Federal del Consumidor, se define como un "organismo descentralizado de servicio social, con funciones de autoridad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora" (a. 5 7 LPC). i n . Históricamente, la Procuraduría del Consumi-

dor es una daivación del ombudsman sueco-finlandés (Donald Rowat), que ejercía las fiínciones de representante de los ciudadanos afectados por actos de los funcionarios públicos cometidos en exceso de sus facultades. Ombud, se refiere a una persona que actúa como vocero o representante de otra, como lo que realiza el Justitie Otnbudsman en el Pariamento sueco, en &vor de los ciudadanos. No nace pues el ombudsman^ como una institución exclusivamente protectora de los consumidores, sino, de los ciudadanos en general. En cambio, en el sistema anglosajón el consumer ombudsman (SánchezCordero DávUa) sí realiza un papel específico de velar por los intereses de los consumidores. A veces se piensa ^ a c D e r m o t ) que el ombudsman es una institución básicamente anglosajona, inútil en los países de jus civile, que gozan de un abtema desarrollado de derecho administrativo. Ciertamente, la figura se ha difundido con mayor rapidez en los países del common law; » n embargo, se originó en un país de jus civile (Suecia) y muchas otras naciones la han acogido, como Francia que la adoptó en 1973, bajo la denominación de le médiateur. La tarea más importante que se atribuyó al cargo, creado en 1713 y ejercido por el procurador supremo (Hdgate Omhudsmannen), era la de supervisar el cumplimiento de las leyes y re^amentos, cuidando que los servidores públicos desempeñasen su trabajo adecuadamente. IV, Funcionamiemo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PFC). La oficina central de la PFC se encuentra en la ciudad de México. Existen delegaciones (hasta 1982, 37 en total) en cada una de las entidades federativas, debiendo establecerse representaciones de ella, en otros lugares en que se considere indispensable (a. 58, pfo. l o . LPC). A. Organigrama. La organización de la PFC, es como sigue: procurador federal; comisión interna de administración y programación; unidad de difusión y relaciones públicas; asesoría; secretaría particular; subprocuraduría ejecutiva; subprocuraduría técnica; subprocuraduría de organización colectiva; dirección general de administración; dirección general de organización, programación y evaluación; dirección general de delegaciones federales; dirección general de quejas; dirección general de conciliación; dirección general de arbitraje; dirección general de asuntos jurídicos, y dirección general de organización colectiva. B. Facultades.

Tiene, entre otras, las siguientes:

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representar los intereses de la población consumidora ante cualquier clase de autoridades administrativas y jurisdiccionales —en este caso previo otorgamiento del mandato correspondiente—; representar colectivamente a los consumidores, ante instituciones públicas u organismos privados, proveedores de bienes y prestadores de servicios; estudiar y proponer medidas encaminadas a proteger loe derechos de los consumidores; asesorar a éstos en forma gratuita; denunciar ante las autoridades que corresponda los casos de violación de precios, normas de calidad, peso, medida y otras características de productos y servicios, así como la existencia de prácticas monopólicas o que tiendan a crear monopolio; conciliar las diferencias entre proveedores y consumidores, fungiendo como amigable componedor entre las partes; en general, velar dentro de su ámbito de competencia por el cumplimiento de la ley y de las disposiciones emanadas de ella (a. 59 LPC). Otras de sus atribuciones, son las de solicitar a la autoridad administrativa que corresponda, que regule la venta de aquellos productos o servicios perjudiciales para la salud de los consumidores (a. 62); así como "velar por que los contratos de adhesión no contengan cláusulas que establezcan prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores o les impongan obligaciones inequitativas". En estos casos, puede promoverla procuraduría, la modificación o la nulidad de las cláusulas evidentemente lesivas (a. 63), Para el cumplimiento de sus funciones, la LPC indica que deben colaborar con la procuraduría toda clase de autoridades federales y municipales, así como agrupaciones de consumidores creadas con el fin de defender sus intereses. Para la organización de aquéllas, la PFC, a través de la subprocuraduría de organización colectiva, y con fundamento en el a. 58, de la Ley, ha diseñado un programa nacional de organización colectiva de ios consumidores, con el propósito de integrar comités de protección al consumidor, con las funciones de divulgar el contenido de la LPC, orientar al consumidor en el conocimiento y defensa de los derechos que la misma le concede, recibir quejas y tramitarlas en la delegación correspondiente de la procuraduría, y otras. Igualmente, la PFC tiene facultades sancionadoras, al imponer multas hasta por el monto de 20,000 pesos, y de pedir el flso de la fuerza pública para el buen desempeño de las funciones que le atribuye la ley. Pero si estos medios de apremio fueren insuficientes, puede ejercer acción contra el rebelde por delito cometido en contra de una autoridad (a. 66 LPC).

C. Procedimientos. En los conflictos que se dan entre proveedores y consumidores, o en reclamaciones de éstos en contra de comerciantes, industriales, empresas de participación estatal, etc., la PFC actúa como amigable componedor, desahogándose tales reclamaciones conforme a las re^as procesales que señala el a. 59, fr. VIH de la LPC, a saber: primera, se cita a las partes a una junta de conciliación; segunda, si no se logra la avenencia, se les invita para que designen arbitro a la procuraduría; tercera, según el caso, se levanta acta de los términos de la conciliación o del compromiso arbitral y cuarta, se dicta el laudo arbitral. Las normas que rigen el procedimiento arbitral, pueden ser fijadas convencionalmente por los interesados, siendo supletorias las aplicables de la legislación civil (a. 59, fr. VIII, inciso c LPC). D. Cumplimiento de sus resoluciones. Cuando no se cumpla voluntariamente lo convenido en la conciliación, o el contenido del laudo arbitral, la parte interesada deberá acudir a los tribunales ordinarios, para que se ejecuten dichas resoluciones. La misma facultad tiene el interesado, cuando la otra parte rechaza designar como arbitro a la procuraduría; pero para que proceda la promoción ante dichos tribunales, es preciso exhibir el documento en el que conste que se agotó el procedimiento conciliatorio, a que alude el inciso b del citado a. 59. Las resoluciones que dicte la procuraduría durante el procedimiento, serán revocables cuando aquélla intervenga como componedor o como arbitro y son recurribles los laudos emitidos, para efectos meramente de aclaración. E. Del titular de la PFC. 1. Nombramiento. La dependencia está a cargo del procurador federal del consumidor, nombrado por el presidente de la República. Debe reunir los requisitos siguientes; ser licenciado en derecho (titulado), y ciudadano mexicano por nacimiento (a. 61 LPC). 2. Atribuciones. Las facultades del procurador, son las de representar legalmente a la procuraduría; otorgar y revocar poderes generales o especiales, con o sin cláusula de sustitución; nombrar y remover al personal de la institución, fijándole funciones y remuneraciones; crear las unidades técnicas que requiera el organismo; manejar el presupuesto de la institución; así como, otras atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias (a. 60 LPC). 3. Acuerdos. Con el propósito de descentralizar 253

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sus funciones y hacer más expedita la justicia en favor de los consumidores, el procurador federal del consumidor ha dictado una serie de acuerdos. Los más importantes son: Acuerdo por el que delega facultades en materia de conciliación y arbitraje, al subprocurador técnico, al director general, subdirectores y jefes de departamento de conciliación y arbitraje, para que tramiten, acuerden y resuelvan los asuntos de su competencia, así como para que firmen la documentación relativa {DO, 26 de enero de 1977). Acuerdo que crea la dirección de arbitraje (modificando el acuerdo anterior), dividiendo la dirección general de conciliación y arbitraje, en dirección general de conciliación y dirección general de arbitraje {DO, 14 de marzo de 1978). Acuerdo por el cual el procurador declara que, en sus ausencias temporales, será suplido por el subprocurador ejecutivo o el subprocurador técnico; a falta de ambos, por el subprocurador de organización colectiva (DO, 27 de abril de 1978). Acuerdo por el que el procurador delega facultades en los delegados de la procuraduría federal del consumidor en toda la República mexicana, para ejercer las facultades que a esta dependencia le confiere la LPC, con excepción de las que previenen los aa. 62 y 63 {DO, 27 de febrero de 1980). F. Naturaleza jurídica de la PFC. En cuanto al carácter de autoridad de la PFC, se han originado algunas discusiones, tanto en la doctrina como en la práctica mexicanas. En el ámbito doctrinal, Barrera Graf (en contra de lo que expresa la LPC, a. 57), afirma que la procuraduría no es organismo descentralizado, pues no constituye una forma de descentralización por servicio, ni realiza un servicio público o de orden técnico; tampoco tiene una fuente propia de ingresos. Además, los actos que efectúa en representación de la población consumidora (señalados por el a. 59 de la LPC), no pueden atribuirse a un organismo descentralizado; sí en cambio, a un órgano centralizado de la administración pública. Algunos tribunales colegiados que han conocido de amparos en los que se discute el carácter de autoridad de la procuraduría, han resuelto que el rango de autoridad de ella es indudable, en razón de que la misma LPG (a. 57) le da esa categoría, habiéndose aceptado también por parte de dichos tribunales, que tiene facultades sancionadoras. G. Función social de la PFC. Hasta el momento.

los resultados sociales de la PFC han sido muy positivos; lo que se comprueba por los datos siguientes: hasta 1981 atendió un total de tres millones once mil asuntos. El 32% de los consimiidores protegidos hasta ese año, han sido personas de bajos ingresos. La procuraduría realiza una campaña permantente de verificación de precios, normas de calidad y otras características de bienes y servicios, visitando directamente las negociaciones en toda la República mexicana. A través de estudios socio-económicos (115 documentos entre 1976 y 1981), analiza y propone toda clase de medidas encaminadas a proteger a los consumidores. Hasta 1981, se constituyeron4mil746 comités de defensa del consumidor, en toda la República, representando a más de tres millones de personas. Con la realización de 20 mil reuniones aproximadamente, con organizaciones colectivas, y con la asistencia de setecientas cuarenta y dos mil personas, el reparto de material informativo, se ha logrado concientizar a la población consumidora de los derechos que en su favor le otorga la LPC, así como sobre la forma de ejercitarlos. La PFC cuenta con modernos sistemas de computación, tanto para atender rápidamente los asuntos, como para consolidar su eficiente sistema integral de informática, en las oficinas centrales, y en las del interior del país. Se han instalado módulos de información y quejas, que atienden un promedio de sesenta mil personas al mes. Se realizan cursos permanentes de capacitación del personal en todas las áreas del organismo, con el objetivo de perfeccionar los esfuerzos y la productividad en la atención a los consumidores. En tres aspectos fundamentales se ha acentuado la labor benéfica de la procuraduría: 1. En lo económico, como protectora del salario y del patrimonio de la familia mexicana, sobre todo de la de escasos recursos. Los casos en los que ha intervenido, repn%entan, hasta 1981, un total de 9 mil 717 millones de pesos. 2. En lo político, al equilibrar las relaciones económicas entre proveedores y consumidores. 3 . En lo social, al encontrar plena vigencia la LPC en la solución de los problemas que se presentan diariamente en el tráfico comercial, mediante una intervención eficiente. Los principales giros en los que ha intervenido, son los de bienes (compra de casas-habitación; alimentos; aparatos electrodomésticos, vehículos automotores);

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y servicios (reparación de aparatos para el hogar; talleres automotrices; transportes; servicios turísticos, servicios públicos, escuelas particulares). Las causas que más constantemente originan reclamaciones ante la PFC, son las de aumentos de precios, incumplimiento de las condiciones contractuales, cobros indebidos, ocultamiento de productos alimenticios, ventas condicionadas, defectos o vicios de fabricación, y malas reparaciones. El prestigio de la procuraduría ha trascendido más allá de nuestras fronteras, habiendo sido visitadas sus instalaciones por diversas comisiones extranjeras que han conocido a fondo sus mecanismos de operación, expresando reconocimiento por el sistema adoptado. Ha recibido elogios del extranjero: "La procuraduría • es vanguardia en el movimiento mundial de los consumidores. . . " (Blas Camacho Zancada, subsecretario de mercado interior de España, 24 de enero de 1980). "Las agrupaciones de defensa del consumidor que existen en otras naciones, están a la expectativa de lo que ha logrado México en esa materia, porque es manifiesto que se ha hecho más allá de lo que están haciendo otras instituciones nacidas con anterioridad en todo el orbe" (Anwar Fazal, presidente de la Organización Internacional de Consumidores, afiliada a la ONU, 7 de enero de 1982). En su tarea permanente de servicio social, la PFC despliega una amplia campaña publicitaria a través de los más efectivos medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión), con el fin de orientar a la población consumidora tanto en sus compras como en la obtención de servicios. V. C O N S U M I D O R , C O N S U M O , I N S T I T U T O N A C I O NAL DEL C O N S U M I D O R .

V. BIBLIOGRAFÍA: H A R R E R A G R A F , Jorge "La Ley

Federal de Protección al Consumidor", Jurídica, México, núm. 8 julio de 1976; MACDERMONT, Niall, "La institución del ombudsnuin", Revüta de ¡a Comisión Internacional de Jurista», Ginebra, núms., 20-21, junio-diciembre de 1978; P R O C U R A D U R Í A F E M R A L D E L C O N S U M I D O R , Sew

afioí, México, Procuraduría Federal del Consumidor, S. A.; ROWAT, Donal C. et ai.. El ombudsman. Eí defensor del ciudadano; trad. de Ekluardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1973; SANCIIEZ-CORDERO D A V I L A ,

Jorge A., "La protección del consumidor en el derecho del mercado". Libro del cincuentenario del Código Civil, México, UNAM, 1978; ViLLANUEVA, Rogelio, "Aspectos de la Ley Federal de Protección al Consumidor", Revista, de Investigaciones Jurídicas, México, año I. núm. 1,1977.

Ángel SALAS

ALFARO

Procuraduría Fiscal de la Federación. I. Es la unidad administrativa dependiente déla Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de asesorar y representar al titular de la misma en asuntos jurídicos, así como de resguardar el interés fiscal de la Federación. 11. El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el DO el 2 de octubre de 1946, establece por primera vez que la facultad de representar el interés fiscal federal, la tuviera el secretario del ramo, ejerciéndola por medio de la dirección jurídica consultiva. Las facultades asignadas a esta dirección eran: formular y revisar proyectos de leyes, decretos y circulares, así como compilarlas; defensa del interés fiscal de la Secretaría; proporcionar los elementos de defensa cuando la Secretaría sea representada por el Ministerio Público; representar a los funcionarios superiores ante el Tribunal de Arbitraje en la aplicación del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión; resolver consultas y fijar criterios de interpretación jurídica y revisar el aspecto legal de los contratos que celebre la Secretaría, las adjudicaciones, los remates de las tercerías promovidas por los particulares. La Procuraduría Fiscal de la Federación, se crea por decreto publicado en el DO el 31 de diciembre de 1947, en vigor a partir del l o . de enero de 1948; por medio del cual surge como una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que representa a la misma ante los tribunales de la República, justiñcando así su propia naturaleza y su relación directa con las diversas áreas de la Secretaría. La Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal de la Federación se publica en el DO el 31 de diciembre de 1949 y entra en vigor a partir del l o . de enero de 1950, establece la estructura orgánica y las funciones de la citada procuraduría, la cual estaba integrada por un procurador, auxiliado por el subprocurador fiscal y por los jefes de departamento de legislación; consulta y compilación; de 1(? contencioso; de sanciones fiscales; legal; investigaciones y denuncias; por el jefe de ia policía fiscal; agentes hacendarios y los abogados que fueren necesarios. Las atribuciones que se le otorgaron fueron las siguientes: interponer el recurso de revisión ante la SCJ; comparecer y ocurrir en queja ante el Tribunal Fiscal de la Federación en los juicios en que se impugne legalidad de actos emitidos por las autoridades administrativas; comparecer ante el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de 255

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los Poderes de la Unión; comparecer ante todos los tribunales de la República, siempre que la representación de la Secretaría de Hacienda no corresponda al Ministerio Público; para denunciar ante el Ministerio Público los delitos de que tenga conocimiento; imponer sanciones administrativas; emitir criterios de interpretación; aprobar remates; condonar multas; declarar la prescripción; resolver inconformidades; revisar de oficio las adjudicaciones decretadas en favor del fisco. La anterior ley orgánica, fue abrogada por el a. décimo primero de la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el DO de 30 de diciembre de 1977, en virtud de la nueva reestructuración de la Procuraduría Fiscal de la Federación. La reorganización, se implantó con motivo de la expedición de un nuevo reglamento interior de la dependencia hacendana, publicado en el DO de 23 de mayo de 1977, sustituyendo una estructura departamental concebida 27 años antes, que ya no respondía al marco de las demás áreas de responsabilidad. La Procuraduría Fiscal de la Federación experimentó un proceso de modernización para realizar con eficiencia las responsabilidades a su cargo y promover su desconcentración territorial, transformando su estructura gradualmente. Los cambios operados en su organización le permitieron ir adecuándose a las nuevas necesidades sociales y satisfacer las exigencias propias de su época. Los problemas derivados del incremento del número de causantes, la complejidad técnica de los impuestos federales y el aumento material de las cargas de trabajo, exigieron una organización dinámica y eficiente. Quedando integrada orgánicamente por un procurador fiscal, auxiliado por el primer, segundo y tercer subprocuradcves fiscales, así como el subprocurador fiscal de investigaciones; seis direcciones de área y tres unidades de área, de las cuales dependen los departamentos. Completan la organización, las subprocuradurías fiscales auxiliares, cuyo funcionamiento se basa en el en el a. 83 del citado recámenlo. El nombre de las subprocuradurías fiscales auxiliares se modificó posteriormente al de subprocuradurías fiscales regionales de conformidad con lo señalado por el a. 103 del Re^amento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el DO el 31 de diciembre de 1979, sus facultades eran las siguientes: representar en juicio a la Secretaría de Hacienda, resolver recursos administrativos, imponer

sanciones por incumplimiento de obligaciones y condonar multas fiscales. Las facultades conferidas a la Procuraduría Fiscal de la Federación desde su Ley Orgánica y en los distintos reglamentos interiores de la Secretaría de Hacienda han sido sustancialmente las mismas, la organización y estructura es lo que ha venido variando. IIL Conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vigor, publicado en el DO de 26 de agosto de 1983, la Procuradun'a Fiscal de la Federación está integrada por un procurador fiscal, auxiliado por cuatro subprocuradores que conforman el nivel jerárquico de definición funcional. En el siguiente grado jerárquico la organización comprende a seis direcciones de área, nueve unidades, diez departamentos, así como de las diez subprocuradurías fiscales regionales. A la Procuraduría Fiscal de la Federación se le confieren las siguientes facultades: El procurador fiscal es el consejero jun'dico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y asesora al titular de la Secretaría en asuntos jurídicos. La primera subprocuraduría fiscal se encarga de la defensa oportuna y eficaz con base en la constitucionalidad de las leyes fiscales y la legalidad de los actos, resoluciones y procedimientos de carácter fiscal, para lograr una pronta recaudación de los créditos fiscales que incrementen los ingresos con el propósito de contribuir al financiamiento de la hacienda pública federal. La segunda subprocuraduría fiscal se encarga de asegurar la adecuada aplicación de las normas y disposiciones de carácter fiscal, para alcanzar la equidad tributaria, mediante la res ticia; c) proteger los derechos de los menores, incapaces, así como los individuales y sociales en general, en loe términos que establezcan las leyes; d ) cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal en la esfera de su competencia, y e) las demás que determinen las leyes. C) Designación y selección. Tanto el procuradcv como los subprocuradores son nombrados y removidos libremente por el presidente de U República y deben reunir los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del D F (aa. 12 y 13 de la ley orgánica).

Una disposición importante en cuanto al personal de la procuraduría es la contenida en los aa. 15 y 16 de la ley orgánica, de acuerdo con los cuales, para ingresar o permanecer al servicio de la institución en cualesquiera categoría de agente del MP, de la policía ju(ticial o de los servicios periciales, deberán presentar y aprobar los exámenes de ingreso y acreditar los cursos ^ e imparte la procuraduría, y por lo que se refiere al personal restante, para ingresar o permanecer en la propia institución debe presentar y aprobar los exámenes de selección y la encuesta de trabajo social que se practique, lo que significa el establecimiento de-una carrera profesional, técnica y administrativa, fpie se inició en la ley orgánica del MP del DF de 1971, con la creación del Instituto Técnico para la selección y capacitación del personal respectivo (aa. 42-43), que ha realizado una apreciable labot* en este sentido. V. M I N I S T E R I O P U B L I C O , P O L I C Í A , P R O C U R A D U RÍA G E N E R A L DE L A REPÚBLICA, PROCURADURÍAS

DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. VL B I B L I O G R A F U ; CASTRO, Juventino V., El minúteño público en México. Funcionen y ditfuadonet; 4a. éd., México, Porrút, 1982; FIX-ZAMUDIO, Héctor, " U fundón con8titucireliminar de CFPC de 1895, relativo a la organización del poder judicial federal, por ley promulgada el 3 de octubre de 1900, para otorgar carácter institucional al procurador general, poniendo bajo sus órdenes a tres agentes auxiliares y a los adscritos a los Tribunales colegiados y juzgados de distrito, con lo cual se creó la procuraduria general, la que se reguló de manera independiente en la Ley de

Organización del Ministerio Público Federal (MPF) de 16 de diciembre de 1908, con las funciones de auxiliar a la administración de justicia en el orden federal; de procm-ar la persecución, investigación y represión de los deUtos de competencia de los tribunales federales, y de defender los intereses de la federación ante los propios tribunales. El a. 102 de la C de 1917, además de las atribuciones anteriores agregó la de asesoría jurídica del gobierno federal, inspirada en el ejemplo del Attomey General de los Estados Unidos, y además se puso a su disposición a la policía judicial federal de acuerdo con lo dispuesto por el a. 21 de la misma Ley Fundamental. A pesar del aumento de facultades al procurador general en el mismo texto constitucional (por cierto situado en el c. del poder judicial federal), ha predominado la dirección del MP sobre todas las demás, y por este motivo las leyes oi^ánicas del mencionado a. 102 constitucional fueron expedidas con el nombre de leyes del MP, como ocurrió con las de l o . de agosto de 1919; 29 de agosto de 1934 (ésta sólo reglamentaria del citado a. 102); 31 de diciembre de 1941 y 10 de diciembre de 1955. Esta superioridad otorgada inclusive en la denominación legislativa a las actividades persecutoria y represiva sobre las demás de la institución, dieron lugar a la controversia que se planteó en el Congreso Jurídico Mexicano de 1932 entre los ditinguidos juristas mexicanos Luis Cabrera y Emilio Portes Gil, este último como procurador general de la República en esa época, sobre la conservación de la estructura actual de la misma Procuraduría General, o bien como lo proponía el primero, que se le dejara su función de asesoría jurídica y se estableciera un organismo específico del MPF, autónomo del ejecutivo federal. Este debate ha sido continuado por la doctrina, tomando en consideración las reformas que ha experimentado la procuraduría general en otras legislaciones latinoamericanas, y específicamente en la Constitución venezolana de 1961 que ha separado dicha procuraduría del MP, atribuyendo al primer organismo sólo la representación de la federación y la asesoría jurídica del gobierno federal, y confiriendo las funciones persecutorias a un fiscal general de la República y sus agentes, designado el primero por el Congreso de la Unión (aa. 200-203, 218-222, respectivamente, de dicha Ley Fundamental). III. Debido a dichas discusiones doctrinales sobre las atribuciones de la procuraduría general de la repú261

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blica, el ordenamiento anterior, promulgado el 27 de diciembre de 1974, lo fue con el,nombre de Ley de la Procuraduría General de la República, por estimarse en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial respectiva que las atribuciones de dicho organismo no se reducen a las propias del MPF, sino que comprende varias otras señaladas en el a. 102 constitucional, que era necesario resaltar. Este es el criterio que se sigue por la vigente Ley Orgánica de la Prociu*aduna General de la República, promulgada el 17 de noviembre y publicada el 12 de diciembre de 1983, la que por otra parte sólo señala las funciones esenciales del citado organismo, suprimiendo disposiciones reglamentarias y procesales que se contenían en ordenamientos anteriores, inclusive en la ley de 1974, las que son objeto del Reglamento Interno de la Institución {DO del 8 de marzo de 1984). IV. De acuerdo con el a. primero de la ley orgánica, la citada Procuradun'a General de la República es la dependencia del poder ejecutivo federal en la que se integran la institución del MP y sus órganos auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que aquélla y a su titular, en su caso, atribuyen los aa. 21 y 102 de la C. Las funciones que se confieren a la institución del MPF presidido por el Procurador General de la República, y a éste personalmente en los términos de dichos preceptos constitucionales, se hacen consistir en; a) vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legaUdad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas; 6) promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, e intervenir en los actos que sobre esta materia prevenga la legislación acerca de la planeación del desarrollo; c) representar a la federación en todos los negocios en que ésta sea parte, e intervenir en las controversias que se susciten entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la federación, o entre los poderes de un mismo Estado (controversias constitucionales previstas por el a. 105 de la C), y en los casos de los diplomáticos y de los cónsules generales; d) prestar consejo jurídico al gobierno federal; e) perseguir los delitos del orden federal; y) representar al propio gobierno federal, previo acuerdo con el presidente de la República, en actos en que debe intervenir la federación ante los estados de la República, cuando se trate de asuntos relacionados con la procuración e impartición de jus-

ticia, y g) dar cumplimiento a las leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional en que se prevea la actuación del gobierno federal, en asuntos concernientes a las atribuciones de la institución y con la intervención que, en su caso, corresponda a otras dependencias (a. 2o. de la ley orgánica). V. La Procuraduría está presidida por el procurador general de la República, y cuenta con s^dJp^ocuradores, sustitutos del primero, todos ellos nombrados y removidos Uhremente por el presidente de la Repúbhca siempre que reúnan las calidades que el a. 95 de la C señala para los ministros de la SCJ. Además, el personal directivo se integra con oficial mayor, visitador general, contralor interno, direcciones administrativas y técnicas, así como con los órganos desconcentrados, necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Son auxiliares directos del MPF, tanto la policía judicial federal como los servicios periciales de la misma Procuraduría. Ee importante señalar que la primera se encuentra bajo la autoridad y mando directo del propio MP, de acuerdo con lo establecido por el a. 2 1 de la C, en virtud de que, no obstante su d ^ o m i n a ción que corresponde al sistema francés, en el cual dicha policía depende del juez de instrucción, el constituyente consideró que las actividades de investigación previa, debían desvincularse del juez de la causa, contrariamente a lo dispuesto por los ordenamientos expedidos bajo la vigencia de la Constitución de 1857, especialmente el CFPP de 1908. Una disposición que debe destacarse es la contenida en el a. 17 de la citada ley orgánica, de acuerdo con la cual, para ingresar o permanecer al servicio de la institución, en cualesquiera categoría de agentes del MPF, de la policía judicial o de los servicios auxiliares, los interesados, además de acreditar los requisitos específicos señalados para cada cargo, deben aprobar los exámenes d ^ n g r e s o y participar en los concursos de oposición o de méritos a los que se convoquen, con la obligación de seguir los cursos que se establezcan para su mejoramiento profesional, lo que implica el establecimiento de una verdadera carrera profeáonal, que apenas se inicia y como una culminación de los exámenes de admisión y los cursos de capacitación impartidos por el Instituto Técnico, establecidos por los aa. 2 4 , ir. IV (exámenes de admisión sólo para agentes del MPF), y 56-58 (funciones del citado Instituto Técnico), de la Ley de la Procuraduría de 27 de diciembre de 1974. V. IVfiNiSTERio P U B L I C O , P O L I C Í A , P R O C U R A D U -

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RÍA G E N E R A L D E JTJSTICIADEL D I S T R I T O F E D E R A L , PROCURADURÍAS

D E JUSTICIA D E LOS E S T A D O S .

VI. BIBLIOGRAFÍA: CASTRO, Juventíno V., El minUterio público en México, Funciones y disfunciones; 4a. ed., México, Porrúa, 1982; CABRERA, Luis y PORTES GiL, Emilio, La misión constitucional del Procurador General de la República; 3a. ed,, México, Procuraduría General de la República, 1982; F I X - Z A M U D I O , Héctor, "La función constitucional del Ministerio Público", Anuario Jurídico, México, V, 1978; G A R C Í A R A M Í R E Z , Sergio, Curso de derecho procesal penal; 3a. ed., México, Porrúa, 1980; HUERTA G R A D O S , Sócrates, Ley de la Procuraduría General de la República. Estudio crítico; 2a. ed., México, Procuraduría General de la República, 1976. Héctor F I X - Z A M U D I O

Procuradunas de justicia de los estados. I. Son los organismos establecidos en las entidades federativas que tienen encomendada la función esencial del Ministerio Público (MP). II. Las citadas procuradurías se han establecido tomando como modelo esencia! a la legislación del Distrito Federal (DF) y en forma menos directa también las leyes que regulan al MP federal, por lo que podemos afirmar que el carácter de la institución que anteriormente se conocía con la denominación de promotor fiscal, tuvo su origen, por influencia francesa, en la reforma de 22 de mayo de 1900 a los aa. 91 a 96 de la Constitución de 5 de febrero de 1857, que suprimió de la integración de la SCJ al procurador general y al fiscal, que eran electos en segundo grado en la misma forma que los ministros de la propia Corte, y se dispuso que: "Los funcionarios del Ministerio Púbhco y el Procurador General que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo". La reforma constitucional de 1900 se reglamentó en el ámbito nacional al modificarse el tít. preliminar del CFPC de 1895, relativo a la organización del poder judicial federal, por ley promulgada el 3 de octubre del citado año de 1900, para otorgar carácter institucional al procurador, estableciéndose la Procuraduría General, que inspiró a la legislación local, puesto que el 12 de septiembre de 1903 se expidió la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Distrito y Territorios Federales, la que organizó al citado MP en formajerárquica, dependiente del ejecutivo de la Unión, creando varios procuradores de justicia como jefes del MP para cada una de las regiones en que se dividió el país, y

por lo mismo sirvió de modelo a los que se fueron estableciendo de acuerdo con las legislaciones de las entidades federativas. III. De acuerdo con la C vigente de 5 de febrero de 1917, se otorgó al MP en el a. 2 1 , la función de perseguir los delitos con el auxilio de la policía judicial, situada bajo la autoridad y mando inmediato del primero, y por lo que se refiere al DF y los entonces territorios, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de gobierno, de acuerdo con los lineamientos señalados en el a. 73, fr. VI, pero en cuanto a la organización del propio MP se conserva en lo esencial, no obstante las modificaciones adoptadas en otros aspectos en el inciso 5o. de esta fr. (con excepción a la referencia de los territorios federales, que como se sabe, fueron suprimidos en 1974). De acuerdo con dicha disposición actualmente en vigor, el MP está a cargo en el DF de un procurador general que reside en la ciudad de México, y del número de agentes que la ley establece, dependiendo dicho funcionario directamente del presidente de la República, quien lo nombra y remueve libremente. De acuerdo con el citado precepto constitucional, se expidieron para el DF las leyes orgánicas del MP de 1919,1929 y 1954, cambiando en 1971 por el nombre más apropiado de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del DF y Territorios, la que a su vez fue sustituida por la ley del mismo nombre (con supresión de la mención de los territorios federales), de 5 de diciembre de 1977. IV. Estas leyes orgánicas distritales son las que se han tomado directamente como modelo en sus diversas épocas por las expedidas en las entidades federativas y con esta base se han creado las procuradurías generales de justicia de carácter local, con la función esencial atribuida a! MP por el citado a. 21 de la C, de perseguirlos delitos con el apoyo de la policía judicial. Como sería imposible examinar todas y cada una de las leyes orgánicas de carácter local, haremos una referencia sintética a los aspectos más relevantes que se advierten en el conjunto de sus disposiciones, con la observación general de que dichos ordenamientos se han expedido y sustituido en varias épocas, y en ellos se observa la influencia de los cambios experimentados eñ las legislaciones distrital y federal. A) Terminología. La mayoría de los ordenamientos locales en vigor conservan la denominación tradicional de leyes orgánicas del MP, inclusive algunas muy recientes como ocurre con las de los estados de

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RÍA G E N E R A L D E JTJSTICIADEL DISTRITO F E D E R A L , PROCURADURÍAS

D E JUSTICIA DE LOS E S T A D O S .

VI. BIBLIOGRAFÍA: CASTRO, Juventíno V., El minUterio público en México, Funciones y disfunciones; 4a. ed., México, Porrúa, 1982; CABRERA, Luis y PORTES GiL, Emilio, La misión constitucional del Procurador General de la República; 3a. ed,, México, Procuraduría General de la República, 1982; F I X - Z A M U D I O , Héctor, "La función constitucional del Ministerio Público", Anuario Jurídico, México, V, 1978; G A R C Í A R A M Í R E Z , Sergio, Curso de derecho procesal penal; 3a. ed., México, Porrúa, 1980; HUERTA G R A D O S , Sócrates, Ley de la Procuraduría General de la República. Estudio crítico; 2a. ed., México, Procuraduría General de la República, 1976. Héctor F I X - Z A M U D I O

Procuradunas de justicia de los estados. I. Son los organismos establecidos en las entidades federativas que tienen encomendada la función esencial del Ministerio Público (MP). II. Las citadas procuradurías se han establecido tomando como modelo esencia! a la legislación del Distrito Federal (DF) y en forma menos directa también las leyes que regulan al MP federal, por lo que podemos afirmar que el carácter de la institución que anteriormente se conocía con la denominación de promotor fiscal, tuvo su origen, por influencia francesa, en la reforma de 22 de mayo de 1900 a los aa. 91 a 96 de la Constitución de 5 de febrero de 1857, que suprimió de la integración de la SCJ al procurador general y al fiscal, que eran electos en segundo grado en la misma forma que los ministros de la propia Corte, y se dispuso que: "Los funcionarios del Ministerio PúbHco y el Procurador General que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo". La reforma constitucional de 1900 se reglamentó en el ámbito nacional al modificarse el tít. preliminar del CFPC de 1895, relativo a la organización del poder judicial federal, por ley promulgada el 3 de octubre del citado año de 1900, para otorgar carácter institucional al procurador, estableciéndose la Procuraduría General, que inspiró a la legislación local, puesto que el 12 de septiembre de 1903 se expidió la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Distrito y Territorios Federales, la que organizó al citado MP en formajerárquica, dependiente del ejecutivo de, la Unión, creando varios procuradores de justicia como jefes del MP para cada una de las regiones en que se dividió el país, y

por lo mismo sirvió de modelo a los que se fueron estableciendo de acuerdo con las legislaciones de las entidades federativas. III. De acuerdo con la C vigente de 5 de febrero de 1917, se otorgó al MP en el a. 2 1 , la función de perseguir los delitos con el auxilio de la policía judicial, situada bajo la autoridad y mando inmediato del primero, y por lo que se refiere al DF y los entonces territorios, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de gobierno, de acuerdo con los lineamientos señalados en el a. 73, fr. VI, pero en cuanto a la organización del propio MP se conserva en lo esencial, no obstante las modificaciones adoptadas en otros aspectos en el inciso 5o. de esta fr. (con excepción a la referencia de los territorios federales, que como se sabe, fueron suprimidos en 1974). De acuerdo con dicha disposición actualmente en vigor, el MP está a cargo en el DF de un procurador general que reside en la ciudad de México, y del número de agentes que la ley establece, dependiendo dicho funcionario directamente del presidente de la República, quien lo nombra y remueve libremente. De acuerdo con el citado precepto constitucional, se expidieron para el DF las leyes orgánicas del MP de 1919,1929 y 1954, cambiando en 1971 por el nombre más apropiado de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del DF y Territorios, la que a su vez fue sustituida por la ley del mismo nombre (con supresión de la mención de los territorios federales), de 5 de diciendare de 1977. IV. Estas leyes orgánicas distritales son las que se han tomado directamente como modelo en sus diversas épocas por las expedidas en las entidades federativas y con esta base se han creado las procuradurías generales de justicia de carácter local, con la función esencial atribuida al MP por el citado a. 21 de la C, de perseguirlos delitos con el apoyo de la policía judicial. Como sería imposible examinar todas y cada una de las leyes orgánicas de carácter local, haremos una referencia sintética a los aspectos más relevantes que se advierten en el conjunto de sus disposiciones, con la observación general de que dichos ordenamientos se han expedido y sustituido en varias épocas, y en ellos se observa la influencia de los cambios experimentados eñ las legislaciones distrital y federal. A) Terminología. La mayoría de los ordenamientos locales en vigor conservan la denominación tradicional de leyes orgánicas del MP, inclusive algunas muy recientes como ocurre con las de los estados de

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Coahuila (1982), Guanajuato (1980), Michoacán (1980), Querétaro (1979) y Veracruz (1983). Sin embargo, se advierte la tendencia creciente para modificar esta tradición y siguiendo el ejemplo del cambio observado en la legislación del DF a partir de 1971 y en el ámbito federal desde 1974, se ha adoptado el nombre de leyes orgánicas de las procuradun'as generales, en los estados de Baja California (1981), Jalisco (1978), México (1976), Sinaloa (1981), Tabasco (1979) y Tlaxcala (1980). Este movimiento se acentuará de manera previsible con motivo de la expedición de las leyes orgánicas de las procuradurías distrital y federal, promulgadas en noviembre de 1983. Al respecto, debe señalarse una modificación nada afortunada en la ley orgánica del MP del Estado de Durango, expedida originalmente en 1959, pero reformada el 14 de julio de 1981, para sustituir la denominación de procurador y subprocurador de justicia, por los nombres secretario y subsecretario de justicia de la citada entidad federativa, pero con las mismas atribuciones esenciales de los funcionarios anteriores. B) Organización. De acuerdo con el modelo de la legislación distrital, los citados ordenamientos de carácter local están encabezados por un procurador general como titular de la función, con el auxilio de varios subprocuradores, agentes del ministerio público y de la policía judicial, así como los servicios periciales necesarios, advirtiéndose una creciente complejidad en las dependencias administrativas. C) Selección y designación. Se puede destacar co«mo una re^a general, que tanto el procurador general como los subprocuradores, son designados y removidos libremente por el gobernador del Estado respectivo, siguiéndose en esta materia la norma del a. 7 3 , fr. VI, inciso 5o., de la C, antes mencionada y aplicable en el DF. Las leyes más recientes han introducido algunos lineamientos técnicos inspirados en los ordenamientos distrital y federal para la selección y nombramiento del personal auxiliar, particularmente de los agentes subalternos del MP y los de la policía judicial, cuya preparación se encomienda a loa institutos de capacitación técnica y profesional, y en esta dirección pueden señalarse a las leyes orgánicas de los estados de Baja Gahfomia (1981), México (1976), Michoacán (1980), Tabasco (1979) y Veracruz (1983). D) Funciones. En gu mayor parte los ordenamientos locales atribuyen al MP las funciones esenciales to-

madas de la ley distrital, sobre persecución de los delitos, en los términos del a. 21 de la C, que comprende todas las actividades relacionadas con la investigación previa, ejercicio de la acción penal, y la acusación en el proceso penal, así como las atribuciones relativas a la representación del interés social en los asuntos relativos a la familia, menores, incapacitados y ausentes; vigilancia de la exacta observancia de las leyes, y la promoción necesaria para la pronta y recta administración de justicia. Las más recientes de dichas leyes orgánicas, en su mayor parte como consecuencia del cambio de denominación antes mencionado, otorgan a las procuradurías generales de justicia otras facultades adicionales inspiradas en las leyes federales, de acuerdo con lo establecido por el a. 92 de la C, y que se refieren a la representación y aseson'a jurídica del ejecutivo local, y al respecto podemos mencionar entre otros, los ordenamientos de los estados de Baja California (1981), Coahuüa (1982), Guanajuato (1980), Jalisco (1978), Michoacán (1980), Sinaloa (1981) y Tabasco (1979). V. M I N I S T E R I O P U B L I C O , P O L I C Í A , P R O C U R A D U RÍA D E J U S T I C I A D E L D I S T R I T O F E D E R A L , P R O C U R A D U R Í A G E N E R A L DE LA R E P Ú B L I C A .

V. BIBLIOGRAFÍA: CASTRO, Juventino V., El ministerio público en México. Funciones y ditfunciones; 5a. ed,, México, Pomia, 1983; FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La función constitucional del Ministerio Público", Anuario Jurídico, México, V, 1978; GARCIA RAMIREZ, Sergio, Curso de derecho procesal penal; 4a. ed., México, Ponúa, 1983. Héctor F I X - Z A M U D I O

Productos del capital. I. Los productos del capital son los rendimientos derivados de la inversión o empleo del patrimonio y quedan gravados por el impuesto sobre la renta. II. Por recaer específicamente sobre las utilidades provenientes del capital, el tributo absorve una fracción del ingreso que de otro modo sería reservada, y afecta al ahorro más que cualquier otro tipo de impuestos, lo que lleva a que aun manteniendo el empleo pleno, la tasa de formación de capital disminuya e inevitablemente tiene efecto sobre la oferta de capital disponible para las empresas, especialmente si el impuesto es progresivo, porque la porción por él extraída de los ahorros es mayor en los niveles de altos ingresos, lo que reduce la capacidad para proporcionar capital.

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El hecho de que los rendimientos de suministrar caudal a las empresas —sea por endeudamiento o por emisión de acciones— sean reducidos por el impuesto, disminuye el incentivo a facilitarlos y aumenta la ventaja de mantener la riqueza en forma líquida. Esta tendencia se contrarresta porque es el ingreso derivado del patrimonio, y no la posesión de éste en sí, lo que permite adquirir bienes y mantener un nivel dado de vida. Sin embargo, el efecto neto es disminuir la oferta de fondos para la inversión más que los otros impuestos, y al reducirse el capital total como resultado del gravamen pueden declinar el nivel de producción y el ingreso nacional. Si la oferta total de numerario se reduce, los intereses y los dividendos tienden a elevarse. Sin embargo, la naturaleza de la estructura total de la oferta de capital depende en gran parte de las medidas del banco central; en periodos en que se desea mantener un nivel dado en la tasa de interés, !a oferta será altamente elástica y no habrá o habrá poco incremento en dicha tasa. En la extensión en que la oferta relativa de capital para inversión se reduce, comparada con la oferta total de dinero, suponiendo que se mantiene el empleo pleno es de esperarse que la tasa de utilidad tienda a elevarse; pero si el resultado del impuesto y del programa de gastos es aminorar la inversión y reducir el ingreso nacional por debajo del nivel de empleo pleno, la tasa de utilidad obviamente caerá. La reacción de los afectados produce ínodificaciones en los precios de ios productos y así alteran el patrón total de distribución de la carga fiscal. III. A continuación se exponen los rendimientos de capital que en México quedan sujetos a tributo. 1. Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles. Se consideran con este carácter los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y, en general, los percibidos por otorgar en cualquier forma a título oneroso, el uso o goce temporal de inmuebles, así como los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. 2 . Percepciones por enajenación de bienes. Se entiende por ésta: A) la transmisión de propiedad, aun aquella en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. En los casos de permuta se considera que hay dos enajenaciones; B) la adjudicación, aun cuando se realice a favor del acreedor; C) la aportación a una sociedad o asociación; D) la traslación que se realice mediante arrendamiento financiero; E)

la transferencia que se efectúa a través del fideicomiso; a) en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes, y b) en el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes de la fiduciaria, si se hubiera reservado el derecho; F) la cesión de los derechos que se tengan sobre bienes afectados en fideicomiso: a) en el acto en el que el fideicomisario designado cede sus derechos o da instrucciones a la fiduciaria para que se transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considera que el fideicomisarip adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones, y b) en el acto en el que el fideicomitente cede sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan en su favor; G) la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Esto no es aplicable a las acciones o partes sociales, y H) la expropiación de bienes. 3. Ingresos por adquisición de bienes. Incluye la donación, el hallazgo de tesoros, la adquisición por prescripción, la diferencia entre el valor real de la enajenación y el de la contraprestación pactada, así como el valor de las construcciones, instalaciones y mejoras permanentes en inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. 4. Cobros por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por sociedades mercantiles. Comprenden: A) la ganancia distribuida por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito, en favor de socios, accionistas o titulares de certificados; B) el reembolso pagado en favor de cada socio, accionista o titular de certificados en caso de liquidación o de reducción de capital de sociedades mercantiles residentes en México o de sociedades nacionales de crédito; C) los intereses establecidos a favor de los accionistas, sin exceder del 9% anual y durante un periodo no mayor de tres años contados desde la fecha de emisión de las acciones; las participaciones en la utilidad que se pagan a favor de obligacionistas u otros por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito, excepto las que correspondan a los trabajadores en los términos de la legislación laboral; D) los 265

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préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos: a) que sean consecuencia normal de las operaciones de la sociedad; b) que se pacte a plazo menor de un año; c) que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales, y d) que efectivamente se cumplan las condiciones pactadas; E) las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley que beneficien a los socios o accionistas; F) las omisiones de ingresos o las compras no realizadas o indebidamente registradas, y G) la utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y en el caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. 5. Percepciones por intereses. Engloban los obtenidos de personas residentes en el país A) provenientes de toda clase de bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliaria y certificados de participación amortizables —siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista—; B) percibidos con motivo de certificados, aceptaciones, ti'tulos de crédito, préstamos y otros créditos a cargo de instituciones de crédito o de organizaciones auxiliares de crédito; C) recibidos por la ganancia en la enajenación, así como por premios y primas derivados de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista. No se consideran ingresos por intereses las ganancias que deriven de la enajenación de títulos de crédito cuyo plazo de vencimiento sea superior a seis meses. 6. Cobros por obtención de premios. Abarcan los ingresos derivados de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de todas clases, autorizados legalmente. 7. Ingresos varios obtenidos por las personas físicas. Seftaia la ley que entre otros se consideran: A) el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otras personas; B) los intereses distintos a los que ya se mencionaron; G) las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales, cuando no se presten por instituciones legalmente autorizadas; D) los procedentes de toda clase de invereiones hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando no se trate de los dividendos o utilidades que ya se enumeraron; E) los dividendos o utilidades dis-

tribuidos por sociedades residentes en el extranjero; F) los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin tiansmitir los derechos respectivos se permita la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la federación, las entidades federativas y los municipios, o los derechos amparados por las solicitudes en trámite; G) los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la explotación del subsuelo; H) los provenientes de la participación en los productos obtenidos del subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador o superficiario; I) los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales, y J) la parte proporcional que corresponda al contribuyente del remanente distribuible que determinen las personas morales con fines no lucrativos. Tratándose de los ingresos no acumulables que dichas personas entreguen a sus integrantes por concepto de enajenación de inmuebles, se estará a lo dispuesto en el capítulo correspondiente a esta transacción. En cada imo de los casos la LIR señala diversas exenciones y deducciones, diferentes tasas y procedimientos para la retención del impuesto provisional, obligaciones especiales y distintos métodos —en ocasiones muy complejos— para determinar la utilidad neta a la que se aplica el gravamen, que han variado con relativa frecuencia. El impuesto definitivo se calcula conforme a una única tarifa ^obal progresiva que se aplica a la utilidad neta determinada conforme a reglas especiales en cada caso, como ya se indicó. Además de las deducciones autorizadas en cada capítulo, en la declaración anual pueden hacerse las siguientes deducciones personales: 1. El salario mínimo general anual de la zona económica del contribuyente; 2 . Los honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para sí y sus dependientes económicos —cónyuge, concubina, ascendientes y descendientes en línea r e c t a - siempre que éstos no obtengan ingresos iguales o superiores al salario mínimo general anual de la zona económica del contribuyente; 3 . Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo anual general de la zona económica correspondiente, efectuados para las personas señaladas anteriormente; 4. Los donativos destinados a obras o servicios públicos, instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a

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las leyes de la materia, e instituciones de investigación científica y tecnológica. El impuesto se calcula sumando todos los ingresos después de efectuadas las deducciones autorizadas, salvo aquellas entradas por las que no se esté obligado al pago del tributo y por los que ya se pagó el gravamen definitivo. Contra el impuesto que resulte se acredita —se sustrae— el importe de los pagos provisionales efectuados, la parte proporcional que corresponda de los pagos efectuados por personas morales con fines no lucrativos, el impuesto acreditable por haber pagado impuesto sobre la renta en el extranjero pot fuentes de ingreso allí ubicadas, siempre que se trate de percepciones por las que exista obligación de pagar el impuesto sobre la renta mexicano, y el impuesto retenido por ingresos, dividendos y ganancias distribuidos por empresas. V. INCIDENCIA FISCAL, P R O D U C T O S D E L T R A B A J O . T R A S L A C I Ó N D E L IMPUESTO.

IV. BIBLIOGRAFÍA: DUE, John F. y FRIEDLAENDER, Ann F., Government Finance; Economics of the Public Sector; 6a. ed., Homewood, lUinois, Richard D. Irwin, Inc., 1977; SOMERS, Harold Milton, Finanzas públicas e ingreso nacional; trad. de Horacio Flores de la Peña y Marta Chávez, México, Fondo de Cultura Económica, 1952. Dolores Beatriz C H A P O Y B O N I F A Z

Productos del trabajo. I. Los productos del trabajo son los rendimientos derivados de la prestación de servicios personales, sea en forma independiente o como trabajo asalariado. II. Suele hacerse distinción entre ingreso no ganado —proveniente de rendimientos de capital— e ingreso ganado, derivado del esfuerzo personal por la venta de servicios personales que dan lugar a sueldos u honorarios. En ocasiones se discrimina favorablemente a los rendimientos del trabajo aplicándoles una tasa menor que a los rendimientos del capital, o al menos se hace así en los ranzones inferiores de la tarifa. Se aduce para proceder de este modo la estabilidad del ingreso con que cuentan los rentistas que tienen una entrada independientemente de su actividad, en tanto que los trabajadores sólo tienen ingresos mientras sean capaces de laborar. Por otra pari;e, trabajar entraña costos —transporte, ropa, alimentos fuera de casa— que no tienen los que reciben ingresos sin un esfuerzo perso-

nal. Además los trabajadores deben ser compensados por el hecho de que no reciben deducciones por depreciación, aunque su capacidad de trabajo acaba por agotarse, por lo que el trabajador debe ahorrar para su vejez, en tanto que el inversionista tiene resuelto este problema. Por último, se considera que las posibilidades de evasión fiscal son prácticamente nulas para los trabajadores asalariados y son múltiples para los rentistas. Al apHcarse un impuesto sobre el trabajo, o incrementarse el existente, obviamente se produce una reducción en el ingreso del trabajador, que trata de resarcirse de ella exigiendo del patrón mayor salario, aumentando sus honorarios si ejerce una profesión u oficio independiente, y tratando de conseguir menores precios en los artículos que adquiere —o reduciendo su consumo—, esto es, trasladando el ipipuesto a otros grupos de la economía. Qué tanto pueda hacerlo depend^e en gran parte de la fuerza de las organizaciones de trabajadores. Si el impuesto se traslada aumentando los salarios, el impuesto parcialmente recae sobre los empresarios; pero en tanto se refleja en el costo de la empresa, lleva a ajustes en los precios, y a través de éstos se traslada a la población —incluyendo a los trabajadores— en su capacidad de consumidores. Por una parte el impuesto afecta el valor relativo del trabajo y del ocio reduciendo la recompensa por trabajar, dando lugar al efecto de sustitución, que lleva a buscar más tiempo libre y menos trabajo; pero, por otra parte, produce el efecto de neceádad de ingreso, la tendencia opuesta, porque el impuesto reduce el ingreso disponible obligando a trabajar más para restaurar el nivel de vida anterior. Si en la práctica se reduce o aumenta el factor trabajo por la entrada y saUda de individuos, el mercado de trabajo depende de la fuerza relativa de estas dos incHnaciones conflictivas. El trabajador promedio tiene poco control sobre sus horas de trabajo, por lo que es posible que se vea impedido de ejercer actividades complementarias; pero éstas pueden ser asumidas por otros miembros de la familia, en adición a la principal fuente de ingresos. Los trabajadores independientes tienen mucha más facilidad para ajustar sus horas de trabajo y también para trasladar el impuesto a sus clientes. De hecho los efectos netos de este impuesto han sido de escasa importancia; los compromisos fijos y la afición al trabajo juegan su parte en minimizar los - 267

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efectos del tributo. Hay compulsiones no pecuniarias —prestigio, independencia, poder— para aceptar trabajos de mayor responsabilidad aunque la ventaja neta no sea grande. TÍT, La LIR considera como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que derivan de una relación laboral —incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, asi como las prestaciones percibidas Como consecuencia de la terminación de la relación laboral—. Señala como ingresos por la prestación de un servicio personal independiente las remuneraciones que derivan de los servicios no mencionados con anterioridad. Se entiende que los ingresos por la prestación de un servicio independiente los obtiene en su totalidad quien presta el servicio. En el primer caso quienes hacen los pagos efectúan la retención y entero mensual del impuesto que tiene el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. La retención se calcula deduciendo de la totalidad de los ingresos mensuales la cifra que resulta de multiplicar por el número de días a los que corresponde el pago, el salario mínimo general de la zona económica del contribuyente, aplicando a la diferencia una tarifa progresiva. Tratándose de servicios independientes se obtiene la base gravable deduciendo de los ingresos los gastos e inversiones necesarias para su obtención. A cuenta del impuesto anual se efectúan pagos provisionales los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año. El pago provisional es el 20% de la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos totales del cuatrimestre anterior, el monto de las deducciones y el salario mínimo general elevado al cuatrimestre, de la zona económica del contribuyente. Los artistas, toreros y deportistas que prestan servicios independientes —y no son residentes en el extranjero— para efectos de determinar el impuesto anual pueden optar por restar de los ingresos brutos obtenidos las deducciones a que se ha hecho referencia en el pfo. anterior, o bien sustraer de los mismos la cantidad que resulte de aplicar una tarifa regresiva. Si optan por lo último, hacen un pago' provisional cuatrimestral aplicando una cuota del 5% a sus ingresos sin deducción alguna. El impuesto anual se calcula sumando todos los ingresos —derivados del trabajo asalariado e independiente y del capital, en caso de que los haya— efectuando además de las deducciones a las que se ha he-

cho referencia las que se enumeran al tratar el pago anual del impuesto sobre productos del capital. A la cantidad que resulte se apHca la tarifa progresiva que engloba todos los ingresos percibidos por las personas físicas. Las reglas para acreditar el impuesto provisional pagado son las mismas señaladas al tratar el impuesto a los productos del capital. El trato igual a los productos de trabajo parte de la ley de 1979. Conforme a la ley cedular vigente hasta 1964 las tarifas que correspondían a las cédulas que regulaban el impuesto relativo a los ingresos derivados del trabajo asalariado e independiente, señalaban gravámenes menores que las que atañían a los productos del capital —siendo menor la aplicable a ingresos asalariados, excepto en los ren^ones más elevados de la tarifa—. A partir de la vigencia de la ley de la última fecha señalada, se sometíó tanto a los ingresos derivados del trabajo como a los provenientes del capital a una misma tarifa, que se aplicaba sólo sobre el 80% de los ingresos que en el primer caso no excedieran de $ 150,000 y sobre el total de las percepciones en el segundo caso. Cuando la aplicación del impuesto disminuía el ingreso a menos de la cantidad que resultaba de elevar al año el salario mínimo de la zona económica correspondiente, se rebajaba el monto del tributo para no reducir dicho mínimo. IV. BIBLIOGRAFÍA: DUE, John F. y FRIEDLAENDER, Ann F., Government Finance; Economics oftbe Public Sector; 6a. ed., Homewood, lUinoie, Richard D. Irwin, Inc., 1977; SOMERS, Harold MUton, Finanzas púbüca» e ingreso nacional; trad. de Horacio Flores de la Peña y Marta Chávez, México, Fondo de Cultura Económica, 1952. Dolores Beatriz C H A P O Y B O N I F A Z

Profesiones. I. (Del latín professio-onis^ empleo, facultad u oficio que cada uno tiene, y ejerce públicamente). n . Bajo la óptica del derecho administrativo, las profesiones son actividades u oficios de los particulares en la sociedad, cuyo libre ejercicio se sujeta a normas y requisitos de orden administrativo que la ley establece tales como la obtención y registro de los títulos con que se demuestra haber cursado los estudios que integran las carreras profesionales y cumplido con los requisitos que al efecto se determine en las instituciones autorizadas para impartir educación profesional. Por el contrario de lo que sucede en la doctrina

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francesa, en donde tradicionalrnente se concede, como fuente del derecho administrativo, menor importancia a la legislación que a la jurisprudencia, en México la determinación de cuáles deben ser las profesiones que para su ejercicio deben regularse por la ley, es atribución indelegable del Congreso de la Unión. De esta circunstancia, la Ley Regjamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, en su a. segundo transitorio, del decreto de 31-XII-1973, publicado en el DO 2-1-1974, enuncia cuales son las profesiones que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio, a saber, las de; "actuario, arquitecto, bacteriólogo, biólogo, cirujano dentista, contador, corredor, enfermera, enfermera y partera, ingeniero, licenciado en derecho, licenciado en economía, marino, médico, médico veterinario, metalúrgico, notario, piloto aviador, profesor de educación preescolar, profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria, químico y trabajador Social". Es evidente que las restricciones al ejercicio libre de una profesión se fundan en el interés del Estado por proteger al público en general que requiere los servicios de profesionales y puesto que en el orden constitucional las restricciones a las garantías individuales deben ser impuestas a través de los actos del poder legislativo, nuevamente impera el principio de que sólo a la ley corresponde determinar las restricciones citadas, atendiendo al interés público. Este aserto ha sido sostenido en resoluciones de la SCJ, particularmente en el amparo 2506/66, fallado el 13 de octubre de 1967. Pero si bien es cierto que corresponde a la ley limitar a ciertas condiciones el ejercicio de las profesiones, también lo es que toda persona a quien legalmente se le expida título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. Manuel M. Diez comenta, a propósito de los requisitos de inscripción de los registros profesionales que con su cumplimiento, "una persona adquiere el derecho aícjercer su profesión y que este efecto, no deriva de la voluntad de la administración que dispone la inscripción sino únicamente de la ley. La administración, comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, para el ejercicio de una profesión, ordena la inscripción en el registro, pero no influye en el efecto de la inscripción". Así resulta claro que el registro del título, otorga a los profesionistas, en los términos del a. 3o. de la ley ya

invocada, el derecho de obtener la cédula o patente para el ejercicio de un derecho que por disposición de la ley le corresponde. El ordenamiento legal, en virtud del cual se establecen las normas para el ejercicio de las profesiones determina las condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional, cuáles son las instituciones autorizadas a expedir éstos, y cuál el trato que se da a los títulos profesionales que expidan las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes; cómo deben registrarse los títulos expedidos en el extranjero; prohibiciones a los extranjeros para ejercer en el Distrito Federal; las bases fundamentales del ejercicio profesional y las sanciones a que se hacen acreedores los profesionales que violen las normas que por virtud del ejercicio de las profesiones están obHgados a observar. Igualmente en la ley se faculta a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a vigilar el ejercicio profesional, registrar los títulos de profesionistas, autorizar el ejercicio de cspeciaHzaciones, expedir la cédula personal correspondiente, cancelar el registro de los títulos de los profesionistas cuando así proceda, entre otras de igual importancia. i n . Con respecto al alcance de algunas de las disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, los tribunales del orden federal, en particular la SCJ ha integrado con profusión a la jurisprudencia, tesis que se relacionan estrechamente con el concepto de profesiones y con el alcance de algunas de las normas antes enunciadas, así como sobre los requisitos que se defaen reunir para ejercer las profesiones a que la ley alude. a) "Reglamentación de las profesiones: La re^amentación del artículo 4o. constitucional sólo puede hacerse por los congresos locales, y por el Congreso de la Unión tratándose del Distrito Federal; y las cortapisas que se impongan, sin fundamento en ley alguna, para el libre ejercicio de las profesiones, importan una violación constitucional" (Apéndice al SJF de 1917-1975, tercera parte. Segunda SaUt, tesis 4 9 1 , p.791): b) "Ley reglamentaria del ejercicio profesional del Estado de Michoacán. No es inconstitucional el artículo 20 de la: Conforme a este artíc^do, las personas que carezcan de título profesional correspondiente, debidamente registrado, no podrán ejercer los actos propios de la profesión de abogado, estando obligadas las autoridades a rechazarlas, cuando pretendan ínter269

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venir como patronos, apoderados o asesores técnicos de las partes, lo cual es perfectamente legal, porque el articulo 3o. de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Michoacán señala, entre las profesiones que necesitan título para su ejercicio, la de abogado, de suerte que el ejercicio de dicha profesión no puede hacerse libremente, sino sólo por abogados titulados, cuyo título haya sido registrado en el Departamento de Profesiones del Estado, y esa restricción es constitucional porque tiene su apoyo en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Es inatendible lo de que no debe impedirse a las partes otorgar poder a personas de su confianza, aunque carezca de título, ya que, en resumidas cuentas, ellas serán quienes estén a las resultas del juicio, porque eso equivaldría a hacer nugatoria la reglamentación del ejercicio profesional y a permitir que las disposiciones de orden público quedaran sin vigor por el simple acto de los particulares que, aún a su perjuicio no quisieran acatarlas, lo cual es inadmisible" {Informe de 1955, Tercera Sala, pp. 36-37).

cualquier autoridad y a todos tos particulares, debe ratificarse la jurisprudencia existente y ha de interpretarse que es irrestricto el ejercicio profesional, en tanto que una ley propiamente tal no mande que determinada profesión requiere de título y, por consiguiente, en cuanto a la patente o cédula relativa, el no expedir ésta no ocasiona violación de garantías, ya que la negativa de su expedición, al no requerirse de ésta por leyes vigentes, de modo alguno impide o restringe el ejercicio de una profe8Íón"(S7F, sexta época, vol. CXXIV, tercera parte, p . 62).

c) "Profesionales extranjeros y libertad de trabajo. Son violatoríos de las garantías conagnadas en los artículos l o . y 4o. de la Constitución; los artículos 15 y 18 de la Ley de Profesiones, en cuanto registren a los exteanjeros la actividad profesional, no obstante que los mismos ostenten título legalmente expedido en el país, o legalmente reconocido por las autoridades competentes; puesto que las libertades que consagra nuestra Constitución, se otorgan i. todos los habitantes, sin distinción de nacionalidades, no pudiendo restringirse ni aun a título de re^amentación sobre nacionalidad y condición jun'dica de extranjeros (facultad que se asigna al Congreso de la Unión por el artículo 73 constitucional, fracción XVI), porque cualquier discriminación pugnaría con la ampUa libertad de trabajo que otoi^a el artículo 4 o . " (Informe de 1954, Segunda Sala, p. 5). d) "Creación de carreras que no requieren de cédula para su ejercicio. Esta Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 3o. de la Ley de Profesiones en d sentido de que sería suficiente que los planes de estudio establecieran alguna carrera como completa, para que ipso jure la profesión correlativa necesitase de cédula; o sea, que se dio el alcance de una ley a los planes de estudio. Ahora bien, tomando en consideración que las facultades legislativas son indelegables y que las leyes a que remite el citado artículo 3o. han de ser leyes en su estricto sentido, que obliguen a

Progresividad en d impuesto. 1. La progresividad es la respuesta al problema de la equidad en la relación del impuesto respecto a la base fiscal, en la que el pore^itaje del impuesto aumenta conforme la base tributaria se eleva. II. Una justificación para la progresividad del impuesto se basa en la relación entre la base fiscal y la cifra considerada como esencial para mantener un nivel mínimo de vida. Según el caso, no tiene capacidad contributiva quien escasamente obtiene el ingreso suficiente para permitirle sobrevivir, quien cuenta con instalaciones ínfimas para habitar y quien consume el mínimo necesario para subsistir. La capacidad contributiva se mide por la porción de la base fiscal en exceso de ese mínimo. Dado que este excedente constituye un porcentaje mayor en las,altas capas sociales, se justifica una estructura fiscal progresiva. Dicho de otro modo, la progresividad se requiere porque mientras menor es el estrato socioeconómico las personas requieren todo o la mayor parte de su ingreso para mantener apenas un nivel humano de vida.

IV. BIBLIOGRAFÍA: ACOSTA ROMERO, Miguel y GONGORA PlMENTEL, Genaro David, Constitución Politica de ¡03 Estados Unidos Mexicanos. Legislación, jurisprudencia, doctrina, México, Pomia, 1983; DEMICHEL, André, Le droit administratif. Essai de reflexión théorique, Pan's, Librairie Genérale de Droitfetde Jurispmdence, 1978; DiEZ, Manuel M,, £1 acto administrativo; 2a, ed., Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1961.

Olga HERNÁNDEZ ESPINDOLA

La justificación para la progresividad de las tasas —distinguiéndola de la progresión creada por la exención de cierta cantidad mímma— se basa en el nivel aceptado de patrón óptimo de distribución del ingreso. El argumento más fuerte para la progresividad es el hecho de que el consenso de la opinión de la sociedad de hoy considera la progresión como necesaria por

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equidad. Esta aceptación de la deseabilidad de la progresividad se basa en que el modelo de distribución del ingreso antes de impuestos implica excesiva desigualdad desde el punto de vista de los mejores intereses de la sociedad. Se trata desde luego de un juicio de valor, que no descansa sobre presunciones de comparación de utilidad interpersonal; la excesiva desigualdad puede ser condenada sobre la base de la injusticia inherente en términos de los estándares aceptados por la sociedad, con fundamento en la diversidad de oportunidades que de ella resulta, o simplemente por el temor a que el desequilibrio económico pueda crear inestabilidad social y política. Para los oponentes de la progresividad su justificación en el consenso social carece de validez, la califican de una mera racionalización para una política que se sigue simplemente porque la mayoría la sostiene. Para estos críticos que tratan de encontrar un concepto fundamental y absoluto de justicia que sea independiente de las preferencias personales, la falta de un estándar objetivo para determinar el grado de progresividad es un argumento decisivo contra cualquier desviación de la imposición proporcional. Aseveran que desde el momento en que se abandona en el marco de los impuestos el principio cardinal de exigir de todos los individuos la misma proporción de sus bienes por concepto de impuesttw, no hay injusticia ni insensatez que no pueda cometerse. Se mantiene ese régimen porque se permite a la mayoría votar por un impuesto aplicable a la minoría al que aquella no queda sujeto, determinando ésta la extensión en la que desea reducir la desigualdad económica entre ella y la minoría rica. No reconocen que la cuestión de justicia es una en la qu^; no puede haber respuesta científica, y siguiendo los principios de la democracia, el único criterio aceptable es el consenso del pensamiento de la mayor parte de la población. Tanto la justificación de la progresividad como la del grado deseado de progresión, descansan no en criterios objetivos, sino simplemente en el consenso de la comunidad sobre el estándar de equidad en la distribución del ingreso. La escala de progresividad se determina de acuerdo con la interpretación del grado de diferencia en el ingreso que es tolerable de acuerdo con el consenso social. Dentro del concepto de que se trata existe la progresión decreciente, que se da cuando los aumentos de la tasa no crecen en la misma proporción que los incrementos en la base. No todos los ren^ones de una

tarifa progresiva guardan el mismo grado de progresividad, se da el caso de que en los ren^ones más bajos o medios, o en ambos, la progresividad sea más acelerada que en los ren^ones más altos de la tarifa. V.

PRINCIPIO

DE

CAPACIDAD

CONTRIBUTIVA.

P R O P O R C I O N A L I D A D Y EQUIDAD D E LOS IMPUESTOS, R E G R E S I V I D A D EN E L IMPUESTO.

III. BIBLIOGRAFÍA: BLUM, Walíer J. y KALVEN,Jr., Harry, The Uneaty Case for Progreaive Taxation, Chicago, Univeráty of Chicago Press, 1963; DUE, John F. y FRIEDLAENDER, Ann F., Government Finance; Economics of the Public Sector; 6a. ed., Homewood, IlÜnois, Richard D. Irwin, Inc., 1977; SAMUELSON, Paul A., Economics, Nueva York, McGraw-Hill Co., Inc., 1961; SOMERS, Harold MÜton, Fínanzas públicaa e ingreso nacional; trad. de Horacio Flores de la Peña y Marta Chávez, México, Fondo de Ciütura Econímiica, 1952. Dolores Beatriz CHAPOY B O N I F A Z

Promesa. I. (Del latín promissus, expresión de la voluntad de dar a uno o de hacer por él una cosa.) Contrato que tiene por objeto la celebración de un contrato futuro. Es un medio para asegurar en el futuro la celebración de un contrato (aa. 2243 y 2245 CC). Se le conoce también como contrato preparatorio, contrato preliminar, antecontrato o precontrato. Por su naturaleza puede ser uidlateral o bilateral; en el primer caso el sujeto que se obliga recibe el nombre de promitente y el que se aprovecha el de beneficiario; en el segundo caso las partes tienen la doble personalidad y se les llama promitentes. Es un contrato formal que debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo (a. 2246 CC). En virtud de que este contrato splo genera obligaciones de hacer (a. 2245 CC); es decir, que las partes sólo se obligan a celebrar un contrato en los términos ofrecidos, se dice que tiene una función jurídica y no económica. Además de los requisitos de validez y elementos esenciales propios del contrato, en la doctrina se hace referencia a los requisitos de eficacia de la promesa en relación al contrato definitivo por ello debe contener \oñ elementos característicos de este último. IL Se distingue de la policitación porque ésta es una declaración unilateral de voluntad y la promesa es un acuerdo de voluntades ya sea para obligar a uno solo (unilateral) o a ambas partes (bilateral); de las negociaciones preliminares ya que éstas carecen de fuerza vínculatoria; d d contrato de corretaje porque en éste 271

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una de las partes se obliga a pagar a la otra una prestación en caso de que esta última obtenga que un tercero contrate con la primera en las condiciones fijadas previamente, en ningún momento se obligan a contratar entre ellas. Se distingue la promesa del contrato definitivo en que aquella sólo genera obligaciones de hacer, aunque en la promesa se constituya una garantía para el caso de incumplimiento. Esta garantía o arras es una cláusida accidental del contrato de promesa y se pierde en caso de incumplimiento. Si la entrega se hace como abono del precio que ha de pactarse la figura cambia, la SCJ ha establecido que en este caso se está en presencia de un contrato definitivo que ha empezado a cumplirse y está sujeto a una modalidad aunque se le dé el nombre de promesa. En caso de incumplimiento de uno de los promitentes el beneficiario puede exigir judicialmente la realización del contrato definitivo haciendo efectivo dicho otorgamiento con la firma del juez en rebeldía del demandado. En caso de que el contrato definitivo fuere traslativo de dominio y la cosa ofrecida hubiere pasado a titulo oneroso a la propiedad de un tercero de buena fe, la promesa queda sin efecto y el responsable pagará daños y perjuicios a la otra parte (a. 2247 CC). III. BIBUOGRAFIA; LOZANO NORIEGA, Francisco, Cuarto curto de derecho civH Contrato/; 2a. ed., México, Asociición Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1970; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. VI, Contratot; 4a. ed., México, Ponúa, 1977; SÁNCHEZ IVfeDAL, Ramón, De íot contratos civUet; 5a. ed., México, Porrúa, 1980; ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel, Contratos civüet, México, Porma, 1981. Alicia Elena P E R E Z D U A R T E Y N.

Promulgación de la ley, v. PUBLICACIÓN DE LA LEY. Propiedad. I. (Del latín proprietas-atis.) Dominio que se ejerce sobre la cosa poseída. Coaa que es objeto de dominio. II. Los romanos concibieron a la propiedad como la manera más v^ompleta de gozar de loe beneficios de una cosa. Estos beneficios comprendían el jus utendi o usus, es decir, la facultad de servirse de la cosa conforme a su naturaleza; el jus fruendi o fructus, que otoñaba el derecho a percibir el producto de la misma; el jus abutendi o abusus, que confería incluso el

poder de distríbuiria y, por último, el jus vindicandi, que permitía su reclamo de otros detentadores o poseedores. No obstante, es claro que —como hoy— este derecho no podía ser, de ninguna manera, absoluto. Por tanto, loe romanos establecieron algunas Hmítaciones en función precisamente del interés social: así, no podía modificarse el curso de las aguasi, debía permitirse el paso a terceras personas en caso necesario, se imponían Hmitaciones a la altura de los edificios, etc. La propiedad podía adquirirse de diversas maneras, que se agrupan según su naturaleza en dos grandes áreas: los modos originarios y los derivativos. El primer grupo supone un origen impreciso, en cuyo caso la tiansmisión no puede atribuirse a nadie en especial. El derecho a la propiedad nace, pues, desvinculado de una persona anterior, como sucede en el caso de la occupatio, de la accesión, de la specificatio, confusio y commixtio, descubrimiento de tesoros y recolección de frutos. Son, en general, medios primitivos en que difícilmente puede establecerse una derivación estrictamente jurídica. En el segundo grupo —modos derivativos— tal relación aparece claramente definida, fundamentalmente porque hay una persona a quien imputar en propiedad la COS& precisamente antes de que se opere la transmisión. Ellos son la mancipatio, la in jure cessio, la traditio, la adjudicatio, la assignatio, el legado y la usucapió. El derecho de propiedad terminaba cuando sucedía la destrucción de la cosa, cuando ya no podía apropiarse en forma particular, o cuando los anímales salvajes recobraban su libertad. m . Según Rojina Villegas, la propiedad es "el poder jun'dico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovechada totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo univeraal, por virtud de una relación que se origina eiure el titular y dicho sujeto". A su vez, nuestro CC define el instituto en témunos de su principal característica: "el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes" (a. 83Ü). Ahora bien, ¿cuáles son, según nuestra legislación vigente, las cosas que pueden ser objeto de apropiación? De conformidad con lo establecido en el a. 747 del CC, todas las cosas que n o estén excluidas del comercio, pueden efectivamente ser susceptibles de apropiación. Ya se sabe que las únicas cosas que están

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fuera del comercio son aquellas que no pueden ser reducidas a propiedad individual, bien en virtud de su propia naturaleza o bien porque la ley así lo disponga. Efectuado el acto de apropiación en virtud de cualquiera de los medios consignados a ese propósito en la ley (contrato, herencia, legado, accesión, ocupación, adjudicación, prescripción, donación, sociedad, permuta, ciertas disposiciones legales, etc.), el propietario goza y dispone de la cosa sin mas limitaciones que las previstas en las leyes. En el uso de su derecho, el propietario puede deslindar y amojonar su propiedad (a. 841 CC), cerrándola parcial o totalmente, siempre que no menoscabe el derecho de tercero. En este último punto toma ampHo juego el derecho de servidumbre, desarrollado en la voz correspondiente. Hay ciertos derechos accesorios que se vinculan a la propiedad. El dueño del predio que se encuentre animales sin identificación en terrenos de su heredad, pueden sin más apropiarse de ellos (a. 854 CC), si bien su intento puede nuhfícarse con la rendición de prueba en contrario. Existe otra disposición ciertamente curiosa: si sucede que alguien ha logrado herir a una pieza de caza que arriba a terrenos ajenos, el propietario de éstos tendrá todo el derecho de apropiarse del animal si el cazador invade su heredad sin el permiso correspondiente. Cierto es que el dueño del predio tiene obligación de entregar la pieza, pero si no es requerido de eUo o permanece ignorante, no puede resultar vinculado. Otras disposiciones del CC se refieren a los perros de caza que causan daño a las plantaciones, muerte de animales bravios o cerriles que hagan daño a las plantaciones, aves domésticas, pesca en aguas particulares, apropiación de animales bravios y enjambres, animales feroces y domésticos (aa. 863-874 CC), etc. En cada uno de estos supuestos se precisan los derechos que eventualmente adquiere el dueño del predio, ya sea respecto de su apropiación, o del pago de los daños que se le causaren. El tesoro es "el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore" (a. 875 CC). Sigue al derecho de propiedad como objeto accesorio, salvo que su descubridor no resulte el mismo dueño o que fuere un tesoro artístico o científico, en cuyo caso se adjudicará al Estado. En virtud del derecho de accesión, todo lo que la propiedad produzca, se le una o incorpore natural o

artificialmente, se vincula entonces con ella. Como bien dice Rojina Villegas, "es una extensión del dominio". Esta accesión puede ser natural, a través del acrecimiento natural de loa predios en virtud del material depositado por la corriente de un río o el desprendido de una propiedad para incorporarse a otra, merced a la misma fuerza. Puede la propiedad incrementarse por el nacimiento de una isla, según cierto procedimiento, o mutarse el curso de un río, originando un nuevo terreno. La accesión de carácter artificial actúa también en muebles y no sólo en bienes raíces. Puede formarse por incorporación, mezcla, confusión y especificación, respecto a los primeros. , En el caso de inmuebles, por edificación, plantación o ácmlíra. La extensión del derecho de goce y disposición sobre un bien comprende, como se ha visto a muy grandes rasgos, una vasta enumeración de situaciones que aglutinan, a su vez, facultades y atribuciones que, en definitiva, no resultan superadas por ninguna otra forma de disposición legal. Pero, si en un tiempo se consideró que el derecho de propiedad era absoluto, exclusivo y perpetuo —de conformidad con la tesis clásica— actualmente es preciso reconocer que tal derecho se encuentra enmarcado y condicionado por una serie de limitaciones que le confieren un carácter sustancialmente diverso. La legislación civil, en efecto, habla de 'limitaciones" y "modalidades" que, de una u otra manera, constriñen el derecho antes absoluto del propietario para disponer y gozar de la cosa. Estas restricciones enmarcan un esquema más o menos comjJejo en protección del interés de otros propietarios —considerados individualmente— o bien del interés general o público. Así, al intentar una edificación, el propietario áé predio tiene la obligación de observar las reglamentaciones que la ley administrativa imponga en función de intereses ornamentales, de seguridad pública, de vialidad, etc. (a. 843 CC). Del mismo modo, el dueño del predio tampoco puede hacer excavaciones o construcciones que pongan en peligro el sostén del predio vecino, a pesar de que las obras se realicen precisamente dentro de su inmueble. Es claro que, a su vez, el dueño del fundo vecino tendrá a su favor las acciones correspondientes para evitar que la realización de las obras produzcan consecuencias peijudiciales a su propiedad. Análogas disposiciones pueden encontrarse en los aa. 845, que previene la instalación o construcción de

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obras peligrosas o nocivas; 846, respecto a la plantación de árboles a una distancia mínima de la propiedad ajena; 849, que se refiere a la apertura de huecos o ventanas para iluminación, etc. De un modo mucho más evidente —y radical— las limitaciones impuestas en beneficio del orden o la utilidad pública se hacen presentes en el procedimiento de expropiación. En relación a día, ú Estado interviene en la propiedad particular ocupándola en beneficio del interés general e, induso, destruyéndola, si ello resulta indispensable a ese objetivo (a. 836 del c e , en relación con el a. 27 constitucional). t;. EXPROPIACIÓN, SERVIDUMBRES. IV. BIBLIOGRAFÍA: GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Er nesto. El patrimonio pecuniario y moral o derecho» de la p&fonalidad y derecho suceiorio; 2a. ed., Puebla, C^jíca, 1979 IBARROLA, Antonio de. Cotas y sucesiones;4a. ed.,México Porrúa, 1977; MARGADANT, GuÜIermo F., Derecho priva do romano; 4a. ed., México, Esfinge, 1970; ROJINA Vl LLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. III, Bienes, de rechos reales y posesión; 4a. ed., México, Porrúa, 1976 bOHM, Rodolfo, Instituciones de derecho privado romano Historia y sistema; trad. de Wenceslao Roces, México, Edito ra Nacional, 1975. José Antonio MÁRQUEZ GONZÁLEZ Propiedad colectiva, v. PROPIEDAD SOCIAL. Propiedad comercial. I. Bajo este nombre se conoce a la especial protección otorgada al arrendatario de un local destinado al comercio, y qué consiste en el derecho de prorrogar el contrato de arrendamiento cuando éste termina, o el de obtener una indemnización cuando se desocupa el local. No existe en México en la forma que quedó arriba definida. Se discute la corrección del término "propiedad comercial". En realidad, no corresponde a un derecho real de propiedad; es un derecho personal del arrendatario en contra del arrendador, derivado del arrendamiento. Barrera Graf lo estudia como derecho al arrendamiento: pero señala que se trata de una expresión "incorrecta y equívoca". Mantilla Molina, se ocupa del tema bajo el título de "derecho al arrendamiento"; sin referirse de modo directo a la propiedad comercial. Garrigues habla de derecho de arrendamiento. En realidad se habla de propiedad comercial de modo análogo a cuando se hace lo mismo respecto de la propiedad intelectual e industrial. Se discute la justificación de este derecho. Así, se

ha invocado desde la desccnnposición del derecho de propiedad, como producto del trabajo creador del empresario, unido a la utilidad económica que se agrega al inmueble (plusvalía), hasta la doctrina del enriquecimiento injusto. En realidad, la justificación económica, estriba "en la circunstancia de que el titular del local arrendado suele beneficiarse con el aviamiento de la hacienda, a la expiración del con* trato de arrendamiento respectivo, y parece injusto e inconveniente, por un lado, favorecer gratuitamente al arrendador de un provecho o plusvalor ganado por su finca, al que él fue por completo ajeno, y por otro lado, privar al arrendatario del local objeto del contrato, sin concederle derecho a recibir el valor del prestigio y de la fama que por su actividad al frente de una empresa ha ganado para ésta y ha atribuido a dicho local" (Barrera Graf p. 243). IL Este derecho tiene sus orígenes en el jus intraturae y Jus stantiandi, que empezó a desarrollarse, a partir del siglo XIII, en las ciudades toscanas (Florencia, Pisa, Siena y otras). El desarrollo del comercio en esas épocas provocó la invasión de dichas ciudades. Había más comerciantes que locales para dar en arrendamiento. Se empezaron a adoptar medidas: primero se prohibe arrendar a forasteros locales situados en calles céntricas; pero estas medidas resultan insuficientes. Entonces, se prohibe que un patrón pueda ejercer el comercio en más de un local, se obliga a los propietarios a respetar el plazo convenido y a prorrogar el arrendamiento cuando éste reúne ciertas características. De este modo terminan por consohdarse los dos derechos arriba indicados. El jus intraturae conaste en el derecho a ser indemnizado por las mejoras introducidas en el local, cuando el arrendatario lo cede a otra persona o al mismo propietario. Dentro de estas mejoras se incluye el aviamiento: El jus stantiandi es la facultad que el arrendatario adquiere sobre el local cuando ha estado al frente cinco años o más. La evolución de estos derechos es interesante después del siglo XVIII, cuando se consideró la "entratura" bajo dos aspectos: el primero, derecho de aviamiento, que concedía acción al arrendatario para reclamar una indemnización al término del arrendamiento. Este derecho podría ser enajenado o gravado, y el segundo, derecho de permanencia en los locales, después de vencido el plazo. Este derecho no podía cederse sin consentimiento del dueño, salvo que fuese al hijo, por causa de muerte, cuando éste hubiera esta-

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do asociado al padre al menos cinco años. Este derecho fenecía, también, con la muerte del arrendatario o por el abandono del ejercicio del comercio. A raíz de la Primera Guerra Mundial se hace más aguda la necesidad de proteger a los arrendatarios. Entre ellos, es obvio, a los que arriendan para comerciar. Aparecen una serie de leyes, iniciándose con la francesa de 1926, y la inglesa de 1927 y otras. La ley francesa es de las más enérgicas, ya que concede al arrendatario un derecho a la renovación del arriendo, con la correspondiente obligación del arrendador, quien puede liberarse mediante el abono de una indemnización que, por lo general, es elevada. En España la propiedad comercial se encuentra protegida por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 11 de junio de 1964, que permite al arrendatario traspasar el local, pero dando derecho de tanto y retracto al arrendador. Este no puede denegar la prórroga, salvo que necesite del local para sí o para sus ascendientes o consanguíneos y concurran una serie de requisitos que exige la ley. Sin embargo, al parecer, se han aceptado cláusulas de escalamiento de precio en los contratos, que los arrendadores acostumbran incluir para protegerse contra la inflación. En Italia, la ley de 27 de julio de 1978 concede al arrendatario de un inmueble destinado a una actividad comercial o artesanal, derecho de preferencia en arrendamientos futuros y compensación por la pérdida del avío al terminar el contrato. IIL No protege, la ley mexicana, a la propiedad comercial. El CC no se ocupa de ello. Tampoco se encuentra regulado el arrendamiento comercial. Difícilmente podría serlo, ya que, por lo general, el arrendamiento es civil, y esta materia se encuentra constitucionalmente atribuida a tos legisladores locales. IV. Sin embargo, es interesante ocuparse, en relación con el tema, de algunos aspectos del arrendamiento de locales comerciales en la legislación civil del Distrito Federal (DF). En primer lugar, y en franca desprotección del arrendatario, éste no puede subarrendar la cosa arrendada, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. En caso de hacerlo, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios (a. 2480 CC). Además, en tal caso, el arrendador puede exigir la rescisión del contrato (a. 2489 fr. III CC). Según el a. 24B5 CC, "vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino, siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que

se le prorrogue hasta por un año ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento la renta anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se trate han sufrido un alza después de que se celebró el contrato de arrendamiento" (pío. primero). Este derecho es muy relativo, ya que sólo dura un año; no importa cuanto haya durado el arrendamiento. Por otro lado, la SCJ ha decidido que se trata de un derecho renunciable {SJF, 6a. época, cuarta parte, vol. XXI, p. 6 1 , AD 2128/58; vol. XLVIII, p. 94, AD 7587/59, y vol. LXII, p. 83, AD 4458/61). El arrendador invariablemente exige esa cláusula. A lo que cabe agregar que son comunes las cláusulas de escalamiento en las rentas, que tienden a contrarrestar la inflación (p.e., aumento de un porcentaje sobre la renta que se venía pagando, cada doce meses; equis número de veces el salario mínimo; referencia a índices de inflación, etc.). En reciente ejecutoria, la SCJ, declaró no aplicable una cláusula de escalamiento que tenía su base en el índice de precios del Banco de México. Sin embargo, la resolución se adoptó con dos votos en contra (SJF, 7a. época, vols. 145-150, cuarta

parte, pp. 506 y ss., AD 6645/79). La SCJ ha exigido que la prórroga se pida antes de que expire el plazo de terminación del contrato; cuando todavía está en vigor el contrato, porque lo que no existe no puede prorrogarse (Apéndice al SJF de 1917-1975, cuarta parte. Tercera Sala, tesis 88, p. 263); y que sólo se da en arrendamientos por plazo determinado (id., tesis 89, p. 264). Que habiéndose pactado varías prórrogas convencionales, terminada la última, procede la legal: a no ser que se exprese que la última de las convencionales sustituye a la legal (SJF, 6a. época, cuarta parte, vol. LXVII, p. 37, AD 7371/61). Otro derecho que se concede al arrendatario, es el de preferencia en un nuevo arrendamiento o venta del bien arrendado. Según el a. 2447 CC, "en los arrendamientos que han durado más de cinco años, y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene éste derecho, si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca. También gozará del derecho de tanto, si el propietario quiere vender la finca arrendada". La SCJ, ha interpretado que para que proceda este derecho, es necesario que el arrendamiento haya

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durado más de cinco años y que, además, el arrendatario haya hecho mejoras de importancia en el bien arrendado (Informe de 1980, Tercera Sala, p. 38 AD 5415/79). Interpretación errónea: el derecho de preferencia procede en cualquiera de los dos casos; esto es, cuando el arrendamiento ha durado más de cinco añoe, y entonces se justifica precisamente porque la permanencia, en el caso especial del local destinado a comercio, ha creado una clientela que es digna de protección: y, cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia, siendo la inversión la que justifica el derecho. También esta protección es limitada. Sobre todo en el caso de preferencia en la venta. En primer lugar, si bien se da el derecho de tanto, no se da el de retracto. Si el arrendador vende el inmueble, al arrendatario sólo te queda una reclamación por daños y perjuicios. Por otro lado, como con frecuencia el local destinado a comercio forma parte de un edificio, el arrentadario s ^ o ocupa parte del bien arrendado y, en tal caso, no goza de la preferencia. Señala Mantilla Molina que el a. 2447 es de interpretación estricta, y que por igualdad de condiciones no debe entenderse sólo las correspondientes a término y precio de la renta. Ya que puede ocurrir que el nuevo inquiÜno ofrezca una industria menos peligrosa o más cómoda, etc. Interpretación estricta de la cual no puede abusar el arrendador, sin violar los términos del a. 1912 CC (abuso de derecho). V. Del mismo modo que en Europa, se han dictado decretos de protección al arrendatario; Decretos que no han estado dirigidos a proteger, de modo exclusivo, a los locales comerciales, y que no han contemplado de modo directo la teoría de la propiedad comercial. En el DF se dictaron los de 24 de julio de 1942, de 24 de septiembre de 1943 y de 24 de diciembre de 1948. Este líltímo, publicado en DO de 30 de diciembre de 1948, se encuentra en vigor; pero sus efectos son limitadoe. La SCJ ha establecido jurisprudencia, en el sentido de que no es aplicable a los contratos celebrados con posterioridad a la fecha de la promulgación del decreto (Apéndice al SJF de 1917-1975, cuarta parte. Tercera Sala, tesis 59, p. 183). La influencia del decreto s ^ o se extiende a los arrendamientos celebrados antes de esa fecha; esto es, a un cierto número de inmuebles ubicados en el centro del DF, y en las colonias cercanas al mismo. El Decreto de Congelación de Rentas, nombre con (jue se le conoce, prorrogó por ministerio de ley, sin

alteración de ninguna de sus cláusulas, los contratos de arrendamiento de casas o locales destinados a comercios o industrias (a. lo., inciso d) quedando excluidos las casas o locales destinados a cantinas, pulquerías, cabarets, centros de vicio, explotación de juegos permitidos por la ley, y salones de espectáculos públicos, como teatros, cinemató^afos y circos (a. 2o. ft-. III). El arrendador que justífitpie ante los tribunales necesitar el inmueble arrendado, para establecer en él una industria o comercio de su propiedad, podrá dar por terminado el arrendamiento. Sin embargo, para ello, deberá hacerlo saber al arrendatario de una manera fehaciente, con seis meses de anticipación, si se trata de establecimiento mercantil o industrial; y deberá, en este caso, indemnizar al arrendatario en la cantidad que fijen los tribunales, tomando en consideración los guantes que hubiera pagado el arrendatario, el crédito mercantil de que éste goce, la dificultad de encontrar nuevo local y las indemnizaciones que en su caso tenga que pagar a los trabajadores a su servicio, conforme a la resolución que dicten las autoridades del trabajo. El arrendatario no estará obligado a desocupar, mientras el arrendador no garantice suficientemente el pago de la compensación arriba indicada (aa. 2o., fr. II, 5o. y 6o.). Además de los casos antes señalados, el arrendador podrá pedir la rescisión del arrendamiento "por falta de pago de tres mensualidades, a no ser que el arrendatario exhiba el importe de las rentas adeudadas, antes de que se lleve a cabo la diligencia de lanzamient o " (a. 7o. ir. I). La SCJ ha interpretado este precepto, diciendo que es de interpretación estricta, de modo que si el arrendatario adeuda más de tres mensualidades, el arrendamiento se rescinde aunque se exhiban las rentas (Apéndice al SJF de 1917-1975, cuarta parte. Tercera Sala, tesis 65, p. 207). También procede la rescisión por su barren dami en' to, traspaso o cesión, sin consentimiento del arrendador. Por cambio de destino del inmueble arrendado, a usos distintos de los convenidos en el contrato. Por la realización de obras, sin consentimiento del propietario, que alteren sustancialmente, a juicio de peritos, las condiciones del inmueble. Por daños al inmueble que no sean consecuencia de su uso normal. Cuando la mayoría de los inquilinos lo solicite con causa justificada. Cuando la finca se encuentre en estado ruinoso y cuando lo exijan las condiciones sanitarias de la finca (a. 7o. fr. II a IX).

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En estos casos de rescisión, el arrendatario n o tiene derecho a i n d e m n i z a c i ó n alguna (a. 8 o . ) . N o parece q u e el D e c r e t o de Congelación de Rentas c o m e n t a d o haya p r o d u c i d o los efectos deseados. Al parecer, fueron los contrarios, y d u r a n t e algún t i e m p o se n o t ó u n a disminución en la inversión e n edificaciones destinadas al c o m e r c i o . Señala Mantilla Molina q u e en Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, G u a n a j u a t o , Guerrero, Jalisco, Morelos, México, Nuevo L e ó n , Oaxaca, Q u e r é t a r o , Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Y u c a t á n y Zacatecas, existen leyes similares a las del D F .

.

tí. ARRENDAMIENTO, EMPRESA.

VI. BIBLIOGRAFÍA: BARRERA G R A P , Jorge, Tratado de derecho mercantil, México, Potrúa, 1957; G A R R I G U E S , Joaquín, Curso de derecho mercantil; 3a. ed., Madrid, Silverio Aguare Torre Impresor, 1959, t. 1; JULLIOT DE LA M O R A N D I E R E , León, HOUIN, Roger, RODIERE, Rene, Droit commercial et droit fiscal des affairea; 3a. ed., París, Dalloz, 1965, t. I; MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho mercantil; 22a. ed., México, Pomia, 1982; M E S S I NEO, Francisco, Manual de derecho civil y comercial; trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1954, vols. III y V; id. , "Rifiessioni sulla cosidetta proprieta commerciale", Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milán, t. III. 1949; RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín, Curso de derecho mercantil; 16a. ed,, México, Porrúa, 1982, t. I; SÁNCHEZ MEDAL,Ramón,Deíoj contratos civiles;'ia. ed., México, Pomia, 1976; SERRANO GARCÍA, Ignacio, La hipoteca de establecimiento mercantil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1975. José María A B A S C A L Z A M O R A

Propiedad c o m u n a l . I . D e n t r o del compHcado régim e n de p r o p i e d a d territorial q u e existió en México d u r a n t e l o s periodos prehispánico, colonial e i n d e p e n diente (siglo XIX) destacó, p o r su i m p o r t a n c i a y utiHd a d , el d e las tierras c o m u n a l e s . Estas eran las dedicadas al uso de t o d a la colectividad y su titular, poseedor o usu&iictuario, según el caso, era el p u e b l o . D e a h í la d e n o m i n a c i ó n d e tierras c o m u n a l e s . Sus destinos fueron variados, p e r o en t o d o s ellos existió u n denom i n a d o r c o m ú n : el beneficio colectivo. Constituyer o n además u n a c o n s t a n t e en la política agraria a través de los siglos hasta q u e d a r suprimidas, c o n f o r m e a su estructura tradicional, p o r la legislación reformista de la segunda m i t a d del s i ^ o X I X . II. E n t r e los antiguos m e x i c a n o s la p r o p i e d a d raí/, y el uso y tenencia de la tierra correspondieron más al d e r e c h o púbUco q u e al privado pues c o n s t i t u í a n u n a

fuerza de p o d e r p o l í t i c o e n estrecha relación con la vida y estratificación social de estos p u e b l o s . Debido a ello, existieron diversos tipos de propiedad sobre las tierras del jefe o tlatoani y de los nobles o pipiltzin q u e se utilizaron para diversos fines. T a m b i é n el pueblo c o n t ó c o n tierras e n u n régimen semejante al de la propiedad c o m u n a l . E n t r e las tierras destinadas al p u e b l o e s t a b a n : a) las calpullalli, tierras d e uso y p o sesión d e los niacehuales m i e m b r o s del calpulli (urúdad político-administrativa, generalmente proveniente de u n solo linaje q u e formaba p a r t e de u n a ciudad o altepetí). Estas tierras se dividían e n parcelas y p o d í a n ser cultivadas individualmente p o r las familias q u e integraban el calpulli; b) las altepetlatli, tierras de uso c o m u n a l para t o d o el p u e b l o q u e recibieron diferentes d e n o m i n a c i o n e s según estuvieran destinadas a los gastos del c u l t o , escuelas, servicio militar, e t c . , y c) tierras de u s o c o m u n a l , s o b r a n t e s del calpulli y situadas e n las afueras del p o b l a d o , q u e se cultivaban p o r t o d o s los m i e m b r o s de éste. Después d e la conquista se reconocieron las comunidades o pueblos de indios y a establecidos y se fom e n t a r o n las fundaciones de o t r o s nuevos pues había q u e asegurar la p r o d u c c i ó n e n América. Esta h a b í a dec a í d o entre otras causas d e b i d o al escaso interés del c o n q u i s t a d o r español p o r la tenencia y explotación de la tierra, e n las primeras épocas y y a avanzado el proceso colonizador; p o r o t r a p a r t e , h u b o u n c o n s t a n t e interés d e la Corona en proteger las c o m u n i d a d e s indígenas para evitar el desarrollo en sus colonias de u n a e c o n o m í a señorial q u e m e r m a r a sus intereses centralistas. A esto h a y q u e añadir q u e c u a n d o se produjo el descubrimiento de América el régimen de adquisición de la tierra e n España se basaba e n u n m o d e l o o esquema medieval: el q u e Castilla h a b í a utilizado para la r e c o n q u i s t a . L a p r o p i e d a d n o era t a n t o u n objeto de especulación ( m o d e l o romanista recibido p o r las Partidas) sino más bien u n e l e m e n t o básico de la organización socio-política q u e confería poderes a su titular p e r o t a m b i é n le i m p o n í a deberes que !o limitaban c o n fines sociales, políticos y económicos (poblar, asentar, edificar, fortificar, etc.). N o es pues de extrañar, q u e el régimen de propiedad comunal desarrollad o p o r el d e r e c h o medieval castellano y el a u t ó c t o n o e n c o n t r a d o e n México p o r los conquistadores, se fusionaran y dieran lugar a u n o nuevo q u e o b e d e c e r í a en parte a precedentes europeos, pero se ajustaría a las circunstancias propias del desarrollo regional de la Nueva España.

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La experiencia adquirida poc la metrópoli durante la reconquista había puesto de relieve la importancia económica de la existencia de bienes de aprovechamiento común para hacer funcionar la repoblación de tas comarcas conquistadas. Las comunidades rurales novohispanas tanto españc^as como indígenas se estructuraron, por consiguiente, en base al sistema de tierras comunales. Varias ñieron las instituciones econón)ico4aborales que pretendieron dar cauce a las cuestiones agrarias a lo largo del período colonial. Dentro de ellas, destacó la propiedad comunal que se desarrolló principalmente dentro de las congregaciones, también llamadas reducciones o corregimientos. Estas eran agrupaciones de indios que habitaban en núcleos de población aislados de los asentamientos de españoles, con cierta autonomía y bajo la autoridad de sus propios alcaldes y alguaciles (república de indios). Sui^eron con fines económicos, religiosos y tributarios desde la primera mitad del siglo XVI, funcionaron durante toda la época colonial y fueron suprimidas en el México independiente a filiales del siglo XIX. Las tierras de estas comunidades se dividían, a grandes rasgos en dos grupos o porciones: a) la porción individual, que correspondía al indio en particuJar, aunque con propiedad limitada, ya que no podía enajenada, gravarla o cederia, y que cultivaba para su propio beneficio o sustento, y b) la porción colectiva o comunal, cuyo titular era "el común". Los pueblos ya fundados contaron con las tierras que poseían antes de la conquista por reconocimiento específico de las leyes de Indias; los nuevos pueblos fueron dotados de tierras a través de varios procedimientos: 1) dotación de la Corona; 2) concesión de los caciques o señores naturales, y 3) compraventa. Estas tierras comunales (fundo legal) cuya extensión territorial, sujeta a variaciones posteriores era aproximadamente de una legua, fueron de diversos tipos: a) de aprovechamiento común para todos, como pastos, montes y aguas; 6) de uso comunal, pero con destino especial, como los ejidos y dehesas. El ejido era la porción de tieira dedicada a que los pobladores pudieran salir a pie o con sus ganados con el fin de recrearse sin causar daño. Estos debían señalarse en tan "competente cantidad" que se tuviera en cuenta el crecimiento de la población; de ahí su denominación de "ejido competente". Las dehesas eran las tierras destinadas al pasto de ganado mayor o menor de los pobladores y debían colindar con los ejidos, y

c) las tierras concejales, que eran aquellas trabajadas por todos los indios en rotación con el fin de pagar con sus ganancias los gastfw de la municipalidad. Podían darse también en censo o arrendamiento a particulares españoles o indios, aprovechándose la república de indios del pago de la merces o renta. Todos estos tipos de bienes comunes habían sido regulados y definidos anteriormente en la legislación alfonsina (Partidas III, 2 8 , 9 y 10). Las congregaciones o reducciones y su régimen de propiedad comunal, aunque en decadencia en el siglo XVín, sobrevivieron en los diversos regímenes instaurados en México a partir de 1821 hasta extinguirse por la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas promulgada por Ignacio Comonfort el 25 de junio de 1856. Las liberales y secularizadoras leyes reformistas marcan el punto final de un régimen protecdonista relativo a la tenencia de la tierra indígena. Sin embalso, la C de 1917, todavía vigente, en su a. 27, fr. V i n , inciso a declara la nulidad de todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, ranchen'as, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, por el gobierno de los estados o por cualquier otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley de 1856. La especificación que hace de estos tipos de comunidades ha sido interpretada por algunos jiuistas como una rectificación en materia de desamortización sobre las tierras correspondientes a los pueblos de indios. i n . Durante la época colonial las comunidades de indios y sus tierras de aprovechamiento o beneficio ñieron tuteladas por una minuciosa y casuística legislación recogida posteriormente en la Recopilación de leyes de Indias de 1680. Dentro de ellas destacan las Leyes de Burgos de 1512, las Ordenanzas sobre nuevos descubrimientos, poblaciones y pacificaciones de Felipe II de 1573, y la propia Recopilación de 1680 que las reguló principalmente en los Ubros IV y VI, tít. 3o., relativo a 'las reducciones y pueblos de indios". IV. La propiedad comunal es una modalidad déla propiedad en México, reconocida por la C. En sentido estricto, es aquella propiedad, atribuida, con las limitaciones constitucionales, a rancherías, condueñazgos, pueblos, tribus, congregaciones y demás comunidades precisamente para ser explotada en común. Es la propiedad de las llamadas comunidades indígenas, antes de ser explotada bajo un régimen individualizado en

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todo o en parte, que es otra de las posibilidades previstas en la legislación agraria. En un sentido más amplio, podremos descubrir propiedad comunal tanto en aquellos ejidos, en los que alguna parte de sus tierras, bosques o aguas, sea explotada en común, al mismo tiempo que la parte restante es explotada bajo el régimen del reparto individualizado; igualmente constituirán propiedad comunal, aquellas tierras, bosques y aguas d« una comunidad agraria, que habiendo resuelto transformarse en ejido, o cambiar su régimen de comunal al de explotación individual, deja alguna porción (como eras, pastos, etc.), para ser aprovechada en común. Esto es, debemos en cada supuesto analizar primero cuál es el estado en que se encuentra el núcleo de población a cuyo favor se reconoció el derecho de la propiedad comunal y comprobar si éste permanece o no bajo dicho régimen, toda vez que la ley agraria prevé la posibilidad y aun la necesidad de que estas comunidades se transformen en ejidos o adopten formas de explotación individual, cuando sea la manera más adecuada para el mejor aprovechamiento de tales bienes. V. Las notas que caracterizan a este tipo de propiedad, son las de que se trata de bienes inalienables, inembargables, intransferibles e imprescriptibles, correspondiendo únicamente al gobierno federal el derecho para proceder, en ciertos supuestos, a la desafectación de los mismos y a su posible expropiación. VI, La C de 1917, como parte de la reforma agraria dispuso, primero que se reconocieiran como propiedad comunal todas las tierras, bosques y aguas délos condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás comunidades que tuvieran o que les hubieran pertenecido en el pasado, dejando nulas las enajenaciones efectuadas por las leyes desamortizadoras, con el derecho para que se las restituyesen, o en su caso para que recibieran nuevas dotaciones y ampliaciones, de manera que pudieran ser bastantes para cubrir sus necesidades presentes y futuras. En segundo lugar, estableció dicha C la posibilidad para que esta propiedad comunal pudiera ser aprovechada bajo el régimen tradicional de en común, bajo un régimen individualizado o bajo un régimen mixto, según más conviniera en cada caso, pudiéndose o no transformar dichas comunidades en ejidos. Cuando la comunidad se transforma en ejido, entonces se le aplica el régimen legal correspondiente a dicho ejido; goza de personalidad jurídica y de la máxima capacidad para obrar. En cambio, cuando,

la comunidad permanece como tal, no goza de personalidad jurídica propia, pero sí de una muy amplia capacidad de obrar y de todos los beneficios reconocidos para el ejido. No se les reconoció dicha personalidad, porque ésta sería suplida por los ayuntamientos respectivos, sobre todo cuando se tratase de defender aus bienes y sus prerrogativas. Según se dijo durante los debates que provocó en el Constituyente el a. 27 constitucional. VII. BIBLIOGRAFÍA: BERNAL, Beatriz, "Panorama sobre la política agraria de la Corona española en el México ctJonial", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año XIII, núm. 39, septiembre-diciembre, de 1980; CHAVEZ PADRÓN, Martha, EI proceso agrario y sus proce_dÍmientos; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; FLORESCANO, Enrique, Estructuras y problemas agrarios en México (15001821).. México, Sepsetentas, 1971; LOPEZ MONROY, José de Jesús, "Lineamientos jurídicos de las congregaciones de pueblos*', Revista de Ja Facultad de Derecho de México, México, t. XXVI, núms. 101-102, enero-junio de 1976; MARILUZ U R Q U I J O , José María, EÍ régimen de ¡a tierra en el derecho indiano, Buenos Aires, Perrot, 1968; MENDIETA Y NUÑEZ, Ludo, El problema agrario en México y ¡a Ley Federal de Reforma Agraria; 16a. ed., México, Porrúa, 1980 O T S CAPDEQUI, José María, Historia del derecho español en América y del derecho indiano, Madrid, Aguilar, 1969 Recopitación de tas Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid Ediciones Cultura Hispámca,1973,4 vol8.;RlVERA MARIN Guadalupe, La propiedad territorial en México 1301-1810. México, Siglo XXI, 1983; SEMO, Enrique, Historia del capí talismo en México; los orígenes: 1521-1763, México, Editorial Era, 1975; ZAVALA, Silvio, La colonización española en México, México, Septentas, 1972. Beatriz B E R N A L y

José BARRAGAN BARRAGAN Propiedad de corporaciones v. BIENES DE CORPORACIONES; Propiedad ejídal. 1. Esta expresión es susceptible de varias acepciones, según los diferentes significados que recibe el vocablo ejido. Aquí tan sólo queremos recordar las dos nociones fundamentales del ejido, las cuales nos servirán para precisar mejor la idea de la propiedad ejidal que en ellas se impEca. Al ejido se le puede contemplar como una persona moral, como una gran unidad que se refiere tanto al núcleo de población, o elemento humano de que consta; también se refiere al conjunto de tierras, aguas y bosques que constituyen el objeto principal de la dotación respectiva; así como a los demás bienes, muebles e inmuebles, que sean susceptibles de ser ad-

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quiridos por el ejido como consecuencia del giro de sus actividades agroindustríales. Pues bien, propiedad ejidal en sentido estñcto sólo será la masa de bienes constituidos por las tierras, aguas y bosques que hayan sido el objeto de la dotación en cuestión. Dicha propiedad, en este caso, queda sujeta a un régimen muy especial, que posee un profundo sentido social, ya que la propia C la caracteriza precisamente de social, además de imprescriptible, inalienable, intransferible e inembargable frente a los regímenes de propiedad pública y de propiedad privada, de los que también se ocupa la mencionada C en su a. 27. En un sentido más amplio, la propiedad ejidal podría confundirse con la noción de patrimonio ejidal. Esto es, equivaldbn'a al conjunto de bienes, muebles e inmuebles, de carácter social o privado que pertenecen al ejido en cuanto conjunto de elementos humanos y materiales, o en cuanto persona jurídica a la que se le reconocen unas especiales prerrogativas, entre las que destaca su singular capacidad de obrar. n . La propiedad ejidal, en todo caso, puede ser objeto de explotación tanto bajo un régimen de parcelación individualizada cuanto bajo un régimen colectivo. La parcelación tiene lugar cuando no es posible o recomendable, desde el punto de vista económico, la explotación colectiva, generalmente esta precisión se encuentra contenida en la propia resolución de dotación. En cambio, la explotación colectiva tendrá lugar cuando así lo determinen los propios ejidataríos y dicha determinación sea aprobada por el presidente de la República, principalmente cuando se pretenda operar sobre recursos boscosos o forestales, sobre recursos ganaderos o cuando la explotación individual resulte antieconómica. Todavía, además de las formas de explotación individual y colectiva, se suele admitir una forma mixta, que es la prevista por la ley para los supuestos en que, después de haberse efectuado la parcelación de las tierras ejidales, se dejen aprovechamientos colectivos, tal como sucede respecto a pastos, eras e inclusive aprovechamientos boscosos. V. P A T R I M O N I O E J I D A L .

III. BIBLIOGRAFÍA: CHAVEZ P A D R O N , Martha, El

derecho agrario en México; 5a. ed., México, Porrúa, 1980; M A D R A Z O , Jorge, "Algunas consideraciones en tomo al reamen de la propiedad desde la perspectiva constitucional". Derecho Pesquero, México, núm. 7, agosto de 1983. José BARRAGAN BARRAGAN

Propiedad industrial, v. MARCAS, NOMBRE COMERcwL,

PATENTES

Propiedad intelectual. I. Concepto que comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos como lo son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad. Asimilación fundamentada en la equiparación teórica de la explotación exclusiva de los beneficios que tales producciones generan con las formas de apropiación y posesión, y en que a esa explotación también le son aplicables los atributos de la propiedad (goce y disposición). Comprende, pues, diversas especies dependiendo del tipo de producción a que se refiera: propiedad artística, propiedad dramática, propiedad científica y propiedad literaria. II. La denonúnáción del concepto ha sido muy debatida en la doctrina al igual que la teoría en que se sustenta. Inicialmente se consideraba que la llamada propiedad intelectual generaba derechos iguales a la propiedad de bienes corporales, inclusive era susceptible de adquirirse vía prescripción positiva. Ante esta postura se argumenta que los derechos de autor no son un derecho de propiedad, ya que la protección que la ley concede a los autores se hmita a la reproducción e imitación de la obra sin el consentimiento del autor o sus herederos. Osear Morinéau (citado en Rojina Villega», p . 557) rescata el concepto de propiedad intelectual afirmando que "es indiferente que a un fenómeno se le llame A o B con tal que sepamos la naturaleza del objeto designado por la palabra", lo importante es la protección jurídica que se le da a determinada creación de la inteligencia. En este contexto son tres los requisitos para la existencia jurídica del derecho de propiedad intelectual: d) la manifestación extema de la idea; ¿) la existencia de una norma jurídica que reconozca una facultad o atribución al autor de esa manifestación, y c) el ejercicio de la facultad concedida por la norma mediante el registro de la obra intelectual. V. D E R E C H O S D E AUTOR.

III. BIBLIOGRAFÍA:

FAREL

CUBILLAS, Arsenio,

El sistema mexicano de derechos de autor, México, Ignacio Vado, ed., 1966; GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, El patrimonio pecuniario y moral o derechos de ¡a perso-

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nalidad; 2a. ed.. Puebla, Cajica, 1980; ROJINA VILLEGAS. Rafael, Derecho civil mexicano, t. III, Bienes, derechos reales y posesión; 4a. ed,, México, Pomia, 1976. Alicia Elena P E R E Z D U A R T E Y N.

Propiedad municipal. I. Son los bienes patrimoniales, derechos y obligaciones, de que dispone el municipio para el cumplimiento de sus atribuciones y sobre los cuales ejerce administración y dominio a través de dos órganos: uno colegiado, el ayuntamiento, el cual tiene facultades de decisión, y el otro unitario, que es el presidente municipal, a quien se le atribuyen funciones ejecutivas para dar cumplimiento a las decisiones del ayuntamiento. II. Ordinariamente forman parte de la propiedad municipal: calles, parques, jardines públicos, alcantarillado, edificios o casas municipales, lotes, cementerios, entre otros, a través de los cuales se satisface las necesidades esenciales de la población municipal. Estos bienes son tan numerosos y variados que hacen difícil una clasificación satisfactoria. En la actualidad, la tendencia de las constituciones locales (Baja California Sur, Guanajuato, Quintana Roo), es señalar su forma jurídica, su naturaleza y sus sistemas de administración, indicando algunas alternativas para la clasificación de los bienes de propiedad municipal; por otra parte, este asunto (propiedad municipal) también suele ser abordado en las leyes orgánicas municipales. Como es el caso de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de 11 de diciembre de 1977, la cual en sus aa, 82-84 establece los bienes que integran el patrimonio municipal. Señalando que son de dominio púbhco y de dominio privado. Son bienes de dominio púbUco: a) los de uso común municipal; b) los bienes muebles e inmuebles, y c) los muebles normalmente insustituibles como lo son los expedientes de las oficinas, archivos, Hbros antiguos, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otras de igual naturaleza, que no sean del dominio de la federación o del Estado. Son bienes de dominio privado los que les pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio y no estén destinados al servicio público. Los bienes de dominio privado pueden ser enajenados y para ello se requirirá la aprobación del Congreso del Estado. Lcffi bienes de dominio público municipal son ina-

fectables, imprescriptibles e inalienables y no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoría. IIL BIBLIOGRAFÍA: G A R Z A , Sergio Francisco de !a, E¡ municipio: historia, naturatezay gobierno, México, Jus, 1947; HERNÁNDEZ B E C E R R A , Augusto, Estado y tenitoño, México, UNAM, 1981; MuNOZ, VirgiÜo y RUIZ MASSIEU, Mario, Elementos jurídico-históricos del municipio en México, México, UNAM, 1979.

Pedro HERNÁNDEZ GAONA Propiedad originaría. I. El a. 27 de la C vigente, en su primer pfo. expresa que la "propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". De este primer pfo. del a. 27 se desprende la existencia del concepto de propiedad originaria, concepto que ha estado sujeto a un importante debate doctrinario y jurisprudencial sobre su significado y alcances. Se trata de una disposición original de !a C vigente, sin precedentes en el constitucionaUsmo mexicano. II. Existen no menos de cinco distintas tendencias interpretativas del concepto propiedad originaria, y dentro de cada tendencia hay diversidad de matices. A continuación se da cuenta de las principales tendencias. A) Teoría patrimonialisla del estado. Esta teoría considera que la nación mexicana, al independizarse de España, se subrogó en los derechos de propiedad absoluta que tuvo la corona española sobre tierras, aguas y accesiones de la Colonia, derechos que, se dice, le fueron conferidos por la bula ínter Coetera que el Papa Alejandro VI dictó en el año de 1493, estableciendo las líneas de demarcación entre España y Portugal en el nuevo mundo. Esta idea aparece plasmada en la exposición de motivos del proyecto de a. 27 constitucional que escribió Andrés Molina Enríquez. Sin embargo, la ausencia de valor real de esta tesis fue ampliamente divulgada por Pastor Rouaix (p. 144), en tomo a quien giró la preparación del proyecto de esta disposición constitucional, y quien puntualizó que MoHna Enriquez, como buen abogado ampliamente conocedor de la legislación colonial, en su discurso expositivo había buscado el fundamento de las disposiciones innovadoras del a. 27 en el dere281

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cho absoluto de propiedad que se había atribuido a los reyes de España sobre las tierras, aguas y accesiones de la Colonia, como consecuencia del descubrimiento y conquista de ellas y del origen divino de la autoridad, pero que, en todo caso, si los diputados, que escribieron el proyecto de a. 27 hubiesen redactado también la exposición de motivos, se hubieran basado en consideraciones muy distintas. B) Teoría de la integración del elemento físico al Estado. Esta teoría considera que la propiedad originaria de la que habla el pfo. primero del a. 27, significa lá pertenencia del territorio nacional a la entidad estatal como elemento C(»isustancial e inseparable de la naturaleza de ésta (Burgoa, p. 166). C) Teoría que asimila el dominio eminente a ¡a propiedad originaria. Esta teoría expresa que en el primer pfo. del a. 27 de la C se reconoce la soberanía del Estado para legislar sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y que, en todo caso, la propiedad originaria no corresponde a la noción tradicional o común de la propiedad. D) Teoría de la propiedad como función social y de los fines del Estado. Esta teoría ha sido expuesta principalmente por don Lucio Mendieta y Núñez (p. 29), quien considera que el primer pfo. del a. 27 encuentra su más firme apoyo en la combinación de la n^odema teoría de la propiedad como función social y de la teoría de los fines del Estado. De esta combinación resulta que la propiedad privada es la manera más eficaz de utilizar la tierra, porque al explotarla el individuo no sólo colma siis necesidades, sino también las de la sociedad. Teniendo la propiedad una función social es indudable que corresponde al Estado vigilar e intervenir en su reparto, como medio para lograr el bienestar social. E) Teoría que en la propiedad originaria reconoce un derecho nuevo y singular. Uno de sus principales expositores es Felipe Tena Ramírez, quien cree que en la disposición comentada, la C actual, a diferencia de las del siglo pasado, no recoge el concepto clásico de dominio eminente del Estado, sino que consagra en favor de éste un dominio más concreto y real, que puede desplazar a la propiedad privada, conviertiendo en domaniales los bienes de los particulares no por vía de expropiación sino en vía de regreso al propietario originario que es la nación. * Uno de los principales problemas de interpretación que ofrece el primer pfo. del a. 27 de la C, es el del titular de la propiedad originaría. La disposición

constitucional establece que corresponde a la "nación"; sin embargo, la doctrina tiende a inclinarse respecto de la consideración de que el Constituyente no utilizó el vocablo "nación" en un sentido técnico y con una connotación sociológica, sino que quiso referirse al Estado. El Estado mexicano, en tanto que sujeto de derechos y obligaciones, es el único a quien puede atribuirse la propiedad de tierras y aguas (Mendieta y Núñez, pp. 6-7). V. D O M I N I O EMINENTE. M O D A L I D A D E S A L A PROPIEDAD. P R O P I E D A D , P R O P I E D A D PRIVADA.

IIL BIBLIOGRAFÍA: BURGOA, Ignacio Derecho constitucional mexicano; 2a. ed., México, Porrúa, 1976; M E N D I E TA Y NUÑEZ, Lucio, El sis^ma agrario constitucional; explicación e interpretación delartt'culo 27deíaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus preceptos agrarios; 5a. cd., México, Porrúa, 1980; ROUAIX, Pastor, Génesis de los artículos 27 y ¡23 de la Constitución Política de 1917; 2a. ed.. Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 1945; T E N A R A M Í R E Z , Felipe, Derecho constitucional mexicano; 18a. ed., México, Porrúa, 1981. Jorge M A D R A Z O

Propiedad privada. I. Es el derecho que tiene un particxdar, persona física o moral de derecho privado, para usar, gozar y disponer de un bien, con las hmitaciones establecidas en la ley, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés púUico y de modo que no se perjudique a la colectividad. II. El a. 27 de la C vigente construye un régimen triangular de propiedad, integrado pe»* la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. De este modo, la propiedad privada es tan sólo uno de los tres tipos de propiedad que reconoce y regula el orden jurídico mexicano. Este régimen triangular de la propiedad, no sólo se refiere a las tierras y aguas, sino que comprende también a los medios de producción. Lo anterior, aunado a las libertades individuales y sociales que en materia económica garantiza la Constitución y a las propias atribuciones del Estado para intervenir en el proceso económico, determinan el carácter mixto de la economía mexicana. El actual pfo. tercero del a. 25 C dice: "al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación". La propiedad privada ha sido reconocida como garantía individual a lo largo de todo el constitucio-

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naKsmo mexicano, a partir de la Constitución de 1814, El a. 34 de ésta, declaró: "Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio con tal de que no contravengan la ley". El a. 30 del Acta Constitutiva de la Federación, prescribió que la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano, desde luego incluido el de propiedad. El a. 2, fr. III de la Primera Ley Constitucional de 1835, estableció como derechos del mexicano el no poder ser privado de su propiedad ni del libre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en parte. El a. 9 fr. XIII, de las Bases de Organización Política de la República Mexicana (1843) estableció que la propiedad era inviolable, sea que perteneciera a particulares o a corporaciones. El a. 27 de la Constitución de 1857 dijo: "La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización". La C vigente también reconoce este derecho, pero con un sentido nuevo y con un contenido diverso, que es la más acabada manifestación del movimiento político-social de 1910. La C de 1917 reconoce a la propiedad privada en el primer pío. del a. 27, que dispone: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". Bajo este orden de ideas, y a partir del concepto de propiedad originaria de la nación, debe desprenderse que si bien es cierto que nuestra C reconoce a la propiedad privada como un derecho público subjetivo, ya no la adopta en su sentido clásico individualista, ya no con una extensión absoluta, sino por el contrario, la reconoce como una propiedad limitada, derivada y precaria. Pero, reconocida así, es protegida por la C mediante una serie de garantías, establecidas principalmente en los aa. 14, 16, 22 y 28 contra los actos arbitrarios de autoridad. El a. 27 de la C, en su primer pfo., está articulado directamente con dos disposiciones del CC: El a. 16 que dispone que "los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en el propio código y leyes relativas". Por su parte, el a. 830 del mismo código estatuye que "el propietario de

una cosa pude gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes". III. La propiedad privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de limitaciones: la expropiación por causa de utilidad pública y las modalidades que dicte el interés público. La expropiación es e! acto de la administración pública derivado de una ley, por medio del cual se priva a los particulares de la propiedad mueble o inmueble o de un derecho por imperativos de interés, necesidad o utilidad social (Mendieta y Núñez, p. 46). El derecho de expropiación está previsto en diversos pfos. del a. 27 Constitucional. El segundo pfo. declara que "Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización". El segundo pfo. de la fr. VI del misino a. 27 agrega que: "Las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada". Este mismo dispositivo da las reglas generales sobre fijación del precio e indemnización. Por su parte, las modalidades a la propiedad privada están previstas en el pfo. tercero del a. 27, en los siguientes términos: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público...". Estas modalidades constituyen el derecho que tiene el Estado para modificar el modo de ser o de extemación de los tres atributos de la propiedad (uti, fruti y abuti) en correspondencia con los dictados del interés público. En términos generales puede afirmarse que las modahdades se traducen en restricciones o limitaciones que se imponen al propietario, en forma temporal o transitoria, para usar, gozar y disponer de una cosa de su propiedad. Las diferencias entre modaHdades y expropiación son evidentes: hay modalidad cuando todos o uno de los atributos de la propiedad se limitan o restringen, pero no se eliminan; en cambio, la expropiación supone la extinción de la nuda propiedad, cuando es total o la extinción de cualquiera de los otros dos atribute» de la propiedad, en caso de ser parcial. Asimismo, la expropiación se hace mediante indemnización necesariamente y en las modalidades no hay indemnización. IV. La capacidad para adquirir la propiedad privada es una cuestión también regulada por el a. 27 de la C. En su fr. I esta disposición establece que "sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir

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el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas". Sin embargo, en píos, subsecuentes se hacen una serie de excepciones a esta regla general. La propia fr. I, p.e., expresa que los extranjeros podrán gozar del mismo derecho que los nacionales, pero bajo loe marcos de la llamada Cláusula Calvo, aunque la limitación es insuperable tratándose de la llamada "zona prohibida". Por su parte, de conformidad con la fr. II del a. 27, las i^esias, cualquiera que sea su credo, no pueden adquirir en ningún caso, poseer o administrar bienes raices ni capitales impuestos sobre ellos. Los templos destinados al culto púbUco son de la nación. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio a necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca a los asociados, etc., están limitadas a no adquirir mas que los bienes inmuebles para su objeto inmediato o directamente destinado a él. En cuanto a tas sociedades mercantiles por acciones, éstas no pueden adquirir fincas nísticas y sólo podrán tener en propiedad terrenos en la extensión indispensable para el cumplimiento de sus fines. Igualmente, respecto de los bancos se señala que podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, pero no podrán tener en propiedad o administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. Por último, las asociaciones o sociedades previstas en los aa. 2670 y 2688 del CC no están capacitadas para tener en propiedad o administrar bienes raíces, salvo loe edificios destinados inmediata y directamente a su objeto. V. E X P R O P I A C I Ó N , M O D A L I D A D E S DE L A P R O P I A DAD, P R O P I E D A D , P R O P I E D A D ORIGINARIA.

V. BIBLIOGRAFÍA: BURGOA, Ignacio, Las garantía» individualet; l6a. ed., México Porrúa, 1982; ^feNDIETA Y NUÑEZ, Lucio, El lútema agrario constitucional; explicación e interpretación del artículo 27 de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus preceptos agrarios; 5a. ed., México, Porrúa, 1980; ROUAIX, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917; 2a. ed.. Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 1945; T E N A RAMÍREZ, FeUpe, Uyes fundamentales de México, 1808 1982; lia. ed., México, Porrúa, 1982.

Jorge M A D R A Z O

Propiedad pública. I. Derecho real ejercido por entidades púbUcas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. El Estado goza, al igual que los particulares de derechos de propiedad cuyas características le son otorgadas en atención a la naturaleza del titular, de la relación entre el titular y el bien y del bien en sí mismo. La propiedad pública es un derecho real en tanto que se manifiesta a través de una potestad sobre un conjunto de bienes. Su carácter de pública es, en primer término, debido a que es ejercida por el Estado o sus organismos públicos con personalidad jurídica propia. En segundo lugar, la relación guardada entre el titular y el bien observa caracten'sticas distintas a las de la propiedad privada; dichas características se desprenden fundamentalmente de que tales bienes están fuera del comercio y consisten en la inalienabilidad, imprescñptibilidad, inembai^abilidad e imposibilidad de deducir acciones reivindicatorias por parte de particulares, así como en el otorgamiento de concesiones sin generar derechos reales. Finalmente, el bien, objeto de propiedad pública, debe ser exclusivamente un bien considerado por la ley como de dominio público. La LGBN (DO 8 de enero de 1982) enumera en su a. 2o. a los bienes de domiiúo público: de uso común, plataforma continental, zócalos submarinos de tas islas, minerales, metales, metaloides, piedras preciosas, productos derivados de la descomposición de las rocas, combustibles minerales, petróleo y carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, espacio aéreo, mares territoriales, aguas marinas interiores, lagunas y esteros, lagunas interiores, ríos, inmuebles destinados al culto público, suelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores, inmuebles destinados por laFederación a un servicio púbUco, monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, terrenos baldíos y los ganados al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de la Nación, servidumbres inmuebles de propiedad federal que por su naturaleza no sean normalmente sustítuibles y las obras artísticas adheridas permanentemente a los inmuebles de la Federación. Por lo que respecta a la inalienabilidad, ésta significa la imposibilidad de que una Cosa puda ser susceptible de apropiación por estar exluida del comercio (a. 747 CC) y, por lo tanto, el bien no puede ser objeto de ningún contrato traslativo de dominio. Loe bienes de dominio público son, adicionalmente, imprescriptibles lo cual implica la imposibilidadad de que un

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tercero adquiera la propiedad de un bien por el hecho de poseerlo durante cierto tiempo. En el dominio privado, la prescripción adquisitiva se justifica en atención a la necesidad de que los bienes sean utilizados o estén en circidación en el mercado; sin embargo, debido a que los bienes de dominio púbHco son de interés general, la LGBN excluye la procedencia de esta prescipción. Igualmente, por disposición legal, estos bienes no pueden ser objeto de embargo ni de acciones reivindicatorías o posesorias. II. La propiedad pública ha sido regulada a través de legislación especializada, comenzando con la Ley para la Clasificación y Régimen de los Inmuebles Federales del 18 de diciembre de 1902. Esta ley previno las características de impresciptibilidad, inembargabilidad y de no estar sujetos los bienes a gravamen alguno. Asimismo, sujeto a los bienes de dominio público, denominados entonces como bienes propios de la hacienda federal, al control y vigilancia de una dependencia del gobierno federal. Sin embargo, esta ley sólo contempló a los bienes inmuebles, dejando a los muebles sin regulación específica. Después de una larga vigencia, esta ley es sustituida por la primera LGBN (DO 3 de julio de 1942) que ya contempla a los bienes muebles de la federación. Los lincamientos generales de esta ley han prevalecido en las subsecuentes LGBN publicadas en el DO el 30 de enero de 1969 y el 8 de enero de 1982. Las diferencias consisten en la adecuación de la ley a las reformas que en materias de asentamientos humanos, extenáon del mar territorial, así como de organización de la administración pública federal. ni. BIBLIOGRAFÍA:AGOSTA R O M E R O , Miguel, Teoría general de derecho adminMfrotíi'o;5a.ed,, México, Porrúa, 1983; F R A G A , Gablno, Derecho adminútrativo; 15a. ed., México, Porrúa, 1973; I B A R R O L A , Antonio de. Cotas y suceiionefy 3a. ed., México, Porrúa, 1972; MOYA FALENCIA, Mario, Origen y función del patrimonio inmueble del Estado, México, Secretaría del Patrimonio Nacional, 1962. Manuel GONZÁLEZ O R O P E Z A Propiedad social, I. Es una modalidad, reconocida por la C, de la propiedad en México. Tal es el régimen que corresponde a la propicded ejidal y comunal. Dicho texto fundamental, en su a. 27, estableció los principios reguladores de esta materia, conocida más comúnmente bajo el rubro de reforma agraria. El primer principio es de reconocimientc a favor de condueñazgoB, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y

demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho guardaren el estado comunal, para poder disfrutar temporalmente en común de sus tierras, bosques y aguas. El segundo principio, se refería al derecho correspondiente a estas mismas poblaciones a poseer tierras, bosques y aguas bastantes para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, para lo cual, se ordenaba al gobierno a que procediera a dotar a aquellas poblaciones que carecieran de ellas, o no tuvieran tierras bastantes, con nuevas porciones con cargo a los latifundios existentes, pero, por otro lado, se anularon todas aquellas enajenaciones que se hidiieran hecho en el pasado a fin de que pudieran ser restituidas a estas mismas poblaciones. Y un tercer principio, preveía el imperativo de proceder a efectuar dotaciones y, eventualmente, ampliaciones, de tierras, bosques y aguas a aquellas comunidades o formaciones de ejidos que las requirieran con cargo también a los latifundios existentes. II. A esta clase de propiedad se le denomina social precisamente por las características especiales que tiene, por mandato constitucional. En efecto, esta propiedad resulta que es inenajenable, inembargable, imprescriptible e intrasferiblc. Únicamente el gobierno federal, y en ciertos supuestos, puede proceder a desafeetar parte o la totalidad de este tipo de propiedad, atribuida a una comunidad o ejido. Así pues, dichas comunidades y ejidos únicamente tienen el derecho para su aprovechamiento, bien sea mediante el régimen de explotaciones individualizadas, bien sea mediante el régimen de explotación en común, bien sea por medio de regímenes mixtos, de acuerdo a los supuestos concretos de que se trate, y a las previsiones de las leyes agrarias. m . Esta modalidad de la propiedad social de la C mexicana es, sin duda alguna, una de las formas más hermosas de la propiedad, de las más justas y eqmtativas. Es la que mejor responde al planteamiento teológico de la justicia conmutativa y distributiva, ideal del grupo humano; la que más se acerca a ese planteamiento que, p.e. Francisco de Vitoria se hacía respecto al bien común, cuya administración (en latín usa el verbo gerere) correspondía al órgano de gobierno propio de cada comunidad o Estado. Este fue también el planteamiento original de la reforma agraria: el disfrute de tierras, bosques y aguas, propiedad originaria de la nación, de manera común. Los repartos individualizados vinieron más tarde, cuando fracasaron las restituciones ordenadas por el Constituyente. 285

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Finalmente, es muy oportuno señalar que gracias a este profundo sentido social, que adquiere inclusive una especiali'sima modalidad de la propiedad en México, derivado de la consideración de la justicia que asiste a todos estos grupos humanos, fue como debía hacerse posible la idea de la reforma agraria y nunca mediante la invocación tradicional del interés público, tal como pretendía se hiciera Carranza, o según se preveía en el a. 27 del Proyecto de Constitución en relación con la explicación que del mismo hizo el primer jefe ante el Constituyente. El interés público evidentemente es algo muy diferente, es aquello que beneficia o puede beneficiar a todos los individuos, como una plaza, una calle. V. P A T R I M O N I O E J I D A L . P R O P I E D A D COMUNAL. PROPIEDAD EJIDAL. IV. BIBLIOGRAFÍA: C H A V E Z P A D R O N , Martha, El proceto social agrario y sus procedimientot; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; M E N D I E T A Y NuPJEZ, Lucio. El problema agrario en México y la Ley Federal de Reforma Agraria; 16a.

ed., México, Porrúa, 1980.

José BARRAGAN BARRAGAN Propios y arbitrios. I. Las fuentes principales de ingresos de cabildos y municipios de pueblos de españoles y de comunidades de indios durante los tres si^os de la colonia fueron los propios y los arbitrios. Los propios eran los bienes de común de cada ciudad o villa; esto es, el conjunto de bienes con que se dotaba (por el rey, y como delegados de él, \os virreyes y gobernadores) a la "repiibüca" (de españoles o de indios) con el fin de cubrir sus necesidades de administración. Los arbitrios eran los impuestos que el ayuntamiento percibía por diferentes conceptos para el mismo fin. IL Ambos, propios y arbitrios, fueron instituciones de origen romano reguladas en el derecho castellano y adaptadas después con sus peculiaridades por el derecho indiano. Los propios se nutrían de fuentes variadas; bienes rústicos y urbanos, como tierras, casas y mercados. En las primeras épocas de la colonización se consideraban como propios los servicios personales de los indios para la construcción de obras públicas municipales. En ciertas regiones, los propios se nutrieron también de actividades industriales como la explotación de obrajes y fabricas de paño. Los bienes de propios podían invertirse en formas diversas; p.e., las tierras

de cultivo (inalienables) señaladas como propios no sólo eran trabajadas en rotación por los miembros de la comunidad, sino que con fi'ecuencia se daban en censo y en arrendamiento, ingresándose la merced o renta en el fondo común. El arrendamiento debía hacerse en remate público, al mejor postor y en presencia de los alcaldes y regidores del cabildo. En el sigjo XVIII se llevaron a cabo una serie de reformas con el fin de lograr una mejor inversión de los bienes de propios, en especial de las comunidades indígenas. Así, pudieron invertirse en acciones del Banco de San Carlos en Madrid y de la Compañía de Filipinas. Con estas medidas, lo que se pretendió en realidad fue movilizar el crédito en ayuda de la mermada economía de la Corona borbónica. Los beneficios de los bienes obtenidos de los propios eran ingresados cada tres meses en un arca de tres llaves. Una de estas llaves debería estar en manos d d alcalde presidente de la Junta Municipal de Propios y Arbitrios, otra en lab' del escribano del ayuntamiento y la tercera en las del mayordomo. Con ello se pretendía evitar la distracción de los bienes por parte de los cabildantes. En los pueblos de indios los propios fueron administrados por las cajas de comunidad o cajas de censos; fondos colectivos dedicados a fines variados generalmente de carácter civil: sostenimiento de hospitales, recogimient o de mujeres, seminarios, colegios de hijos de caciques; auxilio de viudas, huérfanos, inválidos y enfermos, pago de tributos, gastos de emisiones, etc. También a fines de carácter espiritual como la celebración de fiestas religiosas, algunas de las cuales tenían como objetivo proteger al pueblo de inundaciones, plagas y demás catástrofes. Junto a los propios, y con fines de previsión social, se regularon los póiaitos; éstos eran fondos deportados al cuidado del ayuntamiento y destinados a cubrir necesidades ui^entes de la población en caso de calamidades públicas. La materia de propíos y ariiitrios, que en la administración de los Austrias correspondía, en el más alto nivel, a los Consejos de Castilla y Hacienda pasó a ser competencia de la Superintendencia General de la Real Hacienda de Indias que -formaba parte de la Secretaría del Estado y del Despacho Universal de las Indias, aunque el manejo y gobierno de los bienes de propios quedaron en manos de la Junta Municipal, antes citada, integrada por un alcalde ordinario, dos regidores y el procurador general o síndico, sin que el ayuntamiento pudiera mezclarse en sus funciones. Además de los propios, la hacienda municipal dis-

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puso de los arbitrios con el fin de cubrir los servicios públicos. Los arbitrios eran de varios tipos: 1) sisas: impuestos excepcionales destinados a una determinada obra o servicio; p.e., en la ciudad de México se estableció la sisa del cuartillo de plata jwr cuartillo de vino para aplicarse a la obra del desagüe; 2) derramas: cantidades de dinero que debían pagar los habitantes de los pueblos de españoles (secares y eclesiásticos) para fines diversos como el envío o Corte de un Procurador, la persecusión de la langosta, el pago de un impuesto determinado a la Real hacienda, etc. En ciertas ocasiones se ordenaba pagar a prorrata una cantidad especial que se llamaba encabezamiento. Los pueblos de indios estuvieron exentos de las derramas, y 3) concesiones: rentas cedidas por el rey a algunas municipalidades provenientes de lo que él obtenía de tributos, penas de cámara, etc. Estos bienes estuvieron sujetos a diversos avalares en las primeras décadas de vida independiente. Finalmente la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y ReUgiosas de 25 de junio de 1856 incluyó entre las primeras a los ayuntamientos, y con esto muchos de los bienes "propios" debieron ser desamortizados. Se exceptuaron, conforme al a. 8 de la ley, los edificios destinados inmediatamente al servicio de la corporación, esto es, el palacio municipal, y también aquellos "edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio de las poblaciones a que pertenezcan". No se ha estudiado la forma en que se fue llevando a cabo la desamortización de los bienes de los ayuntamientos, los cuales debieron ir enajenando todos aquellos bienes que no estaban destinados directamente al servicio público. Sin embargo, parece claro que la ejecución de la política desamortizadora afectó profundamente a los municipios, y muchos de ellos no se recobraron, ni siquiera después de la Revolución Mexicana. III. La materia de propios y arbitrios fue ampliamente regulada por las legislaciones castellana e indiana. Las Siete Partidas de Alfonso X la contienen en la Partida III, tít. 2 8 ; la Recopilación de Leyes de Indias principalmente en el tít. 13 "De los propiosy pósitos" del libro IV y en el tít. 4 "De las cajas de censo y bienes de comunidad y su administración" del libro VI. Antes de la recopilación quedaron regulados en las Ordenanzas de nuevos descubrimientos, poblaciones y pacificaciones de Felipe II (1537). En el si^o XVIII en las diversas Ordenanzas de Intendentes, en especial la de Nueva España y 1786.

IV. BIBLIOGRAFLV: /VllClLA F A I Í I A S , Eduardo, fieformas económicas del sigio XVUI en la Nueva España, México, Scpsetentas, 1974, 2 voh.; B E R N AL, Beatriz, "Panorama sobre la política agraria de la Corona española en el México colonial". Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año XIH, núm, 39, septiembre-diciembre de 1980; OCHOA C A M P O S , Moisés, La reforma municipal, México, Porrúa, 1970; Recopilación de las leyes de los reinos de ¡as Indias, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1973, 4 vols.; R I V E R A M A R Í N , Guadalupe, La propiedad territorial en México, ¡301 ¡810, México, Siglo XXI Editores, 1983. Beatriz B E R N A L

Proporcionalidad y equidad de los impuestos. I. Condiciones de validez constitucional de las contribuciones, cuyo fin es que la imposición sea justa en relación a la capacidad económica de los contribuyentes singularmente considerados. La equidad en la imposición puede adoptar muy diversos significados, desde que lo recaudado se aplique e invierta en programas que realmente y de manera eficaz respondan a necesidades de los gobernados —legitimidad del gasto público—, como el que las cargas fiscales vistas en conjunto o aisladamente, pero simpre que en su carácter de exacciones gocen del ad' jetivo de ser justas. El vocablo o concepto capacidad contributiva es algo tan incierto, flexible y subjetivo como la justicia. La doctrina anglosajona lo identifica con la capacidad de pagar (ability to pay). La tributación con fines extra fiscales no siempre tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto, pues los propósitos no son primordialmente financieros, sino de promoción económica y social (impuesto de transferencia). Así, p.e., Gríziotti afirma que los dereclios aduaneros proteccionistas sacrifican la capacidad contributiva del individuo en favor de los productores y de la presunta ventaja indirecta a la economía nacional. Giardina al hacer un estudio de la capacidad contributiva a la luz del a. 53 de la Constitución italiana, concluye que las leyes tributarias deben adoptar como presupuesto del nacimiento de la obligación impositiva, tan sólo aquellos hechos de la vida social que sean índices de la capacidad económica. Por su parte Founrouge señala que: "lo único importante es que la tributación no sea absurda y arbitraria", la discreción o razonabilidad de los impuestos es circunstancial y debe apreciarse de acuerdo con las exigencias de tiempo, lugar y finalidades económicoRocíales de cada tributo, ya que ciertos topes que hoy 287

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puso de los arbitrios con el fin de cubrir los servicios públicos. Los arbitrios eran de varios tipos: 1) sisas: impuestos excepcionales destinados a una determinada obra o servicio; p.e., en la ciudad de México se estableció la sisa del cuartillo de plata jwr cuartillo de vino para aplicarse a la obra del desagüe; 2) derramas: cantidades de dinero que debían pagar los habitantes de los pueblos de españoles (secares y eclesiásticos) para fines diversos como el envío o Corte de un Procurador, la persecusión de la langosta, el pago de un impuesto determinado a la Real hacienda, etc. En ciertas ocasiones se ordenaba pagar a prorrata una cantidad especial que se llamaba encabezamiento. Los pueblos de indios estuvieron exentos de las derramas, y 3) concesiones: rentas cedidas por el rey a algunas municipalidades provenientes de lo que él obtenía de tributos, penas de cámara, etc. Estos bienes estuvieron sujetos a diversos avalares en las primeras décadas de vida independiente. Finalmente la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y ReUgiosas de 25 de junio de 1856 incluyó entre las primeras a los ayuntamientos, y con esto muchos de los bienes "propios" debieron ser desamortizados. Se exceptuaron, conforme al a. 8 de la ley, los edificios destinados inmediatamente al servicio de la corporación, esto es, el palacio municipal, y también aquellos "edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio de las poblaciones a que pertenezcan". No se ha estudiado la forma en que se fue llevando a cabo la desamortización de los bienes de los ayuntamientos, los cuales debieron ir enajenando todos aquellos bienes que no estaban destinados directamente al servicio público. Sin embargo, parece claro que la ejecución de la política desamortizadora afectó profundamente a los municipios, y muchos de ellos no se recobraron, ni siquiera después de la Revolución Mexicana. III. La materia de propios y arbitrios fue ampliamente regulada por las legislaciones castellana e indiana. Las Siete Partidas de Alfonso X la contienen en la Partida III, tít. 2 8 ; la Recopilación de Leyes de Indias principalmente en el tít. 13 "De los propiosy pósitos" del libro IV y en el tít. 4 "De las cajas de censo y bienes de comunidad y su administración" del libro VI. Antes de la recopilación quedaron regulados en las Ordenanzas de nuevos descubrimientos, poblaciones y pacificaciones de Felipe II (1537). En el si^o XVIII en las diversas Ordenanzas de Intendentes, en especial la de Nueva España y 1786.

IV. BIBLIOGRAFLV: /VllClLA F A I Í I A S , Eduardo, fieformas económicas del sigio XVUI en la Nueva España, México, Scpsetentas, 1974, 2 voh.; B E R N AL, Beatriz, "Panorama sobre la política agraria de la Corona española en el México colonial". Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año XIH, núm, 39, septiembre-diciembre de 1980; OCHOA C A M P O S , Moisés, La reforma municipal, México, Porrúa, 1970; Recopilación de las leyes de los reinos de ¡as Indias, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1973, 4 vols.; R I V E R A M A R Í N , Guadalupe, La propiedad territorial en México, ¡301 ¡810, México, Siglo XXI Editores, 1983. Beatriz B E R N A L

Proporcionalidad y equidad de los impuestos. I. Condiciones de validez constitucional de las contribuciones, cuyo fin es que la imposición sea justa en relación a la capacidad económica de los contribuyentes singularmente considerados. La equidad en la imposición puede adoptar muy diversos significados, desde que lo recaudado se aplique e invierta en programas que realmente y de manera eficaz respondan a necesidades de los gobernados —legitimidad del gasto público—, como el que las cargas fiscales vistas en conjunto o aisladamente, pero simpre que en su carácter de exacciones gocen del ad' jetivo de ser justas. El vocablo o concepto capacidad contributiva es algo tan incierto, flexible y subjetivo como la justicia. La doctrina anglosajona lo identifica con la capacidad de pagar (ability to pay). La tributación con fines extra fiscales no siempre tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto, pues los propósitos no son primordialmente financieros, sino de promoción económica y social (impuesto de transferencia). Así, p.e., Gríziotti afirma que los dereclios aduaneros proteccionistas sacrifican la capacidad contributiva del individuo en favor de los productores y de la presunta ventaja indirecta a la economía nacional. Giardina al hacer un estudio de la capacidad contributiva a la luz del a. 53 de la Constitución italiana, concluye que las leyes tributarias deben adoptar como presupuesto del nacimiento de la obligación impositiva, tan sólo aquellos hechos de la vida social que sean índices de la capacidad económica. Por su parte Founrouge señala que: "lo único importante es que la tributación no sea absurda y arbitraria", la discreción o razonabilidad de los impuestos es circunstancial y debe apreciarse de acuerdo con las exigencias de tiempo, lugar y finalidades económicoRocíales de cada tributo, ya que ciertos topes que hoy 287

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se reconocen como moderados fueron estimados exorbitantes en el pasado. II. El derecho positivo constitucional mexicano en su a. 3 1 , fr. IV establece como li'mite al poder tributario, el que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. Sobre este aspecto Servando J. Garza dice que ta proporcionalidad en el caso de los impuestos indirectos implica una cuota fija en relación a la categoría o volumen del objeto gravado. En los impuestos directos la proporcionalidad se transforma en subjetiva, nivelando el sacrificio del contribuyente mediante una tarifa progresiva que se traduce en una presión fiscal mayor sobre tos sujetos que obtengan ingresos superiores. La proporcionalidad al sustentarse en un concepto de justicia, coincide con la equidad y por ello es redundante el empleo de ambos términos. También Flores Zavala menciona que es redundante el empleo de los vocablos proporcionalidad y equidad, ya que cada uno remite necesariamente al principio de justicia de los impuestos proclamado por Adam Smith "los subditos deben contribuir en proporción a los ingresosdequegozan"y,esto es equidad. El principio de justicia requiere la generalidad ^ e y no privativa— y la uniformidad —igual sacrificio (mínimo)—, para todos los contribuyentes. En cambio José Rivera Pérez Campos expresa que ambos vocablos son diferentes, ya que equidad es universal y general, mientras que proporcional atiende a la economicidad del impuesto, que no debe agotarla fuente impositiva y sus gastos de recaudación no deben ser mayores que la propia recaudación. La proporción se establece con el empleo de unas fuentes impositivas frente a otras. La SCJ ba dicbo que la equidad es una benigna interpretación de la capacidad económica que permite tener en cuenta diferencias individuales, gravando según la actividad, fuente, cuantía de ingresos y necesidades de la. colectividad, por lo que exige tratar a los iguales de la misma manera. Proporción y equidad significan según la SCJ, justicia tributaria y deben definirse en casos concretos no generales, lo opuesto serían contribuciones exhorbitantes y ruinosas, supuestos que deben acreditarse como agravios en casos concretos, además de que el examen debe extenderse a todos los impuestos que incidan sobre una misma fuente, III. Por cuanto a la doble tributación ha sido aceptada como legal por dicho tribunal, al expresar que el

a. 3 1 , fr. IV constitucional no la prohibe y que si bien la política fiscal moderna trata de evitarla, ello no es motivo para considerarla ilegal, ya que en algunos casos puede ser deseable y necesaria, a condición de no ser exorbitante y ruinosa. En cuanto a los derechos, su costo debe guardar una discreta —no directa— relación de proporcionalidad con el costo del servicio, a incluirse una parte proporcional del costo de la infraestructura necesaria para prestar el servicio administrativo. Esta garantía no es extensiva a contribuciones parafilscales, de acuerdo a lo que previene el a. 123, apartado " A " , fr. XXIX constitucional. Por último y en relación con el tema, resta decir que la jurisprudencia de SCJ consagró a la proporcionalidad y a la equidad como garantías individuales, no obstante que no se encuentra disposición relativa en el c. correspondiente de la Carta Magna. Sus antecedentes se remontan hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde se proclamó que los impuestos debían ser justos, lo que significa adecuados a la capacidad económica del contribuyente. IV. BIBLIOGRAFÍA: FLORES Z A V A L A , Ernesto, Elementos de finanzas públicas mexicanas; los impuestos; l6a. ed,, México, Porrúa, 1975; G A R Z A , Servando J., Las garantías constitucionales en el derecho tributario mexicano, México, Editorial Cultural, 1949; G A R Z A , Sergio Francisco de la. Derecho financiero mexicano; 10a. ed., México, Porrúa, 1981; G I U L I A N I F O N R O U G E , Carlos M., Derecho financiero; 3a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1978, t. 1; M E H L , Lucien, Elementos de ciencia fiscal, Barcelona, Bosch, 1964; MUSGRAVE, Richanl A., Sistemas fiscales; trad. de Enrique Fuentes Quintana, Madrid, Aguilar, 1973; S A Í N Z de BUJANDA, Femando, Hacienda y derecho, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1966, t. IV. Femando L A N Z CÁRDENAS

Prorrata. I. (Del latín pro rata parte, a parte o porción fija, determinada.) Parte, porción o cuota que corresponde a cada uno en el reparto de beneficios o cargas, deudas o créditos, que se distribuyen entre varios, hecha la cuenta proporcionada de lo que cada uno debe pagar o percibir. 11. Es un concepto fundamental en el que: descansa la idea de copropiedad en materia de bienes, y de mancomunidad en materia de obHgacionee. A prorrata se determina la participación de los copropietarios, así en los beneficios como en las car-

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gas de !a cosa indivisa'(aa. 942 y 960 CC). A prorrata se fija la cantidad por la cual está obligado cada uno de los deudores en la obligación mancomunada (aa. 1985 y 1998 CC). En el ámbito del derecho sucesorio, si el caudal hereditario no fuere suficiente para dar ahmentos a todos los que tienen derecho a recibirlos, los mismos se ministrarán a prorrata (a. 1373);igualmente, si el caudal hereditario no alcanza para cubrir todos los legados se procederá a pagar los preferentes, cubriéndose los demás a prorrata; (a. 1414 CC); y si toda la herencia se distribuye en legados, las deudas y gravámenes de ella se prorratearán entre todos ios legatarios en proporción a sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa (a. 1411). También cuando fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren posibilidad de hacerlo, el importe de los alimentos se repartirá a prorrata entre todos, en proporción a sus haberes (a. 312 CC). Por otra parte, en la prelación de créditos, cubiertosHos preferentes, los demás acreedores, ante la insuficiencia de bienes del deudor insolvente, serán pagados a prorrata (aa. 2977 y 2998 CC). ill. BIBLIOGRAFÍA: BORJA SORIANO, Manuel, Teoría de ¡as obligaciones; 8a. ed., México, Porrúa, 1982", IBARROLA, Antonio de, Cosas y sucesiones; 4a. ed,, México, Porrúa, 1977. Cecilia LlCONA Protección de minorías, v. MINORÍAS. Protección diplomática. I. La protección diplomática tiene por objeto el sustituir a una persona capaz de ejercer una acción internacional (Estado), por una persona que carece de tal capacidad y que ha resentido un daño (el nacional). Aparte del daño que el Estado puede sufrir en forma directa en tanto que persona moral (daño a su territorio, órganos, bienes, etc.), el Estado puede también ser objeto de un hecho ilícito en forma mediata a través de la persona de sus nacionales radicados en el extranjero: es la teoría de la protección diplomática. El Estado infractor incurre en responsabilidad no frente al extranjero lesionado, sino Érente al Estado de su nacionalidad, ya que se considera que el mismo Estado reclamante ha sufrido un daño en aquellos casos en que uno de sus nacionales resulta lesiftnado en sus derechos y no podiendo éste obtener satisfacción por las vías ordinarias.

II. El mecanismo de la protección diplomática se explica por el hecho de que los particulares (persona física o persona moral) no tienen normalmente acceso al orden jurídico internacional. Si el nacional de un Estado " A " que radique en el territorio de un Estado " B " llega a ser lesionado en sus derechos, la única vía que tendrá abierta inmediatamente será la de interposición de un recurso ante las autoridades internas del Estado donde está radicado. Pero si los órganos internos, tribunales u otros, no le conceden una reparación adecuada, y el extranjero considera tener derecho a la misma, incluso en el supuesto de que su pretensión esté fundada en derecho, entonces quedaría el extranjero sin ningún recurso legal, ya que no dispone de ninguna acción internacional. Es aquí en donde aparece la institución de la protección diplomática; el Estado va a "endosar" la reclamación de su nacional. En este momento el litigio intemo se va a_convertir en su litigio internacional. Anteriormente se trataba de una controversia entre un particular y un Estado, ahora se convierte en interestatal, generándose, por tanto, una relación de "Estado reclamante-Estado responsable", cambiando por completo la naturaleza del litigio. Es evidente que el derecho internacional recun'e a una ficción al afirmar que el Estado "endosa" la reclamación de su nacional, ejerciendo un derecho propio para hacerlo valer en contra de otro Estado (Mavrommatis Palestine Concessions, C Í J J . , 1924, Ser A. No. 2 p . 12). Así según la tesis clásica la reclamación del particular va a desaparecer completamente en el momento en que toma a su cargo la reclamación el Estado demandante, y de ello se desprenderá el hecho fundamental de que el ejercicio de la protección diplomática será una competencia discrecional; el Estado no estará obligado a hacer uso del mecanismo de la protección diplomática aun y cuando su nacional así se lo demandase. III. Solamente el Estado del nacional puede endosar la reclamación del particular; debe existir lo que se conoce como el "vínculo de la nacionalidad". Se puede decir que cada Estado determina libremente las condiciones de atribución de su nacionalidad; pero esta atribución no será oponible a Estados terceros, más que en el supuesto de que se haya concedido de conformidad con el derecho internacional. Para que sea posible que pueda producir efectos en derecho internacional, debe existir una relación genui289

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na entre el individuo y el E s t a d o ; esto es lo (jue se conoce c o m o el "criterio de la nacionalidad efectiva" (Caso Nottebohm, C . I J . , Rccucil, 1 9 5 5 , p p . 2 5 - 2 6 ) . Es posible t a m b i é n formular reclamaciones en n o m b r e de sociedades q u e posean la nacionalidad del Estado d e m a n d a n t e . Para efectos del derecho internacional se considera q u e una sociedad o s t e n t a la nacionalidad del E s t a d o bajo cuyas leyes se ha c o n s t i t u i d o , y en c u y o territorio tiene su sede. Por regla general, [)uede afirmarse q u e a u n q u e u n a sociedad lleve a c a b o sus actividades en territorio extranjero, y esté controlada p o r "accionistas extranjer o s " , el E s t a d o de su nacionalidad c o n t i n ú a d e t e n t a n d o el derecho a formular reclamaciones en su n o m b r e ((MSO de la Barcelona Traction, Light and Power Comp. Limit., Recueit 1 9 7 0 , p p . 4 0 y ss.). I g u a l m e n t e ninguna acción internacional de un Est a d o ejerciendo la protección diplomática será admisible si previamente a la reclamación, el particular n o ha a g o t a d o t o d o s los medios de reparación q u e le eran ofrecidos p o r la legislación del Estado en c o n t r a del cual la reclamación es presentada. U n a tercera condición de la puesta en práctica de la protección diplomática, a u n q u e discutible, es la consistente en la llamada " c o n d u c t a c o r r e c t a " p o r parte del particular (c/ean hands). Esta tercera condición q u e se h a sostenido debe existir para c¡ue ¡meda ser admisible la d e m a n d a , consiste e n el h e c h o de q u e el particular n o h a y a provocad o p o r su p r o p i o c o m p o r t a m i e n t o el d a ñ o q u e se alega. La práctica or partía del E s t a d o . Además es bastante d u d o s o q u e pueda considerarse esta tesis de las clean hands c o m o si pudiera constituir una excepción preliminar q u e impidiera al tribunal internacional de conocer del f o n d o del a s u n t o . IV. BIBLIOGRAFÍA: G A R C Í A A M A D O R , Francisco V.,

Principios de derecho internacional que rigen la respontabüidad, Madrid, Kscuela de Funcionarios Internacionales, 1963; MENOKZ

S I L V A , Ricardo y GOMKZ-ROBLEDO V E R -

D I J / C O , Alonso, "Derecho intemacionai público",/níroducción ai derecho mexicano, México, ÜNAM, 1981, t. I; ROU-

SSEAU, Charles, Derecho internacional público; trad, de Femando Giménez Artigues; 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1961; V E L L A S , Fierre, Droit international public et science politique, París, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, 1967. Alonso GOMKZ-ROBLEDO V E R D U Z C O Protección j u r í d i c a d e los a d m i n i s t r a d o s . I . C o m o t a l se e n t i e n d e el c o n j u n t o de i n s t r u m e n t o s n o r m a t i v o s q u e se h a n desarrollado c o n el objeto de t u t e l a r los derechos e intereses legítimos de los g o b e r n a d o s frente a la creciente actividad de la administración píiblica. II. La evolución dinámica q u e han e x p e r i m e n t a d o estos m e d i o s de p r o t e c c i ó n se d e b e a la necesidad de lograr u n equilibrio entre los derechos d e los particulares y las a t r i b u c i o n e s de las a u t o r i d a d e s administrativas c o n t e m p o r á n e a s , pues estas ú l t i m a s , realizan u n a c o n s t a n t e intervención en las esferas e c o n ó m i c a , social, política 'f cultural de las sociedades moderna** debido al establecimiento de] l l a m a d o estado social de derecho e n los o r d e n a m i e n t o s occidentales y el estado socialista e n los q u e h a n seguido el m o d e l o d e la U n i ó n Soviética. El p r i m e r o p r e t e n d e coordinar los intereses c o n t r a p u e s t o s de los diversos grupos sociales a través de u n a mejor distribución de bienes y servicios, p o r lo q u e t a m b i é n h a recibido la d e n o m i n a c i ó n d e estado de bienestar. Si bien n u e s t r a C de 1 9 1 7 inició el l l a m a d o constitucionalismo social al consagrar los derechos de los trabajadores y de los campesinos e n sus aa. 1 2 3 y 2 7 , debe considerarse c o m o u n d o c u m e n t o de transición entre el estado liberal individuaUsta y el de carácter social, pero p a u l a t i n a m e n t e se le h a n i n c o r p o r a d o instituciones de este ú l t i m o y se h a n desarrollado o t r a s c o m o las relativas a la seguridad social. Esta situación se observa c o n m a y o r claridad e n el t e r r e n o del intervencionismo e c o n ó m i c o q u e h a c u l m i n a d o c o n las r e formas de diciembre d e 1 9 8 2 a ios a a . 2 5 , 2 6 y 2 8 d e la propia C, e n especial sobre la r e c t o r í a e c o n ó m i c a del E s t a d o y la planificación indicativa, t o d o lo cual influye en el i n c r e m e n t o de las actividades estatales, p e r o de m a n e r a p r e d o m i n a n t e de las administrativas q u e s o n las q u e poseen los i n s t r u m e n t o s técnicos para lograr dicha intervención, n i . Desde u n p u n t o de vista histórico p u e d e observarse la c o m b i n a c i ó n de la tradición colonial c o n la influencia a n ^ o a m e r i c a n a , a m b a s de carácter judiciahsta, de m a n e r a q u e a partir de la i n d e p e n d e n c i a h a p r e d o m i n a d o un sistema incipiente d e p r o t e c c i ó n j u -

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rídica de los gobernados a través de la vía judicial ordinaria, tomando en cuenta, además, el restringido desarrollo de la administración pública mexicana determinado tanto por los constantes problemas financieros como por el triunfo de las ideas liberales en la segunda mitad del siglo XIX, que asignaban una función limitada a la actividad estatal. Si hacemos abstracción, debido a su escasa eficacia práctica, de los dos inlentos cjuc se hicieron eu 1853 y 1865 para introducir el sistema francés del Consejo de Estado, considerado como un tribunal administrativo de jurisdicción reteiiida; los distintos ordenamientos constitucionales mexicanos han encomendado, con algunas variantes, el conocimiento y resolución de los conflictos entre la administración y los administrados, a los jueces y tribunales ordinarios. Para no referimos sino a las Cartas más recientes, podemos observar que en las Constituciones de 5 de febrero de 1857 y 1917 {aa. 97, fr. I, y 104, fr. I, respectivamente), se otorgó competencia a los tribunales de la federación para conocer de las controversias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, y si bien no se hizo referencia expresa a la materia administrativa, tanto la doctrina como la legislación y la jurisprudencia han considerado que dichos preceptos son el apoyo para someter el conocimiento de los conflictos entre los particulares y la administración pública a los tribunales federales (y consecuentemente a los organismos judiciales de las entidades federativas, en cuanto a la aplicación de las disposiciones administrativas locales). Con este fundamento se regularon ciertos procedimientos administrativos relativos a nacionalidad y extranjería, expropiación y patentes de invención en los códigos federales de procedimientos civiles de 1897 y 1908; y durante los primeros años de la vigencia de la C de 1917, las leyes administrativas establecieron y regularon los llamados juicios de oposición ante los tribunales ordinarios, con posibilidad de interponer contra la sentencia de apelación ya sea el juicio de amparo o bien el recurso de súpÜca (este último utilizado por las autoridades), ante la SCJ, si bien el recurso de súplica fue suprimido por la reforma constitucional de 18 de enero de 1934. Como es bien sabido, el actual sistema de justicia administrativa en el ordenamiento mexicano se inició con la creación del Tribunal Fiscal de la Federación (TFF) por la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, que introdujo un organismo jurisdiccional den-

tro de la esfera formal de la administración, para dirimir las controversias entre la misma administración y los causantes, en sus inicios estrictamente en materia tributaria federal, y con el carácter de órgano de jurisdicción delegada, es decir, que dictaba sus fallos a nombre del gobierno federal. Finalmente debe hacerse la advertencia de que al establecerse definitivamente el juicio de amparo en los aa. 101 y 102 de la Constitución de 1857, y al aceptarse posteriormente, como es bien sabido, su procedencia contra todas las resoluciones judiciales debido a una interpretación indebida del a. 14 de dicha Carta Fundamental, la última instancia de las reclamaciones de los administrados, se hace valer a través del propio amparo, una vez agotada la vía judicial, y al crearse el TFF, sus fallos pudieron combatirse también en la vía de amparo. IV. Además de esta vía judicial, en el ordenamiento mexicano actual existen otros instrumentos juridicos para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los administrados frente a los actos y resoluciones de la administración, los que pueden analizarse en cuatro sectores: a) en primer lugar dentro del mismo procedimiento administrativo; b) la impugnación de las decisiones definitivas de la administración; c) la posibilidad muy restringida en nuestro sistema de lograr la reparación patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados por la defectuosa prestación de los servicios públicos, y d) finalmente, la responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios de la administración, con la aclaración que estos instrumentos proceden esencialmente en relación con los actos y resoluciones de los órganos centralizados, y sólo en época reciente se han extendido en forma paulatina estos remedios respecto a los organismos públicos descentralizados, que integran en forma indiscriminada con las empresas públicas lo que se ha calificado a nuestro modo de ver, en forma indebida, como "administración pública paraestatal''' en el a. 90 de la C. "V. Á) En el procedimiento administrativo y de acuerdo con el derecho de audiencia establecido por el a. 14 de ¡a C, los particulares pueden defenderse frente a las afectaciones indebidas de las autoridades administrativas a través de los llamados recursos administrativos, i]ue son de dos tipos: los que se interponen ante la misma autor,íad de quien emanó el acto, y entonces reciben los nombres de reconsideración o revocación, o bien ante una autoridad jerár291

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quicamente superior, conocidos como revisión o inconformidad. Sin embargo, existe una verdadera anarqui'a en la regulación de los citados recursos administrativos, en virtud de que las diversas leyes o reglamentos administrativos establecen distintos trámites, plazos o condiciones para su interposición, lo que produce una situación de inseguridad para los afectados, que ha menoscabado la eficacia de tales remedios. Se advierte la ausencia tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas, con la excepción muy restringida del Código Administrativo del Estado de Chihuahua de 25 de julio de 1974, de leyes de procedimiento administrativo que unifiquen los aspectos esenciales de la tramitación y particularmente los citados recursos administrativos, y por este motivo existe una tendencia creciente hacia el carácter optativo de dichos medios de defensa y como ejemplo podemos señalar las disposiciones de los aa. 274 y 275 de la Ley del Seguro Social de 26 de febrero de 1973, y 53-54 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de 22 de abril de 1972, los que establecen la posibilidad de optar por el agotamiento del llamado recurso de inconformidad (obügatorio para los empresarios en el primer ordenamiento), o bien acudir directamente a la vía judicial. En forma más amplia, el a. 28 de la LOTCADF establece el carácter optativo del agotamiento de los recursos administrativos internos ante las autoridades del Distrito Federal, con excepción de los actos de carácter fiscal, que deben combatirse previamente a través de los medios intemos de defensa. Un aspecto importante de la interposición de los recursos administrativos consiste en la facultad del recurrente de solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución de la resolución o acto administrativo, garantizando el interés fiscal cuando se impugnan decisiones de esta naturaleza. Si en la regulación de los citados recursos no se prevé dicha medida o se exigen requisitos superiores a los establecidos para la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, el a. 73, fr. XV, de la LA dispone que en ese supuesto no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa internos. Por otra parte, por aplicación directa del derecho de audiencia establecido por el a. 14 constitucional, la jurisprudencia de la SCJ ha establecido que aun cuando la ley del acto no establezca medios de protección internos, las autoridades administrativas deben dar

oportunidad a los afectados para que puedan hacer valer sus defensas (tesis núm. 339, p. 569, Apéndice alSJFde 1917-1975, tercera parte, Segunda Sa/a). VI. E) Una vez agotadas los medios de defensa en el procedimiento administrativo, o de manera inmediata si los mismos no son obligatorios, los administrados pueden acudir a la vía judicial si la resolución o el acto administrativo de carácter definitivo afecta sus derechos o intereses legítimos. En esta materia la situación es compleja en el ordenamiento vigente, en virtud de que la impugnación judicial de los actos y decisiones administrativas se divide en dos sectores: a) si dichos actos o resoluciones pueden combatirse ante un tribunal administrativo, es preciso acudir ante esa jurisdicción especializada y una vez agotado el proceso de lo contencioso-adminitrativo, si la sentencia respectiva es desfavorable total o parcialmente al particular, éste puede impugnarla a través del juicio de amparo de una sola instancia ante los tribunales colegiados de circuito o la SCJ, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas por las LA y LOPJF (a. 158 LA), y b) si los propios actos o decisiones de la administración activa no quedan comprendidos dentro de la competencia de los citados tribunales, deben combatirse de manera inmediata a través del juicio de amparo de doble instancia, cuyo primer grado corresponde a los jueces de distrito (a. 114, fr. II, LA), y a través del llamado recurso de revisión, conocen del segundo grado los Tribunales Colegiados de Circuito y la SCJ, de acuerdo también con las reglas de competencia de los ordenamientos respectivos, en la inteligencia de que en forma similar a lo que ocurre con el amparo de una sola instancia, se atribuye a la propia SCJ el conocimiento de ios asuntos cuya cuantía sea superior a un millón de pesos, o cuando la propia Corte estime que existe interés nacional (aa. 84, fr. I, inciso e LA, y 25, fr. I, inciso-d LOPJF). En el primer supuesto, es decir respecto del amparo de un solo grado, pueden combatirse en esa vía las sentencias definitivas pronunciadas por el TFF, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y los tribunales locales, es decir, los fiscales de los estados de México (1958); Veracruz (1975); y Sinaloa (1976), y los tribunales de lo contencioso administrativo de Sonora (1977) e Hidalgo (1979). V n . C) Por lo que respecta a la responsabilidad patrimonial de la administración pública mexicana, tanto federal como de las entidades federativas, puede

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afirmarse que prácticamente no existe, a pesar de su importancia para la protección de los administrados y de que en numerosos ordenamientos contemporáneos se ha llegado a establecer el principio de la responsabilidad objetiva por los daños y perjuicios causados por las autoridades públicas a los particulares por la defectuosa prestación de los servicios públicos. En nuestro ordenamiento sólo pueden señalarse dos disposiciones que regulan la materia: el anacrónico precepto del a. 1928 del CC que consagra la responsabiUdad subsidiaria del Estado, y el a. 10 de la Ley de Depuración de Créditos a Cargo del Gobierno Federal de 31 de diciembre de 1941 que regula con muchas restricciones la responsabilidad directa del propio gobierno cuando incurre en culpa en la prestación de los servicios públicos, con una escasa aplicación práctica. Vlll. D) Finalmente, hasta hace muy poco tiempo ha existido una regulación muy limitada sobre la responsabilidad penal y administrativa de los empleados y funcionarios administrativos por los daños y perjuicios causados a los particulares en el ejercicio de sus funciones, ai bien a partir de las reformas constitucionales que sutituyeron el tít. IV de la C con nuevos preceptos sobre la responsabilidad de los que, a partir de entonces son calificados como servidores públicos. Prescindimos de la responsabilidad penal, que no sólo en nuestro país sino en la mayoría de los ordenamientos es de difícil apÜcación y aun siendo efectiva constituye una tutela indirecta a los derechos de los administrados, pues consideramos de mayor importancia a la responsabilidad administrativa o disciplinaria, en virtud de que a través de la misma pueden corregirse las omisiones, neghgencias y errores cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus actividades y en perjuicio de los particulares. Si bien las leyes administrativas han establecido en algunos supuestos muy restringidos este tipo de responsabilidad, la misma se ha consagrado en forma más amplia en el nuevo tít. IV de la C y en la actual LR, ambos promidgados en diciembre de 1982. El a. 109 de la C que establece las bases con apoyo en las cuales el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados deben expedir las leyes de responsabilidades, y su fr. III, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores púbhcos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. A su vez, la citada LR que comprende la de los servi-

dores públicos de los poderes federales y riel DF, además de fijar con precisión las obligaciones de los citados servidores públicos (aa. 49-52) y las sanciones que pueden aplicarse (aa. 53-55), establece en este último precepto, que en caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones respectivas, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de ios daños y peijuicios causados, y si bien esta sanción debe cubrirse al Estado, puede ser una base para la responsabilidad patrimonial de este último, cuando los daños y perjuicios se causan a los particulares. Una disposición importante es la del a. 49 del citado ordenamiento que consagra la obHgación de las dependencias y entidades de la administración púbhca, de establecer unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y con las que se iniciará en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. En el precepto siguiente se ordena que todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar ese derecho de la formulación de las referidas quejas y denuncias y evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas a los reciamantes. Con estas disposiciones se llena un vacío en nuestra legislación federal, la que seguramente trascenderá a los ordenamientos locales en cumplimiento al a. 109 de la C, a fin de que los afectados con actos y resoluciones administrativas puedan reclamar el incumplimiento de las obligaciones de los servidores púbhcos. Consideramos que el próximo paso consistirá en el establecimiento de procuradurías de los ciudadanos, que como órganos autónomos reciban las quejas de los administrados contra las autoridades administrativas y procuren resolverlas a través de un procedimiento rápido e informal, que son las características del organismo conocido como Omhudsman, que se ha extendido a casi todas las legislaciones contemporáneas. V.

AMPARO,

OMBUDSMAN,

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO,

R E C U R S O S ADMINISTRATIVOS. T R I -

BUNAL DE LO C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O DEL DISTRITO

FEDERAL, TRIBUNALES

ADMINISTRATI-

VOS DE LOS ESTADOS. TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, IX. BIBLIOGRAFÍA: ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, "Protección jurisdiccional del particular frente 293

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al ejecutivo en México", Boletín Mt^xicano de Derecho Comparado. \ ' é x - ' o , año ¡II, tiúm. 8 , rnayo-agosto d e 1 9 7 0 ; . ^ R MIENTA ']: [ • íKHON, G o n z a l o M.. F.I proceso tributario en el dareciio rvp.ricatto, México, T e x t o s Universitarios. 1 9 7 7 ; BíílSFiÑO M K R R A , HuTnberlo, El derecho procesal fiscal; 2 i . ftd.. \ í é \ ; c o , \nli!;iia Librería de R o b r e d o , 1 9 7 5 ; C A R R I L L O . K L O R L S , A n t o n i o , La defensa jurídica de los particulares frente a la (iilirtiiiistración en México; México, Porrúa, J 9 3 9 : id., Ln justicia federal y la administración pública, México. Porri'ia, 197l[;iVí., "Responfabilidad e x t r a contractual de! Kstado en M é x i c o " , Tribunal Fiscal de la Federación. Cuarenta y cinco años al servicio de México, t. V , Memorias del Primer Confieso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 1 9 8 ¿ ; F I X - Z A M L D I O , H é c t o r , / n l r o d u c ción a ia justicia administrativa en el ordenamiento mexicano, México. Kl Coieído Nacional, 1 9 8 3 ; G O N Z Á L E Z P K R E / , Jesús, " L a justicia administrativa en M é x i c o " , Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, octubre-diciembre de 1 9 7 2 ; N A V A N E G K E T E , Alfonso, Derecho procesal admi nistrativo, México, Porrúa. 1 9 5 9 . Héctor F 1 X - Z A M U D 1 0

Proteccionismo estatal. I. Doctrina, teoría, política económicas, que preconizan, fundamentan o aplican un conjunto de medios, mecanismos, instrumentos del Estado, para favorecer las actividades productivas de la respectiva nación, y correlativamente restringen y perjudican el ingreso y la competencia en el territorio nacional de productos, servicios, capitales y personas del extranjero. n . La protección estatal ha evolucionado en el tiempo, sobre todo desde el comienzo de la Edad Moderna. Con la disolución del régimen feudal y el ascenso de la economía y el Estado nacionales, desde mediados del siglo XVI hasta fines del XVII tiene primacía la doctrina-política del mercantilismo. Ella se preocupa por las relaciones entre la riqueza de una nación y su balanza comercial, y propugna la intervención del Estado en la economía para el desarrollo de ésta. Hacia los finales del siglo XVIII, la reacción contra el mercantilismo desemboca en la primacía del liberalismo económico y de la doctrina del laissez-fairo.. Su teoría y su política, aplicada a los intercambios exteriores, propicia e intenta generalizar la libre circulación de los bienes, servicios, capitales y personas entre países, sin restricciones ni estímulos que provengan de una intervención directa de los poderes públicos. El libre cambio desaparece de hecho desde las primeras décadas del siglo XX. Desde entonces, la casi totalidad de los gobiernos se han implicado en la regidación de los movimientos económicos internacionales para la protección de las actividades económicas nacionales.

i n . Los principales argumentos en favor de ía protección estatal se refieren a la necesidad de contar con la autosuficiencia nacional en todo lo referente a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para enfrentar situaciones de emergencia bélica y económica; para la garantía de la ocupación, del mercado interno, del equilibrio y excedente de las balanzas comercial y de pagos, del logro de buenos términos del intercambio, del desarrollo industrial. El arsenal de mecanismos e instrumentos del proteccionismo estatal se ha ido volviendo cada vez más amplio y perfeccionado, pudiendo abarcar así diferentes componentes, todos tendientes a favorecer las actividades, ramas, sectores y grupos de la economía que se ubican dentro del territorio nacional y operan en y para él. Entre ellos, cabe destacar; o) Derechos aduaneros a la importación y a la exportación, cuotas o contingentes de importación, subsidios y otros incentivos de exportación. 6) Nonnas sanitarias y técnicas específicas. c) Tratamiento impositivo especial. d) Otorgamiento de crédito en condiciones privilegiadas. e) Acceso preferencial a la disponibilidad de divisas fuertes. g) Ideologías y políticas nacionalistas, p.e., para refuerzo de las compras de productos nacionales por gobierno y particulares. h) Participación en procesos de integración regional, que implican de hecho la posíbUidad de un proteccionismo estatal proyectado a una escala espacial más amplia, supranacional. Las medidas de protección varían según países, tipos de régimen político y de Estado, coyunturas económicas y políticas (nacionales e internacionales), riesgos de represalia. IV. La C ha dado los fundamentos para las políticas proteccionistas del Estado. Este ha sido ante todo legitimado como institución central en los principales aspectos de la vida económica, social y política del país, con facultades y obligaciones para una intervención permanente, amplia y profunda. El Estado tiene la rectoría del desarrollo integral; planea, conduce y coordina las actividades de interés general; concurre al desarrollo junto con los sectores social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica (a. 25); tiene a su cargo las áreas y actividades definidas como estratégicas (a. 28); puede participar, por sí o con los sectores social y priva-

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do, e n las áreas definidas c o m o prioritarias, Al mismo t i e m p o , el E s t a d o m e x i c a n o a p o y a e impulsa a los otros dos sectores, t o d o s sujetos a las modalidades q u e dicte ei interés público, y al uso en beneficio general d e los recursos productivos (a. 2 5 ) . La ley debe alentar y proteger la actividad económica de los particulares y el desenvolvimiento de la empresa privada. El sector privado p u e d e participar, j u n t o c o n ios otros d o s , en áreas prioritarias del desarrollo ( a . 2 5 ) , y beneficiarse p o r el E s t a d o , en caso de interés general, m e d i a n t e concesiones de servicios públicos, y de explotación de bienes de d o m i n i o de la federación, con ajuste a las leyes y salvo a excepciones previstas p o r ellas (a. 2 8 ) . Se p r o h i b e n los m o n o polios y sus prácticas, los estancos y exenciones de i m p u e s t o s , las prohibiciones a t i t u l o de p r o t e c c i ó n industrial. Posibilidades de proteccionismo estatal se fundan t a m b i é n e n las facultades constitucionales del Congreso de la Unión, fijadas e n el a. 7 3 : i m p e d i m e n t o de restricciones e n el comercio de Estado a E s t a d o (fr. I X ) ; legislaciones de la fr. X ; m o n e d a (fr. X V I I I ) ; establecimiento de contribuciones (fr. X X I X ) ; leyes de planeación (fr. XXIX-D); leyes de programación, acciones económicas (fr. XXIX-E), y p r o m o c i ó n y regulación d e la inversión (fr. X X I X - F ) .

I;. INTERVENCIONISMO ESTATAL. V. BIBLIOGRAFÍA: ICVPLAN, Marcos, Estado y socie dad, 2a, reimpresión, México, UNA\I, 1983; id., Aspectos del Estado en América Latina, México, tJNAM, 1981. M arcos KAPLAN

P r o t e c t o r a d o . 1. (De protector y éste, a su vez, del lat í n protcctor-oris.) V,s u n a figura propia del d e r e c h o internacional m e d i a n t e la cual dos Estados soberanos establecen u n a relación p o r la cual u n o de ellos, al (|ue se d e n o m i n a Estado ¡irotegido, cede al o t r o , q u e es el Estado p r o t e c t o r , el ejercicio de ciertas c o m p e ta una sanción poco pragmática. II. Ello motivó que al redactarse la Carta de las Naciones Unidas se asumiera, en su a. 102, una disposición de menor severidad. En efecto, el precepto de referencia establece que los tratados deben registrarse ante la Secretaría de la Organización y que, en caso de no cumplirse con esta obligación, no podrán ser invocados ante ninguno de los órganos de las Naciones Unidas. El tratado es válido y la sanción es relativa. La Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados estableció la obligación de registro de la siguiente manera: "Registro y publicación de los tratados: 1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a !a Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación. 2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en el párrafo anterior" (a. 80). III. BIBLIOGRAFÍA: D E T T E R , Ingrid, Essays on Law of Treaties, Stockholm, Nordstedt and Sóners, 1967;ESTEFANO PlSANi, Miguel A. d'. Derecho de tratados. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973; L E V E L , Patrice, "La publication en tant que condition d'application des traites par Íes tribunaux nationaux", Revue Critique de Droit International Privé, París, vol, L, núrn, 1, enero-marzo de 1961; M C N A I R , Lord, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961. Ricardo M E N D E Z S I L V A

Pueblo. I. {Del latín populas.^ Término que tiene diversos sentidos, de los cuales se desarrollarán los siguientes: el geográfico (pueblo como ciudad o villa); el demográfico (pueblo como conjunto de hal)itantes de un territorio); el sociológico (pueblo como nación); y el jurídico-político (pueblo como unidad titular de la soberanía y cotno elemento constitutivo del Estado). II. En geografía política, "pueblo" se refiere a un centro de población de pequeñas dimensiones. En la legislación indiana (Ordenanzas de Población de 157.H de Felipe II, capítulos 38 y 43) se mandaba a los descubridores elegir "sitios para fundar pueblos y cabeceras. . . " , y deternünaba las características de este tipo de poblaciones, señalando incluso las medidas de plazas y calles. En virtud del uso predominantenu-nte coloquial de "pueblo" en esta acepción, no existe un criterio uniforme para aplicarlo a un determinado centro de población, y en muchas ocasiones tal denominación no tiene importancia práctica. Los criterios que sirven para considerar a un centro de ¡loblación como pueblo se encuentran en las leyes orgánicas nuinicipales de las entidades federativas y atienden principalmente al número de habitantes, y. en algunos estados, a los servicios con que cuenta la población. Es necesaria una declaración de la legislatura estatal para que un centro de población adquiera la categoría ¡wlítica de ¡)ueblo. IIL En cuanto el término "pueblo" se refiere al conjunto de habitantes de un territorio, alude al sentido, más propio, de j)oblación. La LGP regula los fenómenos que afectan al volumen, dinámica, estructura y distribución de la población en el territorio nacional (a. l o . ) . IV. Desde una perspectiva sociológica, "pueblo"sc identifica con nación, esto es, el conjunto de seres humanos unidos por un sentimiento de pertenencia nacional. Este sentimiento se funda en una plurahdad de factores; entre los más sigidficativos se encuentran la afinidad racial, la comunidad de cultura —en especial lengua y religión— y la conmnidad de destino político. Una comunidad nacional es el resultado de una larga y compleja evolución histórica y social en la que ninguno de los elementos mencionados puede constituirla por sí solo, dada la dificultad de determinar la relevancia específica de éstos en la reahdad. .4sí, sólo puede hablarse de pertenencia nacional conu> de un concepto aproximativo que permite ubicar sociológicamente a un pueblo (Zippelius § 11,1a III). El con('epto sociológico de pueblo no coincide con 309

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el de pueblo sometido al poder del Estado. Esta situación da origen, precisamente, al problema de las minorías nacionales. Aunque no toda nación forma un Estado, es común identifícarios en razón de su vinculación histórica. Con base en lo anterior, y en ta premisa de que el concepto de nación es eminentemente sociológico, es posible interpretar el a. 27 de la C en el sentido de que la Nación, en cuanto titular de la propiedad originaria, es en realidad el Estado mexicano. Desde otro punto de vista, cabe advertir que los conceptos de pueblo y nación, han adquirido, con el tiempo, una fuerte carga ideológica, la cual no permite establecer una llana identificación entre ellos, y que ha llegado incluso a daries un sentido opuesto. V. 1. La teoría del pueblo como comunidad política titular de la soberanía, aunque con antecedentes en derecho romano y en las ideas contractualistas de fines de la Edad Media, alcanza su expresión más acabada en el pensamiento de J. J. Rousseau. Este autor se pregunta cómo se forma un "yo com ú n " a partir de voluntades aisladas. En su explicación, diferencia entre voluntad de todos y voluntad general. La primera es mera suma de voluntades individuales. La segunda es cualitativamente distinta, y se define como la búsqueda del interés general de la sociedad. De este modo, el conjunto de individuos se constituye en un pueblo, que es soberano porque no puede querer más que el interés general, y no puede tener más que una voluntad general —cuya expresión es la ley— a la cual quedan sometidas las voluntades individuales en virtud del pacto social. Resulta así que en lugar de la persona particular de cada contratante, el acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo. La persona pública que así se constituye toma el nombre de República, o cuerpo político. Los asociados "toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos, como partícipes de la autoridad soberana y subditos por estar sometidos a las leyes del Estado" (Rousseau, Contrato social, libro I, c. 6). En este punto las ideas de Rousseau difieren de las de Hobbes y Locke. En la doctrina de Hobbes el pueblo establece un soberano y le transfiere irrevocablemente un poder absoluto. Para Locke, el pueblo instituye un gobierno limitado para determinados fines. Rousseau declara que la soberanía del pueblo, constituido como comunidad poh'tica por medio del contrato social, es inalienable, indivisible, infahble y absoluta.

Las ideas de Rousseau son las que permean el constitucionalismo mexicano. Aparecen en su mayor pureza en los aa. 2o. y 5o. de la Constitución de Apatzingán de 1814, antecedentes del a. 39 de la C vigente, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y el poder dimana directamente de éste y se instituye para su beneficio. 2. Desde el punto de vista jurídico, y en el ámbito de la teoría tiadicional del Estado, el pueblo es uno de los elementos constitutivos de éste. Así, para Jellinek el pueblo es tanto sujeto como objeto de la actividad del Estado, cualidades que han sido diferenciadas gracias a la moderna teoría de la soberanía. "Los individuos, en cuanto objetos del poder del Estado, son sujetos de deberes: en cuanto miembros del Estado, por el contrario, sujetos de derecho" (JeUinek, p. 333). De aquí resulta que el individuo posee una esfera de derecho público, que en la práctica se traduce en una serie de derechos fundamentales que aquél tiene fi-ente al poder del Estado. Para Kelsen el pueblo son los seres humanos que residen en el territorio estatal, considerados urdtariamente. Así como el Estado sólo tiene un territorio, del mismo modo sólo tiene un pueblo, y así como la unidad del territorio es jurídica, lo mismo ocurre con el pueblo (Kelsen, p. 276). En consecuencia, el pueblo del Estado son los individuos cuya conducta se halla regulada por el orden jurídico nacional; trátase, en última instancia, del ámbito personal de validez de dicho orden. Un individuo pertenece al pueblo de un Estado sólo si queda incluido en el ámbito de validez de su orden jun'dico. Por otro lado, el pueblo sometido al poder de regulación de un Estado no es idéntico a la suma de sus nacionales, pues extranjeros y apatridas también se encuentran sujetos a él. Para resolver este problema, Kelsen establece que el ámbito personal de vaUdez del orden jurídico nacional se halla limitado por el derecho internacional. V. E S T A D O , N A C I Ó N , POBLACIÓN, S O B E R A N Í A .

VI. BIBLIOGRAFÍA: CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917; 3a. ed., México, UNAM, 1979; C H E V A LLIER, Jean-Jacques, Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días; trad. de Antonio Rodn'guez Huesear; 7a. ed., 3a. reimpresión, Madrid, Aguiiar, 1980; ESQUIVEL O B R E G O N , Toribio, Apuntes para la historia del derecho en México, México, Polis, 1938, t. II; J E L L I N E K , Jorge, Teoría general del Estado; trad, de Femando de los

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Ríos Urniti, Buenos Aires, Albatros, 1943; K E L S E N , Hans, Teoría general del derecho y del Estado; trad. de Eduardo Garcú Máynez; 3a. ed., México, UNAM, 1979; ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, México, UNAM, 1962; ZlPPELiUS, Reinhold, Teoría general del Estado; trad. de Héctor Fix Fierro, México, UNAM, 1984.

Héctor Fix FIERRO y

Sergio LÓPEZ

AYLLON

Punibilidad, i;. PENA. Puntos de vinculación. I. Un punto de vinculación es el elemento de hecho o de derecho de una regla de conflicto bilateral que vincula una relación jurídica, a un 8Í8tema jurídico por medio de la localización objetiva de dicha relación jurídica. 11. Savigny fue el primer estudioso de derecho internacional privado que propuso, para resolver los conflictos de leyes, la determinación del derecho aplicable a partir de la vinculación existente entre la relación jurídica y un sistema jurídico. Para dicho autor es necesario localizar cualquier relación jurídica; tal localización se realiza por medio de un punto de vinculación o de conexión. Así, p.e., el domicilio o la naeionahdad son los puntos de vinculación aplicables a las personas, e! domicilio conyugal a los asuntos de divorcio, el lugar de ulíicación de los bienes a las acciones reales, etc. Todas las reglas de conflicto bilaterales contienen un punto de vinculación que permite la determinación de la ley apUcable al caso. Sin embargo, algunas reglas de conflicto bilaterales prevén varios puntos de vinculación, que pueden ser de aplicación acumulativa o alternativa. La localización de la relación jurídica por medio del punto de vinculación pone fin a la determinación del campo de aplicación de (as leyes como medio de resolución a los conflictos de leyes, es decir, al unilateralismo y permite así una mayor armonización entre los diversos sistemas jurídicos. Morris considera que la determinación de la ley aplicable por medio de un solo punto de vinculación Ueva, a veces, a soluciones injustas y propone que el derecho apUcable sea determinado por el centro de gravedad de la relación jurídica, cuando dicha relación tenga vinculaciones con varios países. Se trata así de una aplicación acumulativa de diversos puntos de vinculación. Actualmente la casi totalidad de los sistemas jurídicos utilizan el método de la localización de las relacio-

nes jurídicas para resolver los conflictos de leyes. La selección de los puntos de vinculación se vuelve, entonces de gran importancia, en particular el domicilio o la nacionalidad en cuanto al estado y capacidad de las personas. V. C O N F L I C T O D E L E Y E S . D E R E C H O INTERNACIO. NAL P R I V A D O . R E G L A S D E CONFLICTO. ni.

BIBLIOGRAFÍA: A R E L L A N O G A R C I A , Carlos,

Derecho internacional privado; 4a. ed., México, Porrúa, 1980; I/)USSOUARN, Yvon y BOUREL, Fierre, Droií international privé, Pan's, Dalloz, 1978; M A Y E R , Fierre, Oroit interna-

tional privé, Pan's, Editions Montchrestein, 1977; MORRIS, John Humprey Carlile, The Conflict of Lates; 2a, ed., Londres, Stevens and Sons, 1980; P E R E Z N I E T O C A S T R O , Leo-

nel. Derecho internacional privado, México, Haría, 1980. Patrick S T A E L E N S G U I L L O T

Pupilo, V. TUTELA.

Quebrantamiento de sanción. I. Es frecuente que los códigos penales modernos sujeten a pena el quebrantamiento de sanción, esto es, el quebrantamiento de condena judicialmente impuesta. El CP lo hace a propósito de los delitos contra la seguridad púbHca (aa. 155-159), de un modo que no torna fácil la tarea de reconducir coherentemente las diversas hipótesis de hecho a marcos conceptuales claros y firmes. II. Un ligero examen de la primera figura dehctiva contemplada en este c. II, tít. IV del libro II, deja ver ya algunas anomalías. Se previene, en efecto, en el a. 155, que: "Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga". Ni una ni otra consecuencia constituyen pena criminal, de donde se sigue que esa acción de fugarse no es un delito. Eflo guarda, por lo demás, conformidad con lo dispuesto en el a. 154, dn,acuerdo con el cual, "Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna", si por sanción se entienden las penas y medidas de seguridad señaladas en el a. 24 del CP. Agregúese a ello, como segunda anomalía, que quien se fuga hallándose en detención prisión preventiva no es reo y no podría propiamente cometer el dehto de quebrantamiento de sanción. 311

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Ríos Urniti, Buenos Aires, Albatros, 1943; K E L S E N , Hans, Teoría general del derecho y del Estado; trad. de Eduardo Garcú Máynez; 3a. ed., México, UNAM, 1979; ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, México, UNAM, 1962; ZlPPELiUS, Reinhold, Teoría general del Estado; trad. de Héctor Fix Fierro, México, UNAM, 1984.

Héctor Fix FIERRO y

Sergio LÓPEZ

AYLLON

Punibilidad, i;. PENA. Puntos de vinculación. I. Un punto de vinculación es el elemento de hecho o de derecho de una regla de conflicto bilateral que vincula una relación jurídica, a un 8Í8tema jurídico por medio de la localización objetiva de dicha relación jurídica. 11. Savigny fue el primer estudioso de derecho internacional privado que propuso, para resolver los conflictos de leyes, la determinación del derecho aplicable a partir de la vinculación existente entre la relación jurídica y un sistema jurídico. Para dicho autor es necesario localizar cualquier relación jurídica; tal localización se realiza por medio de un punto de vinculación o de conexión. Así, p.e., el domicilio o la naeionahdad son los puntos de vinculación aplicables a las personas, e! domicilio conyugal a los asuntos de divorcio, el lugar de ulíicación de los bienes a las acciones reales, etc. Todas las reglas de conflicto bilaterales contienen un punto de vinculación que permite la determinación de la ley apUcable al caso. Sin embargo, algunas reglas de conflicto bilaterales prevén varios puntos de vinculación, que pueden ser de aplicación acumulativa o alternativa. La localización de la relación jurídica por medio del punto de vinculación pone fin a la determinación del campo de aplicación de (as leyes como medio de resolución a los conflictos de leyes, es decir, al unilateralismo y permite así una mayor armonización entre los diversos sistemas jurídicos. Morris considera que la determinación de la ley aplicable por medio de un solo punto de vinculación Ueva, a veces, a soluciones injustas y propone que el derecho apUcable sea determinado por el centro de gravedad de la relación jurídica, cuando dicha relación tenga vinculaciones con varios países. Se trata así de una aplicación acumulativa de diversos puntos de vinculación. Actualmente la casi totalidad de los sistemas jurídicos utilizan el método de la localización de las relacio-

nes jurídicas para resolver los conflictos de leyes. La selección de los puntos de vinculación se vuelve, entonces de gran importancia, en particular el domicilio o la nacionalidad en cuanto al estado y capacidad de las personas. V. C O N F L I C T O D E L E Y E S . D E R E C H O INTERNACIO. NAL P R I V A D O . R E G L A S D E CONFLICTO. ni.

BIBLIOGRAFÍA: A R E L L A N O G A R C I A , Carlos,

Derecho internacional privado; 4a. ed., México, Porrúa, 1980; I/)USSOUARN, Yvon y BOUREL, Fierre, Droií international privé, Pan's, Dalloz, 1978; M A Y E R , Fierre, Oroit interna-

tional privé, Pan's, Editions Montchrestein, 1977; MORRIS, John Humprey Carlile, The Conflict of Lates; 2a, ed., Londres, Stevens and Sons, 1980; P E R E Z N I E T O C A S T R O , Leo-

nel. Derecho internacional privado, México, Haría, 1980. Patrick S T A E L E N S G U I L L O T

Pupilo, V. TUTELA.

Quebrantamiento de sanción. I. Es frecuente que los códigos penales modernos sujeten a pena el quebrantamiento de sanción, esto es, el quebrantamiento de condena judicialmente impuesta. El CP lo hace a propósito de los delitos contra la seguridad púbHca (aa. 155-159), de un modo que no torna fácil la tarea de reconducir coherentemente las diversas hipótesis de hecho a marcos conceptuales claros y firmes. II. Un ligero examen de la primera figura dehctiva contemplada en este c. II, tít. IV del libro II, deja ver ya algunas anomalías. Se previene, en efecto, en el a. 155, que: "Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga". Ni una ni otra consecuencia constituyen pena criminal, de donde se sigue que esa acción de fugarse no es un delito. Eflo guarda, por lo demás, conformidad con lo dispuesto en el a. 154, dn,acuerdo con el cual, "Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna", si por sanción se entienden las penas y medidas de seguridad señaladas en el a. 24 del CP. Agregúese a ello, como segunda anomalía, que quien se fuga hallándose en detención prisión preventiva no es reo y no podría propiamente cometer el dehto de quebrantamiento de sanción. 311

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III. El a. 156 conforma una segunda hipótesis de hecho, relativa "al extranjero expulsado déla Repiiblica que vuelva a ésta", a quien se impone prisión,amén de nueva expulsión. Ahora sí se trata de un delito, pero no de un delito de quebrantamiento de sanción. Y ello porque la expulsión de extranjeros no es una pena criminal, sino una facultad discrecional del ejecutivo, conforme al a. 33 de la C. IV. El tercer tipo previsto en este c. II del tít. IV del libro II concierne "al sentenciado a confinamiento que salga del lugar que se le haya fijado para lugar de su residencia antes de extinguirlo". La pena es prisión por el tiempo que falte para extinguir el confinamiento. He aquí otra anomalía, hecha notar también por los comentaristas del CP de 1931. Esta consiste, nada menos, en que el precepto resulta inaplicable, pues no hay previsión típica alguna en el código vigente conminada con la pena de confinamiento, pese a hallarse ella indicada en el elenco que figura en el a. 24 del propio GP. V. El a. 158 sanciona en sus dos frs. conductas consistentes, la primera en no ministrar el reo sometido a la vigilancia de la policía los informes que se pidan sobre su conducta, y ta segunda en violar un reo la prohibición de ir a determinado lugar o residir en él. Los comentaristas han dirigido también aguda crítica a este artículo. Se ha observado, en efecto, respecto de la primera de las señaladas hipótesis de hecho, que aunque la "vigilancia de la policía" se encuentre entre las penas y medidas de seguridad del a. 24, no hay en el código precepto alguno que la regule o indique su duración, lo que la toma inconstitucional. Parecida cosa se objeta a la "prohibición de ir a lugar determinado", que aunque impuesta en el a. 322 (para las lesiones y el homicidio), no tiene en parte alguna señalada su duración, lo que basta para tenerla también por contraria a la Constitución. VI. Tampoco desaparecen, por último, las dificultades en el último a. del c , el 159, conforme al cual "el reo suspenso en su profesión u oficio, o inhabilitado para ejercerios, que quebrante su condena, pagará una multa de veinte a mil pesos. En caso de reincidencia, se duplicará la multa y se aplicará prisión de uno a seis años". Las dificultades comienzan con que la ley dice "inhabilitado para ejercerios" en lugar de "privado de ejercerlos", para dejar incuestionablemente referido el precepto sólo a la pena de "suspensión o privación de derechos" del a. 24 núm. 12 y no también a ta pena de "inhabilitación, destitución o

suspensión de funciones o empleos" del núm. 13 del tantas veces citado a. 24. Surge, en seguida, el problema de üaber sí el a. 159 se contrae a la suspensión de derechos que por sentencia formal se impone como sanción (a. 45, fr. II) o se extiende a la que por ministerio de la ley resiüta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta (a. 45, fr. I), Puesto que el a. 46, al describir la pena de suspensión de derechos no comprende la suspensión de profesión u oficio entre las penas accesorias inherentes a ta prisión, falta la base legal para imponer accesoriamente a un reo la "suspensión de profesión u oficio", que mal podría entonces ser quebrantada. El a. 159 se refiere, pues, sólo a la suspensión de derechos que por sentencia formal se impone como sanción. V. EVASIÓN DE PRESOS. VII. BIBLIOGRAFÍA: CARRANCA Y T R Ü J I L L O , Raúl

y

y RJVAS, RaU, código Penai anotado, México, Forma, 1981; GONZÁLEZ DE LA V E G A , Francisco, E{ Código Penal comentado y la reforma de las leyes penales en México; 4a. ed., México, Porrúa, 1978; GONZÁLEZ DE LA V E G A , Rene, Comentarios al Código Penal, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1975; JiMENEZ H U E R T A , Mañano, Derecho penal mexicano, t. V, La tutela penal de la familia y de la sociedad; 2a. ed., México, Porrúa, 1983; P A V Ó N VASCONCELOS, Francisco y VARGAS L Ó P E Z , Gilberto, Derecho penal mexicano; parte especial, México, Porrúa, 1981. CARRANCA

Alvaro BUNSTER

Quebrantamiento de sellos. I. El CP castiga, como autores de un deÜto contra la autoridad, a quienes quebranten los sellos puestos por orden de la autoridad pública (a. 187) y a las partes interesadas en un negocio civil que de común acuerdo hagan lo propio respecto de los sellos puestea por ella (a. 188). II. Por sello se entiende generalmente cualquier distintivo que se coloca, grava o adhiere a una cosa para identificarla o asegurarla. Poco importa el material de que está hecho. Es usual que el sello consista en un lacre o plomo unido con hilo metálico o en una tira o trozo de papel o de género, tenidos por difíciles de falsificar en razón de lo que tienen gravado, firmado, impreso o estampado. Ese distintivo debe haber sido puesto con anterioridad por la autoridad pública, así sea esa colocación obHgatoria o facultativa para ella, dentro del ejercicio de sus funciones. El verbo quebrantar debe entenderse en sentido amplio, como sinónimo de violar, remover, romper o

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destuir, pues con todas esas acciones se pierde la identificación o aseguramiento que con la aposición del sello se persigue. La pena menor a la del a. precedente que impone el a. 188 a las partes interesadas en un negocio civil que de común acuerdo quebranten los sellos puestos por la autoridad, es un privilegio de discutible justificación. III. BIBLIOGRAFÍA: CARRANCA Y T R U J I L L O , Raúl y CARRANCA y R I V A S . Raúl, Código Penal anotado, México, Pornia, 1981; GONZÁLEZ DE LA V E G A , Rene, Comentarios al Código Penal, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1975; PAVON VASCONCELOS, Francisco y V A R G A S LÓPEZ, Gilberto,iíerec/iopenaí mexicano; parte especial, México, Porrúa, 1981. Alvaro BUNSTER

Queja. I. (De quejar y éste, a su vez, del latín coaetiare.) En su acepción más importante es el recurso que se interpone contra determinadas resoluciones judiciales que por su importancia secundaria no son objeto de la apelación, pero también puede entenderse como una denuncia contra la conducta indebida o ne^igente tanto del juzgador como de algunos funcionarios judiciales. IL El recurso de queja entendido como medio de impugnación tiene una configuración imprecisa, puesto qué su procedencia se establece de manera muy variable en los diversos ordenamientos procesales, y por ello la doctrina la ha llegado a calificar como un cajón de sastre. El destacado procesalista español Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, profundo conocedor de la legislación procesal mexicana califica la queja de subrecurso debido a su carácter accesorio respecto de la impugnación principal, que es la apelación. Por lo que respecta al segundo significado de la queja como una denuncia contra determinadas conductas judiciales que se consideran indebidas, se ha regulado en el ordenamiento mexicano como un medio para imponer sanciones disciplinarias, por lo que en realidad no tiene carácter procesal sino administrativo, IIL La queja como recurso, ha sido regulada en los procesos civil, de amparo, así como fiscal y de lo contencioso administrativo. A) En materia procesal civil el recurso de queja está previsto por los artículos 723-727 del CPC, que sirven de modelo para numerosos códigos procesales de las entidades federativas.

Según el citado a. 723, el recurso de queja tiene lugar: a) contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplaziamíento; b) respecto de las llamadas interlocutorias (en realidad autos), dictadas en la ejecución de sentencias; c) contra la denegación de la apelación, y d) en los demás casos fijados por la ley, entre los cuales pueden señalarse, de acuerdo con la doctrina, dos supuestos, es decir, en el caso de la resolución que dicte el juzgador en ejecución de sentencia pronunciada en otra entidad federativa o en el extranjero, y que condene al tercer opositor al pago de costas procesales (a. 6 0 1 , fr. 11, del mismo CPC), y en segundo lugar, también procede la queja contra la resolución del juez que ha impuesto una corrección disciplinaria después de oir al interesado (a. 63 del mismo ordenamiento). El citado recurso de queja se interpondrá ante el superior inmediato dentro de las veinticuatro horas que sigan al acto reclamado, comunicando su presentación en el mismo lapso al juez contra el cual se interpone, acompañándole copia, y este último debe remitir al superior informe con justificación en el plazo de tres días a partir del conocimiento del planteamiento de la impugnación. El citado recurso debe decidirse dentro del breve plazo de tres días (a. 725). Si la queja no está apoyada en hechos ciertos, debidamente fundada o exista recurso ordinario contra la resolución respectiva, será desechada por el tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado, de manera solidaria, una multa (actualmente insigrnficante), que no excederá de cien pesos (a. 726). El citado ordenamiento distrital también establece el recurso de queja respecto de otros funcionarios judiciales, como los que se calificaron de jueces ejecutores (suprimidos desde hace mucho tiempo) y los actuarios que tienen ciertas funciones de ejecución, pero sólo por defecto o exceso en las ejecuciones y por las decisiones en los incidentes de ejecución, y en este supuesto se hace valer la impugnación ante el juez de primera o de única instancia, que es el encargado del cumplimiento de la sentencia respectiva (a. 724). En tal virtud, en la mayor parte de los casos la queja en el procedimiento de ejecución de sentencia se hace valer contra el citado juez encargado del cumphmiento del fallo, pero en esta materia no es muy precisa la legislación distrital puesto que, no obstante lo dispuesto por la citada fr, II del a. 723, en relación con el a. 527 del mismo ordenamiento, la jurisprudcn313

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cia de la SCJ considera que es procedente el recurso de apelación y no el de queja, contra determinadas resoluciones pronunciadas por el juez de la causa en el procedimiento de ejecución de la sentencia, como son las relativas a la aprobación del remate y la adjudicación, las que no están encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución de la sentencia, y las que tienen por objeto evitarla, (tesis 2 5 , pp. 64--65, Apéndice alSJF de 1917-1975, cuarta parte, Tercem Sala). El propio a. 724 del CPC establece la procedencia de la queja ante el juez de la causa contra los secretarios del tribunal por omisiones y ne^igencias en el desempeño de sus funciones, pero en realidad, como lo ha hecho notar la doctrina, no se trata en este supuesto de la queja como recurso, que sólo puede interponerse contra resoluciones judiciales, a n o como denuncia de una actividad irregular de los secretarios que puede dar lugar a la imposición de correcciones o sanciones de carácter disciplinario en los términos de los aa. 291 y 302 de la LOTJFC. El CFPG no regula expresamente el recurso de queja, el que de manera incorrecta está contenido en los aa. 259-266 con la denominación anacrónica de denegada apelación, que no es el nombre de! recurso, sino la causa por la cual puede interponerse la impugnación, la que según la doctrina debe ser la queja, como correctamente lo dispone el citado a. 723, fr. III, del CPC. IV. B) Por lo que respecta al juicio de amparo, el recurso de queja está regulado de manera muy complicada por los aa. 95-102 de la LA, por lo que las disposiciones sobre su procedencia y tramitación son muy variadas. En forma sintética podemos señalar las siguientes re^as: Por lo que respecta a su procedencia, pueden agruparse los distintos supuestos, en las siguientes categorías: a) en primer término podemos señalar como una hipótesis genérica la establecida por la fr. VI del citado a. 95, de acuerdo con la cual, procede la queja contra las resoluciones dictadas por los jueces de distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos de jurisdicción concurrente, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en pimera instancia, cuando no sean reparables por las

mismas autoridades, por los Tribunales colegiados de circuito (TCC) o por la SCJ. b) Contra otras resoluciones de carácter secundario dictadas por los mismos jueces de distrito o los superiores de los que hubiesen sido señalados como responsables en los supuestos de jurisdicción concurrente, como ocurre respecto de los autos que admitan demandas que se consideren notoriamente improcedentes, a las resoluciones definitivas que se dicten en los incidentes de reclamación de daños y perjuicios con motivo de las garantías o contragarantías otorgadas para la efectividad de la suspensión de los actos reclamados, siempre que el importe de dicha reclamación exceda de treinta días de salario mínimo (a. 95, frs. I y VII). c) Por lo que respecta a las resoluciones dictadas con motivo de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo de doble grado, la queja procede en primer lugar contra las autoridades responsables por exceso o defecto en la ejecución del auto que hubiese otorgado dicha medida cautelar, o cuando no cumplan la concesión de la libertad bajo caución (a. 95, frs. III y IV). En los supuestos del-juicio de amparo de una sola instancia, se interpone la queja contra los proveídos de los jueces o tribunales que hubiesen dictado las sentencias reclamadas en amparo, cuando decidan sobre la propia suspensión de los fallos Impugnados o respecto de las garantías o contragarantías, o, en general, cuando causen daños o perjuicios notorios a alguna de las partes (a. 95, fr. VIII). En la misma materia de suspensión, una queja de segundo grado puede interponerse contra las resoluciones dictadas por los jueces de distrito, superiores de los tribunales a quienes se impute la violación y excepcionalmente los TCC, con motivo de las quejas promovidas inicialmente contra las autoridades responsables. Las reformas de diciembre de 1983 introdujeron también la queja contra las resoluciones dictadas en primera instancia sobre la suspensión provisional, que anteriormente no admitían recurso alguno (a. 95, frs. V y XI). d) En cuanto a la ejecución de la sentencia de amparo que otorga la protección, la queja también procede, en primer término contra las autoridades responsables por defecto o exceso en el cumplimiento de las propias sentencias, ya sea que hubiesen sido pronunciadas en amparo de doble instancia o de único grado (a. 95, frs. IV y IX); y en un segundo grado respecto de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito o por los superiores de los tribunales a los que

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se impute la violación en jurisdicción concurrente y excepcional mente por los TCC, con motivo de las anteriores quejas contra las autoridades responsables, o bien respecto de las decisiones para lograr el cumplimiento del fallo de amparo de acuerdo con el a. 105 de la misma LA (a. 95, frs. V y X). Los plazos para interponerlos diversos recursos de queja son variados, pero en general podemos afirmar que cuando se trata de queja contra las autoridades responsables por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ésta puede interponerse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; y si se trata de excedo o defecto en la ejecución de la sentencia protectora, el plazo es de un año a partir del conocimiento del cumplimiento irregular, que también puede ser reclamado por los terceros extraños afectados, salvo los supuestos de actos que afecten la vida, la integridad corporal o la libertad, o en el de derechos de ejidatarios, comuneros o núcleos de población (a, 230 LA, en este último caso), puesto que entonces la queja puede presentarse en cualquier tiempo (a. 97 LA). En las demás hipótesis el plazo es de cinco días a partir del siguiente al que surte efectos la resolución combatida. V. C) También se encuentra regulada la queja en los procesos fiscal federal y contencioso administrativo distrital. Por lo que respecta al primero, los aa. 245 a 247 del CFF vigente regulan el recurso de queja que la parte perjudicada puede interponer ante la sala superior del Tribunal Fiscal de la Federación (TFF) contra las resoluciones de las salas regionales violatorias de la jurisprudencia del propio tribunal. La instancia debe presentarse por conducto de la sala regional dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, con las copias del escrito para las demás partes y, en su caso, la propia sala regional, la que turna el citado escrito al presidente del tribunal, quien está facultado para desecharlas quejas notoriamente improcedentes. Si el recurso es admitido, se designa magistrado instructor y se corre traslado a las otras partes por un plazo de cinco días, transcurrido el cual, se turna el expediente al propio instructor para que formule proyecto resolución en un plazo que no excederá de un mes a partir del día en que hubiese recibido los autos. La sata superior revocará la resolución si considera fundados los agravios del quejoso, a menos que considere que debe subsistir por otros motivos legales o porque resuelva modificar su jurisprudencia.

A su vez, el a. 87 de la LOTCADF establece un recurso similar al anterior, pero sin darle expresamente la designación de queja, que es el que realmente le corresponde. Dicho precepto dispone que dentro del plazo de tres días, las partes pueden pedir la revisión de las resoluciones de las salas cuando exista contradicción o vitílen la jurisprudencia, para que el pleno, con efectos de jurisprudencia, resuelva en definitiva. VI. D) Finalmente, la queja equivale a una denuncia cuando se utiliza para manifestar inconformidad con la actuación de los funcionarios judiciales, y por ello asume un carácter administrativo. En este sentido podemos señalar el a. 47 del tít. especial de la justicia de paz del CPC, que regula el recurso de queja ante el superior respectivo, contra el juez de paz que estando impedido, no se excuse en el conocimiento del asunto, a fin de que el segundo imponga una sanción disciplinaria. Los aa. 278 y 279 de la LOTJFC consagran la queja (que también cahfican de denuncia) contra los funcionarios o empleados de la administración de justicia distrital, y cuando se señalen faltas oficiales de actuarios, secretarios, jueces y magistrados del fuero común, deberán constar por escrito para su debida tramitación, con la firma del denunciante y expresión de su domicilio. El funcionario encargado de la declaración de culpabilidad y de la imposición de la sanción respectiva, o la presidencia del tribunal en el caso de que correspondiera a! pleno, debe decidir sobre la cuestión planteada en un plazo no mayor de un mes. La LOPJF regula la queja administrativa o denuncia en el a. 13, fr. VI, el ciial atribuye al presidente de la SCJ la atribución de recibir quejas sobre las faltas que ociuran en el despacho de los negocios, tanto de la competencia del Pleno, de alguna de las salas, de los TCC, o Juzgados de distrito. Si las faltas fueren leves dictará las providencias oportimas para su corrección o remedio inmediato, y si fueren graves dará cuenta al Pleno, a fin de que éste, con apoyo en el a. 12, fr, XXX, del mismo ordenamiento, imponga sanciones disciplinarias a los jueces de distrito y magistrados de circuito, si se demuestran dichas faltas graves, pero debe suspenderlos para consignarios al MP, si aparece su presunta responsabilidad en la comisión de un delito. V. A P E L A C I Ó N , D E N E G A D A APELACIÓN. M E D I O S

DE IMPUGNACIÓN, RECURSO, RESPONSABILIDAD JUDICIAL.

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nen al derecho penal sustantivo, con independencia de que tengan su reflejo obvio en el derecho penal adco, UN AM, 1 9 7 6 ; B A Z A R T E CERDAN,WUIebaldo,ioj rejetivo. Lce.8egundo8 atañen, directa e inmediatamente, curtos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito ' a la propia existencia de la relación jurídico procesal, y Tejritorios Federales, México, Botas, 1958; BECERRA ya que suponen la promoción de la acción penal. BAUTISTA, José, EI proceso dvH en México; 10a. ed., México, Porrúa, 1982;BURGOA O R I H U E L A , Ignacio, £ Í juiEn esta tesitura, los presupuestos procesales se sincio de amparo; 19a. ed., México, Pomía, 1983; CASTRO, Jutetizarían en los siguientes: a) la iniciativa del MP en ventino V., Lecciones de garantías y amparo; 3a. ed,, México, el ejercicio de la acción penal; 6) la legítima constituPorrúa, 1981; HERNÁNDEZ, Octavio A., Curjo de amparo. ción del juez, y c) la intervención, la asistencia y Instituciones fundameiúáles; 2a. ed., México, Porrúa, 1983; —eventualmente— la representación del imputado en NORIEGA C A N T U , Alfonso, Lecciones de amparo; 2a ed., México, Porrúa, 1980; OVALLE F A V E L A , José, Derecho los casos y con las formalidades preceptuadas en la ley. procesal civil, México, Haría, 1980. • No obstante lo anterior, los presupuestos procesales sin cuya presencia no puede darse un procedimienHéctor F I X - Z A M U D I O to penal auténtico, presuponen —a su vez—un elemento material, o material-formal, indispensable para su consideración practica. Querella. I. Del latín querella, acusación ante juez o tribunal competente, con que se ejcutan en forma soEste elemento es el hecho jurídico de la noticia del lemne y como parte en el proceso la acción penal delito, noticia que puede vincularse a determinados contra los responsables de un delito. actos jurídicos, que influyen en la constitución de la II. Para la iniciación del procedimiento penal, y relación procesal (denuncia, querella, requerimiento, consecuentemente para que pueda darse válidamente etc.), o puede dimanar de otra fuente, determinando el proceso, en el plano doctrinal y en el estrictamente la actividad del órgano competente para promover la legal se ha señalado la necesidad ineludible de ciertos realización plena de la relación mencionada. elementos que le den vida; ello implicaría la consideEn dichas condiciones, para que se dé el proceso, ración investigativa de los presupuestos procesales, de resultan indispensables: a) un órgano de la jurisdicción las condiciones objetivas de punibilidad, de las cuespenal, legítimamente constituido; b) una "jurisdictiones prejudiciales y de los requisitos de procedibilición penal genérica", sea o no competente para el dad. concreto supuesto fáctíco; c) una relación jurídico peEl trámite normal, ordinario, en relación a la mayonal de carácter sustantivo; d) la presencia del MP, y ría de los delitos contenidos en la parte especial del e) la intervención de la defensa. ordenamiento jurídico punitivo, sería el de la denunEn fimción de todo lo anterior, cabe deducir la necia, verbal o por escrito, ante e\ Ministerio Público cesidad de todo un conjunto de antecedentes jurídicos, (MP) o ante cualquier funcionario o agente de la polipreviamente exigibles, para la realización del proceso. cía judicial, situación que obliga a proceder de oficio Así: sin el acto o hecho material sustantivo penal, sin a la investigadón de los delitos dentmciados, pero hay el órgano acusatorio, sin el organismo jurisdiccional y algunas infracciones que requieren para su persecución la actuación de la defensa, no es dable la concepción el cimiplimiento de algún requisito de procedibilidad, procesal, ya que, aunque se produzca eXfactum delico que quede superado algún obstáculo procesal que tual, al no integrarse la relación jurídico procesal no impida la iniciación del procedimiento o la prosecuhabría proceso. ción del mismo (aa. 262-263 del CPP y 113-114 del UI. En cuanto a las condiciones objetivas de puniCFPP). bilidad, noción ésta de raigambre eminentemente susManzini indica que los presupuestos procesales son tantiva penal, son exigencias específicas y concretas, condiciones de existencia, requisitos esenciales para el que el legislador establece, con carácter ocasional, panacimiento y la válida constitución de la relación prora la punición de algunos eventos. El caso típico de cesal, considerada en sí misma, y en sus distintas fases. esta exigibUidad lo tenemos en el adulterio de los aa. En este orden de cosas, conviene precisar la dife273-276 del CP. renciación de los presupuestos referentes al contenido Puede detectarse una cierta identidad entre dichas material del proceso, de los relativos a la esencia y a condiciones objetivas de punibilidad y las denominalos contenidos formales de él. Los primeros concierdas cuestiones prejudiciales, que quedarían conceptuaVII. BIBLIOGRAFÍA: BARQUÍN A L V A R E Z , Manuel, Los recursos y ¡a organización judicial en materia civil, Méxi-

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das como cuestiones de derecho, cuya' resolución es presentada como antecedente, lógico y jurídico, de la estricta problemática sustantiva penal, objeto del proceso, y que atañen a una relación, de naturaleza particular y debatida, y muestran su similitud con los requisitos de procedibilidad. En sustancia, puede hablarse de aspectos diversos de una misma cuestión, porque cuando nos referimos a las condiciones objetivas de punibilidad estamos utilizando la perspectiva penal sustantiva en general, y cuando aludimos a las cuestiones prejudiciales el enfoque se avoca al conocimiento del punto de vista procesal stricto sensu, enlazando todo ello con los requisitos de procedibilidad como condiciones que han de ser cumplidas, en cuanto trámite previo para proceder contra quien ha infringido una específica norma penal sustantiva. IV. El preámbulo expuesto r^ulta necesario, o al menos conveniente, para entrar, directamente ya, a lo relativo a la querella. Colín Sánchez afirma que, algunas veces, al referirse a la querella se la ubica dentro de las condiciones objetivas de punibilidad, en otras ocasiones se le confiere el carácter de verdadero instituto procesal. Persiste, por tanto, la doble vertiente de significancia Hngüística. y —en el derecho mexicano— los requisitos de procedibilidad son: la querella, la excitativa y la autorización. Existen supuestos, en que —para iniciar el procedimiento— es necesario que se den los requisitos mencionados, y aunque pudiera ocurrir que el MP, prescindiendo de ellos, llevara a cabo la averiguación previa y la consignación de los hechos, no se conseguiría el completo desarrollo del proceso. La querella, entre los requisitos de procedihiÜdad, es uno de los más interesantes, especialmente por su sugerente problemática. En una conceptuación generalizadora, más que nada descriptiva, la querella es una facultad (derecho potestativo. Colín), del ofendido por el delito para hacerlo llegar al conocimiento de las autoridades y dar su consentimiento para que sea perseguido. En los delitos perseguibles exclusivamente a instancia de parte, no solamente el agraviado, sino también su representante legítimo, cuando lo consideren pertinente, harán conocer al MP la ejecución del evento delictivo, con la finahdad de que éste sea perseguido, aunque siempre será necesaria la expresión de voluntad del titular del derecho.

Sabido es que, en nuestro país, por imperativo del a. 21 de la C el MP tiene la titularidad, excluyente y exclusiva, del ejercicio de la acción penal: "La persecución de los dehtos incumbe al Ministerio Púbüco y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél" (a. reformado según decreto publicado en el DO del 3 de febrero de 1983). En el proceso penal mexicano, sólo el Ministerio Público, ya sea federal o local, según su respectiva esfera jurídica, puede iniciar el juicio criminal propiamente dicho, a través de la consignación, que equivale a la demanda en las restantes ramas del enjuiciamiento. En efecto, de acuerdo con una interpretación (sumamente discutida en el campo doctrinal) del a. 21 constitucional, los códigos procesales mexicanos han consagrado el principio del monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del propio MP, (aa. 3-8, del CPP y 136-140 CFPP, que son las normacionts típicas para los restantes códigos de las entidades federativas). Este principio esencial tiene varias consecuencias dentro del enjuiciamiento penal, ya que poruña parte, el ofendido por el delito carece de la calidad de parte, ni siquiera de forma subsidiaria; así lo establece expresamente el a. 141 del CFPP, que sólo concede al ofendido la facultad de proporcionar elementos que conduzcan a comprobar la existencia del delito y la responsabilidad del inculpado (y, de análoga manera, lo preceptúa el a. 9 del CPP). Sólo se admite la participación del ofendido o de sus causahabientes tratándose de la reparación del daño y de la responsabilidad civil proveniente del deUto, y su actuación puede tener consecuencias sobre la responsabilidad del propio inculpado exclusivamente en cuanto otorga el perdón tratándose de los delitos perseguibles a instancia de parte o de querella necesaria (a. 93 del CPP). El señalado principio del monopoÜo del ejercicio de la acción penal por parte del MP, se ha llevado a extremos (que un considerable sector doctrinal ha estimado inconveniente), tanto por la legislación como por la jurisprudencia, en cuanto el propio MP puede negarse a ejercitar la acción penal, o bien, cuando ya se ha iniciado el juicio, formular conclusiones no acusatorias o desistirse de la acción penal, con efectos vinculatorios para el juez de la causa, a través de un simple control interno del mismo MP, determinado el sobreseimiento definitivo y la libertad del inculpado con idénticos efectos a los de una sentencia absolutoria (aa. 323-324 del CPP y 298, fi-s. I y 11 del CFPP). 317

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Si el MP no realiza la consignación, desiste de la acción penal, o formula conclusiones no acusatorias, el ofendido carece de legitimación para acudir al juicio de amparo solicitando el examen judicial de estas decisiones del propio MP, de conformidad con la jurisprudencia de la SCJ (Apéndice al SJF de 1917-1975, segunda parte, Primera Sala, tesis núm. 198, p. 408). La situación es de considerable gravedad como resultado de lo dimanante tanto de la normación legal como de la tesis jurisprudencial indicada, a lo que se une que la policía judicial, a pesar de su denominación, depende de las órdenes del MP (aa. 3 fr. I del CPP; 3 . fr. I, del CFPP, y 21 de la C pfo. primero, segundo lincamiento). A todo lo expuesto, aplicando la conexión normativa de sentido, hay que añadir que el MP (tanto federal como local), está jerárquicamente organizado y encabezado por el pertinente procurador general, designado y libremente removido, ya sea por el presisidente de la República (aa. 102 de la C, reglamentado por la Ley de la Procuraduría General de la República, 7 3 , fr. VI, base 5a., de la C, Así como por las disposiciones re^amentarias correspondientes), en lo referente a los procuradores de la República y del Distrito Federal, y por los gobernadores de los estados en los demás casos. Tras esta conté xtualización, ubicatoria de la especificidad del régimen mexicano, se impone el terminar de perfilar todo lo restante en relación a la querella. V. La querella, como ha quedado oportunamente indicado, tiene una doble proyección: stistantiva (bajo el aspecto de condición objetiva de punibilidad), y estrictamente procesal (donde toma la configuración de requisito de procedíbilidad). En el plano sustantivo, puede ser estimada como una manifestación de voluntad del sujeto pasivo del delito dirigida a solicitar el castigo del mismo; bajo esta conceptuación queda en estrecha conexión con el perdón, en cuanto derecho. El fundamento de la institución jurídica de la querella reside en una doble exigencia: a) en ciertos eventos típicos, por su escasa reletancia social y comunitaria, la ley permite al sujeto pasivo del delito (es decir, al titular del bien o bienes jurídicamente tutelados), una determinación volitiva en orden a la misma ilicitud del factum, o de la oportunidad o no de poner en movimiento a la maquinaria judicial, y 6) en otros delitos, éstos si de mayor trascendencia socio^comunitaria (estupro, aa. 262-264 del CP; abuso de confianza, aa.

382-385 del CP), la ley remite a la voUción del sujeto pasivo del delito la elección o no de la vía judicial. La razón, en este segundo supuesto, es que la utilización de la vía judicial podría (por el cortejo, inevitable, del strepitus fori, que la acompaña, en frase de Giovanni Leone), provocar al mismo ofendido un daño mayor que la posible reparación o satisfacción judicial. De todas formas, los dos supuestos vienen a desembocar en el principio de la subordinación del interés público particular, "subordinación producida, o por la conveniencia para el Estado de atender al interés particular frente a un interés p ú b l i c o . . . , o por lo tenue del interés público". Desde luego, la re^a general es la persecución de oficio, mientras que la perseguibüidad mediante la querella constituye la excepción; consecuentemente, la querella solamente procede en los casos expresamente previstos por la ley: códigos o leyes especiales. VL La doctrina se ha escindido en dos posiciones en cuanto a la naturaleza juridica de la querella, y su correspondiente ubicación dentro de la parcela penal. Un grupo de distinguidos tratadistas entiende que la querella debe situarse en el ámbito general de la materia punitiva; la estiman una condición objetiva de punibilidad, y no un mero presupuesto procesal, ya que —con ella— no se promueve la acción penal, por ser ésta una condición de derecho sustantivo para la punibilidad; el evento delictuoso se hace punible y constituye, por consiguiente, delito sólo en cuanto sea querellado. Manzini, Massari, Pannain, etc., la incluyen dentro del derecho penal aistancial o material. El Estado ve limitado su poder de sancionar, al quedar en manos del sujeto pasivo del delito la posibihdad de poner en movimiento la acción penal. Frente a esta postura, destacados especialistas actuales nos hablan de la querella como de un requisito o condición de procedibilidad, así Florián, Attagjini, Riccio, Ranieri, Vannini, Maggiore, Antolisei, entre otros, de los extranjeros y Villalobos, González Bustamante, Franco Sodi, Rivera Silva, Pina y Palacios, Colín Sánchez entre los nacionales. El frindamento de esta posición reside en que se trata de un derecho potestativo del ofendido por el delito, para hacerio del conocimiento de las autoridades; la actuación de la máquina judicial se encuentra condicionada a la manifestación de voluntad del particular, sin la cual no es factible el proceder; la conclusión, tras este razonamiento, se impone (para los

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particulares de esta p o s t u r a doctrinal), la querella es

d a m e n t e interpuesta, d e b i d a m e n t e formulada, c u a n d o

u n verdadero requisito de procedibilidad.

sea presentada p o r la p a r t e ofendida

En realidad, c o m o se ha e s b o z a d o a n t e r i o r m e n t e , son dos caras de la m i s m a m o n e d a . Cabe sostener la caracterización c o m o c o n d i c i ó n objetiva de punibilidad, sin desdoro de su c o n c e p t u a c i ó n c o m o i n s t i t u t o procesal.

mente de que sea menor de edad. La querella presentada p o r los legítimos represent a n t e s será válida, p o r q u e la n o r m a c i ó n procesal lo autoriza; sin e m b a r g o , en las querellas presentadas p o r personas físicas será suficiente u n p o d e r semejante, c o n excepción de los casos de r a p t o , e s t u p r o o adulterio, en los que sólo se tendrá p o r formulada direct a m e n t e p o r alguna de las personas referidas en la part e final del primer p f o . del a. 2 6 4 del CPP.

E n t e n d e m o s que se t r a t a de u n derecho subjetivo p ú b l i c o . Y c r e e m o s que es así, p o r q u e n o q u e d a al arbitrio del particular el decidir si la p e n a será o n o aplicada (el jus puniendi tiene u n ú n i c o t i t u l a r : el E s t a d o ) ; p o r o t r a p a r t e , aun interpuesta la querella n o se sigue indefectiblemente la llegada a la sentencia, ni t a m p o c o que ésta vaya a ser a u t o m á t i c a m e n t e c o n d e n a t o r i a . F i n a l m e n t e , la posibilidad del desistimiento d e ! particular n o significa, en a b s o l u t o , que sea dejado a su decisión, o a su capricho, la p u n i c i ó n del h e c h o delictivo. VIL En c u a n t o a la forma de la querella, en el derecho c o m p a r a d o , hay distintos t r a t a m i e n t o s . Países (nos referimos a hispanoparlantes) c o m o España o la República Argentina exigen requisitos m u y específicos para su formulación legal. El a. 176 del Código de Procedimiento Penal argentino establece, c u a n d o men o s seis exigencias formales en la redacción de la querella. T o d o s ellos c o n d u c e n a u n a considerable similit u d c o n las d e m a n d a s civiles. La Ley de Enjuiciamient o Criminal española, p o r su p a r t e , en el a. 2 7 7 eleva a siete los requisitos para su debida formulación. E n t r e ellos cabe destacar la necesidad de su presentación m e d i a n t e p r o c u r a d o r , c o n p o d e r b a s t a n t e , y bajo la dirección técnico-jurídica de u n profesional del derec h o ( a b o g a d o en ejercicio), es decir, de l e t r a d o . En la República mexicana, p u e d e n diferenciarse los requisitos y el c o n t e n i d o . Su formalismo es m u c h o m e n o s q u e en los o r d e n a m i e n t o s citados. 1. En cuanto a los requisitos, p o d r á n presentarla: o) el o f e n d i d o (aa. 1 1 5 del C F P P y 2 6 4 del C P P ) ; b) su representante l e g í t i m o , y c) el a p o d e r a d o , siendo suficiente la tenencia de u n p o d e r general para pleitos o cobranzas, c o n cláusula especial, sin necesidad de a c u e r d o previo o ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas ni poder especial para el caso c o n c r e t o (a. 2 6 4 del CPP). 2. En referencia al contenido, la querella c o n t e n drá: fl) u n a relación verbal o p o r escrito de los hechos, y 6) la ratificación, ante la autoridad c o r r e s p o n d i e n t e , del p r e s e n t a d o r de la m i s m a . El reiterado a. 2 6 4 del CPP señala que estará váli-

independiente-

Chiovenda m a n t i e n e que la querella da n a c i m i e n t o a u n a a u t é n t i c a sustitución procesal, p o r q u e quien la ejercita obra procesalmente en n o m b r e p r o p i o para ejercitar u n d e r e c h o de o t r o , el jus puniendi cjue es p a t r i m o n i o exclusivo del E s t a d o . Pero n o es u n a sust i t u c i ó n procesal cualquiera sino muy especial, sui generis, p o r q u e el s u s t i t u t o n o actúa sólo en el proceso, sino c o n t e m p o r á n e a , c o n c u r r e n t e , paralelamente con el sustituido, representante del titular del derecho material. VIIL Por ú l t i m o , el derecho de cjuerella se extingue: ü) p o r m u e r t e del agraviado; b) p o r p e r d ó n ; c ) p o r c o n s e n t i m i e n t o ; d) p o r m u e r t e del responsable, y e) p o r prescripción. IX. BIBLIOGRAFÍA: B E L I N G , Ernesto von, Derecho procesal penal; trad, de Miguel Fenech, Barcelona, Labor, 1943; C O L Í N S A N C H E / , GuUlermo, Derecho mexicano de procedimientos penales; 5a. ed,, México, Porrúa, 1979;FlX. Z A M U D I O , Héctor y OVALLE F A V E L A , José, "Derecho procesal". Introducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. II; L E O N E , Giovanni, Tratado de derecho procesal penal; trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964, 3 vols,; M A N Z I N I , Vincenzo, Tratado de derecho procesal penal; trad. de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961, t. IV; R I V E R A S I L V A , Manuel, EI procedimiento penal; 9a. ed., México, Porrúa, 1979. Rafael MÁRQUEZ PiÑERO

Quiebra. 1. (De quebrar), según el diccionario de la lengua, es u n juicio universal para liquidar y calificar la situación del c o m e r c i a n t e q u e b r a d o . Quebrar, cesar en el c o m e r c i o p o r sobreseer en el p a g o corriente de las obligaciones c o n t r a í d a s y n o alcanzar el activo a cubrir el pasivo. Desde u n p u n t o de vista procesal, la quiebra es u n juicio universal, que tiene p o r objeto la liquidación 319

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del patrimonio del deudor común, para distribuirlo entre los acreedores legítimos en la proporción que les corresponda y la rehabilitación del quebrado, en el caso en que proceda (o. aa. 380 a 393 LQ). II. Presupuestos de la quiebra: para que el juicio universal de quiebra proceda, es necesaria la declaración judicial, misma que a su vez, depende de dos requisitos: que se trate de un comerciante y que éste se encuentre en cesación de pagos respecto a sus obligaciones (a. l o . LQ). a) Comerciante: según el a. 3o. del CCo., se reputan en derecho comerciantes, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; así como las sociedades constituidas con arreglo o las leyes mercantiles; y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio {v. a. 13 in fine, LQ). A pesar del sistema subjetivo que parece desprenderse del a. l o . de la LQ, en el sentido de que únicamente los comerciantes pueden ser declarados judicialmente en estado de quiebra, la propia ley establece diversos supuestos en los que procede dicha declaración sin que exista la figura del comerciante. El a. 4o., p.e., que dispone: "la quiebra de una sociedad determina que los socios ilimitadamente responsables sean considerados para todos los efectos como quebrados. Dichos socios pueden no ser comerciantes". Igualmente el precepto en comentario, establece la posibilidad de quiebra de una sociedad irregular, misma que formalmente no es comerciante. El a. 3o. de la propia ley, regula la quiebra de un comerciante retirado, de un comerciante difunto, así como la quiebra de la sucesión de un comerciante. Supuestos todos, en los que no existe la figura del comerciante. La doctrina también señala un caso en el que no existe la calidad de comerciante: la quiebra de la empresa heredada por el menor de edad; en este supuesto y no reuniendo los requisitos para que se le emancipe, deviene titular de una empresa mercantil, la cual puede ser llevada a la quiebra, á n que el menor tenga la calidad de comerciante, mientras no tenga representante. En el supuesto de la quiebra de un comerciante difunto, tenemos que hay declaración de quiebra sin quebrado, puesto que aquella no afectará- a éste, sino únicamente a su patrimonio, por lo que también po-

dría sostenerse que, tratándose del patrimonio ñduciario, que puede considerarse válidamente como una universalidad de derecho, que además de los bienes que lo forman, también existen derechos y obligaciones con cai^o al mismo, puede darse la situación de cesación de pagcw en dicho patrimonio dado en fídeiconÚBo. Sobre este particular, la LQ, es totalmente omisa, por lo que, por analogía, habrá de llegarse a la quiebra del fideicomiso. 6) Cesación de pagos: el segundo presupuesto de la quiebra, es la cesación de pagos y se manifiesta cuando se da el fenómeno de la insolvencia o decocción que, es aquel estado, característico del deudor al que le es absolutamente imposible atender al pago de sus obligaciones, a su vencimiento (Brunetti). El a. 2o. de la LQ, señala en términos generales, los casos en que se presume que un comerciante se encuentra en cesación de pagos: "incumplimiento general en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas; inexistencia o insuficiencia de bienes en que trabar ejecución al practicarse un embargo porincumplimiento de una obligación o al ejecutarse una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; ocultación o ausencia del comerciante sin dejar al frente de su empresa alguien que legalmente pueda cumplir con sus obligaciones; en iguales circunstancias, el cierre de los locales de su empresa; la cesión de sus bienes en favor de sus acreedores; acudir a expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios para atender o dejar de cumplir sus obligaciones; pedir su declaración en quiebra; solicitar la suspensión de pagos y no proceder ésta, o si concedida no se concluyó un convenio con los acreedores; incumplimiento de las obligaciones contraídas en convenio hecho en la suspensión de pagos". Dicha enumeración no es limitativa, pues el propio a. 2o. dispone, que en cualesquiera otros casos de naturaleza análoga, se presumirá que el comerciante cesó en sus pagos. III. Demanda de declaración del estado de quiebra: para que dicho estado se constituya, invariablemente se requiere la formulación de una demanda, en la que se expresen los supuestos en que se considera que el comerciante en cuestión cesó en sus pagos. ¿Quiénes pueden formular la demanda?: El a. 5o. de la LQ, legitima al propio comerciante, a uno o varios de sus acreedores, al Ministerio Público, e incluso, dispone que la declaración de quiebra podrá hacerse de oficio, en los casos en que la ley lo disponga (y. p.e., a. 10 LQ).

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El comerciante que pretenda la declaración de su estado de quiebra, deberá presentar la demanda firmada por sí, por su representante legal o apoderado especial, en la que razone los motivos de su situación, acompañando los libros de contabilidad que tuviere obligación de llevar y los que voluntariamente hubiere adoptado, así cómo una relación que comprenda los nombres y domicilios de todos sus acreedores y deudores, la naturaleza y monto de sus deudas y obligaciones pendientes. Cuando el número de acreedores pasare de mil o cuando fuese imposible determinar la cuantía de sus créditos, bastará que se haga constar, con referencia al último balance de situación, el número aproximado de aquéllos, el nombre y domicilio de los conocidos y el importe global de sus créditos ( a . 6 o . LQ.). "Si el comerciante fuese una sociedad, la demanda deberá suscribirse por las personas encargadas de usar la firma social; en los casos de sociedades en liquidación, por los liquidadores, y en los de una sucesión, por los albaceas" (a. 7o. LQ). "La demanda de una sociedad para que se le declare en quiebra deberá ir acompañada de una copia de la escritura social y de la certificación de inscripción en el Registro Público de Comercio, si existieren" (a. 8o. LQ). Si no se cumple con este requisito, se está en el supuesto de la quiebra de una sociedad irregular (v. a. 2o., pfo. tercero LGSM). Los acreedores y el Ministerio Público, cuando soliciten la declaración de quiebra de un comerciante, deberán demostrar que el deudor se encuentra en algunos de los casos de cesación de pagos (a. 9o.). IV. Autoridades competentes para conocer de la quiebra: la demanda de declaración de quiebra, se presentará, tratándose de "la quiebra de un comerciante individual, ante el juez de distrito o el de primera instancia del lugar sujeto a su jurisdicción en donde se encuentre el establecimiento principal de su empresa y, en su defecto, en donde tenga su domicilio"(a. 13 pfo. primera LQ). Tratándose de comerciantes colectivos, i.e., de sociedades mercantiles, es competente para conocer de dicho juicio, "el que tenga jurisdicción sobre el domicilio social y, en el caso de irrealidad de éste, el del lugar en donde tenga el principal asiento de sus negocios" (ídem, pfo. segundo). V. Sentencia de declaración del estado de quiebra: una vez que la autoridad competente recibe dicha demanda, citará al deudor, al Ministerio PúbÜco y, en su

caso, a los socios ilimitadamente responsables, dentro de cinco días, a una audiencia, en la que se rendirán pruebas, procediéndose, en ese mismo acto, a dictar la correspondiente resolución (a. 11 LQ). Dicha resolución judicial que declara la quiebra, tiene el carácter de sentencia y su' contenido se encuentra previsto por el a. 15 LQ. VI. Masa activa: conjunto de bienes formado, tanto por los que pertenezcan al quebrado en el momento de dictarse la sentencia de quiebra, como por los que adquiera a partir de que se encuentre en dicho estado, hasta finalizarse el mismo, y que serán destinados a cubrir la parte que le corresponda a lodos los acreedores que, en el momento de la declaración de quiebra, tuviesen en contra del deudor un derecho de crédito patrimonial. Uno de los efectos de la sentencia que declara la quiebra, es el privar al quebrado del derecho de administrar y disponer de sus bienes presentes y futuros

(a. 83 LQ). El a. 15, fr. III LQ, ordena privar al quebrado de su patrimonio y dar posesión del mismo al síndico, con el objeto de destinado a la hquidación concursal, i.e., de integrar la masa activa. VIL Masa pasiva: conjunto de acreedores de la quiebra. Para su integración, la sentencia que declara el estado de quiebra previene (a. 15, fr. V LQ) que los acreedores sean citados a efecto de que presenten sus créditos para examen, en el término de 45 días contados a partir del siguiente al último de la publicación. Los aa. 226 y 227 LQ, señalan que el mismo día que se presente cada demanda, el juez dará cuenta con ella al síndico, remitiéndole su copia y las pruebas adjuntas, para que formule su dictamen; y, el síndico a su vez, dará cuenta a la intervención, para que dictamine sobre la demanda y ambos rendirán sus informes al juez (a. 228 LQ). Los acreedores del deudor, por lo tanto, formarán una colectividad en función de sus intereses comunes, dentro del proceso de ejecución de dicho patrimonio, pues con lo que se obtenga mediante su liquidación, se cubren, en lo posible, sus créditos, de acuerdo al principio de la par candido creditorum, í.e., de la igualdad de trato. Principio que contradice la propia ley, debido a los créditos privilegiados que se previenen en los aa. 260-271 LQ, y en otras leyes (v. p.e., a. 129 LIS), de lo que se desprende, que el principio aludido únicamente se aplica a los acreedores quirografarios. 321

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VIH. Órganos de la quiebra: en ei proceso de la quiebra intervienen varios órganos, como son: el juez, el sindico, la junta de acreedores y la intervención. a) El juez: es el órgano supremo de la quiebra a (|uien la ley le atribuye facultades de administración del patrimonio del quebrado y de dirección del procedimiento, enumerando en forma minuciosa sus atribuciones (i;. aa. 197, 26, 27, 24, 67, etc., LQ). b) El sindico. c) La junta de acreedores: las funciones de este órgano, de acuerdo a la ley, son las de nombrar a la intervención definitiva (a. 61 LQ), asi' como la de aprobar o reprobar el convenio preventivo o extintivo de laquiebra(aa. 305, 3 1 1 , 3 1 4 , 315 y 345 LQ). La ley establece los casos en que los acreedores se reunirán, tanto ordinaria como extraordinariamente, convocados por el juez (aa. 73, 74 y 76 LQ); igualmente se previene que la junta se reunirá para reconocimiento y graduación de créditos (a. 15, fr. VI de la LQ). d) La intervención: es el órgano encargado de representar los intereses de los acreedores, integrándose bien sea por uno, tres o cinco acreedores (aa, 63 y 65 LQ) de la quiebra. Son nombrados en forma provisional por el juez, en la sentencia declarativa de la quiebra (a. 59 LQ), y en forma definitiva en junta de acreedores en votación nominal (aa. 59-61 LQ);sin embargo, la existencia de este órgano no es obligatoria (a. 72 LQ). IX. Interrupción de la quiebra: existe ésta en aquellos casos en los que concluye, pero no de un modo definitivo, de manera que puede reanudarse en determinadas circunstancias (Brunetti). Como consecuencia de la interrupción, el quebrado recobra la libre disposición sobre su patrimonio, el ejercicio de sus derechos personales, etc. Una vez que cesa la interrupción, se produce la reapertura del procedimiento, misma que puede ser solicitada porcual«luier acreedor. Kn derecho mexicano se señalan los siguientes casos de interrupción: a) Insuficiencia del activo: el a. 287 LQ, establece que, "si en cualquier momento de la quiebra se probare que el activo es insuficiente aun para cubrir los gastos ocasionados por la misma, el juez, oídos el síndico, la intervención y el quebrado, dictará sentencia declarando concluida la quiebra". "Los acreedores podrán solicitar la reapertura de la quiebra, si no han transcurrido dos años desde su cierre, cuando probaren la existencia de bienes" (a. 288 LQ);

6) Celebración de convenio: el quebrado, el síndi-" co, la intervención y los acreedores, pueden presentar los convenios que estimen pertinentes, en cualquier estado del juicio, terminando el reconocimiento de créditos y antes de la distribución final del activo (v. aa. 296, 313, 316, 355 LQ). Una vez aprobado el convenio, se dicta sentencia y concluye la quiebra (aa. 347, 348 y 350 LQ). Si el deudor convenido faltare al cumpUmiento de lo estipulado, a petición de cualquiera de sus acreedores, el juez ordenará la reapertura de la quiebra, en su caso (aa. 369-371 LQ). X. Fin de la quiebra: la quiebra concluye en los siguientes casos: a) por revocación de la sentencia que declárala quiebra (aa. 19-25 LQ);6) por pago concursal o íntegro de las obligaciones pendientes (aa. 274 y 275 LQ). Los acreedores afectados, que no hubiesen obtenido pago íntegro, conservarán individualmente sus acciones contra el quebrado (a. 284 LQ); c) por falta de concurrencia de acreedores (aa. 289 y 290 LQ), y d) por acuerdo unánime de los acreedores concurrentes (a. 292 LQ). XI. Diversos tipos de quiebra: el a. 91 LQ, establece: "para los efectos legales se distinguirán tres clases de quiebra: l o . quiebras fortuitas; 2o. quiebras culpables, y 3o., quiebras fraudulentas''. Es quiebra fortuita la del comerciante individual o colectivo, "a quien sobrevinieren infortunios que, debiendo estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de tener que cesar en sus pagos" (a. 92 LQ). Se considerará quiebra culpable, la del comerciante individual o colectivo que, con actos contrarios a las exigencias de una buena administración mercantil haya producido, facilitado o agravado el estado de cesación de pagos (a. 93 LQ); el a. referido señala cinco supuestos que se consideran como actos contrarios, p.e., si loe gastos domésticos y personales huláeren sido excesivos y desproporcionados en relación a sus posibilidades económicas; o bien, si hubiere perdido sumas con desproporción de sus posibilidades en juegos, etc. El siguiente a. señala otros supuestos, y el a. 95 ordena la imposición de uno a cuatro años de prisión para los declarados en quiebra calificada de culpable. Se reputa quiebra fraudulenta, la del comerciante que se alce con todo o parte de sus bienes o fraudulentamente realice, antes de la declaración con posle-

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rioridad a la fecha de retroacción o durante la quiebra, actos u operaciones que aumenten su pasivo o disminuyan 9U activo; o bien, que no llevaron todos los libros de contabilidad, o los alteraren, falsificaren o destruyeren en términos de hacer imposible deducir la verdadera situación, o que, con posterioridad a la fecha de retroacción favorecieren a algún acreedor haciéndole pagos o concediéndole garantías o prefe-' rencias que éste no tuviere derecho a obtener (a. 96

LO). Igualmente se considera quiebra fraudulenta la de los agentes corredores, cuando se justifique que hicieron por su cuenta, en nombre propio o ajeno, algún acto u operación de comercio distintos de los de su profesión (a. 97 LQ). "A los comerciantes declarados en quiebra fraudulenta, se les impondrá la pena de cinco a diez años de prisión y multa que podrá ser hasta del diez por ciento del pasivo" (a. 99 LQ). XIL Quiebras especiales: al respecto nos preguntamos si pueden quebrar las Sociedades Nacionales de Crédito, o son sociedades que están exentas de la quiebra. Esto queda en la duda conforme a la actual legislación. Hay un procedimiento especial para las instituciones de crédito, en el tít. VII LQ, con la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, pero no será aplicable a las sociedades nacionales de crédito, por no ser sociedades anónimas. V. ACTO DE COMERCIO. CAPACIDAD MERCANTIL. FIDEICOMISO, LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS, SENTENCIA, SEPARACIÓN DE BIENES EN LA QUIEBRA. SINDICO, SOCIEDADES IRREGULARES, SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. Xlll. BIBLIOGRAFÍA: ACOSTA ROMERO, Miguel, La quiebra (tesina de doctorado, inédita), México, 1976; B R U N E T T I , Antonio, Tratado de quiebras; trad. de Joaquín Rodn'guez y Rodnguez, México, Porrúa, 1945; CERVANTES A H U M A D A , RaúI, Derecho de quiebras; 3a. ed., México, Editorial Herrero, 1981; G A R C I A MARTÍNEZ, Francisco, El concordato y la quiebra en el derecho argentino y comparado, Buenos Aires, El Ateneo, 1940; PALLARES, Eduardo, Tratado de las quiebras, México, Forma, 1937; P R O V I N C I A Li, Renzo, Tratado de derecho de quiebras; trad. de Andrés Lupo Canaleta y José Romero de Tejada, Barcelona, Nauta, 1958-59, 3 vols.; RAMÍREZ, José Antonio, La quiebra. Derecho concursal español, Barcelona, Bosch, 1959, 3 vols.; R O D R Í G U E Z Y R O D R Í G U E Z , Joaquín, Ley de Quiebras

y Suspensión de Pagos; 8a. ed., México, Ponúa, 1980.

Miguel AGOSTA ROMERO

Quita,!). QUIEBRA. Quónim. I. (De! latín quorum [de quienes], genitivo plural de qui.) Con este vocablo empezaba la fórmula legal latina que determinaba el número de miembros de una asamblea, necesario para la validez de un acuerdo. En In^aterra el vocablo es utilizado por lo menos desde el si^lo XVII. En el derecho constitucional mexicano, se entiende por quorum el número de diputados y senadores que necesariamente deben estar presentes en su cámara o en el Congreso federal para que las sesiones puedan ser válidas y legales. Esta situación se reproduce en el ámbito local siendo el quorum la presencia de un número determinado de diputados locales indispensables para que la legislatura pueda actuar válidamente. La expresión quorum puede extenderse a las votaciones, hablándose en este caso de quorum de votación como el número indispensable de votos que deben emitirse en una asamblea legislativa para que una determinada proposición sea aprobada. II. Quorum de asistencia. La regla general sobre quorum de asistencia la proporciona el a. 63 de la C, y es de más de la mitad de sus miembros, en la Cámara de Diputados y de las dos terceras partes en la Cámara de Senadores. De este modo sí la Cámara de Diputados estuviese integrada por 400 miembros, para que ésta pudiese realizar sesiones váHdas el quorum debería ser de 201 diputados, mientras que en el Senado, integrado por 64 miembros, debería ser de 43 senadores. De acuerdo con el a. 63 de la C las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercen su cargo sin la integración del quorum a que se ha hecho alusión, sin embargo, los legisladores deberán reunirse el día señalado y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que "de no hacerlo, por ese sólo hecho, se entenderá que no aceptan su cargo debiéndose llamar a los su[)lentes y si éstos tampoco se presentan en un plazo igual se declarará vacante el puesto y se convocará a elecciones. Esta misma disposición constitucional agrega que si no hubiese en las cámaras el quorum requerido se convocará a los suplentes para qi'f se presenten a la mayor brevedad a desempeñar el cargo, mientras transcurren los 30 días a que se ha hecho referencia. La regla general del a. 63 sufre una excepción, en

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los términos del a. 84 de la propia C. Esta disposición se refiere al nombramiento de presidente interino o sustituto por parte del Congreso, que para este efecto debe constituirse en Colegio Electoral, debiendo concunir cuando menos las dos terceras partes de sus miembros. La excepción sólo se refiere, por tanto, a la Cámara de Diputados, ya que en el senado ese es precisamente el quorum ordinario. Respecto de las legislatums locales, las Constituciones de los Estados exigen también un quorum de la mitad más uno de diputados, salvo pai% casos excepcionales. Solamente en estados como el de México, Guerrero, Querétaro y Sonora el quorum de asistencia es de las dos terceras partes e incluso de más de las dos terceras partes. De acuerdo con el a. 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (RPGICGEUM), corresponde a las secretarías, o en su caso a las prosecretarías de cada cámara, pasar lista a los diputados o senadores a fin de foimarel registro de asistencia. Al presidente de la cámara le corresponde de conformidad con la ñ*. XV del a. 21 del RPGICGEUM, declarar que no hay quorum cuando es visible, o hacer que la secretaría pase lista cuando aquel sea reclamado por algún miembro de la cámara. Si ya iniciada una sesión alguno de los miembros de la cámara reclamare el quorum y la falta de éste fuese verdaderamente notoria, bastará una declaración del presidente de la cámara para que inmediatamente se levante la sesión; si la falta de quorum no fuese notoria se ordenará al secretario que pase la lista. III. Quorum de votación. La regla general sobre quorum de votación es, en ambas cámaras, de la mayoría de votos de los miembros presentes. Existen dos clases de mayoría: absoluta y relativa. La mayoría absoluta implica que, existiendo dos proposiciones, se aprueba aquélla que reúne más de la mitad del total de votos, en cambio, en el caso de la mayoría relativa, existen más de dos proposiciones adoptándose aquella que mayor número de votos obtiene, sin importar que no exceda de más de la mitad. Las excepciones a esta re^a general son las siguientes: a) En el a. 73 de la C fr. ÜI, base quinta, es necesario para formar un nuevo Estado dentro de los lí-

mites de los existentes que dicha erección sea votada por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras. b) En el a. 135 de la C, para reformar o adicionar la C se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en sus cámaras acuerden las reformas o adiciones. c) En el a. 72, inciso c de la C, para superar ú veto del presidente de la República, se requiere de las dos terceras partee de los votos de los legisladores presentes en cada cámara. d) En el a. 79 fr. IV, para que la Comisión Permanente convoque a sesiones extraordinarias es necesario el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. e) En el a. 110 de la C, tratándose del juicio político la resolución de la cámara de senadores, erigida en jurado de sentencia, deberá aprobarse por las dos terceras partes de los miembros presentes. f) En el a. 76 fr. V, para que el Senado designe un gobernador provisional se requiere que éste sea nombrado por las dos terceras partes de los miembros presentes. De acuerdo con el a. 146, del RPGICGEUM, existen tres clases de votaciones: nominales, económicas y por cédula: el procedimiento de la votación nominal, se practica poniéndose de pie el diputado o senador y diciendo en voz alta su apellido, y en dado caso también su nombre, añadiendo la expresión sí o no, respecto de la propuesta sujeta a votación. Este tipo de votación se lleva a cabo al aprobar un proyecto de ley en lo general o respecto de cada artículo en lo particular o cuando lo pida un individuo de la cámara y sea apoyado por otros cinco. La votación económica se practica poniéndose de pie los legisladores que aprueben la propuesta y permaneciendo sentados los que la reprueben. Esta es la regla general sobre votación. La votación por cédula se lleva a cabo para elegir personas, entregando al presidente de la cámara la cédula para que éste, sin veria, la deposite en una ánfora colocada sobre la mesa. V. C Á M A R A DE D I P U T A D O S , C Á M A R A D E S E N A DORES.

IV. BIBLIOGRAFÍA: BURGOA, Ignacio, Derecho cotu titucional mexicano; 2a. ed., México, Porrúa, 1976; CARPIZO, Jorge y M A D R A Z O , Jorge, "Derecho constitucional".

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Introducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. I; OCHOA C A M P O S , Moisés, C A R P I Z O , jorge y otros,

Derecho legislútwo mexicano, México, Cámara de Diputados, 1973; T E N A R A M Í R E Z , Felipe Derecho constitucio.

nal mexicano; 18a. ed., México, Porrúa, 1981. Jorge M A D R A Z O

Rapto. I. Delito contra la libertad sexual consistente en la sustracción o retención de una persona mediante violencia o engaño, con fines libidinosos o matrimoniales. II. a) El verbo usado por el a. 267 es "apoderarse", y se conviene en que tal acción puede consistir en trasladar a la victima al lugar dispuesto para retenerla, o retenerla en el sitio en donde se halla, impidiéndole salir de él. En uno y otro casos la persona raptada debe verse privada por un lapso más o menos duradero de BU libertad de desplazamiento, por amplias que sean sus posibilidades ambulatorias en el recinto en que se la mantiene. b) El apoderamiento debe efectuarse con violencia o engaño. La violencia puede ser física o moral. La primera no ha de recaer necesariamente sobre la persona raptada. Puede, p.e., ejercerse sobre quienes la custodian o sobre el chofer del vehículo que la conduce en el momento del hecho. También puede recaer sobre cosas, como cuando se clavan puertas para impedir la huida de la víctima. La segunda se manifiesta en cualesquiera actos (excluidcM los directamente violentos) que produzcan intimidación suficiente para inhibir toda resistencia activa que pudiera provenir de la víctima o de sus parientes o custodios. En cuanto al engaño, él no recae en el consentimiento para el acto camal sino que consiste en el señuelo o ardid puesto en juego por el agente para atraer a su víctima al lugar del apoderamiento o para hacerla permanecer en él confiadamente (Jiménez Huerta). La seducción, que era otro medio comisivo del delito, ha sido eliminada en la reciente reforma del CP {DO 13-1-83). c) Lo que diferencia al rapto de otros delitos semejantes contra la libertad, como la detención ilegal y el secuestro, son los fines libidinosos o matrimoniales: "para satisfacer un deseo erótico-sexual o para casarse", dice el CP (a. 267). En la satisfacción de un de-

seo erótico-sexual se comprende todo acto libidinoso, normal o anormal. Los fines matrimoniales sólo pueden perseguirse, como es obvio, por el agente de distinto sexo de la persona raptada, puntualización que, sin embargo, no resulta superflua después de que por la aludida reforma el delito ha dejado de ser sólo el rapto de una mujer. III. Si la víctima es persona menor de dieciséis años que ha consentido en el rapto, el CP impone la pena de este delito aunque no se haya empleado violencia ni engaño (a. 268). Frente a esa regla, ha quedado sin sentido la disposición del a. 269, conforme a la cual se presume el engaño "por el solo hecho de no haber cumplido dieciséis años la persona raptada que voluntariamente siga a su raptor", es decir, que consienta en el rapto, IV. El matrimonio del raptor con la mujer ofendida excluye el procedimiento criminal contra el agente y sus cómplices, salvo que se declare nulo el matrimonio (a. 270 CP). Por otra parte, no cabe proceder contra el raptor, sino por quejas de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada; pero si la raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o, en su defecto, de la misma menor (a. 271 CP). Estas re^as no han sufrido alteración en la reciente reforma al CP, no obstante haber dejado de ser el rapto un delito que sólo tiene a la mujer por ofendida, V. BIBLIOGRAFÍA: JlMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho penal mexicano; 3a. ed., México, Porrúa, 1978; PORTE r E T I T . Celestino, Ensayo dogmático sobre el delito de rapto propio, México, Trillas, 1978.

Ester MARTÍNEZ

ROARO

Ratificación de tratados internacionales. I. La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados define a la ratificación indicando que es el acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Constituye la ratificación una forma para perfeccionar jurídicamente en el plano internacional a un tratado y permitir que entre en vigor. Antes se requería necesariamente la ratificación para completar el trámite internacional de concertación de un acuerdo. Sin embargo, la costumbre ha venido introduciendo en las relaciones internacionales la necesidad de cele-

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Introducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. I; OCHOA C A M P O S , Moisés, C A R P I Z O , jorge y otros,

Derecho legislútwo mexicano, México, Cámara de Diputados, 1973; T E N A R A M Í R E Z , Felipe Derecho constitucio.

nal mexicano; 18a. ed., México, Porrúa, 1981. Jorge M A D R A Z O

Rapto. I. Delito contra la libertad sexual consistente en la sustracción o retención de una persona mediante violencia o engaño, con fines libidinosos o matrimoniales. II. a) El verbo usado por el a. 267 es "apoderarse", y se conviene en que tal acción puede consistir en trasladar a la victima al lugar dispuesto para retenerla, o retenerla en el sitio en donde se halla, impidiéndole salir de él. En uno y otro casos la persona raptada debe verse privada por un lapso más o menos duradero de BU libertad de desplazamiento, por amplias que sean sus posibilidades ambulatorias en el recinto en que se la mantiene. b) El apoderamiento debe efectuarse con violencia o engaño. La violencia puede ser física o moral. La primera no ha de recaer necesariamente sobre la persona raptada. Puede, p.e., ejercerse sobre quienes la custodian o sobre el chofer del vehículo que la conduce en el momento del hecho. También puede recaer sobre cosas, como cuando se clavan puertas para impedir la huida de la víctima. La segunda se manifiesta en cualesquiera actos (excluidcM los directamente violentos) que produzcan intimidación suficiente para inhibir toda resistencia activa que pudiera provenir de la víctima o de sus parientes o custodios. En cuanto al engaño, él no recae en el consentimiento para el acto camal sino que consiste en el señuelo o ardid puesto en juego por el agente para atraer a su víctima al lugar del apoderamiento o para hacerla permanecer en él confiadamente (Jiménez Huerta). La seducción, que era otro medio comisivo del delito, ha sido eliminada en la reciente reforma del CP {DO 13-1-83). c) Lo que diferencia al rapto de otros delitos semejantes contra la libertad, como la detención ilegal y el secuestro, son los fines libidinosos o matrimoniales: "para satisfacer un deseo erótico-sexual o para casarse", dice el CP (a. 267). En la satisfacción de un de-

seo erótico-sexual se comprende todo acto libidinoso, normal o anormal. Los fines matrimoniales sólo pueden perseguirse, como es obvio, por el agente de distinto sexo de la persona raptada, puntualización que, sin embargo, no resulta superflua después de que por la aludida reforma el delito ha dejado de ser sólo el rapto de una mujer. III. Si la víctima es persona menor de dieciséis años que ha consentido en el rapto, el CP impone la pena de este delito aunque no se haya empleado violencia ni engaño (a. 268). Frente a esa regla, ha quedado sin sentido la disposición del a. 269, conforme a la cual se presume el engaño "por el solo hecho de no haber cumplido dieciséis años la persona raptada que voluntariamente siga a su raptor", es decir, que consienta en el rapto, IV. El matrimonio del raptor con la mujer ofendida excluye el procedimiento criminal contra el agente y sus cómplices, salvo que se declare nulo el matrimonio (a. 270 CP). Por otra parte, no cabe proceder contra el raptor, sino por quejas de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada; pero si la raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o, en su defecto, de la misma menor (a. 271 CP). Estas re^as no han sufrido alteración en la reciente reforma al CP, no obstante haber dejado de ser el rapto un delito que sólo tiene a la mujer por ofendida, V. BIBLIOGRAFÍA: JlMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho penal mexicano; 3a. ed., México, Porrúa, 1978; PORTE r E T I T . Celestino, Ensayo dogmático sobre el delito de rapto propio, México, Trillas, 1978.

Ester MARTÍNEZ

ROARO

Ratificación de tratados internacionales. I. La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados define a la ratificación indicando que es el acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Constituye la ratificación una forma para perfeccionar jurídicamente en el plano internacional a un tratado y permitir que entre en vigor. Antes se requería necesariamente la ratificación para completar el trámite internacional de concertación de un acuerdo. Sin embargo, la costumbre ha venido introduciendo en las relaciones internacionales la necesidad de cele-

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brar tratados con menos formalidad a fin de que puedan entrar en vigor con mayor rapidez. En la práctica constitucionai norteamericana, por ejemplo, aparecieron los llamados Executive. Ágreements que se distinguen por perfeccionarse con sólo la participación del Ejecutivo, a través de la firma. Lo mismo ocurre con otro tipo de acuerdos, denominados "intercambio de notas'" que carecen de solemnidad y que, por lo regular, entran en vigor mediante la firma. II. El procedimiento para la conclusión de los tratados queda, en su determinación, bajo la soberanía de los Estados. Cada Estado tiene competencia para establecer el trámite interno mediante e! cual se obliga intemacionalmente por la vía convencional. De esta suerte, y con base en la Constitución interna, un país puede reconocer a la firma o a la ratificación, o a ambas, según el caso, como medios para obligarse finalmente por un tratado. III. En México la C de 1917 prevé que los tratados deberán ser aprobados por el Senado. Así lo dispone la fr. I del a. 76 de la C. Cabe advertir que la propia carta magna, en el a. 89, fr. X, dispone que la ratificación deberá ser efectuada por el Congreso federal. Esta aparente contradicción se origina en un antecedente histórico que ha dado lugar a esta impericia, que a la fecha no ha sido corregida. La Constitución de 1857 concibió al Poder Legislativo como únicamaral, por lo que utilizó, para la competencia de la ratificación de los tratados, la expresión del Congreso federal. En 1874 se reestructuró el poder legislativo y quedó dividido en dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, sin que se hubiera corregido el texto constitucional. La redacción de los mismos se mantuvo en la C de 1917. Con todo, y de conformidad con lo que señala el a. 76 constitucional, es el Senado el que tiene la competencia de participar en la aprobación de los tratados, a semejanza del modelo original, representado por la Constitución norteamericana. La facultad del Senado se limita a la aprobación de los tratados. Esto quiere decir que su intervención es posterior a la negociación por el Ejecutivo. El Congreso general de 1824 tenía la facultad de dar instrucciones para la celebración de los concordatos con la Sdla Apostólica. Aquí, la intervención del poder legislativo, en la concertación de este tipo peculiar de acuerdos, tenía lugar antes de que se iniciara la negociación. Para la confección de la Constitución de 1857 se trató de resucitar !a disposición. Hubo una

propuesta de los diputados Ruiz y Arriaga, requiriendo que el Congreso tuviera la atribución de dar instrucciones para la negociación de los tratados. Existía como motivo determinante de esta posición el antecedente del Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, por el que México aceptó vender a los Estados Unidos los territorios que de hecho habíamos perdido en la guerra. Como se recordará hubo en 1848 una amplia corriente de opinión en el país que estuvo en contra de la negociación y de su fruto, el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, y que se pronunciaba a favor de que se continuara la guerra. Contra la posición anterior. Zarco, en el Constituyente del 56, abogó por el secreto de las negociaciones y, por la celeridad de las mismas, y, en última instancia, por la confianza en d Poder Ejecutivo. Esta posición fue la que triunfó y la que hasta la fecha prevalece. El Senado sólo interviene una vez que el tratado ha sido negociado y firmado, y puede, en ese momento, rechazarlo de plano o introducírie modificaciones. IV. Procede aclarar que la aprobación del Senado es requisito indispensable para que el ejecutivo pueda depositar en el plano internacional los instrumentos de ratificación, por lo que, en México, no es legal la práctica de los acuerdos ejecutivos. Por otra parte, para que un tratado se denuncie, no se contempla la intervención del Senado, como ocurre con la celebración original. V. BIBLIOGRAFÍA: BASDEVANT, Jules, "La conclusión et la redaction des traites et des instnitnents diplomatiqucs autres que les traites", Recueü des Cours, La Haya, t. 15, 1926; C A L O G E R O - P O U L O S - S T R A T I S , S., "La rati-

ñcation des traites d'aprés les constitutions recentes", Revue HeUénique de Droit íntemational, Atenas, año II, núm. 1, enero-marzo de 1949; M E N D E Z S I L V A , Ricardo, "Los principios del derecho de los tratados". Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año l l l , núm. 7, enero-abril de 1970; S E A R A V A Z Q U E Z , Modesto, Derecho internacional público; 6a. ed., México, Ponúa, 1979; S E P U L V E D A , César, Derecho internacional; 10a. ed., México, Porrúa, 1979; UNITED NATIONS, UWS and Practices Concerning the Conclusión of Treaties, Nueva York, Naciones Unidas, 1953. Ricardo M E N D E Z S I L V A

• Ratío decidendi. I. En la doctrina jurídica angloamericana del precedente judicial se llama "ratio decidendC al fundamento jurídico de una decisión judicial y, en virtud de la doctrina del stare decisis, el fun-

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d a m e n t o j u r í d i c o q u e los tribunales habrán de aplicar c u a n d o c o n o z c a n de casos similares (Walker), II. Por extensión metafórica ratio decidendi se usa para referirse a los a r g u m e n t o s que m o t i v a r o n la sentencia, los cuales p u e d e n encontrarse en sus considerandos. Sin embargo, ia ratio decidendi de u n a decisión judicial n o es necesario que sea expresamente enunciada, ni c o n t e n i d a en u n a frase o expresión del tribunal, ni necesariamente hecha pública en u n informe judicial (el repórter p u d o malinterpretar la sentencia). La ratio decidendi tiene q u e ser descubierta d e t e r m i n a n d o qué hechos fueron considerados relevantes para la decisión y qué a r g u m e n t o s jurídicos justifican tal decisión. La d e t e r m i n a c i ó n de la ratio decidendi es tarea de u n tribunal posterior, el cual debe determinar si el caso es u n p r e c e d e n t e del asunt o q u e c o n o c e o n o . Si es así, y n o e n c o n t r a n d o elem e n t o s que p e r m i t a n distinguir el caso de su conocim i e n t o , el tribunal se e n c u e n t r a vinculado p o r la decisión anterior. T o d o aquello en la sentencia que n o es parte de la ratio decidendi es considerado obiter dicta (casos hipotéticos, explicaciones, aclaraciones, etc.). L? importancia en determinar la ratio decidendi de u n a decisión judicial reside en q u e , bajo la doctrina del stare decesis, (i.e. del p r e c e d e n t e obligatorio) u n tribunal se e n c u e n t r a vinculado, ú n i c a m e n t e p o r lo que se considera h a b e r sido la ratio decidendi de u n a decisión (Walker).

V. PRECEDENTE, SENTENCIA. III. BIBLIOGRAFÍA: A L L E N , Carleton Kemp, Law in the Making; 7a. ed., Oxford, Clarendon Press, 1978; C R O S S , Rupert, Precedent in English Law; 3a. ed., Oxford, Clarendon Press, 1977; R A Z , Joseph, La autoridad del derecho; ensayos sobre derecho y moral; trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1982; W A L K E R , David M., The Oxford Companion to Law, Oxford, Clarendon Press, 1980. Rolando TAMA YO Y S A L M O R A N

R a t i o iuris. I. Con la expresión "ratio m m " los juristas se refieren a la razón o causa de u n a disposición o institución jurídica, p.e., de u n a ley, en c u y o caso se habla de "ratio legis " o "mens legis " (Berger, Biondi, G a u d e m e t ) . La h e r m e n é u t i c a jurídica ve en la ratio legis (í.e. iuris) el " e s p í r i t u " q u e ha de deducirse de la disposición o instituto respectivo ( n o de sus elem e n t o s e x t e m o s ) . La ratio iuris c o n s t i t u y e el propósi-

to, el m o t i v o que inspiró el establecimiento de u n a disposición jurídica específica ( p . e . ''ratio legis falcidiae''^. La dogmática racionalista usa la expresión " v o l u n t a d del legislador" para referirse a los propósit o s o fines de u n a ley. II. Los juristas r o m a n o s , tienen a la ratio iuris c o m o u n m e d i o de interpretación del derecho (Berger). E n t i e n d e n p o r "ratio" "causa", o " m o t i v a c i ó n " , p.e.: "Nulla iuris ratio. . . patitur ut quae sqlubriter pro utilitate hominum introducuntur..." {D. i , 3, 25. Ninguna razón jurídica p e r m i t e que aquello que salud a b l e m e n t e h a sido i n t r o d u c i d o en utilidad del h o m bre. . .). Ratio d e n o t a , más que u n e l e m e n t o lógico, u n e l e m e n t o racional, la razón de ser del derecho o de u n i n s t i t u t o p a r t i c u l a r : " . . ,eí hoc ita iuris civüis ratione, . . cautum e s í " {D. 35, 1, 33, pr. y esto h a sido así establecido, en virtud de la razón de ser del derecho). El racionalismo iusnaturalista fue d e t e r m i n a n t e en la concepción de la raíi'o iuris ( o ratio legis) d e n t r o de la dogmática m o d e r n a . Los órdenes j u r í d i c o s son t e n i d o s p o r justos, c o h e r e n t e s , c o m p l e t o s , precisos, etcétera. E s t o s a t r i b u t o s d e los o r d e n a m i e n t o s j u r í d i c o s ( n o verificables e m p í r i c a m e n t e ) son derivados de u n m o d e l o de "legislador r a c i o n a l " c u y a v o l u n t a d ( c o h e r e n t e , racional, consistente, etc.) i.e., mens legis o ratio legis, es necesario c o n o c e r para i n t e r p r e t a r c o r r e c t a m e n t e su o b r a (c/r., N i ñ o ) . III. BIBLIOGRAFÍA: B E R G E R Adolf, Encyclopedic Dictionary of Román Law, Filadelfia, AmericanPhilosophical Society, 1968: BlONDI, Biondo, "Ratio legis", Novisimo digesto iuiliano, Turín, UTET, 1957; NiNO, Carlos, Consideraciones sobre la dogmática jurídica, México, UNAM, 1974; S A V I G N Y , Friedrich Cari von. Sistema del derecho romano actual, Madrid, Gióngora, s/a. Rolando T A M A Y O Y S A L M O R A N

Razón de Estado, I. El c o n c e p t o de la razón de E s t a d o tiene relaciones c o n u n c o n j u n t o m u y i m p o r t a n t e de c o n c e p t o s j u r í d i c o s y políticos. Bajo este c o n c e p t o q u e d a n c o m p r e n d i d o s t o d o s aquellos postulados políticos que favorecen el i n c r e m e n t o del p o d e r del E s t a d o , p o r t o d o s los medios c o n total i n d e p e n d e n c i a de cualquier consideración de carácter m o r a l o jurídica. Con ello, la independencia de la política, e n t e n d i d a c o m o el á m b i t o de ejercicio del p o d e r , q u e d a asegurada, pues t o d a limitación de carácter n o r m a t i v o ha sido excluida. 11. I n t i m a m e n t e relacionado c o n el c o n c e p t o de la

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razón de Estado se encuentra el concepto de derecho público, en contraposición con el de derecho privado. Con la recepción del derecho romano, en el continente se favoreció enormemente ta distinción entre jiu publicum y jus privatum, pues poderosos intereses estaban en juego, en especial, los de la monarquía absoluta. Estos intereses políticos favorecieron y acogieron con beneplácito las distinciones teóñcas sobre el dualismo entre un derecho público, que favorecía los intereses de la clase gobernante, y el derecho privado, ajeno a dichos intereses rdacionados con el poder. Esta distinción recibió un marcado impulso con la célebre ragione di Stato de Maquiavelo, cuyo nombre encubre todo un complejo de postulados políticos favorables al pnncipe y sus seguidores, frente a las normas jurídicas en vigor. En realidad, estos postulados políticos presentan un conjunto de finalidades a la actividad de los gobernantes, que en muchas ocasiones están en directa contraposición con las normas vigentes y con los intereses de los subditos y sus derechos subjetivos. Meinecke caracteriza de la siguiente mano'a a lo que denomina "la esencia de la razón de Estado'^ "Razón de Estado es ia máxima del obrar político, la ley motora del Estado. La razón de Estado dice al político lo que tiene que hacer, a fin de mantener al Estado sano y robusto. Y como el Estado es un organismo, cuya fuerza no se mantiene plenamente más que si le es posible desenvolverse y crecer, la razón de Elstado indica también los caminos y las metas de este crecimiento" (p. 3). Si se tiene una concepción bolista de las formaciones sociales, considerándolas como entidades subsistentes por sí mismas y que tienen una vida y desarrollo propios, entonces los postulados políticos de la rarazón de Estado consisten en todas aquellas máximas que tiene por finalidad el incremento del poder estatal y que recomiendan como medios adecuados para conseguir esa finalidad, todos los conducentes, entre los que se incluyen, naturalmente y j^on predilección, los violentos. Tanto la especificación de los medios como el señalamiento de las finalidades de la razón de Estado se hacen con la muy clara conciencia de la independencia de los mismos de toda nonna jurídica o moral. Podría decirse que la doctrina de la razón de Estado es una doctrina moral cuya finalidad central o valor fundamental lo constituye el incremento del poder del Estado. "Entre cratos y ethos, entre el obrar movido por el afán de poder y el obrar llevado por la

responsabilidad ética, existe, en las alturas de la vida política, un puente, a saber, la razón de Estado, la consideración de lo que es oportuno, útil, provechoso, de lo que el Estado tiene que hacer para alcanzar en cada circunstancia el optimum de su existencia (Meinecke, p . 7). Si, por el contrario, se afirma una concepción individualista de las formaciones sociales, como la sostienda, p.e., por Max Weber o por Hans Kelsen, entonces la razón de Estado es solamente un postulado político que favorece los intereses de los individuos que bransitonamente ejercen, en una determinada circunscripción territorial, el poder coactivo, el uso de la violencia física, dentro de los límites impuestos por el orden jurídico o incluso fuera de esos límites. Dentro de esta concepción individualista, no hay lugar para ningún ser supraindividual colectivo y toda afirmación' de un tal ente tiene que ser disuelta en afirmaciones sobre conductas de sujetos individuales. El concepto de la razón de Estado ha recibido un apoyo decidido por los autores partidarios de la distinción ya mencionada entre jus publicum y jus privatum, así como también por la tesis que sostiene la dualidad del derecho y el Estado. Si el Estado es distinto del derecho, entonces tiene razones para actuar, en ocasiones, fuera de los límites fijados por las normas jurídicas. Se afinna que el Estado es el poder tras el derecho o en contra del derecho y, por lo tanto, algo distinto de él. La doctrina de la razón de Estado tiene un aspecto interno y un aspecto externo. Este último aspecto se manifiesta en la forma de una política de poder internacional. III. BIBLIOGRAFÍA: K E L S E N , nam,Teoría general del Ettado; trad. de Luis Legaz y Lacambra, Barcelona, Labor, 1934; MEINECKE, Fnednch, La idea de ¡a razón de Estado en la edad moderna; trad. de Felipe González Vicén, Madrid, Instituto de Estudios Poh'ticos, 1959; MORGENTHAU, Hans, PoUtict among Nationa, New York, Alfred A. Knpf, 1978; SCHWARZENBERGER, Georg, Power PoUtict, Londres, Stevens and Sons Limited, 1964. Ulises SCHMILL O R D O Ñ E Z Readaptación social. I. Del latín re, preposición inseparable que denomina reintegración o repetición, y adaptación^ acción y efecto de adaptar o adaptarse. Adaptar es comodar, ajustar una cosa a otra; dicho de personas significa acomodarse, avenirse a circunstancias, condiciones, etc.

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U. Readaptarse socialmente, significa volver a hacer apto para vivir en sociedad, al sujeto que se desadaptó y que, por esta razón, violó la ley penal, convirtiéndose en delincuente. Se presupone entonces que: a) el sujeto estaba adaptado; b) el sujeto se desadaptó; c) la violación del deber jurídico-penal implica desadaptación social; d) al sujeto se le volverá a adaptar. Como puede observarse, el término es poco afortunado, ya que: a) hay delincuentes que nunca estuvieron adaptados (no pueden desadaptarse y por lo tanto es imposible readaptarlos); b) hay delincuentes que nunca se desadaptaron (como muchos de los culposos ; es impracticable pues la readaptación); c) la comisión de un delito no significa a fortiori desadaptación social; d) hay sujetos seriamente desadaptados que no violan la ley penal; e) hay tipos penales que no describen conductas de seria desadaptación social; f) múltiples conductas que denotan franca desadaptación social n o están tipificadas. Se han intentado otros términos como rehabilitación (que puede llevar a confusión, pues tiene otro sentido jurídico), resocialización (bastante aceptado actualmente, se considera como la posibilidad de retomo al ámbito de las relaciones sociales, de aquel que por un delito había visto interrumpida su vinculación con la comunidad), repersonalización (como respuesta al fallo de la autorrealización del hombre). Por lo anterior, preferimos los términos adaptación (aptitud para vivir en comunidad sin violar la ley penal), socialización (aprendizaje de patrones culturales aprobados y aceptados dentro del ambiente), o repersonalización (en el sentido integral propuesto por Beristain). Sin embargo, al ser "readaptación social" (RS) el término usado por la ley, lo adoptaremos en el resto de la explicación. La reacción social jurídicamente organizada en forma penal, persigue, según los autores clásicos, tres finalidades: prevención general, prevención especial y retribución. Esta última es cada vez menos tomada en cuenta, salvo como un límite de punición. La prevención especial va dirigida al individuo que violó la ley, y tiene lugar, básicamente, en la fase ejecutiva del drama penal. Su objetivo es, en principio, que el delincuente no reincida; sin embargo, este puro enfoque podría justificar la pena de muerte, o alguna otra sanción bárbara, por lo que se ha conáderado que hay "algo más", y esto es la RS.

En este orden de ideas, las penas que n o hagan factible la RS, deben desaparecer del catálogo legal. La RS implica entonces Hacer al sujeto apto para lograr vivir en sociedad sin entrar en conflicto con ella. La RS se intenta por medio de la capacitación laboral y cultural del individuo, instrumentándolo para su normal desarrollo. Además, se ponen en acción todos los recursos terapéuticos, interpretando a la persona como una entidad biosicosocial. i n . El a. 18 de la C ordena que el sistema penal debe estar organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. El a. 2 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados repite el concepto constitucional. La efectiva RS es necesaria para la obtención de los diversos beneficios que otorga la ley. IV. BIBLIOGRAFÍA: B E R G A L L I , Roberto, ¿Readaptaci6n todal por medio de la ejecución penalf Notas acerca de la Ley Penitenciaría nacional argentina y del proyecto de reforma» a la parte general del Código Penal (1974), Madrid, Universidad de Madrid, Instituto de Criminología, 1976 BERISTAIN, Antonio, Cuesttonet penalet y críminológicat. Madrid, Reus, 1 9 7 9 ; G A R C I A R A M I R E Z , Sergio, £; orti-cu ¡o 18 constitucional; prisión preventiva, siatema penitencia rio, menores infractores, México, UNAM, 1967; id., La pri aión, México, Fondo de Cultura Económica/UNAM, 1975 KAUFMANN, HUda, Principios para la reforma de la eje cución penal, Bueno» Aires, Depalma, 1977; NEUMAN Elias, Las petuu de un penalista, Buenos Aires, Lemer, 1976 R O D R Í G U E Z M A N Z A N E R A , LUÍS, Penología {reacción

iocial y reacción penal), México, UNAM, Facultad de Derecho, Sistema Universidad Abierta, 1983.

Luis RODRÍGUEZ MANZANERA Reafíanzamiento. t;. F L ^ N Z A DE EMPRESA Reajuste. I. En el derecho del trabajo es la reducción del personal de planta de una empresa o negociación por incosteabilidad de la producción; por exceso de artículos producidos y almacenados; por saturación del mercado o por causas de fuerza mayor que obliguen al cierre o clausura de algún departamento, taller o sección de la propia empresa o negociación. Facultad otorgada por la ley para dar por terminados los efectos de un contrato individual de trabajo. II. Es característica de la legislación laboral la estabilidad del trabajador en el empleo. A través de la aplicación de este principio se ha procurado su perma329

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nencia en cualquier actividad productiva, como regla general, y sólo pcn* excepción se admite la separación, ,mÍ8ma que debe darse en circunstancias especiales como son las derivadas de un caso fortmto, dé ima actuación involuntaria de los sujetos de la relación laboral, la presencia de factores adversos a la marcha de un negocio y quizás en casos muy estrictos lo incierto del futuro de un centro de trabajo. Se ha expresado por casi todos los tratadistas, el criterio de que mientras subsista la materia de trabajo, el trabajador tiene reconocido un derecho que desaparece únicamente en situaciones anómalas y que la voluntad del patrono debe prevalecer sólo en casos autorizados por la ley y conforme a reglas que permitan la disolusión de la relación laboral. El reajiiste no constituye actualmente una facultad patronal libre, sino el resultado de un acto consentido o autorizado por la legislación del trabajo, cuya intervención se ha estimado procedente con miras a la imposición de criterios que le fijen limitaciones y lo constriñan a la presencia de acontecimientos imprevistos. El propósito se concentra en el hecho de que la terminación de los contratos individuales de trabajo pueda tener lugar cuando se presenten situaciones de subsistencia empresarial que indiquen que ésta peligra. m . Analicemos con vista a la ley los casos en que podemos encontramos frente a una situación de reajuste: 1) No puede darse ciu^o a una solicitud para reducir el número de trabajadores que tenga contratados una empresa o negociación, sino mediante convenio concertado entre el empresario y los propios trabajadores. Por ejemplo: cuando se requiera suprimir en la negociación un tumo que se haya establecido con carácter indefinido por haberlo permitido en un momento dado el impulso de la producción y el mercado, como los obreros que lo integran no se encuentran en igualdad de condiciones contractuales, el reajuste debe atender aspectos relacionados con derechos adquiridos por algunos de ellos, como el de antigüedad, de categoría, de especialidad, etc. Este es el caso típico en el que el convenio resulta necesario, a efecto de que la selección que se haga del personal que deba ser reajustado, atienda los motivos de preferencia que unos trabajadores tengan frente a otros, en función asimismo de las actividades y operaciones que se conserven, y con la finalidad de no afectar a las personas sin que exista justificación acreditada (aa. 34, fr. III y 437 LFT).

2) Se atenderá al escalafón existente en la empresa o establecimiento ya que en el documento o relación respectivo se encuentra la historia personal de cada trabajador, con indicación de la siguiente información: a) Su antigüedad, que puede ser de tres órdenes; de ingreso, de categoría y depuesto;por otra parte, b) La fecha del primer servicio bajo pago que haya prestado; necesaria al mismo tiempo para fijar la antigüedad correcta; c) la calidad del servicio que se esté desempeñando en el momento del reajuste; esto es, si es de oficial (capataz, intendente, mayordomo, cabo u otra denominación que se dé al puesto); si es de obrero especializado en una determinada categoría (de primera, de segunda o de tercera); si es titular, sustituto o simple auxiliar o ayudante de operario de primera, segunda o tercera categorías; d) su capacitación, por ser ésta en la actualidad requisito básico para otorgarle preferencia laboral a quien la haya adquirido (aa. 158160 LFT). 3) Cuando se instale maquinaria nueva o se implanten nuevos procesos de trabajo como consecuencia inmediata de modernos sistemas mecánicos de productividad, el reajuste se someterá a un dictamen pericial con el objeto de que se determinen con absoluta precisión dichas consecuencias y se determinen a su vez los derechos que deben prevalecer respecto de cada trabajador. Aquellos que deban abandonar sus puestos serán compensados con el pago de una indemnización de cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de servicios prestados y la prima de antigüedad que les corresponda (aa. 437 y 439 LFT). 4) El reajuste deberá ser, además, aprobado por la junta de conciliación y arbitraje que intervenga, ajustado al procedimiento que reglamenta los conflictos de naturaleza económica, pues los tribunales del trabajo están obligados, tratándose de reajustes, a buscar "el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones". En la resolución que pronuncien señalarán el personal que haya de ser reajustado y fijarán las indemnizaciones que procedan (aa. 900919 LFT). , El reajuste, estimado más bien como una exigencia económica extraordinaria que como una necesidad social, será en cualquier eventualidad el resultado de un estudio consciente, preciso, con análisis de cada situación individual y sujeto al estado que guarde una empresa o negociación; con base en el principio de la fisiología, de que cuando es necesario extirpar un órgano para lograr la superviviencia de la persona.

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por muy doloroso que esto sea no queda otro recurso sino operar. El reajuste es para el orden jurídico laboral el recurso extremo al que hay que acudir a fin de que sobreviva el organismo social, representado en .estos casos por el centro de trabajo. V. A N T I G Ü E D A D E N E L T R A B A J O . A R B I T R A J E LABORAL. D E S P I D O , E S T A B I L I D A D E N E L EMPLEO. IV. BIBLIOGRAFÍA: C A M E R L Y N C K , G. H. y L Y O N -

CAEN, Gérard, Derecho del trabajo; trad. de J. M. Ramírez Martínez, Madrid, Aguilar, 1974; CUEVA, Mario de la. El nuevo derecho mexicano del trabajo, t. I, Historia, principios fundamentales, derecho individual y trabajos especiales; 6a. ed., México, Poirúa, 1980; DESPONTIN, Luis A.,Lfl técnica en el derecho del trabajo, Buenos Aires, Claridad, 1941; KROTOSCHIN, Ernesto, Instituciones de derecho del trabajo, Buenos Aires, Kraft, 1948, Santiago BARAJAS MONTES DE OCA Real Audiencia. I. El territorio colonial español, en la Edad Moderna, mejor conocido como las Indias, fue dividido, para efectos judiciales, en 14 distritos, a cargo de una real audiencia cada uno (Guadalajara, México, Guatemala, Panamá, Filipinas, Santo Domingo, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco, Charcas, Santiago de Chile y Buenos Aires); éstas eran tribunales superiores de justicia que actuaban colegiadamente. II. Estos tribunales fueron implantados en Indias por influencia castellana. No sabemos con exactitud cuándo surgieron en Castilla, pero probablemente haya sido en el siglo XII. A partir de la Baja Edad Media se va generalizando la costumbre de apelar directamente ante el rey (el "señor natural") en contra de las resoluciones de tas justicias locales; los monarcas cada vez menos podían oír tales alzadas, más aún que los pleitos eran cada vez mayormente complicados (era la época de la recepción del derecho común), por lo cual designaron funcionarios, peritos en derecho, que oyeran tales recursos en su nombre y representación; éstos eran precisamente los oidores, que en su conjunto integraban la "audiencia", a la cual se dotó posteriormente de plena jurisdicción para que ella fuera la que resolviera, y no nada más oyera, dichas apelaciones en nombre del soberano, de ahí que fuera real la mencionada audiencia. Más tarde se agregó a la real audiencia la sala de alcaldes de casa y corte; estos alcaldes eran los funcionarios encargados de administrar justicia en las poblaciones donde residía

el monarca, es decir la corte (primero ftie itinerante), y después se les encomendó colegiadamente la resolución de las alzadas en materia penal, por lo cual se les denominó también alcaldes del crimen. Lo que finalmente vino a constituir la Real Chancillería y Audiencia de Valladohd (fue chancillería porque se le confió la guarda del sello real). Sin embargo, no fue hasta el siglo XV cuando quedaron claramente especificadas la organización, funcionamiento y facultades de esa Real Chancillería, con sus Ordenanzas definitivas dadas en Medina del Campo el 24 de marzo de 1489. A ello hay que agregar la creación de la Audiencia y Real Chancillería de Ciudad Real, el 30 de septiembre de 1499, la cual fue trasladada en 1505 a la ciudad de Granada. De tal suerte que ambas reales chancillerías, Valladohd y Granada (divididas por el Tajo), vinieron a constituir los ejes sobre los cuales giró la administración superior de justicia castellana; modelo que se siguió en Indias, primeramente con la creación de la Audiencia de Santo Domingo, en 1512, y posteriormente en México. i n . En efecto, el 29 de noviendire de 1527 se erigió la Real Audiencia y Chancillería de México en Nueva España, dotándosele de ordenanzas el 22 de abril de 1528, según el modelo de la dominicana, y ésta a su vez de la vallisoletana. Las Ordenanzas de la Audiencia de México fueron sucesivamente reformadas en 1530, 1536, 1542, 1563, 1568 y 1597, en las cuales se le dio su fisonomía que conservó más o menos hasta 1776 en que se amplió su planta de manera considerable; así hasta 1812, por la legislación de Cádiz, en que se le imprimió una nueva característica, de corte liberal, la cual poco duró, pues en 1814 regresó al antiguo régimen, para retomar al modelo gaditano en 1820, por pocos meses ya que en 1821 se consumó la Independencia, aunque la Audiencia subsistió hasta 1823, en que dio paso a la Suprema Corte de Justicia, creada en 1824. Junto a la Audiencia y Real Chancillería de México se creó otra audiencia real en lo que ahora es la República Mexicana; ésta era la de Guadalajara, Nueva Galicia, en el año de 1544, habiéndosele dado ordenanzas en 1548, primero subordinada a la de México, y después, a partir de 1572, autónoma con el título de Audiencia y Real Chancillería de Guadalajara. IV. La competencia territorial de la Audiencia de México correspondía aproximadamente a los actuídes estados de Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis 331

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Potosí, Coahuila, Tejas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, México, Moreloe, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del Distrito Federal. El norte de dichos estados correspondía al territorio de la Audiencia de Guadalajara (a partir de 1779, se pasaron a esta última las provincias de Coahuila y Tejas). El actual estado de Chiapas —Soconusco— correspondía a la Audiencia de Guatemala. V. La Audiencia de México fue presidida, hasta el periodo liberal, por el virrey de la Nueva España, siendo sustituido por el oidor decano hasta 1776, y a partir de entonces pcN* el regente, cargo de nueva creación. La preudenda de la Audiencia de Guadalajara varió, en ocasiones fue el gobemadcH* de Nueva Galicia, mayorítaríamente el cñdor decano, y a partir de 1776 su regente. Las audiencias se integraban con magistrados que eran los oidores y los fiscales (estos últimos sin poder de decisión, sino representantes de los intereses de la Corona) y la de México además con los alcaldes del crimen (también llamados de casa y corte), aparte del regente antes mencionado. La Audiencia de México contaba con 8 oidores, los que se aumentaron a 10 a partir de 1776. Integraban dos salas, llamadas de justicia, con 4 y después 5 oidores cada una. Las funciones jurisdiccionales de estas salas de justicia eran resolver las apelaciones y suplicaciones en materia civil y administrativa, asi como suplicaciones en materia penal. Primeramente hubo un fiscal de lo civil para ambas salas, luego, en 1776, se aumentaron a dos, uno para cada sala; en 1776, se creó también la plaza de fiscal de la Real Hacienda que actuaba en las dos salas. En la misma audiencia, desde 1568 hasta 1776, hubo 4 alcaldes del crimen, pues desde la última fecha se aumentaron a 5, mi8mroíí/nternationaí, París, vol. 87, núm. 4, octubre-diciembre.1960; id., "Le statut international des refugies et apatrides^',/ourna/ du Droit International, vol. 83, núm. 1, enero-marzo 1956.

Jesús RODRÍGUEZ

Y RODRÍGUEZ

Regidores. I. En ef lenguaje castizo, el regidor rige o gobierna, así lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ello, en el campo de la ciencia jurídica, acotar su concepto, nos conduce a la aplicación e interpretación del derecho de los órganos de gobierno y administración de la primera expresión de oi^anización política y administrativa del Estado mexicano: el municipio. II. Derecho constitucional. Los regidores, llamados también concejales, como este último vocablo lo indica, son representantes populares, electos en forma directa por los vecinos de la población municipal para asumir la titularidad de miembro o integrante del ayuntamiento que constituye el órgano de gobierno municipal. Bielsa, asegura que el sentido etimológico del vocablo concejal, concuerda con su función que es la de representar al conjunto de vecinos de una localidad, dentro del concejo. La C de 1917, concibió la democratización de la vida municipal con el establecimiento, en su a. 115 de una forma de gobierno que surge del procedimiento electoral directo y que se mantiene inalterable bajo el principio de que losayuntamientos de elección popular directa constituyen el gobierno de la entidad municipal. De lo anterior se sigue que los regidores, elegidos en las comunidades municipales, como su propia acepción lo indica, suelen vincularse a los intereses vecinales de la jurisdicción y, por lo tanto, representan en la

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fomia de gobierno municipal al elemento democrático más auténtico del Estado mexicano. Privan en el ámbito de la democracia municipal que involucra a los regidores, dos j)rincipios esenciales; a) La no reelección, y por lo tanto los regidores según lo ordena e! a. 115 constitucional, no pueden reelegirse en el periodo inmediato de gobierno de su municipio, h) La representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, independientemente del número de sus habitantes, A través de este último, y según las modalidades que se adopten en cada entidad federativa dentro de la legislación electoral aplicable, los candidatos a regidores de los partidos políticos que participen en las elecciones de los ayuntamientos, se benefician del principio mencionado, a partir de las reformas constitucionales de! 4 de octubre de 1977 y con posterioridad las del 3 de febrero de 1983, en las cuales desaparece el límite de 300,000 o más habitantes, para ser aplicable en todos los municipios. Moisés Ochoa Campos, refiriéndose a este aspecto de la reforma política, y con respecto a la primera de las reformas citadas, advierte que "las entidades federativas, en ejercicio de-su soberanía, decidieron en la generalidad de los casos integrar los ayuntamientos de sus capitales con el sistema mixto de mayoría con variantes proporcionales, aun cuando sus ciudades capitales, no lleguen en algunos casos a tener una población de 300,000 o más habitantes". III. Derecho administrativo. Los regidores en esta rama del derecho público, son órganos del gobierno municipal que administran los diversos ramos en que se clasifican las atribuciones del municipio frente a sus habitantes, a saber: el funcionamiento de los servicios públicos, tales como los mercados, el agua potable, rastros, espectáculos, cementerios, tesorería y en su caso las suplencias de la presidencia municipal. Este concepto, que deviene de la aplicación en la práctica de algiinas leyes orgánicas de los municipios del país y de la forma en que se estructuran sus propias administraciones públicas, no dista mucho del concepto de los regidores en derecho indiano, en el cual el regidor tenía facultades ejecutivas muy importantes relacionadas con la administración de la ciudad entre las que según Bayle se contaban la policía, urbanismo, abastos, licencias, salud pública y todo cuanto concernía "al haber temporal y espiritual de la ciudad". En virtud de que no en todos los regímenes municipales de las entidades federativas se observan características uniformes sobre la estructura administrativa

de los municipios y las atribuciones que a sus órganos competen, pues sólo doce de dichas entidades cuentan con leyes orgánicas en las que se enuncian los servicios públicos a cargo del municipio, debe agregarse que el número de regidores y las funciones que desempeñan en las locaUdades son muy variables. En ocasiones, por la importancia de las ciudades, el número de habitantes, o por sus características económicas y urbanas, los municipios cuentan con más de tres regidores y a ellos les corresponden funciones específicas como las que encuentra Miguel Acosta Homero, en el municipio de Oeoyoacac, estado de México, a saber: "El Primer Regidor, suplirá al Presidente Municipal en su ausencia y tendrá a su cargo el Departamento de Licencias de Construcción, el de Supervisor de Obras, Departamento de Diseño, de Planificación, de Ingeniería de Tránsito y el de Aguas y Saneamiento. El Segundo Regidor vigilará los Departamentos de Gobierno, Servicios Sociales, Colonias Populares, del Registro Civil, de Reglamentos y Espectáculos, de Reclusorios, el Departamento Calificador de Infracciones, de Licencias de Reglamentos y Espectáculos, el Departamento Técnico Jurídico v el de Turismo. El Tercer Regidor vigilará los Departamentos de Mercados y Servicios Urbanos, de Supervisión y Quejas, de Limpia, de Vía Púbhca, de Parques, Jardines y Euentes y el de Policía.'' La reciente reforma al a. 115 de la C con miras a fortalecer a los gobierno municipales tanto en el ámbito político como en el administrativo, tiende a dotar a aquéllos de bases cuyo objetivo es democratizar y distribuir competencias, dando prioridad a los aspectos de administración pública local y su perfeccionamiento. De esta suerte, en los próximos años puede avizorarse una renovación muy amplia de la legislación municipal en cada entidad federativa, que a través de las regidurías puede dar sus fnitos, en tanto que la fr, III del a. citado establece: "Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y alcantarillado, b) Alundirado público. e) Limpia, d) Mercados y centrales de abasto, e) Panteones, f) líastro. g) Calles, parques y jardines, li) Seguridad pública y tránsito, e i) los demás qiie las legislaturas locales, determinen segiin las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su ca|»acidad administrativa y financiera. Los municipios de un mismo estado, previo acucr-

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do entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda." t;. C A B I L D O .

IV. BIBLIOGRAFÍA; ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría general del derecho administrativo; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; B A Y L E , Constantino, Los cabüdos seculares en la historia española, Madrid, s.e., 1952;BlELSA, Rafael, Compendio de derecho público, Buenos Aires, Depalma, 1952; OCHOA C A M P O S , Moisés, La reforma municipal; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; id.. El municipio. Su evolución institucioTwd, México, Banobras, 1981.

Olga HERNÁNDEZ

ESPINDOLA

Regímenes aduaneros. I. Es el conjunto de normas que regulan cada una de las modalidades de las importaciones y exportaciones, que permiten establecer cuál es el destino económico que se les dará a las mercanCías. II. Concepción novedosa de la Ley Aduanera, tomada del Convenio de Kyoto, es la de los regímenes aduaneros que viene a sustituir la terminología del Código Aduanero que se refería a operaciones. Mediante esta denominación se puede conocer con toda claridad el destino económico que se les dará a las mercancías. Es el importador quien manifiesta a cuál régimen quiere destinar las mercancías. Los regímenes aduaneros a la importación, los podemos clasificar de la manera siguiente: A. Definitivos. Cuando la mercancía se introduce a territorio nacional permanentemente para ser consumida una vez perfeccionada la importación, la mercancía adquiere la calidad de "nacionalizada". En estos regímenes se da la figura de la autoliquidacion y no se necesita autorización previa de la autoridad aduanera. Una vez que la mercancía se encuentre importada en forma definitiva y ha salido del depósito ante la aduana, para poder ser enviada fuera del país tendría que cumplir con todos los requisitos de una exportación. Sin embargo la ley hace ciertas excepciones, tomando en consideración que la mercancía importada puede estar defectuosa, no ser la que soHcitó, tener fallas mecánicas dentro del periodo de garantía, y sería mercancía no utilizable, representando además una pérdida para la empresa y consecuentemente una salida inútil de divisas al exterior, en estos casos la garantía implícita derivada de la compraventa, permite que el importador pueda solicitar del proveedor extranjero la reposición de la mercancía. La nueva ley

consideró lo anterior y contempla que en estos casos se permite el retomo al extranjero sin el pago de impuestos de exportación siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 1) El retorno se lleve a cabo dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la fecha en que se retiraron del depósito en aduana. 2) El retomo sea con objeto de sustituir las mercancías por otras de la misma clase. 3) Las mercancías sustituías lleguen al país en un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que fueron retomadas. En este caso, si el impuesto ad-valorem aumentó, deberán pagarse las diferencias respectivas; este es un caso de inequidad porque si las cuotas disminuyen, el importador no puede solicitar devolución de impuestos. B. Temporales. Cuando las mercancías que son importadas se utilicen para un fin económico determinado y permanezcan en territorio nacional por un tiempo limitado. La mercancía que se introduce al paiB bajo un régimen temporal no adquiere la calidad de nacionalizada, conserva su origen extranjero a menos que se modifique el régimen temporal por uno definitivo. Para solicitar cualquiera de los regímenes temporales, es necesaria la previa autorización de la autoridad aduanera, no existiendo en estos casos autoHquidación de impuestos. Este tipo de regímenes aduanales, son de los llamados suspensivos en el pago de los derechos de aduana, llamados así porque dentro del régimen general de las importaciones, se les da un tratamiento especial, una fi'anquicia aduanera que es el suspender el pago de los impuestos garantizando el crédito fiscal respectivo. Actualmente la doctrina de vanguardia los denomina como regímenes económicos por la finalidad esencial de carácter económico que impera en ellos y que pretende en unos casos incentivar las exportaciones, y en otros crear fuentes de trabajo, etc. Los regímenes temporales a los que pueden declararse las mercancías a importación, los podemos clasificar en: — Para retomar al extranjero en el mismo estado. — Para transformación, elaboración o reparación. — Para depósito industrial. 1. Disposiciones comunes. En estos regímenes podemos considerar que se dan normas comunes aplicables a todos ellos y que son: a) Se suspende del pago de los impuestos al comercio exterior, siempre y cuando en el primero de ellos,

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no se trate de maquinaria, equipo, vehículos y animales vivos para explotación lucrativa, caso en el que aplicará la cuota del 2% mensual al total de los impuestos al comercio exterior que tendrían que pagarse si se tratara de una importación definitiva. b) Se garantiza el crédito fiscal, es decir, los impues-. tos al comercio exterior que causaría una importación definitiva y las multas que puedan resultar en caso de no retomar la mercancía al extranjero. c) Deberáh cumplirse las obligaciones en materia de restricciones, requisitos especiales y formalidades necesarias. d) Se podrá autorizar el cambio de régimen temporal a definitivo, cuando se solicite previamente el vencimiento del plazo y se cumplan con los requisitos exigibles. En este caso los impuestos se cobrarán con base en las cuotas vigentes en fecha de introducción de la mercancía al país. e) Las mercancías declaradas en estos regímenes no podrán: — Destinarse a una finalidad distinta de la autorizada. — Trasladarse a lugar distinto del autorizado. — Enajenarse, — Permitir su uso a tercera persona. Si se viola una de estas obligaciones se impondrá una multa igual al duplo de los impuestos que se debieron pagar por una importación definitiva. f) El plazo máximo de estadía es de dos años. g) Si al vencimiento del plazo las mercancías no han sido retomadas al extranjero: — Se pagarán los impuestos del régimen definitivo y una multa igual a un tanto de los impuestos al comercio exterior señalados. — Si la mercancía está sujeta a permiso de autoridad competente y no se cuenta con él, las mercancías pasarán a propiedad del fisco federal. 2. Régimen para retomar la mercancía al extranjero en el mismo estado. Se contemplan bajo este régimen las importaciones temporales de mercancías para exposiciones, ferias, demostraciones, etc. Existen limitantes en cuanto a alhajas de metales preciosos, ni chapeados de esos metales, piedras preciosas o seniipreciosas y perlas. Por otra parte se aborda el delicado problema de los contenedores como el medio de transporte más avanzado de nuestra época y se les encuadra bajo este régimen dispensando el otorgamiento de garantía. 3. Régimen para transformación, elaboración o re-

paración. Este novedoso régimen es una forma de incentivar la exportación de mercancías, las que podrán llegar a los mercados internacionales en forma más rápida y a precios competitivos, representan un importante avance. El antecedente de este régimen es el Reglamento del pfo. tercero del a. 321 del Código Aduanero, que regulaba las actividades de las maquiladoras, que ahora se ve superado, porque se amplía su concepto, tratando que las empresas nacionales soliciten este régimen como un incentivo a la exportación. Como los procesos a que alude este régimen pueden variar, la autoridad aduanera tiene facultades discrecionales para determinar el plazo de permanencia de las mercancías en territorio nacional, sin exceder de dos años. Esta discrecionalidad deberá fundarla y motivarla la Dirección General de Aduanas en la resolución que emita y dándole también oportunidad a la empresa a presentar sus consideraciones. Dos aspectos muy importantes son las mermas y los desperdicios, los primeros son los efectos que se consumen durante el proceso de industrialización y los segundos son los residuos de las mercancías después de ser procesadas; no se pagarán impuestos al comercio exterior sobre estos últimos, si el importador opta por retomarlos al exterior o destmirlos bajo supervisión aduanera. Si se quieren importar definitivamente pagarán los impuestos, como desperdicios en el momento de su clasificación y cumplir con las restricciones correspondientes. Para fijar los rendimientos, mermas y desperdicios, la autoridad aduanal permitirá importaciones experimentales y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial señalará los porcentajes a aplicar. Las mercancías resultantes de los procesos industriales que retomen al extranjero, cuando se les ha incorporado mano de obra y materias primas nacionales o nacionalizadas cuya exportación puede estar sujeta al pago de impuestos, la Dirección General de Aduanas calculará los impuestos determinando el porcentaje que del peso y valor del producto terminado corresponda. Si las mercancías importadas bajo este régimen no se sujetaron a proceso industrial alguno por causas justificadas, la autoridad permitirá su retomo sin pago de impuestos. 4. Régimen de depósito industrial. Este régimen es parecido al anterior, pero c^ n cierta^ salvedades: a) Es exclusivo para empresas mexicanas. b) Los productos resultantes del proceso de elabo389

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ración, transformación o reparación, p o d r á n destinarse a c o n s u m o en territorio nacional, previa autorización de las autoridades, pago de impuestos, de i m p u e s t o s de i m p o r t a c i ó n y c u m p l i m i e n t o de requisitos administrativos. c) La Dirección General de Aduanas autorizará las instalaciones de las empresas. d) La Secretaría de Comercio y F o m e n t o Industrial deberá a p r o b a r sus actividades industriales. C. Régimen de depósito fiscal. Es o t r o régimen e c o n ó m i c o , q u e además t a m b i é n tiene la característica de ser suspensivo del pago de los i m p u e s t o s ; p e r o a diferencia de los regímenes temporales a la i m p o r t a ción, estas mercancías van a ser i m p o r t a d a s en forma definitiva a n u r a t r o país. Esta figura se c o n t e m p l a b a en el Código A d u a n e r o , consiste en q u e u n a vez d e t e r m i n a d o s los i m p u e s t o s de i m p o r t a c i ó n las mercancías pasan a ser depositadas en almacenes generales de depósito por u n t é r m i n o de hasta d o s años. D e n t r o del plazo señalado ei i m p o r t a d o r p u e d e ir retirando parte de las mercancías o la t o t a l i d a d de las mismas, previo pago de los i m p u e s t o s correspondientes. Las mercancías en depósito p u e d e n ser motivo de actos de conservación y l o m a s de muestras, así c o m o t a m b i é n vendidas a terceros mediante autorización que otorguen las a u t o r i d a d e s . El i m p o r t a d o r p u e d e desistirse de la i m p o r t a c i ó n , siempre d e n t r o del plazo, y r e t o m a r la m e r c a n c í a al extranjero sin pago de i m p u e s t o s . Por otra p a r t e , si ias mercancías n o se retiran del depósito en el plazo señalado, serán rematadas para cubrir el crédito fiscal y si hay s o b r a n t e se le devolverá al d e p o s i t a n t e . Esta figura también se aprovechará para e! establecimiento de tiendas in bond en a e r o p u e r t o s internacionales y en las q u e sólo se autorizará a pasajeros que salgan del país. D . Régimen de i m p o r t a c i ó n para reposición de existencia. Es o t r o d e los regímenes de avanzada para estimular las e x p o r t a c i o n e s ; consiste en que la m e r c a n c í a q u e se ha i m p o r t a d o en f o r m a definitiva c u b r i e n d o los i m p u e s t o s al comercio exterior y c u m p l i e n d o con los requisitos legales c o n d u c e n t e s , se utiliza en la elaboración o se i n c o r p o r a a p r o d u c t o s nacionales que se e x p o r t e n ; se autorizará la reposición de la mercancía i n c o r p o r a d a sin el pago de los i m p u e s t o s al comercio exterior en la misma proporción y naturaleza arancelaria.

Se deberá presentar una solicitud a la Dirección General de Aduanas, indicando cuáles son los p r o d u c tos a e x p o r t a r \ qué mercancías i m p o r t a d a s se les incorporarán. Las mercancías en re|)Osición deberán introducirse al país en u n plazo de tres meses c o n t a d o s a partir de otorgada la autorización. III. Los regímenes de exportación se clasifican de la misma manera q u e los de i m p o r t a c i ó n y su regulación es similar, baste s i m p l e m e n t e enunciarlos; A . Definitivos. B. Temporales. — Para r e t o m a r al país en el m i s m o e s t a d o . — Para elaboración, transformación o reparación. IV. BIBLIOGRAFÍA: B E R R , Claude y T R E M E A U , Hcnri, Le droit douanier; 2a. ed„ París, Libraire Genérale de Droit et de Jurisprudencc, 1981; J A C Q U E M A R T , Claude, La nouvelle douane européenne, París, Editions Júpiter, 1971.

José othón RAMÍREZ

GUTIÉRREZ

R e g í m e n e s patrimoniales del m a t r i m o n i o . 1. Se entiende p o r régimen patrimonial del m a t r i m o n i o , el sist e m a j u r í d i c o q u e rige las relaciones patrimoniales que surgen del m a t r i m o n i o . n . El h o m b r e y la mujer q u e deciden unirse en mat r i m o n i o , tienen p r o p ó s i t o de hacer vida en c o m ú n , es lógico q u e ésta tenga influencia en las personas y bienes de los cónyuges. Los antitéticos principios de independencia y colaboración entre los cónyuges, c o n s t i t u y e n el fundam e n t o de los c o n t r a p u e s t o s regímenes patrimoniales que han surgido a lo largo de la historia, entre los q u e han d e s t a c a d o : los dótales, de administración marital, c o m u n i d a d universal, c o m u n i d a d de gananciales o separación de bienes. En R o m a se establecieron dos sistemas de justas nuptiae: m a t r i m o n i o cum manu y sine manu. En el p r i m e r o , la mujer queda bajo la p o t e s t a d del m a r i d o ; en el segundo se m a n t e n í a bajo el p o d e r del g r u p o famüiar de origen. En el m a t r i m o n i o cum mana, los bienes de la m u jer son de la plena propiedad y absoluta disposición del jefe de la familia. En el m a t r i m o n i o sine manu, la esposa c o n t i n ú a bajo el p o d e r de su padre y h a b í a de ser u n día i n d e p e n d i e n t e c o m o mujer sui-juris c o n la posibilidad de poseer sus p r o p i o s bienes. En este caso, se consideraba q u e la mujer d e b í a contribuir a los gastos del hogar con u n a dote q u e era:

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el cotiji-nlu de bienes llevado al matrimonio por la esposa, destinados a ayudar a soportar las cargas del matrimonio, pero sin c|ue el esposo llegara a tener sobre ellos la propiedad, pues debía transmitir ésta a los liijos, para quienes estaba especialmente destinada. La dote era primitivamente irrevocable, en caso de disolución del matrimonio, ni la esposa ni su familia podían pretender nada de la dote."Posteriormente, se estableció que al disolverse el matrimonio, el marido debía restituir la dote a la mujer. Los bienes de la esposa que no integraban los dótales constituían los parafernales y eran privativos de la mujer. Los había adquirido con anterioridad al matrimonio o durante éste, a título de herencia o los había adquirido con sus propios recursos. Los bienes del marido le pertenecían a él si era sui-juris o alpater familia en el caso de que no lo fuera. El sistema dotal es un régimen de separación ya que los bienes dótales son los únicos sometidos a reglamentación especial. En el derecho germánico antiguo prevaleció el concepto de que el marido es sucesor del padre de la novia y tiene jiotestad sobre ella y sus bienes sobre los que tiene un derecho de administración. A la mujer sólo se le dejaba la libre disposición de los utensilios caseros, el resto del patrimonio, en especial la dote, era administrada por el marido, pero sin que éste adquiriera la propiedad. Elste sistema de administración marital de los bienes de la mujer llamado comunidad de administración se conservó durante la Edad Media. La propiedad de los bienes está separada, pero durante el matrimonio el patrimonio de los cónyuges formaba una masa unitaria administrada por el marido en nombre de la sociedad conyiigal. El marido tenía la libre disposición de los bienes muebles de la mujer y de los suyos propios, mientras que para disponer de los inmuebles de la mujer requería el consentimiento de ésta. \l disolverse el matrimonio, los bienes conyugales volvían a desintegrarse en los bienes del marido y los bienes de la mujer. Este sistema evolucionó hacia una forma de comunidad de bienes. El patrimonio de ambos cónyuges se unifica. Los bienes comunes pertenecen a ambos cónyuges y al disolverse el matrimonio, no se desintegran conforme a su origen, en bienes del marido y bienes de la mujer, su destino se determina prescindiendo del origen de los objetos y segi'm los cónyuges lo estipulen. La comunidad de ganancias o gananciales es iina variación del sistema de comunidad que surgió en Alemania, ésta se constituye por los bienes adquiridos

por los cónyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos, y los frutos y productos de los patrimonios de cada cónyuge. Las ganancias que adquieran el marido o la mujer forman un patrimonio común. Pueden ser ganancias las cosas y los derechos, los muebles y los inmuebles, independientemente de que los cónyuges puedan tener además su patrimonio propio. A la disolución del matrimonio los bienes ganados se dividen por mitad. En derecho español hay datos seguros sobre el régimen de bienes de matrimonio en las épocas más antiguas. Entre los cántabros eran los hombres quienes llevaban la dote a sus mujeres, no éstas a sus maridos. La dote revistió gran variabilidad, tanto en su denominación como en su cuantía y efectos. En las colecciones legales de derecho castellano suele ser regulada con el nombre de "arras" que adoptaron varias modalidades. Las llamadas arras a fuero de León, consistían en la cesión plena del tercio de los bienes, con plena facultad de disposición para el adquirente. En las arras del fuero de Castilla, la cesión era de la mitad de los inmuebles, pero no tenía el carácter de transmisión inmediata de la propiedad, puesto que los herederos podían hacer uso de la facultad de entregar eventualmente a la viuda quinientos sueldos, como computación de heredamiento que le hubiese he buen gobierno. Esto quiere decir que siempre será necesario que primero la ley estatal o federal regulen la [wlicia administrativa o el buen gobierno y des[)ués, si a-si se decide, se expidan los reglamentos propios a ea!icable a l o s ¡irisioneros de guerra y delincuentes políticos. Otros a n t e c e d e n t e s los t e n e m o s en Bulgaria ( 1 9 6 1 ) \ ElJA (en California). E n México existieron d o s prec e d e n t e s t o m a d o s de la r e d e n c i ó n de penas p o r arrep e n t i m i e n t o y e m i e n d a del r e o de las o r d e n a n z a s espiuiolas: éstos s o n el bosquejo para el (!iódigo Penal del E s t a d o de México de 1 8 3 1 , y o t r o es el del Código Penal v e r a c n i z a n o de 1 8 3 5 ,

de Sentenciados", Legislación penitenciaria y correccional comentada, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1978; id., La prisión, México, Fondo Cultura Económica/UNAM, 1975; G A R R I D O G U Z M A N , LUÍS, Compendio de ciencia penitenciaria. Valencia, Universidad de Valencia, Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal, 1976; RODRÍGUEZ I V U N Z A N E R A , Luis, Remisión parcial de la pena (ponencia al IV Congreso Nacional Penitenciario), Morelia, Michoacán, noviembre de 1972; SÁNCHEZ G A L I N D O , Antonio, "Ei derecho a ia readaptación sociaP', Estudios penitenciarios, Buenos Aires, Depalma, 1983, Ma. de la Luz LiMA M A L V I D O

Remoción de tutor o curador. I. Es la separación del cargo de tutor o curador, por parte de las autoridades correspondientes, basada fundamentalmente

en una

conducción deficiente de ios bienes o la persona del pupilo. II. Esta institución se encontraba ampliamente regulada en el derecho de los antiguos romanos. En virtud de ella, el tutor podía ser destituido, bien por su manifiesta inhabilidad en el desempeño de su cargo (destitución simple) o bien por una conducta desleal (destitución oprobiosa). Aunque las facultades de vi-

V.n Puebla la remisión se a d o p t a en el Código Penal de 1 9 4 3 , en D u r a n g o ( 1 9 4 5 y 1 9 4 7 ) , Zacatecas ( 1 9 6 5 ) , y Michoacán ( 1 9 4 9 ) . El CP vigente ('opia casi exaetaínente la redacción de la Ley de Ejecución d e Penas Privativas y Restrictivas de Libertad del E s t a d o de México ( 1 9 6 6 ) .

gilancia y fiscaHzación de la conducta de los tutores

I I I . L o s requisitos fundamentales para la remisión son c u a t r o : trabajo, b u e n a c o n d u c t a , participación e n las actividades y efectiva r e a d a p t a c i ó n social.

tutclac directa revestida de carácter infamante (Sohm,

La remisión es u n d e r e c h o para t o d o s los s e n t e n ciados del cual gozarán a u n q u e n o lo m e n c i o n e la sentencia, d e r e c h o q u e funciona c o n i n d e p e n d e n c i a d e la Übertad p r e p a r a t o r i a . Para el c ó m p u t o de la r e n ú s i ó n se t o m a r á e n c u e n t a el t i e m p o q u e el sujeto estuvo recluido e n la prisión preventiva. Es necesaria, para la aplicación del sistema científic o de remisión parcial de la p e n a , la i n t e r v e n c i ó n decisiva q u e se da al Consejo T é c n i c o , al ampju-o del a. 9 y el a. 3 transitorio d e la Ley q u e Establece las N o r m a s Mínimas sobre R e a d a p t a c i ó n Social de S e n t e n c i a d o s . Ya q u e de la eficacia de los consejos técnicos d e p e n d e ei b u e n ftincionamiento del sistema científico d e r e misión.

pertenecía al Estado, de hecho cualquiera podía acusar al tutor sospechoso de alguna irregularidad. El pupilo tenía a su favor tan diversas acciones como la in integrum restitutio y la acíio negotiorum gestorum, concedidas por el pretor, además de una acíi'o p. 308) y la actio rationibus distrahendis,

antecedente

de aifuélla. III. El CC autoriza la separación de los tutores er diversas hipótesis comprendidas en el a. 504. Cuando alguna de ellas se haga presente, tanto el Ministerio Público (vigilante del interés social) como los parientes del pupilo tienen a su cargo la acción correspondiente para proceder a ia denuncia ante el juez de !o familiar (a. 633 CC). Es claro que debe incluirse aquí al curador, quien precisamente está obligado a defender los derechos del incapacitado contra el tutor (a. 626, fr. I C C ) . Las causas por las que un tutor puede ser removido son las siguientes: no haber prestado garantía para ejercer la tutela; mala conducción de los bienes o de la persona del pupilo; no rendición de cuentas oportu-

IV. BIBLIOGRAFÍA: G A R C I A R A M I R E Z , Srrgio, "Ley

nas; presentar algún tipo de incapacidad natural o le-

que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social

gal (a. 503 CC); pretensión de contraer matrimonio

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:;on su pupilo y, por último, ausencia por más de seis meses del lugar donde se ejerce la tutela. El tutor que fuere acusado de la comisión de un delito, no resulta inmediatamente removido del cargo, sino que tan sóio se dispone la suspensión del mismo en tanto se decide sobre su culpabilidad. La remoción sobrevendrá exclusivamente en el caso de que resulte condenado a pena privativa de libertad que exceda a un año o cuando, en forma expresa, se le prive del ejercicio de sus derechos civiles (aa. 508-510 CC). La ley no prevé específicamente el caso de remoción o separación de los curadores; pero alguna disposición (a. 621 CC) alude marginalmente al problema, aceptando el nombramiento de curador interino en los casos de impedimento, "separación'" o excusa del nombrado. Aunque tampoco decide sobre las causas que pudieran dar origen a tal medida, el intérprete debe concluir que las disposiciones sobre tutores son, muUitis mutandi, apÜcables también a los curadores. Pero es obvio que el curador no tiene obligación de caucionar su vigilancia sobre el tutor, como tampoco debe rendir cuentas sobre la administración económica de los bienes del menor, ya que sus funciones se reducen a la vigilancia del tutor y la defensa de los derechos del incapacitado —a. 626 CC— (y sólo para el caso de que estén en oposición con los del tutor). Asimismo, tampoco es indispensable que, como lo exige la fr. VI del a. 504 CC, deba permanecer en el lugar donde se ejerce la tutela y, por tanto, dicha causal no puede ser motivo de remoción en su caso. Otras obligaciones específicas del curador se encuentran en las disposiciones contenidas en los aa. 454, 458, 464, 523, 532, 533, 534, 535, 541, 544, 547, 553, 561, 564, 568, 571, 573, 582, 584 y 598 CC. Todas ellas derivan de la obligación general consignada en el a. 626 CC. Ahora bien, la ley sanciona el incumplimiento de todas estas obligaciones con la responsabilidad para el pago de los daños y perjuicios que eventualmente resulten ^a. 627 CC). Así lo consigna también el a. 581, fr. 11 CC, para el caso de omisión en el nombramiento de cierto tutor interino. Pero es obvio que el juez no puede constreñirse tan sólo a esta sanción, y, siempre que el caso así lo amerite, podrá decretar la remoción o separación del cargo. Con vista a este objetivo, el a. 463 CC prescribe la necesidad de instaurar juicio, mismo que debe seguirse en la forma contenciosa, de conformidad con el a. 913 CPC.

Finalmente, ¿es posible asumir que la remoción del tutor o del curador tenga lugar cuando no haya una causa concreta y se hubiere provocado de todas formas un comportamiento inadecuado en el pupilo? Piénsese, p.e., en el caso de que éste haya cometido un delito no directamente propiciado por su tutor o curador, pero de alguna manera ocasionado por la negligencia y descuido en su educación. Es claro que, siempre que pueda probarse alguna irregularidad que indirectamente pudiera haber ocasionado la comisión del hecho delictuoso, el juez de lo familiar tendrá facultades para decretar la remoción del cargo con fundamento en el a. 504, fr. íl, o en el 626, frs. 1 y II CC, según el caso, así estas causales expresen una vaguedad e imprecisión enormes que suscitan continuas dudas. IV. BIBLIOGRAFÍA: G A L I N D O GARFIAS, Ignacio, Derecho civil; parte general, personas y familia; 5a. ed., México, Porrúa, 1982; IBARROLA, Antonio de,Derecho defamüia, México, Porrúa, 1978; MARGADANT, Guillermo F.,' Derecho privado romano; 4a. ed., México, Esfinge, 1970; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. II, Derecho de familia; 5a. ed., México, Porrúa, 1980; SOHM, Rodolfo, Historia e instituciones de derecho privado romano. Historia y sistema; trad. de Wenceslao Roces, México, Editora Nacional, 1975. José Antonio IMARQUEZ GONZÁLEZ Rendición, v. CAPITULACIÓN. Rendimientos del capital, v. PRODUCTOS DEL CAPITAL. Rendimiento del trabajo, v. PRODUCTOS DEL TRABAJO. Renta. 1. (Del latín reddita, utiHdad o beneficio que rinde anualmente una cosa, o lo que de ella se cobra.) El concepto de renta en materia fiscal es el más importante para el impuesto que recae sobre dicho ingreso global. El impuesto sobre la renta se divide en dos grandes sectores, el impuesto que grava la renta de las personas físicas y el que recae sobre la renta de las empresas. El concepto de renta personal se puede definir, siguiendo a Haig y Simmons, como la suma algebraica del consumo de una persona, más el incremento de valor de su patrimonio durante un periodo determinado de tiempo. De esta forma se comprende todo tipo de ingreso de una persona, ya que necesariamente deberá destinarse al consumo o a la acumtdación en

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cualquiera de sus formas durante un periodo específico. II. Una nota distintiva entre el concepto de renta y el de ingreso es que el primero es genérico y el segundo es una especie de aquél. Esto es, se entiende por renta la suma de todos los ingresos, por lo que la renta de una persona es global y puede estar integrada por la suma de ingresos provenientes de diversas fuentes. Así, si bien en algunos contextos puede usarse renta como sinónimo de ingreso, conviene precisar para mayor claridad que este último es parte de aquél, por lo que el sinónimo específico de renta es ingreso global. Por otra parte, en el caso del impuesto sobre la renta de las empresas, la renta coincide con la utilidad neta obtenida en un período determinado de tiempo. Tanto en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el de las empresas, el objeto del gravamen coincide con la base de la imposición que es la renta, la cual es también el elemento más importante de la estructura del impuesto. En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas conviene recordar que éste es un gravamen directo, personal y de tasa variable que graba la renta o ingreso global del sujeto. Es el gravamen que mejor se adapta al principio de la capacidad de pago. Esto es, al ser la renta neta una medida de la capacidad del sujeto para demandar bienes y servicios, se le considera un buen indicador de la capacidad para contribuir para el fínanciamiento del sector público. Es también un impuesto flexible ya que puede adaptarse a los diversos niveles de renta y debe tener aplicación progresiva. Asimismo, siguiendo a Fritz Neumark, citado por Fuentes Quintana, se debe precisar que hay identidad del objeto, la base de la imposición y la fuente del impuesto. E^te grava la renta neta, es decir, se deben deducir los gastos erogados para la obtención de la misma. La renta neta coincide con la verdadera, por lo que el método de estimación de la base del impuesto debe ser el adecuado para obtener la verdadera renta del sujeto. Estos dos conceptos coinciden con el de la renta personal, ya que en la mayor parte de las legislaciones que establecen y estructuran este gravamen se consideran las características personales y familiares del contribuyente para determinar la real capacidad contributiva del sujeto. i n . En diversas legislaciones que establecen el impuesto sobre la renta no se da un concepto específico

de renta, y simplemente se señala que están obligados al pago del impuesto correspondiente los sujetos que perciban ingresos, cualquiera que sea su fuente, o se señalan los tipos de sujetos y las situaciones por las que se causa el gravamen. Al respecto el a. l o . de la LIR detennina que: "las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de loa ingresos atribuibles a dicho establecimiento lUI. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a dicho establecimiento. Posteriormente la LIR precisa a los sujetos, el objeto y la base del gravamen. IV. BIBLIOGRAFU: FUENTES QUINTANA, Enrique, Hacienda pública y sistemas fiscales, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1978; GiL VALDIVIA, Gerardo, "La teoría de la tributación y la función cambiante de la política impositiva", Boletín Mexicano de Derecho Comparado (en prensa); MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B., PubUc Finance in Theory and Practice, New Jersey, McGraw-HilI Book Company, 1976; NEUMARK, Fritz,Principios de ¡a imposición; trad. de J. Zamít Feírer, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974; RETCHKIMAN, Benjamín, Finanzas públicas, México, UN.\M/Sistema Universidad Abierta, 1981. Gerardo GiL VALDIVIA Renta vitalicia. I. "La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego." Tal es la definición y caracterización de este contrato establecida en el a. 2774 de nuestro CG. 11. La definición se refiere lógicamente a un contrato oneroso, ya que establece el pago de una contraprestación. Pero conviene aclarar que, a pesar de la definición legal, es perfectamente legítimo el establecimiento de un contrato de renta vitalicio a título gratuito. Y si atendemos al hecho de que sólo los contratos onerosos pueden ser aleatorios (a. 1838 CC),

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este último —gratuito— no puede participar entonces de la característica de la aleatoriedad {Lozano Noriega, p. 583). La definición es, pues, incompleta y, en tal sentido, incorrecta. Por lo demás, el contrato es bilateral, principal, de tracto sucesivo, que lógicamente se ubicajunto a aquellos que transmiten efectivamente d dominio de la cosa objeto del convenio. Respecto a su forma, ésta puede ser consensual o formal. En virtud de su constitución, el deudor constituyente queda constreñido jurídicamente al pago de una suma de dinero (denominada específicamente pensión) a otra persona denominada entonces pensionista. Este último puede o no aportar, en contraprestación, una cosa mueble o inmueble o una cierta suma de dinero, en una sola exhibición que ingresa de inmediato al patrimonio del constituyente en virtud del carácter transmisor de dominio del contrato. Como se observa, el contrato es de tracto sucesivo precisamente por la periodicidad en la entrega de la pensión, elemento éste realmente esencial en el contrato, porque ya decíamos que la contraprestación puede incluso no existir. ¿Qué es lo que determina la aleatoriedad en el contrato? Indiscutiblemente, la imprecisión existente en el tiempo por el cual deba pagarse la pensión, imprecisión que se basa en el hecho de que, establecida sobre la vida de otra ¡)ersona, no puede saberse en absoluto durante cuánto tiempo deberá pagarse. Por tanto, se desconocen ah initio los perjuicios o beneficios que puede arrojar el contrato y, en todo caso, sólo se tendrá certeza de la cantidad entregada por el pensionista cuando así se haya determinado. Pero este dato no puede resolver el problema de las ganancias o pérdidas finales. En ello consiste pues la aleatoriedad de! contrato, elemento que, de estar ausente, convertiría al contrato en simple donación o permuta, de conformidad con las características asumidas. Aparte de ello, los elementos existenciales y de validez que dan estructura al contrato, permanecen inalterables, siguiendo entonces el régimen normal establecido para la mayoría de los contratos; [»ero conviene observar que existen ciertas clases especiales de nuhdad que modifican un tanto el esquema. Así, el a. 2779 c e establece una nulidad especial que resulta de la muerte —previa al contrato— de la persona sobre quien se haya establecido el término de vigencia del contrato mismo, error de hecho (a. 1813 CC) que nulifica el pacto porque tal causa ha sido precisamente

el motivo que ha determinado la voluntad de cualquiera de los contratantes, o ambos. En el siguiente numeral (2780 CC) nuestra legislación extiende esta causa de nuUdad a la hipótesis de que dentro del plazo señalado en el contrato (que en ningún caso puede ser inferior a treinta días), fallezca la persona a cuyo favor se ha constituido la renta. Lozano Noriega (p. 587) impugna con acierto la redacción del a. en cita, alegando que debe referirse más bien al fallecimiento de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta. Otra causa especial de ineficacia del contrato se prevé expresamente en los aa. 2781, 2782 y 2783 CC. La hipótesis de hecho que provoca su actualización es la falta de pago de las rentas por el constituyente obligado a ello. En este caso, el acreedor puede exigir la rescisión del contrato por incumplímifento del deudor siempre que, habiendo solicitado las garantías necesarias para su pago, el deudor se niegue o no pueda hacerio. En cualquier otro supuesto, no opera la rescisión, y e! acreedor sólo puede constreñir a su deudor al pago de las rentas vencidas y al aseguramiento de las futuras. Respecto a su forma de constitución, el a. 2776 sólo exige que se otorgue por escrito y, siempre que se trate de bienes que así lo exijan, por escritura púbüca. El contrato se extingue normalmente por !a muerte de la persona sobre cuya vida se ha constituido la duración del periodo de pago de la renta. Su extinción anormal (ir.., sin cumplimentar los fines para los que precisamente fue instrumentado) acaece por las reglas generales existentes en ios demás contratos. Ya hemos aludido al caso de su nulidad por muerte ignorada o imprevista de la persona y de su rescisión por incumplimiento en el pago. III. BIBLIOGRAFÍA: A G U I L A R C A R B A J A L , Leopoldo,

Contratos civiles, 2a. ed., México, Porrúa, 1977; LOZANO N O R I E G A , Francisco, Contratos; 2a. ed., México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1970 ;MUÑOZ,Luis, Teoría general del contrato, México, Cárdenas, 197.3; S Á N C H E Z M E D A L , Ramón, De los contratos civiles; 2a. ed.. Mé-

xico, Porrúa, 1973; T R E V I Ñ O ( Í A R C I A , Ricardo, Contratos civiles y sus generalidades, Guadalajara, Librería Font, 1975, José Antonio MÁRQUEZ GONZÁLEZ

Renuncia a la herencia. 1. Acto por el cual el heredero dimite, rechaza o abdica los derechos y obligaciones inherentes a su condición de causahabiente. II. Si el autor de la herencia —o causante—ha muer-

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to, la renuncia que haga el heredero, testamentario o ab intestato, se confunde con el repudio. El heredero tiene derecho a aceptar o repudiar la herencia en el momento en que se produce la delación déla misma; tanto la aceptación como el repudio son irrevocables (a. 1670 CC), indivisibles y no pueden realizarse con plaiio o condicionalmente (a. 1657 CC). Si la persona a quien el heredero presuntamente ha de suceder está aún viva, no puede aquél renunciar a la herencia. El a. 1665 CC establece en forma expresa que: "Ninguno puede renunciar la sucesión de persona viva, ni enajenar los derechos que eventualmente pueda tener a su herencia." Reforzando este principio, el a. 1666 CC señala que: "Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya herencia se trate." Estas disposiciones legíJes se fundan en el hecho de que nadie puede renunciar a lo que no tiene, ya que, hasta el último instante de su vida, quien será el causante puede otorgar testamento a favor de alguien distinto de aquel que se considere con expectativas hereditarias, en virtud de su grado de parentesco con el autor de la herencia, o de otras causas. En el sistema del CC de 1928 no existe la categoría de herederos forzosos o legitimarios, que se puede encontrar en derecho comparado (aun en los ordenamientos jurídicos que acogen el sistema dé la legítima, el llamado por la doctrina "pacto de sucesión futiu^", es nulo). El heredero que no puede renunciar a algo incierto, como lo es la herencia de persona viva, no puede tampoco enajenar esos eventuales derechos futuros; el a. 1291 CC dispone que: "El heredero o legatario no puede enajenar su parte en la herencia sino después de la muerte de aquel a quien hereda." Y en ele. relativo a los contratos (c. I, tít. primero, libro cuarto) el CC, en su a. 1826, determina que la herencia de persona viva no puede ser objeto de un contrato aun cuando ésta preste su consentimiento. Este contrato sobre una sucesión futura sería nulo por falta de objeto, y la nulidad sería absoluta. Y, con toda precisión, el a. 2950 CC, referente al contrato de transacción, dispone que: "Será nula la transacción que verse:. . . III. Sobre sucesión futura; IV. Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay." Entre los objetos posibleü de una transacción de esta índole, podría encontrarse la renuncia de la herencia que, en consecuencia,, sería absolutamente nula. En conclusión, la única renuncia posible es el repu-

dio de la herencia de persona fallecida, realizado en el momento de la delación y con las formalidades que prescribe la ley. V. R E P U D I O D E LA H E R E N C I A .

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III. BIBLIOGRAFÍA: A R A U J O VALDIVIA, Luis, Derecho de ¡as cosas y detecho de las sucesiones; 2a. ed., Pu6bls, Cajica, 1972; FERNANDEZ A G U I R R E , Derecho de los bienes y dé ¡as sucesiones. Puebla, Cajica, 1963; I B A R R O L A , Antonio de. Cosas y sucesiones; 2a. ed,, México, Poirúa, 1964; R O J I N A VILLEGAS, Rafael, Compendio de derecho civil, t. II, Bienes, derechos reales y sucesiones; 10a. ed., México, Porrúa, 1978; U R I B E , Luis F., Sucesiones en el derecho mexicano, México, Jus, 1962, Carmen G A R C Í A M E N D I E T A

Renuncia al trabajo. I. Es la manifestación libre y expresa por parte del trabajador de dar por terminada la relación laboral con el consentimiento del patrón. II. La LFT en su a. 5Ó, fr. I, establece como causa de terminación de la relación de trabajo el mutuo consentimiento de las partes. Esto implica, por un lado, la renuncia del trabajador a su trabajo y, por el otro, la conformidad del patrón. Es cierto que en el mayor número de ocasiones las renuncias son en realidad despidos injustificados. El patrón o su representante presiona de diversas formas al trabajador para que renxmcie y generalmente se otorgan esas renuncias por escrito, a cambio, tan sólo, de una gratificación, muy por abajo de las indemnizaciones dispuestas por la ley. Mario de la Cueva, señala que: "La Comisión comprendió que no era posible la supresión de la causal, porque, si se autoriza al trabajador para separarse del trabajo en cualquier tiempo, no se encontraron argumentos para prohibirie que conviniera con el patrono la terminación y obtuviera algunos beneficios. No ignoró la Comisión que en la vida real se obliga a los trabajadores a que firmen un documento en el que se habla de una terminación por mutuo consentimiento, pero es igualtnente real que suscriben otros en los que declaran que se separaron del trabajo por decisión libre. Los remedios únicos contra estas maniobras son la educación, el apoyo sindical y en última instancia la demanda ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuando puedan comprobarla maniobra". . Al respecto, la SCJ ha establecido jurisprudencia en el sentido de que, al trabajador que afirme que lo obligaron mediante coacción a presentar su renuncia

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ai trabajo que desempeñaba, le corresponde demostrar tal aseveración, si es negada por su contraparte. Por otra parte, !a renuncia al trabajo no constituye un convenio ni una liquidación (a. 33 de !a LFT), por tal motivo no requiere para su validez de la ratificación ante los tribunales de trabajo. En este sentido se ha manifestado la SCJ al sostener, en jurisprudencia, el criterio de que los trabajadores pueden válidamente renunciar al trabajo, sin que tal acto implique renuncia de derechos en los términos de los aa. 123, fr. XXVII, inciso h, de la C, y 33 de la LFT; pues la renuncia al trabajo no presupone la de derecho alguno derivado de la Ley o adquirido con motivo de la prestación de sus servicios, sino que constituye una simple manifestación de voluntad de dar por terminada la relación laboral, manifestación que para su validez no requiere de la intervención de las autoridades del trabajo, toda vez que surte sus efectos desde luego, y corresponde a los trabajadores, cuando pretendan objetarla por algún vicio del consentimiento, demostrar tal extremo para obtener su nulidad. III. La libertad que tiene el trabajador para renunciar en cualquier momento a su empleo encuentra fundamento incontrovertible en la libertad de trabajo; libertad para trabajar, para dejar de trabajar y para no trabajar, libertad consagrada en los aa. 5o. C y 40 LFT, para todo individuo que se encuentre en la República Mexicana; estos preceptos también señalan que los trabajadores en ningún caso podrán obligarse a prestar sus servicios por más de un año. Pero ¿qué sucede cuando un trabajador se había obligado a trabajar por un mayor término, pero renuncia antes del año de prestar sus servicios? El propio a. 5o., pfo. octavo, C, y a. 32 LFT, disponen que en el supuesto de que el trabajador incumpla el contrato de trabajo (en el caso que nos ocupa se supone que renuncia), sólo da lugar a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. V. D E S I S T I M I E N T O , D E S P I D O , E X T I N C I Ó N D E L A

RELACIÓN LABORAL, SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. IV. BIBLIOGRAFÍA: BUEN LoZANO, Néstor de, Derecho del trabajo, t.ll. Derecho individual, derecho colectivo, 4a. ed., México, Porrúa, 1981; C U E V A , Mano de la, F.l nue-

vo derecho mexicano del trabajo, t. I, Historia, principios fundamentales, derechos individual y trabajos especiales; 6a. ed., México, Porrúa, 1 9 8 0 ; H A M 1 R E Z F O N S E C A , Francisco,

Ley Federal del Trabajo comentada, México, Publicaciones Administrativas y Contables, 1982; T R U E B A U R B I N A , Al-

berto. Nuevo derecho del trabajo; teoría integral; 5a, ed„ México, Porrúa, 1980. José D A V A L O S

Reo. I. (Del latín reus, persona que por haber cometido una culpa merece castigo.) Persona condenada por sentencia que ha causado ejecutoria y que, por tanto, está obligada a someterse a la ejecución de la pena por la autoridad correspondiente. n . Durante largo tiempo ha reinado, incluso en la C, cierta anarquía en cuanto a la designación que en general corresponde al sujeto en contra de quien se instaura y desarrolla el procedimiento penal. Esa anarquía se liga a la condición jurídica diversa que va sucesivamente asumiendo el supuesto sujeto activo según el momento procedimental de que se trate, y a los derechos y obligaciones que respectivamente ie corresponden. Se ha propuesto, por ello, y sobre todo para evitar las situaciones injustas en que puede verse una persona por efecto de la denuncia o la querella, que se le denomine indiciado durante la averiguación previa; procesado ai avocarse el juez, ya ejercitada la acción penal, al conocimiento de los hechos, es decir, a partir desde el auto de radicación; acusado, desde que el Ministerio Público ha formulado conclusiones acusatorias, y hasta dictarse sentencia; sentenciado, desde que ésta se ha pronunciado, y, finalmente, reo^ cuando tal sentencia ha causado estado, vale decir, ejecutoría, y ha adquirido firmeza. Otras expresiones, como las de imputado, inculpado y condenado, entre las varias que a este repecto podrían traerse a cuento, significan, respectivamente, persona a quien se atribuye un delito, persona contra quien se ha iniciado proceso y hasta que termine, y persona sometida a una pena. III. BIBLIOGRAFÍA: COLIN SANCHEZ, GuUlermo, Derecho mexicano de procedimientos penales; 7a. ed., México, Porrúa, 1981; G A R C I A R A M I R E Z , Ser^o, Curso de derecho procesal penal; 3a. ed., México, Porrúa, 1980. Alvaro BUNSTER

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