Descomposición política y autoritarismo en el Perú

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DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA Y AUTORITARISMO EN EL PERÚ Julio Cotler DOCUMENTO DE TRABAJO Nº51 IEP Instituto de Estudios Peruanos Documento de trabajo Nº51 Serie Sociología y Política Nº7

DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA Y AUTORITARISMO EN EL PERÚ Julio Cotler

Documento de Trabajo Nº 51

Instituto de Estudios Peruanos

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Documento de Trabajo Nº 51 Serie Sociología y Política Nº 7

Esta publicación es un avance del proyecto "Crisis y reformas políticas en el Perú" que cuenta con el auspicio de la Fundación Ford.

© IEP ediciones Horacio Urteaga 694, Lima 11 Telf. 32-3070 / 24-4856 Fax [5114] 32-4981 Carátula: Tejido Chancay Cortesía del Museo Amano Foto: Pedro Roel Impreso en el Perú Julio 1993

COTLER, Julio Descomposición política y autoritarismo en el Perú.-- Lima: IEP, 1993.-- (Documento de Trabajo, 51. Serie Sociología y Política, 7). DEMOCRACIA/PARTIDOS POLITICOS/AUTORITARISMO/FUERZAS ARMADAS/VIOLENCIA/FUJIMORI, ALBERTO/PERU/AMERICA LATINA/ WD/05.01.01/SP/7

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1. EL LEGADO DE LA DEMOCRACIA 2. LA QUIEBRA DE LOS PARTIDOS Y LAS IDENTIDADES

5 6

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POLÍTICAS 3. MILITARES, SUBVERSIÓN Y NARCOTRÁFICO

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4. LIBERALISMO Y AUTORITARISMO: EL "FUJIMORISMO"

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5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

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BIBLIOGRAFÍA

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INTRODUCCIÓN

Al compás de las transformaciones mundiales de la última década, en América Latina se experimentan complejos procesos de reorganización institucional y de reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad que, por su envergadura, tienen una trascendencia histórica de imprevisibles alcances. Las esperanzas de que la transición a la democracia pudiera apuntalar un orden político que asegurara la cohesión social, la gobernabilidad y el desarrollo en América Latina no se han visto realizadas. La vigencia de actores, prácticas y consignas ideológicas patrimoniales y corporativas produjo el agotamiento del sistema institucional a raíz de la crisis internacional de la deuda y de los fenómenos asociados con laglobalización. La incapacidad de los partidos y los gobiernos para satisfacer simultáneamente las segmentadas demandas sociales y los compromisos internacionales agudizó el conflicto social, desorganizando el entramado y los referentes institucionales. De ahí que los efectos sociales de la "década perdida" fueran motivo para que se cuestionara a los partidos políticos, a los gobiernos y, en algunos casos, al Estado. A su vez, la crisis de los "paradigmas" clásicos y el desmoronamiento del socialismo contribuyeron a que el neoliberalismo se impusiera removiendo las identidades, las lealtades y las autoridades forjadas décadas atrás, tal como ha sido advertido por distintos autores1.

1. Cavarozzi (1991); O'Donnell (1992); Paramio (1992); Tironi y Lagos (1991); Zermeño (1989). [5]

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En este complejo cuadro, el Perú es un caso ejemplar de la gravedad de la descomposicióp y las transformaciones en curso, en circunstancias en que los intentos para constituir una sociedad y un Estado nacionales han fracasado, lo que confiere a su análisis relevancia comparativa, regional e internacional.

En el curso de una prolongada y generalizada crisis que se arrastra desde 1975, a los fenómenos mencionados se les sumaron la irrupción de fuerzas subversivas y el narcotráfico, que amenazan con destruir las débiles bases institucionales del Estado y de la sociedad. Frente a estas circunstancias, la redefinición total del orden mediante la liberalización y la pacificación por vías tecnocráticas y autoritarias agregan nuevos motivos para agravar la desorganización existente. A pesar de los inmensos sacrificios que ha tenido que sufrir la población, ella acepta la nueva situación porque promete un horizonte de orden y estabilidad, en tanto las propuestas de las desacreditadas organizaciones políticas tradicionales no constituyen alternativas confiables. Sin embargo, este respaldo puede ser temporal si, como parece ser el caso, dicha redefinición no contribuye en la solución de los antiguos problemas de la integración social y política del país. En estas condiciones, cabe preguntarse qué alternativas existen para que el Perú recupere las posibilidades de enderezarse por las vías democráticas y evitar que se sume a la lista de los países que atraviesan procesos de quiebra, con las consiguientes consecuencias internacionales2. 1.

El legado de la democracia

La transición a la democracia en el Perú, en 1980, se llevó a cabo en el curso del cambio en el régimen de dominación social y en circunstancias de agudas tenSiones sociales. En efecto, la erradicación del viejo orden oligárquicopatrimonial y el desgaste del gobierno militar que decretó su cancelación condicionaron la radicalizada irrupción política de sectores medios y de las masas populares que fue enérgicamente resistida por los voceros empresariales.

2. Sobre este tema, ver Helman y Ratner (1992-93).

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Sin embargo, el traspaso del poder se inició con buenos auspicios. Las insólitas negociaciones entre los jefes políticos y militares, la incorporación de las izquierdas, representantes del dinámico "movimiento popular", y el acatamiento de los militares del triunfo electoral del candidato que ellos depusieron de la presidencia doce años antes, eran indicios de que la crisis de representación que arrastraba el país desde los años treinta estaba en vías de solución3. Pero, a contrapelo de la inclinación del electorado por candidatos y planteamientos centristas, las organizaciones políticas formadas en el marco de la lucha antioligárquica no cejaron en sus prácticas "movimientistas" (Alberti 1991). Sus postulados y demandas innegociables bloquearon la formación de un sistema de partidos como referente colectivo. La continuidad histórica de estas contradicciones ha Constituido el trasfondo de las fluctuaciones políticas y económicas, derivando en el grave deterioro y las confrontaciones que hoy desgarran y amenazan la existencia del país (Gonzales de Olarte y Samamé 1991). El subsistente régimen patrimonial, fundado en la concesión de prebendas que el Estado otorgaba para la explotación rentista de las capas subordinadas a cambio de la lealtad personal a la autoridad, imprimió a las relaciones sociales un fuerte sello jerárquico y corporativo con claras connotaciones étnico-raciales. Esta herencia colonial ha sustentado las bases autoritarias y las profundas divisiones en la sociedad peruana. Por ello, la historia contemporánea del Perú está sellada por conflictivas relaciones sociales y políticas que han impedido la centralización de la autoridad y la construcción de una institucionalidad legítima y estable. Por el tradicional carácter invertebrado del país, la integración del "archipiélago peruano" ha sido permanente preocupación de intelectuales y políticos. Pero debido a las tajantes divisiones sociales, este interés se proyectó de manera igualmente antagónica: para los herederos del orden colonial la integración debía continuar la tradición hispánica-criolla, mientras que sus opositores procuraban recuperar la tradición indígena. Sólo

3. Además, los militares peruanos, a diferencia de 10s del cono sur, no cargaban con la acusación por violación de los derechos humanos. Ver, Cotler (1988).

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desde hace algunas décadas, a esas contradictorias formulaciones se les ha sumado la idea de un "proyecto nacional" que, para Arguedas, debía permitir la construcción de un país "de todas las sangres". Desde 1930, y de manera pronunciada a partir de mediados de los cincuenta, el país ha experimentado dramáticos cambios en diferentes esferas, que erosionaron la dominación patrimonial y las relaciones de filiación colonial. Pero, en cada uno de los momentos cruciales de emergencia y movilización social, sucesivos segmentos desgajados y desarticulados de las divisiones estamentales fueron organizados por partidos centrados en fuertes liderazgos personalizados que adquirieron la categoría de "santones", en tanto sus programas fueron asumidos como mensajes de salvación colectiva. La identificación total de contrastados segmentos con los Jefes les ha conferido una autoridad desmesurada y la posibilidad de renovar las relaciones de patronazgo y clientela. Hoy, esta situación se perfila de manera extrema en el reverente culto de los militantes de Sendero Luminoso a Abimael Guzmán, manifiesto en las "cartas de sujeción", en las que se someten de manera devota a la voluntad del "Presidente Gonzalo"4. La reproducción de las divisiones y los comportamientos de índole señorial en la sociedad, en las organizaciones partidarias y en el Estado hicieron que los desafíos a sus jefaturas desembocaran invariablemente en el rechazo a toda forma de conciliación y que prevaleciera la confrontación en las relaciones sociales y políticas, rechazo que se expresaba de manera nítida en la consigna "sólo el APRA salvará al Perú"5. Sin embargo, esto no sería óbice para que los jefes realizaran secretas componendas, renovando

4. Haya de la Torre y Mariátegui, figuras egregias del nacionalismo revolucionario y del socialismo del Perú y América Latina, se constituyeron en referentes obligados del pensamiento "hayista" y "mariateguista", como Guzmán lo es del "pensamiento Gonzalo". En el otro extremo, Hemando de Soto y Vargas Llosa adquirieron la misma categoría de "gurús", como figuras insignes del liberalismo. Como salta a la vista, el antagonismo de estas imágenes da cuenta de la fragmentación ideológica en el Perú. 5. Este "reduccionismo" de la esfera social a la política responde al papel que ésta ha cumplido en la organización de la sociedad, haciendo que sus fronteras fueran difusas. Así se explica, por ejemplo, que las actividades de los colegios profesionales, de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles y las de los pobladores de los barrios marginales estuvieran marcadas por las divisiones partidarias. Sobre esta característica latinoamericana, Chalmers, (1977).

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la clásica duplicididad colonial, que al ser descubiertas provocarían acusaciones de "traición a la causa" . A su vez, los intereses populares y de las capas medias, que articulaban los partidos antioligárquicos, se tradujeron en ideologías y organizaciones políticas de cuño populista, que perseguían independizar al Estado de los centros hegemónicos y redistribuir segmentadamente los recursos públicos como mecanismo de integración nacional. Es así como el "pueblo" fue organizado por varios jefes y organizaciones que apelaban a intereses corporativos. Esto derivó en la constitución de cerradas subculturas políticas que conferían fuertes identidades a contrastadas capas sociales creando un clima de hostilidad e incertidumbre donde cualquier muestra de acercamiento y tolerancia era vista como traición y cobardía (Cotler 1978). Este legado definió las relaciones políticas durante el período constitucional de la década pasada, pero en el contexto de una profunda recomposición y movilización social. En la medida en que los partidos mantuvieron incólumes las estructuras, prácticas y estilos patrimoniales y corporativos, la distribución segmentada y prebendaria de los recursos públicos se sumó a las nuevas y apremiantes condiciones internacionales para agravar las exclusiones y los antagonismos entre las fragmentadas identidades político-sociales, acabando por desgastar las bases del tradicionalmente débil aparato estatal, de los partidos políticos y, por extensión, de la dividida sociedad. .

Los jefes siguieron designando las direcciones de los partidos y los candidatos al Parlamento entre sus fieles allegados. El control ejercido por Belaunde (1980-85) y por García (1985-90) sobre la domesticada mayoría parlamentaria les dio la oportunidad para obtener amplios poderes legislativos y administrativos, otorgando al régimen un carácter eminentemente presidencialista6. Como sugiere Linz (1988), este régimen propicia

6. Este régimen fue duramente criticado por V. A. Belaunde en 1914, cuando advertía que los gobernantes se comportaban como virreyes: "El Ejecutivo legisla por su influencia incontrolada en las Cámaras y los representantes administran por los nombramientos. El gobierno legisla sin crítica y los congresales ejercen la más delicada función administrativa, la del nombramiento, sin responsabilidad (...)" (1987:79).

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un juego político de suma cero con el consiguiente encono y las reacciones intransigentes de las minorías excluidas, implantándose la tónica de "quítate tú para ponerme yo" que, a fin de cuentas, sólo contribuye el debilitamiento de los actores y de las instituciones. En efecto, el Ejecutivo y las cúpulas de Acción Popular y del APRA monopolizaron las directivas de las Cámaras en sus respectivos períodos gubernamentales, lo que les permitió colocar a sus allegados, amigos, familiares y correligionarios políticos en posiciones claves de la administración pública, el poder judicial, las empresas públicas y, a partir de allí, patrocinar a sus respectivas clientelas del "sector privado" a costas de las minorías desplazadas. De esta manera se reproducía el carácter arborescente de las relaciones patrimoniales-clientelistas del régimen oligárquico, en el que la "vara" sería la condición necesaria para el acceso a las posiciones y los recursos estatales. Estos factores permitieron que los jefes políticos proyectaran su voluntarismo personal en el gobierno, como si hubieran obtenido un "cheque en blanco" sin verse precisados a dar explicaciones de sus actos; ni hacía mayor falta, en tanto contaban con el sustento de sus dependientes. De ahí que en este régimen premoderno no existiera el concepto ni la práctica de "accountability"7. Este legado político del viejo régimen sería motivo para que la democracia instaurada en 1980 se mostrara incapaz de cumplir las expectativas puestas en ella y que se la motejara de "formal", agudizándose las múltiples contradicciones que aquejan al país. 2.

La quiebra de los partidos y las identidades políticas

Como se ha dicho, la transición a la democracia estuvo marcada por la tensión entre la radicalizada movilización popular y la resistencia empresarial e internacional que perseguía corregir, si no erradicar, las reformas de la "primera fase" del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-75) .

7. Es por ello mismo que tampoco existe un término que lo traduzca de manera fidedigna, puesto que, como diría Voltaire, la palabra es la idea.

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Durante la campaña para las elecciones de 1979, Belaunde captó la simpatía de la mayoría porque supo presentarse como un árbitro válido para solucionar dicha tensión. Sin embargo, al asumir el poder constitucional en 1980 siguió los consejos de sus íntimos y, sin dar explicaciones públicas, adoptó una política tibiamente liberal que dejó descontentos a unos y otros, provocando una reacción violenta de los sectores sociales "traicionados". Pero esta reacción resultó ineficaz para doblegar la voluntad presidencial, gracias al respaldo incondicional de la sometida mayoría parlamentaria. En 1983, a la recesiva política macroeconómica se sumaron los desastres naturales causados por la corriente "El Niño" y la crisis internacional de la deuda, cayendo el producto bruto en 14%. La subversión y la violación de los derechos humanos, así como el narcotráfico, se agregaron para diseñar un cuadro de catástrofe nacional que motivó a un renombrado historiador decir que el país vivía su peor momento en los últimos cien años. La movilizada población abandonó a Belaunde volcándose hacia figuras y plataformas de centro-izquierda, lo que se puso de manifiesto con el triunfo de Alfonso Barrantes de la Izquierda Unida en las elecciones municipales de Lima en 1983. Pero, para los comicios generales de 1985, la tenaz competencia en la dirección de este frente y el sectarismo de cada una de las agrupaciones que la constituían le impidieron ganar una audiencia plural; en cambio, el APRA, unificado alrededor de su nuevo jefe, Alan García, obtuvo el apoyo mayoritario de la población, en razón de que su plataforma nacionalista y pluralista prometía satisfacer a todos8. Después de 55 años de batallar, finalmente el APRA alcanzó el poder; sus cuadros y las masas allegadas al partido estimaron llegado el momento de cobrarse la deuda pendiente por tantos años de sacrificios. Para ello García puso en ejecución una política "heterodoxa" en contra de las opiniones de los organismos internacionales; pero en la medida en que sus planteamientos anti-imperialistas no fueron seguidos por otros gobiernos, García se les enfrentó aislado y su desafío costó la exclusión del Perú de la "comunidad económica internacional".

8. La aplastante derrota del candidato belaundista y el masivo desplazamiento electoral hacia García inició una serie de bandazos electorales que terminaría en la dispersión del voto en las elecciones munipales de 1993.

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La restricción del pago de la deuda le permitió a García destinar indiscriminadamente fondos públicos para subsidiar la sustitución de importaciones y propulsar la expansión económica que, después de diez años de permanente crisis tuvo un inmediato y resonante éxito, lo que le valió el respaldo unánime de la población9. Esto le permitió volcar su irrefrenable voluntarismo en todas las direcciones, pasando por encima del ordenamiento institucional del Estado y del partido, estableciendo una comunicación directa con las masas. Por esas medidas y por su estilo político, García fue identificado con los clásicos liderazgos populistas. Pero la defensa indiscriminada del mercado interno, bajo las nuevas condiciones internacionales signadas por la crisis de la deuda externa y la globalización, acabó por descarrilar la economía del país. El incremento del gasto público y el control de precios produjo un déficit inmanejable que no pudo ser cubierto con financiamiento externo; mientras que el mantenimiento de la tasa de cambio generó el súbito aumento de las importaciones que, conjuntamente con dolosas especulaciones financieras y masivas exportaciones de capitales, amenazaron con agotar las débiles reservas internacionales y producir el rebrote inflacionario 10. A partir de estos resultados menudearon las críticas y las presiones a García para que se acomodara a las fórmulas del Fondo Monetario Internacional; su preferencia por sus amigos y allegados en la distribución de favores públicos concitó acaloradas críticas en el partido y en la sociedad; por último, las acciones paramilitares, el asesinato de cerca de 300 presos senderistas y la persistente violación de los derechos humanos determinaron la resuelta oposición de las izquierdas. Estas situaciones dieron fin a la “luna de miel” de García con los partidos de oposición y sectores claves de la sociedad. Como en el caso de

9. Debido a las razones expuestas, la política de sustitución de importaciones ha tenido breves ciclos que han terminado con repetidos fracasos. Ella fue iniciada por el primer gobierno de Belaunde en 1963 y encalló en 1967; relanzada por los militares en 1969 entró en crisis en 1974; entre esa fecha y 1985 el Perú se movió en sucesivas y violentas oscilaciones. Sin tomar en cuenta las pasadas experiencias peruanas, ni tampoco las de otros países de la región y el nuevo contexto internacional, García las retomó con desastrosas consecuencias. Ver, Gonzales de Olarte y Samamé (1991). 10. Sobre la heterodoxia de García y sus consecuencias, Carbonetto (1987); Dornbusch y Edwards (1990); Gonzales de Olarte y Samamé (1991); Lago (1991); Pastor y Wise (1991).

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Belaunde, al cabo de dos años de gobierno García enfrentó una crisis política; pero mientras que aquél trató de eludirla, éste buscó resolverla mediante una fuite en avant. En 1987, en el marco de la delegación de poderes concedida por el Congreso, decretó la estatización del sistema financiero en la seguridad de que esta decisión le permitiría relanzar su política nacionalista, acallar las críticas y reagrupar alrededor suyo al APRA, la Izquierda Unida y las masas populares, lo que le debería permitir asumir un liderazgo de trascendencia histórica. Sin embargo, este decreto produjo un terremoto que agudizó las crispadas relaciones sociales y contribuyó al desarrollo de un escenario inédito signado por la emergencia de nuevos actores, la redefinición de la agenda y el sentido del quehacer político. Si las medidas de Belaunde y García no habían podido ser revertidas por las innumerables protestas sociales, la irrupción política del empresariado, de los sectores profesionales de las clases medias y los intelectuales liberales acabaron doblegando la voluntad del Presidente. Más aún, estos nuevos actores cuestionaron los planteamientos estatistas, nacionalistas y distributivos desarrollados desde los años 30 por las organizaciones populares y fustigaron la corrupción propiciada por el clientelismo. De otro lado, plantearon el desarrollo del mercado, la sociedad civil y el desempeño responsable y transparente de las autoridades y la administración pública, haciéndose cargo de las banderas democráticas y liberales. Es decir, la emergencia de las nuevas fuerzas liberales atacó eficazmente las orientaciones establecidas por Haya de la Torre en los años veinte y las prácticas políticas desarrolladas desde principios de la década de 1960, planteando el entero remodelamiento del orden político-social con la misma intransigencia de siempre. La resistencia de García a esas presiones determinó que la crisis de gobernabilidad estallara en múltiples y agudos conflictos y que, entre 1988 y 1990, la inflación se disparara de 1,000% a 6,000%, los ingresos fiscales se redujeran al 4% del producto y la producción cayera en 22%. La vaporización de los salarios y la eliminación masiva de los puestos de trabajo produjeron la eclosión del subempleo y la desorganización de las capas

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populares y medias, determinando que el país regresionara a los niveles económicos de 30 años antes. La desorganización de la economía y de la sociedad, de los aparatos estatales y el derrumbe literal de los servicios públicos, la percepción generalizada de que la corrupción campeaba en todos los niveles de la administración pública y la incapacidad del gobierno para enfrentar la creciente subversión y el narcotráfico acabaron por desprestigiar al gobierno y los partidos. Paradójicamente, como en otras situaciones parecidas, las medidas populistas destinadas a integrar la sociedad alrededor de un fortalecido Estado acarrearon su desarticulación y debilitamiento hasta niveles insospechados. El fracaso del populismo de García precipitó la quiebra de la legitimidad instrumental de los partidos y del régimen político. En estas condiciones, una vez más, se hizo evidente el fracaso de la democracia representativa como medio para avanzar en la constitución de ciudadanos y del Estado de Derecho como fundamentos de la integración de una comunidad política nacional. La persistencia de las profundas divisiones y prejuicios sociales, regionales, étnicos y raciales ha contribuido decididamente en este sentido, en tanto ellos refuerzan los valores y comportamientos políticos y gubernamentales de índole particularista. En este sentido es notorio el bloqueo a la formación de instituciones burocráticas - de ahí el carácter movimientista de la política - y la ausencia de un servicio civil que procese bajo normas universales y "neutrales" las decisiones, motivo de la clásica "corrupción" de los regímenes en los que imperan los estilos patrimoniales. En efecto, los regímenes fundados en la cooptación clientelista descansan en la satisfacción de las demandas inmediatas que concede arbitrariamente el patrón a cambio de la lealtad de sus dependientes; a falta de dichas recompensas los clientes lo abandonan y se vuelcan hacia otro patrón que estiman pueda concederles los beneficios esperados. Es así como el incumplimiento de las expectativas de patronazgo del señor gobierno provocó el desapego y rechazo de las masas a los jefes, a sus partidos y, por extensión, a la política; mientras tanto, se mantendrían alertas a la aparición de un salvador. Las organizaciones sociales, políticas y el Estado se vieron privados de

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su menguada capacidad de aglutinamiento, creándose una "crisis de representatividad" y de "identidad nacional". Las referencias de los sectores medios y populares perdieron validez, contribuyendo a su desconcierto y despolitización, con la consiguiente difuminación de las viejas y cerradas subculturas políticas; la búsqueda de nuevas orientaciones dio lugar a bruscos realineamientos y redefiniciones culturales, que favorecieron el desarrollo de utopías "andina"; fundamentalismos religiosos y políticos, como es el caso de Sendero Luminoso (Grompone 1991). Es decir, la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas se irradió a la "sociedad civil" - que, como se ha sugerido, era muy precaria por su dependencia de los organismos políticos y del Estado - afectando sus frágiles cimientos y deteriorándose su débil capacidad de articulación y de representación. Si por un lado prevaleció la imagen de una súbita y desastrosa atomización de la sociedad centrada en los partidos políticos y el Estado, por otro lado se indicaría la existencia de un proceso de recomposición que abría el paso a la "modernidad", fundada en la individualización y el mercado, simbolizados por la supuesta pujanza del "sector informal". Estragadas las tradicionales bases patrimoniales y corporativas de la política y del Estado, en circunstancias en que la subversión y el narcotráfico seguían creciendo, cundió la idea de que el Perú atravesaba por una situación de "anomia" y menudearon las advertencias sobre el peligro de la "libanización" del país (Pásara 1987). Pero ninguna de estas condiciones sería suficiente para que la fragmentada "clase política" reconociera y asumiera los desafíos marcados por el proceso en curso. 3.

Militares, subversión y narcotráfico

Desde el inicio del régimen constitucional los agentes de la subversión fueron actores básicos del escenario político porque mediante sus prédicas y sus acciones contribuían a socavarlo y porque constituyeron un nuevo motivo de división de la dirigencia política respecto a las causas y los medios para enfrentar la insurrección. Belaunde no le concedió importancia a la subversión ni tampoco al narcotráfico debido a que se concentraban en alejadas zonas rurales tradicionalmente desatendidas por el Estado. García consideró que sus

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proclamas nacionalistas y las políticas asistencialistas serían suficientes para que estos problemas desaparecieran. Pero la creciente expansión de los grupos insurrectos y el desarrollo de las acciones terroristas en las principales ciudades motivó que la opinión pública y el gobierno reconocieran tardíamente la gravedad del problema subversivo. Los 25,000 muertos y el medio millón de desplazados, la destrucción de instalaciones por 22,000 millones de dólares monto equivalente al de la deuda externa- la inseguridad pública y la repercusión internacional de estos hechos contribuyeron a que la subversión adquiriera una especial relevancia política y económica. Sin embargo, esta situación no ha sido suficiente para forjar el consenso necesario para atacar las diferentes aristas del problema, dejando ver el profundo grado de fragmentación y distanciamiento entre los actores políticos. Mientras unos explicaban la subversión por la histórica "violencia estructural" sufrida por las capas populares y proponían la alteración de las injustas condiciones económico-sociales para detenerla, otros la achacaban al desarrollo de los postulados marxistas durante el "Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada" (1968-80) y a la conspiración del comunismo internacional, planteando que la insurrección debía ser reprimida militarmente. Fue esta opción la que ha predominado, con la consiguiente abdicación democrática. Pero la incomunicación institucional entre militares y políticos derivó en que su tradicional desconfianza y hostilidad se hicieran aparentes. A ello contribuyó la sistemática reducción de los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, en razón del permanente deterioro fiscal; el rechazo político a la estrategia "global" de los militares y a sus reiteradas violaciones a los derechos humanos - que han puesto al Perú a la cabeza de la lista de los países con desaparecidos - y por su control irrestricto sobre la mitad del territorio y de la población. Pero, de otro lado, las tensiones entre ambos sectores también se debieron a que las demandas de los militares para dar fin a la lenidad del sistema judicial no fueron atendidas por los gobiernos11. Es decir, mientras el gobierno le asignaba mayores atribuciones a los militares, éstos criticaban la falta de dirección política de la guerra y,

11. Sobre las relaciones cívico-militares, Gorriti (1990), Mauceri (1988).

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además, que los gobiernos y la "clase política" les negaban los medios para cumplir las responsabilidades que les habían adjudicado. Ambos problemas motivaron que, como en los años sesenta, entre los comandos castrenses cundieran sentimientos de abandono y de hostilidad hacia los políticos 12. En condiciones en que los sectores populares y medios acrecentaban su participación política, las repetidas y fallidas experiencias de incorporación de sus aspiraciones en el Estado condicionaron su radicalización y la penetración de las organizaciones izquierdistas en su seno. Pero mientras que las organizaciones con bases urbanas organizadas se acomodaron - y reprodujeron -, las reglas del juego político tradicional para la consecución de las demandas que organizaban y representaban, los grupos marginales asentados en las abandonadas zonas rurales reivindicaron las consignas revolucionarias. Su aislamiento permitió que los cambios en el país Y en el socialismo "real" no los afectara y, al contrario, que Guzmán se adjudicara el liderazgo de la revolución mundial. Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) reflejan vivamente en su reclutamiento, ideología y asentamiento la clásica fragmentación social, cultural y política del país. Ambos grupos se arraigan en diferentes sectores de la juventud popular; mientras los cuadros dirigentes de SL provienen de los capas "mestizas" desarraigadas de las áreas serranas, donde se concentra la extrema pobreza del campesinado indígena, los integrantes del MRTA tienen su origen en las zonas costeñas, semiurbanas y "criollas". Esta contrastada composición social y cultural va de la mano con sus diferentes identidades políticas: mientras el primero se afilia a fórmulas y prácticas maoístas, el segundo se asocia con planteamientos castristas. Estos factores han derivado en una sangrienta lucha entre SL y el MRTA por la "hegemonía" revolucionaria y el control de los recursos provenientes del tráfico de la coca, con la consiguiente complejización de la lucha contra la subversión y el narcotráfico13.

12. Este argumento lo desarrolla Degregori (1993). Ver también Rospigliosi (1992). 13. Capítulo aparte es el problema de la producción de coca y el narcotráfico, sus efectos corrosivos en la economía, la sociedad y la política y sus consecuencias en las relaciones internacionales; sobre este tema, Gorriti (1987); García Sayán (1989); Cotler (1993a).

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La organización, la ideología y las acciones de Sendero Luminoso han constituido factores decisivos de su expansión. Abimael Guzmán formó una férrea y secreta organización partidaria para convertida en una eficaz “máquina de guerra”, fundada en el sometimiento personal al "Presidente Gonzalo" destinada a la “guerra popular prolongada”. Al selectivo reclutamiento y adoctrinamiento de maestros y jóvenes desarraigados del mundo colonialandino alrededor de un discurso escolástico y utópico, se suma el cerrado control sobre su vida privada. La declarada hostilidad de SL y el MRTA al Estado, manifiesta en las amenazas, extorsiones y asesinatos de militares, autoridades y funcionarios, se extiende a las organizaciones populares que compitan con ellos. Las diferentes acciones destinadas a dividirlas y eliminarlas se acompañan de intimidaciones y "liquidaciones" a eclesiásticos y miembros de organizaciones nogubernamentales, a dirigentes de Izquierda Unida y del APRA, de las organizaciones campesinas, sindicales y de las organizaciones urbanas, ensañándose particularmente con las que congregan a mujeres14. Si al inicio de sus acciones las izquierdas, las organizaciones populares allegadas a ellas y las que defienden los derechos humanos explicaron, si no justificaron, la subversión como consecuencia de la histórica explotación social, los crímenes cometidos por SL y el MRTA produjeron su rechazo; pero no por ello dejaron de acusar a las Fuerzas Armadas por la violación de los derechos humanos. En estas condiciones, los gobiernos, los militares y los subversivos consideraron a las izquierdas y sus simpatizantes como enemigos, hostigándolos y contribuyendo a su desgaste organizativo. En la medida en que el tenue poder estatal se desvanecía en las áreas rurales, los campesinos se organizaron en “rondas" para asegurar el orden y, luego, para contrarrestar a los subversivos, lo que sería motivo para que SL y el MRTA se encarnizaran con ellas. Mientras que los militares se han mostrado ambivalentes frente a esta organización campesina armada de

14. Degregori (1985, 1989, 1990); Gorriti (1989); Manrique (1990a, 1990b). Un texto fundamental sobre SL, es "La Entrevista del Siglo" realizada a Abimael Guzmán en El Diario, 31 de julio de 1988.

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manera rústica: en unas ocasiones han buscado anuladas y en otras han perseguido subordinarlas e incorporadas a la lucha antisubversiva - a la guatemalteca - tratando de impedir que se constituyan en fuerzas autónomas (Starn 1991). Pero en la selva alta, donde la producción de coca se ha expandido considerablemente durante la última década, los grupos subversivos han establecido alianzas con el campesinado y el narcotráfico, a los que protegen de la policía y de las Fuerzas Armadas. Además, las amenazas y la corrupción de los organismos represivos y del sistema judicial han reforzado el control de SL y del MRTA en vastas áreas geográficas. Por si todo esto no fuera suficiente para colocar a las Fuerzas Armadas en una encrucijada, la "guerra a las drogas" decretada por el gobierno norteamericano y la "certificación" que el Congreso de ese país impuso desde 1986 como condición para otorgar su ayuda militar, colocó al Perú y a los militares en un disparadero. La presión norteamericana para que el gobierno peruano erradique los cultivos de coca y ataque al narcotráfico atenta contra la estrategia militar de hacerse de la vista gorda ante estas actividades con la intención de concentrar sus acciones en la lucha contra la subversión, buscando dividir la alianza entre cocaleros e insurrectos. De lo contrario se correría el riesgo de afirmar dicha alianza y, eventualmente, enfrentar un movimiento de "liberación nacional" liderado por SL, tal como está diseñado en los planes de Guzmán. El gobierno norteamericano desconoció la situación particular del Perú y acusó a los militares de estar comprometidos en el comercio de la coca - y también en la violación de los derechos humanos -, haciendo filtrar noticias sobre una eventual intervención armada vista la incapacidad del Perú para controlar su territorio. Así, la proliferación de grupos armados y de narcotraficantes también fomentó la debilidad estatal, mientras las Fuerzas Armadas se encontraban desprovistas de dirección y apoyo político. Su aislamiento y el sentimiento de amenaza estimularon el desarrollo de planes golpistas; si estos no prosperaron se debió a que su fracaso en la guerra los había desprestigiado,

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a que la ruptura constitucional daría motivos a SL para liderar un movimiento de oposición - a lo que Guzmán había apostado desde 1980 - y a que las elecciones de 1990 prometían tener un desenlace favorable a sus proyectos. 4.

Liberalismo y autoritarismo: el "fujimorismo"

Como se ha visto, durante la década de los ochenta el Perú ha sufrido varias quiebras que han trizado su débil entramado institucional. No sería extraño que surgieran y se difundieran versiones "pesimistas" sobre la viabilidad del país, contribuyendo a un estado de ánimo de "sálvese quien pueda". En este cuadro, el liberalismo insurgió como la única tabla de salvación frente a la amenaza del holocausto polpotiano de SL y el descalabro populista. Desde mediados de los ochenta, Hernando de Soto (1984) inició una eficaz crítica liberal del orden patrimonial que cobró una inusitada vigencia a partir de la debacle producida por García. Ella se fundaba en que la irresponsabilidad política de los gobernantes, "dictadores electos por cinco años", permitía al Estado, vía los partidos, otorgar prebendas de tipo "mercantilista" que frenaban el desarrollo de las iniciativas, individuales, especialmente de los más pobres, bloqueando el desarrollo del mercado y fomentando la corrupción. Esto sería motivo para que se generalizaran las conductas "informales", caracterizadas por su distanciamiento y oposición a las normas y procedimientos legales, causando el "desborde popular y la crisis del Estado" (Matos Mar 1984). Esta situación debía ser remediada por la implantación de mecanismos "transparentes" que limitaran las atribuciones de los gobernantes y funcionarios públicos, como condición para solventar la desregulación estatal y el irrestricto desarrollo del mercado. En la medida en que estallaba la crisis de gobernabilidad durante el gobierno de García y la bancarrota del socialismo "real" se hacía evidente, las concepciones y propuestas de H. de Soto - reconocidas contribuciones al repertorio del liberalismo thatcheriano y reaganiano - ganaron una audiencia significativa en variados ámbitos sociales, incluso en los de filiación de izquierda. Estas consideraciones liberales fueron asumidas por Vargas Llosa en

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la campaña contra García y, luego, en las elecciones generales de 1990. Pero si aquél recibió el fervoroso respaldo de dos organizaciones políticas, de los organismos empresariales y de los sectores profesionales de las clases medias, no se debió tanto a su desbordante crítica al "mercantilismo" que éstos practicaban y su apelación al mercado, sino a los virulentos y eficaces ataques a los planteamientos populistas-izquierdistas. El descrédito de los partidos, reforzado por la campaña de Vargas Llosa, se hizo patente en las elecciones municipales de 1989, cuando haciendo gala de independencia política surgieron nuevas figuras que se alineaban con sus ideas, obteniendo el respaldo popular en las principales ciudades del país. Sin embargo, la alianza de Vargas Llosa con dos partidos tradicionales, que tanto había criticado y desprestigiado, su afiliación con los "blancos y ricos" y sus tajantes propuestas tecnocráticas para ejecutar un duro ajuste estructural inclinaron las preferencias de la mayoría en favor de un desconocido candidato independiente. Fujimori se propuso sacar al país del atolladero mediante la aplicación de vagas medidas asociadas con la heterodoxia, la concertación política y la apelación a profundos anhelos populares de "honestidad, trabajo y tecnología". La profunda segmentación social se puso de manifiesto en las urnas. A pesar del apoyo de la Iglesia y la costosa campaña publicitaria sustentada por los banqueros, Vargas Llosa sólo recibió los votos de los sectores de ingresos altos y medios; en cambio Fujimori, sin esos recursos y en sólo un mes de campaña, obtuvo un masivo respaldo del vasto conglomerado popular y de los evangelistas, al que se sumaron los contingentes apristas e izquierdistas que, votando contra Vargas Llosa, decidieron los resultados en la segunda vuelta electoral (Degregori y Grompone 1991; Rospigliosi 1991). La sorpresa por la derrota del laureado escritor dio pábulo a que se expresaran las contenidas actitudes racistas de algunos seguidores de Vargas Llosa, manifestándose contra las masas tildadas de ignorantes por haber preferido un desconocido hijo de inmigrantes japoneses al insigne representante de la cultura occidental y moderna. Estas reacciones y el que Fujimori no contara con el respaldo de una mayoría parlamentaria debido

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a la dispersión política15, ni tuviera plan de gobierno ni equipo de reconocida competencia, presagiaban situaciones de profunda inestabilidad política. Sin embargo, el flamante Presidente, con la habilidad propia de un tradicional y experimentado político, fue creando lazos de apoyo y neutralizando oposiciones sin comprometerse en alianzas que pudieran limitarlo; mientras tanto apelaba al "pueblo" contra la ineficiencia y corrupción políticas, que convirtió en temas centrales de su repertorio y que le otorgarían valiosos dividendos. Esta estrategia le dio un sorprendente margen de autonomía, dado el descrédito de las organizaciones políticas y la desintegración de las organizaciones sociales. Al igual que a otros gobernantes sudamericanos, le permitió hacer exactamente lo contrario a lo prometido y asumir comportamientos tecnocráticos y autoritarios destinados a dominar personalmente los aparatos estatales y la agenda política. La asesoría de un secreto cenáculo de familiares y amigos personales entre los que se destaca un militar retirado y al que se le adjudican tenebrosas responsabilidades- favoreció la articulación del Presidente con las Fuerzas Armadas, en base a su coincidencia en el rechazo al orden fundado en los partidos y en las tradicionales figuras políticas. Esta relación dio lugar a que Fujimori "tomara el mando" político de la guerra asumiendo los planteamientos militares. Simultáneamente hizo profesión de fe católica, dejando ver su distanciamiento con los evangelistas al disolver la organización que le había servido de trampolín al poder, despejando los temores de la autoridad católica. De esta manera se ganó el respaldo de las instituciones tutelares que, en el cuadro de desorganización general, mantenían en la opinión pública altos índices de confiabilidad. Frente a las dramáticas restricciones económicas legadas por García, las presiones, recomendaciones y propuestas internacionales llevaron a que Fujimori decretara una drástica política de ajuste y estabilización ortodoxa,

15. En esto también contribuyó el hecho de que, entre 1980 y 1990, la población electoral se duplicara, pasando de 4.5 a 9 millones.

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más dura aún que la propuesta por Vargas Llosa. Para lo cual Fujimori recibió la delegación de poderes del Parlamento, gracias a que reclutó adeptos de diversas agrupaciones políticas, incluso de las izquierdas moderadas, para formar el gabinete y del que se deshizo a la primera oportunidad para reemplazarlo por otro compuesto por tecnócratas e incondicionales suyos. La decisión de "reinsertar" al Perú en la economía internacional ha tenido dramáticos efectos recesivos, en una situación de profunda postración económica de la que hasta hoy el país no logra recuperarse. Sin embargo, el "shock" mereció el eufórico aplauso de los empresarios, de los tecnócratas y de los medios de comunicación, despejándose los temores de que el Presidente fuera una comparsa de García. Pero, de otro lado, Fujimori supo acallar la irritación de la población burlada alegando que no había alternativa realista al estado de catástrofe nacional del que eran responsables los gobiernos anteriores por su manifiesta ineficiencia y corrupción, y el sistema institucional dominado por la "partidocracia"; así, Fujimori se apropió de las tesis de Vargas Llosa por partida doble. Tal como el general Ve1asco durante su gobierno (1968-75) asumió como suyas las tesis de Michels, también Fujimori acusó a los partidos de estar dominados por oligarquías irresponsables que habían disipado las posibilidades del país durante los últimos 30 años, coincidiendo con las críticas a estas organizaciones que se hacían en otros países. Estas argumentaciones fueron convalidadas por las disensiones partidarias y las acusaciones parlamentarias contra el ex-Presidente García, algunos de sus ministros y amigos por apropiación ilícita de recursos públicos y privados. Las enérgicas expresiones de Fujimori y su decisión de eliminar dichos vicios concitó el aplauso público, como reiteradamente se vería en los resultados de las encuestas de opinión pública, que pasaron a constituir la expresión válida de los intereses y aspiraciones sociales, en vista de la desarticulación y desprestigio de las organizaciones de la sociedad. Estos testimonios contribuyeron a que el "shock" fuera acatado por la población como un sacrificio necesario, aunque provisional, que enrumbaría

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definitivamente al país por el camino del orden y la prosperidad, gracias a la indispensable colaboración externa. En estas circunstancias, los acendrados proyectos nacionalistas se desvanecieron después que durante seis décadas habían sido los puntales de las movilizaciones políticas; mientras, los valores de eficacia y honestidad pasaron a ser los dominantes, identificados personalmente con Fujimori, permitiéndole arrogarse la representación personal de las frustraciones y esperanzas del "pueblo" desorganizado. De este modo, la tan mentada "crisis de la clase política" y "el divorcio entre sociedad y Estado", a los que intelectuales y periodistas hacían constante alusión, se arraigó en la conciencia pública e incluso entre los desconcertados políticos "tradicionales" planteándose, finalmente, el problema de la estructura y funcionamiento antidemocráticos de los partidos y la necesidad de recuperar su perdida conexión con la sociedad. Pero si el Legislativo le otorgó a Fujimori amplios poderes de emergencia para avanzar en la reestructuración liberal, también asumió una desconocida conducta fiscalizadora que el Ejecutivo resistió considerándola una intromisión a sus atribuciones. Mientras tanto García, que había sido un secreto cómplice en el triunfo de Fujimori, ahora buscaba orquestar la oposición, con la clara intención de recuperar su perdida popularidad y, eventualmente, retomar el poder en 1995. El temor a esta posibilidad sustentó el apoyo a la reiterada oposición de Fujimori a las propuestas de coordinación que diversos parlamentarios le alcanzaron, produciéndose constantes fricciones entre ambos poderes que Fujimori no cesaría de azuzar, estableciendo un curso de colisión con la seguridad de que el desprestigio del Parlamento y de los partidos lo favorecerían. Entre noviembre de 1991 y marzo de 1992 las tensiones entre ambos poderes se extremaron. La oposición parlamentaria a otorgar facultades irrestrictas a las Fuerzas Armadas para combatir la subversión se conjugó con el rechazo del Ejecutivo a las propuestas parlamentarias relativas al gasto social. Entonces, las repetidas proclamas autoritarias de Fujimori fueron interpretadas por algunos observadores como claras advertencias sobre sus intenciones golpistas.

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La insólita acusación de corrupción formulada por la esposa del Presidente contra los familiares de éste, que cuentan con una influencia política decisiva, determinó el desenlace. La formación de una comisión de investigación parlamentaria que pondría en peligro su creciente autonomía, decidió que Fujimori llevara a cabo el plan que, al decir de distintos observadores, habría sido preparado y desarrollado por el servicio de inteligencia militar. El 5 de abril de 1992 Fujimori "suspendió" la Constitución y formó un "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional" con la colaboración de la Fuerza Armada, aduciendo que el Parlamento y, en general, la institucionalidad le impedía reestructurar el país para refundar la república, reemplazando la democracia "formal" por otra "real"16. Acto seguido, la emprendió contra periodistas, sindicalistas y políticos, obligando al exPresidente García a asilarse en Colombia. El respaldo masivo de la población a esta decisión y la participación de la fuerza armada incapacitó a los maltrechos partidos y sindicatos para desplegar una acción efectiva, facilitándole al gobierno la tarea de depurar la administración pública y colocar a un personal incondicional en los tribunales y los comandos militares, supuestamente para moralizarlos y darles una mayor eficacia operativa. Asimismo, esta acción también le permitió decretar una racha de reformas liberales acordadas con los organismos internacionales que, paradójicamente, los denostados partidos avalaron. La necesidad de legitimar su decisión lo llevó a convocar a un frustrado "Diálogo Nacional", en donde se expondrían las aspiraciones sociales que serían incorporadas en una nueva constitución redactada por un grupo de notables y que el "pueblo" ratificaría en un plebiscito. Mediante este socorrido procedimiento autoritario Fujimori pretendió establecer una "nueva democracia", en donde sin intermediación política, el "pueblo" expresaría sus preferencias, incentivando a incautos intelectuales y políticos a proponer formas de "democracia directa", sin medir sus consecuencias políticas.

16. Sobre las diferentes versiones de las causas del golpe de estado, D.A.(1992).

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De esta manera parecía diseñarse un régimen populista en lo político y liberal en lo económico; pero debido a su inherente contradicción, las relaciones de Fujimori con las masas no irían más allá de los gestos populistas, pero serían suficientes para mantener en alto su popularidad17. Pero si los partidos, sindicatos y los pocos medios de comunicación contrarios a la decisión de Fujimori no pudieron ejercer una oposición eficaz, las presiones internacionales y la interrupción de la indispensable ayuda económica sí lo consiguieron. En el marco del "consenso de Washington" los mismos organismos y gobiernos que aplauden las transformaciones económicas se opusieron a los propósitos dictatoriales de Fujimori y condicionaron su colaboración económica al respeto a las formas democráticas. Por esto se vería precisado a anular algunas de las más flagrantes disposiciones y prácticas que atentan contra los derechos humanos y se comprometió a convocar elecciones para el "Congreso Constituyente Democrático"18. Es así como la reinserción económica del Perú en la comunidad internacional, en condiciones de extrema vulnerabilidad, se completó con la "interiorización" de los agentes políticos "extranjeros", dejando traslucir la redefinición de la soberanía nacional. La extrema subordinación del país a los condicionamientos externos ha despertado el encono "nacionalista" de los que apoyan a Fujimori, pero sólo en lo concerniente a la intervención destinada a concederle al país una cierta configuración democrática; mientras que los débiles grupos de oposición y los que aún sustentan posiciones antiimperialistas reconocen que dichas presiones constituyen elementos indispensables para su existencia y la eventual recuperación de la democracia.

17. La concentración de las donaciones extranjeras y los recursos de la privatización en el reflotado Ministerio de la Presidencia, directamente controlado por Fujimori, le otorgan los medios para este ejercicio. Más de una vez Fujimori se ha ufanado de ser el único que posee las llaves de los almacenes donde se guardan aquellas donaciones. 18. Esta situación paradójica parecería dar cuenta de la "cultura" autoritaria de los peruanos, como no se cansan en repetir algunos comentaristas. Sin embargo, la situación es más compleja; si bien la mayoría respalda la gestión de Fujimori por considerada eficaz para resolver los problemas del país, también aprueban el control y la participación democrática. Ver, Cotler (1992 y 1993b). .

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Después de marchas y contramarchas con respecto a la fecha y las normas que regirían las elecciones, destinadas a confundir a los dirigentes políticos "tradicionales", ellas se realizaron en noviembre de 1992 con el indiscutible triunfo de la lista oficialista. A ello contribuyó el endose personal de Fujimori cuando estaba en el punto más alto de su popularidad y al respaldo general de los medios televisivos; pero también al apoyo que los tecnócratas, los empresarios y los organismos internacionales de crédito le dieron a las medidas económicas. Estos soportes propiciaron que la lista oficialista se constituyera en sinónimo de estabilidad y seguridad, que se acrecentaron con la captura de Guzmán y otros dirigentes de SL y del MRTA, reforzando la imagen de eficacia política de Fujimori. Del otro lado, también contribuyó a este triunfo el incesante descrédito de los partidos, por sus divisiones con respecto a dicha convocatoria y su abstención en las elecciones, supuestamente para no legitimar el régimen pero que la opinión pública interpretó como una manera de disfrazar su aislamiento. Además, días antes de las elecciones, un abortado golpe militar supuestamente destinado a la reinstauración democrática- motivó la intervención en los maltrechos mandos militares y que Fujimori acentuara la persecución a los dirigentes políticos, desbaratando los débiles focos de oposición que restaban. A raíz de la instalación del Congreso Constituyente, no es extraño que la mayoría oficial persiga erigir un régimen fuertemente presidencialista y probablemente - permitir la reelección de Fujimori en 1995, además de aprobar institutos plebiscitarios. De esta manera, tal como lo dejan entender sus propagandistas, se aseguraría la continuidad política necesaria para derrotar la subversión y "reinsertar" definitivamente el país en la economía mundial. Esto ha motivado la polarización entre la disminuida oposición y el gobierno, y que las críticas de Vargas Llosa hayan desembocado en una ácida polémica con los seguidores de Fujimori, contribuyendo a la división de la coalición liberal que formó alrededor suyo. Con motivo de las elecciones municipales en enero de 1993, el gobierno modificó la legislación electoral, favoreciendo la presentación de 15,000 listas "independientes", a las que se sumaron los partidos políticos en el

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supuesto de que, en esta oportunidad, podrían demostrar su capacidad de convocatoria. Si bien el candidato oficial para ocupar la Alcaldía de Lima tuvo que retirarse de la contienda electoral, visto que el endose de Fujimori no bastaba para asegurar su triunfo, los candidatos de los partidos acabaron sumergidos por los votos obtenidos por las nuevas figuras "independientes", reconfirmando su agotamiento y el realineamiento político en marcha. Esta situación ha provocado agudas críticas y divisiones en los partidos, observándose la emergencia de una nueva generación que propone su reorganización y replanteamiento doctrinario y organizativo, lo que podría ser un signo del proceso de renovación política. Simultáneamente, la constitución de grupos de diversa composición social y política que buscan afirmar los valores y los procedimientos democráticos también es indicativa de la posible revitalización de la sociedad civil. 5.

Algunas reflexiones finales

El desenlace autoritario del país ha llevado a debatir, y no sólo en el Perú, sobre la necesidad o inevitabilidad de la interrupción constitucional como condición para instaurar la autoridad estatal y asegurar la necesaria continuidad de las reformas económicas de manera de confirmar la estabilidad política y económica. A este respecto, existen posiciones encontradas; unos consideran que la solución autoritaria es la única factible para avanzar en el proceso de "modernización" y el desarrollo del país, poniendo como ejemplo a Pinochet; mientras otros desestiman esta supuesta fatalidad, en tanto consideran que se podría haber logrado ese objetivo en el marco institucional, si no hubiera sido porque las condiciones del país permitieron que Fujimori realizara sus ambiciones personales y las Fuerzas Armadas pudieran actuar fuera de la luz pública. De todas maneras, el saneamiento económico de acuerdo a las fórmulas liberales ha reducido a niveles inconcebibles las funciones estatales destinadas a proteger los niveles de bienestar social y los derechos humanos, que contrastan con el fortalecimiento de las funciones de control atribuidas a las fuerzas militares. Hasta hoy, contrariamente a lo que podría

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esperarse, esto no ha mellado la legitimidad del régimen; al contrario, como se ha dicho, le confiere un significativo sustento. Pero el estilo neopatrimonial de Fujimori es el talón de Aquiles del gobierno. Su extremo voluntarismo y rechazo a las mediaciones institucionales impiden atender los intereses y demandas sociales que pueden desembocar en situaciones conflictivas. En este sentido, sectores empresariales y algunos grupos populares han reaccionado contra el programa económico, puesto que no tiene visos de corregir la continua recesión ni el rebrote inflacionario, orillándose situaciones de ruptura del consenso logrado por Fujimori. De proseguir esas dificultades y a instancias de las presiones de algunos de los "independientes" con aspiraciones a reemplazarlo, no sería de extrañar que Fujimori buscara repetir un audaz "salto hacia adelante", que podría ser al vacío. De otro lado, el carácter tecnocrático de las decisiones - y, en esa medida, aislado y ajeno al debate público - y su intervención arbitraria en diferentes instancias gubernamentales se suman para crear situaciones de incertidumbre y conflicto19. Su participación en las designaciones, promociones y remociones de jueces, fiscales y diplomáticos pretextando su inmoralidad e ineficiencia, pero que no por ello ha logrado corregidas, ha contribuido a crear un estado de desasosiego y de tensiones que dificultan la marcha fluida del gobierno. Este hecho es particularmente grave en las Fuerzas Armadas, donde junto a injustificados desplazamientos y retiros de oficiales, el servicio de inteligencia que controla su asesor se ha constituido en un temido organismo de carácter policial. A su vez, la descarada dependencia de los tribunales militares al Ejecutivo ha creado dudas sobre la validez de sus dictámenes en los juicios a los acusados por subversión y a los oficiales comprometidos en la violación de los derechos humanos y los acusados de rebelión.

19. Su preferencia por el estilo tecnocrático responde a la prescripción de Fujimori que "en política primero se hace y luego se informa". Además, hace poco no tuvo reparos en declarar que "la administración de justicia no está en condiciones de ser autónoma".

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Todo ello dificulta la recuperación de la credibilidad de Fujimori en el exterior, lo que tendrá ineludibles repercusiones internacionales de todo tipo.

En suma, los inevitables baches que sufrirá el gobierno y las ineficiencias de la administración pública serán percibidos como de exclusiva responsabilidad del Presidente; entonces el autoritarismo del que se ufana Fujimori puede ser motivo de su perdición. En estas circunstancias, si las presiones internacionales persisten y la renovación política avanza lo suficiente como para eliminar las viejas prácticas y estilos patrimoniales, existen motivos para imaginar el establecimiento democrático. De lo contrario, las perspectivas para el Perú no son nada promisoras.

Lima, febrero 1993.

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