De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada : estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX): Estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX) [1 ed.] 8400097025, 9788400097028

Citation preview

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada

Estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX) IMILCY BALBOA NAVARRO

*63,**0Ô5(4i90*(

De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada

COLECCIÓN AMÉRICA: 21

Director Alfredo Moreno Cebrián (CSIC) Secretaria Marta Irurozqui Victoriano (CSIC) Comité Editorial Salvador Bernabéu Albert (CSIC) Jesús Bustamante (CSIC) Manuel Chust (Universitat Jaume I) M.ª Dolores González-Ripoll (CSIC) Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense) Mónica Quijada Mauriño (CSIC) Consejo Asesor Michel Beltran (Université Toulousse, Francia) Alejandro Cañeque (University of Maryland, EE. UU.) M.ª Teresa Cortés Zavala (Universidad Michoacana, México) Jordana Dym (Skidmore College, EE. UU) Alejandro Fernández (Universidad de Luján, Argentina) Ivana Frasquet (Universitat de Valencia, España) Alejandro de la Fuente (University of Pittsburgh, EE. UU.) Juan Andreo García (Universidad de Murcia, España) Ricardo González Leandri (CSIC) Elda González Martínez (CSIC) Tulio Halperin Donghi (University of California, Berkeley, EE. UU.) Sylvia L. Hilton (Universidad Complutense) Clara López Beltrán (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia) Françoise Martinez (Université Paris Diderot-La Defénse, Francia) Frank Moya Pons (Universidad Nacional de Santo Domingo, República Dominicana) Jose Moya (University of Columbia, EE. UU) Consuelo Naranjo (CSIC) Víctor Peralta Ruiz (CSIC) Jaime E. Rodríguez O. (University of California, Irvine, EE. UU.) Claudia Rosas Lauro (Pontificia Universidad Católica del Perú) René Salinas (Universidad Santiago de Chile) Eugenia Scarzanella (Università de Bologna, Italia) Rosario Sevilla (CSIC) Clément Thibaud (Université Nantes, Francia)

IMILCY BALBOA NAVARRO

De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada Estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS MADRID, 2013

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte,              

             EDITORIAL CSIC: 

   (correo:  )

© CSIC © Imilcy Balboa Navarro ISBN: 978-84-00-09702-8 e-ISBN: 978-84-00-09703-5 NIPO: 723-13-087-7 e-NIPO: 723-13-086-1 Depósito Legal: M-19248-2013 Maquetación: Ángel de la Llera (Editorial CSIC) Impresión y encuadernación: Solana e Hijos, A.G., S.A.U. Impreso en España. Printed in Spain En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado TCF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.

A mi madre Ney Navarro,    

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ..................................................................................

11

CAPÍTULO I. DERECHO DE USO Y TÍTULOS CONDICIONADOS............................................................................................

23

1.

Los cabildos y las tierras del rey ......................................................

25

2.

La interminable pesquisa de la Real Hacienda: legalizar y recaudar ...............................................................................................

39

Una nueva oportunidad: componer a censo redimible .....................

58

CAPÍTULO II. DE LAS USURPACIONES DE HECHO AL DERECHO LIMITADO ............................................................................

71

1.

La ofensiva real: el ataque a los cabildos.........................................

72

2.

Regalismo y azúcar. Un título para asegurar el dominio ................

82

3.

¿Comprar o componer? El impulso a la desamortización de realengos ...............................................................................................

97

La resistencia de los poderes locales ...............................................

105

CAPÍTULO III. LA ILUSTRACIÓN. CONSOLIDAR EL DOMINIO .............................................................................................

113

1.

Reconocer las usurpaciones. La Real Instrucción de 1754 ..............

114

2.

El desafío: los nuevos poderes del agente desamortizador ..............

118

3.

Nuevas ideas. Viejas prácticas .........................................................

125

3.

4.

10

4.

ÍNDICE

La estrategia de los hacendados: de la reconversión a la ampliación...................................................................................................

138

CAPÍTULO IV. ENTRE EL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL LIBERALISMO. EL CAMINO HACIA LA PROPIEDAD ABSOLUTA ....

153

1.

Los riesgos del azúcar. ¡Cubanos no desmayemos! 

153

2.

De Cádiz a La Habana. El pragmatismo del constitucionalismo .....

160

3.

La Real Cédula de 1819. El triunfo de la propiedad plena ..............

174

4.

El último resquicio del Patrimonio Real: los realengos ...................

181

ELIMINAR, SUPEDITAR Y CONTROLAR ...........

193

Dos concepciones sobre el desarrollo agrario: ¿esclavos o campesinos?................................................................................................

194

2.

La expulsión y reacomodo de las vegas ...........................................

200

3.

La agricultura de subsistencia y el dilema de la Cuba pequeña 

211

4.

La plantación: el ideal de propiedad ................................................

222

CAPÍTULO VI. LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE....................................................................................

231

1. Las haciendas comuneras. Los obstáculos de los usos compartidos ...

232

2.

Usurpar en silencio: realengos y propios .........................................

246

3.

Los terrenos del Estado ....................................................................

258

4.

Desamortización y colonización ......................................................

264

LA HERENCIA DE LA TIERRA: EL LATIFUNDIO ...

275

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA ..............................................................

297

ANEXO DOCUMENTAL ......................................................................

321

CAPÍTULO V. 1.

EPÍLOGO.

INTRODUCCIÓN     XVIII y las primeras décadas del siglo XIX la producción de azúcar en Cuba inició su despegue y consolidación. Sobre el binomio azúcar-esclavos se levantó el entramado de la plantación y con ella el ascenso de un nuevo grupo: los dueños de ingenios. Desde el Real Consulado los hacendados reivindicaban la manufactura azucarera como la única fuente de riqueza y lanzaban loas al cultivo de la caña: Esta causa motriz que dio fomento A tu comercio, industria y tu campaña, Ha tenido un rápido incremento, Que en todas partes verdecer la caña1

La plantación se convierte en paradigma de la gran propiedad. Sin embargo, en el debate sobre el sistema plantacionista y las relaciones socioeconómicas inherentes a este, las cuestiones relacionadas con el           de ingenios los ataques dirigidos a la gran explotación agrícola resulta           !  " paciones y litigios, precisamente en esas fechas culminaba en lo fundamental el proceso de legitimación de la posesión del suelo. En 1819 una Real Cédula consagraba la propiedad libre y absoluta. Para consolidar el desarrollo azucarero necesitaban esclavos, pero también tierras. La acusada expansión de la agricultura comercial y la     # 

   "   $  de los pequeños propietarios rurales. Los ingenios fueron el centro de una forma peculiar de relaciones sociales. Por un lado, atraían a los tra1 «Las Glorias de La Habana. Poema. Francisco María Colombini, 10 de noviembre de 1798», en Colección de poesías arreglada por un aficionado a las musas, La Habana, Oficina de D. José Boloña, 1833, tomo 1, p. 115.

12

IMILCY BALBOA NAVARRO

bajadores libres y a la población asentada en los pequeños fundos en tanto los necesitaban para ciertas tareas fabriles y el abastecimiento de productos alimentarios. Del otro, constituían un freno al proceso de asentamiento y a la inmigración espontánea al irradiar las prácticas consustanciales a la esclavitud. Los hacendados despreciaban la agricultura en pequeño que, a su juicio, no merecía respeto ni consideración. Las familias campesinas por lo general, se hallaban diseminadas en los campos dedicadas al cultivo de reducidas extensiones de terrenos. Además, la mayoría no eran propietarias de la tierra sino que poseían contratos de arrendamiento o aparcería, ya fuera con los terratenientes o —como en el caso oriental— tuvieran a censo terrenos del Estado. Con la plantación se hacen visibles dos modelos agrarios contrapuestos: la Cuba grande de los latifundios azucareros basados en el trabajo esclavo, defendida por Francisco de Arango y Parreño, que resultó la predominante, frente a la Cuba pequeña de los pequeños campesinos libres propugnada por el intendente Alejandro Ramírez. Este patrón de análisis que cobró repercusión a partir de los estudios de Heinrich Friedlaender fue retomado y reformulado posteriormente por Juan Pérez de la %&   

    'Cuba A que se corresponde con el occidente de la isla (Habana, Matanzas y Cárdenas) donde prevalecía la plantación esclavista y se concentraban los mayores porcentajes de la riqueza nacional, la población y el comercio. Mientras en la Cuba B, la zona oriental, la actividad fundamental era la ganadería y se caracterizaba por su grado de atraso.2 Tal concepción del desarrollo de la colonia ya había sido cuestionada desde mediados del siglo XIX en el discurso de los reformistas como el conde de Pozos Dulces o Álvaro Reynoso, quienes defendieron la  &              que se desdibuja y cada vez está menos presente, al tiempo que se reducen sus oportunidades de acceso a la posesión de una porción de terreno y su conversión en arrendatarios o jornaleros. En la misma línea se ubicaron posteriormente los trabajos de Ramiro Guerra, uno de los mayores defensores del pequeño campesinado blanco, a partir sobre todo de la relación afectiva basada en testimonios familiares.3 2 Heinrich Friedlaender, Historia económica de Cuba, La Habana, Ciencias Sociales, 1978. Juan Pérez de la Riva, «Una isla con dos historias», La conquista del espacio cubano, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2004, pp. 197-198. 3 Veánse Francisco Frías y Jacott, conde de Pozos Dulces, Reformismo agrario, La Habana, Secretaría de Educación, Dirección de Cultura, 1937. Alvaro Reynoso, Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar, La Habana, Ministerio de Industrias / Editorial Nacional de Cuba, 1963. Ramiro Guerra,           "

INTRODUCCIÓN

13

Tanto los reformistas decimonónicos como Guerra nos presentan a los cultivadores como un pequeño grupo social subordinado que no puede defender sus intereses frente a los hacendados azucareros en tanto grupo hegemónico. De esa forma, atrapados en una especie de fatalismo, lamentan la «ocasión perdida» de conformar un amplio sector compuesto por campesinos libres. Ambos, de una manera u otra, añoraban la existencia en Cuba de una capa social similar a la que existía en Europa o Estados Unidos. Para los reformistas, como forma de eliminar la esclavitud, y para los nacionalistas como base social contra el colonialismo primero y de la nación con posterioridad a 1902. Conocemos pues la existencia de un modelo basado en una econo *  +    # &  $miento de los hacendados esclavistas y la exclusión de otros cultivadores. Pero desconocemos cómo los cambios en la propiedad incidieron en las relaciones sociales de producción y la dinámica interna de los grupos emergentes que se fueron cohesionando durante el proceso. El estudio de los usos y dominios del suelo entonces, adquiere para la isla una importancia particular, máxime si consideramos su condición de país eminentemente agrícola. Hasta 1959 la estructura de la propiedad de la tierra constituyó el tema central de la economía y la estructura de clases en la isla. La tierra no solo fue el principal medio de producción sino también una fuente de subsistencia fundamental. No podemos comprender las directrices de la economía, los avances de la agricultura, las características de los cultivos, la preeminencia del azúcar y el rumbo diferente que a partir del llamado boom azucarero de  XVIII y principios del siglo XIX asumió la ordenación agraria, así como las líneas diferenciadas del desarrollo económico del occidente y el oriente del país, por citar algunos ejemplos, sin conocer la estructura agraria, las formas de explotación y tenencia de la tierra, así como su proyección e incidencia en la economía y la sociedad tanto a nivel regional como en el conjunto insular. La temática agraria en sentido general, y las cuestiones relacionadas con los usos y dominio del suelo de manera particular han estado presentes en la historiografía aunque con desigual énfasis.4 Nazareno, La Habana, Ciencias Sociales, 1974. Azúcar y Población en Las Antillas, La Habana, Ciencias Sociales, 1976. 4 Un análisis de la historiografía referida a los problemas agrarios en Imilcy Balboa y Reinaldo Funes, «La Tierra en Cuba. Bibliografía básica, fuentes y perspectivas de estudio», #$%  &   '  ($ ) * +  , n.º 16, juliodiciembre, 2001, México DF, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 89-104.

14

IMILCY BALBOA NAVARRO

En el siglo XIX las transformaciones agrarias aparecen de forma tan                       usurpaciones y enfrentar a la Corona al «hecho consumado.» Francisco de Arango y Parreño, su máximo representante, apenas dedicó espacio en el Discurso sobre la agricultura en La Habana a tratar tales cuestiones.5 Tampoco los reformistas de la primera mitad del siglo como Félix Varela, José Antonio Saco o Ramón de la Sagra, prestaron especial atención a la redistribución de la propiedad. En sentido general —más allá de los divergentes puntos de vista—, su prédica se disipa entre el antagonismo al trabajo esclavo, el temor por el aumento de la población negra y las propuestas para variar el sistema.6 Desde el ámbito de la    &     

 $   rias, la utilización del suelo y la legitimidad de las propiedades. Tales fueron los casos por ejemplo de Desiderio Herrera, Rodrigo Bernardo y Estrada y Esteban Tranquilino Pichardo y Jiménez.7 A principios del siglo XX el interés por las cuestiones relacionadas con la propiedad vivió su período de mayor auge, determinado por la necesidad de lograr su esclarecimiento en la nueva coyuntura que se abría tras el cambio de soberanía, la intervención norteamericana y los 5

Francisco de Arango y Parreño, «Discurso sobre la agricultura en La Habana y medios de fomentarla», en +  #  - . /, Obras, La Habana, Imagen Contemporánea, 2005, vol. 1, pp. 144-198. 6 Ver Félix Varela, «Memoria que demuestra la necesidad de extinguir la esclavitud de los negros en la isla de Cuba, atendiendo a los intereses de sus propietarios» y «Proyecto de decreto sobre la abolición de la esclavitud en la isla de Cuba y sobre los medios de evitar los daños que puedan ocasionarse a la población blanca y a la agricultura» reproducidos por Eduardo Torres-Cuevas y Eusebio Reyes, Esclavitud y Sociedad, La Habana, Ciencias Sociales, 1986, pp 148-162. José Antonio Saco, «Análisis de don José Antonio Saco de una obra sobre el Brasil intitulada, Notices of Brazil in 1828 and 0345 - 6 7 9      -  $  : : en Eduardo TorresCuevas y Arturo Sorhegui, % # ; #   7 -   : Ciencias Sociales, La Habana, 1982, pp. 203-204. También,   $    ?

             $  % # Saco, Madrid, Imp. de Marcelino Calero, 1837. Ramón de la Sagra, Cuba, 1860, La Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 1963. 7 Desiderio Herrera, Agrimensura aplicada al sistema de medidas de la Isla de Cuba, La Habana, Oficina del Gobierno y Capitanía General, 1835. Rodrigo Bernardo y Estrada, Manual de agrimensura cubana, Sagua la Grande, Imprenta de la Hoja Económica, 1854 y .    

 

    (  *$ #-$  de La Habana en cuanto concierne a las haciendas de crianza de animales, La Habana, Establecimiento Tipográfico La Cubana, 1857. Esteban Tranquilino Pichardo y Jiménez, Nociones de agrimensura legal de la isla de Cuba, La Habana, Imprenta y Librería Militar, 1863. Agrimensura legal en la Isla de Cuba, Segunda edición corregida y aumentada, La Habana, Imprenta y Librería Antigua de Valdepares, 1902.

INTRODUCCIÓN

15

intereses de los inversores de esa nación. Junto a la reedición de la obra de Pichardo y Jiménez, aparecen nuevos estudios, como los de Leopoldo Cancio, José Rafael Gómez y Benito Celorio que centraron su atención en las cuestiones legales y las haciendas comuneras, precisamente             plena.8 Varios autores norteamericanos se sumaron a esta corriente, los trabajos del geógrafo Ray Hughes Whitbeck, de Dubon Corbitt y el sociólogo Lowry Nelson abordaron las mercedes, los realengos y los latifundios.9 El vertiginoso crecimiento azucarero en el primer cuarto de siglo de vida republicana incluyendo la compra de inmensas extensiones de tierras en las provincias de Camagüey y Oriente y el fomento de grandes latifundios asociados a la inyección de capitales estadounidenses, fueron denunciados por Ramiro Guerra y Raúl Maestri.10 Pero no fue hasta mediado el siglo XX que los temas agrarios comenzaron a formar parte explícita en obras de carácter histórico como las escritas por Francisco Pérez de la Riva y Julio Le Riverend, a quien debemos Problemas de la formación agraria de Cuba, siglos XVI-XVII, el único estudio, hasta el momento, dedicado íntegramente al examen de los usos y dominio del suelo, de plena vigencia por las respuestas que ofrece así como por las hipótesis planteadas.11 8

Esteban Tranquilino Pichardo y Jiménez. Agrimensura legal de la Isla de Cuba, Leopoldo Cancio Luna, «Haciendas comuneras», Cuba y América, n.º 6, 1902, La Habana, pp. 227-236. José Rafael Gómez Cañizares, Historia, deslinde y reparto de haciendas comuneras, Santa Clara, Imprenta J. Berenguer, 1910. Benito Celorio y Alfonso, Las haciendas comuneras, La Habana, Imprenta de Rambla y Bouza, 1914. 9 Ray Hughes Whitbeck, «Geographical relations in the development of Cuban agriculture», Geographical Review, n.º 12/2, 1911, New York, pp. 222-240. Dubon Corbitt, «Mercedes and realengos in Cuba: a survey of the public land system in Cuba», Hispanic American Historical Review, n.º 19/3, Durham, 1939, pp. 262-285. Lowry Nelson, «The evolution of the Cuban land system», Land Economics, n.º 4, vol. XXV, 1949, Madison, pp. 365-381, y Rural Cuba, Minnesota, University of Minnesota Press, 1950. 10 Ramiro Guerra y Sánchez, Azúcar y población en las Antillas, La Habana, Minerva, 1927. (Entre otras reediciones se puede citar la de Ciencias Sociales en 1970). Raúl Maestri y Arredondo, El latifundismo en la economía cubana, La Habana, Editorial Hermes, 1929. 11 Francisco Pérez de la Riva en Origen y régimen de la propiedad territorial en Cuba, La Habana, Imprenta el Siglo XX, 1946. Ramiro Guerra, et al., Historia de la Nación Cubana, La Habana, Editorial Historia de la Nación Cubana/Academia de la Historia de Cuba, 1952, 10 vols. Julio Le Riverend, Historia económica de Cuba, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971, y Problemas de la formación agraria de Cuba, siglos XVI-XVII, La Habana, Ciencias Sociales, 1992 (publicado originalmente —entre 1984 y 1986— en forma de artículos en la Revista de la Biblioteca Nacional)

16

IMILCY BALBOA NAVARRO

Esta línea fue retomada más tarde por Juan Pérez de la Riva y Leví Marrero.12 Y ha sido continuada por Fe Iglesias y Gloria García durante las décadas de 1980 y 1990. No podemos dejar de mencionar El ingenio de Manuel Moreno Fraginals, que incluye en su detallado estudio sobre la producción de azúcar en la isla aspectos relacionados con los usos y posesión del suelo.13 A partir de aquí el tema ha tenido tratamientos puntuales en obras de carácter general14 o desde la perspectiva regional, que ha gozado de cierto auge en la historiografía hecha en Cuba y se han realizado contribuciones interesantes.15 En los últimos años han visto la luz nuevos estudios desde postulados y perspectivas metodológicas diferentes, tanto

12

Juan Pérez de la Riva, «Tres siglos de historia de un latifundio cubano: Puercos Gordos y El Salado», en El barracón y otros ensayos, La Habana, Ciencias Sociales, 1975, pp. 91-124. Leví Marrero, Cuba, Economía y Sociedad, Editorial Playor, Madrid, 1971-1992, 15 vols. (De forma particular los acápites dedicados a la tierra en los tomos 2, 3, 6 y 10). 13 Ver por ejemplo Fe Iglesias, Del Ingenio al Central, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1998; «Formas de venta y precio de la tierra en el Occidente de Cuba, 1700-1750, Rábida n.º 17, Huelva, 1998; «La estructura agraria de La Habana, 17001775», Arbor, n.ºs 547-548, tomo CXXXIX, julio-agosto, 1991 y «Algunos aspectos de la distribución de la tierra en 1899», Santiago, n.º 40, diciembre de 1980. Gloria García, «El auge de la sociedad esclavista en Cuba»; G. García y Orestes Gárciga, «El inicio de la crisis de la economía esclavista», en Instituto de Historia de Cuba, '   La colonia, 7  $ -  $  ?   *    1867, La Habana, Editora Política, 1994, tomo 1, pp. 225-264 y 360-400. Manuel Moreno Fraginlas, (   Complejo económico social cubano del azúcar, Ciencias Sociales, La Habana, 1978, 3 tomos. 14 Véanse Ramiro Guerra, Manual de Historia de Cuba, Ciencias Sociales, La Habana, 1971. Heinrich Friedlaender, Historia económica de Cuba, Jesús Montero Editor, La Habana, 1944. Y los tres tomos publicados por el Instituto de Historia de Cuba, '   & : tomo 1; Las luchas por la independencia nacional y las   $      03K3Q0353, La Habana, Editora Política, 1996, tomo 2; &   T V -   ?  0355  05WX: La Habana, Editora Política, 1998, tomo 3. 15 Los estudios regionales en Hernán Venegas Delgado, «Apuntes sobre la decadencia trinitaria en el siglo XIX», Islas, n.º 46, septiembre-diciembre, 1973, pp. 159-251; «Consideraciones en torno a la economía remediana colonial», Islas, n.º 67, septiembrediciembre, 1980, pp. 11-79 y «Notas críticas sobre la economía colonial de Villa Clara», Islas, n.º 81, mayo-agosto, 1985, pp. 16-88. Orlando Martínez, «Estudio de la economía cienfueguera desde la fundación de la colonia Fernandina de Jagua hasta mediados del siglo XIX», Islas, n.ºs 55-56, septiembre de 1976-abril de 1977, pp. 117-169. Nelson Oliva y Ángel Velázquez, $   T   -    0355, Impreso en la fábrica José Joaquín Palma, Bayamo, 1989 y La hacienda ganadera en Bayamo, 18001850, La Habana, Ciencias Sociales, 1996.

INTRODUCCIÓN

17

dentro como fuera de la isla, sobre la problemática de la tierra y el entramado social.16 Pero si bien la tierra como generalidad no ha estado ausente en la historiografía de la isla, ha faltado continuidad. En este ámbito no se han alcanzado los avances conseguidos en otros temas como el azúcar, la esclavitud o las guerras por la independencia. La temática adolece de un número reducido de contribuciones y se continúan arrastrando visiones y tópicos. Se tiende a considerar las transformaciones en el régimen de la tierra de manera diferenciada, entendiendo su evolución en clave interna, al margen de la política aplicada por España y desvinculado de lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica. Proponemos entonces el estudio de la sociedad cubana a partir del examen de los usos y dominios del suelo en dos niveles: el real —lo que estaba ocurriendo— y el jurídico —explicación del pasado—. Los cambios acaecidos se insertan en un conjunto de procesos económicos, políticos y sociales, a los que se añaden las condiciones internacionales. La isla no fue ajena al proceso mucho más amplio que estaba teniendo lugar tanto en la metrópoli como en sus colonias, entendido a partir de la interrelación de los factores externos y de la evolución interior de cada territorio. Aceptamos la inclusión de la isla en la corriente general que desde la metrópoli pretendía regular los usos y dominios del suelo —común a toda la América española— y a partir de aquí profundizamos en el enfrentamiento entre la Corona y los propietarios insulares. Las formas en que se van articulando los objetivos de la primera, obtener más

    "      "   !`{"  ma Prometeo 2013/023 de la Generalitat Valenciana para Grupos de Excelencia y UJI (P1-1B2012-57). No quisiera concluir sin dedicar unas palabras de homenaje a Julio Le Riverend. Su libro Problemas de la formación agraria de Cuba abrió el camino y me impulsó en esta dirección. Y como dijera el propio Le Riverend «queda mucho por hacer».

CAPÍTULO I DERECHO DE USO Y TÍTULOS CONDICIONADOS «Yo a lo que toca a la de las Indias, hallo que esta misma regalía tienen nuestros gloriosos reyes en ellas», escribía Juan de Solórzano Pereira en su obra Política indiana (1648) al tiempo que reivindicaba como parte del Patrimonio Real fuera de las tierras, prados, pastos, montes y aguas, que por particular gracia, y merced suya se hallaren concedidas a las ciudades, villas o lugares de las mismas Indias, o a otras comunidades o personas particulares de ellas, todo lo demás de este género, y especialmente lo que estuviere por romper y cultivar, es y debe ser de su Real Corona y dominio, como antiguamente sabemos que lo era del despótico y absoluto que usaban en la Nueva España los moctezumas y en Perú los incas y, a este modo, en otras provincias, otros caciques que de ellas se enseñorearon.1

Las tierras recién descubiertas fueron consideradas regalías y como tales vinculadas a la Corona por derecho de conquista. Las concesiones las hacía el rey y solo implicaban «un uso y disfrute condicionado, revocable o decaedizo por incumplimiento de los requisitos». La doctrina en que se sustentaron los repartos trató de mantener vivos ciertos principios —como el interés de poblar o la limitación de los privilegios feuda1

Juan de Solórzano, Política indiana, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1996, tomo 3, Libro sexto, p. 2402. Solórzano fue oidor de la Real Audiencia de Lima (1610-1626) y consejero de Indias (1629-1641). Política indiana publicada en 1648 era una adaptación al castellano corregida y aumentada de un estudio anterior Disputationem de indiarum iure sirve de insta indiarum occidentalium inquisitione, acquisitione, et retentione tribus libris comprehensam aparecida en 1629. Ver además Javier Malagón y José M.ª Ots Capdequí, Solórzano y la política indiana, México, Fondo de Cultura Económica, 1883, pp. 46-48.

24

IMILCY BALBOA NAVARRO

les del señorío—. De forma ordinaria las entregas estaban sujetas a la residencia un número determinado de años —vecindad— y a la poste      #  2 A despecho de las intenciones de la Corona de Castilla, que desde un inicio trató de reglar el proceso de conquista y entrega de tierras a golpe de reales cédulas, las usurpaciones de terrenos se convirtieron en práctica común en los nuevos territorios. En general, la legislación iba por detrás de la práctica y en cada ocasión se dictaban las disposiciones en relación con el caso concreto de que se trataba, dejando en manos de las autoridades gubernativas de cada territorio la facultad de actuar según su criterio.3 Todo lo cual condicionó el contenido, alcance y urgen   #"    en la legislación indiana con carácter casuístico y más sabor local que atendiendo a prácticas generales. Las diferencias regionales y en el tiempo, en dependencia de la evolución de las distintas localidades tanto a nivel económico como poblacional, así como la importancia de la minería y la presencia de una población indígena considerable en el continente que contrastaba con la efímera dedicación minera y la escasa población de las colonias antillanas, se tradujo en las características disímiles que adquirieron los repartos de tierras, su disponibilidad, los usos del suelo y las formas diferentes de presión que sobre los terrenos ejercieron los propietarios de uno u otro lugar. Vinculado a lo anterior habría que considerar también la actuación de los virreyes, gobernadores y cabildos americanos, así como los intereses de las oligarquías locales. Las cuestiones relacionadas con los usos y dominio del suelo cons@            !  @ lonizadores. La primera trató de sujetar a derecho las usurpaciones, mientras los segundos, amparados en la lejanía reinterpretaron a su modo la legislación para hacerse con los terrenos que consideraban como propios. La Corona volverá a la carga una y otra vez, mientras los 2

La cita corresponde a Julio Le Riverend, Problemas de la formación agraria, pp. 60-61. Sobre la legislación José M.ª Ots Capdequí, El derecho de propiedad en nuestra legislación de Indias, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1925, pp. 10-11. Ver también Silvio Zavala, De encomiendas y propiedad territorial en algunas regiones de la América española, México, Antigua Librería Robledo, 1940, pp. 10-29. 3 José M.ª Ots Capdequí, El régimen de la tierra en la América Española durante el período colonial, Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1946, pp. 7-17, destaca como el Derecho Indiano se caracterizó en los primeros tiempos por su «particularismo» y «carácter privilegiario» lo que se tradujo en las pugnas entre el Estado y los intereses privados.

DERECHO DE USO Y TÍTULOS CONDICIONADOS

25

regalistas insisten en reclamar las tierras como parte del Patrimonio Real. El pulso sostenido arribará a una nueva fase a partir de los preceptos aplicados en el setecientos cuando la tierra se convierta en objeto de recaudación.

1.

LOS CABILDOS Y LAS TIERRAS DEL REY

Desde 1497 la Corona había autorizado a Cristóbal Colón, en su condición de gobernador de las Indias, a distribuir terrenos entre los colonizadores. Tal privilegio le fue revocado muy pronto —a raíz de        @  =  de medición que se extendió por las Antillas españolas, no constituyó una novedad y menos, otra excepción en el caso de Cuba, aunque en esta última fue donde alcanzó un mayor arraigo, trascendencia y conse      de las islas la concesión precedió a los usos productivos del suelo, mien     =   =        …††@Ž†† "&#     to colonial por la redistribución de los terrenos cuando los vecinos solicitaron que se redujeran a la mitad para dedicarlos a la agricultura. En Santo Domingo, por el contrario la extensión de la merced —entre una y tres leguas de diámetro— dependía del número de cabezas de ganado que declarara el solicitante.16 Luis Bustamante en su Enciclopedia Popular Cubana, al describir la voz Hato     Œ         ganado y no la tierra, lo que constituía el Hato o Hacienda, y la merced se consideraba no como propiedad de aquella, sino simplemente la facultad de crianza dentro de esas tierras; eran bienes semovientes, y no raíces, lo contrario de cómo luego fueron considerados».17 El derecho        #  } @     "      recovecos de su interpretación. Concluida la etapa de las expediciones colonizadoras, los que se habían asentado comenzaron a solicitar merced de las tierras cedidas anteriormente o de las adquiridas recientemente. Al Cabildo de Sancti Spíritus se atribuye la merced más antigua de que se tenga noticia: la cesión a Fernando Gómez de una sabana llamada de Manicaragua o Sabana de la Cabeza, con la tierra comprendida alredor en un radio de tres leguas, fechada el 12 de agosto de 1536. Las concesiones debían efectuarse sin perjuicio de tercero y por lo general el aspirante realizaba ˆ  &     \#$" " # cien ducados para obras públicas y otros cien para levantar una iglesia. Aunque es necesario aclarar que fueron pocos los que escogieron la    ‘‡ &    particulares». Este autor añade las vías por las que podía obtenerse el disfrute mediante «denuncia o composición» o al ser absorbidas por las haciendas colindantes en tanto «tierras sobrantes».45 }         #   !    # @       }‚ ‚     monarquía en Europa le impedían ejercer un control efectivo sobre el mundo colonial americano, las necesidades de la Hacienda peninsular determinaron que la propia Corona tratase de incentivar nuevos ramos económicos en las colonias que a su vez revertieran en mayores ingresos futuros. Entre las medidas que se tomaron en La Española estuvieron la importación libre de derechos de las herramientas e instrumentos necesarios para la construcción y funcionamiento de los molinos al tiempo que se rebajaron varios impuestos —derecho de alcabala, almojarifazgo y el diezmo que fue reducido al 3%— (Real Cédula de 9 de junio de 1520). Más tarde se autorizaron préstamos para fomentar ingenios —trapiches—, pero solo a personas solventes (Real Cédula de 21 de agosto de 1521). El préstamo ascendía a 4.500 pesos, que fueron repartidos a razón de 400 pesos entre los propietarios, aunque muchos no lo emplearon 52

Mercedes García, «El Privilegio de Ingenios en el modelo azucarero de Cuba (1598-1792)», Rábida, n.º 18, Huelva, 1999, pp. 92-93. Arturo Soreghi, La Habana en el Mediterráneo americano, p. 55. 53 Al respecto José A. Piqueras, «El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales», Historia Social, n.º 60, 2008, pp. 83-84.

48

IMILCY BALBOA NAVARRO

precisamente en el fomento del azúcar. Otra Real Cédula de 1529 estableció que los ingenios no eran bienes embargables por deudas, y reconocía el derecho de mayorazgo para evitar que los pleitos dividieran las  @ &     ‚"&       las licencias para la importación de esclavos.54 Los hacendados puertorriqueños, que en 1529 habían logrado la prohibición del embargo de los ingenios, solicitaron iguales ventajas en 1530. La exención tardó cinco años y solo se concedieron dos préstamos de 2.000 pesos cada uno. En 1540 se autorizó un tercero. En Cuba, a pesar del ofrecimiento metropolitano —hecho en 1532— de otorgar hasta 7.000 pesos para comprar esclavos a los que se decidieran por el &  $ˆ  "           

   mostraron atraídos.55 ‚   !  @    cidieron y Cuba recibió los mismos privilegios que sus vecinas. Los que              ” @               &     #  vertir en nuevos ramos alentando el giro económico de la colonia. La ley de Privilegio de Ingenios fue hecha pública en 1598 y entró en vigor dos años más tarde. Entre otros aspectos establecía que los ingenios y sus pertenencias (tierras, esclavos, instrumentos y máquinas) no podían ser ejecutados por deudas y una reducción del 50% del diezmo para los productores que además no podían renunciar a este privilegio. Tales exenciones se vieron complementadas por otra Real Cédula de 24 de julio de 1600 que concedió un préstamo de 40.000 ducados a los dueños de ingenios de La Habana, y al igual que en La Española serían repartidos entre aquellos que ya los tenían construidos o al menos habían co $         #  @"   &#  protestas de los que estaban esperando un estímulo para dedicarse al cultivo del azúcar.56 El anticipo debía ser pagado en un término de ocho años y se hizo efectivo en 1602. Las medidas encaminadas al fomento 54

Roberto Cassá, Historia social y económica de la Republica Dominicana, tomo 1, pp. 162-164. Ver también Genaro Rodríguez Morell, Los orígenes de la economía de plantación, pp. 235-239 y 266-276. 55 Frank Moya Pons, Historia del Caribe, Santo Domingo, Editora Búho, 2008, pp. 35-40. Francisco Moscoso, Agricultura y sociedad en Puerto Rico, pp. 55-56. 56 «Solicitud de préstamo de quince vecinos de La Habana para fabricar ingenios», en Hortensia Pichardo, Documentos, tomo 1, p. 122. Véanse Irene Wright, Historia documentada de San Cristóbal de La Habana en el siglo XVI, La Habana, Imprenta El Siglo XX, 1927, p. 23. Isabelo Macías, Cuba en la primera mitad del siglo XVII, Sevilla, EEHA-CSIC, 1978, pp. 49-52. También Ramiro Guerra, Azúcar y población en las Antillas, pp. 203-204. Julio Le Riverend, Problemas de la formación agraria, p. 178.

49

DERECHO DE USO Y TÍTULOS CONDICIONADOS

de los ingenios también vinieron acompañadas de los primeros asientos para importar esclavos, fuerza de trabajo considerada imprescindible para consolidar la producción. Solicitaron el préstamo quince vecinos, pero no todos los nombres     &        les de la súplica al rey quedaron excluidos Sebastián de Aragón, Alonso Jorge, Hernando Rodríguez Tabares y Hernando Salucio. Mientras fueron añadidos Juan Maldonado —el hijo del gobernador de la isla— los dos Rojas, Hernán y Lucas, así como Oñate, Morta y Espinar. Los bene   ' &  }  "        que oscilaban entre los 500 y los 4.400 ducados.

TABLA N.º 2         

Esclavos

  

(en ducados)

Nuestra Sra. del Rosario

16

4.400

Juan Maldonado

San Diego

26

4.000

Hernán Manrique de Rojas

Trapiche Santa Cruz

14

3.500

Pedro Suárez Gamboa

Trapiche de miel

28

3.000

Diego Ochoa de la Vega

Santa María de Palma*

28

3.000

 

Antonio de Ribera

 

Antonio Matos Gama

Ingenio*

11

2.500

Martín Calvo de la Puerta

Santiago

11

2.500

Melchor de Casas

Tres Reyes

16

2.500

Ginés de Orta

Nuestra Sra. del Rosario

22

2.500

11

2.500

7

2.500

Pedro de Oñate

La Candelaria

Benito Rodríguez

Trapiche San Migue

Sebastián Fernández-Pacheco.

San Sebastián

21

2.500

Hernán Rodríguez de Tavares

Ingenio-Trapiche

10

2.000

Baltasar Rojas

Trapiche San Juan

5

1.000

Silvestre Morta

Trapiche San Miguel

4

600

Hernando de Espinar

Trapiche San Antonio

12

500

Lucas Rojas

Trapiche Santa Cruz

2

500

— K    "     & Fuente: Isabelo Macías, Cuba en la primera mitad del siglo XVII, Sevilla, EEHA-CSIC, 1978, pp. 51-52. Mercedes García, Entre haciendas y plantaciones, Orígenes de la manufactura azucarera en La Habana, La Habana, Ciencias Sociales, 2007, pp. 55-56.

50

IMILCY BALBOA NAVARRO

Entre 1590 y 1602 se fundaron en esa zona 17 trapiches, y tan solo un año más tarde se agregaron otros 14. También en las regiones del interior el cultivo iba cobrando cierta fuerza. En 1617 existían 11 unidades en Bayamo y 26 en Santiago de Cuba.57 Entre los agraciados aparecían miembros de la primera aristocracia vinculada a la ganadería, —por ejemplo tres Rojas— pero también los Fernández-Pacheco, los Calvo de la Puerta —escribanos— o los Maldonado cuyo prestigio provenía de su vinculación al gobierno colonial. Otros procedían o tenían vínculos familiares con dueños de hatos y corrales —como los Rodríguez o Gamboa—. Más interesante resulta            % "%" Soto, junto a comerciantes como Francisco López Piedra.58 La ley no impulsó una diferenciación social asentada en la dedicación productiva —azucareros frente a señores de hatos o comercian=      >$ˆ   &  & en ciernes, un medio de probar nuevas vías de enriquecimiento, pero el poder seguía estando en manos del grupo que se había consolidando al calor de las mercedes de tierras. Ahora bien, si observamos que se ha ido conformando un sector   =@#  =   @ & la primera mitad del siglo XVI, con los llegados en la segunda mitad de la centuria y la tercera oleada de las primeras décadas del siglo XVII. Franklin Knight, tras analizar una muestra de 450 familias de las registradas por Francisco Javier de Santa Cruz en su libro Historia de familias cubanas, señala que 35 familias (8%) habían arribado a la isla en el siglo XVI y 114 (23%) lo hizo en el siglo XVII.59 57

Aunque la Ley recibe el nombre de Privilegio de Ingenios utilizamos el término de trapiche más acorde con las características de la manufactura del azúcar en estos años. Ver los diferentes conceptos en Manuel Moreno Fraginals, El Ingenio, tomo 1, pp. 170171. El número de trapiches en Leví Marrero,  $* - 

 , tomo 4, p. 13. 58 Hemos cotejado los nombres reflejados en el listado con los beneficiarios de mercedes con títulos (Ver Anexo 1) y no se observan coincidencias. Los datos deben ser tomados con cierta reserva dada la pérdida de una parte considerable de los mismos, pero la muestra viene a confirmar que el azúcar no nace en tierras propias y tiene que aprovechar los espacios dedicados a estancias dentro de mercedes ya concedidas para hatos y corrales. Y nos avisa para el futuro, precisamente este grupo, en la medida que la agricultura comercial comienza a tener importancia, serán los abanderados de los cambios jurídicos institucionales en la agricultura. 59 Franklin Knight, «Origins of the wealth and the sugar revolution in Cuba, 17501850», Hispanic American Historical Review, vol. 57, n.º 2, 1977, pp. 235-236. Por su parte Alejandro de la Fuente, Havana and the Atlantic, pp. 188-189, advierte sobre las dificultades para estudiar las sagas familiares pues eran muy comunes los cambios, dado que no era obligatorio mantener los apellidos.

DERECHO DE USO Y TÍTULOS CONDICIONADOS

51

Mediante una cuidadosa estrategia de alianzas, que incluía una intrincada red de matrimonios, la oligarquía nacida en los inicios de la conquista y fundada en el hato ganadero había conseguido hacerse con la supremacía dentro del Cabildo y extenderla a otros sectores que alcanzaba desde los escribanos pasando por los funcionarios del poder   =   "  "          ’  `cio— hasta llegar el propio gobernador. Los dueños de hatos y corrales dedicados a la crianza de ganados, que desde la segunda mitad del siglo XVI se habían vinculado al comercio con la Flota, la exportación de cueros y la importación de mercancías europeas, habían aprendido que el prestigio y categoría basado únicamente en la simple acumulación de tierras no generaba ganancias —prueba de ello fue la depresión que atravesó la colonia tras el descubrimiento de México—, por ello se asociaron o ensayaron otros rubros económicos relacionados con la agricultura y el comercio.60 Al              representantes de otros sectores sociales. Esta estrategia de integración no fue fortuita o imprevista. Así, por ejemplo, encontramos a los escribanos, piezas claves en cualquier transacción que necesitara ser asentada en los registros y que en el caso de la tierra jugaban un papel no menor a la hora de inscribir las mercedes y esconder las irregularidades. O los comerciantes —algunos provenientes de familias con arraigo lo @    

 "  ="61 que exhiben vinculaciones con el comercio sevillano. Durante el siglo XVII la tendencia sigue siendo hacia la integración en un mismo grupo social —que se asegura mediante los lazos conyugales, sobre todo—.62 Como resultado encontramos una red de familias 60

Julio Le Riverend, Problemas de la formación agraria, pp. 137 y 143. Dentro de la saga familiar hallamos al menos tres alguaciles mayores del Santo Oficio de la Inquisición, cinco alcaldes ordinarios, dos contadores y jueces de la Real Hacienda, seis regidores del Ayuntamiento de La Habana, dos regidores perpetuos, un tesorero de la Real Hacienda en Florida, un castellano del Morro, un gobernador militar de La Habana, un procurador general y un alcalde provincial, entre otros. Los Pedroso enlazaron con los Calvo de la Puerta, los Pérez Borroto, los González de Carvajal o Fernández Farías y Lemus. Durante el siglo XVIII la estrategia matrimonial se ampliaría a nuevos apellidos como los Zequeira y Zayas Bazán. Francisco Javier de Santa Cruz, Historia de familias cubanas, Ed. Hércules, La Habana, 1940, tomo 2, pp. 308-335. María Teresa Cornide, De La Habana de siglos y de familias, Madrid, Caja Madrid y Corporación Finaciera Habanera (CFH), 2001, pp. 199-208. 62 Soreghi y de la Fuente sostienen un punto de vista diferente. Según estos autores la política centralizadora de la metrópoli que favoreció a los comerciantes y funcionarios en detrimento de los hateros, dio origen a dos grupos sociales diferenciados: hateros por un lado y comerciantes-funcionarios del otro. Especifican además que los segundos 61

52

IMILCY BALBOA NAVARRO

emparentadas donde destacaban los Rojas, Recio y Velázquez de Cuellar, integrantes de los primeros clanes llegados a la isla, con otros que se asentaron después de 1650, como los Pérez-Borroto, los Calvo de la Puerta —ambos con tradición entre los escribanos— los Zayas Bazán, Fernández Pacheco, y los ya citados Pedroso, entre otros. Todos osten     !    =          fueron las únicas vías y también accedieron al usufructo de las tierras a  &     

     A pesar de la oportunidad que representaba la Real Cédula de 1591,      @        71 Eran tiempos de expansión, no de consolidar el dominio. No obstante, dentro de esta línea general podemos apuntar dos tendencias diferenciadas a nivel regional en cuanto a la aplicación de la legislación y la actitud de los hacendados. En el interior creció el número de solicitudes para el deslinde y amojonamiento de los hatos y corrales, alentadas desde el Cabildo de Sancti Spíritus que acordó nombrar al alcalde ordinario Diego Gallego como juez de medidas. Precisamente en los primeros años del siglo XVII 69

Arturo Soreghi y Alejandro de la Fuente, «La organización de la sociedad criolla», p. 152. 70 Ibid. Sobre la concesión de estancias ver además Julio Le Riverend, Problemas de la formación agraria, pp. 158-162. 71 Le Riverend, Problemas de la formación agraria, pp. 45-46, afirma que las composiciones y confirmaciones fueron muy pocas, tanto en los siglos precedentes como en los años que nos ocupan. Sobre la actuación del Cabildo habanero en estos años pp. 154-158.

56

IMILCY BALBOA NAVARRO

había crecido el número de litigios por los límites y las violaciones constantes de los colindantes durante las monterías de ganados. María Jiménez —mencionada con anterioridad— una de las propietarias más importantes de la zona que en 1589 ya había solicitado amojonar sus haciendas, aparece treinta y un años más tarde interponiendo providencias judiciales en contra de los colindantes que no respetaban sus tierras y traspasaban su ganado.72  & & =   = ma de medir basada en métodos rutinarios. La descripción del deslinde de la hacienda Antón Díaz en 1677 bien podría situarse en el siglo anterior: situado el juez con las partes en el asiento principal de Sabana Larga, punto más antiguo, donde se había hecho la merced, y en que estaba un árbol de jobo, se dio principio a la operación viniéndose desde allí con un cordel de majagua de veinticinco varas hasta completar dos leguas contra el sitio de «Marcelo», las cuales llegaron a la orilla de un arroyo nombrado de Miguel, pasado el río de Sagua, muy cerca del expresado sitio.73

La utilización de elementos del paisaje o accidentes del terreno =
        #     solidación del dominio, más bien respondió a la estrategia utilizada por algunos hacendados que ante la imposibilidad de acceder a la propiedad dejaban en suspenso el proceso legal. De esta forma mantenían alejados a otros interesados mientras continuaban gozando del usufructo de los terrenos o apropiándose de los colindantes, cuestión que fue denunciada por el propio Cabildo habanero en 1633. Para evitar la suspensión inde  " ‘Ž‚@   &#    zo de seis meses para formalizar las peticiones, y de seis días para hacer efectivos los «títulos» de las mercedes. Por estas fechas se aprecian en las actas del Cabildo un aumento de las discusiones en torno a la disolución de las haciendas ganaderas, no solo por la incidencia del azúcar sino también de las vegas de tabaco. En la medida que estos cultivos acrecientan su valor al convertirse en mercancías de exportación a mediados del siglo XVII, la naturaleza de los   &     " " # Ž   ción de las haciendas ; # $ , El nombre de Dios, & ƒ , Nuestra Señora del Rosario y la mitad del corral & `. La mayoría habían sido adquiridas recientemente. El nombre Dios, que lindaba con # $  y & ƒ , fue «comprada» en junio de 1740 por la cantidad de 563.976 reales, que «debía redimir» y pagar «en los plazos y en la forma que capitularon». La hacienda además estaba gravada con un censo de 160.096 reales. La escritura de San Antón

$  colindante con & ƒ         33 Informe de José Antonio Gelabert a Antonio José Pineda y Capdevila, La Habana, 24 de noviembre de 1747, en «Tierras realengas de La Habana (1741-1754)», AGI, Santo Domingo, 499. 34 Informes de José Antonio Gelabert al Marqués de Regalía, 17 y 19 de junio de 1748, 15 de octubre de 1750, en «Tierras realengas de La Habana (1741-1754)», AGI, Santo Domingo, 499. 35 Instrucción sobre la forma y términos en que debe practicarse en las Indias la venta y composición de los sitios y tierras realengas, 15 de octubre de 1754 «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661.

92

IMILCY BALBOA NAVARRO

mismo año. La anterior propietaria la había recibido como herencia en 1723 y el pago de 86.448 reales, permitió a Escobar hacerse con la otra @     & ƒ . La cesión venía refrendada por un título del Cabildo fechado en 1598. Por su parte, Nuestra Señora del Rosario, que compartía límites con las tres anteriores, y la mitad del corral & `, también validado por cesión del Cabildo de 1559, fueron adquiridas en abril de 1746 y febrero de 1749, respectivamente. En menos de diez años Ayala se había hecho con un patrimonio considerable que necesitaba legitimar, pues carecía de los títulos correspondientes. Como descargo, en el caso de las dos primeras, se remitía al ataque de los corsarios franceses que en el año 1500 habían quemado el archivo de la ciudad. Para el resto explicaba que las tierras habían pasado «de unos dueños a otros por compras y herencias» y se había perdido en el camino. Y para probar el usufructo presentó cinco testigos que avalaron que las haciendas «habían estado pobladas de ganado mayor y menor». Añadía como mérito «el abasto a la ciudad durante la última guerra». Por falta de conocimiento, premura o intencionadamente, Ayala Escobar obvió al subdelegado de composición y solicitó al goberna          # "       _    1753 mediante el pago de 600 pesos, aún sabiendo que los títulos no eran legales y que no se había sometido a composición.36 }                    "  +    #  @    #   tierras nos ofrecen una visión detallada del estado de la posesión de la tierra en la primera mitad del siglo XVIII caracterizada por:39 1. 2. 3. 4. 5. 6.

La concentración en pocas manos. La falta de títulos. Movilidad de las tierras por traspasos o herencia. El protagonismo del censo redimible en los traspasos. Las tierras estaban fuertemente gravadas por censos anteriores. Las propiedades las componen diversas haciendas, algunas incluso divididas entre varios propietarios.

Mientras la tierra carecía de valor en sí, los desórdenes se toleraron y no trajeron mayores problemas, pero en la medida que aumenta su      }      ción que los «nuevos» quieren acceder a las tierras y legitimarlas. El propio subdelegado Antonio Gelabert conocía bien estas circunstancias, llegando a poseer dos ingenios: Nuestra Señora del Rosario y ; %. ‚  Ž@€   % Hacienda peninsular 306.428 reales, de ellos un 33% en efectivo, un 34% en concepto de censos y un 6% por el derecho de media anata. El resto quedó en las cajas de la isla para atender a las necesidades de la subdelegación.42 El informe presentado por Gelabert como resumen de las dos décadas de labor al frente de la Subdelegación de Venta y Composición de tierras en la isla detalla únicamente la situación del Occidente, donde el proceso de traspaso y compra venta de tierras fue más visible. El resul   @       venta de realengos, por encima incluso de los terrenos sometidos a composición. De los 66 expedientes resueltos entre 1747 y 1757, 45 correspondían a realengos y 21 a composiciones. }     

      &      1750-1751, siendo superiores en el último de los años citados. A partir   $            1754. En el resto de los años referidos predominaron las ventas de realengos. En sentido general el proceso de legitimación de la tierra alcanzó sus mayores resultados a mediados de siglo para retomar la tendencia      €†>  $   $#"   resolución de un solo expediente. El total recaudado en el Occidente por la venta y composición de tierras ascendió a 276.537 reales, una cifra reducida si tenemos presente que habían transcurrido dos décadas. A esa cantidad se agregaban 11.627 reales por el pago del derecho de media anata. Los ingresos por la venta de realengos representaron el 78%, superando con mucho las entradas generadas por los terrenos sometidos a composición que apenas alcanzaron el 21%.

42 En la documentación las cantidades aparecen expresadas indistintamente en pesos o reales, las hemos unificado adoptando la última. (Un peso equivale a ocho reales). Ver Informe de José Antonio Gelabert a Julián Arriaga, La Habana, 19 de julio de 1757, en «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661.

98

IMILCY BALBOA NAVARRO

TABLA N.º 6           !         !     "#"  "$"

Año

Total de % 

Tierras realengas denunciadas   

        !

Al contado

A censo

Al contado

A censo

1747

1

1

—

—

—

1748

8

1

6

—

1

1749

10

2

7

—

1

1750

17

3

6

4

4

1751

10

—

2

3

5

1752

5

2

1

1

1

1753

6

3

2

1

—

1754

4

3

1

—

—

1755

2

2

—

—

—

1756

2

1

1

—

—

1757

1

1

—

—

—

TOTAL

66

19

26

9

12

Elaboración propia. Fuente: Estado general del caudal que han producido así la venta de tierras denunciadas y rematadas por realengas como las admitidas a composición con separación de las que han sido a reales de contado y las a censo redimible a razón de 20 el millar conforme }@€"} ŽŸ"…"@     "€" Œ› @    nes de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661.

Tanto en las ventas de realengos como en las tierras sometidas a composición predominaron las cesiones a censo redimible. En principio la Corona presionó para que las enajenaciones se efectuaran al contado, pero el subdelegado le recordó que ya existía una Real Cédula anterior (1692) que establecía «que el valor de las tierras se admita a censo redimible, procurando la mayor utilidad a la Real Hacienda». Y aunque había intentado dar prioridad a las ventas al contado, pudo comprobar que en las subastas de este tipo se presentaban menos licitadores, que por demás, se demoraban en satisfacer las cantidades. De ahí que ponderara

DE LAS USURPACIONES DE HECHO AL DERECHO LIMITADO

99

la segunda vía atendiendo a dos razones fundamentalmente: por un lado, la falta de dinero líquido, y del otro, porque de esa forma los compradores de menores recursos se animarían a descubrir y denunciar realengos. ‚@  ˆ 

   "@     cienda Real. Y explicaba:       ˆ 

      "@ mismo modo las gentes que las han de tomar de diversas categorías, y las más sin caudales en moneda le facilitaría por este medio, el más ventajosos a la Hacienda, y por el contrario no solo serían costosísimos los productos, sino que siendo como es, mayor el cuerpo de labradores, y de los que se aplican a la cultura de los campos que absolutamente no pueden comprar sin estas pro            @    lo que reciben a censo.43

El interés que debían satisfacer era del 2%, por debajo incluso del 3% vigente en España por Pragmática Real desde 1705.44 Un interés tan

             

@    "           pequeños propietarios de escasos recursos. No obstante, como podemos apreciar, la diferencia con los que op      @  &    ˆro aunque sí en el volumen de ingresos. En el caso de las tierras realengas el 64% de lo recaudado provenía de las cantidades impuestas a censo, mientras dentro de las composiciones este porcentaje ascendía al 81%. El informe también recogía de forma general lo colectado en Oriente —10.579 reales— y Sancti Spíritus —3.537 reales—. La carencia de datos podría estar motivada por la situación particular de estas regiones, determinada por la lejanía de la capital y la intención de las autoridades          }  ‚ que habría que agregar la falta de funcionarios con experiencia en la materia y las diferencias entre los propietarios de terrenos. En 1748 solo entraron en las Cajas de Santiago de Cuba 52 reales. El gobernador advertía que los dos jueces de composición existentes en esa región —uno en Santiago y el otro en Bayamo— se veían superados por el 43 Para defender su postura Gelabert ponía el ejemplo de la hacienda El Roque donde dio preferencia a los que ofrecían pagar al contado, a pesar de que los que lo hicieron a censo ofrecían cantidades mayores, y como resultado los beneficios de la Real Hacienda se habían visto mermados. Informe de José Antonio Gelabert al Marqués de Regalía, La Habana, 15 de octubre de 1750, en «Tierras realengas de La Habana (1741-1754)», AGI, Santo Domingo, 499. 44 Enric Sebastià y José A. Piqueras, Pervivencias feudales, pp. 165-166

100

IMILCY BALBOA NAVARRO

número de pleitos que debían hacer frente por «el encono de las familias y los largos litigios».45 No podemos descartar asimismo los enfrentamientos entre las autoridades del territorio y el subdelegado Gelabert, que explicaremos más adelante. TABLA N.º 7 &' !       !      !   "#"+"$" Tierras realengas denunciadas y  

        !

Año Al contado

A censo

Al contado

A censo

1747

10.666

—

—

—

1748

952

42.360

—

10.121

1749

1.823

37.694

—

7.333

1750

2.599

25.014

4.484

18.195

1751

—

4.061

5.200

10.810

1752

1.419

8.720

600

1.915

1753

4.824

3.822

1.000

—

1754

2.533

10.666

—

—

1755

50.408

—

—

—

1756

3.181

5.904

—

—

1757

233

—

—

—

78.638

138.241

11.284

48.374

TOTAL

Elaboración propia. Las cantidades se expresan en reales. Fuente: Estado general del caudal que han producido así la venta de tierras denunciadas y rematadas por realengas como las admitidas a composición con separación de las que han sido a reales de contado y las a censo redimible a razón de 20 el millar conforme }@€"} ŽŸ"…"@     "€" Œ› @    nes de tierras (1736-1765)» AGI, Indiferente, 1661.

45 Despacho del gobernador de Cuba Alonso de Arcos y Moreno al Marqués de Regalía, Cuba, 18 de marzo de 1748, en «Venta y confirmaciones de tierras (17361765)», AGI, Indiferente, 1661.

DE LAS USURPACIONES DE HECHO AL DERECHO LIMITADO

101

Ahora bien, de los totales expresados en ambos casos las recaudaciones provenían íntegramente de la compra de realengos al contado. La primacía de los realengos sobre las composiciones se correspondía —aún siendo tan dispares los resultados— con lo que estaba ocurriendo en el Occidente. Lo que demuestra que el proceso, con sus diferencias, abarcó la isla en su totalidad. Los realengos eran una vía fácil para acceder a las tierras, pero nada barata. Desde el gobernador, pasando por su administración, hasta los alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y provincial, de la Santa Cruzada, el Protomedicato o el Juzgado de bienes de difuntos y el Consulado, se acostumbraba a recargar todas las causas presentadas —ya fuera de naturaleza civil o criminal, ordinarias o ejecutivas—. Los jue @ %         @     ˆ    ‚  "        ”   @!"    " que por las obligaciones inherentes a este empleo, a lo que se sumaba su 60 Despacho a José Antonio Gelabert, subdelegado de tierras de La Habana reprehendiéndole la competencia que tuvo con un alcalde ordinario, 4 de julio de 1758, en «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661. 61 El gobernador Alonso de Arcos y Moreno dando cuenta en testimonio de autos de lo sucedió con D. Joseph Antonio Gelabert, subdelegado de ventas y composición de tierras, Santiago de Cuba, 18 de marzo de 1748, en «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661.

110

IMILCY BALBOA NAVARRO

avanzada edad, no podía ausentarse de Santiago y atender al resto de las regiones. En Oriente solo existían dos jueces encargados del ramo, uno en Santiago y otro en Bayamo: los dos llenos de pleitos originados de las displicencias que unos con otros vecinos contraen más que de legítimos fundamentos haciéndose crecidos gastos por los salarios asignados al juez, y agrimensor de que resulta las familias     @         de los comisionados.62

Y añadía que la resolución de los expedientes en La Habana obligaba a los interesados a trasladarse a aquella ciudad, para lo cual se necesitaba un gran desembolso de dinero lo que iría en detrimento de los pobladores con menos recursos: «Son muchas las denuncias que hay, y grande el alboroto entre estas gentes; pero como la mayoría son pobres,         }  ‚&    " como los gastos de viaje por lo general eran superiores al coste de las haciendas, la mayoría prefería no legalizar los terrenos y continuar en el mismo estado.63 La «batalla» por el supuesto desaire y la defensa de los propietarios locales eran solo las causas visibles del diferendum subyacente por preservar y acaparar las prerrogativas del control de las tierras. En la metrópoli censuraron el «engreimiento y petulancia» del gobernador de Santiago al tiempo que le recordaban los «justos motivos» que habían originado la suspensión de la intervención de las autoridades locales en las cuestiones relacionadas con el repartimiento de terrenos. No obstan"     Œ   @   +  # "  #          «por sí mismo o por los comisarios que tuviese a bien nombrar».64 Con                 &  '     autoridad e independencia, al tiempo que mantenía el control sobre los terrenos de la zona.

62 Carta del gobernador de Cuba, Alonso de Arcos y Moreno al Marqués de la Ensenada, Cuba, 6 de marzo de 1751 en «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661. 63 Véanse Carta del gobernador de Cuba, Alonso de Arcos y Moreno al Marqués de la Ensenada, Cuba, 30 de marzo de 1751 y El gobernador de Cuba da cuenta con testimonio de los sucedido con Joseph Gelabert, Cuba, 18 de marzo de 1748, en «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661. 64 El gobernador de Cuba Alonso de Arcos y Moreno da cuenta con testimonio de autos de lo sucedido con Joseph Gelabert, 1748, en «Venta y confirmaciones de tierras (1736-1765)», AGI, Indiferente, 1661.

DE LAS USURPACIONES DE HECHO AL DERECHO LIMITADO

111

La vuelta de la facultad de repartir tierras a la autoridad regional pudiese explicar la escasa recaudación del ramo en la zona centro oriental. De hecho, como habíamos apuntado, durante la década transcurrida entre 1747 y 1757 en Oriente apenas se colectaron 10.579 reales. A lo que habría que añadir la falta de datos, derivados a su vez del escaso control administrativo. Lo anterior nos remite, por último, a las diferencias entre el Occidente y Oriente en el proceso de legitimación de la propiedad. En la zona occidental los hacendados aprovecharon el proceso de composición y venta de realengos para acrecentar su patrimonio y consolidar el dominio como paso previo al desarrollo en gran escala del azúcar. En Oriente, la vieja aristocracia local trató de mantener sus privilegios para quizás, de forma velada pero no menos efectiva, aumentar sus predios mediante la apropiación de realengos. Las diferencias habría que buscarlas en la mentalidad de los propietarios de uno y otro lugar y los usos   &           

  _     Occidente el azúcar y la esclavitud fueron ganando terreno, en las regiones del este, dedicadas a la ganadería fundamentalmente, prevalecieron los usos y costumbres de naturaleza tradicional y pervivió la creencia que asociaba la preeminencia social al número de terrenos poseídos, 

     conjunción de ambos factores, y a lograr el avance de la agricultura —cultivo de la caña— mediante el aumento de los brazos productores —africanos bajo el régimen de coerción— dedicarían en adelante todos sus energías —y consideraciones— los productores cubanos. Los cambios habían comenzado a manifestarse desde la década de Ž†>  &        "@ $  el Caribe al propio tiempo que se consolida el peso de Saint Domingue, Jamaica y Cuba en la producción de azúcar mundial. Alrededor de 1760 las tres colonias en su conjunto aportaban casi el 50% del azúcar producido en el ámbito americano. No obstante la posición relativa de cada una de las colonias por separado era bastante desigual, Saint Domingue acaparaba aproximadamente el 28%, le seguía Jamaica con el 19%, mientras Cuba apenas exhibía un parco 3%. Expresión, según Gloria García, del desigual desarrollo económico de las respectivas metrópolis —Francia, Inglaterra y España— y el diferente ritmo de potenciación del desarrollo de sus colonias respectivas.8 En la segunda mitad del siglo, en concreto la etapa que se extiende desde 1760 hasta 1791, si bien por un lado en las tres islas se produce un incremento de los ritmos de expansión azucarera y la posición relativa       "     que durante la primera mitad del siglo la tasa de crecimiento se invierte: Saint Domingue aumenta su producción apenas 1,4 veces en el curso de estos treinta años, mientras Jamaica la supera ligeramente al crecer en 1,5 veces, en tanto Cuba experimenta una verdadera explosión productiva, al triplicar el monto de sus cosechas durante el mismo período de tiempo. García, sitúa las causas del freno y el relativo atraso de esta última en relación con las otras dos islas productoras de azúcar en la falta de mercados —sobre todo la incapacidad de España para absorber la   #  =@ <   9 En estos años la isla se vio favorecida además por los acontecimientos internacionales y las medidas liberalizadoras del comercio. La ocu8 Gloria García, «El despegue azucarero de Cuba», pp. 155-158. También Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, tomo 1, pp. 21-36. 9 Gloria García, «El despegue azucarero de Cuba», pp. 155-158.

126

IMILCY BALBOA NAVARRO

pación británica de parte de la isla (1762) y las medidas adoptadas por los ingleses para favorecer el intercambio comercial —incluido el de africanos—. La guerra de las Trece Colonias (1779-1783) cortó el suministro de alimentos e insumos a las Sugar Islands, que fueron canalizados hacia el mercado cubano a precios bajos y en condiciones ventajosas para los productores insulares, a lo que se sumó la aprobación del comercio con neutrales (1790) inicialmente por dos años pero prorrogada por otros seis (1791). A partir de 1792 los buques extranjeros que llevaban esclavos podían permanecer en el puerto durante cuarenta días y realizar el intercambio de estos por productos agrícolas, libres de impuestos.10 >  &"   XVIII La Habana podía exhibir un considerable desarrollo de la plantación azucarera, comparable al que funcionaba en otras colonias con una dedicación similar. Mo  ”   @  Œ   ban hacia la isla como futura potencia azucarera». Durante estos años el número de ingenios creció de forma sostenida. En 1760 existían 120 unidades, que se elevaron a 478 en 1774 y en 1792 ascendían ya a 529 ingenios, 245 de ellos ubicados en la jurisdicción occidental. Mientras el azúcar exportado pasó de 480.000 arrobas anuales entre 1764 y 1769 a 1.100.000 arrobas entre 1786 y 1790.11 Al propio tiempo alrededor del azúcar se ha ido cohesionando una capa de propietarios que a partir de la década de 1760 serán los abanderados del desarrollo de la plantación. Frente a los que sostienen el ascenso de funcionarios y comerciantes como grupo diferenciado, Gloria \ @“‚ =    =   &lución de la aristocracia terrateniente y la ampliación del grupo con los sujetos provenientes de la administración colonial, el comercio y los servicios en base a los matrimonios, el clientelismo de todo tipo y los intereses políticos y económicos, para dar lugar al poderoso grupo de hacendados azucareros. No se trata de una clase social diferente. Sus raíces se hunden en la vieja aristocracia insular que en lo económico ha ido evolucionando de la explotación extensiva de las tierras y el fomento de la ganadería, a nuevas vías de enriquecimiento a través del cultivo del tabaco, el azúcar y una conexión más estable con los mercados exteriores. Que a nivel social estaba emparentada por lazos familiares o de clientelismo, mientras en lo político controlaban no solo el Cabildo sino 10

Manuel Moreno Fraginals, El Ingenio, tomo 1, pp. 44-45 y 51. _ , p. 46. Ver también Anexo Estadístico, en Instituto de Historia de Cuba, '   & , tomo 1, p. 475. Heinrich Friedlaender, Historia económica de Cuba, La Habana, Ciencias Sociales, 1978, pp. 96-97, este autor señala 600 ingenios en 1792, lo que no coincide con los datos reflejados en el censo publicado ese año. 11

LA ILUSTRACIÓN. CONSOLIDAR EL DOMINIO

127

también todas las regidurías —enajenadas a perpetuidad, y cuyos hijos habían comenzado a utilizar la carrera de armas como medio de ascenso social del mismo modo que los altos puestos de la milicia provincial —la primera de América— les aportaba prestigio y fuero militar.12 De forma paralela al impulso de la economía de plantación el ejército se convierte en una vía de promoción social. Para la segunda mitad del siglo XVIII, según ha demostrado Allan Kuethe, se consolida como   $   " " @    elite local. Entre sus miembros prominentes aparecían los descendientes de O’Farrill activo tratante de esclavos a través de su cargo como factor de la Compañía del Mar del Sur. También los condes de Macuriges y Montalvo, sucesores del primer intendente de Marina Lorenzo de Montalvo, que ostentaban los grados de coronel en la milicia y estaban casados con hijas de Juan de O’Farrill y Francisco Montalvo. Los Peñalver, comisarios ordenadores de los reales ejércitos y tesoreros. A los anteriores se sumaban otros apellidos como los Aróstegui, Calvo de la Puerta, Cárdenas, Beltrán de Santa Cruz, Beitía, Chacón, Contreras, Herrera y Núñez del Castillo.13 Y fue precisamente esa élite, una minoría social y de poder, pero que por su «composición, intereses, arraigo y trayectoria ofrece fractu     "14    & # @    #    adoptadas por el poder metropolitano bajo el despotismo ilustrado. Se eliminaron las trabas al comercio y la trata, cuestiones esenciales para el despegue plantacionista de la colonia y la consolidación de los hacenda &”   &       ción en un mismo grupo de poder a funcionarios españoles y una parte de la oligarquía criolla. Ya fuera por la vía de los negocios o por los matrimonios, lo cierto fue que en estos años se conformó un poderoso 12 Véanse Gloria García, «Ensayo Introductorio. Tradición y modernidad en Arango y Parreño», en Francisco de Arango y Parreño, Obras, La Habana, Imagen Contemporánea, 2005, vol. 1, pp. 9-10. José A. Piqueras, «Azúcar y comercio: los confines del liberalismo cubano (1808-1814)», 6 7      , n.º 8, 1999, p. 140 y Sociedad civil y poder en Cuba, pp. 66-68. Julio Le Riverend, & ' ) * una provincia, La Habana, Academia de la Historia, 1960, pp. 185-190 y 294-298. 13 Los militares y sus vinculaciones con la elite en Allan Kuethe, «El situado mexicano, los azucareros y la fidelidad cubana: comparaciones con Puerto Rico y Nueva Granada», en José A. Piqueras (ed.), Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, Madrid, Siglo XXI, 2005, pp. 302 y 312. Un estudio más amplio en Allan Kuethe, Cuba, 0\k|Q030k  ˆ: $ -   -, Knoxville, University of Tennessee Press, 1986 y Sherry Johnson, The social transformation of eighteenth-centrury Cuba, Gainesville, University of Flroida Press, 2001. 14 José A. Piqueras, «La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada», Historia  , LVIII: 1, 2008, p. 430.

128

IMILCY BALBOA NAVARRO

grupo que dirigió sus ganancias al fomento de las plantaciones y que contó con el favor del gobierno y de algunos personajes de la corte.15 Las reformas ilustradas trastocan «los cimientos del sistema dentro de lo que permite la conservación del régimen», nos advierte José A. Piqueras. En el Informe sobre la Ley Agraria (1795) Gaspar Melchor de Jovellanos no proponía la abolición absoluta de todos los vínculos y amortizaciones y, como reconocía en su correspondencia privada, pretendía limitar los derechos de los propietarios por arriendos consuetudinarios y otras formas perpetuas de cesión del dominio.16 Tampoco los hacendados azucareros que enarbolan con fervor las banderas iluministas aspiraban a una transformación a fondo de la sociedad. Su particular adhesión comenzaba y terminaba en el azúcar.17 Para este sector, algunos de los postulados defendidos por la Ilustración —aumento de la riqueza agraria, fomento de la propiedad individual y libertad de comercio— resultaban no solo convenientes y coincidentes con sus ideas, sino también indispensables para la consecución de su objetivo: lograr el desarrollo azucarero de la isla. Por ello, los propósitos del reformismo criollo, se traducen en la implantación de una política que auspiciara cuatro cuestiones primordiales: la libre introduc #    "    " $  dad territorial y el desestanco del tabaco, junto a otros elementos favo15 Acerca de los capitanes generales, sus implicaciones en el comercio negrero y los beneficios obtenidos, José A. Piqueras y Enric Sebastià, Agiotistas, negreros y partisanos, Valencia, Edicions Alfons El Magnanim, 1981, pp. 253-255. Un análisis de los beneficios del tráfico negrero y su incidencia en la conformación del capital financiero en España en Luis Alonso Álvarez, «Comercio exterior y formación del capital financiero: el tráfico de negros hispano-cubano, 1821-1868», Anuario de Estudios Americanos, tomo LI, n.º 2, Sevilla, 1994, pp. 75-91. 16 José A. Piqueras, «Ilustración y revolución», en Alberto Ramos Santana y Alberto Romero Ferrer (eds.), Cambio político y cultural en la España de entre siglos, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008, pp. 27 y 30. Ángel García Sanz, «La reforma agraria de la ilustración: proyectos y resultados. El precedente del arbitrismo agrarista castellano», en Ángel García Sanz y Jesús Sanz Fernández (coord.), Reformas y políticas agrarias en la historia de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996, pp. 171-174 defiende que el cuerpo legislativo de la Ilustración constituyó una verdadera reforma agraria y discrepa de los que aseguran que el objetivo de los reformistas ilustrados era incrementar los ingresos del fisco. En su opinión los argumentos de los «fiscalistas» quedan desmentidos por las medidas tomadas por Carlos III como la concesión de franquicias a la industria o el reparto de propios o tierras concejiles. Piqueras en otro texto, «Prólogo. La individualización de la propiedad agraria en la transición al capitalismo», en Vicent Mir, ? 

-      $    -  *      7 `  [03WWQ03\W], Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1997, p. 11, discrepa de la utilización del termino «reforma agraria» y alerta sobre la aplicación de vocablos contemporáneos a realidades distintas. 17 Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, tomo 1, p. 130.

LA ILUSTRACIÓN. CONSOLIDAR EL DOMINIO

129

recedores de sus intereses materiales y culturales. Para su consecución se valieron —apunta Piqueras— de tres instrumentos: el capitán general, el intendente y el apoderado del Cabildo en la corte.18 En sentido general la historiografía cubana ha examinado los cambios acusados en estos años únicamente como resultado de la perseverancia de los hacendados insulares. Tales análisis adoptan una perspectiva causal en la que si bien se señalan los vínculos con la política   "   @       $       &”    Arango y Parreño considerado como el hombre que consiguió de Madrid la promulgación de las medidas que garantizarían el desarrollo de la colonia —la libre introducción de esclavos, el libre comercio y la li  $ # 

=`     ]  #   @ #      > 

*!&" "   al movimiento como «la ilustración reformista cubana» e incluye alrededor del liderazgo de Arango a otros miembros prominentes de la oligarquía o vinculados a ella, en lo que denomina la «Generación del 92». Entre ellos están Nicolás Calvo de la Puerta y O’Farrill, Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas, José Agustín Caballero, Tomás Ramay y Chacón, Manuel Tiburcio de Zequeria y Arango, Gonzalo O’Farrilly Herrera, nacidos —según enfatiza Torres-Cuevas— después de la toma de La Habana por los ingleses, quienes defendieron el fomento agrícola, la    #     @  &  # "  @ 19 Si bien es cierto que los hacendados fueron actores fundamentales en este proceso, en tanto promotores y agentes de las transformaciones 18

José A. Piqueras, Sociedad civil y poder en Cuba, p. 69. Al respecto véanse Francisco José Ponte Domínguez, #  - . / ( dista colonial, La Habana, Trópico, 1937, Heinrich Friedlaender, Historia Económica de Cuba, tomo 1, pp. 157-175 y Eduardo Torres-Cuevas, «De la Ilustración reformista al reformismo liberal», Instituto de Historia de Cuba, '   & : tomo 1, cap. VIII, pp. 324-327. Ver además William W Pierson, «Francisco de Arango y Parreño», The Hispanic American Historical Review, 16/4, 1936, pp. 451-478. Una visión renovada en Gloria García, «Ensayo Introductorio», pp. 1-56. En el lado opuesto, otros estudios —lamentablemente escasos— valoran aspectos puntuales, como el de Rolando Misas, «La Real Sociedad Patriótica de La Habana y las investigaciones científicas aplicadas a la agricultura. (Esfuerzos de institucionalización: 1763-1864) en Consuelo Naranjo y Tomás Mallo (eds.), Cuba la perla de las Antillas, Aranjuez-Madrid, Doce Calles, 1994, pp. 75-84. También Armando García, «El desarrollo de las ciencias ilustradas en Cuba», en Diana Soto, Miguel A. Puig-Samper y Carlos Arboleda (eds.), La Ilustración en América Colonial, Aranjuez-Madrid, Doce Calles, 1995, pp. 163-178, que nos ofrece un resumen del desarrollo científico durante el período. Un análisis del pensamiento y las ideas económicas que circularon en la Isla durante estos años en Julio Le Riverend, Historia económica de Cuba, pp. 274-288. 19

130

IMILCY BALBOA NAVARRO

 

"  &         @ plena propiedad propugnada por la Ilustración y el liberalismo. En tan solo ocho años, los que median entre el Discurso y la Sucinta Noticia, se había pasado de un proceso familiar a una lucha enconada por los terrenos, en la que entraron a disputar no solo las aspiraciones de los colindantes sino también los derechos de la Corona. Tras décadas de desafíos a la política real, de composiciones y con   "  #   "  @  #  terrenos, de corrimiento de los límites y variaciones del asiento primitivo, se había llegado a un punto en que los propios hacendados necesitaban conocer el estado de los terrenos. Nuevamente los resultados se vuelven contra los instigadores y promotores. Así como en 1632 el Cabildo habanero había buscado en el Registro de Anotaduría de Hipotecas remediar el desorden, ahora la iniciativa parte del Real Consulado. En 1801 con la anuencia del capitán general Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos, dirigieron un «Aviso» al público en general y especialmente a los agrimensores, con objeto de «lograr la reunión de las medidas generales y de repartimientos de los hatos y corrales» demolidos hasta entonces y poder confeccionar un mapa de la jurisdicción de la ciudad de La Habana.59 El escrito constituía una radiografía de la expansión del azúcar en el «país» de La Habana desde mediados del siglo XVIII. Se reconocía que antes de 1765 los montes se extendían al sur hasta Managua, al este hasta Guanabo y al oeste hasta Baracoa, alrededor de cinco leguas en el contorno de la ciudad. Y «gracias al libre comercio» —precisaban— la agricultura había llegado a esas zonas, animando las demoliciones de los hatos Ariguanao y Mariel (al oeste), Baynoa y Matanzas (al este), extendiéndose con los años hasta alcanzar Vuelta Arriba y Vuelta Abajo «más allá de Matanzas y Bahía Honda». Dichos terrenos albergaban a inicios del siglo XIX «cerca de cuatrocientos ingenios y una multitud de fundos de menor tamaño y varias ciudades, villas y pueblos».60

58

Antonio del Valle Hernández, Sucinta noticia, pp. 73 y 102. Carta a Someruelos, 24 de enero de 1801, en «Correspondencia del Real Consulado de la Habana con el Marqués de Someruelos (1799-1803)», AGI, Cuba, 1651. 60 Aviso al Público, 21 de enero de 1801, en «Correspondencia del Real Consulado de la Habana con el Marqués de Someruelos (1799-1803)», AGI, Cuba, 1651. 59

Fuente: Plano que manifiesta el paño de 25 caballerías de tierras de bosque destinados a los ejidos de la villa de San Julián de los Güines, 1784, AGI, MP, SD, 507.

150

IMILCY BALBOA NAVARRO

El Consulado solicitó el concurso de los detentadores de terrenos y los agrimensores para que aportasen los documentos y planos particula   "                          niveles alcanzados en la década de 1790. Por ello, cuando a inicios del siglo XIX varió la situación, en 1807 los hacendados desde el Consulado y de acuerdo con el gobernador, quien presidía las sesiones, promovieron un expediente con el objeto de solicitar a la metrópoli medidas urgentes para salvar el ramo. En dicha reunión se convino, además, nombrar una comisión integrada por comerciantes y hacendados que debían estudiar la cuestión y proponer soluciones al Consulado. La integraron Pedro Juan de Erice, Bonifacio González Larrinaga, Andrés de Jáuregui y Bernabé Martínez de Pinillos. Los debates se centraron en cinco cuestiones, planteadas como preguntas a las que debían responder, pero que         "mos argumentos resultaban válidos tanto para el cuestionamiento de la legalidad precedente y por ende de los títulos emitidos, como para su defensa. Al mes siguiente, en abril de 1813 el Cabildo habanero elevaba una instancia ante el gobernador presentándose como los únicos capaces de interpretar el espíritu de la ley en las singulares condiciones de la colo %     @  +   'Œ  punto que debe de llamar la atención de V.E. por las raras y complicadas circunstancias en que se hallan en esta ciudad». Y olvidando todas las irregularidades anteriores se preguntaban «¿quién creerá que La Habana no tiene ejidos, ni dehesas públicas?»18 La petición se deshizo en medio del cúmulo de pleitos a los que tenían que hacer frente las autoridades. Desde la Intendencia del Ejército reconocían que las denuncias «con más o menos ardor» eran algo cotidiano, pero que durante el bienio 1812-1813 habían aumentado a «un grado escandaloso». Y enfatizaban: Hay enunciativas en autos de que se formó una especie de asociación gremial para hacer granjería de tales denuncias, partiéndose los provechos y 17

Vicent Sanz Rozalén, «De la concesión de mercedes a los usos privativos. Propiedad y conflictividad agraria en Cuba (1816-1819)», en José A. Piqueras (ed), Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, pp. 258-262. 18 El Cabildo de La Habana al gobernador, 1.º de abril de 1813, en «El Superior Subdelegado de Hacienda de la isla de Cuba da cuenta de que el Ayuntamiento de aquella ciudad le pidió a suspensión de las ventas de realengas y de lo que contestó en el punto y acompaña copia del expediente», ANC, Fondo Intendencia General de Hacienda (en adelante IGH) Leg. 388, n.º 17.

162

IMILCY BALBOA NAVARRO

aún las costas, registrando con siniestra intención los archivos, y fundándolas en indicios cabilosos, en conjeturas metafísicas o en los expresados argumentos falaces. 19

!  &"         #  rior, las mercedes de los cabildos pero también las usurpaciones, reconversiones y demoliciones. Al tiempo que, en un guiño a la Corona y sus objetivos hacendísticos, apostaban por el censo redimible que, al establecer una pensión anual, permitía ir recuperando la inversión, y mante       #  la deuda. Al excusar la falta de títulos sostenían el mismo pretexto explotado desde el siglo XVIII: el estado de los archivos. Aunque ahora agregaban la sospecha de que los denunciantes estuviesen mutilando los protocolos     ' Por hallarse los protocolos y archivos antiguos en el mayor desorden, y   

       " comidos por otra parte de la polilla, y por haber sufrido otras vicisitudes consecuentes a tan remota época, no siendo la menor la de haber estado encargados a gentes de ninguna responsabilidad, permitido entrar en ellos a todo el mundo con pretexto de buscar algún documento y muchas veces a los mismos denunciantes, que según opinión pública, arrancaban los títulos de los protocolos antes de proceder a su denuncia para impedir la defensa de los propietarios.32 31 32

Ibid. Ibid.

ENTRE EL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL LIBERALISMO...

169

Tales recelos se extendían a algunos colindantes «a quienes interesaba que no apareciese la merced limítrofe más antigua que la suya para poder completar su área en perjuicio del vecino».33 Las acusaciones no se constreñían a los rivales en la lucha por la propiedad de la tierra. La situación era crítica y el peligro de ver mermado su patrimonio cierto. Tras las imputaciones se permiteron deslizar algunos reproches a todas las esferas del gobierno colonial. Culpaban a la Intendencia de Hacienda que en aras de las recauda         =@       =   denuncias se presentaban. A los agrimensores por la forma de efectuar las mediciones, pues al buscar el centro primitivo de la hacienda arrojaban la existencia de realengos por un lado y la pérdida de terrenos por el otro, que ya no se compensaban por estar ocupados. }=&  =             ŒK@    "       dividuos que la componen». De mantenerse ese estado de cosas —insistían—, la agricultura se vería seriamente afectada pues se retraerían las compras y arriendos de tierras. Con ello se vería perjudicado el fomento de nuevas haciendas ante el temor de verse envueltos en interminables pleitos y perder lo invertido no solo en dinero sino también en trabajo. Mientras el Estado dejaría de percibir los derechos en concepto de alcabalas, permutas o censos. A renglón seguido —y estratégicamente— rebajaban el tono y mos       & ”  ›]]K  ciaba tampoco enfrentarse a un rey que en corto tiempo había promulgado dos disposiciones al respecto. A la legislación de 1814 le siguió la Real Cédula de Montes y Plantíos de 30 de agosto de 1815 que derogó lo estipulado para los montes enclavados en terrenos comunes y realengos que quedaron bajo la potestad de la Marina, al tiempo que otorgó a los particulares libertad para cortar sus árboles, y vender sus maderas a quien quisieren; y ni el estado ni cuerpo alguno, ni persona particular podrá alegar para estas compras privilegio de preferencia, o tanteo, u otros semejantes, los cuales quedan también derogados, debiendo hacerse los contratos por convenciones enteramente libres entre las partes.34 33

Ibid. La primera resolución favorable se había emitido en 1812 cuando las Cortes de Cádiz suprimieron las ordenanzas de montes existentes hasta entonces, en lo referido a los de dominio particular. La disputa entre los derechos de la Corona y el interés particular en torno a los bosques de la isla no terminó con la disposición de 1815. Todavía en la década de 1850 la Real Junta de Fomento elevó varios expedientes en defensa de los 34

170

IMILCY BALBOA NAVARRO

La memoria concluía con la exhortación a los juzgados y a la Real Hacienda para que «procedieren con la suavidad, templanza y moderación, evitando todo rigor que les encarga la tantas veces mencionada instrucción del año 1754». Apelar a la Real Instrucción no era fortuito. Precisamente la legislación había convertido las usurpaciones de hecho en derecho. Atendiendo a lo dispuesto por la ley centraban sus peticiones en cuatro aspectos. En primer lugar, la aceptación de las mercedes de los cabildos como legítimos títulos de pleno dominio. En segundo, que a falta de mercedes se admitiesen como válidas las escrituras de ventas, testamentos, divisorias y cualquier otra de esta clase de escritura. Relacionado con lo anterior, en tercer lugar, solicitaban que en caso de no existir documentos se adoptase la posesión por cuarenta años,    [ ˆ"    cendía el marco del enfrentamiento entre los dueños de ingenios y los vegueros. Las diferencias entre el azúcar y el tabaco venían a simbolizar el embate contra el viejo derecho real —sobre los realengos— y las nuevas prácticas liberales —no solo en cuanto a la propiedad sino también dirigidas al comercio—. No en balde la Corona y la Factoría resultaron actores de primer orden, de trasfondo los ataques al estanco del tabaco. Su anulación el 23 de junio de 1817, privó a los vegueros de su   & '%”  @  #      nes de dominio entre la Corona y los vegueros. Los labradores que cultivaban la hoja en tierras realengas cedidas a censo perpetuo continuarían en igual condición pero ahora tenían la oportunidad de redimirlo. Serían considerados arrendatarios pero podían convertirse en propieta             }

 que la Factoría repartiera en adelante serían a censo redimible, con la   #      "  extender el contrato de propiedad previo cumplimiento del requisito de   

   &’     excederían las 55 hectáreas (4 caballerías). Los que pretendiesen aumentar sus predios debían exhibir un capital entre 6.000 y 10.000 pesos y la entrega no excedería las 1.340 hectáreas (10 caballerías).36 La disposición que liberalizaba el cultivo del tabaco, se sumaba a la Real Cédula de 1815 que había autorizado a los hacendados a disponer de los bosques dentro del radio de sus haciendas, en consecuencia si las vegas estaban enclavada dentro de las haciendas, ¿a quien correspondía el dominio?37 Conviene recordar que durante estos años la lucha por los realengos se había hecho más intensa: su objetivo la reducción a propiedad particular de estos terrenos. 35 Informe de Arango, Sumario. Sección I. Idea general de los progresos del tabaco y de su decadencia en esta isla. Sección II. Origen y progreso del que aquí se llama estanco. Sección III. Análisis de las partes que componen este estanco. Sección IV. Remedios que conviene adoptar, Francisco de Arango y Parreño, Obras, vol. 1, pp. 383-457. La cita corresponde a la p. 456. 36 «Real Decreto de julio de 1821», AGI, Ultramar, 248. 37 Vicent Sanz, «El estanco del tabaco y la expansión azucarera a comienzos del siglo XIX», pp. 249-259. También «El discurso de la apropiación y la política colonial: disputas por la tierra en Cuba a comienzos del siglo XIX», en Josef Opatrný (ed.), Pensamiento caribeño, siglos XIX y XX, pp. 223-229.

TABLA N.º 10         /""$+,1"0

OCCIDENTE

IMILCY BALBOA NAVARRO

  7

""$

"21

Ingenios

160

245

Cafetales

—

CENTRO

ORIENTE

""$

"21

,1"

""$

"21

,1"

""$

"21

,1"

449

142

116

161

50

55

85

126

113

305

—

1.207

—

—

127

—

—

8

—

—

725

601

602

173

127

368

369

121

110

120

682

573

478

95

567

1.238

4

30

1.554

13

—

118

227

2

188

4.647

6.650

8.284

1.520

1.135

2.903

410

312

720

1.237

1.129

2.490

Vegas*

—

—

2.651

—

—

1.195

—

—

195

—

—

1.583

TOTAL

5.503

8.064

13.912

1.793

1.649

5.114

594

477

1.246

2.272

1.817

5.769

Hatos, corrales y sitios de crianza Potreros Sitios de labor y estancias

,1"

PUERTO PRÍNCIPE

210

Fuente: *en 1775 y 1792 en las estancias se incluyen las vegas de tabaco. Estado general de la isla de Cuba formado por orden del Marqués de la Torre gobernador y capitán general de ella sobre las particularidades que de cada población o partido se hicieron por los jueces en los años 1774-1775», en Oscar Ramón Piñol, «El primer censo de población de Cuba colonial, Comisión Estatal de Estadística, La Habana, 1990. «Padrón General de los habitantes de la Isla de Cuba formado en el mes de diciembre de 1792, por el Excmo. Sr. D. Luis de las Casas y Aragorri, gobernador de la Habana y capitán general de dicha Isla».   ( *   $   _       / 1827"`  ›‚ $@’ "}  "œ…]  ! "Historia de Cuba, La Colonia, evolución socioeconómica y formación nacional, de los orígenes hasta 1867, Editora Política, La Habana, 1994, tomo 1, Anexo Estadístico, pp. 475-476.

ELIMINAR, SUPEDITAR Y CONTROLAR

3.

211

LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA Y EL DILEMA DE LA ~)# .({~(Š#

Fue sin dudas el azúcar el elemento más dinámico y el que con mayor fuerza incidió en la transformación del panorama agrario. En Occidente entre 1775 y 1827 se fundaron 289 ingenios. Al mismo tiempo se redujo el número de hatos y corrales —de 601 a 173— mientras los potreros, unidades más especializadas, experimentaron un crecimiento espectacular —de 95 unidades pasaron a 1.238—. Los sitios de labor y  "  "     " XVIII su número era de 4.647 y en 1827 existían 8.284. A este movimiento no escapó el resto de la isla, aunque en menor escala y en dependencia de la especialización económica. El azúcar no penetró en estas regiones con la misma fuerza y las unidades que se fundaron fueron más pequeñas y atrasadas tecnológicamente. En la región central el crecimiento más acusado lo experimentaron los potreros y la agricultura de subsistencia. Mientras en Puerto Príncipe la estructura agraria apenas sufrió variación, aunque se fundaron un número importante de potreros. Lo mismo ocurrió en Oriente, si bien hay que destacar en esta zona el impulso de la pequeña agricultura. ‚   "      "  ˆ   dedicadas a la agricultura de subsistencia con el incremento de la pequeña propiedad. En 1808, cuando ya eran visibles las consecuencias del avance de la plantación, el obispo Juan José Díaz de Espada en su Informe sobre diezmos reservados acusaba a los ingenios de constituir «un obstáculo de los más fuertes que se oponen a la población en esta isla». Y aseguraba: Vemos en estos hacendados una resistencia constante a que se formen        ’ &$         

 " solo por miras e intereses propios, y no hay por eso que esperar que alrededor de aquellas iglesias se fomente un pueblo, porque jamás cederán una pequeña parte de sus terrenos para que se fabriquen casas, y mucho menos darán tierras que puedan labrar los nuevos vecinos para procurarse su subsistencia. 38

Las rotundas acusaciones del obispo podían estar determinadas por su animadversión hacia los azucareros a raíz del enfrentamiento que sostenía por la recaudación del diezmo. No obstante, su testimonio y las      &   #   @  38

«Informe sobre diezmos reservados», en Eduardo Torres-Cuevas, Obispo de Es  .  , La Habana, Imagen Contemporánea, 1999, p. 207.

212

IMILCY BALBOA NAVARRO

ción de las autoridades a los pequeños cultivadores con franquicias similares a las del azúcar,39 estaban indicando la situación de desventaja de la agricultura de subsistencia frente al avance del modelo plantacionista. El fomento de los sitios de labor y estancias por parte de los ingenios para asegurarse los productos alimenticios presuponía una relación de dependencia —ya fuera por el arrendamiento de la tierra o por la supeditación a un solo mercado—. El azúcar no trató de formar poblados de hombres libres sino núcleos aislados supeditados a ella. Según Leví Marrero en 1816 se contabilizaban apenas unas diez mil familias campesinas diseminadas en los campos que cultivaban reducidas extensiones de terrenos. Además, un alto porcentaje de las mismas no eran propietarias de la tierra sino que poseían contratos de arrendamiento o aparcería. Marrero asegura que desde la década de 1830 los pequeños  "@Œ    <   "  &      pendiente de los grandes terratenientes fuera como arrendatarios, aparceros o censatarios.40 Y esta, en esencia, fue la situación que encontró el intendente Alejandro Ramírez, cuando pretendió llevar a la práctica en 1816 su programa de reforma de la agricultura. Tanto Ramírez —desde la Intendencia— como el gobernador José Cienfuegos trataron de revivir las ideas ilustradas que vinculaban el fomento de la población y de la agricultura. Una concepción que chocaba con los intereses de lo hacendados azucareros. ¿Cómo resolver el abasto de mano de obra a los ingenios azucareros? ¿Traer inmigrantes indiscriminadamente o poblar sanamente? La respuesta de la plantación al debate sobre el poblamiento y la fuerza de trabajo fue la apuesta por la entrada masiva de africanos como fuerza de trabajo en los ingenios. Entre 1780 y 1817 arribaban a la isla 246.243 africanos.41 39 El obispo examinó asimismo otros obstáculos que a su juicio se oponían al desarrollo de la población en los campos, y entre ellos destacó los repartimientos circulares que dejaron entre sí jirones de tierras objeto de litigio entre los vecinos, el sistema de crianza en hatos y corrales, la imposibilidad de cercar las siembras, el impuesto de la pesa, etc. Pero sobre todo criticó la concentración de tierras en pocas manos y el fomento de la esclavitud —aun cuando reconocía la falta de brazos, condenó la trata—. El resto de propuestas se mueven entre el perfeccionamiento agrícola —los potreros— y el fomento de nuevos cultivos —algodón, añil, etc.—. También abogó por la supresión del estanco del tabaco y la rebaja de impuestos. 40 Leví Marrero,  $* - 

 , tomo 10, p. 76. Julio Le Riverend, Historia económica de Cuba, pp. 304-305, distingue entre pequeña propiedad y explotaciones pequeñas, para afirmar el fomento de las segundas —sitios dados a censo o en arrendamiento— como complemento de los ingenios. 41 La entrada de africanos en Juan Pérez de la Riva, El monto de la inmigración forzada en el siglo XIX, pp. 41-42. Ver además Imilcy Balboa, &  V    

ELIMINAR, SUPEDITAR Y CONTROLAR

213

Frente a esta opción, Ramírez intentó continuar los planes emprendidos en los años anteriores encaminados a la fundación de poblaciones con inmigrantes peninsulares o canarios.42 Promovió un proyecto de desarrollo basado en los pequeños propietarios blancos, en lo que Heinrich Friedlaender denominó la Cuba pequeña.43 Para ello contó con la promulgación de la Real Cédula de 21 de octubre de 1817 que garantizaba a los extranjeros —católicos— iguales derechos que a los españoles y la posible naturalización a partir de los cinco años de residencia. Pero la disposición legal no vino acompañada de la implementación práctica de los mecanismos necesarios para organizar y apoyar el asentamiento de    }         ción espontánea ayudada por los «buenos deseos» de los hacendados, a  &       !    œœ el gobierno recabó la colaboración de los dueños de ingenios para que se hiciesen cargo de las familias peninsulares que decidiesen asentarse en la colonia ultramarina. Pero estos se limitaron a solicitar agricultores en vez de apoyar la inmigración de núcleos familiares.44 Junto a la oposición de los dueños de ingenios, otra de las causas fundamentales del fracaso del plan de Ramírez, y en general de la políInmigración, colonización y trabajo libre en Cuba, 1878-1898, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 2000. 42 En este período se sitúan varios proyectos con familias canarias llevados a la práctica por los capitanes generales Luis de las Casas y Arragori (1790-1796), Juan Procopio Bassecourt, conde de Santa Clara (1796-1799) y Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos (1799-1800 y 1800-1812). Pero su incidencia en el poblamiento insular fue escasa y la mayoría se asentó en las ciudades y se dedicaron a actividades comerciales o artesanales. Véanse Consuelo Naranjo y Armando García, Racismo e inmigración en Cuba, Aranjuez/Madrid, Doce Calles, 1996, pp. 45-68. María del Carmen Barcia, «Los proyectos de población blanca y la Real Sociedad Económica de Amigos del País», Espace Caraïbe, n.º 2, Université des Antilles et Guyane, 1994, pp. 111-130. Pablo Tornero, «Emigración, población y esclavitud en Cuba (1765-1817)», Anuario de Estudios Americanos, n.º 44, 1987, pp. 229-280. 43 Véase Heinrich Friedlaender, Historia Económica de Cuba, tomo 1, pp. 188-189. 44 La Real Cédula de 1817 contemplaba además la exención del pago del diezmo por quince años, la seguridad de sus bienes en caso de guerra entre su país de origen y España y la libre extracción de estos. Cada colono recibiría una caballería (13.4 hectáreas) de tierra a censo redimible, herramientas y animales, los tres primeros años estarían exentos de pagar tributos. La Junta de Población Blanca se encargaría del pasaje y de la atención de los inmigrantes tras su arribo. Al respecto ver Consuelo Naranjo Orovio, «Medio siglo de política poblacionista en Cuba, 1790-1840», IX Congreso Internacional de Histo  #$%  [#'_&#] (  _ $% :    $, Sevilla, 1992, pp. 321-339. El análisis de las propuestas de los hacendados en Ana Vera e Imilcy Balboa, «Migración y colonización blanca en el siglo XIX», en Ana Vera (comp.),  Cuaderno sobre familia, La Habana, Ciencias Sociales, 1997, pp. 87-88.

214

IMILCY BALBOA NAVARRO

tica de fomento de la agricultura mediante la colonización y el poblamiento, fue el estado de la propiedad agraria. En Occidente como hemos visto, la expansión del azúcar había reducido no solo el patrimonio público, sino también los pequeños propietarios que constituían un obstáculo a su programa de desarrollo. La política de colonización, entonces, tuvo que trasladarse a la parte centro-oriental —un hecho que apenas se ha destacado— donde el azúcar no había penetrado y, por tanto, sobrevivía un alto número de realengos. Sin embargo, el asentamiento de los colonos y el fomento de nuevas poblaciones enfrentaron no pocas  ‚  

#      K&     #  distribuir lotes entre los pequeños cultivadores. El propio intendente reconocía: Grandes obstáculos ha presentado esta empresa: unos que son los naturales en todas las de su clase, por la localidad, el terreno, la escasez de medios, y la índole de los nuevos colonos: otros peculiares por opiniones y contrapuestos intereses y por los hábitos del país.45

El proyecto llevaba esperando cuatro décadas y a pesar del tiempo transcurrido, del interés e impulso del intendente, emplearon más de un año en determinar el sitio en que se establecería la nueva población. Faltaban así mismo buenas tierras, solo contaban con «algunas, que ni     "   "     %rez también se dolía de las rencillas de todo tipo que obstaculizaban su marcha: «ya de los colonos entre sí, ya de los habitantes y algunos propietarios por el choque y colisión de intereses, ya de los empleados y subalternos por más o menos inteligencia y encuentro de opiniones». A lo que se añadía el coste de los desmontes, la apertura de caminos y la preparación de la colonia, así como los enfrentamientos con Puerto Príncipe.46 Otro de los escollos fundamentales fue la existencia en esa zona de las haciendas comuneras —a las que nos referiremos más ampliamente en el capítulo siguiente—. El sistema de crianza en común hacía extremadamente difícil su división y reconversión hacia la agricultura. La 45

El capitán general y el intendente de La Habana dan cuenta con documentos de todo lo practicado y del estado de adelantamiento de la nueva población de San Fernando de Nuevitas en «Duplicados del Intendente del Ejército y Real Hacienda (1819)», AGI, Santo Domingo, 1709. 46 Ibid. También «Expediente de las disposiciones sobre los gastos que proporciona la formación de la nueva población de Nuevitas: como son desmontes, abertura de camino, edificaciones provisionales para trabajadores y pobladores, etc., etc., 1818», ANC, Realengos, Leg. 97, n.º 166.

ELIMINAR, SUPEDITAR Y CONTROLAR

215

Junta de Población de Nuevitas denunciaba en 1818 la imposibilidad de acotar los terrenos dada la «oposición de los consocios, cuyos costosos pleitos arruinan a los vecinos, ceden en perjuicio de la agricultura y trastornan el orden de la sociedad». Situación que reiteraba el Regente de la Audiencia de Puerto Príncipe, Juan B. Campuzano, quien añadía los males que ocasionaban al Estado la existencia de «tantas leguas de tierra, las más pingües, condenadas al pasto común, y privadas de la inmensa utilidad que la agricultura y la misma ganadería sacarían de ella desmontándolas y reduciéndolas a la labor, estableciendo potreros y  &         47 Condiciones similares encontró en otras localidades de la región central como Sancti Spíritus y Remedios. En la primera, el hacendado José Bruno escribía al intendente Ramírez alertándole de que la Real Orden para promover el fomento de la población sería letra muerta si antes no se liberaban las tierras «todas ocupadas por los hacendados» y sin dividir. Mientras que en la segunda, la Real Hacienda denunciaba   @       por lo que el proceso de división llevaba aparejado el incremento de los pleitos entre los grandes y pequeños propietarios y la ruina de los segundos: unos quieren vender y otros no; por lo regular los primeros son pobres, que solo tienen el terreno; los segundos son ricos, que teniendo bastante fuerza se aprovechan de la hacienda, ya tumbando los mejores montes, ya criando mucho ganado, razón por qué no les conviene permitir que los compañeros vendan ni se promueva el cultivo; resultando en muchas haciendas que los más pobres suelen ser los mayores amos del terreno, y no tiene fuerzas para apro&   "          "   gracia de S.M.48

La Junta de Población Blanca, durante estos años, alcanzó a fundar además de Nuevitas otras poblaciones importantes en Cienfuegos, Guantánamo y Santo Domingo (en Santa Clara). Para poder llevar adelante sus propósitos tuvo que comprar gran parte de los terrenos realengos que 47 «Informe de la Junta Auxiliar de Población de Nuevitas, de 27 de julio de 1818» y «Joaquín B. Campuzano, Regente de la Audiencia, en comunicación al Ayuntamiento de Puerto Príncipe, consultándolo sobre sus puntos de vista sobre la división de las haciendas comuneras, 28 de agosto de 1818», reproducidos por Leví Marrero,  nomía y sociedad, tomo 10, p. 84. 48 «Comunicación de José Bruno de Alzón, hacendado de Santi Spíritus, al intendente Alejandro Ramírez, 1818», también «Informe de Joaquín Vigil, subdelegado de la Real Hacienda en San Juan de los Remedios», 1818, reproducidos por Leví Marrero,  $* - 

 , tomo 10, pp. 84-85.

216

IMILCY BALBOA NAVARRO

los propietarios habían usurpado. No era la primera vez ni sería la últi‚  _ $ XVII, la Corona había tenido que       !    [  XIX las autoridades que habían aceptado la propuesta de venta de 214 hectáreas del hacendado José Leyte Vidal para la fundación de un poblado en la costa de Nipe, encontraron que los terrenos pertenecían a los propios de la ciudad y estaban siendo reclamados por el Ayuntamiento.49

Fuente: Plano del puerto de Nipe, 1754, AGI, MP, SD, 296.

49 «Un testimonio de la escritura por la cual D. José Leyte Vidal y Toledo, cedió 16 caballerías de tierra para fundar una población en la costa de Nipe: cuya copia pide el vicepresidente de la comisión provincial de Santiago de Cuba, 1881», ANC, Realengos, Leg. 75, n.º 29. Para la colonia Santo Domingo, por ejemplo, la Junta compró los terrenos en 20.000 pesos. Consuelo Naranjo, «Medio siglo de política poblacionista en Cuba, 1790-1840», pp. 331-333. Acerca de la fundación de Matanzas Leví Marrero,  economía y sociedad, tomo 3, pp. 73-75.

ELIMINAR, SUPEDITAR Y CONTROLAR

217

Para el asentamiento de Jagua el principal inconveniente que encontraron las autoridades fue «la falta de tierras». Por lo que se vieron obligadas a entrar en negociaciones con Agustín de Santa Cruz y su hijo, propietarios de las mejores tierras contiguas a la bahía de Jagua y lindantes con la colonia. Las autoridades denunciaban que en la isla no se habían cumplido las Leyes de Indias que prohibía la sesión de terrenos en términos o puertos de mar o «parte alguna que en algún tiempo pudiese redundar en perjuicio de la Corona».50 Y agregaban: aquí todo se repartió y enajenó desde los principios de la colonización. Y aunque en esto ciertamente hubo un vicio, que en rigor debiera subsanarse; es muy respetable una prescripción de tres siglos, y una posesión hereditaria, a cuya transmisión sucesiva no se han puesto restricciones, ni a los contratos resultantes de ella.51

Finalmente reconocían que las tierras de Jagua eran de dominio particular y no les quedaba más alternativa que «comprarlas por su justo valor», o entregar a los poseedores actuales su equivalente en terrenos conforme a los usos establecidos. Los hacendados también aprovecharon las circunstancias para capitalizar las tierras y, de paso, obtener un título nobiliario. En el caso de Nuevitas, por ejemplo, el presbítero Agustín Cisneros, propietario de los terrenos de mayor calidad y de «desmedida extensión», en varias ocasiones había hecho ofrecimientos a las autoridades comprometiéndose a donar parte de sus terrenos para la fundación del poblado. Cisneros, codueño de los hatos Nuevitas y Nueva Grande, quería aprovechar la situación para deslindar su parte pero cuando se trató de concretar en la práctica la oferta se retrajo. Casualmente, la negativa llegó conjuntamente con los primeros colonos. Las autoridades, obligadas a encontrar una solución urgente admitieron la cesión de 1.411 hectáreas a cambio de un título de Castilla. En estas tierras, paradójicamente, «se colocaron agricultores de algún capital».52 50

Se referían en concreto a la Ley 69, libro 4, título 7. El capitán general al intendente de La Habana. En continuación de su carta n.º 1.048 sobre población de la bahía de Jagua, remiten con su informe un memorial de D. Agustín de Santa Cruz, poseedor de sus mejores terrenos, en «Duplicados del Intendente del Ejército y Real Hacienda (1819)», AGI, Santo Domingo, 1709. 51 Ibid. 52 El capitán general y el intendente de La Habana, dan cuenta con documentos de todo lo practicado, y del estado de adelantamiento de la nueva población de San Fernando de Nuevitas. Pide resolución entre otras cosas, sobre las tierras que para ello ha cedido el presbítero D. Agustín Cisneros, impetrando la gracia de un título de Castilla y recomiendas el singular mérito que en estos asuntos ha contraído el regente de aquella

218

IMILCY BALBOA NAVARRO

}          #   de nuevas tierras. Antonio Varona donó un cuarto de legua y vendió al Estado otras 4.000 hectáreas. Mientras dos sobrinos de Cisneros, codueños a su vez de los hatos Nuevitas y Nueva Grande, prometían vender su parte. Agustín de Santa Cruz, que ofreció en Jagua 1.740 hectáreas, <    #        '  # ‡Ž† hectáreas pedía «la gracia de un título de Castilla», y por las cuatrocientas restantes «la graduación de coronel de milicias».53

Fuente: Plano de la ciudad de San Fernando de Nuevitas formado por disposición del Sr. Joaquín Bernardo de Campuzano, del Consejo de S.M., Regente de la Real Audiencia del distrito, comisionado en todo lo relativo a dicha ciudad, 31 de agosto de 1819, AGI, MP, SD, 731.

}]    #         # "

 —excepto los ejidos— estaban destinadas a la crianza de ganados: y cada hacienda de esta clase corresponde a muchos dueños parciales, algunos contradicen la siembra a sus condueños bajo el pretexto del atraso de los montes y de la crianza, y han comenzado a suscitarse disputas judiciales, con cuyo motivo es natural que muchos se abstengan de tan útil y recomendable cultivo, por no verse enredados en pleitos.9

Los problemas de las cuestiones patrimoniales en las regiones del este fueron silenciados por el proceso desatado en el occidente. No fue hasta el año 1815 que las autoridades insulares comenzaron a mostrarse verdaderamente preocupadas por la situación de los terrenos en esta zona. Cuando el intendente Alejandro Ramírez intentó llevar adelante   Œ! " $#      en Nuevitas y Jagua ante el obstáculo que representaban las haciendas comuneras. El gobernador José Cienfuegos Jovellanos, y el intendente, al comprobar que «la posesión, de vastos terrenos en comunidad de familias e individuos perjudica y anonada los derechos de dominio y propiedad», y ante «los gravísimos inconvenientes» que causaban los pleitos y rencillas entre los comuneros, convencidos de que «mientras subsistan semejantes estorbos, no puede progresar el cultivo, ni aún la crianza de ganados y mucho menos la población», acordaron en mayo de 1819 elevar a categoría de ley el Voto Consultivo emitido por la Audiencia de Puerto Príncipe el 1 de abril de 1816.10 8 Informe de Ignacio Caro, Santa Clara, 31 de agosto de 1807, en «Expediente n.º 602, sobre calificar la extrema decadencia que sufre la agricultura, 16 de marzo de 1807», ANC, RCJF Leg. 93, n.º 3953, Exp. 2. 9 Informe de Ignacio Caro, Sancti Spíritus, 27 de junio de 1807, en «Expediente n.º 602, sobre calificar la extrema decadencia que sufre la agricultura», 16 de marzo de 1807, ANC, RCJF Leg. 93, n.º 3953, Exp. 2. 10 Acuerdo sobre facilitar la división y repartimiento de las Haciendas de Comunidad, 6 de mayo de 1819, en «Expediente formado para cumplir la Real Orden de 3 de octubre de 1835, que manda se lleve a efecto lo resuelto por los Sres. capitán general y

236

IMILCY BALBOA NAVARRO

El Voto Consultivo11 trataba precisamente de la división y reducción a propiedad particular de las haciendas comuneras. Contenía 28 artículos que en esencia estipulaban los términos de los deslindes y las normas por las que se regirían las causas iniciadas con este objeto. Importante en este sentido fue la regla 2.ª que rebajaba a solo 20 pesos de posesión el requisito para solicitar la división del fundo. El comunero que la presentara debía además entregar la lista de los condueños que serían citados conjuntamente con los propietarios de ingenios y de estancias mercedadas por el Cabildo dentro de los límites de las haciendas. Tras la publicación de cedulones en tres ocasiones durante quince días, los comuneros reunidos elegirían un Síndico que los representaría en todo lo relativo al deslinde y defendería los derechos de la comunidad. Además, según lo establecido en el artículo 74 de las Ordenanzas de Cáceres, porque hay algunos asientos de hatos, dados y concedidos sin límites y mojones, de lo cual resulta gran confusión, que los tales asientos se amojonen y pongan límites, por dos personas nombradas por el señor del hato, o asiento, por el vecino más cercano y otro nombrado por el Cabildo, y que lo que señalaren los dos, aquello se la guarde.12

Se designaría «una persona indiferente de providad y conocimientos» que, en calidad de árbitro y conjuntamente con el designado por el Cabildo, procederían «según su conciencia y prudencia» a arreglar los límites acorde con las reglas 5.ª a 6.ª que disponían la observancia «rigurosa» de los mojones o líneas conocidas, y los señalamientos antiguos reconocidos por la costumbre o por sentencias ejecutorias. En caso de no existir ninguna de las marcas anteriores se efectuaría el deslinde por los asientos reconocidos, tirando una línea recta de centro a centro y otra perpendicular entre dos hatos o dos corrales. Si en alguna o ambas haciendas no hubiese centros conocidos se tomarían los linderos más constantes y reconocidos. Los agrimensores medirían también los ingenios y estancias mercedados por los cabildos. Los realengos que resultaren —a tenor de la regla 10.ª— serían sometidos a composición. Mientras, los terrenos cosuperintendente en auto de 6 de mayo de 1819, en cuanto a la división de haciendas de comunidad en esta isla, 1835», ANC, Realengos, Leg. 75, n.º 4. 11 Voto Consultivo de la Audiencia de Puerto Príncipe, 1.º de abril de 1819, en «Expediente formado para cumplir la Real Orden de 3 de octubre de 1835», ANC, Realengos, Leg. 75, n.º 4 (la información que se detalla a continuación esta tomada de este documento). Ver también Fernando de Armas Medina, «La audiencia de Puerto Príncipe (1775-1853)», Anuario de Estudios Americanos, tomo XV, 1971, pp. 273-370. 12 Hortensia Pichardo, Documentos, tomo 1, p. 116.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

237

munes serían repartidos «entre los condueños a proporción de la posesión que cada uno tenga». Para ello se elegirían tres representantes, dos entre los comuneros y uno señalado por el juez, que se encargarían de comprobar las posesiones de los primeros acorde con los documentos acreditativos de los pesos poseídos en el fundo común. Y precisamente estos    &         casen las hectáreas (caballerías) de terrenos que correspondían a cada comunero. Los ingenios y estancias recibieron un tratamiento diferenciado en tres de los apartados. La regla 3.ª distinguía las mercedes para la fundación de ingenios y estancias de las porciones del resto de los comuneros aún estando dentro de los límites de dichas haciendas. Por su parte, la regla 13.ª estipulaba que para efectuar los repartos se considerasen los comprobantes que acreditaban el monto de terrenos dentro del fundo ˆ "             Mientras en el punto 16.º se establecía: el agrimensor abonará a los ingenios y estancias de que habla el artículo 3.º, sin hacer cuenta con la posesión que tengan en el fundo común (cuya importancia se rebajará de la suma a que hubiese ascendido) todo el terreno comprendido bajo de sus linderos conocidos y ciertos; pero si alguno o algunos de ellos se hubieran perdidos o estuviesen litigosos en términos de que no pueda 

  "   <    #    "   iniciativa corresponda exclusivamente al gobierno, puesto que por los elementos con que cuenta y las indemnizaciones en dinero o en tierras de las mismas haciendas a que tiene derecho, se harían las indicadas operaciones en el mas breve plazo y sin gravar al tesoro, toda vez que esos gastos relativamente pequeños resultarían altamente reproductivos.30

A pesar de las medidas dictadas no se logró una resolución del problema durante el período colonial. Mas bien el resultado fue la superposición de propuestas y reglas que hicieron más intrincada la maraña         * glo XX cuando, de la mano de las autoridades de intervención norteamericanas, se implementaron los mecanismos para liberalizar las tierras, $           " sin perder el dominio directo sobre la tierra, lo que a su vez le permitía ejercer «ciertos derechos» sobre el receptor del censo y asegurar —entre otras cuestiones— su permanencia en la localidad. De esta forma, po-

254

IMILCY BALBOA NAVARRO

dían disponer de una población estable y controlada, a la par que aumentaban el valor de la tierra con su puesta en explotación. Mientras, el en    ˆ   @    heredad a sus descendientes lo que le otorgaba estabilidad y seguridad            >  «parece» y se siente propietario.44 Al término de la guerra el Ayuntamiento de Jiguaní, que no quería perder su fuente de ingresos, intentó continuar con esta política e ignorando la legislación no procedió a la demarcación y reparto de zonas de cultivo según lo dispuesto en el Real Decreto de 27 de octubre de 1877. En su lugar estableció un plazo de tres años y diez días para que los         

 El gobierno de La Habana declaró ilegal esta práctica en 1886. Pero las autoridades locales apelaron a los usos consuetudinarios. Argumentaban que desde «tiempo inmemorial» las tierras que poseían eran cedi      "   $          26.800 hectáreas las repartidas por este concepto.45 Aunque no se espe                con los agraciados, ni se proveyó a estos últimos de los documentos necesarios para hacer constar sus derechos en el Registro de la Propiedad como exigía el gobierno. Atendiendo a la inestabilidad política del territorio tras la contienda, el gobernador de Santiago recomendó la aprobación de los repartos. En su criterio no era justo despojar a los colonos de lo que habían creído obtener legalmente, pues su descontento «podría ser utilizado por nuestros enemigos que no pasarían desapercibida la oportunidad de reclutar prosélitos para hacer renacer los sangrientos episodios de las pasadas     ”  "! \   caron las concesiones hechas hasta esa fecha. Pero se le previno que se abstuviera de continuar disponiendo de los terrenos en la forma ilegal en que venía haciéndolo y que se cumplieran los requisitos de deslinde e inscripción en el Registro de la Propiedad.46 44 El análisis de estas cuestiones en Imilcy Balboa, «Cesión, usurpación y límites en conflicto. Oriente, los conflictos por la propiedad de la tierra en las postrimerías del siglo XIX», en Martín Rodrigo (ed.), Cuba de colonia a república, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 200-207. 45 «Expediente iniciado a virtud de D. Narciso Feros solicitando se deje sin efecto la concesión hecha a D. José Muñoz de 15 caballerías de tierra por el Ayuntamiento de Jiguaní», ANC, GG, Leg. 59, n.º 2583. 46 Dictamen de la Capitanía General, «Expediente iniciado a virtud de D. Narciso Feros solicitando se deje sin efecto la concesión hecha a D. José Muñoz de 15 caballerías de tierra por el Ayuntamiento de Jiguaní», ANC, GG, Leg. 59, n.º 2583.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

255

En todo caso, el Ayuntamiento de Jiguaní decía la verdad, esta era una vieja práctica. Los propios del municipio habían sido cedidos —y continuaban siendo entregados— de manera irregular, lo que dio origen a innumerables quejas cuyo motivo fundamental era la superposición de los límites.47 Según las reglas no escritas, pero elevadas a categoría de ley por la costumbre, las entregas efectuadas seguían una rutina que partía en primer lugar de la solicitud de los interesados acompañadas de las referencias que estimasen oportunas. En segundo, era necesario un acuerdo del municipio, en principio favorable, para que en tercer lugar se pasara la solicitud a la comisión evaluadora compuesta por algunos miembros del   =      =   &$  representante externo, elegido por sus conocimientos tanto del terreno como de las concesiones efectuadas. Su misión era asesorar a los comisionados para evitar posteriores confusiones y controversias judiciales. ’ &    "    "         # ‚@  >  @ˆ     }Œ          

 "          Œñor y dueño» del terreno.48 Como consecuencia de esta actuación la estructura agraria de Jiguaní en la década de 1890 se caracterizaba por: el establecimiento de contratos sin escrituras que los avalasen; la adjudicación de terrenos sin      #           #       @  procesos legales. El resultado: una masa de virtuales propietarios asentados en los propios del municipio sin títulos que avalasen el dominio. En 1894, el ingeniero de montes citaba a esta localidad como arquetipo de «usurpa  @ &    "@  ' Ejemplo palpable de esos abusos es el que ocurre en los montes cuyo dominio útil corresponde al Ayuntamiento de Jiguaní. Esta corporación por sí 47 Ver por ejemplo Queja de D. Narciso Feros, «Expediente iniciado a virtud de D. Narciso Feros solicitando se deje sin efecto la concesión hecha a D. José Muñoz de 15 caballerías de tierra por el Ayuntamiento de Jiguaní», ANC, GG, Leg. 59, n.º 2583. «Expediente iniciado a virtud de alzada de D. Gregorio Gerardo Gómez, contra acuerdo gubernativo recaído en la apelación interpuesta por D. Santiago Domini contra acuerdo del Ayuntamiento que dispuso la rectificación de la mensura de los terrenos que posee censo enfitéutico», 1889, ANC, GG, Leg. 81, n.º 3376. 48 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamo, 1893, «Juicio declarativo de mayor cuantía en autos sobre posesión de terrenos. Sentencia de la Audiencia de Santiago de Cuba», 1896, AFAM, caja 536, n.º 6.

256

IMILCY BALBOA NAVARRO

y ante sí tala, arrienda, deslinda etc, sin que en esas operaciones intervengan los empleados facultativos de esta Sección.49

Jiguaní no constituyó una excepción. Esta era una práctica bastante generalizada entre los cabildos que había provocado la desaparición de los propios y ejidos en muchas localidades. Cuando por Circular de 19 de noviembre de 1877 se estableció que los diferentes municipios informaran sobre la existencia en sus respectivas demarcaciones de terrenos de propios y arbitrios o de aprovechamiento común, con el objetivo de incluirlos   &     

  $ "@  respondió que en sus respectivas demarcaciones no existían terrenos públicos. } `      #    da de los bienes públicos en esta parte de la isla. Los ayuntamientos de San Cristóbal, Guanabacoa, Santa María del Rosario, Bejucal, Matanzas @!<        

  @

   aprovechamiento común. Aclaraban, además, que los pocos existentes es     =    =@    rar para otros usos.50 Por su parte, en la región central Santa Clara informaba que tampoco poseía terrenos de propios y arbitrios ni propiedad del Estado. De aprovechamiento común solo existían los comprendidos dentro de los ejidos de la ciudad, los cuales estaban ocupados. La corporación había «olvidado» las más de 16.000 hectáreas de terrenos realengos denunciados en 1866 y registrados por el ingeniero de montes en el informe elaborado apenas tres años antes. En otras localidades, como Trinidad,           + piación de los terrenos existentes en las márgenes de los ríos «propiedad 49 «Memoria del ingeniero de montes sobre el ramo en la región oriental», Santiago de Cuba, 23 de feb de 1894, AHN, Ultramar, Leg. 246, n.º 16. 50 Ver los siguientes expedientes: «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de San Cristóbal», 1878, ANC, GG, Leg. 447, n.º 21724. «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de Guanabacoa», 1878, ANC, GG, Leg. 447, n.º 21760. «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de Santa María del Rosario», 1878, ANC, GG, Leg. 34, n.º 1460. «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de Bejucal», 1878, ANC, GG, Leg. 35, n.º 1498. «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de Matanzas», 1878, ANC, GG, Leg. 36, n.º 1534 y «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de Cárdenas, ANC, GG, Leg. 31, n.º 1268.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

257

de la Corona» y cedidos por esta en usufructo a los cultivadores de tabaco. Mientras, Sancti Spíritus informaba que existían 5.641 hectáreas de terrenos de propios y arbitrios, los cuales en su mayoría estaban dados a censo a particulares que se dedicaban al cultivo de la caña, tabaco y viandas.51 Como en los casos anteriores se cede el dominio útil en con  "         existencia de las haciendas comuneras.               que rodeaban la ciudad, cedidos y en cultivo, ignorándose la existencia o no de realengos por no constar en el Archivo Municipal.52 Las autoridades locales tampoco hacían referencia a las haciendas comuneras muy extendidas en el territorio, ni a las más 80.000 hectáreas de terrenos realengos señaladas en el informe elaborado por la Administración de Contribuciones en 1869. Mientras en el Occidente el paso del derecho señorial a la propiedad contractual quedó concluido en lo fundamental durante la primera mitad del siglo XIX, en la zona oriental, según el ingeniero de montes Francisco Portuondo, reinaba una gran confusión y desorden en cuanto a las cuestiones patrimoniales. Un porcentaje apreciable de las tierras consideradas realengas correspondía a denuncias que no se habían resuelto, por lo que estaban sin deslindar y se desconocía su extensión exacta. Igualmente, existían terrenos que estaban siendo utilizados por los dueños de las haciendas colindantes como comunales para la crianza de   @      &"    @      Dentro de los bienes municipales descubrió terrenos de propios —que el Estado reivindicaba como realengos— en manos de los particulares, ya fuera «en propiedad» o cedidos a censo por los ayuntamientos. El ingeniero, además, encontró tierras que habían pertenecido a la Iglesia y que pasaron al Estado igualmente entregadas a censo. Una par51 Véanse «Documento que trata del Real Decreto de clasificación y reparto de terrenos de Villa Clara», 1878, ANC, GG, Leg. 30, n.º 1251 y «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios y de aprovechamiento común en la jurisdicción de Santa Clara», 1878, ANC, GG, Leg. 192, n.º 10891. «Proposición de la Junta Protectora de Agricultura de Trinidad de 7 de enero de 1878 y Respuesta de la Dirección General de Hacienda, a la consulta del gobernador general de 1.º de febrero de 1878 en «Expediente promovido por una consulta de la Junta Local de Trinidad sobre reparto de terrenos», 1878, ANC, GG, Leg. 34, n.º 1455. «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios de la jurisdicción de Sancti Spíritus», 1878, ANC, GG, Leg. 29, n.º 1191. 52 «Expediente promovido para conocer los terrenos de propios y arbitrios de la jurisdicción de Puerto Príncipe», 1878, ANC, GG, Leg. 192, n.º 18887.

258

IMILCY BALBOA NAVARRO

ticularidad propia de las regiones del este y que sería el centro del proceso de remoción de la vieja estructura agraria a partir de la década del sesenta. 3. LOS TERRENOS DEL ESTADO La cesión en arriendo también fue muy utilizada por el Estado precisamente en el este de la isla. En Oriente y Puerto Príncipe no solo se conservaban el mayor número de realengos, sino también una peculiaridad sumamente importante y pocas veces mencionada: una parte de los campesinos asentados en esas zonas eran aparceros y pequeños arrendatarios de tierras del Estado o de la Iglesia.53 En Manzanillo el Estado poseía las propiedades que pertenecieron a los bienes de regulares del convento Santo Domingo de Bayamo. Todo parece indicar que en la desamortización de los bienes de regulares en la década de 1840 se emplearon dos vías: por un lado la venta y del otro el arrendamiento de los terrenos que pasaron a ser patrimonio estatal. De ahí que los arrendatarios del antiguo convento de Bayamo se convirtieran en arrendatarios del Estado a partir de la década de 1850.54 TABLA N.º 11 <     %  =

/      >  ' 0

  7

Vegas

9?

Extensión

Renta anual /  0

Valor /  0

488

6.650 ha

3.886

100.000

Corrales

13

864 ha

375

*7.265

Haciendas de crianza

31

109.060 ha

8.502

357.060

532

116.574 ha

12.763

464.325

TOTALES

* Incluye el valor de las tierras y los cerdos. Fuente: Jorge Ibarra, «Crisis de la esclavitud patriarcal cubana», Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, 1986, p. 396.

53

Jorge Ibarra, «Crisis de la esclavitud patriarcal cubana», Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, 1986, p. 396. 54 Ver por ejemplo «Productos de bienes de regulares que ingresaron en las cajas después de su extinción, e inversión que podrá dárseles para atender el culto», La Habana, 20 de abril de 1844, BNE, Ms. 19519.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

259

Los terrenos comprendían aproximadamente 116.574 hectáreas, en    …‡…  ˆ "   talmente al cultivo del tabaco y la cría de ganado que reportaban una renta anual de 12.763 pesos. La concesión en arriendo de los bienes de regulares de Bayamo no fue algo singular. Jorge Ibarra da cuenta de otro realengo en Oriente en el que se habían asentado cerca de 300 campesinos que pagaban una cuota anual del 5%. El uso del arrendamiento como forma de obtener recursos se repite en Puerto Príncipe, donde existía un realengo de bienes de regulares en el que se hallaban asentados 371 arrendatarios y censatarios, «grandes y pequeños, que pagaban un promedio de 32 escudos». En esta localidad el Estado poseía además dos realengos, denominados «El Manglar» y «La Caridad» respectivamente, y varios terrenos de igual condición con un área total de 8.022 hectáreas, a los que se sumaban otros nueve realengos con una extensión de 81.895  < "         

 dos o sin explotar. 55 > #   <    + } 

 das en la zona, ya fuera para pastos o cultivos, proporcionaban al Estado en 1869 una renta anual de 27.087 escudos.56 Tal peculiaridad podría responder a dos factores: de un lado, la falta de compradores para los bienes desamortizados a la Iglesia en la región, lo que obligó a las autoridades a mantener la administración de estos; del otro, el interés de las autoridades por validar, mantener y aumentar el patrimonio público de              diante la venta.57 >  &"  +   +  estas tierras a través del arrendamiento a cambio de un pequeño censo anual, sin descartar su posible enajenación. Las cantidades recaudadas explican el celo metropolitano, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, por establecer la cuantía de sus posesiones en la parte oriental a           &  55 Véanse Jorge Ibarra, «Crisis de la esclavitud patriarcal», p. 398. «Relación de terrenos realengos existentes en la isla», La Habana, 26 de agosto de 1869, BNE, Ms. 19571. 56 «Relación de los terrenos realengos existentes en la isla», La Habana, 26 de agosto de 1869, BNE, Ms. 19571. «Memoria sobre el ramo de montes pedida por el Ministerio de Ultramar en 9 de junio próximo pasado», La Habana, 2 de octubre de 1869, AHN, Ultramar, Leg. 246, n.º 16. 57 Ver por ejemplo «Productos pertenecientes a los bienes de regulares que ingresaron en las cajas después de su extinción», Ms. 19519. También, las condiciones para las subastas de bienes de regulares en Gaceta de La Habana, 13 de diciembre de 1839.

260

IMILCY BALBOA NAVARRO

En 1874 se creó el Negociado Facultativo de Montes en el Ministerio de Ultramar, institución que encargó a la sección de Cuba la confección de una memoria con el objeto de conocer la cuantía y aprovechamiento de las posesiones que el Estado poseía en la isla y que hasta ese momento habían estado bajo la jurisdicción de la Intendencia General de Hacienda. En la memoria confeccionada en 1875 por el inspector de  ”               +           aproximación en base a sus usufructuarios. Los terrenos fueron agrupados en dos categorías:58 1.

Los montes públicos, que podían en un futuro destinarse a la agricultura y que a su vez se subdividían en dos: a)

los del Estado, que constituían mayoría y que hemos de entender como la subrogación del antiguo realengo. b) los pertenecientes a propios y a las comunidades de los pueblos, los cuales nunca habían sido deslindados y por tanto se desconocía su propietario actual. Estos en su mayoría eran objeto de denuncia como realengos. 2. Los montes pertenecientes a particulares, cuya disminución era notoria por su reconversión hacia la agricultura. Según el ingeniero de montes en la isla existía un total de 182.379 hectáreas de terrenos públicos, lo cual representaba 172.071 hectáreas menos con relación a la cifra ofrecida por la administración de contribuciones en 1869. Tal reducción no se debía solo a la apropiación de terrenos. Debemos tener presente además el descontrol existente en el ramo de tierras pues se desconocían los límites de muchos de los realengos y        ]       las fricciones entre la Intendencia de Hacienda y la Inspección de Montes. La primera se negaba a entregar a la segunda la documentación sobre terrenos públicos y perder la jurisdicción sobre esta materia. Aun considerando las cifras muy por debajo del total real, resulta interesante constatar la diferencia existente entre Oriente y Occidente en cuanto a la cuantía de los bienes públicos. El 98% se conservaba en la 58 La Inspección General de Montes como organismo independiente de la Intendencia de Hacienda se creó en Cuba en 1876. Al valorar los totales debemos tener presente que dentro de los montes se incluían todos los tipos de terrenos públicos. «Memoria de los montes públicos en la Isla de Cuba», 1875, AHN, Ultramar, Fomento, Leg. 246, n.º 5. La información que se relaciona a continuación esta tomada del mismo expediente.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

261

región oriental, mientras que a la región occidental apenas correspondía el 1,7%. En la zona oriental los terrenos de esta clase se concentraban en las jurisdicciones de Baracoa, Guantánamo, Holguín, Manzanillo y Jiguaní. Obsérvese que coinciden con la geografía de la rebelión que estallaría  œ‘œ}      $ " 

Los Realengos

Guantánamo

Mariana La Caridad

— —

Holguín

Provincia

Oriente

Jurisdicción

Holguín

— Realengos Tacámara y Mayarí

9 > 

Realengo La Cuava

Extensión

N y NE con las haciendas Moa, Cupey, Cañete, Juraguá, Nibujón, Navas, Báez y Marabú. Por el O con el partido de Sagua de Desconocida Tánamo y la jurisdicción de Guantánamo. Por el E, SE y S desconocidos, aunuqe se presume sea el río Toa. Por el N con la hacienda la Sabana; por el S con el río Maya; por el E con la hacienda 5.500 ha. Maisí y por el O con la hacienda Vertientes. — Situado entre el río Toa, la sierra de Caujerí y las haciendas Yateras, Palenquito y San Andrés. Partido de Tiguabos ente las haciendas de crianza Marco Sánchez y Macurijes. Antiguas propiedades del convento de Belén, pero se desconocen sus límites. — Por el N con el arroyo de Aguas Verdes, al S con el tercio del Conde de Mopox, al E con el camino viejo de Cuba a Holguín y al O con la hacienda La Cuava Situación

1.000 ha.

@ 

K          trasladar los productos.

No se han hecho aprovechamientos en

  >"  &   que lo utilizan como comunales además de 8 ha cedidas a censo y destinadas a cultivos. —

15.768 ha

No se conocen aprovechamientos. Susceptible de explotación maderable.

4. 267 ha

No se conocen aprovechamientos. Susceptible de explotación maderable.

—

Dedicadas a la crianza de ganado.

65.000 ha

Fincas de cultivo.

580 ha

`           aprovechamiento.

Extensión

Linda por el S con el tercio del Conde de Mopox, la E con la hacienda de Alcalá y al 2.085 ha o con el arroyo de Limones y el río Gibara.

@ 

Una parte esta constituida por bosques y sabanas, el resto esta ocupado por cultivos, &  ‘†…††

IMILCY BALBOA NAVARRO

Pueblo Viejo

Situación

262

TABLA N.º 12        %  ,"$

Por el n con el lote del Conde de Mopox, por el S con el realengo Buena Ventura, por el E 1.530 ha con la hacienda Aguarrás y por `    

Realengo de La Sierra de Cristal

Al N con terrenos del Conde de Mopox y las haciendas Cabonica y Arroyo Blanco, al S las haciendas Calabazas, Mayarí Arriba, Río Prio 28.489 ha y Caobas, al E haciendas Tánamo, Calabazas y Demajagua y al O haciendas Mayarí Abajo y Santísima Trinidad de Benganzabalos — 4.700 ha

Jiguaní

—

Manzanillo

Nombres de las haciendas en que se hallaban ubicados —

Cárdenas

Antiguos terrenos del convento de Santo Domingo de Bayamo en los partidos de Gua, Yara y Yaribacoa. 50.325 ha

} @        @   sabanas con bastantes maderas de construcción cuyo aprovechamiento sería de gran utilidad para el Estado. Bosque compuesto por maderas destinadas a tinte, suceptible de aprovechamiento, y de fácil transportación. ‚ &         > por las especies y la facilidad de su traslado, pero que ha sido utilizado sistemáticamente de forma ilegal, adquiriendo la tala grandes proporciones.

Cayos Cupey, Rubas, Diana, Chalupa, Cruz del Padre, Blanco, Galindo y Cinco Leguas. 2.237 ha

Pinar del Río Finca Grifa

Linda con la costa de la Garnacha

Isla de Pinos

Antigua colonia Reyna Amalia Cayos Cantiles Abalos y Rosario

—

Susceptible de explotación maderable, con          Puerto.

898 ha —

—

Condiciones favorables para aprovechamiento. Susceptibles de aprovechamiento

su

Especies similares a las de Cárdenas, susceptibles de aprovechamiento

263

Fuente: elaboración propia. “Memoria sobre los montes públicos de la isla de Cuba”, 1875, AHN, Ultramar, Fomento, Leg.246, n.º 51.

‚ &      >" unido a la fácil transportación y amplia demanda en Cárdenas.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

Occidente

Realengo San Agustín

264

IMILCY BALBOA NAVARRO

 =     =    bían una renta anual por su explotación. Sin olvidar los de titularidad estatal arrendados también a censo por el propio Estado. El estallido de la Guerra de los Diez Años, que tuvo como escenario a las regiones del este, dio paso a la política de reconstrucción que brindó a las autoridades metropolitanas la oportunidad de revalorizar, explotar y poner en circulación el patrimonio público.59 El proceso de reconversión de estos bienes que se desarrolló al con       œœ&&  

 " partir de las medidas adoptadas por las autoridades para promover la colonización o venta. Y desde abajo, caracterizada por la apropiación por parte de los particulares, que trataron de revertir la política de colo $ #       4.

DESAMORTIZACIÓN Y COLONIZACIÓN

En 1878 algunas regiones del Centro y Oriente fueron escenario de un proyecto colonizador inédito por su cuantía y alcance. El Estado cedía parte de los terrenos públicos —baldíos y realengos, de propios y arbitrios— para asentar población. Los bienes públicos se convirtieron en el centro del proceso de remoción de la vieja estructura agraria en el oriente del país durante el periodo de extensión de las relaciones capitalistas. La guerra, la reanudación de la expansión azucarera hacia el este y el establecimiento de ingenios centrales en la zona que emplearon traba  "   &^œœ†*œœ‘{"  tituyeron el marco en que se produjeron tales cambios. La transformación del patrimonio rural tuvo su expresión práctica en la contraposición de los intereses metropolitanos y de los particulares en la pugna por hacerse con la propiedad rústica. Para los primeros se trataba tardíamente de legitimar la titularidad sobre los terrenos públicos y obtener bene      #           + # "            #       #    propiedades que sentían como suyas al margen del añejo derecho real, 59 Con el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio La Demajagua el 10 de octubre de 1868, estalló en la isla la Guerra de los Diez Años o Guerra Grande que culminó en febrero de 1878, con la firma del Pacto del Zanjón. Entre las obras de carácter general véanse por ejemplo Ramiro Guerra, Guerra de los Diez Años, La Habana, Ciencias Sociales, 1972. Instituto de Historia de Cuba, '   &         -    $      03K3Q0353, La Habana, Ed. Política, 1996, tomo 2, pp. 1-152.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

265

sino también la oportunidad de aumentar las que poseían o adquirir nuevas tierras. La remoción del antiguo Patrimonio Real, ahora de la nación, y su conversión en propiedad particular en las regiones del Centro y Oriente se desarrolló en tres direcciones. La primera asociada al Real Decreto de 27 de octubre de 1877. La segunda, a través de la venta que favoreció también a los grandes propietarios a manos de los cuales fueron a parar los bienes públicos. Mientras la tercera tuvo como protagonistas a los comunales y realengos. El Real Decreto de 27 de octubre o Decreto de Reconstrucción, establecía el reparto de terrenos públicos: baldíos y realengos o de propios y arbitrios. Tendrían derecho a solicitarlos los licenciados del ejército y voluntarios movilizados o que hubiesen asistido en alguna función de 

"&       \  @             &   to.60 Según el ministro de Ultramar: La adopción de un sistema sencillo y fácil de colonización en la parte interior y despoblada de la isla puede remediar estos males, no en forma pa "          @  &"     $  país, creando la pequeña propiedad, tan necesaria para las nuevas condiciones del trabajo, y arrebatando a la insurrección sus constantes guaridas. En    &          $ # " cediendo sus derechos de propiedad a antiguos combatientes.62 Según el 60

Gaceta de La Habana el 28 de noviembre de 1877. «Ministerio de Ultramar. Exposición», 27 de octubre de 1877, Gaceta de Madrid, 28 octubre de 1877. 62 El reparto de terrenos entre combatientes desmovilizados ya había sido aplicado en la Península en 1813, cuando las cortes de Cádiz por el decreto de 4 de enero estable61

266

IMILCY BALBOA NAVARRO

artículo 4.º del Decreto de 1877 las entregas se harían en propiedad y a perpetuidad. Los colonos recibirían un título provisional gratuito que,    

 "     &     probaba que durante ese tiempo había roturado y cultivado el terreno en cuestión. Durante el mencionado trienio quedaba prohibido enajenar o hipotecar el fundo y solo después de recibir la propiedad podría el culti&          "     " encaminada —aunque con retraso— a consolidar la propiedad proporcionando:     ˆ  #    con títulos que los coloque en condiciones de disponer libremente de ellas, evitando así falsas denuncias y aun costosos litigios con que de continuo se ven amenazadas.76

De esta forma el patrimonio público se vio mermado considerablemente en las dos últimas décadas del siglo XIX. Aún cuando el Estado no región oriental al ministro de Ultramar», Santiago de Cuba, 13 de marzo de 1894, «Memoria del ingeniero de montes sobre el ramo en la región oriental», Santiago de Cuba, 23 de febrero de 1894, AHN, Ultramar, Leg. 246, n.º 16. 74 A modo de ejemplo ver los siguientes documentos: «Documento relacionado con los terrenos denunciados por D. Justo Specht en la zona repartible de la Enramada», 1879-1881, ANC, GG, Leg. 40, n.º 1659. «Documento relacionado con la toma de posesión del realengo de Vega Botada», 1879, ANC, GG, Leg. 41, n.º 1701. «Documento referente al reconocimiento, inventario y clasificación de los terrenos denunciados como realengos por Justo Specht y continuada por D. Juan Bautista Palu», 1879, ANC, GG, Leg. 302, n.º 17317. 75 Véanse «Instancia del Conde de Mopox y Jaruco al capitán general», Rhodas de Tánamo, 17 de junio de 1881. «Informe de la Inspección General de Montes», 20 de julio de 1881; «Exposición del ingeniero de montes Ruiz Melo», Madrid, 14 de julio de 1882; Dictamen de la Junta facultativa de montes en la Península, Madrid, 24 de agosto de 1882 en AHN, Ultramar, Fomento, Leg. 247, n.º 2. También «Apuntamiento para los recursos de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Condesa de Casa Montalvo, Dña Concepción y Dña María Ana de Montalvo, en autos con la sucesión de D. Pedro Dávalos de Orozco sobre deslinde y medida de una finca», Archivo de la Fundación Antonio Maura, Fondo Bufete Jurídico de Antonio Maura (en adelante BJAM), Carpeta 608/6. 76 «Memoria anual general del servicio y producción de los montes públicos de la Isla de Cuba correspondiente al año económico de 1878-79», La Habana, 12 de diciembre de 1879, AHN, Ultramar, Leg. 246, n.º 16.

LA CUBA B. OTROS PROBLEMAS, UN RITMO DIFERENTE

273

cesó de reclamar las tierras que consideraban suyas, la política de repar@    "& @  & apropiaciones redujeron su número rápidamente. No obstante en los  +   ˆ     

  no llegaron a ser deslindados y sobre los que se desconocía su ubicación y límites. Todavía en 1893 la Inspección de Montes reivindicaba una 500.000 hectáreas y aseguraba que aún faltan muchas tierras que permanecen ignoradas, detentadas o usurpadas. Para lograr averiguar la cuantía exacta y aumentar las recaudaciones reclamaba la división de las haciendas comuneras y el deslinde de los realengos situados entre ellas, terrenos que constituían «la mayor parte de los tentados o usurpados» y cuya venta podía reportar grandes

  >77 La ofensiva —respaldada por el gobierno— para reducir a propiedad particular los terrenos de la zona oriental, representaba una buena oportunidad para acabar de una vez con el sistema de comunidad. Pero la nueva guerra por la independencia que estalló en 1895 dejaría en suspenso este proceso. 77 «Memoria sobre la producción de los montes y estado general del servicio de dicho ramo correspondiente al año económico de 1892-93», La Habana, 9 de noviembre de 1993, AHN, Ultramar, Leg. 246, n.º 16.

MAPA N.º 3 4!  5     ,",

EPÍLOGO LA HERENCIA DE LA TIERRA: %Q Q@:7894:; > œœ  

   ' ya enajenando los que sin menoscabo de los intereses generales deben pasar al dominio privado, ya aprovechando los que deben conservarse regularizan    #                @  " @    " dedicando los que las circunstancias y se estimen necesarios a la importante obra de la inmigración en esta isla.3

>       "    &"         agraria aplicada por España a partir de la conjugación de tres elementos: el Estado, los propietarios y la colonización con inmigrantes. Sin embargo, para las autoridades norteamericanas primero, y los gobiernos republicanos más tarde, las prioridades tenían otro orden. El centro estaría ahora en la liberalización de la propiedad de la tierra, que vendría acompañada de otro cambio en las concepciones sobre los usos y dominios del suelo y de los actores sociales. Los gobiernos interventores, comprendieron pronto que cualquier solución del problema agrario debía pasar por eximir la propiedad de las cargas que arrastraba para facilitar su puesta en circulación. Y, para ello, era necesario atacar los últimos resquicios de naturaleza señorial. Pero     #                   &_