Teoría de los precios sociales 8473511816

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Teoría de los precios sociales DIEGO AZQUETA OYARZUN

B IB LIO T E C A B A S IC A D E A D M IN IS T R A C IO N P U B LIC A S E R IE E S P E C IA L

IN STITU TO N A C IO N A L D E A D M IN IS T R A C IO N P U B LIC A A LCA LA D E H EN A R ES-M A D R ID (ESPAÑA)

TEORIA DE LOS PRECIOS SOCIALES

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COLECCIÓN: B iblioteca B ásica

de

Administración P ública

Edita: Instituto Nacional de Administración Pública Plaza de San Diego, s/n. Tel. (91) 888 22 00 Alcalá de Henares (Madrid. España) ISBN: 84-7351-181-6 Depósito Legal: M. 33182-1985 Imprime: ARTEGRAF. Sebastián Gómez. 5. 28026 Madrid

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A Gonzalo y Socorro.

AGRADECIM IENTOS

El presente texto se ha realizado en el marco de una Ayuda a la Investigación otorgada por el Instituto Nacional de Administración Pública durante el año 1983. Agradezco a S. Barba-Romero, C. Sánchez, J. F. Jimeno, J. C. Jiménez de la Universidad de Alcalá de Henares y J. L. Robledo, de la Universidad Complutense de Madrid, las correcciones, comen­ tarios y sugerencias que hicieron a diversos borradores previos a este trabajo. Mi agradecimiento, en segundo lugar, a los asistentes a los cur­ sos de Evaluación Social de Proyectos que tuve ocasión de dictar a lo largo de varios años, tanto en la Universidad del Valle (Colom­ bia), como en los programas del CECA para funcionarios latinoa­ mericanos, el Doctorado de la Universidad de Alcalá de Henares y la Escuela de Organización Industrial (Madrid). Ellos fueron dejan­ do con sus preguntas, intervenciones, cuestionamientos y sugeren­ cias una huella muy positiva en estas notas, no por imposibles de personalizar, menos importante. Agradezco asimismo a G. Gavaldón la realización de los gráficos y figuras que acompañan el presente escrito. A Margarita Sánchez y Toñi Saiz su esmerado trabajo al hacer legibles mis manuscritos. Quisiera, por último, expresar mi reconocimiento más sincero a la labor desarrollada por el CECA, y en particular su director don Benito Ramos, uno de cuyos frutos es, sin duda, el libro que el lec­ tor tiene en sus manos.

INTRODUCCION La aceptación de un papel relevante para el Estado en el aconte­ cer económico de una sociedad moderna, ha tardado bastante en abrirse paso. Lo ha hecho además de manera no uniforme, con una delimitación muy clara dé los espacios en que se permite este inter­ vencionismo estatal y, aún en estos casos, de forma crecientemente contestada. La política anticíclica fue probablemente el primer aspecto en que se reconoció la necesidad de un papel activo por parte del sector público. Las consecuencias tremendamente negativas de la Gran Depresión mostraban para muchos la necesidad de una intervención gubernamental que las paliara y, a ser posible, evitara su repetición: el sistema, dejado a su suerte, parecía no estar en condiciones de garantizar un desarrollo sin sobresaltos. El Estado abandonaba el ostracismo al que le habían relegado los libros de texto neoclásicos y volvía a la escena. La teoría keynesiana completaba el panorama intentando proporcionar no sólo una explicación del porqué de la aparición de las crisis y de sus mecanismos propagadores, sino un marco teórico también, en el que poder articular la intervención gu­ bernamental. Cuando Paul Samuelson afirmaba no hace mucho que la mayoría de los economistas podrían considerarse keynesianos eclécticos, bien podía estar refiriéndose no tanto a la aceptación de las explicaciones de Keynes, como al hecho de que hoy casi todos aceptan el papel relevante del gobierno a la hora de combatir los aspectos más negativos del ciclo económico a corto plazo. A pesar de la creciente ofensiva neoconservadora y neoliberal que venimos sufriendo en los últimos tiempos. Aceptada pues la legitimidad de la intervención del Estado en esta parcela del acontecer económico, quedaba delimitada una clara división del trabajo. El mercado seguía al cargo de la asignación de recursos (decidir qué, cómo, dónde y para quién producir) mientras 9

que el Estado intervenía para evitar que el sistema pudiera volver a caer en una crisis, o para sacarlo de ella, paliando al mismo tiempo sus efectos más negativos sobre la población. Se había reabierto una parcela importante a la actuación del sector público, pero claramen­ te delimitada: la de la política económica coyuntural y anticíclica, a corto plazo. Sin embargo, y aunque sus consecuencias negativas no fueran tan aparentes, existía asimismo una creciente insatisfacción con la respuesta que el mercado no intervenido daba al problema que en la tremendamente simplificada historieta que acabamos de contar ha­ bía quedado a su cargo: el de la asignación de recursos. Las razones para ello, múltiples y complejas, serán objeto de análisis en el primer capítulo de este libro pero, una vez aceptadas, abrían un segundo frente a la actividad gubernamental cualitativamente distinto del primero. Si el mercado no funcionaba, el gobierno debería interve­ nir, de nuevo, para garantizar una asignación de recursos más cer­ cana al óptimo, a las preferencias de la sociedad. De cómo hacerlo trata precisamente este libro. No se trataba ya de evitar que el fun­ cionamiento del mercado volviera a sumir a la economía en una depresión o un auge incontrolados, sino de reconducir ese funcio­ namiento del mercado precisamente en lo relativo a uno de sus obje­ tivos esenciales: el de decidir qué producir, cómo y dónde hacerlo y el reparto de tal producción. Como tantas veces ha ocurrido en la historia de las ideas econó­ micas, los acontecimientos se estaban adelantando en muchos casos a la propia evolución de la teoría. De hecho, cuando todas estas inquietudes comenzaban a plasmarse en la aparición de artículos, libros, conferencias y seminarios dedicados al tema, aislados en un comienzo, de forma más estructurada en una segunda etapa, el Sec­ tor Público había ya adquirido un papel protagonista en la mayoría de los países desarrollados del área occidental e iba a adquirirlo mu­ cho mayor en el mundo subdesarrollado. No se trataba únicamente de una consecuencia de las políticas keynesianas adoptadas de forma generalizada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En parte como resultado de las mismas, en parte como consecuencia del iuntervencionismo propiciado por la propia guerra, pero también como fruto de esta insatisfacción con las respuestas del mercado, y de la llegada al poder de ideas políticas contrarias a abandonar la solución de problemas económicos y sociales a un sistema imperso­ nal, considerado por muchos como injusto e ineficiente, el hecho es que el Sector Público se encontró con un peso considerable en la

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economía. Peso que no se plasmaba únicamente en el volumen de recursos que circulaban por sus manos (impuestos y gastos), sino, sobre todo, desde la perspectiva que nos interesa, en el papel del Estado en la esfera productiva. Y no sólo en terrenos tradicional­ mente asumidos por él, dadas las dificultades de la presencia de la iniciativa privada (algunos servicios públicos, por ejemplo), sino en muchos casos en franca competencia con ella (el sector automotriz constituye un caso ilustrativo). A lo que habría que añadir asimismo una creciente presencia estatal en la toma de decisiones de las em­ presas privadas, condicionadas en gran medida por la política gu­ bernamental (créditos, licencias, etc.) y dirigida a reorientar su acti­ vidad hacia objetivos más en consonancia con el bienestar social. Así como la asunción por parte del gobierno de la responsabili­ dad de una política anticíclica hacía necesario un marco teórico en el que poder estructurar esta intervención (el ofrecido a grandes rasgos por la economía keynesiana), así la aceptación de un papel impor­ tante en la toma de decisiones, directa e indirecta, sobre la asigna­ ción de recursos, requería del correspondiente desarrollo teórico. El llamado Análisis de Costes y Beneficios Sociales (ACBS) podría ser considerado como la respuesta, en período de construcción, que está intentando dar la teoría económica a esta necesidad. De ello, como decimos, tratan las páginas que siguen. El Sector Público de nuestro país, y concretamente la adminis­ tración pública española, no quedaron al margen del desarrollo de estos planteamientos. Podría decirse incluso que es sorprendente la rapidez con la que tales inquietudes llegaron a abrirse paso en nues­ tra estructura administrativa. En efecto, en 1969 aparecía el primer texto globalizador en un campo específico del Análisis de Costes y Beneficios Sociales: la llamada Evaluación Social de Proyectos (Little y Mirrlees, 1969). Pues bien, apenas unos pocos años más tarde, en 1973, se creaba la Comisión Interministerial de Evaluación de Proyectos de Inversiones Públicas (1). En dicha Comisión en la que participaban los Ministerios de Hacienda (cuyo representante la pre­ sidía), Planificación, además de los afectados por la inversión, se intentaba, al menos sobre el papel, recoger unos criterios de rentabi­ lidad social que estaban cristalizando en aquellos años y cuyo des­ arrollo posterior analizaremos detenidamente. El intento posible­ mente fuera prematuro, dado lo incipiente del análisis mismo que se (I) Agradezco a J. A. García López y L. Sanchís las referencias que me propor­ cionaron sobre la utilización de criterios sociales dentro de la Administración Pública española.

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pretendía incorporar, es probable quizá que faltara la voluntad polí­ tica necesaria para llevarlo a buen puerto, pero no deja de ser una muestra de la rapidez con que las inquietudes sobre la rentabilidad social (la búsqueda de una asignación de recursos más cercana al óptimo social) circulaban en aquellos días, tanto en el ámbito aca­ démico como no académico. Un segundo frente se abría asimismo al poco tiempo. Concreta­ mente el Servicio de Estudios del INI iniciaba los trabajos para la elaboración de un marco teórico en el que poder realizar los Balan­ ces Sociales de las distintas empresas públicas. Aunque el objeto de estudio había cambiado en parte (se abandonaba la evaluación de la rentabilidad social de una inversión o proyecto para centrarse en la de una empresa) la problemática teórica era sustancialmente la mis­ ma. Este campo, sin embargo, había sido mucho menos explorado por la literatura. En 1976, y como muestra quizá de la persistencia de una inquie­ tud sobre las repercusiones sociales de la inversión pública, se inten­ tó revitalizar de nuevo la Comisión Interministerial de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, con los retoques necesarios pro­ ducto de los cambios habidos en la estructura de la administración del Estado. Este nuevo intento se producía, por lo menos en un aspecto, en condiciones más favorables que el anterior: se estaba produciendo a pasos agigantados una consolidación de la teoría del Análisis de Costes y Beneficios Sociales que permitía ya contar con una metodología, no exenta de problemas, pero más o menos esta­ blecida. La comparación con 1973 arrojaba, sin embargo, un ele­ mento negativo que terminaría por probarse decisivo. En efecto, 1973 había sido, por decirso así, el último año del optimismo. Aun­ que algunos de los elementos que configurarían la crisis posterior ya habían hecho su aparición^ el ambiente general reflejaba todavía un cierto sentido de abundancia. No era por ello difícil sostener la nece­ sidad de una mayor atención a los criterios de rentabilidad social, a menudo contrapuesta a la rentabilidad financiera. En períodos de auge y optimismo se hace más fácil justificar unas inversiones que, aunque desde un punto de vista estrictamente financiero, supongan números rojos, tienen unos probados beneficios sociales. En 1976, sin embargo, el panorama había cambiado drásticamente. No sólo el clima general era ya mucho más pesimista, sino que el propio peso que estaba adquiriendo la actuación del Estado para paliar los as­ pectos más negativos de la crisis, iba reduciendo progresivamente el margen de maniobra en el presupuesto de inversiones. El crecimien­

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to en términos absolutos y relativos del déficit del sector público dejaba muy poco espacio para emprender inversiones socialmente rentables pero que no generaban una corriente de ingresos suficiente para compensar los gastos. La evaluación financiera volvió a impo­ nerse sobre la social: lo importante era que las inversiones estatales, la actividad de las empresas públicas y la actuación del sector públi­ co en general, no incrementaran los números rojos. La rentabilidad social de estas actuaciones quedaba relegada a un segundo plano. Hoy en día, transcurridos casi dos lustros y aún en el túnel, esta tendencia no ha hecho sino reforzarse. Y, sin embargo, no es fácil apartar la sensación de que el cambio de énfasis ha sido quizá excesivamente simplista y no siempre bien dirigido. Es cierto que la propia magnitud de la crisis ha desviado gran parte de los recursos estatales en una dirección muy concreta (ayudas a la reconversión, subsidios de desempleo, etc.) al tiempo que ha reducido el crecimiento de las fuentes de ingresos. Pero no deja de ser cierto igualmente que precisamente en períodos de crisis debería ser todavía más importante que en situaciones de prosperi­ dad, el obtener la mayor rentabilidad social de unos recursos dados. Precisamente porque el bienestar de la colectividad es menor: cuan­ do hay poco, la importancia de una buena administración se hace mucho mayor. La falta de recursos por parte del Sector Público podría ser aceptada como un dato pero, una vez asumida, ¿no sigue siendo fundamental garantizar su utilización de forma que se logre el mayor aumento del bienestar social? La producción de nuevas variedades farmacéuticas por ejemplo puede ser enormemente ren­ table desde un punto de vista financiero pero ¿estamos seguros de que es la mejor forma de utilizar unos recursos escasos desde el pun­ to de vista del bienestar social? El problema es indudablemente complejo y no pretendemos aquí dar una respuesta demagógica al mismo. El simple hecho de que podamos legítimamente plantearlo, sin embargo, muestra la necesidad de no abandonar sin más los cri­ terios de evaluación social ante la avalancha arrolladora de la renta­ bilidad financiera. No son éstos, ciertamente, buenos tiempos-para el Análisis de Costes y Beneficios Sociales. Pero la necesidad sigue ahí, y los pro­ blemas que dieron origen a su nacimiento no han desaparecido, aunque hayan irrumpido en escena otros aparentemente más impor­ tantes (2). El propio Sector Público lo reconoce y acepta, aunque (2) Algo paralelo a lo que ocurrió en la Teoría del Desarrollo, muy conectada, por otra parte, con este campo. En las décadas de 1950 y 1960 asistimos a una verda-

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quizá de una forma todavía poco decidida. Veamos en este sentido tres botones de muestra relativos a nuestra propia administración pública: En 1984 se presentaba el Balance Social 1982/83 de RENFE, siguiendo el camino abierto por algunas grandes empresas del país, pero con una mayor correspondencia que en los casos anteriores, entre el contenido del informe y su título. A pesar de que nos encon­ tramos ante un intento “limitado, imperfecto y sujeto a gran canti­ dad de críticas”, no cabe duda de que se trata de un paso muy im­ portante, encuadrado además en un “proceso de enriquecimiento y perfección progresiva”. Ya tuvimos ocasión de mencionar con ante­ rioridad la realización de Balances Sociales como uno de los campos específicos de actuación del Análisis de Costes y Beneficios Sociales, campo en el que lleva ya muchos años trabajando el Servicio de Estudios del INI. El texto que nos ocupa es una cristalización en esa vía por parte de una de las empresas más importantes del país, en un campo en el que es difícil proceder de otra forma, y en el que se intenta que “... los problemas estrictamente financieros, por graves que éstos sean, ocupen un apartado más y no oscurezcan la visión de los ferrocarriles españoles... de lo que RENFE representa dentro de la actividad económica nacional”, (pág. 8.) Un primer paso pues, alentador, en la dirección correcta. La Dirección General de Presupuestos, en sus normas sobre es­ tructura y elaboración de los presupuestos del sector público estatal para 1985 (Orden de 23-4-1984) y, más concretamente, en el Anexo relativo a la estructura de los Contratos Programa a establecer con diversas empresas públicas, recogía lo siguiente: “Se considerarán además (dentro del análisis de las alternativas estratégicas) los bene­ ficios y costes de carácter indirecto que no tienen, por tanto, reflejo dera explosión de trabajos, artículos, textos, seminarios, cursos, conferencias, resolu­ ciones, sobre el problema del subdesarrollo. Décadas enteras fueron consagradas so­ lemnemente por las Naciones Unidas a este propósito. Los países adelantados estaban conociendo una fase de prosperidad sin precedentes y podían volver la vista hacia los problemas ajenos. El Desarrollo se puso de moda. Con los años 70 llegó una crisis de la que todavía no hemos salido. Los problemas domésticos del mundo adelantado volvieron a acaparar toda la atención. La problemática del mundo subdesarrollado quedó relegada otra vez a un segundo o tercer plano, salvo cuando reaparece de forma dramática. Las miradas que se dirigen hacia aquellos países son para recordar­ les que tienen que pagar su deuda externa. La Teoría del Desarrollo, tan de moda hasta hace pocos años, se encuentra hoy prácticamente en coma. Y, sin embargo, el problema sigue ahí.

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en la cuenta de explotación de la empresa pero que pueden justificar la alternativa elegida en base a razonamientos de naturaleza macroeconómica o social”. La puerta queda pues entreabierta aunque flota la sensación de que podría habese ido algo más lejos: pueden intentar cuantificarse bastantes de los “razonamientos de naturaleza social”. Aunque en un contexto todavía muy polémico e imperfecto, como tendremos ocasión de ver, el ACBS ha avanzado más en la solución de este tipo de problemas (cuantificación de intangibles, por ejemplo) que lo recogido en el texto comentado. Esta sensación es la predominante al analizar el tercer caso que mencionábamos. Nuestro país, en efecto, parece encontrarse en una etapa de transición en ia que, apenas iniciada la reforma del proceso presupuestario, se pretende abandonar la vieja organización, bási­ camente administrativa, de definición y asignación de recursos, ha­ cia un sistema orientado por los objetivos del Sector Público. Trans­ formar, en definitiva, un presupuesto de medios en un Presupuesto por Programas. Los Presupuestos Generales del Estado para 1985 son un buen ejemplo de lo antedicho. En ellos se encuentran las Memorias Descriptivas, Objetivos e Indicadores de los Programas de Gasto, desglosados por los distintos ministerios. Leyendo estas Memorias de Programas (sobre todo, en Ministerios como Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, Industria y Energía...) encontramos continuas referencias a objetivos e indicadores pertene­ cientes al campo de’ Análisis de Costes y Beneficios Sociales. La elaboración de los Presupuestos que estamos comentando, sin em­ bargo, no ha llevado a cabo esta integración. Podría afirmarse inclu­ so que no se hace referencia en ellos a la posibilidad de llevarlo a cabo. Y, sin embargo, como acabamos de apuntar, tanto la posibili­ dad como su propia utilidad no pueden descartarse. La reforma presupuestaria se encuentra ciertamente en sus co­ mienzos y son muchos los problemas que todavía hay que resolver. También es considerable el camino recorrido y, sobre todo, son enormes las posibilidades que el nuevo sistema abre. Con indepen­ dencia de la importancia que queramos darle, no cabe duda de ()ue una de ellas es precisamente la apertura de una vía para la introduc­ ción de criterios de rentabilidad social a la hora de evaluar y justifi­ car el papel del Sector Público como agente inversor o, en términos generales, como agente de gasto. El camino será largo, lento, trabajoso y problemático, pero es, al mismo tiempo, un camino por el que vale la pena echarse a andar.

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CAPITULO I

M ERCADO Y ASIGNACION DE RECURSOS

Uno de los problemas básicos con los que se encuentra la teoría económica es el de la asignación de recursos. Planteado en términos muy sinplistas esto querría decir, sencillamente, que la sociedad se en­ frenta al problema de tomar una decisión sobre cómo distribuir unos recursos escasos (capital, trabajo, recursos naturales...) en la produc­ ción de unos bienes cuya demanda parece superar siempre las posibili­ dades de la oferta. Esto es, sin embargo, una verdad a medias. Al deci­ dir sobre cómo producir, qué producir y cómo distribuir lo producido con esos escasos recursos de los que estamos hablando, la sociedad no sólo ha resuelto un problema técnico, más o menos complicado. Es evidente que la cosa va mucho más allá. La sociedad está deci­ diendo al mismo tiempo sobre la forma en que los individuos se relacionan para la producción y distribución de los bienes, sobre la apropiación del resultado de dicha producción, sobre su destino fi­ nal, etc. Elementos todos ellos que trascienden ampliamente la fron­ tera de la técnica para adentrarse en el terreno de lo social, de lo político. El problema de la asignación de recursos, como problema eco­ nómico que es, se inscribe pues en la esfera de las ciencias sociales. La respuesta que demos al mismo tiene, por tanto, una transcenden­ cia considerable. De tal forma que, como tendremos ocasión de comprobar enseguida, la solución al mismo conlleva la respuesta, mejor o peor, a gran parte de los problemas con los que se enfrenta la economía. 17

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde los orígenes mismos de lo que consideramos la economía como ciencia, aparece la preocupación alrededor de este punto. Fijando una fecha concreta, con todo lo que de arbitrario tiene este proceder, podríamos escoger la de 1776, año en el que se publi­ ca la obra fundamental de Adam Smith, el padre de la llamada Eco­ nomía Clásica. No cabe duda de que la inquietud con relación a ciertos problemas económicos, plasmada en obras de muy diversa índole, es muy anterior al siglo xvm . Sin embargo, consideramos a los clásicos como los iniciadores de la ciencia económica debido a que, a diferencia de sus precedesores, al tratar un problema concreto y ver de darle respuesta, lo hicieron de forma tal que, al mismo tiempo explicaban como funcionaba un sistema económico. La res­ puesta pues era globalizadora. Fijémonos, por ejemplo, en David Ricardo. El problema funda­ mental de la Economía Política consistía, según él, en determinar las leyes que rigen la distribución de lo producido entre las distintas clases sociales: trabajadores, capitalistas y terratenientes. Simplifi­ cando mucho las cosas podríamos afirmar que, encontrada una respuesta a este problema, habríamos resuelto al mismo tiempo el que se hallaba implícito en el título de la obra de Adam Smith: origen y causa de la riqueza de las naciones. Es decir: el problema del crecimiento económico en el largo plazo. En efecto, Ricardo consideraba que de las tres porciones distributivas en que se divide la producción total —salarios para los trabajadores, rentas para los terratenientes y beneficios para los capitalistas—, las dos primeras se consumían (bienes de primera necesidad y consumo suntuario), mientras que únicamente la tercera se invertía. De tal manera que, siendo la inversión la fuente de nueva producción, de nuevo empleo, de nueva riqueza, en definitiva, la participación de los beneficios en la producción total determinaría, en gran medida, la evolución de la sociedad en el largo plazo. Ahora bien, ¿de qué depende la distribución de lo producido? Pues, entre otras cosas, de qué es lo que se ha producido (no es lo mismo dedicar una tierra al cultivo de trigo que a coto de caza, desde el punto de vista de la distribución del producto final), y de cómo se ha producido (tampoco es lo mismo alquilar una cosecha­ dora para la recolección que contratar una cuadrilla de braceros). Y la respuesta a estos dos interrogantes, el qué y el cómo (a los que se podía añadir un tercero; el dónde) la da, bajo determinadas condi­ 18

ciones, un elemento muy sencillo: el sistema de precios. Es evidente que lo que yo produzca en mi tierra (dentro de lo que es factible) dependerá de los precios relativos del trigo, la cebada, etc., de la misma manera que el contratar o no maquinaria dependerá del pre­ cio de la hora de la cosechadora en relación al jornal de los trabaja­ dores agrícolas. Precio que incidirá, en gran medida, sobre la deci­ sión misma de cultivar la tierra o de dedicarla sencillamente a lo que apuntábamos antes: a coto de caza. La teoría de la distribución requiere pues de una previa teoría de los precios, tanto de los bienes y servicios, como de los factores pro­ ductivos. Y esta es la contribución esencial de los clásicos, la que les distingue de los economistas anteriores, ya que abordado así el pro­ blema, su respuesta era mucho más global: describían el funciona­ miento de un sistema económico, la organización de la sociedad desde este punto de vista. Y esta es la problemática (qué, cómo, dónde y para quién) que hemos denominado asignación de recursos. Ahora bien, la humanidad ha resuelto este problema desde el inicio mismo de la vida organizada. Y lo ha hecho de mil maneras diferentes. Pensemos en el imperio inca, los gremios medievales, las plantaciones de algodón con mano de obra esclava, las monarquías absolutas, las comunas populares... Es evidente que los clásicos, y los economistas en general, no estudiaron todas y cada una de esas posibles formas de resolver el problema. Es más, podría decirse que no analizaron ninguna de las conocidas. Prefirieron fijarse precisa­ mente como reacción a todas ellas en un modelo: el del mercado de competencia perfecta. La elección no era gratuita. Cuando los autores clásicos comenzaron a analizar el problema, existían, obviamente, mercados. Pero eran mercados intervenidos, no libres, sujetos a la arbitraria (para ellos) intervención de la coro­ na, de los gremios, de la legislación. Sometidos, en otras palabras, a los abusos del mercantilismo. Ante esa situación reaccionan. Obser­ varon las ineficiencias, los despilfarros, las pérdidas a que ese estado de cosas daba lugar y propusieron una alternativa: la competencia perfecta. Por ello, cuando explican el mecanismo de formación de los pre­ cios en estas condiciones, —el funcionamiento del sistema económico—, están al mismo tiempo recomendando que la sociedad actúe de esa manera. Porque de acuerdo a su teoría, es la mejor forma de hacer las cosas. De ahí que el nombre de la mayoría de sus tratados sea esclarecedor: Economía Política. No se trataba únicamente de utili19

zar modelos (simplificaciones de la realidad) para poder trabajar. Se trata de presentar un modelo, que se sabe no es precisamente una representación de la realidad, para recomendarlo. No existía pues el menor recelo en adentrarse en el terreno de lo normativo, de los juicios de valor, de lo que debería ser. Hoy en día la situación es bien diferente, probablemente para nuestra desgracia. Pero en fin, volvamos al hilo del argumento. El mercado competitivo es pues una forma de resolver el pro­ blema de la asignación de recursos a través de esas señales que lla­ mamos precios y que se forman en él. Es además la forma recomen­ dada por los primeros economistas teóricos como la mejor. No vale la pena reiterar el hecho de que, sin embargo, no ha sido tradicio­ nalmente la forma utilizada por la humanidad, sino que cae más bien en el terreno de los modelos ahistóricos. Actualmente, sin embargo, continuamos analizando las caracte­ rísticas del mercado de competencia perfecta, aunque con algunas modificaciones dignas de mención con respecto al planteamiento clásico. En primer lugar, la revolución marginalista ha dejado su huella no sólo en tanto a la potencia de los instrumentos de análisis utiliza­ dos (introducción del cálculo diferencial), sino en cuanto a la pro­ blemática misma objeto de estudio. En efecto, con la irrupción del marginalismo se desvía el foco de atención de la economía desde los problemas del largo plazo hacia una preocupación por el corto pla­ zo. Entramos incluso en el terreno de la estática comparativa en la que se analizan distintas situaciones de equilibrio con una concep­ ción lógica del tiempo, sin contenido histórico. En segundo lugar, se ha introducido completamente la distinción entre la llamada economía positiva y la economía normativa, y la . teoría económica ha pretendido anclarse en la primera, en el mundo del ser, de lo que es. Por ello, el análisis del funcionamiento del mer­ cado pretende circunscribirse al terreno de explicar lo que sucedería si las cosas funcionaran de ese modo. El pronunciamiento sobre si eso es bueno o malo se delega al nebuloso campo de la llamada Economía del Bienestar. En estas condiciones, sin embargo, las re­ glas de separación establecidas (si es que tal separación puede darse de hecho) se trasgreden continuamente: de la aparente explicación se pasa imperceptiblemente a la apología; el análisis de la llamada efi­ ciencia (término ya de por sí valorativo) se transforma a menudo en su defensa. Y esta es la forma en que acometemos hoy el análisis del funcio­

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namiento del mercado como mecanismo asignador de recursos. Re­ cogiendo un modelo ya planteado por los autores clásicos, el de la competencia perfecta, de carácter marcadamente irreal, y analizando la formación dentro del mismo, del sistema de precios. Es más, como es de sobra conocido, la teoría económica ha sido capaz igualmente de dar una mayor concreción a las intuiciones clá­ sicas: la solución del mercado competitivo al problema de la asigna­ ción de recursos es óptima (1). En este sentido, la sociedad tendría resuelto el problema: basta­ ría con dejar que el mercado actuara libremente para alcanzar una solución óptima. El sistema de precios de mercado habría consegui­ do este resultado. Y, sin embargo, las cosas no son así, lo que, entre paréntesis, explica la existencia de un texto como este. No son así por dos tipos de razones, claramente diferenciadas: En primer lugar, porque aunque la sociedad funcionara como lo indica el modelo de competencia perfecta, podríamos estar en des­ acuerdo con la solución final al problema de la asignación de recur­ sos. Por motivos de equidad. En segundo lugar, porque la sociedad no funciona como lo quie­ re el modelo. Como en el cuento del obispo y las campanas, podríamos haber empezado por este segundo motivo y habernos ahorrado el primero. No lo hemos hecho porque de esta forma podemos analizar más detenidamente el carácter valorativo de la propia respuesta del mer­ cado. Vayamos pues por partes.

II.

MERCADO Y DISTRIBUCION DE LA RENTA (2)

Hemos afirmado hace un instante y se prueba en el apéndice, que la asignación de recursos del mercado es óptima. Recojamos, por un momento, una de las característica de dicho óptimo con ayuda de la figura 1.1, que no es sino la correspondiente 1.9 del apéndice. Tenemos pues una economía muy simplificada en la que existen dos individuos (1 y 2) y se producen los bienes (A!j y X 2). Sabemos (1) En el apéndice a este capítulo se define con mayor rigor lo que se entiende por óptimo y se ofrece una prueba de la afirmación anterior. (2) Las personas poco familiarizadas con el análisis microeconómico pueden sal­ tarse este apartado para leer directamente las conclusiones del mismo.

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que el mercado situará al sistema en un punto como B en la frontera de posibilidades de producción (A A) y en el que además: R M T l2= R M S \ j donde R M T es la relación marginal de transformación entre los bienes X¡ y X 2 y R M S es la relación marginal de sustitución común de los individuos 1 y 2 entre los bienes X¡ y X 2. Las líneas 11 y s s son pues paralelas. Ahora bien, observamos que en el punto D, que es el compatible dentro de la caja de Edgeworth con el B de la frontera de produc­ ción, el individuo 1 (cuyo mapa de indiferencia se relaciona con el origen O) se queda con prácticamente todo lo producido por la so­ ciedad. En efecto, del total O Xf producido del bien X f, el individuo 1 retiene O X\ dejando pues únicamente X\ Xf para el individuo 2 (cuyo mapa de indiferencia está en relación con B). Y otro tanto ocurre con el bien X 2: OX'2 va para 1 mientras que 2 tiene que con­ formarse con X 2X*2. El mercado nos ha llevado pues a una situación

Figura 1.1

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óptima, partiendo de una distribución del ingreso que le permi­ te al individuo 1 quedarse con la práctica totalidad de lo producido. Una distribución diferente del poder adquisitivo, por ejemplo la im­ plícita en el punto C, supondría un nuevo punto óptimo en la fron­ tera de producción. En otras palabras, en el punto B la frontera de posibilidades de producción es tangente a una curva de indiferencia social ( CIS): la de orden mayor dentro de las alcanzables. Esto nos permite selec­ cionar a B como el “optimun optimorum” entre todos los puntos de la frontera A A: óptimos todos ellos también en el sentido de Pareto. ¿Cómo hemos construido sin embargo dicha familia de curvas de indiferencia social? Analicémoslo con ayuda de una caja de Edgeworth tal como la que aparece en la figura 1.2. En ella la sociedad está produciendo las cantidades O X f y O X% que reparte entre los dos sujetos de la siguiente forma: — El individuo 1 recibe OxX\ y O, X\ de ambos bienes, alcan­ zando el nivel de satisfacción que refleja la curva de indiferencia /? con respecto al origen Ox.

— El individuo 2 recibe lo que sobra: 0 2 X¡ = X\ X* del bien X¡ y 0 2 X \ — X 2 X 2 del bien X 2. Con ello alcanza el nivel de satis­ facción que recoge su curva de indiferencia /^. Como vemos, P e s un punto óptimo ya que se encuentra sobre la curva de contrato O, 0 2. 23

Supongamos ahora que, manteniéndonos sobre ¡1 deslizamos el mapa de curvas de indiferencia de 2 de tal forma que conservamos la tangencia entre /" y /"}. Algo así como si hubiéramos representado el mapa (invertido) de curvas de indiferencia del individuo 2 sobre un papel transparente, lo situaríamos de tal forma que se diera la tangencia en P cerrando la caja y, a partir de allí, lo hiciéramos resbalar sobre el papel en el que se encuentra dibujado el mapa de 1, manteniendo la tangencia entre las dos curvas. Llegaríamos así a un punto como F. ¿Qué sentido tiene F1 Analizando cuidadosamente el ejercicio anterior, observamos que al desplazar hemos ido desplazando también el origen 0 2. se ha deslizado todo el mapa de curvas de indiferencia y, por tanto, también su punto de referencia, el origen. F se halla, por tanto, ligado a un nuevo origen, 0 '2, al que corresponde naturalmente una nueva pareja de cantidades producidas: O X** y O X**2. La caja de Edgeworth cambia de dimensiones. Ahora bien, distribuyendo estas nuevas cantidades de acuerdo a lo dispuesto por el punto F , encontramos que ambos individuos alcanzan el mismo nivel de bie­ nestar que cuando se producía O X { y X 2 y se repartía de acuerdo a P: /" e I™ . Luego, podríamos añadir, el bienestar del conjunto de los individuos es el mismo en 0 2 (repartido en P) que en 0 2 (reparti­ do en F ). En definitiva, el origen 0 2 al desplazarse, siguiendo el ejercicio apuntado, va dibujando una curva de indiferencia social ( 0 \ 0 2 0 2) la cual no hace otra cosa sino reflejar las cantidades de X x y X 2 que, repartidas manteniendo inamovible arrojan el mismo bienestar para el conjunto. De esta forma pues, construimos las cur­ vas de indiferencia social que, llevadas a la frontera de posibilidades de utilidad (P P) tal y como hacemos en la figura 1.3., permite selec­ cionar el punto P* como el “optimun optimorun” de entre todos los de la frontera. Sin embargo, al igual que veíamos hace un momento, la pendien­ te de las C l S depende de la distribución de la riqueza que hayamos escogido como punto de partida. En efecto, la familia de curvas C I S de la figura 1.3., se originó a partir de un punto tal como P, en la figura 1.2. Puede probarse que la pendiente de la C I S en 0 2 está ligada a la pendiente (común) de las curvas de indiferencia en el punto de la curva de contrato desde el que se realiza el ejercicio. Lo que esto indica sencillamente es que, si en lugar de haber elegido P en la figura 1.2. hubiéramos partido de un punto como Q, las curvas de indiferencia social obtenidas tendrían una pendiente diferente en 24

0 2: por ejemplo, la de la familia de curvas C I S ’ en la figura 1.3. Con ella, no obstante,/1* deja de ser el punto óptimo: ahora lo es P**, lo que supone una nueva posición global de equilibrio (3).

Figura 1.3

¿Qué quiere decir todo lo anterior? Muy sencillo: que el hecho de que podamos considerar una asig­ nación de recursos (como la contemplada en un punto cualquiera de la frontera de posibilidades de utilidad o de producción) la mejor, depende de la distribución del ingreso que estemos considerando. Asignaciones que lo serían con una determinada distribución de la renta, dejan de serlo cuando ésta cambia. Y viceversa. ¿Qué tiene todo esto que ver con el mercado? Bastante. El sistema de precios de mercado lleva a la economía a la situa­ ción óptima, tal y como se ilustra en el apéndice, compatible con la (3) La frontera de posibilidades de utilidad es la envolvente de todas las posibles curvas de posibilidades de utilidad. Cada punto de la frontera, pues, es un óptimo paretiano completo que recoge unas determinadas cantidades producidas y una de­ terminada distribución de las mismas.

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distribución existente del ingreso. Es decir, el mercado de libre com­ petencia es, idealmente, un asignador de recursos eficiente en el sen­ tido de que; dada la distribución de la renta, lleva la economía a un óptimo paretiano completo. Esta eficiencia puede, sin embargo, es­ tar reñida con la equidad: podemos partir de una distribución del ingreso radicalmente injusta. Ahora bien, en el momento mismo en el que lo consideremos así, la respuesta del mercado deja de ser óp­ tima. Muchas personas se sienten inclinadas a pensar que las cosas están bien como están, que el mercado retribuye a los individuos de acuerdo a lo que se merecen y, por tanto, no tendrían el menor inconveniente en aceptar la validez de su respuesta al problema de la asignación de recursos. No está de más, sin embargo, recordar, como lo hacen Dasgupta y Pearce (1972, pág. 63), todos los elementos que tenemos que acep­ tar para llegar a dicha conclusión. El poder de compra de cada individuo, que es al fin y al cabo el que determina el punto de la caja de Edgeworth en el que se sitúa, depende de su dotación de recursos productivos (capital, fuerza de trabajo, recursos naturales), y de la remuneración que por ellos ob­ tenga. Veamos cada uno de estos dos elementos por separado. De acuerdo al modelo de competencia perfecta, los factores productivos se retribuyen según sus productividades marginales (4), es decir, de acuerdo a su contribución a la producción total. Derivar de ahí que eso es precisamente lo que se merecen, es, sin embargo, algo meto­ dológicamente ilícito: es derivar una proposición valorativa de una proposición fáctica. Tendremos algo más que decir sobre esto más adelante, concretamente en el nota 1 del capítulo 4. Aceptar como buena, en segundo lugar, la dotación de factores con la que el indi­ viduo llega al mercado supone, entre otras cosas: aceptar la propie­ dad privada sobre los medios de producción; la libertad de la perso­ na para disponer de los frutos de su trabajo; la libertad de heren­ cia..., lo que supone ir remontándose hacia atrás en el tiempo, prácticamente hasta el comienzo. Con lo que, como señala Winch (1975), nos encontramos ante un doble dilema: O bien la equidad distributiva se logra en el sistema competitivo por definición, ya que se encuentra incrustada en el esquema inicial (4) Pasamos por alto la controversia de Cambridge sobre la posibilidad misma de medición del capital.

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de propiedad de los factores productivos; o bien la equidad es un atributo de determinada distribución de la renta, y los esfuerzos pa­ ra conseguirla hacen que la respuesta del mercado no sea óptima y que, además, como tendremos ocasión de ver en el capítulo 4, su búsqueda socave la eficiencia. En cualquier caso, prácticamente todos los gobiernos del mundo incluyen entre sus objetivos el de mejorar la distribución del ingreso: de ahí que exista un impuesto progresivo sobre la renta de las per­ sonas físicas, fondos de compensación interterritorial, etc. No parece pues que la sociedad se muestre muy satisfecha con la distribución de la renta existente. En conclusión, podemos afirmar que aunque el mercado funcio­ nara tal y como se describe en el modelo de competencia perfecta, existirían razones para rechazar como no óptima su respuesta al pro­ blema de la asignación de recursos: bastaría con no aceptar como buena la distribución existente del ingreso. Pero es que además la parroquia no tenía campanas.

III.

LAS IMPERFECCIONES DEL MERCADO

La argumentación anterior se basaba en el supuesto de que el mercado funciona tal y como aparece en el modelo de competencia perfecta. Y esto no es así. El funcionamiento del mercado, en efecto, está sujeto a una multitud tal de imperfecciones que hacen imposible una respuesta óptima al problema de la asignación de recursos a partir de los precios derivados del mismo, la asignación de recursos resultante, como es bien sabido, no es siquiera eficiente. En el terreno que nos ocupa, estas imperfecciones se traducen en dos efectos: los precios de mercado son incorrectos, no reflejan lo que debería reflejar, o bien, no existen tales precios. Las causas de ambos fenómenos pueden ser comunes: insuficiente control, costes de información prohibitivos, indeterminación en el resultado, etc. Pero es conveniente separarlos a efectos de análisis, ya que la res­ puesta a dar en ambos casos difiere. A.

Precios incorrectos

Los fallos del mercado que hacen que sus señales (los precios) no reflejen el verdadero coste de oportunidad de los recursos utilizados, o la disposición a pagar de los individuos por los bienes producidos, 27

y que, por tanto, arrojan una asignación de recursos subóptima, son múltiples. Destacaríamos entre ellos: 1.

Monopolio, competencia imperfecta

Como es bien sabido, cuando la producción de un bien (X) se efectúa en condiciones de monopolio, no se produce la igualdad en­ tre el precio (P) de dicho bien y el coste marginal (CMg), lo que lleva a la economía a un punto no óptimo de Pareto. Podemos comprobarlo fácilmente con ayuda de la figura 1.4 (Gravelle y Rees, 1981, pág. 508), en la que para simplificar hemos supuesto la cons­ tancia, tanto de los costes marginales, como de los costes medios (C Má). El equilibrio del monopolio no discriminador de precios se sitúa en el punto A, con una cantidad producida igual a O XMy vendida al precio OPM(el indicado por la curva de demanda D D). Es evidente que esta situación no es un óptimo de Pareto ya que, en ese punto: PM> C M g

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lo que indica que los consumidores estarían dispuestos a pagar casi hasta PM por una unidad adicional del bien, cuyo coste margi­ nal es, sin embargo, inferior. En otras palabras, todos los sujetos involucrados en el intercambio podrían mejorar si los consumidores se pusieran de acuerdo con el monopolista en seguir pagando O PM por la cantidad O X My en adquirir unidades adicionales a un precio inferior. El óptimo se alcanzaría en C. Los consumidores podrían convencer al monopolista para que les vendiera O X* al precio O P* devolviéndole como parte del trato el área P* PMB A y re­ partiendo con él las ganancias que ello les supone: el área rayada ABC. El mercado, sin embargo, no permite llegar a este tipo de acuerdos dada la dificultad, por un lado, de identificar a todos los sujetos involucrados en la operación (todos los posibles compradores) y, por otro, la práctica imposibilidad de eliminar el problema de los “free riders” (5). Una vez establecido el precio O P* para el bien X, sería muy difícil evitar que una persona lo adquiriera a ese precio sin pagar la parte que le corresponde del acuerdo: lo necesario para compensar al monopolista. El resultado es pues una asignación subóptima de recursos: en condiciones de monopolio se produce una cantidad inferior a la so­ cialmente deseable. Este resultado puede generalizarse fácilmente al campo más real, tanto del oligopolio, como de la competencia im­ perfecta en general: tanto en el mercado de bienes y servicios, como en el mercado de factores. 2.

Desempleo

Cuando la economía se sitúa fuera del pleno empleo, es evidente que el precio del factor productivo en cuestión sobrestima su costo de oportunidad. Tendremos ocasión de extendernos ampliamente sobre este punto, pero advertimos que cuando existe desempleo, el salario de mercado no refleja el coste, para la sociedad, de emplear un trabajador. Aunque, de hecho, sea el coste en el que incurre el empresario que lo contrata. 3.

Sobrevaloración del tipo de cambio

En muchos países y, sobre todo, en el ámbito del mundo subde­ sarrollado, aunque no es cirtamente exclusivo del mismo, existe (5)

Algo así como los que “chupan rueda” en el argot ciclista.

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abierta o encubiertamente control de cambios. Lo que esto quiere decir es simplemente que al precio oficial de la moneda extranjera, la demanda de divisas supera la oferta. Se introduce pues un racio­ namiento de las divisas a través de licencias de importación, topes máximos a las adquiridas para viajes al exterior, etc. Las divisas son un recurso escaso cuya escasez, sin embargo, no está reflejada en el tipo de cambio oficial. De ahí que éste no recoja el sacrificio real que soporta el país cuando consume una de ellas, o el beneficio que supone generar una unidad adicional de moneda extranjera, a través, por ejemplo, de la exportación. Sin pronunciarnos sobre las causas de tal estado de cosas, lo cierto es que el precio de la moneda nacio­ nal, en términos de moneda extranjera, está sobrevalorado, lo que le impide reflejar la situación de escasez relativa de las divisas. El precio no está pues en equilibrio: no es un precio que vacíe el mercado. Y ello incluso, sin necesidad de que aparezca el control de cambios. Los aranceles y las medidas proteccionistas en general, de­ primen artificialmente la demanda de moneda extranjera. 4.

Inflación

Las elevadas tasas de inflación que ha venido sufriendo la socie­ dad, sobre todo, en los últimos años, terminan de complicar las co­ sas. La inflación en este sentido no sería un problema grave desde este punto de vista (acompañada de una depreciación paralela del tipo de cambio), si se extendiera de manera uniforme. De esta forma, se mantendría inalterada la estructura de precios relativos: todos se elevarían en la misma proporción. Sin embargo, éste no es el caso. El gobierno, sobre todo en los países subdesarrollados, controla al­ gunos precios muy sensibles (en relación al mantenimiento del orden social) en presencia de tasas de inflación elevadas en el resto de la economía. Tal es el caso de algunos alimentos básicos (trigo, maíz, arroz...), los transportes públicos, la vivienda, etc. Con ello lo que se logra es distorsionar la estructura de precios relativos, con el peligro añadido de retrasar e incluso agravar la solución de algunos de estos problemas básicos al desestimular la producción de dichos bienes. 5.

El mercado de capitales

De nuevo nos encontramos con un mercado altamente imperfec­ to que, paralelamente al mercado de cambios que acabamos de con­ templar, suele estar sujeto a un racionamiento implícito. Hasta no 30

hace mucho no era infrecuente encontrar tasas de interés negativas, una vez descontada la inflación. Es evidente que, en estas condicio­ nes, era un negocio pura y simplemente el endeudarse sin hacer nada más. Por otro lado, está claro el desestímulo que esto supone para el ahorro. El resultado no podía ser otro que un exceso de demanda de préstamos sobre la oferta de fondos prestables, lo que llevaba de la mano al racionamiento del crédito: los bancos discriminaban en fa­ vor de las grandes compañías, los clientes tradicionales y bien esta­ blecidos, las empresas multinacionales... Junto a este mercado, di­ gamos “organizado”, aparece el mercado de crédito “tradicional”, fuera de los grandes circuitos financieros, en el que los tipos de inte­ rés alcanzan cuotas verdaderamente usurarias: los cargados por el prestamista local a los pequeños agricultores, el tendero para finan­ ciar el consumo, etc. Sin necesidad de llegar a estos extremos, lo cierto es que la dis­ persión misma de tipos de interés existente en un momento determi­ nado es ya un indicador de las imperfecciones que aparecen en este mercado. Es relativamente fácil seguir añadiendo nuevos elementos a la lista. Vamos a detenernos aquí, sin embargo, porque probablemente ya se haya logrado el propósito que se buscaba: mostrar que los precios existentes se encuentran muy lejos de los que prevalecerían en una situación de competencia perfecta ideal y, por tanto, son señales que llevan a una asignación de recursos subóptima. Al mis­ mo tiempo hemos apuntado a grandes rasgos los fallos particulares' de tres mercados concretos de gran interés en capítulos sucesivos: el mercado de trabajo, el mercado de cambios y el mercado de capita­ les. Podemos pues pasar a analizar aquellas instancias en las que el sistema de mercado se ve imposibilitado para proporcionar un pre­ cio. No es que el precio sea inadecuado, sino que determinados bie­ nes o males no lo tienen. B.

Inexistencia de precio

En este caso, lo que se daría sería realmente la inexistencia de un mercado para dichos bienes y, por tanto, como corolario, la ausencia de un precio. Es evidente pues que, salvo una intervención guber­ namental correctora, la producción por parte del sistema de merca­ do de un bien que carece de precio será subóptima.

31

Analicemos tres de estos casos. 1.

Externalidades o economías externas

Cuando las acciones de un agente económico repercuten sobre el bienestar de otro (o sobre su función de producción) sin que exista posibilidad de cargar un precio por ello en uno u otro sentido, se dice que estamos en presencia de una externalidad. El ejemplo típico es el de la polución: cuando una fábrica de cemento inunda de polvi­ llo las viviendas circundantes, disminuye el bienestar de sus morado­ res sin que éstos (en ausencia de una intervención gubernamental) puedan cobrar al causante un precio por ello. El bienestar de los dos agentes (productor y consumidor, en este caso) es interdependiente pero esta relación no se haya reflejada en un precio. Al igual que existen externalidades negativas (deseconomías ex­ ternas) como la anterior, podemos encontrar externalidades positi­ vas (economías externas). El ejemplo que suele aparecer en los libros de texto es el de un jardín bien cuidado. Si mi vecino mantiene el suyo en estas condiciones genera una externalidad a mi favor, ya que hace más agradable a la vista todo el entorno. Lo disfruta él, pero también lo disfruto yo. Y viceversa, cuando lo tiene hecho un desastre. Un caso mucho más interesante, sin embargo, tiene que ver con la cualificación de la mano de obra. Supongamos que una empresa contrata a una persona no cualificada como conductor, por ejemplo, y que le va dando un entrenamiento de forma que con el paso del tiempo se convierte en un chofer cualificado. Si el trabajador en cuestión ha recibido a lo largo de este período el salario normal de mercado (y no el de un aprendiz), la empresa ha incurrido en el coste de su formación. Coste que se reflejaría en la ineficiencia de la per­ sona en tanto en cuanto termina de adquirir las habilidades de que se trata. Terminado este período, sin embargo, el sujeto es libre de abandonar la empresa y dirigirse a otra. En este caso, la primera estaría generando una externalidad positiva en favor de la segunda, ya que le habría formado un trabajador sin poder cobrar por ello un precio (6). (6 ) U n c a s o e n e l q u e s e p r o d u c e u n f e n ó m e n o p a r a le lo p e r o e n e l q u e n o e x is t e n e c o n o m ía s e x t e r n a s , e s e l d e lo s e q u ip o s d e f ú t b o l e n a q u e llo s p a ís e s e n q u e e x is t e el d e r e c h o d e r e t e n c ió n . E l c lu b , e n e f e c t o , f o r m a a u n j u g a d o r p e r o si é s t e q u is ie r a a b a n d o n a r lo , n o p o d r ía h a c e r lo a n o s e r q u e a d q u ir ie r a la c a r t a d e lib e r ta d o se a b o n a r a u n t r a s p a s o . S e tr a ta , e v id e n t e m e n t e , d e u n m e r c a d o c o n c a r a c t e r ís t ic a s s e m if e u d a le s .

32

Existen pues externalidades positivas y negativas. Las externalidades pueden clasificarse asimismo en tecnológicas y pecuniarias. Mientras que las primeras modifican la función de p ro ­ ducción del agente afectado, las segundas repercuten sobre los precios.

Figura 1.5

Veamos cómo afecta el bienestar de un agente económico la exis­ tencia de una externalidad negativa. Supongamos, por ejemplo, que una empresa productora de papel vierte sus residuos en un río en el que, aguas abajo, se haya instalada una piscifactoría. Es evidente que los vertidos de la papelera repercuten negativamente sobre el productor de truchas al contaminarle el agua. Nos encontramos pues frente a una externalidad tecnológica negativa de productor a productor. Analicemos sus efectos con ayuda de la figura 1.5. Observamos en ella que la producción de papel (A!j) se mide en la parte positiva del eje horizontal. Esta producción, para simplifi­ car, la suponemos función de la cantidad de mano de obra dedicada a su fabricación (L,), que se mide en el eje sur. De forma tal que en el cuarto cuadrante aparece la función de producción de papel: 33

X l= X l (L,). L es la cantidad total de trabajo con la que cuenta la economía. El tercer cuadrante nos indica simplemente cómo se re­ parte este recurso entre las dos líneas de producción apuntadas: L, y L2. Fijémonos un momento en el segundo cuadrante. La producción de pescado es obviamente función de cantidad de trabajo dedicado a ella. Pero no sólo eso. Será función igualmente de la cantidad de papel producida, ya que de ella dependerá el nivel de los vertidos y, por tanto, el grado de contaminación del agua. Lo que quiere decir sencillamente que a mayor cantidad de papel, menor cantidad de kilos de pescado producidos por hora de trabajo en la piscifactoría. Y esto es lo que observamos en el segundo cuadrante, donde la producción de X 2 es una función de L2 y del nivel de X t: tanto menor cuanto mayor sea este último. El resultado es una frontera de posibilidades de producción del sistema (A B) inferior a la que se obtendría en ausencia de este efecto negativo. Como el dueño de la piscifactoría, en un marco de no intervención estatal, no puede re­ clamar al productor de papel por la contaminación del agua, esta­ mos en presencia de una externalidad negativa. Al incidir ésta sobre la función de producción del agente afectado, cae dentro de la cate­ goría de las tecnológicas. Si el agente causante modificara el precio al que se enfrenta el afectado, estaríamos ante una economía o deseconomía externa p e ­ cuniaria. Tal sería el caso, por ejemplo, en el que una empresa llevara a cabo la construcción de una gran urbanización en una ciudad cualquiera. Si la envergadura de la inversión, al chocar con una oferta inelástica de cemento, elevara el precio de éste, se estaría ge­ nerando una externalidad negativa para todas las demás empresas constructoras, que ahora tienen que pagar más caro uno de sus in­ sumos. A veces nos referimos a este segundo grupo considerándolas economías y deseconomías externas a la empresa pero internas a la industria. La distinción, en cualquier caso, tiene mayor importancia de la que pueda parecer a primera vista. Mientras que las externalidades tecnológicas inciden sobre la dotación total de bienes y servicios de la sociedad (aumentándola o disminuyéndola), las pecuniarias no modifican ésta, sino que simplemente la redistribuyen. La empresa constructura, en efecto, no reduce con su actividad la cantidad de cemento existente (cosa que sí hacía la papelera), pero redistribuye renta en favor de los productores de cemento y en contra de las 34

demás constructoras. Algunos autores se han apoyado en este punto para propugnar un tratamiento diferencial con respecto a ambos ti­ pos de externalidades. Sin embargo, como ocurre a menudo en el campo de las ciencias sociales, suele ser bastante más fácil definir los dos tipos que decidir, en la práctica, ante cuál de ellos nos encon­ tramos. Muchas veces ambos fenómenos van juntos.

2.

Recursos comunes

Un segundo caso, en el que el mecanismo de mercado arroja una respuesta subóptima, es el de los recursos comunes: el mar, los la­ gos, ríos, etc. Al ser recursos de propiedad pública, ya sea nacional o internacional, no puede cargarse un precio por su utilización y ex­ plotación, lo que lleva a su progresivo agotamiento en ausencia de una intervención exterior al sistema de mercado. Supongamos, por ejemplo, un lago en el que se permite pescar sin ninguna limitación, y en el que la cantidad obtenida p o r persona es una función de las horas dedicadas a ello (todos los pescadores tienen pues la misma habilidad). Sin embargo, la pesca en el lago está sujeta, a partir de un cierto punto, a rendimientos decrecientes, de tal forma que el total no crece a la misma proporción que las horas dedicadas, sino a una proporción menor. Es más, traspasado un determinado límite, la cantidad total pescada comienza a dismi­ nuir, hasta llegar un punto en el que se hace cero. El exceso de pesca, sacrificando las crías e impidiendo la reproducción, ha termi­ nado por agotar la riqueza del lago. Todo ello podemos verlo con ayuda de la figura 1.6., en la que se ha representado la cantidad total de pescado capturado (X ) en el eje vertical y la cantidad total de horas dedicadas a la pesca (L) en el eje horizontal. Supongamos que el único coste en el que incurre el pes­ cador es el de su tiempo, medido por W; el salario al que renuncia por dedicarse a pescar o el que tendría que pagar a otra persona para que pescase por él. El punto de máximo beneficio sería en estas condiciones, obvia­ mente, P*, donde la diferencia entre el ingreso total obtenido (X *) y el costo incurrido ( W . L*) es mayor. Un único empresario que ex­ plotase racionalmente el lago se detendría en este punto. Ahora bien, la existencia de un beneficio positivo (X * — W . L*) junto a la 35

inexistencia de control, hace que más pescadores se sientan atraídos. Y esto ocurrirá en tanto en cuanto existan beneficios positivos. Es decir, hasta llegar a L0. En ese punto, los beneficios se han hecho cero para todos los pescadores. Es más, puede que sea ya un punto de degradación del lago; en el que el nivel de capturas sea excesivo, ponga en peligro la propia reproducción.

Figura 1.6

Retiremos ahora el supuesto de que él tiempo dedicado a la pes­ ca es un coste: al fin y al cabo mucha gente lo hace para distraerse. En ese caso, la recta W . L gira sobre O en el sentido de las agujas del reloj hasta confundirse con el eje horizontal. El resultado es ele­ mental: nadie captura nada. El lago está agotado. La existencia de recursos comunes pues, de propiedad colectiva, representa un fallo más en el mecanismo de mercado. Al ser incapaz éste de cargar un precio por su utilización y explotación (o lo que es equivalente: suje­ tarla a cuotas), lleva a una asignación de recursos subóptima, ya que estos recursos comunes terminan por agotarse. 36

3.

Bienes Públicos

Un caso paralelo al anterior es el de los bienes públicos. Vienen éstos caracterizados por dos propiedades fundamentales: — No exclusión. Cuando el bien público se ofrece a un indivi­ duo se ofrece simultáneamente a toda la comunidad: no po­ demos excluir a nadie de su disfrute. Es decir, el coste margi­ nal de ofrecérselo a una persona adicional es cero. — No rivalidad en el consumo. Cuando un sujeto consume el bien público, lo disfruta o lo sufre, no reduce el consumo potencia de los demás. Mi consumo del bien no impide que otro lo disfrute igualmente. Ejemplos típicos de bienes públicos son la defensa nacional, las emisiones de TV o de radio, la información meteorológica, los par­ ques, la señalización de carreteras y ciudades, etc. Estos pueden ser, como es obvio, opcionales (la radio) o no opcionales (la defensa). Junto a los bienes públicos existen también males públicos: todos tenemos algún candidato a engrosar esta categoría aunque proba­ blemente no todos nos pondremos de acuerdo en los mismos. El hecho de que sean públicos no quiere decir que tengan que ser necesariamente producidos por el Estado (aunque sea lo normal). Su producción depende de factores institucionales y de hecho algunos, como los programas de radio, lo son por empresas privadas. Su ca­ racterística fundamental, la que hace que el mercado no alcance un punto óptimo es la de la no exclusión. Al ser bienes no susceptibles de apropiación privada y exclusiva, o bien el mercado no los produ­ ciría, simple y llanamente, al no poder cobrar un precio por ellos, o bien los produciría en cantidades subóptimas. El consumidor tende­ rá a ofrecer un precio muy bajo, ya que sabe que el costo marginal de ofrecer el bien a una persona adicional es cero, y una vez que el bien se ofrezca a una sola persona, nadie puede privarle de su disfru­ te. Esto es lo que hace además tremendamente difícil llegar a cono­ cer su demanda real. Ante la pregunta sobre lo que valoraríamos el que se nos ofreciera un determinado bien público (la construcción de un paso elevado para peatones sobre la carretera que pasa por de­ lante de nuestra vivienda, por ejemplo), siempre estaríamos tentados a no decir la verdad. Si sospechamos que la pregunta va a ir acompañada de un recibo ulterior acorde con nuestros deseos, la respuesta será, nada: nos en­ canta torear coches a cien por hora. Confiamos en que ya habrá 37

alquien que mostrará cierto interés por él, y que, por tanto, será quien lo pague en mayor cuantía. Una vez instalado nadie puede impedirnos el utilizarlo. Si supiéramos (cosa siempre difícil) que no se nos va a cobrar por la provisión del bien, la respuesta sería obvia: no podemos vivir sin él (7). Cabría añadir que muchos bienes que en teoría serían públicos puros, como las playas, por ejemplo, pierden parte de este carácter debido a la congestión. En efecto, mi consumo del bien en este caso puede reducir el disfrute de los demás. Sea como fuere, el hecho es que los bienes públicos, por sus pro­ pias características, carecen de precio y, por tanto, no suelen ser ofrecidos normalmente por el mercado. Cuando lo son, la cantidad total proporcionada de los mismos es subóptima. Hemos visto pues, recapitulando, tres instancias en las que el mercado se muestra incapaz de ofrecer un precio. Siendo éstos pre­ cisamente las señales que se dirigen a los productores, es evidente que un sistema de esta naturaleza no puede darnos una respuesta adecuada. Si a ello añadimos que, como vimos en el epígrafe ante­ rior, los precios, cuando existen, no son siempre los adecuados, la conclusión a la que nos vemos forzados es evidente: el mercado no ofrece una respuesta óptima al problema de la asignación de recur­ sos. Llegados a este punto, puede justificarse la intervención del Es­ tado para corregir una situación como la anterior. Esta intervención puede revestir, y de hecho reviste muchas modalidades. Ahora bien, para lograr que esta actividad gubernamental sea coherente, no sea anárquica e incongruente, el Estado ha de tener una idea clara de lo que quiere conseguir, el punto hacia el que quiere acercar al sistema, y la información tanto empírica como teórica que le permita articu­ lar, de forma adecuada, su actividad económica. Tanto desde una perspectiva productiva, como desde una perspectiva reguladora. Es indudable, en este sentido, que un sistema de precios que lograra lo que no alcanzan los precios de mercado, es decir, actuar como seña­ les de lo que la sociedad desearía, constituiría una ayuda inestima­ ble. Los que hemos llamado, de forma un tanto incorrecta, precios sociales, se inscriben en esta dirección. Nadie afirma, ni mucho me(7 ) A u n q u e s o m o s ta n in c o s c ie n te s q u e m á s d e u n a v e z , y m á s d e d o s , n o s tir a r e ­ m o s a c r u z a r p o r la c a r r e te r a p o r a h o r r a r n o s u n o s m e tr o s . D e la m is m a m a n e r a q u e tie n e n q u e multarnos p a r a o b lig a r n o s a lle v a r el c in tu r ó n d e s e g u r id a d .

38

nos, que los precios sociales hayan logrado cumplir las funciones que hemos apuntado unas líneas más arriba. Probablemente porque el problema en sí mismo sea de imposible solución. Pero es, como trataremos de ver en las páginas que siguen, el marco teórico, la problemática, en la que se inscriben. La dirección en la que, con todas sus limitaciones, tratan de moverse.

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APENDICE La asignación de recursos del mercado y el óptimo de Pareto (8)

Vamos a mostrar sucintamente que el mercado de libre compe­ tencia lleva a una asignación de recursos óptima en el sentido de Pareto. Definamos primero qué se entiende por un óptimo de Pareto. Supongamos que tenemos dos alternativas, A y B tales que: A Pt B al menos un individuo (/) prefiere (P indica preferencia) A a B, y A /„_¡ B el resto (n—i) se muestra indiferente entre las dos ( / indica indife­ rencia). En este caso decimos que A es Pareto preferible a B. Si algún individuo (uno solo bastaría) mostrara, sin embargo, una preferen­ cia por B, de modo que BP}A

diríamos que A y B son incomparables en el sentido de Pareto. El óptim o de Pareto aparece cuando no existe ninguna otra al­ ternativa que sea Pareto preferible. Como es fácilmente comprensible, el criterio de Pareto no es so­ lamente muy restrictivo (la mayoría de las alternativas resultan ser Pareto incomparables), sino fuertemente proclive al mantenimiento del status quo: casi siempre habrá al menos una persona opuesta al cambio, lo que supone que éste no se puede justificar de acuerdo al criterio de Pareto. (8 ) L a d e m o s t r a c ió n q u e s ig u e p u e d e e n c o n tr a r s e e n c u a lq u ie r t e x t o d e t e o r ía m ic r o e c o n ó m ic a . L a p r e s e n t a d a a q u í s e b a s a e n el m a n u a l d e G r a v e lle y R e e s ( 1 9 8 1 ) .

41

Veamos pues ahora, las características que ha de reunir una asignación de recursos para poder ser considerada óptima. Supongamos un modelo muy sencillo en el que tenemos: — — — —

Dos bienes: X x y X 2 Dos sujetos: 1 y 2. Dos insumos productivos: z, y z2. Dos empresas, cada una de las cuales produce un solo bien: Xx y * 2 . Suponemos, asimismo, que cada sujeto es dueño de uno solo de los factores de producción. Las restricciones a las que está sujeto el modelo son: — Funciones de utilidad: Í 4 = f h ( * hi . -*h2 , z h) ( h = U 2)

[1 .1 ]

la utilidad de cada sujeto es, pues, función de las cantidades consu­ midas de cada bien y de la cantidad aportada del factor de produc­ ción que posee. Siendo zh las dotaciones iniciales de cada factor y: X x=

x 2=

X

*h2

£

* h2

h= I

h= I

las cantidades producidas. — Funciones de producción: X, = f¡ (z¡, , z i2)

(i = 1 , 2 )

[1-2]

la producción de cada bien depende de la cantidad de recursos pro­ ductivos asignada a la misma sujeta a: 2

.

2

Z| ^ Z| — X z¡i ; z2 — z2 .2 z¡2 [1-3] ¡= i i= i Analicemos, pues, las cuatro condiciones que han de cumplirse para que, en este modelo simplificado, la asignación de recursos sea óptima. 1.

Distribución de lo producido

Como podemos comprobar, con ayuda de la figura 1.7., la dis­ tribución de las cantidades producidas X¡ y X 2 (fijas en este caso) ha de hacerse de tal manera que el sistema se sitúe en la curva de con­ 42

trato de la caja de Edgeworth: O, 0 2. Curva que tiene la propiedad, como es bien sabido, de que a lo largo de ella son tangentes las curvas de indiferencia de los dos individuos (I*,, IJ2), situada cada familia de ellas con relación a un origen distinto (O, y 0 2) de tal manera que se cierra la caja.

Figura 1.7.

A lo largo de esta curva se cumple asimismo que: R M S\2=R M Sl2

[ i.4]

es decir, que la relación marginal de sustitución entre los bienes X, y X, para el individuo 1 (R M S\ 2) es la misma que para el individuo 2. Luego, 1.4 será la primera condición que ha de cumplir la asigna­ ción de recursos para ser considerada óptima. Cualquier otro punto, tal como P|, por ejemplo, no es un óptimo de Pareto, ya que, sin empeorar a nadie, podemos mejorar al menos a una persona: si­ tuándonos en P2 ó P3, por ejemplo (9). Es interesante anotar, sin embargo, que lo anterior no nos facul­ ta para afirmar que un punto óptimo de Pareto (P4, por ejemplo) sea (9 ) C a b e s e ñ a la r q u e e s t o s u p o n e la in e x is t e n c ia d e envidia, e s d e c ir , q u e e l b ie ­ n e s ta r d e u n in d iv id u o n o e m p e o r a al m e jo r a r e l d e o tr o . D e h e c h o h e m o s s u p u e s t o q u e e l b ie n e s ta r d e u n s u je to e s independiente d e l d e o tr o .

43

siempre preferible a un no óptimo (/*,): ambos son en este caso in­ comparables. Lo que sí podemos decir es que dado un punto no óptimo (/*,) siempre será factible encontrar un óptimo preferible (todos los puntos situados entre P2 y P3).

2.

Utilización de los factores productivos

Al igual que en el caso anterior, y como vemos con ayuda de la figura 1.8, la asignación de los factores productivos debe ser tal que se sitúe, de nuevo, en la curva de contrato. Ahora, sin embargo, las dimensiones de la caja vienen dadas por la dotación total de factores (2, y z 2). 02

y las curvas representadas en el interior son las isocuantas: cada una de ellas representa, en relación al origen respectivo, una determinada cantidad producida del bien. Los puntos de la curva de contrato cumplen la propiedad: R M ST\ 2 = R M ST \ 2 44

[1.5]

es decir, que la relación marginal técnica de transformación entre z, y z2 en la producción de X x (R M S T \ 2) es la misma que en la pro­ ducción de X 2. Tenemos, pues, la segunda condición.

3.

Producción y distribución

Junto a las dos condiciones anteriores necesitamos una que haga compatibles ambos equilibrios. En efecto. Supongamos que, en la figura 1.9, nos situamos en el punto B de la frontera de posibilidades de producción (cumpliendo, por tanto, la condición 1.5) y que repar­ timos lo así obtenido de acuerdo al punto C que, al estar en la curva de contrato, cumple la condición 1.4. El resultado, sin embargo, no es un óptimo de Pareto. La razón estriba en que las líneas 11 y s s, pendientes, respectivamente, de la relación marginal técnica de transformación y de la relación marginal de sustitución, respectiva­ mente no son paralelas.

Figura 1.9.

En efecto, y ampliando el entorno de cada punto, la R M S en C nos dice que cada individuo estaría dispuesto a renunciar a la canti­ dad D B del bien X 2 a cambio de obtener D E de X¡. (Hemos lleva­ do la línea s s, punteada, al punto B). Sin embargo, la pendiente de 45

la R M S T en ese punto nos dice que, reduciendo la producción de X 2 en una cantidad B D podemos obtener a cambio D F de A",. Lue­ go la sociedad podría hacerlo, compensar a los individuos con lo que piden, D E de X {, y todavía sobraría la cantidad E F. Regalán­ dosela a uno de ellos (o repartiéndola entre los dos), éste estaría mejor sin que nadie empeorara. La situación original, pues, no era óptima. Se necesita que las pendientes de ambas rectas sean iguales, es decir: R M S T\\\ = R M S \ \ \ lo que constituye la tercera condición.

4.

[1.6] "

Oferta de insumos productivos

Introducimos por último la posibilidad de que varíe la frontera de posibilidades de producción. Para ello hacemos variable la canti­ dad ofrecida de cada insumo productivo (lo que modificaría las di­ mensiones de la caja de Edgeworth en la figura 1.8), y nos pregun­ tamos cuál será su oferta óptima. La respuesta podemos analizarla con la ayuda de la figura 1.10. En ella aparecen las curvas de indife­ rencia del individuo 1 ( f x , l\ , l\) en función de la cantidad consu­ mida del bien X x(medida en el eje vertical) y de la cantidad ofrecida del factor de producción que posee para la producción de ese bien (zn , medida en el eje horizontal). Como se supone que el bienestar es una función negativa de esta última variable (tanto menor cuanto más se trabaja), el mapa de indiferencia es ascendente en sentido noroeste. El sujeto se sitúa en un punto óptimo cuando su relación margi­ nal de sustitución entre el consumo del bien y la oferta del factor (R M S[II7Í, es decir, la pendiente s s de la curva de indiferencia) es igual al valor de la productividad marginal de su factor en la pro­ ducción de dicho bien ( V P Mgl[XU: la pendiente m m de la función de producción que no hemos representado para no complicar la fi­ gura). Supongamos, como ocurre en la figura, que ello no es así. La pendiente s s nos dice que el sujeto estaría dispuesto a ofrecer la cantidad B D de su factor (trabajar más horas, por ejemplo), a cam­ bio del consumo adicional de D E unidades de X {. Pero la pendiente m m de la función de producción nos está informando de que, aña­ diendo esa cantidad de z l5 la producción adicional es D F, luego el 46

individuo mejoraría haciéndolo. La situación original, pues, no era óptima. Para que lo sea es necesario, generalizando, que: R M S"m a = V P M g A xM

[1.7]

Xm

o

Z, Figura LÍO.

Y con ésta tenemos ya las cuatro condiciones que ha de cumplir una asignación de recursos para ser considerada óptima. El sistema de mercado de competencia perfecta, ¿las cumple? Efectivamente: Sabemos que los consumidores maximizan su utilidad, sujetos a la restricción presupuestaria, de tal forma que: rms

12= — Pi

h = 1, 2

[1.8]

donde p, y p 2 son, respectivamente, los precios de los bienes X t y X 2. De la misma manera: RM Sl = ^~ P¡

h , i = 1 ,2

[1.9]

en la que w es el precio del factor productivo. Las empresas, por su parte, llevan la contratación de factores productivos hasta lograr la igualdad: P M g zlxi

[ 1. 10] 47

es decir, hasta donde el valor de la productividad marginal del factor iguala su precio. Y combinan los insumos productivos de tal manera que: R M S Tx j = ’ P M gz2x¡

[1.11] w2

Finalmente, sabemos que los mercados se vacían de forma que consumo —producción

[1.12]

oferta de factores = utilización de factores

[1.13]

De las propiedades anteriores es fácil deducir el cumplimiento de las cuatro condiciones antedichas. En efecto: De 1.8, R M S [ 2= R M S \ 2

[1.14]

ya que los precios son los mismos para todos los consumidores De 1.11, R M S T\ 2 = R M S T] 2

[1.15]

ya que, igualmente, los precios de los factores productivos son idén­ ticos para todas las empresas. De 1.10, podemos derivar: Pi _ p2 _

P M%2\ P M gn

_

/ PMgu = w, l p M g2{ .

w2 / P Mg2\ = P M g 22

P M g 22 P Mg2\

de donde, teniendo en cuenta 1.8 y 1.11: R M S \\\ = R M S T\’\ Finalmente, de 1.9: R M S¡ ,

P\

y de 1.10: PMgn 48

P M g ii _

P.

[1.6]

luego: P M %U = R M S \ V

[1.7]

con lo que quedan completas las cuatro condiciones apuntadas. La prueba anterior es ciertamente restrictiva (requiere la diferenciabilidad y convexidad en las funciones de producción y en las de utilidad, así como la no existencia de valjres negativos), pero no es la única posible. Y sirve para el propósito que nos habíamos traza­ do: mostrar que el sistema ideal de competencia perfecta cumple las condiciones para llegar a un óptimo de Pareto.

49

i

I

CAPITULO SEGUNDO

A N A LISIS DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES El sistema de precios de mercado, tal y como acabamos de ver, no permite alcanzar un óptimo desde el punto de vista social. El Gobierno pues esta legitimado para intervenir, intentando corregir este estado de cosas. Ahora bien, para ello, el ejecutivo necesita co­ nocer cuál es concretamente ese óptimo social al que el mecanismo de mercado no nos permite llegar. Precisamente su actividad correctora irá dirigida a intentar acercar a la sociedad a ese punto ideal. Como este estado de cosas. Ahora bien, para ello, el Ejecutivo necesita co­ la situación en que uno se encuentra no es buena, y otra, muy distin­ ta, conocer con precisión cuál es la mejor. El conocimiento de lo primero, desgraciadamente, no siempre implica la certeza sobre lo segundo. Y éste es precisamente el problema al que nos enfrentamos aho­ ra: ¿Cómo puede saber el Gobierno qué es lo que la sociedad quiere, de tal manera que pueda encaminar su actividad en esa dirección? ¿Cómo conocer cuál es la asignación óptima de recursos, en base a la que designar una familia de precios sociales que la reflejen? La respuesta a estos interrogantes, como veremos enseguida, dis­ ta mucho de ser sencilla. I.

LAS PREFERENCIAS SOCIALES

No es éste ciertamente el lugar para llevar a cabo una revisión en profundidad de lo que la llamada Teoría Económica del Bienestar ha dicho sobre el problema de la elección social. Pero sí podemos apuntar, a modo de resumen, algunos datos interesantes. La teoría económica, enfrentada al problema de la ordenación de prioridades por parte de la sociedad, suele partir de un principio 51

básico: las preferencias individuales cuentan tal y como las percibe el el sujeto. Es decir, el individuo es el mejor juez sobre su propio bienestar, el que mejor sabe lo que le conviene o deja de convenir. Esto no siempre es así, y muchas veces el Estado interviene precisa­ mente porque cree lo contrario, pero la economía del bienestar actúa como si lo fuera. Con esta base las preferencias sociales, lo que la sociedad quiere, se construyen a partir de las preferencias individua­ les. Se trata pues de un juicio de valor individualista, muy acorde con toda la filosofía subyacente al modelo de mercado de libre com­ petencia, y que como tal puede aceptarse o no. El problema con este tipo de opiniones claramente valorativas es que muchas veces cree­ mos obtener como resultado, como algo probado por el modelo, lo que ya estaba implícito en los supuestos de partida. En el caso que nos ocupa, la lógica de la economía de mercado deja poco margen para la aparición de una racionalidad social, que explique, de algún modo, la actividad del individuo. No porque tal racionalidad no exista en la vida real, sino porque como recordaban Godelier o Joan Robinson, el modelo parte de unos supuestos distintos. No es de extrañar pues que las conclusiones del modelo tiendan a favorecer el individualismo pero no en base a que sea lo mejor, sino porque así estaba contemplado en los supuestos de partida. Pero volvamos al problema que nos ocupa. Partimos de las preferencias individuales para intentar edificar el sistema de preferencias sociales. Nos encontramos pues ante un pro­ blema de agregación. Como es bien sabido, fue Bergson uno de los primeros autores que propuso una Función de Bienestar Social construida a partir de las funciones de bienestar individuales. Función de Bienestar Social del tipo: F B S = U ( U U U2... Un)

[2.1]

en la que L/¡ representa la utilidad del individuo i-ésimo (i = 1... n). El problema de una F B S, como la planteada por Bergson, estriba en su falta de especificación. Una cosa es afirmar que la F B S de­ pende de las funciones de bienestar individuales, y otra decir cómo. ¿Vamos a considerar funciones de utilidad ordinales? ¿Cómo las agregamos a este caso? ¿Todos los individuos van a contar con el mismo peso? Preguntas a las que, simplificando mucho, intentó dar respuesta Arrow, aunque planteando el problema en un marco lige­ ramente distinto. Arrow buscaba, en efecto, una regla de elección colectiva que permitiera pasar de las ordenaciones individuales ante 52

una serie de alternativas, a la ordenación social de la misma. La regla de elección colectiva sería precisamente la que nos permitiera dar el salto. Para ello Arrow lo único que hacía era pedirle que cumpliera una serie de requisitos mínimos, de modo que fuera am­ pliamente aceptable como tal regla por la colectividad. El nombre mismo que Arrow dio al resultado de sus trabajos, como es de sobra conocido, resume mejor que nada su sentido: teorema de la imposi­ bilidad. Probablemente las conclusiones que puedan extraerse de un teo­ rema de nombre verdaderamente rotundo no sean tan extremas co­ mo éste pudiera invitar a pensar, pero sirven para ilustrar un punto de gran interés en el tema que nos ocupa. Y es éste, en efecto, la dificultad de arbitrar un mecanismo que nos permita conocer en to­ do momento cuál es la opinión de la sociedad ante una serie de alternativas concretas. Sobre todo, cuando, como ocurre muchas ve­ ces en el campo de lo económico, nos encontramos ante una serie de problemas cuyo contenido técnico les desvía del centro del conoci­ miento y de la atención de gran número de personas. Problemas que, sin embargo, no van a dejar de repercutir sobre su bienestar una vez que se haya decidido por una u otra alternativa para su solución. Esta situación se complica cuando, en el terreno en el que nos estábamos moviendo, las consideraciones de eficiencia se ven com­ plementadas con el problema de la equidad. Al fin y al cabo era éste el que nos hacía dudar de la bondad del mercado aún cuando fun­ cionara idealmente. Quizá por ello muchos economistas han optado por preocuparse de garantizar la eficiencia, cosa en la que aparentemente todos nos pondríamos de acuerdo, despreocupándose del problema de su dis­ tribución, terreno en el que comienza la polémica. Esto, sin embar­ go, nos deja en un campo poco comprometido pero poco operativo asimismo: el de los óptimos de Pareto. Muchas situaciones pueden ser aceptables desde el punto de vista de la eficiencia y perfectamen­ te rechazables desde la perspectiva de la equidad. Es más, en la ma­ yor parte de las ocasiones, la actividad correctora del sector público se encontrará con algún sujeto opuesto a ella por considerarse per­ judicado. En ese mismo instante el criterio de Pareto se desvanece y no nos permite pronunciarnos sobre el cambio. En el caso concreto de la asignación de recursos, es muy probable que algún individuo se sienta perjudicado por la regulación de las imperfecciones del mer­ cado (el monopolista al que se obliga a fijar el precio de acuerdo al 53

coste marginal, el productor de papel al que se fuerza a instalar un filtro depurador...), por lo que el criterio de Pareto no sería de gran ayuda. Quizá por ello dede hace ya bastante tiempo los economistas sa­ ludaron y en gran medida adoptaron un criterio que aparentemente permitía superar las dificultades apuntadas. Era el llamado criterio de la compensación o criterio de Kaldor-Hicks. La formulación del criterio de Kaldor-Hicks era sorprendente por su sencillez: ante dos alternativas A y B, incomparables en sen­ tido de Pareto, acéptese el paso de A a B si los beneficiados p o r el mismo pudieran compensar a los perjudicados y, efectuada la com­ pensación, siguieran prefiriendo el cambio. En otras palabras, si existe una cantidad tal {la compensación) que, entregada por los favorecidos en el cambio hace que los perjudicados se declaren indi­ ferentes y los primeros sigan deseando que se produzca, el cambio se justificaría de acuerdo a este criterio. La idea, además de sencilla, es tremendamente razonable. Si el paso a la situación B cumple el criterio de Kaldor-Hicks, es claro que esta nueva situación encierra un mayor bienestar potencial glo­ bal que la primitiva: los que ganan pueden compensar a los que pierden (que de esta forma quedan como estaban) y seguir mejoran­ do. La sencillez aparente del criterio escondía, sin embargo, dos ti­ pos de problemas. En primer lugar, un par de problemas que po­ dríamos llamar técnicos. Por un lado, existe la dificultad, en ocasiones, de calcular la compensación necesaria. El mismo Hicks contribuyó a intentar re­ solver este problema proponiendo varios esquemas en los que, des­ graciadamente, no podemos detenernos: variación compensatoria, variación equivalente, excedente compensatorio y excedente equiva­ lente. Por otro, podría darse el hecho de que, como no tardó en descu­ brir Scitovsky, el criterio de Kaldor-Hicks pudiera llevarnos, bajo de­ terminadas condiciones, a argumentar en círculo. En efecto, podría darse el caso de que el cambio de A a B estuviera justificado apli­ cando el criterio de Kaldor-Hicks y viceversa. Es decir, planteada la opción de regresar de B a A, ésta se justrificará igualmente utilizan­ do el mismo criterio. De modo tal que el criterio de Kaldor-Hicks no permitiera elegir entre A y B. Este fenómeno, conocido como es bien sabido por el nombre de paradoja de Scitovsky se debe a que al pasar de A a B, en el caso concreto de dos puntos en la frontera de posibilidades de producción, cambia la relación marginal de sustitu­ 54

ción entre ambos, cambian los precios relativos, y cambia pues la situación de los individuos con respecto a ellos. Todo lo cual queda reflejado en la figura 2.1. Observamos en ella como la situación A (X\, A^) repartida en C, es incomparable con la situación B (X \, X \,, repartida en D: las distintas familias de curvas de indiferencia se cortan. Sin embargo habría un nuevo reparto de B, tal como D', que sí es comparable con la situación original, ya que genera la curva de indiferencia l\, comparable con /{. El paso de D a D' viene dado precisamente por la compensación. Siendo l \ además preferible a /}, el criterio de Kaldor-Hicks se habría cumplido. Ahora bien, plan­ teemos el paso inverso. La situación B, con el reparto D, es incom­ parable con A, repartida en C. Sin embargo, existiría un nuevo re­ parto de A, tal como C', que haría ambas situaciones comparables, generando la curva l\. Además al ser l \ preferible a l \ , tendríamos que el paso de B a A también se justifica de acuerdo al criterio de Kaldor-Hicks. En definitiva, una argumentación en círculo. De nue­ vo nos encontramos, sin embargo, con un problema técnico que po­ dría resolverse, en principio, aplicando el criterio Kaldor-HicksScitovsky, es decir, asegurándonos de que no pueda darse la parado­ ja de Scitovsky. El problema fundamental del criterio de Kaldor-Hicks no es, sin embargo, técnico, es un problema más de fondo. Xjl

55

Tal y como está planteado, lo único que exigimos para que un cambio cualquiera pase el filtro, es que los ganadores puedan com­ pensar a los perjudicados. Que la compensación exista. En ningún momento se plantea que los beneficiados compensen de hecho a los perdedores. De acuerdo a Kaldor y Hicks, el que la compensación potencial se convierta en compensación real es un problema que, de nuevo, entra en el terreno de lo político. Lo único que hacen ambos autores es procurar que se garantice la eficiencia (podría decirse que una situación que supere el filtro de Kaldor-Hicks es más eficiente: hay más bienestar a repartir), pero sin pronunciarse sobre su distri­ bución. Al fin y al cabo, si la compensación real se llevara a cabo el criterio de Kaldor-Hicks sería superfluo: las dos situaciones pasarían a ser comparables en el sentido de Pareto y podríamos elegir entre ellas. Y esta es la mayor debilidad del criterio de la compensación, la que marca claramente sus límites. Es evidente que un cambio cual­ quiera podría superar este criterio y empeorar drásticamente la dis­ tribución del ingreso si no se lleva a cabo la compensación. El paso quedaría justificado en base a la eficiencia pero sería probablemente rechazado socialmente por motivos de equidad (1). Parecemos pues condenados a tropezar siempre con la misma piedra: la teoría eco­ nómica está dispuesta a pronunciarse sobre la eficiencia de una de­ terminada asignación de recursos, pero rehúsa hacerlo sobre la justi­ cia de su distribución, sobre su equidad. Rehuye entrar en el terreno de lo político de las opiniones valorativas, aunque la discusión sobre la eficiencia misma, como hemos apuntado, tampoco está libre de ellas. Nos hemos detenido más de la cuenta quizá en en análisis del criterio Kaldor-Hicks porque, a pesar de sus debilidades, ha sido empleado con frecuencia en la tarea de buscar un nuevo sistema de precios que sustituya a los de mercado. En conclusión, podríamos terminar diciendo que es bastante di­ fícil saber ante una serie de alternativas cuál es la preferible desde el punto de vista de la sociedad. La teoría económica apenas puede apuntar cuál es la más eficiente, sin adentrarse en el problema de cuál es más justa, punto tan importante como el anterior.

(1 ) L a e q u id a d n o s ie m p r e r e c o m ie n d a q u e la c o m p e n s a c ió n se lle v a a c a b o . P e n ­ s e m o s , p o r e je m p lo , e n la p o s ib ilid a d d e r ep a r tir p a r te d e la s tie r r a s n o c u lt iv a d a s d e u n h a c e n d a d o e n tr e lo s tr a b a ja d o r e s a g r íc o la s s in tie r r a . E l q u e la c o m p e n s a c ió n se lle v e a c a b o o n o , es u n p r o b le m a político.

56

La teoría de la elección colectiva ha avanzado bastante más en este terreno, aunque sigue chocando con problemas como el del teo­ rema de la imposibilidad, las votaciones insinceras, las coaliciones, etc (2). Estos problemas, sin embargo, no han impedido avanzar un trecho considerable en el camino hacia una mayor racionalidad y aunque en menor medida, hacia una mayor justicia.

II.

ANALISIS DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES

A.

Los precedentes

De los dos grandes tipos de imperfecciones de mercado que he­ mos analizado en el capítulo anterior, fue precisamente la inexisten­ cia de precios en algunas ocasiones, la que primero propició una in­ quietud económica sobre el problema de la asignación de recursos. En gran medida porque una parte considerable de la actividad inver­ sora del Estado (en el terreno de las obras públicas, por ejemplo) caía de lleno en este marco, lo que dificultaba enormemente la medi­ ción de los beneficios sociales que tal actividad reportaba. Pense­ mos, por ejemplo, en la canalización de un río, o en la construcción de una presa, que no sólo evita destrucción de bienes y cosechas, sino que ahorra vidas humanas ante una potencial inundación. Mientras que el mercado puede valorar mejor o peor esos bienes no puede hacerlo con tanta facilidad con la vida humana. O con el tiempo, que es el principal beneficio de la construcción de una nueva carretera: se tarda menos en llegar. Pensemos en la construcción de hospitales, escuelas, campañas de vacunación, erradicación de en­ fermedades, disminución de la polución, recuperación del paisaje y del entorno, etc. Son actividades todas ellas cuyo beneficio funda­ mental no tiene, en apariencia, precio. Hay que construirlo. El reto teórico que ello implicaba era importante, ya que ni si­ quiera sirven los criterios con que el sistema de mercado tiende a identificar los costes y los beneficios. En este sistema en efecto, para un empresario cualquiera, coste es todo aquello que directa o indi­ rectamente puede traducirse en una erogación monetaria (incluyen­ do el no recibir una corriente de ingresos), mientras que beneficio es todo aquello que, directa o indirectamente supone un ingreso mone­ tario (incluyendo el ahorro de un coste). En dos palabras, coste es (2 )

U n a d is c u s ió n m á s d e t a lla d a d e e s t o s a s p e c t o s p u e d e v e r s e , p o r e j e m p lo , e n

S e n (1 9 7 6 ).

57

todo aquello que, valga la redundancia, cuesta dinero, mientras que beneficio es lo que lo proporciona. En el caso que ahora nos ocupa, este criterio ya no es válido. Utilizamos en su lugar uno muy fácil de definir pero tremendamente difícil de aplicar: beneficio es todo aquello que eleva el bienestar de la sociedad y coste es lo que lo reduce. Vale la pena llamar la atención sobre d hecho de que ya hemos desdoblado el problema en dos. El criterio apuntado nos sirve en efecto para identificar los costes y beneficios que llamamos sociales, para distinguirlos de los privados (los que el mercado considera co­ mo tales). Existe pues, frente a una rentabilidad privada, una deter­ minada rentabilidad social. Ahora bien, para calcularla, no es sufi­ ciente con identificar costes y beneficios: hay que valorarlos. El mer­ cado cumple estas funciones con respecto a la rentabilidad privada simultáneamente. Los precios sociales (en seguida matizaremos este término) son los que nos deberían permitir, en principio, la valora­ ción de costes y beneficios sociales. Nos hemos separado pues do­ blemente de la racionalidad del mercado. Por un lado, en cuanto al criterio elegido para identificar los costes y los beneficios. Por otro, en cuanto a los precios que tendremos que utilizar para valorarlos. Y este era el reto teórico al que se enfrentaba lo que hemos lla­ mado el Análisis de Costes y Beneficios Sociales. Análisis que pre­ tende llevarnos a una asignación de recursos óptima, desde el punto de vista social y que, en una primera etapa, se concentró, como de­ cimos, en el problema de la inexistencia de precios para muchos casos concretos de inversión pública. Aunque el período de auge del Análisis de Costos y Beneficios Sociales vendrá después de la II Guerra Mundial, existen algunos precedentes anteriores sobre todo en el terreno de las obras hidráuli­ cas, y en los Estados Unidos. Así, por ejemplo, la Flood Control Act de 1936, cuyo antecesor no era otro que la River and Harbor Act (1927), analizaba ya los beneficios de una política de contención de inundaciones contemplada como una inversión social. A pesar de que la mayoría de los beneficios tenía un precio calculable (pérdidas en cosechas, bienes muebles y propiedades, traslado y alojamiento de los eventuales damnificados, etc.), aparecía ya uno cuya contabi­ lidad era mucho más difícil: vidas salvadas. Aunque el concepto de beneficio social permanecía todavía relativamente socuro, es eviden­ te que el planteamiento mismo del problema se separaba ya del cálculo de la rentabilidad privada, básico en la economía de mercado. Estos primeros trabajos, en el campo de los recursos hidráulicos, 58

se completaron posteriormente con el Libro Verde aparecido en 1950 y, sobre todo, con el Programa Harvard de Recursos Hidráulicos (1962). Entre ambos, sin embargo, lo que hasta entonces había sido una aproximación un tanto asistemática al problema, había irrum­ pido ya en el ámbito académico. No sólo se había despertado la polémica, sino que habían aparecido las primeras obras teóricas al respecto: los trabajos de Eckstein, Krutilla, Mac Kean, etc (3). El lenguaje mismo comenzaba a incorporar categorías relativas al nue­ vo campo. En 1962, y en otro país, Inglaterra, se aprueba un proyecto su­ mamente complejo que recogía gran parte de los retos teóricos ante­ riores: la construcción de una nueva línea ( Victoria Line) en el metro de Londres. El estudio de Foster y Beesly había contemplado ya beneficios como la descongestión del centro urbano, el ahorro de tiempo tanto para los antiguos pasajeros, como para los que se veían atraídos por la nueva línea a la utilización del metro... Beneficios que giraban en gran medida alrededor de la valoración del tiempo. Algo parecido a lo que ocurría en relación, también en el Reino Unido, al estudio sobre la construcción de una nueva autopista, la M-l (Londres-Mánchester) llevado a cabo al comienzo de la década de los 60. En este segundo caso aparecía de nuevo, junto al ahorro de tiempo, el ahorro de vidas humanas, como uno de los beneficios sociales más importantes del proyecto. En Estados Unidos y fuera ya del campo de los recursos hidráu­ licos, aparece asimismo un trabajo sumamente interesante debido a Klarmaii: el estudio de los beneficios de la erradicación de la sífilis. Se incluían entre ellos beneficios no sólo el ahorro que tal campaña supondría para el futuro en cuidados médicos, o la producción que ya no se perdería por enfermedad del trabajador, sino que también se contemplaban beneficios como la desaparición del dolor y las in­ comodidades (tanto físicas, como sociales) que la enfermedad causa a quien la contrae. Quizá sea no obstante el informe de la Comisión Roskill (1970) sobre la construcción del tercer aeropuerto de Londres, el trabajo más elaborado de esta primera etapa del Análisis de Costes y Bene­ ficios Sociales. Dos años de estudio, más de un millón de libras esterlinas de presupuesto y nueve volúmenes publicados con el resul­ tado de la investigación, dan buena idea de la magnitud del empeño. (3 )

E l a r c h ic o n o c id o t e x t o d e P r e st y T u r v e y (1 9 7 0 ) c o n t ie n e u n a b u e n a h is t o r ia d e

e s 'a p r im e r a p a r te d e l a n á lis is .

59

Y eso que, como señalaron unánimemente sus críticos, era sólo un análisis de costes sociales. Sin embargo, antes de que el informe de la Comisión Roskill hubiera visto la luz, abriendo un debate público sobre el particular, un nuevo texto anunciaba una segunda etapa en el Análisis de Cos­ tes y Beneficios Sociales, más sistemática y, al mismo tiempo, más globalizadora. En ella nos encontramos.

B.

Evaluación social de proyectos

El texto al que nos referimos no es otro que el de Little y Mirrlees (1969), dos profesores del Nuffield College de Oxford, publica­ do en 1969 bajo los auspicios de la OCDE. Varias son las modificaciones que introdujeron estos autores en relación con la línea anterior. Al igual que en el caso de los precedentes que hemos contempla­ do, Little y Mirrlees hicieron del proyecto el objeto de estudio cen­ tral de su análisis. Ahora bien, a diferencia de ellos, no se fijaron en un proyecto concreto, con nombre y apellidos, sino que su manual pretendía servir para evaluar socialmente cualquier proyecto que re­ uniera determinadas características sumamente generales. En el caso del texto apadrinado por la OCDE: proyectos industriales del sector público, preferentemente localizados en países subdesarrollados. Es decir, la idea básica era la misma: saber si un proyecto determinado se justifica desde el punto de vista de su impacto sobre el bienestar social, o elegir entre una serie de alternativas las más favorables socialmente. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, Little y Mirrlees pretendían presentar unos criterios, unos precios, que permitieran tomar tal decisión, ante cualquier serie posible de alter­ nativas (dentro de las características apuntadas). Nacía pues el ma­ nual de Little y Mirrlees con una pretensión de generalidad y de abstracción de la que carecían en cierto modo los ejemplos que he­ mos analizado hasta ahora. En segundo lugar, Little y Mirrlees plantearon su trabajo en el campo más descuidado hasta entonces, descuidando, a su vez, en cierta forma el que había sido objeto de análisis. En otras palabras, Little y Mirrlees se dedicaron fundamentalmente al estudio de las imperfecciones del mercado concretadas en los precios existentes, intentando presentar pues una familia de precios alternativos. Antes que proponer precios allí donde no existían (externalidades, etc.), 60

prefirieron presentar una alternativa (que recogiera los cambios en el bienestar social) a los precios de mercado. Con ello abandonaban el terreno que había dado origen precisamente al Análisis de Costes y Beneficios Sociales, pero que al mismo tiempo presentaba dificulta­ des muy considerables. Planteaban de esta forma el problema en un campo más concreto, en el que además la teoría económica se movía con mayor soltura. Por otro lado, la relevancia práctica de este nue­ vo campo de análisis era tan gránde, o incluso mayor, que la del anterior. Así se mueva en el terreno de las externalidades, la activi­ dad inversora del sector público utiliza unos recursos que tienen precio. Precio que, sin embargo, no refleja el coste social de utilizar­ los. La construcción de un hospital, por ejemplo, no sólo ayuda a aliviar el dolor y la enfermedad: consume cemento, mano de obra, divisas, energía. Recursos todos ellos cuyo precio no es el adecuado. Habría que añadir además que la actividad económica del Estado en la esfera productiva ha trascendido ya aquel terreno original, en­ trando muchas veces incluso en competencia con la iniciativa priva­ da, a través, por ejemplo, de la empresa pública. La producción de estas empresas (acero, automóviles, barcos, carbón, etc.) tiene que ser valorada con unos precios distintos de los de mercado para eva­ luar su contribución al bienestar social. Finalmente, es cierto' que Little y Mirrlees restringieron la utilización de su manual a la eva­ luación de proyectos públicos. La razón obvia es que no podemos pretender del empresario privado otra cosa que precisamente eso, que actúe como un empresario. Es decir, que maximice beneficios de acuerdo a los precios de mercado, que son a la postre con los que tiene que trabajar. Sin embargo, también es cierto que el Estado ha ido adquiriendo una capacidad de presión sobre la iniciativa privada cada vez mayor, sobre todo, desde el momento en que ésta acude muchas veces al Sector Público en demanda de financiación. Lo que quiere decir simplemente que, si bien el gobierno no puede pretender que la iniciativa privada actúe de acuerdo a los criterios del Análisis de Costes y Beneficios Sociales, sí puede intentar orientar la activi­ dad empresarial en esa dirección. Que es, no se olvide, la más con­ veniente desde el punto de vista social. En definitiva, Little y Mirrlees abordaron el problema de la asig­ nación de recursos desde el principio, comenzando por sustituir los precios de mercado, y con una perspectiva globalizadora: propo­ niendo unos criterios de aplicación general. Con ello se introducían además, en un terreno de importancia práctica creciente. No tardó mucho en aparecer el segundo gran texto en la línea 61

abierta por Little y Mirrlees. Unicamente tres años, y esta vez vino apadrinado nada menos que por las Naciones Unidas, concretamen­ te por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sus autores, A. K. Sen, P. Dasgupta y S. Marglin, llamaron a su texto: Pautas para la evaluación de proyectos (1972). A diferencia de Little y Mirrlees, Sen Dagupta y Marglin ya no circunscribían las pautas a los proyectos industriales, aunque se­ guían moviéndose fundamentalmente en el ámbito de los proyectos públicos. De la importancia que estas obras comenzaron a tener, da idea el que el número de febrero de 1972 del Bulletin o f the Oxford Institute o f Economics and Str.tistics estuviera dedicado enteramente a re­ coger las contribuciones de un simposium celebrado en Oxford alre­ dedor del manual de Little y Mirrlees. Probablemente como resulta­ do de las posiciones y críticas allí presentadas, así como del trabajo realizado por Little y Scott al frente del Nuffield College Project (dedicado al estudio de casos concretos), los dos autores presentaron una nueva edición de su texto pocos años más tarde: Little y Mirr­ lees (1974). No se trataba realmente de una segunda edición del tex­ to original, sino de una edición revisada en profundidad, que intro­ ducía algunos cambios sustanciales, aunque probablemente menores que los anunciados por los autores (4). Finalmente, en 1975, vino a unirse a la lista un tercer manual auspiciado, aunque oficiosamente, por el Banco Mundial: Squire y van der Tak (1975). Estos tres textos fundamentales constituyen pues el núcleo de lo que hemos dado en llamar la segunda etapa del Análisis de Costes y Beneficios Sociales (la evaluación social de proyectos) aunque, en rigor, se trata más bien de una parte del mismo. En el ámbito de la literatura económica francesa existe asimismo un método de evalua­ ción social de proyectos que, sin embargo, y por pura ignorancia, nos vemos desgraciadamente imposibilitados de recoger aquí (5). Estos textos afrontan pues la tarea de construir una fam ilia de precios que sirva como señal para lograr una asignación de recursos óptima. A pesar de que en su origen estén dirigidos hacia un objeti­ vo aparentemente más modesto (la decisión sobre inversiones con­ cretas), el problema teórico planteado es realmente éste. (4i) L a t r a d u c c ió n c a s t e lla n a d e l m a n u a l, L ittle y M ir r le e s ( 1 9 7 5 ) e s , s in e m b a r g o , d e la primera edición, la d e 1969. ( 5 ) S o b r e e l m étodo de los efectos d e P r o y y C h e r v e l p u e d e c o n s u lt a r s e , p o r e j e m ­ p lo , B a la s s a (1 9 7 6 ).

62

La terminología al respecto probablemente no haya contribuido a aclarar el panorama, antes al contrario: así se ha hablado para de cuenta, económicos, sociales, de eficiencia, etc. Procuraremos poner un poco de orden en este maremagnum enseguida, ya que no ner un poco de orden en este maremagnum enseguida, ya que no siempre se refieren a lo mismo, pero la idea básica detrás de ellos no varía. Se trata de señales, que ayudan a tomar una decisión sobre lo que es más conveniente desde el punto de vista social. No son, por tanto, evidentemente, los precios con los que vamos a operar (se opera con los precios existentes), sino los precios con los que vamos a evaluar, a tomar una decisión.

1.

Los objetivos sociales

El primer gran problema con el que se enfrentaba un intento de este tipo era uno que ya hemos tenido ocasión de apuntar. Si bus­ camos unos precios que nos lleven a una asignación óptima desde el punto de vista social, necesitamos saber primero qué es lo que quiere la sociedad. Ya mencionamos en su momento las dificultades de construir una Función de Bienestar Social a la cual poder referir cualquier decisión. Los tres textos que estamos analizando sortearon este primer escollo buscando, ante todo, la operatividad, de una manera muy simple. Centrándose en aquello en lo que existe acuer­ do y dejando abierto el resto. En este sentido, dentro de la multitud de elementos que forman parte de la F B S, los autores citan dos individualizados como los más relevantes: 1.

La cantidad de bienes y servicios a disposición de la socie­ dad: el consumo global. No habría excesiva dificultad, ar­ gumentan, en ponerse de acuerdo sobre que, a mayor canti­ dad de bienes y servicios, mayor bienestar. Podría aducirse que, algunas veces, estos bienes y servicios responden más bien a necesidades creadas artificialmente y que, por tanto, no elevan en rigor el bienestar social. No suele ser éste el caso, sin embargo, en el ámbito de la actividad pública, y menos aún en el mundo subdesarrollado. Podríamos poner­ nos de acuerdo pues en que elevar el consumo de la sociedad eleva su bienestar, y llamar a esto objetivo eficiencia. Obsér­ vese que todavía no hemos entrado a valorar la cuantía de este incremento. 63

2.

La distribución de dichos bienes y servicios. Sí es verdad, en efecto, que dentro de ciertos límites, la sociedad está tanto mejor cuando más tiene, también lo es que el mejor o peor reparto de lo que se posee incide sobre el bienestar global. Una mejora en la distribución lo eleva, aunque no se aumen­ te lo distribuido. Esta distribución de bienes y servicios tiene tres aspectos que podemos diferenciar a efectos de análisis: entre personas (distribución personal); entre regiones o áreas geográficas {regional); y en el tiempo {temporal). Las tres son importantes y todas constituyen lo que llamamos él objetivo equidad. Como ya hemos señalado repetidamente, sin em­ bargo, una cosa es ponerse de acuerdo en que una mejora en la distribución del ingreso eleva el bienestar, y otra muy dis­ tinta saber qué es una mejora, y en cuánto eleva el bienestar. A todos estos puntos intentan dar respuesta los textos que estamos contemplando aunque introduciendo un alto grado de flexibilidad.

La distinción entre estos dos objetivos ya nos permite una prime­ ra matización terminológica. En efecto, podríamos comenzar por diferenciarlos. Normalmente nos referimos a la búsqueda de la rentabilidad privada, como cálcu­ lo de la rentabilidad financiera de una inversión. Esta se haría pues en base a los precios financieros, que son simplemente los precios de mercado. Abandonamos este terreno y nos adentramos en el campo del análisis de costos y beneficios sociales. Utilizaremos entonces unos nuevos precios, a los que llamaremos genéricamente precios de cuenta. Supongamos ahora que prescindimos del segundo de los objeti­ vos expuestos y que nos interesa concentrarnos únicamente en el objetivo eficiencia: en garantizar que la sociedad obtenga la máxima cantidad posible de bienes y servicios sin preocuparnos de su distri­ bución. Se dice, en este caso, que buscamos la rentabilidad econó­ mica. Los precios utilizados para ello serán los precios de cuenta de eficiencia, o precios de cuenta económicos. Utilizaremos el primero de estos dos términos en su versión compacta, a lo largo del libro: precios de cuenta, al igual que las Pautas de la ONUDI. Aunque como ya hemos apuntado creemos que esta categoría es algo más amplia, seguiremos esta terminología especificando cla­ ramente los casos en los que nos referimos a ellos en los términos más generales arriba expuestos. 64

Introduzcamos ahora el objetivo equidad, junto con el ya con­ templado de la eficiencia. Esto nos llevaría al análisis de la rentabili­ dad social, efectuada con ayuda de los precios de cuenta sociales o, en forma más manejable: precios sociales. Las Pautas los denominan factores de ponderación. Es importante señalar que estos precios sociales o factores de ponderación introducen un juicio de valor adicional a los contem­ plados en los precios de cuenta de eficiencia: el relativo a la distribu­ ción del ingreso. Por ello podríamos introducir alternativamente a la equidad, algún otro objetivo que nos parezca importante con rela­ ción al bienestar social y que comparta esta característica con el apuntado: requerir un nuevo juicio de valor. Es lo que hace, por ejemplo, la ONUDI de la mano de lo que denomina necesidades meritorias: tales como la independencia nacional; el fomento del trabajo femenino, etc. La introducción de estas necesidades merito­ rias de lugar pues a nuevos factores de ponderación (precios socia­ les) referidos a este objetivo concreto. ” Recapitulando un poco tendríamos pues:

Precios de cuenta

Í

De eficiencia: objetivos eficiencia. Sociales: objetivos eficiencia y equidad.

Existen al mismo tiempo una serie de precios de cuenta que son generales, en el sentido de que son aplicalbes, una vez calculados, en cualquier circunstancia sin necesidad de mayores adaptaciones. Son los llamados, siguiendo la terminología de las Naciones Unidas, p a ­ rámetros nacionales. Los demás dependen de las condiciones parti­ culares en las que hayan de ser utilizados y han de ser adaptados pues a cada caso concreto. En líneas generles seguiremos esta nomenclatura en los capítulos que siguen, ya que, a pesar de no ser comunmente aceptada (podría decirse que comienza a cristalizar con el texto del Banco Mundial), pone un poco de orden en esta maraña terminológica.

2.

La elección del numerario

El segundo gran problema con el que se enfrentan los textos mencionados es el de la elección del numerario: de una vara común de medir los cambios en el bienestar que propicia la actividad del 65

sector público. No nos estamos refiriendo, como es obvio, a la elec­ ción de una moneda. Cualquiera serviría. Se trata de elegir un ele­ mento común que permita comparar y medir la contribución a los objetivos apuntados de cualquier acción del Sector Público (o del sector privado) que estemos enjuiciando. Un candidato que inmediatamente surge para este papel es el consumo. En efecto, podríamos intentar medir cualquier modifica­ ción introducida en el bienestar social a través de su equivalente en consumo. Traducir, por ejemplo, una mejora en la distribución del ingreso, al incremento en el consumo global que generaría un aumento del bienestar social equivalente. Los precios de cuenta ven­ drían medidos pues en unidades de consumo, que están ya directa­ mente relacionados con el primero de los objetivos que señaláoamos. Esto es precisamente lo que hacen las Pautas de las Naciones Unidas: utilizar el consumo como numerario. Little y Mirrlees, en la primera edición de su libro habían optado por un numerario diferente: la inversión. Aunque a primera vista pueda parecerlo, la elección no se distanciaba mucho de la que aca­ bamos de ver. Al fin y al cabo, invertir no es otra cosa cue sacrificar consumo hoy en favor de un mayor consumo mañana. El numerario que se estaba utilizando era pues, de hecho, consumo futuro. La razón que les llevaba a optar por esta segunda alternativa era una simple constatación empírica. Los países subdesarrollados (a los que estaba fundamentalmente dirigido su manual) no parecían muy sa­ tisfechos con el ritmo de crecimiento de la renta nacional alcanzado. Esto les llevaba, en total acuerdo con lo que suele recomendar la teoría económica, a prim ar la inversión, como fuente de la acumula­ ción de capital y de una mayor tasa de crecimiento. De ahí pues el porqué de su elección. En la segunda edición de su libro, aquilataron algo más la elec­ ción del numerario utilizado aunque, como tendremos ocasión de ver más adelante, sin apartarse realmente del marco anterior. Este numerario, algo más pulido, fue el que adoptó a su vez el Banco Mundial para el que el numerario era “el ingreso público de libre disponibilidad medido en términos de moneda convertible” (Squire y van der Tak, 1976, pág. 69). La razón de reducirlo a divisas se apoyaba en los graves proble­ mas de balanza de pagos que enfrentan en general los países subde­ sarrollados, y que hacen de la moneda extranjera un recurso particu­ larmente escaso. En este sentido no es lo mismo que los beneficios de una inversión se materialicen en divisas que en moneda nacional. 66

Son mucho más valiosos en el primer caso. Volveremos sobre ello en el próximo capítulo. La razón de exigir además que este ingreso gubernamental sea no afectado obedece simplemente a que vale más el de libre disposición. Y a este numerario es al que han de traducir­ se todos los costes y todos los beneficios sociales generados por una actividad cualquiera. Es importantísimo señalar que la elección de uno u otro no pre­ juzga en absoluto sobre el peso relativo, en cada manual, de un obje­ tivo frente a otro: consumo presente versus consumo futuro (inver­ sión-ingreso gubernamental, como veremos). En el primer caso, simplemente traducimos todos los costes y beneficios sociales (me­ dimos los precios) en consumo hoy, mientras que en el segundo los reducimos a inversión (consumo mañana). De la misma forma que la elección entre dos alternativas no puede cambiar si en lugar de evaluarlas en pesos las evaluamos en dólares o en pesetas, el cambio de numerario tampoco tiene por qué prejuzgar en favor o en contra de unos objetivos determinados. La elección de este segundo numerario (ingreso público) al que con el tiempo parecen haberse ido acercando algunos textos apare­ cidos en la órbita de las Naciones Unidas (6 ), obedece pura y sim­ plemente a razones operativas (Bruce, 1976). Por un lado, al tratarse de la actividad del sector público, obra en su favor el hecho de que expresamos los costes y beneficios en una unidad perfectamente comprensible para el administrador pú­ blico, acostumbrado además a manejarla. Por otro, el numerario consumo choca con una pequeña dificul­ tad adicional: su no neutralidad. En efecto, en el momento en que introduzcamos el objetivo equidad junto al de eficiencia, ya no so­ mos indiferentes sobre quién recibe este mayor consumo. El valor del numerario se vería pues sujeto a modificaciones por este concep­ to, algo poco conveniente tratándose de eso, de un numerario. Y este es el tipo de razones que lleva a preferir uno sobre otro: simple operatividad. Con lo anterior tenemos ya los ingredientes necesarios para abordar el estudio de cómo se ha llevado a cabo la construcción de una familia de precios de cuenta. El problema como hemos tratado de probar, es general. Con independencia de que el objeto de estudio de los manuales que hemos revisado sea el proyecto, la validez de los precios de cuenta trasciende este marco concreto, a pesar de que los (6 ) V é a s e , p o r e je m p lo , H a n s e n (1 9 7 8 ).

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pasos fuera de él sean todavía tímidos. Un ejemplo de superación de este estrecho ámbito de partida quizá nos lo proporcionen los estu­ dios que han comenzado a realizarse sobre la elaboración de Balan­ ces Sociales (7). En este caso, el centro de atención no es el proyecto, sino la empresa. La importancia de esta apertura no puede desde­ ñarse: ¿hasta qué punto está justificado, por ejemplo, el volumen de subvenciones que reciben algunas empresas públicas? La respuesta debería pasar, obviamente, por un análisis de su balance social: de su contribución al bienestar de la comunidad (in­ cluidos naturalmente sus propios trabajadores). La teoría de los precios sociales tiene pues un campo de actua­ ción que trasciende el terreno estricto de la evaluación de proyectos. Por ello hemos procurado plantear una discusión global y teórica ante cada caso concreto, antes de pasar a analizar las respuestas específicas ofrecidas por los distintos textos, para cada precio en particular, pensando quizá que el análisis de los criterios que permi­ ten construirlos es el que facilita su aplicación en estos otros cam­ pos. De todo ello tratan los capítulos que siguen.

( 7 ) E l I n s t itu t o N a c io n a l d e I n d u s tr ia (I N I ) lle v a y a a lg u n o s a ñ o s tr a b a j a n d o e n e s t a v ía , c o m o m e n c io n á b a m o s e n la in t r o d u c c ió n .

68

CAPITULO TERCERO

PRECIOS D E CUENTA DE EFICIENCIA Hechas las anotaciones terminológicas precedentes y presentados a grandes rasgos los principales textos teóricos que van a ocuparnos a lo largo de estas páginas, podemos comenzar ya el análisis de los precios de cuenta de eficiencia, a los que nos referiremos, por lo general, para simplificar, como precios de cuenta ( 1 ). A pesar de ser probablemente el menos utilizado, el texto de las Naciones Unidas (ONUDI, 1972) es quizá el que presenta de una manera más completa, para nuestros propósitos, el proceso de cons­ trucción de una familia de precios de cuenta. Precisamente porque relaciona directamente este proceso, con la Función de Bienestar Social de que hablábamos más arriba. Con ello, ayuda en gran ma­ nera a no perder de vista el sentido último de esta familia de precios, lo que aparece como sumamente ilustrativo a efectos de análisis. Esta relación, aunque existe, se encuentra mucho más implícita en los otros dos grandes manuales (OCDE y Banco Mundial) por lo que relegamos su exposición, a una segunda parte. I.

LOS PRECIOS CUENTA EN EL MANUAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Como tuvimos ocasión de señalar anteriormente, la ONUDI considera el incremento en el consumo global como uno de los ele­ mentos esenciales de la Función de Bienestar Social. D e n o m in a r e m o s p u e s e n té r m in o s g e n e r a le s precios de cuenta a lo s precios a lo s precios de cuentas sociales, c o m o y a in d ic a m o s e n e l c a p ít u lo a n te r io r . (1 )

de cuenti de eficiencia y precios sociales

69

En este sentido, los precios de cuenta deberían reflejar la contri­ bución positiva o negativa del bien o servicio de que se trate a esta mejora en el bienestar social. Si, por ejemplo, el Gobierno a través de una empresa pública proporciona un libro adicional, el bienestar de la sociedad mejora en tanto en cuanto aumenta su consumo de lectura. ¿En qué medida? Eso es precisamente lo que tiene que res­ pondernos el precio de cuenta del libro. Ahora bien, el proceso mediante el cual pasamos de afirmar que el incremento en el consumo mejora el bienestar social, a cuantificar dicha mejora, no es sencillo, ni está libre de los inevitables juicios de valor. En primer lugar el texto de la ONUDI establece que es el indivi­ duo, el que va a decirnos en qué medida mejora su bienestar al aumentar el consumo social. En consecuencia, los autores de las Pautas renuncian al paternalismo acogiéndose (en gran medida) a un juicio de valor individualista (2). Aceptado pues este principio, con una carga valorativa indudable, el siguiente paso consiste en saber cómo nos informa el individuo del cambio de bienestar que le proporciona la adquisición (o pérdida) de un bien o servicio deter­ minado. ¿Cómo traducir a una unidad medible modificaciones en el bienestar de una persona? Para dar este paso, la ONUDI desentierra una categoría de gran tradición en este campo: la disposición a pagar. El razonamiento es sencillo. El individuo es libre de adquirir o no el bien o servicio que se le ofrece. Si lo adquiere, indica que el incremento de utilidad que el bien que le proporciona es, al menos, tan alto como la desutilidad de perder una cantidad de dinero que podría haber utilizado en cualquier otra compra alternativa. Si no, actuaría irracionalmente adquiriéndolo. Veremos enseguida que cuando medimos correcta­ mente la disposición a pagar, el «al menos» del párrafo anterior se sustituye por un «exactamente igual». Tendríamos ya pues nuestro razonamiento completo. El gobierno (o cualquier otro agente económico) interviene en el sistema económico y modifica el bienestar social ¿Cómo? A través de una modificación de la dotación de bienes y servicios de la comu(2 ) E ste j u ic i o d e v a lo r in d iv id u a lis t a , t r a d ic io n a lm e n te a c o g id o p o r la T e o r ía E c o n ó m ic a d e l B ie n e s ta r , n o e s ta n g e n e r a lm e n te a c e p ta d o c o m o p o d r ía p a r e c e r a p r im e r a v is ta . El E s t a d o in t e r v ie n e c o n c ie r ta fr e c u e n c ia n e g a n d o q u e el in d iv id u o s e a el m e jo r j u e z d e su p r o p io b ie n e s ta r . A s í, p o r e je m p lo , c u a n d o p e n a liz a lo s d e lit o s s in v íc t im a s ( c o n s u m o d e d r o g a s ) , o d e s e s t im u la el c o n s u m o d e c ie r t o s p r o d u c t o s ( im ­ p u e s to s al t a b a c o o al a lc o h o l) , e tc .

70

nidad, a través de un cambio, positivo o negativo, en las posibilida­ des de consumo de la sociedad (no olvidemos que nos estamos mo­ viendo en el ámbito de los precios de cuenta, y por lo tanto, del objetivo eficiencia, estrictamente). ¿Quién nos dice cuánto vale ese cambio en el bienestar global? Cada uno de los individuos afectados. ¿Cómo? A través de su disposición a pagar por lo que estamos pro­ porcionando, o por aquello de que le privamos. Sumando la dispo­ sición a pagar de los individuos por aquello que se produce tendría­ mos reflejada la mejora en el bienestar social que dicha actividad (la producción) ha generado. El precio de cuenta de un bien o servicio vendría dado pues por la disposición a pagar de los individuos frente a él. Aceptado el juicio de valor individualista mencionado, el razo­ namiento es pues impecable. Veamos ahora su aplicación práctica. Para ello tenemos que distinguir varias categorías de bienes y servi­ cios. A.

Precio de cuenta de las mercancías.

1.

Bienes y servicios de consumo final

Nos encontramos ante el caso más sencillo ya que el impacto sobre el consumo global es directo. La única excepción la constitui­ ría la posibilidad de que la producción adicional de bienes y servi­ cios de consumo final no incrementara realmente la dotación global de la sociedad: cuando se sustituyen importaciones o se exporta di­ cha producción. En ese caso lo que realmente estamos produciendo, directa o indirectamente, son divisas. A ellas dedicaremos un apar­ tado particular. Pero volvamos al caso que nos ocupaba: el bien o servicio se añade directamente al consumo final de la población. Su precio de cuenta vendrá dado por la disposición a pagar de los individuos por él. ¿Cómo la observamos? El precio de mercado es un indicador: al fin y al cabo es lo que la gente paga. Para ser un indicador correcto de lo que la gente estaría dispuesta a pagar (como algo diferente de lo que realmente paga) necesitaríamos sin embargo que se cumplie­ ran tres condiciones: a)

Que no exista racionamiento.

La condición es obvia. Si el bien en cuestión está racionado, los individuos estarían dispuestos a pagar más para conseguir cantida­

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des adicionales (hasta P\ en la figura 3.1) lo que, entre otras cosas, suele dar lugar a la aparición del mercado negro. El precio de racio­ namiento no es pues por definición un buen indicador de la disposi­ ción a pagar.

Figura 3.1.

b)

Que no exista monopsonio.

De nuevo encontramos, cuando la compra del producto está monopolizada por un solo individuo (el monopsonista) que el precio realmente pagado ( i5* en la figura 3.2) no refleja su disposición a pagar (P',). c) Que no se modifique el precio del bien de resultas de la acti­ vidad objeto de análisis. : Estamos frente al conocido problema de estimar el excedente del consumidor. En efecto, si aumentamos la producción de X desde X x a X 2 en la figura 3.3, haciendo caer el precio a P2, este nuevo precio no es un buen indicador de la disposición a pagar de los individuos, por la cantidad X¡ X 2 (O P2 • X x X 2). Tampoco lo es el original ( OPx • X x X 2) ya que la disposición real a pagar viene medida por el área A B X 2 X x\ entre las dos anteriores. Observamos que el consumidor estaría dispuesto a pagar una cantidad mayor que la que realmente paga: la diferencia es el área 72

Figura 3.2

Figura 3.3

73

ABC; se produce un incremento en el excedente del consumidor (3), en lo que el manual de la ONUDI llama la «adehala al consumidor». Realmente el incremento del excedente del consumidor es mayor, ya que también se benefician los consumidores anteriores del bien, que ahora pagan un precio menor: el incremento total en el exceden­ te es P 2 P { AB. Nótese sin embargo que el área P2 P x A C no está ligada directa­ mente a la nueva producción. El gobierno podría haber conseguido ese efecto positivo (aumento en el bienestar de los consumidores an­ teriores) simplemente reduciendo el precio directamente, sin aumen­ tar la producción. A través de un aumento de las importaciones, por ejemplo, en la cuantía X { X 2. Se trata pues, este último, de un efecto redistributivo (en contra de los productores nacionales, los importa­ dores, o ambos) y, como tal, queda fuera del ámbito de los precios de cuenta. Lo realmente esencial es que los consumidores estarían dispues­ tos a pagar, con la salvedad apuntada en la nota anterior, la canti­ dad X¡ A B X 2 por la nueva producción X x X 2 y ese es el precio de cuenta de este bien. Observamos pues cómo, tomando como guía en primera instan­ cia el precio de mercado del bien, hacemos los ajustes necesarios para llegar al precio de cuenta, cuando el primero no refleja real­ mente la disposición a pagar. Ahora bien, al proceder de esta forma estamos quizá corriendo el peligro de introducir un nuevo juicio de valor del que no habíamos hablado: aceptar como bueno el sistema de votación del mercado. La «democracia del mercado», en efecto, es un tanto curiosa ya que no se basa en el principio de un hombre-un voto, sino en el de una peseta-un voto. En otras palabras, el poder de voto no se halla uniformemente repartido, sino que cada uno de nosotros vota de acuerdo a su poder adquisitivo. Yo puedo tener una idea muy clara del tipo de libros (o de viviendas) que me gusta­ ría se ofreciera en el mercado, pero los editores (o constructores) no tendrán en cuenta mi opinión a no ser que la respalde con una de­ manda solvente. De hecho nos estamos enfrentando con dos problemas. (3 ) E n té r m in o s m á s e s t r ic t o s , p a r a e s t im a r la m o d if ic a c ió n d e l e x c e d e n t e d e l c o n s u m id o r d e b e r ía m o s e m p le a r la c u r v a d e d e m a n d a compensada ( H i c k s ) o la c u r v a d e d e m a n d a con poder adquisitivo constante ( S lu t s k y ) q u e p r e s c in d e d e l e f e c t o - r e n t a . A n o se r q u e la e la s t ic id a d r e n ta d e l b ie n fu e s e c e r o . E n c a s o c o n tr a r io , e l á r e a b a j o la c u r v a d e d e m a n d a exagera la d is p o s ic ió n a p a g a r , d e m a n d a exagera la d is p o s ic ió n a p a g a r .

74

En primer lugar, mi poder de voto está condicionado por mi poder de compra. Lo que yo estoy dispuesto a pagar, depende, en gran medida, de lo que puedo pagar. En este sentido el mercado refleja claramente unas preferencias que dependen de la distribución del ingreso. Podría argumentarse que, en un mercado idealmente competitivo, este hecho (con independencia de nuestra opinión sobre la equidad de la distribución del ingreso existente) no presentaría excesivos problemas. En efecto, probado que mi demanda es solven­ te (aunque pequeña) siempre existirá un agente económico dispuesto a satisfacerla, si la producción se justifica económicamente, obte­ niendo la tasa de beneficio promedio de la economía. Ahora bien, considerando la existencia de economías de escala, controles de cambio, imperfecciones del mercado, oligopolio, etc., esto no es así. El resultado bien puede ser en ese caso que mi demanda, aunque solvente, no sea atendida y sí lo sea, por el contrario, la de grupos sociales con mayor poder de voto. El caso de la vivienda podría ser un ejemplo típico. Nos encontraríamos pues con que la estructura de precios existente no refleja mi disposición a pagar por determinado tipo de bienes, a pesar de la solvencia de mi demanda. El segundo problema se encuentra más entroncado con el con­ cepto mismo de precio de cuenta. Hemos partido hasta ahora de que mi disposición a pagar estaba respaldada por una demanda solvente. Sin embargo el dato mismo de la solvencia no debiera interesarnos hasta ese punto. De hecho lo que estamos buscando es un indicador de la mejora en el bienestar que le produce a un individuo el consu­ mo de un determinado bien. Y eso es independiente de si lo puede pagar o no (4). Es probable que en algunas ocasiones incluso, el gobierno se plantee la posibilidad de ofrecer gratuitamente (o muy subvencionados) determinados bienes o servicios a un sector de la población que, por sus características, quedaría privada de otra ma­ nera de su consumo. Sin embargo, el hecho de ser distribuidos gra­ tuitamente no quiere decir que estos bienes carezcan de un precio de cuenta. Intentar encontrarlo, sin embargo, a través del análisis del sistema de precios no nos llevaría muy lejos, ya que, por definición, este grupo social no ha podido expresar su disposición a pagar por el bien y por lo tanto los precios existentes no pueden recogerla. (4 )

P r e s c in d ie n d o a q u í d e l im p a c t o p o s it iv o ( o n e g a t iv o ) q u e p u e d e s u p o n e r el

o b t e n e r lo g r a tis : c o m o c u a n d o n o s e n c o n t r a m o s p o r e je m p lo u n relo j e n la c a lle . S e a r g u m e n t a q u e , e n e s t a s o c a s io n e s , la gratuidad p o d r ía m o d if ic a r e l b ie n e s ta r q u e p r o p o r c io n a la d is p o s ic ió n d e l b ie n .

75

Estos son pues algunos de los peligros de centrarse en el análisis de los precios existentes (aun corregidos) para construir una nueva familia de precios de cuenta. Podría añadirse incluso que la utiliza­ ción misma del principio de la disposición a pagar no está exenta de riesgos. ¿Cómo averiguar la verdadera disposición a pagar de grupos considerados insolventes y, como tales, objetivo prioritario de parte de la política social del gobierno? (5). Pero continuemos con el texto de ONUDI y pasemos a analizar el segundo gran grupo de bienes y servicios.

2.

Bienes y servicios intermedios y de producción

En este caso la producción de estos bienes y servicios y el aumen­ to del consumo final se hayan separados por varias etapas. Sin em­ bargo los principios aplicados serían los mismos: la disposición a pagar de la colectividad por aquellos bienes y servicios de consumo final que, eventualmente, estos bienes intermedios y de producción permitirán obtener. Prescindimos de nuevo del caso en que los bie­ nes de producción generen en última instancia, directa o indirecta­ mente, divisas. Es decir, que no aumenten la dotación neta de bienes y servicios. Según el texto de las Naciones Unidas, el precio pagado por el agente económico que adquiere estos productos podría ser un buen exponente de la disposición a pagar de los individuos por los bienes finales que él elaborará con ellos, en el caso más sencillo. Cuando las etapas intermedias son más numerosas el proceso se complica, pero el argumento esencial mantiene su validez. En otras palabras, lo que el empresario paga por el acero (y el caucho, el plástico, etc.) refleja la disposición a pagar de los individuos por las bicicletas que producirá con él (pág. 48). De nuevo nos encontraríamos pues con que los precios de mer­ cado de los bienes intermedios y de producción serían un primer indicador de sus precios de cuenta. Ahora bien, para ser un buen indicador, a las tres condiciones enunciadas en el apartado anterior tendríamos que añadir una cuarta: d) Que no exista monopolio de venta del bien final por parte del comprador del producto en cuestión. (5 ) E l p r o b le m a e s p a r a le lo al d e d e s c u b r ir la d e m a n d a rea l d e b ie n e s p ú b lic o s ( M u e lle r , 1 9 7 9 ).

76

La razón de esta cuarta condición estriba simplemente en el he­ cho de que la obtención de ganancias monopolísticas por parte del vendedor de bicicletas hará que lo que realmente paga por el acero sea inferior a su disposición a pagar real (que incluiría las ganancias monopolísticas). Cumplidas estas cuatro condiciones, el precio de mercado del acero sería pues su precio de cuenta. En caso contrario, y tal como veíamos en el apartado anterior, deberíamos llevar a cabo los ajustes necesarios. Habiendo mantenido asimismo los criterios básicos para llegar a la determinación de los precios de cuenta se aplicarían igualmente las reservas expuestas en el apartado anterior. Y podemos pasar a nuestro tercer gran grupo de mercancías.

3.

Divisas

Ya apuntamos en su momento que los bienes y servicios que estamos produciendo (o consumiendo) pueden no representar una adición (sustracción) neta a la de disponibilidad de consumo global. Habíamos mencionado el caso de la sustitución de importaciones por ejemplo. El Manual de la ONUDI tiene buen cuidado de advertir que gran parte de la actividad productiva (en su caso, los proyectos gu­ bernamentales) tiene un impacto directo o indirecto sobre la dispo­ nibilidad total de divisas. Directamente, cuando el producto se ex­ porta o sustituye importaciones. Indirectamente, cuando la produc­ ción sustituye una oferta nacional alternativa liberando de esta forma recursos que pueden dedicarse a la producción para la expor­ tación o sustitutiva de importaciones. El problema que se le plantea a la ONUDI es, en primer lugar, el de cuantijicar esta cantidad de divisas. Supongamos con referencia a la figura 3.4, para una situación inicial/! (O X ü importado al precio O P M.y vendido al precio O P0) que la producción adicional (X 2 X 0 = X 0 X, ) sustituye importacio­ nes anteriores (al precio mundial O P M). La generación de divisas vendría dada entonces por el área X 2 C D X Q. Ahora bien, si esta misma producción se hubiera añadido a la existencia (llevándonos al punto B) la disposición a pagar por la misma nos daría, en principio, un precio de cuenta mayor: X 0 A B X x. 77

Nos encontramos pues con una pequeña contradicción: el precio de cuenta de un mismo bien diferiría de acuerdo a si la unidad adi­ cional aumenta las disponibilidades netas de consumo de dicho bien, o sustituye importaciones, dejando el total inalterado. Sería más alto en el primero de los casos. Las Pautas, ante este hecho, se inclinan por considerar que, en ambos casos, el precio de cuenta ha de venir medido por el área original (X 2 C D X 0 = X 0 D E X x). El argumento es plausible: el incremento en el bienestar representado por el área A B E D no puede ser achacado a la producción adicional X 0 X x: podría haberse conseguido igualmente aumentado en esa cuantía las importaciones. Ya dijimos algo sobre ésto unas líneas más arriba. Y sin embargo lo cierto es que la disposición a pagar por la cantidad X QX x es el área X 0 A B Y,.

Figura 3.4

Una vía alternativa de enfocar el problema consistiría en replan­ tear la medición del área X x C D X 0. Tal y como hemos planteado el problema, multiplicaríamos simplemente la producción sustitutiva de importaciones por el precio unitario de las mismas, en pesetas, utilizando el tipo de cambio oficial para convertir a precios naciona­ les los precios internacionales. Ahora bien, si hay un mercado en el que no se cumplen las tres condiciones que contemplábamos en el primer apartado de este epígrafe, es el mercado de cambios. Lo que 78

nos lleva de la mano a la necesidad de calcular un precio de cuenta para las divisas, distinto del tipo de cambio oficial. Al estar éste en términos generales y como tendremos ocasión de comprobar ense­ guida, por encima del tipo de cambio oficial, calcular el valor de las divisas ahorradas utilizando su precio de cuenta significa revaluar el área X x C D X 0, acercándola a X Q A B X 2. Veamos pues cómo se calcula este nuevo precio de cuenta. Como mencionábamos unas líneas más arriba, el mercado de cambios es uno de los que no cumple las condiciones mencionadas en el primer apartado. Es raro el país que no enfrenta problemas de balanza de pagos, y mucho más raro aún en el caso de los países subdesarrollados (no olvidemos que las Pautas se dirigen en gran medida a este grupo de países). Por ello nos encontramos con meca­ nismos de intervención, control de cambios, racionamiento en defi­ nitiva de las divisas, que impiden que podamos utilizar el tipo de cambio oficial como precio de cuenta. El descuento a que se ven sometidas en los mercados internacionales un gran número de mo­ nedas es un buen exponente de lo que decimos. De acuerdo a nuestros autores, gran parte de los problemas de balanza de pagos por los que atraviesan los países subdesarrollados se debe al propio proceso de desarrollo seguido (hablaremos de ello más adelante) y a la inadecuada distribución de la renta existente. En efecto, la mala distribución del ingreso concentra éste en un sec­ tor de la población cuya propensión marginal a consumir bienes im­ portados es muy alta. A mayor desigualdad, por otro lado, más difí­ cil es corregir este estado de cosas debido precisamente a la estructu­ ra de poder que esta desigualdad comporta. El cálculo del precio de cuenta de la divisa reviste pues una espe­ cial importancia debido no sólo a los problemas de balanza de pagos apuntados, sino a que es difícil que la actividad gubernamental no tenga, directa o indirectamente, un impacto sobre la dotación global de divisas del país. Quizá por ello, el procedimiento seguido por las Pautas para su cálculo ha sido uno de los puntos más controvertidos del manual, como tendremos ocasión de ver enseguida. El mecanismos adoptado es exactamente el mismo que para los demás precios de cuenta: necesitamos averiguar la disposición a pa­ gar por aquello que podemos adquirir con las divisas. Veámoslo con un ejemplo: Supongamos que con un dólar podemos importar un libro. El tipo de cambio oficial es de 100 pesos por dólar. Sin embargo, debi­ do a las barreras arancelarias, cuotas, restricciones, etc., el libro se 79

vende en nuestro país a 175 pesos. Es evidente pues que la disposi­ ción a pagar en nuestro país por los bienes adquiridos con ese dólar no es de 100 pesos (el tipo de cambio oficial) sino de 175 pesos. El precio cuenta de la divisa, en este caso sencillo, sería de 175: multi­ plicaríamos el valor de la divisa en moneda nacional (al tipo de cambio oficial), por un factor de conversión igual a 1,75. Ahora bien, el país no importa únicamente libros. Tenemos pues que generalizar este caso sencillo para dar cabida a todo lo que el país importa. Llamando: P,CiF : precio internacional (CIF) del bien i en moneda local (al tipo de cambio oficial). : precio doméstico del bien i f : porcentaje de divisas empleadas en adquirir el bien i, sien­ do, naturalmente: n 2

i= i

f\ =

(/=

1

1

... n)

El precio de cuenta de la divisa vendrá dado por la expresión: pF =

í=i

r ¡

(í= 1 ... n)

[3.1]

E1 efecto: f ¡ P f^ n o s indica el número de unidades del bien i que podemos adquirir en el mercado internacional con la parte de cada dólar que dedicamos a la importación de dicho bien. Multiplicando ese valor por Pp obtenemos lo que la gente está dispuesta a pagar en nuestro país por ellas. Sumando lo obtenido para todos y cada uno de los bienes importados con ese dólar obtenemos finalmente el pre­ cio de cuenta de la divisa (6 ). Ahora bien, puede que el país al ver incrementada su dotación de dólares de resultas de la actividad que estamos analizando, no aumente sus importaciones, sino que reduzca sus exportaciones. Po­ dría argumentarse que muchos países subdesarrollados no exportan carne, por ejemplo, porque les sobre (de hecho encontramos ham­ bre, desnutrición e incluso restricciones a su consumo) sino porque necesitan las divisas. Si de resultas pongamos por caso, de la activi­ dad gubernamental en el campo de la producción y exportación pe(6 ) S e e x c l u y e n d e la fa m ilia d e b ie n e s im p o r t a d o s , lo s bienes de capital. L a r a z ó n e s g r im id a e s q u e la s im p o r t a c io n e s d e b ie n e s d e c a p ita l n o e s t á n lim it a d a s p o r la d is p o n ib ilid a d d e d iv is a s , s in o p o r la ta s a in te r n a d e in v e r s ió n ( p á g . 2 3 7 ).

80

trolífera, se alivia la situación de la balanza de pagos, se reduciría la necesidad de exportar carne. El precio de cuenta de las divisas así generadas, recogería pues no sólo la disposición a pagar por los artícu­ los importados (parcialmente) con ellas, sino también por los artícu­ los (parcialmente) no exportados y que ahora quedarían libres para su consumo en el interior. Tendríamos pues:

P?

2 = if

P? pc,p -+

siendo

£ i

= i

f

Pf pFOB

2 j= i

+

2 ¡=¡

[3.2]

x¡ — I •'

y reflejando xi el porcentaje en que reducimos las exportaciones del bien j por cada dólar, y Pf0Bsu precio internacional: x¡ / P,KOB sería el número de unidades no exportadas, lo que, multiplicadas por su precio interno (P?) nos daría la disposición a pagar interna por di­ chos bienes. De esta forma llegaríamos pues a una expresión del precio de cuenta de la divisa que recogería ambos efectos posibles. En este punto aparecen ya sin embargo algunas críticas al texto de la ONUDI. Balassa (1974) señala, en este contexto, que los auto­ res de las Pautas se han limitado, al calcular el precio cuenta de la divisa, a considerar los «ajustes-cantidad» que supondría en la eco­ nomía el aumento en la dotación de divisas. Pasan por alto sin em­ bargo la posibilidad de que se produzca un «ajuste-precio»: la mo­ neda nacional se aprecie, o frene su depreciación (7). Ajuste-precio que, a su vez, tendrá un impacto sobre las cantidades importadas y exportadas de acuerdo a sus respectivas elasticidades. Y esto nos lleva de la mano a la segunda de las críticas al proce­ dimiento de la ONUDI, más esencial en su contenido y más comple­ ja en su desarrollo y posible solución. El punto alrededor del que se centra esta segunda crítica es la familia de valores/. El texto de las Pautas parece optar en efecto, a la hora de estimar estos parámetros, por un análisis de lo que el país (7 ) B a la s s a , al ig u a l q u e e l t e x t o d e la O N U D I , n o c o n s id e r a e x p líc it a m e n t e la p o s ib ilid a d d e q u e la s n u e v a s d iv is a s se u tilic e n p a r a a u m e n ta r la s r e s e r v a s d e l p a ís (B a la s s a , 1 9 7 4 , p á g . 163).

81

está haciendo. Es decir, to m a / como «la fracción de divisas asigna­ da a la importación iésima de n artículos en el margen», (pág. 234), aunque el punto es algo confuso (Balassa, 1974, pág. 162). Se parte pues de lo que es, no de lo que debería ser. Y sin embargo esto tiene algo de contradictorio ya que, como vimos, las propias Pautas seña­ lan lo que es (la distribución del ingreso y su impacto negativo sobre la estructura de importaciones) como una de las causas fundamenta­ les de los problemas de balanza de pagos por los que atraviesan los distintos países. En otras palabras; los / reflejan una estructura de importaciones que, para llevar el caso al extremo, podría venir dada por bienes de lujo (producto de la estructura de la distribución del ingreso) muy poco gravados y con un precio doméstico próximo al internacional (reflejo asimismo de la concentración en la estructura de poder). El resultado sería un factor de conversión para obtener el precio de cuenta de la divisa muy bajo, próximo a la unidad, y que no recoge la disposición a pagar real de la sociedad (entendida en sentido amplio, aunque de nuevo nos encontramos con los proble­ mas que se derivan de la ambigüedad de un término con una carga valorativa indiscutible) por lo que podría obtenerse con esas divisas en otras condiciones. Adoptando por un momento la propia termi­ nología de las Pautas, muy otro sería el resultado si, abandonando el «campo táctico», optáramos por adentrarnos en el «estratégico» (pág. 236). Lo paradógico como decimos es que los autores de las Pautas le den tal importancia a lo «estratégico» a la hora de analizar las causas de los problemas, y sin embargo prefieran circunscribirse a lo «táctico» a la hora de formular posibles soluciones. Podría ar­ gumentarse que no hacerlo así nos alejaría del campo de los precios de cuenta para adentrarnos en el pantanoso terreno de los factores de ponderación (precios sociales): el cálculo de u nos/d iferentes a los existentes implica al fin y al cabo un juicio de valor sobre lo que «debería» importarse. Uno siempre está tentado a responder en este caso que lo único que realmente estamos haciendo es cambiar un juicio de valor por otro, pero este tipo de discusiones, aunque clari­ ficadoras, tienen el peligro de prolongarse ad infinitum sin que pue­ dan ser resueltas en el ámbito aquí planteado. Por cierto, que el manual de la ONUDI plantea asimismo de una forma explícita el cálculo del precio de cuenta de las divisas como un fa cto r de ponderación. Teniendo en cuenta sin embargo que to­ davía no hemos introducido el tratamiento explícito de los juicios de valor, postpondremos la discusión de este punto hasta el capítulo 4. 82

Podemos pues cerrar esta primera excursión por el procedimien­ to de cálculo de los precios de cuenta en las Pautas de la ONUDI señalando su principal ventaja, y su principal debilidad. Por un lado nos encontramos con que el cálculo del precio de cuenta responde más o menos de cerca, y con las salvedades apunta­ das, al concepto que de él nos hemos hecho: un exponente de los cambios cuantitativos que, en el bienestar de la sociedad, produce una unidad adicional (añadida o sustraída) del bien o servicio que estemos contemplando. Por otro lado ya Harberger (1973, p. 248) señalaba que el pro­ procedimiento diseñado en las Pautas, desgraciadamente, podría re­ querir un grado de información (y de trabajo) muy superior al que parece demandar a primera vista. Quizá ésta haya sido una de las razones más poderosas en favor de los métodos alternativos que ahora pasamos a comentar.

II.

LOS PRECIOS CUENTA EN LOS MANUALES DE LA O.C.D.E. Y EL BANCO MUNDIAL

A.

Precios de cuenta

Como ya apuntamos anteriormente, el texto que marcó el inicio de la segunda fase en el campo del Análisis de Costes y Beneficios Sociales fue el publicado por Little y Mirrlees bajo los auspicios de la OCDE. Al poco tiempo aparecían las Pautas de la ONUDI que, aunque aparentemente seguían un camino paralelo al marcado por los autores citados, presentaban un tratamiento de los precios de cuenta claramente diferenciado, aunque podría argumentarse que simétrico. Tendremos ocasión de volver sobre ello. Ante las dos op­ ciones abiertas, el tercero de los textos en llegar a escena, el respal­ dado oficiosamente por el Banco Mundial (Squire y van der Tak, 1975) optaba por la vía emprendida por Little y Mirrlees, puliendo y completando en gran medida su tratamiento original ( 8 ). Esta es la razón que nos ha llevado a tratar ambos manuales conjuntamente. El punto esencial que separa los trabajos de Little y Mirrlees y Squire y van der Tak del texto previamente analizado por la ONUDI nos aleja asimismo de esa relación tan estrecha que se establecía en este último texto entre los precios de cuenta y la mejora del bie(8 ) V ía c o m o d ij im o s a la q u e d e a lg u n a m a n e r a ta m b ié n s e a p r o x im a n a lg u n o s t e x t o s d e n t r o d e la ó r b ita d e la s N a c io n e s U n id a s . V é a s e p o r e je m p lo H a n s e n ( 1 9 7 8 ) .

83

nestar social (aumentos en el consumo). Relación que, sin embargo, era la que hacía problemático el cálculo tal y como hemos visto, debido entre otras cosas al hecho de girar alrededor del concepto de la disposición a pagar. Tanto Little y Mirrlees como Squire y van de Tak obvian com­ pletamente estas dificultades separando nítidamente las decisiones de producción de las decisiones con respecto al consumo (Irving, 1978, pág. 67). Es decir, los precios de cuenta han de procurar refle­ jar únicamente la eficiencia productiva, dejando que sean los precios sociales los que se ocupen del problema del consumo y su distribu­ ción. De esta forma queda más patente si cabe la necesidad de con­ tar asimismo con una familia de precios sociales, y quedan resueltos bastantes de los problemas que aparecían en el texto de la ONUDI. Planteada en estas coordenadas la situación, el paso siguiente es inmediato, una vez que recordamos lo que la teoría económica tiene que decir con respecto a la eficacia productiva en una economía abierta: la teoría de las ventajas comparativas. Según esta teoría es evidente que un país cualquiera tiene algo que ganar en términos de bienestar si abandona la autarquía (en la que la decisión de producir condiciones estrictamente el consumo y se abre al comercio interna­ cional y al intercambio (separando ambas decisiones). En términos de la figura 3.5, el país en cuestión abandona el punto P l (de pro­ ducción y consumo, dada la frontera de posibilidades de producción A A y la. relación interna de precios P P) desplazándose a P2, desde el punto de vista de la producción, y a P 3 desde el punto de vista del consumo. Obtendría con ello un mayor nivel de bienestar (I{> l 0) simplemente exportando X^Xl a cambio de unas importaciones XQ 2 X 2x, a la nueva relación de precios internacionales F P \ La teoría es sencilla, bien conocida, y no requiere de mayores explicaciones. Las consecuencias desde el punto de vista que nos ocupa son igualmente inmediatas: buscando la eficiencia productiva, los precios de cuenta que deberíamos utilizar serían simplemente los precios internacionales (F F). Sin embargo la aceptación de estas conclusiones no es tan senci­ lla como aparece a primera vista. ¿Porqué los precios internaciona­ les? ¿Cuáles son las propiedades que les hacen aceptables allí donde habíamos rechazado la validez de los nacionales? ¿Son acaso «racio­ nales»? La respuesta, paradójicamente, no era tan elemental como el planteamiento original de Little y Mirrlees (1969) invitaba a pensar. 84

Figura 3.5.

Little y Mirrlees rechazaban enérgicamente que su propuesta fuera un alegato en favor del libre cambio y las teorías que lo acom­ pañan (9). Se limitaban simplemente a afirmar que, al fin y al cabo, los precios internacionales eran opciones abiertas a cualquier país que quisiera comerciar con ellos. La propuesta, no obstante, iba al­ go más lejos. Como es bien sabido, algunos países subdesarrollados iniciaron a lo largo de los años cuarenta y cincuenta una política decidida de sustitución de importaciones intentando con ello, entre otras cosas, resolver sus problemas de balanza de pagos. Algunos trabajos teóri­ cos e investigaciones empíricas surgidos al amparo de la CEPAL (como la teoría del deterioro secular de los términos de intercambio, por ejemplo) les proporcionaban además un inestimable apoyo teó­ rico. Existe sin embargo un cierto consenso en la literatura sobre e l. (9 ) B r u c e (1 9 7 6 ) a fir m a a s im is m o q u e el t e x t o d e L ittle y M ir r le e s, o el d e l B a n c o M u n d ia l, no están m á s o r ie n t a d o s al lib r e c o m e r c io q u e e l d e la O N U D I , d e s d e e l p a n t o d e v is ta d e s u m e c á n ic a . S e b a s a p a r a e llo e n q u e la p r á c tic a p r o p u e s t a n o s u p o n e u n d e s m a n t e la m ie n t o , d e la s p o lític a s c o m e r c ia le s s u b ó p t im a s s e g u id a h a s t a el m o m e n t o . V o lv e r e m o s m á s a d e la n t e s o b r e e s t e p u n to .

85

hecho de que la sustitución de importaciones, tal y como se llevó a cabo, no sólo no alivió los problemas de balanza de pagos de los países que la emprendieron, sino que, en muchas ocasiones, tendió a agravarlop. Junto con el sector primario (fundamentalmente agríco­ la), el sector exportador fue la gran víctima de la política de sustitu­ ción de importaciones. La literatura al respecto es amplia, bien do­ cumentada y no menos bien conocida. No es éste el lugar ni el mo­ mento de entrar a su revisión. Puede que no esté de más sin embargo señalar que uno de los trabajos más críticos y mejor estruc­ turados de esta política es el debido a Little, Scitovsky y Scott (1975) cuya edición original inglesa aparece en 1970. No habrá pasado des­ apercibida la coincidencia de autores entre el texto de la OCDE y éste que comentamos. No es de extrañar pues que se considere a la política sustitutiva de importaciones no sólo como uno de los grandes responsables de los desequilibrios del sector exterior sino, igualmente, como el ori­ gen de una seria distorsión en la asignación local de recursos, ale­ jándola de la eficiencia. La protección mediante barreras arancelarias, en efecto, según estos autores, no fue otorgada siguiendo criterios racionales y plani­ ficados, sino de una forma anárquica y arbitraria, de acuerdo a las presiones del momento (de tal forma que muchas veces incluso fue «excesiva», no se necesitaron agotar los tramos concedidos). Con ello se modificó radicalmente la estructura de protección efectiva del país, distorsionando artificialmente la asignación de recursos: ¿Por­ qué no regresar pues, así sea parcialmente, a las pautas más raciona­ les de las ventajas comparativas? El sector público podría hacerlo sencillamente utilizando como señales unos precios de cuenta basa­ dos en los precios internacionales, en los precios de libre cambio. Quizá sea éste el sentido de la propuesta de Little y Mirrlees. No cabe duda asimismo de que es una forma relativamente sencilla de calcular el impacto de la actividad gubernamental sobre el estado de la balanza de pagos. Como veremos más adelante, sin embargo, propuestas de esta naturaleza no están exentas de problemas. Pero analicemos antes que nada su mecánica. Para ello nos basaremos en el texto de Squire y van der Tak (1975) que, como decíamos unas líneas más arriba, completa el tratamiento original de Little y Mirr­ lees, sin modificar sus lincamientos básicos. De lo que venimos apuntando se desprende que tanto el texto de la OCDE como el del Banco Mundial consideran el precio de cuenta de un bien, el precio que obtendríamos por él (o tendríamos que 86

pagar por él) en el mercado /mmwc/OHtf/. Necesitamos no obstante dividir los bienes y servicios en varias categorías. 1.

Bienes importables y exportables con precios de frontera fijos.

Son los bienes y servicios objeto de comercio internacional, y cuya elasticidad de oferta (para los importados) o de demanda (para los exportados) mundial, es infinita. Con ello aseguramos que la posible actividad del sector público (o del agente económico de que se trate), como oferente o como demandante, no alterará el precio internacional del bien. En este caso, los precios de cuenta, (P T• C) de acuerdo a si el bien es importable o exportable serían: Pr. C. Importable = precio CIF + margen de comercialización [3.3] Pr. C. Exportable—precio F O B + margen de comercialización

[3.4]

El margen de comercialización, como veremos enseguida, recibe el tratamiento de los bienes no importables o exportables. Para aplicar este procedimiento no requerimos que el bien o ser­ vicio sea efectivamente importado o exportado. Basta con que pu­ diera serlo. Si por ejemplo el gobierno consume uno de estos bienes (un automóvil) producido localmente, el precio de cuenta de este automóvil seguirá siendo su precio en frontera (más el margen de comercialización). Siendo los productos equivalentes, el consumo por parte del gobierno de la producción nacional supondrá que al­ gún otro usuario interno tendrá que importar ahora lo que antes adquiría localmente. El impacto sobre la dotación de divisas es el mismo ( 1 0 ). Puede darse el caso de que los datos del comercio exterior ven­ gan expresados con un nivel de agregación que haga difícil detectar los precios de cuenta de algunos bienes particulares. O puede darse el caso de que, como afirman Squire y van der Tak, sea discutible la fiabilidad de las cifras en cuanto a valores y volumen. Proponen ambos autores cuando nos encontramos en esta situación una espeS u p o n e m o s p u e s q u e p r o d u c c ió n n a c io n a l e im p o r t a c io n e s d e b ie n e s equiva­ c o e x i s t e n . L a a c la r a c ió n p u e d e te n e r im p o r t a n c ia c u a n d o e x is t e e x c e s o d e c a ­ p a c id a d in s ta la d a e n la in d u s tr ia n a c io n a l. L a s im p o r t a c io n e s q u e se p r o d u je r a n e n e se c a s o d e b e r ía n s er d e p r o d u c t o s diferentes y a q u e s i n o , s e r ía n d if íc ilm e n t e e x p l i c a ­ b les. (!0 )

lentes,

87

cié de atajo que nos permite obtener el precio internacional a partir de los precios domésticos: Precio CIF = precio doméstico — (margen de comercializa­ ción + coste de transporte + aranceles + impuestos)

[3.5]

Precio FOB = precio doméstico + (margen de comercializa­ ción + coste de transporte + subsidios + impuestos)

[3.6]

Se trata en definitiva de una forma de facilitar el análisis sin modificar ío esencial del mismo.

2.

Bienes importables y exportables con precios de frontera varia­ bles.

En este caso las elasticidades de oferta (demanda) mundiales ya no son infinitas y nuestra actividad puede modificar el precio inter­ nacional del bien. Como adquirir (ofrecer) una unidad más del mis­ mo modifica el precio de todas las demás, el precio de cuenta del bien o servicio en cuestión ha de tomar en consideración ese impac­ to. Por ello los calculamos ahora de la siguiente forma: Pr. C. Im portables= precio CIF. (1 + — ) e

[3.7]

Pr. C. Exportables = precio FOB. (1 — — •) V

[3.8]

fórmulas en las que e es la elasticidad de oferta extranjera y 77 es la elasticidad de demanda extranjera (positiva) ( 1 1 ). De los dos casos contemplados, el primero es altamente impro­ bable: es difícil que un país sea capaz con su política de modificar los precios internacionales de los bienes y servicios que adquiere, salvo que sea una gran potencia. El segundo sin embargo puede ser bastante más frecuente sobre todo para aquellos países subdesarro­ llados monoexportadores de productos primarios. El problema 1 (1 1 ) L ittle y M ir r le s ( 1 9 6 9 ) c o n s id e r a b a n ú n ic a m e n te u n g r a n s u b c o n j u n t o d e « b ie n e s d e c o m e r c io e x te r io r » . S in e m b a r g o e s t a b a c o n t e m p la d a la p o s ib ilid a d d e q u e la s e la s t ic id a d e s n o fu e r a n in f in it a s c u a n d o s e m e n c io n a b a p o r e j e m p lo la n e c e s id a d d e c a lc u la r e l « c o s t o d e im p o r t a c i ó n m a r g in a l» (p á g . 13 5 ) y e l « in g r e s o d e e x p o r t a c ió n m a r g in a l» (p á g . 137).

88

cuando queremos conocer el precio de cuenta bajo estas condicio­ nes, es que las organizaciones internacionales (y nacionales) ofrecen información sobre la elasticidad de demanda (77) para determinados productos primarios (p. ej. café) pero no sobre la elasticidad de de­ manda mundial (i7 ¡) para el producto primario de un país determi­ nado (p. ej. café colombiano). Y es ésta última la que necesitamos en la formulación anterior. Para estimarla, el Banco Mundial nos ofre­ ce la siguiente expresión: 77

-h ( 1 — a)e a

[3.9]

en la que e es ahora la elasticidad de oferta de exportación de los países competidores (p. ej. Brasil) y a es la participación de nuestro país en las exportaciones mundiales totales. Una pequeña ayuda pues para poder estimar los precios de cuenta de acuerdo a 3.7.

3.

Bienes potencialmente importables o exportables

Nos encontramos aquí de nuevo con uno de los caballos de bata­ lla del texto original de Little y Mirrlees: son de acuerdo al Banco Mundial, «productos no importados, ni exportados en la actualidad, pero que podrían serlo si el país adoptara políticas de comercio ex­ terior óptimas» (Squire y van der Tak, 1975, pág. 104). En su prime­ ra edición Little y Mirrlees habían afirmado: «por bienes de comer­ cio exterior entendemos: a) los bienes que realmente se importan o exportan (o sustitutos muy semejantes a los que se importan o ex­ portan en la realidad), y también b) los que se exportarían o impor­ tarían si el país siguiera políticas que produjeran un desarrollo in­ dustrial óptimo» (pág. 113). Así planteado el punto no podía por menos de ser polémico. ¿Qué se entendía por desarrrollo industrial «óptimo»? De hecho, uno de los aspectos en los que se centraron los críticos de la primera versión del texto de Little y Mirrlees fue preci­ samente éste (12). Squire y van der Tak, en vista de la polémica suscitada, no sólo abren un apartado especial para esta segunda ca­ tegoría de bienes, sino que tiene buen cuidado en precisar su concep­ to de no-optimalidad: «se incluyen los bienes producidos por las in(1 2 )

V é a se p o r e je m p lo la p o lé m ic a r e c o g id a e n e l Oxford Bulletin o f Economics fe b r e r o d e 1 9 7 2 , a lr e d e d o r d e l t e x t o d e L ittle y M ir r le e s , y a m e n c io n a ­

and Sitatistics, da.

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dustrias que están protegidas por aranceles aduaneros prohibitivos o cuotas y con respecto a las cuales el costo marginal (a precios conta­ bles) de incrementar la producción interna excede al costo de impor­ tar» (pág. 104). Nos estamos refiriendo pues a bienes importables ya que no ten­ dría en principio mucho sentido, proteger con aranceles prohibitivos o cuotas, la producción de bienes exportables. El precio de cuenta de este curioso grupo de bienes depende esencialmente de su fuente de oferta. Si, excepcionalmente, el bien va a ser importado, se le aplicará un tratamiento semejante al de los dos apartados anteriores. Si por el contrario el bien va a ser adqui­ rido al productor nacional (ineficiente) se le considerará como un producto no importable ni exportable, de los que hablaremos erseguida. Squire y van der Tak no dejan de recomendar sin embargo que se procure por todos los medios utilizar las importaciones como fuente de oferta. La única excepción a esta regla viene dada por las llamadas «industrias nacientes». Impulsar la utilización de importa­ ciones no tendría sentido en este caso: las condenaríamos a ser siempre nacientes. Aplicar el precio de cuenta a su producción como si fuera no importable o exportable (como así es), penalizaría inde­ bidamente la utilización de sus productos. Por ello se opta por una solución salomónica: recomendar la utilización de su producción pe­ ro valorada como si fueran bienes importables, es decir, a precios internacionales. El problema con las industrias nacientes sin embargo, no por bien sabido deja de ser menos importante: es mucho más fácil defi­ nirlas que identificarlas ex ante. Pero este es un problema desgracia­ damente, para el que la teoría económica no puede ofrecer solucio­ nes claras.

4.

Bienes no importables ni exportables

Quedan dentro de esta categoría todos aquellos bienes y servi­ cios cuyo precio doméstico, por las circunstancias que fuere, es infe­ rior al precio CIF de importación, pero superior al precio FOB de exportación. No son pues objeto para nuestro país, de comercio in­ ternacional. El texto primitivo de Little y Mirrlees mencionaba la energía eléctrica, el transporte y la construcción como otros tantos pjemplos de lo que venimos diciendo. A los que habría que añadir los márgenes de comercialización mencionados en el primer aparta­

90

do y los bienes potencialmente importables, no importados, señala­ dos en el último. El principio fundamental, enunciado por Little y Mirrlees, en el cálculo del precio de cuenta de este grupo de bienes es tratar de averiguar su contribución al ahorro (gasto) neto de divisas. Al igual que hacíamos, en otras palabras, con los bienes importables o ex­ portables. Sin embargo, y a pesar de que el impacto sobre la dota­ ción de divisas es el primer aspecto a tener en cuenta, de hecho lo que se trata de averiguar, como señalan los propios autores del ma­ nual de la OCDE, es el costo marginal social de proporcionar el bien, o el beneficio marginal social que su consumo confiere. Squire y Van der Tak llegados a este punto señalan que debe averiguarse en primer lugar la fuente de oferta: la mayor producción nacional o la reducción correspondiente en el consumo. Parecen re­ ferirse pues a bienes servicios que vamos a consumir (13). Averigua­ do el origen de los bienes se calcularía su costo marginal social de producción (incremento en la oferta) o el beneficio marginal social al que se renuncia (reducción del consumo). Señalan Squire y van der Tak, sin embargo, que tal distinción tiende a ser válida única­ mente en el corto plazo, ya que, a largo plazo, es de suponer que la demanda de estos bienes se cubrirá a través de incrementos en la producción. Veamos pues cómo se calcula este costo marginal social de pro­ ducción, que nos daría en definitiva, el precio de cuenta de este gru­ po de bienes. El sistema seguido en primera instancia ya había sido empleado por Little y Mirrlees y se basa en una idea sencilla. La producción de los bienes y servicios no importables ni exportables (como la energía eléctrica por ejemplo) utilizará insumos que sí son importa­ bles o exportables (turbinas, generadores) junto a otros que no lo son (construcción). Analizando la tabla insumo-producto del bien de que se trate podemos separar nítidamente estos dos tipos de insu­ mos. A los exportables o importables se les da el tratamiento co­ rrespondiente, tal y como vimos en el primer apartado. Con los que (1 3 ) S i, p o r e l c o n tr a r io , lo s b ie n e s fu e r a n d e p r o d u c c ió n n o s e n c o n t r a r ía m o s c o n u n s e r io p r o b le m a , d e a c u e r d o a I r v in g (1 9 7 8 , p á g . 105). D e s c a r t a I r v in g la r e in ­ t r o d u c c ió n d e la disposición a pagar c o m o c r ite r io p o r q u e e llo s u p o n d r ía a c a b a r c o n u n a d e la s v e n ta j a s fu n d a m e n t a le s d e l m é t o d o d e la O . C .D .E . ( y d e l B a n c o M u n d ia l): in d e p e n d iz a r la s d e c is io n e s d e p r o d u c c ió n d e la s d e c o n s u m o , lo q u e n o a p a r e c e ta n c la r o e s e l p o r q u é d e r e c h a z a r , e n e s t e c a s o , la d e s c o m p o s i c ió n y v a lo r a c ió n de cuenta) d e lo s in s u m o s u t iliz a d o s e n la p r o d u c c ió n d e l b ie n .

(a precios

91

no lo son, procedemos de manera análoga: analizamos su tabla insumo-producto (en este caso la del sector de construcción) y pro­ cedemos a separar de nuevo los bienes objeto de comercio interna­ cional, de aquellos que no lo son. Y así sucesivamente. Idealmente, al terminar el proceso nos encontraríamos al final con una serie de insumos importables y exportables en un lado, y un grupo de facto­ res primarios (tierra y trabajo) en el otro. Como estos últimos reci­ ben un tratamiento particular en cualquier caso y tienen por tanto su propio precio de cuenta, tendríamos resuelto el problema ori­ ginal. Proceder de la forma apuntada, desgraciadamente, no está exen­ to de problemas, tal y como han señalado varios autores. En primer lugar, el hecho de que el bien o servicio cuyo precio de cuenta estamos intentando calcular, energía eléctrica, por ejem­ plo, aparezca como insumo en muchos casos, a su vez, de los bienes no importables o exportables que, de acuerdo a las tablas insumoproducto, colaboran en su producción (construcción), puede llevar­ nos a un razonamiento en círculo que en algún momento tendremos que romper. Nos ayuda a salir de él la consideración de que, en esta segunda vuelta el peso específico del insumo ya no puede ser muy grande, y el error que se comete por tanto al asignarle un precio de cuenta arbitrario no será excesivo. Por otro lado, y siguiendo con las objecciones operativas, podríamos dudar de que se encuentren con la facilidad deseada las tablas imput-output p o r producto, que es al fin y al cabo el nivel de desagregación que necesitamos. Consideraciones prácticas de esta naturaleza fueron probable­ mente las que impulsaron tanto a Little y Mirrlees como a Squire y Van der Tak a proponer una vía de cálculo alternativa que simplifi­ caba sustancialmente la tarea. Desgraciadamente la simplicidad ope­ rativa no vino acompañada de un apaciguamiento de la polémica. Todo lo contrario. Pero vayamos por partes.

B.

Factores de Conversión

1.

El Factor Estándar de Conversión

Cuando, como decimos, o bien no se dispone de datos con el nivel de desagregación suficiente o, alternativamente, el bien o servi­ cio cuyo precio de cuenta queremos calcular no es lo suficientemente importante como para justificar todo el proceso señalado anterior­ 92

mente, tanto Little y Mirrlees como Squire y van der Tak proponen un camino que acorta sustancialmente el trayecto. Se trata en definitiva de obtener una expresión promedio de la divergencia entre los precios nacionales y los internacionales. La ló­ gica detrás de esta idea es sencilla: los bienes no importables ni ex­ portables, por sus propias características, no requieren de protec­ ción. Si la hubieran necesitado, sin embargo, habrían obtenido el grado de protección prom edio de la economía. Por lo tanto, el gra­ do en que la estructura de precios nacionales de los productos objeto del comercio se separa de la internacional (debido a cuotas, araceles, impuestos, subsidios, etc.), es el grado en que se separarían los pre­ cios nacionales de los bienes no comerciales de sus equivalentes in­ ternacionales, si los hubiera. En otras palabras: si la producción na­ cional de energía hidroeléctrica hubiera necesitado ser protegida mediante un arancel de la competencia internacional, hubiera obte­ nido el mismo grado de protección (arancel) que la industria auto­ movilística, por ejemplo, que sí se encuentra sometida a dicha com­ petencia. Como el arancel es el responsable de que los precios na­ cionales de los automóviles difieran de los internacionales, el cálculo del precio «internacional» de la energía hidroeléctrica es inmediato: sustraemos el arancel (promedio) a su precio nacional, para obtener su (equivalente) precio mundial. El Factor de Conversión Estándar (F C E) es pues un exponente de la diferencia que existe entre nuestra estructura de precios y los precios internacionales. En su primera edición, Little y Mirrlees lo expresaban aproximadamente de la siguiente manera: F C E=

2 ^ ( 1 - t ? ) + X M x(1 + C )

[3.10]

expresión en la que X t indica el valor de las exportaciones del bien i, tx¡ los impuestos ad valorem a la exportación del bien i (negativo si la exportación del bien está subsidiada), M¡ el valor de las importacio­ nes del bien i y t" 1 los aranceles ad valorem a su importación. La fórmula anterior quizá vaya algo más lejos que lo propuesto por estos dos autores ya que, quién sabe si teniendo en cuenta la poca importancia del FCE, Little y Mirrlees no fueron excesivamen­ te precisos: «es ventajoso disponer de un Factor de Conversión Es­ tándar (F C E), calculado como el promedio de las relaciones (pre­ cio de cuenta)precio real), correspondientes a una selección amplia y representativa de productos (la cual no debe estar restringida forzo93

sámente a productos comerciales) (1973, pág. 200). Existe, como vemos, cierta ambigüedad en cuanto a la cesta de bienes introduci­ dos en el cálculo del F C E («selección amplia y representativa») y también, por omisión, con respecto a la ponderación con que dichos bienes entran o forman parte de la expresión 3.10. Aceptando por un momento que dichas ponderaciones fueran las participaciones marginales del producto considerado ya fuera en la importación ya en la exportación, nos encontraríamos con una relación muy directa entre el F C E y el precio de cuenta de la divisa. En efecto, podría escribirse:

F C E=

Tipo de cambio oficial ~F

[3.11]

En otras palabras, el F C E en este caso, no es sino una forma alternativa de expresar el precio de cuenta de las divisas. Al fin y al cabo ambos reflejan la desviación de la estructura de precios nacio­ nales con relación a los precios internacionales. Y este parece ser el camino tomado por Squire y van der Tak ya que nos recomiendan calcular el factor estándar de conversión como «la razón entre el valor a precios en la frontera de todas las exporta­ ciones e importaciones y su valor a precios internos». Factor están­ dar de conversión que, nos dicen, «guarda una estrecha relación con el concepto más familiar del tipo de cambio de cuenta » (1975, pág. 107). Exactamente la señalada en la expresión (3.11). Siendo un promedio, y como tal susceptible de arrastrar errores de importancia (14), los autores del Banco Mundial recomiendan su utilización muy prudente, podríamos decir que en la menor medida posible (Bruce, 1976, pág. 10), y únicamente para bienes y servicios poco importantes o para aquellos que queden sin reducir una vez iniciado el proceso de las tablas insumo-producto, con posteriori­ dad a la segunda vuelta. Se recomienda por otro lado el cálculo de una serie de Factores de Conversión específicos, siguiendo el procedimiento de las tablas insumo-producto ya apuntado: transporte, energía eléctrica, cons­ trucción, etc., para reducir el ámbito de aplicación del F C E. (1 4 ) S u p o n e m o s p o r e je m p lo q u e la e s t r u c t u r a d e p r o t e c c ió n e f e c t iv a r e s p o n d e a u n a c ie r t a r a c io n a lid a d (la p r o te c c ió n n e c e s a r ia a la in d u s tr ia n a c io n a l) ; q u e s e a g o t a n lo s m á r g e n e s d e p r o te c c ió n a r a n c e la r ia , e tc .

94

En cuanto al Factor de Conversión Estándar se indica asimismo la conveniencia de calcular separadamente un FCE para cada uno de los siguientes grupos de bienes: — Bienes de capital, incluyendo bienes intermedios y materias primas. — Bienes de consumo, para lo que se recomienda utilizar índices de ponderación del consumo interno con preferencia a los del comercio exterior. A su vez, en la medida de lo posible, debería calcularse un Fac­ tor de Conversión del Consumo para distintos grupos de ingreso ya que, como señala Bruce (pág. 13), los diferentes estratos pueden te­ ner estructuras de consumo muy diferenciadas y por tanto una rela­ ción precios mundiales/precios nacionales significativamente distin­ ta. Se estima que dos factores de este tipo (para aquellos por encima del nivel promedio de consumo y para aquellos por debajo), sería suficiente. Como vemos, una serie de recomendaciones para reducir la po­ sibilidad de error al utilizar un promedio tan agregado como es el Factor de Conversión Estándar. Las críticas sin embargo se habían dirigido no tanto a la poca precisión del indicador, sino a uno de los elementos utilizados en su configuración. Con ello conectaban precisamente con un aspecto, aparentemente poco relacionado con el tema que nos ocupa, y que ya hemos tenido ocasión de apuntar a lo largo de estas páginas. Vimos cómo, al definir los bienes y servicios potencialmente im­ portables o exportables, Little y Mirrlees habían tropezado con el escollo de definir lo que se entiende por una política industrial ópti­ ma. Detrás de ello, parecía apuntar una determinada concepción so­ bre lo que sería una política comercial óptima, proclive al libre cam­ bio. No olvidemos que estamos tratando precisamente de porqué no se importan o exportan aquellos bienes. Pues bien, éste es el punto que late detrás de las críticas que Bela Balassa (1974) y otros auto­ res, realizaron al mecanismo de cálculo del F C E , tal y como aquí lo hemos expuesto. En efecto, se apoya Balassa en el hecho de que Little y Mirrlees asumen, al proponer su ambigua fórmula, que el país en cuestión no va a seguir una política comercial óptima, porque en caso contrario, ambos autores según Balassa (1974, pág. 153, nota a pie de pág. 3) 95

estarían cometiendo un error. En este último caso, la fórmula co­ rrecta para calcular el F C E sería: £ € X { + 2 T7¡ M x FC E— £ e i * i( l - í ? ) + 2 ij¡M¡(l + /!n)

[3.12]

expresión en la que e corresponde a la elasticidad-precio de oferta de las exportaciones y 77 a la correspondiente elasticidad-precio de de­ manda de las importaciones (Bruce, 1976, pág. 10). Siguiendo a Bela Balassa, en condiciones de libre comercio, utilizaríamos elasticidadesarco. Si no se previeran cambios en la estructura y grado de protec­ ción utilizaríamos elasticidades-punto, lo que arrojaría, de acuerdo a nuestro autor, una clara solución de second best. La razón para uti­ lizar las elasticidades como factores de ponderación estriba en el supuesto de que cualquier modificación marginal en la disponibili­ dad de divisas, arrastrará un ajuste automático del tipo de cambio. Como señala Bruce, si el Gobierno utilizara el incremento márginal en la cantidad de divisas para financiar la inversión, no se requeriría tal ajuste del tipo de cambio, y podríamos estimar simplemente el F C E como: FCE=

£ Mi +

2

XK

[3.13]

£ M i (i + c ) + 2 J f i ( i - / n

es decir, igual que en el texto de Little y Mirrlees. Este proceder sin embargo sólo estaría justificado en el caso expuesto o cuando e¡= -q, = 1. Por ello, señala Bela Balassa, Little y Mirrlees están en un error si el país va a embarcarse en una política comercial óptima (como parecen indicar ambos autores) al considerar al F C E como el recí­ proco del precio de cuenta de la divisa (1974, pág. 153). Y sin embargo, tal y como lo plantean los autores del manual de la OCDE sí podemos concluir que, en cierto modo, el FCE de Little y Mirrlees es el inverso del precio de cuenta de la divisa calculado por la ONUDI (P F), tal y como señalan Squire y van der Tak. La razón no es otra que la constatación (implícita y puede que contra­ dictoria en el caso de la OCDE) de que el país no va a abandonar ni cambiar drásticamente su política comercial junto con un elemento sobre el que volveremos más adelante: la propensión marginal a in­ vertir del gobierno. 96

Debido sin embargo a la polémica suscitada alrededor de este punto, y cuyas líneas maestras hemos expuesto someramente, Squire y van der Tak tuvieron buen cuidado en señalar que si «la economía avanza con rapidez hacia una política de comercio exterior relati­ vamente libre», ya no sería necesario estimar un Factor Estándar de Conversión sino lo que ellos llaman el «tipo de cambio de libre co­ mercio» cuya expresión no es otra que la de Bela Balassa, la ecua­ ción 3.12, con una ligera simplificación (Squire y van der Tak, 1975, pág. 109). Podemos concluir pues señalando que gran parte de las discusio­ nes aparecidas alrededor del precio de cuenta de la divisa y de su recíproco, el Factor de Conversión Estándar, centradas alrededor de las ponderaciones utilizadas para su cálculo (elasticidades), giran realmente alrededor de lo que se considera una política comercial óptima, y sobre las posibilidades de que dicha política sea adoptada por el gobierno en un futuro previsible.

III.

EL PRECIO DE CUENTA DE LA INVERSION

Terminamos esta excursión teórica por la amplia familia de los precios de cuenta, deteniéndonos en un curioso personaje: el precio cuenta de la inversión (P INV). Dado que la inversión carece de las características propias de los bienes y servicios, o de las divisas, analizados anteriormente y que nos ayudaron en la búsqueda y justificación de sus respectivos pre­ cios de cuenta, nos vemos obligados en primer lugar, a situar esta discusión en un contexto que explique la necesidad misma de contar con un P ,NV. Nos centraremos para ello en el texto de la ONUDI por ser el que más explícito hace su tratamiento, aunque de hecho, y como tendremos ocasión de comprobar más adelante, también los restan­ tes manuales utilizan un concepto similar. Apuntábamos al principio cómo las Pautas de la ONUDI consi­ deran el consumo de la sociedad (su valor presente) como el elemen­ to base, esencial, para calcular los distintos precios de cuenta. Ahora bien, supongamos que el gobierno, para financiar su actividad inver­ sora por ejemplo, detrae mediante impuestos una unidad monetaria del sector privado. Puede ocurrir que dicha unidad monetaria se hubiera consumido sin la intervención gubernamental. En este caso el gobierno estaría legitimado para comparar el valor presente de la 97

corriente de bienes de consumo que, en última instancia, va a gene­ rar mediante su actividad (la inversión de la unidad monetaria), con el consumo sacrificado al extraerla. Los precios de cuenta nos per­ mitirían llevar a cabo tal comparación (15). Puede ocurrir sin em­ bargo en el otro extremo, que dicha unidad monetaria se hubiera invertido por parte del sector privado. En este segundo caso la com­ paración anterior ya no sería legítima porque esta unidad, en manos del sector privado, también hubiera dado lugar a una corriente de bienes de consumo. Necesitamos por tanto comparar dos corrientes distintas de bienes de consumo. De ahí la necesidad de contar con un precio cuenta de la inversión que no es otra cosa sino el valor presente de la corriente de bienes de consumo a la que renunciamos al distraer de la iniciativa privada una unidad monetaria (a través de los impuestos por ejemplo) que hubiera sido invertida. Justificada pues en parte la necesidad de contar con este nuevo precio de cuenta, que utilizaremos más adelante en el cálculo de algunos precios sociales, veamos ahora cómo puede obtenerse, si­ guiendo para ello las Pautas de las Naciones Unidas. Comencemos por el caso más sencillo. Llamemos q a la productividad marginal del capital en el sector privado, medida ya a precios de cuenta. Supongamos ahora que el empresario privado consume íntegramente los beneficios que le pro­ porciona la unidad invertida: q es por tanto la expresión, a precios de cuenta, del consumo que puede permitirse todos los años el indi­ viduo gracias a la inversión de dicha unidad, expresión a su vez del valor de los bienes de consumo que directa o indirectamente nos proporciona. Esta unidad invertida en el sector privado nos supondría, pues una corriente de bienes de consumo año tras año igual a q. No obs­ tante, y aunque adelantemos algo los acontecimientos, el valor de dichas anualidades no es el mismo: las personas tendemos a preferir el presente al futuro. En otras palabras, por una serie de razones que discutiremos más adelante con cierta profundidad, las personas es­ tamos inclinadas a descontar el futuro (16). Si llamamos i a la tasa (1 5 ) A u n q u e n o d e l t o d o e x a c t o y a q u e e s t a m o s h a b la n d o d e c a m b io s margina­ e n e l c o n s u m o ; u t iliz a r ía m o s p o r e je m p lo e l F a c t o r d e C o n v e r s ió n d e l C o n s u m o p a r a c a lc u la r e l precio cuenta d e la u n id a d m o n e t a r ia o b t e n id a m e d ia n t e im p u e s t o s .

les

(1 6 ) E n e l c a p ít u lo 6 s e d is c u tir á n e n d e ta lle la s r a z o n e s q u e t e n e m o s lo s in d iv i­ d u o s p a r a p r e fe r ir e l p r e s e n te , la s q u e p u e d e te n e r la s o c ie d a d , y lo s m e c a n is m o s p a r a d e t e r m in a r , a p a r tir d e e lla s , la t a s a d e d e s c u e n t o d e l c o n s u m o . A n a liz a r e m o s a s im is ­ m o o t r a s ta s a s d e d e s c u e n t o p a r a le la s n e c e s a r ia s ta m b ié n e n e l c o n t e x t o d e la a c t u a li­ z a c ió n .

98

habiendo hecho los ajustes necesarios para tener en cuenta la tasa de inflación. Una i real del 4%, con una tasa de inflación del 12%, equivaldría a una i nominal del 16%. Introduciendo pues el descuento del futuro, el valor presente de la corriente de bienes de consumo que una unidad invertida hace posible vendría dada por 2

O

DIVISAS

Fig. 4.2

Vemos pues como el consumo global, a precios de cuenta, aumenta a medida que se incrementa la cantidad disponible de divi­ sas; con lo que se acentúa asimismo, sin embargo, la dependencia,. Para llegar a conocer el punto óptimo de dicha frontera de posiblidádes de consumo (P*), una vez introducida la independencia na­ cional como objetivo, necesitamos saber la pendiente de las curvas de indiferencia del Sector Público que relacionan, consumo global e independencia nacional. Curvas que se irán moviendo en sentido as­ cendente en dirección noroeste, ya que en esa dirección vamos con­ siguiendo mayor consumo y mayor independencia. Necesitamos co­ nocer, en otras palabras, la familia de curvas de bienestar equivalen­ te del Sector Público para este caso concreto. El procedimiento a seguir es el apuntado en el apartado anterior. Si el Ejecutivo se sitúa en un punto como F , está indicando clara­ mente que, desde su punta de vista, la independencia nacional no constituye un objetivo a tener en cuenta y no esá dispuesto, por tanto, a sacrificar consumo en su favor. La elección, por el contra­ rio, de una alternativa como P* indica precisamente la cuantía del consumo nacional que el Sector Público está dispuesto a sacrificar 116

para lograr una mayor independencia. Supongamos que la pendiente de la tangente en el punto P* sea 1.5. Esto quiere decir que el Go­ bierno estaría dispuesto a sacrificar 1.5 pesetas de consumo global con tal de reducir la utilización de divisas (y, por tanto, la depen­ dencia) en una peseta. La pendiente de las curvas de bienestar equivalente en el punto escogido constituye pues, al igual que en el caso anterior, el factor de ponderación que nos permite calcular el precio de cuenta de la divisa como una necesidad meritoria. Y así queda cerrado el capítu­ lo de las divisas en el texto de la ONUDI. Pero volvamos de nuevo al terreno de la distribución de la renta.

III.

EFICIENCIA Y EQUIDAD: LOS PRECIOS SOCIALES DE ACUERDO AL BANCO MUNDIAL

Una clara indicación de la importancia que el Banco Mundial concede a los problemas distributivos la ofrece el hecho de que, ya desde la presentación de su texto, Squire y van der Tak señalan el énfasis puesto en el objetivo redistributivo como uno de los elemen­ tos que diferencian su propuesta de lo que ellos llaman la “práctica tradicional” (pág. 6 - 1 1 ). • Esta mayor presencia de los problemas distributivos en el texto del Banco Mundial, supone no sólo un tratamiento algo más deta­ llado que el que contemplábamos en las Pautas, sino un plantea­ miento técnico más amplio, más flexible y probablemente más co­ rrecto (3). En efecto, los análisis que hemos repasado hasta ahora, abordaban el problema de la distribución del ingreso desde un punto de vista personal o regional. Así construíamos los distintos precios sociales, de acuerdo a su impacto sobre los diferentes individuos, grupos sociales, áreas o regiones involucrados. Sin embargo, junto a una distribución personal y espacial, existe también el problema de la distribución temporal del mismo. (3 ) L ittle y M ir r le e s p r e s c in d ía n p r á c tic a m e n te d e c o n s id e r a c io n e s r e d is t r ib u tiv a s e n la p r im e r a e d ic ió n d e s u t e x t o . E l a r g u m e n t o e s e n c ia l p a r a ju s t if ic a r e s t a p o s t u r a e r a q u e e l m a y o r m e c a n is m o d e r e d is t r ib u c ió n lo c o n s t it u ía la generación de empleo, c o n lo q u e e l v a lo r d e l salario social (d e l q u e h a b la r e m o s e n e l p r ó x im o c a p ít u lo ) r e c o g e r ía e s t a s in q u ie tu d e s . E n la s e g u n d a e d ic ió n , n o o b s t a n t e , a u n q u e s e s ig u e m a n ­ t e n ie n d o la v a lid e z d e e s t e p r in c ip io , s ie m p r e q u e e l salario real n o s e a m u y a lt o (p á g . 5 2 - 6 0 ) , s e a b o r d a e l p r o b le m a d e u n a m a n e r a m á s d e c id id a . S e h a c e , s in e m b a r g o , e n lín e a c o n lo q u e , u n p a r d e a ñ o s m á s ta r d e , d e s a r r o lla r á n c o n m a y o r p r o f u n d id a d S q u ir e y v a n d e r T a k , p o r lo q u e c o n c e n t r a m o s la a t e n c ió n e n e s t e s e g u n d o t e x t o .

117

La sociedad está tomando continuamente decisiones que inciden sobre la distribución del ingreso a lo largo del tiempo: lleva a cabo repoblaciones forestales, se endeuda en el exterior, conserva sus re­ cursos naturales, poluciona los ríos con los vertidos industriales... Algunas de estas decisiones no serán disfrutadas (o sufridas) por la generación presente, involucran a las generaciones futuras. Nos en­ contramos pues también ante un problema distributivo aunque esta vez en el tiempo. En este sentido, el Banco Mundial plantea la construcción de los precios sociales, atendiendo a estos tres frentes simultáneamente: personal, regional y temporal. En honor a la verdad, hay que apre­ surarse a señalar que éste último (la distribución en el tiempo), como tendremos ocasión de ver en el próximo capítulo, también estaba considerado, y con bastante detenimiento, en los otros dos textos fundamentales que venimos analizando (ONUDI y OCDE). Pero no adelantemos acontecimientos y centrémonos en el tra­ tamiento que da el Banco Mundial a los problemas distributivos. Squire y van der Tak abordan la problemática distributiva a tra­ vés del capítulo de un simple parámetro: co. A diferencia del caso anterior (ó), sin embargo, este parámetro contiene ahora dos ele­ mentos redistributivos, y no sólo uno. Analicémoslo, pues, más en detalle. Comencemos por definir este parámetro y en seguida pasa­ mos a desarrollar el contenido de la definición. Partimos de la siguiente expresión: (tí =

JK

W J Wj WJWZ

=

d_ v

[4.10]

en la que: a) es el valor del consumo del sector privado (al nivel de consumo c) con relación al numerario. Wc: valor marginal social del consumo del sector privado (al ni­ vel de consumo c). Wz: Valor marginal social del consumo del sector privado (al nivel medio de consumo). Wg: Valor marginal social de las divisas en el sector público. Podemos pues concentrarnos en los parámetros distributivos d y v. 118

El primero de ellos, d, es equivalente al que encontrábamos en las páginas de la ONUDI: 5. De la expresión (4.10) deducimos in­ mediatamente que d mide el incremento en el bienestar social que se produciría si una unidad del bien cuyo precio social estamos calcu­ lando (electricidad, por ejemplo) se dirigiera al grupo (o región) cu­ yo nivel de consumo es c, en lugar de dirigirse al prom edio de la población (cuyo nivel de consumo es c) (4). El parámetro d recoge pues el juicio de valor, la opinión del Sector Público con respecto a la distribución personal o regional del ingreso. ¿Por qué general modificaciones distintas en el bienestar social, cambios equivalentes en el consumo, si afectan a grupos con distinto ingreso? ¿Qué razones tiene la teoría económica para dar un tratamiento de esta naturaleza a los problemas distributivos? En otras palabras, analicemos el por qué, de acuerdo a la teoría, el incremento del con­ sumo (ingreso) de una persona necesitada puede ser más valioso que un incremento similar en manos de un individuo pudiente. Sin necesidad de introducir consideraciones de justicia, equidad, etc., existe una razón, tan vieja como la teoría misma, que justifica este proceder: el principio de la disminución de la utilidad marginal del consumo. La microeconomía tradicional tiende a aceptar, en efecto, que la curva de la utilidad total (U) que proporciona al indi­ viduo unidades sucesivas de consumo de un bien, toma una forma similar a la de la parte superior de la figura 4.3: aumentando con cada nueva unidad aunque a un ritmo decreciente. Finalmente llega un momento (A^) en el que una unidad más ya no mejora la situa­ ción de la persona y seguir insistiendo (x > x,) la empeoraría. El ejemplo de los vasos de agua (que pueden convertirse en un suplicio cuando se beben a la fuerza) es bien conocido (5). En este caso, la curva de la utilidad marginal ( U') toma la forma que observamos en la parte inferior de la figura: decrece a partir de un cierto punto (X 0), y llega a hacerse negativa (a la derecha de A',).

( 4 ) E n el c a s o d e l e je m p lo a n t e r io r y si h u b ié r a m o s o p t a d o e n e l lím it e p o r la a lt e r n a t iv a B: d — 1 .3 3 , y a q u e e l b ie n e s ta r s o c ia l e s , e n e f e c t o , u n 3 3 % m a y o r si la e le c t r ic id a d s e d ir ig e al s e c to r d e p e q u e ñ o s c a m p e s in o s . ( 5 ) E s t e p r in c ip io , q u e a v e c e s se p r e s e n t a in c o r r e c ta m e n te c o m o u n a ley, n o es s in o u n a g e n e r a l iz a c ió n d e la o b s e r v a c ió n q u e p a r e c e a ju s ta r s e b a s t a n t e b ie n a la r e a lid a d . P a r a u n a d is c u s ió n m u y in t e r e s a n te s o b r e s u v a lid e z p u e d e c o n s u lt a r s e , n o o b s t a n t e , W a ls h (1 9 7 4 , p á g . 3 1 -3 3 ).

119

Fig. 4.3

Una ecuación que recogiera esta evolución podría ser, por ejem­ plo: dU = U'(x)=X ~d~X

120

[4.12]

en la que n es un parámetro de la función de utilidad, que suele identificarse con su elasticidad (6 ). El principio de la disminución de la utilidad marginal del con­ sumo sirve pues para justificar lo que veníamos argumentando. Trasladando el razonamiento al terreno que nos interesa; si una uni­ dad de consumo incrementa la satisfacción de una persona en menor medida cuanto mayor sea su nivel original de consumo, esa misma unidad incrementará en mayor medida el bienestar social si la recoge una persona de bajos ingresos que una de altos. Este último paso supone, sin embargo, completar el conjunto de herejías económicas que hemos introducido, como el lector habrá detectado, sin duda, en el pequeño espacio de los últimos párrafos. Para llegar a esta con­ clusión, en efecto, nos hemos apoyado en un principio que no es sino una generalización de lo que los economistas creemos ver (la disminución de la utilidad marginal del consumo). Además, hemos podido presentarla con el rigor con el que aparece en la expresión 4.12, ya que hemos pasado por alto el hecho de que, siendo las fun­ ciones de utilidad únicas para toda transformación monótona posi­ tiva, no podemos afirmar sino que su primera derivada (la utilidad marginal) es positiva (7), sin que podamos pronunciarnos sobre el signo de la segunda. Culminando la cadena, al transplantar el razo­ namiento del terreno de un individuo ante dos situaciones distintas, al terreno de dos individuo distintos, hemos introducido nada menos que las comparaciones interpersonales de utilidad, rechazadas por el común de los economistas desde los lejanos tiempos de Pareto. Debemos pues tomar el anterior razonamiento como lo que re­ almente es: no una prueba rigurosa de que la redistribución del in­ greso en favor de los más pobres incrementa el bienestar general, sino como una ilustración del tipo de consideraciones que se toman (6 )

S u p o n ie n d o , p a r a s im p lific a r , q u e la e la s t ic id a d fu e r a c o n s t a n t e , s u v a lo r , p o r

d e f in ic ió n , v e n d r ía d a d o por:

X

dU ’ [ 4 .1 2 ]

V de don de: e , in t e g r a d o : s ie n d o

a

'

dx

d log X — d log U' U’ = a x ~ ‘

— e .

[413] [ 4 .1 4 ]

u n a c o n s t a n t e d e in te g r a c ió n .

(7 ) L a p r o p ie d a d (d is c u t ib le ) d e insociabilidad q u e se le s u p o n e a l o r d e n d e p r e fe ­ r e n c ia s d e l c o n s u m id o r d e s c a r ta la p o s ib ilid a d d e q u e s e a n e g a tiv a .

121

en cuenta al decidir dar este paso. El problema, en cualquier caso, y como es natural, no tiene solución salvo en la esfera política. Y hechas estas consideraciones, podemos dedicarnos ya a res­ ponder a la pregunta de cómo calcula el Banco Mundial el valor de d. El procedimiento es muy sencillo y bastante realista. De acuerdo al sentido del razonamiento anterior, si considera­ mos que las personas (o las regiones) de altos ingresos recibirán un incremento menor de su bienestar al ver aumentado su consumo que las de bajos ingresos, y ello justifica la redistribución, la cuantía de ese diferencial en el aumento del bienestar dependerá de la pendiente de la curva de utilidad (figura 4.3 a). Es decir, dependerá de la velo­ cidad a la que caigan los incrementos sucesivos de bienestar ante aumentos en el consumo: no es lo mismo partir de una curva de utilidad tal como la representada, por ejemplo, por la línea continua de la figura 4.4 a, que deslizarse por la línea quebrada. En el primer caso, añadir una unidad más al consumo en el punto C0 no mejora­ ría el bienestar [U\ (C0) =0] mientras que en el segundo lo elevaría [U'2 (C0) > 0]. Dependemos pues de la elasticidad (n) de la curva de utilidad marginal, del parámetro que nos índica precisamente cómo evoluciona la utilidad total ante modificaciones en la cantidad con­ sumida. Valores muy altos de este parámetro suponen que los in­ crementos sucesivos de bienestar decrecen muy rápidamente (línea continua en la figura 4.4). Valores bajos, por el contrario, amorti­ guan el ritmo de descenso (línea discontinua). Si llegáramos a la conclusión de que la mejora en el bienestar que supone aumentar el consumo es la misma, con total independencia de la situación eco­ nómica de quien la recibe, desaparecería el argumento que venimos utilizando para justificar la redistribución (8 ): la función de utilidad sería, en este caso, una línea recta [tal como U3 (Q ], con una pen­ diente constante. La elasticidad de su curva de utilidad marginal sería pues cero. En este sentido, el valor de d depende de dos elementos: los dis­ tintos niveles de consumo que estamos comparando (el del grupo afectado y el nivel prom edio) y la velocidad a la que se modifican las variaciones de la utilidad entre uno y otro (el parámetro n). El pri­ mero lo podemos conocer; en un dato. Sobre el segundo tenemos (8 ) T e n d r ía m o s q u e s o s te n e r , p o r e je m p lo , q u e a p e s a r d e q u e t o d o s lo s in d iv id u o s r e c ib ir á n la misma mejora d e b ie n e s ta r , e s t a m o s d is p u e s t o s a fa v o r e c e r a u n o s s o b r e o t r o s e n t a s e a c o n s id e r a c io n e s d e c u a lq u ie r o tr o tip o .

122

que pronunciarnos: es una variable política, un juicio de valor, un factor de pondet ación. 123

De la propia definición de d y de la expresión 4.11 se desprende, por tanto: [4.12] que refleja exactamente lo que acabamos de decir. Los autores del texto del Banco Mundial, al igual que hacían Sen, Dasgupta y Marglin en las Pautas, no se pronuncian sobre el valor que debería atribuirse al parámetro n. Consideran correcta­ mente que ésta es una decisión que pertenece al ámbito de lo políti­ co. Lo que sí hacen es presentar una tabla en la que aparece una familia de posibles valores de d, en función de las dos variables an­ tedichas {n y C / C), de acuerdo a la fórmula (4.12), para facilitar la elección. Tabla que reproducimos y que, como señalan sus autores, es válida en condiciones muy generales (de lugar y tiempo) ya que lo único que necesitamos introducir en ella para obtener la respuesta deseada es la relación existente entre el nivel de consumo del grupo involucrado y el promedio (C / C) y el valor que haya sido seleccio­ nado de n. A partir de allí, su funcionamiento es elemental (9). TABLA

1

Valores de “d” para cambios marginales en el consumo Nivel de consumo Relación con el p r o m e d io afectado (C) (C/C) 10 25 50 75 100 150 300 600 1.000

10,00 4 ,0 0 2 ,0 0 1,33 1,00 0 ,6 6 0 ,3 3 0 ,1 7 0 ,1 0

Valor de n 0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 ,1 6 2 ,0 0 1,41 1,15 1,00 0,81 0 ,5 7 0,41 0 ,3 2

10,00 4 ,0 0 2 ,0 0 1,33 1,00 0 ,6 6 0 ,3 3 0 ,1 7 0 ,1 0

3 1 ,6 2 8 ,0 0 2 ,8 3 1,53 1,00 0 ,5 4 0 ,1 9 0 ,0 7 0 ,0 3

100.00 16,00 4 ,0 0 1,77 1,00 0 ,4 4 0,11 0 ,0 3 0,01

F uente: Squire y van der Tak. 1975, pág. 76.

(9 ) L ittle y M ir r le e s e n la s e g u n d a e d ic ió n d e s u lib r o u t iliz a n , c o m o d e c im o s , u n p r o c e d im ie n t o s im ila r . H a c e n d e p e n d e r e l f a c to r d e p o n d e r a c ió n d e l c o n s u m o , t a n t o

124

Supongamos, por ejemplo, que estamos estimando el precio so­ cial de la electricidad. Este dependerá naturalmente del grupo afec­ tado. Si la energía eléctrica en cuestión va a ser dirigida a una ba­ rriada cuyo ingreso promedio es la mitad de la media nacional y, de alguna forma, hemos llegado a la conclusión de que el poder político sería consecuente seleccionando una n = 1,5, el valor resultante de d = 2.83. Esto quiere decir simplemente que, p o r este concepto, el último Kw/h. dirigido al grupo social mencionado produce un aumento del bienestar total 2.83 veces mayor que si hubiera sido consumido por una familia con el ingreso promedio. Si n hubiera sido seleccionada al nivel 2 , el aumento del bienestar hubiera sido cuatro veces mayor, y si n = 0 , da exactamente igual que la energía eléctrica se dirija a un sector u otro. El manejo pues, como vemos, es muy sencillo. Nos hemos referido, sin embargo, al último Kw/h. recibido por cada grupo. Es decir, hemos considerado la tabla como válida para cambios marginales en el consumo. Cuando los cambios en el consumo no son marginales (el paso de C0 a C,, por ejemplo en la figura 4.4) el cuadro anterior ya no es válido. Hemos dejado de movernos en el entorno de un punto, lo que quiere decir que cambia la pendiente de la curva U (C) y, por lo tanto, el valor de la utilidad marginal entre la situación original y la final. Se requiere ahora una doble información: por un lado, la rela­ ción entre el viejo y el nuevo nivel de consumo (C0 / C,) y, por otro, la que existe entre el nivel promedio y el nuevo (C / Cj). Añadiendo la opinión del sector público sobre n, se obtiene la información bus­ cada, tal y como aparece en la tabla 2 ( 1 0 ). Es de señalar que, a pesar de que seleccionar un valor de n, como se ha apuntado, queda al libre albedrío del Ejecutivo, el texto del Banco Mundial, no obstante, señala los valores extremos entre los d e l n iv e l c o m p a r a t iv o d e l g r u p o c o n r e s p e c to a l p r o m e d io ( a u n q u e e n e s t e c a s o e l p r o m e d io u t iliz a d o e s lig e r a m e n te d ife r e n te : e s e l nivel critico d e c o n s u m o d e l q u e h a b la r e m o s e n e l p r ó x im o c a p ítu lo ) c o m o d e su “e la s t ic id a d ”. A s í p u e d e c o m p r o b a r s e , p o r e j e m p lo , a n a liz a n d o la s fó r m u la s d e la p á g . 2 3 9 . (1 0 ) E l v a lo r d e d se o b t ie n e d e la s e x p r e s io n e s :

para n (1 -

n ) (C j

-

C - (lnCx '--- I — lnC0) U' — -------------------------------------- para

J _

d

C0) n

?é

1

_ .

- 1

[ 4 .1 3 ]

[ 4 .1 4 ]

Ci — Cq 125

que probablemente se encontrará el valor finalmente escogido. La razón estriba en que, como se hace evidente en la tabla 1 , cambios pequeños en n tienen un impacto considerable sobre d. Ello se debe, como es fácilmente comprobable, a que el valor de n actúa como exponente de la relación entre el nivel medio de consumo y el afec­ tado. Por tanto, algo puede adelantarse sobre los valores extremos que puede tomar esta variable política.

TABLA

2

Valores de “d” para cambios no marginales en el consumo Relación

c /c ,

Valor de

Relación

Co /C|

n

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

7,5 4 4 ,6 9

16,00 8 ,0 0

2 2

0 ,2 5 0 ,5 0

1.00 1,00

1,86 1,64

3 ,7 0 2 ,7 7

2

0 ,7 5

2 ,3 3 1,85

3,4 5

5 ,3 0

0 ,2 5

1,00 1,00

1,47

1

2 ,t

i

4 ,0 0

1 1

0 ,5 0 0 ,7 5

1,00

1,16 1,04

1,39

1,00

0 ,5

0 ,2 5

1,00

0 ,6 6

0,5

0 ,5 0

1,00

0,5

0 ,7 5

1,00

0 ,5 8 0 ,5 2

Fiente:

1,32

1,66 1,22

2 ,0 0

1,15 0 ,9 2

0 ,9 2

1,00

0 ,6 9

0 ,5 9

0 ,5 0

0 ,5 7

0 ,4 3

0 ,3 3

1,30

Squire y van der Tak. 1975, pág. 78.

Descartemos el caso, nos dice el Banco Mundial, de una n = 0. Al fin y al cabo, esto supondría simplemente que prescindimos del objetivo redistributivo y la verdad es que prácticamente la totalidad de los gobiernos se encuentran comprometidos con algún tipo de política fiscal progresiva. Quien sabe si esta afirmación tan tajante es realmente una proyección de deseos más que una constatación obje­ tiva, o se trata simplemente de una forma suave e indirecta de ejer­ cer una cierta presión moral sobre aquellos gobiernos que han des­ cuidado completamente este aspecto del problema. El hecho, en cualquier caso, en que la afirmación está ahí (pág. 116), aunque se recomiende asimismo que, como una información más, se calculen los precios de cuenta de eficiencia previos (n = 0 ) y se evalúen con ellos las decisiones a tomar. Lo anterior a título meramente ilustra­ tivo: para contar como decimos con una mayor información. La decisión final se tomará de acuerdo al Banco Mundial, con precios sociales (n > 0 ). 126

Aceptado lo anterior, se nos presentan unas recomendaciones muy sencillas para evitar el empantanamiento en discusiones inter­ minables alrededor de este punto. Para aquellos países cuyo Gobier­ no muestra un interés más bien tibio en mejorar la distribución de la renta (probablemente y en términos reales, no esté mostrando nin­ guno), el Banco recomienda se utilice un valor de n = 0.5. Para aquéllos, por el contrario, que han manifestado un marcado interés por el tema: n — 1.5 ó incluso n — 2.0 (11). Los límites al valor de n, como vemos, y debido al carácter ex­ ponencial apuntado, no están muy separados. Se trata no tanto de averiguar su valor exacto cuanto su proximidad a uno de estos ex­ tremos. Nos queda finalmente por analizar el caso en el que es difícil discriminar por niveles de ingreso el reparto del consumo de una mercancía. Bien porque no se conozca, bien porque afecte a toda la población y sea difícil discernir en qué cuantía se ve afectado cada nivel, bien porque la importancia del bien o servicio en cuestión no justifique un cálculo pormenorizado. Cuando ésto ocurre, el Banco Mundial introduce el supuesto de que el incremento en el consumo producido por una unidad más de este bien se reparte de la misma forma que el ingreso global, sigue la misma distribución. Lo que implica, como señalan Squire y van der Tak, que tiene un impacto neutral sobre la distribución del ingreso. En este caso, se recomienda la utilización del llamado factor de ponderación global de la distribución (D). Naturalmente este factor de ponderación dependerá de la distribución del ingreso existente, que nos indica (de acuerdo al supuesto de partida) cómo se ve bene­ ficiado cada estrato de la población, y del valor que asignemos a cada una de estas mejoras: lo que hemos llamado n. La tabla 3 muestra el valor de D de acuerdo a estas variables (12). En ella aparece la variable a que no es sino el parámetro de la1

( 1 1 ) P o r su p a r te e l B a n c o M u n d ia l, c u a n d o s e e n fr e n ta c o n la n e c e s id a d d e lle v a r a c a b o u n a evaluación social d e p r o y e c t o s p a r a lo s q u e s e r e q u ie r e s u f in a n c ia c ió n , lo h a c e e n u n a e t a p a p r e lim in a r u t iliz a n d o precios sociales c o n u n v a lo r d e n ig u a l a la u n id a d . A s í, e n p r im e r a in s ta n c ia , t o d o s lo s p a ís e s s o lic it a n t e s ( t o d o s lo s p r o y e c t o s ) s o n e n j u ic ia d o s c o n u n c r ite r io c o m ú n . P o s t e r io r m e n t e s e lle v a a c a b o u n a n á lis is d e s e n s ib ilid a d c o n v a lo r e s c o m p r e n d id o s e n tr e 0 .5 y 1.5 ó 2 .0 , d e a c u e r d o a lo s d is t in t o s p a ís e s. (1 2 ) E l v a lo r d e D se o b t ie n e d e la fó r m u la : n

D=

o (o ~

i , 1—!i 0

(n + o —

[ 4 .1 6 ] 1)

127

función de distribución de Pareto y que se encuentra relacionada con el Coeficiente de Gini de acuerdo a la siguiente expresión: Coeficiente de Gini = —— -— -

[4.15]

TABLA 3

Valor del factor de ponderación de la distribución global (D) n

O

0.0

0.5

1.0

1.5

1,5 2,0

1,0 1,0

0,86 0,94

1,0 1,0

1,3

1,8

1,1

1,3

2.0

F uente: Squire y Van der Tak, pág. 79.

El Coeficiente de Gini, que como es sabido representa de alguna medida la desigualdad existente en la distribución del ingreso, es una información estándar y fácilmente obtenible para muchos países. De esta forma quedaría pues reflejado el incremento en el bienestar so­ cial que supone aumentar en una unidad el consumo de un bien, distribuyéndolo entre la población de la misma manera que el ingreso. Y nos quedaría por analizar v, el parámetro que recoge el juicio de valor de la sociedad sobre la distribución del consumo en el tiem­ po. Con ello habríamos completado el cálculo de las variables nece­ sarias para pasar de precios de cuenta de eficiencia a precios de cuenta sociales de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Aunque la discusión sobre los problemas de la distribución del consumo a lo largo de un horizonte temporal recoge alguno de los elementos que se han introducido en los párrafos anteriores, se asienta sobre unas bases ligeramente diferentes. Hemos creído opor­ tuno, por tanto posponer su tratamiento hasta los dos próximos ca­ pítulos donde quedará enmarcado en unas coordenadas más familia­ res. Nos vemos obligados pues a dejar algo cojo e incompleto este repaso de la metodología del Banco Mundial en cuanto a los fa cto ­ res de ponderación redistributivos, pero esperamos subsanar ense­ guida esta anomalía.

128

CAPITULO QUINTO

SALARIO SOCIAL I.

A.

EL PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA: PRESENTACION GENERAL Significado del salario social

Hasta ahora hemos descompuesto, en el tratamiento de los pre­ cios de cuenta, el componente de eficiencia del componente de equi­ dad. Calculábamos por ello los precios de cuenta en una primera etapa y sólo posteriormente introducíamos las consideraciones que nos permitían hablar de precios sociales. Ahora, sin embargo, nos hemos referido desde el comienzo al salario social, pasando por alto su componente estricto de eficiencia. Tal proceder requiere una justi­ ficación. No se trata de que desconozcamos la posibilidad de hacer un alto a medio camino: de hecho la apuntaremos en cuanto aparezca. Sin embargo, estamos frente a uno de los precios de cuenta más impor­ tantes en el contexto global de todos ellos, cuya relevancia trascien­ de el estricto campo de la asignación estática de recursos, en mayor medida que los anteriores. La política de empleo, la selección de tecnología, las corrientes migratorias y su posible control, no van a ser problemas ajenos a la discusión central sobre el valor de este precio de cuenta. Quizá por ello la literatura especializada ha des­ bordado prácticamente desde el principio el terreno de la mera efi­ ciencia, adentrándose sin vacilación en la discusión de uno de los problemas distributivos que mencionábamos en el capítulo anterior: 129

el del horizonte temporal de la sociedad (1). La distribución del con­ sumo a lo largo del tiempo juega un papel esencial en la valoración que hace la literatura del salario de cuenta, y esto es lo que nos ha llevado desde el principio a tratar el problema como lo que realmen­ te es: búsqueda de un precio social. Hecha pues esta advertencia vamos a plantear de una manera general la discusión en torno al concepto mismo de salario social y de sus componentes, para pasar luego a analizar cómo han tratado el problema los distintos manuales que venimos utilizando. En términos muy sencillos, el salario social no es otra cosa que la expresión del coste en que incurre la sociedad cuando se genera un nuevo puesto de trabajo, cuando se da empleo a un nuevo trabaja­ dor. Así como el salario de mercado es (en términos muy simples) el coste en que incurre un empresario al contratar una persona más, el salario social es el coste en el que incurre la sociedad al hacerlo. Es un reflejo de la pérdida de bienestar que ello supone y, naturalmen­ te, en relación a los dos objetivos propuestos: eficiencia y equidad. Definido así, podemos preguntarnos por las razones que llevan a que la sociedad vea disminuido su bienestar cuando da empleo a uno de sus miembros. Si somos capaces de responder a este interro­ gante habríamos encontrado con ello los componentes que confor­ man este precio social. Vamos a intentarlo. B.

Elementos que componen el salario social

Dos son los elementos fundamentales que hacen costoso, desde el punto de vista social, la generación de un nuevo puesto de trabajo: 1.

Producción perdida

La primera merma en el bienestar social al contratar un trabaja­ dor aparece relacionada, como es evidente, con la actividad previa de esta persona. La sociedad pierde la cantidad de bienes y servicios que el individuo ayudaba a producir en su ocupación anterior. En términos más precisos: la contribución del sujeto a la producción en el sector en el que se encontraba empleado. Si llamamos m a la productividad marginal del trabajador en su sector de origen (pro­ ductividad marginal del sector alternativo), m será el exponente de (1 )

Y a t u v im o s o c a s ió n d e o b s e r v a r , t a n g e n c ia lm e n t e , q u e L ittle y M ir r le e s a s ig ­

n a n a l s a la r io s o c ia l u n p a p e l e s e n c ia l a s im is m o e n la r e d is t r ib u c ió n in g r e so : e n la n o t a 3 d e l c a p ít u lo a n te r io r .

130

personal

del

esta primera pérdida social. Es más, como tendremos ocasión de ver enseguida: Salario de eficiencia = m [5-1] Es decir , m valorado a precios de cuenta representa el coste en términos de eficiencia de emplear un trabajador. Los demás compo­ nentes que vamos a introducir a continuación para llegar al cálculo del salario social tienen ya un carácter claramente redistributivo. La primera conclusión inmediata que se desprende de lo ante­ rior, sin embargo, es que, si existe desempleo abierto (el trabajador contratado estaba desocupado, luego: m — 0), y la producción per­ dida fuera el único costo social de emplearlo: Salario de cuenta = m = 0. Conclusión, por otro lado, muy en consonancia con el puro sen­ tido común. La sociedad no pierde nada por dar trabajo a quien no lo tenía: muy por el contrario, puede que incluso gane, con lo que el salario de cuenta sería negativo. Volveremos sobre ello más adelan­ te. Vamos a detenernos un momento, sin embargo, en un aspecto importante que va a caracterizar la discusión subsiguiente sobre el salario social. Dentro del campo del Análisis de Costos y Beneficios Sociales, la literatura no tardó en dirigir su atención hacia la realidad del mundo no desarrollado. Camino por el que se adentrarían igualmente los tres manuales que estamos comentando. Viene esto a cuento de que, precisamente con relación al subde­ sarrollo, la teoría económica ha introducido un elemento que, apa­ rentemente, caracteriza parcialmente la realidad de estos países o regiones. Nos estamos refiriendo, como es obvio, a la existencia de desempleo encubierto. Fue de la mano de los modelos dualistas como hizo su aparición este concepto cuya existencia se detectaba aparentemente en el lla­ mado sector tradicional de la economía. Los trabajadores en este sector, aun cuando llevan a cabo una tarea (trabajan), tienen una contribución nula a la producción total: no añaden nada. Se encuen­ tran pues en situación de desempleo encubierto o disfrazado (2). Si fueran retirados de la producción, su ausencia no se notaría. Es lo

(2 )

C o n c e p t o d if e r e n te p u e s al d e

subempleo

(la p e r s o n a n o o c u p a u n p u e s t o

a c o r d e c o n s u s c a p a c ita c io n e s ).

131

que ocurre, en la figura 5.1, con los trabajadores L0L X: por encon­ trarse en el tramo horizontal de la función de producción Q (L), pueden ser apartados del sector sin que caiga la producción total ( Q0)• Aunque trabajan (su productividad media, tg a , es positiva), su contribución neta al producto total.es nula. Entre los que quedan ( O L x) podrían perfectamente seguir produciendo lo mismo. Es el caso, muchas veces, se argumenta, de la agricultura unifamiliar pequeño-campesina. Todos los miembros de la familia trabajan la tierra obteniendo un producto que reparten. Si alguno de ellos emi­ grara a la ciudad, sin embargo, los restantes, reorganizado el traba­

jo, trabajando quizá más horas, podrían seguir obteniendo el mis­ mo resultado. Algo similar a lo que ocurre asimismo, por ejemplo, con los limpiabotas, abre coches, vendedores de cigarrillos, mensaje­ ros, etc., de tantas ciudades, sobre todo, del mundo no desarrollado. Si por cualquier motivo quedaran reducidos a la mitad los limpiabo­ tas de una de ellas, es poco probable que cayera el número de pares limpiados al cabo del día. No es que los ausentes no trabajaran (po­ demos contar el número de zapatos que lustraban) pero está claro que lo que añadían a la producción era cero. Los ejemplos podrían multiplicarse sin esfuerzo. Sin embargo, valgan los anteriores para ilustrar la existencia de este fenómeno y para señalar que el sector 132

tradicional no debe identificarse con el sector agrícola (las planta­ ciones, por ejemplo, no forman parte del mismo) ni el urbano con el sector moderno (algunos de los ejemplos que hemos mencionado se encuentran en las ciudades). Sí conviene, sin embargo, matizar varios de los elementos que hemos introducido. Ya hemos señalado, en primer lugar, cómo la remuneración en el sector tradicional se halla ligada a la productividad media (a = tg a): los miembros se reparten la producción entre ellos y, en principio, pode­ mos suponer que a partes iguales. No tendría sentido en estas condi­ ciones la remuneración en base a la productividad marginal (m), prevalenciente bajo la racionalidad capitalista, ya que ello supondría pura y simplemente no pagar (3). Hemos deslizado asimismo la afirmación de que es posible que los trabajadores remanentes se vean obligados a trabajar más horas para evitar que la producción decline cuando se produce el abando­ no del sector por parte de los “sobrantes”. Esto nos introduce la necesidad, en segundo lugar, de distinguir entre la productividad marginal del trabajador y la productividad marginal del trabajo (de la hora trabajada). Con ayuda de la figura 4.2 podemos analizar la diferencia (Sen. 1972, pág. 4). En ella, a diferencia de en el caso anterior, nos encon­ tramos en el eje horizontal con el número de horas trabajadas (H) y el número de trabajadores en el eje sur. La tg y , por tanto, reprodu­ ce la duración de la jornada de trabajo. Podemos suprimir la canti­ dad de horas H0 H x trabajadas y retirar L0 L x trabajadores, mante­ niendo la jornada de trabajo en tg y sin que decrezca la producción. Reducir a la izquierda de H x la cantidad de horas aportadas al pro­ ceso productivo supondría hacer descender la cantidad obtenida. Sin embargo, aún podemos seguir retirando trabajadores (L x L2) si lo­ gramos que los que se quedan (O L2) aumenten la duración de la jornada de trabajo hasta tg k =8 h. En este segundo caso, los traba­ jadores L x L2 tendrían una productividad marginal nula, podrían ser retirados, pero las horas trabajadas H x H2, el trabajo, tiene una pro­ ductividad marginal positiva. Esta es la diferencia. Y tiene impor­ tancia, como es obvio, en relación al problema de los incentivos: al problema de cómo lograr que los que se quedan trabajen más. En tercer y último lugar, conviene salir al paso de una simplifica(3 ) S o b r e la r a c io n a lid a d d e contratar m a n o d e o b r a e n e s t a s c o n d ic io n e s p u e d e c o n s u lt a r s e B ru ce (1 9 7 6 ) y B h a r a d w a j (1 9 7 9 ) e n tr e o tr o s .

133

Fig. 5.2

134

ción excesiva que hemos introducido al presentar la existencia del desempleo encubierto o disfrazado. Se ha afirmado, en efecto, que estos trabajadores se caracterizan (con la salvedad apuntada en el párrafo anterior) por tener una nula productividad marginal. Esto no es enteramente cierto. Hace ya mucho tiempo que se distingue entre dos tipos de desempleo encubierto: el de aquellos cuya produc­ tividad marginal es efectivamente cero, y el de aquellos que tienen una productividad marginal positiva pero inferior a la media: 0< m o) pero también es cierto que se divide entre menos personas, precisamente por la ausencia del emigrante. La diferencia es la mejora que experimentan los que se quedan en su propio consumo: ACf = a — m [5.3] Sumando las dos expresiones anteriores se obtiene el aumento total en el consumo que se produce, en este caso simplificado, cuan­ do generamos un nuevo puesto de trabajo. A C =A Cw + ACf = w — a + a — m — w — m

C.

[5.4]

Valoración de los componentes

Con esto tenemos pues calculado el incremento en el consumo global que aparece al generar un nuevo puesto de trabajo (5). Pasa­ remos ahora al intento de su valoración. A pesar de que hayamos razonado el porqué de considerar como un costo social el aumento producido en el consumo, es evidente que el razonamiento ha quedado incompleto. Aceptemos que dada nuestra insatisfacción con el ritmo de cre­ cimiento del país (lo que en sí mismo no es sino la expresión de un juicio de valor), la renuncia a la inversión productiva pueda ser con­ siderada como un costo. Pero, ¿no es contradictorio conceptuar co­ mo tal todo incremento en el consumo? Al fin y al cabo una de las finalidades básicas de la política económica, recogida fielmente en la simplificada función de bienestar que presentábamos como común a los tres manuales, no es sino mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Incluyendo, naturalmente, su consumo presente. Por tan­ to, no es correcto catalogar al incremento en el consumo presente (5 ) E n r e a lid a d e l p r o b le m a e s a lg o m á s c o m p le j o , s o b r e t o d o c u a n d o c o m o h a r e m o s u n a s p á g in a s m á s a d e la n t e , in t r o d u c im o s e l « s e c to r in fo r m a l» . E l c a r á c te r d e e s t e t e x t o n o s im p id e , s in e m b a r g o , d e s a r r o lla r m á s d e te n id a m e n te e s t e p u n to .

139

como un coste: es un beneficio social. Lo que ocurre es que hay razones para creer que puede ser un beneficio social inferior a un incremento equivalente de la inversión (consumo futuro). Inferior o no dependerá naturalmente de cómo comparemos es­ tos dos objetivos contradictorios: consumo presente versus consumo futuro. En otras palabras, dependerá del juicio de valor distributivo de la sociedad en relación al horizonte temporal en el que quiere repartir su consumo. Para hacer más operativa esta discusión, llámenos s al valor de una unidad adicional de consumo en términos de una unidad adi­ cional de inversión. Más precisamente: al incremento en el bienestar social que supone consumir hoy una unidad más, en relación al in­ cremento en el bienestar que supondría invertirla (y, por tanto, con­ sumir más mañana). Con ello tendríamos que, junto al costo social de sacrificar un montante de inversión igual a: w—m (expresión del aumento en el consumo), aparecería un beneficio so­ cial producto de ese mismo incremento. Su valor sería: s (w — m) Poniendo juntos estos dos elementos y teniendo en cuenta el sig­ no negativo del segundo (ya que se trata de un beneficio y estamos sumando costes) el efecto neto sobre el salario social sería: w — m — s (w — m) = ( 1 — s) (w — m) Sumando pues los dos componentes que hemos identificado como partes del salario social encontraríamos finalmente la expresión es­ tándar de éste: Salario social = m + (1 — s)(w — m)

[5.5]

Como tendremos ocasión de ver en seguida, esta es una formula­ ción simplificada del precio social de la maño de obra. Presenta, no obstante, su estructura básica y, de una forma u otra, con mayores o menores complicaciones, es seguida por los tres textos descritos. Pe­ ro detengámonos un momento en un problema básico relacionado con lo anterior, de gran importancia intrínseca.

140

D.

Salario social, selección de técnicas y política de empleo

La gran importancia del salario social, que ya mencionábamos al comienzo de este capítulo, proviene precisamente del hecho de ence­ rrar este juicio distributivo sobre el reparto social en el tiempo, y la transcendencia que ello tiene en dos campos de gran importancia, íntimamente relacionados: la selección de tecnología y la política de empleo. La discusión sobre la selección de técnicas y la tasa óptima de ahorro tiene ya tras de sí una larga tradición. Con independencia de algunas ventajas colaterales en uno u otro sentido, señaladas, por ejemplo, en Khatkhate (1980), la elección entre técnicas relativamen­ te intensivas en el uso de capital (capital-intensivas) o en el uso de mano de obra (trabajo-intensivas) ha terminado por reposar en dos elementos fundamentales. En primer lugar, el objetivo que se haya fijado la sociedad: el juicio de valor distributivo del que venimos hablando. En segundo lugar, aunque en un papel secundario y de­ pendiente, el valor del salario de mercado prevaleciente en el sector moderno. Siguiendo de nuevo a Sen (1972, cap. II) podríamos re­ presentar las distintas opciones enfrentadas con ayuda de la figura 5.4 (que modifica parcialmente, simplificándolos, los diagramas 2a y 2b del texto original). En ella encontramos en el eje horizontal el número^de trabajadores empleados, mientras que el stock de capital dado (K) está representado en el eje sur. La pendiente /3 mide pues la relación trabajo-capital y permite identificar una u otra opción como capital-intensiva o trabajo-intensiva. Dada la función de pro­ ducción q (L K) podrían identificarse tres posibles alternativas, con­ gruente cada una de ellas con un objetivo determinado: — Emplear O L0 trabajadores (punto A). Representaría el má­ ximo empleo generable, dado el nivel salarial existente, com­ patible con una producción que pueda sostener a los trabaja­ dores contratados. Todo el valor de la producción quedaría absorbido por la masa salarial, desapareciendo por completo cualquier tipo de excedente, incluso el necesario para la repo­ sición del capital fijo. Obviamente situarse en este punto su­ pondría seleccionar una tecnología lo más trabajo-intensiva posible, compatible, en este sentido, con un objetivo social claramente determinado: la maximización del empleo en el corto plazo. — Emplear O L, trabajadores (punto B). Con ello conseguimos maximizar la producción total en el corto plazo e incluso un 141

excedente positivo (B B'). La tecnología seleccionada podría conceptuarse como trabajo-intensiva, aunque, como es obvio, en menor grado que la anterior. Decantarse por ella supon­ dría aceptar un objetivo social muy concreto: la maximización del consumo presente. — Emplear O L2 trabajadores (punto C). Elegir esta opción su­ pone maximizar el excedente reinvertible C C : las dos líneas son paralelas en ese punto. Situarse a la izquierda de C no tendría sentido. Estamos pues ante la tecnología más capitalintensiva posible: aquella que minimiza la generación de em­ pleo en el corto plazo (Galenson y Leibensteín mostraron, como es bien sabido, que otra cosa ocurre en el largo plazo) 142

pero que garantiza la mayor tasa de reinversión y, por tanto, de crecimiento. El objetivo social compatible con esta elec­ ción es inmediato: la maximización del consumo futuro. El objetivo que se haya propuesto la sociedad determina pues en gran medida la subsiguiente selección de técnicas, y la política de empleo compatible con ella. Una vez determinada esta opción social, es fácil comprobar que la selección de tecnología depende, en segunda instancia, del nivel del salario real. Si en lugar de O W la tasa de salarios se elevara a O W , los tres puntos analizados quedarían desplazados hacia la iz­ quierda (alguno incluso podría llegar a desaparecer) y la tecnología en general de la economía, tendería a hacerse, en términos relativos, más capital-intensiva. Pues bien, precisamente estos dos elementos son los que se en­ cuentran asimismo en la formulación del salario social, dando lugar a un parecido abanico de posibilidades. En efecto, observemos los valores extremos que puede tomar s. Habiendo sido definido como el valor de una unidad de consu­ mo en términos de inversión, es claro que: 0< s< 1 ya que, o bien somos indiferentes entre el consumo y la inversión, lo que quiere decir que no estamos dispuestos a sacrificar consumo presente en aras del consumo futuro (s = 1); o bien consideramos que todo el énfasis debe ponerse en el consumo futuro y, por tanto, prácticamente todo incremento en el consumo hoy puede ser consi­ derado como un costo ( 5 — 0). Veamos que repercusiones tiene esto sobre el valor del salario social, la selección de técnicas y la política de empleo. Es fácilmente comprobable, de la expresión 5.5, que: Si

5

= 1 =*Salario social = m

[5.6]

lo que en situación de desempleo abierto, o de desempleo encubier­ to, en sentido estricto (m = 0), lleva a: Salario social = 0 Las implicaciones de un resultado de esta naturaleza para la se­ lección de tecnología son evidentes. Dado que estamos considerando

143

como nulo el costo social de contratar un trabajador, ante dos op­ ciones cualesquiera, siempre nos pronunciaremos por aquélla que sustituya algún factor de producción (maquinaria fundamentalmen­ te), cuyo costo social es positivo, por trabajo, cuyo costo social es nulo. Si tenemos que decidir sobre la forma de construir un nuevo tramo de carretera, por ejemplo, siempre resultará más rentable ha­ cerlo, desde el punto de vista social, con una gran cantidad de traba­ jadores acompañados de implementos muy sencillos, que con gran­ des palas excavadoras, camiones, asfaltadoras, etc. La razón obvia­ mente es que prescindimos por completo de los costos de mano de obra y la primera alternativa se ve mucho más afectada, en términos relativos, por este paso que la segunda. La resultante es pues una inclinación sistemática hacia la utiliza­ ción de tecnología trabajo-intensiva. Lo cual, por otro lado, es abso­ lutamente coherente con la elección social que mencionábamos al tratar el problema de la selección de tecnología. En efecto, al hacer 5 = 1 estamos indicando que una unidad invertida vale tanto como una unidad consumida. En otras palabras: no estamos dispuestos a conceder un prem io a la inversión, a sacrificar consumo presente por consumo futuro. Lo que esto quiere decir simplemente es que la maximización del consumo presente es el objetivo que se ha marca­ do la sociedad. Y ello, como se desprendía de la presentación de A. K. Sen, conlleva la elección de técnicas relativamente trabajointensivas: el punto B de la figura 5.4 (6). Alternativamente, supongamos que 5

—0

Más concretamente, para simplificar, que 5

= 0

Aplicando este valor a la expresión 5.5 obtenemos que: Salario social = w

[5.7]

cualquiera que sea el valor de m. A su vez, w es el máximo valor que puede alcanzar el salario social, de acuerdo a la fórmula 5.5 (7). Las (6) El punto A queda descartado porque implica la existencia de un salario so­ cial negativo, que es el que justificaría contratar trabajadores cuya productividad marginal es negativa. Todavía no podemos contemplar esta posibilidad. ("/} Como veremos enseguida, con fórmulas un poco más complejas, el valor del salario social puede superar w.

144

consecuencias que de ello se desprenden son asimismo inmediatas: imputamos a la contratación de mano de obra el máximo costo so­ cial posible. Penalizamos pues fuertemente la generación de empleo. La selección de técnicas estará orientada hacia aquellas relativamen­ te intensivas en el uso de capital, y la política de empleo será muy restrictiva. De nuevo nos encontramos con que no estamos haciendo sino expresar en un contexto quizá más elaborado, el razonamiento anterior de Sen. Al hacer 5 = 0 (en el extremo) consideramos que el incremento de una unidad en el consumo presente no incrementa en absoluto el bienestar social. ¿Porqué? Porque nuestro interés está en el consumo futuro y para ello lo que el país debe hacer hoy es inver­ tir, no consumir: maximizar el excedente reinvertible. Volviendo a la figura 5.4 el punto compatible con este objetivo es C: el que va acompañado de la tecnología más intensiva en capital (8). Vemos pues que la discusión sobre el valor del salario social no sólo nos conecta con una polémica de gran tradición, sobre todo, en el campo del desarrollo económico (la tasa óptima de ahorro y la selección de tecnología), sino que incide sobre un área de gran inte­ rés, dada la gravedad de los problemas con los que se enfrenta: la política de empleo. Y observamos asimismo cómo, en última instancia, el valor del salario social depende de este parámetro que hemos llamado s. Al fin y al cabo, tanto m como w son variables observables (con mayor o menor dificultad) y que como tales tienen un valor que, nos guste o no, ahí está. Sin embargo, s es una variable sobre la que nosotros mismos decidimos. Es la propia sociedad, o quien la representa, quien ha de decirnos su valor: es, en definitiva, un parámetro redis­ tributivo. Sobre él volveremos enseguida Veamos ahora cómo han dado respuesta a la valoración del sala­ rio social los distintos autores que venimos considerando. II.

EL SALARIO SOCIAL EN LOS DISTINTOS MANUALES

A.

Little y Mirrlees

Probablemente fuera la primera edición del texto de la OCDE la que más se aproximara a la sencilla formulación que hemos expre(8 ) E x is t e n r a z o n e s p a r a c r e e r q u e e l r a z o n a m ie n to a n te r io r , c o m ú n m e n t e a c e p ­ t a d o p o r la lite r a tu r a , p u e d e se r in c o m p le t o . E l te m a q u e h a s id o tr a t a d o e n o t r o lu g a r ( v é a s e p . ej. A z q u e t a , 1 9 8 3 ), a u n q u e d e c ie r t o in t e r é s , q u e d a fu e r a d e la s c a r a c ­ t e r ís t ic a s d e u n t e x t o c o m o e l q u e a q u í p r e s e n t a m o s .

145

sado más arriba. En efecto, Little y Mirrlees presentaban en aquella ocasión una fórmula para el salario social:

Salario social = m + ( 1 ------- ) (w — m) so

[5.8]

expresión igual en todo a la 5.5, con la diferencia de que aquí s0 es el inverso de s : s0 es el valor de una unidad invertida en términos de una unidad consumida en el período inicial (9). Por lo demás, ob­ servamos que la fórmula es idéntica a la anterior. Little y Mirrlees avanzaban algo más que nosotros en aquella primera edición de su texto, ya que señalaban asimismo un camino para cerrar el modelo calculando el valor de s0. Proponían para ello utilizar la siguiente expresión: (w — m) n ------- ----- + 1 r—i en la que: r: es la tasa de reinversión de la economía. i: tasa de descuento del consumo, de la que hablaremos más adelante aunque ya la hemos mencionado con anterioridad. n: número de trabajadores empleados por cada unidad de inversión. T: número de años que han de transcurrir hasta que consumo e inversión sean igualmente deseables. El paso, sin embargo, es más ficticio que real. Seguimos tratando con un parámetro redistributivo (s0), y una fórmula como la 5.9 no nos permite escapar a la necesidad de efectuar un juicio de valor. Sólo que ahora, en lugar de encarnarlo directamente en s0, queda un poco más escondido tras el valor de T. ¿Cuántos años han de trans­ currir hasta que la sociedad deje de premiar la inversión? Es obvio que eso depende del objetivo que se haya propuesto. Si éste es ma-

(9 ) E s t o y a n o s a d v ie r te d e l h e c h o d e q u e , c o m o v e r e m o s e n e l c a p ít u lo s ig u ie n t e , e l v a lo r d e é s t e y o t r o s p a r á m e tr o s r e d is t r ib u tiv o s n o t ie n e p o r q u é p e r m a n e c e r c o n s ­ ta n t e a lo la r g o d e l tie m p o .

146

ximizar el consumo presente, ese momento ya ha llegado. En ese caso, T = 0 y 1 -(- r \

(TT7/ _

í

V

( (w — m) n

\

[

/

~ i

(w — m )n

r—i

_ (w — m )n

)

( w —m ) n _

r-1 _

^

r —i

que es exactamente el valor de s que obteníamos cuando el objetivo era maximizar el consumo presente. Si, por el contrario, la sociedad se ha propuesto objetivos muy ambiciosos en cuanto a su tasa de crecimiento, el momento en que pueda retirarse el premio a la inversión estará muy lejano. Supon­ gamos, para simplificar, aunque es evidente que no hace falta llegar tan lejos y valores altos bastarían, que T = Es fácilmente com­ probable, aplicando la expresión 4.9 que cuando T=

=>s0 -* ooy — — 0 s0 que es exactamente el valor de s que obteníamos cuando el objetivo social era el consumo futuro. No es mucho pues lo que se ha adelantado introduciendo la fór­ mula 5.9 ya que, en cualquier caso, nos vemos obligados a efectuar un juicio de valor distributivo que será, en definitiva, el que nos condicione el valor del salario social. En la segunda edición del libro, la primera formulación quedaba notablemente enriquecida, con elementos que luego serían incorpo­ rados asimismo (algunos en mayor detalle) por la propuesta del Banco Mundial. La nueva fórmula para el precio social de la mano de obra no cualificada quedaba ahora de esta forma: Salario social = m + (c' —

—c — m) = c ' ------ (c—m) s [5.10]

expresión en la que: c: consumo del trabajador asalariado. s: valor de la inversión (ingreso gubernamental) en términos de consumo. c': recursos adicionales dedicados al consumo.

147

Veamos las novedades que la segunda edición introduce. En primer lugar m, que será medida a precios de cuenta, tiene que incluir el esfuerzo suplementario que han de efectuar los traba­ jadores que se quedan en el sector tradicional para mantener la pro­ ducción en su nivel original. Es relevante pues, en este sentido, la distinción que efectuamos al principio de este capítulo entre la pro­ ductividad marginal del trabajador y de la hora trabajada. En segundo lugar, separamos c, el consumo del trabajador con­ tratado en el sector moderno, de su salario w. Y ello por varias razones. Por un lado, debido al hecho de que valoramos su consumo a precios de cuenta (al igual que ocurre con m, caso de ser positivo) y se necesita pues multiplicar w por el factor de conversión del con­ sumo. Añadimos además la posibilidad, por un lado (remota de acuerdo a Little y Mirrlees), de que el trabajador ahorre (10), y, por otro, los mayores costes de transporte (incluidos en el precio de la mercancía) del sector moderno sobre los del sector tradicional. Todo lo cual hace que c y w rara vez coincidan. En tercer lugar, Little y Mirrlees introducen un nuevo término, c', que intenta capturar todos los incrementos en el consumo global que se producen en la sociedad de resultas de la creación de un nuevo puesto de trabajo y no sólo aquellos que revierten directa­ mente al trabajor empleado o a sus familiares cercanos, que son los que hemos considerado hasta ahora (11). Esta desviación de los gastos sociales hacia nuevos incrementos en el consumo viene originado por varios elementos: — Los costes de transporte de mercancías del campo a la ciu­ dad, que hacen más caro mantener el mismo nivel de consu­ mo para un trabajador urbano que para un trabajador rural. Ya los pernos mencionado al comparar c con w. Les llemaremos d siguiendo la terminología del segundo manual de la OCDE. Teniendo buen cuidado de no confundirlos con las d redistributivas utilizadas por el Banco Mundial. Aparente­ mente se incluyen en d los costes de urbanización: escuelas, atención sanitaria, etc.*1 (1 0 ) S u s a h o r r o s h o y s e c o n v e r t ir á n c a s i c o n t o d a s e g u r id a d e n d e s a h o r r o s m a n a ñ a , lle g a d a la e d a d d e j u b ila c ió n (p á g . 2 5 8 ). (1 1 ) P o d r í a p r o d u c ir s e in c lu s o u n e f e c t o e n c a d e n a , e n e l q u e d is t in t o s t r a b a j a ­ d o r e s v a n o c u p a n d o la p la z a d e ja d a p o r e l a n t e r io r y m o d if ic a n d o s u n iv e l d e c o n s u ­ m o . E l e f e c t o n e t o , e n c u a lq u ie r c a s o , d e a c u e r d o a L ittle y M ir r le e s , e s e l q u e a p a r e c e c o m p a r a n d o e l p r im e r e s la b ó n (t r a b a ja d o r e m p le a d o e n e l s e c t o r m o d e r n o ) y e l ú lt i­ m o ( s e c t o r tr a d ic io n a l).

148

— El efecto que un incremento del empleo industrial puede te­ ner sobre el nivel general de salarios al aumentar la demanda dé mano de obra. Little y Mirrlees son conscientes de que con toda probabilidad y dada la situación de desempleo generali­ zado, salarios mínimos, sindicatos, etc., con la que nos en­ contramos, tal efecto será nulo. Puede, sin embargo, que, en algunas circunstancias, no lo sea y, por tanto, ha de conside­ rarse. Vendrá expresado por:

donde L es la fuerza de trabajo empleada por el sector moderno. — El llamado prem io al empleo (e) y que recoge la disminución de gastos dedicados al consumo que se produce cuando creamos un nuevo puesto de trabajo. Esta reducción puede venir dada fundamentalmente por la desaparición de subsi­ dios al desempleo (caso de que los hubiera, el trabajador los estuviere recibiendo y ningún otro ocupe su puesto) y por el ahorro de gastos gubernamentales en policía, por ejemplo, si se prueba que la delincuencia está relacionada con el nivel de paro. Otro tanto podríamos decir de la salud pública y de la asistencia sanitaria y hospitalaria. Poniendo juntos estos elementos tendríamos que:

,_

j_r

de

c — c + d -rL . ------------e d .L Antes de llevar esta expresión a la fórmula que habíamos obte­ nido para el salario social una penúltima matización. Como hemos tenido ocasión de comprobar, el incremento en el consumo global que se produce al generar un empleo podría repartirse entre perso­ nas con distinto nivel inicial de consumo. Por ejemplo; cuando el trabajador que ahora recibe w gozaba de un ingreso promedio igual a a (la productividad media en el sector tradicional), y a es recibido ahora por un trabajador sin tierra cuyo ingreso previo estaba más cercano a m. En este caso, y siendo consecuentes con los parámetros redistributivos introducidos en el capítulo anterior, sería incorrecto tratar estos dos aumentos en el consumo de manera uniforme, ya que se producen en dos grupos sociales distintos. 149

Introduciendo pues esta consideración, junto con la anterior, en la fórmula 5.10, quedaría una nueva expresión para el salario social tal como: i dc Salario social = (c + d — e~r L ------- — dL — \ y (c) — V ( a ) + v ( a — m )+ v (c) L

dc

[5.11]

dL

en la que las v reflejan los factores de ponderación distributivos del consumo. Dada su simplicidad se recomienda, no obstante, el uso de 5.10, a no ser que sea muy marcada la diferencia de ingresos entre los trabajadores no cualificados del sector moderno y sus homólogos en el sector tradicional. Una pequeña advertencia, finalmente, sobre un problema que es fácil no haya pasado inadvertido. Mencionábamos unas líneas más arriba la necesidad de valorar tanto m como c a precios de cuenta. Ahora bien, dentro del consu­ mo de los trabajadores aparecen bienes cuyo principal componente de coste puede ser el trabajo mismo. Ello supone la necesidad de contar con un valor del salario social para poder estimar m o c; lo que nos llevaría a encontrarnos argumentando en círculo. Ya vimos en el capítulo tercero un problema paralelo. La salida obviamente, ya que la dificultad tampoco es extremadamente grave, consiste simplemente en proceder por etapas. Se calcula c utilizando un valor aproximado del salario social y si el valor final de éste último queda muy distante del primeramente utilizado, se rehace todo el proceso. No es, sin embargo, muy probable que esta divergencia pueda cau­ sar dificultades mayores. Y con esto completaríamos el tratamiento que la OCDE otorga al cálculo del salario social. B.

E l salario social de acuerdo a la O N U D I

Al igual que los textos anteriores, las Pautas de las Naciones Unidas parten de la base de que existe desempleo encubierto en la economía. Aunque la nomenclatura varía con relación a la utilizada hasta aquí, por 16 que la adoptaremos en la medida de lo posible, la estructura del salario social queda configurada de acuerdo a las lí­ neas expuestas.

150

Consideran Sen, Dasgupta y Marglin que los costos sociales de emplear un trabajador adicional son de dos tipos:

1.

Costes directos

Incluyen el coste de oportunidad del trabajador, es decir; la pro­ ductividad marginal en el sector alternativo. Lo que la ONUDI lla­ ma z y nosotros hemos denominado m.

2.

Costes indirectos

Son los que se desprenden del efecto que el nuevo empleo tiene sobre el ahorro y la inversión. Para estimarlo es necesario introducir de nuevo el precio cuenta de la inversión ^pINV) que calculábamos en el capítulo tercero y que adquiere, en estas circunstancias, un nuevo significado. En efecto, supongamos que cada unidad invertida crea n puestos de trabajo (como veíamos en la expresión de s0). Ello produce un incremento en el ingreso de los empresarios (que son quienes se su­ pone llevan a cabo la inversión) igual a: y —nw siendo y el incremento de la producción que proporcionan estos tra­ bajadores recién contratados. Veamos cuál es el sacrificio en el consumo global que se produce al desviar una unidad de inversión ya que, no lo olvidemos, el con­ sumo es el numerario en las Pautas. Si los empresarios tienen una propensión marginal o ahorrar (e invertir) tal como scap, el aumento en el consumo que generaría una unidad invertida tal y como acabamos de apuntar tendría tres componentes: — El aumento en el consumo de los propios empresarios: (1 — scap) (y — w ■n) — El aumento en el consumo global que supone seguir reinvirtiendo una parte de los beneficios obtenidos con la unidad original. Recordando que el precio cuenta de la inversión es 151

precisamente el valor presente de la corriente de bienes de consumo generada por la inversión de una unidad adicional, este segundo elemento vendría dado por: P INVscap (y — w . n) — Finalmente, al generar empleo (en la cuantía n), la inversión aumenta igualmente el consumo de los trabajadores emplea­ dos gracias a ella. Suponiendo que la propensión marginal a consumir de los trabajadores es igual a la unidad, y teniendo en cuenta los efectos netos tanto sobre el trabajador como sobre su familia, este tercer incremento en el consumo alcan­ zaría el valor: (w — m ) n Sumando los tres, obtendríamos el incremento global en el con­ sumo que hubiera generado una unidad de inversión. pi*¡v sc*P^ — w - n) + ( 1 — scap) ( y — w ■n) + (w — m )n Descontando esta suma a su valor presente, con ayuda de la tasa de descuento del consumo, el resultado no sería otro que el precio cuenta de la inversión en estas circunstancias: INV _

P.my scap (y — w . n) + (1 — scap) (y — w n) + (w — m) n [5.12]

Por lo que, despejando:

p

inv

_

(1 ~

-scap)

( y — w . n ) + ( w — m) n

[5

i —scap (y — w . n) Con ayuda de este resultado podemos proceder a calcular los costos indirectos (en términos de consumo) de generar un nuevo empleo. Cada empleo nuevamente generado requiere de una cantidad de recursos w que ahora van a poder del trabajador y que nosotros detraemos (por ejemplo, a través de los impuestos) de lo que hubiera posido ser inversión. Si son los empresarios los que, en el margen, financian la creación de este nuevo puesto de trabajo, el efecto sobre el consumo global que se produce mediante este trasvase de poder adquisitivo, el efecto neto sobre el consumo global aparece, a prime­ ra vista, como positivo:

152

— Los trabajadores aumentan su consumo en w. — Los empresarios reducen su consumo en (I — scap). No podemos desconocer, sin embargo, que invirtiendo el resto los empresarios hubieran generado una corriente de bienes de con­ sumo cuyo valor presente nos lo da el precio de cuenta de la inver­ sión tal y como lo hemos calculado en 5.13. Luego la reducción del consumo, tanto de los empresarios como del generado por ellos, será: (1 —

J cap) W +

/ >. ,NV

s cap W =

[( 1

—

J cap) + /> .INV

5 cap) ] W

Restando el incremento en el consumo de los trabajadores: [(1 — scap) + P.INVscap)] w — w = scap (P.1NV— 1) w obtenemos el efecto total sobre el consumo que se produce al reducir el ahorro (y la inversión) en la cuantía necesaria para financiar el salario de un nuevo puesto de trabajo, y que constituye su costo indi­ recto. Añadiendo el coste directo obtendríamos pues la expresión del salario de cuenta de acuerdo a la ONUDI. Salario de cuenta —m + scap (P.INV— 1) w

[5.14]

Hemos denominado salario de cuenta al expresado en la fórmula 5.14 y no inadvertidamente. La razón estriba en que, a pesar de que en dicha fórmula ya podría encontrarse un juicio de valor distributivo (el referente al ho­ rizonte temporal de la sociedad) los autores del texto de las Pautas no consideran que hayan dado todavía un tratamiento correcto al problema. Por ello van a introducir un nuevo elemento que contemple los efectos redistributivos que se producen al generar un empleo adicio­ nal y que nos permita hablar en propiedad de un verdadero salario social Veamos, en primer lugar, cuáles son estos efectos. La creación de un nuevo puesto de trabajo distribuye renta en favor de los trabajadores y en contra de los empresarios (que son los que a través de los impuestos la financian en el margen). Suponien­ do que los trabajadores pertenecen a un sector de la población al que la sociedad quiere favorecer, el efecto de este cambio en la dis­ tribución, desde el punto de vista de los trabajadores, sería: d (w — m) siendo d, ateniéndonos a la terminología del Banco Mundial, el fac­ tor redistributivo que corresponde a este grupo social (calculado de

153

acuerdo a las Pautas, en las que al igual que en Little y Mirrlees d se denomina y). Ahora bien, los trabajadores tienen que considerar que redistri­ buyendo renta de esta manera, pierden el aumento en el consumo que se hubiera producido de la mano de la creación de empleo que el empresario hubiera llevado a cabo con la inversión de lo que aho­ ra le privamos. Cada nuevo puesto de trabajo hubiera supuesto un aumento en el consumo igual a (w — m). Como cada unidad de inversión genera n puestos de trabajo, el consumo al que se renuncia por cada una de ellas es (w — m) n que, descontando a su valor presente, utilizando para ello la misma tasa que en 5.13, nos arroja el valor: r

=

(w — m) n i — jcap O — w . n)

[5.15]

Por tanto, al llevar a cabo esta redistribución de renta, los traba­ jadores renuncian a una mejora futura de su consumo, de cuantía: w

. ícap .

r

con lo que, el efecto neto para los trabajadores sería: (w — m) — F" scap . w lo que ponderado con el factor d y sumado a la expresión 5.14 nos permite hallar, finalmente la expresión del salario social: Salario social = m + s0*p (P -1NV 1) w d \fw m) P s pw] = m -hscap (P1NV— 1) w + d [ w ( F V ap — 1) + m] [5.16] Con esto tendríamos pues la expresión final del precio social de la mano de obra no cualificada, de acuerdo a las Naciones Unidas. A pesar de las apariencias, el resultado de este cálculo, prescin­ diendo del componente redistributivo, que no aparece con tanto de­ talle en la obra de Little y Mirrlees (sobre todo, en su primera edi­ ción) no discrepa esencialmente del obtenido por estos autores. Fi­ jémonos en efecto en la expresión 5.14.

154

Salario de cuenta — m -fscap ( / >INV— 1) w Podríamos introducir, por ejemplo en ella, los supuestos de Little y Mirrlees; fundamentalmente el referido a la propensión margi­ nal a ahorrar de los empresarios. Siendo éste, en el caso de la OCDE, el Gobierno, tendríamos que scap = 1. Lo que llevado a 5.14 nos arroja. Salario cuenta = m + (P1NV — 1) w

[5.17]

Por otro lado la fórmula 5.8 de la OCDE puede escribirse:

Salario social = m

— m --------- (vy — m) —

w

m

_ m

s0

*o

s0

lo que nos indica que la fórmula de la OCDE es l/$ 0 veces la de la ONUDI ya que, como tendremos ocasión de comprobar enseguida l / s 0 es equivalente a P*NV. La razón no es otra que la diferencia de numerario utilizado en cada método. Al ser el de la ONUDI el con­ sumo, tenemos que multiplicar la expresión de la OCDE por l / s 0, el valor de una unidad de inversión en términos de consumo, para ob­ tener el resultado de las Naciones Unidas.

C.

E l salario social de acuerdo al Banco Mundial

Vamos a enfrentarnos finalmente con el cálculo del salario social de acuerdo al texto de Squire y Van der Tak. Los autores mencionados siguen, en gran medida, la metodolo­ gía de Little y Mirrlees en segunda edición, aunque con la ventaja de tener ante sí lo ya publicado y ya presentado por sus precedesores. Unos y otros incorporan a la discusión los avances teóricos que en­ tre 1969 y 1974 aparecieron en el campo de la teoría del desarrollo. Pero vayamos por partes. Los componentes del salario social, de acuerdo a este texto, son los mismos que hemos encontrado en los dos anteriores.

155

1.

Producción perdida

Es la productividad marginal del sector del que proviene el traba­ jador en cuestión, y que hemos denominado m. A diferencia, sin embargo, de la ONUDI y de la primera edición de Little y Mirrlees, Squire y Van der Tak introducen en este punto un resultado que se desprendía claramente de los primeros trabajos de Todaro y sus seguidores. En el marco de los modelos dualistas originales, en el que hemos centrado nuestra discusión sobre el precio social de la mano de obra, se consideraba que el proceso de emigración entre el sector tradicio­ nal y el sector moderno (campo-ciudad en el contexto que ahora nos interesa), venía determinado por la diferencia salarial existente entre los dos sectores. Esta función de emigración era claramente incompleta. Las variables que pueden incidir en la velocidad de este proceso migratorio son numerosas: edad del emigrante potencial, estado ci­ vil, nivel de educación, distancia del centro urbano, tamaño relativo de ambos, existencia de familiares ya instalados... Entre todas ellas, sin embargo, existe una que reviste una importancia especial y que resulta ser, junto a la diferencia salarial ya mencionada, estadística­ mente significativa a nivel global: la probabilidad de obtener empleo en el sector moderno. El emigrante potencial, en efecto, no desconoce la situación de desempleo existente en las ciudades cuando toma la decisión de emi­ grar. Puede que su información al respecto no sea muy precisa, pero no es inexistente. Sabe que, con toda probabilidad, tendrá que permanecer un tiempo buscando trabajo, sobreviviendo como pue­ da, antes de acceder a un trabajo estable en el sector moderno. Al decidirse a emigrar en esas condiciones a la ciudad, da lugar al na­ cimiento y desarrollo del llamado sector “informal”, “desprotegido” o “urbano-tradicional”. Sin embargo, le interesa dar el paso, ya que una vez en el sector moderno, el valor descontado de la diferen­ cia de ingresos, con los que hubiera obtenido quedándose en el sec­ tor tradicional, le compensa por la pérdida que experimenta durante el período de búsqueda de empleo. En estas condiciones, el flujo migratorio entre el campo y la ciudad ya no sería una función úni­ camente de la diferencia salarial entre los dos sectores, sino que ten­ dríamos que incluir asimismo la probabilidad (P) de obtener empleo en el sector moderno (traducible en duración del período de búsque­

156

da) y el nivel de ingreso del sector informal al que llamaremos (w>¡). En definitiva, una función de emigración del tipo: M ( t ) = f [ P (t); w; w,;]

[5.19]

en la que M (t) es el flujo inmigratorio y w, vv¡ y wa, los ingresos pro­ medio en el sectoi moderno, sector informal y sector tradicional res­ pectivamente. En estas condiciones, la creación de un puesto de trabajo en el sector moderno modifica P (t), calculada como: P ( t) =

É_

Ü

g-E U

1— u = g --------u

y, por tanto, dependiente de la tasa de creación de puestos de traba­ jo g , en el sector moderno (g = É / E donde E es el empleo en el sector moderno y É = d E / d í), y del total de trabajadores desem­ pleados en el sector (£/), siendo u = U¡E la tasa de desempleo. Al aumentar la probabilidad P cuando se crea un puesto de tra­ bajo incidimos sobre la función de decisión del emigrante potencial mejorando sus expectativas. No aparecería ningún problema si la creación de un nuevo pues­ to de trabajo impulsara el traslado a la ciudad de un único trabaja­ dor: el tamaño del sector informal no se vería afectado (12). La evi­ dencia empírica al respecto no es concluyente, sin embargo, y algu­ nos trabajos empíricos (recogidos, por ejemplo, en Arellano, 1981), así como la experiencia de ciertos países, parecen abundar en la po­ sibilidad de que este efecto arrastre sea superior a la unidad (13). En este caso, se produciría un aumento en el tamaño del sector informal que podría incluso, paradójicamente, agravar el problema del des­ empleo urbano. Algunos países subdesarrollados han tenido oca­ sión, para su desgracia, de comprobar este último extremo. En lo que respecta al problema que nos ocupa, un efecto arrastre superior a la unidad supondría que la producción perdida, achacable a la creación de un nuevo puesto de trabajo, no sería únicamente la de la persona que se incorpora al mismo, sino que habría que sumar (1 2 ) E s te e s e l s u p u e s to q u e h a c e n L ittle y M ir r le e s e n la s e g u n d a e d ic ió n d e su t e x t o y q u e le s lle v a a n o d a r m a y o r im p o r t a n c ia al f e n ó m e n o , a p e s a r d e q u e lo m e n c io n a n . (1 3 ) P o s ib i lid a d q u e c o m p li c a a s im is m o la c a d e n a d e m o d if ic a c io n e s e n e l c o n ­ s u m o q u e s e p r o d u c e al in c o r p o r a r s e u n tr a b a ja d o r al s e c to r m o d e r n o .

157

la de aquellos que, debido al efecto arrastre, abandonan asimismo el sector tradicional. En términos más estrictos, podríamos encontrar­ nos con un salto en varias etapas: el trabajador que empleamos abandona el sector informal y su puesto es ocupado por más de un trabajador proveniente del sector tradicional. De todas formas, el efecto neto sería el apuntado: la pérdida de una cantidad de produc­ ción igual a m multiplicada por el número de personas que dejan el sector tradicional. Y todo ello, naturalmente, computado a precios de cuenta. Squire y Van der Tak consideran que en la mayoría de los casos no se presentará este problema (un efecto de arrastre supe­ rior a la unidad) pero que, de cualquier forma, “si existen razones para creer que un proyecto urbano producirá este efecto, debe inten­ tarse estimar su coste” (pág. 79). Por todo lo anterior tendríamos la expresión de este primer ele­ mento del salario social igual a: m.a siendo a el factor de conversión aplicable en este caso (factor de conversión de la producción), que permite traducir precios de mer­ cado a precios de cuenta. Podemos pasar ya al segundo elemento.

2.

Aumento en el consumo

Lo único que tenemos que hacer es adaptar a la terminología de Squire y Van der Tak un incremento en el consumo que, en cual­ quier caso, viene dado en términos netos, como veíamos anterior­ mente, por: w —m El efecto negativo vendrá dado por esta cuantía de inversión perdida, expresada en precios de cuenta: (3(w — m) siendo fi, en este contexto, el factor de conversión del consumo. El efecto positivo, por otro lado, viene dado por la mejora en el nivel de vida que supone aumentar el consumo presente. Recordan­ 158

do que a> era el valor en términos de numerario (ingreso en poder del sector público) de un incremento marginal (una unidad) en el consumo de un grupo determinado, tendríamos que este efecto posi­ tivo vendría dado por: oj

(w

—

m) — — (w — ni) v

con lo que el efecto total sería: /3 (w — ni) — — (w — ni) = (w — ni) (/?---- —) v v y el salario social, atendiendo a estos dos componentes vendría ex­ presado por: Salario social = m . ot + (w — ni) (/3----- — ) v

[5.21]

De los distintos términos de la expresión 5.21, el único que nos queda por tratar es v: el valor del numerario (ingreso en manos del sector público), en términos de consumo. Partimos de la base de que v sería en realidad un promedio, es decir v = Za¡v¡

[5.22]

siendo: a -. La proporción del gasto público dedicado a la actividad j. Vj.* Valor, en términos de consumo, de dicha actividad. Pero una expresión como la 5.22 no ayuda gran cosa en la con­ creción de v. Entre otras razones porque si el Sector Público actuara racionalmente, el valor relativo, en términos de consumo de la últi­ ma unidad monetaria gastada en cada actividad, sería el mismo. Por tanto: V ,= V2... Vj = ... vn No queda más remedio pues que centrarse en el significado de este parámetro. 159

Sabemos que v es el valor del incremento en el bienestar social que produce una unidad adicional de ingreso en manos del Sector Público (numerario) en relación a la mejora del bienestar social que produciría un aumento similar en el consumo del grupo que tiene un ingreso promedio. Ahora bien, si suponemos que a pesar de que el Sector Público, como es natural, no invierte todos sus ingresos, sí invierte, sin em­ bargo, cualquier incremento inesperado que se produzca en ellos (del mismo modo que una reducción no planificada supondría un recorte no del presupuesto corriente, sino del presupuesto de inver­ sión) podemos acercarnos fácilmente al sentido de v. El supuesto anterior se traduce simplemente en afirmar que el sector público tiene una propensión marginal a invertir igual a la unidad, aunque obviamente la propensión media sea inferior. En otras palabras, el presupuesto de inversión es el colchón que recoge las fluctuaciones en los ingresos presupuestados del sector. En este sentido, v sería equivalente al valor relativo de la inversión (que es en lo que se traduce una unidad adicional de ingreso en manos del Sector Público tiene una propensión marginal a invertir igual a la nual de las Naciones Unidas habíamos llamado precio cuenta de la inversión. Por ello no es de extrañar que Squire y Van der Tak nos pro­ pongan una primera aproximación al valor de v tal como: v = q / i . /3

[5.23]

que sólo se diferencia de la expresión 3.16 en que, al ser ahora la inversión el numerario, dividimos q /i por el factor de conversión del consumo (3. Al mismo tiempo q será ahora la tasa de rentabilidad de la inversión pública, ya que es la alternativa que estamos conside­ rando. Más adelante Squire y van der Tak nos propondrán una expre­ sión algo más elaborada: v=

q — sGq i — sGq

Ifi

[5.24]

que de nuevo es idéntica a la 3.22 (sG es ahora la propensión media a reinvertir por parte del sector público) con la matización anterior de la diferencia del numerario. Sin embargo, queda claro cuál es el significado de v. Si el ingreso 160

público es particularmente escaso, v tenderá a ser muy alto, incluso infinito (pág. 74), lo que hará que se considere un coste cualquier transferencia de recursos del sector público (inversión) hacia el con­ sumo del sector privado. Por ello, como se afirma en la pág. 82, v refleja las preferencias del Gobierno p o r el crecimiento. En otras palabras, nos encontramos con el recíproco de s (con el s0 de la primera edición de Little y Mirrlees) que, como tal, recoge el juicio de valor social sobre la distribución de la renta a lo largo del tiempo. Por ello, podríamos concluir, en términos muy simplificados: j ^

_ L

~

v ~

/>INV

■*0

son todas ellas formas de expresar lo que la sociedad valora el futu­ ro (inversión = consumo futuro) en términos del presente (consumo y empleo presentes). Ahora bien, como ya tuvimos ocasión de analizar en el apartado I — D de este capítulo, la elección de un parámetro como s tiene consecuencias inmediatas e importantes sobre la selección de tecno­ logía y la política de empleo. De tal forma que, como tuvimos oca­ sión de comprobar, utilizando la expresión 5.5: S¡ s = 1 =£>■Salario social = m S¡ ¿ = 0 =2>Salario social — w Esto suponía sencillamente que la expresión de un juicio de valor extremo en relación a la distribución temporal del ingreso (s = 1 ó s = 0 ) quedaba reflejada en la adopción de políticas igualmente ex­ tremas en cuanto a la selección de tecnología y la creación de em­ pleo. Precisamente Little y Mirrlees argumentaban en la primera edi­ ción de su texto que sería superfluo utilizar factores redistributivos adicionales (d) al salario social, ya que éste se bastaba para recoger cualquier posible inquietud social sobre la distribución del ingreso. Si quería mejorarse ésta, bastaría seleccionar un salario social bajo, ya que con ello generamos empleo y, normalmente, se verán favore­ cidos los grupos sociales de menores ingresos. Y viceversa. Este argumento no era satisfactorio y, probablemente por ello, quedaba retirado parcialmente de la segunda edición. No sólo era incompleto, sino que fundía en un mismo elemento (s0) dos conside­ raciones distintas: la distribución personal (o regional) del ingreso, y 161

la distribución tem poral De hecho, las formulaciones del salario so­ cial que hemos analizado hasta ahora, excepción hecha del compo­ nente añadido en el texto de la ONUDI y que aparece en 5.16, ve­ nían orientadas por este segundo juicio de valor distributivo. Por ello, introducían un fuerte elemento de rigidez en un campo suma­ mente importante de la política económica: la política de empleo. Esta, de la mano de la selección de tecnología, venía diseñada aten­ diendo a un único problema: el horizonte temporal de la sociedad. Siendo que, como apuntaban correctamente Little y Mirrlees, a tra­ vés de la generación de empleo, también podemos redistribuir el in­ greso hoy. Squire y van der Tak superan este escollo introduciendo ambos elementos (d y v) en la formulación del salario social. De tal forma que un juicio de valor muy extremo en relación al ritmo de creci­ miento de la economía (una v muy alta) puede ver suavizados sus efectos negativos sobre la generación de empleo hoy, si los trabaja­ dores potencialmente beneficiados pertenecen a un sector social muy deprimido y la sociedad muestra un interés asimismo muy marcado por mejorar la distribución personal de la renta: lo que lleva a ope­ rar con una d igualmente alta. En este sentido, adquiere toda su importancia un elemento ya introducido por Little y Mirrlees, en la segunda edición de su texto, y recogida por Squire y van der Tak: el nivel crítico (mínimo) de consumo (c*). Sabemos que, dada una tasa de crecimiento superior a la alcan­ zada, fijada como objetivo social, una unidad de numerario (inversión)vale más que una unidad de consumo. Por ello preferiremos generar inversión antes que consumo. Sin embargo, sabemos tam­ bién que el valor de una unidad adicional de consumo depende del grupo social que se vea favorecido por ella: valdrá tanto más cuanto más necesitado sea éste y cuanta mayor preocupación haya manifes­ tado la sociedad por mejorar la distribución personal de la renta. Pues bien, el nivel de consumo (de subconsumo sería un término más apropiado) del grupo social que nos hiciera declararnos indife­ rentes entre dedicar una unidad más a la inversión o dedicarla a mejorar el nivel de vida de dicho grupo, sería llamado nivel crítico de consumo. En otras palabras, el nivel que exactamente nos com­ pensa la pérdida de una unidad de inversión (crecimiento) con la ganancia que representa mejorar la distribución de la renta, des-

162

viando recursos hacia ese grupo social. Por tanto, es evidente que ese c* será el que corresponda a la d que hace:

v Buscando en la tabla 1 del capítulo anterior el nivel de consumo que corresponde a dicha d encontraríamos el grupo social ante el que la sociedad se muestra indiferente entre el consumo futuro y el consumo presente así distribuido. Para grupos sociales con ingresos inferiores a c*. el objetivo equidad pesaría más que el objetivo cre­ cimiento mientras que lo contrario ocurriría para niveles superiores de consumo. Para este nivel de consumo crítico: Salario social = m . a de acuerdo a la expresión 5.21, mientras que para valores inferiores (grupos sociales menos favorecidos): Salario social < m . a ya que, por definición

Esto último abre la posibilidad, ciertamente interesante, de que el salario social sea negativo. La creación de un empleo en estas circunstancias supondría un beneficio social neto: la mejora de las condiciones de vida de una parte muy necesitada de la población compensaría los posibles efectos negativos que podría ocasionar el incremento en el consumo ligado al nuevo empleo (producción per­ dida, descenso en la inversión, etc.). Encontramos pues, de la mano de Squire y van der Tack, en definitiva, una expresión del salario social, que ofrece una gran fle­ xibilidad y adecuación, para el tratamiento de los distintos objetivos sociales. Expresión a la que los autores del texto del Banco Mundial todavía van a añadir un tercer elemento que, sin embargo, y en nuestra opinión, reviste mucha menor importancia tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 163

Desutilidad del esfuerzo

3.

Recoge este último elemento, el hecho de que existe la posibili­ dad de que al pasar de su antiguo trabajo (en el sector tradicional o en situación de desempleo, por ejemplo) al nuevo, se produzca un aumento en el esfuerzo exigido al trabajador que no venga entera­ mente compensado por el incremento paralelo en el nivel de consu­ mo. Si llamamos e al “cociente entre la evaluación de la desutilidad del esfuerzo hecha por el propio asalariado y su ingreso adicional”, con ello reflejaríamos la pérdida social de una reducción no com­ pensada en el tiempo libre. De tal forma que cuando e = 1, el mayor esfuerzo queda exactamente compensado por el aumento en el in­ greso, y, cuando e = 0 , no existiría tal costo de un mayor esfuerzo privado. Ahora bien, la sociedad puede no considerar esta estimación pri­ vada del coste como un buen reflejo del verdadero coste social, de tal forma que existiera una divergencia entre estas dos evaluaciones, social y privada. Llamemos al cociente de ambas evaluaciones 0 . Si ambas coincidieran, obviamente, 0 = 1 . En estas condiciones, cada unidad de ingreso adicional del trabajador recién contratado entra­ ñaría un coste social debido al aumento no compensado en el es­ fuerzo (reducción del tiempo libre) igual a 0 e. Ajustando esta últi­ ma expresión para tener en cuenta su impacto distributivo ( 0 e a>), aplicándola a todo el incremento producido en el consumo (w — m), y añadiéndola a 5.21 tendríamos la formulación final del salario so­ cial de acuerdo al texto del Banco Mundial. Salario social = m • a + (w — m) Q3 — — ) -f (w — m) 0 • e — [5.25] v v La diferencia con 5.21 proviene realmente de la adición de este último término [(w — •m) 0 . e . d /v] y no es realmente importante, hasta el punto de que no sería aventurado recomendar la utilización en la mayoría de los casos de la expresión 5.21. De cualquier forma, ya podemos analizar con su ayuda el valor del salario social ante diversos supuestos alternativos. Supongamos por ejemplo que v — °c, entonces: Salario social — m . a + (w — m) (3 — w (3

(a — (3) m [5.26]

que de acuerdo a Squire y van der Tak, “sería el salario apropiado si la única mira del Gobierno fuese maximizar el crecimiento” (pág. 164

97). Con ello se pone de relieve que, efectivamente, v es equivalente a \ / s Q en el texto de Little y Mirrlees, ya que es exactamente el resultado al que llegábamos en la expresión 5.8 cuando 5 0~ -00, con la diferencia de que ahora tanto w como m quedan afectados explí­ citamente por los respectivos factores de conversión (en el caso de la m tanto de la producción como del consumo), al venir expresadas en precios de cuenta. En el texto de Little y Mirrlees esta afectación era implícita, ío que nos lleva a concluir que el resultado es práctica­ mente el mismo. Alternativamente, sin 0 = 0 (no hay costo social debido a un in­ cremento en el esfuerzo) y nos movemos en el nivel en el que (3 — d / v: Salario social —m a.

[5.27]

lo que, cuando m —0 nos llevaría a encontrarnos con un salario so­ cial igual a cero. Este era el resultado que obteníamos utilizando la fórmula 5.8 cuando s0= 1, es decir, cuando la sociedad valoraba igual el consumo que la inversión. En el caso del Banco Mundial, podríamos alcanzar el mismo resultado no sólo en esas condiciones (14), sino igualmente cuando la mejora en la distribución del ingreso compensa el no alcanzar la tasa de crecimiento que la sociedad se había impuesto como objetivo paralelo. Es importante señalar, por último, que la metodología que nos ha permitido pasar de un salario cuenta de eficiencia (m -a) a un salario social [m a + (w — m ) (fí — d /v )] en su versión simplifica­ da, en la misma que, de acuerdo al texto del Banco Mundial, nos permite pasar de precios de cuenta a precios sociales. De esta forma el salario social no sería sino un caso particular del procedimiento más general. Recordemos que al finalizar el capítulo anterior presen­ tábamos la problemática de los precios sociales de acuerdo a Squire y van der Tak y dejábamos inconcluso el tema, a falta de mayor concreción sobre el valor de v. Ahora que ya nos hemos adentrado con mayor profundidad en su significado, podemos completar aque­ lla primera aproximación anotando que, una vez introducido v, los precios sociales de acuerdo al Banco Mundial, y a diferencia de lo que ocurre con los manuales anteriores, incluirán ambos objetivos redistributivos y no sólo el de la distribución personal de la renta. (1 4 )

C o n d i c io n e s q u e s e r ía n a h o r a : ig u a l v a lo r a c ió n d e l c o n s u m o y la in v e r s ió n

( v = 1); p r e s c in d ir d e lo s e f e c t o s r e d is t r ib u tiv o s d e la c r e a c ió n d e e m p le o 1); y p r e s c in d ir d e l p r o b le m a d e la t r a n s fo r m a c ió n d e l a u m e n t o d e l c o n s u m o a precios de

cuenta

( ) 3 = 1).

165

Supongamos, para seguir con el ejemplo que utilizábamos en aquella ocasión, que estamos intentando calcular el precio social de la electricidad. Tenemos ya identificado, de acuerdo a la metodolo­ gía del capítulo 2 , si precio de cuenta de eficiencia al que llamamos, por ejemplo, E. Para pasar de aquí al precio social tenemos que saber, en el margen, qué cantidad de cada unidad adicional de elec­ tricidad se dedicará al consumo y qué cantidad a la inversión. Su­ pongamos que c es el valor de la primera: el porcentaje que se dedi­ cará al consumo. Tendríamos entonces que:

Precio social = Precio de eficiencia + c Q3 ----—)

[5.28]

que para el caso de la electricidad sería:

Precio social electricidad = E + c Vemos pues que el cálculo del salario social, de acuerdo a Squire y van der Tak, no es sino un caso particular del método general que nos permite pasar de precios de eficiencia a precios sociales, cuando, como es natural, E —m a y c = (w — m). Y con esto damos por concluida la discusión sobre el valor del salario social, del precio social de la mano de obra no cualificada, tanto desde un punto de vista teórico, como para cada uno de los tres métodos considerados. Nos hemos entretenido en detalles quizá en exceso prolijos, intentando mostrar cómo, a pesar de las diferen­ cias que encontramos entre unos textos y otros, las distintas expre­ siones terminan por responder a una estructura común en la que juega un papel primordial el horizonte temporal de la sociedad. De ahí que hayamos buscado y rebuscado las analogías entre las distin­ tas expresiones hasta poder presentar la equivalencia de los tres ele­ mentos que recogen, alternativamente, este horizonte temporal: s, PINV y v. Precisamente dedicaremos el próximo capítulo a analizar la conformación del juicio de valor en el tiempo encerrado en estos parámetros. Antes de pasar a ello, sin embargo, quizá valga la pena añadir algunas consideraciones para el caso de que nos enfrentemos con la necesidad de calcular el salario social de la mano de obra cualificada. 166

III.

EL PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA CUALIFICADA

El tratamiento diferencial que le otorgamos a esta categoría de trabajadores deriva de dos consideraciones de principio que la dife­ rencian de la de los trabajadores no cualificados. En primer lugar, pertenecen en general a un estrato social que, con toda probabilidad, no tiene las características de necesidad que harían de la creación de empleo un elemento de mejora en la distri­ bución del ingreso, tal y como ocurría en el caso anterior. En segundo lugar, y aunque esto es por desgracia cada vez menois cierto, no sería esperable encontrar dentro de este colectivo los niveles de desempleo abierto o encubierto que encontrábamos con anterioridad. Estos dos elementos diferenciales matizan el cálculo del precio social de acuerdo a los criterios apuntados ya que nos encontramos, en principio, frente a un recurso escaso y que no cualificaría como destinatario de las mejoras en la distribución del ingreso. Concretando un poco más, podríamos encontrarnos ante dos po­ sibilidades, a la hora de intentar calcular el correspondiente precio social. 1.

El sistema educativo puede ampliar la oferta.

En este caso, el empleo de un trabajador de estas características no reduciría la oferta total, ya que el sistema educativo estaría en condiciones de reproducir esta fuerza de trabajo. En consecuencia el precio social de estos trabajadores incluiría: 1.1.

Los costes del propio sistema educativo.

Quedarían contemplados aquí los costes tanto corrientes, como de capital; tanto materiales, como de personal, necesarios para pro­ ducir un trabajador adicional con las características apuntadas. 1.2.

La producción perdida.

Producción que incluiría igualmente la no realizada durante el período de aprendizaje. Sin embargo, al haberse tratado de mano de obra no cualificada, es improbable que este renglón sea elevado. 167

1.3.

Incremento en el consumo.

Sería el que se produce en la persona que ahora cualificamos para sustituir al contratado, con relación a su situación antes de cualificarse. Es de señalar que, a pesar de que normalmente el in­ cremento en el nivel de ingreso será apreciable, es probable que no todo se traduzca en un mayor consumo, sino que vaya acompañado de un aumento igualmente notable en el ahorro.

2.

E l sistema educativo no está en condiciones de ampliar la oferta

Aquí nos encontramos con un pequeño problema. El precio so­ cial (ya que al incluir los aumentos en el consumo como un coste adquiere esta característica) debería ser lo suficientemente alto como para desalentar la utilización de estos trabajadores que, obviamente, constituyen un recurso muy escaso; y para fomentar, al mismo tiem­ po, la cualificación de la mano de obra en esta dirección. Lo mismo podríamos decir del precio real. Al hacerlo así, sin embargo, eleva­ mos el nivel de ingresos de este colectivo, elevando al mismo tiempo el consumo y redistribuyendo renta en una forma no deseada. Lo que además puede extenderse negativamente hacia otras esferas da­ do el efecto emulación que pueden tener los altos salarios de estos profesionales entre otras categorías paralelas pero cuya oferta no es tan escasa. Consideraciones como las anteriores matizan el cálculo tanto del precio de eficiencia, como del precio social de la mano de obra cuali­ ficada, sin alterar en lo esencial la estructura básica de los precios sociales que hemos introducido a lo largo de estas páginas. . Y poco más es lo que puede añadirse a este nivel. Pasemos pues a completar el tratamiento de los precios sociales.

168

CAPITULO SEXTO

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

Abordamos en este capítulo un nuevo precio social cuya impor­ tancia ha merecido este tratamiento singular ya que, de alguna for­ ma, reúne y aglutina gran parte de los problemas que hemos ido dejando planteados a lo largo de estas páginas. Nos estamos refi­ riendo, obviamente, a la tasa social de descuento, al precio social del futuro. El futuro, por una serie de razones que analizaremos enseguida, no vale tanto como el presente: vale menos. La tasa social de des­ cuento pretende recoger precisamente eso: cuánto menos. Natural­ mente, antes de pasar a calcular este cuánto, primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo que vale menos. Como es ob­ vio, ese qué, es el numerario. Es decir, el elemento común que nos permite operar con, y comparar entre sí, los distintos precios de cuenta ya sean de eficiencia, ya sean sociales. Es pues el numerario el que vale cada vez menos cuanto más nos adentramos en el futuro. En términos algo más rigurosos podríamos pues afirmar que la tasa de descuento nos mide la pérdida de valor del numerario en el tiempo. Por ello tendremos que manejar tantas tasas de descuento cuantos numerarios hayamos utilizado. Y no hemos olvidado el término social por causalidad ya que junto a una tasa de descuento del consumo (el numerario de la ONUDI) nos encontraremos con una tasa de descuento de la inversión (primera edición del manual de la OCDE). Junto a una tasa contable de interés utilizada por el Banco Mundial cuando no se tienen en cuenta elementos redistribu­ 169

tivos, aparecerá la tasa social que sí los incorpora. Una pequeña familia pues, cuyos miembros responden no sólo a la existencia de distintos numerarios sino a la introducción o no de consideraciones redistributivas. De todas formas, como de una u otra manera todas ellas tienen que considerar el problema de la distribución en el tiem­ p o (es al fin y al cabo el que intentan solucionar), no está de más el adjetivo social añadido, como hicimos al comienzo de este capítulo. En ese sentido cabría hacer la misma consideración que con respecto al salario social, laño social. Pero vayamos por partes. Al comienzo de este trabajo hicimos una serie de consideraciones sobre las razones que nos llevaban a considerar los precios de mer­ cado como unos indicadores imperfectos del bienestar social. Otro tanto ocurre en el caso que nos ocupa. Al fin y al cabo el mercado pone a nuestra disposición toda una familia de tipos de interés entre los que bien podríamos haber escogido la tasa de descuento que necesitamos. El mercado, sin embargo, al igual que con anteriori­ dad, no ofrece tampoco una respuesta correcta en este extremo. Las razones que nos llevan a rechazarla son no obstante algo distintas a las contempladas en el primer capítulo por lo que dedicaremos un pequeño espacio a discutirlas. Sólo después nos preguntaremos por las razones que pueden explicar el que desde el punto de vista social el fuero valga menos que el presente. Y ya, finalmente, abordaremos el problema de cuantificar esta tasa social de interés tanto desde un punto de vista teórico general, como en cada uno de los tres manua­ les que venimos utilizando.

I.

EL MERCADO Y LA TASA DE DESCUENTO

Ya hemos mencionado el hecho de que la tasa de interés a la que el mercado descuenta el futuro no es una buena aproximación al valor que la sociedad confiere al mismo. Vamos a analizar con un poco más de detalle las razones que nos llevan a descartar esta solu­ ción, centrando nuestra atención en las imperfecciones específicas de este mercado. No vale la pena insistir más en que si es francamente difícil en­ contrar un mercado que funcione de acuerdo a los parámetros de la competencia perfecta, el mercado de capitales no es desde luego un candidato idóneo. La multiplicidad misma de tipos de interés exis­

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tente es ya un indicador claro de estas imperfecciones ya que gran parte de las diferencias entre ellos no responden estrictamente a dife­ rencias de riesgo. Ha sido común hasta no hace mucho la existencia por ejemplo de tasas de interés reales negativas (descontada la infla­ ción), lo que, sobre todo en el caso de países no desarrollados, no reflejaba obviamente una superabundancia de capital, sino que im­ plicaba pura y simplemente la existencia de racionamiento y condi­ ciones artificialmente ventajosas y, naturalmente, discriminatorias. Elementos todos ellos en fin, que nos hablan de serias imperfeccio­ nes en el mercado de capitales. Sin embargo, no son únicamente estas razones de tipo general, las que nos llevan a rechazar la respuesta del mercado. Aun cuando éste fuera perfecto, que no lo es, su respuesta sería dudosa. En efecto, en un mercado cualquiera, el consumidor es capaz de alcanzar su orden de preferencia (curva de indiferencia) más eleva­ do, gracias a que tiene abierta la posibilidad de la prueba y error. En el caso de los dos bienes, por ejemplo, si la combinación que adquie­ re hoy de ambos no le satisface, mañana puede modificarla de tal forma que, a través de un proceso de prueba y error llegue finalmen­ te al equilibrio de máxima satisfacción. Cuando los dos bienes que entran en la decisión son, sin embargo, consumo hoy frente a con­ sumo el año que viene (o a la edad de la jubilación), este método de la prueba y el error ya no está a nuestro alcance. Si llegada la edad de retiro el individuo concluye que se ha equivocado y que hubiera preferido sacrificar menos consumo en su juventud, y naturalmente, consumir menos en la vejez, ¿cómo puede arreglar las cosas? Como recordaba Maurice Dobb, la flecha del tiempo, para nuestra desgra­ cia, sólo se mueve en una dirección, y el individuo está lejos de po­ seer un conocimiento perfecto sobre un futuro lleno de incertidum­ bres. Si se comete un error en este terreno, en el momento de descu­ brirlo será imposible, por definición, solucionarlo. Pero es que podemos ir incluso más lejos. A. K. Sen de hecho lo hace. Aun cuando le otorgáramos al individuo este conocimiento perfecto tanto de sus necesidades como de sus ingresos en el futuro, y le permitiéramos moverse en un mercado de capitales perfectamen­ te competitivo, la solución del mercado seguría siendo incorrecta. La razón no es otra que la pretendida esquizofrenia que, según Sen, padecemos los seres humanos. La llamada, de otra forma, «paradoja del aislamiento» y que hace que nos comportemos de distinta forma según nos consideramos individuos aislados, o miembros de un co­ lectivo, de un determinado grupo social.

171

La «paradoja del aislamiento» puede ilustrarse mediante un sen­ cillo ejemplo. Supongamos una Comunidad que se plantea la posibi­ lidad de instalar (y costear) unos semáforos para regular la circula­ ción en su entorno, evitando de esa manera accidentes, embotella­ mientos, pérdidas de tiempo, etc. Cada uno de los miembros de dicho colectivo tiene ante sí tres alternativas, que puede ordenar: A: que se instalen los semáforos sin que el individuo en cuestión tenga que pagar. B: que se instalen los semáforos pagando cada individuo su par­ te alícuota. C: que no se instalen los semáforos. Supongamos, lo que no es difícil en este caso, que todos los indi­ viduos tienen el mismo orden de preferencias: A Pt B y B P t C

i = 1 ... n

de tal forma que las tres alternativas son comparables en el sentido de Pareto y la ordenación social de las mismas es idéntica a la de todos y cada uno de los individuos: AP B y BPC De las tres, es evidente que podamos descartar la primera ya que, en el ejemplo propuesto, en el que los vecinos tienen que pagar el semáforo, es físicamente imposible. Nos quedan pues B y C. Clara­ mente la segunda es preferible a la tercera, ya que todos los indivi­ duos considerados se han pronunciado por ella. La paradoja surge cuando comprobamos que, en ausencia de una intervención coercitiva por parte de una autoridad con poder para ello, la sociedad terminará en C: la alternativa menos preferida. En efecto, buscando A, que sin embargo es imposible de obtener, los individuos se negarían a pagar la parte que les corresponde: saben que en el momento en que se instalen las señales, r\adie puede impe­ dirles disfrutar de ellas. Es el caso típico de los «free riders». Yo como individuo, no estoy dispuesto a pagar por la instalación del semáforo, a no ser que se me garantice que todos vamos a pagar. Como todos piensan lo mismo y el mercado libre, no intervenido, no puede p o r definición garantizar que todos cumpliremos con el pago, resulta que, al final, nos quedaremos sin la ordenación de tráfico que todos deseábamos, aunque tuviéremos que pagarla. Actuando pues individualmente, hemos conseguido llevar a la sociedad a una situación no deseada, inferior en sentido de Pareto, a cualquiera de 172

las otras dos. Ahora bien, si se nos garantizara que todos vamos a compartir el coste de la instalación, entonces no habría ningún pro­ blema en llegar a B. Para ello necesitamos sin embargo la interven­ ción de algún agente (el Estado por ejemplo) con el poder sancionador de que carece el mercado para poder evitar que surjan estos «free riders». En el momento en que estemos seguros de actuar co­ lectivamente llevamos a la sociedad a la situación B que es, dentro de las alcanzables, la mejor. El ejemplo es muy sencillo, pero ilustra claramente el sentido de la paradoja del aislamiento y puede además ser trasladado perfecta­ mente al terreno que nos ocupa. En efecto, la decisión individual sobre la tasa de ahorro social, es decir, sobre el sacrificio que la generación presente está dispuesta a hacer por el bienestar de la generación futura, es muy similar a la que acabamos de contemplar. Si se me garantizara que todos vamos a sacrificar una parte de nuestro bienestar actual en aras de unas mejores condiciones de vida para los que vienen detrás (evitando el agotamiento de los recursos naturales no renovables, impidiendo la destrucción paulatina del entorno, manteniendo y aumentando una cierta infraestructura productiva, etc.) es probable que yo aceptara reducir mi consumo presente. Elevar la tasa de ahorro, la tasa de acumulación y, por tanto, la tasa de crecimiento. Ahora bien, a lo que aparentemente no estoy dispuesto es a ser yo el único, o de los pocos, que obre de esa manera. El resultado, como es fácilmente comprobable, es que el Estado se ha visto obligado a intervenir pre­ cisamente para garantizar a la fuerza (a través de la legislación anti­ contaminante, etc.) que ese sacrificio del consumo presente se lleva a cabo. Sin embargo, en cuanto a las decisiones de ahorro, no se pro­ duce tal intervención. El individuo llega al mercado de capitales co­ mo tal individuo. En él no expresa pues su preferencia por lo que debería ser la tasa de ahorro social, ya que nada le garantiza que los demás actuarán igualmente. Proyecta pues sus preferencias indivi­ duales sobre el ahorro, aunque hubiera preferido, como miembro de la sociedad, que ésta ahorrara más, dejara algo más a disposición de las generaciones futuras. La tasa de interés de mercado resultante de esta actividad individual de los agentes económicos no refleja pues la opinión de éstos sobre lo que debería ser el ahorro social. Y es ésta tasa de descuento, la tasa social de interés, la que precisamente nos está interesando. El mercado pues, aun cuando fuera perfectamente competitivo 173

( 1 ), y aun cuando los agentes que en él operan se movieran en con­ diciones de total certidumbre, no arroja una respuesta satisfactoria sobre el precio al que la sociedad descuenta el futuro. Nos vemos obligados a partir pues de cero, y a reconstruir desde el inicio una tasa social de interés. Parecería, en este intento, que un primer paso obligado lo constituye, la pregunta misma sobre porqué descontamos el futuro. Si adelantamos algo en su respuesta habre­ mos ido introduciendo los elementos que forman parte de esta tasa social de interés genérica y habremos avanzado algo también en el camino hacia su cálculo.

II.

DESCONTANDO EL FUTURO: LA TASA DE DESCUENTO DEL CONSUMO (CRI)

Buceando en la literatura sobre el tema encontramos que los in­ dividuos preferimos el presente por más razones de las que son evi­ dentes a simple vista. Los motivos que tenemos para penalizar el futuro son aparentemente tres: ' En primer lugar, la pura m iopía; lo que Pigou llamaba la «facul­ tad telescópica invertida». Preferimos el presente porque sí, porque el futuro lo vemos más pequeño, como si lo miráramos a través de unos prismáticos al revés. Esta «debilidad de la imaginación» clara­ mente irracional es, según afirmaba Ramsey, «éticamente indefendi­ ble» (Dasgupta y Pearce, pág. 137). Si se nos diera a escoger entre un buen vaso de vino hoy, y ese mismo vaso de vino, en las mismas circunstancias, dentro de diez años, seguríamos prefiriendo el vaso hoy. Eso parece poco racional, de ahí que se compare con la miopía pura y simple. Esas «mismas circunstancias» incluyen naturalmente el que este­ mos ahí para disfrutarlo. Como no hay nadie que pueda garantizar­ nos tal cosa, he aquí un segundo motivo para descontar el futuro: los individuos somos mortales. En otras palabras, preferimos el pre­ sente por la sencilla razón de que no sabemos si estaremos todavía aquí, y cómo, en el futuro. Y esto sí parece perfectamente razonable. Lo que ya no lo es tanto, aparentemente, es la plasmación de este motivo en unas cifras concretas. Eckstein ha encontrado, por ejem-

( 1 ) Y r o d e a d o d e m e r c a d o s p e r fe c t a m e n te c o m p e t it iv o s y a q u e n o b a s ta r ía q u e el m e r c a d o d e c a p it a le s lo fu e r a s i a lg ú n o tr o (b ie n e s y s e r v ic io s , t r a b a j o , e t c .) n o fu e r a d e c o m p e t e n c ia p e r fe c ta .

174

pío, que la tasa de descuento anual que aplicaría p o r esta única ra­ zón un ciudadano norteamericano de 40-44 años de edad es apenas de un 0,4% (2,15% en la India, con una esperanza de vida sustan­ cialmente menor). Para las personas comprendidas entre los 80-84 años, la tasa ha ascendido, como es natural, pero sólo hasta el 7,45% (10,55% para la India). A pesar de que nos sabemos mortales, pare­ cería, según interpreta Eckstein estos resultados, que preferimos ig­ norarlo. Sea como sea, este sería el segundo motivo para preferir el pre­ sente. El tercero, y último, ya lo hemos encontrado, de alguna manera, en el capítulo 4. Los individuos, si hemos de creer lo que dicen los autores que saben sobre esto, no sólo somos esquizofrénicos, irra­ cionales y miopes sino, además, muy optimistas en cuanto a nuestro futuro (2). En efecto, suponemos que con el transcurso del tiempo, nuestro nivel de ingresos va a ir aumentando, mejorando en térmi­ nos reales. Ahora bien, mencionábamos en el capítulo 4 la existencia de un principio de general aceptación entre los economistas, al que deno­ minábamos principio de la disminución de la utilidad marginal del consumo (DUMC). Este principio nos permitía en aquella ocasión valorar menos el incremento en el bienestar social producido por el aumento en una unidad del consumo de una persona de altos ingre­ sos que en el de una persona de escasos medios. El consumo vale tanto menos cuanto más se tiene. Ahora bien, lo que es lógico hoy, comparando entre una persona con distintos ingresos, no tiene por­ qué dejar de serlo al comparar entre hoy y mañana. Si mañana la persona va a estar mejor, cualquier incremento en su consumo aumentará en menor medida su bienestar que si ese mayor consumo hubiera tenido lugar hoy. Por el mismo argumento. De ahí que es­ temos justificados para descontar el futuro de acuerdo a este princi­ pio de la DUM C siempre y cuando sea verdad que mañana estare­ mos mejor. Como el optimismo del que hablábamos antes nos lleva, parece ser, a no dudar de tal eventualidad, éste sería el tercer motivo que los individuos tomamos en cuenta para descontar el futuro: ma­ ñana nuestro nivel de ingresos será superior, y una unidad más nos producirá un incremento de bienestar pero inferior al que nos pro­ duciría hoy. (2 )

H o y p r o b a b le m e n te a ñ a d ir ía m o s ; o p t im is ta s c o n tr a t o d a ló g ic a ...

175

Y estas son a grosso modo las razones por las cuales preferimos el presente al futuro. La pregunta que debemos hacernos sin embargo no es tanto so­ bre la racionalidad individual de este proceso, sino más bien en tér­ minos de su validez social. ¿Hasta qué punto debe aplicar la socie­ dad el mismo mecanismo de descuento que los individuos? ¿Hasta qué punto son válidos los motivos anteriores desde un punto de vis­ ta social? Los distintos autores, como era de esperar, no se ha puesto de acuerdo sobre el particular. Existen objecciones obvias al principio de que la sociedad debe actuar como cualquiera de sus individuos. Al fin y al cabo, el hecho de que éstos actúen irracionalmente (movidos por pura «miopía») no significa que la sociedad tenga que ser asimismo irracional. Además, si los individuos son mortales, la sociedad en principio, y prescin­ diendo de un holocausto nuclear, no lo es. Seguir esta línea argumental nos eliminaría pues los dos primeros motivos para descontar el futuro desde una perspectiva social, quedando únicamente el ba­ sado en la DUMC. Sin embargo Stephen Marglin y los autodenominados «demócra­ tas», no están de acuerdo con este proceder (Dasgupta y Pearce, pág. 138). Para ellos, la esencia de la democracia consiste en respetar la voluntad de la mayoría, con independencia de la opinión que ésta nos merezca. En este sentido, si la sociedad está informada sobre la trascendencia de su elección y, aún en estas circunstancias, los indi­ viduos quieren actuar de forma irracional, no habría más remedio que respetar su decisión. Los individuos son libres de decidir qué cota de sacrificio están dispuestos a tolerar en beneficio de las gene­ raciones futuras. La respuesta a esta línea argumental, viene de la mano de los denominados (obviamente por la escuela anterior), «autoritarios»: Sen, Dobb, etc. Estaría por un lado la ya mencionada «paradoja del aislamiento»: puede que los individuos deseen un mayor sacrificio social por el futuro del que aisladamente expresan. A ello se añade el hecho de que, según estos autores, la democracia supone el respe­ to de la opinión de todas las partes interesadas, incluso de las que por cualquier motivo no pueden expresarse todavía. Este es precisa­ mente el caso. Las generaciones futuras son parte tan interesada en la solución del problema como los hipotéticos votantes de hoy, y sin embargo no tendríamos en cuenta su opinión siguiendo las reco­ mendaciones de S. Marglin y su escuela, sencillamente porque no 176

están aquí todavía para manifestarla. El Estado, como representante de toda la sociedad, debería actuar como garante del bienestar de las generaciones futuras, imposibilitadas por razones obvias de pronun­ ciarse hoy sobre un tema que en cualquier caso les atañe. Por ello, el único motivo válido para descontar el futuro sería, de acuerdo a estos autores, el tercero, el basado en la DUMC. Y ello porque, como hemos visto, si es racional que el Estado, buscando un mayor bienestar, redistribuya renta en favor de quien tiene menos y en contra de quien más tiene, también lo será que descuente el futu­ ro si las generaciones venideras van a estar, en principio, mejor. Existen pues dos posturas claramente diferenciadas. La elección entre ambas cae de lleno dentro del terreno de los juicios de valor, en el que la teoría económica como tal no puede sino ilustrar sobre las consecuencias de adoptar una u otra alternativa. En el caso que nos ocupa éstas son claras: adoptar la postura «demócrata» supon­ dría elegir una tasa social de descuento superior, ya que incluiríamos tres componentes en la misma en lugar de uno sólo y, por lo tanto, una menor tasa de inversión y una menor tasa de crecimiento. Es decir, un menor interés por el bienestar de las generaciones futuras (o por nuestro propio bienestar en el futuro). Y esto es casi todo lo que podemos decir desde el punto de vista de la teoría económica. El siguiente paso, el de la toma de decisiones, corresponde ya al terreno de las opciones políticas. La teoría económica sin embargo no há agotado enteramente su papel advirtiendo sobre los resultados esperables de nuestra elec­ ción. Todavía podríamos pedirle que nos ayudara a calcular la tasa social de descuento, una vez puestos de acuerdo sobre los motivos que consideramos válidos de los tres expuestos. Supongamos por ejemplo que adoptamos una postura «autorita­ ria» y que queremos calcular la tasa social de descuento que se des­ prendería del principio de la DUMC. Al fin y al cabo si repentina­ mente nos convirtiéremos en «demócratas» no tendríamos sino que añadir al valor de la tasa así calculada los que se desprenden de la pura impaciencia y de la mortalidad, de forma tal que el ejercicio que vamos a acometer no sería en ningún caso una pérdida de tiem­ po. Vamos a intentar pues calcular la tasa social Me descuento de acuerdo a la DUMC. /f^ J Como vimos en la figura 4.3 del capítulq'coarto que reproduci­ mos enseguida (figura 6.1), la utilidad marginál (U') decrece a partir de un cierto punto (C0 en la figura) a medida que aumenta'el cop|sumo global (C). " 0 1

Supongamos, como hacíamos entonces, que la curva de utilidad marginal de la figura tiene una elasticidad constante en todos sus puntos: C d (dU /dC ) C dU e — — ----- • -------- — — --- • ---d U /d C dC U dC

178

|o.1

de donde, separando variables: dU' U

e

dC ~C

[6.2]

e, integrando, log U ' ------ e log C + log a = log a C e de donde, finalmente: U’ = a C~e

[6.3]

siendo a una constante de integración, tal y como veíamos en la nota del capítulo 4. Ahora bien, siendo la elasticidad constante, la expresión 6.3 será válida para todos los momentos del tiempo de tal modo que, por ejemplo: U' (Ct) = a • C r U' (Ct+1) = a • Ct7 ,

[6.4]

Supongamos ahora que [6.5] es decir, que el nivel de consumo crece con el tiempo. De acuerdo con el principio de la DUM C tendremos que, debido a 6.5: V (Ct+1) < U' (Ct) o,

lo que es lo mismo: [6 .6] 179

es decir:

¿/'(C t+, ) _ 1 í / '( C t) 1+ i

o, alternativamente: U’ (Ct) = V' (C l+Í)

1

[6.7]

+ i , i> o

¿Qué significado tiene /? Se trata sencillamente de un parámetro que nos indica en qué medida es menor la utilidad marginal del consumo en el período r + 1 que en el período t. Ahora bien, el único motivo de que tal utilidad sea menor es que, aceptada la DUMC, el consumo en el período t + 1 es superior al del período /. Luego i no es otra cosa que la expresión de la caída del valor del consumo al aumentar éste: en otras palabras, la tasa de descuento del consumo de acuerdo al principio de la DUMC. Es decir, la tasa que andábamos buscando. Tenemos pues que, de acuerdo a 6.7: i = -!L < £L _, V (C,+l) y, sustituyendo los valores encontramos en •

. :

6 4

a ' ct

_

[ 6 .8]

a • Ct+\ Llamando b al ritmo de crecimiento ponderado del consumo

b=

—

c,

+ b = j + _£ h^—

C,

c,

con lo que la expresión / =

(1

6 .8

c, = _ci±L

c,

L J

quedaría

+ b)e —

1

[6 . 1 0 ]

Tenemos pues la tasa social de descuento en función de la tasa de crecimiento del consumo por un lado, y de la elasticidad de la curva de la utilidad marginal por otro. Con ello habríamos dado respuesta al problema. En el caso de que aceptábamos los planteamientos de 180

Marglin, no tendríamos sino que añadir al valor de / que nos arroja la fórmula 6 . 1 0 , los que se desprenden, como decíamos más arriba, de la impaciencia y de la mortalidad. ¿Es esto todo? Desgraciadamente no. Observemos de nuevo la expresión 6.10. No podemos pasar por alto las dificultades envueltas en estimar una función agregada de utilidad y, tanto más, el valor de la elasticidad de la utilidad margi­ nal. Al fin y al cabo, éste no es otro que el valor de n utilizado en el capítulo 4 (tabla 1) para calcular los factores de ponderación distri­ butivos. La expresión, en otras palabras de un juicio de valor puro y simple. La expresión 6.10 nos dice además que la tasa social de descuen­ to, i, depende de b: el ritmo de crecimiento del consumo. Ahora bien, volvamos un momento sobre el significado de esta tasa de des­ cuento. Recoge, como apuntábamos al principio de éste capítulo, la valoración relativa que hace la sociedad del presente y el futuro. En este sentido, una i alta significa que penalizamos en gran medida el futuro. Lo que quiere decir simplemente que tomaremos nuestras decisiones de acuerdo a esta valoración. Estas decisiones, como es obvio, atañen a problemas como el de la tasa óptima de ahorro, e inversión, la selección de tecnología, la política de empleo... De he­ cho, en el capítulo anterior tuvimos ocasión de contemplar, alrede­ dor del concepto de salario social, la cantidad de problemas envuel. tos en la decisión sobre el horizonte temporal de la sociedad. Eso era lo que nos reflejaban parámetros como v, s etc. Qué duda cabe pues de que la decisión que se tome sobre este horizonte temporal, incidi­ rá, a través de la tasa de inversión, del valor del salario social, de la política de empleo, sobre el ritmo de crecimiento^ del consumo. Nos encontramos pues con que, por un lado, la tasa social de descuento (i) depende fundamentalemte del ritmo de crecimiento del consumo (b) pero que, a su vez, este ritmo de crecimiento depende de la valoración relativa que del futuro con respecto al presente haya realizado la sociedad, lo que no es sino lo que nos refleja la tasa social de descuento (i). Podríamos estar pues moviéndonos en círcu­ lo: necesitamos conocer b para determinar el valor de i, pero b de­ pende a su vez de No es de extrañar pues que, llegados a este punto, muchos auto­ res hayan concluido que el valor de i, con independencia de la polé­ mica sobre sus componentes, sólo en términos muy tentativos puede ser resuelto por la teoría económica. Más bien se trata de la expre-

181

sión de un juicio de valor que podemos afinar con ayuda de expre­ siones como la 6 . 1 0 , pero que en ningún caso pierde este carácter. Esto es, en mayor o menor medida, lo que hacen los autores de los textos que venimos comentando. Antes de pasar a verlo más en de­ talle conviene sin embargo que hagamos una advertencia. Venimos refiriéndonos indistintamente a la tasa social de interés o a la tasa social de descuento, a las que hemos llamado i, como una expresión de la valoración relativa que hace la sociedad del futuro con respecto al presente. Sin embargo, a lo largo de las discusiones que nos han ayudado a acercarnos un poco al valor de esta i, hemos concretado bastante más qué es lo que la sociedad valora en mayor medida hoy que mañana: hemos centrado la discusión alrededor del valor del consumo. De esta forma i sería una expresión de la pérdi­ da del valor del consumo futuro con respecto al consumo hoy. Más que a una tasa social de interés o de descuento, sin más, deberíamos pues referirnos a la tasa social de descuento del consumo, o en for­ ma más compacta, a la tasa de interés del consumo (CRI, de acuer­ do a las iniciales de la terminología inglesa). La precisión no es superflua porque, como ya advertíamos al comienzo de este capítulo, encontraremos tantas tasas de descuento cuantos numerarios ha­ yamos utilizado y, al fin y al cabo, el consumo no es sino uno de ellos. Utilizaremos pues de ahora en adelante esta forma más rigurosa de proceder y nos referimos indistintamente a / o a la CRI para reflejar la tasa social de descuento del consumo.

1.

La tasa de descuento del consumo de acuerdo a la O N U D I

Siendo el consumo el numerario utilizado por las Pautas, es evi­ dentemente el manual de las Naciones Unidas el que mayor impor­ tancia otorga al cálculo de la CRI. El procedimiento sin embargo es muy sencillo y arranca de una pequeña disgresión alrededor de la actividad misma de descontar el futuro. Supongamos una corriente de beneficios: B* — B0 + B x + i ? 2 + ... + Bt

[6.11]

que se van alejando en el tiempo. Si consideramos el futuro menos valioso que el presente, multiplicaremos la expresión anterior por 182

unos parámetros, v„ (que no hay que confundir con el valor del numerario del Banco Mundial) inferiores a la unidad: B* = B q + v, i?, + v2 B2 + ... + vt B{

[6.12]

disminuyendo el valor de v progresivamente. Aceptemos que el rit­ mo de disminución de estas v es constante: cte

[6.13]

de tal forma que la caída del valor del consumo se produce de una manera uniforme. Tendríamos entonces que este ritmo de disminu­ ción del valor del consumo sería precisamente lo que hemos llamado la tasa social de descuento del consumo, de tal forma que: A vt+I vt+i Multiplicando y dividiendo la expresión anterior por Ct+1 • A Ct+| quedaría: I ___ A vt+1

Q+i

A Ct+[ ___

vt+i

Q+i

A Ct+)

A vt+1 / vt+l A Ct+[

A Ct+i/C t+|

j

Ct+|

expresión que, al igual que las 6 . 1 0 nos ofrece el valor de i en fun­ ción de la elasticidad de la utilidad marginal del consumo (variación ponderada de la utilidad marginal del consumo, vt, ante un cambio en el mismo, Ct): _

A v t+» / v >+i

A Ct+1 / Ct+1 y de la tasa de crecimiento de este último: A C t+, ^ i+i El resultado pues es similar al obtenido anteriormente. De esta forma, queda claro el carácter de juicio de valor que adquiere i,

183

aunque en el texto de las Naciones Unidas éste aparece matizado de alguna manera. En efecto, para los propósitos en que es utilizada la tasa de descuento social del consumo (la evaluación de proyectos) podríamos estar justificados al considerar la tasa de crecimiento del consumo como un dato que puede ser derivado sencillamente de las previsiones de futuro o de las metas establecidas en el plan de des­ arrollo nacional, teniendo en cuenta su viabilidad. En este caso ob­ viamente, el componente valorativo vendría dado por la elasticidad de la curva de la utilidad marginal del consumo ya que, como tuvi­ mos ocasión de ver en el capítulo anterior al tratar del valor de d, ésta no hace sino recoger el juicio de valor redistributivo de la socie­ dad. Ahora la utilizaríamos de nuevo para el caso de la distribución del consumo en el tiempo. Sin embargo, desde una óptima más ge­ neral, el carácter valorativo de i vendría reforzado por la considera­ ción hecha en el apartado anterior: la propia tasa de crecimiento del consumo ya no puede ser tan fácilmente tomada como un dato, ya que dependerá, en parte, de la decisión que tomemos hoy sobre la misma tasa de descuento social.

2.

La tasa de descuento del consumo en la O C D E y el Banco Mundial

Siendo el numerario, en este caso, bien la inversión pura y sim­ plemente, bien el ingreso convertible en manos del sector público, no es sorprendente que la CRI juegue un papel de menor entidad en las dos metodologías aludidas. Sin embargo, esto no quiere decir que no aparezca a lo largo de las mismas. Hemos tenido ocasión de en­ contrarla, por ejemplo, en la formulación del salario social, aunque indirectamente, a través de su papel en la determinación de s0, P lNV o v. Lo que quiere decir, obviamente, que hay que asignarle algón valor, a pesar de no ser la tasa de descuento fundamental, la tasa de descuento aplicable al numerario. Y ello se haría siguiendo la línea que ya hemos apuntado en la pequeña introducción teórica al pro­ blema general del descuento. Así, por ejemplo, el Banco Mundial propone la siguiente expresión: • i= n.g + p

[6.16]

donde g es la tasa de crecimiento del consumo (a la que nosotros llamábamos b), n es la elasticidad de la curva de utilidad marginal 184

(ya definida y utilizada para el cálculo de d en el capítulo anterior) y p es un parámetro que refleja la “preferencia temporal pura”. Una expresión, como vemos, que admite la introducción de considera­ ciones distintas al simple principio de la DUMC. En este caso con­ creto, la impaciencia. De la misma forma, Little y Mirrlees en la segunda edición de su texto utilizan la fórmula: i=n.g

[6.17]

en la que n (los autores utilizan en realidad 77) y g tienen el mismo significado que en 6.16 y, a pesar de que reconocen que puede existir un motivo basado en la pura impaciencia para descontar el futuro, “se ha argumentado que esta práctica (incluirlo en 6.17) es difícil­ mente sostenible, argumento que goza de nuestra simpatía” (pág. 266). Vemos pues, en definitiva, que ambos textos siguen una línea prácticamente idéntica para llevar a cabo el cálculo de la tasa de descuento del consumo, CRI, línea que se encuentra a su vez en consonancia con la estructura teórica expuesta al realizar la presen­ tación formal del problema. El resultado sigue siendo la CRI como expresión de un doble juicio de valor.

III.

EL FUTURO Y EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL: LA TASA CONTABLE DE INTERES (ARI)

Hace ya muchos años que un autor como Hirschleifer intentó cortar el nudo gordiano con el que nos hemos encontrado al tratar el problema de la actualización social, con un argumento muy sim­ ple. Todas las consideraciones sobre el menor valor del consumo en el futuro, la DUMC, la impaciencia, etc., son muy interesantes seña­ laba Hirschleifer, pero completamente irrelevantes en el tema que nos ocupa. Y además llevan a un callejón sin salida en el sentido de que no podemos escapar a la necesidad de formular un juicio de valor, necesidad que ya desde los lejanos tiempos de John Stuart Mili parece atraer muy poco a los economistas. El problema es mucho más sencillo, nos dice Hirschleifer. Al fin y al cabo la asignación que intentamos llevar a cabo con la ayuda de esta familia de precios de cuenta consume unos recursos que tienen una utilización alternativa. Si el sector privado es capaz de obtener

185

una rentabilidad igual a q no se justificaría que el sector público utilizara una tasa de descuento inferior a dicha q, ya que ello supon­ dría aceptar la posibilidad de que se tomaran decisiones cuyo valor presente neto fuera positivo, utilizando dicha tasa de descuento, pe­ ro que la iniciativa privada nunca hubiera aceptado. Utilizando q como tasa de descuento, su valor presente hubiera sido negativo: q refleja pues lo que el sector privado habría obtenido con la utiliza­ ción de dichos recursos. Mide pues el costo de oportunidad de tales recursos, más concretamente, el costo de oportunidad del capital. Planteado en estos términos, el problema tendría una fácil solución: la tasa de rentabilidad del capital en el sector privado (q), sería la tasa social de descuento que buscábamos. Las cosas, sin embargo, son algo más complicadas. En primer lugar, es difícil sabe con precisión cuál es la tasa de rentabilidad del capital privado. En el mercado, como ya tuvimos ocasión de apuntar, observamos una multitud de tasas de interés, y no siempre puede argumentarse que las diferencias entre ellas refle­ jen únicamente diferencias de riesgo. El mercado de capitales se en­ cuentra, por lo general, muy lejos del modelo de competencia per­ fecta. En segundo lugar, y como señalan Sen, Dasgupta y Marglin en las Pautas, aun en un mercado perfectamente competitivo tendrían que cumplirse dos condiciones adicionales para que la tasa de renta­ bilidad privada fuera un buen indicativo de la preferencia social en el tiempo. A saber: 1. Un modelo de dos períodos. 2. Que “el volumen total de inversión se fije con independencia de la selección de proyectos que se haga en el Sector Público (pág. 175 (3).

A ello habría que añadir, en tercer lugar, que q mide la rentabili­ dad privada de la inversión, mientras que nosotros estamos intere­ sados en la rentabilidad social. Precisamente porque tenemos razo­ nes para creer que ambas no siempre coinciden es por lo que existen los que hemos llamado precios de cuenta. En ausencia de este dato básico de partida ni yo estaría escribiendo estas notas, ni usted dedi­ cando un recurso escaso a intentar comprenderlas, convenciéndose (3 )

T a n t o e n la p á g in a 175 d e la s P a u t a s c o m o e n la s s ig u ie n t e s s e d e s a r r o lla c o n

m a y o r a m p litu d e s t e a r g u m e n t o .

186

espero, aunque con dificultad, de que no está perdiendo su tiempo al hacerlo. Pero veamos que ocurriría si todas estas condiciones se cumplie­ ran y pudiéramos utilizar q como una buena aproximación a las preferencias temporales de la sociedad. Nos ayudaremos para ello de la figura 6.2., en la que tenemos representados dos períodos (/0 y /,) y P P refleja la frontera de posibilidades de transformación de la sociedad: las posibilidades de consumo en el período o /y en el pe­ ríodo 1. Si la sociedad consumiera todos los recursos en el período inicial (situándose en P, sobre el eje horizontal) no podría consumir nada en el período siguiente. Reduciendo su consumo a O C0 (es decir, invirtiendo C0 P ) se garantiza un consumo de O C,, en el se­ gundo período. La pendiente de la curva P P nos refleja pues la productividad marginal del capital, que es la que permite traducir inversión hoy en consumo mañana. Pend P P =

A

[6 . 18] 187

Actuando racionalmente invertiremos siempre y cuando el con­ sumo obtenido mañana sea mayor que el sacrificado hoy, gracias precisamente a que la productividad marginal neta del capital será, en este caso, positiva. Es decir: % - = l + PMgk

[6.19]

De donde: q — P M g k — Pend P P — 1

[6.20]

Ahora bien, dentro de todos los puntos posibles de la frontera P P, ¿cómo seleccionamos el punto Z de equilibrio? La respuesta nos la da, obviamente, la familia de curvas de indiferencia social (C I S ) que relacionan el consumo hoy con el consumo mañana. Allí donde la frontera de posibilidades de consumo sea tangente a una curva de indiferencia social de esta naturaleza, la sociedad encontrará el pun­ to óptimo. La pendiente de esta curva de indiferencia social mide, como es bien sabido, la tasa marginal de sustitución entre el consu­ mo presente (í0) y el consumo futuro (/,), es decir: Pend CIS =

U'(Ct) W (C t+l)

que como sabemos es superior a la unidad ya que C, > C0 y hemos aceptado el principio de la DUMC. En términos más concretos: Pend CIS = ---- -------------= 1 -H V (Ct+l)

[6.21] L J

tal y como veíamos en el apartado anterior. De donde se desprende fácilmente i = Pend C IS — 1

[6.22]

Ahora bien, como en Z, el punto de equilibrio, ambas curvas son tangentes, su pendiente es la misma y es, por tanto, inmediato dedu­ cir de 6.20 y 6.22 que, en ese caso:

i= 188

q

Este es un resultado interesante, ya que nos indica que, en equi­ librio, la tasa de descuento del consumo es igual al coste de oportu­ nidad del capital. Utilizaremos esta conclusión más adelante, cuando analicemos la evolución en el tiempo de las diferentes tasas de des­ cuento social. Lo más probable sin embargo es que la economía no se encuen­ tre en una situación de equilibrio. Al fin y al cabo eso es lo que quedaba implicado cuando se afirmaba que la tasa de ahorro e in­ versión es considerada subóptima por las autoridades. De ahí que la inversión estuviera premiada. En ese caso, la economía no se en­ cuentra en un punto como el Z de la figura 6.2, sino en un punto como R en el que la tasa de ahorro es subóptima. En otras palabras, el país está ahorrando menos de lo que debiera (de lo que las prefe­ rencias sociales indican sería el óptimo), y por ello el costo de opor­ tunidad del capital (q) es superior a la tasa de descuento del consu­ mo (i). La tasa de descuento utilizada en la economía (q), es superior a la deseada (/). Vemos pues que el costo de oportunidad del capital, salvo bajo condiciones muy particulares (en las que sería prácticamente redun­ dante el Análisis de Costes y Beneficios Sociales), no es un buen indicador de la tasa de descuento social buscada. Ello no quiere de­ cir, sin embargo, que no la utilizaremos en el proceso de descuento, como uno de los elementos que nos ayudará a encontrar la respuesta adecuada. Aunque él mismo no lo sea. Analicemos más en detalle este punto.

1.

La tasa contable (A R I) de interés de acuerdo a la O C D E .

Tanto el Banco Mundial como la OCDE utilizan como numera­ rio alguna variante del ingreso en manos del Sector Público, que ya hemos visto es fácilmente traducible en inversión. De hecho, la pri­ mera edición del libro de Little y Mirrlees empleaba directamente la inversión como numerario. Por ello, la tasa de descuento social apli­ cable en estos casos ha de reflejar precisamente la pérdida de valor de la inversión (del ingreso en manos del sector público) con el paso del tiempo. A partir de esta constatación podríamos proceder a cal­ cular el valor de la que llamaremos, de acuerdo tanto al Banco Mundial como a la OCDE, la tasa contable de interés (ARI). Preci-

189

sámente por ser la inversión más valiosa que el consumo, tal y como hemos venido argumentando, encontramos que: ARI * CRI más, concretamente: ARI y CRI sólo serán iguales cuando dejemos de premiar a la inversión sobre el consumo. Es decir, cuando la sociedad alcance la tasa de crecimiento que se había marcado como objetivo. Mintras tanto, es de suponer que ARI > CRI ya que el propio estímulo a la inversión que concede el Ejecutivo tiene que traducirse en una mayor tasa de crecimiento, en una me­ nor necesidad por tanto de seguir favoreciendo la inversión, y en una caída más rápida del valor del numerario hasta aproximarlo al valor del consumo. Analizaremos con más detalle esta evolución en el último apartado de este capítulo. Mientras tanto volvamos de nuevo sobre el valor de la ARI. Pero vamos a hacerlo cambiando completamente el marco de refe­ rencia. Cuando una persona, ya sea en el sector público ya en el priva­ do, se enfrenta a la necesidad de seleccionar de entre toda una serie de alternativas, aquellas que resultan más rentables (social o priva­ damente), puede utilizar distintos criterios. Criterios que le servirán para ordenar dichas alternativas de acuerdo a su rentabilidad. Entre los muchos que han sido propuestos con esta finalidad, hay dos que sobresalen sobre los demás: el del valor presente neto ( V P N) y el de la tasa interna de retorno { T I R). El V P N de una alternativa cualquiera, un proyecto de inversión por ejemplo, informa sobre lo que vale hoy, la corriente de benefi­ cios netos (ingresos menos costos) que la inversión va a generar a lo largo de su vida útil:

VPN=

l «=.

--- —

(1 + r)

[6 .23] L

J

expresión en la que R t son los ingresos totales en el período t, C, los costes y r la tasa de descuento que estamos utilizando. T es la vida útil del proyecto. Por su parte, la T I R es precisamente aquella tasa de descuento

190

que hace que el V P N de la alternativa que estamos considerando, sea igual a cero: VPN(TIR)=

X -----^ - = 0 c' = A R I ^ r

[6.26]

que es el menor valor que puede alcanzar la A R I utilizando la ex­ presión 6.25. De esta forma no penalizaríamos en exceso inversiones cuyo rendimiento aparece lejano en el tiempo: inversiones cuyo im­ pacto sobre el consumo se retrasa. Esto es precisamente lo que, como vimos en el capítulo anterior, se desprendía de la utilización de un salario social elevado: una discriminación en favor del consu­ mo futuro. Al ir reduciendo el valor del salario social vamos elevan­ do paralelamente el de la ARI, con lo que comenzamos a descartar estas alternativas en favor de aquellas que ofrecen un beneficio cada vez más inmediato: basculamos de forma progresiva en favor del consumo presente, que es lo que indicaba, como tuvimos ocasión de comprobar un salario social bajo. Como vemos pues, a pesar del papel que le hemos atribuido a la A R I (el de igualar la oferta y la demanda de fondos de inversión), su valor termina por completar al de los otros precios sociales, inscribiéndose en la misma metodología general.

2.

La tasa contable de interés de acuerdo al Banco Mundial

Otro tanto ocurre en el texto del Banco Mundial, aunque esta vez queda más delimitada la diferencia entre precio de cuenta y pre­ cio social aplicada al descuento. En efecto, salvando de nuevo la necesidad de igualar oferta y demanda de fondos invertibles, tendríamos como primera aproxi­ mación al valor de la tasa contable de interés social (S A R I): S A R 1 = q G— h

[6.27]

en la que q G es la tasa de rentabilidad del sector público, a los efec­ tos que nos ocupan, y h es el impacto distributivo de este precio de cuenta. De esta forma podemos descomponer el componente social y el componente de eficiencia de la tasá^contable de interés. Comencemos por este último. Tendríamos: ARI=qc

[6.28]

es decir, la tasa contable de'interés, como la tasa de transformación (marginal) de las divisas hoy en divisas mañana: la tasa a la que el 194

Gobierno puede transformar numerario hoy en numerario mañana. Como tal es un parámetro objetivo, un precio de cuenta de eficien­ cia. Su valor puede ser observado, aunque existan serias dificultades que entorpecen el empeño. Por ello, Squire y van der Tak recomien­ dan analizar el valor de la relación incremental producto-capital de la economía o la tasa de rendimiento del sector privado antes de impuestos y a precios de cuenta, como orientativas del verdadero valor de q G. Nos encontramos en cualquier caso ante un precio de eficiencia, válido, pues, cuando no estamos interesados en introducir en el aná­ lisis consideraciones redistributivas. En nuestro caso, cuando consi­ deramos, como señala Irving (1978, pág. 131), que la tasa de ahorro (y, por tanto, la tasa de crecimiento) es óptima: no estamos dis­ puestos a premiar el futuro. Por lo tanto, q ° aparecerá normalmente como un límite máximo a la S A R I. En cuanto pasamos al campo de los precios sociales, introducimos el parámetro redistributivo h cuyo valor viene dado por: h = ( l - f x ) q G ( 1 — rf / vj 8)

[6.29]

el impacto sobre el bienestar, de la tasa de crecimiento del consu­ mo del sector privado: (1 — fx) q G, siendo ¡x la parte de q G que queda en manos del Sector Público. La diferencia, en otras palabras, entre el costo social de aumentar el consumo y el beneficio social que ello supone. Llevando este valor a 6.27: S A R I = i x qG+ {\ — m) qG d / \ (3

[6.30]

lo que nos permite concluir que: Si Si

d /v 0 > 1 = * A R I > S A R I d/ v | 8 < 1 ^ A R I < S A R I

En definitiva, si como acabamos de señalar, qG puede ser con­ templada como un límite mínimo para la tasa contable de interés, la expresión 6.30 puede actuar a su vez como un límite mínimo, de tal forma que la tasa contable de interés que iguale la oferta a la de­ manda, la TIR social de la última inversión aceptable, quedará pro­ bablemente entre las dos. Acercándose a un extremo u otro, de acuerdo al peso relativo de los distintos objetivos redistributivos. Con esta última expresión, tendríamos, pues, completa nuestra familia de tasas de descuento social (C R I, A R I, S A R I ) , aten­

195

diendo cada una de ellas a un distinto numerario y a unos distintos objetivos (de equidad, o de eficiencia y equidad). La primera, la tasa de descuento del consumo ( C R I : lo que la literatura tradicional denomina tasa social de interés), ligada a las preferencias de la so­ ciedad en el tiempo. Las segundas (A R l y S A R I ) más vinculadas al concepto del coste de oportunidad del capital, aun recogiendo asimismo la problemática anterior. Dado que la economía experimentará una evolución en uno u otro sentido podemos analizar con mayor detalle las relaciones entre ellas observando su evolución en el tiempo.

IV.

CRI Y ARI: RELACIONES Y EVOLUCION EN EL TIEMPO

A pesar de que se refieren a numerarios diferentes y que incluso utilizamos distintos mecanismos para llegar a .su concreción, la tasa de descuento del consumo y la tasa contable de interés guardan una estrecha relación entre sí. La propia diferencia entre los numerarios utilizados está ligada al problema de la actualización del futuro. En efecto, la diferencia de valor entre la inversión (ingreso en manos del Sector Público) y el consumo depende de la valoración relativa del futuro, que es lo que expresamos mediante la tasa de descuento. De tal forma que si inversión y consumo fueran igualmente válidos, su pérdida de valor con el paso del tiempo sería la misma: las respecti­ vas tasas de descuento no tendrían por qué diferir. En equilibrio, pues, cuando se alcanza la tasa de crecimiento óptima: ARI=CRI

[6.31]

Mientras tanto, la inversión es más valiosa que el consumo. Con­ siderándola así la economía va poniendo los medios para que la anterior afirmación deje de ser cierta, estimulando la formación de capital y acercándose a la tasa de crecimiento deseada. De modo que:

A R I > CRI

[6.32]

pero de forma decreciente, ya que el país se va aproximando a la situación 6.31, de equilibrio. Concretamente, y recordando la defini­ ción hecha del numerario tanto por la OCDE como por el Banco Mundial podríamos precisar que: ' -------------—

s

196

=

-------------

— = A R I — CRI

v

[6.33]

(donde el punto indica la derivada de la variable de que se trate con respecto al tiempo, es decir, su tasa de crecimiento). Así observa­ mos, que cuando A R I > C RI , el valor de 5 o de v va cayendo a lo largo del tiempo. Hasta que llegamos a la igualdad de la C R I y la A RI : en ese momento el valor tanto de s como de v se hace independiente del tiempo. Si la inversión pública es muy productiva, la velocidad de caída del valor de s o de v será muy alta: la sociedad se acerca a grandes pasos hacia la tasa de crecimiento deseada, aque­ lla que hará innecesario precisamente el premio a la inversión. Podría darse incluso la posibilidad de que la tasa contable de interés (A RI ) se situara por debajo de la tasa de descuento del consumo (C RI). Se trata sin embargo de una situación excepcional y estrictamente limitada en el tiempo. Ocurriría cuando, como ya tuvimos ocasión de señalar, la economía tiene tal grado de subdesa­ rrollo que no es capaz de utilizar rentablemente los recursos de in­ versión que el ahorro nacional pone a disposición del Gobierno. La literatura especializada en el estudio de las transferencias internacio­ nales de capital (ayuda extranjera, modelos de las dos brechas, etc.) caracterizaba esta situación como de falta de «capacidad de absor­ ción». La economía sufre de un grado de atraso tal que la falta de capital humano, personal cualificado, le impide aprovechar renta­ blemente los recursos que el resto del mundo pone a su disposición. En este caso la A R I puede situarse por debajo de la C R I pero en el momento en que empiece a cambiar la situación comenzará a ele­ varse superando el valor de la C R /. Posteriormente, ya en una eta­ pa madura se iniciará la evolución en sentido inverso, decreciente, acercándose de nuevo al valor de la C R /. Esta por su parte, tampo­ co permanecerá inalterada. Al mejorar las condiciones de vida de la economía en general (aumento de los salarios, del consumo, etc.) y, sobre todo, con relación al futuro, también tenderá a elevarse la C R /, con lo que ayudará a cerrar la brecha que separa ambas. Alcanzando el equilibrio, esta brecha se habrá cerrado (5). Vemos pues como ambas tasas están ligadas sobre todo su evo­ lución: Al mismo tiempo su valor no es independiente del de otros pre­ cios sociales ya calculados. Por un lado la C R I se halla estrechamente relacionada como vimos con el valor del salario social a través de s o v. En efecto, no (5 )

C o n e x c e p c ió n d e u n a p e q u e ñ a d if e r e n c ia , e x p o n e n t e d e la c o n v e n ie n c ia d e

tr ib u ta r la s g a n a n c ia s d e c a p ita l (L itt le y M ir r le e s, 1 9 7 4 , p. 2 8 5 ).

197

tiene mucho sentido apostar por un salario social muy alto (desesti­ mulando pues la generación de empleo y el aumento del consumo presente) y emplear al mismo tiempo una C R I elevada, que penalice el futuro. Y viceversa. Por otro, Little y Mirrlees recogían ya en la primera edición de su manual una función adicional para la A R I: encajar las modifi­ caciones en el estado de la Balanza de Pagos. La línea argumental es sencilla y ya ha sido expuesta. Supongamos que se produce un súbi­ to empeoramiento del déficit de balanza de pagos que no tiene pers­ pectivas de mejora en el medio plazo. ¿Cómo puede reaccionar el Ejecutivo a través de los precios de cuenta? La única forma de reequilibrar la situación es pues sometiendo la economía a un proceso de ajuste que consiga reducir la absorción doméstica (consumo más inversión). Ahora bien, en opinión de Little y Mirrlees, el consumo ya está lo suficientemente deprimido en los países no desarrollados como para que pueda soportar reducciones ulteriores (6). Por ello no queda otra vía que la reducción de la inver­ sión. Y la forma de lograrlo, de acuerdo a lo visto eñ este capítulo es sencilla. Elevando la A R I reducimos el volumen de inversión que aparece como rentable, con lo que se consigue lo buscado. Podría discutirse hasta qué punto la reducción de la inversión pública es el mejor camino para solucionar, a medio y largo plazo, los problemas de balanza de pagos. Puede que sea inevitable. Pero en cualquier caso lo cierto es que, en la óptica de Little y Mirrlees, la A R I cumpli­ ría esta función adicional: elevándose cuando se agravan los proble­ mas de balanza de pagos de forma no estrictamente coyuntural y reduciéndose en caso contrario. En resumen pues, las distintas tasas de actualización social son un buen compendio de los problemas que aparecen en el tratamiento de los precios sociales y como tal, su valor no podía estar enteramente desligado del de éstos.

( 6 ) N o e s t a r ía n d e a c u e r d o c o n e s t a a p r e c ia c ió n lo s a u t o r e s d e la s P a u t a s q u e n o d u d a b a n e n a tr ib u ir p a r c ia lm e n t e lo s p r o b le m a s d e b a la n z a d e p a g o s a la e le v a d a p r o p e n s ió n m a r g in a l a im p o r t a r d e la s c la s e s a lta s . E l n iv e l m edio d e c o n s u m o b a j o n o e x c lu y e q u e é s t e s e a muy elevado e n d e te r m in a d o s s e c to r e s .

198

CAPITULO SEPTIMO

EX TER N A LID A D ES Abordamos en este último capítulo el estudio de aquellos pro­ blemas que, como apuntábamos al comienzo de estas páginas, se encontraban en el origen del Análisis de Costes y Beneficios Socia­ les. Nos estamos refiriendo en concreto, como es bien sabido, a la presencia de efectos externos, positivos o negativos, que al carecer de un precio de mercado impiden que éste pueda arrojar una res­ puesta óptima al problema de la asignación de recursos. Vamos a tratar, en otras palabras, de dar un precio a una serie de bienes y servicios que carecen del mismo. Los tres textos que hemos manejado con cierta profusión no re­ sultan de gran utilidad. A pesar de que todos ellos hacen referencia a las dificultades que suponen la existencia de estos efectos externos, y a las distorsiones que introducen, optan por quedarse en el umbral del problema, sin adentrarse de forma operativa en su análisis. No incorporan de hecho mecanismos que permitan abordar e incorpo­ rar las externalidades dentro del esquema general de precios de cuenta. Quizá sea la edición original del método de Little y Mirrlees la que proporcionaba una postura más rígida con respecto a este tema, aunque en la segunda edición quedará un tanto suavizada. En sus líneas generales el argumento era más o menos como sigue. La incidencia de las economías o deseconomías externas se deja­ ría sentir, dentro del cuadro general de precios de cuenta, a través de alguna de estas dos vías: 199

— La aparición de productos o insumos «extraordinarios», no incluidos en el análisis; tales como la polución, la cualificación de la mano de obra, etc. — El cálculo erróneo del precio de cuenta de ciertos bienes y servicios, debido precisamente a la existencia ligada a ellos, de economías o deseconomías externas. Analicemos, siguiendo a los dos autores, ambos casos. El primer candidato dentro de este grupo de productos o insu­ mos «extraordinarios» es, como ha sido apuntado, la cualificación de la mano de obra. Un beneficio social que no tiene un precio en el mercado y para el que tampoco hemos previsto un precio de cuenta. El razonamiento.de Little y Mirrlees a este respecto probablemente sea correcto en el ámbito en el que presentaban su metodología: proyectos industriales del Sector Público en países subdesarrollados. En este caso, nos dicen, el posible efecto cualificador de mano de obra del proyecto será muy pequeño, y no vale la pena dedicar un recurso escaso (energía, personal cualificado, tiempo de investiga­ ción y de búsqueda de datos) a intentar calcularlo. Sin embargo, aún aceptando lo anterior, lo que puede ser perfec­ tamente válido en ese marco concreto, deja de serlo en el contexto general de la intervención del Sector Público en la economía. Y es en este marco en el que se plantea un texto como el presente. Un segundo candidato aparece ligado a una categoría también presentada con anterioridad a lo largo de estas páginas: la industria naciente. Podríamos encontrar una industria, en efecto, que gracias a su presencia, tanto desde el punto de vista de la oferta (abaratando insumos para otras) como de la demanda (justificando una produc­ ción rentable) pusiera en marcha un proceso dinámico de crecimiento e industrialización. Las economías externas que esta industria con­ creta generara, tanto hacia delante como hacia atrás, no han sido tenidas en cuenta en la metodología contemplada hasta ahora y, sin embargo, de alguna forma tendríamos que impulsar una aventura industrial de estas características. La respuesta que ofrece la OCDE en este segundo caso es, de nuevo, un tanto drástica. Una industria que reúna esas característi­ cas es difícil que requiera estímulos de ninguna clase para ser puesta en marcha, dada su indudable rentabilidad. La explicación a una postura tan tajante quizá haya que buscarla en un temor muy real, derivado de la propia experiencia de los paí­ 200

ses subdesarrollados a este respecto. ¿Cuántas veces no se han pro­ tegido, fomentado e instalado en base a argumentos como el ante­ rior, verdaderos monumentos a la irracionalidad? ¿Cuántas indus­ trias nacientes han sido incapaces de abandonar la incubadora de la protección estatal? Como ya tuvimos ocasión de apuntar con ante­ rioridad, es mucho más fácil diseñar en teoría las características ideales de una industria naciente, que identificarlas en cada caso concreto. Algo parecido podríamos decir con relación a los insumós o productos cuyo precio de cuenta ha sido erróneamente estimado precisamente por la aparición de economías o deseconomías exter­ nas. Cuando, por ejemplo, la producción de una empresa (o la inno­ vación ligada a ella) abaratara un insumo para otra unidad de pro­ ducción, generando una externalidad pecuniaria. La respuesta a esta inquietud tiene una doble dirección: Por un lado, la utilización de los precios anteriores a la aparición de la actividad (innovación) en cuestión, como base para el cálculo de los precios de cuenta, tiende a favorecer este tipo de actividades; precisamente por ser los más altos. En segundo lugar, calculamos por regla general los costes y bene­ ficios sociales de una actividad determinada (la producción de un bien por ejemplo) sin preocuparnos de la utilización que se haga de dicho bien. Por lo tanto ésta, no debe llevarnos a modificar el méto­ do de cálculo seguido. Hasta aquí pues, y a grandes rasgos, los argumentos generales de Little y Mirrlees. Se trata en definitiva, de presentar una serie de consideraciones tanto de índole teórico como de carácter práctico, aunque ambos planos no están siempre adecuadamente separados, encaminadas a justificar el escaso tratamiento teórico concedido al problema de las externalidades. El miedo que late detrás de estos argumentos no es otro, como ya se ha mencionado, que la posibilidad de abrir con ellas la puerta a que cualquier proyecto, por disparatado que sea, pueda ser justificado en base a sus «externalidades». La teoría eco­ nómica, en opinión de Litlle y Mirrlees, no ha avanzado lo suficiente todavía como para prevenir este tipo de consecuencias indeseadas. La misma dificultad de base —insuficiencia del tratamiento teó­ rico del problema— aparece tanto en el manual de la ONUDI como en el texto del Banco Mundial. Las Pautas, a pesar de dedicar un capítulo completo al problema de las externalidades, reconociendo así su importancia, llegan a la conclusión de que dadas las tremen­ 201

das dificultades que encontramos en el intento de cualificarlas, lo mejor que puede hacer el evaluador es descubrir los efectos externos que acompañan a cada proyecto en concreto. De forma que se cuen­ te así con una información adicional a la hora de tomar una decisión al respecto. Beneficios «indirectos» tales como la dotación de in­ fraestructura, o la ya mencionada capacitación de mano de obra, frente a costes «indirectos» típicos como la contaminación del aire o del agua, son los mencionados. Otro tanto podría afirmarse del tratamiento que les otorgan Squire y van der Tak, aunque en este texto las externalidades apenas merecen un apartado dentro del segundo capítulo. Ha de hacerse según estos autores un esfuerzo por tratar de individualizarlas, aun­ que «a menudo son difíciles de identificar y casi siempre difíciles de medir». Y poco más, si exceptuamos el hecho de que Squire y van der Tak consideran, en contra de la opinión tradicional de la literatura, que las externalidades pecuniarias también han de ser incluidas (no se sabe muy bien cómo) siempre y cuando, como es natural, la dis­ tribución de la renta figure como uno de los objetivos del Gobierno. Puede que en 1969 Little y Mirrlees estuvieran justificados al ob­ viar el problema de las externalidades, con el argumento de que la teoría económica había avanzado ciertamente poco en el camino de su cuantificación. Aquello sin embargo ya era menos cierto en el momento en el que Squire y van der Tak presentaron su texto. Hoy no podemos continuar como si la teoría económica no tuviera nada que decir con respecto a este problema. No se trata de afirmar con ello, ni mucho menos, que ya existan soluciones para un tratamiento sistemático de un grupo creciente de externalidades. Nada más lejos de la realidad. Probablemente lo único que se haya logrado haya sido ordenar la información; plantear de una forma más completa el problema; explorar algunas vías de solución; someter a una crítica rigurosa aunque no demoledora las primeras respuestas y, en defini­ tiva: colocar los distintos interrogantes en un marco teórico en el que puedan buscarse respuestas con mayores garantías. Veamos pues, a grandes rasgos, cuál es el estado de la cuestión en este resbaladizo terreno, centrándonos alrededor de tres o cuatro puntos esenciales. Al fin y al cabo, algunos proyectos del Sector Público tienen unos beneficios que caen enteramente en el terreno de las externalidades. No serán probablemente el tipo de inversiones contempladas en los textos de la OCDE, la ONUDI o el Banco Mundial, pero tienen una importancia que es imposible desconocer y también hay que decidir sobre ellos. 202

I.

ECONOMIA DEL TRANSPORTE: EL TIEMPO

Como ya tuvimos ocasión de comprobar, la inversión pública en infraestructura viaria o de transporte en general, fue uno de los ele­ mentos en los que se centró la primera etapa del Análisis de Costes y Beneficicios Sociales. Cuando se trata de decidir sobre una inversión de estas caracte­ rísticas (construcción de una carretera, una línea férrea, un nuevo aeropuerto, la ampliación del metro, etc.), aparecen dos tipos de problemas. En principio, no parece que vayan a surgir grandes dificultades teóricas en el tratamiento de los costes: podrían utilizarse los ma­ nuales que hemos analizado a lo largo de estas páginas (1). Es en el terreno de los beneficios donde aparecen las primeras. Fundamen­ talmente en dos aspectos: con respecto a la identificación y cuantificación del colectivo afectado por la inversión pública, y, en segundo lugar, en cuanto a la medición de algunos de los beneficios concretos de este tipo de obras públicas. Analicemos ambos casos por separado.

A.

Cálculo del tamaño del colectivo afectado

El asfaltado de una carretera, pongamos por caso, abarata el coste del viaje entre dos puntos cualesquiera situados en ella: menor consumo de combustible, gastos de mantenimiento del vehículo, ahorro de tiempo... Ello beneficia no sólo a las personas que nor­ malmente se trasladaban entre los dos puntos considerados, sino que, asimismo, beneficia a los individuos que antes no efectuaban el viaje debido a su elevado coste (en los términos apuntados) y ahora se deciden a llevarlo a cabo (o a incrementar su frecuencia) gracias al abaratamiento producido. Lo mismo puede decirse de la cons­ trucción de una línea directa de metro entre A y B: mejoran los viajeros que necesitaban hacer toda una serie de trasbordos para llegar de un punto a otro, y también los que ahora se deciden a utilizar el metro abandonando un medio de transporte alternativo. Los ejemplos podrían obviamente multiplicarse. La primera dificultad en todos estos casos estriba en estimar la función de demanda del servicio en concreto de que se trate. Pode(I) t o a la

E s to n o q u ie r e d e c ir q u e n o e x is t a n p r o b le m a s d e g r a n e n v e r g a d u r a e n c u a n ­ d e d ic h o s c o s t e s .

estimación

203

mos conocer con mayor o menor precisión el número de usuarios que utilizan normalmente el servicio. Pero ¿cómo estimar el número de los que se verán impulsados a hacerlo gracias al abaratamiento del mismo? Quizá sea preferible en este terreno analizar un caso práctico, antes que perdernos en disquisiciones teóricas. Veamos pues cómo lo hizo por ejemplo la Comisión R oskill con relación al Tercer Aeropuerto de Londres. La Comisión había sido encargada, como dijimos en su momen­ to, de decidir sobre el emplazamiento más conveniente para el futu­ ro Tercer Aeropuerto de Londres (TAL). De una lista de 78 empla­ zamientos potenciales, una primera evaluación dejó los posibles candidatos en 15 que, tras una segunda vuelta, quedaron reducidos a cuatro: Cublington (45), Thurleigh (58), Nuthampstead (38) y Foulness (47). (Entre paréntesis la distancia en millas desde el aeropuerto a la ciudad de Londres.) Una pregunta inmediata que evidentemente se planteaba, era la de cuántas personas iban a beneficiarse de la construcción de dicho aeropuerto. La respuesta se desdoblaba en dos fases. En primer lugar se llevó a cabo una estimación de la demanda potencial de los servicios del aeropuerto por parte de distintos gru­ pos sociales: viajeros británicos de negocios, viajeros británicos de vacaciones y viajeros extranjeros (2). Cada uno de estos grupos a su vez, era clasificado por nivel de renta. Dos variables se consideró indicirían en esta demanda potencial: en primer lugar los cambios habidos, para los viajeros ingleses de vacaciones por ejemplo, en el número de personas integrantes de cada grupo de ingresos conside­ rado y, en segundo lugar, los posibles cambios experimentados en la propensión media a volar dentro de cada uno de ellos. Propensión media que, obviamente, no tenía porqué considerarse constante. Si bien la estimación del número de personas envueltas no parecía ofrecer dificultades insuperables, así como tampoco la del nivel de renta futura de cada uno de ellos, no podía decirse otro tanto de los cambios en la propensión media a volar. Para intentar estimar estos cambios se llevó a cabo un estudio en retrospectiva del período 1962-69. Se contaba para ello con una encuesta del año 69 en la que cada pasajero quedaba encasillado de acuerdo al nivel de renta del cabeza de familia correspondiente. De esta forma 5,2 millones de

(2 ) E x is t e n u n a te n d e n c ia , e n n u e s tr a o p in ió n in c o r r e c ta y , o b v ia m e n t e , n o r e f le ­ j a d a a q u í, a n o c o m p u t a r lo s b e n e fic io s q u e r e v ie r te n s o b r e lo s n o n a c io n a le s ; a c o n ­ s id e r a d o s c e r o .

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pasajeros fueron clasificados y podía calcularse la propensión media a, volar de cada estrato de ingreso de la población: comparando el número de personas que volaban, con el total de población existente para ese nivel de renta per capita. Aplicando estas propensiones me­ dias a la población existente en cada grupo en 1962 (conocida) se hallaba el número de vuelos esperados que hubieran debido produ­ cirse en aquel año: 4 millones. El número de vuelos reales efectuados era sin embargo inferior: 2,9 millones. De esta forma podía descom­ ponerse el incremento total observado (2,9 —■5,2 millones) en dos partes: una primera debida al aumento en el número de personas de cada estrato, manteniendo constante la propensión media a volar: 4,0 —• 5,2. Una segunda debida precisamente al aumento experimen­ tado en dicha propensión media a volar: 2,9 —■4,0. De esta forma, y extrapolando estos resultados hacia el futuro (el TAL tenía como horizonte temporal el año 2000) se estimaban los posibles cambios en la propensión media a volar. Fundiendo ambas informaciones se contaba pues con una primera estimación de la función de demanda de los servicios del aeropuerto. El siguiente paso consistía en analizar los posibles efectos de ca­ da emplazamiento sobre esta cifra potencial de viajeros. En otras palabras, se trataba de estudiar el posible efecto positivo o negativo que la mayor o menor distancia entre el aeropuerto y Londres, o cualquier otro punto alternativo de origen (diferencial de distancias que no es sino un exponente de los diferentes costes de uso de cada emplazamiento) podía tener sobre la demanda potencial de vuelos. Para ello se construyó un «modelo de gravedad» en base a los datos existentes para los aeropuertos más próximos a Londres en funcionamiento: Heathrow, Gatwick, Luton, Southend y Southampton. Zonificando el área de influencia de cada uno de ellos, de acuerdo a su proximidad relativa al mismo, podía comprobarse que en las zonas más cercanas a un aeropuerto determinado el número de vuelos reales era superior al esperado (calculado de acuerdo al número de habitantes y a la composición de su ingreso, tal y como veíamos en los cálculos basados en la propensión media a volar). Lo contrario ocurría en las zonas más alejadas. Todo ello permitía cal­ cular (Dasgupta y Pearce, 1972, pág. 211), un llamado «índice de accesibilidad» para cada uno de los emplazamientos alternativos ( A) , tal como:

XD, F*

en el que i es el indicativo de la zona considerada: j el del aeropuer­ to; D } el número de pasajeros que vuelan desde el aeropuerto j; y F¡j el coste de trasladarse entre la zona i y el aeropuerto j. Coste que viene dado en términos, bien del coste del transporte público entre ambos puntos, o del transporte privado. Este «índice de accesibilidad» se llevaba posteriormente a una ecuación del tipo: [7.2] siendo V R y V E respectivamente los vuelos reales y los vuelos espe­ rados para cada zona. Los altos coeficientes de correlación obteni­ dos al estimar la expresión anterior mediante mínimos cuadrados (R 2 = 0.79 para las regiones del sudeste y R 2 = 0.86 para el resto), así como las mismas diferencias encontradas entre unas zonas y otras, avalaban la utilización de estos datos para la estimación del poder de atracción — repulsión de cada emplazamiento alternativo sobre la demanda potencial estimada: V R = (& + b A y V E (i = 1 ... 4)

[7.3]

Los «modelos de gravedad» del tipo del aquí expuesto han sido objeto de numerosas críticas. Heggie señala, a partir de un análisis de diversos estudios de esta naturaleza, que estos modelos ofrecen «una explicación muy pobre de los flujos observados de tráfico», debido fundamentalmente al amplio margen de error cometido (Pearce, 1973, pág. 93). Sirva sin embargo lo anterior como una ilustración de los procedimientos que se han seguido en la práctica para intentar estimar la función de demanda por parte de los usua­ rios de un servicio público en el área de economía del transporte (3).

(3 )

N o p o d e m o s d e ja r d e m e n c io n a r q u e , d a d a la e n v e r g a d u r a d e l p r o y e c t o , la e v a lu ó a s im is m o la s p o s ib ilid a d e s d e a p a r ic ió n d e tr e s e le m e n t o s q u e , d e c o n c r e ta r s e , in c id ir ía n n o t a b le m e n t e s o b r e la d e m a n d a p o t e n c ia l d e l T e r c e r A e r o p u e r t o d e L o n d r e s: — L a c o n s t r u c c ió n d e u n tú n e l b a jo e l C a n a l d e la M a n c h a . — L a u t iliz a c ió n c o m e r c ia l d e l a v ió n d e d e s p e g u e v e r tic a l. — L a g e n e r a l iz a c ió n d e lo s lla m a d o s « tr e n e s -b a la » , c o n v e lo c id a d s u p e r io r a lo s 2 0 0 K m s ./h .

Comisión R oskill

N in g u n o d e e llo s s in e m b a r g o a j u ic i o d e la C o m is ió n , a p a r e c ía c o n u n p e s o r e le ­ v a n t e e n e l h o r iz o n te te m p o r a l c o n s id e r a d o .

206

B.

La valoración del tiempo

Calculada pues la curva de demanda potencial del colectivo afec­ tado, el siguiente paso consiste en valorar los beneficios que, a través de un ahorro de tiempo, reciben estas personas. El Tercer Aeropuer­ to de Londres en efecto, como la construcción (o asfaltado) de una carretera cualquiera, una nueva línea de metro, el tendido de una vía férrea, o la construcción de una central de autobuses, constituyen ejemplos de una inversión que tiene, como uno de sus beneficios fundamentales, el ahorro de tiempo. Tanto directa (la persona que lo utiliza tarda menos), como indirectamente (descongestionantío el transporte de superficie mediante una nueva línea de metro). Se hace necesario pues un mecanismo que permita cuantificar el beneficio generado por este ahorro de tiempo (tanto por desplazamientos co­ mo por las esperas), en una unidad que lo haga comparable a los obtenidos por cualquier inversión alternativa. El beneficio que su­ pone la producción de una tonelada de fertilizantes puede ser tradu­ cido, mediante los precios analizados en la primera parte de este texto, a una cantidad de dinero. Es preciso hacer lo mismo con el tiempo: construir un precio que nos permita reducirlo a una magni­ tud monetaria, comparable con las anteriores (4). El punto de partida para la construcción de este precio lo consti­ tuye el coste de oportunidad: el tiempo ahorrado puede ahora dedi­ carse a una actividad alternativa. En términos generales podríamos decir que la persona puede dedicar el tiempo ganado; a una activi­ dad productiva (trabajo); o a disfrutar de una mayor cantidad de tiempo libre (ocio). La literatura diferencia claramente el tratamien­ to otorgado a cada uno de estos dos casos.

1.

Tiempo de trabajo

Abordemos en primer lugar la valoración del beneficio social que se produce cuando el tiempo ahorrado se dedica a una actividad productiva. El conductor de un camión de transporte de mercancías, por ejemplo, puede llevar a cabo un viaje adicional gracias al asfal(4 ) U t ili z a m o s e l d in e r o , n o p o r q u e te n g a n in g u n a p r o p ie d a d e s e n c ia l q u e lo h a g a p a r tic u la r m e n te a t r a c tiv o e n e s t e c o n t e x t o . P o d r í a m o s h a b e r u t iliz a d o c u a lq u ie r o tr a unidad de cuenta q u e se n o s h u b ie r a o c u r r id o . L o im p o r t a n t e e s r e d u c ir t o d o s lo s c a m b io s e n e l b ie n e s ta r s o c ia l a u n a m is m a u n id a d d e m e d id a : p e s e t a s , p e s o s , d ó la r e s , « ú tile s » ... R e c o r d e m o s el p la n te a m ie n to in ic ia l s o b r e el « n u m e r a r io » .

207

tado de la carretera entre A y B. El ingeniero de una empresa cons­ tructora puede permanecer varias horas más en su despacho a la semana, gracias a la construcción de un aeropuerto que ahora le permite llegar más rápidamente a pie de obra. En estos casos, y dada la utilización productiva del tiempo de trabajo así ahorrado, el camino seguido tradicionalmente por la lite­ ratura ha consistido en fijarse en el salario recibido por la persona involucrada. Partiendo de la base, en efecto, de que dicho salario es un buen reflejo de su productividad marginal (contribución a la producción total), el beneficio social resultante de que el ingeniero citado pueda trabajar una hora más, vendría dado por lo que ayuda a producir en dicho tiempo: el salario-hora. Bastaría aplicar el factor de conversión para el consumo o para la inversión (dependiendo del caso), para que el salario se convirtiera en la medida buscada: en el precio social del tiempo de trabajo. Este fue de hecho el mecanismo utilizado por la Comisión Roskill (aunque sin aplicar el FCE), precisamente en el apartado más sensi­ ble de los contemplados entre las cuatro localizaciones: los costes de tiempo (entre el aeropuerto y el destino en Inglaterra del pasajero) resultaron ser en efecto los más importantes para las cuatro alterna­ tivas (5). Un procedimiento como el apuntado, a pesar de su amplia utili­ zación, está sin embargo sujeto a diversas críticas: En primer lugar, una de carácter general: se ha argumentado hasta la saciedad que el salario de mercado está lejos de ser un buen reflejo de la productividad marginal del individuo. Y en este terreno no sería correcto sustituirlo por el salario de cuenta social ya que lo que se busca es un exponente de lo que el individuo contribuye a producir, no el coste social de darle empleo. La utilización del sala­ rio de eficiencia sería pues más adecuada. Entrando ya en el terreno de unas críticas más específicas po­ dríamos mencionar, en segundo lugar, las siguientes: — El problema de las indivisibilidades. De acuerdo a la metodo­ logía propuesta, tenemos que aceptar que el beneficio social producto de un único ahorro de sesenta minutos, es equiva­ lente al de sesenta ahorros de un minuto: el producido por ejemplo gracias a la mejora en los accesos entre dos secciones

(5 ) L a C o m is ió n t u v o e n c u e n t a a s im is m o la a m o r t iz a c ió n d e l e q u ip o c a p it a l u t iliz a d o e n e l p r o c e s o p r o d u c t iv o .

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de una misma empresa. Y sin embargo hay razones para creer que esto no es así: en muchas ocasiones los ahorros de tiempo muy pequeños no permiten desarrollar una actividad produc­ tiva completa. De poco le sirve al transportista (desde el pun­ to de vista productivo) que el viaje entre A y B, gracias a la puesta en funcionamiento de una carretera de circunvalación en una de las ciudades intermedias, pueda hacerse ahora en siete horas y media en lugar de nueve. Existen indivisibilida­ des que en muchas ocasiones impiden la utilización producti­ va del tiempo liberado. Y viceversa: existen ahorros de tiem­ po que, debido a ellas, tienen un valor superior al así contabi­ lizado. Sería el caso por ejemplo de la construcción de un túnel que redujera la distancia entre A y B de seis a cuatro horas: cabrían dos viajes dentro de la jornada de trabajo, con lo que se ganarían no dos, sino cuatro horas de trabajo. — Utilización del tiempo de viaje. El mecanismo que venimos analizando no contempla la posibilidad de una utilización productiva del tiempo de viaje. Cuando abortamos en una hora la distancia entre dos ciudades gracias a la introducción por ejemplo de un tren más rápido, computamos como una ganancia neta lo que el ejecutivo de una empresa puede producir en su oficina durante esa hora. Perdemos de vis­ ta la posibilidad de que durante el viaje también estuviera, empleando productivamente el tiempo (ordenando infor-i mación, preparando un dossier, repasando documentos...)! de tal forma que el beneficio social neto vendría dado por la diferencia de productividad entre los dos entornos. — Bienestar del viajero. Se argumenta, finalmente, que hemos computado el incremento en el bienestar social que supone por ejemplo acortar un viaje, sin tener en cuenta la opinión del propio interesad.o. Nos ha preocupado, en efecto, la pro­ ducción que la sociedad puede obtener en ese tiempo, pero no nos hemos preguntado sobre lo que opina la persona involu­ crada del ahorro en cuestión. Si el individuo (que al fin y al cabo también es un miembro de la sociedad) prefiere pasar el tiempo contemplando el paisaje que trabajando, experimen­ tará una pérdida neta de bienestar al acortar la duración del trayecto. Pérdida neta, que, en términos globales, probable(6 ) P o d r ía a r g u m e n ta r s e a s im is m o e n s e n t id o c o n tr a r io : la p e r s o n a p u e d e e x p e ­ r im e n ta r u n a d e s u tilid a d p o s it iv a al v e r s e e n v u e lt a e n u n e m b o t e ll a m ie n t o ; a l c o n -

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mente no será muy grande, pero que en cualquier caso no ha sido tomada en cuenta (6). Son como vemos críticas de muy distinto peso. Así como las recogidas en los dos últimos puntos no es probable que den lugar a dificultades insalvables, no ocurre otro tanto en relación al proble­ ma de las indivisibilidades. 2.

Tiempo libre

Existe un argumento según el cual, la mecánica descrita en el apartado anterior sería igualmente aplicable a éste: dado que el indi­ viduo es libre de escoger la duración de su jornada de trabajo, el valor de su tiempo libre viene dado por lo que deja de ganar durante esas horas (coste de oportunidad). El salario-hora aparecería de nuevo como el precio del tiempo. Sin embargo, la literatura ha tendido por lo general, a abando­ nar esta vía de razonamiento. Y ello por varias razones, además de alguna de las ya apuntadas, de las que destacan fundamentalmente dos: — De nuevo el problema de las indivisibilidades. No es tan cier­ to que el individuo pueda elegir libremente la duración de su jornada de trabajo. Normalmente nos encontramos con que ésta viene determinada de antemano y la persona se enfrenta a una elección del tipo «lo toma o lo deja», ante una combi­ nación concreta salario-jornada-tipo de trabajo. — En segundo lugar, suele sostenerse, existe una desutilidad p o ­ sitiva de trabajar. Argumento ciertamente dudoso, por lo menos en algunos casos, pero que de ser acertado, impediría utilizar el salario como una buena aproximación al valor del tiempo libre. En efecto, la utilidad marginal del ocio sería igual en este caso al salario menos la desutilidad marginal del trabajo: el salario compensa por el ocio al que se renuncia y por la desutilidad de trabajar. Aún sin aceptar por completo este segundo razonamiento, cohe­ rente en cualquier caso con los supuestos de partida del modelo de competencia perfecta, lo cierto es que muestra los problemas que existen al igualar el salario con el valor del ocio (7). te m p la r la v e lo c id a d d e s e s p e r a n te a la q u e s e d e s p la z a e l tr e n ; o e l n ú m e r o d e p a r a d a s q u e e f e c t ú a ... (7 )

E n e l c a s o o p u e s t o , e l p la c e r q u e s e e x p e r im e n t a al r e a liz a r c ie r t o s tr a b a j o s ,

ta m b ié n s e r ía u n a r g u m e n to e n c o n tr a d e la ig u a ld a d .

210

Por todo elio la literatura ha renunciado a utilizar el salario co­ mo una buena aproximación al valor del tiempo libre. En su lugar, lo que se hace es analizar la conducta del individuo cuando éste elige entre tiempo libre y dinero. Teniendo en cuenta que la utilidad del tiempo libre comprado depende no sólo de lo que pueda hacerse con él, sino de la desutilidad que supone el no poder­ lo utilizar: por la duración del viaje, de la espera, de las congestio­ nes, etc. Para ello pues se analizan varias alternativas en las que el individuo elige. — La decisión sobre el medio de transporte empleado: avión frente a tren, taxi frente a autobús, etc. — La elección de la ruta escogida: carretera o autopista por ejemplo. — La elección de la velocidad: partiendo de la base de que el individuo conoce los costes de aumentarla y de que no expe­ rimenta un placer con ello. Todas estas alternativas y algunas otras (precio de la viviendaproximidad del trabajo...) tienen en común el hecho de que permiten al individuo optar por aumentar su tiempo libre, reduciendo el de viaje o espera, pero a un coste. Y esto es precisamente lo que permi­ te traducir tiempo libre a dinero. Naturalmente, el argumento supo­ ne que la elección se toma estrictamente en razón del motivo apun­ tado y que no existen por lo tanto otros elementos (pavor al avión, placer de conducir...) que la contaminen. Nos encontramos, de hecho, con una nueva aplicación del prin­ cipio de la disponibilidad a pagar utilizando en el manual de la ONUDI, en común con gran parte de lo que hemos llamado el aná­ lisis de Costes y Beneficios Sociales. Serían aplicables pues, en este terreno, las críticas que ya apuntamos cuando se presentaba el texto de las Naciones Unidas. Fue, en cualquier caso, la metodología utilizada por la Comisión Roskill. En una primera instancia, la Comisión aceptó la cifra que se desprendía de una encuesta realizada por el Ministerio de Transpor­ te británico. Según estos datos, prestados, el individuo valoraba su tiempo libre (una hora por ejemplo) en aproximadamente un 25% de su ingreso promedio (el salario-hora). No parece una cifra excesiva­ mente alta. Sin embargo, algunos estudios realizados por la propia Comisión, siguiendo la línea apuntada, arrojaban un valor todavía más bajo: 14%. De hecho el 66% de los entrevistados no pagarían nada por reducir su tiempo de viaje. El problema con esta segunda 211

estimación podría encontrarse en la dificultad (señalada repetida­ mente en las críticas al trabajo de la Comisión) de distinguir entre viajes de trabajo y viajes fuera de la jornada de trabajo, entre los usuarios de un aeropuerto. Máxime cuando, como es normal entre el personal ejecutivo, la jornada de trabajo es elástica. Y es de espe­ rar que el individuo que viaja dentro de su jornada laboral, no tenga un interés especial en reducir el tiempo de viaje. En cualquier caso, y recapitulando, esta sería a grandes rasgos, y con las limitaciones apuntadas, la metodología seguida para la valo­ ración del tiempo.

II.

EL MEDIO AMBIENTE

Un segundo aspecto de gran importancia dentro del campo gene­ ral de las externalidades es el que hace referencia al medio ambiente. Gran parte de las actividades inversoras tanto del Sector Público como del sector privado tienen una repercusión directa sobre la cali­ dad del medio ambiente: polución del aire o del agua, deterioro del paisaje, aumento excesivo de la densidad de población... De nuevo nos encontramos con el mismo problema: ¿Cómo va­ lorar la pérdida (o incremento) del bienestar social que se deriva de un deterioro (una recuperación) del medio ambiente? Vamos a intentar esbozar las líneas generales de las respuestas ofrecidas por la literatura fijándonos para ello de nuevo en el traba­ jo de la Comisión Roskill. Los evaluadores de TAL se enfrentaban, en efecto, con un pro­ blema de las características apuntadas. La construcción del TAL iba a suponer, como es obvio, un perjuicio para los habitantes del em­ plazamiento finalmente elegido, en forma de unos mayores niveles de ruido que no es sino una forma más de contaminación, de dete­ rioro del medio ambiente. Veamos pues cómo procedió la Comisión frente a este problema. En primer lugar, se trataba, como en el caso anterior, de identifi­ car al colectivo afectado por el aumento de la polución. Se construía para ello una serie de números-índice del nivel de ruido (NNI) que obviamente, irían disminuyendo progresivamente de acuerdo a la distancia con el foco emisor. De una forma un tanto arbitraria, se eligió un valor del NNI por debajo del cual se supondía que el aumento de ruido experimentado podía considerarse despreciable, de manera que las personas afectadas por aquel nivel de ruido (o uno inferior) no experimentaban cambios apreciables en su bienes­ 212

'

tar. El paralelismo con casos similares es obvio: la construcción de una fábrica de cemento por ejemplo, o de una planta de fertilizantes, perjudica a las personas que viven en su entorno debido a la emisión de polvo, humo, olores, etc. Tanto más cuando más próxima a la fábrica se encuentra la persona afectada. En algún momento, sin embargo, para una cierta distancia, se considera que el efecto es lo suficientemente pequeño como para no ser tenido en cuenta: aun­ que, probablemente el individuo fronterizo sea el único que no esté de acuerdo en esa demarcación. Pero en fin, tenemos ya delimitado el conjunto de personas que van a ser afectadas por el aumento (disminución) de la polución. El siguiente paso consiste en valorar los cambios en el bienestar que experimentan dichas personas. Para ello, la Comisión Roskill dividía este universo en cuatro distintas categorías: 1. Las personas que, de resultas del incremento de la polución (construcción del aeropuerto) deciden mudarse a otro lugar. Es de­ cir, las personas que no soportan vivir en las nuevas condiciones, y pueden trasladarse. 2. El grupo de personas que, en cualquier caso, habían decidido mudarse, antes de que se supiera que iba a aumentar la polución. 3. Las que se quedan a pesar del deterioro en la calidad de vida. 4. Las personas que llegan a vivir al lugar, después de produci­ do el aumento de la polución (la construcción del aeropuerto). Estos cuatro grupos, de acuerdo a la Comisión, se verían afecta­ dos de distinta forma. El primer grupo tendría que soportar un triple coste. En primer lugar, el coste de la mudanza en sí, puesto que en ausencia del in­ cremento de la polución no se habría producido. Llamémosle R. Por otro lado, los propietarios que se trasladan se verán obligados a vender su vivienda a un precio inferior al precio de mercado de una propiedad de similares características, precisamente porque ésta se encuentra ahora en un entorno más polucionado. En otras palabras, habrá una diferencia en el precio antes y después del aumento en la contaminación, tanto mayor cuanto más acusado sea éste. Llame­ mos D a este cambio porcentual en el precio del mercado (8). Fi­ nalmente, aparecería un tercer coste relacionado con la pérdida del (8 ) S i p o r a lg u n a r a z ó n la in v e r s ió n e n c u e s t ió n ( c o n s t r u c c ió n d e u n a to r r e d e a p a r t a m e n to s u o f ic in a s , d e u n a a u t o p is t a , e t c .) aumenta e l v a lo r d e lo s te r r e n o s , n o s e n c o n t r a r ía m o s a n te u n beneficio: D s e r ía p u e s negativo.

213

excedente del corisumidor que experimentan estas personas. En efec­ to, estos individuos, aunque hubieran recibido el precio de mercado de sus viviendas (antes de la depreciación) no habrían sido compen­ sados en su totalidad por la pérdida de bienestar que les supone prescindir de ellas. El precio de mercado no refleja el bienestar que supone vivir en un entorno concreto, familiar, al que uno ha termi­ nado por acostumbrarse, donde conoce y es conocido, tiene sus amigos, etc. Todo esto es lo que de alguna manera viene representa­ do por el área que queda debajo de la curva de demanda y encima de la línea de precio (que aparece rayada en la figura 7.1). Si se nos privara de la vivienda, perderíamos la cantidad O X 0 de este bien en cuestión. El mercado nos pagaría por ello (antes de la depreciación) el precio O PQ, con lo que obtendríamos en compensación el área del rectángulo O Pa O X 0. Sin embargo, la curva de demanda informa que estábamos dispuestos a pagar O D D X 0 por el disfrute de ese bien. La diferencia, P 0DD, es pues el excedente del consumidor, no compensado por el precio de mercado. Llamémosle S.

Y estos serían en términos muy simples, los componentes del cos­ te total de las personas que abandonan la localidad.

214

En segundo lugar encontramos el grupo de personas que en cualquier caso habían decidido ya trasladarse a una nueva localiza­ ción, con independencia del cambio aparecido. Es evidente que de los tres costes en que incurrían los anteriores, únicamente la depre­ ciación, (o apreciación, en su caso) experimentada por la propiedad (D) es ahora aplicable. Tanto R como S son costes que en cualquier caso habían pensado afrontar. En cuanto a las personas que deciden permanecer en el lugar, a pesar del deterioro en la calidad de vida, el coste con el que se en­ cuentran es precisamente esta pérdida de bienestar debida al hecho de vivir en un entorno menos atractivo. Se hace necesario en este caso, de acuerdo a la Comisión, calcular la cantidad de dinero que, ofrecida individualmente, compensaría exactamente a cada persona por la pérdida de bienestar sufrida. Llamemos a esta compensación N. Finalmente, la Comisión Roskill estimó que los recién llegados, las personas que se deciden a vivir en el entorno aún a sabiendas de que está contaminado, no incurren en ningún coste neto al hacerlo: la caída de bienestar debida a la mayor polución está compensada por alguna otra variable (menor precio de las viviendas, cercanía al lugar de trabajo...). De otra forma no habrían tomado la decisión de trasladarse. De forma tal que, si reunimos los datos anteriores, encontraría­ mos que el coste social total relacionado con un aumento de la con­ taminación vendría dado, discriminado por grupos, por: 1. Los que se trasladan S+ R+ D 2. Los que en cualquier caso ” ------- D — 3. Los que se quedan ------------ N — 4. Los que llegan Veamos ahora cómo se estimaba cada uno de estos componentes. Los gastos de mudanza R no parecen encerrar problemas espe­ ciales. Es, al fin y al cabo, un dato conocido. Con relación a D, el coste de depreciación de la propiedad, lo que la Comisión hizo fue analizar lo ocurrido en un caso análogo: la construcción del aeropuerto de Gatwick. Observando la evolución de los precios de la propiedad raíz, antes y después de la construc­ ción del aeropuerto, se obtenía una cifra de la depreciación porcen­ tual del valor de la vivienda, que podía ser la utilizada. Como era de esperar, uno de los resultados arrojados por el análisis fue la mayor depreciación porcentual de las viviendas más caras: entre un 12 y un 50% superior al resto. Una comprobación pues de que la disposición 215

a pagar (en este caso por tranquilidad, por un ambiente no contami­ nado) depende entre otras cosas, de lo que el individuo puede pagar. Si partimos de la base de que el ruido nos molesta a todos por igual o de que, en términos más rigurosos, no hay una correlación positi­ va entre el nivel de renta del individuo y la pérdida de bienestar que experimenta ante un incremento dado del ruido, no puede haber otra explicación al hecho observado. En cuanto a la compensación ( N) que evitaría la pérdida de bie­ nestar neta de los que se quedaban, la Comisión la igualó a D. El argumento era lógico. Al fin y al cabo la propiedad se deprecia pre­ cisamente porque la gente prefiere vivir en lugares no contaminados. El grado de la depreciación debe ser pues un buen reflejo de las molestias que causa la contaminación: luego ya tenemos un valor para el coste de la contaminación. Ofreciéndole esa cantidad (que es la que la gente pide para decidirse a vivir en un entorno contamina­ do), compensaríamos al que se queda. Y restaría finalmente S, el excedente del consumidor, que es, na­ turalmente, el de más difícil estimación. En este caso, la Comisión empleó el método de las encuestas directas. Se preguntaba a los propietarios sobre la cantidad de dinero por la que estarían dispues­ to a vender su casa para la construcción de una nueva urbanización en la zona. La diferencia entre el precio de mercado de la vivienda y lo pedido, representaría el excedente del consumidor, si la respuesta había sido sincera. El valor promedio del excedente así calculado se aproximaba al 39% del precio de mercado de la propiedad. El pro­ blema lo presentaban un 8% de los encuestados al responder que «por nada del mundo». Como no era cuestión de paralizar los traba­ jos al llegar a respuesta tan rotunda, la Comisión asignó para este grupo un valor arbitrario y muy alto, para el excedente: el 200% del valor de la propiedad (alrededor de 5.000 libras esterlinas). Con ello quedaba un promedio total del 52%. Sumando pues los costes correspondientes a los grupos afectados (con mayor o menor intensidad de acuerdo al NNI correspondiente) se llegaba a una estimación del perjuicio social causado por un aumento de la contaminación ambiental: en este caso concreto del ruido. El método era fácilmente generalizable a casos paralelos de dete­ rioro (o mejora) del medio ambiente, y así se ha hecho. Existen ins­ tancias en las que no es posible proceder de esta forma (el deterioro del paisaje ocasionado por las vallas publicitarias tanto en el campo abierto como en la ciudad sería un ejemplo claro) ya que no pode­ 216

mos acudir a un mercado que recoja, así sea indirectamente, este impacto negativo, pero no cabe duda de que el ámbito de aplicación de la metodología propuesta es bastante amplio. Ello no implica, obviamente, que se halle exenta de problemas. Concretamente el trabajo de la Comisión Roskill en este sentido fue objeto de cuatro críticas muy concretas (Misham en Layard, 1972, págs. 460-71): — En primer lugar, se argumentaba, al proceder como si las personas que se trasladan a vivir al lugar no incurrieran en coste alguno, estamos dando por supuesto que conocen per­ fectamente cuál va a ser la evolución en el tiempo del nivel de polución. Puede que esto no sea así: puede que el individuo cuente con una información incompleta, y subestime el coste futuro de vivir en un ambiente crecientemente deteriorado. — En segundo lugar, la forma como se realizó la encuesta para calcular el excedente del consumidor era equívoca. La redac­ ción concreta de la pregunta no excluía que el individuo estu­ viera pensando, al contestarla, en la posibilidad de mudarse a un emplazamiento dentro del mismo entorno, del mismo ba­ rrio. Con lo que la pérdida del excedente del consumidor quedaba claramente subvalorada. — En tercer lugar, los cálculos se realizaron tomando en consi­ deración los niveles de renta de aquel momento. Sin embar­ go, la tranquilidad es un bien superior por el que el individuo está dispuesto a consumir y pagar más, cuanto mayor sea su ingreso. Punto que quedaba reflejado, como vimos, en la dis­ tinta evolución de los precios de las viviendas. Lo mismo puede decirse, en términos generales, de la calidad del medio ambiente: limpieza, descongestión, paisaje, etc. Con el paso del tiempo y la elevación esperada del nivel de vida de la población, aquellas primeras estimaciones pueden quedar desfasadas y, por lo tanto, el coste, tanto individual como social, infravalorado. — Finalmente, un argumento que se mueve en dirección contra­ ria al anterior y que nos llama la atención sobre la posibili­ dad de que estemos entrando en un círculo vicioso. El ruido, . en efecto, como muchas otras formas de polución, tiene un efecto marginal decreciente sobre el bienestar humano. A mayor nivel previo de ruido, menor es la disminución adicio­ nal de bienestar que experimentamos al incrementarlo un

217

grado más. La primera perturbación es la más costosa: las sucesivas lo son menos. Tanto desde el punto de vista indivi­ dual como de la destrucción del entorno en general: el primer papel tirado en una pradera es el que más duele. Cuando el campo está lleno, uno más ya prácticamente no se nota. Apli­ cando pues la metodología propuesta, que parte de la exis­ tencia de un entorno ya polucionado, corremos el riesgo de minimizar los costes de un aumento adicional de dicha polu­ ción y de reforzar esta tendencia a medida que degradamos más el ambiente. Y este era uno de los peligros principales que detectaba Misham en la metodología de la Comisión Roskill, extensible además a su aplicación fuera del caso con­ creto contemplado por ella. Punto realmente grave y que trasciende de hecho el terreno muy concreto en el que esta­ mos operando para llegar de nuevo al corazón de la lógica del sistema de mercado. Y estos eran, a grandes rasgos, los puntos más conflictivos en relación al método propuesto. Algunas de las críticas mencionadas (fundamentalmente las dos primeras) están dirigidas más bien a la forma concreta de aplicación, que a la esencia misma de la propues­ ta. Las contempladas en los dos últimos puntos parecen, en este sentido, más de fondo. En cualquier caso, esta es la dirección en la que se trabaja para lograr dar un precio a esta familia de externalidades, relacionadas con el medio ambiente. Podemos pasar a continuación a ocuparnos de la medición de otro de los beneficios (o costes) que como tuvimos ocasión de apun­ tar aparecían en algunas inversiones de infraestructura, sobre todo viaria, y que desde luego, también se dan en el caso del famoso aeropuerto: la disminución (aumento) en el número de accidentes y el ahorro (pérdida) consiguiente de una serie de vidas humanas.

III.

EL VALOR DE LA VIDA HUMANA (9)

Procurar dar un valor en dinero a la vida humana no es una muestra más de bizantinismo económico, aunque algunos excesos en (9) Agradezco a ia Revista Española de Economía y a su secretario D. Rodrigo Vázquez Cándame, el permiso otorgado para reproducir aquí parcialmente el conte­ nido de un artículo publicado en ella (Azqueta, 1979).

218

este campo puedan llevar a creerlo (10), sino el reconocimiento de un problema al que hay que dar solución. Cuando nosotros evaluamos socialmente la rentabilidad de un proyecto siderúrgico, por ejemplo, sabemos, en términos generales, cuál va a ser la producción de ese proyecto (acero), y hemos visto métodos para calcular el precio social de ese acero. El problema se complica sin embargo, si en lugar de tratarse de una siderurgia nos enfrentamos con un hospital. El beneficio de su construcción es co­ nocido: ayudar a salvar vidas humanas. En términos más estrictos: reducirá la probabilidad de muerte, aumentará la esperanza de vida de la sociedad. El problema no estriba en la identificación de benefi­ cio, sino en su cuantificación, porque se va a dar el caso de que en múltiples ocasiones la sociedad se vea obligada a elegir entre una siderurgia y un hospital. En realidad, podríamos decir que una gran cantidad de inversio­ nes públicas o privadas tendrán una cierta influencia en este terreno, ya sea directa como en el caso del hospital, ya indirecta. La cons­ trucción de una petroquímica, por ejemplo, no sólo implica el aumento en la disponibilidad de una serie de productos, sino tam­ bién, con toda probabilidad, el incremento de la polución del aire; lo que conlleva una mayor incidencia de las enfermedades respiratorias y de nuevo un cambio en la probabilidad de muerte, por lo menos para el grupo de población afectado. Justificada pues la necesidad de proceder a una valoración de los cambios que en el bienestar de la sociedad suponen modificaciones en la esperanza de vida, el problema radica, naturalmente, en cómo llevar a cabo esta valoración, esta cuantificación.

(1 0 ) tu r o c o m o :

C o m o p o r e j e m p lo , c u a n d o R id k e r c a lc u la lo s c o s t o s d e u n e n tie r r o p r e m a ­

[ 7 .4 ]

S ie n d o C a e l v a lo r p r e s e n t e d e la g a n a n c ia n e ta e s p e r a d a a l r e tr a s a r e l e n t ie r r o a la e d a d a; C 0, e l c o s t o d e l e n tie r r o ; P la p r o b a b ilid a d d e q u e u n in d iv id u o d e a a ñ o s m u e r a a la e d a d n y r, la ta s a d e d e s c u e n t o . M is h a m ( 1 9 7 1 ) , d e d o n d e e s t á t o m a d a la c ita , h a c e u n o s in te r e s a n te s c o m e n t a r io s a l r e s p e c to ... ¡s o b r e e l ta m a ñ o d e l a ta ú d !

219

A.

Métodos propuestos

En la no muy abundante literatura sobre el particular (11) pueden distinguirse, en términos generales, dos grandes líneas de trabajo: 3.1. Intentos de solución que se centran en el lado «productivo» del problema. En este caso, el valor de la vida humana vendría dado por lo que la persona en cuestión deja de producir (producción neta) si muere. En otras palabras ¿qué beneficios obtendría la sociedad si esa perso­ na siguiera viva?: Lo que vaya a producir en el resto de sus días menos lo que consuma. Si la remuneración del individuo es un indi­ cador de su productividad, podríamos utilizar una fórmula del tipo: Q=

X P'n (fVt — C t) (1 + r ) - (t- n)

[7.5]

donde Q sería el costo para la sociedad que la muerte de dicha per­ sona a la edad n implicaría; P ln, la probabilidad en el año n de que la persona siga viva en el año t; Wt sus ingresos durante este año; Ct su consumo personal, y r, la tasa social de interés. El argumento parece lógico, y, sin embargo, no ha sido aplicado en ninguna ocasión. La razón es sencilla: sus implicaciones no son nada agradables. Todas las personas que pasaron la edad de traba­ jar, todos los jubilados, tendrían un valor neto negativo. Como afirma Ridker, en este caso la sociedad no trataría de impedir la muerte de una persona cuyo valor neto fuera negativo. O, como concluye Devons, una masacre de ancianos podría elevar el bienes­ tar de la sociedad. No sólo se desprenden unas implicaciones más o menos maca­ bras de este tipo de cálculos sobre el valor de la vida humana, sino que, como era de esperar, están basadas en un error teórico funda­ mental. Se ha tratado, en efecto, de valorar el cambio en el bienestar de la sociedad que supone el que una persona muera o no, utilizan­ do una aproximación incorrecta al término «sociedad». Incorrecta por incompleta, ya que la sociedad como tal debe incluir a la perso­ na de cuya vida se trata. Y para ella, con toda probabilidad, la vida1 (1 1 ) P a r a u n e x c e le n t e r e s u m e n , v é a s e M is h a m (1 9 7 1 ) , al q u e s e g u ir e m o s e n la e x p o s ic i ó n d e e s t o s m é t o d o s .

220

vale más que una simple diferencia aritmética entre ingresos y gas­ tos. Como señala acertadamente Misham, se está considerando la sociedad ex posí, ignorando la sociedad ex ante, es decir, la que incluye al individuo en cuestión. De ahí el error subsiguiente. 3.2.

Soluciones que giran alrededor de la «utilidad individual» de la vida humana.

Podría decirse, simplificando un poco, que nos encontramos exactamente en el caso opuesto al anterior. Lo que se buscaría ahora sería precisamente descubrir en cuánto valora el individuo su propia vida. Esto puede llevarse a cabo directamente, a través de encuentas por ejemplo, o, como es más usual, de una manera indirecta: obser­ vando la actuación del individuo en situaciones que —aparente­ mente— le hacen valorar los riesgos sobre su existencia. El caso más típico es el de los seguros de vida. Fromm propone, por ejemplo, que establecida una relación lineal entre la probabilidad de muerte de una persona y la suma que paga como seguro para cubrir ese riesgo, podría llevarse a cabo la valoración que nos ocupa. El méto­ do, sin embargo, es insatisfactorio puesto que, aparte de la discutible linearidad que introduce, lo que el individuo está reflejando cuando adquiere un seguro no es la importancia que le da a su vida, sino su preocupación por el bienestar de su familia o de sus beneficiarios, que son al fin y al cabo los que van a disfrutar del seguro. Un poco más elaborado es el método propuesto por Misham en el trabajo que comentamos (1971). La idea matriz del mismo es bus­ car la variación compensatoria ( VC) que permita al individuo man­ tener constante su nivel de bienestar, una vez que se produce un aumento del riesgo sobre su vida. La idea se enmarca claramente en el principio de compensación. Esta valoración compensatoria —que tomaría la forma de una suma de dinero— tendría que tener en cuenta, en principio, tres formas posibles de riesgos. a) Riesgos voluntarios directos. Una nueva planta automotriz, por ejemplo, aumentaría el riesgo de las personas que adquieren su producción: en principio, es más arriesgado viajar en coche que ser un simple peatón. Sin embargo, en términos estrictos, no deberían ser incluidos en la VC porque, de alguna manera, la persona va los ha interiorizado al decidirse a comprar el automóvil. Es decir, la persona compra el coche porque el beneficio que le supone, menos el coste de un mayor riesgo (o cualquier otro similar) es al menos igual al precio que paga por él. El caso típico es el del cigarrillo. b) Riesgos involuntarios. Son aquellos que la persona no puede 221

evitar sin incurrir en gastos extraordinarios. Por ejemplo, todos los derivados de la polución ambiental. Serían de dos clases: — Primarios, a los que se exponen las personas por su relación con el proyecto. — Secundarios, que provienen no de la relación de la persona con el proyecto, sino con personas afectadas por el proyecto, a través por ejemplo del contagio. Cada persona afectada se convierte así en una fuente de riesgo para todos los demás. Siguiendo con el ejemplo anterior: el humo del tabaco para los no fumadores. c) Riesgos indirectos o derivados: Provienen de los efectos del proyecto, no sobre la persona en sí, sino sobre las que la rodean (sin incluir el elemento del contagio ya considerado), partiendo de la ba­ se de que el bienestar de un individuo está afectado por la situación de los demás. La incidencia de este riesgo sobre la persona cuya VC estamos contemplando tendría dos aspectos: Financiero, ya que la muerte de una persona puede cambiar la situación financiera del que, por ejemplo, recibe por ello una heren­ cia. En este caso la VC tendría signo contrario: la persona podría incluso estar interesada en pagar para que el riesgo se produjera. Puede darse también el caso opuesto, que la muerte de un individuo afecte negativamente la posición económica de otro. Sentimental, partiendo de la base de que el bienestar de una per­ sona se reduce si otras personas se encuentran sujetas a un riesgo sobre su vida. Si esto es así, también tendríamos que compensarle por esta pérdida de bienestar. Lo que Misham propone en definitiva es que, calculados los va­ lores de cada uno de los componentes relevantes de la VC (exclui­ ríamos los riesgos voluntarios directos) para cada persona afectada por el proyecto, podríamos conocer la expresión monetaria de la incidencia que sobre el bienestar social tiene el cambio en la espe­ ranza de vida que éste supone. Como puede observarse el trabajo es altamente teórico y no se entra a considerar cómo llevar a cabo los cálculos propuestos. Parece que el método del cuestionario es el pre­ ferido. En este sentido podría considerarse que la propuesta de Mis­ ham es una elaboración, ciertamente más refinada, de aquellas que se centran en el cálculo de la utilidad individual de la vida humana. Todas ellas giran en torno al concepto de disposición a pagar, como la expresión de dicha utilidad. Ahora bien, descubrir a través de encuestas la verdadera disposi­ 222

ción a pagar del individuo en este caso, entraña dificultades conside­ rables. No se trata obviamente de preguntarle cuánto necesitaría como compensación por permitir que se llevara a cabo un proyecto que le costara la vida. No habría suma en la mayoría de los casos suficientes para convencerle. El hecho de que no se sepa con exacti­ tud quiénes van a ser las víctimas solventa esta dificultad: la pregun­ ta debe de girar en torno a un aumento de la probabilidad de muer­ te, no sobre su certeza. Pero aún así, el individuo estaría motivado a no dar la verdadera respuesta. Si se trata de aumentar los riesgos, porque puede suponer que si se le pregunta es para llevar a cabo una compensación real, y, naturalmente, cuanto más alta mejor. Si sabe que no va a haber tal compensación puede también exagerar su res­ puesta para alejar un proyecto que en cualquier caso le va a perjudi­ car. Todo esto es bien conocido y no vale la pena que nos detenga­ mos más en ello. Dejando pues de lado esta problemática, podríamos decir, en términos generales, que todos estos métodos adolecen del defecto simétrico a los expuestos en el anterior apartado. Mientras que aquéllos hacían abstracción del individuo afectado en sus cálculos, éstos no tienen en cuenta sino a dicho individuo. Simplificando qui­ zá exageradamente podríamos decir que los primeros olvidan al in­ dividuo y los segundos a la sociedad. La valoración social de la vida de una persona no tiene por qué coincidir con la valoración indivi­ dual.

B.

Una propuesta alternativa

Llegados a este punto, nos encontramos tentados (dentro de la mejor «tradición» del pensamiento económico) a buscar un com­ promiso entre las dos tendencias expuestas, que nos permita de al­ guna manera superar las deficiencias apuntadas más arriba. Para ello tendríamos que sentar frente a frente al individuo y a la socie­ dad para que negociaran sobre la valoración que debe darse a cam­ bios en el riesgo a que el primero se expone. Es de suponer que en estas negociaciones el individuo tendría en cuenta estrictamente su utilidad personal y la «sociedad» el aspecto productivo de la vida de su «oponente». Si las conversaciones fueran limpias y transparentes, las dos partes estuvieran debidamente informadas y no pudieran ejercer una presión indebida sobre la otra (debido a la existencia de 223

factores de monopolio, por ejemplo), el resultado de las negociacio­ nes bien podría ser el dato que andamos buscando. Esta situación es más común de lo que a primera vista podría parecer. Cuando un individuo recibe una renumeración extra de cualquier clase por realizar un trabajo en condiciones de mayor peli­ grosidad que las usuales, estaríamos en principio frente a uno de los casos que andamos buscando. En efecto, el individuo sufre una dis­ minución de su bienestar (aumenta su riesgo) compensada por una remuneración mayor. Es de suponer que si acepta llevar a cabo el trabajo en esas condiciones es porque la compensación monetaria es suficiente para neutralizar los efectos de un mayor riesgo sobre su bienestar. Por otro lado, quien ofrece esta mayor remuneración no está interesado en principio sino en la producción que el individuo va a llevar a cabo, sin importarle para nada lo que éste piense de su propia vida. Si el monto de la remuneración ha sido fijado a través de una negociación limpia, con las características apuntadas, supon­ dría una valoración de la vida humana que no incurriría en los de­ fectos anteriores: tendría en cuenta tanto al individuo como a la sociedad; tanto la utilidad individual de la vida, como su producti­ vidad. En el mercado de trabajo existen casos en los que se dan las características mencionadas. Lo único que necesitamos para ello es que el mismo trabajo sea remunerado de manera diferente debido única y exclusivamente a las diferentes condiciones de peligrosidad bajo las que se realiza. Si cambian las condiciones de riesgo pero también cambia el trabajo en sí, no podríamos seguir adelante pues­ to que la mayor remuneración podría deberse tanto al peligro ence­ rrado, como al carácter del trabajo. Un albañil, o un pintor, que realizando su trabajo básico recibe un plus de peligrosidad por el hecho de encontrarse en un andamio a determinados metros de altura y no a nivel del suelo, sería un ejem­ plo claro de lo que buscamos. El trabajo es fundamentalmente el mismo. La remuneración, sin embargo, es distinta, y la única razón para ello es que en el primer caso existe un mayor riesgo que en el segundo: el riesgo de una caída. ¿Cómo se llegó a determinar ese plus? Idealmente el trabajador a través de su representante (el Sindi­ cato) negoció con el empresario (que representaría a la «sociedad») el valor de esa prima. El Sindicato habría tenido en cuenta la utili­ dad individual de sus miembros y el empresario la productividad del trabajo realizado. Ambas partes habrían estado debidamente infor­ 224

madas, no entraron otras consideraciones al margen de las enuncia­ das, ni existieron factores de monopolio. Analicemos pues con más detalle este ejemplo. Cuando un trabajador del sector de la construcción recibe una remuneración extra por realizar el mismo trabajo, a una determina­ da altura, en lugar de realizarlo a nivel del suelo, estamos en presen­ cia de una valoración implícita de la vida humana. Para descubrirla necesitaríamos tener información sobre los siguientes elementos: — Remuneración: En la mayoría de las legislaciones laborales, cuando la persona desempeña su trabajo en condiciones más arriesgadas que las usuales, se le reconoce el derecho a un plus de riesgo o peligrosidad. En el caso concreto de la cons­ trucción, cuando el trabajo se realiza en andamios, con el consiguiente riesgo de una caída, esta remuneración toma normalmente la forma de un porcentaje del salario básico del sector, a veces incluso variando con la altura a la que se tra­ baje. En este último caso, que sería el más general, tendría­ mos algo así como: H 0 : (1 + Q 0) wc H

\

■

(1 + Q d

w c

f7 61

H n : (1 + Q n) w c Siendo H t las distintas alturas contempladas en la legisla­ ción laboral; Q { las remuneraciones extraordinarias reconoci­ das para cada altura, y wc el salario básico del sector de la construcción. — Riesgo: Una vez conocida la escala de remuneración ten­ dríamos que entrar a estudiar a qué obedece... Para ello de­ bemos comparar el riesgo a que se encuentra sometido un trabajador cualquiera del sector, con el de aquel que se sube á un andamio. Si llamamos: N c=

Horas de trabajo realizadas en el sector de la construc­ ción. A c= Número de accidentes mortales de trabajo en el sector de la construcción en general. N'c = Número de horas trabajadas a la altura i. 225

A'c = Número de accidentes mortales ocasionados por caídas de dicha altura, todo ello referido a un período de un año. podemos relacionar el mayor riesgo, con el premio monetario que lo compensa. En efecto el trabajador normal del sector estaría sometido a un riesgo (probabilidad de un accidente mortal) tal como: Ac — X

A‘

Nc -

N‘

i= 1

Pc

X

i= I

[7.7]

recibiendo un salario normal. En el momento en que comenzara a trabajar en un andamio aumentaría la probabilidad de un acci­ dente a: [7.8]

P‘=

lo que se vería compensado por las bonificaciones apuntadas. Como resultado de ello, el incremento en la probabilidad de muerte (PJ. — P c) «valdría» según este método: w c (12). Ahora bien, si w c es el salario anual, esto sería válido durante el primer año. Tendríamos que proyectar esta cifra a lo largo de toda la vida del individuo. Si llamamos v a la edad promedio de los tra­ bajadores e n e l sector de la construcción y s a la esperanza de vida de la sociedad, el valor monetario del cambio en la probabilidad de muerte sería pues: S y

V

Qi

W c

t=o(1 +r)‘

[7.9]

En el trabajo mencionado anteriormente (Azqueta, 1979), se aplica esta metodología, a título ilustrativo, para dos casos concre­ tos. Según ella, por ejemplo, en nuestro país en 1975, un aumento en (1 2 ) P a r a se r m á s e x a c t o s Q¡ w c c u b r ir ía e l a u m e n t o d e la p r o b a b ilid a d d e m u e r ­ te m á s a c c id e n t e e n g e n e r a l, y a q u e c o m p e n s a m o s al in d iv id u o p o r a m b a s c o s a s . C o m o e l p r o y e c t o a e v a lu a r a fe c ta r á ta m b ié n a la s a lu d d e l in d iv id u o e n g e n e r a l y n o s ó l o su e s p e r a n z a d e v id a (e l p r o y e c t o p u e d e c a u s a r o e v ita r e n f e r m e d a d e s , le s i o n e s , e t c é t e r a ) , e s t o a fe c ta r á p o s it iv a m e n t e e l á m b it o d e a p lic a c ió n d e la m e t o d o l o g í a q u e se p r o p o n e .

226

la probabilidad de muerte de un 0,2 a un 1,83% se valoraría en 200.000 pesetas aproximadamente. En Inglaterra en el mismo año el aumento del 0,11 al 0,98% «valdría» 500 libras más o menos. Naturalmente una metodología como la enunciada no está exen­ ta de problemas. Dejemos de lado la dificultad de conseguir los da­ tos necesarios para poder llevar a cabo los cálculos, porque sobre eso es bien poco lo que podemos decir desde un punto de vista teóri­ co. Probablemente sea más importante a este nivel que nos concen­ tremos en la discusión del carácter mismo de la solución propuesta. Varios son los problemas a que ésta da lugar, aunque las impli­ caciones de cada uno de ellos sean diferentes.

i

Por un lado, la medida, tal como está concebida, se refiere a un grupo socioeconómico muy específico: los trabajadores de la construc­ ción. ¿Hasta qué punto pueden considerarse estos trabajadores como representativos de la sociedad como un todo, o más específicamente, de las personas afectadas? Existen ciertas posibilidades de extender el análisis a otros casos, pero no parece que éstos sean muchos y, desde luego, no pueden incluir a los integrantes de lo que en otro contexto se ha llamado «población dependiente»: niños, ancianos, jubilados, etc., y sobre todo al grupo de los desempleados. Sin em­ bargo, estos grupos van a ser tan afectados como cualquier otro, ya sea como perjudicados, ya como beneficiados. En algunos casos, incluso, el proyecto puede dirigirse específicamente a uno de ellos: un paso de peatones a la salida de una escuela, o un hospital infantil. ¿Podemos considerar que el valor de la vida de un trabajador de la construcción es representativo del de la vida de un niño? Puede que no. De todas formas ha de procurarse ampliar el campo de estudio para cubrir todos los casos posibles. Esto ampliaría el ámbito de aplicación del método. No sólo encontramos limitaciones en cuanto al grupo social es­ tudiado, sino que también aparece limitado el ámbito de riesgo suje­ to a consideración. En efecto: hemos calculado, para utilizar los ejemplos empleados, la valoración de cambios en la probabilidad de muerte de 0,2 a 1,83% en un caso y de 0,11 a 0,98% en el otro. Aceptemos que el mismo valor puede darse a una reducción del ries­ go de mortalidad de 1,83 a 0,2 y de 0,98 a 0,11. Sería una verdadera casualidad, sin embargo, que las cifras en­ vueltas «caigan» dentro del rango calculado. ¿Qué ocurre, por ejem­ plo, si el proyecto aumenta el riesgo de mortalidad de un 2 a 18,3%? Si asumiéramos que al ser el aumento igual en términos porcentua­ 227

les al que se produce al pasar de 0,2 a 1,83, ambos valen lo mismo, estaríamos cayendo en un supuesto mucho más burdo incluso que el de linealidad arriba criticado: obviamente no es lo mismo aceptar un riesgo de un 1,83 en lugar de un 0,2 por 1.000 que aceptar una pro­ babilidad de muerte del 18% en lugar de un 2%. Cuanto mayor es el riesgo inicial, mayor es la cantidad que exigimos en compensación por aumentar ese riesgo adicionalmente. Es probable que la única salida a este problema sea precisamente ampliar al máximo el rango de variaciones para el que se cuenta con cálculos (en nuestro caso tendríamos dos), y tratar de obtener, si existe, una tendencia que luego pudiéramos extrapolar a las variaciones estudiadas cuando és­ tas no se encuentran en la «familia» de las computadas. El hecho de que, en la generalidad de los casos, la incidencia sobre la esperanza de vida de la comunidad no sea muy grande, disminuye la importan­ cia de este problema facilitando la extrapolación, ya que, aunque no iguales, es de esperar que las cifras se muevan en la vecindad de las obtenidas. Además quedarían excluidos los casos en que la variación es apreciable (como el arriba mencionado cuando el cambio era del 2 al 18%), que son los que realmente hacen problemática la extrapo­ lación. Existen asimismo algunas críticas que se desprenden de las carac­ terísticas mismas del entorno en el que se ha generado este precio. Para que la solución propuesta sea aceptable se requiere que las partes que discuten y negocian la remuneración extraordinaria por mayor peligrosidad estén perfectamente informadas de las magnitu­ des envueltas. Este no suele ser, ni mucho menos, el caso. General­ mente se desconocen las cifras que darían sentido, hablando estric­ tamente, a la negociación. Un ejemplo claro nos lo proporciona la legislación inglesa: el Working Rule Agreement no contempla una mayor remuneración para trabajos realizados a alturas inferiores a los quince metros, y sin embargo, el 52% de los accidentes ocasiona­ dos por caídas de personas se producen'a menos de seis pies (13). Requerimos asimismo que dentro de la negociación las partes no pueden ejercer presiones indebidas entre sí: que juguemos con las reglas de la competencia. Muy poca gente argumentaría hoy en día que en el mercado de trabajo nos encontramos en esas condiciones. Es generalmente aceptado que el mercado de trabajo es uno de los más imperfectos que existen. Ello se va a reflejar en que, por un lado, el salario no representará la productividad marginal del indivi(1 3 )

228

C h ie f I n s p e c to r a n d F a c to r y A c t ., A n n u a l R e p o r t (1 9 7 2 ) , ta b la 7.

dúo, y, por otro, en que en el resultado de las negociaciones va a tener una gran importancia la fuerza relativa de cada una de las dos partes: mayor importancia que las consideraciones de utilidad o productividad que a nosotros nos interesaban. A ello hay que añadir que estas negociaciones se producen en el ámbito más amplio de los convenios colectivos, que incluyen una gran cantidad de elementos. Lo que se está tratando, pues, es un convenio completo, y no, espe­ cíficamente, el problema de la peligrosidad. Es bien sabido que en estos casos lo que interesa es el todo, y no cada una de las partes. Se cede en algunas líneas para poder apuntalar otras. De nuevo, esto falsea el resultado de la negociación en este punto específico, por­ que, desgraciadamente, elementos como éste son serios candidatos a ser sacrificados en aras a conseguir objetivos más aparentes o inme­ diatos (como puede serlo un alza salarial o el mantenimiento del empleo). En resumen, las circunstancias están muy lejos de ser las necesa­ rias para que el mercado de trabajo pueda darnos la respuesta que andamos buscando, con la significación que se sugiere. A primera vista podríamos sentirnos tentados a abandonar el esfuerzo. En efecto, partiendo de la insatisfacción existente entre los dos grandes tipos de soluciones propuestas para valorar la vida hu­ mana, se ha diseñado un mecanismo que, aparentemente, soluciona los problemas que invalidaban los anteriores. Para ello hemos sen­ tado al individuo y al resto de la sociedad en la misma mesa, a que discutan el valor que ha de darse a cambios en la esperanza de vida del primero. O por lo menos lo hemos intentado. El estudio superfi­ cial de la situación existente en el mercado de trabajo, tanto de Es­ paña como de Inglaterra, ha mostrado que con cierto esfuerzo y algo de imaginación puede derivarse una cifra que nos diga cómo se está valorando de hecho ese cambio en la probabilidad de muerte y de accidente en general. Ajustada para las variaciones que genera el proyecto en este campo y multiplicada por el número de personas afectadas por el mismo, tendríamos la valoración monetaria de los beneficios o perjuicios que éste ocasiona. En otras palabras, ten­ dríamos resuelto el problema de cuantificar su incidencia sobre la vida humana. Ahora bien, se dice que lo hemos intentado, porque, a la hora de la verdad, la realidad no se ajusta a nuestros supuestos. Ni el individuo representa estrictamente a cualquir individuo, ni la sociedad está representada por el empresario (aunque puede que lo esté por el Gobierno), ni nuestros protagonistas tienen la informa­ ción necesaria, ni están en igualdad de condiciones, ni se han senta229

do a discutir sobre lo que esperábamos (les interesa todo un conve­ nio colectivo). Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades señaladas, quizá el intento no sea del todo vano. Aunque el trabajador de la construcción no represente a toda la sociedad, sí representa a una parte apreciable de la misma. A ello habría que añadir que el cálculo debe ampliarse para cubrir todos los casos posibles. Si bien es cierto que en las discusiones el elemento fundamental es el convenio colectivo como un todo, esto no quiere decir que la parte relativa al riesgo carezca de significación. Para resumir: podría afirmarse que, sin ser ni mucho menos óp­ timo, el método propuesto es algo mejor que los anteriores y, valga la redundancia, mejorable en mayor media. En efecto: Si bien es cierto que el empresario privado no representa a la sociedad (en el caso en que no es el Gobierno quien negocia), no es menos cierto que el resto de la sociedad estará mejor representado así que si nadie discute con el individuo su propia valoración de la vida, como era el caso de los métodos que estudiaban genéricamente la utilidad de la misma. Por otro lado, y similarmente, el individuo se encuentra mejor representado, aunque sea por un trabajador de la construcción en el caso extremo, que si no se le tiene en cuenta en absoluto, como era la situación con los métodos que se centraban en el estudio de la productividad. En otras palabras: sin incurrir en problemas adicionales podría decirse que de alguna manera se intenta solucionar los problemas más graves de los métodos anteriores. A ello podría añadirse una consideración de gran importancia en el campo general del Análisis de Costos y Beneficios Sociales. Mu­ chas veces es necesario contar con algunas cifras, aunque insatisfac­ torias, que nos permitan siquiera un inicio de comparación. De otra manera, es probable que el peligro de arbitrariedad en la toma de decisiones sea mayor. La existencia de un dato, por imperfecto que sea, si se conocen sus limitaciones, puede ayudar a reducir esta arbi­ trariedad. Para utilizar las palabras con que el propio Misham termina su ensayo: «En vista de la “quantomanía” existente, bien puede per­ donársele a uno el insistir en que más valen burdas estimado230

«

nes de conceptos precisos, que estimaciones precisas de con­ ceptos económicamente irrelevantes.» IV.

CUALIFICACION DE LA MANO DE OBRA: ECONOMIA DE LA EDUCACION

Vamos a completar este trabajo adentrándonos finalmente en el análisis de un aspecto al que hemos aludido repetidas veces a lo largo del texto. Una de las externalidades positivas más importantes que pode­ mos encontrar es la cualifación de mano de obra. ¿Cómo evaluar el incremento del bienestar social que se produce cuando un individuo cualquiera adquiere una preparación que no poseía? ¿Cómo darle un preció? El problema es fundamental porque una parte nada desdeñable de la inversión estatal en muchos países se dirige precisamente al sector educativo. Que la inversión en educación es una actividad socialmente ren­ table nadie lo discute. Precisamente por ello hablamos de una inver­ sión en capital humano. Sin embargo, la afirmación anterior es insu­ ficiente. Al fin y al cabo, la inversión en proyectos de salud pública (hospitales, campañas de vacunación) también es socialmente renta­ ble. Y la puesta en irrigación de unas tierras, la construcción de una carretera, de una planta de fertilizantes... El problema como siempre no estriba en afirmar la rentabilidad, sino en cuantificaria. ¿Cuál es la rentabilidad social de invertir una peseta en educación frente a la que obtendríamos invirtiéndola en una planta potabilizadora? Y dentro del sector educativo, ¿cuál es la rentabilidad de invertir en educación primaria, en educación universitaria, en la construcción de una escuela de enfermería o en un cursillo de formación profesio­ nal acelerada? La propia escasez de recursos es la que hace funda­ mental encontrar este indicador de rentabilidad social, este precio. La economía de la educación ha planteado el problema precisa­ mente en este terreno: ha intentado obtener la tasa interna de ren­ dimiento ( TIR) de la inversión educativa. De esta forma podríamos comparar los rendimientos de una inversión en esta línea con los de inversiones alternativas. Probablemente por la propia importancia

(1 4 ) L a ta s a in t e r n a d e r e n d im ie n t o , c o m o y a s e m e n c io n ó , e s a q u e lla t a s a d e d e s c u e n t o q u e h a c e c e r o el V a lo r P r e s e n te N e t o d e u n a in v e r s ió n .

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del tema, además, la economía de la educación experimentó, sobre todo durante la década de los años sesenta, un desarrollo superior e independiente al de otras ramas del Análisis de Costes y Beneficios Sociales. Vamos a limitarnos por ello a presentar a grandes rasgos el planteamiento general del problema, tal y como se lleva a cabo en esta esfera del quehacer económico. La búsqueda de una TIR, tanto en el campo de la educación como en cualquier otro, pasa por una comparación de los costes y de los beneficios de la inversión de que se trate. Si estamos interesa­ dos en una decisión social, será la comparación de los costes y bene­ ficios sociales. Es perfectamente factible llevar a cabo el cálculo de la TIR privada, la tasa de rendimiento relevante a la hora de decidir, por parte de un agente económico individual, sobre la realización de un año adicional (o un grado adicional) de estudios. La mecánica para el cálculo será la misma en un caso que en otro, pero nuestro interés se centra en el primero: en el cálculo de la rentabilidad social. Concentrémonos pues en ello. 1.

Costes sociales de la inversión en educación

Desde este punto de vista colectivo, varios son los elementos que configuran el coste en el que incurre la sociedad al invertir una uni­ dad adicional en el sistema educativo y al generar, por lo tanto, un consumo adicional de educación. Podríamos señalar entre ellos: 1. Los costes de construcción y mantenimiento de la facilidad educativa de que se trate, tanto materiales como de personal. Son costes conocidos, elementales, y hemos analizado además el trata­ miento que deberían recibir a través de los precios de cuenta. No es mucho más pues lo que podemos añadir sobre ellos. 2. El coste de oportunidad del individuo que ahora accede al sistema educativo en cuestión. La sociedad, al mantener a la persona como estudiante, renuncia a la cantidad de bienes y servicios que hubiera producido al no estar estudiando. Este coste se verá reduci­ do, aunque probablemente no eliminado, en dos casos. En primer lugar, como es obvio, por la propia situación de desempleo existente en la economía. Si la alternativa al estudio es el paro, entonces el coste social sería cero (15). Podríamos encontrar incluso un benefi(1 5 ) L o s m is m o p o d r ía m o s d e c ir d e l c o s t e privado: d e a h í q u e a u m e n t e la d e ­ m a n d a d e e s t u d io s d e e s p e c ia liz a c ió n , d e c u r s illo s d e fo r m a c ió n ( id io m a s , c o m p u t a ­ c ió n , e t c .) c u a n d o e m p e o r a n la s c o n d ic io n e s d e e m p le o .

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ció social, (reducción de la delincuencia por ejemplo) cuantificable, aunque con muchas dificultades, a través del estudio de la evolución de los gastos de policía, quebrantos en la propiedad y en la salud de las personas, etc. El segundo caso apuntado es el del estudiante que simultanea el estudio con el trabajo, aunque es de esperar igualmen­ te una menor productividad (en ambos terrenos). 3. El incremento en el consumo que puede producirse si de re­ sultas de la obtención de un nuevo grado, la persona ve mejorado sus ingresos. Aumento en el consumo global que consideraremos un coste, como ya tuvimos ocasión de apuntar, si existe insatisfacción ante el ritmo de crecimiento alcanzado. Este resultado puede verse agravado por el efecto emulación a que puede dar lugar la adquisi­ ción de un nuevo estatus entre personas o colectivos que buscan una equiparación salarial con las que alcanzaron este nivel. Aspecto que ha sido considerado particularmente grave en relación al papel juga­ do por el personal extranjero cualificado, en algunos países subdesa­ rrollados. Punto de gran interés pero que nos aparta un tanto del tema. Estos serían pues, a muy grandes rasgos y resumiendo los tres tipos de costes que tendríamos que afrontar, desde un punto de vista social, al dedicar una unidad más de inversión al sector educativo. Pasemos a la otra cara de la moneda.

2.

Beneficios sociales de la inversión en educación

La discusión sobre los beneficios que la sociedad obtiene al con­ tar con una población más educada podría prolongarse hasta el infi­ nito. Sin embargo, desde el punto de vista ya enunciado de la inver­ sión en capital humano, uno de ellos destaca claramente sobre los demás: la mayor productividad de las personas cualificadas. En este sentido, el beneficio social de una mayor educación vendría dado por la cantidad de bienes y servicios adicionales que la persona cua­ lificada ayuda a producir. Ahora bien, ¿cómo medir el incremento en la producción que supone esta mejora en la preparación del trabajador? En este terre­ no, la economía de la educación acude de nuevo al mercado. La información que éste nos proporciona se halla contenida en un perfil de ingresos semejante al que contemplamos en la figura 7.2. 233

En ella podemos comprobar cómo, en cada caso, los ingresos del individuo aumentan durante los primeros años de trabajo aunque de forma decreciente a partir de un determinado punto; alcanzan un máximo en el que se estabilizan o decrecen ligeramente (16), y caen abruptamente al llegar a la edad de jubilación. Ahora bien, si nos fijamos en esta evolución para cada uno de los distintos niveles edu­ cativos observamos que, a mayor nivel de educación formal, más tarde se incorpora el individuo a la fuerza de trabajo, como es ob­ vio, pero mayor es el nivel de partida de sus ingresos, mayor el ritmo de crecimiento, más tardío el momento en que estos se nivelan y más alto el nivel de la jubilación. Todo ello puede traducirse en un punto bien elemental: mayor es el valor de la corriente futura de ingresos del individuo.

(1 6 ) E s ta c a íd a q u e s e p r o d u c e a p a r e n te m e n t e e n lo s ú lt im o s a ñ o s d e v id a a c tiv a es u n f e n ó m e n o f u n d a m e n t a lm e n te e s t a d ís tic o : p r o d u c t o d e h a b e r c o n s t r u id o e l p erfil n o c o n u n a se r ie t e m p o r a l d e in g r e s o s s in o m e d ia n te u n a n á lis is e n d ia g o n a l.

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Ahora bien, ¿a qué responde este diferencial de ingresos? En un mercado competitivo, la respuesta sería obvia: a diferencias en la productividad de las personas. En este caso, ya tendríamos la solu­ ción al interrogante planteado con anterioridad: las diferencias sala­ riales observadas entre distintos niveles educativos, al responder a diferencias de productividad, serían un exponente del beneficio que recibe la sociedad en forma de una corriente adicional de bienes y servicios. El beneficio social de otorgar a una persona el título de ingeniería agrícola vendría medido por la diferencia de salarios entre un bachiller superior y el ingeniero (17). Para que la afirmación anterior fuera correcta, sin embargo, son necesarias al menos dos condiciones que difícilmente vamos a ver cumplidas: 1. En primer lugar, como es natural, requeriríamos que las di­ ferencias salariales fueran un reflejo de la diferente productividad marginal del individuo. Lo que quiere decir, simplemente, que nos encontramos en un marco de competencia perfecta. Ya hemos trata­ do con cierta profusión este punto, sobre todo en el ámbito del mer­ cado de trabajo, por lo que es muy poco lo que aquí podemos aña­ dir al respecto. 2. En segundo lugar sería necesario, además, que las diferencias salariales observadas se debieran única y exclusivamente, a diferen­ cias en el nivel de educación. De esta forma podríamos llevar a cabo la conexión entre mayor educación-mayor productividad, a través de la variable salarial. Es prácticamente imposible sostener sin em­ bargo esta afirmación. Es evidente que factores como el sexo, la raza, la clase social, la religión, la inteligencia, el nivel educativo de los padres, las relaciones familiares (enchufes, palancas...), la militancia política, por citar sólo algunos, explican que dos personas con el mismo nivel educativo ganen sueldos muy diferentes. O que un individuo obtenga salarios muy superiores a otro de mejor prepa­ ración, dedicación, inteligencia, etc. Este elemento distorsionador dificulta enormemente el llevar a cabo la identificación anterior: mejor educación-mayores salariosmayor productividad, rompiendo el segundo eslabón de la cadena. La economía de la educación ha enfrentado este problema inten(1 7 )

E l b e n e fic io s o c ia l d e e s te tip o d e in v e r s io n e s h a d e a ju sta r s e a la b a ja , c o m o

e s n a t u r a l, p a r a te n e r e n c u e n t a la p o s ib ilid a d d e d e s e r c io n e s p o r p a r te d e la s p e r s o ­ n a s m a t r ic u la d a s , d e s e m p le o o s u b e m p l e o u n a v e z te r m in a d o s lo s e s t u d io s , o el tr a s ­ la d o al e x te r io r : la fu g a d e c e r e b r o s .

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tando aislar el llamado factor alfa: el porcentaje que de las diferen­ cias salariales observadas puede ser atribuido, exclusivamente, a di­ ferencias en el nivel educativo. Si pudiera calcularse a, y aceptára­ mos además que permanece constante a lo largo del tiempo, todavía tendría sentido proceder en la dirección apuntada. Aunque mejoras en la educación no tendrían porqué traducirse enteramente en cam­ bios relativos del nivel salarial, si sabríamos el rango en que se mo­ verían. A través de una serie de análisis de multivarianza y de regresio­ nes múltiples se ha intentado individualizar este componente. Denison, por ejemplo, en un estudio ya clásico, llegó a la conclusión de que a —.66 para la economía norteamericana (Vaizey, 1975, pág. 63). Sin embargo como han señalado varios autores, este intento tropieza con serias dificultades (18). De todas formas esta ha sido la vía que, con las dificultades apuntadas, ha seguido la economía de la educación para llegar a calcular las diferentes TIR tanto privadas como sociales de la inversión educativa. Ahora bien, un procedimiento como el tan someramente descri­ to, aparte de las dificultades y problemas inherentes a la metodolo­ gía ya apuntados, tiene que hacer frente a varias críticas adicionales. En primer lugar, existe el obvio problema de la utilización de personal cualificado por parte del sistema productivo, y de la rela­ ción que ello guarda con la productividad de las personas. El salario de un individuo que es capaz de exhibir una titulación, suele ser sustancialmente más elevado que el que obtendría un estudiante, por ejemplo, de último año de carrera. Aun cuando éste estuviera a falta de una sola asignatura para completar sus estudios. Esta discrepan­ cia salarial (estructurada en la mayoría de los casos en las plantillas de las empresas) no puede ser, evidentemente, un reflejo de diferen­ cias en el conocimiento o la preparación. Parecería que la sociedad prima el título, más que la cualificación en sí misma. Hace ya bas­ tante tiempo, por otro lado, que Veblen denunció la existencia de un «consumo conspicuo» de graduados: el requerimiento de una serie de títulos y cualificaciones formales por parte de las empresas para cubrir puestos que, objetivamente, no requieren de tal preparación. Dado que en los dos casos anteriores el sueldo alcanzado se en­ cuentra en función del nivel que se asigna a la persona, y éste no (1 8 ) A l e s ta r m u c h a s d e e s t a s v a r ia b le s in te r r e la c io n a d a s , a p a r e c e n lo s c lá s ic o s p r o b le m a s d e a u t o c o r r e la c ió n . A lo q u e te n d r ía m o s q u e a ñ a d ir , c o m o r e c o r d a b a B la u g , q u e a lg u n a s d e e lla s n o p u e d e n h a c e r s e n tir s u e f e c t o s in o a tr a v é s d e o tr a s .

236

parece guardar una relación muy estrecha con la preparación del individuo (caso del estudiante del último año) o con la utilización en el proceso productivo de su capacidad (consumo conspicuo de gra­ duados), el vínculo establecido con anterioridad quedaría pues debi­ litado (19). En segundo lugar, la inversión en educación probablemente sea una de las que mayor volumen de economías externas genera. Externalidades que, normalmente, no vendrán reflejadas en el salario de la persona que, al tener un mayor grado de educación formal, las genera. Así por ejemplo, es probable que un mayor nivel educativo facilite la adaptación, selección e incluso la propia generación del progreso tecnológico. Es muy difícil que el salario de las personas cualificadas, normalmente encuadradas en algún departamento de investigación o servicio de estudios, reflejen en su evolución este efecto externo. O el hecho de que la persona que recibe una cualificación adicional (la especialización en una universidad extranjera, por ejemplo) no sólo es más productiva, sino que hace más produc­ tivo el trabajo de los demás. Sin olvidar asimismo que un mayor nivel educativo en general probablemente represente una sociedad más culta, un electorado mejor preparado, etc. Externalidades todas ellas muy difíciles de cuantificar pero obviamente importantes. Al no considerar estos efectos la metodología apuntada, la TIR social así calculada subestimaría el beneficio social de la inversión en el sector educativo. Lo mismo que ocurre, en tercer lugar, al no tener en cuenta que la educación no sólo es una inversión sino también un bien de con­ sumo. En efecto, la demanda de una mayor educación se efectúa muchas veces no tanto por la mejora en las condiciones de trabajo que ello pueda suponer para el individuo, sino por el placer que entraña en sí misma. La educación ofrecida en estas condidiciones no se refleja como es natural en un incremento del salario de los que la reciben, entre otras cosas porque no va dirigida a elevar su pro­ ductividad, pero no cabe duda de que eleva el bienestar social. Pre­ cisamente por ello se demanda. Cabría mencionar finalmente un aspecto dirigido más bien a la (1 9 )

E l c o n s u m o c o n s p ic u o d e g r a d u a d o s d e l q u e v e n im o s h a b la n d o p o d r ía ser

p a r c ia lm e n t e e x p l i c a d o n o c o m o a l g o ir r a c io n a l, s i n o a d m i t i e n d o q u e la e m p r e s a e s t á in t e r e s a d a e n c o n tr a ta r u n a p e r s o n a n o t a n t o p o r lo q u e s a b e , s in o p o r su f a c ili­ d a d p a r a a p r e n d e r . E n e s e s e n t id o la r e a liz a c ió n p o r e je m p lo d e u n a c a r r e r a u n iv e r s i­ ta r ia s e r ía u n in d ic a d o r d e q u e e l in d iv id u o e s t á p r e p a r a d o p a r a a p r e n d e r , q u e h a m o s t r a d o su c a p a c id a d p a r a e llo .

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utilización normal del método apuntado que a su propia estructura­ ción interna. El cálculo de las TIR que venimos comentando fue pensado en gran medida para orientar la inversión educativa hacia aquellos sectores más prioritarios. En este empeño sin embargo tro­ pieza con un par de serias dificultades. La primera estriba en que estamos trabajando con lo que ya ocurrió: las diferencias salariales que observamos hoy, son en gran medida producto de la situación educativa pasada. Si al contemplar el nivel de salarios de los médi­ cos, por ejemplo, con relación al de los ingenieros agrícolas, con­ cluimos que la inversión educativa debería dirigirse prioritariamente a la medicina (su TIR será más elevada), estamos perdiendo de vista que la misma estructura salarial ya esté corrigiendo la escasez relati­ va de médicos que estaría reflejada en un alto nivel de ingresos. Es muy peligroso en este sentido extrapolar el pasado. A ello se une, en segundo término, que la estructura de las distintas TIR sectoriales puede suponer una ayuda para conocer la dirección en que se debe invertir, pero no para decidir sobre la cuantía de la inversión. Pro­ blema naturalmente conectado con el anterior y que ha llevado a que la economía de la educación haya complementado el cálculo de una serie de TIR sociales para distintos niveles educativos, con el enfoque de la planificación de recursos humanos que intenta, preci­ samente, cubrir esta laguna. A modo pues de resumen, podríamos concluir afirmando que la economía de la educación acude al mercado para observar la valora­ ción implícita que éste lleva a cabo del beneficio que quiere compu­ tar y que no cuenta con un precio explícito. El procedimiento segui­ do puede ser incorrecto, metodológicamente poco sólido, problemá­ tico, difícil de llevar a la práctica. Pero es un primer punto de partida que puede ser mejorado.

238

La pregunta válida en este sentido, ampliable además a todo el campo del análisis de costes y beneficios sociales, no puede ser, sim­ plemente, si el precio obtenido es enteramente satisfactorio. Ningu­ no lo es. Pero es que tenemos que contemplar también las alternati­ vas; el tan traído y llevado coste de oportunidad. Si descalificamos, por sus deficiencias obvias, el precio social del tiempo, de la educa­ ción, del deterioro ambiental... Si rechazamos los precios de cuenta sociales del agua, de la energía, de los fertilizantes, con el argumen­ to, pongamos por caso, de que introducen juicios de valor distribu­ tivos... ¿cuál es la alternativa? Pensemos por un momento sobre cómo se han llevado a cabo, en general, las decisiones sobre el programa de inversiones del Sector Público. Cómo se decidió sobre el emplazamiento de un hospital y sus características, la construcción de una carretera o su mejora, el mantenimiento de una empresa pública ruinosa, la instalación de un nuevo complejo siderúrgico... En todo ello hubo un componente político obvio. Componente que, en nuestra opinión, no descalifica la decisión tomada. Al fin y al cabo los precios de cuenta que se proponen para racionalizar este tipo de decisiones también tienen este carácter politice. Como, nos guste o no, los que llamamos precios de mercado. El problema no está, pues, ahí. El que sea política no puede descalificar una deci­ sión. Lo que sí la descalifica es el hecho de ser arbitraria. Y este puede ser el verdadero problema. Las decisiones que mencionába­ mos antes no sólo fueron políticas. Fueron en muchos casos arbitra­ rias. No existió claridad ni transparencia informativa sobre los crite­ rios que se utilizaron para llevarlas a cabo, de tal forma que se pu­ diera discutir y disentir sobre ellos. Gran parte de las mismas fueron justificadas, cuando se requirió, con argumentos intencionadamente vagos, indiscutibles, e incuantificables: importancia para el entorno, necesidad inaplazable, interés nacional... Argumentos que, en mu­ chas ocasiones, no hacían sino disfrazar y disimular una arbitrarie­ dad. Y éste es probablemente el elemento que en mayor medida jus­ tifica la discusión y el intento de construir una familia de precios de cuenta, sean de eficiencia, sean sociales. No se trata de introducir una pretendida neutralidad, una res­ puesta aséptica, allí donde no puede haberla: en la solución al viejo problema de la asignación de recursos. Pero sí podemos llevar esta problemática a un terreno en el que tenga cabida un mayor grado de información y, por tanto, de discusión. Los precios de cuenta no pueden obviar la necesidad de introducir una serie de juicios de va­ 239

lor, no pueden eliminar el componente político de la toma de deci­ siones. Pero sí que informan, con toda claridad, de cuál es el juicio de valor que se está utilizando. Incluso llegan a veces a darle un expresión cuantitativa: recordemos por ejemplo los parámetros dis­ tributivos. No cabe duda de que en este terreno es bastante más difícil sostener la arbitrariedad. Se ha llevado la discusión a un con­ texto mucho más concreto. Además, los precios de cuenta, cumplen una segunda función de gran importancia. Ayudan a conseguir un mayor grado de coherencia en la actividad del Sector Público. En ocasiones el ejecutivo, aún conociendo con claridad las metas que quiere alcanzar, comete equivocaciones a la hora de intentar llegar a ellas, al desconocer el efecto o la intensidad de las medidas tomadas. Los precios de cuenta también aportan algo en este terreno, infor­ mando de algunas de las consecuencias de optar por una alternativa u otra, en términos de los objetivos buscados. Pensemos por ejemplo en el problema del empleo, o de la distribución del ingreso. De he­ cho, no sólo ayudan a encontrar un mayor grado de coherencia en la actividad del Sector Público: permiten exigirla. Los criterios que hi­ cieron buena la decisión A, plasmados en unos valores concretos de los precios aludidos, han de ser utilizados también para analizar B. Es obvio que tampoco en este campo cabe descartar la manipula­ ción, pero es probable que no pase inadvertida a los ojos de un observador atento y algo familiarizado en el manejo de este pequeño reducto de la teoría económica. Y este es el papel fundamental de los precios de cuenta. Poner un poco de orden en un terreno en el que es fácil la arbitrariedad o, simplemente, la incoherencia por pura ignorancia. Y es en este sen­ tido en el que se justifica no sólo seguir trabajando para mejorar lo existente sino, en muchas ocasiones, arrancar con un precio mani­ fiestamente imperfecto, con plena consciencia de sus deficiencias: no podemos detener el proceso de toma de decisiones hasta contar con unos instrumentos impecables. Y la alternativa podría ser peor.

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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA A

, L. (1980) Rates of Retum to Human Capital: a Test Using El Salvador Data. A m e r ic a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. 70, n.s 2. r e l l a n o , J. P. (1981). Do more jobs in the modern sector increase urban unemployment? J o u r n a l o f D e v e l o p e m e n t E c o n o m ic s . Vol. 8 , n.s 2.

n d er so n

A

A

r th u r

W. B. (1981). The Economics of Risks to Life. Vol. 71, n.s 1.

,

A m e r ic a n E c o n o ­

m ic R e v ie w .

, D. (1979). Algunas consideraciones sobre el valor de la vida hu­ mana en la evaluación social de proyectos. R e v i s t a E s p a ñ o l a d e E c o n o ­ m ía . Año IX, Vol. 3.

A

zq ueta

A

zq ueta

, D. (1983). L a Blume eds. Madrid.

t e o r í a e c o n ó m i c a d e la a c u m u l a c i ó n s o c i a l i s t a .

H.

, b . (1974). Estimating the Shadow Price of Foreign Exchange in Project Appraisal. O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s . July, 1974.

Ba

la ssa

Ba

la ssa

B. (1976). The «Effects Method» of Project Evaluation. 231.

,

W o r ld

B a n k S t a f f W o r k in g P a p e r . N . s

, P. (1983). Algunas precisiones en torno a la utilización de los pre­ cios sombra en la evaluación de proyectos. I n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m ic a s . N.s 21.

B

eato

B

h a r a d w a j,

B

ruce

B

ua r q u e

K. (1979). Towards a Macroeconomic Framework for a Developing Country: the Indian Case. T h e M a n c h e s t e r S c h o o l . Sept. 1979.

, C. (1976). Social Cost-Benefit Analysis: a Guide for Country and Project Economists to the Denvation and Application ot Economic and Social Accounting Prices. W o r l B a n k S t a f f W o r k in g P a p e r . N.s 239. ,

C. y

O

ch o a

,

lu a c ió n d e p r o y e c t o s . C

am uel

,

H. J. (1978). E l e m e n t o s p a r a la FONAPREBID. Quito, 1978.

M. E. y otros (1974).

p re p a r a c ió n y e v a ­

P r e c i o s s o m b r a d e l o s r e c u r s o s c e n tr a le s

241

p a r a la e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n : a p l i c a c i ó n a la e c o n o m í a e s p a ñ o la . C

Fundación del INI; Serie E, n.Q 1. Madrid.

, M. y F e r r a d o , F. J. (1983). Ampliación del concepto de coste social en la evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos pro­ vocados por proyectos industriales. I n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m i c a s . N.Q 21.

lavero

CROPPER,

M. L. (1981). Measuring the Benefits from Reduced Morbidity. Vol. 71, n.Q 2.

A m e r ic a n E c o n o m ic R e v ie w . C

h in l o y

,

P. (1980). Sources of Quality Change in Labor Input. Vol. 70, n.Q 1.

A m e r ic a n

E c o n o m ic R e v ie w . D

,

a r d is

ce.

R. (1980). The Valué of a Life: New Evidence from the MarketplaVol. 70, n.Q 4.

A m e r ic a n E c o n o m ic R e v ie w .

G U P T A , A. K. (1983). tica. Barcelona.

D

a s

D

asg upta

,

A. K. y

P

T e o r ía e c o n ó m i c a y p a í s e s e n d e s a r r o l l o .

earce

,

D. W. (1972).

C o s í B e n e f it A n a l y s i s .

Ed. Crí­

MacMillan,

Londres. , E. R. (1981). E v a l u a c i ó n S o c i a l d e P r o y e c t o s . Ed. Universidad Católica Pontificia. Universidad Católica de Chile.

F

o n t a in e

F

o ster

, E.

(1981). The Treatment of Rents in Cost-Benefit Analysis. Vol. 71, n.Q 1.

A m e­

r ic a n E c o n o m i c R e v i e w .

, S. y S c h u l z e , W. (1981). What Do We Know about Benefits of Reduced Mortality from Air Pollution Control? A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. 71, n.Q 2.

G

e r k in

G

it t in g e r

G

o u g h

G

r a h a m

, J. P. (1982). E c o n o m i c A n a l y s i s ed.). The Johns Hopkins University Press.

, I. (1982). E c o n o m í a Ediciones. Madrid. ,

o f A g r ic u ltu r a l P r o je c ts

p o l í t i c a d e l E s t a d o d e B ie n e s ta r .

D. A. (1981). Cost-Benefit Analysis under Uncertainty. Vol. 71, n.Q 4.

(2.a

H. Blume A m e r ic a n

E c o n o m ic R e v ie w . G

ravelle

,

H. y

R

ees,

R. (1981).

M ic r o e c o n o m ic s .

Longman. Londres.

, J. R. (1978). G u ía p a r a la e v a l u a c i ó n p r á c t i c a d e P r o y e c t o s . Na­ ciones Unidas. Nuevas York. H a r b e r g e r , A. C. (1973). On the UNIDO Guidelines for Social Project Evaluation. Paper presented at a Conference of the I n t e r - A m e r i c a n D e v e l o p m e n t B a n k . Marzo de 1973. Reproducido en Schwartz y Berney (1977). H

a n sen

H

arberg er

, A. C. (1981). The Social Opportunity Cost of Labor: Problems of Concept and Measurement as seen from a Canádian Perspectiva. M i m e o . Universidad de Chicago.

242

, C. (1983). A n a l y s i s Heinemann. Londres.

H

arvey

H

a u sm a n

H

eyn em an

H

ir s c h

H

ug h es,

o f P r o j e c t F i n a n c e in D e v e l o p i n g C o u n t r i e s .

, J. A. y J o s k o w , P. L. (1982). Evaluating the Costs and Benefits of Appliance Efficiency Standars. A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. 72, n.s 2 . , S. P. (1983). Mejoramiento de la calidad de la educación en países en desarrollo. F i n a n z a s y D e s a r r o l l o . Vol. 20, n.9 1. , B. T. y L e p p e l , K. (1982). Sex Discrimination in Faculty Salaries: Evidence from a Historically Women’s University. A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. n .9 4.

H. (1983). La utilización de capital en manufacturas. Vol. 20, n.9 1.

F in a n z a s y

D e s a r r o l lo . H

, W. E . (1981). Black-White Human Capital Differences: Impact on Agricultural Productivity in the U. S. South. A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. 71, n.9 1.

u ffm a n

ILPES (1977). G u ia tiago de Chile. G. (1978). Ltd. Londres.

M o d ern

Ir v in g ,

J

, J.

alla d e

p a r a la p r e s e n t a c i ó n d e p r o y e c t o s .

C o s t-B e n e fit M e th o d s .

P. Financiamiento de la educación Vol. 16, n.9 1.

y

Siglo XXI eds. San­

The MacMillan Press

distribución de ingresos.

F in a n z a s y D e s a r r o llo . K

h

La L

, D. ( 1 9 8 0 ). Capital Scarcity and Factor Proportions in Less Developed Counties. J o u r n a l o f P o s t K e y n e s ia n E c o n o m ic s . Vol. II, n.9 3.

a

t

k

h

y a r d

it t l e

,

a

,

t

e

R. (ed.) (1972).

I. M. D. y

M

C o s t-B e n e fit A n a ly s is . ir r l e e s

,

J. A. (1969).

Penguin Books. Middlesex. E s tu d io s o c ia l d e l c o s to -

b e n e f i c i o e n la i n d u s t r i a d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o .

Centro de Estudios Mo­

netarios Latino-Americanos. México. 1973. L

it t l e

,

I. M. D. y

M

ir r l e e s

,

f o r D e v e lo p in g C o u n tr ie s .

I. M. D. y Londres.

L it t l e ,

L

it t l e

,

I. M. D.,

S

S

cott

J. A. (1974). P r o j e c t A p p r a i s a l a n d P la n n i n g Heinemann Educational Books. Londres.

M. (1973).

c it o v s k y

,

T. y

e n a lg u n o s p a ís e s e n d e s a r r o llo .

U s in g S h a d o w

P r ic e s .

Heinemann.

c o t t M. (1975). I n d u s t r i a y C o m e r c i o Fondo de Cultura Económica. México.

S

, D. (1976). The Rural-Urban Wage Gap: Migration and the Shadow Wage. O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s . Noviembre, 1976.

M

a zu m d a r

M

end elso h n

,

R. (1981). The Choice of Discount Rates for Public Projects. Vol. 71, n. 9 1.

A m e r ic a n E c o n o m ic R e v ie w .

243

,

E. J. (1976).

M

is h a n

M

is h a m

M

is h a m

M

ueller

M

a n u s in g h e

C o s t-B e n e fit A n a ly s is .

Praeger.

, E. J. (1971). Evaluation of Life and Limb: a Theoretical Approach. J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y .

, E. J. (1981). I n t r o d u c t i o n versity Press. Oxford.

t o N o r m a t i v e E c o n o m ic s .

Oxford Uni-

, D. C. (1979). P u b l i c c h o i c e . Cambridge Surveys of Economic Literature. Cambridge Unversity Press. Cambridge.

y

, M.

Tariff Policy.

W

a r fo r d

,

J. J. (1978). Shadow Pricing and Power N .9 286.

W o r l d B a n k S t a f f W o r k in g P a p e r .

A. L. (1982). The Importance of Exposure in Evaluating and Designing Environmental Regulation: a Case Study. A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. 72, n.9 2.

N

ic h o l s ,

O

n u d i

P

earce

P

erl

(1972). P a u t a s Nueva York.

p a r a la e v o l u c i ó n d e p r o y e c t o s .

, D. W. (1973). Vives. Barcelona.

A n á lis is C o s te -B e n e fic io .

Naciones Unidas.

Ed. MacMillan Vicens-

, L. J. y D u n b a r , F. C. (1982). Cost Effectiveness and Cost-Benefit Analysis of Air Quality Regulatons: A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w . Vol. 72, n.9 2.

S. y S e l o v s k y , M. (1978). The Opportunity Cost of Labor and the Returns to Education under Unemployment and Labor Market Segmen­ taron. T h e Q u a r t e l y J o u r n a l o f E c o n o m ic s . Agosto 1978.

P iÑ E R A ,

P

r est

,

A. R. y

T

Po

w ers

,

, R. (1970). A n á l i s i s d e c o s t e s Alianza Universidad, Madrid.

urvey

s i ó n d e la te o r ía .

y b e n e f ic io s , u n a v i ­

T. A. (ed.) (1981). E s t i m a t i n g A c c o u n t i n g P r i c e s f o r P r o j e c t Banco Interamericano de Desarrollo. Washigton , D. C.

A p-

p r a is a l. Psa

R

, G. (1982). La educación como inversión. Vol. 19, n.9 3.

c h a r o po u lo s

D e s a r r o llo . a n d a ll

Space.

, A.

y

Sto

ll

, J.

R.

F in a n z a s y

(1980). Consumer’s Surplus in Commodity Vol. 70, n.9 3.

A m e r ic a n E c o n o m ic R e v ie w .

, A. y van der T a k , H. G. (1979). Nuevo enfoque del análisis económico de proyectos. F i n a n z a s y D e s a r r o l l o . Vol. 16, n.9 1.

R

ay

R

o sen

S

ch w artz

, S. (1981). Valuing Health Risk. 71, n.9 2. ,

A m e r ic a n E c o n o m ic R e v ie w .

Vol.

H. y B e r n e y , R. (eds.) (1977). S o c i a l a n d e c o n o m i c d i m e n s i o n s Inter-American Development Bank. Washington.

o f p r o y e c t e v a lu a tio n .

S en, A. K. (1972).

244

C h o i c e o f T e c h n iq u e s .

3.a ed. Basid Blackwell, Oxford.

S

, A. K. (1976). dad. Madrid.

en

Sja

E l e c c i ó n c o l e c t i v a y b i e n e s t a r s o c i a l.

Alianza Universi­

a s t a d , L. A. (1975). Social Opportunity Cost of Foreign Exchange in the Presence of Price and Quantity Distortions. M i m e o . Universidad de Chicago.

L. y van dei Tak, H. G. (1975). Ed. Tecnos, Madrid, 1977.

S Q U IR E ,

A n á lis is e c o n ó m ic o d e P r o y e c to s .

, T. N. y B h a g w a t i , J. N. (1978). Shadow Prices for Project Selection in the Presence of Distortions: Effective Rates of Protection and Domestic Resource Costs. J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y . Vol. 8 6 , n.e 1 .

S

r in iv a s a n

T

it o s

V

a iz e y

M o r e n o , A. (1976). V a lo r a c ió n d e p r o y e c t o s a p r e c i o s versidad de Sevilla. Instituto de Desarrollo Regional.

, J. (1975). celona.

E c o n o m í a d e la e d u c a c i ó n .

Walsh, V. C. (1974). I n t r o d u c c i ó n cens Universidad. Barcelona. D. M. (1975). dad. Madrid.

W lN C H ,

s o c i a le s .

Uni­

McMillan. Vicens-Vives. Bar­

a la m i c r o e c o n o m í a c o n t e m p o r á n e a .

E c o n o m í a a n a l í ti c a d e l b i e n e s ta r .

Vi-

Alianza Universi­

245

IN D IC E

Págs.

AGRADECIMIENTOS ..................................................................... INTRODUCCION ..............................................................................

9

7

CAPITULO PRIMERO Mercado y asignación de recursos I. II. III.

Planteamiento del problema .................................................... Mercado y distribución de la renta ..................................... Las inperfecciones del mercado ............................................. A.

B.

Precios incorrectos: 1. Monopolio, competencia imperfecta ...................... 2. Desempleo .................................................................. 3. Sobrevaloración del tipode cambio ............................. 4. Inflación .......................................................................... 5. El mercado de capitales ...............................................

28 29 29 30 30

Inexistencia de precio: 1. 2. 3.

A p é n d ic e .

18 21 27

Externalidades o economías externas ......................... Recursos comunes .......................................................... Bienes públicos ...............................................................

La asignación de recursos del mercado y el óptimo de Pareto ................................................................................

32 35 37

4,

CAPITULO SEGUNDO Análisis de costes y beneficioso sociales I. II.

Las preferencias sociales .......................................................... Análisis de costes y beneficios sociales ................................. A. B.

Los precedentes ................................................................ Evaluación social de proyectos .............. 1. 2.

Los objetivos sociales .................................................... La elección de numerario .............................................

51 57 57 00

63 05

247

Págs.

CAPITULO TERCERO Precios de cuenta de eficiencia I.

II.

Los precios de cuenta en el manual de las Naciones Unidas......

69

A.

71 71 76 77

Los precios de cuenta en los manuales de la OCDE y el Banco Mundial ...............................................................................

83

A.

83

B. III.

Precios de cuenta de las mercancías ............................ 1. Bienes y servicios de consumo final ....................... 2. Bienes y servicios intermedios y de producción .... 3. Divisas .........................................................................

Precios de cuenta............................. 1. Bienes importables y exportables con precios de frontera fijos ............................................................... 2. Bienes importables y exportables con precios de frontera variables ...................................................... 3. Bienes potencialmente importables o exportables ... 4. Bienes no importables ni exportables ....................

89 90

Factores de conversión ................................................... 1. El factor estándar de conversión ...........................

92 92

El precio de cuenta de la inversión.......................................

87 88

97

CAPITULO CUARTO Precios sociales I. II.

III.

Las preferencias sociales .......................................................... Precios sociales de acuerdo a las NacionesUnidas .............. 1. Los precedentes .......................................................... 2. Factores de ponderación redistributivos ................ 3. El precio de cuenta de la divisa como necesidad meritoria ......................................................................

103

114

Eficiencia y equidad: los precios sociales de acuerdo al Ban­ co Mundial .................................................................................

117

jqs

108 no

CAPITULO QUINTO Salario social I.

248

El precio social de la mano de obra:presentación general.....

129

A. B.

129 130 130 136

Significado del salario social .......................................... Elementos que componen el salario social ................... 1. Producción perdida ................................................... 2. Incremento en el consumo global ...........................

Págs.

C. D. II.

III.

Valoración de los componentes ...................................... Salario social, selección de técnicas y política de em­ pleo .....................................................................................

141

El salario social en los distintos manuales ............................

145

A. B. C.

Little y Mirrlees ................................................................ El salario social de acuerdo a la ONUDI .................... El salario social de acuerdo al Banco Mundial ..........

145 150 155

El precio social de la mano de obra cualificada.................

167

139

CAPITULO SEXTO Tasa social de descuento I. El mercado y la tasa de descuento ........................................ II. Descontando el futuro: la tasa de descuento del consumo (CRI) .......................................................................................... 1.

184

El futuro y el costo de oportunidad del capital: la tasa con­ table de interés (ARI) ..............................................................

185

1. 2. IV.

174

La tasa de descuento de consumo de acuerdo a la ONUDI ....................................................................... La tasa de descuento del consumo en la OCDE y el Banco Mundial ..........................................................

2. III.

170

182

La tasa contable de interés de acuerdo a la OCDE.. La tasa contable de interés de acuerdo al Banco Mundial ......................................................................

189 194

CRI Y ARI: relaciones y evolución en el tiempo ................

196

CAPITULO SEPTIMO Externalidades I. Economía del transporte: el tiempo ....................................... A. B.

203

Calculo del tamaño del colectivo afectado ................... La valoración del tiempo ..................................... '........

203 207

1. 2.

Tiempo de trabajo ..................................................... Tiempo libre ...............................................................

207 210

II. El medio ambiente .................................................................... III. El valor de la vida humana ....................................................

212 218 249

Págs.

A. B. IV.

250

Métodos propuestos .......................... ............................. Una propuesta alternativa ..............................................

220 223

Cualificación de la mano de obra: economía de la educación 1. Costes sociales de la inversión en educación ........ 2. Beneficios sociales de la inversión en educación ..

231 232 233

Decidir qué producir, cómo hacerlo y cómo repartir lo obteni­ do, es un problema tan viejo com o ia hum anidad misma. La ciencia económ ica nos enseña que es precisam ente el problema que resuelve el mercado a través de u n as se ña le s llam adas pre­ cios. Hay razones para creer, sin embargo, que no lo hace tan bien com o serla deseable. Estarla, pues, justificada la interven­ ción del Estado, b uscando una solución alternativa que alcanza­ ra un mayor bienestar social. La s se ña le s utilizadas serian, a h o ­ ra los precios sociales, El presente texto analiza los propuestos por la O CDE, las N a ­ ciones Unidas y el Banco M undial, entre otros.

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INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA