Supuestos prácticos de derecho financiero y tributario. Parte general. 9788416642946, 841664294X

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Supuestos Prácticos de Derecho Financiero y Tributario. Parte General

Autores

MIGUEL ÁNGEL LUQUE MATEO FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN JOSÉ ANTONIO CORDERO GARCÍA (Editores)

t e xto s docentes nº 19

Supuestos prácticos de Derecho Financiero y Tributario. Parte General © del texto: los autores © Colección Textos Docentes nº 19 Editorial Universidad de Almería, 2018 [email protected] www.ual.es/editorial Telf/Fax: 950 015459

¤ ISBN: 978-84-16642-94-6 Depósito legal: AL 474-2018

    SUPUESTOS PRÁCTICOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. PARTE GENERAL MIGUEL ÁNGEL LUQUE MATEO y FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN (Directores) JOSÉ ANTONIO CORDERO GARCÍA (Coordinador) Autores: - AGUILAR RUBIO, Marina. Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero y Tributario de la UAL. - CORDERO GARCÍA, José Antonio. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UAL. - DÍAZ RUBIO, Patricia. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Financiero y Tributario de la UAL. - FERNÁNDEZ MARÍN, Fernando. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAL. - FORNIELES GIL, Ángel. Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la UAL. - GIMÉNEZ LÓPEZ, Luis. Profesor Colaborador de Derecho Financiero y Tributario de la UAL. - LUQUE MATEO, Miguel Ángel. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UAL.

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CONTENIDO RELACIÓN DE BLOQUES Y MÓDULOS

7

ABREVIATURAS

8

INTRODUCCIÓN

11

BLOQUE 1. EL DERECHO FINANCIERO

12

MÓDULO 1.1. EL DERECHO FINANCIERO. CONCEPTO Y CONTENIDO Acercamiento a la actividad financiera. Reflexiones sobre una fiscalidad justa

14

Cuestiones generales del Derecho Financiero y Tributario

16

Naturaleza jurídica de la figura aprobada para el cobro de los servicios esenciales municipales

19

Clases de ingresos públicos

22

MÓDULO 1.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

25

Visionado de la película Robin Hood, Ridley Scott, 2010

26

Cuestionario sobre los principios constitucionales de la actividad financiera

28

Principio de igualdad. Tributación conjunta en el IRPF

30

El principio de reserva de ley

32

MÓDULO 1.3. LAS FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO

35

Identificación del tipo normativo

36

Convenio para evitar la doble imposición internacional

38

Análisis de la STC 73/2017

40

El Decreto−Ley en materia presupuestaria

42

MÓDULO 1.4.- EL PODER FINANCIERO Y TRIBUTARIO

47

Cuestiones sobre el poder tributario de las CCAA

48

Análisis comparativo de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía

50

STJUE de 3 de septiembre de 2014. ISD

52

El poder tributario de las CCAA

54

MÓDULO 1.5.- LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FINANCIERAS

60

Entrada en vigor y período de vigencia de las normas tributarias

61

Retroactividad de las normas tributarias

63

Conflicto en la aplicación de la norma, simulación, defraudación y economía de opción

65

Interpretación de las normas tributarias. Vivienda habitual en IRPF

67

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BLOQUE 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO

74

MÓDULO 2.1.- LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA

75

Diversos supuestos sobre la relación jurídico−tributaria

76

La indisponibilidad de la obligación tributaria

78

Hecho imponible y modelo 186

80

El devengo en la tasa de licencia de apertura

82

MÓDULO 2.2.- LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SUJETOS ACTIVOS Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS

88

El sustituto del contribuyente en la tasa del agua

89

La responsabilidad en el ISD

92

Cumplimentación de un modelo de obligación tributaria formal e identificación de las situaciones subjetivas

95

Clasificación de los obligados tributarios

97

MÓDULO 2.3.- CUANTIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA

101

Cuestiones prácticas sobre la cuantificación de los tributos

102

Cuantificación del IRPF

104

Modelo 600 y cuestiones sobre cuantificación

106

Elementos y cuantía de la deuda tributaria

109

BLOQUE 3.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL DERECHO TRIBUTARIO. APLICACIÓN, GESTIÓN, INSPECCIÓN, RECAUDACIÓN Y REVISIÓN TRIBUTARIA. EL ÁMBITO SANCIONADOR MÓDULO 3.1. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

112 113

Identificación de procedimientos tributarios

114

La consulta tributaria

116

La denuncia pública

118

Las notificaciones en materia tributaria

120

MÓDULO 3.2.- LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

124

Cumplimentación de autoliquidación de ITPO y valor mínimo a declarar de los bienes inmuebles urbanos en la base imponible 125 Autoliquidación. Modelo 621

127

Rectificación de autoliquidación

129

Adecuada utilización de los procedimientos de gestión tributaria

133

MÓDULO 3.3.- EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

137

Cuestiones prácticas del procedimiento de inspección (I)

138

Cuestiones prácticas del procedimiento de inspección (II)

140

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Visionado de la película La cena de los idiotas, de Francis Veber, 2010

142

Actuaciones inspectoras mediante el procedimiento de comprobación limitada

145

MÓDULO 3.4.- EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

151

Los recargos de los arts. 27 y 28 de la LGT

152

Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento

154

Procedimientos de inspección y recaudación

156

Devengo, cuantificación, prescripción y declaración de nulidad de pleno derecho

161

MÓDULO 3.5.- EL ÁMBITO SANCIONADOR TRIBUTARIO El procedimiento sancionador. ISD

169

La suspensión de las sanciones tributarias

171

Impugnación de resolución sancionadora

174

Infracción del art. 198.1 LGT

182

MÓDULO 3.6.- LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

187

Varios supuestos de revisión en materia tributaria

188

Revisión de autoliquidación del IIVTNU tras STC 26/2017

191

Impugnación de tasa de retirada de vehículo

194

Recurso de anulación

196

BLOQUE 4.- DERECHO PRESUPUESTARIO, DERECHO DEL CRÉDITO PÚBLICO Y DERECHO FINANCIERO PATRIMONIAL

204

Cuestiones generales de Derecho Presupuestario

205

Cuestiones sobre el ciclo presupuestario

208

Cuestiones generales de la Deuda Pública

210

Actuaciones de control de la actividad presupuestaria

212

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RELACIÓN DE BLOQUES Y MÓDULOS BLOQUE 1.- EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.1.- El 'erecho )inanciero. Concepto y contenido Módulo 1.2.- Los principios constitucionales de la actividad financiera Módulo 1.3.- Las fuentes del 'erecho )inanciero Módulo 1.4.- El poder financiero y tributario Módulo 1.5.- La aplicación e interpretación de las normas BLOQUE 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Módulo 2.2.- Los sujetos de la obligación tributaria. Sujetos activos y obligados tributarios Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria BLOQUE 3.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL DERECHO TRIBUTARIO. APLICACIÓN, GESTIÓN, INSPECCIÓN, RECAUDACIÓN Y REVISIÓN TRIBUTARIA. EL ÁMBITO SANCIONADOR Módulo 3.1.- La aplicación de los tributos Módulo 3.2.- Los procedimientos de gestión tributaria Módulo 3.3.- El procedimiento de inspección Módulo 3.4.- El procedimiento de recaudación. La extinción de la obligación tributaria Módulo 3.5.- El ámbito sancionador tributario Módulo 3.6.- Los procedimientos de revisión en materia tributaria BLOQUE 4.- DERECHO PRESUPUESTARIO, DERECHO DEL CRÉDITO PÚBLICO Y DERECHO FINANCIERO PATRIMONIAL

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ABREVIATURAS AEAT AJD AN Art/s. ATA BE BOE BOJA CC CA CCAA CE CP CT CV/CCVV Disp. Adic. DGT ed. FD FJ IAE IAJD IBI ICIO IEF IIEE IIVTNU IPC IRPF IS ISD ITPAJD ITPO IVA LBRL LCAND LCCM LCTECA

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Actos Jurídicos Documentados. Audiencia Nacional. Artículo/s. Agencia Tributaria de Andalucía. Banco de España. Boletín Oficial del Estado. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Código Civil. Comunidad Autónoma. Comunidades Autónomas. Constitución Española. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Crónica Tributaria. Consulta vinculante/Consultas vinculantes. Disposición Adicional. Dirección General de Tributos. edición. Fundamento de Derecho. Fundamento jurídico. Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Instituto de Estudios Fiscales. Impuestos Especiales. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos. Índice de Precios al Consumo. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Impuesto sobre el Valor Añadido. Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Ley 18/2010, de 16 de julio, del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la CA de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Ley 29/2010, de 16 de julio, del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la CA de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

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LEAA LFTCU LGEP LGT LIP LIS LISD LIVA LJCA LOEP LOFCA LOTCU LPGE LPACAP LRJSP LSC LTPP núm./n.º OM OS p/p. R/RR RD RDLey RDLeg. REDF RGGIT

RIRPF RISD RITPAJD

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Real Decreto Legislativo 2/2007, por el que se aprueba el TR de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Régimen de Jurídico de las Tasas y Precios Públicos número. Orden Ministerial. Operaciones Societarias. página/s. Resolución/es. Real Decreto. Real Decreto-Ley. Real Decreto Legislativo. Revista Española de Derecho Financiero (Cívitas). Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. Reglamento del IRPF, aprobado por el RD 1775/2004, de 30 de julio. Reglamento del ISD, aprobado por el RD 1629/1991, de 8 de noviembre. Reglamento del ITPAJD, aprobado por el RD 828/1995, de 29 de mayo.

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RRST RRVA ss. S/SS t. TC TCu. TEAC TEARA TJUE TR TRLITPAJD TRLRHL TRTCAND TRTCMAD

TS TSJ Vid. vol.

Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, aprobado por el RD 2063/2004, de 15 de octubre. Reglamento General de desarrollo de la LGT en materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por el RD 520/2005, de 13 de mayo. siguientes. Sentencia/s. tomo. Tribunal Constitucional. Tribunal de Cuentas. Tribunal Económico-Administrativo Central. Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Texto Refundido. RDLeg. 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el TR de la Ley del ITPAJD. TR de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo. Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, que aprueba el TR de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos. Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el TR de las Disposiciones Legales de la CA de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado. Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia. Véase. Volumen.

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INTRODUCCIÓN La obra “Supuestos Prácticos de Derecho Financiero y Tributario. Parte General”, elaborada por los profesores del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería, constituye un material docente idóneo para el desarrollo de las competencias prácticas de las asignaturas cuyos contenidos se enmarcan dentro de la parte general de la citada disciplina y que se imparten en los Grados de Derecho, Gestión y Administración Pública y Administración y Dirección de Empresas, así como en el Máster de Abogacía. Entre ellas cabe citar Derecho Financiero, Gestión Financiera, Derecho Tributario, Gestión Presupuestaria, Práctica Profesional Tributaria, Introducción al Derecho, Derecho Autonómico y Derecho Local. Esta publicación, fruto de un proyecto de innovación docente concedido por la Universidad de Almería, contiene 60 supuestos prácticos distribuidos en cuatro bloques temáticos. El primero de ellos, dedicado al Derecho Financiero, incorpora cuatro módulos relativos al “Concepto y contenido del Derecho Financiero”, “Los principios constitucionales de la actividad financiera”, “Las fuentes del Derecho Financiero” y “La aplicación e interpretación de las normas financieras”. El segundo bloque se dedica a los Aspectos sustantivos del Derecho Tributario e incluye tres módulos dedicados a la “Relación jurídico-tributaria”, “Los sujetos de la obligación tributaria”, así como “La cuantificación y los elementos de la deuda tributaria”. El tercer bloque recopila los supuestos prácticos relativos a los Aspectos procedimentales del Derecho Tributario. Es el más extenso, incluyendo seis módulos dedicados a “La aplicación de los tributos”, así como a los procedimientos de “Gestión”, “Inspección”, “Recaudación”, “Sancionador” y de “Revisión”. El último bloque recoge los casos prácticos de Derecho Presupuestario, Derecho del Crédito Público y Derecho Financiero Patrimonial. Cada uno de los supuestos identifica el objetivo de la actividad e incorpora un material de consulta referido a la normativa, la jurisprudencia, la doctrina administrativa y académica, así como a las páginas webs que contienen información útil para su resolución. Además, el cuarto supuesto de cada módulo presenta una propuesta de resolución, en forma de guía, para facilitar al alumnado la realización de los restantes casos. Por último, cabe destacar la variedad de la obra, que incluye tanto la resolución de casos prácticos reales de la disciplina, como el análisis de jurisprudencia nacional y de la UE, así como la reflexión sobre informes financieros de actualidad, la utilización de las plataformas de gestión de documentos de las distintas administraciones tributarias o el cine como recurso didáctico.

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BLOQUE 1.  

EL DERECHO FINANCIERO

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MÓDULO 1.1. EL DERECHO FINANCIERO. CONCEPTO Y CONTENIDO

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.- El Derecho Financiero Actividad de evaluación 1.1.1: Acercamiento a la actividad financiera. Reflexiones sobre una fiscalidad justa

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Hablar de tributos no es fácil. Aunque exista la obligación de pagarlos, no gozan de buena fama. Mediante la lectura del Cuaderno Fiscalidad justa, una lucha global intentaremos realizar un primer acercamiento global al ámbito tributario y del gasto público, con una visión de conjunto, intentando contestar a las siguientes cuestiones: a) ¿pagamos demasiado?; b) ¿son útiles de verdad los tributos o nos podríamos ahorrar su cuantía?; c) ¿se distribuye adecuadamente su recaudación?; d) ¿tiene sentido que yo pague tributos cuando parece que hay tanta corrupción?; e) ¿hacen lo suficiente los poderes públicos para luchar contra el fraude fiscal? 2.- MATERIAL DE CONSULTA CASANOVAS, X.: Fiscalidad justa, una lucha global, Cuaderno 205, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2017. https://www.cristianismeijusticia.net/es/fiscalidad-justa-una-lucha-global 3.- SUPUESTO PRÁCTICO -

Antes de la lectura del material de consulta, responda a las cinco cuestiones planteadas en el apartado primero de esta práctica.

-

Tras la lectura del material de consulta, ¿matizaría, modificaría o fundamentaría más extensamente las respuestas anteriormente realizadas? ¿En qué sentido?

-

Conteste de forma razonada a estas otras cuestiones: o El material describe dos modelos de sociedad, uno basado solamente en la responsabilidad individual y el otro en la responsabilidad colectiva. ¿Qué ventajas, límites e inconvenientes encuentra en cada uno de ellos? ¿Cuál es el modelo de sociedad que subyace en nuestro texto constitucional? o Todos tenemos experiencia de pagar tributos, pero quizá no somos muy conscientes de ello. ¿Sabe cuántos tributos has pagado en el último año? ¿Y qué porcentaje representa lo ingresado por tal concepto sobre el total de tus ingresos?

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o Respecto al coste de los servicios públicos que utiliza, repase tu día a día y pregúntese: ¿cuántas de las cosas que he hecho en el último mes han sido posibles gracias a algún servicio público? ¿sabe cuál es su coste real? ¿Era consciente de ello antes de hacer esta reflexión? o El material hace referencia a diferentes tipos de impuestos. Unos gravan los ingresos, incidiendo de forma variada sobre las rentas del trabajo o las del capital, otros recaen sobre las herencias y las donaciones o el patrimonio y también nos encontramos con aquéllos que gravan el consumo. ¿Le parece que todos son igualmente justificables? ¿Cuáles cree que responden más a criterios de justicia y solidaridad? ¿Cuáles menos? o En el cuaderno se habla de supresión de paraísos fiscales y de incremento de coordinación fiscal a nivel global. ¿Conoce alguna iniciativa planteada desde el ámbito institucional o de las ONG en este sentido? o Escriba alguna historia como la de Martí que pudiera ayudar a hacer pedagogía de la importancia de una fiscalidad justa.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.1.- El Derecho Financiero. Concepto y contenido Actividad de evaluación 1.1.2: Cuestiones generales del Derecho Financiero y Tributario

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Plantear al alumno un sencillo acercamiento a la actividad financiera y al Derecho Financiero a través de 10 cuestiones relacionadas con su vida diaria y la actualidad informativa.  Fomentar el espíritu crítico del alumno y su competencia propositiva.  Presentar una visión práctica conjunta de la vertiente de los ingresos y de los gastos públicos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

CE: Art. 31. LGT: Art. 2.2. Ordenanzas Fiscales de los respectivos ayuntamientos. Normas presupuestarias del Estado, la CA de Andalucía y el respectivo municipio.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 2 (El presupuesto), 3 (El ciclo presupuestario), 4 (La deuda pública y otros ingresos crediticios) 5 (Derecho Financiero Patrimonial) y 11 (El Tributo). MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J.M. y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 28ª ed., 2017. Lecciones 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 y 24. MENÉNDEZ MORENO, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Civitas, 18ª ed., 2017. Lecciones 1, 6 y 18 a 23.

2.3.- Páginas webs: 



Presupuestos Generales del Estado del año en curso: http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2017/ Paginas/pge2017.aspx Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

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

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presu p/secc-planif_presup.htm Tesoro Público. Estadísticas mensuales de la Deuda Pública: http://www.tesoro.es/deuda-publica/estad%C3%ADsticas-mensuales

3.- SUPUESTO PRÁCTICO. Responda a las siguientes cuestiones: 1ª.- Teniendo en cuenta los temas de esta asignatura y el contenido que aparece en la guía docente, indique las asignaturas del Grado que usted está cursando con las que guarda relación y los aspectos concretos de tal vinculación. 2ª.- Enumere seis clases de ingresos de los siguientes entes públicos: el Estado, la CA andaluza y su Municipio, por orden de importancia, según su punto de vista. 3ª.- Indique los órganos concretos a los que se refieren las siguientes expresiones y la dirección en la que se encuentran en la capital de su provincia: a) “Hacienda del Estado me ha embargado mi cuenta corriente por no pagar una multa de la Guardia Civil de Tráfico” b) “Tengo que ingresar en Hacienda de la Junta de Andalucía un impuesto por haberme comprado un coche de segunda mano” c) “No sabía que tenía que pagar a Hacienda de mi Ayuntamiento un impuesto por heredar la casa de mis padres” 4ª.- Cuando usted va a comprar un manual de una asignatura que cuesta 30 € más el 10% de IVA, ¿le permite la librería no pagar el IVA? ¿El pago de los tributos es obligatorio o voluntario? 5ª.- ¿Cómo se llama la figura que usted paga a la Universidad cuando realiza la matrícula del Grado? ¿Y la correspondiente al abono de los derechos del título del Grado? ¿Se trata de tributos? 6ª.- A tenor de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del TRLRHL, un Ayuntamiento de población de Derecho inferior a 5.000 habitantes puede imponer a sus residentes la prestación personal de ayudar a quitar el hielo y la nieve de la carretera de acceso al pueblo 5 días al año. ¿Se puede considerar tal prestación como un tributo? ¿Por qué?

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7ª.- Indique la cantidad y el porcentaje, en relación con el PIB, de deuda pública en circulación de todas las administraciones públicas españolas. ¿Respeta esa cifra el principio de sostenibilidad financiera del artículo 13 de la LOEP? Razone la respuesta. 8ª.-Identifique la cantidad de dinero autorizada, en la última LPGE aprobada, para el pago de intereses de la deuda pública del Estado Español. Véase el cuadro resumen de políticas de gasto de los PGE consolidados del LIBRO AMARILLO. 9ª.- Describa todas las políticas presupuestarias cuya suma equivale, en cuanto a dinero a destinar, a la cantidad identificada anteriormente relativa al pago de intereses de la deuda pública. 10ª.- Describa algún ingreso patrimonial que recibe el Municipio en el que reside.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.1.- El Derecho Financiero. Concepto y contenido Actividad de evaluación 1.1.3: Naturaleza jurídica de la figura aprobada para el cobro de los servicios esenciales municipales

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Analizar la naturaleza jurídica de la figura aprobada para la exacción de los servicios municipales de alcantarillado, recogida de residuos y abastecimiento de agua.  Diferenciar el régimen jurídico aplicable a los tributos, los precios públicos y los precios privados y las consecuencias de la aplicación de una u otra figura.  Estudiar las diferentes posiciones mantenidas por la jurisprudencia, así como por la doctrina administrativa y científica sobre este tema. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:     

LGT: Art. 2.2 y disp. adic. 1. TRLRHL: Arts. 20 a 27. LTPP. Ordenanzas Fiscales de Alcantarillado, Suministro de Agua Potable y Recogida de Basuras aprobadas por los respectivos ayuntamientos. Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:   

STC 185/1995, de 14 de diciembre. STS de 23 de noviembre de 2015 (rec. nº 491/2013). Informe de la DGT, de 20 de mayo de 2016, en relación con las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA, M. A. y LUCHENA POZO, G. M.: “Tema 11. El Tributo. Concepto, Características y Clasificación”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, COLLADO YURRITA (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015.

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



FALCÓN Y TELLA, R.: “La contraprestación del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua: SSTS de 23 y 24 de noviembre de 2015”, Quincena Fiscal, nº 7, 2016. ALÍAS CANTÓN, M.: “Tasa por abastecimiento domiciliario de agua: naturaleza de la contraprestación a la vista de la reciente doctrina del Tribunal Supremo”, Crónica Tributaria, nº 160, 2016.

2.4.- Páginas webs: 

FACUA: Estudio sobre las tarifas del suministro domiciliario del agua en 28 ciudades españolas 2016: http://www.facua.org/es/tablas/tarifas_agua_2016.pdf



OCU: Agua, gestión pública o privada: https://www.ocu.org/alimentacion/agua/informe/el-precio-del-agua/gestionpublica-o-privada#

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 1.- Calcule la cantidad que debe pagar anualmente (el primer año que se da de alta en el padrón por primera vez y el siguiente), en su Municipio, una familia numerosa con 4 hijas, por los siguientes servicios: * Nota: En caso de que la Ordenanza Fiscal de su Ayuntamiento diferencie los elementos cuantitativos de las figuras según la zona y el tipo de residencia, tenga en cuenta el que corresponda a su vivienda habitual o a la de su familia. a) Suministro de agua, respecto de una vivienda que tiene un consumo doméstico de 52 m3 al trimestre y un contador de 30 mm, por los siguientes conceptos: a) Cuota de contratación b) Fianza c) Cuota fija o de Servicio d) Cuota variable o de consumo b) Alcantarillado, en los siguientes conceptos: a) Cuota de acometida b) Cuota fija de saneamiento c) Cuota variable de saneamiento 2.- ¿Qué figura tiene aprobado su Ayuntamiento para el cobro de dichos servicios: tasa, precio público o precio privado?

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3.- ¿Cómo se gestionan dichos servicios en su Municipio: directamente por el propio Ayuntamiento en régimen de Derecho público o a través de una empresa privada o mixta en régimen de Derecho privado? ¿Qué modelo de gestión predomina en las principales ciudades de España? En líneas generales, ¿se aprecia alguna diferencia en el importe total del suministro de agua, incluyendo abastecimiento y saneamiento, en las principales ciudades de España, según el modelo de gestión (gestión pública, empresa pública, empresa mixta y empresa privada)? 4.- En caso de que la gestión de los servicios se lleve a cabo a través de una empresa privada o mixta en régimen de Derecho privado, ¿qué figura debería aprobarse para el cobro de los mismos: precio privado, precio público o tasa? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene que el cobro se realice a través de una u otra figura? 5.- ¿Qué porcentaje ha aumentado el “precio” de estos servicios en los últimos diez años en las principales ciudades de España? ¿Cuáles son los grupos empresariales más relevantes que tienen la concesión administrativa para la gestión de los servicios que estamos analizando en las citadas ciudades?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.1.- El Derecho Financiero. Concepto y contenido Actividad de evaluación 1.1.4: Clases de ingresos públicos

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer el presupuesto de hecho de los distintos tributos, sabiendo distinguir un impuesto de una tasa y de una contribución especial.  Diferenciar el régimen jurídico aplicable a los tributos, los precios públicos y los precios privados y las consecuencias de la aplicación de una u otra figura.  Estudiar las diferentes posiciones mantenidas por la jurisprudencia, así como por la doctrina administrativa y científica sobre este tema. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Art. 2.2. TRLRHL: Arts. 20 a 27. LTPP. Ordenanzas Fiscales aprobadas por los respectivos ayuntamientos.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:   

STC 185/1995, de 14 de diciembre. STS de 23 de noviembre de 2015 (rec. nº 491/2013). DGT: Informe de 20 de mayo de 2016, en relación con las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

2.3.- Doctrina académica: 

  

COLLADO YURRITA, M. A. y LUCHENA POZO, G. M.: “Tema 11. El Tributo. Concepto, Características y Clasificación”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, COLLADO YURRITA (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CORDERO GARCÍA, J.A.: “Las Tasas: Evolución del Concepto y Problemática de las Tasas por Telefonía Móvil”, Tributos Locales, nº 131, junio-julio 2017. FERNÁNDEZ MARÍN, F.: Estudio jurisprudencia de las contribuciones especiales, Universidad de Almería, 1999. MENÉNDEZ MORENO, A.: “Reflexiones en torno al presupuesto de hecho de los impuestos, tasas y contribuciones especiales”, REDF, nº 137, 2008. 22 

 

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Respecto a los siguientes supuestos y servicios prestados en su Municipio, siendo titular de los mismos la Corporación Local, indique si podría cobrarse: a) un impuesto; b) una tasa; c) una contribución especial; d) un precio público; e) un precio privado, o f) no podría establecerse ninguna exacción: 1) Prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo (de cero a tres años), teniendo en cuenta que tales servicios también los presta el sector privado. 2) Prestación de servicios deportivos en instalaciones municipales, existiendo dos empresas privadas que prestan tales servicios. 3) Servicio de grúa municipal por estacionar el turismo en lugares no permitidos (inmovilización, retirada de vehículos y depósito). 4) Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, gestionados directamente por el Ayuntamiento. 5) Limpieza de la vía pública. 6) Ocupación de la vía pública con quioscos (por ejemplo, de la ONCE). 7) Tramitación de licencias urbanísticas. 8) Aprovechamiento de la vía pública con entradas de vehículos a través de las aceras y la reserva de la misma para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de cualquier clase. 9) Establecimiento o ampliación del servicio de extinción de incendios. 10) Protección civil. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCÓN: 1) SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO: Precio Público. Se trata de un servicio de solicitud o recepción voluntaria, al no ser obligatoria la escolarización de los niños y niñas de cero a tres años y prestarse ese mismo servicio por el sector privado. Arts. 2.2.a) LGT y 41 TRLRHL.

2) SERVICIOS DEPORTIVOS: Precio Público. Por las mismas razones expuestas en el número anterior.

3) SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL POR ESTACIONAR EN LUGARES NO PERMITIDOS. Tasa. Consiste en un servicio que no se presta por el sector privado, al tener la competencia los municipios para la realización del mismo de forma coactiva. Vid. arts. 7 del RDLeg. 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba el TR de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 2.2.a) LGT.

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4) SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Tasa. Se trata de un servicio cuya prestación y recepción tiene carácter obligatorio para los municipios y para las personas que ocupen o utilicen los inmuebles sitos en los lugares en que esté establecido el servicio, excluyéndose la iniciativa privada. Véanse los arts. 2.2.a) LGT; 20.4 TRLRHL, 25, 26 y 86.3 LBRL; 9.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; 98.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía, y 9 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. "Véase también la disposición adicional 1ª de la LGT".

5) LIMPIEZA EN VÍA PÚBLICA: No encontramos ante un servicio por el que las entidades locales no podrán exigir tasas ni precios públicos. Vid. arts. 21.1 y 42 TRLRHL.

6) OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS. Tasa. Se trata de una utilización privativa del dominio público. Véanse los arts. 2.2.a) LGT y 20.3.m) del TRLRHL.

7) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. Tasa. Es competencia del Municipio que tiene carácter obligatorio en los supuestos exigidos por la legislación del suelo y ordenación urbana. Arts. 2.2.a) LGT; 20.4.h) TRLRHL y 25.2 LBRL.

8) APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS: Tasa. Se trata de un aprovechamiento especial del dominio público. Vid. arts. 2.2.a) LGT y 20.2.h) TRLRHL.

9) ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Contribución especial. Ello, porque los propietarios de los bienes afectados y las compañías de seguros que desarrollan su actividad en el ramo, en el término municipal, obtienen un beneficio o aumento de valor de sus bienes. Vid. arts. 2.2.b) LGT y 28 a 30 del TRLRHL.

10) PROTECCIÓN CIVIL. Al igual que el supuesto número 5, se trata de un servicio por el que las entidades locales no podrán exigir tasas ni precios públicos, a tenor de lo dispuesto en los arts. 21.1 y 42 del TRLRHL.

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MÓDULO 1.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero. Concepto y contenido Módulo 1.2.- Los principios constitucionales de la actividad financiera Actividad de evaluación 1.2.1: Visionado de la película Robin Hood, Ridley Scott, 2010 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Utilizar el cine como recurso didáctico para el aprendizaje del Derecho Financiero y Tributario.  Conocer el estado y la evolución de la desigualdad en España, así como su relación con el Derecho Financiero y Tributario.  Reflexionar sobre el alcance de los principios constitucionales de justicia material en el ámbito de los ingresos y de los gastos públicos. 3.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:  

CE: Art. 31. LGT: Art. 3.

2.2.- Doctrina científica: 





COLLADO YURRITA. M. A. y MORENO GONZÁLEZ, S.: “Tema 6. Principios Constitucionales del Derecho Financiero”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. FERNÁNDEZ MARÍN, F. y FORNIELES GIL, A.: “Hacia un nuevo sistema tributario. Esbozo de los principios europeos y constitucionales”, ADAME MARTÍNEZ, RAMOS PRIETO (coord.): Estudios sobre el sistema tributario actual y la situación financiera del sector público, IEF, 2014. LUQUE DE HARO, V. y LUQUE MATEO, M.A.: “El cine como recurso didáctico para el aprendizaje del Derecho Financiero: a propósito de Robin Hood. Ridley Scott, 2010, en ESCRIBANO GUTIÉRREZ (ed.): El cine como recurso didáctico en la enseñanza virtualizada. Estudio y análisis de algunas obras fílmicas, edual, 2016.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Proceda al visionado de la película que presenta la siguiente ficha técnica: Título: Robin Hood; Título original: Robin Hood; Año: 2010; Duración: 131 min; País: Estados Unidos; Director: Ridley Scott; Guión: Brian Helgeland (Historia: Brian Helgeland, Ethan Reiff, Cyrus Voris); Música: Marc Streitenfeld; Fotografía: John

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Mathieson; Reparto: Russell Crowe, Cate Blanchett, Oscar Isaac, Mark Strong, Max von Sydow, William Hurt, Kevin Durand, Danny Huston, Matthew Macfadyen, Léa Seydoux, Eileen Atkins, Mark Addy, Scott Grimes, Jonathan Zaccaï, Douglas Hodge, Arthur Darvill, Alan Doyle, Simon McBurney, Bronson Webb, Robert Pugh, Gerard McSorley, Velibor Topic, Denis Menochet, Luke Evans, Mark Lewis Jones; Productora: Warner Bros. Pictures. Productora: Universal Pictures / Scott Free Productions / Imagine Entertainment. 3.2.- Responda a las siguientes preguntas: Primera.- Clasifique los siguientes impuestos, según se trate de directos o indirectos, reales o personales, objetivos o subjetivos, periódicos, instantáneos o de declaración periódica: 1)

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

2)

Impuesto sobre Sociedades

3)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

4)

Impuesto sobre el Valor Añadido

5) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados En su opinión, cuáles de ellos respetan en mayor medida los principios constitucionales de justicia tributarios contenidos en el art. 31.1 de la CE. Enumere otros tres impuestos directos e indirectos. Segunda.- Analice, a raíz de los principios constitucionales financieros contenidos en el art. 31 de la CE, las palabras con las que finaliza la película y extrapólelas a la situación actual: “El bosque es amigo de los forajidos. Ahora los niños huérfanos nos acogen. Sin impuestos. Sin diezmos. Sin ricos ni pobres. Todo se reparte en la mesa de la naturaleza. Hay muchas injusticias que reparar en el país del rey Juan”. Tercera.- En la película el rey Juan incumple su promesa (“yo os prometo por mi madre”) de otorgar al pueblo una Carta de Derechos y Libertades, promesa que incumple una vez que ya ha ganado la guerra y no necesita el apoyo de los gobernadores ni del pueblo. Exponga algún ejemplo que refleje el incumplimiento de una promesa electoral, en el ámbito de los tributos o del gasto público, realizado por un partido político, una vez que ha conformado gobierno. Cuarta.- “Vuestro padre debía tributos a la Corona, así que me quedo con la recompensa que os había otorgado”. ¿A qué medio de extinción de la deuda tributaria recuerda estas palabras? ¿Sería posible realizar esta acción en la actualidad por parte de la Administración tributaria? Cuando el padre fallece teniendo deudas tributarias frente a la Hacienda Pública, ¿qué clase de obligado tributario es el hijo heredero, al que se le pueden exigir aquéllas si acepta la herencia? Quinta.- En la película se refleja que, mientras la población pasa hambre y necesidad, la Iglesia tenía los graneros llenos, fruto del diezmo. ¿Sabe si la Iglesia Católica disfruta en la actualidad en España de algún beneficio fiscal? En su caso, eunmérelo/s. 27   

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.2.- Principios constitucionales de la actividad financiera Actividad de evaluación 1.2.2: Cuestionario sobre los principios constitucionales de la actividad financiera 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Realizar un acercamiento a los principios constitucionales tributarios desde el análisis de diversos supuestos prácticos.  Apreciar cuándo se produce una vulneración de tales principios.  Analizar la jurisprudencia recaída al respecto. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:  

CE: Arts. 1.1, 9.2, 14, 31.1, 133.1 y 2, 134.7 y 139. LGT: Art. 3.

2.2.- Jurisprudencia: Tribunal Constitucional:    

 

Valor normativo de la CE: Sentencias 9/1981 y 16/1982. Principio de Generalidad: Sentencias 110/1984, 76/1990, 214/1994, 50/1995, 134/1996, 96/2002 y 10/2005. Principio de igualdad: Sentencias 27/1981, 83/1984, 19/1987, 37/1987, 209/1988, 76/1990, 150/1990, 54/1993 y 159/1997. Principio de capacidad económica: Sentencias 27/1981, 37/1987, 150/1990, 19/1992, 221/1992, 214/1994, 296/1994, 194/2000, 289/2000, 295/2006, 7/2010, 26/2017 y 59/2017. Principio de progresividad: Sentencias 27/1981, 45/1989, 182/1997, 7/2010 y 19/2012. Principio de reserva de ley: Sentencias 6/1983, 185/1995, 233/1999, 106/2000, 150/2003 y 121/2005.

2.3.- Doctrina académica: 



COLLADO YURRITA. M. A. y MORENO GONZÁLEZ, S.: “Tema 6. Principios Constitucionales del Derecho Financiero: principios materiales”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J.M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte

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

General, “Lección 3. Los principios que rigen la ordenación de los tributos”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. MERINO JARA, I. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Tecnos, 2017. Lección 4. Principios del ordenamiento tributario.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 1.- El principio de generalidad prohíbe toda situación de excepción o privilegio. ¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta. ¿Cree que un tributo que grave exclusivamente la renta obtenida por ciudadanos nacidos en año par sería constitucional? 2.- ¿Cree que una persona que no reside en España puede pagar algún tributo en nuestro territorio? En caso de respuesta afirmativa ¿qué tributos se le ocurre que pagaría? 3.- ¿Cómo se mide la capacidad económica de los ciudadanos? ¿Qué indicador nos acerca más a la capacidad económica real? 4.- ¿Se pagan los mismos tributos en la CA de Andalucía que en la de Madrid? En caso de respuesta negativa, ¿vulneraría tal diferenciación el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley? 5.- ¿Sería constitucional un tributo que supusiera una menor carga tributaria cuanto mayor fuera la capacidad económica del sujeto destinado a pagarlo? Justifique su respuesta. 6.- Se dice que los Impuestos Especiales que gravan el consumo de alcohol o tabaco tienen una finalidad extrafiscal ¿Qué significado tiene tal afirmación? ¿Es posible que haya tributos cuya única finalidad sea extrafiscal? 7.- ¿Puede una ley establecer una reserva de ley para determinadas materias? Esto es, ¿puede una ley decir qué se debe regular por ley y qué no? 8.- ¿Puede un tributo crearse por norma de rango inferior a la ley? Y un beneficio fiscal, ¿podría establecerse en una norma con rango inferior a la ley? ¿Y suprimirse? 9.- La reserva de ley en materia tributaria es relativa y alcanza a los elementos esenciales del tributo. ¿Sabe cuáles son? 10.- Suponiendo que los impuestos más importantes en España, en cuanto a recaudación, fueran el IRPF, el IS, el IVA, el ITPAJD, el ISD y los Impuestos Especiales, realice un juicio sobre la progresividad del sistema tributario español, a tenor del tipo de gravamen que presentan dichos tributos.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.2-

Principios constitucionales de la actividad financiera

Actividad de evaluación 1.2.3: Principio de igualdad. Tributación conjunta en el IRPF 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Estudiar el principio de igualdad en el ámbito tributario contenido en el art. 31 CE, diferenciándolo del genérico regulado en el art. 14.  Analizar los distintos pronunciamientos del TC sobre la tributación conjunta en el IRPF, en relación con el referido principio de igualdad.  Apreciar cuándo se produce una vulneración del principio de igualdad tributario. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

CE: Arts. 1.1, 9.2, 14 y 31.1. LGT: Art. 3. LIRPF: Arts. 82 a 84.

2.2.- Jurisprudencia:  

SSTC 45/1989, de 20 de febrero y 21/2002, de 28 de enero. STJCE, de 25 de enero de 2007.

2.3.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. y MORENO GONZÁLEZ, S.: “Tema 6. Principios Constitucionales del Derecho Financiero: principios materiales”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Principio de igualdad tributaria en el IRPF y tutela judicial efectiva”, Nueva Fiscalidad, nº 6, 2013. GARCÍA CARRETERO, B.: “STJCE 25.1.2007, Finanzamt Dinslaken/Gerold Meindl, As. C- 329/05: Libertad de establecimiento - Artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) - Trabajador por cuenta propia - Impuesto sobre la renta - Cónyuges que no viven permanentemente separados - Denegación del régimen de tributación conjunta - Residencia separada de los cónyuges - Prestaciones compensatorias por pérdida de salario a favor del cónyuge no residente - Rentas no sujetas al impuesto en el Estado miembro de residencia del cónyuge”, CT, nº 154, 2015.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: A) Una versión del Anteproyecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se está estudiando implantar, establece la obligación de presentar la declaración de la renta de forma conjunta para los matrimonios en los que los dos miembros obtengan rentas. Ello supone que deberán sumar sus ingresos y aplicarles el tipo de gravamen, que es progresivo. En tal caso, la deuda tributaria será superior a la que resultaría si ambos cónyuges presentaran declaraciones individuales. Existirá, por tanto, una diferencia de trato respecto a las personas solteras que vivan solas y respecto a las parejas de hecho que vivan juntas. B) Una segunda versión del Anteproyecto de LIRPF establece como norma general la declaración individual, admitiendo sólo en determinados casos que, por razones de gestión y por decisión de todos los integrantes de determinados grupos familiares, pueda acudirse a la declaración conjunta. La citada opción sólo es posible allí donde existen varios perceptores de rentas, que se acumulan en la declaración conjunta, pudiendo en tal caso incluir a los hijos menores de 18 años. Sin embargo, un contribuyente divorciado sí podrá presentar declaración conjunta con sus hijos. Recuérdese que la tarifa del IRPF, correspondiente a la base liquidable general, es aproximadamente la siguiente:

3.2.- Se pide: 1º.- Analice las diferencias que se describen en los dos supuestos, a la luz del principio de igualdad en el ámbito tributario. 2º.- Compare ambos casos y las conclusiones presentadas por el TC para cada uno de ellos en las sentencias referenciadas en el presente supuesto práctico. ¿Son supuestos similares? 3º.- Resuma brevemente los argumentos de la parte recurrente, el Abogado del Estado y el TC en las dos sentencias. ¿Qué razonamientos le parecen más correctos?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.2.- Principios constitucionales de la actividad financiera Actividad de evaluación 1.2.4: El principio de reserva de ley 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Estudiar el principio de reserva de ley en el ámbito tributario.  Analizar el poder normativo de los entes locales.  Apreciar en diversos supuestos prácticos la posible vulneración del principio de reserva de ley. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

CE: Arts. 1.1, 9.2, 14 y 31.1 y 133. LGT: Art. 3, 7 y 8. LBRL: Art. 106. TRLRHL: Arts. 38, 59, 92 y 100 a 103.

2.2.- Jurisprudencia: 

SSTC 6/1983, 185/1995, 233/1999, 106/2000, 150/2003, 121/2005 y 73/2017.

2.3.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. y ROMERO FLOR, L. M.: “Tema 7. Principios Constitucionales del Derecho Financiero: principios formales”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CHECA GONZÁLEZ, C.: “La crisis del principio de reserva de ley en materia tributaria”, REDF, nº 145/2010. HERNÁNDEZ GUIJARRO, F.: “El poder financiero de las entidades locales ante los principios de legalidad y jerarquía normativa”, REDF, nº147, 2017.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: El Ayuntamiento de Villa “Y”, de acuerdo con las previsiones del capítulo tercero del título primero del TRLRHL, ha decidido establecer en su ordenanza fiscal y en ejercicio de su potestad reglamentaria tres nuevos impuestos: -

uno que grava la realización de obras en el término municipal,

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-

otro que grava la titularidad de vehículos sin motor de dos y tres ruedas (tales como bicicletas o triciclos) y un tercer impuesto sobre las bebidas azucaradas.

Se pide: ¿puede el ayuntamiento establecer estos impuestos? Razone su respuesta con base en el principio de reserva de ley y su aplicación a las entidades locales. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: El art. 1.1 CE exige que sean normas con rango, valor y fuerza de ley formal las que contengan la regulación de unas materias constitucionales concretas, particularmente aquellas que tienen que ver con la intervención del poder público en la esfera de los derechos del individuo. En al ámbito tributario, el principio de reserva de ley viene establecido de manera directa en el art. 31.3 de la CE al exigir que “sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley” y, de un modo más indirecto, en los apartados 1 a 3 del art. 133 de la CE. La reserva de ley en el ámbito tributario garantiza el principio democrático. Así lo ha recogido, entre otras, la STC 185/1995 (FJ 3º) al indicar que “en el Estado social y democrático de Derecho la reserva cumple sin duda otras funciones, pero la finalidad última, con todos los matices que hoy exige el origen democrático del Poder Ejecutivo, continua siendo la de asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una prestación patrimonial a los ciudadanos cuenta para ello con la voluntaria aceptación de sus representantes”. A ello habría que añadir el carácter garantista estrictamente individual de la libertad patrimonial y personal del ciudadano frente a las posibles pretensiones recaudatorias arbitrarias del poder púbico, como indica la STC 19/1987 (FJ 4º). El establecimiento de un tributo es claramente un aspecto sujeto a dicho principio de reserva de ley. Así se exige en los preceptos constitucionales citados anteriormente y ha venido señalándose reiteradamente por el TC (entre otras en las sentencias 37/1981, 6/1983, 179/1985, 19/1987, 233/1999, 63/2002, 150/2003 y 121/2005), al indicar que “la reserva de ley hay que entenderla referida a los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la tributación: la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de la ley y no pueden dejarse nunca a la legislación delegada y menos todavía a la potestad reglamentaria”. Las corporaciones locales no tienen órganos legislativos creadores de normas jurídicas ex novo. Su poder normativo tiene naturaleza reglamentaria, rango que poseen las ordenanzas fiscales (art. 106 LBRL) reguladoras de los respectivos tributos propios. Por tanto, no pueden crear tributos ni determinar de modo autónomo sus elementos esenciales. Su facultad de “establecer tributos” ha de ser interpretada como la puesta en vigor y aplicación efectiva de los ya creados y prefigurados en sus líneas esenciales por una ley estatal. Según lo expuesto y a tenor de lo establecido en el art. 133.2 CE, para la resolución de las cuestiones que se nos plantean, habrá que analizar si los tributos enumerados en la práctica se encuentran ya creados por el TRLRHL. La respuesta a esta cuestión se contiene en el art. 59 de la citada norma. Sólo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras podría

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establecerse y exigirse por el citado Ayuntamiento, conforme al contenido de los arts. 100 a 103 TRLRHL. Los otros dos impuestos no podrían crearse ex novo por la citada Corporación Local, al carecer de cobertura legal. Respecto al segundo tributo, es necesario añadir que el TRLRHL ya contiene un impuesto parecido, obligatorio para todos los municipios (art. 92 y ss.), pero que grava solo la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por la vía pública. Los vehículos sin motor se encuentran no sujetos al mismo. La inclusión del nuevo tributo, mediante la modificación del precepto que regula el hecho imponible, de modo que se permitiera gravar a todos los vehículos, de tracción mecánica o no, a través de una ordenanza fiscal, supondría una vulneración del principio de reserva de ley, tal y como se ha argumentado anteriormente. Por último, debe advertirse que algunas CCAA han establecido o están planteándose el establecimiento de un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Ello, puesto que dichos entes territoriales sí poseen poder legislativo tributario, a diferencia de las corporaciones locales. En todo caso, tal actuación normativa de las CCAA debe realizarse con respeto a las exigencias contenidas en la CE, en sus respectivos estatutos de autonomía y en la LOFCA.

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MÓDULO 1.3. LAS FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.3.- Fuentes del Derecho Financiero Actividad de evaluación 1.3.1: Identificación del tipo normativo 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Comprender el sistema de fuentes del Derecho Financiero mediante la resolución de determinados supuestos prácticos.  Analizar la aplicación el principio de reserva de ley en el ámbito financiero.  Potenciar las capacidades analítica y de debate de los alumnos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:   

CE: Arts. 31.1, 133.1 y 134.7. LGT: Art. 7. LGP: Arts. 7, 9 y 11.

2.2.- Doctrina científica: 





CUERVAS-MONS MARTÍNEZ, M.A.: “Fuentes del Derecho Tributario”, en COLLADO YURRITA M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J.M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. Lección 5. Las Fuentes del Derecho Financiero y Tributario. CAZORLA PRIETO, L.M.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Aranzadi, 17ª ed., 2017. Lección 4. Las fuentes del Derecho Financiero y Tributario.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO Indique qué tipo de norma, del catálogo de fuentes del Derecho, es la idónea para regular las siguientes cuestiones: a) b) c)

La organización del TCu. La actualización del texto original de la LGT, debido a las sucesivas reformas llevadas a cabo. La forma de calcular el déficit estructural del Estado.

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d) e) f) g) h) i)

La normativa de elaboración de los PGE. La modificación de los PGE para paliar una catástrofe natural. La adaptación de la regulación de las transferencias de crédito para un ejercicio presupuestario concreto. La modificación del régimen financiero de los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes. El establecimiento de los principios generales, básicos y comunes del sistema tributario y de los presupuestos de las CCAA. El régimen jurídico del presupuesto de una CA.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.3.- Fuentes del Derecho Financiero Actividad de evaluación 1.3.2: Convenio para evitar la doble imposición internacional 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Comprender el sistema de fuentes del Derecho Financiero desde la aplicación a un determinado supuesto concreto.  Analizar la figura específica de los convenios para evitar la doble imposición, en el marco de tratados o convenios internacionales y su incardinación en el sistema de fuentes del Derecho Tributario.  Evaluar la capacidad de resolver problemas de los alumnos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:    

CE: Arts. 31.1, 74, 94, 133.1 y 134.7. LGT: Arts. 7 y 11. LIRPF: Art. 2. Instrumento de ratificación del Convenio entre España y la República de Austria para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, de 20 de diciembre de 1966.

2.2.- Doctrina científica: 

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CUERVAS-MONS MARTÍNEZ, M.A.: “Fuentes del Derecho Tributario”, en COLLADO YURRITA M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. RODRIGUEZ LOSADA, S.: “Interpretación dinámica de los convenios para evitar la doble imposición en relación con las rentas de artistas y deportistas”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 35/2012. TERRASA, M. y FUSTÉ, J.: “La tributación internacional del artista y deportista en el marco del modelo de convenio para evitar la doble imposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 31/2011.

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2.3.- Páginas web: 

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Convenios de Doble Imposición firmados por España: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmado s_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml Fiscalidad Internacional: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Normativa/Fiscalidad_Internacional/Fiscalidad_Internacional.shtml OCDE. Fiscalidad: http://www.oecd.org/tax/

3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: Los jugadores de la Selección Española de fútbol recibieron 250.000 euros de prima por ganar la Eurocopa celebrada en Austria en 2008. Dicha prima fue pagada en Austria. 3.2.- Se pide: 1º.- Determine dónde debían tributar, por esas cantidades, todos y cada uno de los jugadores a la luz de lo dispuesto en: a) Art. 11 de la LGT. b) Art. 2 de la LIRPF. c) Artículos 16 a 18 del Convenio para evitar la doble imposición entre España y Austria. 2º.- Según el sistema de fuentes del Derecho Tributario, ¿qué criterio normativo sería el que debería aplicarse en el presente caso?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Módulo 1.3.- Fuentes del Derecho Financiero Actividad de evaluación 1.3.3: Análisis de la STC 73/2017 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Conocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la utilización del Decreto-Ley en materia tributaria.  Comprender el alcance de figuras como las denominadas “amnistías fiscales” y “condonaciones”.  Analizar la regulación de la denominada “declaración tributaria especial” contenida en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo.  Profundizar en la dinámica del debate en clase, mediante la exposición de los argumentos de los diferentes operadores jurídicos que han intervenido en el recurso de inconstitucionalidad.  Estudiar las consecuencias jurídicas de la declaración de inconstitucionalidad de una norma en el ámbito tributario. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:   

CE: Arts. 9.3, 31.1, 86.1. LGT: Art. 7. RD Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

2.2.- Jurisprudencia 

STC 73/2017, de 8 de junio.

2.3.- Doctrina científica: 

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CUERVAS-MONS MARTÍNEZ, M.A.: “Fuentes del Derecho Tributario”, en COLLADO YURRITA M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CORDERO GARCÍA, J.A.: La Condonación en el Ámbito Tributario, Marcial Pons, Madrid, 1999.

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NAVARRO SANCHÍS, F. J.: “Sombras y penumbras en la declaración tributaria especial”, en HINOJOSA TORRALVO (dir.): Medidas y procedimientos contra el fraude fiscal, Atelier, Barcelona, 2012. CAZORLA PRIETO, L. M.: La llamada “Amnistía Fiscal”, Aranzadi, Navarra, 2012.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO Primero.- Describa brevemente el contenido de la denominada “declaración tributaria especial” regulada en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Segundo.- Tras la lectura de la STC 73/2017, de 8 de junio, presente los argumentos de los siguientes operadores jurídicos que han intervenido en el recurso de inconstitucionalidad: a) Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. b) Abogacía del Estado. c) TC. Fundamento Jurídico 1 d) TC. Fundamento Jurídico 2 e) TC. Fundamento Jurídico 3 f) TC. Fundamento Jurídico 4 g) TC. Fundamento Jurídico 5 h) TC. Fundamento Jurídico 6 i) TC. Fallo. Tercero.- Exponga su opinión personal razonada

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Bloque 4.- Derecho Presupuestario Módulo 1.3.- Fuentes del Derecho Financiero Actividad de evaluación 1.3.4: El Decreto−Ley en materia presupuestaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Comprender el sistema de fuentes del Derecho Financiero desde la aplicación a determinados supuestos concretos.  Conocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la utilización del Decreto-Ley en materia financiera.  Diferenciar las figuras del crédito extraordinario y del suplemento de crédito. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:   

CE: Arts. 9.3, 31.1 y 86.1. LGT: Art. 7. LGP: Art. 55.

2.2.- Jurisprudencia 

SSTC: 126/2016, de 7de julio; 29/2015, de 19 de febrero, y 29/1982, de 31 de mayo.

2.3.- Doctrina científica: 

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CUERVAS-MONS MARTÍNEZ, M.A.: “Fuentes del Derecho Tributario”, en COLLADO YURRITA M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. LUQUE MATEO, M.A. y LUQUE DE HARO, V.: “La entrada anticipada del verano nos adelanta el tradicional crédito extraordinario para defensa”, Argumentos, nº 33, 2015. MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J.M. y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 28ª ed., 2017. Lección 6. Las fuentes del ordenamiento financiero.

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2.4.- Resoluciones y documentación adicional: 

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Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el TCu., en relación con el Informe de fiscalización de la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material de las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014 (BOE 149, de 23 de junio de 2017). Informe de fiscalización del TCu. sobre la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material de las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014. Análisis especial de los programas de gestión internacional: EF2000, A400M y TIGER, y de los programas de gestión nacional: BAM, LEOPARD y NH90. www.tcu.es/repositorio/6610226d-f618-45f6-a04d-190de245b9f8/I1155.pdf (consulta 16/01/18)

3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: El Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, aprueba la concesión de dos créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Dicha medida permite gastar un 15% más de los 5.712 millones de euros inicialmente presupuestados en dicho departamento ministerial. El montante total concedido se divide en tres partidas: 1. Un crédito extraordinario por valor de 846.440.673,35 € para atender el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material. Siendo los subconceptos más importantes dentro de esta partida los denominados Avión EF-2000 y Avión A-400 por valor de 399 millones de € y 154 millones de € respectivamente. 2. Un crédito extraordinario destinado al concepto Plan de Municionamiento por importe de 6 millones de €. 3. Un suplemento de crédito destinado al concepto inversiones militares en infraestructura y otros bienes para necesidades derivadas del brote de Ébola por importe de 4 millones de €. El texto normativo aprueba la financiación de este aumento mediante deuda pública y justifica la utilización del Decreto-Ley con el argumento de la necesidad de no demorar el abono de las obligaciones contractuales militares para no causar perjuicios a terceros. Las obligaciones correspondientes al primer crédito extraordinario provenían de diversos contratos firmados hacía más de una década, cuando el Ministro de Defensa de 2015 era Secretario de Estado de Defensa, conociéndose por tanto su importe en el momento de la elaboración de los PGE. De hecho, en los años 2012, 2013 y 2014 se

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habían aprobado similares créditos extraordinarios estivales, por importes de 1.782, 877 y 914 millones de euros, respectivamente, para la misma Sección -la 14 “Ministerio de Defensa”-, idéntico Servicio -el 03 “Secretaría de Estado de Defensa”-, en el mismo Programa -el 122B “Programas Especiales de Modernización”-, idéntico Capítulo -el 6, “Inversiones Reales”-, igual Artículo -el 65 “Inversiones militares e infraestructuras y otros bienes-, y similar concepto -“para atender el pago de obligaciones correspondiente a Programas Especiales de armamento”. 3.2.-

Responda a las siguientes cuestiones:

Primera.- ¿Qué diferencia existe entre un crédito extraordinario y un suplemento de crédito? Segunda.- ¿Considera que se da el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación del primer crédito extraordinario mediante la figura del DecretoLey? ¿Y respecto al suplemento de crédito? Analice esta última cuestión, a la luz de la STC 126/2016, de 7 de julio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente al Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tercera.- ¿Se podría haber modificado la LPGE a través de otras figuras o mediante un instrumento normativo distinto? Cuarta.- Cuando se aprueba un crédito extraordinario o un suplemento de crédito ¿es necesario incluir la financiación del mismo? ¿Considera correcta la financiación, en el presente caso, mediante Deuda Pública o debería/podría haberse financiado a través de otro mecanismo? 4.- Propuesta de resolución Primera.- A tenor de lo dispuesto en el art. 55.1 de la LGP, el crédito extraordinario y el suplemento de crédito son dos figuras que modifican los presupuestos inicialmente aprobados cuya finalidad es hacer frente a algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el art. 51 de la LGP. La diferencia radica en que se deberá aprobar un crédito extraordinario cuando no exista crédito adecuado aprobado en la LPGE para tal finalidad, mientras que se utilizará la figura del suplemento cuando sí exista un crédito aprobado para tal finalidad, pero sea insuficiente y no ampliable.

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Segunda.- La primera y más importante partida, superior a 846 millones de euros, se articula mediante un crédito extraordinario, lo que significa que no se había consignado ni un euro para esta cuestión en el presupuesto aprobado hacía menos de medio año. Debe recordarse que esta figura está destinada a permitir la realización de gastos para atender necesidades que no estaban previstas cuando se aprobó la LPGE. A este respecto, resulta cuanto menos sospechoso que ninguno de los responsables políticos de los ministerios de Defensa o de Hacienda y Administraciones Públicas planteara, durante la dilatada y prolija fase de elaboración de los presupuestos, la necesidad de dotar tales partidas presupuestarias para hacer frente a las obligaciones derivadas de unos contratos con empresas de armamento firmados hacía más de una década, cuando el Ministro de Defensa era el Secretario de Estado de Defensa. De hecho venían pagándose cantidades similares año tras año. A mayor abundamiento, en los años 2012, 2013 y 2014 se habían aprobado “precisamente” similares créditos extraordinarios estivales, por importes de 1.782, 877 y 914 millones de euros, respectivamente, para la misma Sección -la 14 “Ministerio de Defensa”-, idéntico Servicio -el 03 “Secretaría de Estado de Defensa”-, en el mismo Programa -el 122B “Programas Especiales de Modernización”-, idéntico Capítulo -el 6, “Inversiones Reales”-, igual Artículo -el 65 “Inversiones militares e infraestructuras y otros bienes-, y similar concepto -“para atender el pago de obligaciones correspondiente a Programas Especiales de armamento”-. Como afirma el FD 6º de la STC 126/2016, de 7 de julio, que se pronuncia sobre el crédito extraordinario similar, aprobado en 2014: “(...) el pago de las obligaciones contractuales adquiridas por el Estado no puede ser, en sí mismo, un argumento válido para justificar la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» requerida en el art. 86 CE si no va acompañado de una justificación adicional que explicite las razones en virtud de las cuales el pago de una obligación adquiere tal gravedad. En el presente caso, se trata de la adquisición de material militar sin que se razone la urgencia del pago de tales adquisiciones, simplemente se alude a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse. Consecuencias negativas que aparecerían en cualquier retraso de pago de cualquier obligación contractual del Estado, sin que en el presente caso se haya justificado la especial trascendencia de tales perjuicios. La especial financiación de los programas de defensa aquí analizados puede justificar la utilización del crédito extraordinario al margen de la programación presupuestaria normal. Pero ese carácter extraordinario bien podría vehicularse a través de la ley y no indefectiblemente mediante el Real Decreto-ley cuyo uso legítimo se halla restringido por la Constitución”. En este sentido, las conclusiones de la Comisión Mixta de Las Cortes para las Relaciones con el TCu. sobre el informe de fiscalización de los Programas Especiales de Armamento insta al Gobierno a realizar un presupuesto “realista de los programas especiales de armamento dentro de los Presupuestos Generales del Estado, evitando el recurso a créditos extraordinarios y suplementarios mediante Real Decreto-Ley”. A la anterior argumentación, que también sería aplicable al segundo de los créditos extraordinarios, habría que añadir un cuestionamiento respecto a la afirmación de la posibilidad de causar perjuicios a terceros. Y ello, porque las empresas de armamento ya habían cobrado parte del dinero mediante anticipos del Ministerio de Industria (una forma encubierta de gastos militares a través de los llamados créditos blandos del Ministerio de Industria) como el propio

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RD-L señala, cuando expresamente reconoce que los Programas Especiales están prefinanciados en todo o en parte con créditos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A mayor abundamiento, el Informe de fiscalización del TCu. de la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material de las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014 cuestiona que se tenga en cuenta el beneficio industrial a la hora de calcular el pago a Navantia, una sociedad mercantil estatal financiada con fondos públicos que no debería ser tratada como una empresa privada, puesto sería considerado como un “exceso de financiación pública de la sociedad”. Seguidamente pasamos a analizar si se daría el requisito de “extraordinaria y urgente necesidad” respecto al suplemento de crédito para la realización de obras en el Hospital Militar Central de la Defensa «Gómez Ulla», en el marco de actuaciones relacionadas con el brote de Ébola en España, siendo el montante destinado a esta partida de 4 millones de €, es decir, inferior al 0,5 % del dinero total que concede el citado RD-L. A priori parecería que se podría cumplir tal requisito. Sin embargo, en la fecha de promulgación de la LPGE, el 26 de diciembre de 2014, la crisis del Ébola a nivel mundial era perfectamente conocida, estando en las portadas de los periódicos nacionales desde hacía bastantes meses. De hecho, habían pasado más de cuatro meses desde la muerte del religioso Miguel Pajares por esta enfermedad e incluso hacía más de un mes que la enfermera española contagiada, Teresa Romero, había abandonado la habitación de aislamiento en el Hospital Carlos III, tras descartarse la presencia de este virus en el último análisis de sus fluidos corporales. Por tanto, incluso en este caso, el requisito podría cuestionarse.

Tercera.- Se podría afirmar que el primer crédito extraordinario debería haberse incluido en la LPGE de 2015. En todo caso y dado que no se había incluido en dicha ley, los dos créditos extraordinarios y el suplemento de crédito se podrían haber aprobado a través de un proyecto de ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito -con las posibilidades de debate y enmienda que plantea esta opción para todos los grupos parlamentarios-, como dispone el art. 55.2 de la LGP. Todo ello, siempre y cuando no hubiera sido posible atender a tales obligaciones de pago a través de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 51 de la LGP. Ello significa que, si era posible realizar una transferencia de crédito, no podrían utilizarse las figuras del crédito extraordinario o el suplemento de crédito.

Cuarta.- Tal y como dispone el art. 55.1 de la LGP, la tramitación de un crédito extraordinario o un suplemento de crédito deberá realizarse con una financiación similar a la partida presupuestaria que se pretende aprobar. En el presente caso, si se considerara que se trataba de una necesidad no financiera, los créditos extraordinarios y el suplemento de crédito deberían haberse financiado mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. Por tal motivo, el Informe de fiscalización del TCu. de la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento, anteriormente citado, considera una irregularidad que este tipo de créditos se financien con Deuda Pública. Concluye que, según las normas vigentes, debería haberse sufragado con cargo al Fondo de Contingencia o restando de otros créditos.

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MÓDULO 1.4. EL PODER FINANCIERO Y TRIBUTARIO

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.4.- El Poder Financiero y Tributario Actividad de evaluación 1.4.1: Cuestiones sobre el poder tributario de las CCAA 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Comprender la regulación del poder financiero de las CCAA, a través de la resolución de diversos casos prácticos.  Utilización de las distintas regulaciones realizadas por las CCAA sobre los tributos cedidos.  Distinguir entre el poder financiero de las CCAA de régimen común y las de régimen foral. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:     

TRLITPAJD. Art. 11. LCTECA. Arts. 25, 28, 32, 33 y 48. LCAND. TRTCAND. LOFCA.

2.2.- Bibliografía: 

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 9 (El Poder Tributario), 10 (Aplicación e interpretación de las normas) y 13 (Cuantificación de la deuda tributaria). CORDERO GARCÍA, J. A.: La Distribución Territorial del Poder Financiero: La Experiencia Española, Universidad de Almería, 1999. FORNIELES GIL, A.: “Los regímenes fiscales especiales: País Vasco, Navarra y Canarias”, en SÁNCHEZ GALIANA, J. A. (dir.): Estudios Críticos sobre la Delimitación Territorial del Poder Financiero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

2.3.- Páginas webs: 

Financiación Autonómica. Ministerio de Hacienda y Función Pública: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20 Autonomica/Paginas/Financiacion%20Autonomica.aspx

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Introducción al sistema tributario de la CA de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/intro duccion/introduccion.htm Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/impu estos/cedidos/transmisiones.htm http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1168934251138&language=es&pagen ame=Contribuyente%2FPage%2FCONT_Impuesto Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía: ww.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/impuestos/ce didos/sucesiones.htm REAF -REGAF: Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017: https://www.economistas.es/Contenido/REAF/NOTAS%20PRENSA/PANOR AMA%20FISCALIDAD%20CCAA%202017.pdf

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Responda a las siguientes cuestiones: 1.- ¿Quiénes son las personas que, a día de hoy, forman parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera? 2.- En el año 2017, si una persona soltera hereda bienes de su padre residente en Andalucía, por un valor de 800.000 €, de los que 200.000 € corresponden a la vivienda del fallecido, deberá pagar por el ISD a la Administración Tributaria Andaluza 164.049,35 €. En cambio, si su padre residía en Madrid, deberá abonar a la Administración Tributaria Madrileña tan sólo 1.586,04€. ¿Tienen capacidad normativa ambas comunidades para establecer un régimen distinto en cada territorio? En su caso, ¿se consideraría constitucional tal opción? 3.- ¿Puede la CA de Andalucía establecer un tipo de gravamen superior al 4% contenido en la Ley Estatal que regula el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas para el caso de compra de un vehículo usado que supere los 15 caballos fiscales? En caso afirmativo, ¿qué tipo de gravamen ha establecido? 4.- ¿Tiene competencias la CA de Andalucía para gestionar y recaudar el Impuesto sobre Sociedades? ¿Y la comunidad autónoma de Navarra? 5.- ¿Podría una Comunidad Autónoma de régimen común gravar a sus ciudadanos con el Impuesto sobre el Patrimonio en un ejercicio, a pesar de que el Estado hubiera establecido una bonificación del 100% de la cuota para este tributo a partir del 1 de enero de dicho año?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.4.- El Poder Financiero y Tributario Actividad de evaluación 1.4.2: Análisis comparativo de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Comprender los límites constitucionales al establecimiento del poder financiero de las CCAA.  Conocer la plasmación de la materia financiera y tributaria en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y de Cataluña.  Analizar la posición del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

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CE. Ley Orgánica 2/2007, de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (artículos 175 a 188 y la Disp. Adic. tercera). Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña (artículos 201 a 210 y la Disp. Adic. tercera, en su redacción original). LOFCA. LCTECA. Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República: TÍTULO VI. Finanzas (arts. 80 a 84). Ley 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la Administración tributaria de la Generalidad.

2.2.- Jurisprudencia: 

STC 48/2010, de 9 de septiembre.

2.3.- Bibliografía: 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 9 (El Poder Tributario).

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ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J. M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte General, “Lección 4. Poder Tributario”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. PAGÉS I GALTÉS, J.: “El sistema de financiación territorial y la hacienda propia catalana: problemática actual y perspectivas de futuro”, LÓPEZ MARTÍNEZ y PÉREZ LARA (dirs.): La Reforma de la Financiación Territorial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Primero.- Exponga las principales diferencias entre el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el Catalán (el originalmente aprobado en 2006), respecto a los preceptos citados en el epígrafe 2.1 de esta práctica. Segundo.- Indique los argumentos de los diferentes operadores jurídicos (diputados del Grupo Parlamentario Popular, Abogado del Estado, TC) que se recogen en la STC 48/2010, relativos al Título VI del Estatuto de Autonomía para Cataluña. Tercera.- ¿Cuáles son las principales diferencias entre la regulación del sistema financiero que se contiene en el mencionado Título VI del Estatuto de Autonomía para Cataluña y en la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República? Cuarta.- Exponga los principales argumentos relativos a la materia financiera esgrimidos por el Gobierno de España en los recursos de inconstitucionalidad números 4362 y 4386-2017 interpuestos contra las leyes 17/2017 y 20/2017 del Parlamento de Cataluña. ¿Están actualmente en vigor dichas normas? ¿Por qué?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.4.- El Poder Financiero y Tributario Actividad de evaluación 1.4.3: STJUE de 3 de septiembre de 2014. ISD 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Comprender los límites al poder financiero del Estado y de las CCAA provenientes de la pertenencia a la UE.  Conocer el papel que está desempeñando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito fiscal, en cuanto garante de la correcta interpretación y aplicación del Derecho de la UE.  Analizar el panorama del ISD en España y la regulación de la normativa aplicable a los no residentes. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

TFUE: Arts. 21, 63 y 251 a 281. Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Art. 40. LISD: Arts. 6, 7, 20, 21, 22 y Disp. Adic. segunda. LCTECA. Arts. 32 y 48.

2.2.- Jurisprudencia: 

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Sentencias del TJUE: de 3 de septiembre de 2014 (As. C-127/12 Comisión/Reino de España); de 4 de septiembre de 2014 (As. C-211/13 Comisión/Alemania); de 17 de octubre de 2013 (As. C-181/12, Welte); de 19 de julio de 2012 (As. C-31/11, Scheuneman); de 15 de septiembre de 2011 (As. C-132/10 Halley); de 30 de junio de 2016 (As. C-123/15 Heinz Feilen Finanzamt Fulda); de 26 de mayo de 2016 (As. C-244/15 Comisión/República Helénica). Sentencia 157/2016, de 26 de mayo del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 3 de Valencia (rec. 25/2016).

2.3.- Bibliografía: 



COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 8 (Fuentes del Derecho Tributario) y 9 (El Poder Tributario). ARRANZ DE ANDRÉS, C.: “El elemento internacional o transfronterizo en las sucesiones mortis causa”, Quincena Fiscal, nº 10, 2015.

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ESCRIBANO, F.: “Libertad de establecimiento y libre circulación de capitales: la proscripción de diferencias de tratamiento tributario por razón de residencia dentro de la UE de sujetos y objetos en el ISD español”, GARCÍA BERRO (dir.): Derechos Fundamentales y Hacienda Pública. Una perspectiva europea, Civitas, Navarra, 2015.

2.4.- Páginas webs: 





El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1. 3.9.html Financiación Autonómica. Ministerio de Hacienda y Función Pública: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20 Autonomica/Paginas/Financiacion%20Autonomica.aspx REAF -REGAF: Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017: https://www.economistas.es/Contenido/REAF/NOTAS%20PRENSA/PANOR AMA%20FISCALIDAD%20CCAA%202017.pdf

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Primero.- Lea la Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 (As. C-127/12 Comisión/Reino de España) y resuma las siguientes partes de la misma: - Marco Jurídico. - Procedimiento administrativo. - Sobre la admisibilidad del recurso. - Sobre el incumplimiento: - Argumentación de las partes. - Apreciación del Tribunal de Justicia: - Sobre la libertad afectada. - Sobre la existencia de una restricción de la normativa de capitales. - Condena en costas. - Decisión del Tribunal. Segundo.- ¿Considera que el Estado Español realizó una correcta adaptación de la normativa del ISD al Derecho Comunitario, mediante la introducción de la Disposición Adicional Segunda de la LISD? ¿Habría sido posible dicha adaptación mediante otras opciones?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Bloque 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 1.4.- El Poder Financiero y Tributario Módulo 1.5.- Aplicación e interpretación de las normas Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria Actividad de evaluación 1.4.4: El poder tributario de las CCAA 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Aplicación elemental de los elementos de cuantificación de un impuesto.  Utilización de las distintas regulaciones realizadas por las CCAA sobre los tributos cedidos con fines de planificación fiscal.  Distinguir entre economías de opción y fraude fiscal. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:        

TRLITPAJD. Arts. 7, 8, 10, 11 y 22. LISD. Arts. 3, 5, 9 y 20. LCTECA. Arts. 25, 28, 32, 33 y 48. LEAA. Art.178. LCAND. Arts. 1 y 2. LCCM. Arts. 1 y 2. TRTCAND. Arts. 17 a 23 y 48. TRTCMAD: arts. 21 a 26 y 28.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 9 (El Poder Tributario), 10 (Aplicación e interpretación de las normas) y 13 (Cuantificación de la deuda tributaria). PEÑA ALONSO, J. L.:“El ejercicio competencial de las comunidades autónomas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones: un debate abierto”, La reforma de los Estatutos de autonomía, Junta de Castilla y León, 2005. Conclusiones. GOROSPE OVIEDO, J. I.: “El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el sistema de financiación autonómica y su posible reforma”, LÓPEZ

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MARTÍNEZ y PÉREZ LARA (dirs.): La Reforma de la Financiación Territorial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. 2.3.- Páginas webs: 





Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/impu estos/cedidos/transmisiones.htm http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1168934251138&language=es&pagen ame=Contribuyente%2FPage%2FCONT_Impuesto Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/imp uestos/cedidos/sucesiones.htm Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Madrid: http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142342297967&language=es&pagen ame=Contribuyente%2FPage%2FCONT_Impuesto

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: El Sr. “H”, cuyo patrimonio asciende a 1.500 €, finaliza sus estudios de grado el 20 de febrero de 2016 en la Universidad de Almería. En mayo del mismo año es contratado por una empresa en Madrid. En 2017 obtiene un contrato laboral indefinido, por lo que el Sr “P”, su padre, decide comprarle una vivienda usada en dicha ciudad. El 1 de junio de 2017 se citan en la Notaría con el propietario de la misma, el Sr. “V”, para proceder a su adquisición por un precio de 400.000 €, coincidente con el valor real de la misma. PRIMERO: Redactar un informe sobre cuál de las dos opciones siguientes es la más favorable fiscalmente, concretando su coste: a) Donar a su hijo 400.000 € en efectivo y posterior adquisición de la vivienda al Sr. “V” con el dinero recibido. b) Adquisición de la vivienda por el Sr. “P” y otorgar a continuación la escritura de donación a favor del hijo “H”. SEGUNDO: Determinar, en el caso de que se elija finalmente la opción más económica, si resulta aplicable alguna norma antielusión de las contenidas en los artículos 13 a 16 de la LGT. Resolver la misma cuestión en el caso de que el hijo transmitiera la casa al Sr. “V” transcurrida una semana. TERCERO: Exponer algún otro supuesto de utilización de la normativa estudiada con fines de planificación fiscal de sucesiones o donaciones y/o realizar un enjuiciamiento crítico de las disposiciones estudiadas.

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4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: PRIMERA CUESTIÓN: 1.- COSTE FISCAL OPCIÓN A: Donación de 400.000 € en efectivo y posterior compra del inmueble. Supuesto el hecho imponible realizado (donación art. 3.1.b.LISD), la primera cuestión a resolver es la legislación que regula dicha donación. El ISD es un impuesto susceptible de cesión (art. 25.1.c. LCTECA). Se encuentran cedidas a la Comunidad de Andalucía: a) La recaudación (art. 178. LEAA en redacción dada por el art. 1. c. LCAND). b) Las competencias normativas cedibles según la LCTECA (art 2. LCAND), que son las establecidas en el art. 48 de la LCTECA, esto es, reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente y deducciones y bonificaciones de la cuota, si bien estas últimas resultarán, en todo caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado. En el ejercicio de las competencias normativas cedidas, la CA de Andalucía ha regulado los distintos aspectos del impuesto en los arts. 17 a 22 del TRTCAND. c) La gestión del impuesto (art. 2.1 LCAND, art. 48.2 LCTECCAA). En términos análogos se regula la cesión del impuesto a la Comunidad de Madrid (arts. 1.c) y 2 LCMAD). La regulación del impuesto la encontramos en este caso en los arts. 21 a 26 del TRTCMAD. Establecido conforme a lo anterior el marco normativo, la siguiente cuestión a resolver es determinar la legislación estatal y autonómica por la que se rige nuestro caso. La respuesta nos la ofrece el art. 32.2.c) de la LCTECA: en el caso de donaciones de bienes muebles el punto de conexión es el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo. Y conforme a lo dispuesto en el art. 28.1.1º.b) del mismo texto legal, se infiere que la presente donación se rige por la ley andaluza:

1. A efectos de lo dispuesto en este Título, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma: 1.º Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días: a) Del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. b) Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Regulados los elementos del impuesto por la Ley estatal y por las citadas disposiciones dictadas por la Comunidad de Andalucía en el ejercicio de sus competencias normativas, procedemos a la liquidación del impuesto por la donación de dinero. A) Hecho imponible: Donación (art. 3.1.b.LISD). B) Sujeto pasivo: Donatario (art. 5.b. LISD). C) Base imponible: 400.000 € (art. 9.b. LISD). D) Reducciones de la base imponible: 0 €.

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En este punto se podría plantear una duda interpretativa: si la CCAA regula las reducciones de la base imponible, conforme al art. 48 de la LCTECA, entonces ¿serían o no de aplicación las reducciones estatales del art. 20 LISD? Una primera lectura del art. 48 citado, interpretado “a contrario”, podría ofrecer una respuesta negativa. De la mención expresa de la compatibilidad entre las deducciones y bonificaciones estatales con las autonómicas se podría inferir la incompatibilidad en el caso de reducciones de la base. Sin embargo, el art. 20.1 de la LISD establece de manera expresa la compatibilidad entre ambas normas y la aplicación en primer lugar de las reducciones estatales. Las reducciones del art. 20. 2 a 4 LISD no son aplicables a nuestro caso, ya que estamos ante una transmisión “inter vivos”. Ninguna reducción de las establecidas en los arts. 17 a 22 del TRTCAND es aplicable a nuestro caso. Observar el art. 22.1.d): no es aplicable la reducción propia por la donación de dinero a descendientes para la adquisición de la primera vivienda habitual porque dicha vivienda no se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. E) Base liquidable: 400.000 €. E) Tipo de gravamen (artículo 22 quinquies TRTCAND) Base liquidable

Cuota íntegra

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Cuota

Total cuota

398.777,54

80.655,08

1.222,46 (1)

31,75

388,13 (2)

81.043,21 (3)

(1) 400.000 – 398.777,54 (2) (1.222,46 * 31,75)/100 (3) 80.655.08 + 388,13

F) Cuota íntegra: 81.043,21 G) Coeficiente multiplicador: 1,00 (art. 22.2 LISD). H) Cuota tributaria: 81.043,21 € A continuación hay que calcular el coste de la adquisición del inmueble por el hijo. La transmisión de inmuebles se encuentra gravada por el ITPAJD, modalidad transmisión patrimonial onerosa (art. 7.1.A. TRITPAJD), siendo sujeto pasivo el adquirente (art. 8.a), la base imponible el valor real del bien transmitido (art. 10.1) y el tipo de gravamen el regulado por la comunidad autónoma, o, en su defecto, el 6% (art. 11.a). El punto de conexión es el lugar donde radique el inmueble, esto es, la Comunidad de Madrid (art. 33.2.C.1ª LCTECA). Observar el inciso “cuando el acto o documento no motive liquidación ni por la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, ni tampoco por la modalidad de operaciones societarias”, ya que estamos en la modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, y las citadas son las otras dos modalidades del impuesto. El art. 28 del TRTCMAD establece el tipo de gravamen del 6% para las transmisiones de inmuebles. La cuota tributaria ascenderá por tanto a 24.000 € (Base imponible: 400.000 €; Tipo de gravamen 6%), a pagar por el hijo “H”.

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Se puede observar que si el punto de conexión hubiese llevado el impuesto a la Comunidad de Andalucía, la cuota tributaria hubiese ascendido a 32.000 € (art. 23. TRTCAND). Como primera conclusión, el coste fiscal de la donación de 400.000 € en efectivo por el Sr. “P” a su hijo para la posterior adquisición de la vivienda por éste asciende a 105.043,21 € (81.043,21 € más 24.000 €).

2.- COSTE FISCAL OPCIÓN B: Adquisición por el Sr. ”P” del inmueble y posterior donación a su hijo. Adquisición por el Sr. “P” del inmueble: Es aplicable todo lo referido en el apartado anterior, salvo que en este caso el sujeto pasivo sería el Sr. “P” como adquirente del mismo. Cuota a ingresar: 24.000 €. Donación del inmueble a su hijo: Frente al caso anterior –donación de efectivo-, la donación inmobiliaria no se rige por el art. art. 32.2.c) de la LCTECA, sino por el 32.2.b): “en el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma”. Por tanto, el punto de conexión es el lugar de situación del inmueble, la Comunidad de Madrid en este caso. La base liquidable ascenderá a 400.000 €, dado que los arts. 21 y 22 del TRTCMAD no establecen ninguna reducción para adquisiciones inter-vivos. Aplicando el art. 23 del mismo texto legal: Base liquidable

Cuota íntegra

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Cuota

Total cuota

399.408,59

80.780,17

591,41

29,75 %

175,94

80.956,11

El coeficiente multiplicador es 1, por lo que la cuota tributaria asciende a 80.956,11 €. Bonificación de la cuota 99% (art 25.2.1 TRTCMAD): 80.146,54 €. Cuota a ingresar: 80.956,11- 80.146,54 = 809,57 €. Por tanto, el coste fiscal de esta segunda opción asciende a 24.809,57 €, lo que supone un ahorro fiscal de 80.233,64 € respecto a la opción anterior.

SEGUNDA CUESTIÓN ¿SERÍA APLICABLE ALGUNA DE LAS NORMAS ANTIELUSIÓN DE LAS RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 13 A 16 DE LA LGT? En este caso parece que estamos ante un supuesto claro de economía de opción, aunque nunca se sabe (vid. STS 12 de noviembre de 2014. Referencia: NFJ056750 Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Rec. n.º 1881/2012). Hay que tener en cuenta las posibilidades que ofrece la elevación de los motivos a la categoría de causa y la aplicación consiguiente del expediente de simulación. Cuando se camina por terrenos pantanosos conviene extremar la prudencia. El problema, si no se consigue el ahorro pretendido, es la sanción. Se recomienda la lectura del voto particular de la citada sentencia. Parece descartable la existencia de simulación alguna. Pero podría suceder que la administración intentara invertir el orden de los negocios realizados acudiendo al expediente de

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la simulación, de forma análoga a lo sucedido en la Sentencia referida, dictada para un caso absolutamente distinto. Entendemos que el resultado final –donación de un inmueble situado en Madrid – excluye esta posibilidad. No ocurriría lo mismo para el caso de que el resultado final fuese que el hijo se quedara con los 400.000 € en efectivo (mediante la posterior venta de la casa al propietario inicial, con un coste fiscal final inferior a la donación directa del dinero, como se propone en el enunciado), en cuyo caso pocas dudas ofrece que nos encontraríamos ante un caso subsumible en el art. 16 LGT. Los 24.000 € de coste de la tercera transmisión siguen produciendo ahorro fiscal si consideramos los 80.233,64 € de ahorro respecto a la donación de efectivo. Podría plantearse la aplicación directa del art. 16 LGT, y ello sin necesidad de que el hijo revenda al Sr. “V”, por la mera existencia de un claro ahorro fiscal. Ahora bien, la consecución del resultado –donarle una casa al hijo- no puede considerarse obtenida mediante la realización de negocios “notoriamente artificiosos o impropios” ya que, a nuestro entender, no existe una vía directa para la consecución de ese resultado, y parece perfectamente “usual o propio” tanto donarle dinero a un hijo para que se compre una casa como comprar una casa y donársela con posterioridad, sin que además en este caso exista una vía única y directa para la consecución del resultado final, sino que necesariamente se ha de optar por una de las dos posibilidades referidas y sin que exista norma alguna que obligue al contribuyente a elegir, entre ambas opciones, la de mayor coste fiscal. De la CVe 0454/2008 se pueden extraer algunas consecuencias de interés relacionadas indirectamente con la cuestión que nos ocupa: donación de dinero a un no residente mediante una transferencia de una cuenta situada en España; transferencia desde una cuenta situada en España a una cuenta del mismo titular situada en el extranjero, y posterior donación de dinero procedente de esta segunda cuenta a un no residente.

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MÓDULO 1.5. LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FINANCIERAS

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.5.- Aplicación e interpretación de las normas Actividad de evaluación 1.5.1: Entrada en vigor y período de vigencia de las normas tributarias 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la aplicación de las normas tributarias en el tiempo.  Diferenciar los conceptos de “entrada en vigor” y “eficacia” de las normas tributarias.  Evaluar la capacidad de iniciativa y resolución de problemas del alumnado. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:  

CE: Art. 9.3. LGT: Art. 10.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:    

SSTS de 11 de noviembre de 2010 y 21 de abril de 2009. SSTSJ de Castilla y León, Burgos, números 379/2005 y 618/2004, de 12 de septiembre y 23 de diciembre, respectivamente. STSJ de Andalucía, Granada, número 2955/2012, de 29 de octubre. RTEAC de 31 de marzo de 2016.

2.3.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 10 (Aplicación e interpretación de las normas tributarias). ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J.M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. Lección 6. La aplicación de las normas tributarias. RUIZ ALMENDRAL, V.: “La aplicación de las normas tributarias”, Entre la ética, la política y el derecho: estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, Dykinson, 2008.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Señale cuándo han entrado en vigor las siguientes normas tributarias y el período de vigencia de las mismas: − Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público (BOE 31-diciembre-2011). − Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero del 2010 (BOE 23-noviembre-2010). − Normativa del impuesto sobre gastos suntuarios (IGS). Analice en qué medida continúa vigente este impuesto. − Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. − Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que restableció el Impuesto sobre el Patrimonio. − Ley 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la Administración tributaria de la Generalidad.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1. EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.5. Aplicación e interpretación de las normas Actividad de evaluación 1.5.2: Retroactividad de las normas tributarias

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la eficacia de las normas tributarias en el tiempo.  Analizar la figura de la retroactividad de las normas tributarias, a la luz de la jurisprudencia del TC.  Evaluar la capacidad de resolución de problemas del alumnado. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

CE: Art. 9.3. LGT: Arts. 3 y 10. LIRPF: Disp. Transitoria novena.

2.2.- Jurisprudencia:  

SSTC 121/2016, de 23 de junio; 100/2012, de 8 de mayo; 176/2011, de 8 de noviembre; 116/2009, de 18 de mayo. STSJ de Madrid, de 4 de marzo de 2014 (rec. 933/2011).

2.3.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 10 (Aplicación e interpretación de las normas tributarias). SCHIAVOLIN, R.: “El principio de seguridad jurídica y la retroactividad de las normas tributarias”, en DI PIETRO, A. y TASSANI, T.: Los principios europeos del Derecho Tributario, Atelier, Barcelona, 2015. DÍAZ RUBIO, P.: El Principio de Confianza Legítima en Materia Tributaria, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: El Sr. Antonio Martínez, propietario de un terreno desde el año 1985, tenía previsto venderlo en la última semana del año 2006, mediante escritura pública. El inmueble le costó 30.000 euros y lo quería transmitir por 330.000 euros. Antes de realizar la operación acude a la normativa del IRPF en vigor en el momento de realizar el negocio jurídico (Texto Refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo) para comprobar su “coste fiscal”. Entiende que no tendrá que incluir ningún incremento de patrimonio en su declaración de la renta, puesto que se le aplican unos coeficientes reductores del 100% de la ganancia. Por tanto, en el día previsto, formaliza la citada compraventa. En el mes de mayo de 2007, cuando va a realizar su declaración de la renta, acude a un abogado tributarista. El especialista le informa que deberá tributar por una parte de la ganancia de patrimonio, puesto que la nueva ley del IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), que entró en vigor el 1 de enero de 2007, contenía una disposición transitoria, con efectos retroactivos, según la cual la parte de ganancia que se generó desde el 20 de enero de 2006 (fecha en la que se publicó el Anteproyecto de la LIRPF), hasta que se realizó la venta, deberá tributar al 15%. Por tanto, deberá ingresar 2.143 €, en relación con dicha ganancia de patrimonio. Al escuchar esta explicación, el sr. Antonio se indigna, puesto que cuando él vendió el terreno creía tener la certeza de que no tenía que pagar nada a Hacienda. 3.2.- Razone en derecho la contestación a las siguientes cuestiones que el Sr. Martínez realiza al abogado: Primero: ¿Es posible que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, tenga eficacia retroactiva y se aplique a hechos imponibles realizados en el año 2006? Segundo: En caso afirmativo, ¿es constitucional dicha eficacia retroactiva o vulneraría algún otro principio constitucional? Tercero: ¿Cuál de los siguientes consejos ofrecería usted al Sr. Martínez?: a) Que incluya la ganancia de patrimonio en la declaración de la renta, pero que no ingrese los 2.143 €, aplicando la reducción del 100%. b) Que no incluya la ganancia de patrimonio en su renta, ni ingrese los 2.143 €. c) Que espere a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad que han presentado 50 diputados, para ver que concreta actuación debe realizar. d) Que declare la ganancia, ingrese los 2.143 € y no se complique la vida. e) Que declare la ganancia, ingrese la deuda y después solicite la rectificación de la autoliquidación, alegando la inconstitucionalidad de la norma. f) Otros consejos.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Módulo 1.5.- Aplicación e interpretación de las normas Actividad de evaluación 1.5.3: Conflicto en la aplicación de la norma, simulación, defraudación y economía de opción

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer los mecanismos antielusión contenidos en la normativa general tributaria.  Diferenciar el conflicto en la aplicación de las normas, de otras figuras como la simulación, la defraudación o la economía de opción.  Analizar, a través del supuesto práctico, la modificación de la regulación del conflicto en la aplicación de la norma, en relación con el ámbito sancionador. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:     

LGT: Arts. 13 a 16, 159 y 206 bis. LIRPF: Art. 38 y Disposición Transitoria novena. RIRPF: Arts. 41.bis TRLRHL: Art. 104. TRLITP y AJD: Arts. 7, 19 y 45.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:    

SSTC 120/2005, de 10 de mayo y 48/2006, de 13 de febrero. SSTS de 14 de febrero de 2013, 7 de junio de 2012, 22 de febrero de 2010, 27 de febrero, 16 de julio y 28 de mayo de 2009. STSJ del Principado de Asturias, de 24 de mayo de 2010. RRTEAC de 14 de mayo de 1999 y 22 de noviembre de 1995.

2.3.- Doctrina académica: 



COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 10 (Aplicación e interpretación de las normas tributarias). TEJERIZO LÓPEZ, J. M.: “Medidas de lucha contra el fraude fiscal en el Derecho Español”, en HINOJOSA TORRALVO (dir.): Medidas y procedimientos contra el fraude fiscal, Atelier, Barcelona, 2012.

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CORDERO GARCÍA, J. A.: “Notas al desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal”, Quincena Fiscal, nº17, 2009.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Califique, razonando los motivos, las conductas realizadas o con intención de realizar por la Sra. Previsora en el siguiente supuesto (defraudación, economía de opción, conflicto en la aplicación de las normas, simulación, etc.) y las posibles consecuencias de las mismas. Una rica previsora almeriense, decidía el año 2012, a la vista de su avanzada edad, planificar su sucesión y su relación con la Hacienda Pública en los últimos años de su vida, de la forma más eficiente fiscalmente. A ello había que añadir el hecho de que una serie de acreedores que iban a emprender acciones legales para poder cobrar sus deudas, lo que podría conllevar el embargo de sus inmuebles. Para ahorrarse el pago del IIVTNU, la referida contribuyente aportó a su sociedad limitada unipersonal una valorada finca rústica que iba a ser recalificada a urbana en los próximos meses, disolviendo seguidamente la sociedad. En ese momento, la transmitió a una amiga suya por un precio simbólico, satisfaciéndose la deuda correspondiente al ITPAJD. El 15 de enero de 2013 vendió su vivienda habitual a un primo suyo, que pagó el ITPAJD, para hacer aparecer ante terceros que dicho bien había salido de su patrimonio. Sin embargo, en realidad no existió precio y nuestra señora siguió habitando su vivienda (se firmó por ambas partes un contrato privado, al día de la aparente venta, en el que se dejaba sin efecto ésta). Por supuesto, no declaró ni, en consecuencia, pagó el IIVTNU. El 29 de diciembre de 2012 decidió irse a vivir a Balerma (Almería) y compró una maravillosa casa en primera línea de playa para residir habitualmente. Ante esta compra, su abogado le aconsejó excluir de gravamen, en la autoliquidación del IRPF que debería presentar al año siguiente, el supuesto incremento de patrimonio originado por la venta del inmueble anterior, declarando que el importe total de la venta lo había reinvertido en la adquisición del nuevo apartamento, con base en el artículo 38 de la LIRPF. Pero ella prefirió deducirse de la cuota un porcentaje de la cantidad pagada, posibilidad contenida en los arts. 68 y 78 de la misma Ley.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- EL DERECHO FINANCIERO Bloque 3.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 1.5.- Aplicación e interpretación de las normas Módulo 3.1.- La aplicación de los tributos Actividad de evaluación 1.5.4: Interpretación de las normas tributarias. Vivienda habitual en IRPF 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer los criterios de interpretación de las normas tributarias.  Analizar la figura de la prueba en Derecho Tributario.  Acercarse a la deducción por inversión en vivienda habitual. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 12, 105 y 106. Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Real Decreto Legislativo 3/2004). Aplicable al supuesto descrito. Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Real Decreto 1775/2004). Aplicable al supuesto descrito. RIRPF: Art. 41.bis

2.2.- Jurisprudencia:      

STSJ del País Vasco, de 22 de octubre de 2003. STSJ de Andalucía, de 2 de febrero de 2009. STJS de Galicia, de 17 de febrero de 2011. STSJ de Castilla y León, de 3 de junio de 2011. STSJ del Principado de Asturias, de 21 de enero de 2009. STSJ de Madrid, de 3 de mayo de 2011.

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 10. Aplicación e interpretación de las normas tributarias.

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ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J. M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. Lección 6. La aplicación de las normas tributarias. CALVO VÉRGEZ, J.: “El ámbito temporal de la exención por reinversión de vivienda habitual en el IRPF”, Gaceta Fiscal, nº 317, 2012.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: El Sr. X recibe la liquidación provisional IRPF- 2004 que se incluye en el Anexo. Los hechos probados en el expediente, además de los mencionados en la liquidación y resolución del TEARA (que también se transcribe en el Anexo) son: 1.- El Sr. “X” adquiere, junto con su esposa, la Sra. “Y” la vivienda habitual del matrimonio, sita en la calle Petunia, el 6 de agosto de 2000. 2.- El 12 de noviembre de 2004 firman Convenio de Separación, en el cual se le adjudica la vivienda habitual, sita en calle Petunia, al marido, con ocasión de la disolución de la sociedad de gananciales, aunque según se establece en el Convenio, el Sr. X se obliga a abandonarla temporalmente, a partir de esa fecha (con el límite de 1 de enero de 2006), y dejar su utilización a la Sra. “Y”, con la finalidad de que “disponga de un plazo prudencial y suficiente de tres años desde la firma del presente convenio… para adquirir una nueva vivienda, y en interés de los hijos”. 3.- El Sr. “X” presenta la declaración IRPF-2004 y consigna en la misma como vivienda habitual la de su madre, sita en la calle Robledo. En el Convenio de Separación, el Sr. “X” consigna como domicilio el de su hermana, sito en la calle Castaño. (vid. art. 108. 2 y 4 LGT). No consta en el expediente que el Sr. X posea en propiedad o alquiler ninguna otra vivienda. 4.- Se aporta al expediente escritura de compra de vivienda por la Sra. “Y” de fecha 20 de octubre de 2006. Asimismo, se aporta declaración del cónyuge de que se traslada a la vivienda adquirida desde su adquisición, el 20 de octubre de 2006 (por error se puso 2005 en lugar de 2006). 3.2.- Se pide: Primero: ¿Deniegan la AEAT −en su liquidación− y el TEARA el derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF por idénticos motivos? Segundo.- ¿Es correcta la interpretación que hace el TEARA, en el Fundamento de Derecho Cuarto, del art. 53 del Reglamento del IRPF? Tercero.- ¿Son subsumibles los hechos que constan en el expediente en los presupuestos de hecho del citado art. 53? Cuarto.- Redacte los fundamentos de derecho que esgrimiría en un eventual recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEARA.

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3.3.- Anexo: a) LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DICTADA POR LA OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DELEGACIÓN DE ALMERÍA DE LA AEAT Examinada su declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2004, esta oficina ha decidido realizar la liquidación provisional que se adjunta y de la que se derivan: Cuota: 1.165,92 Intereses de demora: 70,43 Total a ingresar: 1.236,35 euros La cuota resulta de las diferencias entre su declaración y la liquidación realizada por la Administración. Con la notificación de la liquidación provisional finaliza el procedimiento de verificación de datos que estaba en curso. La verificación de datos realizada no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE MOTIVAN LA RESOLUCIÓN: Con el alcance y limitaciones que resultan de la vigente normativa legal y de la documentación obrante en el expediente, y partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes de los mismos aportados y de la información existente en la Agencia Tributaría, se ha procedido a la comprobación de su declaración, habiéndose detectado que en la misma no ha declarado correctamente los conceptos e importes que se destacan con un asterisco en el margen de la liquidación provisional. En concreto: La deducción estatal practicada por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual sin financiación ajena es incorrecta, de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley del Impuesto y los artículos 53 a 55 del Reglamento del Impuesto. La deducción autonómica practicada por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual sin financiación ajena es incorrecta, de acuerdo con los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto y los artículos 53 a 55 del Reglamento del Impuesto. La deducción estatal practicada por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, después de los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación, con financiación ajena es incorrecta, de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley del Impuesto y los artículos 53 a 55 del Reglamento del Impuesto. La deducción autonómica practicada por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, después de los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación, con financiación ajena es incorrecta, de acuerdo con los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto y los artículos 53 a 55 del Reglamento del Impuesto. De la documentación aportada por el contribuyente no queda acreditada que la vivienda de calle Petunia constituya en 2004 su vivienda habitual. Entre otros datos, según su propia declaración su domicilio es en calle Robledo. En el convenio regulador de noviembre de 2004, la dirección que comunica es de la calle Castaño y se indica que los cónyuges venían residiendo en domicilios distintos, siendo el del cónyuge en la referida calle Petunia. La declaración del cónyuge manifestando que ha adquirido su vivienda habitual en Calle Colón en octubre de 2003, abandonando en noviembre del mismo año la sita en calle Petunia, no tiene la más mínima validez a efectos probatorios, no sólo porque contradice lo firmado por ellos mismos en el convenio regulador y ratificado judicialmente, sino porque la adquisición de la nueva vivienda según la escritura es de 20 de octubre de 2005. No procede, por tanto, la deducción por vivienda que el contribuyente aplica, por no ser la vivienda habitual.

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a) FALLO DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA (SALA DE GRANADA) RESOLVIENDO LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA FRENTE A LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: En la ciudad de Granada, …………., D. ………….., actuando en calidad de órgano unipersonal del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala Desconcentrada de Granada, en virtud de las competencias atribuidas por los artículos 229.2, 231.4 Y 245 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 28 Y 32 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que la desarrolla en materia de revisión en vía administrativa, t::n la reclamación económico-administrativa número ……….promovida por ……………, con domicilio señalado a efectos de notificaciones en ……………., contra liquidación número ………….por un importe de 1.236,35 euros girada por la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Almería en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y periodo 2016, dicta la siguiente RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO Primero. En fecha… la Oficina gestora mencionada giró la liquidación arriba identificada a nombre de la parte ahora reclamante comprensiva de una cuota de 1.165,92 euros más los correspondientes intereses de demora. La emisión de dicha liquidación estaba motivada por la consideración de que, a juicio de la Administración, no procedía la deducción por adquisición de vivienda habitual. Contra dicho acto administrativo se interpuso en plazo recurso de reposición, que ha sido desestimado mediante acuerdo notificado en fecha ……... Segundo. En fecha 5 de diciembre de 2004 se interpone la presente reclamación económicoadministrativa contra la liquidación arriba señalada, alega que, desde que se ex cónyuge se trasladó el 20 a una nueva vivienda comprada al efecto, ocupa la vivienda objeto de deducción por adquisición de vivienda por lo que estima debe reconocerse su derecho a la deducción. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. A la tramitación de la presente reclamación económico-administrativa es de aplicación el procedimiento abreviado regulado en la sesión tercera del capítulo IV de la Ley 58/2003 General Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 245.1 de dicha ley. Segundo. La cuestión que plantea la presente reclamación consiste en dilucidar si procede la impugnación instada y la consecuente devolución de ingresos indebidos, para lo cual habremos de examinar si se dan los hechos que determinan el derecho a la deducción en cuota. Mas en concreto, si la vivienda constituye la vivienda habitual del reclamante. Tercero. A este respecto el arto 69,1,3.° del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (B.O.E. de 10 y 11 de marzo de 2004) dice: «Se entenderá por vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas.» El artículo 53 del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que: « 1. Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas. 2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser

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habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes circunstancias: Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo. Cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese. Cuando sean de aplicación las excepciones previstas en los apartados anteriores, la deducción por adquisición de vivienda se practicará hasta el momento en que se den las circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda o impidan la ocupación de la misma, salvo cuando el contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo, en cuyo caso podrá seguir practicando deducciones por este concepto mientras se mantenga dicha situación y la vivienda no sea objeto de utilización. Cuarto. La fundamentación dada por la Agencia Tributaria se basa en el hecho de que no se ha acreditado que dicha vivienda constituyera durante el ejercicio su vivienda habitual, ya que su domicilio fiscal durante todo el ejercicio fue en calle Robledo. El convenio regulador de la separación de mutuo acuerdo establece que: « el esposo fija su domicilio en el indicado en el encabezamiento del presente convenio (calle Castaño), hasta la precitada fecha, en que pasará a disfrutar el uso de dicha vivienda y asumir la custodia de los hijos menores». Así pues, estamos en presencia de una causa excepcional que entendemos recogida en la expresión utilizada por el legislador en el arto 53.2 del Reglamento del Impuesto" (...) o concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda. (…)". Son excepciones no solo al presupuesto de hecho de permanencia dentro de los tres años siguientes, sino también al otro presupuesto de hecho impuesto por el legislador; esto es, ocupación en los doce meses siguiente a la adquisición. Pero como acertadamente señala la Oficina gestora, el art. 53.3 del Reglamento establece para tener derecho a la deducción otro presupuesto de hecho que consiste en que solo se puede deducir en aquellos ejercicios en los que se ocupa la vivienda, salvo en los casos de vivienda por razón de empleo o cargo. Es decir, no se pierde la condición de vivienda habitual pero no procede la deducción si en dicho ejercicio impositivo no se ocupa la vivienda. Quinto. Pues bien, debe señalarse que el artículo 105 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece en su apartado 1 que "en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Establecido de este modo que recae sobre el reclamante la prueba de los hechos y circunstancias por él alegados, pues alega la procedencia del beneficio fiscal. En este caso, el reclamante no ha acreditado que dicha vivienda estuviera ocupada por él en dicho ejercicio de 2004. Y, por lo expuesto, ACUERDO: Desestimar la presente reclamación económico administrativa y confirmar el acto administrativo impugnado por estimarlo ajustado a Derecho por las consideraciones contenidas en los Fundamentos jurídicos anteriores.

3.4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: STSJ de Andalucía, sala de Granada, 1549/2013, de 29 de abril (rec. 240/08): FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Constituyen el objeto del presente recurso contencioso-administrativo las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, de 20 de septiembre de 2007, dictada, en el expediente NUM000 y NUM001, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la liquidación NUM002 girada por la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Almería en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), período 2004.

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Alega el recurrente en defensa de sus pretensiones, en síntesis, que resulta procedente la deducción que se hubo practicado por inversión en vivienda habitual durante el ejercicio de 2004, pues estuvo habitando la vivienda en cuestión hasta el mes de noviembre de 2004, fecha en que se firma convenio de separación y, por lo que se refiere al resto del año, no resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 53.1 del Reglamento del IRPF al caso, pues no se ha ocupado la vivienda durante un período inferior a los tres años ni se ha dejado de hacer en el plazo de doce meses desde su adquisición, sino que simplemente se ha abandonado durante once meses como consecuencia de lo acordado en el convenio de separación. Añade, por lo que respecta a la sanción impuesta, que su conducta estuvo amparada por una interpretación razonable de la norma, con lo que no cabe apreciar la culpabilidad exigible para poder sancionar. Por su parte, el Sr. Abogado del Estado se opuso a lo aducido de contrario sosteniendo que no resulta acreditado que durante el ejercicio 2004 la vivienda habitual del actor fuera la situada en Calle DIRECCION000 (por la que se dedujo), pues ni en su declaración tributaria, ni en la escritura de adjudicación de herencia que aporta, ni en el convenio regulador de su separación, consta dicho domicilio, así como que en el tiempo en que no se halla la vivienda ocupada no procede la práctica de la deducción. SEGUNDO Con objeto de situar el fondo del asunto debe partirse de que la liquidación girada al actor por el IRPF, ejercicio 2004, obedece a que la Oficina de Gestión Tributaria de Almería consideró improcedente la aplicación de la deducción por adquisición de la vivienda habitual al no resultar acreditado que el contribuyente tuviera su vivienda habitual en la vivienda de C/ DIRECCION000, NUM004, de Roquetas de Mar (Almería). Las razones que llevan a tal conclusión puede reconducirse a que el domicilio declarado en su propia declaración-liquidación se encuentra en PASEO000, NUM005, lo que igualmente se consigna en la escritura de adjudicación de herencia de 4 de junio de 2004, y que la dirección que consta en el convenio regulador de su separación de noviembre de 2004 es la de Paseo del Palmeral en Aguadulce (Almería), convenio en el que se indica que los cónyuges venían ya residiendo en domicilios distintos. Frente a lo expuesto, alega el actor que su vivienda habitual fue, hasta noviembre de 2004, la que constituía el hogar conyugal, si bien tuvo que abandonar dicho domicilio temporalmente, durante once meses, hasta tanto su ex-cónyuge adquirió otra vivienda. TERCERO La cuestión se circunscribe pues a si resulta procedente la deducción aplicada por el obligado, asunto para el que se ha de tomar en consideración lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto. El art. 69 del Real Decreto Legislativo 3/2004, (LIRPF), que regula en su apartado 1 la deducción por inversión en vivienda habitual, exige que las cantidades satisfechas en el período de que se trate cuya deducción se propone lo hayan sido por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente, con lo que, atendiendo también al apartado 2 del art. 53 del Real Decreto 1.775/2004, (RIRPF), que exige que para la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente en un plazo de doce meses desde su adquisición o desde la terminación de las obras, debe entenderse implícito el requisito de que durante el período en que se pretenda practicar la deducción la vivienda en cuestión debe constituir la vivienda habitual del obligado. Para llegar a tal conclusión, si bien no es necesario acudir a lo estipulado en los preceptos mencionados en la Resolución recurrida, - arts. 69.1.31 de la LIRPF y 53.1 del RIRPF -, pues, en efecto, no se ha dejado de cumplir con el requisito temporal de tres años durante los que debe residirse en la vivienda y tampoco con el de ocupación de la misma en el plazo de un año desde su adquisición-, no puede negarse que el hecho de que los citados preceptos indiquen expresamente que cuando sean de

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aplicación las excepciones previstas en los mismos -celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, etc.-, la deducción por adquisición de vivienda no se practicará cuando operen las circunstancias que exijan el cambio de vivienda o impidan la ocupación de la misma, lleva a deducir de forma lógica que es requisito inexcusable para la práctica de la citada deducción, en todo caso, que la vivienda por cuya adquisición se pretende la aplicación de la deducción sea efectivamente ocupada durante el período impositivo de que se trate. La cuestión de que sean de aplicación los artículos 69.1.31 de la LIRPF y 53 del RIRPF, citados por el TEARA, por más que se discuta en el escrito de demanda, carece de relevancia práctica en el caso que nos ocupa. Así las cosas, lo relevante es si en el ejercicio 2004, al que se contrae la liquidación practicada, el contribuyente, hoy recurrente, tuvo su vivienda habitual en la C/ DIRECCION000 de Aguadulce, T. M. Roquetas de Mar, (Almería). En este punto, el único dato que aporta el demandante en orden a acreditar que aquélla fue su vivienda habitual hasta noviembre de 2004, es que hasta esa fecha permaneció casado con la Sra. Raimunda y que ése era el domicilio que constituía el hogar conyugal. Sin embargo, el hecho de que no fuera hasta el 12 de noviembre de 2004 cuando se firmó el convenio regulador de la separación de mutuo acuerdo no implica necesariamente que hasta esa fecha su vivienda habitual fuera la de c/ DIRECCION000, pues obran numerosos datos en el expediente que coadyuvan a desvirtuar la aludida presunción. Tal es el caso del dictado del propio convenio, en el que se relata que ya en la fecha en que se otorgó venían residiendo en distintos domicilios, y en el que se consigna como domicilio del actor el del Paseo del Palmeral, nº 4, Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería). Más relevancia tiene que en la autoliquidación presentada consignó como su domicilio la vivienda sita en PASEO000, NUM005, el mismo que constaba en la escritura de adjudicación de herencia obrante en el expediente, de fecha 4 de junio de 2006, esto es, cinco meses antes del otorgamiento del convenio regulador de la separación. Estos datos, en los que se apoya la Administración al dictar la propuesta de liquidación, y sobre todo la ausencia de prueba que acredite que el actor venía residiendo durante el año 2004 en C/ DIRECCION000, hace que deba desestimarse la pretensión contenida en la demanda referente a la revocación de la liquidación girada. A mayor abundamiento, a juicio de esta Sala, existe una presunción sobre la coincidencia del domicilio fiscal y de la residencia habitual que para ser destruida debe acreditarse que no es así; y, en su caso, la habitualidad de la residencia en la vivienda para cuya adquisición se invirtieron las cantidades deducidas de la cuota en el ejercicio de que se trate. Como en el caso que nos ocupa no se ha acreditado suficientemente tal extremo, debe reputarse conforme a derecho la actuación de la Administración tributaria. SEXTO Conforme al art. 139 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa, no ha lugar a hacer pronunciamiento sobre las costas de la presente instancia. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente FALLO Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, de 20 de septiembre de 2007, dictada en el expediente NUM000, que se confirma por ser ajustada a derecho. No se hace expresa imposición de costas.

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BLOQUE 2.  

ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO

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MÓDULO 2.1. LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Actividad de evaluación 2.1.1: Diversos supuestos sobre la relación jurídico−tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Analizar las figuras del hecho imponible y el devengo de los tributos, así como la diferencia entre ambas.  Recordar la distinción entre impuestos periódicos e impuestos instantáneos.  Comprender las instituciones de la no sujeción y de la exención, así como la diferencia entre ambas. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:      

LGT: Arts. 19 a 22. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora de los impuestos especiales: Art. 37. LIRPF: Arts. 6 y 12 a 14. LIVA: Arts. 4 a 19 y 75 a 77. TRHRHL: Arts. 92 y 93. Ordenanza Fiscal de su Ayuntamiento, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:      

STS de 10 de febrero y 30 de enero de 2014. SAN de 6 y 25 de mayo y 23 de noviembre de 1993. STSJ de Andalucía, de 14 de julio de 1992. STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 14 de diciembre de 1993 (nº 1122/1993). STSJ de Murcia, de 28 de julio de 1999 (nº 508/1999). STSJ de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 23 de julio de 1998 (nº 895/1998).

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA, M. A. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 12 (La relación jurídicotributaria).

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MERINO JARA, I. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Tecnos, 2017. Lección 7. La relación jurídica tributaria. FERNÁNDEZ MARÍN, F.: La imposición local de los vehículos de tracción mecánica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Primero.- a) ¿Cuál es el hecho imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? ¿Y del Impuesto sobre el Valor Añadido? b) Un ciudadano almeriense decide establecerse como repostero autónomo, inaugurando su local el día 15 enero del presente año. Con una precisión más propia de un suizo, cada día, al realizar la contabilidad de la caja, encuentra 300 € más de los que había al inicio del día, como consecuencia de las ventas de dulces y demás elaboraciones. ¿Cuándo se entiende realizado el hecho imponible de IRPF en este supuesto? ¿Cada vez que obtiene un pago de un cliente? ¿Cada día? ¿Y en el caso de IVA? ¿Qué aspecto del hecho imponible lo determina y qué artículo concreto de cada impuesto? ¿Tendría sentido que la misma venta de dulces se entendiera realizada un día para el IRPF y otro día para el IVA? Segundo.- Según lo dispuesto en el TRLRHL, constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica la titularidad de vehículos aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría, considerándose como vehículo apto para circular el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes, mientras no haya causado baja. Establece, entre otras, dos situaciones en las que no se tendrá que pagar, una como exención y otra como no sujeción: - Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. - Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. Indique qué supuesto se trataría de exención y cuál de no sujeción. Tercero.- La empresa la Ronronera fabrica 100.000 hectolitros de alcohol puro, en el mes de diciembre del ejercicio pasado, cuando la Ley de IIEE establecía un tipo de gravamen de 830,25 € por hectolitro. La cantidad fabricada se almacenó y se vendió en enero del presente año, momento en el que se produjo la salida de la fábrica, cuando se había modificado la ley, aumentando el tipo de gravamen a 880 € por hectolitro. ¿Qué tipo de gravamen se debe aplicar, el del año pasado o del presente ejercicio?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Actividad de evaluación 2.1.2: La indisponibilidad de la obligación tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Estudiar el contenido del principio de indisponibilidad de la obligación tributaria.  Plantear un acercamiento a la figura de las actas con acuerdo, en el marco del procedimiento de inspección.  Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:     

LGT: Arts. 17.5, 18, 153 y 155. RGIIT: Art. 186. TRHRHL: Arts. 21, 74, 106.1 y 110. Ordenanza Fiscal de su Ayuntamiento, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Real Decreto Legislativo nº 1/2007, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios: Arts. 83 y 89.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:    

STS de 22 de diciembre de 2010 (rec. 1377/2002). SAN de 11 de julio de 2012. STSJ Islas Baleares, de 28 de junio de 2002 (nº 602/2002). STSJ de Andalucía, Sevilla, de 23 de abril de 2002 y de Málaga, de 9 de mayo de 2011 (rec. 643/2005).

2.3.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA, M. A. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 12 (La relación jurídicotributaria). BARRACHINA JUAN, E.: “El principio de indisponibilidad en la obligación tributaria”, Consell Obert, nº 137/2000. ALBIÑANA GARCÍA−QUINTANA, C.: “Las actas con acuerdo de la Inspección de los Tributos y los conceptos jurídicos indeterminados”, Crónica Tributaria, nº 120, 2006.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Primero.- En el curso de un procedimiento de inspección en el que existe una discrepancia respecto a la valoración de una operación vinculada, el inspector actuario le propone un pacto al representante de la empresa inspeccionada: «Ni para ti ni para mí. Ni 1 millón de euros ni 200.000. Lo dejamos en medio millón de euros. Pagas una cuota de 62.500 € más intereses de demora, en lugar de 250.000 €. Además, te reducimos la sanción en un 50% si te comprometes a no recurrir». ¿Considera correcto este acuerdo? ¿Sería posible realizar tal negociación sobre la base de la normativa tributaria vigente? Segundo.- El equipo de gobierno del ayuntamiento X inicia conversaciones con los directivos de un prestigioso centro comercial para su instalación en el municipio. El equipo de gobierno prevé que la apertura del establecimiento permita la creación de numerosos puestos de trabajo, revalorice urbanísticamente la zona y atraiga numerosos visitantes. En total se prevé un beneficio inmediato para el municipio de 5 millones de €. Para conseguir el acuerdo, el equipo de gobierno se compromete a no cobrar a la sociedad propietaria del centro comercial las tasas necesarias para su construcción, así como concederle una bonificación del 95% en el IBI correspondiente al inmueble del centro comercial, quedando así estipulado en el convenio firmado por el Alcalde. Al año siguiente, tras las elecciones municipales, cambia el equipo de gobierno y le notifican a la citada empresa las liquidaciones correspondientes a las tasas por la construcción del centro comercial, así como el recibo del IBI, sin bonificación alguna. Analice jurídicamente si se pueden considerar ajustadas a derecho las actuaciones descritas. Tercero.- El art. 106.1.b) del TRLHL dispone, en relación con el IIVTNU, que “será sujeto pasivo, en las transmisiones de terrenos, a título oneroso, la persona física que transmita el terreno”. La empresa inmobiliaria A le vende a usted una vivienda en el municipio de Almería. En la escritura pública incorporan la siguiente cláusula: «Todos los gastos y tributos correspondientes a la transmisión que se formaliza en la presente escritura correrán a cargo del comprador, incluyendo el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana». Responda a las siguientes cuestiones: − ¿Quién está obligado a comunicar al Ayuntamiento la realización del Hecho Imponible? - ¿Quién está obligado al pago del IIVTNU? Si no lo hace, qué actuación realizará el Ayuntamiento de Almería y contra quién. ¿Es legal la inclusión de la citada cláusula en la escritura? Responda a esta pregunta, también, bajo la hipótesis de que la parte vendedora fuera un particular.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Actividad de evaluación 2.1.3: Hecho imponible y modelo 186 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Estudiar las clases de obligaciones tributarias.  Reconocer los distintos tributos, a partir de sus respectivos presupuestos de hecho.  Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:        

LGT: Arts. 19 y 20. LIRPF: Arts. 1 y 6. LIS: Arts. 1, 4, 5 y 6. LISD: Arts. 1 y 3. TRLRHL: Arts. 78, 79, 92. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora de los impuestos especiales: Arts. 5 y 36. Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de Andalucía, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad: Art. séptimo. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica: Art. 19.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA, M.A. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 12 (La relación jurídicotributaria). ÁLVAREZ GARÍCA, S. y APARICIO PÉREZ, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Dykinson, 2017. Tema 9. La relación jurídica tributaria. Las obligaciones tributarias. MERINO JARA, I. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Tecnos, 2017. Lección 7. La relación jurídica tributaria.

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2.3.- Página web: 

AEAT. Modelo 186. Suministro de información relativa a nacimientos y defunciones: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_186 .shtml

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Primero.- Identifique el tributo que habría que pagar, en su caso, a tenor de la realización de los siguientes presupuestos de hecho: a) Una persona física obtiene rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, ganancias o ganancias y pérdidas patrimoniales. b) Una persona jurídica obtiene renta de cualquier origen. c) Un no residente en España obtiene rentas en territorio español. d) Una persona física adquiere bienes y derechos por herencia. e) Una persona que ejerce, en territorio nacional, actividades empresariales. f) Una persona fabrica alcohol y bebidas derivadas. g) Una persona es titular de un vehículo a motor, apto para circular por las vías públicas. h) Un establecimiento comercial suministra bolsas de plástico a los consumidores en los puntos de venta. i) Una entidad de crédito tiene depósitos de clientes que comportan la obligación de restitución. Segundo.- La Orden del Ministerio de Hacienda 539/2003, aprueba el modelo 186 al que debe ajustarse la información mensual sobre nacimientos y defunciones que deben suministrar a la AEAT los registros civiles, a través de la Dirección General del Registro y del Notariado. Especifique de qué tipo de obligación tributaria se trata.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario. Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Módulo 3.1.- La aplicación de los tributos Actividad de evaluación 2.1.4: El devengo en la tasa de licencia de apertura 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Aprender a identificar el devengo de los tributos y las consecuencias jurídicas del mismo en la relación tributaria, a través de un supuesto de tasa de apertura de establecimientos.  Presentar un primer acercamiento a la figura de la prescripción en el ámbito tributario.  Analizar las fases esenciales de un procedimiento tributario. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

LGT: Art. 21, 34.1, 64, 66, 68, 98, 99 y 100. TRHRHL: Art. 26. Ordenanza Fiscal de su Ayuntamiento, reguladora de la tasa de licencia de apertura.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:       

STS de 20 de diciembre de 1994, 13 de noviembre de 1997. SAN de 16 de octubre de 2003. STSJ de Murcia, de 2 de febrero de 1998. STSJ de Madrid, de 22 de abril de 1996, de 23 de enero de 2002. STSJ de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 21 de marzo de 1995. STSJ de Castilla y León, Burgos, de 25 de noviembre de 2005. RTEAC de 7 de marzo de 2001.

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA, M. A. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 11 (El tributo), 12 (La relación jurídico-tributaria), 15 (Extinción de la deuda tributaria) y 17 (Aplicación de los tributos).

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 

GARCÍA-FRESNEDA GEA, F.: “Reflexiones sobre la tasa por licencia de apertura de establecimientos”, Revista Técnica Tributaria, nº 81, 2008. PÉREZ PÉREZ, M. M.: “La nueva tasa por la actuación de control posterior de aperturas de establecimientos sometidas al procedimiento de comunicación previa y declaración responsable”, El Consultor de los Ayuntamiento y de los Juzgados, nº 8, 2010.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Primero.- El 15 mayo de 1995 se presenta, en el Registro del Excmo. Ayuntamiento X, solicitud de Licencia de Apertura de la mercantil “HOTEL PARADISIACO, S.L.”, con número de registro de entrada 117/95. Segundo.- Junto a dicha solicitud, se presenta en el Excmo. Ayuntamiento la declaración-liquidación correspondiente a la citada solicitud de Licencia de apertura del Hotel X (Hotel de 4 estrellas), ingresando la cantidad de 97.575 pesetas, resultante de aplicar el 350 por cien a la cuota del IAE (Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales en el año 1995), según lo establecido en los artículos 5 a 7 de la Ordenanza Fiscal número 9 del Excmo. Ayuntamiento X, Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos, vigente en el año 1995. Tercero.- A partir de ese momento, el Área de Urbanismo inicia la actividad municipal tendente a verificar si el establecimiento en cuestión reúne las condiciones exigidas por la normativa aplicable, mediante el expediente 2015/1995. Dicha actividad se prolonga durante casi veinte años, en los que la mercantil va entregando la documentación exigida en diversos requerimientos, todos ellos referidos, siempre, al mismo expediente de actividades (el número 2015/1995) y a idéntico número de Registro de Entrada (el número 5137/95). Cuarto.- La licencia se concede, finalmente, el 12 de abril de 2015, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en dicho día. Quinto.- El 29 de mayo de 2015 se recibe notificación de Liquidación Complementaria 609, Clave 94187, sin trámite de audiencia previa, por importe de 40.787,47 €, correspondiente a la tasa de apertura del Hotel, habiéndose tomado como base imponible del tributo el Valor Catastral del Inmueble, según la Ordenanza Fiscal correspondiente a la tasa de licencia de apertura aprobada en el año 2015. No obstante, se toma en cuenta el valor catastral del año 2010, no del año 2015. Para calcular la cuota, se descuenta la cantidad autoliquidada en el año 1995. 3.2.- Se pide: 1º Identifique el momento del devengo de la referida tasa de licencia de apertura. 2º Razone cuál sería la normativa tributaria aplicable al supuesto en cuestión: ¿la ordenanza del 1995 o la ordenanza de 2015?

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3º ¿Cree que la empresa del Hotel debe ingresar la cantidad girada por el Ayuntamiento? 4º ¿Qué hubiera ocurrido si el Área de Urbanismo hubiera archivado el expediente, por caducidad y el Hotel hubiera realizado una nueva solicitud de licencia en 2010? 5º ¿Ha prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación? 6º ¿Se han respetado todas las fases de un procedimiento tributario? ¿Hay algún derecho de obligado tributario que se haya vulnerado? 7º Redacte un escrito de alegaciones, a petición de la empresa del HOTEL, para incluir en una posible impugnación de la liquidación notificada. 4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ALEGACIONES: PRIMERA.- EL DEVENGO DE LA TASA SE PRODUJO EN EL AÑO 1995. POR TANTO, NO PUEDE GIRARSE LA LIQUIDACIÓN SOBRE LA BASE DE LA ORDENANZA FISCAL DEL AÑO 2015 El 15 de mayo de 1995 se registró en el Ayuntamiento la solicitud de licencia de apertura de del Hotel X y se ingresaron 97.575 pesetas por la tasa devengada con motivo de tal solicitud, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal número 7 de la citada Corporación Local, reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos, vigente en el año 1995. En ese momento, se inicia la actividad municipal tendente a verificar si el establecimiento en cuestión reúne las condiciones exigidas por la normativa aplicable, mediante el expediente 2015/1995. La licencia de apertura para el HOTEL DE 3 ESTRELLAS correspondiente al citado expediente de actividades número 2015/1995 y registro de entrada 5137/95 es concedida el 12 de abril de 2015 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento (20 años después de la presentación de la solicitud). No puede alegarse de adverso que el retraso en la tramitación es imputable a mi representada. Y ello, porque las vicisitudes del procedimiento urbanístico tramitado, una vez presentada la solicitud de licencia de apertura, son irrelevantes para el presente caso, que solo serían susceptibles de consecuencias en el procedimiento administrativo urbanístico, como una posible caducidad del mismo y obligación de nueva presentación de licencia, circunstancia que nunca se acordó, tramitándose todo el procedimiento en el mismo número de expediente, el 2015/1995. Tales cuestiones son irrelevantes en el presente caso, porque toda la normativa -la actualmente vigente y la aplicable desde 1995- y la jurisprudencia son claras al respecto: el devengo de la tasa de licencia de apertura se produce en el momento de presentación de su solicitud. Así la disponen los artículos 26 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y del actual TRLRHL; artículo 9 la Ordenanza Fiscal número 7, Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos del Excmo. Ayuntamiento, vigente en el año 1995, así como el artículo 3.1 de la Ordenanza Fiscal de la tasa por Licencia de

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apertura y cambio de uso de locales de dicha entidad, vigente en el año 2015. A mayor abundamiento, del precepto citado de la propia Ordenanza Fiscal del año 2015 dice textualmente que “La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir (…) En las aperturas sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura”. Por otra parte, la liquidación provisional contiene múltiples contradicciones: 1ª) Si se considera que el devengo se produjo en 2015, ¿por qué se toma como base imponible el valor catastral del inmueble propiedad de mi representada en 2010 y por qué se descuenta la cantidad autoliquidada en el año 1995, cuando se solicitó la licencia de apertura? No debe olvidarse que el artículo 21 de la LGT establece que debe aplicarse la normativa y los elementos de cuantificación vigentes en el momento del devengo. Adviértase que se acepta la autoliquidación de 1995, realizada en aplicación de la Ordenanza vigente en esa fecha que calculaba la base imponible de una forma distinta (en función de la cuota de la licencia fiscal y no del valor catastral) a la de 2015, pero se toma el valor catastral del inmueble en el año 2010. En definitiva, ha quedado demostrado que la liquidación girada al HOTEL aplica de forma contraria a Derecho y sin coherencia tres momentos temporales en liquidación (1995, 2010 y 2015), sin justificación alguna y sin motivación. 2ª) Si se considera que el devengo se produce en 2015, ¿por qué se gira una “liquidación complementaria” respecto de la autoliquidación presentada por mi representado en 1995. Si realmente se hubiera devengado el tributo en 2015, lo que hubiera correspondido era realizarse una liquidación, la primera -provisional o definitiva-, pero nunca complementaria, tras el oportuno proceso de comprobación, puesto que la autoliquidación de 1995 no tendría relevancia alguna. No cabe más que advertir la inconsistencia y las contradicciones del citado acto administrativo, máxime a la vista de la pacífica doctrina jurisprudencial y administrativa, siendo especialmente significativa por la similitud con el tema aquí tratado, la STSJ de Madrid, de 22 de abril de 1996. Si la Administración Local considerara que los datos incluidos en la autoliquidación de 1995 no eran los correctos debería, en su caso y si no hubiera prescrito su derecho, proceder a la regularización de la situación tributaria de mi representada, aplicando la normativa de 1995, conforme a los parámetros contenidos en la misma, tomando como base imponible la cuota satisfecha en el IAE y aplicando los tipos de gravamen contenidos en el artículo 7 de la correspondiente ordenanza.

SEGUNDA.- PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LOCAL PARA DETERMINAR LA DEUDA TRIBUTARIA MEDIANTE LA OPORTUNA LIQUIDACIÓN, en este caso, mediante la liquidación complementaria notificada en 2015. En efecto, el plazo de prescripción de cuatro años, establecido en el artículo 64 de la LGT, comienza a contarse (dies a quo) “el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación”. Y, en nuestro caso, éste era el día siguiente de la presentación de la solicitud de licencia de apertura, según se establece en el artículo 11.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos de 1995, aplicable según se ha expuesto en el punto anterior. Es decir, el cómputo del plazo de prescripción se inició el 16 de mayo de 1995. Por tanto, dado que

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la liquidación tributaria complementaria de la tasa por licencia de apertura se notificó el 29 de mayo de 2015, 20 años después, parece meridianamente claro que el derecho de la Administración tributaria a liquidar había prescrito hacía ya unos cuantos años, concretamente quince años. No puede alegarse, de adverso, que no se ha producido prescripción alguna porque la dilación en la concesión de la licencia es causa imputable a mi representada. Tal razonamiento no tendría relevancia alguna respecto al instituto de la prescripción tributaria, puesto que el plazo de los cuatro años [5 en el momento del devengo de la tasa] contenido en la LGT es totalmente objetivo, con independencia de a quién pueda imputarse la dilación, teniendo en cuenta que la finalidad de tal institución es garantizar la seguridad jurídica. De lo contrario, y trasladando el razonamiento a otro ámbito tributario, la AEAT podría notificar hoy a cualquier contribuyente una liquidación por el IRPF de hace diez años, alegando que aquél no había aportado un justificante requerido. En ese sentido, se ha de recordar que el retraso imputable al obligado tributario sólo paraliza los plazos de caducidad de los procedimientos tributarios, pero no los de prescripción. Y aquí sólo se puede hablar de un procedimiento tributario: el notificado con la liquidación del año 2015. Nunca antes se ha recibido notificación de los servicios tributarios del Ayuntamiento, no constando documento alguno al respecto. Por otra parte, no ha existido ninguna actuación ni de mi representada ni de la Administración tributaria local que haya interrumpido dicha prescripción. Según los artículos 66 y 68 de la LGT sólo interrumpe la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación la acción realizada por la Administración tributaria con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de los elementos de la obligación tributaria; la presentación de impugnaciones, o cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria. Y en el presente caso, ni se ha dado, ni consta prueba alguna de la realización de ninguno de los tres supuestos interruptivos de la prescripción expuestos. Los requerimientos, los escritos aportando documentos y las demás actuaciones en el curso del procedimiento administrativo-urbanístico que culminaron con la concesión de la licencia no son susceptibles de interrumpir la prescripción porque no son actuaciones ni de la Administración tributaria ni del obligado tributario ante la Administración tributaria. Tales actuaciones se habrían producido, repetimos, en el curso de un procedimiento urbanístico, sin relevancia alguna para la interrupción de la prescripción, según la LGT. El área de urbanismo ni realiza funciones tributarias ni se rige por la normativa tributaria, ni su personal ostenta las prerrogativas de los órganos de gestión e inspección tributarios. Esta es una cuestión totalmente pacífica en la jurisprudencia y resoluciones de los tribunales económico-administrativos. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1997 se pronuncia en los siguientes términos: “Por ello, si la solicitud de las licencias y el coetáneo o derivado inicio de la prestación del servicio municipal de control determinante de su definitiva concesión tuvo lugar en los años 1983 y 1984, es evidente que, cuando se notificaron a la entidad exaccionada las liquidaciones de las Tasas, en el año 1990, había transcurrido en exceso el plazo de los cinco años [cuatro desde 1998] señalado normativamente para la consumación de la prescripción”.

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TECERA.- NULIDAD DE LA LIQUIDACIÓN POR HABERSE DICTADO PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO, OMITIENDO EL TRÁMITE DE ALEGACIONES Y AUDIENCIA AL OBLIGADO TRIBUTARIO Y CAUSANDO INDEFENSIÓN A MI REPRESENTADA

Debe considerarse como un hecho indiscutido, que la única notificación recibida por mi representada de los órganos tributarios del Ayuntamiento de X ha sido la referente a la Liquidación Complementaria nº 609, con clave 94187, por importe de 40.787,47 €, correspondiente a la tasa de apertura del Hotel, emitida el 26 de abril de 2015 y recibida el 29 de mayo de 2015. Adviértase que cuando se habla de “liquidación complementaria” se hace referencia a una liquidación de la Administración que supuestamente regulariza la situación tributaria del sujeto pasivo, tras un procedimiento de gestión o inspección, en relación con la autoliquidación inicial presentada por mi representada el 15 de mayo de 1995. En el expediente remitido por el Excmo. Ayuntamiento se comprueba que no existe documento alguno que contenga el acuerdo de inicio del correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos, en cuyo marco se dicta la liquidación, ni tampoco propuesta de liquidación otorgando un plazo de alegaciones y audiencia previa al obligado tributario. Es más, del contenido de la liquidación que constituye la base de esta impugnación, no es posible determinar si la misma se ha realizado por los órganos de gestión (en un procedimiento de verificación de datos o de comprobación limitada) o por los de inspección (en un procedimiento de inspección), lo que significa que la liquidación se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, según lo dispuesto en los artículos 217 de la LGT y 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [actual art. 47 de la LPACAP]. En cualquier caso, tanto si se hubiera emitido en un procedimiento de gestión de verificación de datos, como en otro de gestión de comprobación limitada o, incluso, en un procedimiento de inspección, los artículos 132, 137, 138, 147 y 153 a 157 de la LGT obligan a comunicar el inicio del procedimiento, con propuesta de liquidación y concesión de un plazo para la presentación de alegaciones. El trámite de audiencia previa en el ámbito tributario “es considerado un trámite esencial antes de dictarse liquidación, ya sea provisional o definitiva. De no ser así estaría ante una infracción del ordenamiento jurídico del art. 63.1 de la Ley 30/1992 y de los correspondientes artículos de la LGT determinante de la nulidad del acto”. Tal es el criterio mantenido unánimemente por la jurisprudencia, las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia y del propio Tribunal Económico-Administrativo Central.

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MÓDULO 2.2. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SUJETOS ACTIVOS Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2. Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.2. Los sujetos de la obligación tributaria Actividad de evaluación 2.2.1: El sustituto del contribuyente en la tasa del agua 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Analizar la figura del sujeto pasivo de la obligación tributaria.  Diferenciar el régimen jurídico del sustituto, respecto del régimen del contribuyente y del de otras figuras, como el retenedor.  Estudiar la naturaleza jurídica de la posible repercusión que el sustituto puede realizar al contribuyente. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts. 24, 35, 36 y 37. TRLRHL: Arts. 23 y 27. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua de su municipio.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:     

STS de 27 de mayo de 1988. SAN de 16 de octubre de 2003. STSJ de Cataluña, de 29 de noviembre de 2007 (nº 927/2997). STSJ de Castilla-La Mancha de 2 de marzo de 2009. RTEAC, de 21 de junio de 2000.

2.3.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA, M. A. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 11 (El tributo), 12 (La relación jurídico-tributaria) y 16 (Los sujetos de la obligación tributaria. Sujetos activos y obligados tributarios). PAGÉS i GALTÉS, J.: “Sujetos activo y pasivo de las tasas y los precios por servicios locales”, REDF, nº 167, 2015. MARAÑA SÁNCHEZ, J. M.: “En clave constitucional: ¿Quién tiene que pagar la tasa de basuras, el propietario o el inquilino?”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 8, 2011.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: La Ordenanza Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable del Municipio X dispone lo siguiente: “Artículo 2º. Hecho Imponible. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de suministro de agua potable y otros conexos con el mismo recogidos en la presente Ordenanza, prestados por el Ayuntamiento de Almería o Empresa concesionaria del servicio. Artículo 3º. Sujeto pasivo. 1.- Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios prestados en alguno de los supuestos previstos en esta Ordenanza. 2.- Tendrá la condición de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, el propietario del inmueble, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. Artículo 6º. Gestión. 2. Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el plazo de treinta días desde que se produzca la variación que lo motive”. Los cónyuges Mortadelo y Filemón, propietarios de un piso en el municipio X, se lo alquilan a usted durante el presente curso escolar. 3.2.- Se pide: 1.- ¿Quién es el obligado al pago de la tasa del agua al Ayuntamiento? 2.- En caso de no realizarse el pago, ¿contra quién se dirigirá el Ayuntamiento en vía de apremio para intentar el cobro? 3.- ¿Si el/los obligados al pago no lo realizan, podrá el Ayuntamiento ir contra los otros sujetos? 4.- ¿Quién realiza el hecho imponible de la tasa, usted o los cónyuges Mortadelo y Filemón? 5.- ¿Qué manifestación de capacidad económica fundamenta este tributo: la obtención de una renta, la titularidad de un patrimonio o el consumo? ¿Quién demuestra la capacidad económica, usted o Mortadelo y Filemón? 6.- ¿Usted, Mortadelo o Filemón están obligados al cumplimiento de alguna obligación formal?

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7.- ¿Qué significa que el “sustituto del contribuyente podrá repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios? ¿Es obligatoria tal repercusión? Si ambas partes pactan que no se producirá dicha repercusión, ¿podrá exigir posteriormente el sustituto al contribuyente las cuotas abonadas? 8.- ¿Contradice esta Ordenanza Fiscal lo dispuesto en el art. 23 del TRLRHL? 9.- ¿Podría el Ayuntamiento establecer un supuesto de sustitución que no venga expresamente regulado en el TRLRHL? 10.- ¿Qué diferencia existe entre la figura del sustituto y la del retenedor?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.2.- Los sujetos de la obligación tributaria Actividad de evaluación 2.2.2: La responsabilidad en el ISD 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Analizar la figura de la responsabilidad en el ámbito tributario.  Diferenciar el régimen jurídico de los diversos supuestos de responsabilidad tributaria: solidaria y subsidiaria.  Tener un acercamiento a las vías de impugnación tributaria, mediante la cumplimentación de un sencillo modelo on-line de recurso de reposición. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts. 8.c), 23, 24, 35 a 43, 174 a 176 y 227.4. LISD: Arts. 5, 8 y 40. RISD: Arts. 16, 19 y 20.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:     

STSJ de Galicia de 23 de enero de 2013 (nº 23/2013). STSJ Castilla y León, Burgos de 23 de diciembre de 2009. STSJ de Madrid, de 23 de octubre de 2008 (nº 1882/2008). RRTEAC, de 14 de marzo de 2008, 8 de octubre de 2008 y 9 de junio de 2010. CV DGT de 18 de febrero de 2015 (V0616/15), 15 de junio de 2012 (V1307/12), 29 de junio de 2008 (V1600/08), 30 de octubre de 2007 (V322/07) y 7 de junio de 2005 (V1020/05).

2.3.- Doctrina académica: 

 

SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E.: “Tema 16. Los sujetos de la obligación tributaria. Sujetos activos y obligados tributarios”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, COLLADO YURRITA (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CAZORLA PRIETO, L. M.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Aranzadi, 17ª ed., 2017. Lecciones 10 y 11. Los obligados tributarios (I y II). CALVO VÉRGEZ, J.: La responsabilidad tributaria subsidiaria, Dykinson, 2016.

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2.4.- Página web: 

- ATA. Recurso de reposición: https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/mod elo260/260.jsp?sinCertificado=SI

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, por la que se regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, declara obligados al pago del tributo en su condición de contribuyentes a los causahabientes cuando se trate, claro está, de transmisiones efectuadas por causa de muerte, si bien, cuando la transmisión hereditaria consista en el cobro, como beneficiarios, de los capitales asegurados en una póliza de seguro de vida, declara como responsables de la deuda tributaria, a las Entidades de Seguros que verifiquen la entrega de las cantidades a los beneficiarios. D. Segismundo Romero, después de disfrutar de una larga y feliz vida, falleció en Almería, el 10 de mayo del año pasado. Esta persona había contratado un importante seguro de vida con la compañía DE ANDRÉS MATURANA HERRADA, con NIF 50.161.793 N y domicilio fiscal en C/ Cataluña nº 8, 04008 de Almería, en el que se contemplaba como beneficiario, en caso de muerte, a don Baldomero Santiago Martínez. El 8 de octubre del año pasado, don Baldomero requirió a la compañía aseguradora el cobro del seguro, procediendo la citada entidad a realizar una transferencia bancaria a su cuenta, por el valor indicado, diez días más tarde. Según dispone la normativa del ISD, en el plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante, don Baldomero Santiago Martínez debía presentar la correspondiente autoliquidación del ISD en la Agencia Tributaria de Andalucía , sita en la C/ Arapiles, incorporando la cantidad total a la que ascendía el seguro e ingresando la cuota resultante de 15.000 €. No obstante, el Sr. Baldomero no realizó ninguna actuación tributaria. Dado que el Sr. Santiago no había cumplido con su deber tributario, hace 15 días la ATA le notifica a la compañía, en calidad de aseguradora, una resolución por la que se le compelía, en su condición de responsable de la deuda contraída por don Baldomero Santiago, al pago de la liquidación número 0102040949830, por importe de 575,42 €, así como de la sanción correspondiente. En dicha notificación se deja constancia de que, habiendo transcurrido el período de ingreso voluntario de la referida deuda, sin que hubiere sido objeto de pago por parte del beneficiario, contribuyente, se requería a la Entidad de Seguros para que procediera a su debido cumplimiento. 3.2.- Se pide: 1.- ¿Qué tipo de responsable es la compañía aseguradora: solidario o subsidiario? 2.- Teniendo en cuenta la modalidad de responsabilidad que le concierne a la compañía aseguradora, argumente si ha sido correcto el procedimiento seguido por la ATA, en el

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requerimiento que se le hace; y en su defecto, cómo debió ser la actuación de la Administración Tributaria. 3.- ¿Sería posible, en su caso, exigirle a la compañía aseguradora el pago de la totalidad de la deuda líquida y, además, la sanción por la infracción cometida por el Sr. Santiago? 4.- Elabore un recurso de reposición frente a la actuación administrativa, a través de la propia plataforma de la ATA. Notas: - En el apartado de representante debe incluir sus datos. Se informa que no se interpone tasación pericial contradictoria, ni se reserva el derecho a promoverla ni concurre en el acto impugnado error aritmético, material o de hecho. Tampoco es necesario incluir el número de cuenta. - Los motivos de la impugnación deben incluirse en el apartado ALEGACIONES. - Una vez cumplimentado correctamente el modelo, debe validarse.

5.- En caso de que hubiera existido un intermediario entre la compañía aseguradora y el causante para la formalización de la póliza de seguro, ¿se podría considerar responsable tributario a tal mediador? 6.- Indique algún precepto, jurisprudencia, doctrina administrativa y académica o página web, además de las referencias incluidas en esta práctica, que contenga información adecuada para la comprensión del tema y la resolución del supuesto.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Módulo 2.2.- Los sujetos de la obligación tributaria Actividad de evaluación 2.2.3: Cumplimentación de un modelo de obligación tributaria formal e identificación de las situaciones subjetivas 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer un supuesto real de obligación tributaria formal.  Aprender a identificar y cumplimentar correctamente un formulario oficial de inicio de actividad económica.  Identificar las distintas posiciones subjetivas que un mismo obligado puede representar, dependiendo de la relación jurídica tributaria en la que se encuentre. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:      

LGT: Arts. 29, 35, 36 y 37. RGGIT: Título II. LIRPF: Art. 99. RIRPF: Arts. 74 a 76. LIVA: Título IX. RDLeg. 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del IAE.

2.2.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA, M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Atelier, Barcelona, 4ª ed, 2015. Temas 12 (La relación jurídicotributaria) y 16 (Los sujetos de la obligación tributaria. Sujetos activos y obligados tributarios). ÁLVAREZ GARÍCA, S. y APARICIO PÉREZ, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Dykinson, 2017. Tema 10. Obligados tributarios. LÓPEZ MARTÍNEZ, J. y LÓPEZ MOLINO, A. M.: El Impuesto sobre Actividades Económicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

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2.3.- Páginas webs: 

  

Información general sobre los modelos 036 y 037: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Decl aracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/Declaracion_censal__Mod elos_036_y_037/_Quien_debe_utilizar_los_modelos_036_y_037_.shtml Declaración censal de alta: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G322.shtml Relación de grupos y epígrafes correspondientes al IAE: http://www.avilactiva.es/public/files/cats-att55-epigrafes-iae.pdf Obligación de efectuar pagos fraccionados: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_ y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_ actividades_economicas_en_el_IRPF/Pagos_fraccionados/Estimacion_Directa _Normal_y_Simplificada.shtml

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Rellenar la correspondiente declaración censal de Alta de usted, graduado en la Facultad de Derecho, que va a ejercer la actividad de asesoría financiera y contable desde el primer día del próximo mes, en el domicilio habitual de su propiedad, con referencia catastral 6801004WF1760S0140JJ, con una superficie de 200 m2, pero usando sólo para la actividad 100 m2. (Se deja libertad para elegir el domicilio y los demás datos, con la salvedad de que el DNI debe ser el suyo propio). Usted, profesional, va a tener trabajadores a su cargo, no previéndose el pago a profesionales. En cuando al IRPF, opta por la estimación directa simplificada y en el IVA está sujeto al régimen general. Con posterioridad, se comprobará que los ingresos provenientes del primer trimestre de su actividad son los siguientes: - 30.000 euros facturados a la EMPRESA PARDILLA, SL que le ha retenido el 9% por haber iniciado la actividad ese período. - 10.000 euros facturados a personas físicas no empresarios ni profesionales, que no han estado sujetas a retención. Identifique las distintas posiciones subjetivas que el mismo graduado representar en los diferentes apartados del citado modelo. Notas: - Debe elegir la opción de “cumplimentación, validación y obtención de PDF para su impresión 037”. - El formato del Código IAE es el siguiente: los cuatro números seguidos, sin puntos y luego “/” y el número 1, 2 o 3, según si se trata de actividad empresarial, profesional o artística. - Una vez cumplimentado el modelo, deberá validarlo y generar un PDF.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Módulo 2.2.- Los sujetos de la obligación tributaria Actividad de evaluación 2.2.4: Clasificación de los obligados tributarios 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la clasificación de sujetos de la obligación tributaria.  Identificar las distintas posiciones subjetivas que un mismo obligado puede representar, dependiendo de la relación jurídica tributaria en la que se encuentre.  Analizar la diferencia entre sujetos activos y obligados tributarios. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:      

LGT: Arts. 8.c), 23, 24, 35 a 43, 93, 94 y 227.4. RGGIT: Art. 31. LIRPF: Arts. 79, 89, 99, 100 y 101. RIRPF: Título VII. LIS: Art. 7. LIVA: Art. 88.

2.2.- Doctrina académica: 

 

SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E.: “Tema 16. Los sujetos de la obligación tributaria. Sujetos activos y obligados tributarios”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, COLLADO YURRITA (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. MERINO JARA, I. (Dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Tecnos, 2017. Lección 8. El ámbito subjetivo de las obligaciones tributarias. MENÉNDEZ MORENO, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Civitas, 18ª ed., 2017. Lección 10. Los obligados tributarios.

2.3.- Páginas webs: 

AEAT. Pagos fraccionados: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_ y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_ actividades_economicas_en_el_IRPF/Pagos_fraccionados/Pagos_fraccionados. shtml

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

AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta en el IRPF: http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_A gencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Retenciones_trabajo_ personal/2017/Cuadro_tipo_retencion_2017.pdf

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Califique los obligados tributarios que aparecen en los siguientes supuestos e identifique la posición subjetiva que la Administración Tributaria tiene en todos ellos. 1.- La entidad de crédito A, que obstaculiza una acción de embargo de la AEAT sobre una cuenta corriente de un cliente. 2.- El administrador, Sr. B, de la sociedad C, la cual cesa en su actividad (sin disolverse ni liquidarse), dejando deudas tributarias pendientes del IVA. 3.- La entidad de crédito D absorbe a la entidad de crédito E, que se extingue, dejando deudas tributarias del IS. 4.- La Sociedad F, que presenta su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. 5.- La Sociedad G que le alquila al Sr. H, que es el propietario, un local comercial para poner un establecimiento de restauración, debiendo pagar el Sr. H la tasa municipal por la recogida de la basura que deposita la Sociedad G. 6.- La Sociedad I, que cumplimenta el modelo 347 dando información a la AEAT de las personas con las que ha tenido una relación superior a 3.000 euros en el año anterior. 7.- La entidad de crédito J, le descuenta 190 € de los 1.000 € de intereses que ha obtenido el cliente K por la imposición a plazo fijo de una cantidad dineraria. Dicha entidad J ingresa los 190 € en la AEAT a nombre del cliente K, que está obligado a soportar esa actuación, pudiendo descontarse los 190 €, posteriormente, cuando haga su declaración de la renta. 8.- La entidad de crédito L hace un ingreso en la AEAT a nombre del cliente M, por haberle entregado una vajilla como remuneración de su depósito. El cliente M que está obligado a soportar esa actuación, pudiendo descontarse dicha cantidad, posteriormente, cuando haga su declaración de la renta. 9.- Graduado en la Facultad de Derecho N, asesor fiscal, que ingresa en la AEAT todos los trimestres un 20% de sus beneficios netos. 10.- Graduada en la Facultad de Derecho Ñ, asesora fiscal, que le cobra a su cliente O, 1.000 € más el 21% de IVA en la factura correspondiente. El cliente O está obligado a pagarle dicho IVA.

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4.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 1.- La entidad de crédito A, que obstaculiza una acción de embargo de la AEAT sobre una cuenta corriente de un cliente. Responsable solidario del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria. Art. 42.2.b) LGT. 2.- El administrador, Sr. B, de la sociedad C, la cual cesa en su actividad (sin disolverse ni liquidarse), dejando deudas tributarias pendientes del IVA. Responsable subsidiario, siempre que no hubieran hecho lo necesario para que se hubieran pagado las deudas tributarias pendientes o hubiere adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. Art. 43.1.b) LGT. En caso de concurrir los presupuestos descritos en la letra a) del art. 43.1 LGT, la responsabilidad subsidiaria también se extendería a las sanciones. Todo ello, salvo que nos encontráramos en el supuesto de responsabilidad solidaria descrito en el art. 42.1.a) LGT. 3.- La entidad de crédito D absorbe a la entidad de crédito E, que se extingue, dejando deudas tributarias del IS. Sucesor de persona jurídica. Art. 40.2 LGT. 4.- La Sociedad F, que presenta su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. Sujeto Pasivo Contribuyente del IS. Art. 36.1 y 2 LGT y art. 7 LIS. 5.- La Sociedad G que le alquila al Sr. H, que es el propietario, un local comercial para poner un establecimiento de restauración, debiendo pagar el Sr. H la tasa municipal por la recogida de la basura que deposita la Sociedad G. Sociedad G: Sujeto Pasivo, Contribuyente. Art. 36.1 y 2 LGT y art. 23.1 TRLRHL. Sr. H: Sujeto Pasivo, Sustituto del Contribuyente. Art. 36.1 y 3 LGT y art. 23.2 TRLRHL 6.- La Sociedad I, que cumplimenta el modelo 347 dando información a la AEAT de las personas con las que ha tenido una relación superior a 3.000 euros en el año anterior. Obligado al cumplimiento de una obligación tributaria formal. Arts. 35.3 LGT y 31 RGGIT. 7.- La entidad de crédito J, le descuenta 190 € de los 1.000 € de intereses que ha obtenido el cliente K por la imposición a plazo fijo de una cantidad dineraria. Dicha entidad J ingresa los 190 € en la AEAT a nombre del cliente K, que está obligado a soportar esa actuación, pudiendo descontarse los 190 €, posteriormente, cuando haga su declaración de la renta. Entidad de crédito J: Retenedor. Art. 37.2 LGT. Cliente K: Obligado a soportar la retención. Art. 38.3 LGT. 8.- La entidad de crédito L hace un ingreso en la AEAT a nombre del cliente M, por haberle entregado una vajilla como remuneración de su depósito. El cliente M que está obligado a soportar esa actuación, pudiendo descontarse dicha cantidad, posteriormente, cuando haga su declaración de la renta. Entidad de crédito L: Obligado a practicar ingresos a cuenta. Art. 37.3 LGT. Cliente M: Obligado a soportar ingresos a cuenta. Art. 38.4 LGT.

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9.- Graduado en la Facultad de Derecho N, asesor fiscal, que ingresa en la AEAT todos los trimestres un 20% de sus beneficios netos. Obligado a realizar pagos a cuenta. Concretamente, pagos fraccionados. Arts. 37.1 LGT y 109 a 111 RIRPF. 10.- Graduada en la Facultad de Derecho Ñ, asesora fiscal, que le cobra a su cliente O, 1.000 € más el 21% de IVA en la factura correspondiente. El cliente O está obligado a pagarle dicho IVA. Graduada Ñ: Obligada a repercutir. Arts. 38.1 LGT y 88 LIVA. Además de sujeto pasivo, contribuyente, del IRPF. Art. 36.1 y 2 LGT. Cliente O: Obligado a soportar la repercusión. Arts. 38.2 LGT y 88 LIVA.

Posición de la AEAT: Sujeto activo de las relaciones tributarias descritas, en cuanto titular de la gestión, inspección y recaudación de los tributos correspondientes. Todo ello, sin perjuicio de las relaciones entre particulares resultantes de los tributos descritos en los supuestos.

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MÓDULO 2.3. CUANTIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria Actividad de evaluación 2.3.1: Cuestiones prácticas sobre la cuantificación de los tributos 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer los elementos de cuantificación de la deuda tributaria.  Aprender a aplicar distintos tipos de gravamen sobre la base liquidable de los tributos de cuota variable.  Analizar los diferentes métodos de determinación de la base imponible. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:     

LGT: Arts. 49 a 56. LIRPF: Arts. 66 y 76. LIS: Art. 29. Ley 16/2012, de 28 de diciembre, de impulso a la actividad económica. Art. 19. Ordenanza Fiscal aprobada por su Ayuntamiento, relativa a la tasa de recogida de basuras.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 13 (Cuantificación de la deuda tributaria) y 14 (elementos integrantes de la deuda tributaria). MENÉNDEZ MORENO, A.: “Si, pero no; o no, pero sí. (A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de febrero de 2015, y de otras anteriores del mismo Tribunal, sobre el impuesto de depósitos en las entidades de crédito)”, Quincena Fiscal, nº 8, 2015. MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M. y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 28ª ed., 2017. Lecciones 9, 19 y 20.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 1.- ¿Cuánto se paga anualmente en su municipio por la tasa de recogida de basura?

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2.- ¿Cuánto le cuesta a un estudiante de la Facultad de Derecho un certificado de notas? 3.- Una abogada “A” ha ganado 70.000 € brutos el último ejercicio. Ha tenido 40.000 € de gastos. Por esa cantidad debe pagarle a Hacienda 6.000 € en concepto de IRPF. Supongamos que otro abogado “B” ha ganado lo mismo, cobrando a clientes particulares, pero no realiza la declaración de la Renta, no lleva contabilidad alguna ni emite facturas. Los órganos de inspección de la AEAT inician una actividad investigadora sobre el señor “B”, pero no éste no colabora, no aporta ningún documentación y no acude a las oficinas de la Administración Tributaria. ¿Cómo puede determinar la Inspección de Hacienda el beneficio neto del señor “B” en el mismo ejercicio para calcular la cuota que debe pagar en el IRPF, con independencia de la sanción que le corresponda? 4.- Indique la cuota íntegra correspondiente a cada una de las siguientes situaciones, tanto en el IRPF, como en el IS, teniendo en cuenta solamente la información que se ofrece, sin incluir otras cuestiones relativas a reducciones o mínimos personales y familiares: a) Sociedad de Inversión de Capital Variable que obtiene unos beneficios netos de 100.000 €. b) Sr. X, persona física, que obtiene una ganancia de patrimonio neta de 100.000 €, por la venta de un inmueble. c) Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario con unos beneficios netos de 100.000 €. d) Sociedad Limitada Unipersonal, de reciente creación, dedicada a la venta de ordenadores, con unos beneficios netos de 100.000 €. e) Médico anestesista que obtiene unos rendimientos netos del trabajo de 100.000 €. 5.- ¿Cuál es el tipo de gravamen del Impuesto Estatal sobre Depósitos Bancarios? ¿Y los tipos establecidos en las CCAA de Extremadura y Andalucía en el año 2014?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria Actividad de evaluación 2.3.2: Cuantificación del IRPF 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer los elementos de la deuda tributaria.  Distinguir entre tributos de cuota fija y de cuota variable y determinar el proceso de cuantificación de estos últimos, especialmente los que presentan una tarifa progresiva.  Comprender los conceptos relacionados con la cuantificación de los tributos, como “el tipo marginal” o “el error de salto”, a través de la resolución de un supuesto práctico. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:  

LGT: Arts. 49 a 59. LIRPF: Arts. 51 y 52, 79.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 13 (Cuantificación de la deuda tributaria) y 14 (elementos integrantes de la deuda tributaria). ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J. M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte General, “Lección 8. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal. La deuda tributaria”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. CUBERO TRUYO, A.: “Una teoría constitucional sobre el error de salto”, REDF, nº 147, 2010.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: La Sra. Velázquez, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, se dedica a la asesoría fiscal. En el ejercicio pasado ha obtenido unos ingresos netos de 34.460 € (44.460 € de ingresos brutos y 10.000 € de gastos deducibles). Ha aportado 2.000 € a un plan de pensiones (que reduce su base imponible) y pagado 5.000

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€ en concepto de amortización y pago de intereses de un préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda habitual (pudiendo deducirse el 15% de dicha cantidad de la cuota íntegra). Ha ingresado 1.000 € en concepto de pagos fraccionados y le han retenido otros 1.000 € en este ejercicio. Por último, ingresa fuera de plazo la autoliquidación del IRPF con un recargo del 5%. Teniendo en cuenta la siguiente tabla del IRPF (que incluye la tarifa estatal y la autonómica):

3.2.- Se pide: Primero.- Razone si el IRPF es un impuesto personal o real, objetivo o subjetivo, directo o indirecto, de cuota fija o de cuota variable, progresivo o proporcional. Segundo.- Identifique el tipo marginal que se ha aplicado en la autoliquidación de la Sra. Velázquez. Tercero.- ¿Se ha producido error de salto? Cuarto.- Determine la cuota íntegra estatal de la Sra. Velázquez. Quinto.- ¿A cuánto ascendería la deuda tributaria de la Sra. Velázquez? Sexto.- Explique el proceso de cuantificación seguido. *Nota: Realice la cuantificación exclusivamente con los datos suministrados, sin tener en cuenta otros aspectos, como el mínimo personal y familiar.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria Actividad de evaluación 2.3.3: Modelo 600 y cuestiones sobre cuantificación 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la determinación de la base imponible en un impuesto de cuota variable.  Aprender a calcular el valor mínimo de un inmueble urbano a declarar como base imponible en el ITPAJD y en el ISD para evitar la actividad de comprobación de valores de la ATA.  Identificar los distintos elementos de cuantificación y de integración de la deuda tributaria, mediante la cumplimentación on-line de un modelo de autoliquidación de la ATA. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 49 a 58. TRLITPAJD: Arts. 7 a 12. TRTCAND: Arts. 23, 24, 37, 38. Orden anual por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del ITPAJD y del ISD; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 13 (Cuantificación de la deuda tributaria) y 14 (elementos integrantes de la deuda tributaria). MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M. y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 28ª ed., 2017. Lecciones 9, 19 y 20. LUQUE MATEO, M. A.: La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP y AJD, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

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2.3.- Páginas webs: 

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Consejería de Hacienda y Administración Pública. Órdenes de coeficientes y precios medios: https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/normativa/norm ativa_valoracion.htm ATA. Valoración de bienes inmuebles de naturaleza urbana: https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/marcos/consu lta_valoracionUrbana.htm ATA. Modelo 600: https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/modelos/conf eccion/600.htm

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Usted ha comprado hace 20 días el siguiente inmueble, propiedad 100% de su compañero, para que constituya su vivienda habitual: VIVIENDA en Calle Constantino 19, 3ºen El Ejido (04700), Almería, con un superficie de 120 m2 y un valor catastral de 40.005 euros. 3.2.- Se pide: Primero.- Determine el valor mínimo que se debe incluir como base imponible en el ITPAJD para evitar que la ATA inicie un procedimiento de comprobación de valores. Segundo.- Cumplimente y valide el modelo 600 correspondiente al ITPO, teniendo en cuenta que usted es el sujeto pasivo del tributo, uno/a de sus compañeros/as es el vendedor y otro/a compañero es el presentador/a del modelo ante la ATA. ● Advertencias para la correcta cumplimentación: − En la descripción del concepto debe buscar “vivienda habitual menor de 35 años”, si usted tiene esa edad o “vivienda” en otro caso, y en el código territorial, buscar “El Ejido”. El presentador es también el sujeto pasivo. − El inmueble urbano se compra mediante escritura pública ante el notario de El Ejido, don Fernando Tenorio, con el número de protocolo 1252, ejercicio actual (año en curso). − Para la descripción del bien debe abrir la pestaña verde de la derecha e incluir los siguientes datos: Referencia catastral: 6204508WF1760S0001FP. Finca registral: 31214 del Registro: El Ejido 2. Descripción del bien: vivienda en planta baja con 120 m2 Por último, debe marcar: “autorizo la transmisión de datos al Registro”.

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Tercero.- Responda a las siguientes cuestiones: 1.

¿Nos encontramos ante una base imponible monetaria o no monetaria?

2.

¿Qué método se ha utilizado para determinar la base imponible?

3.

¿Cuál es el tipo de gravamen aplicable? ¿Es progresivo o proporcional?

4.

¿Cuál es la cuota tributaria? ¿Y la deuda tributaria?

5. ¿De qué plazo disponemos para autoliquidar el modelo? Si se pagara 10 días más tarde, ¿aumentará la deuda con algún concepto adicional?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL DERECHO TRIBUTARIO Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria Actividad de evaluación 2.3.4: Elementos y cuantía de la deuda tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer los elementos de la deuda tributaria y saber definir la naturaleza de las sanciones tributarias.  Analizar el régimen jurídico de los intereses de demora en el ámbito tributario y aprender a calcularlos.  Aprender a cuantificar la deuda tributaria, a través de diversos supuestos prácticos que incluyen cuota, recargos de los arts. 27 y 27 de la LGT, así como intereses de demora. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa: 

LGT: Arts. 26, 27, 28 y 49 a 59.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 13 (Cuantificación de la deuda tributaria) y 14 (elementos integrantes de la deuda tributaria). ESEVERRI MARTÍNEZ, E.; LÓPEZ MARTÍNEZ, J., PÉREZ LARA, J. M. y DAMAS SERRANO, A.: Manual práctico de Derecho Tributario. Parte General, “Lección 8. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal. La deuda tributaria”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. GALAPERO FLORES, R.: “Obligaciones tributarias accesorias: interés de demora; recargos por declaración extemporánea y recargos del periodo ejecutivo”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, nº 4, 2005.

3.- SUPUESTOS PRÁCTICOS: 3.1.- Supuesto primero: 1. El 5 de octubre de 2017 el Sr. X autoliquidó su obligación tributaria en calidad de contribuyente por el IRPF (el plazo terminaba el 30 de junio), pero sin ingresar la cuota diferencial positiva de 1.500 € que le correspondía según la autoliquidación realizada.

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El 25 de noviembre de 2017 recibió la notificación de una providencia de apremio por la que se le reclamaba el ingreso de lo que adeudaba al fisco, ingresándola el Sr. X en el plazo concedido por la citada providencia. *Se pide: Determine los elementos que integran la deuda tributaria y la cuantía de la misma en tal situación. 3.2.- Supuesto segundo: La sociedad “Y” es objeto de una regularización del IS por parte de la AEAT por el ejercicio de 2016, cuyo plazo de ingreso finalizó para esta entidad el 25 de julio de 2017. Según los órganos de Inspección, el procedimiento se salda con una liquidación, comunicada el 1 de abril de 2018, por importe de 10.027 euros. La AEAT impone, tras el correspondiente procedimiento, una sanción de 1.000 €. *Se pide: Determine los elementos que integran la deuda tributaria. 3.3.- Supuesto tercero: La comunidad de bienes Z, conformada por tres cotitulares –A, B y C- con idéntica participación, en tanto que sujeto pasivo de IVA tiene una deuda con la AEAT en concepto de ese tributo 6.000 € que no satisfizo en periodo voluntario (que finalizaba el 20 de octubre del año pasado). El 20 de enero del presente ejercicio, la citada Administración tributaria se dirige así contra uno de los comuneros (A) para solicitarle la deuda, habiéndose notificado debidamente el acto de derivación de responsabilidad. *Se pide: Determine los elementos que integran la deuda tributaria de A y la cuantía de la misma. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 4.1.- Supuesto primero. Elementos y cuantía de la deuda tributaria: - Cuota de la obligación tributaria principal = 1.500 €. - Recargo por declaración extemporánea = 10% (150 €), al haberse presentado dentro de los 6 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso (art. 27.2 LGT). No se aplicarán intereses de demora. El recargo se reducirá en un 25% si se realiza el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la LGT abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y se cumplen los demás requisitos del art. 27.5 LGT. En tal caso, el recargo sería de 112,5 €, en lugar de 150 €. - Recargo de apremio reducido = 10% sobre el importe de la autoliquidación (arts. 27.3 y 28.3 LGT). Lo que aumentaría la deuda en 150 € más. Todo ello, al haberse satisfecho la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio

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recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la LGT. 4.2.- Supuesto segundo. Elementos y cuantía de la deuda tributaria: La deuda tributaria estaría conformada por la cuota del IS más los intereses de demora correspondientes al período que abarca desde la finalización del plazo de presentación e ingreso de la autoliquidación del IS hasta la formalización de la propuesta de resolución de la liquidación. La sanción no forma parte de la deuda tributaria, según lo dispuesto en el art. 58.3 de la LGT. 4.3.- Supuesto tercero. Elementos y cuantía de la deuda tributaria: A tenor de lo dispuesto en los artículos 41.3 y 42.1.b) de la LGT, en cuanto responsable solidario, se le podrá exigir un tercio de la deuda de la comunidad de bienes en período voluntario, con los elementos que conformaran las mismas. Por tanto, se le podrá exigir el pago de 2.000 €.

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BLOQUE 3.  

ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL DERECHO TRIBUTARIO. APLICACIÓN, GESTIÓN, INSPECCIÓN, RECAUDACIÓN Y REVISIÓN TRIBUTARIA. EL ÁMBITO SANCIONADOR

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MÓDULO 3.1. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3. Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.1. La aplicación de los tributos Actividad de evaluación 3.1.1: Identificación de procedimientos tributarios 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer, como introducción a las normas comunes de aplicación de los tributos, los principales procedimientos existentes en el ámbito tributario.  Conocer los principales procedimientos de aplicación de los tributos.  Presentar un primer acercamiento a la regulación básica de tales procedimientos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa: 

LGT: Arts. 65 y ss., 82, 98 a 100, 134, 135, 163, 165, 173, 207 a 209, 222 y 233.

2.2.- Doctrina académica: 

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 17 (Aplicación de los tributos), 18 (Procedimientos de gestión tributaria), 19 (Procedimiento de inspección), 20 (Procedimiento de recaudación), 21 (Infracciones y sanciones tributarias) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria (II). PELÁEZ MARTOS, J. M. y GUAITA GIMENO, J. J.: Procedimientos Tributarios. Gestión, Inspección, Recaudación, Sancionador y Revisión, 3º ed., Tirant lo Blanch, 2013. CORDERO GARCÍA, J. A.: El Procedimiento Sancionador en Materia Tributaria. Ley 58/2003, de 17 de diciembre y Real Decreto 2063/2004/, de 15 de octubre, Marcial Pons, Madrid, 2013.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Sitúe cada una de las actuaciones de los enunciados en el marco de los grandes procedimientos que corresponde a la AEAT (Procedimiento de Gestión, de Inspección, de Recaudación, Sancionador o de Revisión), indique qué procedimientos se enmarcan dentro del ámbito de la aplicación de los tributos y conteste a las preguntas. 1.

Un empleado de la AEAT se presenta en el local donde realiza su actividad económica la Sra. F, el 1 de febrero del presente año. ¿De qué procedimiento o

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actuación se trata?, ¿se ha iniciado de forma correcta?, ¿cuánto puede durar?, ¿cómo debe terminar? El Sr. A solicitó el 1 de octubre del año pasado un fraccionamiento del pago de una liquidación de 10.000 €, en 10 plazos. ¿De qué procedimiento o actuación se trata?, ¿en qué circunstancias puede iniciarse?, ¿qué requisitos se deben cumplir? La Sra. B quiere interponer un recurso de reposición frente a una liquidación notificada el primer día de presente mes. ¿Qué plazo tiene para hacerlo?, ¿puede optar por otras vías? El 2 de enero del presente año la Sociedad C recibió notificación de providencia de apremio y a día de hoy no ha recibido ninguna otra notificación ni le han embargado sus bienes. ¿Está la AEAT dentro del plazo para resolver el procedimiento de apremio o ha caducado? ¿hay alguna otra consecuencia por el citado retraso? El 3 de enero del presente año se recibe la notificación con una propuesta de sanción de 50.000 €. ¿Qué procedimiento se ha iniciado? ¿Se puede iniciar así? La Administración inició, de oficio, la devolución de un recibo de la tasa de agua que se había pagado dos veces, sin que el sujeto pasivo se diera cuenta. ¿De qué procedimiento se trata? ¿Se ha iniciado de forma correcta? Hace tres años usted compró una vivienda de segunda mano por 100.000 € y ayer recibió una propuesta de comprobación, elevando su valor a 200.000 € y proponiendo una liquidación de 7.000 € más intereses de demora. ¿Qué procedimiento se ha iniciado? ¿se ha iniciado dentro de plazo? En el supuesto anterior, solicita una tasación pericial contradictoria para oponerme a la comprobación de valores, probando que el valor declarado era el correcto. La Sra. Z solicita la suspensión del procedimiento de apremio, a tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la LGT, alegando que la deuda se encontraba compensada. Con motivo de la presentación de una reclamación económico-administrativa frente a una liquidación de 100.000 €, el Sr. X solicita la suspensión de su ejecutividad, aportando como garantía un aval bancario.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.1.- Aplicación de los tributos Actividad de evaluación 3.1.2: La consulta tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la regulación de la obligación administrativa de información y asistencia a los obligados tributarios.  Analizar el régimen jurídico de las consultas en materia tributaria.  Aprender a formular una consulta tributaria y a realizar búsquedas en la base de datos de la Dirección General de Tributos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:     

CE: Art. 29. LGT: Arts. 88 y 89. RGGIT: Arts. 65 a 68. TRLRHL: Art. 13. Resolución 4/2004, de 30 de junio, de la DGT, por la que se delegan competencias en materia de consultas tributarias escritas en los Subdirectores Generales del Centro Directivo.

2.2.- Jurisprudencia:      

STS de 8 de junio de 1992. SSAN de 12 de abril de 1995 y 29 de julio de 1997. STSJ de Andalucía, Sevilla, de 24 de septiembre de 2002. STSJ de Baleares, de 31 de enero de 2013. RRTEAC de 29 de septiembre de 2011, 10 y 22 de septiembre, 17 de noviembre y 15 de diciembre de 2015. RR TEA Foral de Álava, de 5 de septiembre de 2003, 11 de septiembre de 2009, 18 de marzo de 2010 y 27 de abril de 2010.

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 17 (Aplicación de los tributos).

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MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C; TEJERIZO LÓPEZ, J. M., y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2017. Lección 11. La aplicación de los tributos. VILLAVERDE GÓMEZ, M.B.: “Un supuesto de interpretación de las normas tributarias: los efectos jurídicos de las contestaciones a consultas”, Dereito, vol. 22, 2013.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1. Enunciado Fulanito Pérez adquirió a la promotora “El último día para acogerse a la deducción SL”, mediante escritura pública formalizada el 30 de diciembre de 2012, un piso para vivienda habitual y dos plazas de garaje: una en el mismo edificio del piso y otra en el bloque de enfrente, de la misma promotora, aunque conectados por los sótanos, al no quedar más plazas libres en el primer bloque. Para pagar los inmuebles formaliza un préstamo hipotecario por el que ha satisfecho 8.000 € en el último ejercicio. Desde esa fecha se viene acogiendo en su declaración de la renta a la deducción por vivienda habitual, en relación con todas las cantidades pagadas del préstamo, incluida la relativa a la plaza del otro bloque. Pero en el mes de mayo del año pasado, antes de realizar la autoliquidación del IRPF y antes de volver a incluir como base de la deducción por adquisición de vivienda habitual las cantidades relativas a la segunda plaza de garaje, presenta una consulta tributaria escrita ante la Dirección General de Tributos para que le informen de tal cuestión. 3.2. Se pide: 1º.- Si la contestación de la DGT es favorable a Fulanito, ¿podría la Administración tributaria, tras una actividad comprobadora, notificarle una liquidación complementaria suprimiéndole de la base de la deducción los 1.500 € de la segunda plaza de garaje? 2º.- Si la contestación es contraria a Fulanito, ¿debería éste rectificar su autoliquidación? ¿Podría impugnar Fulanito dicha contestación? 3º.- Si el 1 de enero de este año no ha contestado la DGT, ¿qué efectos tendría el silencio administrativo? 4º.- Si el caso llega a los tribunales económico-administrativos y posteriormente a los órganos judiciales, ¿se encontrarán vinculados los mismos por la contestación a la consulta ofrecida por la DGT? 5º.- Indique la doctrina de la DGT sobre el tema en cuestión. *Nota: Se sugiere que, para buscar en la base de datos de la DGT, incluya en cuestión planteada “vivienda habitual”, en descripción de hechos “garaje” y en texto libre “deducción”.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 1.5.- Aplicación e interpretación de las normas Módulo 3.1.- Aplicación de los tributos Actividad de evaluación 3.1.3: La denuncia pública 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer el régimen jurídico de la denuncia pública.  Aprender a cumplimentar un modelo de denuncia a través de la web de la AEAT.  Analizar las obligaciones tributarias de los residentes que poseen bienes y derechos en el extranjero y obtienen beneficios en dichos territorios. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

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LGT: Arts. 93, 94, 114. Disposiciones adicionales undécima y decimoctava. RGGIT: Art. 42.bis. Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la LGT y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE de 31 de enero de 2013). RD 1080/1991, de 5 de julio, que determina los países o territorios paraísos fiscales.

2.2.- Jurisprudencia: 

SSTS de 9 de octubre de 2000 y de 16 de diciembre de 1992.

2.3.- Doctrina académica: 

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 8 (Fuentes) y 17 (Aplicación de los tributos). VILA MUNTAL, A.: “¿Puede la Administración Pública ocultar la identidad del denunciante?, Repertorio de Jurisprudencia, núm. 31, 2007. ORENA DOMÍNGUEZ, A.: “Acerca de la denuncia pública”, Quincena Fiscal, nº 6, 2010.

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2.4.- Páginas webs: 

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AEAT. Denuncia pública: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Ser vicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml AEAT. Modelo 720. Declaración informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI34.shtml Convenios de Doble Imposición firmados por España: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmado s_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml Fiscalidad Internacional: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Normativa/Fiscalidad_Internacional/Fiscalidad_Internacional.shtml OCDE. Fiscalidad: http://www.oecd.org/tax/

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Usted tiene información de que su compañero, residente en España, es administrador y socio mayoritario (con el 60% del capital) de una Sociedad constituida en Panamá, que tiene un capital social de 2 millones de euros, que ha repartido 10 millones de euros de beneficios en los últimos 4 ejercicios y usted sospecha que su compañero no ha declarado esta cuestión en España. 3.2.- Se pide: Primero.- Compruebe si tal territorio es considerado paraíso fiscal por la legislación española. Segundo.- Indique, si conforme a la normativa española, su compañero está obligado: a) A incluir los beneficios obtenidos de la empresa estadounidense en la declaración de la renta que presenta en España. b) A declarar a la AEAT los bienes que posee en el extranjero. Tercero.- Indique si existe convenio para evitar la doble imposición entre España y Panamá y, en su caso, si conforme al mismo, su compañero debe tributar en España por los beneficios obtenidos de la sociedad panameña. Cuarto.- Cumplimente una denuncia pública ante la AEAT informando de los hechos expuestos anteriormente. Quinto.- Explique las consecuencias y los efectos procedimentales que implica la presentación de una denuncia pública y la posición del denunciante en los mismos.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.1.- La aplicación de los tributos Actividad de evaluación 3.1.4: Las notificaciones en materia tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer el régimen jurídico de las notificaciones en materia tributaria.  Aprender a cumplimentar un fundamento jurídico relativo a un defecto de notificación de una liquidación.  Valorar la competencia de resolución de problemas del alumnado. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 110, 112 Y 134. LPACAP: Art. 49 LRJPAC: Art. 59 (vigente en el supuesto de hecho). RGGIT: Arts. 17.4 y 23.

2.2.- Jurisprudencia:    

STS de 28 de octubre de 2004, 30 de junio de 2009, 11 de octubre de 2011, 12 de enero de 2012 y 19 de noviembre de 2012. SSTSJ de Valencia, de 20 de octubre y 3 de noviembre de 2006. STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 15 de enero de 2013. STSJ de Andalucía, Sevilla, de 17 de noviembre de 2008.

2.3.- Doctrina académica:  

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 17 (Aplicación de los tributos). MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C; TEJERIZO LÓPEZ, J. M., y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2017. Lección 11. ZABALA RODRÍGUEZ FORNOS, A.: “Notificaciones en materia tributaria”, Comentarios a la Ley General Tributaria, Aranzadi, 2008.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Usted adquiere, por donación de su padre, una casa valorada en 100.000 €, el 3 de mayo de 2009. En tiempo y forma (el 1 de junio de 2009), presenta la correspondiente autoliquidación del ISD, ingresando la cantidad de 27.325 €. Por error o falta de diligencia, cumplimentó el modelo de autoliquidación con unas etiquetas identificativas en las que aparecía el domicilio fiscal que tenía antiguamente, en C/ Risas nº 10, de Almería. Sin embargo, su domicilio fiscal a partir del año 2008 era la C/ Arco, nº 3 de Almerimar, El Ejido. El 2 de enero de 2010 recibe en su domicilio fiscal (C/ Aro, en Almerimar) notificación de la ATA que contiene una propuesta de comprobación de valores (aumentaba el valor de la casa a 200.000 €) y una propuesta de liquidación por importe de 17.000 €. Dentro del plazo concedido al efecto (10 días), usted presenta las alegaciones oportunas, identificando una serie de errores en el informe pericial. Usted no recibe ninguna notificación en ese año, por lo que considera que han estimado sus alegaciones y han decidido archivar el expediente, aunque no se lo hayan comunicado. Sin embargo, el 20 de enero de 2011 recibe en su domicilio fiscal (C/ Arco) una notificación de la Diputación Provincial de Almería, que contiene una providencia de apremio por importe de 19.164,51 €, en la que se indica que, una vez finalizado el plazo en período voluntario de la deuda, se le concede un nuevo plazo, hasta el 5 de febrero de 2011 para su ingreso, con el recargo correspondiente. De lo contrario se procederá al embargo de sus bienes. Sorprendido, usted se dirige al Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Almería para que le informen de la notificación recibida. Allí, le indican que se trata de la vía ejecutiva correspondiente a una deuda que tenía contraída con la ATA por importe de 17.000 € y que no había ingresado en período voluntario. Solicita copia del expediente y observa que los días 26 de junio y 26 de septiembre de 2010, a las 11:45 y 11:00 horas, respectivamente, un funcionario de correos realizó dos intentos de notificación en la C/ Risas de Almería (domicilio que él había indicado en su autoliquidación del ISD) y que, posteriormente le habían citado para ser notificado por comparecencia, mediante anuncio den el BOJA, de fecha 20 de marzo de 2010. No estando conforme con dicho acto administrativo, interpone recurso de reposición alegando falta de la debida y correcta notificación de la liquidación. Sin embargo, dicha impugnación se desestima por el coordinador territorial de la ATA, con el argumento de que, habiendo señalado el domicilio al que se le notificó, debería haber comunicado el cambio de domicilio a la Administración actuante, circunstancia que no se produjo. La resolución desestimatoria se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

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3.2.- Se pide: Redacte las alegaciones que estime oportunas para la presentación de una reclamación económico-administrativa frente a la desestimación del recurso de reposición. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: PRIMERA.- IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EDICTAL, MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL BOJA, PUESTO QUE NO SE REALIZARON DOS INTENTOS DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL EN EL DOMICILIO FISCAL DE ESTA PARTE El razonamiento de la Resolución desestimatoria se basa en el hecho de que esta persona incluyera el domicilio de la C/ Risas en el modelo 600 presentado en la autoliquidación del día 01/06/2009. Añade que, habiéndose señalado dicho domicilio, esta parte debería haber notificado el cambio de domicilio a la Administración actuante. Dado que, según el Coordinador, no se hizo, se desestima la impugnación. Este argumento adolece de diversos errores jurídicos que enumeramos seguidamente: 1º.- El domicilio señalado por el propio contribuyente es el lugar de notificación, exclusivamente, en el caso de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, como dispone expresamente el apartado primero del artículo 110 de la LGT. Sin embargo, el apartado segundo de dicho precepto exige que, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación se realice en el domicilio fiscal o en el centro de trabajo. El art. 112.1 de la LGT contiene la misma exigencia: se debe realizar el intento de notificación por dos veces en el domicilio fiscal, permitiendo que se realice en el designado por el interesado, sólo si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo. Dado que el procedimiento de comprobación de valores iniciado por la Administración, es un procedimiento iniciado de oficio, como expresamente establece el art. 134 de la LGT, los dos intentos de notificación sólo podían realizarse en el domicilio fiscal y nunca en el designado por el propio contribuyente. Según se ha acreditado, el domicilio fiscal de esta contribuyente desde el año 2005 se encontraba en la C/ Arco, nº 3 de Almerimar, El Ejido. En este sentido se debe advertir que en el expediente no aparece ningún documento que desvirtúe o pruebe lo contrario. 2º.- El segundo error consiste en alegar que esta parte debía comunicar a la Administración Tributaria Autonómica el cambio de domicilio fiscal. Ello no es correcto, en primer lugar, porque la autoliquidación se presenta en 2009 y esta persona había cambiado el domicilio en 2008, no teniendo obligación de notificar este extremo a una Administración tributaria con la que no tenía ninguna relación; y, en segundo lugar, porque, como establecen los arts. 17.4 y 2.3 del RGGIT, la comunicación del cambio de domicilio fiscal a la Administración tributaria del Estado producirá efectos respecto de las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas desde el mes siguiente a dicha comunicación, puesto que la AEAT comunica a dichas Administraciones autonómicas los cambios con una periodicidad mensual. Según lo expuesto, las notificaciones de la propuesta y de la liquidación mediante edictos publicada en el BOJA, deben considerarse incorrectas, debiendo anularse, igualmente, la providencia de apremio y retrotraerse las actuaciones hasta el acto de audiencia y alegaciones del procedimiento de comprobación de valores.

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De forma subsidiaria se presenta la siguiente alegación.

SEGUNDA.- EL SEGUNDO INTENGO DE NOTIFICACIÓN NO SE REALIZÓ NI EN HORA DISTINTA NI DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES La Resolución del Coordinador Territorial transcribe el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común [hoy art. 42 de la LPACAP] para basar la desestimación del recurso de reposición. Sin embargo, la actuación de la Administración no respetó las exigencias de la propia normativa alegada por el Coordinador, causando indefensión a esta parte. En efecto, el citado precepto establece lo siguiente: «(...) Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (...). Tal y como se describe en el supuesto práctico, el segundo intento de notificación se realizó tres meses después y en la misma franja horaria. Según los justificantes de Correos que obran en el expediente, el 26 de junio de 2010, a las 11:45 horas, se produce un primer intento de notificación y el 26 de septiembre de 2010 (3 meses después) se produce el segundo intento de notificación a las 11:00 horas. A este respecto debe recordarse que la Ley 4/99 modificó el art. 59 de la Ley 30/92, de forma que, ante un primer intento fallido de notificación personal, se exige que se practique un nuevo intento, pero no en cualquier momento sino precisamente dentro de los tres días hábiles siguientes y a distinta hora; cuestión ésta que la STS de 28 de octubre de 2004 (RJ 2004, 6594), dictada en interés de Ley, ha interpretado en el sentido de que debe haber al menos una diferencia horaria de sesenta minutos en relación con ambos intentos de notificación personal. Es evidente que, en este caso, no se ha cumplido la exigencia de que el segundo intento se verifique dentro de los tres días siguientes ni dentro de la misma franja horaria. Por este motivo, debe anularse la Resolución del Coordinador Territorial de la ATA y retrotraerse las actuaciones hasta la fase de alegaciones, puesto que la propuesta de liquidación también se notificó por segunda vez, tres meses después. Como afirma la STSJ de Valencia, de 3 de noviembre de 2006 (JT\2007\423), «si al Legislador le hubiese dado igual el horario concreto, debía haberse limitado a decir que la segunda notificación se practicará en el día siguiente o en el otro, y no dice eso, sino que dice, dentro de los tres días en hora distinta, y hora distinta a los efectos de la notificación, no es 9,30 cuando la anterior se había realizado a las 10, pues ese horas distintas se ha de entender a los efectos de la notificación, las que se practican en distintas franjas horarias, como pueden ser, mañana, tarde, primeras horas de la mañana o de la tarde. Así las cosas, la notificación personal intentada no es correcta y no podía la Administración, en base a esa incorrección, abrir la vía edictal». En idéntico sentido se pronuncia la Sentencia del mismo Tribunal, de 20 de octubre de 2006 (JT\2007\426).

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MÓDULO 3.2. LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria Módulo 3.2.- Declaración, autoliquidación y liquidación tributaria Actividad de evaluación 3.2.1: Cumplimentación de autoliquidación del ITPO y valor mínimo a declarar de los bienes inmuebles urbanos en la base imponible

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Aprender a cumplimentar correctamente una autoliquidación.  Conocer los supuestos en los que debe presentarse el modelo 600 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  Saber determinar el valor mínimo a declarar en caso de adquisición de bienes inmuebles urbanos, según la Agencia Tributaria de Andalucía. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 118, 120 y 122. TRLITPAJD: Arts. 1, 7, 8, 10, 11, 46, 51, 54 y 56. RITPAJD: Arts. 97 a 106. RGGIT: Arts. 157 a 165.

2.2.- Doctrina académica: 

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

PATÓN GARCÍA, G.: “Tema 18. Procedimientos de gestión tributaria”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, COLLADO YURRITA (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. ESCRIBANO, F.: “Capítulo X. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, en PÉREZ ROYO, F. (dir.): Curso de Derecho Tributario. Parte Especial, 10ª ed., Tecnos, Madrid, 2016. PUERTO RODRÍGUEZ-MONTAÑÉS, Mª. M. y HERRERA MOLINA, P. Mª: “Capítulo VIII. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, en MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J. M. y CAYÓN GALIARDO, A. (dirs.), Manual de Derecho Tributario. Parte Especial, 12ª ed., Thomson Reuters – Aranzadi, 2015.

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2.3.- Páginas webs: 

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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/impu estos/cedidos/transmisiones.htm Valoración de bienes inmuebles de naturaleza urbana: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/marcos/consul ta_valoracionUrbana.htm Modelo 600: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/agenciatributaria deandalucia/ov/modelos/confeccion/600.htm

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Cumplimentar la siguiente autoliquidación (modelo 600), correspondiente al ITPAJD, modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en caso de que exista obligación, por la adquisición de un inmueble urbano en El Ejido, Almería (CP 04700), en el día de hoy, cuyo valor catastral asciende a 69.245,00 € y en su valor de mercado puede alcanzar los 102.000 €. El sujeto pasivo adquirente es usted, que compra el 100% de la participación y, por tanto, debe incluir sus datos. El transmitente es uno de sus compañeros de clase, que es titular del 100% de la participación del inmueble. El inmueble urbano se ha comprado mediante escritura pública en una notaría de El Ejido. Notas: - En el concepto se debe elegir la opción TU10 "Transmisión de viviendas y transmisión y

constitución de derechos reales sobre las mismas". - En el apartado “tipo de documento, operación o acto”, elija el notario que considere oportuno (protocolo nº 2569, ejercicio 2017; no existe protocolo bis). - Dentro del apartado "Descripción de los bienes" debe pinchar en la pestaña “añadir” que se encuentra en la parte inferior derecha e incluir los siguientes datos: 

Referencia catastral: 6801004WF1760S0140JJ. Está situado en la Calle Constantino, nº 19, 3º, de El Ejido, Almería. (Tras la introducción de la referencia catastral, puede seleccionar la casilla "Obtener Datos del Bien" e incluir la provincia, el municipio, la localidad, el tipo y el nombre de la vía, así como el código postal".



Usted opta por declarar el valor mínimo estipulado por la Agencia Tributaria de Andalucía.



Finca registral: 31214 del Registro: El Ejido 2.

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En la descripción del bien, indique "vivienda".

- Por último, debe marcar: autorizo la transmisión de datos al Registro.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.2.- Procedimientos de gestión tributaria Actividad de evaluación 3.2.2: Autoliquidación. Modelo 621 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer el sistema de gestión tributaria basado en la autoliquidación.  Determinar el valor a declarar en la base imponible en el caso de adquisición de vehículos de segunda mano entre particulares, para evitar el inicio de un procedimiento de gestión.  Aprender a cumplimentar el modelo 621 del ITPAJD. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 57, 134, 120. TRLITPAJD: Art. 10. TRTCAND: Art. 25.ter. Orden HFP por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del ITPAJD, ISD e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para el año en curso.

2.2.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Atelier, Barcelona. Última edición. Tema 18 (Procedimientos de gestión tributaria). PÉREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Civitas, última edición. Capítulo XI. La Gestión Tributaria. MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C; TEJERIZO LÓPEZ, J. M., y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2017. Lección 12. La gestión tributaria.

2.3.- Páginas webs: 

Agencia Tributaria de Andalucía. Transmisión de vehículos usados: https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/modelos/conf eccion/621-J21.htm

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Precios medios de vehículos usados: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Campanas/Impuesto_Especial_sobre_Determinados_Medios_de_Transporte/Y _tambien_le_puede_interesar/Precios_medios_de_vehiculos_usados/Precios_m edios_de_vehiculos_usados.shtml ATA. Información sobre valores de medios de transporte usados: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/valoracion/tra nsp_usados.htm

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: A) Determinar el valor real a día de hoy, para la Agencia Tributaria de Andalucía, de un turismo BMW, Serie 1, tipo 118 D (E81+ E87), de 5 puertas, matriculado el 30 de marzo de 2007 con referencia 3204FMY, que usted pretende adquirir. B) Cumplimentar el modelo 621 correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por la adquisición de dicho vehículo que usted le compra a la mercantil COM SL, con domicilio donde usted prefiera y CIF B04585303, mediante un contrato privado hoy. Todas las gestiones administrativas, así como la presentación física del modelo la realiza su compañero. Nota: Una vez cumplimentada la autoliquidación habrá de generarse un PDF, tras validar el documento.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.2.- Procedimientos de gestión tributaria Actividad de evaluación 3.2.3: Rectificación de autoliquidación 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Estudiar el mecanismo de la rectificación de la autoliquidación tributaria.  Determinar los supuestos en que la rectificación de una autoliquidación genera el derecho al cobro de intereses de demora.  Aprender a cumplimentar una solicitud de rectificación de autoliquidación. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 120. RGGIP: Arts. 126 y ss. LIRPF: Art. 85. Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios

2.2.- Jurisprudencia:   

SSTS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de julio de 1996, 18 de junio de 2004 y 10 de diciembre de 2012 (rec. 2381/2011). Auto del TS de 24 de octubre de 2012.STSJ de Madrid, de 27 de febrero (nº 272/2014). SAN de 5 de diciembre de 2014.

2.3.- Doctrina académica: 

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Atelier, Barcelona. Última edición. Temas 12 (La relación jurídicotributaria), 13 (Cuantificación de la deuda tributaria), 15 (Extinción de la deuda tributaria) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria II). MENÉNDEZ MORENO, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Civitas. Última edición. Lección 13. La gestión de los tributos.

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CALVO VÉRGEZ, J.: “Las devoluciones tributarias y la rectificación de autoliquidaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos”, Impuestos, nº 14, 2009.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: En fecha 17 de mayo de 2016, usted (o en su caso los miembros de la unidad familiar) presenta declaración-liquidación referente al tributo IRPF, período 2015, referencia n.º 201510021870656J, justificante n.º 1006204166082 y Código Seguro de Verificación Q5C2LPTD4KY4DAG8, de la que resultaba una cuota a devolver de 118,29 € euros. Dicha declaración se la confecciona el empleado de una entidad financiera y, por error, incluye entre los bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, la vivienda habitual de usted (o de su unidad familiar), con referencia catastral 8345601WF2984N001EI, lo que ha supuesto la imputación de una renta 600,68 euros, incorporados en la casilla 059 de la declaración de la renta. No obstante, usted no se da cuenta del error y presenta la correspondiente declaración de la renta en los términos expuestos. Dentro del plazo concedido por la Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, usted presenta la solicitud de beca para el mencionado curso académico. En fecha 18 de marzo de 2017 recibe comunicación de la Secretaría General de Universidades, informando que se propone la denegación de su solicitud de beca 26958 “por superar los umbrales en acumulación de Patrimonio, tras consultar los datos que sobre la unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria”. Tal y como se ha expuesto anteriormente, los datos patrimoniales que constaban en la base de datos de la AEAT, correspondientes a la autoliquidación del IRPF estaban erróneos, porque incluían, entre los bienes inmuebles no afectos a Actividades Económicas, la vivienda habitual de la familia, con referencia catastral 8345601WF2984N001EI. Precisamente, esa inclusión era la que hacía superar los umbrales totales de patrimonio para la concesión de la beca, puesto que, aunque cada una de las categorías de elementos patrimoniales no superaba los umbrales correspondientes, la suma de todos los porcentajes de dichos elementos indicativos del patrimonio sí superaba el valor de cien, establecido como tope por el artículo 18 de la Resolución de 11 de agosto de 2016. Concretamente, daba una puntuación total de 103,73, proveniente de la suma del 62,41% de fincas urbanas, 5,96% de fincas rústicas y 35,36% de intereses. Si se corrigiera el error y se descontara la renta imputada de 600,68 euros, procediéndose a calificar el inmueble en cuestión como vivienda habitual, los datos de renta

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y patrimonio de esta persona se encontrarían dentro de los umbrales contenidos en el artículo 14 y siguientes de la Resolución de 11 de agosto de 2016, así como en el RD 293/2016, de 15 de julio por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017. Ello, porque la suma de los porcentajes de los elementos indicativos del patrimonio sería inferior a cien. Téngase en cuenta que el valor descontado del apartado de las fincas urbanas sería de 16.382,25, cantidad resultante de multiplicar el valor catastral del inmueble calificado como vivienda habitual (54.607,50) por el coeficiente de 0,30, al haberse revisado los valores catastrales de su municipio en el año 2011, todo ello, siguiendo los parámetros contenidos en el artículo 18 de la mencionada Resolución de 11 de agosto de 2016. Concretamente la suma de dichos porcentajes ascendería a 65,54, cantidad inferior a 100, que resulta de la siguiente operación: VALORACIÓN FINCAS URBANAS 10.352,52 FINCAS RÚSTICAS 2.348,06 INTERESES 601,15 PORCENTAJE TOTAL =

UMBRAL MÁXIMO 42.900 39.390 1.700

PORCENTAJE 24,22 5,96 35,36 65,54

Ante esta situación, usted se persona en el Servicio de Becas de la Universidad y presenta una alegación, que es desestimada con el argumento de que, mientras la Agencia Tributaria no corrija el error, el organismo correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no puede conceder la beca. 3.2.- Se pide: Cumplimente una solicitud ante la AEAT para conseguir corregir el error incluido en su propia autoliquidación del IRPF. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: A LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN ALMERÍA Rectificación de autoliquidación FEDERICO XXX y MARÍA XXX, mayores de edad, con NIF XXX y XXX, y domicilio en xxx (CP xxx), C/ xxx, actuando en nombre propio, ante esta Administración comparecen, y como mejor proceda en Derecho EXPONEN: Que en fecha 17 de mayo de 2016, los que suscriben presentaron declaración-liquidación referente al tributo IRPF, período 2015, referencia n.º 20151002187066J, justificante n.º 1006204166082 y Código Seguro de Verificación Q5C2LPTD4K4DAG8, cuya fotocopia se adjunta, y de la que resultaba una cuota a devolver de 118,29 € euros.

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Que en dicha declaración-liquidación se ha apreciado posteriormente un error consistente en: -

Incluir entre los bienes inmuebles no afectos a AAEE la vivienda habitual, con referencia catastral 8345601WF2984N001EI, sita en Calle XXX, del municipio de XXX (CP XXXX) de XXX, lo que ha supuesto la imputación de una renta 600,68 euros, incorporados en la casilla 059.

Se adjunta copia, para su cotejo, del Certificado emitido por la Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de XXX, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde. Igualmente, se adjunta resultado de la Consulta de Datos Descriptiva del Inmueble de la Sede Electrónica del Catastro. Que se estima, en consecuencia, incorrecta susodicha declaración-liquidación, solicitándose por ello su rectificación, al amparo de lo establecido en el artículo 221.4, en relación con el 120.3, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de forma que se incorpore el citado inmueble como vivienda habitual y se suprima del apartado del bienes inmuebles no afectos a AAEE, así como la renta presunta derivada del mismo, aunque no suponga variación de la cuota diferencial.

En virtud de todo ello, a VS SOLICITAN: Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, y se sirva admitirlos, teniendo por solicitada la rectificación de la declaraciónliquidación de referencia en el sentido y con el alcance que se propone. En XXX, a 2 de Marzo de 2017

Fdo.: FEDERICO XXX

Fdo.: MARÍA XXX

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.2.- Procedimientos de gestión tributaria Actividad de evaluación 3.2.4: Adecuada utilización de los procedimientos de gestión tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer el objeto de los procedimientos de comprobación de valores y de comprobación limitada.  Determinar los efectos jurídicos de la inadecuada utilización de un procedimiento tributario.  Aprender a redactar un escrito de alegaciones en el seno de un procedimiento tributario. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts.: 123, 134, 136 y 237. RGGIT: Arts.: 157 a 165. TRLITPAJD. Art. 46.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:   

STSJ del País Vasco 224/2016, de 31 de mayo. SSTSJ de Andalucía, Granada, 823/2015, de 4 de mayo y 424/2016, de 15 de febrero. RRTEAC de 19/01/2012 (nº 1151/2011); 23/02/2012 (nº 2498/2010); 13/05/2015 (nº 01200/2012) y 21/05/2015 (nº 01922/2012).

2.3.- Doctrina académica: 

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PATÓN GARCÍA, G.: “Tema 18. Procedimientos de gestión tributaria”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, COLLADO YURRITA (dir.), 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. LUQUE MATEO, M. A.: La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP y AJD, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016. DE LA PEÑA AMORÓS, M. M.: Los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, Dykinson, Madrid, 2014.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Primero.- El 26 de julio de 2014 la mercantil HERMANOS LEONARDO, SL, compra a don Francisco Ramírez Santiago un trozo de tierra de secano, situado en el Paraje La Marina, en el término municipal de El Ejido (Almería), con una extensión de 1,6158 Has., por un precio de 200.000 euros. Segundo.- La mercantil presentó, con fecha 16/08/2014, autoliquidación 6002792389860 por el ITPAJD, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ingresando la cantidad de 16.000 €, declarando una base imponible de 200.000 €, coincidente con el precio pagado. Tercero.- Mediante comunicación de la ATA, notificada el 24/02/2017, se inicia procedimiento de comprobación limitada, cuyo alcance se circunscribe, exclusivamente, a la revisión de la base imponible. Dicha notificación contiene una propuesta de comprobación de valores que eleva el valor del bien adquirido de 200.000 € a 632.262,67 €. Consecuencia exclusiva de ese aumento de valor se notifica, igualmente, propuesta de liquidación que contiene un adeuda tributaria de 41.125,02 € y se concede al obligado tributario un plazo para la presentación de alegaciones. Cuarto.- El 22 de abril de 2017, habiendo transcurrido el plazo sin que la entidad haya presentado alegaciones, se notifica comprobación de valor y liquidación 0102041162673 en los mismos términos que las propuestas, incluyendo una carta de pago por importe de 41.125,02 €. 3.2.- Se pide: Redactar una alegación para la mercantil HERMANOS LEONARDO, SL, sobre la base de la inadecuación del procedimiento utilizado, en la que proponga la nulidad de la comprobación y de la liquidación. 4.- Propuesta de solución: NULIDAD DE PLENO DERECHO LA LIQUIDACIÓN POR HABERSE DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO INADECUADO. SE HA DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADADA, CUANDO SÓLO PODRÍA HABERSE DICTADO EN UNO DE COMPROBACIÓN DE VALORES Debe considerarse como un hecho indiscutido que la liquidación provisional 0102041162673, por importe de 41.125,02 €, se dicta exclusivamente como consecuencia de la comprobación de valor realizada sobre el inmueble cuya compraventa constituye el único hecho imponible del tributo en cuestión. El procedimiento de gestión no contiene ningún otro elemento u objeto de regularización distinto del que proviene de la comprobación de valor del bien inmueble. Ello significa que la liquidación provisional impugnada se dicta en el curso de un procedimiento de comprobación limitada cuyo único objeto es una comprobación de valor.

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Esta actuación es contraria a lo dispuesto en los artículos 57 y 134 de la LGT. En efecto, el art. 134 de la LGT regula el procedimiento específico de comprobación de valores, configurándolo como uno de los procedimientos de gestión tributaria, junto a los de devolución, de verificación de datos y de comprobación limitada. La elección de la ubicación del precepto en el Capítulo III del Título III de la LGT, junto con el contenido de la regulación, interpretada en relación con los arts. 57 y 123 del mismo texto legal, significa que se trata de un procedimiento administrativo tributario autónomo de gestión, cuyo único objeto lo constituye la comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria. El hecho de configurarse como procedimiento autónomo no significa que la actividad de comprobación de valores no pueda llevarse a cabo dentro de otros procedimientos, como el de inspección o los de gestión -el iniciado mediante declaración o el de comprobación limitada-, como expresamente permiten los artículos 129 y 141 de la LGT. Ahora bien, ello es posible únicamente cuando la comprobación de valor, en el seno de esos otros procedimientos, constituye una actuación concreta, junto con otras de regularización de diferentes elementos tributarios, pero no cuando la comprobación de valor constituye el único objeto del procedimiento, como ocurre en el presente caso. En otras palabras, la exclusividad del objeto del procedimiento es la clave para diferenciar el procedimiento autónomo de comprobación de valores de la actividad de comprobación de valores, insertada dentro de otro procedimiento. A este respecto, el art. 57.4 de la LGT establece lo siguiente: «La comprobación de valores deberá ser realizada por la Administración tributaria a través del procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 de esta ley, cuando dicha comprobación sea el único objeto del procedimiento, o cuando se sustancia en el curso de otro procedimiento de los regulados en el título III, como una actuación concreta del mismo, y en todo caso será aplicable a lo dispuesto en dichos artículos salvo el apartado 1 del artículo 134 de esta ley». En definitiva, tanto la Ley como el Reglamento de Gestión e Inspección configuran la comprobación de valores, bien como un procedimiento independiente —sin posibilidad de discutir en su seno otros elementos tributarios distintos del valor de los bienes, derechos o rentas—, bien como una actuación en el seno de otro procedimiento de aplicación de los tributos –sin constituir su único objeto−. De hecho, en las actuaciones permitidas para un procedimiento de comprobación limitada, reguladas en el artículo 136.2 LGT no se incluye la comprobación de valores. Sólo alude a esta posibilidad el artículo 57.4 de la LGT, pero si constituye una actuación más, dentro de aquel otro procedimiento, no cuando sea su único objeto. Todo lo expuesto lleva a rechazar, tanto la posibilidad de discutir en el seno del procedimiento regulado en el art. 134 de la LGT otros elementos tributarios distintos del valor, como la utilización de alguno de los otros procedimientos (como ha ocurrido en este caso con el de comprobación limitada) cuando la mencionada comprobación constituye su único objeto (como acontece en este expediente) y no una actuación concreta. Precisamente la doctrina del TEAC rechaza la utilización inadecuada de los procedimientos tributarios, considerando que en tales casos, debe anularse la liquidación. Pueden verse al respecto, las resoluciones del citado órgano de 21 de enero de 2010, de 19 de enero de 2012 (número 1151/2011) o de 23 de febrero de 2012 (2498/2010). En el mismo

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sentido se ha pronunciado el TSJ de Andalucía, sede de Granada, en sus sentencias 823/2015, de 4 de mayo y 424/2016, de 15 de febrero. La Resolución dictada por dicho TEAC, de 13 de mayo de 2015 en reclamación nº 1200-12 (en la que, en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, se revisa un acuerdo dictado en el seno de un procedimiento de verificación de datos incluyendo en su objeto una comprobación de valores), ha concluido que ello constituye “un incumplimiento frontal, evidente, manifiesto y ostensible de las normas aplicables reguladoras de los procedimientos administrativos”, con la consiguiente vulneración del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, apreciándose que el “grado de desviación con el fin administrativo que preside el procedimiento de verificación de datos es de tal gravedad que el vicio debe enmarcarse en la categoría de nulidad de pleno derecho”. En el mismo sentido se ha pronunciado el TSJ del País Vasco, en la sentencia 224/2016, de 31 de mayo. Como ha puesto de relieve en resolución de fecha 25 de mayo de 2016 (R.G. 53/413/14) la sede de Sevilla del TEARA, criterio compartido por la Sala Desconcentrada de Granada en la Resolución de 9 de septiembre de 2016 (Reclamación 04/2004/14), “en el presente caso se produce, aunque en sentido inverso, idéntica desviación procedimental, al haberse utilizado un procedimiento de comprobación de valores para la regularización del impuesto llevando a cabo, en su seno, una regularización que hubiera ineludiblemente exigido la incoación de un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o, en su caso, de inspección, por lo que en consonancia con el criterio expresado al respecto por el Tribunal EconómicoAdministrativo Central, procede declarar nula de pleno derecho la liquidación resultante de dicho procedimiento, lo que impide el examen del resto de cuestiones planteadas por la parte reclamante”. No cabe duda de que en el caso objeto de esta alegación se ha producido una desviación procedimental semejante a las descritas y analizadas por el TEAC y el TEARA (salas de Sevilla y Granada), por lo que procede “declarar nula de pleno derecho la liquidación resultante de dicho procedimiento”.

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MÓDULO 3.3. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.3.- Procedimiento de Inspección Actividad de evaluación 3.3.1: Cuestiones prácticas del procedimiento de inspección (I) 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Conocer las vías procedimentales en las que pueden desarrollarse las distintas actuaciones inspectoras.  Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito del procedimiento inspector para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes desde el punto de vista jurídico y social.  Diferenciar el procedimiento de inspección respecto de los de gestión. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts. 131, 136, 141 y ss. RGGIT: Título V. LIS: Art. 12.

2.2.- Doctrina científica:  

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. 19 (Procedimiento de Inspección). PELÁEZ MARTOS, J. M. y GUAITA GIMENO, J. J.: Procedimientos Tributarios. Gestión, Inspección, Recaudación, Sancionador y Revisión, 3º ed., Tirant lo Blanch, 2013. CORDERO GARCÍA, J. A.: La Conformidad con la Propuesta de Regularización Tributaria, Tirant lo Blanch “colección financiero” 15, Valencia, 2000.

2.3.- Páginas webs:  

Inspectores de Hacienda del Estado: http://www.inspectoresdehacienda.org/inicio.aspx AEAT. Plan General de Control Tributario: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/ Planificacion/Plan_General_de_Control_Tributario/Plan_General_de_Control_ Tributario.shtml

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO 1.- Entre en la página de la Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda del Estado y comente algún artículo o noticia de prensa publicados en dicha web que te resulten interesantes. 2.- Lea el plan de control tributario de la AEAT del presente año y señale tres aspectos que le llaman la atención, tres ámbitos de lucha contra el fraude que deberían incluirse en tu opinión y tres medidas que no comprenda o entienda suficientemente. 3.- La inspección de los tributos notifica al señor Fernández el inicio de actuaciones de comprobación e investigación de su situación tributaria por el IRPF e IVA de hace tres ejercicios. La inspección comprueba que el señor García no ha declarado correctamente los incrementos de patrimonio derivados de la venta de acciones. Asimismo, dentro de sus actuaciones de investigación, descubre que realiza proyectos como aparejador, sin que estas actividades hayan sido declaradas como obtención de rendimientos de actividades económicas (IRPF) ni como realización de operaciones sujetas al impuesto sobre el valor añadido. ¿Era posible realizar dichas actuaciones de comprobación mediante un procedimiento de gestión? 4.- En el ejemplo anterior, la inspección determina mediante una liquidación el importe de la deuda tributaria por IRPF e IVA del señor Fernández. En dicha liquidación, se incluirán tanto las cuotas no autoliquidadas por el señor Fernández, así como los intereses de demora devengados. ¿Es esto correcto? ¿Podría iniciar la Inspección un procedimiento sancionador? 5.- La inspección de los tributos notifica a la entidad METEORO, SL, el inicio del procedimiento inspector por las amortizaciones deducidas en la autoliquidación del impuesto sobre sociedades de hace dos ejercicios. Indique si tiene carácter general o parcial, así como al período y al concepto que se refiere.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.3.- Procedimiento de Inspección Actividad de evaluación 3.3.2: Cuestiones prácticas del procedimiento de inspección (II) 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Conocer las vías procedimentales en las que pueden desarrollarse las distintas actuaciones inspectoras.  Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos del ámbito del procedimiento inspector para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes desde el punto de vista jurídico y social.  Promover la capacidad de redactar escritos jurídicos y de dominar las técnicas informáticas en la obtención de información jurídica. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:  

LGT: Arts. 131, 136, 141 y ss. RGGIT: Título V.

2.2.- Doctrina científica:  



COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. 19 (Procedimiento de Inspección). MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C; TEJERIZO LÓPEZ, J. M., y CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2017. Lección 13. PELÁEZ MARTOS, J. M. y GUAITA GIMENO, J. J.: Procedimientos Tributarios. Gestión, Inspección, Recaudación, Sancionador y Revisión, 3º ed, Tirant lo Blanch, 2013.

2.3.- Páginas webs: 

AEAT. Modelo de representación en el procedimiento de inspección: http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Model os_y_formularios/Formularios/Modelos_de_Representacion/repre_3_es_es.pdf

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO 1.- Cumplimente el correspondiente modelo de representación tributaria para que usted puede asistir ante los órganos de inspección tributaria de la Delegación de la AEAT en Almería, en el Paseo de Almería, edificio de Unicaja, en representación de la mercantil KOSTOLANI, SL, con CIF Q5450008G, cuyo Administrador único es don Rogelio Martínez Campos, con NIF, 08909590B, el 20 del próximo mes, toda vez que se ha recibido una Comunicación de dichas Dependencias el 1 del presente mes, con referencia A01254582IS2008, en relación con la iniciación de actuaciones inspectoras de carácter total, correspondientes a los conceptos tributarios (IS, IVA y Retenciones), de los últimos cuatro ejercicios. 2.- El 2 de enero de hace dos años se notifica la comunicación de inicio de actuaciones inspectoras. Como resultado de las mismas, el 3 de febrero del año anterior se firma acta de disconformidad, presentando el obligado tributario alegaciones. El 18 de junio del año pasado se dicta liquidación que se intenta notificar el 28 de ese mismo mes, resultando ausente de su domicilio el obligado tributario. Con fecha 5 de julio del año pasado se notifica al obligado tributario en un segundo intento. ¿Son correctas tales actuaciones en estos plazos? 3.- El día 14 del mes pasado la empresa DEVELOPMENT, SL firma acta de conformidad del Impuesto sobre Sociedades de hace tres ejercicios. ¿Es necesario notificar la liquidación? 4.- El sr. X firma acta de conformidad del IRPF. ¿Sería posible interponer una impugnación frente a la liquidación derivada de dicha acta, a pesar de haber dado el contribuyente su conformidad? 5.- Con fecha 14 de noviembre del año pasado se firma acta en que el obligado tributario manifiesta su disconformidad. A la vista de las alegaciones presentadas, el órgano competente dicta liquidación que se notifica el 28 de diciembre de ese ejercicio. ¿Son correctos los plazos y las actuaciones?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.3.- Procedimiento de Inspección Módulo 3.4.- Procedimiento de Recaudación Módulo 3.5.- Infracciones y sanciones tributarias Actividad de evaluación 3.3.3: Visionado de la película La cena de los idiotas, de Francis Veber, 2010 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

 

Utilizar el cine como recurso didáctico para el aprendizaje del Derecho Financiero y Tributario. Analizar las formas de iniciación de los procedimientos de inspección, así como los requisitos para la entrada de los inspectores de Hacienda en el domicilio habitual. Estudiar el carácter de los datos obtenidos por la Administración tributaria. Plantear un primer acercamiento a la figura del delito fiscal y del procedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

2.- MOTIVACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PELÍCULA: La proyección de esta película se considera un instrumento idóneo para analizar diversos aspectos de las Actuaciones Inspectoras, dentro del bloque dedicado a la aplicación de los tributos. También permite acercarse a la figura de los aumentos injustificados de patrimonio en el IRPF, así como para abordar el tema del gravamen de las obras de arte y de los artículos de lujo en el IVA. Consideramos que, a pesar de tratarse de un género cómico y de utilizarse el ridículo y el absurdo (lo cual sin duda la hace también divertida y amena para el alumnado), puede servir para apreciar cómo se plantean algunas situaciones peculiares relacionadas con la materia del Derecho Financiero y Tributario. En el debate posterior a la proyección de la obra, al hilo del papel que desempeñaban los actores vinculados con el ministerio de Hacienda, (el contable y el inspector), puede realizarse un intercambio de impresiones sobre determinadas cuestiones del fraude en el IRPF, así como de los tipos de gravámenes en el IVA, además de sobre el procedimiento de inspección, y especialmente, sobre el modo de iniciación y los órganos encargados de su instrucción. Por otro lado, el argumento de la película refleja, a pequeña escala, un escenario de la crisis económico-financiera, bien conocido en nuestro país. El hecho de que no constituya un film reciente, no resta un ápice de frescura e idoneidad para el tema que se pretende abordar. De hecho, al centrarse toda la trama en

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el salón de una vivienda, la actualidad se mantiene inalterable, máxime al tratarse de un tema de defraudación tributaria, desgraciadamente, de rabiosa actualidad en España. 3.- MATERIAL DE CONSULTA 3.1.- Normativa:   

CE: Art. 18. CP: Arts. 305 y 305 bis. LGT: Arts. 142, 147, 151, 152, 167 a 173 y 250 a 252.

3.2.- Doctrina científica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 1 (Concepto y contenido del Derecho Financiero), 19 (Procedimiento de Inspección), 20 (Procedimiento de recaudación) y 22 (Delitos contra la Hacienda Pública). LUQUE DE HARO, V. y LUQUE MATEO, M. A.: “El cine como recurso didáctico para el aprendizaje del Derecho Financiero: a propósito de Robin Hood. Ridley Scott, 2010, en ESCRIBANO GUTIÉRREZ (ed.): El cine como recurso didáctico en la enseñanza virtualizada. Estudio y análisis de algunas obras fílmicas, edual, 2016. CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, A.: El aprendizaje a través del cine. Memoria Final. https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/81790/1/MID_ID_101_2009_201 0.pdf (consulta 11/01/18).

4.- SUPUESTO PRÁCTICO 4.1.- Proceda al visionado de la película que presenta la siguiente ficha técnica: Título original: Le dîner de cons (The Dinner Game); Año: 1998; Duración: 77 min.; País: Francia; Director: Francis Veber; Guión: Francis Veber (Teatro: Francis Veber); Música: Vladimir Cosma; Fotografía: Luciano Tovoli; Reparto: Thierry Lhermmitte, Jacques Villeret, Francis Huster, Daniel Prévost, Alexandra Vandernoot y Catherine Frot; Productora: Gaumont International / Gaumont / EFVE / TF1 Films Production / TPS Cinéma; Género: Comedia. 4.2.- Responda a las siguientes preguntas: Primera.- Describa las formas de iniciación de las actuaciones inspectoras en el Derecho Tributario español. En el caso analizado en la película, ¿se podrían haber iniciado las actuaciones inspectoras por medio de una denuncia pública del Sr. Pignon?

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Segunda.- ¿Cuáles son los requisitos para el desarrollo de actuaciones inspectoras en el domicilio constitucionalmente protegido? ¿Se podría entender que, en el presente caso, ha existido consentimiento del obligado tributario, el Sr. Brochant? Tercera.- ¿Considera trasladable la actuación del Inspector de Hacienda francés al caso español, según lo regulado en la LGT y en el Reglamento General de Gestión e Inspección? Cuarta.- ¿Considera ajustado a Derecho que el Inspector de Hacienda le de la información al Sr. Brochant sobre la titularidad y la dirección de los inmuebles del supuesto amante de su mujer, así como de su número de teléfono? ¿Qué derecho de los contribuyentes podría verse vulnerado? Quinta.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica el Sr. Brochant? ¿Qué conceptos tributarios podrían ser regularizados, según las distintas escenas que aparecen en la película? Sexta.- Describa el régimen jurídico aplicable a los incrementos de patrimonio no justificados en el IRPF. ¿Se integran en la base del ahorro o en la base imponible general? ¿Qué tarifas se aplican a cada una de dichas bases? Séptima.- ¿Cuál es el tipo de gravamen del IVA aplicable a las obras de arte y a los artículos de lujo? Describa, brevemente, la evolución que han sufrido los tipos correspondientes a los obras de arte, desde que se instauró el IVA en España, hasta nuestros días. Octava.- ¿Es posible, como se escucha en la película, que en España un contribuyente pueda ir a la cárcel por haber defraudado a Hacienda? Describa esencialmente el Delito contra la Hacienda Pública, el precepto que lo regula, la cuantía que debe ser defraudada y su forma de cuantificación, según si se trata de tributos instantáneos o periódicos. Novena.- Cuando se alude a que el piso de un familiar del Sr. Brochant “fue subastado por orden judicial”, debido a la existencia de deudas tributarias ¿a qué tipo de procedimiento de aplicación de los tributos nos estaríamos refiriendo en la normativa española? Describa las actuaciones administrativo-tributarias previas a cualquier orden de subasta para el cobro de deudas tributarias. Décima.- Exponga su opinión personal sobre la película y sobre su temática.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.3.- Procedimiento de Inspección Actividad de evaluación 3.3.4: Actuaciones inspectoras mediante el procedimiento de comprobación limitada 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Conocer las vías procedimentales en las que pueden desarrollarse las distintas actuaciones inspectoras.  Estudiar los límites del procedimiento de comprobación limitada y su diferencia respecto al procedimiento de inspección.  Plantear una alegación a la propuesta de liquidación notificada por la inspección. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:    

CE: Arts. 1, 9.3 y 103. LGT: Arts.105, 108.4, 136, 139.2.d y 141.h. RGGIT: Arts. 87.3, 136 a 140, 163 a 165 y 197.6 LIP: Art. 16.1.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:   

SSTS de 23 de mayo de 2005, 5 de octubre de 2012, 1 de diciembre de 2011 y 24 de septiembre de 2012. SAN de 18 de noviembre de 2010. RTEAC, de 29 de noviembre de 2012.

2.3.- Doctrina científica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 18 (Procedimientos de gestión tributaria), 19 (Procedimiento de Inspección). DE LA PEÑA AMORÓS, M. M.: Los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, Dykinson, Madrid, 2014. ADAME MARTÍNEZ, F.: “Los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada: cuestiones problemáticas y propuesta de reforma”, Crónica Tributaria, nº 153, 2014.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: El 9 de septiembre de 2011 dos hermanos y su madre presentan autoliquidación del ISD en la ATA, con motivo del fallecimiento de su padre, el 10 de marzo del citado año. En dicha autoliquidación incorporan una serie de bienes gananciales, entre los que se incluyen la vivienda habitual, un garaje, un trastero, dos viviendas más, el saldo correspondiente al causante de diversas cuentas bancarias y 400 acciones de una Sociedad Anónima Hortofrutícola. Según los valores declarados, la base imponible imputable al cónyuge supérstite asciende a 11.179,29 euros, y las bases de los descendientes a 162.099,75 euros, cada una. Al no superar los 175.000 € ninguna de las bases (reducción aplicable a los herederos de los grupos I y II, vigente en Andalucía en el momento del devengo del tributo, reducción que a partir de 2018 se ha aumentado a un millón de euros) la cuota de las tres autoliquidaciones es 0. El 15 de mayo de 2015, uno de los hijos del causante recibe la propuesta de liquidación que se transcribe seguidamente, notificada por parte de los órganos inspectores de la Gerencia Provincial en Almería de la ATA, otorgando diez días para la presentación de alegaciones.

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3.2.- Se pide: Redacte un escrito de alegaciones, a petición de los hermanos, incluyendo, al menos, los siguientes fundamentos jurídicos: - Superación del alcance de las actuaciones recogido en la comunicación de inicio. - Inadecuación del procedimiento utilizado, especialmente en lo que a comprobación del valor de las acciones se refiere. - Insuficiencia probatoria por parte de la Inspección. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERÍA UNIDAD DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA Alegaciones en el procedimiento de comprobación limitada expediente COMPLINS-EH04012015 XXXX, mayor de edad, con NIF XXX, vecina de XXX, con domicilio en XXXX, actuando en nombre propio, ante esta Administración comparece y como mejor proceda, EXPONE: Que ha recibido notificación de inicio de procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación (02910402444), en el expediente COMPLINS-EH0401-2015, referente a la valoración de las 400 acciones declaradas de la entidad A SA en el modelo 6603630369 de la autoliquidación presentada el 9 de septiembre de 2011. Que, dentro del plazo concedido al efecto, se presentan las siguientes ALEGACIONES:

Primera.- NULIDAD DE LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN POR EXCEDER EL ALCANCE DE LAS ACTUACIONES RECOGIDO EN LA COMUNICACIÓN DE INICIO La naturaleza y el alcance de las actuaciones que se van a desarrollar en un procedimiento de comprobación limitada, así como en un procedimiento de inspección, es una cuestión de vital importancia. A este respecto, el artículo 87.3.b) del RGGI dispone que el “alcance de las

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actuaciones será el recogido en la comunicación de inicio”, añadiendo que “se deberá indicar de forma expresa las obligaciones tributarias o elementos de la misma y, en su caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal”. En el presente supuesto, esta cuestión queda perfectamente delimitada en la segunda parte del párrafo primero de la propuesta de liquidación, en los siguientes términos: “El objeto y alcance de dichas actuaciones son los que se recogen en dicha propuesta de liquidación. Concretamente la valoración de las 400 acciones de la entidad A SA, con valor declarado de 231.248 euros, declarados en el modelo 6603630369 de la Autoliquidación presentada con fecha 09/09/2011, con nº de expediente SUCDONOL EH04 2011. Se adjunta motivación de la comprobación de los bienes valorados”. La comprobación de un elemento, objeto o presupuesto de hecho distinto del específicamente delimitado por la comunicación de inicio del procedimiento conllevará la nulidad de tal actuación comprobadora, tal y como se admite, de forma pacífica, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina administrativa que emana de la DGT y de los órganos EconómicoAdministrativos. Centrándonos, de nuevo, en la esencia del objeto del procedimiento de este contribuyente se observa que, si bien el objeto del mismo es la valoración de las 400 acciones de la entidad A SA, declaradas en su día, sin embargo, la comprobación de valor que acompaña y sirve de base a dicha liquidación toma como objeto de Valoración un número muy distinto y superior: 1020 participaciones. Ello, sin motivar, en modo alguno, la razón por la que se amplía tan considerablemente el objeto de comprobación y sin centrarse en la comprobación el único objeto del procedimiento de comprobación limitada, que no es otro, que las específicas 400 acciones que deben integrarse en la masa hereditaria y que fueron declaradas. Ampliar el objeto de comprobación a 1.020 acciones, además de suponer la nulidad de la comprobación, por exceder del alcance de las actuaciones comprobadoras delimitado con la notificación del inicio del procedimiento, implica una actuación que carece de la debida motivación. A mayor abundamiento, en el caso improbable de que esta Administración tributaria hubiera tenido intención de valorar, no 400 acciones, sino 1.020, debería haber acordado de forma motivada la ampliación del alcance de las actuaciones, con la obligación de notificar dicho acuerdo al obligado tributario. Ninguna de las dos exigencias se ha cumplido. Ni se ha notificado acuerdo alguno de ampliación del tal alcance, ni consecuentemente, se ha motivado la misma. Todo ello, con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones. En este sentido, debe recordarse que la exigencia jurídica de motivación es manifestación de otra general que impone a los poderes públicos que justifiquen todas sus decisiones que afecten a los derechos e intereses de los ciudadanos. Tal requisito viene recogido, para todos los actos administrativos, en la normativa sobre Procedimiento de las Administraciones Públicas y su cumplimiento dota a la decisión pública de la juridicidad predicable en un Estado de Derecho (art. 1 CE). No obstante, en el supuesto poco habitual, como en el que nos ocupa, en el que las actuaciones de comprobación se han iniciado con la propuesta de liquidación, no podrá realizarse la ampliación de las mismas, al haberse abierto el plazo de alegaciones con el inicio del procedimiento. Por ello, debe considerase no ajustado a Derecho la propuesta de liquidación notificada.

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Segunda.- NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO De forma subsidiaria a la alegación anterior, y para el improbable caso de que no fuese estimada, se desarrolla la presente alegación. El objeto del procedimiento no es otro que la comprobación del valor de las 400 acciones de la entidad A, S.A., con valor declarado de 231.248 euros, tal y como se ha puesto de manifiesto en la alegación anterior. Para ello, es condición indispensable verificar la existencia de informe de auditoría en relación con el último balance aprobado y, en su caso, el sentido del mismo -favorable o desfavorable-. No basta con la afirmación obrante en la liquidación según la cual “no consta en el expediente que el Balance de la entidad correspondiente al ejercicio 2010 haya sido auditado”. A este respecto, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 105 de la LGT, respecto a la carga de la prueba, según el cual, “en los procedimientos de aplicación de los tributarios, quién haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”. Así como lo establecido en apartado cuatro del artículo 108 del mismo texto legal, que establece que “los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario”. Ello significa que, si la Administración tributaria considera que el valor de las acciones declarado por este contribuyente no es correcto, deberá ser dicha Administración la que pruebe el supuesto “valor real” superior. Y para ello, es condición sine qua non que compruebe la existencia o no de informe de auditoría del último balance aprobado, así como el sentido del mismo. Ello, porque, dependiendo de tal cuestión, las acciones deberán declarase de una u otra forma, según lo dispuesto en el art. 16.1 de la Ley 19/1191, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. A este respecto, debe indicarse que, tanto el análisis de los balances como de la auditoría sobre los mismos, es una cuestión que no es susceptible de verificación en un procedimiento de comprobación limitada, ni aunque se esté instruyendo por parte de la unidad de inspección tributaria. Esta es una limitación expresa, contenida en el artículo 136 de la LGT y aceptada de forma pacífica por la jurisprudencia. A mayor abundamiento, se ha concluido que “no puede procederse a la regularización de elementos de la obligación tributaria para cuya justificación deba examinarse indefectiblemente la contabilidad mercantil”, aunque no se haya analizado, como ocurre en este caso. Así se pronuncia la RTEAC de 29 de noviembre de 2012, en recurso extraordinario para unificación de doctrina. Este criterio es conforme con las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2012 (Rec. Nº 2431/2010), y de 1 de diciembre de 2011 (Rec. Nº 1114/2009), así como con la SAN de 18 de noviembre de 2010 (Rec. Nº 369/2007).

Por todo lo expuesto, SOLICITA: Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito, se tenga por evacuado el trámite de alegaciones y en virtud del contenido de las mismas, se proceda a la finalización del procedimiento mediante manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada. En XXX, a XX de mayo de 2015 Fdo.: XXXX

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MÓDULO 3.4. EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.4.- Procedimiento de recaudación. Actividad de evaluación 3.4.1: Los recargos de los arts. 27 y 28 de la LGT 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer las consecuencias jurídicas del pago realizado fuera del plazo del período voluntario.  Diferenciar los recargos del art. 27 de la LGT, respecto de los del art. 28 e identificar los supuestos de compatibilidad.  Comprender la compatibilidad de la figura de los intereses de demora con los recargos y la posible aplicación de las sanciones. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:  

LGT: Arts. 26, 27 y 28. RGR: Arts. 3, 24, 38, 40, 48, 53 y 54.

2.2.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 20 (Procedimiento de recaudación). GARCÍA DÍEZ, C.: “Recargos por presentación extemporánea e interpretación razonable de la norma”, Quincena Fiscal, nº 3, 2014. HINOJOSA TORRALVO, J. J.: “Los aspectos temporales del pago de la deuda tributaria en la Ley 25/1995”, Impuestos, t. II, 1995.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: Analice las siguientes situaciones, indicando los conceptos tributarios que podrían exigirse a la Sra. “Y”: cuotas, intereses, recargos y/o sanciones: 1) El plazo reglamentario para presentar la declaración del IRPF por el ejercicio de 2016, terminó el día 30 de junio de 2017 y la Sra. “Y”, a esa fecha, no lo hizo. Más tarde, el 6 de julio de 2017 presenta autoliquidación por el impuesto, ingresando su importe.

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2) Estamos en el mismo supuesto anterior, pero en esta ocasión, la Sra. “Y” presenta autoliquidación del IRPF el día 20 de junio de 2017, sin ingresar su importe, pagando el día 6 de julio de 2017, sin haber sido notificada la providencia de apremio por la deuda pendiente de pago. 3) Habiendo finalizado el plazo de declaración del IRPF - 2016 el 30 de junio de 2017, la Sra. “Y” presenta autoliquidación del IRPF el día 6 de julio de 2017, pero no ingresa el importe correspondiente. Efectúa el pago cuando recibe la providencia de apremio y dentro del plazo otorgado por ésta. 4) Seguimos con la Sra. “Y” para la que había terminado el plazo de presentación de la declaración por el IRPF el día 30 de junio de 2017. No cumplimentó ese deber, ni se preocupó de corregir su conducta. Los órganos de la Administración tributaria le emplazan para regularizar su situación, dictando el acto de liquidación tributaria, tras el oportuno procedimiento de comprobación, que es notificado el 6 de febrero de 2018. La Sra. Y ingresa su importe el 28 de marzo de 2018.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.4-

Procedimiento de recaudación. Extinción de la obligación tributaria

Actividad de evaluación 3.4.2: Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la regulación de las figuras del aplazamiento y el fraccionamiento del pago.  Estudiar la exigencia de garantía con motivo de la solicitud de un aplazamiento o fraccionamiento.  Promover la capacidad de redactar escritos jurídicos y de dominar las técnicas informáticas en la obtención de información jurídica. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Arts. 65 y 82. RGR: Arts. 44 Instrucción 1/2017, de 18 de enero, de la Directora del Departamento de recaudación de la AEAT sobre aplazamientos y fraccionamientos de pago. Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la AEAT sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:   

SSTS de 8 de junio de 2002, 13 de febrero de 2007 y de 17 de febrero de 2016. STSJ de Murcia de 18 de abril de 2007. RRTEAC de 11 de febrero de 2004, 7 de abril de 2005, 15 y 28 de marzo y 16 de mayo de 2007.

2.3.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Tema 20 (Procedimiento de recaudación). SÁNCHEZ PINO, J. A.: “Deudas tributarias susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento y presupuesto para su concesión”, Quincena Fiscal, n.º 8, 2016. MARTÍN JIMÉNEZ, F. J.: “Aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas tributarias: criterio administrativo”, Revista de Información Fiscal, 2012.

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2.4.- Páginas webs: 

AEAT: Modelos y formularios en el ámbito de la recaudación: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_otros_/Modelos_y_for mularios/Recaudacion/Recaudacion.shtml

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: La entidad DEVELOPMENT, con CIF Q5450008G y domicilio en C/ Tarragona, n.º 8, 5º A, 04008 de Almería, cuyo Administrador único es usted, recibe el 20 del mes pasado notificación de la siguiente liquidación: A041040510600227, concepto Impuesto sobre Sociedades, Ejercicio 2016, por importe de 17.995 €. El domicilio a efectos de notificaciones es el de usted, que es representante de la entidad. Debido a la imposibilidad de ingresar la deuda total, pretende solicitar un fraccionamiento de la misma en 24 cuotas. El número de cuenta para el cobro de fraccionamiento es el 2103 5341 27 0000010700. 3.2.- Se pide: Cumplimente el correspondiente modelo de fraccionamiento, inventándose los datos que faltan y poniendo como fecha de firma un día antes de la finalización del período voluntario de pago. *Nota: El apartado 8 no hay que cumplimentarlo.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.3.- Procedimiento de Inspección Módulo 3.4.- Procedimiento de Recaudación Módulo 3.6.- Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria. Actividad de evaluación 3.4.3: Procedimientos de inspección y recaudación 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Conocer el plazo máximo de duración del procedimiento de inspección y los efectos de las interrupciones acontecidas en el mismo.  Estudiar las formas de iniciación del procedimiento de inspección y las consecuencias de que se produzca tal circunstancia.  Identificar los plazos de pago en período voluntario y los diferentes recargos aplicables a los supuestos de pago extemporáneo.  Enumerar las vías de impugnación de las actuaciones inspectoras. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts. 27, 28, 66, 68.1, 88, 144.2, 147, 150, 156, 189 y 217. RGGIT: Arts. 87.5 y 185.4. LISD: Arts. 25 y 66.

2.2.- Doctrina científica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 19 (Procedimiento de Inspección), 20 (Procedimiento de recaudación), 23 (Procedimientos de revisión en materia tributaria [I]) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria [II]). DE MIGUEL CANUTO, E.: “El plazo máximo para liquidar las actuaciones inspectoras”, Quincena Fiscal, nº 14, 2016. FALCÓN Y TELLA, R.: “Inicio del periodo ejecutivo, intereses y recargos: una propuesta de reforma”, Quincena Fiscal, nº 5, 2013.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: El 30 de abril de 2012 falleció el Sr. “W”, residente en Almería, siendo su único heredero su hijo, el Sr. “N”. La herencia incluía su vivienda habitual, una cuenta corriente y cuatro fondos de inversión. El periodo voluntario de pago de este impuesto es de seis meses a contar desde el fallecimiento del causante. El 30 de octubre de 2012, el Sr. “N” presentó la autoliquidación del ISD con un resultado a ingresar de 9.000 €. La base imponible del ISD declarada no incluía el valor correspondiente a dos de los cuatro fondos de inversión. El 20 de septiembre del 2015, el Sr. “N” recibió en su domicilio particular una notificación por la que se le comunicaba el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general respecto a todos los elementos de la obligación tributaria del impuesto referido y año, citándole para que el 4 de octubre del 2015 se personara en las oficinas de la Administración tributaria competente y presentara la escritura pública de declaración de herederos y aceptación de herencia, así como los originales de una serie de documentos bancarios. Ante el riesgo de que la inspección descubriera que no había incluido los dos fondos de inversión, el 25 de septiembre de 2015, el Sr. “N” presenta una declaración complementaria realizando un ingreso de 4.000 € adicionales, lo que, según su consideración, se correspondía con la cantidad debida por ese concepto. El 4 de octubre de 2015, el Sr. “N” se persona en la Administración tributaria acompañado de su asesor fiscal para solicitar al inspector que, por una intervención quirúrgica que tiene programada para el día 15 de junio de 2016 --lo que acredita debidamente, sin que se aprecie que pueda perjudicar a la inspección--, las actuaciones inspectoras se paralicen durante 50 días, que es el tiempo estimado que estará de baja médica. Tras la reanudación de las actuaciones, por una complicación en la intervención –también debidamente acreditada-- el 14 de noviembre de 2016, solicita una nueva paralización de las actuaciones de otros 20 días. El 4 abril de 2017, el Sr. “N” presta su conformidad a una propuesta de regularización de la que resulta un importe a ingresar de 8.000 € (cuota tributaria más intereses de demora) pero, transcurrido un mes no recibe ningún tipo de notificación por parte del inspector-jefe. 3.1.- Conteste a las siguientes cuestiones: 1. ¿Es correcto el inicio del procedimiento de inspección? 2. Teniendo en cuenta los efectos derivados del inicio de este procedimiento, ¿qué consideración tiene, a efectos del tributo, el pago de 4.000 € el 25 de septiembre de 2015?

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3. ¿Aceptará la Inspección la paralización de las actuaciones inspectoras solicitada por el obligado? ¿Qué consecuencias tiene sobre la duración del procedimiento? ¿Cuándo termina este procedimiento? 4. Según lo anterior, ¿ha finalizado en plazo el procedimiento de inspección? 5. ¿Podría el obligado interponer algún recurso contra el acta? ¿Y contra la liquidación que resulte del acta? 6. ¿Cuál es el periodo voluntario de pago que tiene el obligado para pagar la liquidación resultante del procedimiento inspector? 7. Suponiendo que el Sr. “N” ingresa la mitad de la cantidad adeudada el 21 de octubre de 2017, sin haber recibido requerimiento alguno, y la otra mitad el 22 de diciembre del mismo año, tras recibir la providencia de apremio el 5 de ese mes ¿Qué cantidad tendrá que abonar el obligado? Diferencie los conceptos que abona. 3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 1.

¿Es correcto el inicio del procedimiento de inspección?

Sí es correcto. El procedimiento inspector puede iniciarse de oficio o a petición del obligado tributario (art. 147 de la LGT). Los obligados tributarios deberán ser informados al comienzo de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. A efectos de inicio de este procedimiento, la inspección de los tributos también podría haber optado por personarse en el domicilio del Sr. N, si estuviera justificado.

2. Teniendo en cuenta los efectos derivados del inicio de este procedimiento, ¿qué consideración tiene, a efectos del tributo, el pago de 5.000 € el 25 de septiembre de 2015? En el supuesto planteado, el procedimiento inspector se inicia de oficio mediante la oportuna comunicación notificada al Sr. N el 20 de septiembre del 2015, con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, lo que produce los siguientes efectos: • La interrupción del plazo legal de la Administración para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación e imponer las sanciones correspondientes en cuanto al ISD devengado (art. 66.a, 68.1.a y 189 de la LGT). La Administración tributaria dispone de un plazo de cuatro años para determinar la deuda tributaria y liquidarla (art. 66 LGT y 25 LISD). La notificación, el 20 de septiembre del 2015, del inicio de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación es correcta, porque es previa a la prescripción del derecho de la Administración, y además interrumpe el plazo de prescripción inicial. • Los ingresos de deudas tributarias pendientes posteriores a la notificación de la comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación e investigación no pueden ser considerados como autoliquidaciones extemporáneas sin requerimiento previo y, en consecuencia, el pago no puede ser considerado como espontáneo según el art. 27 LGT. Se considerarán pagos a cuenta sobre el importe de la liquidación (art. 87.5 RGGIT). • En caso de que aflore deuda pendiente como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación, se exigirán los intereses de demora que correspondan desde

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que se debiera haber satisfecho la deuda aflorada en período voluntario y se podrá incoar un expediente sancionador, si se dan las circunstancias. • Las consultas tributarias planteadas por el interesado ante la Administración tributaria que versen sobre la materia objeto de la actuación inspectora se tendrán por no formuladas, art. 88 LGT. En función de lo antedicho, resulta fundamental comprobar el momento procedimental en que se produce el ingreso. En este sentido, el ingreso que el Sr. “N” efectúa el 25 de septiembre del 2015 se ha realizado con posterioridad a la notificación de la comunicación del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, que se produjo el 20 de septiembre del 2015 Los ingresos de deudas tributarias pendientes posteriores a la notificación de la comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación e investigación tendrá carácter de meramente a cuenta sobre el importe de la liquidación derivada del acta que se incoe, sin impedir la aplicación de las correspondientes sanciones y recargos resultantes del acta de inspección.

3. ¿Aceptará la Inspección la paralización de las actuaciones inspectoras solicitada por el obligado? ¿Qué consecuencias tiene sobre la duración del procedimiento? ¿Cuándo terminará este procedimiento? La solicitud de paralización de las actuaciones por causas justificadas está prevista en el art. 150. 4 de la LGT, que dispone que el obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia, en los términos que reglamentariamente se establezcan, uno o varios periodos en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones con el obligado tributario y quedará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de duración del mismo. El órgano actuante podrá denegar la solicitud si no se encuentra suficientemente justificada o si se aprecia que puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. La denegación no podrá ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa. En este caso, resulta admisible el primer período de 50 días, pero respecto del segundo período, solo puede aceptarse la paralización por 10 días, para no superar el límite máximo legalmente establecido de 60 días. Según el artículo 150 apartado 1 de la LGT, el plazo máximo de duración del procedimiento de inspección es de 18 meses con carácter general. En este supuesto no se contemplan las circunstancias que permitirían ampliar dicho plazo a 27 meses. Por tanto, el procedimiento que dura 18 meses debería terminar el 20 de marzo de 2017 pero se extenderá el plazo máximo del procedimiento inspector en 60 días naturales por la paralización de las actuaciones inspectoras, lo que permitirá finalizar el 19 de mayo de 2017.

4.

Según lo anterior, ¿ha terminado en plazo el procedimiento de inspección?

El procedimiento de inspección termina cuando de notifique o se entienda notificada al obligado tributario de la liquidación provisional o definitiva resultante del procedimiento (art. 150.2). En este caso, al terminar la fase de instrucción con un acta de conformidad y no haber liquidación expresa por pare del inspector-jefe, según el art. 156.3, en el plazo de un mes

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contado desde el día siguiente a la fecha del acta, se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta contenida en el acta. Por tanto, la liquidación que pone fin al procedimiento se entiende notificada el 4 de mayo de 2017, lo que determina que el procedimiento sí ha terminado en plazo.

5. ¿Podría el obligado interponer algún recurso contra el acta? ¿Y contra la liquidación que resulte del acta? Contra las actas no se pueden interponer recurso o reclamación económicoadministrativa alguna (art. 185. 4 RGGIT). Respecto a la liquidación derivada del acta de conformidad, cabría: •

El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho (art. 217 de la LGT).

• El recurso o reclamación económico-administrativa por error de hecho (art. 156.5 y 144.2 de la LGT). Cualquier otra impugnación haría perder la bonificación de las sanciones que acompaña a la conformidad.

6. ¿Cuál es el periodo voluntario de pago que tiene el obligado para ingresar la liquidación resultante del procedimiento inspector? Si la liquidación se entiende notificada el 4 de mayo de 2017, según el art. 62.2.a) de la LGT, tiene hasta el 20 del mes posterior para pagar en período voluntario. En este caso, hasta el 20 de junio de 2017.

7. Suponiendo que, sin que medie requerimiento alguno por parte de la Administración, abona la mitad de la cantidad debida el 21 de octubre de 2017 y la otra mitad el 22 de diciembre del mismo año, tras recibir la providencia de apremio el 5 de ese mes ¿Qué cantidad tendrá que abonar el obligado? Diferencie los conceptos que abona. A los 8.000 € resultantes de la liquidación hay que restarles lo que abonó “a cuenta”: 8.000 € - 4.000 € = tiene que ingresar todavía 4.000 € •

Abono de 2.000 euros el 21 de octubre de 2017:

Al haber terminado el periodo voluntario el 20 de junio de 2017 = 2.000 € de cuota tributaria + 5% de recargo ejecutivo porque paga antes de la providencia de apremio (art. 28.2 LGT). • Abono de 2.000 euros el 22 de diciembre del mismo año tras recibir la providencia de apremio el 5 de ese mes: Como el plazo para pagar atendiendo el requerimiento de la providencia de apremio notificada el 5 de diciembre es, según el artículo 62.5. a) LGT, hasta el 20 de diciembre. Como paga el 22 de ese mes, lo hace fuera de plazo = 2.000 € de cuota tributaria + 20% de recargo ordinario de apremio + Intereses de demora desde el inicio del periodo ejecutivo, esto es, desde el 21 de julio de 2017 (art. 28.4 y 5 LGT).

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Módulo 2.3.- Cuantificación Módulo 3.4.- Procedimiento de recaudación. Extinción de la obligación tributaria Módulo 3.6.- Procedimientos de revisión en materia tributaria Actividad de evaluación 3.4.4: Devengo, cuantificación, prescripción y declaración de nulidad de pleno derecho 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la figura del devengo del tributo y las consecuencias respecto al régimen jurídico aplicable a una relación jurídica tributaria.  Analizar los supuestos de nulidad de pleno derecho en el ámbito tributario y las consecuencias de su declaración.  Estudiar la figura de la prescripción en el ámbito tributario y los actos susceptibles de interrumpirla.  Identificar los beneficios fiscales aprobados por la CA de Andalucía para promover una política social de vivienda y su aplicación en la cuantificación del ITPAJD. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:      

LGT: Arts. 66, 67, 68, 226, 227, 228, 232, 235 y 245. RRVA: Arts. 64 y ss. TRLITPAJD: Art. 92. RITPAJD: Art. 102. TRTCA: Art. 24. CC: Art. 1227.

2.2.- Doctrina administrativa:   

RTEAC de 13 de mayo de 2015 (reclamación nº 1200-12). RTEARA de 9 de septiembre de 2016 (Sala de Granada) y 25 de mayo de 2016 (Sala de Sevilla) CCVVDGT: 0332-00, de 24 de febrero de 2000, y 1.350-12, de 21 de junio.

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2.3.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 12 (La relación jurídicotributaria), 13 (Cuantificación de la deuda tributaria), 15 (Extinción de la deuda tributaria) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria II). CHECA GONAZÁLEZ, C., GONZÁLEZ GARCÍA, E., LOZANO SERRANO, C. y SIMÓN ACOSTA, E.: «¿Los actos administrativos anulados interrumpen la prescripción del tributo?, JT, 1999, t. II. ESEVERRI MARTÍNEZ, E.: La prescripción tributaria (en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo), Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Primero.- El 1 de febrero de 2012, teniendo Dolores Pérez 34 años, se formaliza contrato privado de compraventa de una quinta parte de finca urbana a doña Dolores Jiménez y don José Pérez. Segundo.- Con posterioridad a la firma del citado contrato de compraventa, el 25 de febrero, dicha persona cumple los 35 años. Tercero.- Tras el citado cumpleaños, el 7 de marzo de 2012, dentro de los treinta días hábiles establecidos por la normativa del ITPAJD desde el devengo del tributo, se presenta ante la Oficina Liquidadora de la ATA la autoliquidación correspondiente al citado contrato, registrándose con número de expediente ITPAJDOL-EH0410-2012/99. En dicha autoliquidación se incluye el tipo de gravamen del 3,5%, correspondiente al beneficio fiscal contenido en el art. 24.b) del TRTCAND, para adquisición de viviendas habituales por menores de 35 años y valor no superior a 130.000 €. Cuarto.- Con motivo de la citada presentación, se recibe notificación de la liquidación 010204085051, en el expediente ITPAJDOL-EH0410-2012/99, por el concepto ITPO e importe de 760,68 €, por considerarse que esta persona tenía 35 años en el momento del devengo del tributo. Quinto.- El 27 de agosto de 2012 se interpone recurso de reposición frente a la citada liquidación. Sexto.- El 3 de septiembre de 2014 se recibe acuerdo del Sr. Liquidador, de 21 de agosto de 2014, que desestima el recurso de reposición interpuesto. Frente a dicho Acuerdo se interpone la reclamación económico-administrativa nº 04|2004|14 que se resuelve mediante fallo del TEARA, Sala de Granada, de 9 de setiembre de 2016, que declara nulo de pleno derecho el Acuerdo de Liquidación, por haberse dictado en un procedimiento de comprobación de valores manifiestamente inadecuado, constituyendo “un incumplimiento frontal, evidente, manifiesto y ostensible de las normas reguladoras de los procedimientos administrativos”, debiendo haberse dictado en un procedimiento adecuado, como el de comprobación limitada.

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Séptimo.- En el mes de junio de 2017 se recibe nueva propuesta de liquidación, dictada en un procedimiento de comprobación limitada. Frente a dicha propuesta se alega la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, puesto que la liquidación y las impugnaciones no eran susceptibles de interrumpir dicha prescripción, al haberse realizado en un procedimiento declarado nulo de pleno derecho. La Gerencia Provincial de la ATA en Almería, entendiendo lo contrario, dicta nueva liquidación (nº 010204127763), el 20 de agosto de 2017, por un importe de 760,68 €. 3.2.- Se pide: Redacte una reclamación económico-administrativa frente a esta última liquidación alegando, entre otras cuestiones: a) Prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación, por haberse declarado nula de pleno derecho la liquidación anterior. b) Cumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 24 del TRLCA, por ser el contribuyente menor de 35 años en el momento del devengo del tributo. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: A LA OFICINA LIQUIDADORA DE XX Reclamación Económico-Administrativa Relación con Reclamación 04/2004/14 estimada por fallo de esta Sala de 09/09/2016 que declara nula de pleno derecho la liquidación PARA EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA Secretaría Delegada de Almería DOLORES PÉREZ, mayor de edad, con D.N.I.-N.I.F. Número xxx y domicilio en XXX, ante ese Organismo comparece, y como mejor proceda, EXPONE: Que por medio del presente escrito, y con base en lo dispuesto por los artículos 226 y siguientes de la LGT, se interpone reclamación económico-administrativa contra la liquidación número 010204127763, por un importe de 760,68 €, dictada por la Oficina Liquidadora de XX en el expediente ITPAJDOL-EH0410-2012/99, por entender que es improcedente, no se ajusta a Derecho, y es por ello lesiva y perjudicial para los intereses de quien suscribe, adjuntándose copia de la misma para una mejor identificación. Que, dado que la deuda es inferior a 6.000 €, según lo dispuesto en los artículos 245 de la LGT y 64 y siguientes del RRVA, la reclamación se tramitará por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, por lo que se incorporan las alegaciones.

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I. Requisitos de la reclamación. A. Competencia. El Tribunal al que me dirijo es competente para conocer de la presente reclamación, y ello en virtud de los arts. 228 y siguientes de la LGT. B. Legitimación. Es indudable la legitimación para promover la presente reclamación de quien suscribe, a la vista de lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. C. Acto impugnable. El acto objeto de la reclamación es, por su naturaleza y contenido, uno de los actos susceptibles de impugnación en los términos previstos por el artículo 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. D. Plazo. La reclamación ha sido presentada en tiempo oportuno, a la vista de lo establecido en el artículo 235.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, esto es, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnados, que se realizó el 20 de agosto de 2017. Por todo ello, es plenamente admisible la presente reclamación, pudiendo, pues, el Tribunal entrar a conocer del fondo del asunto, para lo cual se efectúan las siguientes ALEGACIONES: I.- ANTECEDENTES DE HECHO (Se reproducen los del enunciado) II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN A DETERMINAR LA DEUDA TRIBUTARIA MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN El Acuerdo de Liquidación notificado el año 2012 ha sido declarado nulo de pleno Derecho por el Fallo del TEARA, Sala de Granada, de 9 de setiembre de 2016, por haberse dictado en un procedimiento inadecuado. El Fundamento de Derecho Tercero del citado fallo dice textualmente lo siguiente: “Como ha puesto de relieve en resolución de fecha 25 de mayo de 2016 (R.G. 53/413/14) la sede de Sevilla de este Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía –criterio que esta Sala Desconcentrada de Granda comparte-, en el presente caso se produce, aunque en sentido inverso, idéntica desviación procedimental, al haberse utilizado un procedimiento de comprobación de valores para la regularización del impuesto llevando a cabo, en su seno, una regularización que hubiera ineludiblemente exigido la incoación de un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o, en su caso, de inspección, por lo que en consonancia con el criterio expresado al respecto por el Tribunal Económico-Administrativo Central, procede declarar nula de pleno derecho la liquidación resultante de dicho procedimiento, lo que impide el examen del resto de las cuestiones planteadas por la parte reclamante”.

Un acto nulo de pleno derecho no es susceptible de interrumpir la prescripción. Ni el acto, ni las impugnaciones interpuestas para que se declare dicha nulidad de pleno derecho. Si la Administración no estaba conforme con el contenido de dicho fallo, debía haberlo impugnado

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ante el TSJ de Andalucía, pero dado que devino firme, ahora no puede incumplir en ejecución el mismo, indicando en la liquidación que dicho acto originario sí interrumpió la prescripción. Por tanto, al no haber interrumpido la prescripción ninguno de los actos notificados en el seno del procedimiento de comprobación de valores, incluyendo la liquidación, las impugnaciones y los acuerdos que se han dictado con motivo de las mismas, consecuentemente el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria ha prescrito, por haber trascurrido más de cuatro años desde que esta parte presentó la correspondiente autoliquidación del ITPO en el año 2012, hasta mayo de 2017. En realidad, han transcurrido más de 5 años desde esa fecha. El fallo del TEARA que anuló la liquidación original y que es firme, al no haber sido recurrido, concluye que la actuación llevada a cabo por la Administración en el procedimiento citado constituyó “un incumplimiento frontal, evidente, manifiesto y ostensible de las normas aplicables reguladoras de los procedimientos administrativos”, apreciándose que el “el vicio debe enmarcarse en la categoría de nulidad de pleno derecho”. La jurisprudencia es unánime al considerar que los actos nulos de pleno derecho carecen de eficacia interruptiva de la prescripción, y que, consecuentemente la impugnación presentada frente a dichos actos nulos tampoco provoca la interrupción de la prescripción. En otras palabras, sería absurdo entender que un acto administrativo declarado nulo de pleno derecho no produce efecto interruptivo y sí lo produce el recurso del administrado contra dicho acto.

Segundo.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ART. 24.B DEL DECRETO-LEY 1/2009 Esta parte formalizó un contrato de compraventa de vivienda en documento privado, cumpliéndose todas las exigencias del mismo, cuando tenía 34 años, tal y como se ha acreditado, según lo expuesto en los antecedentes de hecho, mediante la transferencia bancaria y mediante escrito del letrado en cuyo despacho se formalizó el contrato y que se ha aportado como documento número dos. El artículo 102 del RITPAJD dispone que el plazo para la presentación de los actos o contratos es de treinta días hábiles desde el día en que se formalice el acto o contrato. Y así actuó esta contribuyente, autoliquidando el impuesto en el citado plazo. La Administración tributaria considera que en este caso se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 50 del TRLITPAJD y por tanto, que debe tenerse en cuenta la edad, en el momento de la presentación y no de la realización del contrato. Sin embargo, este razonamiento podría ser asumido a efectos de la prescripción, dado que se trata de un precepto que pretende evitar el fraude de ley por parte de los contribuyentes, pero no cuando no se aduce esta cuestión y en todo caso, cuando se autoliquida dentro del plazo de período voluntario. Es más, podría asumirse el argumento si el acto se presenta a autoliquidación fuera de plazo, pero no cuando se hace dentro del plazo reglamentario. De lo contrario, se estaría vaciando de contenido el precepto que establece el plazo de presentación e ingreso correspondiente a los hechos imponibles formalizados en documentos privados, porque nunca sería de treinta días desde su realización, sino desde su presentación, pero dado que el sistema de gestión utilizado es el de autoliquidación, como la presentación lleva implícito el ingreso, en los documentos privados no habría plazo de ingreso en voluntaria. Y la norma (art. 102 del Reglamento del Impuesto) no establece ninguna excepción. Por tanto, si dice “treinta días hábiles a contar desde el día en que se realice el acto o contrato”, y no añade, “salvo en caso de documentos privados, cuyo ingreso deberá realizarse el día de su presentación, con independencia de cuando se realizara el acto”.

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Del mismo modo se estaría vulnerando la asentada doctrina según la cual la fecha de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación comienza, no cuando se produce el devengo del impuesto, sino desde que finaliza el período voluntario de presentación de la autoliquidación. Y ello, porque en este caso, con la actuación de la Administración tributaria, se estaría eliminando ese período voluntario de presentación y pago. En este sentido se expresa la DGT en la contestación a la Consulta número 0332-00, de 24 de febrero de 2000, en la que se planteaba la fecha en que debía haberse presentado a liquidación un contrato privado de compraventa. El máximo órgano interpretativo de la Administración responde que “el Impuesto se habría devengado el día en que se realizó el acto o contrato y debería haberse liquidado en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la celebración del contrato”. La misma DGT, en su contestación Consulta vinculante núm. 1350/2012 de 21 junio (JUR 2012, 280013) -al hilo de la cuestión relativa a la elevación a documento público de un documento privado de compraventa de vivienda- afirma que, en caso de elevación a documento público de un documento privado de compraventa de vivienda sin que concurra ninguna de las circunstancias previstas en el art. 1227 del CC, la fecha que debe tenerse en cuenta es la de la elevación a escritura pública, pero refiriéndose exclusivamente a efectos de la prescripción, no de las condiciones de liquidación. En este sentido se pronuncia al TS, en su sentencia de 15 de noviembre de 1995 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), concluyendo en el FD 5º en los siguientes términos: “La presunción legal (…) sólo puede aplicarse como indica textualmente «a efectos de la prescripción», de modo que en cuanto a la determinación de las normas aplicables (devengo del Impuesto, base imponible, tipos, etc.) rige y prevalece la fecha real, verdadera, no presunta, del documento privado”.

Igual de clarificadora es la Resolución de la DGT de 16 de noviembre de 1990, que textualmente contesta en los siguientes términos: “La doctrina administrativa se ha venido inclinando de manera uniforme por considerar la fecha de presentación del documento privado, válida exclusivamente a efectos de prescripción, retrotrayéndose a la fecha del documento para determinar el resto de los elementos que configurar la deuda tributaria”.

Ejemplos de esta forma de entender han sido las numerosas resoluciones de los Tribunales Administrativos, tanto Regionales, como el propio Tribunal Central, de 10 de noviembre de 1988, 8 de febrero de 1989 y 30 de septiembre de 1988, así como la STS de 30 de septiembre de 1988, que señalan que es precisamente la fecha de otorgamiento del documento privado, autoliquidado dentro del plazo reglamentario, la que determina el nacimiento de la obligación tributaria. E igualmente se pronuncia ESEVERRI MARTÍNEZ en su monografía La prescripción tributaria en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Tirant lo Blanch, Valencia, 2012), en la que se defiende que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del TR de la LITPAJD se produciría, a efectos de prescripción, sólo, “tratándose de declaraciones presentadas recogiendo documentos privados suscritos en fecha anterior al vencimiento el plazo reglamentario de presentación”. Por lo expuesto y sin que nuestra interpretación suponga contravenir lo dispuesto en el artículo 50 del TRLITPAJD, en el presente caso, debe aceptarse que la edad de la contribuyente

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era inferior a 35 años y considerarse correcto el tipo de gravamen aplicado, puesto que es la única forma de respetar lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del citado Tributo. En virtud, al Tribunal SOLICITA: Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito, con los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo teniendo por formulada reclamación económico-administrativa acumulada contra la liquidación número 010204127763, por un importe de 760,68 €, dictada por la Oficina Liquidadora de xx en el expediente ITPAJDOL-EH0410-2012/99, y previos los trámites legales oportunos, eleve la misma, junto con el expediente correspondiente, a la Secretaría Delegada en Almería, del TEARA, que es el competente para dilucidar la presente controversia, para que, en su momento, dicte fallo en el que se acuerde anular el mencionado acto. En xxx, a 18 de septiembre de 2017 Fdo.: Dolores Pérez

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MÓDULO 3.5. LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES TRIBUTARIAS

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales Módulo 3.5.- Infracciones y sanciones tributarias Actividad de evaluación 3.5.1: El procedimiento sancionador. ISD 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Identificar las correspondientes infracciones tributarias y el régimen sancionador aplicable.  Estudiar la regulación del procedimiento sancionador.  Aprender a cumplimentar una alegación en el seno del citado procedimiento.  Conocer la normativa autonómica aplicable al ISD. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:       

LGT: Arts. 109 a 113, 198, 207 a 212 y 222 a 225. RGGIT: Arts. 114 a 115 bis. RRST: Arts. 20 y 29. LISD: Arts. 3, 34 y 36. RISD: Arts. 66 y 67. TRTCAND: Art. 19. CC: Art. 1000.3.

2.2.- Jurisprudencia   

SSAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 240/2016, de 25 de mayo y de 23 de enero de 2012. STSJ Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo ContenciosoAdministrativo) 163/2002, de 18 de febrero. STSJ Andalucía, Granada (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 156/1998, de 16 de febrero.

2.3.- Doctrina científica: 



SANZ DÍAZ-PALACIOS, J. A.: “Tema 21. Infracciones y sanciones tributarias”, en COLLADO YURRITA M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CORDERO GARCÍA, J. A.: El procedimiento sancionador en materia tributaria, Marcial Pons, 2013.

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 

CORDERO GARCÍA, J. A.: “La Potestad Sancionadora de la Administración Tributaria: principios reguladores”, Jurisprudencia Tributaria, nº5, 2000. AGUILAR RUBIO, M.: “La potestad sancionadora tributaria”, en MERINO JARA, I (dir.): Estudios sobre la reforma de la Ley General Tributaria, Huyens, 2016.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: Primero.- D. Andrés, viudo, fallece el 1 de enero del año 2017. En dicho momento tenía 4 hijos. No había otorgado testamento y la masa hereditaria se valora en un millón de euros. Segundo.- El 2 de mayo uno de sus hijos, don Segismundo, que se dedicaba a la vida contemplativa, procede a formalizar ante notario renuncia gratuita de la herencia a favor de los coherederos a cuyo favor, debía acrecer la porción renunciada. Tercero.- El 10 de diciembre de 2017, don Segismundo recibe notificación de la ATA que contiene un Acuerdo Sancionador, por importe de 200,00 euros, por no haber presentado, en tiempo y forma, la autoliquidación del ISD, con motivo del fallecimiento de su padre. Dicha notificación es la primera que recibe don Segismundo y en ella se indica que el procedimiento sancionador se inició el 6 de junio de 2017. 3.2. Se pide: Primero.- ¿Qué efectos tiene, para don Segismundo y para sus tres hermanos, la formalización de la renuncia gratuita a la herencia? ¿Se produce el hecho imponible del ISD para don Segismundo? ¿Y para los hermanos? ¿Tendrá que pagar alguna cuota los hermanos por la herencia del padre? ¿Y si don Segismundo no hubiera renunciado a la herencia? Segundo.- ¿Qué infracción tributaria cree que le imputa la ATA a don Segismundo? En su opinión, ¿se ha cometido dicha infracción? Tercero.- ¿Cuál es el plazo que establece la normativa para la presentación de la autoliquidación del ISD? Cuarto.- ¿Considera correcto el inicio del procedimiento sancionador el 6 de junio de 2017? Quinto.- ¿Se han respectado las exigencias de las distintas fases que debe cumplir un procedimiento sancionador? ¿Se ha producido la caducidad del procedimiento? En caso afirmativo, ¿podrá la Administración archivar el mismo e iniciar un nuevo procedimiento? Sexto.- Si don Segismundo está interesado en impugnar la sanción y en conseguir la suspensión del pago de la misma hasta que se resuelva el recurso, ¿deberá solicitarlo y ofrecer garantía?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales Módulo 3.5.- Infracciones y sanciones tributarias Actividad de evaluación 3.5.2: La suspensión de las sanciones tributarias 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Conocer la regulación de la suspensión de las sanciones tributarias con motivo de su impugnación.  Estudiar las diferencias del régimen de esta medida cautelar en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional.  Promover la capacidad de redactar escritos jurídicos y de dominar las técnicas informáticas en la obtención de información jurídica. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:  

LGT: Arts. 26, 207 a 212 y 224 y 233. RRST: Arts. 20 y 29.

2.2.- Jurisprudencia    

SSTS de 6 de marzo de 2000, 18 de septiembre de 2001, 5 de octubre de 2004, 16 de enero, 2 de febrero, de 10 de julio y 10 de diciembre de 2012. SAN de 1 de marzo de 2012. STJ de Murcia, de 30 de enero de 2015. RRTEAC de 24 de julio de 2007, 31 de enero de 2008 y 26 de abril de 2012.

2.3.- Doctrina científica: 

 

SANZ DÍAZ-PALACIOS, J. A.: “Tema 21. Infracciones y sanciones tributarias”, en COLLADO YURRITA M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CORDERO GARCÍA, J. A.: El procedimiento sancionador en materia tributaria, Marcial Pons, 2013. LUQUE MATEO, M. A.: Las medidas cautelares tributarias, Atelier, Barcelona, 2016.

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: Primero.- El 6 de agosto de 2016 usted recibe notificación del órgano gestor de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación en Almería de la AEAT, comunicando el inicio de procedimiento sancionador núm. 042007000107516, por el concepto impositivo Impuesto sobre Hidrocarburos, 2016, que contiene una sanción monetaria por importe de 3.600 euros y otra no monetaria de precintado e inmovilizado del vehículo especial matrícula MU375XX. Dicha notificación concede un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones. Segundo.- Tras la correspondiente evacuación del trámite de alegaciones, se recibe notificación del Acuerdo sancionador el 3 de febrero de 2017. El 20 de febrero de 2017 se interpone recurso de reposición contra dicho acto. En la impugnación, se informa de obligación de suspender la sanción pecuniaria, con clave de liquidación A0481008456000039, y la sanción no pecuniaria. Tercero.- El recurso se desestima y frente a la resolución desestimatoria se interpone reclamación económico-administrativa, que es desestimada por fallo del TEARA, notificado hace 20 días. Cuarto.- Usted va a interponer recurso contencioso-administrativo frente al citado fallo y tiene interés de solicitar en dicho ámbito jurisdiccional que se acuerde la medida cautelar de suspensión. No obstante, para evitar que la deuda contenida en la sanción pecuniaria entre en período ejecutivo, usted está interesado en que se mantenga la de suspensión acordada en vía administrativa hasta que el órgano jurisdiccional resuelva sobre la solicitud de la medida cautelar que pretende solicitar. 3.2.- Se pide: Primero.- ¿Era posible solicitar una ampliación del plazo de alegaciones, respecto a la notificación del inicio del procedimiento sancionador que concedía 15 días hábiles? En su caso, redacte la solicitud correspondiente. Segundo.- Considera correcto que al interponerse el recurso de reposición descrito en el hecho segundo de la práctica, el interesado se limitara a informar de la suspensión, en lugar de presentar una solicitud. En su caso, ¿dicha solicitud debía formalizarse en escrito independiente al de la impugnación? Tercero.- Cuando se presenta reclamación económico-administrativa frente a la desestimación del recurso de reposición, ¿es necesario, solicitar en dicha fase el mantenimiento de la suspensión acordada? Cuarto.- Al hablar de “suspensión de las sanciones” en vía administrativa, ¿nos referimos a una suspensión propiamente dicha o a una inejecutividad de las mismas? Quinto.- ¿Es posible que se mantenga la suspensión de las sanciones acordada en vía administrativa durante el plazo otorgado para interponer el recurso contenciosoadministrativo y hasta que resuelva el órgano jurisdiccional sobre la medida cautelar

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que se prevé solicitar en dicho ámbito? En su caso, formalice la correspondiente solicitud a la AEAT. Sexto.- ¿Se pueden exigir intereses de demora por el tiempo que transcurra durante todas las fases en vía administrativa y judicial hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la desestimación de la impugnación, en su caso?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales Módulo 3.5.- Infracciones y sanciones tributarias Módulo 3.6.- Procedimientos de revisión en materia tributaria Actividad de evaluación 3.5.3: Impugnación de resolución sancionadora

1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  Identificar las correspondientes infracciones tributarias y el régimen sancionador aplicable.  Estudiar los principios de la potestad sancionadora en materia tributaria.  Analizar los criterios de graduación de las sanciones. 2.- MATERIAL DE CONSULTA 2.1.- Normativa:        

CE: Arts. 1, 9.3 y 103. LGT: Arts. 37, 38, 108, 178, 179, 191, 187, 188, 207 a 212, 226 y ss. RGGIT: Arts. 114 a 115 bis. RRST: Arts. 20 y 29. RIRPF: Art. 75 y ss. LRJSP: Art. 54 LPACAP: Art. 35. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000: Art. 41.

2.2.- Jurisprudencia    

SSTS de 25 de febrero de 2010, 12 de enero, 8 de marzo y 12 de mayo de 2013, y 7 de marzo de 2014. SSAN de 2 de enero de 2015 y 13 de abril de 2016. STSJ de Baleares de 8 de septiembre de 2011. SSTSJ de Cataluña, de 13 de enero de 2011, 23 de febrero, 8 de marzo y 19 de abril de 2012.

2.3.- Doctrina científica: 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 16 (Los sujetos de la obligación tributaria), 21 (Infracciones y sanciones tributarias) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria II).

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 

CORDERO GARCÍA, J. A.: El procedimiento sancionador en materia tributaria, Marcial Pons, 2013. CALVO VÉRGEZ, J.: “Una aproximación a la naturaleza jurídica de la retención en el IRPF”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 1/2009.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO 3.1.- Enunciado: Primero.- Don José Miguel, don Salvador, don Abdehak y don Ahmed son trabajadores por cuenta ajena de la mercantil AGRÍCOLA SA desde el 27/07/2006, el 26/05/2004, el 12/06/2006 y el 20/08/2004, respectivamente. El día de la firma de sus correspondientes contratos laborales, los citados trabajadores comunican a la empresa sus circunstancias económicas y familiares, en relación con la obligación de retención sobre los rendimientos del trabajo del pagador. Segundo.- El 27 de diciembre de 2012 los mencionados empleados comunican nuevamente a la empresa, mediante modelo 145, las citadas circunstancias familiares y económicas actualizadas a dicha fecha. En concreto: - Don José Miguel comunica que se encuentra en la situación familiar 2 (casado y no separado legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros) y que tiene dos hijos menores de edad (nacidos en 2005 y 2008, respectivamente). - Don Salvador indica que se encuentra en la situación familiar 3 y que tiene tres hijos menores de edad (nacidos en 2001 y 2006, respectivamente). - Don Abdehak indica que se encuentra en la situación familiar 2 y que tiene dos hijos menores de edad, nacidos en 2008 y 2010, respectivamente. - Don Ahmed comunica que también se encuentra en la situación familiar 2 y que tiene un hijo menor de edad, nacido en 2005. Tercero.- Don Abdehak comunica el 15 de marzo de 2013 a la mercantil el aumento del número de hijos menores de edad, en uno más (hasta 3), al haber nacido un nuevo hijo en 2013, manteniéndose su situación familiar en el supuesto 2. Cuarto.- El 30 de enero de 2014 se presenta el modelo 190 del ejercicio 2013, con número de registro 201319000978050240823 y Código Seguro de Verificación C2NBB84MDD2ZAV7, incluyendo los mencionados trabajadores con las circunstancias familiares comunicadas debidamente por ellos. NOMBRE

SITUACIÓN FAMILIAR

HIJOS

SALVADOR

3

3

JOSÉ MIGUEL

2

2

ABDELHAK

2

3

AHMED

2

1

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Quinto.- El 27 de enero de 2015 se presenta el modelo 190 del ejercicio 2014, con número de registro 201419000977050170881 y Código Seguro de Verificación BKH7U46GSMFAUCL, incluyendo los mencionados trabajadores con las mismas circunstancias familiares que no habían variado. Sexto.- Durante el ejercicio 2015 tampoco varían las circunstancias familiares de los trabajadores. De hecho, ninguno de ellos comunica modificación alguna. Antes el contrario, siguen comunicando en abril de ese mismo año que las circunstancias son las mismas que los años anteriores y, se practican las retenciones conforme a dichas circunstancias. No obstante, al cumplimentar el modelo 190 del citado ejercicio 2015, la asesoría transcribe erróneamente la situación familiar y el número de hijos de los citados trabajadores: no les imputa ningún hijo y considera que se encuentran en la situación familiar nº 3. Lógicamente se trata de un error, porque no se comunicó variación alguna y las situaciones familiares se mantenían idénticas. Ello provocó que se produjera una incongruencia entre las cantidades retenidas e ingresadas (calculadas conforme a la situación real y a las circunstancias comunicadas por los trabajadores) y los datos comunicados en el modelo 190, que contenían un claro error material y de hecho. Séptimo.- Consecuencia de dicho error, la mercantil recibe notificación de la Oficina de Gestión de la Administración de Huércal Overa (Almería) de la AEAT que contiene propuesta de liquidación, con una deuda de 5.364,50 €. En tiempo y forma el obligado tributario presenta alegaciones, indicando que dicha cantidad correspondía a un error en la presentación del modelo 190 del ejercicio 2015, alegaciones que son desestimadas mediante Resolución de liquidación provisional número 20151900013553. La liquidación se impugna en vía económico-administrativa. Octavo.- Junto con la liquidación, el 26 de mayo de 2017 se notifica inicio de procedimiento sancionador como consecuencia de la posibilidad de que la mercantil hubiere cometido la infracción tributaria consistente en “dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa del tributo la deuda tributaria que debiera resultar de su correcta autoliquidación”. Frente a ello, el obligado tributario presenta alegaciones, que son desestimadas mediante Resolución del Administrador de la AEAT en Huércal Overa, de 11 de septiembre de 2017, notificada el 21 de dicho mes, con el contenido siguiente:

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3.2. Se pide: Primero.- En la relación tributaria objeto de esta impugnación, ¿qué clase de obligados tributarios son la mercantil AGRÍCOLA SA y sus cuatro trabajadores? ¿Qué tipo de relación tributaria existe entre ellos? ¿En qué plazo debe comunicar el trabajador al pagador sus circunstancias personales y familiares, así como la variación de las mismas? Segundo.- ¿Qué infracción tributaria se le imputa a AGRÍCOLA SA? Tercero.- ¿Por qué se califica de grave dicha infracción? ¿Cuál sería la sanción resultante si se hubiese calificado como leve o muy grave? ¿Por qué no se ha aplicado reducción alguna? Cuarto.- ¿Por qué se aplica, en la graduación de la sanción, un incremento de 25 puntos por comisión repetida? ¿Especifica el Acuerdo a) cuándo fue sancionada anteriormente la mercantil; b) qué infracción cometió y que clase de sanción fue impuesta; c) en qué artículo se regulaba tal infracción; d) qué Administración tributaria y qué órgano de la misma dictó el acuerdo sancionador y c) qué calificación tuvo, en su caso, tal infracción? ¿Considera suficientemente motivada la aplicación de este criterio de graduación? ¿Se habría producido indefensión? Quinto.- ¿Por qué se ha aplicado un incremento de 15 puntos en la graduación de la sanción, por perjuicio económico? ¿Se ha aplicado correctamente? ¿En qué precepto se regula esta cuestión?

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Sexto.- ¿El precepto que regula la infracción que se ha imputado a la sociedad permite la aplicación de un porcentaje distinto del 50% de la sanción incluido en el acuerdo notificado? Séptimo.- De la lectura del supuesto descrito en esta práctica y, sabiendo que los trabajadores aplicaron en sus declaraciones de la renta las retenciones realmente efectuadas por la empresa y no otras superiores, ¿podría afirmarse que ha existido perjuicio económico para la Hacienda Pública? En caso contrario, ¿sería sancionable la conducta? ¿A través de qué precepto? Octavo.- Enumere tres sentencias judiciales que puedan fundamentar una alegación de ausencia de responsabilidad y falta de culpabilidad de la mercantil, por encontrarnos ante un error material o de hecho. Noveno.- En caso de que la sociedad estuviera interesada en suspender el pago de la sanción, con motivo de la presentación de una impugnación frente a la misma, ¿sería necesario aportar garantía? ¿Se debería solicitar la medida cautelar expresamente? Si finalmente se desestima la impugnación en vía administrativa, ¿se girarían intereses de demora por el tiempo transcurrido? Décimo.- En caso de interponerse una impugnación frente a la sanción, ¿cuáles serían los argumentos que esgrimiría? ¿Se tendría que presentar telemáticamente o podría hacerse en papel?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del derecho tributario Módulo 3.5.- Infracciones y sanciones tributarias Actividad de evaluación 3.5.4: Infracción del art. 198.1 LGT 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la normativa básica reguladora del procedimiento sancionador y de las infracciones tributarias.  Estudiar las causas de exoneración de la responsabilidad en el ámbito sancionador tributario.  Aprender a valorar las estrategias de defensa ante la imposición de sanciones tributarias. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:  

LGT: Arts. 178 a 206. RRST: Arts. 20 y 29.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:    

STJUE de 20 de junio de 2013, asunto C-259/2012. TC. Pleno. Auto 20/2015, de 3 de febrero de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 4430-2014. TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia de 11 diciembre 2014. RRTEAC de18 de febrero de 2016, nº 07036/2015/00/00 y de 8 de septiembre de 2016, nº 01614/2016/00/00.

2.3.- Doctrina académica: 

 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 16 (Los sujetos de la obligación tributaria), 21 (Infracciones y sanciones tributarias) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria II). CORDERO GARCÍA, J. A.: El procedimiento sancionador en materia tributaria, Marcial Pons, 2013. FORNIELES GIL, A.: “El principio de proporcionalidad”, en DI PIETRO, A. y TASSANI, T.: Los principios europeos del Derecho Tributario, Atelier, Barcelona, 2015.

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2.3.- Recursos web: 

Instrucciones modelo 190: http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_A gencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_100_al_19 9/190/Instrucciones/instr_mod190_es_es.pdf http://www.aticojuridico.com/categoria-tributario/categoria-procedimientos /462-impugnacion-de-sanciones-tributarias-el-supremo-entierra-el-principiode-proporcionalidad

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: A las 23 horas del día 31 de enero de 2017 el Sr. ”A”, asesor fiscal, intenta presentar telemáticamente el modelo 190 (Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta) de su cliente la sociedad anónima “L” correspondiente al ejercicio 2016, pero por una serie de problemas con el ordenador y con el servidor no consigue realizar la presentación hasta las 0 horas y 15 minutos del día 1 de febrero. La declaración incluía registros correspondientes a las retenciones practicadas a 1.200 perceptores, coincidentes con el número de trabajadores de la empresa. El 20 de abril de 2017 recibe notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador, en el que se refiere que se ha cometido una infracción tipificada en el art. 198.1 LGT, con una propuesta de sanción de 12.000 €, resultante de multiplicar los 1.200 registros incluidos en la declaración por 10 €. 3.2.- Se pide: Exponga los motivos de oposición que considera que puede esgrimir el Sr. “A” contra dicha propuesta de liquidación, valorando las posibilidades que tienen los mismos de ser aceptados por la Administración, en trámite de alegaciones, y por los Tribunales, en posteriores recursos. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: El primer motivo de oposición que se puede invocar es la infracción del art.178.2 LGT: parece meridianamente claro que la propuesta de sanción es contraria al principio de proporcionalidad ya que una sanción de 12.000 € por un pequeño retraso en la presentación de una declaración informativa parece, usando el sentido común, un castigo abusivo y desproporcionado en relación con la conducta: casi 1.000 € por minuto. No parece que llegar 15 minutos tarde a la cita sea una cosa muy grave, y habida cuenta de que a esa hora no hay nadie trabajando en la AEAT, poco o ningún perjuicio se ha ocasionado con la conducta a la Hacienda Pública. Ahora bien, la sola invocación del precepto infringido no tendrá ningún éxito en trámite de alegaciones, habida cuenta de que se puede deducir fácilmente que a la

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administración, por la sola emisión de la propuesta, el asunto le parece una cosa normal y corriente, y por supuesto, “proporcionado”. El recurso de terminar en el TC ofrece dificultades serias, si tenemos en cuenta el Auto del TC 20/2015, de 3 de febrero: Antes de nada debemos recordar que el principio de proporcionalidad “no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto de otros preceptos constitucionales” (STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 8). Por lo tanto, cuando se aduce la existencia de un trato desproporcionado, debe primero alegarse en qué medida se afecta, además, al contenido de otros derechos constitucionales, pues sólo cuando la desproporción suponga vulneración de dichos derechos cabrá, en su caso, declarar la inconstitucionalidad de la norma (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3; y 136/1999, de 20 de julio, FJ 22). Más sensato parece, por tanto analizar la eficacia práctica de dicho principio según la jurisprudencia y doctrina administrativa. Por ejemplo, el F.J. Quinto de la Resolución del TEAC 01614/2016/00/00, de 08/09/2016 establece: “Por otra parte, también en relación con el principio de proporcionalidad que debe regir la cuantificación de las sanciones, se significan las diferencias que se ponen de manifiesto en la nueva Ley General Tributaria de 2003 cuando el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 11 diciembre 2014 (rec. 2742/2013) dice en el Fundamento de Derecho Tercero: “(....)Ahora bien, sin perjuicio de que conforme a esta jurisprudencia constitucional la adecuación o proporción de las condenas o sanciones a las conductas ilícitas ha sido una decisión que ha correspondido siempre al legislador, durante la vigencia de la LGT de 1963 (RCL 1963, 2490) esta Sala había reconocido expresamente que el principio de proporcionalidad en su vertiente aplicativa había servido en la jurisprudencia « como un importante mecanismo de control por parte de los Tribunales del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, cuando la norma establece para una infracción varias sanciones posibles o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria; y, así, se viene insistiendo en que el mencionado principio de proporcionalidad o de la individualización de la sanción para adaptarla a la gravedad del hecho, hacen de la determinación de la sanción una actividad reglada y, desde luego, resulta posible en sede jurisdiccional no sólo la confirmación o eliminación de la sanción impuesta sino su modificación o reducción » [ Sentencia de 24 de mayo de 2004 (RJ 2004, 3251) (rec. cas. núm. 7600/2000 ); doctrina jurisprudencial reiterada en la posterior Sentencia de 14 de enero de 2013 (RJ 2013, 69) (rec. cas. núm. 1040/2011 )]. Este margen de maniobra que reconocíamos a los Tribunales como mecanismo de control del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, empero -y es aquí donde queremos poner el acento-, ha quedado anulado por el legislador tributario con la redacción de la LGT de 2003, pues como señalábamos en nuestra Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (RJ 2011, 5684) (rec. cas. núm. 4289/2009 ), « en la medida en que la LGT de 2003 (RCL 2003, 2945) ha establecido para cada conducta ilícita una sanción específica, concreta, determinada» no ha dejado « a la hora de imponer la sanción, como hacía la anterior LGT de 1963 (RCL 1963, 2490) , margen alguno para la apreciación del órgano competente para sancionar » [FD Quinto D) a)].(....)”.

Dado que el TEAC considera que el principio de proporcionalidad ha sido asépticamente liquidado por la voluntad del legislador mediante el establecimiento de sanciones matemáticamente determinadas, procede analizar la opinión de instancias superiores, a ver si hay suerte. La STS de 11 diciembre 2014 (RJ\2014\6540), si bien dictada en un caso en que existe intencionalidad en la conducta y perjuicio económico para la Hacienda Pública, establece: Pues bien, en el único motivo admitido se denuncia, con base en el art. 88.1.d) de la LJCA, la infracción del principio de proporcionalidad recogido en el art. 178 de LGT, actualmente positivizado en el art. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen

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Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJyPAC), en cuanto que, a su entender, la cuantía de la multa impuesta «no guarda proporción alguna con los hechos que se [le] imputan» (FJ SEGUNDO). La cosa se pone interesante. A ver lo que pasa cuando se alega como único motivo la infracción del art. 178. Y, en tanto que la cuestión de la proporcionalidad entre pena y delito o, en su caso, infracción y sanción, constituye un juicio de oportunidad que es competencia exclusiva del legislador, a «los Tribunales de justicia sólo les corresponde, según la Constitución, la aplicación de las Leyes y no verificar si los medios adoptados por el legislador para la protección de los bienes jurídicos son o no adecuados a dicha finalidad, o si son o no proporcionados en abstracto», conclusión ésta que se deduce del art. 117 CE (STC 65/ 1986, de 22 de mayo , FJ 3, in fine). En consecuencia, «no cabe deducir del artículo 25.1 de la Constitución Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito» (STC 65/1986, de 22 de mayo, FJ 3, in fine) y en los supuestos en que « una condena penal pueda ser razonablemente entendida como aplicación de la ley, la eventual lesión que esa aplicación pueda producir», «será imputable al legislador y no al Juez» (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 21, in fine y FJ TERCERO). Si seguimos los razonamientos vemos que el TS asume literalmente la doctrina del TEAC. Como no se trata, salvo que seamos optimistas e inasequibles al desaliento, de cambiar doctrinas legales, y averiguar lo que se opina en el caso de que la conducta no sea intencionada y no produzca perjuicio económico, conviene buscar nuevas armas, ya que la pólvora del art. 178 parece un poco mojada.

El segundo motivo de oposición lo encontramos consultando el precepto que siempre hay que consultar cuando hablamos de sanciones: el art. 179, por si es posible acogerse a alguna causa de exoneración de responsabilidad. En este caso, las enunciadas en las letras b), d) y e) dicho apartado. En teoría, la prueba de la culpabilidad o de la simple negligencia corresponde a la administración. En la práctica, es conocido, la negligencia se infiere objetivamente de la comisión de la infracción. La administración usará, de forma aproximada, la siguiente argumentación: El sujeto no ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los plazos de presentación de las declaraciones son claros. El contribuyente no ha cumplido en plazo con su obligación, y la norma tributaria establece de forma clara la obligación y los plazos de presentación la declaración omitida. La conducta no se puede amparar en una interpretación razonable de la norma. Por tanto, concurre el mínimo de culpabilidad necesaria para que pueda entenderse cometida la infracción tributaria. Se puede invocar la deficiencia técnica de los programas informáticos, si se demuestra que se intentó presentar la declaración a las 11 horas 45 minutos, pero el servidor de la AEAT estaba saturado y no se obtuvo respuesta hasta las 12 horas 15 minutos. Pero lo anterior no es más que una simple afirmación cuyo valor dependerá de las pruebas que se aporten: si existen o no capturas de pantalla en las que aparezca que el servidor está saturado y se solicita que se intente la presentación más tarde. Se puede también invocar la diligencia debida -se intenta presentar en plazo- y la comisión de la infracción por causa de fuerza mayor –se cae internet en esa franja horaria-, con

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los mismos problemas de prueba. Un certificado del operador en el que se exponga que se dejó de prestar servicio en esa zona y en ese horario constituiría una prueba difícilmente refutable. En su ausencia, el juez podrá pensar que es una simple excusa y que dejar la presentación para el último momento es una acción de algún modo negligente. Un tercer motivo de oposición podría ser la incorrecta interpretación del art. 198.1 LGT, argumentando que dicho precepto, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 178, concede a la administración discrecionalidad para fijar, entre los 300 € y los 20.000 € de sanción mínima y máxima, la procedente en cada caso, atendidas las circunstancias de la conducta, y concluir que la sanción fijada es excesiva solicitando su reducción. Lo cierto es que el precepto cuantifica la sanción, y lo hace en función del “tamaño” de la declaración informativa, prescindiendo de la utilización de otros criterios, como podrían ser el grado de culpabilidad u otras circunstancias concurrentes en el caso. La sanción es de 300 € cuando el número de registros sea menor de 15, de 20.000 € cuando el número de registros sea igual o superior a 1.000, y variable entre ambas cantidades cuando el número de registros oscile entre 15 y 1.000. Lo que se propone, por tanto, es una modificación del precepto por vía interpretativa que seguro ningún tribunal administrativo va a aceptar, como tampoco lo hará, casi con seguridad, ningún TSJ. La cuantificación de la sanción con fundamento exclusivo en el tamaño de la declaración informativa abre la puerta a su posterior impugnación con fundamento en la STJUE de 20 de junio de 2013, asunto C-259/2012, que exige tener en cuenta elementos de proporcionalidad en la cuantificación de sanciones, como son plazo en que se ha rectificado la irregularidad, la gravedad de dicha irregularidad y la posible existencia de un fraude o elusión de la normativa aplicable imputable al sujeto pasivo. Finalmente se puede buscar la discrecionalidad de forma discreta, mediante el socorrido recurso de alegar infracción de los arts. 103.3 y 211.3 LGT: insuficiente motivación (vid. RTEAC 07036/2015/00/00, de 18 de febrero de 2016: el sentido de que la utilización de la expresión “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad” no supone motivar suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad). Se abre al Tribunal la posibilidad de anular la sanción de forma discreta, sin los daños colaterales al ordenamiento que supondría, por ejemplo, aceptar el motivo anterior. Habría que relacionar la forma en la que se han expuesto en trámite de alegaciones a la propuesta de sanción los motivos referidos en el punto dos anterior, y sobre todo, el esfuerzo realizado para refutarlos al dictar el Acuerdo de Imposición de Sanción, para permitir al tribunal concluir, si quiere, que no se ha motivado suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad.

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MÓDULO 3.6. LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 3.6.- Procedimientos de revisión en materia tributaria Actividad de evaluación 3.6.1: Varios supuestos de revisión en materia tributaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer los distintos medios de revisión en materia tributaria.  Diferenciar las vías de impugnación ordinaria de los procedimientos especiales de revisión tributaria.  Aprender a cumplimentar los diferentes modelos de revisión tributaria.  Estudiar la regulación y la jurisprudencia recaída en relación con la figura de silencio administrativo en el ámbito de la revisión tributaria. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

LGT: Art. 135 y Título V. RRVA. RGGIT: Arts. 126 a 130, 161 y 162. TRLRHL: Arts. 14, 20, 24, 25 y 107.

2.2.- Jurisprudencia: 

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SSTC: 6/1986, de 21 de enero; 204/1987, de 21 de diciembre; 63/1995, de 3 de abril; 188/2003, de 27 de octubre; 220/2003, de 15 de diciembre; 14/2006, de 16 de enero; 39/2006, de 13 de febrero; 175/2006, de 5 de junio; 27/2007, de 12 de febrero; 40/2007, de 26 de febrero; 239/2007, de 10 de diciembre; 262/2015 y 263/2015, ambas de 14 de diciembre. SSTS de 23 de marzo de 1981, 30 de marzo de 1983, 28 de noviembre de 1989, 19 de abril de 1992, 7 de mayo de 1993, 24 de febrero de 1995, 2 de febrero de 1997, 30 de junio de 1999 y 17 de mayo de 2016. STSJ de Andalucía, Granada, de 17 de febrero de 2003.

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 23 y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria I y II).

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DE LA HUCHA CELADOR, F., LÓPEZ LÓPEZ, H., MARTÍNEZ CABALLERO, R. e IBÁÑEZ GARCÍA, R.: Practicum Fiscal, Arazandi, Navarra, 2015. GARCÍA NOVOA, C: El Silencio Administrativo en Derecho Tributario, Aranzadi, Navarra, 2001.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 1.- Su compañero de grupo recibe, el 20 de abril de 2017, notificación de la Delegación en Almería de la AEAT de una liquidación del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, por importe de 3.000 €, en el expediente 489. No estando conforme, por entender que ingresó todo el dinero, interpone recurso de reposición el pasado 25 de diciembre. A día de hoy su compañero todavía no ha recibido contestación, pero quiere seguir hacia delante con la impugnación. ¿Qué opción tendría? 2.- Usted presenta su declaración de la renta, correspondiente al ejercicio 2016, el 29 de mayo de 2017, con número de referencia 201610012572057W y se olvida incluir una deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual, regulada en el art. 7 del TRTCAND, lo que supone que ingresa 500 euros de más. En el día de hoy se da cuenta del error. ¿Existe alguna posibilidad de “enderezar este entuerto” y conseguir que la Administración tributaria le devuelva esos 500 euros? 3. Usted presentó el 1 de abril de 2014 autoliquidación del IIVTNU en el Ayuntamiento de Almería, con número de clave 185/2014 correspondiente a la adquisición por herencia de un piso, ingresando 2.500 euros. En el año 2016 recibe una notificación de la Gerencia Territorial de Catastro indicando que se ha procedido a corregir el valor catastral de dicho piso, reduciéndolo un 10%, porque existía un error en la asignación por la ponencia de valores del año 2011. El 20 de septiembre de 2016 usted presenta una solicitud de rectificación de autoliquidación, para que se reduzca un 10% la deuda tributaria correspondiente, y se le devuelva esa cantidad que no debió ingresar de más. ¿Es correcta la opción elegida por usted? ¿Dónde viene regulada, en su caso? El 22 de abril de 2017, no habiendo recibido notificación de la resolución de la solicitud presentada, usted interpone recurso de reposición. ¿Es correcta esta opción? El 19 de mayo de 2017, usted recibe notificación del Decreto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almería, de fecha 17 de mayo de 2017, recaído en el expediente 123/17, desestimando tal recurso por extemporaneidad, al considerar la Resolución que el plazo para la presentación del recurso de reposición finalizó el 20 de abril de 2017, un mes después de los 6 meses en que se entendía el silencio negativo. Usted no está conforme y quiere impugnar el Decreto del Sr. Alcalde. ¿Qué vía puede utilizar? Cumplimente el correspondiente modelo.

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4.- Usted recibe en el día de hoy notificación del Ayuntamiento de Vícar, que contiene el recibo 528 de la tasa por suministro de agua, con un consumo de 90 m3, cuando usted sólo ha consumido 50 m3. El recibo asciende a 65 €. Recurra este recibo. 5.- En el día de hoy usted recibe la liquidación de la ATA número 040012305, por el concepto ITPAJD, ejercicio 2017, fruto de una comprobación que elevaba el valor del inmueble que adquirió, de 100.000 € a 170.000 €. La liquidación asciende a 6.002 €, recaída en el expediente 456/17. Si usted no está conforme con el valor asignado, porque considera que es inferior al comprobado, ¿qué mecanismo/s de oposición a la liquidación tiene?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 1.2-

Principios constitucionales de la actividad financiera

Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Módulo 2.2.- Los sujetos de la relación tributaria Módulo 2.3.- Cuantificación Módulo 3.6.- Procedimientos de revisión en materia tributaria Actividad de evaluación 3.6.2: Revisión de autoliquidación del IIVTNU tras STC 26/2017 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de capacidad económica.  Identificar el sujeto pasivo contribuyente y reconocer sus obligaciones formales en una relación jurídica concreta.  Aprender a cuantificar un tributo cuya regulación establece un método objetivo de determinación de la base imponible.  Conocer las vías de revisión en el ámbito local y los mecanismos de devolución de ingresos indebidos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

CE: Art. 31. LGT: Arts. 2, 3, 32, 50, 52, 120, 217, 218 y 221. TRLRHL: Arts. 14, 104, 106, 107, 108, 109 y 110. Ordenanza Fiscal Nº 6 del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

2.2.- Jurisprudencia:   

SSTC 59/2017, de 11 de mayo (cuestión de inconstitucionalidad 4864/2016) y 26/2017 de 16 de febrero. STSJ de la Comunidad Valenciana, de 14 de septiembre de 2016 (rec. 04/2016). SSTSJ de Cataluña de 21 de marzo de 2013 (rec. 0432/010) y 18 de julio de 2013 (rec. 0515/2011).

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STSJ de Madrid, de 15 de junio de 2016 (rec. 1117/2015). Juzgado de lo Contencioso-administrativo: nº 3 de Zaragoza (sentencia de 13 de julio); nº 4 de Valladolid (sentencia de 31 de julio de 2015); nº 1 de Santander (sentencia de 7 de enero de 2015) y nº 2 de Jaén (sentencia de 10 de marzo de 2016).

2.3.- Doctrina académica: 

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 6 (Principios constitucionales del Derecho Financiero), 12 (La relación jurídico-tributaria), 13 (Cuantificación de la deuda tributaria), 16 (Los sujetos de la obligación tributaria) y 23 (Procedimientos de revisión en materia tributaria I). ALÍAS CANTÓN, M.: “La escritura como prueba para acreditar la depreciación del valor a efectos del IIVTNU”, Quincena Fiscal, Nº 11, 2017. LUQUE MATEO, M. A.: “El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en tiempos de crisis”, DE LA PEÑA AMORÓS, M.M. (coor.): La financiación de las entidades locales en tiempos de crisis, Editium – Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. CARBAJO VASCO, D.: Consideraciones respecto de la posibilidad de recurrir el Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos al hilo de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

2.4.- Páginas webs: 

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Calculadora de plusvalía del Ayuntamiento de Almería: http://www.almeriahacienda.es/index.php?option=com_content&view=article &id=92&Itemid=209 Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Almería: http://www.almeriahacienda.es/index.php?option=com_rokdownloads&view=f older&Itemid=242&id=639:ordenanzas-2015 Tipos impositivos municipales: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/TiposImpositivos/aspx/formulario_c onsulta.aspx

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Usted adquiere el 5 de mayo de 2008 una vivienda situada en el municipio de Almería, por valor de 180.000 euros. El valor catastral del inmueble en dicho momento ascendía a 95.000 € (1/4 del valor corresponde al suelo). El 10 de abril de 2017 vende en escritura pública a su compañero dicho inmueble por 120.000 €, siendo su valor catastral, en dicho momento, 100.000 €, correspondiendo al valor del suelo 25.000 €. El 10 de mayo de 2017 procede a presentar la autoliquidación del IIVTNU en el Ayuntamiento, adjuntando la escritura pública de venta e ingresando la correspondiente cuota tributaria.

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3.2.- Se pide: 1.- ¿Estaba sujeta dicha operación al IIVTNU? 2.- En su caso, ¿quién sería el sujeto pasivo – contribuyente del citado tributo? 3.- ¿Cuál es la cuota del IIVTNU que debería haber ingresado, en su caso? 4.- a) ¿Cuál ha sido la base imponible en este supuesto? b) ¿Qué método de determinación se aplica para su cálculo? c) ¿Qué valor se tiene en cuenta y qué coeficiente multiplicador se ha aplicado? d) ¿Se podría haber aprobado otro coeficiente por el Ayuntamiento de Almería? e) ¿Cómo se determina el número de años desde la adquisición del inmueble? 5.- a) ¿Qué tipo de gravamen se ha aplicado? b) ¿Se podría haber aplicado otro tipo de gravamen por el Ayuntamiento de Almería? 6.- ¿Tiene alguna obligación formal el sujeto pasivo-contribuyente? 7.- Tras la lectura del fallo del TC en su sentencia 59/017 de 11 de mayo, ¿considera constitucional el cobro del mencionado tributo en el supuesto concreto que estamos analizando? Previamente a la contestación de esta cuestión, presente los principales argumentos del operador jurídico asignado por su profesor: a) Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera. Cuestión de constitucionalidad 4864-2016. b) Abogacía del Estado. c) Fiscal General del Estado. d) Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Alfredo Montoya Melgar. e) TC. Fundamento Jurídico 1. f) TC. Fundamento Jurídico 2. g) TC. Fundamento Jurídico 3. h) TC. Fundamento Jurídico 4. i) TC. Fundamento Jurídico 5. j) TC. Fallo. 8.- ¿Podría solicitar la devolución de la cuota ingresada en su autoliquidación, por considerar que se trata un ingreso indebido, una vez publicada la STC? En su caso, ¿qué vía tendría que utilizar para ello? Véase el material de CARBAJO VASCO, publicado en tirant lo blach, sobre la posibilidad de recurrir el Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbanos al hilo de la sentencia del Tribunal Constitucional, así como el modelo que se incluye en la siguiente página: http://ppdevigo.com/wp-content/uploads/2017/07/MODELO-SOLICITUD-DEVOLUCION-AUTOLIQUIDACIONPLUSVAL%C3%8DA.pdf

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 1.- El Derecho Financiero Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 1.1.- El Derecho Financiero. Concepto y contenido Módulo 2.1.- La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible Módulo 3.6.- Procedimientos de revisión en materia tributaria Actividad de evaluación 3.6.3: Impugnación de tasa de retirada de vehículo 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Identificar las clases de ingresos públicos y conocer las diferencias entre ellos.  Interpretar las normas tributarias y diferenciar los supuestos en los que se realiza el hecho imponible, respecto de los que no se produce sujeción al tributo.  Conocer las vías de impugnación en el ámbito local y las medidas cautelares que podrían adoptarse para suspender la ejecutividad del acto tributario. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts. 2, 20, 224 y 233. TRLRHL: Arts. 14, 20, 23, 24 y 26. Ordenanza Fiscal Nº 12 del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

2.2.- Doctrina académica: 

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COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 11 (El Tributo), 12 (La relación jurídico-tributaria) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria II). ZORNOZA PÉREZ, J. J. y ORTIZ CALLE, E.: “La modalidad de hecho imponible de las tasas consistente en la prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas II”, MARÍN-BARNUEVO FABO, D. (coord.): Los tributos locales. Estudios y Comentarios Legislativos, Civitas, Navarra, 2010. COLAO MARÍN, P. A. y PORTILLO NAVARRO, M. J.: “La tasa por retirada de vehículos de la vía pública”, CHICO DE LA CÁMARA, P (dir.): Las tasas locales, Thomson Reuters-Civitas, Navarra, 2011.

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2.3.- Página web: 

Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Almería: http://www.almeriahacienda.es/index.php?option=com_rokdownloads&view=f ile&Itemid=242&id=613:ordenanzas2014

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: El art. 2 de la Ordenanza Fiscal Municipal de Almería, Reguladora de la Tasa por Servicio de Retirada de Vehículos de la Vía Pública dispone lo siguiente: «Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, así como el servicio de depósito de aquéllos en locales habilitados al efecto, por cualquiera de los motivos establecidos en la normativa vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial». El Sr. Ramón Ramírez se dirige con su coche a una farmacia de una céntrica calle almeriense para comprar unas medicinas porque tiene a su hijo enfermo y urge que se las tome. Aparca el vehículo en doble fila y entra en la farmacia. En ese momento pasa por allí una pareja de policías municipales y, observando que el vehículo entorpece la circulación por encontrarse aparcado defectuosamente, llaman al servicio municipal de grúas para que proceda a retirar el turismo, que tiene un peso inferior a 5.000 Kg. Seguidamente, rellenan el boletín sancionador y colocan una copia de la multa en el limpiaparabrisas. Justo en ese momento, y antes de que llegue la grúa, el Sr. Ramírez sale de la farmacia y, tras pedir disculpas a los agentes y explicarles el motivo del aparcamiento, se sube a su vehículo y se marcha a darle las medicinas a su hijo. A la semana de haber ocurrido los hechos, don Ramón recibe en su casa, mediante una empresa de mensajería privada contratada por el Ayuntamiento, dos cartas. En una se incluye la multa por aparcamiento en doble fila y en la otra se notifica una tasa de 65,60 € por el servicio de retirada del vehículo de la vía pública. 3.2.- Se pide: 1.- ¿Considera ajustado a Derecho que se intente el cobro al Sr. Ramírez de la tasa, sin haberse retirado el vehículo, teniendo en cuenta la definición del hecho imponible contenida en la Ordenanza Fiscal? 2.- En caso de que se pudiera cobrar la citada tasa, ¿sería correcta la cuantía solicitada? 3.- ¿Podría alegar don Ramón, para evitar el pago de la tasa, en su caso, la existencia de una situación de urgencia, por la enfermedad de su hijo? 4.- ¿Qué vía de impugnación frente a la citada tasa podría utilizar don Ramón? En su caso, ¿podría solicitar la suspensión de la ejecutividad del acto tributario mientras se resuelve la impugnación? ¿Tendría que aportar alguna garantía para ello? ¿Qué tipo de garantía, en su caso? 195   

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 2.- Aspectos sustantivos del Derecho Tributario Bloque 3.- Aspectos procedimentales del Derecho Tributario Módulo 2.3.- Cuantificación y elementos de la deuda tributaria. Módulo 3.4.- Procedimiento de recaudación. Extinción de la obligación tributaria Módulo 3.6.- Procedimientos de revisión en materia tributaria Actividad de evaluación 3.6.4: Recurso de anulación 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Estudiar la figura de la prescripción en el ámbito tributario y los actos susceptibles de su interrupción. Diferenciar entre los distintos derechos susceptibles de prescripción.  Determinar el inicio del período ejecutivo de una deuda no ingresada en período voluntario.  Identificar los supuestos en los que pueden exigirse intereses de demora.  Conocer el alcance de la suspensión de la ejecutividad de las sanciones tributarias.  Analizar las vías de impugnación frente a los fallos de los tribunales económicoadministrativos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

LGT: Arts. 26.2, 62, 66, 67, 68, 212.3, 233.9, 241, 241 bis, 242, 243 y 249. RRVA: Arts. 60 a 63 y 70. LJCA: Arts. 109 y 129 a 136.

2.2.- Jurisprudencia:   

SSTS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de julio de 1996, 18 de junio de 2004 y 10 de diciembre de 2012 (rec. 2381/2011). Auto del TS de 24 de octubre de 2012. STSJ de Madrid, de 27 de febrero (nº 272/2014). SAN de 5 de diciembre de 2014.

2.3.- Doctrina académica: 

COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 12 (La relación jurídico-

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tributaria), 13 (Cuantificación de la deuda tributaria), 15 (Extinción de la deuda tributaria) y 24 (Procedimientos de revisión en materia tributaria II). MARCOS CARDONA, M.: “El recurso de anulación en el ámbito de la reclamación económico−administrativa”, Impuestos, nº 23, 2007. ESEVERRI MARTÍNEZ, E.: La prescripción tributaria (en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo), Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: Primero.- El 29 de marzo de 2003 se notifica a la mercantil ALMERIENSE, SL sanción tributaria -número de documento 0092040000490- por importe de 34.631,18 €, así como liquidación 0092040000480, por importe de 51.686,62 €. Segundo.- El 11 de abril de 2003, se interponen reclamaciones económicoadministrativas frente a la citadas sanción (nº 04/064/2003) y liquidación (04/065/2003), reclamaciones que son desestimadas por el TEARA, sala de Granada, mediante fallos de 25 de marzo de 2004. Simultáneamente se solicita la suspensión de ambos actos tributarios, ofreciendo como garantía un aval bancario que cubría sólo el principal de la liquidación, más intereses de demora y recargos de la misma. Ninguna garantía se ofreció para la suspensión de la sanción. Tercero.- El 16 de junio de 2004 se interpone recurso contenciosoadministrativo (número 120/04), ante el TSJ de Andalucía, frente a los citados fallos del TEARA. La demanda se fundamentaba en: a) incorrecta determinación de la base imponible de la liquidación del ITPO relativo a una concesión administrativa, de la que derivaba la sanción; b) falta de motivación de la misma, y c) ausencia de culpabilidad de la sanción. En definitiva, la pretensión se refería al ámbito declarativo de los actos administrativos, no a la fase de recaudación. Cuarto.- El 10 de agosto de 2004, la Secretaría de Inspección de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Economía y Hacienda comunica a la mercantil ALMERIENSE, SL que “habiendo sido desestimada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía la reclamación económico administrativa 04/64/2003 interpuesta frente al Acuerdo sancionador 0092040000490, por importe de 34.631,18 euros, se procede al levantamiento de la suspensión de dicho Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del R.D. 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario”. A tenor de dicha comunicación se concede un plazo de ingreso de la sanción en período voluntario, de acuerdo con el artículo 62.2 de la LGT”. Nada se dice de la liquidación, respecto de la que la Administración tenía garantía suficiente. Quinto.- Aunque la mercantil ALMERIENSE SL solicitó la suspensión en vía jurisdiccional, tanto de la sanción como de la liquidación, el Auto 23 de diciembre de 2004, dictado por el TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede de Granada), en la pieza de medidas cautelares del recurso 120/04, no concedió la suspensión de la sanción impugnada (por importe de 34.631,18 €). Sólo concedió la

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suspensión de la liquidación de la que traía causa (por importe de 51.686,62 €), y que había sido impugnada en otra reclamación económico-administrativa (la nº 4/65/03), al existir aval bancario adjuntado en vía administrativa. Sexto.- El Servicio de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía no realizó, a partir del año 2004, ninguna actuación tendente a exigir el pago de la deuda tributaria liquidada. Séptimo.- El 6 de junio de 2011, el TSJ de Andalucía dicta sentencia, desestimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil frente a los fallos del TEARA que, a su vez, desestimaban las reclamaciones contra la sanción y la liquidación. La sentencia se pronuncia exclusivamente sobre las pretensiones de la demanda: la determinación de la base imponible del ITPO, la motivación de los actos administrativos y la ausencia de culpabilidad. En ningún momento se platea cuestión alguna relativa al procedimiento de recaudación ni a la posible prescripción del derecho a cobrar la deuda por parte de la Administración. Octavo.- Dicho fallo fue recurrido en casación ante el TS que, mediante sentencia de 5 de marzo de 2014 declaró no haber lugar al mismo. Noveno.- El 12 de diciembre de 2014 se emite por el Gerente Provincial en Almería de la ATA “Acuerdo de Levantamiento de Suspensión y Requerimiento de Pago” relativo a la liquidación 0092040000490, por importe de 34.631,18 €. El citado acuerdo reconoce que el período voluntario de ingreso finalizó el 7 de junio de 2004. Textualmente dice lo siguiente en el Antecedente de Hecho Segundo: “La resolución del TEARA se notificó el 29/04/2004, vencido el período voluntario de ingreso el 07/06/2004”. En el Antecedente de Hecho Tercero se indica que “La deuda se suspendió en período voluntario, en vía administrativa al tratarse de una sanción y en vía contencioso-administrativa a solicitud de la interesada”. Del mismo modo, el 12 de diciembre de 2014 se emite por la misma autoridad liquidación de intereses de demora número 0162040624810, derivada de la suspensión de la ejecución de la liquidación de la sanción (0092040000490), durante todo el período que había durado la vía jurisdiccional, ascendiendo el importe de dichos intereses a 18.541,27 €. En dichos actos se indicaba que, si el interesado consideraba que no se había producido la ejecución total de la sentencia, podía promover incidente para decidir si el mismo el contrario al fallo, sobre la base de los artículos 104 y 109 de la LJCA. Décimo.- Considerando la mercantil que las sentencias totalmente desestimatorias no pueden ejecutarse y que lo que se pretendía alegar frente a tal Acuerdo era una cuestión novedosa, impugnó dichos Acuerdos mediante dos reclamaciones económico-administrativas (las números 04/28/15 y 04/29/15), que fueron inadmitidas por los fallo del TEARA, Sala de Granada, de 21 de julio de 2017, con el argumento de que la pretensión de la recurrente debía haberse canalizado por el

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incidente de ejecución de sentencias regulado en el artículo 109.1 de la LJCA, al considerar que los actos objeto de impugnación eran “consecuencia directa del acto de ejecución de la sentencia dictada por el TSJ”. En los citados fallos se indica que las resoluciones agotan la vía económicoadministrativa y que pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo (art. 249 LGT) y, también, recurso de anulación (art. 241 bis LGT). 3.2.- Se pide: Primero.- Exponga si considera correcta la suspensión de la sanción sin garantías, en vía administrativa y si la tal medida cautelar es trasladable automáticamente al ámbito jurisdiccional. Del mismo modo, exprese si es posible liquidar intereses de demora, en caso de desestimación de la impugnación frente a la sanción, por el tiempo que ha estado suspendida, tanto en vía administrativa, como jurisdiccional. Segundo.- Indique el momento en el que finalizó el plazo de ingreso de la deuda correspondiente a la sanción en período voluntario y cuándo se inició, en su caso, el período ejecutivo. Tercero.- ¿Considera correcta la vía de oposición que utilizó la mercantil frente a los Acuerdos de levantamiento de la suspensión y exigencia de la sanción y de los intereses de demora, descrita en el antecedente décimo? Cuarto.- ¿Qué medio de oposición a los fallos del TEARA que han inadmitido las reclamaciones económico-administrativas aconsejaría usted presentar a la mercantil? Analice todas las posibilidades. Quinto.- ¿La presentación de un recurso de anulación suspende el plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo? Sexto.- Redacte un recurso de anulación argumentando que la declaración de inadmisibilidad de las reclamaciones no se ajusta a Derecho, por alegarse la prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda tributaria, motivo novedoso y no enjuiciado por la sentencia del TSJ. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PUNTO SEXTO: AL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA Secretaría Delegada de Almería Recurso de Anulación de los fallos que inadmite las reclamaciones 04/28 y 29/15

XX, mayor de edad, con NIF número XX, y domicilio a efectos de notificaciones en XX, en nombre y representación, como administrador solidario de la mercantil ALMERIENSE, SL., de duración indefinida, con C.I.F. B04X, cuya representación tengo acreditada ante este Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía como mejor proceda,

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EXPONE: Que han recibido fallos dictados por el TEARA en única instancia, del día 21 de julio de 2017, relativos a las reclamaciones número 04/28 y 29/15, por los que se acuerda declarar inadmisibles las reclamaciones económico-administrativas presentada por esta parte, al considerar que la vía que debía haberse utilizado era la del incidente de ejecución de sentencia ante el TSJ de Andalucía. Se adjunta copia del mismo. Que mediante el presente escrito, y de acuerdo con lo señalado por los artículos 241 bis de la LGT y 60 del RRVA, se interpone recurso de anulación frente al citado fallo, dentro del plazo de quince días desde su notificación, en base a la siguientes ALEGACIONES: I ANTECEDENTES DE HECHO [Se reproducen los contenidos en el enunciado del supuesto]. II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- INADECUADA INADMISIBILIDAD DE LA RECLAMACIÓN. LA PRETENSIÓN DE LA IMPUGNACIÓN NO SE BASA EN LA INCORRECTA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO EN UNA CUESTIÓN NUEVA RELATIVA A LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN AL COBRO DE LA DEUDA QUE NO FUE OBJETO DE ENJUICIMIENTO JUDICIAL La Resolución que inadmite la reclamación se basa en el argumento de que la pretensión de esta parte debía haberse canalizado por el incidente de ejecución de sentencias regulado en el artículo 109.1 de la LJCA. Siguiendo dicho razonamiento, considera que el órgano competente para conocer de la pretensión alegada era el TSJ de Andalucía y no el TEARA. Textualmente el Fundamento de Derecho Segundo del fallo del TEARA dice que “en el presente caso el acto objeto de impugnación es consecuencia directa del acto de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”. Sin embargo, y con el debido respeto a la actuación administrativa, entendemos que la Resolución parte de un error de base: el Acuerdo de levantamiento de suspensión y requerimiento de pago impugnado por esta parte se refiere a una cuestión nueva que no fue planteada ni constituyó objeto del procedimiento judicial. Recordemos que la sentencia del TSJ se pronunció sobre la liquidación del ITPO y sobre la sanción consiguiente, en relación a la sujeción, cuantificación de la base imponible por la constitución de una concesión administrativa y la culpabilidad en el ámbito sancionador. En ningún momento el órgano jurisdiccional enjuicia ni analiza la prescripción que pudiera provocarse en fase de recaudación. A mayor abundamiento, la prescripción del derecho al cobro de la deuda tributaria es un motivo de oposición que no pudo ser planteado en el recurso contencioso-administrativo por el elemental motivo de que dicha prescripción se consumó, precisamente, durante la tramitación del mismo. Por tanto, no nos encontraríamos ante una actuación de la Administración que contradecía el fallo del TSJ, como indica el artículo 109.2 de la LJCA, sino ante una cuestión nueva impugnable en vía ordinaria administrativa. Se debe recordar que el fallo de la sentencia que se ejecutaba en el Acuerdo de Recaudación impugnado era el siguiente: “Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de ALMERIENSE, SL contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía y confirmar la Resolución recurrida por su conformidad a Derecho”.

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Y la Doctrina del Tribunal Supremo es clara al respecto: Las sentencias totalmente desestimatorias no contienen ningún pronunciamiento susceptible de ejecución, que pueda dilucidarse en un incidente judicial de este tipo. La conclusión pacífica del Alto Tribunal es clara en cuanto a la necesidad de desplazar al ámbito administrativo los problemas que pudieran derivarse de la ejecución de una resolución administrativa que ha sido declarada ajustada a Derecho por sentencia judicial firme totalmente desestimatoria del recurso interpuesto contra ella. En este sentido, se pronuncia, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1996, en cuyo Fundamento de Derecho Séptimo se señala lo siguiente: “Así pues, si un Tribunal de Justicia deniega una petición de suspensión del acto impugnado, los problemas posteriores que puedan surgir respecto de esta ejecución son problemas administrativos y no judiciales, porque no es la decisión judicial (de contenido negativo) la que ha de ser ejecutada, sino el acto administrativo conforme a sus reglas propias (lo mismo sucede con las sentencias desestimatorias del orden contencioso-administrativo, de las que no cabe ninguna ejecución judicial, porque, libre ya el acto administrativo de la pendencia del proceso, los problemas que puedan surgir no se derivarán de éste, sino del acto mismo y de las facultades administrativas para su ejecución”.

Y en el Auto de 24 de octubre de 2012, el Alto Tribunal reitera la misma doctrina: “En segundo lugar, tiene razón el Abogado del Estado cuando afirma que las sentencias desestimatorias, por su carácter declarativo, se agotan en cuanto a su ejecución desde que se dictan, siendo ésta la razón por la que la parte promotora del incidente se ha visto en la necesidad de impugnar las resoluciones de la Administración Tributaria, primero por medio de recurso de reposición y luego a través de reclamación económico-administrativa, actualmente pendiente de resolución”.

En igual sentido se pronuncia la STS de 10 de diciembre de 2012 (RJ 2013\741), que resuelve el recurso de casación 2381/2011, enjuiciando un caso similar al presente. Precisamente, el dicho caso el demandante (Club Atlético de Madrid) recurrió el Acuerdo dictado por el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT, en ejecución de la resolución dictada por la Audiencia Nacional sobre el fondo del asunto. El recurrente presentó reclamación contra dicho Acuerdo ante el TEAC invocando prescripción del derecho al cobro de la deuda, alegando que la Administración pudo y debió proceder a su ejecución durante la tramitación del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, dado que dicho órgano no concedió la suspensión solicitada por no haberse aportado la garantía requerida, de modo que el período de inactividad provocó la extinción de la deuda, que debió aplicarse de oficio. El TEAC inadmitió la impugnación expresando que la pretensión debía haber seguido el cauce de la ejecución y cumplimiento de resolución, en lugar de plantearse una impugnación ordinaria frente al mismo. Sin embargo, el Tribunal Supremo da la razón al Club Atlético de Madrid, al considerar que la vía adecuada para alegar la prescripción del derecho al cobro de la deuda tributaria era la interposición de una reclamación económico-administrativa (impugnación ordinaria) y no el procedimiento de incidente de ejecución de resoluciones, puesto que “la prescripción del derecho al cobro de la sanción es un motivo de oposición que no pudo ser planteado en los recursos interpuestos contra el acuerdo sancionador relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, retenciones del trabajo personal, de los ejercicios 1990 a 1993, por el elemental motivo de que dicha prescripción se habría consumado durante la tramitación del recurso contenciosoadministrativo 920/00 y del recurso de casación 3529/03”. En el FD 2º de la citada sentencia, el Tribunal Supremo entiende que se trata de una

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cuestión novedosa que no tiene que ver con la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional. Por tanto, entra a conocer del fondo del asunto indicando que, “del relato fáctico descrito se obtiene que la liquidación objeto del recurso contencioso-administrativo 920/00, interpuesto ante la Sala de la Audiencia Nacional, nunca fue suspendida, toda vez que de 22 de enero de 2001 condicionó la medida a la presentación de garantía, que nunca se llevó a cabo”. Por lo expuesto, el Tribunal Supremo falla estimando el recurso contenciosoadministrativo interpuesto, anulando el Acuerdo del Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT, exigiendo el cobro de la deuda, por entender prescrita la misma. Y dicha doctrina del Tribunal Supremo es asumida igualmente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que, en sentencia de 5 de diciembre de 2014 señala ante un caso similar en el que el interesado había acudido, sin embargo, a la vía del incidente de ejecución de sentencias, en lugar de la impugnación ordinaria, que, en este tipo de casos “lo que debe ejecutarse es la propia resolución administrativa, cuya conformidad a derecho se ha visto confirmada definitivamente por los Tribunales, y no la sentencia desestimatoria dictada, de naturaleza meramente declarativa, que se ha limitado a constatar la adecuación a la legalidad de la resolución administrativa, pero sin añadir a ésta un contenido nuevo y distinto del que ya tenía”. Por tanto, inadmitió el mencionado incidente de ejecución de la sentencia. Quedando claro que el TEARA debía haber admitido la reclamación, se debe entrar a valorar el FUNDAMENTO DE DERECHO alegado en la misma:

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN A EXIGIR EL PAGO DE LA SANCIÓN LIQUIDADA

Tal y como se ha descrito en los antecedentes de hecho, desde el año 2004 la sanción era plenamente ejecutiva, puesto que el 10 de agosto de dicho año la Secretaría de Inspección de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Economía y Hacienda, comunicó el levantamiento de la suspensión de la misma. Del mismo modo, ha quedado acreditado que el TSJ de Andalucía, en ningún momento acordó ninguna medida cautelar de suspensión de dicha sanción. En efecto, el Auto de 23 de diciembre de 2004 de la Sección Segunda de la Sala de Granada de TSJ de Andalucía, adjuntado a la Reclamación, sólo concedió la suspensión de la liquidación, por importe de 51.686,62 € €, pero no de la sanción, por importe de 34.631,18 €. Eso significa que, dado que no se había dictado medida cautelar alguna respecto a la sanción, desde el 20 de septiembre de 2004 (fecha en la que finalizó el plazo para pagar en período voluntario abierto por la Comunicación de 10 de agosto de 2004 que levantó la suspensión de la sanción) la Administración Tributaria Andaluza podía y debía haber ejercido el derecho a exigir el pago de la sanción liquidada. En ese caso, en período ejecutivo, al no haber satisfecho la deuda mi representada en período voluntario. Pero dado que no lo ha hecho hasta más de diez años después, dicho derecho ha prescrito, puesto que el artículo 66.1.b) indica con total claridad que “prescribirá a los cuatro años … el derecho de la Administración para exigir del pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas”. Y no puede alegarse de adverso que las impugnaciones presentadas frente a la sanción (ante el TSJ de Andalucía y ante el Tribunal Supremo) han interrumpido la prescripción del derecho a exigir el pago de las deudas, porque tales actos son susceptibles de interrumpir la

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prescripción del derecho contenido en la letra a) de dicho precepto –derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación- y no del derecho contenido en la letra b), repetimos. Esta es la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo hasta la fecha. Debe traerse a colación, a modo de ejemplo, las sentencias de 18 de junio de 2004 (RJ 2004\5937) y de 10 de diciembre de 2012 (RJ 2013\741), esta última recaída en el caso “Atlético de Madrid”. En dichas sentencias, anteriormente citadas, el Tribunal concluye lo siguiente: “Si el contribuyente no obtiene la suspensión, la obligación tributaria aunque esté controvertida debe ser cumplida por vía ejecutiva (…) de modo que si por incuria de la Administración ésta permanece inactiva en el procedimiento ejecutivo, se puede producir la prescripción de la acción de cobro, aunque permanezca vivo el derecho a determinar la deuda tributaria, como consecuencia de los procedimientos revisorios en curso (recurso de reposición, reclamación económico-administrativa y recursos jurisdiccionales”. En el Fundamento Jurídico Tercero de la última sentencia citada se lee lo siguiente: “Hemos dicho que, sólo cuando la ejecutividad de una deuda tributaria se suspende, el órgano de recaudación no puede exigir su cobro; por ello, tampoco puede arrancar el cómputo del plazo de prescripción. Sirva como ejemplo la sentencia 3 de diciembre del 2009 (RJ 2010, 1881) (casación 6278/07, FJ 3º), en la que se reproduce el criterio de las dictadas el 19 de junio de 2008 (RJ 2008, 6482) (casación 265/04, FJ 3º) y el 23 de mayo de 1997 (RJ 1997, 6175) (apelación 12338/91 , FJ 3º); más recientemente, puede consultarse la de 18 de julio de 2001(sic) (RJ 2011, 6618) (casación 6103/08, FJ 3º). Sostuvimos entonces y reiteramos ahora que la suspensión de la ejecutividad del ingreso o del cumplimiento de la obligación tributaria impide que corra la prescripción. Resulta inviable iniciar el cobro de una deuda tributaria cuando ha sido suspendida su ejecutividad y, por lo tanto, tampoco puede ponerse en marcha el cómputo del plazo de prescripción. Por el contrario, si tal medida cautelar no ha sido adoptada, la Administración debe iniciar el procedimiento para hacer efectivo su cobro, puesto que la inactividad prolongada por tiempo superior al establecido en el artículo 66 de la Ley 58/2003 determina inexorablemente la prescripción de su derecho al cobro”.

Llegados a este punto y habiendo concluido que el derecho de la Administración a exigir el cobro de la sanción había prescrito, no pueden exigirse intereses de demora por una deuda que se ha extinguido. Por lo expuesto, SOLICITA: Que, teniendo por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos adjuntos, se sirva admitirlo, teniendo por formulado recurso de anulación frente a los mencionados fallos de este Tribunal de fecha 21 de julio de 2017, recaídos en las reclamaciones 04/28 y 29/15, y previos los trámites legales oportunos, ordene su anulación y la consiguiente admisión a trámite de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas en su día, entrando a conocer sobre el fondo del asunto. Fdo.:

ALMERIENSE SL.

En Almería, a 2 de octubre de 2017.

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BLOQUE 4.  

DERECHO PRESUPUESTARIO, DERECHO DEL CRÉDITO PÚBLICO Y DERECHO FINANCIERO PATRIMONIAL

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 4.- Derecho Presupuestario, Derecho del Crédito Público y Derecho Financiero Patrimonial Módulos: Derecho Presupuestario, la Deuda Pública y Derecho Financiero Patrimonial Actividad de evaluación 4.1: Cuestiones generales de Derecho Presupuestario 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Plantear al alumno un sencillo acercamiento al ámbito presupuestario a través de 10 cuestiones de actualidad en el ámbito informativo, relacionadas con su vida.  Fomentar el espíritu crítico del alumno y su competencia propositiva.  Presentar una visión práctica conjunta de la vertiente de los ingresos y de los gastos públicos. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:    

CE: Arts. 31 y 134. LGP. LPGE. Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2.- Doctrina académica: 





COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. Temas 2 (El presupuesto), 3 (El ciclo presupuestario), 4 (La deuda pública y otros ingresos crediticios), 5 (Derecho Financiero Patrimonial) y 11 (El Tributo). MARTÍNEZ LAGO, M. A.: “La autoridad fiscal independiente”, AGULLÓ AGÜERO (dir.), Disciplina presupuestaria, colaboración público-privada y gasto público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016. SANZ CLAVIJO, A. y GARCÍA FRÍAS, A.: “Jurisprudencia Constitucional Financiera: Tribunal Constitucional español (SSTC 134/2011 y 176/2011), Corte Costituzionale (Auto 318/2011, de 21 de noviembre) y Bundesverfassungsgericht (Decisiones de 20 de enero, 9 y 17 de febrero de 2010).

2.3.- Páginas webs: 

Presupuestos Generales del Estado del año en curso: http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2017 /Paginas/pge2017.aspx

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

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Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presu p/secc-planif_presup.htm Tesoro Público. Estadísticas mensuales de la Deuda Pública: http://www.tesoro.es/deuda-publica/estad%C3%ADsticas-mensuales

3.- SUPUESTO PRÁCTICO. Responda a las siguientes cuestiones: 1ª.- ¿Cuál es la cifra de gastos autorizados en el último presupuesto aprobado por la Junta de Andalucía? 2ª. Tras la lectura de los primeros artículos de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, indique el número de entes que aparecen en el presupuesto en las siguientes categorías, así como los que le llamen más la atención en cada grupo, explicando el motivo: - Agencias Administrativas. - Agencias de régimen especial. - Agencias públicas empresariales. - Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria. - Fundaciones, consorcios y demás entidades del sector público andaluz. - Otras entidades controladas o financiadas al menos al 50% por la Comunidad Autónoma. - Fondos sin personalidad jurídica. 3ª.- Si los Presupuestos Generales del Estado incluyen 250.000 millones de ingresos y 250.000 millones de gastos, ¿teóricamente, puede ingresarse más dinero ese año, por ejemplo, porque la economía vaya mejor de lo previsto y se recauden más impuestos por los beneficios? ¿Podría gastarse el ejecutivo más de ese dinero, porque a mitad de año quiera acelerar las obras del AVE en Almería? 4ª.- ¿A cuánto asciende la cifra del presupuesto de beneficios fiscales correspondiente a la reducción en el IRPF por aportación a sistemas de previsión social? ¿Qué son los sistemas de previsión social? 5ª.- Indique la cantidad y el porcentaje, en relación con el PIB, de deuda pública en circulación de todas las administraciones españolas. ¿Respeta esa cifra el principio de sostenibilidad financiera del artículo 13 de la LOEP? Razone la respuesta. 6ª.-Identifique la cantidad de dinero autorizado en los últimos PGE aprobados para el pago de intereses de la deuda pública del Estado Español. 7ª.- Describa todas las políticas presupuestarias cuya suma equivale, en cuanto a dinero a destinar, a la cantidad identificada anteriormente relativa al pago de intereses de la deuda pública.

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8ª.- Indique dos partidas presupuestarias, de la clasificación funcional del gasto de los PGE que, en su opinión, deberían aumentar y dos que deberían disminuir, desde el punto de vista de los principios constitucionales de justicia en el gasto público. 9ª.- Cuando usted compra un bono del Estado a 3 años, con un tipo de interés del 4%, ¿qué puede hacer el Estado con el dinero que usted le presta? ¿Qué tendrá que hacer el Estado dentro de 3 años? ¿Considera correcto que los entes públicos acudan al préstamo como forma de financiarse? 10ª.- ¿Qué significa el acrónimo CAMPSA? ¿Es una empresa pública o privada? ¿Quién se queda con sus beneficios? ¿Hay otras compañías petrolíferas que operan en España? ¿Siempre ha sido así?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 4.- Derecho Presupuestario, Derecho del Crédito Público y Derecho Financiero Patrimonial. Módulo: Derecho Presupuestario Actividad de evaluación 4.2: Cuestiones sobre el ciclo presupuestario 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Plantear al alumno un acercamiento práctico al Derecho Presupuestario.  Analizar las competencias de análisis crítico y su capacidad propositiva.  Diferenciar cronológicamente las diferentes fases del ciclo presupuestario y los órganos que intervienen en el mismo. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:   

CE: Art. 134. LGP. LPGE.

2.2.- Doctrina académica: 





FERNÁNDEZ MARÍN, F. y DÍAZ RUBIO, P.: “Tema 3. El ciclo presupuestario”, en COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. CAZORLA PRIETO, L. M.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Aranzadi, Navarra, 17ª ed., 2017. Lecciones 26 (Los principios presupuestarios), 27 y 28 (El ciclo presupuestario I y II). MARTÍNEZ GINER (coord.): Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. Lección 3 (El ciclo presupuestario I) y 4 (El ciclo presupuestario II).

2.3.- Páginas webs: 

Presupuestos Generales del Estado: http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2017 /Paginas/pge2017.aspx

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3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: El Sr. X, recientemente elegido diputado, se enfrenta a su primera tramitación de la LPGE. Tiene algunas dudas jurídicas que les plantea a usted. 3.2.- Cuestiones: 1ª.- ¿En qué momentos de la tramitación parlamentaria puede devolverse el proyecto de ley al Gobierno? 2ª.- Ordene cronológicamente los siguientes trámites de la LPGE: -

Debate de totalidad del proyecto de ley en el Congreso. Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado). Publicación en el Boletín Oficial del Estado. Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso). Debate en el Pleno del Congreso del proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Presupuestos.

-

Debate en el Pleno de la Comisión de Presupuestos del Senado.

3ª.- El Sr. X ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley y desea saber si están afectadas por limitaciones a la iniciativa legislativa: -

Rebaja del tipo general del IVA al 18%. Exención de cotización a MUFACE a favor de los funcionarios mayores de 60 años. Alta en el Ministerio de Sanidad por 10 millones de euros en el Programa 231.A, Plan nacional sobre drogas, y baja en el Ministerio de Defensa por la misma cantidad en el Programa 122.M, Gastos operativos de las Fuerzas Armadas.

4ª.- ¿Se puede realizar un contrato por 1.200.000 €, para efectuar la construcción de una determinada obra con cargo al concepto 611, imputándose a 5 ejercicios presupuestarios consecutivos? El contrato de obras no se realiza bajo la modalidad de abono total del precio. El importe que se va a imputar a cada ejercicio presupuestario es el siguiente: Año 2017: 240.000 €. Año 2018: 240.000 €. Año 2019: 300.000 €. Año 2020: 210.000 €. Año 2021: 210.000 €.

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 4.- Derecho Presupuestario, Derecho del Crédito Público y Derecho Financiero Patrimonial. Módulo: La Deuda Pública Actividad de evaluación 4.3: Cuestiones generales de la Deuda Pública 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Plantear al alumno un acercamiento práctico al tema de la Deuda Pública.  Fomentar el espíritu crítico del alumno y su competencia propositiva.  Analizar la información existente sobre Deuda Pública en las webs oficiales. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:       

TFUE: Arts. 123 y 126. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012. CE: Art. 134 y 135. LOEP. LGEP. LGP. LPGE.

2.2.- Doctrina académica: 

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LUQUE MATEO, M. A. y AGUILAR RUBIO, M.: “Tema 4. Deuda Pública y otros ingresos crediticios”, COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. AGULLÓ AGÜERO, A.: “Quo vadis? ¿Hacia dónde va el derecho del gasto público?, Disciplina presupuestaria, colaboración público-privada y gasto público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016. DE LA HUCHA CELADOR, F.: “La Reforma Constitucional de la Deuda Pública” y “La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad presupuestaria y deuda pública”, REDF, nº 153, 2012.

2.3.- Páginas webs: 

Presupuestos Generales del Estado del año en curso: http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2017 /Paginas/pge2017.aspx

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Tesoro Público: o Estadísticas de la Deuda Pública: http://www.tesoro.es/deuda-publica/estad%C3%ADsticas-mensuales o Histórico de tipos marginales: http://www.tesoro.es/deuda-publica/estad%C3%ADsticas-mensuales o Preguntas frecuentes: http://www.tesoro.es/deuda-publica/preguntas-frecuentes o Glosario: http://www.tesoro.es/Deuda-publica/glosario/d27.asp

3.- SUPUESTO PRÁCTICO. Responda a las siguientes cuestiones: 1ª.- Indique la cantidad y el porcentaje, en relación con el PIB, de deuda pública en circulación de todas las administraciones españolas. ¿Respeta esa cifra el principio de sostenibilidad financiera del artículo 13 de la LOEP? Razone la respuesta. 2ª.- Exponga si las medidas implementadas desde que se inició la crisis (año 2008) en España han aumentado, disminuido o estabilizado la deuda pública española en circulación. 3ª.- Identifique la cantidad de dinero autorizado en los últimos PGE aprobados para el pago de intereses de la deuda pública del Estado Español. Véanse el cuadro resumen de políticas de gasto de los PGE consolidados del LIBRO AMARILLO. 4ª.- Describa todas las políticas presupuestarias cuya suma equivale, en cuanto a dinero a destinar, a la cantidad identificada anteriormente relativa al pago de intereses de la deuda pública. 5ª.- Diferencie entre “pago de intereses” y “amortización” de la deuda pública. 6ª.- ¿Cuál es el valor nominal de las letras, bonos y obligaciones que emite el Tesoro Público? 7ª.- Desde el inicio de la crisis, ¿en que año se adjudicaron obligaciones del Estado a 10 años, con un tipo marginal más alto? 8ª.- ¿Podría haber adquirido directamente el Banco Central Europeo dichas obligaciones del Estado a un tipo de interés más bajo? 9ª.- La Deuda Pública emitida a 12 meses, qué clase es: ¿Letra, Bono u Obligación? 10ª.- ¿Hay que realizar un depósito previo para poder participar en la subasta de Letras, Bonos y Obligaciones?

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Derecho Financiero y Tributario. Parte General Bloque 4.- DERECHO PRESUPUESTARIO, DERECHO DEL CRÉDITO PÚBLICO Y DERECHO FINANCIERO PATRIMONIAL Módulo: Derecho Presupuestario Actividad de evaluación 4.4: Actuaciones de control de la actividad presupuestaria 1.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Conocer las funciones del Tribunal de Cuentas.  Determinar los supuestos en que se puede exigir responsabilidad contable por la inadecuada realización de gastos públicos.  Analizar los medios de control presupuestario. 2.- MATERIAL DE CONSULTA: 2.1.- Normativa:      

CE: Art. 136. LOTCU. LFTCU. LSC. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña: Art. 80. LGP.

2.2.- Jurisprudencia y doctrina administrativa:  

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STC 215/2000, de 18 de septiembre de 2000. Recurso de amparo 219/97. STCu. 22/1994, de 30 de junio de 1994. Recurso de apelación n° 17/94 contra Sentencia de 20 de diciembre de 1993 dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n° 70/93. STCu. n° 21/1992, de 30 de septiembre.

2.3.- Doctrina académica: 

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FERNÁNDEZ MARÍN, F. y DÍAZ RUBIO, P.: “Tema 3. El ciclo presupuestario”, en COLLADO YURRITA. M. A. (dir.): Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2015. FERNÁNDEZ GARCÍA, J. F: La responsabilidad contable: el reintegro por alcance. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4534877.pdf

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PÉREZ BERNABÉU, B.: “Lección 5. El control de la actividad financiera”, en MARTÍNEZ GINER (coord.): Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

3.- SUPUESTO PRÁCTICO: 3.1.- Enunciado: El 6 de septiembre de 2017 el TCu. emite la siguiente nota aclaratoria (http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/NOTA-ACLARATORIA/) El Tribunal de Cuentas, ante las informaciones aparecidas en el día de ayer y de hoy en los medios de comunicación social sobre la citación realizada para el próximo día 25 de septiembre a diversos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña, con motivo de la instrucción efectuada en su ámbito derivada de los gastos de la convocatoria del 9N, aclara lo siguiente: 1. Dichas citaciones no exigen afianzamiento alguno, sino que tienen por objeto que dichos cargos y funcionarios pueden tener vista de la documentación existente en la instrucción y realizar alegaciones para la tutela efectiva de sus derechos de defensa hasta el día 25 de septiembre, en que está previsto el levantamiento del Acta de Liquidación Provisional. 2. Esta instrucción que está impulsada mediante denuncia de actores públicos y posteriormente intervención del Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado, ha de concretar las posibles responsabilidades contables que se pueden haber originado en la realización de los gastos de una convocatoria de participación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En el caso de que el Acta de Liquidación Provisional sea positiva, una vez finalizada la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas, es cuando se exigirá el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los presuntamente responsables, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance. 3. El procedimiento es el habitual que se sigue en este Tribunal en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal. 3.2.- Se pide: A la vista de la anterior nota informativa del TCu., responda a las siguientes cuestiones: Primera: De diversas funciones atribuidas al TCu., determine la que está ejerciendo en el presente caso. Segunda: Conociendo que los enjuiciados son cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña, analice si el TCu. es competente o debería inhibirse a favor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

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Tercera: Señale si la actividad del TCu. contra los cargos públicos y funcionarios es de naturaleza administrativa o jurisdiccional. Cuarta: Indique cual es la posible infracción cometida, entre las tipificadas en el art. 177 de la LGP, por los funcionarios y cargos públicos citados. Quinta: Analice si es conforme a derecho la siguiente declaración del Sr. Mas (http://www.lavanguardia.com/politica/20170719/424250458536/artur-mas-dinerotribunal-cuentas.html): “La actuación del Tribunal de Cuentas me parece insólita e impresentable, ha lamentado un Mas que ha recordado que la causa por el 9N ya fue juzgada por la vía penal y tanto él como Ortega, Rigau y Homs fueron exculpados de la acusación de malversación de fondos públicos. «Nos quieren volver a juzgar por algo ya juzgado, esto demuestra que España es un Estado de no-derecho» ha atizado el ex president”. Sexta: Señale, de entre los diversos procedimientos que se pueden deducir ante la Sección Jurisdiccional del TCu., el que se sigue en el presente caso, la fase en la que se encuentra en el momento de emisión de la nota informativa, si los hechos cometidos son constitutivos de malversación o alcance, las posibles formas de finalización del procedimiento y los recursos posibles contra la resolución que se adopte. Séptima: Introducir en un buscador “escándalo Tribunal de Cuentas” y realizar un juicio crítico de la configuración en nuestro ordenamiento del control del gasto público por el TCu. a la luz de los resultados obtenidos y de la normativa estudiada, proponiendo, en su caso, las medidas que crea conveniente adoptar para mejorarlo. 4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Primera: El art. 2 de la LOTC establece: Son funciones propias del Tribunal de Cuentas: a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Dos son, por tanto, las funciones que la LOTC atribuye al TCu.: la fiscalizadora y la jurisdiccional. Como la nota refiere que se trata de “concretar las posibles responsabilidades contables que se pueden haber originado en la realización de los gastos de una convocatoria de participación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional”, es claro que actúa en ejercicio de la función jurisdiccional atribuida por el apartado b) del art. 2 de la LOTC. Segunda: El art.1 de la LOTC establece, en concordancia con el art. 136 CE, que el TCu. es “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público…y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos”, aclarando en su art. 4.b) que las Comunidades Autónomas integran el sector público.

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De dichos preceptos se desprende en principio que la función fiscalizadora es compartida, pero la función jurisdiccional, en cuanto se extiende a todo el territorio nacional, no parece que se comparta con los órganos autonómicos. El art. 16 LOTC señala: No corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de: a) Los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional. b) Las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa. c) Los hechos constitutivos de delito o falta. d) Las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas al conocimiento de los órganos del Poder Judicial. Entre los asuntos enumerados no se encuentra el enjuiciamiento de los asuntos atribuidos a la jurisdicción contable de las CCAA. Y el art 17 Uno LOTC establece que “la jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena”. Por otro lado, el art. 2 de la LSC delimita las funciones de la Sindicatura de Cuentas: i) Ejercer las funciones jurisdiccionales relativas a hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad contable, en los términos derivados del artículo 80.3 del Estatuto de autonomía. k) Otras funciones que le delegue el Tribunal de Cuentas. Y al apartado 3 del art. 80 del Estatuto de Autonomía de Cataluña refiere:” La Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas deben establecer sus relaciones de cooperación mediante convenio. En este convenio deben establecerse los mecanismos de participación en los procedimientos jurisdiccionales sobre responsabilidad contable”. De la LSC se deduce, por tanto, que la Sindicatura de Cuentas se limita a participar en los procedimientos sobre responsabilidad contable atribuidos al TCu., sin que tenga atribuida función jurisdiccional alguna, función que de conformidad con el art. 17 LOTC es exclusiva del TCu. La STC 215/2000, en su FJ 7º, establece: Según constató entonces el Tribunal en Pleno, esa configuración se plasma en la definición de los caracteres con que la LOTCU regula dicha función. Concretamente, esta Ley Orgánica, "utilizando la expresión contenida en el art. 136.2, párrafo segundo CE, califica al enjuiciamiento contable de jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas (art. 15.1), atribuyéndole las notas de necesaria e improrrogable, exclusiva y plena (art. 17.1), al mismo tiempo que garantiza la independencia e inamovilidad de sus miembros disponiendo, en concordancia también con lo establecido en el apartado tercero del mencionado precepto constitucional, que estarán sujetos a las mismas causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones fijadas para los Jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 33.1)". Por lo que se refiere a la función misma, se significa que la actividad desarrollada por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas "consiste en aplicar la norma jurídica al acto contable, emitiendo un juicio sobre su adecuación a ella y declarando, en consecuencia, si existe o no responsabilidad del funcionario, absolviéndolo o condenándolo y, en esta última hipótesis, ejecutando coactivamente su decisión. Y todo ello a través de un procedimiento

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judicial, regulado en el Capítulo Tercero del Título V y desarrollado en la Ley de Funcionamiento del Tribunal, en el que aparecen los elementos objetivos, subjetivos y formales que caracterizan a un proceso. Por otra parte, sus resoluciones, en los casos y en la forma que determina su Ley de Funcionamiento, son susceptibles del recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo (art. 49) y, si bien la Ley de Procedimiento Administrativo resulta supletoria de las normas reguladoras de los procedimientos fiscalizadores (Disposición final segunda, 1), para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se aplica supletoriamente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal (Disposición final segunda, 2)". La doctrina ahora extractada fue reiterada en el FJ 2 de la STC 18/1991, por referencia entonces a la Ley del Parlamento de Galicia 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas de la Comunidad Autónoma. Expresamente se señala en esta resolución que de la distinta naturaleza de las funciones fiscalizadora y de enjuiciamiento contable y de la correlativa diferencia de regulación legal de cada una de ellas, cabe concluir que el Tribunal de Cuentas es supremo pero no único cuando fiscaliza, pues la propia LOTCU presupone la existencia de órganos autonómicos de control externo, y único pero no supremo cuando enjuicia la responsabilidad contable, al atribuirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la competencia para el conocimiento de los recursos de casación y revisión contra sus resoluciones. En conclusión, el TCu. es único cuando enjuicia la responsabilidad contable, sin que la Sindicatura de Cuentas tenga competencia alguna para conocer de los hechos descritos.

TERCERA: Del art. 136 de la Constitución se desprende que el TCu. no se encuadra dentro del poder judicial, sino del legislativo, al depender directamente de las Cortes Generales. Sin embargo, la citada STC 215/2000, en su FJ 7º, establece: En efecto, en el FJ 2 de la STC 187/1988, al hilo de la impugnación de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/1984, de 5 de marzo, que atribuían funciones de enjuiciamiento contable a la Sindicatura de Cuentas de esa Comunidad Autónoma, y tras afirmar que el bloque de la constitucionalidad en la materia está integrado por el art. 136 CE, la LOTCU y el art. 42 EAC, el Pleno de este Tribunal se refirió a la clara distinción existente entre las dos funciones que, en desarrollo del meritado precepto constitucional, atribuye al Tribunal de Cuentas su Ley Orgánica: "la función fiscalizadora externa de la actividad económico-financiera del sector público y la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos", subrayándose que el enjuiciamiento contable se configura como "una actividad de naturaleza jurisdiccional" (debemos indicar que esta misma idea ya había sido avanzada por el ATC 664/1984, de 7 de noviembre, FJ 1). Según constató entonces el Tribunal en Pleno, esa configuración se plasma en la definición de los caracteres con que la LOTCU regula dicha función. Concretamente, esta Ley Orgánica, "utilizando la expresión contenida en el art. 136.2, párrafo segundo CE, califica al enjuiciamiento contable de jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas (art. 15.1), atribuyéndole las notas de necesaria e improrrogable, exclusiva y plena (art. 17.1), al mismo tiempo que garantiza la independencia e inamovilidad de sus miembros disponiendo, en concordancia también con lo establecido en el apartado tercero del mencionado precepto constitucional, que estarán sujetos a las mismas causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones fijadas para los Jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 33.1)…..En

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suma, de esta jurisprudencia se desprende que el enjuiciamiento contable que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas constituye el ejercicio de una función jurisdiccional, plena y exclusiva, en un proceso especial por razón de la materia…” Por tanto, la actividad realizada es de naturaleza jurisdiccional, si bien nos encontramos ante una jurisdicción especial por razón de la materia.

CUARTA: El art. 180 de la LGP establece: (órgano competente y procedimiento) 1. En el supuesto del párrafo a) del apartado 1 del artículo 177 de esta ley, la responsabilidad será exigida por el Tribunal de Cuentas mediante el oportuno procedimiento de reintegro por alcance de conformidad con lo establecido en su legislación específica. 2. En los supuestos que describen los párrafos b) a f) del apartado 1 del artículo 177 de esta ley, y sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1982, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado. El art. 41 LOTC refieren que en los casos en que las responsabilidades a que se refiere el artículo treinta y ocho sean exigibles con arreglo a normas específicas en vía administrativa, la autoridad que acuerde la incoación del expediente la comunicará al TCu., que podrá en cualquier momento recabar el conocimiento del asunto El art. 1 del Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria establece en su apartado segundo que será procedente la incoación de expediente administrativo de responsabilidad contable cuando se pongan de manifiesto infracciones de las relacionadas en los apartados b) al g) del número 1 del artículo 141 de la Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de la facultad del TCu. para recabar en cualquier momento el conocimiento del asunto. Y en el punto 3 del mismo precepto dice que corresponde al TCu. conocer de las infracciones a que se refiere el apartado a) de dicho número y artículo de la Ley indicada. En conclusión, habida cuenta del conocimiento del TCu., la infracción cometida es haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, salvo que se hubiese iniciado un expediente administrativo por alguna infracción relacionada en los apartados b) a g), se hubiera puesto en conocimiento del TCu. y éste hubiese recabado el conocimiento del asunto conforme al art. 41 LOTC, caso que parece que no ha sucedido en el presente supuesto.

QUINTA: Como hemos referido en la cuestión segunda, el art. 16 c) LOTC establece que no corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de los hechos constitutivos de delito o falta. Y el art. 18 refiere que la jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal. Añade al apartado dos que cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia. La compatibilidad entre la jurisdicción contable y la penal ha sido abordada por el TCu. en múltiples ocasiones. Por ejemplo, la Sentencia nº 22, de 30/06/1994, FJ 3º: «baste indicar que la Sentencia de esta Sala n° 21/1992, de 30 de septiembre, en su fundamento jurídico 3°, ya tuvo ocasión de precisar que no se puede identificar absolutamente la

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responsabilidad contable con la responsabilidad civil nacida de los delitos -aún admitiendo que la responsabilidad contable sea una subespecie de la civil de análoga naturaleza- y ello por variados órdenes de razones: en primer lugar, porque en multitud de ocasiones hay responsabilidad contable sin que paralelamente exista delito; en segundo lugar, porque si se tratara de la misma responsabilidad no sería lógico que el ordenamiento jurídico se hubiera encargado de atribuirla a órdenes jurisdiccionales diferentes; y, por último, porque la responsabilidad contable se desprende siempre de las cuentas y requiere de la concurrencia de unos elementos específicos que guardando la natural similitud exceden de los previstos en el art. 1.902 y concordantes del Código Civil». Siendo la jurisdicción contable exclusiva y plena (art. 17 LOTC), cuando los hechos fueren constitutivos de delito el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales públicos será determinado por el TCu. El art. 38. Uno de la LOTC establece que “el que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados” Por tanto, la inexistencia del delito de malversación en nada afecta a la posible responsabilidad civil y a la consiguiente obligación de indemnizar en que se pueda haber incurrido por el menoscabo a los caudales públicos ocasionados por una acción contraria a la ley. En conclusión, no sucede, como afirma el Sr. Mas, que España es un Estado de no-derecho. Lo que sucede es que el Sr. Mas o no conoce, o aparenta no conocer, el derecho del Estado. No es una actuación “insólita e impresentable”, como afirma el Sr. Mas, sino “habitual”, como refiere la nota informativa.

SEXTA.- 1.- Los procedimientos son el de reintegro por alcance (arts.72 y ss. LFTCU), cancelación de fianzas (arts. 75 y ss.) y Juicio de Cuentas (arts. 68 y ss.). Como señala el apartado 3 de la nota informativa, en este caso estamos ante un procedimiento de reintegro por alcance. 2.- La citación referida en la nota informativa se realiza de conformidad con lo previsto en el art. 46 LFTCU, dentro del Título IV (De la función fiscalizadora del Tribunal y de sus procedimientos) Capítulo XI (Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables). Nombrado el Delegado Instructor, conforme al art. 46, procederá éste a la práctica de las siguientes actuaciones, enumeradas en el art 47: e) Liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, Letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo. El procedimiento se encuentra por tanto en la fase de actuaciones previas, en particular la citación de los presuntos responsables, previa a la liquidación provisional del alcance, establecida en el art. 47.e) LFTCU. 3.- El art. 73 de la LFTC refiere: 1. A efectos de esta Ley se entenderá por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas.

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2. A los mismos efectos, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo. Dado que se pretende “concretar las posibles responsabilidades contables que se pueden haber originado en la realización de los gastos de una convocatoria de participación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional”, los hechos enjuiciados serían constitutivos de malversación de caudales o efectos públicos si está justificada la aplicación de dinero público a gastos de la consulta, de alcance en caso contrario, o de ninguno de los dos si se prueba que no se ha destinado dinero público a la realización de la consulta. 4.- Según el art. 78 LFTC, los procedimientos jurisdiccionales ante el TCu. podrán terminar: a) Por sentencia. Con exigencia, en su caso, del “reintegro de los daños y el abono de los perjuicios originados a los caudales o efectos públicos y, en ambos casos, con los intereses legales desde el día en que se entienda producido el alcance o irrogados los perjuicios” (art 59.LFTC). b) Por auto de sobreseimiento. En los casos del art 79 LFTC. c) Por allanamiento. d) Por desistimiento. e) Por caducidad. El apartado 2 del art. 78 LFTC explicita que el allanamiento, desistimiento y caducidad se regirán por lo dispuesto en la Ley reguladora del proceso contencioso-administrativo. 5.- La sentencia dictada es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo (art. 81 LFTCU), recurso que habrá de fundarse en alguno de los motivos referidos en el art. 82. Cabe, contra sentencias firmes, el recurso de revisión del art. 83 LFTCU.

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