Retos de la contabilidad y la auditoría en la economía actual: Homenaje al profesor Vicente Montesinos Julve (Spanish and English Edition) [1 ed.] 8491331573, 9788491331575

El libro recoge 51 aportaciones que dan cuenta de los desafíos que los docentes, investigadores y profesionales de la co

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Índice
Introducción
Prólogo
Presentación
Parte I: El Profesor Vicente Montesinos y la Contabilidad
Vicente Montesinos. Contabilidad pública. AECA, Leandro Cañibano
Vicente Montesinos y el paradigma de utilidad, Jorge Tua Pereda
Vicente Montesinos. La contabilidad pública española tras tres décadas de avances en su proceso normalizador: evolución reciente, paradigmas y reformas pendientes, José Manuel Vela Bargues, Rosa María Dasí González, Amparo Gimeno Ruiz
Parte II: Trabajos Académicos de Contabilidad y Auditoría
II.1 Normalización contable
Armonización contable en la Unión Europea: 1978-2018, Julita García-Diez
Cuatro décadas de normalización contable en Europa: ¿evolución o revolución?, Begoña Giner
Palabras que cuentan. Los cambios en la terminología contable, José Antonio Gonzalo Angulo
El control de sociedades en la NIIF 10, Vicente Serra Salvador, Gregorio Labatut Serer
II.2 La contabilidad y la responsabilidad social empresarial
Hacia una información contable integrada. Una propuesta de información no financiera referida al personal de la empresa, Pablo Aguilar Conde y Begoña Prieto Moreno
El perfil del experto contable de las entidades sin fines lucrativos. Nuevos retos y cuestiones que afrontar, Ana J. Bellostas, Francisco J. López-Arceiz
La política económica que nunca existió. Una propuesta al respecto, Andrés Fernández Díaz
Las redes sociales como plataformas de divulgación de la rsc. Un análisis exploratorio, María Antonia García-Benau, Mauricio Gómez-Villegas, Yuli Marcela Suárez-Rico
Consejeros y reputación en la empresa española. Efectos de las conexiones políticas, Emma García Meca, Camino Ramón Llorens
El aseguramiento de las memorias de sostenibilidad y sus proveedores. Mecanismos de gobierno corporativo como determinantes en España, Isabel-María García-Sánchez, Jennifer Martínez-Ferrero
El papel del contable en la gestión medioambiental. Evolución y perspectivas futuras, José M. Moneva, Sabina Scarpellini, Miguel Marco Fondevilla
Economía no financiera y contabilidad, Pedro Rivero Torre, Rubén Manso Oliver
Nuevas fronteras de la información. El valor de la inteligencia emocional y social de la empresa, Lázaro Rodríguez Ariza, María Rosario Pacheco Olivares, Mónica Santos Cebrián, María del Rocío Flores Jimeno
II.3 Contabilidad de gestión
Caracterización de la investigación en contabilidad de gestión en las tres últimas décadas, Beatriz Aibar Guzmán y Cristina Aibar Guzmán
Análisis evolutivo de la contabilidad de gestión desde una perspectiva cualitativa, Emma Castelló-Taliani, Vicente Ripoll-Feliu
Estrategia, cultura organizacional y rendimiento de la empresa, Domingo García Pérez de Lema
La validación de instrumentos de medida de constructos hipotéticos en contabilidad y control de gestión, Teresa García Valderrama
El efecto del cuadro de mando integral sobre el desempeño financiero. Una revisión teórica, Alí Jadeed, Pedro Lorca Fernández y Javier de Andrés Suárez
II.4 Investigación, evolución y docencia de la contabilidad
Historia de la mujer en la profesión contable. Un estudio de pioneras, Concha Álvarez-Dardet, Amalia Carrasco-Gallego y Joaquina Laffarga-Briones
El gap entre competencias contables adquiridas y requeridas en los graduados universitarios, M.ª P. Blasco Burriel, A. Costa Toda, M. Labrador Barrafón
Tecnología, contabilidad y blockchain. Retos y oportunidades para el siglo XXI, Juan Luis Gandía Cabedo
La investigación colaborativa en el ámbito de la contabilidad social y medioambiental en España, Nicolás García Torea, Mercedes Luque Vílchez, Enrique Mesa Pérez, Carlos Larrinaga González
Essay: How to survive in a world of publication metrics in public sector accounting research, Jan van Helden
La investigación contable en España. Evolución y retos cuarenta años después, Araceli Mora
Efectividad del Aprendizaje Orientado a Proyectos para el desarrollo de habilidades relevantes en la práctica profesional de la contabilidad y la auditoría, Estefanía Palazuelos-Cobo, Paula San-Martín-Espina, Javier Montoya-del-Corte y Ana Fernández-Laviada
Las dos revoluciones de la contabilidad, Juan Velarde Fuertes
II.5 Análisis económico y financiero
Measuring efficiency and productivity change of the youth hostel sector in Andalusia using an adapted dea model, Félix Luis Agabo-Mateos, Bernabé Escobar-Pérez and Antonio Lobo-Gallardo
Comparativa internacional del sesgo de los pronósticos de los analistas, Susana Callao Gastón, José Ignacio Jarne Jarne
The measurement of time-series properties of earnings. A construct validity perspective, Cristina Ferrer García and José Anonio Laínez-Gadea
Análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería. Sector automoción, Julián González Pascual, Celia Martínez Escartín
La relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación, José Manuel López-Fernández, Francisco M. Somohano y Francisco Javier Martínez-García
Utilidad de la contabilidad el objetivo de creación de valor en el análisis de la empresa y el mercado, Alfonso A. Rojo Ramírez
II.6 Contabilidad y gestión del sector público
El endeudamiento en las administraciones públicas españolas, Maria Teresa Balaguer Coll y Mariya Ivanova Toneva
Corruption and electoral outcomes in Spanish local governments, Francisco Bastida, Bernardino Benito , María-Dolores Guillamón, Ana-María Ríos
Los estados financieros consolidados en las entidades locales. Un reto que debe abordarse, Vicente Condor López e Isabel Brusca Alijarde
Propuesta metodológica para la evaluación de la divulgación de información on-line de las administraciones locales a través de componentes principales, Juan C. Garrido-Rodríguez, José L. Zafra-Gómez, Antonio M. López-Hernández
Budgeting and accounting reforms within the public financial management framework. The portuguese case, Susana Margarida Jorge, Maria Antónia Jorge De Jesus
Accrual Accounting and Budgeting in Government. A History of the Hessian New Administrative Management Project (NVS), Klaus Lüder
¿Qué impacto ha tenido la Ley de Transparencia en las sociedades mercantiles de participación y/o titularidad pública?, Manuel Larrán Jorge, Francisco Javier Andrades Peña, Domingo Martínez Martínez, Jesus Herrera Madueño
Revisiting the Criteria for Adopting an Accrual Accounting Model in the Public Sector, Salme Näsi
La modernización del marco conceptual de aeca para la información financiera de las administraciones públicas, Andrés Navarro Galera y David Ortiz Rodríguez
Un estudio empírico de los condicionantes políticos y sistémicos del riesgo financiero de los gobiernos locales, Andrés Navarro Galera, Juan Lara Rubio, Dionisio Buendía Carrillo, Francisco Lara Sánchez
El sistema de información para la gestión en la administración pública. Evolución y perspectivas de futuro (especial consideración de las entidades locales), José Luis Pablos Rodríguez, Ana Cárcaba García
Financial Transparency of Local Governments in Eastern eu Countries, Vicente Pina, Lourdes Torres and Miroslav Ivanov
El marco conceptual de la contabilidad pública del pgcp 2010, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar
II.7 Auditoría y fiscalización del sector público
El papel de los informes de fiscalización, de los órganos de control externo, en los procedimientos y procesos de exigencia de responsabilidades jurídicas por la gestión ilegal de los fondos públicos, Carlos Cubillo Rodríguez
Pasado y presente de la auditoría pública en España. Un análisis de su marco regulador, Antonio López-Díaz, Roberto García-Fernández y Belén González-Díaz
Control y fiscalización de la contratación del sector público, Antonio M. López Hernández y Enrique Muñoz Juan
Delito fiscal (Consideraciones jurisprudenciales recientes), José Manuel Suarez Robledano
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Retos de la contabilidad y la auditoría en la economía actual: Homenaje al profesor Vicente Montesinos Julve (Spanish and English Edition) [1 ed.]
 8491331573, 9788491331575

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RETOS DE LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORÍA EN LA ECONOMÍA ACTUAL HOMENAJE AL PROFESOR VICENTE MONTESINOS JULVE

RETOS DE LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORÍA EN LA ECONOMÍA ACTUAL HOMENAJE AL PROFESOR VICENTE MONTESINOS JULVE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

COMITÉ EDITORIAL Bernardino Benito López (Universidad de Murcia) Isabel Brusca Alijarde (Universidad de Zaragoza) Vicente Condor López (Universidad de Zaragoza) Rosa María Dasí González (Universitat de València) M.ª Antonia García Benau (Universitat de València) M.ª Amparo Gimeno Ruiz (Universitat de València) José Manuel Vela Bargues (Universitat Politècnica de València)

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NO ES LEGAL

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto­químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per­miso previo de la editorial.

© De los textos: los autores, 2018 © De esta edición: Universitat de València, 2018 Corrección, fotocomposición y maquetación: Letras y Píxeles, S. L. Diseño de cubierta: Celso Hernández de la Figuera Imagen de la cubierta: Estructuras alusivas, 1974, de Joaquín Michavila, en colaboración con José Luis Roig y el ceramista Bono, en la fachada de la antigua Facultat de Ciències Econòmiques ISBN: 978-84-9133-157-5 Depósito legal: V-2198-2018 Impresión: Guada Impressors

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 13 PRÓLOGO....................................................................................................................... 17 PRESENTACIÓN............................................................................................................ 21 PARTE I EL PROFESOR VICENTE MONTESINOS Y LA CONTABILIDAD Vicente Montesinos. Contabilidad pública. aeca........................................................... 29 Leandro Cañibano Vicente Montesinos y el paradigma de utilidad............................................................... 41 Jorge Tua Pereda Vicente Montesinos. La contabilidad pública española tras tres décadas de avances en su proceso normalizador: evolución reciente, paradigmas y reformas pendientes...................................................................................................... 51 José Manuel Vela Bargues, Rosa María Dasí González y Amparo Gimeno Ruiz

PARTE II TRABAJOS ACADÉMICOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA II.1 NORMALIZACIÓN CONTABLE Armonización contable en la Unión Europea: 1978-2018............................................... 67 Julita García-Diez Cuatro décadas de normalización contable en Europa: ¿evolución o revolución?.......... 81 Begoña Giner

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índice

Palabras que cuentan. Los cambios en la terminología contable..................................... 91 José Antonio Gonzalo Angulo El control de sociedades en la niif 10........................................................................... 105 Vicente Serra Salvador y Gregorio Labatut Serer II.2 LA CONTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Hacia una información contable integrada. Una propuesta de información no financiera referida al personal de la empresa............................................................ 121 Pablo Aguilar Conde y Begoña Prieto Moreno El perfil del experto contable de las entidades sin fines lucrativos. Nuevos retos y cuestiones que afrontar............................................................................................... 127 Ana J. Bellostas y Francisco J. López-Arceiz La política económica que nunca existió. Una propuesta al respecto............................ 141 Andrés Fernández Díaz Las redes sociales como plataformas de divulgación de la rsc. Un análisis exploratorio.................................................................................................................... 155 María Antonia García-Benau, Mauricio Gómez-Villegas y Yuli Marcela Suárez-Rico Consejeros y reputación en la empresa española. Efectos de las conexiones políticas.......................................................................................................................... 171 Emma García Meca y Camino Ramón Llorens El aseguramiento de las memorias de sostenibilidad y sus proveedores. Mecanismos de gobierno corporativo como determinantes en España......................... 183 Isabel-María García-Sánchez y Jennifer Martínez-Ferrero El papel del contable en la gestión medioambiental. Evolución y perspectivas futuras............................................................................................................................ 203 José M. Moneva, Sabina Scarpellini y Miguel Marco Fondevilla Economía no financiera y contabilidad.......................................................................... 217 Pedro Rivero Torre y Rubén Manso Oliver Nuevas fronteras de la información. El valor de la inteligencia emocional y social de la empresa.................................................................................................... 231 Lázaro Rodríguez Ariza, María Rosario Pacheco Olivares, Mónica Santos Cebrián y María del Rocío Flores Jimeno II.3 CONTABILIDAD DE GESTIÓN Caracterización de la investigación en contabilidad de gestión en las tres últimas décadas............................................................................................. 249 Beatriz Aibar Guzmán y Cristina Aibar Guzmán

índice 9

Análisis evolutivo de la contabilidad de gestión desde una perspectiva cualitativa....................................................................................................................... 263 Emma Castelló-Taliani yVicente Ripoll-Feliu Estrategia, cultura organizacional y rendimiento de la empresa.................................... 275 Domingo García Pérez de Lema La validación de instrumentos de medida de constructos hipotéticos en contabilidad y control de gestión............................................................................. 283 Teresa García Valderrama El efecto del cuadro de mando integral sobre el desempeño financiero. Una revisión teórica....................................................................................................... 297 Alí Jadeed, Pedro Lorca Fernández y Javier de Andrés Suárez II.4 INVESTIGACIÓN, EVOLUCIÓN Y DOCENCIA DE LA CONTABILIDAD Historia de la mujer en la profesión contable. Un estudio de pioneras.......................... 311 Concha Álvarez-Dardet, Amalia Carrasco-Gallego y Joaquina LaffargaBriones El gap entre competencias contables adquiridas y requeridas en los graduados universitarios.................................................................................................................. 325 M.ª P. Blasco Burriel, A. Costa Toda y M. Labrador Barrafón Tecnología, contabilidad y blockchain. Retos y oportunidades para el siglo xxi......... 341 Juan Luis Gandía Cabedo La investigación colaborativa en el ámbito de la contabilidad social y medioambiental en España......................................................................................... 355 Nicolás García Torea, Mercedes Luque Vílchez, Enrique Mesa Pérez y Carlos Larrinaga González Essay: How to survive in a world of publication metrics in public sector accounting research........................................................................................................ 369 Jan van Helden La investigación contable en España. Evolución y retos cuarenta años después.......... 379 Araceli Mora Efectividad del Aprendizaje Orientado a Proyectos para el desarrollo de habilidades relevantes en la práctica profesional de la contabilidad y la auditoría......... 389 Estefanía Palazuelos-Cobo, Paula San-Martín-Espina, Javier Montoya-del-Corte y Ana Fernández-Laviada Las dos revoluciones de la contabilidad........................................................................ 401 Juan Velarde Fuertes

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índice

II.5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO Measuring efficiency and productivity change of the youth hostel sector in Andalusia using an adapted dea model..................................................................... 409 Félix Luis Agabo-Mateos, Bernabé Escobar-Pérez and Antonio Lobo-Gallardo Comparativa internacional del sesgo de los pronósticos de los analistas...................... 425 Susana Callao Gastón y José Ignacio Jarne Jarne The measurement of time-series properties of earnings. A construct validity perspective..................................................................................................................... 437 Cristina Ferrer García and José Anonio Laínez-Gadea Análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería. Sector automoción......... 455 Julián González Pascual y Celia Martínez Escartín La relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación.............................. 471 José Manuel López-Fernández, Francisco M. Somohano y Francisco Javier Martínez-García Utilidad de la contabilidad el objetivo de creación de valor en el análisis de la empresa y el mercado............................................................................................ 485 Alfonso A. Rojo Ramírez II.6 CONTABILIDAD Y GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO El endeudamiento en las administraciones públicas españolas..................................... 505 Maria Teresa Balaguer Coll y Mariya Ivanova Toneva Corruption and electoral outcomes in Spanish local governments................................ 519 Francisco Bastida, Bernardino Benito , María-Dolores Guillamón and Ana-María Ríos Los estados financieros consolidados en las entidades locales. Un reto que debe abordarse......................................................................................................... 533 Vicente Condor López e Isabel Brusca Alijarde Propuesta metodológica para la evaluación de la divulgación de información on-line de las administraciones locales a través de componentes principales............... 547 Juan C. Garrido-Rodríguez, José L. Zafra-Gómez y Antonio M. López-Hernández Budgeting and accounting reforms within the public financial management framework. The portuguese case................................................................................... 565 Susana Margarida Jorge and Maria Antónia Jorge De Jesus Accrual Accounting and Budgeting in Government. A History of the Hessian New Administrative Management Project (nvs).......................................................... 581 Klaus Lüder

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¿Qué impacto ha tenido la Ley de Transparencia en las sociedades mercantiles de participación y/o titularidad pública?........................................................................ 595 Manuel Larrán Jorge, Francisco Javier Andrades Peña, Domingo Martínez Martínez y Jesus Herrera Madueño Revisiting the Criteria for Adopting an Accrual Accounting Model in the Public Sector ....................................................................................................... 611 Salme Näsi La modernización del marco conceptual de aeca para la información financiera de las administraciones públicas................................................................... 619 Andrés Navarro Galera y David Ortiz Rodríguez Un estudio empírico de los condicionantes políticos y sistémicos del riesgo financiero de los gobiernos locales................................................................................ 629 Andrés Navarro Galera, Juan Lara Rubio, Dionisio Buendía Carrillo y Francisco Lara Sánchez El sistema de información para la gestión en la administración pública. Evolución y perspectivas de futuro (especial consideración de las entidades locales)................... 645 José Luis Pablos Rodríguez y Ana Cárcaba García Financial Transparency of Local Governments in Eastern eu Countries....................... 659 Vicente Pina, Lourdes Torres and Miroslav Ivanov El marco conceptual de la contabilidad pública del pgcp 2010.................................... 671 Manuel Pedro Rodríguez Bolívar II.7 AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO El papel de los informes de fiscalización, de los órganos de control externo, en los procedimientos y procesos de exigencia de responsabilidades jurídicas por la gestión ilegal de los fondos públicos................................................................... 689 Carlos Cubillo Rodríguez Pasado y presente de la auditoría pública en España. Un análisis de su marco regulador........................................................................................................................ 701 Antonio López-Díaz, Roberto García-Fernández y Belén González-Díaz Control y fiscalización de la contratación del sector público........................................ 717 Antonio M. López Hernández y Enrique Muñoz Juan Delito fiscal (Consideraciones jurisprudenciales recientes).......................................... 733 José Manuel Suarez Robledano

INTRODUCCIÓN

El momento de la jubilación, según su etimología, proviene del latín jubilare y significa ‘gritar de alegría’. El profesor Montesinos sin duda debe de sentir alegría por haber culminado una brillante carrera profesional como profesor universitario, con todo lo que ello implica, pero además debe de sentirse muy feliz por ser tan apreciado y valorado por sus discípulos, sus compañeros y todas aquellas personas que hemos tenido la fortuna de trabajar a su lado. Prueba de ello es el respeto, el cariño y el afecto plasmados en las aportaciones recogidas en este libro, y el apoyo unánime de sus compañeros del Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economía de la Universitat de València para que continúe su valiosa actividad profesional como profesor emérito. Ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación, y ha sido un ejemplo en las aulas y en los despachos. Además del magisterio desarrollado como profesor y su huella pedagógica, son muy destacables el rigor, la extensión y la calidad de sus contribuciones académicas, que han dejado también su huella científica en la contabilidad, en general, y en la contabilidad pública, en particular, haciendo avanzar y progresar esta disciplina. Como profesor destaca su docencia en todos los ciclos de estudio universitario y la gran cantidad de estudiantes que han pasado por sus aulas. La excelencia de su investigación también ha quedado sobradamente acreditada con los seis sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, los máximos permitidos por la legislación. Durante estos años ha publicado más de cien artículos académicos en revistas de alto impacto y gran relevancia en el ámbito de la contabilidad; ha liderado proyectos de investigación de la Unión Europea y de ámbito nacional y de la Comunidad Valenciana; ha dirigido veintidós tesis doctorales, y ha presentado ponencias y conferencias en numerosos foros. Su gran implicación con la Universidad le ha llevado a ocupar numerosos cargos de gestión, entre los que cabe mencionar el de director del Departament de Comptabilitat, director del Instituto Universitario de Gestión Empresarial, director del Centro de Documentación Europea y vicedecano y decano de la Facultat d’Economia.

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introducción

Asimismo, el colectivo de profesionales y profesores de Contabilidad y Administración de Empresas ha contado con su valiosa contribución. Ha sido presidente de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (asepuc) y miembro del Advisory Group of Experts on Accounting Standards de la Comisión Europea y de la Comparative International Governmental Accounting Research Network, presidiendo el grupo de expertos que diseñó la reforma del sistema contable y presupuestario de la Comisión Europea, aplicada a partir de enero de 2005. En la actualidad es presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (aeca) y vicepresidente de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (fiasep). Su extenso currículo refleja, asimismo, su talante activo frente a problemas económicos e institucionales, más allá de las actividades universitarias, y tanto en el ámbito autonómico como en el nacional e internacional. Ha sido síndico y ha formado parte del Consejo de la Sindicatura de Comptes, en la que también desempeñó durante seis años el cargo de síndico mayor. Ha sido vicepresidente del Colegio de Economistas de Valencia y miembro de la Comisión Gestora de la Caja de Ahorros Provincial de Valencia. Contribuyó a la fundación y fue el primer secretario general de la European Organisation of Regional Audit Institutions, consiguiendo la Secretaría General permanente para la Comunitat Valenciana. El enorme reconocimiento que el profesor Montesinos tiene en los colectivos profesionales y académicos relacionados con la economía en general, y sobre todo con la contabilidad, se ha traducido en la excelente acogida que tuvo la petición de financiación para la edición de este libro. Nuestro agradecimiento a todas las instituciones que han hecho posible que sea una realidad: la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (aeca), la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (asepuc), el Colegio de Economistas de Valencia, el Departament de Comptabilitat de la Universitat de València, la Facultad D’Economia de esta universidad, la Fundación para la Investigación de la Auditoría en el Sector Público (fiasep), el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (icjce), el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana y la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Todas estas entidades no pusieron un solo obstáculo a nuestra idea de realizar este libro-homenaje, y siempre mostraron su interés por que tal cosa finalizara con el mayor de los éxitos posibles, lo cual ha quedado recogido en la gran cantidad de aportaciones que contiene. El profesor Montesinos reúne, al menos, la mismas «virtudes y merecimientos» que le reconocía a su maestro D. Manuel Vela y, como este, también él es un «modelo de comportamiento». Hemos tenido la suerte de trabajar con Vicente y disfrutar de su amistad durante unos años muy intensos para nosotros, y entre las muchas cosas que hemos aprendido con él, se encuentran las palabras del poeta Maragall que Vicente Montesinos transmite a sus alumnos y que aplica a su día a día: «… Esfuérzate en tu tarea como sí de cada detalle que piensas, de cada palabra que dices, de cada pieza que pones, de cada golpe de tu martillo, dependiera la salvación de la humanidad…».

introducción 15

Querido profesor Montesinos, como maestro que eres siempre tendrás nuestro respeto y admiración, pero sobre todo, como amigo, nuestro inmenso y sincero cariño. Gracias, Vicente. Bernardino Benito López Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Murcia Rosa M.ª Dasí González Directora del Departament de Comptabilitat Titular de Universidad Universitat de València M.ª Amparo Gimeno Ruiz Titular de Escuela Universitaria Universitat de València

PRÓLOGO

El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. H. Adams

Escribir este prólogo supone para nosotros algo que va mucho más allá de exponer el contenido de este libro y de las importantes contribuciones que en el terreno de la contabilidad y la auditoría hacen los autores. Y es mucho más porque este libro es un homenaje al que ha sido nuestro maestro durante nuestra ya larga vida académica. En el año 2018 se han cumplido setenta años desde el nacimiento de Vicente Montesinos Julve. Seguramente, pocas personas que lo conocieron de niño, a pesar de ser ya un brillante estudiante en el colegio de los Escolapios, situado a poca distancia de casa de sus padres, hubieran podido adivinar la exitosa carrera académica que pocos años después, con el apoyo del profesor Vela Pastor, iniciaría nuestro querido maestro. Alrededor de cincuenta años en la Universidad le han permitido tener un bagaje y una visión profunda de los cambios que en dicho periodo ha experimentado la sociedad española, la evolución de la enseñanza superior como motor de progreso de esta y los avances que la contabilidad ha podido alcanzar tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Sin duda, Vicente Montesinos Julve ha tenido una intensa vida académica. Pero ¿qué es tener una vida académica? El profesor Montesinos, desde nuestro inicio en la Universidad, nos habló de la triple función de la Universidad: la docencia, la investigación y el servicio a la sociedad. A lo largo de estos años hemos podido ver que él ha dedicado mucho esfuerzo y energía en contribuir a cada una de estas misiones universitarias. Y nos atreveríamos a decir que nosotros lo hemos aprendido. Así pues, hemos tenido muchas ocasiones para oírle sus opiniones sobre las promociones académicas, el significado de la presentación de comunicaciones a congresos, la importancia de la publicación de artículos, las bondades de los sexenios, la

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prólogo

lucha por publicar en revistas que pertenecen al jcr y los altibajos de los sistemas de acreditaciones. Pero también le hemos escuchado su visión sobre las repercusiones que la entrada en la entonces denominada Comunidad Económica Europea tuvo sobre la información empresarial, su visión sobre la formación histórica, las corrientes doctrinales y los programas de investigación de la contabilidad, el clásico problema de la división en contabilidad y la introducción del criterio de devengo en los presupuestos públicos y en la propia contabilidad pública. Todos estos aspectos constituyen material de referencia básico para adentrarse en el conocimiento y la investigación de la disciplina contable que Vicente ha abordado, entre otros muchos, en sus libros, artículos y trabajos de investigación. ¿Hay algún profesor de contabilidad que no los haya leído?, o mejor dicho, ¿hay alguien en el ámbito de la disciplina contable que no haya «estudiado» estos trabajos? Más recientemente sus contribuciones se han centrado en el ámbito de la contabilidad pública con una clara proyección internacional. Nos ha presentado un enfoque holístico para la presentación de la información de las entidades públicas y ha trabajado por elaborar distintos índices de revelación informativa vinculada en ocasiones a la responsabilidad social. Como profesor universitario, la actividad de Vicente no se limitó únicamente a la docencia e investigación, sino también a la gestión. En sus años de decano contribuyó decisivamente al desarrollo de la actual Facultad de Economía, favoreciendo la consolidación de un plan de estudios que en la entonces Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en el ámbito de la empresa, tuvo como embrión el que durante no pocos años se impartió en la antigua Escuela de Comercio de Valencia. En los momentos actuales, la función de un decano está bastante delimitada y centrada en aspectos vinculados a la gestión, pero a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, la situación era bastante distinta. La entrada de España al sistema democrático, unido al espíritu de los estudiantes que veían que nuestro país empezaba a modernizarse y a superar las secuelas de la dictadura, hacían que un decano fuera mucho más que un gestor universitario. Su experiencia y compromiso con la Universitat de València en momentos políticamente tan delicados suponen un orgullo para los que en esos tiempos observábamos la facultad desde la tribuna. El compromiso con la sociedad de Vicente Montesinos también ha transcendido al ámbito profesional. Como auditor y censor jurado de Cuentas, Vicente contribuyó también de forma claramente decisiva a la consolidación de una Institución clave para el autogobierno de la Comunidad Valenciana. Nos referimos a la Sindicatura de Cuentas, que como órgano de control externo se benefició de forma muy importante de sus conocimientos y dedicación cómo síndico de cuentas primero y posteriormente como síndico mayor. Esta actividad, más vinculada al ámbito profesional, no impidió en cambio que Vicente abandonara la docencia durante los años a lo largo de los cuales permaneció vinculado a la Sindicatura. Sin embargo, esta rica experiencia profesional le aportó, y nos aportó a todos, un enorme conocimiento del ámbito de gestión público que ha sabido transmitir a sus estudiantes y discípulos. La Universidad es hoy bastante diferente de la que Vicente se encontró en sus inicios. La sociedad lógicamente ha cambiado y con ella los estudiantes y los profesores, pero el hecho de que este libro homenaje vea la luz es una muestra del cariño y del respeto que Vicente despierta en los ámbitos tanto académico como profesional.

prólogo 19

El motivo de este libro está más que justificado y para nosotros, como parte de sus primeros discípulos, constituye un motivo de enorme alegría constatar el reconocimiento de su relevancia académica. Todos tenemos nuestra propia historia, pero la de Vicente Montesinos es una historia que él ha compartido con todos nosotros, ya que su vida académica ha sido y es un mensaje vivo que se nos dirige y cuyas raíces seguro que perdurarán en el futuro. Como hemos dicho anteriormente, el reconocimiento de la relevancia académica de Vicente constituye una enorme alegría. Su jubilación, para los que hemos sido sus alumnos, discípulos y amigos no resulta en ningún caso un motivo de tristeza . Al fin y al cabo, el profesor siempre permanece, el maestro nunca se olvida y el amigo sigue estando ahí. Es por ello que ahora más que nunca seguimos, y siempre seguiremos siéndolo, tus alumnos, discípulos y amigos. Gracias por todo, querido jefe. A nuestro maestro que ha sabido transmitir su saber. Gracias. María Antonia García Benau Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, Universitat de València José Manuel Vela Bargues Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad Politécnica Valencia

PRESENTACIÓN

El libro que aquí se presenta, publicado en homenaje al profesor Dr. D. Vicente Montesinos Julve pretende ofrecer una panorámica de los principales retos que la contabilidad y la auditoría deben afrontar en la economía actual. La creciente demanda social de mayor transparencia financiera y no financiera, como respuesta a la crisis institucional generada por los escándalos financieros y los casos de corrupción en los ámbitos público y privado, hace que los profesionales de la contabilidad deban asumir responsabilidades dirigidas a la introducción de mecanismos encaminados a mejorar la toma de decisiones de empresas, administraciones y entidades no lucrativas, pero también para recuperar la confianza en las empresas e instituciones, y en definitiva en la economía. Poner de manifiesto este desafío al que se enfrentan profesionales, académicos e investigadores de la contabilidad y auditoría es, sin duda, la mejor forma de dar tributo a la gran labor del profesor Vicente Montesinos, quien siempre estuvo a la vanguardia de las innovaciones en la contabilidad, en su triple faceta de docente, investigador y profesional. Como él mismo escribía en su trabajo titulado «Hacia un enfoque holístico para la presentación de la información de las entidades públicas, publicado en el nº 19 de la Revista aeca», es importante cuestionar qué tipo de información hemos de proporcionar, qué instrumentos utilizar y cómo garantizar su fiabilidad y pertinencia, considerando los retos a los que se enfrenta la sociedad actual, con una población más educada y con mayor implicación en la cosa pública que en épocas precedentes y con unas tecnologías de la información mucho más potentes.

Es precisamente este el principal propósito de los trabajos recogidos en el libro: plantearse cuáles son los retos a los que debe dar respuesta la contabilidad y la auditoría desde una perspectiva integradora, abordando para ello tanto el ámbito de las empresas como el de las administraciones públicas. El profesor Montesinos inició su carrera académica una vez obtenido el Premio Nacional Fin de Carrera de la Escuela Superior de Comercio, como profesor de la

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Cátedra de Contabilidad, de la que era titular su maestro, y de otras muchas, el profesor Doctor D. Manuel Vela Pastor, en la Escuela de Comercio de Valencia en 1968. Tras su paso por esta, se incorpora en 1971 a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia como profesor interino, defendiendo su tesis doctoral Contabilidad y Decisión Empresarial: una aproximación conceptual en 1974, para la que contó con una Beca de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia y con una ayuda para la realización de la tesis doctoral del Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. En 1975 ocupa la plaza de profesor agregado numerario en la referida facultad, en 1977 obtiene la Cátedra de Teoría de la Contabilidad en la Universidad de Zaragoza y, finalmente, en 1978, la Cátedra de Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes en la Universidad de Valencia, cargo que ocupa hasta la actualidad. Son por tanto cincuenta años de magisterio, de formación de investigadores y docentes, sus numerosos discípulos así lo atestiguan, en los que ha mostrado poseer una clara y profunda visión de los problemas, encontrando siempre de forma acertada nuevos enfoques y propuestas que permitían avanzar en la investigación y en la profesión contable. No pretendemos resumir en este prólogo, ni tampoco en el libro, las innumerables contribuciones del profesor Montesinos en la investigación científica de nuestra disciplina, especialmente porque han sido tantas y tan acertadas que de hacerlo seguro que nos dejaríamos alguna en el tintero. Por eso, más que resumir la obra del profesor queremos dejar patente que su trayectoria ha dejado una indeleble huella en el desarrollo de la investigación científica en contabilidad y auditoría en España, iniciando pautas verdaderamente significativas. Sus aportaciones han hecho crecer el prestigio universitario de la contabilidad y auditoría, contribuyendo notablemente a la altura que merecen. Los autores de este libro somos testigos del entusiasmo del profesor Montesinos por la investigación en contabilidad y auditoría, seis sexenios de investigación así lo corroboran. Además siempre ha infundido su ilusión y confianza en la Universidad Pública Española a quienes, en uno u otro ámbito, hemos tenido oportunidad de compartir su buen hacer. Su dedicación a la formación y a la dirección de tesis doctorales (veintiuna en total) y de grupos de investigación ha conseguido entusiasmar y arraigar en muchos jóvenes investigadores, quienes poco a poco han creado sus propios grupos de investigación, extendiéndose así por la geografía española y fuera de esta, continuando pues con la investigación impulsada por el profesor Vicente Montesinos. Los trabajos recogidos en el libro son una expresión de reconocimiento, gratitud y agradecimiento de sus autores a esta labor del profesor Montesinos. Para ordenar su lectura, los trabajos han sido agrupados en siete áreas temáticas, además de una primera parte destinada a resaltar sus contribuciones en la investigación en contabilidad y auditoría en España. La primera área contiene cuatro trabajos dedicados a la Normalización Contable en España, cuyo contenido da cuenta de su evolución en las últimas cuatro décadas,

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así como de los cambios acaecidos en la terminología contable, ligados a su vez a otros cambios en la propia concepción de la contabilidad y en la información financiera de las empresas. Como señala el profesor Gonzalo Angulo en su trabajo, el tema no es ajeno a la obra del profesor Montesinos, que ya en los años ochenta plasmaba la relevancia de la normalización contable en el ámbito de la Comunidad Económica Europea en su obra Las normas de Contabilidad en la cee (ipc, 1980), así como de la armonización contable internacional. Los trabajos dedicados al estudio de la Contabilidad y Responsabilidad Social Empresarial ocupan la segunda área. Los nueve trabajos que la integran ponen de manifiesto que la contabilidad puede y debe contribuir a un desarrollo empresarial más responsable y sostenible, a la vez que proporcionar información relevante sobre el valor añadido generado, no solo desde una perspectiva económica sino también medioambiental y social. Esta orientación de la contabilidad hacia la información social y medioambiental podría entenderse ya incluida dentro de la división planteada por el profesor Montesinos en su trabajo publicado en 1976 en Técnica Contable titulado En torno al problema de la división en Contabilidad (Técnica Contable, 1976). La tercera área contiene cinco trabajos del área Contabilidad de Gestión, en los que se muestra la evolución de la contabilidad de gestión y se caracteriza la investigación en las tres últimas décadas, a la par que se analiza el efecto del cuadro de mando integral y la estrategia y cultura organizacional en el rendimiento de la empresa. También en esta línea de investigación se ha mostrado activo el profesor Montesinos, con diversos trabajos que ponen de relieve la importancia de implantar modernos sistemas de gestión. Puede destacarse a título de ejemplo su participación como director del trabajo titulado Estudio sobre la implantación de la Contabilidad de Gestión en España, publicado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (aeca) en 1994. En el cuarto bloque se agrupan ocho trabajos en los que se aborda la Investigación, Evolución y Docencia de la Contabilidad. Además de analizar la evolución de la investigación en contabilidad, se pone de manifiesto el reto que supone para los investigadores de la contabilidad la métrica del impacto, de modo que deben enfrentarse a una continua valoración del impacto de sus publicaciones, tarea ardua en el ámbito de la contabilidad. En el ámbito docente se observa la posible existencia de un gap de expectativas para estudiantes y empleadores, haciendo necesario replantear el modelo de aprendizaje basado en las competencias. Queremos destacar aquí que la capacidad innovadora del profesor Montesinos le llevó pronto al estudio de la corrientes doctrinales y programas de investigación de la contabilidad, en un trabajo pionero, Formación histórica, corrientes doctrinales y programas de investigación de la Contabilidad (Técnica Contable, 1978), que ha servido para el estudio de la evolución del pensamiento contable a otros muchos investigadores. Los seis trabajos del siguiente bloque, Análisis Económico y Financiero, muestran la importancia de incluir nuevas áreas en el análisis de las empresas, tal como la innovación, el objetivo de creación de valor en el análisis de la empresa y el mercado o cómo puede llevarse a cabo el análisis de la eficiencia empresarial. Tampoco ha sido ajeno el profesor Montesinos a este campo de trabajo: una de sus primeras

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publicaciones se sitúa en el Análisis convencional del punto muerto y programación lineal (Técnica Contable, 1974). Bajo el título Contabilidad y Gestión del Sector Público se recogen doce trabajos dedicados a analizar la evolución y las perspectivas futuras de la contabilidad de las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional. La reciente crisis económica ha puesto de manifiesto la relevancia de la contabilidad y la transparencia como herramientas para hacer frente al fraude y la corrupción pública, demandando además la armonización contable internacional en el ámbito de las administraciones públicas. De todos es conocido que el profesor Montesinos ha dedicado gran atención en sus investigaciones a la contabilidad pública, generando gran interés por ella entre quienes han tenido oportunidad de trabajar con él. Sus trabajos han abordado temas tan relevantes como el marco conceptual de la contabilidad pública, la utilidad de la información financiera, las necesidades de armonización internacional, la convergencia de la contabilidad pública y la contabilidad nacional o la publicación de información no financiera de las administraciones públicas. Además de sus aportaciones en la investigación, puede destacarse también su labor profesional en esta área, participando en trabajos como la reforma de la contabilidad de la Comisión Europea. El profesor Montesinos es también el presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de aeca. El séptimo y último apartado del libro incluye cuatro trabajos del área Auditoría y Fiscalización del Sector Público, en los que se analiza el pasado y presente de la Auditoría del Sector Público en España, el reto al que se enfrentan el control y la fiscalización de la contratación del sector público, o el papel de los informes de fiscalización y de los órganos de control externo en los procedimientos y procesos de exigencia de responsabilidades jurídicas por la gestión ilegal de los fondos públicos. Y también aquí el profesor Montesinos es una referencia en la investigación y en la práctica profesional del control y la auditoría de las administraciones públicas. Ejerció como síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana durante seis años, en los que tuvo oportunidad de participar en el control externo de las administraciones públicas valencianas, pero también de colaborar en el desarrollo de la auditoría en Europa, como secretario general de la European Organisation of Regional Audit Institutions (eurorai). En síntesis, el libro recoge 51 aportaciones que dan cuenta de los desafíos que los docentes, investigadores y profesionales de la contabilidad deberán afrontar en los años venideros, pero también y sobre todo del poso que ha dejado la obra del profesor Montesinos, que sin duda seguirá siendo un referente para los profesionales e investigadores de la contabilidad durante muchos años. Para terminar queremos expresar que es un honor para todos los editores poder publicar este libro homenaje, en el que sus 107 autores, pertenecientes a un elevado número de universidades, tanto nacionales como extranjeras, así como de otras instituciones, han querido rendir homenaje al profesor Montesinos. Agradecemos a todos ellos su participación. Nuestro agradecimiento igualmente a las instituciones colaboradoras en la edición del libro.

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Estamos seguros de que su contenido será de interés para académicos, profesionales, investigadores y estudiantes de la contabilidad y la auditoría. Isabel Brusca Alijarde Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Zaragoza Vicente Condor López Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Zaragoza

PARTE I

EL PROFESOR VICENTE MONTESINOS Y LA CONTABILIDAD

VICENTE MONTESINOS. CONTABILIDAD PÚBLICA. AECA Leandro Cañibano

Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Sean mis primeras palabras para agradecer al Comité Editorial de esta obra, en homenaje al profesor Vicente Montesinos, y en particular al profesor Vicente Cóndor, por haberme formulado la invitación para contribuir a esta, lo que hago con sumo gusto, dada la personalidad del homenajeado y la magnífica relación mantenida con él durante largos años. Ambos accedimos a la Cátedra universitaria en la misma década del pasado siglo y, desde entonces, nuestros caminos se han cruzado en numerosas ocasiones, siempre para colaborar en los ámbitos académicos e institucionales, marchando en la misma dirección. No soy, ni mucho menos, un experto en contabilidad pública, mis proyectos de investigación y mis publicaciones han tenido distinta orientación, pero ello no significa que en la ya larga andadura de la vida no me haya encontrado con situaciones y circunstancias que me hayan llevado a opinar o expresar mis criterios sobre temas contables relativos al sector público. Digo lo anterior, porque he decidido orientar este trabajo hacia la figura de nuestro homenajeado por su gran contribución al desarrollo de la contabilidad pública en España, como autor de numerosas obras y artículos sobre la materia y como presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de aeca.

1. Mis contactos con la contabilidad pública Mis primeros contactos con la contabilidad pública se remontan a un tiempo bastante lejano, a cuando era estudiante en la Escuela de Comercio de Valladolid, donde para obtener el grado de Profesor Mercantil había que cursar una materia que respondía a dicho nombre. He de decir que cuando creía haber domeñado el escurridizo método de la partida doble, no encontraba la forma de encajar en él las cuentas de la Hacienda Pública que nos venían explicando. Más tarde supe que, en esas fechas, las cuentas públicas seguían basándose en el modelo «cameralista», en el que nuestro método contable por excelencia aún no había penetrado.

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Años más tarde, tras la creación de aeca, de la mano de su entonces presidente, el profesor José Barea (q. e. p. d.), aterricé en los predios de la Intervención General de la Administración del Estado (igae), colaborando con dicha institución en el diseño y elaboración de la nueva normativa contable que habría de regir en el ámbito público, lo cual se materializó mediante la aprobación del primer Plan General de Contabilidad Pública en 1981 y las consiguientes disposiciones para su desarrollo, y dio pie a la modernización de los procesos contables en el ámbito del Estado, que posteriormente fue extendido al de la Administración Pública en su conjunto. La Olimpiada de Barcelona de 1992 también tuvo efectos en el ámbito contable; el Ayuntamiento de dicha ciudad emitió bonos para su cotización en mercados de capitales internacionales, Nueva York entre otros, los cuales requerían la presentación de unos estados financieros auditados, hábito inusual en las corporaciones locales en aquella época (y en la presente). De la mano en este caso de mi querido amigo y compañero el profesor Enrique Ribas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, tuve ocasión de asesorar sobre los criterios contables de aplicación en el ámbito local y la implantación de los nuevos procesos contables en el citado Ayuntamiento de Barcelona. Durante mi estancia como profesor visitante en la Universidad Rovira y Virgili, fui invitado a hacer una presentación sobre el tema antedicho en la sede municipal de Barcelona, en el Saló de Cròniques, decorado con pinturas de Josep María Sert (1928), colindante con el famoso Consell de Cent que, por supuesto, visitamos a continuación. La experiencia de Barcelona nos sirvió también para el Ayuntamiento de Madrid, al que, junto con el profesor Ribas y su equipo, asesoramos sobre el diseño e implantación de sus sistemas de información contable, así como también a algunas de sus entidades y empresas de diversos sectores: turismo, deportes, transporte, etc. No acaba aquí nuestra aproximación al ámbito público, pues nuestra opinión y asesoramiento sobre temas diversos han sido también requeridos por otras entidades, tales como: el Gobierno Vasco, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Valladolid, etc. en relación con temas tales como venta de participaciones en empresas, inversión en infraestructuras públicas, transportes, subvenciones, etc. Sirvan los breves párrafos anteriores de justificación –no suficiente por supuesto– de mi atrevimiento por introducirme en «corral ajeno», si bien como buena parte de la obra del profesor Montesinos se encuentra ligada a la Asociación que presido –aeca– tratando de cumplir con el deber que me he impuesto, he de referirme a él y a su obra.

2. Vicente Montesinos y la contabilidad pública 2.1 Antecedentes: Teoría de la Contabilidad Pisando casi los talones a mi obra sobre «Teoría actual de la Contabilidad»1 (Cañibano, 1975), el profesor Montesinos (1978a) publicó una serie de ocho artículos 1

Reeditada en 1997 por el icac.

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en la revista Técnica Contable (tc) bajo el título: «Formación histórica, corrientes doctrinales y programas de investigación de la Contabilidad». En aquellos tiempos el acceso a la Cátedra exigía a los candidatos la presentación de una memoria sobre el concepto, método, fuentes y programa de la materia a la que se opositaba, dedicándose en particular a uno de los seis ejercicios orales a la presentación de la memoria, seguida de una discusión con los restantes opositores (trincas) y con los miembros del tribunal. Nuestras respectivas publicaciones antedichas fueron fruto del trabajo previamente realizado para la elaboración de nuestras correspondientes memorias. Traigo a colación el tema para poner de manifiesto que antes de aterrizar en la contabilidad pública, el profesor Montesinos había dejado constancia pública, oral y escrita, de su profunda formación teórica en la disciplina contable. En su momento, leí con deleite los citados artículos, esperando mes tras mes la llegada del siguiente. Pero, no solo fueron esos los artículos de teoría contable publicados por el profesor Montesinos, en la citada revista Técnica Contable existen otros (Montesinos, 1976a, b y c) sobre teorías científicas en contabilidad, neutralidad de la ciencia contable y división de la contabilidad. También en la Revista Española de Financiación y Contabilidad (refc) trató sobre la Contabilidad como sistema de medición de las ciencias económicas (Montesinos, 1978b). Otros artículos, de corte más institucional o aplicado, también de esa época y años siguientes, fueron publicados en las revistas ya mencionadas, (refc y tc) y en Alta Dirección, ESIC Market, Noticias de la Unión Europea, Partida Doble, Actualidad Financiera, etc.

2.2 La Sindicatura de cuentas de la Comunidad Valenciana: contabilidad pública En 1991, el profesor Montesinos fue nombrado miembro de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, y apenas dos años más tarde asumió el cargo de Síndico Mayor (presidente), en el que permaneció hasta 1998. Quien pudiera pensar que esta tarea hubiera podido apartarle de su vocación investigadora estaría muy equivocado, siendo buena prueba de ello el ritmo de sus publicaciones, que no descendió en absoluto, aunque sí se produjo una reorientación de las mismas hacia el ámbito de la contabilidad pública. En efecto, su serie de cuatro artículos en Partida Doble (Montesinos, 1991 y 1992) sobre «El modelo contable para la Administración Local», así lo pone de manifiesto. En los sucesivos años de permanencia en la Sindicatura, continúan sus publicaciones en diferentes revistas sobre los temas contables públicos: información contable pública (Montesinos, 1993); auditoría sector público (Montesinos, 1994a) y nuevo plan general de contabilidad pública (Montesinos, 1994b); control de finanzas regionales (Montesinos, 1995); criterio de devengo en presupuestos públicos (Montesinos, 1996); control económico en entidades locales (Montesinos, 1997); principios y prácticas contables públicos en países ocde (Torres, Vela, Montesinos y Pina, 1998). Permítaseme hacer una sucinta referencia a los dos primeros artículos mencionados en el párrafo anterior porque en ellos se contiene un auténtico programa de lo que

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cabe entender por contabilidad pública y una valiente declaración sobre la necesidad de auditorías en el sector público. Con respecto a su concepción de la contabilidad pública señala (Montesinos, 1993: 686-7): La concepción tradicional de la Contabilidad Pública la equiparaba de hecho a la Contabilidad presupuestaria o de seguimiento presupuestario. Parece evidente que la Contabilidad meramente presupuestaria resulta insuficiente para la cobertura de los fines y el cumplimiento de los principios asignados a los sistemas de información contable públicos en la actualidad. No obstante, el presupuesto constituye una pieza central y fundamental del sistema, y los objetivos informativos del seguimiento de su ejecución han de venir cubiertos por el subsistema de Contabilidad pública presupuestaria. Las Administraciones Públicas precisan en la actualidad de un sistema de información económico-financiera que permita a los distintos usuarios o destinatarios de la información la adopción de sus decisiones económicas. Al propio tiempo, han de contar con controles efectivos que protejan a la entidad frente al fraude. Este sistema de información estará vertebrado en torno a la Contabilidad Pública, entendida en el sentido expuesto con anterioridad.

En relación con la necesidad de auditorías en el sector público indica (Montesinos, 1994a: 435-6): En España se han dado pasos importantes para homologar la información contable pública a la que se proporciona en el sector privado y a las prácticas de los países más desarrollados de nuestro tiempo, pero es necesario generalizar la práctica de la auditoría a todas las entidades de una cierta dimensión, en consonancia con lo que ocurre en el sector empresarial y con las prácticas internacionales. No se puede entender en este sentido que la auditoría anual de los Ayuntamientos y Diputaciones de cierta dimensión no sea obligatoria en España, cuando cualquier sociedad anónima de mediana dimensión tiene que someterse anualmente a la sana prueba de una auditoría de cuentas. Asimismo, el control al que están sometidas las cuentas de un buen número de Comunidades Autónomas y organismos públicos no puede considerarse suficiente ni calificarse de satisfactorio. Esta situación asimétrica no es lógico que se mantenga por más tiempo en nuestro país, si se espera de él una efectiva modernización de las estructuras de su sector público.

Como puede apreciarse, desde su aterrizaje en este campo de estudio, acomete un amplio planteamiento de su entendimiento de la contabilidad pública y de las necesidades de auditoría del sector público, a cuyo contenido ha ido dando amplia respuesta en los propios artículos mencionados y, posteriormente, año tras año, en subsiguientes publicaciones, según tendremos ocasión de poner de manifiesto. Por supuesto que no acaba con los citados la serie de sus trabajos, aunque sí su permanencia en la Sindicatura de Cuentas, de la que se marchó con el sello indeleble de su inmersión en el ámbito de la contabilidad del sector público. Su continuidad presidiendo el grupo de expertos que realizó el estudio básico para la reforma del sistema contable y presupuestario de la Comisión Europea, aplicado en 2005, le ha permitido continuar formando parte de dicho grupo hasta 2015, lo que significa se-

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guir en permanente comunicación con las corrientes y novedades, con los principios y prácticas de la contabilidad pública en el ámbito nacional e internacional.

2.3 Montesinos continúa investigando en contabilidad pública Las anteriores referencias a las publicaciones del profesor Montesinos palidecen frente al conjunto de toda su obra. A partir de 1999 sus contribuciones llegan al medio centenar, razón por la cual debo remitirme a la recopilación realizada por Dialnet2 e intentar por mi parte sintetizar muy apretadamente los numerosos temas tratados en relación con la contabilidad pública. Son los siguientes: Marco institucional, cultura organizativa, ámbitos de fiscalización, Ley General Presupuestaria, financiación de infraestructuras, ratings, ocde, Comisión Europea, Latinoamérica, endeudamiento, auditoría, armonización, convergencia, evolución y nuevos modelos, transparencia, transferencias y subvenciones, devengo, reportes y rendición de cuentas. Ninguno de cuantos aspectos relevantes atañen a la contabilidad y a las cuentas públicas parece escapársele a nuestro profesor y, caso de haberlo, estará ya en su lista de espera para una futura publicación. Obviamente, son muchas las revistas y libros que se han beneficiado de las contribuciones del profesor Montesinos, de manera que pueden citarse, aparte de las ya mencionadas, entre otras: Auditoría Pública, Presupuesto y Gasto Público, Análisis Local, Revista Española de Control Externo, Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Revista de economía pública, social y cooperativa, Revista internacional de ciencias administrativas, Innovar, Revista de Contabilidad, etc. En un epígrafe posterior nos referiremos a algunas de sus publicaciones más señeras, de las que se ha beneficiado la refc.

2.4 La contabilidad pública en la Universidad española Como ha quedado dicho, en las antiguas escuelas de comercio se impartía una asignatura de Contabilidad Pública y en la Facultad de Económicas había una cátedra denominada «Organización, Contabilidad y Procedimiento de la Hacienda y Empresas Públicas». El profesor Barea (q. e. p. d.), a quien me he referido con anterioridad, fue Catedrático de Escuelas de Comercio primero y, posteriormente, de la Universidad Autónoma de Madrid de las materias indicadas. En el prólogo a la obra Pensamiento económico de Jose Barea: el legado de un economista de estado (aeca, 2007), tuve ocasión de dejar dicho: Sus contribuciones versan sobre los temas propios de su especialidad, la contabilidad y las finanzas públicas, refiriéndose en particular a la política presupuestaria: discipli-

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na, control, estabilidad, déficit, integración europea, crisis; a los sistemas de pensiones: viabilidad, envejecimiento; y a otros importantes aspectos de política económica, como la financiación del déficit exterior, la financiación autonómica o la competencia en el ámbito del sector Público. Todos ellos tratados con la maestría, la profundidad y el conocimiento propios de quien ha dedicado toda su vida al estudio de estas materias y, además, ha sido uno de los principales protagonistas en la llevanza de los asuntos económicos públicos durante muchos años.

Sirvan estas palabras como preludio de las que deseo decir ahora: la contabilidad pública venía existiendo en la Universidad española desde hace años, pero el primer profesor que puso especial énfasis en dicha disciplina, singularizándola como materia propia y autónoma no fue otro que nuestro profesor Montesinos, en cuyo homenaje se ha concebido la obra que recoge estas palabras y otras muchas de reconocidos autores. Ello ha dado lugar a la inclusión de esta materia, de manera específica, en los planes de estudios de distintas Facultades de Economía, y de que sean los Departamentos de Contabilidad los responsables de su impartición. En mi propia universidad, la Autónoma de Madrid (uam), fue el profesor Barea quien propuso que la contabilidad pública quedara a cargo del Departamento de Contabilidad, de manera que se mantenían en el de Economía Pública, del que él formaba parte, las materias relativas a las finanzas públicas, que tanto dominaba. Sin ánimo de exhaustividad, pero sí atendiendo a los autores españoles que tratan sobre temas de contabilidad pública, me atrevo a decir que esta asunción de la contabilidad pública por los Departamentos de Contabilidad se está comenzando a producir, sirvan como mejor ejemplo los de las Universidades de Valencia, Zaragoza, Granada, Almería, aparte de la uam, ya mencionada.

3. Vicente Montesinos y aeca 3.1 La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de aeca El profesor Vicente Montesinos se incorporó a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (aeca) desde los primeros momentos de su andadura, y entró a formar parte de su recién creada Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, colaborando muy activamente en los documentos iniciales que esta emitió en la década de los ochenta del pasado siglo, que tanta repercusión tuvieron en la práctica profesional y en la regulación oficial, plasmada en el Plan General de Contabilidad de 1990. Fue ponente de uno de tales documentos, el relativo a «Clientes, Deudores y otras cuentas a cobrar», que vio la luz en 1984, sin perjuicio de sus revisiones posteriores. Por supuesto que participó también activamente en la elaboración de otros documentos de la citada Comisión, dedicado cada uno a tratar sobre una partida específica del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias: inmovilizado material, intangibles, diferencias de cambio, proveedores, clientes, periodificación, existencias, impuesto sobre beneficios, recursos propios, provisiones y contingencias, pensiones,

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inversiones financieras, pasivos financieros, ingresos, gastos, futuros y opciones, y algunos otros posteriores.

3.2 La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de aeca Aunque en un principio los estudios de aeca se concentraron en solo dos comisiones, principios contables y valoración de empresas, pronto se abrieron nuevos frentes, que trataron sobre organización y sistemas, contabilidad de gestión e historia de la contabilidad, antes de llegar a abordar el sector público, mediante la creación de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público en 1998.3 Durante unos primeros años, dicha Comisión fue presidida por quien también era presidente de aeca, el profesor José Barea y, después, en 2006, fue el profesor Montesinos, que asumió la Presidencia de dicha Comisión. La tarea de nuestro profesor Montesinos ha sido ingente; nada más constituirse la Comisión asumió ser ponente4 del documento «Marco Conceptual para la Información Financiera de las Entidades Públicas», que vio la luz en 2001 y, posteriormente como presidente, ha impulsado la realización de ocho de los nueve documentos siguientes, ha conseguido tener en cartera los que vendrán tras estos, ha difundido lo realizado en los medios apropiados (presentaciones, conferencias, artículos, etc.) y se ha relacionado con las instituciones públicas estatales, autonómicas y locales, como usuarias potenciales que son de los documentos de referencia. Aparte del documento sobre marco conceptual ya mencionado, todos los restantes relativos a las Administraciones Públicas, versan sobre los temas siguientes: inmovilizado no financiero, gastos, ingresos, pasivos financieros, activos financieros, colaboración público-privada, estados financieros, difusión en internet, e-government.5 En curso de elaboración se encuentran otros documentos, como son: Estados Financieros Consolidados, Transferencias y subvenciones, Información no financiera, y Relación con las Cuentas Nacionales. Es de hacer notar que los documentos aeca, tanto los dirigidos al ámbito empresarial como los ahora contemplados orientados hacia el ámbito público, prestan especial atención a la normativa internacional que pudiera existir, primando siempre la convergencia normativa a efectos de facilitar la integración de nuestras entidades en contextos más amplios, especialmente en consonancia con la Unión Europea. En el ámbito mercantil, la aplicación obligatoria de las nic/niif para las sociedades cotizadas en la ue es un hecho desde 2005 y, por lo que se refiere al ámbito público o gubernamental, las correspondientes normas contables internacionales para el sector En la actualidad son once las Comisiones de estudios de aeca. Tras la relativa a Contabilidad y Administración del Sector Público han sido creadas las correspondientes a Nuevas Tecnologías, Responsabilidad Social Corporativa, Cooperativas, Entidades sin Fines de Lucro y Turismo. 4 Conjuntamente con la profesora Lourdes Torres Pradas, actualmente secretaria general de aeca. 5 Estos dos últimos documentos han sido realizados conjuntamente con la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de aeca. 3

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público, nicsp,6 constituyen un referente para la ue, sin perjuicio de que lleguen a desarrollarse unas normas europeas de contabilidad pública emitidas por la propia ue. Puedo afirmar que la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público, encabezada por el profesor Montesinos, es una de las Comisiones líderes de aeca, por su trabajo sistemático y continuado, por el carácter innovador e internacional de sus propuestas, por la buena acogida dispensada a los documentos que produce en el ámbito de las Administraciones Públicas, por la incorporación de nuevos jóvenes valores como miembros de la Comisión, por continuar reteniendo en ella a los miembros más expertos, por la difusión que logran sus documentos en los ambientes profesionales, y contribuye a ello con sus presentaciones, conferencias, artículos en revistas, etc. Todo lo anterior, gracias al indiscutible liderazgo de Vicente Montesinos, quien, conforme ha quedado dicho, ha hecho que la contabilidad pública sea hoy una materia singular, diferenciada, pero perfectamente integrada en el ámbito de la disciplina contable.

3.3 Revista aeca y refc aeca tiene un importante fondo de revistas, integrado por ocho publicaciones periódicas distintas, entre las cuales, a nuestros efectos, vamos a referirnos a dos, que son las que han alcanzado mayor difusión. Me refiero a la revista aeca, que publica artículos cortos dirigidos a un público profesional muy amplio, y a la Revista Española de Financiación y Contabilidad / Spanish Journal of Finance and Accounting (refc), que publica artículos científicos, resultantes de investigaciones, dirigido a un público académico, y está indexada en ssci/jcr.7 El profesor Montesinos es sin duda uno de los autores más prolíficos en ambas revistas, toda vez que tiene publicados 16 artículos en la revista aeca y 12 artículos en la refc, habiendo atendido por un lado a la difusión generalizada y, por otro, al rigor académico exigido en los niveles más rigurosos. Con respecto a la temática tratada en sus artículos en la revista aeca, me remito a lo expuesto con anterioridad en los epígrafes 2.2 y 2.3. En relación con sus publicaciones en la refc, sin perjuicio de las anteriormente mencionadas, me referiré a las restantes a continuación. Nuestro enfoque va dirigido hacia la constatación de la calidad y utilidad de la información contable del sector público, es decir, saber si son suficientemente fiables y útiles las cifras o ratios derivados de las cuentas públicas o, por el contrario, podrían estos ser mejorados mediante la aplicación de otros criterios contables de superior nivel o precisión. El artículo en colaboración «Utilidad de la información contable en los rating de deuda pública» (Benito, Brusca y Montesinos, 2003), que hace uso del análisis dis-

Las siglas correspondientes a su denominación en inglés son IPSAS: International Public Sector Accounting Standards. 7 Social Science Citation Index / Journal of Citation Report. 6

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criminante y del análisis logit a partir de 35 ratios de tipo financiero y presupuestario, contrasta positivamente que dichos ratios influyen en las calificaciones de las agencias de rating, siendo el ratio que relaciona endeudamiento con ingresos corrientes la variable con mayor poder discriminante. Por el contrario, otros ratios tradicionalmente considerados como buenos indicadores de la situación financiera de las entidades públicas, como pudieran ser: ahorro neto / ingresos corrientes, ahorro bruto-gastos financieros / ingresos corrientes, ahorro neto / gastos de capital o deuda total / pib, no se consideran especialmente relevantes para las agencias de rating. Esta constatación de la utilidad de unos y otros ratios financieros, a los efectos correspondientes, emanados de la información contenida en las cuentas públicas, revela no solo el interés del análisis realizado, sino también la utilidad de la fuente que sirve de base, esto es, la contabilidad pública. El artículo en colaboración sobre la «Relación entre descentralización administrativa y disciplina presupuestaria en los grandes municipios españoles» (Mora y Montesinos, 2007), tras construir un índice de descentralización administrativa, basado en la estructura organizativa de 56 ayuntamientos con más de cien mil habitantes, contrasta mediante un modelo de regresión la relación existente entre dicho índice y las variables financieras: ahorro bruto, déficit no financiero y variación neta de pasivos financieros, aparte del tamaño poblacional. La conclusión es que a mayor índice de descentralización menor salud financiera y mayor tamaño poblacional. Como bien señalan los autores, no solo son las variables financieras las que explican una mayor descentralización, a ellas se añaden otras razones políticas o de gestión. No obstante, queda clara la alta relación entre descentralización y variables financieras, para cuyo conocimiento y cálculo fiable es necesaria una contabilidad pública enmarcada en los principios y prácticas a los que hemos hecho alusión con anterioridad, de la mano del profesor Montesinos. El n.º 139 de la refc (julio 2008), fue el primer número de dicha revista publicado tras su indexación en el ssci/jcr. Con anterioridad ya existía una elevada exigencia de rigor y novedad para la aceptación de los originales presentados para su publicación en la revista, pero, obviamente, con la indexación se incrementó la llegada de originales, por lo que el rigor para su selección se acentuó.8 A esta nueva etapa de la refc pertenecen las dos publicaciones del profesor Montesinos a las que a continuación vamos a hacer referencia. El primero de los artículos, «El endeudamiento como factor explicativo de la descentralización de servicios en los ayuntamientos españoles» (Montesinos y Mora, 2012), trata sobre la relación existente entre el endeudamiento de los ayuntamientos y sus niveles de descentralización, y constata la existencia de una relación positiva entre deuda y descentralización de la gestión. Su análisis se efectúa mediante un estudio empírico de 122 ayuntamientos de Cataluña y Valencia, con población superior a 20000 habitantes. Los autores ponen de manifiesto sus dudas con respecto a la significatividad de las cifras contables utilizadas, toda vez que estas se basan en

8 La tasa media de aceptación a partir de la indexación ssci de la refc se encuentra situada en torno al 20 %.

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cuentas anuales y otros estados individuales, pero no en cuentas consolidadas, por no estar obligadas las entidades locales intervinientes en el estudio a elaborar tales cuentas anuales consolidadas. Esta circunstancia genera las lógicas dudas sobre sí están todas las entidades que deben ser o son las que deben estar. En suma, no se trata de entrar ahora en la descripción de lo que supone un proceso de consolidación contable, con sus ajustes, eliminaciones y reclasificaciones, pero baste acudir al ejemplo de cualquiera de las grandes empresas españolas con múltiples filiales, si para el conocimiento de su comportamiento global hubiéramos de basarnos en las cuentas separadas de su matriz y de alguna de sus filiales más notorias. Si como sostienen Montesinos y Mora (2012) las más endeudadas son las más descentralizadas, resulta imprescindible reclamar que se instituya la obligación de que las entidades locales presenten también cuentas anuales consolidadas, salvo aquellas que se consideren con un escaso nivel de descentralización o carezcan de suficiente relevancia. El segundo y último de los artículos al que vamos a referirnos lleva por título «La convergencia de los sistemas de contabilidad pública en Europa como escenario para el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales» (Dasi, Montesinos y Murgui, 2014), que se refiere a los necesarios ajustes por realizar en las magnitudes contables públicas presupuestarias para el computo de la capacidad o necesidad de financiación (déficit) que reflejar en la contabilidad nacional, acorde con el Sistema Europeo de Cuentas (sec) de la ue. Tras efectuar una medición de los ajustes realizados en todos y cada uno de los 28 Estados Miembros,9 quedan puestas de manifiesto las diferencias existentes entre los ajustes practicados por unos países y otros, de ahí la necesidad de una mayor convergencia de las normas de contabilidad pública en torno a las nic sp. España forma parte de los países cuyo ajuste supone una mayor corrección del resultado presupuestario para la obtención de la necesidad de financiación (déficit) que reflejar en la contabilidad nacional según sec; en consecuencia, puede decirse que se encuentra en el grupo con una menor convergencia entre su contabilidad pública presupuestaria y sus cuentas nacionales sec. Cuanto mayor sea la convergencia más fiabilidad tendrán las cuentas públicas, de ahí que sea necesario un mayor esfuerzo por parte de las instituciones públicas para la armonización con la normativa contable internacional nic sp.

4. A modo de conclusión El autor de este breve trabajo es muy consciente de que su glosa sobre la obra del profesor Montesinos es manifiestamente insuficiente, dada la amplitud de la misma y la profundidad técnica alcanzada por ella. Sin embargo, si alguna virtud tuviera lo que queda escrito, esta sería la de permitir aproximarse con facilidad a nuestro gran maestro de la contabilidad pública, que inició su andadura tiempo ha, y continúa hoy aportándonos su saber, sus conocimientos sobre las cuentas del sector público y sobre la contabilidad en general, con el buen juicio que le caracteriza. 9

Los datos se refieren a 2013, por lo que también está incluido Reino Unido.

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Si en un principio sus artículos fueron dirigidos a diseñar un marco conceptual y un contenido de la contabilidad pública y detallaban minuciosamente las diferentes parcelas que incluir en él, una vez hecho esto, sus análisis se orientaron hacia la contrastación empírica, mediante la aplicación de modelos estadísticos y el uso de datos y ratios emanados de las cuentas públicas, de la situación financiera y los efectos económicos derivados de la actuación del sector público en temas tales como los anteriormente mencionados: convergencia normativa en ocde, ratings de deuda pública, descentralización y disciplina presupuestaria, endeudamiento y descentralización, y ajustes de la contabilidad pública para la contabilidad nacional sec ue. Para concluir, y como presidente de aeca, deseo expresar al profesor Montesinos el reconocimiento de esta asociación por toda su contribución como presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público, en la seguridad de que, a tenor de los diversos temas en curso, que han quedado mencionados con anterioridad, todavía se necesitan bastantes años para que concluya su tarea, sin perjuicio de que su prodigiosa mente ponga sobre la mesa otros nuevos temas y así seguiremos hasta un mañana indefinido que, por razones muy humanas, desearía compartir.

5. Bibliografía AECA (2007): Pensamiento económico de José Barea: el legado de un economista de estado, Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Benito, B., M.I. Brusca y V. Montesinos (2003): «Utilidad de la información contable en los rating de deuda pública», refc, 117, pp. 501-517. Cañibano, L. (1975): Teoría actual de la Contabilidad, Madrid, ICE. Dasi, R.M, V. Montesinos y S. Murgui (2014): «La convergencia de los sistemas de contabilidad pública en Europa como escenario para el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales», refc, 164, pp. 424-448. Montesinos, V. (1976a): «Formación y contrastación de las teorías científicas en Contabilidad», Técnica Contable, 326, pp. 121-128. Montesinos, V. (1976b): «Neutralidad de la ciencia contable», Técnica Contable, 328, pp. 41-48. Montesinos, V. (1976c): «En torno al problema de la división en Contabilidad», Técnica Contable, 335, pp. 401-422. Montesinos, V. (1978a): «Formación histórica, corrientes doctrinales y programas de investigación de la Contabilidad», Técnica Contable, 351-358, pp. 41-48 y ss. Montesinos, V. (1978b): «La Contabilidad como sistema de medición de las ciencias económicas», refc, 26, pp. 83-108. Montesinos, V. (1991/1992). «El nuevo modelo contable para la Administración Local (I-IV)», Partida Doble, 18-21, pp. 54-60 y ss. Montesinos, V. (1993): «Análisis de la información contable pública», refc, 76, pp. 683-722. Montesinos, V. (1994a): «La normalización en la auditoría del sector público», refc, 79, pp. 433-462.

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Montesinos, V. (1994b): «El nuevo Plan General de Contabilidad Pública», Presupuesto y Gasto Público, 13, pp. 21-35. Montesinos, V. (1995): «El control democrático de las finanzas públicas regionales», Auditoría pública, 1, pp. 30-31. Montesinos, V. (1996): «La introducción del criterio de devengo en los presupuestos públicos», Presupuesto y Gasto Público, 20, pp. 61-75. Montesinos, V. (1997): «Control económico en los niveles subcentrales de gobierno: especial consideración de las entidades locales», Revista d’estudis autonòmics, 21, pp. 123-146. Montesinos, V. y L. Mora (2012): «El endeudamiento como factor explicativo de la descentralización de servicios en los ayuntamientos españoles», refc, 153, pp. 143-162. Mora, L. y V. Montesinos (2007): «Relación entre descentralización administrativa y disciplina presupuestaria en los grandes municipios españoles», refc, 136, pp. 727-756. Torres, L., J.M. Vela, V. Montesinos y V. Pina (1998): «Análisis comparado de los principios y prácticas contables de los sistemas públicos de los países de la ocde: una aproximación empírica», refc, 96, pp. 787-820.

VICENTE MONTESINOS Y EL PARADIGMA DE UTILIDAD Jorge Tua Pereda

Universidad Autónoma de Madrid

1. Introducción A partir de 1973, la Contabilidad experimentó en España una profunda transformación, que llevó a nuestro país a insertarse en las corrientes internacionales, orientadas especialmente hacia el paradigma de utilidad. Recordemos que en ese año vieron la luz dos piezas básicas en la regulación contable: una nueva versión del Código de Comercio que, aunque de manera tímida, contemplaba por primera vez los aspectos sustantivos, es decir, de fondo, de la práctica contable; y, además, y como consecuencia, el primer Plan General de Contabilidad, publicado y administrado por el entonces denominado Instituto de Planificación Contable. El motor principal de estos cambios fue, sin duda, el avance del desarrollo económico experimentado por nuestro país, que impulsó la necesidad de una información financiera acorde con los niveles alcanzados por la actividad económica. En este ámbito, las aportaciones doctrinales contribuyeron a configurar y a afianzar el estado de la cuestión, sirvieron de punto de apoyo y justificación teórica de los avances experimentados y, a la vez, alumbraron el camino por el que discurrían las nuevas tendencias aprehendidas sucesivamente por la regulación contable. Entre estas contribuciones doctrinales, algunas significaron un importante hito en la trayectoria de la contabilidad en nuestro país, especialmente en aquellos casos en que los nuevos planteamientos contables vinieron de la mano de algunos destacados autores del ámbito que podríamos llamar teórico, que tuvieron indudable influencia en los cambios acaecidos en la contabilidad española. Sin menoscabo de alguna otra aportación, de no menor trascendencia, a la que me referiré más adelante, entre los protagonistas de mayor influencia se encuentra el profesor Vicente Montesinos Julve, quien inició su fecunda trayectoria de producción científica con una tesis doctoral, leída en 1974 en la Universidad de Valencia, dirigida por el doctor don Manuel Vela Pastor, y que contenía los elementos conceptuales básicos de un nuevo paradigma para nuestra disciplina y que, en esencia, abogaba por la necesaria orientación de la información financiera a la toma de decisiones, sustentan-

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do en esta idea el núcleo central del armazón conceptual para la elaboración de planteamientos teóricos en contabilidad y, con ello, para la emisión de normas contables. En definitiva, la tesis doctoral del profesor Vicente Montesinos explora, analiza, sintetiza y aplica a la contabilidad los elementos básicos del paradigma de utilidad. Como no podía ser de otro modo, su aportación contribuyó, de manera decisiva, al asentamiento de este nuevo planteamiento en la disciplina contable en España. Su título es sobradamente expresivo no solo de su contenido sino también de su trascendencia en el ámbito del conocimiento contable: Contabilidad y decisión empresarial. Una aproximación conceptual. En las páginas que siguen me propongo sintetizar: –– De un lado, los conceptos que maneja y los planteamientos en los que se apoya el paradigma de utilidad, vigente actualmente en nuestra disciplina, y en el que se inserta la tesis doctoral del profesor Montesinos y, –– de otro, la manera en que dicho autor contempla el paradigma de utilidad. Todo ello sin olvidar que, si bien los conceptos manejados por el profesor Montesinos y revisados en estas líneas, pueden ser de uso común en la actualidad, nuestro relato se refiere a 1974, cuando el paradigma de utilidad constituía una auténtica novedad en su aplicación a la contabilidad. Con ello me uno modestamente al testimonio de admiración y afecto que, a través de este libro colectivo, rendimos al profesor Vicente Montesinos un grupo de autoras y autores, a quienes nos une, sin duda, un hilo conductor: haber aprendido mucho con su fecunda obra como investigador y como docente en cuestiones relacionadas con la información financiera.

2. Algunas cuestiones previas Con carácter previo al análisis de la tesis doctoral del profesor Montesinos, a continuación abordo dos cuestiones previas, sintetizando, en primer lugar, las características del paradigma de utilidad, y realizando a continuación una breve descripción del «estado de la cuestión» en el momento en que se gesta dicha tesis. Con ello se sientan las bases necesarias para poner de manifiesto que: –– su contenido se inserta de lleno en el paradigma de utilidad; –– constituye una aportación claramente pionera en el desarrollo de los conceptos contables en España.

2.1 El paradigma de utilidad Al estudiar la evolución de la disciplina contable, es usual poner de manifiesto el tránsito entre dos planteamientos, relativamente diferentes, según los cuales los objetivos de la información financiera se orientan preferentemente a:

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–– la medición del beneficio y de la situación económico-financiera de la unidad económica, o –– el suministro de información útil al usuario. La segunda de estas etapas se conoce habitualmente con la denominación de paradigma de utilidad. Su característica básica es tomar, para sus construcciones teóricas en contabilidad, el objetivo de suministrar información útil al usuario, de manera que la medición del beneficio y de la situación económica de la unidad económica se realiza ahora en función de las necesidades de los usuarios de dicha información. Es decir, el cambio entre ambos paradigmas, en cuanto a los objetivos de la información financiera, es la sustitución de la búsqueda de una verdad única por una verdad orientada al usuario, que pretende y persigue proporcionarle la mayor utilidad posible en la toma de decisiones, con lo que se producen importantes cambios en la teoría contable y, en especial, en la manera de construir sistemas contables a partir de ella. Como botón de muestra, podemos mencionar algunas transformaciones importantes que subyacen en el tránsito al paradigma de utilidad, en comparación con la situación anterior, en el paradigma de búsqueda del beneficio económico: –– El propósito de determinar un beneficio único se sustituye por la búsqueda de un beneficio basado en las necesidades de los usuarios de la información. –– La concepción económica en la que se apoya la determinación de las cifras contables busca ahora su apoyo principal en los modelos de decisión de los usuarios. –– Y, por último, y como consecuencia, el criterio tradicional de objetividad, que justifica la utilización del coste histórico, sin dejar de ser importante, deja paso en el primer puesto de la escala de prioridades al criterio de relevancia, de manera que se justifica con ello la utilización de criterios de valoración alternativos al histórico, basados en valores actuales (valor razonable) o futuros (valor de reposición). En cualquier caso, resulta importante señalar que este cambio en la contabilidad se produce como respuesta a la evolución de la situación económica y, con ello, de las demandas, en su doble vertiente cualitativa y cuantitativa, de información, que se generan en el contexto económico en el que opera la contabilidad y al que se vierte la información financiera. En esta etapa, el entorno requiere, al igual que en períodos anteriores, información sobre la medición del beneficio y de la situación económico-financiera de la unidad económica, pero en este caso, con una orientación concreta: que se genere información útil al usuario en sus procesos de toma de decisiones. Sin duda ha sido el desarrollo de los mercados de capitales el que ha propiciado esta orientación de la contabilidad. Evidentemente, no puede afirmarse que la vinculación de la información financiera con la toma de decisiones no estuviera presente en etapas anteriores del desarrollo del pensamiento contable. Lo que ocurre es que el punto de partida en el razonamien-

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to teórico no era esa vinculación, sino la búsqueda de un beneficio único, apoyado en conceptos derivados de la teoría económica. Con ello, en el paradigma de utilidad manejamos un concepto de beneficio orientado, de manera que, incluso, pueden existir dos medidas diferentes de este, según los objetivos a los que se supedite su determinación. Con ello, cada uno de los posibles criterios valorativos (que conduce, como es lógico, a una versión diferente del beneficio), podría ser válido si se utiliza al servicio de determinados propósitos, igualmente válidos. En varios de mis anteriores trabajos, he analizado, con alguna extensión, algunas de las consecuencias de la adopción del paradigma de utilidad en nuestra disciplina: –– La evolución del concepto de usuarios de la información financiera, con la correlativa ampliación de los posibles sujetos incluidos en tal concepto. –– La búsqueda y discusión, promovida por esta óptica utilitarista, de los objetivos y requisitos de la información financiera. –– La posibilidad de establecer diferentes tipos de estados financieros, en función de las distintas necesidades de los usuarios. –– El notable incremento de la cantidad de información financiera exigida a la unidad económica. –– Los nuevos ámbitos de la regulación económica, que se amplían a la información no financiera y a otras cuestiones no contempladas en la información contable clásica. –– La distinción entre teoría general y sus aplicaciones y el carácter normativo de la contabilidad como disciplina científica. –– Y, finalmente, el auge de la investigación empírica, que sustituye progresivamente a la investigación a priori, hasta desplazar a esta última de manera prácticamente total.

2.2 Etapas del desarrollo del pensamiento contable en España Al objeto de contemplar la tesis del profesor Montesinos en el entorno en el que se produce, me parece interesante recordar la división en etapas del desarrollo de la investigación en España, que he manejado en algún trabajo anterior: –– –– –– –– ––

Apertura al exterior y primeros intentos racionalizadores (hasta 1965); búsqueda de la adecuada regulación contable (1965-1972); refuerzo del pensamiento teórico (1973-1989); preocupación por Europa (1979-1990); consolidación del paradigma de utilidad (a partir de 1990).

No es casual que la tesis del profesor Montesinos, leída en 1974, se inserte en la etapa que hemos denominado «refuerzo del pensamiento teórico». En efecto, una vez publicado en nuestro país el primer Plan General de Contabilidad (1973) y realizada la reforma del ordenamiento mercantil, calificada por la doctrina, en su momento, de tímida e insuficiente; con la publicación de una nueva versión del Código de Comer-

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cio, se produjo el interés teórico por la investigación en contabilidad. Como indica Cañibano (1996), ante la falta de entidad e importancia de nuestra disciplina, «… el refuerzo del pensamiento teórico constituía una necesidad, por supuesto, una fácil salida para dar rienda suelta al afán intelectual de aquel núcleo de jóvenes investigadores de la Contabilidad...». Abiertos nuevos horizontes para nuestra disciplina, la tesis doctoral del profesor Montesinos es una de las primeras manifestaciones de ese refuerzo del pensamiento teórico, en un contexto en el que estaban gestándose contribuciones que significaron importantes avances doctrinales, tales como la obra del profesor Cañibano (1975), publicada con un título sugerente: Teoría actual de la Contabilidad.

3. Contabilidad y decisión empresarial: en el vórtice del paradigma de utilidad

3.1 Resumen del contenido de la tesis Antes de abordar una breve descripción de su contenido, no me resisto a señalar algunos aspectos formales que tal vez sorprendan a quienes actualmente se encuentren en situación de gestación de su título de doctor. Acariciar físicamente en estos días un ejemplar de la tesis del profesor Montesinos ha significado para mí un viaje en el tiempo, que me ha hecho rememorar un período en el que su formato era el habitual, primero en las tesis doctorales y luego en las memorias que los candidatos presentaban a las oposiciones a puestos académicos (agregado, titular, catedrático…): se trata de un volumen, encuadernado con tapas duras, en este caso de color marrón, de más de seiscientas páginas, cuidadosamente mecanografiadas (tal vez con el esfuerzo de alguna persona allegada, como solía ser frecuente en aquella época), en un esmerado original, del que luego se realizaban las fotocopias necesarias, al objeto de encuadernarlas en uno o varios volúmenes, y obtener así los ejemplares necesarios. Según pone de manifiesto el índice de la tesis, su contenido está dividido en diez capítulos, a los que se añaden treinta y ocho puntos de conclusiones en once páginas. Las notas a pie de página, que han sido situadas al final de la obra, ocupan ochenta y una páginas, a las que siguen más de cuarenta que reúnen abundantes referencias bibliográficas y que ponen de manifiesto el ingente esfuerzo de documentación realizado. Examinando sus planteamientos, es fácil constatar que se trata de una madura obra de juventud, cuya principal virtud, en cuanto al tema elegido, es situarse en el vórtice en el que se empiezan a gestar el nuevo ámbito por el que habría de discurrir la disciplina contable en las décadas posteriores: el paradigma de utilidad. El listado de los títulos de las partes en que se divide la tesis proporciona una buena semblanza de su contenido: –– El problema de las decisiones en la empresa; –– la toma de decisiones y los sistemas de información; –– el sistema contable de información;

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–– la revisión de la teoría contable convencional; –– aspectos decisionales del proceso contable de medición. Todo ello nos permite afirmar que la tesis doctoral del profesor Montesinos constituye una aportación seminal, realmente pionera, en un momento en el que las referencias bibliográficas eran todavía escasas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Si bien los antecedentes doctrinales del paradigma de utilidad pueden situarse algunos años antes (Staubus, 1961), su consolidación definitiva tiene lugar entrada la década de los sesenta y en los primeros años de la siguiente (Chambers, 1966 y Sterling, 1970 especialmente).Tampoco en nuestro país podían encontrarse en aquel momento referencias doctrinales dedicadas al estudio del paradigma de utilidad, ya que las más importantes (como la ya mencionada de Cañibano, 1975), se producen en el mismo periodo, que hemos denominado de refuerzo del pensamiento teórico.

3.2 Síntesis de las conclusiones De entre las conclusiones de la tesis me parecen especialmente relevantes las que transcribo a continuación, que considero una buena síntesis de su contenido y que selecciono, también en este caso, por su decidida vinculación con el paradigma de utilidad. Como fácilmente puede apreciarse, esta síntesis constituye un apretado, pero muy valioso compendio de los conceptos manejados en el paradigma de utilidad y de la manera en que se utilizan en nuestra disciplina, con especial referencia a su incidencia en la teoría de la contabilidad y, en especial, dentro de ella, en aspectos relacionados con la medición y la valoración. La información como soporte de las decisiones racionales: –– Para que una decisión sea racionalmente adecuada a las circunstancias, es necesario que el sujeto decisor disponga de una información lo más ajustada posible al problema de cuya solución se ocupa. –– Dentro del sistema general que constituye la empresa, el subsistema de información tiene como objetivo proporcionar a los decisores los datos que resulten más adecuados para la adopción de decisiones racionales. La información financiera como producto del sistema contable: –– El sistema contable constituye un sistema de información, íntimamente relacionado con los procesos de decisión, con lo que resulta totalmente inapropiado concebir sus estructuras al margen de los problemas de decisión de los usuarios. Sistemas contables n-dimensionales: –– Aun cuando la dualidad de tipo causal está en la base de todo sistema contable, debido a la ampliación del número de características consideradas por el modelo contable, con vista a las necesidades de los decisores, parece necesario

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dilatar hasta incluir las n-dimensiones en que vengan expresadas las informaciones contables. Características de los sistemas contables: –– Dada la evidente interacción entre información y decisión, parece un objetivo difícilmente alcanzable el diseño de sistemas contables de información enteramente neutrales con respecto al problema de la adopción de decisiones económicas. La necesaria revisión de los principios contables tradicionales: –– La orientación apropiada para tal revisión debe dirigirse hacia una mayor relevancia de las proposiciones contables, con vistas a lograr un ensamblamiento más adecuado del modelo contable de información y los modelos normativos de decisión. –– La teoría contable revisada debe partir de unos objetivos que, en último extremo, pueden resumirse en la relevancia o utilidad de las informaciones contables para la marcha efectiva de los procesos de decisión. Procesos de medición y valoración: –– Como tarea fundamental de la contabilidad, aparecen los procesos de medición y valoración, cuyos resultados proporcionarán los inputs informativos cuantitativos necesarios para la adopción de decisiones. –– Consideramos la valoración como una parte de la medición, si bien quizá sea la más importante. –– La valoración capta relaciones del tipo objeto-sujeto, por lo que difícilmente puede resultar objetiva, al menos desde el punto de vista conceptual. Aspira a ser la expresión monetaria de las preferencias del sujeto. –– Por razones de operatividad se recurre a subrogados del valor, a través de diversas bases de referencia, que se procura que ofrezcan una cierta garantía de objetividad. –– Dos son los enfoques fundamentales en medición y valoración contables: el enfoque sintético, preocupado por la entidad como sistema unitario, y el enfoque analítico, que centra su atención en las propiedades de los objetos particulares que de ella forman parte. –– El problema de decisión que resolver en cada ocasión nos servirá de guía para elegir el tipo de medida contable que resulte más útil para lograr los objetivos del decisor. –– El proceso de medición contable, especialmente en un ambiente de incertidumbre, se convierte por sí mismo en un auténtico proceso de decisión entre alternativas. Papel del modelo contable en las fases de planificación y control: –– El modelo contable tradicional se limitaba a captar los resultados realizados de las decisiones, con el ánimo de efectuar un control de las operaciones, más fundamentado en reglas de tipo legalista que en auténticos principios económicos.

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–– Parece necesario, sin embargo, que el modelo contable capte los datos referentes a la fase de planificación, sin los cuales resulta difícil llevar a cabo un control efectivo. –– Las informaciones contables referentes a la fase de planificación captarán, en primer término, las medidas referentes a las distintas alternativas. Efectuada la decisión, el modelo contable recogerá los datos referentes a la alternativa elegida, en especial los referentes a los resultados esperados de dicha decisión. –– La fase de control precisa informaciones elaboradas en los mismos términos que las relativas a la planificación; la comparación de unas con otras y su adecuada interpretación podrá orientar convenientemente al decisor sobre los resultados de la gestión. –– El control a través del modelo tradicional no cuenta con estándares de referencia que resulten idóneos, por lo que la labor de interpretación tiene que ser necesariamente más dificultosa, y sus conclusiones, inciertas.

4. Epílogo De entre la muy abundante producción doctrinal del profesor Vicente Montesinos, no cabe duda de que su tesis doctoral, que dio lugar, ampliando considerablemente su contenido, a un buen número de publicaciones posteriores, constituye una aportación pionera al paradigma de utilidad o, lo que es lo mismo, a la vinculación entre información financiera y toma de decisiones en la construcción de la teoría de la contabilidad y en la elaboración de reglas para la práctica. Mis comentarios en estas breves líneas han tratado de corroborar esta cuestión, por más que resulta evidente para cualquier lector que se adentre en esta aportación objeto de nuestro comentario. Las siguientes frases, con las que el profesor Vicente Montesinos concluye las conclusiones de su tesis, constituyen una valiosa síntesis, tanto de su contenido como de cuanto he afirmado hasta aquí en relación con la vinculación de esta obra con el paradigma de utilidad: … el sistema contable debe procurar facilitar unos datos más pertinentes a las necesidades informativas de los sujetos, adoptando para ello una orientación auténticamente decisional de sus estructuras, aun cuando para ello tuviera que renunciar a una parte de los objetivos tradicionalmente perseguidos en sus aplicaciones: la relevancia, la utilidad de los informes contables, debe constituir la nueva meta de los investigadores y de los profesionales responsables en la etapa actual del desarrollo de nuestra disciplina.

5. Bibliografía Cañibano Calvo, L. (1975): Teoría Actual de la Contabilidad, Madrid, Ed. ICE. Cañibano Calvo, L. (1996): «La Contabilidad en España: cambios en la profesión, en la docencia y en la investigación», Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXV, núm. 88, pp. 743-757.

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Chambers, R.J. (1966): Accounting Evaluation and Economic Behavior, New Yersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs. Staubus, G.J. (1961): A Theory of Accounting to Investors, Berkeley, University of California Press. Sterling, R.R. (1970): Theory and Measurement of Enterprise Income, Lawrence, University Press of Kansas.

VICENTE MONTESINOS. LA CONTABILIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA TRAS TRES DÉCADAS DE AVANCES EN SU PROCESO NORMALIZADOR: EVOLUCIÓN RECIENTE, PARADIGMAS Y REFORMAS PENDIENTES José Manuel Vela Bargues

Universitat Politècnica de València

Rosa María Dasí González Universitat de València

Amparo Gimeno Ruiz Universitat de València

1. Introducción Hace ahora treinta años, el profesor Vicente Montesinos Julve puso en marcha la primera línea de investigación sobre contabilidad y auditoría del sector público en la Universitat de València. Se trataba de uno de los intentos pioneros en España de incluir dentro de la investigación universitaria los estudios y trabajos que desarrollar en dicho ámbito de una forma estable y continuada, lo que potenciaba al mismo tiempo su implantación como asignatura dentro de los entonces denominados estudios de tercer ciclo. Desde aquel momento, los trabajos científicos sobre contabilidad pública comenzaron a desarrollarse de forma generalizada en la Universidad española, principalmente mediante el desarrollo de tesis doctorales que vieron progresivamente la luz en universidades como las de Oviedo, Valencia, Zaragoza, Granada, Málaga Murcia, Sevilla o Castellón. Tras tres décadas transcurridas, el profesor Montesinos ha publicado tanto individualmente como en colaboración numerosos trabajos de investigación en el ámbito de la contabilidad y auditoría del sector público, y se ha convertido en el profesor de la Universidad española que mayor número de tesis doctorales ha dirigido sobre el tema. Por otra parte, durante este periodo, la contabilidad pública en España ha experimentado cambios muy notables que, tanto el profesor Montesinos como todos sus discípulos hemos tenido la oportunidad de seguir y en muchos casos analizar. Es precisamente el objeto del presente trabajo sintetizar lo ocurrido a lo largo de estos treinta años, un periodo corto sin ninguna duda, pero enormemente fructífero desde el punto de vista del proceso normalizador. Para ello, analizaremos en primer lugar su evolución reciente y los principales paradigmas en los que este se ha sustentado, para centrarnos, posteriormente, en qué reformas parece conveniente emprender en el futuro a la luz de los resultados alcanzados hasta estos momentos.

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josé m. vela bargues, rosa m.ª dasí gonzález y amparo gimeno ruiz

2. La normalización en el ámbito de la contabilidad pública: evolución reciente

En 1988 la contabilidad pública española ya había experimentado claros avances desde que la Ley General Presupuestaria de 1977 asignara a la Intervención General de la Administración del Estado la responsabilidad de abordar su normalización. Un ejemplo evidente fue la aprobación en 1981 de una primera versión del Plan General de Contabilidad Pública, que por primera vez se aprobó en nuestro país, y cuya versión definitiva vio la luz en 1983 (Montesinos y Vela, 2003). De acuerdo con el profesor Montesinos (2003: 177), en el desarrollo normativo de la contabilidad pública española podemos establecer cuatro grandes etapas: –– Etapa de la contabilidad administrativa (1812-1977). –– Etapa de implantación y desarrollo de la partida doble (1977-1991). –– Etapa de la homologación de los principios contables generalmente aceptados (1991-2000). –– Etapa de la comparabilidad internacional e influencia de la contabilidad nacional (2000 en adelante). Considerando que el trabajo del profesor Montesinos se publicó en el año 2003, podríamos establecer que esta última etapa se prolonga hasta el año 2010, en el que se aprueba un nuevo Plan General de Contabilidad Pública (meh, 2010). A partir de este año se iniciaría una quinta etapa que, en nuestra opinión, podría denominarse como etapa de tránsito de los principios contables al marco conceptual (Vela, 2015: 9). El profesor Montesinos puso en marcha en 1988 la línea de investigación sobre contabilidad y auditoría del sector público cuando la contabilidad pública española se encontraba culminando su segunda etapa. La implantación de la partida doble a nivel de la administración del Estado era ya una realidad y apenas faltaba un año para que se creara, en 1989, la entonces denominada Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, de la que el citado profesor formó parte desde un principio. La tercera etapa, homologación de la contabilidad pública con los principios generalmente aceptados, se inicia en 1991, fundamentalmente con la labor de la Comisión aludida anteriormente. Esta Comisión elaborará, entre 1991 y 1993, ocho Documentos sobre Principios Contables Públicos que constituirán el soporte normativo y conceptual de un nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que será aprobado en 1994. No es de extrañar que dichos documentos, elaborados siguiendo una metodología lógico-deductiva, fueran asimilados en su momento al marco conceptual de la contabilidad pública española (Montesinos, 1994), entendiendo como marco conceptual, «el conjunto de fundamentos, criterios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conducirá a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad» (Vela, 1994: 24).

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Esta tercera etapa, caracterizada por la aprobación y progresiva implantación del Plan General de Contabilidad Pública de 1994, podría considerarse culminada a principios del siglo xxi. La cuarta etapa, de comparabilidad internacional e influencia de la contabilidad nacional, se inicia con el nuevo siglo. Esta etapa se caracteriza por mantener una clara continuidad con la anterior. A lo largo de esta etapa, la Comisión de Contabilidad Pública, sucesora de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, aprueba tres documentos adicionales con un carácter mucho menos conceptual, claramente dirigidos al análisis de tres aspectos mucho más específicos e instrumentales, pero no por ello menos relevantes: la contabilidad analítica, la consolidación de cuentas anuales y los indicadores. Al margen de la emisión de los anteriores documentos, lo que caracteriza esta etapa es la enorme trascendencia que adquiere, a partir de este momento, la consecución de la estabilidad presupuestaria como objetivo de la gestión en nuestras administraciones públicas. Tras la promulgación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria, la contabilidad nacional adquiere un protagonismo evidente, especialmente en lo que se refiere a tres aspectos fundamentales: –– Las cuantificaciones de magnitudes como el endeudamiento o el déficit públicos. –– Las diferencias existentes entre contabilidad pública y contabilidad nacional (Dasí et al., 2013). –– La convergencia entre contabilidad pública y contabilidad nacional (Dasí et al., 2017b). A lo largo de esta cuarta etapa, otro aspecto que adquiere un nuevo protagonismo es la necesidad de avanzar en el ámbito de la armonización de las normas contables públicas en el ámbito internacional y la comparabilidad de la información financiera pública entre las diferentes administraciones públicas a nivel nacional. En este contexto, hay que destacar la labor llevada a cabo por el comité del sector público de la International Federation of Accountants (ifac), especialmente en lo que se refiere a la elaboración de normas internacionales de contabilidad pública (ipsas-International Public Sector Accounting Standards) y su posterior emisión (Benito et al., 2002). La quinta y última etapa, que hemos denominado de tránsito de los principios contables al marco conceptual, se inicia en 2010 con la publicación del Plan General de Contabilidad, actualmente en vigor. Esta etapa no supone tampoco una clara ruptura con las dos anteriores, aunque a partir de este momento la contabilidad pública española comenzará a adquirir una dimensión conceptual que dos décadas antes hubiera resultado inimaginable. El Plan General de Contabilidad Pública de 2010 (pgcp, 2010) incluye una parte dedicada al marco conceptual, con lo que este pasa a formar parte de su texto normativo. Con anterioridad al pgcp 2010, dicho marco se consideraba implícitamente en los Documentos de Principios Contables Públicos, sin alcanzar el valor normativo que su inclusión como primera parte del Plan le confiere a partir de este momento. Esta es

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la razón por la que hemos denominado a esta etapa como la de la transición de los principios contables al marco conceptual. Ahora, con el pgcp 2010, los principios contables se enuncian dentro del propio marco conceptual, que se incluye en la primera parte del pgcp 2010 y que tienen carácter obligatorio.

3. La normalización en el ámbito de la contabilidad pública española: paradigmas sobre los que se ha sustentado su evolución

Una vez expuestas las etapas que pueden diferenciarse con respecto a la evolución de la normalización de la contabilidad pública española, nos centraremos en identificar los paradigmas que han ejercido como hilos conductores de la misma y sobre los que, especialmente a lo largo de las últimas tres décadas, esta se ha sustentado. En nuestra opinión, pueden diferenciarse cuatro paradigmas fundamentales: –– El protagonismo de la administración del Estado como generador de un entorno favorable a la introducción de reformas y claramente comprometida con el impulso al proceso normalizador. –– La influencia anglosajona en la elaboración del marco conceptual. –– La «superioridad» de la contabilidad empresarial sobre la contabilidad pública, como doctrina dominante. –– La «superioridad» de la contabilidad financiera sobre la contabilidad presupuestaria, como sistema de información por desarrollar. El protagonismo de la Administración del Estado como generador de un entorno favorable a la introducción de reformas constituye el primero de los paradigmas que considerar. En el caso español es posible identificar claros estímulos para la introducción de reformas como: la necesidad de elaborar un nuevo modelo contable público a raíz de la Constitución de 1978, y el ingreso de España en la CEE, con la consiguiente tendencia de aproximación de su legislación a los países más desarrollados de Europa. Asimismo, identificó, como aspectos favorables del entorno, la flexibilidad de la Ley General Presupuestaria, la existencia de un organismo con una clara responsabilidad con respecto al desarrollo del sistema contable (la Intervención General de la Administración del Estado) y la estrecha relación entre la contabilidad empresarial y la Contabilidad Pública establecida sobre la base de la correspondencia de los sucesivos planes de cuentas (Lüder, 1993: 1-15).

El motor de las reformas en España ha sido la actividad de la propia administración impulsada desde dentro de la misma, que asume desde un primer momento la necesidad de acercar la contabilidad pública a la contabilidad empresarial. Y todo ello dentro de un entorno claramente favorable a la introducción de reformas, equiparable en cuanto a su flexibilidad al de los países anglosajones, y diferenciado claramente

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del de otros países europeos como Alemania, Francia o Italia, mucho menos receptivos que España a la introducción de cambios en el ámbito contable público, debido a un entorno menos favorable que está presente en ellos (Lüder, 2002). En el caso español, la decidida actuación de la administración central como impulsora de las reformas permite calificar nuestro modelo normalizador como descendente (Vela, 2015: 42), dado que las reformas introducidas a nivel estatal se han ido trasladando paulatinamente a niveles inferiores de la administración, considerando especialmente su volumen de gasto y capacidad normativa (administración local y administración autonómica). En el caso de la administración local, las instrucciones de contabilidad que entraron en vigor el 1 de enero de 2015, supusieron la adaptación de su normativa a la derivada del pgcp 2010 (Vela et al., 2016). Con respecto las Comunidades Autónomas, el pgcp 1994 se extendió progresivamente, aunque con «algunas diferencias entre ellas» (Montesinos et al., 2001: 199). Sin embargo, la extensión del pgcp 2010 a estas está resultando mucho más lenta, especialmente teniendo en cuenta que hasta finales de 2014, tan solo dos comunidades autónomas habían adaptado su plan contable (La Rioja y País Vasco). Frente a este modelo normalizador descendente, cabe anteponer otro de tipo ascendente, en el que las reformas se introducen primero a nivel local para luego afectar a la administración central. El segundo de los paradigmas que considerar se relaciona con la influencia anglosajona en la elaboración del marco conceptual. En el caso español, la simbiosis entre la tradición contable anglosajona (donde prima el fondo sobre la forma) y la tradición contable de la Europa continental (donde es la forma quien predomina sobre el fondo) ha resultado extraordinariamente positiva, ya que ha permitido la coexistencia de un plan contable junto a un marco conceptual expresamente formulado. La orientación conceptual del marco normativo de la contabilidad pública española ya quedó patente desde principios de los noventa, a través de la aprobación de los Documentos sobre Principios Contables Públicos, que fueron equiparados a un marco conceptual y condicionaron de manera decisiva las reformas posteriores. La influencia anglosajona queda aquí de nuevo patente, dado que la forma de elaborar y considerar estos documentos sigue este patrón y no el que cabría esperar en un país de la Europa continental. Pero lo cierto es que, en España, sin renunciar a su tradición planificadora, se ha optado por incluir expresamente el marco conceptual como primera parte del pgcp 2010, con rango normativo obligatorio evidente al tratarse de una orden ministerial. Los Documentos sobre Principios Contables Públicos, que en su día no lo tuvieron, siguen sin embargo vigentes en todo aquello que no contradiga las normas contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública, actualmente en vigor. Este nuevo marco conceptual que se introduce en 2010, regula la imagen fiel de las cuentas anuales, los requisitos de la información que incluir en las cuentas anuales, los principios contables, los elementos de las cuentas anuales, los criterios de registro o reconocimiento de dichos elementos y los criterios de valoración. También es importante tener en cuenta, con respecto a la influencia de la contabilidad anglosajona en el marco normativo contable español, el papel desempeñado por las normas internacionales de contabilidad pública con motivo de la redacción

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del pgcp 2010, actualmente en vigor. En el ámbito de la contabilidad empresarial, las nic-niif (Normas Internacionales de Contabilidad - Normas Internacionales de Información Financiera), emitidas por el International Accounting StandardsBoard y declaradas aplicables por el reglamento de la Unión Europea, resultan obligatorias y han sido tenidas en cuenta al redactar el Plan General de Contabilidad de 2007, aplicable a las empresas españolas. Por el contrario, en el ámbito de la contabilidad pública, las normas internacionales de contabilidad pública (nic-sp), emitidas por la ifac a través del comité de normas contables internacionales para el sector público (ipsab), no revisten dicha obligatoriedad, al no existir ninguna norma de la Unión Europea que obligue a los diferentes Estados miembros a su aplicación. La ifac se ha limitado, hasta el momento, a recomendar su aplicación con el fin de lograr una información contable uniforme y comparable entre los diferentes países. Esa recomendación ha sido seguida fielmente por la propia igae al llevar a cabo la redacción del pgcp 2010, por lo que se dio la bienvenida a esa influencia anglosajona que, sin ninguna duda, ha enriquecido el contenido del actual marco normativo contable público español. El tercero de los paradigmas puede identificarse con la «superioridad» de la contabilidad empresarial sobre la contabilidad pública como doctrina dominante. La influencia de la contabilidad empresarial sobre la contabilidad pública ha resultado evidente, y ha resultado enormemente positiva en nuestro país al permitir aprovechar en el ámbito público una experiencia normalizadora empresarial ciertamente valiosa. Si analizamos la reciente evolución de la contabilidad pública a nivel internacional, no es difícil apreciar cómo los países donde más rápidamente han avanzado las reformas son precisamente aquellos en los que menos diferencias existen entre la contabilidad empresarial y la pública, precisamente teniendo en cuenta la intensidad de la influencia de la primera sobre la segunda. Y lo cierto es que, en España, la influencia de la contabilidad empresarial sobre la contabilidad pública se ha manifestado, además de en el propio marco conceptual, en el ámbito del proceso de planificación contable, así como en el de los propios principios contables. Con respecto al proceso de planificación contable, la correspondencia entre los planes contables público y empresarial es muy clara. Siguiendo la tradición francesa, el primer Plan Contable en España vio la luz en 1973, elaborado por el entonces Instituto de Planificación Contable, como órgano predecesor del actual Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Hubo que esperar hasta 1983, diez años después, para que se aprobara con carácter definitivo y oficial el primer Plan General de Contabilidad Pública. En 1990 vio la luz un nuevo Plan General de Contabilidad para la empresa, elaborado como consecuencia de la adaptación de nuestra legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea, dedicadas principalmente a las Cuentas Anuales y la Auditoría. Esta reforma del Plan General de Contabilidad para la empresa española indujo, apenas cuatro años después, una nueva reforma del Plan General de Contabilidad Pública, que vio aprobada su nueva versión en 1994. Este nuevo Plan estaba adaptado al Plan empresarial de 1990 (Montesinos, 1994) y a los propios Principios Contables Públicos, aprobados entre 1991 y 1993, mediante la publicación de los ya aludidos documentos.

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Si la reforma del Plan General de Contabilidad para la empresa en 1990 fue consecuencia de la adaptación de nuestra legislación mercantil a la europea, el Plan empresarial de 2007 fue también introducido para adaptarse a una nueva normativa europea. Y al igual que ocurrió entonces, la reforma contable en el ámbito empresarial motivó una nueva reforma del Plan General de Contabilidad Pública en 2010. El cuarto y último de los paradigmas se identifica con la doctrina de la «superioridad» de la contabilidad financiera sobre la contabilidad presupuestaria, en cuanto que sistema de información por desarrollar. La manera en que se lleva a cabo la articulación entre el presupuesto y la contabilidad financiera en el ámbito de la contabilidad pública resulta esencial. En el caso español, la articulación entre presupuesto y contabilidad financiera se manifiesta a nivel de los objetivos de la información contable, los principios contables, el sistema de reconocimiento empleado para registrar los gastos y los ingresos, configurado por el enfoque de medida y la base de reconocimiento adoptados y, finalmente, las cuentas anuales. Ahora bien, al menos desde el punto de vista del órgano normalizador, es decir, de la Intervención General de la Administración del Estado, siempre se ha tendido a primar el desarrollo de una contabilidad financiera (asociada a los modernos fines de gestión e información) frente a una contabilidad presupuestaria, considerada como vinculada a los tradicionales fines de control y rendición de cuentas. No en vano, si nos ceñimos al contenido del pgcp 2010, y analizamos los principios contables, los criterios de valoración y el contenido de las cuentas anuales, el protagonismo de la contabilidad financiera resulta evidente. Baste tener en cuenta que, de la información que se recoge en las cuentas anuales, tan solo el Estado de Liquidación del Presupuesto se circunscribe al ámbito presupuestario, y en la memoria, la práctica totalidad de sus notas se relacionan exclusivamente con el ámbito de la contabilidad financiera.

4. La normalización en el ámbito de la contabilidad pública española: retos de futuro Si analizamos los avances que ha experimentado la contabilidad pública española desde que el profesor Montesinos puso en marcha su línea de investigación, el balance resulta eminentemente positivo, especialmente en lo que se refiere a su ámbito normativo. España cuenta en la actualidad con un sistema de información que puede considerarse como relativamente avanzado a nivel internacional. De cara al futuro, sin embargo, pensamos que se presentan unos claros retos a los que sin ninguna duda deberán dar respuesta algunas reformas que, desde nuestro punto de vista, va a ser necesario emprender. Estas reformas se relacionan con: –– Los usuarios de la información contable, la contabilidad financiera y la contabilidad presupuestaria. –– Las cuentas anuales en el Plan General de Contabilidad. –– La auditoría externa en el ámbito público y especialmente en la Administración Local. –– La comparabilidad de la información contable en las comunidades autónomas.

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En relación con los usuarios de la información contable, si tenemos en cuenta nuestro entorno económico-administrativo, la información contable que estos demandan suele ser predominantemente de carácter presupuestario. Por otra parte, si analizamos los debates parlamentarios en nuestro país y la repercusión mediática que los mismos alcanzan, rara vez tendremos reflejadas magnitudes de la contabilidad financiera, ya que la información que demandan estos usuarios es básicamente presupuestaria. En el caso de los órganos de control interno y externo, así como de las entidades financieras,aunque utilizan en mayor medida la información de carácter financiero, la información que ofrecen las agencias de calificación alcanza mucha más trascendencia que la que pueden atraer las propias cuentas anuales, especialmente en el caso de las entidades financieras. Cabe, por lo tanto, reflexionar si en un futuro convendría simplificar nuestro modelo de información contable teniendo en cuenta las opiniones de no pocos grupos de usuarios que consideran la contabilidad financiera demasiado compleja y la utilidad que esta les proporciona. Este es, por ejemplo, el caso de los Interventores de Administración Local, colectivo en el que un 43,6 % considera el sistema muy complejo y en el que la práctica totalidad de este considera mucho más útil la información de carácter presupuestario (Dasí et al., 2017a). Con respecto a las cuentas anuales, cabría considerar también si resulta o no adecuada su composición, especialmente a nivel local. Más concretamente, cabe plantearse la utilidad de estados contables que forman parte de estas, como el estado de cambios en el patrimonio neto. Existen claramente otros estados que, sin alcanzar la categoría de cuenta anual, al incluirse en la memoria, presentan una utilidad mucho más clara y evidentemente mayor, como es el caso del estado del remanente de tesorería (Vela et al., 2016). En relación con la auditoría externa en el ámbito público, si los niveles que se alcanzan a nivel estatal o en una gran parte de comunidades autónomas pueden considerarse satisfactorios, no cabe considerar lo mismo a nivel de la administración local donde, tradicionalmente, rara vez se han llevado a cabo (Montesinos, 2000), y esta no resulta obligatoria, de manera regular, al menos a partir de un determinado tamaño por población. Esta cuestión nos parece claramente inaplazable, a pesar de que ya hace años que ha sido demandada por no pocos autores (Álvarez, 2011; Navas, 2012). El nuevo reglamento aprobado por r.d. 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local, está llamado a modificar esta situación de ausencia de auditoría en el sector en los próximos años (Vela y Zafra, 2018). La comparabilidad de la información contable entre comunidades autónomas también debe reforzarse, dado que muy pocas han adoptado todavía el pgcp 2010 como modelo, a pesar del tiempo transcurrido desde su aprobación. Probablemente esta cuestión esté teniendo una solución hacia la que lamentablemente se está llegando, no a iniciativa de las propias comunidades, sino por las exigencias del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este es, por ejemplo, el caso de la Comunidad Valenciana, que ha procedido a derogar, en 2017, el Plan General de Contabilidad que aplicaba desde 2002 (basado en el pgcp de 1994 del Estado),

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por exigencia del programa para la aplicación del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el ejercicio 2017.

5. Conclusiones El presente trabajo se ha dedicado a analizar la evolución que ha experimentado la normalización de la contabilidad pública española desde que el profesor Montesinos puso en marcha una línea de investigación dedicada a ella en la Universitat de València, hace ahora tres décadas. Desde entonces, los avances han sido constantes, especialmente en lo que se refiere a la planificación contable, la definición de unos principios contables públicos y el desarrollo de un marco conceptual. A lo largo de todos estos años, el profesor Montesinos ha contribuido a enriquecer decisivamente la investigación en el ámbito de la contabilidad y auditoría del sector público tanto a nivel nacional como internacional, y ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos sobre el tema, al mismo tiempo que ha dirigido, a lo largo de su carrera académica, un total de veintitrés tesis doctorales de las cuales una gran parte se han desarrollado en el ámbito del sector público. Además de su labor investigadora, el profesor Montesinos ha participado en comisiones de organismos normalizadores de la contabilidad pública, por lo que ha contribuido como catedrático de universidad a enriquecer con sus trabajos una gran parte de los pronunciamientos emitidos hasta ahora por organismos en los que ha participado activamente, como la propia Intervención General de la Administración del Estado o la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Como censor jurado de cuentas, economista y Síndico Mayor de Cuentas de la Generalitat Valenciana, el profesor Montesinos contribuyó de manera decisiva a la modernización de la auditoría pública en España. Su colaboración con entidades como el Tribunal de Cuentas, la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (fiasep) o la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, de la que fue presidente, también ha permitido que la investigación en contabilidad pública haya alcanzado un nivel impensable treinta años atrás. Los que hemos sido sus alumnos tuvimos la gran suerte de aprender y disfrutar de la contabilidad gracias a sus clases. Los que además hemos sido sus discípulos, hemos tenido el privilegio de intentar trabajar para parecernos a él. Y los que somos sus amigos, el placer de compartir una grandeza humana difícil de superar. Con el presente trabajo hemos intentado expresar modestamente como alumnos, discípulos y amigos nuestro infinito agradecimiento por todo lo que hemos recibido del profesor Montesinos. Esperamos que el futuro nos depare la oportunidad de encontrar personas que, como él, nos han permitido crecer satisfactoriamente tanto en lo personal como en lo académico y lo profesional.

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PARTE II

TRABAJOS ACADÉMICOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NORMALIZACIÓN CONTABLE

ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIÓN EUROPEA: 1978-2018 Julita García-Diez

Universidad de Oviedo

1. Introducción Con gratitud, reconocimiento y cariño abordo esta modesta aportación al homenaje a un gran maestro de la contabilidad, el profesor Vicente Montesinos Julve. Como punto de partida, me ha parecido oportuno tomar un libro suyo que vio la luz en 1983 y que ha sido referencia obligada para todos los que nos interesamos por la información contable en la Europa comunitaria y, podría decir sin riesgo a equivocarme, para todos los estudiosos de la contabilidad. Me refiero a «Las normas de contabilidad en la Comunidad Económica Europea», publicado por el Instituto de Planificación Contable. Se había aprobado en 1978 la Cuarta Directriz (o Directiva, términos sinónimos aunque el Diario Oficial de las Comunidades Europeas optó por el segundo), la norma contable europea por excelencia, y el profesor Montesinos (1983: 15-16) se refería a ella diciendo que sus disposiciones constituyen «un núcleo de normas contables que podemos considerar como estables y básicas». Asimismo, señalaba que a su alrededor se «encuentran toda una serie de directrices, reglamentos y convenios, fundamentalmente los de derecho de sociedades, que constituyen o, mejor, constituirán el complejo entramado del derecho comunitario». Escribía en futuro, y ahora, cuarenta años después, mirando atrás comprobamos la razón que tenía. En este trabajo nos planteamos hacer un breve recorrido a través del tiempo, sin ningún ánimo de exhaustividad, para comprobar cómo se ha ido avanzado en la armonización de la contabilidad en Europa en los últimos cuarenta años, esto es, des­de 1978 hasta el momento actual. Para ello vamos a referirnos a tres periodos: desde 1978 hasta 1990, que podríamos llamar de aprobación e implantación de las directivas comunitarias; desde 1990 hasta 2002, de acercamiento y trabajo conjunto con el International Accounting Standards Committee (iasc, sustituido en 2001 por el International Accounting Standards Board o iasb); y desde 2002 hasta la actualidad, de consolidación de la armonización internacional, a la par que subsisten las directivas como base de la normativa contable europea.

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2. Primera etapa: 1978-1990 A pesar de su proximidad geográfica, entre los países miembros de la Comunidad Económica Europea (cee, hoy Unión Europea o ue) existían grandes diferencias en todos los órdenes, y en el ámbito empresarial no eran menos. Una de las finalidades básicas del proceso de integración en la cee era el desarrollo de un mercado común caracterizado por una libre competencia, para lo cual es fundamental el uso de sistemas contables que permitan establecer comparaciones entre empresas de diferentes países, especialmente en los mercados de capitales, porque resulta muy difícil evaluar sobre una misma base sociedades que presentan su información financiera conforme a distintas normas contables. Era preciso, pues, llevar a cabo un proceso de convergencia de las legislaciones mercantiles. La base para la armonización del derecho de sociedades y de las prácticas contables en la cee la constituyen los artículos 54.3.g y 58 del Tratado de Roma, que recogen la necesidad de coordinar, en la medida necesaria y para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, con el fin de proteger los intereses de socios y terceros. Como instrumentos a disposición del legislador para realizar la tarea armonizadora, el propio Tratado (artículo 189) prevé, entre otros, los reglamentos y las directivas, ambos de carácter obligatorio. En esta primera etapa, en materia de derecho de sociedades, se aprobaron dos directivas cruciales en el campo de la contabilidad: se trata de la Directiva 78/660/cee, conocida como Cuarta Directiva, que se refiere a las cuentas anuales que presentan las distintas sociedades de manera individual; y la Directiva 83/349/cee, llamada Séptima Directiva, reguladora de las cuentas consolidadas de los grupos de empresas. Ambas son conocidas como las «directivas contables», ya que constituyen el eje central de la normativa contable comunitaria,1 siendo su misión coordinar las disposiciones nacionales relativas a la elaboración, publicidad y auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión, presentados de forma individual o consolidada, con el fin de que las sociedades de los países comunitarios proporcionen información financiera comparable y equivalente para proteger los intereses tanto de los socios como de terceros. Es importante tener presente que sus disposiciones tienen carácter de mínimos exigibles, lo que faculta a los Estados miembros para imponer normas más rigurosas si así lo desean. Estrechamente vinculada a ellas, aunque afecten al ámbito profesional, se publicó la Directiva 84/253/cee, u Octava Directiva, que regula la autorización de las personas encargadas de efectuar la auditoría de los documentos contables citados. Supuso, pues, la primera regulación a nivel europeo de la actividad de auditoría de cuentas. Tanto la Cuarta como la Séptima Directivas sufrieron modificaciones posteriores en los años ochenta con el fin de actualizar los importes para presentar cuentas abreviadas (Directiva 84/569/cee y Directiva 90/604/cee) o ampliar su ámbito de 1 Como adaptaciones de ellas se publicaron posteriormente las Directivas 86/635/cee, relativa a las cuentas anuales y consolidadas de los bancos y otras entidades financieras, y la 91/674/cee, para las empresas de seguros.

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aplicación, que inicialmente estaba constituido por las sociedades que de algún modo limitan la responsabilidad de sus socios, pero que se pretendía ampliar para así evitar que las empresas pudieran evadir los requisitos de información contable cambiando su forma social (Directiva 90/605/cee). Si en general la información financiera es imprescindible para una adecuada toma de decisiones por parte de todos los interesados, la información relativa a las sociedades cotizadas es esencial para el buen funcionamiento del mercado. Por ello, para garantizar la transparencia informativa y proteger los intereses de socios y terceros, se emitieron, ya desde 1979, directivas que establecieron unas exigencias informativas adicionales para las empresas cotizadas; son las llamadas directivas de derecho bursátil (entre ellas, la 79/279/cee y la 82/121/cee, principalmente). El objetivo de las directivas era armonizar, nunca uniformar, la información financiera a nivel europeo. No se creó un derecho enteramente nuevo, sino que sobre la base de las prácticas y normas existentes se llevaba a cabo la tarea armonizadora, y se buscaba obtener disposiciones equivalentes que aseguraran la comparabilidad. Así, las directivas fueron surgiendo como resultado de negociaciones más o menos arduas y largas, y se establecieron en el texto final unos requisitos mínimos, junto con un conjunto de opciones en favor de los Estados miembros, o de las sociedades nacionales, en una especie de solución de compromiso. Si bien esto favorecía su aprobación, jugaba en contra de la comparabilidad de la información. Una vez aprobadas, cada Estado miembro debía hacer su transposición a su ordenamiento jurídico, tarea que a veces se dilataba demasiado en el tiempo. Es preciso señalar que el proceso armonizador se vio impulsado en 1986 al aprobarse el Acta Única Europea, que establecía la creación del mercado interior para 1993. Ese mercado implicaría un espacio sin fronteras interiores, donde la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales estuviera garantizada. Precisamente el libre movimiento de capital requiere disponer de información contable equivalente, fidedigna y comparable por parte de las empresas que operan en la cee, lo que conlleva la necesidad de armonización contable, siendo esta un medio esencial para la creación del mercado europeo. Paralelamente a la tarea armonizadora realizada en el ámbito comunitario, que emana de la iniciativa pública, desarrollaba su trabajo un organismo profesional independiente de carácter mundial, el iasc, creado en 1973. Uno de sus objetivos fundamentales era formular y publicar unas normas contables que fueran observadas en la presentación de los estados financieros, y que promovieran su aceptación y su aplicación en todo el mundo. Pues bien, en pro de este objetivo venía realizando una importante tarea emitiendo normas internacionales de contabilidad (Normas Internacionales de Contabilidad –nic–). Este intento fue calificado por el profesor Montesinos (1983: 53) como «prometedor», y lo justificó por el hecho de que venía a cubrir un vacío largamente observado en la profesión contable, con una metodología que, en líneas generales, podría conducir a resultados positivos. En un principio, el iasc optó por un modelo flexible, de manera que sus normas contemplaban varios tratamientos opcionales y tenían el carácter de lista alternativa de las mejores prácticas encontradas en los distintos sistemas contables, lo que les

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permitía evitar los problemas derivados de la variedad de culturas y sistemas legales imperantes en los diferentes países. En sus trece primeros años de vida, el iasc aprobó veintiséis nic. Estas eran mucho más extensas, ricas en matices y profundas que las normas europeas. Al carecer de carácter vinculante, por provenir de una organización profesional, sus miembros tenían el compromiso de difundirlas, de persuadir a los organismos reguladores para promover su aceptación y fomentar su aplicación a nivel nacional e internacional, lo cual iba dando sus frutos, pues estas normas iban adquiriendo cada vez mayor grado de aceptación en todo el mundo, sin duda consecuencia de su calidad y de la mejora en la información que conllevan. No obstante, con miras a progresar en la comparabilidad de la información financiera a nivel internacional, a finales de los ochenta el iasc inició un proceso de revisión, con dos líneas principales de actuación: 1) elaborar un marco conceptual para la elaboración y presentación de los estados financieros, que cubriera el vacío teórico existente y que dotara de consistencia y coherencia a las normas, y que sería aprobado en 1989; y 2) abordar un «Proyecto de comparabilidad», para reducir, siempre que fuera posible, las alternativas previstas en las normas existentes, con la finalidad de que ganaran en calidad y aceptación a nivel mundial. Con todo ello, el iasc pretendía conseguir unas normas que pudieran ser recomendadas y aceptadas en los principales mercados de valores a nivel mundial. Llegados a este punto es preciso volver la vista atrás para ver los avances conseguidos en esta primera etapa. En cuanto a la valoración de las directivas europeas, hay que tener presente que no buscaban regular hasta sus últimas consecuencias la práctica contable, sino que pretendían que el marco jurídico en el que esta se desenvuelve estuviera armonizado, y con ese fin crearon con éxito un derecho contable europeo. En este sentido, sus logros eran innegables. Las directivas permitieron a los países miembros conseguir un notable grado de armonización en cuanto a cuestiones generales contempladas en sus respectivos ordenamientos, pero consecuencia de su flexibilidad, de las opciones contempladas y de no abordar muchas cuestiones, resultaban claramente insuficientes para garantizar la necesaria comparabilidad de la información en los mercados financieros. El principal problema se planteaba para las grandes empresas europeas que, cada vez en mayor número, buscaban financiación en los mercados internacionales y se veían obligadas a elaborar información contable siguiendo diferentes normativas, en función de las exigencias de las distintas bolsas en que cotizaban, lo cual, aparte de los costes que les acarreaba, generaba inseguridad y gran confusión informativa. Era, pues, preciso progresar en la armonización de la información financiera para garantizar un alto grado de transparencia y comparabilidad de los estados financieros y, por ende, un funcionamiento eficiente del mercado de capitales. Los requisitos informativos exigidos a las sociedades cotizadas constituyen un impulso definitivo en el proceso armonizador. Ello hace especialmente relevante el trabajo conjunto con los organismos reguladores de los mercados de valores. En este sentido, merece especial mención el entendimiento entre el iasc y la International Organization of Securities Commissions (iosco), integrada por los organismos reguladores de las bolsas más importantes del mundo, incluida la Securities and Exchange

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Commission (sec). Ambos, iasc y iosco anunciaron en 1987 su intención de trabajar juntos para establecer unas normas contables que fueran usadas en los mercados de capitales más importantes del mundo. Los progresos realizados en esta etapa en el ámbito de la armonización contable, tanto a nivel europeo como internacional, son innegables, pero tanto la ue como el iasc eran muy conscientes de que quedaba mucha tarea todavía pendiente, y abordaron una nueva etapa en los noventa.

3. Segunda etapa: 1990-2002 Una vez aprobadas las directivas, se produjo un cierto estancamiento en el proceso de armonización contable europeo, que recuperó su fuerza de nuevo a partir de los años noventa. La Comisión era muy consciente de lo mucho que estaba en juego y de la dificultad de aprobar nuevas directivas. Era fundamental analizar la situación existente y determinar el camino que seguir. Con esa finalidad, la Comisión organizó, en 1990, una conferencia sobre el futuro de la armonización de las normas contables, en la que se puso claramente de manifiesto la oposición a reducir las opciones contempladas en las directivas y a adoptar nuevos actos legislativos en un futuro próximo, al tiempo que se destacó la necesidad de prestar atención a los trabajos de armonización realizados en el ámbito internacional (com 95 [508]: 2.6). Por lo que se refiere al iasc, en noviembre de 1993 se completó el «Proyecto de comparabilidad» con la aprobación de diez normas revisadas, en las que se reducían las opciones contempladas a una, o como máximo a dos; más tarde, en noviembre de 1994, se aprobaron otras dieciocho, que apenas sufrieron cambios sustantivos. Teniendo en cuenta la importancia capital que juegan los mercados de capitales para progresar en la comparabilidad de la información financiera internacional, debido a las exigencias informativas que imponen a las sociedades cotizadas, es preciso resaltar un hito histórico que tuvo lugar en 1995 y que supondría un empuje decisivo en el desarrollo de las normas internacionales de contabilidad. Se trata del acuerdo alcanzado entre la iosco y el iasc para conseguir para 1999 un núcleo central de normas contables de alta calidad que fueran aceptadas por todas las bolsas de valores de todas las organizaciones miembros de la iosco. Si bien el iasc terminó en 1998, la revisión de ese cuerpo básico de normas, su examen y aceptación por parte de la iosco fue un proceso arduo y no exento de dificultades, especialmente en relación con algunas normas. Un problema adicional con el que se encontraba el iasc era que sus normas podían amparar tratamientos divergentes o inaceptables cuando no existía mandato de aplicación. Por ello, en 1997 se creó el Standing Interpretations Committee (sic), encargado de publicar las interpretaciones de las normas, las cuales no son vinculantes, pero sí muy importantes para la implantación y adecuada aplicación de la normas. Por su parte, la ue, siempre con la idea de seguir avanzando en la tarea armonizadora, a raíz de la mencionada conferencia de 1990, profundizó en el estudio que ya venía realizando años atrás sobre la comparabilidad de sus directivas con las normas

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del iasc, y fue tomando postura y exponiendo sus líneas futuras de actuación, las cuales plasmó fundamentalmente en dos documentos: –– La comunicación de noviembre de 1995 «Armonización contable: Una nueva estrategia de cara a la armonización internacional» [com 95 (508)]. En ella propone hacer valer todo el peso de la ue en el proceso armonizador internacional, sin renunciar nunca a sus logros, para lo cual debe adoptar medidas que garanticen que las nic existentes son coherentes con las directivas comunitarias y que las nic futuras lo serán también. –– La comunicación de junio de 2000 titulada «La estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera: el camino a seguir» [com (2000) 359 final], en la que consagra la decidida aceptación de las nic, y confirma la postura adoptada en 1995, a la vez que insta a la Comisión a presentar dos propuestas: una, antes de fin de 2000, por la que se requerirá a todas las sociedades de la ue que coticen en bolsa que, a partir de 2005, elaboren sus cuentas consolidadas de conformidad con las nic, pudiendo los Estados miembros ampliar la aplicación de las nic a las empresas que no coticen y a las cuentas individuales; y otra, antes de finalizar 2001, para modernizar las directivas contables, que continuarán siendo la base de la información financiera para todas las sociedades de la ue. Como resultado de este compromiso de aceptación de las normas internacionales del iasc, verían la luz la Propuesta de Reglamento (com/2001/80 final), relativa a la aplicación de las nic, y la Directiva 2001/65/ce, por la que se modifican las directivas contables en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables, lo que permitía la utilización del valor razonable para determinados activos y pasivos financieros, con la finalidad de que las directivas fuesen convergiendo con las nic. Las normas del iasc, debido a su origen, plantean un problema en cuanto a su aplicación. Al ser emitidas por una organización privada carecen de fuerza legal y no pueden ser impuestas directamente. Por ello, la ue, que debía mantener los medios de control suficientes para corregir cualquier problema en relación con las normas internacionales, estableció un proceso de aceptación formal de estas normas, apoyado en un órgano técnico (el European Financial Reporting Advisory Group –efrag–) y en un órgano político (el Accounting Regulatory Committee –arc–). Las normas internacionales de contabilidad adoptadas se publicaron íntegramente en forma de reglamento. Al ser este de aplicación directa en los Estados miembros, se consiguió evitar posibles variaciones nacionales en su adaptación y retrasos injustificados en su transposición. De esta manera se superaron las limitaciones de las directivas, que hasta la fecha habían sido el instrumento armonizador utilizado por la ue en el ámbito contable. También en el año 2001, aunque únicamente como recomendación y, por tanto, sin carácter obligatorio, la Comisión Europea publicó un documento relativo al reconocimiento, medición y publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas [com (2001) 1495]. Estos aspectos no son abordados de manera explícita en la legislación europea sobre información

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financiera, por lo que resultan de aplicación los principios y disposiciones generales contenidos en las Directivas Cuarta y Séptima. No obstante, la ausencia de normas en relación con estas cuestiones dificultaba la comparabilidad. Por ello, en esta recomendación, la Comisión pretende aclarar las normas vigentes y orientar sobre la aplicación de las directivas contables con respecto a las cuestiones medioambientales, tomando como fuente de referencia varias normas internacionales que tratan aspectos relacionados y siendo coherente con ellas. Es la primera vez que se abordan este tipo de asuntos en la normativa contable europea. Por lo que se refiere al iasc, se venía cuestionando si su estructura era la más adecuada, dada la dimensión e importancia que iba adquiriendo, razón por la cual era un sentir generalizado la necesidad de modificarla, con el fin de agilizar su funcionamiento y superar los intereses particulares de algunos de sus miembros en el avance hacia normas internacionales. El proceso culminó con la reforma aprobada en mayo de 2000, que dio lugar posteriormente al International Accounting Standards Board (iasb), y en lo que se refiere a las futuras normas internacionales de contabilidad, sustituyó la denominación nic por la de Normas Internacionales de Información Financiera (niif). No obstante, adoptó como propias las nic existentes hasta la fecha junto con sus interpretaciones.2 En esta etapa, la armonización contable europea pasó a ser más internacional, debido principalmente al cambio de estrategia en la ue, al trabajo conjunto iasc-ue, y sobre todo a la atención prestada a los mercados de capitales que exigían información de alta calidad, comparable y equivalente a las sociedades que cotizan como requisito indispensable para su buen funcionamiento.

4. Tercera etapa: 2002-2018 En el año 2002 tiene lugar un hito realmente relevante en el camino de la armonización contable europea: la aprobación y publicación del Reglamento (ce) 1606/2002, relativo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, que prevé la utilización de las nic/niif adoptadas por la ue, en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de las sociedades que coticen en un mercado regulado, a partir del 1 de enero de 2005. Los Estados miembros podrán permitir o exigir al resto de empresas que elaboren sus cuentas, anuales o consolidadas, conforme a las normas internacionales. A partir de ese momento, para las cuentas consolidadas de esas sociedades regirán las normas internacionales, pero para el resto de empresas dentro de la ue la información contable se seguirá basando en las disposiciones contenidas en las directivas Cuarta y Séptima. De esta manera, se instaura un modelo dual en la ue: estados financieros conforme a normas internacionales, obligatorios para las sociedades cotizadas en sus cuentas consolidadas, y estados financieros conforme a los requisitos

2 En adelante nos referiremos al organismo como iasc/iasb y a las normas internacionales como nic/niif.

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contenidos en las directivas contables para el resto, esto es, sociedades no cotizadas, sociedades que no elaboran cuentas consolidadas y las restantes empresas de menor tamaño. Por ello es esencial que exista coherencia entre las normas contables europeas y las nic/niif. Dado que las directivas contables seguirán siendo la principal regulación de la contabilidad en la ue, es importante que exista igualdad de condiciones entre las sociedades de la Comunidad que adopten las normas del iasc/iasb y las que no lo hagan. En esta línea de trabajo, y tratando de eliminar toda incoherencia entre las Directivas 78/660/cee, 83/349/cee, 86/635/cee y 91/674/cee, por un lado, y las nic/niif vigentes el 1 de mayo de 2002, por otro, se aprobó la Directiva 2003/51/ce. El citado reglamento de 2002 fue seguido posteriormente por el correspondiente Reglamento (ce) 1725/2003, que contiene el texto concreto de las normas adoptadas con sus interpretaciones, a fecha 14 de septiembre de 2002. Las distintas normas del iasc/iasb se han ido incorporando al derecho comunitario a través de una serie de reglamentos posteriores de modificación. Por ello, por razones de claridad y transparencia, se decidió recoger en un único texto las normas integradas en el Reglamento (ce) 1725/2003 y sus actos de modificación a fecha 15 de octubre de 2008, y así se aprobó el Reglamento (ce) 1126/2008. Con posterioridad se han ido publicando sucesivos reglamentos que lo modifican.3 A pesar de elegir la vía del reglamento para adoptar las normas internacionales por parte de la ue para las empresas cotizadas que presentan cuentas consolidadas, las directivas siguen teniendo plena vigencia como instrumento armonizador de la contabilidad para el resto de empresas. Se requiere la conformidad con las directivas comunitarias para todas las empresas, y la aplicación de las normas internacionales será un requisito suplementario para aquellas que cotizan en bolsas europeas y presentan cuentas consolidadas. Teniendo en cuenta que las nic/niif deben incorporarse a la normativa comunitaria para ser aplicadas, la ue tiene un interés directo y claro en garantizar que su elaboración y adopción dé lugar a normas acordes con los requisitos del marco jurídico europeo. En este sentido la colaboración entre el iasb/iasc y la ue es esencial, y hay que señalar que cada vez es más estrecha. Es evidente que el hecho de que la ue adoptara las normas internacionales supuso un impulso muy importante en su aceptación a nivel mundial. Con la finalidad de reforzar la fiabilidad de la información contenida en los estados financieros, estableciendo unas exigencias mínimas aplicables al control legal de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, se aprobó la Directiva 2006/43/ ce, que deroga la 84/253/cee y modifica las directivas contables, con el propósito de armonizar en gran medida, no completamente, los requisitos de la auditoría legal. Asimismo, respondiendo al sentir que se venía manifestando en la ue en cuanto a la conveniencia de simplificar el derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría, se aprobó la Directiva 2009/49/ce, que aligera las obligaciones de información finan-

3 Los sucesivos reglamentos aprobados pueden ser consultados en español, entre otros lugares, en la página web del icac (www.icac.meh.es).

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ciera de las sociedades medianas, que reduce las cargas administrativas derivadas de determinados requisitos de información y que elimina para algunas la obligación de elaborar cuentas consolidadas. Aunque no han supuesto un cambio de tanta relevancia como el reglamento de 2002, en los últimos cinco años se han aprobado dos nuevas directivas en materia contable: la Directiva 2013/34/ue y la Directiva2014/95/ce. Ambas tuvieron como antecedentes, entre otros, la comunicación de 2011, titulada «Acta del Mercado Único» [com (2011) 206 final], en la que, entre otras medidas, se propone la simplificación de las Directivas Cuarta y Séptima para reducir las obligaciones de información financiera y las cargas administrativas para las empresas de menor tamaño; asimismo, reconoce la necesidad de aumentar la transparencia de la información social y medioambiental facilitada por las empresas de todos los sectores a un nivel alto similar en todos los Estados miembros. En la misma línea, otra comunicación sobre la «Estrategia renovada de la eu para 2011-2014 sobre responsabilidad social de las empresas» [com (2011) 681 final], subraya la necesidad de divulgar información de contenido social y medioambiental. Por su parte la «Estrategia Europa 2020» [com(2010) 2020 final] para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador propone reducir las cargas administrativas y mejorar el entorno empresarial, particularmente en el caso de las pyme, así como promover su internacionalización. En este contexto, se aprobó la Directiva 2013/34/ue, sobre los estados financieros individuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresa, la cual deroga las Directivas Cuarta y Séptima, y sustituye ambas y sus modificaciones por un texto único. Después de más de treinta años de vigencia, con numerosas modificaciones, las directivas contables eran sustituidas por una nueva. La Directiva 2013/34/eu, que pasó a ser la «directiva contable», tiene como objetivo armonizar los requisitos nacionales respecto a: la presentación y contenido de las cuentas anuales (individuales y consolidadas) y del informe de gestión, los criterios de valoración para elaborar los estados financieros, la auditoría de cuentas, la publicación de los estados financieros y la responsabilidad de la dirección respecto a los documentos anteriores. También busca reducir las cargas administrativas para las empresas pequeñas y permite un régimen de información simplificado para las pyme y muy reducido para las microempresas. Esta directiva incluye la definición de microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, basándose en el importe neto de la cifra de negocios, el total activo y el número de empleados; esos límites serán actualizados periódicamente. Asimismo, esta directiva contable introduce la obligación de incluir información no financiera en el informe de gestión. Así, señala que en la medida en que sea preciso para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, se incluirán indicadores fundamentales de resultados, tanto de naturaleza financiera como no financiera, que mostrarán información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal; esta exigencia va encaminada hacia las empresas de mayor tamaño, de manera que los Estados miembros pueden eximir a las pyme. Respondiendo a la necesidad puesta de manifiesto en documentos previos y con miras a mejorar la calidad, coherencia y comparabilidad de la información no finan-

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ciera publicada por las grandes empresas, se aprobó la Directiva 2014/95/ce, que modifica a la Directiva 2013/34/ce en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. La directiva de 2014 no es una norma de responsabilidad corporativa, sino que modifica la normativa contable. Es preciso señalar que supone un avance muy importante porque por vez primera se regula la publicidad de información no financiera al lado de la financiera en empresas de gran tamaño, lo que conlleva un paso fundamental en el reconocimiento de la relevancia de la información no financiera, de manera que marca, así, cuál puede ser la tendencia futura. Además de en sus propios proyectos, la ue trabaja estrechamente con el iasc/ iasb en la actualización y modificación de sus normas e interpretaciones y en la revisión del marco conceptual de la contabilidad. La evolución constante del entorno económico y los requerimientos informativos cada vez más exigentes en los mercados financieros hacen que los reajustes y cambios sean constantes, en un proceso más ágil que el que supone la modificación de las directivas contables. Conseguir unas normas de alta calidad y una información transparente y comparable en todo el mundo constituye la meta que alcanzar.

5. Conclusiones Ante la diversidad de sistemas contables existentes en los Estados miembros, la Comunidad Europea inició un proceso de convergencia de la normativa contable para lograr un mercado común eficiente. Un hecho crucial fue la publicación en 1978 de la Cuarta Directiva, que se consagró como núcleo central del derecho de sociedades. Íntimamente ligada a ella, se aprobó la Séptima y ambas fueron las directivas contables durante treinta y cinco y treinta años, respectivamente. Sufrieron modificaciones, nunca en su esencia, y sobrevivieron al cambio de estrategia en la armonización contable europea que tuvo lugar en los noventa y hasta 2013, cuando fueron reemplazadas, aunque manteniendo su espíritu. Las directivas son normas de mínimos (o máximos) provenientes de la iniciativa pública que necesitan transposición en los ordenamientos jurídicos de los países miembros. La principal crítica que se les ha hecho es su flexibilidad, sobre todo en las etapas iniciales, inherente a la necesidad de aunar posturas distintas, en procesos largos no exentos de dificultades. Si bien resultaban claramente insuficientes para alcanzar la comparabilidad de la información en los mercados financieros, es de justicia reconocerles su importante papel en el acercamiento de normativas contables tan dispares. A la vez que se publicaban las directivas en la Europa comunitaria, veían la luz las normas emitidas por una organización profesional de carácter independiente y privado, llamadas normas internacionales de contabilidad. Pretendían ser unas normas de calidad, mucho más extensas y minuciosas que las directivas, siempre con la vista puesta en el buen funcionamiento de los mercados financieros. Inicialmente, también adolecían de flexibilidad, pero por su carácter internacional y su calidad iban

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ganando aceptación en todo el mundo. Y si hubo algo decisivo en su importancia fue el apoyo que le brindaron los organismos reguladores de las bolsas de valores. El objetivo de la comparabilidad estaba aún lejos y era preciso seguir avanzando. En los noventa tuvo lugar un acercamiento entre la ue y el iasc, de manera que estos dos organismos, público y privado, trabajan conjuntamente sin renunciar a su idiosincrasia. La ue es consciente de sus logros y hace valer todo su peso en el proceso de armonización internacional, pero el avance de las nic es imparable. Al provenir de una organización privada, carecen de fuerza legal, por lo que no pueden imponerse. Esto permite a la ue mantener el control y asegurarse de que estas normas no entran en contradicción con sus directivas. Finalmente, en 2002 las normas internacionales fueron adoptadas por la ue, vía reglamento, para las sociedades cotizadas en sus cuentas consolidadas. La irrupción del reglamento, con fuerza legal directamente, supuso un cambio fundamental al imponer a los países miembros unas normas que proceden de un organismo independiente, lo que podría llevar a pensar en cierta cesión de soberanía. No obstante, con carácter previo a su adopción por la ue, son objeto de estudio exhaustivo para garantizar que cumplen el requisito básico de las directivas contables, es decir, que de su aplicación se derive una imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de una sociedad, sin que ello suponga ajustarse estrictamente a todas y cada una de las disposiciones contenidas en ellas. En cualquier caso, no pueden contravenirlas. A raíz del cambio de estrategia de la ue, y fundamentalmente de la aprobación del reglamento de 2002, la armonización contable europea pasó a ser más internacional. No obstante, en el ámbito interno, se dio cabida a un modelo dual, en el cual las normas internacionales son aplicables para las cuentas consolidadas de empresas cotizadas, y las directivas son la base de la armonización para el resto de empresas y en las cuentas anuales. Dicho en otros términos, la conformidad con las directivas comunitarias es requerida para todas las empresas y la aplicación de las normas internacionales es un requisito suplementario para los grupos que cotizan en las bolsas europeas. Así pues, los reglamentos y las directivas constituyen hoy día el «entramado del derecho comunitario» en materia contable, al que se refería hace unos años el profesor Montesinos. Situados en este punto es esencial que exista coherencia entre las normas contables europeas y las normas internacionales para evitar la desarmonización interna. Sin duda, la adopción de las nic/niif generó efectos positivos en términos de calidad, transparencia y comparabilidad de la información financiera, no solo dentro de la ue, sino a nivel mundial. Ese intento del iasc que el profesor Montesinos calificaba como «prometedor» está dando unos frutos, seguramente impensables en sus primeras etapas. Pero la consecución de un lenguaje contable de calidad, transparente y comparable a nivel mundial sigue siendo la meta por conseguir. En esa tarea aúnan sus esfuerzos el iasb y la ue, junto con organismos internacionales y las principales economías del mundo. Las normas internacionales son objeto de cambios y reajustes de manera continuada, lo que conlleva la necesidad de actualización permanente.

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Cuando en 1983, el profesor Montesinos se refería a la Cuarta Directiva como núcleo de normas «estables y básicas», qué razón tenía, pues esta directiva, modificada en sucesivas ocasiones y reemplazada finalmente, mantiene su esencia básica ahora recogida en la nueva directiva contable de 2013. El modelo de armonización a través de directivas sigue, pues, vigente en la actualidad en la ue cuarenta años después.

6. Bibliografía Legislación Acta Única Europea (1986): (DOCE L 169 de 29.6.1987). Comunicación de la Comisión: COM 95 (508). Armonización contable: una nueva estrategia de cara a la armonización internacional». Comunicación de la Comisión: COM (2000) 359 final. «La estrategia de la EU en materia de información financiera: El camino a seguir». Comunicación de la Comisión: COM (2010) 2020 final. «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». Comunicación de la Comisión: COM (2011) 206 final. «Acta del Mercado Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza». Comunicación de la Comisión: COM (2011) 681 final. «Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre responsabilidad social de las empresas». Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978). Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las condiciones de admisión de valores mobiliarios y a cotización oficial en una bolsa de valores (DO L 66 de 16.3.1979). Directiva 82/121/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, relativa a la información periódica que deben publicar las sociedades cuyas acciones sean admitidas a cotización oficial en una bolsa de valores (DO L 48 de 20.2.1982). Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de 18.7.1983). Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE, relativa a la autorización de las personas encargados del control legal de documentos contables (DO L 126 de 12.5.1984). Directiva 84/569/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1984, por la que se revisan los montantes expresados en ECUS en la Directiva 78/660/CEE (DO L 314 de 4.12.1984). Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986).

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Directiva 90/604/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE sobre las cuentas anuales y las cuentas consolidadas respectivamente, en lo relativo a las excepciones en favor de las pequeñas y medianas sociedades, así como a la publicación de las cuentas anuales en ecus (DO L 317 de 16.11.1990). Directiva 90/605/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación(DO L 317 de 16.11.1990). Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 374 de 31.12.1991). Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los bancos y otras entidades financieras (DOCE L 283 de 27.10.2001). Directiva 2003/51/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/ CEE y 91/674/CEE del Consejo sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas de seguros (DOUE L 178 de 17.7.2003). Directiva 2006/43/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DOUE L 157 de 9.6.2006). Directiva 2009/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a determinados requisitos de información de las medianas sociedades y a la obligación de confeccionar cuentas consolidadas (DOUE L 164 de 26.6.2009). Directiva 2013/34/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DOUE L 182 de 29.6.2013). Directiva 2014/95/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de  2014, por la que se modifica la Directiva  2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (DOUE L 330 de 15.11.2014). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. COM/2001/0080 finalCOD 2001/0044 (DOCE C 154 E de 29.05.2001).

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Recomendación de la Comisión: COM (2001) 1495, de 30 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas (DOCE L 156 de 13.06.2001). Reglamento (CE) 1606/2002 del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DOCE L 243 de 11.9.2002). Reglamento (CE) 1725/2003 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUEL 261 de 13.10.2003). Reglamento (CE) 1126/2008 de la Comisión por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 320 de 29.11.2008). Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957 (BOE nº 1, de 1.1.1986).

Páginas web European Financial Reporting Advisory Group (efrag): https://www. efrag.org Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (icac): http://www.icac. meh.es International Accounting Standards Board (iasb): http://www.ifrs.org International Organization of Securities Commissions (iosco): https:// www.iosco.org Unión Europea (ue): https://ec.europa.eu

CUATRO DÉCADAS DE NORMALIZACIÓN CONTABLE EN EUROPA: ¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN? Begoña Giner

Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad Universitat de València

1. Introducción En este pequeño homenaje a nuestro compañero Vicente Montesinos me ha parecido oportuno hacer una reflexión sobre los cambios habidos en el panorama contable en las últimas cuatro décadas, periodo más que fructífero en esta disciplina. Si bien me voy a centrar en el ámbito de la normalización contable, no ha sido menos relevante el desarrollo de la investigación en esta disciplina. La norma contable no se desarrolla de manera aleatoria, ni independiente del contexto, por el contrario, surge para dar solución a las necesidades de las empresas y otras instituciones, pero sobre todo a los usuarios de la información de estas instituciones, que de otro modo deberían tomar decisiones de manera caprichosa, y ahora sí, aleatoria. Esta afirmación que hoy en día parece una obviedad, no lo era hace algunos años, y de hecho fue en los documentos conceptuales del Financial Accounting Standards Board (fasb) elaborados en los años ochenta, principalmente en el Statement of Financial Accounting Concepts n.º 1 (fasb, 1978), y en el marco conceptual del International Accounting Standards Committee (iasc, 1989), antecesor del International Accounting Standards Board (iasb), cuando por primera vez se manifestó de manera precisa que para desarrollar un cuerpo normativo lo primero es decidir cuál es el objetivo de las normas, en definitiva, quiénes son sus usuarios y las decisiones que tomar. Pues bien, ese cuerpo normativo desarrollado por un organismo de carácter privado, el iasc, y su sucesor, el iasb, se ha impuesto en el mundo, y desde mi punto de vista esta nueva realidad constituye una auténtica revolución en el mundo contable, tomando prestada la expresión de Beaver (1989). Dos razones fundamentan esta afirmación, se trata de la adopción de las mismas normas en una amplia variedad de países, de características y tradiciones contables muy dispares, y han sido elaboradas por un organismo privado. Que los países hayan aceptado de manera voluntaria las Normas Internacionales de Información Financiera (niif), un lenguaje diseñado por un tercero sobre el que no tienen autoridad, constituye un hito que merece la pena destacar.

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Pero también la investigación contable se ha desarrollado de una manera exponencial. Contribuyeron a su despegue la existencia de bases de datos, los programas informáticos y el desarrollo del mercado de capitales en Estados Unidos (ee. uu.); pero fue sin duda su entroncamiento con otras disciplinas de la economía lo que conllevó una nueva forma de abordar la investigación de corte positivista, que se inició hace ya cincuenta años con el trabajo de Ball y Brown (1968), como ponen de relieve Watts y Zimmerman (1986) en la obra «Teoría Positiva de la Contabilidad». Ello supuso un reto frontal con el clásico enfoque normativo de los años sesenta, lo que Beaver (1989) denominó «la Revolución de la Contabilidad». Los años posteriores han supuesto una consolidación de la disciplina, a la vez que han conllevado su interrelación con otras que han permitido generar investigaciones más potentes y más próximas a los problemas reales, de tal manera que nadie se sorprende cuando hablamos de la investigación contable, pero este aspecto lo dejo para otro capítulo de este libro abordado por la profesora Araceli Mora. Tras esta introducción, el resto del trabajo se estructura como sigue: en el apartado siguiente se aborda la evolución de la normativa contable desde las directivas a las niif; el apartado tercero se dedica a analizar el papel del European Financial Reporting Advisory Group (efrag) en la adopción (endorsement) de las niif; seguidamente, se reflexiona brevemente sobre algunos temas pendientes, en concreto sobre el control de la aplicación de las normas (enforcement) y el tratamiento de las cuentas individuales; y por último, se exponen algunas ideas a modo de conclusión.

2. De las directivas a las niif 2.1 Los primeros pasos: las Directivas Los primeros pasos para aproximar las prácticas contables en Europa se dieron en los años ochenta, y el instrumento utilizado para ello fue la directiva. Dada la diversidad existente en los países de la entonces Comunidad Económica Europea (cee), ahora Unión Europea (ue), se marcó como objetivo lograr «comparabilidad» y «equivalencia» en la información proporcionada por las empresas de los Estados miembros. En otras palabras, se buscaba la compatibilidad de la información, es decir, reducir la variabilidad existente, lo que se ha denominado «la armonización contable» (Nobes y Parker, 2008). Con este objetivo se publicaron la Directiva 78/660/ cee del Consejo relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedades y la Directiva 83/349/cee del Consejo relativa a las cuentas consolidadas; más conocidas como las Directivas Cuarta y Séptima.1 Así pues, la armonización contable se inserta en la armonización del derecho de sociedades, con lo que se pretende lograr la libertad de movimiento de capitales y personas en la cee previstas en el Tratado de Roma (1957).

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Ambas fueron derogadas e integradas en la posterior Directiva 2013/34/eu.

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Como ya señalábamos en un trabajo anterior (Giner, 2004), fue necesario establecer muchos compromisos al redactar las directivas, lo que llevó a la incorporación de múltiples opciones, que los Estados miembros podían limitar o no. Esta decisión pese a ser pragmática, ya que facilitó acuerdos entre los representantes de los distintos países, no resultó operativa, ya que generaba desventajas competitivas a las empresas, al proporcionarles distinto grado de discrecionalidad, y también a los usuarios, ya que no favorecía la comparabilidad de la información. Más aún, dado que las directivas han de ser transpuestas a la legislación doméstica para ser de obligado cumplimiento, y puesto que en los distintos países no se ha llevado a cabo la incorporación con la misma celeridad, se han producido grandes demoras y disfuncionalidades en su implementación.

2.2 La nueva estrategia: las nic/niif Junto a lo anterior, la aparición de nuevas transacciones económicas no contempladas en las directivas, pero sobre todo la internacionalización de las empresas y la movilidad de los capitales, con las consiguientes quejas de las entidades que debían preparar nuevos estados financieros para cotizar en ee. uu., obligaron a replantear la estrategia seguida. Debe tenerse en cuenta que si bien en Europa se aceptaba el sistema de mutuo reconocimiento, que supone aceptar en los mercados financieros aquellos estados financieros elaborados según las normas del país de origen, no era esta la situación en los ee. uu. Para la Securities and Exchange Commission (sec), la calidad de la información de las empresas europeas no era adecuada. Desde la Comisión Europea (ce), Karel Van Hulle,2 fue instrumental en plantear en los años noventa un giro en la política contable y en promover un acercamiento al organismo internacional, el iasc. Ello supuso dejar de lado la vía de la armonización, que no estaba proporcionando los resultados deseados, así como la alternativa de diseñar un cuerpo normativo europeo, que era un proyecto ambicioso y cuyas expectativas de éxito parecían difíciles de alcanzar. En definitiva, con esta decisión la ue pasaba de una estrategia de armonización contable, a otra que buscaba la uniformidad, mediante la adopción de un único modelo contable para todos los países miembros (Giner y Mora, 2001). También el iasc experimentó cambios importantes en esas fechas. Creado en 1973 por la iniciativa de un grupo de organismos profesionales de la contabilidad de una amplia variedad de países (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, el Reino Unido, Irlanda, y Estados Unidos), se caracterizó en sus primeros años por incorporar múltiples opciones para contabilizar las transacciones, pero esto fue eliminado en la reforma que se acometió en 1993. Nuevamente, a finales de los noventa se realizó una nueva revisión a raíz del acuerdo de 1995 con la

Van Hulle trabajó desde 1984 hasta 2013 en la ce, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad; en los años noventa fue el responsable del Directorate General - Internal Market and Services. 2

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International Organization of Securities Commission (iosco). Este acuerdo fue sin duda importante para la decisión de la ce de anunciar ese mismo año que se encaminaba hacia las Normas Internacionales de Contabilidad (nic).

2.3 Del iasc al iasb Como destacábamos en Giner (1999), la propia estructura del iasc daba pie a ciertos recelos sobre su independencia, pero su restructuración y transformación en el iasb en 2001 permitió eliminar esas dificultades. Como se ha dicho antes, el iasc estaba formado por organizaciones de profesionales de la contabilidad, y en aquel momento había 143 organizaciones de 104 países, las cuales accedieron a ceder la «propiedad» del iasc al nuevo organismo, integrado por un pequeño grupo de 16 expertos (en estos momentos, reducido a 14). Como apunta Zeff (2012) un cambio similar tuvo lugar, aunque a nivel doméstico, en ee. uu., cuando en 1973 el Accounting Principles Board (apb) dio paso al fasb, y cuando el Accounting Standards Board (asb) en Gran Bretaña sucedió al Accounting Standards Committee (asc) en 1990. De hecho, un año después de la reestructuración del iasc, la ce publicó el Reglamento 1606/2002, que obligó a las empresas europeas con cotización en bolsa a elaborar la información consolidada de acuerdo con las niif a partir del año 2005. Como decía en la introducción, la norma contable no surge de manera casual, y tampoco fue casual este Reglamento, sino que entrado el siglo veintiuno, en la ue se fueron tomando medidas para facilitar la movilidad de capitales y personas; la nueva moneda única, el euro, fue sin duda la gran decisión, y en esa línea de eliminar barreras no sorprende que se decidiera avanzar hacia las normas contables únicas. En el Consejo de Lisboa celebrado en marzo de 2000 se acordó un plan de acción de los servicios financieros con el fin de fomentar el mercado único para 2005, y esta fue la fecha fijada en el Reglamento 1606/2002 para la adopción de las niif, que a raíz del cambio del iasc al iasb cambiaron también su denominación (de nic a niif). La decisión europea, seguida en el mismo año de la de Australia y Nueva Zelanda en el mismo sentido, fue sin duda el apoyo clave para el iasb, ya que le otorgó la legitimidad necesaria que ha hecho que a partir de 2002 se iniciara un proceso que ha llevado a que al menos en 140 países hoy en día se utilicen las niif (Pacter, 2017).3 También hay que mencionar la decisión de emplear estas normas en Latinoamérica. En este caso ha sido el Banco Mundial quien ha desempeñado un papel clave, mediante los estudios realizados desde 2000 para los distintos países. Dichos informes recomendaban adoptar las niif de manera obligatoria para todas las entidades de interés público (Zeff, 2012). Si bien fue Chile el primer país en adoptar estas normas en 2009, en la actualidad se requieren para las empresas cotizadas en la mayoría de países, mientras que en otros se permiten, y tan solo en Bolivia ni se requieren ni permiten.

Según el informe del iasb en 2017, el 93 % de los 150 países examinados emplean las niif para todas o la mayoría de las empresas de interés público (empresas cotizadas e instituciones financieras), si bien en 13 países se obliga o permite, aunque no a todas estas empresas. 3

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También en 2002, a la vez que en Europa se decidía seguir las niif, se firmó el acuerdo Norwalk entre el iasb y el fasb, por el que se proponía una aproximación entre las niif y los United States General Accounting Accepted Principles (usgaap). El objetivo era permitir que las normas pudieran ser utilizadas tanto para cotizar en el mercado doméstico como en otros países (Giner, 2007). Como apuntábamos en otro trabajo (Giner, 2012), la crisis de credibilidad de los usgaap, consecuencia del escándalo Enron y del hecho de que Bob Herz, que había sido miembro del iasb, fuera presidente del fasb, fueron sin duda factores determinantes del citado acuerdo. En 2006 se firmó el Memorandum of Understanding (mou) entre ambos emisores de normas, y como consecuencia, a pesar de que desde Europa se demandaba mayor estabilidad en las niif, se realizaron cambios en las niif para aproximar ambos paquetes normativos. Aunque este acuerdo quedó en suspenso hace algunos años, existe una comunicación fluida entre ambos organismos, que ha conducido a nuevas normas que, si bien no son iguales, mantienen cierta similitud, mayor en el caso de la nueva norma sobre arrendamientos, la niif 16 y su equivalente, el Accounting Standards Update (asu) No. 2016-02 (Topic 842), y menor en el modelo de pérdidas esperadas en activos financieros, concretamente de préstamos, la niif 9 y la Accounting Standards Update 2016-13 (Topic 326). Otro gran paso en la aceptación internacional de las niif tuvo lugar en 2008. Ese año, la sec estadounidense anunció que a partir del ejercicio 2007 se eliminaría el requisito de reconciliación que afectaba a las empresas extranjeras que utilizaban las niif.

3. El papel de efrag y el endorsement de las niif 3.1 El endorsement de las niif Para mantener un cierto control sobre las normas a aplicar en la ue se introdujo el mecanismo de endorsement. Dicho mecanismo opera en dos niveles: a través del consejo dado por el organismo independiente de carácter privado, efrag, a la Comisión, y a través de la consulta que la Comisión realiza al Comité de Reglamentación Contable (Accounting Regulatory Committee o arc), organismo de carácter político integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. De cualquier modo, la aceptación final de las normas e interpretaciones está condicionada por la decisión del Parlamento. El consejo solicitado se refiere a si la norma o interpretación se ajusta al principio de imagen fiel establecido en la directiva contable, y a si satisface los requisitos de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. También en el Reglamento 1606/2002 se hace referencia a un tercer criterio que deben satisfacer las niif, «el interés público europeo». Hasta ahora este aspecto se ha dejado al juicio de la Comisión, dado su carácter político y no técnico, y se ha entendido generalmente que la adopción de una norma no debía generar desventajas competitivas a las empresas europeas, pero no es esta la única interpretación. Sin embargo, hay algunas voces que reclaman una mayor precisión, e incluso que lo vinculan a la estabilidad financiera

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y sugieren que debería ser un elemento que tener en cuenta por efrag (Maystadt, 2013). Así pues, como señala Walton (2015) el debate está abierto, y hay algunos miembros del Parlamento que reclaman la necesidad de incidir en la estabilidad financiera como un aspecto clave que analizar en el momento de recomendar la adopción de cada nueva norma. No obstante, otras autoridades entienden que la noción de bien público debe contemplarse para tratar situaciones en las que las niif podrían no ser adecuadas, pero partiendo de que hay un compromiso de seguir las niif.

3.2 Las presiones en Europa No debe sorprender que en la política europea haya habido movimientos con la intención de aumentar la influencia de ciertos sectores en la decisión sobre la adopción de las niif, tanto a través de efrag como de los propios organismos europeos. Respecto a efrag, fue creado con el apoyo de la ce en 2001 para contribuir en el desarrollo del nuevo modelo europeo, con un carácter marcadamente técnico. De hecho, para que una recomendación sobre la adopción de una norma o interpretación fuera negativa se exigían dos tercios de votos negativos, mientras que el voto favorable solo requería mayoría. Por ello, con los 11 miembros que originalmente formaban el Grupo Técnico de Expertos (Technical Expert Group o teg), del que formé parte durante los cuatro primeros años de su existencia, se llegó a una situación delicada cuando al votar sobre la nic 39 revisada en junio de 2004, hubo 6 votos en contra y 5 a favor.4 De ahí que efrag no opinara respecto a esta versión de la norma, y fue la Comisión quien directamente recortó la nic 39 (hizo el carve out). Además del teg, en efrag había un Consejo supervisor (integrado por las organizaciones fundadoras). A raíz del informe Maystadt (2013), elaborado a instancias del Comisario Barnier, en 2014 se modificó la estructura y forma de operar de efrag, y en esta nueva estructura el Consejo, además de incorporar a emisores de normas nacionales (que no eran miembros en la estructura anterior), ha pasado a tener un papel predominante. En estos momentos es el responsable de informar directamente sobre la adopción de las niif, mientras que el Grupo Técnico de expertos ha quedado relegado a ser un mecanismo de apoyo del Consejo. Por otra parte, en el nuevo Consejo, las decisiones se toman por «consenso», y pese a que la noción de «interés público europeo» no se ha definido, las cartas de endorsement que redacta el nuevo efrag (es decir, el Consejo) incluyen una referencia explícita a esta ambigua expresión. Como decíamos en un trabajo anterior: Se trata de un paso importante en dos sentidos, un paso adelante en la medida que si como se pretende el nuevo efrag tiene mayor legitimidad para representar la voz de la ue frente al iasb, pero cabe la posibilidad de que suponga un paso atrás en la transparencia y profesionalidad del proceso regulador, dada la propia composición del Consejo. El tiempo dirá cuál de estos efectos ha resultado dominante (Giner, 2015: 32). 4 El iasb acometió la revisión de la nic 39 poco después de iniciar su actividad en 2001, y, tras el proceso de debate, la versión revisada se publicó en diciembre de 2003.

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4. Algunos temas pendientes 4.1 El enforcement Resulta necesario hacer alguna referencia a la aplicación de las niif, lo que sin duda excede del mandato del iasb, y lo que en estos momentos está condicionado al control que tanto los auditores como los organismos reguladores del mercado ejerzan, lo que se conoce como el enforcement. Bien es sabido que se ejerce de manera distinta en los distintos países, pese a la existencia del controlador europeo European Securities Markets Authority (esma). Sin duda, un buen ejemplo de ello es la disparidad existente entre las normas aplicadas por las entidades financieras españolas, derivadas de lo dispuesto por el Banco de España, y en su caso el Gobierno español, y las propias niif. Como, por ejemplo, ha sucedido con la provisión dinámica introducida por el Banco de España en el año 2000 (Giner, 2012), o con los Reales Decretos Ley 2/2012 y 18/2012 que forzaron al sector financiero a reconocer pérdidas en las carteras de préstamos ligados al sector de la construcción en el ejercicio 2012, si bien carece de cualquier lógica pretender que las circunstancias habían sobrevenido en el primer trimestre de 2012 y por ello debían tratarse de forma prospectiva (Giner, 2014). Sin embargo, ni los auditores, ni la cnmv ha cuestionado, al menos públicamente, esta postura que supone contradecir tanto la nic 39 como la nic 8.

4.2 Las cuentas individuales Un aspecto que, desde mi punto de vista, no está resuelto de manera convincente en este país es el de las cuentas individuales. Es cierto que, siguiendo la recomendación del Libro Blanco (icac, 2002), se decidió mantener las cuentas individuales con criterios nacionales, aunque aproximando la normativa, es decir, el Plan General de Contabilidad, a las niif. Pero conviene asegurar que las decisiones posteriores no se desvían de este planteamiento, o alternativamente replantear abiertamente la política que hay que seguir. En el momento actual hay algunas transacciones cuya contabilización ha sido recientemente revisada por el iasb, y que podrían no ser tratadas del mismo modo en nuestra normativa. Me refiero a los instrumentos financieros, que según la niif 9 deben valorarse según el modelo de negocio, lo que también condiciona si los cambios en valor razonable van a resultados o al neto, aunque según parece puede haber alguna desviación en el nuevo plan, ya que no se contempla esta última posibilidad. De igual manera no está claro si se va a incorporar el nuevo tratamiento de los arrendamientos operativos impuesto en la niif 16. En caso de no adoptar el mismo criterio, que impone capitalizar todos los arrendamientos, ¿cómo se puede justificar que un contrato dé lugar a activos y pasivos en las cuentas consolidadas pero no figure en las individuales? ¿Acaso se manejan distintos conceptos de activos y pasivos? Indudablemente la restricción coste-beneficio puede explicar distinto tratamiento contable para empresas de menor dimensión. Y en lo que se refiere al arrendamiento,

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que no estuvieran obligadas a la capitalización de ciertos contratos de arrendamiento. Pero establecer líneas divisorias que se han demostrado inútiles y, sobre todo, emplearlas en casos en los que no opera esta restricción, no me parece una decisión afortunada.

5. Conclusión Concluyo este repaso sobre el proceso que ha desembocado en la situación actual de la información financiera destacando que se ha pasado de elaborar información contable casi con el único objetivo de cumplimentar las obligaciones de la Hacienda Pública, a elaborar información para facilitar la toma de las decisiones de los inversores. Si bien desde mi punto de vista lo más destacable y que era realmente inimaginable cuando se inició el proceso, es que pudiera haber un único cuerpo normativo elaborado por un emisor de carácter privado. Por ello, respondiendo a la pregunta que aparece en el título de este trabajo, yo diría que ha habido una auténtica revolución en la normalización contable, ya que en el momento actual ha trascendido del ámbito europeo para adquirir un carácter internacional. Si bien no es el objetivo de este trabajo abordar la evolución de la investigación en este periodo, quiero concluir haciendo una reflexión sobre ello. Como decía al principio, Beaver se refería a la revolución de la contabilidad ya en los años ochenta, pero es que los cambios han seguido, y la disciplina ha continuado avanzando. La European Accouting Association (eaa) ha celebrado en Valencia su cuadragésimo congreso el año pasado. La cantidad de trabajos presentados en aquel evento, casi 1000, y de participantes, más de 1500, son buena prueba de su grado de madurez. En el panorama nacional la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (aeca) y la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad (asepuc) mantienen un congreso bianual, y este año se ha celebrado el decimonoveno de aeca y el decimoctavo de asepuc. También en las revistas ha habido un giro radical: de las revistas profesionales que leíamos y en las que publicábamos hace unos años, Técnica Contable por señalar la tal vez más emblemática,5 a las nuevas revistas de carácter científico, cuya calidad está avalada por el Journal Citation Reports de Social Science Citation Index, en donde se sitúan los dos bastiones de las revistas españolas, desde hace algunos años la Revista Española de Financiación y Contabilidad, y desde hace unos meses, la Revista de Contabilidad. Es verdad que otras áreas de conocimiento tienen una mayor presencia en los indicadores reconocidos internacionalmente, pero espero que las próximas cuatro décadas sean muy fructíferas, y en ellas se alcancen los niveles de otras áreas.

5

En donde publiqué mi primer trabajo (Giner, 1984).

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PALABRAS QUE CUENTAN: LOS CAMBIOS EN LA TERMINOLOGÍA CONTABLE José Antonio Gonzalo Angulo

Catedrático de la Universidad de Alcalá

Este trabajo pretende ligar los cambios que en las últimas décadas se han dado en la terminología contable con otros cambios, más profundos y significativos, en la propia concepción de la contabilidad y en la información financiera de las empresas. El empleo de términos nuevos como imagen fiel, marco conceptual o valor razonable es un indicador de que los registros y los estados contables tienen un significado económico diferente. También se pasa revista a algunas discordancias entre el lenguaje contable hablado en los países hispanohablantes, como las que hay para denominar al principio del devengo, el fondo de comercio y el beneficio, a pesar de la homogeneización que ha supuesto tener como referencia las Normas Internacionales de Información Financiera (niif).

1. Lenguaje y significado conceptual: las palabras que cuentan La información financiera en las entidades, o la contabilidad si se quiere, se vale de palabras, en especial de sustantivos y verbos, como medio para establecer la comunicación. Los mensajes sobre la renta y la riqueza de una entidad económica, así como su configuración y componentes, se codifican mediante un lenguaje especial que puede diferenciarse del común en ocasiones, o coincidir con él en otras. Ese lenguaje es un medio de expresión, como es lógico, pero la característica que más interesa de este a los expertos es que constituye una herramienta muy precisa para diseccionar la realidad y describirla e incluso razonar o hacer conjeturas sobre ella, además de ser un vehículo de comunicación. En otras palabras, el lenguaje es una parte muy importante del método contable, y nos ayuda a comprender, describir, explicar y proyectar la realidad que representamos o estudiamos. Cada concepción teórica en contabilidad, puesto que es una forma de ver qué y cómo representar la realidad, utiliza una terminología específica, a través de la cual aprehende los datos, los procesa y los ofrece como producto específico de su manera de ver el mundo económico. Esto no solo es propio de la contabilidad y de las disci-

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plinas económicas dentro de las que se inscribe: todas las teorías científicas generan una forma de observar la realidad que tratan de explicar, y, además, se afanan en idear y desarrollar instrumentos de medida propios y característicos. En los últimos veinte años, por hacer una referencia a la situación española (pero hay muchos paralelismos en otros países hispanohablantes), se ha producido un importante cambio en la terminología contable, paralelo a las transformaciones en los paradigmas teóricos imperantes. Hemos desterrado palabras, y también algunas ideas sobre las que se habían desarrollado, para reemplazarlas por otras palabras e ideas diferentes. No es este el lugar para discutirlo, pero nociones tales como valor predictivo de la información o utilidad para la toma de decisiones han hecho mucha mella en la forma de elaborar, explotar y justificar la información contable. Expresiones tales como «valor razonable» o «deterioro del valor», que hoy nos parecen totalmente normales, y que incluso forman parte de lenguajes conexos al contable como el financiero o el jurídico (mercantil y fiscal), eran prácticamente desconocidas a comienzos de siglo. Las hemos adoptado con mucha naturalidad, casi sin darnos cuenta, porque la versión del Plan General de Contabilidad de 2007 las introdujo, procedentes de las normas contables internacionales, y algunas leyes las adoptaron como propias; pero su efecto ha sido muy patente, y se puede afirmar que han cambiado nuestra manera de ver la realidad y de expresarla. Este trabajo trata de hacer una primera aproximación a este cambio, que es –como se ha dicho– tanto de palabras como de ideas, ahora que está muy consolidado en España. Las razones de este cambio son, por una parte, la voluntad de equiparar nuestra información contable, y la visión que tenemos de ella, con la de los países más avanzados de la Unión Europea, que tiene sus antecedentes en los años noventa del siglo pasado, cuando se adoptó la reforma mercantil exigida por nuestra entrada en la Unión Europea (ue); pero ha cristalizado definitivamente cuando se impusieron, a lo largo de la primera década del siglo, las Normas Internacionales de Información Financiera (niif), de las que proceden casi todos los cambios que se van a comentar. En buena parte, nuestra «conversión» a las niif ha coincidido con experiencias paralelas que se están llevando a cabo en otros países, donde también se ha producido esta pequeña revolución de las ideas y la terminología contable (las «palabras que cuentan»). En particular, esto es cierto para muchos países hispanohablantes, donde centurias de separación, tanto con España como entre ellos, habían producido efectos desastrosos, de manera que no había una literatura de referencia común, ni siquiera los informes contables eran comprensibles, mientras que ahora se está consiguiendo un interesante grado de entendimiento mutuo. Hay muchos trabajos académicos sobre los cambios en la concepción de la contabilidad y el sentido que tienen las cifras contables, pero este es uno de los pocos que trata de asociar esas concepciones con la terminología que utilizamos para captar, medir, valorar, representar e interpretar los sucesos y transacciones económicas. Las palabras atrapan las ideas y, al utilizarlas, también el pensamiento del profesional contable, del académico y del emisor de normas. Las palabras no son neutras y, cuando cambian, ese cambio debe interpretarse como la manifestación de algo más profundo que debe ser estudiado, para entender mejor lo que hacemos.

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El plan del trabajo es el siguiente: en primer lugar se describirá sucintamente el proceso de cambio en la terminología contable, las «palabras que cuentan», glosando las decisiones importantes que han permitido esta revolución; en segundo lugar se tratarán algunos de los más importantes logros terminológicos (que son también cambios en las ideas); en tercer lugar se pasará revista a ciertos casos donde todavía queda algo, poco o mucho, por hacer; y, por último, se resumirá el contenido del trabajo para extraer algunas conclusiones que puedan alumbrar el desarrollo futuro. Este artículo ha sido escrito en homenaje al profesor Vicente Montesinos Julve, catedrático de la Universidad de Valencia, maestro de maestros, que ha cultivado con acierto no solo la enseñanza y la investigación en sus casi cinco décadas de vida académica, que han dejado poso, como demuestra la iniciativa de sus discípulos con este libro-homenaje, sino que también es una referencia en la práctica profesional del control contable externo de los organismos de la administración pública, que desarrolló y perfeccionó ejerciendo como Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. El tema del trabajo no es ajeno a la obra del profesor Montesinos, que fue un adelantado en el estudio de los cambios que este proceso de conversión hacia lo europeo y lo internacional, por lo que puede considerársele uno de los protagonistas de este cambio de ideas, que ha corrido paralelo a la renovación terminológica. A tal efecto puede verse su trabajo pionero sobre las normas de contabilidad de la Comunidad Económica Europea (Montesinos, 1980), así como sobre los organismos internacionales emisores de normas de contabilidad y auditoría (Montesinos, 1984). En época más reciente, sus estudios sobre la internacionalización de la información contable se han centrado en la contabilidad pública, campo en el que las reticencias hacia la estandarización real en Europa y en el mundo son mucho mayores (véase, por ejemplo, Montesinos, 2014; así como Dasí, Montesinos y Murgui, 2014).

2. La influencia de la contabilidad europea y de las niif Hasta hace no muchas décadas, la contabilidad española, y la de muchos otros países de cultura y tradición jurídica parecida, debía ser leída y entendida en clave fiscal, aunque el cumplimiento del deber de rendición de cuentas a los propietarios de las entidades también tuviera algún peso. Sobre todo, se trataba de ofrecer cifras que minimizaran el impacto fiscal, que cumplieran la normativa mercantil y contable que hubiese, pero por lo general sin mayores pretensiones. La relación entre las cifras que veía el administrador o el consejo de administración, para tomar decisiones, y las que se ofrecían en las juntas generales de accionistas o en las declaraciones fiscales era, en el mejor de los casos, pobre. Hoy día, esta situación ha cambiado, en especial para las empresas que denominamos medianas y grandes, así como para los grupos que presentan cuentas consolidadas. Hay tres hechos, de dimensión internacional, que pueden considerarse hitos definitivos en la configuración de la imagen que tenemos de la información contable. El primero de ellos es la adopción en España de la Cuarta Directiva de la Unión

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Europea, en 1989; el segundo es la separación de contabilidad y fiscalidad, tras la emisión del Plan General de Contabilidad (pgc) de 1990, y el tercero es la aceptación del marco conceptual de la contabilidad, en la reforma mercantil que tuvo lugar en 2007. A continuación, se describirán los tres, aunque no pormenorizadamente, porque cualquier interesado tiene a su disposición abundante literatura que los coloca en su marco histórico y analiza su introducción. La Cuarta Directiva de derecho de sociedades sobre las cuentas anuales de las sociedades, que apareció en 1978 (78/660/cee) representa en la Unión Europea un paso de gigante sobre la situación anterior. Es posible que pueda verse como un primer y definitivo paso en la armonización de la información financiera de las empresas, pero en este análisis interesa mucho más verla como el triunfo del derecho mercantil (en definitiva, de los derechos de información reconocidos a los socios, a los proveedores de capital y a la comunidad comercial y laboral que rodea a las empresas) sobre cualquier otro determinante de la información empresarial. En España, significó que la información contable se iba a hacer pública, a través de los Registros Mercantiles, en todo caso, y, además, que en las empresas medianas y grandes estaría verificada por un auditor de cuentas. En Gonzalo (2014) se defiende una vieja teoría de origen jurídico mercantil, hoy casi olvidada, de que la publicidad de las cuentas anuales es una consecuencia directa del régimen de responsabilidad limitada de los socios. También introdujo la obligación de que las cuentas suministraran la imagen fiel de la posición, la actividad y los resultados, lo que implicaba tener en cuenta, de alguna manera, las expectativas y concepciones de los usuarios en la elaboración de las cuentas. Se hablará más tarde de la relevancia de la expresión «imagen fiel». La separación entre contabilidad y fiscalidad es uno de los retos de cualquier sistema contable. Los estados financieros de propósito general no pueden elaborarse pensando en uno solo de los usuarios, la Hacienda Pública, que además tiene capacidad para solicitar de las empresas información específica. Aunque fue la emisión de la Norma Internacional de Contabilidad 12, Contabilización del impuesto a las ganancias (iasc, 1979), la que puso el problema y su solución en el candelero internacional, y esta filosofía fue también recogida en el pgc de 1990, la legitimación de la separación tuvo su espaldarazo definitivo cuando se modificó la Ley del Impuesto sobre Sociedades en 1995, que establecía que la base imponible se obtendría en adelante a partir del resultado contable, si bien ajustado para reconsiderar el cómputo de algunos ingresos y gastos. La independencia de los ámbitos contable y fiscal ha permitido el desarrollo de la normativa contable española, que hoy es comparable a la de cualquier país desarrollado, sin las cadenas que anteriormente la ligaban a normas de valoración fiscal. Es cierto que los ajustes que llevan del resultado contable a la base imponible cada vez son más numerosos, pero en muchas ocasiones esto responde al deseo recaudatorio en tiempos difíciles. No obstante, aunque la teoría hubiera predicho una inflación de los saldos de pasivos impuestos diferidos, lo cierto es que los activos por este motivo (por deterioros, por provisiones o por bases imponibles negativas) también tienen unas cuantías considerables en las empresas españolas.

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El tercer hito mencionado es la adopción del marco conceptual de la contabilidad dentro de la propia normativa contable, ya que figura como primera parte del pgc y, por tanto, tiene poder de obligar, lo que no sucede en los marcos emitidos por el International Accounting Standards Board (iasb) o por el Financial Accounting Standards Board (fasb) norteamericano, por ejemplo. Es más, las definiciones fundamentales de activo, pasivo, gasto e ingreso están ya en el Código de Comercio, lo que quiere decir que cuando se quiere violentar una categoría contable, como sucede en ocasiones con el cómputo del patrimonio para determinados efectos mercantiles, hay que emitir una norma que tenga categoría de ley. El marco conceptual es una «intromisión» teórica y conceptual, que marca claramente el cometido, características y elementos de la información contable, y que sujeta la imaginación o la creatividad del regulador contable. Casi siempre se ha respetado, tras su inclusión en el pgc de 2007, y cuando se ha tratado de olvidar, por ejemplo, permitiendo la capitalización de gastos de investigación, se ha hecho con mala conciencia, imponiendo tales restricciones que hacen prácticamente imposible obviar la definición de activo del marco conceptual.

3. Algunos términos nuevos y su relevancia conceptual Se pasa revista a continuación a algunos de esos términos que, adoptados en las reformas mercantiles que permitieron la emisión de los pgc de 1990 y 2007, significan más que una forma diferente de hablar, ya que implican un cambio en las ideas y mentalidades que subyacen en la llevanza de la contabilidad y en la presentación de cuentas anuales.

3.1 Imagen fiel: la prueba de fuego de los estados financieros Un punto muy importante de la directiva, para entender la evolución posterior, es haber introducido la obligación de que las cuentas presentasen la imagen fiel, lo que se ha demostrado –con el tiempo– un revulsivo de muchas posiciones que consideran que contabilizar es cumplir las normas o auditar comprobar que se han cumplido. La obligación de dar una imagen fiel implica considerar la información suministrada en su conjunto, que no es una suma de partidas y notas, sino un todo que debe ser revelador de la posición y actividad de la empresa. No se puede predicar de un registro contable, ni de un conjunto parcial de registros, que cumplen o que no cumplen la obligación de dar la imagen fiel, porque este calificativo, según se utiliza en la directiva y en la legislación que la adoptó, es privativo del conjunto de información contenida en las cuentas anuales, sin que quepa afirmar que la imagen fiel es una suma de imágenes fieles parciales, ni que una parte de la información presenta la imagen fiel y el resto, no. Al cumplir las normas contables de cada momento puede, así, no obtenerse una información fidedigna (esto es, que representa lo que dice representar) y, por tanto,

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que cumpla las necesidades de los usuarios. Por esa razón, el objetivo supremo de la imagen fiel obliga a desechar o cambiar las normas si no llevan a la imagen fiel de la empresa, explicándolo adecuadamente, de manera que los destinatarios puedan ejercer su derecho a conocer todo lo relevante de la posición, la actividad y los resultados de la entidad que les importa. Dada la reticencia de elaboradores y auditores de los estados financieros a pasar por alto las normas, de la manera indicada, para conseguir que los estados contables muestren la imagen fiel, puede decirse que se trata de un objetivo en buena parte inédito. Es posible que se añada información adicional, en las notas, pero es muy raro que se derogue una norma, dejándola de cumplir en unos estados financieros, en aras de la imagen fiel, y que además se declare explícitamente que así se ha hecho. Probablemente, los profesionales piensan que es asumir un riesgo, y temen las sanciones o los litigios que conllevaría. Por eso, cuarenta años después de la consagración del objetivo de la imagen fiel en la Cuarta Directiva, sigue siendo una expresión nueva, que demanda atención y pensamiento de los teóricos, a quienes cuesta poco enseñar o escribir sobre normas, y mucho más explicar que la calidad de la contabilidad no está en su apego a las reglas, sino en perseguir principios de relevancia y representación fiel de la realidad. La práctica empresarial y forense, sin embargo, ha tomado buena nota de lo que significa imagen fiel, en el sentido de que nada relevante debe dejar de aparecer en la información financiera pública, y en las discusiones o litigios que tienen que ver con las cuentas anuales; es corriente sostener que no presentan la imagen fiel, aunque se haya cumplido con todas las normas pertinentes. Los auditores, que se ven obligados a emitir un juicio en sus informes sobre si los estados financieros presentan o no la imagen fiel, han encontrado la manera de pronunciarse favorablemente incluso cuando hay salvedades o incertidumbres importantes, aunque en muchos casos su labor sería mucho más valiosa si se atrevieran a decir, sin escrúpulos, que las cuentas anuales con salvedades significativas no presentan la imagen fiel. Aunque todavía largamente incomprendido y mal utilizado, el objetivo prioritario de la imagen fiel, al señalar que la prueba de fuego de la bondad y calidad de la información contable está en algún sitio fuera de las normas y de la propia empresa que las elabora, ha cambiado la posición del profesional, que ahora se debe plantear si la información que elabora, controla, comprueba o comenta cumple los estándares de aceptabilidad, como retrato de la posición y actividad de la empresa, que son necesarios para cumplir con las expectativas y deseos de un usuario externo, de manera que pueda confiar en ellas para cubrir sus necesidades.

3.2 Activo y pasivo: el objeto de la contabilidad financiera Los planes de cuentas españoles del siglo xx respondían a la concepción común, por parte de empresas y profesionales, de que lo importante de la información financiera es el proceso de determinación de la renta empresarial. De esta manera, las

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reglas de periodificación de gastos e ingresos primaban sobre las de valoración de las partidas del estado de situación. Hablando en términos técnicos, se había impuesto una visión economicista, donde la información más importante era la contenida en la cuenta de resultados, mientras que el balance de situación era un estado que se formaba con los saldos que todavía no habían pasado por la cuenta de resultados. Con la aceptación de los postulados del marco conceptual de la información financiera (iasc, 1989), y, en especial, de las definiciones de activo, pasivo, gastos e ingresos, que se incorporaron no solamente al pgc de 2007 sino también al propio Código de Comercio, cambió la orientación de la información financiera de las empresas hacia la preeminencia de recoger la situación de riqueza, siendo la renta el mero producto de la comparación de dos situaciones consecutivas de medición de la riqueza. En contabilidad, esto supone aceptar una posición patrimonialista, opuesta a la economicista anterior (véase, sobre el marco conceptual de la información financiera,. Gonzalo y Garvey, 2017: 114-118). Los ingresos y gastos, en la nueva concepción, se miden por variaciones que tienen lugar en los activos y los pasivos. Por decirlo con un ejemplo sencillo, no es que el gasto de personal haya hecho surgir un pasivo por sueldos y salarios o por la Seguridad Social, sino que el nacimiento de estas deudas en el pasivo hace disminuir los recursos de la empresa (el patrimonio neto), y la forma de reflejarlo es mediante un cargo a la partida de pérdidas y ganancias, dentro del patrimonio contable (un gasto). Los gastos y los ingresos no se miden en sí mismos, sino a través de los cambios del valor de los activos y pasivos. Así, la cuenta de pérdidas y ganancias sirve para recoger las variaciones que, por causa de la actividad no relacionada con los propietarios, se producen en los activos y los pasivos. Como lo importante es medir los elementos del balance y esto produce variaciones continuamente, han aparecido problemas con ingresos y gastos poco habituales, como revaluaciones de activos, ciertos cambios en las provisiones para pensiones o subvenciones de capital, que si se incluyen en las pérdidas y ganancias pueden generar problemas para las empresas, así que los reguladores contables han tenido que recurrir a una dicotomía útil pero poco justificable teóricamente, que consiste en separar los realizados (pérdidas y ganancias) de los no realizados (otro resultado integral). Las pérdidas y ganancias se distribuyen y el otro resultado integral debe ser trasladado a pérdidas y ganancias para ser distribuido. Esta dicotomía, que no sabemos dónde nos llevará, ni cómo podrá resolverse satisfactoriamente, es una consecuencia colateral e indeseada del énfasis sobre el balance y la posición patrimonialista que lo sustenta: el problema que no resuelve tiene que ver con la medida del excedente y con su reparto, que por el momento se ha resuelto con reglas ad hoc, sobre las que no se puede generalizar ni hacer doctrina. El resultado global o integral es más un concepto que está en la mente del regulador y de los académicos que en la conciencia de los hombres de negocios y los profesionales contables, y las cuentas de patrimonio denominadas «otro resultado integral» son un batiburrillo de cargos y abonos imposibles de sistematizar, como no sea aludiendo a que en otro sitio importunan, porque perjudican el rendimiento que quieren presentar los administradores o porque tienen consecuencias tributarias.

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3.3 Valor razonable: la línea en la que se generan las ganancias Hay dos consecuencias muy significativas del uso del valor razonable en contabilidad. Una tiene que ver con la valoración continuada de las partidas y otra, probablemente más importante, con su uso en el reconocimiento inicial de estas. La visión patrimonialista de la información financiera exige valorar cada partida utilizando un atributo relevante, y para los activos no operativos (por ejemplo, muchas inversiones financieras), lo apropiado es utilizar el precio de mercado, o algo que se le parezca si no estuviese disponible (sobre la expresión valor razonable pueden verse los trabajos de Gonzalo, 2007 y 2009). El problema del valor razonable se presenta cuando supone una apreciación de la partida en cuestión y, para solucionar los inconvenientes, la diferencia se puede llevar y, generalmente, se lleva a otro resultado integral, salvo en la cartera de negociación. Ya se ha señalado que esto genera una dicotomía del resultado total difícil de justificar, ya que las reglas que señalan lo que es y no es resultado del ejercicio son muy arbitrarias, porque no persiguen efectos informativos, sino prevenir el reparto de resultados o el pago de impuestos. No obstante, el cambio más importante que supone utilizar el valor razonable viene dado por la exigencia de que la valoración de las transacciones que dan lugar a los activos y pasivos deba ser hecha al valor razonable, no a los precios que las partes hayan pactado en los contratos, lo que supone interponer el precio de mercado (o a una estimación de este) como suprema referencia de los registros contables, de manera que si la contrapartida pagada o recibida es diferente, las partes deben contabilizar pérdidas o ganancias, según sea el caso. La voluntad de quienes pactan las transacciones no determina por sí sola el resultado, sino que se debe contar con un árbitro objetivo, que es la valoración otorgada por el mercado a estas, lo que limita extraordinariamente la atribución del excedente. Para decirlo con pocas palabras, es el juego del mercado el que evalúa las ganancias de cada parte en contabilidad. Este principio, que es general, tiene una aplicación especial en el caso de operaciones intragrupo, puesto que se evita que la empresa dominante coloque los beneficios en las empresas que no los han conseguido mediante la utilización de precios de transferencia.

3.4 Deterioro del valor: cómo pensar en el futuro El término deterioro es muy nuevo, tanto que nos suena a un proceso de degradación física y hemos de añadir un complemento que lo haga inteligible: deterioro del valor. Antiguamente se aludía a «provisiones por depreciación», pero ahora provisión, una palabra de significado equívoco, se usa exclusivamente para deudas con alguna incertidumbre. Los deterioros del circulante, deudores y existencias, han sido objeto siempre de contabilización, lo que no pasaba con la depreciación extraordinaria del inmovilizado, salvo que los precios hubiesen disminuido significativamente. Ahora, el deterioro tiene que ver con la duda de recuperación de la inversión a lo largo de toda la vida

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restante del elemento que la sufre. Esto quiere decir que el experto contable y el auditor debe hace estimaciones futuras de flujos de efectivo, pero no a corto plazo, sino de por vida. El futuro se ha metido en los cálculos y registros contables, que antes presumían de recoger solo cosas que habían pasado. La información contable recoge hechos pasados, eso sí, pero la valoración tiene relación con estimaciones de lo que va a pasar en el futuro, lo que significa un cambio cualitativo de la tarea del profesional, que no solo necesita saber leer las facturas y contratos, sino también las señales del devenir futuro, porque debe plasmarlas en el valor de los activos y pasivos, y en el cálculo del resultado: algo que nuestros ancestros contables ni siquiera hubieran imaginado. Así pues, los deterioros de existencias, deudores, préstamos, acciones y títulos de deuda deben realizarse a partir de estimaciones de los flujos futuros, hasta que las partidas desaparezcan. Para las partidas no monetarias es necesario que se produzca un evento de deterioro (un indicio de depreciación), pero los nuevos derroteros marcan que para las monetarias cada vez es menos necesario tener evidencias de depreciación, porque los créditos incorporan siempre un riesgo de impago, como ha puesto de manifiesto la modificación de la niif 9, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición (iasb, 2014).

4. Problemas de entendimiento entre países de habla hispana Ya se ha descrito la actuación del iasb en lo que se refiere a la traducción al español de las normas internaciones de contabilidad. La aceptación de la traducción inicial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España como base de una única versión al español de las niif significó que la traducción española no partía de cero y que se podría hacer con rapidez. Los institutos profesionales, y supongo que también los gobiernos, en la medida que lo conocieron, aceptaron que la propia Fundación ifrs llevase a cabo la traducción, respaldada por un comité de traducción donde estaban presentes o representados los principales países de habla hispana. La labor del comité consiste en ponerse de acuerdo sobre la traducción de las palabras clave introducidas por cada norma y, cuando luego es traducida, revisar la redacción para que pueda ser entendida por la mayor parte de los usuarios de habla hispana. La existencia de glosarios e índices, en los volúmenes publicados en papel y en formato electrónico, ha ayudado mucho a la adopción de estos nuevos términos, y con ellos la propia ideología de medida e información de las niif, que en no pocas ocasiones es distinta (y, en ocasiones, contraria) a ciertas tradiciones locales. Los países más potentes, como España, Argentina o México, han mantenido su tradición de elaborar normas contables para empresas no cotizadas, pero los términos y conceptos utilizados en las niif, en su versión oficial española, han calado muy hondo en las teorías y prácticas contables. La estandarización es importante, pero no total, porque todavía quedan residuos de las viejas tradiciones contables, que subsisten como rocas ante los mayores huracanes y siguen marcando un cierto estilo local, del que no pocas veces los profesionales hacen gala.

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Estas diferencias que ahora se examinan, y que escogen alguna muestra representativa, son mucho menos importantes que la abrumadora normalización que se ha comentado en el apartado anterior, y no se trata de términos ligados a conceptos diferentes, por lo general, sino de sinónimos enraizados en el vocabulario de cada país, que probablemente no desaparecerán, y que quedan como muestra de la riqueza terminológica de la lengua española, en la que abundan las palabras diferentes para denominar una misma cosa. Se han escogido tres casos muy representativos; el primero tiene que ver con el principio del devengo (acumulación), el segundo con la plusvalía que se paga por un negocio, y el tercero con la forma de designar al resultado empresarial en caso de ser positivo.

4.1 Devengo (acumulación): divergencias sobre el nombre de una hipótesis básica El término devengo, para designar el principio contable que obliga a registrar las transacciones y demás sucesos económicos cuando ocurren, y no cuando dan lugar a flujos de efectivo, es una característica básica de la contabilidad que se puede rastrear desde finales del siglo xix. No es este lugar para explicar las causas ni el origen, de forma detallada, pero sí para señalar que su adopción supone el triunfo de la contabilidad en términos económicos o reales, frente a cualquier otro intento de imponer mediciones estrictamente monetarias de las transacciones. En español, junto con la denominación «devengo» –o también «devengamiento»–, que tiene un origen claramente fiscal, con el objetivo de marcar el momento del tiempo en que aparece una deuda con la Hacienda Pública, convive otro término que es el de «base de acumulación», muy probablemente una traducción literal de accrual basis, expresión utilizada en el argot inglés de los ee. uu. Mientras que en España y en los países de Sudamérica se utiliza el término devengo, tanto en México como en los países centroamericanos es más común el término acumulación. Al aparecer esta expresión, que figura, por ejemplo, en el Marco Conceptual para la Información Financiera (iasc, 1989), dividió en dos mitades el Comité de Traducción al español de la Fundación ifrs, lo que llevó al traductor a dejar ambas versiones como equivalentes, y por eso puede verse en los textos oficiales españoles que se utilizan ambos a la vez, para que cada lector se quede con el que prefiera, que es la mejor manera de no interferir en la comprensión del texto, puesto que quienes usan devengo entienden bastante mal el término acumulación como sinónimo.

4.2 Fondo de comercio / Crédito mercantil / Llave del negocio: cómo llamar a lo inmaterial etéreo Tampoco hay mucho acuerdo para denominar a la ventaja que tiene un negocio sobre sus similares, y que le hace tener más valor para su propietario. En España se

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denomina fondo de comercio, pero en otros países en que se habla español recibe denominaciones muy diversas, como crédito mercantil (México y su área de influencia), llave del negocio o valor llave (Argentina y Paraguay), derecho de llave (Chile), y otras expresiones tan bonitas y sugerentes como susceptibles de confusión entre la audiencia. No es un problema de quienes se expresan en español, porque la misma indefinición se debe de dar en otros idiomas, hasta el punto de que en muchos países prefieren adherirse al término inglés goodwill (que sería, según el Oxford Dictionary, algo así como buena actitud o reputación), que resulta muy atractivo, pero tan etéreo y vacío de significado en sí mismo como los anteriores. También muchos profesionales de habla hispana, aunque solo sea por esnobismo, utilizan ese término inglés. En la traducción de las niif, el comité se topó con este problema y, dado que las propuestas eran muy variadas, decidió buscar un término a medida que superase las limitaciones anteriores. Así se determinó que plusvalía comprada (o plusvalía, a secas) era una buena alternativa para poner de acuerdo a los profesionales contables en español y a las empresas a las que sirven. Aunque esta decisión pareció una solución cuando se tomó en los primeros años del siglo xxi, hasta el momento no parece que haya cuajado en el habla o en los informes financieros de los profesionales contables, que siguen muy apegados a las denominaciones antiguas. Puede ser que a los expertos y a los empresarios les gusten las florituras, aunque sea en los términos técnicos, y denominar a una cosa por lo que es, escuetamente, concede poca libertad a la imaginación: es mucho mejor seguir utilizando descripciones tan poéticas como fondo de comercio (que se debe de referir a la esencia o bagaje del negocio, ligado a su gestor), crédito mercantil (que es una apelación al prestigio del comerciante, en su actividad) o llave del negocio (porque el empresario, cuando cierra la puerta, se lleva con él el secreto de su actividad exitosa). Todas las expresiones anteriores caben en la palabra reputación o fama de un negocio, y también de quien lo lleva. Plusvalía es un término más amorfo, con un significado tan obvio que casi se transparenta. Afirma que hay mayor valor en lo que se paga que en lo que se compra, y quizá le falte una referencia esencial a que la causa de semejante desequilibrio es el factor humano representado por el propietario (por extensión, el gestor) de la empresa. No obstante, podría ser una solución común, porque el lenguaje de los negocios sirve para comunicarnos, no para ganar juegos florales. Mientras buscamos el término único que pueda sustituir a los anteriores, debemos tomarnos la molestia de denominar al caso contrario, sin recurrir a oxímoros como «fondo de comercio negativo» o «crédito mercantil negativo»: no puede ser negativo lo que, en esencia, representa un valor positivo.

4.3 Utilidad/Beneficio: las preferencias de ambos lados del océano Los resultados negativos, en todas las variantes del español, se llaman pérdidas. En cuanto a los positivos, no estamos de acuerdo. En España se utiliza más el término

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«beneficios», mientras que en los países americanos se prefiere el sustantivo «utilidades», que también se utilizaba en España cuando comenzó la imposición sobre las ganancias, en las primeras décadas del siglo xx. Los importantes movimientos de hombres de negocios y académicos entre ambos continentes desde al menos los años noventa del siglo pasado ha hecho que ninguna de las palabras suene extraña en ningún sitio. No obstante, la traducción oficial de las niif evita utilizarlas, porque no es necesario cuando se puede echar mano de otros sinónimos como ganancias o resultados. La palabra beneficio, que es el bien que se hace o se recibe, y también provecho (profit, término francés que luego pasó al inglés) están admitidas como resultado positivo en el Diccionario de la Real Academia Española, en su séptima acepción. Nos llegó probablemente del francés moderno, pero el uso en ese idioma y en español son paralelos, y se refiere al reparto de tierras que se hacía a los nobles y guerreros fieles, y también, por extensión, a lo que ganaban los clérigos cuando obtenían una posición en la Iglesia; las famosas prebendas y canonjías. En los últimos tiempos, el término beneficio, en su acepción primigenia de «provecho», ha resurgido porque está incluido en la definición de activo del marco conceptual del pgc de 2007 («activos son bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro»). En el texto original del marco conceptual del iasc solo se aludía a beneficios, no a rendimientos. Si se ha añadido aquí es, posiblemente, para que nadie piense que cada activo debe relacionarse necesariamente con resultados positivos. También ha irrumpido la utilización de beneficios como denominación de ciertos emolumentos adicionales a los pagos monetarios periódicos, que reciben los trabajadores de la empresa, como el uso de casa o coche, pagos en acciones o incluso el derecho a una pensión cuando dejan de prestar sus servicios a la entidad. El uso es correcto, puesto que emparenta directamente con la idea de los emolumentos eclesiales, pero quienes estén apegados a identificar beneficios con ganancias les costará entender frases tales como «el puesto tiene beneficios adicionales» o «plan de beneficios definidos», que son tan habituales en el lenguaje empresarial. En cambio, utilidad es un término mucho menos ambiguo. En el drae se define como el provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. Por eso vale como producto que se obtiene en un negocio o empresa. Como en los otros términos, parece difícil solventar la cuestión a favor de una palabra u otra. Por una parte, el tiempo probablemente decantará la victoria hacia la que tenga más usuarios. También se pueden pasar por alto una y otra, porque solo valen para el caso de que haya ganancias, y recurrir a un término más polivalente para designar el superávit o déficit que puede mostrar la cuenta de pérdidas y ganancias: el de resultado.

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5. Conclusiones La forma de entender la contabilidad y la información financiera ha cambiado en las últimas décadas y, en consecuencia, ha cambiado la batería de palabras y expresiones que utilizamos, porque es necesario describir de manera distinta una concepción nueva caracterizada por la proyección externa de la información (imagen fiel), la separación contabilidad-fiscalidad y la sujeción de las reglas contables a un marco conceptual, de carácter teórico, que sujeta las posibilidades de regulación arbitraria al introducir elementos tales como activos, pasivos, gastos e ingresos. De esta manera, es decir, como expresiones introducidas para diseccionar e interpretar de forma diferente la realidad, deben entenderse los términos de nuevo cuño, cuyo uso está muy consolidado, como valor razonable, que impone una forma de calcular el resultado poco modificable por las partes que intervienen en una transacción; o deterioro del valor de los activos, que exige estimaciones futuras a lo largo de toda la vida de la partida de activo afectada por la depreciación. La larga tradición contable en español ha permitido hacer frente a este cambio terminológico que, procedente de las niif, se ha extendido a todos los países hispanohablantes, y ha homogeneizado tanto el vocabulario como las formas de identificar, valorar y registrar transacciones y sucesos económicos. Algo que acaba con un par de siglos de aislamiento y divergencia injustificada. No obstante, aún pueden identificarse algunas expresiones que se resisten a ambos lados del océano. Como muestra, pueden mencionarse las dicotomías devengo/acumulación, utilidad/beneficio y, especialmente, los sinónimos del concepto de plusvalía surgida de una combinación de negocios.

6. Bibliografía Dasí González, R.M., V. Montesinos Julve y J.S. Murgui Izquierdo (2014): «La convergencia de los sistemas de contabilidad pública en Europa como escenario para el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales», Revista Española de Financiación y Contabilidad, 164, pp. 424-448. Gonzalo Angulo, J.A. (2007): «Sobre la expresión valor razonable», Revista aeca, 80, pp. 56-58. Gonzalo Angulo, J.A. (2009): «Contabilidad y crisis. La fiabilidad del valor razonable», Revista de Derecho del Mercado de Valores, 4, pp. 41-80. Gonzalo Angulo, J.A. (2014): «La reforma contable española de 2007. Un balance», Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, 17(2), pp. 183-200. Gonzalo Angulo, J.A. y A.M. Garvey (2017): Contabilidad internacional. El iasb y la Unión Europea, Madrid, aeca y Lefebvre. International Accounting Standards Committee, iasc (1979): «Impuesto a las ganancias», Norma Internacional de Contabilidad 12, Londres. International Accounting Standards Committee, iasc (1989): «Marco conceptual para la elaboración de la información financiera», Londres (revisado en 2010 y 2018).

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International Accounting Standards Board, iasb (2014): «Instrumentos financieros. Reconocimiento y medición», Norma Internacional de Información Financiera 9, Londres. Montesinos Julve, V. (1980): Las normas de contabilidad en la Comunidad Económica Europea, Madrid, Ministerio de Hacienda, Instituto de Planificación Contable. Montesinos Julve, V. (1984): Organismos internacionales de contabilidad: funciones y objetivos, Madrid, Ministerio de Hacienda, Instituto de Planificación Contable. Montesinos Julve, V. (2014): «La armonización internacional de la Contabilidad del Sector Público y su repercusión en la Unión Europea», Revista Española de Control Externo, 16(48), pp. 11-17.

EL CONTROL DE SOCIEDADES EN LA NIIF 10 Vicente Serra Salvador Catedrático de Contabilidad Universidad de Valencia

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de Universidad Universidad de Valencia

1. Introducción Las normas españolas para formular cuentas anuales consolidadas, que fueron promulgadas en 2010, estaban armonizadas con las normas internacionales de información financiera entonces vigentes. En particular, el concepto de control con el que se define el perímetro de consolidación está basado en la nic 27 (estados financieros consolidados y separados) y en la sic 121 (entidades de cometido específico ece). Con la publicación de la niif 10 (estados financieros consolidados), que es de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, se introduce un concepto distinto y más amplio de control, puesto que aúna y amplía la idea de control sobre las entidades de cometido específico.2 La nic 27, aunque actualmente sigue en vigor, ya solo se refiere a los Estados financieros separados y, por otra parte, la sic 12 ha sido derogada. En aquellos grupos de sociedades en que los que la «dominante sea una empresa española» se aplicarán las niif si alguna sociedad ha emitido valores cotizados en la ue y, también, cuando ninguna sociedad lo ha hecho, las puede aplicar voluntariamente. En cualquier caso, a los efectos de la definición del grupo3 prevalece lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio y su desarrollo en las Normas para Formular Cuentas Anuales Consolidadas (nfcac), por tanto mientras la normativa mercantil española no se adapte a lo que indican actualmente las niif, la delimitación del perímetro de consolidación basada en el concepto de control actualmente existente, se fundamenta en la nic 27 y la sic 12, y no en la niif 10. Hay un conjunto de niif (10,11 y 12) que se ocupa de diferentes aspectos del control y que entró en vigor a principios de 2013. La niif 10 se ocupa de los estados

Actualmente derogada por la niif 10. Denominadas «entidades de propósito especial» en la normativa española (nfcac). 3 También a los efectos de dispensa de consolidación, memoria e informe de gestión (artículos 43, 48 y 49 del Código de Comercio). 1 2

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financieros consolidados y de las características que tiene el control de sociedades participadas-dependientes. La niif 11 se refiere al control conjunto que trata de la presentación de información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos conjuntos y la niif 12 presenta la información que revelar sobre las participaciones en otras entidades. Es interesante estudiar los cambios en la niif 10, ya que ello constituye un referente para ver hacia adónde evolucionarán las normas de consolidación españolas, y también porque la norma es de obligado cumplimiento para aquellas sociedades dominantes que radiquen en estados miembros de la ue y que ya hayan armonizado su normativa legal con la niif en cuestión.

2. El control según la niif 10 La niif 10 introduce un concepto distinto y más amplio de control, ya que pone el énfasis en la idea de poder y redefine, por tanto, el grupo de sociedades. La propia terminología es más amplia: «inversor»-«participada», frente a los términos «dominante»-«dependiente» que empleaba la nic 27. Los cambios que establece la niif 10 frente a la nic 27 se enmarcan dentro del esfuerzo de las normas internacionales para que los estados contables cumplan con la característica de utilidad para los usuarios, con prevalencia de la esencia sobre la forma.4 Controlar una entidad significa obtener beneficios de sus actividades como consecuencia de dirigir su política operativa y financiera. Tradicionalmente se entiende que el control se puede conseguir de dos formas: –– Disponiendo o pudiendo disponer de más de la mitad del poder de voto en otra entidad. –– Mediante acuerdos contractuales, cuando los derechos de voto o similares no sean el factor decisivo para decidir el control, ya que las actividades relevantes se dirigen por medio de dichos acuerdos. Para las participadas controladas de esta segunda forma se acuña en la niif 12 la denominación de «entidades estructuradas», cuyo concepto inicial ya aparecía en la sic 125 (entidades de cometido específico, ece) puesto que contemplaba que el control podía existir incluso en circunstancias en las que la entidad apenas poseía o no poseía participación alguna en el capital de la ece.

Párrafo 35 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, aprobado por el Consejo del iasc en abril de 1989 y adoptado por el iasb en abril de 2001. 5 Actualmente derogada por la niif 10. 4

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2.1 Condiciones de control en la niif 10 Las condiciones que la niif 10 exige para establecer si un inversor controla a una participada son las siguientes: –– Tener poder sobre la participada. –– La implicación sobre la participada confiere derecho a obtener, o está expuesto a, rendimientos variables. –– Tiene capacidad para influir en los rendimientos que obtiene su implicación en la participada. En síntesis, para que un inversor controle a una participada ha de tener poder sobre esta,6 ha de participar en sus resultados7 y ha de poder influir sobre ellos.8

2.1.1 El poder sobre la participada El poder emana de los derechos en vigor que otorgan capacidad para dirigir las actividades relevantes,9 es decir, las que influyen de manera significativa en los rendimientos. El poder procede de los derechos de voto o de los derechos conferidos por acuerdos contractuales. Normalmente, las actividades relevantes estarán enunciadas en el objeto social de la entidad, si bien este suele ser muy amplio, para evitar la complejidad que conllevan las modificaciones estatutarias. Por tanto, la determinación de qué actividades son relevantes de facto exigirá analizar la cuenta de resultados y, en particular, la información segmentada.10 A título de ejemplo, la niif 10 propone las siguientes actividades que pueden ser relevantes en alguna entidad: compraventa de bienes y servicios; gestión de activos financieros; investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos; y la obtención de fondos y determinación de estructuras financieras. Los derechos de voto pueden ser actuales o potenciales, tanto propios como en manos de terceros. Estos derechos potenciales frecuentemente adquieren la forma de opciones e instrumentos convertibles. Para que los derechos potenciales afecten al análisis del control han de ser sustantivos, esto es, que existan en el momento presente y exista la posibilidad práctica y real de ejercerlos. Se considera que los derechos de voto confieren el control cuando las actividades relevantes se dirigen a través de dichos derechos de voto, de manera que permiten

niif 10, párrafos 10 a 14. niif 10, párrafos 15 y 16. 8 niif 10, párrafos 17 y 18. 9 niif 10, B11-B13. 6 7

La información segmentada, en las normas internacionales, se encuentra regulada en la niif 8, «Segmentos de operación», y en el pgc se hace referencia a la información segmentada en el punto 25 de la memoria. 10

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nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos que deciden sobre dichas actividades. Para que un derecho de voto real o potencial sea sustantivo,11 el titular debe tener la capacidad práctica de ejercitarlo. Habrá que examinar si existen barreras que impiden el ejercicio del derecho, por ejemplo, sanciones financieras o un precio de ejercicio que disuadan al titular de ejercerlo; condiciones que hagan improbable su ejercicio; ausencia de mecanismos razonables o incapacidad de obtener la información que permitan ejercer el derecho; la existencia de disposiciones legales que imposibiliten al titular ejercitar sus derechos. Cuando la titularidad de los derechos corresponda a más de una parte, para que se considere que dichos derechos son sustantivos, debe existir un mecanismo que proporcione la capacidad práctica de ejercitar dichos derechos de manera colectiva. También se puede obtener el control de facto sobre una participada, aun cuando no se ostente la mayoría de los derechos de voto, a través de los derechos obtenidos mediante acuerdos contractuales que permitan gestionar las actividades relevantes. En este caso, el análisis del control examinará los pactos existentes entre los socios para determinar qué inversor tiene poder para gestionar las actividades relevantes.12 Veamos un caso práctico: CASO PRÁCTICO N.º 1 Las sociedades A y B acuerdan constituir una sociedad (Sociedad C) al 50 %, con el objetivo de introducir en un país extranjero los productos que comercializa la sociedad A. La sociedad B es una sociedad residente en el país extranjero donde se quieren comercializar los productos de la sociedad A. Introducir los productos que comercializa la sociedad A en el país extranjero no es fácil, requiere una serie de conocimientos sobre las normativas internas del país y la realización de ciertas gestiones internas en las que es experta la sociedad B. De esta manera, el acuerdo al que llegan la sociedad A y B para la dirección de la sociedad C es el siguiente: –– Durante los cinco primeros años de vida, en los que el objetivo es la introducción en el país extranjero, la dirección de la sociedad C recaerá sobre la sociedad B, ya que como experta en ese país deberá tomar las decisiones sobre las actividades relevantes que determinarán los beneficios obtenidos. –– A partir del sexto año, una vez introducidos en el país extranjero, la dirección y las decisiones sobre el reparto del resultado recaerán sobre la sociedad A, como experta en el producto que se comercializa.

11 12

niif 10, B22-B24. niif 10, B17.

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Con la normativa de la nic 27, la sociedad C era tratada como una sociedad multigrupo, de manera que si consolidara con el grupo de A y B lo haría por el método proporcional o por el procedimiento de puesta en equivalencia. Con la nueva normativa de la niif 10, el poder y, en consecuencia, el control recaerá durante los cinco primeros años en la sociedad B, que en sus cuentas consolidadas incluirá a sociedad C por el método de integración global y, a partir de ese momento, puesto que el control lo ostentará A será esta sociedad la que aplique el mismo tratamiento contable. Aunque en el ordenamiento jurídico español la Ley de sociedades de capital establece que en los estatutos de una sociedad se puede regular «el modo o modos de organizar la administración de la sociedad»,13 pueden existir además los llamados pactos parasociales, es decir, aquellos no contemplados en los estatutos sociales, que pueden ser definidos como «los convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una sociedad con el fin de completar, concretar o modificar, en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que la rigen» (Paz-Ares, 2003). En los pactos parasociales se puede distinguir entre los pactos de relación dirigidos a establecer a favor de algunos o todos los socios derechos de adquisición preferente, obligaciones de ceder o adquirir participaciones en determinadas condiciones, etc.; los pactos de atribución, que se conciertan con el fin de atribuir ventajas a la propia sociedad, por ejemplo, abstenerse de competir con la sociedad u otorgarle la exclusiva de la venta o intermediación de productos de los socios; y los pactos de organización que tienen por objeto el control de la sociedad, ya sea para concentrarlo, distribuirlo o transferirlo, todo ello mediante la reglamentación de la organización, el funcionamiento y el sistema de toma de decisiones dentro de la sociedad. Obviamente, son estos últimos los pactos parasociales de organización más relevantes para la cuestión que nos ocupa.Veamos dos ejemplos: CASO PRÁCTICO N.º 2 El inversor A posee el 70 % de los derechos de voto de una participada. El inversor B posee el 30 % de los derechos de voto de la participada y una opción de compra sobre la mitad de los derechos de voto del inversor A. Dicha opción de compra puede ejercitarse durante los próximos dos años a un precio de ejercicio fijo altamente desfavorable (y que se prevé que continúe así durante el citado período de dos años). El inversor A, utilizando sus votos, dirige activamente las actividades relevantes de la participada. En este caso el inversor A cumple con el criterio de poder, puesto que tiene la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes de la participada. Todo ello pese a que el inversor B posee la opción de compra de derechos de voto adicionales que podría ejercitar y, en su caso, le proporcionarían la mayoría de los derechos de voto

13

lsc artículo 23 e).

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de la participada, pero los términos y condiciones asociados a esas opciones hacen que no se consideren sustantivos. CASO PRÁCTICO N.º 3 El inversor A y otros dos inversores más poseen, cada uno de ellos, un tercio de los derechos de voto de una participada. La actividad empresarial de la participada está estrechamente relacionada con el inversor A. Además de sus instrumentos de patrimonio, el inversor A posee instrumentos de deuda convertibles en acciones ordinarias de la participada en cualquier momento y a un precio fijo que, aunque ahora resulta desfavorable, no es altamente desfavorable. Si convirtiese los instrumentos de deuda, el inversor A pasaría a poseer el 60 % de los derechos de voto de la participada. Además, en caso de convertir la deuda en acciones ordinarias, el inversor A se beneficiaría de las sinergias logradas, como consecuencia de que la empresa y el inversor A tiene una actividad muy relacionada. El inversor A tiene poder sobre la participada, puesto que posee un porcentaje de derechos de voto que, junto con los derechos potenciales de voto que consideramos que tienen un carácter sustantivo, le otorgan la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes. Podemos concluir que existe una diferencia en el cómputo de los derechos de voto, con el tratamiento de la anterior nic 27. Con la niif 10, los derechos de voto solo afectan al análisis si son sustanciales, es decir, su tenedor tiene la posibilidad práctica y real de ejercerlos. Estos dos ejemplos son indicativos de que la determinación de quién tiene el poder, en algunos casos, no es algo inmediato, y tiene una carga subjetiva importante. Se debe tener información sobre cuestiones que a veces no están al alcance de cualquier usuario, como la intención de los socios, las posibilidades de ejercer sus derechos, algunos de los cuales pueden ser parasociales (fuera de estatutos), etc. Para dictaminar si el inversor tiene poder para controlar la participada, se deberá obtener evidencia sobre la capacidad práctica de dirigir las actividades relevantes de manera unilateral. A título de ejemplo, se podrían considerar hechos tales como que el inversor puede nombrar o aprobar a los directivos que dirigen las actividades relevantes, dar instrucciones para que efectúe transacciones significativas o que el personal clave en la dirección está vinculado al inversor. Hay algunas operaciones que manifiestan una relación especial entre el inversor y la participada, ya que suponen una intervención activa en ella, como son financiar o garantizar una parte importante de las operaciones de la dependiente, abastecerla de tecnología, de materias primas, de suministros o servicios esenciales, controlar activos cruciales (por ejemplo, licencias o marcas comerciales), o cuAndo el personal del inversor posee conocimientos especializados sobre operaciones de la participada. Hay que prestar especial atención sobre el posible poder del inversor sobre la participada cuando aquel tiene derecho a unos rendimientos variables (por ejemplo, más del 50 %), desproporcionadamente mayores que los derechos de voto que ostenta (por ejemplo menos de un 50 %).

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En el cuadro siguiente, se resumen las diferencias principales de la niif 10 con la normativa española actual: Diferencias sustanciales en el concepto de control entre la niif 10 y la normativa española Concepto

Concepto de control

Relaciones Objetivo

NIIF 10

Normativa española

– Basado en el poder para dirigir políticas relevantes. – Obtener beneficios de sus actividades como consecuencia de dirigir sus políticas operativas y financieras. – Estar expuesto a rendimientos variables. – Capacidad para influir en los rendimientos. – Se basa en disponer de la mayoría de los derechos de voto o acuerdos para obtener la mayoría de los derechos de voto actuales o potenciales. – Los derechos de voto potenciales tienen que ser sustanciales (que exista en el presente posibilidad real y práctica de ejercitarlos y desee hacerlo). – Acuerdos contractuales que permitan gestionar las actividades relevantes cuando los derechos de voto no sean el factor decisivo (Entidades estructuradas). – Inversor-participada. – Más amplio. – Utilidad. – Preeminencia de la esencia sobre el fondo.

– Basado en presunciones de control. – Se basa en mayoría de derechos de voto. – Acuerdos contractuales para tener la mayoría de los derechos de voto. – Pueden existir «pactos parasociales» para obtener la mayoría de los derechos de voto. – Se toman los derechos de voto potenciales sin tener en cuenta ni la intención ni la capacidad para ejercitarlos.

– Dominante-dependiente.

2.1.2 El derecho del inversor a obtener rendimientos variables en la participada Los rendimientos que obtiene el inversor por su implicación en la participada, que pueden ser positivos, negativos o ambos, pueden variar en función de la evolución económica de la participada, y no se limitan solo a los rendimientos habituales por tenencia de instrumentos de patrimonio (acciones o participaciones sociales), sino que tendríamos que considerar también los siguientes (Jónsdóttir, 2011: 6): –– Dividendos, otras distribuciones de beneficios económicos (por ejemplo, intereses sobre instrumentos de deuda) y los propios cambios en el valor de la inversión. –– Remuneración por servicios de administración, comisiones y exposición a pérdidas por proporcionar crédito, beneficios fiscales, acceso a liquidez derivado de su inversión, etc.

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–– Retornos que no estén al alcance de otros inversores, como pueden ser las economías de escala (reducción de costes), acceso a materiales o productos escasos o de difícil obtención, el acceso a conocimiento exclusivo (know-how), sinergias, etc. Aunque en muchas ocasiones los rendimientos o retornos obtenidos son un indicio de control, la magnitud de los retornos no determina por sí misma el poder de un inversor. Si el inversor tiene poder pero no puede beneficiarse de este, no tiene control. Si el poder que ostenta el inversor no puede utilizarse para dirigir las actividades relevantes, esto es, aquellas de las que se desprenden significativamente los retornos, no tiene el control de la participada. No son sociedades dominantes aquellas que obtienen rendimientos de otras, por mucha importancia relativa que tengan estos rendimientos, aunque sean consecuencia de contratos de préstamo, de franquicia, de licencia (regalía o royalty) y, en general, de contratos de servicios, que generan intereses, arrendamientos, cánones u otros rendimientos. Obsérvese que, aunque los rendimientos de estos contratos (intereses o cuotas, en general) no fueran fijos sino variables, estos lo serían en función de la evolución de la economía en general o de la evolución de la participada, pero en ningún caso se cumpliría la condición enunciada, ya que el inversor-tenedor de los contratos antes mencionados no puede influir en los rendimientos de la sociedad prestataria, franquiciada, etc. Tampoco tendrá poder sobre la dependiente el inversor prestamista, aunque disponga de los llamados derechos de protección14 que le permitan algún grado de actuación sobre los activos de la dependiente. Por ejemplo, un prestamista en virtud de dichos derechos de protección puede tener capacidad para impedir/limitar que el prestatario lleve a cabo ciertas actividades o incluso embargarle activos en ciertas condiciones o impedir la emisión de instrumentos de patrimonio o deuda que puedan alterar el riesgo crediticio. CASO PRÁCTICO N.º 4 Supongamos que las sociedades A, B, C y D son socios de la sociedad Z. De todas estas sociedades, la mayoría de los derechos de voto la tiene la sociedad D, pero es la sociedad A la que financia mayoritariamente a la sociedad Z, de manera que su futuro depende de esta financiación. ¿Es esto una evidencia de control de A sobre Z? En principio no, pero esta situación cambiaría si la sociedad A, para proporcionar la ayuda financiera, formalizara un préstamo participativo con la sociedad Z que contuviera una cláusula que estableciera que la sociedad A nombrará a los miembros del equipo de dirección que controla las actividades relevantes, aprueba los presupuestos y reparte el excedente empresarial.

14

niif 10, B26-B28.

el control de sociedades en la niif 10 113

Esta situación muestra que los derechos de voto aquí no son relevantes, ya que la sociedad A, con menos participación que D, posee: 1. Poder sobre las actividades relevantes de la participada. 2. Por lo tanto, poder para influir en los rendimientos de la participada. 3. Tiene derecho a rendimientos variables y, además, aprobará el reparto del excedente. En consecuencia, podemos decir que el control de Z es ejercido por la sociedad A. Con respecto al caso de las franquicias, el franquiciador también suele disponer de ciertos derechos de protección de la marca de franquicia, por los que tiene alguna capacidad de adoptar decisiones sobre las operaciones de la franquiciada. No obstante, la sociedad franquiciada normalmente dispone de capacidad plena para dirigir sus actividades relevantes, ya que por el contrato de franquicia el franquiciado gestiona el negocio por su propia cuenta, aunque de conformidad con los términos del acuerdo de franquicia. En definitiva, para evaluar si el franquiciador realmente controla o únicamente tiene derechos de protección podemos decir que, cuanto menor sea el apoyo financiero que proporcione el franquiciador y más baja sea su exposición a la variabilidad de los rendimientos del franquiciado, es más probable que el franquiciador no ejerza el control y únicamente tenga derechos de protección.15

2.1.3 Capacidad para influir en los rendimientos de la participada Esta condición se da cuando el inversor tiene derecho a adoptar decisiones trascendentes. Esto significa que en la participada el inversor actúa como un principal, y no como un agente, utilizando su poder para influir en los rendimientos que obtiene en la participada. Un agente es aquel que tiene un poder delegado y actúa en nombre y beneficio de otro u otros (principal); por tanto, al ejercer su facultad de adopción de decisiones no tiene realmente el control de la participada. Aunque el principal haya delegado en el agente la capacidad de tomar decisiones sobre las actividades relevantes, es el principal el que conserva el poder. Para determinar si una entidad actúa en una participada como principal o agente habrá que considerar la relación que existe con la participada gestionada y otras partes que tengan implicación en la participada, y en particular analizar los siguientes factores: –– El alcance de la facultad de adopción de decisiones, examinando las actividades sobre las que se puede actuar en virtud del acuerdo y de la legislación aplicable. –– Los derechos sustantivos en poder de terceros y que pueden afectar a la capacidad del responsable de tomar decisiones sobre las actividades relevantes de la 15

niif 10, B29-B33.

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participada. En particular, la existencia de derechos sustantivos de revocación en poder de terceros puede ser un indicativo de que el responsable de tomar decisiones actúa como un agente. –– La remuneración y variabilidad de los retornos, que percibe el responsable de tomar decisiones, sobre los rendimientos de las actividades de la participada. Cuanto mayor sea, será más probable que actúe como principal. –– La exposición del responsable de tomar decisiones a la variabilidad de los rendimientos de otras inversiones en la participada. El hecho de tener otras participaciones podría indicar que el responsable de adoptar decisiones podría estar actuando como principal. Veamos dos ejemplos más para determinar si el inversor actúa como principal o como agente.16 CASO PRÁCTICO N.º 5 Un gestor de un fondo crea, comercializa y gestiona un fondo regulado, que cotiza en bolsa conforme a parámetros definidos, estrictamente en el mandato de inversión tal como lo exigen las disposiciones legales y reglamentarias locales. El fondo se comercializó como una inversión en una cartera diversificada de instrumentos de patrimonio de entidades que cotizan en bolsa. El gestor del fondo tiene capacidad para decidir en qué activos invertir y ha realizado una inversión proporcional del 10 % en el fondo y recibe una comisión a precio de mercado por sus servicios igual al 1 % del valor neto del activo del fondo. Las comisiones son acordes con los servicios prestados. El gestor no tiene ninguna obligación con respecto a las pérdidas que pueda generar el fondo, más allá del 10 % que ha invertido. No se le exige al fondo la creación de un consejo de administración independiente (y no se ha creado dicho órgano). Los inversores en el fondo no poseen derechos sustantivos que puedan afectar a la facultad de adopción de decisiones del gestor del fondo, pero pueden rescatar sus participaciones dentro de los límites especificados por el fondo. Pese a operar dentro de los parámetros especificados en el mandato de inversión y de conformidad con las disposiciones reglamentarias, el gestor del fondo posee derechos de adopción de decisiones que le confieren la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes del fondo, ya que los inversores no tienen derechos sustantivos que puedan afectar a la facultad de adopción de decisiones del gestor del fondo. Este último cobra una comisión acorde con el mercado por sus servicios y dicha comisión es proporcional a los servicios prestados. Además, el gestor ha realizado una inversión proporcional en el fondo. La remuneración y su inversión exponen al gestor del fondo a la variabilidad de los rendimientos de las actividades de este, sin crear una exposición tan significativa que pueda indicar que el gestor del fondo está actuando como principal. 16

Estos dos ejemplos están tomados literalmente de la niif 10. Ejemplos 13 y 14.

el control de sociedades en la niif 10 115

En este ejemplo, el examen de la exposición del gestor del fondo a la variabilidad de los rendimientos de este, junto con su facultad de tomar decisiones dentro de parámetros estrictamente definidos, indica que dicho gestor está actuando como agente. Por tanto, el gestor no tiene el control del fondo. CASO PRÁCTICO N.º 6 Un gerente crea, comercializa y gestiona un fondo que proporciona oportunidades de inversión a diversos inversores. El responsable de adoptar decisiones (gestor del fondo) debe adoptar decisiones que persigan el interés superior de todos los inversores y que se ajusten a los acuerdos que rigen el funcionamiento del fondo. No obstante, el gestor del fondo goza de amplia discreción para tomar decisiones. Recibe una comisión a precio de mercado por sus servicios igual al 1 % de los activos que gestiona y el 20 % de los beneficios del fondo en caso de alcanzar un nivel de ganancia especificado. Las comisiones que percibe el gestor son proporcionales a los servicios prestados. Aunque debe tomar decisiones que persigan el interés superior de todos los inversores, el gestor del fondo cuenta con una amplia facultad de toma de decisiones que le permite dirigir las actividades relevantes del fondo. Recibe unas comisiones fijas y variables (en función del rendimiento del fondo) que son proporcionales a los servicios prestados. Además, la remuneración que percibe alinea los intereses del gestor del fondo con los del resto de inversores para incrementar el valor del fondo, sin crear una exposición tan significativa a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del fondo que la remuneración, considerada de manera aislada, indique que el gestor del fondo actúa como principal. Obviamente, estos ejemplos ponen de manifiesto que determinar si el gestor actúa como principal o agente, no está desprovisto de subjetividad, y habrá que decidir en función de las condiciones que se produzcan en el contrato con el gestor del fondo.

2.2 El control sobre partes de una participada Se trata de determinar si una entidad tiene el control sobre una parte de otra entidad considerada por separado; por ejemplo, sería el caso de un establecimiento permanente en el extranjero, que no es una entidad distinta pero que funciona con autonomía. De este modo, nos encontraríamos ante la situación de que una entidad pudiera controlar solo una parte de una entidad. La niif 1017 indica que esta situación se producirá, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

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niif 10, párrafo B77.

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–– La parte que se considera tiene autonomía suficiente, de manera que sus activos y pasivos se encuentran separados del resto y forman una unidad. –– La parte separada genera sus propios flujos de efectivo y no pueden ser utilizados por el resto. –– En definitiva, forman una unidad económica de forma autónoma, que la niif 10 denomina «silo». En el caso de que se produzcan las anteriores condiciones, el inversor cuantificará si tiene poder para efectuar el control sobre el «silo», de manera que se cumplan las condiciones para ello: dirige sus actividades, está expuesta a los rendimientos variables y puede influir en sus rendimientos. Si el dictamen establece que hay control, el inversor consolidará el «silo» (la parte correspondiente de la entidad), la cual no podrá ser consolidada por otros inversores.

2.3 Entidades de inversión: Una excepción a la consolidación de dependientes La niif 1018 define lo que denomina «entidades de inversión», las cuales, por norma general (salvo una excepción), no van a consolidar sus dependientes por la excepción prevista en la norma, y optan por la presentación de las cuentas de la entidad de inversión por el valor razonable. En primer lugar, determinaremos qué se entiende por entidad de inversión, y después comentaremos la excepción mencionada. Una entidad de inversión es una entidad que: –– obtiene fondos de uno o varios inversores con el objeto de prestar a esos inversores servicios de gestión de inversiones; –– se compromete, con su inversor o inversores, a tener como objetivo económico la inversión de fondos con el único propósito de obtener rendimientos derivados de plusvalías, rentas de inversiones, o ambas cosas. Exige que el objetivo de la entidad consista en invertir con el único propósito de obtener plusvalías, rentas de inversiones (tales como dividendos, intereses o ingresos por rentas de alquiler, o ambas cosas), y –– valora y evalúa el rendimiento de la práctica totalidad de sus inversiones sobre la base de su valor razonable. Una característica que distingue a las entidades de inversión de otras entidades es que aquellas no proyectan mantener sus inversiones de manera indefinida, sino tan solo por un plazo de tiempo limitado, y, por lo tanto, poseen estrategias de salida. Para ello, la entidad determinará si posee las siguientes características, que son típicas de este tipo de entidades: –– tiene más de una inversión; 18

niif 10, párrafos 27-33 y B85A-B85M.

el control de sociedades en la niif 10 117

–– cuenta con más de un inversor; –– cuenta con inversores que no son partes vinculadas a la entidad, y –– posee participaciones en la propiedad en forma de instrumentos de patrimonio o participaciones similares. No obstante, la ausencia de cualquier de las características típicas anteriores no impide necesariamente que la entidad no se considere entidad de inversión, de manera que se informe debidamente de ello en la memoria. Una vez determinada que la entidad es una entidad de inversión, se aplicará la exención de consolidar, de manera que no consolidará sus dependientes cuando obtenga el control de otras entidades. Ahora bien, hay un caso según la niif 1019 en el que la entidad de inversión sí debería consolidar a la dependiente. Esto ocurre cuando la dependiente presta servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión, como servicios de asesoramiento en materia de inversiones, gestión de inversiones, ayuda a la inversión y servicios administrativos. En estos casos, la entidad de inversión deberá consolidar dicha dependiente.


3. Adaptación de la normativa contable española con la niif 10 Desde el principio, las normas para formular cuentas consolidadas en España han tratado de estar armonizadas con las normas internacionales de contabilidad, y, finalmente, con la nic 27, que hasta la aparición de la niif 10 fue la referencia para las cuentas consolidadas. Es razonable pensar que, en un futuro próximo, se produzca la correspondiente adaptación de las nfcac a la mencionada norma internacional. A nuestro juicio, habría que revisar, al menos, los siguientes puntos (Serra y Labatut, 2017): 1. El contenido del artículo 2 de las nfcac (presunción de control), en particular del punto 2.2, en el que se describen circunstancias de control aunque la dominante no tenga poder de voto. Aunque decimos que las nfcac constituyen un desarrollo de lo dispuesto por el Código de Comercio en su sección tercera sobre la presentación de las cuentas del grupo, la redacción del párrafo segundo del artículo 2 de las nfcac actualmente no se corresponde con ninguna disposición del Código de Comercio, sino que hace una trasposición de lo que establecía la sic 12 sobre las «Entidades de cometido específico», a las que denomina «Entidades de propósito especial». 2. Puesto que la redacción actual del párrafo segundo del artículo 2 de las nfcac no constituye un desarrollo del artículo 42 del Código de Comercio, no debería ser problemático su cambio para dar cabida a las ideas que introduce la niif 10, en lo referente a los acuerdos contractuales (pactos parasociales) cuando a través de ellos un inversor consigue el control de las actividades relevantes.

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niif 10, párrafo 32.

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3. Ampliar la información segmentada exigida por el pgc en el punto 25 de la memoria, revelando datos sobre, no solo la cuantía de cada categoría de actividades, sino también el posible controlador de las mismas en virtud de pactos parasociales. 4. En cuanto a la técnica de la consolidación, habría que replantear el cálculo del resultado de la sociedad dependiente atribuido a la sociedad dominante, en el caso de que no hubiera proporcionalidad entre el porcentaje de títulos poseídos y el porcentaje de resultado atribuido a la dominante.

4. Bibliografía International Acounting Standard Board (1998): Comité de Interpretación de normas. SIC 12. Entidades de Cometido Específico. International Acounting Standard Board (2001): Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros. International acounting standard board (2008): Estados Financieros Consolidados y Separados. International acounting standard board (2014): NIIF 10. Estados Financieros Consolidados. International acounting standard board (2015): NIC 27. Estados Financieros separados. Jónsdóttir, H. E. (2011): «Actualización Contable tercer trimestre 2011», Ernst & Young, p. 6. Ley de sociedades de capital (2010): Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Paz-Ares, C. (2003): «El enforcement de los pactos parasociales», Actualidad jurídica Uría & Menéndez, 5. Serra Salvador, V. y G. Labatut Serer, (2017): «Un nuevo concepto de control en la NIIF10», Revista Contable, octubre 2017), pp. 66-76.

LA CONTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

HACIA UNA INFORMACIÓN CONTABLE INTEGRADA UNA PROPUESTA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA REFERIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA Pablo Aguilar Conde Universidad de Burgos

Begoña Prieto Moreno Universidad de Burgos

1. Introducción La reciente incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/95/ue del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, en lo que respecta a la divulgación de información no financiera por parte de determinadas empresas y determinados grupos, a través del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre (boe 25/11/2017), junto a la publicación en septiembre de 2017 del libro El final de la contabilidad, de los profesores Baruch Lev y Feng Gu, nos llevan a plantearnos la presente colaboración en el libro homenaje al profesor Vicente Montesinos, en la que abordamos, desde el punto de vista de la información contable y la responsabilidad social de las empresas, uno de los principales retos de la contabilidad de nuestro siglo xxi: cuál es la ampliación y mejora del contenido informativo de los estados contables que depositan las empresas en el registro mercantil. Con tal fin hemos dividido el trabajo en cinco apartados. Así, tras este primero introductorio, el segundo servirá para enmarcar conceptualmente y legalmente la información no estrictamente financiera dentro del marco de la responsabilidad social de las empresas. En el tercer apartado, resumiremos un estudio descriptivo que analiza las pretensiones que tienen los representantes de los trabajadores sobre la utilidad de la información contable en el marco de la negociación colectiva de convenios de empresa. Con base en este estudio, en el cuarto apartado apuntaremos algunas propuestas para mejorar los estados contables en lo referente a la inclusión de información no financiera, concretamente en cuestiones relativas al personal de las empresas. Por último, el quinto apartado sintetiza las conclusiones del conjunto.

2. Marco teórico y legal La empresa, como organización, tiene una responsabilidad con los grupos de interés y la sociedad en general. Responsabilidad que puede ser entendida como una

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especie de contrato moral con los stakeholders, lo que supone un cambio de actitud de la empresa, ya que la información que debe suministrar no debe ir solo enfocada hacia directivos y accionistas, sino también al resto de grupos de interés que configuran el modelo de empresa plural y dinámica. Dentro de las actitudes informativas de la empresa, en este escenario de responsabilidad social corporativa, proponemos situarnos más allá de las actitudes reactivas, defensivas y acomodaticias para posicionarnos en una actitud proactiva, por la cual toda la información que transmite la empresa debe adaptarse a las exigencias de la sociedad en general. Esta situación exige el seguimiento de unos principios básicos, que rijan el comportamiento socialmente responsable de las organizaciones, destacando en nuestro marco de amplitud informativa el principio de transparencia en el acceso a la información. En este escenario de información han aparecido diferentes formatos: memorias de sostenibilidad independientes, memorias integradas, informes anuales, informes relativos a una determinada norma internacional o memorias en línea; situación que nos da pie a la pretensión de ampliar el contenido informativo de los estados contables de las empresas. Pero esta información debe cumplir con una serie de requisitos para poder hacer frente a los principales problemas de este tipo de información, de cantidad y calidad. Por un lado, la elevada extensión de los informes y, por otro, el uso interesado de la información con un claro desequilibrio hacia mostrar los aspectos positivos. Han sido varios los intentos de facilitar un cuadro de indicadores que en la mayor parte de los casos exige tomar datos de diferentes fuentes de información, con lo cual puede quedar en entredicho la fiabilidad de esta información; pero con un planteamiento similar al de la información contable obligatoria podría solventarse esta deficiencia. El uso por gran parte de las empresas del informe integrado facilita esta información amplia; al igual que el intento regulador a través de la Orden ecc/461/2013, de 20 de marzo, que determina el contenido y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores; también la Directiva 2014/95 ue, que plantea un estado no financiero sobre modelo de negocio de la empresa, la descripción de las políticas y procedimientos de diligencia debida sobre ciertos aspectos, los principales riesgos sobre los aspectos anteriores, e indicadores clave de resultados no financieros (kpi). La trasposición de esa Directiva al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto-ley 18/2017 pretende aumentar la confianza de los grupos de interés en la información en un sentido amplio, es decir, incorporando esta información no financiera. Esta divulgación contribuirá a gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Dentro de la información no financiera, las empresas deben incorporar información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, con respecto a los derechos humanos y a la lucha contra la co-

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rrupción y el soborno. Es en el entorno de la información relativa al personal donde consideramos que los estados contables deben incluir información no financiera de especial relevancia que realmente facilite el enjuiciamiento del grado de responsabilidad social corporativa de las empresas por parte de los diferentes usuarios de esta información o grupos de interés de las empresas. Sin embargo, aun cuando la exposición de motivos del Real Decreto-ley 18/2017 recoge diferentes referencias sobre las que poder informar en relación con el personal –medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de estas comunidades–; en las modificaciones aprobadas del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades de Capital, no se recoge expresamente el listado de toda esta nueva información obligatoria. Por otra parte, el ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera de este Real Decreto se limita, entre otras, a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones que, de manera simultánea, tenga la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente, se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, es decir, cuyo importe neto de la cifra de negocios, total activo y número medio de empleados determine su cuantificación en este sentido; no habiendo previsto ningún tipo de información no financiera en formato abreviado para las empresas que queden fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto.

3. Breve apunte empírico Con el fin de poder disponer de datos objetivos sobre el uso de la información contable en las relaciones laborales y perfilar la propuesta de información ampliada, que sería deseable en el ámbito laboral de cada empresa, revisamos más de 300 convenios colectivos de empresa en la provincia de Burgos entre los años 2002 y 2016, realizamos encuestas a los responsables de recursos humanos adheridos a la red de directores de personal de empresa de Castilla y León y nos entrevistamos con los sindicatos más representativos de la provincia de Burgos. A partir del análisis realizado podemos destacar brevemente los siguientes resultados: –– Apenas son una cuarta parte de estas empresas las que aluden a la información contable como referencia para fijar la revisión salarial o, indirectamente, para establecer la valoración de la paga de productividad, entre otras remuneraciones variables. Esto nos lleva a buscar esa otra información que se utiliza por las tres cuartas partes de las empresas para establecer, entre otros aspectos, la revisión salarial.

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–– Los responsables de recursos humanos de las empresas de Castilla y León consideran los factores económicos empresariales o sectoriales, y no los generales, como los más importantes para llevar a cabo la negociación colectiva del convenio de empresa. Así, la referencia más valorada por parte de los directores de recursos humanos para establecer la revisión salarial es la información económica de la propia empresa y no el ipc. Dentro de esta información económica de la propia empresa, se considera esta información en sentido amplio, es decir, información financiera e información no financiera. –– Los sindicatos no coinciden con la respuesta dada por los directores de recursos humanos. Consideran que la referencia más aceptable es el ipc, ya que no consideran que la información contable de la empresa refleje la verdadera situación de cada empresa, sobre todo teniendo en cuenta que los grupos de empresas pueden derivar resultados de una a otra. Sin embargo, es importante la concienciación que muestran los sindicatos hacia la productividad, sin duda porque estos años han podido sentir cómo esa productividad puede hacer mantener el empleo, y así ver recompensado su esfuerzo dentro de los mejores resultados «internos» de las empresas. Solo si la información contable fuera en sentido amplio, es decir, incluyera, además, información no financiera, la considerarían como verdadera imagen fiel de la empresa, en tanto en cuanto para los agentes sociales los estados contables actuales no recogen en absoluto la verdadera imagen fiel de la empresa. Es tan evidente su apuesta por la información contable ampliada, que, si pudieran confiar en ella, les parecería aceptable tomarla como referencia siempre y cuando lo fuera tanto para moderar las peticiones salariales con situación económica negativa como para hacerles partícipes en los resultados positivos de cada empresa. Las empresas con circunstancias económicas negativas son propensas a poner de manifiesto y utilizar estas circunstancias negativas para minimizar la revisión salarial; sin embargo, no se observa este comportamiento cuando la situación económica es positiva. Por el contrario, los trabajadores, a pesar de las dudas que plantean ante la información económica de las empresas, sí estarían dispuestos a considerar la situación económica de la empresa en cualquier circunstancia, especialmente si se les diera participación en los resultados positivos. Esta actitud parece más apropiada para incentivar comportamientos que permitan la consecución de objetivos comunes para las partes. Al fin y al cabo, lo que busca la divulgación de la información no financiera de las empresas es aumentar la confianza de los grupos de interés hacia la empresa y gestionar el rendimiento de las empresas. Circunstancia que bajo nuestro punto de vista se conseguiría con unos estados contables ampliados que pueden facilitar el cambio de modelo retributivo de las empresas, superando el concepto de retribución fija e incluso el de retribución variable o de recompensas obtenidas al evaluar el rendimiento del trabajador; para dirigirnos hacia un modelo de retribución basado en incentivos, que son conceptos retributivos conocidos de antemano, impulsando al trabajador a la realización óptima de la tarea, con un claro componente motivacional.

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4. Propuesta informativa La información contable circunscrita al ámbito laboral queda relegada a su inclusión dentro del activo del balance de situación de la empresa –por su potencial aplicación como activo intangible para casos específicos; por la inclusión de gastos de personal dentro del inmovilizado material o inmaterial ante la aplicación de trabajos realizados por la empresa para este, en el supuesto de que así proceda, etc.– y a su reflejo dentro de los créditos/débitos asociados al personal de la empresa. Por otra parte, el conjunto de gastos de personal de la empresa aparece reflejado dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias e incorporados dentro de los aspectos informativos de la memoria que se refieren a retribuciones a largo plazo, al personal y al número de personas empleadas. Esta propuesta de ampliación del contenido informativo de los estados contables podría servir para establecer el valor del capital humano de la empresa, lo que de alguna manera llenaría de contenido la tan manida afirmación de que el mayor valor de la empresa es su personal. Así, creemos necesario incluir la siguiente información referente al personal de la empresa: –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Descripción de la relación de puestos de trabajo. Tipo de empleo: temporalidad, jornada, etc. Desglose de número de empleados por sexo y edad. Horas dedicadas a formación. Absentismo. Medidas de conciliación de vida laboral y familiar. Desglose del total de remuneraciones: fijas y variables. Índice de igualdad en retribuciones para hombres y mujeres. Detalle de otros gastos de personal. Valoración del clima laboral.

Adicionalmente, consideramos muy relevante que las empresas informen del reparto que realizan del excedente o resultado líquido anual entre al menos los siguientes grupos de interés internos de la empresa: accionistas, administradores y empleados. Esta información obligatoria podría basarse en la siguiente propuesta: –– Accionistas: dividendos totales percibidos con porcentaje sobre el resultado neto. –– Administradores: retribución total con porcentaje sobre el resultado neto. Media, mediana y moda de la retribución de los administradores con valor de desviación típica. –– Empleados: retribución total percibida con desglose entre retribución fija y variable y que incluya el porcentaje sobre el resultado neto. Media, mediana y moda de la retribución de los empleados con valor de desviación típica.

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5. Conclusiones La información contable ha estado marcada sobre todo por su utilidad para los inversores dentro de un escenario proteccionista; sin embargo, consideramos que no puede quedar circunscrita solo al grupo de interés de los accionistas, sino que debe ampliarse al resto de stakeholders, lo que sin duda exige la ampliación de este contenido informativo. La dificultad en el tratamiento contable de los activos intangibles y el uso de estimaciones y otros valores no registrados nos llevan a sugerir que el nuevo contenido informativo sea en su mayor parte extracontable. Proponemos que toda esta información ampliada, junto a algunos indicadores clave, pasen a formar parte de la memoria que depositan las empresas junto al resto de cuentas anuales en el registro mercantil, para así dotar a esta información de relevancia, homogeneidad, comparabilidad y posibilidad de verificación por parte de los auditores de cada empresa, ya que consideramos que el actual formato de información integrada no cumple con la premisa básica de expresión de la imagen fiel de la empresa. Toda esta información así planteada serviría perfectamente para poder ser utilizada en la medición del potencial valor de cada compañía y servir al verdadero objetivo de la empresa: la creación de valor sostenible.

6. Bibliografía AECA (2004): Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa, Madrid, Documento AECA número 1, Comisión de Responsabilidad Corporativa. AECA (2010): Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa, Madrid, Documento AECA número 7, Comisión de Responsabilidad Corporativa. AECA (2012), Información integrada: el cuadro integrado de indicadores (cii–fes) y su taxonomía XBRL, Madrid, Documento AECA número 7, Comisión de Responsabilidad Corporativa. España, Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015. De 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Boletín Oficial del Estado, 25 de noviembre de 2017, núm. 287, pp. 114344-114352. Lev, B. y F. Gu (2017): El final de la contabilidad, Madrid, Editorial Profit.

EL PERFIL DEL EXPERTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS NUEVOS RETOS Y CUESTIONES QUE AFRONTAR Ana J. Bellostas

Universidad de Zaragoza

Francisco J. López-Arceiz Universidad Pública de Navarra

1. Introducción En 2011, la International Federation of Accountants –ifac– realizaba un llamamiento para reforzar a nivel nacional e internacional la regulación de la profesión contable (Posición de Política de la ifac n.º 1, 2011), en el que destacaba que esa iniciativa sería una contribución beneficiosa tanto para la economía como para las sociedades. Una regulación profesional debe establecer requisitos en términos de capacidades y competencias trasversales para acceder al ejercicio de la profesión, así como sistemas de control y seguimiento de la actividad profesional, un código ético de obligado cumplimiento y un sistema de sanciones ante posibles irregularidades del profesional. Entre los posibles modelos de regulación de la profesión contable, existe una tendencia a aplicar la autorregulación a través de organizaciones profesionales, que operan bajo la supervisión gubernamental. En España, hasta hace pocos años, la profesión contable ha carecido de una clara regulación, y sus competencias estaban atribuidas al perfil tradicional de economista (Decreto 871/1977, de 26 de abril). Hoy en día, la dinámica de cambios que experimenta el mundo de las organizaciones exige al profesional diseñar servicios singulares, apoyados por conocimientos especializados. Para dar respuesta a esta realidad, se impulsa el título de Experto Contable, al que accede toda aquella persona que cumpla con unos requisitos de índole académica, de conocimientos y de práctica profesional. Estos requisitos forman los sistemas de acreditación, diseñados por diversas asociaciones profesionales para evaluar la idoneidad del solicitante.1 La acreditación como experto contable permite la inscripción en el registro nacional de expertos contables acreditados, dependiente desde su creación del Consejo General de Economistas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Entre otros, cabe destacar las iniciativas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas –aeca–, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España –icjce– o de la Asociación profesional de expertos contables y tributarios de España –aece–. 1

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ana j. bellostas y francisco j. lópez-arceiz

En el ámbito de las entidades sin fines lucrativos –esfl– el experto contable es una figura que ha creado gran expectación, dado que se trata de un sector en continua expansión, que genera una demanda de profesionales con conocimientos especializados. En el ejercicio de la profesión, nuestros expertos deben ser conscientes de la existencia de diversos retos, tales como la tendente metamorfosis en las organizaciones clásicas, especialmente de carácter no lucrativo, hacia nuevos modelos de comportamiento híbrido, la creciente necesidad de herramientas de transparencia en respuesta a nuevos valores organizativos y la cada vez mayor proyección internacional de nuestras esfl. Con todo ello, el objetivo de este ensayo es delimitar las competencias que debería reunir el experto contable en materia de esfl de acuerdo con la situación actual y, en especial, con las tendencias de futuro detectadas en estas organizaciones. Con dicho fin, dedicaremos los siguientes apartados a analizar los tres retos planteados, para concluir con una enumeración sobre las competencias que deberá reunir un experto contable especializado en el campo de las organizaciones sin fines lucrativos. En el segundo apartado, se abordará la evolución en el comportamiento de las esfl hacia modelos híbridos de organización, mientras que, en las siguientes secciones, se estudiarán el rol de la transparencia en la profesión contable, así como la deriva internacional a la que se han visto sometidas las esfl en los últimos años. Por último, se presentarán las conclusiones enfatizando los futuros retos a los que deberá enfrentarse el experto contable.

2. Evolución del comportamiento de las eslf La Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social (2008/2250[ini]) establece un punto de inflexión en la concepción del mundo de las organizaciones en Europa. A partir de esta fecha, las esfl se presentan como alternativa junto con otras figuras, en la generación de bienestar económico y social (Coen, 2010; vosec, 2010). La crisis económica ha potenciado un cambio convulso en el sector no lucrativo (Fundación Luis Vives, 2012; Britt, 2014), al mermar drásticamente la financiación pública dirigida a las esfl. Este acontecimiento forzó a muchas fundaciones y asociaciones a explorar nuevas formas de financiación (Monzón y Chaves, 2008; Emerson, 2006). Asimismo, y en aras de la sostenibilidad, las esfl experimentaron con estrategias de colaboración con otras organizaciones (Austin, 2000) y rediseñaron sus modelos de gestión bajo principios de eficiencia empresarial y colaboración activa con sus stakeholders (Baur y Schmitz, 2012; Helming et al., 2004; Wicker et al., 2012; Weerawardena et al., 2010; Greiling, 2007; Geobey y Weber, 2013; Pirvu et al., 2009; Boschee, 2001). Esta nueva realidad ha hecho que la profesión contable deba adaptarse a los cambios soportados por el sector, que enfrenta tanto nuevos modelos de financiación como sistemas alternativos de gestión.

el perfil del experto contable de las entidades sin fines lucrativos... 129

2.1 Formas actuales de financiación Actualmente, las esfl están aplicando políticas de diversificación financiera, combinando las subvenciones de origen público con la captación de donaciones, cuotas de afiliados, patrocinios y colaboraciones, financiación prestada en banca tradicional y especializada, o banca ética, e incluso a través del mercado de bienes y servicios. En estos últimos años, las esfl han utilizado el fundraising, o crowfunding social, como vía para la captación masiva de cuotas, donaciones y afiliaciones a través de plataformas online. El fundraising fue impulsado desde finales de los noventa por la Asociación Española de Fundraising (aef) para las esfl dedicadas a la cooperación y el desarrollo internacional. En la actualidad, las esfl y empresas sociales pueden optar a los servicios de intermediación y marketing de unas 13 plataformas especializadas. Con la protección jurídica que proporcionará el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en vigor en mayo de 2018, y el previsible crecimiento de la capacidad adquisitiva de los españoles, se estima por la aef (2016) un crecimiento de donantes a través del fundraising del 19 al 24 %. El patrocinio es otra modalidad de financiación relevante y en pleno auge en el sector no lucrativo. Según la aef, en 2015 las empresas manifestaron su interés en el patrocinio de esfl, argumentando que a través de estas relaciones fortalecían la imagen de marca de la empresa, responderían a su política de responsabilidad social corporativa y detectaban que compartían valores, además de beneficiarse de exenciones fiscales reguladas en la Ley 49/2002, del mecenazgo. Los importes que anualmente invierten las empresas en patrocinio son variados (el 62 % de los patrocinios ronda aproximadamente los 100.000 €, frente al 12 % de aportaciones de empresas que superan la cuantía de un millón de euros en este tipo de operaciones). La banca ética es otra vía de financiación especializada en España para financiar proyectos de impacto social, sujetos a alto riesgo, cuya principal característica es la utilización de criterios extrafinancieros para la concesión de recursos. Su desarrollo es incipiente y desigual en Europa, y se adapta a las realidades culturales y a la situación económico-social de cada región. Así, la banca ética que opera en el norte de Europa prioriza la financiación a proyectos medioambientales, mientras que en países anglosajones se centra en la financiación del desarrollo comunitario y en la zona mediterránea se promueve financiar proyectos de desarrollo social y exclusión social (Bellostas y López-Arceiz, 2014). En España, el mayor volumen de operaciones de finanzas éticas se reparten entre Fiare, Coop57, Oikocredit y Triodos Bank, que destacan por su crecimiento crediticio (según la Asociación de Financiación Ética y Solidaria, un 30 % superior al aumento experimentado en la banca tradicional en 2014). Como alternativa de financiación, las esfl están legitimadas desde diversas fuentes legislativas para desarrollar actividad mercantil. En concreto, en la Ley 50/2002, de las fundaciones de competencia estatal, y en los arts. 23-24 de su desarrollo reglamentario, Real Decreto 1337/2005, se prevén dos posibles vías de desarrollo de actividad mercantil: (a) de manera directa, utilizando sus propios medios de producción y recursos humanos, y (b) adquiriendo propiedad en sociedades mercantiles y

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civiles con la inversión en participaciones sociales. Este comportamiento híbrido es catalogado por diferentes autores como una manifestación de empresa social (LópezArceiz et al., 2017; Harding, 2004; Doherty et al., 2014), en la que estas entidades tienden a compartir un modelo de gestión donde el pilar fundamental es la participación de los stakeholders o grupos de interés.

2.2 Tendencias actuales en la gestión de las esfl Hoy en día, la gestión orientada a los stakeholders está instalada en las organizaciones. Este nuevo modelo responde a un cambio evolutivo en los sistemas de valores en las sociedades desarrolladas (Nieto y Fernández, 2004; De la Cuesta González, 2004). La literatura especializada es prolija en referencias sobre sistemas de gestión con la participación activa de stakeholders, utilizando la teoría de los stakeholders como punto de partida (Freeman, 1984). Así, el papel de los stakeholders está cada vez mas interiorizado en las estrategias de gestión pública (Bonson et al., 2012; Piotrowski y Van Ryzin, 2007; Cooper, 2004), en el mundo empresarial (Aguilera et al., 2015; Fernández-Feijoo et al., 2014; Augustine, 2012) y en el contexto de las esfl (Ackemann y Colin, 2011; Hyndman y McConville, 2015; Perego y Verbeeten, 2015; Maguire, 2014). Las esfl españolas, a pesar de su contexto cultural, tienden a aplicar los patrones metodológicos subyacentes en las Auditorias Sociales y en el Social Return on Investment (sroi). Originalmente, estas técnicas se diseñaron para facilitar un análisis sobre el impacto social creado, y dado que en ambos se necesita conocer percepciones de los stakeholders, su participación está garantizada. Con la aplicación de estas técnicas, se fortalecen los nexos de colaboración entre grupos de interés y órganos de decisión de las esfl. No obstante, compartimos con Coule (2015) dos aseveraciones: (1) que el nivel de impregnación de los grupos de interés en la gestión de las esfl no ha sido un tema muy estudiado hasta la fecha, y (2) que sería un error pretender definir un modelo de gestión que responda a necesidades estándares para el conjunto de fundaciones y asociaciones, dada la idiosincrasia persistente en el sector. Con todo ello, un profesional proporcionará utilidad en el seno de las esfl si es conocedor de técnicas de diversificación y eficiencia financiera, de gestión en efectividad empresarial, de las opciones de financiación especializada en proyectos sociales, de herramientas de marketing social y de diseño de estructuras organizativas eficientes con presencia activa de los stakeholders en los órganos de decisión.

3. Transparencia En el contexto de la contabilidad, la transparencia es comprendida como un valor incuestionable de la cultura informativa, y comienza a formar parte de la ética profesional en nuestros días. Como tal, afecta a la estrategia y gestión en las organizaciones, y es determinante en la elección de herramientas de buen gobierno (Aras y Crowter, 2008) y de modelos destinados a la sostenibilidad organizativa y creación

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de valor para los stakeholders (Sethi, 2002). En términos generales, ejercer la transparencia, o ser transparente, es sinónimo de «buen hacer», aunque los motivos que mueven a las organizaciones a ser trasparentes pueden ser variados. Para autores tales como Fox (2007), Ball (2009), Joshi (2013), Bauhr y Grimes (2014), Simonet (2014), De Fine (2014), Kosack y Fung (2014) y Johston (2015), ser transparente es cumplir con los requerimientos legales en materia de rendición de cuentas. Alternativamente, ser transparente es rendir cuentas como elemento estratégico o, en ciertos casos, mimético, lo que permite establecer relaciones de confianza con el entorno a través del diálogo. En este contexto, Oliver (1991), Greening y Gray (1994), Carpenter y Feroz (2001), Guler et al. (2002), Miller-Milles (2003), Guo (2007) o Verbruggen et al. (2011) sostienen que ser transparente es realizar una gestión colaborativa con los stakeholders. Las respuestas de las esfl españolas al ejercicio de la transparencia son múltiples, y se materializan en la aplicación de métodos diversos que están orientados, bien a la mera rendición de cuentas, bien a la elaboración de información voluntaria adaptada a la demanda de sus stakeholders. A continuación, realizaremos una breve síntesis de todos ellos.

3.1 Herramientas destinadas a la rendición de cuentas El concepto «rendición de cuentas» ha experimentado en estos últimos años una evolución. En los años noventa, la rendición de cuentas de las esfl implicaba facilitar información elaborada de acuerdo con las obligaciones establecidas en la normativa contable, diseñada e impuesta por un organismo regulador (Ebrahim, 2003). Para responder a la rendición de cuentas «legal», las esfl españolas cuentan con: –– El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. –– La Resolución de 26 de marzo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, y la Resolución en la misma fecha que desarrolla el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. –– Diversas consultas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (aprox. 20 desde 2011). El marco legislativo en materia contable diseñado para las esfl tiene como objetivo permitir la rendición de cuentas obligatoria de las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones de utilidad pública ante los registros correspondientes. De hecho, facilita normas destinadas a regular el registro y valoración de operaciones habituales en este tipo de organizaciones, así como formatos para la presentación de las cuentas anuales. Cabe destacar que los Planes de Contabilidad desarrollados al efecto se formulan a partir del Plan General de Contabilidad de empresas de 2007, Real Decreto 1514/2007, incorporando a este último modificaciones necesarias para res-

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ponder a la realidad propia de las esfl.2 Tal y como se indica en el primer apartado, en el Marco conceptual, del Real Decreto 1491/2011, las cuentas anuales que se deriven de su aplicación deben ser comprensibles y proporcionar utilidad a «aportantes, beneficiarios y otros interesados». De esta manera, se delimitan en el ordenamiento contable de las esfl los usuarios de la información financiera.

3.2 Procesos diseñados para proporcionar información voluntaria a los stakeholders El ejercicio de rendir cuentas de acuerdo a la legislación vigente está compatibilizado en el sector de las esfl con la publicación de información complementaria. Bajo nombres tan diversos como memoria de actividades, memoria de responsabilidad social, informe de sostenibilidad, entre otros, las esfl facilitan voluntariamente información complementaria a las cuentas anuales, no solo de carácter histórico, sino también en relación a sus proyectos futuros. La rendición de cuentas de naturaleza voluntaria está en la actualidad extendida entre el sector no lucrativo como elemento estratégico para favorecer los lazos de confianza con su entorno y ganar cuotas de legitimidad (Coule, 2015). El medio de acceso más utilizado por las esfl son sus páginas web, a través de las cuales proporcionan: (a) duplicados de informes en formato papel, (b) información utilizando un formato html, cuyos datos pueden ser descargados, y (c) comunicaciones a través de soportes electrónicos que no pueden ser impresos, tales como audios y videos. Entre los procedimientos más extendidos en el sector no lucrativo destaca el Social Return on Investment (sroi), que originariamente se diseña para medir y monetarizar el impacto social que una organización genera con la ejecución de sus programas que carecen de mercado. Su simplicidad es muy apreciada por la administración pública británica y actualmente es utilizada para medir el retorno social de las subvenciones públicas. Pero, además, reúne otras bondades: (1) facilita a la entidad el diseño de planes estratégicos, (2) permite la gestión de proyectos en la organización, (3) fomenta el diálogo con los stakeholders y (4) favorece la confianza de los inversores en proyectos de impacto. Por lo tanto, las esfl precisarán profesionales con dominio del marco legislativo para tutorizar una rendición de cuentas adecuada a la normativa contable y fiscal vigentes, así como para proporcionar información comprensible sobre el impacto social logrado por la organización. Este último aspecto exigirá al profesional formación en modelos de gestión participativa, y adquirir habilidades sobre metodologías que

2 Entre las modificaciones mas reseñables, están la distinción de dos modalidades de activos, los activos generadores de flujos de efectivo y aquellos aplicables exclusivamente a la actividad propia, o no generadores de efectivo, el tratamiento de los bienes de patrimonio histórico y profundas alteraciones en la composición de las cuentas anuales, en especial en lo relativo a la cuenta de resultados y a la memoria.

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utilicen métricas para la determinación del valor social creado y en herramientas de captación de percepciones de los grupos de interés.

4. Grado de armonización legal y contable en esfl Con los tratados de Maastrich (1993) y de Ámsterdam (1999), la Unión Europea se perfila como un entorno multicultural con vocación de integración socioeconómica, donde prevalece la libertad de movimiento de capitales, organizaciones y personas. En este contexto, la armonización entre los marcos legales de los países europeos es la herramienta vehicular para favorecer los mercados únicos. Sobre la base de esta idea, la Comisión Europea definió una estrategia de convergencia de las normas contables (Reglamento, 2002) tomando como patrón de referencia las Normas Internacionales de Información Financiera (niif) emitidas por la ifrs Foundation. Los logros alcanzados están referidos a empresas y grupos consolidables (Giner-Inchausti y Mora-Enguídanos, 2001; Feleagă et al., 2010; Quagli y Paoloni, 2012, entre otros), aunque en la actualidad el nivel de convergencia entre las normas contables locales que regulan a las organizaciones empresariales es dispar y mejorable (André, 2017). En relación a las esfl, la Unión Europea aún no ha impulsado el proceso de armonización contable, y las iniciativas dependen de los reguladores y normalizadores de los países miembros. El grado de convergencia se prevé bajo, dado que entre los países europeos existen tradiciones legales diferentes (López-Arceiz et al., 2016) y, en consecuencia, esferas contables distintas (De Lourenço et al., 2015). Así, los reguladores británico, noruego y holandés potencian la utilización niif para pequeñas y medianas empresas (ifrs para smes, 2009-2015) propuesta por la ifr Foundation.3 Por el contrario, el regulador italiano no considera que sus esfl apliquen la ifrs para pymes ni reglas adaptadas a la normativa internacional.4 Por otra parte, en Alemania, Francia, España o Suecia, la regulación contable no permite aplicar de manera directa las niif, pero definen sus propios marcos normativos adaptados a las exigencias de la Comisión Europea.5 3 En el Reino Unido, la Charity Commission ha adaptado su marco contable para sus charities (frs 102, 2014) a la ifrs para sme, lo que ha dado lugar a la actual normativa «Statement of Recommended Practices» (frsse, 2015). En Noruega, la New Accounting Act (2015) facilita la aplicación de la ifrs para sme, aunque aún no se ha proporcionado a las esfl noruegas un desarrollo normativo que facilite su adopción. Por su parte, el regulador holandés también fomenta la aplicación de la ifrs para sme en combinación con la norma B2T9, pero, en línea con el regulador noruego, aun no se ha abordado el diseño de un marco contable específico para las entidades sin fines lucrativos. 4 En la actualidad, la normativa contable de estas entidades, compilada en el Principio n.º 2, «l’iscrizione e la valutazione delle liberalitàn el bilancio d’esercizio deglientinon profit», está inspirada en el marco del derecho civil italiano tradicional. 5 En España, las esfl deben aplicar el Real Decreto 1491/2011, las esfl suecas tienen que regirse por las normas contables diseñadas para las entidades mercantiles (Ley de ContabilidadBokföringslag 1999: 1078 y Estados Contables Anuales-Årsredovisningslag 1995: 1554, así como el modelo simplificado definido en la Ley de Fundaciones 1994:1220). En Francia son de

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Este panorama contrasta con la tendencia del tercer sector europeo a trabajar en redes de colaboración compartiendo información, representación institucional y recursos, al objeto de poder desarrollar proyectos ambiciosos y de alto riesgo. Para ello, estas organizaciones necesitan disponer de un marco normativo común, así como de profesionales capacitados para adaptar la información a diferentes marcos contables.

5. Resumen e implicaciones La creación de la figura de experto contable en la profesión española es un claro intento de definir y defender la profesión en materia de contabilidad, exigiendo que el ejerciente tenga que acreditar sus conocimientos y capacidades públicamente. Pero, además, esta iniciativa favorece a las organizaciones porque proporciona, en los procesos de contratación de profesionales, un mercado con garantías de profesionales adecuados a sus necesidades. Las fundaciones, asociaciones y empresas sociales, como manifestaciones híbridas de las anteriores, definitivamente pueden identificar profesionales adecuados a sus necesidades. Téngase en consideración que los servicios profesionales que demandan las esfl son diferentes a los que precisa una organización empresarial. De ahí que el experto contable deba responder con una formación y experiencia ajustadas a la idiosincrasia propia de las esfl. Evaluadas algunas de las situaciones actuales y de futuro de estas organizaciones, estimamos que el experto contable deberá responder a conocimientos que le permitan asesorar sobre aspectos de gestión interna, de rendición de cuentas y ejercicio de transparencia, tanto en el contexto nacional como en el internacional. En consecuencia, este profesional debería estar capacitado en las siguientes materias: –– Conocimiento de las alternativas financieras diseñadas para las esfl, tales como subvenciones y técnicas de captación y diversificación de fuentes de financiación dirigidas a la obtención de fondos privados desde el mercado filantrópico, tales como donaciones y patrocinios. Formatos tales como el fundraising, las técnicas de marketing social y las métricas de impacto social deben ser materia de conocimiento de un experto contable especializado en esfl. –– Capacitación en modelos de gestión propios de las esfl, donde se combine el perfil de gestión empresarial eficiente con las actuales tendencias de gestión participada por los grupos de interés. En la actualidad, las esfl están legitimadas para realizar actividades en mercados competitivos de bienes y servicios, lo que favorece su sostenibilidad financiera y reduce su dependencia frente a aplicación un marco normativo específico (Règlement n.° 99-01 du 16 février 1999 del Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et foundations, modificado por los règlements n.° 2004-12, del 23 de noviembre de 2004, y n.° 2008-12, del 7 de mayo de 2008, ambos emitidos por el Comité de la réglementation comptable). Por su parte, las esfl alemanas tienen que aplicar las normas contables contenidas en el código de comercio (Handelsgesetzbuch-Deutsche Rechnungslegungs Standards).

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las administraciones públicas. No obstante, esta posibilidad no deberá ir en menoscabo de la misión social de la organización. –– Formación en elementos para el ejercicio de la transparencia en todas sus vertientes. En términos de rendición de cuentas, el experto contable deberá dominar conocimientos legales, fiscales y de normalización contable que les son propias a las esfl, tanto de ámbito nacional como internacional. Además, estos profesionales deberán tener formación en metodologías y herramientas destinadas a evaluar el impacto social que genera la esfl en sus grupos de interés. Por lo tanto, y en aras de que el profesional responda a las expectativas de las esfl, desde este trabajo se realiza el llamamiento a que en los sistemas de acreditación y programas de formación para expertos contables, se potencien los conocimientos y habilidades relacionadas anteriormente.

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LA POLÍTICA ECONÓMICA QUE NUNCA EXISTIÓ UNA PROPUESTA AL RESPECTO Andrés Fernández Díaz

Catedrático de la Universidad Complutense Consejero Emérito del Tribunal de Cuentas

1. La primera gran depresión del siglo xxi Disponemos de una amplia literatura sobre la gran crisis padecida en el período 2006-2013, y en no pocas ocasiones se han realizado análisis comparativos con la Gran Depresión mundial del año 1929.1 Aunque el desastre ya se venía incubando al menos desde el año 2006, el punto de partida de la crisis recientemente padecida podemos encontrarlo en la histeria bursátil colectiva del lunes 21 de enero de 2008, debida al miedo a que la economía norteamericana entrase en período de recesión tras el comienzo de la crisis de las hipotecas subprime, crisis que se extendió al resto del mundo con graves problemas de liquidez entre bancos y que venía a provocar, a su turno, una fuerte restricción crediticia, así como una sensible pérdida de confianza en el sistema bancario, lo que continuó durante todo el año 2008. Este panorama nada alentador se vio agudizado por un alza continua y generalizada en los mercados de materias primas y en el sector de la alimentación, de manera que esta situación sirvió de correa transmisora entre la crisis originaria del sistema financiero y la que se produciría a continuación en la economía real. La reacción de los Estados Unidos y la de la Unión Europea ante este estado de cosas fueron muy distintas, pues mientras que la Reserva Federal tomó las decisiones más adecuadas para evitar el derrumbamiento global de la economía americana, en la eurozona, al menos en una primera fase, reinó la confusión y la pérdida de tiempo más absolutos hasta que la denominada Troika, es decir, la Comisión Europea (ce), el Banco Central Europeo (bce), y el Fondo Monetario Internacional (fmi), empezó a tomarse en serio el problema y comenzó a adoptar un conjunto de medidas que constituyeron algo parecido a un inevitable mélange. Por lo tanto, la respuesta europea a la crisis puede resumirse en tres puntos o momentos:

1

Véase: Fernández Díaz (2016: 2-7) y Fernández Díaz (2010: 15-22).

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1. El análisis urgente de un grupo de países con muchas dificultades y problemas, que amenazaban muy seriamente la situación de sus respectivas economías. Estos países eran Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España. 2. La creación y puesta en funcionamiento de instituciones financieras con capacidad para lograr los fondos necesarios y para actuar en un inmediato futuro. 3. Proceder sucesivamente al rescate de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, además de proveer la cantidad necesaria para reestructurar, ahorrar y regular el sistema bancario español, erróneamente considerado hasta ese momento como bien saneado y digno de admiración y de imitación. Desde el inicio de la reacción, las autoridades europeas, y más concretamente la Troika, prestaron una especial atención a los países que se encontraban en una situación verdaderamente delicada, y que a la sazón comenzaron a conocerse como los países periféricos. Con el propósito de adquirir y disponer de los recursos necesarios para hacer efectiva la ayuda y necesidades de los países de la eurozona mencionados, resultaba indispensable establecer las instituciones que podían llevar a cabo esta tarea. Por ello, en el año 2010, se creó la European Financial Stability Facility, sustituida un año después por el European Financial Stabilization Mechanism, hasta que finalmente se aprobó en 2013 el European Stability Mechanism (esm). A los efectos correspondientes, recogemos a continuación la cuantía y secuencia de los rescates realizados: Grecia (primer rescate-Octubre 2010)........... 110.000 millones de euros Grecia (segundo rescate-Octubre 2011)........ 130.000 millones de euros Grecia (tercer rescate-Agosto 2015)................ 86.000 millones de euros Irlanda (único rescate-Noviembre 2010)......... 85.000 millones de euros Portugal (único rescate-Mayo 2011)............... 78.000 millones de euros Chipre (único rescate-Marzo 2013)................. 10.000 millones de euros Por su parte, España, que oficialmente no fue objeto de rescate, recibió la cantidad de 52.000 millones de euros en concepto de ayuda para reestructurar su sistema bancario. Habiendo aceptado la gravedad de la crisis y definidos los tres puntos básicos por desarrollar, los máximos responsables de la eurozona y, en general, de la Unión Europea, plantean e imponen un conjunto de reformas y medidas caracterizadas por su austeridad y dirigidas especialmente a los países de la periferia que han sido rescatados o que han recibido ayuda financiera. Pero la otra cara de la moneda fue el alto precio pagado por dichos países, miembros del mismo club. Efectivamente, la política de austeridad supuso grandes sacrificios en las clases media y medias-bajas de los países rescatados, lo que dio lugar a una fuerte caída del consumo, y, por ende, de la demanda efectiva, variable clave para el crecimiento económico y el empleo. A ello hay que añadir el sensible aumento de la desigualdad, producido a lo largo de los años de la crisis y que alcanzó uno de los niveles más altos del coeficiente de Gini de la Unión Europea. Por su parte, las reformas necesarias y requeridas fueron llevándose a cabo, con la excepción de Grecia, que estuvo muy cerca de tener que abandonar el euro.

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Obviamente, y en lo que se refiere a las reformas, no todos los países han actuado de la misma manera ni han alcanzado sus objetivos con el mismo grado de satisfacción y acierto. Así, por ejemplo, España tiene que reconsiderar la reforma laboral que realizó y que en modo alguno reúne las condiciones para que nuestro mercado de trabajo funcione con arreglo a los irrenunciables principios de eficiencia y equidad, constituyendo una irrefutable prueba de ello la precariedad en la contratación, de carácter temporal en un porcentaje insostenible, los bajísimos salarios que se perciben y que, como ha reconocido el Fondo Monetario Internacional, no se corresponden con el nivel y la importancia de la economía española, así como los reducidos costes del despido establecidos. Siguiendo con las reformas, España tiene pendiente realizar de manera integral la correspondiente al sistema impositivo por las razones que tendremos ocasión de ver más adelante. Reparemos en el hecho de que los muy distintos enfoques adoptados por los Estados Unidos y por la Unión Europea han desembocado en resultados sensiblemente diferentes, como puede comprobarse si comparamos la tasa de crecimiento del pib en el período 2011-2015, tanto en Estados Unidos como en el conjunto de países de la zona euro (véase cuadro n.º 1). Cuadro 1. Producto Interior Bruto (pib) (% Δ)

Estados Unidos Eurozona

2011 1,8 1,6

2012 2,6 –0,9

2013 1,6 –0,4

2014 2,9 0,8

2015 3,0 1,5

Fuente: Eurostat.

Las diferencias notables entre los resultados obtenidos no son sino la consecuencia lógica entre la política de expansión seguida por los Estados Unidos, por una parte, y los recortes muy restrictivos e importantes en las medidas de gasto público adoptadas por los dirigentes de la zona euro, por otra. Parece claro, en particular en la zona europea, que los errores de la política monetaria desempeñaron un papel clave en la evolución de la crisis, y que, en ningún caso, nos convencen los argumentos en defensa de la política efectivamente aplicada. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta el hecho de que los reguladores ya habían cometido errores antes y durante la crisis, lo que, habiendo aprendido la lección, nos debe poner en guardia antes de concederles más poderes. A este respecto, y refiriéndonos a la economía española en un artículo recientemente publicado decíamos que:  In our opinion, and thinking now of Spain, the most negative and open to criticism measure has been to introduce in our Constitution in the year 2011, following the Eurozone criterion, the prohibition of having deficit in the public accounts, with the qualifications set out in the new wording of Article 135.The real mistake is to leave jailed in the constitutional framework a very important instrument of economic policy,

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more yet, the only tool available to be managed by the policy-maker of the respective countries.2

Somos conscientes de la necesidad inevitable de controlar el déficit público, como se venía haciendo desde el Tratado de Maastricht aprobado en 1992, pero también es bien cierto que la economía dispone de otros medios para prevenirlo sin provocar efectos directos e indirectos tan negativos, y que constituye un despropósito prescindir prácticamente de la política fiscal, el único instrumento disponible para, entre otras cosas, avanzar en el todavía inconcluso proceso de convergencia. Parece claro que la crisis que hemos sufrido durante los años mencionados, y que aún no puede darse por cerrada, constituye una lección que no debemos olvidar y que puede depararnos conclusiones útiles e importantes, en especial si pretendemos sugerir la sustitución de un conjunto de medidas condicionadas por el objetivo del déficit público como única variable independiente, por el diseño de una verdadera política económica para el conjunto de la Unión, pero adaptada a las peculiaridades de cada país miembro. Pero antes de continuar consideramos altamente interesante recordar lo más esencial del pensamiento de algunos grandes maestros de la economía, que en sus obras abordaron muchos de los problemas que ahora nos acucian y que pueden servir de base para el planteamiento de la política económica que necesitamos y que, al menos en estos tiempos de crisis, nunca existió.

2. Keynes como alternativa al pensamiento único En un repaso conciso del pensamiento de John Maynard Keynes vamos a recurrir a los conceptos y variables fundamentales utilizados en su obra The General Theory (1936), así como a la formulación matemática del multiplicador aplicada a los gastos públicos en el cuadro de la demanda global, y su impacto sobre el crecimiento de la renta nacional y del empleo. La base de la Teoría General del empleo, el interés y el dinero se resume en las proposiciones siguientes:3 Z=φ(N) D=f (N) D= D1+D2 N=ψ (D) C=φ(Y) I=𝑓 (i, rm ) rm= 𝜙 (e, k) 2 3

La función de oferta agregada La función de demanda agregada La demanda efectiva es la suma del consumo más la inversión. Constituye la variable clave de modelo El empleo total depende de la demanda efectiva El consumo depende del nivel de renta El volumen de inversión depende del tipo de interés y de la eficacia marginal del capital La eficacia marginal del capital depende de las expectativas de los empresarios y del coste de reposición del capital

Véase Fernández Díaz (2016: 6). Véanse Fernández Díaz (1976: 103-106) y Keynes (1961: 23-26).

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D=Z N=φ (Z, ∆C/∆Y, I) i=ψ (M, L) W=W0

En equilibrio la demanda total es igual a la oferta total. El volumen de empleo en equilibrio depende de la función de oferta, de la propensión marginal a consumir, y de la cantidad destinada a la inversión. El tipo de interés viene dado por el volumen de dinero y la preferencia por la liquidez El salario monetario es rígido a la baja

Este conjunto de variables y funciones se refieren a un modelo de economía cerrada, pero dicho modelo puede ampliarse añadiendo las funciones de exportación y de importación que pueden expresarse de la manera siguiente:4 X= X (P, r) M = M (Y, P, r) donde X = las exportaciones en términos reales M = las importaciones en términos reales P = el nivel general de precios interiores Y = la renta nacional real r = el tipo de cambio P. r = pf = el precio exterior de un producto o bien interior El equilibrio macroeconómico vendría entonces dado por la l ecuación general, que recogemos a continuación: Y+M=C+I+X y que expresa exante una condición de equilibrio, y expost una identidad contable. El lado izquierdo de la ecuación indica la oferta global, en tanto que el derecho expresa la demanda global, dividida en demanda interior y demanda exterior. Completamos ahora esta breve exposición sobre las nociones y definiciones fundamentales introducidas por Keynes en su obra principal añadiendo el concepto de multiplicador, que establece una relación precisa, teniendo en cuenta la propensión marginal a consumir, entre el empleo total, la renta y la tasa de inversión. Pero aquí utilizaremos el multiplicador de manera especial, teniendo en cuenta el aumento de los gastos públicos en el marco de la demanda global en un momento dado, y al mismo tiempo un crecimiento de los impuestos en un volumen similar. De esta manera, veremos que, basados en su efecto multiplicador, tiene lugar un resultado positivo en la renta equivalente al crecimiento de los gastos.

4

Véanse Keynes (1961: 28-34; 107-145) y Fernández Díaz (1982: 133-137).

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Con todo ello pretendemos subrayar el papel clave de todo componente de la demanda en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Trygve Haavelmo lleva a cabo la correspondiente formalización en la revista Econometrica,5 en octubre de 1945, cuyo contenido exponemos aquí de manera simple y fácil con la ayuda del modelo macroeconómico siguiente: Y = C + I + G + Xn C = a + b (Y – T) T = T0 + t Y Xn=X – m (Y – T) donde Xn= X – M; G= G0; I=I0; 0< b < 1; 0 < t < 1 Sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación de equilibrio, se obtienen los resultados siguientes: Y= a + b (Y – T) + I0 + G0 + X – m (Y – T) Y= a + bY – b (T0 + tY) + I0 + G0 + X – m Y + m (T0 + tY) Y (1 – b + bt + m – mt) = a – bT0 + I0 + G0 + X + mT0 Dado que estamos utilizando una función con dos variables, a saber: Y = f (G, T) la ecuación diferencial sería:

Suponiendo constantes las demás variables tendríamos entonces:

Si hacemos t=0, la ecuación quedaría así:

5

Véanse Haavelmo (1945: 311-318) y Fernández Díaz (1987: 174-178).

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La hipótesis de partida implica cumplir la condición: dG = dT= dT0 y entonces,

lo que demuestra efectivamente que si bien el aumento de los gastos se compensa con el crecimiento de los impuestos, se produce una variación positiva de los niveles de renta en la misma cuantía que el aumento inicial de los gastos públicos. La clave del impacto positivo sobre la renta de un crecimiento de los gastos, a pesar de la aparente neutralidad derivada de la hipótesis de un presupuesto equilibrado, se encuentra en el hecho de que el multiplicador de los gastos es siempre mayor que el multiplicador de los impuestos, es decir:

Por tanto, si aumentamos el volumen de gastos para conseguir el crecimiento de la renta y del empleo, debemos también aumentar los impuestos, en el bien entendido que dicho aumento no debe ser interpretado como un problema o un inconveniente, y ello por dos razones: la primera porque el sistema fiscal puede disponer de un margen de maniobra para subir los impuestos recurriendo, por ejemplo, a los distintos impuestos especiales; la segunda razón, porque sin cambiar la estructura del sistema fiscal, pero con la aplicación efectiva de los tipos impositivos establecidos por ley impositivo, es posible aumentar la recaudación para financiar el crecimiento de los gastos. A este respecto es importante destacar el caso de España, fijando nuestra atención, entre otras cuestiones, en el impuesto de sociedades, en el impuesto sobre el patrimonio, y en el que se aplica a las sociedades de inversión de capital variable (sicav). El impuesto de sociedades está reglamentado en nuestro país por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, y conforme al artículo 29; para ciertas empresas a partir del año 2015 y para otras desde comienzos del 2016, el tipo de gravamen ha pasado del 30 % al 25 %. Ello podría considerarse una medida acertada, pero el problema reside en el hecho de que ni se pagaba de manera efectiva el 30 %, existente con anterioridad, ni tampoco en la actualidad, cuando el tipo ha bajado al 25 %, y todo ello debido a las numerosas e injustificadas deducciones, indemnizaciones y excepciones aplicadas. Según los cálculos efectuados por la Unión de técnicos de finanzas (gestha), las grandes empresas han estado pagando el impuesto de sociedades a un tipo efectivo medio del 7 %, estimándose en un 13,9 % el tipo de gravamen aplicado a las demás sociedades, lo que ha supuesto en el curso de los últimos ocho años una pérdida de ingresos fiscales de unos 77.000 millones de euros.

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Es preciso aclarar que estos datos referidos a España los hemos introducido al final de este epígrafe tan solo con el propósito de validar la importancia del multiplicador de presupuesto equilibrado, que, junto al concepto básico de la demanda efectiva, constituye un sólido punto de apoyo en el contexto de la decisiva aportación del gran economista inglés John Maynard Keynes, así como un vital hilo conductor en el planteamiento y desarrollo de toda política económica que tenga como requisito primordial aunar y hacer compatibles la racionalidad científica y el respeto a la realidad. A efectos de llevar adelante nuestra argumentación, haremos seguidamente una breve síntesis de lo más destacado del pensamiento postkeynesiano con la finalidad de completar cuanto se desprende de lo dicho en torno a la figura del ilustre miembro del Bloomsbury Group.  Con todo este bagaje volveremos sobre la evolución experimentada por la economía española durante la crisis, e intentaremos poner de manifiesto lo que las aportaciones de una parte importante de los grandes maestros de la economía pueden dar de sí en el diseño de la política económica que necesitamos.

3. La corriente postkeynesiana como referencia complementaria La posición postkeynesiana surge o se acentúa en los años setenta del pasado siglo debido principalmente a su insatisfacción por los enfoques dados para encontrar una solución viable a la crisis iniciada en 1973. Dicha crisis, por otra parte, dio lugar a una separación de la escuela de Cambridge, que a partir de entonces quedaba escindida en dos grupos bien distintos: –– El grupo americano, cuyas raíces pueden encontrarse en las ideas de Keynes, recogidas en sus obras más importantes, y que estaba compuesto, entre otros, por las contribuciones de S. Weintraub, con su teoría de la distribución, por Paul Davidson, con su teoría monetaria, por J. Kregel, en su intento de unir el grupo europeo y el grupo americano, y por H. Minsky, por su interpretación de la Teoría General como un proceso cíclico endógeno. –– En el caso del grupo europeo las raíces no eran tan evidentes y concretas, y predominaban, según los autores, las ideas de Keynes o las de Kalecki. Entre los economistas que integran este grupo, podemos citar a Kaldor, Robinson, Sraffa, Caregnani, Pasinetti, Eatwell y Milgate. Pero debemos decir claramente que a pesar de la diversidad de sus posiciones hay un determinado número de proposiciones fundamentales comunes que son aceptadas por todos, especialmente aquellas que conciernen a la teoría del crecimiento. Es necesario manifestar que los modelos de Cambridge prestan más atención a los cambios en la distribución de la renta que a las variaciones en el nivel de esta. Por otra parte, constituye una particularidad el hecho de que el ahorro y la inversión determinan, inter alia, la distribución de las rentas, contrariamente a lo que sucede en el modelo keynesiano estático. Resulta igualmente imprescindible dejar claro que en los modelos de Cambridge, tanto si se refieren al crecimiento como a la distribución,

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se rechazan las nociones de la función de producción neoclásica, y por consiguiente, la teoría del reparto de rentas basada en la productividad marginal. Dado que en este artículo no podemos desarrollar los diferentes modelos de crecimiento y de distribución mencionados, nos permitimos tan solo añadir algunas consideraciones suplementarias. En primer lugar conviene recordar que los análisis de Joan Robinson y los de Nicholas Kaldor se sitúan en el ámbito de la economía capitalista, buscando precisar los mecanismos de evolución a largo plazo. En ambos casos, estos modelos de crecimiento postkeynesiano insisten reiteradamente sobre el papel de la distribución y de la utilización de la renta, y determinan, así, la demanda efectiva. En lo que concierne a la distribución de la renta, puede considerarse que en esta misma línea se encuentran las aportaciones de Kalecki y Pasinetti. Este último, discípulo de Piero Sraffa y heredero de postkeynesianos de Cambridge como Richard Kahn, Nicholas Kaldor y Joan Robinson, ya mencionados, participó en las controversias sobre el capital, y destacan sus contribuciones a las teorías del valor, de la distribución de la renta y del crecimiento económico.6 Como hemos insinuado, vamos a limitarnos a una breve referencia a los trabajos seminales de Kaldor y de la señora Robinson. Por lo que respecta al primero, es preciso señalar que su pensamiento sobre el crecimiento –siempre sin perder de vista la distribución– se concentra en dos artículos fundamentales: «A Model of Economic Growth», publicado en el Economic Journal en el año 1957, y «A New Model of Economic Growth», escrito con la colaboración de J. A. Mirrlees y publicado en 1962 en la Review of Economic Studies. En esta última versión de su modelo, Kaldor modifica algunos supuestos o introduce nuevos elementos. Basado en lo que él denomina vintage approach, en esta versión reconoce de forma más explícita que el progreso técnico se transmite al sistema económico mediante la creación de nuevo equipo, dependiente de la inversión bruta por período, siendo esta inversión bruta y no el volumen de capital total de la economía la que constituye la variable estratégica. En última instancia, el progreso técnico pasa a ser considerado como elemento decisivo del desarrollo económico. Asimismo, el nuevo modelo viene a reconsiderar los supuestos de comportamiento de los inversores frente a la incertidumbre en conexión con las decisiones de inversión. Además de las consideraciones sobre los autores clásicos, Marx, Keynes y Harrod, respecto al crecimiento económico, Joan Robinson llevó a cabo a través de numerosos trabajos una dura crítica de los modelos neoclásicos. Esta crítica se refiere fundamentalmente a la obsolescencia de la teoría, a la falta de realismo de los supuestos, a errores metodológicos y a fallos empíricos. El modelo de crecimiento de Robinson hay que situarlo dentro del grupo de modelos de Cambridge, pues descansa en el argumento postkeynesiano de que el ahorro exante se ajusta pasivamente a la inversión planeada mediante cambios en la distribución de la renta. Asimismo, participa del rechazo postkeynesiano a la función de producción neoclásica, y es más claramente keynesiano que el de Kaldor, ya que

6 Véanse Howard (1979: 143-167), Rossier (1971: 1769-1866) y Fernández Díaz, Galindo y Martín (1995: 156-184).

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admite situaciones de paro e inflación, según el impulso de la demanda. Por otra parte, se trata de un modelo abierto por el lado de la inversión en el que el «impulso anímico esencial» de las empresas constituye el motor inicial y determinante del proceso de acumulación y de crecimiento.7 Para la señora Robinson, ese impulso anímico esencial se puede expresar en los términos de una función que relaciona la tasa de crecimiento del stock de capital productivo con el nivel de las ganancias esperadas. Se dice que la economía alcanzará su equilibrio dinámico para el ritmo de acumulación que genere el volumen de beneficio capaz de mantener precisamente ese tipo de acumulación. Si el tipo de crecimiento provocado por el lado de la demanda absorbe plenamente el potencial de desarrollo determinado por la expansión de la fuerza de trabajo y el progreso técnico, la economía vivirá entonces una «edad de oro», expresión que emplea la gran economista inglesa para describir una situación en la que prevalece el crecimiento uniforme y constante en circunstancias de ocupación plena.8 Nos parece oportuno e ilustrativo recordar que Joan Robinson definía la necesidad de pasar por ocho etapas concretas en toda economía que pretendiese alcanzar un crecimiento a largo plazo. Dichas etapas eran las siguientes: edad de oro, edad de oro deficiente, edad de oro limitada, falsa edad de oro, edad de plomo, edad de platino de crecimiento acelerado, edad de platino de crecimiento lento y edad de platino falsa. Este original y bien conocido planteamiento nos parece muy oportuno en el contexto de nuestro artículo, dado que, como veremos seguidamente, podríamos afirmar que, durante la crisis reciente, la economía española se encontraba en la situación denominada «edad de platino falsa», entendiendo por esta, en pocas palabras, aquella en la que resulta necesario un aumento en el nivel de inversión a través de la implantación de mejoras técnicas, que, al ser sustitutivas de la mano de obra, provocan una reducción en el nivel de salarios, lo que propicia, al mismo tiempo, un mayor crecimiento en la economía sin ocasionar procesos inflacionistas.

4. Los rasgos fundamentales de la economía española en el marco de la crisis

Abordar el comportamiento de la economía española en el curso de los últimos años y en función de cuanto hemos dicho anteriormente podría poner de manifiesto los problemas y las cuestiones que de una forma sintética recogemos a continuación:9 –– La economía española, después de una intensa recesión sufrida durante el período 2009-2013 ha recuperado el ritmo de crecimiento del pib, y ha iniciado,

Véase Rojo Duque (1966: 6). Véase Robinson (1962: 31-80, en la versión española en el Fondo de Cultura Económica de 1973). 9 Véase Fernández Díaz (2017: 12-16). 7 8

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así, la salida de la crisis, principalmente como consecuencia de un fuerte aumento de la demanda interior durante los tres últimos años.10 El crecimiento del consumo privado, variable clave, en estos tres años de recuperación, no se ha producido por el aumento de los salarios, que continúan siendo extremadamente bajos, ni por el aumento del empleo dada su precariedad y estacionalidad, sino que se ha debido al elevado porcentaje de la economía sumergida (25 %), equivalente a una renta no oficial de 280.000 millones de euros, y a la correspondiente pérdida de los ingresos fiscales, estimada por gestha, en unos 56.000 millones de euros. Completando el punto anterior, hay que llamar la atención sobre el hecho de que en nuestro país se ha venido practicando durante un largo período de tiempo una devaluación salarial que tiene que ser corregida sin más dilación si pretendemos un crecimiento sano y duradero de nuestra economía. A lo largo de la crisis se ha producido un aumento significativo de la desigualdad en la distribución de la renta, que ha llegado a alcanzar el 0,35 del coeficiente de Gini en el año 2014, sensiblemente por encima de la media de los países de la Unión europea, estimado en el 0,31. Este hecho, así como la persistencia de bajos tipos de salarios, como ya se ha dicho, ha dado lugar a un acusado y preocupante desajuste de la clase media, pasando una parte de la misma a engrosar el segmento de los que detentan altos niveles de ingresos, y otra no menos importante a aumentar el porcentaje de los hogares españoles que se encuentran en el umbral de la pobreza, estimado en el 29 % de la población activa. Las reformas exigidas por la Troika, a cambio del costoso plan de rescate llevado a cabo, comenzaron en España a partir del 2010, y el proceso se intensificó en el período 2012-2015, siendo ocho el número de las que efectivamente se realizaron. Tres de esas reformas, como ya adelantábamos, no han terminado de convencer, y de hecho están pendientes de una reconsideración a fondo. Nos referimos a la reforma del mercado laboral del año 2012, a la reforma para mejorar la calidad de la educación en 2013, y a la fiscal de 2014.. Conviene hacer notar el papel cada vez más importante que está desempeñando el sector turístico en España, que en este año ha superado los 80 millones de visitantes. Pero sin restarle mérito alguno al esfuerzo realizado, es preciso tener muy en cuenta los factores cíclicos y coyunturales que contribuyen a tan fuerte crecimiento, algo más importante de lo que parece, pues podría crearse una «burbuja». Por otra parte, hay que poner de manifiesto dos hechos significativos. De un lado, el alza de precios abusivos en la industria hotelera como consecuencia del boom turístico, con efectos negativos a medio plazo, y, del otro, la necesidad de ser conscientes de que el empleo creado en este sector se caracteriza por su corta duración y sus bajos salarios.

El crecimiento del pib en esos años fueron los siguientes: –3,6 (2009), 0,0 (2010), –1,1 (2011), –2,9 (2012) y –1,7 (2013). A su vez, en los tres últimos años la tasa de crecimiento fue del 3,4 (2015), 3,3 (2016) y 3,1 en el 2017. 10

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–– En cuanto a la reforma en el mercado de trabajo llevada a cabo en el 2012, resulta incuestionable que, sin una reconsideración en profundidad de esta, no podremos mantener el crecimiento de la demanda interior, ni tampoco tendríamos una imagen fiel de la realidad en materia de empleo y paro. –– El tratamiento de la crisis en España y en la zona euro ha consistido, como sabemos, en asegurar la estabilidad financiera en términos de déficit público y deuda pública como la variable independiente del sistema, lo que ha supuesto ajustar el resto de variables objetivos a ella, sin el menor grado de libertad. Esta manera de proceder puede resolver algunos problemas importantes, pero en modo alguno puede considerarse una verdadera política económica. –– Hay que señalar que la gestión efectuada por la administración pública consiste exclusivamente en elaborar y desarrollar los Presupuestos Generales del Estado aprobados en las Cortes, y en enviar a la Comisión Europea cuantos informes consideran necesarios o le son requeridos, lo que está muy lejos de constituir una auténtica política económica a medio plazo. –– Finalmente, debemos extraer la necesidad de asegurar una gestión pública eficaz, así como el control interno y externo con el fin de vigilar, prevenir y combatir la plaga que supone la corrupción generalizada que azota nuestro bienestar. Ello requiere un cambio profundo en las altas instituciones de Estado encargadas de esta tarea, y respetar estrictamente la separación de poderes.

5. Una nota metodológica Expuesto cuanto antecede, es fácil deducir que la política económica que debe aplicarse en el conjunto de la Unión Europea, en términos generales (teniendo en cuenta lógicamente las circunstancias y características de cada país miembro) y en España en particular, debería proceder como se establece en la Teoría de la Política Económica, es decir, definiendo los objetivos por alcanzar, por una parte, y las medidas e instrumentos a utilizar para el logro de dichos objetivos, por otra. Los límites impuestos a este trabajo, en cuanto a su extensión se refiere, nos impide abordar los modelos y las técnicas cuantitativas para realizar esta tarea, que en esencia son los ya clásicos modelos de decisión, la teoría del control óptimo, y el análisis funcional, remitiendo al lector interesado en conocer con detalle el funcionamiento de los tres métodos o procedimientos al trabajo que citamos a pie de página.11 Permítasenos, no obstante, apurando el escaso espacio que nos queda, expresar lo esencial, y a modo de ejemplo e ilustración, en términos formalizados. Podemos considerar como punto de partida para el diseño de la política económica que poner en marcha el vector de las variables de estado u objetivos perseguidos, x, y el vector de las variables de control o instrumentos, u. Tendríamos entonces:

11

Fernández Díaz (2017: 19-35).

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x = (x1, x2,........., xn) u = (u1, u2,........., un) donde x1, x2,…….xn indica el conjunto de variables objetivos, y u1, u2,…….un el correspondiente al de los instrumentos. El natural proceso de feedback entre las variables instrumentos o de control, y las variables de estado, permite a la economía evolucionar de manera óptima si cumple la condición de maximizar la funcional

que define la evolución del sistema por las ecuaciones de estado:

Resulta evidente que se tiene en cuenta la interdependencia de las distintas decisiones, no solo para cada instante del tiempo, sino a lo largo de todo el proceso, siendo esta la razón principal por la cual, desde el punto de vista metodológico, este planteamiento tiene sus ventajas respecto a otros más convencionales que pueden encontrarse en los modelos de decisión de primera y segunda generación. Y, para concluir, tenemos que dejar constancia de que el análisis funcional, una rama enriquecedora y compleja de la matemática moderna, constituye un apoyo logístico de gran valor para sustentar formal y cuantitativamente la aplicación de la política económica de la que hasta el momento carecemos. Dixit.

6. Bibliografía Fernández Díaz, A. (1982): «Les exportations poussées et la politique économique de la transition en Espagne (1976-1979)», Economie Appliquée, tome XXV, n.º 1-2. Fernández Díaz, A. (1987): La política económica coyuntural, Madrid, Editorial AC. Fernández Díaz, A. (2010): «Cara y cruz de la política económica española: un dispositivo para salir de la crisis», Revista Española de Control Externo, 34, Madrid, Tribunal de Cuentas. Fernández Díaz, A. (2016): Some Differences between the Great Depression and the Recent Crisis: Learning a Lesson, Madrid, E. Prints Complutense. Fernández Díaz, A. (2017): Le retour aux grands maîtres contre la simplification de la politique économique, Madrid, E-Prints Complutense.

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Yuli Marcela Suárez-Rico

Universidad Nacional de Colombia

1. Introducción La comunicación de la información corporativa está cambiando en los últimos años gracias a las redes sociales. Su utilización facilita la rendición de cuentas y la transparencia, a la vez que permite a los usuarios participar y reaccionar a través de la web. Por este motivo, la web 2.0 ha sido denominada por Baue y Murningham (2011) como Accountability Web, dado que permite a las empresas y a sus stakeholders retroalimentarse y beneficiarse mutuamente. En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (rsc), las empresas de todo el mundo están haciendo uso de las redes sociales para interactuar con sus stakeholders mientras entregan información sobre sus políticas, estrategias y acciones de compromiso social y medioambiental. Con esto se amplía el potencial de usuarios de la información y se viabiliza el acceso a esta en un formato amigable. Por ello, diversos trabajos han estudiado la relación de las corporaciones con los stakeholders a través de mensajes sobre rsc en redes sociales (Men y Tsai, 2012; Etter, 2014; Manetti y Bellucci, 2016; Cho, Furey y Mohr, 2017). El objetivo de este trabajo es analizar descriptivamente la divulgación de rsc en redes sociales identificando los niveles de divulgación y transparencia. Nuestro trabajo aporta un paso más en la literatura internacional, ya que caracteriza el nivel de divulgación de información basado en categorías sobre rsc, objetivamente definidas, un aspecto que no ha sido contemplado en la investigación previa. Asimismo, dado que no existen estudios que analicen el comportamiento de las empresas latinoamericanas en esta materia, el presente trabajo se centra en analizar las empresas cotizadas en el índice milatrc16, que agrupa las empresas más grandes de la región, y cuyas acciones son las más líquidas en el Mercado Integrado Latinoamericano (mila), que

* Los autores agradecen el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana AICO/2017/092 y de la III Beca de investigación ASEPUC 2017.

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incluye a empresas cotizadas de Chile, Colombia, México y Perú, países que también constituyen la Alianza del Pacífico. En este contexto nos preguntamos: ¿Qué nivel de divulgación sobre rsc alcanzan las compañías latinoamericanas en redes sociales? Para dar respuesta a este cuestionamiento, el trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción, en la segunda sección, se plantea el importante rol de las redes sociales en la comunicación corporativa. En el siguiente apartado, se presenta sintéticamente el marco teórico que soporta el estudio, basado en la teoría de los stakeholders y de la legitimidad. A continuación, el cuarto apartado describe la metodología de investigación empleada, caracterizando la muestra y el índice desarrollado. La siguiente sección presenta los resultados para cada una de las redes sociales estudiadas: Facebook y Twitter. Finalmente, se realiza una discusión y se plantean las conclusiones.

2. El rol de las redes sociales en la comunicación corporativa Con el advenimiento de la web 2.0, se ha promovido la participación de los usuarios a través de la cocreación de contenidos en texto, imagen, sonido y video. Esto, junto con la aparición de las redes sociales, ha incrementado el uso de internet como fuente de información y comunicación y ha transformado la interacción de las personas. Las redes sociales se constituyen en comunidades virtuales en las que diversas personas pueden compartir intereses, construir relaciones e intercambiar ideas. Esto ha impulsado y, a la vez, se ha favorecido por la penetración tecnológica a través de redes de alta velocidad y el acceso a internet desde cualquier dispositivo móvil (Chang et al., 2015). En los últimos años, el uso incremental de las redes sociales ha llegado a un punto en que las personas permanecen más tiempo en ellas que en otras actividades, y llegan a considerarlas como un medio de interacción mediante el cual pueden establecer conversaciones virtuales con un amplio espectro de organizaciones públicas y privadas. Actualmente, dos de las redes sociales más populares en el ámbito mundial son Facebook, que cuenta con más de 2,130 millones de usuarios activos mensualmente (Facebook, 2018), y Twitter, con más de 330 millones de usuarios activos mensualmente (Twitter, 2018). Es tal su importancia en el comportamiento social, que estas dos redes son usadas por las organizaciones y gobiernos para difundir información, pero también han sido usadas por los actores sociales para realizar activismo a través del periodismo ciudadano (Valenzuela, 2013). Dado lo anterior, Kaplan y Haenlein (2010) han argumentado que las redes sociales son plataformas estratégicas para la comunicación corporativa, puesto que, a través de ellas, puede conseguirse una relación más directa con los stakeholders. En la misma vía, Lyon y Montgomery (2013) argumentan que la amplia exposición de la información a través de las redes incrementa el escrutinio social hacia las corpora-

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ciones, lo que disminuye la incidencia del greenwashing, lavado de cara o búsqueda de legitimación. En el contexto del auge de las redes sociales, Merkl-Davis y Brennan (2017) aseguran que, debido a que gran parte de la información contable tiene propósito de uso externo, es necesario que sea eminentemente interactiva, porque con ello se facilita la accountability y la gobernanza. Tal interactividad puede conseguirse a través de las diversas herramientas tanto de Facebook como de Twitter, que permiten al usuario reaccionar frente a una publicación, comentarla o incluso compartirla. Estudios previos sugieren que las empresas están empezando a utilizar las redes sociales como vehículo de información de rsc para sus stakeholders, aunque en general el nivel de interactividad de las publicaciones permanece bajo (Men y Tsai, 2012; Etter, 2013, 2014; Manetti y Bellucci, 2016; Cho, Furey y Mohr, 2017).

3. Marco teórico Dado que la información sobre rsc está orientada a un amplio conjunto de usuarios, más allá de los inversores (Freeman, 1984), su divulgación voluntaria puede ser vista como una vía para reducir los costos políticos que genera la presión de diversos stakeholders. Por ello, en los últimos años, las compañías han buscado una mayor vinculación con sus stakeholders a través de la interacción, poniendo el foco en la construcción de relaciones (Morsing y Schultz, 2006; Moratis y Brandt, 2017). De acuerdo con Bebbington et al. (2007), esto implica un proceso dialógico mediante el cual otros interesados (stakeholders no accionistas) podrían tener un mayor peso en la definición de nuevas formas de rendición de cuentas. La necesidad de entablar una comunicación en doble vía, para entender y dar respuesta a las expectativas de los stakeholders, ha sido una de las razones para que el gri defina como principios informativos tanto la inclusividad como la materialidad (Unerman y Bennett, 2004; gri, 2014). Específicamente, en la guía G4 para producción de informes de rsc, el diálogo y la interacción con los stakeholders son definidos como «the stakeholder engagement» (gri, 2014), lo que sugiere que la esencia de la rsc es la relación con las partes interesadas (Abitbol y Lee, 2017). Al respecto, Unerman y Bennett (2004) argumentan que internet se ha convertido en un medio que favorece la relación con los stakeholders, debido a la facilidad de acceso para el público a un costo relativamente bajo. Asimismo, Fieseler y Fleck (2013) mencionan que la web 2.0 permite la generación de capital social a través de la conversación y el intercambio entre distintos tipos de usuarios. En consonancia con lo anterior, Moreno y Capriotti (2009) sugieren que la comunicación a través de nuevas tecnologías facilita la generación de confianza del público hacia la organización, por la construcción de expectativas y la interacción, lo que en última instancia podría favorecer la transparencia (Bellucci y Manetti, 2017). Dada la importancia de la percepción social para la operación corporativa, varios autores sugieren que las redes sociales son un medio para aumentar la legitimidad y con ello generar mejor reputación y mitigar riesgos (Castelló, Etter y Årup Nielsen,

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2016). Ello sugeriría que, ante la posibilidad de confrontación de las compañías por parte de sus comunidades y el hecho de que la divulgación sea costosa, las empresas preferirían divulgar solo aquella información que mejore su imagen corporativa (Gray, Owen y Adams, 2010; Hummel y Schlick, 2016). En otras palabras, la necesidad de cumplir y mantener el contrato social implícito que habilita a las empresas para operar les lleva a mostrar el cumplimiento de las expectativas y normas sociales de las comunidades que les circundan (Suchman, 1995; Bachmann y Ingenhoff, 2016; Bellucci y Manetti, 2017).

4. Metodología 4.1 Muestra Inicialmente, en nuestra muestra, seleccionamos a las empresas del índice milatrc16, que agrupa a las compañías cuyas acciones son las más liquidas del Mercado Integrado Latinoamericano (mila), compuesto por empresas de Chile, Colombia,

México y Perú. Dado su carácter público, estas empresas están obligadas a rendir cuentas a un amplio espectro de usuarios, en temas financieros y de gobierno corporativo. Del total de empresas, seleccionamos aquellas que cuentan con un informe de rsc en cualquiera de los años 2014-2016, y que tuvieran asimismo cuentas institucionales tanto en Facebook como en Twitter. Estas dos redes fueron seleccionadas por ser las de mayor expansión a nivel corporativo en la región. Obtuvimos una muestra final de 35 empresas cuya distribución, por industria y por país, se presenta en la tabla 1. El panel A refleja que la mayoría de las empresas de la muestra pertenecen al sector financiero y de consumo básico, mientras que el panel B muestra que casi la mitad de las empresas de la muestra proceden de México. Tabla 1. Distribución por industria y por país Panel A: Industria Energía Materiales Industria Consumo discrecional Consumo básico Financieras tic Servicios públicos Total

Distribución por industria Freq. Porcentaje 4 11,43 4 11,43 3 8,57 3 8,57 8 22,86 9 25,71 2 5,71 2 5,71 35 100

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Panel B: País Chile Colombia México Perú Total

Distribución por país Freq. Porcentaje 9 25,71 5 14,29 17 48,57 4 11,43 35 100

4.2 Análisis de contenido e índice de divulgación Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, realizamos un análisis de contenido cualitativo de los mensajes dispuestos en las redes sociales seleccionadas, siguiendo las fases planteadas por Bardin (1996) y usando como ventana de observación un periodo de dos meses, definidos de la siguiente manera: un mes anterior a la emisión del informe de rsc en la página web del Global Reporting Initiative (gri) o en la página web de la empresa respectiva. El análisis de contenido usó como unidad de análisis la frase que componía la publicación en cada red; en caso de que en los posts y en los tweets se presentaran imágenes, videos o vínculos a páginas web, tomamos dichos elementos como unidades de análisis. Las publicaciones que trataban temas relacionados con una de las dimensiones recogidas en la guía G4 del gri fueron seleccionadas para su posterior codificación en el índice.

4.3 Codificación y construcción del índice Para determinar los niveles de divulgación sobre rsc de las empresas de la muestra, construimos un índice sintético para cada red social, Facebook y Twitter. Para ello, nos basamos en las categorías de la guía G4 del gri, 7 de las cuales pertenecen a estándares básicos de divulgación sobre rsc y 6, a estándares específicos de divulgación. En cada caso, para cada post o cada tweet, realizamos una categorización basada en la presencia o ausencia de dimensiones; esto es, cada dimensión tomará el valor de 1 si la publicación divulga sobre ella y 0 en caso contrario. Cada subíndice oscila entre un valor mínimo de 0 y uno máximo de 10. El índice total de divulgación (id) se compone de dos subíndices: uno de divulgación básica (db) y uno de divulgación específica (de), de la siguiente manera: id= db+de

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Cada subíndice se calculó siguiendo a Rivera-Arrubla et al. (2017), de la siguiente manera: Subíndice =

Puntaje obtenido en subíndice Puntaje máximo posible

x 10

El subíndice de divulgación básica (db) incluye 7 categorías extraídas de la guía G4 del gri, que son: i) estrategia y análisis, ii) perfil organizacional, iii) materialidad, iv) stakeholder engagement, v) reporte, vi) Gobernanza y vii) ética e integridad. Por su parte, el subíndice de divulgación específico (de) incluye 6 categorías, que son: i) categoría económica, ii) categoría ambiental, iii) prácticas laborales, iv) derechos humanos, v) sociedad y vi) responsabilidad del producto o servicio. El índice id de cada red social fue ponderado de acuerdo con la importancia relativa de cada subíndice. En el caso de bd, este representa 53,84 % del total, por contar con 7 de las 13 categorías. Por otro lado, sd representa 46,15% del total (6 de 13 categorías): id= db (53,84 %) + de (46,15 %)

5. Resultados En la tabla que se presenta en el apéndice n. º 1 se sintetizan los resultados de los índices para cada empresa estudiada.

5.1 Facebook En el periodo analizado obtuvimos un total de 550 posts codificados dentro de las categorías de rsc del gri, lo que equivale al 23,9 % de los posts totales. El gráfico 1 muestra la distribución porcentual de posts por industria. Consumo discrecional, financieras y energía fueron las industrias con más porcentaje de posts sobre rsc. En cuanto a la distribución por países, el gráfico 2 refleja que las empresas mexicanas fueron las que más divulgación en rsc tuvieron en Facebook (es importante señalar que también la muestra recogía un mayor número de empresas de dicho país), seguidas por las empresas colombianas y chilenas; mientras que las empresas peruanas de la muestra son las que generaron un menor número de posts relacionados con rsc. En cuanto a las categorías sobre rsc más divulgadas en Facebook, se encontró que el 40 % de los posts sobre rsc estaban relacionados con la categoría de sociedad, siendo la más divulgada en todos los países, seguida de la de ambiente con un 29,91 % de los posts sobre rsc, y de la categoría de prácticas laborales, con el 10,65 % de los posts.

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Gráfico 1. Distribución porcentual de post sobre rsc por industria

Servicios públicos TIC 4 % 2%

Energía 19 %

Financieras 19 %

Materiales 11 % Industrial 3%

Consumo básico 31 %

Consumo discrecional 11 %

Gráfico 2. Número de posts sobre rsc por país 350 300 250 200 150 100 50 0 Chile

301

102

42

105 Núm. posts RSC 102

Colombia

105

México

301

Perú

42

5.1.1 Índice de divulgación en Facebook La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de los subíndices calculados para Facebook. El panel A refleja los estadísticos para el total de la muestra, mientras que el B muestra los estadísticos discriminados por país. A nivel general, se observa que el nivel de divulgación alcanzado en cada subíndice es bajo en promedio y en la mediana –se alcanza un nivel de 5/10 en el caso de subíndice de divulgación específico y de apenas 1,4/10 en el caso del subíndice de divulgación general. La discriminación por país sugiere que las empresas colombianas alcanzan en promedio un nivel de divulgación mayor en ambos índices, seguidas de las empresas mexicanas. No obstante, se observa que las empresas mexicanas alcanzan niveles

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máximos de divulgación más altos que el resto de las empresas en el subíndice de divulgación específico. Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los subíndices para Facebook Panel A: Estadísticos descriptivos de los índices- Facebook Desviación   Índice Media p50 Mín. Estándar db 1,633 1,43 1,964 0 Total de la muestra de 4,287 5 2,032 1,67 Panel B: Estadísticos descriptivos por país- Facebook Desviación País Índice Media p50 Mín. Estándar db 1,429 0 2,143 0 Chile de 4,446 5 1,863 1,67 db 2,572 1,43 2,747 0 Colombia de 5,336 6,67 2,173 1,67 db 1,766 1,43 1,788 0 Mexico de 4,216 5 1,964 1,67 db 0,358 0 0,715 0 Perú de 2,920 1,67 2,500 1,67

Máx. 7,14 8,33 Máx. 5,71 6,67 1,67 6,67  5,71 8,33 1,43 6,67

La ponderación del índice total id permitió observar que la empresa con mayor nivel de divulgación de rsc en Facebook fue Isagen, del sector energético, con un puntaje de 6,92; posteriormente se ubica Colbún, también perteneciente al sector energético; Fomento Económico femsa, del sector de consumo básico, y Banorte, del sector financiero, obtuvieron un puntaje de 6,15.

5.2 Twitter Obtuvimos un total de 786 tweets relativos a rsc, que representan el 24,9 % de los tweets totales del periodo, lo que sugiere que, en términos generales, aunque el número de publicaciones sobre rsc en Twitter es mayor al de Facebook, el porcentaje es similar en las dos redes sociales. El gráfico 3 muestra la distribución porcentual de los tweets sobre rsc en las diversas industrias. En este caso, se observa que el sector de energía es el que más tweets genera sobre rsc, seguido por la industria de consumo básico. Aunque este comportamiento es relativamente similar al de Facebook, se observa que el sector financiero y el de consumo discrecional utilizan más Facebook como herramienta de comunicación sobre rsc que Twitter, mientras que en caso del sector de energía su uso es similar en ambas redes.

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En cuanto al número de tweets por países, el comportamiento de las empresas mexicanas es similar al registrado en Facebook, y alcanzan en ambas redes sociales un número cercano de publicaciones, lo que puede estar sustentado en el amplio número de empresas mexicanas que componen la muestra. Sin embargo, como se observa en el gráfico 4, las empresas peruanas cuentan con el menor número de tweets en el periodo analizado, lo que indica que las empresas de este país son las que menos han integrado las redes sociales como medios de comunicación de rsc. Al igual que en Facebook, la categoría más divulgada en Twitter fue la de sociedad, con un 43,89 % de participación sobre el total, seguida de la categoría de ambiente, con un 25,4 %, y de la de prácticas laborales, con un 8,65 %. Gráfico 3. Porcentaje de tweets sobre rsc por industria Servicios públicos 8% TIC 1%

Energía 29 %

Financieras 14 %

Consumo básico 22 %

Materiales 12 % Consumo discrecional 14 %

Gráfico 4. Tweets sobre rsc por país 350 300 250 200 150 100 50 0 Chile

315 218

245

8 Núm. tweets RSC 218

Colombia

245

México

315

Perú

8

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5.2.1 Índice de divulgación en Twitter Según se observa en la tabla 3, el nivel de divulgación de rsc en Twitter es similar al mostrado en Facebook, pero ligeramente mayor en el caso del índice de divulgación general. En la mediana, el comportamiento de ambos índices es igual. No obstante, se observa que en el caso del subíndice de divulgación específica se alcanza un nivel máximo de divulgación de 10, lo que sugiere que en Twitter existe un cubrimiento más amplio de las cuestiones relacionadas con rsc. Los resultados discriminados por países reflejan que, en el caso de Twitter, las empresas colombianas obtienen un nivel superior en promedio en ambos subíndices, seguidas de lejos por las demás empresas de la muestra. En el subíndice de divulgación general, las empresas chilenas y mexicanas alcanzan máximos más altos que las otras, mientras que en el subíndice de divulgación específico Colombia alcanza el puntaje máximo posible. Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los subíndices para Twitter

Total de la muestra

País Chile Colombia México Perú

Panel A: Estadísticos descriptivos totales-Twitter Desviación Índice Media p50 Estándar db 2,239 1,43 2,078 de 4,445 5 2,369 Panel B: Estadísticos descriptivos por país- Twitter Desviación Índice Media p50 Estándar db 1,747 0 2,553 de 4,259 5 2,058 db 3,933 4,29 0,715 de 7,500 7,5 2,150 db 2,383 1,43 1,844 de 4,111 3,33 2,075 db 0,000 0 0,000 de 1,670 1,67 0,000

Mín.

Máx.

0 1,67

7,14 10

Mín.

Máx.

0 1,67 2,86 5 0 1,67 0 1,67

7,14 8,33 4,29 10 7,14 8,33 0 1,67

De acuerdo con lo anterior, las empresas que obtuvieron un mayor puntaje en el índice de divulgación total (id) para Twitter fueron Colbún, del sector energía, con un puntaje de 7,69, y que también obtuvo uno de los puntajes más altos de divulgación en Facebook; Pacific Exploration and Production, del sector energía, con un puntaje de 6,92; Cementos Argos, del sector de Materiales, con un puntaje de 6,15 y, finalmente, Banorte, del sector financiero, con un puntaje de 6,15, y que también obtuvo el mismo puntaje de divulgación para Facebook.

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6. Discusión y conclusiones Este trabajo buscó analizar la divulgación de información sobre rsc de las empresas del milatrc16 a través de redes sociales. Los datos exploratorios que se presentan se basaron en el análisis de contenido de las publicaciones generadas en Facebook y Twitter, debido a que son las dos redes sociales más populares en la región. Los resultados obtenidos en ambas redes sociales sugieren que el comportamiento de las empresas latinoamericanas, en términos del número de publicaciones sobre rsc, es similar al evidenciado por el estudio de Etter (2014), en el que 30 empresas de las 100 best corporate citizens dedicaron casi el 25 % de sus publicaciones a asuntos relacionados con rsc. En el caso de las empresas latinoamericanas, se trata de un 23,9 % en Facebook y de un 24,9 % en Twitter. Asimismo, el nivel identificado es superior al identificado en el estudio de Cho et al. (2017), quienes reportaron que en las cuentas de Facebook de 46 de las empresas más admiradas del mundo, según Fortune 100, únicamente el 14 % de las publicaciones estaban relacionadas con aspectos de rsc. En cuanto a las categorías divulgadas, los resultados sugieren, en concordancia con la teoría de la legitimidad, que las empresas de la región optan por divulgar más información sobre la categoría social y ambiental como forma de responder a las expectativas de sus comunidades locales y de construir una imagen corporativa favorable que les permita mantener el contrato social con el que operan. Estos resultados son coherentes con lo observado en la industria energética, que reporta altos niveles de divulgación sobre rsc en ambas redes sociales, siendo las empresas de este sector las que alcanzaron mayores puntajes en el índice id dentro de la muestra. Esto podría indicar que, en términos de accountability, las redes sociales favorecen mayores niveles de transparencia para empresas pertenecientes a industrias sensibles. No obstante, en términos generales, se observa un nivel bajo de divulgación. Este comportamiento es aún más bajo en el índice de divulgación básico, que recoge aspectos clave de la rsc relacionados con la gobernanza, la relación de la compañía con sus stakeholders, la ética y el perfil de la empresa. Por su parte, en el subíndice específico se alcanza un nivel medio. Lo anterior podría ser explicado por la alta concentración de mensajes en pocas categorías, específicamente en la categoría social y ambiental, lo que indica que Facebook y Twitter están siendo usadas como herramientas de comunicación de rsc para determinados stakeholders de tipo externo, como la sociedad, el gobierno y las ong. El análisis a nivel de país permite observar que las empresas mexicanas y colombianas alcanzan mayores niveles de divulgación sobre rsc, en contraste con las empresas peruanas, cuyos resultados sugieren que sus redes sociales no están siendo usadas para comunicar su rsc. Los resultados de este estudio abren nuevas oportunidades de investigación en varios sentidos. Por un lado, permiten vislumbrar la necesidad de analizar el tipo de stakeholders que hacen uso de las redes sociales para informarse sobre asuntos de rsc en las compañías. Por otro, plantean interrogantes sobre la manera en que los stakeholders reciben la información divulgada por las empresas en términos de credibilidad y legitimidad.

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El Pacífico-Peruano Suiza Compañía de Seguros

8

Cemex

Banco de Chile

Empresas cmpc

Colbun

Ecopetrol

14

15

16

17

18

Colombia

Chile

Chile

Chile

México

Colombia

Cementos Argos

13

Chile

Banco Santander

Compañías Cerveceras Unidas sa Chile

11

México

Grupo Bimbo sab de cv

Chile

12

10

bci

Banco de Crédito e Inversiones

Perú

Prima afp

7

9

Perú

Banco de Crédito del Perú bcp

6 Perú

México

Grupo Aeroportuario del Sureste -asur

5

México México

Nemak Global

Axtel

México

3

Sigma Alimentos

2

Chile

País

4

Aguas Andinas sa

Compañía

1

N.º

Apéndice 1. Resultados por empresa

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db

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5

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5

de

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168 m.ª antonia garcía-benau, mauricio gómez-villegas y yuli m. suárez-rico

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Almacenes Éxito sa

Fomento Económico Méxicano -femsa

Gentera

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23

24

México México

Isagen

Coca-cola femsa

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Grupo Aeroportuario del Centro Norte

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México

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Gruma -maseca

25

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México

Chile

Empresa Nacional de Telecomunicaciones

21

México Chile

Grupo Elektra

Enersis sa -Enel Chile

País

19

Compañía

20

N.º 0

1,43

1,43

0

1,43

0

0

0

2,86

7,14

2,86

4,29

0

5,71

1,43

0

0

db

3,33

1,67

6,67

3,33

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5

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5

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de

2,31

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las redes sociales como plataformas de divulgación de la rsc... 169

CONSEJEROS Y REPUTACIÓN EN LA EMPRESA ESPAÑOLA EFECTOS DE LAS CONEXIONES POLÍTICAS Emma García Meca

Facultad Ciencias Empresa Universidad Politécnica de Cartagena

Camino Ramón Llorens

Facultad Ciencias Empresa Universidad Politécnica de Cartagena

1. Introducción La reputación empresarial es la percepción que las partes interesadas (stakeholders) tienen sobre la empresa (Brammer y Millington, 2005). La literatura previa ha estudiado el efecto que sobre ella ejercen diferentes variables de gobierno corporativo, entre las que destacan el género de los consejeros (Brammer et al., 2009) y la concentración de la propiedad (Delgado-García et al., 2010) como las más estudiadas. El interés en el estudio de la composición del consejo de administración ha aumentado después de la crisis financiera, ya que se cuestiona en qué medida la falta de cualificación, habilidades y experiencia de los consejeros pueden ser las responsables del colapso del gobierno corporativo en muchas compañías. Del mismo modo, existe una creciente preocupación con respecto a la alta presencia de consejeros con vínculos políticos en los consejos de administración de las empresas españolas, lo que puede afectar a la opinión de los stakeholders y, por lo tanto, a los niveles de reputación de la empresa. A pesar de que el consejo de administración es un importante mecanismo de gobierno que influye en la percepción de los stakeholders, la literatura existente sobre los efectos que la diversidad ejerce en la reputación es escasa. Hasta donde conocemos, el trabajo de Bear et al. (2010) es el único que analiza el efecto de la diversidad de género y de la formación sobre la reputación de la empresa. Estos autores, sin embargo, no encuentran ningún efecto significativo y señalan que sus resultados pueden estar influidos por el reducido tamaño de su muestra. Musteen et al. (2010) también estudian el papel que la composición del consejo ejerce en la reputación de la empresa; sin embargo, solo examinaron el rol ejercido por los consejeros externos, y no el efecto específico de las diferentes categorías de consejeros externos de acuerdo con sus antecedentes profesionales. Este trabajo estudia el efecto global de la diversidad en la reputación de la empresa. Además, se examina el papel de los consejeros de acuerdo con sus antecedentes profesionales. Si bien la mayoría de los estudios han tratado a los consejeros externos

172

emma garcía meca y camino ramón llorens

como un grupo homogéneo, en este trabajo se utiliza la clasificación propuesta por Hillman et al. (2000), de manera que los miembros del consejo son clasificados en diferentes categorías con el fin de examinar si la experiencia o las conexiones políticas afectan a la reputación de la empresa. Aunque la teoría de agencia ha dominado la investigación sobre el consejo de administración, la teoría de la señalización, la del stewardship y la de la dependencia de recursos también pueden ser interesantes. El efecto que tiene el nombramiento de consejeros con vínculos políticos sobre la reputación no es claro. De acuerdo con la teoría de la dependencia de recursos, la ayuda que brindan estos consejeros viene determinada por sus relaciones con el entorno o por elementos importantes externos a la empresa. La mayoría de los consejeros pertenecientes a este grupo son expolíticos, por lo que estos pueden facilitar vínculos con el gobierno, con empresas de élite y con compañías sin ánimo de lucro. Sin embargo, esto puede provocar que los stakeholders penalicen a las empresas que tienen una alta proporción de estos consejeros en sus juntas, especialmente en un país como España, caracterizado por un alto nivel de corrupción y un bajo nivel de transparencia. España resulta un entorno interesante para realizar este estudio por varias razones. En primer lugar, España es un país caracterizado por el principio de «cumplir o explicar» en la aplicación de las normas de gobierno corporativo una alta concentración de accionistas dominantes y mercados de capital de bajo desarrollo (Iturriaga y Rodríguez, 2017). En segundo lugar, este trabajo está relacionado con la recomendación 14 del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (2015), según el cual «la elección de consejeros promoverá la diversidad de conocimientos, experiencias y género en su composición». Asimismo, es importante destacar que España posee un elevado número de consejeros con conexiones políticas en sus consejos de administración, lo que viene explicado por el número de privatizaciones realizadas en España durante las últimas décadas y la alta concentración de la propiedad (Bona-Sánchez et al., 2014). Además, a diferencia de los mercados de capitales anglosajones, los mercados españoles se caracterizan por una alta concentración de la propiedad y un bajo nivel de protección del inversor, donde el consejo de administración es el mecanismo de control más importante (García-Meca et al., 2015). Estas características propias del sistema español hacen aún más importante el estudio de la clasificación realizada por Hillman et al. (2000) y su influencia en las percepciones de los stakeholders, que proporcionan un entorno interesante para estudiar las consecuencias de la reputación empresarial sobre la diversidad profesional en los consejos de administración. La taxonomía de Hillman nos permite considerar la categoría de expolíticos, muy común en España y cuya literatura previa ha evidenciado su efecto sobre la calidad de los resultados de la empresa (Bona-Sánchez et al., 2014) y la remuneración del consejo (García-Meca, 2016). Finalmente, los resultados de este trabajo contribuyen a la literatura aportando nuevas evidencias sobre la relación existente entre conexiones políticas y reputación empresarial.

consejeros y reputación en la empresa española... 173

2. Diversidad de recursos del consejo de administración y reputación empresarial

Los consejeros proporcionan recursos a la empresa tales como experiencia técnica, conocimiento en áreas específicas o legitimidad. Además, de acuerdo con Brammer et al. (2009), la diversidad del consejo podría tener un papel fundamental en la reputación debido a su capacidad para influir en las percepciones sobre la efectividad de la empresa. Esta suposición se basa en la teoría de dependencia de recursos, que supone que los consejeros aportan recursos a la empresa, como habilidades, información, contactos, su propia reputación y credibilidad, lo que a su vez mejora la eficacia del consejo. Además, de acuerdo con la teoría de agencia, la variedad de experiencias, habilidades y conocimiento es fundamental para abordar la función de supervisión de los consejeros. Con respecto a la teoría de la señalización, una mayor diversidad en el consejo también puede ser una señal de la sensibilidad a las necesidades y requisitos de los stakeholders (Brammer et al., 2009). Finalmente, la teoría institucional también respalda la relación existente entre diversidad y reputación empresarial, lo que sugiere que las empresas aumentan su diversidad en los consejos con el fin de ganar legitimidad. Musteen et al. (2010) afirman que esta teoría está adquiriendo mayor relevancia después de los escándalos corporativos, que han aumentado el control regulatorio y público en los consejos, así como el número de agencias de calificación que estudian si las empresas alcanzan el estándar ideal de gobernabilidad requerido (es decir, el número de consejeros externos en el consejo). De esta manera, la diversidad del consejo debería conducir a una mayor reputación empresarial, pues esta mejora la creatividad, la innovación y la toma de decisiones de calidad en los consejos de administración, de manera que afectan a la responsabilidad social corporativa y al gobierno corporativo de las empresas (Erhardt et al., 2003; Kang et al., 2007). Según Gabbioneta, et al. (2007), es probable que la estructura de gobierno (incluido el consejo de administración) sea uno de los impulsores clave de la reputación empresarial debido a su capacidad para influir en las percepciones sobre la efectividad del consejo. Esta información está disponible para los stakeholders y ayuda a los evaluadores en sus juicios sobre la reputación empresarial (Deutsch y Ross, 2003). En este sentido, nosotros sugerimos que a mayor diversidad de recursos, más habilidades, competencias y conocimientos en el consejo y, por tanto, mayor capacidad para comprender problemas y gestionar situaciones complejas. La diversidad de recursos del consejo también implica una mayor variedad de intereses representados y, por lo tanto, una gran dependencia de las decisiones firmes de las partes interesadas. Este efecto positivo de la diversidad de recursos sobre la reputación de la empresa también puede explicarse mediante la teoría de la señalización. Por tanto, de acuerdo con Musteen et al. (2010), la reputación se puede considerar como el resultado de un proceso de señalización, donde las partes interesadas utilizan señales como los atributos del consejo para emitir juicios de reputación sobre la empresa. De acuerdo con los argumentos anteriores, planteamos la hipótesis: H1. Existe una relación positiva entre diversidad en el consejo y reputación empresarial.

174

emma garcía meca y camino ramón llorens

Todos los consejeros externos no tienen las mismas de habilidades, conocimientos y experiencia (Baysinger y Zardkoohi, 1986). Por tanto, aunque la mayoría de la literatura previa estudia el efecto individual de la educación o de la experiencia financiera, otros estudios también señalan que no todos los miembros del consejo son igualmente efectivos y que consejeros externos tienen experiencias profesionales diferentes o habilidades distintas para resolver problemas, que reflejan la variabilidad en sus destrezas. Los resultados inconclusos y heterogéneos con respecto a los consejeros independientes pueden deberse al hecho de que estos estudios no han considerado las habilidades y conocimientos específicos de los consejeros. En este sentido, Hillman et al. (2000) distinguen tres categorías principales de consejeros externos: business experts, support specialists y community influentials. Esta clasificación ya ha sido utilizada por Markarian y Parbonetti (2007), Jones et al. (2008), Bear et al. (2010) y Haynes y Hillman (2010), entre otros. Aunque la literatura previa señala que los consejeros con conexiones políticas son una figura común en España y que afectan a la remuneración del consejo (GarcíaMeca, 2016), los efectos en la reputación de la empresa no han sido examinados todavía. Además, aunque el nombramiento de consejeros con experiencia en estrategia corporativa o en cuestiones de reglamentación puede mejorar la reputación, el efecto beneficioso de los consejeros con conexiones políticas no es tan claro. Por un lado, estas conexiones pueden facilitar los vínculos con el gobierno, la élite empresarial y las empresas sin fines de lucro, lo que puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más eficaces en un entorno complejo. Estos consejeros también pueden facilitar el acceso a los mercados financieros (Claessens et al., 2008), y conseguir un trato fiscal más favorable o una regulación de entrada al mercado más relajada (You y Du, 2012). Además, los consejeros con vínculos políticos pueden ayudar a las empresas, al proporcionar experiencia en procedimientos burocráticos y legislativos (Goldman et al., 2009). Por lo tanto, algunos trabajos encuentran una influencia positiva en la existencia de conexiones políticas en el consejo de administración (Faccio y Parsley, 2009). Sin embargo, los consejeros con conexiones políticas pueden utilizar sus recursos políticos en su propio interés en lugar de en interés de los accionistas. En este sentido, es posible que prefieran reducir la información proporcionada a terceros para proteger las conexiones políticas de la empresa del escrutinio público, así como sus ventajas competitivas (Bona Sánchez et al., 2014). De acuerdo con la teoría de la señalización, el nombramiento de expolíticos puede considerarse una señal negativa sobre los méritos reputacionales de la empresa. Esto puede ser percibido por los stakeholders, que pueden penalizar a las empresas que poseen una alta proporción de community influentials en sus consejos. Estos consejeros suelen ser más frecuentes en países con sistemas legales débiles y un alto nivel de corrupción (Chen et al., 2011). En esta línea, varios artículos han encontrado un efecto negativo de las conexiones políticas en el rendimiento de la empresa (Cahiers y Boubakri, 2007; Chaney et al., 2011). Por lo tanto, nuestra segunda hipótesis señala que: H2: La proporción de consejeros con vínculos políticos influye en la reputación de la empresa.

consejeros y reputación en la empresa española... 175

Finalmente, esperamos un efecto moderador del sector en el papel de los consejeros. En sectores regulados las empresas están más afectadas por regulaciones y políticas públicas. En estos sectores, los consejeros con experiencia política previa pueden ser bien vistos por los stakeholders de acuerdo con la teoría de la legitimación, así como por sus relaciones políticas y contactos en el sector. De acuerdo con la teoría de la dependencia de recursos, estos consejeros también pueden facilitar la anticipación y adaptación a cambios, lo que mejora la toma de decisiones. En este sentido, Hillman (2005) encontró que las empresas en sectores regulados suelen contar con más consejeros que ocuparon previamente cargos políticos, y que esto afectaba positivamente al rendimiento de las empresas. Así pues, proponemos la siguiente hipótesis: H3: La influencia de los community influentials en la reputación de la empresa es positiva en sectores regulados.

3. Metodología 3.1 Muestra y variables La muestra objeto de estudio está formada por las empresas incluidas en el merco (Monitor Español de Reputación Corporativa), que clasifica a las 100 empresas

con una mayor reputación en España, durante el período 2004-2015. La información financiera se obtiene de la base de datos sabi, mientras que los datos del consejo se han extraído manualmente de la página web de la cnmv (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Finalmente, obtenemos un panel no balanceado formado por 43 empresas y 311 observaciones. Es importante señalar que se trata de una muestra truncada, dado que el valor numérico para el índice de reputación solo se da para aquellas 100 empresas con mayor reputación. La tabla 1 recoge las variables utilizadas en el estudio. Tabla 1. Descripción de las variables Variable

Descripción

Reput

Reputación empresarial proporcionada por el ranking merco

Diversidad

Diversidad en el consejo medida por el índice de Blau

pol

Proporción de consejeros con conexiones políticas previas en el consejo de administración

Tamaño_consejo

Tamaño del consejo, medido por el número de consejeros en el consejo de administración

Dualidad

Variable dicotómica que toma valor 1 si recae en la misma persona el cargo de Presidente del consejo y el de Consejero-Delegado, y 0 en caso contrario

End

Nivel de endeudamiento medido como el cociente entre el total de deudas y el activo total

176

emma garcía meca y camino ramón llorens

Variable

Descripción

Rentabilidad

Rentabilidad económica calculada como el cociente entre el beneficio económico y el activo total

Tamaño

Logaritmo del activo total

Concentración

% de concentración de la propiedad

Concentración_consejo Reg

Concentración de la propiedad en manos del consejo de administración Variable dicotómica que toma valor 1 para sectores regulados

3.2 Metodología Para contrastar las hipótesis que hemos planteado, contrastaremos el siguiente modelo: Reputit=β+βDiversidad_variablesit+βTamañoit+βRentabilidadit+βendit+βTama ño_consejoit+βDualidadit+βConcentraciónit +βConcentración_consejoit+µt+γt+εit Donde Diversidad_variables representa las medidas de diversidad explicadas anteriormente (proporción de business experts, support specialists y community influentials) y representadas por el índice de Blau’s; µ, γ y ε representan el efecto individual, el efecto temporal y el error estocástico, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, estamos trabajando con una muestra truncada, debido a que nuestra variable dependiente (índice de reputación) solo toma valores para aquellas empresas con ingresos superiores a los 50 millones de euros. Además, el rango de reputación se limita a aquellas empresas con una puntuación que oscila entre los 3.000 y los 10.000 puntos. En consecuencia, utilizamos una regresión truncada con efectos fijos, robusta ante la presencia de heterogeneidad individual no observable.

4. Resultados 4.1 Estadísticos descriptivos La tabla 2 presenta la media, la desviación estándar, los cuartiles y los valores máximos y mínimos de las principales variables objeto de estudio. Tabla 2. Estadísticos descriptivos Variable Reput Diversidad pol

Media

Desv. Estándar

5,428367

1,682449

4,351

5,154

5,943

0,6191788 0,0852408

0,569444

0,64

0,685

0,092234 0,0882806

0

Q25

Q50

Q75

0,1 0,1666667

Mín

Max 3

10

0 0,4615385

consejeros y reputación en la empresa española... 177

Variable

Media

Desv. Estándar

Tamaño_consejo

13,97428

3,499214

8

22

End

0,699083 0,1458345 0,6135085 0,6998897 0,7936996 0,2338834

1,172006

Rentabilidad

5,280398

5,768064

16,00524

Tamaño

Q25

Q50 11

2,673

Q75 14

4,848

Mín 17

Max

7,654667 –19,05433

23,755

1,438745

14,9837

16,006

17,04963

11,95977

18,68131

Concentración

0,4521645 0,2581267

0,20508

0,45369

0,63014

0

1

Concentración_consejo

0,1983637 0,2426254

0,0012

0,061

0,3726

0

0,9575

La matriz de correlaciones, no incluida en este trabajo, indica que no existe multicolinealidad en nuestro modelo.

4.2 Resultados del análisis de regresión La tabla 3 muestra las estimaciones realizadas para contrastar la primera hipótesis, y verifica si la diversidad global del consejo afecta a la reputación corporativa (columna 1). El coeficiente de la variable diversidad es positivo y significativo (p < 0,05), lo que confirma nuestras expectativas y sugiere que la diversidad del consejo afecta y aumenta la percepción de la reputación por parte de los stakeholders. El modelo 2 mide el efecto de los consejeros políticos (pol), que no son estadísticamente significativos. En el modelo 3 se aprecia la interacción entre los consejeros con vínculos políticos y los sectores regulados (pol*Reg), al existir una relación positiva y significativa (p < 0,05) con la reputación de la empresa, lo que resulta acorde a nuestras expectativas previas (H3). El test de Wald muestra que todos los modelos son estadísticamente significativos. Con respecto a las variables de control, los resultados muestran que el tamaño de la empresa afecta positivamente a la reputación empresarial de la empresa, mientras que la dualidad ceo tiene una influencia negativa. Tabla 3. Coeficientes estimados de la regresión truncada con efectos fijos Variables Diversidad pol pol*Reg

Modelo 1 1,829** (0,012) -

Modelo 2 -

Modelo 3

–0,517 (0,351)

–3,427* (0,026) 3,453** (0,036)

178

emma garcía meca y camino ramón llorens

Variables

Modelo 1

Modelo 2

0,030 (0,213) 0,137 (0,803) 1,407* (0,071) 0,357*** (0,006) –0,204* (0,064) 0,463* (0,079) –0,490 (0,202) sí

0,023 (0,314) 0,001 (0,998) 0,003 (0,839) 0,347*** (0,008) –0,277* (0,012) 0,299 (0,272) –0,608 (0,111) sí

Reg Tamaño_consejo End Rentabilidad Tamaño Dualidad Concentración Concentración_consejo Efecto tiempo

Modelo 3 –1,188* (0,092) 0,028 (0,256) 0,148 (0,795) 0,011 (0,532) 0,447*** (0,001) –0,206** (0,06) 0,466 (0,108) –0,343 (0,377) sí

p-values entre paréntesis * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01

5. Conclusiones Este trabajo analiza la influencia de la experiencia política de los miembros del consejo sobre la reputación de las empresas españolas. Los resultados señalan que los consejeros con experiencia previa, como políticos, no solo no son vistos negativamente por los stakeholders, sino que tienen efectos positivos en la reputación cuando están en empresas que operan bajo sectores regulados. Nuestros resultados también sugieren que un alto nivel de diversidad en el consejo puede ser una señal relevante y visible de la eficacia de dicho consejo, lo que influye en las percepciones de los stakeholders sobre la reputación de la empresa. Este estudio encuentra evidencia empírica a favor de las hipótesis planteadas, y muestra que la composición del consejo tiene una influencia importante en las percepciones de los stakeholders y, por tanto, en la reputación empresarial. Los resultados respaldan la opinión de que las empresas deben destacar las capacidades de supervisión y asesoramiento de los consejeros y de que distinguir a los consejeros de acuerdo con sus habilidades y experiencias es crucial para comprender cómo los consejos afectan a la reputación. Este trabajo contribuye a que los responsables de la formulación de políticas tomen consciencia de la necesidad de poseer consejos especializados, y que las empresas sigan políticas que garanticen la diversidad de conocimientos, experiencias y

consejeros y reputación en la empresa española... 179

recursos de los consejeros, algo que equivale a dar mejor cumplimiento de las recomendaciones ofrecidas por los distintos códigos de buen gobierno existentes (Good Corporate Governance Code, 2015; European Commission, 2011). En cuanto a las limitaciones que se presentan, la muestra proviene de las clasificaciones anuales del monitor merco, que únicamente recoge aquellas empresas con mejores puntuaciones en materia de reputación, por lo que las relaciones encontradas podrían no ser extrapolables al conjunto de la población. Por otro lado, la clasificación que se realiza de los consejeros se hace sobre la base de sus biografías, aunque existe, en algunos casos, cierta ambigüedad, por lo que dicha clasificación no está totalmente exenta de un cierto grado de subjetividad.

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EL ASEGURAMIENTO DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD Y SUS PROVEEDORES MECANISMOS DE GOBIERNO CORPORATIVO COMO DETERMINANTES EN ESPAÑA Isabel-María García-Sánchez

Instituto Multidisciplinar de Empresa (ime) Universidad de Salamanca

Jennifer Martínez-Ferrero

Instituto Multidisciplinar de Empresa (ime) Universidad de Salamanca

1. Introducción El compromiso en materia de responsabilidad social ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años (Fifka, 2015), ya que se ha incrementado la tendencia a informar sobre dicho desempeño a través de su divulgación voluntaria (Clarkson et al., 2008) en un informe de sostenibilidad que evalúa aspectos medioambientales, económicos y sociales (Morimoto et al., 2005). Sin embargo, el aumento en el número de informes de sostenibilidad no se ha visto acompañado por un mayor nivel de confianza pública (Hodge et al., 2009); la falta de credibilidad, transparencia y consistencia de los informes de sostenibilidad ha llevado a la necesidad de su aseguramiento o verificación (Adams y Evans, 2004; Simnett et al., 2009). De acuerdo con el Global Reporting Initiative (gri) (2006), este se define como las «actividades diseñadas para generar conclusiones avaladas por un experto sobre la calidad del informe y la información contenida en él». Similar a la auditoría de la información financiera, la verificación de la información contenida en las memorias de sostenibilidad se percibe como el elemento clave para proporcionar credibilidad y transparencia (Adams y Evans, 2004; O’Dywer y Owen, 2005; Simnett et al., 2009). Este aumenta la confianza de grupos de interés, no solo con respecto a la calidad de la información, sino también con respecto al compromiso corporativo en materia medioambiental y social (Hodge et al., 2009; Simnett et al., 2009). Además, actúa como una herramienta de supervisión y control de la gerencia (Wong y Millington, 2014), ya que los informes de sostenibilidad pueden reducir las asimetrías y la incertidumbre de la información, consecuencia de los problemas de agencia (Moroney et al., 2012). En este sentido, cabe destacar que la decisión de verificar las memorias está condicionada por la estructura de gobierno corporativo de las empresas (Zhou et al., 2013). El gobierno corporativo se entiende como «el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas» (Cadbury, 2000). Si bien el gobierno corporativo se compone de diferentes mecanismos, uno de los principales es el consejo de administración, ya que supervisa y controla a la dirección en nombre de los grupos de interés

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(Aguilera et al., 2006). El consejo de administración es el responsable de salvaguardar los intereses de los diferentes grupos de interés, entre otros medios, a través de la diseminación de información y su subsiguiente verificación; con ello, se reducen los problemas relacionados con la información –por ejemplo, la falta de credibilidad– y se previene el comportamiento oportunista (Richardson y Welker, 2001). Así, el gobierno corporativo se concibe como el conjunto de herramientas o mecanismos de rendición de cuentas que refuerzan la legitimidad (Aguilera et al., 2006), estableciendo la posible asociación complementaria o sustitutiva entre estos dos conceptos. Sin embargo, a pesar de la amplia literatura sobre divulgación voluntaria en relación a cuestiones sobre sostenibilidad (Brammer y Pavelin, 2006; Barako y Brown, 2008), existe un conocimiento limitado sobre la naturaleza, alcance y factores del aseguramiento (Kolk y Perego, 2009; Simnett et al., 2009). Por tanto, el objetivo de este capítulo es explorar los factores de gobierno corporativo asociados con el aseguramiento voluntario de las memorias de sostenibilidad y, además, con la elección del proveedor de aseguramiento, tomando como antecedentes teóricos la evidencia previa con respecto a la divulgación del informe de sostenibilidad. La muestra de análisis se centra en 93 empresas españolas para el periodo 2007-2014, sobre la que se aplican diferentes modelos de regresión logit para datos de panel.

2. Hipótesis de la investigación 2.1 La demanda de aseguramiento de las memorias de sostenibilidad Las responsabilidades del consejo de administración se extienden más allá del control y la supervisión de la gerencia para garantizar que esta adopte decisiones que sean consistentes con la organización, alineando los intereses del principal y del agente. El consejo desempeña un papel fundamental a la hora de determinar los comportamientos socialmente responsables de una organización y el nivel de responsabilidad hacia los diferentes grupos de interés (Michelon y Parbonetti, 2012; Rupley et al., 2012). El cumplimiento de estas tareas se ve afectado por la composición del consejo (Goodstein et al., 1994) en términos de tamaño, independencia y actividad. Este estudio se centra específicamente en características tales como el tamaño del consejo, la independencia del consejo y la actividad del comité de sostenibilidad en el análisis del aseguramiento de las memorias de sostenibilidad. En primer lugar, incrementar el tamaño del consejo conlleva un aumento en su efectividad; un alto número de consejeros proporciona la experiencia y la diversidad necesaria para controlar las actividades corporativas propuestas por el consejo (García-Sánchez et al., 2011). Un consejo de mayor tamaño se beneficia de consejeros con diferentes características en cuanto a experiencia, diversidad, capacitación, independencia, etc. (Dalton et al., 1998). De lo anterior podemos concluir que consejos de administración más grandes poseerán mayor conocimiento y experiencia en cuanto a estrategias sostenibles y a la presentación de informes y su verificación (Allegrini y Greco, 2013). En esta línea, la complejidad del control de la gestión, así como la garantía de la exactitud de la información provista, requieren de la presencia de un

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número considerable de consejeros (García-Sánchez et al., 2011) para poder abordar las cuestiones planteadas por los diferentes grupos de interés. Además, al aumentar de tamaño, los miembros del consejo ayudan a vincular las organizaciones con su entorno externo, y aseguran los recursos críticos, incluidos el prestigio y la legitimidad (Mintzberg, 1983; Pearce y Zahra, 1992). De acuerdo con el objetivo de legitimidad y los hallazgos relacionados con la divulgación de la información socialmente responsable, cabe esperar que los consejos más grandes muestren una mayor demanda de aseguramiento. Por su parte, la independencia del consejo garantiza el control y el equilibrio necesarios para mejorar su eficacia en el control de las actividades de la empresa (Franks et al., 2001). Los consejeros independientes, profesionales que carecen de vínculos directos con la gerencia, son vistos como un mecanismo capaz de disipar los conflictos de agencia, ya que aseguran la autonomía del consejo de administración (Patelli y Preincipe, 2007). Además, se los considera un mecanismo de responsabilidad porque su función es ayudar a garantizar que las empresas persigan los intereses, no solo de sus accionistas, sino también de sus grupos de interés (Haniffa y Cooke, 2005). Aunque la evidencia no es concluyente al respecto, gran parte de ella coincide en señalar que una mayor proporción de consejeros independientes aumenta la orientación hacia cuestiones sociales y medioambientales y hacia la divulgación de información (Barako y Brown, 2008; Rupley et al., 2011). En general, el marco teórico defiende esta asociación positiva basada en: (i) su mayor capacidad para equilibrar objetivos financieros vs. los objetivos no financieros (Haniffa y Coke, 2005); (ii) su fuerte orientación hacia los grupos de interés; (iii) la reducción de las asimetrías de información y los riesgos de litigio; y, además, (iv) la protección de su reputación (Lim et al., 2007). Por lo tanto, al ser los consejeros independientes más sensibles a las demandas de los grupos de interés (Ibrahim et al., 2003), cabría esperar que aumenten los sistemas de aseguramiento de los informes de sostenibilidad, lo que mejora la calidad de la información divulgada (Herda et al., 2013). Además, dado que el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad actúa como una herramienta de legitimidad (Simnett et al., 2009), cabe esperar que los consejeros independientes muestren una mayor preferencia por cuestiones sostenibles, la divulgación de su rendimiento y su posterior aseguramiento, a fin de garantizar la legitimidad de sus acciones. Por otra parte, en cuanto que consejeros independientes, son agentes económicos cuyas decisiones están influenciadas por sus propios intereses (Ravina y Sapienza, 2010); ellos tienen incentivos para divulgar información sostenible, cuya veracidad es confirmada por profesionales externos. Tienen una participación limitada en las operaciones diarias de la compañía y necesitan de controles adicionales sobre el comportamiento de la administración para proteger su capital reputacional. Por lo tanto, en general, el aseguramiento protege a los consejeros independientes al reducir la posibilidad de que existan errores u omisiones en la información sobre sostenibilidad (Kolk y Perego, 2010). En esta línea, Amran et al. (2014) defiende la idea de que los consejeros externos alientan a una empresa a desarrollar un mecanismo para lograr un mayor grado de responsabilidad y transparencia.

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Como tercer factor de fortaleza del consejo, una de las herramientas que el consejo tiene para gestionar acciones de sostenibilidad, informes y garantías es establecer un comité de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad (Michelon y Parbonetti, 2012). Este comité específico tiene como objetivo abordar problemas sociales y medioambientales desde la perspectiva del riesgo y el compromiso con las demandas de los grupos de interés (Liao et al., 2014). El enfoque estratégico para abordar las demandas de estos se basa en la experiencia, la habilidad y el conocimiento de los miembros de dicho comité (Amran et al., 2014). Sus responsabilidades y deberes incluyen tanto ayudar a la gerencia en la formulación de estrategias como revisar el desarrollo y crecimiento social y medioambiental, integrando el aspecto sostenible en la actividad diaria de la empresa y revisando su estrategia de divulgación de información (Post et al., 2002), que, hoy en día, incluye el proceso de aseguramiento. Por lo tanto, la creación de un comité de sostenibilidad puede ser un mecanismo eficaz para mejorar la presentación de informes de sostenibilidad (Adnan et al., 2010), ya que proporciona informes no financieros creíbles a través de la difusión de un declaración de aseguramiento. En este sentido, Liao et al. (2014) encuentran que la existencia de un comité medioambiental (o de sostenibilidad, en su caso) refleja la proactividad de una empresa con respecto a tales cuestiones, lo que lleva a una divulgación más transparente y creíble (Peters y Romi, 2012). Sin embargo, la literatura es casi inexistente y se limita a la investigación de Kend (2015) en empresas australianas y británicas, así como al estudio de Peters y Romi (2015) en empresas estadounidenses. Kend (2015) defiende que un comité de sostenibilidad activo afecta positivamente a la decisión de emitir un informe de sostenibilidad asegurado. Peters y Romi (2015) señalan que los comités medioambientales con consejeros expertos influyen positivamente en la adopción de un sistema de aseguramiento. Así, es probable que influyan en el alcance de la función de supervisión y en el control de las cuestiones sobre sostenibilidad, incluida la demanda de procesos de aseguramiento para garantizar la confianza en este tipo de información. Por lo tanto, cabe esperar que un comité de sostenibilidad activo se asocie con una mayor diligencia, muestre mayor interés en la promoción de acciones sociales y medioambientales en sus informes y, como resultado, se asocie con una mayor transparencia hacia el exterior mediante un proceso de aseguramiento. Sobre la base de todos los argumentos anteriores, se propone la siguiente hipótesis: La fortaleza del consejo de administración está relacionada positivamente con el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad.

2.2 La demanda del proveedor de aseguramiento En el ámbito del aseguramiento de las memorias de sostenibilidad, ha habido un crecimiento considerable en las empresas especializadas en el proceso (Hodge et al., 2009). En general, las empresas de contabilidad/auditoría y las empresas de consultoría brindan servicios de aseguramiento externo. El debate se centra en las empresas contables/auditoras vs. las consultoras, ya que las firmas de auditoría tradicionalmente han llevado a cabo la verificación de los estados financieros.

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Investigaciones previas sobre el tipo de proveedor de aseguramiento y la calidad de la verificación externa coinciden en señalar que los inversores otorgan mayor credibilidad a los profesionales de la contabilidad (tradicionalmente conocidos como las grandes firmas de auditoría) (Pflugrath et al., 2011). Las firmas contables están sujetas a requisitos de conducta independientes y profesionales (Peters y Romi, 2015), proporcionando declaraciones y opiniones más detalladas y consistentes, transfiriendo técnicas de auditoría al proceso de aseguramiento (Power, 2003) y ejerciendo una monitorización más efectiva y exigente para no verse dañado su capital reputacional (Simnett et al., 2009). Además, sus habilidades, capacidades y competencias han sido ampliamente reconocidas en el mercado de auditoría financiera, que es perfectamente transferible al mercado de aseguramiento (Hodge et al., 2009), lo que aumenta la confianza de los inversores en su credibilidad. Mientras tanto, las empresas de consultoría aseguran que como proveedores de declaraciones cualitativas tienen mayor experiencia en temas específicos de sostenibilidad (Huggins et al., 2010), de manera que proporcionan declaraciones de aseguramiento que son más informativas, completas y claras (Hasan et al., 2003). Como diferencia fundamental con respecto a las firmas auditoras/contables, estas incluyen recomendaciones y comentarios sobre procesos y sistemas (Deegan et al., 2006). Sin embargo, no se benefician de la independencia de las contables (Huggins et al., 2011) y de su conocimiento global en industrias multidisciplinarias y múltiples jurisdicciones (Simnett et al., 2009). Centrándonos en el tema de esta investigación, la fortaleza del gobierno corporativo (tamaño del consejo e independencia, entre otros) se relaciona positivamente con la demanda de una mayor calidad de auditoría (Cohen et al., 2004). Por lo tanto, un consejo más eficaz y más sólido –el que se caracteriza por un tamaño mayor, una mayor independencia y un comité de sostenibilidad activo– elegirá un proveedor de aseguramiento que pueda ofrecer una declaración de seguridad más creíble para los diferentes grupos de interés. En este sentido, los estudios señalan que las firmas contables son preferidas para asegurar informes de sostenibilidad, debido a los atributos profesionales de experiencia y objetividad proyectados por su profesión (Gray, 2000; Knechel et al., 2006). La capacitación recibida por los contables/ auditores les proporciona habilidades relevantes que no están disponibles para otros profesionales (Gray, 2000). De acuerdo con la literatura sobre auditoría financiera, se espera que el aseguramiento proporcionado por firmas auditoras/contables sea de mayor calidad que la de otros proveedores (Francis, 2004). Por lo tanto, son las empresas de auditoría las que tenderán a emitir informes precisos y producir resultados de alta calidad. En relación a la fortaleza del consejo de administración, aunque la literatura es limitada y casi inexistente, Beasly y Petroni (2001) observan que los consejeros independientes desempeñan un papel fundamental en la elección de las firmas contables que emplean un nombre de marca para garantizar la calidad de la auditoría y reducir las consecuencias asociadas con la divulgación de información financiera. Ello es respaldado por la investigación previa de Carcello et al. (2002), que señala que los consejeros externos muestran una mayor disposición a contratar auditorías adicionales y de mayor calidad. Finalmente, la existencia y la diligencia de un comité de

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sostenibilidad parece estar relacionada positivamente con la profesión contable, a fin de proporcionar servicios de aseguramiento de mayor calidad (Kend, 2015; Peters y Romi, 2015). Sobre la base de lo anterior, se formula la siguiente hipótesis: La fortaleza del consejo de administración está relacionada positivamente con el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad por la profesión contable.

3. Método 3.1 Muestra La población objeto de estudio la constituyen las empresas españolas que cotizan en el mercado continuo de valores español. La población ha sido seleccionada atendiendo al cumplimiento de los criterios de tamaño y cotización en bolsa, utilizados en estudios previos (i. e. Prado Lorenzo et al., 2009). Como país orientado hacia los diferentes grupos de interés, España muestra un mayor compromiso y orientación hacia la coalición con los diferentes participantes en una empresa, y evidencia una mayor preferencia por aspectos económicos, sociales y medioambientales y su divulgación (Simnett et al., 2009), todo ello aplicable al proceso de aseguramiento. Más concretamente, los datos de este estudio son el resultado de la fusión de la información disponible en dos bases de datos para el período de análisis de 2007 a 2014. Primero, se recopilaron los datos económico-financieros de Thomson Reuters Eikon –base de datos que recoge información a nivel empresa sobre actividad, balance, cuenta de resultados y flujos de caja, existencias, estimaciones de analistas, datos sobre acciones y eventos corporativos, gobierno corporativo y propiedad, y otros muchos aspectos–. En segundo lugar, se fusiona dicha información con los datos sobre rendimiento social y medioambiental, así como con el reporting de las empresas recogidas en la base de datos Ethical Investment Research Services (eiris). En este punto, se excluyen las observaciones con información financiera, económica y sobre responsabilidad social que no estén disponibles. Por ello, la muestra final está compuesta por 93 empresas españolas cotizadas, lo que resulta en un total de 587 observaciones para 2007-2014. La muestra es no balanceada y las empresas pertenecen a diferentes sectores de actividad. La descripción de la muestra por año e industria aparece reflejada en la tabla 1. Tabla 1. Distribución del servicio de assurance por año e industria

Frec. %

Panel A. Distribución Muestral Assurance 111 18,91

Prof_Contable 93 15,84

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Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sector Finanzas Materiales básicos Industria Servicios públicos Servicios industriales Construcción Minorista Transporte Telecomunicaciones Otros

Panel B. Distribución por año Assurance Prof_Contable Frec. % Frec. % 11/63 17,46 10/63 15,87 10/69 14,49 9/69 13,04 11/69 15,94 9/69 13,04 14/68 20,59 12/68 17,65 14/82 17,07 12/82 14,63 17/84 20,24 13/84 15,48 18/81 22,22 15/81 18,54 16/71 22,54 13/71 18,31 Panel C. Distribución por sector de actividad Assurance Prof_Contable Frec. % Frec. % 5/111 4,50 5/111 4,50 1/9 11,11 1/9 11,11 10/222 4,50 3/222 1,35 37/61 60,66 31/61 50,82 8/41 19,51 8/41 19,51 6/26 52,00 26/50 52,00 3/15 20,00 1/15 6,67 0/7 0 0/7 0 21/67 31,34 18/97 26,87 0/4 0 0/4 0

3.2 Modelo de análisis El análisis de las hipótesis propuestas será desarrollado, al estimar varios modelos en una serie de pasos. El objetivo en el primer conjunto de modelos es analizar el efecto de determinados factores de gobierno corporativo en la probabilidad de asegurar una memoria de sostenibilidad (variable dependiente «Assurance» por su término anglosajón), y, en el segundo, el efecto de los factores en la probabilidad de que dicha verificación sea llevada a cabo por empresas contables o auditoras (variable dependiente «Prof_Contable»). Respecto al conjunto de modelos 1, se examina la hipótesis relacionada con la probabilidad de «Assurance» en cinco pasos; en el modelo 1a, se regresa la variable dependiente en las variables de control («Tamaño», «Endeudamiento» y «Rentabilidad»); en el modelo 1b, se incluyen, además, las variables relacionadas con el tamaño del consejo («Tamaño_Consejo» y «Tamaño_Consejo_2»); en el modelo 1c,

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se incluyen las variables de control y la vinculada a la independencia del consejo («%Indep»); en el modelo 1d, se incluyen las variables de control y la vinculada con la actividad del comité de sostenibilidad («Sost_Com_Act»); finalmente, en el modelo 1e se incluyen las variables de control y todas aquellas variables independientes, tal y como aparece reflejado en la siguiente ecuación:

donde i va de la empresa 1 a la 93; t toma valor desde el año 2007 al año 2014; j va del sector de actividad 1 al 10; representa los parámetros estimados; ηi, representa la heterogeneidad inobservable; y μit representa el clásico término de error. «Assurance» es una variable dummy que toma el valor 1 si la memoria de sostenibilidad es verificada y 0 en caso contrario (Simnett et al., 2009; Peters y Romi, 2015). «Tamaño_Consejo» representa el tamaño del consejo medido como el número total de consejeros (De Andrés et al., 2008; Michelon y Parbonetti, 2012). «Tamaño_Consejo_2» representa el cuadrado de la variable previa para examinar la posible relación no lineal (Dwivedi y Jain, 2005; García-Sánchez et al., 2014); el comportamiento del tamaño del consejo puede variar cuando este sobrepasa un determinado umbral. «%Indep» representa la independencia del consejo como el porcentaje de consejeros no ejecutivos sobre el total de consejeros (De Andrés et al., 2008; Liao et al., 2014) y «Sost_Com_Act» representa la actividad del comité de sostenibilidad a través del número total de reuniones cada año (Allegrini y Greco, 2011; Kend, 2015; Peters y Romi, 2015). Algunas variables de control son incluidas para evitar resultados sesgados. «Tamaño» representa el tamaño de la empresa como el logaritmo del total de activos; «Endeudamiento» representa el nivel de endeudamiento de la empresa como el ratio deuda total entre patrimonio; «Rentabilidad» representa la rentabilidad corporativo como el ratio return-on-assets. Finalmente, se incluye «Industriaj» que son j dummies que representan los j diferentes sectores de actividad y «Añon» que son n dummies que representan los n diferentes años de la muestra. Para analizar las hipótesis relacionadas con el proveedor de aseguramiento, los modelos a, b, c, d y e, detallados anteriormente, son de nuevo regresados, pero considerando que la variable dependiente es «Prof_Contable». Para el último modelo 2e, este sería como se representa:

el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad... 191

donde «Prof_Contable» es una variable dummy que toma el valor 1 cuando la empresa verifica su memoria de sostenibilidad y este servicio es encargado a un profesional contable, y 0 en caso contrario, cuando se encargan empresas consultoras, por ejemplo (Kolk y Perego, 2010; Moroney et al., 2012). Los modelos econométricos utilizados se basan en técnicas de dependencia para datos de panel. El uso de datos de panel nos permite superar las limitaciones de los modelos transversales, especialmente su baja capacidad explicativa, que está estrechamente relacionada con el período de análisis considerado. Los modelos de datos de panel proporcionan una mayor consistencia y poder explicativo, al considerar varios períodos de tiempo. Además, esta técnica nos permite controlar la heterogeneidad no observable, que se refiere al comportamiento y las características particulares de cada compañía incluida en la muestra. Estas características difieren entre las empresas, pero son invariables a lo largo del tiempo, lo que dificulta su medición, ya que no son observables por los investigadores. Sin embargo, si no los tomamos en cuenta, los resultados podrían estar sesgados. Aplicamos diferentes modelos de regresión para datos del panel, para los cuales la decisión sobre la técnica de análisis que debe usarse dependerá de la naturaleza de la variable dependiente. Debido a que las variables dependientes propuestas para este estudio relacionadas con los proveedores de assurance y el propio assurance son variables dummy que toman valores de cero y uno, es necesario utilizar una metodología de datos de panel que sea apropiada para dichas variables. Por lo tanto, la técnica analítica se basa en un modelo de regresión logística (logit), un modelo de probabilidad binaria ampliamente adoptado en la verificación de las memorias de sostenibilidad (Herda et al., 2014; Peters y Romi, 2015; Simnett et al., 2009). Específicamente, la regresión logística se utiliza para predecir las probabilidades de ser un caso en función de los valores de las variables independientes (predictores).

4. Resultados 4.1 Resultados descriptivos La tabla 2 muestra los resultados descriptivos de las variables utilizadas en el estudio (panel A), así como las correlaciones bivariadas entre ellas (panel B). Los coeficientes obtenidos sugieren que no existe problema de multicolinealidad entre variables. Únicamente y como cabría esperar, entre «Assurance» y «Prof_Contable» existe una alta correlación positiva y significativa, lo cual sugiere que las empresas que verifican los informes de sostenibilidad tienen que encargar dicho servicio a profesionales contables.

192

isabel-maría garcía-sánchez y jennifer martínez-ferrero

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas Panel A. Estadísticos descriptivos Media

Desv. Típica

Assurance

0,189

0,392

Prof_Contable

0,158

0,365

Tamaño_Consejo

11,836

3,635

%Indep

0,368

0,174

Sost_Com_ Act

5,589

2,189

Tamaño

14,286

2,219

Endeudamiento

4,031

8,784

Rentabilidad

0,052

0,124

Panel B. Correlaciones bivariadas 1

2

3

4

5

6

7

1. Assurance 2. Prof_Contable

0,899***

3. Tamaño_ Consejo

0,258***

0,321***

4. %Indep

0,126***

0,148*** –0,131***

5. Sost_Com_ Act

0,168***

0,149***

0,225***

0,082**

6. Tamaño

0,391*** 0,4319***

0,282***

–0,078*

0,092** 0,142***

7. Endeudamiento 8. Rentabilidad

0,013

0,036

0,104**

–0,038

–0,010

–0,014

0,096**

0,081*

0,246***

0,019 –0,144*** –0,131***

Muestra de 587 observaciones para el periodo 2007-2014. ***, ** y * indican la significatividad al 99, 95 y 90 % respectivamente.

el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad... 193

4.2 Resultados de los modelos de análisis Las tablas 3 y 4 muestran y sintetizan los resultados de las estimaciones de los modelos 1 y 2, respectivamente. Para cada variable explicativa, se ofrece el coeficiente estimado y el error estándar asociado con él. De manera individualizada, los primeros cuatro modelos en ambas tablas incluyen las variables de control, y cada factor de consejo de administración examinado (tamaño, independencia y actividad del comité de sostenibilidad), mientras que los modelos 1e y 2e muestran de manera global y completa todas ellas; es en este modelo en el que nos vamos a detener, puesto que los resultados de los modelos anteriores son similares en cuanto a coeficiente, efecto y significatividad. Así, la tabla 3 indica que la probabilidad de que una empresa asegure su memoria de sostenibilidad se reduce a medida que aumenta el tamaño del consejo (α1 = –3,251; p < 0,01); lo cual significa que el mayor número de consejeros reduce la probabilidad de verificar externamente dicho informe. Sin embargo, esta tendencia varía tal y como muestra el coeficiente del cuadrado del tamaño (α2 = 0,151, p < 0,01). Se sugiere, por tanto, una relación en forma de U entre el número de consejeros y la probabilidad de asegurar las memorias de sostenibilidad. El mínimo de dicha relación cuadrática es 10,76;1 por tanto, el efecto negativo que el tamaño del consejo muestra en la variable dependiente se vuelve positivo cuando el número de consejeros se sitúa en torno a 11. En términos de independencia y actividad del comité de sostenibilidad, los resultados indican que la probabilidad de verificar las memorias de sostenibilidad incrementa con el número de consejeros independientes (α3 = 8,516, p < 0,10) y con el número de reuniones del comité de sostenibilidad (α4 = 0,406, p < 0,05). Por su parte, los resultados del modelo 2 –donde la variable dependiente es la probabilidad de que una firma de la profesión contable verifique las memorias– son bastante similares a los obtenidos previamente. Los resultados sugieren que la probabilidad de que el servicio de aseguramiento sea encargado a una empresa contable se reduce con el tamaño del consejo, pero esta relación se convierte en positiva cuando el número de consejeros es superior a 112 aproximadamente (α1 = –4,519, p < 0,01; α2 = –0,203, p < 0,01). De nuevo, los resultados confirman una relación en forma de U entre el tamaño del consejo y la decisión de elegir un profesional contable como proveedor de aseguramiento. Los resultados también sugieren que la independencia del consejo y la actividad del comité de auditoría inciden positivamente en la probabilidad de que sea un profesional contable el que verifique las memorias de sostenibilidad (α3 = 1,255, p < 0,10; α4 = 0,517, p < 0,05).

1

2

11,025

/sigma_u

1,958

0,355

0,009

4,241

0,096

0,055

Error Std.

6,734

3,814

0,932

Controlado

Controlado

–2,044

–0,096

1,326

0,394

0,025

4,273

0,092

0,437

0,049

0,159***

0,754*

1,121

Error Std.

–3,458***

Coef.

Modelo 1b «Assurance»

Muestra de 587 observaciones para el periodo 2007-2014. ***, ** y * indican la significatividad al 99, 95 y 90 % respectivamente.

4,800

Controlado

Año

/sigma_e

Controlado

Industria

0,974

–3,985

Rentabilidad

rho

–0,128

–0,543***

Coef.

Endeudamiento

Tamaño

Sost_Com_Act

%Indep

Efectos aleatorios Tamaño_Consejo Tamaño_Consejo_2

Modelo 1a «Assurance»

12,617

5,070

0,979

Controlado

Controlado

–4,186

–0,152

–0,283***

12,71***

Coef.

2,336

0,370

0,007

4,127

0,133

0,103

3,829

Error Std.

Modelo 1c «Assurance»

12,071

4,982

0,978

Controlado

Controlado

–2,387

–0,109

–0,761***

0,400**

Coef.

2,114

0,350

0,008

4,329

0,090

0,089

0,167

Error Std.

Modelo 1d «Assurance»

Tabla 3. El impacto de las características del consejo de administración en la provisión de assurance

9,663

4,57

0,966

Controlado

Controlado

–0,703

–0,098

0,555

0,406**

8,516*

0,151***

–3,251***

Coef.

1,833

0,379

0,012

4,339

0,096

0,434

0,167

4,584

0,038

0,959

Error Std.

Modelo 1e «Assurance»

194 isabel-maría garcía-sánchez y jennifer martínez-ferrero

0,038

0,170***

11,809

/sigma_u

2,061

0,349

0,008

6,316

0,084

5,422

3,381

0,899

Controlado

Controlado

–0,133

–0,070

1,047

0,386

0,035

6,421

0,079

Muestra de 587 observaciones para el periodo 2007-2014. ***, ** y * indican la significatividad al 99, 95 y 90 % respectivamente.

4,938

Controlado

Año

/sigma_e

Controlado

Industria

0,977

–3,198

Rentabilidad

rho

–0,108

Endeudamiento

15,665

5,503

0,987

Controlado

Controlado

–3,172

–0,144

–0,579***

11,995***

Coef.

2,688

0,343

0,005

6,312

0,104

0,117

4,505

Error Std.

Coef.

13,833

5,254

0,983

Controlado

Controlado

2,195

–0,093

–1,009***

0,344

0,899

–3,806***

–0,911***

Error Std.

Coef.

2,406

0,348

0,006

6,679

0,074

0,113

0,209

Error Std.

Modelo 2d «Prof_ Contable»

Tamaño

0,058

Error Std.

Modelo 2c «Prof_ Contable»

0,598***

–0,652***

Coef.

Modelo 2b «Prof_ Contable»

Sost_Com_Act

%Indep

Efectos aleatorios Tamaño_Consejo Tamaño_Consejo_2

Modelo 2a «Prof_ Contable»

6,773

3,826

0,933

Controlado

Controlado

6,239

–0,064

0,876

0,517**

1,255*

0,203***

–4,519***

Coef.

1,399

0,413

0,026

6,892

0,073

0,551

0,205

4,035

0,059

1,388

Error Std.

Modelo 2e «Prof_ Contable»

Tabla 4. El impacto de las características del consejo de administración en la elección del proveedor de assurance

el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad... 195

196

isabel-maría garcía-sánchez y jennifer martínez-ferrero

De acuerdo con las hipótesis propuestas en este estudio, los hallazgos empíricos sugieren que la fortaleza del consejo de administración en términos de tamaño, independencia y actividad del comité de sostenibilidad está relacionada positivamente con la probabilidad de verificar de manera externa las memorias o informes de sostenibilidad, especialmente cuando estos servicios son encargados a una empresa de la profesional contable/auditora. Los consejos de administración más grandes se benefician de experiencias y conocimientos más diversos, y amplían los objetivos financieros tradicionales a otros intereses, como las prácticas sociales y las medioambientales (García-Sánchez et al., 2011). Sin embargo, la propia memoria en sí no es suficiente, y los consejeros podrían estar interesados en garantizar la credibilidad y transparencia de dicha información con el objetivo de obtener prestigio, reputación y legitimación en el mercado (Mintzberg, 1983; Pearce y Zahra, 1992). Además, de acuerdo con nuestros hallazgos, una relación tan positiva aparece alrededor de 11 consejeros, lo que sugiere una relación en forma de U. Nuestros resultados también indican que un mayor número de consejeros independientes incrementa la probabilidad de asegurar dichas memorias, especialmente si el proveedor es una empresa de la profesión contable. Los consejeros independientes muestran una mayor orientación hacia cuestiones de sostenibilidad; por ende, la probabilidad de asegurar se incrementa (Barako y Brown, 2008; Rupley et al., 2011). Además, dado que los consejeros independientes son agentes económicos y tienen sus propios intereses (Ravina y Sapienza, 2010), deberían estar interesados ​​en divulgar información asegurada con el objetivo de reforzar su reputación en términos de veracidad y credibilidad. La mayor calidad informativa, que tradicionalmente ha caracterizado a la auditoría financiera (Gray, 2000; Cohen et al., 2004), lleva a los consejeros independientes a preferir sus servicios para asegurar la información de sostenibilidad. Finalmente, nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que un comité de sostenibilidad también desempeña un papel fundamental en la decisión de asegurar este tipo de informes. Específicamente, los resultados empíricos están en línea con Kend (2015) y Peters y Romi (2015), quienes mostraron una relación positiva entre la actividad del comité de sostenibilidad/medioambiente y la adopción de servicios de aseguramiento en Australia y Estados Unidos, respectivamente. En este trabajo, con respecto a los estudios de Kend (2015) y Peters y Romi (2015), no solo estudiamos la decisión respecto de asegurar o no asegurar las memorias de sostenibilidad, sino también la decisión sobre el proveedor de aseguramiento (contable vs. no contable). Nuestros resultados indican que los comités más activos prefieren una firma contable como proveedor de aseguramiento.

6. Conclusiones A partir de una muestra de 93 empresas españolas para el período 2007-2014, este capítulo proporciona evidencia del efecto complementario entre la fortaleza del gobierno corporativo y el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad. Especí-

el aseguramiento de las memorias de sostenibilidad... 197

ficamente, se confirma que las empresas tienen más probabilidades de tener informes asegurados si cuentan con un consejo de administración de mayor tamaño e independiente, así como con un comité de sostenibilidad activo. Además, dichos aspectos del consejo influyen positivamente en la elección de la profesión contable para asegurar dichos informes. Nuestro estudio contribuye a la literatura previa en una serie de aspectos. En primer lugar, amplía y profundiza la creciente investigación sobre el aseguramiento, tema de investigación relativamente nuevo, pero cuya práctica es cada vez más común a fin de garantizar la credibilidad de los informes de sostenibilidad. Además, esta investigación examina el tipo de proveedor de aseguramiento. De esta manera, contribuye a la comprensión de qué factores determinan la demanda de aseguramiento, así como a la elección de los proveedores, cuestión menos analizada por la literatura previa (Simnett et al., 2009; Kolk y Perego, 2010). Este capítulo contribuye a la academia, al explicar cómo el consejo de administración afecta a las organizaciones en su decisión de asegurar los informes de sostenibilidad. En este sentido, mientras varios artículos previos analizan los factores de dicha demanda a nivel de país y la elección del proveedor de aseguramiento (Simnett et al., 2009; Kolk y Perego, 2010; Zhou et al., 2013), nosotros complementamos esta literatura previa examinando factores de gobierno corporativo, los que Cohen y Simnett (2014) identifican como una línea de investigación necesaria. Hasta donde sabemos, las referencias teóricas o prácticas que existen relacionadas con el aseguramiento, sus proveedores y el gobierno corporativo se limitan básicamente a los estudios de Kend (2015) y Peters y Romi (2015). Sin embargo, este capítulo los complementa en varios aspectos. En primer lugar, mientras Peters y Romi (2015) solo evalúan la influencia del comité medioambiental en la verificación de las memorias, nosotros nos centramos en varios aspectos del gobierno corporativo (tamaño, independencia y actividad del comité de sostenibilidad). Además, examinamos una muestra de empresas españolas, país escasamente analizado hasta la fecha en cuestiones de aseguramiento, ya que la literatura hasta ahora está sesgada, pues se centra en países como Estados Unidos o Reino Unido. También aumentamos el período de análisis hasta 2014, lo que nos permite considerar los años de mayor aumento en la demanda de aseguramiento. Los resultados de este estudio muestran también una serie de implicaciones prácticas. Por un lado, nuestros resultados sugieren que los consejeros pueden utilizar el aseguramiento como una herramienta de legitimación que asegura la supervivencia a largo plazo de la empresa, así como un mecanismo de comunicación efectiva entre la empresa y sus grupos de interés. Además, nuestros hallazgos permiten identificar el tamaño del consejo efectivo para influir positivamente en el proceso de aseguramiento. Desde el punto de vista práctico, es necesario conocer la proporción de consejeros externos frente a internos para satisfacer las diferentes demandas de los grupos de interés de obtener información más creíble y transparente, así como los beneficios de la creación de un comité de sostenibilidad. Además, para los grupos de interés y accionistas, la verificación aumenta la credibilidad, la transparencia y la fiabilidad de la información voluntaria emitida por las empresas.

198

isabel-maría garcía-sánchez y jennifer martínez-ferrero

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EL PAPEL DEL CONTABLE EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS José M. Moneva

Universidad de Zaragoza Departamento de Contabilidad y Finanzas

Sabina Scarpellini

Universidad de Zaragoza Departamento de Contabilidad y Finanzas

Miguel Marco Fondevilla

Universidad de Zaragoza Departamento de Contabilidad y Finanzas

1. Introducción En estas primeras décadas del siglo xxi, algunas empresas se hallan inmersas en intensos procesos de cambio pro ambiental que influyen en el gobierno corporativo (Cho et al., 2012; Schaltegger et al., 2006) para implantar mejoras medioambientales que implican, a menudo, la interrelación de distintos procesos internos de las organizaciones y la participación de distintas áreas funcionales (Garcés Ayerbe et al., 2016), a las que se añade paulatinamente también el área financiera y contable en los temas relacionados con el ámbito medioambiental. La fase de desarrollo inicial de la literatura en contabilidad medioambiental estuvo ligada, sobre todo, al estudio de los inventarios de materias primas y recursos naturales, en la conjunción de las unidades físicas y monetarias (Gray, 1992; Gray et al., 1995), de manera que el ámbito de análisis se amplió posteriormente a los intangibles y a las inversiones en bienes materiales e inmateriales (Lamberton, 2005), así como a la información externa, financiera y no financiera, medioambiental (Gray et al., 1995). Más recientemente, el análisis de la implicación contable en la mejora medioambiental en las empresas se ha realizado desde la óptica de la contabilidad de gestión medioambiental (ema, por las siglas en inglés de Environmental Management Accounting). Esta se ha centrado fundamentalmente en el control de los flujos de materias primas y demás recursos inherentes a la performance medioambiental (Genovese et al., 2015; Wagner, 2015). Este ámbito ligado a la contabilidad directiva resulta de interés para la identificación y medición de los costes, el análisis de los mecanismos de incentivos, la gestión del ciclo de vida y sus costes (Bennett y James, 1998; Schaltegger y Burritt, 2010) o la adopción de los procesos estratégicos de contabilidad ambiental por parte de las empresas (Wilmshurst y Frost, 2001). A priori, debido al incremento del grado de concienciación en términos medioambientales en las empresas europeas y a la entrada en vigor de medidas regulatorias como la Directiva 2014/95/eu (European Commission, 2014), podría suponerse que

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los responsables de la contabilidad y la información financiera estarán también, en un futuro próximo, directamente vinculados a los temas relacionados con el medio ambiente y, en general, a la sostenibilidad de la organización. No obstante, a pesar del creciente interés que la contabilidad medioambiental despierta tanto entre los académicos como entre los profesionales, la involucración de los contables en los procesos de mejora medioambiental de la empresa es un tema aún poco estudiado en la literatura (Correa-Ruiz y Moneva-Abadía, 2011). Predomina, de hecho, la percepción de que la participación de los contables en los asuntos medioambientales es aún escasa, al haberse considerado tradicionalmente como un puesto ligado a una actividad repetitiva, basada sobre todo en el cumplimiento normativo y fiscal. En términos generales, la integración de las cuestiones ambientales en los procesos contables sigue siendo un tema de análisis (Gray, 2010), y las funciones estudiadas en este ámbito están sobre todo ligadas a las habilidades de gestión, auditoría e información externa (Lodhia, 2001). Ante estas premisas, se reflexiona acerca del nivel de implicación de los contables en España en los procesos medioambientales empresariales, en un entorno en rápida evolución en cuanto a modelos y pautas de consumo, como el propugnado por la economía circular, que es el modelo por el que se apuesta actualmente en Europa (European Commision, 2015). La economía circular plantea un modelo económico global que busca el desacoplamiento entre el crecimiento económico y el aumento en el consumo de los recursos a través del cierre de círculos, con el fin de mantener el valor añadido de los productos el mayor tiempo posible, de manera que se reducen al mínimo los residuos y se aprovechan los productos cuando han alcanzado el final de su vida útil, por lo que pueden continuar reutilizándose una y otra vez para generar, así, más valor (Portillo-Tarragona et al., 2017). Así, en respuesta a la situación de estancamiento en la implantación de la contabilidad social y ambiental detectada por algunos autores (Bebbington y Larrinaga, 2014) y al pesimismo expresado en este sentido por Gray (2010), se pretende refrendar, a través de esta reflexión, la idea de que la contabilidad medioambiental (y social) puede contribuir a un desarrollo empresarial más sostenible y arrojar información de interés acerca de los recursos y capacidades, aplicados a los cambios necesarios de cara a modelos como el de la economía circular.

2. Marco conceptual Siguiendo al profesor Vicente Montesinos (Montesinos Julve, 1998), la evolución histórica de la contabilidad puede plantearse sobre cuatro grandes períodos que la han transformado en una ciencia: –– Período empírico: comprende desde la Antigüedad y la Alta Edad Media hasta 1202, fecha del Liber Abaci de Leonardo Fibonacci de Pisa. –– Período de génesis y nacimiento de la partida doble, que se inicia con la revitalización del comercio como consecuencia de las Cruzadas, en el siglo xiii, y que se extiende hasta la publicación de la obra de Fray Luca Pacioli en 1494.

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–– Período de expansión y consolidación de la partida doble, en el que no hay avances técnicos ni científicos de relevancia, y que se extiende hasta la primera mitad del siglo xix. –– Período científico, que comienza en el siglo xix y se extiende hasta nuestros días. En este último periodo, empieza a plantearse que la contabilidad es un elemento más relevante para la sociedad de lo que el mero registro de datos y su comunicación suponen. Surgen las grandes cuestiones contables y, en los años ochenta del siglo pasado, la problemática medioambiental entra en la escena de la información financiera y la contabilidad de gestión, impulsada por organismos como el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacional y Presentación de Informes (isar), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad) o el Canadian Institute of Chartered Accountants (cica) (Larrinaga et al., 2002). En el ámbito académico, se produce un fuerte desarrollo de la teoría de los grupos de interés (stakeholder theory), basada en el trabajo de Freeman (1984), y de otras teorías emergentes, como la teoría de la legitimidad o la teoría institucional, que se aplican a la investigación en contabilidad medioambiental (Bebbington y Gray, 2001). Es también a finales del siglo xx cuando se crean escuelas académicas de referencia, como el Centre for Social and Environmental Accounting and Reporting (csear), en el Reino Unido, liderado por el profesor Rob Gray, o el Centro de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental (cicsma), en España, liderado por el profesor Francisco Carrasco. Todo ello supone un gran cambio en el pensamiento contable, y la contabilidad medioambiental pasa a ocupar un lugar entre las áreas más relevantes de la contabilidad (Schaltegger y Burritt, 2010). A modo de ejemplo, las sesiones paralelas de Social & Environmental Accounting se han multiplicado en los congresos anuales de la European Accounting Association, así como las publicaciones en las principales revistas de contabilidad de ese ámbito (CorreaRuiz y Moneva-Abadía, 2011). Todo este contexto no tardó mucho en afectar a la contabilidad empresarial y, por lo tanto, a la labor del contable y del auditor. La idea de que el ahorro de costes y la reducción del daño ambiental no sean incompatibles y puedan alcanzarse a través de inversiones como la ecoinnovación (Scarpellini et al., 2016) ha supuesto la implantación en las empresas de sistemas de medición tanto de los costes como de las mejoras medioambientales. De ahí que el contable vaya adquiriendo un papel más participativo y relevante en el diseño, la medición y el control de los procesos en el ámbito ambiental. No obstante, en la actualidad, los costes ambientales siguen analizándose, a menudo, de manera agregada con el conjunto de gastos generales de fabricación (Burritt et al., 2002), lo que dificulta que, tanto a nivel gerencial como de departamento de contabilidad, pueda conocerse el detalle de los costes relacionados con la actividad medioambiental de la empresa (Burritt, 2004). Este tipo de información relativa a las inversiones de medio y largo plazo no suele ser divulgada por las empresas, ni tampoco se incorpora habitualmente en las memorias de sostenibilidad o responsabilidad

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social, sobre todo en el caso de las pymes (Moneva y Hernández Pajares, 2006). Así, desde diferentes foros académicos y profesionales, se aboga por un cambio de paradigma en la gestión interna y en el reporting, en lo que concierne al medio ambiente, para incrementar el conocimiento de las prácticas ligadas a la sostenibilidad en las empresas (Collins et al., 2011). La percepción de los contables acerca de las prácticas corporativas de carácter medioambiental ha sido analizada por varios autores (Bebbington et al., 1994; Gray et al., 1995; Lodhia y Jacobs, 2013; Lodhia, 2001). La mayoría de los estudios empíricos en la materia concluyen que, en términos generales, los contables no participan de manera relevante en las estrategias y prácticas ambientales de las empresas (Wilmshurst y Frost, 2001), ya que, a menudo, están cumpliendo con su papel tradicional de especialista contable sin tener protagonismo en los procesos medioambientales llevados a cabo por las organizaciones (Collins et al., 2011). En particular, la investigación centrada en los recursos humanos ligados al proceso contable está mayoritariamente enfocada a la actividad de información externa (reporting) (Adams y Larrinaga-González, 2007; Llena et al., 2007), a la estrategia medioambiental (Bebbington y Gray, 2001; Moneva y Ortas, 2010) o a la contabilidad directiva (Bebbington y Gray, 2001; Larrinaga-Gonzalez y Bebbington, 2001). Esto responde probablemente a los resultados obtenidos en los estudios seminales, según los cuales la participación de los contables en las actividades medioambientales se considera generalmente escasa (Bebbington et al., 1994; Gray et al., 1995). Estos primeros resultados fueron corroborados por trabajos posteriores, que tampoco pudieron demostrar una participación especialmente activa de los contables en los asuntos medioambientales (Gray, 1988; Lodhia, 2001; Wilmshurst y Frost, 2001; Yusoff et al., 2014). A pesar del hecho de que el departamento de contabilidad puede desempeñar la doble función de aplicar la experiencia técnica en los procesos internos de información de la contabilidad (Burritt y Tingey-Holyoak, 2012) y a la vez proporcionar información objetiva de carácter público, la actividad de elaboración de la información financiera –y no financiera– para la toma de decisiones corporativas ha marcado hasta la fecha la evolución de la contabilidad directiva medioambiental (Figge y Hahn, 2013; Milne, 1996). Así, Yusoff et al. (2014) y Lodhia (2001) corroboran que la participación de estos profesionales en actividades centradas en otras profesiones, como la de auditoría ambiental, podría representar un punto de inflexión con el fin de incrementar su participación activa y relevante en la gestión medioambiental. Es por ello por lo que el grado de comprensión de los principios de sostenibilidad ambiental por parte de los profesionales de la contabilidad, así como su participación activa en la gestión contable medioambiental, resultan de especial interés para el estudio de la implantación de nuevos modelos, como el de economía circular, al requerirse tanto la medición de mejoras en términos ambientales, relacionada con los costes, como en un proceso colaborativo interno entre áreas funcionales de la empresa, que incluya al departamento de contabilidad y en el que los contables podrían desempeñar una capacidad específica para la gestión medioambiental más avanzada en las organizaciones en un futuro próximo.

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Mención aparte es la influencia de los auditores de la información financiera, cuya relevancia directa sobre la gestión ambiental de una organización es limitada, aunque su papel puede ser significativo en el cambio organizacional (Gray, 1992).

3. Evolución normativa y contextual de la información medioambiental

El papel del contable en la gestión medioambiental de la organización ha estado indisolublemente unido a la aparición de normas y regulaciones que afectan a la información financiera directa o indirectamente. En el ámbito de la información financiera, la obligación de proveer desgloses sobre el impacto financiero de aspectos medioambientales en las cuentas anuales auditadas implica un cambio radical para la labor del contable (Larrinaga et al., 2002). Entre los principales aspectos regulados, se encuentran las provisiones y contingencias medioambientales, cuyo origen se plantea a partir de los hechos mediáticos surgidos en Estados Unidos en los años setenta del siglo pasado (Larrinaga et al., 2002). En España, el desarrollo de regulación contable sobre aspectos medioambientales en las cuentas anuales surgió a finales del siglo xx, y se vinculó inicialmente al sector eléctrico, considerado un sector sensible medioambientalmente y con una relevancia económica y social muy importante (Moneva et al., 1998). El posterior desarrollo de la normativa (véase tabla 1) ha obedecido tanto a la posición del regulador español, muy proclive a la información financiera medioambiental (Larrinaga et al., 2002), como al contexto externo, sobre todo en la Unión Europea. En términos generales, puede afirmarse que la regulación contable parece ir por delante de la labor que desempeñan los profesionales en las empresas españolas, de manera que su cumplimiento suele ser en rangos muy bajos y evitando temas conflictivos (Moneva y Llena, 2000). Incluso la participación del auditor ha sido limitada, probablemente por la escasa consideración de los temas medioambientales y por el limitado conocimiento sobre los mismos (Llena et al., 2007). Tabla 1. Evolución de la normativa contable española sobre medio ambiente Normativa contable sobre medio ambiente Adaptación del pgc a las empresas del sector eléctrico.

Año

Contenido y ámbito

1997

Información medioambiental en la memoria. En la introducción, es aplicable a todas las empresas. Información en cuentas anuales, con mayor detalle en la memoria. Obligatorio para todas las empresas y organizaciones que apliquen el pgc.

Resolución del icac por la que se aprue- 2002 ban las normas sobre reconocimiento, valoración e información sobre los aspectos medioambientales en las cuentas anuales.

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Normativa contable sobre medio ambiente Resolución del icac en que se aprueban las normas para el registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Año

Contenido y ámbito

2006

Plan General de Contabilidad.

2007

Información en cuantas anuales con mayor desarrollo en la memoria. Obliga solo a las empresas a las que se hayan adjudicado derechos de emisión de gases efecto invernadero a través de un Plan Nacional de Asignación. Recoge los aspectos contenidos en la Resolución del icac de 2002, con el mismo ámbito de aplicación. Modifica la contabilización de los derechos de emisión de gases efecto invernadero de la Resolución del 2006.

Resolución del icac por la que se dictan 2013 normas de registro, valoración e información que incluir en la memoria del inmovilizado intangible. Real Decreto 602/2016 de 2 de diciem- 2016 bre, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad. Real Decreto-ley 18/2017 en materia de 2017 información no financiera.

Deja solo una opción para contabilizar los derechos de emisión de gases efecto invernadero. Incluir un estado no financiero en el informe de gestión. Obligatoria para empresas de interés público con más de 500 empleados.

La crisis financiera afectó negativamente a la participación del contable en la definición y en seguimiento de las mejoras medioambientales, dado que las empresas centraron su actividad económico-financiera en la resolución de problemas financieros y comerciales (Correa-Ruiz y Moneva-Abadía, 2011). Desde el Plan General Contable (pgc) de 2007, la actividad reguladora sobre aspectos medioambientales en España, resumida en la tabla 1, se ha centrado en la contabilización e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este proceso sufre un cambio importante en 2017, con la introducción del rd ley 18/2017 que obliga a las empresas de interés público a difundir un estado de información no financiera en el informe de gestión, que hasta entonces solo debía recoger algunos aspectos medioambientales. El estado de información no financiera tiene un formato que coincide a grandes rasgos con las conocidas memorias de sostenibilidad o de responsabilidad social. Así, durante las últimas décadas, la información medioambiental en los estados financieros ha convivido con los informes sobre sostenibilidad (Moneva y Ortas, 2007), y ha impulsado paulatinamente una participación más activa de los contables en la gestión medioambiental de la empresa o, al menos, en el conocimiento de la estrategia medioambiental de las organizaciones. La información de sostenibilidad surge a partir de los modelos de auditoría social de la década de los setenta del siglo xx, debido a la necesidad de proporcionar una información estandarizada (véase tabla 2). A principios del siglo xxi, la Global Reporting Inititative (gri) es el organismo que proporciona el marco de elaboración de

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memorias de sostenibilidad a través de guías, que tuvieron un gran impacto (Moneva y Ortas, 2009). Más recientemente, se ha comenzado a desarrollar el marco de la información integrada, en cuyo proceso participan activamente las Big Four. Dicho marco trata de diseñar la información financiera futura, basada en recoger de manera integrada, en un estado o documento, los elementos financieros, sociales, medioambientales y de gobierno corporativo, que actualmente aparecen dispersos. Tabla 2. Evolución de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa Periodo Década setenta

Década ochenta Década noventa

Primera década siglo xxi Segunda década siglo xxi

Tercera década siglo xxi

Información Auditoría Social (Abt)

Características Informe financiero de impactos medioambientales y laborales. Balance Social Información sobre aspectos de interés para (Banco Bilbao) interlocutores de la organización. Información social y/o Datos suministrados en los informes anuales medioambiental de las organizaciones. Informes medioambientales Informes resultantes de la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental. Información financiera Normas de contabilidad sobre aspectos medioambiental medioambientales. Informes de sostenibilidad Informes que integran aspectos económicos, sociales y medioambientales de las organizaciones basados en indicadores. Voluntariedad. Informes de sostenibilidad Informes que integran aspectos económicos, sociales y medioambientales de las organizaciones, basados en estándares. Información no financiera en Recoger en los estados financieros informaestados financieros ción financiera en forma de estado o de un modelo de indicadores. Información integrada El International Integrated Reporting Committee (iirc) se plantea que a partir de 2020 las empresas formulen estados financieros que recojan de manera integrada la información económica, social, medioambiental y de gobierno corporativo.

Fuente: Adaptado de Moneva (2005).

En este contexto, puede afirmarse que en la actividad presente y futura del contable va a ser muy relevante la competencia medioambiental, necesaria para la elaboración de la información no financiera y la posible información integrada. Por supuesto,

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el auditor también tendrá que considerar el medio ambiente y la sostenibilidad como elementos muy relevantes de su labor profesional.

4. La contabilidad de gestión medioambiental La relación entre el departamento contable, implicado en la actividad de contabilidad de gestión, y la actividad en medio ambiente de la empresa ha sido asimismo analizada en el marco de la ema, esencialmente para proponer diferentes clasificaciones, definiciones y mediciones de los costes medioambientales (aeca, 1999; Llena Macarulla, 2008). No obstante, los trabajos con este enfoque específico no son, de momento, muy numerosos. En este campo, algunos autores señalan cómo la ema ofrece ventajas para las empresas en lo que concierne a la identificación, clasificación y asignación de costes para la toma de decisiones (Contrafatto y Burns, 2013). De hecho, un mayor grado de concienciación medioambiental ha alentado a las organizaciones a utilizar la ema en los últimos años, lo que parece destacar su utilidad para las inversiones en los nuevos modelos de negocio, como el propugnado por la economía circular. Una importante característica de la ema es su énfasis en la medición de flujos monetarios y físicos en un ciclo de vida de un producto o sistema (Christ y Burritt, 2015; Qian et al., 2018). Esto incluye procedimientos físicos para el consumo de materiales y energía, flujos y la fase de uso, así como los procedimientos para el cálculo de costes, ahorros e ingresos relacionados con las actividades o flujos de materiales que tengan un impacto ambiental. Qian et al. (2018) ofrecen una amplia descripción de la ema y de las principales herramientas y técnicas de recopilación, análisis y comunicación de información específica sobre los costes relativos a los flujos de los materiales o la contabilidad de costes medioambientales, que deben aplicarse, sobre todo, para la toma de decisiones en las inversiones en ámbito medioambiental y, de manera más general, para la adopción de una contabilidad integrada que incluya la más amplia esfera de la sostenibilidad. Así, a través de la aplicación de la ema, el control específico de los costes medioambientales permite el análisis necesario para la reducción del impacto y la mejora de la performance medioambiental de la empresa y de los productos. En el ámbito de la ema también se contempla, asimismo, la evaluación de inversiones medioambientales, al objeto de valorar los costes en términos medioambientales de distintos proyectos de inversión, en lo que se refiere al consumo de recursos, el reciclado y revaloración de materiales u otras cuestiones relacionadas con los costes y, en su caso, riesgos de diferentes alternativas de inversión en términos medioambientales (Parker, 2000). Ante estas premisas, para alcanzar los modelos más avanzados de gestión medioambiental, se vislumbra en la actualidad la introducción en las empresas de capacidades específicas que impliquen tanto la capacidad de combinar la información externa con el conocimiento interno de la organización o la capacidad de implementar sistemas de gestión medioambiental (Horbach, 2008), como las capacidades

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de implantación de certificaciones voluntarias de tipo medioambiental (iso 14000, iso 14051, ema o similar). Además, la adopción de herramientas cada vez más extendidas para la ema, como el Life Cycle Assessment (lca), el Life Cycle Costing (lcc), la huella ecológica o el material flow cost accounting, aceleran los cambios en materia contable (Qian et al., 2018). La capacidad específica relacionada con la contabilidad medioambiental que las empresas tendrán que desarrollar en un futuro próximo de cara a los nuevos modelos circulares engloba la participación activa de los profesionales contables tanto en la toma de decisiones en ámbito medioambiental como en la medición de las implicaciones medioambientales, relacionadas con la contabilidad interna y externa a través de la implantación de sistemas integrados de contabilidad para la sostenibilidad en un sentido amplio. Esto se plantea en respuesta a la idea de que la ventaja competitiva no surge solo de la posesión de algunos recursos, sino también de la manera en que los recursos de las empresas se utilizan, lo que se ajusta a la definición de Penrose (1959) en el marco de la teoría de recursos y capacidades, según la cual las capacidades son aquellas combinaciones únicas de procesos organizacionales que agrupan el conocimiento estratégico y conllevan una mejor performance para la empresa. Sin embargo, a pesar de que estas competencias técnicas conllevan implicaciones contables relevantes para la ema, a menudo los contables quedan ajenos a las prácticas de la empresa en el ámbito medioambiental, al no disponer de formación específica en la materia y al no representar un capital intelectual que se considere relevante para estas capacidades. Resulta aún escasa la implicación de los sistemas de información en el proceso de gestión medioambiental desarrollado en las empresas, lo que ha llevado a que muchas de las funciones tradicionalmente atribuidas a la contabilidad sean desempeñadas por otras áreas funcionales, cuando se trata de cuestiones medioambientales (Da Silva Monteiro y Aibar-Guzmán, 2011), por ejemplo, los departamentos de i+d o de medio ambiente. Ante la consideración del complejo proceso que requiere modelos, como el de economía circular, se podría plantear la especialización y sensibilización de los contables para que representen en el próximo futuro un recurso único e inimitable para la empresa, que pueda influir positivamente en el éxito de los procesos de mejora medioambiental e integrarse de manera activa en ellos, desde su gestación hasta la información en un esquema voluntario de reporting. Es por ello por lo que la actividad colaborativa interna entre departamentos de la empresa, para poner en común la información multidisciplinar que los modelos circulares requieren, representará una capacidad específica de las empresas, relacionada con la definición y medición de los costes de las inversiones para la sostenibilidad y su relación con las mejoras medioambientales obtenidas.

5. Conclusiones y perspectivas La literatura sobre el papel del contable en la gestión medioambiental no es muy amplia, a pesar de que desde la década de los ochenta del siglo xx ha habido un fuerte

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desarrollo normativo y de gestión, asociado a los aspectos medioambientales y de sostenibilidad de las organizaciones. Especialmente relevante sería la consideración de la participación del profesional de la contabilidad en el cambio pro ambiental emprendido por numerosas empresas y organizaciones. De hecho, en España no puede afirmarse que los profesionales de los departamentos de contabilidad sean considerados recursos estratégicos para el cambio pro ambiental, ya que su participación no es muy relevante para la estrategia medioambiental, debido a sus limitadas capacidades en estos temas. A esto se añade que la capacidad colaborativa en los procesos internos no contempla específicamente la participación de los contables, y que estos no suelen disponer de información y herramientas para desentrañar las mejoras en términos medioambientales, ligadas a los principales costes optimizados en las inversiones. No obstante, cabe esperar que el impulso normativo sobre aspectos medioambientales en ámbito nacional y europeo, en lo que se refiere a la información no financiera en los informes de gestión, dé paso a un incremento de la participación de los contables en los asuntos medioambientales. Si consideramos en este grupo no solo a los profesionales internos, sino también a los auditores, consideramos que el papel va a ser muy significativo. Se pone de relieve, por lo tanto, la escasa incorporación de los asuntos medioambientales en la contabilidad de las empresas, a pesar de vislumbrarse una tendencia a involucrar de manera progresiva un mayor abanico de recursos y de ámbitos funcionales de las organizaciones en las inversiones necesarias para la implantación de modelos circulares de sostenibilidad ambiental, así como un mayor análisis y amplitud de datos en lo que concierne a la contabilidad directiva de aplicación a estos procesos. Este ámbito de análisis de las capacidades internas de las empresas abre unas perspectivas de interés para integrar el proceso de contabilidad directiva con los resultados medioambientales, lato sensu, para los informes integrados, y representa una de las capacidades específicas para las empresas en aras de la sostenibilidad, siendo un ámbito de estudio de interés tanto para los profesionales como para los académicos. Finalmente, todo ello confirma el planteamiento del profesor Montesinos (1998), con el que hemos iniciado este análisis, en el sentido de que la contabilidad constituye actualmente una ciencia donde las implicaciones sociales son fundamentales. Por ello, el profesional de la contabilidad ya no se ciñe a su imagen de persona con «manguito», sino que representa una participación activa en lograr organizaciones más responsables y un mundo más sostenible.

6. Agradecimientos Los autores agradecen el apoyo financiero para la investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Proyecto «ECO-CIRCULAR» - Ref. ECO2016-74920-C2-1-R.

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ECONOMÍA NO FINANCIERA Y CONTABILIDAD Pedro Rivero Torre

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Vicepresidente de aeca Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Rubén Manso Oliver

Profesor de Economía Financiera y Contabilidad Universidad Alcalá de Henares Inspector de Entidades de Crédito del be (Excedente) Presidente de mansolivar

1. Introducción y consideraciones previas Al recibir la solicitud para colaborar en la obra que se editaría como homenaje a Vicente Montesinos, con motivo de su jubilación académica, es decir «parcial», en sus actividades oficiales como profesor, experimenté un doble sentimiento de satisfacción. Por un lado, el de poder expresar mi alegría por que se le reconozcan los méritos sobrados que ha acumulado, tanto en su labor docente e investigadora, como en su calidad humana y, por otro, el que me permite dejar constancia de mi admiración y amistad hacia él, tantas veces constatada y comprobada cada vez que hemos colaborado en alguna actividad, académica o no. Por todo ello, esta contribución quiere ser, a la vez, un reconocimiento y un agradecimiento a su labor y a su persona y, por tanto, algo más que un artículo que respete las reglas formales establecidas a tal efecto. Es decir, espero que además refleje el cariño resultante de tan largos contactos y espero que los responsables de la edición lo comprendan y acepten. Dicho lo anterior, quedaba por elegir el tema sobre el que realizar la aportación, y la tarea no ha sido fácil pues, como refleja su currículum, Vicente ha trabajado sobre todos y cada uno de los apartados en que se ha estructurado el libro y, además, desde puestos y ocupaciones en la universidad y fuera de ella, por lo que nos ha parecido, a Rubén y a mí, desde la admiración que ambos profesamos a Vicente, que podíamos ensayar una contribución conjunta en la que él, como actor profesional y profesor, pudiera expresar su opinión sobre algunos aspectos de la economía real y su relación con la información contable, y en la que yo hiciera lo mismo también, desde mi doble visión empresarial y académica, pero más en la óptica de catedrático de contabilidad. Así, en la primera parte de esta contribución, Rubén expone cómo se ven, desde la realidad, algunos problemas de la gestión empresarial, la aportación de la contabilidad y la normativa contable y reguladora vigente sobre su representación; y yo, respetando sus opiniones, aportaré, en la segunda parte, mis propias reflexiones sobre lo que entiendo que cabe esperar respecto a los mismos temas, y que ambos hemos

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discutido en diversas ocasiones, motivados por nuestras preocupaciones también empresariales y académicas. Valgan estas consideraciones para justificar por qué hemos elegido el título de esta contribución, dentro del apartado que proponen los editores, sobre contabilidad y responsabilidad social empresarial, y por qué su formulación puede diferir en algo respecto a los contenidos y continentes formales establecidos; empezando por el título que, como los lectores podrán apreciar, responde a la denominación actual de la Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad, no con intención de cambiarla o sustituirla, sino al necesario complemento que entendemos que, a la representación y valoración de la economía real y su sostenibilidad, debe aportar la contabilidad, de manera que recoja la información financiera y no financiera, que, de manera integrada, ofrezca una adecuada visión de los objetivos económicos, sociales y ambientales que la empresa ha de tener en cuenta si, a su vez, pretende ser viable y sostenible en su estructura y en su actividad. Las reflexiones que vienen a continuación (2 y 3), sobre algunos aspectos de las normas regulatorias y contables actuales y las crisis financieras, corresponden a la aportación de Rubén Manso.

2. Normas contables y crisis financieras Desde la última crisis financiera, que se desató con especial virulencia tras la quiebra de Lehman Brothers, mucho se ha indagado sobre el papel de los intervinientes en los mercados y del marco institucional y legal en que operaban. No nos preocupan en este artículo, enmarcado dentro de una contribución que Pedro y yo, maestro y discípulo, hacemos en el marco de una asociación de profesores universitarios de contabilidad a un grande de los nuestros, como es Vicente Montesinos, ahora que dice que se retira, la actuación de todos esos intervinientes. Así, no nos interesa la actuación de los operadores principales del mercado financiero que son los bancos centrales y las instituciones financieras, ni el papel del Estado como legislador y supervisor de este; ni siquiera nos interesa la actuación de alguien más cercano al mundo de los profesores universitarios de contabilidad, como pueden ser los auditores. Tampoco nos interesa saber si la regulación financiera era mucha o poca, de calidad o no, que es otra de las obsesiones en la discusión sobre por qué ocurrió la crisis.1 En las conversaciones con Pedro, de donde surgió la idea de este artículo, me preocupaba, o nos preocupaba, dar respuesta a la cuestión de si las normas contables estuvieron en el origen de dicha crisis. Es decir, si de algún modo contribuyeron a ella, bien porque la información financiera elaborada de acuerdo con dichas normas no advirtió de la crisis, bien porque emitió señales equívocas sobre lo que estaba ocurriendo. Dicho en otras palabras: ¿si las normas contables hubieran sido otras y se hubiera obtenido con su aplicación una información financiera mejor, se podrían haber reducido los efectos de la crisis? Es posible que algún regulador 1

Aunque, a veces, la discusión en Occidente parece ser más sobre el cómo que sobre el porqué.

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contable así lo pensase. Para continuar con nuestra discusión, vamos a observar el desarrollo de la normativa contable bancaria española en los últimos años. En España y para el ámbito financiero, no el más castigado pero sí donde claramente estuvo el origen de la crisis,2 el regulador contable bancario, el Banco de España, modificó su norma base, la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros (en adelante la cbe 4/2004, además todas las circulares del Banco de España seguirán esta notación en adelante) en dieciséis ocasiones. Si tenemos en cuenta que la norma ha estado en vigor entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, es decir, solo trece años, concluiremos que ha sido cuando menos una regulación con la que su propio emisor, al margen de las adaptaciones impuestas por nuestra pertenencia a la Unión Europea, no estaba cómodo. La primera de dichas modificaciones no se hizo hasta finales de 2008, es decir, una vez que ya era evidente que la crisis había acontecido (cbe 6/2008), si bien no parece, por su contenido, que la crisis, fuera el problema. Las modificaciones se aceleran a partir de 2010 y, así, en ese mismo año, la cbe 4/2004 es modificada en tres ocasiones y lo será doce veces más hasta su derogación reciente, el último 31 de diciembre.3 Es cierto, como ya se ha apuntado antes, que muchas de estas modificaciones no son sino parte de la adaptación que la normativa contable nacional y europea vienen realizando al marco regulatorio niif/nic, por el que ha optado la Unión Europea. Sin embargo, las exposiciones de motivos de algunas de las circulares que modifican la cbe 4/2004 parecen mostrar que el Banco de España persigue un objetivo que va más allá, según entendemos, de los que deben ser los de las normas contable. En este sentido, resulta interesante, por ejemplo, la exposición de motivos de la cbe 3/2010 que modifica el anejo IX, el apartado que regula el reconocimiento del deterioro de las carteras de créditos, de la cbe 4/2004, con una afirmación como la siguiente: «las recomendaciones y presunciones asociadas al anejo IX se centraban en los problemas ex post del daño en la cartera de créditos, sin que existieran recomendaciones que, ex ante, ayudaran a prevenir la aparición de problemas en las carteras crediticias», por lo que «se establecen principios ex ante de gestión del riesgo».4 El objetivo, así enunciado, es cuando menos muy ambicioso, porque se pretende que

2 En mi opinión, la crisis fue un error grave de política monetaria del Banco Central Europeo. Los bancos no dejan de ser transmisores de dicha política o, si se quiere, la licencia para la actividad bancaria no es sino la franquicia con que un banco central permite a un empresario privado emitir dinero. En cualquier caso, creo que suponer un origen o complejidad distintos no afecta a nuestra exposición. 3 La cbe 4/2004, que nos ha servido de base para esta parte de la exposición, fue derogada por la Circular del Banco de España 4/2017, de 22 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros (BOE 6/12/2017), que incorporaba, precisamente, la niif 9 al marco regulatorio contable bancario español. 4 Circular 3/2010, de 29 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros (boe del 13 de junio) párrafo 5.

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una regulación sobre la valoración contable de una determinada partida evite problemas posteriores derivados de su gestión, lo que no sabemos si es propiamente un objetivo de las normas contables. Para el caso que nos ocupa, el de las modificaciones de la regulación contable bancaria en España, bien podríamos pensar que el objetivo del regulador era distinto del que se suele atribuir a las normas contables, aunque utilizara estas para alcanzarlo. Sin embargo, nos cuesta creer que la bondad de la gestión empresarial, en este caso, la bancaria y más en concreto la del crédito, pueda regularse. La gestión empresarial puede estudiarse y normativizarse en el sentido científico, pero difícilmente podría regularse. Parece, pues, claro que se pretendían unas normas contables que fueran más allá de la consecución de la famosa imagen fiel de la situación de las entidades bancarias. La consecución de dicho objetivo, el de imagen fiel, parece que los reguladores financieros, y aquí entran tanto los que emiten sus normas contables como los que emiten las de solvencia y liquidez que les son aplicables, la supeditan, es decir, es un objetivo intermedio para ellas en todo caso, a evitar las crisis financieras, lo que, por otra parte, es muy loable. No cabe duda de que estas dos últimas exigencias, solvencia y liquidez, en las entidades, van encaminadas a evitar las crisis, pero ¿y la de imagen fiel? ¿Evita un adecuado reflejo de la imagen fiel, o al menos una aplicación correcta de las normas contables, una crisis financiera o, al menos, avisa de ella con suficiente antelación como para poder intentar evitarla con altas probabilidades de éxito? Unos estados financieros pueden no reflejar adecuadamente la imagen fiel por dos motivos fundamentalmente: una mala llevanza de la contabilidad o una baja calidad de las normas. Solo una alta calidad de las normas contables, unida a una buena llevanza de la contabilidad de una institución, puede asegurar un reflejo adecuado de la imagen fiel de una entidad, pero ni en ese caso podemos esperar que eso ayude a evitar una crisis. La contabilidad es una ciencia del registro, y lo único que se puede registrar es el pasado, nunca el futuro; por tanto, aquello que registra, y que presenta en forma de estados financieros, es una crisis pasada, pero nunca un anuncio de lo que puede pasar. En este sentido, algo hemos hablado Pedro y yo sobre el concepto de pérdida esperada y su incorporación al valor de los activos financieros, especialmente desde la publicación de la niif 9 y su reciente entrada en vigor. Tampoco parece tan novedoso dicho concepto, al menos en teoría financiera,5 donde un axioma es que el precio de los activos incorpora toda la información disponible, por lo que en aquellos que tienen precio, es decir, los líquidos, las pérdidas esperadas en estos ya estaban incorporadas a sus precios. Sin embargo, eso no evitó la última crisis: los activos líquidos incorporaban las pérdidas esperadas en sus precios, precios que en muchos casos fueron utilizados como mejores estimadores de sus valores razonables, y no se evitó el desastre. Y es que los precios, y esto también suele olvidarse, «simplemente

5 Sobre la hipótesis del mercado eficiente puede consultarse Aragonés y Mascareñas (1994: 76-89).

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son relaciones históricas de intercambio»,6 y una valoración de las partidas líquidas a precios de mercado, en lugar de a precios históricos, desvela una información, no cabe duda que interesante, pero que aporta relativamente poco a las decisiones de gestión empresarial,7 más interesada en el próximo precio, si cabe. Entonces, ¿para qué activos exige la norma el cálculo de la pérdida esperada? ¿Para los no líquidos de carácter financiero? Pero tenemos más activos no líquidos que financieros. En cualquier caso, esto no es lo relevante. Lo relevante es que las crisis son siempre por pérdidas inesperadas, salvo que queramos creer que las esperadas fueron mal calculadas. La incorporación de todas las pérdidas esperadas, si es que eso es posible, a las valoraciones de todos los activos de las compañías, no evitará la crisis, es decir, siempre existirán las inesperadas. De hecho, siendo la totalidad de las pérdidas que pueden ocasionarse en un activo la suma de las esperadas y de las inesperadas, es la imposibilidad de cálculo de estas segundas lo que deriva que también lo sean las primeras. En el fondo, parece que los reguladores pretenden lo que podríamos denominar «una contabilidad sin riesgos no incorporados»: una contabilidad en la que se informe de lo acontecido en el pasado y anticipe lo que va a ocurrir, de tal manera que no puedan albergarse sorpresas, al menos significativas, sobre el devenir de los acontecimientos. No cabe duda de que el pasado es un buen estimador del futuro,8 especialmente cuando este está más próximo; pero no se puede pretender la incorporación de lo que va a acaecer a la información disponible. El papel de vislumbrar el futuro es el papel del empresario.9 El empresario ve lo que otros no ven; incluso podríamos decir que utiliza información que no está disponible o, al menos, que no está articulada.10

3. La ampliación de las capacidades de las normas contables En el mismo sentido de lo anterior, y ante las limitaciones que la contabilidad nunca pretendió ocultar, a pesar de que algunos se sorprendieron de estas al llegar la crisis, aparecieron, por ejemplo, en el sector financiero, los denominados «test de resistencia» («test de stress») en banca o la valoración económica de las aseguradoras (Solvencia II), con los que se pretende establecer requisitos de capitales mínimos a ambos tipos de instituciones. Aquí ya no estamos ante normas contables, sino ante normas cercanas o ámbitos de conocimiento cercanos al contable. Finalmente, ejemplifiquemos con casos reales del pasado reciente del sector bancario español.

Huerta de Soto (1992: 207). No así a las decisiones de gestión regulatoria en los sectores como el bancario y el de seguros, en donde la valoración para escenarios de liquidación se ha convertido en primordial para el supervisor, hasta el punto de que también es la valoración que prefiere fuera de esos escenarios. 8 Al menos en el corto plazo, y sin olvidar el carácter disruptivo de la creación humana que puede trastocar cualquier curso esperado de los acontecimientos. 9 Mises (1995: 308). 10 Huerta de Soto (1992: 96 y 97). 6 7

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Bankia salió a bolsa en junio de 2011 ofreciendo a los posibles inversores información financiera a 31 de marzo de 2011. Además, los test de resistencia, una suerte de estados financieros proyectados en función de escenarios de evolución económica a los que se asignan probabilidades de ocurrencia, no pronosticaban problemas graves en los siguientes años; sin embargo, la entidad tuvo que ser rescatada por la autoridades. Nadie ha puesto en duda la calidad del pronóstico y sí la calidad de la información, en un ejercicio curioso que supone que si el pronóstico no se cumple, el error estaba en la información contable de partida, y así muchos acusan a dicha información de no advertir del desastre que iba a acontecer. Banco Popular tuvo que ser resuelto el pasado mes de junio de 2017, después de que superase los test de resistencia por un problema grave de liquidez que, lógicamente, no detectaron dichos test ni, por supuesto, anticiparon sus estados financieros. En el acuerdo de resolución y sus informes posteriores,11 la autoridad asignó un valor negativo a dicho banco, a la vez que afirmaba que en el momento de la resolución era solvente. Sin embargo, algunos ponen en duda la información financiera facilitada por el banco, como si adoleciese de algún vicio oculto que hubiere podido avisar de lo que ocurrió. Es claro que, en ambos casos, se espera más de la contabilidad de lo que puede ofrecer y de lo que promete. Sin embargo, parece que el modo de actuar de los reguladores en materias cercanas, que fundamentan muchas de sus decisiones y exigencias en información contable, ha sido ir ampliando el abanico de las obligaciones de esta.12 En ambos casos, en los test de resistencia o en los requisitos de solvencia con base en una valoración denominada económica de la compañía,13 le estamos pidiendo a la información financiera, en formato contable o en cualquier otro, una capacidad predictiva que no tiene. En concreto, tal vez estemos cayendo en el error que antes apuntábamos: la teoría financiera moderna tiene asumida de una manera equivocada lo que significa la hipótesis de eficiencia de los mercados,14 porque una cosa es que el precio incorpore toda la información disponible en el momento de la valoración y otra, muy distinta, es que el transcurso del tiempo no genere nueva información que altere de manera muy significativa la senda de los precios esperados. Dicho de otro modo: los precios, cuando los hay, así como las valoraciones actuales, no pueden contener toda la información que aún no se ha creado. Pero tal vez el problema es del uso que se pretende dar a la información financiera.

Véase: . No siempre mediante la reforma de las normas contables, como es lógico, sino mediante las exigencias en otras normas o en documentos que van publicando, como las famosas guías de la Autoridad Bancaria Europea (eba, por sus siglas en inglés), que para muestra pueden ser consultadas aquí: . 13 No se trata de discutir el concepto de valoración económica, sino de entender lo que se pretende: medir el impacto en un balance que se proyecta a partir del actual, valorado, lo más ajustado posible a los importes de liquidación, el efecto de sucesos posibles. En función de las probabilidades de los sucesos anteriores y de los resultados que se generen, se establecen las actuales exigencias de solvencia, o del futuro inmediato, de una institución. 14 Huerta de Soto (2013: 326-327). 11

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La regulación sobre información financiera que debe ser desvelada (básicamente, las normas contables que en la actualidad están dentro del marco de las nic/niif, en nuestra área geográfica), así como la regulación que vamos a llamar conexa (normas de solvencia, liquidez, guías de aplicación de las anteriores…), han sobrepasado las capacidades que se le pueden exigir a dicha información, ya que pretende servir a objetivos distintos de aquellos que le son propios. La contabilidad no puede pronosticar el futuro, aunque sea una herramienta de gestión de primer orden, y, sin embargo, las autoridades pretenden que sí lo haga, de manera tal que cuando el futuro no acontece como se pronosticaba suele ser necesario localizar culpables. Esto no lo pueden evitar las autoridades, pero tiene un marcado carácter de economía planificada. Es posible que las autoridades, tras el fracaso de la economía planificada soviética, no pretendan decirle a nadie qué, ni cuánto tiene que producir,15 pero está claro que quieren que nadie produzca resultados negativos y que se censure emprenderlos en el presente mediante el pronóstico financiero del futuro. Las autoridades se erigen, así, en directores del sistema económico, cuando está claro que ningún director puede reemplazar al empresario.16 En mi opinión, la calidad de la normativa contable no estuvo detrás de la crisis,17 aun cuando para algunos así fue, y parece que los desarrollos de normativas en esta materia, y en otras conexas, como son las regulaciones de solvencia y liquidez de las entidades financieras, pudieran ser fruto de dicha apreciación sobre una baja calidad de dicha normativa. Más bien, parece que las autoridades, y probablemente el público en general, esperaban de la información financiera, bien llevada con sujeción a las normas, que hubiera permitido la detección de la crisis que se avecinaba. El hecho de que la crisis no fuera detectada solo pudo deberse, para los que esperaban esa capacidad de la información financiera, entonces, a una mala llevanza o a una mala calidad de las normas, o a ambas cosas. Sin embargo, como he señalado varias veces en el texto, pienso que las exigencias a la información, se elaboren con las normas y el cuidado que se quiera, de la capacidad de informar del futuro son una pretensión fuera del alcance de la capacidad humana; así: «en el campo de la acción humana no hay más instrumentos idóneos para abordar eventos futuros que los que proporciona la comprensión» (Mises, 1995: 424).

4. Lo financiero, lo no financiero y la contabilidad Las reflexiones anteriores de Rubén Manso dan pie, tanto si son compartidas como si no, a continuar reflexionando sobre el nuevo marco hacia el que, sin duda, Aunque en el sector financiero en régimen de monopolio de emisión de moneda, la actuación del banco central correspondiente se parece en todo a un órgano de planificación central. En este caso, para la producción de crédito y medios de pago. 16 Mises (1995: 834). 17 Un punto de vista que comprende que la reforma contable, por la que se adaptó nuestro marco contable tradicional al nuevo (nic/niif) en 2008, era un empeoramiento de la calidad de la información, y que amplificaría, cuando menos, las crisis lo tenemos en Huerta de Soto (2003). 15

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está evolucionando el papel que corresponde a las normas y organismos regulatorios y contables y a la propia contabilidad en la nueva economía, después de las consecuencias que para la sociedad en general ha tenido la gran crisis financiera y económica ocurrida a partir de la última parte del decenio de los años 2000. Para orientar las reflexiones sobre esta nueva situación, quizá merezca la pena hacerse algunas preguntas cuya respuesta permita conocer mejor la etapa de desarrollo económico y normativo en que nos encontramos, y así orientar mejor los previsibles desarrollos futuros, especialmente en lo que se refiere a la empresa, la información y la contabilidad. Cabe, así, plantearse, por ejemplo: ¿la crisis económico-financiera ha producido y está produciendo cambios y respuestas para hacerle frente, que sean disruptivas respecto a la evolución histórica, que rompan «tendencias» y planteen «escenarios nuevos»?; ¿han cambiado o están cambiando los objetivos de la empresa, así como su organización y formas de actuación?; ¿qué permanece y qué cambia en la empresa, la información y la contabilidad?; ¿después de los fallos detectados y las graves consecuencias que ha acarreado la crisis, siguen siendo los mercados «aptos» para solucionarlos? Intentaremos, al menos, algunas reflexiones sobre estos interrogantes. Empezando por la última pregunta, mi impresión es que el mercado sigue siendo el instrumento básico para orientar adecuadamente las decisiones empresariales y la elección entre alternativas; ahora bien, seguramente se olvidaron, durante la exitosa etapa anterior, de que se habían despreciado algunas características esenciales para su buen funcionamiento, y ello ha tenido bastante que ver con que la crisis se produjera a pesar del mercado, o mejor dicho, por no haber funcionado este adecuadamente. Desde su origen, Smith ya estableció cuáles deberían ser las condiciones para un «mercado perfecto», tales como la eliminación, para su buen funcionamiento, de situaciones no competitivas, como los monopolios y la necesidad de una «ética» en los negocios, puesto que su buen funcionamiento debería procurar el desarrollo integral de la persona, tal y como hoy se formula, y no solo maximizar u optimizar sus componentes de homo economicus. En definitiva, la solución está no en menos, si no en más mercado, siempre que este funcione adecuadamente y libremente, al servicio de la sociedad en una por eso llamada «economía social de mercado»; lo que plantea, a los efectos de las reflexiones de este artículo, los límites entre «regulación» e «información», para su buen funcionamiento, y la «intervención» solo cuando se den, en él, situaciones no deseadas, y para solucionarlas. ¿Cuál debe de ser el papel de las actuaciones y regulaciones públicas y sus empresas frente a las actuaciones y autorregulaciones privadas y también en sus empresas? Se impone el «equilibrio» consustancial a todo «óptimo económico», pero no será fácil acertar. Respecto a los objetivos de la empresa, parece ya hoy evidente que se mantienen los fundamentales del resultado positivo económico-financiero, pero se acepta que, además, deben de perseguirse objetivos complementarios, sociales y ambientales (Triple Bottom Line), de manera que se alcance el objetivo integrado de la «sostenibilidad» de la empresa en el tiempo. Para lograr este objetivo de sostenibilidad, se están produciendo cambios que afectan tanto al concepto mismo de empresa, como al de su organización y actividad e información (transparencia). Permanece la definición de la empresa como uni-

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dad de producción de bienes y/o servicios, cuya actividad consiste en la generación continua de valores añadidos, mediante procesos de ahorro-financiación-inversióndesinversión, aplicados a través de la actividad del ciclo de explotación productivo: aprovisionamiento, elaboración o fabricación, venta en los mercados y desinversión parcial mediante la transformación en liquidez, a través de los procesos de cobro de los bienes y servicios vendidos. Este proceso es el que debe llevar a la sostenibilidad económico-financiera de la empresa, y que, a su vez, ha caracterizado, fundamentalmente, a la históricamente denominada «empresa financiera». Ahora bien, al añadir los objetivos sociales y ambientales, la empresa ya no puede ser solo financiera, puesto que debe alcanzar también objetivos no financieros, como son los sociales y ambientales, y ello obliga a cambiar, por añadido, el campo y el propio concepto de la empresa, pasando a lo que hoy se denomina ya «empresa stakeholder». En esta empresa nueva, se potencian y amplían aspectos que ya existían en el pasado y se añaden otros nuevos. La empresa stakeholder puede concebirse, así, como «un lugar de encuentro» en el que deben de comparecer, al mismo tiempo, para que su existencia y actividad sean posibles, los distintos agentes implicados, en mayor o menor medida, por la propia actividad de la empresa y sus consecuencias. Es decir, para que la empresa exista y pueda tener actividad, se requiere la participación de: proveedores, financiadores, ahorradores, trabajadores, clientes y gobierno (a través de sus licencias, impuestos, regulación, etc.). Si alguno de ellos no concurre, simplemente la empresa no existe o deja de existir. Además, la participación de los agentes va a ser doble; por un lado todos deberán colaborar con sus aportaciones a la creación del mayor excedente de riqueza posible (costes e ingresos reales) y, después, deberán poder participar también en la «lucha por el reparto» de la riqueza creada, a través del juego de los precios relativos recibidos por su aportación en los distintos mercados parciales (financiero, de trabajo, de compra-venta, etc.), puesto que de ambos y de la remuneración residual que obtenga el «empresario», dependerá la «sostenibilidad» del conjunto. La remuneración del empresario será pues, la «renta residual» que obtenga como compensación, por un lado, de la labor de decisiones de coordinación sobre la composición y actividad del conjunto de los factores productivos (activos y stakeholders) que componen la empresa, y, por otro, del resultado que obtenga en la función de «arbitraje» entre los precios de remuneración de cada grupo de stakeholders, básico en todo proceso de toma de decisiones con éxito entre las distintas alternativas. Es en este contexto de «empresa stakeholder», y de «economía social de mercado», donde se encuadra mejor la necesidad de «confianza» general en la empresa y la contribución básica que a ella aporta la «transparencia», cuyo sustento, asimismo esencial, es la información adecuada e imprescindible, pues, tanto para la existencia de mercados competitivos como para el soporte de la sostenibilidad, basada tanto en la información sobre la actividad de la empresa como en su «buen gobierno». Es también en este marco donde aparece la respuesta empresarial basada en la rsc cuya definición, según aeca, es «el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su compo-

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sición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa». En esta concepción de la rsc destaca la «voluntariedad» como elemento base de la competitividad, de manera que se integran tanto la buena gestión, la transparencia (información) y la sostenibilidad, como también las posiciones de los reguladores, los gestores y la contabilidad. Es también esa necesidad de informar sobre los objetivos financieros y no financieros de la empresa lo que lleva al desarrollo actual del informe integrado para la presentación de resultados financieros, sociales y ambientales. Por su parte, la contabilidad debe plantearse los cambios y avances necesarios para seguir siendo la base de la captación, medida y representación de los procesos que implican estos objetivos empresariales ampliados, y es esa la línea en que se están desarrollando los informes exigidos por las directivas comunitarias y la legislación que las transpone a la propia de los estados miembro. En la situación presente, no se trata tanto de ofrecer visiones sobre el futuro, como ya expone Rubén en su aportación anterior, como de los resultados obtenidos por la gestión realizada en el presente y del cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a los stakeholder, a fin de merecer también la confianza en los resultados que se espera obtener en el futuro próximo y de explicar, con transparencia, tanto lo que se ha conseguido como lo que no se ha podido conseguir, proponiendo la gestión adecuada de objetivos futuros en «escenarios creíbles», ofreciendo información cuantitativa y cualitativa a través de magnitudes e indicadores simples y complejos, incluidos los mapas de riesgos asumidos por el empresario, para que la confianza de los stakeholder que son llamados a participar en el proceso productivo esté basada en la necesaria información rigurosa (material) y transparente. Es también en este marco en el que aparece la nueva concepción de la «imagen fiel» de la empresa o los nuevos desarrollos contables, como la contabilidad ambiental. Señalábamos anteriormente el papel esencial que debe desempeñar, en este nuevo campo de recuperación de la confianza perdida durante la crisis, la captación de las nuevas exigencias y objetivos asignados a la empresa y la importancia de la voluntariedad como elemento necesario para conseguir «ventajas competitivas» para la obtención de resultados positivos sostenibles. La concreción de los aspectos más relevantes sobre la incorporación a los informes anuales de resultados y gestión empresarial la tenemos, en su expresión más reciente, en el contenido del Real Decreto-ley, por el que se transpone a la legislación española la Directiva Comunitaria sobre información no financiera, y por el que se modifican determinados artículos del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades de Capital, lo que merece algunos comentarios sobre su oportunidad y alcance, con los que terminaré este artículo de homenaje a Vicente Montesinos.

5. El Real Decreto-ley 18/2017 Partiré de la consideración de que, en mi opinión, las disposiciones legislativas de ámbito socioeconómico, al ser de obligado cumplimiento para todos, limitan la posibilidad de obtener ventajas competitivas y, por ello, también en mi opinión, de-

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ben constituir un mínimo necesario para que se alcancen los objetivos perseguidos a través de actuaciones complementarias y voluntarias, con compromisos más allá de lo que exige con carácter general la ley. Cierto es también que los objetivos relacionados con el «bien común» son irrenunciables y deben perseguirse por los poderes públicos mediante imposiciones legales, si la autorregulación voluntaria no los persigue o los abandona. Es el eterno dilema de los equilibrios entre regulación impuesta o autorregulación. La rsc pretende actuar precisamente en este campo del logro del interés común, mediante compromisos y actuaciones empresariales encaminadas a su logro en competencia con los demás agentes. Por ello, entiendo que merecen la pena unas reflexiones sobre, al menos: la oportunidad, el alcance, los sujetos y las recomendaciones y obligaciones contenidos en este Real Decreto-ley. Respecto a la oportunidad, el rdl, como se reconoce en su exposición de motivos, transpone in extremis la directiva europea, para evitar las sanciones correspondientes en caso contrario, por lo que debe juzgarse exclusivamente como una obligación derivada de la aparición de dicha directiva un año antes, lo cual afecta, sin discusión, tanto a los reguladores nacionales como a los europeos e incluso, en lo que respecta a la exigencia de su aplicación, a los dos ejercicios anteriores a su publicación, a efectos tanto de contenido como de comparabilidad. En cuanto al alcance, siempre según el contenido de la directiva transpuesta, modifica el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital para introducir, fundamentalmente, la necesidad de informar sobre las actuaciones de las empresas, en ese objetivo ampliado de resultados económicos, sociales y ambientales, incluyendo la obligación de facilitar información no financiera y sobre diversidad (en el órgano de administración: edad, sexo, discapacidad, formación y experiencia profesional), con el fin de «identificar riesgos» para mejorar la sostenibilidad y aumentar la «confianza» de los stakeholder, entre los que se incluye a: los inversores, los consumidores y la «sociedad en general»; así como informar también sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción, el soborno y la gestión y políticas aplicadas en cada uno de estos casos, o la explicación correspondiente en caso de su no aplicación. No puede, pues, afirmarse que el alcance, al menos en intenciones, no sea amplio. Los sujetos a los que alcanza la obligación de suministrar información no financiera son las llamadas «sociedades de interés público», en cualquiera de sus modalidades jurídicas e individualmente, o formando parte de grupos de sociedades. En realidad, y como también se reconoce en la exposición de motivos, se trata de «grandes empresas», es decir, de empresas cuyas actuaciones pueden ser «sistémicas», no por la naturaleza de sus actuaciones en el cumplimiento de los objetivos indicados, sino por la importancia cuantitativa de los efectos que sus actuaciones puedan ocasionar. Cabría preguntarse aquí si en vez de calificar solo de interés público a las grandes empresas, debería de haberse matizado que el «Interés Público», con mayúsculas, está en que todas las empresas actúen con arreglo a los principios y normas que se defienden por su interés para la sociedad en general. ¿No debería incentivarse su aplicación a toda actividad empresarial independientemente de la graduación de las actuaciones en función, por ejemplo, del tamaño? La expresión de que «no deben entrañar cargas administrativas adicionales innecesarias a las pequeñas y medianas empresas», debe-

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ría ser aplicable a todas las empresas en tanto en cuanto dichas cargas sean, como se califica, innecesarias. Todo ello si se tiene en cuenta, además, que más del 95 % del tejido empresarial en España está compuesto por pequeñas y medianas empresas y que los objetivos de interés general propuestos conciernen a todos. Por último, la eterna polémica entre lo público y lo privado, la regulación y la autorregulación, así como los equilibrios necesarios entre ellos, como ya se ha dicho, queda planteada pero no resuelta, al enfrentar lo obligatorio y lo voluntario, ya que, mientras en la exposición de motivos se emplea en repetidas ocasiones las palabras podría o puede, en la dispositiva se repiten incluirá o debe. Es en este campo y en los desarrollos futuros en los que debe centrarse la actuación a iniciativa propia (voluntariedad) o por disposición legal obligatoria, y no es cuestión menor, puesto que ello será determinante para incentivar o limitar las ventajas competitivas que se puedan obtener por la gestión empresarial, al actuar para el logro de la «gestión sostenible» y su derivada «el interés general», tal y como ya se indicó en el fin que persigue el posicionamiento de aeca en todo el ámbito informativo y de gestión de la rsc. El papel de la contabilidad, con su contribución a la transparencia, será también una base importante para la presentación de la información financiera y no financiera, de acuerdo con el principio de que lo obligatorio es el mínimo y de que lo voluntario debería ser el máximo, respetando, como hace también el Real Decreto-ley, las necesarias limitaciones que imponga la estrategia de la empresa en el mercado. Y ese debería ser el límite para conseguir que, efectivamente, la publicación de esa información forme parte también de la competitividad y confianza en la empresa por parte de los stakeholders, de manera que el alcance del contenido de la publicación sea determinado por la empresa para el logro de su competencia sostenible en el mercado y del «riesgo empresarial» de decidir sobre el gobierno y la confianza de terceros en su gestión. El desarrollo y alcance de lo dispuesto respecto a que la información no financiera, figure dentro del informe de gestión o en documento separado, y también el desarrollo que se dé al alcance de la declaración del auditor externo sobre su opinión (actualmente solo debe informar sobre si existe o no información no financiera en el informe de gestión o informe separado) respecto al contenido y verificabilidad de lo publicado, marcarán también la existencia o no del necesario equilibrio entre la labor del gestor y su responsabilidad y el alcance de la auditoría y la responsabilidad a su vez del auditor. En definitiva, queda aún mucho por desarrollar en lo privado y en lo público, en la autorregulación y en la regulación; de cómo se produzcan uno y otro va a depender, en gran medida, si se ha acertado o no con las medidas necesarias para salir de la crisis pasada y afrontar con confianza el futuro.

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NUEVAS FRONTERAS DE LA INFORMACIÓN EL VALOR DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL DE LA EMPRESA Lázaro Rodríguez Ariza Universidad de Granada

María Rosario Pacheco Olivares Universidad Rey Juan Carlos

Mónica Santos Cebrián

Universidad Rey Juan Carlos

María del Rocío Flores Jimeno Universidad Rey Juan Carlos

1. Introducción Las ciencias sociales se inspiran en los métodos y descubrimientos procedentes de las ciencias naturales. En un esfuerzo por emular el rigor científico y los métodos de las ciencias naturales, las disciplinas de la economía y de la administración de empresas adoptaron una visión mecanicista y objetivista de la realidad que obedecía a leyes universales inmutables, al estilo de la física newtoniana y de la biología darwinista. Para el descubrimiento de esas pretendidas leyes universales, se priorizaron el pensamiento analítico y reduccionista, las metodologías cuantitativas y la creación de modelos matemáticos que establecían relaciones lineales de causa-efecto. Surgen así los modelos de corte hipotético-deductivo de la teoría económica neoclásica y la configuración de la administración y dirección de empresas como una disciplina científica. A pesar de que estas aproximaciones teóricas han sufrido importantes críticas y reveses, no han sido aún desbancadas, siguen constituyendo el pensamiento ortodoxo en sus respectivas áreas y sus líneas directrices se siguen impartiendo en importantes escuelas de negocios (Denning, 2012). Los avances científicos y las significativas transformaciones sufridas en el entorno económico, empresarial, político y social a partir del último cuarto del siglo xx han puesto en evidencia las importantes debilidades y lagunas de estos enfoques mecanicistas. Como alternativa, podemos entender que un nuevo paradigma está emergiendo en el área de las ciencias de la empresa, al que podríamos denominar «paradigma cuántico», el cual se configura a raíz de los descubrimientos realizados desde el área de la física cuántica, la economía conductual y las neurociencias, así como a partir de las nuevas formas de entender y gestionar la realidad surgida desde la teoría general de sistemas, la teoría del caos y la teoría de la complejidad. Bajo este nuevo prisma, se concibe a la empresa como un organismo vivo, como un sistema complejo, con propiedades emergentes, que para sobrevivir y adaptarse a los cambios del entorno y manejar la incertidumbre debe alojar un sistema de gestión empresarial radicalmente distinto basado en «el ser» en vez de en «el hacer» (Sutíl y Pacheco, 2013). Se adopta una visión íntegramente humanista, al considerar a las

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personas no como un recurso más que ha de ser gestionado y controlado, sino como la principal fuente de saberes y otros recursos intangibles, que dotan a la empresa de la capacidad de adaptarse al entorno y de modificarlo. En este sentido, las aportaciones de las neurociencias desvelan una nueva forma de entender la gestión empresarial más ética (Lozano, 2013), más responsable y más centrada en la promoción de las capacidades humanas, a través del entendimiento del comportamiento individual y en relación con los demás (Goleman, 2015). Las neurociencias han demostrado que las emociones mantienen la curiosidad, sirven para comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones; es decir, los procesos emocionales y los cognitivos son inseparables (Damasio, 2005). En este contexto, desde la economía conductual se considera absolutamente indispensable integrar el rol de las emociones, no solo en la toma de decisiones, sino también en los modelos de gestión empresarial (véase, por ejemplo, al Premio Nobel en Economía y autor de la prospect theory, Kahneman, 2015). La teoría económica clásica coloca al ser humano en un pedestal. Bajo sus estándares, los individuos serían capaces de analizar la información disponible y tomar siempre la mejor decisión para su bolsillo y sus finanzas. Es lo que llaman el homo economicus, un ser completamente racional capaz de manejar su presupuesto personal como un contable, de ahorrar todos los meses y de invertir como un gurú. Sin embargo, las últimas teorías económicas ya ponen en jaque este modelo, con el también último premio nobel, Richard Thaler, a la cabeza, con sus teorías «del empujón» o de la «contabilidad mental». La economía conductual analiza nuestro comportamiento real y nos rebaja a la categoría de homo sapiens. Esta rama estudia el comportamiento económico desde un punto de vista psicológico para entender cómo tomamos decisiones en el mundo real y por qué en ocasiones actuamos en contra de toda lógica, por ejemplo, cuando sabemos que debemos ahorrar pero no lo hacemos. Las contribuciones de Kahneman y Tversky (1979), Thaler y Sunstein (2008), Thaler (2015), Ariely (2008), Akerlof y Shiller (2009), o Lewis (2017) son fundamentales para entender este nuevo enfoque. Partiendo de la relevancia de los intangibles en los procesos de creación de valor y en la generación de ventajas competitivas y cooperativas de las organizaciones; de la consideración del ser humano como factor dinamizador de los intangibles, que da sentido a la realidad de la organización como tal; y de la certeza empírica de altas tasas de fracaso en los procesos de implantación de los modelos de gestión, que sitúan su punto de mira sobre los intangibles para incorporarlos a la estrategia empresarial, el objeto de nuestro trabajo consiste en analizar la posible relación existente entre dichos índices de fracaso y la asunción, de manera tácita, de los axiomas centrales del paradigma mecanicista, y, en consecuencia, se propone la necesidad de replantear los fundamentos de los modelos de gestión, teniendo en cuenta las evidencias surgidas bajo el nuevo paradigma. A partir de aquí, se contempla la posibilidad de incorporar también en los informes integrados la información relativa a aspectos emocionales y sociales, que se derivan de la interacción entre los miembros de la organización y que revelan su auténtica personalidad y su potencial intelectual y emocional para gestionar el cambio.

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Así, en el segundo epígrafe, se describen y comparan los postulados sobre los que se construye el pensamiento del paradigma newtoniano-mecanicista y del paradigma cuántico que mayor influencia han tenido en el área de la administración y dirección de empresas (Vargas-Hernández, 2015). Todo ello, con el objeto de desvelar aquellos axiomas que han tenido un mayor influjo sobre la concepción de la organización y, en consecuencia, sobre los modelos de gestión aplicables. En el tercer epígrafe, a partir de la revisión de diferentes trabajos publicados acerca de los factores de éxito y fracaso en la aplicación de estas nuevas generaciones de modelos de gestión, se revela que en el área de la administración de empresas se asumen ideas preconcebidas acerca del comportamiento humano y que hay que desterrar y sustituir por otras nuevas para que las empresas puedan aprovechar todo su potencial. Los resultados de nuestro trabajo sugieren una estrecha relación entre los factores de fracaso de los modelos parciales de gestión y los axiomas básicos asumidos en la gestión empresarial tradicional. A la vista de estos resultados, finalmente, y antes de extraer las conclusiones, se propone incorporar, tanto en los procesos de toma de decisiones como en los modelos de gestión que los sustentan, esta nueva concepción de las organizaciones, contemplando como fuentes de información para nutrir de datos al sistema tanto las tradicionales en este ámbito (contabilidad, estadísticas de actividad empresarial, modelos de medición del desempeño, etc.) como las que emergen de las neurociencias y de sus distintas manifestaciones acerca del comportamiento humano de la organización. En esta última parte, se argumenta la posibilidad de incorporar esta nueva información sobre los aspectos más emocionales y sociales de la organización en los informes integrados, al ser condicionante del potencial de la empresa para gestionar el cambio.

2. La ciencia de la administración y dirección de empresas: el paradigma newtoniano-mecanicista versus el paradigma cuántico

El nacimiento de la ciencia moderna surge bajo la influencia del pensamiento cartesiano, que introduce la idea de que todo el universo, a excepción de la mente, funciona como una inmensa máquina y que dicho funcionamiento obedece a leyes universales. Descartes propone un sistema filosófico para eliminar la incertidumbre, que emplea el uso de la razón a partir de premisas incuestionables. Bajo una concepción dual del universo (separación mente-cuerpo), las matemáticas se convierten en el lenguaje que puede explicar el funcionamiento del universo material a partir de verdades evidentes, demostrables y atemporales. Las aportaciones de Newton consolidan, mediante la práctica experimental y el establecimiento de relaciones causa-efecto, las ideas de Descartes y el empleo del método científico como única forma de hallar las leyes universales y atemporales que rigen el universo. Bajo la influencia de estas ideas, el ánimo de perfeccionar y depurar el método científico da lugar a la corriente del positivismo lógico y a la utilización del método hipotético-deductivo como herramienta para conocer la realidad.

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El enfoque de esta filosofía mecanicista en el ámbito de la economía y de las ciencias de la administración de empresas fue desarrollado por Alfred Marsall, Frederick Taylor y Henry Fayol, entre otros. Con la publicación de Principios de la Administración Científica de Frederick Taylor en 1911, comienza a extenderse la visión de la organización como una máquina. La metáfora de la máquina para explicar el funcionamiento de las organizaciones conlleva la asunción de una serie de presupuestos nacidos en el ámbito de las ciencias naturales. Dos décadas después, surgió la Escuela de Relaciones Humanas a partir de la publicación del libro Human Problems of Industrial Civilization de Elton Mayo, en 1933. Esta corriente considera importante la aplicación de los conocimientos de la psicología al área de la gestión empresarial, desde un enfoque claramente humanista. Desde esta perspectiva, el centro de atención se desplaza de la concepción de la organización como una máquina a la concepción de la organización como grupo social, y a la relevancia de los aspectos psicológicos y sociológicos de los trabajadores. Otros autores como Maslow (1954), McGregor (1960) y Herzberg (1966) realizaron importantes aportaciones, y subrayaron la importancia de las relaciones sociales en la organización, pero sin demasiada repercusión en el ámbito de la gestión empresarial, al menos en la cultura occidental, hasta la década de los ochenta del siglo xx. A partir de este momento, gracias, entre otros factores, a los nuevos descubrimientos científicos y a la relevancia de las empresas japonesas en el mercado, en las que prima la colaboración como base de la cultura corporativa, se retomaron las ideas de la Escuela de Relaciones Humanas. A partir de 1990, se adoptan los principios derivados de la teoría del caos y la complejidad para asumir una nueva perspectiva desde la que entender la economía y las organizaciones empresariales como sistemas complejos y vivos. También en esta década, se empieza a aplicar seriamente la psicología al área de la economía (economía del comportamiento) y a la administración de empresas (teoría del comportamiento humano en la organización). A su vez, los avances en el área de las neurociencias complementan el desarrollo de la psicología cognitiva para comprender y evidenciar mejor la naturaleza humana de las organizaciones. Se toma conciencia de que el caos y la complejidad constituyen la esencia del funcionamiento del universo. La organización es ahora un sistema caótico y complejo y, por tanto, la inestabilidad e impredecibilidad son consustanciales a su naturaleza. El hecho de que la organización se aleje de una situación de confort o de equilibrio puede ser observado, desde este enfoque, como una oportunidad de cambio. La fluctuación entre equilibrio y caos puede traer consigo el crecimiento y el aprendizaje. En la actualidad, no se ha construido un nuevo paradigma asumido por toda la comunidad científica y, por tanto, los postulados que se van revelando a la luz de los nuevos descubrimientos de la ciencia no han adquirido un cuerpo de conocimiento estructurado que sea similar al clásico paradigma mecanicista. Podríamos decir que estamos ante una ausencia o vacío de paradigma, quizás en un periodo de transición, dado que, desde todas las áreas de conocimiento, existe conciencia de que los antiguos axiomas se muestran inconsistentes de acuerdo al estado actual de la ciencia (Sutíl y Pacheco, 2013).

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Los postulados que han condicionado el modo de entender e interpretar la realidad de las organizaciones han sido asumidos por los investigadores en esta área, con independencia de que se hagan explícitos o no. En este sentido, no solo se han asumido determinados axiomas acerca de la naturaleza humana, sino también sobre otros aspectos de la realidad que se han revelado inconsistentes a la luz de los nuevos avances. De hecho, muchas de las discusiones doctrinales radican en la asunción de postulados epistemológicos distintos. En el ámbito de la práctica empresarial, dichos postulados también son asumidos sin apenas ser cuestionados en mayor o menor grado (Vargas-Hernández, 2015). La influencia de estos presupuestos en el desarrollo de la ciencia de la administración y dirección de empresas ha sido determinante, ya que la asunción acrítica –e incluso tácita– de dichos presupuestos ha dado lugar a una ciencia sobre la gestión empresarial de carácter normativo. A continuación, analizamos los diferentes postulados sobre los que se construye el conocimiento organizacional desde la perspectiva mecanicista, enfrentándolos a lo que hemos denominado perspectiva cuántica; no obstante, no se trata de categorías mutuamente excluyentes, puesto que algunos presupuestos hacen referencia también a las relaciones entre elementos: –– Percepción del Universo: máquina frente a proceso inconcluso. La concepción de la organización como una máquina dibuja un ente que funciona de forma eficiente, rutinaria, predecible, deshumanizada y descontextualizada; es decir, como un engranaje perfecto para lograr un objetivo concreto. Desde este enfoque, el propósito de Taylor consistió en maximizar la productividad de la maquinaria empresarial mediante la división del trabajo, los planes de incentivos, la supervisión directa, el establecimiento de unidades de mando y la autoridad, etc. La operación económicamente más rentable consistió en la generación de economías de escala. Desde esta perspectiva, se busca la excelencia empresarial poniendo el foco de atención en los procedimientos, recetas, actividades, tareas y estructuras; en definitiva, en «el hacer de la organización». Desde el enfoque cuántico, la visión holística del universo como un proceso siempre inconcluso nos hace tomar conciencia de que formamos parte de un todo inabarcable y de que nos encontramos intensamente interconectados con ese todo. En las organizaciones, este nuevo enfoque le otorga la categoría de organismos vivos y, como tales, tienen que adaptarse a su entorno para sobrevivir. –– Modelos analíticos de la realidad: supremacía de la razón frente a equilibrio intuición-razón-emoción. A partir de la concepción mecanicista de la organización, se considera apropiado diseñar e implantar modelos lógicos y explícitos que simplifican la realidad a sus aspectos más tangibles y racionales, dejando de lado los aspectos más emocionales e intuitivos inherentes a la naturaleza humana de la organización. Aplicando el principio de materia y energía, y a partir de los nuevos descubrimientos de las neurociencias, se constata que el comportamiento humano, incluso en el ámbito económico, no se guía fundamentalmente por la razón, tal y como se defendía en el antiguo paradigma. La emoción y la intuición prevalecen en procesos de toma de decisiones, así como

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en procesos de innovación y de emergencia (Damasio, 2005). En recientes estudios, como los desarrollados por Gigerenzer (2008), se constata cómo la intuición puede llegar a ser mejor sistema que los modelos de elección racional, los de la regresión múltiple o los programas estadísticos más complejos. Concepción de la realidad: predecible frente a impredecible. La realidad en la que se desenvuelven las organizaciones es impredecible e inestable (en lugar de predecible y estable, de acuerdo con el antiguo paradigma), como también lo es la propia organización. La supervivencia de la organización dependerá de su capacidad adaptativa al entorno y de su capacidad para influirlo, aceptando el balance entre el orden y el desorden como motor de innovación y crecimiento. Dualidad mente-cuerpo: conocimiento como objeto frente al conocimiento encarnado. El conocimiento, en la concepción mecanicista, se considera un objeto que puede ser desvinculado del sujeto conocedor. En este sentido, el conocimiento se considera acumulable, codificable y transferible, de manera que puede ser mantenido como un recurso controlado por la empresa. Desde el enfoque cuántico, según el principio de incertidumbre y de superposición, el sujeto no se concibe como un mero observador de una realidad externa. El sujeto influye en el objeto observado, debido a que pertenecen a un mismo sistema y a que se encuentran relacionados (principio de Heisenberg). Observador y observado son aspectos interpretados de una realidad total que es indivisible y que están en constante construcción, de lo cual el observador es partícipe. Por otra parte, las neurociencias explican cómo lo percibido por el sujeto depende del objeto en sí y de la percepción creativa del sujeto (Morgado, 2015; Sigman, 2015). Es también en el área de las neurociencias donde se descubre que la separación mente-cuerpo no es tal. En otras palabras, la experiencia de tener un cuerpo se encuentra íntimamente ligada a la inteligencia. Comportamiento humano: predecible frente a impredecible. El comportamiento humano sobre la base de relaciones unívocas de estímulo-respuesta procede de las teorías conductistas imperantes en el área de la psicología, contemporáneas a las ideas tayloristas. Sin embargo, desde la postura constructivista, el aprendizaje condiciona el comportamiento de las personas de una manera determinada y única, ya que construye experiencias propias. El conocimiento no es un reflejo de la realidad, sino una construcción interna de cada persona. Dinámicas de sistemas: relaciones lineales frente a relaciones no lineales o complejas. En el enfoque mecanicista, se presume que las fuerzas de la naturaleza y de las organizaciones sociales están gobernadas por las leyes de la causalidad; es decir, se encuentran organizadas mediante relaciones lineales «causa-efecto». Frente a este planteamiento, la teoría de la complejidad nos revela que las relaciones establecidas entre los elementos o variables que componen la realidad son complejas y no lineales. Lógica: dicotómica frente a difusa. La lógica dicotómica «verdadero-falso», planteada por Aristóteles, sigue siendo considerada la única lógica válida en el pensamiento mecanicista, en un intento de ajustar el mundo real a modelos matemáticos rígidos y estáticos, en categorías mutuamente excluyentes. Las

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categorías de clasificación de los sistemas de información, así como las divisiones organizativas, acostumbran a ser rígidas en cuanto a delimitación, funciones y asignación de tareas. Frente a la lógica dicotómica, la lógica difusa nos muestra categorías con delimitaciones ambiguas. En las organizaciones, esta nueva concepción puede afectar a todos los sistemas de clasificación que desarrolla, desde su propia estructura organizativa hasta los modelos de gestión que implementan. Existen tareas y funciones no fácilmente atribuibles a departamentos estancos, sobre todo en procesos de innovación y cambio. –– Percepción de la organización: materialismo reduccionista frente a holismo emergentista. La explicación de los fenómenos organizativos puede ser abordada desde un punto de vista físico, biológico y social. El fisicalismo o materialismo reduccionista solo considera como real lo físico; el emergentismo considera que la realidad está formada por diferentes niveles y que cada nivel tiene propiedades diferentes que no pueden ser explicadas desde los niveles inferiores. Se parte de la hipótesis de que, como apunta Laín Entralgo (Beorlegui, 2006), la materia puede «dar de sí», de tal manera que lo que produce es cualitativamente y específicamente diferente de todo lo anterior. Así, se considera que el cerebro produce la mente y las mentes en interacción generan la sociedad. Cada uno de estos niveles es irreductible. En este sentido, la organización debe ser considerada desde lo social y no meramente a través de sus componentes físicos. La autoorganización emana desde la esfera de lo social y, por tanto, los fenómenos mentales y sociales no son menos reales que la realidad física. A pesar de ser intangibles y difícilmente cuantificables, estos fenómenos son esenciales en la explicación y valoración de las organizaciones. –– Organización y gobierno: jerárquico y burocrático frente al sistema de red. Bajo la concepción mecanicista, las jerarquías se configuran como la mejor forma de organización y de gobierno. La organización burocrática alinea perfectamente con las estructuras jerárquicas, ya que se constituye por un conjunto de normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Sin embargo, el entorno actual en que se desenvuelven las organizaciones es complejo y caótico. En este sentido, la forma de gobierno y organización en red resulta mucho más flexible que las formas jerárquicas para desenvolverse en un medio dinámico y cambiante (Bueno, 2007; Pacheco, 2011). –– Gestión empresarial: ciencia frente a ciencia-arte. Bajo el enfoque mecanicista, el positivismo lógico rindió culto al método hipotético-deductivo como única fuente fiable del saber, ajena a concepciones mágicas y religiosas. No obstante, sociólogos y filósofos de la ciencia mostraron después cómo las observaciones realizadas por los científicos, es decir, «la percepción fisiológica de los fenómenos empíricos se realiza necesariamente a través de un cuerpo socializado y no en ningún mundo platónico-popperiano de la racionalidad» (Sánchez, 2007), y que no existe un método único que se aplique a todas las ciencias. Bajo el nuevo paradigma se acepta la validez de varios métodos científicos. En el área de la organización, se acepta que la gestión no es meramente una cuestión científica donde lo importante es hallar recetas exactas, sino que

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en la figura del gestor deben concurrir arte y ciencia, es decir, intuición y conocimientos técnicos. También se está empezando a asumir cada vez más la validez limitada de los modelos de gestión y la imposibilidad de cuantificar elementos intangibles esenciales en los procesos de creación de valor (Mouritsen et al., 2001). –– Leyes de la competencia: selección de individuos frente a selección de grupos de individuos. La interpretación de las teorías darwinistas llevaron a concluir que solo sobreviven los individuos más fuertes y que la fortaleza, en el caso del ser humano, se debe a su racionalidad y a su habilidad para alcanzar beneficios personales. En el siglo xix, surge la ética utilitarista de la mano de Jeremy Bentham y Stuart Mill. Esta forma de concebir al ser humano como racional y hedonista acaba denominándolo Homo Economicus. En la construcción de la teoría neoclásica, este concepto se asume como uno de sus axiomas fundamentales. Esta concepción del hombre también se presupone en el seno de la empresa. El desarrollo de los mecanismos de Taylor de unidades de mando, autoridad y control se debe precisamente a esta concepción del ser humano. Frente a esta interpretación, existe en la actualidad otra en la que se considera que esta competencia también se realiza entre grupos de individuos. Según la teoría de la selección multinivel, los comportamientos altruistas, la empatía, los valores y las conductas guiadas por principios éticos son comportamientos adaptativos y, por tanto, tienen una explicación lógica bajo la teoría de la evolución. Los grupos más eficaces y más fuertes son aquellos constituidos por ciudadanos responsables, frente a aquellos grupos formados por individuos que únicamente persiguen su propio beneficio (Wilson y Wilson, 2009). La aplicación de estas ideas al área de la administración de empresas no es una cuestión baladí. Desde esta perspectiva, los principios clásicos de imposición, supervisión y control en la gestión empresarial deben ser reformulados, ya que es altamente probable que las empresas puedan competir mejor en el mercado con la filosofía de delegación de responsabilidad y bajo la presunción de que las personas pueden actuar de manera responsable y cooperativa. Así, la autoorganización en red se configura como un tipo de organización más flexible y más eficiente, que elimina las barreras a los flujos de información que imponen las jerarquías. En definitiva, desde el enfoque newtoniano-mecanicista, la organización se concibe como una máquina que tiene un comportamiento predecible y un sistema ideal y perfecto de funcionamiento, donde todo se encuentra configurado de acuerdo con una lógica formal y se obvia el componente humano inherente a su esencia. Desde el enfoque cuántico, la organización se concibe como un organismo vivo. Como tal, tiene un comportamiento impredecible, complejo y adaptativo. En cada momento, las estrategias de adaptación al entorno diferirán en función de las oportunidades que ofrezcan las turbulencias creadas en dicho entorno y de la capacidad del organismo para detectarlas. En este sentido, la capacidad de intuir, sentir, observar y construir representaciones compartidas del entorno y de la propia organización y que sean útiles para navegar por las turbulencias constituye el objeto de la organización. Es

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decir, la organización debe basar su excelencia empresarial en el conocimiento vivo de la organización.

3. Los postulados del paradigma cuántico en los actuales sistemas de información y gestión

Si hasta ahora hemos intentado mostrar cómo los supuestos fundamentales sobre los que se construye la filosofía tradicional de la gestión empresarial no son sostenibles a la luz de las nuevas evidencias científicas, la realidad empresarial también se ha encargado de evidenciar el fracaso de las empresas que han mantenido esta filosofía, desde el momento en que la aceleración del cambio, las sucesivas olas de innovación y la globalización de los mercados se han hecho evidentes. En este entorno convulso, la empresa se debe transformar, y dicha transformación ha de tener un doble carácter (Echevarría, 2000: 20): –– La necesidad, en toda empresa, de adecuarse a los cambios del entorno y de introducir los últimos avances en sistemas y procedimientos para aumentar el desempeño, la competitividad y la rentabilidad. En este caso, la transformación es «lineal y acumulativa», puesto que no provoca rupturas, es decir, la empresa sigue conservando su particular «modo de hacer empresa». –– La necesidad de transformar «el modo de hacer empresa». En este caso, la transformación implica rupturas y cambios profundos, lo que atañe a todos los miembros de la organización. Estos cambios deben venir precedidos de una profunda reflexión y de una total implicación por parte de los trabajadores. Los procesos de desaprendizaje vienen a ser casi más importantes que los de aprendizaje y exigen un esfuerzo consciente para decodificar, desconocer patrones establecidos, y abandonar zonas de comodidad. Se trata de un cambio de paradigma en el seno de la organización. Muchas empresas que necesitan abordar este segundo aspecto tratan de implantar sistemas de gestión siguiendo las últimas tendencias y modas del mercado, sin romper con la cultura empresarial previa. De ser así, la implantación de muchos de estos sistemas tiene altas probabilidades de fracasar, al no encajar con «modos de hacer» y «modos de ser» empresa ya obsoletos. Aunque casi todos los modelos de gestión actuales reconocen la importancia de los intangibles como factor clave para mantener ventajas competitivas sostenibles, entre los que destacan los modelos de gestión del conocimiento y de gestión y medición del capital intelectual, en la literatura se demuestra el fracaso de muchos de ellos. En primer lugar, en el área de la gestión del conocimiento, ha habido dos generaciones de modelos. La primera generación concebía el conocimiento como un objeto fácilmente codificable y transferible y, por este motivo, el propósito de los primeros modelos consistió en transferir el conocimiento de los empleados a la organización mediante su codificación y traspaso a «repositorios de conocimiento» mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información. El fracaso de dichos modelos dio lugar a

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una segunda generación, denominada «comunidades de aprendizaje o de prácticas», mucho más acordes con la idea de que el conocimiento se encuentra inherentemente ligado a las personas y de que no es posible codificar todo el saber tácito. Por otra parte, en los numerosos modelos de gestión y medición del capital intelectual, el establecimiento de relaciones lineales, unidireccionales y causales entre factores de naturaleza tangible, intangible y financiera, así como el propósito de cuantificación de los factores intangibles, constituyen la norma. La creación de valor de los intangibles en las empresas es innegable, pero también lo es que ese valor puede desaparecer si la organización no se gestiona de manera adecuada (Dumay, 2016). Las relaciones lineales «causa-efecto» son insuficientes para describir la compleja naturaleza de los negocios actuales (Bizshifts, 2010). La complejidad e interconexión de los procesos de negocio sugiere que las relaciones entre los diferentes indicadores que se incluyen en los modelos de gestión deben ser revisadas desde la hipótesis de relaciones no lineales o complejas. Algunos de los modelos de gestión actuales no son lo suficientemente flexibles para su aplicación en empresas que desarrollan su actividad en entornos de gran dinamismo, en los que será necesario modificar frecuentemente las estrategias para adaptarse a los cambios. Este cambio estratégico traerá consigo una mayor incertidumbre acerca de la utilidad de los indicadores clave definidos y, en caso de no replantear su definición, se corre el riesgo de que la implantación del modelo derive en la creación de una organización estática (Molleman, 2007). Voelpel, Leibold, Eckhoff y Davenport (2005) y Rillo (2004) consideran que estos modelos pueden obstaculizar las capacidades de innovación de una empresa, ya que la conciben como una organización aislada y enfrentada a sus competidores, y excluyen los vínculos e interrelaciones a través de redes externas con otras empresas y con el entorno. Por otro lado, es frecuente considerar la innovación en los modelos de gestión como un proceso lineal, que comienza en los departamentos de i+d, y que no es compartido con otros agentes. Sin embargo, existe consenso en la literatura a la hora de considerar la innovación como un fenómeno sistémico, multidimensional y complejo, que envuelve una vasta red de intercambios de conocimientos de distinta naturaleza entre múltiples instituciones y actores (Rillo, 2004). La información que se desprende de estos modelos de gestión, a su vez, puede ser utilizada por la empresa para informar sobre sus intangibles y sus efectos en los resultados. No podemos obviar que la divulgación al exterior de información sobre los factores de la empresa que contribuyen a la generación de valor, así como la que es exigida en relación con la responsabilidad social y los comportamientos éticos de las mismas, no son abarcadas en su totalidad por los sistemas de información contable actuales (Alcañiz y Gómez-Bezares, 2013). Las limitaciones propias de las normas contables y su focalización en la valoración cuantitativa y financiera para favorecer la toma de decisiones restringen la inclusión de parte de esta información en los estados financieros (Roslender y Nielsen, 2017). Diversos estudios han dado cuenta del descenso acusado en las publicaciones de estados de capital intelectual por parte de las empresas. Schaper (2016) sostiene que este descenso se debe fundamentalmente a la escasa utilidad que tienen dichos estados tanto para la empresa que los emite como para los usuarios externos de la información. Puesto que el contenido de los informes

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integrados apunta a todos aquellos elementos tangibles o intangibles que intervienen en la creación de valor, consideramos que podrían encontrarse en el futuro en la misma tesitura que los estados de capital intelectual. En nuestra opinión, la utilidad atribuida a la información emitida por parte de las empresas depende de su capacidad para identificar los elementos esenciales que intervienen en su proceso particular de creación de valor y de la integración de la información sobre dichos elementos en una narrativa coherente. A consecuencia de esto, muchas empresas han optado por publicar informes adicionales: informes de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad, informes de transparencia y buen gobierno, estados de capital intelectual, etc. Estos documentos se vienen publicando voluntariamente por parte de las compañías, y cada una ha aplicado bases de elaboración diversas, lo que ha provocado que no sean comparables. Esto, unido a la fragmentación de la información, ha hecho que surja una nueva corriente dirigida hacia la publicación de «Informes Integrados», concebidos como «el informe principal de la organización […] centrado en la creación y conservación de valor en el corto, medio y largo plazo» (aeca, 2012).

4. Razón-emoción en los procesos de toma de decisiones bajo el paradigma cuántico

Como ya se ha apuntado, los sistemas de gestión basados en la filosofía utilitarista y en la economía neoclásica no contienen información suficiente para una toma de decisiones adecuada en el entorno de la empresa. La neurociencia cognitiva y la neurociencia social han aportado nuevas evidencias a partir de las cuales están emergiendo nuevas teorías en el área de la economía, como es la economía del comportamiento. En el área de la empresa, lo anterior se concreta en un nuevo estilo de dirección y gestión, que podemos denominar neuromanagement (Sútil, 2013). Las nuevas propuestas, en relación con los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la empresa, ponen el foco de atención en la integración de aspectos sociales, emocionales y éticos, en la teoría económica y de gestión (Lozano, 2013), y, por ende, en los sistemas de información que nutren la «inteligencia del negocio». De acuerdo con Goleman (2015: 137-139), la inteligencia del negocio se construye a partir de la integración en un único sistema de las mentes de cada miembro de la organización, lo que crea lazos neuronales entre ellos, tanto en los aspectos racionales como en los emocionales y sociales. Considerar las emociones no tiene por qué ser un obstáculo en la toma de decisiones, como se ha venido considerando en el marco del pensamiento racionalista; sino todo lo contrario, resultan un requisito imprescindible para ella (García Betancourt, 2017). En este sentido, para que los procesos de toma de decisiones en la empresa sean adecuados, entendemos que deben beber tanto de la información procedente de los sistemas de gestión tradicionales (taylorismo) como de la información obtenida de las herramientas del neuromanagement. En otras palabras, se han de tener en cuenta tanto los datos que podemos medir a través de diferentes técnicas cuantitativas tradicionales (entre las que se encuentra la propia contabilidad) y aquellos que arrojan

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información cualitativa sobre el comportamiento a través de narrativa. Si bien en los actuales sistemas de gestión se incluye, además de los datos cuantitativos, cada vez más información cualitativa en relación a aspectos importantes para las empresas y la sociedad que también hemos de tener en cuenta, esta no hace referencia al comportamiento de los individuos y los grupos dentro de la empresa. Además de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de ambas vertientes, la empresa deberá informar de todos aquellos que puedan tener relevancia para la toma de decisiones de los usuarios externos, a través de la elaboración de informes integrados, como ya hemos afirmado anteriormente. Sobre la información facilitada procedente de los sistemas de gestión tradicionales, existe un cierto nivel de acuerdo, si bien puede ser más complicado determinar qué tipo de información sobre el comportamiento colectivo de la organización es susceptible de ser publicado. A través del neuromanagement, es posible generar un proceso que Goleman (2015: 83 y ss.) denomina «resonancia dinámica», que consiste en poner en marcha los cuatro componentes de la inteligencia emocional del individuo, propagando su alcance a toda la organización: autoconocimiento, autocontrol, conciencia social y control de relaciones. La capacidad de saber interpretar las emociones individuales o del grupo permitirá conocer los puntos fuertes y las limitaciones de la organización. Este conocimiento permitirá gestionar las emociones ante situaciones particulares con actuaciones más fiables y flexibles. Por otro lado, la conciencia social estará condicionada por la capacidad de empatía e intuición organizativa que permiten, no solamente leer las emociones, sino también compartirlas, actuando de manera activa y consciente sobre ellas. Todo ello ayudará a gestionar las relaciones dentro y fuera de la organización, lo que permitirá detener conflictos, tener una comunicación más clara y convincente, y crear fuertes lazos relacionales. La propagación de la inteligencia emocional en el seno de la empresa puede tener una incidencia directa en los rendimientos de la organización y, por tanto, en sus estados financieros, como se evidencia en investigaciones realizadas (Goleman, 2015: 71 y ss.). En consecuencia, consideramos fundamental incluir información narrativa sobre aspectos vinculados a la estrategia de la empresa en los informes integrados. Recientes investigaciones (Mitteness, Sudek y Cardon, 2012) argumentan que la pasión percibida en un negocio por parte de cierto tipo de inversores es un aspecto crítico a la hora de tomar decisiones de inversión. Para ello, planteamos como propuesta que las empresas respondan a las mismas preguntas que se establecen para potenciar las capacidades de la inteligencia emocional individual (Goleman, 2015), tal y como se muestra en el cuadro 1. Y en todo caso, consideramos que puede incluirse en los informes integrados información sobre: –– El conocimiento del grupo y la empresa, de manera que se informe acerca de los puntos fuertes como grupo y de las limitaciones identificadas. Esta información puede potenciar una percepción positiva acerca de la honestidad de la empresa, al transmitir su autoconocimiento organizativo al exterior. –– La conciencia social con el grupo y el exterior. Desde la perspectiva de la interacción social entre los miembros de la empresa, habría que indicar las

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acciones de mejora planteadas por la empresa para el grupo, así como para el conjunto de la sociedad, partiendo del planteamiento de los objetivos que se pretenden conseguir con dichas acciones, y explicando su desarrollo e implantación, así como su grado de consecución. Cuadro 1. Preguntas necesarias para incluir la información en los informes integrados ¿Qué quiero ser?

Visión

¿Quién soy ahora?

Misión

¿Cómo llego de aquí hasta allí? ¿Cómo consigo que el cambio perdure? ¿Quién puede ayudarme?

Estrategia

Valores

Estrategia (sostenible) Aliados

Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones Las empresas carecen de referencias para adaptar sus estructuras organizativas y sus modelos de gestión a las circunstancias de un entorno tan cambiante y turbulento como el actual. Por ello, está emergiendo un nuevo paradigma al que hemos denominado «paradigma cuántico». No obstante, las diferentes aportaciones de la ciencia actual no están integradas aún en un cuerpo teórico unificado que permita tomarlo como sistema de referencia. Por otra parte, los procesos de desaprendizaje y de eliminación de antiguas creencias sobre las que se construye nuestro pensamiento son muy costosos y requieren tiempo. Los presupuestos clásicos que emergen del paradigma tayloriano constituyen barreras y factores de fracaso de las herramientas de gestión que han surgido en las últimas décadas. Sin desechar la importancia de poder «medir y evaluar» el talento individual y colectivo en las organizaciones para aprovechar mejor su potencial en el logro de los objetivos empresariales, nos parece más importante explotar los descubrimientos, que llegan de la mano de las neurociencias, la economía conductual y la física cuántica, sobre cómo las personas conocemos, pensamos, sentimos, nos relacionamos y actuamos (en lo común y en lo diverso), con el fin de visualizar y desarrollar nuevas formas de concebir la empresa y, por tanto, nuevas formas de gestionar y liderarla de manera más humanista. Las neurociencias han demostrado la relevancia de las emociones en los procesos de toma de decisiones y, por tanto, se deberían de tener en cuenta en los modelos de gestión que apoyan estos procesos en las organizaciones. Además, la inteligencia emocional y social de la organización es crucial en la gestión del cambio y, por tanto, proponemos que determinados aspectos de esta sean reflejados en los informes integrados, con la finalidad de que el usuario externo conozca dicho potencial.

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CONTABILIDAD DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS Beatriz Aibar Guzmán

Universidad de Santiago de Compostela

Cristina Aibar Guzmán

Universidad de Santiago de Compostela

1. Introducción Las características particulares de la contabilidad de gestión y del marco de actuación en el que se inscribe (el contexto económico, político, social y cultural de las organizaciones) han motivado que dicha disciplina carezca de puntos de referencia que permitan definir sus fronteras y acotar su campo de estudio (Choudhury, 1987). Dicha ausencia de fronteras ha dificultado la distinción entre «los problemas de investigación importantes de aquéllos que son triviales» (Otley, 1983: 138) y, por consiguiente, la delimitación de las líneas de investigación que pueden resultar de interés. Ello ha llevado a algunos autores a analizar la investigación realizada en contabilidad de gestión a partir de revisiones de los artículos publicados en revistas científicas (Shields, 1997; Mensah et al., 2004; Hesford et al., 2007; Lindquist y Smith, 2009; Scapens y Bromwich, 2010; Guffey y Harp, 2017; Lachmann et al., 2017).1 Con dichas revisiones se ha pretendido, por un lado, entender el nivel de desarrollo y las características de la evolución experimentada por la investigación en contabilidad de gestión a lo largo del tiempo y, por otro, identificar una serie de líneas de investigación que constituyen cuestiones claves en la agenda de los estudiosos de dicha disciplina y marcan, en cierta medida, el camino que seguir o las oportunidades para investigar. A principios de los años ochenta del siglo pasado, el estado de la investigación en contabilidad de gestión puede describirse como «esencialmente exploratorio» (Otley, 1983: 141). A finales de esta década, Johnson y Kaplan publicaron su libro Relevance lost: the rise and fall of Management Accounting, a raíz del cual se inició un debate en torno a la relevancia de la contabilidad de gestión, así como de la investigación realizada en dicha disciplina (Malmi, 2016). Dicho debate dio lugar una revolución

La mayoría de dichas revisiones siguen una estructura común y consideran categorías similares. No obstante, existen diferencias entre ellas en cuanto al nivel de detalle y al contenido de algunas categorías. 1

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y renacimiento de la investigación y la práctica en contabilidad de gestión (Kaplan, 1994; Ahrens y Dent, 1998), en cuyo marco se inscribe el nacimiento de las dos principales revistas académicas anglosajonas especializadas en esta: Management Accounting Research (en adelante mar) y Journal of Management Accounting Research (en adelante jmar). Ambas revistas nacieron casi al mismo tiempo (jmar en 1989 y mar en 1990) con un objetivo similar: servir como plataforma para la publicación de artículos teóricos y empíricos en el campo de la contabilidad de gestión (definido ampliamente), promoviendo la utilización de diversos enfoques teóricos y distintos métodos de investigación. El objetivo de este trabajo es dibujar un perfil de la investigación en contabilidad de gestión en lo que respecta a los tópicos investigados, los enfoques teóricos utilizados y los métodos de investigación empleados, destacando las principales características de esta evolución. Para ello, nos hemos centrado en los artículos publicados en mar y jmar. Hemos basado esta elección en dos consideraciones: primero, las revistas contables de ámbito general suelen dedicar poca cobertura a la publicación de artículos sobre nuestra disciplina (Merchant, 2010; Salterio, 2015); y, segundo, porque se trata de las dos principales revistas académicas especializadas en contabilidad de gestión. El trabajo está estructurado en cuatro partes. Tras esta introducción, se presentan los resultados del análisis de los artículos publicados en cada revista en las dos primeras décadas, tomando como referencia las revisiones que se realizaron en cada una de ellas con motivo de su vigésimo aniversario –Lindquist y Smith (2009) en jmar, y Scapens y Bromwich (2010) en mar–. La tercera parte recoge nuestra revisión de los artículos publicados desde entonces hasta 2017. Como parte final del trabajo se presentan las principales conclusiones obtenidas en cuanto a las tendencias observadas.

2. Análisis de las publicaciones de las dos primeras décadas Scapens y Bromwich (2010) realizaron una revisión de los primeros veinte volúmenes de mar. Para ello, crearon su propia taxonomía de tópicos (16 categorías), métodos de investigación (9 categorías) y enfoques teóricos (14 categorías) y, en cada caso, realizaron una comparación entre los artículos publicados en la primera década (1990-1999) y en la segunda década (2000-2009) de la revista. En total analizaron 383 artículos, de los cuales 178 correspondían a la primera década y 205 a la segunda.2 Un año antes, Lindquist y Smith (1989) habían publicado una revisión de los artículos publicados en jmar entre 1989 y 2008. Dichos autores se basaron en la taxonomía desarrollada por Hesford et al. (2007) para realizar el análisis de los tópicos (dieciséis categorías), enfoques teóricos (cinco categorías) y métodos de investiga-

Esta cifra incluye las editoriales de los números especiales, que se analizaron únicamente en el caso de los tópicos. Para los métodos de investigación y los enfoques teóricos analizaron 196 artículos. 2

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ción (nueve categorías). En total analizaron 186 artículos, 106 correspondientes a la primera década (1989-1998) y 80 correspondientes a la segunda (1999-2008).

2.1 Tópicos Dado que Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009) utilizaron distintos criterios de clasificación para analizar los tópicos de investigación, los hemos agrupado en dos grandes áreas, siguiendo la división tradicional entre «costes» y «control», e incorporamos un área llamada «otros» para recoger los restantes tópicos. A su vez, dividimos cada área en subáreas que agrupan temas relacionados. El área de «costes» está dividida en «contabilidad de costes» y «gestión de costes». La primera comprende temas relacionados con la asignación de costes, el estudio del comportamiento de los costes, el análisis de sistemas y técnicas de contabilidad de costes (por ejemplo, el abc), el estudio de los factores que influyen en la elección del sistema de costes, etc. Por su parte, la «gestión de costes» incluye estudios relacionados con el uso de información de costes para la toma de decisiones, técnicas avanzadas de gestión de costes (como la gestión basada en el tiempo, el análisis de la cadena de valor, etc.), el análisis de los generadores de costes (cost-drivers), etc. Con respecto al área de «control», este se divide en tres subáreas: «evaluación del rendimiento», «presupuestos» y «sistema de control de gestión». La primera incluye temas relacionados con la medición del rendimiento, modelos de indicadores, incentivos vinculados a medidas de rendimiento, sesgos en la evaluación del rendimiento, etc. El área de «presupuestos» comprende temas relacionados con desviaciones y costes estándar, el control presupuestario, tipos de presupuestos, comportamientos disfuncionales asociados al proceso de presupuestación y al control presupuestario (asimetrías de información, slack presupuestario, etc.). Por último, dentro de «sistemas de control de gestión» se agrupan temas relacionados con cuestiones generales de dichos sistemas (características, procesos, tipos de controles…), el estudio de los factores que influyen en su diseño y uso, la influencia de la información generada por el sistema de control de gestión en el comportamiento de los usuarios, etc. Finalmente, dentro de «otras», recogemos dos subáreas. La primera se centra en la problemática del «cambio en contabilidad de gestión»: cómo, cuándo o por qué se produce el cambio en los sistemas de contabilidad de gestión, la dinámica del cambio, la resistencia al cambio o el papel que desempeña la contabilidad de gestión en procesos de cambio organizativo, etc. Por último, en «otros» se agrupan cuestiones tales como la presupuestación de capital y decisiones de inversión, precios de transferencia, eva, contabilidad de gestión estratégica, contabilidad de gestión medioambiental, gestión de riesgos, control de gestión en el contexto interorganizacional, gestión del conocimiento e intangibles, así como cuestiones relativas a la investigación en el área. La tabla 1 muestra los resultados de Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009) en relación con la clasificación de los tópicos investigados.

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Tabla 1. Tópicos investigados en las dos primeras décadas Tópicos investigados Costes

Control

Contabilidad de Costes Gestión de Costes Aplicaciones prácticas Evaluación rendimiento Presupuestación Sistema control gestión

Cambio Otros

Presupuestos de capital Contabilidad estratégica Precios de transferencia Otros

mar

1990-1999 18 % 7 % 16 % 14 % 7 % 8 % 11 % 6% 5 % 3 % 5 %

2000-2009 9 % 10 % 8 % 14 % 5 % 17 % 15 % 1 % 3 % 2 % 16 %

jmar

1989-1998 20,76 % 9,44 % 2,83 % 15,09 % 6,6 % 12,27 % ---6,6 % 3,77 % 3,77 % 18,87 %

1999-2008 12,5 % 7,5 % ---32,5 % 16,25 % 17,5 % ---2,5 % 5 % 1,25 % 5 %

Fuente: Elaboración propia con base en Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009).

En lo que se refiere a mar, en la primera década hay un mayor peso de los artículos agrupados en el área de «costes» (41 %), que perdieron peso en la segunda década a favor de los artículos catalogados dentro del área de «control». Dentro del área de «costes» destaca la reducción a la mitad del porcentaje de artículos sobre «contabilidad de costes» y de «aplicaciones prácticas», que pasan de estar en los primeros lugares en la primera década a estar entre los últimos lugares en la segunda. Su importancia en la primera década tiene que ver con la necesidad que había en ese momento de entender la naturaleza y el funcionamiento de la contabilidad de costes en la práctica, es decir, cuáles eran los sistemas y técnicas de contabilidad de costes utilizados en las empresas y cómo se utilizaban (Bromwich y Scapens, 2016). Dentro del área de «control» destaca el incremento de los artículos que analizan algún aspecto del «sistema de control de gestión» en general. También puede notarse que la «evaluación del rendimiento» está siempre en los primeros lugares y se mantiene con un porcentaje más o menos constante. No obstante, de acuerdo con Scapens y Bromwich (2010), en la segunda década los artículos pasar a estar más enfocados en la gestión que en la medición del rendimiento. Otro aspecto que destacar es el incremento de artículos en la línea de «cambio», así como de los que abordan «otros temas», que pasan al segundo lugar. Este incremento se debe, sobre todo, a nuevos temas (como el gobierno corporativo, la gestión de riesgos o el control interorganizacional). En lo que respecta a jmar, aunque en ambas décadas hay un predominio de artículos relacionados con el área de «control», en la segunda década su peso casi se duplica con relación a la primera (pasa de 34 a 66 %). Dentro de esta área, el mayor

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peso corresponde a los artículos relacionados con la «evaluación del rendimiento», con un incremento notable en la segunda década. En relación con el área de «costes», destaca la reducción del peso de los artículos relacionados con la «contabilidad de costes» en la segunda década y la desaparición de artículos sobre aplicaciones prácticas. Por último, cabe señalar que en esta revista no hay ningún artículo clasificado en la línea de «cambio» y que se redujo notablemente el porcentaje de artículos clasificados en «otros temas», aunque aumentaron ligeramente los relacionados con la «contabilidad de gestión estratégica».

2.2 Enfoques teóricos Con la utilización de distintos enfoques teóricos se ha pretendido principalmente proporcionar una motivación exante a la investigación o bien ampliar o verificar un modelo. La tabla 2 muestra los resultados de Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009) en relación con los enfoques teóricos utilizados. Tabla 2. Enfoques teóricos utilizados en las dos primeras décadas Enfoques teóricos Aplicada/ninguna Economía Psicología Sociología Teoría institucional Teorías de organización Teoría de contingencias Gestión de operaciones Otros

mar

1990-1999 34 % 24 % 3 % 7 % 4 % 11 % 6 % 3 % 8 %

jmar

2000-2009 12 % 12 % 3 % 4 % 19 % 8 % 13 % 9 % 20 %

1989-1998 18,87 % 17,93 % 15,09 % 7,55 % ---------31,13 % 9,43 %

1999-2008 40 % 33,75 % 8,75 % 8,75 % ---------7,5 % 1,25 %

Fuente: Elaboración propia con base en Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009).

En este caso, los resultados no son directamente comparables, puesto que se han utilizado distintas taxonomías para clasificar los artículos.3 En ambas taxonomías, la categoría «economía» se define en sentido amplio (incluyendo la teoría de la agencia y la microeconomía). También son equiparables las categorías «psicología» y «gestión de operaciones» (en la que se recogen métodos como la programación lineal,

3 Como se ha indicado, Lindquist y Smith (2009) utilizaron cinco categorías, mientras que Scapens y Bromwich (2010) optaron por un mayor nivel de detalle (catorce categorías).

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etc.). De igual manera, en ambas taxonomías se refleja el hecho de que en algunos artículos no es posible identificar un enfoque teórico específico o inferirlo claramente –Scapens y Bromwich (2010) incluyen estos artículos en la categoría «aplicada» y Lindquist y Smith (2009) los agrupan en la categoría «ninguna»–. En cuanto a las diferencias, Lindquist y Smith (2009) incluyen dentro de la categoría «sociología» las teorías organizacionales y sociales (y, por tanto, la teoría institucional y la teoría de contingencias), mientras que Scapens y Bromwich (2010) distinguen varias categorías: teorías sociales, teorías de organización, teoría de contingencias, teoría institucional,4 teoría de control de gestión y gestión estratégica. Además de las anteriores, Scapens y Bromwich (2010) recogen cuatro categorías más: actor network theory, estudios culturales, nueva gestión pública y «otras» (agrupando en esta última aquellos enfoques teóricos utilizados únicamente en uno o dos artículos); mientras que Lindquist y Smith (2009) solo incluyen una categoría adicional: «historia». Para hacer la comparación más sencilla, en la tabla 2 hemos agrupado todas estas categorías adicionales en una sola, denominada «otras». En el caso de mar, Scapens y Bromwich (2010) explican el predominio en la primera década de artículos clasificados en la categoría «aplicada» porque, como se ha comentado anteriormente, en esa época existía un gran interés de los investigadores en el estudio del funcionamiento de las técnicas y modelos de contabilidad de costes utilizados en las empresas y, por consiguiente, era lo que se buscaba aprender a través de artículos que describiesen la práctica real de la contabilidad de gestión; no obstante, no es posible identificar un marco teórico específico en ellos. A medida que fue pasando el tiempo, el peso de este tipo de artículos disminuyó notablemente. El alto peso de las teorías económicas en la primera década se atribuye a la fuerte vinculación inicial de la contabilidad de gestión a la economía (Bromwich y Scapens, 2016). Sin embargo, con el paso del tiempo su alcance se fue extendiendo a las ciencias sociales, que ganaron peso sensiblemente en la segunda década a coste de la economía, cuyo peso se redujo a la mitad. El mayor incremento corresponde a la teoría institucional, que se convirtió en el enfoque teórico más utilizado y que, junto con la teoría de contingencias, cubren más de un tercio del total de trabajos publicados en esta revista durante la segunda década. En lo que respecta a jmar, puede observarse que el uso de teorías basadas en la economía experimentó un alto incremento (casi se duplicó en la segunda década), aunque el mayor incremento corresponde a los artículos clasificados en la categoría «aplicada», que alcanza el 40 % de los artículos publicados en la segunda década. Por el contrario, el uso de teorías basadas en la psicología y la gestión de operaciones disminuyó. En el último caso, su utilización se redujo de manera muy notable, pasando de ser la más utilizada en la primera década a ser la menos empleada en la segunda.

4 En esta categoría, Scapens y Bromwich (2010) incluyen la de «economía de costes de transacción».

caracterización de la investigación en contabilidad de gestión... 255

2.3 Métodos de investigación La tabla 3 muestra los resultados de Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009) en relación con la clasificación de los métodos de investigación utilizados. Aunque ambas taxonomías cuentan con el mismo número de categorías (nueve), de nuevo existen algunas diferencias que dificultan la comparación directa. En la categoría «analítico», Lindquist y Smith (2009) recogen únicamente los artículos que desarrollan o prueban modelos matemáticos, mientras que Scapens y Bromwich (2010) incluyen también en esta categoría los que utilizan técnicas estadísticas para tratar los datos obtenidos a través de encuestas. En relación con lo anterior, Scapens y Bromwich (2010) consideran dentro de la categoría «encuestas» únicamente los artículos que utilizan los datos obtenidos de las encuestas para realizar una descripción del tópico analizado, mientras que Lindquist y Smith (2009) incluyen todos los artículos basados en los datos recogidos a través de encuestas. Lindquist y Smith (2009) recogen en la categoría «conceptual» los artículos que se dedican al desarrollo teórico de algún tema. Esta categoría es asimilable a la «discusión analítica» de la taxonomía de Scapens y Bromwich (2010). De manera similar, también se podrían asimilar la categoría «archivístico», en la que Lindquist y Smith (2009) agrupan los artículos que analizan datos de obtenidos de fuentes secundarias (bases de datos, estados financieros u otros documentos públicos), y la que Scapens y Bromwich (2010) denominan «análisis de estados financieros». Las categorías coincidentes en ambas taxonomías son las «revisiones de literatura», los «experimentos», los «estudios de casos» y los «estudios de campo». Tabla 3. Métodos de investigación utilizados en las dos primeras décadas Métodos de investigación Analítico Bases de datos, estados financieros, etc. Encuestas Estudios de caso y campo Experimentos Conceptuales Revisiones de literatura Otros

mar

1990-1999 13 % 1 % 15 % 39 % 4 % 14 % 8 % 6 %

jmar

2000-2009 30 % 2 % 4 % 48 % 2 % 11 % 1 % 2 %

1989-1998 11,32 % 9,43 %

1999-2008 22,5 % 21,25 %

16,98 % 18,86 % 14,16 % 21,70 % 2,83 % 4,72 %

13,75 % 7,55 % 15 % 5 % 8,75 % 6,25 %

Fuente: Elaboración propia con base en Scapens y Bromwich (2010) y Lindquist y Smith (2009).

En el caso de mar, destaca la importancia de los «estudios de caso», que son los métodos de investigación más utilizados en ambos periodos. De hecho, en la última década hay un claro predominio de los estudios de caso, junto con los méto-

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dos analíticos (modelos matemáticos y métodos estadísticos), mientras que el uso de los restantes métodos es bastante reducido (entre todos, un 22 %). Según Scapens y Bromwich (2010), el incremento de los métodos analíticos se debe al empleo de métodos estadísticos para analizar datos obtenidos a través de encuestas y bases de datos. En el polo opuesto, destaca el descenso de las encuestas con un enfoque descriptivo5 y de las revisiones. En lo que respecta a jmar, los artículos que utilizan métodos analíticos duplicaron su peso en la segunda década, por lo que se convirtieron en el método más utilizado. No obstante, el mayor incremento corresponde a los métodos que implican el uso de bases de datos, estados financieros u otros documentos públicos. Por otro lado, destaca el descenso de la investigación cualitativa (estudios de caso y de campo), que pasa al último lugar, y también de las encuestas. Esto se explica porque la escuela norteamericana tiene una serie de restricciones con respecto a los métodos de investigación de corte cualitativo (Merchant, 2010).

3. Análisis de las publicaciones de los últimos años En esta sección recogemos nuestra revisión de los artículos publicados en los últimos años. En primer lugar, explicaremos la metodología seguida para realizar la clasificación de los artículos y, posteriormente, presentaremos los resultados manteniendo la estructura utilizada en la sección anterior.

3.1 Metodología Comenzamos nuestra revisión delimitando el período de revisión (desde 2010 hasta 2017, en el caso de mar, y desde 2009 hasta 2017, en el caso de jmar) y el tipo de artículos que analizar; en el caso de mar, siguiendo a Scapens y Bromwich (2010), hemos considerado también las editoriales de los números especiales para el análisis de los tópicos. En el caso de jmar, excluimos los artículos publicados por los ganadores del Lifetime Contribution to Management Accounting Award, notas editoriales, tributos y similares. Con estas premisas, procedimos a descargar y grabar todos los artículos, y creamos un libro de Excel con los datos de cada artículo (autores, fecha, título, volumen y número). En total se analizaron 172 artículos de mar6 y 147 artículos de jmar. A continuación, establecimos los criterios de codificación para los tres aspectos analizados (tópicos, enfoques teóricos y métodos de investigación). Para su definición se

5 Su peso en la primera década tiene que ver con lo comentado anteriormente acerca de la necesidad de conocer lo que se hacía en la práctica. 6 Al igual que Scapens y Bromwich (2010), en el análisis de los métodos de investigación y los enfoques teóricos eliminamos las editoriales de los números especiales, de manera que el total de artículos quedó en 157.

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tuvieron en cuenta las taxonomías utilizadas en revisiones anteriores, introduciendo algunas modificaciones. A fin de garantizar la fiabilidad de la codificación de los artículos, todos fueron leídos y analizados por ambas autoras separadamente. Cada veinte artículos se compararon resultados y, en caso de discrepancias,7 se procedió a una relectura conjunta del artículo, tras la cual se buscó una solución de consenso.

3.2 Tópicos El criterio utilizado para clasificar los tópicos analizados es el mismo que habíamos empleado en la tabla 1, con una mayor desagregación en la categoría «otros», distinguiendo varios temas. La Tabla 4 muestra nuestros resultados. En lo que respecta a mar, destaca el importante descenso de los artículos en el área de «costes» (3,5%) y, dentro de esta, la desaparición de artículos sobre «aplicaciones prácticas». Por otro lado, si bien el área de «control» sigue teniendo un peso importante (30,2 %) y dentro de ella se encuentran dos de los tópicos más investigados en este periodo («evaluación del rendimiento», en el primer lugar del ranking, y «sistema de control de gestión», en el tercer puesto), se aprecia un notable aumento del porcentaje de artículos clasificados en «otros temas», que, en conjunto, suponen el 57,6 % del total. En este grupo, merecen mención especial el «control de gestión en el contexto interorganizacional»8 y las «teorías y métodos de investigación». En el primer caso, su importancia es reflejo del cambio en los modelos de negocio con nuevas formas de aprovisionamiento, outsourcing, etc. (Hopper y Bui, 2016). En el segundo caso, a raíz del vigésimo y del vigésimo quinto aniversario de la revista, se publicaron números especiales dedicados a la discusión de temas relacionados con la investigación en contabilidad de gestión (paradigmas, métodos de investigación, oportunidades, etc.). En el caso de jmar, se observa una tendencia similar en cuanto al aumento del peso de «otros temas» (64,62 %) y al descenso del peso global del área de «costes» (9,53 %), si bien debe notarse que, pese a este descenso, los artículos relacionados con la contabilidad de costes ocupan el cuarto lugar en el ranking, y mantienen la misma posición que en la segunda década. En cuanto al área de «control», la evaluación del rendimiento, con un 14,29 %, sigue teniendo un lugar destacado (ocupa el tercer puesto del ranking). Los tópicos más investigados son los relacionados con el «gobierno corporativo» (incentivos, compensaciones, contratos, etc.), quizás en respuesta a la creciente preocupación social por estas cuestiones, agudizada por la reciente crisis financiera. El «cambio» tiene una importancia marginal en esta revista.

7 Básicamente, las discrepancias surgieron en el caso de artículos que, por el método empleado o el enfoque teórico utilizado, podían pertenecer a diferentes categorías, abordaban más de un problema de investigación o era necesario inferir el enfoque teórico utilizado. 8 Calificada por Bromwich y Scapens (2016: 6) como un hot topic.

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Tabla 4. Tópicos investigados en la última década Tópicos investigados Costes

Control

Contabilidad de costes Gestión de costes Aplicaciones prácticas Evaluación rendimiento Presupuestación Sistema control gestión

Cambio

Otros

Presupuestación de capital Contabilidad estratégica Precios de transferencia Teorías y métodos de investigación Control de gestión en contexto interorganizacional Gestión de riesgos Medioambiente y rsc Gobierno corporativo (incentivos, contratos, etc.) Revisiones Otros

mar

jmar

2010-2017 1,16 % 2,33 % ---14,53 % 5,23 % 10,47 % 8,72 % 0,58 % 2,91 % 0,58 % 9,3 % 13,37 % 3,49 % 6,98 % 3,49 % 3,49 % 13,37 %

2009-2017 6,13 % 3,4 % ---14,29 % 5,44 % 5,44 % 0,68 % 2,04 % ---2,04 % 4,76 % 5,44 % ---4,76 % 19,05 % 3,4 % 23,13 %

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Enfoques teóricos Para clasificar los enfoques teóricos hemos utilizado doce categorías. Igual que en las taxonomías anteriores, hemos incluido la teoría de la agencia dentro de la «economía». Utilizamos una categoría denominada «varias teorías» para recoger los artículos que utilizan varios enfoques teóricos distintos. Los restantes enfoques teóricos se han agrupado en la categoría «otros». La tabla 5 muestra nuestros resultados. En lo que respecta a mar, la teoría de contingencias ocupa un destacado primer lugar, seguida de la teoría institucional (a pesar del descenso en su uso respecto a la década anterior) y la psicología. También tienen un peso importante los artículos clasificados en la categoría «ninguna». Se trata de revisiones y artículos conceptuales que abordan cuestiones relativas a la investigación en contabilidad de gestión (teorías, paradigmas, métodos de investigación, etc.). Hay un porcentaje relativamente alto de artículos que combinan varias teorías o que utilizan otros enfoques teóricos (dentro de estos últimos destaca la action network theory). Finalmente, se constata la disminución en el uso de la «economía» y de los artículos sin un marco conceptual claro (categoría «aplicada»).

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En el caso de jmar, la tendencia es la opuesta. En esta revista, más de la mitad de los artículos publicados se clasifican en las categorías «economía» y «aplicada», destacando especialmente el peso de la primera, mientras que la teoría de contingencias y la teoría institucional tienen un uso reducido. Sin embargo, sí hay coincidencias entre ambas revistas en lo que respecta al uso de enfoques teóricos basados en la psicología o a la combinación de varias teorías. Asimismo, también hemos encontrado en jmar un alto porcentaje de artículos clasificados en la categoría «ninguna». Tabla 5. Enfoques teóricos utilizados en la última década Enfoques teóricos Economía Psicología Sociología Teoría institucional Teorías de organización Teoría de contingencias Gestión de operaciones Teoría de control de gestión Varias teorías Aplicada Otros Ninguno

mar

jmar

2010-2017 5,73 % 9,55 % 8,28 % 12,74 % 5,73 % 17,2 % 1,28 % 8,92 % 8,28 % 5,73 % 7,01 % 9,55 %

2009-2017 36,05 % 9,53 % 1,36 % 2,04 % 3,4 % 4,08 % 1,36 % 4,76 % 5,44 % 17,69 % 4,76 % 9,53 %

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Métodos de investigación Hemos considerado diez categorías de métodos de investigación. La primera, «analítico», hace referencia al uso de modelos matemáticos. Dedicamos dos categorías a los datos obtenidos mediante encuestas, una para los artículos en los que se realiza el tratamiento de estos datos mediante técnicas estadísticas y la otra para los estudios descriptivos. Los «métodos basados en archivos» suponen la utilización de datos obtenidos de estados financieros, bases de datos y otros documentos públicos. Hemos agrupado los «estudios de caso y campo» en una única categoría pues, como señalan Scapens y Bromwich (2010), ambos términos tienden a utilizarse de forma intercambiable en la literatura en contabilidad de gestión.9 Dedicamos una categoría 9 También hemos incluido en este grupo otros métodos de investigación cualitativa, como la investigación intervencionista, la action research y los métodos etnográficos.

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a los artículos «conceptuales» y otra a las «revisiones de literatura» y, finalmente, en la categoría «otros» agrupamos aquellos artículos que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. Como ya se había evidenciado en la década anterior, las revistas analizadas siguen tendencias opuestas en lo que respecta a los métodos de investigación utilizados. En mar hay un claro predominio de los estudios de caso y de campo y de las encuestas analíticas, mientras que pocos artículos desarrollan o prueban un modelo matemático o utilizan información procedente de bases de datos, estados financieros y otros documentos públicos. En jmar, por el contrario, estos métodos son los más empleados y la utilización de estudios de caso y de campo es muy reducida. Por otro lado, en ambas revistas hemos identificado un alto porcentaje de artículos conceptuales y un escaso uso de las encuestas descriptivas. Tabla 6. Métodos de investigación utilizados en la última década Métodos de investigación Analítico (modelo matemático) Bases de datos estados financieros, etc. Encuestas: analítico Encuestas: descriptivo Estudios de caso y de campo Experimentos Conceptuales Revisiones de literatura Otros

mar

jmar

2010-2017 3,18 % 1,27 % 22,93 % 0,64 % 46,5 % 5,1 % 15,29 % 3,18 % 1,91 %

2009-2017 16,33 % 21,77 % 11,56 % 0,68 % 8,16 % 14,97 % 22,45 % 4,08 % ----

Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones En este trabajo hemos analizado cómo ha evolucionado la investigación en contabilidad de gestión en las tres últimas décadas a través de la revisión de los tópicos investigados y los enfoques teóricos y métodos de investigación empleados en los artículos publicados en las dos principales revistas académicas especializadas en dicha disciplina. Nuestros resultados confirman el carácter ecléctico y multidisciplinar de la investigación en contabilidad de gestión, lo que evidencia la utilización de teorías importadas de otras áreas y el empleo de diversos métodos de investigación para analizar un cada vez más amplio abanico de temas (Hopper y Bui, 2016). Asimismo, constatamos que a lo largo del tiempo la investigación en contabilidad de gestión ha dejado atrás el carácter descriptivo que la caracterizó en los noventa para adoptar una mayor variedad de métodos, cada vez más sofisticados (Lachmann et al., 2017).

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En lo que respecta a los tópicos investigados, podemos decir que en ambas revistas hay un fuerte énfasis en temas vinculados al control, frente a los temas relacionados con el área de costes, cuyo peso global ha disminuido a lo largo del tiempo. Además, se aprecia la influencia de los cambios de la práctica empresarial y en las circunstancias del entorno en la elección de ciertos tópicos de investigación. Así, en los ochenta y principios de los noventa la competencia de las empresas japonesas motivó el interés por el estudio de las técnicas de contabilidad de gestión japonesas. De igual manera, la reciente crisis económica y financiera ha motivado el interés en temas como la gestión de riesgos y el gobierno corporativo (Van der Stede, 2015). En lo que respecta a los enfoques teóricos utilizados, en ambas revistas se observa una evolución distinta. Mientras que en mar hay una importancia creciente de la teoría (Bromwich y Scapens, 2016), lo que se evidencia en la fuerte disminución del peso de los artículos enmarcados en la categoría «aplicada» (sin un marco teórico explícito o, al menos, claramente implícito), en jmar un porcentaje importante de artículos carecen de una teoría clara. Así, podemos decir que mar se caracteriza por el uso de diversas teorías, con un cierto sesgo hacia los aspectos sociológicos y organizacionales, mientras que en jmar predomina la visión de la contabilidad de gestión de la escuela norteamericana, basada principalmente en la economía (Merchant, 2010). También hay diferencias en cuanto a los métodos de investigación utilizados. Si bien ambas revistas promueven el empleo de distintos métodos de investigación, en jmar predominan los artículos que desarrollan o prueban un modelo matemático o que utilizan datos procedentes de bases de datos, estados financieros u otros documentos públicos, mientras que en mar hay una preponderancia de estudios de caso y de campo y de las encuestas analíticas. Así, en líneas generales, nuestros resultados corroboran las conclusiones de revisiones previas (Hesford et al., 20017; Lachmann et al., 2016) acerca de las diferencias entre las revistas norteamericanas y europeas en cuanto a los enfoques teóricos y los métodos de investigación utilizados. Finalmente, como limitación del trabajo, debemos reconocer que los resultados obtenidos están condicionados por las categorías utilizadas y que, en algunos casos, para clasificar los artículos ha sido necesario inferir el enfoque teórico subyacente, lo que aporta una cierta dosis de subjetividad a la clasificación realizada.

5. Bibliografía Ahrens, T., J. Dent (1998): «Accounting and organizations: realizing the richness of field research«, Journal of Management Accounting Research, 10, pp. 1-39. Bromwich, M., R. Scapens (2016): «Management Accounting Research: 25 years on», Management Accounting Research, 31, pp. 1-9. Choudhury, N. (1987): «Starting out in management accounting research», Accounting and Business Research, 17(67), pp. 205-220. Guffey, D. y N. Harp (2017): «The Journal of Management Accounting Research: a content and citation analysis of the first 25 years», Journal of Management Accounting Research, 29(3), pp. 93-110.

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beatriz aibar guzmán y cristina aibar guzmán

Hesford, J., S. Lee, W. Van der Stede y S. Young (2007): «Management Accounting: a bibliographic study». En C. Chapman, A. Hopwood y M. Shields (eds.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Publishing, pp. 3-26. Hopper, T. y B. Bui (2016): «Has Management Accounting Research been critical?», Management Accounting Research, 31, pp. 10-30. Kaplan, R.S. (1994): «Management accounting (1984-1994): development of new practice and theory», Management Accounting Research, 5(3-4), 247-260. Lachmann, M., I. Trapp y R. Trapp (2017): «Diversity and validity in positivist management accounting research. A longitudinal perspective over four decades», Management Accounting Research, 34, pp. 42-58. Lindquist, T. y G. Smith (2009): «Journal of Management Accounting Research: Content and citation analysis of the first 20 years», Journal of Management Accounting Research, 21, pp. 249-292. Malmi, T. (2016): «Managerialist studies in management accounting: 1990-2014», Management Accounting Research, 31, pp. 31-44. Mensah, Y., N. Hwang y W. Donghui (2004): «Does managerial accounting research contribute to related disciplines? An examination using citation analysis», Journal of Management Accounting Research, 16, pp. 163-181. Merchant, K. (2010): «Paradigms in accounting research: a view from North America», Management Accounting Research, 21(2), pp. 116-120. Otley, D. (1983): «Behavioural and Organisational Research in Management Accounting». En D. Cooper, R. Scapens y J. Arnold (eds.), Management Accounting Research and Practice, Londres, The Chartered Institute of Management Accountants (cima), pp. 136-158. Salterio, S. (2015): «Barriers to knowledge creation in management accounting research», Journal of Management Accounting Research, 27(1), pp. 151-170. Scapens, R. y M. Bromwich(2010): «Management Accounting Research: 20 years on», Management Accounting Research, 21(4), pp. 278-284. Shields, M. (1997): «Research in Management Accounting by North Americans in the 1990s», Journal of Management Accounting Research, 9, pp. 3-61. Van der Stede, W. (2015): «Management Accounting: Where from,Where now, Where to?», Journal of Management Accounting Research, 27(1), pp. 171-176.

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA CUALITATIVA Emma Castelló-Taliani Universidad de Alcalá

Vicente Ripoll-Feliu Universitat de Valencia

1. Introducción Elaborar un producto o servicio y ponerlo en manos del cliente es básico para el correcto funcionamiento de una empresa. Analizar la cadena de suministro, identificar, mejorar y simplificar los procesos y desarrollar un sistema de costes es esencial para mejorar la cuenta de resultados. Basándonos en este postulado, los autores del presente capítulo, hemos intentando a lo largo de nuestra vida profesional en la universidad, crear una mentalidad para el cálculo, la racionalización, el rediseño y la optimización de los costes empresariales. Nuestra aportación a este libro homenaje al profesor Montesinos pretende dar una visión personal de la evolución de los sistemas de información de contabilidad de gestión; para ello, nuestro punto de referencia no son los albores de la contabilidad de costes, sino la noción de contabilidad para la gestión desde la década de 1980, que es cuando empezamos a investigar en esta materia de la mano del profesor Montesinos, camino que no hemos abandonado desde entonces y al que dedicamos nuestra investigación y docencia. Los dos autores de este trabajo entramos el mismo año como profesores en el Departamento de Contabilidad; en esa época, el profesor Montesinos era decano de la Facultad de Economía. Las etapas que ha atravesado la contabilidad de gestión desde los años ochenta han sido ampliamente analizadas por diferentes autores y de manera muy rigurosa, por lo que en este artículo nos vamos a hacer eco de los principales hitos que se han alcanzado en contabilidad de gestión en los últimos cinco lustros. Asimismo, exponemos las razones que han conducido a que la figura del controller ocupe un papel preponderante en el actual contexto de la gestión empresarial. Por último, hacemos mención a las principales líneas de investigación que se desarrollan en contabilidad de gestión.

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2. Evolución conceptual de la contabilidad de gestión Horngren, uno de los autores más representativos de esta disciplina, identificó a mediados del siglo xx tres etapas en la contabilidad de costes como consecuencia de la evolución de sus objetivos, a saber: –– Etapa de coste verdadero (previa a los años sesenta). El objetivo de la contabilidad de costes en esos años era determinar el coste del producto con rigor; esta etapa se caracterizó por la minuciosidad en el análisis del coste y la utilización de normas estrictas de medida, en los que predominaba el método del coste completo (full cost). –– Etapa de verdad condicionada (entre los años sesenta y setenta). El método del Direct Costing surge como respuesta a los problemas que planteaba la aplicación del coste completo para todo tipo de decisiones, cuando en su concepción se había diseñado para valorar la producción, aportando esta información a la contabilidad financiera. –– Etapa de verdad costosa (finales de los setenta), en la que se considera a la contabilidad de gestión como una parte más de los sistemas de información de la empresa. Empieza a utilizarse la noción de coste-beneficio en la obtención de la información adicional, por lo que los modelos de decisión y de control se condicionaban a la relación entre el beneficio que suponía la obtención de la información y el coste de su determinación. Como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información, se produjo una mejora sustancial de los sistemas de planificación y control, debido al reducido coste de recogida y tratamiento de la información. En la década de los ochenta, en opinión de algunos autores como Kaplan, los cambios en el entorno competitivo hicieron reexaminar la contabilidad de costes tradicional y los sistemas de control de gestión, ya que las técnicas empleadas hasta entonces habían permanecido casi sin alteración desde 1925. A pesar del cambio en la naturaleza de las organizaciones y de la dimensión de la competencia, hasta los años ochenta no había habido innovación en el diseño e implementación de la contabilidad de costes ni de los sistemas de control de gestión.1 Las empresas otorgan un papel preponderante a la producción como fuente de ventaja competitiva, por ejemplo: la mejora en la calidad de los procesos productivos y en el diseño del producto; la minimización de los niveles de inventario; la reducción de los tiempos de proceso; el just-in time como sistema de fabricación, entre otros. Todo lo anterior condujo a revisar los enfoques de la contabilidad de gestión, a fin de integrar los conceptos de control que requería el nuevo entorno productivo. Hay que reconocer que gran parte de estos cambios vinieron inducidos por la irrupción de los productos japoneses en los mercados occidentales, puesto que sus ejes de producción giraban en torno a: 1 F. Gutiérrez-Hidalgo (2005): «Evolución histórica de la contabilidad de costes y de gestión (1885-2005)», Revista Española de Historia de la Contabilidad, 2, 100-122.

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–– La reducción de los costes de producción y de distribución, actuando tanto sobre el diseño de procesos como de productos. –– Los procesos de producción eficientes acordes a la innovación tecnológica. –– La eliminación de inventarios, por medio de la aplicación de sistemas de fabricación just-in time. –– La potenciación de la noción de calidad de producto como fuente de ventaja competitiva. Como consecuencia de lo anterior, en la literatura especializada, con frecuencia, se alude comparativamente a los sistemas de gestión convencionales y a los sistemas de gestión actuales. Si bien se ha producido un avance en las técnicas aplicadas a lo largo del tiempo como consecuencia de la necesidad de generar informaciones precisas, muchas de las técnicas tradicionales pueden aplicarse en el contexto de la realidad empresarial actual, mediante la adaptación de los enfoques a las variables y elementos que se precisen. Esta afirmación significa que no debemos olvidarnos de los fundamentos del control de gestión, pero debidamente adaptados a la realidad imperante. Por ejemplo, en ocasiones se cuestiona la utilidad de los presupuestos en el seno de las empresas, aludiendo a que se trata de una herramienta rígida y que difícilmente es adaptable a los cambios que puedan experimentarse en el entorno de la empresa, por lo cual se aconseja no aplicar tales presupuestos como herramienta de planificación a corto plazo. Sin embargo, en este caso, el problema no reside en el presupuesto, sino en su concepción: cuanto más rígida, compleja y restrictiva resulte su aplicación, menos adecuada será para gestionar la inestabilidad de los entornos en los que actúan las empresas. Llegados a este punto, vamos a realizar un breve recorrido por la evolución que han experimentado los enfoques de los sistemas de control de gestión a lo largo del tiempo. En la tabla 1 se identifican las que podrían ser las cuatro etapas principales en el devenir del control de gestión y, de manera concreta, se alude a los principales objetivos perseguidos con su implantación. De manera genérica, se puede afirmar que se ha pasado de un análisis centrado en la precisión en los cálculos de costes y en el control exhaustivo de las cifras presupuestarias, a un enfoque en el que debe prevalecer el control y seguimiento de las actuaciones conducentes a la creación de valor. Este concepto es menos cuantitativo que el correspondiente a las etapas iniciales. Tabla 1. Etapas evolutivas del control de gestión Etapa 1 (antes de 1950) Determinación precisa del coste de producción Presupuesto y control de la producción Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2 (hasta 1965) Control orientado hacia la fabricación Sistemas de control reactivo

Etapa 3 Etapa 4 (hasta 1985) (hasta actualidad) Control global de los costes Generación y creación de valor Eficiencia de los factores

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Se podrían definir como sistemas de gestión convencionales los desarrollados hasta la etapa 3; a lo largo de este largo periodo, el crecimiento sostenido de las empresas, combinado con los entornos estables, incitaba a poner énfasis sobre los beneficios, la rentabilidad, y el cash-flow. Posteriormente, a la partir de la etapa 4 se produce un desarrollo de las técnicas sin precedentes en un período de tiempo relativamente corto. Las razones que provocaron este notable avance de las técnicas fueron las siguientes: –– Entornos inestables: La evolución de los mercados, de la tecnología, de las monedas, de la coyuntura, de la reglamentación y de la competencia generan una fuerte inestabilidad de la situación económica a la que deben hacer frente las empresas. Ya no existen, por tanto, mercados protegidos ni para las pequeñas empresas ni para las grandes multinacionales. –– El acortamiento de los ciclos de concepción de los productos: Los productos suelen mostrar unos ciclos de vida que se reducen sensiblemente con respecto a etapas anteriores; como consecuencia de lo anterior, los ciclos de concepción de los productos deben ser reducidos. Resulta, pues, esencial que las empresas canalicen una gran parte de su esfuerzo a la innovación y diferenciación como ejes esenciales de la ventaja competitiva. –– Los nuevos productos suelen ser lanzados de manera simultánea en distintos mercados, a pesar del enorme esfuerzo de inversiones que debe realizarse para llevarlo a efecto. Es necesario que la empresa actúe con la suficiente flexibilidad para adaptarse rápidamente a los distintos mercados y en un reducido espacio de tiempo. –– Una competencia globalizada: La liberalización de los intercambios comerciales y la evolución experimentada por los medios de transportes multiplican la capacidad competitiva y, de este modo, modifican de forma radical la competencia a la que se ven sometidas tanto las pequeñas como las grandes empresas. –– Potenciación del controller: de manera tal que la figura del controller pasa a ser una de las profesiones más demandadas en estos últimos años en el ámbito de management o gestión empresarial. –– Aparición de los sistemas integrados de gestión. Estas nuevas reglas de juego implican para las empresas un desafío: ser lo suficientemente flexibles, rápidas y eficaces en la puesta en marcha de los cambios que precisa realizar para adaptarse al entorno, y potenciar su competitividad. En la tabla 2, aparecen detalladas las principales herramientas aplicadas en cada una de las cuatro etapas antes mencionadas, bajo los cinco enfoques fundamentales: control de costes, planificación a corto plazo, evaluación de las actuaciones, adopción de decisiones y enfoque estratégico. Como puede observarse en la tabla 2, el enfoque estratégico solo es incorporado en la etapa 4, lo que es consecuencia de la necesidad de incorporar enfoques que vayan más allá del corto plazo, unido a la necesidad de diseñar un sistema de infor-

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mación que tome en consideración las variables menos financieras de la gestión, y que se ha denominado gestión estratégica de costes o control de gestión estratégico. Tabla 2. Técnicas de control de gestión en las etapas evolutivas

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Cálculo de costes Sistema inorgánico Sistema orgánico

Presupuestación Control de costes Presupuestos flexibles

Costes fijos y Presupuesto variables base cero Presupuesto por prograSistema abc mas Costes de Activity calidad based Budgeting Coste Objetivo

Evaluación ejecución Indicadores financieros

Adopción de decisiones Payback

Indicadores no financieros (operación)

C-V-B. Rentabilidad producto

Indicadores no financieros (gestión recursos humanos)

Análisis probabilidad

cmi eva

Benchmark

Análisis estratégico

van, tir

Análisis sensibilidad Rentabilidad de cliente

Posición competitiva

Evaluación de proyectos con variables no financieras

Cadena de valor Ciclo de vida del producto

Fuente: Elaboración propia.

3. El actual marco conceptual del control de gestión Los actuales sistemas de control de gestión deben potenciar los aspectos relacionados con la competitividad, más que centrarse en los estándares o normas internas; deben preocuparse por la puesta en marcha de la estrategia más que por el respeto de los presupuestos; asimismo, deben investigar o indagar sobre los métodos de adaptación al cambio más que sobre el perfeccionamiento de las herramientas clásicas de gestión. El control de gestión, pues, como instrumento de puesta en marcha y de seguimiento de una estrategia, debe responder a la concreción de los objetivos formulados, los cuales no deben verse limitados a referencias internas, sino posicionar a la empresa en relación con el mundo externo (benchmark). Los instrumentos de control de gestión deben seguir apoyando la consecución de los objetivos inicialmente establecidos: –– Facilitar información relevante para la adopción de decisiones.

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–– Servir de base para posibilitar la medición y seguimiento de las actuaciones. –– Impulsar al máximo la implicación y motivación del factor humano. Estos objetivos no han perdido sentido; sin embargo, deben modificarse los análisis y las técnicas en los que se sustenta el control de gestión en la actualidad. Las mediciones de las actuaciones de la empresa se han definido siempre en términos financieros, y ello se mantiene sobre todo en aquellos países en los que los mercados financieros desempeñan un papel preponderante. La evaluación de la actuación de una empresa no puede limitarse a un concepto único de «Resultado del ejercicio» o «Variación del valor neto contable», debido a que la noción de resultado se deriva de una secuencia de hechos o actuaciones de la empresa medidos en unidades monetarias. Esta monetización de la ejecución o actuación de cualquier empresa supone que se excluyan aspectos esenciales desde la perspectiva de supervivencia de la empresa, puesto que bien no pueden cuantificarse en valores monetarios, bien no tienen una incidencia inmediata en el resultado concreto de un ejercicio. Nos estamos refiriendo concretamente a aspectos tales como la satisfacción del cliente, la reducción de cuellos de botella, el acortamiento de los ciclos de trabajo, el diseño de productos, etc. Estos elementos, si bien tienen una importancia crucial para la supervivencia de la empresa a largo plazo, difícilmente pueden incorporarse en la medición del resultado. Por ello, debemos evaluar no solo la consecuencia financiera que se deriva de una actuación, sino el conjunto de elementos que han incidido y que han inducido a una determinada actuación. El resultado de un ejercicio es consecuencia de los procesos desarrollados en el seno de la empresa, y más concretamente de los siguientes aspectos: –– Características de los procesos: La concepción y ejecución de los procesos inciden de manera directa en el resultado, puesto que de dicha concepción depende las tareas que deben realizarse, así como la cuantía de factores productivos que deben consumirse. –– Factores o inductores de los procesos: En este caso, se trata de visualizar los verdaderos causantes de ciertas actividades en la empresa como, por ejemplo, el nivel de formación del personal, el tipo de inversión, el contexto social, etc. –– Nivel de ejecución de los procesos: Mediante el establecimiento de instrumentos de medición adecuados, se puede efectuar un seguimiento de los procesos con respecto a la capacidad actual o potencial que estos tienen para cumplir con requisitos esenciales, como son calidad, costes, tiempo, etc. Por consiguiente, de todo lo comentado hasta ahora, se desprende que los costes, que tradicionalmente han constituido el centro de atención de las técnicas de control de gestión, no representan más que la valoración en unidades monetarias de las consecuencias que se derivan de las acciones emprendidas por la empresa. Aun cuando los datos de costes históricos son muy útiles, en particular para nutrir la base de datos que servirá de apoyo para construir los modelos de causalidad y los modelos previsionales, la finalidad de la gestión es crear y dar forma al futuro. En esta línea

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argumental, resulta de vital importancia la manera en la que se organizan los procesos organizacionales y su impacto sobre la adopción de decisiones y sobre la motivación convergente de las personas a todos los niveles.

4. Los sistemas de control de gestión De manera general, podría afirmarse que las variables que se consideran claves para la supervivencia de la empresa están centradas en cuatro perspectivas esenciales: financiera, cliente, proceso e innovación. Mediante la combinación, medición y conocimiento de estas cuatro perspectivas, los responsables pueden establecer mejoras en el modus operandi de las empresas, lo que obliga a disponer de información tanto de los factores financieros como de los no financieros que pudieran afectar a la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Conceptos tales como calidad, innovación, conocimiento de las exigencias de los clientes, los cuales son esenciales para el logro de una rentabilidad a largo plazo, deben constituir el núcleo o centro de atención de cualquier sistema de control de gestión. A este respecto, los sistemas de control de gestión deben ser lo suficientemente precisos y concisos para facilitar un seguimiento pormenorizado en todas las áreas de la empresa, y posibilitar la adopción de medidas conducentes a alcanzar una mejora continua en sus actuaciones, y lo suficientemente flexibles para adaptarse rápidamente a las condiciones del entorno cambiante en el que deben desenvolverse las empresas. La principal contribución que deben realizar en la actualidad los sistemas de control de gestión es posibilitar una adecuada gestión de costes. Conviene recordar que gestionar los costes no es sinónimo de minimizar o reducir, sino que consiste en una búsqueda del nivel de costes que mejor se adecue a la puesta en marcha de la estrategia planteada por los gestores de la empresa, ya sea racionalizando, rediseñando u optimizando. En líneas generales, se puede afirmar que la implantación de una estrategia se efectúa mediante la puesta en marcha de ciertos procesos, de manera tal que los costes dependen, en gran medida, de la forma en la que se han concebido dichos procesos. En este contexto, la estructura de costes de las empresas depende, esencialmente, de las características de los procesos. Factores tales como la productividad, la cuota de mercado, el tiempo de los ciclos, la calidad, la flexibilidad y otros parámetros no financieros condicionan de manera esencial el resultado final de una empresa, por lo que estos deben constituir el centro de atención de cualquier sistema de control de gestión. A modo de síntesis, podríamos establecer como herramientas clave en los procesos de gestión de costes y, desde una perspectiva más amplia, de los sistemas de control de gestión, los siguientes factores: –– Gestión de los ciclos de vida de los productos. En virtud de ello, se pretende actuar sobre los tres ejes centrales aludidos anteriormente: calidad, tiempo y costes. Concretamente, se han desarrollado técnicas conducentes a alcanzar mejoras significativas en este ámbito, como son el coste objetivo, mediante el

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cual se pretende minimizar el coste de planificación, lanzamiento, producción y comercialización de nuevos productos. –– Análisis de los procesos: En este caso, se trata de identificar si las tareas o actividades que realiza la empresa son estrictamente necesarias; si se ejecutan en condiciones de calidad, tiempo y coste aceptables; y, lo que es sin duda alguna esencial, si contribuyen a generar un valor añadido desde la perspectiva del cliente. En esta área, se están empleando técnicas que favorecen la mejora continua, como son el Activity-Based Management (abm), mediante la que se pretende identificar, gestionar y, en su caso, mejorar o potenciar el desarrollo de las actividades que son clave o esenciales en los diferentes procesos. Para ello, se parte de una clasificación de estas en actividades con valor añadido y actividades sin valor añadido. –– Control de costes: En virtud de este punto, se enfatiza la noción de eficacia y eficiencia en el consumo de factores por parte de la empresa. En este ámbito, caracterizado por una gestión más operativa, se han desarrollado la mayor parte de las técnicas de control de gestión actuales. Concretamente, cabe mencionar el Activity-Based Costing (abc), mediante el cual se procede al cálculo del coste y a la estimación de la rentabilidad de cualquier objetivo de coste (producto, cliente, mercado) con una base metodológica que difiere sensiblemente de los sistemas de costes convencionales. En este ámbito de control, además, se pueden incluir los cuadros de mando como instrumento de seguimiento de las actuaciones, los cuales suelen incorporar indicadores de control financieros (costes, ventas, beneficios, etc.) y no financieros (rotación de existencias, plazos de entrega, unidades defectuosas, etc.) por medio de los cuales se pretende tener una visión lo más fiable posible de la empresa.

5. El controller El entorno turbulento en el que estamos anclados, el control de gestión como instrumento para conseguir una gestión más eficaz y eficiente, responde al complejo reto que supone no solo el progresivo aumento de las necesidades informativas, tanto en términos cuantitativos como de oportunidad, sino también de su calidad. Dentro de la información microeconómica, el papel de la información contable interna juega un papel importante como vía para la mejora de la eficiencia económica y de la transparencia del sistema empresarial y de las instituciones públicas, de manera que aumenta, así, la competitividad, de la mano del control de gestión. El conocimiento, racionalización, rediseño y optimización de los costes asociados a los bienes o servicios, y a la estructura empresarial se convierten en una herramienta estratégica para mejorar esa competitividad, en la que adquieren especial relevancia los sistemas internos de información empresarial, al ofrecer información relevante y fiable para la toma de decisiones. Información relevante, ya que ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Información fiable, ya que está libre de errores materiales

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y es neutral, es decir, está libre de sesgos, y los directivos pueden confiar en ella. Sin duda, esta necesidad informativa debe emanar de la propia empresa y debe estar coordinada, diseñada y actualizada por un gestor que pueda aportar esta necesaria visión transversal, plurianual, y relevante; estamos haciendo alusión a la figura del controller. Adecco Professional viene publicando desde hace varios años las profesiones más buscadas; en estos últimos años el controller se ha posicionado a la cabeza. El controller ayuda a mejorar y consolidar los resultados económicos y financieros; ha pasado de tener una función meramente descriptiva, a ser promotor del cambio y de la mejora continua. Es el encargado del diseño de instrumentos que apoyan en la gestión a los directivos de la empresa, y la supervisión del sistema de control de gestión; lleva a cabo, por una parte, el diseño de los sistemas contables para proporcionar información fiable, relevante y oportuna para la toma de decisiones y, por otra, el diseño de los sistemas para la planificación y control, lo que conlleva: diseñar la estructura de control por centros de responsabilidad, medir los resultados de esos centros, diseñar y determinar los precios de transferencia y confeccionar los documentos soporte para la elaboración de los presupuestos. Otras funciones importantes que tiene encomendadas el controller están relacionadas con el diseño del sistema de información de la empresa, para lo cual analiza la información que se desea tener, a quien va destinada, la periodicidad con la que se va a obtener y de dónde. El controller, además, es responsable de coordinar y controlar el establecimiento de objetivos y su consecución, asegurándose de que los objetivos generales tienen fiel reflejo en los presupuestos elaborados por las distintas áreas funcionales de la empresa, para lo cual necesita establecer un vínculo directo con la dirección general para las decisiones estratégicas y de inversión, lo que hace que decida el erp que utilizar en la organización. A lo largo de estos cuarenta años, en los que los autores nos hemos dedicado a formar a muchos de los controllers que ocupan puestos de responsabilidad en muchas de las mejores empresas españolas, siempre les hemos exigido una serie de requisitos para su completa formación. Estos están relacionados con: tener un conocimiento de la organización de la empresa, la cultura organizativa y el estilo de dirección; diferenciar la información accesoria de la relevante; asumir que está al servicio de la dirección y del resto de las áreas funcionales de la empresa; dar prioridad al largo plazo sobre el corto plazo y no limitarse al control de las actividades desarrolladas dentro de la empresa, sino también analizar el entorno, sus características y su evolución.

6. Universidad – transferencia de conocimiento – Investigación: referencia a la contabilidad de gestión

La universidad puede ser definida como un sistema que maneja recursos materiales, humanos y financieros, en un proceso de transformación de: enseñanza y aprendizaje; transferencia de conocimiento e investigación, los cuales se traducen en un

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producto final que genera conocimiento a los alumnos, desarrollo científico y regional y avances tecnológicos, entre otros beneficios culturales y sociales. La universidad tiene como misión, por tanto, impartir las enseñanzas para la formación de los estudiantes, así como para la actualización permanente del conocimiento y de la formación de su personal y del profesorado, fomentando tanto la investigación, básica como la aplicada. En estos inicios del siglo xxi, los sistemas universitarios internacionales se han visto sometidos a cambios profundos, motivados por la aparición de rankings que han ejercido una presión, sin precedentes, en la universidad. A nivel internacional, la evaluación de resultados de las universidades viene de la mano de determinadas empresas o instituciones que elaboran rankings, en donde ordenan las universidades desde distintas perspectivas y con diversos criterios, con el fin de medir la calidad, siendo referencias para valorar la posición y los sistemas universitarios. Los rankings más influyentes se centran en la investigación, único dato cuantitativo, lo que hace que algunas universidades desarrollen estrategias encaminadas a ser transparentes, haciendo públicos los resultados más favorables, y mejorando su posicionamiento en ellos. Estos rankings han terminado por imponer su ley a la universidad y son un nuevo motor de las políticas públicas universitarias; las clasificaciones ganan popularidad e influencia. Para situar alguna universidad de un país entre las mejores del mundo, se habla básicamente de tres rankings internacionales: Universidad Jiao Tong de Shanghái, arwu; Times Higher Education (the) y Ranking qs. A pesar de que la investigación es la variable que más define si una universidad es buena, no nos debemos olvidar de que en las universidades también se debe promover la generación de conocimiento de acuerdo con las necesidades del entorno y facilitar su transferencia. Responder a la pregunta de si la universidad contribuye al progreso social y económico de nuestra sociedad ha dado pie a que se valore lo que se conoce como «tercera misión». La «primera» misión, dedicada a la enseñanza superior. La «segunda», centrada en la generación de conocimiento a través de la investigación y el desarrollo, y la «tercera misión», que incluye la transferencia de conocimiento y tecnología y la responsabilidad social universitaria. Esta última misión pone de manifiesto una universidad comprometida con el desarrollo de su entorno. La transferencia forma parte sustancial de esta «tercera misión» que incluye los proyectos y actividades que se llevan a cabo para impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento que se genera de la universidad a la sociedad y al tejido productivo. La transferencia requiere una apuesta firme para fortalecer, entre otros, la cultura de transferencia de resultados, potenciar la protección de resultados procedentes de la investigación, a través de patentes de calidad, intensificar la actividad de creación de empresas de base tecnológica, potenciar las actividades de contratación de investigación colaborativa con empresas e instituciones y, por último, incrementar y consolidar los rrhh dedicados en exclusiva a la transferencia del conocimiento. No nos gustaría terminar el presente trabajo sin hacer una breve referencia a los temas que actualmente se están desarrollando dentro del campo del control de ges-

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tión.2 Lo que pretendimos fue llevar a cabo una revisión de los artículos publicados en estos últimos años en las revistas indexadas en el Social Sciences Citation Index (ssci) y en el Science Citation Index (sci), relacionados con el control de gestión. En el periodo analizado se identificaron 5.137 artículos en contabilidad, en un total de 203 revistas indexadas, de las cuales 13 de estas revistas hacían referencia a la contabilidad de gestión, obteniendo un total de 195 artículos publicados. Estos artículos se centraban en las siguientes líneas de investigación: –– –– –– –– –– ––

Cambios en el control organizacional y de contabilidad de gestión 28 % Gerencia y desempeño organizacional 19 % Marco teórico conceptual de la contabilidad de gestión 12 % Contabilidad de gestión estratégica y gestión de costes 11 % Relación teoría práctica, transferencia de conocimiento e innovación 8 % Evaluación de riesgos como parte de la contabilidad y el control de gestión 3 % –– Temas de regulación en contabilidad y control de gestión 3 % –– Otros temas 6  % Las revistas que dedican algún interés al tema que nos ocupa aparecen referenciadas a continuación, por orden de importancia en la publicación de trabajos de esta índole. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Management Accounting Research 30  % Accounting, Organizations and Society 17  % European Accounting Review 13  % Accounting Auditing and Accountability Journal 9 % Critical Perspective of Accounting 7  % Accounting Review 5  % Accounting and Finance 4  % Australian Accounting Review 4  % Contemporary Accounting Research 4 % Accounting and Business 3  % Abacus 2  % Journal of Accounting Research 2  % Revista Española de Financiación y Contabilidad 1 %

Los trabajos analizados se basaban en las siguientes teorías, para dar validez a la investigación: organizacional y cambios estratégicos; institucional; información contable como lenguaje entre gerentes; responsabilidad de proceso y resultado en 2 rutas (cognitiva y comportamental); teorías sociológicas; teoría de los costes de transacción; teoría de la confianza y el riesgo; Enterprise Risk Management; literatura crítica

2 Para realizar esta aproximación, nos ayudó Anadairin Diaz, estudiante del programa de doctorado de Contabilidad de la Universitat de València.

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sobre la gestión de riesgos; teoría de la agencia; burocracia autorizada y coercitiva en el desempeño organizacional y teoría económica neoinstitucional. Por su parte, las metodologías utilizadas para desarrollar la investigación eran: cuestionarios, pls (Partial Least Squares), Alpha de Cronbach y test de confiabilidad; entrevistas, documentos empresariales y reuniones empresariales; estudios con experimentos; caso de estudio; análisis por conglomerados jerárquicos (método de Ward y uso de la distancia euclídea al cuadrado); ecuaciones estructurales; investigación transversal, multimétodo y multicaso y caso de estudio longitudinal.

7. Consideraciones finales Los sistemas de control de gestión actuales deben constituir una base informativa de pilotaje que posibilite un seguimiento adecuado para las actuaciones de la empresa, manteniendo una perfecta sintonía entre las técnicas de gestión empleadas por ella para garantizar su supervivencia y las herramientas que se emplean para establecer un seguimiento acerca de la conveniencia de tales técnicas de gestión, puesto que, de lo contrario, nos encontraremos con sistemas de control que, aun cuando técnicamente son aceptables, su inadecuación con respecto al entorno en el que se aplican no resulta válida. Nos parece inconcebible que para manejar la ingente cantidad de datos que se generan en el contexto del control de gestión, la empresa no disponga de un «sistema de planificación de recursos empresariales» (erp - Enterprise Resource Planning), estos programas cubren las diferentes operaciones internas de una empresa, pasando por el aprovisionamiento, la producción de bienes y servicios, la comercialización y la función administrativa. Esta arquitectura de software facilita e integra la información entre las funciones de producción, logística, finanzas, recursos humanos, facturación, gestión de pedidos y envíos, control de gestión, datos de clientes, del personal, distribuidores y otros. Uno de los principales problemas que tienen las empresas es la diversidad de base de datos para almacenar la información. Estos erp nos dan la disponibilidad de la información generada en el contexto del control de gestión en una misma plataforma, ya que automatiza los procesos empresariales, al integrar las distintas bases de datos de la empresa en un solo programa, lo que supone un ahorro de tiempo y costes. Los componentes del erp interactúan entre sí consolidando las operaciones, y ofrecen integración con soluciones de Business Intelligence, lo que permite realizar informes sobre el estado de la empresa directamente con los datos del sistema.

ESTRATEGIA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO DE LA EMPRESA Domingo García Pérez de Lema

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Universidad Politécnica de Cartagena

1. Introducción Las empresas desarrollan su actividad bajo el cumplimiento de diferentes objetivos, tales como el crecimiento económico, obtener la rentabilidad esperada de la inversión y alcanzar una seguridad o estabilidad de permanencia en el tiempo. En un sistema de mercado la supervivencia de la empresa depende, por un lado, de la consecución de un crecimiento estable de los ingresos, acompañado de un beneficio suficiente para remunerar a todos los agentes que intervienen en el proceso de generación de valor añadido, y, por otro lado, del mantenimiento de una adecuada estructura de endeudamiento que mantenga el equilibrio financiero de la empresa. A partir de estos objetivos, los órganos ejecutivos de las empresas deciden una serie de estrategias que delimitan una situación coyuntural económica y financiera, que se plasma en parte en los estados contables, de manera que puede analizarse periódicamente el grado de cumplimiento de sus objetivos. La utilización de documentos contables nos permite, así, obtener una información cuantificable, objetiva y sistemática de la realidad de la empresa. El análisis económico y financiero de la información contable constituye una valiosa herramienta para la planificación de las estrategias que seguir por parte de la empresa y para evaluar y controlar su gestión. Y, a su vez, permite conocer las fortalezas y debilidades en cuanto a su posición de endeudamiento y rentabilidad. En este marco es importante resaltar la utilidad del análisis económico y financiero, no tan solo para identificar fortalezas y debilidades, sino también para llevar a cabo propuestas de actuación que puedan ayudar a favorecer la competitividad de la empresa. En este sentido es importante que los analistas conozcan aquellos factores, tanto internos como externos a la empresa, que permiten favorecer su competitividad. Existe una amplia literatura que pone de manifiesto la importancia de la estrategia y la cultura organizacional sobre el rendimiento de las empresas. La estrategia de la empresa es un factor clave para su rendimiento (Filiz, Karabag y Berggren, 2014). Mientras que la cultura organizacional es un activo intangible que puede delimitar una ventaja competitiva (Barney, 1986). El objetivo de este trabajo es, a partir de la

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revisión de la literatura sobre estrategia y cultura organizacional, analizar las implicaciones que estos factores tienen para el rendimiento de la empresa. Para estudiar la estrategia, seguiremos la tipología de Miles y Snow (1978) y para la cultura organizacional, la tipología de Cameron y Quinn (1999, 2006). ¿Cuáles son los factores que hacen posible que una organización sea más rentable que otra? Este tema ha sido una cuestión central en los estudios de administración y dirección de empresas. Considerar estos factores en el diagnóstico, por tanto, resulta determinante para una mayor comprensión de los resultados de la organización.

2. Cultura organizacional y rendimiento No existe un acuerdo unánime sobre la definición de cultura organizacional, y este concepto se puede definir desde diferentes perspectivas (Yesil y Kaya, 2013). La cultura organizacional es un fenómeno colectivo que se compone de una serie de valores compartidos que se aceptan y se transmiten a sus miembros a través del lenguaje y de símbolos. El marco teórico desarrollado por Cameron y Quinn (1999; 2006), denominado Competing Values Framework (cvf), es el más aceptado por la literatura. En este marco, se define la cultura organizacional como los valores, las creencias y suposiciones ocultas que los miembros de la organización tienen en común. Al desarrollar el Competing Values Framework, proponen cuatro tipos de culturas: adhocrática, clan, mercado y jerárquica. Para ello utilizan dos dimensiones: la flexibilidad y discreción versus la estabilidad y el control, y el focus externo versus focus interno y su integración. El modelo presupone que la cultura de la organización puede ser diferenciada por su posición dominante, por sus atributos organizacionales, los mecanismos de selección y vinculación de su personal, el estilo de liderazgo y su direccionamiento estratégico. En la tabla 1 se puede ver una breve descripción de los cuatro tipos de cultura de Cameron y Quinn (1999, 2006).

Clan

Jerárquica

Cultura Cameron y Quinn

Adhocrática

Mercado

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Tabla 1. Tipos de cultura organizacional Cultura clan

Cultura adhocrática

Cultura jerarquía

Cultura de mercado

«Hace énfasis en la flexibilidad, pero centra su atención en la organización interna, hace énfasis en la gobernanza informal y en qué es en general un lugar agradable para trabajar. La organización está unida a través de la lealtad del empleado, la moral y el compromiso. El desarrollo de los recursos humanos y la participación de los empleados en la toma de decisiones son un gran valor. Sus principales características son el trabajo en equipo, la participación de los empleados, la cohesión y el compromiso corporativo con los empleados». «Hace énfasis en la flexibilidad y el cambio, está orientada hacia el exterior. Combina con un gobierno informal y tiene orientación externa. Es un lugar dinámico y creativo para el trabajo donde miembros de la empresa asumen riesgos. La iniciativa individual y la espontaneidad son valoradas. Los individuos son motivados por el atractivo ideológico de crecimiento, flexibilidad y variedad. Es habitual en las empresas que operan en contextos dinámicos y en los que tratan de ser los líderes en sus mercados. Los valores fundamentales en los que hace hincapié son la creatividad, la iniciativa empresarial y la asunción de riesgos». «Hace énfasis en el control y la eficiencia interna. Se centra en la estabilidad y el buen funcionamiento de las operaciones. Los miembros de la empresa están motivados por la seguridad y las recompensas por sus logros. La efectividad se define por la permanencia y el logro de objetivos claramente definidos. Las reglas formales y las políticas son seguidas de cerca. La eficiencia interna, la coordinación y la estricta adherencia a las normas y los reglamentos, son sus principales características». «Está centrado en lo externo pero con orientación al control. Tiene una estructura formal y una orientación externa. Esta cultura se enfoca en el alcance de metas y hace hincapié en la planificación, ejecución, y eficiencia. Los individuos se sienten motivados por la competencia y en el logro de cuota de mercado. Los valores de la empresa con esta cultura son la productividad y la competitividad».

Fuente: Cameron y Quinn (1999, 2006).

La cultura organizacional está relacionada con el rendimiento y puede tener un valor económico para la empresa (Barney, 1986). La cultura es un factor difícil de observar dentro de las empresas y es capaz de explicar diferencias en el rendimiento de las organizaciones (Graham, Harvey, Popadak y Rajgopal, 2017). La cultura organizacional es un recurso estratégico que influye en las actividades que desarrollan las empresas, y la evidencia empírica demuestra que tiene un impacto en el rendimiento (Hartnell, Ou y Kinicki, 2011; Wei, Samiee y Lee, 2014). Sin embargo, los resultados no resultan de todo concluyentes, debido a la diversidad de conceptos de cultura organizacional y medidas de rendimiento utilizadas (Hartnell, Ou y Kinicki, 2011; Ali, Said, Abdullah y Daud, 2017).

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En el contexto de la empresa familiar, Duréndez, Madrid-Guijarro y García-Pérez -de-Lema (2011) encontraron evidencia de que la cultura adhocrática, junto al uso de sistemas control de gestión, tienen una influencia positiva sobre el rendimiento. En España, a partir de un estudio empírico con 1600 empresas, Naranjo-Valencia, Jiménez -Jiménez y Sanz-Valle (2016) mostraron que las empresas con una mayor cultura adhocrática eran las que tenían un efecto positivo más alto sobre el rendimiento, y que la cultura jerárquica tenía un efecto negativo sobre el rendimiento. Mientras que la cultura clan, aunque también tiene un efecto positivo sobre el rendimiento, este efecto era menor que el de la cultura adhocrática. En Colombia, Gálvez Albarracín y García Pérez de Lema (2011) obtuvieron resultados en los que se probaba que las culturas de tipo clan y la de tipo innovación tienen un impacto positivo sobre el rendimiento de las empresas, mientras que la de tipo jerárquico de manera negativa. Resultados similares los obtenían también Fekete y Börskei (2011). Wei et al. (2014), en un contexto de una economía emergente como China, demostraron que los tipos de cultura orgánicos (adhocracia y clan) consiguen una ventaja competitiva mayor y un rendimiento superior. Sin embargo, otros estudios revelan que no existe ninguna relación significativa entre las dimensiones de cultura organizacional (clan, adhocracy, markety hierarchy) con el rendimiento financiero de la empresa (sales growth y roa) (Yesil y Kaya, 2013).

3. Estrategia y rendimiento La estrategia es un elemento clave para la competitividad y rentabilidad de la empresa (Chandler, 1962; Ansoff, 1965). Las empresas eligen deliberadamente la estrategia apropiada para ajustarse a la especificidad de su entorno; Miles y Snow (1978) introducen el concepto de capacidad adaptativa, por el cual las empresas con éxito desarrollan, con el paso del tiempo, un enfoque identificable y sistemático de adaptación al entorno. Slater y Narver (1994) determinan el papel regulador que tiene el entorno competitivo en la relación existente entre la orientación de mercado y su rendimiento, lo racional es que la eficacia de una estrategia particular esté relacionada con los factores del entorno del mercado (Kohli y Jaworski, 1990). La estrategia es el medio por el cual una empresa compite e intenta alcanzar sus objetivos dentro de una industria. La estrategia implica una serie de decisiones, tales como el precio, la calidad y la publicidad del producto, que pueden afectar al rendimiento de la organización (Miles, Covin y Heeley, 2000). Para alcanzar un nivel alto de rendimiento se precisa alinear adecuadamente la estrategia, la estructura de la organización y el proceso de implementación de la estrategia (Aleksić y Rašić Jelavić, 2016). La clasificación realizada por Miles y Snow (1978) se centra principalmente en tres factores. Factor empresarial, relativo a cómo la empresa se orienta en el mercado. Factor administrativo, cómo la empresa intenta coordinar e implantar su estrategia. Y un factor técnico, referido a los procesos utilizados en la obtención de los productos y/o servicios. Miles y Snow (1978) distinguen cuatro tipos de empresas: las exploradoras, que son aquellas que realizan cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar nuevos

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productos, aun con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito. Las analizadoras mantienen una base relativamente estable de productos y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla de manera selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito. Las defensivas, que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos para un mercado relativamente estable. No están interesadas en las modificaciones sino que se centran en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación. Las reactivas o sin estrategia definida no cuentan con un área de producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúan forzadas por las presiones del entorno y de la competencia. La tipología de Miles y Snow ha sido estudiada en diferentes partes del mundo y la mayoría de estudios concluyen que estas cuatro estrategias se dan en todos los países (Ingram, Kraśnicka, Wronka-Pośpiech, Głód y Głód, 2016).

Exploradora

Analizadora

Estrategia Milles y Snow

Defensiva

Sin estrategia

Existe una amplia evidencia empírica que analiza las relaciones entre tipología de estrategia de Miles y Snow (1978) y rendimiento. La mayoría de los estudios sugieren que el rendimiento será similar entre las exploradoras, las analizadoras y las defensivas y más alto que en las empresas sin estrategia (Parnell, Lester y Menefee, 2000; Suprapto, 2017). Cómo influye el entorno de la industria en el rendimiento de la estrategia fue analizado por Hambrick (1983). Observó que las empresas defensivas y exploradoras difieren en las tendencias de su rendimiento en función de la naturaleza de su entorno y de la medida de rendimiento utilizada. Las defensivas rinden mejor que las exploradoras en términos de rentabilidad y cash-flow en todos los tipos de entorno examinados (industrias en crecimiento, maduras, no innovadoras e innovadoras). Mientras que las exploradoras obtienen un mayor rendimiento en ganancia de cuota de mercado que las defensivas en industrias de tipo innovador. Asimismo, Tan (2003) en Singapur comprueba que la mayoría de las empresas, medianas y grandes, adoptan una posición estratégica en congruencia con su entorno, y que las empresas que siguen una estrategia exploradora y defensiva pueden rendir

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de forma similar en términos de rentabilidad. Tan (2003) sugiere dos posibles razones para explicar estos resultados. La primera es que la elección de la estrategia es una respuesta al proceso de adaptación al entorno y al tipo de rendimiento deseado. Y la segunda posibilidad es que la existencia de capacidades distintivas permite tanto a las empresas que siguen una estrategia exploradora como a las defensivas alcanzar el fin deseado, cualesquiera sean sus medios. Las pymes que se inclinan por una estrategia con un mayor grado de innovación, como son las empresas exploradoras, consiguen un margen de explotación sobre ventas y un crecimiento económico mayor que las pymes con una actitud más conservadora (García Pérez de Lema y Gallego Merino, 2006). Sin embargo, esta apuesta por la innovación lleva asociada un coste y un incremento de la inversión que se refleja en una menor rotación de sus ventas sobre el activo, lo que conduce finalmente a que el tipo de estrategia no sea un determinante en la formación de la rentabilidad económica y financiera de la empresa (García Pérez de Lema y Gallego Merino, 2006). Aragón, Hurtado, Sharma y García (2008), en un estudio realizado sobre 108 pymes en el sector de reparación de automóviles, encontraron que las empresas proactivas conseguían un mayor rendimiento financiero. Y Kabanoff y Brown (2008) a partir de una muestra de 1038 empresas australianas en la que analizan el periodo 1992-2003, demostraron que los tipos de estrategia según Miles y Snow se mantienen relativamente estables en este periodo y que difieren respecto a su rendimiento financiero. Los gestores que eligen una estrategia exploradora para buscar oportunidades de mercado y desarrollan sus capacidades de innovación aumentan sus beneficios netos e incrementan sus ventas (Hajar, 2015). Ingram et al. (2016) revelan la existencia de tipos estratégicos «claros» en la mayoría de las empresas, pero destacan las relaciones moderadamente fuertes entre el tipo estratégico declarado y el rendimiento organizacional. Encuentran que las empresas exploradoras y analizadoras obtienen un rendimiento ligeramente más alto que las empresas que siguen una estrategia defensiva o reactiva.

4. Conclusiones La dirección de la empresa elige deliberadamente una estrategia y se rodea de factores competitivos (innovación, calidad, tecnología, recursos humanos, tic, etc.) para competir en los mercados. Estas decisiones finalmente tienen su reflejo en la información contable que genera la empresa. Por ello resulta imprescindible realizar un diagnóstico económico y financiero, considerando la relación entre los estados financieros y los factores estratégicos de la empresa. Al objeto no tan solo de determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, sino fundamentalmente para fijar un plan de actuaciones que redunden en la mejora competitiva de esta. La estrategia y la cultura organizacional son determinantes para el logro de la competitividad de las empresas y para alcanzar un mayor rendimiento. Por este motivo, analizar la relación estrategia-cultura-rendimiento constituye un tema central de la dirección y gestión de empresas. En un sistema dinámico y competitivo de mercado como el actual, la supervivencia de la empresa depende, por una parte, de conseguir

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un crecimiento estable de los ingresos, y por otra, de obtener un beneficio suficiente. La rentabilidad permite retribuir, según mercado y riesgo, a todos los agentes que intervienen en el proceso de generación de valor añadido, y atender al crecimiento interno de la empresa para mantener, consolidar o mejorar su posición competitiva. En la literatura empírica, aunque existe una diversidad de resultados provocados por la utilización de diferentes conceptos de cultura y estrategia y diferentes formas de medir el rendimiento (Bernard, 1992), existe cierto consenso en cuanto a que las empresas que no siguen una estrategia definida –estrategia reactiva– son menos competitivas y eficientes. Y que las empresas con una mayor cultura adhocrática (innovadora) tienen una relación positiva con el rendimiento, mientras que las que tienen una cultura jerárquica tienen una relación negativa. Este trabajo puede tener importantes implicaciones para el analista a la hora de abordar el diagnóstico económico y financiero de una empresa. El diagnóstico debe incluir soluciones para mejorar las debilidades detectadas en la empresa y debe considerar cuál es la estrategia que utiliza la empresa para posicionarse en el mercado y el tipo de cultura que impera en la organización. El analista debe comprender que estructuras organizacionales demasiado rígidas, con exceso de formalismo y de procedimientos, influyen negativamente en el desempeño, especialmente en aspectos como la baja adaptación a las necesidades del mercado y la poca satisfacción de los clientes (Gálvez Albarracín y García Pérez de Lema, 2011). Una cultura organizacional que fomenta enfoques nuevos y novedosos para abordar los requisitos de las necesidades de los clientes crea una oportunidad para que las empresas diferencien sus procesos de sus competidores (Hogan y Coote, 2014).

5. Bibliografía Aleksić, A. y S. Rašić Jelavić (2016): «Testing for strategy-strucutre fit and its importance for performance», Management: Journal of Contemporary Management Issues, 22(1), pp. 85-102. Ali, H. S., R.M. Said, A. Abdullah y Z.M. Daud (2017): «The Impact of Organizational Culture on Corporate Performance», International Journal of Economics, Commerce and Management, 5(8), pp. 585-597. Barney, J.B. (1986): «Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage?», The Academy of Management Review, 11(3), pp. 656665. Bernard, L. (1992): «Examining the organizational culture and organizational performance link», Leadership & Organization Development Journal, 16(5), pp. 1621. Duréndez, A., A. Madrid-Guijarro y D. García-Pérez-de-Lema (2011): «Innovative culture, management control systems and performance in small and medium-sized spanish family firms», Innovar, 21(40). Filiz Karabag, S. y C. Berggren (2014): «Antecedents of firm performance in emerging economies: Business groups, strategy, industry structure, and state support», Journal of Business Research, 10(67), pp. 2212-2223.

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Gálvez Albarracín, E. J. y D. García Pérez de Lema (2011): «Cultura organizacional y rendimiento de las mipymes de mediana y alta tecnología: Un estudio empirico en Cali, Colombia», Cuadernos de Administración, 23(42), pp. 125-145. García Pérez de Lema, D. y A.M. Gallego Merino (2006): «Influencia de la Estrategia en el Crecimiento y Rentabilidad de la Pyme Industrial Española», Revista Española de Financiación y Contabilidad, XXXV(129), pp. 437-455. Graham, J.R., C.R. Harvey, J. Popadak y S. Rajgopal (2017): Corporate Culture: Evidence from the Field (No. w23255). Hajar, I. (2015): «The Effect of Business Strategy on Innovation and Firm Performance in the Small Industrial Sector», The International Journal of Engineering and Science, 4(2), pp. 1-9. Hartnell, C. A., A.Y. Ou y A. Kinicki (2011): «Organizational Culture and Organizational Effectiveness: A Meta-Analytic Investigation of the Competing Values Framework’s Theoretical Suppositions», Journal of Applied Psychology, 96(4), pp. 677-694. Hogan, S. J. y L.V. Coote (2014): «Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein’s model», Journal of Business Research, 67(8), pp. 16091621. Ingram, T., T. Kraśnicka, M. Wronka-Pośpiech, G. Głód y W. Głód (2016): «Relationships Between Miles and Snow Strategic Types and Organizational Performance in Polish Production Companies», Journal of Managment and Business Administration. Central Europe, 24(1), pp. 17-45. Miles, M.P., J.G. Covin y M.B. Heeley (2000): «The Relationship between Environmental Dynamism and Small Firm Structure, Strategy, and Performance», Journal of Marketing Theory and Practice, 8(2), pp. 63-78. Naranjo-Valencia, J.C., D. Jiménez-Jiménez y R. Sanz-Valle (2016): «Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies», Revista Latinoamericana de Psicología, 48, pp. 30-41. Parnell, J. A., D. L. Lester y M.L. Menefee (2000): «Strategy as a response to organizational uncertainty: an alternative perspective on the strategy-performance relationship», Management Decision, 38(8), pp. 520-530. Suprapto, B. (2017): «The Effect of Fit Between Natural Environmental Approach and Business Strategy on Performance», Kinerja, 10(2), pp. 103-115. Wei, Y., S. Samiee y R.P.  Lee (2014): «The influence of organic organizational cultures, market responsiveness, and product strategy on firm performance in an emerging market», Journal of the Academy of Marketing Science, 42, pp. 49-70. Yesil, S. y A. Kaya (2013): «The Effect of Organizational Culture on Firm Financial Performance: Evidence from a Developing Country», Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, pp. 428-437.

LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CONSTRUCTOS HIPOTÉTICOS EN CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN Teresa García Valderrama Universidad de Cádiz

1. Introducción Muchos de los fenómenos de interés para los investigadores de la contabilidad y el control de gestión (en adelante ccg) constituyen entidades tangibles que pueden medirse de manera objetiva como, por ejemplo, el coste de un producto. En general, el investigador posee para ello un buen procedimiento de medida y puede hacerlo directamente. Sin embargo, hay un creciente interés en el empleo de constructos hipotéticos o intangibles como, por ejemplo, la eficacia de la i+d o el rendimiento en las organizaciones, para los que no existe una medida rápida y universalmente válida. En cualquier caso, pero sobre todo especialmente con estas variables más subjetivas, el investigador está interesado en asegurar la validez y la fiabilidad de la medida empleada. Para aproximarnos a la medida de un constructo hipotético, el investigador utiliza un instrumento de evaluación, generalmente una escala o un cuestionario. Pero no debemos olvidar que por muy buenos parámetros de calidad métrica que posea un instrumento, este no representa más que una de las posibles aproximaciones al constructo teórico. El objetivo general de este trabajo es analizar la aplicación de la metodología de análisis de la validez y fiabilidad de escalas en el ámbito de la investigación en ccg. La motivación de este trabajo se encuentra, por un lado, en la dificultad de medir conceptos multidimensionales en ccg y, por otro lado, en el conflicto en la elección de indicadores que ofrezcan información adecuada para medir todos estos aspectos. En este sentido, la idea de validar una escala de medida en ccg no es otra que presentar una medida integrada de todos los aspectos definitorios de un concepto, considerando que las medidas de tipo cualitativo puedan aportar mayor información que los indicadores cuantitativos o magnitudes exclusivamente contables. Para ello analizaremos, de manera sucinta, las fases metodológicas del proceso de validación de escalas, al objeto de aclarar y ordenar aspectos tratados en el ámbito de la investigación en ccg. Por último, para ilustrarlas, analizamos algunos trabajos en los que se han utilizado constructos, detallando cuál ha sido la metodología seguida en sus estudios de investigación.

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2. Evidencias de validez y fiabilidad de un instrumento de medida Hay dos parámetros básicos para evaluar la calidad de un instrumento de medida de un constructo hipotético: la validez y la fiabilidad. La validez hace referencia al «grado en que un test mide lo que pretende medir» (Martínez, 1995: 330). La fiabilidad es sinónimo de reproductibilidad de la medida, es decir, representa el grado en que una medición proporciona resultados similares cuando se lleva a cabo en más de una ocasión. La validez de una medida es una condición previa, ya que no tiene sentido hablar de la fiabilidad de una medida si esta no es válida (Sánchez y Sarabia, 1999). Desde un punto de vista metodológico, deben seguirse las siguientes fases (García Valderrama et al., 2003): 1) Definir los elementos simples que conforman el objeto de medida (delimitación de los contenidos del constructo que pretende esta medida), para lo que habrá que diseñar una escala o cuestionario donde cada uno de los elementos viene representado por uno o varios ítems, 2) Analizar la fiabilidad y validez del instrumento de medida: a) Análisis de la validez de constructo: validez convergente y discriminante, b) Análisis de la validez de criterio: validez concurrente y validez predictiva, c) Análisis de la estructura interna del constructo, y d) Análisis de la fiabilidad.

2.1 Definición de los elementos que conforman el objeto de medida (delimitación de los contenidos del constructo) La validación de contenido supone un examen sistemático del contenido de un test, para determinar si es una muestra relevante y representativa del dominio comportamental que se pretende medir. En la validación de contenido deben seguirse los siguientes pasos: a) Definición del universo de observaciones admisibles; b) Identificación de expertos en dicho universo; c) Juicio de los expertos acerca del grado en que el contenido del instrumento es relevante y representativo de dicho universo, y d) Un procedimiento para resumir los datos resultantes de la etapa anterior (García Valderrama et al., 2003). En una primera fase se establecen las especificaciones del test con arreglo a las cuales se construirán los ítems. Estas especificaciones muestran: áreas de contenido que deben cubrir, procesos que se evaluarán e importancia relativa de los diferentes tópicos y procesos. La metodología seguida es la siguiente: en la primera etapa se realiza una revisión bibliográfica que nos sirve para detectar cuáles son las dimensiones e indicadores de la escala, y en una segunda etapa se valida su contenido a través del juicio de expertos. Molloy y Ployhart (2012) consideran que una buena definición de constructo debe clarificar su dominio conceptual, es decir, el fenómeno o noción que este pretende representar. Este dominio se refiere tanto a la propiedad general del constructo como a la entidad a la que se aplica (MacKenzie et al., 2011), siendo la propiedad el tipo de fenómeno al que se refiere –por ejemplo, una percepción (incertidumbre en la tarea), un sentimiento (empoderamiento psicológico), una acción o comportamiento (parti-

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cipación en el presupuesto), o un resultado (rendimiento organizativo)–, y la entidad, el objeto al que se aplica el constructo –por ejemplo, un individuo, una organización, una red–. Así, la propiedad general del constructo «prudencia corporativa» de Anderson y Lillis (2011) sería el rasgo conductual colectivo, mientras que la entidad sería la corporación. Este aspecto lo recogen Bedford y Speklé (2018), y consideran importante definir todos estos conceptos que pueden estar presentes en el desarrollo de una escala para medir cualquier constructo. Para proceder a validar empíricamente, deberá elegirse una muestra adecuada al tipo de estudio y proceder a la recogida de datos. En este sentido, la revisión bibliográfica realizada previamente puede orientarnos sobre el tipo de organización o colectivo que debe estudiarse (Collins, 2005). Posteriormente, se deberá decidir acerca del procedimiento que emplear para conseguir el mayor índice de respuestas posible.

2.2 Evidencias de validez y fiabilidad del instrumento de medida La segunda etapa en la investigación, una vez elegidos los indicadores teóricos pertinentes para medir el constructo de interés, es recopilar todas las evidencias posibles sobre la validez de construcción o de concepto: la validez de constructo. Este tipo de validez engloba todos los análisis que permitan recopilar las pruebas sobre las relaciones entre nuestro instrumento de medida y otros desarrollados en la literatura. En concreto, se analizan la validez convergente y la validez discriminante.

2.2.1 Validez de constructo: validez convergente y validez discriminante La validez de constructo se relaciona con la dificultad de conocer lo que mide la escala; es preciso determinar si la escala está midiendo lo que realmente aspira, o si, por el contrario, mide otros aspectos. En palabras de Martínez (1995: 461), es un «proceso continuo mediante el que se realizan múltiples estudios para poner a prueba distintas hipótesis acerca de la estructura interna del constructo, y de sus relaciones con otras variables». La revisión de todos los trabajos sobre validación de escalas nos permite afirmar que la aproximación que goza de mayor consenso es la que incluye como validación de constructo a la validez convergente y la validez discriminante (Churchil, 1979). La validez convergente se relaciona con el hecho de demostrar que diferentes instrumentos o medidas del propio constructo aportan puntuaciones o resultados altamente correlacionados. Existe validez discriminante cuando no existe correlación entre la medida diseñada u otras medidas de las que teóricamente debe diferir, porque realmente miden conceptos distintos. Según Martínez (1995), se considera más apropiada la interpretación y análisis a través del análisis factorial confirmatorio (afc). La capacidad de la investigación basada en escalas en el avance del conocimiento teórico depende, en su mayor parte, del grado en que las medidas utilizadas capturan los constructos que pretenden representar. A pesar de la importancia de la validez de

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constructo, la investigación en ccg tiende a dedicarle menos atención que otras áreas de investigación como la organización de empresas, la psicología o la medicina.

2.2.2 Validez de criterio: validez concurrente y validez predictiva La validez de criterio se refiere al grado en que la escala se relaciona del modo previsto teóricamente con otras escalas. De Vaus (1990) señala algunos de los problemas asociados a este tipo de validez, como que el investigador considere no válida una medida cuyo coeficiente de correlación con la variable criterio sea baja (sin cuestionar la validez de la medida criterio, tradicionalmente aceptada) o la inexistencia de medidas de otros conceptos con los que realizar otras comprobaciones. En cualquier caso, no debe olvidarse que, a pesar de los problemas inherentes a este tipo de validez, su verificación permitirá aumentar la confianza en el instrumento de medida. Deben, por tanto, establecerse las hipótesis de relaciones entre la escala y las medidas del concepto validadas en otros estudios. En ccg, una de las variables endógenas, o criterio, más empleadas en esta fase de validez es el «rendimiento organizativo». En algunos casos se han considerado como constructos objetivos, formados por varias medidas contables, como el caso del constructo multidimensional validado por Henri (2006a), compuesto por tres ítems: cifra neta de negocio; beneficio y roi; y, en otros casos, como veremos al final de este trabajo, se utilizan escalas para medir los atributos inherentes al concepto «rendimiento organizativo» (véase tabla 1). Además, otros estudios introducen variables de control como: medidas de rendimiento empleadas (ratios financieros o Balanced Scorecard, entre otras) (Mulero et al., 2016). Es importante destacar que en esta fase debe llevarse a cabo la verificación de la utilidad de la escala en la predicción de otras variables externas relacionadas con el concepto por medir. Suele ser frecuente la utilización de medidas generalmente aceptadas (criterio) que han sido empleadas para medir el mismo concepto. Es el caso, por ejemplo, del trabajo de Sakakibara et al. (1993), que emplea tres medidas clásicas utilizadas en la literatura como variable criterio de su constructo sobre Just In Time (jit): 1) tiempo de respuesta a pedidos, 2) ciclo de tiempo (desde recepción de materias primas hasta la recepción del producto final por el consumidor), y 3) rotación anual de inventarios. Dependiendo del momento del tiempo en el que se obtienen los datos de dicha variable podemos distinguir entre validez concurrente y validez predictiva. En la validez concurrente la obtención de las mediciones es simultánea, mientras que en la validez predictiva la medida de la variable es posterior. En cualquier caso, el objetivo es el mismo, solo varía el momento en el que se aportan las evidencias (García Valderrama et al., 2003). En este sentido, Saraph et al. (1989) elaboran una escala para medir la gestión de calidad en una empresa. Los autores analizan su validez de criterio a través del coeficiente de correlación del constructo con otra variable, calculada como media entre el rendimiento divisional y la satisfacción del cliente durante los tres últimos ejercicios. Un concepto muy empleado en investigación en ccg es el de «incertidumbre», que generalmente indica el grado de predicción de los factores externos o ambienta-

la validación de instrumentos de medida... 287

les, mientras que el «dinamismo» generalmente se refiere tanto a la predictibilidad como a la tasa de cambio del entorno externo de la organización (Bedford y Speklé, 2018). El término más específico «incertidumbre ambiental percibida» se relaciona con cualquiera de las dos conceptualizaciones. La escala original desarrollada por Duncan (1972) incorpora tres dimensiones: 1) la cantidad de información con respecto a los factores ambientales, 2) el conocimiento de los resultados de las decisiones, y 3) la capacidad de vincular las probabilidades al impacto de los factores ambientales. Sin embargo, Gordon y Narayanan (1984) utilizan el término para referirse a una combinación de predictibilidad, estabilidad e intensidad de la competencia. Este es un claro ejemplo de las distintas formas de definir los conceptos y, por ende, los constructos. La «incertidumbre del comportamiento» no es lo mismo que la «incertidumbre de la tarea». La «incertidumbre de la tarea» se relaciona con la falta de programación, mientras que la «incertidumbre conductual» se asocia a la incapacidad para predecir el desempeño (Widener y Selto, 1999; Speklé et al., 2007). En este sentido, la conceptualización del constructo y su clarificación y definición permiten una comprensión compartida de este (Suddaby, 2010). Por tanto, una definición clara y precisa es una condición necesaria para la validez de criterio, porque las decisiones relacionadas con la puesta en funcionamiento y la validación de un instrumento de medida dependen en gran medida de cómo las definamos (MacKenzie et al., 2011). A continuación, y al objeto de comprobar las propiedades psicométricas de la escala, deben llevarse a cabo los estudios sobre su estructura interna y sobre su fiabilidad.

2.2.3 Análisis de la estructura interna de la escala La estructura interna implica que los distintos ítems de la escala se relacionan exclusivamente con un dominio o dimensión del concepto que queremos medir. Las técnicas empleadas normalmente para verificar la estructura interna de una escala son: el análisis factorial exploratorio de datos (afe) y el análisis factorial confirmatorio (afc). La principal diferencia entre el afe y el afc radica en que en el primero se desconocen cuáles son los factores subyacentes a las variables, y se busca encontrar los factores comunes que expliquen las correlaciones entre las variables observables de la escala; mientras que, en la segunda aproximación, se dispone de alguna hipótesis basada en la teoría y/o en investigaciones empíricas previas acerca de las relaciones entre estas variables (Martínez, 1995; O’Leary-Kelly y Vokurka, 1998). El siguiente paso consistirá en verificar su fiabilidad, o el grado en que la medición carece de errores aleatorios.

2.2.4 Fiabilidad Una escala es fiable, o consistente, cuando tiene una baja variabilidad interna, lo que permite asegurar que sus repetidas aplicaciones proporcionarán mediciones semejantes. La consistencia interna hace referencia a la homogeneidad de un conjunto

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de variables que permiten medir un mismo concepto, también estable en el tiempo (Sánchez y Sarabia, 1999). Los métodos más comunes para calcular la fiabilidad de una escala son (Carmines y Zeller, 1979; De Vaus, 1990): a) Método de la prueba-reprueba (Test-Retest), que consiste en la aplicación de un mismo instrumento o escala a la misma población muestral en dos momentos diferentes del tiempo; b) Método de las técnicas alternativas, que consiste en analizar la misma población en diferentes momentos de tiempo, pero aplicando diferentes instrumentos de medición; c) Método de las dos mitades: a diferencia de los métodos anteriores, la prueba se aplica en una sola ocasión, y las puntuaciones obtenidas se dividen en dos mitades aleatorias a las que se aplica un análisis de correlación; d) Método de consistencia interna (α de Cronbach): este coeficiente varía entre los valores 0 y 1, siendo mayor cuanto mayor es la consistencia interna (Cronbach, 1951).

3. Validez y fiabilidad de instrumentos de medida de constructos en ccg

A continuación, analizaremos cómo ha sido aplicada la metodología de validación de escalas en algunos trabajos de investigación en ccg, con el ánimo de destacar exclusivamente aquellos aspectos que pudieran ilustrar lo expuesto en epígrafes anteriores. Uno de los últimos trabajos que abordan el problema de la validación de escalas en nuestra área de investigación es el de Bedford y Speklé (2018). Estos autores realizan una magnífica revisión de los constructos medidos a través de escalas en ccg desde 1996 hasta 2015. Para ello, utilizan la propuesta de Van der Stede et al. (2005), partiendo de trabajos publicados en ocho revistas contables líderes: Accounting, Organization and Society, Behavior Research in Accounting (bria), Contemporary Accounting Research (car), Journal of Accounting and Economics (jae), Journal of Accounting Research (jar), Journal of Management Accounting Research (jmar), Management Accounting Research (mar) y The Accounting Review (tar). La muestra del estudio comprendió 746 constructos medidos a través de escalas. Ya en 1998, Kwok y Sharp elaboraron un inventario de escalas validadas y publicadas en las revistas contables de mayor prestigio. Una de las conclusiones a la que llegaron estos autores fue la poca importancia que se le concedía a la validación de constructo en la investigación en ccg, lo que suponía un problema en la interpretación y fiabilidad de sus conclusiones (Bisbe, Batista-Foguet y Chenhall, 2007; Van der Stede, 2001). Kwok y Sharp (1998) revisaron el estado del arte en el desarrollo de escalas en psicología y sociología y evaluaron el grado de cumplimiento de los requerimientos metodológicos en la investigación sobre contabilidad conductual, observando que, aunque la mayoría de los trabajos mostraban cierta seguridad en cuanto a sus medidas, prestaban poca atención al grado de fiabilidad y de validez de las escalas empleadas. A pesar de que algunas investigaciones en contabilidad conductual cumplían

la validación de instrumentos de medida... 289

con los estándares de medición más rigurosos, se evidenciaba la necesidad de aplicar adecuadamente las técnicas de medida y de validación de escalas. Desde la revisión de Kwok y Sharp no hemos encontrado una evaluación exhaustiva sobre el empleo de la metodología de validación de escalas en el área de investigación en ccg, a excepción del trabajo de Bedford y Speklé (2018). Este trabajo identifica los problemas que requieren de mayor atención en este ámbito de investigación, proporcionando las pautas para abordarlos. A continuación, y con ánimo exclusivamente de ilustrar lo expuesto anteriormente, analizaremos cómo ha sido aplicada la metodología de validación de escalas en la medida de constructo en ccg, recogiendo en la tabla 1 algunos trabajos que han estudiado «el uso interactivo de los sistemas de control de gestión», constructo desarrollado a partir de la investigación seminal de Simons (1990). Uno de estos trabajos corresponde al de Bedford (2015). Este autorevalúa dos constructos: «diagnóstico» (diag) e «inductores del control interactivo» (int), que mide a través de dos escalas: «uso de presupuestos» (ub) y «sistemas de medida del rendimiento por parte de la alta dirección» (pms). En este estudio se emplean los conceptos «frontera límite» (Límite) y «sistemas de creencia» (Creencia). La justificación por parte del autor del uso de estos constructos se basa en los estudios de Simons (1995, 2000), que confirman que los sistemas límites vienen definidos por cuatro atributos: 1) delimitan la conducta apropiada, 2) sirven para limitar la búsqueda y la experimentación, 3) se comunican activamente por parte de la alta dirección y, 4) aplican sanciones a los subordinados que actúan fuera de los límites establecidos, independientemente del resultado. Bedford (2015) considera que estos son los atributos que definen las dimensiones del constructo. Asimismo, Bedford (2015) recoge de la literatura otros cuatro atributos que definen los sistemas de creencias: 1) la codificación de los valores de la empresa, 2) su comunicación activa, 3) su uso para crear compromisos con objetivos establecidos, y 4) su constitución como inspiración y guía en la búsqueda de nuevas oportunidades (Simons, 1995, 2000). Bedford (2015) desarrolla otra escala para medir el constructo: «rendimiento firme» (perf). Considera que dicho constructo está formado por cinco elementos: rendimiento financiero, crecimiento de las ventas (en mercados nuevos y existentes), cuota de mercado y desempeño. Algunos de los ítems son adaptaciones de las escalas validadas por Henri (2006a) y Widener (2007). Otro de los trabajos que nos puede servir para ilustrar el empleo de escalas en la medida de constructos en ccg es el de Su et al. (2015). Estos autores examinaron el efecto moderador de las etapas del ciclo de vida de la organización (olc) sobre el uso de controles (interactivo versus diagnóstico), relacionándolos con el desempeño organizativo –utilizando para ello el instrumento de medida de Miller y Friesen (1984)–, y clasificando las unidades de negocio en cinco etapas: nacimiento, crecimiento, madurez, renacimiento y decadencia, cubriendo de esta manera la vida completa de una organización (Auzair y Langfield-Smith, 2005; Dávila, 2005; Kallunki y Silvola, 2008; Silvola, 2008). Su et al. (2015) desarrollan otra escala para medir el constructo «enfoque interactivo del control». Dicha escala presentaba cinco dimensiones: (i) interacción

290

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permanente entre la dirección de las operaciones y los altos directivos; (ii) control regular en reuniones programadas entre los directores de operaciones y la alta dirección; (iii) control para discutir cambios dentro de la unidad de negocio; (iv) control de la información que se utiliza posteriormente en las reuniones entre los directores de operaciones y la alta dirección; y (v) control como medio de desarrollo de planes de acción en curso. Estos autores también miden el diagnóstico, empleando una escala de cuatro ítems: (i) progresos hacia metas y resultados, (ii) realización de las operaciones de conformidad con el plan estratégico, (iii) revisión del rendimiento, y (iv) identificación de las desviaciones sobre lo esperado y puesta en marcha de medidas apropiadas. Además, en su estudio, Su et al. (2015) desarrollan una escala para medir el constructo «rendimiento organizativo», basándose en una versión adaptada del instrumento de medida validado por Kaynak y Kara (2004), formado por seis ítems de medida del desempeño financiero y no financiero. Esta escala recogía el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la unidad de negocio: (i) se han logrado los objetivos sobre beneficios; (ii) se han logrado objetivos sobre ventas; (iii) se han logrado los objetivos sobre el retorno de la inversión; (iv) nuestros productos son de una calidad superior a la de nuestros competidores; (v) tenemos una tasa de retención del cliente mayor con respecto a la competencia, y (vi) tenemos una tasa de facturación mayor que los competidores. Otro de los constructos más empleados relacionado con la medida del «rendimiento organizativo» ha sido la «incertidumbre ambiental», que ha jugado un papel importante en los estudios sobre contingencia. Abundantes también han sido los que analizan la asociación entre la «inseguridad ambiental» y los «sistemas de control de gestión» (Ezzamel, 1990; Gosselin, 2005), así como los que relacionan la «incertidumbre ambiental» con el «rendimiento organizativo» (Cannella et al., 2008). Por otro lado, uno de los trabajos más complejos sobre el uso de escalas en la medida de constructos en ccg es el de Bisbe y Otley (2004). Estos autores consideran que el constructo «uso interactivo de los sistemas de control de gestión» estaría formado por las siguientes dimensiones: (i) mecanismos de control, (ii) balanced scorecards y (iii) uso de sistemas de gestión interactivo de proyectos. Este constructo fue desarrollado sobre la base de los instrumentos de medidas empleados por Abernethy y Brownell (1999) y Dávila (2000), y fueron utilizadas varias escalas para medir los constructos: «uso interactivo de presupuestos» (usebud), «uso interactivo del balanced scorecards» (usebsc) y «uso interactivo del sistema de gestión de proyectos» (usepms). Además, Bisbe y Otley (2004) miden la innovación del producto a través de los instrumentos de medida utilizados por Scott y Tiessen (1999). Bisbe y Otley (2004) miden también el rendimiento, adaptando el instrumento de medida multidimensional de Govindarajan y Gupta (1985), para posteriormente emplear una medida propia basada en datos primarios. Por otro lado, consideran la perspectiva financiera como: tasa de crecimiento de las ventas, tasa de crecimiento de ingresos, roi, relación beneficio/ventas, así como cuatro medidas relacionadas con la perspectiva de clientes: satisfacción del clientes, retención de clientes, captación de clientes y aumento de la cuota de mercado.

la validación de instrumentos de medida... 291

Para finalizar este trabajo, hemos recogido en la Tabla 1 otros estudios comprendidos entre 2004 y 2015 al objeto de ilustrar el proceso metodológico seguido en la validación de las escalas empleadas para medir constructos en ccg, circunscribiéndolo al «uso interactivo de los sistemas de control» en las organizaciones, ya que constituye una de las líneas de investigación en ccg más prolijas. Aunque se han publicado muchos más, hemos elegidos estos por presentar un nivel de complejidad mayor en la aplicación de la metodología de validación de instrumentos de medida. Esta tabla recoge aspectos como la denominación del constructo principal y las fases de validación, junto con los métodos estadísticos empleados. De su lectura observamos que la mayoría de ellos emplean el afe en la fase de análisis de la estructura interna de las escalas. Con respecto a la fiabilidad, el índice más utilizado es el α de Cronbach, siendo la validez discriminante la más estudiada, empleándose sobre todo el afc en la búsqueda de relaciones de la escala con otras escalas disponibles en la literatura. Finalmente, en la fase de validez de criterio, la mayoría de los casos utilizan la correlación de Pearson y el análisis de regresión, siendo el «rendimiento organizativo» el más utilizado como variable criterio.

4. Conclusiones El objetivo de este trabajo ha sido analizar una metodología poco explotada en los estudios de ccg: la validación de escalas para medir constructos hipotéticos. Su utilidad es especialmente interesante en el estudio empírico de fenómenos difícilmente observables, debido a la imposibilidad de conseguir datos objetivos para medirlos. También por el hecho de hacerlo de manera multidimensional, puesto que sería necesario emplear variables compuestas por más de una dimensión, dada la complejidad de definición de los conceptos a estudiar. Esta técnica de investigación, ampliamente desarrollada en otros campos de investigación como la organización de empresas, la medicina y la psicología, puede ser igualmente empleada en ccg con el mismo grado de acierto. Por ello, son necesarios esfuerzos adicionales que permitan introducir, aún más, la validación de escala como metodología de investigación en nuestra ciencia. Sin embargo, y a pesar de la generalización del uso de constructos o escalas, son escasos los estudios que han evaluado su fiabilidad y validez, obviando que los problemas relacionados con la naturaleza de los ítems o escalas utilizadas pueden dificultar la interpretación de los resultados de la investigación, lo que complica el avance teórico en nuestra disciplina. Aunque esta técnica ha merecido nuestra atención por sus ventajas, también presenta ciertas desventajas, como la dificultad que entraña elaborar la escala, el elevado coste que supone, además, la elección de la muestra y su posterior distribución, así como la necesidad de obtener un número elevado de respuestas. En cualquier caso, son cada vez más los trabajos que se publican en revistas de primer nivel en ccg y que emplean esta metodología, salvando sus inconvenientes, y utilizando escalas ya validadas en otros ámbitos de investigación, que serían perfectamente admitidas si se someten a los procesos pertinentes de análisis de validez y fiabilidad.

Relación de la escala con medidas sobre «rendimiento», «capacidades» y «rendimiento organizativo». Ecuaciones estructurales. Modelos basados en covarianzas

Análisis de regresión moderada entre constructos: «uso interactivo de los sistemas de control de gestión», «innovación» y «rendimiento»

α de Cronbach

α de Cronbach afc

afc

Análisis factorial de componentes principales

afc

Uso interactivo de las sistemas de medida del rendimiento

Uso interactivo de los sistemas de control de gestión

afe

No descrita

Henri (2006b)

No descrita

Bisbe y Otley (2004)

Relación de la escala con variables relacionadas con «estrategia», «sistemas de control», «costes/beneficios» y «medidas de rendimiento»

afc

α de Cronbach

principales

afe de componentes

Sistemas interactivos de control

No descrita

Widener (2007)

ción Varimax

afe con rota-

Uso interactivo de los presupuestos

No descrita

Chong y Mahama (2014)

Correlación de Pearson entre constructos

afc

Regresión. Relación de las escalas con «rendimiento»

afc

No descrita

Su et al. (2015)

afc

Regresión. Relación entre las escalas y una medida del «rendimiento»

afc

Regresión. Correlación entre «controles interactivos» y «diagnóstico» con «rendimiento organizativo»

Análisis Clúster

afe

α de Cronbach

afe

Uso interac- Uso interactivo tivo de las del control medidas de rendimiento

No descrita

Marginso et al. (2015)

Índice de Fornell α de Cronbach α de y Larcker Cronbach

No descrito

Uso interactivo de los sistemas de comunicación, planificación y control

No descrita

Abernethy et al. (2010)

Regresión. Correlación de Pearson entre los constructos «rendimiento» y «niveles de control»

afc

α de Cronbach

con rotación oblicua

afe principales

Inductores de los sistemas de control interactivo

No descrita

Bedford (2015)

Tabla 1. Estudios que han aplicado la metodología de análisis de validez y fiabilidad de instrumentos de medida de constructos relacionados con el «uso interactivo de los sistemas de control de gestión»

Fuente: Elaboración propia.

Validez de constructo

Validez de contenido

Constructo

Fiabili- Estructura interna dad

Validez

Validez convergente y discriminante

Validez concurrente y predictiva

292 teresa garcía valderrama

la validación de instrumentos de medida... 293

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EL EFECTO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL SOBRE EL DESEMPEÑO FINANCIERO: UNA REVISIÓN TEÓRICA Alí Jadeed

Universidad de Tartous (Siria)

Pedro Lorca Fernández Universidad de Oviedo

Javier de Andrés Suárez Universidad de Oviedo

1. Introducción La mayor complejidad de las organizaciones ha hecho que los activos intangibles se conviertan en un aspecto esencial para alcanzar una ventaja competitiva sostenible (Bose y Thomas, 2007). No obstante, los sistemas de gestión tradicionales muchas veces no tienen en cuenta los intangibles adecuadamente. Por ello, las empresas tienen que utilizar instrumentos que les permitan medir adecuadamente tanto los activos tangibles como los intangibles. El cuadro de mando integral (cmi) es uno de los métodos que más éxito ha alcanzado y que suscita un gran interés (Ax y Bjørnenak, 2005). El cmi es un marco de gestión del desempeño estratégico integrado que ayuda a las organizaciones a articular, comunicar y traducir la estrategia a través de cuatro perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes y financiera. En este artículo se van a estudiar las cuatro perspectivas del cmi y cómo afectan al desempeño financiero de la empresa a través una serie de relaciones causa-efecto que se consideran las «arterias» que transmiten la estrategia a toda la organización para alcanzar el objetivo final deseado. Además, una vez revisada la literatura, se plantean de forma esquemática las relaciones causa-efecto entre las variables que son objeto del cmi.

2. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento Esta constituye la base principal del resto de perspectivas porque incluye los activos intangibles que resultan ser los más importantes para la estrategia, tanto en términos de formulación como de implantación (Ong et al., 2010). En concreto se centra en la innovación, la creatividad, la competencia y las capacidades de los empleados (Cohen et al., 2008).

298

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En este epígrafe se analiza también cómo influye esta perspectiva en la perspectiva del proceso interno y del cliente, y para ello se realiza un enfoque basado en dos puntos esenciales: la formación y la satisfacción del personal. A continuación se muestra la relación entre estos dos elementos y cómo afectan a otros indicadores del cmi.

2.1 La formación Hoy en día, los programas de formación son vitales para la supervivencia y la próspera existencia de la organización. Además, contribuyen a mejorar las competencias en la producción y a alcanzar un mayor retorno de la inversión en el capital humano (Truitt, 2011). En la literatura existen estudios empíricos que demuestran la relación entre la formación de los trabajadores y algunos indicadores del cmi, como la productividad, la retención de los trabajadores, la satisfacción del personal, la innovación y la calidad del servicio. A continuación se hace un breve repaso de estos. La relación significativa y positiva entre la formación y la productividad ha sido puesta de manifiesto en una serie de estudios. Por ejemplo, Konings y Vanormelingen (2010) encontraron que la productividad de los trabajadores con formación es aproximadamente un 23 % mayor que la de los trabajadores sin formación. En la misma línea, el trabajo de Colombo y Stanca (2008) muestra que el incremento de la participación de los trabajadores en las actividades de formación tiene un impacto positivo y significativo en la productividad, y que el aumento de la formación en un 1 % incrementa la productividad alrededor del 0,07 %. La retención se refiere al número de trabajadores que permanecen en la organización a largo plazo (Theron et al., 2014). Una elevada rotación de trabajadores tiene un coste muy alto para la empresa. Ramlall (2003) cuantificó que la rotación de cada trabajador costaba a la empresa alrededor del 150 % del salario anual de un empleado. Para que la empresa no incurra en este coste, debe evitar que sus empleados abandonen la organización. En este sentido, la literatura muestra que la formación es una de las técnicas que aumenta la retención de los trabajadores y reduce, por tanto, la rotación (Tangthong et al., 2014). La formación permite aumentar no solo las habilidades de los trabajadores sino que además refuerza su compromiso, lo que permite incrementar la competitividad de la empresa (Acton y Golden, 2003). Además, tiene incidencia en la satisfacción de los empleados, puesto que les permite adquirir confianza, percibir posibilidades de desarrollo profesional y cuantificar la inversión que realiza la empresa en ellos (Navimipour y Zareie, 2015). En consecuencia, la literatura demuestra dos tipos de relaciones entre la formación y la satisfacción del personal. –– Positiva y directa (Kabak et al., 2014). –– Positiva e indirecta, medida a través del empowerment de los trabajadores (Jun et al., 2006). Además, debe tenerse en cuenta también que, a causa del desarrollo masivo y rápido en el sector de la tecnología y la creciente competencia, la innovación tanto

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de productos como de servicios tiene una influencia esencial sobre el rendimiento a largo plazo de la empresa (Mumford, 2000). Las empresas pueden formar a los empleados intensamente en técnicas de creatividad y así aumentar su sentido hacia la innovación (Stock y Zacharias, 2011). Por último, conviene tener presente que la calidad del servicio es una estrategia esencial para poder competir en el mercado. Para ofrecer una elevada calidad de servicios a los clientes es necesario proporcionar una formación adecuada a los trabajadores (Dhar, 2015). En este sentido, Chen y Wallace (2011) sostienen que la formación puede aumentar la calidad del servicio, y este es un factor clave para competir con otras organizaciones.

2.2 La satisfacción del personal La satisfacción de los empleados es fundamental para el éxito de cualquier negocio, un empleado satisfecho trabajará de manera más intensa en la empresa y lo hará con un horizonte temporal de largo plazo (Gregory, 2011). Por eso, muchas empresas diseñan sistemas que permitan la monitorización de la satisfacción de sus empleados e implementan programas para mejorarla y aumentarla (Matzler y Renzl, 2007). La satisfacción del personal está vinculada a algunos indicadores del cmi, tales como la retención de los empleados, la lealtad, la productividad, la calidad del servicio o la satisfacción del cliente. Dichos vínculos se examinan a continuación. Los empleados satisfechos están muy motivados, trabajan de manera más eficaz y eficiente, y se muestran más comprometidos (Matzler et al., 2004). Además, tienen más intención de permanecer en la empresa a largo plazo, lo que reduce los costes de rotación (Huang et al., 2016), y son más leales (Chan y Mai, 2015). En la literatura, hay muchas evidencias empíricas que documentan la relación negativa entre la satisfacción del personal y la rotación (Yang, 2010). Por tanto, cuanto más satisfechos tenga la empresa a sus trabajadores, más tiempo permanecerán en ella (Lu y Gursoy, 2016). Jessen (2015) sostiene que el trabajador satisfecho se encuentra más estable y, por lo tanto, es más productivo. Los resultados obtenidos por Best (2008) también muestran evidencias sólidas de que la satisfacción del personal está asociada a mayores niveles de productividad. Hay que tener presente que la productividad se considera un indicador muy importante para la riqueza económica y la clave para incrementar el desempeño financiero de la empresa (Cardona et al., 2013). Además, debe destacarse que Yoon et al. (2001) constataron que la satisfacción de los trabajadores está asociada positivamente con la percepción de los clientes sobre la calidad del servicio. A su vez, la calidad del servicio depende de la interacción entre los empleados y los clientes. Cuanto mayor sea esta interacción, mayor será la satisfacción de los clientes. Yee et al. (2010) demostraron que la lealtad del personal es un factor clave para los gerentes de operaciones a la hora de impulsar la calidad del servicio y que el empleado leal provea un servicio de alta calidad a los clientes. En cuanto a la relación entre la satisfacción del personal y la satisfacción del cliente, las investigaciones previas sostienen una relación significativa (Jung y Yoon,

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2013). La satisfacción del personal podría no llevar a la del cliente directamente, pero es difícil que la empresa tenga clientes satisfechos sin tener empleados satisfechos (Hallowell et al., 1996). En resumen, las evidencias empíricas de la literatura indican que la perspectiva del aprendizaje y del crecimiento contribuye significativamente a la perspectiva del proceso interno y se confirman en ella como el punto de partida en la cadena causal del cmi.

3. La perspectiva de procesos internos Esta perspectiva determina las prioridades estratégicas para los procesos internos en las que la empresa debe destacar (Rahman, 2007), porque la mejora de los procesos de negocio proporciona mayor valor para el cliente a través del desarrollo de productos finales que pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades (Kang et al., 2010). Para alcanzar esta satisfacción, la empresa debe de identificar nuevos procesos internos en lugar de centrar los esfuerzos en la mejora incremental de las actividades existentes (Niven, 2010). Para ello es fundamental la innovación. En este epígrafe se estudia cómo afectan la innovación y la calidad del servicio a la satisfacción del cliente.

3.1 La innovación La capacidad de las organizaciones para innovar se considera cada vez más un factor clave para garantizar su éxito. Las organizaciones solo sobrevivirán si son suficientemente flexibles para responder constantemente a los cambios de sus entornos, y si tienen la capacidad de redirigir, enfocar y aprovechar eficaz y apropiadamente sus recursos, y de actuar más rápido que sus competidores (West et al., 2004). Para las empresas que innovan, a través de nuevos productos o servicios, la innovación es básicamente una estrategia de crecimiento que permite la supervivencia (Subrahmanya, 2005). Los clientes no solo buscan productos nuevos, sino que buscan aquellos que satisfagan sus necesidades (Michel et al., 2008). Por eso, las empresas innovadoras deben anticiparse a las necesidades del cliente y tratar de satisfacerlas, puesto que de esta manera pueden crear un mayor valor para ellos. Varios estudios muestran la relación positiva y significativa entre la innovación y la satisfacción del cliente (Stock, 2011). También la literatura proporciona evidencia empírica de que la capacidad de innovación influye positivamente en la calidad del servicio (Mazidi et al., 2014). Por tanto, se puede afirmar que la innovación aumenta el valor del cliente tanto de manera directa como indirecta. Directa por aumentar la satisfacción del cliente, e indirecta puesto que incrementa la calidad del servicio dirigido finalmente a satisfacer a los clientes. A continuación, se estudiará esta última relación más detenidamente.

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3.2 La calidad del servicio La calidad del servicio desempeña un papel crítico incrementando la satisfacción de los clientes. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la satisfacción de los clientes (Calisir et al., 2016). Por otra parte, las empresas que ofrecen una baja calidad de servicio no solo pierden los clientes actuales, sino que gastan más dinero en captar clientes nuevos (Choi, 2001). Otros estudios analizaron el efecto de la calidad del servicio sobre la lealtad del cliente. Los resultados obtenidos indican que prestar los servicios con alta calidad a los clientes aumenta su lealtad (Quach et al., 2016). En resumen, la innovación y la calidad del servicio tienen como objetivo esencial incrementar el valor para los clientes. De este modo, la mejora en la perspectiva de procesos internos lleva a aumentar la satisfacción del cliente.

4. La perspectiva de clientes Las metas de la organización no se pueden alcanzar sin cumplir con los deseos de los interesados (stakeholders) y especialmente de los clientes. La empresa debe definir claramente los segmentos de clientes y mercados en los que quiere competir. Estos segmentos forman las fuentes principales de ingresos (Kaplan y Norton, 1996). El propósito de esta perspectiva es centrarse en los clientes seleccionados. Esto permitirá a las organizaciones crear estrategias coherentes con el tipo de clientes que desean atraer. Estas estrategias se aplican para crear valor y poder diferenciarse desde la perspectiva de los clientes seleccionados (Farooq y Hussain, 2011). A continuación se mostrará cómo afecta la satisfacción del cliente a la rentabilidad de la empresa.

4.1 Satisfacción del cliente La satisfacción se refiere a la actitud global del cliente hacia un proveedor de servicios. Se trata de una reacción emocional que surge por la diferencia entre lo que los clientes esperan y lo que reciben en relación con la satisfacción de alguna necesidad, objetivo o deseo (Hansemark y Albinsson, 2004). Hoy en día, una parte significativa del valor del mercado de las empresas se encuentra en los activos intangibles. Precisamente, la satisfacción del cliente es uno de los activos intangibles más valiosos que puede tener una empresa, y que se traduce en un mayor rendimiento financiero (Aksoy et al., 2008).

4.2 La lealtad del cliente Los clientes leales son la piedra angular de cualquier negocio (Wallenburg, 2009). La lealtad depende de satisfacer las necesidades de los clientes mejor que los compe-

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tidores (Balabanis et al., 2006). Así, el aumento en la satisfacción conlleva a acrecentar la lealtad del cliente (Saeidi et al., 2015). Existe evidencia de que los clientes leales compran más productos/servicios (Dimitriades, 2006). De este modo se incrementan los ingresos (Mithas et al., 2005), y la cifra de negocio se considera un indicador importante para el rendimiento financiero (Adeniji et al., 2015).

4.3 La retención del cliente La satisfacción del cliente es un elemento muy importante para su retención (Ranaweera y Prabhu, 2003), porque a través de su satisfacción la empresa puede mantener la relación con aquel a largo plazo (Wu, 2007). Un cliente fiel proporciona dos ventajas: a) genera más ingresos por comprar con mayor frecuencia, y b) reduce el coste de hacer negocios con él (Tuli y Bharadwaj, 2009), lo cual conduce a incrementar la rentabilidad (Reinartz y Kumar, 2000). Los estudios en la literatura muestran que la satisfacción influye positivamente en la retención y, de este modo, se incrementa el número de clientes retenidos (Gustafsson et al., 2005). Según Gupta et al. (2004), un aumento de un 1 % en la retención conduce a un 5 % de aumento en la rentabilidad.

4.4 La adquisición de nuevos clientes La satisfacción del cliente es el corazón de las actividades de comercialización porque ayuda a las empresas a lograr los objetivos estratégicos deseados (Corte et al., 2015). Un nivel alto de satisfacción conlleva mejorar la capacidad de atraer nuevos clientes (Uncles et al., 2013). A su vez, la adquisición de nuevos clientes afecta a la rentabilidad a través de dos vías: por una parte, genera flujos de caja futuros y, por otra, permite atraer a otros nuevos clientes a través del boca a boca (Villanueva et al., 2008).

5. La perspectiva financiera Desde el punto de vista de las organizaciones, se considera esta perspectiva la más importante, ya que la organización no puede permanecer en el mercado si no puede financiar sus actividades (Kumar, 2013). A través de esta dimensión, se pueden identificar los resultados tangibles de la estrategia y valorar si resultó exitosa en la mejora de los resultados financieros (Rausch et al., 2013). Esta perspectiva refleja el desempeño operativo pasado de una empresa que incluye el logro de un objetivo financiero y la implementación de la estrategia. Entre los objetivos se suelen recoger: incrementar la cifra de las ventas, reducir los gastos administrativos o aumentar la rentabilidad de los productos (Chi y Hung, 2011).

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Se utilizan las medidas financieras tradicionales, como la rentabilidad, la liquidez y el valor para los accionistas para medir la supervivencia (flujo de fondos), el éxito (crecimiento) y la prosperidad (aumentar la cuota del mercado) (O’Hare, 2013). No obstante, las medidas financieras por sí solas no son suficientes para mejorar el desempeño, sino que dependen de las medidas no financieras. Por ello, si se tienen en cuenta las otras perspectivas (aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes), la perspectiva financiera aumentará los beneficios financieros de las actividades de la empresa (Van Aartsengel y Kurtoglu, 2013).

6. Conclusión. Visión integrada de las cuatro perspectivas La creciente competencia entre organizaciones que desarrollan su actividad en diferentes sectores empresariales exige la adopción de métodos y herramientas de gestión modernas y eficaces que ayuden a seleccionar, evaluar y, fundamentalmente, implementar de manera efectiva estrategias que les permitan obtener ventajas competitivas y mantenerlas de manera continuada en el tiempo, lo que ofrece precisamente el cmi. El cmi ayuda a la organización en la medición del desempeño estratégico, traduciendo la estrategia en objetivos relacionados, medidos mediante indicadores apropiados y vinculados a planes de actuación específicos. Esta herramienta no se centra exclusivamente en la medición de la dimensión financiera de la empresa, tal y como ha ocurrido a través de los sistemas tradicionales, sino que busca el equilibrio mediante el estudio de cuatro dimensiones básicas de la organización, que son: aprendizaje y crecimiento, proceso interno, cliente, y financiera. Estas dimensiones no son independientes entre sí, sino que están interrelacionadas a través de una serie de relaciones de causa-efecto que son esenciales, porque permiten usar las medidas no financieras para predecir los futuros resultados financieros. Las relaciones causa-efecto entre estas dimensiones explican cómo los «frutos» del árbol (medidas financieras) están relacionadas con las «hojas» (clientes), el «tronco» (procesos internos) y las «raíces» (aprendizaje y crecimiento) (Patel et al., 2008). Estas relaciones entre las variables de las diferentes dimensiones que se ponen de manifiesto se recogen gráficamente en la figura 1. Puede observarse como los indicadores no afectan solo a la perspectiva siguiente, sino también a otras de nivel superior. Bryant et al. (2004) sostienen que un modelo de cmi, que permite asociar una medida con otras medidas de resultado en todas las perspectivas de nivel superior, captura el proceso de creación de valor con más precisión que un modelo más sencillo, en el que cada medida conduce únicamente a la siguiente perspectiva. Por lo tanto, se pone de manifiesto que desarrollar la relación causa-efecto es muy importante para mejorar los resultados financieros, ya que la ausencia de un modelo causal puede llevar a implementar medidas que no estén relacionadas con los aspectos estratégicos de la organización.

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Desempeño financiero

Retención

Adquisición

Perspectiva de aprendizajes y crecimiento

Lealtad

Satisfacción del cliente

Perspectiva de procesos internos

Perspectiva de clientes

Perspectiva financiera

Figura 1. El efecto del cmi sobre el desempeño financiero

Calidad del servicio

Innovación

Productividad

Formación

Lealtad

Retención

Satisfacción del personal

Fuente: Elaboración propia.

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INVESTIGACIÓN, EVOLUCIÓN Y DOCENCIA DE LA CONTABILIDAD

HISTORIA DE LA MUJER EN LA PROFESIÓN CONTABLE UN ESTUDIO DE PIONERAS Concha Álvarez-Dardet

Universidad Pablo de Olavide

Amalia Carrasco-Gallego Universidad de Sevilla

Joaquina Laffarga-Briones Universidad de Sevilla

1. Introducción Durante finales del siglo xix y principios del xx, principalmente en la mayoría de los países occidentales, se generó un proceso de incorporación de la mujer a profesiones realizadas hasta ese momento exclusivamente por hombres, por ejemplo, la medicina, la arquitectura, la abogacía o la contabilidad. La literatura sobre la historia de las profesiones ha tenido tradicionalmente una perspectiva androcéntrica, recogiendo exclusivamente una visión masculina de su evolución; sin embargo, los procesos de cómo se han ido desarrollando estas profesiones tienen un claro enfoque de género (Haynes, 2008). Así, una característica de este período fue la exclusión de la mujer de las instituciones que otorgaban credenciales profesionales –universidades, colegios o asociaciones profesionales–. En estos lugares, el poder del hombre estaba institucionalizado y se impedía el acceso de la mujer al sistema necesario para su cualificación o preparación (véase, por ejemplo, Carmona et al., 2001, en España; Haynes, 2017; Jeacle, 2011, donde presentan casos de distintos puntos del mundo). Asimismo, estos años representaron en la escena mundial un periodo de lucha de las mujeres a las que se les negaba el voto y hacían campañas por su derecho a conseguirlo. Este movimiento sufragista culminó a finales del siglo xix con una importante militancia y con acciones que se extendieron a la discriminación laboral y profesional que sufrían las mujeres. Entre las vocaciones identificadas como oportunidades potenciales de carrera para la «Nueva Mujer», se encontraba la «nueva» profesión de contabilidad (Kirkham y Loft, 1993; Walker, 2003). Por ello, las mujeres contables comenzaron a intentar formar parte de las asociaciones contables desde el principio, ya que fue, en parte, un elemento reivindicativo. La figura del contable (o contador), por ejemplo, en Inglaterra, no comenzó a desarrollarse hasta finales del siglo xviii (Kirkham y Loft, 1993) y hasta mitad del siglo xix la identidad ocupacional del contador no estaba clara. El autodenominado «experto en cuentas» podría ser contable, tasador, abogado, actuario, auditor de bancarrota, albacea de testamentos o una combinación de estos. Sin embargo, invariablemente «él» era un hombre (Kirkham y Loft, 1993).

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A finales del siglo xix comenzaron a crearse las asociaciones profesionales con el objetivo de realizar un control de entrada para preservar el nivel de conocimientos y el estatus social del contable, ya que la profesión estaba bien remunerada. Así, para alcanzar el reconocimiento de contable, se exigía tener ciertas credenciales educativas, realizar trabajos relacionados con la profesión y ser aceptado como miembro de una asociación profesional. Institucionalmente, la profesión contable en Inglaterra y Gales comenzó su historia en 1870 y, poco después, en 1880, se creó el Instituto de Contadores, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (icaew), por lo que se iniciaba un período de proliferación de organizaciones similares que se extendió hasta los años de entreguerras (Walker, 2003; Jeacle, 2011). De entre ellas, por el prestigio que llegó a alcanzar, se encuentra la Society of Accountants and Auditors (saa), que se creó en 1885 para contrarrestar el monopolio que ejercía el icaew. Ambas asociaciones establecieron estrictos controles de entrada y expedían solo certificados a hombres que ejercieran la profesión libre. Asimismo, ya localmente, aparecieron otras asociaciones, como la London Accountants Association (laa), que eran más permisivas y aceptaban también como miembros a oficinistas y auxiliares de contabilidad. En EE. UU., también comienza en la misma época el asociacionismo de los profesionales contables, creándose dos asociaciones: el Institute of Accountans and Bookkepers, conocido después como el Instituto de Contables, y la American Association of Public Accountants (aapa), que después se convierten el American Institute of Accountants (aia). En 1887, estas dos asociaciones se ponen de acuerdo para otorgar el certificado (cpa) mediante un examen que cualificaba para ejercer la profesión contable. El primer certificado se expidió en Nueva York en 1896 y en Pensilvania en 1899 (Previts et al., 2007). Desde el primer momento, no exentas de dificultad, hubo mujeres que quisieron obtener este certificado; concretamente, Mary Harris Smith, en Inglaterra, lo solicitó en 1888 a la saa y Christine Ross lo obtuvo en 1899 en Nueva York. No obstante, hay que tener en cuenta que a principios del nuevo siglo se podrían contar con los dedos de la mano las mujeres certificadas, mientras que el censo de secretarias y auxiliares de contabilidad era cada vez más numeroso. Como nos revela Kirkham y Loft (1993) en su estudio sobre el progreso de la profesión en Inglaterra y Gales, en 1871 tanto el profesional contable como los que llevaban la contabilidad en las empresas estaban considerados a primer nivel de la clase social y a ambos se le conocía como «comerciales». También muestran que la mujer prácticamente no estaba presente, nada en el ámbito profesional y el 1,1 % en el trabajo contable. Sin embargo, conforme pasa el tiempo la mujer empieza a incrementar su papel en la oficina, el oficio de contable empieza a feminizarse, no así el del profesional libre que, aunque también aumenta, lo hace de manera insignificante. Paralelamente, y curiosamente, la actividad que se feminiza cambia de nombre de contable a oficinista y también de posición social. Así, en 1931, los profesionales siguen en el primer nivel de clase social, mientras que el contable-oficinista ha bajado al 3.º, de manera que la mujer ocupa el 42 % de los puestos. En la historia del género en la contabilidad, los temas recurrentes han sido las barreras de entrada y oposición a que las mujeres pudiesen desarrollar la profesión

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(Lehman, 1992). La contabilidad ha estado conceptualizada desde una visión de la práctica masculina (Haymes, 2017) y únicamente el éxito en los niveles más altos de la profesión contable se ha logrado al adoptar un comportamiento de estereotipo masculino (Jeacle, 2011). La historia de las mujeres y la profesión contable se centra principalmente en la lucha para obtener la admisión a la profesión o en los relatos subsiguientes de discriminación profesional una vez que han logrado tal entrada. En este contexto, este trabajo describe la lucha de las primeras mujeres que quisieron actuar como contables e intentaron conseguir las credenciales de las asociaciones profesionales para poder ejercer. En concreto, vamos a destacar la biografía de cinco mujeres, dos inglesas, Mary Harris Smith y Ethel Purdie; dos estadounidenses, Christine Ross y Jennie Palen; y una australiana, Mary Addison Hamilton, que pueden ser consideradas como las pioneras a la hora de ejercer la profesión contable en sus respectivos países. El hecho de que todas sean nacidas en países del área de influencia anglosajona no es baladí, ya que es donde se desarrolla la profesión contable –seguramente por la importante industrialización y por la peculiaridad legislativa– y en donde nacen las asociaciones y las normas para poder acceder a ellas. Todas las elegidas nacen en el último tercio del siglo xix, cuando se crean las asociaciones profesionales y, también, cuando las mujeres comienzan la lucha por abrirse camino en un mundo exclusivamente de hombres. Sin duda, nuestras elegidas, que no fueron las únicas, sino solo una muestra de todas las pioneras, comenzaron con muchas dificultades a allanar este camino. La estructura del trabajo es como sigue. En los siguientes apartados, se describe la vida de las dos mujeres inglesas seleccionadas, Mary Harris Smith, primera mujer en conseguir la acreditación en la icaew y conocida militante feminista; y Ethel Purdie, primera mujer acreditada en la laa y defensora de los derechos de la mujer. A continuación, se estudiarán las vidas de las dos estadounidenses, Christine Ross, primera mujer en conseguir el cpa en los Estados Unidos y Jennie Palen, defensora activa de los derechos de las mujeres contables y del asociacionismo de las mujeres contables. La última en analizar será la historia de Mary Addison Hamilton, australiana, primera mujer en obtener la acreditación de una asociación contable australiana. Para finalizar, en las conclusiones, se reflejarán las principales características de la lucha que llevó a estas mujeres a romper con la férrea oposición para poder ejercer su profesión.

2. Mary Harris Smith (1844-1934): treinta años para conseguir la acreditación

En 1920, Mary Harris Smith fue la primera mujer en conseguir ser miembro de una asociación profesional de contables en el Reino Unido (Walker, 2011a). Desde ese momento, obtuvo plenos derechos en una profesión en la que el monopolio profesional lo ostentaba el hombre. Pero el camino no fue fácil ni corto, sus sucesivas peticiones fueron rechazadas durante más de treinta años. Mary Harris Smith era hija de un oficinista de una agencia de la Marina y solía ayudar a su padre en los trabajos contables que traía a casa. Con dieciséis años, estudió matemáticas con un profesor del King’s College de Londres, revelándose como

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una persona con grandes habilidades y dotes intelectuales. Fue, asimismo, una de las primeras mujeres en asistir a clases de adultos de contabilidad. Comenzó como contable en una empresa comercial en la City de Londres, donde estuvo durante nueve años. Posteriormente, fue nombrada contador de la Royal School of Art Needlework y, debido a su reputación, recibió solicitudes para realizar auditorías en otras empresas. Comenzó a realizar su actividad profesional por libre en 1887, ofreciendo sus servicios como «CONTABLE y AUDITORA debidamente cualificada con muchos años de experiencia» (Walker, 2011a). Como profesional libre, en 1887, se planteó solicitar la pertenencia a las organizaciones que representaban a los contadores públicos. Su primer objetivo fue la recientemente creada Sociedad de Contadores y Auditores (saa), en la que realizó su petición como una demanda de igualdad de derechos: «Basé mi petición en los motivos de igual y estatus de igualdad con los hombres. Exigid de mí lo que le requerís a un hombre, y yo lo cumpliré». Constantemente sostenía que el objeto de su solicitud «no era para ganancia pecuniaria, sino para demostrar que el “sexo más débil” era capaz de hacer tanto en la contabilidad como los hombres». La solicitud de Mary Harris Smith fue discutida por el Consejo del saa y, aunque algunos de los miembros eran favorables, el presidente estaba «totalmente en contra del movimiento de igualdad», por lo que la petición fue rechazada. En los dos años siguientes, distintos miembros de la organización llevaron a debate y aprobación la admisión de mujeres en la saa, pero en ambas ocasiones fue rechazada por mayoría. En 1891, Mary Harris Smith volvió a intentarlo en una institución más prestigiosa, la icaew. En su solicitud, daba detalles de su dilatada experiencia y aportaba avales de respetados profesionales. El comité de solicitudes del icaew consideró el caso de Mary Harris Smith y determinó recomendar su admisión, pero esta debería estar sujeta a lo que indicaran los abogados del Instituto. La resolución de los abogados llegó unos meses después, en la que rechazaban la petición, ya que la normativa del Instituto, de manera estricta, se refiere a que sus miembros deben ser hombres, puesto que se utilizaba en todo el texto el artículo y pronombre masculino (he o his). Dos años más tarde, la famosa sufragista Emily Davies, que lideraba el movimiento de incorporación de la mujer a la alta educación y a las profesiones y presidía, a su vez, la asociación sptw (Sociedad para Promover el Empleo de Mujeres), se incorporó a la campaña de la admisión de la mujer al icaew. En sucesivos escritos solicitó que le enviaran los requisitos de entrada para dos jóvenes mujeres de la sptw y ponía de manifiesto cómo otras organizaciones profesionales, como los químicos, habían incorporado a su normativa el término «persona», que sustituía a la expresión «hombre». La respuesta del icaew fue ambivalente y, aunque en un principio no hubo rechazo, en 1895, definitivamente, negaron la entrada a cualquier mujer en la institución. En 1898, el colegio de arquitecto admitía a la primera mujer, a pesar de que la normativa también se expresada en términos masculinos. Este hecho suscitó muchos nuevos artículos, e hizo que Mary Harris Smith albergara esperanzas y volviera a solicitar la admisión. En su nueva petición, presentó un resumen de su experiencia como contador y trató de disipar las preocupaciones masculinas afirmando: «No es

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mi intención usurpar lo que se considera terreno de los hombres, sino establecerme como Contable cualificado para las mujeres». Esta sugerencia de un mercado diferenciado por género para los servicios profesionales fue propia de las estrategias de las mujeres de la época, eludiendo los argumentos masculinos de la usurpación. A pesar de ello, el comité de propósitos del Instituto recomendó que el consejo reiterara a Smith que «no se admitiría a las damas como miembros», y dos años después reiteró la negación a otra mujer que había sido aprendiz de contador público. El no ser miembro de una asociación de contable, no obstante, no inhabilitaba para ejercer la profesión. Todas las asociaciones de contables llevaban años intentando que el Parlamento aprobara una ley en la que obligara a colegiarse para poder facturar a todos los que la ejercieran. Este hecho fue denunciado repetidas veces por la sptw y por la wfl (Women’s Freedom League), ya que consideraban que cualquier ley en este sentido afectaría a la igualdad de derechos de la mujer, puesto que ninguna asociación contable admitía a mujeres. El interés de asociaciones como la icaew o la saa en formalizar la profesión chocaba siempre con la presión que sobre el Parlamento ejercían los grupos feministas. En 1909, desde el Parlamento, se le exigió por escrito a las organizaciones contables que «se debe hacer alguna provisión para las mujeres que ejercen la profesión». Esta postura implicaba que la aprobación de la ley conllevaba la aceptación de la inscripción de la mujer en las asociaciones contables. Aunque ambas organizaciones expresaron que los miembros de las instituciones se negarían, en ese mismo año ambas modificaron sus estatutos e incluyeron la posibilidad de admitir a mujeres en sus instituciones. Sin embargo, la saa comentó que la admisión de las mujeres solo tendría efecto si la ley era aprobada. Mientras que en las asambleas de la icaew diferentes voces se pronunciaron, una cosa era lo que dijeran los estatutos y otra distinta iba a ser su aplicación. No obstante, al final el proyecto de ley no fue aprobado. Quedaba, pues, en el aire si la igualdad de derechos de las mujeres se mantendría. En los años sucesivos esta duda se disipó y se puso de manifiesto la oposición a la entrada de la mujer. Se desarrolló incluso la idea de crear una institución solo para mujeres contables, siendo rápidamente rechazada por el pequeño número de mujeres que ejercían la profesión (cinco en Londres) y, sobre todo, por la falta de control que se ejercería sobre ellas. La icaew y saa consideraban que bajo ningún concepto estarían dispuestos a considerarlas como contadores profesionales (Kirkham y Loft, 1993). Mary Harris Smith no estuvo sola en su lucha. Ella fue miembro de muchas asociaciones feministas y se apoyó en ellas para batallar por sus reivindicaciones. Asimismo, fue auditora y asesora contable de las más importantes organizaciones feministas del momento. Obviamente, esta militancia fue vista por los contables masculinos como una amenaza, siendo percibida como una mujer peligrosa que representaba la intrusión de la «Nueva Mujer» en sus dominios y un desafío al patriarcado. No obstante, también tuvo el apoyo de muchos colegas contables que lucharon dentro de las asociaciones para conseguir, al final, la admisión de las mujeres a igualdad de derechos con los hombres. En 1916, el consejo de la saa aprobó la resolución de admitir la inscripción de la mujer en su asociación y en 1920 el icaew inscribió a Mary Harris Smith en el Instituto con todos los honores, cuando tenía 75 años.

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3. Ethel Ayres Purdie (1874-1923): Contable y sufragista En mayo de 1909, Ethel Ayres Purdie se convirtió en miembro de la Asociación de Contadores de Londres (laa) y se aseguró un lugar en la historia como la primera mujer admitida en una organización contable en Gran Bretaña. Desde entonces, el nombre de Ayres Purdie se ha convertido en un activo patrimonial. Tiene un lugar destacado en las celebraciones de la asociación, se utiliza para denominar los premios al rendimiento del estudiante, o se introduce su vida en el temario de acceso para ilustrar el espíritu innovador y la naturaleza progresista de la institución (Walker, 2011a). Ethel Matilde Ayres nació en Londres y trabajó de joven en el Departamento de Telégrafos, que se había convertido en «el primero y el más grande de los departamentos del gobierno en emplear mujeres» (Holloway, 2005). Asimismo, a finales del siglo xix, este establecimiento fue un lugar reivindicativo de los derechos de las mujeres trabajadoras, y se sabe que Ayres Purdie, con la edad de 19 años, estuvo implicada en todas las revueltas (Walker, 2011b). Pocos años después, Ethel M. Ayres se vio obligada a «retirarse» del departamento de telégrafos, ya que el 16 de junio de 1897 se casó con Frank Sidney Purdie. En los primeros años del siglo xx, Ethel Ayres Purdie desafió las convenciones al seguir una carrera como contable y al mismo tiempo ser esposa y madre. De hecho, tuvo una distinción principal en el examen contable de la Cámara de Comercio de Londres. Entre 1907 o 1908, Ethel Ayres Purdie comenzó a ejercer la profesión contable. En esta época, intentó ingresar en alguna de las dos principales organizaciones profesionales –icaew y saa– pero fue rechazada en ambas por ser mujer. Entonces pidió su ingreso en la recién creada laa y, tras un rechazo inicial, la presión de algunos componentes liberales consiguió que en 1909 fuera la primera mujer miembro de una asociación de contables en Inglaterra y Gales. Paralelamente, se implicó como militante en los movimientos sufragistas y públicamente se declaró miembro de la wfl. Asimismo, se centró en asesorar a mujeres y organizaciones feministas que buscaban proteger sus intereses y promover sus causas, teniendo como principal actividad proteger los intereses de las mujeres en las declaraciones de impuestos. Después de la Primera Guerra Mundial, Ayres Purdie continuó promocionando sus servicios como asesora y se publicitaba abiertamente como «Agencia de Contribuyentes Mujeres». Pero además, en 1920 se convirtió en auditora de la Asociación de Mujeres oficinistas y secretarias (Association of Women Clerks and Secretaries), del Fondo Nacional para Enfermeras (National Fund for Nurses) y de varias clínicas y escuelas de madres. Paralelamente, asesoró y auditó a las más importantes organizaciones feministas del momento: Women’s Social and Political Union (wspu), la Women’s Freedom League (wfl), Women’s Tax Resistance League (wtrl), no solo en el papel de auditora sino también, por su especialidad en impuesto de la mujer, como asesora de las militantes y de la International Woman Suffrage Alliance (iwsa). Otra faceta importante de la carrera de Ethel Ayres Purdie como practicante crítica fue luchar contra la élite institucionalizada de la profesión contable. Ante el planteamiento de las organizaciones más conservadoras de contables (icaew y saa) de admitir a la mujer para conseguir que el congreso aprobara la obligatoriedad de la

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firma de los contables, Purdie manifestó la hipocresía de estas instituciones, «que estaban dispuestas a tolerar a las mujeres al precio de asegurar la aquiescencia del Gobierno para la legislación de registros que crearían un monopolio legal» (Certified Accountants’ Journal, julio de 1909, citado en Walker, 2011b). En los últimos años de su vida, Purdie dio varias conferencias sobre la mujer y la contabilidad o la última, en febrero 1923, titulada «Si yo fuera Ministro de Hacienda». Unas semanas después de este compromiso, se suicidó. Su marido indicó que su esposa había estado sufriendo de nerviosismo e insomnio en los últimos tiempos. La revista de la laa no hizo prácticamente referencia al suceso, mientras que, por el contrario, las revistas feministas sí que escribieron artículos en su memoria, resaltando el «carácter luchador, trabajador y pionero» y que la pérdida sería sentida por «todas las sufragistas y amigos de las mujeres». Ayres Purdie hizo campaña donde vio la desigualdad de género, y buscó la reforma de las políticas públicas. Su radicalismo se enfocó no solo a través de las organizaciones de mujeres sino también en su firma profesional. Las experiencias privadas de su clientela le proporcionaron un arsenal de conocimientos para promover el cambio de «procesos, prácticas y de la profesión». El estudio de su vida refleja cómo una mujer puede construir una carrera exitosa en una profesión y en un contexto de sociedad patriarcal. Confirma el importante papel desempeñado por las organizaciones de mujeres en el esfuerzo por asegurar la admisión de las mujeres a la profesión. Además, su historia revela la naturaleza mutuamente solidaria de esta conexión. Las organizaciones de mujeres eran clientes esenciales de las contadoras que, a su vez, desplegaron su experiencia de manera que contribuyeron al funcionamiento del movimiento feminista.

4. Christine Ross (1866-1940): La primera mujer que obtuvo el cpa Christine nació en Nueva Escocia, pero no existe un acuerdo en las fuentes sobre la fecha de nacimiento, ya que aparecen dos (1866 y 1873); no se conoce si tuvo una formación previa en contabilidad, pero sí que se examinó y aprobó el examen para poder ejercer como contable, cpa, en el estado de Nueva York en el año 1899, aunque su certificado no estuvo exento de polémica. En 1896 el estado de Nueva York había promulgado la regulación pertinente para poder acceder a la profesión contable, de manera que el primer examen para obtener el cpa se realizó en diciembre de 1896. En esta regulación no aparecía ninguna restricción sobre el género de las personas que realizarían el examen. Christine se examina en junio de 1898 y obtiene la segunda mejor nota de su grupo. El que una mujer consiguiera aprobar el examen supuso un importante problema en la junta directiva de los contables de Nueva York, y que le estuvo denegando a Christine el certificado durante 18 meses, únicamente por ser mujer. Al final, el 21 de diciembre de 1899, Ross obtuvo el certificado n.º 143, como se recoge en los archivos de la aicpa. La junta directiva de los contables de Nueva York señaló que lo que había pasado con Christine Ross había sido uno de los muchos escollos no previstos en la normativa aprobada para la obtención del cpa en el estado de Nueva York.

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Ya con su certificado, Christine comenzó a trabajar como contable durante varios años en Manning’s Yacht Agency en Nueva York. Entre sus clientes se encontraban organizaciones de mujeres, asuntos relacionados con la salud de las mujeres y empresas de moda (Previts, 2007). En abril de 1902, Christine publica un artículo en The Business World, en el que señalaba: «Yo creo que las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres de ganarse la vida independientemente en cualquier profesión que quiera elegir» (Ried et al., 1987). Christine se casó en 1903 con el periodista Wesley Barker, con el que tuvo una hija. Christine, además de ser la primera mujer contable certificada, fue una activa militante sufragista, tanto en ee. uu. como en Canadá. Perteneció a la Women’s Henry George League (whgl) de Manhattan, en la que llegó a ser presidenta en 1905 y propuso una reforma fiscal. Asimismo, participó en la Progressive Women’s Suffrage Union’s Paradeon Wall Street, en Manhattan, en 1908, siendo parte de su comité organizativo. Con su marcha a Toronto no olvida las causas sufragistas y forma parte de la Canadian Woman Suffrage Association. Durante la Primera Guerra Mundial, rompió con el club de mujeres de negocios de Canadá, porque estaban a favor de la guerra, pero, a cambio, apoyó la reunión de mujeres de La Haya y formó parte de la Women’s International League for Peace and Freedoom (wilpf) y hasta el final de su vida, en 1940, luchó por estos ideales.

5. Jennie Palen (1891-1990): Única mujer incluida entre los 18 contables notables en The Academy of Accounting Historians (1989) Jennie Palen nació el 2 de diciembre de 1891 en Samsinville, Nueva York. Mientras trabaja en Hasking & Sells, firma precursora de Deloitte and Touch, se gradúa cum laude en un bcs (Bachelor of Commerce and Science), grado en contabilidad, por la New York University. En 1919, no era usual que las mujeres fuesen contratadas como contables o auditoras, sino como secretarias. Como ilustración podemos citar un editorial de diciembre de 1923 del Journal of Accountancy, en el que literalmente se señalaba que la mujeres no eran buscadas como profesionales de la contabilidad y la auditoría, no porque no pudieran realizar bien este trabajo, sino porque a los socios responsables de las firmas más importantes les causaba problemas contratar mujeres, citando cuestiones sobre los viajes, pasar días fuera de casa, y posibles objeciones de los clientes. En consecuencia, la mayoría de las mujeres cpa, se vieron obligadas a unirse a pequeñas firmas o a trabajar por cuenta propia. En esa época –y aún perdura en muchas profesiones–, existía una importante estratificación por género, ya que no contrataban a las personas por su capacidad, su conocimiento y formación, sino por «roles» de género, raza, clase social, despreciando de esta manera mucho talento (Lehman, 1992: 279). La profesión contable no era ninguna excepción. Durante la Gran Guerra, con muchos varones en el frente, y aun mientras estudiaba, Palen ejerció como contable y auditora en Hasking & Sells, pero cuando la guerra

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finaliza, se le ofrece un puesto de menor nivel como revisora de informes, departamento en el que permaneció a lo largo de su carrera en la empresa. Este puesto es más de oficina y, como la propia Palen señala, más apropiado para la mujeres. En 1923, Jennie obtiene el certificado n.º 1322 como cpa, e ingresa, en diciembre de ese mismo año, en la New York State Society of Certified Public Accountant, en la que permanece más de cincuenta años (Spruill y Wootton, 1995: 381). Desde 1896 a 1923 este certificado solo lo habían obtenido nueve mujeres en el estado de Nueva York. Durante cincuenta años fue miembro de esta sociedad, siendo ponente en muchas de sus reuniones. En 1935, se convierte en la primera mujer de EE. UU. en ser directora de una firma de contabilidad perteneciente a las grandes compañías, en esos momentos Bigs 8; más tarde dirige el departamento de informes de la firma, pero nunca puede llegar a ser socia, le faltan horas como auditora, ya que había sido relegada a trabajo de despacho. En 1949, Jennie dejó la firma Haskins & Sells después de treinta años en ella, incluidos catorce como directora. Después de dejar Hasking & Sells, Jennie ejerció la contabilidad en la ciudad de Nueva York, como profesional libre. Jennie Palen tuvo una importante actividad dentro de las asociaciones de contables en Estados Unidos. En 1936 se unió a la aia (American Institute of Accountants), en la actualidad aicpa. La verdadera labor de asociacionismo la ejerció Palen en la awscpa1 (American Women’s Society of Certified Public Accountants), asociación de la que forman parte las mujeres con el cpa y que edita la revista Woman cpa. Ambas asociaciones han trabajado siempre con mucha cooperación y sintonía. Palen fue miembro de la awscpa más de cincuenta años, ocupando los puestos de presidenta y vicepresidenta. En sus periodos de mandato, se marcaron como objetivos el incremento de la participación de las mujeres tanto en la awscpa como en la aia y la cooperación entre ambas asociaciones; igualmente se preocupó de defender los derechos de las mujeres y se opuso a cualquier ley que supusiera alguna desigualdad. En 1957, Jennnie ejerció durante cinco años como profesora de contabilidad en el Baruch College. Durante ese tiempo, fue miembro del consejo de la revista Accounting Forum, publicación que fue líder en artículos relacionados con el género; de hecho la propia Jennie publicó para el vigésimo aniversario de la revista Women in Accountancy: 1933-1953. La fructífera obra de Palen se puede dividir en tres clases: artículos de contabilidad técnicos, artículos relacionados con las mujeres contables y poesía. Los artículos técnicos publicados por Palen comenzaron en 1923, cuando queda segunda en el concurso de ensayos nacional de Haskins & Sells sobre el tema: «¿Cómo podemos mejorar la calidad de nuestro servicio a los clientes?». Siguiendo con este tópico, publica diversos trabajos en revistas profesionales como The Woman cpa, o The accountants’ Digest. Para Jennie, la contabilidad iba más allá de los núme-

Dado que en muchos estados no había mujeres que estuvieran en posesión del cpa, se crea en 1938 la American Society of Women Accounting (aswa), que aglutina a las mujeres que ejercían la profesión sin estar certificadas (Previts et al., 2007). 1

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ros y los cálculos, los informes escritos merecían la misma atención que los aspectos cuantitativos. Durante el periodo comprendido entre 1963 y 1966, Jennie fue editora senior para publicaciones de contabilidad en la editorial Prentice-Hall y una de sus principales responsabilidades fue la de supervisar la redacción de la enciclopedia de dos volúmenes sobre técnicas y procedimientos de auditoría. Jennie Palen escribió más de treinta artículos relacionados con la contabilidad, aunque no se conozca la totalidad de su obra, ya que también escribió artículos que fueron firmados por otras personas (hombres). En este sentido, y tal como recoge Nolan en 1971, en una entrevista que le realizó para la Journal of Accountancy, Jennie manifestó: «resulta extraño ver cómo cada palabra y cada coma escrita por una, aparezca bajo el nombre de otra persona» (The cpa Journal, diciembre de 2009, citado en Flesher et al., 2009). Otro conjunto de trabajos publicados por Jennie son los que hacen referencia a la profesión contable en general y a la profesión contable ejercida por mujeres en particular, interesándose en la historia de las mujeres contables. En este sentido, podemos destacar el trabajado publicado en 1947 en el número especial del 50 aniversario de la New York Society of Certified Public Accountant, titulado «A History of Women in Public Accounting», un artículo en el que Palen describió los eventos importantes que contribuyeron al ingreso de las mujeres a la profesión contable. Posteriormente, en 1951, escribe un libro sobre este mismo tema que fue publicado por la awscpa y en que trata sobre la situación y las posiciones en las firmas que tenían las mujeres contables, señalando en este trabajo que, aunque la profesión es muy masculinizada, cada vez había más mujeres con certificados cpa, fundamentalmente en las pequeñas y medianas firmas. En 1953 publica en Accounting Forum «Women in Accountancy: 1933-1953», sobre la misma temática. En este trabajo, Palen habla de sí misma y de cómo consiguió estar a la cabeza de una de las principales firmas, pero también de otras mujeres que, aunque con formación y aptitud excelente, no pudieron o, mejor dicho, no se les dio la posibilidad de conseguir su mismo estatus. En ambos artículos, el de 1951 y el de 1953, Jennie se muestra bastante optimista sobre la evolución de las mujeres en la profesión contable (Spruill y Wootton, 1995). Como editora de Woman cpa, Palen se esforzó por abrir la profesión a las mujeres. Pero advirtió: «No es un campo para el hombre perezoso o incompetente y menos aún para la mujer holgazana o incompetente. Es una carrera difícil, llena de trabajo duro, pensamiento duro y grandes responsabilidades, y sus recompensas son solo para aquellos que disfrutan con el desafío». El último grupo de publicaciones fueron sus poemas. La historia de Jennie Palen es la de una pionera de la profesión contable, y con seguridad, con su buen hacer en la profesión, abrió camino a muchas otras. En 1918, cuando comenzó a trabajar para Haskins & Sells, pocas mujeres consiguieron la certificación como contable, ya que en esa época se consideraba una carrera inapropiada para las mujeres. Palen no solo eligió esta carrera, sino que también tuvo éxito en ella durante más de cincuenta años. Jennie Palen murió en 1990 con casi 100 años.

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6. Mary Addison Hamilton (1893-1969): La primera mujer en Australia en ser admitida en un cuerpo profesional de contabilidad

Mary Addison Hamilton (Addie) nació en 1893 en Fitzroy, Victoria. En 1899 pasó a vivir a uno de los suburbios más pobres de la capital de Australia occidental, Perth, y se convirtió desde muy joven en el apoyo económico familiar. No se han encontrado registros de la educación primaria de Addie, pero se sabe que estudió asignaturas comerciales en Scott’s Business College, terminando con el examen en la Cámara de Comercio de Fremanthe. Este examen estaba destinado a los jóvenes varones, pero no se negaba la posibilidad de presentarse a las chicas. En 1908, Addie Hamilton no solo se presentó con éxito al examen de la Cámara, sino que obtuvo el resultado más alto en contabilidad, por el que recibió una medalla de oro. Addie se convirtió no solo en la primera chica en ganar la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Fremantle, sino que fue la primera mujer en obtener un puesto fijo en el sector público de Australia occidental. Los registros de 1909 muestran el nombramiento de Addie como «empleado junior» y en 1912, año en que Addie completó con éxito el primero de los exámenes de la Corporación Australiana de Contables Públicos (acpa), su puesto se incluyó como «empleado», sin proporcionar detalles de sus obligaciones. En 1915 fue admitida en el Instituto de Contadores y Auditores de Australia Occidental (Instituto wa). Addie, a pesar de ser contable calificada, nunca fue empleada en el departamento de cuentas como secretaria o contable, permaneció en la posición de «empleada» en el departamento de educación durante toda su carrera hasta su jubilación en 1952. Sin embargo, su amor por los números y sus habilidades contables no fueron en vano, ya que hay constancia de que, desde 1918, Addie enseñó leyes y teneduría de libros en la Cámara de Comercio y era responsable de la evaluación de sus exámenes. Irónicamente, como señala Cooper (2008), si bien la mujer no se consideraba merecedora de las mismas oportunidades que el hombre, ya que no podían intelectual ni físicamente realizar actividades contables, se consideró a Addie competente para enseñar y evaluar a los futuros contadores. Addie también dedicó años de servicios gratuitos a organizaciones benéficas y sin fines de lucro, asumiendo un rol activo pero subsidiario en la lucha de los derechos de la mujer hacia la igualdad, tanto en el ámbito doméstico como comercial. Estaba afiliada con la Royal Life Saving Society, encargándose de su gestión financiera; fue miembro activo y auditora honoraria de la Women Service Guilds de Australia occidental, de la Asociación de la Mujeres del Pacífico y Sudeste de Asia, de la Liga de Mujeres Católicas de Australia Occidental y del Consejo Nacional de la Mujer Australiana; todas asociaciones dedicadas al servicio a la sociedad, que, además, estaban directa o indirectamente involucradas en pro de la igualdad de la mujer. Cuando Addie fue admitida en el Instituto wa, el periódico The West Australian (1908) publicó la noticia: «La señorita Hamilton ha sido la primera mujer en Australia en ser admitida a un cuerpo profesional de contabilidad». Tres años más tarde, la revista The Accountant la reconoció como la primera mujer en el Imperio británico admitida por examen a un cuerpo contable oficial. A su muerte, en marzo de 1969,

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concha álvarez-dardet y otras

The West Australian se refirió a ella como «la primera mujer en la Commonwealth británica calificada como contador público». Sin embargo, aquí se terminan sus reconocimientos. Addie no se menciona en los registros de la historia de la profesión contable australiana (Cooper, 2008). La explicación parece encontrarse en que Addie fue admitida en el Instituto wa antes de su fusión con el Instituto de Contabilidad de la Commonwealth, en 1923. Este no fue un caso de discriminación activa contra Addie u otras mujeres cuya contribución al desarrollo de la profesión contable en Australia no ha sido objeto de mención. Más bien como señala Walby (1988), la teoría del feminismo en el desarrollo de las ciencias sociales ha ignorado o trivializado efectivamente la posición social y las experiencias de mujeres. O, como señalan Kirkham y Loft (2001), no es que los historiadores no consideraran a las mujeres importantes, sino que no se encontró esa evidencia en los registros investigados. La discriminación, en este sentido, es pasiva, los historiadores restringieron su investigación a los registros del momento, sin acudir a periódicos, publicaciones de los primeros cuerpos profesionales u otras fuentes. Curiosamente, los cuarenta años de servicios de Addie en su puesto de trabajo significaron poco para cambiar la opinión que se tenía sobre la mujer en aquella época. Hay constancia en los registros de personal de la década de 1930 de que el puesto de Addie no debía ser ocupado por una mujer: «Cuando esta posición quede vacante, será reclasificada y ocupada por un hombre». Sin embargo, en el momento de su jubilación, Addie era el segundo oficial, lo que mostraba que sus habilidades y capacidades no estaban en duda, pero parece que se consideraba el género como la característica principal para progresar profesionalmente en lugar de las cualificaciones o habilidades (Cooper, 2008). La historia laboral de Addie es consistente con la visión de Kirkham y Loft (1993); ella puede haber sido la primera mujer admitida en el Instituto wa, pero esto no supone el progreso en su carrera laboral. Addie ocupó el papel de empleada (clerk) en lugar de contable (accountant) a lo largo de toda su vida. La aceptación aparente de Addie a esta discriminación en su lugar de trabajo la consideraba como su destino en la vida (Emery et al., 2002). Addie, al igual que otras mujeres en Nueva Zelanda y en otros lugares, simplemente «nació demasiado pronto» para alcanzar el estatus y el reconocimiento que ella merecía.

7. Conclusiones El incremento de la industrialización en países como el Reino Unido, Estados Unidos o Canadá implicó, a finales del siglo xix, una importante proliferación de empresas. Con el incremento de las empresas, aumenta la necesidad de profesionales de contabilidad y auditoría. Este incremento de profesionales propulsó la creación de asociaciones como el icaew, la aia o la acpa, las cuales pronto regularon al acceso a la profesión. Las asociaciones contables, como se ha puesto de manifiesto en las historias de las mujeres estudiadas, se opusieron a admitirlas como colegas, lo que supuso la lucha de estas pioneras para poder conseguir ejercer la profesión que habían elegido. El estudio de la vida de estas cinco mujeres permite conocer las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar y cómo consiguieron, sin embargo, romper las barreras

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de entrada. A pesar de hablar de diferentes países, no obstante, se repiten situaciones similares que caracterizan este periodo de lucha. Así, en primer lugar, todas ellas viven en una sociedad patriarcal dominante donde, por ejemplo, la mujer casada no puede ejercer (Ethel Purdie tiene que dejar su trabajo cuando se casa). Asimismo, a pesar de que las dos guerras mundiales supusieron que las mujeres ejercieran profesiones que estaban reservadas a los hombres, como era el caso de la contabilidad y la auditoría; sin embargo, al finalizar la Primera Guerra Mundial, algunas son despedidas de las grandes firmas y otras, como el caso de Palen, son relegadas a tareas que no supusiesen problemas relacionados con viajes, pasar días fuera de casa o posibles objeciones con los clientes. Para evitar estas situaciones, muchas mujeres con cpa se vieron obligadas a trabajar por cuenta propia o en pequeñas firmas. En segundo lugar, todas encuentran una oposición, más o menos explícita, de las asociaciones contables a querer admitir a la mujer como miembro de pleno derecho. Así, Mary Harris Smith tardó más de treinta años en conseguir entrar en la icaew, Christine Ross se enfrentó a la junta directiva de la asociación de contables neoyorquinos, que estuvo 18 meses intentando buscar algún «artilugio» legal para que las mujeres no pudiesen obtener el cpa; afortunadamente, esto no fue posible y obtuvo su certificado. Pero, en general, todas recibieron respuestas negativas o retrasos y reticencias para poder asociarse. En tercer lugar, todas se encuentran comprometidas, en mayor o menor grado, con las causas de las mujeres. Los movimientos sufragistas concienciaron a muchas mujeres de que su papel no se debía desarrollar únicamente en la esfera privada. Algunas mujeres contables fueron relevantes sufragistas, como Christine Ross, Mary Smith o Purdie; Jennie Palen estuvo muy involucrada con la mujer estadounidense desde dentro de la Sociedad de Contadores Públicos Certificados, en sus esfuerzos por reducir la discriminación dentro de la profesión (Spruill y Wootton, 1995); Ethel Purdie, por su parte, apoyó la lucha de las mujeres a través de sus trabajos sobre impuestos para la Women’s Freedom League (Kirkham y Loft, 1993). En cuarto lugar, todas, a la hora de ejercer, tienen cierta especialización en el asesoramiento a mujeres o asociaciones de mujeres. Esta conciencia feminista supuso que algunas profesionales de la contabilidad, como Ross y Purdie, centraran su trabajo en el asesoramiento a empresas de mujeres y a organizaciones feministas. Asimismo, Mary Addison Hamilton y Ethel Purdie actuaron como auditoras o tesoreras de varios organismos benéficos que buscaban promover las causas de las mujeres (Cooper, 2008). Por último, muchas sufrieron discriminación de género dentro de sus trabajos y, en ocasiones, ejercer la profesión liberal fue la única salida para progresar. Así, a Mary Addison Hamilton nunca se le reconoció su acreditación como contable. La historia de las mujeres contables no es diferente a la de otras profesiones; está llena de barreras, de rígidas estructuras y de discriminación. Igual que ocurre en otras profesiones, las mujeres se encuentran con la vicisitud entre el desarrollo de la profesión y la maternidad. Y, aun hoy en día, las mujeres que desarrollan su carrera profesional en la contabilidad se siguen encontrando con un importante techo de cristal a la hora de acceder a la cúpula de las empresas.

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EL GAP ENTRE COMPETENCIAS CONTABLES ADQUIRIDAS Y REQUERIDAS EN LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS M.ª P. Blasco Burriel Universidad de Zaragoza

A. Costa Toda

Universidad de Zaragoza

M. Labrador Barrafón Universidad de Zaragoza

1. Introducción En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (eees), el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la adquisición de las competencias por parte del estudiante, quien debe asumir un papel activo en el proceso, con el fin de «aprender a aprender». Los resultados del aprendizaje ponen de manifiesto qué se espera que un estudiante sea capaz de hacer y conocer una vez finalizado el correspondiente curso formativo. La Universidad tiene un compromiso con los estudiantes, debe prepararlos y formarlos para incorporarse al mercado laboral, mejorando su empleabilidad, pero también con los agentes de la sociedad, especialmente empresas e instituciones dispuestas a contratarlos. Por ello, es importante involucrar a los empleadores en el proceso de contrastación de los resultados del aprendizaje, tanto desde la perspectiva de las competencias que serían deseables para un graduado como desde la perspectiva del control de la adecuación entre las competencias definidas y las adquiridas (Sithole, 2015). De hecho, algunos trabajos previos alertan de la existencia de un gap entre las competencias adquiridas por los estudiantes y las necesarias en el mercado laboral (Association of Accountants and Financial Professional in Business, 2016). Todo ello constata que es importante evaluar el aprendizaje de los estudiantes desde la perspectiva de los empleadores, pero también desde la autoevaluación de los propios estudiantes. Por ello, y con dicho objetivo, hemos realizado este trabajo dirigido a analizar los resultados del aprendizaje en contabilidad de los graduados en Administración y Dirección de Empresas (en adelante ade) y graduados en Finanzas y Contabilidad (fico) de la Universidad de Zaragoza. Para cualquiera de estos graduados la contabilidad constituye un nicho muy importante de empleo futuro (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2015), tanto por cuenta ajena como desde el punto de vista emprendedor, por lo que queremos evaluar el resultado del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, con el objetivo principal de potenciar su empleabilidad en materias relacionadas con la contabilidad. El propósito es detectar las lagunas o carencias que persisten en

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las competencias adquiridas, con la intención de establecer los cambios convenientes en el modelo de aprendizaje utilizado. En concreto, consideramos que puede proponerse el diseño de actividades complementarias que permitan cubrir dichas carencias. Para llevar a cabo el estudio, hemos realizado una encuesta tanto a los estudiantes como a los empleadores para conocer su percepción sobre las competencias adquiridas en los grados y las competencias demandadas en el puesto de trabajo. El fin es poner de manifiesto los puntos fuertes y débiles de los programas impartidos para detectar posibles mejoras en la actividad docente de las asignaturas de contabilidad.

2. El gap de expectativas en la enseñanza universitaria de la contabilidad

Las materias de contabilidad están entre las más valoradas por los graduados en

ade para desarrollar un puesto de trabajo propio de la titulación, tal como se constata

en Arquero et al. (2009). Esta realidad no es exclusiva de nuestro entorno, sino que se comprueba en múltiples estudios llevados a cabo en distintos contextos económicos, sociales y culturales. Así por ejemplo, Lin et al. (2005) evidencian esta misma situación en China. Sobre un cuestionario de 40 ítems o materias que tradicionalmente se imparten en programas universitarios, estos autores muestran que tanto los estudiantes como los profesionales sitúan las enseñanzas en contabilidad financiera como las más relevantes, seguidas por finanzas, fiscalidad y contabilidad de gestión. Un ranking de importancias percibidas equivalente obtienen para Estados Unidos Albrecht y Sack (2000). Conscientes de la relevancia de la formación en contabilidad para los graduados en ade y por supuesto en fico, algunos trabajos previos han evidenciado la existencia de lagunas o carencias de formación contable de los graduados en ade, como por ejemplo el estudio llevado a cabo por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante (2010), en el que se destaca cómo los empleadores argumentan la escasa preparación de los graduados en las materias de contabilidad. De forma genérica, para referirse a estos desajustes o deficiencias entre las competencias adquiridas por los graduados y las que consideran necesarias los empleadores, la literatura utiliza la expresión «gap de expectativas». En algunos países estas cuestiones han generado un gran interés entre académicos, organismos profesionales contables y empleadores, reclamando la necesidad de reorientar la educación contable para corregir las deficiencias percibidas (Albrecht y Sack, 2000; Arquero et al., 2001; Behn et al., 2012). Bui y Porter (2010), basándose en una revisión previa de la literatura, sintetizan los posibles factores que explican los desajustes detectados entre las competencias esperadas y percibidas de los graduados que han recibido formación universitaria contable. En su trabajo los autores proponen un marco global e integrado que denominan «gap de expectativas-rendimiento de la educación contable» (gráfico 1), en el que identifican tres componentes o factores principales:

el gap entre competencias contables adquiridas y requeridas... 327

Gráfico 1. Gap de expectativas-rendimiento de la educación contable Competencias percibidas por los empleadores

Competencias razonablemente alcanzables según educadores

Competencias deseables para educadores

Competencias necesarias según empleadores

Gap de rendimiento

Gap derivado de restricciones

Gap de expectativas

Actuación de los educadores

Restricciones institucionales y actitudes/aptitudes alumnos

Desarrollar capacidades intelectuales versus dotarlos de una sólida base de conocimientos contables

Gap de expectativas-rendimiento

Fuente: Adaptado de Bui y Porter (2010).

–– Gap de expectativas, entendido como las diferencias entre las expectativas de los empleadores y los educadores en contabilidad sobre las competencias que un graduado en contabilidad debería poseer. Los educadores creen que el principal papel de la educación universitaria es desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes, mientras que los empleadores esperan que los graduados posean una sólida base de conocimientos en contabilidad. –– Gap derivado de restricciones por factores institucionales (insuficiencia de recursos y escaso reconocimiento de la excelencia en la docencia en la promoción de los profesores) y otros como criterios poco exigentes de acceso a la Universidad, gran tamaño de los grupos de clase o aptitudes e interés poco satisfactorios de los alumnos. Todo ellos, entienden, limitan los resultados que pueden alcanzarse en la educación universitaria de la contabilidad e impiden que los graduados consigan desarrollar las competencias a los niveles que serían deseables para los educadores. –– Gap de rendimiento, derivado de la actuación de los profesores. Este caso se refiere al mayor o menor éxito que el educador puede conseguir con su labor docente, haciendo el mejor uso posible de todos los factores y recursos que es capaz de controlar, para conseguir mejorar el interés y la motivación de los alumnos y, en consecuencia, una mejor consecución de las competencias que son su objetivo docente. El conocimiento de la estructura completa del gap permite, en opinión de los autores, concentrar esfuerzos en sus principales causas para tratar de estrecharlo. En este sentido, el gap de expectativas entre académicos y empleadores se produce como consecuencia de una inadecuada comunicación entre estos que podría reducirse si se fomenta una mayor interacción entre ambos colectivos. El gap derivado de las restricciones institucionales solo podría reducirse si se eliminan o alivian dichas restricciones, pero esto está fuera del control de los propios educadores y, en nuestra opinión, exigiría la puesta en común e interacción entre todas las universidades para instar desde los organismos y colectivos que las representan alguna medida de corrección.

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m.ª p. blasco burriel, a. costa toda y m. labrador barrafón

No obstante, la corrección del gap de desempeño sí depende de las propias iniciativas de los profesores de contabilidad y nuestro trabajo constituye una propuesta de actuación en esta línea. En un contexto socioeconómico lleno de restricciones, que podemos considerar plenamente coincidente con el que describen Bui y Porter (2010) para la Universidad de Nueva Zelanda, nuestra intención es tratar de identificar aquellos aspectos o ítems en los que empleadores y estudiantes consideran que existen deficiencias formativas en el área de la contabilidad dentro de los grados de ade y fico impartidos en la Universidad de Zaragoza y proponer acciones docentes correctoras que permitan mejorar esa situación. De la revisión de los múltiples estudios que han tratado de diagnosticar el gap de expectativas, observamos que la mayoría de ellos evalúa y contrasta la opinión de empleadores y/o académicos y/o estudiantes en relación con las competencias transversales o genéricas que demuestran tener los graduados frente a las que serían deseables para estos. En esta línea pueden situarse trabajos como los de Arquero et al. (2001), Hassall et al. (2003), Wells et al. (2009), Crawford et al. (2011), Behn et al. (2012), Freire et al. (2013), Alba et al. (2015), Siriwardane et al. (2015), Sithole (2015), Webb y Chaffer (2016) y Howcroft (2017), que demandan la conveniencia de controlar y adecuar las competencias y destrezas de los estudiantes a las requeridas por el mercado laboral. Sin embargo, hasta la fecha todavía son incipientes los estudios que se han ocupado de analizar la opinión sobre las competencias específicas en contabilidad adquiridas por los graduados en ade o fico y cuáles deberían mejorarse para fomentar la empleabilidad de estos egresados. Entre los que adoptan este enfoque, puede resaltarse el trabajo de Cano et al. (2015), los cuales realizan una encuesta a empleadores y constatan que, en opinión de éstos, los estudiantes no poseen una formación elevada en prácticamente ninguna de las materias curriculares, e incluso en algunas el conocimiento es escaso. Sin embargo, en general puede considerarse que tienen un conocimiento «suficiente». Además, los empresarios consideran que los alumnos demuestran un mayor nivel en las competencias transversales, consideradas de gran importancia, que en los conocimientos de materias curriculares. También Arquero et al. (2009) prestan una atención especial a los contenidos en contabilidad que los graduados en ade consideran necesarios para desempeñar con éxito puestos de trabajo afines a esa titulación (evaluando nivel de conocimientos adquiridos e importancia para su desarrollo profesional). Estos autores detectan que las subáreas que se consideran de mayor importancia son: conceptos básicos de contabilidad, normativa contable y elaboración de cuentas anuales y análisis contable, y los encuestados opinan que se encuentran cubiertas en la titulación a un nivel aceptable. Nuestro estudio pretende profundizar en este enfoque de evaluación de competencias específicamente contables, sin abandonar las genéricas consideradas relevantes en toda la literatura. Tras situar nuestra investigación en su contexto, en los apartados siguientes describimos la metodología aplicada al estudio, sintetizamos los principales resultados obtenidos de él y terminamos subrayando las principales contribuciones y limitaciones del trabajo.

el gap entre competencias contables adquiridas y requeridas... 329

3. Objetivos y metodología de la investigación El objetivo principal de este estudio es indagar en los resultados del proceso de aprendizaje del estudiante de ade y fico, tanto desde su perspectiva como de la de los empleadores. Los objetivos específicos del trabajo son: –– Conocer la opinión de los estudiantes de los grados de ade y fico sobre las competencias específicas de contabilidad que han sido adquiridas al cursar su titulación, y en qué medida estiman que estas son demandadas cuando se incorporan a realizar prácticas relacionadas con contabilidad y finanzas, evaluando el gap percibido por este colectivo entre unas y otras. –– Conocer la opinión de los empleadores sobre las competencias específicas de contabilidad que los graduados de ade y fico evidencian haber adquirido al cursar su titulación, y sobre las que consideran necesarias para un óptimo desarrollo profesional, para poder valorar el gap detectado por los estos al recibir alumnos en prácticas. –– Contrastar la opinión de estudiantes y empleadores sobre las competencias específicas de contabilidad adquiridas por los estudiantes y demandadas por la profesión para un graduado en ade y fico. Para la consecución de los objetivos planteados en el trabajo, y tras revisar la bibliografía más relevante sobre el tema, se elaboró un cuestionario que, antes de su envío, fue testeado entre una pequeña muestra de empresas y alumnos que habían participado en prácticas de los grados fico y/o ade, incorporando las sugerencias recibidas. A través del cuestionario hemos pretendido valorar en qué medida la formación recibida por los alumnos de estos grados en temas relacionados con la contabilidad se ajustaba o no a las competencias requeridas en las prácticas realizadas en las empresas dentro de esta área. Para ello, el cuestionario se ha distribuido tanto entre el colectivo de alumnos de ade y fico que han realizado prácticas en sus últimos cursos del grado, y cuyas tareas encomendadas han estado relacionadas con el área contable, como entre las empresas que han acogido a esos alumnos para la realización de dichas prácticas. Con ello hemos pretendido captar la visión de los egresados y de los empleadores, para contrastar el ajuste o no entre la opinión de unos y otros, así como el gap o posible desfase que cada uno de esos colectivos detecta entre la formación adquirida en la universidad y la que es requerida o deseable para el desarrollo de las prácticas. El diseño de la encuesta y obtención de la muestra se llevó a cabo a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2017. Al diseñar el cuestionario nos inclinamos por utilizar una escala tipo Likert de 7 puntos, desde «Nada a Sumamente adquirida/necesaria». Para su difusión diseñamos un formulario pdf de Adobe que podía autocompletarse y enviarse de forma automática y que se remitió electrónicamente a través de correo electrónico a toda la muestra de forma personalizada. Para la selección de la muestra contamos con la colaboración de Universa que es el servicio de orientación y empleo de la Universidad de Zaragoza. Concretamente desde ese servicio nos facilitaron los correos electrónicos de los alumnos de ade y

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fico que habían realizado prácticas en los últimos tres años así como los emails de

contacto y tutores de las empresas donde las habían realizado. La muestra original estaba compuesta de 355 alumnos y 195 empresas. El primer envío se llevó a cabo el 27 de abril de 2017 y se repitieron sendos mails recordatorios a lo largo del mes de mayo. Con todo ello el nivel de respuesta alcanzado ha sido del 15,21 % para los alumnos –54 encuestas recibidas de las que 38 eran estudiantes de ade y 16 de fico– y un 47,69 %1 en el caso de las empresas (93 cuestionarios completados, de los que más del 50 % corresponden a empresas con menos de 11 trabajadores, esto es, microempresas y solo un 10 % pueden calificarse como gran empresa). Para llevar a cabo el análisis estadístico hemos utilizado el paquete estadístico spss, y para una mejor interpretación de los resultados, siguiendo a Arquero et al. (2009) y Wells et al. (2009), utilizamos mapas estratégicos de calidad que nos permiten representar de forma conjunta dos variables (adquiridas/necesarias; estudiantes/ empleadores) y detectar necesidades de actuación para la mejora del aprendizaje de la contabilidad.

4. Análisis de resultados La tabla 1 resume los ítems que integraban nuestro cuestionario así como las valoraciones medias que ambos colectivos encuestados (alumnos y empleadores) otorgaron al nivel de aprendizaje alcanzado por los graduados (adquiridas) y la importancia que les atribuyen para el desarrollo de las prácticas (necesarias). Empezando por los alumnos, podemos observar que estos se sienten adecuadamente formados en sus respectivos grados en competencias transversales tales como capacidad de organización y planificación, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de análisis y síntesis (valoración media superior a 5), y un poco más inseguros respecto a su capacidad de adaptación a nuevas situaciones (4,42). No obstante, a la hora de incorporarse a sus prácticas opinan que requerirían poseer mayor capacidad de organización y planificación y nivel de adaptación a nuevas situaciones de las que han adquirido en el grado (valoración por encima de 6). Por lo que se refiere a las competencias específicas en contabilidad, los alumnos se sienten también adecuadamente formados –valoraciones medias superiores a 5 en todos los ítems– en la mayoría de los aspectos analizados (capacidad de comprender e interpretar la normativa contable, manejo de los mecanismos de cargo y abono, conocimientos respecto al proceso contable habitual de la empresa y de las operaciones de cierre, elementos de los estados financieros y el valor informativo de dichos estados, implicaciones contables de las operaciones, aplicación y análisis de

1 Esta tasa de respuesta, particularmente la relativa a empleadores, puede considerarse suficiente en relación con la conseguida en trabajos similares. Por ejemplo, Arquero et al. (2001) consiguen una tasa de respuesta del 22,5 % de los profesionales; Howcroft (2017) del 29,3 % de los profesores universitarios en contabilidad, y Jackling y De Lange (2009) un 27 % de graduados.

el gap entre competencias contables adquiridas y requeridas... 331

los ratios económicos y financieros, cálculo de costes y manejo de hojas de cálculo). Opinan además que esa formación se ajusta en gran medida a los requerimientos de los puestos desempeñados en sus prácticas, incluso en algunos aspectos concretos creen que su formación supera a lo requerido, por ejemplo en materia de cálculo de costes, análisis de estados, procesos de cierre o interpretación de normativa contable. Esto está quizás motivado porque al alumno en prácticas no se le encomiendan tareas que requieran de esos conocimientos avanzados de contabilidad. Sin embargo, los alumnos ponen de manifiesto una carencia de competencia en el reconocimiento e interpretación de documentos (facturas, nóminas, etc.) (valoración 3,31), y de forma todavía más acusada, en el manejo de software específico de contabilidad (puntuación media 1,84). Estos dos aspectos los consideran imprescindibles, otorgándoles una valoración media de su necesidad de 6,42. Tras estos dos aspectos, consideran también muy necesario en el desempeño en las prácticas el manejo de hojas de cálculo y los conocimientos respecto al proceso contable de las operaciones de la empresa. Los desajustes manifestados por los alumnos pueden entenderse, al menos parcialmente, por el hecho de que estos esperan que su formación les proporcione conocimientos y habilidades que sean inmediatamente aplicables a su futuro profesional (Bui y Porter, 2010). Tabla 1. Opiniones de los alumnos y empleadores. Valoraciones medias

Competencias y conocimientos 1. Capacidad de organización y planificación 2. Capacidad de trabajo en equipo 3. Capacidad de análisis y síntesis 4. Adaptación a nuevas situaciones 5. Capacidad para comprender e interpretar la normativa contable 6. Capacidad para manejar con fluidez los mecanismos de cargo y abono contable 7. Reconocimiento e interpretación de documentos 8. Conocimientos respecto al proceso contable de las operaciones de la empresa 9. Conocimientos respecto al proceso contable de las operaciones de cierre

Estudiantes Adquiridas Necesarias

Empleadores Adquiridas Necesarias

5,18

6,18

4,86

5,82

5,55

5,40

5,32

5,91

5,47

5,76

4,87

5,79

4,42

6,27

4,78

5,76

5,49

5,38

4,88

5,70

5,75

6,02

5,10

6,10

3,31

6,42

4,64

6,08

5,11

6,29

4,66

5,84

5,47

5,44

4,54

5,40

332

m.ª p. blasco burriel, a. costa toda y m. labrador barrafón

Competencias y conocimientos 10. Conocimientos respecto a los elementos de los estados financieros 11. Conocimientos relativos al valor informativo de los Estados Financieros 12. Identificación de las implicaciones contables de las operaciones en los resultados y el balance 13. Aplicación e interpretación de los principales ratios económicos y financieros 14. Identificación de los costes de producción 15. Conocimientos de auditoría 16. Manejo de hojas de cálculo 17. Manejo de programas de contabilidad

Estudiantes Adquiridas Necesarias

Empleadores Adquiridas Necesarias

6,02

5,98

4,95

5,62

5,60

5,16

4,60

5,25

5,47

5,20

4,60

5,29

5,95

4,36

4,52

4,63

5,00

4,49

4,29

4,76

4,02 5,11

4,07 6,37

3,80 5,33

4,10 6,23

1,84

6,42

4,04

5,60

El gráfico 1 resume estas opiniones de los alumnos.2 El mapa estratégico muestra cuatro cuadrantes, diferenciados por un eje central que marca los niveles mínimos de consecución e importancia de las distintas competencias.3 Cada ítem del cuestionario se sitúa en el mapa en función de los valores medios otorgados por los alumnos a su grado de adquisición y necesidad. Las prioridades de actuación se sitúan en aquellos cuadrantes que implican una valoración alta de la necesidad de las competencias, especialmente si su grado de adquisición es bajo. Cabe destacar que en nuestro cuestionario no hemos detectado ninguna competencia cuya necesidad se valore por debajo del mínimo, por lo que los cuadrantes inferiores no resultan relevantes. En el cuadrante superior izquierdo se sitúan aquellas competencias apreciadas como muy necesarias pero no suficientemente adquiridas en el grado: formación en el manejo de programas de contabilidad (ítem 17) y conocimientos sobre el reconocimiento e interpretación de documentos (facturas, nóminas, etc.) (ítem 7). Por tanto, en opinión de los estudiantes, los programas de ade y fico deberían reforzar estas dos competencias. El resto de cuestiones se sitúan en el cuadrante superior derecho que muestra una mejor conformidad, en opinión de los estudiantes, entre las competencias adquiridas y necesarias (marcada gráficamente por su proximidad al eje de 45

Los números que se reflejan en este gráfico 2 y en el resto de mapas estratégicos se corresponden con la numeración de los ítems de la tabla 1. 3 Dado que utilizamos una escala Likert de 1 a 7, los valores mínimos serían 3,5. 2

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grados del cuadrante). Los valores más bajos aparecen en el ítem 15, conocimientos de auditoría (conviene matizar que dicha materia no se imparte en el grado de ade en la Universidad de Zaragoza), pero la valoración en cuanto a competencias adquiridas coincide con las necesarias. Respecto a la adaptación a nuevas situaciones (ítem 4), los estudiantes opinan que sus competencias son inferiores a las necesarias. Por el contrario, consideran que están más preparados para interpretar ratios económicos de lo que les demanda el mercado (ítem 13), en nuestra opinión, motivado porque dichas tareas no suelen encomendarse a los estudiantes en prácticas.4 Gráfico 1. Opinión de los estudiantes: adquiridas versus necesarias

El manejo de software específico contable (ítem 17) y un buen desempeño en la utilización de hojas de cálculo (ítem 16) son, en opinión de los alumnos, las dos competencias más necesarias. Como veremos, esta posición se muestra coherente con la alta valoración que manifiestan los empleadores sobre dichas cuestiones y también está en línea con lo que establecen todos los estudios previos (Sithole, 2015). En el cuestionario se incluía una pregunta adicional de respuesta abierta para incluir otras competencias no contempladas en la encuesta. A este respecto, los alumnos apuntan como formación necesaria para su incorporación laboral, no desarrollada en el grado, la siguiente: conocimiento de la plataforma de la Agencia Tributaria y el Registro Mercantil, manejo de programas y otras bases de datos. La valoración media que los empleadores hacen de las competencias percibidas en los alumnos es de un 4,67 sobre 7. No obstante, como se observa en la tabla 1, los

4 Esta circunstancia puede explicar la disparidad de nuestros resultados con los de Arquero et al. (2009), quienes sitúan el análisis contable como una de las subáreas más importantes.

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empleadores reconocen y valoran por encima de 5 la formación que demuestran los alumnos en el manejo de hojas de cálculo y capacidad de trabajo en equipo. Según los profesionales, estas últimas son las capacidades mejor adquiridas por los estudiantes. No se evidencia en nuestro estudio que para la incorporación a las prácticas los empleadores otorguen más importancia a las competencias genéricas que a las específicamente contables, a diferencia de la abundante evidencia en sentido contrario obtenida en múltiples trabajos que se han ocupado de analizar los atributos más valorados por los empleadores a la hora de contratar un graduado. Así, por ejemplo, Jackling y De Lange (2009) y Hassall et al. (2005) muestran que los empleadores valoran más las competencias transversales (trabajo en equipo, liderazgo, etc.), mientras que presuponen dotados a los graduados de las competencias contables exigidas. No obstante, dado el perfil de nuestra muestra (el 90  % son pequeñas y medianas empresas) nuestros resultados sí se mostrarían coherentes con Bui y Porter (2010) al señalar que los conocimientos técnicos contables poseídos por los graduados son esenciales para las empresas pequeñas y medianas que no pueden permitirse un período de entrenamiento y formación previo en la firma. El mapa estratégico que muestra las opiniones de los empleadores respecto a las competencias percibidas en los estudiantes y las necesarias para realizar estas con éxito (gráfico 2) muestra una mayor adecuación, situándose en este caso todos los ítems en el cuadrante superior derecho. Gráfico 2. Opinión de los empleadores: adquiridas versus necesarias

Puede observarse que todos los ítems se sitúan sobre el eje de 45 grados pero próximos a él, es decir, los empleadores consideran que serían deseables niveles superiores a los percibidos en todos los ítems analizados pero el gap no es muy impor-

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tante en la mayoría de cuestiones. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en Montoro et al. (2012), Jackling y De Lange (2009) o Sithole (2015). Las deficiencias formativas más importante que detectan los empleadores, coincidiendo con la opinión de los alumnos, las encontramos en los ítems 17, manejo de programas de contabilidad, y 7, reconocimiento e interpretación de documentos, si bien no consideran que el gap sea tan importante como lo valoran los estudiantes. Entre las competencias relacionadas con contabilidad más necesarias para el desarrollo de prácticas, los empleadores sitúan el manejo de hojas de cálculo (ítem 16), manejar con fluidez los mecanismos de cargo y abono (6), reconocimiento e interpretación de documentos (7), capacidad de trabajo en equipo (2), conocimientos respecto al proceso contable de las operaciones de la empresa (8) y manejo de programas de contabilidad (17). Por el contrario, entre las menos valoradas, aunque también necesarias, sitúan las competencias relacionadas con identificación de costes, aplicación y análisis de ratios económicas y financieras y auditoría –valoración media 4,5–. Entre otros aspectos no contemplados en el cuestionario, los empleadores reclaman puntualmente formación en procedimientos en administraciones públicas, atención al cliente y proveedores y gestiones documentales e informativas en internet. Los gráficos 3 y 4 contrastan la opinión de empleadores y alumnos en cuanto a competencias adquiridas y necesarias, respectivamente. Con relación al nivel de formación alcanzado en el grado, el gráfico 4 muestra claramente que la percepción de los alumnos es más optimista que la de sus empleadores, excepto en los ítems 7 y 17 (reconocimiento e interpretación de documentos y manejo de programas de contabilidad), antes comentados, el ítem 4 (capacidad de adaptación a nuevas situaciones) y el 16 (manejo de hojas de cálculo), en los que los estudiantes tienen peor opinión sobre sus capacidades que los empleadores. Gráfico 3. Competencias adquiridas en el grado: empleadores versus estudiantes

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Los resultados también muestran que en muchos de los conocimientos propios de la materia de contabilidad adquiridos, los estudiantes muestran valoraciones superiores a las otorgadas por los empleadores, tal como: capacidad para comprender e interpretar la normativa contable; capacidad para manejar con fluidez los mecanismos de cargo y abono contable; conocimientos respecto al proceso contable de las operaciones de cierre (amortización, regularización de existencias, etc.), e identificación de las implicaciones contables de las operaciones en los resultados y el balance de la empresa. También la capacidad de análisis y síntesis adquirida por los estudiantes tiene mayor valoración en la autoevaluación que en la realizada por los empleadores. Si nos centramos en las opiniones que ambos colectivos manifiestan sobre la formación que sería deseable o necesaria sobre los ítems considerados, podemos observar en el gráfico 4 que todas las preguntas aparecen en el cuadrante superior derecho y, en general, muy próximas a la línea de 45 grados. Es decir, los dos colectivos encuestados muestran gran coincidencia en cuanto a la necesidad y al nivel de importancia de la mayoría de las competencias por las que hemos preguntado en el cuestionario. Tan solo algunos ítems, entre los que destaca de nuevo el manejo de programas de contabilidad (ítem 17), presentan pequeñas diferencias. Gráfico 4. Competencias necesarias: empleadores versus estudiantes

5. Conclusiones La orientación del proceso de aprendizaje de las universidades europeas a un modelo competencial ha supuesto cambios importantes. En el ámbito del aprendizaje de la contabilidad, el proceso se centra en la adquisición de competencias, plasmadas en actitudes, capacidades y habilidades adquiridas por el alumno durante su formación,

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que le permitirán adaptarse a un contexto profesional cambiante. Por ello, es importante conocer cuál es la percepción de los estudiantes y empleadores sobre este nuevo modelo basado en las competencias. Los resultados obtenidos a través de una encuesta realizada a ambos colectivos constatan que existen diferencias relevantes entre las percepciones de los estudiantes y los empleadores. Los estudiantes que han realizado prácticas en el área de contabilidad consideran que existe un gap entre las competencias que han adquirido y las que se les requieren para realizar el trabajo, particularmente en lo que se refiere a manejo de software específico de contabilidad y reconocimiento e interpretación de documentos. También estiman que sería necesario reforzar las competencias de adaptación a nuevas situaciones, manejo de hojas de cálculo y los conocimientos respecto al proceso contable de las operaciones de la empresa. No obstante, en algunos aspectos concretos (cálculo de costes, análisis de estados, procesos de cierre o interpretación de normativa contable) sienten que su formación supera lo requerido para el desempeño de las prácticas, aunque debemos tener en cuenta que a un alumno en prácticas no se le suelen encomendar tareas que requieran de conocimientos avanzados de contabilidad. En opinión de los empleadores el gap formativo no es tan amplio, aunque también detectan carencias importantes. Para estos las competencias genéricas adquiridas por los estudiantes guardan en la mayor parte de los casos relación con las requeridas, y no consideran que estas competencias genéricas sean más importantes que las específicas contables para el desempeño profesional. Por tanto, nuestros resultados están en la misma línea que los obtenidos por Bui y Porter (2010), quienes señalan que los conocimientos técnicos contables poseídos por los graduados son esenciales para las empresas pequeñas y medianas, que no pueden permitirse un período de entrenamiento y formación previo en la firma. Una cuestión relevante es la referida a la percepción sobre las capacidades necesarias para afrontar las tareas de la empresa. En este caso, el mapa estratégico muestra que apenas existe gap entre las opiniones de los estudiantes y de los empleadores respecto de la mayoría de las capacidades analizadas, tanto las genéricas como las específicas de contabilidad. Por tanto, podemos decir que existe coincidencia entre ambos colectivos respecto a la formación que debe ofrecer un grado universitario en materia contable, resultados que pueden aprovecharse en futuras actuaciones docentes a la hora de configurar guías y programas docentes. Parte de las deficiencias formativas detectadas por los estudiantes y empleadores entendemos que pueden encuadrarse dentro del gap de desempeño, tal y como lo definen Bui y Porter (2010), y por tanto estaría al alcance de los docentes corregirlas, reforzando principalmente las competencias de manejo de programas de contabilidad y el reconocimiento e interpretación de documentos, lo que como profesoras de contabilidad en esta institución instaremos a poner en práctica. Para finalizar debemos señalar que nuestro trabajo presenta algunas limitaciones, entre ellas el bajo porcentaje de respuestas obtenidas en el colectivo de estudiantes, el hecho de que el 90 % de los empleadores encuestados pertenezcan a pequeñas y medianas empresas o el ámbito al que se circunscribe nuestro estudio: la realización

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de prácticas en empresas. Estas últimas circunstancias entendemos, pueden haber influido en la poca importancia que tanto empleadores como estudiantes han otorgado a cuestiones tales como la interpretación de ratios económicos y financieros, cálculo de costes o auditoría de cuentas, dado que estas tareas no suelen encomendarse a estudiantes en prácticas y menos en una pequeña empresa.

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TECNOLOGÍA, CONTABILIDAD Y BLOCKCHAIN RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SIGLO XXI Juan Luis Gandía Cabedo Departament de Comptabilitat Universitat de València

1. Introducción La contabilidad, como sistema de información esencial para cualquier organización, está sometida a los cambios tecnológicos que inciden en los procedimientos de registro, documentación y difusión de la información económica. Con independencia de la evolución histórica de los métodos empleados y del alcance del marco conceptual en el que la contabilidad se ha desarrollado (véase, en este sentido, Hopwood, 1987), la realidad es que durante muchos siglos la evolución de la tecnología apenas afectó al sistema de información contable. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo xx, los sistemas contables de las organizaciones han evolucionado hacia la digitalización e informatización irreversible de todos sus procedimientos. En esta evolución también ha influido notablemente el crecimiento exponencial de internet durante este periodo y su impacto sobre la transparencia informativa de las organizaciones, permitiendo a los terceros disponer de un acceso universal a la información relevante y facilitando múltiples canales y plataformas para ampliar la audiencia potencial de usuarios y sus capacidades para entender la información financiera (o no financiera) revelada. En el umbral de la tercera década del siglo xxi, la propia evolución de la tecnología y el impacto que está produciendo sobre los modelos de negocio y la relación de las organizaciones y los individuos, está acelerando e introduciendo cambios profundos en los procedimientos de registro, documentación, acceso y difusión de la información financiera que definen un ecosistema contable que requiere un uso compartido de los recursos, un acceso universal a la información, elevados niveles de seguridad y aplicaciones que permitan generar conocimiento de forma automatizada para tomar decisiones. En este contexto, el objetivo de esta aportación es analizar el impacto que la tecnología ha tenido, y tendrá, en el sistema de información contable de las organizaciones y, en particular, los retos y oportunidades que puede ofrecer la blockchain.

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2. Evolución de la tecnología e impacto sobre los sistemas de información contable

Hasta la década de los sesenta del siglo pasado, con la introducción en las empresas de los mainframes digitales (ya que incorporaban por primera vez transistores en lugar de válvulas de vacío), en la inmensa mayoría de organizaciones el proceso de registro, gestión y divulgación de información contable era manual y utilizaba el papel como medio físico de soporte. Con la introducción paulatina del pc en la década de los ochenta del siglo pasado, la miniaturización de los componentes de los ordenadores también se acompañó de una reducción de sus precios, lo que impulsó y generalizó su uso en todo tipo de organizaciones y para diversos ámbitos (productivos, financieros, comerciales, gestión pública, etc.). Toda esta evolución del hardware fue consolidándose durante la década de los noventa, periodo en el que se impulsó el desarrollo del software aplicado al ámbito de los sistemas operativos, en particular con Windows 3.1 y su evolución a Windows 95 y 98, y también al de aplicaciones informáticas de uso empresarial, entre las que destacaron las destinadas a la gestión contable. La última década del siglo pasado extendió a todas las áreas de gestión empresarial los sistemas de información para la producción desarrollados en las dos décadas anteriores (Material Requirements Planning [mrp] y Manufacturing Resources Planning [mrp ii]), que se fundamentaban en aplicaciones que trabajaban en red y compartían bases de datos internas para mantener integrada la información. Esta evolución supuso el desarrollo de los Enterprise Resource Planning (erp), sistemas de información empresarial (véanse, entre otros, Jacobs y Weston, 2007; Escobar et al., 2014) cuya implantación ha supuesto un avance significativo en el proceso de registro, almacenamiento, explotación y gestión de datos que resultan fundamentales en el avance experimentado durante el siglo xxi por las herramientas de Business Intelligence (Elbashir et al., 2008), y cuyo uso se ha extendido incluso hasta empresas de reducida dimensión (Koh y Simpson, 2005; Pérez et al., 2010). Si hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado la mayor parte de sistemas de información contable estaba orientada a suministrar información para el ámbito interno del negocio, con la expansión y consolidación de la globalización económica y, en particular, con la globalización de los mercados de capitales iniciada a lo largo de la década de los noventa, se puso de manifiesto la necesidad de disponer de una información financiera de alcance global, tanto en lo referente a la comparabilidad internacional de los estados contables como al desarrollo de lenguajes y sistemas informáticos que facilitaran a los stakeholder el acceso universal a dicha información. En dicho contexto de globalización, y para conseguir el primero de los objetivos, en la década de los noventa resultó crucial el papel de las bolsas de valores en el avance del proceso de armonización contable internacional (véase en este sentido, Gandía, 1998); para el segundo de los objetivos, fue también fundamental la propuesta elaborada en 1998 para automatizar el intercambio de información financiera a través del eXtensible Business Reporting Language (xbrl).1 1 Se creó un consorcio internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de la información empresarial a nivel mundial, proporcionando un

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2.1 Situación actual y perspectivas futuras Esta evolución de los sistemas de información contable hasta finales del siglo pasado, se ha visto fuertemente condicionada, en especial con el inicio del siglo xxi, por una rápida, intensa y disruptiva evolución tecnológica que, a su vez, ha ido adaptándose y amplificando los requerimientos y necesidades de información empresarial. Desde el punto de vista de la tecnología, las primeras dos décadas de este siglo se han caracterizado por un par de condicionantes que están transformando y harán evolucionar en los próximos años los sistemas de registro, documentación, difusión y acceso a la información financiera.

2.1.1 El desarrollo y crecimiento de internet Desde sus inicios, Internet se ha caracterizado por su capacidad para introducir nuevos canales y formas de comunicación, que se han ido extendiendo de forma exponencial a toda la población mundial y que han afectado, entre otros sectores, a los económicos y empresariales, sociales, regulatorios, tecnológicos o a los educativos y culturales. En 2018 se estima2 que el 54 % de la población mundial (algo más de 4.000 millones de personas) es usuaria de internet, siendo casi 3.200 millones de personas (42 % de la población mundial) usuarios activos en redes sociales. De los datos, destaca el espectacular crecimiento y uso intensivo a partir de 2010 del acceso a Internet a través de los smartphones, cuya estimación3 para 2018 indica que el 49 % de la población mundial (3.722 millones de personas) accede a internet a través de sus teléfonos móviles. El incremento exponencial que está experimentando el acceso a internet va a acelerarse aún más en los próximos años, siendo lo relevante no ya el número de usuarios de la población mundial que acceden, sino el número de dispositivos que se conectan. Este cambio ya se ha iniciado y se vincula con la denominada Internet of Things (iot) que implica la interconexión digital a Internet de infinidad de objetos y dispositivos. El desarrollo de iot tiene implicaciones muy relevantes en aspectos como el consu-

estándar de intercambio de datos abiertos para informes financieros. En este momento existen 21 jurisdicciones en todo el mundo y existen multitud de taxonomías aplicables a distintos estados financieros (y no financieros), tanto de sociedades mercantiles como de administraciones públicas y entidades no lucrativas. En el caso de nuestro país, desde 2005 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (cnmv) incorporó el estándar xbrl para que las sociedades cotizadas le remitieran sus informes periódicos. Desde 2009 también se puede realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil en formato xbrl; según datos del propio registro, a finales de 2017 casi el 90 % de las cuentas depositadas lo hacían de acuerdo con la taxonomía del PGC-2007. Para obtener información actualizada sobre xbrl, puede visitarse la dirección electrónica del consorcio internacional y/o de la jurisdicción española: y . 2 Pueden consultarse estadísticas relativas a internet en la siguiente dirección: . 3 El estudio completo sobre la evolución en el uso de internet en el mundo puede consultarse en la siguiente dirección: .

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mo, la cadena de suministro, las finanzas, las infraestructuras, la salud, el transporte, la educación, el ocio, la seguridad o la privacidad, y supondrá cambios destacables en los modelos de negocio y en las relaciones económicas y sociales en las organizaciones, sean o no de índole empresarial (Lee y Lee, 2015). Si nos centramos en las posibilidades de acceso en red a la información, y como ya indicaba Gandía (2001), internet está permitiendo que se cumpla un sueño, el acceso de todos, a toda la información, en cualquier momento y en cualquier lugar. En este sentido, la introducción de xbrl, como lenguaje propio para el intercambio de información financiera en internet, ha permitido que paulatinamente se haya estandarizado la estructura de la información que las organizaciones han de facilitar a los stakeholders, facilitando con ello que estos puedan incorporarla a sus propios modelos de decisión, sin costes ni errores de transcripción, y mejorando la transparencia de los estados financieros (Hodge et al., 2004) y la eficiencia de los mercados (Cong et al., 2014). En la evolución de este lenguaje, la curva de aprendizaje asociada al uso de xbrl ha puesto de manifiesto la existencia de diversos problemas asociados con el uso masivo de datos bajo este estándar (Markelevich, 2017). De hecho, la propia necesidad de generar un entorno automatizado para el acceso, captura y gestión de la información financiera ha derivado en la necesidad de que los datos no solo estén disponibles para las personas, sino que también sean legibles directamente por aplicaciones informáticas. Para dar cobertura a esta necesidad, xbrl ha evolucionado hacia el estándar abierto ixbrl4 (también denominado Inlinexbrl) que permite, en primer lugar, que un único documento proporcione datos estructurados según las especificaciones que requieren los organismos reguladores y los analistas financieros y, en segundo lugar, que quienes formulan los estados financieros puedan conservar el control total sobre el diseño y la presentación de sus informes, a la vez que la información sea accesible tanto para usuarios «humanos» como «máquinas». ixbrl, a partir del estándar html (el más extendido para el diseño de páginas web que han de ser consultadas por personas), incorpora «etiquetas» adicionales que le dan significado al contenido de los estados financieros para su comprensión directa por aplicaciones informáticas, incorporándose finalmente la información a las webs mediante el estándar xhtml. Para el avance en el uso de este estándar, resultará esencial la reciente publicación por la European Securities and Markets Authority (esma) del documento final de las Regulatory Technical Standards (rts). Este documento,5 publicado en diciembre de 2017, asume que a partir de 2020 todas las sociedades cotizadas europeas deberán utilizar un único formato electrónico, el European Single Electronic Format (esef), basado en ixbrl y xhtml, para que facilite que los estados financieros sean más accesibles y más fácilmente comparables para los inversores en toda la Unión Europea (ue), apoyando la transparencia y contribuyendo a una mayor protección de los inversores.

4 Puede obtenerse información adicional sobre este estándar en: . 5 Puede consultarse en: .

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Como el 18 de diciembre de 2017 afirmó el propio Steven Maijoor,6 presidente de la esma, «el formato único electrónico contemplado en el RTS permite el análisis de grandes cantidades de información financiera sin un procesamiento manual extenso y oneroso, y brindará a los usuarios de datos económicos información financiera que se puede comparar y transformar fácilmente a otros formatos». En consecuencia, y a partir de 2020, todos los informes financieros anuales de las sociedades cotizadas europeas se prepararán en xhtml, lo que permitirá que se acceda a ellos con navegadores web estándar y que se puedan preparar y mostrar dependiendo de las preferencias de un emisor individual. Dado que los estados financieros estarán etiquetados con ixbrl, su estructura permitirá, no solo realizar comparaciones entre empresas que los han elaborado en diversos idiomas, sino que también puedan ser «leídos» de forma automática por aplicaciones informáticas, lo que sin duda otorgará a los stakeholders en general, y a los inversores en particular, una herramienta clave para respaldar sus decisiones de inversión. Una vez implementado, esef podría servir como un punto de referencia potencial para nuevas iniciativas de la ue que hagan que los datos de las compañías sean más comparables, transparentes y accesibles digitalmente, tal y como se prevé en la Declaración de Tallin7 de 6 de octubre 2017 sobre Administración Electrónica, y que fue firmada por todos los Estados miembros de la ue y de la Asociación Europea de Libre Comercio (efta, en sus siglas en inglés).

2.1.2 La necesidad de incrementar la transparencia, los recursos compartidos, la seguridad y el acceso automatizado a la información financiera Si en el contexto empresarial aceptamos la definición de transparencia corporativa de Bushman et al. (2004: 210), entendida esta como la amplia y generalizada disponibilidad de información que un tercero puede obtener sobre una compañía, resulta evidente el papel fundamental que tiene el acceso universal a la información financiera (y no financiera) para incrementar de la transparencia informativa de cualquier organización. En las últimas décadas la transparencia se ha considerado un atributo fundamental para mejorar la actividad económica, empresarial, política y social de cualquier país, y para prevenir comportamientos interesados que deriven en conductas corruptas o en apropiaciones indebidas de rentas privadas o públicas. Por esta razón, se ha incrementado significativamente la regulación de prácticas económicas, financieras, sociales o de gobernanza, que permitan obtener a los stakeholders información sobre las actividades que realizan las organizaciones y sobre el alcance de las decisiones que se toman. La tecnología, y en especial internet, es de nuevo un instrumento al servicio de la transparencia informativa ya que permite a los terceros disponer de un acceso universal a la información relevante y facilita múltiples canales y plataformas para ampliar

Puede consultarse en: . 7 Puede consultarse en: . 6

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la audiencia potencial de usuarios y sus capacidades para entender la información revelada. Al crecimiento exponencial de internet descrito en el epígrafe anterior, hay que añadir la introducción y desarrollo paulatino, durante la segunda década de este siglo, de los servicios de cloud computing, o servicios en la nube. La computación en nube permite que las empresas (y los stakeholders vinculados que estén autorizados) gestionen archivos y utilicen aplicaciones a través de Internet sin necesidad de instalarlas en sus ordenadores. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos necesarios en cada momento. La computación en nube se sustenta en tres pilares fundamentales de los que depende intrínsecamente para su correcto funcionamiento: software, plataforma e infraestructura (Zhang, 2014). Cada uno de estos pilares cumple un propósito diferente en la nube al sustentar las distintas áreas de productos y tipos de servicios de cloud computing prestados a corporaciones, empresas y particulares de todo el mundo. En el segmento de software (Software as a Service [saas]), este se ejecuta mediante servidores centralizados en internet en lugar de servidores locales, reduciendo considerablemente los costes al eliminar los gastos de mantenimiento, las licencias y el hardware necesarios. La plataforma de computación en nube (Platform as a Service [paas]) permite a los usuarios acceder a las aplicaciones centralizadas en la infraestructura de la nube, facilitando la implementación de estas sin el coste y la complejidad de mantener múltiples capas de hardware y software. El último segmento de la computación en nube, la infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service [iaas]), es la que permite a los usuarios crear y usar el software y las aplicaciones. En lugar de mantener centros de datos o servidores, los clientes compran los recursos como un servicio completamente externo y los proveedores cobran los servicios según la base establecida y por la cantidad de recursos consumidos. En definitiva, el uso de la nube pone a disposición de todos los usuarios un recurso compartido que ofrece disponibilidad global de datos y sistemas (incluidas sus actualizaciones), capacidad para escalar los requisitos de las tecnologías de la información (ti) (Du y Cong, 2010) y facilidad para que las empresas de pequeña dimensión (Asatiani y Penttinen, 2015) dispongan de una potente infraestructura de ti y de software que anteriormente solo estaba al alcance de las empresas más grandes. En el ámbito de los sistemas de información contable, el cloud computing ofrece también un entorno de trabajo atractivo, ya que facilita el acceso en tiempo real, y desde cualquier dispositivo, a toda la información financiera y de gestión, permitiendo alcanzar un mejor desempeño para la organización (Cleary y Quinn, 2016). De hecho, la integración en la nube de los sistemas erp, junto con herramientas de business intelligence, es el entorno de trabajo que se está imponiendo en la actualidad en la gestión empresarial y por el que las propias compañías de software contable están apostando.8 Conviene matizar que uno de los principales inconvenientes que puede asociarse al uso de la nube es, teniendo en cuenta el carácter sensible de la información contable,

8 Véase como ejemplo la estrategia de negocio de la multinacional sage: .

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que resulta imprescindible que se alcancen niveles elevados de seguridad en el acceso a estos sistemas y a sus datos (Dimitriu y Matei, 2014). No obstante, también hay que precisar que dado que en la actualidad todas las organizaciones, de una u otra forma, están «conectadas» a internet, sus sistemas de información, incluido el contable, también son vulnerables, aunque no estén en la nube. De hecho, es muy probable que, al recurrir a servicios compartidos en esta, las organizaciones puedan disponer de mayores niveles de seguridad de los que por sí mismos sean capaces de procurarse. Por lo dicho hasta ahora, en el siglo xxi los sistemas contables de las organizaciones han evolucionado hacia la digitalización e informatización irreversible de todos sus procedimientos lo que, junto con su integración con el resto de sistemas de información empresarial, genera un entorno compartido de información al que se le pueden aplicar algoritmos que automaticen los procesos. La necesidad de la automatización tiene, al menos, dos niveles, a saber, un primero referido a la rápida recolección y procesado de datos obtenidos de fuentes de información de la propia organización y de terceros (Big Data),9 y un segundo nivel asociado con el desarrollo de algoritmos, con capacidad de aprendizaje, que utilicen la información obtenida para tomar decisiones sin intervención humana, o con una mínima supervisión (inteligencia artificial).10 En consecuencia, y a punto de entrar en la tercera década del siglo xxi, el registro, documentación, acceso y difusión de la información financiera se enmarca en un ecosistema contable que requiere de un uso compartido de los recursos, de un acceso universal a la información, de elevados niveles de seguridad y de aplicaciones que permitan generar conocimiento de forma automatizada para tomar decisiones. Como veremos en el siguiente epígrafe, ese ecosistema contable puede sustentarse en una nueva tecnología: blockchain.

3. Hacia un ecosistema contable basado en blockchain La tecnología blockchain o cadena de bloques tuvo su origen en el trabajo de Nakamoto (2008)11 y plantea un sistema de pago electrónico que permita a las partes intervinientes realizar transacciones directamente entre ellas sin la intervención de un tercero de confianza (en esencia, sin intermediarios financieros). La aplicación de esta tecnología a las transacciones monetarias originó el nacimiento de las criptodivisas y, en particular, del bitcoin, aunque su alcance supera este uso y se considera una de las innovaciones tecnológicas más importantes de los últimos años (Swan, 2015). Los protocolos basados en blockchain proporcionan un registro inmutable de transacciones a través de una base de datos distribuida (Distributed Ledger Technology), Véase en este sentido aeca (2017). Para un análisis del alcance y las consecuencias del uso de la inteligencia artificial en contabilidad puede consultarse aeca (2006). 11 No existe confirmación oficial de la identidad de Nakamoto, siendo probable que no se trate de una sola persona, sino de un grupo de personas que desarrollaron conjuntamente esta tecnología y la aplicaron a la criptomoneda bitcoin. 9

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ordenada cronológicamente (sellos de tiempo), mediante bloques que han sido verificados por consenso entre los participantes y a los que se les dota de altas medidas de seguridad mediante procedimientos criptográficos (Notheisen et al., 2017). De acuerdo con Preukshat (2017), los elementos fundamentales que integran la tecnología blockchain son uno o varios nodos integrados, según la complejidad de la red, por uno o varios ordenadores conectados entre sí a través del mismo protocolo y software, formando un sistema descentralizado en el que todos los nodos pueden tener la misma jerarquía (al menos, en el caso de las blockchain públicas). En la actualidad existen tres tipos de blockchains. El primero es público, cualquier participante puede acceder y consultar las transacciones realizadas, participar del proceso para obtener consenso, no se controla quién participa en la cadena de bloques y no existen intermediarios (únicamente ordenadores que realizan comprobaciones para asegurar el consenso de que la transacción es real antes de incluirla en la cadena de bloques y estar registrada en todos los nodos). La segunda es de tipo privado, siendo un servicio gestionado por una empresa y en la que solo participan aquellos nodos que han obtenido la condición de usuarios, estando sujetos a un protocolo predeterminado para el registro de anotaciones y la verificación de cambios en la cadena. En este sentido, se tiene una visión más centralizada de la implementación de una cadena de bloques, y el consenso se gestiona por intermediarios de confianza. La tercera clase es la híbrida,12 formalmente establecida mediante consorcios que son conformados por diferentes empresas que crean una cadena de bloques semipública con acceso limitado (permiso o autorización) para un número restringido de participantes, donde el consenso queda establecido por el propio consorcio y donde se pueden implantar soluciones de seguridad basadas en criptografía e infraestructuras descentralizadas pero compartidas por terceros de confianza. En el caso particular de las blockchains híbridas, estas pueden ofrecer un ecosistema de negocio que permita colaborar, a la vez que competir, a las empresas u organizaciones que demandan y ofrecen productos y servicios en sus respectivas cadenas de valor o suministro. Los participantes pueden competir de forma segura y rápida en la red eliminando costes de recopilación, distribución y almacenaje de información en todos los puntos de la cadena de valor. Además, se pueden atraer más participantes hacia la red, desplazando eventualmente del mercado a los competidores que no se integran en ella e incrementando la competencia entre los que sí la forman. En cualquier caso, el uso combinado de blockchain con Smart Contracts,13 en un contexto de uso masivo de datos (Big Data) y con aplicaciones con capacidad de

En el caso de nuestro país, resulta muy interesante la constitución a finales de 2017 del consorcio multisectorial alastria () promovido por empresas e instituciones para el establecimiento de una infraestructura blockchain que soporte servicios con eficacia legal en el ámbito español y acorde con la regulación europea. 13 Un Smart Contract (‘contrato inteligente’) es un programa informático que ejecuta automáticamente acuerdos registrados entre dos o más partes. Una vez que las partes han definido y validado la secuencia de sentencias que hay que ejecutar en una transacción, el programa actúa siempre que las condiciones establecidas se produzcan. En el ámbito blockchain, la iniciativa más desarrollada en este campo es el proyecto Etherum (). A pesar de las posibilidades 12

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aprendizaje (Machine Learning) e infinidad de dispositivos conectados directamente a internet intercambiando bienes y servicios (iot), favorece el desarrollo de múltiples aplicaciones con un elevado potencial para la desintermediación y la reducción de costes transaccionales y de agencia, que no solo se limita al sector financiero (en especial, las denominadas Fintech), sino que también se desarrollará, entre otros, en las cadenas de suministro de las empresas productivas, en el uso y desarrollo de la identidad digital, en la certificación de la existencia de registros, en el uso de información en el sector sanitario, en el transporte y la logística o en la gestión digital de activos y derechos (Dolader et al., 2017). En nuestra opinión, y como expondremos en el siguiente epígrafe, la implantación de esta tecnología también tendrá su impacto en los sistemas que han de producir, verificar, distribuir y permitir el acceso a la información financiera de las organizaciones.

3.1 Impacto de la blockchain en la contabilidad y la auditoría de cuentas La tecnología blockchain está afectando disruptivamente a diversas dimensiones de los modelos de negocio de diferentes sectores (Nowiński y Kozma, 2017). Los sistemas de información contable tendrán que evolucionar rápidamente14 para poder facilitar la información que las organizaciones requieren, y el alcance de los cambios tendrá consecuencias, no solo tecnológicas, sino también sobre aspectos profesionales y sociales de la contabilidad. El desarrollo de un ecosistema contable basado en la blockchain parte del término acuñado por Grigg (2005) «triple entrada», que a la partida doble contable convencional le añade una tercera dimensión por la que las partes intervinientes acuerdan registrar el hecho económico en una sola base de datos distribuida mediante procedimientos que aseguren la verificación y aceptación mutua de la anotación, su privacidad y su inalterabilidad o imposibilidad de manipulación futura (Dai y Vasarhelyi, 2017). Si nos centramos en el ámbito empresarial, y de las diferentes arquitecturas que podrían aplicarse a un ecosistema contable basado en una blockchain (O’Leary, 2017), sería recomendable que este tuviera una estructura híbrida. Esto supondría que únicamente podrían registrar o acceder a los datos registrados aquellos terceros que dispusieran de la correspondiente autorización (permiso). En este entorno se pueden establecer diferentes niveles de acceso en función del grado de privacidad y control que sea necesario ejercer. Esta estructura podría ser válida tanto para grupos de empresas que cruzan infinidad de operaciones y que de esta forma podrían, en un solo registro compartido, incorporar toda la información contable para efectuar las operaciones posteriores de consolidación financiera, como para introducir la información de

que la tecnología puede aportar en este ámbito, existen ciertas limitaciones, en especial, legales, que todavía tienen que ser superadas para su implantación efectiva (Mik, 2017). 14 Karojovic et al. (2017) consideran que a partir de 2025 esta tecnología habrá llegado a su madurez, lo que implicará su adopción global, también en el ámbito de los sistemas de información contables.

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operaciones realizadas con terceros y que también se utilizará para la elaboración de los estados financieros de la compañía. Además, resultaría especialmente relevante el uso que puede hacerse en este ecosistema contable de los Smart Contracts y la inteligencia artificial. En primer lugar, porque se pueden programar reglas que contabilicen de forma automatizada los hechos susceptibles de ser reconocidos, incluso para aquellos que requiriesen de la interpretación de normas contables (siempre y cuando se parametricen adecuadamente las diferentes opciones que contemple la normativa). Además, el registro contable en blockchains híbridas, incluso públicas con claves homomórficas de encriptación que validen las transacciones y aseguren la privacidad de las partes (Wang y Kogan, 2017), facilitaría su monitorización mediante procedimientos de auditoría continua y permitiría el establecimiento de múltiples niveles y alcance para las actividades de auditoría y assurance de los auditores. Asimismo, también permitiría disponer de una información on-line que agregaría las magnitudes relevantes de los estados financieros para integrarlas en los modelos de análisis del Big Data y mejorar con ello la toma de decisiones gerenciales. En segundo lugar, también se podrían definir e implantar reglas de negocio que se ejecutarían siguiendo las directrices de la propiedad, generando un entorno que impulse el control tanto a posteriori como, especialmente, a priori, lo que evitaría que se tomasen decisiones «desalineadas» o que, preventivamente, se evitase la comisión de fraudes que perjudiquen patrimonial y reputacionalmente a la compañía, mejorando con ello su gobierno corporativo (Yermack, 2017). En tercer lugar, y con las debidas garantías jurídicas, este ecosistema también facilitaría el control sobre el cumplimiento de normas establecidas, en particular por organismos supervisores en materia de transparencia y de lucha contra delitos económicos y fraude fiscal (Karajovic et al., 2017). En este sentido, y dada la capacidad normativa del Estado para imponer medidas de esta naturaleza a la propia Administración pública, consideramos que en este ámbito se pueden desarrollar blockchains híbridas que faciliten un ecosistema en el que interactúen los sistemas de contabilidad, intervención de cuentas y auditoría pública, así como los de contratación administrativa y los relacionados con la toma de decisiones políticas. La instauración de estos sistemas no solo reduciría costes y aumentaría la eficiencia económica, sino que también aumentaría el control del gasto público y la transparencia de este, dificultando así el fraude y la corrupción política (Hyvärinen et al., 2017). Aunque la tecnología blockchain ofrece muchas posibilidades de desarrollo futuro en el ámbito de la contabilidad y la auditoría de cuentas, en la actualidad ya se han iniciado las primeras iniciativas que la utilizan para el desarrollo de aplicaciones y de entornos de trabajo contable.15 Es por ello que, paulatinamente, la implantación futura de esta tecnología tendrá un importante impacto sobre la profesión, tanto para quienes ejercen de contables como para quienes realizan labores de auditoría de

15 La empresa ConsenSys () ha desarrollado Balanc3 (), un sistema de contabilidad basado en la blockchain y los Smart Contracts que utiliza la tecnología de Ethereum no solo para conformar y almacenar datos descentralizados, sino también para gestionarlos y firmarlos digitalmente.

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cuentas. A priori, en el escenario descrito se podría conjeturar que, a largo plazo, la función de registro, control y auditoría de la información contable podría no necesitar de intervención humana directa y ser ejecutada por una aplicación informática inteligente con capacidad de aprendizaje y que únicamente sería supervisada por un comité de expertos que velaría por que se cumpliesen las directrices de la programación de actividades y trabajos que han de realizarse. No obstante, la realidad es que a corto y medio plazo el nuevo ecosistema contable que hemos descrito supone que todos los procesos y datos vinculados con la información financiera serán totalmente digitales, lo que eliminará todas aquellas actividades de registro contable y auditoría que puedan ser automatizadas y verificadas por agentes de software o contratos inteligentes. Ello supondrá que los profesionales dispondrán de más tiempo para poder realizar tareas que añadan valor, en particular en el diseño, estructura y análisis de las aplicaciones que deberán registrar, controlar y verificar el correcto funcionamiento del sistema contable, pero también en una mayor participación en el análisis, determinación y seguimiento de los indicadores que la dirección del negocio necesitará para evaluar el rendimiento y la consistencia de las políticas establecidas, así como en la introducción de controles que eviten malas praxis o fraudes en la compañía. A modo de reflexión final, la rápida y disruptiva evolución de la tecnología en los próximos años supondrá importantes retos y oportunidades que la profesión contable (y también otras muchas profesiones) deberá abordar desde una perspectiva abierta e innovadora. Ser consciente y aplicarse en ello le permitirá evolucionar y adaptarse a los cambios profesionales (y formativos) necesarios para seguir prestando servicios que siempre han sido considerados relevantes para conocer la gestión económica desarrollada en las organizaciones y generando confianza entre sus stakeholders. Cabría que la profesión tuviera en cuenta, y aplicara para por su propia supervivencia, un eslogan publicitario que ibm utilizó a finales del siglo pasado: «Si no formas parte del futuro, eres historia».

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LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN EL ÁMBITO DE LA CONTABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA Nicolás García Torea Mercedes Luque Vílchez Enrique Mesa Pérez Carlos Larrinaga González Universidad de Burgos

1. Introducción La investigación colaborativa aplicada al campo de la contabilidad social y medioambiental (en adelante csm) es una corriente de investigación de carácter interpretativo y participativo, basada en la interacción entre investigadores con agentes y organizaciones para estudiar este tipo de prácticas contables en su contexto organizativo. Correa y Larrinaga (2015) destacan la idoneidad de este método de investigación para i) entender la dinámica del proceso de elaboración de informes sociales y medioambientales; ii) las interacciones y la dinámica que se produce entre factores individuales, estructurales y organizativos en la construcción e institucionalización de este tipo de prácticas, y iii) el potencial efecto de estos elementos y sus interrelaciones sobre las prácticas y desempeño de las organizaciones. La investigación colaborativa puede asimismo ayudar a solventar las limitaciones y deficiencias que caracterizan a las prácticas actuales de csm. En este sentido, Adams y Larrinaga (2007) atribuyen dos fines principales a esta investigación, entre los cuales existe una jerarquía. En primer lugar, la investigación colaborativa trata de entender el proceso por el cual la csm puede actuar como facilitador u obstáculo para el cambio de las organizaciones hacia prácticas más sostenibles. En segundo lugar, la colaboración del investigador puede contribuir a mejorar la información social y medioambiental que proporcionan las empresas. La investigación colaborativa en el campo de la csm es relativamente reciente comparada con otras áreas, como la contabilidad gestión, cuyo desarrollo ha sido más temprano. Con el fin de potenciar su aplicación en dicho ámbito, Accounting, Auditing & Accountability Journal publicó un número especial sobre este tipo de investigación en el año 2007. Adams y Larrinaga (2007) introducen este número destacando la relevancia de la investigación colaborativa para entender cómo se concibe y construye la csm en las organizaciones, destacando su capacidad para extraer contribuciones significativas sobre el papel de la contabilidad como herramienta de gestión de la sostenibilidad y mecanismo de cambio en las organizaciones. La escasez de investigaciones colaborativas en el campo de la csm puede deberse a las

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críticas de algunos autores que consideran que la «captura institucional» que caracteriza a las prácticas de información social y medioambiental de las empresas dificulta el potencial de la investigación colaborativa para contribuir de forma relevante al entendimiento de la csm (O’Dwyer, 2003). A diferencia de estos autores, Adams y Larrinaga (2007) sostienen que, en lugar de considerar la «captura institucional» como un obstáculo a priori para la investigación colaborativa, es precisamente necesario estudiar la captura dentro de su contexto para extraer conclusiones acerca de su funcionamiento. La epistemología subyacente en la investigación colaborativa se basa en el «modo 2» de generación de conocimiento propuesto por Gibbons et al. (1994), quienes sostienen que el conocimiento se genera en el contexto de su aplicación. Esta epistemología considera necesaria una integración transdisciplinar entre teoría y práctica, de forma que se permita generar de forma interactiva e interrelacionada conocimientos teóricos e identificar soluciones a las cuestiones prácticas que se plantean en su aplicación. La investigación colaborativa asume, por tanto, que la investigación no es socialmente neutral y, en consecuencia, cualquier pregunta de investigación debe entenderse dentro del contexto en el que se aplica. El enfoque metodológico que subyace bajo esta idea es el interpretativo (por ejemplo, Lee, 1991), según el cuál el entendimiento se centra en una explicación basada en la experiencia, las prácticas y los hábitos. No obstante, Correa y Larrinaga (2015) señalan la posibilidad de desarrollar la investigación colaborativa mediante la combinación de los enfoques interpretativo y crítico, siendo este último consistente con el ideal que defiende la csm. El «modo 2» de generación de conocimiento es particularmente pertinente en el campo de la sostenibilidad, donde debido a la incertidumbre y urgencia que caracterizan a los retos sociales y ambientales que plantea no es posible esperar a que se genere el conocimiento, sino que es necesaria la implantación de soluciones provisionales, como podría ser la participación de los agentes interesados en formas deliberativas de csm (Bebbington y Larrinaga, 2014). Al realizar estudios colaborativos, el investigador debe tener un papel activo próximo a la aplicación en la que se genera el conocimiento, pero manteniendo una distancia que le permita tener una visión crítica del objeto de estudio, lo que es esencial, ya que, como se viene diciendo, la investigación no es neutral con respecto a este objeto (Adams y Larrinaga, 2007). Asimismo, el investigador debe tener una actitud humilde (Correa y Larrinaga, 2015). Bebbington et al. (2007) caracterizan la investigación colaborativa como un proceso de diálogo entre el investigador y el investigado, donde ambos aprenden recíprocamente, lo que posibilitaría el cambio en la organización. En este proceso dialógico, el investigador, como experto académico, debe contribuir con su conocimiento sobre el tema, pero sin imponer su visión sobre el resto de los agentes involucrados. La investigación colaborativa aplicada a la csm se encuentra en etapa embrionaria en comparación con otros enfoques de investigaciones. Una muestra de ello es que no hay una definición clara de los elementos que caracterizan a este tipo de investigación. Por ello, Correa y Larrinaga (2015) realizaron una revisión de la literatura sobre investigación colaborativa en el ámbito de la csm en las principales revistas de contabilidad a nivel internacional con el fin de delimitar en qué consiste este tipo de

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investigación y las características que determinan su desarrollo. Este capítulo busca contribuir a dicha línea de investigación prestando especial atención al empleo de la investigación colaborativa en el ámbito español, ya sea por el objeto o tema estudiado, la afiliación de los autores y/o la publicación del trabajo en una revista española del área de contabilidad. Asimismo, se consideran la (co)autoría de los trabajos, el contexto empírico estudiado y la revista en la que el trabajo ha sido publicado. De esta forma se pretende proporcionar una visión general sobre la investigación colaborativa aplicada a la csm desarrollada hasta el momento en nuestro país. Siguiendo un proceso similar al empleado por Correa y Larrinaga (2015), los trabajos analizados se identificaron a través de los siguientes pasos. En primer lugar, se incluyeron los trabajos publicados en el número especial de Accounting, Auditing & Accountability Journal. Después, los trabajos citados en los artículos de dicho número especial también fueron considerados. Posteriormente se examinaron los trabajos que citaban los artículos del número especial. Finalmente, y a diferencia de Correa y Larrinaga (2015), se consideraron los trabajos que usaron investigación colaborativa publicados en las dos principales revistas de investigación en contabilidad españolas (Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad y Revista de Contabilidad). De esta forma se identificaron dieciocho artículos que emplean investigación colaborativa y están relacionados con España, a través de las vías indicadas anteriormente. El capítulo se estructura de la siguiente manera. Después de esta introducción, el segundo apartado delimita en qué consiste la investigación colaborativa, siguiendo los elementos identificados por Correa y Larrinaga (2015). El tercer apartado presenta los resultados de la revisión de los artículos seleccionados. Finalmente, el cuarto apartado recoge las principales conclusiones.

2. Características de la investigación colaborativa Correa y Larrinaga (2015) identificaron los principales elementos que caracterizan a la investigación colaborativa aplicada al estudio de la csm y que, en esta sección, tomaremos como referencia principal para tratar de clarificar cuáles son las características fundamentales que definen a la investigación colaborativa en España. El primer elemento al que se hace referencia es al método de investigación que se emplea para desarrollar la investigación. Correa y Larrinaga (2015) apuntan que es posible utilizar diferentes métodos de carácter interpretativo con los cuáles el investigador trata de entender los fenómenos que observa, como pueden ser las entrevistas semiestructuradas, la investigación-acción (action research, en terminología inglesa), la etnografía, los estudios de caso y los experimentos. La característica común de todos estos métodos de investigación es que enfatizan la participación activa del investigador (Berg y Lune, 2012). La tabla 1 presenta una breve descripción de cada uno de estos métodos. Las entrevistas cualitativas se utilizan con mayor frecuencia que el resto de métodos, siendo en ocasiones empleada en combinación con otras técnicas (Correa y Larrinaga, 2015). Por ejemplo, la información obtenida de entrevistas cualitativas semiestructuradas ha sido completada y/o triangularizada en numerosas

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ocasiones con aquella obtenida mediante otros métodos de investigación (ver, por ejemplo, Archel, Husillos y Spence, 2011; Luque-Vílchez y Larrinaga, 2016). Correa y Larrinaga (2015) explican, de forma esquemática, que los enfoques usados en la investigación colaborativa siguen un proceso de investigación en varios pasos basado en el el modelo propuesto por Laughlin (1987) y adaptado a la investigación colaborativa por Adams y McNicholas (2007). El primer paso es la revelación (insight, en terminología inglesa), en la que le investigador indaga sobre el estado de la csm para problematizar sobre una cuestión que antes no era aparente. El segundo paso es la ilustración (enlightment, en terminología inglesa), en el cuál, a través de un proceso de diálogo (Bebbington et al., 2007), se trata de dilucidar nuevas explicaciones que contribuyan a entender el problema identificado en la revelación mediante un enfoque crítico, buscando solucionar las limitaciones detectadas y contribuyendo al desarrollo de estrategias para el cambio organizacional hacia la sostenibilidad. A través de este proceso, la investigación colaborativa en el área de la csm tiene como objetivo explorar el significado de los procesos contables dentro del contexto social en el que tienen lugar, y así como generar nuevas teorías explicativas que ayuden a entender mejor los cambios y resistencias organizacionales ante el desarrollo de determinadas prácticas de csm. Tabla 1. Métodos de investigación aplicados en la investigación colaborativa Método Entrevistas semiestructuradas

Investigación-acción

Etnografía

Estudio de caso

Experimento Fuente: Elaboración propia.

Descripción Se basan en la realización de preguntas siguiendo una cierta estructura con el fin de garantizar la comparabilidad entre los entrevistados, pero que al mismo tiempo son abiertas adaptándolas al contexto específico del entrevistado y modificándolas conforme se adquieren nuevos conocimientos (Miller y Crabtree, 1999). El investigador colabora con una organización participando en la aplicación directa del conocimiento y en la construcción social del fenómeno de estudio, manteniendo una perspectiva práctica y crítica al mismo tiempo (Adams y McNicholas, 2007). El investigador convive dentro de la organización durante un período de tiempo, observando directamente las prácticas, las relaciones y los comportamientos dentro de ella, obteniendo información de su propia observación, conversaciones informales y documentación (Dey, 2007). Se emplean cuando el objetivo de la investigación es responder a preguntas del tipo «cómo» y «por qué» relacionadas con un fenómeno, y los límites entre el fenómeno y el contexto en el que este se desarrolla no son claros (Yin, 2003). Variación del estudio de caso en la que se estudia la implantación de nuevas formas de contabilidad a través de las prácticas propuestas (Gray, 2002).

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Al plantear el proceso anterior, el investigador debe centrarse en casos concretos más que en macroprocesos (Correa y Larrinaga, 2015). En relación con las unidades de análisis (locus) con la que se va interactuar, Correa y Larrinaga (2015) explican que normalmente su selección no está basada en las características particulares de las organizaciones elegidas, sino en la existencia de un compromiso y una perspectiva potencial de cambio por su parte. Estos autores señalan que la mayoría de estos estudios informan de investigaciones llevadas a cabo en empresas, aunque también se ha analizado otro tipo de organizaciones como ong, asociaciones profesionales y sindicatos, así como procesos de consulta pública. La reflexividad es otra característica vinculada a la investigación colaborativa. Correa y Larrinaga (2015) diferencian dos niveles de reflexividad por parte de los investigadores. El primer nivel se centra en la reflexión propia del investigador acerca de su investigación. El segundo nivel atañe a la reflexión sobre el potencial emancipador de la csm, vinculado al deber del académico, desde su posición privilegiada, de contribuir positivamente a la sociedad a nivel global (Gray, 2010). Finalmente, también conviene hacer referencia al marco teórico. Si bien no se puede decir que exista un marco teórico de referencia en este tipo de investigación, Adams y Larrinaga (2007) recomendaron la referencia al neoinstitucionalismo sociológico, enfoque que resulta más explicativo en comparación con otras teorías habituales en el campo de la csm como, por ejemplo, la teoría de la legitimidad. El neoinstitucionalismo sociológico permite indagar acerca de los procesos y factores que explican una determinada práctica de contabilidad social y medioambiental. Por ejemplo, la perspectiva constructivista sobre regulación ha sugerido que existen características internas de las normas que explican por qué algunas de ellas son más influyentes que otras (Brunnée y Toope, 2000). En este sentido, mientras la teoría de la legitimidad se interesa por la legitimidad organizacional, el enfoque neoinstitucional seguido en trabajos como Bebbington, Kirk y Larrinaga (2012) se interesa por la legitimidad de las propias normas, y es por ello por lo que estudia las características internas de estas.

3. Revisión de estudios En este apartado se analizan los dieciocho artículos seleccionados desde dos perspectivas. En primer lugar, se han considerado las características y elementos que definen la investigación colaborativa según Correa y Larrinaga (2015), comentados en el apartado anterior. En segundo lugar, se ha prestado atención a la configuración de la coautoría de los trabajos, la afiliación de los autores, la revista de publicación y el campo empírico analizado.

3.1 Las características de la investigación colaborativa en España El primer elemento que analizamos es el método de investigación empleado. Las entrevistas semiestructuradas son la técnica más extendida, habiendo sido utilizadas

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por diecisiete de los trabajos revisados. A excepción de tres estudios (Albelda, 2011; Albelda Pérez, Correa Ruiz y Carrasco Fenech, 2007; Páez Sandubete, 2001), el resto combina la realización de entrevistas semiestructuradas con otros métodos para contrastar y complementar la información recabada en ellas. Cinco trabajos combinan las entrevistas semiestructuradas con estudios de casos, siendo empleados de forma conjunta en dos de ellos (Carmona Moreno, Carrasco Fenech y Fernández-Revuelta Pérez, 1993; Larrinaga et al., 2001). En los otros tres se desarrolla, al mismo tiempo, un estudio etnográfico en el que los investigadores observan directamente el proceso u objeto que quieren estudiar inmersos dentro de la organización (Escobar Pérez y González González, 2005; Larrinaga, 1999; Larrinaga y Bebbington, 2001). Otros autores combinan las entrevistas semiestructuradas con el análisis de documentos (Aldaz Odriozola, Calvo Sánchez y Álvarez Etxeberria, 2012; Archel, Husillos y Spence, 2011; Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2012; Husillos, Larrinaga González y Álvarez Gil, 2011; Larrinaga, Luque-Vílchez y Fernández, 2018; Larrinaga y Pérez-Chamorro, 2008; Larrinaga González, Llull Gilet y Perelló Julià, 2006; LuqueVílchez y Larrinaga, 2016; Pérez-López, Moreno-Romero y Barkemeyer, 2015). El único estudio que no utiliza entrevistas semiestructuradas es el de Fernández-Chulián (2011), que desarrolla una investigación-acción sobre la impartición de un curso de contabilidad medioambiental. En relación con la revelación, el primero de los pasos del proceso investigación, los estudios analizados se pueden agrupar en función de la cuestión sobre la que problematizan. El primer grupo, y más numeroso, se centra en el rol de la contabilidad ambiental (Carmona Moreno, Carrasco Fenech y Fernández-Revuelta Pérez, 1993; Larrinaga, 1999; Larrinaga y Bebbington, 2001; Larrinaga et al., 2001) y de los sistemas de gestión ambiental (Albelda, 2011; Albelda Pérez, Correa Ruiz y Carrasco Fenech, 2007; Larrinaga González, Llull Gilet y Perelló Julià, 2006) como catalizador o barrera para el cambio en las organizaciones hacia un comportamiento que tenga en consideración sus impactos sociales y ambientales. Este foco sobre el potencial de la contabilidad para desencadenar cambio en las organizaciones está intrínsecamente ligado al objeto de la investigación colaborativa (Adams y Larrinaga, 2007). Otro conjunto de trabajos se cuestionan la influencia que la normativa sobre la divulgación de información no financiera tiene sobre la información proporcionada por las organizaciones (Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2012; Larrinaga, Luque-Vílchez y Fernández, 2018; Luque-Vílchez y Larrinaga, 2016). El tercer grupo de estudios analiza los factores y motivaciones internos y externos que influyen en la información publicada por las empresas al respecto de la responsabilidad social corporativa (Aldaz Odriozola, Calvo Sánchez y Álvarez Etxeberria, 2012; Husillos, Larrinaga González y Álvarez Gil, 2011; Pérez-López, Moreno-Romero y Barkemeyer, 2015). En último lugar, estarían otros trabajos que no se podrían incluir en la clasificación anterior porque abordan cuestiones diversas, como el discurso emergente al respecto de la responsabilidad social corporativa en España (Archel, Husillos y Spence, 2011), la instrumentalización de la misma por parte de las empresas (Escobar Pérez y González González, 2005), la necesidad de rehumanizar la percepción de los alumnos sobre la contabilidad (Fernández-Chulián, 2011), los mecanismos de rendición de cuentas del sector público (Larrinaga y Pérez-Chamorro, 2008) o la influencia de los

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proveedores del servicio de auditoría de sistemas de gestión ambiental en el grado de implantación de éstos (Páez Sandubete, 2001). Con respecto a su ilustración, los trabajos que estudian la csm como facilitador de cambio alertan de su uso como herramienta para la apropiación del discurso ambiental y social por parte de las empresas, impidiendo un cambio real hacia prácticas más sostenibles (Carmona Moreno, Carrasco Fenech y Fernández-Revuelta Pérez, 1993; Larrinaga, 1999; Larrinaga y Bebbington, 2001; Larrinaga et al., 2001). En este sentido, Albelda Pérez, Correa Ruiz y Carrasco Fenech (2007) explican que los sistemas de gestión ambiental pueden contribuir a la gestión ambiental de las organizaciones a través de una serie de mecanismos que determinan diferentes grados de concienciación medioambiental. No obstante, la implementación de estos sistemas solo genera cambios superficiales encaminados a la mejora de la imagen de la empresa (Larrinaga González, Llull Gilet y Perelló Julià, 2006), al mismo tiempo que obstaculiza la rendición de cuentas de las organizaciones (Albelda, 2011). Al respecto de estos sistemas, Páez Sandubete (2001) observa que el perfil del auditor del sistema de gestión ambiental tiene una relevancia menor debido al alto grado de incumplimiento de la normativa medioambiental en las empresas españolas. En cuanto a la regulación de la información no financiera, Bebbington, Kirk y Larrinaga (2012) observan que las prácticas dentro de las organizaciones se convierten en normas legitimadoras por su uso interno. A estas prácticas hacen referencia Luque-Vílchez y Larrinaga (2016) y Larrinaga, Luque-Vílchez y Fernández (2018), concluyendo que la falta de ambición por parte del Gobierno español, entre otros factores, impide el desarrollo de una normativa más clara y menos dependiente de normas externas de empresas privadas, tanto en el ámbito privado como público respectivamente. Varios trabajos confirman la relevancia de los factores y motivaciones internos y externos para la publicación de información de responsabilidad social corporativa (Husillos, Larrinaga González y Álvarez Gil, 2011), así como para el establecimiento de estrategias sostenibles (Pérez-López, Moreno-Romero y Barkemeyer, 2015). En este sentido, la búsqueda de legitimidad es identificada como un claro factor determinante de la publicación de información por parte de las empresas (Aldaz Odriozola, Calvo Sánchez y Álvarez Etxeberria, 2012; Escobar Pérez y González González, 2005). Finalmente, Fernández-Chulián (2011) ilustra cómo un curso en contabilidad medioambiental puede cambiar la percepción de los estudiantes, fomentando una visión más humana y social de la contabilidad. La mayoría de los trabajos ha tomado como unidad de análisis a empresas privadas (Albelda Pérez, Correa Ruiz y Carrasco Fenech, 2007; Albelda, 2011; Aldaz Odriozola, Calvo Sánchez y Álvarez Etxeberria, 2012; Escobar Pérez y González González, 2005; Husillos Larrinaga González y Álvarez Gil, 2011; Larrinaga 1999; Larrinaga y Bebbington, 2001; Larrinaga et al., 2001; Larrinaga González, Lull Gilet y Perelló Julià, 2006; Pérez-López, Moreno-Romero y Barkemeyer, 2015). No obstante, algunos trabajos han prestado atención a otro tipo de organizaciones y procesos, como empresas y organizaciones públicas (Larrinaga, Luque-Vílchez y Fernández, 2018; Larrinaga y Pérez-Chamorro, 2008), procesos regulatorios y de consulta pública (Archel, Husillos y Spence, 2011; Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2012; Luque-Vílchez y Larrinaga, 2016), el mercado de la auditoría de sistemas de gestión

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medioambiental (Páez Sandubete, 2001), una comarca española (Carmona Moreno, Carrasco Fenech y Fernández-Revuelta Pérez, 1993) o incluso una materia universitaria (Fernández Chulián, 2011). De esta forma, se observa que la amplitud de locus que puede ser considerada en la investigación colaborativa que señalan Correa y Larrinaga (2015) también es característica de esta investigación en el ámbito español. En cuanto a la reflexividad, la mayoría de los artículos no hace referencia a este aspecto, al igual que sucede en la revisión realizada por Correa y Larrinaga (2015). Únicamente es patente un cierto grado de reflexividad en tres trabajos. Husillos, Larrinaga González y Álvarez Gil (2011) hacen una reflexión general al respecto de la falta de trabajos que estudien desde dentro de las organizaciones los factores que influyen en la divulgación de información social y medioambiental. Larrinaga y Bebbington (2001) apuntan a la importancia de que los autores se centren en el estudio de las prácticas contables al desarrollar investigación colaborativa, con independencia de que estás prácticas tengan o no éxito. Por su parte, Larrinaga (1999) destaca la necesidad de que los investigadores consideren el ensamblaje institucional en el que se practica la csm. Finalmente, en cuanto al marco teórico, es destacable el hecho de que siete de los dieciocho estudios revisados no hacen referencia a la teoría o nociones teóricas sobre las que se basan. Entre aquellos que sí consideran un marco teórico, el modelo de cambio organizacional propuesto por Laughlin (1991) es el más utilizado, siendo aplicado por tres de los estudios, en ocasiones combinado con otras nociones teóricas (Larrinaga, 1999; Larrinaga y Bebbington, 2001; Larrinaga González, Llull Gilet y Perelló Julià, 2006). A pesar de que Correa y Larrinaga (2015) apuntan a la idoneidad de la teoría institucional para el desarrollo de investigaciones colaborativas, este marco aún no ha sido aplicado extensivamente, destacando dos trabajos que sí la han considerado (Archel, Husillos y Spence, 2011; Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2012). Los otros estudios se basan en otros marcos teóricos, como la teoría de la legitimidad (Aldaz Odriozola, Calvo Sánchez y Álvarez Etxeberria, 2012; Escobar Pérez y González González, 2005), nociones teóricas sobre normatividad y poder (Luque-Vílchez y Larrinaga, 2016), así como hibridación y gubernamentalidad (Larrinaga, LuqueVílchez y Fernández, 2018).

3.2 Autoría y publicación En este apartado se pretende complementar el análisis anterior, considerando la combinación de (co)autorías, revistas de publicación y marcos empíricos de los trabajos incluidos en la revisión, proporcionando una visión general del estado de la investigación colaborativa sobre csm en España. Es necesario recordar que en la selección de los artículos se consideraron tres criterios sobre su vínculo con el contexto español en relación con las tres características que se van a analizar, lo cual podría afectar a este análisis. No obstante, únicamente debían cumplir uno de estos criterios para ser incluidos. Por tanto, en principio, sería posible encontrar trabajos que difiriesen en la combinación de las tres características.

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En cuanto a la autoría, en aquellos estudios con más de un autor predomina la colaboración entre investigadores españoles, habiendo únicamente cuatro artículos en los que participan autores españoles junto con investigadores afiliados a universidades de otros países (Archel, Husillos y Spence, 2011; Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2011; Larrinaga y Bebbington, 2001; Pérez-López, Moreno-Romero y Berkemeyer, 2015). La escasa colaboración con investigadores de fuera de España es una característica común a la investigación sobre csm en nuestro país, independientemente de que los estudios sean de investigación colaborativa o no (Castelo Branco y Delgado, 2009). Es destacable que los cuatro artículos mencionados han sido publicados en reconocidas revistas del área de contabilidad (Accounting, Organizations and Society y Critical Perspectives on Accounting) y de gestión (Business Strategy and the Environment), lo que parece indicar que la colaboración entre autores de distintas nacionalidades enriquece la investigación, visibilizando el resultado de los trabajos. En cuanto al marco empírico, se observa una clara relación entre la nacionalidad de los autores y la organización o el proceso que analizan. Esto puede deberse a que los investigadores seleccionan el locus en función de la facilidad de acceso a esta, y del conocimiento que tienen sobre el contexto en el que desarrollan su actividad. Solo en un artículo se emplea un marco empírico internacional, en el que se estudia la situación de la normatividad de la información medioambiental en España y Reino Unido (Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2012). Finalmente, y a pesar de centrarse principalmente en el contexto español, más de la mitad de los artículos han sido publicados en revistas internacionales (Albelda Pérez, Correa Ruiz y Carrasco Fenech, 2007; Albelda, 2011; Archel, Husillos y Spence, 2011; Bebbington, Kirk y Larrinaga, 2012; Larrinaga, Luque-Vílchez y Fernández, 2018; Larrinaga y Bebbington, 2001; Larrinaga et al., 2001; Larrinaga y PérezChamorro, 2008; Luque-Vílchez y Larrinaga, 2016; Pérez-López, Moreno-Romero y Barkemeyer, 2015). Esta circunstancia está en línea con la tendencia general observada en la investigación sobre csm en España de publicarse en revistas de mayor difusión (Castelo Branco y Delgado, 2009).

4. Comentarios finales Este capítulo presenta una revisión sobre el estado de la investigación colaborativa desarrollada en área de la csm en España. Se han identificado dieciocho artículos siguiendo este enfoque, los cuales se han analizado desde dos perspectivas: i) considerando los rasgos que caracterizan a este tipo de investigación, de acuerdo a los elementos identificados por Correa y Larrinaga (2015); y ii) considerando la combinación de autores, el marco empírico y las revistas en las que han sido publicados los artículos. La investigación colaborativa en España muestra un importante desarrollo. Los trabajos revisados han problematizado diferentes cuestiones relacionados con la csm, siendo uno de los temas más recurrentes el análisis del papel de esta en el cambio organizacional. Para ello se han considerado diversos locus: organizaciones,

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tanto públicas o privadas, procesos de consulta y materias universitarias, entre otros, con el fin de estudiar el problema planteado en su contexto. Fruto de este análisis, los artículos han alcanzado conclusiones que contribuyen a entender la utilización de la csm y su influencia sobre las organizaciones, así como sobre la sociedad en su conjunto. En este sentido, es destacable que la mayoría de los artículos, cada uno con su respectivo enfoque, pone de manifiesto el uso por parte de los agentes no estatales de la csm como mecanismo de apropiación del discurso sobre la sostenibilidad. Entre las causas que explican esta situación destaca la falta de compromiso por parte de la Administración pública para regular la divulgación de información social y medioambiental y el escaso grado de cumplimiento de esta regulación (Larrinaga, Luque-Vílchez y Fernández, 2018; Luque-Vílchez y Larrinaga, 2016). Por tanto, en contra de la visión de los académicos más críticos con la investigación colaborativa, es evidente su capacidad para contribuir de forma relevante al entendimiento de las prácticas de csm. También es destacable que, a pesar de las reservas de ciertos autores sobre la capacidad de la investigación colaborativa para dar lugar a trabajos que puedan ser publicables (Bebbington et al., 2007), la revisión de la literatura realizada demuestra su claro potencial para producir artículos en revistas académicas. En particular aquellos trabajos que contribuyen a enriquecer el conocimiento sobre la csm a través de la colaboración entre autores afiliados a universidades de diferentes países y que consideran diferentes contextos. Finalmente, a pesar del grado de desarrollo de la investigación colaborativa en nuestro país, todavía existe margen para continuar realizando trabajos de este estilo. Por ejemplo, los artículos han aplicado diferentes métodos, individualmente o combinados entre sí, siendo las entrevistas semiestructuradas el más aplicado. No obstante, ninguno de los trabajos ha llevado a cabo estudios basados en la investigación-acción en empresas. Sería interesante llevar a cabo investigaciones que aplicasen este método, ya que permiten no solo conocer a fondo el proceso o fenómeno que se estudia, sino también participar en su avance y desarrollo, siguiendo el ejemplo de otros autores, como Adams y McNicholas (2007).

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ESSAY: HOW TO SURVIVE IN A WORLD OF PUBLICATION METRICS IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING RESEARCH Jan van Helden

University of Groningen, the Netherlands

1. The challenge Some ten to twenty years ago public sector accounting researchers, who could publish their work in niche journals like Financial Accountability & Management (fam) or Public Money & Management (pmm), were highly esteemed. Also publications in an edited volume of the cigar (Comparative International Governmental Accounting Research)-network, which appeared every two years, were largely valuated in our circles (see, for example, Montesinos and Vela, 2002). But now we know: «Those were the days». Currently both senior researchers and young scholars are encouraged and even pressed to publish their work in the best of class international journals in accounting and public administration, such as Accounting, Organizations & Society (aos), Accounting, Auditing and Accountability Journal (aaaj), Critical Perspectives on Accounting (cpa), Management Accounting Research (mar), Public Administration (pa), Public Administration Review (par) and Public Management (pm). What counts is the impact factor based on the Social Science Citation Score (ssci) of a journal, and this factor needs to be higher than 1.5 or 2.1 Of course, a publication in fam or ppm still matters, but it is not enough. And an also exemplary development in this respect is that cigar gave up his bi-annual conference books since 2009, because they were seen as too less attractive for scholars as a publication outlet of their work. This essay aims to discuss what it means for us as public sector accounting scholars to be active in a world where publication metrics seem to be a dominant driving force in what and where we want to publish. It has an impact on how we want to position ourselves in being visible for our peers through numbers of citations and

The impact factor of a journal is the average number of times articles from the journal published in the past two years have been cited in the jcr (Journal Citation Reports) year; it is based on citations in the Web of Science. 1

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jan van helden

H-scores.2 It can also influence the content of our research agenda, and not always in a desirable direction. The main question is: What strategies are available to survive in a world of publication metrics and at the same time doing relevant public sector accounting research? This essay is based on some literature on these themes, but it is also informed by personal experiences and impressions.

2. Strategies for seeking exposure When publication metrics, such as number of quotations or number of quotations in top journals become increasingly important as assessment criteria, researchers are expected to seek for strategies that enhance their scores on such matrices. To put it differently, what makes my work more visible, i.e., increases my exposure?3 Below some of these exposure strategies are elucidated. Of course, you and I are adhering to high standards of research integrity, and we do not rely on such strategies, but we know some of our colleagues do, at least sometimes.

2.1 The Lennon and McCartney method Given how publications are counted, it can be beneficial to arrange single author publications as papers published by two (or more) authors. If an author prepares a paper for publication, he/she not only puts his/her own name on the title page but also the name of a colleague who actually did not contribute much. This colleague follows the same procedure as a kind of reciprocal service, when he/she prepares a publication. So, if both authors are approximately equally productive, they double their appearance in publication matrices. This is also how John Lennon and Paul McCartney as the main writers of Beatles songs worked in the sixties of the previous century. All their songs are Lennon and

The H-index is based on a list of publications ranked according to the number of citations, from the highest to the lowest. The value of H is equal to the number of papers (N) that have N or more citations. So, a researcher has a H-index of 25, when the 25th publication has 25 or more citations. The H-index reflects both the productivity of the researcher, in terms of the number of publications, and the impact of these publications, as measured by the number of citations. The H-index can be calculated for individual researchers, for groups of researchers, but also for journals. The website «Publish or Perish», as developed by Anne-Wil Harzing, calculates and updates H-scores (and other publication metrics) for researchers and journals based on Google scholar citations (source: HARZING.COM). 3 The importance of the visibility of research is also reflected in websites that are recording the research performance of authors on a regular basis. Researchgate is one of the most popular websites. It does not only list the publications of a researcher, including journal articles, books and working papers, but it also shows the number of citations and the number of downloads of these publications, and that all on a weekly basis, and accumulated as totals over a longer period of time. So, a researcher can scrutinize his/her visibility among peers from week to week. Partly comparable websites are Academic.edu and Mendeley. 2

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McCartney songs, but about half of them were written by John and the other half by Paul. As a rule of thumb: the lead singer is also the songwriter. This turned out to be clever strategy because it doubled John and Paul’s ratings as song writers (source: www/http. who was the main composer of each Beatles song, by Per Myrsten).

2.2 The Anthony van Dyck method Many painters become valuated for their artistic production long after they passed away. But some already are famous during their life. One of these painters was Anthony van Dyck, a Flemish painter who lived in the first half of the seventeenth century and also worked for long in Italy and England. He was acknowledged for his portraits of many noble persons and merchants. In London he collaborated with a lot of pupils in a kind of portrait factory. These pupils were acting as co-painters of van Dyck (who focused on the design of the painting and on painting the head of the portrayed person), others just used van Dyck’s signature to enhance the attractiveness of their own work. So, the name van Dyck was associated with much more paintings than the ones he actually painted himself (source: Wikipedia). On a small and less prestigious scale we see this as a common practice in academe. Senior researchers are supervising young scholars, particularly in conducting phd research, and the papers coming out of this joint work are published under both names. Of course, in many cases the senior researcher substantially contributes to the work of his or her youngsters, but probably in even more cases this contribution is constrained to some theory and discussion parts of the research, leaving the empirical parts and interpretations mainly to the young scholar. Some top cats in the field are even becoming leaders of a kind of research factories, where the young scholars do the academic work, while the name of the leader appears as co-author of papers coming out of this work. It significantly contributes to the visibility of these types of research leaders among their peers.

2.3 The recycling method Some years ago there was a scandal in Dutch academe, when a famous and extremely productive author in the field of economics was accused of recycling his previous work in new publications, for example, by repeating earlier work (without quotation) as the first half of a publication, while only the second half of it contained the results of new research. Originally, this was called self-plagiarism, but this term was later abolished. Plagiarism refers to using the work of someone else without quoting this work, which excludes that recycling own academic work can be brought under this label. Several committees advised about the (in)appropriateness of these practices and ultimately the Association of Universities in the Netherlands concluded that the recycling of own work is not forbidden, but requires quotation to earlier work and a proper balance between earlier and related new work (source: website vsnu,

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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, i.e. the Association of Universities in the Netherlands). If researchers work on publications which are part of a longer running research program, it is likely that new publications will build on earlier work. And then it can be beneficial as an exposure strategy that this earlier work is recycled over and over again in new publications. Several variations of this strategy exist, such as publishing the same work for different types of audiences, for example in academic and professional journals, or distracting certain text parts of a book publication from a journal publication.

3. The risk of driving out relevant content When faculties put much weight on publishing in highly ranked journals in their research policy, this is likely to become a major driver for individual researchers. A possible downside of this type of policy can be that it can drive out research that is relevant to practice or society. These assertions will be elaborated below.

3.1 What drives researchers? Researchers are often interested in building a reputation among their peers: they want to be valued in their own circles as a good researcher. But, what is good in this respect? Coming up with innovative finding would be an obvious answer. However, according to Gendron (2008: 107), there is a tension between novelty and conformity. Because journal editors and reviewers appreciate types of research which are in line with or build on what is already published, in terms of theories and methods, researchers might be inclined to adopt these accepted ways of doing research. This is especially the case if researchers are eager to publish in those journals because of their high ranking. Gendron (2008: 107) is sceptical about its consequences: «… increasing reliance on performance measurement promotes and reinforces representations of academic actors as performers, while strengthening conformity and superficiality in the field». The quest for conformity could be reinforced by the way review processes for international accounting journals work. These processes are, according to my experiences in the last two decades, in general beneficial to improving submitted papers. So, that is what they are up to. However, they also suffer from some serious biases, which seem to be institutionalized to a large extent. Theory and theorization are overwhelmingly important, while descriptions of accounting practices are viewed with some disdain. Although a theory-based interpretation or explanation of accounting practices is potentially enabling to help us in accumulating knowledge about certain phenomena, it often comes at a cost. That is because theory also constrains our view on the reality of these practices and it might disregard important aspects of them, which are not relevant according to the chosen theoretical lens. In my opinion, a com-

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prehensive, rich and thorough description of accounting practices should be valued more than it currently does (see also Guthrie and Parker, 2017: 9-11). In addition, reviewers seem to be mentally programmed in requiring from authors of submitted papers that the later specify their unique contributions to the existing body of knowledge in a certain field. This often leads to unjustified pride on academic achievements. As Gendron (2008: 118) puts it: this practice «naively promotes the imagery of researchers as performers». The risk of this reliance on journal rankings in undertaking and submitting research to top journals, as well as conformity to institutionalized review practices of those journals might endanger the relevance of research. But, what is relevance?

3.2 Relevance of research Of course research can be relevant in a theoretical sense when it accomplishes a breakthrough in the way in which we can understand or explain certain empirical phenomena. In our field of public sector accounting Neo-Institutional Theory has, for instance, become very influential in the last decades (Jacobs, 2012). Here we will further focus on relevance of research for practice and society. Basically public sector accounting is intertwined with practice. This holds for the various sub-disciplines of financial reporting, auditing and management accounting. Obvious questions are: What accounting tools are potentially beneficial to practitioners such as public sector managers, politicians and oversight bodies?; if applied, how are these tools used?; what is their impact on the underlying goals of e. g. greater transparency or efficiency; and if applied, do they have positive or negative side effects? It is my impression that much of the research in our field is about the availability and use of accounting tools and less about their impact and side effects (see, for instance, on public sector management accounting: van Helden and Northcott, 2010). Moreover, practitioners are faced with more specific questions about public sector accounting applications, which emanate from new regulations and technological opportunities. And, are we as researchers sufficiently engaged with practice to pick up these questions, and consider how we can contribute to finding adequate answers? Public sector accounting is also intrinsically societal-relevant, because it can respond to changing demands in society (Modell, 2014). Obvious examples are the desire for a larger extent of homogenization of public sector accounting standards among member states in the European Union (Manes Rossi et al., 2016); new forms of funding in health care and education that improve fairness in the allocation of public money and enhance efficiency in service delivery (Groot, 1999); and, finding new forms of performance auditing that respond to complaints of public sector professionals about mistrust and administrative work load. The latter theme is, as far as I know, under-researched, while it is extremely relevant, at least in my country. Our audit society requires from professionals, such as teachers and hospital doctors, that they are accountable for their activities and deliveries, which usually implies filling in formats on a regular basis with performance information. These professionals,

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however, are complaining about the resulting administrative work load, which reduces their time for primary processes, but they also feel mistrusted. So, the challenge seems to be designing simpler performance measurement systems, and relaxing auditing requirements in the light of good performance.

3.3 Tensions for journal editors? The tension between performance metrics and research relevance also seems to be a struggle for some journal editors. As the editors of cpa put it: «In a way, we are all schizophrenic regarding journal rankings, which are perceived and acted upon, in the academic field, as being both a pragmatic indispensability and a deplorable calamity» (Annisette et al., 2015: 2). It is indispensable because the reliance on journals rankings, as informed by ssci scores, seems to have become the level playing field: if a journal is not part of the rankings, it becomes less attractive to authors that want to submit their work for a journal publication. However, the down-side is that a journal wishes to publish innovative research which fits with the journal profile, and this could be endangered by a «market for submitted research» dominated by performance metrics (see above about the «performing academic»).This is why the cpa editors also emphasize the importance of their journal profile: «Importantly, we need to continue to ask critical questions about the most important issues facing society and produce rigorous research designed to be used to bring about a better world» (Annisette et al., 2015: 4). It is my impression that editors of other accounting journals just celebrate their inclusion in the ssci, possibly because, on the one hand, they do not recognize the tension between relying on performance metrics in choosing a journal for submitting research, and, on the other hand encouraging the submission of innovative research that is relevant for practitioners or society. In addition, editors of accounting journals in general do not recognize the tension between practical relevance and academic rigor of research, as is shown by ter Bogt and van Helden (2012): «… academic rigor is regarded as a “conditio sine qua non” for good research in management accounting, while practice-relevance is “nice to have” as an additional asset» (ibíd.: 270). In addition, journal editors seem to view practice-relevance of research mainly as a communication issue, i.e. translating academic findings to a practice-oriented audience, whereas the more fundamental problem of aligning research questions to practical problems is largely ignored (ibíd.: 271).

4. Survival strategies How we, as researchers, can survive in a world of publication metrics? Various options are elucidated below.

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4.1 The performing academic Because journal rankings are increasingly important in academia, and consequently publishing in top journals is encouraged more and more, researchers are stimulated and sometimes even pressed to align the type of research they do to the requirements of these journals. The themes and especially the types of theories and methods these journals prefer can be a main determinant for the research to be undertaken. As argued in section 3.1, this way of behavior by researchers may lead to conformity and superficiality of research (Gendron, 2008: 115). Rather than the content of the research, its potential for scoring according to the performance metrics is what matters most. Gendron (2008: 107-118) has coined the label the «academic performer» for this type of researcher. Although understandable in the given context, this phenomenon could drive out innovative research or research that is relevant for practitioners and society. In my country, many faculties of economics and business administration, which host departments of accounting, seem to adhere to a research policy which puts publishing in international top journals at the fore. This is only feasible when a relatively large number of members of staff have a temporary position. If they fail to meet the demanding targets of top journal publications, they are dismissed, and will either leave academia or try to make a transfer to faculties with «lower ambitions» (which are often abroad of the Netherlands). When they succeed, they can become a member of the permanent staff, or move to faculties with an even better reputation, at least in this respect.

4.2 The autonomous academic In some circumstances researchers fight for or just have a lot of discretion in doing research. They can, for instance, involve themselves in investigations with a direct relevance for practice or society, which results in publications in professional journals or newspapers. They could also do consultancy work, which could, but not necessarily, lead to publications. This type of work can attract media attention, which potentially contributes to the societal impact of scholarly work. It can also enrich the teaching of students through challenging course material in the form of cases. Researchers of this type withdraw from the pressure to do research which is publishable in international journals. Whether this is a feasible strategy, depends on the research policy of the faculty in question. Some faculties will simply not allow their staff members to follow this route, which implies that employees not publishing in international journals will lose their job or will be forced to do teaching or administrative work exclusively. But other faculties may adhere to a policy of pluralism in doing research, by responding to the strong points of each member of staff, where some will do research that is publishable in international journals, while others conduct types of research that makes them visible to a practice-oriented audience or the public at large.

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4.3 The ideal academic There are academic researchers who publish their work in international top journals, while they are also esteemed for translating their academic work for professional journals, are advisors of companies and the government, are active as authors of text books, and are members of supervisory boards. These academics may combine all we ideally ask from scholars: they are respected by their peers, known for their knowledge transfer and engaged in debates in practice and society. But, most likely these academic «gluttons» are the exceptions that prove the rule.

4.4 The Loosely coupled academic A more realistic profile is the academic researcher who, on the one hand, recognizes that he/she cannot withdraw from the pressure to publish in high-ranked international journals (otherwise, he/she will face the risk of losing research time and funds), but, on the other hand, wishes to make room for types of work that are not valued according to the faculty policy but are relevant to practice and society, or are potentially innovative on the long run. To put it differently, the work of this academic is coupled to external pressures but with some room for accomplishing other work priorities.

5. A closing personal note Vicente Montesinos has been associated with the cigar-network for many years. During the years 2009-2015 we were both board members of this network. He is a prominent scholar, who was and hopefully will be active in the core domains of cigar, i.e., international comparative research on public sector accounting and making public sector accounting more practice-oriented (see, for instance, Montesinos and Brusca, 2009). Most of all, he is a very kind colleague.

6. Bibliography Annisette, M. C. Cooper and Y. Gendron (2015): «Living in a contradictory world: CPA’s admission to SSCI», Critical Perspectives on Accounting, 31(1), pp. 1-4. Bogt, H. ter and J. van Helden (2012): «The practical relevance of management accounting research and the role of qualitative methods therein: The debate continues», Qualitative Research in Accounting & Management, 9(3), pp. 265-273. Gendron, Y. (2008): «Constituting the Academic Performer: The Spectre of Superficiality and Stagnation in Academia», European Accounting Review, 17(1), pp. 97-127.

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Groot, T. (1999): «Budgetary Reforms in the Non-profit Sector: a Comparative Analysis of Experiences in Health Care and Higher Education in the Netherlands», Financial Accountability & Management, 15(3-4), pp. 353-376. Guthrie, J. and L. Parker (2017): «Reflections and projections: 30 years of the interdisciplinary accounting, auditing and accountability search for a fairer society», Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(1), pp. 2-17. Helden, J. van and D. Northcott (2010): «Examining the Practical Orientation of Public Sector Management Accounting Research», Financial Accountability & Management, 26(2), pp. 213-241. Jacobs, K. (2012): «Making sense of social practice: Theoretical pluralism in public sector accounting research», Financial Accountability & Management, 28(1), pp. 1-25. Manes Rossi, F.; C. Cohen, E. Caperchione and I. Brusca (2016): «Harmonization public sector accounting in Europe: thinking out of the box», Public Money and Management, 36(2), pp. 189-196. Modell, S. (2014): «The societal relevance of management accounting: An introduction to the special issue», British Accounting Review, 44(2), pp. 83-103. Montesinos, V. and J. M. Vela (Eds.) (2002): Innovations in governmental accounting, Boston, Kluwer Academic Publishers. Montesinos, V. and I. Brusca (2009): «Towards performance, quality and environmental management in local government: the case of Spain», Local Government Studies, 35(2), pp. 197-212.

LA INVESTIGACIÓN CONTABLE EN ESPAÑA EVOLUCIÓN Y RETOS CUARENTA AÑOS DESPUÉS Araceli Mora

Universidad de Valencia

La aparición de estudios empíricos motiva la realización de planteamientos con una aspiración metodológica más general, que contempla las implicaciones que la introducción de las variables de comportamiento lleva consigo y de los métodos matemáticos en Contabilidad. Vicente Montesinos (1978)

1. Introducción Cuarenta años han transcurrido desde que el profesor Montesinos publicó en la entonces revista de referencia en nuestra disciplina, Técnica Contable, un artículo en el que se hablaba de los enfoques de la investigación en contabilidad, y en el que se señalaba que había un creciente interés, sobre todo en el mundo anglosajón, por una investigación contable preocupada por aspectos conductistas y de la comunicación. Lo que vino a denominarse la contabilidad positiva o el empirismo. Este tipo de investigación contable, no solo inexistente sino también desconocida entonces en España, implicaba otro enfoque, otras herramientas y otros conocimientos y habilidades para llevarse a cabo. Fueron unos pocos pioneros, entre ellos Vicente Montesinos, los que informaron de su existencia y además impulsaron un cambio que revolucionó nuestro país en términos de investigación, mucho antes que en otros países de nuestro entorno. Ellos crearon escuelas que a su vez crearon escuelas. Y algunos no se limitaron a impulsar sino que, como en el caso del homenajeado, cuarenta años después siguen en el candelero de la investigación y se mantienen como un referente internacional en su campo. Quiero aprovechar este homenaje para hacer una breve reflexión sobre los avances (y potenciales retrocesos) conseguidos en investigación contable, particularmente en España, desde que se publicó el citado trabajo en 1978. La mayoría de las preocupaciones que tenemos ahora los académicos en contabilidad son comunes en todos los países, si bien la gradación de los problemas puede variar sustancialmente de un sitio a otro, y algunos son especialmente significativos en nuestro país. Voy a referir-

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me a dos aspectos distintos pero en cierto modo relacionados: ¿Es útil la investigación contable, básicamente la investigación empírica, para los reguladores contables? Y ¿favorecen los actuales sistemas de evaluación de la investigación su impacto en la sociedad? Antes vamos a hacer un poco de historia, sin pretender ser exhaustiva en absoluto, y seguramente con el sesgo que imprime mi propia experiencia. Voy a referirme, básicamente, a los avances conseguidos, para después reflexionar sobre las limitaciones actuales y el futuro de nuestra disciplina.

2. De dónde venimos: cuarenta años después En esa época en la que el profesor Montesinos escribió su artículo sobre los enfoques de la investigación en contabilidad se planteó en nuestro país la organización del cuarto congreso de la European Accounting Association (eaa) que se celebró en 1981 en Barcelona (iese). De los 150 participantes entonces solo el 15 % eran españoles, es decir, unas 20 personas, incluidos los organizadores. Pero al final de esa década se vislumbró un cambio. Se publicaron los pioneros trabajos empíricos realizados con los datos que eran entonces accesibles (manualmente recolectados) como los de los profesores Laffarga, Martín y Vazquez (por ejemplo, Laffarga et al., 1985 y 1987), o la monografía en español sobre efectos económicos de las normas contables del profesor Pina (1988). Y en 1991 se publicó un libro del profesor Tua sobre la investigación empírica en contabilidad y la hipótesis de eficiencia del mercado, un libro que a mí, personalmente, recién entrada en la universidad, me permitió conocer un mundo de la investigación que me pareció entonces fascinante. Hay que recordar que en aquellos años no existía internet, ni revistas electrónicas, y que nuestras bibliotecas tenían muchas carencias respecto a la existencia de revistas internacionales. Otro hito esencial en nuestra historia investigadora fue el papel que jugó la Revista Española de Financiación y Contabilidad (refc). La revista vio la luz en 1971, pero fue el profesor Cañibano, director desde 1985, el que la convirtió a principios de los noventa en una revista académica moderna, con un proceso ciego de revisión, y quien estimuló la publicación de trabajos relacionados con este nuevo enfoque empírico en nuestro país. En el ámbito de la internacionalización empezó la década de los noventa con la celebración en 1992 del XV Congreso de la eaa en Madrid (uam-Alcalá), en el que el número de asistentes fue enorme y el de español masivo. En esa década empezaron a celebrarse workshops internacionales (valga como ejemplo carismático el que organizó el profesor Montesinos en Valencia sobre contabilidad pública en 1994) y algunas universidades y académicos españoles empezaron a formar parte de proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea que implicaban movilidad (por ejemplo el de Accounting Regulation in Europe de 1993, liderado en España por el profesor Cañibano). Todo esto (entre otras muchas cosas) supuso un pistoletazo de salida que implicó un cambio de paradigma en la investigación y una internacionalización que coincidió con un incremento exponencial en el personal docente de nuestra disciplina en esos años. Y en esas circunstancias estrenamos el siglo xxi.

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Especial interés aquí merece que en 2001 formó parte por primera vez del Comité Asesor del campo 8 de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (cnai) un académico contable, el profesor Gonzalo Angulo, al que quiero reconocer especialmente su labor divulgativa sobre qué era y cómo hacer investigación enmarcada en ese, para nosotros, «nuevo paradigma». Este cambio imparable que se había producido en investigación en la década anterior fue rápido, en comparación con otros países, pero no fácil, ni estuvo exento de crítica. Tengo que reconocer ahora que, en mi opinión, alguna de esas críticas estaba, al menos en parte, justificada. Quiero destacar un trabajo que el profesor Martínez Churiaque publicó en la refc en 2003, en el que pretendía hacer reflexionar sobre posibles consecuencias negativas que la corriente positivista en contabilidad podría tener sobre la evaluación de la investigación (a nivel individual y de nuestros programas de doctorado y de proyectos que financiar). Planteó también el papel subsidiario que se le podría dar a la contabilidad en la interdisciplinaridad, la «reputación ilusoria» que podría dar la dependencia del Social Science Citation Index (ssci) y la dudosa utilidad de los resultados de algunos trabajos empíricos, no ya para la profesión, sino para el avance en el conocimiento («mucho instrumento hard para conclusiones soft», Martínez Churiaque, 2003: 1218). Rápidamente escribí una discusión de ese trabajo (Mora, 2003) en el que, dándole la razón en algunos, le rebatía ciertos aspectos. Ahí argumentaba yo que la investigación empírica sí tenía influencia en los reguladores y en la sociedad, que el nuevo sistema de evaluación no iba a suponer que la contabilidad fuese tratada como una materia subsidiaria, ni nuestros doctorados, proyectos o revistas como de menor nivel, sino todo lo contrario. Pues tengo que reconocer que quince años después seguramente el profesor Martínez Churiaque podría escribir un trabajo parecido al que escribió en su día, pero mi discusión tendría que matizarla. Pero, volviendo a nuestra posición internacional, lo cierto es que la entrada en el siglo xxi coincidió con una visibilidad de la academia contable española a nivel internacional sin precedentes. En 2001 la profesora Giner fue designada miembro del European Financial Reporting Advisory Group-Technical Expert Group (efragteg), única académica del grupo. En 2003 se celebró otro congreso de la eaa en Sevilla. En 2005 el profesor Carmona fue designado siguiente editor de la European Accounting Review (ear). Y esto no fue anecdótico. Ellos fueron los primeros pero no los únicos, ya que otros españoles siguieron sus pasos en la segunda década. En el año 2008 la refc fue incluida en el Social Science Citation Index (ssci), y durante esa década los españoles estuvieron entre los primeros puestos de asistentes al congreso de la eaa y de autorías en revistas como European Accounting Review (ear) (Gonzalo Angulo y Mora, 2010). Durante la segunda década del siglo, si bien nuestra posición relativa en términos de investigación no es tan vistosa (otros países europeos entran en juego y nuestros recursos financieros y humanos se han visto mermados), se han ocupado y se ocupan puestos relevantes como editores o editores asociados (por ejemplo, Accounting and Business Research, European Accounting Review o Accounting in Europe), así como en calidad de miembros del consejo editorial de prestigiosas revistas de contabilidad y de otras materias. Además, determinados grupos de investigación, que durante estos años han introducido los aspectos

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contables y de información en el mundo de la estrategia organizativa de entidades, la gestión de las administraciones y entidades públicas, la responsabilidad social, la sostenibilidad, el medio ambiente, el gobierno corporativo, las nuevas tecnologías o la educación superior, se han convertido en un referente internacional. En la década actual se han ocupado y ocupan puestos relevantes en la eaa, en el comité directivo (incluida las recientes presidencias de la profesora Giner y del profesor Carmona) y en otros comités de la asociación (de normas, de publicaciones, científico, dirección del predoctoral colloquium, etc.). Y acabo el relato histórico haciendo mención a que en todos estos años nuestras revistas, la refc y la Revista de Contabilidad (rc) han sido un fiel reflejo de nuestra evolución y del reconocimiento internacional de nuestra labor. Sin olvidar todo esto y el mérito de los que lo hicieron posible, paso a reflexionar sobre dos aspectos que preocupan y mucho actualmente a nuestros académicos.

3. ¿Tiene impacto social la investigación contable? El impacto de la investigación contable académica en la sociedad a través de su impacto en la profesión, las empresas y las instituciones, y, más concretamente, en el proceso de establecimiento de normas ha sido tema de debate durante décadas. La aparente falta de relevancia de la investigación contable sigue siendo un problema hoy en día, particularmente cuando se compara con otras disciplinas. Existen diversas teorías para explicar el comportamiento de los reguladores, pero según Kothari et al. (2011) la «teoría de la ideología» de la regulación que se basa en la existencia de fallos del mercado y la necesidad de corregirlos es la que más se adapta a la realidad de la regulación contable. El resultado de este «mundo imperfecto» es que la evidencia empírica sobre los efectos de las normas puede jugar un papel importante al resaltar ineficiencias. Es en contrastar esta evidencia donde los académicos podrían/deberían jugar un papel importante (Abela y Mora, 2012). Ya en la década de 1990, tanto reguladores (Beresford, 1994; Leisenring y Johnson, 1994; Beresford y Johnson, 1995) como académicos (Schipper, 1994; Swieringa, 1998) sugerían que la investigación académica debería tener un papel en el proceso de regulación contable y se lamentaban de que no fuera así. Tres décadas después, y pese a que como señala eaa frsc (2011) «los emisores de normas generalmente no tienen los recursos y la experiencia para llevar a cabo un análisis de investigación exhaustivo y riguroso del posible efecto de las normas de contabilidad», y del reconocimiento expreso de una necesidad por parte de los reguladores y profesionales (efrag, 2011; Fundación ifrs, 2012), la situación apenas había cambiado (Barth, 2006, 2008; Buijink, 2006; Gebhardt, 2008; Granof y Zeff, 2008). Sin embargo, este problema no estaría necesariamente producido por la «inutilidad de nuestra investigación» sino más bien, como señalan algunos autores, por una serie de desconexiones entre los académicos contables y la sociedad en general, algo que no ocurre en tal medida en otros campos (SingletonGreen, 2010; Rutherford, 20011; Abela y Mora, 2012). Son concretamente el «gap comunicativo» según el cual no transmitimos a la sociedad las implicaciones de nues-

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tros trabajos y el «gap de expectativas», por el que los reguladores y profesionales esperan de la investigación respuestas que no podemos darles, mientras que los investigadores nos planteamos preguntas que quizás no sean la de mayor interés para la sociedad o no se planteen en el momento más oportuno. El hecho de que nuestros trabajos no se entiendan y que escribamos los artículos para nosotros mismos no es en sí mismo el problema. Salvando las distancias, claro, dudo mucho que Einstein escribiera sus tratados para los fabricantes de máquinas y que nadie pueda decir que sus descubrimientos no tuvieran utilidad para la sociedad por el mero hecho de que la sociedad (no académica) no los entendía. El problema está en traducir esos trabajos a un lenguaje práctico, y en general no lo hacemos. Adicionalmente no se ha mostrado por nuestra parte un excesivo interés en saber qué preocupa a los reguladores, y ellos no saben qué somos capaces de ofrecerles y, sobre todo, qué es lo que no les podemos ofrecer. Pero si efectivamente el interés de las instituciones en lo que podamos ofrecer existe ¿qué limita entones el avance en la conexión? Pues básica y paradójicamente los incentivos. No solo no existen incentivos para que los investigadores en contabilidad reduzcan ese gap y transfieran su conocimiento, sino más bien al contrario. Los que existen desincentivan la existencia de ese impacto social. Y a esto me refiero a continuación.

4. ¿Cómo estamos midiendo el impacto y qué efecto tiene en nuestra disciplina? Parece obvio que nuestro sistema de incentivos académicos adolece de unas limitaciones que pueden frenar el potencial impacto social de nuestra investigación y tiene unos efectos negativos concretos para nuestra disciplina en términos relativos. Como Moizer (2009) señala, «Si la investigación contable tiene tan poco impacto práctico, la pregunta sigue siendo cuál es su propósito». Este autor hace una declaración crítica interesante sobre el sistema académico contable. Aunque algunos análisis se pueden aplicar a las ciencias sociales en general, el hecho es que la contabilidad tiene algunas peculiaridades interesantes que destacar. Las promociones, financiación y otros reconocimientos en el mundo académico contable en los países de nuestro entorno dependen básicamente de la «calidad de nuestra investigación», que a su vez se mide por un subrogado: por el número de artículos publicados en revistas de reconocido prestigio, es decir, por el medio de difusión. En primer lugar, es importante reconocer los méritos de este sistema. Este sistema competitivo basado en publicaciones nos ha permitido crear una «comunidad académica» internacional. Sin embargo, se admite ampliamente que existe un problema en el mundo de la publicación de las ciencias sociales en general, pero en la contabilidad más particularmente. Muchas de las más prestigiosas revistas señalan como su objetivo publicar el trabajo de los académicos. No parece haber otro fin que el conseguir su publicación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos nunca se han citado más de una vez, el propio objetivo de las revistas parece cuanto menos discutible. ¿Y qué es lo

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que hace que una revista se considere de más calidad que otra? Pues en general su posición relativa en determinados rankings (por lo general establecidos por entidades privadas –ssci, Scopus…–): los «cuartiles». Las revistas de contabilidad normalmente se clasifican en el área de «negocios, finanzas». Sin embargo, ¿cuántas revistas contables hay en esas clasificaciones o listas? ¿Cuántos se clasifican en las primeras posiciones? ¿Cuántos artículos publican por año? ¿Qué posición ocupan las revistas españolas? La respuesta es simple y bien sabida. Comparado con otras materias de esa área (como la de management), hay pocas revistas y se publican pocos artículos por número y pocos números al año. Esta situación significa que las tasas de aceptación en las revistas contables son muy bajas en todas las categorías, mientras que el tiempo desde el envío de un trabajo hasta la publicación ha aumentado a períodos en muchos casos «sin sentido» (a veces de varios años, siguiendo las demandas de los revisores sin agregar, en muchos casos, contribuciones sustanciales a las primeras versiones y, en muchas ocasiones, finalmente rechazadas en cualquier caso). Adicionalmente este sistema, tal y como está diseñado en las ciencias sociales en general, y en economía y empresa en particular, implica que unas pocas citas pueden hacer cambiar la posición en el ranking de manera significativa, fomentando los «comportamientos estratégicos» que poco o nada tienen que ver con la relevancia de la revista para el campo (por excluir ya los comportamientos poco éticos). Cuando el valor de la herramienta de medida, el índice de impacto, se convierte en el objetivo en sí mismo la medida deja de tener sentido. Todo esto lo sabemos. Numerosos autores han señalado este problema a nivel internacional. También los españoles hemos sido conscientes de ello. Trabajos como los de Carmona (2006), Argilés y García-Blandón (2011), Moya et al. (2015, Arquero et al. (2016) lo ilustraban. Un trabajo reciente de Arquero et al. (2017) realiza un interesante análisis empírico de la estrategia que han seguido los profesores de contabilidad recientemente acreditados para titular o cátedra, y concluyen que como consecuencia de este sistema, sin olvidar los efectos positivos, se pueden observar patrones de comportamiento que han llevado también a efectos no intencionados, como la reorientación a publicar en revistas ajenas al área (hay más, publican más y muchas están «mejor posicionadas» en términos de cuartiles que muchas de las más relevantes y reconocidas revistas del área contable), así como un abandono de la divulgación, incluso de los resultados de las propias investigaciones, lo que incrementa la percepción de desconexión con la sociedad. Y si sabemos que esto es así, ¿por qué se mantiene este sistema numérico en su estado puro? Ya se está reaccionando en otros países, donde se elaboran listas de revistas en función de la valoración de los propios académicos, se establece un índice corrector que relativiza el impacto de los trabajos al compararlo con los académicos del área de contabilidad, e incluso se consideran medidas adicionales del impacto de tus trabajos en la sociedad (pertenencia a instituciones, asesoramientos, etc.). Sin embargo, en estos momentos parece que en España no se va por esa vía, e incluso se radicaliza este mecanismo a todas luces matemáticamente imperfecto. ¿Por qué? Pues es evidente que si hay áreas perjudicadas por este sistema hay otras beneficiadas. Los recursos son los que hay y es la distribución el problema. En aras de una

la investigación contable en España... 385

supuesta «objetividad» los que alcanzan el «éxito» por esta vía intentarán mantener el sistema que les ha llevado a alcanzarlo, éxito que a su vez les lleva cada vez más a ocupar posiciones relevantes de decisión en detrimento de los «menos exitosos» (y éxito no hace referencia aquí a la «excelencia», que es otra cosa).

5. ¿Y qué potenciales soluciones existen para el futuro? En relación al gap de comunicación con los reguladores y profesionales, nosotros, como investigadores, tenemos que reconsiderar en cierta medida estos aspectos desfavorables de nuestra posición actual y reevaluar la dirección que queremos tomar. Sin lugar a dudas, contamos con los recursos humanos potenciales y el conocimiento. Es cierto que hay interés y curiosidad por reducir el gap de comunicación por parte de los reguladores. Por ejemplo, en Europa el efrag constituyó en 2017 un panel de académicos de perfil investigador (efrag Academic Panel). En España, el icac siempre tuvo interés por vincularse con el mundo académico y con la investigación (materializada con los acuerdos de convocatorias para fomento de investigaciones con asepuc). Este año se ha establecido por primera vez, tras la firma de un convenio icac-asepuc, una convocatoria que se ha denominado «informes/dictámenes» sobre temas que le interesan al icac y que los académicos pueden llevar a cabo. Es cierto que seguimos teniendo pocos incentivos para involucramos en esta relación, pero hay que hacer un esfuerzo por incrementar tales incentivos. Después de todo, en quienes revertirá finalmente nuestro trabajo será en los reguladores y profesionales. En cuanto al problema más inmediato de la evaluación de la investigación, en mi opinión hemos llegado al punto siempre polémico y controvertido de las «cuotas» y de índices correctores. Hay que convencer a las instituciones (de evaluación) de que existe una discriminación a priori de los que se dedican a la investigación en contabilidad comparado con otras áreas de empresa. Nadie puede decir a estas alturas que nuestro campo no está maduro en términos de investigación (como podría argumentarse hace años). En las mismas condiciones de capacidad y esfuerzo, e incluso de interés social del trabajo, la probabilidad de acceder a una promoción, a un proyecto financiado, etc., de los investigadores contables no es la misma. Debe haber académicos de nuestra área en los comités de decisión, como los hubo en el pasado. Y en esto hay que trabajar. Sin duda creo que no hay que olvidar tampoco que la contabilidad está evolucionando y eso sin duda nos beneficia, ya que incrementa nuestros campos de investigación. Trabajar con la información es esencial para analizar aspectos cada vez más relevantes como la responsabilidad social, el gobierno corporativo, la transparencia, la eficiencia en la gestión, la información integrada. Y sin duda ahí podemos y debemos jugar un papel esencial. Quizás es el momento de un cambio de paradigma, de metodologías, de orientación… Aunque, como todos los momentos de cambio, será difícil. No obstante, nos adaptaremos.

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araceli mora

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EFECTIVIDAD DEL APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES RELEVANTES EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORÍA* Estefanía Palazuelos-Cobo

Ayudante lou. Universidad de Cantabria

Paula San-Martín-Espina**

Investigadora en Formación Predoctoral. Universidad de Cantabria

Javier Montoya-del-Corte***

Profesor contratado doctor. Universidad de Cantabria

Ana Fernández-Laviada

Profesora contratada doctor. Universidad de Cantabria

1. Introducción En los últimos años se ha incrementado notablemente el emprendimiento de nuevas iniciativas de enseñanza-aprendizaje orientadas a fomentar un mayor trabajo autónomo por parte de los estudiantes. La finalidad que se persigue es lograr la integración efectiva de la universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior a través de una adecuada formación por competencias (Martínez Clares y Echeverría Samanes, 2009; Tejada Fernández, 2012), cubriendo tanto la vertiente cognitiva (conocimientos) como la procedimental (habilidades) y la actitudinal (valores y actitudes) (Villa Sánchez y Poblete Ruiz, 2011). Como señalan Blanco Felip et al. (2012), en el proceso de adquisición de competencias son importantes los contenidos que se estudien, pero también lo es la actuación metodológica que se lleve a cabo, es decir, la forma de abordar dichos contenidos. En este sentido, algunos autores advierten de la obligación que tienen los profesores universitarios de modificar los sistemas docentes para añadir un plus curricular de competencias que favorezca la empleabilidad y la movilidad laboral de los estudiantes (Foncubierta, 2010). El artículo que a continuación se presenta trata de contribuir en esta línea. Su objetivo principal es analizar la efectividad de una metodología de innovación do-

Los autores agradecen el reconocimiento de asepuc en la convocatoria del «II premio ASEPUC de innovación educativa en la docencia universitaria de materias relacionadas con la contabilidad y auditoría de cuentas», en la que fue premiado el proyecto del que se deriva el presente trabajo. Asimismo, los autores agradecen el reconocimiento de la Universidad de Cantabria, que también premió el proyecto dentro de la «III Convocatoria de proyectos de innovación docente de la Universidad de Cantabria». ** Investigadora perteneciente al Programa de Personal Investigador en formación predoctoral financiado por la Universidad de Cantabria y la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. *** Coautor de contacto: [email protected]. *

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estefanía palazuelos-cobo y otros

cente, el Aprendizaje Orientado a Proyectos (aop), para el desarrollo de habilidades relevantes en la práctica profesional de la contabilidad y la auditoría, áreas en la que aún se evidencia una importante resistencia a la introducción de metodologías de enseñanza más innovadoras y participativas (Montagud y Gandía, 2015). De acuerdo con ello, se explican las particularidades más relevantes del proyecto realizado por los estudiantes de la asignatura «Auditoría de Cuentas» durante el último curso del grado en ade, consistente en el diseño, elaboración y exposición de un número de una revista de divulgación profesional sobre la materia estudiada. Lo que resta de trabajo se estructura como sigue. Tras esta introducción, y sin el ánimo de ser exhaustivos, se revisan brevemente algunos aspectos destacados del aop, así como la normativa internacional y la literatura previa sobre habilidades en contabilidad y auditoría. En el siguiente epígrafe se contextualiza la experiencia de innovación educativa llevada a cabo mediante la descripción de sus características básicas, y se explica la metodología de investigación utilizada, aludiendo a la descripción de la experiencia, a la muestra y a la recolección de datos. A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos. Por último, se discuten las conclusiones alcanzadas y se referencia la bibliografía utilizada.

2. Marco teórico 2.1 Aprendizaje Orientado a Proyectos (aop) El impulso a la utilización de metodologías de participación activa en el ámbito de la docencia universitaria se justifica por el respaldo que las mismas han recibido por parte de distintos estamentos públicos (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006) y organismos internacionales (Unesco, 1998). En los ámbitos concretos de la contabilidad y la auditoría no se ha sido ajeno a ello, y este apoyo también se ha dado desde diversas corporaciones profesionales relacionadas con la materia (aaa, 1986; aicpa, 1999; ifac, 2003). A partir de todo ello se han multiplicado notablemente las investigaciones empíricas sobre el tema (véase Apostolou et al., 2015, para una amplia revisión de la literatura reciente). Dentro del conjunto de metodologías de enseñanza centradas en la formación por competencias, el aop se caracteriza por estar basado en el aprendizaje experiencial orientado a la acción. En este sentido, se propone que los estudiantes trabajen de forma autónoma en la realización de un proyecto real concreto durante un período de tiempo determinado. El objetivo final puede ser diverso, desde resolver un problema hasta prestar un servicio o crear un producto. En cualquiera de los casos se exige la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades en las que es necesario aplicar los aprendizajes adquiridos y usar de forma efectiva los recursos al alcance (De Miguel Díaz, 2006). Centrando la atención en el propósito de crear un producto, mediante la aplicación del aop los estudiantes deben definir su propósito, identificar su mercado, investigar sobre la temática abordada, crear un plan para la gestión del proyecto y, finalmente, diseñarlo y elaborarlo (Rodríguez-Sandoval et al., 2010). Es decir, que a lo largo de

efectividad del aprendizaje orientado a proyectos... 391

todo el proceso deben ir solucionando problemas relevantes y de muy distinta índole, mediante la reflexión, el debate y la recolección y el análisis de datos, generando sus propias ideas y poniéndolas en práctica (Blumenfeld et al., 1991; Mettas y Constantinou, 2007). Con todo ello, diversos autores defienden que el aop es una metodología particularmente eficaz para el desarrollo de habilidades en la solución de problemas de la vida real, pero sin dejar de lado la adquisición de conocimientos y el fomento de actitudes útiles que favorezcan la inserción de los estudiantes en el mercado laboral y su capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (Willard y Duffrin, 2003; Carrasco Gallego et al., 2015).

2.2 Normativa internacional Entre todas las corporaciones profesionales de contabilidad y auditoría que trabajan a favor de la mejora de la educación y la formación en estas disciplinas es especialmente destacable la labor realizada por el International Accounting Education Standards Board (iaesb), dependiente de la International Federation of Accountants (ifac). Este comité elabora, da seguimiento y actualiza una serie de normas que se han convertido en todo un referente en el mundo académico y empresarial, como son las International Education Standards (ies). A efectos del tema objeto de estudio en este trabajo cabe hacer especial mención a la ies 3: Initial Professional Development – Professional Skills (Revised) y a la ies 8: Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements (Revised). Entre todos los requerimientos establecidos, estas normas introducen una relación de habilidades que se consideran fundamentales para el adecuado ejercicio profesional de la contabilidad y la auditoría (ifac, 2014a, 2014b), clasificándolas en: –– Intelectuales: evaluación de información mediante la investigación, el análisis y la integración de distintas fuentes; aplicación del juicio profesional; identificación de la necesidad de utilizar el trabajo de expertos; pensamiento lógico; pensamiento innovador; análisis crítico; resolución de problemas; y capacidad de decisión. –– Interpersonales y comunicativas: trabajo en equipo; consulta a expertos; comunicación oral y escrita; conciencia sobre la existencia de diferencias culturales; conocimiento de idiomas; capacidad para escuchar; técnicas para entrevistar; negociación, y resolución de conflictos. –– Personales: reflexión; escepticismo profesional; esfuerzo; aprendizaje continuado; comportamiento según un modelo; gestión del tiempo; gestión de recursos; anticipación a problemas; propuesta de soluciones, y mentalidad abierta. –– Organizativas: cumplimiento de fechas; revisión del trabajo realizado; gestión de equipos; delegación de tareas; liderazgo, y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic).

392

estefanía palazuelos-cobo y otros

2.3 Literatura previa Los egresados universitarios en el ámbito de la contabilidad y la auditoría deben reunir un conjunto de cualidades que les permita, por una parte, ser capaces de aprender a lo largo de su vida profesional y desarrollarse personalmente en un entorno de incertidumbre y cambios muy rápidos a nivel global, y por otra, ser agentes de bien económico y social (Albrecht y Sack, 2000). No obstante, diversas investigaciones empíricas llevadas a cabo en diferentes países han evidenciado que los empleadores del mercado laboral de la contabilidad y la auditoría consideran que estos no están suficientemente preparados en algunas de las habilidades más relevantes que son requeridas para un adecuado desempeño profesional (Jackling y De Lange, 2009). La literatura previa consultada se ha referido de forma indistinta a estas habilidades –skills–, como competencias –competences–, atributos –atributtes– o capacidades –capacities–, siendo estas siempre de naturaleza genérica, no técnica (Bunney et al., 2015). Entre todas las habilidades para las que los empleadores demandan un mayor nivel de formación universitaria destacan cuatro que constituyen un denominador común en la literatura previa, como son el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, la resolución de problemas y el análisis crítico (Arquero Montaño, 2000; Kavanagh y Drennan, 2008; Hancock et al., 2010; Pan y Perera; 2012; Tempone et al., 2012). Junto a estas habilidades, en algunos casos concretos también se evidencia un nivel de preparación insuficiente en cuanto a autogestión (Hancock et al., 2010; Tempone et al., 2012), gestión del tiempo y de los recursos (Pan y Perera, 2012), pensamiento analítico, aprendizaje continuado y visión global de los negocios (Kavanagh y Drennan, 2008), búsqueda de información (Pan y Perera, 2012), proactividad (Hancock et al., 2010) y adaptabilidad (Pan y Perera, 2012). A efectos específicos del artículo que aquí se presenta, lo más importante de esta revisión de la literatura previa radica en dos puntos esenciales, puestos de manifiesto recientemente por Abayadeera y Watty (2014). En primer lugar, que existe la necesidad de expandir el currículum en la especialidad de la contabilidad y la auditoría mediante la inclusión y la evaluación de actividades para el desarrollo de habilidades. Y, en segundo lugar, que para lograr este objetivo es vital encontrar las metodologías educativas adecuadas y, por supuesto, capacitar a los profesores universitarios para que puedan llevarlas a cabo con éxito.

3. Contextualización y metodología 3.1 Descripción de la experiencia El proyecto que debían realizar los estudiantes consistió en el diseño, elaboración y exposición de un número de una revista de divulgación profesional sobre contabilidad y auditoría. Esto se llevó a cabo dentro de la asignatura «Auditoría de Cuentas» de la Universidad de Cantabria (España), que se imparte en el primer cuatrimestre

efectividad del aprendizaje orientado a proyectos... 393

del último año de carrera, tiene 6 créditos ects y es obligatoria. El proyecto fue desarrollado por un total de 35 equipos integrados por 3-5 personas, en un período aproximado de cuatro meses. La revista debía tener tres contenidos determinados de antemano por los profesores: 1) una entrevista personal con un profesional ejerciente de la Auditoría; 2) un artículo sobre la evolución de la situación del mercado de Auditoría en España en los últimos cinco años, y 3) un artículo sobre los últimos escándalos financieros ocurridos en España en los que se hubieran visto involucrados auditores (Bankia, Pescanova, Gowex, etc.). Además, la revista debía complementarse con todo aquello que los estudiantes considerasen oportuno introducir libremente y que fuera acorde con los contenidos de la materia, como por ejemplo entrevistas a otro tipo de profesionales relacionados con la contabilidad y la auditoría, artículos sobre otros temas de actualidad o noticias de actualidad comentadas. Durante el cuatrimestre se dedicaron un total de seis horas lectivas de clase a seminarios y talleres. El objetivo era dedicar un tiempo de atención y seguimiento personalizado a cada equipo, que sirviera para aclarar dudas y construir aprendizaje mediante la interacción de los estudiantes con el equipo docente de la asignatura, de tal forma que estos asumieran el rol de instructores, orientadores, facilitadores y motivadores. El peso del proyecto en la calificación final de la asignatura era de un 40 %, repartido de la siguiente manera: un 30 % para los contenidos de la revista y un 10 % para su exposición. El otro 60 % se evaluó de forma continua a través de tres exámenes parciales de teoría y práctica. Con relación a la evaluación del proyecto, en la que participó todo el equipo docente de la asignatura, cabe destacar tres aspectos fundamentales: –– Las calificaciones se realizaron mediante rúbricas, tanto de los contenidos incluidos en la revista como de su exposición pública. –– La evaluación de los contenidos de la revista se realizó en dos momentos del tiempo diferentes. Una primera vez después del plazo dado para la primera entrega y antes de la exposición de los trabajos. Los resultados de esta primera evaluación se comentan personalmente en el aula con los estudiantes nada más concluir cada exposición. Una segunda vez a los quince días de haber expuesto la revista, cuando los estudiantes hayan atendido los comentarios y observaciones incorporadas en las rúbricas. –– En la evaluación también participaron los propios estudiantes, por medio de un instrumento de coevaluación aplicado a cada uno de los integrantes del equipo.

3.2 Muestra El grupo de análisis está integrado por 147 estudiantes que participan voluntariamente y representan al 75,8 % del total de matriculados en la asignatura. En la tabla 1

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estefanía palazuelos-cobo y otros

se recogen algunas características básicas de estos que sirven para definir el perfil de la muestra. Tabla 1. Perfil de la muestra de estudiantes Sexo Rendimiento académico

Mujeres Hombres Aprobado Más que aprobado

Edad (mínima, máxima y media) Asignaturas para acabar (mínima, máxima y media)

80 (54,4 %) 67 (45,6 %) 101 (68,7 %) 46 (31,3 %) 21; 33; 23 1; 15; 9

3.3 Recolección de datos Las opiniones se recolectaron por medio de un cuestionario autoadministrado en papel fuera del aula. Esto se realizó una vez finalizado el diseño, la elaboración y la exposición del proyecto, previa información a los estudiantes sobre el propósito de la investigación y el tratamiento de la información recopilada de forma agregada y anónima. Dentro de un conjunto de secciones y preguntas más amplio, se incluyeron en total veinticuatro habilidades obtenidas a partir de la revisión del conjunto de las ies emitidas por la ifac y de la literatura empírica sobre el tema en materia de contabilidad y auditoría. La medición de la contribución del aop al desarrollo individual de estas se realizó a través de una escala tipo Likert de cinco puntos (desde «1 = Nulo» hasta «5 = Máximo»). Adicionalmente, con el ánimo de obtener una mayor retroalimentación de los estudiantes, se introdujeron dos preguntas de respuesta abierta sobre los aspectos positivos y negativos observados durante la experiencia.

4. Resultados En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en la valoración por los estudiantes de la contribución del aop al desarrollo de las habilidades profesionales consideradas. Los datos están ordenados de forma decreciente según la valoración global, que se muestra en la primera columna. Además se presentan comparativamente los resultados obtenidos al considerar el rendimiento académico (alto: ≥7 vs. Bajo: Cross-loadings

Correlation between constructs vs. ave

AVE > Correlation between constructs

The procedure to obtain the final latent variables for each attribute requires successive principal components analysis, but we will summarize the results to justify the final solution. It is also important to emphasize that removing an indicator from the composition of a construct means that it is not equivalent to the others and using one or the other indicators as a proxy of the attribute to be measured would lead to different conclusions.

4. Results In this section we present the final solution regarding the latent variables which are generated for measurement of each of the earnings attributes related to time-series properties, the indicators that each of them includes, and the fulfilment of the internal consistency properties to confirm construct validity. According to those properties, we can highlight two common results for the attributes related to the time-series properties of earnings. Firstly, results from those indicators where the deflator employed is the number of shares (codes 04 and 09) or the book value (codes 05 and 10) do not meet any of the internal consistency properties for any of the attributes. So, we conclude that the variable used to correct earnings series by firm size may determine the result of the analysis of time-series properties of earnings. Second, the earnings level also cause differences in the results. This means that different analyses for operating income and for income before extraordinary items need to be made. However, we explain the results for these two earnings levels at the same time because, given a level of income, the conclusions that we obtain are very similar for both of them.

the measurement of time-series properties of earnings... 445

Therefore, the study analyses the construct validity considering those indicators whose deflator variables are based on assets figures and it examines indicators based on operating income separately from those based on net income before extraordinary items.

4.1 Earnings persistence There are three alternative measures for earnings persistence; the ar(1) coefficient, the pvr index (which we calculated for three different arima models) and the R(k) index (which we calculated using k = 4). The results included in table 4 show the existence of threedifferent constructs consisting of different measures for evaluating earnings persistence.4 On the one hand, the measures related to the ar(1) process are theRho coefficient of the ar(1) model and the pvr index calculated for an arima (1,0,0) model. They are identified with the basic concept of persistence, which determines the degree to which the changes in earnings from the current period appear in the following period. In other words, they determine the degree to which an unexpected impact on earnings becomes a permanent part of earnings. On the other hand, higher earnings generation processes, which in our case are the arima(1,1,0) and arima(2,1,0) models, generate different persistence results. This is because the selection or estimation of the generating process of earnings is a determining factor in the analysis of persistence. Finally, the R(k) indicator, which does not take into account the arima process that generates the series of earnings, shows itself to be a variable that is different from the rest. As Pineda (1998) states, this indicator attempts to measure earnings persistence based on its division into permanent components and transitory components. Therefore, this indicator measures different aspects and is not equivalent to the others. To sum up, measurement of persistence is quite ambiguous because depending on the method employed by researchers, results will be different. Therefore, empirical research examining persistence must be careful defining persistence and choosing one method or another, because this choice will determine conclusions from the research.

4 Three constructs for measures were calculated using the operating income and another three for the nibe.

446

cristina ferrer garcía y josé anonio laínez-gadea

Table 4. Internal consistency analysis for Persistence (PERS). Unidimensionality Constructs

PER ar(1) OpInc

PER. pvr OpInc

PER. R(4) OpInc

PER ar (1) nibe

PER. pvr nibe

PER. R(4) nibe

Indicators

Loading

PER. Rho _01

0.896

PER. Rho_02

0.861

PER. Rho_03

0.905

PER. pvr. 100_01

0.798

PER. pvr. 100 _02

0.878

PER. pvr. 100_03

0.928

PER. pvr. 110_01

0.719

PER. pvr. 110 _02

0.829

PER. pvr. 110_03

0.883

PER. pvr. 210_01

0.755

PER. pvr. 210 _02

0.835

PER. pvr. 210_03

0.853

PER. R(4)_01

0.935

PER. R(4)_02

0.916

PER. R(4)_03

0.984

PER. Rho _06

0.909

PER. Rho_07

0.899

PER. Rho_08

0.926

PER. pvr. 100_06

0.859

PER. pvr. 100 _07

0.887

PER. pvr. 100_08

0.946

PER. pvr. 110_06

0.718

PER. pvr. 110 _07

0.876

PER. pvr. 110_08

0.903

PER. pvr. 210_06

0.799

PER. pvr. 210 _07

0.904

PER. pvr. 210_08

0.914

PER. R(4)_06

0.934

PER. R(4)_07

0.912

PER. R(4)_08

0.989

Reliability

Conv. Validity

Eigenvalue*

% variance*

Cronbach’s Alpha

Comp. Reliab.

ave

4.633 (0.621)

77.211 % (10.345 %)

0.880

0.953

0.772

3.978 (0.944)

66.293 % (15.733 %)

0.898

0.922

0.663

2.682 (0.270)

89.388 % (9.006)

0.940

0.962

0.894

4.910 (0.499)

81.834 % (8.309)

0.924

0.964

0.818

4.390 (0.672)

73.168 % (11.195 %)

0.926

0.942

0.732

2.682 (0.287)

89.387 (9.551 %)

0.935

0.962

0.894

* Columns for eigenvalue and % variance show, in brackets, values for the second principal component.

the measurement of time-series properties of earnings... 447

4.2 Earnings predictability For the case of predictability, we base our approach directly on the series of results deflated by total current assets. The initial analysis was carried out including all indicators, but carrying out a principal components analysis using more than 100 indicators was not viable.5 The results of the construct validity analysis show the existence of two different groups of indicators, those that measure the ability of earnings and its components (accruals and cash flows) to predict future cash flows (the pred cfo construct) and those that evaluate the ability of earnings (and its components) to predict future earnings (the pred rdo construct). Table 5. Internal consistency analysis for Predictability (PRED).

Constructs

pred cfo

pred opinc

pred nibe

Indicators

Loading

PRED.DTRes.c_01

0.966

PRED.ABSRes.c_01

0.968

PRED.DTRes.c_06

0.979

PRED.ABSRes.c_06

0.976

PRED.DTRes.d_01

0.955

PRED.ABSRes.d_01

0.959

PRED.DTRes.d_06

0.959

PRED.ABSRes.d_06

0.946

PRED.DTRes.f_01

0.957

PRED.ABSRes.f_01

0.954

PRED.DTRes.a_01

0.961

PRED.ABSRes.a_01

0.972

PRED.DTRes.b_01

0.968

PRED.ABSRes.b_01

0.971

PRED.DTRes.e_01

0.976

PRED.ABSRes.e_01

0.977

PRED.DTRes.a_06

0.978

PRED.ABSRes.a_06

0.971

PRED.DTRes.b_06

0.986

PRED.ABSRes.b_06

0.990

PRED.DTRes.e_06

0.981

PRED.ABSRes.e_06

0.984

Unidimensionality

Reliability

Conv. Validity

Eigenvalue*

% variance*

Cronbach’s Alpha

Comp. Reliab.

ave

9.251 (0.282)

92.514 % (2.819 %)

0.988

0.992

0.925

5.656 (0.192)

94.258 % (3.195 %)

0.980

0.990

0.943

5.782 (0.134)

96.373 % (2.232 %)

0.987

0.994

0.964

* Columns for eigenvalue and % variance show, in brackets, values for the second principal component.

5 However, the results have been studied using the other asset figures and the conclusions are the same.

448

cristina ferrer garcía y josé anonio laínez-gadea

As we can see in Table 5, we obtained two different latent variables, showing that the ability to predict cash flows and the ability to predict earnings are not equivalent and the earnings level analysed also affects the results. However, we highlight the fact that the prediction of cash flows does not seem to be determined by the earnings level used. Therefore, researchers must distinguish between the ability of earnings and its components to predict future earnings and their ability to predict future cash flows, since conclusions in one or the other may be different.

4.3 Earnings variability The results included in Table 6 show the existence of two consistent constructs that are differentiated by the earnings level: operating income or net income before extraordinary items. It confirms more than any other the importance of the difference between the earnings level. That is, when evaluating the earnings quality based on these time-series properties, both the selection of the earnings variable upon which we apply them and the selection of the variable used to correct the earnings series due to the effects of size are decisive. Table 6. Internal consistency analysis for Variability (var) Unidimensionality Constructs

var_

OpIncome var_ nibe

Indicators

Loading

var_01

0.949

var_02

0.901

var_03

0.980

var_06

0.947

var_07

0.888

var_08

0.982

Reliability

Conv. Validity

Eigenvalue*

% variance*

Cronbach’s Alpha

Comp. Reliab.

ave

2.672 (0.284)

89.082 % (9.461 %)

0.872

0.961

0.891

2.649 (0.317)

88.287 % (10.562)

0.883

0.958

0.883

* Columns for eigenvalue and % variance show, in brackets, values for the second principal component.

4.4 Final results and measurement proposal According to the results in previous subsections, there are too many different alternatives to measure the same reality and they are not equivalent. So, in order to evaluate the information that each of the measures provide for explaining reality, the result of construct validity analysis should be considered in subsequent studies of time-series properties of earnings. We could define each time-series property as a latent variable whose reflective indicators are the result found in construct validity analysis.

the measurement of time-series properties of earnings... 449

For persistence, we have observed that previous literature has considered many different measurements that generate three different perspectives, which constitute three different latent variables. The first one is related to the persistence of earnings distributed as an ar(1), the second one considers higher order generating processes and, finally, the third variable is formed by indicators of persistence based on R(k) measure. With regard to this final result, shown in figure 1, it is possible to go further in persistence measurement as a latent variable. It could be proposed as a second-order latent variable, considering that first order constructs are formative indicators of a second-order latent variable such as persistence. Concerning predictability measures, our results show the important difference between the ability of earnings to predict future earnings and their ability to predict future cash flows. Thus, each of these perspectives constitutes a latent variable, as figure 2 shows. Finally, as we highligthed before, earnings variability indicators mainly show the important role of earnings level and deflator variables in the measurement of time-series properties of earnings. Therefore, although earnings variability can be measured as a latent variable, it does not include indicators which are measured using deflator variables not related to assets figure. Figure 1. Final measurement model PERS.R4_06 PERS.AR1_06

PERS.R4_07 PERS.R4_08

PERS.PVR.110_06

PERS. R(k)

PERS.PVR.110_07 PERS.PVR.110_08

PERS. PVR

PERS.AR1_07

PERS.PVR.210_06

PERS.AR1_08

PERS.

PERS.PVR.210_07

PERS.PVR.100_06

AR1

PERS.PVR.210_08

PERS.PVR.100_07 PERS.PVR.100_08

PE R S

V AR VAR_06 VAR_07 VAR_08

450

cristina ferrer garcía y josé anonio laínez-gadea

5. Summary and discussion Financial reporting quality has attracted considerable interest in accounting and management research in recent decades. However, there is no consensus on the definition of the characteristics that must be met to consider earnings of quality. Although empirical research, in general, has approached this concept through a single dimension, previous studies have shown that selecting one attribute or another can change the conclusions of research. Given this relative uncertainty about the definition of earnings quality and how to measure it, the objective of this paper is to evaluate whether the method used in previous empirical research for measuring earnings quality derived from the time-series properties of earnings might determine the results of earnings quality research. To achieve the objective of this paper, we have proposed an innovative methodology in the area of research on earnings quality: the construct validity framework. This methodology is appropriate because it allows us to measure earnings quality as a multi-dimensional variable. Our results show that for most of the earnings attributes how we measure the characteristic analysed can determine the results, so we cannot consider them as equivalent measures of the same concept. Time-series properties are affected by the level of earnings chosen for analysis. Apart from that, there are three different analytical perspectives to evaluate earnings persistence. To analyse the predictive ability, we must distinguish between the ability to predict future cash flows and the ability to predict future earnings. Finally, earnings volatility differs depending on the earnings variable that is considered in the analysis. We conclude, just as Dechow et al. (2010), that the latent variable «earnings quality» cannot be approached independently from the attributes of quality, they cannot be measured in different scenarios. That is, not all proposed measures for the valuation of an attribute represent the same concept or measure the same dimension. This implies that time series properties of earnings which are measured through different indicators will generate values of the attribute that need not match the value obtained by applying different methods. Therefore, it is important to consider that the conclusions we reached from the study of earnings quality may be influenced not only by the attribute we choose as earnings quality proxy, but also by the way in which each attribute is empirically defined. As such, it is important for researchers to have a good definition of the attribute to be used as proxy for earnings quality based on the objective. We cannot extrapolate conclusions from studies that have studied time-series properties measurement applying different methods. However, construct validity framework allows us to measure latent variables taking into account all the information in such a way that the method of measuring it does not influence the results. Construct validity framework constitutes the first step of a structural equations model that can be used to analyse the relationship between latent variables. Further research might be directed to establishing structural equations modelling as a complete methodological option to be used for studying time-series properties of earnings as latent variable, for considering all the alternatives in

the measurement of time-series properties of earnings... 451

such a way that each of them provide important information. It is not necessary to select one single method to measure these attributes. To sum up, we identify a lack of agreement in previous literature regarding how time-series properties of earnings should be operationalized, and the general use of a single measure of earnings attributes related to time-series properties in each study, which can bias the conclusions from research. In order to solve these problems, we suggest solutions such as using multiple measures of each attribute by building aggregate measures which employ the construct validity framework. This paper contributes to the literature on earnings quality in several ways. Firstly, it represents a major compilation of the time-series properties of earnings and their different measurement alternatives that has not been published previously. Secondly, it addresses the issue of whether the choice of different methods to measure the properties of earnings can determine the results of our research. What is more, it proposes a methodology making it possible to consider these attributes as aggregate measures, including all relevant information. Finally, it provides a major methodological contribution to the study of earnings attribute using construct validity framework.

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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CUADRO DE FLUJOS DE TESORERÍA. SECTOR AUTOMOCIÓN Julián González Pascual Universidad de Zaragoza

Celia Martínez Escartín Universidad de Zaragoza

1. Introduccion En este trabajo hemos pretendido realizar el diagnóstico financiero de uno de los sectores más importantes y dinámicos de nuestra economía española utilizando para ello la información proporcionada por el cuadro de flujos de tesorería. A lo largo de este trabajo pretendemos poner de manifiesto, mediante su aplicación práctica, la gran utilidad de análisis que nos ofrece uno de los documentos informativos que más auge e interés ha manifestado desde la última reforma mercantil producida en nuestro país en 2007. El sector elegido en nuestro empeño ha sido el de las empresas de automoción en España, habiendo conseguido la información requerida de sus Estados Contables obtenidos en la base de datos sabi (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Un análisis financiero es necesario para conocer la situación de una empresa y la adecuación de su estructura financiera, determinando la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones y si dicha estructura le permite ser viable en el futuro. El análisis financiero tiene dos perspectivas diferentes, estática y dinámica. El análisis dinámico, sobre el que nos vamos a centrar, nos aportará mucha más información, más veraz y fiable que el estático, al tener en cuenta el desarrollo financiero en el tiempo, en lugar de obtener una visión instantánea que conseguiríamos si nos basáramos únicamente en la información del balance.

2. Metodología Este trabajo tiene dos partes diferentes; en una primera parte se tratará de realizar una exposición de los parámetros financieros que consideramos más relevantes para el análisis financiero dinámico; en la segunda continuaremos con el análisis empírico, que consistirá en un análisis elaborado sobre los resultados que arrojen los parámetros financieros seleccionados aplicados a la información del sector que vamos a analizar.

456

julián gonzález pascual y celia martínez escartín

Para realizar el estudio empírico del sector de la automoción hemos seleccionado una muestra dentro del sector de la automoción en España, debido a su gran importancia e impacto dentro de la economía española, representando el 10 % del pib y el 17 % del total de exportaciones españolas; además, su industria genera 300.000 empleos directos y otros dos millones de manera indirecta, y es uno de los sectores más afectados, junto al de la construcción, por la crisis que venimos padeciendo en los últimos años. Este sector pertenece al Grupo Primario 29.1 «Fabricación de vehículos», donde seleccionamos las siete principales empresas del país según la cifra de negocios dedicada a la fabricación de vehículos de gama baja-media, siendo en esta segmentación del mercado donde nuestro país es empresa referente frente a las del resto de Europa. El periodo que vamos a analizar será desde 2008 hasta 2015, de esta manera podremos observar el impacto que la crisis ha tenido en ellas y su evolución hasta salir del periodo de recesión mediante el análisis de los parámetros financieros seleccionados. La metodología consta de la recogida de datos en sabi; la inspección de los Estados Contables de las empresas de la muestra, teniendo en especial consideración el Cuadro de Flujos de Efectivo, obligatorio para estas empresas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad (pgc) de 2007; la elaboración de datos para el estudio y su interpretación, y, por último, la formulación de las hipótesis y diagnóstico.

3. Análisis y parámetros financieros 3.1 Análisis financiero El análisis es el proceso por el cual obtenemos información, a través de los estados financieros, que posteriormente elaboramos realizando una serie de cálculos, con objeto de su interpretación y toma de decisiones más adecuadas en un futuro por alcanzar los objetivos de la empresa. Todo esto se lleva a cabo analizando la información suministrada y teniendo en cuenta que dichos objetivos son, fundamentalmente, obtener una máxima rentabilidad en las inversiones y tener solvencia para hacer frente a nuestras obligaciones de pago, sin perder de vista la liquidez. El análisis financiero es el proceso mediante el cual se interpreta la información financiera de una empresa con el objetivo de emitir una valoración sobre la situación de la empresa (Azofra, 1995: 9). Aunque el análisis de las empresas se puede realizar desde las perspectivas patrimoniales, financiera y económica, este trabajo queda decantado en la vertiente financiera, por estar basado en los flujos de caja, principal ingrediente de esta vertiente. El análisis financiero que nosotros vamos a adoptar como más apropiado será enfocado desde el punto de vista dinámico, descartando el tradicional enfoque estático del análisis financiero que nos ofrece el balance, debido a que este último solo nos muestra la información desde un momento concreto. Por el contrario, un enfoque dinámico nos permite observar la evolución que se produce en la generación y aplicación de la solvencia.

análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 457

En este cometido, como ya venimos señalando, vamos a tener como fuente de datos el Estado de Flujos de Efectivo (efe), que nos informará sobre el origen y uso de los flujos de tesorería para comprender las variaciones de flujo que se producen entre ejercicios. Para ello es necesario analizar la relación entre la tesorería generada en las operaciones de explotación (tgo), la tesorería vinculada a operaciones de inversión (tgi) y la tesorería afecta a operaciones de financiación (tgf), y evaluar la capacidad de convertir en liquidez los recursos generados, lo que a la postre constituye la capacidad de hacer tesorería operativa. La capacidad de la empresa para generar fondos que hagan frente a sus pasivos es una magnitud relevante que se debe tener en cuenta para lograr una situación financiera estable, y el efe nos permite analizar los flujos y conocer en qué situación o fase se encuentra la empresa. Por lo que concluimos que se debe reconocer la relevancia del análisis de flujo como un análisis dinámico, frente al análisis de fondo, que es estático, ya que el flujo neto de tesorería generado por la actividad debiera ser capaz de permitir que la empresa alcance una estabilidad financiera, independiente de la estructura de su fondo de maniobra (Medina-González, 2005).

Vamos a describir a continuación las magnitudes económico-financieras fundamentales para el análisis financiero dinámico, proporcionadas por el Estado de Flujos de Efectivo.

3.2 Parámetros financieros. 3.2.1 Recursos Generados por las Operaciones (rgo) El efe tiene tres partes fundamentales. La opción propuesta por nuestro Plan General de Contabilidad (pgc) para elaborar estas tres partes resulta un tanto sorprendente, puesto que no sigue un criterio uniforme como lo fue la propuesta original de fasb-95 o la propuesta del documento 20 de aeca. En el caso de nuestro pgc de 2017 la propuesta para la primera parte (operaciones ordinarias) es determinar los flujos de tesorería de forma indirecta, mientras que las otras dos partes restantes (flujos por operaciones de inversión y las de financiación) se mantienen en la idea original de presentarlos de forma directa. El primer apartado del efe hace mención a los flujos de tesorería generados por las operaciones ordinarias. Como hemos indicado, este primer apartado trata de ser una descripción del método indirecto del cálculo de flujos de tesorería. Se basa en determinar lo flujos de tesorería a través del beneficio corregido. Este proceso se describe mediante dos etapas intermedias. En la primera se trata de determinar lo que conocemos como Recursos Generados por las Operaciones (rgo). El aspecto más novedoso de esta parte radica en que estos recursos, así calculados, constituyen unos rgo antes de impuestos y una vez des-

458

julián gonzález pascual y celia martínez escartín

contados los efectos financieros que los ingresos y gastos financieros provocan en el resultado ordinario de la empresa. Con esta visión del pgc estamos identificando sin señalarlo al ebitda, un parámetro muy de actualidad aunque tenga un origen lejano. Para encontrar este parámetro no hay que ir muy lejos ni hacer grandes maniobras operativas para su cálculo. Nuestro pgc nos lo proporciona directamente, aunque no lo identifique por su nombre conocido. Y en la segunda se trataría de calcular los flujos de tesorería generados por las operaciones (tgo) una vez descontados del rgo los incrementos de la estructura circulante, los ajustes previos de ingresos y gastos financieros y los impuestos directos. Así pues, la peculiaridad de estos rgo determinados de esta forma, sobre ellos utilizando el método indirecto del fasb-95 o de la propuesta del documento 20 de aeca, es que se trata de un excedente económico de explotación que elimina el efecto de ingresos y gastos financieros, y antes de impuestos. Una adecuada política de equilibrio financiero requiere que los rgo sean positivos, ya que están asociados al nivel de actividad de la empresa, y de ser negativos no sería posible sostener una política de crecimiento o diversificación de la empresa porque cualquier esfuerzo inversor tendría que estar soportado por recursos externos de accionistas o acreedores, elevando el coste de los recursos y aumentando el riesgo financiero. Analizaremos a continuación la capacidad que tienen las empresas de la muestra para atender el pago de sus deudas a largo plazo con los recursos que genera.

3.2.2 Variación de Capital Circulante (vcc) El análisis de la evolución patrimonial de una manera más dinámica se hace a través del efe, que nos aporta una mayor información acerca de las variaciones del capital circulante entre los balances de dos ejercicios. Precisamente, al utilizar el método indirecto para determinar los flujos de efectivo de las operaciones ordinarias, uno de los puntos importantes de información significativos en él lo constituye la variación producida en el capital circulante, tanto por la variación del activo corriente en positivo como por la variación del pasivo corriente en negativo. Este aspecto tendrá especial importancia en nuestro análisis posterior, ya que su variación es consecuencia de la política financiera a corto que se aplica en la empresa, y porque explica las diferencias entre los recursos económicos generados por las operaciones y los flujos de tesorería derivados de esas mismas operaciones.

3.2.3 Tesorería Generada por Operaciones (tgo) Los flujos de tesorería tienen su origen y motivación en los rgo. La tesorería generada por operaciones de explotación son los flujos económicos procedentes de las operaciones ordinarias ajustados por las cantidades de ingresos y gastos pendientes de cobro o pago (variación del capital circulante). En el caso de nuestro pgc de 2007

análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 459

también estarán afectados por la eliminación de los ajustes de gastos e ingresos financieros que previamente se han tenido en cuenta para calcular el rgo. Los flujos de efectivo de las actividades de la explotación, tgo, constituyen la principal fuente de flujos líquidos de la empresa, resultado del de la actividad ordinaria, lo que da una variación en la tesorería en la medida en que los ingresos cobrados sean mayores o menores que los gastos pagados. La tgo nos sirve para anticiparnos a problemas de liquidez, ya que si este es positivo nos indica capacidad de continuidad de la empresa por ser capaz de generar tesorería; mientras que si es negativo indica que han sido mayores los pagos que los cobros derivados de la actividad ordinaria, y eso impide la actividad autofinanciada y con capacidad de expansión.

3.2.4 Políticas financieras Políticas financieras a corto plazo Las políticas financieras de cobros y pagos de la empresa son importantes para que una empresa tenga liquidez y genere solvencia, de acuerdo con el potencial que arrojan los recursos generados por las operaciones (rgo). Vienen definidos por los plazos relativos a las diferentes etapas del proceso productivo (almacenes, fabricación, cobros y pagos). Se deberá tratar de reducir al mínimo la diferencia entre generación y capacidad de generación de tesorería por la variación experimentada por los Activos y Pasivos Corrientes. Ello hace que se deban vigilar los periodos de aprovisionamiento, producción, venta, cobro y pago, puesto que de ellos depende la estructura circulante de la empresa. Siendo una situación equilibrada aquella en la que la empresa no solo genera recursos internos con su actividad (rgo), sino que además los convierte en líquidos con las correctas políticas de cobros y pagos. Esta relación de las políticas financieras a corto plazo será estudiada mediante la relación entre el tgo y el rgo. De esta manera se calculan ratios, tomando como base la magnitud del rgo para obtener información más real sobre la capacidad de generar recursos y hacer frente a las obligaciones de pago. Nuestra ratio tomada para la política financiera a corto plazo, tgo/rgo, nos da información acerca de la capacidad de generar tesorería a partir las operaciones ordinarias de explotación con que afrontar los compromisos de pago.

PF largo plazo En la estructura patrimonial de la empresa debemos identificar la que resulta necesaria para el desarrollo de la actividad y que, por ello, se la identifica como la estructura permanente, que también requerirá una expansión continua al compás del desarrollo y necesidades que dicte la actividad de la empresa.

460

julián gonzález pascual y celia martínez escartín

Las inversiones permanentes requerirán, así mismo, de una adecuada financiación continua cuyo nivel de adecuación dependerá también de los costes de financiación, rentabilidades y creación de valor exigido, el nivel de endeudamiento aceptado por la empresa y el riesgo financiero que conlleva el endeudamiento. La estructura financiera global de la empresa tiene su punto de apoyo fundamental en los recursos financieros permanentes. La expansión y necesidades de la estructura financiera permanente está asociada (como parte prioritaria de sustento) a los flujos generados por la actividad ordinaria, debido a que si estos son positivos, financiarán parte de las inversiones permanentes que se realicen y solo requerirán de recursos permanentes para complementar la parte de la expansión no autofinanciada. Por el contrario, si fueran negativos, habría que utilizar recursos permanentes para llevar a cabo la expansión de la empresa, así como para solventar las necesidades de tesorería derivadas del ciclo productivo. Será necesario financiar los déficits de forma complementaria para seguir con la actividad empresarial. El tipo de política financiera a largo lo mediremos a través de la ratio Pfl, definida por medio de la siguiente relación, siendo «F» financiación e «I» inversión: F Pfl = __________ (I – tgo) Con el transcurso del tiempo se evidenciarán los flujos de tesorería para el pago de inversiones, cobro de desinversiones, pago por cancelación de recursos financieros y cobro de financiación conseguida. La información de estos movimientos de tesorería aparece esgrimida en la segunda y tercera partes del efe. Así pues, los tres tipos de flujos del efe identificarán las siguientes situaciones (etapas) en las que puede encontrarse la empresa. Tabla 1. Etapas de la empresa por efe Etapas

tgo

F. inversión

F. financiación

Introducción





+

Crecimiento

+



+

Madurez

+





Declive

+

+



Reestructuración



+

Liquidación



+

Fuente: Elaboración propia.



análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 461

4. Análisis empírico El objetivo principal de nuestro estudio es el análisis sectorial de la información financiera proporcionada por el cuadro de flujos de efectivo durante el período 2008/15, en las principales empresas constructoras del sector de automoción.

4.1 Análisis de las Variables Financieras 4.1.1 Recursos Generados por las Operaciones (rgo) En la tabla 2 aparecen los resultados conseguidos en nuestro análisis respecto a los valores alcanzados en cada empresa y año por los rgo. Tabla 2. Evolución del rgo en miles de € RGO(Rdo Antes Imp+ Ajustes rdo.+Otros flujos efec Act.Explo) miles de € FORD G.M. PEUGEOT-CITROEN RENAULT SEAT VOLKSWAGEN NISSAN SECTOR



2008

2009

2010

2011

177.081 -124.647 370.280 148.332 554.200 78.593

199.523 -51.859 274.381 244.162 272.100 49.851 -125.111 965.833

192.828 28.365 133.756 230.654 117.100 130.043 -22.325 867.705

176.763 -126.245 151.422 184.318 429.600 122.462 34.959 1.042.423

1.078.728

2012

2013

2014

283.669 291.990 381.635 -385.891 -178.323 5.907 149.393 299.670 419.809 162.892 176.701 140.622 269.900 419.300 481.000 100.022 104.325 109.602 104.103 102.664 65.330 682.649 1.178.993 1.618.797

2015

PROMEDIO

436.353 210.300 342.605 219.920 636.300 124.766 80.222 2.094.559

267.480,25 -77.799,13 267.664,50 188.450,13 397.437,50 102.458,00 34.263,14 1.191.210,87

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sabi.

Analizando primero los datos del sector, podemos observar en la tabla 4 que su evolución respecto a la variable recursos generados por operaciones de explotación, en adelante rgo, es positiva con un incremento global respecto al ejercicio inicial de 2008 de un 94,17 %. Al examinar su evolución observamos dos periodos diferenciados, entre los ejercicios 2008-2010 el rgo desciende progresivamente a consecuencia del periodo de crisis económica, mientras que en los ejercicios 2011-2015 se producen aumentos en esta magnitud a excepción del ejercicio 2012, como nos muestra el gráfico 1. Observando ahora las empresas de la muestra podemos decir que en el ejercicio 2008 todas las empresas, a excepción de General Motors (en adelante g.m.), se encuentran con un rgo positivo, situándose con un comportamiento similar al del sector, y esto nos indica que la actividad de la empresa genera unos recursos internos con el objetivo de poder financiar operaciones de financiación e inversión. Al contrario que el sector, g.m. tiene un rgo negativo en el ejercicio 2008 de –124.624 euros, y no solo no está generando los recursos suficientes sino que los consume, por lo que no puede financiar el desfase generado en la actividad. Su matriz es declarada en Concurso de Acreedores, aunque ello no afecta por contrato a las filiales en Europa, que reciben crédito desde otra empresa del sector.

462

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Gráfico 1. Evolución rgo del sector automoción

Fuente: Elaboración propia a partir datos sabi.

Si observamos la evolución hasta el ejercicio 2015, todas las empresas han incrementado su rgo con excepción de Peugeot-Citröen, que se mantuvo en 176.763 euros con apenas un descenso del 0,07 %. Destacan, entre los incrementos, el 146 % de Ford, que paso de 177.081 euros a 436.353 euros y el de Nissan, con un incremento del 164 %, pasando de un rgo negativo de –125.111 a 80.222 euros. El incremento de Ford puede ser debido a una desinversión en su activo no corriente, de los instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, ya que desde la matriz del grupo en ee. uu. se deshacen de algunas de sus marcas, como Jaguar, Land Rover y Mazda, para hacer frente a la crisis, un cambio de política que afecta a todas las filiales. También aparece en Activos No Corrientes un aumento de su inmovilizado correspondiente a la partida de Desarrollo como consecuencia de centrarse en el desarrollo de los coches eléctricos e híbridos. Entre los descensos más relevantes dentro del periodo analizado destaca la minoración en el ejercicio 2010 de Seat en un 79 %, quedando a niveles de 117.100 euros, o lo que es lo mismo, cinco veces inferior respecto a los datos del ejercicio 2008; y con un 63 % menos Peugeot-Citröen, que pasan de 370.280 euros en el ejercicio 2008 a 133.756 euros en el ejercicio 2010. En su evolución al ejercicio 2015 el grupo de empresas se comporta de manera similar y con la misma tendencia que los datos del sector, a excepción de la empresa Ford, que en el ejercicio 2012 experimenta un crecimiento en su rgo, obtiene un resultado positivo 16.183 euros frente a las pérdidas del ejercicio anterior, al contrario que el resto de empresas y del sector, que acusan resultados negativos o menores beneficios. Peugeot-Citröen, aun con un incremento del resultado en dicho ejercicio

análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 463

2012, ve mermado su rgo respecto al ejercicio anterior por un incremento de flujos negativos en otras actividades de explotación.

4.1.2 Tesorería Generada por Operaciones (tgo) En la tabla 3 pueden verse los importes alcanzados por esta magnitud a lo largo del periodo analizado

Tabla 3. Evolución del tgo en miles de euros TGO (Flujos efectivos activ. Explotac) miles de € FORD G.M. PEUGEOT-CITROEN RENAULT SEAT VOLKSWAGEN NISSAN SECTOR



2008

2009

2010

2011

184.454 126.539 388.648 197.815 375.200 101.451

309.986 177.460 377.020 -2.548 347.400 133.843 -272.109 1.281.715

81.481 -269.232 120.989 151.099 119.600 77.488 -61.446 400.273

114.268 -99.794 147.945 85.005 178.100 101.333 118.848 685.606

1.101.998

2012

2013

2014

314.954 481.807 297.677 -131.479 -113.004 -152.408 -32.416 151.408 799.757 150.078 39.701 70.718 210.500 358.200 522.500 -24.794 129.662 64.342 158.749 178.776 -49.829 665.619 997.945 1.659.664

2015

PROMEDIO

643.219 59.894 461.018 498.649 781.300 159.238 57.078 2.622.422

303.480,75 -50.253,00 301.796,35 148.814,63 361.600,00 92.820,38 18.581,00 1.176.905,47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sabi.

Continuamos con la línea de analizar primero los datos del sector y observamos que su tesorería generada por operaciones de explotación, en adelante tgo, aumenta progresivamente entre los ejercicios 2008-2015, a excepción de la caída del 63,6 % producida en el ejercicio 2010 respecto al ejercicio 2008, representando para todo el periodo un aumento global del 138 %. Al analizar las empresas de forma individual en el ejercicio 2008, podemos apreciar comportamientos diferentes. La mayoría obtiene saldos positivos, excepto la empresa g.m., con casi todos los años en negativo, y las empresas Renault, Volkswagen y Nissan, con algún ejercicio aislado también en negativo. El caso de la empresa g.m. es especialmente grave, resultando negativa esta magnitud en su valor promedio del período (–50.253 euros). Este tgo negativo en g.m. implica unos pagos durante el periodo superiores a los cobros, por lo que la empresa consume más liquidez en su explotación de la que genera. Por no disponer de datos del efe correspondientes a ejercicios anteriores en Nissan, este es evaluado desde el ejercicio 2009. Si observamos ahora el ejercicio 2015, nuevamente Ford es la empresa que destaca en el aumento de tgo, sus actividades de explotación generan un flujo de efectivo neto positivo por importe de 643.219 euros, con un incremento del 249 % respecto al ejercicio 2008, seguida de Renault, que incrementa su tgo un 152 % respecto al mismo ejercicio, pasando de un tgo de 197.815 euros a otro de 498.649. El tgo positivo de la empresa Ford autofinancia, junto con el flujo de efectivo neto positivo de financiación proveniente de un aumento de recursos financieros permanentes, el flujo de efectivo neto negativo por operaciones de inversión por importe de –705.309 euros, y tras los ajustes por variación el excedente de 961.000 euros será el que figure en el disponible de la empresa.

464

julián gonzález pascual y celia martínez escartín

En la empresa Renault su tgo positivo, junto con su flujo efectivo neto positivo de financiación por importe de 127.850 euros por emisión de deudas con empresas del grupo, financia unos flujos por inversiones de –623.078 euros. Por su parte, g.m., aunque se encuentra en el ejercicio 2015 recuperada con relación al de 2008, con un tgo positivo, acusa una caída respecto al comienzo del periodo de un 52 %, pasando de 126.539 a 59.894 euros. Este es un ejemplo de la importancia de analizar dinámicamente a través de los flujos. A pesar de obtener resultados positivos después de varios ejercicios con resultados negativos, su tgo queda disminuido, corregido por la variación del capital circulante que explicaremos más adelante. En g.m., el flujo de inversión de –133.576 euros tendrá que ser realizado con la aportación de recursos financieros permanentes. Con respecto al sector en la evolución del periodo analizado, todas las empresas se comportan con la misma tendencia que el sector, encontrando la excepción en el ejercicio 2013 para Ford y g.m., donde rompen la tendencia alcista de aumentar sus tgo, teniendo caídas hasta el ejercicio 2014 del 38,22 y 34,87 % respectivamente.

4.1.3 Análisis de la Variación del Capital Circulante La incidencia estructural que provoca la política financiera a corto de las empresas aparece recogida en las variaciones del capital circulante que hemos querido recoger en la siguiente tabla.

Tabla 4. Evolución de la Variación del Capital Circulante en miles de euros VCC (Cambios en el capital corriente) miles de € FORD G.M. PEUGEOT-CITROEN RENAULT SEAT VOLKSWAGEN NISSAN SECTOR



2008

2009

2010

2011

-7.373 -251.186 -18.369 -34.817 179.000 9.657

-110.463 -229.319 -102.639 -4.731 -75.300 17.408 8.999 -315.882

111.347 297.597 12.767 12.802 -2.500 9.715 -611 467.432

62.495 -26.451 3.477 4.643 251.500 38.606 23 356.817

-23.271

2012

2013

-31.285 -189.817 -254.412 -65.319 181.808 148.262 -9.896 -16.450 59.400 61.100 14.662 35.657 -1.386 -4.114 17.029 181.048

2014

2015

PROMEDIO

83.958 158.315 -379.949 32.097 -41.500 40.360 -660 -40.868

-206.866 150.406 -118.413 19.811 -145.000 27.084 -4.888 -527.863

-36.000,50 -27.546,13 -34.131,85 432,38 35.837,50 24.143,63 -376,71 14.305,40

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sabi.

Los cambios en el Capital Corriente tratan de ajustar las variaciones habidas en el Fondo Maniobra a raíz de las diferencias entre corriente real y corriente monetaria, relacionadas directamente con la explotación. Analizando los datos del sector podemos apreciar que en el ejercicio 2008 se produce una variación negativa del capital circulante, y esta irá fluctuando durante todo el periodo examinado para terminar el ejercicio 2015 con una reducción considerable. Si observamos ahora las empresas de la muestra, en el ejercicio 2008 podemos distinguir entre unos cambios de Variación de Capital, en adelante vcc, como flujo negativo en las empresas Ford, g.m., Peugeot-Citröen y Renault que implica que las necesidades operativas de fondos, en adelante nof, han aumentado respecto al

análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 465

ejercicio anterior y en frente contrario a cómo se comporta el sector, una vcc como flujo positivo en las empresas Volkswagen y Seat que implica la disminución de las nof respecto al ejercicio anterior. Lo mismo sucede con Nissan en el ejercicio 2009 con una vcc positiva. Las mayores variaciones relevantes se producen nuevamente en Ford con una variación sustancial entre las disminuciones de principio y final de período, pasando de –7.373 euros en el ejercicio 2008 a –206.866 euros en el ejercicio 2015. Esta variación se debe a los siguientes diferimientos en el capital circulante. Un aplazamiento en el pago a proveedores y acreedores y otras cuentas por pagar, de 259.961 y 331.000 euros, que evita la salida de tesorería en el ejercicio 2015, un pago de existencias por 69.146 euros, que supondrán una salida de tesorería cubierta en parte con el cobro a deudores, con un flujo de entrada de 16.314 euros menos 594.000 euros de un aumento en otros activos corrientes. El hecho de continuar en este ejercicio 2015 con una vcc negativa nos indica que la empresa continúa teniendo una aplicación de los recursos generados superior al origen de estos; además, la primera y tercera actuaciones provocan un efecto positivo, mientras que la actuación del pago por existencias produce un efecto negativo en la variación de tesorería. La empresa g.m., por el contrario, presenta una evolución distinta, pasando de una vcc negativa en el ejercicio 2008 de –251.186 euros a aumentar el origen de sus fondos y disminuir la aplicación de estos para obtener una vcc de 150.406 euros. Este cambio del ejercicio 2015 se debe a los siguientes diferimientos del circulante: una amortización de la deuda a acreedores que supone una salida de tesorería de 45.994 euros, compras o aprovisionamientos por importe de 20.447 euros y un aplazamiento del cobro a los deudores con un importe de 95.369 euros; estos tres movimientos tienen un efecto negativo en la variación de tesorería.

4.1.4 Políticas financieras A) Política financiera a corto plazo Las diferencias surgidas entre tgo y rgo, determinadas por la política financiera a corto plazo, las podemos reflejar a través de la ratio que nos relaciona ambas magnitudes. En la tabla 5 aparece recogida esta relación que proporciona información relevante para analizar las diferencias entre corriente real y monetaria derivada de la actividad de la empresa. En el ejercicio 2008 el sector parte de una ratio próxima a la unidad que nos indica que aquel está en una posición correcta para aprovechar la capacidad de generar flujos de tesorería que manifiesta el positivo excedente económico (rgo), tal como hemos señalado anteriormente. Esta ratio aparece con valores reducidos en los años intermedios del período analizado, pero el valor global (0,99), próximo a la unidad, hace que los periodos intermedios no sean preocupantes en el cómputo del periodo global. De las empresas del sector destacan los datos de las empresas g.m. y Nissan. La primera sobresale por su desigual política financiera a corto aplicada durante el pe-

466

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riodo que se manifiesta en las oscilaciones de los valores de esta ratio. No obstante, a tenor de los valores globales, la empresa ha sido capaz de aprovechar favorablemente, con su política financiera también global, la negativa capacidad de generar tesorería manifestada con su rgo promedio de –77.799,13 euros, hasta alcanzar una tesorería promedio negativa de –50.253,00 millones de euros. La empresa Nissan también ha sido irregular en su política financiera a corto a tenor de sus ratios oscilantes, no habiendo aprovechado, en el cómputo global, toda la capacidad de general tesorería manifestada mediante su rgo promedio de 34.263,14 millones de euros, señala anteriormente. El resto de empresas tiene un comportamiento oscilante y desigual, destacando, en el cómputo global, Ford y Peugeot-Citröen, con un 1,13 de ratio, por haber aprovechado la capacidad de hacer tesorería proporcionada por los rgo obtenidos. Las demás empresas no han aprovechado el potencial financiero generado por sus respectivas actividades. Tabla 5. Evolución de las políticas financieras a corto plazo PF Chp. (tgo/ rgo)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PROMEDIO

GLOBAL

FORD

1,04

1,55

0,42

0,65

1,11

1,65

0,78

1,47

1,08

1,13

g.m.

–1,02

–3,42

–9,49

0,79

0,34

0,63

–25,80

0,28

–4,71

0,65

PEUGEOTCITROEN

1,05

1,37

0,90

0,98

–0,22

0,51

1,91

1,35

0,98

1,13

RENAULT

1,33

–0,01

0,66

0,46

0,92

0,22

0,50

2,27

0,79

0,79

SEAT

0,68

1,28

1,02

0,41

0,78

0,85

1,09

1,23

0,92

0,91

VOLKSWAGEN

1,29

2,68

0,60

0,83

–0,25

1,24

0,59

1,28

1,03

0,91

NISSAN

 

2,17

2,75

3,40

1,52

1,74

–0,76

0,71

1,65

0,54

SECTOR

1,02

1,33

0,46

0,66

0,98

0,85

1,03

1,25

0,95

0,99

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sabi.

B) Política financiera a largo plazo Partimos de la base de que encontraremos un endeudamiento adecuado si la ratio se encuentra comprendida en un rango entre 0,95 y 1,05, lo que significa que utilizamos la justa financiación una vez minorado el pago de nuestra inversión con nuestra tesorería generada por la explotación. El sector nos muestra, desde su evolución durante los ejercicios de 2008 y 2015, una inadecuada política financiera a largo plazo, salvo en el año 2012, que la consideramos acertada. El resto de años se ha caracterizado por una falta de utilización de recursos financieros permanentes en la media requerida, salvo en el año 2010, en el que la utilización de recursos permanentes excedía un 23 % los necesarios en el cómputo anual.

análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 467

Tabla 6. Evolución de las políticas financieras a largo plazo PF lp (F/(I-tgo))

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PROMEDIO

GLOBAL

FORD

1,54

2,16

1,40

–1,12

1,01

0,99

1,03

1,45

1,06

1,04

g.m.

1,01

7,03

0,95

0,95

0,97

1,00

0,97

1,00

1,73

0,98

PEUGEOTCITROEN

–0,09

–0,19

–0,38

0,48

0,31

–11,81

1,09

0,25

–1,29

0,51

RENAULT

1,50

1,12

0,85

1,00

1,04

1,06

0,95

1,03

1,07

0,79

SEAT

1,05

1,11

0,95

1,03

1,09

0,97

0,97

0,87

1,00

1,00

VOLKSWAGEN

–2,19

–0,11

–0,34

–0,87

0,16

–0,20

0,16

2,11

–0,16

1,74

NISSAN

 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

SECTOR

0,79

0,60

1,23

0,37

1,05

–1,49

0,83

0,03

0,43

0,34

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sabi.

De las empresas analizadas destacamos sobremanera el comportamiento financiero a largo plazo de Nissan, que con una ratio de la unidad, todos y cada uno de los años, manifiesta un comportamiento perfecto. Destacamos positivamente, en segundo lugar, a las empresas Seat y Renault, cuyos valores próximos a la unidad, salvo los del año 2008 para Renault, ponen de manifiesto también un muy acertado comportamiento financiero a largo. Debemos destacar también el adecuado comportamiento financiero a largo de la empresa g.m. en todos los años, excepto en el 2009, donde se excedió en la utilización de recursos financieros permanentes. La empresa Ford tiene un comportamiento desigual a lo largo del período analizado, pero el cómputo promedio y global es muy aceptable, con un índice promedio de 1,06 y un global de 1,04. Únicamente las empresas Peugeot-Citröen, salvo en el año 2014, y Volkswagen tienen un comportamiento desigual e inadecuado, según nuestro modelo.

4.1.5 Diagnóstico financiero Para el diagnóstico financiero utilizaremos las medias de las variables económicas analizadas anteriormente del periodo considerado. El sector genera recursos económicos y, por tanto, tiene un potencial financiero que aprovecha con una buena política financiera a corto, generando una tesorería que le permite autofinanciar sobradamente su expansión. La única salvedad del sector es que aplica una incorrecta política financiera a largo. La empresa Peugeot tiene un comportamiento muy similar al sector.

468

julián gonzález pascual y celia martínez escartín

Tabla 7. Datos variables análisis financiero rgo (miles €)

tgo (miles €)

vcc (miles €)

PFCP₁ (tgo/ rgo)

PFCP₁ GLOBAL

PFLP₂ F/(I-tgo)

FORD

267.480

303.481

–36.001

1,08

1,13

1,06

 

g.m.

–77.799

–50.253

–27.546

–4,71

0,65

1,73

PEUGEOTCITROEN

267.664

301.796

–34.132

0,98

1,13

–1,29

RENAULT

188.450

148.815

432

0,79

0,79

1,07

SEAT

397.438

361.600

35.838

0,92

0,91

1,00

VOLKSWAGEN

102.458

92.820

24.144

1,03

0,91

–0,16

NISSAN

34.263

18.581

–377

1,65

0,54

1,00

SECTOR

1.191.211

1.176.905

14.305

0,95

0,99

0,43

Fuente: Elaboración propia.

La empresa Ford ha sido la única destacable por haber tenido un comportamiento adecuado en todos los aspectos apuntados en este trabajo. Del resto de empresas destacamos los aspectos deficientes apreciados en nuestro análisis: EMPRESAS

Económico (rgo)

Tesorería (tgo)

Pol. financ. corto

Pol. financ. largo

General Motors





+

+

Renault

+

+



+

Seat

+

+



+

Volkswagen

+

+





Nissan

+

+



+

5. Conclusiones Las principales conclusiones extraídas de este trabajo son: El sector analizado goza de una buena salud económica que ha sabido aprovechar para hacer liquidez de todo el potencial generado con la actividad y disfrutar asimismo de un gran estado financiero. Sin embargo, se muestra deficiente en la aplicación de una adecuada política financiera a largo que le llevase a reducir el endeudamiento a largo. Todas las empresas del sector, excepto General Motor, obtienen resultados positivos de su actividad, lo cual condiciona negativamente su buena salud financiera. Más de la mitad de las empresas analizadas no aplican políticas financieras a corto que les permitan aprovechar en tesorería todo el potencial generado con su actividad; destacamos en este sentido Renault, Seat, Volkswagen y Nissan.

análisis de la información del cuadro de flujos de tesorería... 469

Todas las empresas, excepto Peugeot y Volkswagen, aplican una adecuada política financiera a largo, resultando destacables por su absoluta corrección los casos de Nissan, Renault y Seat. Destacamos, por último, que Ford es la empresa que tiene un comportamiento más positivo y de mejor aproximación a los criterios financieros manejados en este trabajo.

6. Bibliografía Archel, P., F. Lizarraga, S. Sánchez, y M. Cano (2015): Estados contables: elaboración, análisis e interpretación, Madrid, Ediciones Pirámide. Arimany, N., S. Moya y C. Viladecans (2015): «Utilidad del Estado de Flujos de Efectivo para el análisis empresarial», Revista de Contabilidad y Dirección, 20, pp. 195-217. Azofra, V. (1995): «Sobre el análisis financiero y su nueva orientación», Anales de estudios económicos y empresariales, 10, pp. 9-28. cc. oo. (Sindicato Comisiones Obreras): «Informe de situación sobre el sector de automoción en España» (Madrid, 9 de julio de 2015). García-Ayuso Covarsi, M. (1996): «Técnicas de Análisis Factorial aplicadas al análisis de la información financiera», Revista Española de Financiación y Contabilidad, XXV(86), pp. 57-101. González Pascual, J. (2016): Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera. Fundamentos teóricos y aplicaciones (5.ª ed.), Madrid, Pirámide. Gonzalo Angulo J.A. y J.A. Jiménez Herreros (2008): «El estado de flujos de efectivo», Revista aeca, 81, p. 80. Guerras, L.A. y J. Navas (2012): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones, Cívitas Ediciones. Madrid. Medina, A y J. González (2005): «Propuesta metodológica para el análisis de solvencia de la empresa por medio del Estado de Flujos Efectivo», Panorama Socioeconómico, 23(31), pp. 82-91. Rojo Ramírez, A.A. (2008): «Estado de Flujos de Efectivo y análisis de la empresa», Revista Partida Doble, 208, pp. 48-65. Rojo Ramírez, A.A. (1993): «Análisis de la empresa a partir del cuadro de financiación», Revista Española de Financiación y Contabilidad, 76, pp. 521-565.

LA RELACIÓN ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN José Manuel López-Fernández Profesor asociado

Francisco M. Somohano

Profesor titular de Universidad

Francisco Javier Martínez-García Catedrático de Universidad

Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria

1. La innovación en las pymes y su reflejo en la contabilidad La identificación de ventajas competitivas ha sido ampliamente considerada en la literatura de administración de empresas (McGahan y Porter, 2002) y representa un importante tópico de investigación. En general, existen dos enfoques teóricos tradicionales; uno basado en la teoría de recursos y capacidades, que identifica los aspectos específicos que hacen más competitivas a las empresas; y otro basado en el enfoque de la Teoría de la Organización Industrial, que defiende la importancia del nivel de industria en los rendimientos de las empresas. Esta discusión sigue estando vigente por la dificultad que entraña la investigación en intangibles, la variedad de teorías y la heterogeneidad tanto de las bases de datos como de las metodologías utilizadas en su análisis. La innovación es una de estas fuentes de ventaja competitiva: permite a las empresas lograr ventajas sostenibles en el tiempo y representa un elemento determinante del crecimiento económico. La naturaleza y el efecto de la innovación han recibido mucha atención desde diferentes perspectivas y todavía despiertan el interés académico, pero las conclusiones son dispares entre otros aspectos, porque las actividades de i+d+i no siempre son fáciles de medir ni de relacionarlas con los resultados de las empresas. Una de las causas es la dificultad para identificarlas (Kay, 1993), en particular en las pymes, que por lo general no realizan actividades de i+d. La innovación en este tipo de empresas suele basarse en actividades informales donde no se identifican los costes de innovación. Además, también puede ser debido a la diferencia de los objetivos de las empresas, de sus actividades tecnológicas y las distintas maneras en que las integran con las actividades de producción. Desde la perspectiva de la información financiera, los estados contables deben elaborarse de tal forma que, entre otros aspectos, reflejen la imagen fiel de la empresa. Diversos autores, particularmente los que siguen líneas relacionadas con el capital intelectual, argumentan que muchos de los intangibles que engloban gran parte del conocimiento de las empresas son descartados en pos de la prudencia y la imagen fi-

472

j. m. lópez-fernández, f. m. somohano y f. j. martínez-garcía

nancieramente fiel. Es más, la Directiva 2013/34/ue ofrece una mayor simplificación de la información no financiera, lo que incluye la supresión del Informe de Gestión en algunos casos. Por este motivo, si se propone una medida de la actitud de la empresa ante la innovación que esté relacionada con el rendimiento empresarial, existiría un argumento a favor de su consideración en el paquete básico de la información contable, siempre que el coste de esta información no sea superior al beneficio que reporta.

2. Revisión de la literatura e hipótesis De manera resumida mostramos los elementos más destacados de la literatura sobre innovación, la divulgación voluntaria de información siguiendo la Teoría de la Señal y los factores que utilizamos en el constructo que presentamos para su validación a partir de la Teoría de Medición de Rasch (tmr) (Oreja-Rodríguez, 2015).

2.1 La innovación como fuente de ventaja competitivas La literatura previa ha cuestionado la importancia de la estrategia corporativa y si el efecto de la innovación en las empresas es mayor o menor para saber por qué ciertas empresas tienen éxito mientras que otras no lo consiguen. Ahora bien, el crecimiento económico y el desarrollo de la ciencia y su efecto en la economía y el bienestar desde mediados del siglo xx dictan el axioma de que la innovación es considerada como fuente de ventajas competitivas (Porter, 1980). Según el paradigma Estructura-Conducta-Resultado (scr) las empresas crean su ventaja competitiva dependiendo de la naturaleza de la industria en la que compiten, en respuesta a las condiciones del mercado que modifican la estrategia de la empresa y tienen un impacto positivo en el nivel de beneficios (Ralston et al., 2015). Por otra parte, otro enfoque relacionado al respecto es el Enfoque Basado en los Recursos (ebr). Según esta línea, los administradores de la empresa pueden configurar sus activos para alcanzar posiciones diferenciadas e incluso tener capacidades dinámicas similares y así obtener ventajas competitivas mediante la incorporación de mejoras (Eisenhardt y Martin, 2000; Zott, 2003) para delinear recursos idiosincrásicos, valiosos y difíciles de copiar. Por ejemplo, los resultados de las actividades de i+d. Esto significa que hay que observar diferencias en la forma en que se adapta la innovación, así como establecer el nivel deseado para satisfacer e incluso superar las necesidades de la industria. Entonces, los competidores responden aumentando la presión competitiva, que a su vez aumenta la de la industria. Así, las empresas pueden entrar en una guerra de innovaciones conocida como Competición de Reina Roja (Talay et al., 2014) lo que agrega complejidad a las estructuras organizativas de las empresas (Damanpour, 1996) y de este modo se perfila la actitud de la empresa hacia la innovación adoptando una cultura ad hoc. Desde el punto de vista de ambos enfoques la relación entre innovación y resultado no está del todo clara todavía. Así, si bien la innovación es considerada por los investigadores en gestión como uno de los factores más importantes en el rendimiento

la relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación 473

empresarial, se supone que tiene un impacto positivo y debe considerarse clave para que las empresas consigan una ventaja competitiva sostenible, pero no hay consenso al respecto. Geroski y Machín (1992) y Heunks (1998) consideran que las empresas que realicen i+d no necesariamente tienen por qué conseguir un aumento de la rentabilidad y el crecimiento. Por su parte, Nelson (1991, 2008) pone en entredicho que se pueda asegurar con seguridad que la innovación sea sinónimo de acierto, además si bien los analistas indican que la innovación tiende a ser rentable y exitosa, y que las empresas que no innovan disminuirán su participación en el mercado, los estudios empíricos sobre la innovación tienden a poner de relieve que el éxito de una innovación es altamente incierto y, en muchos casos, las innovaciones pierden dinero.

2.2 La Teoría de la Señal Para perfilar un sistema de información que mida la actitud frente a la innovación de manera económica nos apoyamos en la Teoría de la Señal (ts) (Schmalensee, 1978; Milgrom y Roberts, 1988; Wernerfelt, 1988). En determinadas circunstancias, las empresas divulgan voluntariamente información para incrementar su reputación, diferenciarse de sus competidores e incrementar el valor de sus marcas1 (Etzion y Pe’er, 2014). De hecho, desde la perspectiva empresarial, la comunicación de la innovación llevada a cabo por la empresa, o de la rentabilidad de la innovación, cumple distintas funciones. Precisamente, la comunicación interna sobre la innovación a los stakeholders puede suponer la creación de una cultura innovadora (Benner y Tushman, 2003) que pretende la motivación de la fuerza laboral. Por otra parte, la comunicación externa de la innovación llevada a cabo por la empresa puede generar confianza entre los individuos, así como confianza entre instituciones e industrias, así como disminuir la incertidumbre entre los stakeholders (Jalonen, 2012). Sin embargo, ya decían Eccles et al. en 2001 que la información sobre intangibles excluida de los estados financieros es cada vez más importante como fuente de valor corporativo y riqueza para la empresa. En la actualidad, ajenos al ámbito de la gestión empresarial surjen importantes ejemplos de la importancia de los intangibles en forma de ideas o innovaciones (por ejemplo, el poder de las redes sociales). Aun así, la información sobre i+d+i es de las menos divulgadas en los estados financieros tradicionales, por lo que se ofrece mediante otros canales informativos2 (García-Meca et al., 2005).

2.3 Propuesta de un constructo sobre innovación Siguiendo investigaciones previas, asociamos diferentes aspectos relacionados con la innovación con varios ítems que las empresas divulgan en sus páginas web, información que ofrecen gratuitamente. Con ellos hemos estudiado algunas definicio-

1 2

Marcas comerciales que pueden estar registradas o no, así como sus logotipos. Entre ellos las propias páginas web de las empresas.

474

j. m. lópez-fernández, f. m. somohano y f. j. martínez-garcía

nes y clasificaciones previas sobre innovación para diseñar un indicador de la actitud de la empresa que evaluamos aplicando la metodología de la tmr. Nelson y Winter (1982) identificaron varias fuentes de información sobre las actividades y métodos llevados a cabo por otras empresas competidoras de las innovadoras para conocer los avances a los que se enfrentan. Lo importante aquí es que todo lo que es sabido por una empresa con el tiempo acaba siendo conocido por todas las de su sector, y en función de esta premisa tratamos de desarrollar un Indicador de Divulgación de la Intensidad Innovadora (idii). Es un constructo que mide la actitud innovadora de las empresas, basado en información gratuita de carácter no financiero que cada se publica en las páginas web. Con él, tratamos de medir la cantidad de información relacionada con la innovación. Se define como la medición de los recursos complementarios, relacionados o especializados en actividades de innovación, para lo cual se estructura en categorías que se identifican mediante palabras. Las categorías y por consiguiente, las palabras a buscar, varían según el sector de actividad. Siguiendo a Damanpour y Aravind (2011), consideramos que la web empresarial es un registro histórico de la actividad innovadora de la compañía.

2.4 Hipótesis Diversos autores consideran que las empresas innovadoras suelen autofinanciar sus proyectos de i+d y, de esta forma, evitar una dependencia de financiación exterior que pudiera cercenar sus estrategias por falta de fondos y limitar el riesgo para el futuro de la empresa. Para Bond et al. (2003) ratios financieras como el cash flow contienen información sobre expectativas de rentabilidades futuras que pueden resultar relevantes para la toma de decisiones de inversión. En función de esto formulamos nuestra primera hipótesis: «H01: Las empresas más innovadoras dispondrán de mayores capacidades de autofinanciación para llevar a cabo sus proyectos de i+d». Al hablar de innovación y de sus riesgos para las empresas, es frecuente considerar que las actividades de i+d deben ir asociadas a cuantiosas inversiones monetarias y asignación de grandes recursos técnicos y humanos. Esto ha llevado a los investigadores a estudiar la relación entre el tamaño de las empresas y la innovación. Scherer y Ross (1990) establecen que la i+d se incrementa proporcionalmente con el tamaño en la mayoría de las industrias dependiendo de los sectores a los que pertenezcan. En esta línea, parte de los investigadores han considerado que son las empresas de mayor tamaño las que tienen mayor propensión a innovar. Ortega-Argilés et al. (2009) consideran que las grandes corporaciones industriales caracterizadas por un mayor poder de mercado pueden lidiar exitosamente con la incertidumbre que las actividades de innovación conllevan y conseguir ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. Por ello, y porque disponen de más personal y de recursos, suelen ofrecer más abiertamente la información en sus webs corporativas. En función de esto formulamos la siguiente hipótesis: «H02: Las empresas de mayor tamaño muestran una mayor propensión a la innovación».

la relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación 475

3. Metodología 3.1 Diseño de la muestra y datos Los fabricantes de componentes del sector de la automoción español representan alrededor del 10 % del pib. España fue el octavo productor mundial de automóviles en 2015. En un principio, partimos de los datos proporcionados por los clústeres de automoción, y obtenemos una población inicial de 2.075 empresas. Una vez identificadas, revisamos una a una sus páginas web3 para verificar que correspondían con las de fabricantes de componentes del sector de la automoción. Después vimos las informaciones relativas a las categorías que conforman nuestro constructo de innovación, con la búsqueda de un listado de términos predefinidos. Además, hemos utilizado los datos financieros del año 2014 que a la fecha de consulta de estos estaban disponibles en la base de datos sabi de Bureau Van Dijk. De esta forma, serán inicialmente 529 las empresas que configuran la muestra de partida a partir de la cual procederemos a realizar la operativa de validación siguiendo la tmr.

3.2 Variable dependiente: la capacidad de autofinanciación Los investigadores han utilizado distintas variables para medir el resultado de las ventajas competitivas de las empresas. A lo largo de los años se observa una amplia evidencia que muestra que la contabilidad y los rendimientos organizacionales están relacionados (Richard et al., 2009). En esta investigación utilizaremos el cash flow entre el activo total a efectos comparativos entre empresas. Los directivos divulgan las estimaciones de cash flow como una «señal de buenas noticias» y tiene la ventaja de estar menos afectada por el criterio contable del devengo y de ser menos sensible a manipulaciones contables; además, es más capaz de capturar la variación en el rendimiento organizacional que otras medidas contables (Vorhies et al., 2009; Wasley y Wu, 2006). Distintos trabajos la incluyen entre las variables dependientes utilizadas como mediciones contables por la importancia de la relación entre las inversiones realizadas por las empresas y los futuros cash flows (Richard et al., 2009). Además, desde un punto de vista contable, es una variable muy interesante para los accionistas (especialmente en empresas cotizadas) y para numerosos stakeholders preocupados por la capacidad de generación de efectivo de las empresas de cara a poder atender sus compromisos de pago. Para García-Sánchez et al. (2014), especialmente durante las crisis económicas, la flexibilidad financiera de las empresas pasa a ser muy importante para su resultado, por lo que una de las medidas más utilizada podría ser el cash flow. Esta, entre otras, permite a las compañías cubrir sus costes operativos y tomar ventaja sobre posibles oportunidades de crecimiento (Bamiatzi et al., 2016).

3 El coste de obtención de los datos puede ser reducido mediante la utilización de innovaciones basadas en técnicas de screen scraping y la aplicación de inteligencia artificial.

476

j. m. lópez-fernández, f. m. somohano y f. j. martínez-garcía

Por otra parte, en la práctica empresarial el cash flow es utilizado más frecuentemente por los gerentes de las empresas para estimar cuándo y cómo podrán disponer de efectivo para futuras operaciones que incluyan inversiones o desarrollos de innovación. Y también para los analistas financieros; esta ratio muestra a los inversores el nivel de eficiencia de la empresa en la que han invertido, considerando los activos para obtener efectivo a través de las ventas y los clientes. Para eliminar las distorsiones producidas por decisiones contables que pueden afectar a los resultados anuales, así como oscilaciones coyunturales en ingresos y gastos (Vorhies et al., 2009), se realiza un alisamiento de los valores aplicando una media aritmética en periodos trianuales siguiendo investigaciones previas (Wiggins, 1997).

3.3 Variable independiente Como se ha explicado, el idii es la variable proxi de la actitud innovadora, y hemos elaborado un constructo a partir de información no financiera con el que medimos la cantidad de información relacionada con la innovación que cada empresa publica en su página web. Se conforma a partir de doce variables, recogiendo el valor 1 o 0 según se disponga o no de esa característica (tabla 1). En nuestra propuesta, seguimos a Crossan y Apaydin (2010), por lo que la innovación es un proceso y un resultado. Por todo ello, para el análisis del sector de fabricantes de componentes de automoción, identificamos como categorías que componen el constructo que vamos a validar las doce siguientes: –– Siguiendo el ebr: (1) la empresa cuenta con un departamento de i+d; (2) su posición tecnológica es fuerte o buena; (3) su estrategia innovadora es exploradora o analizadora, y (4) publicitan la implementación de políticas de calidad. –– En línea con el ecr: (5) cuenta con tecnología de última generación y posee (6) la disponibilidad de certificados de calidad. Finalmente, los resultados de la innovación se perciben con (7) la propiedad, lo cual incluye la existencia de patentes registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Además (8) tiene registradas marcas comerciales. –– Teniendo en cuenta la ts: (9) cuentan con una página web propia independiente de las de otras compañías en el caso de grupos; las relaciones con otras compañías se evalúan analizando la (10) capacidad de la web de presentar sus contenidos en otros idiomas como un reflejo de la posibilidad de trabajar con clientes y proveedores foráneos; se considera como divulgación del producto resultante de la actividad innovadora (11) la aparición de la propiedad de patentes en la web corporativa, y (12) las patentes han sido citadas en patentes posteriores. En función de ello, en este trabajo consideramos dos posibles valores para cada categoría: (1) o bien aparece divulgada en la página web (así como patentes y marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas), o citado en patentes poste-

la relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación 477

riores, o bien (0) es el caso contrario. La tabla 1 muestra los valores de los factores que consideramos para el constructo que testamos en este trabajo. Tabla 1. Categorías del constructo sobre innovación dpt

Departamento de i+d

ccd

Certificado de calidad

int

Internacionalización potencial

tec

Tecnología avanzada o de última generación

pcd

Políticas de calidad

pt

Posición recnológica

est

Estrategia

web

Página web propia

wpt

Patentes divulgadas en su página web

opt

Patentes registradas

mrg

Marcas registradas

cpt

Patentes citadas en otras posteriores

No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Débil Fuerte o Buena Defensiva o Reactiva Exploradora o Analizadora No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Variables de control Mejores resultados (mr): Calculamos la media aritmética de los resultados de las empresas una vez llevada a cabo la depuración que se indicó anteriormente. Hemos creado una variable dicotómica que separa a las empresas según que (1) sus resultados superen el promedio del resto o (0) que no superen la media del resultado.

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Tamaño (t): Hemos seguido la recomendación 2003/361/ec de la Comisión Europea de la cifra de negocios4 como indicador del tamaño, y las hemos clasificado en microempresas (1) si en el último promedio trianual disponible de la cifra de ventas era menor o igual a 2 MM€, pequeña entre más de 2 y 10 MM€, mediana entre más de 10 y 50 MM€ y grande con más de 50 MM€.

4. Análisis y resultados En primer lugar hemos modelizado y validado el constructo idii mediante la tmr. Después hemos depurado las empresas hasta quedarnos con aquellas que cuenten con puntuaciones de los ítems de innovación más homogénos y comparables entre sí que posibiliten la validación del constructo. Posteriormente, hemos evaluado los resultados obtenidos por las empresas, si difieren significativamente en función del idii. Para ello aplicamos la prueba de Rasch-Welch, así como el anova, comparando la variable Mejores Resultados (mr) con el idii. También efectuaremos el mismo procedimiento metodológico para analizar la relación entre la innovación (idii) y el Tamaño Empresarial (t). Para la limitación de espacio mostramos directamente las salidas de los contrastes de las hipótesis. Indicamos brevemente que partimos de 529 empresas en la muestra inicial para que las sucesivas depuraciones acaben dejando a 369 sujetos que constituyen la muestra definitiva de nuestra investigación, con la que validamos el constructo con 12 items. Como puede observarse en la tabla 2, los resultados obtenidos permiten considerar la unidimensionalidad del modelo. Tabla 2. Tabla de los residuales estandarizados de la varianza   Varianza total en los valores observados Varianza explicada por las medidas Varianza explicada por los sujetos Varianza explicada por los ítems Varianza no explicada total Varianza no explicada en el primer contraste

44,37 32,37 15,58 16,79 12

Empírico 100,0 % 73,0 % 35,1 % 37,8 % 27,0 %

100,0 %

1,91

4,3 %

15,9 %

Modelo 100,0 % 72,7 % 35,0 % 37,7 % 27,3 %

Fuente: Elaboración propia.

4 Aunque la Comisión Europea recomienda en primer lugar el número de empleados, esta cifra no resulta consistente en la base de datos. Por su parte, los activos pueden verse afectados por la existencia de inversiones financieras que la distorsionan como medida de capacidad.

la relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación 479

En la tabla 3 se muestran los valores promedio del idii obtenidos tras la aplicación de la tmr clasificados según la variable mr, es decir, dependiendo de si las empresas superan el valor promedio de la variable dependiente (1) o por el contrario no la superan (0). Podemos observar cómo las empresas que superan la media de cf/at cuentan con valores superiores de idii. Además, tanto la tabla 4 (prueba de Rasch-Welch) como la tabla 5 (anova) muestran diferencias estadísticamente significativas entre ambas variables, lo que nos permite aceptar la Hipótesis 01. Tabla 3. Valores medio del idii siguiendo la tmr (comparativa con mr)

Tabla 4. Prueba de Rasch-Welch entre el idii y la variable mr

Tabla 5. anova entre el idii y la variable mr

De manera similar, en las tablas 6, 7 y 8 testamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los valores promedio del idii en función del tamaño empresarial, y se encuentran diferencias estadísticamente significativas (anova de la tabla 8). Esto se refleja más claramente en la tabla 7, en la que además son las empresas más pequeñas las que cuentan con menores idii, y a medida que se incrementa el tamaño esta mejora significativamente. Por lo tanto, aceptamos también la Hipótesis 02.

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Tabla 6. Valores medio del idii siguiendo la tmr (comparativa con Tamaño)

Tabla 7. Prueba de Rasch-Welch entre el idii y el Tamaño Empresarial

Tabla 8. anova entre el idii y el Tamaño Empresarial

5. Conclusiones Utilizando la tmr hemos probado la validez de un constructo que mide la innovación divulgada por las empresas de fabricantes de componentes del sector de la automoción español, lo cual supone una valiosa aportación ante una situación en la que la dificultad de identificación y medición de la innovación ha sido una de las mayores limitaciones consideradas por la literatura investigadora. Las pruebas practicadas nos permiten afirmar que el idii discrimina a las empresas que obtienen capacidades de autofinanciación superiores, lo cual está en línea con investigaciones previas que defienden las bondades de la innovación como fuente de ventajas competitivas, esto es, que favorece obtener mejores resultados. También nos aporta resultados coincidentes con trabajos previos en los que se observa cómo la innovación se incrementa con el tamaño.

la relación entre la innovación y la capacidad de autofinanciación 481

Este constructo tiene una posible aplicación práctica en la vertiente empresarial. En concreto, permite obtener de una forma sencilla, rápida y económica una escala de la actitud innovadora de las empresas, útil para discriminar significativamente a aquellas empresas que que superan los resultados promedio de sus competidores.

6. Agradecimientos Los autores desean mostrar su agradecimiento al Dr. D. Juan Ramón Oreja Rodríguez de la Universidad de La Laguna (Tenerife) por su valiosísima orientación tanto en la aplicación de la Teoría de la Medición de Rasch, como en la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la misma. La Cátedra Pyme está patrocinada por el Banco Santander.

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UTILIDAD DE LA CONTABILIDAD EL OBJETIVO DE CREACIÓN DE VALOR EN EL ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y EL MERCADO Alfonso A. Rojo Ramírez

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Almería

1. Introducción Una de las cuestiones siempre vigentes en el mundo de los sistemas de información para la toma de decisiones es la validez con que dicha información sirve al fin que persigue. El sistema de información contable como tal sistema de información no escapa a este reto. En realidad este desafío está más vigente que nunca cuando hablamos de datos de naturaleza económica y financiera dentro de una sociedad cada vez financiarizada (Palley, 2013). En el caso de los datos contables ofrecidos a los usuarios con propósitos generales, la información soporte para la toma de decisiones son los estados contables, y admitiendo que esta haya sido redacta con claridad y sea comprensible para los stakeholders, que disponen de la cualificación necesaria, la cuestión clave es definir cuándo un estado contable es relevante para la toma de decisiones, al resultar de utilidad su información. En este trabajo nos referiremos a la toma de decisiones por parte de los gestores y analistas en un contexto capitalista en el que admitiremos que el objetivo de la empresa es crear valor para stakeholders (Freeman y Reed, 1983).

2. Creación de valor para los stakeholders Una determinada estrategia es creadora de valor si la rentabilidad esperada (R) de esta es superior al coste de oportunidad o rentabilidad mínima (Rmin) que demandan los interesados en la operación. Esto es: Ecuación 1

R > Rmin

Si lo que queremos analizar es la creación de valor de los propietarios o accionistas (CVA), nos fijamos en los retornos que estos propietarios esperan. También podemos pensar en términos de creación de valor económico (CVE), pensando en el

486

alfonso a. rojo ramírez

conjunto de agentes que se benefician de la inversión. Normalmente el retorno esperado desde esta última perspectiva suele ser más bajo, dado que el riesgo se diluye entre los agentes interesados y partícipes. En el caso concreto que nos ocupa, nos referiremos al primer caso (CVA), ya que lo cierto es que no existe un acuerdo unánime sobre la creación de riqueza para los stakeholders, sobre todo porque las estrategias empresariales necesitan una fijación de objetivos bien definidos. Cuando los interesados son múltiples (stakeholders) definir un objetivo común no es una tarea fácil.1 Si consideramos la CVA, la Rmin recibe el nombre de coste de capital de los propietarios (ke), y la creación de valor se producirá cuando el retorno esperado por los propietario-inversionistas, su rentabilidad financiera (ROE) rebase la ke que se considera aceptable para un nivel el riesgo asumido. Es decir: ROE > ke Si consideramos la CVE como la de la gerencia, representativa de los intereses de los stakehoders, la Rmin será un mix de financiación. En este caso la CVE se producirá cuando la rentabilidad económica que genera la empresa (ROIC) por medio de la estrategia por ellos definida rebasa la Rmin que se considera aceptable para un nivel el riesgo asumido. A esta Rmin se la conoce como coste medio ponderado de capital (k0). De esta manera se creará valor económico en la empresa cuando se dé la siguiente desigualdad: ROIC > k0 Cuando estas circunstancias se dan y existen ventajas estratégicas competitivas para la empresa que permiten la existencia y el mantenimiento del diferencial (ROIC – k0) a lo largo del período estratégico, decimos que estamos creando valor económico de forma sostenida.

3. El análisis contable de la empresa El análisis contable es un proceso orientado hacia la valoración de la empresa (Bernstein, 1993: 3) que pretende guiar a los stakeholders a la hora de decidir sobre su inversión, lo que es tanto como poder evaluar si las inversiones que realiza la empresa generan la suficiente rentabilidad como para satisfacer sus demandas de rentabilidad mínima, tomando en consideración su nivel de riesgo. Por tanto, la forma de evaluar la rentabilidad es pieza clave en el análisis, y dado que la rentabilidad se basa en los datos contables, estos cobran una importancia singular en el proceso, sobre todo cuando los estados contables se elaboran con propósitos generales (análisis externo). Adaptar los datos disponibles para medir eficiente 1

Puede verse Jensen (2001).

utilidad de la contabilidad... 487

y correctamente la rentabilidad que ha de servir de base para evaluar la capacidad de creación de valor es una labor que requiere nuestra atención ya que constituye la piedra angular de todo este proceso.

3.1 La rentabilidad contable: una reflexión Es bastante habitual encontrase con cálculos de la rentabilidad como los que se hacen figurar en la tabla 3, o similares. La ROIC suele medirse antes de impuestos y la ROE después de impuestos. La rentabilidad de la deuda (ROD) se contempla normalmente como un coste de la deuda para la empresa y es el tipo de interés medio soportado o coste de la deuda (kd). Estas rentabilidades son calculadas sobre los datos contables y, por tanto, sobre la base del criterio de devengo, y lo normal será que la ROE > ROIC > ROD, dado el nivel de riesgo asociado a cada inversor, tal como puede apreciarse si se observan las rentabilidades de las empresas españolas para el período 2011-15 (Registradores de España, 2016). Tabla 1. Rentabilidades en la empresa Magnitud

Antes de impuestos RAI + GF CI

ROIC

ROIC =

ROE

Ecuación 3

ROD

ROD =

GF RAc

Después de impuestos Ecuación 2

ROE =

RDI RP

ROD =

GF (1 te ) RAc

CI, capital invertido (a veces se toma el Activo total) GF, gastos financieros RAc, deuda financiera con coste (a veces se toma el Exigible total) RAI, resultado antes de impuestos RDI, resultado del ejercicio o despues de impuestos te, tipo impositivo efectivo soportado Fuente: Rojo-Ramírez (2011).

Una de las preguntas que a menudo se hacen los analistas y usuarios de los datos contables es si la rentabilidad contable puede ser utilizada de manera fiable para evaluar la creación de valor y, por tanto, orientar en la selección de estrategias alternativas, dado que la esta basada en el criterio de caja y no en el de devengo, como hace la rentabilidad contable. Esta cuestión ha generado una importante corriente de investigación que no acaba de ser concluyente y que arranca desde más allá del trabajo de Ball & Brown (1968) en el que empíricamente demostraban que el resul-

488

alfonso a. rojo ramírez

tado contable era relevante para el mercado de capitales, aunque su influencia no era altamente significativa por llegar tarde al mercado. En esencia los investigadores han dado diferentes razones que menoscaban la información contable y revelan sus carencias como indicador de los cambios en el valor económico de la empresa (Rappaport, 1998): –– El uso de métodos contables alternativos reconocidos que afectan a la formación del resultado y el no reconocimiento de algunos tipos de activos intangibles. La normativa contable a menudo da opciones a la gerencia para reconocer los activos y pasivos, lo que genera información no siempre homogénea. Asimismo las normas contables no siempre permiten o dan opciones para la activación de determinados gastos con impacto en los resultados futuros. –– El resultado está calculado sobre el principio de devengo, tal como se ha señalado precedentemente y, por tanto, no incluye en su cálculo las necesidades de inversión en circulante y fijo, aunque estas afectan a los flujos de efectivo, que son lo que el mercado toma en consideración. –– Finalmente, el cálculo del resultado no contempla el factor tiempo en el valor del dinero. Si como sugieren algunos autores (p. ej. Fisher & Mcgowan, 1984) la rentabilidad contable (ARR)2 puede no constituir una forma adecuada de calcular la tasa de retorno de la inversión y, por tanto, puede no servir para medir el desempeño financiero, evaluar la conveniencia de un proyecto y tomar decisiones sobre la valoración de las empresas, entonces se hace necesario ver las causas de estos desajustes y cómo y de qué manera corregir tal debilidad. En realidad la cuestión que resume el debate es el hecho comentado de que la ARR está basada en el criterio de devengo y no en los flujos de efectivo, mientras que los economistas y el mercado tratan la evaluación de proyectos en base a lo que se denomina tasa interna de retorno (IRR), una tasa de rentabilidad económica basada en flujos de efectivo esperados.3 Sin duda, aproximar una y otra tasa de rentabilidad implica analizar los componentes que forman parte de la ARR. La renta incluida en el numerador y la inversión considerada en el denominador.

3.2 Los componentes de la ARR. Los estados contables proforma para el análisis Los contables proforma son los estados contables sobre los que se soporta el análisis contable: el cálculo de la rentabilidad y el estudio de la creación de valor.

2 3

Ver Brief y Lawson (1992). Un repaso a la comparación entre ARR e IRR puede verse en Feenstra y Wang (2000).

utilidad de la contabilidad... 489

Dado que la rentabilidad de la empresa evalúa el retorno de la inversión realizada, debe preocupar definir adecuadamente qué ha de entenderse como inversión de la empresa, que no es, aunque sea más cómodo de visualizar, el total de activos que nos ofrece el activo del balance con propósitos generales, y qué o cuál es la renta que se tiene que considerar.

3.2.1 La inversión en la ARR. El balance proforma para el análisis Por inversión de la empresa en términos contables o capital invertido (CI) se entiende el agregado de los activos fijos (AF)4 y del capital circulante (CC), que son financiados con recursos financieros con coste explícito. Esto es: Ecuación 4

CI = AF + CC

Es importante notar que el CI es financiado con los Recursos propios (RP) y los Recursos ajenos con coste (RAc), incluidos los ajenos a la actividad (RAf)5, por definición: Ecuación 5

CI = RP + RAc + RAF

Si consideramos que no existen activos y pasivos ajenos a la actividad principal, entonces la ecuación de balance sería: Ecuación 6

AFe + CCe = RPAjustados + RAc

Donde el subíndice ‘e’ hace referencia a que activos y pasivos están completamente afectos a la actividad de la empresa. Como el analista externo no siempre podrá asociar los activos no afectos a los pasivos, en tal caso se corregirán los RP, esto es: Ecuación 7

RPAjustados = RP – (AFf + ACf – RAf )

Reflejando los A(F/C)f los activos (permanentes/corrientes) ajenos a la actividad (por ejemplo, activos financieros que no son de control). Así queda definido el CIe: Ecuación 8

CIe = AFe + CCe

4 Obsérvese que los AF y el CC pueden incluir activos que no son propios de la actividad (por ejemplo, inversiones de naturaleza financiera hablando de empresas no financieras). 5 Como tales consideramos aquellos asociados a las inversiones de naturaleza financiera no afectos a la actividad de explotación de la empresa.

490

alfonso a. rojo ramírez

Esta forma de proceder permite delimitar los recursos financieros con coste: RP6 para los propietarios-inversores, y RAc para los prestamistas, lo que es esencial para evaluar la creación de valor, ya que cada una de estas fuentes de financiación dispone de un coste mínimo (es decir, la Rmin). El coste mínimo de los RP es conocido como coste de los recursos propios (ke), y el coste mínimo de los RAc como coste de los recursos ajenos (kd) o tipo de interés soportado. El coste mínimo demandado para la inversión, o CI, es lo que demandarán los gestores, o coste medio ponderado del capital (k0), tal como se muestra en la figura 1. Así pues, delimitar adecuadamente cada tipo de recurso financiero es tarea primordial para el analista. Sin embargo, operativamente, el balance del PGC no lo pone fácil con los RAc. Estos recursos están distribuidos entre el largo y corto plazo y, habitualmente, se mezclan en estos plazos tanto deudas comerciales como financieras, lo que requiere cierta manipulación del Balance del PGC por parte del experto. Figura 1. Estructura de inversión-financiación y coste de los recursos Capital invertido

Valor

Conjunto de inversiones de la empresa a valor contable ROIC vs. ko

CI

Capital invertido

CI

Patrimonio y pasivo financiero Conjunto de recursos financieros que corresponden a los propietarios ROE vs. ke Conjunto de recursos financieros que corresponden a los prestamistas ROD vs. kd

Valor

Rec. propios + Rec. ajenos

CI

RP RAc

Fuente: Elaboración propia y Rojo-Ramírez (2011).

3.2.2 La renta en la ARR. La Cuenta de Resultados y Estado de flujos de efectivo proforma para el análisis Cada tipo de inversión genera una renta diferente, y ello por dos motivos principales: porque cada tipo de inversión asocia un riesgo diferente y porque el comportamiento de los inversores, en cierta medida por la forma en que afrontan el riesgo, también es diferente. A estos efectos resulta interesante diferenciar dos tipos de inversores extremos (Rojo-Ramírez, 2013, 2014): a) los inversores netamente financieros (INF), aquellos que se comportan siguiendo la teoría de mercados eficientes (Fama, 1970; Malkiel, 2003). Son individuos que buscan rentabilidad con la mayor diversificación y liquidez posibles; b) los inversores económicos de riesgo (IER), aquellos que buscando rentabilidad no diversifican adecuadamente su inversión y esta no es suficientemente líquida. 6 De aquí en adelante supondremos que no existen activos y pasivos ajenos, y en caso de existir se considerarán fuera del análisis.

utilidad de la contabilidad... 491

El primero busca rentas financieras por lo que puede actuar como prestamista o como propietario, pero en este último caso como parte de una cartera diversificada. El segundo obtiene sus rentas del negocio por ser un «empresario de riesgo» que vive de su empresa. Al IER, como propietario comprometido con el negocio, le preocupa la renta que se genera en la actividad económica de este, lo que le permitirá remunerar a los prestamistas y retener el resto como residuo (ganancia). Al INF, como inversor en la empresa, le preocupa la renta financiera que queda como residuo, después de que la empresa haya asumido cualquier tipo de compromiso (por ejemplo, con los prestamistas). Si además desean analizar la creación de valor, les gustará poder despejar sus rentas de los efectos del devengo contable. La tabla 2 muestra una cuenta de resultados proforma que revela los diferentes componentes que son necesarios para este fin. Esencialmente conviene destacar en ella la magnitud Resultado bruto de explotación (RBE), habitualmente conocido como EBITDA (aeca, 2016), que desprecia los ajustes por devengo anunciando, que es él el que, si todo discurre normalmente, se convertirá en efectivo. Asimismo no se incluyen las rentas de naturaleza ajena a la actividad (por ejemplo, los ingresos financieros), por considerar que no existe actividad de esta naturaleza. Tabla 1. Cuenta de resultados proforma según PGC para el análisis

Partida 1. Importe neto de la cifra de negocios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 5. Otros ingresos de explotación Valor de la producción (VP) 4. Aprovisionamientos 6. Gastos de personal 7. Otros gastos de explotación Resultado bruto de la explotación (RBE) 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado A.1) Resultado neto de explotación (RNE) 13. Gastos financieros (GF) A.3) Resultado antes de impuestos (RAI) 17. Impuestos sobre beneficios (TAX) A.5) Resultado del ejercicio Fuente: Rojo-Ramírez (2011).

Valor

Ajustes de valor

 

492

alfonso a. rojo ramírez

Indudablemente, las rentas que se recogen en la tabla 4 siguen estando basadas en el devengo, no en forma de flujos de caja. De otra manera, el cálculo de la rentabilidad basada en los mismos no es totalmente comparable con la rentabilidad mínima que toman como referencia los inversores, que como señalamos previamente está sustentada en el principio de caja.7 Si lo que deseamos analizar son los flujos de efectivo necesitamos recurrir al estado de flujos de efectivo (EFT) en el que se contienen debidamente ordenados los cobros y pagos por tipos de actividades (aeca, 1998). La tabla 3 recoge el EFT proforma para el análisis, donde se han aislado los flujos de efectivo que no son típicos de la actividad FTIf y se ha remarcado que tanto los flujos de efectivo de la actividad operativa (FTO) como los de inversión (FTI) incluyen solo los movimientos propios de la actividad, de explotación (FTOe) y de inversión (FTIe) (por ejemplo, no incluyen ni los ingresos financieros ni las inversiones financieras que los generan), que pasan a formar parte de los FTIf. Lo mismo ocurre con los flujos de efectivo de las actividades de financiación, tanto con los propietarios como con los prestamistas. Tabla 2. EFT (identificación de los FT) Partida Flujos de efectivo operativos............... (FTOe) + Flujos de efectivo por inversiones económicas… (FTIe) = Flujos libres de tesorería económicos..... (FLTE) + Flujos de efectivo de los prestamistas.........(FTD) + Flujos de efectivo de los propietarios.......... (FTP) = Flujos de tesorería de las actividades de financiación (FTAF) VARIACIÓN DE TESORERÍA DE LAS ACTIVIDADES (VTe) + Flujos de tesorería ajenos a la actividad…(FTF) = VARIACIÓN DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (VT) + Disponibilidades al comienzo del ejercicio (DISPi) = Disponibilidades al final del ejercicio (DISPf)

Valor

VTT = Variación de tesorería por actividades propias de la actividad económica o típicas Fuente: Rojo-Ramírez (2011).

La relación entre los FTOe y la actividad económica reflejada en la cuenta de resultados es muy conocida y reconocida en el modelo de EFT del PGC, si bien es verdad que tergiversada a efectos de análisis. El PGC propone lo siguiente:

7 En ningún caso prejuzgamos qué es mejor, si el tratamiento bajo el principio de caja o bajo el devengo.

utilidad de la contabilidad... 493

Ecuación 9

FTO = RAI ± ARAI ± V(CCe)st ± OFT

Donde: –– RAI es el resultado antes de impuestos. –– ARAI son los ajustes al RAI. En definitiva, los ajuste de valor señalados en la tabla 2, incluidos, además, los ingresos y gastos financieros. –– V(CCe)st son los cambios en el capital circulante de la explotación (CCe), pero sin incluir el efectivo o disponibilidades, de aquí el subíndice (st). –– OFT, se refiere a otros flujos de efectivo que, en esencia, recogen los ingresos y gastos financieros ajustados en el ARAI8 y el pago de impuestos. En el estado proforma de la tabla 3, sin embargo, la ecuación implícita sería9: Ecuación 10

FTOe = RAI ± ARAI ± V(CCe)st – T

Donde T refleja los impuestos soportados por la empresa ajustados de los ingresos y gastos ajenos a la actividad, en particular, el ahorro impositivo (AhT) asociado a los gastos financieros (GF) y la carga impositiva (CaT) asociada a los ingresos financieros (IFin): Ecuación 11

T = TAX + AhT – CaT

Ya que los ingresos y gastos financieros no corresponden a la actividad de explotación. La expresión (RAI ± ARAI – T) se conoce como Recursos generados en las operaciones (RGO), y queda bastante próxima al RBE, de manera que: Ecuación 12

FTOe = RGO ± V(CCe)st = (RBEdT) ± V(CCe)st

4. Rentabilidad y rentabilidad mínima La validez del análisis de la rentabilidad solo se entiende si podemos analizarla comparativamente, al margen de la evaluación que ésta experimente, su tendencia. De nada sirve decir que la rentabilidad es de un 14 % si no la comparamos con algo. Un 14 % puede ser mucho o puede ser poco, depende del contexto, del inversor, del riesgo del negocio, etc. Hacerlo así puede resultar engañoso para el propietario, el inEn realidad puede existir diferencia entre los ajustes del RAI y los aquí reconocidos, ya que en este caso hacen referencia a cobros y pagos, mientras que allí se refieren a ingresos y gastos. Lo que requiere la existencia de periodificaciones. 9 Admitiendo que todos los impuestos son generados por las actividades de explotación. Esto pudiera no ser así. Por ejemplo, parte de los impuestos podrían provenir de ingreso financieros, lo que requeriría de pequeños ajustes. 8

494

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versor o el gestor, aun cuando su tendencia sea positiva. La forma de comparar es con la media del sector o con un grupo de referencia, o bien con la rentabilidad mínima establecida como punto de referencia (Fiegenbaum, Hart y Schendel, 1996) o coste de oportunidad (coste de capital) de invertir en proyectos alternativos, buscando ver cuál es la mejor alternativa de que dispone para mejorar su posición de riqueza.

4.1 La rentabilidad mínima del inversor-propietario: el coste de los recursos propios (ke) La rentabilidad mínima esperada por el inversor-propietario es su coste de oportunidad, que no es otro que la rentabilidad en términos monetarios que puede alcanzar en proyectos de similar riesgo, reconocida como coste de los recursos propios (ke) o coste del capital propio. La tabla 3 muestra la ROE de un conjunto de empresas de diversos sectores de actividad en España10 junto a la rentabilidad media mínima (ke) y otros datos adicionales. La ROE media obtenida por los propietarios (1,7 %) es inferior a la ke media (14,29 %) que demandan los inversores, siendo además en algunos casos negativa. Aunque podríamos sugerir (y justificar en gran medida) esta baja rentabilidad señalando que el periodo seleccionado (2002 a 2013) incluye el periodo de recesión tras el año 2007,11 sería absurdo pensar que los inversores/propietarios están dispuestos a dejar sus recursos en esas condiciones, máxime cuando el coste de la deuda (kd) para igual período fue del 6,5 %. Según estos datos ningún inversor/propietario estaría dispuesto a invertir en la empresa, incluso se plantearía seriamente el dejarla. Es más, si observamos los diferentes sectores, en todos ellos la ROE (sombreada) es inferior a ke, excepción hecha del sector 27. Sorprendente, ¿verdad? Un adecuado análisis de los datos nos muestra que estos resultados ciertamente no responden del todo a lo que aprecian los inversores/propietarios. Lo cierto es que la Rentabilidad financiera después de intereses y antes impuestos (RFat) de nuestra empresa promedio rebasa ke, tal como muestra la tabla 6. Igual ocurre con la Rentabilidad financiera después de intereses e impuestos (RFdit), en ambos casos la rentabilidad ha sido calculada sin tomar en consideración los ajustes propios del devengo, esto es:12

Los datos están basados en una muestra de 715 empresas españolas de tamaño medio y grande. Los sectores que se hacen figurar constituyen 548 empresas de las 715. 11 Ciertamente el período 2007-2013 fue un período atípico y de considerables negativas consecuencias para la rentabilidad de las empresas. La ROE promedio del período 2002-2007 fue del 9,29 %, mientras que la ke fue del 10,42 %. 12 Para el caso que nos ocupa se han agregado los ingresos financieros derivados de las inversiones financieras de control computadas en el CI, de manera que el numerador de la ecuación [13] queda como sigue: RBE + IFin – GF y de la ecuación [14]: RBE + IFin – GF – TAX. Puede consultarse (Rojo Ramírez, 2012). 10

utilidad de la contabilidad... 495

Ecuación 13 Ecuación 14 Tabla 3. ARR y ke de varios sectores españoles (media del período 2002-13) CNAE 2

N.º empresas muestra

RPM

RACM

CIM

RFat

10

58

41.392.938,64

44.433.644,29

85.826.582,93

14,95 %

11

19

137.179.606,71

70.281.137,78 207.460.744,50

12,31 %

13

17

15.297.761,40

8.855.943,79

24.153.705,19

17

12

63.286.412,05

33.964.389,70

97.250.801,75

18

10

7.975.395,51

10.242.096,06

18.217.491,57

20

20

21.437.338,31

11.915.049,28

33.352.387,59

22

14

13.221.224,38

13.039.756,90

26.260.981,28

23

36

36.898.188,61

33.891.056,40

70.789.245,01

119.061.251,61 131.802.382,48 250.863.634,10

24

11

25

35

8.933.027,75

6.470.266,38

RFdit

ROE

ROIC

ke

14,66 %

6,88 %

6,53 %

10,83 %

13,03 %

7,63 %

6,61 %

10,33 %

–4,50 %

1,24 %

–6,50 %

1,06 %

13,78 %

92,07 %

94,94 %

–2,04 %

3,91 %

54,32 %

7,01 %

9,37 %

–6,53 %

–0,15 %

10,37 %

15,45 %

16,47 %

6,49 %

6,76 %

10,75 %

18,24 %

19,96 %

4,84 %

5,38 %

10,45 %

11,67 %

11,61 %

4,00 %

5,22 %

12,06 %

18,53 %

16,68 %

8,32 %

6,43 %

11,29 %

15.403.294,13

17,14 %

15,64 %

6,83 %

5,82 %

10,48 %

27

10

6.048.091,43

3.655.885,89

9.703.977,32

19,10 %

15,97 %

11,70 %

8,30 %

11,26 %

28

320

12.328.160,10

6.408.931,89

18.737.091,99

7,71 %

8,46 %

3,05 %

3,89 %

11,63 %

41

47

27.408.519,05 239.325.549,29 266.734.068,34

0,38 %

4,12 %

0,37 %

2,64 %

13,08 %

42

12

192.415.034,24 430.712.180,77 623.127.215,01

6,32 %

13,05 %

6,40 %

5,19 %

11,39 %

43

25

–5,50 %

–4,14 %

–15,57 %

3,55 %

13,26 %

15.884.998,88

16.836.664,79

32.721.663,67

45

32

4.219.531,49

4.433.299,96

8.652.831,45

1,73 %

2,61 %

–4,20 %

2,05 %

18,78 %

46

107

16.089.000,99

23.981.189,06

40.070.190,05

–1,37 %

–1,42 %

–8,69 %

3,89 %

13,76 %

47

18

5.572.002,03

9.539.393,77

15.111.395,80

5,81 %

7,18 %

–0,08 %

3,05 %

13,17 %

49

25

9.058.769,57

7.482.353,48

16.541.123,05

30,13 %

30,57 %

4,22 %

6,01 %

11,92 %

55

10

53.216.441,27

71.641.552,34 124.857.993,61

18,56 %

19,66 %

6,83 %

3,30 %

12,80 %

Total general

548

40.346.184,7

58.945.636,22

29,77 %

15,483 %

1,70 %

4,47 %

14,29 %

99.291.820,92

RPm son los recursos propios medios para el conjunto de las empresas de ese sector RAcm son los recursos ajenos financieros medios para el conjunto de las empresas de ese sector CIm son los capitales invertidos medios para el conjunto de las empresas de ese sector ROE es la rentabilidad financiera o de los propietarios para el conjunto de las empresas de ese sector ROIC es la rentabilidad económica para el conjunto de las empresas de ese sector ke es la rentabilidad mínima media demandada por los propietarios/inversionistas para el conjunto de las empresas de ese sector Fuente: El autor.

Ahora las rentabilidades superiores a ke se reparten en igual número que las que no lo son (sombreadas). Esto parece más verosímil y la existencia de rentabilidades

496

alfonso a. rojo ramírez

negativas por debajo de la rentabilidad mínima si podría justificarse en base al período de recesión.13 Estos nuevos cálculos revelan que a la hora de calcular la rentabilidad habrá que tener en cuenta con quien queremos compararla. En general los analistas tienden a olvidar las limitaciones de los datos contables y estiman rentabilidades que poco tienen que ver con la realidad en la que se fijan los inversores y propietarios, ciertamente basada en el efectivo que finalmente llega a su bolsillo procedente de la inversión.

4.2 La estimación del coste de los recursos propios (ke) Estimar cuál es el ke que demanda el inversor-propietario es fundamental para poder realizar cualquier tipo de análisis que tenga que ver con el futuro de la empresa, ya que condiciona el proceso inversor, precisamente por tratarse de una rentabilidad mínima que se demanda a cada inversión. Para su cálculo los inversores tienen en cuenta el grado de utilidad que de la misma se espera y la aversión por el riesgo que le es propia. El grado de utilidad de un bien en economía se mide a través de los flujos de efectivo que se espera que la inversión efectuada proporcione al inversor, mientras que la aversión al riesgo puede medirse en términos de dispersión de tales flujos, esto es, estadísticamente mediante la desviación o varianza de los mismos (Mascareñas Pérez-Íñigo, 2004). En general se admite que la rentabilidad mínima que estará dispuesto a percibir un inversor-propietario (ke) es aquella que no le hace perder valor con su inversión, esto es, su tasa interna de rentabilidad (TIR). Como los inversores tienen alternativas de inversión diversas, la ke que toma un inversor-propietario racional14 será aquella que le proporcione una rentabilidad superior a su ke, dadas las opciones de inversión existentes en el mercado. La incógnita es cómo sabemos cuál es la ke que están dispuestos a exigir cada uno de los propietarios-inversores al objeto de guiar en la toma de decisiones. Procedamos por descarte. En primer lugar, un inversor racional nunca estará dispuesto a percibir una rentabilidad inferior a otra inversión que no tenga riesgo. Si denotamos por «i» la tasa libre de riesgo, la rentabilidad que exigirá el inversor será, cuando menos: Ecuación 15

ke = i + p

Para el atípico período 2002-2007 la RFdit promedio fue del 22,26 %, mientras que la ke fue del 10,42 %. 14 La teoría de la racionalidad económica nos dice que los sujetos económicos eligen entre alternativas de riesgo, comparando sus expectativas de utilidad (renta) (Garrido y García, 2010), que sicológicamente se considera que disminuye en función del nivel de renta del sujeto, es decir, la función de utilidad es cóncava. 13

utilidad de la contabilidad... 497

donde P es la prima de riesgo o rentabilidad adicional que exige a su inversión si esta tiene riesgo, que es lo normal en economía. Se admite que un inversor prudente (adverso al riesgo) invertirá en deuda del Estado solvente (por ejemplo, la deuda pública emitida por el Estado español), ya que este devolverá el préstamo recibido del inversor y pagará sus intereses sin grandes problemas. En consecuencia, la tasa libre de riesgo en el caso español puede ser la «i» de la deuda pública española que podemos conocer por diversos medios, por ejemplo, en la web del Tesoro público15 y la del Banco de España.16 El tipo de interés libre de riesgo varía en función diversas circunstancias macroeconómicas, políticas y sociales, por lo que no existe un único tipo «i». También depende del tiempo que vaya a durar la inversión, lo que se ve reflejado en diferentes tipos de deuda del Estado (por ejemplo, letras del tesoro desde 1 a 12 meses; bonos a tres años u obligaciones a 5, 10 o más años). La prima de riesgo (P) es una variable que atiende a diversas circunstancias. Es clásico diferenciar entre prima de mercado y prima específica, siendo la primera aquella en la que incurre un inversor-propietario como consecuencia de actuar en un entorno económico y social concreto y sobre el cual poco puede hacer para evitar o reducir el riesgo inherente a este. Por ejemplo, tiene que ver con la existencia de un tipo de interés dado, la fluctuación de algunos factores clave como el petróleo, el país donde se invierte, la existencia de una moda y los gustos de los consumidores, etc. La prima específica (Pe) tiene que ver con aquellos riesgos propios de la empresa en la que se invierte, como el tamaño de la empresa, el sistema de gestión aplicado en esta, la tecnología que aplica, el nivel de endeudamiento que tiene, etc. Por tanto, podemos reescribir la ecuación 15 como sigue: Ecuación 16

ke = i + Pm + Pe

Así, para conocer ke necesitamos estimar estas primas, que es tanto como saber cuál es el comportamiento del inversor-propietario ante estos riesgos. A tal efecto es necesario ahora volver a la diferenciación de los dos tipos de propietarios-inversores a los que nos referimos precedentemente, el INF y el IER (Rojo-Ramírez, 2013). El INF es un inversor de riesgo que confía en los mercados financieros para diversificar sus inversiones. En particular, el mercado de valores le permite el máximo grado de diversificación posible y da liquidez a su inversión, además de que, en teoría, le permite particionar su inversión en inversiones menores que coloca en el mercado y gozan de facilidad para desprenderse de ellas en el momento que lo desee. La RMin que este inversor financiero espera obtener (kef) será aquella que cubra, cuando menos, «i» más «PM», ya que esta será la rentabilidad que alcanzaría en el mercado financiero gestionando sus recursos de acuerdo con su forma particular de actuación. O sea:

15 16

. .

498

Ecuación 17

alfonso a. rojo ramírez

kef ≥ i + Pm

La teoría de carteras (Markowitz, 1952) ha permitido el desarrollo del modelo de asignación de precios de activos conocido CAPM, que permite calcular la PM a través de la siguiente expresión: Ecuación 18 donde: β es un factor usualmente comprendido entre 0 y 1 que mide el riesgo que aporta una inversión adicional en un título-valor particular al resto de la cartera. Cuando la cartera es completa, es decir, se invierte en todos los títulos de forma proporcional a su volumen y valor, entonces β = 1, que sería el caso de un inversor que se comporta como de un INF. RM es la rentabilidad esperada del mercado i es el tipo de interés de la deuda o sin riesgo. A la diferencia ( RM – i) se la conoce como la prima de mercado (PM), y por tanto, en caso de un INF, dado que β = 1, dicha diferencia coincide exactamente con PM. El IER es un inversor que ama el riesgo, ya que se comporta como un emprendedor o empresario que es capaz de poner todos sus recursos en un solo proyecto de inversión. Al asumir mayor riesgo que el PFI exige una mayor rentabilidad a sus inversiones, en concreto exige una prima específica adicional (Pe) que variará en función del riesgo que el negocio o empresa implique. Así, su ha de ser forzosamente superior a la del INF que diversifica su riesgo y cuya inversión es líquida, cosa que bien puede no ocurrir en este caso. La cuestión aquí se centra en saber cuál es el riesgo específico que soporta un IER. Sin duda es esta una cuestión controvertida que no tiene una solución única. Algo en lo que se suele estar de acuerdo es en que el riesgo específico que soporta una empresa puede ser reducido a dos riesgos principales: el riesgo económico y el riesgo financiero, por lo que Pe puede ser estimada a partir de estos dos niveles de riesgo que están recogidos en la rentabilidad financiera de la empresa ya que en sus rentas confluyen los efectos de las actividades realizadas y las decisiones tomadas. Es por ello que puede ser calculada a través de la siguiente expresión: Ecuación 19 Donde βT se conoce bajo el nombre de beta total (Butler y Pinkerton, 2009) y recoge la variabilidad de la rentabilidad de la empresa respecto de la rentabilidad . de mercado Siendo σ la desviación típica de la rentabilidad de la empresa (e) o del mercado (M).

utilidad de la contabilidad... 499

Podemos ahora reescribir la expresión de ke para un IER cualquiera como el agregado de la rentabilidad mínima de un INF (β = 1) más la prima específica (Pe): Ecuación 20 Y dado que Ecuación 21 Este modelo de cálculo fue propuesto por primera vez por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (aeca, 2005), estando concebido para pymes y en el contexto de la valoración de empresas. El modelo, conocido como Modelo de los tres componentes (3CM, por sus siglas en inglés, Three Components Model) (Rojo-Ramírez, 2014), está sustentado en una hipótesis fundamental: que los datos de rentabilidad histórica y su variabilidad son buenos estimadores de los datos futuros, esto es, se presupone que el comportamiento histórico de la empresa y del sector se mantendrá, probablemente, en el futuro. Hay que señalar que, al igual que ocurre con el cálculo de la beta de mercado, lo conveniente es tomar una serie lo más larga posible de datos históricos para su cálculo (por ejemplo, Garrido y García (2010). Las series históricas cortas pueden distorsionar los resultados en función del contexto económico y social del momento, ya que el ciclo económico influye sobremanera.

5. Conclusiones El análisis de la gestión de la empresa y de proyectos de inversión constituye una cuestión que resulta esencial en el mundo de los negocios. Cualquier análisis de esta naturaleza requiere poder comparar los resultados obtenidos con los esperados, además de convenir con otros benchmarks de naturaleza diversa según los objetivos perseguidos. Este trabajo realiza una reflexión sobre: a) cómo han de proceder los interesados en la gestión e inversión a la hora de analizar sus proyectos cuando trabajan con datos contables, y b) la importancia de saber diferenciar y, por tanto de conocer, el papel que se juega en el proceso como stakeholders. Bajo la premisa de que el objetivo que persiguen los interesados en el mundo de la economía es incrementar su riqueza, el análisis de la rentabilidad y su relación con el riesgo es esencial para poder comparar con su coste de capital. Como ambos se calculan sobre bases diferentes, se hace necesario ajustar los datos contables para aproximar ambas variables, de manera que las decisiones que se tomen se correspondan, en la medida de lo posible, con la visión de mercado que adopta el inversor. En este sentido la variable contable más ajustada para la medición de la rentabilidad será el RBE o los RGO.

500

alfonso a. rojo ramírez

Estas variables pueden ser utilizadas tanto para calcular rentabilidades económicas como financieras. En este trabajo, de corte conceptual, nos hemos limitado a mostrar cómo proceder en el caso de los inversores-propietarios.

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CONTABILIDAD Y GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

EL ENDEUDAMIENTO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS Maria Teresa Balaguer Coll Universitat Jaume I

Mariya Ivanova Toneva Universitat Jaume I

1. Introducción Durante los últimos años, la deuda pública española ha sido motivo de preocupación para las autoridades económicas como consecuencia de su constante crecimiento, que se ha visto agravado con la recesión económica mundial. Las consecuencias de la crisis estuvieron presentes tanto a nivel social, mediante la pérdida de empleos y recortes presupuestarios, como a nivel económico, con la desaceleración de la economía y el aumento del endeudamiento público. El complicado panorama económico y las exigencias del cumplimiento del déficit nacional por parte de la ue obligaron a los legisladores a tomar medidas restrictivas sobre el gasto público y su financiación con instrumentos de deuda con el objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas nacionales. Los recientes datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (fmi) revelan que durante el año 2016 se produjo la menor tasa de crecimiento de la economía mundial desde el inicio de la crisis. Durante el periodo 2008-2016 las economías desarrolladas sufrieron una desaceleración generalizada debida a la complicada situación internacional económica y financiera, mientras que las economías emergentes mantuvieron su línea de paulatino crecimiento. A nivel europeo, estas circunstancias se tradujeron en disminución de los ingresos y aumento de los gastos públicos de los países miembros que, a su vez, aumentaron su deuda pública con el fin de financiar el déficit contraído. Sin embargo, durante el primer semestre del año 2017 el comercio mundial presentó un esperanzador crecimiento que hizo revisar al fmi sus pronósticos de crecimiento. En el caso español, este cambio de tendencia se reflejó en los informes elaborados por el Banco Central Europeo mediante las revisiones al alza en el crecimiento del pib de la economía española, manteniendo los pronósticos de diferencial positivo de su crecimiento respecto al resto de los países miembros. A la vista de las previsiones de los organismos internacionales y los recientemente cambios producidos, tanto económicos como legislativos, todo parece indicar que en los próximos años la deuda pública española mantendrá una tendencia a la baja.

506

maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

El principal objetivo del presente capítulo es el análisis de la deuda pública española durante el periodo 1995-2017. El trabajo se estructura en cinco epígrafes. Después de esta parte introductoria, en el segundo epígrafe se exponen algunas de las principales aportaciones de la literatura que estudian la deuda pública, observados desde diversos enfoques y perspectivas. Posteriormente, en el tercer epígrafe, se revisan las principales modificaciones legislativas producidas a nivel europeo y nacional. En el cuarto epígrafe, se analiza la deuda pública española y sus componentes según el Protocolo de Déficit Excesivo. Por último, se presentan las principales conclusiones del análisis.

2. Estudios que analizan el endeudamiento en las administraciones públicas

Los trabajos que estudian el endeudamiento público podrían clasificarse en diferentes categorías. Por un lado, se encuentran aquellos estudios que analizan los factores determinantes de la deuda (Balaguer et al., 2016; Benito et al., 2015, 2004; Benito y Bastida, 2004; Guillamón et al., 2011; Pérez et al., 2013; Zafra et al., 2011). Por otro lado, encontramos los que estudian el éxito o fracaso de los límites legales de endeudamiento (Allers, 2015; Benito et al., 2015; Cabases et al., 2007, 2005, y Vila i Vila, 2011). En otro grupo se encontrarían aquellos que analizan la relación entre los ciclos electorales y el recurso al endeudamiento (Bastida et al., 2013; Cabaleiro et al., 2014, y Nande, 2016). También se encuentran aquellos trabajos que estudian la relación que puede existir entre el nivel de deuda y la consolidación fiscal (Andrews, 2015) o la transparencia presupuestaria (Ríos et al., 2016). A continuación encontramos los que analizan las posibles relaciones espaciales de los municipios y sus consecuencias en la deuda (Borck et al., 2015 y Kopczewsk et al., 2016). Por último, se encuentran los que estudian la relación entre la descentralización de los servicios y el nivel de endeudamiento (Brusca et al., 2012). Con el comienzo de la desaceleración económica iniciada en el año 2008, las finanzas públicas españolas se vieron presionadas por la creciente demanda de prestaciones públicas, los menores ingresos públicos y los límites al endeudamiento (Benito et al., 2010). Una de las principales consecuencias de esta situación es el aumento del gasto público y la disminución de los ingresos disponibles para su financiación (Balaguer et al., 2016 y Pérez et al., 2013). Sin embargo, observamos que durante el periodo de la bonanza económica el endeudamiento local fue sustituido por los ingresos provenientes del desarrollo urbanístico. Posteriormente, la llegada de la desaceleración económica frenó el crecimiento del sector inmobiliario español y esto produjo que los ingresos públicos procedentes de esta fuente de financiación se redujeran considerablemente, por lo que los municipios se vieron obligados a contraer mayor deuda para la financiación de las inversiones de capital, según apunta en su trabajo Benito et al. (2015). En esta línea de investigación, Guillamón et al. (2011) realizan una evaluación de la deuda pública municipal española, revelando que determinadas variables socioeconómicas, (población, transferencias e impuestos) afectan positivamente al nivel de

el endeudamiento en las administraciones públicas españolas 507

deuda municipal. Asimismo, observan que los gobiernos más débiles son los que tienen un menor nivel de deuda. Zafra et al. (2011) observaron que durante la recesión económica el ahorro neto, conocido como forma de financiación de las inversiones, fue sustituido por el creciente nivel de endeudamiento local. En el trabajo de Pérez et al. (2013) se analiza la deuda viva municipal durante la crisis económica, mediante la utilización de determinantes de índole económica, social y política. Sus principales conclusiones revelan que la fortaleza política, la inmigración y las variables financieras incluidas en el modelo influyen en el nivel de deuda municipal. A su vez, los autores apuntan que las corporaciones locales con mayor cooperación entre sí y las más descentralizadas presentan mayores niveles de deuda. Benito y Bastida (2004) concluyen que las variables que mejor explican el nivel de endeudamiento de los municipios son: el superávit o déficit no financiero, la independencia financiera y los gastos e ingresos de capital. Benito et al. (2004) analizan los factores de endeudamiento en las diecisiete comunidades autónomas (cc. aa.) españolas. Sus principales resultados apuntan a que los factores con mayores incidencias en el endeudamiento de las cc. aa. son: el mayor nivel de competencias, el pib generado y los gastos destinados a transferencias, entre otros, y que las cc. aa. con mayores cargas financieras destinan menores recursos económicos a los gastos corrientes y a la inversión, debido a que necesitan mayores cantidades para la amortización de la deuda contraída. La desaceleración económica hizo que el cumplimiento de la legislación que establece los límites legales de endeudamiento se convirtiera de recomendable en obligatorio, y las administraciones públicas españolas que actualmente no cumplen con las limitaciones legales establecidas son penalizadas y obligadas a presentar planes de saneamiento de sus cuentas. Por esta razón se encuentran estudios que comprueban la eficacia de la legislación española. En su investigación, Benito et al. (2015) estudian los determinantes del incumplimiento de los límites legales de endeudamiento para el periodo 2001-2008, observando que los límites mayormente incumplidos son el superávit no financiero y el ahorro neto. A su vez, demuestran una relación positiva entre el nivel de ingresos municipales y el cumplimiento de los límites de deuda. Asimismo, Cabasés et al. (2005) presentan evidencias de incumplimiento de la normativa limitadora de solvencia financiera en las instituciones españolas para el periodo de 1995-1999. Y Vila i Vila (2011) obtiene que los límites legales no reducen la deuda local en los ayuntamientos valencianos. Por otro lado, Cabasés et al. (2007) observan que los límites legales de endeudamiento, establecidos en la normativa española cumplen sus funciones restrictivas, para el periodo 1988-2000. En la misma línea, Allers (2015) apoya la opinión de que las normas fiscales impiden a las Administraciones Locales la acumulación de niveles de deuda insostenibles. En numerosos estudios se observa que el comportamiento de la deuda pública está influenciado por las elecciones locales. Bastida et al. (2013) subrayan que existe una influencia significativa de los ciclos políticos sobre el volumen del endeudamiento local y la dimensión de la solvencia de las instituciones. Los autores analizan la legislación española del 2001 derivada del Pacto Europeo de Estabilidad y encuentran que la legislación española reduce el efecto electoral en la deuda municipal. Cabaleiro et al. (2014) obtienen que la territorialidad de los partidos políticos influye al nivel de

Determinantes del endeudamiento

España

País

3253 municipios españoles 1238 municipios españoles 4395 municipios españoles

Guillamón, Benito y Bastida (2011)

Pérez, Plata, Zafra y López (2013)

Zafra, Plata, Rodríguez y López (2012) 2005-2009

2008-2011

2008

1994-1998

130 municipios españoles

Benito y Bastida (2004)

2003-2011 1994-1999

302 municipios españoles

Benito, Vicente y Bastida (2015)

2008

Periodo de estudio

Comunidades Autónomas

1381 municipios españoles

Balaguer-Coll, Prior y TortosaAusina (2016)

Benito, Brusca y Montesinos (2004)

Muestra

Autor/es

Durante la crisis económica, el ahorro neto se sustituye por el aumento del endeudamiento. Como consecuencia de la recesión, aumenta la tendencia a recurrir al endeudamiento local.

El nivel de deuda se ve afectado por el índice de subvenciones, la coalición de los partidos gobernantes, la descentralización y la mayor cooperación entre ayuntamientos.

Las variables socioeconómicas afectan al nivel de deuda y las variables políticas indican que los gobiernos en minoría contraen menor nivel de deuda.

Los factores financieros superávit/déficit no financiero, independencia financiera, gastos e ingresos de capital son significativos para la explicación de la deuda local.

Las comunidades autónomas que disponen de mayores competencias presentan mayores niveles de endeudamiento.

Los ingresos de desarrollo urbano disminuyeron el endeudamiento durante el auge inmobiliario.

Determinadas variables financieras, socioeconómicas y políticas influyen en el nivel de deuda, aunque sus efectos difieren según el nivel de deuda.

Principales resultados

Tabla 1. Estudios de la deuda pública local y nacional en diversos países

508 maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

3090 municipios españoles

Benito, Guillamón y Bastida (2015)

387 municipios españoles 31 estados y 127 ayuntamientos mexicanos

Cabaleiro, Buch y Vaamonde (2014)

Descentralización de los servicios municipales y deuda

España

Brusca, Montesinos y Mora (2012)

34 países europeos

Kopczewska, Kudła,Walczyk, Kruszewski y Kocia (2016)

ue

Espacialidad y deuda

Región de Babaría y nrw

Borck, Fossen, Freier y Martin (2015)

Alemania

122 municipios

386 gobiernos locales

Andrews (2015)

Inglaterra

Consolidación fiscal y deuda

Ríos, Bastida y Benito (2016)

93 países

1996-2010

238 municipios españoles

Bastida, Beyaert y Benito (2013)

Nande (2016)

2009

140 municipios

Vila i Vila (2011)

2003-2005

2002- 2011

1999-2005

2003-2012

2010

1992-2005

1993-2009

1995-1999

1001 municipios españoles

Cabases, Pascual y Vallés (2005)

1988-2000

8102 municipios españoles

Cabasés, Pascual y Vallés (2007)

Internacional

México

España

España

1994-2012

403 municipios de los Países Bajos

Allers (2015) 2001-2008

Periodo de estudio

Muestra

Autor/es

Transparencia presupuestaria y deuda

Ciclos electorales, factores políticos y endeudamiento municipal

Límites y restricciones legales al endeudamiento

Holanda

País

Relación positiva entre la deuda municipal y la descentralización de los servicios.

Los impuestos sobre el consumo y el capital afectan significativamente a la deuda.

Existen relaciones espaciales intermunicipales en la deuda pública.

Los niveles de deuda aumentan tanto en los municipios consolidados, es decir, los que se fusionaron entre sí, como en los no consolidados.

El nivel de deuda pública no influye en la transparencia de los gobiernos.

Los ciclos políticos influyen de manera positiva en el endeudamiento local mexicano.

Los factores políticos afectan al endeudamiento local.

Los ciclos electorales influyen en el endeudamiento local.

El trabajo resalta la falta de operatividad y el alto grado de incumplimiento de los límites de endeudamiento local en los municipios valencianos.

La normativa limitadora del endeudamiento local no se cumple y existe una tendencia creciente del endeudamiento.

Efectividad del diseño de las restricciones legales de endeudamiento municipal establecidas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los límites mayormente incumplidos son el superávit no financiero y el ahorro neto. La población tiene un impacto positivo en el incumplimiento con el límite del ahorro neto y superávit no financiero.

Eficacia de la normativita limitadora en la deuda holandesa.

Principales resultados

el endeudamiento en las administraciones públicas españolas 509

510

maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

transferencias recibidas y a los gastos destinados a la inversión municipal, mientras que la ideología política (conservadora o liberal) no influye en la salud financiera de la entidad, al contrario que sucede con los partidos políticos, que no detallan claramente su ideología, dado que presentan mejor gestión de su deuda. En la tesis doctoral de Nande (2016) se analizan los posibles efectos de las elecciones sobre la gestión presupuestaría y la posibilidad de reelección en los gobiernos locales mexicanos. El autor manifiesta la existencia de crecimiento del gasto total, los gastos de obra pública e infraestructuras y el decrecimiento de los gastos corrientes. Los gastos de capital son los gastos que influyen de mayor manera en el endeudamiento, dado que se utilizan como herramienta para influir al comportamiento del votante. Por otro lado, encontramos algunos trabajos que analizan la deuda pública y sus efectos en la transparencia presupuestaría. Uno de los estudios más recientes en esta temática es el de Rios et al. (2016). Sus conclusiones principales indican que el nivel de la deuda pública no afecta el nivel de transparencia presupuestaria. Nos parece interesante resaltar que, aunque las administraciones públicas españolas no presentan consolidaciones fiscales, es decir, la absorción de un ayuntamiento por otro, muchos países europeos ya han dado el primer paso en esta dirección, en un intento de reducir sus costes, alcanzando economías de escala en la gestión administrativa municipal. Andrews (2015) analiza el caso de los gobiernos consolidados en Inglaterra, observando que a corto plazo los municipios consolidados presentan similares gastos al de los municipios no consolidados. El autor concluye que existe la posibilidad de obtención de mejoras administrativas a largo plazo, pero sin perder de vista los altos costes en los que es necesario incurrir para la restructuración de la Administración. Otro campo de estudio se centra en la econometría espacial aplicada a la deuda, donde se estudia si las decisiones tomadas por una administración pública son o no independientes a las decisiones tomadas por sus vecinos. En esta línea, Kopczewska et al. (2016) observan la existencia de efectos espaciales globales entre los países miembros que influyen en la política fiscal de la Zona Euro. En el trabajo de Borck et al. (2015) se obtiene que la deuda municipal de los municipios alemanes está relacionada entre sí, es decir, si un municipio aumenta su nivel de deuda, su municipio vecino también incrementa el suyo. Por último, Brusca et al. (2012) estudian la relación existente entre el nivel de deuda municipal y la descentralización de la gestión de los servicios municipales, a partir de una muestra de municipios valencianos y catalanes. Los autores muestran que las entidades locales que cuentan con mayor número de entes dependientes presentan mayores niveles de deuda, es decir, la mayor descentralización de los servicios municipales repercute en mayores niveles de endeudamiento.

3. Adaptación de la legislación española a las exigencias europeas

Al continuo crecimiento del nivel de la deuda pública española y a la necesidad de fomentar la confianza de los inversores extranjeros exigida por los mercados de

el endeudamiento en las administraciones públicas españolas 511

deuda, se suma el claro propósito de disminuir el coste de la financiación nacional. De modo que en 2011 se modificó el art. 135 de la Constitución española, estableciéndose el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese la prioridad a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales. Esta reforma constitucional inició la modificación legislativa en el ámbito fiscal nacional, reforzando a su vez, el compromiso europeo de España con la ue, garantizado mediante el compromiso de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas españolas. Con el fin de implantar los principios nombrados anteriormente en los distintos niveles de la Administración, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (lep 2012). Dicha ley define el concepto de sostenibilidad financiera como «principio rector de la actuación económico-financiera de todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social». Pretende el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la deuda pública, junto a la regla del gasto computable, dado que, en caso contrario, las administraciones se verían obligadas en la formulación de planes económico-financieros que deberían contener los pasos a seguir para el cumplimiento de dichos objetivos. Otro de sus propósitos de la lep 2012 consiste en la reducción de los impagos en el plazo establecido a los proveedores. Asimismo, con la aprobación de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, se desarrolla el concepto del periodo medio de pago, con el fin de poder llevar el control sobre la deuda comercial a niveles estatal, autonómico y local. Según el principio de transparencia y buen gobierno, el periodo medio de pago debe ser público, y en caso de su incumplimiento la ley contiene un procedimiento detallado de medidas que deberían aplicarse. Para hacer efectivo su cálculo, en el Real Decreto 635/2014 se desarrolla la metodología para determinar el periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas normativas obligan a las administraciones públicas, a partir de 1 de enero de 2013, al pago de su deuda comercial en un periodo máximo de treinta días, desde la recepción de los bienes adquiridos, prestación de los servidos o la certificación de las obras. En esta línea, Pons (2017), con el fin de analizar la efectividad de las medidas de morosidad, hace un seguimiento del periodo medio de pago a los proveedores de las administraciones locales españolas y observa la existencia de entidades con importante desviación de pago de su deuda comercial. Así pues, como consecuencia del retraso en los pagos se generan intereses de demora, que, junto con el capital, inician una cadena de morosidad originada en el sector público, que finalmente se transmite al sector privado, afectando así al crecimiento económico y a la credibilidad del país, e incrementando a su vez los tipos de interés y el endeudamiento.

512

maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

4. Análisis de la deuda pública según el protocolo de déficit excesivo (pde) El Banco de España define la capacidad o necesidad de financiación, teniendo en cuenta la estructura de los presupuestos de las administraciones públicas como los gastos que no pueden ser financiados con los ingresos corrientes y los de capital, que necesariamente se financian con la contracción de pasivos financieros de otros entes públicos o privados, denominados deuda contraída o endeudamiento.1 Partiendo de la anterior definición, en la tabla 2 se muestra la clasificación de deuda pública, tomada como una referencia global de la actividad financiera de las administraciones públicas españolas. La valoración de los pasivos contraídos y contenidos en el presente análisis se ha realizado por el Banco de España mediante la utilización de la metodología establecida por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas del año 2010 (sec, 2010). Esta metodología permite la valoración de los flujos y saldos de los valores representativos de deuda teniendo en cuenta los precios del mercado.2 En el presente análisis utilizamos el concepto más restrictivo de deuda elaborado según el pde.3 Esta magnitud de endeudamiento permite su comparación a nivel europeo, ya que su definición fue establecida de acuerdo con las normas homogéneas de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de la ue. Siguiendo con las aclaraciones del procedimiento técnico del cálculo de deuda, debemos señalar que los pasivos totales contenidos en la primera columna de la tabla 2 representan la totalidad del endeudamiento a nivel nacional. Esta magnitud está compuesta por los siguientes elementos de deuda: efectivos y depósitos; valores representativos de deuda, tanto en poder de las administraciones públicas, como el resto de valores a corto, medio y largo plazo; créditos no comerciales a largo plazo en poder de las administraciones públicas; otros créditos no comerciales a corto y largo plazo; créditos comerciales y otros pasivos en poder de las administraciones públicas, y, por último, créditos comerciales y otros pasivos no incluidos anteriormente. Mientras que la deuda, según pde, que se encuentra recogida en las últimas columnas de la

1 En términos de Contabilidad Nacional se define como «la capacidad o necesidad de financiación del Estado, como la diferencia resultante entre los recursos y empleos, corrientes y de capital del Estado. También se puede definir como la diferencia entre la variación neta de activos financieros y la variación neta de pasivos financieros del Estado. Este concepto no coincide con el de superávit (+) o déficit (-) de caja, en el que se recogen las diferencias entre los ingresos y gastos no financieros del Estado, en términos de liquidación presupuestaria». 2 En su boletín estadístico, el Banco de España diferencia entre los pasivos contraídos en el tiempo, llamados flujos, y los saldos u obligaciones pendientes de las administraciones públicas estáticas en un momento del tiempo, denominadas deuda. 3 El artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la ue regula el procedimiento de déficit excesivo. Este procedimiento está consolidado en el acuerdo de políticas fiscales de los países miembros llamado Pacto de Estabilidad de la ue.

70,6 77,6 82,8 85,1 72,8 69,6 64,8 63,9 59,5 58,3 55,9 51,0 47,1 53,4 69,5 76,1 89,5 114,3 132,2 146,1 139,6 138,7 138,8

dic-95 dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 jun-17

Corporaciones locales 5,5 5,4 5,0 5,0 4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,5 5,1 5,5 6,1 6,0 5,8 5,4 4,9 4,5 4,5 61,8 65,6 64,4 62,5 60,9 58,0 54,2 51,3 47,6 45,3 42,3 38,9 35,6 39,5 52,8 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,4 99,0 99,8

Total

Deuda según pde en % del pib (*) Administración Comunidades Central autónomas 51,5 5,8 54,9 6,3 53,8 6,6 52,3 6,5 51,0 6,3 48,7 6,1 45,1 6,2 42,9 6,2 39,9 6,1 38,5 6,0 35,7 6,2 32,4 5,9 29,5 5,7 33,0 6,7 45,2 8,6 51,0 11,5 58,3 13,6 73,3 18,2 82,9 20,5 87,0 22,9 87,1 24,4 86,7 24,8 87,4 25,1

Corporaciones locales 3,9 3,9 3,5 3,5 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 3,3 3,4 4,2 4,1 3,7 3,3 2,9 2,8

(*) La deuda según pde en % del pib se obtiene de los pasivos en circulación minorados por una serie de ajustes (valores representativos de deuda en poder de otras administraciones públicas, créditos no comerciales a largo plazo en poder de las administraciones públicas, créditos comerciales y otros pasivos en poder de las administraciones públicas y, por último, otros créditos comerciales y otros pasivos no contemplados anteriormente). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco de España.

Total

Periodo

Pasivos en circulación en % del pib Administración Comunidades Central autónomas 54,5 7,0 60,2 7,5 65,3 7,5 67,1 7,7 55,3 7,6 52,9 7,4 48,9 7,3 47,9 7,6 44,0 7,7 43,2 7,7 40,5 8,1 35,9 8,0 32,1 8,1 37,2 9,1 50,5 11,3 53,4 14,5 61,7 19,0 83,9 21,6 99,4 24,3 111,6 26,4 104,5 27,3 104,1 27,3 103,3 27,4

Tabla 2. Desglose de la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo

el endeudamiento en las administraciones públicas españolas 513

514

maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

tabla, se obtiene excluyendo de los pasivos totales los ajustes y consolidaciones entre las diferentes escalas de las administraciones públicas.4 Desde la entrada de España en la ue en el año 1986 hasta el periodo previo a la crisis económica y financiera, la economía española tuvo un gran crecimiento que se reflejó en el sector público con el aumento de los servicios públicos prestados y el crecimiento de las inversiones de capital. Posteriormente, la complicada situación económica a nivel europeo condujo a los estados miembros al aumento del déficit público hasta niveles que pusieron en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas. A principios del año 2007, la deuda pública española presentó un nivel de endeudamiento relativamente bajo en relación con el pib español respecto al resto de los países de la ue. Este hecho supuso un margen de reacción para las administraciones públicas españolas ante la complicada situación internacional. Sin embargo, la pérdida de empleos, el aumento de las ayudas sociales, el crecimiento del déficit público y las ayudas concedidas al sector financiero hicieron aumentar los niveles de endeudamiento que rápidamente se situó en el 86 % del pib en el año 2012 (figura 1). El rápido crecimiento de la deuda pública de los países europeos originó la necesidad de la revisión de la normativa europea. Una de las ocho normativas implementadas después de la desaceleración económica, es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de 2012,5 aprobado por la ue con el claro objetivo limitador de endeudamiento. Estos cambios legislativos a nivel europeo se trasladaron rápidamente en la legislación española mediante la reforma constitucional del año 2011, y posteriormente con el desarrollo de la lep 2012. La normativa nacional fijó el límite obligatorio de endeudamiento en el 60 % sobre el pib, señalando como su fecha límite el año 2020. La figura 1 muestra la evolución de la deuda pública en los diferentes niveles de la Administración pública según pde, durante el periodo del 1995-2017. En ella se observa que, durante el periodo previo de la crisis económica, desde el año 1995 hasta el año 2008, el nivel de endeudamiento se mantiene estable con clara tendencia a la baja. A partir del año 2008 el nivel de deuda presenta un crecimiento elevado en todos los niveles de la Administración pública, hasta la entrada en vigor de la lep 2012, que consigue suavizar el crecimiento de la deuda estatal y autonómica, logrando así una tendencia a la baja para la deuda local (gráfico 1 de la figura 1).

4 El Banco de España emplea la magnitud del pib para el cálculo del endeudamiento nacional en términos relativos del pib a precios de mercado. Para el endeudamiento autonómico y local tiene en cuenta el pib regional, cuya fuente son las publicaciones de la Contabilidad Nacional de España. 5 De acuerdo con eur-Lex, este pacto presupuestario incorpora disposiciones fiscales más estrictas que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997.

el endeudamiento en las administraciones públicas españolas 515

Figura 1. Evolución de la deuda pública en porcentaje del pib pm en las distintas administraciones públicas españolas según el pde

60 40 20 0

PORCENTAJE DEL PIB pm

80

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1995

2000

2005

AC. DEUDA SEGÚN PDE CL. DEUDA SEGÚN PDE

2010 2015 CA. DEUDA SEGÚN PDE

͞ ͞ ͞ ͞ Administración central; ͞ ˙ ͞ ͞ ˙ ͞ ͞ Comunidades autónomas; ----- Corporaciones locales

80 60 40 20

PORCENTAJE DEL % PIB pm

100

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1995

2000

2005

2010

DEUDA SEGÚN PLAN DE DEFICIT EXCESIVO

2015

516

maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

Figura 1. Evolución de la deuda pública en porcentaje del pib pm en las distintas administraciones públicas españolas según el pde (continuación)

20 15 10 5 1995

2000

2005

2010

2015

DEUDA SEGÚN EL PLAN DE DEFICIT EXCESIVO

4

4.5

CORPORACIONES LOCALES

PORCENTAJE DEL PIB pm 2.5 3.5 3

PORCENTAJE DEL PIB pm

25

COMUNIDADES AUTONOMAS

1995

2000 2005 2010 2015 DEUDA SEGÚN PLAN DE DEFICIT EXCESIVO

el endeudamiento en las administraciones públicas españolas 517

5. Conclusiones En este capítulo se ha realizado un análisis de la evolución del endeudamiento de las administraciones públicas españolas durante los periodos previo y posterior a la crisis económica. La literatura muestra que, durante el periodo de bonanza económica y de auge inmobiliario, los ingresos obtenidos del desarrollo urbanístico sirvieron para disminuir el nivel de endeudamiento municipal, mientras que con la llegada de la crisis dichos ingresos se vieron reducidos y, por tanto, la deuda aumentó de forma considerable. Sin embargo, tal y como se desprende la revisión de la literatura, no solo los factores de carácter presupuestario pueden influir en el nivel de deuda, también determinados aspectos socioeconómicos y políticos, así como el nivel de descentralización de los servicios públicos, pueden afectar al volumen de la deuda. Por último, cabe destacar que, aunque actualmente la economía española parece encontrarse en la senda de la recuperación económica, aún queda un largo camino por recorrer. Este camino está marcado por los compromisos sobre el déficit público, recogidos en el Plan de Estabilidad 2017-2020. Como consecuencia de dicho plan, las administraciones públicas españolas se encuentran con la difícil tarea de tener que cumplir con los objetivos establecidos, atendiendo a su vez a las necesidades sociales. En un contexto general y teniendo en cuenta las políticas fiscales adoptadas a nivel nacional y europeo, todo parece indicar que la deuda pública española se verá obligada a descender hasta los límites obligatorios marcados.

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518

maria teresa balaguer coll y mariya ivanova toneva

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CORRUPTION AND ELECTORAL OUTCOMES IN SPANISH LOCAL GOVERNMENTS Francisco Bastida Bernardino Benito María-Dolores Guillamón Ana-María Ríos

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Murcia

1. Introduction According to Zimmerman (1977), as in all organizational contexts, an agency problem exists between elected officials and voters. Voters, the principals, elect a politician, the agent, who in turn governs the voters (Barro, 1973; Ferejohn, 1986). The interests of politicians and voters are not perfectly aligned, so politicians in office may use their power to pursue their own interests, rather than those of the citizens. In fact, Persson et al. (1997) model this political agency problem as one of rent extraction. Politicians may take advantage of information asymmetry to divert public funds into their own pockets (Svaleryd and Vlachos, 2009). Specifically, it has been claimed that policymakers seek power, ego-rents and even bribes (Tella and Fisman, 2004). Furthermore, a crucial assumption of the political agency literature is that the probability of being re-elected depends negatively on unethical behaviour (Alt and Lassen, 2003). Although all of the ways of obtaining political rents can be seen as unethical, only some of them are actually illegal. In this sense, Transparency International (ti) (2012) defines corruption as the abuse of entrusted power for private gain through illegal activities. This abuse of entrusted power by corrupt politicians is a threat to many modern democracies. However, another way to extract rents that is considered legal is public funding of political parties and top politicians’ salaries (Persson and Tabellini, 2000). Top politicians’ wages can be considered a measure of political rents, given that they are set by politicians. Many organizations, such as ti, European Commission, World Bank or The Heritage Foundation, report corruption indexes for different central governments. However, the evaluation of corruption is more complex at the regional and local level. In this respect, the European Commission (2014) and Liu et al. (2017) consider that no comprehensive approach of corruption has been developed at regional and local levels. In the same sense, there is no consensus in the literature on how to properly measure legal rents extraction (Svaleryd and Vlachos, 2009).

520

francisco bastida et al.

Our paper contributes to close this perception gap. The aim of this paper is twofold. First, we build two indicators to measure illegal and legal rent extraction by politicians from 145 Spanish municipalities with over 50,000 inhabitants. Second, we analyse the relationship between rent extraction (illegal and legal) and electoral outcomes for two electoral periods: 2004-2007 and 2008-2011. In Spain, corruption cases have become an important problem in the recent years. In fact, Spain is perceived among the most corrupt countries in the European Union (European Commission, 2013). One of main Spanish local governments’ responsibilities is town planning, since they can classify land for urban development with little or no consultation. Thus, there is a serious risk that local politicians might accept bribes from real estate developers in exchange for rezoning their lands. Indeed, according to Jimenez (2009), the Spanish town-planning model and the extraordinary last building boom were the main sources for local political corruption in Spain. Furthermore, Spanish laws allow local politicians to set their own salaries and to run to the elections as many times as they want, since there is no term limit. Therefore, we consider it interesting to analyze this issue in a context in which corruption is more feasible and political power is highly discretionary, namely, Spanish local governments. The paper is structured as follows. Section 2 reviews the literature on illegal and legal rent extraction and its relationship with electoral outcomes. Section 3 provides details of the sample and variables. Section 4 presents the results. Finally, section 5 summarizes conclusions and proposes further research.

2. Literature 2.1 Illegal and legal rent extraction A traditional view in political economy is that politicians seek to maximize social welfare. Nevertheless, in recent decades, more realistic formal models have been developed in which politicians also pursue their own ends, rather than the public interest exclusively. According to Zimmerman (1977), as in all organizational contexts, an agency problem exists between elected officials and the voters. Following agency theory, interests of politicians and voters are not perfectly aligned, so the decision-making authority delegated to politicians gives them an advantage in achieving their goals. One of the incumbents’ main objectives is to maximize the sum of current and future rents, which conflicts with the interests of citizens. In particular, voters pay taxes to fund public goods that are provided by incumbents, while incumbents extract rents from the taxes which have been collected, undermining the funds for supplying public goods. Therefore, as the amount of rents extracted increases, voter utility decreases (Alt and Lassen, 2003). Since the pioneer work by Niskanen (1971), there have been numerous studies on rent extraction in the public sector, and these can be divided into two groups. One

corruption and electoral outcomes in Spanish local governments 521

group focuses on illegal forms of rent-seeking behaviour, i. e., corruption, and the other explores legal aspects of rent extraction activities. The first group has flourished more, with corruption receiving a wealth of attention in recent years. Many studies explore corruption at national levels, given the limited availability of surveys to build corruption indices at other levels of government (Goel and Rich, 1989; Ades and Di Tella, 1997; Goel and Nelson, 1998; Leite and Weidmann, 1999; Treisman, 2000; Besley and Burgess, 2002; Adserà et al., 2003; Brunetti and Weder, 2003; Persson et al., 2003; Arikan, 2004; Alt and Lassen, 2008). To tackle this issue, Picci (2005) worked on Italian regions and presented a new measure of corruption based on the difference between the amounts of physically existing public facilities and the amounts of money paid by government to build them. According to this author, the proposed measure may be useful when analyzing variations in the causes of sub-national corruption. In contrast, the literature on legal rents is rather scarce (Svaleryd and Vlachos, 2009). Studies used tax rates, public employment and wages, growth promoting policies, and politician quality as measures for legal rents (see, e.g. Besley and Case, 2003). Svaleryd and Vlachos (2009), however, question the use of these variables as a proxy for legal rents, since they are more closely associated to slack and inefficiencies than to rents per se. Taking as their basis the definition of political rents made by Persson and Tabellini (2000),1 these authors use public funding for political parties and top politicians’ salaries as direct measures for rent extracted by incumbents. Indeed, in an earlier study, Tella and Fisman (2002) find evidence supporting the idea that politicians’ wages are partly set with the aim to extract rent. As Gagliarducci and Nannicini (2013) state, private organizations determine workers’ salaries to maximize their profits and bureaucrats’ wages are set by politicians to maximize social welfare. For the same reason, voters (the principal) should set the optimal wage of politicians (the agent) following some welfare criteria. However, this is rarely the case, since politicians usually fix their own salaries. In this case, top politicians’ wages can be considered a measure for political rents, given that they are set by politicians themselves and are monetary transfers from citizens to politicians (Svaleryd and Vlachos, 2009).

2.2 Rent extraction and electoral outcomes One of the aims of this paper is to analyse the relationship between rent extraction (illegal and legal) and electoral outcomes. As stated above, a political agency problem exists between politicians and voters (Barro, 1973; Zimmerman, 1977; Ferejohn, 1986). A crucial assumption of the political agency literature is that unethical behaviour decreases the probability of being re-elected (Alt and Lassen, 2003).

1 Persson and Tabellini (2000) state that rents are monetary transfers in the form of salaries for top politicians and public funding of political parties.

522

francisco bastida et al.

The abuse of entrusted power by democratically elected politicians through corruption (illegal extraction rent) is a central issue in a large number of countries. There is a growing empirical literature on how the electoral process influences politicians’ corrupt behaviour (see, e. g., Besley and Case, 1995; Alt and Lassen, 2003; List and Sturm, 2006). Alt and Lassen (2003) argue that corruption increases regardless of the politician remaining in power or the politician not running for re-election. In the first case, if the incumbent is «too sure» about remaining in office, corruption would be high. In the second scenario, if the incumbent is not running for re-election, for example, due to term limit, nothing is lost in terms of re-election possibilities, and thus corruption will be higher. In this respect, Besley and Case (1995) show that economic policy choices by lame duck governors (governors who cannot run next time due to term limit) are different from those who have a reputation to sustain. Alt and Lassen (2003) apply this reasoning to the political corruption behaviour and find that statutory term limits tend to increase corruption. Politicians in their last term may be more corrupt since they do not have electoral incentives and they do not need to maintain their reputation. In the same way, Ferraz and Finan (2011) study how re-election incentives affect political corruption. Using a data set of Brazilian municipalities, they find that politicians with re-election incentives are significantly less corrupt than politicians without them. Finally, Beylis et al. (2012) also show that mayors who face re-election incentives are significantly less corrupt than mayors who are unable to run for re-election. Therefore, by increasing an elected official’s political horizon, the incentive to engage in corruption decreases. To our knowledge, there is not previous literature with regard to the influence of legal rent extraction on electoral outcomes. Therefore, our paper seeks to fill this gap.

3. Methodology 3.1 Sample Our sample comprises 145 Spanish municipalities with over 50,000 inhabitants for two electoral periods: 2004-2007 (before the crisis) and 2008-2011 (during the crisis). We think that local governments in Spain provide an ideal institutional setting to test our hypothesis for several reasons: –– Spain is perceived among the most corrupt countries in the European Union (European Commission, 2013). –– Spanish laws allow local politicians to set their own wages. Each year, the municipal government submits a budget for approval by the municipal council. Since politicians elaborate the municipal budget, they can determine their own salary. The budget must be passed by, at least, simple majority of the municipal council. Although the council has the power to reject this budget, it will be passed when the ruling party or parties govern in majority. In these

corruption and electoral outcomes in Spanish local governments 523

cases, local politicians are totally free to set their own salaries. If the ruling party or parties govern in minority, they will need the support of one or more opposition parties to pass the budget, and hence to set the amount allocated to politicians’ wage. Consequently, decisions on politicians’ wages are up to local authorities. The Spanish government passed in December 2013 a new law that aims to limit local politicians’ wages. It took effect in January 2014. In the period of this research this law did not exist, thus politicians were able to set their own salaries, which are shown in detail on the municipal budget. –– Spain is one of the most decentralized countries in Europe. In fact, Spanish local governments decide a number of important tasks, including the elaboration and execution of urban plans. The extraordinarily widespread use of these urban agreements in Spanish local governments shows the great flexibility in the management of urban development, and it also explains the growing problems of corruption in this field, since local politicians might accept bribes from real estate developers in exchange for rezoning their lands. In fact, according to Jiménez et al. (2012), cases of corruption increased dramatically during the last housing boom. In this sense, a recent article on Spanish corruption in the New York Times reads: «The concentration of power in the hands of regional and municipal officials and their ties to the local savings banks created ideal conditions for corruption in the construction boom years» («Small-Town Mayor’s Millions as Exhibit A on Graft in Spain», New York Times, May 4th, 2013). Given the above, in our study we consider two electoral periods 2004-2007 (before the crisis) and 2008-2011 (during the crisis) to take into account the effect of the crisis on our analysis. Local elections in Spain take place every four years and politicians can run for elections as many times as they want. Therefore, this means that, in our sample, the mayor may have run for re-election in 2007 (first period analysed) and 2011 (second period analysed).

3.2 Variables The first aim of this paper is to build two indicators to measure illegal and legal rent extraction by politicians. There are three principal approaches to measure corruption (illegal rent extraction) at the macro level: 1) general or target-group perception; 2) incidence of corruptive activities (Seldadyo and de Haan, 2006); and 3) bribes reported, the number of prosecutions brought or court cases directly linked to corruption. The first kind of measures reflects the feeling of the public or a specific group of respondents about corruption. The second approach is based on surveys among potentially bribe-givers and bribe-takers. The third focuses on objective variables that are also used as indicators of corruption levels. However, at the local level, the difficulty of measuring corruption through any of these approaches has become a major obstacle due to the lack of appropriate data (Ferraz and Finan, 2007). In the same way, there is no con-

524

francisco bastida et al.

sensus in the literature on how to measure legal rents extraction properly (Svaleryd and Vlachos, 2009). Given the above, we contribute to this literature by building two indicators, the dummy variables court and wages, which measure illegal and legal rent extraction, respectively. The former takes value one if the mayor who runs for the elections has been taken to court, charged with corruption, before these elections, and zero otherwise. Due to the lack of official statistics on municipal corruption, we use online press to identify if mayors who run for the elections (2007 and 2011) have been taken to court, charged with corruption, before these elections. Specifically, we consider cases in which politicians have been charged for prevarication, bribery, embezzlement of public funds, crimes against land use, etc., regardless of whether they have been prosecuted or not. Therefore, we use the third of the three principal approaches to measure illegal corruption mentioned above (bribes reported, the number of prosecutions brought or court cases directly linked to corruption). The variable wages is the average ratio of the average wage paid to politicians over the average wage in the municipality for 2004-2007 and 2008-2011. This ratio measures if a politician’s wage exceeds the average wage paid to the citizens of the municipality. Obviously, not all of the full salaries of politicians can be considered as rent extraction. For instance, if the amount earned by a politician is similar to the one that could be earned in an analogous private job, we cannot state that the politician is involved in rent extraction activities. In contrast, if the politician’s salary exceeds the wage paid in a similar private job position, this premium wage can be seen as a political rent. This measure of legal rent extraction has been used previously by Benito et al. (2018). Moreover, given that the second aim of our paper is to analyse the relationship between rent extraction (illegal and legal) and electoral outcomes, we also consider in our study the following variables: run_election, win_mayor and win_party. The run_election variable is a dummy with value one if the mayor who governed to date runs to the next election, and zero otherwise. The win_mayor is a dummy variable that takes value one if the mayor in power is re-elected, and zero otherwise. Finally, the win_party is a dummy variable that takes the value one if the mayor’s party is re-elected, and zero otherwise. Table 1 describes the variables and basic statistics.

4. Results Once we have built the two variables that capture the illegal and legal rent extraction, we analyse the relationship between these variables (court and wages) and electoral outcomes (run_election, win_mayor, win_party) for two electoral periods: 2004-2007 and 2008-2011. Table 2 shows the relationship between illegal rent extraction and electoral outcomes. Specifically, for the period 2004-2007, we find that out of 145 municipalities in the sample, 17 mayors have been taken to court, charged with corruption, before 2007 elections. Of the 17 mayors charged with corruption, 14 were running to the elections held in 2007 (82.4 %) and 12 of them won those elections (70.6 %) (see columns 5 and 8, respectively). Furthermore, our results show that

win_ party

win_ mayor

run_ election

wages

court

Variable

Value 1: if the mayor’s party is re-elected. Value 0: otherwise.

Description Value 1: if the mayor who runs for the elections has been taken to court, charged with corruption, before the election. Value 0: otherwise. Average ratio of the average wage paid to politicians over the average wage in the municipality. Value 1: if the mayor in office runs to the next election. Value 0: otherwise. Value 1: if the mayor in office is re-elected. Value 0: otherwise. Own elaboration from the Ministry of the Presidency and for the Territorial Administrations Own elaboration from the Ministry of the Presidency and for the Territorial Administrations Own elaboration from the Ministry of the Presidency and for the Territorial Administrations

Own elaboration from Spanish Ministry of Finance and Public Administrations

Source Own elaboration from online press and the Ministry of the Presidency and for the Territorial Administrations

.76

.70

.91

1.55

.12

Mean

.43

.46

.29

.71

.32

.00

.00

.00

.24

.00

2004-2007 Std. Dev. Min

1.00

1.00

1.00

3.56

1.00

Max

Table 1. Definition of variables and descriptive statistics

.64

.57

.89

1.76

.18

Mean

.48

.50

.31

1.37

.39

.00

.00

.00

.21

.00

2008-2011 Std. Dev. Min

1.00

1.00

1.00

14.12

1.00

Max

corruption and electoral outcomes in Spanish local governments 525

Total

court

1

Number of cases % of total Number of cases % of total Number of cases % of total

1

0

Number of cases % of total Number of cases % of total Number of cases % of total

2008-2011

Total

court

0

2004-2007

92.2 % 14 82.4 % 132 91.0 %

7.8 %

3

17.6 %

13

9.0 %

107 89.9 % 22 84.6 % 129 89.0 %

12

10.1 %

4

15.4 %

16

11.0 %

run_election 0 1

118

10

run_election 0 1

100.0 %

145

100.0 %

26

100.0 %

119

Total

100.0 %

145

100.0 %

17

100.0 %

128

Total

43.4 %

63

50.0 %

13

42.0 %

50

0

90

1

56.6 %

82

50.0 %

13

58.0 %

69

1

70.3 %

102

70.6 %

12

70.3 %

win_mayor

29.7 %

43

29.4 %

5

29.7 %

38

1

win_mayor

100.0 %

145

100.0 %

26

100.0 %

119

Total

100.0 %

145

100.0 %

17

100.0 %

128

Total 0

35.9 %

52

34.6 %

9

36.1 %

43

0

13

64.1 %

93

65.4 %

17

63.9 %

76

1

75.9 %

110

76.5 %

win_party

24.1 %

35

23.5 %

4

97

1

75.8 %

win_party

24.2 %

31

Table 2. Relationship between illegal rent extraction and electoral outcomes

100.0 %

145

100.0 %

26

100.0 %

119

Total

100.0 %

145

100.0 %

17

100.0 %

128

Total

526 francisco bastida et al.

corruption and electoral outcomes in Spanish local governments 527

of the 17 municipalities with mayors charged with corruption, there were 13 cases where the party of the mayor charged with corruption won (in 12, the same mayor won and in one case, another person of the corrupt mayor’s party won) (see columns 8 and 11, respectively). For the period 2008-2011, table 2 shows that in 26 of the 145 municipalities, their mayors have been taken to court, charged with corruption, before 2011 elections. Of the 26 mayors charged with corruption, 22 ran for 2011 elections (84.6 %) and 13 of them won those elections (50.0 %) (see columns 5 and 8, respectively). Moreover, in this period, of the 26 corrupt mayors’ municipalities, there were 17 cases where the party of the mayor charged with corruption won (in 13, the same mayor won and in 4 cases, another person of the corrupt mayor’s party won) (see columns 8 and 11, respectively). Therefore, we show that the cases of corruption have increased in the period 2008-2011. In fact, 17.9 % of mayors were taken to court, charged with corruption, before 2011 elections, compared to the 11.7 % of the previous period. Furthermore, in both periods, more than 80 % of corrupt mayors ran for re-election. These corrupt mayors not only ran for re-election, but also a high percentage of them won (or their party won). However, in the period 2008-2011, it seems that voters punish mayors charged with corruption to a higher extent since, as we stated above, only 50 % of them won the 2011 elections (compared to the 70.6 % in 2007 elections). Finally, if we take into account the variable win_party instead of win_mayor, we reach the same conclusion: the illegal rent extraction has been more punished during the crisis period. In order to analyze the relationship between legal rent extraction and electoral outcomes, we apply a test for differences of means. To perform our analysis, it is important to know the statistical distribution of data, so that we can determine which statistical tools are the most appropriate. Thus, if the data follow a normal distribution we will use parametric tests for differences of means (two sample T-test). However, if the data are not distributed as normal we will use nonparametric tests (Wilcoxon-Mann-Whitney or rank sum test).In this respect, we applied the Kolmogorov-Smirnov Z test to check the normality of the dependent variable (wages). The null hypothesis of this test states that the data follow a normal distribution. Table 3 shows that the wages variable follows a normal distribution for the period 2004-2007 and does not follow a normal distribution for the period 2008-2011. Table 3. Kolmogorov-Smirnov Z test 2004-2007

2008-2011 wages

N Kolmogorov-Smirnov Z Asymptotic significance (bilateral)

142 1.08 .194

143 2.44 .000

528

francisco bastida et al.

Therefore, for 2004-2007, given that the variable wages is distributed as normal, we use the two sample t-test to analyze the relationship between legal rent extraction (wages) and electoral outcomes (run_election, win_mayor, win_party). In the same way, regarding 2008-2011, we use the Wilcoxon-Mann-Whitney, given the normality of the variable wages (see table 4). As we can see in the table 4, in both periods, the mayors who ran for re-election have higher wages over the average wage in the municipality than those who decided not to run for re-election. However, this relationship is not statistically significant in any period. As for the variable win-mayor, our results show that, in the period before the crisis, the mayors who had set higher wages over the average wage won the elections. Nevertheless, during the crisis period, the elections were won by those mayors who had lower wages. This latter relationship is not statistically significant. In the same way, during the first period, the higher the salary of the previous mayor, the more opportunities to win him/her or a candidate of the same party. In the second period the opposite happened. These relationships are also not statistically significant. Therefore, we can conclude that during the crisis, those mayors who had set higher wages over the average wage in the municipality or their parties were punished by the electorate. Table 4. Relationship between legal rent extraction and electoral outcomes 2004-2007 (T-test)

wages

N mean Levene test-F (sig) T-test sig

2008-2011 (Wilcoxon-Mann-Whitney test) wages

N mean Wilcoxon-Mann-Whitney test-Z (sig)

run_election 0 1 13 129 1.27 1.58 .59 (.44) .14 run_election 0 1 16 127 1.66 1.77

win_mayor 0 1 43 99 1.39 1.62 6.22 (.01) .05 win_mayor 0 1 63 80 1.95 1.62

win_party 0 1 35 107 1.45 1.58 5.01 (.03) .24 win_party 0 1 52 91 1.99 1.63

-.29 (.77)

-.89 (.37)

-.83 (.41)

5. Conclusions According to the agency theory, interests of politicians and voters are not perfectly aligned, so the decision-making authority delegated to politicians gives them an advantage in achieving their goals. One of the incumbents’ main objectives may be rent extraction. Although all of the ways of obtaining political rents can be seen as unethical, only some of them are actually illegal. In this sense, the first aim of this paper is to build two indicators to measure illegal and legal rent extraction. Further-

corruption and electoral outcomes in Spanish local governments 529

more, the political agency literature states that the probability of being re-elected depends negatively on unethical behaviour, such as rent extraction (Alt and Lassen, 2003). Thus, the second aim of this paper was to study the relationship between rent extraction (illegal and legal) and electoral outcomes. We used a sample of 145 Spanish municipalities with over 50,000 for two electoral periods: 2004-2007 (before crisis) and 2008-2011 (during crisis). Regarding the first aim of our paper, we built a variable which measures illegal rent extraction using online press to check if mayors who run for the elections (2007 and 2011) have been taken to court, charged with corruption, before these elections. Specifically, we considered cases in which politicians have been charged for prevarication, bribery, embezzlement of public funds, crimes against land use, etc., regardless of whether they have been prosecuted or not. Due to the lack of official statistics on municipal corruption, we contributed to the literature on this issue by proposing a new measure of corruption. In this sense, we think that governments should provide official data on corruption, not only about the number of politicians who has been charged with corruption, but also information about those who have been prosecuted, the crime of which he/she is accused, the punishment, etc. Moreover, we built a variable to quantify the legal rent extraction as a ratio that measures if a politician’s wage exceeds the average wage paid to the citizens of the municipality. Thus, if the mayor’s salary exceeds the wage paid in a similar private job position, this wage premium can be seen as a political rent. Once we have built the two variables that capture the illegal and legal rent extraction, we could carry out our second aim, that is, to analyse the relationship between rent extraction (illegal and legal) and electoral outcomes for two electoral periods: 2004-2007 and 2008-2011. Regarding illegal rent extraction, our results indicate that there are more cases of corruption during the period 2008-2011. While 11.7 % of mayors were taken to court, charged with corruption before 2007, 17.9 % of mayors were taken to court before 2011. Moreover, more than 80 % of mayors ran for re-election despite being charged with corruption. This result suggests that being charged with corruption does not diminish in general politicians’ electoral incentives. Furthermore, these charged mayors not only ran for re-election, but also a high percentage of them won (or their party won). However, if we compare the two periods, we can conclude that, during the crisis, those mayors charged with corruption (or their parties) were more punished by the electorate in terms of re-election chances. As for legal rent extraction, our findings show that higher wages over the average in the municipality is an incentive for politicians to run for re-election. Moreover, we found that whereas in the period before the crisis mayors (or others candidates from the same party) who had set higher wages won the elections, during the crisis, mayors (or others candidates from the same party) with higher wages lost the elections. Once again, during the crisis, those mayors who extracted more rents by setting higher wages (or their parties) were punished by the electorate. According to our results, we propose the following suggestions: –– More information on corruption cases should be published to reduce the political agency problem between governments and citizens.

530

francisco bastida et al.

–– The judicial processes against corruption should be streamlined and penalties toughened. –– Promoting legislation to prevent mayors charged with corruption from running re-election or remaining in power while the judicial process lasts. –– It seems desirable to fix local top politicians’ wages by law as a way to prevent them from setting their own salaries. In the case of Spain, the government passed in December 2013 a new law that aims to limit local politicians’ wages (it took effect in January 2014). According to this law, the population of the municipality is the main criterion for determining local politicians’ wages. However, we believe that not only population, but also other features should be considered, such as politicians’ workload or the income level of the municipality, among others. A public discussion, therefore, should be held about what we must understand for being well-paid and the factors that should be taken into account to set efficient wages. –– Citizens should be made aware of the consequences of rent extraction for public finances, in order to penalize corrupt politicians in the ballot boxes. As far as research is concerned, it would be interesting to evaluate the long-term evolution of rent extraction, taking into account more electoral periods. Moreover, with more information available in the future, we can compare the impact of salaries, either set by law (since 2014) or established by politicians (as in this paper), on the electoral results.

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corruption and electoral outcomes in Spanish local governments 531

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LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN LAS ENTIDADES LOCALES UN RETO QUE DEBE ABORDARSE Vicente Condor López Universidad de Zaragoza

Isabel Brusca Alijarde Universidad de Zaragoza

La diferenciación y correcta delimitación de la entidad contable y la entidad que informa constituyen requisitos previos para una aproximación analítica al contenido y significado de los estados contables públicos. Montesinos (1993)

1. Introducción La contabilidad de las administraciones públicas ha alcanzado un elevado grado de normalización y modernización en España, en línea con las reformas que a nivel internacional han tenido lugar en los últimos años bajo el paradigma de la Nueva Gestión Pública (ngp). Han pasado ya más de tres décadas desde que el devengo fuera introducido en nuestras administraciones públicas mediante el Plan General de Contabilidad Pública (pgcp) del año 1983. En el caso de las entidades locales, hay que remontarse al año 1992 como origen de la reforma contable que implantó la elaboración de estados financieros utilizando el criterio de devengo, de modo que el presupuesto y su liquidación, hasta entonces única información presentada, deben ir acompañados de otros estados financieros que muestren la situación financiera y los cambios que han tenido lugar en esta, así como los resultados obtenidos. Desde entonces, son varias las reformas contables acontecidas en nuestro país, la última de ellas para adaptar nuestra normativa contable a las reformas del sector empresarial (tras su adaptación a las Normas Internacionales de Contabilidad) y también a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (ipsas, atendiendo a las siglas en inglés de International Public Sector Accounting Standards). Esto nos sitúa a la vanguardia de la normalización contable pública, donde la adaptación a las ipsas parece ser una clara tendencia internacional. En el ámbito de las entidades locales, desde el año 2015 se elaboran estados contables de acuerdo con la nueva Instrucción de Contabilidad Local (ical), adaptada al pgcp del año 2010, de modo que la utilidad para la toma de decisiones es uno de los

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vicente condor lópez e isabel brusca alijarde

criterios que ha presidido su contenido y también los criterios para su elaboración, junto al tradicional objetivo de rendición de cuentas. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que en este largo camino de normalización y reformas todavía no se haya abordado la consolidación de cuentas de las administraciones locales, máxime cuando en los años previos a la crisis la descentralización en la prestación de servicios y la creación de entidades dependientes ha sido una práctica ampliamente extendida en nuestras administraciones. Lo que nos pone de manifiesto que esta es claramente una reforma pendiente que requiere ser abordada si queremos que la información financiera sea útil para la toma de decisiones, así como para la rendición de cuentas. En un entorno de grupo, la información basada en los estados individuales es insuficiente para tener una visión real de la actividad realizada por la entidad para la prestación de los servicios que son de su competencia. Si bien es cierto que la consolidación en el sector público plantea una serie de dificultades añadidas como consecuencia de la existencia de entidades pertenecientes a sectores diferentes (entidades públicas sujetas a la disciplina contable propia de las administraciones públicas, entidades privadas sujetas a la normativa mercantil y entidades no lucrativas, con su propia regulación contable), la consecución de los objetivos perseguidos por la información financiera no puede lograrse si no es mediante la información consolidada, cuando la actividad de las administraciones públicas se fragmenta por la utilización, en el cumplimiento de sus objetivos, de entidades pertenecientes a los ámbitos señalados. Cuando la actividad se desarrolla descentralizando los servicios mediante los mecanismos citados, las cuentas separadas de la entidad responsable de suministrar los servicios y de gestionar los recursos puestos a su disposición, no solamente son incompletas por no incluir todos los recursos, sino que, según el vínculo utilizado con la entidad a la que se han desplazado recursos, pueden presentar componentes que no responden a la realidad, además de no permitir evaluar la gestión de los responsables de la entidad pública (Condor, 2014). Tampoco la información agregada supera estas deficiencias, puesto que no tiene en cuenta las relaciones y operaciones entre las entidades vinculadas. En este marco, el presente trabajo tiene por objeto efectuar algunas reflexiones sobre los estados financieros consolidados en las entidades locales. Por un lado pondremos de manifiesto por qué es importante que los estados financieros se completen con las cuentas consolidadas y, por otro, veremos cuál es la situación en el contexto internacional. Además se ofrecen algunas pinceladas sobre la aplicación de las normas de consolidación del sector público en el ámbito de las entidades locales. El trabajo está estructurado del siguiente modo: tras esta breve introducción, nos referimos a la dimensión del sector local en España y la relevancia de las cuentas consolidadas en el contexto local, así como la situación de la regulación en España. En un apartado posterior hacemos un breve análisis de la consolidación de cuentas del sector local desde una perspectiva internacional, al objeto de evidenciar que esta es una tendencia internacional en la que muchos países europeos se han incorporado. Posteriormente nos referimos a la normativa contable de consolidación de cuentas para el sector público aprobada en España y su aplicación en el ámbito local. El trabajo termina con las principales conclusiones obtenidas y sus implicaciones.

los estados financieros consolidados en las entidades locales... 535

2. Contexto y relevancia de las cuentas consolidadas en el ámbito de las entidades locales españolas

La creación de entes dependientes por parte de los entes locales ha sido una forma de gestión directa bastante habitual en los ayuntamientos españoles, especialmente en los de mayor tamaño. En cierta medida, esta descentralización ha formado parte de la filosofía de la ngp, donde se consideraba que pueden gestionarse mejor administraciones más reducidas y que además la creación de empresas permite introducir criterios empresariales y de mercado en la gestión pública (Hood, 1995). Conviene destacar al respecto que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado en el año 1986 (Real Decreto 2568/1986), ya contemplaba el establecimiento de entes descentralizados con personalidad jurídica propia, «cuando así lo aconsejara la necesidad de una mayor eficacia en la gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la expectativa de aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de participación ciudadana en la actividad de prestación de los servicios» (art. 132). Esta posibilidad, posteriormente acotada en otras normas que pretendían la modernización o la racionalización y sostenibilidad de las entidades locales, ha originado que en la actualidad exista un elevado número de entes locales dependientes. Como puede verse en la tabla 1, los ayuntamientos en España llegaban en 2017 a los 8.124, con un número de entidades dependientes (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades, fundaciones y asociaciones) que llegaba a 2.749, es decir, entre el Ayuntamiento y sus entidades dependientes la cifra alcanza un total de 10.873. Si tenemos en cuenta otras entidades locales (diputaciones, cabildos, comarcas, etc.) y sus entidades dependientes hablamos ya de 17.416. La tabla 1 pone de manifiesto el elevado número de entidades locales y sus dependientes existentes en España, a la vez que puede apreciarse lo numerosas que son las situaciones en las que encontramos relaciones de grupo (entidad dominante y dependientes). En el caso de municipios existen, como se ha dicho, 2.749 entidades dependientes, y considerando el conjunto de entidades dominantes el número de dependientes asciende a 4.427. Lógicamente, cada una de las entidades debe elaborar sus propios estados financieros, y es la entidad principal la responsable de informar sobre las entidades dependientes. La elaboración de estados financieros individuales no es suficiente, siendo preciso avanzar hacia la formulación de cuentas consolidadas de todo el grupo, al ser el único medio de obtener una visión de la realidad económica del grupo en su conjunto. Esta insuficiencia de la información separada solo se resuelve mediante la elaboración de información consolidada que permita superar las restricciones que hemos señalado de la información separada y agregada. Parece clara la necesidad de información consolidada para recoger todos los recursos administrados por las entidades locales que se constituyen en entidades dominantes, por canalizar parte de los servicios y recursos administrados por medio de entidades controladas por ellas.

843

47

215

1.361

244

39

Organismos Autónomos

Entidad pública empresarial

Consorcios

Sociedades

Fundaciones

Asociaciones 540

15

56

148

158

9

101

489

51

Diputaciones/ Consejos/ Cabildos

3.706

1

0

3

0

0

1

5

3.701

Ámbito inferior al municipio

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública (2018).

10.873

2.749

Entidades dependientes

Total Entidades

8.124

Entidades principales

Municipios

77

0

0

1

0

0

0

1

76

Agrupación de municipios

1.008

0

3

28

11

0

14

56

952

Manco munida des

173

2

4

23

43

1

18

91

82

Comarcas

Tabla 1. Número de entidades locales en España

Áreas metrop.

14

0

0

5

4

1

1

11

3

16.391

57

307

1.569

431

58

980

3.402

12.989

1.025

554

161

186

124

0

0

1.025

0

Total con Total sin dependencia dependencia conocida conocida

17.416

611

468

1.755

555

58

980

4.427

12.989

TOTAL

536 vicente condor lópez e isabel brusca alijarde

los estados financieros consolidados en las entidades locales... 537

Las dificultades que plantea la consolidación en el ámbito del sector público no justifican que no se realice el esfuerzo de incorporar la información consolidada, tanto desde el punto de vista de la transparencia a la que el sector público debe estar comprometido como desde el punto de vista de la gestión, ya que sin información útil que incorpore todos los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad, cualquiera que sea el vehículo utilizado, no es posible un adecuado control de su gestión. De hecho, esta es la tendencia en la mayor parte de países, tal como vamos a ver a continuación. Por otra parte, las dificultades tradicionalmente apuntadas relativas a la consolidación en el sector público se han reducido como consecuencia de la convergencia producida por la aplicación de normas equivalentes en los sectores público, privado y no lucrativo. La utilidad de la información financiera disminuye si no se incluyen todos los recursos y obligaciones que son responsabilidad de la Administración pública. Desde el punto de vista del gestor, resulta obvio que las herramientas de gestión deberían utilizar instrumentos e información para la gestión de los recursos, cualquiera que sea su ubicación. Desde el punto de vista de la rendición de cuentas, las cuentas consolidadas constituyen la piedra angular para alcanzar transparencia financiera y la rendición de cuentas del Gobierno (Barrett, 1997). Las cuentas consolidadas pueden usarse como un elemento crítico en el proceso de rendición de cuentas porque muestran lo que los administradores y políticos públicos han hecho con los recursos públicos. El Gobierno dará completa cuenta de su uso de los recursos y sus activos y pasivos y, más importante aún, cualquier entidad del sector público será responsable ante la entidad controladora. Christensen y Lægreid (2007) señalan que, en definitiva, la consolidación puede verse como una estrategia de coordinación e integración después de la fragmentación que tiene lugar con la ngp.

3. Situación de la regulación sobre consolidación en el ámbito público en España La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estableció la obligación de la consolidación de cuentas en los ayuntamientos, de manera que se uniría a la cuenta general de la entidad, los estados consolidados que estableciera el pleno de la corporación, que integrarían al menos las cuentas de la propia entidad, las de los organismos autónomos (oo. aa.) y las de las sociedades participadas por la entidad y sus oo. aa. (Condor et al., 1998). Este requerimiento surgió por tanto sin un trabajo previo de preparación que toda innovación contable debería acarrear para asegurar la capacidad institucional de las entidades. Esta fue quizá una de las razones del cambio de orientación, de modo que un año después la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, eliminó dicha obligación y encomendó al Pleno de la Corporación la decisión de determinar los entes cuyas cuentas se habían de consolidar. Desde entonces, en el seno de la Intervención General de la Administración del Estado (igae) se fueron realizando algunos trabajos para analizar el contexto de la

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consolidación de cuentas en el sector público y las opciones que podía adoptarse para la normalización de las cuentas consolidadas, emitiendo un documento sobre consolidación en el sector público (igae, 2006), en el que, aun siendo demasiado generalista, recogía un conjunto de cuestiones relevantes para la consolidación pública. La reforma contable llevada a cabo en la contabilidad del sector público tras la aprobación del Plan General de Contabilidad empresarial incluyó finalmente en la agenda una normativa de consolidación en el ámbito, recogida en el año 2013 en la Orden hap/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas en el ámbito del sector Público (nofcacsec). Las normas preveían que las entidades locales deberían elaborar sus cuentas consolidadas para el año 2017. Así, en el párrafo 11 de la exposición de motivos de la Orden hap/1489/2013 se establece: «en las entidades locales se prevé su aplicación, previa elaboración de una adaptación a las normas de consolidación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la elaboración de las cuentas consolidadas correspondientes al tercer ejercicio de aplicación de la adaptación del pgcp, a la Administración Local». Es decir, la orden pospone al ejercicio 2017 la primera formulación de Cuentas Consolidadas en el ámbito local, previa elaboración de una adaptación elaboración de una adaptación a las peculiaridades de la Administración local.1 Sin embargo, una modificación introducida en el trlrhl mediante la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, señala que (art. 209, epígrafe 4) «las entidades locales unirán a la cuenta general los estados consolidados que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública, en los términos previstos en las normas de consolidación que apruebe para el sector público local conformes a las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público». Y en concreto, la ley señala que los conceptos de control y de entidad multigrupo y entidad asociada son los definidos en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. A efectos de la obtención de los estados consolidados, las entidades controladas, directamente o indirectamente, por la entidad local no comprendidas en los apartados anteriores, las entidades multigrupo y las entidades asociadas deberán remitir sus cuentas anuales a la entidad local acompañadas, en su caso, del informe de auditoría Así pues, la ley mantiene la referencia a la consolidación de las cuentas de las entidades locales, remitiendo a las normas de consolidación que se aprueben para el ámbito del sector público, pero deja en manos del Ministerio de Hacienda y Función Pública las competencias para determinar su exigencia.

1 Esta remisión a 2017 es coherente con la disposición de la Instrucción del modelo de Contabilidad Local aprobado por la Orden hap/1781/2013, de 20 de septiembre de 2013, en cuya Disposición Transitoria Tercera relativa a la información sobre el coste de actividades e indicadores de gestión se posponen hasta las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. El problema es que a fecha de hoy no existe la adaptación comentada en la Exposición de motivos de la orden hap 1489/2013.

los estados financieros consolidados en las entidades locales... 539

Cabe finalizar este repaso normativo haciendo referencia al rd 424/2017, que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, enmarcado a su vez dentro de los objetivos perseguidos por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El rd (art. 29.A) establece que el órgano interventor de la entidad local realizará

anualmente la auditoría de las cuentas anuales, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público aprobadas por la igae y las normas técnicas que las desarrollen, incluyendo:

a) Los organismos autónomos locales. b) Las entidades públicas empresariales locales. c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica. d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este reglamento.2 e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías. En otras palabras, el control financiero ejercido mediante la auditoría pública abarca no solo la entidad local responsable, sino también todas aquellas entidades que están bajo el control de la misma, es decir el grupo de entidades cuya entidad dominante es la entidad local. Sin embargo, el rd no hace ninguna referencia expresa a las cuentas anuales consolidadas. Esta situación es bastante distinta en otros países, donde las cuentas consolidadas están sujetas a auditoría en los mismos términos que las cuentas individuales (Brusca et al., 2018). En definitiva, y aunque las normas para la formulación de cuentas consolidadas en el ámbito del sector público preveían que tras dos años de aplicación de la ical se elaboraran cuentas consolidadas en el sector local, de momento este requerimiento ha sido pospuesto, y lo cierto es, que con excepciones como la del Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Gijón (Álvarez et al., 2016), la realidad es que las entidades locales españolas no elaboran información consolidada. Esta situación nos separa de lo que es la tendencia internacional, y a la cual nos referiremos a continuación.

4. La consolidación de cuentas en el sector local: una referencia al contexto internacional

En los últimos años, la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) han introducido importantes reformas en sus 2 Fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Local.

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sistemas de contabilidad pública con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios públicos y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos. En este contexto, la aplicación del principio de devengo se ha considerado un objetivo prioritario de los nuevos sistemas contables, aunque en la mayor parte de los casos se mantiene la aplicación del principio de caja modificada en el área presupuestaria (van Helden y Reichard, 2016). Las reformas han abarcado todos los niveles de gobierno, con algunas excepciones, y los distintos tipos de entidades incluidos en el sector público (Brusca et al., 2015). La aprobación de normas para la consolidación de cuentas ha formado parte en la mayor parte de los casos de esos procesos de modernización contable a nivel internacional (Bergmann et al., 2016; Brusca et al., 2015). El propio International Public Sector Accounting Standards Board (ipsasb) emitió tres normas que abordan la consolidación de cuentas en el sector público cuando inició su labor de normalización (International Public Sector Accounting Standardsipsas 6,7 y 8), utilizando como base las normas de consolidación emitidas por el International Accounting Standard Board (iasb) para el sector empresarial. Estas normas internacionales han servido como base para los organismos normalizadores de muchos países, que han optado por adaptaciones a las normas del ipsasb (Bergmann et al., 2016). Recientemente, el ipsasb ha sustituido las normas anteriores por las ipsas 35 a 38 (estados financieros consolidados, inversiones en asociadas y multigrupo, acuerdos conjuntos e información a revelar sobre participaciones en otras entidades) y ha aprobado la ipsas 40 «Combinaciones en el sector público». Las normas se basan, en todos los casos, en las correspondientes normas del iasb. En el ámbito de las entidades locales, la consolidación de cuentas es obligatoria en muchos países europeos, tales como Croacia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Portugal o Suecia (Brusca et al., 2018). A continuación nos referimos a alguno de ellos a modo de ejemplo. Un país pionero en la elaboración de cuentas consolidadas en el ámbito de las entidades locales es Suecia, ya que estas son obligatorias desde el año 1997. Las normas de consolidación son aprobadas por el Consejo Sueco de Contabilidad Municipal (Swedish Council for Municipal Accounting) y se basan en los principios generalmente admitidos, tomando como base las normas del sector empresarial. Cabe destacar la labor llevada a cabo para su implantación por la Asociación Sueca de Entidades Locales, que desde un primer momento ha proporcionado apoyo a los municipios para la implantación de la contabilidad de devengo y de las cuentas consolidadas. Las normas requieren incluir en las cuentas consolidadas a todas aquellas entidades en las que la entidad tiene, ya sea directo o indirecto, al menos el 20 % de los votos (Tagesson y Grossi, 2012). En Italia, la obligación de elaborar cuentas consolidadas para las entidades locales se introdujo en 2011 mediante el Decreto Legislativo 118, conocido como Ley de Armonización, que aprueba los nuevos sistemas de contabilidad para todas las administraciones públicas italianas, con el objetivo de facilitar la armonización y consolidación de las cuentas de las entidades públicas. Una novedad importante es la forma de implementación, ya que en el año 2012 algunas entidades piloto comenzaron de forma experimental con el fin de detectar las principales dificultades o limitaciones relacionadas con los nuevos sistemas e introducir los cambios necesarios antes de

los estados financieros consolidados en las entidades locales... 541

extender la aplicación a todas las administraciones en el año 2015. La ley exige que todos los entes locales con más de 5.000 habitantes preparen los informes financieros consolidados desde 2015. En Portugal, los esfuerzos para la consolidación de cuentas comenzaron pronto, y una ley del año 2007 exigía a todos los gobiernos locales elaborar cuentas consolidadas a partir del año 2008, pero debido a algunas dificultades prácticas en su implementación muchas entidades no cumplieron con el requerimiento. Por eso, en el año 2010 se aprobó una orden que contenía las normas para la formulación de cuentas consolidadas en el sector público, tomando como base las normas del sector empresarial y las ipsas. Recientemente se ha llevado a cabo una reforma importante que pretende adaptar la normativa nacional a las ipsas, incluyendo las relativas a la consolidación de cuentas. Una de las claves de la reforma ha sido la utilización de entidades piloto en las que se ha aplicado el modelo dos años antes de su generalización para todas las entidades, así como el apoyo por parte del Ministerio de Finanzas a los ayuntamientos, tanto en el área tecnológica como en la de formación del personal al servicio de los municipios. En España, como hemos mencionado, la consolidación de cuentas no es obligatoria para los entes locales, aunque sí en la Administración General del Estado. De acuerdo con lo indicado en el trhl (art. 209), las normas para la formulación de cuentas del sector local serán conformes a las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, por lo que en el siguiente apartado nos referimos a su aplicación de para el sector local.

5. La aplicación de las normas contenidas en la Orden hap/1489/2013 al Sector Público Local En primer lugar, cabe señalar que las nofcacsep recogidas en la Orden hap/1489/2013 se han elaborado tomando como base las normas del sector empresarial y en de las ipsas 6 a 8, recientemente remplazadas, tal como hemos señalado, en

un proceso de mayor acercamiento a las Normas Internacionales sobre consolidación revisadas por el iasb. Las normas se estructuran en torno a cuatro capítulos más un anexo: 1) Normas generales; 2) Método de Integración global; 3) Método de integración proporcional y Procedimiento de puesta en equivalencia; 4) Cuentas anuales consolidadas; anexo) Modelos de las Cuentas Anuales Consolidadas. Se trata de un documento amplio que trata de abarcar los diferentes pasos del proceso de consolidación, por lo que en un limitado espacio como el de este trabajo se hace inabordable tratar todos los aspectos. Por ello nos centraremos exclusivamente en el primer punto, básico por otra parte, como es la determinación del «Grupo de entidades Público», es decir, cuando una entidad pública debe considerarse que encabeza un grupo de entidades y, por consiguiente, debe elaborar cuentas consolidadas del grupo, y qué entidades deben incluirse en dicho grupo (Walker, 2009; Grossi y Steccolini, 2015). A este respecto cabe señalar que el art. 1 de las normas define el grupo de entidades como el «… formado por la entidad dominante y todas sus entidades dependien-

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tes…», siendo entidad dominante aquella «… del sector público que ostenta, directa o indirectamente, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, el control sobre otra u otras, denominadas dependientes» (art. 2.1, nofcacsep), entendiendo por control «… el poder de dirigir las políticas financieras y la actividad de otra entidad con la finalidad de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio» (art. 2.2, nofcacsep). Establecida esta definición, las normas fijan criterios a partir de los cuales se presume la existencia de control «… se presume que existe control cuando se cumple al menos una de las condiciones de poder y otra de las de patrimonio neto que se enumeran a continuación, salvo que exista una evidencia clara de que es otra entidad la que mantiene el control» (art. 2.3, nofcacsep). Las normas se refieren a las siguientes condiciones de poder: –– La entidad tiene directamente o indirectamente a través de entidades controladas, la propiedad de una participación mayoritaria superior al 50 % con derecho a voto en la otra entidad. –– La entidad tiene la potestad, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la otra entidad. –– La entidad tiene, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, la mayoría de los derechos de voto que sería posible emitir en una junta general de la otra entidad. –– La entidad tiene, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, el poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del órgano de gobierno, y el control de la otra entidad se ejerce mediante dicho órgano. –– La entidad ha designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, que desempeñan su cargo en el momento de formularse las cuentas consolidadas y durante los dos años inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la entidad dependiente sean miembros del órgano de gobierno de alguna entidad del grupo. Las condiciones de patrimonio neto incluyen: –– La entidad tiene la potestad de disolver la otra entidad y obtener un nivel importante de beneficios económicos residuales o asumir obligaciones importantes. –– La entidad tiene la potestad de acceder a la distribución de los activos de la otra entidad, y/o puede ser responsable de ciertas obligaciones de la otra entidad. Las llamadas «condiciones de poder» y «de patrimonio neto» son consecuencia de la definición de control recogida en el artículo 2.2. que reproducíamos más arriba, en la que pueden distinguirse dos condiciones para la existencia de control: la capacidad de dirigir y la finalidad de obtener rendimientos (económicos o de servicio). Las

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condiciones de poder tratan de aclarar cuando existe capacidad de dirigir, mientras que las de patrimonio neto indican si las actividades realizadas a través de la entidad dependiente pueden tener consecuencias en el patrimonio de la entidad. Por ello basta con que exista una presunción (indicio) que permita a la entidad dominante controlar a otra entidad y basta con que se dé una de las condiciones que pueden afectar al patrimonio de la entidad dominante. Este enfoque, basado fundamentalmente en la capacidad para tomar decisiones (Tagesson y Grossi, 2012; Grossi y Steccolini, 2014), similar a lo que ocurre en el sector privado, ha sido criticado en la literatura, argumentando que un enfoque diferente, basado más en la rendición de cuentas, estaría más en consonancia con las características del sector público. Cabe mencionar a este respecto el concepto de «responsabilidad política», planteado por Montesinos (1993) como una opción que debe ser considerada, o el de la aprobación del presupuesto, contemplado en Benito y Bastida (2007). Por otro lado, hay que señalar que la ipsas 35 añade a las dos condiciones de poder y patrimonio mencionadas, el vínculo entre poder y beneficios, es decir, la capacidad de usar su poder sobre la otra entidad para afectar la naturaleza o cantidad de su participación en los beneficios de la otra entidad. Al margen de una posible revisión de las nofcacsep, para adaptarlas a la nuevas ipsas, creemos que la definición de control descrita es suficientemente amplia y aplicable al ámbito del sector público local. En particular, su aplicación llevaría en todo caso a incluir dentro del perímetro a los organismos autónomos, tanto de carácter administrativo como comercial, industrial, financiero o análogo, así como a las sociedades de capital íntegramente público. En ambos casos se conjugan las condiciones de poder y patrimonio neto, por lo que estas entidades deberían consolidarse por el método de integración global. También debería incluirse en el concepto de grupo a las entidades empresariales locales, normalmente pertenecientes de forma íntegra a la entidad principal, así como a las sociedades de participación mayoritaria, en las que por disponer de la condición de poder se puede igualmente disponer de las condiciones de patrimonio neto. Por otro lado, es posible plantear también la existencia de circunstancias que pueden llevar a excluir una entidad de la aplicación del método de integración global. Las nofcacsep mencionan las siguientes causas de exclusión: –– No tengan un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas anuales consolidadas. Siendo varias las entidades en estas circunstancias, no podrán ser excluidas de la consolidación más que, si en su conjunto, presentan un interés poco significativo con respecto a la finalidad expresada. –– Cuando existan restricciones importantes y permanentes que dificulten sustancialmente el ejercicio por la entidad dominante de sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la entidad dependiente. –– Cuando la información necesaria para establecer las cuentas consolidadas solo pueda obtenerse incurriendo en gastos desproporcionados o con un retraso inevitable que imposibilite la elaboración de dichas cuentas en el plazo establecido en la normativa aplicable.

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Circunstancias que, sin perjuicio de los objetivos perseguidos con la consolidación, facilitan desde el punto de vista de la eficiencia, la obtención de la información necesaria para la consolidación.

6. Conclusiones La reciente reforma contable del sector público llevada a cabo en España, al objeto de adaptar nuestra normativa contable a la del sector empresarial y, de paso, a las normas internacionales, ha supuesto cambios importantes en el sistema de rendición de cuentas de las administraciones. Además, esto ha ido acompañado de la obligación de elaborar estados contables consolidados por parte de la Administración General del Estado. Sin embargo, en el caso de las entidades locales, y a pesar de que hace más de veinte años que el Gobierno plasmó la relevancia de las cuentas consolidadas en una ley modificada un año después, todavía no existe obligación de elaborar cuentas consolidadas. Inicialmente se preveía que iba a ser 2017 la fecha clave, pero a día de hoy no hay avances claros. Solo algunos ayuntamientos, cuyo ejemplo más pionero es el del Ayuntamiento de Barcelona, presentan de forma voluntaria estados financieros consolidados. Esta situación contrasta con la tendencia existente en la mayor parte de países europeos, dado que en la mayoría de ellos es obligatorio elaborar cuentas consolidadas, que deben ser presentadas y auditadas en los mismos términos que las cuentas individuales. La literatura se hace eco de la importancia de acompañar a los estados individuales de estados consolidados que presenten la imagen fiel del grupo, y con ello de la totalidad de los recursos gestionados para la prestación de servicios. Máxime cuando algunas normas y la doctrina se remiten a las cuentas consolidadas para determinar las magnitudes clave sobre disciplina fiscal o gestión financiera, como es el caso de la deuda para determinar la sostenibilidad financiera. Parece por tanto evidente que deberían elaborarse y aprobarse unas normas para la formulación de cuentas consolidadas en el sector local, basadas en las ya existentes para el sector público, que contemplen aquellas especificidades propias del sector. Estas normas serían de gran ayuda para las entidades que de forma voluntaria decidan presentar estados financieros, así como para establecer un calendario de implantación de las cuentas consolidadas de las entidades locales en España. Adaptación que no entendemos de excesiva complejidad dado que las nofcacsep han sido desarrolladas de una forma amplia y global, abarcando los diferentes pasos del proceso de obtención de las cuentas consolidadas. Aun así creemos que sería relevante, antes de la implantación, acometer las acciones necesarias para posibilitar que las instituciones sean capaces de que la consolidación de las cuentas anuales pueda ser un hecho en la práctica. En este sentido una opción es la utilización de entidades piloto, como ha tenido lugar en Suecia, Italia o Portugal. Esto permite anticipar las dificultades prácticas y resolver posibles problemas o limitaciones no previstos a priori.

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7. Bibliografía Álvarez, M., C. Rodríguez y B. Rodríguez (2016): «La consolidación de cuentas del grupo Ayuntamiento de Gijón». En: La contabilidad al servicio de la empresa y de la sociedad, Oviedo, Universidad de Oviedo, pp. 405-422. Barrett, P. (1997): Whole of government financial reporting, Canberra, Australian National Audit Office. Benito, B. y F. bastida, (2007): «La consolidación de cuentas en las entidades locales españolas: un estudio empírico», Revista Española de Financiación y Contabilidad, 134, pp. 351-388. Bergmann, A., G. Grossi, I. Rauskala y S. Fuchs (2016): «Consolidation in the public sector: methods and approaches in Organisation for Economic Co-operation and Development countries», International Review of Administrative Sciences, 82(4), pp. 763-783. Brusca, I., E. Caperchione, S. Cohen y F. Manes Rossi (eds.) (2015): Public Sector Accounting and Auditing in Europe. The Challenge of Harmonization, Palgrave Macmillan. Brusca, I., V. condor y F. manes (2018): La auditoría de las entidades locales. Análisis comparado en el ámbito de la ue, Madrid, icjce. Christensen, T. y P. Lægreid (2007): «The whole of government approach to public sector reform», Public Administration Review, 67(6), pp. 1059-1065. Condor, V. (2014): «La consolidación en el sector público. Implicaciones en la gestión», Auditoría pública: Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, 62, pp. 89-102. Condor, V. (2017): «Auditoría Pública y Transparencia en el Real Decreto 424/2017 sobre Control Interno en las Entidades Locales», Opinión aeca n.º 1 Sector Público, aeca. Condor, V., J.J. Ansón, M.P. Blasco e I. Brusca (1998): «Consolidación de estados contables en la Administración Local», Revista Española de Financiación y Contabilidad, 95, pp 395-426. Grossi, G. y I. Steccolini (2015): «Pursuing private accounting and accountability in the public sector: the municipal consolidation», International Journal of Public Administration, 38(4), pp. 325-334. Hood, C. (1995): «Contemporary public management: a new global paradigm?», Public policy and Administration, 10(2), pp. 104-117. Intervención General de la Administración del Estado (2006): Consolidación de Cuentas Anuales del Sector Público, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda. International Public Sector Accounting Standards Board (2018): «Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements». Disponible en: . Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (boe 31/12/1996). Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (boe 31/12/1996).

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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (boe 30/12/2013). Ley 1/2016, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (boe 14/3/2006). Ministerio de Hacienda y Función Pública (2018): Entidades que integran el sector público local. Situación a 31 de diciembre de 2017. Disponible en: . Montesinos, V. (1993): «Análisis de la información contable pública», Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXII, n.º 76, julio-septiembre, pp. 683-722. Orden hap/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas en el ámbito del Sector Público (boe 3/8/2013). Orden hap/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (boe 3/10/2013). Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (boe 9/3/2004; texto consolidado 9/11/2017). Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local (boe 12/5/2017). Tagesson, T. y G. Grossi (2012): «The materiality of consolidated financial reporting -an alternative approach to ipsasb», International Journal of Public Sector Performance Management, 2(1), pp. 81-95. Van Helden, J. y C. Reichard (2016): «Why cash based budgeting still prevails in an era of accrual based reporting in the public sector», Accounting Finance & Governance, 23(1-2), pp. 43-65. Walker, R.G. (2009): «Public sector consolidated statements –an assessment», Abacus, 45(2), pp. 171-220.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ON-LINE DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES A TRAVÉS DE COMPONENTES PRINCIPALES Juan C. Garrido-Rodríguez Universidad de Granada

José L. Zafra-Gómez Universidad de Granada

Antonio M. López-Hernández Universidad de Granada

1. Introducción Durante los últimos años, e incentivado, aún más si cabe, por la crisis económica mundial (Gran Recesión, 2008), la publicación de información relativa a la gestión municipal se ha convertido en un elemento clave para mantener la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, así como para rendir cuentas y alejarse de la corrupción (Fuchs, 2006; Shim y Eom, 2008; Andersen, 2009; Cullier y Piotrowski, 2009). Así, el principio de transparencia ha ido cobrando cada vez mayor importancia en el tiempo, considerándose como un instrumento que ha llegado a considerarse como un factor que contribuye al aumento de la eficiencia de los gobiernos locales (Marcuccio y Steccolini, 2005). En este sentido, el concepto de transparencia se debe tratar desde un enfoque completo, multidireccional e integral para materializar los principios de participación ciudadana, en lugar de tratarse desde un punto de vista aislado (Muñoz, 1977; Calvo-Calvo, 2016). A pesar de que no existe ninguna norma global para regular este principio, actualmente hay un extenso catálogo de normativa que regula la Transparencia de los entes públicos, a nivel nacional, regional y local (Guillamón y otros, 2011). En España, este concepto se regula por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la cual entró en vigor en diciembre de 2015, tras un período establecido para que los municipios pudiesen adaptar su información. En relación con su medición, tradicionalmente, este proceso se ha desarrollado a través de diferentes organismos encargados de elaborar índices que evalúan este concepto, siendo la organización no gubernamental llamada Transparencia Internacional España, filial del organismo Transparency International, la entidad más reconocida para la evaluación de las entidades públicas, la cual elabora, desde 2008 y de forma anual, el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ita) a los 110 municipios españoles con mayor población (Guillamón y otros, 2011; Albalate, 2013). Sin embargo, este índice presenta diversas limitaciones en su elaboración y posterior análisis, haciendo que la medición de la transparencia no resulte totalmente adecuada (Alonso y García-García, 2014).

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En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar las diferentes áreas de información suministrada en las webs de los 110 ayuntamientos españoles con mayor tamaño poblacional para determinar el nivel de cumplimiento del principio de transparencia en España. Para ello, se estructura el contenido de la información de las webs agrupado en seis áreas y se evalúa el nivel de cada uno aplicando la metodología propuesta por Garrido-Rodríguez y otros (2016), en colaboración con la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Por último, se aplica el análisis de componentes principales para obtener un índice sintético que proporcione una posición relativa de la web de cada ayuntamiento en relación con el nivel de transparencia al calcularlo. Los resultados indican que el nivel de divulgación de la información es muy diferente entre las distintas áreas que componen la medición de la transparencia. Concretamente, el área de información económica, financiera y presupuestaria y el área de información institucional y organizativa son las que mayores niveles de transparencia presentan, en términos medios, mientras que, por el contrario, el área de información de relevancia jurídica tiende a presentar los niveles más bajos. La aplicación de componentes principales para obtener un índice sintético del nivel de transparencia revela que este puede constituirse mediante tres componentes que explican casi el 70 % de la varianza explicada. El trabajo se estructura de la siguiente manera: a continuación, se presenta una revisión del concepto de transparencia, normativa existente, así como las principales organizaciones evaluadoras en España. Después, se presenta un apartado de datos y metodología, seguido de los resultados obtenidos y, finalmente, las principales conclusiones derivadas del trabajo.

2. El concepto de transparencia, su regulación y medición La demanda de información por parte de los ciudadanos a las entidades públicas ha aumentado considerablemente en los últimos años (Nevado-Gil y GallardoVázquez, 2016), y como consecuencia, los entes públicos han tenido que hacerse más transparentes a la hora de rendir cuentas sobre su gestión (Garrido- Rodríguez y otros, 2016), facilitando el ejercicio de tal responsabilidad el desarrollo de nuevos «instrumentos on-line» como los portales web. Así, el hecho de que la sociedad pueda formarse una opinión a partir de la información sobre la organización, la actividad o el gasto público y, de esta forma, participar en las actuaciones que llevan a cabo las entidades públicas, ha llevado a una aprobación generalizada de leyes que regulan la transparencia y el acceso a la información pública en todo el mundo (Guichot, 2014), siendo los ayuntamientos los entes que más importancia deben dar a este hecho, ya que, tal y como manifiestan Caamaño-Alegre y otros (2011), estos representan el primer nivel de participación de los ciudadanos en este ámbito. En este contexto, existen diferentes definiciones para el término transparencia, en función de los elementos que se destaquen, aunque la mayoría hacen referencia a la disponibilidad de información para controlar las actividades de un agente concreto (Premchand, 1993). Así, esta información debe ser oportuna, abarcar los ámbitos

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económico, social y político (Kauffmann y Kraay, 2002), dando un enfoque completo, fácilmente accesible (Da Cruz y otros, 2015), y debe ser relevante y publicada de forma regular (Matheson, 2002), considerándose un elemento clave en la rendición de cuentas (Meijer, 2003). De esta forma, la Transparencia es considerada un factor esencial para un buen gobierno responsable, conducente a la asignación eficiente de los recursos y, en consecuencia, ayudar a la obtención de un mayor crecimiento económico (Andersen, 2009; Anti-Corruption Resource Centre-U4, 2012). Esto hace que la transparencia se haya convertido en una herramienta clave para favorecer la participación ciudadana, como medida de prevenir la corrupción y aumentar la confianza en el Gobierno, así como para incrementar la información disponible para la ciudadanía (Reylea, 2009; Shuler y otros, 2010). En este contexto, en los últimos años se ha intensificado el uso de Internet para garantizar este principio de transparencia y un mayor acceso a la información, reduciendo los costes relacionados con la recolección y distribución de la información pública (Roberts, 2006; Shim y Eom, 2008; Andersen, 2009). Así, los portales web se han convertido en las principales herramientas de divulgación de información relativa a la gestión de las administraciones públicas, siendo los ayuntamientos los órganos que desempeñan un papel fundamental en la accesibilidad y sostenibilidad de la relación con los ciudadanos (Barrutia y Echebarria, 2013). Sin embargo, a pesar de la creciente importancia del principio de transparencia en las administraciones públicas, no existe una norma de carácter universal que regule el principio de transparencia y acceso a la información pública. Por el contrario, este concepto se regula por una amplia cantidad de normativa que va desde el Convenio 205 del Consejo de Europa, firmado en 2008, pasando por el Reglamento 1049/2001 dentro del Derecho de la Unión Europea, hasta llegar a más de cien leyes estatales en materia de transparencia y libre acceso a la información pública (Guillamón y otros, 2011). En este contexto, en España, a finales de 2013, se publicó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, la cual se encarga de regular este principio previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, y que, hasta ese momento, había estado desarrollado con carácter general en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula, entre otros, el acceso a la información ambiental, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, junto con normativa sectorial que incluye obligaciones de publicidad en cada campo (Guichot, 2014). Esta Ley 19/2013, incrementa la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, reconoce el acceso a la información como un derecho y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento, convirtiéndose en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública (Garrido-Rodríguez y otros, 2016).

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Así mismo, derivadas de esta Ley 19/2013, se han desarrollado diferentes normativas por parte de las Comunidades Autónomas, siendo doce las Comunidades Autónomas1 que han desarrollado una ley de transparencia, y en el resto se encuentra en fase de desarrollo (Galindo-Pérez-de-Azpillaga y Foronda-Robles, 2015). En el ámbito municipal, los ayuntamientos tienen la potestad de desarrollar una normativa propia en materia de transparencia, aunque, en este caso, son pocos los ayuntamientos que han desarrollado una ordenanza propia que regule la transparencia, siendo los municipios de Madrid o Sevilla algunos ejemplos (Garrido-Rodríguez y otros, 2016). Una cuestión que surge después de la publicación de esta normativa es cómo medir el principio de transparencia. En este sentido, diferentes entidades han elaborado índices que miden la transparencia de los municipios según una serie de indicadores y creando diferentes rankings de transparencia (Lizcano, 2010). De entre los índices más destacados, se encuentra el índice dyntra (Dynamic Transparency Index), el cual se elabora desde su propio portal web () y contiene un total de 145 indicadores desglosados en 6 áreas, pudiendo consultar los datos de forma dinámica en la misma web. Por otro lado, también es posible encontrar el «Test de Aplicación municipal de la Ley de Transparencia», desarrollado por el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos, evaluando la facilidad de acceso a la información en clics. Además, se puede encontrar el mapa Infoparticipa, elaborado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona en colaboración con investigadores de ocho universidades más. En este índice se evalúan 41 indicadores separados en cuatro áreas distintas, asignando un color a cada rango de porcentaje de transparencia, siendo estos el blanco (menos del 25 %), amarillo (25 a 49 %), verde claro (50 a 74 %) y verde oscuro (más del 75 %), plasmando la información en un mapa por municipios (Molina, 2015).

1 Las leyes que se han elaborado en España relativas a transparencia son las siguientes: –– Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas (Galicia). –– Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno (Islas Baleares). –– Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto (Navarra). –– Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto (Extremadura). –– Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública (Andalucía). –– Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno (La Rioja). –– Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana (Comunidad de Murcia). –– Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Cataluña). –– Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana (Castilla y León). –– Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana (Comunidad Valenciana). –– Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Islas Canarias). –– Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana (Aragón).

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Sin embargo, el índice más importante en España en relación con el principio de transparencia es el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ita), compuesto por 80 indicadores separados en seis áreas diferentes, a partir de la información que se publica en las páginas web de los 110 ayuntamientos con un mayor tamaño poblacional. Este índice, elaborado por la organización no gubernamental llamada Transparencia Internacional España, comenzó a elaborarse en 2008 y se ha publicado de forma ininterrumpida durante estos años (Guillamón y otros, 2011). Así, en el informe elaborado por Transparencia Internacional España en 2014,2 se aprecia que la puntuación ha aumentado hasta alcanzar los 85,2 puntos (sobre 100) de media, frente a los 70,9 alcanzados en 2012, y donde 19 ayuntamientos alcanzan la puntuación máxima. Sin embargo, el optimismo que genera el índice de transparencia de Transparencia Internacional España debe ponerse en cuestión si se analiza más en detalle la calidad de los datos, ya que la limitación más evidente recae en el hecho de que no existe una graduación en los indicadores, por lo que solamente se puede expresar si aparece la información de cada indicador, o por el contrario no se publica nada, sin dar cabida a posiciones intermedias (Alonso y García-García, 2014). Además, al conocerse de antemano los contenidos evaluados, este hecho provoca que se publique exclusivamente la información que se exige por el índice, haciendo que los resultados sean muy altos y se pierda su capacidad de evaluar correctamente el nivel de transparencia (Meyer y Gupta, 1994).

3. Desarrollo de una propuesta metodológica para la evaluación de la transparencia en la web

Debido a las limitaciones que posee el índice actual de referencia a la hora de medir el nivel de transparencia (índice ita), en el presente trabajo se presenta un nuevo índice de transparencia, siguiendo la metodología propuesta por Garrido-Rodríguez y otros (2016), desarrollado en colaboración con la Cámara de Cuentas de Andalucía en el ejercicio del desarrollo de su marco competencial, en relación con la fiscalización del principio de transparencia, junto con la Fundación Centro de Estudios Andaluces, partiendo de las exigencias establecidas dentro de la Ley 19/2013. El objetivo principal de esta metodología propuesta consiste en obtener una evaluación de la información divulgada en las webs de los ayuntamientos teniendo en cuenta el desarrollo normativo de la Ley 19/2013, pero teniendo en cuenta dos aspectos no considerados anteriormente: el desarrollo de índicadores específicos que miden cada uno de los aspectos necesarios para cumplir con el objetivo de transparencia, aspecto que denominamos «Amplitud»; y, en segundo lugar, conocer el nivel de calidad y características de lo contenidos divulgados (Fernández-Planells, 2016), aspecto que se ha denominado Profundidad. Este último concepto, se centra en la cantidad de 2 En el caso del año 2015, la organización Transparencia Internacional no publicó su índice de transparencia.

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información que se publica para cada uno de los indicadores, diferenciándose de metodologías basadas en la evaluación de indicadores dicotómicos. De esta forma, cada uno de los indicadores atiende a un procedimiento de evaluación, donde, en primer lugar, se valora el cumplimiento según los criterios mínimos recogidos en la Ley 19/2013 para, en segundo lugar, determinar el grado de disponibilidad de esta información para el usuario, de tal forma que si un municipio no cumple con ningún requisito de los establecidos en el indicador, este se puntúa con 0. A medida que el municipio reúne los requisitos establecidos por el indicador, se irán asignando los valores 1 y 2, obteniendo el nivel 3, cuando el acceso a la información es completo, siendo máximo el nivel de divulgación. Además, cada valor tiene asociado un color identificativo, siguiendo un sistema de evaluación traffic lights (Breul, 2007), siendo morado para el 0, rojo para el 1, amarillo para el 2 y verde para el 3. Esta propuesta metodológica está conformada por un total de 20 indicadores, englobados en seis áreas de evaluación, que son las siguientes: –– Área A. Información institucional y organizativa. Dentro de esta área se encuentra la información relacionada con las funciones del ayuntamiento, la normativa de aplicación, su estructura organizativa y los perfiles y trayectorias profesionales de los responsables de cada órgano. Se compone de cinco indicadores. –– Área B. Información sobre altos cargos. En esta categoría se encuentra la información relacionada con las declaraciones de bienes de los altos cargos, salarios e indemnizaciones. Está compuesta por dos indicadores. –– Área C. Información sobre planificación y evaluación. En esta área se encuentra la información relativa a los planes y programas de los ayuntamientos, así como medidas de evaluación de los servicios, midiéndose por medio de dos indicadores. –– Área D. Información de relevancia jurídica. Se encuentra la normativa que se publica por iniciativa del ayuntamiento, memorias e informes derivados de la creación de esta normativa, documentación que deba someterse a exposición pública, así como acuerdos, directrices o consultas realizadas. Se compone de cinco indicadores. –– Área E. Información sobre contratos, convenios y subvenciones. Dentro de esta área, se encuentra la información concerniente a los contratos adjudicados, convenios suscritos, encomiendas de gestión y subvenciones concedidas, todo ello evaluado en cuatro indicadores. –– Área F. Información económica, financiera y presupuestaria. En esta área se encuentra la información sobre presupuestos y cuentas anuales que publican los ayuntamientos, compuesto por dos indicadores. Para establecer el nivel de transparencia en cada una de las áreas a evaluar, y dado que la propia ley no establece nada al respecto de la importancia de cada una de las obligaciones que se imponen, se ha decidido darle la misma importancia a cada uno de los indicadores dentro de cada área, pudiendo obtenerse la puntuación de cada área de la siguiente forma:

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(1) Al igual que ocurre con los indicadores, a la puntuación obtenida en cada área se asocia un color identificativo con un sistema de evaluación traffic lights (Breul, 2007), añadiendo, además, un sistema cualitativo adicional que consiste en dar una letra a cada color, correspondiendo la letra C al color rojo, B al amarillo y A al verde. El rango de puntuación para cada letra y color varían según el área.

4. Aplicación de la metodología propuesta para la medición de la transparencia en las webs de los grandes ayuntamientos españoles

Para la consecucion de nuestro objetivo de investigación, vamos a aplicar la metodología propuesta a los 110 ayuntamientos de mayor tamaño de España, coincidiendo con los municipios evaluados por Transparencia Internacional España en el desarrollo de su Índice ita para ayuntamientos, ya que, siguiendo a Navarro y otros (2010), los municipios de mayor tamaño cuentan con personal más cualificado y con mayor presupuesto para la divulgación de información pública. Para realizar la evaluación a cada municipio, se debe obtener la información necesaria para cada indicador en los portales de transparencia de cada uno de los municipios, acudiendo también a la web genérica en caso de no encontrar la información en dicho portal.

4.1 Evaluación de las diferentes áreas de transparencia Una vez realizada la evaluación a los distintos municipios, a continuación, en las tablas 1 a 6, se muestran los resultados medios por indicador, englobando por cada una de las áreas descritas anteriormente. Tabla 1. Resultados de los indicadores del área A Área A. Información Institucional y Organizativa Indicador 1: Información adicional Indicador 2: Funciones Indicador 3: Normativa aplicada Indicador 4: Estructura organizativa Indicador 5: Inventario de bienes Fuente: Elaboración propia.

Media 3,00 2,65 2,93 2,26 1,89

Desv. típica 0,00 0,94 0,44 1,03 0,73

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Los indicadores del área relacionada con la información institucional tienen niveles muy altos de transparencia, ya que, como se puede apreciar, todos los portales web analizados ofrecen información adicional sobre actuaciones del Ayuntamiento, así como información consultada de forma más frecuente por los ciudadanos. Además, se publica la normativa que sigue el consistorio, así como sus funciones, dando opción a visualizar documentación relacionada y descargar su contenido. Sin embargo, no se publican todos los datos relacionados a los inventarios de bienes de aquel, aunque sí que se aporta información adicional, en forma de una descripción o localización de estos bienes. Tabla 2. Resultados de los indicadores del área B Área B. Información sobre altos cargos Indicador 6: Indemnizaciones percibidas Indicador 7: Declaraciones de bienes y actividades

Media 0,65 2,37

Desv. típica 1,18 1,23

Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere a la información sobre altos cargos, los ayuntamientos tienden a no publicar información de las indemnizaciones percibidas, y cuando estas indemnizaciones no existen, generalmente se acredita mediante un documento público. Aunque, por otro lado, sí que se publican las declaraciones de bienes y actividades, pudiendo acceder a la documentación en la mayoría de ocasiones. Tabla 3. Resultados de los indicadores del área C Área C. Información sobre planificación y evaluación Indicador 8: Planes y programas Indicador 9: Informes de cumplimiento y calidad

Media

Desv. típica

2,05 1,28

0,77 0,89

Fuente: Elaboración propia.

En el área C, relacionada con la información sobre planificación y evaluación, se publican, generalmente, los planes y programas que realiza el ayuntamiento, especificando las actuaciones y su tiempo de realización, aunque no se tienen en cuenta indicadores de control sobre dichos planes y programas. Así mismo, se publican informes sobre la evaluación de los servicios, aunque no se publican todos los informes contemplados en el indicador.

propuesta metodológica para la evaluación de la divulgación... 555

Tabla 4. Resultados de los indicadores del área D Área D. Información de relevancia jurídica Indicador 10: Directrices y acuerdos Indicador 11: Respuestas a consultas Indicador 12: Proyectos de reglamentos en audiencia pública Indicador 13: Dictámenes órganos consultivos Indicador 14: Documentos en período de información pública

Media 2,92 1,34 0,67 0,11 1,88

Desv. típica 0,49 1,50 1,25 0,56 1,46

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la información de relevancia jurídica, en general, es un área en la que su nivel de transparencia es medio-bajo, aunque sí se publican los acuerdos y directrices derivados de los plenos celebrados, así como documentos que se encuentran en período de exposición pública, pero no se tiende a publicar toda la documentación relacionada, o no se puede acceder a todo el contenido. Tabla 5. Resultados de los indicadores del área E Área E. Información sobre contratos, convenios y subvenciones Indicador 15: Información sobre contratos Indicador 16: Información sobre convenios Indicador 17: Información sobre encomiendas de gestión Indicador 18: Información sobre subvenciones

Media 2,00 1,99 0,33 1,69

Desv. típica 0,38 0,99 0,87 1,03

Fuente: Elaboración propia.

Analizando la información publicada sobre contratos, convenios y subvenciones, el área presenta un nivel medio-bajo de transparencia, donde, generalmente, no aparece información sobre encomiendas de gestión, y en el resto de indicadores no se publica toda la información que se exige para alcanzar un nivel adecuado de transparencia en esta área. Tabla 6. Resultados de los indicadores del área F Área f. Información económica, financiera y presupuestaria Indicador 19: Presupuestos Indicador 20: Cuentas anuales Fuente: Elaboración propia.

Media 2,89 2,30

Desv. típica 0,39 1,03

556

j. c. garrido-rodríguez, j. l. zafra-gómez y a. m. lópez-hernández

Por último, el nivel de transparencia de la información económico-financiera y presupuestaria es alto, debido a que ya se está exigiendo la publicación de los elementos que evalúan estos indicadores por medio de los artículos 169 y 201 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004). De esta manera, se publican los presupuestos, pudiendo visualizar y acceder a la documentación, así como sucede con las cuentas anuales, aunque, en este caso, o bien se publican cuentas desactualizadas en algunos casos, o bien no se publican todos los elementos que evalúan el indicador, aunque no de forma general. Una vez analizadas las puntuaciones medias por indicador, en la tabla 7 se muestra la puntuación media total por área, expresada en porcentaje, así como su desviación típica. Tabla 7. Puntuación media y puntuación media por área Área Área A Área B Área C Área D Área E Área F

Puntuación media ( %) 84,85 50,45 55,45 46,12 50,08 86,52

Desviación típica 13,54 28,56 21,19 18,29 17,65 19,49

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, gracias a la amplitud y profundidad del índice, es posible realizar un análisis por áreas, destacando como el área menos transparente es la perteneciente a información de relevancia jurídica, con un 46,12 % de media, lo que significa que los municipios no publican aún normativa en elaboración o normativa distinta a la propia del ayuntamiento. Por el contrario, el área más transparente, con un 86,52 % de media es el área de información económica, financiera y presupuestaria, seguida de la información institucional y organizativa, con 84,85 % de media, debido a que estas áreas contienen elementos regulados y exigidos por otras normas, como sucede con los presupuestos y cuentas anuales del Ayuntamiento y de entes instrumentales, así como la estructura organizativa, funciones y otras características organizativas, las cuales son necesarias para identificar al consistorio.

4.2 Desarrollo de un índice sintético de transparencia mediante el análisis de componentes principales Uno de los principales problemas que se debe afrontar cuando se pretende medir la transparencia en las entidades locales es la necesidad de utilizar un amplio número de indicadores, proporcionando cada uno de ellos una visión parcial de este concepto.

propuesta metodológica para la evaluación de la divulgación... 557

No obstante, a través del análisis de componentes principales es factible obtener una medida agregada de este concepto. Entre los objetivos que se plantean a la hora de analizar el nivel de transparencia en las entidades locales se encuentra la construcción de un índice sintético que proporcione una medida única de este concepto. Ya se ha argumentado anteriormente sobre el hecho de que, a pesar de la agregación de magnitudes que se ha realizado, la transparencia es una magnitud no directamente observable debido a que depende de diversas magnitudes parciales de naturaleza observable, de ahí la necesidad, para poder efectuar análisis comparativos, de condensar en un único número los distintos aspectos (Zafra-Gómez y otros, 2006). Para llevar a cabo este objetivo, nos decantamos por la utilización del análisis de componentes principales con sus ventajas e inconvenientes. El análisis de componentes principales es una técnica de análisis estadístico multivalente que se aplica en casos en los que se pretende reducir el número de variables para simplificar el análisis de un problema, siendo, en este caso, el nivel de transparencia. De esta manera, se obtienen unos nuevos componentes a los que se deben identifica y dar una interpretación (Gómez, 1988; Pérez, 2004). La gran ventaja del análisis de componentes principales es que evita la necesidad de fijar los factores de ponderación. El principal inconveniente de este análisis multivariante es la obtención de una combinación lineal distinta para cada conjunto de datos, por lo que se rompe la imagen conceptualmente atractiva de la transparencia como un indicador simple (Pérez, 2004). En el presente trabajo, este análisis va a permitir la obtención de los componentes principales para crear un índice sintético que valore el nivel de transparencia de los municipios. Para ello, partimos de las puntuaciones obtenidas en cada área, de la A a la F comentadas en el epígrafe anterior. El análisis de componentes principales se ha desarrollado a través del software estadístico spss Statistics. Tras aplicar esta técnica de análisis, mostramos los principales resultados obtenidos. En primer lugar, en la tabla 8, se muestran el test de esfericidad de Bartlett y la medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. Tabla 8. kmo y test de Bartlett Medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin Chi-Cuadrado aproximado gl Test de esfericidad de Bartlett sig.

0,605 80,700 15 0,000

Fuente: Elaboración propia.

Tal y como muestra la tabla 8, el test de Bartlett es significativo, lo que quiere decir que el modelo factorial es adecuado, ya que la matriz de correlaciones no es una matriz identidad. Por otro lado, la medida de Kaiser-Meyer-Olkin indica que el modelo factorial es adecuado para la muestra seleccionada, ya que se sitúa por encima del 0,5 (Pérez, 2004).

558

j. c. garrido-rodríguez, j. l. zafra-gómez y a. m. lópez-hernández

En la tabla 9 se puede observar la varianza total explicada. Tabla 9. Varianza total explicada Componente

Suma de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Autovalores iniciales Total

 % de la Varianza

 % Acumul.

Total

 % de la Varianza

 % Acumul.

Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación Total

 % de la Varianza

 % Acumul.

1

2,066

34,440

34,440

2,066

34,440

34,440

1,768

29,472

29,472

2

1,067

17,781

52,221

1,067

17,781

52,221

1,298

21,638

51,110

3

1,040

17,334

69,554

1,040

17,334

69,554

1,107

18,444

69,554

4

0,817

13,609

83,164

 

 

 

 

 

 

5

0,578

9,637

92,801

 

 

 

 

 

 

6

0,432

7,199

100,000

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de los autovalores (varianzas) se extrae que tres son los componentes principales a retener, ya que su varianza es mayor a 1. En este caso se ha realizado una rotación de los ejes, mediante el método Varimax con una Normalización de Kaiser, y se ha obtenido un primer componente que explica el 29,472 % de la varianza, un segundo componente que explica el 21,638 % de la varianza y un tercer componente que explica el 18,444 % de la varianza. Así, los componentes principales se relacionan con el menor número de variables iniciales, lo cual es posible comprobar en las tablas 10 y 11. Tabla 10. Matriz de componentes  

Componente 1

2

3

Total A

0,634

0,141

–0,501

Total B

0,478

0,306

0,600

Total C

0,716

–0,469

–0,201

Total D

0,500

0,667

0,147

Total E

0,759

–0,092

–0,110

Total F

0,310

–0,530

0,596

Fuente: Elaboración propia.

propuesta metodológica para la evaluación de la divulgación... 559

Tabla 11. Matriz de componentes con rotación  

Componente 1

2

3

Total A

0,741

0,170

–0,309

Total B

0,039

0,745

0,354

Total C

0,814

–0,089

0,320

Total D

0,187

0,800

–0,204

Total E

0,714

0,250

0,155

Total F

0,103

0,054

0,848

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, de la matriz de componentes se puede observar que las variables más destacables que explican cada componente son las siguientes: –– Componente 1: Información institucional y organizativa, Información sobre planificación y evaluación e Información sobre contratos, convenios y subvenciones. –– Componente 2: Información sobre altos cargos e Información de relevancia jurídica. –– Componente 3: Información económica, financiera y presupuestaria, así como parte de la Información sobre altos cargos y que ejerzan la máxima responsabilidad y de la información sobre planificación y evaluación. De esta manera, cada uno de los componentes se puede identificar siguiendo la siguiente propuesta: –– Componente 1: Información institucional, organizativa y de planificación. –– Componente 2: Información de relevancia jurídica e información de altos cargos. –– Componente 3: Información económica, financiera y presupuestaria. Esta clasificación coincide con los contenidos que establece la Ley 19/2013, en sus arts. 6, 7 y 8. En este sentido, el primer contenido al que hace referencia la ley es el correspondiente al art. 6, donde se establece que la trasparencia debe contener la información institucional y organizativa e información sobre planificación y evaluación. Un segundo contenido, según el art. 7, engloba la información de relevancia jurídica, mientras que el tercer nivel de contenidos, tal y como estipula el art. 8, se compondría de la información económica, financiera y presupuestaria, información sobre altos cargos e información sobre contratos, convenios y subvenciones. Una vez conocidas las componentes principales, en la tabla 12 se pueden observar los coeficientes para calcular las puntuaciones factoriales, ponderaciones que se

560

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utilizan para construir una ecuación lineal para cada componente, y así obtener la puntuación correspondiente. Tabla 12. Matriz de Coeficientes de puntuación de componentes 1

2

3

Total A

Componente

0,458

0,013

–0,365

Total B

–0,153

0,600

0,292

Total C

0,492

–0,244

0,221

Total D

–0,017

0,641

–0,241

Total E

0,381

0,066

0,063

Total F

–0,029

–0,011

0,772

Fuente: Elaboración propia.

Así, las ecuaciones lineales que se deben utilizar para calcular el valor de cada componente son las siguientes: –– Información institucional, organizativa y de planificación = 0,458 * TOTAL A – 0,153 * TOTAL B + 0,492 * TOTAL C – 0,017 * TOTAL D + 0,381 * TOTAL E – 0,029 * TOTAL F. –– Información de relevancia jurídica = 0,013 * TOTAL A + 0,600 * TOTAL B – 0,244 * TOTAL C + 0,641 * TOTAL D + 0,066 * TOTAL E – 0,011 * TOTAL F. –– Información económica, financiera y presupuestaria = – 0,365 * TOTAL A – 0,292 * TOTAL B + 0,221 * TOTAL C – 0,241 * TOTAL D + 0,063 * TOTAL E – 0,772 * TOTAL F. De esta manera, utilizando las puntuaciones medias por área, mostradas en la tabla 7, la puntuación media de cada componente aparece en la tabla 13. Tabla 13. Puntuaciones de los componentes principales Componente

Media ( %)

D. Típica

Información institucional, organizativa y de planificación

74,21

17,78

Información de relevancia jurídica e información de altos cargos

49,76

23,01

Información económica, financiera y presupuestaria

54,85

20,07

Fuente: Elaboración propia.

propuesta metodológica para la evaluación de la divulgación... 561

En relación con la primera componente, el nivel de transparencia de las webs de los ayuntamientos se sitúa en un nivel medio-alto. En este sentido, las webs de los ayuntamientos publican, de forma detallada, información relacionada con las funciones y estructura organizativa de estos. En segundo lugar, los portales web, en relación con la información de relevancia jurídica e información de altos cargos, no cumplen con la ley de transparencia, por lo que la posibilidad de mejorar los niveles de transparencia en este aspecto es significativa. Por último, las páginas web de los ayuntamientos analizados tienen aún un amplio margen de mejora en cuanto a la información económico-financiera, aunque ya cumplen unos mínimos debido a la obligatoriedad de publicar esta información por medio de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5. Conclusiones El uso de las páginas web se ha convertido en una herramienta fundamental para proporcionar información pública al ciudadano, en el desarrollo del principio de transparencia, lo que implica la necesidad de desarrollar metodologías para la evaluación de la transparencia en las páginas web de las administraciones públicas. En este sentido, los ayuntamientos son las entidades más involucradas en este proceso, debido a su cercanía a la ciudadanía. En este contexto, con el presente trabajo se pretende llevar a cabo un estudio acerca de la calidad de los contenidos de la transparencia que publican los ayuntamientos españoles en sus páginas web, así como el desarrollo de un nuevo índice sintético de transparencia que supere las limitaciones encontradas en las evaluaciones de la transparencias desarrolladas por otras entidades, para determinar el grado de cumplimiento de la Ley 19/2013, partiendo de la metodología desarrollada por GarridoRodríguez y otros (2016), en colaboración con la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación Centro de Estudios Andaluces. La metodología propuesta se basa en la consideración de dos dimensiones: amplitud y profundidad. En lo referente a la amplitud, el índice se compone de 20 indicadores, distribuidos en seis áreas de valoración diferentes, teniendo cada indicador el mismo peso en la valoración, debido a que la propia ley de transparencia da la misma importancia a cada obligación a cumplir. En lo referente a la profundidad, primero se evalúa el cumplimiento de los requisitos mínimos esablecidos por la Ley 19/2013, para, en segundo lugar, valorar el grado de información disponible para el ciudadano a través de una graduación de 0 a 3, en función del cumplimiento de los requisitos que se establecen en cada indicador. Además, se asigna un color determinado para cada puntuación, estableciendo un sistema de traffic lights. En los resultados por área, en función de la puntuación obtenida, se asigna una letra y color, los cuales están determinados por diferentes rangos de puntuación. En este sentido, en primer lugar, se ha realizado una evaluación a los portales web de los 110 municipios españoles con mayor tamaño poblacional Los resultados

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obtenidos muestran que los ayuntamientos españoles son más transparentes en relación con la publicación de información económico-financiera y presupuestaria, así como de información institucional y organizativa, necesitando realizar mejoras en la divulgación de información en relación con aspectos jurídicos, y sobre altos cargos que ejerzan la máxima responsabilidad. En segundo lugar, y utilizando para ello un análisis de componentes principales, se procede a la reducción de las seis áreas a tres componentes, siendo la composición resultante muy similar a la que se puede encontrar en la Ley 19/2013. Así mismo, una vez obtenidos los coeficientes necesarios para calcular cada componente, se realiza un análisis de la puntuación media por cada área, obtenida previamente. En este sentido, los resultados obtenidos en esta operación muestran que los contenidos que componen el primer área creada, relativos a la información institucional y de planificación, son los que muestran un mayor nivel de divulgación, aunque todavía tienen un pequeño margen de mejora para incrementar el nivel de transparencia. Sin embargo, los contenidos de la segunda componente, referente a la información jurídica e información de altos cargos, son los que presentan menor nivel de divulgación dentro de las páginas web, por lo que es necesario realizar mejoras importantes par alcanzar un nivel de transparencia adecuado. El principio de transparencia y su medición se deben convertir en un instrumento que realice una evaluación continua, debido a que la publicación de información por parte de las entidades públicas aumenta de manera significativa a lo largo del tiempo, por lo que es necesario en el futuro seguir evaluando el desarrollo de la transparencia para determinar la evolución en la divulgación de información que proporcionan los portales web de las entidades locales.

6. Agradecimientos Los autores agradecen la financiación recibida a través de los proyectos ECO201348413-R y ECO2016-76578-R, recibidos por el Ministerio de Economía y Competitividad, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación Centro de Estudios Andaluces.

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BUDGETING AND ACCOUNTING REFORMS WITHIN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK THE PORTUGUESE CASE Susana Margarida Jorge

Research Centre in Political Science (CICP), University of Minho Faculty of Economics, University of Coimbra

Maria Antónia Jorge De Jesus

Accounting Department of ISCTE Business School Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE – IUL), BRU-IUL

1. Introduction

This chapter discusses the role of budgetary and accounting systems within the Public Financial Management (pfm) framework. Additionally, it describes the reforms which are nowadays taking place in Portugal, taking into consideration new budgetary and accounting systems that start implementation, and explaining how they are included in a broader reform of the pfm structure. pfm implies that governments should use integrated systems to allocate funds and control spending execution, involving a wide approach, including policy design and internal and external auditing assessment systems. Also accounting reforms are essential to achieve pfm purposes, namely applying accrual basis to prepare and report financial statements under the international accounting standards approach (Lawson, 2015). In Portugal, in the latter years, within the public sector, there has been a great fragmentation of accounting and reporting systems applied to different entities, raising inconsistencies and creating difficulties when trying to assess the whole of government financial condition. In this context, the Portuguese government, under strong recommendations of the loaners (because of the financial assistance through Troika), started a set of pfm reforms, including changing the existing public sector accounting system by adopting the International Public Sector Accounting Standards (ipsas) as benchmark (Nogueira et al., 2017). Accordingly, in 2015, relevant legislation was issued: the new Budgetary Framework Law (leo-Law 151/2015) and the new System of Accounting Standards for Public Administrations (snc-ap-Law-decree 192/2015). In 2016, a unit to assure the implementation of these new budgetary and accounting systems was created and designated as Unileo. According to Viana (2017), the mission of this unit configures a true pfm reform. Hereafter, the chapter is organised in four sections. Section 2 addresses the harmonization problems related to accounting reforms in financial accounting and their

566

susana margarida jorge y maria antónia jorge de jesus

inclusion in a broader reform process under pfm objectives. Section 3 explains the benefits of integrating budgetary and financial accounting innovations in a broader pfm reform, also highlighting how pfm systems outputs could be used to change the eu convergence criteria framework. The Portuguese pfm reforms, including budgeting and accounting changes, presently being implemented, are described in Section 4. In Section 5 some final marks and conclusions are synthesised, highlighting the Portuguese pfm reforms as a reference at an international level.

2. Why financial accounting reforms have been not so successful 2.1 Harmonization issues in accounting systems Under the New Public Management (npm) framework, countries all around the world, including the eu Member-States, started reforms in their budgetary and accounting systems so as to implement accrual-based financial accounting, in complement to the traditional cash-based budgetary accounting. Groot and Budding (2008) highlight that one of the most relevant characteristics of the npm was replacing traditional cash-based by accrual-based accounting for purposes of financial reporting, in order to achieve better transparency and accountability. Accrual-based accounting systems, as an alternative to cash-based, provide the necessary information to better support decision-making processes regarding planning and managing resources (Christiaens and Rommel, 2010). However, authors as Groot and Budding (2008) and Paulsson (2006) underline that, within governmental accounting (ga) systems, accrual accounting is mostly used for assessing performance and control of governmental entities and less adopted for budgetary decisions and policymaking. Cash-based budgetary accounting remains the most relevant to assess the budgetary control and to support policy decisions. Therefore, one important discussion that emerges from the ga reforms is the introduction of accrual basis in the budgetary accounting systems, since most countries have adopted accrual basis in their financial accounting systems, but not in the budgetary ones, namely in the budget preparation as well as in the budget execution reporting (Montesinos and Brusca, 2009). Additionally, a lack of harmonization is identified, since there is a great diversity of ga systems across countries worldwide, and among eu Member-States, where accrual basis has been implemented in different ways (European Commission, 2013a): –– Some countries already have budgetary accrual-based accounting (e. g. Austria, France, United Kingdom), while others still keep cash-based budgetary systems; –– Within each country, accruals in financial accounting have not been adopted at all levels of government (e. g. Germany). In the context of the financial crisis, the eu Parliament recognised this lack of accounting systems harmonization; consequently, the eu Commission issued important

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documents which strongly recommend the adoption of accrual accounting by the eu Member-States, supported by the ipsas (European Commission, 2013a, 2013b). This approach is a consequence of the lack of transparency and accountability which is found in the public sector accounts of eu Member-States, increasing the risk for capital markets and consequently contributing for the financial instability in the eu context (Jesus and Jorge, 2015, 2016). In a primary approach, the eu Commission Report describes the ipsas as the most suitable reference for public sector accrual accounting in Member-States, making it possible to overcome the present problem of comparability which stems from the lack of harmonisation (European Commission, 2013a). The report underlines that most countries already apply public sector accounting practices which are close to accruals or are modified accruals, although using in parallel cash accounting systems in different levels of government. Moreover, budgetary systems are mostly cash-based in the majority of Member-States (European Commission, 2013a, 2013b). In addition, several academic studies (e. g., Christiaens et al., 2010; PwC, 2015 and Bellanca and Vandernoot, 2014) evidence this diversity of accounting practices at ga accounting systems. Moreover, they also underline that eu Member-States still use cash-based mainly in their budgeting processes, although they use accrual accounting in their financial systems, more or less close to ipsas. Manes Rossi et al. (2016) highlight that, in spite of the reforms introduced in the public sector financial accounting systems, budgeting systems and budgetary reporting are still mostly cash-based in the majority of European countries (as shown in Brusca et al., 2015), and budgetary information continues to have the most important role for decision-making. Financial reporting comes in a secondary place (Heiling et al., 2013). To sum up, the literature shows many differences in how European countries apply accrual accounting and reveals different stages in the process of applying ipsas (Nogueira et al., 2017). To tackle the problem of the lack of harmonization, the eu started to develop European Public Sector Accounting Standards (epsas), having the ipsas as benchmark (Pontoppidan and Brusca, 2016). Nevertheless, some still point out that, in spite of epsas, harmonization difficulties will remain (Sforza and Cimini, 2016; Eulner and Waldbauer, 2018).

2.2 The accounting perspective of pfm systems From the above, one may say that the reform efforts towards enhancing the role of accrual-based financial accounting in the public sector, particularly in the context of eu countries, have not been so successful. To succeed in achieving their purposes, accounting reforms in the public sector seem to need to be integrated in a major challenge –the implementation of broader reforms, in a suitable Public Financial Management framework (Kazarian, 2017). The domain of public sector finance and financial management is concerned with decision making at mainly three different levels (Lawson, 2015; pefa, 2016):

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–– The broader macroeconomic goals and targets and, within this domain, mainly debt control and debt management; –– The more political sphere of budget accounting, delivering information with regard to resource allocation and budget execution; and –– Microeconomic (financial) accounting, delivering information needed for management decision. The accountant’s perspective on financial reporting under accrual-based systems must be considered as a tool for larger purposes, explicitly improving decision-making and allowing decision-makers to have a comprehensive picture of the economic reality of financial transactions with a higher level of complexity that must be chosen. Financial reports must be used at a micro level for entities’ management purposes and also to assist macro level decisions, considering the financial impact of the policy decisions. In the end, countries need an integrated reform plan to improve knowledge of their financial performance and risks, using accrual-based financial accounting tools, as government consolidated financial statements. Only assessing these tools, decision-makers have the necessary capability to manage financial and budgetary risks and to evaluate financial performance of the public entities, at a micro level, and of the governments as a whole, at a macro level. Governments cannot seek to move to accrual-based accounting systems as a standalone measure. The success of these depends on making them part of wider pfm reforms, under a framework that will be described in the next section.

3. Public financial management and accounting reforms 3.1 The pfm framework According to Lawson (2015), pfm concerns to systems used by governments for collecting revenue, allocating public funds and assuming public spending, account for funds, and audit results. It involves a broader set of functions and it is conceived as a cycle of six phases, beginning with policy design and ending with external audit and evaluation (figure 1). pfm reforms are based on the above definition and must be understood, used and communicated as an overall change in the whole system to improve governments’ performance. The key word at the centre of pfm is «performance» and it needs the engagement of a large number of actors in the whole cycle to ensure the entire system operates effectively and in a transparent way, aiming to reach accountability purposes. Performance is assessed through the following pfm outcomes (Lawson, 2015): 1) Monitoring of aggregate fiscal discipline; 2) Achieving allocative efficiency; and 3) Achieving operational efficiency. However, the core objective of pfm is promoting accountability and transparency. This objective implies that pfm systems must follow a proper way to be implement-

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ed, and must be understood within this essential purpose, by being transparent, providing information accessible to the citizens and applying democratic procedures to ensure accountability. Figure 1. The pfm cycle and the key actors involved Academia/ Research bodies

Political Parties

Civil Society

Civil Society Policy

The Legislature

External Audit

Accounting

Accountant General’s Dept.

President’s Office, Ministry of Finance, Sectors, Local Govt.

Budget Formulation

Budget Approval

Political Parties

The Legislature

Budget Execution

Procurement Boards

Civil Society Internal Audit

Source: Lawson (2015: 1).

The success of a pfm system depends on its flexibility, allowing targeted sectors to adjust easily and in the desired manner, within the public sector changes embracing the whole of the pfm cycle, as presented in figure 1. Accordingly, Lawson (2015) and pefa (2016) underline the main key lines that shall be considered in in a pfm reform process: –– Aggregate financial management - fiscal sustainability, resource mobilisation and allocation; –– Operational management - performance, value for money and strategic financial planning and management; –– Governance - transparency and accountability; and –– Fiduciary risk management - controls, compliance and oversight. The expected improvements in public sector financial management cannot occur unless all components in the pfm system use common measures of what constitutes financial performance and financial position, as defined in international public sector accounting standards (pefa, 2016). Therefore, pfm systems must allow decision-makers to have a comprehensive picture of the economic reality of complex financial transactions which happen in the

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public sector; they will provide indications about prospective liabilities, and financial reports must assist in ranking financial impact of alternatives.

3.2 Budgeting and accounting systems and pfm reforms All the above being said, one may ask: what is the role of budgeting and accounting systems reforms in pfm systems? Regarding budgeting for pfm systems, Ronnie et al. (2017) underline the need of implementing performance accrual-based budgeting (performance information is provided with financial information, with consequences for the budgets allocations) and managerial performance accrual-based budgeting (performance information on a results approach used for managerial purposes and not focused on budget allocations). The implementation of a pfm system implies a financial accounting approach too (also named «balance sheet» approach) when preparing information to evaluate governments’ performance, managing government financial resources and risks. This approach is especially relevant to prepare consolidated financial statements, which provide the necessary outputs to assess governments’ performance as a whole (Kazarian, 2017). The «balance sheet» approach involves the adoption of accrual-based accounting in financial systems (Lawson, 2015; Kazarian, 2017). In order for pfm systems to work properly, accurate budgetary and financial accounting is fundamental. Therefore, it is necessary to go back to the key principles of accounting by using accrual-based rather than cash-based accounting. It becomes also essential that countries adopt an internationally harmonized public sector accounting system, such as ipsas, so that the whole of government accounts (wga) can be produced and reflect appropriately the countries’ economic situation. To close the pfm cycle, there is also a need for independent financial auditing of the countries’ consolidated financial statements prepared according to ipsas (or to some ipsas-based approach) and not only auditing of budgetary expenditure (regularity and legal conformity audit), as it is usually done. Moreover, it is important that financial accounting statements are not used only for reporting purposes but they should be also required during the whole of the decision-making process.

3.3 pfm systems and eu Member-States assessment One can argue that it is perhaps time for the eu Commission to change their assessments criteria of Member-States convergence and economic stability and growth, moving from the Maastricht Treaty criteria (general government sector deficit and debt) and beginning to evaluate Member-States according to criteria based on pfm systems, paying attention to changes in the net worth as a fiscal objective to be accomplished.

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The net worth is the difference between total assets and total liabilities, and its changes over time represent a much more accurate and robust quantitative information than debt (only a single line in the balance sheet) or deficit/surplus (calculated under government statistical methods). This alternative to evaluate eu Member-States must be presented with enough reliability, so it implies using a credible balance sheet supported by countries’ consolidated financial statements (wga), and based on an effective management and communication of governments’ balance sheets which are prepared according to internationally harmonized accounting standards to the public sector as a whole, namely the ipsas. Thus, the government net worth means the amount taxpayers must provide to finance public assets used to deliver public services, and might be designated as «Taxpayers’ Equity» (Kazarian, 2017). It becomes a relevant indicator easily understood by the citizens to evaluate countries’ or governments’ financial performance. Its changes overtime will assess the outcome of the whole of a government’s activities and not only part of them, as it is done using expenditures, revenues, deficit or debt ratios. The focus on this net worth method for countries’ assessment in the eu avoids the short-term view of the current focus evaluation based on nominal debt1 and on cash balances. It will give a long-term overview of the countries’ financial performance and risk (Kazarian, 2017). These main traits of a pfm approach are especially relevant to the market forces that profit from volatility and risk assessments, namely the rating agencies, the hedge funds and the investment banks. It is urgent that countries give to these actors accurate and rigours assessment indicators, not susceptible to be manipulated. Consequently, market forces might trust the governments’ outputs information and so evaluate them in a proper way under the financial statements which are prepared according to the ipsas guidance.

4. Public financial management in Portugal: recent budgeting and accounting reforms

4.1 Recent accounting reforms: main objectives and characteristics In the early 1990s, Portugal started introducing reforms in public sector financial management and accounting, through the Public Accounting Basis Law (Law 8/1990). This required applying accrual-based financial accounting for entities with financially autonomy, using a system which is very similar to business accounting,

1 According to the oecd Glossary of Statistical Terms (), the nominal value of a debt instrument is the amount that, at any moment in time, the debtor owes to the creditor at that moment; this value is typically established by reference to the terms of a contract between the debtor and creditor. It refers to the current value of the debt, as debts have not been adjusted for factors like inflation.

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along with a budgetary accounting system that remains cash-based (Jorge, 2015). In 1997, the first Public Sector Accounting Plan (pocp, Law-decree 232/97) was legally passed, embracing cash-based budgetary accounting together with accrual-based financial and cost accounting, including budgetary and financial statements in the annual accounts and using a chart of accounts. pocp became the reference for other various accounting plans, particularly oriented to different sectors within the public administration, namely local government, health, education and social security. In the last years, within the Portuguese public sector, there have been entities adopting the ifrs directly, others adopting the business accounting system ifrs-based or non-for-profit accounting standards, and others still using the five different public sector accounting plans which attend the respective subsector entities to which they belong (Jorge, 2015). This fragmentation has raised inconsistencies and created difficulties when it comes to consolidated accounts within the organizations as individually considered or to the government as a whole. Consequently, bodies such as the Budget General Department or the National Institute of Statistics have great difficulties in analysing the whole of the Public Administrations because accounting information is prepared using different accounting and reporting systems. Portugal was seriously affected by the economic and financial international crisis from 2009, which led to requiring financial assistance by the Troika (International Monetary Fund, European Central Bank and the European Commission) in 2011. Consequently, Portugal was under a Programme of Financial and Economic Assistance, having signed with those international bodies a «Memorandum of Understanding»,2 which forced the country to accomplish very strict economic and fiscal targets. One of the conditions imposed by the loaners stemmed from the implementation of an improved public sector accounting system, demanding for better accountability and transparency. They strongly recommended to change the existing public sector accounting system and to adopt ipsas as the reference for that change (Law 64C/2011). In 2012, a new governance regime for the accounting standard-setter was passed (Law-decree 134/2012), clearly including a committee for public sector accounting standards (cncp), whose main task would be to create the new ipsas-based public sector accounting system, issued in 2015 (Law-decree 192/2015-System of Accounting Standards for Public Administrations [snc-ap]). The main characteristics of snc-ap might be summarised as follows (Nogueira et al., 2017): –– It is an ipsas-based system and thus it carries important changes, namely by the application of general accepted accounting principles (e. g., introducing substance over legal form as a general principle to be applied, and the concept of assets control); –– This new system is also rather based on principles than in rules, demanding for much more judgement by professionals; this requires a training challenge to all accounting experts in the public administrations setting; 2

.

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–– Accrual basis is applied only in financial accounting and reporting, remaining the budgetary accounting system (budget preparation, execution and reporting) cash-based under a specific standard (ncp 26); and –– It includes a specific standard concerning management accounting practices and reporting, in order to supply guidance on this domain to assess public sector entities performance (ncp 27). The initial target date for starting implementation was January 2017. However, the Ministry of Finance, ultimately in charge of the public sector accounting reforms, decided to postpone the implementation of snc-ap to January 2018, considering the entities were not yet properly prepared. It was defined a dissemination strategy (Order 128/2017), covering staff training, adaptation of ict systems and the establishment of a technical group to monitor the snc-ap implementation (Unileo). In spite of this strategy, technical, legal and institutional conditions to implement this new system are still undergoing. This reform does not merely address the accounting and reporting system, but it is considered a part of a broader reform of the pfm system in Portugal, reflected in the new Budgetary Framework Law (leo-Law151/2015). Therefore, the implementation of leo is a cornerstone to this reform overall, which justifies the importance of Unileo3 to assure the implementation of this framework, as well as to monitor the implementation of snc-ap.

4.2 Linking leo’s purposes and pfm systems As Viana (2017) pointed out, Unileo’s mission is to assure the implementation of the Budgetary Framework Law in all its dimensions, in order to provide the State with the necessary tools to assess public policies in an outcomes approach. Consequently, this unit’s mission constitutes a true pfm reform, inasmuch as it considers the new leo as a jurisdictional tool towards a broader reform in the public sector accountability and transparency processes, including financial accounting and reporting systems (Law 151/2015, articles 62 and 63). The implementation plan of Unileo comprises several projects and activities, related to six pillars which are aligned with the pfm system, as shown in figure 2. These pillars are connected to the pfm cycles presented in section 3 (Lawson, 2015), beginning with policy design and ending with external audit and evaluation, highlighting performance and accountability as the key words of pfm systems. They also present the same basics principles of a pfm framework (pefa, 2016): i) budgetary reliability; ii) public finances transparency; iii) assets and liabilities management; iv)  political decisions supporting financial strategies and budgets; v) predictability and control of budgetary execution; vi) accounting and reporting; and vii) external scrutiny and auditing. 3

Unileo was created within the Ministry of Finance, in November 2016 (Decree-Law 77/2016).

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The Court of Auditors’ Report (Tribunal de Contas, 2017) emphasized that leo, linked to snc-ap rules and procedures, introduces relevant changes in both budgetary and accounting systems and in the programming model of budgetary preparation and execution, assuring fiscal discipline and improving transparency and quality in the results-oriented reporting information. Figure 2. Main pillars in the leo implementation, as a pfm system

Pillar VI Support to Implementation

Pillar V Internal Control and Auditing Model

Budgetary Law Implementation Pillars Pillar IV Public Sector Accounting and Reporting

Pillar III New Model for Budgeting Economic and Financial Control

Pillar I Financial and Planning and Budgeting

Pillar II Management Revenues Reform

Source: Adapted from Viana (2017).

4.3 Main characteristics of budgeting and accounting pillars of the Portuguese pfm reform This section summarises the pillars which guide Unileo’s action, focusing on those related to budgeting and accounting (Pillars I and IV in figure 2). Pillar I - Financial and Budgetary Planning Model, comprises: –– The prediction of a Budget Programming Multiannual Framework, Quadro Plurianual deProgramação Orçamental (qppo), which involves a set of procedures to present and manage expenditures and revenues in a plurennial view; it configures an approach to a Planning Programming Budgeting System (ppbs); –– The definition of a programming budgetary model which obeys a set of rules that are aligned with the political priorities and with the institutional assemblies; –– The need to define a budgetary classification to support the political priorities, based on a costing system to properly assess the costs and the benefits of each programme, hence endorsing accrual-based and performance budgeting;

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–– The preparation and disclosure of estimated financial statements to be included in the budget framework, to evaluate the programmes effects in economic and financial terms, and not only for controlling payments and receipts; and –– The estimated financial statements as a relevant contribute to transparency and analysis capability, improving the quality of public discussion and, consequently, accountability. Pillar IV - Public Sector Accounting and Reporting, which is the reform pillar that is already moving on by the implementation of snc-ap, ongoing since January 2018. Unileo engaged in the responsibility of the snc-ap implementation, already creating the s3cp (Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas or ‘Central System of Public Sector Accounting and Reporting’), as the main it support for public sector entities to report budgetary and financial information to the Budget General Department. This pillar has five main purposes: i) to make possible the use of new assessment indicators; ii) to contribute to the transparency in public sector as a whole; iii) to make financial accounting and reporting become a tool for Public Financial Management; iv) to make financial accounting and reporting be an instrument of accountability; and v) to provide accrual-based outputs to facilitate the data transposition between ga and na. The following characteristics should be highlighted: –– The two main innovations of this pillar are the establishment and implementation of the State as an Accounting Entity (Entidade Contabilísitca Estado - ece) and the use of consolidated financial and budgetary statements (wga) to manage and assess the Portuguese government at a macro level, embracing financial and budgetary information; –– The implementation of the ece is a unique project with great relevance within the snc-ap implementation process. This new entity is supposed to aggregate all data concerning to all financial assets and liabilities, as well as all the revenues (e. g. taxes) and commitments (e. g. ppp obligations) related to the State itself, and not recorded in any separate entity. This ece project is an integrated part of the s3cp system and the aim is to have the opening balance of the ece ready within three years from 2017; –– The development of the ece is essential to the other key issue of this pillar, to get information outputs from the consolidated financial statements (wga) that should embrace this entity’s net worth; –– The wga, as defined before, must consider accrual-based financial information as well as cash-basis budgetary outputs because they are very important tools to: i) a better macro management of the public finances; ii) an overview of all assets and liabilities, including the contingent ones and other sources of budgetary risks; and iii) considering other indicators, besides public deficit end debt, to monitor the Portuguese performance in terms of public finances sustainability;

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–– wga must assure decision makers accountability, not only about their cashbased decisions, but with special regards to the economic and financial impact of their decisions –assessing decisions impact on the government net worth; –– wga will allow preparing the National Accounts (na) making adjustments from accrual-based accounts and not from the Governmental Accounting cash-based balance, as it is currently done; this will change significantly the reliability of the na outputs. As the Unileo coordinator recognizes, in the end, this reform requires public sector managers with different skills and responsibilities, joining professionals of different areas (accountants, managers, economists and law experts) and putting them in dialogue. pfm demands for different players’ contribution and the key word for its implementation is communication between all the institutions which are involved, as well as political decision makers, information users and information producers (Marçalo, 2017).

5. Final remarks Portugal is undergoing a fundamental reform of the public sector budgeting and accounting systems, inserted in a broader perspective of a pfm framework, to be implemented according to a new Budgetary Framework Law (leo). As explained in this chapter, leo’s objectives are the basis for a true pfm reform towards performance assessment and accountability in the public sector. The main characteristics of the Portuguese pfm reforms may be synthetized as follows: –– The pfm system must allow to gather information for financial performance evaluation at several levels (entities, government departments, and government as a whole), both in the budgeting and in the accounting perspectives, thus using accrual-based performance budgeting and year-end financial ipsas-based information; –– ipsas-based financial reporting at year-end is a crucial pillar of the underway reform, although not including accrual-based budgetary reporting for political decisions; –– The reform embraces auditing ipsas-based financial statements, but there is still a long way to run to improve citizens’ trust and confidence in government. Therefore, the most significant reforms are linked to new budgeting and accounting systems (reflected in leo and snc-ap, respectively), whose most relevant contribution is a new model of what could be called an «integrated financial reporting». It is expected that, when fully implemented, these reforms will provide full accrual-based budgetary and financial statements, prepared and reported monthly, comparing actual with estimated numbers, in both budgeting and accounting perspectives. The goal is to offer a higher degree of transparency –the impact on net worth of the activities

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and decisions which are taken in the reporting period must be very clear, improving accountability of public sector entities, government bodies and departments, and ultimately in the government as a whole. The impact of this pfm system on decision-making (including political decision-making) should not be underestimated. It means that the financial consequences of decisions will be published within some weeks after the decisions have been made. This, in turn, means that decision-makers will support the costs (or see the benefits) of their decisions in a very short period, improving accountability and assigning responsibilities, consequently implying the implementation of new approaches for planning, programming and budgeting and a new look to the financial statements reporting. These reforms are also expected to have consequences on the assurance of a consistently strong financial discipline. The Portuguese experience has been followed by other eu countries because accounting reforms are integrated in a broader pfm system. It is expected that the Portuguese reforms in both the budgeting and the accounting systems will be successful, because they are integrated in a new pfm framework, following a true reform which is consistent with the international pfm systems purposes. As stated, accounting reforms can only be successful, achieving their purposes, if they are considered within a major challenge –the implementation of broader reforms, in a suitable public financial management framework, so as to its impact and usefulness can be clearly perceived.

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ACCRUAL ACCOUNTING AND BUDGETING IN GOVERNMENT A HISTORY OF THE HESSIAN NEW ADMINISTRATIVE MANAGEMENT PROJECT (NVS) Klaus Lüder

University of Speyer

The «New Administratve Management Project» (nvs)1 «In its experiments and pilot projects, the State [Hesse, K. L.] had gained considerable experience [in reforming budgeting and accounting, K. L.] since 1994» (Bestgen, 2002a: 88). However, a «comprehensive government-wide reform concept» was still lacking (Bestgen, 2002a: 85). This prompted the –then «Social-Democratic/Green»– government in 1996 to adopt an «action plan aimed at modernizing the Hessian state government» (Cabinet decision of 12/3/1996). Accordingly, the implementation of administrative reform was to be advanced based on the «New Steering Model» developed by the Local Government Center for Management (kgst), a think-tank of the German Association of Cities. The «action plan» contained basic decisions on the goals and the implementation of the reform as well as on issues to be investigated and pilot projects to be carried out. The pilot projects were thought –among other things– to try out: –– the adequate documentation of financial and non-financial information in the budget and the linkage between the two types of information, –– cost accounting in government, and not least, –– accrual financial accounting. By Cabinet decision 14/7/1998 on «the principles for the further development of the Hessian approach for budgeting and accounting reform», the state government laid the foundation for the later-on so-called reform project New Administrative Management (nvs). The principles provided for were: –– replacement of cameralistic accounting with accrual financial accounting and the introduction of cost accounting, –– appropriation of funds and budgetary control on an output basis, 1 nvs = Neue VerwaltungsSteuerung = New Administrative Management. All translations from German references by the author.

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–– creation of organizational units that can serve as basic accounting/reporting entities, and –– integration of the already ongoing uncoordinated experiments and pilot projects into the new government-wide reform approach. Following the state general elections in spring of 1999, the incoming «Christian-Democratic/Liberal» government confirmed the pertinent Cabinet decisions of its predecessor government. After the outgoing government had already taken the decision on the selection process for it-software (Cabinet decision 9/3/1999), the new government created further conditions for the implementation of the project in three temporarily overlapping packages for each department until 2008, among other things on the formation of the project management (Cabinet decision 2/6/1999), on the use of sap software as uniform software base (Cabinet decision 14/12/1999), on the selection of implementation consultants (Cabinet decision 14/12/1999) and on establishing the Hessian Competence Center for New Administrative Management (Cabinet decision 17/10/2000). Implementation of the nvs project commenced in 2000/2001 by establishing socalled reference centers in the departments. They were expected to serve as pilot units to prepare and test the department-wide introduction of accrual and output based budgeting and accounting. Moreover, the new system was launched in the departments in three «waves» offset in time, aimed at avoiding temporary reform overload. The introduction of the modules «accounting» and «budgeting» in the departments and their sub-units took place consecutively, starting in 2001with the implementation of the financial accounting system including its sub-ledgers and the cost accounting system. It was finished by the end of 2004. This was followed in 2005 by the introduction of the accrual and output based budget consisting of a prospective performance statement (performance budget), a prospective operating statement (operating budget), and a prospective cash-flow statement (cash-flow budget) for the basic accounting entities. It was finished by the end of 2007 for selected entities, in 2008-2010 for almost all and in 2011 for all entities (see the respective budgets). Parallel to the introduction of accrual accounting and accrual and output based budgeting, the opening balance sheets and the first annual financial statements for the basic accounting entities were drawn up in the period 2003 to 2007. Based on these statements, the subgroup opening balance sheets and financial statements (subgroups essentially being the ministries) were produced and completely available by the end of 2008. Eventually, the consolidated opening balance sheet as of 1/1/2009 and the consolidated financial statements for 2009 were prepared and published in November 2010. The project was completed with the government-wide implementation of the accrual and output based budget at the same time. Hence, the original time schedule was exceeded only slightly, which cannot be taken for granted with a project of this size. In a national perspective, Hesse with its nvs was certainly a pioneer as well as an innovator. However, in an international perspective, it is rather an imitator, since there are quite some approaches implemented before which share the main features

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with the nvs. But, if it were only for the particular German legal-political context, Hesse had to develop its own conceptual and implementation approaches.

2. The study 2.1 Brief literature overview «The general point is that we need carefully documented case studies covering a long period of time to know whether and how governments change their accounting systems» (Chan, 2002: 27). Even though this was just a reiteration requested already six years earlier (Chan, Jones and Lüder, 1996: 15) as a desideratum of international comparative research on governmental accounting and budgeting, such studies are still rare. A particular exception is Mark Christensen‘s process-and outcome-oriented analysis of the introduction of accrual accounting in the Australian state of New South Wales (Christensen 2002 and 2009). Process-oriented studies based on a modified reform process model were also submitted by Ouda (2005) and Caba-Perez et al. (2009). Oudas focus is mainly on the relationships between context and implementation, whereas Caba-Perez et al. extend the model by specifying and including process-variables; in their empirical investigation these variables, however, were not included. Jagalla et al. (2011) have submitted an empirical study on the effects of introducing accrual accounting and budgeting in Hessen and Hamburg. What raise doubts about the validity of the results of the Hessian part of this case study are particularly two aspects: the time that it was carried out, namely before completion of the reform process, and the assessment of the reform impact. Evidence about the benefits of the reform is exclusively based on the suspicion (!) of 19 interviewees with nearly twothirds of them (12) holding «accounting/budgeting jobs» (where? in the ministry of finance? in one or several line ministries? in the prime minister’s office? in the court of auditors? in parliament?). Similar benefit suspicions are prevalent in the literature and they certainly do not become more credible if they are based on interviews with people whose position, competencies and organizational affiliation remain unclear let alone their involvement in the reform as well as the bases of their judgments (own experience? others’ experience? theory? prejudice?).

2.2 Methodological approach Topic of this study is the reform («modernization») of the budgeting and accounting system of the state of Hesse as part of its New Administrative Management project. At the time the study was set up (2012), it was the only implemented accrual and output based accounting and budgeting system at the federal and state government levels in Germany. In the meantime, except for the city-state of Hamburg, no other state or federal jurisdiction introduced a similar system. Thus, cameralistic accounting and cash-based budgeting still prevail.

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Even though the focus of the nvs project is on management, budgeting and accounting reform is a crucial component of it, as it provides the information, necessary for running a decentralized, results-oriented management system. Main motive for the study was –apart from «scientific curiosity»– to replicate Mark Christensen’s nsw study for a continental-European jurisdiction and thus to contribute to meeting a longstanding cigar-demand for specifying the reform process in contingency-type reform models. This study is aimed at describing as well as interpreting the history of the reform project nvs confined to the project components budgeting and accounting. It is organized in four clearly distinguishable, however not completely non-overlapping temporal phases: initiation (1996-2000), conceptual design (mainly 1998-2001), implementation (2001-2010) and operation (from 2008). It is less concerned with technical details –these were extensively described in internal documents, publications, and presentations (see e. g. Bestgen 2002a and 2002b). The focus study is instead on contextual factors such as reform stimuli, the significance of the legal setting for the implementation of the reform, the role of political and administrative key players in project initiation and implementation and, not least on the impact of the reform on government management. The research questions are therefore: –– What were the reasons for the reform? Who initiated the project and who influenced it? Which were the underlying objectives and expectations? –– How was the project implemented and which problems emerged during implementation? Which implementation experience has been gained? –– Which impact had the project on government decision-making and government action in general? In methodological terms, the study is a descriptive and interpretational history using a simplified version of the Financial Management Reform process model (Lüder, 2002: 18). For each of its modules depicted in figure 1, the context modules (light grey), the actors’ modules (dark grey) and particularly the «black boxes» process modules (white) material was collected, adequately organized and discussed. In addition to an analysis of relevant publications and internal documents the study is based on 23 «face to face» interviews lasting two to three hours each with people who exerted 25 different jobs during the duration of the project. In regard to the positions they held they were ministers, retired ministers, division heads, retired division heads, lower rank officers and consultants. In institutional terms, they were from the prime minister’s office, the ministry of finance, line ministries, the court of auditors and the parliament. The semi-structured interviews were conducted with two exceptions in May 2012 based on written guides that were organized according to the process stages «initiation», «implementation» and «operation». Information on the «conceptual design» could be obtained from written material. Following the analysis of the interviews, additional personal or phone talks were held with several interviewees aimed at clarifying and amending facts and opinions where necessary. Among the interviewees were not only individuals from different organizational units, holding different positions,

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but also proponents and opponents of the project, information producers and users, decision-makers, stakeholders and implementers. All selected interviewees –without any exception– were ready to cooperate. Figue 1. Simplified Financial Management Reform process model

STIMULI (A)

REFORMDRIVERS (PROFESSIONALS) (B)

POLITICAL REFORMPROMOTERS (C)

INITIATION (D)

CONCEPTUAL DESIGN (E)

SELECTED STAKEHOLDERS: USERS/PRODUCERS OF INFORMATION (H)

IMPLEMENTATION (F)

PROJECT-SPECIFIC CONTEXTUAL FACTORS: LEGAL FRAMEWORK AVAILABLE RESOURCES (G)

OPERATION (J)

Theoretically, the study could have been based either exclusively on a written survey, exclusively on document analysis or on a combination of both. None of these empirical research methods, however, was in the present case considered adequate and preferable to a combination of oral interviews and document analysis. –– The object of the study is (very) complex and can –on the basis of prior information– only to a limited extent be pre-structured. It thus evades a comprehensive and for the potential respondent unambiguously comprehensible written description by a questionnaire. Moreover, it is neither controllable who the actual respondents are, what their knowledge of the issue is nor how thoroughly they fill out the questionnaire. «The interview method is particularly suitable for exploratory studies of complex issues [...] especially if they are supple-

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mented by document analyses [...]. It is also important that the interviewer usually can exert some influence on the selection of appropriate competent interviewees» (Lüder, 1980: 354). However, an empirical study that is not based on a written survey means that its findings beyond facts can at best have the character of hypotheses.2 –– For collecting facts, document analysis is indispensable. Documents are the most reliable source for them. However, one usually finds in the documents little or nothing about individual attitudes and behavior, about multi-personal decision processes, about (unofficial) decision reasons etc. or access to those documents will not be permitted to an external researcher. Moreover, in (accessible) documents, usually the (one-sided) «official» view of political and administrative project promoters is predominant, whereas subordinate producers and users of information do not have a chance to get their views documented (Carnegie and Napier, 1996: 29).

3. Findings and conclusions 3.1 Findings of scientific relevance Models of the type «contingency model» and «reform process model» (fmr) are «skeleton models» (Laughlin, 1995: 81). They identify at a high abstraction level relevant contextual factors and key players of a reform of the (budgeting and) accounting system, explain their significance for a reform and thus form the point of departure for an analysis of budgeting and accounting innovations. However, they need, in Laughlin‘ words, «middle-range thinking», to be supplemented by empirical details: «[...] empirical detail is of vital importance. It complements and completes the> skeletal cit

(1)

siendo la probabilidad de impago del lgi en el momento t igual a: PDit = P(Yit = 1) = P( APPit

cit ) (2)

Siguiendo la metodología empleada por la investigación previa sobre riesgo de crédito en el sector de las empresas mercantiles (Castro, 2013; Mileris, 2012; Ortega y Peñalosa, 2012; Schularik y Taylor, 2012), en este trabajo analizamos dos tipos de factores de riesgo de crédito, como variables influyentes en la probabilidad de

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impago, que hay que tener en cuenta: factores políticos y factores sistemáticos. Los factores políticos sobre el riesgo de crédito (Zit) corresponden a factores que son específicos o individuales de cada gobierno local. En cambio, los factores sistemáticos de riesgo de crédito (Xt) incluyen factores del ciclo macroeconómico, de política fiscal y del ciclo electoral (a nivel de país). De acuerdo ello, asumimos las siguientes premisas de partida: 1) los gobiernos locales son un segmento homogéneo dentro del sector público; 2) los factores sistemáticos Xt que influyen en el riesgo de crédito afectan por igual a todos los gobiernos locales en el momento t (t =1,...,T); 3) los factores idiosincráticos políticos Zit (i = 1,..., Nt , t = 1..., T) que influyen en el riesgo de crédito afectan de forma individual a cada LGi, y 4) los factores idiosincráticos de los gobiernos locales (factores individuales o específicos de cada gobierno local) no son totalmente independientes de los efectos sistemáticos, aspecto que resulta especialmente significativo en las recesiones económicas (Bonfim, 2009). Así, la variable APPit del i-ésimo LG en el momento t es una función de variables políticas y sistemáticas según la expresión (3):

APPit = + j X t + k Z it + uit (3) Donde βj y δk son los vectores de parámetros estimados mediante un modelo lineal de datos de panel y Uit es la perturbación aleatoria. Así, siguiendo a Bonfim (2009), un prestatario-LGi será considerado impagado si su APPit se sitúa por debajo de un cierto nivel Cit (obligaciones crediticias) de forma que la expresión (1) quedaría como (4)

+

j

X t + k Z it + uit

cit

Yit = 1 (4)

Si bien la APPit es una variable de tipo latente y no observable directamente, las variables explicativas, factores sistemáticos y políticos, Xt y Zit, junto a la variable binaria independiente, indicador del default, Yit, sí son directamente observables, a partir de los datos muéstrales. Así, la relación entre la variable dependiente y los factores de riesgo se puede establecer mediante un modelo logit data panel, que permite estimar la probabilidad de impago del LGi en el momento t como función de factores políticos y sistemáticos. Teniendo en cuenta el modelo lineal de datos de panel definido en (4), podemos obtener finalmente la probabilidad de impago (pd) mediante (5): PD (Yit = 1 | X t , Z it ) = PD ( APPit

cit | X t , Z it ) = cit | X t , Z it =

( + j X t + k Z it + uit ) = PD (uit + j X t + k Z it | X t , Z it ) = = F ( + j X t + k Z it )

= PD

(5)

Donde F(.) recoge la función de distribución normal estándar del término de error Uit, Cit umbral normalizado (obligaciones crediticias del LGsi),

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andrés navarro galera y otros

La medición del riesgo de crédito mediante la estimación de la pd que este trabajo plantea para lgs se ha realizado mediante el diseño y comparación de un modelo de regresión logística datos de panel y un modelo de red neuronal artificial. Hemos seguido este procedimiento por varias razones. Primero, de acuerdo a trabajos previos, los modelos de elección discreta son apropiados cuando el objetivo del estudio es analizar los determinantes de la probabilidad de un agente económico individual (Jacobson et al., 2013; Kukuk y Rönnberg, 2013; Hwang et al., 2013). Segundo, los modelos propuestos contemplan todos los requerimientos de tipo estadístico establecidos en la normativa de Basilea II (bcbs, 2006) y en la Circular 3/2008, del Banco de España, para el cálculo de la probabilidad de impago. Tercero, organismos internacionales como eu (2015), img (2014) y Worldwide Bank Group (2014) apuntan a la necesidad de estudiar el efecto conjunto de factores idiosincráticos (o individuales a nivel de cada entidad) y factores sistémicos (ciclo macroeconómico, política fiscal y ciclo electoral) en la medición del riesgo de crédito.

3. Investigación empírica 3.1 Selección de la muestra Nuestro trabajo empírico se centra en grandes gobiernos locales de España. La elección de este país encuentra justificación en que organismos internacionales (eu, 2012; img, 2014), organismos nacionales (Banco de España, 2014; igae, 2014) y la investigación previa (Balaguer et al., 2015; Benito et al., 2015; Navarro et al.., 2015; Guillamón et al., 2011, Solé-Olle, 2006) concluyeron que la deuda bancaria de los gobiernos locales españoles es demasiado elevada, lo que motiva la oportunidad e interés de conocer sus causas y sus posibles soluciones, incluyendo varios tipos de factores determinantes. Así, en línea con numerosos trabajos previos sobre finanzas gubernamentales, la muestra de nuestro estudio está formada por grandes gobiernos locales españoles (Rodríguez et al., 2016; Benito et al., 2015; Alcaraz-Quiles et al., 2014; Guillamón et al., 2011; Solé-Ollé, 2006). Siguiendo los criterios de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local n.º 57/2003, seleccionamos 148 municipios, todos ellos con población superior a 50.000 habitantes o capitales de provincia, tomando datos para el período 2006-2011, lo que recoge tres años antes inicio de la crisis económica y tres años después del inicio de esta.

3.2 La variable dependiente En este trabajo, la variable dependiente es la probabilidad de impago, como un indicador del riesgo financiero de crédito, que valoramos en base a cuatro indicadores financieros que determinan cuando APPi (capacidad de pago) es menor que el pasivo de crédito, según la definición de default de la norma de Basilea II y de la normativa de Haciendas Locales en España. Siguiendo los criterios establecidos en la literatura

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previa sobre el análisis financiero de los gobiernos locales (Moody’s, 2013, 2008; Benito et al., 2015; Rodríguez et al., 2016, Navarro et al., 2015), consideraremos que APPi es menor que el pasivo crediticio y, por lo tanto, un gobierno local se encontrará en riesgo de default (o riesgo de incumplimiento las obligaciones de reembolso de préstamos) cuando reúna, al menos, una de las situaciones recogidas por los cuatro indicadores financieros incluidos en la tabla 1. Tabla 1. Indicadores de default Indicador 1

Concepto Remanente de Tesorería

2

Volumen de deuda

3

Solvencia

4

Ahorro neto negativo

Definición Remanente de Tesorería para gastos generales