Neoliberalismo y castigo 9788418684043, 9788418684555

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Neoliberalismo

y castigo

PO 2021-2612 UH. 35835258726

Diseño de la colección: Dani Rabaza (Munster Studio)

Diseño original: Joaquín Monclús Ilustración de la cubierta: Dani Rabaza (Munster Studio)

Título: Neoliberalismo y castigo

Corrección de Manuel Azuaje

O Ignacio González Sánchez

O Loic Wacquant, del prólogo O Edicions Bellaterra (Cultura21, SCCL), 2021

Edicions Bellaterra (Cultura21, SCCL) C. Balmes, 25-27, bajos izquierda, 08242 Manresa

www.bellaterra.coop Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra,

ISBN: 978-84-18684-04-3 ISBN e-book: 978-84-18684-55-5

Déposito Legal: DL B 1587-2021 Impreso por Prodigitalk (Barcelona)

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índice

Prólogo. Tras las huellas del Estado penal español * Loic Wacquant

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Introducción. Pensar el castigo

15

La naturalización de lo social El castigo como institución social Contenido del libro

Agradecimientos

15 22 24

|

28

1. La penalidad neoliberal a l La correlación entre neoliberalismo y expansión del sistem pena La tesis de la penalidad neoliberal Ruptura del binomio crimen y castigo Vinculación de Integración de La naturaleza La definición de

las políticas sociales y penales os los enfoques materialistas y simbólic productiva del poder neoliberalismo

31 33 37 38 39 41 da A

pe

Un paradigma de políticas

$

Las misiones del Estado

Estrategia metodológica

es y estado profano 2.El individualismo utilitarista: sujetos racio nal

57 pl

El individualismo utilitarista

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Las formas elementales de la vida neoliberal

63

El individuo sagrado y el mercado como santuario La intervención pública profana, el demonio de la ineficiencia y la tentación de vivir fuera del mercado Clasificar es jerarquizar Efectos del individualismo

65 67 70 72

3. El mercado laboral flexible: precariedad y descolectivización

79

La precariedad como indicador del paradigma de la flexibilidad 80 La economía política heredada 82 La creación legislativa de la precariedad La temporalidad como precarización indefinida Consecuencias de la precarización del empleo: individualización y moralización

86 90 93

Individualización

94

Concepción de ciudadanía De las políticas de empleo a las políticas de activación

95 ed

4. La política social activa: remercantilización y moralización

101

Bienvenido, Mr. Keynes:

!

entre la caridad y el reconocimiento de un derecho La evolución de las prioridades en la política social La construcción del Estado social neoliberal Individualización Contractualización

102 103 109 110 111

Moralización

112

Control punitivo

114

Descentralización

116

La sustitución de la ciudadanía por la desigualdad como

mecanismo para asignar recursos Las rentas mínimas de inserción

117 119

5. Un sistema penal expansivo:

reducción de ansiedades y aumento del coste de oportunidad

123

Democratización legislativa y flexibilización del Derecho penal 125 Las reformas de los primeros años de democracia 125 La consolidación de una legislación democrática 128

La policía y la inseguridad ciudadana Aumento de agentes y funciones

133 134

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Las ordenanzas mun icipales y la ciudad comercial

139 142 143 148 151 154 156

La cárcel y las personas presas La gestión de las poblaciones menos valoradas El incremento de la población carcelaria

La clasificación penitenciaria como mecanismo de control Activación y responsabilización para acceder a los derechos Salir de la cárcel

Drogas, extranjería y la articulación del castigo penaladministrativo

158 160

Extranjería y etnia La criminalización de algunas drogas y de algunos consumidores El terrorismo y la normalización de la excepcionalidad

167 171 173

Trabajos en beneficio de la comunidad Conclusiones Sobre la influencia del neoliberalismo en la penalidad Sobre el neoliberalismo Sobre la penalidad neoliberal

177 177 184 186

Epílogo. Sobre la crisis, el descenso de presos y la lógica neoliberal

191

¿Crisis neoliberal?

Individualismo Política laboral Política social

La neoliberalización es contingente: el 15-M y la importancia

de las resistencias en la reconfiguración del castigo

Política criminal Sobre el descenso de la población penitenciaria

Bibliografía

193 194 196 197 198 199 202 205

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Prólogo. Tras las huellas del Estado penal español LOÍC WACQUANT

En este estimulante y oportuno libro, Ignacio González Sánchez nos adentra en el Estado penal español, para arrojar luz sobre las doctrinas y políticas que han llevado a la asombrosa cuadriplicación de la población carcelaria del país durante los cuarenta años posteriores al fin del franquismo, convirtiendo al país de rezagado en líder del encarcelamiento en

la Unión Europea. Introduce a España en el concierto internacional de la penología comparada: la península ibérica no fue incluida en la influyente investigación de varios países de Cavadigno y Dignan, Penal Systems: A Comparative Approach. González Sánchez hace así cuatro aportes al estudio sociojurídico del castigo, la desigualdad y el Estado. Primero, el autor muestra empíricamente la complejidad y flexibilidad del castigo estatal como institución social e histórica a varios niveles, en sintonía con la ahora clásica exhortación teórica de David

Garland?. La penalidad se refiere, en efecto, a una realidad expansiva, que engloba la red de categorías, discursos, organizaciones y prácticas que tienen como objetivo producir, sostener y difundir el derecho penal,

para desde ahí gestionar poblaciones y territorios problemáticos, Incluye 1

2

Michael Cavadigno y James Dignan, Penal systems. Á comparative approach (London: Sage, 2006). Para una rica contextualización de España en Eurpa, ver Tapio Lappi-Seppálá, «Explaining imprisonment in Europe» European journal of : N criminology 8, núm. 4 (2011): 303-328.

David Garland, Castigo y sociedad moderna: un estudio de teoría social (México:

Siglo XXI. [1990] 1999).

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Neoliberalismo y castigo

mucho más que la respuesta técnica a la infracción legal por parte de agentes del Estado, policías, fiscales, jueces, delegados de ejecución de

medidas penales alternativas y funcionarios de prisiones. La penalidad está íntimamente ligada conla protección social, la inmigración, las

políticas urbanas y económicas. Y transmite, mediante contraposición, una imagen idealizada del «ciudadano digno, respetable y respetuoso de la ley», en nombre del que se imparte justicia penal y se patrullan los límites de la pertenencia nacional. Para explorar la penalidad española, González Sánchez escarba pacientemente los estudios españoles existentes sobre el castigo y recurre con elegancia a una variedad de teóricos clásicos y contemporáneos, en particular a Émile Durkheim y Pierre

Bourdieu, quienes le sirven para enfatizar la función simbólica del castigo (como, por ejemplo, en el tratamiento de los migrantes irregulares y los gitanos como parias sociales).

En segundo lugar, González Sánchez amplía, enriquece y cuestiona

la «tesis de la penalidad neoliberal» que propuse hace una década en Castigar a los pobres. En ese libro elaboré un tipo ideal weberiano del Estado neoliberal, constituido por la articulación dinámica de cuatro corrientes políticas: la desregulación económica (del mercado laboral)

a favor de las empresas; un Estado social restrictivo y disciplinario (para preparar y presionar a los pobres hacia un trabajo asalariado precario); una política penal expansiva y punitiva (para almacenar el excedente de

mano de obra, evitar el escape hacia la economía sumergida y escenificar la soberanía del Estado para apuntalar su debilitada legitimidad); y

el tropo cultural de la responsabilidad individual (como el pegamento cultural que mantiene unidos estos tres elementos). Argumenté que, lejos de ser contrario al neoliberalismo, como suelen argumentar los

críticos de la sociedad de mercado, la política penal punitiva es uno de sus elementos constitutivos centrales”, Este modelo se despliega para explicar las permutaciones de la penalidad en la era del neoliberalismo triunfante, es decir, en las cuatro

3 4

Loic Wacquant, Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad ciudadana (Barcelona: Gedisa. [2009] 2010). Para Brown, siguiendo la concepción de «gubernamentalidad» de Foucault, «la

gobernanza neoliberal aspira de manera más general a reemplazar el derecho, la policía, el castigo y las directivas”; «la movilización neoliberal del derecho» no busca «reprimir o castigar, sino estructurar y afectar a la conducta de la conducta». Wendy Brown, Undoing the demos. Neoliberalism's stealth revolution (Cambridge: MIT Press, 2015), pp. 141 y 148..

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,

Prólogo,

sl

.

Tras las huellas del Estado penal español

decadas posteriores a la crisis fordista de mediados de la década de 1970, No obstante, se basa en un análisis histórico de la invención de los presidios a finales del siglo xv1, que muestra que el encarcelamiento

delictivo surgió como parte integral de la formación del Estado en la temprana Europa moderna”. Retornar a los orígenes de la prisión penal (no solo cautelar) también revela que siempre, y en todas partes, se ha

dirigido prioritariamente a «poblaciones a la vez desposeídas y deshonrosas», desalojadas de las posiciones económicas seguras (el eje material)

y privadas de honor y de vínculos sociales con la comunidad local (el

eje simbólico). Este descubrimiento doble sugiere que el florecimiento de la penalidad neoliberal a fines del siglo xx, caracterizada como iatrogénica, frenética y pornográfica, dirigida al precariado, los migrantes irregulares y los enfermos mentales pobres, participa de la formación del Estado neoliberal que emerge de los escombros de su predecesor keynesiano. La imprevista rehabilitación y redespliegue de la prisión (tras su descrédito generalizado en la posguerra) es una dimensión central de esta construcción política. En el caso de la España contemporánea, es necesario tener en cuenta tres factores adicionales para dar cuenta de su distintiva trayectoria nacional: la integración en la Unión Europea; la transición a la democracia después de un largo período de dictadura, caracterizado, paradójicamente, por una baja dependencia de la prisión; y la persistencia del terrorismo etnorregional, que sirve de pretexto y conducto para el despliegue de una vigilancia policial intensiva y duras

medidas penales (como pénas de prisión extremadamente largas). En tercer lugar, en España, como en otros países avanzados, surge un estrecho vínculo entre la penalidad y la creciente desigualdad urbana. En

la ciudad ibérica esto se concreta en una política de «limpieza policial» del espacio público, para que la visibilidad de las personas sin hogar no obstaculice el flujo de turistas extranjeros, cuyos euros son fundamentales para la economía local y nacional. El aumento de la presencia policial también facilita la gentrificación de barrios históricos populares, como Lavapiés en Madrid, El Raval en Barcelona, Ruzafa en Valencia y Casco Norte en Sevilla, al convertirlos en lugares de consumo y residencia 5

Bronislaw

Geremek, La Potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen -Áge a

nos jours (París: Gallimard, 1978); Pieter Spierenburg, 7%e prison experience, Disetplinary institutions and their inmates in early modern Europe (Amsterdam: Ámsterdam University Press, [1991] 2007); Norbert Finzsch und Robert Jutte (eds.),

Institutions of Confinement, Hospitals, Asylums, and Prisons in Western Europe and

North America, 1500-1950 (Cambridge: Cambridge University Press, 2003),

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Neoliberalismo y castigo

atractivos para personas de fuera del barrio y para los promotores inmobiliarios*. Esto plantea la cuestión de si «el despliegue del castigo estatal

sigue la geografía de la marginalidad» en la metrópoli española como lo hace en la portuguesa y la francesa (y la estadounidense), donde un pe-

queño número de barrios estigmatizados y relegados sirven como «cam-

pos de prueba» para la penalidad neoliberal y proveen de la población de la que se alimentan de manera desproporcionada las cárceles del país”. Por último, Neoliberalismo y castigo vuelve a plantear la cuestión de un modelo penal distintivo «sureño», basado en la articulación tanto de

las similitudes como de las particularidades de las formaciones sociales de España, Portugal, Italia y Grecia —entre ellas, la histórica resistencia de las estructuras económicas agrarias, un sistema familiar característico,

la fuerza de la iglesia, la precariedad laboral normalizada, la democratización tardía y el telón de fondo de regímenes fascistas y dictaduras militares*. Aunque no considera este cuarteto como tal, González Sánchez aporta materiales valiosos para caracterizar lo que podría llamarse un «camino mediterráneo hacia el Estado penal».

Neoliberalismo y castigo establece nuevos estándares para el estudio sobre el castigo, la desigualdad y el Estado en la península ibérica y constituye una seductora invitación a los académicos españoles para

unirse al debate global que busca descifrar el lugar de la penalidad en la construcción de la ciudadanía europea en el siglo xx1. Loic Wacquant París y Berkeley, marzo de 2021

6 7

Daniel Sorando y Álvaro Ardura, First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Madrid, La Catarata, 2016).

Gilles Chantraine, «Prison, désaffiliation, stigmates» Déviance et société 27, núm. 4 (2003): 363-387; Lucie Bony, «La prison, une «cité avec des barreaux»? Conti-

nuum socio-spatial par-delá les murs» Annales de géographie núm. 2 (2015): 275299; y Manuela lvone Cunha, Entre o bairro e a Prisáo: tráfico e trajectos (Lisbon:

Fim de século Edigoes, 2002), y «Les gitans, la prison et le quartier une relation

spécifique devenue le modéle ordinaire» Études tsiganes 21 (2005): 34-47; y Robert J. Sampson and Charles Loeffler, «Punishment's place: the local concentra-

8

tion of mass incarceration» Daedalus 139, núm. 3 (2010): 20-31.

Martin Baumeister and Roberto Sala (eds.), Southern Europe? Italy, Spain, Portu-

gal, and Greece from the 1950s until the Present day (Francfo rt: Campus Verlag, 2015); Maria Elena Cavallaro and Kostis Kornetis (eds.), Rethink ing Democratisation in Spain, Greece and Portugal (New York: Springer, 2019); and Maurizio Ferrera

(ed.), Welfare state reform in southern Europe. Fighting poverty and social

exclusion in Greece, Italy, Spain and Portugal (Lon don: Routledge, 2005).

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Introducción.

Pensar el castigo

A día de hoy tenemos más policías y más personas presas que hace cincuenta años, y un código penal más duro que el existente cuando Franco murió. No obstante, la delincuencia lleva tres décadas sin aumentar, desde finales de los 80, mientras que la mayoría del endurecimiento del sistema penal ha

sido posterior a su estabilización. No parece, entonces, que el desarrollo de

la política criminal se explique como una respuesta a la delincuencia, o al menos, no solo eso. Esta situación es más interesante si se tiene en cuenta

que España tiene uno de los niveles más bajos de delincuencia de toda

Europa y que, sin embargo, es de los países que tiene más efectivos en las fuerzas del orden y más personas en la cárcel. También es de los países

europeos con más precariedad laboral y con menor protección social.

La naturalización de lo social

caciones de Ante esta situación, aquí se busca ir más allá de las expli za antes de pensar y sentido común, aquellas que nos vienen a la cabe as cosas. Hay muque, de hecho, consiguen que no reflexionemos much

chos aspectos básicos sobre qué es la delincuencia, qué hacemos con los

ni nos solemos plandelincuentes o en qué profesionales confiamos que tear ni suelen ser objeto de debate público, a pesar de ser un aspecto ación de la esencial de la legitimidad de los gobiernos y de la justific existencia del Estado. 15

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Neoliberalismo y castigo

Por ejemplo, ¿qué es un delito? Habitualmente es aquello con lo que definimos lo que está mal, pero, ¿cómo definimos lo que está bien y lo

que está mal socialmente? ¿Quién lo define? ¿Quiénes? Confiamos, en general, en que el Derecho penal defiende los intereses de la sociedad, pero, ¿robar un coche es una amenaza para la sociedad, pero especular

con la vivienda no? ¿Descargarse una película es tan grave como para

conllevar años de cárcel? Puede ser útil ir algo más allá: ¿de qué grupos hablamos cuando decimos «sociedad»? No todos los grupos tienen las mismas posibilidades de influir en lo que se define legalmente como delito, ni de que sus actividades sean mal vistas, o vistas como normales.

No todos los grupos tienen el mismo acceso a los cauces por los que se

defienden sus intereses con todo el peso de la ley. ¿Qué hacemos con respecto a los delincuentes? Nosotros casi nada;

de eso se encarga la policía y, de hecho, casi todo lo que hacemos se resume en llamarla para denunciar algo que hemos visto. A partir de ahí se asume que, si el delincuente ha hecho algo grave, lo mandarán a la cárcel. Por cierto, ¿es un delincuente todo aquel que ha delinquido alguna vez? Ade-

más de delinquir, ¿hace falta parecer un delincuente? Con la cantidad de

prohibiciones existentes, es virtualmente imposible vivir sin infringir normas. Muchos, incluso, seguramente hayamos cometido delitos que no

han sido detectados por el sistema penal, y no nos consideramos delin-

cuentes. ¿Por qué a otros sí? ¿Cambia la forma en la que vemos a nuestro

vecino si un día lo detiene la policía? ¿Pesa más en nuestra imagen de esa persona verlo durante 10 segundos salir de su casa escoltado por policías que lo que sabemos de él personalmente tras años de convivencia?

La mayoría de la población no sabe qué se hace exactamente con los

delincuentes, pero que haya alguien que se encarga de ello suele ser

suficiente para que deje de ser una preocupación. La imagen más aso-

ciada al castigo es la de la cárcel. Hay pocas cosas más fáciles que con-

testar en una encuesta, ya que es dar tu opinión a un desconocido y no

hay respuestas correctas o incorrectas. A pesar de ello, el 54 % de los

encuestados no fueron capaces de dar una Opinión cuando se les preguntó por la cárcel (Thomé y Torrente, 2003, p. 88). Este desconocimiento generalizado sobre la cárcel forma parte de la política

penitenciaria, y es una parte importante de la cárcel como institución. Con respecto a la dureza de las penas que tenemos, de lo poco que se oye es que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Sin embargo, las penas de prisión en España tienden a ser el doble de largas que las existentes en Europa. Cuando se le pregunta a la gente 16

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Pensar el castigo

en encuestas tienden a responder que las penas existentes son muy blandas. No obstante, cuando se les da la opción de escogerlas, suelen optar por unas penas que son más suaves que las vigentes. Es decir, las penas actuales les parecen blandas probablemente porque las desconocen. ¿Hasta qué punto es legítimo en una democracia un sistema de castigos del que la ciudadanía apenas sabe nada?

Sabemos que tenemos cárceles humanitarias porque somos europeos, y porque las cárceles que enseñan en la televisión, generalmente de otros países más pobres, son deplorables, y así se presentan. ¿Salen nuestras cárceles en la televisión con la misma asiduidad, con el mismo tono, con el mismo detalle? A veces, tras haber visto alguna película,

algún programa de televisión o leído algún libro con testimonios del extranjero, se oyen comentarios escandalizados sobre que hay países en los que se encierra a algunas personas durante años en una celda sin nada y solo se les deja salir un par de horas al día. Esta indignación

convive con el hecho de que en España existe el régimen FIES (que

puede llegar a ser lo mismo: un régimen de aislamiento sin tratamiento y apenas contacto humano), que se sigue votando a los partidos políti-

cos que lo implantaron (y que, solo posteriormente, lo legalizaron) y

que, de hecho, no es algo muy conocido. Las cárceles, aquí y allí, ahora y antes, se llenan con pobres, pero, por

lo que se sabe, los pobres no delinquen más que los ricos. Suelen ser delitos distintos, acordes con la posición de cada uno y a lo que tienen acceso. El daño social que generan unos y otros tampoco es el mismo, así como la persecución y la condena. ¿Hay alguna relación, entonces,

entre el hecho de que los trabajos de unos estén mal pagados y que terminen penados?

Vivimos en una sociedad en la que el trabajo asalariado sigue siendo de vital importancia. ¿Por qué unos trabajos valen más que otros? ¿Quién

decide los salarios? ¿De verdad es por lo que contribuyen al bien social?

¿Si quiera por la productividad de su labor? Teniendo en cuenta las consecuencias que tiene tener un salario u otro (por ejemplo, acceso a

bienes tan básicos como la comida, la vivienda, la educación o el des-

canso), y que esto s los deciden los empresarios, ¿está bien que esa rese busca su ponsabilidad recaiga en gente que fundamentalment de una beneficio individual, generalmente a corto plazo? ¿Que el dueño está b ien? Habiendo constructora gane más dinero que un agricultor

de miles de vigente que tiene dificultades para comer bien y cientos el trabajo del viendas ya construidas y vacías, ¿a qué contribuye 17

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Neoliberalismo

y castigo

constructor? ¿A quién beneficia? ¿Por qué tendrían que ser un modelo a seguir? ¿Seguro que todo el mundo vale para barrendero, o camarero,

pero no todos podemos gestionar una cadena de tiendas, con su encar-

gado en cada establecimiento? No todo depende de los empresarios, ya que tenemos un Estado social recogido en la Constitución que desarrolla políticas sociales. No obstante,

es habitual oír hablar de gente que depende económicamente del Estado, aun cuando se trata de un derecho reconocido. De hecho, esta supuesta

dependencia se suele usar como argumento para reducir las ayudas sociales, o para condicionarlas a que los receptores hagan algo a cambio, o a que por lo menos demuestren que las necesitan de verdad. Pero, ¿qué

significa ser dependiente del Estado? Las grandes constructoras, las

empresas armamentísticas o buena parte de quienes hacen negocio con

la salud (que reciben hospitales construidos con dinero público y pacientes derivados de la Seguridad Social) no entran dentro del grupo en el que pensamos cuando se discute de los dependientes del Estado. ¿Por qué poner medios para que la gente pueda ejercitar un derecho reconocido se dice que genera dependencia, pero quienes viven del Estado como principal y casi único cliente, con el fin de enriquecerse, no

son pensados como dependientes? Casi cualquiera que haya trabajado asalariadamente ha conseguido algún trabajo a través de algún amigo, o le han avisado de una vacante.

Casi cualquiera que haya tenido que contratar a alguien lo primero que hace es preguntar a su entorno si conocen a alguien válido para el puesto. No obstante, cuando se pasa de las experiencias personales a cuestionar la meritocracia como sistema, esa mitología que da razones justas para la

desigualdad más obscena se convierte en algo difícil de poner en duda. La tendencia es a defender la meritocracia (incluso entre aquellos que señalan que el problema es la desigualdad de oportunidades), y a asumir

que, si te lo trabajas, obtienes la justa recompensa («al final»). Mucha

gente trabaja 50 horas a la semana y apenas llega a fin de mes y lo defiende. Que se defienda y apoye la meritocracia individual cuando la herencia es legal es algo que hace falta pensar. Este discurso, y creencia, se mantiene en un juego en el que ni el dinero de salida es el mismo para todos los jugadores, ni todas las pro-

piedades comienzan sin dueño'. Además, convive con un sistema penal 1

Es famoso el experimento de Paul Piff con partidas de Monopoly en el que uno

de los jugadores tiene ventaja, al cobrar el doble cada vez que pasa por la casilla 18

7]

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Pensar el castigo

que impone las mismas exigencias para todos, a pesar de no tener todos

los mismos recursos; ni siquiera parecidos. No se defiende aquí que la igualdad ante la ley sea mala (aunque pueda tener efectos contraproducentes si la igualdad formal ante la ley obvia la desigualdad real), o que la gente no sea responsable de sus actos. Solo se quiere señalar que son cosas que no nos solemos plantear detenidamente,y que este libro espera poner en cuestión. Por ejemplo, a veces resulta mucho más fácil de

comprender que como alguien «no ha sabido usar responsablemente su libertad» se le prive de ella, que plantearse qué entendemos por libertad

—o, mejor, qué entiende el Derecho por libertad, que es algo muy distinto

a lo que entiende, por ejemplo, la Filosofía—; o si el Estado debe tener

derecho a encerrar a personas; o qué significa «ser responsable», o «usar algo con responsabilidad», o si se le puede pedir la misma responsabi-

lidad a personas con recursos muy desiguales para ejercerla. O, incluso, si lo pertinente es quitarle la libertad a alguien que «no sabe» hacer un uso responsable de ella, o si es más apropiado enseñarle a hacer un uso aceptable de ella y si, en tal caso, la cárcel es un sitio en el que eso sea

posible. También puede ser pertinente plantearse quién define cuáles son los usos responsables de la libertad, y cuáles no (¿es responsable

gastarse 500 euros en una cena? ¿Vender alcohol? ¿Abrir un casino?

¿Cerrar una empresa y despedir a trabajadores porque es más rentable

comprar pisos que han sido desahuciados?).

También es significativo lo poco que sabemos de la Policía. Bueno, en realidad sabemos lo que hace falta saber: hacen cumplir la ley y se encargan de «los malos». No obstante, son de las pocas personas a las

que permitimos llevar pistola. Hay gente en la que confiamos tanto que les permitimos llevar una pistola por la calle, a pesar de no conocerlos personalmente. Tal es la fuerza de las instituciones y tal es la tranquili-

dad que nos dan. En otros países, como el Reino Unido, no llevan

pistola y no se ve como indefensión de los policías o impunidad para los delincuentes. Lo significativo, de nuevo, es la naturalidad con la que vemos que la lleven. O que no parezcan preocupar mucho las reiteradas interesante aquí es de salida y además tiras dos veces los dados en cada turno. Lo a con ventaja atribuía su que, al poco de acabar la partida, la persona que jugab tégicas de inversión. Si victoria en la partida a la suerte y a Sus decisiones estra der que horas, es fácil enten esto pasa en una situación artificial y en unas pocas

xto cultural que proclama la alguien que desde pequeño se ha criado en un conte que la meritocracia es una igualdad de oportunidades y la libertad individual crea

explicación adecuada para la desigualdad.

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Neoliberalismo y castigo

denuncias de malos tratos y torturas en comisarías que sistemáticamente

son ignoradas por las autoridades, como se encargan de recordar desde la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué pensaría-

mos si en los colegios hubiese denuncias de tortura y no se investigase? En los centros de menores la situación es parecida, así que no es porque

sean niños, sino porque son esos niños; porque son esos adultos. Estas cosas no las pensamos mucho, y nos aparecen como lo normal, de sentido común, o como deberían de ser las cosas, o al menos como lo han sido siempre, Estas cuestiones son sociales (es decir, históricas, rela-

cionales, contingentes) y obvian aspectos básicos sobre cómo se organiza y jerarquiza la sociedad. Esto tiene efectos en la visión que tenemos del mundo, en cómo lo percibimos, cómo actuamos, qué nos parece razona-

ble, utópico o injusto. En general, se trata de conceptos y razonamientos con los que se piensa, pero sobre los que no se piensa (libertad, mérito, delincuencia, responsabilidad, justicia) (Bourdieu y Wacquant, 2005, p.

209). La forma que tenemos de entender lo que pasa suele basarse en aplicar unas categorías mentales que funcionan como principios de visión y de clasificación del mundo (los buenos son los policías, los malos son los delincuentes; los delincuentes son los ladrones; quedarse con

parte del trabajo producido por otro no es robo porque la inversión inicial justifica quedarse con un porcentaje para siempre). Las relaciones sociales se basan en unos significados compartidos,

que suelen organizar y dar sentido a lo que pasa. Estos se aprenden en

lo que se llama socialización, y van desde el lenguaje hasta la percepción

de un territorio como un país, un grupo de personas como una familia,

o a uno mismo como un individuo. Los sistemas simbólicos son muy

útiles, y la mayoría de las veces funcionan muy bien para desenvolvernos en el día a día y explicar lo que pasa a nuestro alrededor, hasta el

punto de que tendemos a verlo como /o normal (y habitualmente lo asociamos a lo moral). No obstante, la arbitrariedad de estas formas de

ver el mundo es fácilmente desmontable cuando se viaja y se entra en contacto con otras culturas que tienen otras formas de clasificar y de entender lo que está pasando, o cuando se mira la historia. Los sistemas simbólicos surgen, así, de configuraciones sociales con-

cretas. Por lo general, tiende a existir una adecuación entre las estruc-

turas sociales y las estructuras mentales. Esta homología hace que las relaciones sociales —arbitrarias e históricamente contingentes— sean

entendidas como naturales, invisibilizando las luchas entre grupos por recursos y a quiénes benefician (Bourdieu y Wacquant, [1992], pp. 20

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Pensar el castigo

38-40). El resultado es que las formas sociales, la distribución de recursos, la regulación de los comportamientos y las relaciones, aparecen como legítimas, precisamente por el desconocimiento de que se está

inserto en relaciones de dominación. Bourdieu llama a esto «poder sim-

bólico», y hace referencia a la capacidad de imponer categorías como

legítimas sin que se perciba como una imposición; es un tipo de poder que hace que otras formas de poder (económico, cultural, político) no se entiendan como tal, sino que se reconozcan como justas y naturales

(Bourdieu, [1977]; [1997], pp. 224-240).

A la hora de conformar estas formas de pensar la sociedad, el Estado desempeña un papel fundamental, pues su discurso acumula aspectos formales como el universalismo, la impersonalidad o el desinterés que se

ven reforzados por su carácter legítimo, que por la lógica de representación hace que hable en nombre de la sociedad (Bourdieu, [2012]). Por lo tanto, el castigo se conforma como una instancia de primera impor-

tancia en la diferenciación y producción de categorías sociales. Por un lado, al provenir del Estado, la diferenciación que produce (por ejemplo,

entre ciudadanos decentes y sospechosos) se impone con mayor legiti-

midad. Por otro lado, el que la diferenciación social se realice desde una institución estatal vinculada con la lucha contra el crimen desplaza el carácter político de la dominación al orden más aséptico de la legalidad, despolitizándolo y, por lo tanto, ocultando aún más el carácter arbitra-

rio de esta, haciéndola menos reconocible como tal y, por tanto, más efectiva. La dominación no se puede reducir a la legitimación o a la nominación (como el uso de la policía y de la cárcel muestra claramente),

pero estas son fundamentales para entender cómo se naturaliza la arbitrariedad (Vázquez García, 2002, p. 91). También, como se desarrollará

más abajo, sería un error reducir el funcionamiento del castigo solo a cuestiones de dominación, y la acción estatal solo a nominación (y aquí se explorará cómo, a través de dinámicas institucionales y regulaciones, impone también unas prácticas).

Con los ejemplos de arriba se ha intentado poner de manifiesto con qué naturalidad se presenta una desigualdad basada en la herencia y en la explotación como el resultado del esfuerzo de cada individuo. Cómo se puede encerrar a los pobres durante más tiempo sin necesidad de que aumente la delincuencia y que parezca que así estamos más seguros.

Cómo hay trasvases de millones de euros de dinero público a unas pocas empresas y que el problema sean ayudas de menos de 500 euros a fami-

lias que apenas llegan a fin de mes. Que en las huelgas los malos siempre

21

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Neoliberalismo y castigo

sean los trabajadores, cuando es un conflicto entre dos partes, o que demos las gracias por unos trabajos que hace 20 años hubieran sido ilegales. Al ver estas cuestiones, el poder simbólico se vuelve una cuestión de violencia simbólica, especialmente cuando estas situaciones se

viven con sentimientos de culpa, generan malestar en los desposeídos

o permiten encerrar a gente o expulsarla de un país. Bourdieu habla de violencia simbólica para referirse al tipo de violencia que se ejerce así,

y que consiste en presentar como naturales cuestiones que son el producto arbitrario de relaciones de dominación con raíces en la distribución desigual de capitales en la sociedad. Es decir, una forma de

violencia que no se percibe como tal. Es el efecto del poder simbólico. La naturalización de cuestiones sociales a través del Sistema de Administración de Justicia es un campo idóneo para ver su funcionamiento,

ya que además se desarrolla a la vez que las formas de violencia física que conséntimos solo por ser excepcionales. Por eso, es muy pertinente utilizar las ciencias sociales para no acabar atrapados en explicaciones vacías o falaces que corren el riesgo de reproducir la representación de

aquello que precisamente se está intentando analizar. Por eso, el castigo que ejerce el Estado y que se administra en nombre de la sociedad se

entiende mejor si se analiza como una institución social.

El castigo como institución social En los últimos años, ha habido un desarrollo significativo de los traba-

jos que estudian el castigo como una institución social (ver Simon y Sparks, [2013]). El fenómeno de la expansión del castigo no es algo que

solo haya pasado en España. La enorme escalada en el uso del encarcelamiento y de otras formas punitivas en Estados Unidos ha sido uno

de los principales motivos por los que la mirada de las ciencias sociale s se ha vuelto sobre esta esfera de la sociedad con un ímpetu renova do, tanto en sus desarrollos teóricos como en sus aproximaciones empíri cas.

Esto ha llevado a que se sepa relativamente mucho de EE.UU., o inclus o de algunos países anglosajones, pero todavía poco de otros países. Si bien esta aproximación no es totalmente nueva, como casi nunca lo es cualquier desarrollo científico, sí marca una diferencia significativ a respecto a unos estudios penológicos más apegados a las necesi dades y visiones propias de la Administración y a una Criminología crítica que 22

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Pensar el castigo

a veces mostraba poco entusiasmo por desarrollar métodos empíricos de estudio y una cierta sistematicidad.

El vínculo entre crimen y castigo no es automático, y la respuesta a la delincuencia (empezando por la definición misma de lo que se considera

«delincuencia») es el fruto de decisiones políticas (en el sentido amplio

del término) y de unas determinadas configuraciones sociales. El reconocimiento de esta relación compleja, indirecta y variable en el tiempo no

es la conclusión, sino el punto del que partir a la hora de elaborar un análisis y una explicación (Sparks, 2007, p. 84). Parece entonces razonable buscar además otras explicaciones para comprender su evolución,

como podrían ser los efectos que tienen las fluctuaciones en el precio de la mano de obra, el cierre de los psiquiátricos, la desigualdad econó-

mica, la composición étnica de la población o la fuerza de los sindicatos,

por poner algunos ejemplos”, entre los que se puede incluir la modificación de textos legales, camino que parece haberse seguido mayoritariamente en España (ver González Sánchez, 2011, pp. 9-10).

Sin embargo, es difícil percibir esto si solo se analiza el fenómeno desde la lógica del Derecho y desde los marcos del sistema penal, que

tienden a convertirse en nuestros marcos interpretativos debido a su

poder simbólico. La idea que se defiende desde aquí es que se deben

«analizar los métodos punitivos no como simples consecuencias de las reglas del Derecho» (Foucault, [1975a], p. 30). Un buen punto de partida

para adquirir una visión más amplia del fenómeno es considerar la penalidad, o todo el conjunto de instituciones y agentes que conforman el castigo, como una institución social compleja (Garland, [1990]).

Esto implica que se ha de tener en cuenta una serie de significados,

prácticas y relaciones determinadas, que se sustentan en una serie de

agentes, roles y discursos. Pero también implica que, como todas las

instituciones sociales (como la familia, la política, la economía), sus prác-

ticas y sus efectos dependen de manera decisiva de otras instituciones

que influyen en su conformación, que atraviesan su lógica y que depen-

den, a su vez, de la penalidad (es evidente, por ejemplo, cuánto depende el sistema político de un sistema de sanciones, o el sistema económico

de la protección policial y judicial de la propiedad privada). Garland y 2 3

Para una consideración sobre las consecuencias que tiene asumir que la relación entre variables es estable a lo largo del tiempo, ver Isaac y Griffin, 1989.

Respectivamente, Western el al., 2006; Grabosky, 1980; Jacobs y Helms, 1996; Sutton, 2004,

23

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Neoliberalismo y castigo

Young ponen de manifiesto esta naturaleza relacional de las institucio-

nes, hablando de la penalidad como:

'

Un sitio institucional específico que está atravesado por una serie de distintas relaciones sociales. Políticas, ideológicas, económicas, lega-

les y otras relaciones sociales no sólo «influyen» o «dan forma» o «ejercen presión sobre la penalidad» operan a través de ella y están materialmente inscritas en sus prácticas. La penalidad es así un lugar sobredeterminado que transmite y condensa un conjunto de relacio-

nes sociales dentro de los términos específicos de sus propias prácticas (Garland y Young, 1983, p. 21. Énfasis en el original).

Dadas estas consideraciones, algunos autores han desarrollado teo-

rías capaces de explicar las trasformaciones en la extensión, objetivos y procedimientos de los sistemas penales. De entre las explicaciones exis-

tentes, en este libro se explora la influencia de las políticas neoliberales

en la transformación del castigo.

Contenido del libro

Este libro trata sobre la expansión del sistema penal en España durante los primeros cuarenta años de democracia. El objetivo es pensar el castigo analizando su evolución reciente. Para ello, se busca reconstruirlo

como una institución social, no como una institución aséptica ni natu-

ral. De toda la complejidad del castigo solo trataré una explicación: el

neoliberalismo. No se argumenta aquí que la influencia del neoliberalismo explique todos los cambios y las características de la evolución

reciente de la política criminal, pero debería de ser suficiente para sen-

tar la apuesta central del libro: que merece la pena estudiar el castigo como una institución importante y compleja (y que, tal vez, sea la única forma de entenderlo adecuadamente). Sería pertinente desarrollar más estudios sobre el sistema penal que tengan en cuenta explícitamente y

como objeto de estudio los condicionantes sociales, así como sus efectos.

Sería también beneficioso que quienes estudian la sociedad tengan más en cuenta la importancia del sistema de penas y su aplicación. Hay gente

que ya es consciente de la importancia de una institución que autoriza

a decir lo que es correcto y lo que está prohibido, que impone privaciones a una parte de la población en nombre de la justicia, y que permite

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Pensar el castigo

a otros llevar pistola o decretar que una persona tiene que ser separada

de su familia. Lo llamativo a día de hoy no es que esto exista, sino que sus bases y funcionamiento no sean objeto de un claro debate público ni se reconozca su complejidad. De hecho, el sistema penal es muy útil para presentar problemas complejos como si fuesen sencillos, y de ahí probablemente su éxito,

El libro parte de la relación establecida entre la implementación de las políticas neoliberales y un mayor uso del sistema penal, a pesar de que estas suelen basarse en un discurso que reclama la menor intervención estatal posible. El primer capítulo se dedica fundamentalmente

a construir el objeto de estudio y definir la aproximación al fenómeno analizado que se ha tomado. Para ello se ha seleccionado un marco teórico que ayude a acotar qué es eso que llamamos «neoliberalismo». En concreto, el desarrollado por Loic Wacquant, Su propuesta, que podría llamarse la tesis de la penalidad neoliberal, se explica y se usa en dos sentidos. El primero es proporcionar unos presupuestos para la investigación: tener en cuenta la doble naturaleza de lo social (material

y simbólica); desconfiar del binomio crimen-castigo; vincular las po-

líticas sociales y las penales como partes de una misma política de gestión de la pobreza; y prestar atención a la naturaleza productiva del poder. El segundo sentido en el que el marco wacquantiano es útil a esta investigación es en señalar las áreas en las que puede ser más

pertinente buscar la influencia de las dinámicas neoliberales: el individualismo como constructo cultural, el mercado laboral y la política social. Incluso, y en esto reside parte de su fuerza, en el sistema penal.

Finalmente se explica la estrategia metodológica que seguirá el libro, habida cuenta de las dificultades de investigación en España y de las

críticas que ha recibido la obra de Wacquant. Así, se evita explicar todos los cambios por el neoliberalismo y se hace un esfuerzo por

especificar los mecanismos causales. Para ello el análisis se centra en

la evolución de tres instituciones (mercado laboral, política social y resistema penal) durante el período 1978-2008 y en sus influencias

concíprocas. Este libro se basa principalmente en una interpretación

más junta de otras investigaciones más detalladas sobre aspectos

tiene un concretos de las distintas políticas públicas. Por esto mismo,

y se ritmo más lento que el que pueda marcar la actualidad política, ser ha estimado que hay aspectos de la última década que aún puede al menos con una propronto para analizar con cierta perspectiva, o

fundidad y detalle similar a décadas anteriores.

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Neoliberalismo y castigo

El capítulo 2 está dedicado al individualismo, que aparece como un marco generador de sentidos y visiones que atraviesa las distintas políticas. Este individualismo, de tintes economicistas y utilitaristas, es causa y consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, Se especifica aquí a qué tipo de individualismo se refiere la investigación, marcando los límites de cierta intervención estatal en el mercado, que se considera

sagrado al ser el espacio en el que el sujeto racional puede maximizar su existencia y la organización social puede alcanzar mayor eficiencia. Así mismo, se apunta hacia la importancia que tiene para la redefinición

de las situaciones en las que se encuentran las personas en términos de

responsabilidad y fuerte condena moral, ya que se desprecian las explicaciones que dan peso a las circunstancias sociales. Al enfatizar la responsabilidad individual, se reorienta el sentido de la intervención

estatal y propicia una política penal más punitiva. La precarización del mercado laboral en torno a la idea de la flexibi-

lidad se trata en el capítulo 3. Su rápida implementación durante los años 80 a través de los contratos temporales encuentra sus raíces en la econo-

mía política consolidada durante el franquismo, así como en el entusiasmo con el que las elites políticas vieron en el empeoramiento de las condiciones laborales una salida al problema del paro. No fue así, y en menos

de diez años España no había reducido el paro, pero había sumido a un tercio de las trabajadoras y trabajadores en una sucesión de contratos de corta duración que dotaban de mayor poder a los empresarios, al poder disponer de despidos gratuitos cuando lo quisiesen (el despido adquiere la forma de «no renovación» del contrato, con lo que no hay ni siquiera

que justificarlo o indemnizar en caso de que fuese improcedente). Además, la dificultad para acumular antigiiedad repercutía en salarios menores y más dificultades para acceder a protecciones sociales una vez se vuelve a la situación de desempleo. El capítulo se cierra con el ejemplo

de las políticas de activación como muestra del cambio que han sufrido las políticas de empleo, cada vez más definidas como políticas para los desempleados, y en las que las soluciones no pasan por mejoras colecti-

vas de las condiciones laborales, o redefiniciones amplias de la política productiva de un país, sino por sugerir que si alguien no encuentra trabajo es porque no se adapta a las necesidades del mercado.

El capítulo 4 trata la política social, área especialmente complicada.

Debido a su propia naturaleza, muy vinculada al desarrollo de las democracias socialdemócratas en Europa tras la II Guerra Mundial, su

desmantelamiento es habitualmente utilizado como uno de los mejores 26 |

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Pensar el castigo

indicadores de un cambio en la orientación del Estado hacia políticas neoliberales. Sin embargo, dado que en la dictadura lo que se desarrolló

fue algo más parecido a ayudas caritativas a los pobres, y no tanto la creación de espacios desmercantilizados que sirviesen de protección de unos derechos básicos frente al mercado, no parece que su desmantela-

miento sea el indicador más adecuado para identificar las dinámicas neoliberales. Para ello, el caso español requiere que se preste atención a su construcción, más que a su destrucción. Así, tras una etapa inicial en

la que, a un ritmo menor que el resto de Europa, el Gobierno desarrollaba algo parecido a un Estado del Bienestar, en los noventa se abandona ese crecimiento, y además se introducen cambios cualitativos que

hacen de la protección social un servicio que debe trando que se quiere trabajar. Así, se introducen la de compromiso, en los que los trabajadores sociales una magistratura moral periódica para valorar si la más tratada como cliente, y no como ciudadana) se

«ganarse» demosfirma de contratos tienen que ejercer persona (cada vez merece las ayudas.

La visión neoliberal de la desigualdad como algo positivo, por tanto que motiva a la gente a trabajar y reconoce el esfuerzo a los que trabajan, es fundamental para comprender estas transformaciones. El capítulo se cierra con el ejemplo de las Rentas Mínimas de Inserción, como un

ejemplo de todo lo expuesto anteriormente. El sistema penal se trata de manera directa en el capítulo 5, y en parte se propone mostrar cómo influyen los capítulos anteriores en eso que

llamamos Justicia. En él se señala la influencia que ha tenido la idea de la flexibilidad en un Código penal que desde los 90 tiene más reformas que años, y cómo la visión del delincuente racional ha influido en un

aumento más o menos generalizado de las penas. Se presta especial atención a la figura de la reincidencia, en la que el reproche moral de la penalidad neoliberal se ve más claramente, hasta el punto de jugar con los límites de un Estado de Derecho. A continuación, se analiza la evo-

lución de la policía, que ha incrementado sus funciones y sus agentes a pesar de que la delincuencia no aumentaba. En ello se señala la impor-

tancia del problema de la seguridad ciudadana y la expectativa de que

la policía actúe antes de que se cometan delitos. Todo esto ha contribuido a un desarrollo del castigo por la vía administrativa, y se señala

el papel que cierta represión «suave» tiene en la producción de una ciudad más orientada a consumidores que a habitantes.

Cada vez más lejos de las ciudades, la construcción de cárceles y su llenado ha sido una constante de la democracia. Sin haber aumentado 27

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Neoliberalismo

y castigo

la delincuencia, hay más pobres en la cárcel, Este crecimiento constante ha afectado en los últimos años de manera especial a dos colectivos maltratados por el mercado laboral y las políticas sociales: las

personas con problemas de salud mental y la población extranjera. Además, dentro de la cárcel se han potenciado clasificaciones individualizadas que, al no ir acompañadas de tratamiento, han resultado

en mecanismos de control que actúan sobre individuos concretos (como los contratos temporales en el mercado laboral o los contratos de com-

promiso en la política social). El desarrollo reciente de los Módulos de

Respeto y los Módulos Terapéuticos suponen expresamente la firma de un contrato y la renuncia a derechos básicos a cambio de recibir el tratamiento previsto por ley. El capítulo aventura una creciente articulación del castigo en torno a una doble vía penal y administrativa, y para ello se hace una breve mención a la penalización de las drogas y de las personas migrantes, cuyo internamiento en los CTE es un ejemplo demasiado claro de cómo se puede encerrar a alguien por no tener un trabajo legal (lo que es determinante para su irregularidad administrativa) y sin que haya un visto bueno de un juez. Se concluye con el ejemplo de los Trabajos en Beneficio de la Comunidad para señalar las hibridaciones entre políticas penales y sociales, en las que el trabajo se consolida como forma de expiación. Las conclusiones están orientadas a discutir algunos aspectos que se

pueden aprender de esta aproximación, a señalar algunas cuestiones que quedan por desarrollar, y a discutir algunas implicaciones del estudio del caso español para los debates sobre la penalidad neoliberal. Al final se ha añadido un Epílogo en el que se discuten cómo están cambiando o continuando algunos de estos aspectos en los últimos años. Agradecimientos

La lista de agradecimientos podría ser demasiado larga, habida cuenta de los excesivos años que he tardado en acabar este libro, pero el prin” cipio de parsimonia me obliga a dejar fuera a personas e instituciones

sin las cuales la explicación es incompleta. Mis disculpas. Me gustaría pensar que si he tardado tanto en terminar el libro ha sido porque he tenido la enorme suerte de estar trabajando en lo que

me gusta durante los últimos años. Quiero dar las gracias al área de criminología de la Universitat de Girona (Gonzalo Escobar, Daniel 28

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Pensar el castigo

Varona, Ester Blay, Maribel Narváez y Leanid Kazyrytski) por el apoyo personal y profesional y por crear un oasis en el que las dinámicas com-

petitivas no son apreciables. Es un lujo que me gustaría poder disfrutar más tiempo.

A lo largo de estos años he tenido que salir de mi entorno social y recluirme varias veces para poder avanzar en la escritura. Por su amabili-

dad y por haberme proporcionado espacios en los que trabajar, quiero dar

las gracias a Richard Sparks (University of Edinburgh), Loic Wacquant (University of California, Berkeley), Máximo Sozzo (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe), Vicki Behm y Peter Mack (su casa en Lea-

mington) y Leonidas Cheliotis (London School of Economics).

Hay gente que ha cumplido generosamente con el compromiso de leerse partes del libro e intentar reducir el número de errores que cometo.

Gracias a Débora Ávila, Ester Blay, José Ángel Brandariz, Javier Rujas,

| Alfonso Serrano y Jorge Sola. Mención muy especial merece Alfonso Serrano Maíllo, a quien le estoy inmensamente agradecido por varios motivos. Uno de ellos es que siempre me ha ayudado mucho más de lo que me merecía en todos los aspectos. Quizá, el fundamental, en hacerme sentir que lo que pensaba

y decía merecía la pena (y solo con el tiempo me doy cuenta de lo im-

portante que es darle confianza a alguien). El otro motivo es porque para mí ha sido siempre un referente en cuanto a honestidad intelectual

y rigor en la investigación. Conozco pocas personas que sepan tanto y que sean tan humildes, y siempre ha fomentado mi independencia intelectual y ha estado abierto a la discusión y a la crítica horizontal.

La investigación la realicé en su mayor parte con financiación pública del Ministerio de Educación a través del programa de Formación de

dos Profesorado Universitario, ya extinto. También me permitió hacer familiaestancias predoctorales. El inicio de la tesis lo escribí gracias al postdocrismo característico de nuestro Estado del Bienestar y la beca

Público de toral la constituyó el subsidio de desempleo del Servicio

Empleo Estatal. grupo Ecrim, de la Me gustaría mencionar y agradecer ta mbién al de organizar algunos Universidade da Coruña, que tuvo la generosa idea s dispersa por congresos con el fin de que gente (joven) que estábamo

ciésemos. Ha sido útil y España trabajando sobre estos temas nos cono dables y genuinaesos congresos han sido de las experiencias más agra

o, el mente científicas que he tenido en mi vida académica. Así mism ntina, fue seminario organizado por Paul Hathazy en Córdoba, Arge

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o

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Neoliberalismo y castigo

enormemente útil y agradezco mucho las críticas de los asistentes a mi trabajo. También fueron de utilidad los comentarios y el apoyo de Luis Enrique Alonso y Pedro Cabrera.

A la profesora Blanca Muñoz López le quiero dar las gracias por haber politizado mi perspectiva sociológica. Es decir, por haberla hecho plenamente sociológica, Si la sociología no es crítica, no es sociología, También a mi hermano Jesús, por recordarme que el conocimiento, sin acción, no sirve de nada.

A Emily, por ser un fuerte estímulo personal e intelectual; por obligarme a revisar constantemente mis asunciones, mi mirada posicionada

y mis privilegios; por soportar con paciencia mis defectos; y por hacerlo todo desde el respeto que te da no creerte con derechos sobre nadie.

A mis padres (Begoña y Pedro; Pedro y Begoña), por quererme y por haber priorizado los estudios en mi educación y haberme liberado de obligaciones que bien podrían haberme exigido pues, al fin y al cabo, les debo la vida.

Algunas partes del libro han salido publicadas a lo largo de estos años (las exigencias del campo académico actual obligan). En concreto hay algunos pasajes de los siguientes trabajos: «Aumento de presos y Código penal: una explicación insuficiente», Revista Electrónica de Ciencia Penal

y Criminología, pp. 13-4 (2011); «La reconfiguración del estado y del castigo» en Ignacio González Sánchez (ed.), Teoría social, marginalidad avanzada y Estado penal. Aproximaciones al trabajo de Loic Wacquant, Madrid: Dykinson (2012); «La cárcel en España: mediciones y condi-

ciones del encarcelamiento en el siglo xx1», Revista de Derecho Penal y Criminología, 3? época, n* 8 (2012); «Neoliberalismo y expansión del

sistema penal: apuntes sobre una relación no anunciada», Encrucijadas, no9, v0901 (2015); «La penalización de los migrantes: irregularidad y cárcel en la construcción del Estado neoliberal», Revista Migraciones, núm. 39, pp. 123-147 (2016); y «La sacralización del individuo utilitarista y la expansión del castigo estatal», en 1. González Sánchez y A. Serrano

Maíllo (eds.), 4nomia, cohesión social y moralidad: cien años de tradición durkheimiana en Criminología, Madrid: Dykinson, pp. 115-143 (2018).

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1.

La penalidad neoliberal

Este capítulo explica cómo se ha construido el objeto de estudio. Si bien en los capítulos siguientes se intentará dar respuestas a la cuestión de

qué influencias están teniendo las políticas neoliberales en la expansión del sistema penal, aquí se trata más de ubicar la pregunta en un contexto,

justificar su pertinencia y apuntar a las estrategias metodológicas que se han considerado pertinentes. Las respuestas son importantes, pues

son la forma de resolver la validez de algunas hipótesis, sobre todo si aquéllas se basan en datos y materiales empíricos. No obstante, la na-

turaleza histórica y relacional de todo lo social hace que las respuestas obtenidas sean necesariamente provisionales, y que lo que se descubre en un sitio pueda no ser válido en otro, sin que eso conlleve necesariamente una invalidación de uno de los dos estudios. Consecuentemente,

en esta investigación no se busca establecer generalizaciones. Dada la complejidad del objeto de estudio, así como la escasez de datos con los

que se cuenta (muy probablemente insuficientes para dar una respuesta satisfactoria), se entiende que el principal valor de este libro sea el plan-

teamiento del problema, más que la solución. Lo más distintivo dentro

de una aproximación científica, desde la postura que se adopta aquí, es la capacidad de construir un problema, pues estos no están dados, no

están ahí fuera esperando a que se los resuelva (Bachelard, [1938], p.16).

Esto implica que, en la medida de lo posible, quien investiga tiene que ser capaz de articular el problema según sus intereses (es decir,

definidos colectivamente dentro del campo científico) y evitar que lo 31

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Neoliberalismo y castigo ejemplo, de definan otros de acuerdo a intereses de otra índole (por

carácter político). Ni el campo científico es COMO S€ representa, ni es posible aislarse de influencias ajenas, pero es necesario recordar esta

cuestión básica, pues una parte importante de las investigaciones que se realizan sobre el funcionamiento del sistema penal es definida por

uienes trabajan en él; es decir, por los que habrían de ser objeto de

estudio. Sería interesante ver la evolución de los estudios sobre la etiología delictiva si fuesen los delincuentes los que definiesen los objetivos y financiasen las investigaciones”. Las páginas que siguen comienzan recogiendo el desarrollo de una

serie de estudios que, de una manera u otra, apuntan a que estudiar la relación entre el neoliberalismo y la expansión del sistema penal es

prometedora. Se repasan así algunas correlaciones de datos cuantitativos

agregados a nivel estatal, que aquí se toman como el punto de partida a partir del cual comenzar la investigación. Para dotar de algún significado a estos datos, se requiere un marco teórico. Se expondrá uno de ellos, el elaborado por Loic Wacquant, y que constituye probablemente la aproximación más desarrollada sobre el asunto, así como una de las que hace afirmaciones más fuertes, lo que lo hace más interesante (O'Malley, 2015, p. 14). Se expondrán algunos de sus puntos de partida básicos, que servirán de guía para cuestiones ontológicas, mientras que

su definición de neoliberalismo será la que marque el desarrollo de los siguientes capítulos, al indicar en qué áreas de la intervención estatal

será pertinente buscar el material empírico. Como de acuerdo a algunas críticas que ha recibido su trabajo su aproximación no parece haber sido la ideal para las afirmaciones que hace, se plantearán un par de precisiones a qué se entiende por neoliberalismo y a cómo se podría ahondar en el desarrollo de mecanismos causales que permitan ir más allá de las

correlaciones, principalmente orientando la mirada hacia dinámicas

institucionales. Por último, se plantea la cuestión de estudiar España

como un caso concreto con sus ventajas y desventajas.

4

A lo mejor, en vez de estudiar tanto las causas de la delincuencia, $e habría

esti” diado más cómo mejorar la imagen de los delincuentes, cómo reducir costes pot planificación de delitos, qué métodos lícitos pueden usarse dentro de la ¡lega E dad sin que el resto de delincuentes les reprendan, cómo evitar que un preso permiso vuelva a la cárcel, o cómo concienciar a la gente para que denuncia e nos delitos a las autoridades,

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1. La penalidad neoliberal

La correlación entre neoliberalismo y expansión del sistema penal En los últimos años se han publicado varios estudios que aportan un apoyo empírico considerable a esta relación, No obstante, la evidencia empírica de momento está muy limitada a correlaciones, con los bene-

ficios y las dificultades que ello comporta. Por lo tanto, los resultados obtenidos han de ser tomados con cautela, en cuanto a su precisión, en

términos comparativos, por la falta de uniformidad en los datos inter-

nacionales, y también porque el problema de multicolinealidad presente en algunos estudios requiere ser tenido en cuenta (Greenberg, 2001, p.

71). Aunque los hallazgos en este terreno son, pues, de naturaleza débil, parecen útiles de cara a la comprensión del fenómeno. Esta relación se podría desarrollar a nivel teórico, así como complementar los estudios

existentes (los cuales utilizan tintos Estados) con una serie en los procesos de creación de (Greenberg, 2001, p. 73). La

eminentemente datos agregados de disde estudios cualitativos que ahonden más las políticas de gestión penal de la pobreza otra opción que se ha propuesto, y que es

la que se ha adoptado aquí de manera amplia, es realizar un estudio

desarrollado de un caso (Esping-Andersen, 1993, p. 132).

Los principales estudios realizados han descubierto correlaciones importantes entre el gasto social de un país, las desigualdades económi-

cas y el desarrollo de la población penitenciaria. Estas correlaciones son mayores y más regulares que las encontradas con respecto a las tasas de

delincuencia, y se pueden considerar altas para las ciencias sociales, Por

ejemplo, para 18 países de la OCDE, entre los que se incluye España, la correlación entre el porcentaje del PIB gastado en protección social y la tasa de encarcelamiento era de -0,56 (Downes y Hansen, 2006, p.

144), Lappi-Seppálá (2008, p. 351) encontró para varios países europeos,

en 2000, una correlación negativa de 0,71. Es decir, que cuanto más se

gasta en políticas sociales, menos presos se tienen. Con relación a la desigualdad de ingresos, medida con el índice GINI, la correlación era de 0,60 en 2004, Los países que tenían mayor desigualdad económica, entre

a

5

Por ejemplo, Beckett y Western, 2001; Cavadino y Dignan, 2006; Downes y Hansen, 2006; Lappi-Seppilá, 2008.

2015, Mención especial merecen Bourgois y Schonberg, 2011 y Fassin et al.,

Para EE.UU., ver Beckett y Western, 2001, pp. 43-47,

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Neoliberalismo y castigo

ellos España, tenían mayor número de personas encerradas. Por el contrario, la relación entre delincuencia y número de presos, además de ser débil, dista mucho de ser predecible, habida cuenta de que el signo de la

relación (positiva-negativa) no es constante ni entre los países ni dentro de un propio país. Por ejemplo, en España hay una correlación positiva durante los años 80 (aumenta delincuencia y población carcelaria) pero negativa para las dos décadas siguientes (la delincuencia no aumenta, o

incluso disminuye algo, y la población carcelaria crece) (ver gráfico 1.1). Gráfico 1.1. Evolución de la tasa de reclusos (presos por cada 100.000 habs.) y la tasa de delitos (delitos por cada 100.000 habs.) (1980=100).

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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, de DGIP y de la Generalitat de Cataluña?,

No obstante, y a pesar de que según determinadas interpretaciones pueda ser una relación lógica (i.e. a más pobres, más presos porque hay más gente robando para comer), no es una relación estable, sino que varía con el tiempo. Las correlaciones entre estas variables se han intensificado considerablemente a lo largo del tiempo, especialmente durante la década de los 90 (Downes y Hansen, 2006, pp. 147-150; Lappi-Seppila, 2008, pp. 352-353). La relación entre la desigualdad, el 8

El último año dentro del período de estudio en el que se publicaron los datos de delitos fue 2006. En todo caso, estos datos, aunque incompletos, simplemente buscan problematizar la relación entre delincuencia registrada y volumen del encarcelamiento.

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1. La penalidad neoliberal

gasto social y el número de presos es cada vez más intensa. Esto ha ayudado a dar credibilidad a la hipótesis del desarrollo de las políticas neoliberales como causantes de la inflación carcelaria, pues a medida que el neoliberalismo se ha ido asentando, tanto en las mentalidades

como en las leyes, la relación ha aumentado. Otro de los aspectos claves para haber desarrollado una explicación coherente con los hallazgos empíricos ha sido la constatación de diferencias entre los distintos países. De hecho, con distintas comparaciones

internacionales, parece haberse encontrado que la evolución penal de los países permite agruparlos. Los dos bloques más claros que han sur-

gido han sido, por un lado, los países anglosajones, que han mostrado un mayor punitivismo, y por otro los países escandinavos, que se han

mostrado más moderados. El distinto desarrollo de los Estados del Bienestar en estos países, ha permitido dar un mayor sentido a las correlaciones, y así se ha empezado a comprobar que las correlaciones

tienden a corresponderse con los modelos de Estado de Bienestar identificados por Esping-Andersen o, al menos a distinguir claramente al grupo de países escandinavos y a los de tradición anglosajona (Cavadino

y Dignan, 2006, pp. 21-27; Lappi-Seppálá, 2008, pp. 338-339). España aparece así como un caso raro, pues su Estado del Bienestar no se corresponde con ninguno de esos dos modelos, pero su evolución penal

es similar al anglosajón. Una de las consecuencias de estos trabajos, y de los datos que han aportado, ha sido el desplazamiento de la delincuencia como principal

variable explicativa en favor de la desigualdad. Si se tiene en cuenta el

considerable cambio que esto produce en la aproximación a un fenómeno (empezar a entender la respuesta penal más como una política relacionada con la pobreza y la política social que con la delincuencia), estas aportaciones pueden considerarse como muy significativas. A pesar de todo esto, el desarrollo de esta línea de investigación no

se puede considerar definitivo, ni siquiera cerrado, A estas alturas ya se habrá hecho evidente que hay un salto de los indicadores (gasto social,

desigualdad económica / número de presos) al concepto (neoliberalismo / sistema penal). Estos trabajos no se centran en el neoliberalismo, aun-

que prácticamente todos lo mencionan, aunque sea solo para referirse

al modelo anglosajón —frente al escandinavo, socialdemócrata o corpo-

rativista. Otros trabajos no tan cuantitativos, sí relacionan el neoliberalismo con un menor gasto social, y el hecho de que países que es difícil

argumentar que no han seguido doctrinas neoliberales (por ejemplo, 35

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Neoliberalismo y castigo

EE, UU., Gran Bretaña o Chile) presentan los índices más altos de

desigualdad económica de su entorno, como consecuencia directa de estas políticas, ayuda a crear esta asociación muchas veces implícita,

Aquí aparece ya el problema de la falta de una definición clara, operativa y con base teórica del neoliberalismo. Uno de los puntos fuertes del

trabajo de Wacquant es que sí plantea una definición explícita y con ánimo empírico”. Es fundamental recordar aquí que la existencia de una correlación

entre estas variables no implica causalidad. Si bien se ha señalado que la relación dista de ser directa, y que ha de estar mediada (Downes y Hansen, 2006; Cavadino y Dignan, 2011), es notoria la escasez de ex-

plicaciones que detallen los mecanismos causales por los cuales un menor gasto social, o una mayor desigualdad, puedan causar un mayor número de presos (Lacey, 2008, p. 87). Aunque intuitivamente se puede

ver la conexión, es necesario un desarrollo ulterior de los mecanismos,

ya que el aumento de la desigualdad no necesariamente conlleva un aumento de la delincuencia, que a su vez explique el número de presos —parece, pues, que se trata de un aumento en la severidad de los castigos. En todo caso, parece que es una línea de investigación interesante y prometedora y, dadas las peculiaridades del caso español en este sentido, merece la pena desarrollarla. Además, se ha señalado que, dado que la

implantación de políticas neoliberales es uno de los sucesos políticos

más importantes de nuestro tiempo, sería muy extraño que no hubiese

tenido un impacto identificable en el castigo (Bell, 2011, p. 11). Como se ha comentado, hay pocos trabajos que hayan intentado establecer mecanismos causales. De entre ellos, la tesis del Estado penal de

Wacquant es muy interesante, y ha gozado de una recepción muy lla-

mativa en los países hispanohablantes. No se defiende que, con esta teoría, o con una sola, sea cual sea, se puedan explicar todos los cambios

de la penalidad, pero sí que puede ser útil para la comprensión de mu-

chos de ellos. A continuación se verá cómo se problematiza el neoliberalismo en este marco teórico.

2

Cavadino y Dignan (2006, pp. 22-25) también hacen un intento de caracterizar

a los Estados neoliberales en cuestiones de política criminal. 36

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1. La penalidad neoliberal

La tesis de la penalidad neoliberal Wacquant ha venido desarrollando en los últimos años un análisis de la penalidad en EE.UU. en la que el factor causal determinante de su ex-

pansión ha sido el desarrollo del proyecto neoliberal en un contexto de cambios sociales importantes, tratando de contener los desórdenes que ocasionaron: por un lado el abandono del trabajo remunerado del modelo

fordista y el compromiso keynesiano, instaurando la inseguridad social a través del nuevo trabajo precario en las clases bajas y medias; y por otro

lado la crisis del gueto como instrumento de mantenimiento del orden sociorracial, tras los movimientos por los derechos civiles de los 60. En esta amenaza multidimensional para el statu quo estadounidense es donde

ubica el hiperencarcelamiento y el discurso sobre ley y orden que desem-

boca en la criminalización de los pobres a través de las políticas de tole-

rancia cero. Para Wacquant, la gestión de la inseguridad social que comporta la introducción de políticas neoliberales se hace principalmente a través del sistema penal, lo cual explica su rápida expansión desde los 70 a la vez que se desarticulaban las aproximaciones socialdemócratas a la pobreza. Este paso del Estado social al Estado penal marca el desarro-

llo histórico y la lectura política de su investigación”.

El interés del modelo wacquantiano radica, en este libro, no tanto en la descripción que realiza, y que obviamente en España es distinta, sino en cuestiones prácticas. La primera, y fundamental, es como mé-

todo de ruptura epistemológica, a fin de superar nociones de sentido común (de la sociedad y de las tradiciones académicas) y contra la inmediatez de un conocimiento casi espontáneo (Bourdieu, Chamboredon

y Passeron, [1973], p. 49). La segunda, más práctica si se quiere, es como guía de investigación. Las teorías son las que le dicen a la persona que

investiga qué es lo que debe observar (Álvarez, Teira y Zamora, 2005, p. 60). Se comparte, pues la afirmación de que «las «teorías» son programas

de investigación que no llaman a un «debate teórico» sino a una utilización práctica que las refute o generalice o, mejor aún, especifique y diferencia

su pretensión de generalidad» (Bourdieu y Wacquant, [1992], p. 125) (en las conclusiones del libro se volverá a discutir algunos aspectos de la teoría a la luz del caso español). Á continuación se tratan cuatro puntos

que deberían ayudar a evitar errores de planteamiento básicos,

10 Para un desarrollo más completo y matizado, se pueden ver sus dos obras principales sobre la matería (Wacquant, [1999); (2009). Ver también González Sánchez, 2012,

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Neoliberalismo y castigo Ruptura del binomio crimen y castigo

Wacquant hace notar que la delincuencia en EE.UU. se mantuvo esta-

ble durante dos décadas y después descendió suavemente en el período

que va de 1970 al 2000, sin embargo no ha sido así con tasa de encar-

celamiento, que pasó de 93 presos por cada 100.000 habitantes en 1972 a 751 presos por cada 100.000 habitantes en 2008. La desconexión para el caso estadounidense es evidente, si bien no es el único CASO, COMO ya

se vio para España en el gráfico 1.1.

No sería la criminalidad lo que ha cambiado, por lo tanto, sino la

visión que la sociedad tiene sobre ella, en especial sobre algunas ilega-

lidades callejeras asociadas a determinadas poblaciones del fondo de

la estructura social (Wacquant, [2009], p. 32). Se ha aumentado el

recurso a la cárcel y su dureza, por lo que conductas que antes eran sancionadas de distintas maneras, ahora acaban más probablemente con un ingreso en prisión y por más tiempo. Este cambio se ha notado

especialmente en EE.UU. con los delitos callejeros asociados a las

drogas, como consecuencia de la puesta en marcha de la «War on drugs»

(guerra contra las drogas) (Wacquant, 2005, pp. 13-15). Y es que, si-

guiendo a Wacquant, el desarrollo del sector penal de Estado no res-

ponde a un incremento de la inseguridad penal, sino a una «ola de

inseguridad social que ha inundado el estrato más bajo de la estructura de clases, debido a la fragmentación del trabajo asalariado y la desesta-

bilización de las jerarquías etnorraciales y etnonacionales» (Wacquant,

[2009], p. 407). Así, y en concordancia con lo expuesto sobre el castigo como institución social (y en especial el postulado foucaultiano), es más

fructífero para entender la expansión del sistema penal verla como el

resultado de elecciones culturales y políticas, es decir, repensar la cárcel

como una institución política central en el neoliberalismo (Wacquant,

[2009], p. 427). Hay que notar que, si bien la relación entre crimen y castigo es reconocida ampliamente por la literatura como compleja e indirecta, algunos autores han señalado que la ruptura drástica que propo ne Wacquant tal vez sea excesiva, y que algún tipo de relación, aunque no tan fuerte como se podría pensar en un principio, existe", 11 Serrano Maíllo, 2011, p. 111; Garland, 20133, pp. 487-488. Lappi-Seppáli (201, pp. 308-39), tras examinar un gran número de países europeos, muestra Sn esta relación puede tener algo

más de importancia en los países bálticos, O 81 $0

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1. La penalidad neoliberal

Vinculación de las políticas sociales y penales

«No es posible descubrir las causas, las modalidades y los efectos de la

hiperinflación carcelaria sin vincular los desarrollos de la justicia con los cambios en la política social» (Wacquant, [2009], pp. 157-158). Así de contundente se muestra el autor francés con respecto a este punto. Política social y política penal tienen los mismos orígenes históricos,

apareciendo en el paso del feudalismo al capitalismo, cuando la ayuda a los pobres y el encierro de los segmentos de población reacias a amol-

darse al nuevo orden socioeconómico eran las principales herramientas que permitían contener los desórdenes y mantener la integridad moral de la sociedad, que sus elites veían amenazada”. De la misma manera, hay que contemplar los profundos cambios en ambas políticas a finales

del siglo xx como mecanismos que responden a los cambios introdu-

cidos por el neoliberalismo. En EE.UU. ha existido una sincronía sorprendente entre la reducción de las ayudas sociales y el incremento de los castigos penales.

Existen similitudes evidentes entre ambas políticas. Aparte de su

origen histórico compartido, su configuración organizativa es parecida, con métodos de supervisión similares e incluso edificios decorados de la misma manera y, lo que es más importante, los perfiles sociales de sus

«clientes» son idénticos: casi la mitad viven por debajo de la línea de la

pobreza y en ambas instituciones se trata de manera desproporcionada

con personas de origen negro e hispano. La diferencia entre las poblaciones asignadas al ala social y las destinadas al ala penal es el género: mientras que las beneficiarias de la ayuda social son en un 90 % muje-

res, los enviados a las cárceles son hombres en un 93 %. Además, ambos

comparten la misma filosofía conductista que trata de supervisar y normalizar a estas personas”.

Castigo y delito no están correlacionados de una manera regular. Sin

embargo, sí existen fuertes correlaciones negativas registradas entre inversión en políticas sociales y asistenciales y el número de personas

encerradas en las cárceles (ver gráfico 1.2), como ya se señaló al inicio

es de ese capítulo. Por este motivo Wacquant ([2009], p. 46) señala que se seleccionan los homicidios.

esp. pp. 79-83; o Castel, 12 Ver, por ejemplo, Rothman, [1971 J; Ignatieff, [1981], [19951. una visión de la explicación de 13 Wacquant, [2009], pp. 412-415, 44-45. Para Gelsthorpe, 2010. Wacquant desde la perspectiva de género, ver

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Neoliberalismo y castigo

necesario introducir el estudio de las políticas penales en el estudio de las políticas sociales y del bienestar si se quieren entender adecuada.

mente sus cambios y su funcionamiento, y viceversa. Gráfico 1.2. Relación entre tasa de reclusos en 2000 y 2004 (número de reclusos por cada 100.000 habitantes) y relación con el gasto social (como % del PIB), en ambos casos para diversos países suropeos clasificados por región geográfica y con indicación de línea de regresión y coeficiente de determinación lineal (R?).

350

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Prisoners 2004 (/100 000)

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Region Scand West Anglo

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T 10,0

T 15,0

T 20,0

T 25,0

T 30,0

! 35,0

Social prot. exp 2003 (% of GDP, Euro stat)

Fuente: Lappi-Seppál, 2008, p. 351. 5 . .. ¡ones Por este y otros motivos , Wacquant aconseja cuestionar las divisi de : o lens burocráticas como las más pertinentes para abordar los estudios a tíficos. Bien podría pasar q ue una misma : 0 jente política con dos vertien

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1. La penalidad neoliberal

represente como dos políticas distintas (una asociada a luchar contra la pobreza, otra a luchar contra la delincuencia), cuando podrían ser dos formas distintas de tratar el mismo fenómeno: los efectos de las políticas neoliberales en los sectores más vulnerables y empobrecidos de la población. Se volverá en seguida sobre ello, pero la necesidad de estudiar

la actividad estatal como el resultado de dinámicas dentro del campo burocrático, entre sus distintas agencias, divisiones y trabajadores se va haciendo evidente (Bourdieu, [1993]; [2012]).

Integración de los enfoques materialistas y simbólicos

El tercer punto que aconseja adoptar este enfoque es la unión del análisis materialista y del simbólico. Consiste en tomarse en serio que el castigo es una institución compleja, por lo que limitar su análisis a una única función es simplista y no da cuenta ni de la realidad ni de la pervivencia del castigo. Fijarse solo los aspectos materiales del castigo, como ha venido haciendo parte de la criminología crítica, o ignorar estos y centrarse principalmente en la función simbólica del castigo, como hiciera Durkheim, no parece justificarse por criterios científicos”. Al incorporar en el análisis las funciones de control, que destacan el papel del castigo en el mantenimiento de las jerarquías y en el control de las clases dominadas, y las funciones de comunicación, las cuales refuerzan las normas, marcan límites y producen realidad inculcando categorías sociales, se puede entender mejor el papel tan importante de la cárcel y de las políticas penales en el neoliberalismo. El examen de estas dos funciones explica que el Estado penal se haya convertido en un motor cultural que crea categorías, clasificaciones e imágenes que se amplían

al resto de la sociedad y que tienen efectos en las relaciones de dominación.

El enfoque simbólico del castigo no ha sido tan fructífero como los enfoques materialistas. Es muy difícil seguir la estela de los trabajos de Durkheim sobre la penalidad, y suelen estar más centrados en las hipó-

tesis sobre la relación entre los tipos de solidaridad y el tipo de Derecho

presente en la sociedad que en las funciones netamente simbólicas y sivamente materialista 14 Sele ha criticado que la C riminología crítica no era tan exclugue estos dos aspectos,

conju ni que él ha sido el primero en rea lizar un análisis que los aspectos simbólicos del an tratab se ya sino que en la propia Criminología crítica Ver Rivera Beiras, 2011. castigo (empezando por el propio en foque del etiquetaje). 41

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Neoliberalismo y castigo

productivas de este', Por su parte, la aproximación materialista tiene

algo más de historia, aunque tuvo poca continuidad durante algunas

décadas. A excepción del trabajo de Rusche y Kirchheimer en 1939 no

fue hasta los 70 que el análisis del castigo y de las prisiones tuyo un

desarrollo marxista (llama también la atención que Marx y Engels tam-

poco dedicaran más que pasajes sueltos y algunos artículos periodísticos

a la cuestión de la delincuencia)*,

El enfoque wacquantiano, basándose principalmente en el andamiaje teórico de Pierre Bourdieu, busca superar alguna de las limitaciones

típicas de cada uno de estos enfoques (fundamentalmente, las que van

de ver el castigo como una expresión de la voluntad de la sociedad sin distinguir entre grupos ni entrar en su aplicación a las que solo ven en el castigo un instrumento de las elites económicas para imponer condiciones de explotación —sin tener en cuenta los aspectos morales y

expresivos de la penalidad)”.

La naturaleza productiva del poder

Por la propia actividad del sistema penal, orientada a reprimir y prevenir, pero con herramientas tradicionalmente asociadas a la porra y la cárcel, a la imposición de multas o de penas de encierro, es fácil que se tienda a estudiar el castigo como una institución fundamentalmente

represiva, que se dedica a decir que no y que actúa solo cuando los otros

mecanismos estatales más amables han fallado. No obstante, si solo se viese represión en el castigo y en la acción estatal, se estarí a obviando una parte importante de ambos: su capacidad de producción. La reciente

intensificación del castigo, desde el punto de vista aquí adoptado, responde a un proceso de producción del Estad o neoliberal en el que la delincuencia desempeña un papel importante (Beckett 1997, p.10), pero su capacidad

productora no se limita a eso.

15 Ver Lukes y Scull, 2013, pp. 35-40. También Smith, 2008 y Serrano Maíllo, 2016. Una aproximación completa al trabajo de Durkheim

en materia de castig0,

en Garland, 2013b.

16 a 2008. Para la corriente conocida como economía política del castigo, ver e Giorgi, 2013; Melossi, Sozzo y Brandariz, 2017; Brandar iz, 2019. y El de explicitar algunos de los beneficios de usar el marco bourdia análisis del casti Foral rrhh,

Se

pue ¿ puede vere en Wacquant, 2014; y? Page, 2013

: Gonzi

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1. La penalidad neoliberal

Aquí la coincidencia con Foucault es evidente, y reconocida por el propio Wacquant. Para Foucault era necesario abandonar la «hipótesis represiva» en torno al poder (o a los poderes). En Vigilar y Castigar trató de mostrar cómo el poder disciplinario no era algo que se le impusiese desde fuera al «individuo» (en la concepción metafísica que de este se suele tener), sino que los poderes actúan a través del individuo, desde el mismo momento de su constitución, produciéndolo, por lo que

la visión del individuo (así, en abstracto) reprimido por unos poderes que actúan sobre él debería ser abandonada. El poder disciplinario produce sujetos, tanto físicos, actuando sobre el cuerpo, creando «cuerpos

dóciles», como sujetos políticos y de conocimiento.

Foucault ([19753, pp. 145-175, 277-287]) también hizo hincapié en la cárcel como productora de un «saber clínico sobre los penados» y de la delincuencia (no como suma de delitos, sino como fenómeno

social), pues por un lado reproduce y perpetúa a los delincuentes abocándolos a la reincidencia (él defiende que la cárcel es criminógena), y

por otro lado permitía identificar a determinados segmentos de la pobla-

ción con la delincuencia (lo mismo que la aplicación selectiva del sistema penal, el cual más que acabar con las ilegalidades, las distingue y administra). A pesar de ello, o además, es en su capacidad de producir efectos

positivos (como conocimientos —o sensación de seguridad-) en donde reside precisamente su fuerza, y lo que explica que el poder también tenga adeptos (incluso entre quienes lo «sufren») (Foucault, [1975b], p. 107).

Más en la línea de Bourdieu, hay que ver la producción de esquemas mentales que la acción estatal conlleva, así como las divisiones materia-

les que florecen (Fernández, 2005, p. 26). De hecho, por concretar, Wacquant ([2009], pp. 60-63, 409, 417) describe tres frentes en los que

el nuevo Estado penal se ha mostrado muy productivo. Primero, originando nuevas categorías de «percepción pública y acción estatal», como

puede ser el «descubrimiento» de «barrios conflictivos» y la localización de una nueva forma de violencia, la de las «violencias urbanas», las cuales requieren una respuesta distinta por parte del Estado, al tratarse de un fenómeno nuevo (diseño de nuevas políticas de actuación, creación

de figuras de orden público, nuevos departamentos, etc.); por otro lado, aparecen nuevos tipos sociales, como el «depredador sexual», los «jóvenes

violentos», los «delincuentes multirreincidentes», que representan nuevas amenazas y, en definitiva, personas distintas; en tercer lugar, muchas

de las actuaciones se basan en nuevos conocimientos sobre la ciudad y sus barrios peligrosos, provenientes de estudios aparentemente científicos 43

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Neoliberalismo y castigo

de muy diversa índole (una mezcla de informes burocráticos,

Noticias

periodísticas y producciones académicas). Todo esto sin prestar atención

a la producción material que conlleva (como la construcción de cárceles, la creación de empleos, etc.). Aquí la noción de violencia simbólica avanzada en la introducción tiene que servir como un elemento de vigilancia epistemológica, ya que se trata de un área particularmente difícil de

pensar reflexivamente sin caer en las trampas que el propio sistema penal plantea, confundiendo las representaciones que hace de sí MiSMO con

una descripción de su actividad (donde «sistema de administración de justicia» sea tal vez el ejemplo más claro). Estos puntos son importantes en la construcción del objeto de estudio

como forma de intentar acotar y definir algunas de las propiedades y funcionamientos de la intervención estatal dedicada a castigar a personas. A continuación se discutirá la definición de neoliberalismo. Debido a su importancia, se le dedica un epígrafe aparte, aunque sigue haciendo referencia a la tesis de la penalidad neoliberal. La definición de neoliberalismo El neoliberalismo es descrito por Wacquant ([2009], pp. 430-431) como «un proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo del

mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba». Consis te, por lo tanto, en una reconfiguración del Estado, de su rol y de sus competencias. Cuatro lógicas son las que rigen esta transformación: a) «desregulación económica, es decir re-regulación destinada a promover «el

mercado»»; 5) «descentralización, retracción y recomposición del Estado

de bienestar», convirtiéndose en un elemento de control en el que las

pocas ayudas que quedan se dan a cambio de que los beneficiarios sigan

determinadas conductas; c) cultura de la responsabilidad individ ual,

glorificando la meritocracia y eliminando la responsabilidad estatal en

lo económico y lo social; y 2) un sistema penal expans ivo y proactivo; con

tres efectos principales: neutralizar a la población que amenaza el orden, imponer el trabajo precario a las clases medias y bajas y reafirmar

la autoridad del Estado.

La introducción de la expansión del sistem a penal en la a del neoliberalismo es .,

.

, probablemente, su princi pal aportación al Qda No obstante, ese m Ovimiento no está exen

44

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to de polémica, y mue

dl

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1. La penalidad neoliberal

también que es un marco teórico que aún está en desarrollo. De hecho,

el lugar del «Estado penal» en la definición ha cambiado con el tiempo, pasando de ser un efecto a considerarlo una parte integral. En palabras del propio Wacquant (2012, p. 226, énfasis en el original), «un sistema penal expansivo y costoso no es una mera consecuencia del neoliberalismo como se sostiene en Las cárceles de la miseria sino un componente esencial del propio Estado neoliberal», Se ha criticado que presentar la expansión del aparato penal como algo indispensable en el neolibera-

lismo le permite no tener que entrar en procesos causales de evidente importancia (Lacey, 2010, p. 779). Otro de los problemas que se han

señalado en la aproximación de Wacquant, este entiendo yo que debido a una lectura que se fija más en frases sueltas que en el marco conceptual y el planteamiento del problema, es la que le acusa de dar una explica-

ción conspirativa, en la que las elites económicas planifican el encierro de los pobres (Matthews, 2005, p. 183). En lo que aquí se refiere, es

probable que el término «proyecto político» pueda dar la sensación de que se trata de una planificación omnisciente y calculada, a pesar de que Wacquant ([2009], p. 18) se haya pronunciado en contra. Por estos motivos, me voy a desviar ligeramente de la concepción

del neoliberalismo como proyecto político, manteniendo sus áreas principales de influencia, para intentar desarrollar algo más esos mecanismos causales y alejarlo de una visión del proceso como algo planificado por una elite (sin perjuicio de reconocer que la introducción de estas políticas está promovida por los grupos a los que les beneficia). Se va a explicar el neoliberalismo como un paradigma de políticas públicas, con asunciones culturales que son causa y consecuencia de este paradigma

(con un constante reajuste, ya que ni la cultura ni las políticas son está-

ticos) y con una concepción del papel que le corresponde al Estado, aspecto que como se verá es de fundamental importancia. Así, por lo tanto, el neoliberalismo no es recortar el Estado del Bienestar o desre-

gularizar el mercado, sino que es un conjunto de políticas —de ahí la importancia de su multidimensionalidad- que se apoyan en una forma determinada de entender el funcionamiento de la sociedad, en el cual

el Estado tiene, o ha de tener, un papel determinado: asegurar el fun-

cionamiento «eficiente» del mercado, promover la participación de las personas en este y castigar a quienes no participan (y, por consiguiente,

introducen «ineficiencia» en el funcionamiento de la sociedad).

A continuación, se introducirá la idea del neoliberalismo como un

paradigma de políticas y la evolución normativa de las misiones del 45

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Neoliberalismo y castigo

Estado que se ha ido construyendo desde la filosofía política, En los siguientes capítulos se desarrollarán y concretarán estas ideas para e] caso español,

Un paradigma de políticas

Las políticas públicas suelen funcionar dentro de un marco de ideas, que son las que establecen la forma de comprender los problemas, los objetivos de la intervención estatal y los medios más adecuados para lograrlos. El neoliberalismo, entonces, se conforma como un conjunto de políticas y prácticas que beben de una forma de entender la sociedad y el funcionamiento de lo social. Esto se concreta en el contenido de las

políticas, su aplicación, e incluso en la propia terminología que se utiliza (por ejemplo, «cliente», «usuario»). Á este marco interpretativo de la realidad que orienta la acción política, y cuya influencia reside en que se da por hecho, es a lo que Peter Hall (1993, p. 279) llama un paradigma de políticas (policy paradigm).

La noción sigue de manera vaga la idea de los paradigmas científicos de Kuhn. Por ejemplo, el paradigma neoliberal habría venido a sustituir al paradigma keynesianista, implicando una cambio en la visión del rol del Estado (de agente redistribuidor de la riqueza a garante del funcionamiento del mercado), unido a una comprensión distinta del signifi-

cado de la desigualdad (de injusticia sobre la que hay que actuar a motor de la motivación humana) o las ayudas sociales (de derecho a herramienta de activación laboral)", Al igual que con los paradigmas científicos, su fuerza reside en que rara vez se cuestionan en su conjunto, más allá de reformas localizadas (Hall, 1993, p. 279). Los paradigmas tienden a constituir algunas cosas como evidentes, de sentido común, Y

las hace difícilmente debatibles en la esfera pública, generando un tipo de conocimiento dóxico (Bourdieu, [1997], pp. 244-247). Aunque sirva para comprenderlo mejor (sobre todo tratados com0 pos ideales), se intentará aquí no explicar sistemáticamente el neolibe-

ralismo por contraposición al keynesianismo, pues se corren dos riesgo*: 18 El keynesianismo también actuaba como garan te de funcionamiento del merce do, pero el énfasis, las formas y el signi ¡ . nificado son diferentes, amén de que 2$ ; ye las política aboga por una Inte inclu inter que A ional O relac y ia : ampl ón más taci rpre pér les o los significados socia de la desigualdad; pos Menpla

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idealizar el keynesianismo y asumir que en España existió como tal. Y ni el keynesianismo era ideal ni en España existió un sistema que pueda ser llamado keynesianista. Además, ese tipo de exposición corre el riesgo de exagerar el cambio, al obviar las muchas continuidades que aún siguen

presentes. Con todo, se sigue sabiendo poco acerca de cómo influyen las

ideas en la puesta en marcha de las distintas políticas públicas”. Se puede comprender, entonces, que el neoliberalismo es un conjunto de políticas más que un mero pensamiento económico (Navarro, 1998, p.35), como lo fue el keynesianismo en su día, pero también es algo más,

pues se erige como un modelo cultural (entre otras cosas, como conse-

cuencia de las políticas puestas en marcha por el Estado y la violencia simbólica que este ejerce). Los modelos culturales remiten a visiones amplias de la sociedad, y a la interpretación de la misma, de los grupos sociales y de los individuos (Muñoz, 2005, p. 13).

Por ejemplo, no es casualidad que el tipo de delincuente que satura el imaginario colectivo haya pasado de ser el individuo privado de recursos sociales (por ejemplo, El Lute —aunque se mezclase con un des-

precio racial y de clase) al individuo depravado moralmente, descrito en términos patológicos y psicologicistas (piénsese en los delincuentes sexuales con el aditivo de pederastia que aparecen recurrentemente en los medios de comunicación). Ladrones pobres y pederastas había hace 60 años y hay hoy, sin embargo, parece que ni antes había una cosa ni ahora hay otra. Hablar de paradigma de políticas no significa despolitizar el neo-

liberalismo, ní pretende omitir los intereses que hay detrás de ellos.

Lo político, en definitiva, es una cuestión sobre cómo interpretar la

estructura social, qué hacer frente a cuestiones tales como las desigualdades o la delincuencia, y como tal ofrece una «guía cultural» para la lectura de la sociedad. El neoliberalismo se constituye como un ejemplo paradigmático de una construcción de significados en torno a la jerarquía social (Muñoz, 2005, pp. 10-14), ya que la desigualdad se entiende como un elemento positivo (por cuanto motiva) y justo (por cuanto reconoce esfuerzos), a través de una meritocracia norma-

tiva que funciona como legitimación de las desigualdades, más que como mecanismo de distribución de los recursos.

trabajo, Sola (2014, 19 Hall, 1993, p. 279, Para España, en relación al mercado de ria, cap. 8) lo ha intentado de una manera muy merito

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Neoliberalismo y castigo

En este aspecto, es especialmente importante el lenguaje (no es lo

único importante, evidentemente),ya que las palabras que se utilizan para

comprender e interpretar un problema muchas veces enmarcan ya las soluciones al mismo”. Al plantear un problema en unos términos concretos, la respuesta ya aparece orientada. Por ejemplo, plantear la crisis económica de los 80 en términos de rigidez del mercado laboral ya incluía la solución, que es la que se tomó (flexibilizar el mercado). El mismo problema, si se hubiese planteado en términos de una estructura productiva poco competitiva, habría orientado las soluciones hacia una mayor

presión sobre los empresarios. Es lo que Sevilla Segura (1985) denomina la salida activa de la crisis, frente a la pasiva, que es la que se tomó. Con esto no se sugiere que en cualquier época exista solo una visión

de qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer. Las formas de enmarcar un problema son diversas, y existe una disputa material y

simbólica entre distintos grupos sociales por reconocer la suya como la legítima. Ahora bien, las luchas tienen unos resultados (que nunca son definitivos), y las políticas reflejan la priorización de unos intereses y unas líneas de intervención sobre otras (Hall, 1993, p. 292). En este

sentido, y al menos en el marco en el que se mueve el libro, la definición

del lugar y de las responsabilidades del Estado es central.

Las misiones del Estado

El papel que la filosofía política neoliberal otorga al Estado es de me-

nor importancia que la que adquiere el mercado como centro estruc-

turador de la sociedad, y tiene a limitarse a aquellas actuaciones que

permiten crear las condiciones para una «competencia perfecta» (en principio, en el mercado, aunque esto termina ampliándose a otras

esferas). Dicho cambio no quiere decir que antes del neoliberalismo el mercado no estructurase la sociedad, cosa que sería absurdo defender

en una sociedad que lleva siglos siendo capitalista. Lo que quiere decir

es que se viene de un modelo político-social, breve y cuasi novedoso en la historia, en el que el Estado asimilaba entre sus funciones la de desmercantilizar espacios e intervenir redistributivamente en los resultados

de los comportamientos económicos.

20 Lo muestra muy bien Katz (1989, esp. p. 20) para el planteamie nto y las soluciones dadas al problema de la pobreza en Estados Unidos. 48

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1. La penalidad neoliberal

El mercado se erige como la institución central y deseable en la estructuración de la sociedad. Harcourt (2011)" ha publicado un estudio

en el que traza la gencalogía de la idea del mercado como ese lugar de máxima eficiencia sobre el que no hay que intervenir, pues cualquier

injerencia solo sería causante de injusticias e infelicidad, Consecuente-

mente, lo mejor que podría hacer el Estado sería velar por el manteni-

miento (previa creación legislativa) de las condiciones de competencia

perfecta dentro del mercado, y penalizar los comportamientos que intenten competir fuera de ese juego reglado, introduciendo ineficiencia e injusticia en la sociedad.

La idea de la eficiencia del mercado, ampliamente difundida hoy, es

una derivación de la noción de «orden natural» que se introdujo en la

economía política a mediados del siglo xv111, de la mano de Quesnay (Harcourt, 2011, pp. 26, 78). Su evolución se debe a avatares históricos, a la comprobación en el siglo xIx de que el mercado necesitaba algún tipo de regulación y a sensibilidades culturales como que, por ejemplo,

en una sociedad en la que la ciencia ocupa un papel importante, los

discursos necesiten legitimarse mediante un lenguaje más técnico. La introducción de la noción de orden natural fue fundamental en la transformación de las funciones policiales, que pasaron de tener un carácter civil relacionado con funciones mercantiles a uno penal, fuera del (es mercado, orientadas hacia quienes no entraban en ese orden natural

decir, hacia el desorden)”. Así mismo, al definir como natural la distribu-

ción que opera la economía, se despolitiza —aunque esta «naturalidad»

esté construida y protegida por el Estado (Harcourt, 2011, p. 32)-. Por

ha sufrido ejemplo, esto ayuda a entender cómo el discurso de la pobreza una asombrosa despolitización en las décadas recientes, en el que es di-

fícil encontrar argumentos sobre el poder y la desigualdad. Katz (1989, p. sociedades 7) llama la atención sobre este punto, y recuerda que, en las contemporáneas, en la que abundan recursos, no se trata de un problema de escasez, sino de distribución. De opinión contraria a esta fueron Mer-

cier y los fisiócratas, para quienes la desigualdad era natural e inevitable,

y quienes eran favorables al despotismo legal del rey en política, El ámbito

de la política era, por supuesto, distinto al del mercado, ya que este se

siado ente Un resumen, probablemente dema 21 La exposición que sigue es forzosam En su libro se pueden umentación de este autor. esalió Bentham, etc.arg la de o, icad stif inju e somero las fuentes de los autores originales «QUeay bp nes y de la evolución de sus ideas. y el detalle de sus argumentaciothwa ite, 2003, pp. 9-11; Garland, 2001, pp- 30-32. 22 Ver Harcourt, 201 RA 27, Brai

49

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o Neoliberalismo y castig

«al. Así, se definía que la acción del soberano tenía que regía por lo natu: le

fir. os, y de implacab ser de no intromisión en los asuntos económic meza en los demás asuntos. Tras las influyentes obras de Beccaria y de Bentham, la criminaliza-

|

ción y el castigo se convirtieron en las tareas más legítimas del gobierno

para la filosofía política liberal. Aquí se comienza a perfilar el vínculo

poentre el mercado y el sistema penal, justificándolo desde la filosofía lítica. Más adelante intentaré mostrar cómo se concreta este vínculo en la España contemporánea. Baste señalar por ahora que esta concepción de la penalidad explica por qué en el neoliberalismo (a estas alturas de la exposición, aún liberalismo), comparativamente, tiende a reforzarse más la acción punitiva que la asociada con políticas sociales redistributivas: es el área donde la acción estatal se considera más necesaria y le-

gítima (Harcourt, 2001, pp. 37,45). Así se sentaron las bases de la intervención estatal en el liberalismo

clásico. Más de cien años más tarde, principalmente a través de algunos economistas de la Escuela de Chicago, algunas de estas ideas se actualizaron de acuerdo con la situación política y a los códigos culturales contemporáneos, y en base a las experiencias históricas (que se plasman, sobre todo, en la conciencia de la necesidad de que el Estado intervenga,

de alguna manera, en el mercado”). Así, por ejemplo, Coase actualiza con un lenguaje matemático la vieja idea del orden natural, a la par que Hayek utilizaba la noción del «orden espontáneo» (que es el que surge cuando miles de voluntades libres e individuales buscan maximizar su

bienestar) para argumentar básicamente lo mismo que defendían quienes antaño utilizaban la idea de «orden natural». Posteriormente, Posner y Becker ayudan a definir la delincuencia como algo que es malo porque

es ineficiente (Harcourt, 2011, pp. 126, 130, 132, 139). Con el tiempo, entonces, se reformula la cuestión del mercado.

Paralelamente a un discurso, que de hecho fue hegemónico (0 si Se quiere, paradigmático), que definía el mercado como fuente de desigualdades, y justificaba la acción estatal para reducir algunas de las

injusticias que aquél introducía en la sociedad, se redefine el orden natural como eficiencia del mercado, El término «eficiencia» tiene el

efecto de despolitizar la existencia de desigualdades, ya que las reduce a un problema técnico (generalmente en un lenguaje económico y con

fórmulas matemáticas que lo «demuestran»). 23 Ver Polanyi, [1944], pp. 203-209.

50

cl Escaneado con CamScanner

1. La penalidad neoliberal

En estos términos es en los que se defendía que en cómo y con qué lenguaje se plantea un problema, muchas veces van implícitas sus soluciones. En definitiva, «el lenguaje del “orden natural' ha sido reemplazado por una teoría de la eficiencia del mercado más técnica y científica, pero el paralelismo con los primeros fisiócratas es llamativo» (Harcourt, 2011,

p. 149). Paralelamente, por oposición, se define como la tarea legítima del Estado su intervención punitiva, en tanto que defiende el funcionamiento del mercado. Así es posible entender que el paradigma neoliberal no tenga problemas irreparables con la intervención estatal en materia penal, ya que esta está orientada precisamente a preservar, o incluso producir, las con-

diciones apropiadas para el funcionamiento del mercado (fomentando el respeto por una legalidad que se sustenta en la propiedad privada y que permite cierta seguridad en las inversiones, por un lado, y persiguiendo a quienes intentan ganarse la vida fuera del mercado, por otro). Esto marca una diferencia fundamental con respecto a la política social, tradicionalmente orientada a intervenir en la distribución que opera el mercado (y que, como se verá, en el neoliberalismo tiende a reconfigurarse notablemente con una orientación hacia la remercantilización de los derechos sociales). En el siguiente capítulo se ahondará un poco en esta idea, y se intentará argumentar que esta visión del mercado y del Estado hunde sus raíces en una concepción utilitarista del individuo (nada ingenua políticamente y que favorece los intereses de unas clases sobre otras) que tiende a sacralizar el mercado como un espacio donde se produce riqueza y justicia y la intervención estatal (en el mercado, pero no necesariamente en sus márgenes) como algo profano, que introduce ineficiencia y que es pertinente mantener separada del mercado.

Estrategia metodológica Estudiar el neoliberalismo no es una tarea fácil, especialmente si se le

quiere dar un carácter explicativo (Peck, 2013), Al respecto, se ha seña-

lado que puede ser útil en las primeras aproximaciones a un problema, pero que se puede terminar volviendo contraproducente a la larga mo (O'Malley, 2015). Hay, al menos, dos motivos para esto: el neoliberalis

no se encuentra nunca en su forma pura, sino que siempre se encuentra en estado de hibridación (Peck, 2013, pp. 139-141; Bell, 2011, p. 8); y

puede ser un concepto muy abstracto.

51

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o Neoliberalismo y castig

Con respecto al primero, en esta investigación solo se estudia la influencia de las ideas neoliberales en el desarrollo de las políticas py.

blicas, por lo que no se realiza un análisis detallado de todas las tensio-

nes y solapamientos con otros paradigmas. Con respecto al segundo

problema, el de la abstracción, se ha intentado una solución parcial. A

nivel conceptual, se ha intentado hablar más de políticas neoliberales

que de neoliberalismo. Puede parecer lo mismo, pero se espera que sirva

para concretar algo. A nivel empírico, se ha buscado el desarrollo de las políticas neoliberales en tres instituciones (mercado laboral, estado so-

cial, sistema penal). Se parte de la idea durkheimiana de que las instituciones son «formas sociales cristalizadas» y de que, por lo tanto, es posible ver en ella dinámicas más amplias (Dubois, 2012, p. 5). En concreto, se espera ver el reflejo del paradigma de políticas neoliberal

en las dinámicas institucionales y en su forma de organización. También, así, se espera mostrar las relaciones que existen entre las distintas

instituciones, pero sin olvidar la autonomía relativa de la que disfrutan. Aunque aquí se haya desarrollado de una forma que es mejorable, creo que es fundamental no explicar la evolución del sistema penal haciendo referencia solo a desarrollos del propio sistema penal (y también evitar reducir el sistema penal a un reflejo en los cambios en la esfera

económica, por ejemplo). Fijarse en las prácticas concretas tiene la ventaja de que reflejan valores sociales y cierta lógica de lo social, de lo colectivo. No obstante, no hay que olvidar que el neoliberalismo tiene varias caras o dimensiones, de las cuales las políticas son una (Mudge, 2008). Lo fundamental es entender el neoliberalismo como un principio rector, con una comprensión determinada de cómo funciona y se entiende la sociedad (p. ej. individuos, desigualdad como motor de lo social, el mercado como dinamizador y justo competidor, etc.). El neoliberalismo no se encuentra en ningún sitio

$u-04a. forma total, de monopolio en la determinación de las políticas,

sino que siempre se encuentra mezclado con otros paradigmas (el ejem-

plo más claro en buena parte de Europa es el keynesianismo; en España

y otros países hay que sumarle, al menos, los legados de las dictaduras). Es decir, el neoliberalismo es un elemento variable, La implementación de las políticas neoliberales se entiende mejor

o

el a

63 dei e SN , 44),o Así q enY ncionamient despliegue elbrmas tome principiospin de esos dis y la puesta intas según el país o la estructura política, económica, social, 52

Escaneado con CamScanner

]

ls

) epalibat

ALDANA

etc, Las prácticas varían por países, y su concreción puede variar en la forma que toma, pero el principio que las inspira es lo que las hacer ser

comunes, Esta tensión entre la especificidad nacional de cada materia lización de las ideas neoliberales y su rasgo marcadamente internacional (influencia de las ideas, creación de organismos supranacionales, artí culación internacional de los sistemas productivos, movimientos trans fronterizos de capitales) invitan a desarrollar más de lo que se hace acyul las relaciones entre, en el caso español, el campo burocrático europe y el nacional”, que actúa como una suerte de prisma (Page, 2013, p.154/. Por otro lado, cualquier política pública tiene, al menos, dos aspectos, Uno relacionado con las formulaciones, los principios y los conceptos que

dan forma y orientan la acción. El otro lo forman las personas encargadas

de llevarlas a cabo, quienes interpretan y adaptan los púncipios y las normativas de las políticas en base a sus visiones e intereses (Serrano y Arriba, 1998, p. 45). El Enfasis en la idea de paradigma y en la reorganízación institucional ha tenido como consecuencia un nivel de análisis en el que muy probablemente las personas y su capacidad de actuación estén poco presentes a lo largo del libro”, No es un tema sín importancia, ya que, especialmente en el sistema penal, es relevante estudiar el modo en que las personas desarrollan unos principios organizadores, Las contradicciones entre ambos aspectos son una importante fuente de dínámicas institucionales (Peck, 2001, p.15). Por ejemplo, algunos trabajos

etnográficos han recogido, las tensiones y contradicciones que viven en-

tre ayudar y controlar a los beneficiarios de las ayudas sociales (Serrano

y Arriba, 1998, p. 328).

En prisiones, por ejemplo, desde la llegada de Mercedes Gallizo a

la dirección de las instituciones penitenciarias se produjo un impulso

24 El «campo burocrático» es un concepto introducido por Bourdieu para evitar representar al Estado como una herramienta de poder al servicio de la clase do-

minante, Este concepto se usa para enfatizar la existencia de un espacio de luchas

a y disputas en el que distintos grupos y lógicas compiten por el poder asociado mente legítima la capacidad de usar los medios legítimos existentes para ejercer pp. 289-290) violencia física y simbólica (ver Bourdieu, 2012; Wacquant, 2009,

proba25 Por cómo se ha planteado y desarrollado la investigación también es muy Schiller, y n (Wimme gico» ble que acuse un marcado «nacionalismo metodoló Europea 2002; Chernilo, 2003), aunque sí se quiere reivindicar aquí que la Unión y no lización, es un importante productor legal y cultural del proceso de neolibera

una mera manifestación de este. mucho énfa26 Ejemplos muy buenos de un análisis institucional en el que se ponede etnografías, sis en las instituciones y en las interacciones, analizado a través son Dubois, [1999] y Fassin el al, 2015,

53

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3%

N Y castig Neoliberalismo ;

r esocializadora (Cabrera, 2011, p. 53), no Obstante lo de la actividad

sindicatos mayoritarios de funcionarios de prisiones organizaron dive. En Contra de esta reorientación, argumentand sas manifestaciones los presos que a ellos, o que estaba intentando convergiy trataba mejor a no solo las cárceles en colegios y hospitales. Ella misma reconoce que se encontró la resistencia de la burocracia, sino también de las personas (Gallizo, 2013, p. 25), y el impulso que le intentó dar a una Política enitenciaria más propia del keynesianismo muestra que el único desarrollo posible en las políticas penales no es hacia más neoliberalismo (ya se discutirá más adelante, con los módulos terapéuticos, que la forma concreta que toman los principios puede incorporar elementos de más

de un paradigma). Aun así, conviene reservar al aspecto de las formulaciones de la

política y a su disposición normativa y legal un papel preeminente sobre la acción de los individuos. Es decir, tienen un margen de actuación, pero generalmente limitado, más basado en los vacíos e interpretaciones

de los reglamentos que en una afrenta directa al sistema en el que de-

sarrollan sus actividades. Hay que recordar que existen medidas disciplinarias contra los trabajadores (entre ellas, las derivadas de la precarización del empleo, como se verá). Si bien esto puede que excluya que este libro analice los procesos de adopción, he intentado articular una cadena entre las ideas o los principios neoliberales, las articulaciones, disposiciones y temporalidad de las leyes, y sus efectos en las reconfiguraciones de las prácticas del mercado laboral, de las políticas

sociales y del sistema penal. Consecuentemente, he intentado señalar cómo ha influido directamente en los recursos de los que disponen los

ciudadanos, en la construcción social de los sujetos y la ciudadanía y en su percepción del funcionamiento de la sociedad y del Estado. La se-

cuencia, como se puede observar, va de arriba hacia abajo, como indica

el marco teórico,

Las instituciones punitivas solo se pueden comprender si se atiende a SU

evolución histórica y al conjunto institucional en el que surgen y pr

desarrollan (Melossi, 2001, p. 405). Estudiar en detalle un caso se ha

señalado como especialmente relevante cuando nos encontramos Con situaciciones paradóji Siicas (como ser de los países más punitivo ¡ti s a pesa! de tener poca delincu encía y de escasa gravedad) y se requiere un nor5 prensión general, que difícilmente se puede resumir en relaciones simple fo.

y bien definidas

.

;

5

(Stake, [1995], p. 16). Para ello, y entendiendo que el

54

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1. La penalidad neoliberal

desarrollo y la implementación de políticas que están transformando profundamente la intervención estatal legítima, tanto en sus áreas

como en sus formas, se ha establecido un período temporal de medio plazo, que va aproximadamente desde la formalización de la demo-

cracia hasta la aceptación de la crisis (unos cuarenta años, de 1978 a

2008). La crisis, por motivos más desarrollados en el epílogo, se ha dejado fuera del grueso del estudio, pues aún es pronto para el tipo de aproximación que se ha escogido aquí. Es evidente que la demostración de causalidad en ciencias sociales

es problemática, si es que es posible. Por ello, y aunque en el fondo solo resuelvo el problema de forma relativa, he tratado de identificar en la

expansión del aparato penal influencias y características neoliberales, y

sugerir cómo han podido influir y en qué sentido. He intentado hacerlo en el tipo de organización de las cárceles, en las visiones culturales que dan sentido a algunos cambios penales, con correlaciones de datos agregados entre dinámicas sociales generadas en lo laboral y asistencial y en términos de filosofía política. A esto he sumado la exposición histórica del desarrollo de dichas políticas, pues la implantación del neoliberalismo en España ha sido, y es, paulatina y secuencial. Así he intentado dotar de un hilo conductor que ayude a establecer la causalidad, a riesgo de que parezca que todo estaba demasiado claro, clara consecuencia de

una escritura teleológica desde el presente.

Muy relacionado con las decisiones metodológicas, y no importa

insistir en ello, se encuentra la disponibilidad de datos. Es momento para recordar que la mayoría de los datos cuantitativos relacionados con el sistema penal se generan en condiciones de opacidad y sin capacidad de control por parte del investigador y, además, su difusión es claramente insuficiente. Nos encontramos en un punto en el que merecería la pena

una discusión seria sobre si es posible realizar algún tipo de investigación científica sobre el sistema penal en España con datos oficiales.

La investigación que se ha planteado aquí, en definitiva, es algo

modesta. Por ahora me he tenido que conformar con una aproximación parcial y general que entiende la implantación de políticas neoliberales como un proceso abierto, aunque espero haber desarrollado algunas influencias concretas en el sistema penal. Esta aproximación es mejorable con estudios más concretos sobre algunos puntos y que reflejen

las otras lógicas aquí generalmente omitidas. De momento, me con-

formo con aportar un argumento a favor del estudio complejo del cas-

tigo que huya de explicaciones simples. 55

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2.

El individualismo utilitarista:

sujetos racionales y estado profano

Con este capítulo comienza propiamente la parte de análisis. Una vez construida la penalidad como una institución social que es preciso estudiar de manera compleja y abierta a influencias amplias y una vez definido qué se entenderá en este trabajo por neoliberalismo, pasa a estudiarse el proceso de neoliberalización de la penalidad. Como se ha visto en la definición del neoliberalismo, se trata sobre todo de una

transformación estatal. Para ello, y siguiendo el marco teórico, los siguientes capítulos prestarán atención a las cuatro áreas destacadas: el mercado laboral, la política social, el sistema penal y, en este capítulo, la

importante cuestión del individualismo. Su influencia es fundamental

porque orienta la comprensión de cuál debería ser el papel del Estado y cuál es la manera más adecuada de articular las políticas públicas. Además, aquí es un capítulo algo diferente porque no se centra en la transformación de unas políticas concretas, sino que aparece como ejemplo, importante, de influencia de aspectos culturales (aunque la distinción entre acción estatal y valores culturales no aparezca clara y neta en

este marco teórico, como se verá).

A pesar de ello, al intentar desarrollar el marco teórico adoptado,

uno se encuentra que no aparece una definición expresa del indivi-

dualismo en los trabajos de Wacquant, siendo uno de los aspectos

menos desarrollados, a pesar de que parece tener una importancia fundamental. Esto es particularmente problemático, ya que el individualismo es un concepto marcadamente polisémico, y por eso siempre 57

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Neoliberalismo y castigo

es necesario especificar a qué tipo se refiere uno ( Político, ECON Ómic

religioso, ético, etc.) y, preferiblemente, a qué au tor/a (no e ntiend en lo mismo Durkheim, Elias o Beck, por poner algunos eje mpl Os)

0,

(Lukes, 1973; Zabludovsky Kuper, 2013).

En general, en su obra creo que hace referencia al bal

ance

de

res.

ponsabilidades para la explicación de problemas sociale 5, que habría

oscilado desde una interpretación de la situación en la que la sociedad es responsable de proporcionar oportunidades a las personas comprensión que parte de que es el individuo el que tiene la cu , 4 Una lpa O el mérito de lo que le pase, y que eso lo hace más responsable de sus actos”. Como se'ha explicado en el capítulo anterior, una vez que se ha cons-

truido el mercado como ese lugar en el que el individuo puede ejercer y desarrollar su libertad sin injerencias estatales, las situaciones individuales son un reflejo de los méritos y de la rectitud moral de cada uno, Esta comprensión de qué es el mercado estaba, a su vez, ligada a un a CONCepción muy particular del ser humano. No obs tante, merece la pena detenerse un poco en esto para entender

mejor las transformaciones

institucionales que se señalan en los siguientes capítulo s.

El individualismo utilitarista El individualismo con el que se justifica y que fomenta el neolibera-

lismo es el que habitualmente se conoce como utili tarista. Tiene muchas continuidades con lo que hace unas décadas se resucitó como

actor racional, y a veces también aparece referenciado como homo economicus. Más allá de algunos matices, las distinta s caracterizaciones suelen expresar el vínculo que tiene con quienes los ponen en circula-

ción y defienden. Así, la corriente filosófica inglesa conocida como utilitarismo ponía en el centro a una conc epción del ser humano cuyo motivo principal era maximizar el placer y reducir el dolor. Con el auge

:

;

CA modelnsabl os puros nj se sugiere que durante algunas décadas no se hicies e 4 la g ente respo e de sus

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2. El individualismo utilitarista

del neoliberalismo este sujeto se recuperó y se rebautizó de acuerdo a la

disciplina de conocimiento imperante, la economía. Entonces se asumía que los sujetos actúan fundamentalmente motivados por un cálculo de costes-beneficios (generalmente en torno a unos valores imputados externamente por el investigador, que solía ser economista). En la Criminología esto vino dado fundamentalmente por el trabajo de Gary Becker y fue luego reintroducido en las teorías criminológicas para explicar el comportamiento delictivo sin necesidad de recurrir a cuestiones sociales

o que no tuviesen cabida en el individualismo metodológico. Uno de los resultados ha sido el auge de explicaciones del funcionamiento de lo social (o de lo individual, una vez que se niega la importancia de aquél)

que asumen que las personas actúan como si fuesen racionales, aunque en la práctica el «como si» tiende a ser sustituido por «son». Esta desconex-

tualización y deshistorización de las personas ha llegado al punto de que hay sectores dentro del neoliberalismo que niegan la existencia de la sociedad y la reducen a un agregado de individuos (la famosa declaración de Thatcher decía que «No existe algo como la sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias») (Zafirovski, 2000, pp. 556-557; McKinnon, 2010, p. 442; Marqués Perales, 2017, p. 95).

Esta situación es recurrente y está vinculada generalmente a cambios

en cuestiones políticas, más que a la evolución de debates internos de las disciplinas, habida cuenta de que muchas veces se trata de asuncio-

nes indemostrables que tanto en un caso como en otro dependen del posicionamiento de quien investiga. No obstante, creo que es interesante

recuperar muy brevemente la disputa en torno al individualismo en la que se vio envuelto Émile Durkheim, pues sirve para subrayar dos cosas: que hay muchos tipos de individualismos (y que incluso se puede defender un individualismo que no se base en una concepción egoísta)

y que se pueden trazar los orígenes y las condiciones de posibilidad de los tipos de individualismos”, Además, me permitirá introducir la idea

de religión de Durkheim y explorar su utilidad para entender algo tan sutil y complejo como la influencia que puede tener determinada con-

cepción del individuo en cuál se entiende que debe ser el papel del Estado y cómo se deben articular las políticas públicas. son un proDurkheim (1893], p. 351) defiende que los individuos

ducto de la sociedad, y no la sociedad un producto de los individuos. individualismo, 28 Al señalar los orígenes y las condiciones de posibilidad del

Durkheim ([1898], p. 287) muestra que es un producto social,

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stigo Neoliberalismo y ca

No existe un individuo con unos intereses cua esquiera previos ceso social, aunque sea por una cuestión tan

al pro-

básica cOmO que para Qui

uno llegue a percibirse como sujeto, como «yo», pe

ed un lenguaje

que le permita pensarse; y el lenguaje es ya un producto social. Todo

esto sin llegar a tener ni siquiera en cuenta que el proceso de Autopercepción se genera a través de dinámicas sociales, en las que los juegos simbólicos son fundamentales (Mead, 11934], p. 144 y ss). Todo este

pone en cuestión cualquier representación del individuo como una entidad autónoma y suficiente en sí misma (lo que algunos han Caracte-

rizado como homo clausus) (Elias, [1970], pp. 141-144).

Además, la crítica no es solo que se asume la existencia de individuos al margen de un proceso social, sino que además ese individuo, que se presenta como el origen de todo lo social, ya viene con unas motivaciones y visiones morales que se parecen mucho a las asunciones asociadas al utilitarismo inglés. Como ya señaló Karl Marx en su día, este tipo de

«individuo natural» que se presenta en las construcciones filosóficas y económicas se parece sospechosamente al burgués británico que se forja

alo largo de los siglos xv1 y XvI1. Así, se produce una naturalización del burgués (un sujeto movido por el propio interés, dado al cálculo racional, que prima sus necesidades individuales a las colectivas, que se presenta como libre y despegado de las constricciones del contexto). Esta extensión de la condición y forma de pensar específica de la burguesía

aparece así como natural, y sus intereses específicos de clase pasan a

tomarse como los intereses generales de toda la sociedad (Marx, [1903],

p- 132-133). Así, Durkheim, y Marx, historizan la aparición de cierta

concepción del individuo que autores como Spencer, representante en

la sociología del siglo x1x de las aproximaciones

utilitaristas, no

problematiza, y que se le aparece como el punto de partida. Dicho de

otra manera, para explicar la existencia y el funcionamiento de la sociedad el utilitarismo (del que bebe el neoliberalismo) utiliza como elemento explicativo precisamente aquello que necesita ser explicado. Otro aspecto en disputa entre Durkheim y Spencer era la idea, co-

eme desee dano os quer

or a las versiones actuales, de que la mejor forma de garantizar el

necesidades y Dotibilldados - de voluntades libres (de nuevo, con

idades no contextualizadas ni explicadas soci

a

relación .

CREO Como la mejor y nde primitiva Apo al Ae fue pel discutida por Durkheim, quien señaló todos los ele 29 contractuales que estaban presentes en el contrato. Entré

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2. El individualismo utilitarista

ellos, las expectativas de que se cumpliesen, que los precedían y que tenían un origen social, generalmente basadas en unos valores e ideas

compartidos (y en la amenaza de sanciones, habría que añadir, como se

verá especialmente para las transformaciones en política social). Por ello Durkheim defendía que lo que permitía las interacciones y la convivencia entre la gente no eran los contratos, y que más bien los contratos podían existir gracias a la existencia previa de estas relaciones sociales

(Durkheim, [1893], pp. 211-216; Lukes y Scull, 2013, pp. 178-179).

Con el paso del tiempo, y fundamentalmente a través de un debate político posterior en torno al caso Dreyfus, Durkheim publicó un

pequeño artículo en el que precisamente defendía el individualismo

como un elemento cohesionador. En él introdujo la noción de «individualismo moral» para referirse a un conjunto de prácticas y creencias

compartidas por buena parte de la sociedad en torno a la dignidad y centralidad del individuo pero que, lejos de erosionar la sociedad, la sustentan. En este sentido, y en un período de transición conceptual entre la conciencia colectiva y las representaciones colectivas, encajaba

con su definición de religión, y le permitía hablar de un «culto al individuo» (Durkheim, [1893], p. 173; [1898], pp. 290-291; Lukes y Scull,

2013, p. 2). Así, además, daba una respuesta a una paradoja que otros

autores no resolvían, y que consistía en un proceso histórico en el que se daban dos tendencias a la vez: más Estado y más individualismo (algo que choca con el juego de suma cero que parece plantear el utilitarismo, y hoy día el neoliberalismo).

El objetivo de lo que sigue es ver hasta qué punto su noción del culto

al individuo puede funcionar como fundamento de una religión en el sentido durkheimiano, lo que conlleva ciertas prácticas y creencias que ayudan a la gente a interpretar y comprender el mundo de una manera determinada. Dentro del neoliberalismo se trataría de un culto al individuo utilitarista. Por ejemplo, con consecuencias en la interpretación de la

situación de desempleo como un fallo individual, o en dar por hecho que la gestión pública es más eficiente que la privada. Al hacer esto, puede surgir también el interés de ver si este culto a un individuo economicista contribuye a mantener cohesionada una sociedad con una alta división

(no solo del trabajo, sino también en términos de desigualdad, étnica, etc.) y, a su vez, qué importancia cobra el sistema de castigos.

Así las cosas, en este trabajo se ha interpretado que la impor ancla del individualismo no radica como variable independiente que ejerce un

61

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Neoliberalismo y castigo

efecto medible y cuantificable sobre la política crimina]>

, sino

que

Su

importancia se encuentra en proveer formas de ver y en ciedad, dotando de un marco interpretativo que tiende a ver la distri.

bución económica, el funcionamiento de la política o la aplicación de

la ley en términos individuales. Estas formas de clasificación hacen

comprensibles las relaciones a partir de unos conceptos fundamentales 29

Existe una corrie

nte muy respetable que intenta identificar y cuantificar vidualismo, cuyos principales exponentes son los trabajos de Hoffstede el indj(1980), Inglehart ([1997]; [2005]), Triandis (1995) y Schwartz (1992). Tras diversas

consideraciones relacionadas con el enfoque y los objetivos de este trabajo, se descar

tó esta línea. El justamente criticado trabajo de Hoffstede (ver McSwe

eney, 2002) concibe el individualismo como algo opuesto a la acepta ción de la desigualdad social (Gouveia y Ros, 2000, p. 26), algo claramente incompatible con lo que dice Wacquant. El estudio de los valores postmaterial istas de Inglehart (el cual cuenta con mayor tradición en España que el resto de autores. Ver,

entre muchos ejemplos, Díez Nicolás, 2011; Andrés Orizo, 1996; a Serrano Maíllo, 2016, para aplicaciones más criminológicas) termina definiendo el indi-

vidualismo más como valores de autoafirmación frente a lo colectivo que con nada relacionado con la atribución de responsabilidades (Inglehart y Welzel, [2005], pp. 182-185). Si bien el trabajo de Triandis se acerca más a lo aquí ex-

puesto, no termina de ser lo mismo, y se ha señalado su pertinencia para medir el individualismo a nivel individual, no agregado (Gouveia, 2001, p. 123). La noción de Schwartz sí parece aproximarse al significado que Wacquant le da al individualismo, y todo apunta a que está más relacionado con la riquez a y el Estado del Bienestar que otras aproximaciones (Gouveia y Ros, 2000, p. 31), particu larmente al hacer énfasis en la benevolencia, el universalism o, el logro y el poder (Schwartz, 2001, p. 74; 20064, p. 8, 11).

Si bien existen estos problemas en la definición del neoliberalismo,y su ajus-

te teórico con la dimensión que es importante para la hipótesis, existía blema mayor, referido a la disponibilidad de los datos. En concreto unconpro” la aproximación de Schwartz, se ha realizado con muestr as de estudiantes, lo cual supone problemas para la generalización, por mucho que registre difere ncias en-

tre los países (Oyserman, Coon y Kemmelmeier, 2002, p. 41; Green, Deschamps

y Páez, 2005, p. 335). La medición de Inglehart es la que cuenta con mayores muestras para mayor número de países, pero su frecuencia aproximadamente quinquenal deja pocos puntos de medición a partir de los cuales elaborar análisis

estadísticos longitudinales que puedan ser signif icativos. h La medición de valores culturales propuesta por Schwartz es la que se há adoptado en la Encuesta Social Europea, y por lo tanto sí existe n datos a España desde 2000. No obstante, se ha estimado aquí que la temporalidad ¡a

muy corta para observar cambios culturales sustantivos y, por otro lado, que poco sirve sacar conclusiones con datos que empiezan en 2000 ya peli dentro de este marco teórico, sería imposible discernir si los niveles que, de individU lismo serían consecuencia de la implantación de polític as neoliberales o causa las mismas. No obstante, se puede consultar el uso de los datos proporciona por esta encuesta para cuestiones relacionadas con las actitudes punitivas en rona, 2013 y Serrano Maíllo , 2016.

. » eS ls

62

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2. El individualismo utilitarista

(un individuo racional y descontextualizado o las decisiones de estos como resultado de su libertad de elección, entre otros) que se aplican a

otras cosas (recibe ayudas porque le compensa más que trabajar, delinque porque esperaba obtener beneficios). Estas ideas conllevan una significación moral del entorno, y no es lo mismo explicar la desigualdad por el funcionamiento de la meritocracia que por la explotación del trabajo y la apropiación legal de recursos comunes. Por el enfoque adoptado en el libro, se va a desarrollar esta idea como principios de

visión y entendimiento de las acciones estatales, y de cómo deberían orientarse, dónde poner sus límites, y no se defiende, como parece hacer Durkheim, que estas visiones se correspondan a todos los miem-

bros de la sociedad. En este caso, y siguiendo un marco teórico que señala que se trata de un proceso que va de arriba abajo (y no de abajo arriba, como tienden a sugerir las explicaciones que dan importancia a aspectos culturales) es especialmente importante que los

políticos y los agentes del campo burocrático encargados de diseñar e introducir las políticas tiendan a moverse dentro de este paradigma. Y eso no excluye, como claramente señala la noción del poder simbólico, que no sea compartido por las clases bajas o por las personas ajenas al campo burocrático.

Las formas elementales de la vida neoliberal La idea que se intenta explorar en este capítulo, a modo de entender mejor los efectos de un individualismo utilitarista en la centralidad del

mercado y el papel del Estado dentro del paradigma neoliberal, es la de ver el neoliberalismo como una religión en los términos en los que Durkheim ([1912], pp. 277, 473) la definía: «un conjunto de ritos y creencias» que ayudan «expresar el mundo» a los miembros de una sociedad,

y que les ayuda a que se representen «la sociedad de la cual son miembros y las relaciones (...) que mantienen con ésta». Además, goza de una autoridad especial que hace que no hablemos meramente de prácticas y creencias, sino que sobrepasan al individuo, y por eso mismo no son reducibles a acciones individuales (Durkheim, [1898], p. 293). Di-

cho de otra manera, las religiones, así entendidas, ayudan a la gente a dar sentido a su experiencia, a interpretarla dentro de unos parámetros, y a orientar buena parte de sus acciones. Una de las ideas sobre la que se volverá será la capacidad de las religiones para establecer formas de 63

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Neoliberalismo y castigo

clasificación de todo lo social (dicho de otra manera, de y Aloración y jerarquización) (Durkheim y Mauss, [1901-1902], p. 30), Por

ejemplo, la meritocracia es un sistema complejo de ASUNCIONES

sobre el funcionamiento de la vida social que lleva a explicar las distin. tas posiciones sociales (y la desigualdad que conlleva) como el resultado

de los esfuerzos y logros individuales. En este sistema de Creencias, la

estructura social es abierta y se puede recorrer en lo que dura una biografía; la remuneración de los trabajos reconoce la contribución

social de las personas; el esfuerzo individual cobra más importancia que la familia de procedencia, etc." Poco importa aquí que la meritocracia sea en realidad más prescriptiva que descriptiva, y que algo que

se debería de entender como normativo se tome como un relato cierto del funcionamiento de la sociedad. Lo que importa ahora es que son un conjunto de ideas con las que la gente tiende a entender y explicarse muchos de sus avatares; consiste en unos principios de visión y comprensión que ayudan a ver el mundo de acuerdo a unas formas de clasificación que tienen una gran fuerza moral y una naturaleza religiosa, y que organizan y clasifican la sociedad*": conseguir un trabajo, perderlo, comprar una casa, ganar más dinero que el vecino, conseguir becas, conseguir estabilidad laboral, etc. Ofrece un sentido en el que el indi-

viduo y su esfuerzo están en el centro de las explicaciones, y le permite

sentir que las cosas pueden depender de sí mismo.

Más allá de algunos ejemplos sobre los que se volverá, la idea aquí es compartir con Durkheim su idea de que el culto al individuo podría ser

la base para una «religión civil» de nuestros tiempos. Lo que planteo es que el tipo de individuo

sobre el que se ha construido ese sistema de ritos y creencias en el neoliberalismo no se asemeja a la concepción que defendía Durkheim, sino que es mucho más parecido al de Spencer. La el tencia de prácticas y visiones que sostienen esta concepción del individuo

como átomo social no se limitan a las visiones de la economía, sino qUe

tienden a conformar una cosmovisión que se expande a múltiples áreas

de la vida. Por ejemplo, la democracia representativa que concibe el voto 30 ca exposición clás ica de esta corriente es David y Moore, 1945 stemática, también . Para una 7 clásica, ver Tumin, 3 1953 e

.

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64

awls, 2004, p. 25 ).

dl

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2. El individualismo utilitarista

individual como la garantía de una expresión igualitaria de las opiniones políticas comparte y refuerza esta visión del individuo y su acción como la base de la política y la sociedad (Lukes, 1973, pp. 79-80); o, se volverá

sobre esto, un Derecho penal sustentado en la atribución de culpa (causalidad) a individuos ayuda a percibir los procesos sociales como conse-

cuencias directas de tomas de decisión individuales. Para la propuesta analítica de este capítulo —pensar el neoliberalismo como una religión durkheimiana fruto de la sacralización del individuo utilitarista— y para el objeto en el que se centra —la intervención estatal-, es necesario explicar que Durkheim ([1912], p. 94) señalaba que lo ca-

racterístico de todo fenómeno religioso era la división entre lo sagrado y lo profano. Se explorará la idea de que la relación que el neoliberalismo

prescribe entre el mercado y el Estado se puede entender haciendo referencia a estas nociones.

Lo sagrado hace referencia a aquello de lo que una sociedad obtiene su fuerza moral y que se considera que requiere protección. Es la forma

de clasificación más básica, a partir de la cual se clasifican las demás cosas, y es en sí misma social —es decir, no hay cosas intrínsecamente

sagradas. Por el contrario, lo profano es aquello que se busca mantener separado de lo sagrado, aquello sobre lo que se aplican las prohibiciones con el fin de que no mancille lo que se tiene por sagrado (Durkheim, [1912], pp. 94, 265; Rawls, 2004, pp. 108-109). Consecuentemente, según Durkheim, la relación entre lo sagrado y loprofano es de total separación, si bien es complementaria y ambas, con esa clasificación,

son capaces de dar cuenta de prácticamente todos los fenómenos. Lo profano no debe tocar lo sagrado para evitar contaminación. Cuando un conjunto de cosas sagradas (el individuo, la propiedad, los contratos)

guardan relaciones unitarias de relación y subordinación, Durkheim señala que se puede hablar de religión.

El individuo sagrado y el mercado como santuario

Para el neoliberalismo el individuo utilitarista se torna algo sagrado, el fundamento de la sociedad y en torno a lo que ha de girar la vida social, El hecho de que las sociedades se hayan secularizado no quiere decir que no haya cosas sagradas, ni que hayan dejado de ser importantes. No

obstante, Durkheim ([1950], p. 119) señala que el individuo, de por sí,

pertenece al mundo profano, y esto ayuda a mostrar cierta ambigiedad 65

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Neoliberalismo y ashigo

en | a

ueve concepción utilitarista del individuo. Si bien en esta se prom

lo es en tanto individuo Per se como un respeto hacia el individuo, no

asume que podría sugerir el individualismo moral=, sino en tanto que se

respetando las inclinaciones más o menos nobles de las personas se

consigue el bien mayor. Es decir, este respeto hacia el individuo aparece asimismo instrumentalizado como una forma eficiente de organización

social, y es lo que justifica que se consienta la desigualdad y no moleste

que un individuo sufra, cosa que sería indignante en el individualismo

moral, en el que se fomenta un hondo respeto por lo relacionado con

las personas (Durkheim, [1898], p. 291).

Al nivel en el que se mueve esta investigación, es importante tener

en cuenta que esta clasificación entre sagrado y profano afecta también

a las instituciones y que, por lo tanto, es posible hablar de instituciones sagradas y profanas (Smith, 2008, p. 24). Por ello se propone

aquí analizar el Mercado como una institución sagrada, tomada como el espacio en el que los individuos pueden ejercer su libertad, y el Estado como una institución profana, a la que el neoliberalismo

proscribe su contacto con el Mercado. La clave aquí sería cómo la tradición liberal ha construido el mercado como un espacio en el que

el individuo es libre y el Estado como algo opuesto a él, algo que se

ha tratado en el capítulo anterior. Otro aspecto que señala Durkheim ([1912], p. 362) es que suele ser

habitual que el acceso a lo sagrado esté asociado al dolor y al sufrimiento. Se valora más a alguien que consigue estar arriba en la escala social si su biografía está salpicada de grandes esfuerzos, de épocas de penuria

o de varios fracasos. Así se entiende la glorificación del hombre hecho a sí mismo, en el que míticamente se narra una historia de éxito a través

esfuerzo y de sacrificios tempranos. En todo caso, el mercado se entiende como esa institución en la que ese tótem que es el individuo puede ejercer el «principio moral común» (Durkheim, [1912], p. 241) de la libertad de elección, y que, como tal, es

necesario proteger de dos amenazas que hacen peligrar tanto al individuo como al funcionamiento del mercado: el Estado y la delincuencia. La solución que propone la filosofía política neoliberal es que el Estado

no se meta en el mercado, pero que se encargue de la delincuencia. Así se acaba con una amenaza —el delincuente, que amenaza la vida, la

propiedad, la acumulación de riqueza- y se le da solución al problemá

de la intervención estatal —a través de las interdicciones y ocupando sus recursos en perseguir la delincuencia, 66 dl

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2. El individualismo utilitarista

ia La intervención pública profana, el demonio de la ineficienc y la tentación de vivir fuera del mercado

Si hay algo que defina al discurso neoliberal en relación a las funciones del Estado es que no debe intervenir en la distribución que ejerce el mercado”. En este sentido, las políticas que propugna son antikeynesianistas. El sociólogo francés señala que en las religiones existen dos tipos de cultos: los positivos (basados en hacer) y los negativos (basados en no

hacer). Dentro de los cultos negativos, las interdicciones son los principales (Durkheim, [1912], p. 352). Así, se puede interpretar el mantra

neoliberal de que el Estado no ha de intervenir en el Mercado como un culto negativo hacia el individuo, a quien se contrapone sistemáticamente la intervención pública*. La traducción en el lenguaje neoliberal es que el mercado funciona

eficientemente y que la intervención estatal introduce ineficiencia”, De hecho, se llega a entender que la intervención en el mercado es un fallo del buen gobierno (Zafirovski, 2000, p. 558). Hay que recordar, con Durkheim ([1912], p. 357), que las interdicciones suelen tener alguna utilidad, y que la capacidad de establecer estas prohibiciones no es igual

entre todos los miembros de una sociedad, sino que hay algunos que tienen más capacidad que otros. Ásí, se genera espacio para cuestionarse qué utilidad tiene este precepto de no intervención estatal, a quién beneficia o quiénes lo ponen en circulación. Si esto se pone en relación con el enorme cambio en el reparto de la riqueza durante los últimos

años, incrementando las desigualdades entre ricos y pobres, se puede 32 Otra cosa distinta es intervenir estatalmente para producir unas condiciones similares a las que se le atribuyen al mercado, algo que genera algunas divisiones entre los propios neoliberales. En todo caso, lo fundamental es que el mercado funcione lo más parecido posible a la idea de Mercado que tiene el neoliberalismo. 33 El ejemplo más sintético en las líneas en las que se ha iniciado esta discusión tal vez sea el libro de Spencer [1884] titulado El individuo contra el Estado, renovado con el nuevo testamento de Hayek [1944], Camino de servidumbre. Recuérdese

que Durkheim veía la relación individuo-Estado de manera opuesta. 34 La eficiencia aquí suele entenderse relacionada con la producción de riqueza y no tanto con su distribución, que se asume como justa si se debe a las reglas proclamadas del mercado. Así, se puede defender que algo es más eficiente a pesar de que aumente la desigualdad o el número de pobres. El concepto de eficiencia podría significar algo muy distinto si se centrase en cómo producir el menor sufrimiento o daño social posible. También si se pensase en cómo mantener un nivel de beneficio económico para los empresarios suficiente como para que les incentive a invertir, pero que reduzca al máximo posible la cantidad de riqueza que se apropian de cada trabajador por cada hora trabajada.

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Neoliberalismo y castigo

empezar a entender que ciertos comas barlales. del cielo procesos simbólicos están ligados a os ma e es.

y que

los

Tal vez uno de los aspectos más criticados de la propuesta durkhe;miana ha sido la separación neta que establece ena lo sagrado y lo profano, a lo cual se refiere como «Un abismo». Precisamente POrque lo sagrado tiende a expandirse, ciertas prohibiciones buscan que lo Profano

no toque lo sagrado. Se ha criticado que muchas veces las fronteras no

están claras (ver Serrano Maíllo, 2016, pp. 261-262). Esto es especialmente acusado cuando se trata de aplicarlo a la actividad estatal, máxime cuando

se ha argumentado que el Estado del Bienestar se ha convertido en un «hecho social normal» y que, por lo tanto, el credo neoliberal Nunca podría desarrollarse sin entrar en contacto con estructuras y dinámicas concebidas precisamente para desmercantilizar espacios y servicios (Gar-

land, 2014, p. 356). Un buen ejemplo para explorar lo complejo de esta división serían ciertas licitaciones de servicios públicos, o la red de sub-

contratas que comienzan a complicar el tema. Se suele aducir para estas acciones que la gestión privada es más eficiente que la pública, aunque nunca quede muy claro cómo es eso posible y su justificación, un razo-

namiento circular en el que la gestión privada es más eficiente porque no es pública (Bilbao, 2000, p. 75), lo convierta en algo parecido a un credo.

En todo caso, lo que se entiende es que el papel del Estado no tiene

que ser el de proteger a individuos de los avatares del mercado, como proponía el keynesianismo, sino que el papel del Estado debe ser el de proteger al mercado, como garantía intermedia de un mejor bienestar para los individuos (Lukes, 1973, p. 93). Por eso mismo, como se verá, se ha producido una rearticulación de las políticas sociales, orien” tándose hacia un tipo de ayudas destinadas más a rehabilitar trabajado-

res y reinsertarlos en el mercado laboral antes que a ofrecerles protección.

Así se han introducido la obligatoriedad de estar buscando empleo, la realización de cursillos de formación o la reducción de cuantías de las ayudas para que no sean una alternativa a los trabajos precarios, cada

onda pnl nn dio pr Dai

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p agados y que no son ya una garantía de salir de la pobreza:

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[1893], pp. 109-110; Garland, 2013b, p. 23, Esta exposición no qA

se aquí se apueste por una comprensión

del castigo netam

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2. El individualismo utilitarista

creencias, se puede atender la contribución del castigo en el mantenimiento y renovación de la comprensión de la vida social a partir de un

individuo aislado y asocial, El hecho de que el sistema penal esté sustentado sobre ciertas asunciones (no en vano, los pensadores que ponen las primeras piedras del Derecho penal moderno eran en su mayoría

utilitaristas) contribuye a la comprensión de los fenómenos y las causalidades en clave individual.

La administración ritualizada de castigos tiene cierta eficacia moral

que hace creer en su eficacia física, y así se puede entender en parte

cómo un sistema penal basado en las nociones de responsabilidad individual, pero que se ceba sistemáticamente con las clases bajas, pueda seguir hablando de justicia o que incluso se piense que funciona, a

pesar de los persistentes índices de reincidencia. O incluso que la cárcel aparezca como una herramienta razonable para la resocialización cuando lo que hace es separar a un sujeto de la sociedad, encerrarlo con otras

personas que se considera que no están bien socializadas y que, tras años, se espera que esté listo para vivir en sociedad. También se puede entender la función que cumple la imposición de buscar trabajo y su obligatoriedad por parte de los servicios de desempleo (sin perjuicio de sus efectos disciplinarios). El castigo, por lo tanto, reafirma el orden moral, que no está desligado del orden económico (Fourcade y Healy, 2007). Así, nociones como

«justicia», «seguridad» e «igualdad» quedan reforzadas por su procla-

mación ritual en cada acto del sistema penal, y generan esquemas de

clasificación y formas de ver el mundo con los cuales se interpretan,

entre otras cosas, el funcionamiento del mercado y las relaciones de dominación. El sistema penal forja categorías de pensamiento que ayudan a que el discurso basado en el individuo utilitarista parezca lógico, que ayudando a construir las representaciones colectivas. Por ejemplo, todos tengamos iguales oportunidades en el mercado y que la diferen-

cia sea de decisiones y comportamientos no se puede desligar del precepto de que todos somos iguales antes la ley y que la diferencia entre En ambos los penados y los no penados sean las decisiones individuales.

términos de clase casos, a pesar de la persistencia de las diferencias en instituque, como se dijo en la introduc ción, se ve como una ión atenc hay que prestar 2000 como aconseja el marco teórico, ción compleja en la que, filas] los simbólicos. al menos a los aspectos materiales junto a los Pc [1990], pp.93-95.

durkheimiana, sino

36 Durkheim, [1912], p. 407. Ver, no obstante,

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Neoliberalismo y castigo

social, familiar, étnico, de género o de barrio se tienden a invisibilizar

dar explicaciones basadas en elecciones individuales y las CONSECUENCIAS de esos actos individualizados. De manera indirecta en el Plano simpg.

lico, pero directa en la acción estatal y en la división de sagrado y profano, el castigo sería uno de los encargados en evitar la contaminación del mercado a través de profanaciones, como pueden ser los robos, la venta de productos ilegales o prácticas empresariales que van contra la

libre competencia (Smith, 2008, pp. 170-171).

Clasificar es jerarquizar

Durkheim señala que una de las principales características de los sigtemas religiosos es que clasifican el mundo. Ya en su trabajo con Mauss se desarrollaba la idea de que las creencias religiosas clasificaban y generaban categorías de entendimiento (Durkheim y Mauss, [19011902], p. 26). Con esta propuesta, en la que la forma en la que percibimos el mundo tiene un origen social (es decir, con origen histórico y no reducible a la experiencia individual), se buscaba solucionar algunos

de los problemas que tenían los kantianos con sus categorías innatas

y los empiristas con sus categorías basadas en la experiencia. El sociólogo francés buscaba ofrecer una solución sin perder lo positivo de

ambos enfoques: las categorías las adquirimos mediante la experiencia, pero estas categorías son supraindividuales y, en cierta medida, preceden

al individuo concreto que las incorpora. No obstante, no «están ahí», sino que son un producto social, esto es, colectivo (Durkheim, [1912], pp- 464-465; Rawls, 2004, p. 107). Estas formas de clasificación reflejan intereses sociales. Durkheim

(11912), pp. 366,469, 482) señala que los sistemas simbólicos no exis”

ten en una esfera apartada y que tienen que tener una base material, sin ser por ello reducibles a un reflejo de la infraestructura. Por ejem” plo, la importancia que cobra el esfuerzo como explicación de la tra-

yectoría vital de las personas, o de sus éxitos y fracasos no es una idea desapegada de la realidad: es cierto que hay que esforzarse para can

seguir cosas. Otra cosa es que el esfuerzo, que tal vez sea condición

eS de la gente dee

;

para la mayoría de la población, o a partir de la cual interpretamos el mereci

Sale

» 222 vez que muchos otros elementos que influyen N

quiera llegan a percibirse, 70

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2. El individualismo utilitarista

Cuando Durkheim habla de intereses sociales suele referirse a lo que es funcional para la sociedad. Hay que deberle probablemente a Bourdieu que haya llevado la potencialidad de estas nociones más allá y que las haya vinculado a posiciones sociales específicas, en las cuales, si bien se com-

parte con Durkheim que «clasificar es jerarquizar» y que «la jerarquía es algo social», lo coloca dentro de relaciones de dominación entre distintos grupos e intereses sociales, recurriendo a la influencia de Marx”. Bourdieu

parte de esta idea del origen social de las categorías de percepción hasta llegar a la noción de habitus, en el que ya se desarrolla plenamente que las formas de percibir el mundo, de estar en él, de concebir posibles líneas de actuación, o de comportarse, tienen un origen social que está ligado a posiciones desiguales de dominación y que tienen efectos políticos (Bourdieu, [1997], caps. 4 y 5). Así, se puede ahondar y especificar en la existencia de vínculos entre los sistemas lógicos y los sistemas sociales y cómo, precisamente por esa naturalización (son categorías que van

más allá del individuo, pero que se ven confirmadas y sustentadas por las experiencias individuales), se da un conformismo lógico y moral, Las creencias ayudan a dar sentido al mundo, a comprenderlo, a ex-

plicarlo causalmente (Durkheim, [1912], p. 414). Entonces, cuando es necesario dar cuenta del éxito o del fracaso de la gente es más fácil que esas situaciones se interpreten en términos de esfuerzo, de decisiones

racionales o de estrategias de inversión dentro de una religión que ubica

en el centro al individuo, y que conceptualiza el mercado como el lugar principal en el que se dirimen y reparten los beneficios sociales. En otras

palabras, facilita la comprensión de la riqueza y el éxito social como una consecuencia de decisiones y acciones individuales, más que como el

resultado de un proceso de acumulación y explotación colectivo, ya sea familiar o burocrático. Contribuye así a crear una sociodicea que justifica el orden establecido (Bourdieu, [1997], p. 98). Si se vuelve al nivel de la actuación estatal, en la que la intervención pública es profana en contraposición al mercado sacralizado, que es el

que permite la libre expresión de los individuos, se puede ahondar en la comprensión de la estigmatización que sufren, especialmente en los países anglosajones, de tradición más mercantilista, los receptores de ayudas sociales. Recibir dinero del Estado, algo asociado al no esfuerzo, al no ”

37 Durkheim, [1912], pp. 200-201, 413; Bourdieu, [1977]; [1997], pp. 232-234;

Bourdieu y Wacquant, [1992]: 38-42.

38 Durkheim, [1912], pp.70, 197, 202; Durkheim y Mauss, [1901-1902], p. 61.

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castigo Neoliberalismo y

La al, les mancha, les estigmatiza, son per ro log al no , to en merecimi con el mercado. Dentro to tac con en rar ent Cs esto a forma de escapar puede mutar en el «culto a los duo ivi ind al o cult el mo, lis era del neolib

3b, p. 30). Así se entiende el individuos que lo merecen» (Garland, 201 está relacionado con lo maasí, ya que lo simbólico

workfare. No solo n de estar en contacto con el ció iga obl la que se iar obv de pue no y terial, bil;esporádico, supone una condición y una posi mercado, aunque sea

beneficio empresarial. dad para la explotación laboral y el

Efectos del individualismo

Hasta ahora se ha intentado explicar que el culto al individuo utilitarista

ha conllevado una sacralización del Mercado como el mejor espacio para la organización social y justa, mientras que el Estado tiende a verse como profano y como una fuente de contaminación. En este libro se hipotetiza, y se intenta mostrar, que esta visión se transforma en disposiciones que influyen en la transformación de las políticas públicas (por coherencia con el marco teórico, aquí serían especialmente importantes las disposi-

ciones de los políticos y altos funcionarios). A su vez, las dinámicas individualizantes que imponen las políticas estatales a los ciudadanos

contribuyen al desarrollo de prácticas que, de facto, hacen que ciertas di-

námicas y procesos sean individuales, generando cierta homología entre

los discursos sobre la sociedad y el día a día de las personas. También,

e igual de importante, que esta visión no aparece de la nada, sino qué responde a las formas de ver y los intereses de algunos grupos sociales

que ha ganado influencia especialmente desde los 70.

¿Qué tiene que ver esto con el castigo estatal? Por un lado, el Derecho penal cobraría una mayor importancia como elemento cohesiona”

dor, lo que, unido al modelo de individuo racional, puede incrementa! piro del castigo, o al menos de las penas previstas. Por otro lado,

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2. El individualismo utilitarista

Si se vuelve a la idea del individuo economicista, y se acepta que

influye en las representaciones colectivas sobre el funcionamiento de lo social, se le puede encontrar algo de sentido a que se espere influir en los delincuentes (una vez establecida la etiología en un cálculo de costesbeneficios) cambiando un número de un párrafo de un libro. Algo, por

otra parte, consustancial a la lógica de la Escuela clásica que sentó las bases del Derecho moderno, pero que parecía haber sido corregido por los resultados de décadas de investigaciones criminológicas. Además, dado que el individuo es concebido ajeno al contexto social,

tiene más sentido endurecer el Código penal que cambiar las condiciones sociales que en otras concepciones del individuo y la sociedad podrían

parecer estrategias más razonables para reducir la delincuencia. Se puede entender así la lógica de expandir el Estado penal mientras se transforma

o reduce el Estado social (dependiendo del país y de la articulación concreta que siga allí el proceso de neoliberalización de las políticas).

Esto sería coherente con un recurso cada vez mayor al Derecho penal.

Dicho de otra forma, se podría hipotetizar que, dado que lo que ofrece el neoliberalismo a la gente no es generador de cohesión como tal (no fo-

menta la cooperación, no facilita herramientas básicas, acceso a cultura, un sentimiento de bienestar), se refuerza el orden moral a través del castigo”.

Por otra parte, si el Estado no tiene que intervenir dentro del mer-

cado, su sitio de actuación es fuera del mismo, en torno a lo que se

define como delito. Ahí no habría problema en que actúe, pues lo estaría haciendo sobre personas o elementos que no se rigen por la lógica del mercado y que, por lo tanto y de acuerdo con el credo neoliberal, intro-

ducirían ineficiencias*, Ya se ha señalado que el neoliberalismo, en reali-

dad, no comporta menos Estado, sino un Estado distinto. También, y

siguiendo a Wacquant, conforme el Estado se retira de funciones en los

que proporciona bienes, servicios y recursos a los ciudadanos, las posibilidades de que haya gente que tenga que ganarse la vida de maneras no ortodoxas será mayor o, incluso, que el propio desarrollo de la economía

durante las últimas décadas esté generando un grupo de gente para el que, simplemente, nunca habrá un sitio en el mercado*. Así, el castigo aparece 39 Ver algunas consideraciones sobre el Estado del Bienestar y el significado del castigo en Durkheim en Garland, 2013b, pp. 33-34. 40 Aquí existen actividades como el tráfico de drogas o el trabajo sexual que, aun rigiéndose por la lógica de mercado, muestran la complejidad del castigo y la coexistencia y el conflicto entre distintas visiones morales de la sociedad. 41 En el lenguaje de Wacquant ([2006], pp. 269 y ss.), se trata de la «marginalidad 73

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Neoliberalismo y castigo

como una herramienta estatal adecuada para lidiar con los pobres y los desempleados. No obstante, y como se verá, el neoliberalismo no juega

tanto con la noción de «exclusión», sino con distintos grados de inclusión,

y de ahí las políticas de empleo que buscan la activación o las políticas sociales orientadas a mantener la dependencia del mercado laboral, Esta sociodicea tiende a generar un marco en el que las políticas

adquieren un carácter individualizante, como se verá más claramente en las políticas laborales. Las negociaciones y las intervenciones cada

vez se basan menos en entidades colectivas. Á su vez, al ofrecer explicaciones de la situación de los individuos como consecuencias de sus elecciones y esfuerzos, el reproche moral sobre los desfavorecidos es

mayor, así como el reconocimiento y la admiración hacia los favorecidos por el sistema. Debido a las asunciones utilitaristas y las visiones mer-

cantilistas, los contratos adquieren un renovado estatus como sanción formal que reconoce la relación entre dos voluntades libres, y tienden

a configurar cada vez más la relación de las personas con el Estado. Los cambios en la forma y el contenido de la política social están transformando el significado de los derechos de ciudadanía. Por último, como forma de hacer cumplir los contratos y acompañado por la visión moralizante, que ubica a unos por encima de otros en función de su situación, las relaciones institucionales están introduciendo mecanismos de

control más intrusivos y menos permisivos con los incumplimientos,

acarreando consecuencias más graves que en décadas anteriores, haciendo además del sistema penal una institución que no necesariamente tenga que entenderse como de intervención en última ratio. No obstante, estas consideraciones sobre el individualismo como

aspecto cultural que dispone hacia ciertas comprensiones del funciona” miento de lo social, así como marco de legitimación de las propuestas y reforma de las políticas públicas, no puede hacer olvidar el carácte marcadamente político y de clase de las políticas neoliberales. La

existencia del individualismo, de por sí, no explica la dirección que

le da a la acción estatal. El análisis de los siguientes capítulos muestra también unas relaciones de dominación que se plasman en una trans formación del mercado labora] que favorece cada vez más a los em”

presarios, o en un sistema penal que sigue cebándose con las clases

A RA

avan:nzada». En otra literatura : ; ; relacionada con el castigo, se refiere al mismo fenó 45 meno como «multitud» (De Giorgi, [2002 n definitiva,

de población excedente para la abans

Ea

16 hacian

74 y!

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2. El individualismo utilitarista

bajas, o que la política social, casi por definición dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad, se torne cada vez más en un mecanismo

de control y menos de sanción de derechos. Antes de pasar a los siguientes capítulos, menos teóricos y con más

referencias empíricas, se verá la evolución que parecen haber seguido las

causas que los encuestados achacan a la delincuencia, por ver si ha habido un desplazamiento de explicaciones más sociales a otras más individuales. Redefinir las causas de la delincuencia

En la relación que se establece entre individualismo y mayor puniti-

vidad es fundamental la atribución de responsabilidades en la delincuencia. Como alguna forma indirecta de ver explicaciones sociales del fenómeno delictivo, se ha recurrido al CIS y sus (escasas e irregulares) preguntas al respecto. Es importante tener en mente que las soluciones para la delincuencia no se siguen automáticamente de las causas.Yo puedo pensar que las causas por las que ha delinquido una persona son económicas, pero no querer una solución basada en redistribución del dinero, sino

en el encierro de quien infringe la ley. Puedo, también, querer la pena de muerte como solución a ministrativa del territorio. solución propuesta hay una ca, no automática, en la que

un delito relacionado con la división adEn fin, que de la causa identificada a la construcción social y una apuesta polítilas opciones favoritas tienen que ver con

aspectos expresivos, instrumentales o, simplemente, de tradición.

43a), El CIS tiene una pregunta de 1995 (estudio 2152, pregunta

manera en la que plantea la cuestión de las responsabilidades de una

clara. Los resultados no permiten apenas interpretación, no obstante. % Por un lado, porque las respuestas no discriminaron mucho: el 26,6

pensaba que la sociedad era la principal culpable de la delincuencia, y un el 30,4 % pensaban que el individuo era el único responsable,

las dos opciones. 40,1 % no se posicionaba claramente en ninguna de sobre las causas de la Por otro lado, existe una pregunta específica

en 1995, una delincuencia. Esta se ha repetido cuatro veces (dos veces en 1999 y la última en 2003)*. Los resultados son los siguientes:

pero básicamente €s la siguiente: 42 La pregunta ha variado ligeramente su formulación, la delincuencia en la actualidad?». «¿Cuáles cree Vd. que son las princip ales causas de 75

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

Tabla 2. 1. Causas de la delincuencia en las encuestas del CIS (1995-2093)

Abril

AS

|

NANO 74,1

El consumo de drogas ;Las desigualdades sociales y : las injusticias sociales*

La pobreza' La mala ediicación recibida

,

9,1

Diciembre | Enero

o 82,7 ,8

23

74,8

a de los valores pérdid LaProdic ienades la : La falta de exigen:

A 2003 53,7 ON

A 30,3

41,7

47

a

7,6

-

-

29,8

A AAA

A

Las carencias afectivas en el hogar que existe en muchos a hogares

| Js

19

12,1

10,5

-

70,6

12,1

10,1

18,3

-

$

-

cumplimiento d

9

La impunidad «

184

A

_

7,3

7,6

11

17

36

21,9

293

7,6

10,4

.

:

>

7

4,8

10

21,3

22,9

17,4

23,6

0,9

0,7

-

1,4

0,2

0,2

-

03]

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS (estudios 2152, 2200, ..o. Suc 2913, 2828) *%.*=* En 1999 se elimi na de la respuesta el fragmento «e 1nju” ticias sociales»; en 2003 se elimina «que existen en muchos hogares» **=

En abr-95 aparece redactada como «La escasa dureza de penas que se impo” nen a los delincuentes», y en dic-95, «La poca dureza de las penas que 5 imponen a los delincuentes».

, de 1999 : ¡ encias porcentual tiene Part py difer 43 y200 que ver con que para los estudios

o se podían elegir dos respuestas, mientras que en el año 1995 se 0 9

cía la posibilidad de escoger hasta tres.

76

dh Escaneado con CamScanner

2. El individualismo utilitar ista

Lo primero que es visible es que la delincuencia, para la gran mayoría de los españoles, y en el período al que responden los datos, tiene su origen en el consumo de drogas. Más allá de eso se percibe que las causas que apuntan a cuestiones sociales son mayoritarias (consumo de drogas, pobreza, desigualdades sociales), aunque pierden influencia gradualmente frente a las centradas en el sistema de administración de castigos. Me gustaría llamar la atención sobre algunos aspectos de las características de respuesta y su evolución. Primero, es fundamental tener en mente que los cuatro momentos

de medición no son equidistantes, y que de hecho dos corresponden al mismo año. Lo segundo es la eliminación de dos categorías de res-

puesta con muchos votos y que apuntaban hacia mecanismos sociales. Por un lado, «la mala educación recibida», si bien apunta a cierta responsabilidad colectiva, no es muy concreta (no se sabe a qué se refiere con «mala» ni si se refiere a la familia o a la escuela). Por otro lado, lo

más llamativo es la eliminación de «la pobreza» como causa de la delincuencia. Más allá de que permitan muchas explicaciones plausibles sobre su influencia, no existe justificación técnica para su eliminación,

ya que era la segunda categoría más votada”, En este sentido, entonces, podría interpretarse su eliminación

como una transformación estatal de la atribución de responsabilidades en la extensión y las causas del fenómeno de la delincuencia o,

simplemente, como una manipulación para que no pueda haber titulares en los que se afirme que la mitad de los españoles piensan que la pobreza es la causa de la delincuencia (ya sea porque rompía el dis-

curso gubernamental sobre la necesidad de reformas legales o porque

44

En este punto contacté con el banco de datos del CIS para verificar si, ya que las Opciones de respuesta vienen cerradas en la encuesta, la eliminación de esta res-

puesta había sido una decisión sin más del técnico (lo cual se podría interpretar, incluso, como un reflejo ya en sí mismo de la transformación del problema, por

cuanto el técnico es persona) o si, como es habitual cuando las preguntas vienen encargadas por ministerios (como es el caso de este tipo de preguntas) la opción desapareció por orden del Ministerio del Interior. Debido a la antigúedad de las conclusioencuestas, no supieron resolverme la duda, ante lo cual no puedo sacar de rescategorías nes definitivas, si bien el funcionamiento normal indica que las puesta las ha ido modificando el propio ministerio (lo cual es más llamativo o cuando se lee la pregunta 10 del estudio 2315, que pregunta si el entrevista > (sic). percibe una relación entre la inmigración y el «aumento de la delincuencia» subiese, por lo que no se Los propios datos del MIR no avalan que la delincuencia

entiende muy bien ni la justificación ni la finalidad de la pregunta.

77

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Neoliberalismo y castigo

entendiesen que incluir la pobreza entre las opciones de respuesta

podía ser estigmatizante para los pobres). Como no se puede saber, y con estos datos no se puede justificar ninguna de estas dos Opciones, creo que lo más prudente es restringir la interpretación a la capacidad

que tienen las preguntas y las encuestas de definir algunos problemas sociales, especialmente cuando las generan las propias instituciones

del campo burocrático. Tras observar las categorías de respuesta, se percibe un viraje en la

definición institucional del problema de una consecuencia de proce-

sos sociales a un problema técnico referido al sistema penal. Por ejemplo, «La escasez de recursos que se destinan para luchar contra la delincuencia» se cambia por «La escasez de medios de la policía», lo

cual no es lo mismo. La impunidad de los delincuentes deja paso a la poca eficacia de la policía. Por otro lado, «La mala educación recibi-

da» parece dejar lugar a «Las carencias afectivas en el hogar que exis-

ten en muchos hogares», ubicando el problema en el ámbito privado, doméstico y relacionándolo con cuestiones afectivas, más que educativas. Es curioso también ver que la cantidad de encuestados que creen que la causa de la delincuencia es una supuesta suavidad de las penas aumenta considerablemente tras los debates políticos en torno a la modificación de los códigos penales que se hacían más duros que los anteriores. Tampoco es casualidad que «La pérdida de valores tradicionales» duplique su valor en 2003, tras el pánico moral desatado en clave punitiva ante la notable llegada de personas migrantes a Es-

paña. Por último, y de cara a la interpretación neoliberal de la desigualdad, en la respuesta «Las desigualdades sociales e injusticias sociales», se elimina la parte de «injusticias» indicando que las desigualdades sociales no tienen por qué ser entendidas como injustas (pues se corresponden en gran medida con la asignación eficiente del mercado).

78 db

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J.

El mercado laboral flexible:

precariedad y descolectivización

Por los motivos arriba expuestos, no es difícil comprender la importan-

cia que tiene lo que acontece en el mercado laboral en el desarrollo del como neoliberalismo, pues es de una gran importancia simbólica al servir

A su vez, las modelo de funcionamiento de lo social en otras esferas.

bución políticas de empleo son especialmente importantes para la distri de recursos materiales y la justificación de la desigualdad de una sociesu abundancia dad. Configuran un saber compartido acerca del trabajo, tienden a volverse o escasez y las condiciones en las que se desarrolla, que

«evidentes» (Crespo, Revilla y Serrano, 2009, p. 9%).

algunas de las transforCon esa idea es con la que se van a exponer las relaciones entre empremaciones en las relaciones laborales, esto €s,

garantizada sarios y trabajadores a través de una compleja regulación

e histórico específico. por el Estado dentro de un contexto cultural r la introducción y consolidación de la

En lo que sigue se va a explica para lo cual habrá que vincularlo precariedad en el mercado laboral español, entre patronal y brevemente con su historia y la inexistencia de un pacto e,

continental (más similar no obstant trabajo similar al del resto de Europa repaso a las principales leyes e a los países del Sur de Europa). Tras un conformar un pa han apuntalado el proceso y que han ayudado a

y tas consecuencias del co a ión extens la ver a pasará se común, , |o desregulación del mercado de trabajo. Finalmente, $6 comentarán

misiones del o 0,4] las de ón ormaci transf la y ión líticas de activac políticas socie”: ayudará a dar paso, en la siguiente sección, 1 las

719

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Neoliberalismo y castigo

La precariedad como indicador del paradigma de la flexibilidad El proceso de neoliberalización busca una remercantiliz

social, en torno a la idea explicada en los capítulos anteri ores Sobre |,

centralidad de una idea de mercado que produce eficiencia y Justicia En el trabajo de Wacquant se habla de desregulac ión labora], AUNque no es del todo explícito. Teniendo en cuenta los ejemplos que pones

al acuerdo que existe en buena parte de la literatura española Sobre Ja, relaciones laborales, se va a tratar aquí la precariedad labora]

Como el resultado más visible y próximo del proceso, La precariedad, tal y como se conoce hoy, es la consecuencia de 1, aplicación del paradigma de la flexibilidad. S u prin cipio básico resi de en que el desempleo es causado por una exces iva rigidez de las NOrmas que regulan las relaciones laborales, y su éxit O probablemente se debió a que daba un conjunto de respue stas (soluciones) a buena parte de las incertidumbres que generaba el aument o y la magnitud del dese n.

pleo, ofreciendo un «marco interp retativo plausible y sencillo» (Sola, 2014, pp. 316-319). Pese a que pueda parecer un prob lema individual, la precaried ad no refleja las carencias

de este o a quel trabajador (o tra bajadora, especial-

mente), sino unas relaciones d

e poder asimétricas. Es decir, que más allá de a las condiciones laborales , hace referencia a la relación ent re trabajadores y empresari os (Cano, 2000, p. 26; Sola y Ca

mpillo, 2017, p.52). sí mismo, su Propia concep tualización es implícitamente compar ativa, pues se define frente a lo que se consid

eraba la «forma estándar de empleo: trabajo asalariado con duración indefinida a tiempo completo» (Cano, 2000, p 27). La idea bási ca sería que, frente a unos cuant os

trabajadores bien asentados dentro del mercado laboral,y otros exclui-

dos de este (desempleados), la mejor solución para reducir el paro será, por un lado, degradar las

condiciones laborales de los trabajado res para que así haya cabida para más personas dentro del mercado de trabajo

45 Se pueden encont ñ rar referencias a «e 4 m pleo flexible», «remuneració..n menor», a “HNOS salario», referencias e los a la cobertura por desempleo, la debi.q. lita b el sindicatos, dualización del mercad o laboral, «desempleo masivo, expansi dl: prec ariedad», «demanda de trabajo polariza 4 da», «dificultad de las formas E > cionales de seguro social c t124 y asistencia pública», «de sempleo de larga data O activi” dad ocupacional precaria» pp.

41,

43,

9,

93,

303,

304;

W [1993], pp. 123, 124; [1999]: . 87 87, [2 [20064), (Wacquant, [2009],

pp.

58,

98).

80

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3. El mercado laboral flexible

y que, a la vez, el empresario pueda disponer de la mano de obra en base

a sus necesidades de negocio inmediatas. No obstante, en España se

tradujo en una dualización del mercado laboral -con formas estándares de empleo conviviendo con las precarizadas-, y un aumento del paro. Es decir, que no sirvió para reducir el desempleo, pero empeoró notablemente las condiciones de uno de cada tres trabajadores.

Se han distinguido cuatro dimensiones en la precariedad: incerti-

dumbre sobre la continuidad del empleo; salarios más bajos; empeora-

miento de las condiciones laborales; y reducción de la protección social (Cano, 2000, p. 33; Gaviria, Laparra y Aguilar, 1995, p. 154). Con el tiempo, y tras múltiples reformas que parecen ir siempre encaminadas a corregir los errores introducidos por las anteriores (lo único que se ha

mostrado eficaz es apelar a la «eficacia» cada vez que se quieren modificar las leyes), no se es precario o no se es, sino que estas dimensiones

se conjugan entre sí y dan lugar a varios grados y tipos de precariedad (Laparra Navarro, 2006, p. 112; Cano, 2000, p. 33). Además, la preca-

riedad no existe solo a un nivel objetivo, de relaciones económicas estructuradas, sino que su realidad aparece subjetivada como una condición

de los trabajadores, que viven como propia y constitutiva de su persona (Alonso y Fernández, 2009, p. 251).

Por lo tanto, la precariedad aparece como reflejo de una transformación en las características del mercado laboral, con importantes consecuencias en la valoración social de determinadas categorías que opera

el mercado y en la corrosión del carácter de los trabajadores (Fourcade y Healy, 2007, p. 299-300; Bilbao, 1999, pp. 59-69). De entre todas estas dimensiones, se suele usar el índice de tempo-

ralidad como la mejor forma de medir la precariedad. El consenso es tal que es difícil encontrar una justificación explícita de su uso. Lo

cierto es que en la temporalidad (duración prefijada de un contrato de trabajo, generalmente de menos de tres meses) se suelen juntar las cuatro dimensiones arriba expuestas: la incertidumbre sobre los ingresos a medio plazo, que impide planificar la vida; salarios más bajos y, además, la imposibilidad de acumular complementos salariales asociados con la permanencia en una empresa (antigiiedad); los recursos tanto materiales como sociales son menores a la hora de desarrollar el trabajo;

y la dificultad para acumular el tiempo de cotización mínimo para cobrar la prestación por desempleo hace que la vulnerabilidad ante el paro sea mayor, Hay quien ha propuesto ampliar la medida, incluyendo a quienes tengan ingresos por debajo del 66 % o del 50 % del salario medio, 81

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Neoliberalismo

y castigo

de trabajo (desde e domi le sli o quienes quieren incluir! formas atípicas

ospor cuenta propia los falsos autónomos-, etc.) (Ram

Díaz, 2004 Ñ |)

103; Cano, 2000, p. 25).

La economía política heredada Sin querer hacer un repaso histórico exhaustivo, es importante en tender

que el Mercado se erige sobre un determinado orden moral, con Unas visiones determinadas y una valoración social de los distintos grupos (Fourcade y Healy, 2007, p. 297). Una forma de hacerlo es analizar q legado institucional, que en el caso de este estudio concreto tiene que ver mucho con el franquismo y las dinámicas relacionales y de poder que en él se consolidaron, y que la transición apenas cambió, La dictadura tuvo una influencia muy marcada en el mercado de trabajo, el

proceso de desregulación y las actuales políticas de empleo, Sola” ha caracterizado y analizado la economía política del franquismo como: 1) Estado políticamente autoritario y socialmente raquítico; 2) Estructura productiva ineficiente y clientelista; 3) Relaciones laborales con la clase

trabajadora más subordinada política y económicamente. La principal influencia, al menos a efectos comparativos, fue que debido a la dictadura no se produjo el pacto entre capital y trabajo que caracterizó a la Europa central posterior a la 11 Guerra Mundial, Esto es fundamental para comprender la velocidad con la que posteriormente se «flexibilizaría» el mercado laboral —y su extensión, la mayor en la Unión Europea- y la enorme distancia desde la que partiría la convergencia con Europa en materia de políticas sociales. Las concesiones que las elites económicas tuvieron que hacer en el Viejo Continente en re-

construcción apenas afectaron a las clases empresariales españolas, que

gozaron de una prórroga de varias décadas gracias al régimen de Franco

(Fernández Steinko, 2010, p.170). Los constantes ataques a las formas de

organización colectiva de los trabajadores fueron fundamentales, hasta el punto de que durante las dos primeras décadas posteriores a la Guerra Civil los salarios perdían constantemente valor mientras que los beneficios

empresariales aumentaban considerablemente (Sola, 2013, p. 212).

46 En la exposición que sigue me baso en el traba jo de este autor. Por no saturar el texto con citas, remito a una exposición más detallada y sóli damente argumento da en Sola, 2014, capítulo 6. Ver también López y Rodríguez, 2010, pp- 139-14%

82

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3. El mercado laboral flexible

Por un lado se encontraba un Estado políticamente autoritario y socialmente raquítico, Es decir, intervenía mucho pero gastando poco,

protegiendo a los empresarios existentes, Su intervención era opuesta

a la intervención socialdemócrata, con un papel regulador, pero no inversor. La consecuencia fue que se desincentivó la mejora en la produc-

tividad de los grandes empresarios, pues tenían los beneficios

prácticamente garantizados, al contar con un Estado que podía man-

tener autoritariamente el coste de producción a la baja. Por otro lado, se desarrolló una política social dispersa e inconsistente, lejos de los asisprincipios del Estado del Bienestar y más ligada a una concepción franquista tencial. Coherentemente con estas situaciones, el Estado

regresivo de recaudaba poco y gastaba poco, y dejó el sistema fiscal más ni gastar los países de la OCDE (no era prioritario ni cobrar a los ricos se instauró en en los pobres) (Rodríguez López, 2015, p. 184). El IRPF con impuestos 1977, financiándose hasta entonces casi exclusivamente

la Seguridad indirectos o, desde luego, no progresivos. Las reservas de empresas Social (instaurada en 1963) llegaron a utilizarse para financiar público relativo públicas y bancos. En los años 60, el tamaño del gasto de los países continenen España era aproximadamente la mitad que el

a en impuestos (Sola, tales, como también lo era la cantidad recaudad

2013, pp. 215-218). va ineficiente y Por otro lado, se fomentó una estructura producti por grandes y pequeñas clientelista. A una estructura dual, formada de meempresas, pero

apenas

m

edianas, se le sumaban toda una serie

a la baja, y un sistema ficanismos represivos que fijaban los salarios a las empresas. Estos dos nanciero que prestaba dinero sin intereses la com-

además se cerraba mecanismos abarataban la producción, pero frente a las empresas petencia con una fuerte política proteccionista que transfería riqueza a los sistema un ba propicia se Así, s. extranjera dor y constructivo que ricos sin fomentar el papel económico dinamiza se ha caracterizado por ser tuvo en otros países. La economía española los beneficios de los empreemente eficient proteger y a productiv poco Segura, 1985, pp- 62-63). sarios frente a los trabajadores (Sevilla tan en unas relaciones laLas consecuencias de todo esto se concre subordinada política y económiborales con la clase trabajadora muy para Estado sobre los salarios camente. Existía una presión del tinuó en 1981 resarial, una tradición que se con

favorecer el beneficio emp

eles salariales fuese tímida y las y que propició que la mejora de los niv bles (Sevilla Segura, 1985, s de despido barato aún considera posibilidade

83

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

p.71; Rodríguez López, 2015, p. 185). La ausencia de derecho ,

huelga

de libertad sindical es fundamental para entender el enorm e des equilibro de la época entre el poder de los empresarios y el de lo, trabajadores. Por último, existía una legislación en materia labora bastante ambivalente, en la que el margen de aplicación era Muy alto y en que contaba más que el Estado tomara parte de los CMpresarios que lo que estuviese contenido en las leyes, Hay que destacar la Aprobación de la Ley de Convenios Colectivos y la creación del subsidio de paro, ambos en 1958, La estabilidad laboral en la España franquista ery

similar a la del resto de países europeos, y en general los salarios y la productividad eran parejos ambos muy bajos, Cuando llegó el fin de la dictadura, el proceso de transición no alcanzó al modelo empresarial, y ante las dos opciones existentes para

superar la crisis económica de entonces (una pasiva, en la que se man-

tenían los beneficios controlando los salarios sin modificar el tejido

productivo, o una activa, en la que se recuperaba el déficit salarial me. diante la actualización de las empresas y forzarlas a ser más competiti-

vas y eficientes), se optó por una salida pasiva, confiando la solución a las inversiones extranjeras”, Además, la reforma fiscal fue escasa y cla-

ramente insuficiente como para montar un Estado del Bienestar similar a los que entonces existían en Europa. En este marco de la crisis es en el que se negoció la transición de régimen político, y los Pactos de la

Moncloa parecen haber sido fundamentales para frenar el ascenso de

salarios conseguido mediante luchas obreras en los últimos años de la dictadura, así como para sentar las bases para las venideras políticas neoliberales que ya se estaban aplicando en otros países europeos (Rodríguez López, 2015, pp. 175-178; Jiménez Franco, 2016, p. 213). Se ha señalado que la crisis afectó de manera tan grave a España por la exis”

tencia de una estructura industrial obsoleta y la falta de competitiv idad

internacional (Laparra Navarro, 2006: 91). El antiestatalismo de las clases medias-altas de la transición, que no habían padecido el raquitismo social del Estado, pero sí su faceta represiva (piénsese en el exilio)

favoreció la adopción durante los 80 de políticas neoliberales (Sola, 2013,

p- 241), A nivel discursivo, no obstante, la flexibilización del mercado

laboral en la España de los 80 no se articuló en torno a una demoniza” ción de la clase obrera

similar a la realizada en Gran Bretaña, sino que

47 Ver Fernández Steink o, 2010, p. 189 ; Sevilla Segura, 1985, pp. 30-48; Ferr Serrano, 2001 ,p.159; eiro Y López y Rodr íguez, 2010, p. 413,

84

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3. El mercado laboral flexible

giró en torno A la unidad democrática —y durante los 90 alrededor de

la integración en Europa (Jones, [2011]; Jiménez Franco, 2016, p. 196)

Años más tarde, durante el crecimiento económico español de la

una reforma segunda mitad de los 90, no se aprovechó ni para hacer

fiscal que fuese en una línea más redistributiva (más bien al contrario) ni se promovió una transformación de las empresas a un modo de producción más basado en tecnologías o servicios cualificados. Los salarios

aumentaron a un nivel menor que el PIB, y las prestaciones sociales

frenaron su crecimiento para la convergencia requerida para el euro. Así, la reducción relativa de gasto público la tuvieron que soportar las familias mediante el endeudamiento doméstico, y en vez de hacer una re-

forma fiscal que acercase al Estado español a niveles recaudatorios

similares a la media de la UE, se privatizaron las empresas públicas que daban beneficios (Telefónica, Repsol, Iberia, etc.)*,

En definitiva, parece que las políticas neoliberales se desarrollan más

rápida y profundamente sobre sistemas políticos autoritarios que sobre

sistemas con una socialdemocracia desarrollada. Además de la falta de una base de regulación laboral y gasto social más centradas en las clases al medias y bajas que sirvan como barrera al envite neoliberal, la ocasion

Thatrecurrencia a mecanismos directamente coercitivos (que la propia

cher le reconocía a Hayek que serían impropios de una democracia ra el desarrollada”) no puede ser menospreciada. Entre ellos, se encuent que suele ser sistema penal, como se verá más adelante, y es un aspecto mo? ignorado en los relatos sobre el desarrollo del neoliberalis

nueva crisis Como se verá en el epílogo, el país se encuentra en una despidos y eneconómica, congelando salarios y pensiones, abaratando Se glorifica la dureciendo la carga fiscal en los impuestos indirectos. del precio de la figura de ciertos banqueros y se toma el incremento empieza a ir bien. Las vivienda como un indicador de que la economía atiende a las caracteríscosas evidentemente han cambiado, pero si se discutible. ticas de la economía española, el legado es poco

48

Ló

Rodrí

10, p. 186; Bilba

, 1999,

nes y ¿2 1. Sobre las privatizacio

Í al entramado de los políticos adial atención p con espec 20Li, ados, uez, r deriv pode juegoy s deRodríg los pes y los empresarios, ver Juste, 2016. rorg/document/11717? https://www.margaretthatche

en 49 La carta puede consultarse

y Rodríguez, España, por ejemplo, ver Lópezón importante. a Par 2. -31 309 pp. , 09] [20 uci 50 Wacquant, tiene en cuenta como una iinstit 2010. Jiménez Franco (2016) sí lo 85

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo

y castigo

La creación legislativa de la precariedad A pesar de que uno de los principios de la flexibilidad es desregular;,

el mercado de trabajo, a fin de evitar injerencias externas que ha ar ineficiente la distribución del mercado, lo cierto es que es más Propia ,

hablar de re-regulación. La actividad legislativa en este terreno es y; Ñ nificativa, con modificaciones también en las polític as fiscales Para fa vorecer un tipo de contratación sobre otra (generalmente, los NUEVO, tipos de contratos introducidos en cada reforma). Con el tiempo, en

España se han multiplicado los tipos de contratos y fragmentado las relaciones contractuales entre trabajador y empresario (y cada vez me-

nos entre trabajo y capital como entidades colectivas).

La reforma laboral de 1984 introdujo la precariedad de manera of-

cial, eliminando las trabas para la contratación temporal. Fue la reforma más simple y con mayores efectos en el mercado de trabajo (Sola, 2013,

p. 94). La situación de los trabajadores indefinidos apenas se vio afectada,

pero se incentivó fiscalmente la contratación temporal (Laparra Nayarro, 2006, p. 93). Además de poner las bases para la dualización del

mercado laboral (entre unos trabajadores con estabilidad laboral y otros sin ella), supuso un resquebrajamiento en las posibilidades de organización colectiva de los empleados y dio más poder a los empresa rios. A lo largo de los 80 se reconceptualizó el pleno empleo y se empezó a

entender como no funcional, ya que daba poder a los trabajadores (en términos de oferta y demanda) y tenía efectos inflacionistas. Esto no significa que el pleno empleo fuese posible o que estuviese cercano en España (máxime tras la incorporación de muchas mujeres a la población

activa, cuya exclusión sistemática del trabajo asalariado había maquillado

los datos del paro durante décadas), sino que ya ni siquiera se planteaba

como un objetivo a perseguir (Bilbao, 1999, pp. 34, 37; Ferreiro y Serrano, 2001, p. 157), El período que va de 1992 a 1994, de nuevo con una crisis económica

de fondo, introdujo cambios importantes que consolidaron la precariedad

como forma de empleo en España. Se introdujeron los contratos de aprendizaje” (los llamados «contratos basura») y se recortaron las 51

Los cuales favorecen que aquellos a quie nes su familia pueda mantener puedan de salto a trabajos cualificados. Es un mec anismo similar, aunque sea como ea r cia no intencionada, al del acceso a los pues tos del alto funcionariado, para los . ” hay que contar con recursos que puedan costear años de estudio de una oposicl pesar de un sistema de becas poco conocido y con una incidencia anecdótica.

86 y Escaneado con CamScanner

l, El mercado laboral Hexible

prestaciones por desempleo, bajo un discurso público en torno a los

defraudadores que cobraban el paro mientras trabajaban informalmente, Se redujo la función reguladora del Estado y de los convenios colectivos,

hasta el punto de que se cambiaron los usos del Derecho laboral: pasó de tener como prioridad proteger al empleado a garantizar las condiciones necesarias para la creación de empleo (Laparra Navarro, 2006,

p. 94; Bilbao, 1999, p, 27), Con el Tratado de Maastricht de fondo, se legalizan las empresas de trabajo temporal y se aumentaron las causas de despido justificado”, Su resultado no fue la generación de más empleo, aunque fuese de peor calidad, sino la precarización del empleo existente, facilitando la sustitución de puestos de trabajo indefinidos

por otros de duración determinada (y corta). A estas alturas, el mercado ya se había consolidado como «asignador eficiente de recursos»”, La situación se tornó alarmante cuando España alcanzó un 30 % de

temporalidad. En 1997 se firmó el llamado Pacto de Estabilidad y Em-

pleo, cuyo principal objetivo era frenar la expansión de la temporalidad, y para el cual se contó con los sindicatos (Aragón ef al., 2007, p. 190). Una de las medidas para reducir la dualidad fue abaratar el despido de los indefinidos, no encarecer el de los temporales. Algunos autores hablan de un punto de inflexión en las relaciones laborales para el período 1997-2000, mientras que otros señalan en el papel de los sindicatos la asunción de que el paradigma de la flexibilidad había triunfado (Laparra Navarro, 2006, p. 89, 98; Sola, 2013, p. 200, respectivamente).

Posteriormente, con la precariedad ya consolidada, la actividad legislativa se redujo hasta el inicio de la actual crisis económica. Durante este tiempo, las reformas laborales han seguido aplicando el paradigma de la flexibilidad, si bien buscando la flexibilidad en el despido, una vez alcanzada en la contratación (Sola ez al, 2013, p. 4).

Se ve cómo una intensa intervención estatal es necesaria para crear

las condiciones de un mercado «libre» y cómo, frente a la retórica, existe

toda una construcción jurídica que cada vez aumenta más los tipos de contratos, introduce excepciones en las formas de despido y se articula

junto a la política fiscal para favorecer un tipo de relación salarial sobre

otra. La cuestión fundamental, entonces, no es más o menos regulación, sino cómo esta favorece una determinada distribución de la riqueza u : ¡ ¡ que, de hecho, ho, sir52 No cambió necesariamente las preferencias del Gobierno, sino (Sola, 2013, p.34). vió para lepidmas unas políticas que ya se estaban desarrollando

53 Ferreiro y Serrano, 2001, p. 160; Laparra Navarro, 2006, p. 95. Ver Petras, 1926. 87

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

otra (Harcourt, 2011, p. 48). Todo

esto no es incompatible co

, no piden ausencia de Estado, sino que cipios neoliberalesque

Ñ los Prir,.

le na, determinadas funciones. Con todos estos cambios no solo se modif

las estructuras laborales, sino que también se influye de MANErA ing; Car,

en las relaciones sociales (Bilbao, 1999, p.31). Mediante la [presenta

de la sociedad que produce el discurso público, por un lado, y las a poco a ein ticas y situaciones del día a día, por otro, se configura nuevo sentido común en torno al funcionamiento de lo social,

ñ

Un sentido común flexible

«Alguien me dirá que hago una política económica que sólo favorece a las empresas, y yo le diré: tiene usted razón, queremos que las empresas vayan saneándose, vayan recuperando su excedente (para que) se llegue a ese punto de inflexión en que las empresas empiecen a

generar empleo (...) Es de sentido común» (Felipe González, presidente del Gobierno, Diario de sesiones de la IT legislatura, 24/10/ 1984)*

En la frase de arriba casi lo menos interesante es que provenga del líder de un partido que se dice socialista y obrero. Llama la atención que se reconozca abiertamente que las medidas legislativas que se estaban tomando favorecían claramente a un grupo sobre otro, y que este reforzamiento legislativo del poder del capital sobre el trabajo se presente despolitizado, aduciendo un sentido común que no es tal. Mediante la apelación al sentido común lo que se busca es

poner fin a un debate. Ya que es de sentido común, no hay más que discutir (o, quien lo discuta, parte de la posición de insensato). El paradigma de la flexibilidad comenzó a tener una fuerte pre-

sencia a finales de la década de los 70 y principios de los 80, quejándose de las rigideces en el despido y de unos altos salarios que estarían ahogando a las empresas y evitando que se pudiesen adaptar mejor a la demanda de producción. Una década más tarde, la derecha y la izquierda parlamentaria ya estaban de acuerdo en los aspectos funda-

mentales de la política económica, y la presentaban como la única posible o, desde luego, sensata (Sevilla Segura, 1985, pp. 8-10). Así, con el uso de motivos, se resuelven conflictos y se consigue una mayo!

integración (Mills, [1940], p. 908). Las similitudes con el discurso

54

Cita encontrada en Jiménez Franco, 2016 , p. 203.

88 dh Escaneado con CamScanner

3. El mercado laboral flexible

actual no pueden pasar desapercibidas,y la presentación de este tipo de medidas como algo temporal es habitual (Castel, [2009], p. 131).

El hecho de que exista una serie de dogmas sobre la mejor forma

de organizar las relaciones productivas de una sociedad no elimina, lógicamente, la existencia de visiones alternativas. Algún grupo parlamentario ha defendido una legislación diferente, y muchas asocia-

ciones de ciudadanos han mantenido, y siguen manteniendo, un discurso crítico contra la flexibilización del mercado. El recurso a las huelgas ha sido recurrente, aunque no todas hayan tenido el éxito de la huelga general de 1988 —como respuesta, precisamente, a un nuevo

intento de flexibilización del mercado laboral, y que marcó una efí-

mera vuelta a una política económica más social, hasta 1992 (Sola,

2013, p. 170). No obstante, no todos los grupos e instituciones tienen la misma capacidad de conformar el debate público y, mucho menos,

de legislar; la representación institucional es importante. Por un lado, siempre existen justificaciones públicas del orden económico existente, lo cual ayuda a construir un problema social

en unas coordenadas y con un lenguaje concreto, que ya orienta el

debate y las respuestas. El discurso político concentra unas caracte-

rísticas de legitimación, desinterés, universalidad, etc., que lo hacen

socialmente eficaz, aunque no incontestable. Por otro lado, el propio efecto de la legislación, de la promulgación oficial por parte del Esta-

do, y de su funcionamiento ejercen una violencia simbólica que lleva naturalizar determinadas relaciones de poder y dinámicas que terminan pareciendo precisamente

eso, de sentido común

(Bourdieu,

en [1982], pp. 67-71; [2012)). El desarrollo de esta doxa neoliberal

amateria económica podría ser el interesante objeto de una investig

ción que aquí no se ha podido realizar.

como de Definir una solución a cuestiones altamente polémicas

asuntos prosentido común es una forma de intentar despolitizar

naturafundamente políticos. Tal vez, y habida cuenta de los efectos

una lizantes de un discurso político sin oposición fuerte en as democracia, y el propio efecto performativo de las leyes aprobad de los 80, hubiera especialmente durante el gobierno socialista argumentación más sincero que González hubiese concluido la común». la que abría este epígrafe diciendo «será de sentido ativo, pero Un último apunte, tal vez más curioso que signific no muestra bien que, en realidad, la apelación al sentido común

sido con que es a

por la flexibilización per se. La reforma laboral de 2012, introducida 89

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

el Partido Popular, suponía un nuevo paso en la línea iniciada por e]

PSOE. A pesar de ser de sentido común, ha provocado Múltiples protestas y manifestaciones (como en su día las ocasionaron las refor. mas del PSOE). En este sentido, y por concluir este epígrafe con

quien se empezó, resulta llamativa la reciente petición que González le realizó a Rajoy, reclamando nuevamente «sentido común» , Pero 55 esta vez para rechazar la reforma laboral",

La temporalidad como precarización indefinida De todas maneras, la flexibilidad no es solo discurso. Este «favorecer , las empresas» que formaba parte del discurso declarado y de los obje-

tivos explícitos de las reformas laborales, parece que se consiguió, a] menos, parcialmente. No obstante, aún hay muchos trabajadores y tra-

bajadoras que siguen esperando ese punto de inflexión en el que el favorecimiento del enriquecimiento empresarial revierta en igual medida en los trabajadores. El resultado de introducir contratación temporal no parece que haya sido reducir el desempleo, añadiendo trabajadores temporales a los indefinidos, sino que tiende a una sustitución de asalariados con contratos indefinidos por otros con contratos temporales, cuyos salarios y costes de despido son más bajos (Cano y Torrelles, 2000, p- 146; Ferreiro y Serrano, 2001, p. 161). Se ha señalado que la precarización no es una solución transitoria, como parecía presentarse, sino que es un elemento estructural fundamental en las economías postfor-

distas, al actuar como una herramienta disciplinaria que permite SU

funcionamiento (Alonso y Fernández, 2009, pp. 229-230; Bourdieu, [1998], p. 141). El paro solo se redujo años más tarde, cuando el ciclo económico ef favorable,y lo hizo principalmente mediante trabajos en la construcción (asociados a la burbuja inmobiliaria) y a la hostelería (asociados al turismo). Estos dos sectores, base del «milagro económico español» y de la reducción del desempleo durante la segunda mitad de la década de los

20, son trabajos que se caracterizan por su estacionalidad, horarios y variables y condiciones discutibles. Estos empleos colo can en una a ción de vulnerabilidad ta] que son los más represen tados entre la població 55 «Felipe González . ; . pide a Rajoy «sentido común» y a Cascos que asuma ponsabilidad» , La Nue va España, 22/03/2012.

su

res”

90

dh Escaneado con CamScanner

3. El mercado laboral flexible

carcelaria del país, duplicando su representación entre rejas, y apunta al vínculo existente entre aquellos en las peores condiciones del mercado

laboral (o, directamente, los que están excluidos del mismo) y la población más castigada por el sistema penal (Gallego et al., 2010, pp. 66-68). La evolución de la temporalidad en España consta de tres etapas: un fuerte incremento inicial en el que solo en cinco años casi se duplicó la tasa (no hay datos para antes de 1987), pasando del 17 % al 33 %, año

en que se aprobó una nueva reforma laboral. Después, una larga esta-

bilización alrededor de ese tercio sobre el total de los contratados, y un breve descenso tras el año 2006 (siempre manteniendo diferencias considerables entre el sector público y el privado —aproximadamente el 20 %

y el 50 %, respectivamente) (ver gráfico 3.1), Gráfico 3.1. Tasa de temporalidad en España (1987-2010).

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67 En el Rein o Un; rado y extendidnido o Bon

104

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desmercantilizadores denon

e tensión y contradicción es en el que 4

que tampoco se ha desmantelado, sino ree

a,

pructu”

1, p.158, p. 169).

Escaneado con CamScanner

4, La política social activa

que entender el desarrollo de a lo que hoy se le llama Estado de Bienestar.

No importa repetir que el proceso de implementación de las políticas y sus MArcos institucionales no se corresponde plenamente con ningún proyecto político único, ni se desarrollan suavemente, sino con idas

y vueltas, rodeos, contradicciones y tensiones, generando híbridos con elementos comunes a la lógica neoliberal, pero con las especificidades propias de cada lugar. Y que, incluso dentro del mismo desarrollo, puede haber diferencias entre según qué derechos se analicen o a qué instituciones se miren (por ejemplo, el universalismo rige algunas ramas de la política social, como las pensiones, pero el asistencialismo condicionado rige otras, Como las políticas de empleo). La mayoría de las investigaciones sobre el Estado de Bienestar han tendido a estudiar el gasto social, más que las relaciones institucionales

y sus características, Á pesar de la insuficiencia de una aproximación

meramente cuantitativa para comprender el Estado de Bienestar, la necesidad y la utilidad de este tipo de datos es poco discutible, por lo que se va a pasar a describir la evolución de la política social española. La evolución del gasto social total del Estado español ha estado en constante aumento, si bien también lo ha estado la población española y el PIB. Por estos y otros motivos, se considera mejor indicador el gasto

social como porcentaje del PIB, a fin de poder calibrar los esfuerzos y

las prioridades de la política social de un país. Si atendemos a dicho

porcentaje, el caso español se puede dividir en tres etapas (ver gráfico 4.1): una inicial, desde 1972 hasta 1993 de constante aumento, aunque

también de constante desaceleración de ese crecimiento. Ese crecimiento, y su desaceleración, pueden ser comprendidos si se tiene en cuenta la posición tan baja de partida, y que mantener un mismo cre-

cimiento porcentual interanual es más costoso cuanto mayor es el gasto

del año anterior. Simplemente no se puede crecer indefinidamente al mismo ritmo, No obstante, el hecho de que sean políticas, hace que no

se trate de una mera cuestión técnica, sino de elecciones y prioridades.

Por ejemplo, el período 1988-1992 experimentó de nuevo un creci-

miento, como consecuencia de la resistencia articulada al proceso de

flexibilización del mercado laboral y estancamiento del desarrollo del Estado de Bienestar. Este período culminó con la huelga general de 1988, en uno de esos episodios históricos que muestran la existencia y los efectos de la resistencia, y que recuerdan que la implantación de

es políticas neoliberales no es algo determinista € inevitable, sino que reversible, al igual que lo fue la socialdemocracia. 105

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Neoliberalismo y castigo

á

spaña. Gráfico 4.1. Gas to social en España

Porcentaje sobre e] t Otal

( 1980-2009).

de] Pip

¿6

24

212 20 IB 16 14

12

—OCEEOBRRA DONEOGESOIESENIGER NO RREOEEE O Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE?,

El siguiente punto de inflexión se produce en 1993, momento A que se firma el Tratado de Maastricht y se establec e como pros : nacional reducir el déficit público para poder entr ar en el euro. : esta situación, y dentro de un marco de sentido, aparentemente co h se disminuye el gasto social y se prioriza la conv ergencia económio Ml Europa sobre la social, El déficit económico es considerado me EN tante que el défic

it de derechos sociales (Navarro, 2006, p. 46). o vuelve a aumentar el gasto social lige ramente hasta 2007, pero be br niveles algo más

bajo a los que había antes de 1993. Ha sido

68

s

No se incluyen aq

partida a partir d

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por encima del 4 % a A incapacidad mía orprencomo investigador, me dente que sea tan ha resultado sorp difícil rec

Aunque las tendencias son coi fuente (Presupuestos Gene

ral anteriores a 1990, ver Rodrí los 90,

OCDE o Eurostat etica fácilm ' coinciden con los te datos que, sin em argo, nO de la Es puelas Barroso (2013), enque bargrecons” hace una destacable

trucción para el período 1850-2005

106

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4. La política social activa

partir de 2008, con la explosión de la crisis y el gasto en pensiones y

desempleo (salidas del mercado laboral) cuando se ha vuelto a los nivel es de gasto social de hace 20 años.

El gasto social en España es considerablemente menor que el de la

media europea, y el gasto social por habitante ha sido el segundo más bajo, solo por detrás de Portugal (Navarro, 2004, p. 16). Debido a su

extensión, es difícil defender que la política social española compense la vulnerabilidad asociada a la precariedad (Sola e a/., 2013, p. 12). Si, a pesar de las condiciones laborales y la extensión de las políticas sociales,

la gente consigue salir adelante se ha debido a las fuertes redes infor-

males de apoyo existentes, y que han amortiguado los efectos de la desigualdad de una manera que merecería ser profundizada como elemento distintivo del caso español en la discusión wacquantiana sobre los efectos del neoliberalismo (ver Moreno, 2001; León Borja, 2002).

También se puede ver que su desarrollo ha sido lento y tardío. Las elites políticas decidieron que la convergencia económica con Europa los era prioritaria, y la expansión macroeconómica de España durante 90 se realizó a costa de intensificar la precarización de los derechos del crecisociales (a partir de 1997 el gasto social ya crece por debajo

, 2003, p. miento del PIB) (Navarro, 2004, p. 19; González Temprano

(en especial 41). Además de sobre las redes informales y las familias al trabajo remunesobre las mujeres, todavía subordinadas en el acceso peso de conseguir el rado y el reconocimiento de derechos sociales), el a vecinos concedían acceso a servicios sociales básicos que los Estados modelo

domésticas. Estas, en un sus habitantes recayó en las economías que asumir un endeudamiento con los ban-

particular hispano, tuvieron

través de las hipotecas) para a solo, no pero e, ntalment (fundame cos en la Consti-

de ellos reconocidos acceder a servicios básicos, muchos Así, el endeudamiento tución, si bien solo a modo de principios rectores. sto el límite de déficit por Maaspue (im mir asu ía pod no ado Est que el s de recau dación de

equiparar los nivele tricht, y descartada la opci1ón de sin incurrir en endeuar ast impuestos a estándares europeos —es decir, g 7 la gente, todo foasumió lo altas) más rentas las gravando damiento, política de po mentado por una generosa

bancarios a bajo .

-188). ) interés (López y Rodríguez, 2010, pp- 180

tamaño del gasto socia Les del más lan hab te, tan obs no Estos datos, r servicios y pi o uraleza o de su capacidad para provee

de su nat mplo, que la a derechos. No es lo mismo, por eje

sl

ciones po! desempleo, a q empleo se dedique a pagar presta

so

107

——

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Neoliberalismo y castigo

gastando en subvencionar a las empresas para que actualicen y Moder.

nicen su capacidad productiva. No es lo mismo gastar más para CONStruir hospitales que para construir hospitales y luego ceder su explotación a empresas privadas. Es muy importante en qué se gasta ese dinero, Este

tipo de mediciones, útiles como son, quedan limitadas si no van aCOmpañadas de un análisis complementario que tenga en cuenta CÓMO re-

distribuyen ese dinero, las necesidades sociales, la estructura

demográfica o la organización del sector público o la estructura de

clases y su interacción con otras esferas sociales, por poner solo algunos

ejemplos (Clayton y Pontusson, 1998; Esping-Andersen, 1990). En de-

finitiva, se trataría de abrir la caja negra que se tiene cuando solo se miran los gastos. El Estado de Bienestar, como institución que distri-

buye bienes y servicios, jerarquiza e interviene de manera directa en la

estratificación social, de la misma manera, aunque no con la misma intensidad, que lo hace el mercado de trabajo (a través de los salarios y

de la valoración de unas labores sobre otras) o el sistema penal (distin-

guiendo a los buenos de los malos y quebrando familias y proyectos vitales). Identificar estas lógicas es lo realmente relevante cuando se estudia el Estado social (Esping-Andersen, 1993, p. 129).

También es necesario distinguir entre las propias políticas sociales,

pues si bien el universalismo se ha mantenido dominante en educación hasta el comienzo de la presente crisis, el resto ha tendido mayoritariamente hacia el asistencialismo. Se ha llamado la atención sobre esta fragmentación, a la que hay que sumarle las variaciones entre regiones.

De manera similar, la mercantilización o desmercantilización varía en grados y lógicas en algunas políticas concretas, hasta el punto de cierta coexistencia contradictoria (Serrano Pascual, 2007b, p. 308; Noguera,

2000, pp. 477-478).

Por último, es importante interpretar la implementación de políticas sociales en un contexto histórico complejo y no lineal. La desigualdad

se redujo en la segunda mitad de los 80 gracias, fundamentalmente, 4

un incremento en el gasto social. La crisis de principios de los 90

aumentó abruptamente los niveles de desigualdad, que se mantuvieron

estables desde la segunda mitad de los 90 hasta el inicio de la crisis, pesar de que se generó mucho empleo (ya se vio que precario) y los indicadores macroeconómicos apuntaban a un notable crecimiento de

la economía española, Es decir, se construye un sistema en el que más empleo y mejora en la economía del país no repercute en una reducción de la desigualdad (Ayala Cañón, 2014, pp. 69-74). 108

—a

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4. La política social activa

En este apartado no se va a poder dar cuenta del Estado de Bienestar español en toda su complejidad, pues entre otras cosas no es el objetivo de la investigación. Sí se intentará, no obstante, ahondar en algunos aspectos menos cuantitativos, a fin de poder interpretar mejor estos datos, y rastrear la influencia del neoliberalismo, y su relación con el sistema

penal y el mercado laboral.

La construcción del Estado social neoliberal Hasta aquí muy probablemente solo se haya hablado del gasto social, pero el Estado de Bienestar abarca también las relaciones que el Estado

social mantiene con otras instituciones como el mercado o la familia

(Esping-Andersen, 1990). Los cambios que llevan años dándose en

España y en muchos de los países de su entorno alrededor de la sanidad o la educación, por ejemplo, forman parte de un proceso más amplio

de reconfiguración de las misiones del Estado y de reestructuración del sector público (Clayton y Pontusson, 1998, p. 91). No se trata tanto de

de su un desmantelamiento, sino de una limitación y transformación

intervención. Paulatinamente el papel del Estado pasa de ser desmer-

de intervencantilizador a remercantilizador, manteniendo aún niveles

en ción destinados a la protección social, pero con un mayor énfasis mercado. Adepolíticas destinadas a dinamizar el funcionamiento del

el Estado se desmás, se redefinen las responsabilidades. Por un lado,

del mercado y responsabiliza en buena parte de lo que sucede dentro

el énfasis individual en las instituciones mercantilizadas. Por el otro, con de su situación (Sede sus intervenciones, responsabiliza a las personas 125). rrano Pascual, 2007a, p. 17, p. 21; Alonso, 2007, p. estaría encaminada a manParte de la actividad del campo burocrático cubiertas sobre los que el tener unos niveles mínimos de necesidades no solo se consigue memercado flexibilizado se pueda desarrollar. Esto escaniveles soportables de diante una política social que mantiene unos

llevar al colapso del sistema, ría pod que a rem ext a rez pob la do sez, evitan una importancia mayor sino que también el uso del sistema penal cobra 4; nt ([2009], pp. 43-44, pp- 411-41 en el neoliberalismo, y en esto Wacqua al keynesia= or diferencia frente al modelo soci

2012b, p. 76) ubica la may

r que en las aproximaciones fouala señ no rtu opo es te, tan obs No a. nist el centro de las políticas caultianas a la cuestión neoliberal, se pone en ividades, de manera que buena jet sub las ar orm nsf tra de n ció fun su ales soci 109

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

parte de la intervención iría destinada a introduc ir dinámicas d

tencia entre las personas, produciendo una inclusión diferencia] OS

la dicotomía ciudadano/no ciudadano). Para ello, fomen rd Jada q de desigualdad sería fundamental, así como alentar los Seti

inseguridad que socaban formas no mercantilizadas de Provisión ra sidades (redes informales de apoyo no sujetas al intercambio capita

No es, en definitiva, una cuestión de más o menos Estado, La st),

neoliberales promulgan la menor intervención estatal posible q

del mercado, la justa para garantizar su funcionamiento de o

unas reglas determinadas. Sin embargo, no parece estar en e td, Ñ

una intervención estatal en lo social, siempre que no suponga un

excesivo (Avila Cantos, 2012, p. 28). Lo fundamental es su fubelons miento con

una lógica remercantilizadora y de eficiencia, en e] que lo público queda solo para aquellos que no pueden procurarse, y lo demuestren, los servicios básicos dentro del mercad o (Alonso, 2007, p.123, p. 127). Cómo se demuestra la necesidad de protecci ón social es funda-

mental para ver la concepción de las relaciones sociales, la atribución

de responsabilidades y el acceso a unos recu rsos públicos que, al focalizarse cada vez más sobre grupos concretos, desplazan su carácter de

derechos hacia algo más cercano al asistenciali smo (Alonso, 2011,p. 9). Además de esta tendencia hacia la neoliberaliz ación de la acción

estatal, es importante tener en cuenta una «segunda diná mica de dis-

tribución coyuntural de derechos sociales»: el mercad o electoral o los

efectos de movilizaciones sociales potentes (Alonso, 2007, p. 127; Rodríguez Cabrero, 1995, p. 62). Aunque sea un aspecto que recibe poca importancia a lo largo del libro, lo cierto es que sería interesante ver

cómo influyen los ciclos y las estrategias electorales en la naturaleza y expansión/contracción de las políticas públicas . Se ha señalado que h alte rnancia entre PP y PSOE no ha supuesto cambios fundamen tales

en el modelo de Estado de Bienestar, pero sí en relación a coberturas 0 extensiones concretas (Noguera, 2000 , p. 493).

A continuación, se verán algunas de las caracterí sticas en torn que se ha estado construyendo la pol ítica social. .

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Individualización ,

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7 , ' Ye sentido de que la políti ca social funcione orientada hacia4 la indivi” ualiz aci ación está relacionado con que se consider ñ a que el intel

110

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4. La política social act iva

individual (si se quiere, egoísta) es el motor de la sociedad, pues es lo que hace a las personas no quedarse cn un estado pasivo esperando a

lo que alguien les pueda dar. Este el motivo por el que la desigualdad deja de ser vista Como disfuncional, y hasta cierto punto se considera deseable

pues haría que la gente se moviese y motivase. Así, fomentar la iniciativa individual se convierte en el objetivo político del llamado Estado mínimo

(Muñoz, 2005, p. 110). Es lógico, pues, que la vulnerabilidad en la que se encuentran millones de personas fruto de la precarización laboral y la restricción de la protección social no se vea como un mal a evitar, sino a

controlar dentro de unos niveles aceptables. Esta concepción del funcionamiento de las personas y de la sociedad se ha concretado en las formas que están adquiriendo las ayudas sociales. Por un lado, la responsabilidad de la jerarquización social se desplaza del Estado al individuo, enfatizándose constantemente el esfuerzo y el

mérito a él asociados (Avila Cantos, 2012, pp. 137-138). Este reconocimiento de la posición social en términos de mérito facilita una evaluación de la persona en función de su posición en la estructura social.

Además, tiene como consecuencia «la gestión de las desigualdades a partir de su individualización», reconceptualizando un problema social, o al menos así lleva demostrándolo la Sociología durante un siglo, en uno personal (Susín Betrán, 2000, p. 351).

La individualización de la problemática se concreta en un acceso y

disfrute de los derechos mediante compromisos también individuales,

en forma de contrato (Dubois, 2012, p. 8). Este, al igual que en el mer-

cado laboral, es muy asimétrico, entre quien tiene poco y quien dispone de los recursos, en este caso el Estado. Además, la importancia del in-

dividuo aumenta por el otro lado, en la parte de la Administración, pues

muchos de los requisitos están vagamente definidos y se concretan en

apreciaciones subjetivas de los trabajadores sociales sobre el esfuerzo realizado por el solicitante, cuestionándose cada vez más la naturaleza de derecho de las ayudas sociales (Ávila Cantos, 2012, p. 138; Dubois, de deteni2012, p.16). En todo caso, ahora se va a tratar con algo más

miento todo este proceso. Contractualización

zación de las relaLa relacióión entre el indi ntractesuali individu viduali alismo y l la qa paralelo, y de difícil cllOnes sociales : no es nueva. De hecho, su

111

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Neoliberalismo y castigo

concebir el uno sin el otro. «La contractualización traduce, yal mi tiempo impulsa, una recomposición del intercambio socia] de no

nera cada vez más individualista» (Castel, [1995], p. 474). La aplica de este principio a los servicios sociales repercute en que se les pt que actúén como individuos autónomos a las personas que tienen m e nos recursos para poder serlo (Castel, [1995], p. 469),

,

Esto ha conllevado una transformación sutil pero sustanti

va de las

prestaciones sociales, sobre todo de aquellas cuyo carácter no e S UniVersalista. Los contratos que se obliga a firmar a los ciudadanos s i quieren

disfrutar de su derecho hacen que este quede subordinado al

compor-

tamiento, volviéndose en la práctica una concesión del funcionario de acuerdo a la implicación personal del solicitante y a la puntuación que

la persona obtiene en un baremo prefijado (Avila Cantos, 2012, pp.

289-290) La cuestión se convierte en a quién su comportamiento le da

derecho a recibir (y mantener, algo cada vez más difícil) ayudas públicas (Katz, 1989, p. 10). Ya a finales de la exposición sobre el mercado laboral se introdujo el concepto de las políticas de activación, que como políticas de empleo

se tornaban un punto privilegiado para ver la forma institucionalizada

de relación entre estas dos esferas, y el enfoque y la solución del pro-

blema que aportaba el Estado. Con este tipo de políticas, los que buscan

trabajo se ven obligados a firmar un compromiso a aceptar las ofertas

de trabajo que se les consigan y que encajen con su perfil formativo (Aragón ef al., 2007, p. 182). Esto sucede desde el año 2002, y en tan

poco tiempo la idea de que si alguien no quiere aceptar los trabajos que

se le ofertan no debería perder su derecho a una prestación, en este Ca50

además ganado mediante cotizaciones a la Seguridad Social, parece hasta idealista,

Moralización

El proceso de mercantilización de un servicio requiere un import trabajo cultural y moral (Fourcade y Healy, 2007, p. 300). Todo > he ceso está atravesado por un trabajo simbólic o de gorías sociales y reformulación de los problema devaluación ns te, s. Consecuentemeo la elaboración y modificación de las políticas está saturada de dee de y ciones que terminan conformando una economía moral (Foure* se

Healy, 2007, p. 303; Fassin, [2013] 9), en las que muchas vece? 112

dl Escaneado con CamScanner

4. La política social activa

mezclan consideraciones que nada tienen que ver con la provisión de servicios (aspectos relacionados, por ejemplo, con pretendidos hábitos

inmorales de las poblaciones objeto de ataque), incluso llegando a constituirlos en clases peligrosas asociadas con la delincuencia (ante las que

las soluciones no se plantean mediante la propia provisión de los servicios para suplir carencias como en el discurso socialdemócrata, sino en clave voluntarista y de gestión personal en los distintos mercados). Por ejemplo, el proceso por el que se define la dependencia de las personas

del Estado en protección social como algo a limitar es construido socialmente. Basta fijarse en que la dependencia económica del Estado que tienen las grandes constructoras o los fabricantes de armas no se interpreta como tal (Katz, 1989, p. 160). La moralización de las políticas, y de los usuarios, conlleva valoraciones sobre lo que es bueno y malo (a veces expresado técnicamente en términos de riesgo). Esto abre la puerta a la imposición de compor-

tamientos y valores a quienes se encuentran en situación de necesidad, que tienen que negociar su situación personal en una situación en la que estructuralmente apenas tienen poder y en la que carecen de la capaci-

dad para describir su situación en sus propios términos, teniendo que

plegarse a un lenguaje burocrático que les es habitualmente extraño? Este hecho no es nuevo, y ha acompañado siempre a la elaboración de

políticas sociales. Ahora bien, que la causa de la situación se ubique en fallas colectivas, sociales, o en fallas personales sí abre una vía nada despreciable para la imposición de medidas disciplinarias que van más

p. 185). allá del estricto reconocimiento de un derecho (Castel, [2009], convierte la Es una de las consecuencias de la retórica neoliberal, que

p.378.; Bell, cuestión social en una cuestión moral (Álvarez-Uría, 1998, foca2011, p. 153). Así, una lógica asistencial, con una concepción más desde unos lizada y condicionada de las ayudas, desplaza los requisitos

indicriterios más colectivos a unos más basados en las características viduales y en mecanismos de control (Susín Betrán, 2000, p 345). Como la me en las distintas épocas históricas, se vuelve a reproducir y los entre los buenos de los sectores empobrecidos de la población

siempre ti SY as ejer il pcoicia les zan las ayudcue ” 69 Lo cual no determina que los trabajadores que gestio nao 10 eel n de dominación, sino que lo hacen en una

una relació agentes que his fabieciva y la economía su propia forma (Dubois, 2012, p. 10). Los en cuenta A je de A915). do tenien ones decisi las vez, su a man, ef al., moral de la institución, además de las normas (ver Fassin 113

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stigo Neoliberalismo y ca

de mentira, solo que con otra len BUaje malos, los d e verdadficay dolos (Du bois, 2012, p. 13). ¡ cni

Más

burocrático y te De nuevo, no es una cuestión de blanco o negro, sino QUE Se trata Mm

nes que dis cambios de énfasis, que son importantes. Las institucio

buyen los recursos que la gente necesita para sobrevivir, sean e Statales

o no, tiene una gran capacidad de control sobre estas Personas ( Piven

Cloward, [1971], p. 22). Se torna fundamental la reorientaci ón de la integración social en términos de su participación en el mercado, pues la solución pasa por la activación de una mano de obra en Suspenso,

legitimando un control y disciplinamiento orientado en gran meqj d

por la ética del trabajo (Serrano y Arriba, 1998, p. 49).

Control punitivo

La contractualización de buena parte de las prestaciones sociales no uni-

versalistas, presentadas como planes individuales, abren la puerta a un

importante control en las vidas de los ciudadanos en situación de nece-

sidad. De hecho, la forma contractual es en sí misma un mecanismo de

control, destinado a asegurarse de que las partes cumplen su parte (Dubois, 2012, p. 8). Rellenar cuestionarios, responder a las mismas pregun-

tas en cada visita para ver si existen inconsistencias en el relato biográfico

que justifica el acceso a un derecho o una documentación sistemática

son acciones que se vuelven rutinarias en cada visita al trabajador social

o al agente de empleo, y las personas lo perciben como una intromisión

en su intimidad (Ávila Cantos, 2012, pp. 215-216). El impacto de estos cambios se está dejando notar en que han contribuido a que las políticas sociales tomen una orientaci ón más apegada al control que al bienestar social (Beckett y Sasson,

11). El individualismo económico que informa estas políticas 2000, p. asume,

en su visión del ser humano, que la gente no hace cosas si no tienen

incentivos (económicos) para ello. Por su aplicación inversa, las ayudas económicas $e ven como algo que fomenta que la gente no trabaje, n0

se active, al influir en el cálculo racional que supuestamente realizan. id por un lado las cuantías de las ayudas, hasta unos . de Poe

Pongan un incentivo para la inactividad y, a la vez, $ . mos coerciti e vos orientados Mecanis a que recibir estas ayU $ E

boj “7 280 incómodo, influyendo en el cálculo coste-beneficio (DU ois, 2012, p. 13). S

”

n

e

114

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4 La políti a social activa

Esta reorganización

en términos

de vigilancia y control

tiene su

a punto de apoyo fundamental en que las ayudas, además, están sujetas

interrupciones O a Ser retiradas (Wacquant, [1999], pp. 104,106; [2009], sufi102). Demostrar al inicio que eres merecedor de la ayuda no es ciente; hay que renovar periódicamente el merecimiento, El trabajador del Estado puede retirar la ayuda en cualquier momento si la persona

no supera su evaluación. Los efectos de control que tiene el proceso sobre la vida de las personas que no son capaces de procurarse un bie-

de la innestar dentro del mercado son reales, por cuanto la amenaza

un terrupción de la ayuda es constante, Ya se vio cómo se conseguía efecto disciplinario similar en el mercado laboral mediante la prolife-

que ración de los contratos temporales, y el desequilibrio de poderes esto generaba.

Como, por otra parte, los contratos están basados en unos presupuestos poco reales y no gozan de los medios previstos para un auténtico

una asesoramiento individualizado, el agente social termina ejerciendo

magistratura moral al decidir si el receptor se «merece» seguir recibiendo en la ayuda (Castel, [1995], p. 475). Esto es especialmente importante un modelo de protección social que cada vez se rige menos por princien pios universalistas, y en el que este tipo de exámenes ha crecido número y complejidad burocrática, lo que es importante para interpre tipo de tar mejor el gasto público en una política concreta, pues este Espingcontroles son muy caros (Clayton y Pontusson, 1998, pp. 69-70; Andersen, 1993, p. 125).

contracLas penalizaciones por el incumplimiento de estas formas n de un detuales pueden llegar a la retirada de la ayuda —a la negació que se articula recho, Tal es el cariz del elemento sancionador, penal, en infracgradualmente, como en muchas parcelas del sistema p. 352; Aragón ciones leves, graves y muy graves (Susín Betrán, 2000, del trabajo et al.,2007, p. 187). Así, se ha hablado de la «policialización»

sesgo securitario en el social y se ha señalado la introducción de un

al punto control que realizan sobre los pobres”. La sujeción ha llegado

del Estado (porque no se cotizó de que, aunque no se perciba dinero eo ha sido largo) se le lo suficiente o porque el período de desempl y tres meses (no ayudar excluye temporalmente de las listas, entre uno más explícita a la labor de los 70 Ávila y García, 2015, pp. 86, 92. Se hace referencia más en colaboración directa trabajadores sociales de calle, que cada vez trabajan con la policía,

115

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Neoliberalismo y castigo

a encontrar trabajo se torna un castigo y además se reduce

registradas de parados). Es también digno de mención que

ayuda a buscar un empleo adecuado, pues en la práctica la

inicial individualizada no se realiza (Aragón e£ al., 2007, pp.

n las Cifras rara vez se

evaluación

188, 20), Como es previsible, esta transformación del día a día de m Uchos tra. bajadores sociales ha generado reacciones entre este colecti vo, QUe se quejan de que sus funciones han pasado de la Intervención social a la vigilancia y el control (Cantos, 2012, p. 225; Avila Cantos y García Gar. cía, 2013). Lo cierto es que la tensión entre estos dos polos de actuación

es intrínseca al trabajo social (Alvarez-Uría, 1995, p. 14), y el peso de la

funciones de integración y de neutralización varían según el tiempo y el lugar, por lo que aquí no se defiende que la intervención ahora sea solo

control, pero sí que la importancia de estas funciones es ahora mayor,

Descentralización

La conformación de la política social neoliberal ha ido acompañada de un creciente proceso de descentralización, tanto territorial (Adminis-

tración central, Comunidades Autónomas, ayuntamientos) como institucional (público, privado). Esto ha conllevado una fragmentac ión y complejización del entramado de provisión social en España. En lo referente a los servicios de empleo, el monopolio del INEM acabó en

1994, Además de la creación de empresas de trabajo temporal, se baron los servicios integrados para el empleo (SIPES) que abre laaproexternalización de estas tareas a organizaciones sin ánimo de lucro privadas y públicas, y dos años más tarde se descentraliza, aplicándose

en el ámbito local con poca coordinación (Aragón ef al., 2007, p- 17). La precarización ha afectado no solo a quienes solicitan servicios soc iales, sino a quienes los dispensan, pues cada vez hay más profesio” nales qu

e no trabajan directamente para el Estado (Ávila Cantos, 2012,

p-339). En otros países, y dentro de un proceso típico, los componentes de servicio del Estado de Bienestar son los primeros que se reforma con una

lógica mercanti] (Clayton y Pontusson, 1998, p. 96).

En definitiva, puede verse una individualizació de los derech n os soció"

les y una Í cont ractualiLana zacitaón que puede ser revocada tiza y que no JA dere con la prestación todo el tiempo al que inicialmente $ as erecho. 116

Esto depende de una evaluació n que se basa en gran P pe

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4. La política social activa

una apreciación moral del trabajador social. Además, la descentralización y falta de uniformidad territorial en el acceso a derechos y la incertidumbre de la oferta de unos servicios que están supeditados al déficit económico, ni siquiera permiten saber muy bien a qué derechos se tiene acceso o no, ni en base a qué. Individualización sin garantías de que la

relación contractual impuesta sea de larga duración, y culpabilización del sujeto en caso de que el proyecto fracase. Sería interesante pensar hasta qué punto se ha flexibilizado la política social.

La sustitución de la ciudadanía por la desigualdad como mecanismo para asignar recursos La configuración de un sistema asistencial fragmentado, con múltiples

reglamentos, con ayudas para colectivos específicos y un acceso diferencial a las mismas, hace que sea más conveniente hablar de una gradación

de las formas de inclusión, o de inclusión diferencial, que de un binomio claro entre inclusión y exclusión social (Mezzadra y Nielson, 2014, pp. 13-14; Avila Cantos, 2012, pp. 26-27). Como pasa en el mercado laboral, frente a una situación de estar dentro o fuera, se crean múltiples itinera-

rios y diferentes tipos de coberturas que se configuran crecientemente en una negociación individualizada. La idea fundamental sería la de intro-

ducir mecanismos más o menos sutiles que crean una infinidad de itinerarios que mantiene a las personas en una situación de constante inestabilidad, teniendo que demostrar regularmente su situación y fo-

mentando que cada una se entienda y oriente como un proyecto que requiere inversiones, de manera similar a la de las empresas, o fomentando formas de ser más parecidas a las nociones utilitaristas que se vieron en el segundo capítulo. Así, conviene dejar de percibir las situaciones con las dicotomías clásicas previas al neoliberalismo (ciudadano!

no ciudadano; empleado/desempleado; incluido/excluido), por mucho que no hayan desaparecido.

También hay que tener en cuenta el contexto histórico y aspectos y expectativas culturales, como pasaba después de 30 años de keynesianismo en Europa. Así, no se mantienen algunos servicios sociales solo porque

sean neoliberales; hay retornos que no se pueden realizar ignorando el

pasado, ya que este influye en el presente. Consecuentemente, y en este ámbito de manera menos dudosa que con las políticas laborales, hay que

recordar que las políticas sociales no son plenamente neoliberales. 117

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Neoliberalismo y castigo

Un sistema de protección social en el que el acceso q C los derecho, se hace a cambio de relatos sobre la vida del individuo,

10 Parece ado. cuarse mucho a una noción de ciudadanía integral (C ast el, [1995], p 477). Por supuesto, no hay que idealizar el pasado, y el m

lo 290/g7;, ha sido ampliamente criticado por excluir de su noció n ode de ciudadanía

a efectos prácticos y como ya se vio, a las mujeres, los cXtran jeros y los

jóvenes. Es significativo, en todo caso, que el discurso s Obre la ciudada.

nía se esté transformando en un discurso en torno a la Meritocracja

donde los derechos se rearticulan en adquisiciones qu e los individuos

consiguen en base a la inversión que realizan en su vid A COMO Proyecto autoconstruido (Alonso, 2007, p. 105).

La rearticulación neoliberal de la protección social parece renunciar a la reducción de las desigualdades, al considerarla e om o la fuente de motivación humana, y cada vez se orient má a s a mantener unos niveles que con

tengan la explosión de conflictos sociales y que amenacen la distribución del mercado (Ávila Cantos, 2012, pp. 195-197). Es importante reconocer el poder de contención y discipli namiento que puede ejercer cualquier tipo de institución que da recursos que son el principal sustento económico de una familia, especi almente cuando su mantenimiento en el tiempo, en un contexto de degradación de las

condiciones del empleo, no depende de circunstanci as objetivas, sino de la evaluación intrusiva y periódica de los agen tes (sean estatales

o no). Esta relación no es del todo nueva ni específi ca del neoliberalismo,

pero su reconfiguración en los términos arriba expu estos y la precarización del mercado no pueden ignorarse ni equipara rse”. Suponen una

remercantilización de la protección social, orientad a a activar unas cas pacidades (fundamentalmente económicas) del individuo, y que dejan claro que, al requerir contractualmente una contrapr estación, pierden

su estatuto de derechos (Castel, [2009], pp. 166-168). A continuación se va a exponer . br evemente un ejemplo de la tran $” formación de una política relativa a la exclusión social”, la Renta Mínima de Inserción, para entender de un modo más conereto las características

de la intervención social neoliber al.

: ' ta” 71 Piven y Cloward [1971] estudiaron esta relación para las ayuda s social dounidenses a lo lar es €? go del siglo xx, 72 tel Sobre Cas” exclusió (2004el ),concepto p de exclu imnlicaci sión y sus implicaciones, ver el brill illant an e texto de

118

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4. La política social activa

rción Las rentas mínimas de inse Por lo general, la Seguridad Social o los programas universalistas, como educación O sanidad, no están en el foco de las críticas, pues benefician

en mayor o menor medida a casi todas las personas. No ocurre así con las ayudas específicas o focalizadas, que además contribuyen a definir quiénes son los excluidos (Katz, 1989, p. 231). Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son especialmente interesantes, por ver a quiénes y cómo define la lógica neoliberal como excluidos, y que orientación da a la acción estatal.

Un cambio significativo en los servicios sociales ha sido la introducción del empleo en el centro de sus esquemas, como consecuencia de su redefinición en programas que han de estar orientados a la inserción de las personas en el mercado laboral. Además, se ha señalado que su calidad de último mecanismo (se les otorgan a quienes básicamente no

tienen ninguna fuente de ingresos) es idóneo para comprender mejor

el sistema de protección social y las contradicciones sociales (Serrano y Arriba, 1998, pp. 50, 321).

Las RMI comenzaron a desarrollarse e implantarse a finales de los 80 y principios de los 90, y tratan de prevenir situaciones de exclusión social. No obstante, un estudio de su funcionamiento pone de relieve que al final los requisitos se reducen al económico y solo para situaciones extremas”, Se puede ver una reducción de la compleja situación de exclusión social a la faceta meramente económica, como la concepción de ciudadanía, y debido al carácter restrictivo del gasto social y su ex-

tensión, solo alcanza para personas que ya se encuentran en la pobreza, 149). con una escasa capacidad preventiva (Moreno Márquez, 2008, p.

este tipo Por otro lado, parte de la gente que acaba ahora recurriendo a

de de ayudas lo hacen como consecuencia de la eliminación o restricción otras ayudas de las que disfrutaban (Serrano y Arriba, 1998, pp- 329-330).

políticas inclusivas y la Se empuja así a personas a la periferia de las cada vez más como una condición subjetiva. No

exclusión se presenta sino de ética se trataría de un problema de condicionantes externos,

subjetiva de querer salir adelante (Rose, 2000, p. 202).

73

s de uedan excluida ñ : e ent tem AL que ar señal te rtan impo , p. 322. Es en situación irregular, 1998 ba, Arri y ano Serr epi ayudas las personas extranjeras :

€ sus necesidades o situaciones. 119

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tigo Neoliberalismo y cas

Su carácter asistencial, tanto en la redacción como en su distr

¡Ducióp,

las mismas, hasta el punto de que controlando sus actividades

a Veces

hace que se deba permitir el acceso de la Administración a un Amplio conocimiento de la vida de las personas, y por lo tanto a un co Ntrol de interfieren con las estrategias de supervivencia de los pobres

, Modif-

cándolas e impidiéndolas. Esto ocurre Acimpories obligacion €S Para el

beneficiario, pero también para sus familiares”,

Si se recuerda el capítulo anterior, se introdujeron las políticas de Acti-

vación, que sancionaban institucionalmente el problema del desempleo

como un problema personal que requiere una movilización de las personas y de sus recursos. En la literatura sobre el neoliberalismo es ha-

bitual encontrar referencias a algo parecido, el workfare, más identificado

con la tradición anglosajona (ver Peck, 2001). Si bien estos modelos

tienen más similitudes que diferencias, parece que para el contexto

europeo se combinan las políticas de activación con las de las rentas

mínimas, lo que a efectos prácticos está suponiendo la introducción, de una manera abierta y no sutil, del mercado laboral en las políticas sociales (recuérdese, concebidas originalmente como políticas de protección frente al mercado), y una definición de la inclusión social en términos estrechos de obtención de un empleo (Moreno Márquez, 2008,

p. 150). En la articulación de estas políticas se vuelve a ver bien el vínculo

existente entre políticas laborales y sociales, y cómo las segundas se orientan cada vez más a empujar a la gente a un mercado laboral dete-

riorado, que en algunos casos ni siquiera garantiza salir de la pobreza.

La transformación conjunta del mercado laboral y de las políticas

sociales sitúa la inseguridad social en la experiencia vital de amplios

sectores de la población. Esta inseguridad se concreta en no ser capa2

de dominar la situación presente ni anticipar con certeza la situación futura (no saber si dentro de un año se va a estar empleado, si se va4

disponer de algún tipo de prestac

social, esta inseguridad social es transfión ormada en que este cambio no es natural, sino que se burocrá tico, mediante un discurso concreto 74 Susín Betrán, 2000

j

etc.)”, Wacquant dice que

inseguridad ciudadana, Y fomenta desde el campo en torno a la delincuencii ,

cómo

el encarcelamiento. p. 005, 342,346; Serrano y Arriba, 1998, p. 326. Sobre a directadirecta aa los los famil ver Man; / también afecta de maner anera fami iares del Preso 75 Castel [2003 ] Bilbao, 1992 y García-Borés, 2006. ' ñ 120

p.40. Ver implicacio4 nes de este proceso en Bourdieu, (1997), 4Pí

0.

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4. La política social activa

cia ico de las instanbai: , pena es que ceny un despliegue material y simból es clas las en o ces causas de todo este pro

puesta tran las a restaurar le Así, la res un a drí ven , nes cio fun s de enal, entre otra a los infortu egitimidad nte fre dad uri seg Estado que no ofrece OS or francés señala que se produce funcionamiento del mercado”, Este aut ale soci las políticas re ent ta jun con una transformación de mane A y penales, un ar udi est que hay que cworkfare y un prisonfare, , relacionada con la gexdó.ónÑ tica polí ca úni una o com or mej s comprenderla de la pobreza.

76

(2008, p.

ems parece pas ársele por alto a Da teoría, la en fundamental punto, qué nece36 en € l trabajo de Wacquant o (olviclaro queda no que de aumentad aldo ea se queja penal si la delinc uencia no ha sino social). sistema el expandir de ay dista de inseguri dad criminal, que no se trata de un problema

121

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a sistema penal expansivo: reducción de ansiedades y aumento del coste de Oportu nidad

El sistema de castigos formales español ha sufrido un proceso de profunda y constante transformación en las últimas décadas. La tendencia genera l

ha sido a su endurecimiento y expansión. Ya se señaló que explicar estos desarrollos como una respuesta adaptativa a la extensión y naturaleza de

la delincuencia es difícil. Además, se trata de un fenómeno que no es

exclusivo de España, sino que, con diferencias entre países, parece formar parte de una tendencia internacional más amplia. Además hay que recordar las correlaciones a nivel agregado entre gasto social, encarcelamiento

y desigualdad que ya se señalaron al principio del libro: por ejemplo, Cavadino y Dignan argumentaron que el desarrollo penal de los países

encajaba bastante bien con la tipología que Esping-Andersen elaboró para el Estado del Bienestar. Más allá de que las tipologías concretas sean

discutibles (especialmente escribiendo desde España), sí parece indicar

que las relaciones entre el mercado, la política social y las características institucionales tienen alguna influencia en cómo y cuánto castiga una sociedad. Además, el hecho de que esta relación se hizo más fuerte con-

forme avanzaba la década de los 90 puede tener sentido con una implan-

tación Progresiva, que no lineal, del proyecto político neoliberal. firmó Mercedes Gallizo en más de una ocasión durante su segunda

Cgislatura a] frente de la SGIP que «las prisiones se han convertido en

UN recurso asistencial, y es terrible»”, Creo que es significativo que la 7

.,

? Ter esa Viejo entrevista a Mercedes Gallizo», Interviú, 22/ 02/2010. 123

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Neoliberalismo y castigo principal responsable de la cárcel en España se Expresase de esa ma e ár= público. No obstante, que lo afirme ella no en un medio es una Prueb r a p ; : , a de

ue realmente eso sea así, Recientemente, y ya sin cargo institucion al

)

,

nat

cular Nven-

id

cida de que la política penitenciaria es también una política social, P

«también» es importante, pues permite recordar que aquí no se defiende

que el sistema penal sea reducible a un complemento de la polít ica Social o del funcionamiento del mercado. La penalidad tiene también SU Autonomía, amplia, y también actúa como un potente motor cultural y con-

diciona a su vez el funcionamiento del mercado y de la Política social

entre otras instituciones sociales. Además, la mayor part e de su funcionamiento, y funciones, están orientadas hacia cierto tipo de delincuencia, En este trabajo se defiende que la penalidad influye en el mercado

laboral, en la política social y en otras cuestiones de distintas forma s, La forma más constante en la que influye, pero que tiende a volverse invisi-

ble por su naturalización, es la de prohibir ciertas conductas; y en la práctica proveer de amenazas y castigos para algunos de los que las llevan a cabo (por ejemplo, persiguiendo a quienes van contra la propiedad

privada de los empresarios). Es decir, creando y garantizando unos mar-

cos en los cuales transcurren la mayoría de las interaccione s sociales. De

igual manera, la penalidad es fundamental en la estr atificación social? al ser una institución que priva de recursos material es a quienes castiga

(ocasionando pérdidas de trabajo o vivienda; dificultando la acumulación de capitales) y que adjudica recursos simbólicos (negativos a quie nes castiga, diciendo lo que son; positivos a quienes actúan en su nombre, hon-

rando lo que hacen). A pesar de ello, en este libro se ha pues to el énfasis

en la influencia de las políticas neoliberales en el sistema penal. Sería justo recordar que para Wacq

uant, incluso, la expansión del sistema penal es

una política neoliberal en sí misma, y no solo una cosa dependie nte de las otras. Aquí esta afirmación se deja en suspenso para evita r un posible

riesgo de tautología (González Sánchez, 2012, p. 294). En este

capítulo se va a hacer un recorrido por la evolución y las

características del castigo. Se comenzará por un rápido repaso de la introducción de

legislación significativa al respecto. Se hará una pausi en torno al debate parlamentario sobr e la reincidencia, en el que se ven 78

Los libros de estrat ifi

..

cuesti54ón. Hay algunas cación ¡ social omiten sistemáticamente esta : importa 9. excepciones, como por ejemplo Wilkinson y Pickett, 200 .

.

.

2

]

29

124

_dll Escaneado con CamScanner

5. Un sistema penal expansivo

las funciones del Derecho penal y su relación con las visiones morales de determinados grupos. Después se abordará la evolución de la policía

en los últimos años y la influencia que ha tenido su reestructuración en torno a la prevención y la inseguridad ciudadana, que ha reforzado su uso expansivo. Así mismo, se vinculará con los nuevos modelos de ciu-

dad y el uso cada vez mayor de la vía administrativa para gestionar punitivamente la diversidad propia de las ciudades. A continuación, se estudiará la cárcel, el incremento de las personas presas y el impacto que tiene en las poblaciones más vulnerables. Se prestará atención a algunas transformaciones que continúan la tendencia amplia a respon-

sabilizar e individualizar en esta institución política. Además, se seña-

lará la tendencia cada vez mayor a difuminar las fronteras entre el castigo administrativo y el penal. Por último, se mostrarán los trabajos en beneficio de la comunidad como ejemplo de cristalización de varias de las tendencias y donde se ve de manera más clara el vínculo con las políticas sociales y laborales.

Democratización legislativa y flexibilización del Derecho penal Las reformas de los primeros años de democracia

La primera Ley Orgánica que se aprobó en España tras la Constitución

fue la penitenciaria, en septiembre de 1979. Entre las explicaciones que se han dado para esta premura se encuentran las condiciones en las que se hallaban las cárceles en la dictadura y el que muchos políticos hubiesen pasado por ellas, o conociesen a personas cercanas que lo hubieran hecho

(incluso, la posibilidad de entrar en ellas si había un nuevo golpe de Estado). También, junto a la necesidad de adaptar algunas leyes a la nueva situación de democracia formal, resultaba necesario acabar con

las muchas e importantes revueltas de los presos sociales en el período de transición, que habían conseguido articular un impresionante mo-

vimiento político desde abajo junto con el apoyo de familiares y otras asociaciones”. Uno de los efectos de la nueva ley penitenciaria fue la así 79 En un texto contemporáneo se expresaba

: «Mientras se elabora un proyecto

Ver el exde reforma penitencia:ria, arden lasA cárceles» (Miranda, 1979, p. 140). celente trabajo de Lorenzo Rubio, 2013a.

125

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Neoliberalismo y castigo

individualización de las situaciones de los reclusos y, con ello, su dep; litamiento como movimiento político. En términos usados en os ipítulo, se debilitó la negociación colectiva y se favoreció que cada he, luchase por su situación y condiciones individualizadas con su aboga d

Dos años más tarde se aprobó el Reglamento Penitenciario de 1981

basado en el reglamento de 1956. Conviene recordar que la democrati.

zación de la ejecución de las penas de los primeros años del nuevo sistema político fue más notable en los textos que en la práctica, habida

cuenta del régimen extremadamente punitivo del que se venía, y de que la renovación del personal, acostumbrado a actuar con impunidad, no

se produjo (Lorenzo Rubio 2013a, pp. 109, 117). En los años posteriores se realizaron algunas reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código penal, que en general introducían

cambios progresistas para, al año siguiente, reaccionar de manera OPuesta,

produciendo en ocasiones un endurecimiento de la situación inicial (Ruidíaz García, 1997, p. 17). Por ejemplo, en 1983 se redujo la pena de algunos delitos y se limitó el tiempo de prisión provisional, lo que se tradujo en

la liberación de unos 5000 preventivos y cerca de 3000 condenados (se

pasó de unos 22000 a unos 14000 presos, aunque no son tan importantes

los números como la construcción discursiva en torno a ellos). Esto derivó

en una gran alarma social, y en 1984 se realizó una contrarreforma que ampliaba el máximo legal por el que una persona podía estar encerrada

sin haberse demostrado su culpabilidad, se penalizaba la reincidencia y

se recogía esa misma existencia de alarma social como motivo para decretar un encierro preventivo (por cierto, mismo año en el que se introduce

la contratación temporal en España) (Hurtado Martínez, 1999, pp. 383392, 467-472). Qué se entendía exactamente por alarma social era algo

tan indeterminado como lo sigue siendo hoy. En el trienio siguiente, ante el enorme problema del consumo de

drogas entre los jóvenes, y la expansión del sida en las calles, y especial-

mente en las cárceles, se introdujeron cambios en el Código penal. Mientras que el Congreso rechazaba en 1986 repartir jeringuillas en las cárceles para frenar el contagio” (algo que se acabó implantando definitivamente en 2002), se seguía buscando la solución en la respuesta 80 El consumo 3intravenoso de drogas no tiene 4 á ' . ninguna relación directa eo-on las y, enfermedades infecciosas. Es su uso en unas condiciones pésimas (reutiliZ tai at , ) de jeringuillas y uso compartido lo que lo genera, algo que se puede € vitar institucionalmente.

126 ct

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5. Un sistema penal expansivo

punitiva. Cabe mencionar que el Plan Nacional Sobre Drogas, de ca-

rácter preventivo y mucho más barato, se puso en marcha en 1985,

buscando reducir el consumo de drogas y el riesgo asociado mediante la información y la educación,

Entre 1991 y 1992 se introdujeron cambios importantes en relación a la participación de empresas con ánimo de lucro en la ejecución de

cuestiones de seguridad yjusticia. En 1991 se aprobó un plan de amortización y creación de centros penitenciarios (ver Miranda y González

Sánchez, 2018, p. 8-10). No obstante, se hizo más énfasis en la necesidad de ampliar las plazas para reducir el hacinamiento de presos que, como

mínimo en términos comparativos con Europa, se debía más a un exceso

del recurso a la cárcel que a un alto volumen de delincuencia (si bien durante los 80 había aumentado acusadamente, aún seguía siendo bajo en comparación con Europa). En 1992 se aprobó la Ley de Seguridad

Privada (que actualizaba una ley anterior de 1974) y se creó la SIEP (Sociedad de Infraestructuras

y Equipamientos Penitenciarios, S. A.)

para la construcción de las infraestructuras. Se ha señalado que era una entidad encargada de trasvasar dinero público al sector privado (Jiménez

Franco, 2013, pp. 180-181). El plan de construcción de centros peniten-

ciarios se renovó para el período 2005-2012 (aunque el inicio de la crisis

paralizaría algunas construcciones).

Como se recordará, el período 1992-1994 fueron años importantes para

la desregulación del mercado laboral, y en 1993 se alcanzó el punto de inflexión de la tendencia alcista en el gasto social, que comenzó a descender. A lo largo de este tiempo, el incumplimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 era sistemático, y se había producido una

involución de varios principios garantistas a través de circulares, que son disposiciones dictadas por órganos administrativos, no son objeto de pu-

blicidad y gozan de menor rango jurídico. Es decir, mediante órdenes

internas dadas desde los órganos directivos penitenciarios, se modificaban

o anulaban disposiciones aprobadas en el Congreso de los Diputados. Algunos ejemplos sobre el incumplimiento sistemático de la ley peniten-

ciaria son la planificación y construcción de cárceles con literas, cuando la ley reconoce derecho a una celda por persona”, El ejemplo más flagrante

de creación de prácticas ilegales mediante circulares, ignorando la ley y todo el sistema democrático de garantía de derechos fundamentales, fue

81 En 2006, 9 de cada 10 presos en la Comunidad de Madrid compartían celda, según un propio estudio de SGIP (Benito, Gil y Vicente, 2007, p. 11),

127

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

Se la creación del régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial miento), en especial en su modalidad de Control Directo?,

2.

La consolidación de una legislación democrática

A finales de 1995 se aprobó un nuevo Código penal, bautizado como «el de la democracia», que introducía cambios que a medio plazo han sido muy importantes para el tamaño de la población carcelaria, fundamentalmente alargando la estancia en prisión con penas más duras

eliminando la posibilidad de su reducción (Cid, 2008). También se introducían algunas penas nuevas pensadas como alternativas a la cárcel que terminarían siendo complementarias, como los trabajos en beneficio de la comunidad (Cid y Larrauri, 1997).

La introducción de este Código penal y las más de 20 reformas que

ha tenido desde su aprobación se van a tratar aquí en su evolución histórica, y probablemente se incurra en simplificaciones?. Dada la notable cantidad de cambios de un Código que tradicionalmente se con-

cebía como estable (y así se esperaría si fuese solo un reflejo de los valores de una sociedad), se puede pensar que el proceso de «flexibilidad» que se ha consolidado abiertamente en el mercado de trabajo ha tenido

su influencia en la legislación penal, de la cual también se espera que pueda adaptarse rápidamente a las vicisitudes del mercado (electoral).

De los múltiples cambios habidos en la regulación penal en los últimos 25 años me interesa destacar el incremento continuado de las penas para los delitos contra la propiedad privada (contra el patrimonio

y el orden socioeconómico, en lenguaje del Código penal); la agravación penal de la respuesta a la reincidencia (con un endurecimiento notable en 2003); el incremento de la duración del cumplimiento de las penas

y el endurecimiento constante de la respuesta a los delitos contra la libertad sexual*, En 1995 se buscó evitar las penas de prisión inferiores

82 Ver Zapico y Rodríguez, 2007, pp. 341-347, 363-378 para una lectura legal, Y Tarrío, 1997 para una vivencia personal de su implantación. 83 Se puede consultar con más detalle, entre muchos otros, Serrano Maíllo y pera

no Gómez, 2009 y Zugaldía, 2006. En el período anterior a 1995 también hubo

reformas casi todos los años.

84 Wacquant ([2009], cap. 7) destaca la importancia de este tipo de medidas € nel

plano simbólico y en la conformación de una visión del delincuente amo! etiología social,

y

128

— Escaneado con CamScanner

5.

Un sistema penal expansivo

a 6 meses por sus efectos más criminógenos que resocializadores, aun-

ue desde 2003 se admiten penas de prisión a partir de los 3 meses de duración (y no parece que fuese por la aparición de nuevos estudios sobre la bondad de las penas cortas de prisión). En las reformas de 2003 ce alargó el tiempo máximo de estancia en prisión, de 20 años a 30, con algunos Casos -al principio solo de terrorismo- en los que se podía

extender a 40 años, introduciendo la cadena perpetua de facto (dado el

tiempo medio de entrada en prisión y la reducción en la esperanza de

vida que las condiciones de cumplimiento de la pena provocan). Además, se dificultó el acceso al tercer grado endureciendo los requisitos para acceder a él.

Conviene señalar que las reformas de 2003, con el PP en el Gobierno se aprobaron pactando con el PSOE. No fue así en la aprobación del

CP de 1995, con el PSOE en el Gobierno, en la que el PP se abstuvo por considerar el Código penal demasiado blando. Además de lo errático de muchos de estos cambios legislativos, es significativa la diferen-

cia que hay entre la Parte General del Código, conformada a raíz de los Anteproyectos de Ley que se elaboraron durante los 80, y en la que

priman principios bastante garantistas y proclamaciones humanitarias, y la Parte especial, en la que los artículos concretos contradicen sistemáticamente las afirmaciones generales (Barquín, 2000). Para acabar con esta reconstrucción incompleta, el Reglamento Peni-

tenciario se revisó profundamente en 1996, dando cobertura a las alter-

nativas a prisión que preveía el Código penal mediante la creación de

Centros de Inserción Social. También facilitó el acceso de entidades pri-

vadas y públicas a prisiones y adaptó la normativa a las macrocárceles que

se estaban construyendo. Se dio cobertura reglamentaria al régimen FIES y se dificultó la excarcelación de presos con enfermedades terminales (Rivera Beiras, 2005, pp. 54-59; Lorenzo Rubio, 2013, pp. 134-135). Los legisladores justificaban el CP de 1995 en su exposición de motivos como una adaptación de la legislación penal a los valores constitucionales, cuya necesidad «no puede, pues, discutirse»*, volviendo a usar recursos retóricos asociados a lo que es de sentido común como 2003 las forma de atajar discusiones. En las importantes reformas de , fue una ley que se es” 85 Esto, de verdad, lo pone en una ley democrática. Ademásmuy crítica sobre la neceUna visión ento. Parlam el en años 10 endo tuvo discuti se puede encontrar en Zugaldía, sidad de un «Código penal de la democracia»,

2006, p. 1348,

129

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Neoliberalismo y castigo

modificaciones se justifican con motivos tan dispares como «el tiempo

transcurrido desde entonces [1995]», o que «el ciudadano tiene derecho a saber con certeza jurídica qué es delito o falta y qué no»*, A Pesar de ello, someramente en los textos legales y profusamente en el discurso político, se apela a la demanda ciudadana, y a partir de ENtONCES, of.

cialmente, la opinión pública pasa a ser un importante motor de la política criminal (Varona Gómez, 2009, p. 5). Cabe recordar de nuevo que en este libro se pone el énfasis en la influencia de las políticas neo-

liberales, sin pretender explicar toda la evolución ni de la legislación y; de la política criminal, que sin duda es bastante más compleja. Regular la ineficiencia, legislar la moral, La importancia simbólica de la reincidencia

El concepto de reincidencia y la discusión política en torno a si debe considerarse o no un agravante merecen un comentario algo más de-

tenido. En la reforma del CP de 1983, se suprimió el agravante por multirreincidencia, bajo la justificación de que hechos pasados no fuesen un perjuicio en la sanción de hechos presentes, posibilidad que, de acuerdo a la Exposición de Motivos de la ley, «pugna con el cabal entendimiento del significado del principio de legalidad de un Estado de Derecho». Esta postura se eliminó en el Borrador de anteproyecto de Código penal de 1990, pero se recuperó en el Anteproyecto de 1992, Finalmente, el mismo Gobierno que la excluyó en 1990, la incluyó en el CP de 1995. La clave del debate doctrinal y parlamentario giró en torno a sí era legítimo que un Estado de Derecho castigase conductas según su gravedad (la cual no aumenta por la comisión de actos anteriores) o si podía castigar personalidades o tendencias personales (ajenas al hecho punible concreto y que permiten tomar en consideración la reinciden-

cia) (Belesta Segura, 2001). A pesar de que los grupos parlamentarios favorables a la penalización de la reincidencia no discutieron las con” tradicciones que planteaba en términos lógicos, sí se defendía que «son circunstancias que no pueden dejarse de contemplar» o que «parece

86 Es curioso que lo hagan en la decimoctava reforma en 8 años, la sexta de la legiS”

latura 2000-2004. Podría pensarse que el ciudadano ha perdido la certeza juridr

ca precisamente por tanta reforma del Código penal. Sobre las reformas de est año s, ver Jaén Vallejo, 2004,

130

dl Escaneado con CamScanner

5.

Un sistema penal expansivo

Es deci al respecto, decir» explicita lógico que el Código Penal tenga algo que vo) ron motiv r, no legislati cuerpo del ds (el 95 %

demoerático sus defensores una lógica de un Estado desde les defendib fuesen que

Derecho. El de la reincidencia parece un buen supuesto para recordar que el castigo es una institución en la que la carga expresiva y emocional está presente. Parece un ejemplo pertinente de cómo una indignación moral se convierte en política criminal,

En todo caso, lo que interesa resaltar aquí es la moralización de la sanción penal. Al ciudadano que infringe una ley no se le castiga solo

por el hecho que ha cometido, sino que hay un castigo adicional por

quién es, por haber fallado a la sociedad con anterioridad, por no corregirse y enderezarse. La penalización de la reincidencia se podría haber defendido en términos de correlaciones, pues la Criminología hace décadas que evidencia que el mejor predictor de la comisión de

un delito es haber cometido otro delito con anterioridad (sobre las

causas de esta correlación hay más desacuerdo, especialmente entre

explicaciones basadas en rasgos individuales y las basadas en procesos de estigmatización y desviación secundaria”). No obstante, el debate giró en torno a cuestiones imprecisas, hasta el punto de que cuesta distinguir argumentaciones, más allá de que algo había que hacer, que a peno podía ser que determinadas personas siguiesen delinquiendo penal sar de haber sido ya sancionadas**, El viraje hacia un Derecho

alguna discude autor tal vez podría haberse aprobado con base en sión más doctrinal.

algo más compleja, Esta respuesta de los políticos es, no obstante,

gnación con espues mezcla aspectos retributivos basados en la indi ncuente. peranzas disuasorias basad as en un modelo racional del deli n Se intenta prevenir del delito c omo un fin en sí mismo, pero tambié

del pacon orientaciones económicas, com o se vio en la explicación

como radigma neoliberal. Los delitos son vis tos en este paradigma que realiza conductas que introducen ineficiencia en l a distribución

stión moral, el mercado y, por lo tanto, además, o más all 4 de la cue

ueñas) ilegalidades perseguir y penalizar estas (generalmente peq

seGottfredson y Hirschi, 1990. Para la Para la primera postura, por ejemplo, 97 gu nd

a, Becker 1963 o Le | sta tendencia, go 1967 zó de comentrtin, uida d . con la reforma de 2003 y en 2007 se diminó

a posibilidad de suspender la condena de menos de dos años a las pers e5 cidentes, mientras que esa posibilidad sí seguía existiendo para quien ones asCOn e nado por primera ve z. 131 Escaneado con CamScanner

,

o Neoliberalismo y castig (qu e, además, suponen alternativas prácticas al trabajo precario) Se ve com o una cuestión racional. Las influencias Ede una visión de] d Clin. cuente como un ser racional en la política criminal ya han sido Seña. ,

:

1

4

.

.>,

ladas en la literatura (Garland, 2001, pp. 127-130; Zedner, 2009, Harcourt, 2011; Bell, 2011, pp. 164-166). Aquí es especialmen te importante el hecho de que se estén aplicado este tipo de APrOXiMacio.

nes para lidiar con delincuentes que en buena medida =por el tipo de

delitos que se están endureciendo y cómo se plantea la cuestión de la reincidencia- tienen dependencias de algunas drogas. Al Menospreciar las motivaciones específicas de este tipo de delincuentes, bien se

está asumiendo que las personas son racionales aun cuando dependen fisiológicamente de una sustancia que generalmente solo se puede

adquirir en circuitos ilegales como consecuencia del prohibicionismo, o bien, al centrarse en «la oportunidad de delinquir», se está mostrando una significativa falta de empatía hacia personas que bien podrían considerarse que padecen una enfermedad”, En definitiva, la creciente tendencia moralizante del Derecho en

torno a un modelo de individuo utilitarista tiene efectos en su endurecimiento, a la vez que tiende a un menor uso de otras aproximaciones más basadas en la intervención social.

Por supuesto, todo lo arriba expuesto tiene una importancia relativa.

Los estudios sobre el sistema penal han podido establecer con certeza

que la aprobación de leyes y su aplicación son procesos distintos y que,

a pesar de la ilusión que producen las leyes y su lenguaje, aprobación y

aplicación no siempre son cosas que van unidas. Á veces se aprueban leyes que no se aplican, o se aplican de formas no previstas por los le-

gisladores,y otras veces el sistema penal aplica castigos que no han sido aprobados en ninguna ley. Es necesario recordar que el trabajo de los

emprendedores morales para conseguir aprobar una ley es distinto del de la puesta en marcha de esa ley por los profesionales encargados de hacerlo (Becker, 1963, pp. 155-161), También, que su coincidencia, 010,

e

al tiempo, el espacio, la ley específica y los po

re los que se aplica, constituyendo en sí mism0 89 4

¡ t pla

.

spasoden algunas disonancias entre las previsiones legales 1 do

a su dependen Ss 01 pena de prisión para las personas que cometen o

y

os les por el problemas 5 d de salud 1a de(acent las drogas y loslosescasos uado por juicios esfuerz rápidos y procesa las conformidades). 132 dl

Escaneado con CamScanner

S.Un Jn sisi stema penal expansivo

amplio campo de estudio (el cual, si se reduce a ver el grado en el qu

se está aplicando Dei ley, se empobrece en términos científicos, si bien tiene una imp ortancia fundamental en términos evalu ativos), oi len Estas

dos fases de la política criminal han sido referidas como | a criminalización

srimaria (aquel momento en el que normativamente se define qué e de delito) y criminalización secundaria (la puesta en funcionamiento los objetivos y procedimientos descritos) (Zaffaroni ez al.,2002, pp 7-9) Las relaciones de poder y dominación, si bien presentes en amb os to-

cesos aunque no sean reducibles a ellas-,son más visibles e pora:

tes en la aplicación de las leyes que en su promulgación (como se pue de ver claramente en lo referentes a los delitos de corrupción que afectan

a empresarios y políticos).

La policía y la inseguridad ciudadana De entre los agentes que materializan la política criminal, los policías desempeñan uno de los papeles más importantes. No obstante, el estudio de la Policía es difícil para las ciencias sociales, pues el grado de opacidad de esta institución es elevado (Palacios, 2005, p. 9; Fassin y Lorenz, 2017),

especialmente en España, donde existe una escasa tradición de algunas entidades públicas a rendir cuentas. El hecho de que en general se sepa muy poco de lo que hace la policía, con los poderes especiales que se les otorga (uso de armas, detenciones, etc.), y eso no cause preocupación ni

nerviosismo, es un buen ejemplo del funcionamiento del poder simbólico. Incluso a pesar de llamamientos de la ONU sobre el escaso interés de los distintos Gobiernos españoles por investigar las denuncias de torturas y

abusos de poder o las varias condenas del TEDH por ese mismo motivo”, El estudio de la Policía es especialmente importante para las ciencias

sociales, pues la discrecionalidad inherente a la rutina del trabajo policial,

especialmente en su papel de interpretación y selección de delitos o situaciones en las que intervenir, hace que su papel sea crucial a la hora e.

hacer cumplir o boicotear una norma. No se quiere sugerir aquí que pe policía haga lo que quiera como si las leyes no existiesen, O como si Sus

90

oniii Brandariz. (2015, p. 257) señala que, junto con la facilidad p:ara mantener su an los Mato y la escasa depuración de responsabilidad, esta impunida d compone uno de el castigo español. Aspectos más visibles de la persistencia de un poder soberano € n

133

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Neoliberalismo y castigo

actos no tuviesen ninguna consecuencia, pero sí recordar que hacen mu

cho más que «sólo aplicar la ley» (Reiner, 2013). Aumento de agentes y funciones

La Policía ha pasado por un proceso de cambio muy importante durante

el desarrollo de la democracia. En su transformación de policía franquista a policía democrática, fue fundamental la aprobación de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en 1986, que venía a actualizar la Ley de la Policía de 1978 y a regular la organización institucional y territorial de las distintas policías, así como sus principios de actuación y funciones. Esta ley fue probablemente el paso más importante hacia su democratización, habida cuenta de que no hubo una política de sustitución de mandos con el fin de la dictadura, dejando así que los principales

encargados de aplicar las nuevas leyes democráticas (y, sobre todo, las nuevas garantías procesales en cuanto a detenciones) fuesen, en términos

generales, los mismos que dirigían a los grises (en esta época, ya con uni-

forme marrón). La política de renovación de cargos fundamentales en la aplicación de la ley se dejó principalmente en manos de las jubilaciones, algo crítico si se tiene en cuenta la importancia de la cultura policial y su

aprendizaje informal en el día a día de la profesión, así como su posibilidad de cambio (Palacios Cerezales, 2010; Loftus, 2009). Durante los años 80 comenzó a aumentar el nivel educativo las fuerzas del orden, entonces en su mayoría provenientes de las zonas rurales

de España en las que había escasas oportunidades laborales (López Garrido,1987). La endogamia característica de la Guardia civil y del Ejército

también tenía su reflejo en los cuerpos policiales, donde casi un tercio de

sus miembros tenían padres funcionarios del Estado (Policía, Ejército y Administración), cifra curiosamente similar a la de los presos, quienes 2

día de hoy tienen o han tenido un familiar en prisión en el 30 % de los

casos aproximadamente (Gallego e: a7,, 2010, p. 76). En 1992, año de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona, también se aprobó una polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que posteriormente vería cómo varios de sus artículos eran declarados in”

constitucionales, Se puede destacar que esta ley puso las bases para Un modelo de control social vía administrativa-policial, frente a un modelo

garantista y basado en pr incipios -se habla de modelo, no de aplicación” (Calvo García, 1995, p.116). También se sancionó, por primera vez desde 134

ll Escaneado con CamScanner

5.

q

Un sistema penal expansivo .

la tenencia y el consumo de drogas, tem: parte del debate público en torno Ñ esta ley (M mrÑ atayud, o nta] fundame sería que aspecto un en , Además p- 43).

2013, es” ués con la penalización de los migrantes y de las manifesa tacl s pocione ión de las personas de identificarse

se establecía la obligac ni se fuese sospechoso de «lo aunque no se hubiese cometido un delito En general, y en la práctica, abrió una importante vía para la limitación

de algunos derechos fundamentales por la vía administrativa esto sin tutela judicial (Oliver ef al., 2015, pp. 236-237). La introducción de

esta y otras leyes alrededor de la crisis económica 1993-1995 supuso un cambio en la tendencia legislativa del castigo, pasando de una primera fase, más caracterizada por construir las bases jurídicas de una demo-

cracia a un uso que ha venido asociándose más al populismo (Branda-

riz, 2015, p. 256). También se comienzan a poner las bases para una

gestión policial cada vez más alejada de la noción de orden público y

más cercana a la idea de prevención (García, 2015, pp. 61-63).

Entre 1994 y 1995 se aprobó e implementó un plan de policía, cono-

cido como el Plan Belloch (por el ministro que lo impulsó). Este iba orientado a aumentar la presencia policial en las calles, a fin de reducir la sensación de inseguridad. No obstante, y a pesar de la importancia como mensaje simbólico de la medida, solo el 30 % de la población decía haber oído hablar del plan y el 57% no percibió el aumento de la presencia policial, lo cual no quitaba para que al 87% de los encuestados lo valorasen positivamente. El efecto de este plan fue una pequeña mejora del en la imagen de la Policía, pero ninguno en cuanto a la reducción

miedo al delito (Medina Ariza, 2003, pp. 15-17). Aunque pueda parecer anecdótico, se volvió a cambiar el color del uniforme de la policía, intro-

en términos duciendo el azul. Estos cambios de color son significativos

su sola presencia de entender la vertiente simbólica de la policía, que con y de ya ejerce efectos en la identificación de los espacios en los que está os o inseguros las personas a las que para como potencialmente peligros

se transmite rápida(Loader, 1997, p. 3)%, La idea de una nueva policía facilita disociarse de las

que mente con un cambio de uniforme, a la vez

prácticas policiales menos populares de modelos anteriores. a a la paso de la dictadur el n co or col de bio ente importante el cam mandaba en las Fue especialm 21 democracia que, unido a la apertura de más de 1 00 comisarías, calles» (Palacios de que «había nuevo Estado e n las

Zonas urbanas el mensaje Cerezales, 2010, p. 439).

135

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stigo Neoliberalismo y ca

Los primeros años del siglo XXI fueron especialmente iMPortant

los cambios Er en la transformación de la penalidad española. Uno de

relevantes fue la introducción de lleno de los cerros relacionados con h ley y el orden en el discurso electoral político ) Esto abrió una Ventana de oportunidad para que la Policía ganase influencia Política, especia]. mente cuando el Gobierno encuadró el fenómeno de la inmigración sl términos securitarios. Así, la cobertura mediática que Construyó a lo, inmigrantes como un problema público vinculado con la delincuencia

(en un claro ejemplo de pánico moral) seguía básicamente a la iniciativa

política, que fue la que puso el foco en el problema (agenda setting) (Cohen, [1972]; Wagman, 2006; Medina Ariza, 2006, pp. 194-196; Gon. zález Sánchez, 2016, pp. 125-128). En cuanto al contenido de las noticias (framing), un análisis detallado de las fuentes revela que la mayoría de

los datos publicados sobre criminalidad los aporta el Sindicato Unifcado de Policía, cuyos comunicados reciben una importante cobertura mediática”, y que son claves en la construcción de relaciones de interdependencia entre los medios de comunicación y las agencias estatales (Hall ez a/., 1978, p. 76; Mawby, 2014). Por motivos relacionados funda-

mentalmente con la disponibilidad, la legitimidad y el coste económico, los medios de comunicación tienden a dar una importancia enorme a las fuentes oficiales. El discurso sobre la delincuencia se articuló en tres grandes ejes: aumento de los delitos, necesidad de endurecer las leyes y de aumentar los efectivos policiales,

La Policía es un grupo de presión propio (Lamo de Espinosa, 1989: 32), y es lógico que, una vez que la iniciativa política ha puesto sobre la

mesa el problema de la inseguridad ciudadana, sus asociaciones corporativas velen por los intereses del grupo, esto es, por aumentar el personal y los medios. Para ello se suministran datos presentados de forma

alarmante y se da más publicidad a determinados tipos de delitos que

a otros, Es decir, que la selección sesgada de los medios de comunica”

ción habitualmente se hace sobre una selección interesada previa de los organismos oficiales, y se ha estudiado bien cómo a través de Co”

municados políticos y corporativos se da forma a la cuestión criminal y

a sus posibles soluciones (Beckett, 1997, p. 77). Así, es difícil dar por válida electoral del PSOE, fallida si se tiene en cuenta que el PP con” Una estrategia 72 guió apropiarse del discurso y reforzar su imagen, Ver Zuloaga, 2014. 23 Soto Navarro, 2005b, pp. 16, 19. Sobre el tema del agenda setting y el frami aplicado a la delincuencia, ver Varona, 2011.

136

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5. Un sistena penal expansivo

consecuencia una argumentación que explica la iniciativa política como

CP de 2003) de un sentir popular (tal y como se hacía en la reforma del

cuando este sentir se crea en base a una información, que se recibe prn-

, a su vez informan cipalmente 4 través de los medios de comunicaciónque

del discurso político y ofrecen datos suministrados por la Policía”, Entre 1999 y 2002, especialmente con el llamado Plan Policía 2000 se

rodujo UN cambio importante en el modelo policial español, pe

una influencia ya más clara del neoliberalismo (Medina Ariza, 2011, p. el modelo de poli469). El cambio principal fue una orientación hacia se ha conocido cía comunitaria” , de origen anglosajón, y que en España tución del más como policía de proximidad. Esto no produjo una susti

una mezcla, entonces vigente llamado modelo latino, sino que produjo nte, dando como resultado un modelo «anglolatino» (Thomé y Torre

pp. 268-271). A pesar de la 2003, pp. 67, 73; Fernández Villazala, 2009, , 2011, hibridación existente de varios modelos policiales (Medina Ariza típicamente pp: 392-488), y la persistencia, por lo tanto, de elementos

las transformaciones que ibéricos, merece la pena detenerse en señalar supuso este cambio. ciudadana. Si El principal, tal vez, sea la centralidad de la seguridad

período democrático, bien su uso se venía oficializando desde el inicio del

con mayor decisión. es aquí cuando el modelo policial adopta ese enfoque ya que a ser proactivas, Las policías de la seguridad ciudadana tienden

reactivo, que tiende trabajan en la prevención. Es decir, frente a un modelo consolida un modelo a esperar a que se cometa un delito para intervenir, se ido delito alguno. encaminado a actuar cuando todavía no se ha comet la cotidianeidad, y Para ello, es imprescindible que su trabajo penetre en do por una ilegalidad (Garno esperar a que lo rutinario quede interrumpi se derivan de

dos consecuencias cía y Ávila, 2015, pp. 25-26). Al menos,

sar uno de los mantras esto significa que habría que revi 94 A riesgo de ser reiterativo, a los medios de comunicación de la criminología española, consistente en culpar dad distorsionadas que tiene la socie ones epci perc las de y ivo n primadel populismo punit Policía la que suele proporcionar la informació

sobre la delincuencia. Es la sí se le puede de comunicación, a la Policía os medi los de encia difer a ría, Además, de objetividad y ponderación. llegar a exigir una función pedagógica o uN ánimo Un nicación, a pesar de que no son comu de os medi los a char cen repro suele Esto se le delictivas.

95 bl

en cuestiones ce! y público ni son expertos licas de lo que pare d» son menos bucó

munida nr as apelaciones a «la co de los mecanismos de 9; Valver da un of pr n ió ac rm 197 fo as inas. Ver Cohen, conllevan en sí una tr re los vecinos y vec ent y de la interacción

e y Levi, 2006.

my

137

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castigo Neoliberalismo y

esto; una mayor presencia policia en los espacios ec que se amplía a los problemas

o arta d o]

A

t

Y UNA actua; Ón pb

delictiyay,

Debido a la influencia de la «teoría» ' 145 VENTANAS rotas, algunas de

estas actividades se consideran pre-delictivas (Wilson y Kellin , 1982) Este movimiento, lógico desde la perspectiva preventiva, supone un cam-

bio trascendental en el papel y las funciones policiales y se legitima a la policía para actuar en espacios en los que la delincuencia NO está presente,

Esto contribuye a difuminar las fronteras entre la intervención Policial y

la intervención social (Avila y García, 2015).

Buena parte de la intervención preventiva se ha articulado en torno

a la prevención situacional. Esta encaja muy bien con la visión econo-

micista de las personas que propugna el neoliberalismo, en la que la oportunidad de delinquir cobra preeminencia sobre la motivación de los

delincuentes” (de hecho, la forma de reducir la motivación a] delito es

la reducción de oportunidades, incidiendo en los cálculos costebeneficio,

que son entendidos como fundamentales en la motiv ación”). Esta idea de luchar contra la inseguridad ciudadana a través de la prevención situa-

cional convierte la seguridad en un problema territorializado, dejando fuera ciertos delitos (principalmente los de cuello blanco y buena parte de los producidos en el ámbito doméstico) y profundiza ndo en las desigualdades ya existentes entre los distintos barrios de una ciudad (Ruíz Chasco, 2017, p- 436; 2018, p. 6). Además, ha ido acompañado de una reorga

nización de la actividad policial en base a predic ciones estadísticas (basad as en los propios datos, por los que el riesgo de profecía autocum-

plida es consider able)”, Así, actuando sobre prácticamente los mismos

colectivos sobre los que se venía haciendo, se renueva el discurso de las 9

La preeminencia de la o 3

sino que se produce en su aplicación en la política criminal, al tener más capacidad de control sobre el espacio

27 Los policías a

ardianes capaces, pero también van acompa ña

rejas, plazas diáfanas, cierre de pa” prado pero , un mercado privado por el que q Davis, 1995. Z etica pueden procurarse complementos disuasorios. o 98 Harcourt 2007. ner, 2009; Díez Ripollés, 2014. mientas po díst: p.154, Para un extenso tratamiento de la introducción de y . 179-188, Esto Pe en la policía, asociadas al gerencialismo, ver Brand ariz, 201 ds sae algo reir Je decir que antes de la intr oducción de estos métodos ss policial», ete 0 + pes € acuerdo a otras racionalidades (los estereotipos, el «ins ps e + .). novedad fundamental radica en que ahora se puede justificar guaje matemático y de eficiencia en la distribución de recursos policiales. 138

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5. Un sistema penal expans ivo

clases peligrosas y Se habla de «grupos de riesgo», despolitizando la dis-

esiminación bajo lenguaje estadístico (Ruíz Chasco, 2017, p. 433)”. No obstante, la intervención no está únicamente determinada por una herra:

mienta que se presenta como aséptica, sino que cuando así se estima olíticamente, se actúa hab zonas concretas que suelen comportar una

fuerte estigmatización territorial (Wacquant, 2012a, pp. 120-123), Dentro de esta lógica, y en el mismo contexto de priorización política del tema de la inseguridad que se señaló para el período 2001-2004, se

comenzó a introducir la figura del agente tutor. Se trata de policías que ejemplifican la creciente cooperación y difusión de fronteras en la intervención de los educadores sociales y la policía sobre las clases populares.

Fundamentalmente aplicado en el ámbito municipal, se introducen elementos estéticos novedosos y se explicita la función de intervención social, dotando así de nuevas fuentes de legitimación a una presencia policial más penetrante («cercana») (Avila y García, 2015, pp. 84-92)'1,

Las ordenanzas municipales y la ciudad comercial El Gobierno se representa a sí mismo a través del discurso y de las

políticas, que también mandan mensajes. La retórica sobre la ley y el

orden ha sido un importante eje temático en torno al cual se ha rede-

finido el rol del Estado y sus misiones en los distintos países en los

p. 43). que se han implantado políticas neoliberales (Beckett, 1997,

gación, Tampoco se puede obviar, al menos en el marco de esta investi

ciudadana en la el papel que desempeña el discurso de la inseguridad

atracción de las preocupaciones sociales, desviándolas de la inseguridad

Así, social fomentada por las políticas neoliberales (Wacquant, [2009)).

automáticamente en de hecho, al hablar de «inseguridad» se piensa

edad cuestiones criminales, y no en la falta de seguridad que da la precari laboral o una tendencia del Estado a mercantilizar la provisión de j eñal l ado que la jintroducción 99 Se ha seña dad ma considerablemente la activi Para el caso claro de Lavapiés, con los distritos del centro de Madrid 2017. Para la importancia de esta

transfor go 9], de,ries1900 p. 32.losnafactCooresee a de pla de la lógi:cca ;

de los profesio de ser uno de su propio p lan especial a pesar Ruíz Chasco, con menor delincuencia, ver al en los fase de intens a intervención polici

es 2016, pp. 89-93. procesos de gentrificación, ver Sorando yhaArdura, notable > una de ada acompañ ido general lo por que Esta transformación, resistencia de los propios po tratación de nuevos agentes, no ha sido ajena a la

(ver Ruano de la Fuente, 2014). Cías a ver cómo su trabajo se redefinía

139

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo

Y castigo

se ei ear de ASOCiación servicios sociales básicos. l ce de las situaciones de marginalidn d e aii Ñ end ( en la que q tipo de presencia policial no uso de pa ás sa SS EN deter; nados barrios también contri uye), eS

UEBun a Contundir UNAS CON otras

La existencia de un discurso intenso sobre la inseguridad ciuda. dana, y su priorización política, ha sido ruca para la redefinición expansión de las funciones de la Policía que se han explicado má S arriba, Su énfasis en la prevención situacional y en actuar en ámbitos e

no hay delitos ha dado lugar al desarrollo de otra rama del con trol y del castigo, de una importancia cada vez mayor: las ordenanzas Municipales, Las ordenanzas consisten en unas normativas de carácter adminis-

trativo que se aprueban municipalmente, pero que en su aplicación están interfiriendo en el desarrollo de derechos fundamentales recogidos en la Constitución o en leyes aprobadas por el parlamento a nivel estatal, A

pesar de que no tienen un carácter punitivo, sino de fomento de la con-

vivencia (aquí, de hecho, se hace referencia especial a las que se suelen llamar ordenanzas «cívicas»), su aplicación por parte de las policías lo-

cales está suponiendo la puesta en funcionamiento de un mecanismo de

sanciones que apenas guarda respeto por el principio de jerarquización de las normas (Maroto 2013; Oliver ez a/., 2015, p. 239)', Algunas de las

ordenanzas ya se aprobaron durante los 90, pero en los últimos años han recibido un fuerte impulso, especialmente a partir de 2003, y con una

influencia muy notable de la de Barcelona, de 2005 (Limón López, 2012; Oliver ez al, 2015, pp. 238-241). Dentro de una aproximación a la seguridad ciudadana que se basa en

la intervención sobre actividades que no son delictivas («aún no», según la

noción del pre-delito), la actividad policial se orienta hacia la detección y

sanción de infracciones administrativas (García García, 2015, p. 66). Enh mayoría de los

casos, esto se traduce en intervenciones sobre acciones qué

pueden 209 simplemente, molestas (ruidos, elementos estéticos, higiene, Pc rl a NN qe esas molestias incívicas sean un Pu villas o pandeo e OS ndamentales, como puede ser ant piel policía para lMterer nireno en el (Olivo espaciso le o ha ada públicAULA, fomentadoalel desarrollol o de

140

Escaneado con CamScanner

5. Un

sistema

penal

expansivo

estrategias CON UN espíritu similar a las de tolerancia cero, si bien con notables € importantes diferencias (Wacquant, [2009], pp. 252-259),

Hay una cuestión relevante, que por no estar directamente relacionada con el castigo NO deja de ser relevante aquí, y que tiene que ver con el

derecho a usar la ciudad, la calle. stas ordenanzas y, sobre todo, su aplicación (en realidad, si uno las lee se da cuenta de que casi todo es sancio-

nable hacer footing, comer pipas en la calle o tender la ropa en el exterior

de la casa son ejemplos=), definen qué usos de la ciudad son los adecuados

los CÍVICOS, Y cuáles no. Existe un claro sesgo hacia la prohibición de

aquellas acciones que interfieren con un modelo de ciudad que excluye las actividades que no producen comercio, transacción económica o beno implineficios empresariales. En definitiva, aquellas actividades que

la ciudad can consumir, o que entorpecen O molestan a los que sí usan

para consumir (Mitchell, 2003, pp. 138-142; Delgado, 2011). El hostigamiento policial a los mendigos en las zonas comerciales; las plazas convertidas en lugares de tránsito, sin bancos ni sombra; las terrazas de los bares como casi únicos sitios en los que poder sentarse

(y beber legalmente, a pesar de que el espacio que se ocupa y el ruido

que se genera es el mismo que con el botellón, pero de lunes a domingo); o la instantánea eliminación de cualquier resto de protesta social (con el camión del Servicio de Limpieza Urgente a la cola de las manifestaciones haciendo de coche escoba) son solo algunos ejemplos de las transformaciones urbanas de las grandes ciudades encaminadas a mer-

o a cantilizar el espacio público. En una ciudad así, el derecho a estar

hacer se jerarquiza de acuerdo al potencial de consumo de los distintos

en torno grupos (mientras se escriben estas líneas, se pone de manifiesto

a la turistificación). Los jóvenes y los pobres son los que no tienen

se mucha cabida en este modelo urbano, y las ordenanzas municipales en han convertido en una potente herramienta para usar 2 la policía beneficio de esta mercantilización de la ciudad (aplicándolas, especial-

un mente, áreas destinadas al consumo y en zonas en las que se percibe potencial de revalorización) (González y Sorando, 2020). VEZ COMO medio, el núComo consecuencia de todo lo anterior, y a $U

período estudiado (ver mero de policías en España ha aumentado enla eldict adura y es de los tres tabla 5,1), parece que es mayor que durante

la compapolicías. Para el año 2007,y aunque países de Europa condo más a que cada país incluye funciones distintas para lo

ración es difícil debi

país de Europa que más que llaman «policías», España era el segundo 141

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

policías tenía en términos relati vos (por detrás de Bulgaria) ve l er taW Tar en números absolu (tr

tos as Alemania e Italia) (Fernández Villazala 900 pp. 277-278). De nuevo, no se trata de que las políticas ncolibera] 2,2009. contra el gasto público, sino contra determinado gasto Público he an

hay que sumarle los efectivos de la seguridad privada sector en tao expansión, y con un número de empleados similar al de la Policía Pública Tabla 5,1. Policías en España (1999-2009), cc

SU y 3 "

re

e

Tasa ol cada

100.000 ha

1999 2000

187.450 189.165

2001

189.543

2002

190.119

445

2003

194.973

MEL 0

2004

198.072

449

2005

202.535

453

2006

209.163

463

2007

214.920

466

2008

224.099

479

2009

231.818

493

o, DO reas A

TT

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat e INE.

La cárcel y las personas presas Las prisiones son consideradas por una parte importante de la poa como unas

instituciones en las que es posible observ ar dinámicas SOC! o más amplias y, de hecho, de ahí proviene la central imp ortancia que en en los estudios de sociología del castig o (Jacobs, 1977, p. 89; [Simo” y Sparks], 2013, pp.3-4). Por ello, y por la notable atención que ha rec! 6 os en la literatura que ha intentado explic ar los cambios contemporán del sistema penal, se le va a dedicar una atención más detallada.

142

ll Escaneado con CamScanner

;

«Un sistema penal expansivo

El hecho de que en la cárcel efectivamente se encuentren asesinos :Nnos y « ue la inm l ensa mayoríaí de lo

7 de vio ladores nO puede ofuscar el hecho : arE505 cumplen condena por delitos no inmensa mayoría de los presos cumplan tos, TAMPOCO puede ofuscar el hecho de

violentos (el hechoo de que la conden a por delitos no viol enque en la cárc

el también haya

asesinos y violadores). Además, la mayoría de las personas presas tienen

escasos recursos económicos y sociales, aparecie ndo la cárcel como una institución que se ceba con casi las mismas fra njas de la población que en el exterior reciben ayudas sociales, con una e specialización por género , p. 45)'9, (Wacquant, [2009]

La gestión de las poblaciones menos valoradas

Esta gestión estatal de la pobreza surge con el encierro. A lo largo de los años se fue bifurcando, con un tinte más asistencial para los pobres no aptos —para trabajar (lo que posteriormente sería conocido como «política social»), y con un tinte más punitivo para los pobres aptos —para

trabajar- (lo que terminaría derivando en parte en la «política criminal»). Es a lo largo del siglo x1x cuando comienza a forjarse la relación entre

cárcel y delincuencia, y la justificación de la una por la otra'”, Esto, desde luego, no quiere decir que la cárcel de hoy exista para en-

cerrar a los pobres, aunque no puede sorprender el perfil de la persona presa: desempleados o trabajadores precarios (más de la mitad trabajaban en hostelería o construcción —los motores económicos sobre los que se construyó la precariedad laboral y el subdesarrollo de protección social-);

casi dos tercios con un nivel de estudios bajo (primaria completa o incompleta); jóvenes (la mayoría menores de 40 años); hombres (9 de cada 10);

y en su mayoría por delitos relacionados con la prohibición de las drogas (7 de cada 10 por tráfico, robos y lesiones relacionadas con el consumo de drogas en un contexto de prohibición) (Gallego et a/., 2010; Cabrera, 2005). Esta caracterización sociodemográfica de la población penitenciaria no supone una novedad, ni especificidad de las cárceles españolas, Con 103

Est

í úne caso o en ning

. e decir. quier

que no se

penalice ñ

a

la

que acaban ?en prisión: cumplen laa condena y en condicio

s mujeres. : De hecho, las nes considerablemente

pcores que los hombres. Ver Almeda, 2017

MeLos trabajos clásicos al respecto son Rothman, [ 1971]; Foucault, [1975a); en s, ello os tod ico de lossi y Pavarini, [1977]; Ignatieff, 1978. Un comen tario crít

Ignatieff, [1981].

143

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

algunas variaciones en los dat os, los clientes de las prisiones de los . de nuestro entorno son habitualmente los mismos. Dos cambios poses

tes en la demografía carcelaria sí parecen estar relacio nadocos || e ticas neoliberales: el incremento de personas presas con proble mas mentales y de presas extranjeras. Uno de los efectos de los recortes sociales es el descens O en medi Os para tratar a personas con problemas de salud mental. A est e se le Une el éxito de los movimientos antipsiquiátricos en clausurar las Instituciones de encierro destinadas al efecto, con el resultado conjunto,

al Menos en

EE.UU., de personas que había sido desinstitucionalizada Pero que no

recibía atención médica pública. El efecto ha sido que muchas de estas personas se encuentran viviendo en la calle, o que cuando son deteni das

al no existir centros psiquiátricos, se los encierra en la cárcel ( Wacquant,

)

[2009], p. 119; Grabosky, 1980).

En España este proceso ha sido más comedido y la existencia de ,

cobertura sanitaria ha supuesto una fuente de ayuda para quien lo necesitase, al menos comparativamente. A pesar de ello, en los últimos años el porcentaje de presos que sufren trastornos mentales es cada vez mayor. Entre los motivos que se han señalado se encuentra n

el aumento de las personas con escasez de recursos en la población

general, la mayor celebración de juicios rápidos que a veces dificulta el que se detecte la enfermedad mental del acusado, la reticencia de los

jueces a aplicar penas alternativas (acentuada muchas vec es por la

inexistencia de servicios a los que derivar a las person as penadas), y la llamada «desinstitucionalización», que conllevó el paulatino cier re

de hospitales psiquiátricos desde mediados de los 80 en España

(Arroyo Cobo, 2011, p. 101; Hernández Monsalve, 2011, p. 147;

APDHA, 2007, pp. 4, 5, 12).

Esta última causa, la de un supuesto trasvase de internos con problemas mentales de las instituciones psiquiátrica a s las penales, no es uni

consecuencia lógica del cierre de unas institucione de enc s ierro mientras

Otras se mantenían abiertas, sino que par ece haber sido el resultado de

una falta de desarrollo de alternativas comuni tarias para el tratamiento

de los enfermos mentales, paralelo a la desinstituci onalización. El sail mento de la Proporción de este tipo de presos en la población penite n

ciaria parece apoyar esta explicación (Hernández Monsalve, 2011, PP' 138-139; APDHA,

2007, pp.7,12),

Por último, de lo ' : s datos de 1 se des” os propios estudios de la SGIB wr prende que más

o menos una de cada cuatro personas - presipresas

144

Escaneado con CamScanner

S. Un siistste ema penal expa nsivo

trastornos psiquiátricos, y que, an. total, entre el 40 % y el 50 % de la

soblación penitenciaria estudiada'” tiene algún tipo de historial clínico jacionado CON trastornos mentales (si se le suman los trastornos derj-

vados del uso y el abuso de la droga) (ver gráfico 5.2). Por estos estudios

también s€ sabe que aproximadamente un tercio de los presos utilizan

sicofármacos (cifra que aumenta hasta casi el 50 % si se incluye la me-

tadona), y que casi el 2 % (es decir, más de 1000 personas) de las personas resas tienen Una discapacidad psíquica acreditada (DGIP, 2007, p.9 4190, El perfil, por lo demás, suele ser similar al de la mayoría de los resos: VArones de entre 25 y 40 años, con una situación laboral precaria si es que existente, en el momento de entrar en prisión y con una ipoloía delictiva nO grave, mayoritariamente hurtos y robos (en los delitos ves cometidos por personas con enfermedades mentales se suele de-

clarar a la persona inimputable) (APDHA, 2007, pp. 7-8).

Gráfico 5.2. Comparación de los dos estudios epidemiológicos realizados en prisiones españolas. Diagnóstico

psiquiátrico 13,5% AA

(sin drogas)

12,1% H—_—__

Patología dual

25,6% 496%

(Psiq. + drogas) No presenta

24,0%

ue Consumo de

drogas (solo)

Diagnóstico

19,1% O : es Se

8%

AAA

14,2% PA

a

41,2%

ogía dual Patol (Psiq.+ drogas) Consumo de drogas (solo)

al

pi 103. Fuente: Arroyo Cobo, 2011

riicos d e Alicante y iát : ales psi¡qu átr qui pit hos los y nas ala 105 Se excluían las cárceles cat Sevilla, no 5€ realiza simplemente que diagnóstico, el en 9 Hay un problema enorme entro de prisión. Ver Higuera Guimerá, 2006.

145

Escaneado con CamScanner

castigo Neoliberalismo y

Esta situación es aún peor si se tiene en cuenta el hecho de personas CON

trastornos mentales a bié veces son objeto de abusos fren la fal

qUe lay "Parte

de los otros presos y que a veces también sutren la falta de Mtendimien y

con los funcionarios, que no están formados para tratar con internos de

este tipo (APDHA, 2007, p. 9). Evidentemente, la situación e, Much

más grave para los presos que se encuentran en régimen cerrado (Ríos

Martín y Cabrera Cabrera, 2002, p. 95). Además, la Sobreocupación de las cárceles en España dificulta, aún más, la creación de espacios tera.

péuticos en una institución en la que se prioriza el régim en y el contro] (Arroyo Cobo, 2011, p. 102). El otro aspecto que ha supuesto un importante cambio en el período

estudiado es el del incremento de extranjeros en las cárceles, fuerte.

mente influido por una mayor estancia efectiva dentro de prisión. A

pesar de que han llegado a ocupar una de cada tres plazas carcelarias, no se ha comprobado que las personas extranjeras delincan más ue

las personas con la nacionalidad del país en el que se habita (Ousey y Kubrin, 2018). Parece ser que se usa más la prisión preventiva con los

extranjeros que con los nacionales, y que además se les conceden menos libertades condicionales'”, El motivo legal/administrativo más esgri-

mido tanto para el decreto de una, como para la no concesión de la otra, suele ser la falta de arraigo, pues se entiende que las probabilidades de fuga son mayores al no tener, por ejemplo, familia o domicilio conocido en España. Por supuesto, no hay nada que objetar desde un punto de vista legal. No obstante, hay que recordar que los criterios para aplicar beneficios penitenciarios o decretar ingresos en prisión son contingen-

tes, y podrían ser otros. La importancia que tiene, por ejemplo, el arraigo en estas decisiones es un claro ejemplo de medidas que, aun pudien do

estar justificadas y no necesariamente pensadas para perjud icar a cierto

colectivo, tiene como consecuencia una discriminación sistem ática pot parte del sistema penal en base a la nacionalidad. El hecho de que, 4 igualdad de delito, se cumpla más pena efectiva dentro de la cárcel es una buena muestra de ello (Wag man, 2005, p. 92).

e

Los presos extranjeros tienen características algo distintas de las de

tes id o

O

-

ponen

n cultural y política diferente, etc. En con 2 Principales diferencias: a) el nivel de formació

sele España, 2007, p. 108; Monclús Masó, 2006, p. 192, Wagman, 2005, p-

Más en general, Guerra Pérez, 2011.

146

Escaneado con CamScanner

Un

sistema

penal

Cxpansivo

mayor; 9) son Un colectivo algo más feminizado; y C) no tienen un serfil de consumidor de drogas tan definido como el de los presos goles, por lo que sus necesidades, es-

y también sus capacidades y motivaciones, SON distintas. Ésto a veces resulta en que ocupan «destinos »

vestos de confianza O puestos en los talleres productivos, lo que a pa

vez resulta ocasionalmente en brotes xenófobos entre los propios presos

ues interpretan que obtienen estos cargos por el mero hecho de ser

extranjeros (Wagman, 2005, pp. 83, 94; Gallego et al, 2010, p. 67; Cas-

tillo Algarra y Ruiz García, 2010, p. 486)'8,

Además de estas diferencias, parece ser que las personas extranjeras tienden a relacionarse principalmente con otros presos de su mismo en-

torno cultural, y que casi la mitad tiene algún problema para hablar o

entender bien el castellano, y por lo tanto poder cumplir con sus obligaciones y defender sus derechos de manera adecuada. La mayoría de los

extranjeros de una muestra de presos aseguraba no tener acceso a traductor,y la obligación de repartir folletos informativos en el idioma del preso

parece ser insuficiente. La SGIP ha optado por enseñarles castellano, mediante la impartición de clases, para paliar los problemas ocasionados

por las dificultades de comunicación (García España, 2007, pp. 116-118; Gallego ez al., 2010, p. 83; Castillo Algarra y Ruiz García, 2010, p. 486). El perfil de las personas presas, así como los colectivos que van siendo

encerrados (siempre dentro de la gente que menos tiene y menos valorada socialmente) son un buen indicador de dinámicas sociales más amplias. En este caso, y sin menospreciar otros colectivos que también sufren la cárcel de manera desproporcionada, las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental en prisión resumen bien las carencias de las políticas sociales y los excesos de las políticas penales, así como parte

de sus funciones. La población extranjera, y especialmente en el caso de

las mujeres, representa bien las disonancias entre la movilidad de capi-

tales y de trabajadores propias de la economía internacional contemporánea: mientras cada vez hay menos fronteras para las inversiones y milos desplazamientos de dinero, las crecientes dificultades de los grantes para cruzar las fronteras refuerzan los procesos de precariza-

ción, como se explicará más abajo. Además, el hecho de que la una relación Población penitenciaria y sus características no guarden 'BAlgo que también sucede fuera de las cárceles, cuando, por ejemplo Pp Pera

la variable «nacionalidad» dificulta ver que ayudasy públicas, “Algunas rea); ,

€n

realidad ha sido «ingresos».

147

Escaneado con CamScanner

o mo y castig

Neoliberalis

men y las formas de delincuencia (tal vez, s; con los volu el directa con rpersonal, pero que | son y lem e Jelitos que incluyen violencia física intepa pena delitos hace necesario recordar que el siste ma árcel) rante l) minoritarios CN la cárce selectividad no se basa solo en |, esa Que y , ivo ect sel te men ria es necesa además, algo obvio,

otros ejes. Se recuerda, rravedad del delito, sino en pol ítica. una institucl ón , la cárcel es

blación carcelaria El incremento de la po

en España Como ya se vio en el primer capítulo, la población carcelaria

ha aumentado mucho desde que hay democracia. De los 10,463 presos en 1978 a siete veces más, 73.568 presos, en 2008 (ya durante la crisis se alcanzó el máximo histórico de 76.951 presos, disminuyendo desde en-

tonces, como se verá en el epílogo). No obstante, mejor indicador que

los números absolutos, son los relativos. También de esta manera el

crecimiento ha sido pronunciado, pasando de 28,54 presos/100.000

habitantes a 157,38 presos/100.000 habitantes en 2008. Es decir, un índice de encarcelamiento cinco veces mayor. En las últimas décadas España pasó de ser uno de los países que menos recurría a la prisión a superar la media europea, y después mantenerse durante las últimas dos décadas a la cabeza en encarcelamiento, junto con Inglaterra y Gales,

bastante por encima del resto de países vecinos. Ello es sorprendente si

se tiene en cuenta la reducida tasa de delitos y de delitos violentos en España y su evolución, que no parecen justificar el incremento, y mucho

menos de un 500 %'%, Si bien durante la década de los 80 el número de

delitos registrados por la policía sí aumentó, desde 1989 la tasa de delincuencia ha disminuido ligeramente, dentro de la estabilidad, pasando de

rpm

por cada 100.000 habitantes a 2.345 delitos por cada

abitantes en 2006", Las encuestas de victimización realizadas

.

Es ta característi¡ca del caso español ha sido regi r Diez strada en la literatura: VeGóme 2 ele ple pp.2, 9; García España y Pérez Jiménez, 2005; Serrano dei Tamarit Sumalla, 2007, p. 18, 131-132; pe Ministerio En 2006 110 Le del Interior dejó de publicar los datos desagregados en deli rr / el a sep? y daltas, sin ninguna justificación pública, hasta que en 2011 se volvieron h ; : rar, V, s , r á «Investigadore del Interio Y . o » enviado. al Ministerio 4 palc , dio 4 uUnci: smo alidad» r 2010

109

23/03/

fabilida

cian el secreti ). Sobre el vergon:

de Interio sobre crimin

(El Ie nte

democráticos, € ns E €l vergonzoso estado, en términos cos, de las estadísticas policiales en España, pr , ,

tífiazala, 2008, pp. 101-129; y Serrano Gómez, 2011. s cien z Vill y inde , on ctem rnánde ¿Feáino

148 dl

Escaneado con CamScanner

5. Un sistema penal expans ivo

ola ir

¿Por qué se ha producido este incremento en el número de presos?

La explicación que dicta el sentido común y la lógica jurídica es que se debería a un aumento de la delincuencia, pero no parece haber muchas pruebas de esto. La explicación más extendida en la criminología española

apunta a la influencia del Código penal de 1995. Como se recordará, ese

texto legal alargaba las penas previstas para los delitos más comunes

(hurtos, robos, tráfico de drogas y lesiones, entre otros). A la vez, se

eliminaban la redención de penas por trabajo en prisión y por buen comportamiento. Estos dos elementos produjeron un considerable aumento del tiempo efectivo de la estancia en prisión. No se trataba,

entonces, de que el aumento de presos se debiese a que cada vez entraba

más gente en prisión (de hecho, el número de entradas se fue reduciendo),

sino de que los que entraban lo hacían durante más tiempo y, además,

salían menos, ya que se dificultó el acceso de formas de libertad anticipada (Cid, 2008). Es decir, se entraba por una puerta, pero no se salía por la otra.

Esta explicación, muy valiosa para entender los efectos del Código

penal democrático en la extensión del encarcelamiento, podría parecer

insatisfactoria por sí sola, si lo que se pretende es explicar por qué el Estado encierra a más personas si no hay más delincuencia (González Sánchez, 2011). Deja sin explorar aspectos fundamentales, como la contextualización en la que esos y otros cambios legales del sistema penal

estaban teniendo lugar en un corto período de tiempo (y tanto tiempo

después de que se aprobase la Constitución y la necesidad del nuevo

Código penal no pudiera «pues, discutirse»); su posible relación con

sus que buena parte de los países europeos estuviesen incrementando lo hacía EsPoblaciones carcelarias, pero casi ninguno al ritmo que

de que el número paña, y ninguno con ese Código penal; o el hecho de este de presos llevase aumentando 20 años antes de la introducción en durante los 80 no constituye texto (que la delincuencia aumentase

de que a si mismo una explicación, pues sería volver a la porasunción la delincuencia). Población carcelaria a nivel agregado se explica 149

Escaneado con CamScanner

,

Mess

S

beralirins y (ar?

:

á

El funcionamiento de la cárcel y

del sistema

$

penal no Es

tro. AVEOy y te,

se trata de un sistema que traduce són inputs + qn output de Matas

mecánica. Hace falta dar cuenta del significado histórica, de Ln ee,

v tomar en serío la cárcel coro una institución política derma ne

2 través de la persecución de algunos delitos, con la gestión de las ciones marginadas materíal y simbólicamente (al mismo termo,

la

va la,

Via . 27 e

contribuve también de manera muy directa a su devaluación),

Otros aspectos que podrían ser útiles pura complementar la tess des Código penal serían, por ejemplo, la influencia la dimensión inter e cional del neoliberalismo; las políticas laborales de los 21) que afectaro,

directamente a la inserción laboral de los jóvenes en un contexto¿e desindustrialización sin apenas programas sociales, muchos de elijo residentes en los barrios estigmatizados de las grandes ciudades; o na tar que durante la crisis de los 90 y la inserción definitiva en el proyecto económico de la UE se reformaron casi todas las áreas del sísterna penal a la vez que se asentaba el trabajo precario y el gasto social u1-

menzaba a descender. El incremento de presos ha ido acompañado de una considerable

inversión pública en la construcción de nuevas prisiones y en obras de acmalización de algunas de las más viejas. Las obras las han realizado

las mismas constructoras privadas que se encargaron de construir el

resto de España durante los 90, también con dinero público, esta vez gestionado a través de la SIAEP. De nuevo, ante un problema -la falta de proporción máxima necesaría para cumplir con la Ley Orgánica General Penitenciaríz-con dos posibles soluciones (aumentar las celdas o reducir los presos), se optó por la que tenía más en cuenta intereses

económicos (construcción, especialmente con las macrocárceles) y políticos (dar imagen de un sistema penitenciario renovado y democrático,

y no tener que explicar a la ciudadanía que habría gente condenada 2

prisión esperando a entrar por falta de espacio). Habida cuenta de que

Apaña cuenta con uno de los niveles de encierro más altos de su sl torno, pero con uno de los niveles de delincuencia más bajos (es decis, el problema parece de exceso de recurso al encarcelamiento, no de faltz

de cárceles), la opción de liberar presos o establecer un numerus clausus

podría haber sido razonable, pero probablemente no pareciese algo 521"

sato (Cabrera, 2005, p, 21),

lo Re +22

% solo han sufrido cambios cuantitativos. De a nMuencia de los postulados neoliberales en la configu de las instituciones públicas que se están trat ando

en el libro,

150

Escaneado con CamScanner

S.Un Y sistema si penal expansivo

os cualitati más claramente. en aspect Ú 1 ¡nflue! 4 ¿cia .,se deja notar : SA

VOS

d

e:

tratancasaspect se erísti nuacisón,caract Á conti a.torno 20 o quese n intern organización Y gestió alguna a en Gi divid do implementando Ñ se han se han ¡ S

d

(

e

,

anteriores í á o en capitu vist OS í

ivación). lización Y act

(indivi

1v1

,

imació

ualización, moralismo, contractua-

ol La clasificación penitenciaria como mecanismo de contr

Según los principios nor mativos de la cárcel en España, la orientación

de la prisión debe ser la resocialización del individuo privado de liber-

tad. Para que la sanción penal se ajuste a la evolución del preso y a sus

necesidades de tratamiento se adapta a cada individuo. Esto se conoce

como la individualización científica, y comienza a legislarse en España en 1968, aunque su aplicación no llegaría hasta décadas más tarde'",

las Este proceso incluye la clasificación en un grado penitenciario,

des condiprogresiones y regresiones, el disfrute de permisos o liberta introduce como cionales, entre otros aspectos. Es un principio que se

y es un expresión del ideal rehabilitador, asociado al we/farismo penal,

de la buen ejemplo de cómo las políticas neoliberales no se desarrollan hibrinada. Estas se implementan sobre dinámicas previas, generando mecanismos daciones que pueden partir de un modelo previo y con propios de la fiexistentes, pero que facilitan el aterrizaje de usos más que se le da a los losofía neoliberal. Sobre todo, es importante el uso y contenido (no es lo dispositivos,ya que puede cambiar de significado r la transición mismo una clasificación por grados usada para mejora mecanismo disciplinario de hacia la libertad que gestionarlos como un

premios y castigos).

s españolas es bastante limiLa actividad tratamental en las cárcele son escasas, y las existentes suelen

tada. Las actividades disponibles

estar muy interrumpidas, ya sea por fin de semana, por días festivos, PO!

pp- 119-120). También vacaciones de verano, etc. (Gallego e al., 2010, A ibas inados talleres o

istencia a determ as 10) la r pi um rr te in el cambio1 de ms " suele n co o us cl in o , eso a otra cárcel jussttiifica in stituPe troasladedosun demiunsmopr centro penitenciario, algo que se ju

entr cio

itenciari ría justificar la be de 2es no e qU pero nalmente por motivos burocráticos, |

á

.

e

alización científica 1 la historia de la individu de l rina doct ón visi "Para una , pp- 870-874. 44

Paña, ver Manzanares Samaniego, 2006

4

ó

en

Es-

151

Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

suspensión de un derecho como es el de recibir tratamiento en Prisión

(Defensor del Pueblo, 2007, p. 1430; 2008, p. 212). Este tipo de

burocráticas afectan mucho más a las mujeres, pues la oferta d C dades y programas es mucho menor y su localización en módu

tro de cárceles para hombres las coloca en una posición sub

activi.

los den-

ordinada

para acceder a los espacios y a los recursos (Almeda, 2003, p. 3 ); Ugarte, 2005, p. 103; Igareda González, 2007, p. 96). La situación t ambién es peor para los presos clasificados en el primer grado, La virtu al ausencia de programas con los que ocupar el tiempo y el casi inexistente Contacto

directo entre presos y carceleros, hace que esta clasificación difícilmente

pueda ser entendida como «tratamiento» más allá de los textos | egales (CPT, 2003, p. 34; 2007, pp. 33-35; Gallego ef a/., 2010, p. 172).

La cantidad de personal dedicado al tratamiento (o la cantidad

de personas presas a tratar por el mismo) tiene como consecuencia, por

ejemplo, que las visitas de las psicólogas al módulo son escasas, y que

las entrevistas personales que mantienen con cada interno son cortas,

de aproximadamente 10 minutos de media (Gallego ez al., 2010, p. 105)",

Esto podría no ser especialmente importante para los presos que no sufren situaciones personales o mentales delicadas, salvo porque en base a estas entrevistas, y al comportamiento dentro del módulo -medido

en partes puestos por los funcionarios de vigilancia— son el equipo terapéutico propone la concesión de permisos o grado, lo que en muchas ocasiones significa poder salir a poralmente. Se puede entender que en este contexto es

sobre los que revisiones de la calle temdifícil que se

construya una relación de confianza con el psicólogo de la prisión, algo indispensable para la efectividad de cual quier programa. Esta escasa comunicación hace que, en algunos casos, haya presos que no conocen

cuál es su programa individualizado de tratamiento, lo que, a su vez, supone un claro problema para que exista voluntariedad por parte del

preso en el tratamiento, algo básico, El que un preso no quiera, ejer-

ciendo su derecho, participar en programas de resocialización, tiene consecuencias negativas en su clasificación penitenciaria, lo cual también pone en cuestión la voluntariedad de la participación (Adelantado Gi-

meno, 1993, pp. 81-82), De hecho, a efectos prácticos, el tratamiento en

las cárceles españolas no es voluntario, al menos si uno quiere gozar de Permisos y progresiones de grado,

112 Algo similar 4 lo que ocurre con los trabajadores sociales que adminis tran la ayuda social (Ávila Cantos, 2012, p. 340).

152

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5. Un sij stema pe nal expansivo

Tal vez sea pertinente recordar que hay unos 6500 volu nta rios, pertenecientes A más de 550 organizaciones que entran cada año en prisión ue se dedican a hacer tratamiento, de una forma u otra. El personal de-hd d dicado a tratamiento contratado por las Instituciones Penitenciarias es

bastante menor, Casi la mitad (SPACE, 2010, p. 102). Cabe preguntarse qué tratamiento habría en prisión s! NO CXIstiesen organizaciones que gra-

tuita y voluntariamente realizan estas labores. La misma pregunta se puede plantear con respecto a los servicios sociales, donde el tercer sector también

desempeña un papel fundamental (Alonso, 2007, p, 121).

Dada la naturaleza del tratamiento en las cárceles españolas, con la

clasificación por grados (y el acceso a actividades y espacios que compor-

tan), se ha señalado que, en una institución donde prima el orden, el tratamiento juega un importante papel como instrumento disciplinario y como herramienta en la gestión de conflictos (Adelantado Gimeno,

1993, p.79). La potenciación del tratamiento con la LOGP en un contexto en el que los motines carcelarios eran notables, pero sin los medios necesarios para llevarlo a cabo, se ha interpretado como una forma de romper la solidaridad entre los presos: ante un sistema premial de acceso a los

beneficios penitenciarios basado en la individualización de las situaciones,

se volvieron más dóciles y miraron por sus estrategias particulares, más que por las reivindicaciones colectivas (Lorenzo Rubio 2013a, p. 123)'".

Frente a una clasificación genérica en segundo grado, el primer grado

tiende a usarse como castigo, suprimiendo incluso las actividades tratamentales. Por el contrario, el tercer grado se usa como un premio. El tercer grado es algo que la persona presa se tiene que ganar, y para ello ha de mostrarse activo. Del mismo modo, si los reclusos quieren acceder a permisos de salida tienen que participar en las actividades ofertadas,

las consideren útiles o no.

Frente a las demandas colectivas, la tendencia fomentada estructu-

ralmente es a la preocupación por las demandas personales, pues la

mejora de la condición de uno no pasa por la mejora de las condiciones diferen” del resto, debido a la clasificación por grados y las restricciones de clasificación por ciales que comportan. Así, el efecto del sistema la Constitución, Pe grados no es una consecución del artículo 25.2 de don Ñ una herramienta de gestión diaria de los centros penitenciarios

se premia el no dar problemas y se toman represalias contra quien

: tambié:énn fifavoreció este s democráticas 113 La aparición de la heroína en las cárcele proceso,

153

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Neoliberalismo y castigo

exigen insistentemente sus derechos (CPT, 2007, Pp.38, 48; ] 2002, p. 71). Un sistema por el que se premia a quien se Com gero d

Lasa

y se castiga a quien no obedece no es, desde luego, nuevo, No o bien

l

dicha gestión queda legitimada por un sistema de grados cuyo ne Jetivo legal es favorecer un programa personalizado de tratamiento, Esta individualización lleva implícita una forma de Contractual ción, pues se establece todo un conglomerado de deberes ; Pu Iza.

asumidos personalmente por la persona privada de libertad co, das equipo terapéutico cada vez que se concede o rechaza, por ejemplo permiso. No obstante, la contractualización en las cárceles español n adquiere su forma explícita durante los últimos años con la puesta '

marcha de diversos módulos con regímenes especiales, en especial los «módulos de respeto» y los «módulos terapéuticos»

pueden ser unidades terapéuticas y educativas, Comu(los cuales, a su vez, nidades terapéuticas y módulos mixtos).

Activación y responsabilización para acceder a los derechos

Los «módulos terapéuticos» y los «módulos de respeto» desarrollan un

modelo penitenciario distinto al habitual, y están marcados por el ingreso

voluntario de los presos, una distinta relación entre funcionari os e inter-

nos, y una metodología que, aunque sigue basándose en el condu ctismo,

parece responsabilizar algo más a los presos en las tareas diarias. Es un

modelo que parece respetar más los mandatos legales de resocialización y tratamiento individualizado, y de hecho su puesta en marcha ha sido objeto de elogios, afectando en sus primeros años de implantación a uno

7.500 personas presas. No obstante, también es un modelo que está sujeto a críticas, entre ellas que los presos tienen que firmar un contrato para

ingresar. En este contrato el preso adquiere una serie de compromisos Y renuncia a varios derechos como, por ejemplo, poder comunicarse cof

quienes quieran, y adquieren algunas obligaciones moralizantes Co

mantener un aspecto y un vestuario adecuados (se entiende que an

agrado del equipo terapéutico) o unos niveles mínimos de higie ne Estos son algunos ejemplos del moralismo autor itario sobre los pr

al que se refiere Wacquant ([2009], p. 420), y que en la política 500 114

El contrato terapéutico se puede consulta r en DGIP, 2005, pp. 19-20.

154 dl

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!

past s o valoración, ontrol de los gasto se a Ja forma de € goma A yá

se

t

]

n

q del

esfuerzo.

e , Como

|

yesU objetivo €s fomentar unos individuos responsables que partici ¡ctivamente en su tratamiento y en la organización del módulo Bo pan

dasiz, 2016, PP 85-87). Aunque este tipo de módulos parecen

el do con un primer impulso más propio del welfarismo rehabilitad >

e] contexto cultur al más amplio, así como su aplicación, los ha molde do

con tintes neoliberales en los que se entiende que la capacidad de Pa bio de la situación reside en la asunción de responsabilidades Com dificilmente puede ser de otra manera dentro de un contexto carcela-. rio, en Su aplicación está retórica sigue concretándose en buena medida

en la imposición de autodisciplina, y no tanto en un proceso de empoderamiento. En los módulos de respeto se fomenta más el respeto A la institución que por uno mismo, a pesar de que se vista de un proceso sobre el que la persona presa se espera que tenga la iniciativa y el control sobre su propio cambio (Ballesteros Pena, 2018, p. 468).

La implantación de este tipo de módulos se está extendiendo a todas las cárceles. Esto es especialmente problemático para las mujeres presas,

ya que la existencia en la mayoría de las cárceles de un único módulo

femenino hace que en la práctica puedan tener que elegir entre some-

terse voluntariamente a este régimen o incrementar su desarraigo me-

estos diante el traslado a otra prisión. Además, el contenido de las muprogramas parece ser androcéntrico e ignora las necesidades de

da, jeres, generando para ellas una situación aún peor ( Ballesteros y Alme 2015, pp. 169, 178). intromisiones Como se vio en el capítulo anterior, permitir ciertas

dad es un e imposiciones de conducta a cambio de algo que en reali

micas que estaba derecho guarda un paralelismo llamativo con las diná también quedaban sanadquiriendo la protección social, que además

en cuenta es que, en rea” tener a cto aspe Un ato. contr un por cionadas n penitenciaria: lidad, esto puede conformar dos tipos de població ares, y que apenas reciben trataaquellos que residen en módulos regul que lo reciben pipi los o, hech De en. recib lo sí miento, y aquellos que más allá de cas

siendo difícil encontrar, Po Un derechos, por lo que sigue y UN respeto por los pi r tado bili reha nto amie individuales, un trat en el mismo 120. Se intro po

legalmente reconocidos coexistentes

juegos prisión que fomentan t.4mi M nuevas ¿ desigualdades dentro de laentra icas, n en estas dinám

a quienes Potencia que premian

de

ndo ejora )

155

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Neoliberalismo y castigo

sus condiciones, aunque precariamente, Además, se reserva el

'CBimen

más duro para aquellos que no participan, reproduciendo di VISIO Nes

parecidas a quienes no entran en el mercado laboral y suelen + ener Que lidiar con el sistema penal. Esta mediación de un contrato, habida Cuenta

de la baja tasa de actividad laboral legal (no se incluye ser ladrón o traficante de drogas) o en condiciones legales (el trabajo informa] en

hostelería y construcción es muy elevado), supone que para algunas

personas este sea el primer contrato que firmen en su vida.

Salir de la cárcel

Especialmente a partir de la aprobación del CP de 1995, e ] equipo

terapéutico tiene mayor poder dentro de la política peniten ciaria, al eliminarse las redenciones automáticas del tiempo de estanc i a en prisión (Wagman, 2004). Así, la concesión de terceros grados, permisos

de salida y la propuesta de libertades condicionales se vuelve un interesante asunto de gestión de la población carcelaria. En su aplicación se puede ver que no responden únicamente a criter ios científicos, sino

que también reflejan diferencias de política penitenciari a, Por ejemplo, para el mismo período (2000-2008) en el que el númer o de presos que disfrutan de permisos de salida se mantenía estable en torno al 30 % para la Administración General del Estado, en las cárceles dependientes de la Generalitat de Cataluña el porce ntaje de presos que tenían acceso a estos permisos disminuyó de un 60 % a un 44 %, aproxima-

damente, mos trando diferencias tanto de volumen como de evolución (García, Becerra y Aguilar, 2012, pp. 168-170). Disfrutar de permisos o salidas anticipadas se configura como un premi

o que la persona presa tiene que ganarse, demos trando mediante

la participación en talleres que tiene voluntad, que es un «interno bueno», y no como un derecho que tiene por pasado ya buena parte de la condena sin salir a la calle, o porque haber estas salidas se asocien encia (qué parte del tratamiento es e

cuál un premio es algo que depende

de

nal penitenciario). Además, no basta con á , a ntroducien do inseg uridades en los pre

centes para su proceso de rehabilitació 134

,

si

sos

3n.

156

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S.Un Jn sisi stema pena l expansivo

La Administración penitenciaria catalana, tras varios años de de-

sarrollo, finalmente implementó en 2009 un pro grama destin ado a estimar el riesgo de reincidencia para personas qu e pudiesen gozar de € y, tibertad anticipada. Su nombre es RISCANVI] n base a la actividad asada y A grupos de pertenencia, calcula estadíst icamente las prob apilidades de que esa persona delinca una vez que está fuera, influyendo

notablemente en la decisión sobre sus salidas de la cárcel (ver Brandariz, 2016, pp. 201-210; Castro Liñares, 2018, p. 334). De nuevo, la estimación de riesgos que ya se vio para la planificación policial puede

pasar a Un segundo plano da el equipo humano no comparte la valoración resultado de aplicar el instrumento, pasando así a ser una herramienta que ayuda a legitimar con la estadística decisiones que probablemente ya se tomaban'”, Una vez fuera de la cárcel, es importante también tener en cuenta la escasez de políticas de apoyo pospenitenciario (aquí ni siquiera existe mucho acuerdo sobre si se deberían considerar parte de la política pe-

nitenciaria, penal o social). Por incidir una vez más en las estrechas conexiones entre los modelos de Estado de bienestar y las políticas

penales, en este contexto se reproduce el familiarismo característico del contexto español. Así, el Estado traslada a las familias la responsabilidad del apoyo, ayuda y acompañamiento en la fase más crucial para la reinserción social (Ibáñez y Pedrosa, 2018, p. 10). Es importante tener esto

en cuenta también por las consecuencias imprevistas que tiene en las familiares de las personas presas (lógicamente mayoritariamente de

clases bajas), que sufren una forma indirecta de castigo a pesar de no E

haber cometido delitos (García-Borés ef al., 2006).

Además, la marca que conlleva el paso por prisión refuerza la posi-

ción de vulnerabilidad del expreso en el mercado laboral, que en el neoliberalismo se reivindica como la institución principal en la que hay que conseguir los recursos básicos (y de una manera noble, no conta-

2). Más 1 minada por la ayuda estatal, como se sugirió en el capítulo

de los distintos estigmas asociados a las posiciones sociales más pro -

ves a acabar encerradas, el hecho en sí de tener antecedentes pera es

encontrar tra mo parece tener un efecto directo y añadido a la hora de penales es aún mayor $ (Rovira, 2017). El peso de los antecedentes

¡ , V er Martínez Gaestas técnicas de tos ues sup los e a ant ort imp ica crít una 115 Para ray, 2016.

157

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Neoliberalismo y castigo

le suma la condición de extranjero/a (Larrauri, 2016),

Cuestión

e

desarrollará algo más con la creciente articulación ent re las SAN CiONe,se

penales y administrativas y la tendencia a difuminar su Separaci ón clara en el castigo estatal.

Drogas, extranjería y la articulación del castigo penal-administrativo Los sistemas penales funcionan de manera selectiva. De

bido

a la can-

tidad de actividades prohibidas y la extensión de algu nas de ellas es imposible actuar sobre todas. La política criminal con siste en definir

qué está prohibido y qué no, y qué se persigue más, qué MENOS, y qué

no. Ante la situación de escasez de re Cursos, o de exceso de gestión de

conflictos a través del sistema penal, la priorización se vuelve más impor

tante, ya que poca gente querría que se actuase con la misma efica-

cia en todos los delitos (que se intervenga sobre el 10 % del tráfico de

drogas puede no preocupar a gran parte de la pobl ación, pero que se

intervenga sobre el 10 % de los homicidios puede preocupar a más gent

e). Por ello, la gravedad de los delitos es un crit erio para priorizar

la actuación del sistema penal. No obstante, no es el únic o criterio,y es difícilmente defendible que sea el principal (el tráfico de drogas es un buen ejemplo, la corrupción es otro). Junto a este, presente en los mitos

del funcionamiento de la Justicia, hay que tener en cuen ta el tipo de persona, el colectivo en la que se la encuadra, el barrio en el que vive, su nacionalidad, el color de su piel, su género, la visibili dad del delito, o la

disponibilidad de espacios privados donde realizarlo, las preocupaci ones

políticas, las directivas internacionales, el di nero y el prestigio que tiene quien delinque, etc.

Definir la política criminal como la destinada a prevenir la delin-

cuencia es demasiado parcial. Primero, porque prevenir la delincuencia

ya es una decisión dentro de las distintas políticas criminales que hay: Segundo, porque en la práctica solo se busca prevenir alguna delincuen ; cia. Tercero, porque buscar prevenir. la deli. ncuencia. con los medio¡ s d e : los que dispone el sistema penal es, en el mejor de los casos, de dudos a eficacia. La política criminal que conocemos no se mantiene por! $ eficacia¡ en prevenir: la deli: ncuencia“o. Si Q; despuésA ños de doscie. ntos años 18sigut ; En pie, con sus reformas, cu intenta! mple muchas funciones má , s que int en reducir la frecuencia de los delitos. ,

tar

.

.

.

u

158

al

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S.

Un

*

sistema

penal

€xpansivo

La política criminal es política, Es decir, no es asépti ca y es el resul-

tado de luchas en torno a cuestiones de poder, Esto significa qu e lo ]

ue conocemos como sistema penal, castigo, o Usticia, es el resultad o de la negociación-imposición de los intereses de UNOS grupos sobre los otros. Esto no excluye que casi todos, o todos lo $ grupos pu edan tener algunos intereses en común, o que en ese proce so de elaborac ión de la política Cr iminal 2 haya esp «cio para que quienes no tienen acceso a] ejercicio de la política criminal vean algunos de sus intereses recono-' cidos. El Estado de Derecho es una buena muestra de ello, Lo político refleja y configura buena parte de lo socia]. Si, además

cuenta con el poder simbólico del Estado y su legislación, y con al poder material de la Policía y las cárceles, parece un área en el que las relaciones entre distintos grupos y su resultado pueden encontrar un

buen reflejo, aunque sea en sentido negativo. A pesar de que el sistema

penal moderno está configurado formalmente como una instancia que actúa sobre individuos (incluso, sobre algunos derechos de esos indi-

viduos), lo cierto es que produce sistemáticamente la penalización de

determinados grupos. Observar las características de estos grupos, y los delitos a los que se asocia su penalización, puede ser un buen prisma a través del que comprender dinámicas más amplias. Por eso estudiar la penalidad puede ser interesante incluso para quienes no tienen un interés específico en el sistema estatal de administración de castigos. Por ejemplo, el hecho de que sistemáticamente las cárceles estén llenas de pobres invita a pensar que la clase social es una cuestión importante, y que quienes definen las prioridades de política criminal (en

su mayoría, personas del mismo colectivo o cercana a la gente que decide las prioridades en política social, económica O educativa) pueden tener algo que ver, consciente o inconscientemente. La mayoría de los con-

flictos empresariales parecen resolverse fuera del derecho penal, por a as e civil, dejando fuera intervenciones del Estado tan violentas

e que prevé el Derecho penal'*, No obstante, no se trata solo e cuestión de clase, sino que hace falta moverse en el terreno más me o de la interseccionalidad y pensar en términos de discriminacion

leunos de los amplios y no excluyentes entre sí (Crenshaw, 1989), algu conecta r En este último epígrafe se va a intentar timas décadas con úl las en penali zados más sido han grupos que hasta ahora. que se han ex plicado Algunas de las transformaciones

9]. Sutherland, [194 ló ña se a ya! tica "16 La importancia del impacto de esta caracterís

159

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Neoliberalismo y castigo

No todo ello está relacionado con el neoliberalismo, como se ha Ins a lo largo del libro. No obstante, y a pesar de que la exposición idestido

transformaciones institucionales ha tendido a restringirse a a NN

se me h, a relacionadas con la influencia del paradigma neoliberal,

demasiado raro hablar del sistema penal español sin mencionar las de

gas ilegales o el terrorismo, por poner dos de los ejes básicos de la in.

tervención punitiva. También servirá para introducir la tendencia

general que parece seguir la penalidad en España, y que con siste em una mayor intensificación tanto de la vía penal como de la administrativa borrándose cada vez más las fronteras entre la una y la otra. Estas de-

cisiones políticas están suponiendo un declive en las garantías penales

y recuerdan que el Estado de Derecho es una frágil contingencia his-

tórica y que la existencia de derechos es importante en la medida en

que se ponen en práctica.

Extranjería y etnia

La penalización de las personas migrantes, si bien no es nueva en sus cuestiones de fondo (las drogas son fundamentales en su encierro carcelario, la etnicidad lo es para el acoso policial, la vulnerabilidad

económica y de estatus condiciona ambas), es reveladora de algunas

características de las sociedades que están inmersas en el proceso de trasformación de sus políticas hacia lógicas neoliberales, así como

ilustrativa de algunos de los puntos fundamentales del marco teórico que se ha usado en este libro (ver capítulo 1).

Algunos autores han señalado que las personas migrantes han pasado

a ser un grupo central para el sistema penal y los procesos de penaliza-

ción en España durante las últimas dos décadas (Brandariz y Fernández,

2010, pp. 273-274), El pánico moral que se conformó en esos años au”

nando intereses de los políticos, de la policía y de los medios de comu-

nicación encuadró el fenómeno de la inmigración en España dentro de

un problema de seguridad. El discurso en torno a la inmigración que

favoreció la expansión del Estado penal coexistía con otro que asegur aba

que los inmigrantes también venían a quitar el trabajo a los españoles,

y a la vez con el de que venían a aprovecharse de las ayudas sociales, lo cual facilit

ó la introducción de mayores controles en la provisión pe

protección social, Todo el proceso fue acompañado de reformas en % Ley de Extranjería,

160

e]

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Lo ces En esta» leyes se ve nítidamente la nfuencia de - HE MELINA ones í ría extranie de 1985e, ley en primera aprueba La Je ería s, extranj setonale de y La y suprana ¡jonales.

requisito para acceder a la

Comunidad Económica y

ES de

en materia de extranjería del año 2000 favorecieron el discurso que presenta al migrante como una figura especial sobre la que es necesario actuar de manera distinta, excepcional. Era tal la agresividad de las

reformas que varios de sus artículos se declararon inconstitucionales.

La legislación de extranjería, paradójicamente, crea unos sujetos jurídicos que son precisamente los que pretende prohibir, en un proceso similar al de la prohibición de ciertas drogas, aunque con personas, no

sustancias (González Cámara, 2011, p. 150). Esta legislación determina

que la situación administrativa regular de un migrante depende de que trabaje. Así, la ciudadanía cercenada a la que pueden acceder los migrantes (de la que prácticamente se excluye la ciudadanía social,y, desde

luego, la ciudadanía política) depende de tener un trabajo legal (Delgado,

2006, p. 11; De Giorgi, 2010, p. 160). Esta dependencia de un trabajo

legal, el que sea, explica en parte que las personas migrantes en España ocupen trabajos poco cualificados y que cobren sistemáticamente menos

que los españoles por la misma tarea, pues el empleador se puede beneficiar de la necesidad legal que tiene este colectivo de trabajar (y,

también, de la imposibilidad de otros extranjeros de trabajar formal-

supusieron una mente, que se ven abocados al trabajo sin contrato y importante fuente de mano de obra hiperexplotada en condiciones ilegales en la construcción y en la agricultura) (Calavita, 2005, p. 403; libres que idealmente Cachón, 2003, pp. 260-263). Las dos voluntades no tienen cabida legal en este caso: el contrato

se reúnen en un contrato

laboral se firma bajo la amenaza de la Ley de Extranjería. 117 Ver González Cámara, 2011, pp. 145-150; para Europa, ver Huysmans, 2000,

Pp. 753-756,

161

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Neoliberalismo y castigo

Estas leyes suponen que, en resumen, la posibili dad de la ciudadanía para los y las migrantes se basa, no ya

en la resi estable en un territorio, sino en su papel como trabajador o trab ajadora

No goza de los mismos derechos que los ciudadanos Nacionales, poro sí comparte las mismas obli gaciones, más la de trab ajar. Esta Inclusión

subordinada pone en marcha el principi o de menor elegibilidad (ess eligibility), por el cual las personas migrante s

se ven ante la disvuntiva de aceptar unos puestos de trabajo muy precarios, con condiciones que los trabajadores nacionales difí cilmente aceptarían, O vivir la tensión diaria de ser víctima de

una de las muchas

y rutinarias redadas racistas que lleva a cabo la policía, y que pue den acabar con UN internamiento

en un Centro de Internamiento de Extranje ros (CIE ) y/o con Una eventual expulsión"*, Deb ido a las leyes de extranjer

ía, no tener la documentación en regla (el equivalente a tener el DN] caducado para los nacion

ales) puede comportar el encierro en UNOS centros que son peores que las cárceles y la expulsión de

tu país de residencia, El rigor de la medida no es proporcional a la falta cometi da, En los CIE se encierra a los ext ranjeros sobre los que se ha dic tado una orden de exp

ulsión hasta que esta se materi aliza, con un plazo máximo de 60 días (aunque hasta 2009 era de 40). El régimen, a efec -

tos prácticos, es peor que el de los cen tros penitenciarios regulares, pero además sin ciertas garantías y contro les propios del sistema penal. Se priva de libertad a una persona (restricc ión de un derecho fundamental) por una infracción administrativa, algo que supone una vulneración de los principios del Est

ado de D

nistrativa (Silveira Gorski, 2010, pp. 135-142; Bran«La creación ni siquiera es requisito haber delinquido vidente de esta mezcla entre sanciones

xpulsión del país por una falta adminis” as penas de destierro, es otra manifestao, al igual que pasa cuando se y

as, la negación de algunos extranjeros ' : p-18; Ávila y Garc ña con sanciones penales por desacato (Larrauri, 2 007, ía, 2015, p.100) , $

118Ver, Por ejemplo, M artínez Escamilla, 201 5; Melossi, 2016; Orgaz, 201 8.

162

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S.U N si Sistem em:a penal ex pansivo

Como siempre, tan importante como la ley escrita es sy aplicació

ión,

Cuando se atiende a los datos, relativamente pocos migrante ¡ón de irregularidad son deportados, inclus

e

tuació CIE (Fiscalí Oo entre aquellos que son encerrados en un ln General del Estado, 2010 p. 889) Se expulsa a una Aria proporción, y se hace de manera selectiva (dependiendo el país € ongen, conventos internacionales, coste de la deportación, etc.) (Fernández Bessa, 2015). De Genova (2002, pp. 438439) ha señalado de manera influyente que no se trata tanto de la deortación en sí, sino de la «deportabilidad», entendiendo por esta la

osibilidad de que se sea deportado, o no. En este sentido, se puede interpretar que las políticas de extranjería que crean la «irregularidad» no tienen como objetivo impedir el acceso, sino permitirlo en unas

condiciones que favorezcan la explotación laboral, mediante la gestión de los flujos migratorios (De Giorgi, 2006, p. 120; Brandariz y Fernández, 2010, p. 284). Esto no equivale a decir que el encierro admi-

nistrativo afecte a poca gente. La configuración de la política de recepción de población migrante

ha estado principalmente orientada a imponer unas condiciones de trabajo precarias a las personas extranjeras directamente, y con un

efecto general a la baja sobre la población nacional, Introducir mediante las leyes de extranjería la obligación de aceptar cualquier puesto de trabajo legal (o ilegal, con la promesa de que se les formalizará la situación administrativa si trabajan y se portan bien) sirvió como incen-

del tivo para que hubiese gente dispuesta a aceptar la degradación

de los empleo introducida tras las reformas laborales y el estancamiento

obra condesalarios. También permite generar una reserva de mano de

nada a trabajar en situación irregular, por el propio efecto de la eya

de las ción, cuya aplicación ha apuntado más hacia la gestión laboral antes que condiciones de acceso de los migrantes en el mercado

ala gestión de los flujos migratorios (Calavita, 2003).

la

noblación

a 7 a La existencia de la irregularidad, y las trabas puestas extranjera no comunitaria para no incurrir en ella, ha Ar o me

un efecto notable en el encierro penitenciario. En los rep al Bela

ha encarcelado a mucha gente que no tiene la Dri

bs ñ es

Las posi i mp llegando a ocupar una de cada tres plazas.

extranjero acabe en prisión cuadruplican las er

sn or, en 2008,

la tasa de encarcelamiento de los extranjeros en + do ca de 100.000 frente a loscd 1 8 p incipal motivo de 473 por cada 100.000 habitantes,

habitantes de los nacionales. Como ya se explicó, el princip

163

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Neoliberalismo y castigo

del alto porcentaje de presos oNeJeToOs no parece que sea que efect. vamente

delincan más, o de manera más grave, sin O que cum pl tiempo efectivo de encierro. Esto se debe a que lo S Criterio en Más s AParente. mente neutrales para ordenar prisión preventiva y para conc eder

for Mas de «libertad» anticipada les perjudican sistemátic amente. En conc reto,

las personas extranjeras son enviadas en mayor Propor ci preventiva (por lo que entran antes en la cárcel) y s e les c ón a pri sión onceden m €nos libertades condicionales prolongando así su estan cia e n Prisión a lg ualdad de condena con un nacional. El papel del + raba jo asalariad O y la capacidad de demostrar legalmente la residencia son fundamen tales en estas decisiones judiciales!”, Lo que jurídicamente se han definido como ga rantías para la presencia del imputado en el juicio, o para que no se dé una fuga del territorio nacional durante el disfrute de la libe rtad condicional o de algún permiso de salida, no se dan

de manera g eneral en los colectivos de personas extranjeras. En concreto, la falta de «arraigo» y una red informal de acogida, unido a posibilidades de ¡ nserción laboral regula rizada, perjudican sistemáticamente a un conj unto de personas qu e no encaja en un modelo de cárcel pensada para u n preso nacional y masc ulino (Bodelón González, 2006, p. 219).

La vulnerabilidad social a la que abocan las leyes de extranjería a todos 1 Os extranjeros no comuni tarios (la distinción

mediática entre «inmigrantes regulares o irregulares» no es real, ya que la regularidad es temporal y reversible, dependien do así del momento y no del tipo de persona) se ve reforzada mu tuamente por la vulnerabilid ad penal. La producci indiscrimin

164

ales mediante las identificacione s

y Aebi, 2010, p. 143 ; García España, 2007, p. 108; Monclús dy arcía, Becerra y Aguilar, 2012, p.101. dealas" identificacio 45, por perfil étnico, indiscrimi nes indiscriminadas, aunque discri i ver una amplia revisión 7»Y Cspecialmente en López Riba, 2019, pp- ds García Añón es al., 2013.

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5. Un sistema penal expansivo

de marcharse del país o abocarse, esta vez indefinidamente, a UNA si-

tuación laboral y vital precaria. Además, en los últimos años se han sosibilitado (y aplicado) ai

formas de expulsión, en las que, ade-

más de la expulsión directa por vía penal, se puede dar la situación de

ue UNOS antecedentes penales con una pena ya cumplida provoquen indirectamente una expulsión administrativa, al no renovarse el permiso de residencia. Se genera asi un nuevo entramado entre sanciones

enales y administrativas que no se distinguen mucho en el castigo impuesto y que fomentan Ue SnTo una «absoluta discrecionalidad» por parte de la Administración (Larrauri, 2016, p. 16). La articulación de estos distintos niveles de penalización, así como

la persecución de varias conductas a lo largo de todas las fases, ha dado lugar a lo que muy ilustrativamente se ha conocido como un «mosaico de exclusión» (García España, 2017). Aquí ya se ha defen-

dido la postura de que el neoliberalismo no funciona principalmente

a través de la exclusión, sino de distintos niveles de inclusión que, en

el caso de los extranjeros y gracias al sistema de administración de

castigos, se puede entender como una inclusión subordinada. No obs-

tante, también es cierto que, en los últimos años de la crisis, con la mayor aplicación de las expulsiones, se puede revisar la afirmación'?, En todo caso, parece aquí que la penalidad se ve modulada por el valor

en el mercado laboral de la población extranjera.

Muchos de estos procesos, no obstante, no son totalmente nuevos,

sino que han adquirido matices y especificidades contemporáneas (siguiendo la línea sugerida de intentar conjugar continuidades y rupturas históricas). Por ejemplo, mientras que la Ley de Extranjería sí parece un fenómeno muy vinculado con la economía y la regulación neoliberal,

o el fenómeno de la inmigración a determinada escala en España es

reciente, sería un error ignorar que la discriminación penal por desa-

rraigo o las actuaciones policiales orientadas por estereotipos racistas preceden en España a la neoliberalización de las políticas públicas. Un

po aten” ejemplo claro pero al que la literatura criminológica le presta ca

ción es la penalización de la población (española) de etnia gitana”.

o 121 Ver Larrauri, 2016, donde explica el intrincado laberinto jurídico. FG al Los motivos del escaso tratamiento en las ciencias sociales de la detenido. Más allá de las de este colectivo son diversos y merecerían un estudio

de los investigadores, yq po disposiciones racistas que tenemos la mayoría encuentra la enorme di iculta ; se evan en general a invisibilizar su situación, no recog£ datos por etnia po ón straci Admini La datos. Para contar con 165

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Neoliberalismo y castigo

La población gitana en España sufre una tradición secular d e minación tanto institucional como por parte de la mayoría de | d

ción'2. Habitualmente se han estudiado discriminaciones en e]

discri. pobla-

Mercado

laboral, en el sistema educativo o en el acceso a instituciones Públicas, pero la discriminación del sistema penal también es importan

te y con-

tribuye de manera definitiva a la situación y percepción de este colectivo, Lo hace por cuestiones tanto materiales (desestructuración de familias,

interrupción de acumulación de capitales) como simbólicas (reforzar los estereotipos de los gitanos como delincuentes)'”, La discriminación policial (por motivos históricos y de distribución residencial, muy asociada a la Guardia civil) es de larga data y extendida, hasta el punto de que desde la Unión Europea se han fomentado varios

programas en los últimos años para introducir formación y prácticas no discriminatorias en los cuerpos policiales (por ejemplo, Sáez y Giménez,

2014; Miller, 2015). Como ya se vio con respecto a las ordenanzas y la

trasformación del modelo policial, la reciente tendencia a criminalizar actividades no delictivas pero molestas para ciertos modelos económi-

cos y urbanos es nueva en su extensión yjustificación en torno al civismo y la prevención, pero son prácticas conocidas para el colectivo gitano, habitualmente perseguido por representar una población no deseada y practicar la venta ambulante. Esta relación histórica con la policía, además, genera que denuncien menos las situaciones en las que son victi-

mizados, haciendo que también estén menos protegidos en la práctica

por el sistema penal (Sáez y Giménez, 2014, pp. 13-14). La discriminación más amplia que sufre este colectivo repercute en

que tengan peores trabajos o un nivel educativo más bajo, factores que

cuestiones de no discriminación (aunque justificable por el posible efecto estig” matizante de esos datos, pareciera que la práctica discriminatoria que preocupa

máses el registro de la etnia, no el encierro y la detención de personas por €s€ motivo), así que, a día de hoy, y casi en exclusividad, los datos más completos de los que se dispone son los del estudio del Equipo Barañí (2001). . 123

124

De hecho, sería un tipo de población más adecuada que la migrante para reali-

zar comparaciones con la penalización de la población afroamericana en EE.UU. Si bien por números de representación poblacional y en las institucio” nes punitivas la población extr anjera guarda más similitudes con la afroamerl”

cana, por historia y, sobre todo, si interesa la discriminación étnica como (2 permite un estudio de una población no afectada por la Ley de Extranjería » por lo tanto, no excluida formalmente del acceso a la ciudadanía. A uceestigma sobrepenal. esta población, no obstante, excede y desborda el estigma que a el sisterna Según datos del CI S, la mayoría de los españoles prefieren t her corno vecino a un exrecluso que a un gitano (Laparra Navarro, 2007, p- 221).

166

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5. Un sistema penal expans ivo

ya vimos que iban poa

indirectamente a una mayor probabilidad

de ser encarcelado. ero no se trata solo de eso, común a muchas personas presas, sino que la discriminación étnica comporta sus propias particularidades, que influyen también en que la experiencia del encarcelamiento sea diferente y genere necesidades específicas. Esto se reco-

noce hasta el punto de que existe un programa en prisiones para la atención y promoción de la minoría étnica gitana en centros peniten-

ciarios que viene desarrollando la Fundación Secretariado Gitano desde 1995 en algunas cárceles españolas'>, La falta de arraigo que el sistema penal toma como un indicador de peligrosidad y que justifica una mayor estancia en prisión ha afectado durante décadas a un colectivo que se caracterizaba por su nomadismo

o por su residencia en viviendas no registradas oficialmente. Además, y como se profundizará a continuación, la importancia de los delitos re-

lacionados con el prohibicionismo de algunas drogas ha marcado el encierro de estos colectivos, afectando también de manera más intensa alas mujeres, al encontrarse en los puestos más precarios (Imaz y Martín Palomo, 2007, p. 221; Naredo, 2004).

Es decir, la historia del sistema penal español con la población nacional de etnia gitana puede servir como prevención a ver todas las evoluciones recientes de la penalidad como una novedad. Si bien hay elementos nuevos, también hay elementos más tradicionales y recurrentes, pero que adoptan nuevas formas, extensiones y justificaciones. Además de ser un ejemplo de penalización étnica no vinculada a la extranjería, sirve para recordar su importancia (no solo histórica) en la discriminación penal por falta de arraigo, su vinculación con las drogas ilegales y su influencia como demonios populares en la justi-

ficación de las distintas formas que adoptaba el castigo estatal y los discursos sobre la inseguridad.

La criminalización de algunas drogas y de algunos consumidores

La ilegalización de drogas es un buen ejem plo para ver algunas influen-

cias internacionales en la elaboración de las políticas criminales, así

s dispuestos a como su articulación con emprendedores morales locale sus

recibir e impulsar unas políticas que van en co nsonancia con 125 Ver, por ejemplo,

Fundación Secretariado Gitano, 2008, pp. 94-95. 167

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Neoliberalismo

y castigo

preocupaciones sobre distal a y ma para la pea La política prohibicionista

e o ' e

en aplicación =nO automática-

. a

Jenza en

1963 ,

España en 19 7

Convención única de las Nacion

€s

Unidas de 1961, impulsada principalmente por EE.UU. En España no

se adoptó como respuesta a un problema social, y mucho Menos delictivo. Las drogas no eran una preocupación,y los principales casos re.

gistrados de gente con problemas de adicción se restringían casi

exclusivamente a personal sanitario (De la Fuente ef a/., 2006, p- 506), Tal es así que, en los primeros congresos realizados por las Fuerzas del

Estado para tratar el tema de las drogas y la aplicación de los convenios internacionales, la Guardia Civil reconocía que España no era un país muy afectado, pero que se congratulaba porque, no habiendo de tratar el problema de la droga como un asunto de la «conciencia», la «represión

es mucho más simple» (DG GC, 1970, pp. 159-160). No basta con que haya convenios internacionales para explicar auto-

máticamente le persecución de drogas en España, pues es fácil pensar en varios que se han firmado y que no se han aplicado. Además de las distintas medidas con las que pueda amenazarse en política internacio-

nal para que los países apliquen las resoluciones, influyen también otros aspectos. Por ejemplo, en el debate parlamentario de 1970 sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, así aparecía problematizado el consumo de algunas drogas en las Cortes: No estamos ante un problema de delincuencia. Estamos ante otro problema distinto. Ante un problema de moralidad social, de costumbres,

de educación, de convivencia, fundamental, que no llega a los lími-

tes de la delincuencia, sino que se queda antes de él (Fernando He-

rrero Tejedor, 1970).

Un tratamiento tal del problema de las drogas, en el que todo parece

indicar que la prohibición precedió a la situación de amplio consumo,

pone de manifiesto distintos intereses (políticos, económicos, morales, electorales), pero no se puede aceptar como una respuesta automática

y lógica (Lamo de Espinosa, 1989, pp. 97-101, 116). Una vez que $e ha problematizado como una cuestión de delincuencia y de insegurida ciudadana, la respuesta es casi automática, pues a la delincuencia se . responde con policía. En última instancia, si no en primera, la prohibi

ción de las drogas es una cuestión moral. Es una imposición de ero grupos

sobre otros sobre qué tipo de vida es aceptable (y qué sustanel

168 |

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S.

Un

*

sistema

penal

expansivo

gozan de desaprobación), y una imposición del Estado sobre el indivi-

duo sobre qué sustancias puede introducir en su cuerpo (Gusfield , de dro Lamo de Espinosa, 1989, p. 26). La ilegalización (1963), p-3;

suaves Como la piece “cotina, o con efectos perju

la legalización de drogas duras e

iciales evidentes co

los típicos a este respecto.

:

mo el alcohol, son ejem-

Durante los 80 y la primera mitad de los años 90 el sistema penal dedicó muchos de sus recursos materiales y humanos a detectar delitos derivados del prohibicionismo. Los efectos de este tipo de políticas son conocidos. Ejemplos históricos como la Ley Seca en EE.UU

exponen claramente el surgimiento de actividades delictivas alrededor de la prohibición de una sustancia, y las consecuencias criminógenas

que tiene la existencia de un mercado negro en el que el Estado no interviene como regulador, salvo mediante el sistema penal (que crea, con la prohibición y la persecución, un enorme incentivo económico

para el tráfico de una sustancia) (Gusfield, [1963]). Por ejemplo, debido

a la presión policial y al incremento del riesgo asociado a su venta, incrementa los precios de una manera que empuja a situaciones de

miseria a sus consumidores, y a cometer un mayor número de robos

(cosa que, por ejemplo, es menos habitual que pase con el alcohol o el tabaco, debido a su precio). Esta actividad penal, de hecho, supone

una enorme porción de los recursos: la gran mayoría de los delitos que los registra la policía y pone a disposición judicial, y la mayoría de delitos por los que está la gente en la cárcel en el período estudiado están relacionados con las drogas. En 1988, con la Convención de Viena oficializando la internaciona-

lización de la guerra contra las dro

de gas declarada por el Gobierno

del sistema Ronald Reagan se dio un nuevo paso hacia la consolidación

penal como la herramienta principal para co

mbatir el consumo. En

de la Ley de Seguridad España tuvo su repercusión en la aprobación

y que fue apodada Ciudadana de 1992, tratada en páginas anteriores, de las medidas que contemplaba «de la patada en la puerta» por algunas Se reintrodujo, tras un paréntesis para luchar contra las drogas ilegales. si bien por via de ores, consumid los a ción penaliza la de diez años, la policía ha pasado de poner entonces, Desde ativas. administr multas 2008 (ver el gráfico 5,3). Los en 285.378 a 1995 en 27.145 denuncias n ha aummentado

n que tambié¡é ca di in o di um ns co e br so re tos di| sponibles : da uasorio, su vigencia y conti ¡eti di inuamente, Si el objetivo de la ley era el de un estudio detallado. ciente fortalecimiento bien merece ser objeto

169

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tigo Neoliberalismo y cas

Gráfico 5.3. Número de denuncias interpuestas por la aplicación de] art. de la LO 1/1992 por consumo o tenencia de drogas (1995-2013),

2185:6 y

Fuente: Cerezo y Arenas, 2016, p. 17.

La aproximación penal al problema del consumo de drogas es especialmente reveladora en lo erróneo que es una política criminal que tiene una imagen del delincuente basada en las teorías de la elección racional, especialmente cuando se trata de consumo, pequeño tráfico de drogas y robos y atracos relacionados con el consumo. Son delitos muchas veces derivados de la existencia del mercado negro o de las adicciones. Ninguna de las dos cosas parece que encuentren su mejor

prevención en el empleo del sistema penal; más bien al contrario.

Sin embargo, además del uso extensivo de multas, las cárceles en

España son incomprensibles sin la ilegalización de las drogas, tanto

en los delitos por los que se llega a ella como por las dinámicas y

necesidades que genera dentro. Los problemas del mercado negro y de salud se reproducen

dentro, pero amplificados, La propagación del sida durante los 80 fue aún mucho peor dentro de la cárcel, donde solo en

la década de los 90 murieron más de 2000 presos en un caso poco discutible de negligencia de la Administración penitenciaria (Manzanos

Bilbao, 2007, p. 154), máxime cuando en 1986 el probl se llevó al Congreso y no se hizo nada por no tener que reconocer ema la existencia de drogas dentro de las cárceles, La intervención del sistema penal con las drogas no ha sido alea”

he tg

vado! a su cxtensión, gravedad o dispersión. Arelba es Jue se trata de la aplicación de una política crimin

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5. Un sistema penal ex pansivo

determinada y, por lo tanto, la aplicación de unas prioridade s y visiones que entienden que el consumo de drogas puede ser much má s o

peligroso en unos sectores de la población que en otros. La criminalización de las drogas se caracterizó por la intervención en el espaci úblico, fundamentalmente sobre jóvenes de barrios obreros desa a

cia más el problema económico que conlleva la adicción, son más visibles, y SON más sospechosos). La actuación del sistema penal fu fundamental en la cristalización de la figura del yonki. Esta contribu E

a construir la figura de los jóvenes que no encontraban lugar en

mercado laboral, que vivían en zonas en las que el chabolismo vertical romovido por el Estado franquista y rentabilizado por los construetores no daba espacio ni servicios básicos, y que tenían serios problemas de salud e información como gente peligrosa que generaban

inseguridad. Ha costado muchos años de esfuerzos de otras entidades no relacionadas con la ley y el orden asumir que lo que este colectivo tenía era un problema de salud, y que la principal respuesta estatal

consistió en encerrarlos en las cárceles.

A pesar de que el fenómeno ha decaído =no el consumo de drogas,

sino cierto consumo y ciertas consecuencias de ese consumo- el man-

tenimiento de la posibilidad de sancionarlo por la vía administrativa

sigue suponiendo una oferta casi ilimitada de actividades sobre las que

los policías pueden intervenir. De hecho, solo durante los cinco prime-

ros años de la crisis, las multas aumentaron un 70 %, como se ve en el

gráfico 5.3. El lugar de las drogas y de algunos consumidores no ha desaparecido. Ha cambiado, pero sigue siendo central en el funciona-

miento del castigo.

El terrorismo y la normalización de la excepcionalidad

nder el castigo en España te en a par s tale amen fund ctos aspe los de Otro atenrismo y la política antiterrorista. Si no se le ha prestado Emi

es el terro

? o e las 1ó hasta ahora es porque no parece encajar muy bience dentr ción . Pare encajar de influencias del neoliberalismo en el sistema penal de Estado-guera O : ' , rano sobe inal crim un modelo de política , 2010). La an con enemigo (Faraldo y Muñagorri, 2005; Iglesias Skulj del terrorismo tam Fa lema prob el rar enca para lada rrol ga política desa ran el uso del sistema penal, igno por e ent alm ent dam fun ¡bilidad de ha pasado bi PO! lo tanto, la posi as raící es políticas de todo terrorismo y,

171

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Neoliberalismo y castigo

explorar otras soluciones, Á pesar de que todos los preside

ntes del

Gobierno han iniciado procesos de diálogo, han tendido A ser CsPacios

políticos en los que no se depositaba mucha confianz

A, se

tendía

a

hacer de espaldas a los votantes y parece ser, escuchand O las declara. ciones de quienes intervinieron en estos procesos, que s € trataba más

de un espacio para negociar las condiciones de la rendición de ETA

que un espacio de búsqueda de acuerdos. La política antiterrorista ha llegado a ser un buen ejemplo de cómo la política criminal puede re currir a prácticas ilegales como estrategia (no se habla ahora de torturas, sino del GAL**), por lo que asociar automáticamente Política criminal con legalidad a veces puede conducir a errores analíticos.

De hecho, la política criminal antiterrorista ha cambiado los límites

de la legalidad en repetidas ocasiones. Algunas veces disminu yendo la

fortaleza de los indicios necesarios para ilegalizar partidos políticos o

cerrar periódicos. Otras, aumentando los tiempos de incomunicación permitidos durante la detención policial. Su principal influencia en el

sistema penal ha sido la introducción de medidas muy duras bajo la idea de la excepcionalidad y con un dificil encaje en el marco normativo. Esta rama de la política criminal ha supuesto, en prisiones, la intro-

ducción de prácticas que van directamente contra el principio resocia-

lizador de las penas. De hecho, la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios pasó del Ministerio de Justicia a depender del Ministe-

rio del Interior en 1996. Al menos burocráticamente, las cárceles dejaron de ser una cuestión de administración de justicia y pasaron a ser una

cuestión de mantenimiento de seguridad. Años antes ya se había iniciado una política sistemática de dispersión territorial (con otros presos se ha aplicado, y se aplica, pero individualmente, por motivos discipli-

narios no contemplados legalmente). Se ha llegado a aplicar una pérfida interpretación de la ley para saltarse los límites establecidos por la po

pia ley. La conocida como «doctrina Parot» fue declarada ilegal defal* tivamente en 2013 por el Tribunal Europeo de Derech os Humanos: Uno de las cuestiones que más ha llamado la atención de panas

y criminólogos ha sido que muchas de las medidas introducidas bajo** idea de excepcionalidad para supuestos específicos de terrorismo han Tr

Etxcbar ria et al,, 2017; Portilla Contreras, 2001. ca disper” or ejemplo, ver Ríos Martín y Sáez Rodríguez, 2014, Sobre la política cena

sión de presos iniciada bajo la justificación de la lucha antiterrorista, Vef caña, 1999, pp, 122-127, Ver también Gestora Pro Amnistía, 1993 172

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S.Uns

5

1er Criss

pa

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paar

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EXDAnAivo

terminado aplicándose a otros tipos de delincuentes idea Pep sí con y lasituaciones nada tienen que ver con el terrorismo, aunque migo (Rivera Deiras, 2005, p. 18-19), La ydimensión simbólica del a clerto para reconfortar tigo, Su capacidad para comunicar sentimientos de inseguridad, han hecho del recurso a estas cionalidad» medidas

de lo que la palabra «exceppcionalidad al itu hab algo más Ñ (Cancio Meliá, 2006). sugerir ,

parecería

Trabajos en beneficio de la comunidad Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se introdujeron en

España con el Código penal de 1995. Su uso legal se amplió en 2003, 2004 y 2007, potenciándose en este año su existencia como penas autó-

nomas, añadida a su papel como pena sustitutiva de la prisión o para el

impago de multas. La idea de estas penas venía ya de discusiones en

anteproyectos previos durante la década de los 80. Normativamente consisten en la realización de actividades para el bien público y sin ningún interés económico, sin recibir remuneración a cambio'*. Este

tipo de penas parecen gozar de un mayor apoyo popular entre la gente que las penas de prisión, y los penados tienden a reconocerla como una

pena legítima a sus infracciones, cosa que sucede en mucha menor medida cuando se les encierra (Blay, 2007, p. 9).

A pesar de ello, este tipo de castigos gozaron de una escasa aplicación entre 1996 y 2003. Causas de ello parecen ser las disposiciones legales, que dejan en la práctica poco margen para evitar la prisión, y la cultura

judicial que no está acostumbrada a contar con diversas penas y siguen usando la cárcel para los delitos que consideran serios y la suspensión puede o las multas para aquellos para los que consideran que la prisión el TBC ha ser demasiado gravosa. En esta tradición, una pena como

tenido una acogida difícil (Cid y Larrauri, 1997, pp. 29-35; Brandariz,

2009, pp. 26-28).

9, y una sobre los TBC en Albalate, 2009, y U generales consideraciones ver pueden 128Se

aproximación detallada en Brandariz, 2009.

173

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Neoliberalismo y castigo

Gráfico 5.4 Imposición de penas de trabajo en beneficio de la co

en España (1996-2008).

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Elaboración propia a partir de Blay, 2007, 5 y Blay, 2010, p. 72.

Se aprecia un fuerte incremento a partir de 2003 y hasta 2007, y una explosión para el año 2008, sobre todo para delitos relac ionados con violencia doméstica o de género leve y delitos contra la seguridad vial (principalmente, conducir bajo la influencia del alcohol), casos en los que,

si no se quería imponer pena de prisión, había que poner una multa y el trabajo en beneficio de la comunidad (Blay, 2010, p. 64). A pesar de lo

complicado de la interpretación de los datos existentes, no parece que su exte

nsión haya ido acompañada de una reducción en el uso de la cárcel. Su vinculación con ese tipo de infracciones que eran consideradas faltas no permite considerarla una pena alternati va, sino que se ha constituido como

un castigo para nuevos delitos para los que la cárcel se consideraba

demasiado dura, dand o cobert ura punitiva a la extensión de la red penal (e, incluso indirectamen

te, abren la puerta a la posibilidad de acabar en

la cárcel) (Blay, 2010, p.76; Cohen, 1979). Dicho de otra manera, ante la persiste ncia de problemas culturales que no se consiguen resolver médiante campañas de concienciación (condu cir habiendo bebido o las ex” presiones violentas del machismo), se da una respuesta penal que resucita lo que originalmente era una med ida alternativa a la prisión.

El desarrollo del uso de esta pena no parece que res ponda directamente a Cuestiones vinculadas con la precariedad laboral o la desprotección

174

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S.

Un sistema penal expansivo .

social, habida cuenta de los delitos que trata. Además,

princ;

ci or este motivo, en este período estuvo afectando es o pOÑa2mente a das ¡ aquí se considera considera importante por dos moq c lases medias'”. No obstante, políti a las

tivos: es una pena articulada sobre principios similares

la estión parecidas a para y activación y con dinámicas institucionaleses importante mostrarde Ñ

y también rentas mínimas de inserción, y laborales penales en las políticas sociales

as

influencias de dinámicas

La supervisión de los trabajos en beneficio de la comunidad es una ha empezado a ser estuD y que la o cuestión e pare Debido fundamentalmente, diada en España. medios, la supervisión carece de una labor iras

pi

a la resocialización (algo que puede matizarse en la Administración

catalana) (Brandariz, 2009, p. 297, 402; Blay y Larrauri, 2016, p. 199). Según los propios penados, parece que la relación con los supervisores

carece de algún tipo de influencia más allá del control (Contreras, 2010, ón p: 60). La supervisión suele consistir en la adjudicación de participaci

en un programa que queda formalizada también en una forma contrac-

Las entretual bajo la denominación de «documento de compromiso». fundamentalmente vistas, especialmente las primeras, se suelen centrar

consecuencias del en recordar las obligaciones del penado y recordar las recoge información reincumplimiento de dicho contrato. Además, se infor-

o los consumos (una lativa a la salud mental, el historial afectivo para la ejecución penal) (Blay, 2019).

mación que no siempre es relevante tinta según la procedencia No obstante, la actitud parece ser dis enes supervisan suelen conqui to, cre con En s. ado pen los de social dia y por de-

ados de perfil de clase me siderar que al tipo de conden hace falta un tratamiento onados con la seguridad vial no les

litos relaci

corriente, y que incluso te gen son que an er id ns co rehabilitador, pues terpretación activa 2010, pp- 71-73). Esta in

«podrían ser ellos» (Blay,

uente sobre qué es ser un delinc es or ad aj ab tr los an liz y subjetiva que rea rización social que go te ca la e en ti e qu a ci

permit| e ver la importan

ia que ti

ización

social que lle-

nga Un cer que una pena te ha van a cabo los trabajadores sociales para “o Ñ el pe cambio pi sapicsn se que la en contenido más moralizante,

20 : con la forma de sern dede o del p penad nado , 0 uno más. respetuoso castigo este resp uc ió ec ej ñ lar que la ] sante seña re te in es e, rt pa Por otra ivadas, gener m pr s ne io ac iz ni ga or suele quedar en manos de te, el O 2010, no obstan de a rm fo re la Con o quier en 129 que en la conformidad no pueden

personas Edo más a las fectan

175

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Neoliberalismo y castigo

especializadas en tareas propiamente rehabilitadores (si bien en Cataluña en los últimos

años sí parece estar especializándose la su

Pervisión

con los delegados de ejecución de medidas —que continúan trabajando

para entidades privadas). Existe, en todo caso, un seguimiento lejano

por parte de los servicios penitenciarios y, más en la práctica, por los jueces de vigilancia penitenciaria, quienes se encargan de decidir qué

medida adoptar en caso de que se incumpla el comprom iso. A pesar de que formalmente la participación en estos programas es voluntaria, su incumplimiento puede resolverse con el ingreso en prisión (Brandar iz 2009, pp. 403-445). Si se presta atención al contenido y a las dinámicas institucionales

de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, se puede observar

cómo se va configurando un régimen penal y social en el que cada vez se hace más difícil distinguir las condiciones de quienes reciben dinero

de prestaciones sociales (a quienes ya se ha hecho que tengan que realizar trabajos comunitarios desde que empezó la crisis!) y quienes cumplen sanciones penales ideadas para supl ir a la prisión, pero que han servido

para la penalización de nuevos delitos.

176

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conclusiones

Alo largo de este libro se ha intentado cumplir dos objetivos:

tar y dar pruebas de los beneficios de aplicar una pers Sctiva: oolégica

al estudio del sistema penal; y señalar las influencias que la neoliberal

zación de las políticas públicas ha tenido en el castigo estatal El: EN do objetivo era la forma de conseguir el primero. La forma en la mese ha perseguido el segundo ha sido mirando al sistema penal como una inst

más am la tución social e intentando pensarlo desde una perspectiva pe ña no tan apegada a cómo nos dice el Derecho que hay que

teórico, se ha capacidad punitiva del Estado. Además, y gracias al marco esmplejoscomo realizado una aproximación —muy limitada- a temas tan social. Se intentará el funcionamiento del mercado laboral y la política su nombre y vayan que las presentes conclusiones sean lo que promete páginas anteriores. más allá de un mero resumen de lo tratado en las

pen alidad Sobre la influencia del neoliberalismo en la ñadas de un mayo! Constatar que las políticas neoliberale s van acompa eratura, al igual

recurso al sistema penal es cada vez más habitual en la lit s ial han permanecido má soc n ió invers mayor con países los o ps

PA sá

unta importante, eg pr La ). -35 pp.32 2006, avadino y Dignan, respuesta, que, depen diendo de la

ad, es «¿por qué?», ya que es la

nto de la penalidad o ie nam cio fun el or mej r nde pre puede ayudar a com 177

Escaneado con CamScanner

castigo Neoliberalismo y

dejar la correlación en simple casualidad. Desde este Punto de

puede e ndo en qué se ha centrado últimamente el debate académico iopuidia la relación entre neoliberalismo y castigo, un objetivo era trabajar sobre la hipótesis de que el neoliberalismo conlleva una Expan-

sión penal, y ver si en España se podría poner ye Afrmación!! La respuesta corta para el caso estudiado es que sí; la larga es compleja,

Para intentar salir del problema en el que la existencia de ciertas Correlaciones es aceptada pero menospreciada por parte de la literatura por el carácter poco concreto del neoliberalismo, aquí se ha intentado ver

la reconfiguración de las instituciones como una cadena intermedia que han podido repercutir en un mayor número de presos, más agentes de policía, endurecimiento del Derecho penal y un uso cada vez más extensivo del Derecho administrativo sancionador, entre otros aspectos,

En concreto, el neoliberalismo ha influido en la expansión horizon-

tal y vertical del sistema penal (Wacquant, [1999], pp. 88-93), al iden-

tificarlo en términos políticos como un área donde es legítimo que el Gobierno intervenga, y su consiguiente tendencia a encuadrar los pro-

blemas y sus soluciones en esa área. A la vez, la visión del individuo y

del funcionamiento social ha supuesto un recurso a penas cada vez más

largas que enfatizan la responsabilidad y que esperan influir en el coste de oportunidad de las alternativas al trabajo precario.

Además, es importante señalar por qué determinada penalidad es neoliberal, más allá del hecho de que opere dentro de un contexto

neoliberal, Aquí se defiende tal caracterización en base a ciertos aspectos organizacionales y visiones de los problemas y de los individuos

que son comunes a otras esferas en las que es más fácil identificar la influencia de las ideas neoliberales (individualización de los problemas, moralización de las personas, contractualización de las relaciones, mayor potenciación de mecanismos de control). A continuación, se pre-

senta un cuadro-resumen a modo de recordatorio de algunos de los ejemplos tratados a lo largo del libro. No debería sustituir la lectura del desarrollo histórico ni de las influencias recíprocas que se señalan en E

Finexplica cuestión sustantivamente distinta a la de si la neoliberalización de la socie”

toda la expansión penal o a la de si todos los cambios penales se deben

los En principio (el neoli

+ Ambas son cuestiones mucho más ambi-

178

Escaneado con CamScanner

Conclusiones

(sobre todo porque es un cuadro que care ce de especifici el libro al y no dad es dinámico), pero sí servir para refresc ar la memoria de tempor de las conclusiones,

cara al resto

Tabla 6.1. Resumen de ejemplos tratados a lo largo del libro, ATT

o

:

EA

-

0

qROÓOAOAÁ

A

A

| Polt "abo | MDesreegul m! d ració ca oica social | Sistema pena

AN

|

c

A

n

I dividualización

e

|

|

Í

.

j

| Enfoque de la

Grados o

itenclar! CIÓN | Penitenc iarios

A E alización Contractu

Temporalidad

Renovación

o

Búsqueda de

Magistratura

empleo

moral

4

5

;

intervenció

50

'Moralización

|

Módulos 4 especiales | Endurecimiento

sanciones

reincidencia

Control

Retiro de

Ayudas

Regresiones y

puni Evo

prestaciones

condicionadas

permisos

A Ejemplo

Políticas de activación

púyo

ad at:

'

| Rentas mínimas | Trabajos en beneficio de la de inserción comunidad

Fuente: Elaboración propia. Se ha intentado mostrar que existe covariación entre las e

organizaciones institucionales, sus principios y sus prácticas. Bi pie por

esta estrategia metodológica, no muy or todoxa, debito ' ida . la de que el objeto de estudio es muy comp hondo AGA, y manera en la que lo he construido (basándome en dad, Has así como

en una visión del castigo que subraya su enorme comp A

a roxima-

en un intento de historizar los procesos) me pareció aus cinal) hubiera

ción meramente cuantitativa (que era el planteamiento ce justificable en supuesto un empobrecimiento innecesario y diablo

Un estudio de caso!*?, Además, con la sorprendente Ñ

Para encontrar datos a medio plazo (40 años, aunque

ltad que existe todos dentro de

smo mins l r P 132 Un ejemplo de en qué puede quedar un a investigación que adoptaa e dej nal- pero que Punto de partida aunque con un interé 5 transnacio De Koster ef al., 2008. Varios aspectos cruciales del marco teórico, se puede ver

179

Escaneado con CamScanner

tipo Neoliherallumo y an

un aletema democrático) y la imposibilidad por parte ne ed Investiga

conoceren la sufiabilidad de los datos oficiales (sin continuidad u homo. de en publicación ni transparencia en su elaboración) no me As aconsejable dejar todo el peso de las conclusiones de la Investinido las trantformas pación 4 Cros indicadores,

E) principal efecto directo que han tenido las Eransiormaciones en el mercado laboral y en la política social ha sido la devaluación materia] y simbólica de algunos sectores poblacionales y la cronificación de si.

tuaciones de vulnerabilidad (que, además, no son entendidas como un

mal a erradicar con un esfuerzo colectivo organizado sino como el resultado de decisiones y esfuerzos de las personas afectadas). El hecho diferencial para ser penalizado o no, a igualdad de acciones cometidas,

es la falta de recursos económicos y sociales, la falta de capitales. En una situación de precariedad laboral extendida, que además no afecta por igual a todos los sectores de la población, aumenta el número de gente que empeora notablemente sus condiciones laborales, desde los salarios (reduciendo la capacidad de ahorro y aumentando la necesidad de endeudamiento) a la duración de los mismos (teniendo que recurrir más habitualmente a los ahorros o no pudiendo hacer frente a las deudas). La desregulación del mercado laboral español ha dejado en

una situación más débil a las trabajadoras y trabajadores y, sobre todo,

más fuerte a las clases altas. Con la recomposición restrictiva pero invasiva de las ayudas sociales, las salidas forzadas del mercado se dejan sentir más, al sustituir el Estado la protección que daba a quienes quedaban excluidos del trabajo asalariado por una reactivación sujeta a la precariedad, Además, una intervención del tipo que se está configurando

Justifica una mayor presencia policial en determinados barrios, aumentando las probabilidades de penalizar intervenciones públicas, espacios de la ciudad, procesos y colectivos,

Así, en parte, el incremento de la penalización en España se debe a un desfase entre ] a definición de

ciudadanía y las posibilidades de acceso

a ella, Como el concepto de ciudadanía puede parecer muy amplio y escapadi

pan zo, o puede concretaren los requisitos que las leyes ponen rm garantías que puede aducir el sospechoso, Gran parte Er

de la con” se reconoce a un acusado (y que es lo que avala que no huirá

rio ld la o que volverá si le dan un permiso peniten sl Aetacada ] conc Icional) se basa en que posea un empleo estable, 0

1,0 Una familia que responda por él. Son aspectos que están que también están

re).

aci onados con factores que marcan la interv j ención

180

Escaneado con CamScanner

Conclusiones

policial, como los perfiles étnicos o los barrios de residenci a. Creo que arte del problema es que los cambios en polític a social y el merc ado

Foral cada vez proporciona menos este tipo de recursos, pero los textos que establecen los requisitos fueron redactados en gran parte en un

seríodo en el que se pensaba en términos keynesianistas y con un modelo vital fordista en mente que cada vez es más difícilmente realizable, En términos teóricos, se podría decir que las políticas neoliberales

dificultan la adquisición de capitales por parte de las clases dominadas, por lo que los individuos que entran en contacto con el sistema penal tienen menos credenciales. Estas, que para el sistema penal fundamentalmente son capital social (familia, redes de apoyo) o económico (trabajo,

recursos económicos) transformado en capital simbólico (si esa persona es honorable o no; si es «de fiar»), son fundamentales para obtener formas de libertad anticipada o sufrir prisión preventiva, lo que influye en el tamaño de la población carcelaria; o para que te multe la policía según los

usos de la ciudad y de los espacios públicos considerados legítimos. La vulnerabilidad social se traduce en vulnerabilidad penal. Así, se podría explicar, por ejemplo, un incremento en el número de

presos sin necesidad de que hubiese cambios en el sistema penal, pero es que además los ha habido (como muy bien mostraba la tesis del Código penal y muchos otros trabajos). La hipótesis del neoliberalismo

permite explicar, a la vez, por qué cada vez hay más gente susceptible de ser penalizada y, además, por qué los políticos piensan que cambiando un número en un párrafo en un libro se puede reducir la delincuencia: la visión economicista relaciona los cambios legislativos con un incre-

mento en el coste de oportunidad y la filosofía política neoliberal señala que el sistema penal sí es un área en la que es apropiado que el Estado intervenga (algo espoleado por el tipo de populismo penal adoptado en spaña, que no obstante se adoptó un lustro después de la introducción del Código penal y con varias reformas ya en su haber). y

«La potencialización del sistema premial como medio de obtención

de privilegios que, en realidad, son derechos» (Lorenzo Rubio, 2015b, p. 414). Es difícil saber si esta frase corresponde a un trabajo que analiza la cárcel o el funcionamiento de los servicios sociales, lo cual ya alerta de la existencia de unos principios compartidos y de significativos paralelismos Entre distintas políticas. Estos parten de una visión concreta del funcionamiento humano que estructura la comprensión y el desarrollo de las

Mie A lo largo de esta investigación se ha hecho A lvidualización, tanto de la problemática como de

pn o la a 181

lo.

» Escaneado con CamScanner

tigo Neoliberalismo y cas

l: en la moralización que va aparejada a la redefinición de las ren A

a

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4

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aria

bilid ades; en la: contractualización que convierte los derechos en OS abidades, pon

Ss

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orales; y

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en la aparición

de

a

dle

mecanismos

Incdmirlarnas

de estas instituciones regular gui el funcionamiento

,

,

PA ..,

punitivos

para

y

Cas y políticas,

No obstante, no se presentan aquí las relaciones institucionales de

una manera determinista, sino que varían según el contexto en inten»

sidad, dirección o contenido, Áunque aquí se hayan identificado fundamentalmente tres instituciones, la relación entre ellas es variable y así, por ejemplo, parece ser que la relación entre mercado de trabajo y cárcel es mayor en EE.UU, que en Europa, donde parece estar ligado más a

políticas de bienestar (Western y Beckett, 1999, p. 1037), Aquí es impor-

tante recordar que el campo burocrático es un espacio abierto a las contingencias producto de las luchas entre los distintos grupos e intereses que lo atraviesan. Además, la autonomía de este está en disputa en las

luchas existentes en el metacampo del poder (Bourdieu y Wacquant,

[1993].), y la gran influencia que parecen haber adquirido los intereses

de las clases empresariales y financieras en las últimas décadas (en las que la deuda externa y el «rescate» de Estados por parte de bancos han sido su materialización más dura) aconsejan huir de visiones deterministas y generalizaciones innecesarias, Por ejemplo, Garland caracteri-

zaba el «asistencialismo penal» (penal we/farism) como un sistema penal

que, en lo básico, actuaba como una prolongación del Estado de Bienestar, ya que estaba orientado a fomentar oportunidades de inclusión social (aunque no se consiguiese en la práctica). A la luz de lo observado, parece que ahora es el sistema de bienestar el que se está transformando

en una extensión del sistema penal, el cual cada vez abandona más los principios sociales y desarrolla un razonamiento más economicista y punitivo'%,

Esto a pesar de la enraizada creencia neoliberal de que las personas no pueden ser cambiadas en lo fundamental, sino que, como mucho, pueden aprender a autogobernarse (Rose, 2000: 329). Así se explica un mayor énfasis en la responsabilidad individual del delincuente, y se recuerda que no se trata solo de un cambio en los niveles del castigo, sino también en sus justifica ciones (Sparks, 2007, pp. 86-87). De hecho, 133

182

Para la primera tendenci

pi 1985, pp. 233-234; para la segunda a ten tendencia, Garland, ENE cuenta de la lógica y el sentid e co icación del neoliberalismo de este cambibio de manera algo más con poco 49 el recurso a la modernidadntido ; erecta qU ardía (Wacquant, [2009] , p. 303).

Escaneado con CamScanner

Conclusiones

están unidos, y dependiendo el momento históri CO,

una justific

ación del castigo llevará a unos niveles de encierro oal re vés, ante unos ni -

veles de encierro dados, se puede modificar la just ificación del castigo.

En este caso, parece qe Poner un mayor énfasis en la culpabilidad y responsabilidad del delincuente produce un mayor recurso al sistema

penal. Además, la severidad está relacionada con la valoración de uje-

nes están en el centro del sistema penal (Melossi, 2000, p. 154), por lo

que si los presos cada vez son más vistos como gente sin autocontrol

ni rectitud que buscan la vida fácil es comprensible que se sancione

más que a presos a los que se consideraba que la sociedad no ha proporcionado los recursos básicos.

Por lo demás, al igual que pasa en el mercado laboral con la situación de empleo y desempleo, «en la medida en que el fenómeno delictivo

aparece como un problema del sujeto, es posible no asumir el debate vinculado al orden social más amplio» (Román, 1993, p. 7, Bourdieu,

[1998], p. 19), amén de la pérdida de empatía al definir las situaciones del resto como singulares y aparentemente desvinculadas de la situación de uno. También, y creo que es importante en el contexto actual, la existencia de policías y cárceles, y el hecho de que se castigue a unos que han incumplido unas normas, genera una sensación amplia de justicia que va más allá del sistema penal y de la delincuencia. La existencia del

castigo, su representación y el sentido que tiene dentro de la sociodicea neoliberal, puede hacernos sentir que, a pesar de las notables desigualdades existentes, vivimos en una sociedad justa. > Otra cuestión complicada tiene que ver con la relación ene las siones culturales y las prácticas, cuando además están 0

Ñ

A. a

Estado y sus políticas. Un determinado paradigma (el neo cr a imponerse fundamentalmente a través de luchas históricas

aÑ 0 a

el que el contexto internacional y episodios ap la re huye aquí pueden ayudar a entender el cuándo, el dónde y el cómo. RA de la visión clásica de ideología, y sería deseable que no $ nd impide

libro como que el paradigma neoliberal engaña a la gente y -es comprender su situación real.

: Precisamente,

en €

sitios que imponen

da tanta importancia a las instituciones AN prácticas, Además, estas tienen más capacidad P

les

sta investigación se

mvosición Cuanto de

Imp

.

tar ciertos compo

fe

más dependa la subsistencia de las personas Sr ee vando negocio mi : 0 ; o p enal-). tamientos como en la política social : situación de de-

ao a miojerdo A absidi iónany ci .s solu co bus O , jefe mi Contrato temporal con mi pena, sempleo mediante la activación, O cumplo 183

—

Escaneado con CamScanner

tigo Neoliberalismo y cas

porque se me olvidó ir a firmar la renovación a reafirma la definición de los problemas, y sus posi

determinado, se es soluciones, como

individuales. Tiene sentido que las propias prácticas favorecidas por la neoliberalización de las políticas públicas refuercen y renueven los dogmas del paradigma neoliberal.

y

A pesar de que no sea una afirmación novedosa, espero haber dado argumentos para aceptar que el contenido de las sanciones y el principio

que las inspira no depende tanto de cuestiones racionales O internas del Derecho como de un conjunto dinámicas materiales y simbólicas que lo orientan, sin por ello minusvalorar la autonomía del sistema penal (sí mostrando que es relativa y relacional). Estas dinámicas más amplias señalan qué es lo deseable, qué función ha de llevar a cabo el sistema

penal, qué prácticas son más adecuadas, etc. Lo mismo que hay una corriente que postula que las penas debían ser rehabilitadoras, el énfasis en la filosofía política neoliberal en la función represiva y disuasoria

(en términos utilitaristas) de la penalidad ayuda a explicar el viraje hacia un sistema de administración de castigos más orientado hacia la

retribución y la incapacitación. En una concepción del Estado en la que su principal misión explícita sería la de vigilar y castigar, es comprensible que cada vez más contradicciones y conflictos sociales se resuelvan mediante instancias penales (Harcourt, 2011, p. 151)%,

Sobre el neoliberalismo Este libro también espera contribuir al debate sobre la implantación del neoliberalismo en España, que suele pasar por alto la importancia del cas-

tigo. De manera somera, me gustaría señalar dos conclusiones de este libro al respecto: la implantación progresiva y no lineal del neoliberalismo en España y su importancia para comprender otras instituciones y el tratamiento de ciertas poblaciones.

La implantación del neoliberalismo en España ha sido, y está siendo,

gradual. No se ha implantado de un día para otro, ni que se pueda

marcar una fecha clara de ruptura. La implantación no es lineal ni

constante, sino que parece que hay épocas con una mayor concentración

de reformas, y otras en las que apenas se producen innovaciones. Es P

| 4 Esto no desprecia las funciones que tie ne en la acumulación del capitatesl;t más bien al contrario ,

184

€ Escaneado con CamScanner

Conclusiones

más, las características institucionales y normativas impi den que se pueda hablar de he la drid «plenamente» neoliberal. Además, como se ha mostrado aquí, los ARE y los momentos han sido distintos para

las instituciones estudiadas.

Por ejemplo, parece que el asentamiento

de la flexibilidad en el mercado laboral (1984-1994) ha sido anterior a

importantes cambios en el sistema penal de corte neoliberal (1992-

2003). No creo que sea muy importante ni preciso poner este tipo de fechas a los procesos, aunque entiendo que pueda ser útil para concre-

tar algo más la argumentación y orientar la causalidad y el tipo de inAuencias de unas instituciones sobre otras'S,

Además, en cualquier período y lugar existe un conjunto de ideas que predominan, pero que conviven —a veces conflictivamente- con otras ideas, algunas abiertamente contrarias. Como parece que la discusión en torno

a continuidad o ruptura es irresoluble, en este trabajo se ha intentado mostrar, al menos, la emergencia y expansión de una forma de ver y hacer que ha moldeado el sistema penal español, apuntar hacia los orígenes y

señalar sus diferencias frente a otros modelos, reconociendo que opera en interacción con fuertes continuidades, como puede ser el legado fran-

quista, algunas políticas sociales universalistas o un sistema penitenciario orientado constitucionalmente hacia la rehabilitación. En segundo lugar, el sistema penal tiene efectos en las relaciones de

dominación y en los procesos de categorización social, y hace falta que la sociología se tome en serio esto —especialmente aquella que estudia la desigualdad. Estudiar a quiénes afecta, de acuerdo a qué justificaciones, o mediante qué instrumentos, es útil de cara a comprender dinámicas más amplias de la sociedad, como los ejes de inclusión, las relaciones

entre grupos o la generación de significados. Por ejemplo, es beneficioso tener en cuenta que la cárcel tiene importantes consecuencias en cuanto

a la dominación de unos estilos de vida sobre otros, o que es la propia

actuación del sistema penal la que ayuda a definir unos grupos y unas áreas como dignos de confianza, de ayudas O de oportunidades, o que

la integración vía trabajo asalariado queda fuertemente reducida para aquellos que han pasado por prisión, o que suelen ser familiares directos

de las personas beneficiarias de la asistencia social. También que a pesar de todo esto las clases populares demanden su uso (y no solo por des-

conocimiento, sino también porque son las principales víctimas de la 135 Y, en parte, parecen coincidir con lo que Wacquant (2011, p. 118) señaló brevemente tras publicar sus libros.

185

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Neoliberalismo y castigo

delincuencia), ayuda a comprender mejor cómo funciona la vio] simbólica. O, por ejemplo, entender que el sistema Penal ¿ Ncia > Más allá de ser un mecanismo de control que se hace servir desde el Est ado, tambj én

es una parte constitutiva de las relaciones de poder y del p (Sparks y McNeill, 2009, p. 2).

Sobre la penalidad neoliberal El uso del marco teórico que se planteó en esta investi gación tenía que ver sobre todo con que ayudase a la construcción del o bjeto de estudio, y no tanto como un conjunto de hipótesis cuya finalidad fuese ser contrastadas. Ya se señaló que una de las críticas fundamentales a la tesis

wacquantiana era que el «neoliberalismo» no desem peñaba un papel

importante en el trabajo analítico de su aproximaci ón (Lacey, 2010, p. 779). En esto creo que discrepo. Pensar en el neoliberalismo como lo

hace Wacquant permite una ruptura epistemológica importante, faci-

litando la comprensión relacional de las políticas públicas. Pensar rela-

cionalmente la transformación de las políticas públicas permite dirigir

la mirada hacia una transformación del Estado y de sus misiones: en definitiva, de las bases de su legitimación. Además, atender a los desa-

rollos en las políticas laborales y sociales da pistas sobre cómo entender algunos cambios que se dan en las cárceles o en la policí a y que no

encuentran explicación en las dinámicas internas del sistem a penal, permitiendo explicar cosas aparentemente inexplicables (por ejemplo, por qué el Código penal «de la democracia» sea más duro que el último del franquismo o por qué se endurece ese texto legal en una época de

descenso generalizado de la delincuencia).

|

Además, esta aproximación más amplia, al prestar atención simul-

táneamente al mercado laboral, a la política social y al sistema penal, se han podido identificar algunas dinámicas en la implantación del neo-

liberalismo, La principal conclusión, al constatar la concentración temporal de los cambios, es que el Estado neolib eral no se implanta

linealmente, sino que en épocas de crisis económica se produ cen fuer-

tes cambios que se dan casi en bloque (este argumento se desarrolla más detalladamente en el Epílogo). En el caso español se muestra un desarrollo llamativo. En 1992, año-

previo a una crisis económica, se introducen nuevas formas conracria

les más precarias que las existentes y se aprueban la Ley de Segurida 186

—a Escaneado con CamScanner

, Conclusiones

culmina y e la Ley de Seguridad 1993 comienza Ciudadanade yflexibilización En parecen en 1984).(y que iniciado Privada roceso

política social. En 1994 na tendencia descendente en la inversión en además, legaliza las em ali aprueba una nueva reforma laboral que,

se aprucba un nuevo Código penal. Esta y en 1995razonables temporal,parecidos rabajo guarda esecuencia con la actual crisis: en 2010

2012 se apruebas unas reformas laborales que ahondan la línea de la desregulación, y se anuncian recortes en servicios sociales tan funda-

mentales como sanidad, educación y pensiones. A la vez, se anuncia una

nueva reforma del Código penal (tras la fuerte reforma ya sufrida en 2010) que en 2012 se amplía a la Ley de Seguridad Ciudadana y de la

Ley de Seguridad Privada, y que terminarían por aprobarse en 2015, Así, al estudiar el campo burocrático se permite una ruptura episte-

mológica con respecto de las aproximaciones habituales al estudio de los cambios en el sistema penal. En este sentido, el marco teórico ha facilitado la construcción del objeto de estudio en los términos deman-

dados que toman al castigo como una institución social compleja (Garland, [1990], pp. 324-326). Esta implantación escalonada respalda la pertinencia de realizar estudios de caso que tengan en cuenta períodos de tiempo amplios, y que se esfuercen por reconstruir las relaciones entre las distintas instituciones y sus agentes.

Volviendo al contenido y las afirmaciones de Wacquant, este asegura que la existencia de un Estado penal caro y expansivo (frente al discurso del Estado barato que se repliega) no es una anomalía del neoliberalos lismo, sino que es un componente esencial, igual de importante que otros elementos, pues es necesario para contener los desórdenes que provoca la retracción estatal en otros sectores. Aquí es necesario hacer dos precisiones.

n ha La primera es que el lugar del «Estado penal» en la definició efecto cambiado con el tiempo en la obra de Wacquant, pasando de ser un

propio a considerarlo una parte integral (Levi, 2011: 480). En palabras del conseWacquant, «un sistema penal expansivo y costos o no es una mera

la miseria— cuencia del neoliberalismo como se sostiene en Las cárceles de “ii y 136 A juicio . , de

1 un componente esencial del propio Estado neoliberab»*”. SINO

del aparato penal como algo n ió ns pa ex la r ta en es pr ), ey (2010, p. 779 Lac ite no tener que entrar en indispensable en el neoliberalismo le perm opinión al. Sobre el mismo tema, de gin ori el en s asi énf , 226 ln Wacquant, 2012a:

contraria, Bell, 2011, pp. 3, 162.

187

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Neoliberalismo y castigo

procesos causales de evidente Impormncia, Aquí, como ae se avisó al explicar la estrategia metodológica, se opa por una aproximación algo

distinta que, si bien es ciertamente mejorable y haya sido tal vez insuf-

ciente para poder solventar el debate de la causalidad, Creo que puede

haber servido para mostrar por dónde se puede ir o, al MENOS, para re-

chazar el atajo de asumir que el neoliberalismo comporta necesariamente una expansión del sistema penal y evitar tener que señalar cómo.

La segunda cuestión, y que en este estudio de caso está relacionada,

tiene que ver con un posible riesgo de tautología, aunque creo que es necesario matizarlo, La definición que da Wacquant del neoliberalis mo parece ser fruto de su investigación, por lo que la inclusión del cuarto elemento en la definición (el de un Estado penal expansivo y proactivo)

puede considerarse como parte de la conclusión a la que ha llegado!”,

Sin embargo, esta inclusión no está exenta de problemas, especialmente para la comprobación de la hipótesis principal de la penalidad neolibe-

ral («el neoliberalismo conlleva una expansión del sistema penal»): si se quiere compr

obar si los países neoliberales, efectivamente, han vivido

un fuerte aumento del recurso al castigo estatal, puede encontrarse un primer

problema: ¿qué países se consideran como neoliberales —aun asumiendo que puede haber grados y tipos? Para ser justo con la hipótesis wacquantiana, habría que partir de su definición de neoliberalismo, pero ya se encontraría el problema de que en ella se incluye un aparato penal expansivo, con lo que el riesgo de tautología es evidente, pues si ese país no ha experimentado una expansión del sector penal, se puede ale gar que es que ese país no es neoliberal, no que la hipótesis sea incorrecta.

137

Aunque es necesari

EE.UU, (Barker, 2009 ) y la críti

Escaneado con CamScanner

Conclusiones

se puede llegar a aceptar el inclusión par a el caso estadounidense como

conclusión de su investigación, su inclusión como principio del neo-

jiberalismo NO goza aún de suficiente evidencia empírica que lo apoye. La utilidad del caso español también tiene que ver con esta cuestión

con la de la generalización de la teoría.

Creo que con este estudio se puede defender que existe influencia,

exista y que es notable. Incluso, que es esperable que esa tendencia y sobre debido a las propiedades del paradigma neoliberal. No obstante,

todo haciendo caso a conceptos que parecen centrales en su plantea-

que subraya la conmiento (fundamentalmente el campo burocrático, tingencia y las luchas entre grupos por imponer distintas lógicas), no

necesario, salvo la del yeo qué ganancia hay en introducirlo como algo te comargumento político —y que puede entenderse, sin necesariamen cívica (ver Loaartirse, si se asume su compromiso con una sociología

der y Sparks, 2010).

interesante, por Precisamente por ser España un caso especialmente del castigo fundamendistinto, a los que suele estudiar una sociología

de la penalidad talmente anglófila, es fundamental reconocer que la tesis

ni todas las caracterísneoliberal no explica todo (ni todos los cambios del terrorismo en España ticas). Ejemplos como la importante cuestión en muchos países) y las di(o, incluso, las transformaciones post 11-S

como de excepcionanámicas que introducen las medidas presentadas de

welfarismo, el impacto lidad; la inexistencia de una época dorada del marco democrático a la vez una larga dictadura y la construcción de un ia o la existencia del conque el neoliberalismo ya extendía su influenc políticas neolibeservadurismo y su a veces complicad o encaje con las

del castigo rales bien merecen que se reclame una mayor Co mplejidad que la que que la que se da a entender en su obra. También, obviamente, se ha mostrado en este libro. haber mostrado No obstante, y aunque limitada, en este trabajo espero er qué para entend la utilidad de estudiar la neoliberalización del Estado

hablamos de delincuente y de cuando emos entend qué está pasando con seguimos contratando policías y encomendándo

delincuencia, por qué las cárceles gozan de les actuaciones cada vez más sociales o por qué en

o de que nación conceptual. El hech de presos, O refi y isis anál de dad uni idades metodología, na haya unas elevadas cant o a las políticas carl muchos países de AméricaadoLati acha suficiente para que incluso hayan aument , no €s

KO

neoliberales (ver Sozzo, 2016).

189

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Neoliberalismo

Y castigo

de la gente 1, tanto apoyo pese a ser lo que son y sin q Ñ A sepa ni le importe de verdad). Aquí se reivindica la necesidad y complementariedad de otras aproximaciones explicativas. Que identificar

argumentar una de ellas me haya llevado un libro entero también sip. nifica que es una actividad que el sistema universitario actual no fo. menta. Plantear y desarrollar investigaciones de este tipo requiere Un tiempo y una pausa de la que raramente disponemos entre tanto concurso para renovar contratos O proyectos. Además, están las recurrentes acreditaciones (una de cuyas funciones es incentivar una subjetividad

académica que conciba su producción en términos de rentabilidad >, dados los criterios, los libros prácticamente quedan fuera-). No es ahora

el momento para analizar la neoliberalización de la universidad (Amjgot y Martínez, 2013; Alonso et al., 2009), pero tampoco tenía sentido

acabar ignorando que muchas de las dinámicas identificadas en este libro afectan también a la situación de quien lo escribe,

190

Escaneado con CamScanner

Epilogo.

;

bre la crisis, el descenso de presos

y la lógica neoliberal

El período investigado en este libro concluía en torn o a 2008, año en

el que precisamente se considera que comenzó la actua l crisis en España. Los motivos son varios, pero creo que se pueden resu mir en dos:

el marco analítico que utilizo funciona mejor a medio plazo y creo que tanto para el objetivo principal del libro (defender el estudio del castigo

como una institución social compleja) como para el secundario (seña-

lar cómo ha influido la neoliberalización de las políticas en la expansión

del sistema penal) no era necesario analizar apresuradamente algo que estaba sucediendo mientras se intentaba concluir esta investigació n.

A esto hay que sumarle la tendencia de los últimos años de explicar casi

todo por la crisis, tendencia muy acusada en el campo periodístico pero que

también ha afectado al académico. También existe la tentación de invalidar afirmaciones y conocimientos adquiridos porque parecen no funcionar con

lo que está pasando, más allá de que se trata de momentos históricos distintos y lo que pase en un momento no tiene necesariamente que invalidar las afirmaciones referidas a otro momento. Aquí se entiende que las crisis son momentos especiales, generalmente de reestructuración de las relacio-

nes entre el mercado y el campo burocrático. Como tal, imerecen YA o 10 aparte. Si se las quiere incluir en una narrativa más amplia,

go

efectos, Creo que es beneficioso distinguir entre que pasa en a

EN

Necesario, creo que hace falta dejar más tiempo para poder a

cado de la crisis tiene que estar en relación con lo q 191

ho. Escaneado con CamScanner

castigo Neoliberalismo y

creo que el tiempo y la Pp

o

inuit

tienen

por qué coincidir con lo segundo. Ésto es je de los ¿lo en los cambios en sus el castigo en España y en el período reciente, onde

formas institucionales se han concentrado, precisamente, en épocas de

crisis. Este último argumento se desarrollará en breve. Primero se pondrá

un breve ejemplo de la crisis de los 90,

|

Como se ha visto a lo largo de los capítulos anteriores, a principios

de la década de los 90 se introdujeron cambios fundamentales en las tres áreas estudiadas. En concreto, el sistema penal vio cómo en tres años se

dotaba de una Ley de Seguridad Ciudadana que otorgaba mayor poder a los policías y abría una vía administrativa para la sanción al consumo y tenencia de algunas drogas, a la vez que se introducía la policía de proximidad. También se renovaban las posibilidades para la policía privada y su extensión e introducción en todas las esferas con la Ley de Seguridad Privada, a la vez que se potenciaba una fuerte inversión en

la construcción de cárceles. El período terminó con la introducción de un nuevo Código penal, de los más duros de Europa y aparentemente poco conectado con las tendencias delictivas de entonces. Paralelamente, se recordará que en 1992 y 1994 se aprobaron reformas labora-

les que consolidaron la precarización del empleo y se legalizaron las empresas de trabajo temporal, y que en 1993 se produjo un punto de inflexión cuantitativo en el desarrollo del Estado de Bienestar y el gasto social comenzó a reducirse por primera vez en democracia para reducir el déficit de la economía. Creo que algunos de estos cambios se ven mejor con perspectiva. Por ejemplo, la introducción de ese Código penal fue acompañado de una interrupción en la escalada del encarcelamiento, y duran te unos

años descendió. Haber escrito justo en los años siguientes a su introducción acerca del fin de la ex pansión carcelaria hubiera sido razonable de acuerdo a los datos, pero en solo 10 años existía ya cierto consenso en que

ese texto había, de hecho, favorecido un fuerte incremento de

personas presas. A día de hoy la población carcelaria está descendiendo, ya desde hace algu nos años. Habida cuenta de que, como se explicó en el primer capítulo, la literatura que defiende el vínculo entre políticas

neoliberales y castigos más severos ha tendido a operacionalizar el sis” ntensidad) como el número de presos, es razonable

que esta tendencia despierte dudas sobre la validez de una hipótesis como la que se ha defendido

en el libro (una vez que esta ha sido reducida a su Operacional; zación y a una relación mecánica entre variables): 192

Escaneado con CamScanner

Sobre la crisis, el descenso de presos y la lógica neoliberal

Por este motivo, y fundamentalmente porque quien esté leyendo este

que está aconteciendo, libro razonablemente puede tener interés en lo , su relación CON lo expuesto en la investigación, se van a dedicar unos tes, sin poder considerecien bre ves apuntes a señalar alguno , s aspectos ; en el futuro. rarlo un an álisis detallado ni intentar predecir qué pasará

¿Crisis neoliberal? Existe un debate complejo entre aquellos que reconocen la naturaleza política de la economía en torno a si esta crisis es una crisis del neoli-

beralismo, si es una crisis del capitalismo en sí, si se trata de una crisis temporal o si supone un cambio estable de sistema, o si marca, de hecho, el fin de ese modelo productivo (ver Zamora, 2016). Dejando estos

debates en suspenso, pues claramente me superan, y creo que superan

las pretensiones de este libro, sí parece que la respuesta de los sectores

financieros, empresariales y políticos ha sido ahondar en las dinámicas

desarrolladas en las últimas décadas, en algo que parece ser una solución

cortoplacista que desplaza el problema estructural a dentro de unos años. De momento, para solucionar los problemas del neoliberalismo se ha optado por profundizar en dinámicas neoliberales (más financia-

rización de la economía, más precarización del empleo, constricciones al gasto público, etc.)%”. La lógica de las respuestas, en general, ha sido

traspasar el problema de la sobrefinanciarización y la deuda de los sectores financieros y empresariales a los Estados a través de la deuda pública. Otra cuestión diferente es la legitimidad percibida por la ciudadanía y si las promesas neoliberales han perdido credibilidad.

Por intentar bajar el tratamiento de la crisis a la línea seguida aquí,

con el epílogo se estructurará en breves epígrafes que se corresponden los capítulos del libro, por actualizar y discutir en los términos ya planteados qué ha pasado estos últimos años. Así, siguiendo con la definición operativa de neoliberalismo, creo que se puede adelantar que la respuesta del campo burocrático a la crisis ha sido ahondar en las dinámicas que se vienen construyendo durante las últimas décadas. La intensificación

139 Brandariz (2019, p. 86) va algo más allá y defiende que, aunque la actual crisis

económisolo fuese una profundización de las lógicas neoliberales en el ámbito de producCo, sí se ha producido un cambio importante «en los mecanismos ción de excedencia y marginalidad». 193

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Neoliberalismo y castigo

de la precarización laboral, los recortes en políticas sociales, el endyre.

cimiento de los textos legales y todo el discurso que ha ACOMPañado

estas medidas me parece que así lo señalan. Individualismo

La primera explicación que se dio de la crisis, y bastante repetida en el

discurso político-mediático, fue que la gente «había vivido por encima de sus posibilidades». Sin saber qué había pasado aún, lo que se sabía era que

la culpa era de las personas. Este «vivir por encima de sus posibilidades»

remite fundamentalmente a que las economías domésticas se habían en-

deudado demasiado a través de hipotecas y créditos bancarios. Se obviaba

que ese endeudamiento de las familias había sido promovido activamente desde el gobierno nacional y desde las instituciones europeas, facilitando

la concesión de préstamos. De hecho, este endeudamiento es el que se

usó especialmente durante los 90 para conseguir «el milagro económi co

español», que con el tiempo se ha visto que consistía en adelanta rle el

dinero a los hogares de los salarios que aún no habían cobrado. De hecho, gracias a este «efecto riqueza», se consiguió paliar el efecto de la

devaluación de los sueldos en la época de crecimiento macroeconómico (Rodríguez y López, 2010). Se producía más, pero los salarios no

aumentaban; es decir, los empresarios se quedaba n más beneficio y los

banqueros le prestaban ese dinero a las familias a cambio de que lo devolviesen con intereses en el futuro. Unido al pobre Estado social,

buena parte de este dinero se utilizaba para pagar bienes básicos como la vivienda. Es interesante notar que los países con mayor desigualdad son los que mayor creencia en la meritocracia tienen y que, en períodos

de aumento en la diferencia de ingresos, parece existir una tendencia 2 reforzar las explicaciones basadas en el mérito y el esfuerzo individual

para explicar las crecientes diferencias (Mijs, Este funcionamiento no es nuevo, sino que2019). es el que se ha fomen-

tado políticamente en España desde la década de los 60, y es con el funcionamiento

con el que entendieron que España encajaba mejor ae la economía internacional, Así, se ve que los resultados de una política

la pubrrdo comoun pena delay bl deslrod

económica y estatal promovida estructuralmente por grandes grupo*

blemas de er 194

pabilización sobre los individuos, unida a be p de pico y a unas leyes sobre la vivienda que datan

Escaneado con CamScanner

Sobre la crisis, el descenso de presos y la lógica neoliberal

tiempos predemocráticos y que han sido declaradas ilegales por Europa, encuentran su materialización más triste en las tasas de suicidios, que han aumentado durante la crisis y que asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han vinculado con los desahucios (Orgaz

y Amezaga, 2018, pp. 73-74). Esta interiorización de la culpa, expresada también en relación al desempleo, la precariedad y la intensificación del

trabajo a través del estrés han supuesto un incremento de problemas de

salud mental (Espino Granado, 2014), lo que es un buen ejemplo de los efectos materiales de la violencia simbólica. Aunque no es un problema nuevo, la tendencia a individualizar las situaciones laborales y el énfasis en que los individuos tienen que gestionarse a sí mismos como proyectos influye en las formas concretas que toman las relaciones de tensión con el trabajo asalariado, las situaciones vitales y los sentimientos de

fracaso (López Carrasco, 2016, pp. 587-593). Si se recuerda, en la aproximación durkheimiana al individualismo y

al neoliberalismo como religión que se desarrolló en el capítulo 2, uno de

los aspectos que también señalaba el autor francés con respecto a los cultos negativos (en este caso, la no intervención estatal en el mercado)

es que suele ser indispensable que comporten sufrimiento (Durkheim, [1912], p. 362). En este sentido, no puede pasarse por alto el discurso que

suele acompañar a los procesos de remercantilización de servicios, generalmente en forma de recortes de presupuestos y servicios o, directamente, privatizaciones. Tal vez como caso demasiado explícito, es fácil recordar las declaraciones del entonces Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallar-

dón en 2012: «Gobernar es, muchas veces, repartir dolor». En la misma

reentrevista recordaba que ciertos cambios en la manera de gobernar

quieren «sacrificios» en pos de un bien mayor (se estaba refiriendo a cobrar no le fuese tasas judiciales que dificultaban el acceso a la Justicia a quien

bien en el mercado) (ver San Martín Segura, 2014). del EsEste discurso no se queda solo al nivel de los presupuestos los emprentado, sino que toca a las formas de empleo. Por ejemplo,

del dedores de hoy (versión precaria y accesible para las clases medias precarieempresario, aunque cada vez ocultan más formas de extrema positivo dad en el empleo) ven el fracaso como un pas0 necesario y hacia el triunfo en el mercado (Briales, 2017, Serrano Pascual, 2017). de solución inEsta forma de autoempleo se presenta como modelo de la activadividual a la crisis del mercado laboral, siendo la cúspide

aquel que ya no ción y de la gestión de uno mismo. El emprendedor es

casos, necesita ni a un empleador para tener trabajo (solo, en muchos 195

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o Neoliberalismo y castig

un préstamo bancario). De todos modos, aunque el autoempleo presep. tado con una retórica empresarial no deje de señalar a las trasformacio.

nes en las relaciones salariales, a continuación se tratan específicamente

Política laboral El mercado laboral se ha visto afectado por dos cuestiones: el aUMENtO de la tasa de paro (a pesar de la expulsión del país directa e indirecta-

mente de miles de trabajadores,y la consecuente reducción de la pobla-

ción activa) y de la precariedad. La devaluación de las condiciones de empleo ha sido multidimensional, y de nuevo, no producto de la autorregulación del mercado, sino inducida por la aprobación de dos reformas

laborales, en 2010 y 2012 (ver Morata-García de la Puerta y Díaz, 2013,

pp. 47-53). En general, la situación para las trabajadoras y sus familias ha empeorado desde que empezó la crisis (Sola y Campillo, 2017, p. 62). La precariedad e inestabilidad del empleo se ha visto reforzada por el abaratamiento de los despidos improcedentes y la legalización de más formas de despido, así como una menor remuneración por ellos. Se ha

vuelto a incentivar la contratación temporal y, aunque en términos de

cuota del mercado laboral no ha aumentado (fundamentalmente, porque

los empleos indefinidos han sido los más difíciles de destruir), ha supuesto en torno al 90 % de las nuevas contrataciones durante la crisis.

Esta degradación de las condiciones laborales ha llegado a un punto en

el que, aunque hay más contrataciones ahora que hace años, el número

total de trabajos y de horas trabajadas —legalmente— es menor, ahon-

dando en los procesos de multiplicación de contratos y su importante

mecanismo disciplinario y empobrecedor. A lo largo de un año, la medía de contratos firmados para cada puesto de trabajo creado ha sido de en torno a 40 (es decir, de media, los contratos duran poco más de una

semana)'". Todo esto ha provocado un aumento y consolidació n de la figura del trabajador pobre, evidenciando que la degradación del empleo > tal que para bastantes trabajadores y trabajadoras ya no es una ga-

rantía de seguridad económica (Aragón et al., 2012). Esta degradación generalizada del empleo se puede explicar mejor por las dinámicas que la economía neoliberal fomenta en la economía

140

«Cada pues

to de tr Fidencial, 04/01/ NA 20

creado en 2018 obligó a firmar 43 contratos», El Con”

196

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Sobre la crisis, SiS, el descscenso d € presos y la; lógica : ' neolibera!

a través de la financiarización que por las características propias del caso español (Alonso y Fernández, 2012). El disciplinamiento que fomenta una economía y unas T elaciones laborales dependientes de los vaivenes

de las finanzas, guiadas por un margen de beneficio nómada y pasajero t jene repercusiones tanto a nivel estatal (ahora se explicará su efecto

ara la política social) como a nivel de la situación de las trabajadoras

y trabajadores (Mahmud, 2013). Además, y por si queda duda de lo retórico del lenguaje técnico-economicista en la introducción de las reformas laborales, recientemente el presidente de la CEOE ha anunciado el fichaje de la ministra que introdujo estas reformas que favore-

cen un mayor desequilibrio de poder en favor de los capitalistas (si bien,

dado el revuelo mediático y la proximidad de elecciones, ha dejado el

proceso en suspenso/e)'*, Política social

A pesar de que en los primeros años de la crisis no se redujeron significativamente los presupuestos para políticas sociales, fue a partir de

2010 por presiones directas de entidades supranacionales que se inició

una retracción del Estado del Bienestar. No así del gasto público, que aumentó debido al aumento del desempleo y el consiguiente gasto en

constiprestaciones. No obstante, lo más significativo fue la reforma tucional que PSOE y PP introdujeron en agosto de 2011, en período vacacional, y que afectaba directamente a las posibles salidas y gestiouna nes de la crisis. La modificación del artículo 135, presentada como reforma «menor» (o «de responsabilidad», aunque años después Zapacomo tero la reconocía como una imposición de Bruselas), establecía

de necesiprioridad el pago de la deuda por encima de la satisfacción efectiva de otros dades básicas de la población y la implementación se introdujederechos reconocidos en la Constitución. Estos cambios

y la «austeridad», ron bajo la retórica de la «estabilidad presupuestaria» moralizador frente que se ha señalado que introduce un componente se malgastaba el dinero a épocas pasadas en las que aparentemente Lombardo y León, 2014, p. 25). sin permiso de la 141 «Garamendi vende el fichaje de Fátima Bañez en CEOE exministra», elEconomista, 10/04/2019. 197

Escaneado con CamScanner

tigo Neoliberalismo y cas

En el capítulo dedicado a la política social, se señaló que el cambio fundamental tenía que ver con la transformación de esta, dejando de Ser una actuación estatal destinada a crear espacios de protección frente al mercado a funcionar cada vez más como un complemento de este, Así, las políticas cada vez estaban más vinculadas a la búsqueda de empleo y se veía en la propia forma que tomaba (contractualizada, y sujeta a con-

diciones que no garantizaban su duración por el tiempo necesario, como se ha visto con los parados de larga duración). Ese mismo año, en 2011, el día 1 de mayo, el de los trabajadores y las trabajadoras, Ana Mato (y varios nombres importantes del PP en el Gobierno de los años posteriores, incluido Rajoy) señalaba que «la mejor política social es crear

empleo». No se señalaba si el empleo tenía que ser de calidad, o garantizar llegar a fin de mes. Ya se ha visto más arriba que no era tan importante si el empleo era de calidad o no, sino trabajar en sí, con un fuerte componente moral. En 2013, como se señaló en el capítulo del

sistema penal, la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias decía que la cárcel se había convertido en la política social. Escuchando a los políticos al final es difícil saber muy bien si la política social consiste en el empleo precario o en el encarcelamiento. Lo que sí parece es

reiterar que la política social ha cambiado profundamente y que el trabajo no nos hará libres.

La neoliberalización es contingente: el 15-M y la importancia de las resistencias en la reconfiguración del castigo En buena medida como reacción a las reformas laborales y a los recor-

tes sociales, en 2011 se cristalizó un fuerte movimiento de contestación popular en torno al 15-M, que tuvo continuidad en una ola de protestas que duró hasta 2014, Aquí interesa rescatar este suceso por dos motivos.

El primero tiene que ver con explicitar una vez más que no se defiende aquí que la neoliberalización de la sociedad sea un suceso inexorable, sino que está abierto a luchas y resistencias, pues es un proceso político (a pesar de que tenga también raíces culturales; no son excluyentes). Igual

que a finales de los 80 la fuerte movilización social consiguió paralizar algunas de las reformas que el PSOE estaba introduciendo, aquí es im” portante subrayar las resistencias desde abajo ante unas políticas CON las que no estaban de acuerdo, ya que también tuvieron efectos. 198 cl Escaneado con CamScanner

Sobre la crisis, el descenso de presos y la lógica neoliberal

El segundo motivo, relacionado, es para hacer algo de contrapeso a

la sensación que puede haber transmitido el libro por su estrategia me-

todológica: al centrarme en señalar las influencias del neoliberalismo

en el castigo he ignorado otras, influencias y algunos reversos a este

proceso. Efectivamente, si se toma el libro como una descripción de

todo lo que ha pasado en España, parece que todo lo que ha pasad o ha

sido en clave neoliberal. Además, en términos más generales, las resistencias juega n un papel

menor en la literatura asociada a la sociología del castigo. Este es un

buen momento para señalar que existen y que, incluso formando parte de una ola global de protesta, señala muy bien las particularidades que

adopta la penalidad neoliberal en cada contexto nacional. En el caso español, la penalización de las manifestaciones durante la crisis ha sido

un considerable motor de innovación e introducción de cambios en el

sistema de administración de castigos (González Sánchez y Maroto, 2018). Es, además, un aspecto que redunda en que la neoliberalización del castigo no tiene por qué ser necesaria: en este caso, si no hubie se

habido una ola de protesta, ciertos cambios no se hubiesen producido. En seguida se explicarán los cambios, que no pueden entenderse en su especificidad si no se tiene en cuenta la frágil calidad democrática y

la persistencia de dinámicas muy propias especialmente en lo referente al ejercicio como la libertad de reunión, de expresión riz, 2015). Algunas de las novedades que

del poder soberano español, de derechos fundamentales y de manifestación (Brandase explicarán a continuación

son adaptaciones de los políticos y de algunos agentes del orden al hecho de que la neoliberalización de la sociedad no se consigue meramente por su aseveración ritual ni por presentarla como inevitable. A veces la violencia simbólica no basta.

Política criminal En el área estatal de control de conductas a través de la imposición directa de castigos, los cambios no han sido menores. Buena parte de las innovaciones que se introdujeron en la crisis de principios de los 90

e han renovado ahora, y se ha profundizado en sus lógicas.

inicio de la crisis, en 2010, se introdujo una reforma del Código

Penal, Entre los principales cambios se encontraba la posibilida de d Castig

ar A personas jurídicas (empresas) y una reducción del tiempo

199

Dm. Escaneado con CamScanner

Neoliberalismo y castigo

máximo de condena por delitos de tráfico de drogas. Además, se introduce la libertad vigilada como una medida de seguridad pensada para controlar a los delincuentes reincidentes una vez que salen de prisión.

También relacionado con lo tratado en el capítulo 5, se endurecieron las

penas previstas para la reincidencia y se introdujo la posibilidad de que la comisión de cuatro faltas de hurto en un año conllevase pena de

prisión (una versión muy suave del estadounidense Three strikes and you re

out). Hay que notar también que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se permitió decretar prisión preventiva para delitos

con pena prevista de menos de dos años si el acusado es reincidente. A

la vez, el Código penal añadía requisitos de reparación civil y arrepentimiento para acceder al tercer grado y a la libertad condicional. Exigir el arrepentimiento continúa la línea de uso moralizante de las sanciones

penales, y plantea cuestiones espinosas sobre la libertad de conciencia en un Estado de Derecho y la defensa de la propia inocencia. En 2015 se volvió a reformar este texto. La responsabilidad penal corporativa se suavizó, dando opciones a las empresas para reducir la severidad penal (asistiendo a cursos y diseñando e implementando planes de «compliance»). Se introdujo la cadena perpetua, introduciendo

la posibilidad de revisión a los 25 años para sortear la inconstitucionalidad. Aunque hasta el 2040 no se conocerá el contenido real de esta pena, no quita para que ya se esté proponiendo su endurecimiento. Se

volvió a agravar el castigo para robos y hurtos, a la vez que la libertad

condicional se convertía en una suspensión de pena, insistiendo una vez

más en castigar más duramente a las personas que reincidan. También,

y de manera notable, se eliminaron las faltas (se crean delitos graves y

leves, y parte de estas se pasan a la vía administrativa) y se modificaron, ampliando la indeterminación, los delitos de atentado y alteración del orden público.

Estas dos últimas medidas se entienden mejor si se introduce en el estudio del castigo la mirada hacia la vía administrativa sancionadora,

tradicionalmente excluida de las concepciones del castigo. Aunque se vio con los CITE, aquí es donde es fundamental tener en cuenta ya la ola de protestas y el considerable uso del castigo que realizó el Go-

bierno para gestionarlas (Maroto Calatayud, 2016). Buena parte de esta

gestión punitiva era incompatible con un Estado de Derecho garantista y buena parte

de las denuncias policiales acabaron siendo declaradas

improcedentes, Es importante recordar que entre 2012 y 2016 se in-

trodujo el pago de unas tasas judiciales que convertían de facto la tutela

200

dl Escaneado con CamScanner

Sobre la crisis, el descenso de presos y la lógica neoliberal

judicial en un objeto mercantilizado al que su acceso quedaba marcado

or cómo le iba a uno en el mercado. Al igual que en la anterior crisis, también se realizaron impor-

tantes cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. Es imposible entender el contenido de muchas de las nuevas prohibiciones si no se tienen en cuenta las formas específicas de protesta no violenta ue se estaban llevando a cabo (por ejemplo, la prohibición de filmar

a la policía o la ocupación de plazas o vías públicas). Además, se reforzó notablemente la discrecionalidad y el poder policial, desarroilando una penalización que actúa conjuntamente por la vía penal y administrativa. Por otro lado, la introducción de la llamada «ley mordaza» muestra de una manera infrecuentemente clara el papel que a

veces la penalidad desempeña como complemento de las políticas sociales y económicas (González Sánchez y Maroto, 2018, pp. 455-456).

También en esta crisis se renovó la Ley de Seguridad Privada, en 2014,

que desarrolla la tendencia a privatizar servicios públicos y a utilizar parte del presupuesto estatal para desviarlo a empresas. Tras un largo debate surgido a raíz de la intención de dotar de competencias a las policías privadas para actuar en espacios públicos, finalmente se ampliaron alguna

de sus competencias, pero las protestas de los sindicatos de policía pública tuvieron efecto. En la propia rueda de prensa de presentación de la ley,

el ministro responsable señalaba como uno de los motivos de esta ley el potenciar un sector empresarial que tenía margen de crecimiento!”, Esta oportunidad empresarial se basa en el aumento de demanda de seguridad privada por parte de empresas, comunidades de vecinos y algunas personas. La otra forma de negocio es a través de la contratación de segu-

ridad privada por parte de organismos públicos. Por ejemplo, en el acceso

a edificios institucionales, la seguridad es privada en muchos casos. También mediante la sustitución directa de funcionarios públicos por seguri-

dad privada, como en el caso de la seguridad perimetral de las cárceles. Esto plantea cuestiones interesantes sobre la penetración de lo privado en lo público, especialmente en un área fundamental para la legitimidad de los Estado-nación (y es algo que en general en el caso español, aunque

presente, ha sido un tímido motor de la expansión penal, al menos en que esta comparación con otros países). Además, es importante notar

mercantil se da oportunidad de negocio y de crecimiento de este sector

142 «Interior cambia la ley para ampliar el negocio de la seguridad privada», El País, 11/12/2013.

201

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Neoliberalismo y castigo

en un contexto en el que el número de policías ya es de los más altos de

Europa, como se vio en el capítulo 5. A pesar de estos importantes cambios en bloque, es habitual que la

pregunta que se suele hacer a la relación entre crisis y penalidad sea si

se encierra más o menos (ver Brandariz y González Sánchez, 2018.

Rodríguez-Menés y López-Riba, 2019). Siendo una pregunta intere. sante en sí misma, de gran interés científico y político, viendo lo que ha sucedido en las dos últimas crisis españolas me pregunto si podría ser

más útil, de cara a comprender mejor el castigo, cómo cambia, qué as-

pectos cambian y cómo se relacionan. Habida cuenta de que, además, las conclusiones suelen ser que no hay conclusiones y que depende de

cómo se operacionalice y mida la punitividad y la crisis (Chiricos, 1987),

puede que los estudios de caso sean más interesantes para la comprensión de esta relación, más que el establecimiento de correlaciones.

Sobre el descenso de la población penitenciaria

Uno de los datos más controvertidos para la tesis de la penalidad neoliberal durante la crisis ha sido el descenso de presos que se viene dando desde 2010. En estos últimos años, la tasa de encarcelamiento ha pasado de 163,2 en 2010, a 141,7 en 2014, a 126,7 en 2018 (una

reducción del 19,4 % desde que comenzase la crisis en 2008) (SPACE

1,2018, p. 30). No obstante, se puede atender a algunos aspectos para

problematizar una conclusión que puede ser apresurada («como ahora bajan los presos, no era el neoliberalismo»; o, «como el neoliberalismo no explica el descenso, tampoco podía explicar el aumento»).

Por un lado, ya se ha defendido anteriormente que para lo que plan-

tea la tesis de la penalidad neoliberal muy probablemente aún no haya

pasado tiempo suficiente para sacar conclusiones, si bien es cierto qué

las hipótesis son siempre bienvenidas y que es fundamental estar alerta

ante la evolución contemporánea de los datos. Por otro lado, en ningún sitio se defiende que la neoliberalización de las políticas públicas se vea únicamente en un aumento de presos, si bien las operacionalizaciones más habituales se han centrado en este indicador, como se mostró en el capítulo 1, Aquí ya se señaló la insuficiencia de dicho indicador par sacar conclusiones firmes sobre la relación entre neoliberalismo y castigo, y Por eso mismo se desarrolló una estrategia metodológica más cualitativa e histórica, que atendiese a transformaciones amplias en la forma 202

Escaneado con CamScanner

Sobre la crisis, el descenso de presos y la lógica neoliberal

de operar de las políticas laborales, sociales y penales, sustentadas en

cierta visión utilitarista del individuo que beneficia a unos grupos sobre otros y las trasformaciones en las misiones del Estado que su sacrali-

zación conlleva. Igual que era un buen inicio tener las correlaciones mencionadas, pero insuficiente, puede ser un buen inicio, pero insuficiente, Que Un indicador cambie. Creo que para criticar el efecto del

neoliberalismo hace falta poner en duda algo más que el valor cuanti-

tativo de un indicador,

Además, en tercer lugar, que la población penitenciaria haya des-

cendido (aun tomándose como un indicador suficiente) en realidad no

diría nada de la influencia (o no) del neoliberalismo. El proceso de neoliberalización podría seguir teniendo el mismo efecto, sin el cual el

descenso podría haber sido mucho mayor. No se puede saber datos. De hecho, el descenso de presos en España, como su no ha sido una cuestión que haya afectado solo a este país. A continuado descenso, sigue siendo de los países occidentales

con estos aumento, pesar del que más

encierra (solo por detrás de Inglaterra y Gales y, sorprendentemente, Portugal, que ha sido de los pocos países que han aumentado el encarcelamiento durante la crisis) (SPACE I, 2018, pp. 29-30). Es decir, en

términos relativos y comparativos con su entorno, el cambio tampoco

parece haber sido tan grande. Aquí se ha defendido una aproximación compleja que se ha centrado en las lógicas de los cambios, en visiones amplias y ha intentado apuntar hacia mecanismos causales. Se ha argumentado la influencia de cierta visión del delincuente, de la función apropiada de las políticas

públicas o el aumento de situaciones vulnerabilidad como consecuen-

cia de la reconfiguración de la política social y la precarización en el

mercado laboral. Creo que para argumentar en contra de lo que se ha planteado aquí habría que señalar cambios en esas lógicas o apuntar hacia unos nuevos mecanismos causales que vayan en contra, más que

un cambio en un indicador. ha Uno de los aspectos señalados para explicar este último descenso sido la introducción de la lógica de austeridad y escasez de recursos en la

siempre austero, en gestión penitenciaria (además de en su interior, ¿La cuánta gente se puede mantener encerrada) (Brandariz, 2014, p. 321).

neolibeausteridad en el sistema penitenciario va contra los postulados penal, o ha rales? ¿Es una lógica que solo se ha aplicado al sistema el

de específico en afectado a otras áreas y puede que no haya mucho en población

castigo? Es más, ya se había señalado que un fuerte gasto

203

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Neoliberalismo y castigo

penitenciaria parecía ir contra la lógica del neoliberalismo, No se sugiere

ahora que cualquier cambio refuerce aún más la hipótesis de la Ppenalidad neoliberal, sino que es necesario algo más complejo y argumentado que un cambio en los datos. Al menos, hay que mirar si el cambio en

los datos es compatible o congruente con la lógica de la explicación,

La introducción de la austeridad en el volumen de la población

carcelaria supone, de hecho, un recordatorio: que la política penitenciaria es política. Demuestra que los cambios legislativos pueden explicar

algunas cosas, pero que ni la población carcelaria ni el funcionamiento del sistema penal se puede deducir de cambios en las leyes, y que hay que abandonar definitivamente la visión del sistema penal como un

sistema con unos inputs y unos outputs semiautomáticos. Se puede insistir una vez más, si se quiere, en que la implementación de lógicas

neoliberales en las políticas no tiene por qué conllevar, necesariamente, una expansión del brazo penal del Estado. Como demuestra la crisis, cuando se ha querido reducir el número de presos, se ha hecho. Hay que poner en el centro la aplicación, el contexto histórico, político y cultural, las diferentes visiones e intereses de los distintos grupos que están allí, y cómo sus interacciones se relacionan con las dinámicas

y las luchas en otras instituciones. En definitiva, es necesario tratar el castigo como una institución social compleja.

204

Escaneado con CamScanner

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