Las Españas Y Las Americas

Citation preview

Las Españas y las Américas los españoles de ambos hemisferios ante la crisis de independencia

GONZALO BUTRÓN PRIDA (Ed.)

Primera edición: 2012 Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz Cubierta: C/ Doctor Marañón, 3 - 11002 Cádiz (España) www. uca.es/p ublicaciones p [email protected] © Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 20 12 © Gonzalo Butrón Prida / Los autores © Por la ilustración de la cubierta, E-I.S.B.N: 978-84-9828-432-4 Imprime: Essan Grafic, S.L. (Punta Umbría)

Índice general

Introducción 00

Gonzalo Butrón Prida PRIMERA PARTE Las Españas y las Américas ante la crisis de independencia

España y su imperio: de la lealtad a la ruptura (1808-1812) 00

Véronique Hébrard Soberanía, orden y representación: el movimiento juntista en Venezuela, 1808-1810 00

Inés Quintero Montiel El liberalismo y doceañismo gaditano y América 00

Manuel Chust Las Cortes de Cádiz y el primer liberalismo en México 00

Gonzalo Butrón Prida y Ma del Mar Barrientos Márquez

SEGUNDA PARTE Cádiz y los modelos constitucionales

Modelos y tendencias constitucionales en las Cortes de Cádiz 00

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna La teoría de la monarquía compuesta en las crisis coloniales británica e hispana de 1775 y de 1808 00

Pablo Escolano Molin Una corriente de pensamiento: ¿liberalismo neogranadino? 00

Carlos Arnulfo Rojas Salazar La primera constitución española, 19 de marzo de 1812 y la primera constitución de la historia, Estados Unidos 17 de septiembre de 1787: estudio comparado de algunos aspectos estadísticos 00

Gabriel Ruiz-Garzón y Luz M.a Zapatero-Magadaleno TERCERA PARTE Comercio, revoluciones e independencias

Independencias americanas y comercio de Cádiz. Una reconsideración (fin del siglo xvm-primera mitad del siglo xix) 00

Arnaud Bartolomei La defensa de los consulados en el Cádiz de las Cortes: Juan López Cancelada 00

Jesús Paniagua Pérez La Nueva Granada al momento de la independencia. Condiciones económicas y sociales 00

Adolfo León Atehortúa Cruz

CUARTA PARTE Retratos y representaciones de la revolución

Impíos y sacrílegos o héroes. Narraciones de la independencia en el tiempo de la independencia 00

Julio Sánchez Gómez La representación de las revoluciones de la independencia en la pintura oficial hispanoamericana del primer siglo de vida independiente: entre la memoria y la historia 00

Tomás Pérez Vejo Manuel del Sobral y Bárcena. Un guatemalteco en los servicios de información españoles durante la Guerra de la Independencia. Aspectos biográficos 00

José Ma Cruz Beltrán, Manuel Ruiz Gallardo y Rafael Anarte Ávila Ciudadanos en armas: ecos de la Constitución de 1812 antes de sí misma y el caso de la alarma asturiana 00

Evaristo C. Martínez-Radío Garrido La enseñanza de la constitución tras las Cortes de Cádiz: particular referencia al manual de Ramón Salas y a las cátedras de constitución 00

José Joaquín Fernández Alles

Introducción Gonzalo Butrón Prida Universidad de Cádiz

La crisis de independencia desencadenada en 1808 alteró, en pocos años, la configuración de la Monarquía española. En un principio, los españoles de uno y otro lado del Atlántico reaccionaron ante el vacío de poder con demostraciones similares de fervor patriótico, materializadas, en general, en la contribución a la defensa de la patria en peligro mediante la movilización de una serie impresio­ nante de recursos humanos y financieros; de igual modo, la España europea y la americana coincidieron a la hora de articular instancias alternativas de poder, las juntas de gobierno, que pusieron de manifiesto la fuerza adquirida por las teorías de la reversión de la soberanía en ausencia del monarca. La unidad de Las Españas, manifiesta en los elementos evidentes de concor­ dancia presentados por las respuestas iniciales al desafío napoleónico, empezaría pronto a dar muestras de ruptura. De hecho, se quebró de tal modo que ni siquie­ ra la definición de la nación española como «la reunión de los españoles de am­ bos hemisferios», presente en el primer artículo de la nueva constitución, logró convencer a aquellos que habían ido tomando conciencia de la trascendencia que podía tener la crisis para la consecución de las aspiraciones políticas y económicas que llevaban años reivindicando. De este modo, pusieron de manifiesto, tanto en Cádiz, como en América, su convencimiento de que, o se afrontaba la reforma de la monarquía sobre la base del reconocimiento realmente igualitario de los derechos de los españoles d e am bos hemisferios, o la unidad de la monarquía se quebraría. El resultado fue la reformulación de las relaciones tanto entre los españoles europeos y americanos —que durante unos años fueron planteadas en términos de enfrentamiento abierto—, como entre los propios españoles americanos, que acabarían despojándose de su condición de españoles mediante un complicado proceso que los llevó, a diferencia de las antiguas colonias inglesas del norte de América, a la articulación del antiguo imperio —Las Américas—, en toda una serie

12

GONZALO BUTRÓN PRIDA

de nuevas realidades nacionales que emprendieron por separado su trayectoria política una vez libres de la tutela de la España europea. Este volumen colectivo aborda el estudio de las distintas respuestas, colectivas e individuales, que se dispensaron desde América y Europa al complejo proceso revolucionario abierto por la crisis de independencia de la monarquía española, que quebraría las bases sobre las que se había sustentado durante siglos el mundo hispánico. De este modo, la obra abre con el trabajo de Veronique Hébrard, España y su im perio: d el lealism o a la ruptura (1808-1812), que propone una valiosa reflexión que, apoyada en el análisis pausado de la evolución de la cultura política ameri­ cana, permite comprender mejor el proceso que condujo de las demostraciones iniciales de lealtad hacia la ruptura final con la Madre Patria, trámite obligado que abrió paso a la definición excluyente de americanos y españoles. El acer­ camiento general ofrecido por Hébrard se ve de inmediato completado por el estudio de caso de la realidad venezolana realizado por Inés Quintero, Soberanía, Orden y Autonomismo. El m ovim iento ju n tista en Venezuela 1808-1810, en el que analiza la reacción inicial de los venezolanos a la crisis, centrando su atención en el examen de las propuestas que en torno a la soberanía, la legitimidad, el orden y la representación fueron planteadas en aquellos momentos en Caracas y otras capitales de importancia. Siguen luego, todavía en la primera parte, dos trabajos que tratan de tomar en consideración las inferencias americanas del liberalismo gaditano. El primero de ellos, obra de Manuel Chust, El liberalismo y doceañism o gaditano y América, revisa el lugar ocupado por la cuestión americana en la formulación del liberalis­ mo gaditano, tanto en los debates de las Cortes, como en la propia Constitución de 1812. Por su parte, el segundo de los trabajos, firmado por Gonzalo Butrón y María del Mar Barrientos, Las Cortes d e Cádiz y e l p rim er liberalismo en México, parte de la idea de que la experiencia vivida en el Cádiz de las Cortes resultó decisiva a la hora de dar forma a las nuevas realidades políticas surgidas de los procesos de independencia americanos, y hace un seguimiento de los primeros pasos del México independiente en busca de las huellas de Cádiz en el primer constitucionalismo mexicano. La segunda parte recoge los trabajos dedicados a analizar la Constitución de Cádiz y los modelos constitucionales contemporáneos. En Tendencias y m odelos constitucionales en las Cortes d e Cádiz, Joaquín Varela valora el peso que tuvieron los modelos constitucionales norteamericano, inglés y francés de 1791 tanto en las Cortes de Cádiz, como en la propia Constitución de 1812, explicando como, descartado de entrada el modelo estadounidense por su carácter republicano y federal, el modelo francés de 1791 acabó imponiéndose sobre el inglés. A partir

INTRODUCCIÓN

13

de este análisis general, una serie de trabajos aborda cuestiones específicas relacio­ nadas con los debates constitucionales de Cádiz. Es el caso, en primer lugar, de Pablo Escolano, que en La teoría d e la m onarquía com puesta en las crisis coloniales británica e hispana d e 1775y d e 1808, compara los discursos de Edmund Burke previos a la Revolución Americana de 1776 y los artículos de José María Blanco White en El Español, con el fin de valorar las características de sus programas de compromiso como alternativa al conflicto en las revoluciones de la América inglesa y española. Por su parte, Carlos Arnulfo Rojas, examina en Una corriente d e pensam iento: ¿Liberalismo N eogranadino? las corrientes ideológicas más influ­ yentes sobre el pensamiento político y económico de la elite neogranadina de principios del siglo XIX, para estudiar luego su plasmación concreta en el «Me­ morial de Agravios» de Camilo Torres. Finalmente, y desde un punto de vista matemático-estadístico, Gabriel Ruiz y Luz M a Zapatero, comparan en La p r i­ m era constitución española d e 19 d e marzo d e 1812 y la prim era constitución d e la historia, Estados Unidos d e 17 d e septiem bre d e 1787: estudio com parado d e algunos aspectos estadísticos, las soluciones dadas en los Estados Unidos y en España al pro­ blema de la representación, y más en concreto al reparto proporcional de escaños según la población de cada estado o provincia. La tercera parte incluye, bajo el epígrafe de Comercio, revoluciones e indepen­ dencias, tres trabajos que analizan el impacto económico de las revoluciones y las independencias. En Independencias am ericanas y com ercio d e Cádiz. Una reconsi­ deración (finales siglo XVIII- prim era m ita d d el siglo XIX), Arnaud Bartolomei revi­ sa, a partir de un seguimiento riguroso de la evolución del comercio de Cádiz en estos años tan extraordinarios, la evaluación tradicional de la crisis del comercio gaditano, que empezó más tarde de lo habitualmente reconocido —resistió al me­ nos hasta la proclamación de la independencia de Méjico—; que acabó también más temprano y que fue menos brusca de lo que siempre se había creído; si bien el mismo Bartolomei señala que tampoco hay que minimizar la evidente grave­ dad de la crisis, puesto que tuvo consecuencias dramáticas para una generación entera de negociantes formados en el contexto específico de la Carrera de Indias. El mismo contexto de crisis del modelo comercial colonial, pero abordado ahora a través del prisma ofrecido por el entramado de intereses políticos y económicos que reunían los consulados, es estudiado por Jesús Paniagua en La defensa d e los consulados en el Cádiz d e las Cortes: Juan López Cancelada, investigación que ahonda en la fuerza de la acción y los escritos de López Cancelada como propa­ gandista de los intereses del Consulado de México en Cádiz, especialmente a tra­ vés de las páginas de El Telégrafo Americano. Finalmente, Adolfo León Atehortúa presenta una visión general de las condiciones económicas y sociales de Nueva Granada en el momento de la independencia.

14

GONZALO BUTRÓN PRIDA

La cuarta y última parte, Retratos y representaciones d e la revolución, presenta los perfiles de una amplia serie de actores, individuales y colectivos, de la re­ volución y la independencia. De entrada, Julio Sánchez traza, a partir de una selección cuidada de siete relatos de muy diversa orientación ideológica, la evo­ lución de la opinión narrada de la independencia, prestando especial atención a los planteamientos surgidos con motivo de los debates de las Cortes del Trienio. A continuación, el testigo de la representación escrita lo recoge, de la mano de Tomás Pérez Vejo, la representación pictórica. En La representación d e las revo­ luciones d e independencia en la pin tura oficia l hispanoam ericana d e l p rim er siglo d e vida independiente: entre la m em oria y la historia, Pérez Vejo analiza a través del caso mexicano, el reflejo que tuvo en la pintura oficial de historia el proceso de construcción de un imaginario colectivo emprendido por los nuevos estados americanos, que primarían las heroicas guerras de independencia y las gloriosas revoluciones elegidas por las historias oficiales como los momentos fundacionales de las nuevas naciones, al mismo tiempo que obviarían, en su representación, el componente de guerra civil que había estado tan presente en los orígenes de esas mismas naciones. Las visiones generales de estos dos primeros trabajos se complementan con las más concretas presentes en los tres siguientes, como la presentación de Manuel de Sobral y Bárcenas que realizan José María Cruz, Ra­ fael Manuel Anarte y Manuel Ruiz; la reflexión de Evaristo C. Martínez-Radío sobre la aplicación práctica de los principios recogidos por la Constitución de 1812 «antes de sí misma» a partir de una documentada investigación sobre la alarma asturiana; y el seguimiento realizado por José Joaquín Fernández Alles a la enseñanza de la Constitución de 1812 a través de la figura de Ramón de Salas y sus L ecciones de D erecho Político Constitucional.

PRIMERA PARTE Las Españas y las Américas ante la crisis de independencia

España y su imperio: de la lealtad a la ruptura (1808 -1812) Véronique Hébrard Université Paris I

El origen de este ensayo nace a partir de una reflexión sobre la dialéctica me­ moria/olvido que me planteé en el marco del análisis del proceso de indepen­ dencia venezolana. Dialéctica que conlleva las paradojas de la ruptura y cierta dificultad de asumirla. Ahora bien, compartiendo esta reflexión con colegas que trabajan en otros espacios geográficos, me di cuenta que era posible «modelizar» la reflexión. Mi propuesta es realizar una lectura desde la perspectiva americana, insistien­ do en la cultura política de sus actores. Pues, de hecho, en un primer nivel de aná­ lisis, estamos frente a una reacción al acontecimiento cuya fisonomía «revela» con fuerza la homogeneidad con la cual, de los dos lados del Atlántico, las decisiones son justificadas en el instante mismo de esta reacción a los acontecimientos de la Península. En este sentido, el recurso a las juntas, en cuanto práctica arraigada en la cultura política hispánica, respondió a la necesidad de mantener la cohe­ sión del cuerpo político acéfalo, otorgándole una nueva cabeza. Lo cual permite afirmar, con Richard Hocquellet, que los levantamientos patrióticos de 1808 (y añadiría también los de 1810), tenían un carácter eminentemente político y que las reacciones americanas a la crisis de la Monarquía mostraban que compartían un mismo universo de referencias con la Metrópoli1. Es por este motivo que tenemos que reflexionar en términos de cultura política para comprender este proceso que va de una lealtad indefectible hacia la ruptura con la Madre Patria. En este artículo me gustaría cuestionar las lógicas que obran en el transcurso de estos años durante los cuales asistimos a una aceleración de la

1 Hé b rard , Véronique; Verd o , Genevieve. «Introducción», en Ho c q u e lle t , Richard, La revolución, la política moderna y el individuo. Miradas sobre el proceso revolucionario en España (1808-1835). Zaragoza/Cádiz, Prensas Universitarias de Zaragoza/Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011, pp. 13-14.

18

VÉRONIQUE HÉBRARD

«historia», propio de los tiempos revolucionarios o de crisis, y que desembocan en las primeras declaraciones de independencia. Y para esto propongo, retoman­ do la propuesta del historiador helvético P-G. M. Andrea Suter para su estudio del más importante conflicto social que conoce la Confederación helvética en la época moderna, adoptar una nueva perspectiva temporal de análisis, es decir, en «cámara lenta». Noción que permite «considerar y explicar los acontecimientos históricos por lo que son esencialmente y les otorga su carácter único y su fuerza de cambio: creaciones culturales colectivas»2. En consecuencia, mi propuesta no consiste en analizar el propio proceso juntista, el cual ya es bien conocido, sino articularlo y relacionarlo, por un lado, con los principios de legitimación esgrimidos por los actores y, por el otro, con la ela­ boración de una reflexión sobre la identidad americana cuya matriz se enraíza en una (re)lectura de la conquista en este momento de la crisis de la monarquía. Más allá de la respuesta a una coyuntura, pero de manera indisociable con su evolu­ ción y los acontecimientos que la ritman, la manera con la cual se construye esta «identidad» así como su enunciación, constituyen también una llave esencial para aprehender las culturas políticas de este momento fundador. Además, me parece tanto más importante cuestionarlas ya que las historias nacionales las silenciaron 0 relegaron frecuentemente a un segundo plano de análisis. 1 . EL ESTATUTO DE AMÉRICA: ENTRE REFORMAS Y AGRAViOS

Un primer punto sobre el cual es fundamental insistir para entender lo que está en juego en el paso de la lealtad a la ruptura y que hace eco en la pregunta crucial de la relectura del pasado y su reapropiación, es el del estatuto de los reinos americanos. Estatuto que se debe cuestionar distinguiendo lo legal de lo vivido. En la segunda mitad del siglo XVIII, las reformas emprendidas por los Borbones traducen un deseo de racionalización en la gestión económica y adminis­ trativa de la Monarquía y su imperio. No voy a desarrollar estas reformas, pero mencionaré algunos elementos vinculados con el tema de este trabajo, en particu­ lar dos medidas simbólicas. La primera, en 1767, con la expulsión de los Jesuitas, que de un cierto modo contribuye a una toma de conciencia criolla en la medida en que hay que tomar en cuenta un elemento fundamental: no se trata de una expulsión sino de un exilio para los Jesuitas que en su mayoría son criollos. Esta medida representó la primera manifestación de esta miopía española con respec­ 2 A n d rea s Su te r , Martin Pierre G., «Histoire sociale et événements historiques. Pour une nouvelle approche», en Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 3 (1997), p. 544.

ESPAÑA Y SU IMPERIO: DE LA LEALTAD A LA RUPTURA (1808-1812)

19

to a la realidad americana. La segunda, en 1778, con el Reglamento de «Libre comercio» que abre la navegación a una veintena de puertos en la península y su imperio. Además, esta reorganización provoca un aflujo de peninsulares en América, esencialmente altos funcionarios y comerciantes que integran los organismos ofi­ ciales en los cuales son empleados, y las compañías de comercio. Para los criollos, significa su evicción de los altos cargos administrativos, aunque, para integrarse a la sociedad criolla, los peninsulares formaron alianzas con ricas familias criollas de las cuales ellos también se beneficiaron. Los criollos, que deben adaptarse a estas lógicas impuestas por las reformas, reaccionan con un resentimiento basado en un sentimiento fuerte de desposei­ miento, lo que da forma a lo que se llamó agravios am ericanos. Los escritos de la época testimonian este rencor, expresado en primer lugar por estos jesuitas exilia­ dos. Es en particular el caso de la Carta a los españoles A mericanos de Viscardo y Guzmán, originario de Arequipa, publicada después de su muerte (en Londres) a iniciativa de Miranda. Verdadera condena de la empresa española en América, reivindica que el «Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra» y afirma: [...] mientras que en la corte, en los ejércitos, en los tribunales de la monarquía, se derraman las riquezas y los honores a extranjeros de todas las naciones, nosotros sólo somos declarados indignos de ellos e incapaces de ocupar aún en nuestra propia patria unos empleos que en rigor nos pertenecen exclusivamente. Así la gloria, que costó tantas penas a nuestros padres, es para nosotros una herencia de ignominia y con nuestros tesoros inmensos no hemos comprado sino miseria y esclavitud3.

Al mismo tiempo que formulan estos agravios, piden reformas que tomarían en cuenta la realidad americana y los intereses de sus habitantes. Además del acceso a los puestos, esas reivindicaciones se inspiran de los principios liberales de la economía política, en particular la exigencia de una verdadera legislación a favor de la libertad de comercio. Sin que sea explícito, esta lógica, basada en una evaluación de las riquezas del suelo, conlleva una dimensión que no es estricta­ mente económica. Esta concepción de la patria es, en verdad, el preludio de una redefinición de las estructuras políticas y abre el debate de fondo sobre el estatuto de las Indias4.

3 «Juan Pablo, Viscardo y Guzmán Carta a los españoles americanos (1792)», en Pensamiento político de la Emancipación. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, vol. I, pp. 51 y 54. Conservé en todas las citas la ortografía original. 4 Ver Ca s t e jo n , Philippe, Le statut de l'Amérique hispanique a la fin du dix-huitiéme siecle: les Indes

20

véronique hébrard

A nivel jurídico, las Indias constituyen un conjunto de reinos integrados en la Corona de Castilla. Pero, en el marco de las reformas, éstos son cada vez más fre­ cuentemente considerados como colonias, en el sentido moderno que privilegia la finalidad económica de la empresa. De hecho, dos concepciones se enfrentan: el absolutismo que está a favor de una concepción más centralizada e integradora del imperio5, y la concepción contractualista a la cual los criollos se adhieren. Dentro de la primera, el comercio desempeña un papel central, ya que para el absolutismo la búsqueda de riquezas (cuya finalidad es aumentar la potencia del príncipe) y la voluntad de luchar contra los particularismos de las provincias americanas, contribuyen a lo que podemos llamar la «tentación colonial»6. Si las reformas no tienen una incidencia sobre el estatuto jurídico de las Indias, las po­ sesiones de ultramar sí tienen una función económica cada día más evidente, en la medida en que contribuyen directamente a la riqueza de la metrópoli. Esta afirmación de una especificidad de América, de una identidad criolla y esta reivindicación de estar asociados a la gestión de su patria se cristaliza a fines del siglo XVIII, principalmente como reacción a estas reformas, pero tam­ bién como respuesta a la Leyenda Negra. Sin embargo, no por ello significa un cuestionamiento de la pertenencia a la monarquía. Esta evolución que lleva de la contestación a la ruptura se produce en favor de la crisis de la monarquía que ocurre en 1808. 2 . LA LEALTAD AMERICANA

De hecho, es en este contexto a la vez de recelo y de expectativa, en el que se produce la invasión de la península por las tropas napoleónicas durante el invier­ no de 1807-1808, seguida de las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII (y su cautiverio) y de la llegada al trono de José Bonaparte. Pero, es ahora necesario preguntarse qué ocurre en América entre estos prime­ ros acontecimientos de la crisis, la resistencia española y la formación de la Junta Central, cuyo objetivo, con el anuncio de elecciones generales por el decreto del 22 de enero de 1809 es, precisamente, asegurarse la colaboración de América. Primero hay que esperar que las noticias lleguen del otro lado del Atlántico, pues el problema de la distancia es un elemento central para entender la manera

occidentalessont-elles des colonies?, Mémoire de Maítrise, Université de Paris I, 1993, 135 p. 5 Ver sobre este punto la síntesis historiográfica propuesta por M o r e lli , Federica, «La redefini­ ción de las relaciones imperiales: en torno a la relación reformas dieciochescas/independencia en América», en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos [en línea], Debates, 2008. 6 Ibid., p. 6.

ESPAÑA Y SU IMPERIO: DE LA LEALTAD A LA RUPTURA (1808-1812)

21

de reaccionar frente a los acontecimientos peninsulares, del mismo modo que la manera a veces desorganizada y/o parcelaria con la que llegan. Es así como no se tiene noticia de la invasión hasta julio, lo que provoca las primeras reacciones americanas, caracterizadas por una ola de lealtad para con los Borbones y de re­ chazo a los franceses. Las fuentes americanas muestran el mismo patriotismo exaltado, la misma fi­ delidad a Fernando VII, la misma determinación de resistencia contra el invasor, que en la Península. Pero también, la misma necesidad de una autoridad segura, que no sea sospechosa de colaboración con los franceses, y que sea legítima. Argu­ mento que favorece la constitución, desde julio-agosto de 1808, de las primeras juntas en América. Tal como en la península, su primer objetivo es asumir el poder soberano dejado vacante por el rey, y se proclaman «Junta Suprema Con­ servadora de los Derechos de Fernando VII». Estas primeras juntas se constituyen a iniciativa de las ciudades principales y en nombre de los mismos referentes, en particular el derecho a la insurrección del pueblo en caso de ruptura unilateral del pacto entre el rey y sus sujetos. Se puede notar una determinación tanto más fuerte, cuanto que en razón del desfase cronológico y sobre todo debido a la manera en que llegan las noticias (en ciertos casos se reciben las noticias de las abdicaciones y solamente después las de la resistencia española), es fundamental tomar posición. Sin embargo, todas estas primeras tentativas de juntas americanas fracasan, a veces de manera muy violenta como es el caso muy singular de las juntas de 1809 de Chuquisaca y La Paz7. Aunque el problema de legitimidad sea el mismo, las juntas de 1808 fracasan porque las circunstancias no son idénticas. De hecho, en América no hay tropas extranjeras, ni amenaza directa de guerra, ni sublevación popular. Además, los juntistas chocan rápidamente con los representantes de la Corona, quienes adoptan una postura de reconocimiento de las nuevas autorida­ des en la Península. Es en este contexto de aspiración a poderes dotados de una legitimad indiscutible en el que debemos analizar el uso del termino «indepen­ dencia»; bien diferente del sentido que adquiere un par de años después. La independencia de la que hablan los documentos de 1808/1809, no hace referencia a una voluntad de ruptura con la monarquía. Al contrario, constituye una manifestación de este patriotismo hispánico que tiende a liberarse de la do­ minación francesa. Este temor no constituye un pretexto, ni siquiera en América; 7 Ver, entre las publicaciones más recientes: Ch u s t , Manuel (coord.), 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano. México, FCE/El Colegio de México, 2007; Á v i l a , Alfredo y P é re z H e r r e r o , Pedro (comp.), Las experiencias de 1808 en Iberoamérica. Madrid-México, Universidad de Alcalá-Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

22

VÉRONIQUE HÉBRARD

al contrario, existe la convicción de que Napoleón y su hermano se instalaron de manera definitiva en el poder. Es en estas circunstancias agitadas cuando llega una segunda ola de noticias a América vinculas a la formación y elección de una Junta Central y, luego, de las Cortes. 2 .1 LA CUESTiÓN DE LA REPRESENTACiÓN: iNCOHERENCiA DE LA JUNTA CENTRAL Y D e LAs c o RTEs

Si la elección de representantes americanos a la Junta Central inaugura el primer proceso electoral general para el conjunto del Imperio, abre, al mismo tiempo, un amplio y peligroso debate sobre la representación; el cual plantea de nuevo la cuestión del estatuto de América. Más allá del estricto aspecto político (elección de organismos para gobernar en nombre de la nación, sus poderes, el tipo de elección para designarlos y por ende la definición del electorado), el problema de la representación reenvía a contenidos culturales profundos, a un imaginario en mutación. ¿De qué manera se concebía esta nación española cuyos miembros están dispersos en dos conti­ nentes? ¿De una manera tradicional (un conjunto de reinos, órdenes y cuerpos) o de manera moderna, es decir un conjunto de individuos-ciudadanos? Y, dentro de este conjunto ¿qué lugar reservar a América? Pregunta funda­ mental, pues podemos considerar que es en gran parte, la respuesta errónea a esta pregunta la que conduce a las primeras proclamaciones de independencia. De hecho, en dos ocasiones, las autoridades de la Península dan un tropezón político y estratégico vinculado a esta cuestión delicada de la representación. El primero es el decreto del 22 de enero de 1809, invitando a las provincias americanas a elegir a sus representantes para la Junta Central. Revela la miopía de España pues el texto mismo del decreto confirma el estatuto efectivo, «real» de América, es decir un conjunto de reinos subordinados, incluso colonias Es así que la participación americana no aparece como un derecho sino como una con­ cesión de la Corona para agradecerle su lealtad y apoyo a la resistencia peninsular. Desigualdad de tratamiento que se refleja en la repartición de los representantes: 9 para América y Filipinas, 36 para la Península. Por esta razón, y a pesar de la satisfacción de poder participar por primera vez en el poder, la recepción de esta noticia se acompaña de un fuerte sentimiento de hostilidad y humillación. Más allá de los derechos de los criollos, es su identidad la que se encuentra despreciada. En derecho, se les debe otorgar una representación igual; en caso contrario el pacto que les vincula al Rey puede ser considerado como roto. Esta dinámica

ESPAÑA Y SU IMPERIO: DE LA LEALTAD A LA RUPTURA (1808-1812)

23

es particularmente bien ilustrada por la publicación, este mismo año 1809, del famoso M em orial d e Agravios del neogranadino Camilo Torres, y de la Represen­ tación d e los H acendados, del rioplatense Manuel Moreno. Estos agravios, consecuencia directa de las reformas, son presentados en estos textos como realidades más antiguas. Se enraízan, según esos autores, en el no respeto de los privilegios acordados inicialmente por la Corona a los primeros conquistadores, en particular en relación con la posesión de la tierras y el acceso prioritario a los cargos administrativos; y que debían transmitirse a sus descen­ dientes. Articulando este análisis y el contenido del decreto, Camilo Torres pide un cambio de política comercial, una participación mayor de los criollos en los honores, y sobre todo el derecho a la igualdad de representación, reafirmando que en caso contrario «sería destruir el concepto de provincias independientes, y de partes esenciales y constituyentes de la monarquía, y sería suponer un principio de degradación»8. Se puede de este modo deducir cuan grande fue la ira y la desilusión en 1810, al leer el contenido del decreto para la elección a las Cortes. Sin embargo, esta condena se limita en esta fecha al absolutismo borbónico y la solicitud de reformas se expresa en el sentido de una voluntad de retorno a las libertades antiguas. Este choque de las temporalidades entre las dos orillas del Atlántico se produ­ ce en el mismo momento (diciembre de 1809) en el que Francia lleva a cabo su contraofensiva en Andalucía. El 14 de enero de 1810 los miembros de la Junta Central se refugian en Cádiz y poco después, el 29, trasmiten sus poderes al Con­ sejo de Regencia. Su disolución se realiza pues antes de la llegada de la mayoría de los diputados americanos. 2 . 2 LA DÍNÁMÍCA D e DEsiNTEGRACióN: D e LAs JuNTAs D e 1810 A l a s ín d e p e n d e n c ía s

Cuando los americanos conocen estas noticias, se niegan, en su mayoría, a reconocer la Regencia, considerando ilegal su formación y sospechando que esté bajo influencia de los franceses, lo que provoca la creación de nuevas juntas a partir del mes de abril de 1810 en Caracas, Bogotá y Santiago. Este abismo que se abre cada vez más profundamente con la Metrópoli, en nombre sin embargo de una lealtad reafirmada para con Fernando VII, se acentúa con la publicación del decreto del 14 de febrero de 1810 sobre las elecciones en

8 To rre s , Camilo, Memorial de agravios. Representación del cabildo de Santa Fe, capital del Nue­ vo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de España [1809], en Pensamiento político de la Emancipación. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, vol. I, p. 29.

24

VÉRONIQUE HÉBRARD

las Cortes9, que constituye el segundo paso en falso de las autoridades españolas. El decreto llega a América cuando todavía las elecciones para la Junta Central se están realizando; los dos procesos se enfrentan, reforzando los resentimientos. Estableciendo el número de diputados en 30 para toda América y Filipinas y en 250 para la Península, este decreto además prevé, para América, la organización de las elecciones en el marco de los cabildos, mientras que en España se com­ bina una representación por cuerpos con una proporcional a la población. Esta disposición es interpretada como fruto del recelo en cuanto a la capacidad de los americanos a participar en el sufragio, que tiene, entre otras consecuencias, la radicalización de los agravios americanos y de la reivindicación de la igualdad. Desde el mes de mayo de 1810, la junta de Caracas se dirige a la Regencia en términos muy claros: Dar a todos los habitantes de la Península el derecho de nombrar sus represen­ tantes para las Cortes de la Nación, y reducirlo en la América a la voz pasiva y de­ gradada de los Ayuntamientos: establecer una tarifa para los Diputados Europeos, y otra diferentísima para los Americanos con la sola mira de negarles la influencia que se debe a su actual importancia y población. ¿No es manifestar claramente que la libertad y fraternidad que tanto se nos cacarean son unas voces insignifi­ cantes, unas promesas ilusorias, y en una palabra, el artificio trillado con que se ha prolongado tres siglos nuestra infancia y nuestras cadenas?10.

El 1° de agosto de 1811 los diputados americanos en las Cortes describirán este sentido de traición que ya, para Venezuela, desembocó en la independencia, afirmando: [Los Americanos] jamás han visto a la nación española como una nación dis­ tinta de ellos, gloriándose siempre con el nombre de españoles, y amando a la península con aquella ternura que expresa el dulce epíteto de madre patria [...]. Siendo esto así, como lo es en efecto, ¿a qué otro principio podrá atribuirse la disensión sino al mal gobierno? Su opresión creciendo de día en día, ha alejado del corazón de los americanos la esperanza de reforma y engendrado el deseo de independencia como único remedio11.

9 Al inicio de la reunión de las Cortes es adoptado por un decreto de 22 de mayo de 1809. Pero se trata únicamente de la representación de la península. 10 «José de las Llamosas; Martin Tovar Ponte, A la Regencia de España. Exposición, Caracas, 13 de mayo de 1810», en Actas del 19 de Abril de 1810. Caracas, Consejo Municipal, 1960, p. 97. 11 «Representación de los diputados americanos a las Cortes de España (1 de agosto de 1811)», en Pensamiento político de la emancipación (1790-1825). Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, vol. II, p. 67.

ESPAÑA Y Su IM PERI o : D e La

lea lta d

A La R u PT u RA (1808-1812)

25

Sin embargo, en 1810 no se trata todavía de romper con la dinastía española, sino con sus órganos de gobierno, impotentes, sospechosos de ilegitimidad y en cuyo seno se confirma una desigual representación de América. Notemos ade­ más que para la mayoría de los americanos, después de la disolución de la Junta Central, se considera que la Península está perdida. Los patriotas americanos, a semejanza de los patriotas españoles, quieren preservar el patrimonio de la Coro­ na a la espera del regreso del Rey. Sin embargo, en el caso americano, el hecho de no reconocer la Regencia constituye el inicio de un proceso de diferenciación y ruptura entre las dos partes de la monarquía, tal como se proclama en la Gazeta d e Caracas del 29 de junio de 1810: La provincia de Caracas hubiera desmentido altamente el carácter español que quiere conservar exponiendo más tiempo su suerte a la arbitrariedad de los re­ presentantes de una nueva oligarquía, que además de proceder de tan vicioso origen, de ser formada sin su consentimiento, y de no pedir su anuencia para ser tolerada, era incapaz de salvar a España, de libertar a su Rey, y de administrar justicia a estos habitantes contra la despótica Soberanía que se habían arrogado sus Gobernantes12.

Esta segunda ola de insurrección es conducida por actores políticos decididos, esta vez, a ser escuchados en su denuncia de la situación peninsular. Y, a dife­ rencia de las juntas de 1808, están constituidas solo por iniciativa de los criollos que tienen que enfrentarse a las autoridades peninsulares, que son derrocadas. Estas juntas provisorias se constituyen en tanto respuesta a la disolución de la Junta Central y formación del Consejo de Regencia. Los principios esgrimidos para justificar su constitución son los mismos que en 1808 y hacen referencia a esta monarquía plural, contractual. Es únicamente frente a los acontecimientos (externos e internos) que algunas de ellas inician un proceso constitucional que desemboca el año siguiente en las primeras declaraciones de independencia abso­ luta. Pero no era el objetivo inicial. De hecho, ciertas regiones (Nueva España, Perú) o ciudades, reconocen la Re­ gencia como un mal menor, mientras que en los espacios que declaran temprano su independencia (Venezuela, Nueva Granada, en particular), ésta se consigue difícilmente y después de largos debates. La razón esencial de este proceso caótico, cuyas incidencias en el carácter civil de la guerra de independencia son innegables, radica en los principios utilizados para justificar las juntas (retrocesión de la soberanía a los pueblos). De hecho, tales principios suponían la desaparición de las autoridades reales que garantiza­

12 «Vicios legales de la Regencia», Gazeta de Caracas, viernes 29 de junio de 1810.

26

VÉRONIQUE HÉBRARD

ban la unidad de las diferentes circunscripciones administrativas, lo que ocurre en 1810. En consecuencia, cada pueblo, cada ciudad, se encuentra libre para definir su propia actitud: reconocer o no la Regencia; así como para aceptar, o no, la supremacía de Juntas formadas en las capitales. De este modo se plantea en 1810 el mismo problema que oponía hasta entonces los pueblos americanos a los pueblos españoles: ¿cuáles son los pueblos que tienen derecho a formar su propia junta e imponerse a los otros? Esta problemática de la igualdad de los pueblos americanos entre ellos desemboca muy rápidamente, en particular en Venezuela (con la oposición de Coro, Maracaibo, Guyana, Barinas) y en el Río de la Plata (con la oposición de ciertas ciudades del interior y de Montevideo), en conflictos abiertos. Existe, en efecto, la necesidad, como en la España de 1808, de constituir un espacio de representación superior a la ciudad, reconocido imprescindible para evitar la disolución de los reinos. Es por eso que se piensa en la formación de un congreso constituyente, en Venezuela y el Río de la Plata, antes de que la inde­ pendencia sea proclamada. En el caso de la Nueva Granada, se discute en torno a la formación, a partir de un nuevo pacto entre las diferentes juntas provinciales, de una Junta General como en España en 1808. A pesar de las diferencias de ritmos y lógicas de acceso a la independencia, conviene subrayar las recurrencias que se pueden observar a nivel constitucional y del discurso de legitimación, confirmando que las revoluciones hispánicas se inscriben en una lógica global con referentes relativamente comunes. No hay que olvidar que son los criollos los que en su mayoría inician esos movimientos con la preocupación principal de preservar la monarquía y por este medio reconquistar poderes perdidos. Tal como lo precisé con Genevieve Verdo al escribir la intro­ ducción del libro homenaje de Richard Hocquellet «la acefalia del reino era una circunstancia excepcional, capaz de revelar en toda su amplitud las estructuras profundas de la monarquía y el imaginario de los actores que actúan dentro de un marco político y cultural coherente»13 y común. La lógica «événementielle» que conduce a la ruptura se acompaña, por esta razón, de la necesaria elaboración de un discurso de diferenciación, tanto más radical cuanto que los actores se mueven en un mismo universo de referencias y comparten una misma cultura política.

13 Hé b rard ,Véronique; Verd o , Genevieve, «Introducción», op.cit.., p. 13.

ESPAÑA Y Su IM PERIo: DE LA LEALTAD A LA RuPTuRA (1808-1812)

27

3 . LAS REVOLUCIONES HISPÁNICAS: UN MISMO UNIVERSO DE REFERENCIAS y u n a c u l t u r a p o l ít ic a c o m ú n

3 . 1 UN MiSMO UNiVERSO DE REFERENCiA

Al inicio de la crisis que afecta a la Monarquía española, los americanos reac­ cionan como leales vasallos del Rey, luchando como españoles, para defender la nación invadida por Napoleón. Esta se presenta como una ocasión de elogiar los valores profundos de España y de valorar las potencialidades del Nuevo mundo. Esta crisis permite a los españoles de los dos continentes redescubrir lo que les une y les da el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad histórica y cultural. Es decir, la época gloriosa de la unificación de los reinos de Aragón y Castilla (1479), así como de las libertades de la provincias, de los pueblos y de la proximidad de los gobernantes que hace referencia, precisamente, a esta mo­ narquía plural y pactista que les sirve de principio esencial de legitimación en el momento de la crisis. Se trata, luchando contra el invasor francés, de recuperar el honor perdido de una España seducida por el despotismo, pero también de desacreditar la Leyenda Negra que perjudicó tanto a España como América. El retorno a esta edad do­ rada medieval permite, en este sentido, negar los aportes de Francia, es decir la monarquía borbónica y el absolutismo. Pero mientras los liberales de la península aprovechan la ausencia del rey para dar a la monarquía nuevas bases, los criollos esperan que, en este contexto excepcional, su deseo de reformas se concreten. El régimen absolutista es injusto; hay que reformarlo y confiar las riendas del gobier­ no a los hijos del país. Pero, en el marco del constitucionalismo histórico, luchar para que los derechos de los americanos sean reconocidos es también afirmarse como sujeto leal de la monarquía. Esta pertenencia a un mismo universo de valores y referencias jurídicas explica también que los reformistas criollos usaran el mismo registro de lenguaje. Sin em­ bargo, ciertos términos autorizan una polisemia que permite, en definitiva, que el particularismo americano encuentre su expresión propia. Entre ellos, ciertas expresiones aparecen más «sensibles», como la palabra «independencia» de la cual ya hablé, o la expresión «tres siglos de tiranía». La primera es muy empleada en los documentos del período 1808-1810 contra el invasor francés. En el imperio y en España, donde la lucha para la defensa del territorio se llama «guerra de independencia española». Ahora bien, para los americanos la noción de «inde­ pendencia» hace referencia, en este primer momento a una realidad intermedia: considerándose exclusivamente ligados a la Corona de Castilla, los americanos quieren precaverse contra Napoleón pero también contra un gobierno español

28

véronique hébrard

cuya legitimidad es sospechosa. Por otra parte, «tres siglos de tiranía» designan en España el período que se inaugura en 1521 con el aplastamiento de los Comu­ neros, poniendo fin a las libertades antiguas. Pero en América, la concordancia de la fecha con los «tres siglos» de la colonización española abre une brecha en el discurso que permite a la vez usar la ambigüedad y la reivindicación de una independencia en términos de ruptura. 3 . 2 u N A RupTuRA NECEsARiA pARA CoNvERTiRsE EN AMERiCANos CoNsTR uiR LA NACióN

y

Debido a esta unidad de valores, el problema que se plantea a los criollos es el de la elaboración de un conjunto de valores comunes, crisol de un patriotismo americano (no se razona durante estos años a nivel de cada entidad proto-nacional), a pesar de una evidente identidad cultural con España. De hecho, para legitimar su voluntad paradójica de justificar la autonomía por su fidelidad al Rey, los patriotas americanos deben presentar a los peninsulares como sus nuevos enemigos, cómplices, en cierto modo, de la traición de las au­ toridades de la metrópoli. Hay una necesidad de sobrepasar el aspecto coyuntural de sus reivindicaciones e interrogar su propia historia, lo que desemboca en un juicio de la Conquista misma. Ya en 1810, el descubrimiento de los primeros «complots contrarrevolucio­ narios», como se les llama en las fuentes, justifica un discurso que, debido a la presencia de peninsulares entre los actores de estas conspiraciones, favorece la asimilación enemigo=español. Las acusaciones contra funcionarios peninsulares permiten alimentar este discurso, al mismo tiempo que la crítica del Antiguo Régimen se nutre de ciertos ejemplos concretos de las injusticias padecidas, los cuales se confunden poco a poco con los agravios. En mayo de 1810, la Junta de Buenos Aires denuncia los «mandones», que encarnan lo arbitrario del «mal gobierno». En Junio, la de Caracas proclama: [Habitantes de Venezuela] leed la historia de nuestra nación ( ) Veréis que ha­ biendo caído en desuetud la representación del Pueblo, se aumentaron las cargas con las rentas, y la opresión con la conquista; veréis entonces corrompidas las costumbres públicas, deprimido el alto carácter de nuestros consejos, prostituidos los empleos, y entorpecidos todos los canales de la administración14.

14 «Reglamento de Diputados para la elección y reunión de diputados que han de componer el Cuerpo Conservador de los Derechos del Sr D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela. Caracas, 11 de junio de 1810», en Constituciones de Venezuela, Madrid, 1975, p. 164.

ESPAÑA Y SU IMPERIO: DE LA LEALtAD A LA RUPtURA (1808-1812)

29

La condena de los «mandones» se produce igualmente en Bogotá, en eco a las masacres cometidas por los españoles en Quito, el 2 de agosto de 1810. En el D iario Político n° 7, se denuncia la crueldad del presidente de la Audiencia de Quito y de los que lo apoyaron. Se habla entonces de «planes de tiranía y proyectos sanguinarios de los mandones»15. El hecho de la masacre en Caracas es también significativo. El 15 de noviembre, se celebran funerales suntuosos en homenaje a las víctimas, y la virulencia con la cual se condena a los responsables de la masacre demuestra la voluntad de contrarrestar, en cierto modo, por la vio­ lencia de las palabras, la violencia de la venganza de los hombres: Los caníbales que el dulce habitador de Quito abrigaba en su seno han llevado sus manos empapadas y goteando de sangre inocente a sus bocas impuras. Y cómo aquellos bárbaros han bebido esta sangre de nuestros hermanos sin desalterarse! Sentados sobre la presa, como lobos sanguinarios, han visto palpitar las entrañas de las víctimas con la ferocidad que les es característica. No ha perdonado su bru­ talidad medio alguno de saciar su sed de sangre americana16.

En este sentido, la llegada a América de las primeras tropas españolas suscita una radicalización del discurso, pero también de los actos cometidos contra los españoles. Venezuela, primer país afectado por la campaña de pacificación da el tono de este proceso. De hecho, el anuncio del desembarco de las tropas en Puerto Rico en enero de 1812, y luego de la llegada de Monteverde a Caracas en marzo, obliga a la organización de la defensa de la patria con la movilización de una población cuyo sostén no está asegurado. A partir de este momento el discurso anti absolutista se vuelve francamente contra España. La doble ecuación que identifica a los españoles con los leales y a los criollos con los patriotas es efectiva. Se acompaña de una llamada a la lucha contra los españoles convertidos en «la raza que había que destruir» como encarnación del enemigo, expresada explícitamente por Nicolás Briceño y Simón Bolívar, en enero y junio de 181317, como respuesta a la política conducida por Monteverde, la cual contribuye al desencadenamiento de un clima de guerra civil.

15 Diario político n° 7. En De lg a d o Ma rtín e z ; Luis; Elia s Or tiz , Sergio, El Periodismo en la Nueva Gra­ nada. 1810-1811. Bogotá, Editorial Kelly, 1960, p. 76. 16 «Caraqueños, sf., 1810», en Textos oficiales de la Primera República de Venezuela. Caracas, Bi­ blioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1959, vol. 2, p 14. 17 «Briceño, Antonio Nicólas. Plan para libertar a Venezuela, Cartagena de Indias, 16 de enero de 1813», en Ro d u lf o Co r te s , Santos (comp.), Antología documental de Venezuela: 1492-1900. Mate­ riales para la enseñanza de la historia de Venezuela. Caracas, impr. Santa Rosa, 1960, pp. 202-205; «Bolívar, Simón, Decreto de guerra a muerte, cuartel general de Trujillo el 15 de junio de 1813», en Documentos que hicieron historia. Caracas, Presidencia de la República, 1962, vol. 1, pp. 140-142.

30

véronique hébrard

Si los criollos no niegan, por lo menos a nivel privado, su identidad española, la crueldad del conflicto y la incertidumbre en relación al apoyo de la población imponen esta radicalización del discurso. Es preciso demonizar el enemigo de hoy y desacreditar los conquistadores de ayer para legitimar su propia empresa; lo cual abre el camino para emprender la revisión de la leyenda negra, es decir, que se condena no solamente la conducta de los españoles durante los tres siglos, sino también la desacreditación padecida por los americanos y su territorio. Para apoyar esta voluntad de rehabilitación del Nuevo Mundo y dar la prue­ ba del rol de España en este proceso de desacreditación, los criollos se refieren a los autores europeos que participaron en la «Disputa» y ofendieron a América, en particular Cornelius De Pauw contra quien Servando Teresa de Mier, en su Historia d e la revolución d e N ueva España, declara que pintó a los americanos con una pluma manchada de sangre de caníbales, concentrando contra América y sus aborígenes todas los insultos que los españoles les dictaron18. Esta empresa de rehabilitación se acompaña de un proceso de deslegitimación del Rey, cuyo corolario es la afirmación de los derechos naturales. La ilegitimi­ dad del pacto entre América y el Rey es utilizada como argumento central de la obligación de reciprocidad entre los contratantes, en virtud de la cual el soberano debe promover los derechos, los intereses y el bien de sus vasallos, que tienen el derecho de anular el pacto si el Rey no satisface sus obligaciones19. Ahora bien, en la medida en que el cautiverio del rey no forma parte de las categorías previstas en la Leyes Fundamentales del Reino, la soberanía vuelve al pueblo. El presidente de la Alta Corte de Justicia de Venezuela, durante su juramento al acto de inde­ pendencia, sintetiza muy bien esta lógica: Ella significa que un Pueblo por lo menos de la América española, entrando en el orden de la naturaleza y de los designios con que fue criada la especie humana, se compone ya de hombres reintegrados en la dignidad de tales; que éstos con sus descendientes se han sobrepuesto al abyecto estado de semihombres, o semibestias, a que los tenía condenados el bárbaro sistema colonial, adoptado por la ambiciosa y avara Corte Española desde el descubrimiento de esta notabilísima parte del Mundo20.

18 Fray Servando Teresa de Mier Historia de la revolución de Nueva España. Londres. 1813, vol. I, p. 285. 19 Ver los argumentos del publicista Camilo Henríquez, « Aurorade Chile, 5 de noviembre de 1812», en Pensamiento político de la Emancipación (1790-1825), op.cit.., vol. 1, pp. 228-233. Ya en 1811 el diputado Roscio, en el Congreso de Venezuela, se pronunció en favor de una «pronta declaratoria de independencia» para poner fin a «la idolatría de Fernando, rey imaginario, de burla y de farsa». Juan Germán Roscio a D. González. 15 de febrero de 1812. Fundación Boulton/Archivos (Caracas). 20 «Discurso pronunciado por el Señor D. F. Espejo, Presidente de la Alta Corte de Justicia, al acto de prestar éste, el juramento ante el Supremo Congreso de Diputación de Venezuela, 15 de

ESPAÑA Y SU IM PERio: DE La

lea lta d

A La RUPTURA (1808-1812)

31

Esta combinación del trabajo de deslegitimación, de denegación de la persona del Rey y de los efectos de la guerra, desemboca en un rechazo general de la pre­ sencia de los españoles en América. Lo que constituye una base para la unión de las diferentes partes de América con el fin de dotarse de una identidad común. Desde entonces, el rechazo a España constituye un punto central del discurso po­ lítico, ya sea en los textos constitucionales o en los discursos de movilización pa­ triótica. La última etapa de esta dialéctica de deconstrucción, después del proceso de deslegitimación del Rey es la deslegitimación de la Historia, la cual permite presentar la independencia como una nueva conquista, es decir, una reconquista de sí misma, de su territorio y de su historia. En esta perspectiva se trata de des­ truir todo lo que edificaron los españoles durante los «tres siglos de tiranía». Deslegitimar la Historia supone también su escenificación con el objeto de pintar un cuadro trágico de la conquista como una empresa de pillaje de América, desposeída de sus bienes y de sus derechos. Enseguida se deconstruyen los dife­ rentes argumentos utilizados para justificar la conquista, con el fin de demostrar su ilegitimad, en particular la donación pontifical de Alejandro VI. Además, la conquista podía justificarse únicamente en caso de sometimiento voluntario de un país o en caso de ofensa grave: y no fue el caso de América. Este argumento es desarrollado en particular por Bernardo Monteagudo (joven abogado del Alto Perú) en su D iálogo entre Fernando VIIy Atahualpa en los Campos Eliseos21. Este encuentro entre los dos soberanos demuestra el carácter inicuo de la desposesión de la cual fueron víctimas unos y otros, e insiste sobre la barbarie de los pseudos civilizadores, que no sembraron sino la desolación, el terror y la muerte22. El uso discursivo de la Conquista no sirve únicamente para deslegitimar el pa­ sado. Permite también interpretar el presente. Es así como la «pacificación» y re­ conquista de los territorios es presentada como una nueva conquista. Es la razón por la cual los criollos viven este sufrimiento como una negación fundamental de su identidad española y cuya violencia significa la necesidad, pero también la dificultad, de definirse como «otro». De allí la radicalidad del discurso destinado a hacer del Español el símbolo de la alteridad absoluta. Ha llegado ya el término en que el historiador escriba las revoluciones y la In­ dependencia de la América del Sur. El escribirá con emociones mezcladas de gozo y de dolor los males y el alivio de los hijos de Colon. Cuando haya terminado la larga relación de barbarie, de asesinatos y de traiciones, acabará probablemente esta

junio». El Publicista de Venezuela n° 5, jueves 25 de julio 1811. 21 Inspirado del Diálogo de los muertos modernos de Fontenelle (1683). 22 «Monteagudo, Diálogo entre Fernando VII y Atahualpa en los Campos Eliseos, 1809», en Pensa­ miento político de la Emancipación (1790-1825), op.cit.., vol. 1, p. 64.

32

VÉRONIQUE HÉBRARD

sangrienta narración diciendo: Así cayó el monumento del Despotismo Español en América en medios de los gritos de gozo de millones de Seres emancipados y de la admiración del mundo. La única cosa que podrá dudarse será si las crueldades del principio de su imperio fueron mas dignas de execración que las de su fin. En el primer caso la España ha degollado millones de extranjeros inocentes, y en el últi­ mo ha trabajado con un ardor desesperado por exterminar a sus propios hijos23.

Adoptando una posición radicalmente opuesta a estas violencias que denun­ cian sin cesar, los patriotas presentan su combate como una nueva conquista, pero cuyas intenciones son pacíficas y fraternales. Cuando San Martín declara que propaga «el evangelio de los derechos del Hombre»24, la revolución de in­ dependencia aparece como una nueva cruzada colocada bajo los auspicios de la religión. La dimensión simbólica de la redención está igualmente presente en la evocación constante de la sangre derramada, permitiendo el advenimiento de gobiernos libres. Este proceso de regeneración obedece, por consiguiente, a una doble dinámica: al mismo tiempo que rechazan a los españoles, los patriotas ame­ ricanos reasumen profundamente su hispanidad. Es como conquistadores, en el sentido noble de la palabra, que entienden que emprenden la liberación de Amé­ rica, lo que significa un regreso a una Edad de Oro indeterminada. De hecho, para borrar los «tres siglos de tiranía», los americanos vuelven en el tiempo hasta el momento fundador que representa la conquista, este punto cero a partir del cual pretenden reescribir una versión positiva de su historia, regenerada por sus herederos legítimos, los criollos. Sin embargo, en el discurso, este punto cero se impone inicialmente como una necesidad conceptual. En este sentido, se puede percibir, particularmente en los sermones patrióticos, una concepción providencial de la Historia que comporta tres momentos. En el primero, América es descrita como un paraíso sobre la tie­ rra; el segundo momento corresponde a los «tres siglos de tiranía» interpretados como el castigo consecutivo al pecado original de la conquista. El tercero, que co­ rresponde a la redención, es el de la independencia, que significa la reafirmación de los derechos naturales, base de los primeros textos constitucionales, es decir, la seguridad, la propiedad, la libertad y la igualdad de todos frente a la ley. En este sentido, la independencia puede ser presentada como un retorno al estado de naturaleza, momento primigenio que precede la reformulación del pacto social.

23 «Relaciones de América del Norte y del Sur», Correo del Orinoco, n° 6, Sábado 1 de agosto de 1818. 24 «San Martin, «Proclama a los limeños y habitantes de todo el Perú», en Pensamiento político de la Emancipación (1790-1825), op.cit.., vol. 2, p. 149.

ESPAÑA Y Su IM PERIo: DE LA LEALTAD A LA RuPTuRA (1808-1812)

33

Una vez proclamada su independencia a la faz del mundo, América puede ser reintegrada en la historia universal. La Leyenda Negra es desmentida en la medida en que uno de sus postulados centrales consistía en considerar América como pura geografía25. A partir de este momento, y como laboratorio de las ex­ periencias liberales y republicanas, América puede constituir un modelo para la Europa de la Restauración. Bajo la condición de permanecer fiel a los principios que originaron su regeneración, se vuelve tierra de asilo para las víctimas de los tiranos y amigos de la libertad, asumiendo plenamente su apelación de Nuevo Mundo. Vemos bien, a través de este recorrido, el proceso a partir del cual la oposi­ ción enemigo/amigo provoca una inversión de la identidad americana. Durante la fase de lealtad hacia la monarquía y la metrópoli, la disputa entre europeos y americanos se centra sobre la igualdad de los derechos políticos. Los americanos reivindicaban colectivamente su estatuto de reinos y provincias e, individualmen­ te, su condición de españoles iguales a los peninsulares. La guerra que les declaran las autoridades peninsulares cambia profundamente la situación, y les obliga a reformular el estatuto de América y su propia identidad: marca la aparición de la americanidad. De hecho, a partir de 1811/12, con el inicio de las guerras, las expresiones «españoles americanos» y «españoles europeos» que indicaban una distinción en el interior del Imperio son sustituidas por otras más simples, pero sobre todo mas conflictivas: españoles y americanos; las cuales reenvían a una oposición cada vez más irreductible, al punto que sirve de base a los patriotas para presentar su empresa como una confrontación entre dos «naciones» diferentes y rivales: la española y la americana. Después de la guerra, las fuentes muestran muy bien que la ruptura se ha consumado y la reconciliación, propuesta por España, es imposible: Es imposible formarse fuera de nuestro territorio una idea, no digo ya del odio, sino del furor y de la rabia que anima a los americanos contra los españoles. Esta animosidad domina todas las pasiones, subyuga todos los intereses, prevalece so­ bre el sentimiento mismo de libertad y de independencia. El Atlántico que separa los dos mundos no es tan extenso como el odio que separa a los dos pueblos26.

25 G erbi, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1750-1900. México/ Buenos Aires, FCE, 1960; Hé b ra rd , Véronique; Ve rd o , Geneviéve, «L'imaginaire patriotique américain au miroir de la Conquéte espagnole», en Histoire et Sociétés de l'Amérique latine n° 15, Paris, ALEPH/L'Harmattan, 2002, pp. 39-84. 26 «Continuación de la exposición sobre la mediación entre España y América», Correo del Ori­ noco, n° 13, 17 de octubre de 1818.

34

véronique hébrard

4 . CONCLUSiÓN

El análisis que acabo de presentar pone de evidencia, a mi parecer, una doble paradoja. La primera consiste en la imposibilidad de los criollos de pensar la historia fuera de las categorías hispánicas. Si su existencia como americanos se afirma al precio de la deslegitimación sistemática de lo que llaman «los tres siglos de tiranía», el nuevo proyecto que elaboran para América se nutre de las antiguas libertades españolas. Además, el porvenir que inventan se escribe en diálogo con la imagen que les devuelve el espejo de la conquista, a tal punto anclada en su imaginario que reaparece en su interpretación de las guerras de independencia, cuando la ruptura con España se supone consumada. El enemigo aparece siempre como un conquistador sanguinario y usurpador. Otro índice de esta hispanidad profunda, la lectura providencial de la Historia. Paradójicamente, es bajo la égida de un retorno a la naturaleza que América hace su entrada en la historia y en el concierto de la naciones civilizadas. Adoptando la metáfora de las Edades, los criollos asocian este advenimiento a la emancipación de una América que logró su madurez política. La segunda paradoja que una vez más confirma que la ruptura se inscribe dentro de marcos políticos y culturales hispánicos, es el hecho que esa ruptura es a la vez ineludible y legítima en nombre del vínculo original entre el monarca y sus vasallos. En un primer tiempo se trata de obtener de España las reformas esperadas en el marco de la denuncia del absolutismo. Pero el rechazo de conce­ der a América la igualdad de representación funciona como un revelador de la superioridad implícita de la Península. Desde luego, no se cuestiona solamente una coyuntura, sino las bases mismas de la empresa española en América. Para terminar, me gustaría volver sobre mi propuesta inicial de adoptar una perspectiva temporal de análisis en «cámara lenta» y de la opción de reflexionar en términos de cultura política. Centrándome en el lenguaje de los actores como expresión de esta cultura política, pero también de sus sistemas de representación, este enfoque permite, desde mi punto de vista, integrar la dimensión simbólica contenida en este lenguaje que «remite a más de un sistema de referencia» y «alo­ ja a menudo diferentes capas temporales de sentido»27. Supone un respeto de la palabra del actor histórico, no porque se supone que éste se halla en posesión de la verdad o del sentido de su acción, sino porque esta verdad o este sentido no pueden ser aprehendidos sin referencia a esta palabra.

27 A lta m ira n o , Carlos, «De la historia política a la historia intelectual: reactivaciones y renovacio­ nes», en Primas. Revista de historia intelectual, n° 9 (2005), p. 7.

Soberanía, orden y representación: el movimiento juntista en Venezuela, 1808-1810 Inés Quintero Montiel Universidad Central de Venezuela / Academia Nacional de la Historia

INTRODUCCIÓN

El establecimiento de juntas de ambos lados del Atlántico como resultado de la crisis política de la monarquía ha sido objeto de un intenso debate político e historiográfico. En su momento, los propios protagonistas de los hechos expusie­ ron razonamientos diversos a fin de justificar su erección o condenarlas por con­ travenir las leyes del reino. Posteriormente, la historiografía se encargó de ampliar y profundizar el debate. Los estudiosos del período, tanto en España como en América, han ido incorporando al análisis del movimiento juntista una intere­ sante variedad de matices a fin de explicar su composición, analizar los intereses y motivaciones de sus promotores, discutir sus alcances o para determinar, en el caso de Hispanoamérica, si pueden seguir siendo interpretados como movimien­ tos independentistas o si, más bien, pueden analizarse en relación con el proceso de descomposición y crisis de la monarquía hispánica. En las últimas décadas este debate se ha visto enriquecido con el desarrollo de nuevas perspectivas analíticas cuyo objetivo ha sido, precisamente, destacar las estrechas relaciones existentes entre los procesos juntistas de uno y otro lado del Atlántico y, al mismo tiempo, examinar sus especificidades y diferencias. Es dentro de este espíritu de discusión que se inscribe este trabajo. En Venezuela los primeros intentos de formación de juntas ocurren en 1808. En un primer momento la posibilidad de establecer una Junta se plantea como recurso para conservar el orden y proteger la integridad del imperio y con la finalidad de atender el vacío dejado por el rey cautivo. El proyecto juntista no prospera; sin embargo, desde julio de 1808 tiene lugar un intenso debate en el cual se exponen diferentes visiones respecto a cómo atender la crisis que se vive en la península. Dos años después, el 19 de abril de 1810 un cabildo ampliado desconoce al consejo de Regencia, erige una junta defensora de los derechos de

36

in é s q u in t e r o m o n t ie l

Fernando VII y destituye las principales autoridades monárquicas. El nuevo go­ bierno sanciona una serie de medidas entre cuyas finalidades se encuentran la conservación del orden y el reconocimiento de su autoridad. Otras provincias que formaban parte de la Capitanía General de Venezuela establecen sus propias juntas y fijan posición respecto a los sucesos de la península y en relación con la necesidad de mantener el orden y garantizar su legitimidad y conservación. Este trabajo tiene como objetivo analizar el movimiento juntista ocurrido en Venezuela desde que se conocen los sucesos de la península en julio de 1808 hasta la formación de las juntas del año 1810 a fin de examinar las propuestas en torno a la soberanía, el orden y la representación que se plantean en Caracas y otras capitales de provincia en el marco de la crisis política que representó el desmantelamiento de la monarquía hispánica. 1 . CONSENSOS Y DIv ERGENCIAS HISTORIOGRÁFICAS

La iniciativa de constituir una junta propiciada por un grupo de vecinos prin­ cipales en la ciudad de Caracas en noviembre de 1808 ha sido interpretada, hasta tiempos bastante recientes, como un movimiento a favor de la independencia. El origen de esta interpretación puede verse en la valoración que, en su mo­ mento, le fue otorgada por algunas de las autoridades de la monarquía, quienes consideraron que la propuesta tenía como objetivo fundamental alcanzar la in­ dependencia. Así lo juzgó el regente visitador Joaquín Mosquera y Figueroa en el informe enviado a la península dos días después de comenzar la causa contra los juntistas. En su concepto, la constitución de una Junta era «un pretexto que se tomaba para aspirar a la independencia»1. El interrogatorio al cual fueron so­ metidos implicados y testigos insistía en esta consideración. Una de las preguntas aludía directamente a los propósitos independentistas de los firmantes cuando se les solicita que respondiesen si la junta «era un medio para apoderarse del gobier­ no, separar las autoridades constituidas, dándoles muerte o haciéndolas embarcar para España, de cuyo modo se pensaba establecer la independencia separando las provincias de la Metrópoli». La mayoría de los testigos respondió afirmativamen­ te a esta pregunta2.

1 M o s q u e ra y Fig u ero a , Joaquín Informe sobre la prisión efectuada en varios sujetos de la prime­ ra representación de esta ciudad, con motivo del proyecto de establecer en ella una Junta Su­ prema, Caracas, 26 de noviembre de 1808, en Conjuración de 1808 en Caracas, Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1968, t. II, p. 800. 2 Conjuración de 1808 en Caracas, t. II, p. 142 y pp. 189-351.

s o b e r a n ía , o r d e n

Y REPRESENTACION: EL M oVIM IEN To JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

37

Esta asociación entre la propuesta juntista y la independencia también se en­ cuentra en los libros de historia que atendieron el suceso. En una de las más importantes obras de la historiografía venezolana, la Historia C onstitucional d e Venezuela escrita por José Gil Fortoul, cuya primera edición salió publicada en 1909, se afirma que la propuesta de establecer una junta en Caracas fue una «treta política» que encubría el verdadero sentimiento de repulsión frente a los reyes de España latente entre los futuros próceres de la Patria. El texto de Gil Fortoul es como sigue: Téngase presente ahora [se refiere a 1808 ] y después en la historia de 1810 , que estas protestas de fidelidad a Fernando VII, Rey nominal solamente, son pura treta política. Revolucionarios como Simón Bolívar, y el marqués del Toro y los Montillas y Fernández de León y otros habían vivido en la corte de Madrid, y bien sabían ellos, y lo repetían sus compatriotas, qué especie de monarcas degenerados eran el rey Carlos IV y su heredero el príncipe Fernando, futuro Fernando VII. —Recuérdese la pintura de Goya, la familia de Carlos IV, en el museo del Prado3.

Una valoración similar puede apreciarse, también en las primeras décadas del siglo XX, en la obra de Andrés Ponte, La revolución d e Caracas y sus próceres. En opinión del autor, los sucesos de noviembre de 1808 fueron expresión de las aspiraciones independentistas de los jóvenes más recalcitrantes de las familias principales de la provincia quienes lograron comprometer a sus mayores en el proyecto, a fin de dar respuesta a las «instituciones carcomidas» de la monarquía española4. Otro autor, Jorge Vejarano, desde Colombia, publicó en 1926 el resumen de la causa seguida contra los juntistas de 1808 elaborado por el regente Mosquera. En su estudio preliminar Vejarano afirma que los hechos de julio y noviembre de 1808, constituyen «dos movimientos francamente revolucionarios. Sus caracteres altamente subversivos, la altísima posición histórica de quienes los fomentaron y la inmensa proyección que tuvieron en los destinos de Sur América, los hacen aparecer como la Embriogenia de nuestra Independencia»5. Esta valoración no ha desaparecido. En 1964 la historiadora Mercedes Álvarez establece una relación directa entre las aspiraciones de los blancos criollos por

3 Gil Fo r t o u l , José, Historia Constitucional de Venezuela. Caracas, Editorial Las Novedades, 1942, t. I, p. 164. 4 Po n te , Andrés, La revolución de Caracas y sus próceres. Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal, 1960, p. 52 5 Ve ja r a n o , Jorge, Orígenes de la Independencia Suramericana. Bogotá, Editorial de Cromos, 1926, p. XVII.

38

in é s q u in t e r o m o n t ie l

alcanzar la libertad de comercio y la propuesta juntista de 18086; otros historia­ dores contemporáneos, más recientemente, siguen insistiendo en la tesis según la cual el proyecto de junta de 1808 tuvo como motivación independizar a Vene­ zuela de España7. De la misma manera y quizá con mucha mayor contundencia, ha ocurrido con la valoración del alcance y significado del establecimiento de la Junta Supre­ ma de Caracas el 19 de abril de 1810. Tempranamente, los propios protagonistas de los sucesos expusieron que lo ocurrido el jueves santo en Caracas había estado determinado por las aspiraciones independentistas de sus promotores. Así lo afirmaron las autoridades depuestas ese día: el capitán general Vicente Emparan y el intendente de ejército y real ha­ cienda, Vicente Basadre. Ambos, en sus informes y relaciones a la corona sobre los acontecimientos, afirman que estuvieron motivados por el deseo de «sacudir el yugo español y lograr la independencia, objeto perenne de sus ambiciones»8. Desde el otro bando, transcurrido un tiempo prudencial de los hechos, se explica que el 19 de abril de 1810 tenía por objeto obtener la independencia de España, sin embargo, por cautela política o por no alterar a los pueblos se optó por declararse fieles a Fernando VII, el rey cautivo. Así lo expusieron Juan Ger­ mán Roscio, Martín Tovar Ponte y otros comprometidos actores del 19 de abril de 1810 en las sesiones del Congreso General de Venezuela, durante el debate sobre la declaración de la independencia los días 3, 4 y 5 de julio de 1811, fecha en la que finalmente se declaró la independencia absoluta de España9. Estas argumentaciones, al igual que ocurrió con lo sucedido en 1808, fueron recuperadas y sancionadas por la historiografía como el verdadero y único alcance del 19 de abril de 1810.

6 Álv a re z , Mercedes, Comercio y comerciantes y sus proyecciones en la independencia venezola­ na. Caracas, Tipografía Vargas, 1964, p. 129. 7 Reyes, Juan Carlos, Infidentes, confidentes y traidores. Caracas, Academia Nacional de la Histo­ ria, 2009. 8 Em p a r a n , Vicente, «Relación de Emparan al Rey»; en El 19de abril de 1810 en Caracas. Caracas, Insti­ tuto Panamericano de Geografía e Historia, 1957, p. 24. En el mismo libro puede leerse el informe del intendente Basadre el cual coincide con lo dicho por Emparan y ofrece detalles sobre lo ocurrido insis­ tiendo en que se trató de una revuelta que buscaba un gobierno libre e independiente, pp. 35-61. 9 Martin Tovar Ponte expuso en el Congreso lo siguiente: «desde el 19 de abril debimos y qui­ simos ser independientes, pero por razones políticas se difirió a nuestro pesar esa resolución» y Juan Germán Roscio, en el mismo Congreso afirma «Dos juramentos habíamos prestado a Fernando VII cuando se instaló el Congreso, uno en 15 de julio de 1808, otro en 19 de abril de 1810; el primero lo arrancó la fuerza, el segundo la ignorancia y la necesidad de no alarmar a los pueblos» en Sesión del 5 de julio de 1811, Congreso Constituyente de 1811-1812. Caracas, Publi­ caciones del Congreso de Venezuela, t. I, pp. 125-132.

SOBERANÍA, ORDEN Y REPRESENTAClóN: EL MOVIMIENTO JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

39

Así vemos que, el 5 de mayo de 1909, cuando comenzaban los preparativos para la conmemoración del primer centenario del 19 de abril de 1810, la Aca­ demia Nacional de la Historia solicitó a sus miembros que deliberasen acerca de cuál debía reputarse como el día inicial de la independencia de Venezuela. La comisión nombrada para tal fin emitió un informe en el cual se establecía que «la revolución verificada en Caracas el 19 de abril de 1810 constituía el movimiento inicial, definitivo y trascendental de la emancipación de Venezuela»10. Cincuenta y un años más tarde, el doctor Cristóbal Mendoza, director de la Academia, pre­ sidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sesquicentenario de la Independencia y orador de orden en la sesión solemne celebrada para conmemorar los 150 años del 19 de abril de 1810, ratificó el contenido del acuerdo sancionado por la Academia en 1909 al afirmar que «el 19 de abril fue el día de la revelación de la conciencia nacional, el de la cristalización definitiva del sentimiento de Patria, el del triunfo de la ideología revolucionaria»11. Esta valoración, por lo demás, no se estableció exclusivamente en Venezuela, también otras proclamas y movimientos juntistas ocurridos antes y después de los sucesos de Caracas fueron interpretados por las historiografías nacionales de los respectivos países latinoamericanos como el día iniciativo de la independen­ cia. Así sucedió con la Junta de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809; la de Quito del 9 de agosto de 1809; la Junta de Santa Fe del 20 de julio de 1810; la Junta provisional gubernativa de la capital del río de la Plata del 25 de mayo de 1810; la proclama de Miguel Hidalgo del 16 de septiembre en la Nueva España y la Junta Gubernativa del reino de Chile del 18 de septiembre de 1810. En Bolivia, Argentina, México y Chile cada uno de estos días se conmemora el inicio de la in­ dependencia, mientras que en Ecuador y Colombia se celebra el día propiamente de la independencia. Los distintos procesos discursivos que dieron lugar a esta identificación entre los movimientos declarativamente leales a Fernando VII y la determinación o vo­ cación independentista que los animó se produjo tempranamente. En sus inicios formó parte de los diversos documentos de contenido histórico elaborados por los mismos protagonistas de los sucesos con la finalidad de justificar la ruptura. En las décadas siguientes e incluso durante el siglo XX, en cada uno de nuestros países se elaboró un discurso relativamente uniforme sobre la hazaña indepen-

10 Acuerdo de la Academia Nacional de la Historia, 5 de mayo de 1909, en El 19 de abril de 1810, pp. 3-7. 11 M en d oz a , Cristóbal, «Discurso de orden en la sesión solemne para conmemorar el sesquicentenario del 19 de abril de 1810», en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, n° 170, Abriljunio de 1960, p. 205.

40

in é s q u in t e r o m o n t ie l

dentista cuyo sentido y motivación esencial era servir de soporte y fundamento en el proceso de construcción de la nacionalidad y, de esa manera, contribuir a cohesionar las tendencias disgregadoras, a unificar las distintas realidades e inte­ reses regionales y a disipar las tensiones sociales que se mantuvieron luego de la disolución del orden antiguo12. Concluida la guerra y ante el enorme esfuerzo que constituía edificar los nue­ vos estados nacionales sobre los escombros económicos, políticos y sociales que había dejado el enfrentamiento bélico, las historias patrias se convirtieron en puntal necesario para la construcción de un proyecto común, el cual exigía el concurso de todos, sin importar la condición social, la procedencia étnica, la orientación política o la región en donde se encontraban. En el caso de Venezuela, el proceso mediante el cual se construye esta valora­ ción uniforme del 19 de abril de 1810 como día inicial de la independencia ha sido descrito y analizado por Carole Leal Curiel13. Tempranamente, algunas de las obras más significativas de la historiografía venezolana, ofrecieron una lectura del 19 de abril de 1810 en la cual pueden advertirse las tensiones, diversidad de matices y posibilidades políticas que estuvieron presentes en los hechos de Cara­ cas. Así puede verse en la Historia d e Venezuela de Feliciano Montenegro y Colón (1837), el C om pendio d e la Historia d e Venezuela desde su descubrim iento hasta que se declaró estado independiente de Francisco Javier Yánes (1840), el Resumen d e la Historia d e Venezuela de Rafael María Baralt y Ramón Díaz (1841) y en la Biogra­ fía d e José Félix Ribas escrita por Juan Vicente González (1865) Será en 1877, en el marco del certamen nacional convocado para responder a la pregunta «¿El 19 de abril es o no el día iniciativo de nuestra independencia nacional?» que se fija, de manera más firme, la versión según la cual el 19 de abril de 1810 debía ser considerado el día inicial de nuestra independencia. En dos de los artículos ganadores del concurso se despoja a los sucesos de cualquier relación directa con la crisis de la monarquía española, se ratifica la intención revoluciona­ 12 Este planteamiento está expuesto por Ch u st , Manuel y S e r r a n o , José Antonio en el estudio introductorio del libro Debates sobre las independencias iberoamericanas. Madrid, Editorial Ibe­ roamericana Vervuert, 2007. Para los casos de Colombia y Venezuela puede verse el artículo de Qu in te ro , Inés. «El surgimiento de las historiografías nacionales: Colombia y Venezuela, una perspectiva comparada», en Cad en as , José María y Ramírez , Socorro (Coord.), Venezuela y Colom­ bia, debates de la Historia y retos del presente. Caracas, Universidad Central de Venezuela, IEPRI, Universidad de Colombia, 2005. 13 Le a l Cu rie l , Carole, «El 19 de abril de 1810: La 'Mascarada de Fernando' como fecha fundacio­ nal de la independencia de Venezuela», en Ca r r e r a Dam as , G., Le a l Cu r ie l , C., Lomné , G. y M a rtín e z , Frédéric (coord.), Mitos políticos en las sociedades andinas: orígenes, invenciones y ficciones. Cara­ cas, Editorial Equinoccio, Universidad de Marne-la-Vallée, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006, pp. 65-91

s o b e r a n ía , o r d e n

Y REPRESENTACION: EL M oVIM IEN To JuNTISTA EN VENEzuELA 1808-1810

41

ria de sus promotores, se incorpora la argumentación según la cual la declaración de lealtad a Fernando VII había sido un recurso político del momento para no alarmar a los pueblos, y se «bolivarianiza» la fecha destacando el temprano ideario independentista de Bolívar y su actuación protagónica en la consumación de la gesta que tuvo su inicio aquel 19 de abril en la ciudad de Caracas. Esta misma valoración se conserva hasta el presente en el ideario conmemo­ rativo. Doscientos años después, no hay mayores diferencias, salvo por la orien­ tación «revolucionaria» que se le ha querido adjudicar al hito iniciativo en el discurso oficial del gobierno venezolano. La consigna fundamental de la conme­ moración del bicentenario de la independencia el pasado 19 de abril de 2010 fue «Independencia y Revolución: 200 años combatiendo imperios». Esta uniformidad interpretativa y discursiva se ha visto problematizada en las últimas décadas producto de un debate en el cual, no solamente se ha puesto de manifiesto la permanencia y fortaleza de estos consensos historiográficos, sino que se ha desarrollado una interesante reflexión permitiendo la revisión y el cuestionamiento de las rígidas convenciones que han nutrido el conocimiento sobre el pasado independentista en la mayoría de nuestros países. Dentro de esta ampliación de miradas y problemas ha sido de especial impac­ to la discusión sobre los alcances, significados y estrechas conexiones existentes entre la crisis política de la monarquía hispánica que estalla en 1808 con los mo­ vimientos juntistas americanos de los años 1808-1810. El debate no es reciente. En Argentina y México los tempranos planteamientos expuestos por Enrique de Gandía14 (1946) y Luis Villoro15 (1953) son expresión de una discusión que apenas comenzaba, al igual que los innovadores estudios de Nettie Lee Benson (1946) sobre el impacto del liberalismo gaditano en el proceso político de la Nueva España16. No obstante, fueron los estudios de Fran^ois Xavier Guerra, M odernidad e Independencias17 y de Jaime Rodríguez La independencia d e la América española18 publicados en la última década del siglo XX, los que tuvieron un peso decisivo en la discusión que se ha desarrollado más recientemente referida al impacto y las

14 Ga n d ía , Enrique, Las ideas políticas de Mariano Moren0Autenticidad del plan que le es atribuido. Buenos Aires, Peuser, 1946. 15 V i l l o r o , Luis, La revolución de Independencia. México, UNAM, 1957. 16 Benson , Nettie Lee, «The Contested Mexican Election of 1812», en Hispanic American Historical Review, n° XXVI (agosto-1946), pp. 336-350; posteriormente se publica su libro La Diputación Provincial y el federalismo mexicano. México, El Colegio de México, 1955 17 Gu e rra , Frangois, ModernidadeIndependencia. Madrid, Mapfre, 1992. 18 Ro d ríg u e z , Jaime, La independencia de la América española. México, El Colegio de México, Fi­ deicomiso Historia de las América, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 13.

42

INÉS QUINTERO MONTIEL

diversas expresiones políticas que generó la crisis de la monarquía de uno y otro lado del Atlántico. Las investigaciones sobre los procesos juntistas americanos que se han realizado en la historiografía reciente latinoamericana se desarrollaron en sus comienzos dentro de esta nueva tendencia interpretativa y se han enrique­ cido de manera constante con la discusión, ampliación, replanteamiento de los postulados iniciales y la incorporación de nuevos problemas y renovadoras perspectivas19. La discusión sobre la reasunción de la soberanía, la composición de las juntas, la necesidad de atender la emergencia política, la conservación del orden, las aspiraciones autonomistas de sus promotores, el problema de la legitimidad y el no menos espinoso de la representación son algunos de los aspectos que han comenzado a ser considerados en el estudio de los movimientos juntistas ocurri­ dos en la Capitanía General de Venezuela durante ese convulsionado periodo que se inicia en 180820.

19 Son numerosos los aportes renovadores que se han hecho en los últimos años, así como la ampliación del debate y el surgimiento de nuevas posiciones sobre la soberanía, el tema de la nación, los procesos electorales y la representación. Se mencionan aquí algunos autores, obras y compilaciones que expresan este debate dinámico y cambiante. Pueden verse, además de los que se encuentran citados: A nn in o , Antonio, Ca s t r o Leiva , Luis, Gu e r r a , Frangois (coord.), De los im­ perios a las naciones: Iberoamérica. Zaragoza, IberCaja, 1994; Alfredo Áv ila ,En nombre de la Nación. La formación del gobierno representativo en México 1808-1824. México, CIDE/Taurus, 2002; Bre ñ a , Roberto. El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico. México, Colegio de México, 2006; Ca ld e r ó n , Ma Teresa y Thibaud , Clement (coord.) Las revoluciones en el mundo atlántico, Bogotá, Taurus Universi­ dad Externado de Colombia, 2006; Ch u s t , Manuel. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia, Universidad Nacional de Educación a distancia, Centro Francisco Tomás y Valiente/UNAM-IIH, 1999; Ch u s t , Manuel (coord.) Doceañismos, constituciones e independencia, Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2006; Fr a s q u e t , Ivana (coord.) Bastillas, cetros y blasones: la independencia en Iberoamérica. Madrid, Fundación Mapfre, 2006; Guedea , Virginia (coord.), La independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824 México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/UNAM-IIH, 2001; Po r t i l l o Va ld é s , José María. Crisis atlán­ tica. Autonomía e Independencia en la crisis de La monarquía hispana. Madrid, Fundación Carolina de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos-Marcial Pons Historia, 2006; Ro d ríg u e z , Jaime (coord.) Revolución, Independencia y las nuevas naciones de América. Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2006; Te rn av a sio , Marcela, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires. 1810-1852. Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 2002. 20 Para el estudio del movimiento juntista de Caracas pueden verse: Le a l Cu rie l , Carole «Tertulia de dos ciudades: modernismo tardío y formas de sociabilidad política en la Provincia de Ve­ nezuela», en Gu e r r a Frangois y Lamperiere , Annick, Los Espacios Públicos en Iberoamérica. México, Fondo de Cultura Económica, 1998; de la misma autora «Del Antiguo Régimen a la 'Modernidad Política' (Cronología de una transición simbólica)», Anuario de Estudios Bolivarianos, Caracas, Uni­ versidad Simón Bolívar, N° 10. Vol 9, 2003. El tema ha sido ampliamente trabajado por Quin te ­ r o , Inés. La Conjura de los Mantuanos: último acto de fidelidad a la Monarquía Española. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002; «La Junta de Caracas» en 1808: La eclosión juntera en el Mundo Hispano, Ch u s t , Manuel (coord.) México, Fondo de Cultura Económica Fideicomiso de las

s o b e r a n ía , o r d e n

Y

r e p r e s e n t a c ió n : EL m o v im ie n t o

JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

43

2 . CONSERVACiÓN DEL ORDEN Y REASUNCiÓN DE LA SOBERANÍA

El 15 de julio se reciben en Caracas los despachos provenientes de Madrid en los cuales se anuncian las abdicaciones de Bayona, el nombramiento del duque de Berg como teniente general del reino y la cesión de la corona a favor de Na­ poleón Bonaparte. Al conocerse las noticias hay movimiento en las calles: al grito ¡Mueran los franceses! y ¡Viva Fernando VII!, la multitud exige la proclamación y la jura inmediata de Fernando VII, único y legítimo monarca. Esa misma noche, en respuesta a la presión de las personas que se congregan frente al cabildo, se realiza el acto de jura y proclamación del rey, se coloca el retrato de Fernando VII en sala capitular y se levanta un acta de lo sucedido21. Al día siguiente, los miembros del cabildo designan una comisión a fin de soli­ citar al capitán general información del contenido exacto de los pliegos recibidos. La petición se sustenta argumentando, entre otros motivos, la necesidad en que se encuentra el cuerpo de precaver los medios necesarios para «conservar y asegurar el reposo y orden público»22. Ese mismo día, emisarios ingleses entregan a las autoridades los informes sobre los alzamientos de Madrid y otras ciudades de la península contra la usurpación de los franceses. El ambiente, naturalmente, es de enorme confusión e inquietud. La resolución del capitán general es convocar una junta para el día 17 de julio a fin de deliberar sobre el partido que debía tomarse en tan críticas circunstancias. A la junta convocada por el capitán general asistieron las principales autoridades de la provincia: el capitán general Juan de Casas, el regente Joaquín Mosquera, el fiscal de la Audiencia, Francisco de Berrío y el intendente de ejército y super­ intendente general Juan Vicente de Arce; tres miembros del ayuntamiento: el alférez real, Feliciano Palacios, el regidor José Hilario Mora y el síndico Manuel Echezuría; tres miembros del cuerpo militar: el mariscal de campo Mateo Pérez, el brigadier Judas Tadeo Tornos y el coronel Juan Pírez; el provisor y goberna­ dor del arzobispado Santiago Zuloaga; el prior Manuel Montserrate miembro del consulado; el conde de La Granja y Juan Blanco del cuerpo de nobles de la ciudad; el consejero de Indias Antonio López de Quintana y el auditor de guerra teniente de gobernador Juan Jurado.

Américas, 2007 y «Soberanía, representación e independencia en Caracas, 1808-1811» en Proce­ sos Revista Ecuatoriana de Historia, Quito, I semestre 2009. 21 «Acuerdo del Ayuntamiento de Caracas»; Caracas, 15 de julio de 1808. Bla n c o , José Félix y A zp u rú a , Ramón, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1977, tomo II, pp. 160-161. 22 «Acuerdo extraordinario del Ayuntamiento de Caracas», Caracas, 16 de julio de 1808, Ibídem, p. 162

44

in é s q u in t e r o m o n t ie l

La resolución de la junta fue no hacer ninguna novedad en el gobierno de la provincia. El acta de la reunión destaca que la resolución tomada obedecía a la necesidad de «conservar la tranquilidad de estas provincias, cuya efervescencia propagada y acalorada recíprocamente traería indubitablemente un desorden o la desorganización general, de que resultaría necesariamente la anarquía y las perni­ ciosas consecuencias que van a ella siempre unidas»23. Esta determinación, firmada por el capitán general, fue publicada por bando y carteles el día 18 de julio a fin de declarar solemnemente que «que en nada se altera la forma de Gobierno ni del Reynado del Señor Fernando Séptimo en este Distrito»24. Hasta aquí las declaraciones, oficios públicos e incluso la convocatoria del capitán general tienen como motivación evitar alteraciones en el orden público en medio de la emergencia política que se vive como consecuencia de los sucesos acaecidos en la península. La resolución como ya se dijo fue no hacer modifica­ ciones en el gobierno de la provincia. Sin embargo, es precisamente en medio de las deliberaciones de la junta convocada por el capitán general el día 17 de julio que se plantea, por primera vez, la discusión sobre la soberanía al discutirse si debía establecerse una junta y si ésta, al constituirse, sería la depositaria de la soberanía. Hubo quienes consideraron que la convocatoria tenía como finalidad establecer una junta en calidad de permanente y suprema de Venezuela y quie­ nes, por el contrario, expusieron que la reunión estaba compuesta por individuos nombrados por el gobernador y no por las corporaciones en las cuales residía la representación pública por tanto no podían abrogarse la representación de la nación. El parecer del regente visitador fue que la Real Audiencia tenía potestad para resolver sobre la materia y, en consecuencia, sólo se había convocado a los asistentes para mayor ilustración del cuerpo. No era, por tanto, una junta. La decisión de no hacer cambios en el gobierno no disipó las posiciones en­ contradas que se habían expresado durante la llamada junta del día 17, tampoco alivió el ambiente de tensión e incertidumbre que se vivía en la provincia. En medio de estas críticas circunstancias se abrió causa a algunos de los participantes en los sucesos del 15 de julio. De acuerdo a lo declarado por varios testigos se decía que en la ciudad «se estaban amolando cuchillos para degollar a todas las autoridades y acabar con los europeos» y que había quienes «esparcían especies subversivas del buen orden»25.

23 «Acuerdo de la Junta convocada por el gobernador y capitán general de Caracas para resol­ ver sobre los despachos presentados por los emisarios franceses y el comandante de la corbeta inglesa Acasta», 17 de julio de 1808, Ibídem, p. 167. 24 «Auto del Capitán General de Caracas», 18 de julio de 1808, Ibídem, p. 169. 25 «La conjuración de Matos», Caracas, julio 1808 en Boletín de la Academia Nacional de la Histo­

s o b e r a n ía , o r d e n

Y REPRESENTACIÓN: EL M oVIM IEN To JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

45

Precisamente para atender la situación de inquietud que se manifestaba en la provincia y considerando que podían ocurrir «asuntos de la mayor gravedad», el capitán general le remite un oficio al cabildo con fecha 27 de julio solicitándole la elaboración de un proyecto para erigir una junta a ejemplo de la de Sevilla26. El Cabildo atiende la petición del gobernador y el día 29 entrega el proyec­ to de junta. Según establecía el documento se constituiría una Junta Suprema de Estado y Gobierno que, en consideración a las circunstancias del momento, reuniría todo el «carácter, representación e intereses de la causa común» en que se interesan todos los habitantes de la ciudad y deliberaría en su seno lo más conveniente para proveer los remedios que exija «ahora y en lo sucesivo la paz y seguridad general»27. Estaría presidida por el capitán general e integrada por 18 miembros. El prospecto también contemplaba que, a fin de garantizar «todo el esplendor, carácter y representación que debe tener la Junta, se de a reconocer por un Bando público, fijándose este en los lugares acostumbrados, para la ge­ neral inteligencia, y que al propio tiempo se comuniquen las respectivas órdenes a los Cuerpos militares, con el justo fin de que todos los Tribunales superiores e inferiores y los cuerpos civiles, políticos y militares, sin excepción de alguno, reconociéndola por del carácter superior, la acaten, obedezcan y reverencien sin el menor embarazo ni pretexto, bajo las severas penas establecidas contra aquellos que falten al respeto de su Soberano»28. El proyecto así concebido constituía la introducción de una novedad en el go­ bierno de la provincia al crear una instancia deliberativa y con poder de decisión distinta a las establecidas, la cual debía ser reconocida, acatada y reverenciada por todos los cuerpos civiles, políticos y militares de la provincia. Era la representa­ ción del Soberano, en consecuencia, sin expresarlo directamente, se constituía en depositaria de la soberanía. Aun cuando la propuesta fue hecha a solicitud del gobernador, contaba con la aprobación del cabildo y con la anuencia de algunas de las más altas autoridades de la monarquía, no se llevó a efecto. La llegada a Caracas del representante de la Junta de Sevilla solicitando la sujeción a su soberana autoridad, determinó que el capitán general y la Real Audiencia se pronunciaran a favor del reconocimiento de esta junta. No obstante, el cabildo manifestó sus reservas argumentando que no se tenían presentes ni recordaban las leyes de Castilla la condición de autori­

ria, Caracas, n° 56, Oct-Dic. 1931. 26 Oficio del Gobernador y Capitán General al M.I. Ayuntamiento sobre la formación de una Junta, Caracas, 27 de julio de 1808, Bla n c o y Azpurúa, Op.cit., pp. 170-171. 27 Prospecto o Reglamento de la Junta, 29 de julio de 1808, Ibídem, p. 172. 28 «Aprobación del Prospecto para la creación de la Junta», 29 de julio de 1808. Ibídem, p. 174

46

INÉS QUINTERO MONTIEL

dad soberana que se abrogaba la mencionada junta. Finalmente y para evitar ser declarados rebeldes o traidores, reconocieron la autoridad de la Junta de Sevilla, salvaguardando sus derechos, según fuese la suerte de las armas29. El debate y los enfrentamientos no concluyen con el reconocimiento de la junta de Sevilla. Meses más tarde, en noviembre del mismo año, todavía están presentes los distintos pareceres respecto a la posibilidad de establecer una junta que velase por la tranquilidad y el orden y que fuese la depositaria de la soberanía en ausencia del rey. Se plantea entonces la posibilidad de retomar la propuesta que le hiciera el capitán general al cabildo para constituir una junta. En esta oportunidad el proyecto lo adelanta un grupo de vecinos principales de la ciudad. Luego de numerosas reuniones y de no pocas discordias, elaboran un documento firmado por 45 vecinos cuyo objetivo es solicitar al capitán general la constitu­ ción de una junta. En la nota que antecede a la propuesta, cuatro de los propo­ nentes manifiestan el espíritu que anima la iniciativa: Desean ardientemente tomar una parte activa y concurrir por todos los medios que puedan a la defensa de la persona y Sagrados derechos de su amado Rey el S.D. Fernando VII, a la libertad de su Madre Patria y a la conservación y seguri­ dad de esta parte de sus dominios30.

La propuesta se fundamenta y tiene su ejemplo en las juntas que se han forma­ do en la península en defensa de la Religión, del Rey y de la libertad e integridad del Estado, proclama la inalterable unión de todos los pueblos españoles y la integridad de la monarquía, y reitera la absoluta necesidad de formar una «Junta Suprema con subordinación a la Soberana de Estado que ejerza en esta ciudad la autoridad suprema mientras regresa al Trono nuestro amado Rey el Dr. Don Fernando VII»31. La iniciativa es condenada por las autoridades, se abre causa a sus promo­ tores, se llama a declarar a numerosos testigos, el proceso divide y exacerba las opiniones sobre la crisis que se vive en la península y se convierte en motivo de alteración e inquietud para el orden y tranquilidad de la provincia. Muchos de los firmantes muy rápidamente se arrepienten; otros, desde la cár­ cel, solicitan el perdón; todos se declaran irrefragablemente fieles al rey y a la monarquía española y hay quienes defienden la iniciativa haciendo valer su ne­

29 Yanes , Francisco Javier. Compendio de la Historia de Venezuela, desde su descubrimiento hasta que se declaró Estado independiente, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1944, pp. 130-131. 30 Representación al capitán general Juan de Casas, 24 de noviembre de 1808, en Conjuración de 1808 en Caracas, Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1968, tomo I, p. 113 31 Representación al Sr. Presidente, Gobernador y Capitán General, Caracas, 22 de noviembre de 1808, Ibídem, p. 112.

s o b e r a n ía , o r d e n y r e p r e s e n t a c ió n : e l m o v im ie n t o ju n t is t a en

V e n e z u e l a 1808-1810

47

cesidad como instrumento para preservar el orden y como instancia idónea para ejercer la suprema autoridad, mientras el rey permanece ausente. Ambos argumentos están en las misivas dirigidas al capitán general por parte de Martín Tovar y Blanco, el conde de Tovar, uno de los más conspicuos repre­ sentantes de la nobleza criolla y de los primeros firmantes de la representación del 22 de noviembre solicitando una junta. Consideraba Tovar que la propuesta de constituir una junta gubernativa que «a nombre de nuestro amado Soberano conserve a estos Pueblos bajo su apreciable dominación, y los defienda contra el Usurpador, no es un delito: es por el contrario una acción plausible digna del nombre de Español»32. Insiste Tovar en que habían actuado como españoles leales, siguiendo la proposición hecha por el propio capitán general el 27 de julio, se había procedido de manera regular, «por las sendas del buen orden, la tranquilidad y la armonía» y, en perfecta sintonía con lo ocurrido en todas las provincias de la península; si bien admite que no estaban estos territorios bajo la ocupación enemiga, no debía desestimarse que los franceses pudiesen intentar en cualquier momento una invasión, ya que tenían sobre estos mares colonias muy poderosas. Sin embargo, la mayor preocupación del conde no era que se objetase la le­ gitimidad o legalidad de la iniciativa, sino el ambiente de discordias y enfrenta­ mientos que se había desatado en la ciudad como consecuencia de los rumores y prevenciones que suscitó el proyecto de los principales. En su opinión, la altera­ ción del orden, la división en partidos y la descalificación que se hacía contra la iniciativa de los vecinos distinguidos para hacer ver que escondía terribles propó­ sitos como eran asesinar a los españoles y esclavizar a los pardos, constituían una intriga atroz que bien podía conducir a la ruina y a la más fatal de las revolucio­ nes. Ya que, por una parte, pretendía enemistar a los europeos contra los nobles, haciéndoles creer que eran sus enemigos y, por la otra, perseguía atizar el odio de los pardos contra los blancos haciéndoles creer que éstos atentarían contra su libertad. Todo ello podría tener funestas consecuencias ya que podría contribuir a exacerbar los enfrentamientos entre las diversas clases de la sociedad, alterando el orden social. Concluye el conde insistiendo en la pertinencia de la junta «Si antes la pe­ dimos como un sistema útil a nuestra conservación, yo la creo ahora, si no me engaño, necesaria para evitar nuestra ruina»33.

32 El Conde de Tovar al Capitán General, Caracas, 2 de diciembre de 1808, Conjuración de 1808 en Caracas, tomo II, pp. 658-659. 33 Ibídem, p. 661

48

INÉS QUINTERO MONTIEL

Además del conde de Tovar, hay otros firmantes que salen en defensa de la iniciativa, todos explican que la propuesta no tenía otra motivación que seguir los dictados de la Junta de Sevilla en cuya proclama se exhortaba a que se forma­ sen juntas en los diferentes rincones del reino. Esteban Fernández de León, los hermanos Montilla, los hermanos Rodríguez del Toro y otros, expusieron que se trataba de un servicio a la patria ya que a través de la mencionada junta se podrían organizar los auxilios a España y la resistencia a los franceses. El episodio juntista concluye con la absolución de todos los implicados. El 20 de abril de 1809 los fiscales Antonio Berríos y Francisco Espejo elaboran un veredicto el cual es sometido a la consideración de la Real Audiencia. Según exponen los fiscales, la propuesta de junta había sido inoportuna y de absoluta inutilidad después de que los pueblos de este distrito se habían subordinado a la junta de Sevilla. El proyecto, por tanto, era extemporáneo, máxime cuando en España, para evitar los riesgos e inconvenientes que podrían seguirse de continuar dividida la soberanía en tantas juntas provinciales, se había constituido la Junta Central y Gubernativa del Reino, a la cual quedaban sometidas todas las juntas españolas y todos los dominios de las Indias. No se les imputa ningún delito, solamente se les recrimina su «imprudencia e indiscreción»34. La propuesta de los fiscales es admitida sin modificaciones por la sala extraordinaria y aprobada el 4 de mayo de 1809. Así vemos que, desde el mismo momento que se tienen noticias de la crisis que altera la vida política en la península, se plantea la posibilidad de atender la emergencia mediante la constitución de una junta, así lo hace el capitán general el 17 de julio para someter a consulta la información de los pliegos recibidos; insiste en ello el 27 del mismo mes al solicitarle al cabildo la elaboración de un proyecto de junta y lo hacen posteriormente los vecinos principales con la representación del 22 de noviembre. En los tres casos está presente la necesidad de conservar el orden y de dar respuesta a la emergencia política mediante la constitución de un cuerpo que sea el depositario de la soberanía. Esta misma situación se plantea en el mes de abril de 1810, al recibirse las noticias de la disolución de la Junta Central y la instalación del Consejo de Re­ gencia, sin embargo se introducen nuevos elementos los cuales determinarán un desenlace diferente.

34 Informe de los fiscales Antonio Berríos y Francisco Espejo a los Sres. Presidente Casa, Regen­ te Mosquera y Oidor Álvarez, Caracas, 20 de abril de 1809, Ibídem, Tomo II pp. 320-339.

s o b e r a n ía , o r d e n

Y REPRESENTACIÓN: EL M oVIM IEN To JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

49

3 . SOBERANÍA, LEGÍTÍMÍDAD Y REPRESENTACiÓN

El debate sobre la necesidad de establecer una junta que velase por la seguri­ dad y defensa de la provincia y fuese la depositaria de la soberanía queda disipado temporalmente con el reconocimiento y aceptación de la Junta Central y Guber­ nativa del reino como legítima autoridad. En Caracas el acto de reconocimiento se realizó en enero de 1809 y en la ciudad de Maracaibo en marzo. Posteriormente se admitió la convocatoria a elecciones y durante el mes de mayo se llevó a cabo el proceso para elegir el diputado que representaría a Venezuela en la Junta Central. El sorteo final se realizó el 20 de junio de 1809 resultando favorecido el regente visitador Joaquín Mosquera y Figueroa. Las reacciones no se hicieron esperar: va­ rias solicitudes de anulación contra el resultado electoral fueron adelantados por distintos vecinos de la provincia por ser Mosquera nativo de Popayán. Finalmen­ te los recursos de nulidad fueron admitidos por el Consejo de Indias y se ordenó que se hiciese nuevamente la elección. El nuevo proceso electoral se llevó a cabo el 11 de abril de 1810. El diputado elegido en esta oportunidad fue Martín Tovar, blanco criollo, hijo del conde de Tovar y alcalde del cabildo de Caracas. Mientras todo esto ocurre, la situación en la provincia sigue siendo de in­ tranquilidad e incertidumbre respecto a la situación en la península; de hecho el propio capitán general Vicente Emparan, en procura de apaciguar los ánimos, publica un M anifiesto en la Gaceta d e Caracas el cual termina haciendo un lla­ mado a los habitantes de la provincia a fin de que se conserven «felices bajo los auspicios de nuestra sabia legislación»35. El 18 de abril llega la información acerca de la caída de Andalucía, la disolu­ ción de la Junta Central y el establecimiento del Consejo de Regencia. El 19 de abril se reúne el cabildo con la asistencia del capitán general, el debate es tenso y complicado. Los presentes exigen, como dos años atrás, el establecimiento de una junta. La respuesta del capitán general es disuadirlos argumentando que se ha establecido un Consejo de Regencia como legítima autoridad, por lo cual no se justifica la creación de una junta. La situación regresa al debate de 1808, con algunas modificaciones. Si bien sigue siendo materia de preocupación la conservación del orden y la seguridad y defensa de la provincia, cobran especial relevancia el tema de la soberanía y en especial el problema de la legitimidad de representación. En relación con el primer punto, el acta del 19 de abril establece que la cons­ titución de una junta tenía como propósito «atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor don 35 Em p a r a n , Vicente. «Manifiesto», 7 de abril de 1810, Gaceta de Caracas, 13 de abril de 1810.

50

in é s q u in t e r o m o n t ie l

Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el em­ perador de los franceses». Más adelante insiste sobre el mismo tema al considerar la «impotencia» en la cual se halla el Gobierno «de atender a la seguridad y pros­ peridad de estos territorios»36. Se trata, pues, de una instancia responsable de velar por el orden y la seguri­ dad de la provincia en atención a que, por las críticas circunstancias en las que se encontraba la monarquía, no podía su Gobierno atenderlo. No obstante, el fundamento esencial de la propuesta se refiere más bien a la ilegitimidad de la Regencia. El texto del acta es claro al respecto: no podía el Consejo de Regencia «ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de esos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados no colonos sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina y a la reforma de la constitución nacional». Si se había reconocido a la Junta Central, admitido el decreto de convocatoria a elecciones y realizado los procesos electorales para la incorporación de diputa­ dos americanos a la Junta Central; al quedar ésta disuelta resultaba inevitable que el debate volviese al punto inicial: ¿sobre quién recae la soberanía en ausencia del rey? La respuesta fue la misma: disuelta la junta la soberanía regresaba a la nación. A ello habría que añadir la diversidad de opiniones y la intensidad del debate de los últimos dos años, durante los cuales la situación de incertidumbre y el ambiente de inquietud favorecieron la reunión frecuente de los vecinos y el in­ tercambio de pareceres sobre las críticas circunstancias del momento y la manera de atender tan particular emergencia, unos desde posiciones moderadas otros de manera más beligerante. La resolución fue destituir a las autoridades de la monarquía y constituir una Junta Suprema o, como dice el acta «erigir en el mismo seno de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mis­ mos principios de la sabia constitución primitiva de la España». Al día siguiente se redacta una «Proclama» en la cual se reitera lo dicho en el acta sobre la ilegitimidad de la Regencia; estos mismos argumentos son ampliados en una comunicación al Consejo de Regencia, el 5 de mayo, en otra de la misma fecha dirigida a la Junta Superior de Cádiz y en dos extensas y acuciosas entregas publicadas en la Gaceta d e Caracas. Todos estos documentos plantean el problema

36 Acta del 19 de abril de 1810.

SOBERANÍA, ORDEN Y REPRESENTAClóN: EL MOVIMIENTO JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

51

en los mismos términos: no estaba la nueva instancia ajustada a lo que ordenaban las leyes del reino, las Partidas de Alfonso el Sabio eran claras al respecto, allí se establecía con claridad el modo de suplir la falta del Monarca reconocido cuando estuviese impedido del ejercicio de la Soberanía37. La única manera de solventar esta carencia era mediante la constitución de una junta que fuese la depositaria de la soberanía y que atendiese la seguridad de la provincia. Luego de su constitución y en las semanas posteriores son varias las resoluciones que toma el nuevo gobierno para cumplir con su cometido. Las primeras acciones tienen como finalidad obtener el reconocimiento de su autoridad por parte de las provincias que formaban la Capitanía General de Ve­ nezuela. Inmediatamente después de su constitución, en la proclama del 20 de abril, la junta reconoce las carencias de su representación, en el mismo documento se plantea la necesidad convocar a los habitantes de todas las provincias para que formasen parte de la «Suprema Autoridad» con proporción al mayor número o menor número de individuos de cada provincia38. La resolución inicial es enviar comisionados a todas las provincias con el propósito de que se reconozca la autori­ dad de la junta y se envíen representantes que formen parte del nuevo gobierno. El resultado es la constitución de juntas en algunas de las más importantes ciudades: en Cumaná y Barcelona el 27 de abril, en Margarita el 4 de mayo, en Barinas el 5 de mayo, en Mérida el 16 de septiembre. En otras ciudades no se forman juntas pero se reconoce la autoridad del gobierno de Caracas: así ocurre en Valencia, Puerto Cabello, San Felipe y Barquisimeto, todas ellas pertenecientes a la provin­ cia de Caracas. En las provincias de Margarita, Cumaná y Barcelona se designan representantes que viajan a la capital y forman parte del nuevo gobierno. El 11 de junio se aprueba y comienza a publicarse en la G aceta d e Caracas el reglamento que normaría la elección para la «Representación legítima y universal de todos los Pueblos en la Confederación de Venezuela»39. Su finalidad es preci­ samente «corregir» las carencias de representación de la junta de Caracas. En el propio reglamento hay una alusión directa a ello cuando se afirma que si bien se fueron sumando representantes enviados por las juntas de Cumaná, Barcelona y

37 Pueden verse: «Proclama del 20 de abril de 1810», Gaceta de Caracas, 27 de abril de 1810; «La Junta Suprema de Caracas a los señores que componen la Regencia de España», 5 de mayo de 1810, Gaceta de Caracas, 11 de mayo de 1810; «Conducta legal de Venezuela con la Regencia de España», Gaceta de Caracas, 22 de junio de 1810; «Vicios legales de la Regencia deducidos del acta de su instalación el 29 de Enero en la Isla de León», Gaceta de Caracas, 29 de junio y 6 de julio de 1810. 38 Proclama del 20 de abril de 1810, Gaceta de Caracas, 27 de abril de 1810 39 Gaceta de Caracas , Caracas, 15, 22 y 30 de junio de 1810, Bla n c o , José Félix y A zp u rú a , Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo II, pp. 504-512.

52

INÉS

q u in t e r o m o n t ie l

Margarita, «quedaban sin voz alguna representativa las ciudades y pueblos de lo interior, tanto de esta como de las otras provincias». Se trataba, en definitiva, de superar su propia ilegitimidad dando respuesta a los argumentos utilizados con anterioridad cuando habían cuestionado el recono­ cimiento de la Junta de Sevilla en agosto de 1808, habían expresado sus reparos a la composición de la Junta Central y, finalmente, cuando se negaron a reconocer al Consejo de Regencia en abril de 1810. En las tres ocasiones los argumentos esgrimidos se relacionan con la ilegitimidad de cada una de estas instancias pre­ cisamente por las deficiencias de su representación. La manera de superar esta contradicción es mediante un proceso eleccionario de amplia convocatoria. El texto de la alocución es clarísimo respecto al principio de representación como recurso de legitimación de la soberanía y la autoridad: ¡Habitantes de Venezuela! Sin una representación común, vuestra concordia es precaria y vuestra salud peligra.. .El ejercicio más importante de los derechos del pueblo es aquel en que los trasmite a un corto número de individuos, haciéndolos árbitros de la suerte de todos. Todas las clases de hombres libres son llamadas al primero de los goces de ciu­ dadano que es el concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales y reales que existieron originariamente en la masa común y que le ha restituido el interregno de la Monarquía40.

Las elecciones se realizan durante los meses de agosto a noviembre en Cumaná, Barcelona, Barinas, Margarita, Caracas, Mérida y Trujillo. No ocurre lo mismo en las provincias de Maracaibo y Guayana y en la ciudad de Coro, lugares en los cuales, se reconoció la autoridad y legitimidad del Consejo de Regencia y se rechazó el establecimiento de la Junta Suprema de Caracas. En la ciudad de Coro, al recibirse los pliegos provenientes de Caracas el 4 de mayo, la decisión del Cabildo y del jefe civil y militar de la ciudad, es enviar prisioneros a Maracaibo a los comisionados de la junta, desconocer su autoridad y manifestarse fieles a la Regencia. En Maracaibo sucede otro tanto. El día 10 de mayo el cabildo rechaza la constitución de la junta y aprueba conservar en el mando al gobernador Fernando Miyares. El informe preparado por el síndi­ co procurador califica de «atentado inaudito» que el cabildo de Caracas se haya abrogado la Autoridad Soberana y recomienda «.recon ocer en el Supremo Con­ sejo de Regencia, el legítimo gobierno de estos dominios como parte integrante de la Monarquía española»41. El mismo mes de mayo, la provincia de Guayana,

40 Ibídem, p. 504 41 Informe de Manuel de Linares González, Síndico Procurador del Cabildo de Maracaibo, 26

s o b e r a n ía , o r d e n

Y REPRESENTACIÓN: EL M oVIM IEN To juNTISTA EN VENEzuELA 1808-1810

53

aun cuando inicialmente reconoce la autoridad de Caracas, muy rápidamente se pronuncia a favor de la Regencia. Frente a las disensiones manifestadas contra su autoridad y con el propósito de conservar el orden y garantizar la seguridad y defensa de las provincias, la junta emite una serie de resoluciones y medidas. Las primeras acciones están dirigidas a procurar el sometimiento de Coro, por tratarse de una ciudad que estaba bajo la jurisdicción. El 22 de mayo envía una circular a los distritos comarcanos de la ciudad disidente en la cual se condena la acción del cabildo de Coro por ser con­ traria «a la paz interior» y por tratarse de un «abuso contra la voluntad general»42. Días después ordena la visita de un comisionado con instrucciones de paz. En las instrucciones que se entregan al comisionado de paz, se condena al jefe militar de Coro, se le acusa de seguir el partido de Bonaparte y se insiste en la necesidad de persuadir a los habitantes de Coro de las «intenciones pacíficas y los sinceros y vivos deseos que tenemos de verlos unidos a nosotros con aquella cordial fra­ ternidad que inspiran unos mismos intereses y unos mismos derechos»43. Ante la negativa de aceptar su autoridad, la decisión de la junta es enviar, el mismo mes de junio, una fuerza militar cuya finalidad es poner fin a los «delirios políticos de Coro». La campaña resulta un fracaso. En noviembre el ejército enviado por la junta es derrotado. La junta, desde los días siguientes de su constitución tomó la determinación de hacer valer su autoridad mediante la sanción de una serie de medidas que tenían como finalidad asumir el control político de los territorios, garantizar la paz y el sostenimiento del orden. El 25 de abril emite un acuerdo sancionando la composición y anunciando las primeras resoluciones del nuevo gobierno. Entre otros aspectos se organiza el gobierno militar de la provincia y se establece una junta de guerra y defensa; se aprueba un decreto que reorganiza las milicias bajo la autoridad de la junta y se envían misiones a Gran Bretaña, Estados Unidos, la Nueva Granada y Curazao para comunicar las novedades políticas ocurridas en Caracas y solicitar el apoyo y reconocimiento de la Junta44.

de mayo de 1810, en B esson , Juan. Historia del Estado Zulia, Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia, 1993, tomo II, pp. 472 y 474. 42 «Alocución de la Suprema Junta de Venezuela a los distritos comarcanos de la ciudad de Coro», 22 de mayo de 1810, Bla n c o y A z p u r ú a Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo II, p. 435. 43 «La Suprema Junta de Caracas comisiona al teniente coronel Carlos de la Plaza sobre la Pro­ vincia y costas de Coro, con instrucciones de paz», 25 de mayo de 1810; Ibídem, p. 442. 44 «Acuerdo de la Suprema Junta de Caracas organizando el nuevo gobierno de Venezuela», 25 de abril de 1810, Ibídem, pp. . 406-407.

54

INÉS QUINTERO MONTIEL

El 18 de junio se establece un Tribunal de Seguridad Pública el cual se encar­ garía de sofocar «los gérmenes perniciosos de la división y seducción, castigando al perturbador, o seductor malicioso, ilustrando al Ciudadano incauto y sencillo sobre sus verdaderos intereses y protegiendo al inocente contra las acechanzas del calumniador». La finalidad última era defender los derechos de Fernando VII y conservar la tranquilidad pública45. Poco tiempo después es aprobado un «Edicto», con fecha 26 de julio. El úl­ timo párrafo deja claramente establecidos los castigos que se infligirán a los ene­ migos del gobierno: Todo individuo que vertiere expresiones contrarias al orden, sediciosas y que sea convencido de complot o intriga contra el sistema actual será castigado de muerte conforme a la legislación Española, y toda expresión que propenda a sembrar la división y desconfianza entre individuos que deberían mirarse como hermanos, será castigado con la mayor severidad y a discreción de la Junta Suprema, acomo­ dándose siempre a las leyes del Reyno cuya obediencia ha jurado46.

Antes de que termine el año, en diciembre de 1810, se publica un bando dirigido a los habitantes de Venezuela alertando acerca del envío de emisarios, cartas, papeles sediciosos y otras especies por parte del «pérfido Napoleón» con el «depravado designio de introducir la anarquía y el desorden» en estas provincias. En atención a ello se ordena a las autoridades correspondientes impedir el desem­ barco de extranjeros que no acrediten la legitimidad de sus personas y el objeto de su viaje; igualmente se exige a todas las autoridades civiles y militares el exacto cumplimiento de esta determinación. Concluye manifestando su disposición a no desestimar medios ni desvelos para garantizar la «eterna tranquilidad de estas provincias»47. 4 . CONSIDERACIONES FINALES

La tranquilidad de las provincias no logra sostenerse. Las disidencias de Maracaibo, Guayana y Coro se mantienen y, desde estos territorios, se organiza la reacción armada contra la autoridad de la junta. Tampoco logran solventarse las carencias de representación de la junta. Si bien se llevan a cabo elecciones en las provincias que se suman al gobierno de Caracas, en Maracaibo se elige el diputa­

45 «Establecimiento de un Tribunal de Seguridad Pública», 18 de junio de 1810, Gaceta de Cara­ cas, 22 de junio de 1810. 46 «Edicto», Caracas, 26 de julio de 1810, Gaceta de Caracas, 3 de agosto de 1810. 47 «Bando», Palacio de Gobierno de Venezuela, 5 de diciembre de 1810, Gaceta de Caracas, 18 de diciembre de 1810

s o b e r a n ía , o r d e n

Y REPRESENTACIÓN: EL M oVIM IEN To JUNTISTA EN VENEzUELA 1808-1810

55

do que la representará en las Cortes de la monarquía mientras que Coro y Guayana envían comisionados con el propósito de obtener representación en las Cortes. Los representantes reunidos en el Congreso declaran la Independencia absoluta de Venezuela el 5 de julio de 1811 y sancionan la Constitución de la república de Venezuela el 21 de diciembre de 1811. Las provincias que se mantienen leales a la monarquía, reconocen la legitimidad de las cortes y admiten la constitución de la monarquía. Ni el orden constitucional republicano ni el orden constitucional de la mo­ narquía tienen ocasión de garantizar la paz y la armonía, tampoco solventan las posiciones encontradas respecto a la representación y la legitimidad política del poder. La constitución de 1811 no tiene ocasión de ejecutarse; pocos meses des­ pués de su juramentación, el 4 de abril se le otorgan facultades extraordinarias al poder ejecutivo, antes de que termine el mes el ejecutivo nombra a Francisco de Miranda Generalísimo y dictador absoluto para que conduzca la guerra, quedan sin efecto los mandatos de la constitución de 1811. Al año siguiente, en julio de 1812 concluye la experiencia republicana y los territorios de Venezuela quedan bajo el mandato constitucional de Cádiz, tal como lo estipulaba la capitulación que puso fin a la contienda. No obstante su ejecución resulta accidentada. La nueva Constitución se jura en ciudades, pue­ blos y villas entre los meses de septiembre a diciembre de 1812. Sin embargo su puesta en práctica no se lleva a cabo en la totalidad de las provincias. Las que se mantuvieron fieles a la monarquía, Maracaibo, Guayana y la ciudad de Coro, eli­ gen sus ayuntamientos constitucionales y comienzan a regirse bajo los mandatos de la nueva constitución; no ocurre lo mismo en las provincias que se sumaron a los dictados de Caracas y aprobaron la independencia. En oficio dirigido a la Regencia en enero de 1813, Monteverde en su condición de Capitán General de Venezuela expuso su parecer respecto al orden que debía imperar en las provincias pacificadas. En su opinión estos territorios no podían participar de los beneficios de la Constitución «hasta dar pruebas de haber detestado su maldad, y bajo este concepto deben ser tratadas bajo la ley de la conquista, es decir por la dureza y obrar según las circunstancias; pues de otro modo, todo lo adquirido se perderá: este es mi juicio convencido de lo que es la provincia de Venezuela»48. La guerra se prolonga por más de una década lo cual impide conservar el or­ den, asegurar el reposo y atender a la seguridad y prosperidad de las provincias; la guerra tampoco favorece la práctica de la representación como garantía para la

48 Monteverde, mal hallado con las reglas que pudiera establecer un gobierno regular representa en 17 de enero de 1813 al gobierno de la Península que Caracas debía ser tratada por la ley de la conquista, con dureza, 17 de enero de 1813, Bl a n c o y Az p u r ú a , op.cit..,Tomo IV, pp 623-625.

56

in é s q u in t e r o m o n t ie l

legitimación del poder. Será durante el ensayo republicano colombiano (1821­ 1829) y posteriormente con la creación de la república de Venezuela a partir de 1830 que se avance en la construcción de los mecanismos que prevean la conser­ vación del orden y que se instauren las formas de representación que legitimen el ejercicio de los poderes públicos. Todo ello forma parte de un largo y complejo proceso en el cual la formula­ ción y debate tienen referentes insoslayables en las prácticas y controversias que suscitaron las iniciativas juntistas y las distintas propuestas de representación que se formularon para garantizar la legitimación del poder.

El liberalismo y doceañismo gaditano y América Manuel Chust Universitat Jaum e I

1.

la s co rtes

DE cADiz Y LA c u e s t ió n AMERicANA

Las Cortes de Cádiz1 se van a reunir el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León, próxima a la ciudad de Cádiz. Cerca de un centenar de diputados comen­ zaron a sesionar. De ellos, treinta americanos en su calidad de suplentes represen­ tarán muchas de las aspiraciones políticas y económicas del criollismo americano. La mayor parte de los diputados americanos, elegidos en los diversos procesos electorales2, van a llegar a la península en los primeros meses del año once. En esa primavera se va a alcanzar la cifra total de trescientos representantes entre peninsulares y americanos. En este sentido, la Cámara nacía con componentes liberales, tanto por su composición electoral como por su vertiente legislativa —decretos claramente li­ berales. Pero también con componentes autonomistas americanos, tanto por la presencia y participación de representantes americanos, como por sus interven­ ciones en los decretos y en la propia Constitución de 1812. Es más, ambos ten­ 1 Instrucciones para la convocatoria de elecciones de América y Asia el 14 de febrero de 1810. Esta convocatoria asignaba un diputado por cada capital cabeza de partido y mantenía la representatividad de las capitanías generales y de los virreinatos. Para completar el número de diputados ame­ ricanos se eligieron 28 suplentes en la ciudad de Cádiz hasta que llegaran los diputados electos en América. 2 Guedea, Virginia, «Las primeras elecciones populares en la ciudad de México. 1812-1813», en Es­ tudios Mexicanos/Mexican Estudies, n° 7/1 (1991). También «Las primeras elecciones populares», en Estudios de Historia Novohispana, n° 11 (1992), pp. 201-249. Rodríguez, Jaime E., «Las primeras elec­ ciones constitucionales en el Reino de Quito, 1809-1814 y 1821-1822», en Procesos, n° 14 (1999). Fra sq u e t, Ivana, «La construcción de la representación: los diputados suplentes americanos en las Cortes de Cádiz», en Co ro n a , Carmen, Fra sq u e t, Ivana, Fernández Na d a l, Carmen María (eds.), Legitimi­ dad, soberanías, representación: independencias y naciones en Iberoamérica, Castellón, Universitat Jaume I, 2009, pp. 97-146. Annino, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

58

MANUEL CHUST

drán unas características hispanas al considerar a los territorios americanos como parte integrante de la Monarquía en igualdad de derechos políticos, económicos y jurídicos. En la primera sesión se plantearon por parte de Diego Muñoz Torrero, dipu­ tado por Extremadura, dos propuestas, que se convertirán en decretos: la liber­ tad de imprenta y la soberanía nacional. Este último decreto, consustancial a la doctrina liberal del momento, suponía establecer la legitimidad de los diputados como representantes de la Nación. Además se estableció también el reconoci­ miento de Fernando VII como Rey, la nulidad de la cesión de la corona en favor de Napoleón, la división de poderes y la inviolabilidad de los diputados. Comen­ zaba el liberalismo político a fundar, jurídicamente, el Estado-nación. Nacían las Cortes en Cádiz y con ellas una determinada y singular propuesta revolucionaria que contemplaba parámetros liberales, autonomistas y anticoloniales desde ca­ racterísticas hispanas. La revolución se inició dotando de nuevo significado político —que no de significante- al conjunto de los habitantes españoles. Era la N ación, decían sus representantes, quien reconocía a Fernando VII como Rey. Con esta declaración de intenciones se invertían los parámetros legitimadores del Estado. Empezaba un cambio en la Representación y también en la Soberanía. Era el legislativo quien reconocía al poder ejecutivo, en este caso al Rey Fernando VII, y no al revés como hasta ahora en las monarquías absolutistas. En segundo lugar, las Cortes estaban legitimadas por un concepto político y jurídico en tránsito de cambio de su significación: la Nación. Por lo tanto la Soberanía... Real, es decir, del Rey absoluto, dejaba paso a la Soberanía Nacional, es decir, de la Nación reunida en Cortes. Estos decretos van a provocar que en las Cortes de Cádiz se revelara una singu­ lar y doble problemática. Por una parte, se estaba transformando jurídicamente el Estado3: de la Monarquía Absoluta a la Constitucional. Por otra, aconteció que el Estado-nación que surgía va a incluir a los territorios y los súbditos de toda la Monarquía española en calidad de igualdad de derechos y de libertades convir­ tiéndolos, respectivamente, en provincias —parámetro político-administrativo de la organización del Estado liberal hispano- y en ciudadanos —condición política que reunía derechos políticos y civiles. Este hecho, singular en la historia con­ temporánea universal implicó no sólo una lucha entre la soberanía del Rey frente a la soberanía Nacional, en construcción, sino también una problemática interna sobre el carácter y la nacionalidad triunfante de la Nación y sobre su división 3 Entre la abundante bibliografía sobre el Estado puede consultarse la obra clásica de z ip p e l iu s , Reinhold, Teoría General del Estado. México, Editorial Porrúa-UNAM, 1998.

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

59

político administrativa, lo cual supuso una subsiguiente cuestión sobre la unici­ dad de los mecanismos representativos, que legitimarán la representación de la nacionalidad y la soberanía. Se trataba para el liberalismo peninsular y americano de cambiar el Estado sin modificar su forma de legitimidad monárquica y de intentar hacer compatible, al menos inicialmente, Monarquía y Constitución. El cambio era cualitativo en el contenido jurídico y político de Estado, pero no de su forma, la Monarquía. Ello fue posible, entre otros aspectos, por la «ausencia» del Rey. Un Rey, «Deseado», pero también y quizá por ello, «Desconocido», dado que sólo había gobernado desde el 19 de marzo hasta el 10 de abril de 1808. Un Rey, Fernando VII, que se va a oponer frontalmente a las Cortes y a su Constitución porque integraba en calidad de igualdad y condición de ciudadanos a los que hasta ese momento eran sus territorios y «sus» súbditos americanos, por derecho de conquista. La «cuestión americana» que se estaba dilucidando, tanto en las Cortes de Cádiz como en las diversas juntas y cabildos en América, era para la Corona un peligro, y no sólo por los movimientos insurgentes o por los deseos de apropia­ ción de las colonias por parte de Napoleón, sino, especialmente, por la aplicación de los decretos y de la Constitución gaditana que van a plantear toda una nueva reformulación del Estado, desde la igualdad de libertades, hasta la de representa­ ción, pasando por la política y la económica. 2 . l a v ía «au to n o m ísta » d e l líb e r a lís m o g a d íta n o

El 15 de octubre de 1810 las Cortes sancionaron un importante decreto que supuso una declaración de igualdad de representación y de derechos entre los americanos y los peninsulares así como una amnistía para todos aquellos acusa­ dos de participar en la insurgencia. Comenzaba una nueva etapa, o al menos eso era lo que se pretendía. Los decretos gaditanos llegaron a América, se publicaron, entraron en discusión dialéctica con los planteamientos de la insurgencia, en conflicto con las autoridades virreinales que se oponían, sin embargo, Cádiz ob­ tuvo un eco en América. Diverso, desigual, interpretado, discutido, seguido, pero trascendente al fin y al cabo4. Esta igualdad gaditana supuso que cualquier decreto aprobado por la Cámara implicaba su proclamación en América. Ello va a condicionar al liberalismo pe­ ninsular a la hora de establecer medidas revolucionarias, pues en muchas ocasio­ nes tenían presentes sus repercusiones en América. Estos primeros decretos que 4 Ch u s t , Manuel y Fr a s q u e t , Ivana, (eds.), La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2004.

60

MANUEL CHUST

incluían los juramentos de fidelidad al nuevo poder legislativo y ejecutivo (Cortes y Regencia) serán publicados en América e, inmediatamente, aplicados en gran parte del territorio, como lo demuestran las noticias llegadas desde el otro lado del Atlántico e insertadas en el D iario d e Sesiones d e Cortes: «A continuación se dio cuenta de haber prestado juramento de fidelidad y obediencia á las Cortes el cabildo de la metropolitana de Méjico»5. A partir de entonces, todas y cada una de las instituciones vinculadas a la ad­ ministración darán cuenta de sus juramentos. El día 19 de marzo se publicará en el D iario d e Sesiones, que el ayuntamiento de Veracruz y las autoridades civiles y eclesiásticas de la isla de Cuba habían prestado sus debidos juramentos6. El 25 «los individuos de la factoría de tabacos de la Habana en manos del superintendente interino de ella, y éste en manos del capitán general, quien lo recibió igualmente de todas las autoridades y personas visibles de dicha ciudad»7. El mismo día se da cuenta de que el ayuntamiento de Puerto Rico había jurado la debida obediencia y fidelidad a las Cortes el día 7 de enero de ese mismo año. Es decir, en apenas tres meses de la instalación de las Cortes ya se tiene la noticia en América y ya se ha cumplido la orden. Generalmente los puertos de La Habana, Veracruz y San José de Puerto Rico son los primeros en donde se recibían las noticias llegadas de la península, y desde allí se distribuían hacia el interior del continente. Hay que señalar que en este período histórico hubo una fluida comunicación de informa­ ción entre América y la península y viceversa8. A través de navíos neutrales, ingle­ ses o bajo pabellón español, circulaba la información sobre los acontecimientos en uno y otro continente. Cartas privadas, decretos, periódicos, el propio D iario d e Sesiones d e Cortes, panfletos, hojas volantes, correspondencia mercantil, litera­ tura, obras de teatro, canciones patrióticas, etc. Hubo ideas, pero también hubo acción, dado que se convocaron procesos electorales municipales, provinciales y a Cortes y se verificaron las elecciones, lo cual provocó una intensa politización hispana en ambas realidades continentales. A partir de entonces, todas las autoridades políticas, militares y eclesiásticas, así como todos los habitantes de los territorios americanos de la Monarquía, des­ de la Florida hasta Chile, juraron obediencia y fidelidad a las Cortes y celebraron la instalación de las mismas. Los ejemplos son múltiples y aparecieron registra­ 5 Diario de Sesiones de Cortes, 12 demarzo de 1811. En adelante DSC. 6 DSC, 19 de marzo de 1811. 7 DSC, 25 de marzo de 1811. 8 G u e r r a , Frangois-Xavier, «El escrito de la revolución y la revolución del escrito. Información, propaganda y opinión pública en el mundo hispánico (1808-1814)» en Te r á n , Marta y s e r r a n o , José Antonio (ed.), Las guerras de independencia en la América española. México, El Colegio de Michoacán, INAH, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002, pp. 125-149.

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

61

dos en el D iario d e Sesiones: el cabildo eclesiástico de Nueva-Guatemala, el Rdo. Obispo de Cartagena de Indias, los Rdos. Obispos de Mérida de Yucatán y de León de Nicaragua, el consulado de Guatemala, los ayuntamientos de CiudadReal de Chiapa y de Comayagua, el gobernador político de Río Hacha, el capitán general interino de Santo Domingo, las autoridades de Panzacola en la Florida y jefes del regimiento de Luisiana, el Rdo. Obispo de Panamá, el virrey de México, el ayuntamiento de Puebla de los Ángeles, Veracruz, Oaxaca y Querétaro, el co­ mandante general de la provincia de Costa-Rica, el ayuntamiento de Santiago de Veraguas en Santa Fe, el comandante general de las provincias internas de Nueva España, los habitantes y autoridades de las ciudades de Maracaibo y Montevideo, el capitán general de Venezuela, la Audiencia de Guadalajara, los colegios de escribanos y estudiantes de San Juan de Letrán en México, los ayuntamientos de Celaya, Tabasco y Córdoba del Tucumán, las cabeceras de las jurisdicciones de las cuatro villas de Cuautla de las Amilpas, la gobernación de Tarma en Perú, etc.9 Al mismo tiempo, los diputados americanos recibieron Instrucciones y Repre­ sentaciones de sus cabildos y territorios para presentar a las Cortes las reivindica­ ciones que el criollismo americano tenía pendientes desde finales del siglo XVIII. Por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad de la Plata mandó instrucciones a su representante, Mariano Rodríguez Olmedo, diputado por Charcas, para que, entre otras cosas, aprobase y ratificase con su voto el proyecto de Constitución política que había presentado al Congreso la comisión de Constitución10. Es de­ cir, el diputado envió a su ayuntamiento el proyecto de Constitución que se iba a debatir en Cádiz para recibir las instrucciones por parte de sus representados.

9 Notas aparecidas en el Diario de Sesiones de Cortes entre febrero de 1811 y febrero de 1812. El gobernador de Tarma en Perú lo comunicaba de la siguiente manera al virrey Abascal en una nota del 3 de febrero de 1812: «Excmo. Sr.: con la respetable orden de V.E. tengo recibidos por duplicado los soberanos decretos expedidos por las Cortes generales extraordinarias de la Na­ ción en 24 y 25 de Setiembre, los cuales ya estaban cumplidos, publicados, jurada y reconocida la soberanía de este Congreso augusto, con el regocijo, aplauso y solemnidad que pide el acto más recomendado y digno de la fidelidad que profesamos sus verdaderos súbditos: [...] Tarma 20 de julio de 1811.=Excmo. Sr.= José González de Prada». 10 DSC, 20 de mayo de 1813. Cf. Ro d r íg u e z , Mario, El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826. México, FCE, 1984. Primera versión en inglés, The Cádiz Experiment in Central America, 1808-1826, Berkeley. University of California Press, 1978.

62

m a n u e l c h u st

3 . u n a c o n s titu c ió n «hispana»

La Constitución11 que se debatió en las Cortes estuvo elaborada por una co­ misión de quince diputados de entre los cuales cinco eran americanos. Todo el planteamiento hispano gaditano que venían desarrollando desde el principio se plasmó en ella. Un breve análisis de sus artículos así lo evidencia12. Así, el artículo 1° es toda una definición de las intenciones hispanas del código doceañista: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Establecida la Soberanía de la Nación, restaba ahora definir constitucional­ mente los términos nacionales y el nacionalismo de esa Nación. La comisión presentó una redacción con contenidos hispanos —«los españoles de ambos he­ misferios»—de la concepción de la Nación española. No obstante hubo oposición. Provino de los sectores absolutistas que se resis­ tían a un Estado constitucional. Habrá que recordar otra de las singularidades de estas Cortes, en donde una parte de sus componentes, los absolutistas, eran abier­ tamente hostiles a cualquier fórmula constitucional y nacional. Pero también hubo desacuerdo por parte del novohispano José Miguel Guridi y Alcocer, que partía desde una concepción diferente de Nación al identificarla con el concepto de Estado-nación. El novohispano propuso la siguiente redacción: «La colección de los vecinos de la Península y demás territorios de la Monarquía unidos en un Gobierno, ó sujetos á una autoridad soberana»13. Para el diputado novohispano, los vínculos de unión entre América y la pe­ nínsula no residían en la Monarquía sino en un Gobierno, independientemente de la forma de Estado que tuviera. No sólo dijo que le desagradaba la palabra española14 para definir a esta Nación, planteando así directamente reparos a un nacionalismo hegemónico español, sino que argumentó su propuesta desde plan­ teamientos federales. Y el liberalismo peninsular reaccionó desde planteamientos centralistas. Es decir, la cuestión americana obligó al liberalismo peninsular a posicionarse sobre

11 Ch u st, Manuel (coord.), Doceañismos, constituciones e independencias. La Constitución de 1812 y América, Madrid, Fundación Mapfre, 2006. 12 Ch u st, Manuel y Fra s q u e t, Ivana, «Soberanía, nación y pueblo en la Constitución de 1812», en Secuencia, n° 57 (2003), pp. 39-60. 13 DSC, 25 de agosto de 1811. 14 Idem. Así se expresaba Guridi y Alcocer respecto a la concepción de la nacionalidad: «Me desagrada también que entre en la definición la palabra española, siendo ella misma apelativo del definido; pues no parece lo más claro y exacto explicar la Nación española por los españoles, pudiéndose usar de otra voz que signifique lo mismo». También ver Ch u st, Manuel, La cuestión nacional....

EL LIBERALISMO Y DOCEAÑISMO GADITANO Y AMÉRICA

63

estas trascendentales cuestiones y a declarar una sola soberanía en la Nación. Por el contrario para la mayor parte de los diputados autonomistas americanos la so­ beranía era divisible y debía recaer, además de en la Nación, en otras instituciones constitucionales que representaban entidades territoriales provinciales y locales. Pensaban en la Diputación Provincial como la institución político-administrativa capaz de asumir este papel. Y ahí es donde residía gran parte de su propuesta político-administrativa autonomista. Era en la capacidad autónoma de la provin­ cia y la diputación provincial en donde la mayor parte de los americanos veía la fórmula ideal para organizar el nuevo Estado-nación hispano. La redacción del artículo 2° fue la siguiente: «La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona». No hubo debate en este artículo. Todos los diputados —absolutistas, eclécticos, liberales peninsulares y americanos- lo aprobaron. Esta redacción del segundo artículo encontró lo que buscaba: consenso. Para los absolutistas significaba un ataque contra las pretensiones hegemónicas de Napoleón. Para los liberales pe­ ninsulares una cláusula de defensa frente a las veleidades absolutistas de Fernando VII. Y para los liberales americanos, además de esto, esta redacción significaba una declaración constitucional que desligaba a los territorios americanos y a sus ciudadanos como Patrimonio Real. La Constitución tomaba una significación eminentemente autonomista americana. Con problemas, con contradicciones, pero también con conquistas como ésta. Se presentó a la Cámara el artículo 3°. Esta vez hubo una gran discusión. La comisión de Constitución elaboró la siguiente redacción: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el dere­ cho de establecer sus leyes fundamentales, y d e adoptar la form a d e gobierno que más le convenga»15. El artículo 3° concluía la trilogía de la Nación y su Soberanía. Tampoco hubo consenso entre el liberalismo hispano. Guridi y Alcocer volvió a romperlo. En esta ocasión el diputado por Tlaxcala propuso que además de «esencial» se inclu­ yera el concepto «radical»16. Pero la discusión más escabrosa estaba por llegar en este artículo. La comisión de Constitución, con el propósito de preservar el texto constitucional, redactó una última frase que desató una dura y agria polémica pues agregaba «y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga.» Es decir, la soberanía no sólo residía en el conjunto de los «españoles de ambos hemisfe­

15 DSC, 28 de agosto de 1811. El subrayado es nuestro. 16 No fue aceptada su propuesta. No obstante Guridi y Alcocer fue persistente. Trece años des­ pués conseguirá esta redacción que ahora proponía en la Acta Federal mexicana de 1824. En esta ocasión su propuesta si que triunfará pero ya en un México republicano y federal.

64

MANUEL CHUST

rios», tal y como había proclamado el artículo 1°, sino que además se reservaba el derecho de mantener o no, el sistema monárquico como forma de Estado. La alternativa, en estos momentos históricos, sólo era la República. Aconteció una fractura en el liberalismo hispano. Ciertamente era una cues­ tión central. Lo paradójico, y aquí habrá que volver a insistir en desentrañar algunos tópicos, es que la defensa del artículo, tal y como lo propuso la comisión, corrió a cargo de Agustín Argüelles, líder de los liberales peninsulares. Éste, que había salido varias veces a la tribuna para declarar su fidelidad al sistema monár­ quico, tras las reivindicaciones autonomistas y federales de los americanos, inter­ vino categóricamente a favor de mantener esta redacción como defensa constitu­ cional frente a veleidades absolutistas del Monarca. Los liberales más moderados se opusieron. Finalmente esta parte del texto no fue aprobada por la Cámara. Será la primera y última vez que Argüelles pierda una votación en los debates del texto constitucional. Y del mismo modo que se produjeron numerosos juramentos de fidelidad a las Cortes, se hizo lo propio con la Constitución. Andrés de Jáuregui, diputado por la isla de Cuba, daba cuenta el 9 de septiembre de 1812 de haberse jurado y publicado la Constitución en La Habana el día 21 de julio. Los fastos con que se realizó la publicación de la Carta Magna de la Monarquía española se repitieron en la mayoría de los pueblos y ciudades americanos. La iluminación general, el adorno de casas y fachadas, el aseo de las calles, el ejército de gala, acompaña­ miento de música, etc. Generalmente, se elegía un recorrido por el que debían desfilar las autoridades acompañadas de las gentes distinguidas de la ciudad y de los batallones engalanados. En tres parajes o plazas públicas se levantaban los co­ rrespondientes tablados adornados con colgaduras, flores y el retrato de Fernando VII bajo un dosel. En estos tablados se realizaba la lectura, por partes, del texto constitucional, al siguiente día festivo tras estas celebraciones, se reunía a todo el vecindario en la iglesia parroquial, donde tras la misa se cantaba un Te D eum y se tomaba el juramento a todos los habitantes17. En la ciudad de San Salvador, el corregidor José María Peinado preparó unas funciones cívicas con las que ordenó festejar el acontecimiento con funciones de toros por las tardes y música por la noche. Las celebraciones duraron varios días, haciendo coincidir el comienzo de las mismas con el cumpleaños de Fernando VII el día 14 de octubre. Ese mismo día a las siete de la tarde, concurrieron los habitantes a la Plaza Mayor donde se había preparado una orquesta que duró has­ ta las diez de la noche, momento en que dio comienzo el espectáculo de fuegos 17 Fr a s q u e t , Ivana, «Cádiz en América: Liberalismo y Constitución», en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 20/n° 1 (2004), pp. 21-46.

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

65

artificiales y de luces18. En otros parajes la labor de llevar la obra constitucional a todos los rincones se vio obstaculizada pero no impedida por los accidentes orográficos del territorio. El alcalde segundo ordinario de la villa de Rivas de Nica­ ragua tuvo que llegar en canoa hasta la isla de Ometepe para recibir el juramento de los pueblos de indios que allí habitaban. No obstante los representantes americanos también reclamarán y conseguirán decretos específicos como la abolición del tributo indígena, de la encomienda, del reparto, de la mita, de la matrícula de mar y la libertad de cultivo, de comercio, de pesca, de industria e, incluso, de la abolición de tráfico de esclavos y de los hijos de esclavos19, etc. Así mismo, el envío de numerario por parte de consulados de comercio, due­ ños de minas, hacendados, recaudaciones patrióticas, etc., al gobierno peninsu­ lar fue constante e imprescindible para pagar la ayuda armada de los ingleses, así como el armamento de las partidas guerrilleras tras la derrota del grueso del ejército regular en la batalla de Ocaña. La guerra contra los franceses se ganó, también y especialmente, con el dinero de las rentas americanas20. Pero en esta relación dialéctica no sólo hubo una interacción entre el autonomismo en América y las propuestas de los representantes americanos en Cádiz. La insurgencia también se vio implicada en la revolución hispana que se proponía desde Cádiz al tener que superar conquistas liberales e incluso democráticas, tanto políticas como sociales, que los parlamentarios en la península estaban aproban­ do. Y viceversa. Los diputados americanos incorporaron conquistas y propuestas de los insurgentes. Los ejemplos son notorios, el sufragio universal que implicó el derecho al voto de la población india, la abolición de las formas de trabajo colo­ niales o la declaración de diversas libertades como la de imprenta, etc.

18 Las celebraciones en los pueblos fueron numerosas y constantes, por ejemplo en Chihuahua (Nueva España) el comandante general ofreció tantos pesos fuertes como hojas componían el texto constitucional y tantos reales de vellón como letras tenían sus renglones. En el caso de Guatemala, su alcalde hizo grabar unas medallas para la ocasión y las distribuyó entre el público congregado en la celebración. Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid, Índice General de Expedientes, Leg. 29, caja 3. 19 Cf. Ch u s t , Manuel, «De esclavos, encomenderos y mitayos. El anticolonialismo en las Cortes de Cádiz», en MexicanStudies/Estudios mexicanos, vol. 11/n°2 (1995), pp. 179-202. 20 M a r i c h a l , Carlos, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810. México, Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas, 1999. También el texto de Juan An d r e o , «Plata mexicana para la guerra española», presentado en el V Congreso internacional Los procesos de independencia en la América española. Crisis, guerra y disolución de la monarquía hispana, celebrado en Veracruz los días 25-28 noviembre de 2008. Agradecemos al autor la amabilidad en la consulta del texto todavía inédito.

66

MANUEL CHUST

4 . LA CUESTIÓN DEL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA

La problemática Soberanía hispana/Soberano continuó en los debates consti­ tucionales. El liberalismo doceañista se iba conformando con contradicciones. El capítulo I del Título II llevaba un sugestivo título: «Del territorio de las Españas». Con ello se dejaba patente la diversidad de territorios que componían la Mo­ narquía española o «las Españas.» Pero el contenido había cambiado. Ya no eran territorios privilegiados los que integraban la Monarquía absoluta en un comple­ jo entramado de señoríos, provincias, ciudades, reinos, virreinatos y capitanías generales. Ahora los territorios que integraban «las Españas» presentaban una aparente homogeneidad administrativa: la igualdad de derechos, de representa­ ción y la división en una unidad territorial como era la provincia regida por una institución política administrativa como la Diputación. Los criterios de la división de los territorios quedaron en evidencia a favor de los peninsulares en la redacción del artículo 10. Solventadas las reivindicaciones de los representantes «serviles» que reclamaban la incorporación de entidades privilegiadas21, un segundo frente de batalla se abrió. Esta vez la oposición provino de los americanos. La inició el diputado por Mérida de Yucatán, Miguel González Lastiri al reclamar la presencia de su provincia en la división constitucional. Tras exponer detenidamente sus razones, la propuesta fue admitida a discusión. Fue sólo el principio, pues los representantes de Cuzco y Quito también se sumaron a la reivindicación de Yucatán. Nuevamente el problema americano volvía a plantearse en el debate consti­ tucional. ¿Qué territorios componían «las Españas»? La nomenclatura establecía que junto a los peninsulares se encontraban los americanos. Es decir, la primera consecuencia fue que el nuevo estado nacía con parámetros hispanos. ¿Pero dón­ de estaba la igualdad provincial/territorial que además comportaba la de repre­ sentación? Incluso las reivindicaciones americanas provocaron que la comisión de redacción de Constitución se viera imposibilitada para decidir el criterio adop­ tado en esta nueva división. La problemática se solventó con una solución insos­ pechada para un Estado nación que se estaba constituyendo: la redacción de otro artículo complementario como el 11. Este artículo aplazaba el problema hasta el triunfo de la guerra en la península y de la derrota de la insurgencia en América. Con ello se evidenciaba que el nuevo estado era incapaz, por el momento, de dotarse constitucionalmente de una división satisfactoria22.

21 Como la petición de José Roa y Fabián, diputado por el Señorío de Molina, que en tono airado reclamaba su inclusión en la división territorial. Cf. c h u s t , Manuel, La cuestión nacional, p. 144. 22 Ésta era la redacción del artículo 11: «Se hará una división más conveniente del territorio espa­

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

67

Se constituía el Estado nación y lo hacía desde parámetros hispanos. Este he­ cho, trascendental y sin precedentes en la historia universal, problematizará tanto la historia contemporánea de América como la española. Pero... ¿cómo organizar un Estado cuando sus dimensiones territoriales eran transoceánicas? ¿Qué es lo que había cambiado o comenzaba a cambiar desde el plano jurídico-político? Los territorios no pertenecían ya al Soberano y por ende tampoco su Soberanía. Ahora los territorios, antiguas colonias y metrópoli, constituían un solo Estadonación. La Soberanía, en un alarde de teoricismo liberal centralista, correspondía a la Nación. Soberanía y Nación que se presentaban indivisibles, únicas y cuya legitimidad tan sólo eran las Cortes y su sistema representativo electoral. Acon­ teció que los diputados americanos, especialmente los novohispanos, proponían otra alternativa a esta concepción de la Soberanía nacional y por ende del Estado nación. Residía en una división de la soberanía en tres niveles: municipal, provin­ cial y nacional. ¿Suponía ello un federalismo? Al menos se aproximaba. Otros artículos fueron especialmente significativos, como el 22° y el 29°. Por el primero, se excluirá a los mulatos de la nacionalidad española -derechos civilesmientras que por el segundo artículo se les privará de la condición de ciudadanos, es decir del derecho político, por lo que no sólo carecían de voto sino que tam­ bién fueron excluidos del censo electoral. Esta medida fue una estrategia de los peninsulares para reducir el número de diputados americanos ya que la ley electo­ ral planteaba un sufragio universal proporcional a la población, y en la península había entre 10 y 11 millones de habitantes mientras en América se llegaba a cifras de entre 15 y 16 millones. Así, los representantes peninsulares se aseguraban un número de diputados similar al de los americanos al excluir a casi seis millones de castas de los derechos políticos. Todos estos planteamientos autonomistas y descentralizadores de los ame­ ricanos desembocaron en la discusión de los artículos referentes a los ayunta­ mientos y a las diputaciones. Era en estas instituciones en donde los americanos depositaban buena parte de sus aspiraciones descentralizadoras para consumar su autonomismo. Por ello los liberales peninsulares reaccionaron y plantearon las diputaciones como unas instituciones encaminadas a reafirmar el centralismo. La dialéctica centro/periferia seguía presente en la creación del Estado nación. Pero era una dialéctica, fundamentalmente, entre un nacionalismo peninsular y otro americano. Dos fueron los puntos de conflicto en la organización de ambas instituciones. En primer lugar, los americanos concebían, desde su táctica política, a ambas

ñol por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.»

68

m a n u e l c h u st

instituciones como asambleas representativas, dado su carácter electivo y, por lo tanto, depositarias de parte de la soberanía. Así, el liberalismo autonomis­ ta americano enunció todo un discurso que proponía la descentralización de la representación, cuestionaba la centralización de la soberanía y, por lo tanto, del poder. La descentralización autonomista que los americanos reivindicaron tanto en el poder local, ayuntamientos23, como desde el poder provincial, diputaciones, suponía una asunción de la soberanía que no tenía que ser, necesariamente, na­ cional, sino también local y provincial. De esta forma hacían coincidir ésta con el criterio de la igualdad de representación. Se fundamentaba en las Cortes de Cádiz una de las bases teóricas del federalismo americano. Además, los liberales peninsulares para contener esta corriente federal de los americanos, procedieron a poner un freno al poder legislativo tanto municipal como provincial mediante la creación de la figura del jefe político24. Éste era un funcionario nombrado por el poder ejecutivo con atribuciones de presidente de la diputación y por ende, supervisor de todos los ayuntamientos. El enfrentamiento devino en una pugna entre la concepción autonomista y descentralizadora de los americanos y las restricciones teóricas y de política prác­ tica de los liberales peninsulares. Y además, todo el conflicto revestía parámetros antirrealistas y anticentralistas. Lo cual va a provocar la reacción centralista y monárquica de los liberales peninsulares mientras en América se producirá una explosión de procesos electorales para poner en marcha los poderes políticos pro­ vinciales y locales. En este sentido, la aplicación de los decretos constitucionales referentes al sufragio se extendió por gran parte de los territorios que iniciaron una auténtica «revolución política» al inundar de procesos electorales las villas y ciudades. Las primeras elecciones parroquiales fueron las efectuadas el 29 de noviembre de 1812 al ayuntamiento de la Ciudad de México, donde los españoles americanos

23 Cf. An n in o , Antonio, «Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial. El 29 de noviembre de 1812 en la ciudad de México», en Secuencia, n° 24 (1992), pp. 121-158. También A n n in o , Antonio, «Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orí­ genes de un dilema» en Sá b a t o , Hilda, (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México, Fideicomiso Historia de las Américas. Fondo de Cultura Económica, 1999. Y del mismo autor «Voto, tierra, soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano» en Gu e r r a , Francois-Xavier, (Dir.) Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1995. 24 No obstante es aquí en donde Nettie Lee Benson interpreta la desintegración del virreinato al ser sustituido por las diputaciones provinciales. Cf. La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, El Colegio de México, 1955.

EL LIBERALISMO Y DOCEAÑISMO GADITANO Y AMÉRICA

69

consiguieron una victoria absoluta sobre los europeos. Comenzaba así la lucha por la autonomía que más tarde, y ante los acontecimientos que se produjeron en la península, llevarían a los criollos novohispanos hacia la independencia en la década siguiente. En Yucatán no sólo se eligieron los ayuntamientos, sino que el 29 de octubre de 1812 comenzó el proceso de elección de diputados a las Cortes y a la Diputación provincial25. En otras regiones novohispanas las elecciones se realizaron a lo largo del año 1813, como en la provincia de Guadalajara y en la de Zacatecas. Las elecciones parroquiales y de provincia en estos territorios dieron lugar a la reunión de la diputación provincial de Nueva Galicia el 20 de septiembre de 181326. La última diputación en conformarse en este territorio fue la de Nueva España tras la restauración de la Constitución de Cádiz por Calleja en marzo de 1813, aunque las elecciones sólo pudieron llevarse a cabo en los territorios controlados por los realistas. Aunque es cierto que en el territorio novohispano es donde más y mejor se ex­ tendieron los procesos electorales gaditanos, también en amplias partes de otros territorios tuvieron lugar elecciones para constituir ayuntamientos o elegir di­ putados. En el Reino de Quito la junta autónoma separada de Lima y Santa Fe eligió al conde de Puñonrostro como diputado a las Cortes de Cádiz el 20 de oc­ tubre de 1810. Al igual que en Nueva España, fue bajo el mando del general rea­ lista Toribio Montes que se efectuaron las elecciones populares para la elección de ayuntamientos en el reino de Quito27. Estas elecciones se llevaron a cabo durante los meses de septiembre de 1813 a enero de 1814 y más adelante, en agosto, en cumplimiento de los artículos electorales de la Constitución se eligieron los dipu­ tados a Cortes y los vocales de la diputación provincial. De este modo, también en el territorio neogranadino se produjeron importantes aplicaciones de la obra constitucional gaditana a pesar de la profunda división territorial y de las luchas políticas que asolaban gran parte de su demarcación. Al quedar Pasto y Popayán insertos en el censo electoral quiteño organizaron las elecciones a los ayuntamien­ tos constitucionales una vez jurada la Constitución en julio de 1813. A pesar de

25 Ro d r íg u e z , Jaime E., «Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1824», en Ro d r íg u e z , Jaime E (coord.), Las nuevas naciones, España y México, 1750-1850, Madrid, Mapfre, 2008. 26 Sobre la formación y elecciones de las diputaciones provinciales en Nueva España puede consultarse el trabajo ya citado de Nettie L. Benson. 27 El censo electoral del reino de Quito se completó en junio de 1813 e incluía las provincias de la sierra desde Pasto y Popayán hasta Loja, también Marañón, Maina y Jaén de Bracamoros y las provincias costeras de Barbacoas y Esmeraldas. Guayaquil, por su parte, había sido incorporada a la autoridad de Lima. Véase Ro d r íg u e z , Jaime E., «Las primeras elecciones constitucionales en el Reino de Quito, 1809-1810 y 1821-1822», en Procesos. Revista ecuatoriana de Historia, n° 14 (1999), pp. 5-52.

70

MANUEL CHUST

ello, éstas no se concretaron hasta finales de diciembre de 1814 cuando ya la obra constitucional había sido abolida en la península por Fernando VII28. También en la capitanía general de Venezuela tuvieron lugar procesos elec­ torales y de jura de la Constitución de 1812. Y al igual que en otros territorios esta aplicación fue obra de los militares y jefes realistas que luchaban contra los insurgentes. Fue en julio de 1812 cuando Venezuela, dominada por Domingo Monteverde, quedó bajo la influencia de la Constitución de Cádiz. A partir de entonces en septiembre se produjo la jura a Fernando VII, mientras el juramento a la Constitución se retrasó hasta el 3 de diciembre de 1812. Sin embargo, tanto Monteverde, como otras de las autoridades realistas en América, obstruyeron la normal aplicación de los decretos constitucionales gaditanos que les restaban poder y capacidad de maniobra en aquellos territorios declarados en rebeldía29. Contrariamente, en las provincias de Maracaibo, Coro y Guayana sí se aplicaron los mandatos gaditanos. En la primera de ellas se realizaron las elecciones para elegir al diputado a Cortes —que recayó en José Domingo Rus- y se instaló la diputación provincial, mientras en Coro se efectuaron las elecciones para el ayun­ tamiento constitucional, elevando a la categoría de municipios con ayuntamiento a poblados como el de La Vela, que cumplía con el requisito gaditano de contar con 1000 almas para constituir su propio ayuntamiento30. Por su parte, también en el territorio peruano se efectuaron procesos electora­ les que afectaron a una gran cantidad de población. En la capital, Lima, la elec­ ción popular para reunir el primer ayuntamiento constitucional se llevó a cabo el 9 de diciembre de 1812. En la ciudad de Cuzco, las elecciones se realizaron el 7 de febrero de 1813 inaugurando una compleja pugna por el poder político que enfrentó los intereses de distintos grupos de criollos y peninsulares. En ambas elecciones, a pesar de reflejar la lucha por el poder de las elites, se produjo una amplia participación popular a nivel de la elección parroquial31. Es decir, en la mayoría de los casos, la población participó amplia y masivamente en las elec­

28 G utiérrez, Jairo, «La Constitución de Cádiz en la provincia de Pasto. Virreinato de la Nueva Granada, 1812-1822», en Revista de Indias, vol. LXVIII, n° 242 (2008), pp. 207-224. 29 El 17 de enero de 1813 Monteverde envió una representación a la Regencia en la que mani­ festaba sus críticas a la aplicación indiscriminada de la Constitución de 1812 que, a su parecer, motivaba la tolerancia hacia los delitos. Véase Inés Qu in te ro y Ángel A lm a rz a , «Autoridad militar vs. Legalidad constitucional. El debate en torno a la Constitución de Cádiz. (Venezuela, 1812­ 1814)», en Revista de Indias, vol. LXVIII, n° 242, 2008, pp. 181-206. 30 Lo v e ra Reyes, Elina, De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro 1810-1858. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006. 31 Pe r a lt a , Víctor, «El impacto de las Cortes de Cádiz en el Perú: un balance historiográfico», en Revista de Indias, vol. LXVIII, n° 242 (2008) pp. 67-96.

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

71

ciones constitucionales, lo que provocó la instauración de una cultura política en toda América. Con todo, otros decretos gaditanos fueron de amplia aplicación en los territo­ rios americanos, como el de libertad de imprenta, que favoreció la extensión de las ideas políticas y la aparición de numerosos periódicos y prensas. El crecimien­ to de la producción de escritos impresos fue espectacular, hasta el punto de poder hablar del surgimiento de una verdadera opinión pública moderna32. El decreto sobre libertad de imprenta fue sancionado por las Cortes de Cádiz el 10 de no­ viembre de 1810 y rápidamente se extendió por América al mismo tiempo que se instalaban prensas en muchas ciudades que hasta entonces no habían tenido ninguna33. La prensa fue utilizada tanto por los insurgentes como por las autori­ dades virreinales para establecer un control y una legitimidad sobre lo publicado. En Lima el decreto entró en vigor el 18 de abril de 1811 con la fundación de una Gaceta por parte del virrey Abascal. A partir de entonces, se llegaron a editar ocho periódicos en la capital peruana —entre ellos El M ercurio, El Peruano, El Investiga­ dor, El Satélite Peruano, El D iario Secreto d e Lima, etc.—sobre todo en una primera etapa constitucional donde la prensa doctrinaria intentó transmitir a la opinión pública la ideología liberal y donde los escritos políticos comenzaron a desplazar de las prensas a las publicaciones religiosas34. Por otra parte, en los territorios gobernados por las juntas americanas, éstas también promulgaron legislaciones similares respecto a la libertad de imprenta. El decreto de la junta en Río de la Plata fue sancionado el 26 de octubre de 1811, en Venezuela, el primer reglamen­ to fue publicado en la Gaceta de Caracas el 6 de agosto de 1811 y la Constitución de Cundinamarca de 30 de marzo de 1811 la recoge en su artículo primero. Del mismo modo, en Santiago de Chile fue establecida la liberta de prensa por la junta el 29 de enero de 1812, al igual que quedó plasmada en la más moderada Constitución de Quito de 15 de febrero de 1812 en su artículo veinte. En Nueva España es sabido que el virrey Francisco Xavier Venegas se resistió a publicar el decreto de libertad de imprenta para no favorecer la extensión de las ideas insurgentes o autonomistas. Esta actitud exaltó los ánimos de los diputados

32

G u e r r a , j . F., « E l e s c r i t o d e la r e v o l u c i ó n . . . » , p. 1 2 5 .

33

L a e s c a s e z d e i m p r e n t a s a n t e s d e l p e r í o d o r e v o l u c i o n a r i o e r a r e v e l a d o r a , e x is t ía u n a e n C a ­

r a c a s d e s d e 1 8 0 8 , u n a o d o s e n B u e n o s A ir e s , B o g o t á y L im a e n 1 8 1 0 , n i n g u n a e n S a n t i a g o d e C h i l e a n t e s d e 1 8 1 2 , c i n c o e n la c i u d a d d e M é x i c o y u n a e n V e r a c r u z , G u a d a l a j a r a y P u e b la . 34

M a r t ín e z R ia z a , A s c e n s i ó n ,

La prensa doctrinal en la independencia de Perú, 1811-1824. M a d r i d ,

I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a , 1 9 8 5 . E s t a a u t o r a i d e n t i f i c a a lo s e d i t o r e s y r e d a c t o r e s d e lo s p e r i ó d i c o s p e r u a n o s y d e m u e s t r a la i n f l u e n c i a d e é s t o s e n la c o n f o r m a c i ó n d e u n a o p i ­ n i ó n p ú b l ic a e n la c a p i t a l p e r u a n a . P e r a l t a , V í c t o r , En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1806-1816. M a d r i d , C S I C , 2 0 0 2 .

72

MANUEL CHUST

novohispanos en las Cortes, sobre todo de Miguel Ramos Arizpe, quien reclamó constantemente la aplicación del decreto en Nueva España. La táctica dilatoria de Venegas enardeció también a representantes novohispanos en las Cortes gaditanas como Mariano Mendiola y José María Gutiérrez de Terán, quienes insistieron to­ davía en febrero de 1812 sobre el asunto. Finalmente, y con la entrada en vigor de la Constitución en Nueva España el 30 de septiembre de 1812, el virrey no pudo retrasar más la libertad de imprenta, pues ésta quedaba sancionada irremediable­ mente en el artículo 37 de la Carta Magna. La Ley de Imprenta fue publicada íntegramente por el D iario d e M éxico y las nuevas publicaciones comenzaron a proliferar en la capital novohispana. A pesar de ello, Venegas suspendió la libertad de imprenta en diciembre de 1812 y su sucesor, el virrey Félix María Calleja, a pesar de aplicar gran parte de la Constitución gaditana, mantuvo la restricción sobre la prensa pública para, según él, no favorecer a la revolución35. Otro de los lugares donde con más fuerza caló el decreto de libertad de im­ prenta fue en la isla de Cuba. El D iario d e la H abana se hacía eco de la noticia el 29 de diciembre de 1810 publicando un «Diálogo» entre un padre y un hijo que reflejaba el sentir de la cuestión. El decreto fue reimpreso y puesto en vigor en Cuba en febrero de 1811 por el gobernador y capitán general de la isla, el marqués de Someruelos36. La medida provocó la proliferación de cabeceras perio­ dísticas en la isla, alrededor de treinta, de las que unos veinte correspondieron a La Habana. Algunos de estos nuevos periódicos fueron El H ablador, El Lince, El Reparón, El C entinela d e la H abana, la Gazeta diaria, la Tertulia d e la Habana, El Patriota A mericano, etc. En este sentido, la libertad de imprenta fue una conquista del liberalismo revolucionario gaditano, extendida a todos los territorios americanos y que los distintos grupos de intereses enfrentados —peninsulares, criollos, insurgentes, etc.- promovieron en busca de una legitimidad y una vía para canalizar sus ideas. Es posible que el número de periódicos o los debates en ellos aparecidos —muchas veces controlados por las autoridades- no conformen una verdadera opinión pú­ blica moderna, si con ello pretendemos extrapolar las características de ésta a la realidad de principios del siglo XIX americano. Pero lo cierto es que la mayoría de los habitantes de América estuvieron informados de los debates y cuestiones po­ líticas de interés, de las noticias acaecidas en Europa y otras latitudes del mundo

35 Nea l, Clarice, «Freedom of the Press in New Spain, 1810-1820», en N. L. Benson (ed.), Mexico and the Spanish Cortes, 1810-1822. EightEssays. University of Texas Press, Austin, 1976. Existe ver­ sión en español de este trabajo. 36 Sá n ch ez Baena, Juan José, El terror de los tiranos. La imprenta en la centuria que cambió Cuba (1763-1868). Castellón, Universitat Jaume I, 2009, p. 102.

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

73

y se formó una verdadera cultura política en torno a este derecho ejercido desde el primer momento en los territorios americanos. 5 . LOS AÑOS vEiNTE, REGRESA EL LiBERALiSMO GADiTANO

El 4 de mayo de 1814 triunfó el golpe de Estado de Fernando. La obra legis­ lativa emprendida por las Cortes de Cádiz llegó a su fin. También la esperanza de los americanos autonomistas que apostaban por una vía doceañista intermedia entre el independentismo y el colonialismo absolutista. Quebrado el doceañismo, la vuelta al absolutismo para América representará el regreso, reforzado, de auto­ ridades coloniales y el combate, sin tregua, contra la insurgencia. Quedaba con ello frustrada una esperanza, al menos hasta 1820 cuando se produjo el pronun­ ciamiento de Rafael de Riego. Éste va a suponer la jura, finalmente, de la Cons­ titución de 1812 por parte de Fernando VII. Se inauguraba un segundo periodo constitucional doceañista. Sin embargo, la realidad política y social era diferente a la anterior década: el Deseado reinaba y juraba la Carta Magna, buena parte del territorio americano seguía o estaba insurrecto, Napoleón había desaparecido de Europa, la situación peninsular era de tensa calma pero no de guerra y habían transcurrido seis difíciles años de absolutismo para los liberales. De inmediato se decretó una amnistía para los encarcelados por delitos po­ líticos, la proclamación de los decretos doceañistas, la restitución de los ayunta­ mientos constitucionales, de las diputaciones provinciales y la formación de una Junta provisional consultiva37. Volvía el doceañismo, también para y en América. La Carta Magna comportaba la concepción hispana de la revolución: la integra­ ción constitucional de los territorios americanos que no estaban bajo el poder de la insurgencia o que permanecían independientes. Los juramentos de la Consti­ tución gaditana se repitieron en muchos territorios, Nueva España, las Antillas, Guatemala, Perú, las partes realistas de Nueva Granada y Venezuela, la Banda Oriental, etc. Yucatán había prestado el juramento el 26 de abril de 1820 y las islas de Cuba y Puerto Rico lo habían hecho con anterioridad. Por su parte, el Ayuntamiento, la Real Audiencia y el virrey de México juraron la Constitución el 31 de mayo de 1820 en el Real Palacio, dejando para el inmediato día 9 de junio las ceremonias

37 Sobre el funcionamiento de esta junta en relación al tema americano véase Fra s q u e t, Ivana, «Ciudadanos ya tenéis Cortes». La convocatoria de 1820 y la representación americana en J. E. Ro d ríg u e z (coord.), Las nuevas naciones. España y México, 1800-1850. Madrid, Fundación Mapfre, 2008, pp. 145-167. También, Bu ld a ín , Blanca, «La Junta Provisional de 1820: instalación y atribu­ ciones», en Revista de Historia Contemporánea, n° 1 (1982), pp. 39-64.

74

m a n u e l c h u st

de publicación de la misma. En Pasto fue de nuevo jurada el 8 de septiembre de 1820, así como en otros pueblos de la demarcación, al tiempo que se producían las elecciones para formar los ayuntamientos constitucionales38. Mientras, en la península las nuevas Cortes iniciaron sus sesiones el 9 de julio de 1820 y la representación americana quedó plasmada, nuevamente, en la adop­ ción de un sistema de suplencia que reducía los diputados ultramarinos a treinta. Una diputación calificada por ellos de insuficiente y desigual que provocó que los representantes americanos volvieran a plantear, nada más iniciadas las sesiones, una serie de protestas y reivindicaciones al respecto. De nuevo la cuestión de la re­ presentación nacional americana. Los americanos reiteraron la crítica a los decre­ tos liberales de las Cortes que eran bloqueados por las autoridades peninsulares en América, lo cual se traducía en una gran desconfianza hacia la administración peninsular. Se estaba fraguando un nacionalismo singular que ya no era el am­ plio y general am ericanism o sino que se particularizaba, cada vez más, en los dis­ tintos territorios, otrora grandes divisiones administrativas de la monarquía. La novedad en esta segunda situación revolucionaria liberal-burguesa39 fue que los americanos propusieron una descentralización del ejecutivo concretada en una subdivisión de las secretarías de Guerra, Marina y Gracia y Justicia en América, ya que la secretaría de Hacienda había sido descentralizada con anterioridad. Con ello se iba completando la estrategia autonomista americana. Tan sólo quedaba ya la separación del ejecutivo. El segundo paso fue la sustitución del virrey Apodaca en Nueva España por Juan O’Donojú, el cual era partícipe de los planes autonomistas novohispanos. Los americanos concretaban su propuesta: la conquista de la autonomía y de la administración territorial en las provincias americanas y, en segundo lugar, la consecución de una autonomía legislativa, económica y administrativa en Amé­ rica dentro de la Monarquía española. El órdago para el liberalismo peninsular fue planteado de forma deliberada por parte de los americanos. Pero el liberalismo doceañista, traducido en los artículos constitucionales, no sólo influenciaba a los territorios de la monarquía española, sino que trascendía también más allá de sus fronteras. Brasil, otrora colonia de la monarquía portu­ guesa, se había convertido en la sede de la Corona con el traslado de la Corte des­

38 Al menos en los pueblos y lugares de Buesaco, Chachagüí, Tambo, Tablón, Funes, Yacuanquer, Valle del Ingenio y Valle de Taminango se juró la Constitución en esta segunda etapa. Gu ­ t ié r r e z , Jairo, «La Constitución de Cádiz», p. 218. 39 Ch u s t , Manuel, «Federalismo avant la lettre en las Cortes hispanas, 1810-1821» en v a z q u e z , Josefina Zoraida, El establecimiento del federalismo en México (1821-1827). México, El Colegio de México, 2003, pp. 24-83.

EL LIBERALISMO Y DOCEAÑISMO GADITANO Y AMÉRICA

75

de 1807 y a la altura de 1820 se veía como una isla monárquica en medio de un océano de repúblicas independientes. El rechazo de Juan VI a regresar a Lisboa abrió una vía alternativa para los liberales portugueses, que siguieron el ejemplo español y formaron una Junta Provisional de Gobierno Supremo del Reino en Oporto en contraposición a la Regencia que se asentaba en la capital. Entre sep­ tiembre y diciembre de 1820 los liberales portugueses convocaron las Cortes y to­ maron decisiones en torno a la naturaleza que debían tener las mismas, la forma de realizar las elecciones y la participación de diputados americanos en ellas40. Las nuevas instrucciones electorales elaboradas el 23 de noviembre de 1820 estaban adaptadas a lo prescrito en la Constitución gaditana, estableciendo el sistema electoral en tres niveles indirectos e incluyendo a los americanos en las mismas. Igualmente, las tradicionales capitanías del mundo luso fueron transformadas en unidades administrativas provinciales con capacidad autónoma para participar en la elección de los diputados a las Cortes. Es decir, se asumió la misma autonomía y descentralización política que para las diputaciones provinciales. Las Cortes de Lisboa abrieron sus puertas el 24 de enero de 1821 y promulgaron la vigencia de la Constitución de Cádiz hasta el establecimiento de la propia portuguesa. En esas Cortes, los diputados liberales portugueses reclamaron la unidad e indivisibilidad de la nación portuguesa frente a las veleidades autonomistas —provincialistas—de los brasileños. Diez años después, el líder vintista portugués Manuel Fernandes Tomás repetía las máximas de Agustín Argüelles sobre la unidad nacional como referente del proyecto constitucional. Por su parte, los diputados de Brasil esgri­ mieron su elección por parte de las juntas provinciales y por tanto exigieron el reconocimiento de la naturaleza de esa representación como parte explícita de un «pacto provincial» para asegurar la integración de la nación. Es decir, los diputa­ dos brasileños argumentaban que la nación portuguesa sólo podía quedar cons­ tituida en tanto en cuanto se concretizara su representación en las Cortes. Algo parecido a lo que reclamaban los americanos en las Cortes de Cádiz al interpretar que la suma de las soberanías de los pueblos y de las provincias daba lugar a la soberanía de la nación41. De este modo, la significación del liberalismo gaditano

40 Marcia R. Berbel apunta a la posibilidad de constituir una Unión Ibérica constitucional en este momento. BERBEL, Marcia, «A Constituido espanhola no mundo luso-americano (1820­ 1823)», en Revista de Indias, vol. LXVIII, n° 242 (2008), pp. 225-254. 41 En Cádiz fue Ramón Feliu quien defendió esta postura: «De la suma de soberanías de los pueblos, nace la soberanía de la provincia que componen [...] y la suma de soberanías de las provincias constituye la soberanía de la Nación». DSC, 25 de enero de 1811, p. 443. citado en c h u s t , Manuel, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia, Instituto Historia Social-UNED-UNAM, 1999, p. 64. Véase también Pim e n ta , Joao Paulo G., Brasil y las independencias de Hispanoamérica. Castellón, Universitat Jaume I, 2007.

76

MANUEL CHUST

trascendía más allá de su espacio geográfico y servía de referente en la construc­ ción de la nación portuguesa al tiempo que en Madrid se dilucidaba el futuro de los territorios americanos que todavía pertenecían a la monarquía española. En ese tiempo, en mayo de 1821, los diputados americanos lograron que en cada intendencia americana se reconociera la existencia de una diputación pro­ vincial, argumentando criterios de población, territorio, distancia entre las pro­ vincias, malas comunicaciones, dispersión, etc., y esgrimiendo razones históricas de la anterior división en intendencias. Esta medida supuso toda una revolución administrativa en los territorios americanos de la Monarquía española. Era un paso más para la organización federal, objetivo de los autonomistas americanos, enfrentados cada vez más agriamente a los peninsulares42. Mientras tanto, en la Nueva España, dos provincias habían reinstaurado sus viejas diputaciones pro­ vinciales en 1820, Yucatán el 2 de mayo y Nueva España el 20 de julio. El resto de provincias decidió esperar a que se celebraran nuevas elecciones, como San Luis Potosí, Nueva Galicia, las Provincias Internas de Oriente y las de Occidente. De este modo, para finales del año 1820, en Nueva España funcionaban ya seis diputaciones provinciales. Y al igual que en el período constitucional anterior, se llevaron a cabo procesos electorales para configurar ayuntamientos y elegir diputados a Cortes para las legislaturas futuras. También en el reino de Quito se produjeron las elecciones que debían reunir a los electores de partido en la capital el 12 de octubre de 1821. A pesar de las tensas circunstancias y de que buena parte del territorio estaba controlado por las fuerzas republicanas, a principios de 1822, el nuevo orden constitucional gaditano estaba siendo introducido en todas las áreas bajo control realista43. El 4 de junio de 1821 llegaron las noticias a las Cortes del establecimiento del Plan de Iguala en Nueva España. El camino hacia la independencia era cuestión de meses. Y con ello, la pérdida del primer bastión de la Monarquía en América: Nueva España. La iniciativa parlamentaria encabezada por el conde de Toreno para proponer a las Cortes las necesarias medidas para «la pacificación» de Amé­ rica chocó con la manifiesta oposición del Rey. Por ello la comisión acordó no proponer ninguna medida a la Cámara y trasladar el problema al gobierno. Lo cual provocó que los representantes americanos presentaran 15 propuestas redac­ tadas por los novohispanos Mariano Michelena y Lucas Alamán.

42 Fra s q u e t, Ivana, Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana, 1820-1824. Castellón, Universitat Jaume I, 2008. 43 Ro d r íg u e z , Jaime E., «Las primeras elecciones...», p. 33.

EL LIBERALISM o Y DoCEAÑISMo GADITANo Y AMÉRICA

77

Las propuestas constituían toda una declaración de federación hispana44. La diputación americana reclamó la creación de tres secciones de las Cortes en Amé­ rica, una en Nueva España, incluidas las provincias internas y Guatemala, la se­ gunda en el reino de Nueva Granada y las provincias de Tierra-Firme y la tercera en Perú, Buenos Aires y Chile. Las Cortes se reunirían en las ciudades de México, Santa Fe y Lima, tendrían las mismas competencias que las Cortes generales de Madrid y sus diputados las mismas facultades, a excepción de la política exterior. Además, se establecería un ejecutivo designado por el Rey de entre sus familiares, cuatro ministerios —Gobernación, Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra y Marina— un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo de Estado en cada una de las sec­ ciones. Quedaba el vínculo de unión, el símbolo mental, ideológico y religioso, la Monarquía, como forma de gobierno que no de Estado. Los americanos estaban proponiendo una C om m onwealth para todos los territorios hispanos. El plan no fue aceptado por las Cortes, tampoco, por supuesto, por el Rey. La cuestión ame­ ricana trascendía ya a la doceañista. Liberalismo superado ya en estos años veinte por fuerzas sociales populares en la península e insurgentes en América. Conforme avanzaba la revolución se hacía más patente la oposición del Rey al proyecto constitucional. Y a la de los revolucionarios al Rey, tanto en la penín­ sula como en América. Si la revolución devenía en una espiral imparable con el triunfo del liberalismo radical o «exaltado», la contrarrevolución también. Ésta se había desenvuelto desde el mismo día en que Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución. La contradicción para los liberales era palpable: realizar la revolución, mantener América con un proyecto liberal y autonomista, sobre­ vivir en el contexto absolutista del Congreso de Viena y, todo ello, con un Rey que aprovechaba el marco constitucional para frenar los avances revolucionarios liberales. Además Fernando, en secreto, estaba conspirando para que la Santa Alianza decidiera intervenir militarmente contra el estado liberal. Reacción que tuvo en el clero, afectado por las reformas liberales y por las desamortizaciones, el sector social que difundirá consignas antiliberales entre las clases populares campesinas. Así las cosas, el 1 de octubre de 1823 Fernando VII volvía a ser un Rey absoluto.

44 Véase Ben son , Nettie Lee, La diputación provincial, 1955. Ro d ríguez, Jaime E., «La transición de colonia a nación: Nueva España, 1820-1821», en Historia Mexicana, n° 170, XLIII/2 (1993), pp. 265­ 322. Ch u st, Manuel, «Federalismo avantlalettre . . . » , pp. 77-114.

Las Cortes de Cádiz y el primer liberalismo en México1 Gonzalo Butrón Prida y Ma del Mar Barrientos Márquez Universidad de Cádiz

1 . EL CÁDIZ DE LAS CORTES COMO ESCUELA POLÍTICA

En septiembre de 1810, en un escenario de creciente animación y politiza­ ción de la vida social gaditana, se reunieron las pronto conocidas como Cortes de Cádiz, primero en el teatro de la vecina Isla de León y, durante más de dos años —entre febrero de 1811 y septiembre de 1813—, en la gaditana iglesia de San Felipe Neri, rápidamente habilitada como salón de cortes. Reconocidas como las primeras cortes modernas españolas, no sólo operaron todo un programa de re­ forma de la Monarquía española, sino que se convirtieron en una excepcional es­ cuela de aprendizaje político para todos aquellos que participaron en sus debates, puesto que nunca antes habían tenido la oportunidad de poner en práctica los principios políticos que llevaban décadas recorriendo los círculos de la opinión ilustrada, y que hasta el momento sólo había sido posible aplicar en los Estados Unidos y en Francia. El contexto era, desde luego, propicio para el planteamiento de un nuevo orden político, puesto que coincidía la crisis de independencia causada por la ausencia del máximo referente del estado, con la necesidad de presentar una al­ ternativa política al desafío francés. En estas circunstancias, la reunión de las Cortes, convocada por la Junta Central justo antes de su disolución, no tardó en derivar hacia un complicado proceso de desmantelamiento del antiguo orden, que culminaría el 19 de marzo de 1812, no sin polémica, con la promulgación de la Constitución política de la Monarquía española.

1 Este trabajo tiene su origen en nuestro trabajo «El Cádiz de las Cortes y la Constitución de 1812 en el primer liberalismo mexicano», en Ga r c ía Sá n c h e z , Rafael y Nú ñ e z Be r m ú d e z , Graciela (coords.): Guridi y Alcocer, la esencia en Cádiz. Tlaxcala, Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado, 2012 (en prensa).

80

Go n z a l o

b u t r ó n p r id a y

M a d el

m a r b a r r ie n t o s

Márq u ez

Tan importante como la actividad de las Cortes, fue la extensión del debate político al conjunto de la sociedad gaditana, formada en aquellos momentos casi a partes iguales por los habitantes habituales de la ciudad y los numerosos refu­ giados que se habían instalado en ella. En efecto, los debates de las Cortes, reuni­ das durante casi tres años en interminables sesiones ordinarias y extraordinarias, despertaron gran curiosidad en una ciudad de por sí interesada por la política, que contaba además con buena parte de lo más destacado de la sociedad y de la cultura española. Si a esto añadimos la novedad que suponían —puesto que hacía siglos que las Cortes habían sido desposeídas de la mayor parte de su significado político original—,la importancia de las cuestiones que trataban y el elevado nivel humano y político de la mayoría de los diputados, no ha de extrañar que la vida de la ciudad girara durante estos años en torno a la evolución de sus debates, sus acuerdos y sus decisiones. Del interés generado por la nueva situación política dan cuenta los numerosos periódicos que surgieron al amparo de la recién estrenada libertad de imprenta, además de la impronta política adquirida por las tertulias de los principales cafés y salones gaditanos y los corrillos y mentideros de las calles y plazas de la ciudad. Si en 1808, en un contexto de restricción de libertades, sólo se publicaba en Cádiz un periódico —el D iario M ercantil—,la aprobación de la libertad de impren­ ta, la demanda generada por una sociedad ávida de noticias y la plasmación im­ presa de las numerosas polémicas políticas y literarias que se sucedieron durante aquellos años, condujeron a la proliferación de periódicos de muy diverso tipo: unos radicales, otros moderados y otros ultramontanos en lo político, algunos de aparición regular y prolongada y otros de publicación puntual y existencia efíme­ ra. Entre ellos destacaron El Conciso, de carácter liberal, y pionero del periodismo político; El Censor General, contrapunto político del anterior; y El R edactor Ge­ neral, que Ramón Solís, autor también de una historia del periodismo gaditano2, consideraba el de mayor entidad desde el punto de vista periodístico. Los cafés y las tertulias también se convirtieron, como los periódicos, en una prolongación de los debates de las Cortes, puesto que en sus salones continuaban las discusiones de las principales cuestiones políticas, en ocasiones protagonizadas por los mismos diputados que habían intervenido en las Cortes. En todo caso, el interés por la actualidad política trascendía los espacios cerrados, y en gran medida exclusivos, representados por los cafés y los salones de la buena sociedad gaditana, para manifestarse en los corrillos de las principales plazas y calles de la ciudad, en los que participaron por igual gaditanos y forasteros, ciudadanos y políticos. 2 soüs, Ramón, Historia del periodismo gaditano, 1800-1850. Cádiz, Instituto de Estudios Gadi­ tanos, 1971.

l a s c o r t e s d e c á d iz y e l p r im e r l ib e r a l is m o en

M é x ic o

81

Los ecos de los intensos y espléndidos debates de las Cortes resonaron, por tanto, más allá de los muros de los dos salones de cortes habilitados sucesivamen­ te para el desarrollo de sus sesiones, impregnando de las ideas del nuevo discur­ so político a una parte importante de los habitantes del Cádiz sitiado. De este modo, no sólo enriquecieron a quienes participaron en ellos, sino que influyeron, de inmediato, sobre la pequeña España en la que se había convertido Cádiz en aquellos momentos; en tanto que a medio plazo tendrían una evidente repercu­ sión sobre buena parte del mundo hispánico y europeo, donde el nuevo discurso —sistematizado pronto en la Constitución de 1812—fue difundido, entre otros, por aquellos que habían vivido, ya fuera como protagonistas directos, ya como espectadores, la extraordinaria experiencia del Cádiz de las Cortes. Los primeros ejemplos de esta repercusión los encontramos en los todavía territorios españoles de América, en tanto que en Europa el interés por el modelo revolucionario español cobraría más fuerza a partir de 1820, cuando la respuesta española al absolutismo restaurado en 1815 animó a levantarse a quienes ansia­ ban el retorno del liberalismo. Aunque no con exclusividad, puesto que el modelo estadounidense era un referente clave en América para quienes deseaban conseguir el doble objetivo de lograr la independencia y la regeneración política de sus territorios, fueron también muchos lo que miraron a la Península en busca de inspiración sobre el camino a seguir ante la profunda crisis de independencia vivida por la Monarquía española, de modo que no sólo supieron interpretar la lucha por la independen­ cia y la libertad en clave americana, sino también capitalizar la experiencia de la España europea en función de sus propios intereses. El ejemplo de México puede servir para conocer hasta qué punto tanto la lucha antifrancesa emprendida en 1808 en la Península, como el proceso de reno­ vación asociado a ella, pudieron convertirse en acicate para promover una empre­ sa similar al otro lado del Atlántico, solo que en este caso la resistencia contra la dominación napoleónica se tornaría en levantamiento contra la dominación co­ lonial, en tanto que la superación del absolutismo se traduciría en una propuesta de renovación política que, aunque es evidente que siguió una dinámica propia, no dejó de estar influida por la acometida en Cádiz desde 1810. 2 . cÁDiz Y Los DipuTADos NovoHispANos

El extraordinario ambiente político desarrollado en el Cádiz de las Cortes fue vivido por una veintena de diputados novohispanos —14 propietarios y 7 suplen­ tes—, todos ellos criollos, hombres instruidos y, en su mayoría, eclesiásticos, que adquirieron en aquellos momentos una valiosa experiencia en la práctica política.

82

g o n z a l o b u t r ó n p r id a y

M a d el

m a r b a r r ie n t o s

Márq u ez

De hecho, podríamos calificar su estancia en Cádiz como de periodo de excep­ cional aprendizaje parlamentario y constitucional, puesto que durante tres años pudieron debatir en un contexto de desacostumbrada libertad, en el que apenas había restricciones a la expresión de las ideas, y en el que tuvieron la oportunidad de proponer, y en algunos casos ensayar, las fórmulas destinadas a llevar a la prác­ tica los principios políticos que llevaban años discutiendo y analizando. En estas circunstancias, es evidente que el bagaje político e ideológico con el que llegaron a la ciudad se vio enormemente enriquecido tanto por el ejercicio de la política parlamentaria, como por el extraordinario ambiente encontrado en Cádiz. La mayoría arribó a la capital gaditana a lo largo de 1811 y desarrolló una notable tarea en las Cortes, caracterizada no sólo por la trascendencia de los temas que trataron y el elevado tono argumental de sus intervenciones, bien estudiadas por David T. Garza, Manuel Ferrer Muñoz y Manuel Chust3, sino también por el protagonismo alcanzado en el funcionamiento y la organización interna de las mismas, lo que, en conjunto, no sólo atestigua el amplio bagaje político que po­ seían, sino también su interés por acrecentarlo. En concreto, seis de los diputados novohispanos llegaron a presidir las Cortes — José Maria Gutiérrez de Terán, José María Gordoa, Juan José Guereña, José Miguel Guridi y Alcocer, Miguel Ramos de Arizpe y Joaquín Maniau—; otros, como José María Couto, José Simeón Uría, Mariano Mendiola, y de nuevo Joaquín Maniau, José María Gutiérrez de Terán y José María Gordoa, ocuparon la vicepresidencia; en tanto que Mariano Mendiola y Antonio Joaquín Pérez llegaron a formar parte de la comisión más importante de las formadas en las cortes, la de Constitución. Aunque llegaron a Cádiz con instrucciones particulares del territorio concreto al que cada uno representaba4, y aunque abarcaban además un amplio espectro ideológico —desde los críticos con las bases estructurales del Antiguo Régimen en

3 Ga r z a , David T., «Criterio constitucional mexicano en las Cortes de Cádiz», en México y las Cortes españolas. 1810-1822. Ocho ensayos. México, Cámara de Diputados, 1985, pp. 51-65; Fer r e r M u ñ oz , Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 1993, pp. 23-47; Ch u s t c a le r o , Manuel, La cuestión nacio­ nal americana en las Cortes de Cádiz. Valencia, UNED/UNAM, 1999 y «Legislar y revolucionar: la trascendencia de los diputados novohispanos en las Cortes Hispanas, 1810-1824», en Virginia Guedea (coord.), La independencia de México y el proceso autonomista novohispano, 1808-1824, México, UNAM, 2001. 4 Cabe recordar, como señala Levaggi, que los diputados americanos prestaron, en general, atención preferente a los asuntos relacionados con sus provincias. Levaggi , Abelardo, «Constitu­ ción de 1812: presencia latinoamericana», en Juan MaTe r r a d illo s Ba s o c o (coord.), La Constitución de 1812: reflexiones jurídicas en la víspera del Bicentenario. Cádiz, Diputación de Cádiz, 2006, p. 63.

LAS CORTES DE CÁDiz Y EL PRIM ER LIBERALISMO EN MÉXICO

83

su dimensión colonial5, hasta los partidarios de la Monarquía Absoluta6—, tam­ bién es cierto que coincidieron en la fuerte impronta americanista de su discurso, animada inicialmente por el decreto aprobado el 15 de octubre de 1810, que reconocía la igualdad de derechos de los españoles americanos y europeos. Esta impronta quedó patente tanto en el deseo común de hacer realidad las leyes que les otorgaran los derechos políticos y económicos que desde años atrás venían reclamando7, como en la defensa de una serie de reivindicaciones maduradas en sus territorios a lo largo de décadas, que trataron de incorporar no sólo a los debates parlamentarios, sino también a la propia Constitución, como queda de manifiesto a través de su participación en las diferentes propuestas legislativas que se presentaron en las Cortes, en las que insistieron, no siempre con éxito, en la igualdad de derechos y de representación que debían tener los españoles america­ nos con respecto a los españoles8. El intenso activismo político de los diputados novohispanos en las Cortes doceañistas, junto a la irrepetible experiencia adquirida en el Cádiz sitiado, repre­ sentaron, como hemos adelantado, un proceso de aprendizaje político que acom­ pañaría y marcaría la trayectoria de aquellos que continuaron con su actividad política más allá de 1813. En efecto, todos, participaran en mayor o en menor medida en los grandes debates gaditanos y estuvieran más o menos convencidos del modo y el alcance que estaban teniendo las reformas, vivieron una experiencia única en Cádiz. 5 Con todas las prevenciones, y reconociendo la dificultad de cualquier simplificación, es po­ sible citar como diputados liberales a hombres como José María Couto, representante suplente por Guadalajara; José María Gutiérrez de Terán, representante suplente por la ciudad de México; Octaviano Obregón, diputado suplente por Guanajuato; Pedro Bautista Pino, representante por Nuevo México; Miguel González Lastiri, representante por Yucatán; José Eduardo de Cárdenas Breña, diputado por Tabasco; José María Gordoa y Barrios, diputado por Zacatecas; José Ignacio Beye de Cisneros, representante de la ciudad de México; José Miguel Guridi y Alcocer, represen­ tante por Tlaxcala; José Miguel Ramos Arizpe, representante por Coahuila; José Simeón Uria, representante por Guadalajara; Joaquín Maniau y Torquemada, representante por Veracruz; y Mariano de Mendiola, representante por Querétaro. 6 Desde una ideología más absolutista se podrían señalar a Antonio Joaquín Pérez, representan­ te por Puebla; Salvador San Martín, representante suplente por Guadalajara y José Cayetano Foncerrada y Ulibarri, representante por Valladolid de Michoacán-. Por último, se habla normalmente de un tercer grupo que se situaría entre estas dos líneas políticas liberal y absolutista, entre los que se encontrarían Juan José Guereña, representante por Durango; Francisco Fernández Munilla, representante por Nueva-España; Máximo Maldonado, representante por Nueva España; Andrés Savariego, diputado por Nueva-España; y Manuel María Moreno, representante por Sonora. 7 Un buen ejemplo de la reivindicación de estos derechos lo representa Beye de Cisneros. Véase, al respecto: Z a r a t e To s c a n o , Verónica, «José Ignacio Beye Cisneros en las Cortes de Cádiz», en Estudios de Historia Novohispana, n° 17 (1997), pp. 201- 225. 8 Véase al respecto el ya citado trabajo de Ga r z a , David T., «Criterio constitucional mexicano.».

84

Go n z a l o

b u t r ó n p r id a y

M a d el

m a r b a r r ie n t o s

Márq u ez

Aunque tras la firma de la Constitución no todos partieron hacia América, lo cierto es que el acervo constitucional adquirido —gracias a la sucesión de lecciones que representaron los debates vividos dentro y fuera de las Cortes, y gracias tam­ bién al intercambio constante de ideas que hubo en Cádiz entre 1810 y 1813—, convertiría a estos hombres en medio privilegiado de transmisión de lo aprendido a la tarea de construcción y ordenamiento de la nueva nación mexicana, de modo que resulta de interés tanto rastrear los contenidos y aspectos de la Constitución gaditana que más influyeron en los textos mexicanos, como valorar la influen­ cia que tuvieron determinados diputados novohispanos en la transferencia a las nuevas constituciones mexicanas del espíritu liberal doceañista del que se habían imbuido en el Cádiz de las Cortes. 3.

l a h u e l l a g a d it a n a e n l a s p r im e r a s p r o p u e s t a s

c o n s t it u c io n a l e s m e x ic a n a s

Algunos de los diputados novohispanos participantes en las Cortes de Cádiz mantuvieron durante años su activismo político e intervinieron en el proceso de renovación política e institucional asociado a la aspiración mexicana a la indepen­ dencia. Durante el primer tercio del siglo XIX este proceso se caracterizó, como en otros antiguos territorios españoles de América, y como también en la propia España peninsular, por los vaivenes y la inestabilidad, lo que se tradujo en una larga sucesión de alternativas políticas y de enfrentamientos sociales. El México independiente, como la propia España decimonónica, conoció dis­ tintos regímenes constitucionales en muy pocas décadas, en los que es palpable, en general, la herencia del constitucionalismo francés, norteamericano y español, una triple influencia que también está presente en los ensayos normativos del conjunto de los estados que empezaron a formarse durante esos mismos años en los territorios de la antigua América española9. En el caso concreto de México, los proyectos iniciales evidencian de forma más clara la influencia gaditana —y a través de ella también la francesa—, en tanto que otros textos posteriores se situarían más cerca de la órbita estadounidense. De entrada, la considerada como primera propuesta constitucional mexicana, el pro­ yecto elaborado por Ignacio López Rayón, presenta ya algunos puntos coinciden­ tes con la Constitución de Cádiz, y ello a pesar de que el texto de López Rayón viera la luz el 30 de abril de 1812, de forma casi paralela a la promulgación del

9 Una aproximación a la repercusión americana del constitucionalismo gaditano en Bu t r ó n Pr i d a , Gonzalo, «Constitución española de 1812», en Diccionario Histórico Judicial de México: ideas e instituciones. México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, tomo I, pp. 221-228.

l a s c o r t e s d e c á d iz y e l p r im e r l ib e r a l is m o en

M é x ic o

85

código español. Habría que considerar, a priori, que este solapamiento cronológi­ co hizo prácticamente imposible que la influencia de Cádiz se dejara sentir en los pronto conocidos como Elementos C onstitucionales de Rayón. No obstante, hay que tener en cuenta, por un lado, que las ideas que regían el texto constitucional aprobado en Cádiz no eran exclusivas de los diputados gaditanos, sino que forma­ ban parte de un discurso político extendido en círculos privilegiados del mundo atlántico europeo y americano. Por otro lado, no hay que olvidar que el proceso de elaboración de ambos textos fue muy distinto, puesto que la discusión del pro­ yecto constitucional gaditano no sólo fue pública, sino también muy publicitada, de modo que López Rayón pudo conocer la evolución de los debates gaditanos, especialmente a través de la prensa, que tanto eco se hizo de ellos; es más, en su propio periódico dio cuenta de la tarea de las Cortes, si bien transmitiendo una opinión negativa de las mismas, como queda de manifiesto en la valoración que hizo en el primer número del Sem anario Patriótico Americano: «el congreso de Cortes representativo de la soberanía de ambas Españas no presenta en su seno más que el fermento de muchas partes heterogéneas que chocan entre sí; cuyos debates siempre acalorados y nunca avenidos parecen pronosticar el irreparable desconcierto de sus miembros y en él la ruina de sus comitentes», dudando de su capacidad de dar a los españoles «una buena constitución legislativa»10. En última instancia, y con independencia del grado de conocimiento que tuviera Rayón de la evolución de la transformación política de la monarquía española preparada en Cádiz, y con independencia también del peso que la propaganda tuviera en la formación de opiniones, lo cierto es que buena parte de los 38 puntos de sus Elementos presentan al mismo tiempo tanto notables semejanzas con el código español —como la intolerancia religiosa, la división de poderes o la abolición de la tortura—, como también importantes diferencias, como la peculiar definición de la soberanía o la valiente abolición de la esclavitud, cuestión esta última a la que no se había logrado encontrar solución en las cortes gaditanas. A pesar de que los Elementos C onstitucionales de Rayón no llegaron siquiera a ser discutidos en la Suprema Junta y que fueran retirados por su autor en marzo de 181311, no cabe duda de que representan el primer intento de regular, insti­ tucional y legislativamente, el naciente estado mexicano. Por otra parte, además de ser referentes para los Sentim ientos d e la Nación, servirían de base para la ela­ boración en 1814 de la Constitución de Apatzingán, el segundo de los proyectos constitucionales de la antigua Nueva España.

10 Semanario Patriótico Americano, n° 1, p. 2, Imprenta de la Nación Americana, 1812. 11 So b e r a n e s Fe r n á n d e z , José Luis, «El primer constitucionalismo mexicano», en Ayer, n.° 8 (1992), p. 24.

86

GONZALO BUTRÓN PRIDA Y M a DEL M AR BARRIENTOS MÁRQUEZ

La autoría de la Constitución de Apatzingán ha sido discutida en más de un estudio12. Se conocen, no obstante, los participantes en el Congreso que la deba­ tió, entre los que no se ha localizado a ninguno de los diputados novohispanos presentes en Cádiz, probablemente debido a la cercanía en el tiempo de ambas reuniones, lo que no significa que los debates de las cortes doceañistas y el pro­ pio texto gaditano no influyeran sobre la comisión redactora del que luego sería aprobado con el nombre oficial de D ecreto C onstitucional para la L ibertad d e la América M exicana. En efecto, los integrantes de esta comisión, que según Morelos fueron Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel Herrera13, conocían el desarrollo del proceso de renovación política emprendido en Cádiz. Es el caso de Quintana y Herrera, que habían adquirido experiencia como editores de periódicos —Andrés Quintana del periódico de Rayón, Sema­ nario Patriótico Americano, y José Manuel de Herrera del Correo Americano d el Sur—, y que mostraron en sus artículos sus conocimientos e interés por todos los acontecimientos políticos y constitucionales de España y Francia. Se sabe, igualmente, que una fuente utilizada por la comisión redactora fue la de algunos ejemplares de El Espectador de Sevilla, dirigido por el español Al­ berto Lista, que se reimprimió en México en 1810. De hecho, cuando Morelos fue capturado por los realistas en 1815 e interrogado por el inquisidor Manuel de Flores, declaró, como recoge Ernesto de la Torre, que su única contribución a la Constitución de Apatzingán había sido entregar a la comisión una copia de seis números del periódico español El Espectador y una copia de la Constitución de 1812. A esto habría que unir el hecho de la jura y puesta en práctica de la Constitución de Cádiz en Nueva España entre septiembre de 1812 y agosto de 1814, que permitió ensayar en tierras americanas los nuevos principios políticos y, especialmente, la práctica electoral diseñada en Cádiz. Con todo, la mejor prueba de la influencia gaditana se encuentra en el propio articulado de la Carta de Apatzingán, considerada por algunos autores como una de las constituciones más influidas por el código gaditano14. En efecto, el texto se­ guía muchos de los principios del español, y aunque se distanciaba de él al partir de la apuesta por el sistema republicano como forma de gobierno, se asemejaba en cuestiones fundamentales como la defensa firme de la religión católica, la 12 Véanse, por ejemplo, De l a To r r e v i l l a r , Ernesto, La Constitución de Apatzingán y los creadores del estado mexicano. México, UNAM, 1965 y M a cía s , Anna, «Los autores de la Constitución de Apatzingán», en Colegio de México, vol. XX, n.° 4 (1971), pp. 511-521. 13 So b e r a n e s Fe r n á n d e z , José Luis, «El primer constitucionalismo...», pp. 27-28. 14 Un cotejo detallado de ambos textos en De l a To r r e v i l l a r , Ernesto, La Constitución de Apatzin­ gán... Véase también Ag u irre Mo re n o , Judith, «El primer liberalismo mexicano», en Letras Jurídi­ cas, n.° 19 (2009), pp. 2-14.

l a s c o r t e s d e c á d iz y e l p r im e r l ib e r a l is m o en

M é x ic o

87

preferencia por el sufragio indirecto, la organización del poder legislativo en una sola cámara o la definición de los mecanismos de sanción y promulgación de las leyes. Por ejemplo, la confesionalidad del Estado está formulada en Apatzingán de una forma menos contundente que en Cádiz, puesto que no incluye la prohibi­ ción expresa del ejercicio de otros cultos («La religión católica apostólica romana es la única que se debe profesar en el Estado»), circunstancia compensada, no obstante, por el lugar preferente que ocupa en el texto mexicano, pues le es re­ servado su artículo inicial, cuando en el modelo español se le había asignado el artículo duodécimo, que ya formaba parte del título II de la Constitución. Cla­ ramente deudor del ejemplo español es también el régimen electoral dispuesto en Apatzingán, puesto que no sólo acepta los tres grados gaditanos con el mismo nombre —a través de juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia—, sino que su artículo 69 copiaría casi al pie de la letra el ritual cuasireligioso esta­ blecido para las votaciones por el artículo 47 de Cádiz. En cuanto a las concomitancias perceptibles en la organización del poder le­ gislativo, destacan, de un lado, el unicameralismo, representado en Apatzingán por el Supremo Congreso y en Cádiz por las Cortes; y, de otro lado, los mecanis­ mos de sanción y promulgación de las leyes, establecidos en Apatzingán en un ca­ pítulo, el IX, largamente inspirado, con las diferencias nominales impuestas por el descarte de la forma monárquica de gobierno, en el capítulo VIII de Cádiz. 4.

l a s r e m in is c e n c ia s g a d it a n a s

EN LA c o n s t it u c ió n FEDERAL DE 1824

La influencia española, tan perceptible en 1814, cuando hacía solo dos años que la Constitución de Cádiz había sido solemnemente jurada en el propio Méxi­ co —lo que seguramente permitió incrementar su conocimiento y difusión—, iría debilitándose en los años siguientes. Todavía a comienzos de la década de los veinte mantuvo parte de su ascendencia, gracias en gran medida al triunfo de la revolución en la Península Ibérica; sin embargo, y a pesar de que volvió a estar oficialmente vigente, y de que fue de nuevo objeto de atención por parte de algu­ nos grupos influyentes de poder15, la declaración mexicana de independencia de septiembre de 1821 complicaría en exceso la defensa pública del texto constitu­ cional de un estado, el español, que aún aspiraba a mantener el control de sus an­

15 Manuel Ferrer ha destacado, al respecto, tanto el escepticismo crítico con que el éxito de la revolución española fue acogida en 1820, como su contribución a la reanimación del debate y el enfrentamiento político en la publicística novohispana en torno a la Constitución española de 1812. Fe r r e r M u ñ o z , Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación..., pp. 23-47.

88

Go n z a l o

b u t r ó n p r id a y

M a d el

m a r b a r r ie n t o s

Márq u ez

tiguos territorios americanos. En consecuencia, las nuevas propuestas mexicanas se alejaron, sobre todo desde el punto de vista formal, del modelo español, para encontrar inspiración, por el contrario, en otros modelos constitucionales, espe­ cialmente el estadounidense, como es bien apreciable en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. En un contexto de creciente complejidad política, en el que la disparidad de opiniones sobre la organización y la estructura del nuevo estado convivía con el creciente consenso en torno a la necesaria ruptura política con España, la procla­ mación de Agustín de Iturbide como emperador en julio de 1822 fue seguida por la formación de una comisión encargada de elaborar un proyecto de Constitución. En ella localizamos a algunos de los representantes novohispanos en las Cortes de Cádiz, que sin duda aportarían la experiencia y los conocimientos adquiridos en su etapa doceañista. Destacan, entre otros, Mariano Mendiola, que llegaría a ocupar la presidencia del Congreso Constituyente en 1822, y el tlaxcalteco José Miguel Guridi y Alcocer, que había sido miembro, e incluso había presidido en 1821, la Suprema Junta Provisional Gubernamental, y que sería luego diputado en el citado Constituyente de 1822 y firmante de la Constitución de 1824. No obstante, el deterioro de las relaciones entre el emperador y el Congreso desembocaría en la orden de disolución de éste y, en consecuencia, en la pro­ longación de la inestabilidad y la provisionalidad políticas. El levantamiento del General Santa Anna y el surgimiento de los primeros movimientos autonomistas no hicieron sino complicar la situación, y el nuevo estado, en vez de consolidar­ se, llegó a parecer en peligro de desmoronamiento. Se hacía necesario un nuevo ordenamiento, y la apuesta se haría ahora por el federalismo, que relevaría al centralismo característico de las primeras propuestas constitucionales mexicanas y que era formulado con el objetivo de intentar mantener la integridad territorial del nuevo estado mexicano. El modelo ahora dominante era el de los Estados Unidos, la naciente poten­ cia cuyo presidente acababa de avisar a británicos y franceses de su intención de impedir que otros estados europeos pudieran sustituir a España en la tutela de los amplios territorios que habían conformado su imperio en América. No ha de extrañar, por tanto, que el 23 de mayo de 1823, incluso antes de que el presiden­ te Monroe hiciera pública su conocida declaración, el Congreso Constituyente adoptara como forma de gobierno la República Representativa Popular Federal. El objetivo era redactar un texto que sirviera de base legal a la unidad del estado mexicano, que estaba en peligro, y que habría de configurar el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. Para ello se requirió elaborar un Proyecto de Acta y con ese fin se nombró una comisión en la que volvemos a encontrar a políticos con un gran bagaje constitucional, como Ramos de Arizpe.

l a s c o r t e s d e c á d iz y e l p r im e r l ib e r a l is m o en

M é x ic o

89

El Proyecto Constitucional comenzó a ser debatido y discutido en el Congre­ so en abril de 1824, siendo aprobado el 3 de octubre y publicado dos días después con el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Aun­ que ya hemos señalado la evidente vinculación con la Constitución de los Estados Unidos, también se dejó sentir la influencia de la Constitución de Apatzingán e, igualmente, son perceptibles las reminiscencias de la constitución gaditana. El texto norteamericano inspiró, principalmente, la elección de un sistema re­ publicano, representativo y federal. Centrándonos en las reminiscencias españo­ las, que para Levaggi son incluso más claras que las estadounidenses16, hallamos, de entrada, una incuestionable: la adopción de la religión católica como la única oficial. A diferencia de lo ocurrido diez años atrás en Apatzingán, el nuevo código adoptó, en su artículo tercero, una formulación intransigente de la defensa de la religión católica, apostólica y romana, muy cercana a la española de 1812 («La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la Católica Apostólica Romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra»), y muy acorde, como numerosos autores señalan, con el fuerte arraigo de la religión católica tanto en la sociedad española como en la mexicana. Así mismo, la división y organización de los tres poderes se inspira, como tam­ bién señala Levaggi, en el código gaditano, además de ser posible encontrar el referente doceañista en toda una serie de artículos de la Federal de 182417. Pero la ascendencia gaditana no se limita a la copia, inspiración o reflejo de la redacción gaditana, sino que llega también, de forma más sutil, de la mano de los diputados doceañistas que trabajaron en la construcción del nuevo marco legis­ lativo e institucional. Destaca, por ejemplo, el trabajo de Guridi y Alcocer, que repitió en México en 1824 la misma propuesta de definición de la soberanía que había hecho algo más de una década atrás en las Cortes de Cádiz, proponiendo de nuevo la sustitución de la fórmula «la soberanía reside esencialmente en la Nación» por la de «radicalmente en la Nación»18. Es también el caso de José Miguel Ramos de Arizpe, sacerdote y catedrático en Derecho Civil, quizás uno de los personajes más decisivos en la redacción de la Constitución Federal Mexicana de 1824, como lo pone de manifiesto su título de Padre d el Federalismo Mexicano. De ideología liberal, la experiencia adquirida en Cádiz como representante por Coahuila no sólo le serviría para recuperar los

16 Le v a g g i , Abelardo, «Constitución de 1812.», p. 63. 17 Ibidem, pp. 73-74. 18 Ch u s t Ca l e r o , Manuel, «Los Diputados novohispanos y la Constitución de 1812», en La Ciudad de México y Cádiz, 1810-1823. En busca de la soberanía constitucional. Ciudad de México, Comi­ sión Bi100, 2010, p. XLV.

90

GONZALO BUTRÓN PRIDA Y M a DEL M AR BARRIENTOS MÁRQUEZ

argumentos de entonces, sino que también le otorgaría cierta ascendencia sobre sus compañeros en el Congreso Constituyente. En concreto, Ramos de Arizpe fue autor del primer proyecto presentado al Constituyente, en el que apostaba por una declaración abierta de la soberanía nacional y por una organización fede­ ral del estado. Es de destacar su planteamiento de la soberanía d e los estados, que significaba una ruptura total con el pasado, en concreto, definía a México como compuesto por «estados independientes, libres y soberanos, en lo que exclusiva­ mente toque a su administración y gobierno interior»19. En todo caso, esta idea no fue admitida por todos los miembros del Congreso —fue aprobada tras una votación en la que recibió 41 votos afirmativos frente a 29 votos en contra—, y fueron muchos los razonamientos que esgrimieron los contrarios a este sistema, entre ellos los previsibles choques de poderes entre el gobierno central y el de cada estado. No era, de todos modos, la primera vez que Ramos de Arizpe abogaba por el federalismo, puesto que ya en las sesiones constitucionales gaditanas había plan­ teado una organización de la monarquía española que la acercaba a la estructura federal. En esta misma dirección hay que situar la gran participación que tuvo en la configuración de la organización territorial de la Monarquía española a partir de las diputaciones y los ayuntamientos. Con la creación de las diputaciones provinciales20, cuya denominación se atri­ buye precisamente a Miguel Ramos, la Constitución gaditana creaba un ente político para gobernar, administrar, explotar y defender el poder territorial; para regularizar, además, la organización del territorio en función del concepto pro­ vincial, frente a la desigual estructura territorial del Antiguo Régimen. En esta cuestión, Ramos de Arizpe se distinguiría por la defensa de la atribución a las diputaciones de amplios poderes, convirtiéndolas en instancias dotadas de una amplia autonomía. Así lo plasmaría en su M em oria para la organización y gobierno p olítico d e las Provincias Internas d el O riente d e Nueva España, que, como indica Chust Calero, serviría de base a la Comisión de Constitución para la redacción de los artículos sobre las diputaciones provinciales21. Su postura contrastaba con

19 Pa o li Bo lio , Francisco José, «Reflexión retrospectiva sobre la Constitución de 1824», en Exa­ men Retrospectivo del Sistema Constitucional Mexicano. México, Instituto de Investigacio­ nes Jurídicas (UNAM), 2005, pp. 43-47. 20 Un estudio clásico sobre la cuestión en B en son , Nettie Lee, La diputación provincial y el fe­ deralismo mexicano. México, El Colegio de México, 1955; una reflexión más reciente sobre el componente federalista de las diputaciones en Ch u s t c a le r o , Manuel, «Federalismo avant la lettre en las Cortes Hispanas, 1810-21», en Josefina Zoraida v ázquez (coord.), El establecimiento del Fe­ deralismo en México, 1820-24. México, El Colegio de México, 2003, pp. 77-114. 21 Ch u s t c a l e r o , Manuel, «Los Diputados novohispanos...», p. LIII.

l a s c o r t e s d e c á d iz y e l p r im e r l ib e r a l is m o en

M é x ic o

91

la de una mayoría de diputados representantes de las provincias europeas de la Monarquía que, gracias al refuerzo de la figura del jefe político al frente de las diputaciones, las concibieron como la institución que representaba al estado en las provincias, como un escalón más de la administración de un estado unitario, cuyo fin sería precisamente controlar los posibles intentos federalizantes de los ayuntamientos. Tras la aprobación de la Constitución, las diputaciones verían incrementados su poder y su autonomía gracias a la Instrucción para los ayuntam ientos constitu­ cionales, ju n ta s provinciales y jefes políticos superiores, de 23 de junio de 1813, lo que, en el caso de México, animó a las elites locales de comerciantes y notables a defender su desarrollo, puesto que, como ha señalado Juan Carlos Abreu, el nue­ vo orden administrativo fortalecía la autonomía de las provincias22. Años más tarde, restablecido el régimen constitucional en la Península, Ra­ mos de Arizpe volvería a participar en las cortes españolas entre julio de 1820 y septiembre de 1821. Durante esta nueva etapa destaca su participación en la aprobación de un decreto expedido por las Cortes en mayo de 1821, según el cual se erigirían diputaciones en todas las intendencias de Ultramar, sistema que final­ mente se impondría y que además se incorporaría al nuevo texto constitucional mexicano, es de suponer que gracias a la intervención destacada que tuvo Ramos de Arizpe en la redacción de este último. En cuanto a la organización del poder local, el perfil dado por la Constitu­ ción gaditana a los ayuntamientos23 los convertiría en instituciones fuertemente democráticas e independientes, llamadas a desempeñar un papel de vital impor­ tancia en el proceso revolucionario español, tanto en Europa como en América. En el caso americano, su creación daría lugar a partir de 1812 a la aparición, en centenares de poblaciones, de cabildos que, elegidos mediante el sufragio indi­ recto y masculino previsto por la Constitución de Cádiz, permitirían ensayar el nuevo modelo político en el ámbito local, en este caso de la mano de los más favorecidos por el nuevo sufragio, esto es, los criollos, que lograron cercenar los

22 Ab re u y A b re u , Juan Carlos, «Las ideas constitucionales en México en el marco de las cortes gaditanas», en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. XXII (2010), pp. 49-51. 23 A partir de la Ley Constitucional, los ayuntamientos escaparon de cualquier prerrogativa privilegiada del rey al crearse mediante una normativa demográfica, y no personalista y privi­ legiada como bajo la monarquía absoluta. Por otro lado, la creación de los ayuntamientos se haría con una base de población muy baja, que provocaría el surgimiento de una multitud de ayuntamientos constitucionales y, por ende, de sociedades que tendrían que reunirse política­ mente para dirimir sus necesidades, conflictos, defensas, etc. Ch u s t c a l e r o , Manuel y Se r r a n o , José Antonio, «El Liberalismo doceañista en el punto de mira: entre máscaras y rostros», en Revista de Indias, vol. LXVIII, n.° 242 (2008), pp. 39-66.

92

g o n z a l o b u t r ó n p r id a y

M a d el

m a r b a r r ie n t o s

Márq u ez

privilegios de la aristocracia y contribuir, así mismo, a acabar con el régimen colonial en América. Junto a la defensa del catolicismo y las presumibles raíces gaditanas del fede­ ralismo, una tercera cuestión vincula la Constitución mexicana de 1824 con la española de 1812. Es sabido que la Constitución federal no contó, al igual que la gaditana, con una Declaración de Derechos Humanos. Ello no implica, claro está, que los constituyentes mexicanos, y españoles no tuvieran presente la necesi­ dad del reconocimiento y respeto de los derechos individuales propios del ideario liberal. Un buen ejemplo del desarrollo de esta conciencia lo encontramos en José Miguel Gordoa y Barrios, diputado por Zacatecas en las Cortes de Cádiz, de las que llegó a ser presidente entre agosto y septiembre de 1813, y gran defensor de los derechos del hombre, tanto en la Cortes de Cádiz, donde se distinguió por la censura de la desigualdad racial manifiesta en el planteamiento del artículo vigésimo segundo de la Constitución24, como posteriormente en el Congreso Constituyente mexicano de 1823, del que también llegó a ocupar la presidencia. De igual modo, José Simeón Uría Berruecos, que había sido representante por Guadalajara en Cádiz, también se distinguió por su cuestionamiento de la escla­ vitud y su defensa acérrima de los derechos de la raza negra, lo que le valió que algunos llegaran a apodarle el antecesor de Lincoln. Finalmente, ni las Cortes ni la Constitución de Cádiz supieron hacer una declaración firme contra la esclavitud, como tampoco acabaron por considerar a los descendientes de africanos como ciudadanos de pleno derecho. En cambio, la nueva nación mexicana apostó, desde un principio, por la opción contraria, como lo pone de manifiesto tanto que ya en 1810 uno de los padres de la independen­ cia, el cura Miguel Hidalgo, promulgara la abolición de la esclavitud, como que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, reiterara la misma, aunque no sería hasta septiembre de 1829 cuando se expediría el decreto de abolición. El abismo existente entre la solución dada al problema de la esclavitud y de los derechos de los habitantes de raza negra a uno y otro lado del Atlántico hace aventurada, a primera vista, la conexión entre ambas soluciones. No obstante, aunque en Cádiz no se llegara a dar, por diversos motivos —entre ellos el temor a un desequilibrio de poder entre la parte europea y la americana de la Monarquía española—, una solución liberal a la cuestión, creemos que es posible vincular los debates planteados en las Cortes de Cádiz en relación a la condición de ciuda­ danía y a los derechos de los pardos y las castas a optar a ella, con la abolición en

24 Un análisis de su intervención en En c is o Co n t r e r a s , José, «Correspondencia de don José Miguel Gordoa, diputado a las Cortes de Cádiz, con la provincia de Zacatecas, 1811-1814», en Anuario Mexicano de la Historia del Derecho, vol. XXII (2010), pp. 177-199. El análisis en pp. 180-182.

LAS CORTES DE C Á D IZ Y EL PR IM ER LIB ER ALISM O EN M ÉXICO

93

México, puesto que fue un asunto planteado prácticamente por todos los diputa­ dos americanos de la asamblea gaditana. En este punto, cabe destacar el papel desempeñado por José Miguel Guridi y Alcocer en la defensa de la abolición de la esclavitud, no sólo en las Cortes de Cádiz —como diputado por Tlaxcala—, sino también más tarde en el México de Iturbide, en este caso como miembro de la comisión para la redacción del pro­ yecto constitucional. Los planteamientos que expuso en Cádiz tanto a favor de la abolición del tráfico de esclavos y de la libertad de vientres —ocho proposicio­ nes—, como a favor de la extinción gradual de la esclavitud, provocaron un fuerte impacto en las Cortes, en la opinión pública, entre las entonces poderosas casas comerciales y entre las autoridades coloniales y los sectores esclavistas cubanos25. El propio Guridi y Alcocer, junto a José Ignacio Beye de Cisneros, se distin­ guiría por abogar, en debates acalorados de un alto nivel argumental, por el reco­ nocimiento de los derechos de los descendientes de africanos. El diputado tlaxcalteca lo expuso claramente en febrero de 1811 en una de sus tantas intervenciones en las Cortes, en la que defendió que la unión del estado era compatible con la existencia de naciones distintas «como lo son los españoles, indios y negros» 26. En definitiva, los ejemplos de la afirmación católica, la organización del poder provincial y la abolición de la esclavitud parecen evidenciar que la experiencia gaditana sirvió de acicate a quienes la vivieron. En general, para imitar o modifi­ car y mejorar lo allí aprobado, y, en algunas ocasiones concretas, para superar las cotas alcanzadas en Cádiz, como es el caso de estos últimos ejemplos relativos a la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos más allá de las contingen­ cias y los intereses particulares que habían impedido su afirmación clara y directa en 1812.

25 Ch u s t c a l e r o , Manuel, «Los Diputados novohispanos...», p. XLI; Ga r c í a Á l v a r e z , Juan Pablo: México y las Cortes de Cádiz. Derecho del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo I. Historia Constitucional 1812-24. Cámara de Diputados. XLVI. Legislatura del Congreso de la Unión. México, 1967; Su A re z Su A re z , Reinaldo, «Repercusiones de la Constitución de Cádiz. Guridi y Alcocer y la esclavitud en Cuba», en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. XXII (2010), pp. 339-366 26 La cita completa, que recoge la propuesta de Guridi de ampliar el concepto de nación, en Na r v A e z , José Ramón, «Cádiz: su proyección en el trienio liberal mexicano», en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. XXII (2010), p. 306.

SEGUNDA PARTE Cádiz y los modelos constitucionales

Modelos y tendencias constitucionales en las Cortes de Cádiz Joaquín Varela Suanzes-Carpegna Universidad de Oviedo

La invasión napoleónica trajo consigo el desplome de la monarquía hispánica. Para sustituirla por un nuevo Estado Constitucional tres naciones servían enton­ ces de modelo: Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América. Las dos pri­ meras eran la cuna de dos monarquías constitucionales muy distintas. Mientras la inglesa se había ido construyendo a lo largo de un dilatado proceso histórico en el que la revolución de 1688 había supuesto un hito decisivo, la francesa de 1791 se había diseñado en la Asamblea constituyente de 1789 de acuerdo fundamen­ talmente con unas premisas racionales. Los Estados Unidos de América eran, en cambio, la nación republicana por excelencia. Si el modelo constitucional inglés, fue defendido por los diputados realistas, el francés de 1791 fue reivindicado con éxito por los diputados liberales de la me­ trópoli, plasmándose en buena medida en el texto constitucional de 1812. Nin­ guno de estos dos modelos, en cambio, fueron del agrado de los diputados ame­ ricanos. La común mentalidad antiaristocrática de los representantes de ultramar, partidarios de un igualitarismo que rebasaba los límites del clásico y primigenio igualitarismo liberal, chocaba con los principios básicos del constitucionalismo inglés, por el que no manifestaron apenas simpatías. En lo que atañe al modelo constitucional francés de 1791, el radical uniformismo político y administrativo que éste entrañaba, al estar basado en el dogma jacobino de la soberanía nacional, suponía un insuperable obstáculo para que estos diputados se identificaran con él. Quizá el modelo constitucional que suscitase más simpatías entre los diputa­ dos americanos fuese el de los Estados Unidos de América. Un modelo que no convencía en absoluto ni a los realistas ni a los liberales de la metrópoli, como se verá de inmediato.

98

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

1 . EL m o d e l o

c o n s t it u c io n a l

DE LOS ESTADOS uNIDOS DE A m é r ic a

En España no hubo un grupo republicano de cierta consistencia organiza­ tiva e ideológica hasta la segunda mitad del siglo XIX. En las Cortes de Cádiz, desde luego, ningún diputado se manifestó a favor de la República. Esta forma de gobierno se identificaba en aquella asamblea con la democracia directa de la antigüedad, con los excesos de la Convención francesa de 1793 y con el federa­ lismo de los Estados Unidos. Si el ejemplo de las polis griegas y de la República romana resultaba impracticable y opuesto al sistema representativo, el régimen de guillotina y terror les repugnaba profundamente. En cuanto al modelo norte­ americano, a los diputados doceañistas -al menos a los peninsulares- les parecía tan lejano ideológica como geográficamente1. Los diputados liberales incluso repudiaron de forma expresa el modelo cons­ titucional de los Estados Unidos en alguna ocasión. Así ocurrió en el debate del título VI del proyecto de Constitución, que organizaba «el gobierno interior de los pueblos y provincias», en el que se enfrentaron las tesis uniformistas de los liberales de la metrópoli y las «provincialistas» de los diputados americanos. Tesis estas últimas que los liberales no dudaron en calificar de «federalistas», con harta exageración e incluso con notable imprecisión conceptual. Pero lo que ahora importa subrayar es que en este debate el Conde de Toreno señaló que la Cons­ titución en ciernes intentaba por todos los medios «excluir el federalismo, puesto que no hemos tratado de formar sino una Nación sola y única»2: Lo dilatado de la Nación -añadía Toreno- la impele baxo un sistema liberal al federalismo; y si no lo evitamos se vendría a formar, sobre todo con las provincias de Ultramar, una federación como la de los Estados Unidos, que insensiblemente pasaría a imitar la más independiente de los antiguos cantones suizos, y acabaría por constituir estados separados3.

1 En realidad, como escribe Manuel Martínez Sospedra, «el modelo norteamericano era de muy difícil asimilación. Por de pronto se trataba de una Constitución republicana tendencialmente de­ mocrática y además se trataba de una ley fundamental federal, factores todos que jugaban en su contra. Por ende, no era bien conocida en nuestro país y su influencia se veía dificultada por una razón suplementaria: se trataba de un texto constitucional nacido de una ruptura sangrienta y dolorosa respecto del régimen anterior y cuyo tinte radical era notorio... Ciertamente, el carácter mar­ cadamente monárquico de la institución presidencial junto con la rígida separación de los poderes que caracteriza al texto de 1781 indicaban un camino posible, pero las discrepancias eran dema­ siado grandes y la inadecuación del modelo notoria. El constitucionalismo norteamericano podía servir a lo sumo como ejemplo de cómo organizar la relación ejecutivo- parlamento y podía servir de fuente de argumentos en punto a la cuestión de las facultades del Rey, pero muy poco más», La Constitución de 1812y el primer liberalismo español, Valencia, Facultad de Derecho, 1978, p. 41. 2 Diarios de las Discusiones y Actas de las Cortes (DDAC, en adelante), t, 11, p. 212. 3 Ibídem, p. 247

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e c á d iz

99

A este criterio se adhirió también Agustín Argüelles, quien insistió en los su­ puestos peligros del federalismo y en la necesidad de alejarse del modelo de la «federación anglo-americana»4. 2 . m o d e lo c o n s t it u c io n a l in g lé s 2 . 1 . l o r d h o l l a n d y l o s « c o r tís ta s »

Durante el siglo XVIII el constitucionalismo inglés tuvo en España una in­ dudable difusión, en la que desempeñó un papel relevante un periódico edita­ do por Cladera con el nombre de Espíritu d e los M ejores D iarios d e Europa, en donde se publicaron los escritos de Sidney y los comentarios constitucionales de Blackstone5. El contacto personal entre algunos viajeros ingleses -lo suficiente­ mente osados para atreverse a acercarse a una Nación fuera del «Grand Tour»- y algunos ilustrados españoles, sirvió también para que las ideas -o quizá mejor las creencias- más extendidas sobre el sistema constitucional inglés, se difundiesen en España a lo largo del siglo de las Luces6. El autor inglés más conocido en la España del ochocientos fue Locke, cuya influencia fue tanto directa como a través de Diderot, Montesquieu, Turgot y Rousseau. La influencia de Locke se percibe en ilustrados como Campomanes y Jovellanos y en liberales como Cabarrús y Martínez Marina7. Pero es muy sig­

4 Ibídem, pp. 244-246. Sobre este debate y en general sobre las diversas concepciones de los Diputados doceañistas respecto de la distribución territorial del poder en el nuevo Estado Cons­ titucional, vid. mi trabajo «Nación, representación y articulación territorial del Estado en las Cor­ tes de Cádiz», recogido en mi libro Política y Constitución en España, 1808-1978. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 197-223. 5 Sobre la recepción del pensamiento europeo en España durante el siglo XVIII, incluida la teo­ ría constitucional inglesa, vid. J. A. Ma r a v a l l , «Las Tendencias de reforma política en el siglo XVIII», en Revista de Occidente, t. XVIII (1967), pp. 51 y 82, y «Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII», en Revista de Occidente, t. XXIII, n° 69 (1968), pp. 285-6. Vid. asimismo, Luis Sán ch ez Ag esta , El Pensamiento Político del Despotismo Ilustrado. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1953, pp. 95 a 113 y 260. C. Co r o n a Ba r a te c h , Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV. Madrid, Rialp, 1957. G. Anes, Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII. Barcelona, 1969. A. Elo r z a , La Ideología Liberal en la Ilustración española. Madrid, Tecnos, 1970; Mariano y José Luis Peset, La Universidad Española (Siglos XVIII y XIX). Despotismo Ilustrado y Revolución Liberal. Madrid, Taurus, 1974; J. Sa r r a il h , La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México Fondo de Cultura Económica, 2a reimp. 1979, R. Herr, España y la Revolución del siglo XVIII. Madrid, Aguilar, 1979; A. Domínguez o rtiz , Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona, Ariel, 1981 y Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid, Alianza, 1989; Francisco Sánch ez- Bla n c o Pa ro d y , Europa y el pensamiento español del sigloXVIII. Madrid, Alianza Universidad, 1991. 6 Cfr. Ana Clara Gu e rre ro , Viajeros británicos en la España del siglos XVIII. Madrid, Aguilar, 1990, especialmente los cuatro primeros capítulos. 7 Cfr. Ro d r íg u e z d e A r a n d a , «La recepción e influjo de las ideas de J. Locke en España», en Revista

100

J o a q u ín

v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

nificativo que el constitucionalismo inglés se difundiese en la España del siglo XVIII principalmente a través de Montesquieu. El Espíritu d e las Leyes fue la obra que tuvo más resonancia en España entre toda la literatura política del siglo8. El publicista francés era conocido y aceptado no sólo por autores liberales e ilustra­ dos, como Ibáñez de la Rentería, Enrique Ramos, León Arroyal, Alonso Ortiz, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda y Jovellanos, sino también por los pensadores opuestos a la Ilustración y el liberalismo, como Antonio Xabier Pérez y López, Forner y, en fin, Peñalosa9. A partir de 1808 el constitucionalismo inglés cobró un auge inusitado en España —naturalmente sobre todo en la España no ocupada por los franceses—al socaire de la libertad de imprenta y debido al prestigio que lo inglés tenía entre los españoles, pues al fin y a la postre era Inglaterra el principal aliado del pueblo español en su lucha contra Napoleón. En la difusión del constitucionalismo inglés durante esos años jugó un papel muy destacado Lord Holland. El aristócrata inglés era miembro muy relevante del partido w h ig y uno de los discípulos predilectos de Fox, el más descollante dirigente de este partido durante el último tercio del siglo XVIII10. Lord Holland llegó a adquirir un gran conocimiento y cariño por las cosas de España -su se­ gunda patria, como él mismo gustaba recordar- así como una notable influencia sobre algunos hombres que jugaron un papel capital en este período, uno de los más críticos de toda nuestra historia. En sus estancias en España durante la ocupación napoleónica -primero en Madrid y luego en Sevilla-, Lord Holland pretendió contrarrestar el influjo de las ideas francesas, defendiendo ante un selecto grupo de intelectuales españoles los trazos esenciales del constitucionalismo inglés: espíritu moderado y conciliador entre el pasado y el presente, rechazo de las concepciones metafísicas y abstractas, monarquía limitada, en la que la Corona, al menos ante el derecho escrito, parti­ cipaba de forma decisiva en todas las funciones estatales, parlamento bicameral, de Estudios Políticos (REP), n° 76 (1954), pp. 123 y ss. 8 Cfr. Richard Her r , op.cit.. p. 28. 9 Cfr. Antonio Elo r z a , op.cit.. capítulo IV, La recepción de Montesquieu, pp. 69 y ss. 10 Lord Holland era sin duda un interesantísimo personaje. De él dijo Lord Byron en una oca­ sión que era «el hombre mejor informado y uno de los más capaces que había conocido en su vida, un devorador de libros y un observador de hombres». Apud Manuel Mo re n o A lo n s o , Sugerencias Inglesas para unas Cortes Españolas, en la obra colectiva Materiales para el Estudio de la Constitucion de 1812. Madrid, Tecnos, 1989, p. 512. Moreno Alonso ha estudiado de forma exhaustiva el influjo de Lord Holland en los orígenes del constitucionalismo español, tanto en este trabajo como en otros muchos, entre los que cabe destacar «Lord Holland y los Orígenes del Liberalismo Español», en REP, n° 36, 1983, pp. 181 y ss. y su libro La generación española de 1808. Madrid, Alianza Universidad, 1989, passim.

M O D ELO S Y TEND ENC IAS C O NSTITUCIO NALES EN LAS CORTES DE CÁD IZ

101

activismo judicial en defensa de las libertades individuales... Lord Holland estaba obsesionado con la convocatoria de Cortes en España y esta obsesión la transmi­ tió a sus amigos españoles, a quienes llamaron por eso «los cortistas», aunque la necesidad de convocar Cortes era una aspiración que venía de lejos, como se dirá más adelante. Entre los españoles que llegó a tratar se hallaba el excelente poeta Quintana, fundador de El Semanario Patriótico, a cuyo través quiso Lord Holland inocular de anglofilia al liberalismo español11, y José María Blanco-White, un sevillano de gran inteligencia y exquisita sensibilidad12. Por encargo de Quintana, Blanco dirigió la sección política de este famoso periódico liberal durante la etapa en que éste se publicó en Sevilla, a la sazón sede de la Junta Central13. Pero el mejor amigo de Lord Holland en España fue Jovellanos, pese a que la edad de éste era el doble que la de aquél. Jovellanos fue, además, el más rele­ vante anglófilo durante estos años. Su anglofilia y su propio liberalismo estaban, sin embargo, muy condicionados por su historicismo nacionalista -mucho más conservador que el de Martínez Marina y que el de los liberales doceañistas -pero también por el influjo de algunos autores adscritos al iusnaturalismo racionalista, como Domat, Heinnecio, Wolff y Puffendorff. Dos componentes doctrinales, el historicismo nacionalista y el iusnaturalismo racionalista, que se ponen de mani­ fiesto en los diversos dictámenes que redactó durante esos años como miembro de la Junta Central, y que publicaría más tarde como apéndices a su M em oria en D efensa d e la Junta Centraln4. Jovellanos sostuvo -sin éxito- que las Cortes debían

11 Sobre el destacado papel de Quintana en este período, vid. el libro de Albert Dé r o z ie r , Quin­ tana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid. Ediciones Turner, 1978. 12 Sobre el pensamiento constitucional de Blanco, vid. mi trabajo, Un precursor de la Monar­ quía Parlamentaria: Blanco- White y «El Español» 1810-1814). Blanco, como la mayor parte de los intelectuales españoles de su generación, confiesa haber estado notablemente influido por las ideas políticas revolucionarias que había encontrado en los libros franceses del siglo XVIII. Pero, a diferencia de Agustín de Argüelles o Muñoz Torrero, por citar dos ejemplos significativos, esta primera fase la superó relativamente pronto y, además, de forma radical. Blanco-White, en reali­ dad, era un anglófilo, cuya anglofilia le había llevado a una virulenta francofobia. La conversión anglófila de Blanco se debió en no pequeña parte a su trato asiduo -primero en España y luego en Londres- con Lord Holland. Jovellanos, por quien Blanco sentía una gran admiración, desem­ peño también un papel sin duda relevante en esta conversión, así como Quintana y Ángel de la Vega Infanzón. 13 Sobre las relaciones de Blanco con Jovellanos y Quintana, vid. las obras de Mo re n o A lo n s o y Dero zier que se citan en notas 10 y 11. 14 Obra que, inaugurando la Colección Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, publicó la Junta General del Principado de Asturias en 1992, con un Estudio Preliminar a cargo de José Mi­ guel Caso González. Jovellanos parte de la sociabilidad natural del hombre y del poder origina­ rio de la comunidad, así como del necesario traslado de ésta al monarca, distinguiendo entre el

102

jo a q u ín v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

convocarse y organizarse por estamentos, y no según los presupuestos individua­ listas que los revolucionarios franceses habían defendido en 1789. De tal forma que frente al monocameralismo, Jovellanos no tuvo más remedio que defender, a pesar de su carácter innovador, la necesidad de unas Cortes bicamerales, al estilo del Parlamento inglés, en las que la Cámara Alta debía actuar como un potente «poder intermediario» y «moderador», capaz de impedir la avalancha del elemen­ to «democrático» y de configurar un «régimen mixto»15. Igualmente influyentes en este selecto círculo fueron las Suggestions on the Cortes, escritas por el Doctor Allen, íntimo amigo de Lord Holland. Don Ángel de la Vega Infanzón tradujo esta obra y la publicó en el otoño de 1809 con el título de Insinuaciones sobre las Cortes. En este folleto sostenía el Doctor Allen unas ideas muy parecidas a las de Lord Holland y en particular las ventajas del sistema bicameral inglés sobre el monocameralismo adoptado en Francia en la Constitución de 1791 (para ser más exactos mejor sería decir las ventajas de la representación estamental sobre la nacional). Blanco-White publicó un extracto de estas Insinuaciones -según la versión española de su amigo Angel De la Vega Infanzón- en El Español. Asimismo, en abril de 1813 apareció en este periódico una Carta a l editor d el Español sobre la reciente m udanza d e R egencia en España, cuyo autor no era otro que Lord Holland, aunque prefiriese firmarla con el muy revelador y entrañable seudónimo de «un inglés muy españolado». 2 . 2 . l a a u s e n c ía d e u n g r u p o a n g l ó f í l o l í b e r a l en l a s c o r t e s d e c á d íz

También en las Cortes de Cádiz un influyente grupo de Diputados liberales co­ nocía el constitucionalismo inglés. Argüelles había vivido en Inglaterra unos años antes de que estallase en España la Guerra de la Independencia. Lo había enviado allí su amigo y paisano Jovellanos para formar parte de la Legación diplomática española16. Otro destacado Diputado en las Cortes de Cádiz, el también asturiano derecho de soberanía del Monarca y el derecho de supremacía de la Nación. Una distinción que venía a poner la primera piedra en la doctrina liberal-conservadora de la «soberanía comparti­ da» entre el Rey y las Cortes. Cfr. Joaquín v a r e l a Su a n z e s , La Doctrina de la Constitución H istórica., pp. 417 y ss. Amplío estas reflexiones en mi reciente «La doctrina de la Constitución histórica de España», en Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Histo­ ria Constitucional. Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2010. 15 Cfr. Consulta sobre la Convocatoria de las Cortes por Estamentos, suscrita por Jovellanos el 21 de mayo de 1809. Su texto puede verse en la Memoria en Defensa de la Junta Central, op.cit.., vol. II, pp. 113-125. 16 Sobre las estancias de Argüelles en Inglaterra, así como sobre otros datos biográficos de interés, vid. el estudio introductorio de Jesús Longares a la obra de Argüelles, Estudio Crítico a la Reforma Constitucional de Cádiz (Londres, 1835. Madrid, Iter ediciones, 1970.

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e

Cá d iz

103

José María Queipo de Llano, Conde de Toreno, había estado en Inglaterra -junto con el ya mencionado De la Vega Infanzón, uno de los anglófilos españoles de la primera hora- comisionado por el Reino de Asturias para solicitar ayuda al po­ deroso aliado en la lucha contra el invasor francés. Tanto Argüelles como Toreno conocían ya por aquel entonces a Lord Holland, como lo conocía también otro destacado Diputado de las Cortes de Cádiz: Juan Nicasio Gallego17. Ahora bien el constitucionalismo inglés no fue el que predominó entre los liberales españoles a quienes cupo la responsabilidad de trazar las líneas maestras del Estado constitucional en ciernes, excepto en lo relativo a la organización del Poder Judicial18. Para desesperación de Lord Holland y de Jovellanos, los más destacados miembros de las Cortes de Cádiz no siguieron la senda constitucional inglesa, sino la que habían trazado los revolucionarios franceses en 1791. Es sig­ nificativo a este respecto que fuese Locke el único autor inglés que gozó de verda­ dera influencia entre los diputados liberales, y lo es todavía más que tal influencia fuese especialmente grande en lo que concierne a las tesis más iusnaturalistas y, por tanto, menos inglesas, como las ideas del estado de Naturaleza y del pacto so­ cial o la de los derechos naturales -bien recibidas por los diputados más radicales, como el Conde de Toreno19- además, por supuesto, de su teoría de los «frenos y equilibrios», que fueron del agrado de casi todos los miembros de las Cortes20. El constitucionalismo inglés -y con más exactitud, la versión que de éste había dado el autor del Espíritu de las Leyes- tuvo a sus más importantes defensores entre los diputados realistas de las Cortes, muy en particular entre aquellos influidos por las tesis jovellanistas, como Cañedo, sobrino del polígrafo asturiano, o el gallego Becerra y Llamas, pero también entre los diputados realistas menos pro­

17 Sobre los contactos de estos liberales con Lord Holland, vid. las obras de M o r e n o Al o n s o cita­ das en la nota 10. 18 Más exactamente, los esquemas judicialistas ingleses fueron tenidos en cuenta a la hora de delimitar las competencias entre el ejecutivo y el judicial respecto del ejercicio de las funciones administrativa y jurisdiccional. Aunque en este punto más que esquemas teóricos, en los cons­ tituyentes gaditanos pesaron sobre todo las categorías tradicionales y muy particularmente la vieja dicotomía gubernativo/ contencioso. Vid. sobre este asunto, mi artículo «Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo español: 1808-1814». 19 Sobre este liberal, vid, mi libro El Conde de Toreno (1786-1843), biografía de un liberal. Madrid, Marcial Pons, 2005. 20 Sobre la influencia del constitucionalismo inglés en las Cortes de Cádiz y en general sobre la filiación doctrinal de los diputados liberales y de los otros dos grupos existentes en esas Cortes, los realistas y los americanos, además de en los dos primeros trabajos recogidos en el presente libro, me extiendo en La Teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. Orígenes del constitucionalismo hispánico. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2a edición, 2011, especial­ mente el primer capítulo, así como en «La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX», recogido en mi citado libro Política y Constitución en España, pp. 45 y ss.

104

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

clives a la Ilustración y a las reformas, como Borrull e Inguanzo, quienes trajeron a colación la teoría de los cuerpos intermedios de Montesquieu e insistieron no tanto en la importancia de un ejecutivo monárquico fuerte como el inglés, cuan­ to en la necesidad de una representación especial para la aristocracia y el clero. La defensa del bicameralismo, pues, tal como había acontecido antes con Jovellanos, tenía por objeto preservar la antigua representación por brazos, adaptándola a las nuevas circunstancias históricas y a las nuevas exigencias doctrinales21 . Pero, naturalmente, este tipo de representación no podía agradar a los dipu­ tados liberales. Es muy significativa a este respecto una intervención de Argüelles en donde se pone de relieve su admiración por el constitucionalismo inglés, pero a la vez también sus notables discrepancias con éste: «es innegable -decía el diputado asturiano- que la Inglaterra puede servir en muchas cosas de modelo a toda Nación que quiera ser libre y feliz. Por mi parte confieso que muchas de sus instituciones políticas, y más que todo el feliz resultado que presentan, forma el ídolo de mis deseos. Más no por eso creo yo que el sistema de sus cámaras sea de tal modo perfecto que pueda mirarse como un modelo de representación nacional»22. Entre los diputados liberales, pues, el constitucionalismo inglés no concitó la hostilidad que había suscitado entre algunos miembros de la asamblea de 1789 (ni mucho menos la aversión que provocaría a los más destacados elementos de la Convención de 1793). Pero si en Cádiz no puede hablarse de anglofobia -al fin y al cabo faltó allí un grupo jacobino y republicano- no es menos cierto que tampo­ co se detectó la presencia de un grupo anglófilo liberal, como había ocurrido en la asamblea constituyente de 1789, pues los anglófilos jovellanistas -como Cañedo, por ejemplo- no eran propiamente liberales, como sí lo habían sido, en cambio, Lally-Tollendal, Mounier y desde luego Mirabeau23. 2 . 3 . LA IMAGEN DE LA MONARQUÍA iNGLESA EN LAS CORTES DE CÁDiZ

¿A que se debía la ausencia de un grupo anglófilo liberal en las Cortes de Cádiz? Para responder a esta pregunta es preciso tener en cuenta que los autores ingleses difundidos en la España del siglo XVIII -o los que, sin serlo, habían escrito sobre Inglaterra-, tenían una nota común: la de ser firmes defensores de

21 Cfr. DDAC, t. 8, Intervenciones de Borrull y el Cardenal Iguanzo, pp.255 a 268; y de Cañedo y Ostolaza, pp. 288-295. 22 DDAC, t. 8, p. 284. 23 Sobre Mirabeau y los «anglómanos» franceses de 1791 me extiendo en «Mirabeau y la Mo­ narquía o el fracaso de la clarividencia», en Historia Contemporánea, n° 12 (1995), pp. 230-245.

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e c á d iz

105

la doctrina de la balanced constitution, como ocurría con Locke y Blackstone, o incluso de una concepción más rígida y separatista de la organización de los po­ deres del Estado, como acontecía con Montesquieu y De Lolme, cuyo libro más célebre tradujo al español Juan de la Dehesa, en 1808, con el título Constitución d e Inglaterra, o descripción d el G obierno Inglés com parado con el dem ocrático, y con las otras M onarquías d e Europa2í. La monarquía inglesa como «monarquía mixta», presidida por el «equilibrio» de sus poderes, era, asimismo, la idea que habían difundido en España los via­ jeros ingleses a lo largo del siglo XVIII, como recuerda Ana Clara Guerrero25. Destaca en particular esta autora las ideas de A. Jardine, un militar que llegaría a ser Cónsul de Inglaterra en La Coruña y que mantuvo una buena relación con Jovellanos, más tarde rota. Las ideas de este viajero son muy interesantes por cuanto no formaban «un cuerpo organizado», sino que eran «una manifestación de esos lugares comunes a gran parte de la población ilustrada británica». Entre estas «ideas comunes» -que es lógico pensar transmitirían a los españoles- estaba la de defender, tal como acontecía en Inglaterra, la necesidad de una legislatura compuesta de tres partes, «un monarca, un senado y unos Comunes por repre­ sentación», de tal forma que mediante su «control mutuo», pudiese «llegarse a un gobierno equilibrado»26. Los autores críticos con la doctrina dieciochesca del «equilibrio constitucio­ nal», como Edmund Burke y Jeremy Bentham, apenas eran conocidos en Espa­ ña durante estas fechas, mientras que la recepción del sistema parlamentario de gobierno en la doctrina constitucional francesa -por ejemplo en la de Benjamín Constant- no se había producido todavía, aunque no faltaba mucho para ello27.

24 El libro se publicó en diciembre de ese año, algunos meses después, por tanto, de que cul­ minase el debate constituyente y de que se aprobase la Constitución de Cádiz. En el prólogo del traductor, Juan de la Dehesa intenta equiparar los principios de este código con los de la Cons­ titución inglesa, lo que, desde luego, le pone en bastantes apuros. Con esta traducción, Juan de la Dehesa pretendía atenuar el influjo que venían teniendo en España los libros franceses, en muchos de los cuales se proponían, a su entender, «máximas y sistemas quiméricos». Téngase en cuenta que la obra de Lolme se había distribuido por España en su versión inglesa cuando menos dos décadas antes. Cfr. Javier v a r e l a , Jovellanos. Madrid, Alianza Universidad, 1989, p. 246. 25 En su libro, ya citado, Viajeros Británicos en la España del siglo XVIII, cap. cuarto. 26 Ibidem p.131. 27 Acerca del tránsito de la teoría constitucional de la balanced constitution a la del Cabinet system, me ocupo en mi libro Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002 (traducción italiana en Giuffré, Milán, 2007). En lo que concierne a la recepción de la nueva teoría constitucional inglesa en Francia, vid. mis dos trabajos: «El liberalismo francés después de Napoleón: de la anglofobia a la anglofilia», en REP, n° 76 (1992), pp. 29-43; y «La Monarquía en el pensamiento de Benjamnín Constant (Inglaterra

106

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

Burke había tenido una escasa influencia en España, aunque selecta, por ejemplo en Jovellanos. La obra que le había hecho más célebre en toda Europa, las Reflexions on the French Revolution, apenas tuvo resonancia en nuestro país28. En lo que atañe a Bentham, ya desde la temprana fecha de 1807 se conocía alguna obra suya en España, introducida, como otras muchas, por las tropas francesas en su marcha hacia Portugal. Se trataba concretamente de los Principios d e Legislación C ivil y Penal, uno de cuyos ejemplares cayó en manos de Toribio Núñez, a la sa­ zón residente en Salamanca. Sin embargo, la influencia de Bentham en las Cortes de Cádiz sólo se percibe en Agustín de Argüelles, y aun así de forma tenue. Un hecho que contrasta vivamente con la enorme resonancia que el publicista inglés tendría a partir de 182029. Pese al trato personal con Lord Holland y a las estancias de algunos de ellos en Inglaterra, los pocos diputados doceañistas que estaban al tanto del constituciona­ lismo inglés lo que conocían de éste era, pues, su versión dieciochesca, ignorando la nueva concepción del cabin et system. Dicho con otras palabras, los diputados liberales conocían mucho mejor —como ocurría con Jovellanos, aunque no con Blanco-White30—la posición del monarca inglés ante el derecho escrito e incluso ante el com m on law , que su posición política de acuerdo con las convenciones constitucionales y las simples prácticas parlamentarias. De este modo, la Monar­ quía inglesa se identificó en las Cortes de Cádiz —de ahí también su rechazo—no tanto con el predominio de un Gabinete responsable ante los Comunes, cuanto con el de un Monarca que tenía en sus manos poderes muy considerables. Este fenómeno se puso de manifiesto en diversas ocasiones a lo largo del de­ bate constituyente, incluso entre los Diputados que mejor conocían el modelo constitucional inglés. Así, por ejemplo, Argüelles sostuvo la necesidad de que el veto regio no fuese «pura fórmula», esto es, un acto debido, añadiendo a conti­ nuación: «si fuese como en Inglaterra, donde el Rey tiene el veto absoluto, po­ drían seguirse graves males a la Nación». Con lo cual parecía olvidar que el veto regio no se ejercía en Inglaterra desde los tiempos de la Reina Ana, a principios del siglo XVIII31. Pérez de Castro, por su parte, en este mismo debate trajo a

Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n ° 1 0 ( 1 9 9 1 ) , p p . 1 2 1 - 1 3 8 . Cfr. El Pensamiento político español en el siglo XIX. Primer período, en Historia General de las Literaturas Hispánicas, t. IV. B a r c e l o n a , 1 9 5 7 , p. 3 4 7 . 2 9 D e la i n f l u e n c i a d e B e n t h a m e n E s p a ñ a m e o c u p o e n e l Estudio Introductorio a lo s Principios Naturales de la Moral, de la Política y de la Legislación, d e F r a n c i s c o M a r t í n e z M a r i n a , J u n t a G e n e ­ c o m o m o d e lo )» , e n 28

A s í lo o b s e r v a R o d r i g o F e r n á n d e z C a r v a j a l ,

ra l d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s , O v i e d o , 1 9 9 3 . v o l. I, p p . X X V II a X X X V . 30

E n e l t r a b a j o c i t a d o e n la n o t a 1 2 h a g o u n p a r a l e l i s m o e n t r e e l l i b e r a l i s m o d e B l a n c o y d e

J o v e l l a n o s , s u b r a y a n d o la m a y o r m o d e r n i d a d d e l p r i m e r o . 31

DDAC,

t. 9, p. 1 2 6 . E n o t r a o c a s i ó n , e s t e m is m o D i p u t a d o s o s t u v o q u e «... e n la C o n s t i t u c i ó n

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e

107

Cá d iz

colación a Inglaterra, recordando que su Constitución era sabida «la inmensa extensión que tiene en este y otros puntos la prerrogativa real»32. No puede descartarse tampoco que en este alejamiento de la monarquía ingle­ sa por parte de los liberales doceañistas influyese también la deteriorada imagen que desde la segunda mitad del siglo XVIII tenía esta monarquía en buena parte de Europa, al asociarla inevitablemente a la corrupción. Este prejuicio contra el modelo constitucional inglés había pesado mucho en el ánimo de los constitu­ yentes de 1791, quienes habían detestado, aparte del componente aristocrático de sus instituciones y del peso que en ellas tenía la Corona, la venalidad y co­ rrupción de su sistema de gobierno, que permitía aunar el cargo de Ministro o de otro cargo al servicio de la Corona con la condición de miembro de las Cámaras legislativas33. En las Cortes de Cádiz no hubo intervención alguna -al menos que yo recuer­ de- que achacase al modelo constitucional inglés tales lacras. Sin embargo, es in­ dudable que los diputados doceañistas -aunque con muchos matices y gradacio­ nes- rechazaron el sistema parlamentario de gobierno y defendieron un sistema muy rígido de separación de poderes -inspirado en la Constitución americana de 1787 y sobre todo en la francesa de 1791- y en particular la incompatibilidad del cargo de ministro y la condición de diputado, con el objeto de evitar las presiones e influencias que podría ejercer el ejecutivo sobre las Cortes34.

d e I n g la t e r r a e l v e t o a b s o l u t o d e l R e y e s la s a l v a g u a r d i a d e la C o n s t i t u c i ó n c o n t r a la s i n n o v a c i o ­ n e s q u e p u d i e r a n d e s t r u i r l a o d e s f i g u r a r l a . . . M a s la C o m i s i ó n ( c o n s t i t u c i o n a l ) n o c r e y ó c o m p a t i ­ b l e c o n la í n d o l e d e n u e s t r a M o n a r q u í a i n t r o d u c i r e n la C o n s t i t u c i ó n u n p r i n c i p i o t a n e x c e s i v a ­ m e n t e c o n s e r v a d o r ...» ,

Ibídem, t.

1 1. p. 3 5 3 .

32

Ibídem, t.

33

E s t e p r e j u i c i o e r a , e n r e a l i d a d , u n l u g a r c o m ú n e n E u r o p a . K a n t , p o r e j e m p l o , i n f l u i d o s in

9. p. 1 2 2 .

d u d a p o r R o u s s e a u y e n c o n t r a d e lo d i c h o p o r M o n t e s q u i e u , ll e g a a s o s t e n e r q u e la M o n a r q u í a i n g le s a e r a u n a M o n a r q u í a a b s o l u t a e n m a s c a r a d a , e n la q u e lo s c o n t r a p e s o s y lo s p o d e r e s i n t e r ­ m e d i o s n o e r a n s u f i c i e n t e m e n t e e f i c a c e s p a r a i m p e d i r q u e la C o r o n a , m e d i a n t e la c o r r u p c i ó n , c o n t r o l a s e t o d o s lo s r e s o r t e s d e l E s t a d o .

Cfr.

G e o rg e v

la ch o s,

La Pensée Politique de Kant.

P a r ís ,

P U F , 1 9 6 2 , p p . 4 6 0 - 4 6 7 . U n j u i c i o n o m á s f a v o r a b l e s o s t e n d r ía H e g e l t r e i n t a a ñ o s m á s t a r d e a l a f i r m a r q u e e n I n g la t e r r a e l g o b i e r n o e s t a b a e n m a n o s d e lo s a r i s t ó c r a t a s y q u e e l d e r e c h o i n ­ g lé s , p é s i m a m e n t e o r g a n i z a d o , a s u j u i c i o , s ó lo e x is t ía p a r a lo s ric o s .

fía de la Historia. M a d r i d , A l ia n z a U n i v e r s i d a d , 1 9 8 0 , p p . 6 7 7 - 8 . 3 4 Cfr. m i t r a b a j o Rey, Corona y Monarquía..., p p . 1 4 9 y ss.

Cfr. Lecciones sobre la Filoso­

108

jo a q u ín v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

3 . EL MoDELo coNsTiTucioNAL FRANcÉs DE 1791 3 . 1 . c o ín c í d e n c ía d e o b je t í v o s e n t r e e l lí b e r a lí s m o d o c e a ñ ís ta y e l f r a n c é s d e 1791

Hasta ahora se ha tratado de exponer por qué los diputados realistas se identifi­ caron con el modelo constitucional inglés -y aun así no con todas sus partes- y por qué, en cambio, los liberales, sin anatematizarlo, lo dejaron a un lado a la hora de organizar el nuevo Estado. Aunque en las páginas que siguen volveremos a analizar este orillamiento del modelo inglés por parte de los diputados liberales, se tratará sobre todo a continuación de examinar las causas que llevaron a estos diputados a defender un modelo constitucional muy semejante, aunque no idéntico, al que habían articulado veinte años antes los constituyentes franceses de 1791. La primera de estas causas radica en que desde comienzos de la Edad Moderna y sobre todo desde el siglo XVIII la Monarquía española había seguido un curso muy similar al de la monarquía francesa (y desde luego mucho más próximo al de ésta que al de la monarquía Inglesa). Tras la entronización de los Borbones, a principios del siglo XVIII, la monarquía hispánica, en efecto, comenzó a poner en planta los patrones organizativos de la monarquía francesa. Ello supuso, ale­ jarse de los esquemas «federalistas» de los Habsburgos, cuyo abandono el CondeDuque de Olivares ya había aconsejado a Felipe IV, sobre todo a partir de la insu­ rrección catalana de 1640, aunque hubo de ser Felipe V quien lo hiciese mediante los Decretos de Nueva Planta, a través de los cuales consiguió uniformar a España bajo el derecho de Castilla y suprimir el derecho público de los Reinos de Aragón. La Administración se fue organizando conforme a los esquemas centralistas de la Monarquía francesa, introduciéndose, por ejemplo, los Secretarios de Despacho -réplica burocrática de los antiguos Validos- y los Intendentes. Si las Cortes de la Corona de Aragón desaparecieron, las de Castilla, convertidas en una especie de Cortes «nacionales», se reunieron sólo seis veces a lo largo de todo el siglo (siempre en Madrid): cuatro bajo Felipe V, una con Carlos III y otra con Carlos IV, sin que en ningún caso ejerciesen la potestad legislativa. Esta potestad residía enteramente en el Rey, que la ejercía por medio del Consejo Real, a través del cual el Monarca no sólo legislaba, sino que dirigía también la Administración e impar­ tía Justicia. La autonomía municipal y universitaria se cercenó sobremanera, del mismo modo que el poder político de la nobleza. La fuerza política y económica de la Iglesia Católica se debilitó también de forma notable como consecuencia de la política regalista llevada a cabo por los Monarcas, sobre todo por Carlos III. Pero a esta similitud en la evolución institucional de las monarquías de España y Francia, es preciso añadir que desde la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar

MODELOS Y TENDENCIAS CONSTITUCIONALES EN LAS CORTES DE CÁDIZ

109

una ingente recepción en España de la cultura francesa, ciertamente mucho me­ jor conocida incluso en su idioma original que la cultura inglesa. Dentro de este afrancesamiento cultural, es preciso destacar el enorme eco que tuvo en España el pensamiento político y constitucional de la Nación vecina. La intelectuali­ dad española lee con fervor los libros franceses de carácter enciclopedista, liberal y democrático, particularmente los que habían escrito Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Los cauces más importantes para la penetración de estas ideas fueron las Sociedades de Amigos del País, la Prensa, los cada vez más frecuentes viajes al extranjero por parte de la minoría culta de entonces y desde luego las Univer­ sidades. Mención especial merece la de Salamanca, foco cultural muy inquieto, animado por Menéndez Valdés, Ramón de Salas, Toribio Núñez y por dos des­ tacados liberales que desempeñarían un papel muy destacado en las Cortes de Cádiz: Muñoz Torrero y Juan Nicasio Gallego35. Partiendo de esta similitud institucional entre las dos monarquías existentes a uno y otro lado de los Pirineos, así como del influjo del pensamiento francés en España desde comienzos del siglo XVIII, se comprende perfectamente que el liberalismo español prefiriese acercarse más al liberalismo francés que al inglés en su lucha contra el absolutismo. Frente a una monarquía tan absoluta como la francesa -si no más-, como era la de Carlos IV, y partiendo de una sociedad mucho más parecida a la de Francia que a la de Inglaterra -con una nobleza igualmente parasitaria y con una burguesía muchísimo menos potente social y políticamente en España que en Francia- parecía lógico, en efecto, que el libera­ lismo español, aprovechando la gran crisis de 1808, adoptase o tratase de adaptar, para decirlo con mas exactitud, el modelo alternativo que a esta monarquía y a esta sociedad habían ofrecido los revolucionarios franceses de 1789 en vez del que habían ideado los revolucionarios ingleses un siglo antes. No debe olvidarse tampoco que la Revolución francesa, a diferencia de la inglesa, había sido una revolución europea, cuyos dirigentes no se conformaron con querer resolver los problemas sociales y políticos que se habían planteado en Francia durante el siglo XVIII, sino que pretendieron también dar respuesta a los que, de forma similar, se habían planteado en buena parte de Europa36. Esta dimensión universal de la revolución francesa, avalada por su fundamentación

35 Cfr. Las obras citadas en la nota 5. 36 Conviene recordar lo que en una ocasión afirmara Tocqueville, refiriéndose a la revolución francesa: «se habla de la influencia que han ejercido las ideas de Francia, y esto es un error. En tanto que francesas, esas ideas han conseguido un poder limitado. Fue lo que tenían de genera­ les, y yo diría de humanas, lo que impulsó a adoptarlas». Notes et fragments inedits sur la revolu­ tion, versión española de Seminarios y Ediciones, Madrid, 1973, p. 222.

110

J o a q u ín

v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

exclusivamente racional, tan proclive a las abstracciones, explica en buena medi­ da el éxito que sus principios y textos normativos tuvieron en el mundo, incluida España, frente a la escasa incidencia externa de la revolución inglesa, basada en una tradición histórica peculiarísima y difícilmente exportable37. Las ideas revo­ lucionarias francesas respondían, en realidad, a las aspiraciones del liberalismo español en su lucha con un enemigo parecido -la monarquía absoluta, la sociedad estamental y una economía precapitalista- al que se había enfrentado con éxito los revolucionarios de 1789. Es cierto que el trasiego ideológico que se había producido entre España y Francia a lo largo del siglo XVIII, sufrió una notable inflexión en la época de Carlos IV, tras los acontecimientos de 1789, pero ni los controles del Gobierno ni los de la Inquisición lograron impedir la entrada y la difusión de esta literatura subversiva, incluso en los lugares más recónditos de Es­ paña. «Cuando empezó a acrecentarse la fama de Voltaire y Montesquieu -escribe a este respecto Antonio Alcalá Galiano, buen testigo de la época- cuando voló después hasta igualarse a la de ambos la de Rousseau, y cuando otros inferiores ingenios de la escuela llamada filosófica consiguieron una nombradía que pos­ teriormente han perdido, no faltaban españoles que admirasen y estudiasen tan célebres modelos. Vivía aquí la Inquisición, poderosa y severa, pero no alcanzaba a impedir la entrada de ideas prohibidas, así como no alcanzaban los aduaneros a atajar la introducción de géneros de ilícito comercio»38. En las Cortes de Cádiz, los publicistas franceses que más resonancia tuvieron fueron Montesquieu, Rousseau y Siéyes. Si la influencia de los dos primeros se ha destacado casi unánimemente, no ha ocurrido así en la misma medida con el tercero, pese a haber sido igual o incluso mayor. No hay noticia de ninguna traducción o reimpresión en España antes de 1812 de su opúsculo sobre el Ter­ cer estado, pero es probable que circulase por España en su idioma original en el aluvión de literatura revolucionaria que penetró en España tras la Revolución francesa o quizá más tarde al abrigo de las tropas napoleónicas. En todo caso, el conocimiento de las principales tesis de su panfleto es evidente en Martínez Marina y más todavía en los liberales de las Cortes de Cádiz (como el Conde de Toreno), aunque se cuidasen mucho de reconocer ésta y otras influencias de pa­ recida matriz, intentando evitar dar pábulo a las acusaciones de «francesismo» de que eran objeto por parte de los Diputados realistas. Una acusación ciertamente

E n e s t o s e x t r e m o s in s i s t e c o n m u c h a l u c i d e z J u a n F r a n c i s c o P a c h e c o e n s u e s t u d i o

De la res­

ponsabilidad administrativa (1 8 4 0 ). p p . 1 0 0 - 1 0 1 . Vid. t a m b i é n la s c o n s i d e r a c i o n e s q u e g u e l A r t o l a e n s u lib r o Los Orígenes de la España Contemporánea. M a d r i d , I n s t i t u t o d e

h a c e M i­

37

E s tu d io s

P o l í t i c o s , 1 9 7 5 , I, p p . 5 6 y ss. 38

Indole de la Revolución en España en 1808, B i b l i o t e c a

d e A u t o r e s E s p a ñ o le s , t. L X X X I V , p. 3 1 2 .

111

MODELOS Y TENDENCIAS CONSTITUCIONALES EN LAS CORTES DE CÁDIZ

eficaz en un contexto histórico en el que las tropas napoleónicas estaban ocupan­ do buena parte de España y sometiéndola a una larga y desigual guerra39. 3 . 2 . LA M o NARQ u í A FRAN ce s A D e 1791

como

M o DELo

pARA

EL LIBERALIs m o

D o c EAÑIs TA: EL REcELo H A ciA EL poDER EJEc u TIv o Y EL DEs p REs TIGIo DE LA m o n a r q u ía e s p a ñ o la

Junto al mayor paralelismo existente entre la Monarquía española y la fran­ cesa y al notable influjo ideológico del pensamiento francés sobre el español, el recelo hacia el Rey y, en general, hacia el poder ejecutivo, es una de las causas más relevantes para explicar por qué los liberales de las Cortes de Cádiz prefirieron seguir los pasos de los constituyentes franceses de 1789 en lugar de los que habían seguido en Inglaterra los revolucionarios de 1688. En la asamblea doceañista los recelos hacia el poder ejecutivo fueron tales que Espiga se vio obligado a decir: «yo sé muy bien que es necesario contener la tendencia, que por lo común se observa en los que gobiernan, a extender y aumentar su poder; pero yo desearía que no se considerara al Rey como un enemigo que está siempre preparado para batir en brecha al cuerpo legislativo»40. Para los liberales doceañistas, la monarquía articulada en 1791 era un modelo muy plausible, toda vez que en ella el monarca estaba a merced del Parlamento -de un Parlamento, además, no estamental- sin que, por tanto, ni el rey ni la nobleza ni el clero pudiesen detener las radicales reformas que éstas estaban dis­ puestas a emprender para modificar profundamente la sociedad, la economía y la organización política de España. En la monarquía inglesa, en cambio -tal como ellos la veían, según queda dicho- el monarca y la nobleza, a través de la Cámara de los Lores, tenían unas prerrogativas tan robustas que el recogerlas en la Cons­ titución española podría poner en peligro la transformación revolucionaria de la nación.

39 Fue precisamente para no dar lugar a las acusaciones de «francesismo» por lo que se rechazó incluir en la Constitución de Cádiz una declaración de derechos al estilo de la de 1789, aunque el código gaditano, de una forma dispersa y desordenada, reconocía los derechos individuales que el liberalismo inglés y francés habían reconocido anteriormente, excepto uno muy importante: el de la libertad religiosa. 40 DDAC, t. 8, pp. 124-5. hubo muchas manifestaciones de este recelo. «No se puede negar -afirmaba, por ejemplo, Caneja -que aquellos a quienes ha estado confiado el gobierno de las naciones, han procurado en todos los tiempos extender su poder, y por más exactitud que se observe en la división de los poderes, nunca se habrán contenido bastante las pasiones de los que gobiernan», Ibídem, t. 8, p. 11. «No diré que las Cortes no amen al Rey- argüía, por su parte, Nicasio Gallego-, pero pocas veces dexarán de estar mal con sus Ministros», Ibídem, t. 9 112­ 113.

112

jo a q u ín v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

El recelo hacia el poder ejecutivo no obedecía sólo, ni siquiera primordialmente, a causas de orden intelectual. Sin necesidad de acudir al influjo de las ideas revo­ lucionarias francesas (como las de Rousseau y Sieyes, de tanta influencia ya en los constituyentes franceses de 1791) ni al de otras ideas incardinadas en la tradición española, como las del jesuita Mariana, había razones de otra índole que explican por qué el sentimiento de recelo hacia el rey y sus ministros fue un sentimiento tan generalizado, no ya entre el elemento liberal, sino incluso entre amplias capas de la población. Hay que tener en cuenta, en efecto, el desprestigio que sufrió la monarquía española durante los años finales del siglo XVIII y la primera década del XIX. El comportamiento de Carlos IV y sobre todo el de su esposa María Luisa, había contribuido a este desprestigio de un modo considerable. La privanza de Godoy chocaba con los sentimientos morales mayoritarios del pueblo español, como se puso de relieve en el motín de Aranjuez. Debe sumarse a ello el bochorno­ so espectáculo de las renuncias de Bayona y las turbias desavenencias entre Carlos IV y su hijo Fernando. La invasión francesa y la capitulación de buena parte de la aristocracia habían menguado el respeto hacia las viejas jerarquías y aumentado en cambio la prevención e incluso la hostilidad, si no hacia la monarquía, una forma de gobierno sólo puesta en la picota por una minoría, sí hacia el camino segui­ do hasta aquel entonces por el gobierno monárquico. El levantamiento popular contra el invasor, pese a ser fervoroso y hasta fanático en punto a la defensa de los derechos dinásticos del «deseado», no había impedido que muchos españoles insu­ rrectos reprobasen la conducta de sus reyes y de buena parte de la gente principal. En realidad, los alzados en armas eran monárquicos ante todo por patriotismo, al identificar la monarquía de Fernando VII con España y con la religión católica y al invasor francés con el gorro frigio y la impiedad volteriana. Cuanto se acaba de decir explica que en las Cortes de Cádiz el sentimiento de recelo hacia el rey y sus ministros, aunque fuese particularmente intenso en el caso de los liberales, lo compartiesen la mayor parte de los diputados. Los realistas -separándose en este asunto de Jovellanos- no se opusieran a algunas importantes restricciones a la autoridad del Rey defendidas por los liberales y plasmadas en la Constitución de 181241. Esta curiosísima actitud supuso una de las más sig­

41 Como, por ejemplo, el veto meramente suspensivo de las leyes, que fue aceptado por los di­ putados realistas sin discusión alguna. Agustín de Argüelles, en su libro sobre la reforma constitu­ cional gaditana, explicó el comportamiento de los realistas con estas palabras: «respecto de la san­ ción real se proponía que el veto fuese sólo suspensivo, al ver los disgustos y desavenencias que causó en todas las épocas, sin excepción alguna, el modo evasivo de responder a las peticiones de los procuradores... El abuso de autoridad en este punto había hecho impresión tan profunda, que no hubo un solo diputado que lo contradijese, ni aun entre los que sostenían más abiertamente doctrinas favorables al poder absoluto», La reforma constitucional en C ádiz., p. 268.

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e

Cá d iz

113

nificativas diferencias entre las Cortes de Cádiz y la asamblea francesa de 1789: si en Francia había habido una minoría, por otra parte liberal, partidaria de que el Monarca conservase amplias prerrogativas en el nuevo Estado constitucional (los «anglómanos» y también Mirabeau), en España, en cambio, los Diputados realistas no se mostraron muy combativos ante tales cuestiones, pese a confesarse admiradores de la Constitución inglesa y de Montesquieu. Su caballo de batalla no fue el reforzamiento de la prerrogativa regia, sino la defensa de los intereses estamentales del Clero y en menor medida de la aristocracia, cosa que ni LallyTollendal ni desde luego Mirabeau habían hecho en 1789. En realidad, liberales y realistas estaban de acuerdo en reformar el armazón de la monarquía española y en limitar las prerrogativas del Monarca y de sus Ministros. Lo que diferenciaba a unos de otros era el alcance de esa reforma, que era en realidad un deseo casi unánime de la sociedad española. Realistas y liberales se habían manifestado a favor de la convocatoria de Cortes con el objeto fundamental de limitar los poderes del Rey, en consonancia con la antigua Cons­ titución española, cuyo contenido fue objeto de muy diversas interpretaciones. Sin embargo, discrepaban en el modo de insertar a la Corona en el nuevo orden constitucional, por disentir en la inteligencia que debía darse a los dos principios que, como examiné en otra ocasión, sostenían este nuevo orden: el de soberanía nacional y el de división de poderes42. 3 . 3 . REc e p T M D A D DEL M oD E Lo M o N Á R Q u ic o DE 1791 EN EL coNTExTO DEL r a d íc a l ís m o p o p u l ís t a q u e se p r o d u c e t r a s l a ín v a s íó n f r a n c e s a

La adopción de una monarquía a la inglesa, con un monarca fuerte y con una segunda cámara aristocrática, chocaba, además, con un contexto histórico en el que el pueblo era el protagonista indiscutible, en contraste con la ausencia del rey y la deserción de buena parte de la «gente principal», que había decidido colaborar con las autoridades francesas y aceptar el Estatuto de Bayona, otorgado por Napoleón en 1809. El texto del Estatuto -que Jovellanos hubiera podido suscribir de no ser por su ilegítimo, que no ilegal, origen- configuraba un tipo de monarquía muy parecido al que, bajo la influencia inglesa, se articularía en la Carta francesa de 1814 y en el Estatuto Real de 1834. Cfr. m is t r a b a j o s La Teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. . . y s o b r e t o d o Rey, Corona y Monarquía..., passim. E n e l c a r á c t e r r e f o r m i s t a d e l r e a l i s m o i n s i s t e M . M e n é n d e z P e l a y o e n su Historia de los Heterodoxos Españoles, B i b l i o t e c a d e A u t o r e s C r i s t i a n o s , II, p p . 6 9 5 - 6 . L o m is m o o p i n a n H a n s Ju re ts c h k e y L u is S á n c h e z A g e sta . Cfr. r e s p e c t i v a m e n t e , « L o s s u p u e s t o s h i s t ó r i c o s e i d e o l ó g i c o s d e la s C o r t e s d e C á d iz » , e n Nuestro Tiempo», n ° 1 8 ( 1 9 5 5 ) , p p . 1 8 y ss.; e Historia del Constitucionalismo Español, I n s t i t u t o d e E s t u d i o s P o l í t i c o s , M a d r i d , 1 9 5 5 , p p . 3 0 y ss.

42

114

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

El Estatuto o Carta constitucional de Bayona —pues Carta era y no Constitu­ ción, en el sentido liberal de este término—se inspiraba en el principio monár­ quico, aunque en su preámbulo se afirmaba que esta «Ley Fundamental» se había elaborado sobre la base de un pacto dualista que unía a los «pueblos» con el rey y a éste con aquéllos. El Estatuto hacía del monarca el centro del Estado y articula­ ba a las Cortes como mero órgano representativo de los estamentos. En coheren­ cia con su Preámbulo, el Estatuto no contemplaba la posibilidad de su alteración, sino que sólo permitía introducir «adiciones, modificaciones y mejoras», que el rey debía sancionar tras la deliberación y aprobación de las Cortes, como se des­ prendía de los artículos 85 y 14643. El texto de 1809 era, en definitiva, una aca­ bada manifestación de la teoría constitucional de los «afrancesados», afectos casi todos ellos a los principios políticos del Despotismo Ilustrado44, mientras que la Constitución de Cádiz era su réplica patriótica y, a la vez, liberal. La réplica de un liberalismo al que ya no le interesaba convertir al monarca, sino a las Cortes, en el eje de las reformas, concibiendo a la nación como al único sujeto legitimador de las mismas. Frente a un «Estatuto» «afrancesado» y todo lo más «reformista» o «ilustrado», el código gaditano suponía una auténtica «constitución nacional» y al mismo tiempo «liberal» y «revolucionaria». La monarquía nacional que había vertebrado la Constitución francesa de 1791, en la que el monarca se configuraba como servidor de un parlamento auténticamente nacional, encajaba, por eso, como anillo al dedo, no ya con las aspiraciones del liberalismo revolucionario, sino también con el contexto popular que se creó a raíz de la Guerra de la Independencia. «También se echará de menos en la Constitución de Cádiz —recordaría años más tarde Donoso Cortés—la ple­ nitud de la facultad real necesaria para constituir una Monarquía; pero es preciso no olvidarse de que el Trono entonces estaba vacío y de que la Monarquía no era un poder, sino un recuerdo»45. 43

afrancesados e s la d e I g n a c i o La Constitucion de Bayona. M a d r i d , Iu s t e l, 2 0 0 8 . Cfr. M i g u e l A r t o l a , Los Afrancesados. M a d r i d , A l ia n z a e d ., 2 a e d ., 2 0 0 8 . Consideraciones sobre la Diplomacia, ( 1 8 3 4 ) , e n Obras Completas de Donoso Cortés, B A C , M a ­ L a m e j o r m o n o g r a f í a s o b r e e l c ó d i g o c o n s t i t u c i o n a l d e lo s

Fern á n d ez s araso la, 44 45

d r id , 1 9 7 0 , I, p. 2 4 9 . N o e s e n m o d o a l g u n o c a s u a l i d a d q u e j u s t o e n lo s t r e s m o m e n t o s d e la h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a d e E s p a ñ a e n lo s q u e e l p r o c e s o c o n s t i t u y e n t e s e l l e v ó a c a b o c o n la a u s e n c i a fís ic a d e l r e y , s e r e s t r in g i e r o n s o b r e m a n e r a la s f a c u l t a d e s c o n s t i t u c i o n a l e s d e la C o r o ­ n a , c o m o a c o n t e c i ó e n 1 8 1 2 y 1 8 6 9 , o b i e n s e s u p r i m i ó la m o n a r q u í a lis a y l l a n a m e n t e , c o m o o c u r r i ó e n 1 9 3 1 . S i e l l i b e r a l i s m o i n g l é s y el f r a n c é s h a b í a n l a n z a d o s u o f e n s iv a m á s r a d i c a l t r a s a s e s i n a r a C a r lo s I y a L u is X V I, a f i n a l e s d e lo s s ig lo s X V II y X V II I , r e s p e c t i v a m e n t e , e l l i b e r a l is m o e s p a ñ o l s e v i o o b l i g a d o a h a c e r l o e n lo s s ig lo s X I X y X X , c u a n d o e l t i t u l a r d e la C o r o n a e s t a b a e n e l e x ilio , c o m o o c u r r i ó c o n F e r n a n d o V I I, I s a b e l II y A l f o n s o X III. T a l f e n ó m e n o a c a s o s i g n i f i q u e p a r a a l g u n o s la m a y o r c a b a l l e r o s i d a d d e lo s l i b e r a l e s e s p a ñ o l e s y lo e n r a i z a d o s q u e e s t a b a n e n e l l o s lo s v a l o r e s d e lo s v i e j o s h i d a l g o s , a u n q u e p a r a o t r o s , m á s p r o s a ic o s , q u iz á lo ú n i c o q u e

115

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e c á d iz

En definitiva, la ausencia del rey, la traición de buena parte de la aristocracia y el protagonismo del pueblo, no pocas veces heroico, indujo a las Cortes a erigirse en el nervio del Estado Constitucional en ciernes y en la representación nacional por excelencia e incluso en la nación misma (hipóstasis esta última siempre pre­ sente en el liberalismo doceañista y en el progresista y democrático posterior). En rigor, desde la apertura de sus sesiones, las Cortes habían llevado a cabo un verda­ dero gobierno de asamblea, por cuanto no se limitaron sólo a legislar a través de decretos y órdenes, que no requerían la sanción de la Regencia, sino que ejercieron además funciones de carácter ejecutivo y jurisdiccional y, en definitiva, el peso de la dirección política de un Estado maltrecho y desarticulado. Tal estado de cosas venía amparado legalmente merced al primero y más decisivo de los decretos que las Cortes aprobaron: el de 24 de septiembre de 1810, en virtud del cual los dipu­ tados que componían aquel congreso declaraban estar legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias y que residía en ellas la soberanía nacional. La titularidad de la soberanía, pues, y no sólo parte de su ejercicio. Una afirma­ ción que causaría no pocos problemas teóricos a los diputados liberales, a pesar de desmentirla el artículo tercero de la Constitución de 1812, que dejaba las cosas en su sitio: la Nación, y no las Cortes, ni siquiera las constituyentes, era el único sujeto soberano. Estas ejercerían sólo una parte de la soberanía, aunque fuese la más importante. Pero el hecho que ahora interesa subrayar es que esta posición tan preeminente de las Cortes, fruto de la circunstancia histórica en que tuvieron que desempeñar su labor, predeterminó también la regulación constitucional de los poderes del Estado y, en definitiva, la configuración de la monarquía. Resultaba lógico también que en este contexto histórico las Cortes se organi­ zasen atendiendo a unos criterios no estamentales, aunque en este caso en contra de la opinión de todos los sectores realistas del país, representados por Jovellanos, quien, como queda dicho, sostuvo en la Junta Central que las Cortes debían convocarse de acuerdo con la antigua representación estamental y dividirse en dos Cámaras. El criterio de Jovellanos se enfrentó al de Lorenzo Calvo de Rozas, para quien las Cortes debían convocarse según unas premisas puramente indivi­ dualistas o «democráticas» —como las tacharía Jovellanos—y, por tanto, no debían componerse más que de una sola Cámara»46. Un criterio que fue el que a la postre prosperó y el que se plasmó en la Constitución de Cádiz.

p o n e d e m a n i f i e s t o t a l h e c h o e s la m a y o r d e b i l i d a d d e l l i b e r a l i s m o e s p a ñ o l , c a p a z s o l a m e n t e d e d e s t e r r a r a s u s re y e s , p e r o n o d e m a t a r lo s . 46

tral,

L a o p i n i ó n d e C a l v o d e R o z a s p u e d e v e r s e e n la c i t a d a

Memoria en Defensa de la Junta Cen­

d e J o v e l l a n o s . I g u a l c r i t e r io s o s t i e n e M a r t í n e z M a r i n a e n s u T e o r ía d e la s C o r t e s , c o m o h e

p u e s to d e re lie v e e n m i e n s a y o

Tradición y Liberalismo en Martínez Marina ( O v i e d o , 1 9 8 3 , Política y Constitución en España.

y ss.) q u e s e h a i n c l u i d o e n m i r e c i e n t e y c i t a d o li b r o

pp. 69

116

jo a q u ín v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

3 . 4 . DiFERENciAs

EL LiBERALisMo D o c EAÑ ís TA Y

entre

el f r a n c é s d e

1791

Pero el que los diputados liberales acogiesen las ideas francesas a la hora de articular una nueva monarquía, no significa -como en parte se ha visto ya- que adoptasen todas ellas de forma indiscriminada. La principal diferencia entre el liberalismo francés de 1789 y el español de 1812 estribaba en el carácter mucho más conservador de este último en todo lo relativo a la religión. Una característica que había distinguido ya a la Ilustración española de la francesa47. El exordio de la Constitución de Cádiz invocaba a «Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espí­ ritu Santo» como «autor y Supremo Legislador de la sociedad», y todo su texto exuda un fuerte matiz religioso y además clerical e intolerante. Baste citar a este respecto su artículo doce, que decía: «la religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra». Es preci­ so señalar, no obstante, que este artículo se aprobó con el pesar de los Diputados liberales más conspicuos, como Muñoz Torrero, Espiga y Argüelles. Así lo recor­ daría este último en un discurso que pronunció en las Cortes Constituyentes de 183748. Por otro lado, muchas de las ideas de origen francés que hicieron suyas los liberales españoles se defendieron de una forma muy distinta a como se había hecho en la Asamblea de 1789. En los discursos de los más destacados liberales doceañistas abundaban, desde luego, las referencias a los «derechos naturales e inalienables», a la «voluntad general», a la «razón» y a la «igualdad natural», sin que faltasen tampoco las alusiones al «estado de naturaleza» y al «pacto social». Ahora bien, los liberales españoles, a diferencia de los franceses, no apelaron sólo a la razón para justificar sus reformas, sino que pretendieron exhumar de la Edad Media una supuesta tradición nacional de carácter liberal —la de la monarquía «gótica» o limitada, que había sucumbido por el despotismo de Austrias y Borbones—interpretándola de forma extrapolativa desde los esquemas revolucionarios aprendidos de la literatura política francesa y muy particularmente de la Consti­ tución de 1791 (la única Constitución —no se olvide—que hasta aquel entonces había querido aunar la revolución con la monarquía).

47

E s ta d i f e r e n c ia s e e x p l i c a , e n p a r t e , p o r la v i g e n c i a d e la f ilo s o f ía e s c o l á s t i c a e n E s p a ñ a a lo

la r g o d e l s ig l o X V II I , a p e s a r d e s u i n n e g a b l e d e c l iv e . El e s c o l a s t i c i s m o , t o d a v í a m u y v i v o e n F e i j o o y e n e l p r o p i o J o v e l l a n o s d e la « M e m o r i a » , e s t á p r e s e n t e e n lo s p l a n t e a m i e n t o s d e c a s i t o d o s lo s D i p u t a d o s r e a lis t a s y a m e r i c a n o s e i n c l u s o e n lo s d e a l g u n o s d e s t a c a d o s l i b e r a le s , c o m o M u ñ o z T o r r e r o y O liv e r o s .

Cfr. J o a q u í n

v

a rela

S u a n z e s - c a r p e g n a , La

teoría del Estado en las Cortes de C ádiz.,

passim. 48

C fr.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1836-1837, 4

d e a b r il d e 1 8 3 7 , p. 2 4 8 2 .

MODELOS Y TENDENCIAS CONSTITUCIONALES EN LAS CORTES DE CÁDIZ

117

Se seguía, así, aunque con un alcance diferente, el camino que escogería Fran­ cisco Martínez Marina al redactar su Teoría d e las Cortes, un autor en el que las referencias a la tradición nacional servían para justificar una monarquía mucho más próxima a la que habían vertebrado los franceses en 1789 que los ingleses en 1688, y que estaba por eso más lejos del modelo medieval que supuestamente se trataba de exhumar que el que reivindicaban Jovellanos y los diputados jovellanistas de las Cortes49. Debido al influjo del historicismo nacionalista, las ideas que los liberales de­ fendieron en las Cortes de Cádiz y las que en gran parte se plasmaron en la Constitución de 1812, aunque eran muy similares a las que los liberales franceses habían defendido en la asamblea de 1789, se recubrieron con un ropaje muy distinto. Para los liberales españoles, la Constitución de Cádiz no hacía más que restaurar, con ligeras modificaciones o «providencias», las leyes fundamentales de la Edad Media, y la monarquía que este código ponía en planta no era más que la antigua monarquía «gótica» remozada y actualizada. A esta idea capital se refería el «discurso preliminar» a la Constitución gaditana, que es un documento básico para conocer la teoría constitucional del primer liberalismo español y un texto de gran relieve en la historia del constitucionalismo europeo: «...Nada ofrece la Comisión en su Proyecto -se decía allí- que no se halle del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española... La ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto, lo calificarán de novador o peligroso, de contrario a los intereses de la Nación y derechos del Rey. Más sus esfuerzos serán inútiles y sus impostores argumentos se desvanecerán como el humo, demostrando hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdaderas prácticas, axiomas reconocidos y santificados por las costumbres de muchos siglos». Este discurso lo redactó Argüelles, mien­ tras que el articulado de la Constitución corrió a cargo de Diego Muñoz Torrero, quien fue también el redactor del decreto de 24 de Septiembre de 1810. Además de estos dos Diputados, los representantes del campo liberal en la comisión cons­ titucional eran Antonio Oliveros, José Espiga y Evaristo Pérez de Castro. En virtud de la particular situación histórica en la que se hallaban, los liberales españoles necesitaban defender unas premisas doctrinales foráneas, en su mayoría

49

S o b r e e l p e n s a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l d e M a r t í n e z M a r i n a y s u s s e m e j a n z a s y d i f e r e n c ia s c o n

Tradición y Liberalismo en Martínez Marina c o m o e n e l Estudio Introductorio a lo s Principios Naturales de la Moral, de la Políti­ ca y de la Legislación, d e F r a n c i s c o M a r t í n e z M a r i n a , a m b a s o b r a s y a c it a d a s . E s t e ú l t i m o e s t u d i o lo h e i n c l u i d o e n m i l ib r o Asturianos en la política española, pensamiento y acción ( K R K e d i c i o n e s , e l d e J o v e l l a n o s y el d e lo s l i b e r a l e s d o c e a ñ i s t a s , m e e x t i e n d o t a n t o e n

O v i e d o , 2 0 0 6 ), e n e l q u e t a m b i é n m e o c u p o d e Á l v a r o F l ó r e z E s t r a d a , A g u s t í n A r g ü e l l e s , T o r e n o y A d o lf o P o s a d a .

118

jo a q u ín v a r e l a s u a n z e s -c a r p e g n a

francesas, presentándolas como premisas enraizadas en la tradición nacional o, di­ cho de otra forma, tenían que resistir a las tropas enemigas, pero a la vez defender sus ideas. Esta doble y nada fácil tarea explica en parte que los dos más importan­ tes veneros del liberalismo español fuesen a la vez el iusnaturalismo racionalista (particularmente Rousseau, Siéyes y Locke) y el historicismo nacionalista. Una mixtura doctrinal ciertamente difícil de cohonestar. El liberalismo revolucionario se había manifestado en la Francia de 1789 como una ideología abstracta y con franco desdén hacia el pasado. El nacionalismo historicista y romántico se mani­ festaría en Europa tras la derrota de Napoleón como un movimiento antiliberal y conservador, cuando no reaccionario. En España, en cambio, el liberalismo pretendió conjugar la defensa de la libertad con la exaltación de la Edad Media, las doctrinas revolucionarias con la apelación a una supuesta tradición nacional. Esta actitud guardaba un cierto paralelismo con la de los revolucionarios in­ gleses de 1688. Había, sin embargo, una diferencia notable: en Inglaterra los w higs habían incurrido sin duda en gruesas extrapolaciones al identificar la Carta M agna con el B ill ofR igh ts y las libertades medievales con la libertad moderna, pero estas extrapolaciones eran menos graves que la de los liberales doceañistas al haber sido muy suave en Inglaterra el tránsito de la monarquía estamental a la constitucional, cosa que no ocurría en España. Por otro lado, las ideas que defendieron los revolucionarios ingleses en punto a la limitación de los poderes del Rey eran mucho más moderadas que las que sustentaron los españoles. Dicho en pocas palabras: los liberales españoles, como más tarde Martínez Marina, de­ fendieron en las Cortes de Cádiz unas ideas muy próximas a la que los revolucio­ narios franceses habían defendido en la asamblea constituyente de 1789, pero lo hicieron con unos argumentos que recordaban no poco a los que habían utilizado los revolucionarios ingleses de 1688. Ahora bien, sería inexacto afirmar que la apelación a la historia nacional era insincera y puramente circunstancial. Ciertamente, el liberalismo español, cons­ ciente de su debilidad y de su escasa raigambre social, tuvo que recubrir o, más bien, encubrir sus ideas foráneas con la apelación al pasado nacional. Defender a España frente a la invasión francesa y a las ideas francesas frente a buena parte de España, obligaba a ello50. Pero no es menos cierto que la invocación a la his­ 5 0 Cfr. C. A r a u z d e R o b l e s , Cádiz entre la revolución y el Deseado (Apuntes sobre el Derecho Público y Privado de la Revolución). M a d r i d , I n s t i t u t o e d i t o r i a l R e u s , 1 9 6 3 , p. 5 0 . O t r o s a u t o r e s c o i n c i d e n c o n e s t a o p i n i ó n a l c o n s i d e r a r q u e la a p e l a c i ó n a la h is t o r ia n a c i o n a l e r a u n « r e c u r s o t á c t i c o » ,

c fr .R. C a r r , España Tradición y Modernismo. M a d r i d ,

f r u t o d e la d e b i l i d a d d e l l i b e r a l i s m o y d e la c i r c u n s t a n c i a h i s t ó r i c a d e E s p a ñ a ,

(1808-1936). B a r c e l o n a ,

A r i e l , 1 9 6 8 , p p . 1 0 5 y ss; E. T ie r n o G a l v á n ,

T e c n o s , 1 9 6 2 , p p . 1 4 6 y ss.; J . L. C o m e l l a s , « L a s C o r t e s d e C á d i z y la C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 1 2 » , e n R E P , n ° 1 2 6 ( 1 9 6 2 ) , p p . 8 3 y ss; y M . F e r n á n d e z A l m a g r o ,

Los Orígenes del Régimen constitucional español.

m o d e l o s y t e n d e n c ia s c o n s t it u c io n a l e s en l a s c o r t e s d e c á d iz

119

toria en apoyo de medidas objetivamente revolucionarias obedecía, asimismo, a una creencia sincera, que no había nacido súbitamente durante la guerra de la Independencia, sino que era consecuencia del peculiar carácter de la Ilustración española, nada hostil a la Edad Media -a diferencia de la Ilustración francesa- y del romanticismo naciente, que tuvo en la gesta española contra Napoleón su acto fundacional por excelencia51. Téngase presente que bastantes años antes de la revolución francesa se había manifestado en España el interés por la historia nacional en todas sus manifestaciones y muy en particular por la Edad Media. Este interés se percibe ya en el reinado de Felipe V y a medida que el siglo avanza no dejaría de crecer. Al abrigo del despertar de la conciencia histórica y nacional, nacerán las ideas y los tópicos que, tras la invasión francesa y muy en particular en las Cortes de Cádiz, manejaron tanto los realistas como los liberales: la acuciante pesquisa y el un tanto vano desbrizne de la Constitución histórica o de las leyes fundamentales de la monarquía española, la reivindicación de la gesta comunera y de las Cortes como suprema institución representativa, o, en fin, ese querer engar­ zar con la monarquía «templada» o «moderada» de los siglos góticos, superando el largo interregno de la monarquía «pura» o «absoluta» de Austrias y Borbones52. Pero lo que ahora interesa subrayar es que, por paradójico que ello resulte, la influencia de este historicismo nacionalista, si bien acercaba aparentemente la argumentación del liberalismo español a la del inglés de 1688, en el fondo le aproximaba más al francés de 1789, al menos en lo que concierne a la inserción del poder ejecutivo en la estructura del Estado constitucional. El recelo hacia este poder -un recelo tan fuerte en las Cortes de Cádiz como en la asamblea consti­ tuyente de 1791- venía inducido, en efecto, además de por la ideología revolu­ cionaria de carácter foráneo, por este nacionalismo historicista y medievalizante, de tanto peso en nuestro germinal liberalismo. Un nacionalismo que tendía a encumbrar el papel de las viejas Cortes en la «monarquía gótica» y a denostar los largos años de «despotismo ministerial» de Austrias y Borbones.

B a r c e l o n , L a b o r , a , p p . 81 y ss. 51

Cfr.

R. Fern án d ez c a r v a j a l ,

op.cit..,

p. 3 5 2 . R. H e r r y P é r e z P r e n d e s s o s t i e n e n t a m b i é n q u e la a p e ­

la c i ó n a la h is t o r ia p o r p a r t e d e lo s D i p u t a d o s l i b e r a l e s r e v e l a b a s u s m á s í n t i m a s c o n v i c c i o n e s .

Cfr., Ensayo Histórico de la España Contemporánea, del Derecho Español, M a d r i d , 1 9 7 3 , p p . 6 6 7 y ss. 52

E d e r s a , 1 9 7 1 , p p . 1 0 8 y ss. y

Curso de Historia

S o b r e la r e n o v a c i ó n d e lo s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s y e l n a c i m i e n t o d e u n a c o n c i e n c i a n a c i o n a l e n

la E s p a ñ a d e l s i g l o X V II I ,

,

en

Revista de

vid.

J . A . M a r a v a l l , « M e n t a l i d a d b u r g u e s a e i d e a d e la h is t o r ia e n e l s ig lo

Oc c i d e n t e » ,

t. X X X V I , n ° 1 0 7 , p p . 2 5 0 y ss.; R ic h a r d H e rr, España y la revolu­ ción . . . , p p . 281 y ss; J . L. Peset, La Universidad Española..., p p . 2 8 2 y ss.: F. Tom ás y v a lie n te , M anual de Historia del Derecho Español. M a d r i d , T e c n o s , 1 9 7 9 , p p . 3 7 y ss.; J o a q u í n v a r e l a s u a n z e s- c a rp e g n a , Las Cortes de Cádiz: Representación nacional... op.cit., p p . 2 1 9 - 2 2 0 . X V II I »

120

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

Martínez Marina, el más importante exponente intelectual de este nacionalis­ mo y en quien la influencia del jesuita Mariana y la de los autores más «democrá­ ticos» de la neoescolástica española -como Roa Dávila y Antúnez de Portugal- se amalgamaba con la de Rousseau y Siéyes y la propia Constitución de Cádiz, expresaría su desconfianza hacia el Rey, e incluso hacia la monarquía misma, en su Teoría d e las Cortes. Marina llega a vaticinar que los futuros reyes serían los pri­ meros en asediar a las Cortes en el nuevo sistema constitucional y «sus esfuerzos y maniobras terribles y formidables», tal como, a su juicio, habían hecho sus prede­ cesores «en todos los tiempos y en semejantes ocasiones». Y es que para Marina, la Monarquía «envolvía natural tendencia al despotismo» y caminaba «sin cesar con pasos más o menos rápidos, ya abiertamente, ya por vías indirectas y sendas tortuosas, al gobierno absoluto»53. Opiniones que no deben confundirnos: Mari­ na no era partidario de la República. Era sencillamente un monárquico receloso de la Monarquía. Algo muy frecuente en los liberales de la época. 4 . c o N d u s ió N

En resumen, si en las Cortes de Cádiz el modelo constitucional de los Estados Unidos de América no interesaba ni a liberales ni a realistas, debido a su carácter republicano y federal, el triunfo del modelo constitucional francés de 1791 sobre el inglés que había ido articulándose a partir de 1688 obedecía a causas de muy diversa índole. En primer lugar, el modelo constitucional inglés, mucho más di­ fícil de conocer que el francés, era defectuosamente interpretado en la España de entonces. No se realzaba tanto la parlamentarización de su monarquía, como los robustos poderes del Monarca. Pero, además, y sobre todo, mientras la evolución de la monarquía inglesa ha­ bía transcurrido por unos derroteros muy distintos a los de la española, entre ésta y la francesa existía un indudable paralelismo desde comienzos del siglo XVIII. Un factor que unido al influjo notable del pensamiento francés sobre el español -mucho más patente, desde luego, que el que sobre este último había ejercido el inglés- permite explicar una no pequeña coincidencia de sentimientos y objetivos entre el liberalismo doceañista y el francés de 1791. Entre ellos destaca, sin duda, el recelo hacia el poder ejecutivo. Un recelo que era no sólo era fruto de la ascen­ dencia de Rousseau o Sieyes sobre los liberales españoles, sino también del consi­ derable desprestigio de la Monarquía española durante el reinado de Carlos IV.

53 Teoría de las Cortes, en Obras escogidas de F. Martínez Marina, Biblioteca de Autores Españo­ les, Madrid, 1966. II, p. 57.

m o d elo s

Y TENDENCiAS CoNSTiTUCioNALES EN LAS CoRTES DE CÁDiz

121

A ello hay que añadir, en tercer término, el radicalismo populista que provoca la invasión francesa, muy favorable a hacer de las Cortes, y no del Rey, por otra parte ausente, el centro del nuevo Estado, como en Francia había ocurrido antes con la asamblea nacional. Pese a todo, como se ha visto, eran innegables las diferencias entre el liberalis­ mo francés de 1791 y el español de 1812, como innegables resultaban también las diferencias entre los códigos constitucionales elaborados en esas fechas a uno y otro lado de los Pirineos.

La teoría de la monarquía compuesta en las crisis coloniales británica e hispana de 1775 y de 1808 Pablo Escolano Molin Universidad Complutense

Es posible estudiar la presencia de movimientos, corrientes o célebres indivi­ dualidades importantes que fueron partidarias del mantenimiento de la unión y de la concordia entre las metrópolis y las colonias durante las crisis coloniales de 1775 y de 1808. Este trabajo pretende analizar los discursos de Edmund Burke previos a la Revolución Americana de 1776 y los artículos de José María Blanco White en su periódico El Español redactados entre 1810 y 1814, con el fin de valorar las características de sus programas de compromiso como alternativa al conflicto en ambas revoluciones americanas. Como punto de inicio, se puede partir del concepto de «monarquía compues­ ta». Así denominaba el profesor Elliott1a la forma de gobierno de la mayor parte de los Estados europeos desde la Baja Edad Media hasta el final de la Edad Moderna. Este concepto se podía aplicar a la existencia de hecho y de derecho de uniones he­ terogéneas desde un punto de vista histórico, social y representativo entre distintas entidades jurídicas que podían denominarse «reinos» o territorios especiales. Debido tanto a la distancia geográfica con respecto a sus respectivas metrópo­ lis, como a su particular evolución jurídica y organización social, se puede utilizar el concepto de Monarquías Compuestas para el estudio de los imperios inter­ continentales de España y Gran Bretaña. La interpretación del profesor Guerra puede permitir, a juicio de este trabajo, la aplicación del concepto de Monarquías Compuestas a España con sus virreinatos: «Como en la constitución de toda comunidad política del Antiguo Régimen, la formación de los reinos americanos resulta de su historia, de una pluralidad de factores, algunos de los cuales se re­ montan a la época de la Conquista y otros que les son posteriores»2.

1 2

Past&Present, n ° 1 3 7 ( 1 9 9 2 ) , p p . 4 8 - 4 9 Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispáni­

E llio t , J o h n , « A E u r o p e o f c o m p o s it e m o n a r c h ie s » , e n G u e r r a , F r a n g o is X a v ie r ,

cas. M é x i c o ,

F o n d o d e C u l t u r a E c o n ó m i c a , 1 9 9 3 , p. 6 4 .

124

p a b l o e s c o l a n o m o l ín

Según Bailyn3, durante la Modernidad se desarrollaron dos teorías de la sobe­ ranía. La primera doctrina fue definida por Bodino como la necesaria existencia de un órgano político con capacidad «suprema» de hacer leyes, pero limitada por las costumbres, la religión y las leyes fundamentales, por tanto no arbitraria. Según el mismo autor, Hobbes y Filmer desarrollaron la teoría del gobierno abso­ luto, destinado a mantener la sociedad política en virtud de un contrato social del Estado con los individuos, no con la sociedad, destinado a garantizar la seguridad pública. 1 . LA cm sis DE l a s TREOE coLoNiAs Y Los D iscuRsos DE EDM u ND B u RKE (1763-1775)

Mcllwain4 destacó que ha sido un rasgo identificativo de la tradición política inglesa diferenciar entre «gubernaculum» y entre «jurisdictio», o entre soberanía y privilegio, comprendido este último como ley privativa de un reino o territo­ rio. Entre los privilegios característicos se encontrarían el de representación y de consentimiento que otorgaban valor a la ley según la máxima de Bracton, uno de los juristas medievales, que había actualizado un argumento del jurista romano Papiniano, según el cual la Lex es el «compromiso común» de la República5. La conflictividad entre «gubernaculum» y «jurisdictio» era consustancial e inevitable, pero solamente podía ser salvada si el «gubernaculum», entendido como poder supremo, tendía a satisfacer o respetar el interés común o ley común. La soberanía del Parlamento garantizaba por la Revolución de 1688 la exten­ sión de las libertades británicas a todos los territorios del Imperio, lo que suponía en palabras de Monod que propiamente «Gran Bretaña, con su sólido Parlamen­ to, es un ejemplo del nuevo estado más brillante que Francia, donde la reforma estaba obstaculizada por la oposición de grupos fuertemente atrincherados de funcionarios judiciales, fiscales y administrativos»6. Esta supremacía parlamenta­ ria se incluía naturalmente dentro de un sistema de «checks and balances». Sin embargo, la política inglesa durante el reinado de Jorge III presentó carac­ terísticas propias de la teoría hobbesiana de la soberanía, que al ser aplicadas a las Trece Colonias norteamericanas implicaban la formación de un nuevo diseño im­

3

B a ily n , B e r n a r d ,

The Ideological Origins ofthe American Revolution.

C a m b r id g e , M a s s a c h u s -

s e ts , T h e B e lk n a p p P re s s o f H a r v a r d U n iv e r s it y P re s s , 1 9 8 6 , p p . 198-199.

5

Ibídem, p .1 7 8 . Ibídem, p .9 3

6

M o n o d , P a u l , « E s t a d o , n a c i ó n y m o n a r q u í a e n e l s i g l o X V II I : v i s i ó n c o m p a r a t i v a » , e n A n d r é s -

4

G a lleg o , Jo s é ; R u ssel , C o n r a d ,

Las monarquías del Antiguo Régimen ¿monarquías compuestas?

d r id , E d i t o r i a l C o m p l u t e n s e , 1 9 9 6 , p. 19.

M a­

LA TEORÍA DE LA MONARQUÍA COMPUESTA EN LAS CRISIS COLONIALES BRITÁNICA E HISPANA DE 1775 Y DE 1808

125

perial. La realidad compleja del Imperio Británico estaba siendo discutida desde la promulgación de la paz de París de 1763 desde la administración central, con posterioridad a la Guerra de los Siete Años, como consecuencia de la necesidad de reorganizar los nuevos territorios que el Gobierno de Su Majestad Británica había adquirido en América. También se ha valorado la importancia del factor administrativo como ele­ mento de necesidad de reforzamiento del Estado, de acuerdo con los principios de racionalización consecuentes con el proyecto científico de la Ilustración. Como ha explicado Elliott, la reforma colonial emprendida por el gobierno británico estuvo imbuida de semejante criterio, igual que en las Monarquías «absolutas» europeas: «Ni siquiera los ministros ingleses fueron inmunes a las nuevas brisas que soplaban desde el continente. Halifax, después de la Gloriosa Revolución, dio muestra de este nuevo racionalismo en su intento de concebir un programa de reformas coloniales que permitiera a Londres crear un imperio eficaz con rela­ ción a su coste»7. En adelante adquirió fuerza una creciente mentalidad en la clase política bri­ tánica acerca de la posibilidad de centralizar, aunque solo fuese gradualmente, la autoridad del Parlamento en las colonias, que a juicio de la mayoría parlamenta­ ria habían sido dejadas a su propia inercia, de modo que sería necesario plantear una reforma en sentido autoritario, como afirmó Lord Chesterfield en 1766: «Si no tenemos un secretario de Estado con plenos e indiscutibles poderes en Améri­ ca, puede que en unos pocos años tampoco tengamos América»8. Esta nueva política inglesa se manifestaría claramente en la agresión legal que supusieron tres leyes parlamentarias: las Actas de Lord Grenville de 1764, las Ac­ tas de Townshend de 1767 y las «Leyes Coactivas» de 1774. Todas estas medidas tenían el objeto de conseguir que los americanos contribuyesen con sus impues­ tos a los gastos de sostenimiento de todo el Imperio, pese a que ello implicase no respetar a las instituciones establecidas de los coloniales. La consecuencia de esta legislación fue la crisis colonial de las Trece Colonias, que daría paso a la reunión del Primer Congreso Continental en 1775. Cada una de las Trece Colonias mantenía un corpus jurídico particular o carta constitucional que permitía la relación entre la Corona y cada una de las colonias, tal y como reflejaban cada uno de sus estatutos coloniales, donde además se garanti­ zaba la libertad de conciencia de modo más desarrollado que en la metrópoli, más o menos universal gracias al Gran Despertar de principios del siglo XVIII. Principal-

7 Ell io t t , John Huxtable, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492­ 1830). Madrid, Taurus, 2006, p. 445. 8 Ibídem, p. 451.

126

p a b l o e s c o l a n o m o l ín

mente desde 1763, y en nombre de la Monarquía, exigían los coloniales el respeto hacia sus libertades constitucionales, y no protestaban contra la intromisión del Parlamento en una cuestión tan delicada como el cobro arbitrario de impuestos9. Frente a la máxima de la soberanía absoluta del Parlamento, se divulgó entre los notables teóricos coloniales receptores de la Ilustración británica, como John Dickinson y James Otis, la teoría de la limitación de la soberanía parlamentaria de la metrópoli por los estatutos de las Trece Colonias. En concreto, ésta fue la propuesta de John Dickinson en su obra Essay on the C onstitucional P ow er o f Great Britain over the Colonies in America, publicada en Filadelfia en 1774, en fecha próxima al estallido de la Revolución Americana. Se ha considerado que las reivindicaciones de algunos whigs ingleses, de radi­ cales ingleses como Wilkes y de los colonos angloamericanos coincidieron en una coyuntura con el criterio mayoritario de los diputados del Primer Congreso Con­ tinental en 1775. Edmund Burke, reformista crítico del sistema parlamentario inglés, emitió sus célebres discursos conocidos como el Discurso sobre los impuestos am ericanos y el Discurso sobre la conciliación con América. En su Discurso sobre los im puestos am ericanos de 19 de abril de 1774, Burke ex­ plicaba las causas del descontento de los súbditos coloniales como consecuencia de la nueva política colonial inglesa desde 1764, centrada en la fiscalización de las colonias sin el «consent» debido a los angloamericanos. Proponía el retorno a la política fiscal anterior y tomaba como modelos las Actas de Navegación de 1660, ratificadas por el Parlamento posrevolucionario en 1712, que permitían solamente gravar a las colonias lo justo para mantener un mercado protegido por Inglaterra como principal destinatario e intermediario europeo. Posteriormente, en el denominado Discurso d e la conciliación con América de 22 de marzo de 1775, Edmund Burke recomendaba una política de prudencia como alternativa a la legislación arbitraria e irresponsable hasta entonces realizada por el gobierno inglés. Reivindicaba el valor que en la historia constitucional de Inglaterra habían supuesto los privilegios -como por ejemplo la autonomía de las asambleas coloniales- como garantía jurídica que implicaba un beneficio público. Reconocía que si Inglaterra debía de ser la cabeza del Imperio, debía de otorgar a sus colonias una capacidad de actuación a través de sus propias instituciones. Como miembro de una facción whig dirigida por el marqués de Rockingham, que había gobernado Inglaterra durante la legislatura transcurrida entre 1765 y 1766, Edmund Burke reconocía el valor del Acta Declarativa de 1766, que pro­ clamaba el derecho del parlamento británico a legislar sobre las colonias, pero de 9 W a t s o n , J. Steven, The Reign of George III 1760-1815. Oxford, The Clarendon Press, 1976, p. 184.

LA t e o r ía DE LA m o n a r q u ía CoMPuESTA EN LAS CRISIS

c o l o n ia l e s

BRITÁNICA E HISPANA DE 1775 Y DE 1808

127

un modo limitado y sujeto a las convenciones reconocidas en los estatutos colo­ niales. Es lo que quería afirmar al enunciar que «Inglaterra es la cabeza; mas ella no es la cabeza y los miembros también»10. Como resultaba imposible establecer una representación americana en el par­ lamento británico, Edmund Burke recomendó varias orientaciones. En primer lugar, no se debía cobrar ningún impuesto arbitrario a los americanos. Para ello se debía fijar en el Parlamento la competencia legal de las asambleas coloniales para el sostenimiento de sus gobiernos en tiempo de paz y para conceder ayudas públicas extraordinarias en tiempo de guerra. Reconocía que esa competencia ha tenido un «ejercicio debido y beneficioso»; y que la experiencia ha demostrado «el beneficio de sus concesiones y la futilidad de los impuestos decretados por el Parlamento como medio de conseguir ingresos». De este modo se salvaría el estatuto legal de las asambleas coloniales. En segundo lugar, consideraba injusto el tratamiento por el cual las Trece Colonias habían quedado sometidas a un impuesto interpretable como un abuso impositivo por razón de ser cobrado como licencia o «grant» hacia la Corona en lugar de ser cobrado como un beneficio para la seguridad común o garantizar la protección hacia el comercio colonial. En tercer lugar, establecía que la distancia entre la metrópoli y las colonias —junto a otros aspectos como la prohibición de la esclavitud en Gran Bretaña pero no en sus Indias Occidentales—impedía una representación adecuada en el parlamento británico. De acuerdo con lo anterior, reivindicaba una delegación de las funciones fiscales de gobierno del parlamento sobre las asambleas coloniales, de modo que el parlamento y la corona realizasen exclusivamente una superin­ tendencia, a modo de última instancia, con funciones senatoriales. En el momento en que fueron enunciados, ambos discursos eran conciliables con las propuestas de los representantes coloniales del Congreso Continental, pero no con los enunciados de la facción más radical de los revolucionarios. Ya entrado el siglo XIX, un distinguido constitucionalista y miembro del partido whig americano, Daniel Webster, ofreció un testimonio muy en sintonía con la anterior explicación de las causas de la contienda bélica: El Parlamento de Gran Bretaña reclamó el derecho a establecer cualquier tipo de impuestos en las colonias; y éste fue precisamente el motivo que provocó el estallido de la revolución. El montante de los impuestos era insignificante, pero la pretensión en sí misma era incompatible con la libertad, y esto era suficiente a los ojos de las colonias. Tomaron las armas contra la noticia de una ley aprobada

10 «Discurso sobre la conciliación», en B u r k e , Edmund, Textos políticos. México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 315-351.

128

PABLO ESCOLANO MOLIN

por el parlamento, no contra los sufrimientos derivados de su aplicación. Vieron en la reclamación del parlamento británico un principio generador de desastres, el germen de un poder injusto11.

2 . LA cRíTicA DE BLAN co WHiTE A n t e LAs coNVuLsioN Es AMERIc ANA s DE LA AMÉRIc A EspAÑoLA (1810-1814)

La realidad compuesta del Imperio hispano ha sido identificada como «pactismo indiano»12. Andrés-Gallego ha puntualizado que la modernización abso­ lutista nunca pudo aplicarse, sino mediante compromisos, a la realidad más he­ terogénea de la América Española. Esta complejidad se manifestaba a través de diversos factores. Uno de ellos era la reunión del «cabildo abierto» como recurso de representación y de contestación frente a las autoridades centrales a nivel local e incluso territorial en situaciones de «emergencia»; la solución de conflictos entre la autoridad central representada por los virreyes, audiencias e intendentes con los sectores sociales en rebeldía mediante el «capítulo» o pacto entre el gobierno virreinal y los amotinados, como por ejemplo en las Capitulaciones de Zipaquirá de 1781 en Nueva Granada; y la teoría de la Escuela de Salamanca partidaria del pacto social, divulgada en las cátedras de América por los discípulos de Francisco de Vitoria. Desde tiempos de los fundadores de esta doctrina, se había defendido que América podría requerir en algún momento el final de la administración española, que debería de dejar paso al gobierno más legítimo en nombre de crio­ llos, mestizos e indios. Se sabe que un autor como Jovellanos conocía también las conclusiones de estas tesis y que se inclinó por la retirada de América como exigencia del espíritu humanitario y de la religión13. El profesor Stoetzer ha hecho referencia a la enorme influencia que la doctri­ na de Suárez mantuvo en la sociedad indiana a nivel universitario, profesional y eclesiástico, incluso después de la expulsión de los jesuitas en 1767. Según el autor, la doctrina escolástica fue utilizada durante las revoluciones hispanoame­ ricanas de 1810 en mucha mayor medida que el concepto de «voluntad general» según Rousseau, dado que sus teorías políticas tenían tanto que ver con el vínculo directo entre el pueblo —o los pueblos—de América y el monarca español. Todo esto refleja, a nuestro juicio, de forma clara una interpretación de la Monarquía Hispánica como una Monarquía Compuesta14.

Ensayos sobre el poder y la libertad. M a d r i d , U n i ó n E d i t o r i a l , 1 9 9 9 , p. 2 5 4 . Quince revoluciones y algunas cosas más. M a d r i d , M a p f r e , 1 9 9 2 , p p . 2 2 8 -2 3 0 .

11

A cton , L o r d ,

12

A n d ré s- G a lle g o , J o s é ,

13

Ibídem,

14

st o et z er ,

p. 2 3 0 O . C .,

El pensamiento político en la América Española durante el período de la emanci­

LA t e o r ía DE LA m o n a r q u ía CoMPuESTA EN LAS CRISIS

c o l o n ia l e s

BRITÁNICA E HISPANA DE 1775 Y DE 1808

129

Frente a esta interpretación suareciana y preliberal, también existía un criterio «absoluto» y uniformador en ciertos temas eclesiásticos, en función del criterio regalista de Carlos III y sus ministros, como se puede observar en la siguiente alocución recogida por Elliott a propósito de la expulsión de los jesuitas en 1767, en palabras del virrey de Nueva España, marqués de Croix: «De una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de Espa­ ña que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno»15. La agresión napoleónica de 1808 generó en los virreinatos y gobernaciones americanos una reacción generalizada de lealtad hacia la dinastía defenestrada; por tanto, hacia el Gobierno provisional español conformado en torno a la Junta Suprema Central, tanto como una reafirmación del carácter pactista de su vincu­ lación con España, como ha estudiado Fran^ois-Xavier Guerra16. Se puede cons­ tatar cómo el recurso a «cabildo abierto» de la tradición pactista fue empleado por los cabildos principales en cada uno de los virreinatos para autoproclamarse cabezas representativas de los pueblos de los diferentes reinos. Esta tendencia «pactista» persistió incluso en el tiempo culminante de la declaración de la so­ beranía por las Juntas delegadas de los cabildos de Buenos Aires y Caracas entre marzo y junio de 1810. Las proclamas de las Juntas, y probablemente la definición foral o pactista de los virreinatos americanos era mayoritaria, dada la consideración de «reinos» que para ellos mismos interpretaban los defensores del constitucionalismo histórico, mayoritarios frente a liberales y absolutistas. Como expresó Guerra, los constitucionalistas históricos formaban sin duda la mayoría, como en la Península: en México hombres como Talamantes, Villaurrutia y Verdad, y como los miembros del cabildo de Zacatecas, como el padre Mier17. El profesor Fran^ois-Xavier Guerra ha transmitido la tensión naciente en las colonias debido a la decisión de la Junta Central de instalar un total de nueve diputados americanos, frente a treinta y seis españoles europeos en el marco de una población similar para América que para la metrópoli, al dar por válidos los decretos de la Real Orden de 22 de enero de 1809 y de 5 de mayo de 1809. Este sesgo implicaba la negativa a una representación de los americanos en sus propios territorios. Es destacable la diferenciación realizada entre el viejo constitucionalis­

pación. M a d r i d ,

I n s t i t u t o d e E s t u d i o s P o l í t i c o s , 1 9 6 6 , v o l. 1, p. 1 1 3 .

op.cit, p. 4 6 9 . Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispáni­

15

E l l i o t , J o h n H u x t a b le :

16

G u e r r a , F r a n g o is X a v ie r ,

cas, 17

M a d r i d , M a p f r e , 2 0 0 9 , p p .1 2 3 - 1 2 4 .

Ibídem,

p. 1 3 9 .

130

p a b l o e s c o l a n o m o l ín

mo histórico peninsular defendido por Campomanes, Jovellanos o después, con distintas intenciones, por los diputados realistas en las Cortes de Cádiz, frente al concepto de constitucionalismo histórico americano, que comprendía la iden­ tidad de los territorios americanos españoles como producto de un pacto dual entre la Monarquía y las comunidades de los respectivos reinos. Con anterioridad a su traslado a Londres a comienzos de 1810, José María Blanco White habría pasado de escribir como un liberal «rousseauniano» des­ de las páginas del periódico El Sem anario Patriótico, publicado junto a Manuel Quintana e Isidoro de Antillón entre 1808 y finales de 1809, a convertirse en un auténtico propugnador del constitucionalismo británico. Debido principalmente a su integración en el círculo de amistades del viajero inglés Lord Holland, sobrino del líder whig Charles Fox, amigo íntimo de Jovellanos y defensor en España de una reforma gradual que tomase como modelo de referencia a la constitución británica, Blanco se convirtió en un seguidor de los principios políticos del constitucionalismo británico, como puede deducirse del estudio de sus artículos en el diario El Español, claramente a partir de su exilio en Londres en 1810. No obstante, el profesor Moreno Alonso ha matizado que su anglofilia se habría originado ya en sus artículos en El Semanario P atriótico18 y que su seguimiento de los principios de la Revolución Francesa no fue prepon­ derante. El Español obtuvo un notable seguimiento social en los escasos puertos peninsulares libres de tropas napoleónicas y beneficiados por la garantía de liber­ tad de prensa ofrecida por las Cortes de Cádiz desde noviembre de 1810, como La Coruña y Sevilla. Esta aceptación fue todavía mayor entre la población de las principales ciudades de la América Española. Según Garnica Silva19, se ha especulado, y no sin falta de razones, que el perió­ dico El Español fuese un instrumento de propaganda cultural a favor de la imagen de Inglaterra, fortuito aliado de la Junta Suprema Central y de la Regencia de Cádiz, precisamente para combatir la imagen común de enemistad entre ambos estados. Como ejemplo de ello, según el mismo historiador, su difusión en Cádiz y en La Coruña se debió principalmente a la iniciativa de la embajada británica y del consulado inglés, respectivamente. La impresión se llevaba a cabo en el taller londinense de Juigné, donde también se habían impreso otras publicaciones con éxito, como El C olom biano, del intelectual independentista americano Francisco de Miranda.

18

M

o ren o

A

lo n so ,

M a n u e l,

Divina libertad. La aventura liberal de José María Blanco White,

1808­

1 8 2 4 . S e v i l l a , A lf a r , 2 0 0 4 , p. 4 4 . 19

G

a r n ic a

s il v a , A ., « I n t r o d u c c i ó n » , e n

políticos. El Español, v o l.2 .

Obra completa de José María Blanco White. I. Periódicos

G r a n a d a , A lm e d , 2 00 7.

LA TEORÍA DE LA MONARQUÍA COMPUESTA EN LAS CRISIS COLONIALES BRITÁNICA E HISPANA DE 1775 Y DE 1808

131

El historiador André Pons ha destacado la importancia de su artículo «Varia­ ciones políticas de El Español»,20como punto de inflexión -y de reflexión- sobre su personal cambio ideológico. En este artículo, Blanco afirmaba compartir la teoría de Burke de los derechos del hombre expresada en las Reflexiones sobre la Revolu­ ción Francesa, como que no podían ser creados por ninguna asamblea legislativa, sino solamente reconocidos dentro de la sociedad. Estas mismas ideas fueron reproducidas posteriormente al identificar el pensamiento político de Rousseau con el «despotismo democrático»21. Blanco dedicó especial atención a la representación estamental con función de freno de los «poderes intermedios» frente a un gobierno arbitrario. También reivindicó el «Cabinet System» como Gobierno salido exclusivamente del reco­ nocimiento del parlamento, que no del nombramiento regio. Blanco interpre­ taba que la constitución doceañista, igual que la constitución francesa de 1791, había establecido una plena separación de poderes, pero con preponderancia des­ proporcionada del poder legislativo, cuya consecuencia sería la existencia de un poder ejecutivo muy débil, tanto como de un poder judicial sumiso. Si a ello se añade su inclinación aristocrática, como en el caso de Burke, no ha de extrañar que se convirtiese en un crítico de la Constitución de 1812 desde un punto de vista liberal conservador. Pero Blanco nunca dudó de la legitimidad de las Cortes de Cádiz, sino que deseaba la enmienda del proyecto liberal doceañista. Blanco White dejó reflejar igualmente la evolución de su pensamiento en su pe­ riódico mensual El Español. En los primeros números de su periódico londinense, Blanco White apoyó la tesis españolista e integradora bajo una teórica igualdad legal que los decretos de la Junta Suprema Central y de la Regencia habrían conseguido plasmar. En su D ictamen sobre el m odo d e reunir las Cortes en España, expresaba que, supuesta la necesidad de que estaban de reunir prontas las Cortes, se debían tener por diputados en éstas los que venían nombrados de América por la Junta Central, dejando la decisión al Congreso del modo con que en el futuro habrían de ser en­ viados sus representantes aquellos «beneméritos compatriotas nuestros»22. Desde la composición de la realidad americana que entonces se había realizado, expresaba en este mismo artículo que la tesis de la independencia era descabellada, y que su realización derivaría en un conflicto interracial con predominio final de los criollos sobre los naturales indígenas. De ello derivaba que Blanco se conformase con la inclusión de los diputados americanos en Cortes españolas.

20 Po n s , André, Blanco White y España, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios siglo XVIII, 2001, p. 343. 21 Bl a n c o W h it e , José María, El Español, n° 38, Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. Londres, junio de 1813, pp. 432-433 (en adelante El Español) . 22 El Español, n° 2. Sevilla, 30 de mayo de 1810, p.98.

132

p a b l o e s c o l a n o m o l in

En una segunda etapa, y de modo contemporáneo a la apropiación de la sobe­ ranía por parte de las juntas revolucionarias de Caracas y de Buenos Aires, Blanco apoyaba el juntismo venezolano y rioplatense como una praxis de origen autono­ mista. La causa española se encontraba, según Blanco, desprestigiada en América como consecuencia de la caída de Sevilla y de la disolución de la reconocida Junta Central. Los súbditos criollos de Caracas y Buenos Aires se negaban a contribuir económicamente al sostenimiento de una causa perdida. Por ello, desde el núme­ ro cuatro de El Español, Blanco se comprometió con la causa de la emancipación colonial. Ejemplo claro de su posicionamiento es su «Contextación» a un lector sobre el manifiesto de la Junta de Caracas, en la que argumentaba su apoyo por tratarse de un movimiento autonomista. Entonces interpretaba que la igualdad legal concedida por la Junta Central implicaba el reconocimiento de los derechos políticos americanos tal y como eran defendidos por las Juntas Revolucionarias: Que no teniendo que recurrir a principios de derecho natural; y bastándoles las circunstancias actuales de la Monarquía para demostrar que sí eran colonias bajo los reyes de España, no debían serlo bajo sus pueblos, y que, aun cuando esto no bastase, teniendo, como tienen en su favor las declaraciones de igualdad con la que fue metrópolis, no pueden ceder en admitir ninguna desventaja en materia de gobierno23.

En coherencia con ello, rechazaba la legislación de los liberales españoles, fun­ damentalmente porque no habían atendido debidamente el problema de la re­ presentación de los americanos de modo efectivo, como expresaba en el artículo titulado «Defectos de constitución en las Cortes»24. Blanco denunciaba que al asumir las Cortes españolas un criterio de centralización administrativa, la capa­ cidad negociadora de los españoles americanos disminuiría radicalmente en un congreso en el que no podrían dejar de conformar una minoría permanente, ni tampoco continuar con actualidad los debates políticos en las cortes peninsulares. Es uno de sus artículos más duros, dado que se identificaba el doceañismo con el centralismo «jacobino», una particular acusación que Blanco compartía con la oposición realista y reaccionaria a los doceañistas. Sin embargo, el derecho de re­ presentación de los americanos derivaba de su interpretación personal de la crisis de 1808, como si de un remiendo estatal se tratase. En un artículo de la publicación whig y liberal E dim burgh R eview traducido por el mismo Blanco White, que abordaba el tema de la rebelión del párroco de Dolores Manuel Hidalgo en México y titulado «Sobre las cuestiones de América

23 El Español, n° 16. Londres, 30 de julio de 1811, pp. 304-305. 24 El Español, n° 13. Londres, abril de 1811, pp. 64-65.

LA TEoRÍA DE LA MoNARQUÍA CoMPUESTA EN LAS CRiSiS CoLoNiALES BRiTÁNiCA E HÍSPANA DE 1775 Y DE 1808

133

Española»25, se puede observar una postura más matizada. En 1812, la situación de América había generado no solamente una guerra de independencia, sino que igualmente ha provocado una guerra civil, como se evidenciaba en el movimiento contrarrevolucionario dirigido por el capitán Monteverde en Venezuela. Es cierto que el periódico El Español había publicado, como diario de información, artí­ culos de otros autores con los que Blanco no sintonizaba necesariamente, pero en una anotación Blanco alababa la sabiduría de este artículo. Se trataba de un discurso ahora mucho más comprensivo y claramente partidario de las fuerzas virreinales, como por ejemplo del virrey Venegas en Nueva España. No obstante, realizó cierto esfuerzo de imparcialidad visible en denunciar por igual los crí­ menes en la represión efectuados por tropas españolas sobre indios o criollos, tanto como los efectuados por tropas independentistas sobre los realistas. Pero principalmente cargó las tintas contra los desmanes de las tropas realistas en su «Epílogo»26. El autor ahondó en esta tendencia moderada en su artículo titulado «Sobre las Américas Españolas»27, según el cual el conflicto quedaría solucionado «[Si, por ejemplo] se les ofreciera -las Cortes a los americanos- la facultad de nombrar asambleas legislativas que manejasen los intereses de aquellos pueblos, con tri­ bunales independientes para la administración de la justicia, y con derecho en la asamblea de imponer las contribuciones; todo esto independiente de las Cortes de la Península, adonde no deberían de tener diputados las Américas y sólo con juramento de obediencia al rey de España, quien debería nombrar capitanes ge­ nerales que estuvieran al frente de las fuerzas militares». 3.

c o n c l u s ío n e s

Como buen doctrinario whig, Edmund Burke interpretó que la soberanía del Parlamento inglés sobre las colonias era legal. Había apoyado en la Cámara de los Comunes el Acta Declarativa de 1766 emitida por el gobierno de su protector, el marqués de Rockingham, el cual si bien había abolido la gravosa Acta de Grenville de 1764 como un exceso arbitrario de poder, y había declarado que la prerro­ gativa legislativa del parlamento era teóricamente extensible a todos los súbditos del imperio británico. Pero el concepto de soberanía de los Whigs de Burke, Rockingham y Fox, así como de otros sectores del Parlamento, como los tories de Bolingbroke, se fundamentaba en un equilibrio entre la soberanía o «gubernacu-

25 El Español, n° 22. Londres, enero de 1812, pp. 248-254. 26 El Español, n° 30. Londres, 30 de octubre de 1812, p. 470 27 El Español, n° 43. Londres, noviembre de 1813, p. 319.

134

PABLO ESCOLANO MOLIN

lum» y la «jurisdictio» o conjunto de límites y controles al poder. Dentro de estos límites quedaban respetados los estatutos de las propias asambleas coloniales. Por su parte, Blanco fue un auténtico abogado de los revolucionarios criollos de Venezuela y Río de la Plata, pero siempre defendió alguna forma de entendi­ miento entre las Juntas soberanas y la Corona. El apoyo radical de Blanco a las Juntas de Buenos Aires y Caracas de 1810, entre los números 4 y 6 de El Español, implicaba no reconocer en España ninguna instancia dotada de soberanía, salvo la magistratura ausente del Rey, que tampoco quedaba clara salvo por la palabra de los revolucionarios criollos. Sí se observa, en este caso al apoyar las tesis de un órgano whig y liberal como E dim burgh Review, un posicionamiento más predis­ puesto a reconocer una pacificación de España en América, pero con reformas que garantizasen a los americanos ciertos derechos de representación. Al igual que Burke, Blanco parecía estar marcado por la doctrina política de convención ca­ racterística de los Whigs reformistas, pero que aplicaba a un contexto limitado a satisfacer las exigencias de una fracción de la sociedad, la élite criolla, sin profun­ dizar en los heterogéneos intereses sociales y étnicos característicos de la sociedad indiana ni en la posibilidad de vínculos positivos entre las Indias y España, como sí que hiciese Burke para el caso británico. Las propuestas conciliatorias de Burke y Blanco White quedaron margina­ das por no ser respaldadas por sus respectivos gobiernos, si bien Blanco recibió en Inglaterra apoyo muy claro de personalidades políticas británicas de primera categoría, en especial del partido whig liberal reformado por Charles Fox. No obstante, ambos pensadores estuvieron de acuerdo en el rechazo a una legislación homogénea y centralizadora de los imperios americanos de España y Gran Breta­ ña. Es verdad que hay diferencias significativas. En el Discurso sobre la tasación de 1774, el reconocimiento de la soberanía parlamentaria y del derecho a percibir impuestos era subsidiario de la costumbre y de las asambleas coloniales jurídi­ camente establecidas. Para Blanco White, la costumbre española había sido el absolutismo de la Corona, encauzado a medidas acertadas gracias al despotismo Ilustrado de los Borbones, en especial de Carlos III.

Una corriente de pensamiento: ¿liberalismo neogranadino? Carlos Arnulfo Rojas Salazar Universidad de Salamanca

Si hubiese d e ir anotando, las ideas extravagantes d e los hom bres d el país, m e fa ltaría tiem po para apuntarlo, p a rece increíble que en nuestro tiem po p u ed a haber pa ís don de los individuos pien sen tan erradam ente. Yo, en tales ocasiones, no hallo otro recurso que tom ar silencio, p o r no exponerm e a unas contradicciones insoportables1

José Celestino Mutis El pensamiento político y económico de la elite neogranadina de principios del siglo XIX se nutrió de diferentes corrientes ideológicas. Por un lado, la hispá­ nica que, enseñada a través del sistema educativo legal, desarrolló un espíritu re­ novador gracias a las reformas educativas emprendidas por los virreyes ilustrados a partir de mediados del siglo XVIII. Por el otro lado, el conjunto de ideas del liberalismo económico inglés y del racionalismo francés que, introducido entre las elites neogranadinas principalmente por vías extralegales, llegó a difundirse también entre las sociedades patrióticas, las tertulias literarias y el periodismo. Una vez producida la crisis de la independencia, estas corrientes que estaban a flote vinieron a soportar, explicar y justificar las acciones de los americanos. El M em orial d e Agravios del payanés Camilo Torres es un ejemplo de esto, pues este documento recogió varias de las ideas políticas que circularon entre las elites neogranadinas. La producción de idearios políticos de principios del siglo XIX de­ muestra que los españoles americanos neogranadinos habían llegado a desarrollar un pensamiento crítico y maduro con relación a formas de gobierno y desarrollo económico, que sería puesto en práctica en el futuro laboratorio republicano.

1 He r n á n d e z d e A l b a , Guillermo (comp.), Archivo epistolar del sabio naturalista: Don José Celestino Mutis. Bogotá, Editorial Kelly, 1968, t. I, pp. 55

136

c a r l o s a r n u l f o r o ja s s a l a z a r

1 . LA iNFLuENciA HispÁNicA

La llegada de José Celestino Mutis al Virreinato de la Nueva Granada, mar­ có un antes y un después en el ambiente intelectual de la elite neogranadina de mediados del siglo XVIII. Su presencia supuso un verdadero proceso de trans­ formación y modernización, tanto en la forma como se impartía la educación en las universidades virreinales como en la manera en que se llevaba a cabo la investigación científica. Mutis formó parte del grupo de intelectuales que, bajo el reinado de Carlos III, intentó y reformó algunos de los aspectos económicos y administrativos del estado hispánico, teniendo como parámetro el estudio de las ciencias útiles, ya que hasta entonces, la educación en el territorio de la monar­ quía se había caracterizado por fundamentarse tanto en la teología como en la filosofía cristiana, ramas del conocimiento que, dados sus objetos de estudio, eran valoradas como las más pertinentes para el bien de la sociedad, pero que, sin em­ bargo, no aportaban nada a su progreso material. El auge económico por el que atravesaron ingleses y franceses durante el trascurso del siglo XVIII, debido no solamente a su acelerada «industrialización», sino al interés que desarrollaron por el estudio de las ciencias empíricas, condujo a la monarquía española a delinear una política que desde el Estado promoviera la formación en las ciencias útiles. Las nuevas ideas económicas y políticas que circulaban por Europa cautivaron a varios individuos que, aunque no pertenecieron al estamento nobiliario de la sociedad hispánica, se prepararon para desempeñarse en altos cargos del aparato burocrático2. La fe en la razón, en la capacidad humana de comprender mejor el funcionamiento del universo, llevó a que cada vez más, nuevas personas volcaran su interés a los avances de las ciencias y las matemáticas; ahora, observaron hacia el futuro como guía de su felicidad y progreso, dejando atrás esa mirada melancó­ lica que se dirigía hacia el pasado y que había caracterizado por largos siglos a los pueblos cristianos. Sin embargo, hay que anotar que en España esa mirada hacia el futuro estuvo siempre acompañada por el respeto hacia el pasado. Los valores hispánicos moldeados en el transcurso de su historia, especialmente durante la lucha contra los musulmanes, desarrollaron una manera de ser del español, su hi­ dalguía, la cual, se integró por categorías nobiliarias a la vida diaria, con un acen­ tuado contenido anticapitalista y antiburgués: la hospitalidad y el derroche en el gasto, la ausencia de prevención para el mañana, el menosprecio por el dinero y el amor al ocio3, fueron características muy comunes entre los españoles.

2

F e r n á n d e z s a e n , A m a b l e , « L a I lu s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . E n t r e e l r e f o r m i s m o y la u t o p í a » , e n

del Seminario de Historia y Filosofía, n ° 1 0 ( 1 9 9 3 ) , p. 5 9. 3 J a r a m il l o u r ib e , J a i m e , El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX. B o g o t á ,

Anales

A l f a o m e g a C o lo m b i a n a ,

U N A C oR R iEN TE DE PEN SA M iEN TO : ¿ L iB E R A L iS M o N E o G R A N A D iN o ?

137

Si comparamos el movimiento ilustrado, desarrollado en España al igual que en otros países europeos, como Francia, Inglaterra y Holanda, admitiremos, que en general su carácter fue bastante moderado4. En realidad, en España la Ilustra­ ción fue un fenómeno débil y extraño que no logró penetrar más allá de un grupo escaso de personas, las cuales, generalmente, estuvieron asociadas al Estado. Fue necesaria una fuerte sacudida para que las nuevas ideas se generalizaran y penetra­ ran hasta el corazón mismo de la vida española. La Guerra de la Independencia, que deja sin cabeza política a la monarquía y destruida su estructura estatal, fue la que precipitó profundamente la asimilación de las nuevas ideas ilustradas5. La introducción del movimiento ilustrado realizado por los Borbones en la península, como era lógico, se extendió hasta los territorios americanos. La Ilus­ tración llegó principalmente a América, y concretamente al virreinato neogranadino, a través de los funcionarios estatales, del clero, de los miembros tanto de la comisión mineralógica como de la expedición botánica, de los libros y periódicos que últimamente se editaban, y de los criollos que se desplazaron hasta Europa y volvieron, trayendo consigo nuevas ideas. La ilustración neogranadina no se centró en aspectos políticos, como si lo era en gran parte de Europa, sino más bien en fomentar el desarrollo económico del país, dado la riqueza material del mismo, para lo cual se consideró que el medio más apropiado era la educación de la élite criolla. La primera generación de criollos neogranadinos que se educó dentro del mo­ vimiento ilustrado recibió el pensamiento moderno mediado por la corriente tradicionalista de la Ilustración española, que iba desde Feijoo hasta Jovellanos, y no de una corriente más radical imbuida del enciclopedismo francés. La difusión de este último, penetró muy lentamente en el Virreinato, a menudo de contra­ bando, y sólo llegó a influir de manera decisiva a la generación de criollos subsi­ guiente, caracterizada por realizar la independencia política del Virreinato6. José Celestino Mutis fue el primero en dar inició a las trasformaciones educa­ tivas y por ende, en introducir la ideas ilustradas en el Virreinato. Natural de la ciudad de Cádiz, se encaminó hacia el Nuevo Reino, como médico personal del virrey Messía de la Cerda; una vez instalado en Santafé hizo sentir su particular curiosidad hacia las ciencias empíricas. Así, en 1762 ante los funcionarios de la 2001. p. 7. 4 Fern án d ez saen , Amable, op.cit.., p. 60. 5 Díez d e l c o r r a l , Luis, El liberalismo doctrinario. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1973. p.466. 6 c ris tin a , María Tereza, «La Literatura en la Conquista y en la Colonia», en J a r a m illo u ribe Jaime (dir), Manual de Historia de Colombia. Bogota, Ministerio de Cultura, Tercer Mundo Editores, 1999, t. I, p. 568.

138

c a r l o s a r n u l f o r o ja s s a l a z a r

Audiencia, el Cabildo y la sociedad neogranadina, presentó en la Universidad de Nuestra Señora del Rosario la primera cátedra de Matemáticas que se impartió en la ciudad, desde la cual dio a conocer la física newtoniana y la astronomía copernicana, aunque el rector del claustro le había sugerido insistentemente, que impartiera en lugar de ésta, la de Medicina. Sin embargo, Mutis consideró que era mucho más provechoso educar en los principios matemáticos a una nueva generación de criollos que, al servicio del Estado, se encargaría de las transfor­ maciones administrativas y económicas que deseaba la metrópoli. Así mismo, influido por su espíritu renovador, Mutis colaboró en la elaboración de los cuatro planes de estudios avanzados que se realizaron en el Virreinato durante la segunda mitad del siglo XVIII7. Los virreyes que ostentaron el poder durante esta etapa, se caracterizaron por fomentar desde su alta posición de Estado, la cultura y la educación, méritos por los cuales la historiografía colombiana los ha llamado «los ilustrados». El prime­ ro de éstos fue el jefe de la Real Armada, Manuel Guiror (1773-1776); quien en su gobierno aprobó el plan de estudios superiores, diseñado por el fiscal de la Audiencia y protector de indios, Francisco Antonio Moreno y Escandón. El plan introdujo las ciencias experimentales y aplicadas, defendió la libertad de la investigación, el método experimental en las ciencias naturales y el eclecticismo contra el espíritu de partido. Así mismo, fundó el método de la crítica textual y criticó el procedimiento escolástico tradicional8, implantando la ilustración y el racionalismo europeo en el Virreinato. El plan de estudios estuvo vigente a partir de 1774, no obstante, su espíritu de avanzada hizo que se ganara sus propios de­ tractores, por lo que la Junta de Estudios reunida en Santafé en 1778, lo derogó y estableció uno distinto, regresando la educación al escolasticismo y a los patrones tradicionales. El arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora fue otro de «los ilustrados». Una vez nombrado virrey en 1783, inició un proyecto con el fin de garantizar el apoyo de la nueva generación de criollos, ya que dos años atrás, producto del levantamiento de los comuneros del Socorro, se había sembrado una sombra de desconfianza y de temor hacia los neogranadinos entre las autoridades metropoli­ tanas. Así, la preparación y difusión de las modernas ideas educativas, científicas y económicas, en el periodo de Caballero y Góngora, tuvieron desde su inicio un doble propósito. Por un lado, razones económicas derivadas del ideal ilustrado

7 Los cuatro planes referidos son: el de Moreno y Escandón, el de Caballero y Góngora, el de Eloy Valenzuela y el del padre Isla en Medicina. 8 ü c a m p o Ló p e z , Javier, Breve historia de Colombia. Caracas, Academia Nacional de Historia, 1989. pp. 180-181.

UNA CORRIENTE DE PENSAMIENTO: ¿LIBERALISM O NEOGRANADINO?

139

de mayor productividad, y por otro, un cálculo político, pues el apoyo del virreyarzobispo a la reforma educativa sugiere su interés por renovar, dentro del aparato burocrático virreinal, a todos los criollos que de alguna manera habían participa­ do en los levantamientos de los comuneros. La contribución del arzobispo-virrey al avance de la Ilustración en el virrei­ nato consistió principalmente en dos puntos; por un lado, en la resurrección de los planes de reforma educativa propuestos inicialmente por Mutis y Moreno y Escandón durante la década de 1760-1770;9 y por otro, en su apoyo a la investi­ gación de la historia natural. En 1783, el arzobispo convirtió a Mutis en el primer director de la Real Expedición Botánica, la cual se encargó de recoger, clasificar y pintar la fauna y la flora del virreinato. Cabe decir, que a pesar de la fuerte con­ tribución en materia científica de la expedición, logros a los que se suma en no pequeños halagos el mismo barón Humboldt, lo verdaderamente sobresaliente de ella residió en sus ulteriores consecuencias políticas y culturales, y de la misma manera que los intentos de reforma de la educación superior, las actividades de la expedición condujeron a la introducción de nuevos elementos en el pensamiento criollo y al fomento de actitudes que, aunque restringidas a un pequeño grupo de la élite, minaron más la autoridad que el levantamiento comunero de 1781. Pues, al contrario que los líderes comuneros que se habían rebelado en la defensa del orden tradicional, invocado el nombre del Rey para legitimar su ataque a la administración local con su lema «viva el rey y abajo el mal gobierno», la última generación de criollos abrazó las ideas de la filosofía y de las ciencias de la ilustra­ ción como símbolo de progreso; encontrando en las revoluciones de los Estados Unidos y de Francia ejemplos reales, que los llevaron a contemplar un nuevo orden político10. La primera generación de ilustrados criollos había puesto su esperanza en el poder despótico del monarca para la realización de las reformas. Para ellos, la reforma política vendría después de la reforma social, mientras que la generación que les siguió, educada durante la época revolucionaria, invirtió el orden de la ecuación: primero debía darse la reforma política y, subsiguientemen­ te, la reforma social. Fueron los miembros de esta generación los que llevaron a cabo la revolución liberal tanto España como en América11.

9 M c F a r la n e , A n t h o n y , Colombia Antes de la Independencia, economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón. B o g o t á , B a n c o d e la R e p ú b l i c a , A n c o r a E d i t o r e s , 1 9 9 7 . p .4 1 2 . 1 0 Ibídem. p. 4 1 4 . 11 G u e r r a F r a n g o is - X a v ie r , Modernidad e Independencia, Ensayos sobre las revoluciones hispáni­ cas. M é x i c o D . F., E d i t o r i a l M a p f r e , F o n d o d e C u l t u r a E c o n ó m i c a , 1 9 9 2 . p .3 9 .

140

2 . EL p e s o DEL pENsAMiENTo

c a r l o s a r n u l f o r o ja s s a l a z a r

eu ro peo

El mundo intelectual del virreinato se había renovado profundamente hacia la última década del siglo XVIII. Las ideas filosóficas de los enciclopedistas y, más aún, las provenientes de la Revolución Francesa, poco a poco habían penetrado la estructura diseñada por la Corona para su contención. Los métodos modernos de la enseñanza fueron aplicados en la Nueva Granada por primera vez por José Félix Restrepo (1769-1832), uno de los primeros discípulos de Mutis y, a la vez, maestro de varios de los jóvenes que realizaron la independencia. Restrepo fue el primero en enseñar la filosofía naturalista, aunque en él estaba aún fuertemente arraigada la base filosófica-teológica y tradicional, que lo llevó a rechazar el deís­ mo de la ilustración francesa y sus tendencias materialistas12. La difusión de la cultura ilustrada en el Nuevo Reino de Granada se aceleró en las últimas décadas del siglo XVIII. Las tertulias literarias organizadas en las casas de los principales promotores de las nuevas ideas sirvieron para dar a conocer los escritos de los enciclopedistas y los acontecimientos que se sucedían en la Europa revolucionaria. Las más conocidas de las que se constituyeron en Santafé fueron la de don Antonio Nariño: «el Casino Literario»; la de don Manuel del Socorro Rodríguez: «la Tertulia Eutropélica»; y la de doña Manuela Sáenz de Santamaría: «la Tertulia del Buen Gusto». La Tertulia d el Buen Gusto, agrupó a varios de los jóvenes patricios de la ciudad, quienes reunidos periódicamente con el fin de entretenerse mediante la ejercitación literaria, tras una comida en la casa de su promotora componían discursos, realizaban certámenes, improvisaban versos y leían los libros que, traídos desde Europa, contenían las principales ideas que circulaban en ella. Con sarcasmo se llegó a llamar a este grupo «la compañía de los Sabios» pues a él pertenecieron Camilo Torres y Tenorio, Francisco Ulloa, José Montalvo, Fruto y José María Gutiérrez, José Fernández Madrid, José María Salazar, Custodio García Rovira, los hijos de doña Manuela Sáenz, Tomasa y José Ángel Manrique13, personajes que, gozaban desde entonces, de una alta reputación social dada sus facultades intelectuales. Contrastando con el tono algo mundano de la tertulia de doña Manuelita Sáenz, la Eutropélica, dirigida por el cubano don Manuel del Socorro Rodríguez, se reunió en un espacio mucho más intelectual, como era la recién fundada Bi­ blioteca Nacional. En ella, su creador dio lecciones de literatura a un puñado de discípulos y seguidores, con quienes logró conformar un círculo de debate lite­ 12 c r is t in a , María Tereza, op.cit.. p.575. 13 Ibídem. p. 583-584.

u n a c o r r ie n t e d e p e n s a m ie n t o : ¿ l ib e r a l is m o n e o g r a n a d in o ?

141

rario. Su tono más erudito y menos social no permitió el ingreso de mujeres ni las discusiones políticas. Sus fines se redujeron estrictamente a la crítica literaria; de la cual aún hoy conservamos una gran parte, gracias a que se publicó en el diario santafereño el P apel Periódico, dirigido por el propio Manuel del Socorro Rodríguez14. De una tendencia más filosófica y política fue El Casino Literario que encabezó Antonio Nariño entre 1789 y 1794. Nariño había logrado coleccionar una nutri­ da biblioteca personal, parte de la cual había comprado a su amigo Pedro Fermín de Vargas, quien se había fugado a Londres a conspirar en el círculo que coor­ dinaba Francisco Miranda. El Casino se hizo de numerosos periódicos y libros modernos, principalmente franceses, y además de interesarse por la literatura y la ciencia, se propuso debatir las ideas filosóficas y políticas de Montesquieu, Rous­ seau y Voltaire. Allí se analizó la constitución política de los Estado Unidos, se discutió sobre la Revolución Francesa, se opinó acerca del sistema gubernamental hispano y, muy seguramente, se analizó la conveniencia o inconveniencia de la independencia neogranadina15. El Casino fue un poderoso canal de difusión para las nuevas ideas ilustradas en el territorio del virreinato, en él se dieron cita per­ sonajes de la talla de Francisco Antonio Zea, José María Lozano, Francisco Tovar y José Luis Azola. El expectante ambiente político del Casino Literario llevó a que don Antonio Nariño, en diciembre de 1793, tradujera y publicara en su propia imprenta, los 17 artículos de la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano». La divulgación de ideas como los hombres nacen y permanecen iguales en dere­ chos; el principio de soberanía reside esencialmente en la nación; la libre comu­ nicación de los pensamientos y opiniones es uno de los bienes más preciados del hombre y la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su administración a todo agente público16, debieron impactar profundamente a quienes las conocieron. Su difusión no fue generalizada, sino que se mantuvo dentro de un círculo muy cercano y cerrado. De hecho, una vez publicado el facsímil que contenía la de­ claración, Nariño valorando la gravedad del problema en el que se involucraba, decidió recoger las copias que había distribuido entre sus allegados, aún así, Nariño fue descubierto, juzgado, y condenado al destierro para siempre. Las circuns­ tancias políticas y militares que representaron tanto la guerra peninsular como la independencia de América, trajeron de nuevo a Nariño a la escena política, a

14

Ibídem.

p p . 584-585.

15

G

E s c u d e r o , A n t o n i o , « U n p r e c u r s o r d e la e m a n c i p a c i ó n a m e r i c a n a : A n t o n i o N a r i ñ o y Ál-

u t ié r r e z

Araucaria, Revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades, n ° Ibídem.

va rez », e n 16

13 (2 0 0 5 ), p. 2 0 7 .

142

CARLOS ARNULFO ROJAS SALAZAR

tal punto, que llegó a ocupar la presidencia de Cundinamarca y a proclamar la independencia absoluta de la provincia en 1813. 3 . l a g u e r r a y l a ex ten sió n d e l n u e vo d ís c u rs o poLíTico: e l m e m o ria l de a g r a v ío s de c a m ilo t o r r e s

La guerra peninsular fue el detonante de la revolución política que trajo como consecuencia el derrumbe del Antiguo Régimen y la pérdida de las colonias ame­ ricanas, puesto que creó las condiciones necesarias que permitieron al reformismo español ir más allá del carácter ilustrado que lo había caracterizado hasta entonces17. Los acontecimientos de 1808 a 1814 posibilitaron que España y sus territorios americanos abrieran sus puertas a las nuevas ideas, ya no solamente ilustradas sino incluso liberales. La reforma, lema de la Ilustración, pasó a ser el estandarte del primer liberalismo hispano, y aunque podemos hablar de una cierta continuidad entre ilustración y liberalismo, ya que son muchas las coinci­ dencias programáticas entre ambas corrientes: la crítica a la nobleza y a la Iglesia, y diversas propuestas en la educación y la economía; sin embargo, tampoco pode­ mos olvidar la grieta existente en ellas en lo referente a la sustentación doctrinal y a las prácticas del poder político18, ya que para el pensamiento ilustrado el poder pertenecía al rey por voluntad divina, mientras que para un primer liberalismo de corte burgués, el poder era determinado por una oligarquía de propietarios, quienes tenían derechos políticos plenos en contraposición al pueblo llano. Ha­ bría que esperar las sucesivas revoluciones del siglo XIX para que este primer liberalismo se volviera más popular y democrático en cuando a derechos políticos y a la participación ciudadana en las ramas del poder público. Por tanto, lo radicalmente nuevo fue la irrupción a la luz pública de las ideas liberales que habían estado recluidas en círculos privados hasta entonces19, y so­ bre todo la creación de un verdadero pero limitado espacio del poder público, ya que no llegó a ser universal, pues los esclavos y las castas siguieron permane­ ciendo excluidas. En la península como en América, las consultas y las elecciones de diputados, primero para la Junta Central y posteriormente para las Cortes Generales, permitieron la participación de sectores sociales que habían estado fuera de las prácticas políticas, como lo eran la gran cantidad de blancos pobres y las distintas modalidades de pueblos de indios, así mismo, la creación de nuevos

17

B reñ a, R o b e rto ,

1824. M é x i c o D . F., 1 8 Ibídem. p .1 8 2 . 19

G

uerra,

El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América. 1808­ El C o l e g i o d e M é x i c o , C e n t r o d e E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s , 2 0 0 6 . p .8 3 .

F r a n g o is - X a v ie r ,

op.cit..

p .1 3 .

U N A C oR R iEN TE DE PEN SA M iEN TO : ¿ L iB E R A L iS M o N E o G R A N A D iN o ?

143

ayuntamientos y de diputaciones provinciales reforzaron estas prácticas, puesto que estos mismos actores fueron llamados de nuevo a ejercer, a través del sufragio indirecto, su opinión respecto a quienes debían ocupar tanto los regimientos municipales como las representaciones provinciales. La idea de poder como algo público generalmente fue apoyada ideológica­ mente desde el pensamiento del enciclopedismo francés20, aunque los liberales españoles sostuvieron muchas veces sus argumentos, desde pensadores escolásti­ cos como Suárez, Soto, Molina y Victoria, bien por rutina académica, honesto convencimiento o por móviles contra el Corso21. La Revolución Francesa había dado origen a una mitología en torno al poder de los libros, las ideas y los in­ telectuales. Sin embargo, tanto para la revolución liberal en la península, como para la independencia de América, las ideas fueron al arrastre de los hechos. En opinión de Roberto Breña, la mayoría de las veces: «las ideas sirvieron a los hom­ bres políticos para justificar actitudes, conductas y programas cuya raíz está sobre todo, en sus necesidades, intereses y coyunturas vitales. Lo cual no quiere decir, que un determinado conjunto de ideas no puedo ejercer un cierto influjo sobre el comportamiento político de las personas»22. En la Nueva Granada, el principal documento que nos habla del cuerpo de ideas que circularon a principios del siglo XIX fue la representación escrita por Camilo Torres y Tenorio. Tras elegirse al diputado neogranadino que debía pasar a integrar la Suprema Junta Central, le fue encargada como asesor del Cabildo de Santafé la redacción de un documento en el que expusiera el malestar que sentían las autoridades municipales debido a la desigualdad existente entre el número de diputados que le correspondía a España y América en la conformación de este supremo órgano. La representación la terminó el 20 de noviembre de 1809. No obstante, el Cabildo consideró que su contenido no era el más apropiado, por lo cual se abstuvo de dirigirlo a su destinatario; de hecho, su publicación se hizo por primera vez en el año de 1832. Desde entonces, el texto ha sido valorado como un claro ejemplo del pensamiento político de un cierto número de criollos ilustrados que, si bien eran una minoría, mostraron en el tiempo de los acon­ tecimientos revolucionarios de la independencia la capacidad de conducirlos a su antojo23. Este documento ha sido conocido comúnmente en la historiografía tanto española como americana, con el nombre de M em orial d e Agravios.

20 Go n z á le z , Margarita, «Aspectos Económicos de la Administración pública en Colombia: 1820­ 1886» en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 13-14 (1985-1986), p. 70. 21 Díez d e l c o r r a l , Luis, op.cit.. p. 459. 22 Breñ a, Roberto, op.cit.. p. 58. 23 Ibídem. p. 98.

144

c a r l o s a r n u l f o r o ja s s a l a z a r

Pero ¿Por qué podemos calificar al M em orial d e Agravios dentro del pensa­ miento político liberal? Si bien es cierto que el memorial empieza dando cuenta del reconocimiento que hace el Cabildo de Santafé a la Suprema Junta Guber­ nativa del Reino, como la máxima autoridad peninsular, dado el cautiverio en el que se mantuvo a Fernando VII en Francia, y deja entrever su preocupación por el restablecimiento de la monarquía hispánica y la restitución del Rey, actitudes que podría llevar a que pensáramos que el texto defiende el continuismo de las instituciones del Antiguo Régimen, las ideas que discurren a lo largo de él, y por el contrario, dan clara muestra de un pensamiento político liberal. Los principios revolucionarios de libertad, igualdad y fra tern id a d son evocados constantemente como apoyo a la defensa de los derechos de los americanos. Sobre todo el de la igualdad, el más desarrollado y recurrente en el texto. Torres evocaba en el memorial la necesidad de reformar las políticas de gobier­ no, tal como la evocó el espíritu ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII, pero al contrario de éste, para él la reforma no debía provenir de arriba: desde el rey, las secretarías ministeriales y los funcionarios reales, sino más bien desde la propia América, que como pieza constitutiva de la monarquía debía tener parte en la formulación de nuevas leyes, de naturaleza equitativa, transformando los abusos al que habían estado sometidos los americanos y, a la vez, buscando conso­ lidar vínculos fraternales entre los habitantes de ambos hemisferios. Se trataba de una verdadera reforma de gobierno, en el que prevalecía el principio de igualdad entre España y América. El establecimiento tanto de la Junta Central como de las Cortes Generales debía ser equitativo. Pues, de lo contrario, se correría el riesgo de una separación. De esta manera, la conformación de un cuerpo nacional esta­ ba supeditada a la igualdad entre el número de representantes que le correspon­ dían tanto a España como a América. Torres fundamentó el derecho de la igualdad de América sobre la idea de que cada unidad administrativa de la Corona tenía jurídicamente la «calidad de pro­ vincia», sin importar ni su extensión, ni su riqueza, ni el número de sus habitan­ tes. Todas las provincias eran independientes unas de otras, y por lo tanto con los mismos derechos de representación ante un cuerpo nacional. Dado que América y España eran partes integrantes y constituyentes de la Monarquía, tal como lo expresó el decreto de la Suprema Junta el 22 el enero de 1809, ésta tenía el mismo derecho que aquella en materia de representación, sin la menor diferencia entre el número de representantes de una y de otra. Sin embargo, la Junta había asignado a América nueve diputados, uno por cada virreinato y capitanía general, mientras que a España le correspondían treintiseis, dos por cada una de sus provincias, sin importar que éstas fuesen continentales o insulares.

UNA CORRIENTE DE PENSAMIENTO: ¿LIBERALISM O NEOGRANADINO?

145

Pero, si la razón de esta desigualdad no radicaba en la idea jurídica de la cali­ dad de las provincias americanas respecto a las españolas, sino más bien, que era argüida desde la naturaleza de los hombres que las habitaban, entonces, Torres también atacó a los postulados que aseguraban la inferioridad del hombre ame­ ricano respecto al europeo. Para él, ni los españoles venidos a las Américas ni sus descendientes eran de menor calidad por el hecho de haberse traspasado a estos países, más aún, la unión llevada a cabo por generaciones entre los conquistado­ res y los naturales no hacía de menor calidad a sus hijos, de la misma forma que tampoco lo eran los nacidos de la unión entre los sucesivos pueblos que poblaron a España y los aborígenes que la habitaron. Por consiguiente, los hombres de América tenían los mismos derechos de representación política en los órganos de gobierno de la nación española. Torres se pregunta entonces, si el origen de la des­ igualdad radicaba en el temor del influjo americano en el gobierno, a lo cual res­ ponde, que ese temor no tendría fundamento si el gobierno que se proyectaba era justo, equitativo y liberal, ya que la misma América contribuiría a sostenerlo. Para Torres, la ley debía ser fruto de la voluntad general; y ese debía ser el obje­ to de las Cortes, pues ellas eran el órgano por el cual el gobierno escuchaba la voz del pueblo. Si las Cortes no manifestaban la voluntad de América por medio de una representación competente, y dignamente autorizada, la ley no estaría hecha para ella, porque no tendría su sanción. Doce millones de hombres que poblaban América, con distintas necesidades, en distintas circunstancias, bajo diversos cli­ mas y con diversos intereses, necesitaban de distintas leyes. España no debía ha­ cerlas arbitrariamente, sino que América debía dárselas a sí misma a través de sus propios diputados. Torres proponía que los cuatro virreinatos de América debían enviar seis representantes cada uno, y dos por cada una de las capitanías generales; a excepción de Filipinas, que debía nombrar cuatro, o seis, por su numerosa po­ blación. De este modo resultarían treinta y seis diputados americanos, igualando el número de representantes que le correspondía a las provincias peninsulares en la Junta Central. Respecto a la forma en que se debían elegir los representantes, Torres afir­ mó que los pueblos eran los directamente encargados de nombrarlos, para que tuvieran una verdadera representación y gozaran de su confianza, puesto que hasta entonces, los cabildos eran una imagen desfigurada del poder público, ya que varios de los regimientos de las corporaciones municipales eran, o heredados entre familiares, o simplemente comprados a la Corona, que los vendía para su beneficio económico. Por último, Torres demandó la manera como se difundía el conocimiento en el virreinato neogranadino a principios del siglo XIX. Los gobiernos que se suce­ dían en él habían alejado consecutivamente los progresos científicos del siglo de

146

c a r l o s a r n u l f o r o ja s s a l a z a r

las luces. La imprenta, vehículo por el cual se trasmitían las ideas y los descubri­ mientos, había sido severamente prohibida; los estudios de filosofía se reducían a simples reflexiones metafísicas, en las que sólo hubo cabida para los autores escolásticos, despreciando a quienes introdujeron las nuevas y poderosas ideas liberales, a tal punto que se había suprimido de la universidad la nueva cátedra de derecho natural y de gentes, pues se consideró que era demasiado peligrosa para los estudiantes. Para Torres, esta política debía ser de nuevo modificada, pues la grandeza tanto de España como del virreinato neogranadino sólo era posible si se incorporaban a la educación pública los avances científicos, literarios y políticos que el mundo diariamente producía.

La primera constitución española, 19 de marzo de 1812 y la primera constitución de la historia, Estados Unidos 17 de septiembre de 1787: estudio comparado de algunos aspectos estadísticos Gabriel Ruiz-Garzón y Luz M.a Zapatero-Magadaleno Universidad de Cádiz / I.E.S. Fernando Savater

El objetivo de este trabajo es comparar las distintas soluciones que la primera constitución de la Historia, la Constitución estadounidense de 17 de septiembre de 1787 y la primera constitución española y tercera de la Historia, de 19 de marzo de 1812, dan al problema del reparto proporcional de escaños según la población de cada estado o provincia. Estudiaremos, principalmente, los métodos propuestos por Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, Secretario del Tesoro y Presidente americano, respectiva­ mente, para conseguir una representación proporcional de los distintos estados en la Cámara de Representantes según fija la constitución. Los constituyentes de la Constitución de 19 de marzo de 1812 proponen un método diferente para responder a la misma preocupación, pero en este caso referida a las provincias. Pretendemos un acercamiento matemático-estadístico e histórico a parte del arti­ culado de ambas constituciones. 1 . p re lím ín a re s

Tras los prelimares, en el apartado 2 haremos un repaso a diversos métodos propuestos por importantes personajes de la historia del constitucionalismo esta­ dounidense para resolver el reparto proporcional de escaños según la población, como el método propuesto por el primer Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Alexander Hamilton. Nos detendremos también en descubrir la autoría de 12 artículos constitucionales en disputa entre Hamilton y el que fue cuarto Presidente de los Estados Unidos, James Madison, a través de la Estadística. El segundo método de representación que estudiaremos fue inicialmente pro­ puesto por el tercer Presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, en 1792. Su propuesta surgió en respuesta a la dada por Hamilton, en un afán de simpli­ ficar su método a través de un único criterio. El profesor de Derecho Civil belga Víctor D’Hondt reinventó esta cuota 100 años más tarde, en 1878.

148

GABRIEL RuiZ-GARZÓN Y Luz M .a ZAPATERo-MAGADALENo

Otras fórmulas serían propuestas por John Quincy Adams, sexto Presidente de los Estados Unidos, o el Secretario de Estado estadounidense Daniel Webster, que también serán estudiadas. El apartado 3 lo dedicaremos al estudio del articulado del capítulo primero del tí­ tulo tercero de la Constitución española de 19 de marzo de 1812, dedicado al modo en que deben formarse las Cortes. La solución propuesta por los constituyentes es­ pañoles está alejada de las de los estadistas norteamericanos. En la Pepa se establece un sistema en el que se fija el número absoluto de votos establecido a priori, como valor de un escaño, pero con algunas correcciones que también se explicitarán. Cerraremos con unas conclusiones a este acercamiento estadístico-matemáti­ co e histórico sobre el articulado de ambas constituciones y con una bibliografía básica sobre el tema. 2 . LA coNsTiTucióN DE EE.uu. Y EL p r o BLEMA DE LA p r o p o r c ío NAUDAD 2 . 1 a n t e c e d e n t e s H isT ó R ico s

La primera constitución de la Historia es la de los Estados Unidos de América de 17 de septiembre de 1787. En ella se establece la división de poderes como medida preventiva contra el abuso de poder. Siendo esta división uno de los prin­ cipios que caracteriza al Estado de Derecho moderno. La formulación teórica de la división de poderes es atribuida al político francés ilustrado Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, en su obra D el espíritu d e las Leyes en el siglo XVIII. Aunque los ingleses ya la habían puesto en práctica desde el siglo XVII con la Bill of Rights de 1689, al redactar las obligaciones o deberes del Rey y del Parlamento, respectivamente. En EE.UU. el poder legislativo lo detenta el Con­ greso, dividido en 2 cámaras: Cámara de Representantes y Senado. Uno de los primeros problemas que los padres constituyentes tuvieron que resol­ ver fue el modo de asignar escaños en la Cámara de Representantes estadounidense a estados con diferente población, bajo el principio de una cierta proporcionalidad. En el continente europeo, más concretamente en la Francia convulsa de aque­ llos tiempos, el político Honoré-Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, formuló el concepto de proporcionalidad en las primeras semanas de 1789, con motivo de las elecciones a delegados a los Estados Generales de Francia, de la siguiente manera: «Los Estados Generales deben ser a la nación lo que el plano es a su con­ figuración física; en todas sus partes, y en su totalidad, la copia debería guardar siempre las mismas proporciones que el original». En América, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos de 1787 (artículo 1, sección 2) se debía establecer una adecuada representación territorial en la nueva federación. Literalmente se afirma:

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

149

Los representantes y los impuestos directos se prorratearán entre los distintos Estados que formen parte de esta Unión, de acuerdo con su población respectiva, la cual se determinará sumando al número total de personas libres, inclusive las obligadas a prestar servicios durante cierto término de años y excluyendo a los indios no sujetos al pago de contribuciones, las tres quintas partes de todas las per­ sonas restantes. El recuento deberá hacerse efectivamente dentro de los tres años siguientes a la primera sesión del Congreso de los Estados Unidos y en lo sucesivo cada 10 años, en la forma que dicho cuerpo disponga por medio de una ley.

El cómputo de la población de cada estado incluía a todas las «personas li­ bres» y a 3/5 de los esclavos y excluía a los nativos americanos que no pagaban impuestos. También, en un principio, la cantidad de impuestos directos que pue­ den ser recogidos en cada estado estaba ligada directamente a su proporción de representantes. Uno de los pasos necesarios para establecer tal criterio de pro­ porcionalidad era conocer el número de habitantes de cada estado a través de los censos. El primer censo se hizo en Estados Unidos en 1790 y después se siguieron realizando cada 10 años. 2 . 2 l a f ó r m u l a d e p r o p o r c í o n a l í d a d p r o p u e s t a p o r h a m í lt o n

El primer método de reparto que se adoptó por el Congreso de los Estados Unidos fue el de Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro del Presidente George Washington, en 1792, aunque no llegó a usarse porque Washington, en el primer veto presidencial de la historia de los Estados Unidos, rechazó el proyec­ to de ley insistiendo en que el reparto debía ser más proporcional a la población. En los Estados Unidos cada estado se divide en circunscripciones electorales, cada una de las cuales tiene que elegir su representante por mayoría relativa. El número de circunscripciones de cada estado coincide con el número de escaños que tiene. Sea n el número de estados o provincias que forman la unión o país. Sea^> la población total de la unión con derecho a voto. Sean P] >Pj> ■■■! Pn las poblaciones de los respectivos estados y sea e el número de escaños a repartir. Se P¡ e . La cuota en general es un número , llama cuota d el estado i a q. = — decimal 1 P con una parte entera que se llama cuota inferior, mientras que la parte entera más uno se llama cuota superior. El m étodo d e H amilton o d e las partes decim ales m ayo­ res o d e la cuota exacta asigna en primera aproximación la parte entera de la cuota. Los escaños no repartidos se reparten por orden de mayor a menor parte decimal, es decir, se asignarían a los estados con restos más altos de habitantes. Veamos un ejemplo suponiendo que se quieren repartir 7 escaños entre 4 estados.

150

GABRIEL RUIZ-GARZÓN Y LUZ M .a ZAPATERO-MAGADALENO

m é t o d o d e h a m ilt o n e stad o s p o b la c ió n

a

B

c

D

to ta l 100

41

29

22

8

2 .8 7

2 .0 3

1 .5 4

0 .5 6

e s c a ñ o s p o r c u o t a in f e r io r

2

2

1

0

e s c a ñ o s p o r p a r t e d e c im a l

1

e s c a ñ o s t o t a le s

3

cu o ta

5

1 2

1

1

7

Aunque el método de Hamilton no se usó al principio de vigencia de la cons­ titución americana sí se estaba usando para repartir la Cámara de Representantes en 1880, cuando apareció una circunstancia curiosa. Para modificar el número de escaños de la Cámara con vistas a futuras elecciones, se hizo un estudio de repar­ tos con una Cámara de diferentes tamaños desde 270 a 350 miembros. Entonces se observó que Alabama tenía derecho a 8 representantes si el tamaño de la cáma­ ra era de 299, pero disminuía a 7 si el tamaño de la cámara era de 300. Este hecho se conoce como la paradoja d e Alabama y se dice que el método no es monótono, ya que si se aumenta el número de escaños a repartir, con los mismos datos de población, puede haber estados que disminuyan su número de representantes. 2 . 3 uN H E cH o RELAc ío NAD o GDN LA

c o n s TÍT u c íó N

NoRTEAMERicANA:

EL FEDERALiSTA

Otro hecho relacionado con la constitución americana fue protagonizado por Alexander Hamilton, John Jay (ministro plenipotenciario en España durante la Gue­ rra de la Independencia americana con la misión de conseguir préstamos para las excolonias británicas) y James Madison (cuarto Presidente de los Estados Unidos). Recordemos el apoyo recibido por las 13 excolonias británicas de la costa este de América del Norte, por parte de Holanda, Francia y España durante el trans­ curso de la Guerra de Independencia americana (1775-1783), que permitió la formación de los Estados Unidos. España recibió como contrapartida a la ayuda prestada, en el Tratado de Paz de Versalles de 1783, la devolución de la isla de Menorca, que permanecía en poder de Inglaterra desde el Tratado de Utrecht (1713), tratado que ponía fin a la Guerra de Sucesión española. Las tres personalidades, Hamilton, Madison y Jay, para inducir a los ciudada­ nos del estado de Nueva York a ratificar la Constitución, publicaron una serie de artículos denominados El Federalista entre 1787-1788. Aparecieron 77 artículos en forma de carta en periódicos de Nueva York bajo el pseudónimo de Publius. Junto con 8 ensayos más, en 1788 se publicaron en forma de libro. El Federalis­ ta constituye la principal fuente de información para estudiar la intención que

151

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

movía a los autores de la Constitución, como por ejemplo en decisiones sobre la redistribución del Congreso. En términos generales, se sabía quién había escrito El Federalista, pero la asig­ nación pública de artículos específicos a autores no se produjo hasta 1807, tres años después de la muerte de Hamilton, acaecida en un duelo con el vicepresi­ dente Aaron Burr por disputas políticas entre ellos. Existe acuerdo general sobre la autoría de 70 artículos -5 de Jay, 14 de Madison y 51 de Hamilton-. De los 15 restantes, 12 se disputan entre Hamilton y Madison, más aún cuando posterior­ mente se convirtieron en adversarios políticos y, en alguna ocasión, adoptaron posiciones algo distintas a las manifestadas en sus propios escritos federalistas, Hamilton más proclive a reforzar el gobierno nacional y Madison más partidario de ofrecer más poder a los estados. Para distinguir los escritos de Hamilton y Madison cabe pensar en medir la longitud media de las frases utilizadas por ambos autores, pero se obtuvieron me­ dias respectivas de 34.5 y 34.6, como vemos muy parecidas. Otra forma podría ser la de ver si existe lo que se conocen como palabras registro, es decir, palabras que sólo utilicen un autor y no el otro. Esto ocurre con w hile y whilst. En 14 ensayos federalistas atribuidos a Madison, w h ile no aparece nunca, mientras que w hilst aparece en 8; w h ile aparece en 15 de los 48 ensayos de Hamilton, pero nunca whilst. Pero resulta que existen artículos en disputa donde no aparece ni una ni otra palabra. Una tercera posibilidad que se abre es tomar la frecuencia relativa del uso de cada palabra como medida para distinguir entre un autor y otro, pero tomando alguna palabra de relleno del lenguaje como artículos, preposiciones, que ob­ viamente utilizan los dos autores. Mosteller y Wallace en 1984 estudian las distri­ buciones de frecuencias de razón por 1000 palabras en 48 artículos de Hamilton y 50 de Madison para by, llegando a los siguientes resultados: R a z ó n p o r m il p a l a b r a s

H a m ilto n

1-3

2

3-5

7

M a d is o n

D is p u t a d o s

5-7

12

5

2

7 -9

18

7

1

9-11

4

8

2

11-13

5

16

4

13-15

6

2

15-17

5

1

17-19

3

t o t a l e s

48

50

12

152

GABRIEL RUIZ-GARZÓN Y LUZ M .a ZAPATERO-MAGADALENO

Comparando las distribuciones de la razón por mil palabras y los histogramas de esta palabra y de otras, se ve claramente que los artículos fueron escritos por Madison. HAMILTON

O

4

8

12

16

20

RAZÓN PO R MIL PA LA BRA S

MADISON

O

4

8

12

16

20

16

20

RAZÓN POR MIL PALABRAS

ART. DISPUTADOS

0

4

8

12

RAZÓN POR MIL PALABRAS

153

LA PRiMERA CONSTITÜCiÓN ESPAÑOLA

2 .4 l a f ó r m u la de p r o p o r c ío n a líd a d p ro p u e s ta p o r je f fe r s o n

La segunda fórmula fue inicialmente propuesta por el tercer Presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, en 1792. Jefferson fue también embajador en París entre 1784 y 1789, antes del estallido de la Revolución Francesa. En un afán de simplificar el método, propuso definir una cuota que fuera capaz de asignar todos los escaños mediante un solo criterio: «Debemos tomar, como criterio de distribución, el divisor común que, aplicado a cada uno de los estados, les dé unos números que, sumados, se acerquen lo más posible a 120». Por tanto, la idea era tomar un divisor com ún para todas las asignaciones de escaños que diera el número total de escaños en aquel momento. Existen varios métodos para encontrar esa cuota como el método de ensayo error que propuso Jefferson. Éste propuso elegir un divisor d que fuera aproximadamente el tamaño de un distrito medio y luego dividir la población de cada estado por d. El número de representantes era entonces la parte entera de dicho cociente, eliminando la parte decimal y el número total de representantes sería

Divisores más grandes producen cámaras más pequeñas y al revés. Jefferson tomó como d=33.000 y como su estado Virginia tenía según el censo de 1790 una población de 630.560 habitantes, el cociente le daba 19.1, que eliminando la parte decimal le daban a Virginia 19 escaños. La Cámara de Representantes tenía 105 miembros y para conseguir ese número Jefferson tuvo que elegir con cuidado porque si el divisor hubiera sido 30.000 le hubieran proporcionado 112 escaños y con 36.000 el tamaño de la cámara hubiera sido de sólo 91 escaños. En nuestro ejemplo particular M é t o d o d e Je ffe r s o n E s ta d o s

a

B

c

D

T o ta l

p o b la c ió n

41

29

22

8

100

D iv is o r d= 11

3 .7 2

2 .6 3

2 .0 0

0 .7 2

E s c a ñ o s p o r c o c ie n te s e n te r o s

3

2

2

0

7

E s c a ñ o s t o t a le s

3

2

2

0

7

Luego vemos que con este método no se tiene en cuenta el resto de la cuota. Si se eligiera en primer lugar el tamaño de la cámara, se tendría que ajustar el divisor d hacia arriba o hacia abajo hasta obtener el número correcto de miembros.

154

GABRIEL RUiZ-GARZÓN Y LUZ M .a ZAPATERO-MAGADALENQ

Cuando el número total de escaños de la cámara ya está fijado, para saber cuán­ tos escaños corresponden a cada estado en particular, se procede por tomar como divisor d = p, donde p, es la población del estado más grande. El cociente entre p, y ese divisor es uno, es decir, — = 1, así que el estado recibe el primer represend tante y los cocientes de las poblaciones de los demás estados son menores que 1. Para repartir los demás escaños vamos disminuyendo el divisor. El estado 1 re­ cibirá el segundo escaño c u a n d o = 2, es decir, mientras que los demás estados habrán recibido escaño si en su caso ha sido — > 1. d Continuando con el proceso el estado i recibirá su escaño n+1 cuando para un cierto d,

= n +1. Podemos afirmar entonces que vamos asignando escaños

por medio de Yafu n ció n d e clasificación R. = ———= ———. d(n) n + 1 O el uso de una serie d e divisores d(n), ne {0,1,2,...,e —i} hasta obtener el cociente más alto o promedio mayor. Cien años más tarde, el profesor de Dere­ cho Civil belga Victor D’Hondt reinventó esta cuota en 1878. Veamos con este ejemplo la tabla de cocientes para elegir a 7 escaños M é t o d o d e Je f f e r s o n - D 'H o n d t E s ta d o s

A

B

c

D

T o ta l

p o b la c ió n

41

29

22

8

100

d iv is o r d=1

41

29

22

8

d iv is o r d = 2

20

14

11

4

d iv is o r d= 3

13

9

7

2

d iv is o r d = 4

10

7

5

2

d iv is o r d= 5

8

5

4

1

d iv is o r d = 6

6

4

3

1

d iv is o r d = 7

5

4

3

1

e s c a ñ o s t o t a le s

3

2

2

7

A veces ocurre que con la ley de Jefferson-D’Hondt hay estados que obtienen más escaños que su cota superior, lo cual no parece muy equitativo. Se dice en­ tonces que este método no satisface la condición d e la cuota. Esto ocurrió después del censo de 1830. El método de Jefferson asignó a Nue­ va York 40 escaños aunque su cuota sólo era de 38.593. Este método se utilizó durante los primeros 6 censos y se sustituyó en 1842. En 1850 el método de

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

155

Hamilton se convirtió en ley ante la evidencia de que el método de Jefferson pro­ ducía resultados sesgados a favor de los estados de gran población. Además con el método de Hamilton cada estado comienza con su cuota inferior. Los estados cuyas cuotas tienen las partes decimales más grandes reciben sus cuotas superio­ res, hasta que se hayan asignado suficientes escaños para llenar la Cámara. No hay manera de que un estado reciba menos de su cuota inferior, ni más que su cuota superior, así que el método de Hamilton sí verifica la condición de la cuota, aun­ que hemos visto que posee otros inconvenientes como la paradoja de Alabama. Se han utilizado otros métodos del divisor, que se pueden definir por sus dife­ rentes funciones de clasificación. 2 . 5 o t r a s f ó r m u la s

El m étodo Webster es llamado así en honor al senador americano y Secretario de Estado Daniel Webster. Éste propuso en 1832 redondear la cuota hasta el número entero más próximo. Si la parte decimal de la cuota es 0.5 ó mayor, se redondea la cuota hacia arriba y si la parte fraccionaria es inferior a 0.5, se redon­ dea hacia abajo. Esta fórmula fue reinventada junto con otro método de cálculo basado en los divisores de los números impares, por el matemático francés André Sainte-Lague en 1919. En 1901 se utilizó el método de Webster ante la evidencia de la paradoja de Alabama. El método de Webster es el único método que carece completamente de sesgos hacia los estados pequeños o hacia los grandes. John Quincy Adams, sexto Presidente de los Estados Unidos e hijo a su vez del segundo Presidente John Adams y secretario de Estado con James Monroe, propuso el llamado m étodo Adams, consistente en redondear todas las cuotas ha­ cia arriba lo que favorece a los estados pequeños. En resumen, no hay ninguna fórmula perfecta. La fórmula de Hamilton pre­ senta las paradojas de monotonía respecto a la circunscripción y a la población. Las fórmulas de divisores incumplen la condición de cuota, aunque Webster casi siempre la cumple. 3 . LA pRiMERA coNsTiTucióN EspAÑoLA DE MARzo DE 1812 y e l p r o b l e m a d e l a p r o p o r c ío n a l íd a d

3 . 1 . a n te c e d e n te s h í s t ó r í c o s

A comienzos del siglo XIX en España, debido a la invasión del ejército francés y ante los rumores del secuestro por parte de Napoleón de la familia real espa­ ñola, se produce el levantamiento del pueblo de Madrid (2 de mayo de 1808).

156

GABRIEL RUIZ-GARZÓN Y LUZ M .a ZAPATERO-MAGADALENO

Pese a que la sublevación fue duramente reprimida por el invasor, no se logró aplastar, extendiéndose la lucha a todo el territorio español, es la Guerra de la Independencia (1808-1814). Guerra contra Napoleón y guerra contra el Antiguo Régimen. En este contexto bélico, conviven dos poderes: la monarquía de José I Bonaparte, impuesta por Napoleón y la Junta Central Suprema, creada el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez, que asumió la soberanía y el gobierno de la nación en nombre de Fernando VII. Su función sería coordinar la lucha contra los franceses y convocar Cortes generales. Las Juntas provinciales fueron el instrumento de una revolución burguesa, que se materializa en las Cortes de Cádiz con la proclamación el 19 de marzo, día de San José, de 1812 de la primera constitución española y tercera de la Historia, tras la de Estados Unidos de 1787 ya comentada y la francesa de 1791. Las Cortes inician, mediante la promulgación de una serie de leyes y decretos, la liquidación de los fundamentos políticos, jurídicos, económicos y sociales del Antiguo Régimen. En la sesión de las Cortes generales y extraordinarias celebradas en plena gue­ rra el 8 de diciembre de 1810, se planteó la necesidad de elaborar y promulgar una constitución para la nación. A destacar que de los 291 diputados con que se constituyeron las Cortes generales y extraordinarias el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León, único reducto junto con Cádiz no conquistado por Napoleón, 63 eran americanos. Las Cortes nombraron, el día 23 de diciembre, una comisión para elaborar el proyecto constitucional. Dicha comisión empezó sus reuniones el 2 de marzo de 1811 y estaba formada por diputados liberales como: Muñoz Torrero, Argüelles, Espiga, Oliveros, Pérez de Castro y Leiva; por diputados realistas como: Gutiérrez de la Huerta, Pérez, Valiente, Cañedo, Bárcena, Ros, Jaúregui y Mendiola. Los li­ berales, mayoría en las Cortes impusieron su ideología influida por la Ilustración, la Constitución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esta minoría ilus­ trada y urbana, que no era representativa de la mayoría de los españoles, establece el modelo de liberalismo de España. La ciudad de Cádiz reunía una serie de con­ diciones que influyeron en la obra de las Cortes: ciudad marítima, asediada por las tropas napoleónicas, con talante liberal y progresista, abundante prensa... El 18 de Agosto, la comisión parlamentaria presentaba el proyecto de Cons­ titución a la discusión, aprobación y promulgación de las Cortes. El Discurso preliminar es obra de Argüelles, y el articulado de Diego Muñoz Torrero. El 25 de agosto comenzaba el examen y discusión del proyecto constitucional; y el 19 de marzo de 1812 tenía lugar, a modo de regalo por ser la onomástica del rey José I Bonaparte, la promulgación de la Constitución en Cádiz mediante una proce­ sión cívica que recorrió las principales calles y plazas de la ciudad gaditana. Con

157

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

la Constitución de 1812 se pone fin al Antiguo Régimen, se inicia la historia del Constitucionalismo español y se acelera el proceso de emancipación de las colo­ nias de España en América (Guerra de Independencia Hispanoamericana). 3 . 2 LA c o N s T iT u c ió N DE c Á D iz DE 1812

La Constitución de Cádiz de 1812 consta de 384 artículos, divididos en 10 tí­ tulos, predominando en ella las ideas liberales: se establece la división de poderes, se propone la monarquía constitucional, se consigna el principio de la soberanía nacional (art. 3) y se instauran los derechos y deberes de los ciudadanos. En su parte orgánica, esta Constitución establece un régimen electoral de Di­ putados a Cortes en su título tercero, distribuido en cinco capítulos, relativos a: modo de formarse las Cortes, nombramiento de Diputados a Cortes, Juntas electorales de parroquia, Juntas electorales de partido y Juntas electorales de pro­ vincia. Se establecía un sufragio universal (masculino), que vendría limitado en sus efectos al ser indirecto y en 4 grados. Para ser elegible se requiere ser ciudadano, mayor de 25 años, vecino y residente (en la parroquia, partido y provincia), del Estado y además en las Juntas electorales de provincia, tener «una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios» (art. 92). Esta última condición, aunque se suspenda temporalmente su exigencia y no llegara nunca a aplicarse durante la vigencia de la Constitución de 1812, supone la formulación legal del sufragio censitario en España. De esta manera la burgue­ sía limitaba el derecho de sufragio a las masas populares. El sufragio es, además, igual, personal e indirecto de cuarto grado. • Elecciones de primer grado. Los vecinos de cada municipio eligen —en las Jun­ tas de parroquia- a los compromisarios en proporción a su población (art. 41). • Elecciones de segundo grado. Los compromisarios a su vez eligen al elector o electores de parroquia que se congregarán en la cabeza del partido (art. 41). • Elecciones de tercer grado. En las Juntas de partido se elige al elector o electo­ res de partido para concurrir a la capital (art. 59). • Elecciones de cuarto grado. En las Juntas de provincia se eligen a los diputados a Cortes (art. 78).

3 . 3 . LA Fó RM u LA DE p R o p o R cio N A L iD A D

propuesta

EN «LA

pepa»

Nosotros nos centraremos especialmente en el primer capítulo de este título tercero, referido a las Cortes unicamerales, que dice literalmente:

158

GABRIEL RUIZ-GARZÓN Y LUZ M .a ZAPATERO-MAGADALENO

Capítulo 1°. Del modo de formarse las Cortes. Artículo 30. Para el cómputo de la población de los dominios Europeos servirá el último censo del año de mil setecientos noventa y siete hasta que pueda hacerse otro nuevo; y se formará el co­ rrespondiente para el cómputo de los territorios de ultramar; sirviendo entretanto los censos más auténticos entre los últimamente formados. Artículo 31. Por cada setenta mil almas de la población compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un diputado de Cortes.

Luego se elegirá un diputado por cada 70.000 habitantes (art. 31) y con arre­ glo al censo de población del año 1797 (art. 30). Se eleva, por tanto, de 50.000 a 70.000 la base de representación de un diputado de la Instrucción electoral de 1810. En la Instrucción de 1 de Enero de 1810 se fijaba también que el número concreto de Diputados que elegirá cada provincia será proporcional al número de sus habitantes. A una población total de 10.534.985 habitantes le corresponderá elegir 276 diputados, de los que 208 serán titulares y 68 suplentes. Se establece por primera vez «frente al privilegio histórico, el derecho universal de la represen­ tación proporcional de la población», que permitía a la burguesía desplazar a los estamentos privilegiados (nobleza y clero) del gobierno de la nación. Se efectúa por tanto el tránsito de representación estamental del Antiguo Régimen a la nue­ va proporcional de la burguesía. Hasta ese artículo 31 podría entenderse que los constituyentes no optan ni por el método de Hamilton ni por el de Jefferson sino por el de llamado de cuota fija , es decir, por aquel que fija un número absoluto de habitantes establecido a priori como valor de un escaño. Las cuotas fijas pueden tener ciertas ventajas como in­ centivar la participación electoral y producir una distribución uniforme de escaños entre los estados independientemente de los números, magnitudes y asignaciones de escaños en distritos. Sin embargo, no pueden establecer un número de escaños conocido de antemano en ningún distrito ni en el total de la asamblea. Con los datos de este ejemplo y estableciendo una cuota fija de 15 habitantes por escaño, el total de escaños sería: M é t o d o c u o t a fija (a r t . 3 1 ) p r o v in c ia s

a

B

c

D

T o ta l

p o b la c ió n

41

29

22

8

100

c u o t a fija = 1 5

2 .7 3

1 .9 3

1 .4 6

0 .5 3

E s c a ñ o s p o r c u o ta s

2

1

1

0

4

E s c a ñ o s t o t a le s

2

1

1

0

4

Pero los arts. 32 y 33 modifican o atemperan esa cuota fija: «Artículo 32. Dis­ tribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de más de treinta y cinco mil almas, se elegirá un Diputado más, como si el nú­

159

LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

mero llegase a setenta mil; y si el sobrante no excediese de treinta y cinco mil, no se contará con él». Y, por tanto, modificando la cuota fija en un sentido parecido al propuesto por el artículo 32, al tener el primer estado una parte fraccionaria mayor de 0.5 se le concede un escaño más. M é t o d o (a rt. 3 2 ) p r o v in c ia s

A

B

c

D

T o ta l

p o b la c ió n

41

29

22

8

100

c u o t a fija = 1 5

2 .7 3

1 .9 3

1 .4 6

0 .5 3

E s c a ñ o s p o r c u o ta s

2

1

1

0

5

1

0

6

E s c a ñ o s p o r re sto s

1

1

e s c a ñ o s t o t a le s

3

2

El artículo 33 establecía que «Si hubiese alguna provincia cuia población no llegue a setenta mil almas, pero no baje de sesenta mil, elegirá por sí un Dipu­ tado; y si baxare de este número, se unirá a la inmediata para completar el de setenta mil requerido. Exceptúase de esta regla la Isla de Santo Domingo, que nombrará Diputado, qualquiera que sea su Población». Si ahora modificamos el tamaño de las poblaciones y la cuota fija en un sentido parecido al propuesto por el artículo 33, si el estado D no tiene escaño pero tiene un resto suficientemente alto, también se le concede un escaño. m é t o d o (a rt. 3 3 ) p r o v in c ia s

a

B

c

D

to ta l

p o b la c ió n

41

29

16

14

100

c u o t a fija = 1 5

2 .7 3

1 .9 3

1 .0 6

0 .9 3

e s c a ñ o s p o r c u o ta s

2

1

1

0

e s c a ñ o s p o r re sto s

1

1

3

2

e s c a ñ o s p o r re sto s- 2 e s c a ñ o s t o t a le s

4.

5

1 1

1

7

c o n c l u s ío n e s

Hemos visto diversos métodos para la búsqueda de la proporcionalidad de la representación de los habitantes en sus cámaras legislativas: Hamilton, Jefferson -D’Hondt, Webster, etc. para la constitución norteamericana y para la consti­ tución española de 19 de marzo de 1812. Ninguno de estos métodos está libre de paradojas e injusticias por lo que la aplicación de uno u otro depende de la voluntad política de nuestros representantes. Por otra parte, el final de la primera constitución española es de sobra cono­ cido. Al regresar el rey Fernando VII a España (1814-1833), reafirma su poder

160

GABRIEL RUiZ-GARZÓN Y LUZ M .a ZAPATERO-MAGADALENO

absoluto frente a la soberanía nacional. Por Real Decreto de Valencia de 4 de mayo de 1814 queda derogada la Constitución de 1812 y demás disposiciones legales promulgadas por las Cortes desde 1810. Actualmente, la constitución de 1978 ha establecido que el poder legislativo recaiga en las Cortes Generales formadas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados o cámara baja, y el Senado o cámara alta. El Congreso contará con un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, debiendo la ley electoral concretar dicho número. La Ley Orgánica del Régimen Electoral de 19 de junio de 1985 establece ese número en 350. Para garantizar que todas las provincias tengan diputados, la ley electoral asigna 2 escaños a cada una de ellas y uno más para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Puesto que hay 50 provincias, se tienen asignados 102 escaños. Los 248 escaños restantes se distribuyen proporcionalmente entre todas las provincias, según el número de votantes censados por la regla Hamilton. Aunque el método de Jefferson-D’Hondt se utiliza para repartir los escaños entre las diversas fuerzas políticas según los resultados electorales obtenidos en cada circunscripción. En el reparto entran únicamente los partidos que han so­ brepasado el umbral del 3% de votos válidos emitidos en la circunscripción. Para el Senado cada provincia elegirá a 4 senadores, salvo en las provincias insulares, Ceuta y Melilla. Las Comunidades Autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 5 . BIBLIOGRAFÍA B a lin s k i,

M. L. y Y o u n g , H. P, «The W ebster M ethod o f Apportionm ent», en

Pro-

ceedings o f the National Academy o f Sciences , n° 7 7 (19 8 0 ), pp. 1-4. J. M ., Cómo votamos. Los sistemas electorales d el mundo: pasado, presente y fu tu ro . Barcelona, Editorial Gedisa, 20 04 . a l k e v i t c h , J. y O t r o s , Las M atemáticas en la vida cotidiana . M adrid, Editorial

C o lo m e r,

M

Addison-Wesley/Universidad Autónom a de M adrid, 19 9 9 . M o s te lle r ,

E y W A l l a c e , D. L., AppliedBayesian

and ClassicalInference: The Case o f

the «The Federalist Papers». Nueva York, Editorial Springer-Verlag, 19 8 4 . J. M . y O t r o s , La Estadística: Una guía de lo desconocido. Madrid, Alianza

T a n u r,

Editorial, 19 8 9 . U rd Á n o z ,

J.,

Fórmulas electorales y representación proporcional . Pamplona, Editorial

Universidad Pública de Navarra, 2 0 0 6 . V a rio s a u to r e s ,

Constituciones españolas. M adrid, Congreso de los Diputados/Bole­

tín Oficial del Estado, 2 0 0 1.

TERCERA PARTE Comercio, revoluciones e independencias

Independencias americanas y comercio de Cádiz. Una reconsideración (fin del siglo xviiiprimera mitad del siglo xix) Arnaud Bartolomei Université de Nice Sophia-Antipolis

La cuestión del impacto de las independencias americanas en la economía española del siglo XIX ha dado lugar a debates historiográficos muy intensos a lo largo de las últimas décadas. Frente a autores que sostenían que esta pérdida había supuesto un «colapso» mayor para el país y que había sido responsable del «fracaso» de la revolución industrial en España, otros han defendido una visión más matizada de las cosas, apuntando que si la pérdida del Imperio había sido catastrófica para algunos actores de la economía peninsular —como la Hacienda, la burguesía mercantil de Cádiz o los productores catalanes de indianas—, no había afectado la economía española en su totalidad, de ahí que, entonces, no pudiera ser analizada como el principal factor del relativo atraso del país1. Este debate existió también, y sigue existiendo, en otros países europeos en los cuales el papel asumido por los mercados coloniales en el proceso de industrialización todavía es discutido en la actualidad2. En España, en cambio, el debate parece

1

U n a s í n t e s is s o b r e la h i s t o r i o g r a f í a d e la c u e s t i ó n e n P e d r o T

b e r a l y c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o e n la

Homenaje a Miguel Artola,

v o l. 1,

E s p a ñ a d e l s ig lo X IX » , e n

Visiones generales.

edde de L orca,

« R e v o l u c i ó n li­

Antiguo Régimen y Liberalismo.

M a d r i d , A l ia n z a E d i t o r i a l , 1 9 9 4 , p p . 3 1 - 4 9 . El

a u t o r d e s t a c a p r i n c i p a l m e n t e a l h i s t o r i a d o r J o s e p F o n t a n a d e n t r o d e lo s q u e h a n d e f e n d i d o u n a l e c t u r a c a t a s t r ó f i c a d e la p é r d i d a d e l i m p e r i o

(La quiebra de la m onarquía absoluta, 1814-1820,

B a r c e l o n a , A r i e l , 1 9 7 1 ) y a L e a n d r o P r a d o s d e E s c o s u r a , d e n t r o d e lo s q u e h a n r e l a t i v i z a d o el im p a c t o d e e s ta p é r d id a

1930), M a d r i d , 2

(De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780­

A l ia n z a , 1 9 8 8 ).

L a i m p o r t a n c i a d e lo s im p e r i o s c o l o n ia l e s e n e l p r o c e s o d e c r e c i m i e n t o e u r o p e o e s t á , d e m a ­

mmer, O l i v i e r P étré- G renouilleau e t J e s s ic a oitman (d ir.), A Deus ex Machina Revisited. Atlantic Colonial Trade and European Economic Develo-

n e r a g lo b a l , n e g a d a e n la h is t o r io g r a f ía a c t u a l ( P e t e r C . E V. R

pment.

L e i d e n - B o s t o n , B r ill, 2 0 0 6 ). S in e m b a r g o , a l g u n o s a u t o r e s s i g u e n d e f e n d i e n d o o t r a p o s i­

c i ó n , a f i r m a n d o q u e e l p a p e l d e lo s im p e r i o s n o f u e n u lo e n e s t e p r o c e s o y q u e p u d o c u m p lir , p o r

erley, Léchelle du monde. Essai sur temad, De l'utilité des empires. Coloni-

e j e m p l o , u n p a p e l d e c i s i v o e n c i e r t o s c o n t e x t o s p r e c is o s ( P a t r i c k V

l'industrialisation de l'Occident.

P a r is , G a l l i m a r d , 1 9 9 7 , B o u d a E

164

ARNAUD BARTOLOMEI

haber perdido su antigua intensidad estos últimos años, probablemente porque la tesis del «atraso» del país ha sido largamente revisada por distintos trabajos que insisten en los éxitos de la economía española contemporánea y que han con­ ducido al historiador americano David Ringrose a reconsiderar los paradigmas tradicionales sobre el tema, como lo indica su libro, significativamente titulado «Spanish M iracle» o, en su versión española, El m ito d el ^fracaso3. De hecho, si ya el atraso español no existe ¡puede parecer inútil buscar sus causas! El resultado de esta inversión paradigmática es que los estudios macro-económicos dedicados al comercio exterior español han sido más escasos estos últimos años4. Sin embargo, nuestro conocimiento del comercio exterior español en los si­ glos XVIII y XIX sigue siendo insuficiente, sobre todo cuando intentamos pri­ vilegiar un punto de vista provincial o local, en vez de nacional. El ejemplo de Cádiz es, desde este punto de vista, muy significativo: la profunda depresión que afectó la ciudad después de la desaparición del comercio colonial constituye una evidencia historiográfica poco discutida, mientras que todavía faltan las pruebas documentales estadísticas que permitan ilustrar esta depresión y un mejor cono­ cimiento de su proceso. De hecho, si tenemos ahora unos datos fiables y, a priori, definitivos, sobre los volúmenes del comercio colonial de Cádiz en el siglo XVIII, no los tenemos para el siglo siguiente y, cualquiera que sea el período conside­ rado, nunca disponemos de estudios globales del tráfico marítimo de Cádiz —y no solo de su comercio colonial, que constituye el único ramo habitualmente conocido—, aunque sólo este tipo de estudios nos permitiría hacer un balance de lo que representaba realmente el comercio colonial para la ciudad5. No obstante,

sation etprospérité de l'Europe. P a r is , A r m a n d C o lin , 2 0 0 5 ). 3 D a v i d R. R ingrose, Spain, Europe and the «Spanish miracle» 1700-1900.

C a m b r id g e , C a m b r id g e

U n iv e r s it y P re ss , 1996. 4

S e p u e d e c o n s t a t a r , s in d i f i c u l t a d n i n g u n a , q u e h i s t o r i a d o r e s c o m o A n t o n i o G a r c ía - B a q u e r o

G o n z á l e z o J o h n F is h e r , q u e d e d i c a r o n , h a s t a lo s a ñ o s 1 9 9 0 , la m a y o r í a d e s u s t r a b a j o s a la c u a n t i f i c a c i ó n d e lo s i n t e r c a m b i o s c o l o n ia l e s , t i e n e n p o c o s h e r e d e r o s e n la h i s t o r i o g r a f í a a c t u a l . El ú n ic o q u e m a n t ie n e c la r a m e n t e e s ta o r ie n t a c ió n e n su s in v e s t ig a c io n e s e s e l h is t o r ia d o r J a v i e r C u e n c a - E s t e b a n , q u e p u b l i c a p r i n c i p a l m e n t e e n r e v i s t a s a n g l ó f o n a s ( « S t a t is t ic s o f S p a i n ' C o l o ­ n ia l T r a d e , 1 7 4 7 - 1 8 2 0 : N e w E s t i m a t e s a n d C o m p a r i s o n s w i t h G r e a t B r i t a i n » , e n Journal o f Iberian an dL atin American EconomicHistory, n ° 3 ( 2 0 0 8 ) , p p . 3 2 3 - 3 5 4 ). 5 D e h e c h o , e l l ib r o Cádiz en el sistema atlántico d e M a n u e l B u s t o s R o d r í g u e z (Cádiz en el siste­ m a atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad m ercantil (1650-1830). C á d iz , S íle x , 2 0 0 5 ), e l ú n ic o t r a b a j o m o n o g r á f i c o d e d i c a d o a l c o m e r c i o d e C á d i z - y n o s o l a m e n t e a s u c o m e r c i o c o l o n i a l - , p r i v i l e g i a e l e s t u d i o d e lo s a c t o r e s y d e la s i n s t i t u c i o n e s d e la p la z a s o b r e e l a n á l is i s c u a n t it a t iv o d e l tr á f ic o d e l p u e r t o . P a ra el s ig lo X IX e x is te n , e n c a m b io , tr a b a jo s im p o r t a n t e s : e l a r t í c u l o m u y b i e n d o c u m e n t a d o d e C l a u d i o S á n c h e z A l b o r n o z , q u e p r o p o n e d a t o s s o b r e el c o m e r c i o c o l o n i a l d e C á d i z y s o b r e s u s i n t e r c a m b i o s c o n e l r e s t o d e l m u n d o p e r o q u e d e ja d e la d o , e n c a m b i o , e l c a b o t a j e c o n lo s o t r o s p u e r t o s d e E s p a ñ a ( « C á d iz , c a p i t a l r e v o l u c i o n a r i a e n la

165

INDEPENDENCIAS AMERICANAS Y COMERCIO DE CÁDIZ

las fuentes que permiten tal valoración existen: se puede pensar antes que nada en los diarios mercantiles locales —el Vigía d e Cádiz o el D iario M ercantil d e Cádiz—, muy bien conservados en los fondos gaditanos pero que, hasta ahora, solo han dado lugar a unas explotaciones muy parciales y muy recientes (como las que hicieron Feliciano Gámez Duarte y Mario Trujillo Bolio en sus tesis o las que propusimos en la nuestra6). De hecho la inmensidad del trabajo que requiere una explotación cuantitativa de estas fuentes supera con mucho la capacidad de un investigador aislado7. Sin embargo, existen también otras fuentes más accesibles, como la corres­ pondencia del cónsul de Francia que ya utilizó Claudio Sánchez Albornoz en su famoso artículo dedicado al comercio de Cádiz en los años cincuenta y sesen­ ta del siglo XIX8. Esta correspondencia contiene numerosas estadísticas de gran valor, que informan de manera muy precisa, aunque desigualmente según las épocas, sobre el comercio marítimo de Cádiz. Siguiendo su ejemplo, hemos con­ sultado los registros de la primera mitad del siglo XIX para obtener datos sobre la coyuntura comercial contemporánea de los últimos años de la Carrera de Indias y de las décadas que siguieron su colapso9. Los resultados que obtuvimos son muy

e n c r u c i j a d a e c o n ó m i c a » , e n C la r a E u g e n i a L id a (d ir .),

to, literatura.

La revolución de 1868: historia, pensamien­

N e w Y o r k , L a s A m é r i c a s P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 7 0 , p p . 8 0 - 1 0 6 .); e l li b r o d e J u a n

T o r r e jó n C h a v e s , d e d ic a d o a l p e r ío d o 1 8 2 9 - 1 8 3 2 d e l p u e r t o f r a n c o

(1829-1832).

(El puerto franco de Cádiz

C á d iz , U n i v e r s i d a d d e C á d iz , 2 0 0 2 ); y , p o r fin , e l a r t í c u l o d e E m i l i a n o F e r n á n d e z d e

P i n e d o q u e p r o p o n e u n a s í n t e s is m u y ú til d e lo s d a t o s r e c o l e c t a d o s e n la s e s t a d í s t i c a s n a c i o n a ­ le s p u b l i c a d a s e n e l s i g l o X I X p o r M o r e a u d e J o n n e s , C a n g a A r g ü e l l e s y M a d o z (« L a r e c u p e r a c i ó n d e l c o m e r c io e s p a ñ o l c o n A m é r ic a a m e d ia d o s d e l s ig lo X IX » , e n

Homenaje a Miguel Artola.

Antiguo Régimen y Liberalismo.

M a d r i d , A l ia n z a E d i t o r i a l , 1 9 9 4 , p. 5 1 - 6 6 ).

6 F e l i c i a n o G ám ez D u a r t e , El desafío insurgente. Un análisis del corso hispanoamericano desde una perspectiva peninsular (1812-1828), t e s is d e d o c t o r a d o , U n i v e r s i d a d d e C á d iz , 2 0 0 4 ; M a r i o Trujil l o B o lio , El péndulo m arítim o-m ercantil en el Atlántico novohispano (1798-1825). Comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e im portación. M é x i c o , C I E S A S - U n i v e r s i d a d d e C á d iz , 2 0 0 9 ; A r n a u d B a r to lo m e i, La Bourse et la vie. Destin co lle ctife t trajectoires individuelles des marchands frangais de Cadix, de l'instauration du c o m e r c i o lib r e a la disparition de l'empire espagnol (1778­ 1824), t e s is d e d o c t o r a d o , U n i v e r s i t é d e P r o v e n c e , 2 0 0 7 . 7

G r a c ia s a l a p o y o d e l p r o g r a m a d e i n v e s t i g a c i o n e s N A V I G O C O R P U S q u e c o o r d i n a S i l v i a M a r -

z a g a l l i ( U n i v e r s i t é d e N i c e - S o p h ia A n t i p o l i s ) , h e m o s p o d i d o o b t e n e r la f i n a n c i a c i ó n p a r a e x p l o ­ t a r la t o t a l i d a d d e lo s e j e m p l a r e s d e u n a ñ o d e l

Vigía - e l

a ñ o 1 7 8 9 . L o s r e s u lt a d o s , q u e c o m e n t a ­

r e m o s m á s a d e la n t e , h a n c o n f ir m a d o t a n t o el in t e r é s d e ta l t r a b a jo c o m o su d ific u lt a d (A r n a u d B a r to lo m e i, « C a d i x e t la M é d i t e r r a n é e a la fin d u X V I I I e s i é c l e » , e n

Revue d'Histoire M aritime,

n °1 4

(2 0 1 1 ) , p p . 1 7 3 - 2 0 9 )

op.cit.

8

C l a u d i o S á n c h e z A lb o r n o s ,

9

H e m o s c o n s u l t a d o la c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e e l c ó n s u l d e F r a n c i a e n C á d i z y e l m in i s t r o d e

A s u n t o s e x t e r i o r e s d e lo s a ñ o s 1 8 1 1 - 1 8 2 7 , 1 8 3 0 - 1 8 3 8 y 1 8 4 4 - 1 8 4 9 ( A r c h i v e s d u M i n i s t é r e s d e s A f f a ir e s é t r a n g é r e s , c o r r e s p o n d a n c e c o n s u l a i r e e t c o m m e r c i a l e , C a d i x - e n a d e l a n t e A M A E , C C C , C a d i x - r e g i s t r e s 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 y 1 0 7 ).

166

ARNAUD BARTOLOMEI

parciales —faltan muchos años y la crítica posible de las fuentes es claramente insuficiente—, pero ya permiten sacar algunas conclusiones inéditas que nos con­ ducen a proponer una primera reconsideración global de la crisis que provocó en Cádiz la pérdida del imperio. Tres puntos pueden ser principalmente destacados de este panorama global: la crisis empezó más tarde de lo que se creía anterior­ mente, se acabó más temprano, pero fue real y muy brutal para los negociantes que actuaban en la plaza en las tres primeras décadas del siglo. 1 . l a c rís ís d e l co m e rcío c o lo n ía l de cád íz: ele m e n to s n u e vo s y re c o n s íd e ra c íó n g e n e r a l

La crisis del comercio colonial de Cádiz ha sido estudiada por Antonio García-Baquero González en su primer libro, C om ercio colon ial y guerras revolucio­ narias que, publicado en 1972, sigue siendo una referencia imprescindible sobre el tema10. En este libro, García-Baquero nos proporciona unos riquísimos datos estadísticos que permiten reconstituir la evolución del tráfico colonial del puerto entre 1797 y 1821. Demuestra, entre otras cosas, que el año pertinente para fechar el principio de la decadencia comercial de Cádiz es 1797, marcado por el establecimiento del bloqueo británico y la autorización del comercio de los países neutrales, y no 1778 y el de las famosas reformas del comercio libre. De hecho se demostró bastante después de la aparición del libro que las reformas del comercio libre no habían perjudicado al comercio de Cádiz sino que, al contrario, habían inaugurado un período de prosperidad totalmente inédito en la historia del puer­ to —aunque ya no son aceptados por los historiadores las cifras adelantadas en un primer tiempo que hacían hincapié en un crecimiento ¡de 1000 %!n. También, García-Baquero mostró que la crisis de los años 1780 no fue una realidad sino un tópico literario que nació, primero, del traumatismo provocado por el crack comercial de 1786 —real, pero de muy corta duración—y, también, de las dificul­ tades que experimentaron los negociantes de Cádiz para adaptarse a un contexto comercial que se volvió más competitivo durante este período12. En cambio, la elección de la fecha de 1797 es legitimada por unos datos cuantitativos muy sólidos, que demuestran que, después de esta fecha, y con la

1 0 A n t o n i o G a r c í a - B a q u e r o G o n z á l e z , Comercio colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana. S e v i l l a , E s c u e la d e E s t u d i o s h i s p a n o ­ a m e r ic a n o s , 1972. 11

P a r a u n a s í n t e s is s o b r e e s t e t e m a , C f. A n t o n i o G a r c í a - B a q u e r o G o n z á l e z , « L o s r e s u lt a d o s d e l

lib r e c o m e r c i o y 'e l p u n t o d e v i s t a ': u n a r e v i s i ó n d e s d e la e s t a d í s t i c a » , e n

Manuscrits,

n ° 1 5 (1 9 9 7 ),

p p . 303-322. 12

A n t o n i o G a r c ía -Ba q u e r o G o n z á le z ,

Cádiz m ercantil de fines del siglo XVIII.

El libre comercio a examen gaditano. Crítica y opinión en el C á d iz , U n i v e r s i d a d d e C á d iz , 1 9 9 8 .

INDEPENDENCIAS AMERICANAS Y COMERCIO DE CÁDIZ

167

excepción de algunos «boom» comerciales muy puntuales, el comercio colonial de Cádiz acumuló resultados catastróficos. Constataba también, pero con una documentación que era más fragmentaria para este ultimo período, que, después de 1815, el comercio de Cádiz no fue capaz de reanudar los vínculos comerciales sobre los que se basaba su antigua prosperidad, constatación que le condujo final­ mente a formular su famosa interpretación general del proceso de decadencia de Cádiz, que podemos resumir de la manera siguiente: la autorización del comercio de los Neutrales, causada por el bloqueo británico, fue el factor determinante de esta decadencia pues reveló la naturaleza estrictamente «comisionista» del papel que asumía Cádiz en la Carrera de Indias, así que, cuando se restableció la paz marítima en 1815, no se restablecieron los flujos tradicionales que vinculaban Andalucía y América, pues los comerciantes criollos ya no quisieron volver al marco apremiante del exclusivo colonial español. Sin llevarnos a rechazar estas conclusiones de García-Baquero, los datos conte­ nidos en la correspondencia del cónsul francés de Cádiz nos llevan a reconsiderar tanto la coyuntura comercial de los últimos años de la Carrera de Indias tal como la describe el historiador andaluz, como la interpretación general que nos propone. De hecho, si todos los trabajos publicados con posteridad —por Michel Morineau o John Fischer—, confirman en su globalidad los datos adelantados por García-Baquero para los últimos años del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX13, en cambio, los datos compilados por el cónsul durante los años 1817-1825 son significativamente diferentes de los proporcionados por GarcíaBaquero —que confiesa de hecho que sus fuentes eran más dudosas para este ul­ timo período. Entonces, si nos fijamos en las exportaciones, las cifras del cónsul francés con­ firman y completan los datos de García-Baquero pero no los modifican funda­ mentalmente. Estas cifras modifican poco nuestra visión general; solo podemos apuntar que con unos resultados que rondan los 100 millones de reales de vellón, los datos de 1820 y 1821 (y quizás 1822), no son tan catastróficos como se creía hasta hoy: son claramente inferiores a los resultados de los años 1780 (menos de la mitad) pero aquellos años fueron los mejores de la Carrera de Indias, y son en cambio muy superiores a los resultados correspondientes al período del bloqueo británi­ co. La segunda conclusión es que el comercio colonial conoció una caída brutal a

13

N o c o n c u e r d a n n u n c a e x a c t a m e n t e la s c if r a s d e e s t o s d o s h i s t o r i a d o r e s c o n la s d e G a r c ía -

El comer­ cio entre España y Hispanoamérica (1797-1820). M a d r i d , B a n c o d e E s p a ñ a , 1 9 9 2 ; M i c h e l M o r in e a u , Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d'apres les gazettes hollandaises (XVIe-XVIIIe). C a m b r i d g e , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 ). B a q u e r o , p e r o c o n f i r m a n la t e n d e n c i a d e s c r i t a m u c h o m á s q u e la i n v a l i d a n ( J o h n Fisher,

168

a rn a u d barto lo m eí

partir de 1823 pero no fue totalmente aniquilado por la pérdida del Imperio pues se estabilizó después de esta fecha a un nivel cercano de los 40 millones. T a b la 1: E x p o r t a c i o n e s c o l o n i a l e s ( e n m i l l o n e s d e r e a le s d e v e l l ó n )

Año

D a t o s d e l c ó n s u l d e F r a n c ia

D a t o s d e G a r c ía - B a q u e r o

1817

-

55

1818

-

77

1819

-

68

1820

108

128

1 8 2 1 (3 t r i m e s t r e s )

73

53

1 8 2 2 (3 t r i m e s t r e s )

53

-

1823

13

-

1824

48

-

1825

41

-

(2 t r im e s t r e s )

F u e n t e : A M A E , C C C , C a d ix , r e g i s t r e s 9 9 - 1 0 3 y A n t o n i o G a r c í a - B a q u e r o G o n z á l e z ,

y guerras revolucionarias,

Comercio colonial

p p . 2 2 9 y s ig u ie n te s .

Si nos fijamos ahora en los datos relativos a las importaciones, vemos en cambio que modifican de manera mucho más radical nuestra percepción de la coyuntura del comercio colonial de Cádiz. Para los metales, el cónsul nos proporciona cifras que son mucho más altas que las de García-Baquero y que nos llevan a fechar, sin ninguna duda posible, el colapso de la Carrera de Indias en el año 1823: t a b l a 2: i m p o r t a c i o n e s d e m e t a l e s p r e c i o s o s ( e n m i l l o n e s d e r e a le s d e v e l l ó n )

Año

D a t o s d e l c ó n s u l d e F r a n c ia

D a to s d e G a r c ía - B a q u e r o

1817

160

83

1818

50

40

1819

-

7

1820

120

-

1 8 2 1 (3 t r i m e s t r e s )

68

-

1 8 2 2 (3 t r i m e s t r e s )

125

-

3

-

1824

0

-

1825

0

-

1823

(2 t r i m e s t r e s )

F u e n t e : A M A E , C C C , C a d ix , r e g i s t r e s 9 9 - 1 0 3 y A n t o n i o G a r c í a - B a q u e r o G o n z á l e z ,

y guerras revolucionarias,

p p . 2 2 9 y s ig u ie n te s .

Comercio colonial

169

INDEPENDENCIAS AMERICANAS Y COMERCÍO DE CÁDiZ

Del mismo modo, para las importaciones de productos coloniales (grana, añil, azúcar, cacao y cueros) —para las que la comparación con los datos de GarcíaBaquero ya no es posible, pues este último proporciona cifras en volúmenes y no en valores—la tendencia es similar. Tabla 3: Importaciones de productos coloniales (en millones de reales de vellón) Año 1817

200

1818

70

1819

-

1820

144

1821 (3 trimestres)

88

1822 (3 trimestres)

74

1823 (2 trimestres)

23

1824

40

1825

54

Fuente: AMAE, CCC, Cadix, registres 99-103.

Estos últimos datos nos permiten constatar que los años 1817-1822, si no fueron nada de excepcional, fueron buenos años para el comercio de Cádiz, con resultados que oscilaron entre 100 y 200 millones, lo que nos sitúa, otra vez, justo debajo de la mitad de los resultados, esta vez sí excepcionales, de los años 1784­ 178614. Y vemos como para los metales y las exportaciones la caída interviene de manera muy brutal en 1823 y que los resultados se estancan después a un nivel muy bajo. Si confrontamos ahora estos tres datos (exportaciones, importaciones de me­ tales, importaciones de productos coloniales) y si los calculamos sobre una base anual, obtenemos los resultados siguientes:

14 Hemos utilizado como punto de comparación para estos tres años los datos encontrados en tres ejemplares del Vigía, conservados en los archivos nacionales de Paris (Archives Nationales de Paris, série AE BIII, registre 353).

170

ARNAUD BARTOLOMEI

Tabla 4: Resultado global del comercio colonial de cádiz en valor anual (en millones de reales de vellón)* Año 1817

415

1818

197

1819

-

1820

372

1821

307

1822

336

1823

78

1824

88

1825

95

Fuente: AMAE, CCC, Cadix, registres 99-103. * Para los años para los que faltaban trimestres, hemos calculado la media trimestral a partir de los datos disponibles y la hemos multiplicado por cuatro.

Llegamos entonces a unas conclusiones que cambian significativamente nues­ tra visión de la coyuntura del comercio colonial de Cádiz, pues aparece que los años 1817-1822, con unos resultados medios que varían alrededor de 300 millo­ nes son, si no buenos, por lo menos correctos o regulares, y que el año del colapso es, sin duda posible, el año 1823, durante el que desaparecen las remesas de meta­ les y caen drásticamente las exportaciones y las importaciones de productos. Por fin, podemos utilizar, para comprobar esta visión de la coyuntura del comercio colonial de Cádiz, dos series disponibles sobre el movimiento del puer­ to, extraídas de los datos publicados en el Vigía. La primera, que constituimos nosotros mismos, indica que el número de entradas de navíos coloniales en el puerto era cercano a 100 hasta 1822 —lo que significa más o menos un 40% del nivel de los años 1780—y cayó a 35 en 1823. La segunda, que se refiere solo a la navegación con Nueva España, la publicó Mario Trujillo Bolio en su libro y, ló­ gicamente, constata exactamente la misma tendencia, pues el movimiento global —entradas y salidas—quedó reducido a una tercera parte en 1823 y casi a cero los dos años siguientes15. Estos datos diversos nos parecen entonces atestiguar la existencia de un ultimo período de «normalidad» para el comercio colonial de Cádiz, correspondiendo a los años 1817 (1815?)-1822, que nos conduce entonces a reconsiderar la interpre­

15 Mario Tr u j i ll o Bo lio , op.cit., pp. 68-72 y 87-88.

ín d e p e n d e n c ía s a m e r íc a n a s y c o m e r c ío d e c á d íz

171

tación tradicional de la crisis del comercio de Cádiz sobre dos puntos esenciales: primero, aparece que el año más pertinente para fechar el colapso del comercio colonial de Cádiz tiene que ser 1823 —o 1822, si consideramos que muchos de los intercambios de este ultimo año, no fueron otra cosa que repatriaciones de fondos— y no 1797, que solo inaugura un ciclo belicoso, bastante parecido a otros similares que tuvieron lugar durante el siglo XVIII; por otra parte, tenemos que admitir que el factor que provocó la decadencia del comercio colonial de Cádiz, no fue tanto el bloqueo británico y la naturaleza estrictamente comisionista del puerto que reveló, si no la proclamación de las independencias de las colonias americanas, y más pre­ cisamente, la de Nueva España que ocurrió al final del año 1821. Resulta de estas constataciones que el problema histórico que debemos resolver ya no es por qué desapareció el comercio colonial de Cádiz sino por qué, y cómo, se mantuvo hasta la fecha bastante tardía de 1822, de un lado, y por qué se hundió tan súbitamente después de las declaraciones independentistas, por el otro. En consecuencia, conviene mejor hablar, al tratar el período 1797-1822, de la resistencia del comercio colonial gaditano que de su crisis o de su colapso. Por supuesto, puede parecer difícil sostener tal postulado cuando se trata de un pe­ ríodo que vio alternar sistemáticamente resultados malos, otros excelentes y otros correctos. Pero si vinculamos en un mismo movimiento la lectura de la coyuntura del comercio colonial y los acontecimientos políticos, vemos que, hasta 1822, cada vez que la paz marítima permitió al comercio colonial de Cádiz funcionar, funcionó de manera, si no normal, por lo menos regular. Así, se interrumpió lógicamente durante el primer bloqueo británico (1799-1801), pero volvió a sus niveles anteriores durante la Paz de Amiens; se hundió de nuevo después de Trafalgar pero hubo de nuevo un pico en 1810 con el cambio de alianza; desapareció después en el contexto muy difícil de la invasión napoleónica, pero conoció una última fase positiva después de 1815 que duró hasta 1822, si exceptuamos una bajada puntual en 1818 y 1819 que se puede explicar, como se supone, por el impacto del corso insurgente. Esta visión global está probada por varios testimonios cualitativos que ates­ tiguan que, al principio de los años 1820, seguían saliendo de San Maló o de Hamburgo, con destino a Cádiz, decenas de navíos cargados de telas para la Nueva España, aunque, en esta fecha, pocas cosas hubieran podido impedir a los negociantes alemanes o bretones comerciar directamente con América16. Pero

16 Al principio de los años 1820, entre veinte y cuarenta navíos salían todavía de Hamburgo con telas de Silesia destinadas a los mercados americanos (Horst Pietschm an , «La marginación de Andalucía en el comercio transatlántico de las ciudades hanseáticas en el primer tercio del siglo XIX. Un aporte historiográfico», en Bibiano To r r e s Ramírez y José Hern án d ez Pa lo m o , Andalucía y

172

ARNAUD BARTOLOMEI

¿por qué entonces estos comerciantes seguían utilizando la intermediación de Cádiz, si, como se ha siempre creído, era costosa e inútil, y si ya no existía el mo­ nopolio colonial legal para obligarles? Faltan muchos datos para dar una repuesta definitiva a esta pregunta, pero ya podemos expresar lo que constituye nuestra convicción del momento: si, a pesar de las dificultades excepcionales que conoció Cádiz, la plaza siguió siendo uno de los puertos centrales en el sistema atlántico europeo hasta el principio de los años 1820, es porque, en esta época, Cádiz se­ guía siendo una de las vías más ventajosas para mandar a América los productos europeos, y a Europa los productos americanos. Dos factores pueden explicar esta propuesta. La primera explicación podría ser que el monopolio colonial español siguió vigente y eficaz hasta el final de la historia de la Carrera de Indias, o, por lo menos, fue hasta los años 1820 bastante disuasivo para que muchos negocian­ tes europeos siguiesen prefiriendo utilizar Cádiz para comerciar con América en vez de practicar un comercio directo de contrabando. Es una posibilidad poco probable pero que no debemos excluir a priori, hasta que investigaciones más profundas prueben lo contrario. La segunda explicación, que nos parece más plausible, es la de considerar que Cádiz poseía, además de su marco institucional privilegiado, otras ventajas que facilitaban el comercio con América y lo hacían más rentable o interesante que desde los otros puertos europeos. Dentro de estas ventajas, destacan dos: la experiencia en los mercados americanos que tenían sus negociantes y, sobre todo, la solidez de las redes mercantiles que eran, en esta época, la mejor garantía del comercio a distancia. De hecho, las redes que unían Cádiz a las plazas negociantes de Europa por la intermediación de las colonias extranjeras de la ciudad son muy conocidas, y, aunque lo sean menos, las que vinculaban Cádiz a los puertos americanos son también una realidad cierta. Así, hasta muy tarde, el mejor medio —si no el más barato, sí el más seguro—que tenía un productor europeo de tela o de seda para vender sus productos en América, era utilizar estas antiguas redes que transitaban por Cádiz. Nos ofrece una buena ilustración de esta realidad la mención que hace el cónsul francés del fracaso que registraron unos negociantes de Francia cuando intentaron mandar directamente a América sus productos en 181617. Así la fuerza de la ciudad residía, más que en sus privilegios, en su capital humano: eran sus negociantes, tanto españoles como extranjeros, los que con­ tribuían, cada uno con sus redes específicas, a la función de intermediación que

Sevilla, Escuela de estudios hispano-americanos, 1986, p. 265). También, navios cargados de «bretañas» siguen saliendo de Morlaix, San Maló o Nantes hasta 1824 (AMAE, CCC, Cadix, reg. 99 a 103). 17 AMAE, CCC, Cadix, reg. 99, carta de 5 de noviembre de 1816.

América en el siglo XIX. Actas de las V Jornadas de Andalucía y América.

INDEPENDENCIAS AMERICANAS Y COMERCIO DE CÁDIZ

173

cumplía Cádiz entre los mercados europeos y americanos. De este modo, mien­ tras se quedaron en Cádiz, la ciudad se mantuvo integrada en los circuitos in­ ternacionales del sistema atlántico, y fue finalmente su salida de la plaza la que provocó su caída al principio de los años 1820. De hecho, es al principio de los años 1820 que estos comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, dejaron masivamente Cádiz y no en 1797 —con el bloqueo—o en 1805 —después de Trafalgar—como se ha afirmado anteriormente. La correspondencia del cónsul francés atestigua este movimiento de salida de los negociantes que tuvo lugar en este momento. Por primera vez, constata en 1821 que «plusieurs de ces négociants [fran^ais] pensent a faire passer leur fortune en France et a s’y fixer, si d’ici quelque temps le gouvernement espagnol ne prend pas des mesures qui inspirent la confiance»18. Confirma su opinión poco después, afirmando en 1822 que «tous les capitalistes se retirent soit en France, soit en Angleterre, soit dans l’intérieur de la péninsule»19 antes de subrayar de nuevo algún tiempo después que «les négociants portent leurs capitaux les uns en An­ gleterre, les autres en France, d’autres se retirent dans l’intérieur de l’Espagne, le Port-Sainte-Marie, Jerez, Sanlucar et Séville sont les points les plus rapprochés ou beaucoup de maisons de Cadix vont s’établir journellement»20. !El cónsul mismo solicita su traslado a Veracruz o a Lima en 182121! Parece entonces que, una vez más, el acontecimiento que condujo a los negociantes a darse cuenta que nunca jamás Cádiz podrá mantener su posición ventajosa en el sistema atlántico y que provocó pues su salida de la ciudad, fue la crisis mejicana de 1821. Así los nuevos datos encontrados en la correspondencia del cónsul francés nos conducen a preferir la declaración de Independencia de Méjico en 1821, que el establecimiento del bloqueo británico en 1797, para fechar el colapso decisivo del comercio colonial de Cádiz. Ahora, pues, nos podemos preguntar sobre el impac­ to que tuvo esta pérdida sobre la economía local y, sobre todo, para el comercio marítimo del puerto. 2 . EL co M ERcio m a r ít im o DE cÁDiz EN EL sEGuNDo cuARTO DEL siGLo xix: De La cRisis A La REc u p ERAc íó N (1822-1850)

La verdad es que si conocemos bastante bien el comercio colonial de Cádiz, seguimos conociendo muy mal el comercio marítimo de Cádiz, que no es exac­

18

A M A E , C C C , C a d ix , r e g . 1 0 1 , c o r r e o d e 2 8 j u l i o d e 1 8 2 1 .

19

A M A E , C C C , C a d ix , r e g . 1 0 2 , c o r r e o d e 2 2 j u l i o d e 1 8 2 2 .

20

A M A E , C C C , C a d ix , r e g . 1 0 3 , c o r r e o d e 1 9 j u l i o d e 1 8 2 5 .

21

A M A E , C C C , C a d ix , r e g . 1 0 1 , c o r r e o d e 11 d i c i e m b r e d e 1 8 2 1 .

174

a rn a u d barto lo m eí

tamente lo mismo. La razón viene de las fuentes utilizadas tradicionalmente, que son las de la Carrera de Indias más que las del tráfico portuario de Cádiz. Cuando miramos estas últimas, descubrimos una imagen bastante distinta del comercio de Cádiz. En 1789, por ejemplo, un año para el cual hemos podido consultar la totalidad de los ejemplares del Vigía d e Cádiz, los principales puertos que man­ daron navíos en Cádiz son los siguientes22: Tabla 5: Procedencia de los buques entrados en Cádiz en 1789 Puertos La Habana Dar-el-Beyda Marsella Bilbao Veracruz Hamburgo Barcelona Lisboa Londres Dublín Montevideo

Buques 55 51 40 28 25 25 25 21 20 20 20

Fuente: Vigía de Cádiz (1789)

Y si hacemos un reparto regional de los orígenes de los navíos, obtenemos el resultado siguiente23: Tabla 6: Procedencia regional de los buques entrados en Cádiz en 1789 Espacio geográfico de origen Europa atlántica M editerráneo «indias» América no hispánica Marruecos Báltico Asia indeterm inado Total

Número de navíos entrados en Cádiz 407 172 162 95 77 51 10 25 998

Fuente: Vigía de Cádiz (1789)

22 Arnaud Ba r t o l o m e i , «Cadix et la M éditerranée...», pp. 202-205 23 Ibídem.

175

INDEPENDENCIAS AMERICANAS Y COMERCIO DE CÁDIZ

Así vemos que aunque La Habana es el principal puerto asociado a Cádiz, solo contamos con tres puertos americanos dentro de los más importantes, y el Im­ perio, en su conjunto, con solo el 16% del tráfico, ocupa solo la tercera posición detrás de la costa atlántica de Europa y del Mediterráneo en las expediciones de navíos a Cádiz. Es evidente que tendríamos que matizar estos datos que minoran excesiva­ mente el peso del comercio colonial: seguramente que el valor de los cargamentos coloniales es superior al valor de los pequeños barcos que llegan desde Marruecos o Portugal e, igualmente, hay que tener en cuenta que una parte importante del trafico existente entre Cádiz y el resto de Europa era un comercio de reexporta­ ción dependiente del comercio colonial. Pero estos datos nos enseñan también que existía un comercio marítimo en Cádiz totalmente desvinculado del comer­ cio colonial —pensamos por ejemplo en el comercio de trigo con Marruecos o en el comercio de harina y de pescado con Estados Unidos—y que, entonces, no debemos confundir sistemáticamente comercio colonial y comercio marítimo de Cádiz. Considerado este punto, podemos ver ahora lo que significó la crisis del co­ mercio colonial de Cádiz de 1823 para el comercio marítimo del puerto. 2 . 1 La cR isis DE 1823 ¿cRisis DEL c o M E R c io c o m e r c io d e c á d i z ?

c o l o n ia l

o cR isis DEL

La correspondencia consular nos permite reconstruir primero el tráfico del puerto, que nos proporciona una imagen muy atenuada de la crisis, en la que la crisis de 1823 casi no se nota24. De hecho, si comparamos los datos de los años 1820 con los de los períodos anteriores, vemos que los resultados del período son mucho más altos que los de las guerras revolucionarias y muy cercanos a los de los años 1780. Por supuesto, estas cifras presentan muchos fallos, la nomenclatura de los navíos puede haber cambiado y no nos dicen nada sobre los volúmenes y los valores de los cargamentos. Nos proporcionan, sin embargo, un punto de vista inédito que desmiente todos los discursos de los negociantes que describen, en los años 1820, una «ciudad muerta» o un puerto totalmente desierto.

24

T o d o s lo s d a t o s r e f e r e n t e s a l c o m e r c i o m a r í t i m o d e C á d i z - c o l o n i a l y n o c o l o n i a l - d e l p e ­

r i o d o 1 8 1 7 - 1 8 2 5 p r o c e d e n d e lo s r e g i s t r o s d e la c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l d e l c ó n s u l f r a n c é s : A M A E , C C C , C a d ix , r e g . 9 9 - 1 0 3 .

176

ARNAUD BARTOLOMEI

Gráfico 1. Entradas de navíos en el puerto de cádiz (1784-1825)

C !

1786 1783 1790 1792 1794 1796 '793 1800 1302 18C4 1603 1808 1810 1812 1814 '816 1818 1320 1822 '824

Fuente: 1784-1808: Parte oficial de la Vigía de Cádiz; 1816-1825: AMAE, CCC, Cadix, reg. 99-103.

En cambio, los datos relativos a los valores de los intercambios marítimos de Cádiz reflejan perfectamente la gravedad de la crisis de principios de los años 1820 pues el valor de los tráficos del puerto de Cádiz (importaciones más ex­ portaciones) cayó brutalmente a la mitad en 1823 —pasando la media trimestral de 34.597.000 francos a 17.991.000 francos—y no se recuperó después. En su globalidad, estas cifras confirman entonces la estrecha dependencia entre comer­ cio colonial y comercio marítimo de Cádiz. Pero también nos permiten subrayar los límites de esta dependencia. Notamos, por ejemplo, que las importaciones —que pasaron de 25.320.000 francos a 8.995.000 francos entre 1820 y 1825— sufrieron mucho más la crisis mejicana que las exportaciones —que solo bajaron un treinta por ciento (de 12.092.000 a 7.866.000). Atestigua esta asimetría el papel eminente que siguieron jugando en el comercio de Cádiz las remesas de metales hasta su desaparición brutal en 1822, lo que nos conduce a considerar que la caída brutal de 1823 traduce, antes que nada, el fin de esas remesas y la crisis de la función de depositaria de los metales americanos de Cádiz, y no tanto el aniquilamiento total del puerto andaluz. De hecho, si solo consideramos el comercio no colonial de Cádiz, vemos que la crisis fue mucho menos grave: las exportaciones se mantuvieron a unos niveles similares —lo que significa que las

ín d e p e n d e n c ía s a m e r íc a n a s y c o m e r c ío d e c á d íz

177

reexportaciones de productos coloniales a Europa fueron compensadas por otros productos—; y las importaciones bajaron solo un treinta por ciento, lo que se ex­ plica por la desaparición de las importantes importaciones de productos textiles que se reexportaban a América. Así, 1823 no significó el aniquilamiento del comercio marítimo de Cádiz sino el final de un ciclo histórico en el que Cádiz había sido la principal puerta de salida para los tejidos europeos destinados a América y la principal puerta de entrada de la plata mejicana. La mejor prueba de esto la vemos cuando analiza­ mos con más precisión los distintos ramos del comercio marítimo de Cádiz: los intercambios con Francia, por ejemplo, que era el país que más había disfrutado del ciclo comercial anterior, se hundieron entre 1820 y 1825 (bajando un 50%), pero otros ramos no sufrieron un colapso similar y algunos incluso conocieron un crecimiento significativo —es el caso, por ejemplo, del comercio con Gran Breta­ ña, cuya media trimestral de exportaciones se multiplica por cuatro entre 1822 y 1825 o, también, del comercio de esclavos que prosperó en los años 20 y 3025. Así, si la crisis del comercio de Cádiz es evidente en los años 1820, no tiene que ocultar el proceso de reconfiguración que se manifiesta durante estos años, proceso que se confirmó en los años 1830 y que condujo al puerto a una nueva fase de prosperidad en las tres décadas siguientes. 2 . 2 DE LA RECUPERACiÓN AL CRECiMiENTO

Podemos pasar rápidamente sobre el final de los años 20 y el principio de los años 30 porque la coyuntura es difícil de conocer —por lo menos con la docu­ mentación del cónsul francés—, y es muy cambiante y de interpretación difícil, sobre todo por el impacto contradictorio de la declaración en 1829, y después de la supresión, de la franquicia del puerto, medidas que provocaron intensos movimientos especulativos. Entonces hay que esperar a 1833 para poder seguir de manera más clara la coyuntura del puerto26. Por lo tanto, lo que nos enseñan los datos de esta década es un crecimiento sostenido del comercio marítimo de Cádiz, basado principalmente sobre un alza de las exportaciones —que casi se du­ plicaron entre 1820 y 1836 para llegar a la cifra de 85,6 millones de francos—,so­ bre todo de vino. Al final de los años 30, el nivel del comercio marítimo de Cádiz

25

D e la s 7 2 e x p e d i c i o n e s n e g r e r a s a r m a d a s e n C á d i z d o c u m e n t a d a s , p a r a lo s s ig lo s X V I a X I X ,

e n la b a s e d e d a t o s s l a v e t r a d e . o r g , 4 7 lo f u e r o n d u r a n t e e l p e r í o d o q u e c o r r e s p o n d e a lo q u e s o l e m o s l l a m a r la c r is is d e l c o m e r c i o d e C á d iz , lo s a ñ o s 1 8 1 4 - 1 8 4 3 ( c o n s u l t a e f e c t u a d a e l 2 9 j u l i o 2 0 1 0 ). 26

A M A E , C C C , C a d ix , r e g . 1 0 4 y 1 0 5 (1 8 3 3 - 1 8 3 8 ).

178

ARNAUD BARTOLOMEI

era entonces similar al de 1820 —antes de la crisis mejicana—, pero la estructura de los intercambios es muy distinta: predominan ahora las exportaciones y no las importaciones, y el principal socio de este comercio, ya no es América sino Gran Bretaña. Este cambio fundamental de la balanza de comercio se traduce, ironía de la historia, en unas importaciones masivas de numerario procedente de Francia y de Gran Bretaña en la ciudad ¡el cónsul habla de millones de francos que afluyen a Cádiz! Así, seguramente, fueron acumulados los capitales que sirvieron al boom capitalista de los años 1840 que estudió el profesor Alberto Ramos Santana27. La documentación consular nos demuestra entonces que la crisis empezó más tarde y se acabó más temprano de lo que habíamos creído hasta ahora. Por tanto, no tenemos que empequeñecer esta crisis: fue real y brutal en la segunda parte de los años 1820, y si la plaza y el puerto de Cádiz pudieron recuperarse bastante rápido, éste no fue el caso de toda una generación de negociantes que quebraron con la caída del imperio. 3 . cRisis o TRANsicióN: EL puNTo DE visTA DE Los AcToREs

Existen dos discursos historiográficos, a priori contradictorios, relativos al im­ pacto de la crisis del comercio colonial de Cádiz sobre el tejido mercantil de la plaza. El primero, bien conocido, es el desarrollado por Antonio García-Baquero González en Com ercio colon ial y guerras revolucionarias, en el cual enumera año por año, la lista de las quiebras mercantiles sobrevenidas en la ciudad, antes de concluir constatando la desaparición durante los años 1820 de la mayor parte de los armadores y de los comerciantes extranjeros de la plaza28. El segundo se funda sobre los datos extraídos de las fuentes demográficas y de las guías mercantiles que nos proporcionan Gonzalo Butrón Prida y Julio Pérez Serrano, que sugieren que el tejido mercantil de la ciudad resistió bastante bien a la crisis29. A pesar de su aparente oposición, estos dos discursos pueden ser asociados en una misma interpretación, como lo podemos ver ahora.

27

A . R am o s S a n ta n a ,

La burguesía gaditana en la época isabelina.

C á d iz , F u n d a c i ó n M u n i c i p a l d e

C u l t u r a d e l A y u n t a m i e n t o d e C á d iz , 1 9 8 7 , p p . 4 9 - 1 1 1 .

Comercio colonial y guerras revolucionarias, p . 2 4 2 . G o n z a l o B u t r ó n P r id a , La intervención francesa y la crisis del absolutismo en Cádiz, 1813-1828. H u e l v a , U n i v e r s i d a d d e H u e l v a , 1 9 9 8 , p. 6 9 . J u l i o P érez S e r r a n o , Cádiz, la ciudad desnuda, Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía contemporánea. C á d iz , U n i v e r ­ 28 29

s i d a d d e C á d iz , 1 9 9 2 , p. 1 7 7 .

179

ín d e p e n d e n c ía s a m e r íc a n a s y c o m e r c ío d e c á d íz

3 . 1 LA RESiSTENCiA DEL TEJiDO MERCANTiL DE LA CiUDAD

Los testimonios que describen Cádiz como una ciudad desierta y totalmente abandonada por los negociantes, como por ejemplo el de Federico Rubio que cita Alberto Ramos Santana o el desarrollado en los memoriales enviados al rey que menciona Gonzalo Butrón Prida30, son probablemente exagerados, como tienen que serlo también las famosas cifras que cita Antonio García-Baquero Gonzá­ lez relativas a la desaparición de los armadores o de las colonias extranjeras. La demostración la podemos llevar a cabo en este último caso, pues la documenta­ ción censitaria sobre la colonia francesa no confirma la estimación propuesta —las fuentes citadas por García-Baquero evocan una disminución de 80% del numero de comerciantes extranjeros presentes en la plaza—, sino que nos indica una caída más modesta, de «solamente» el 60% entre 1808 y 181931. Como no hay duda posible sobre el hecho que la colonia francesa fue la comunidad extranjera más afectada por la coyuntura política y comercial de la época —fueron expulsados o detenidos en los famosos pontones la totalidad de los franceses presentes en la ciudad32—,podemos suponer que las otras colonias sufrieron disminuciones toda­ vía menos significativas, hipótesis que confirman las recientes tesis de Catia Brilli y Klaus Weber sobre las colonias genovesa y germánica de la ciudad33. Del mismo modo, las cifras de las quiebras propuestas deberían ser ponderadas por unas estadísticas sobre las creaciones de nuevas sociedades para obtener una imagen aproximativa de la evolución real de la infraestructura mercantil de la plaza. Es precisamente porque las cifras citadas por García-Baquero González solo tratan de lo que desapareció en Cádiz y no de lo que se creó en las décadas 1810 y 1820, que no son finalmente contradictorias con las publicadas por Gonzalo Butrón Prida y Julio Pérez Serrano, que describen al contrario un desarrollo del sector 30

E l e s c r i b a n o F e d e r i c o R u b i o , q u e v i v i ó e n e l C á d i z d e lo s a ñ o s 1 8 4 0 , d e s c r i b e a s í e l b a r r i o

d e S a n C a r lo s , a n t i g u a m e n t e p r o s p e r o : « e s t a b a i n h a b i t a d o ; c e r r a d a s s u s s ó li d a s , g r a n d e s y e l e ­ g a n t e s c a s a s ; r o t o s s u s c r is t a le s ; d e s i e r t a s y c o n h i e r b a s la s c a lle s . T o d o r e s p ir a b a a l l í s o le d a d , t r i s t e z a , d e c a d e n c i a , r u i n a » ( c i t a d o p o r A . R am o s S a n ta n a ,

op.cit,

p. 4 1 ). C f. t a m b i é n e l m e m o r i a l

del

Consulado,

31

A r c h i v o M u n i c i p a l d e C á d iz , s e c c i ó n P a d r o n e s , lib r o s 6 9 7 3 - 7 5 , « J u r a m e n t o s d e f i d e l i d a d d e

d e s t i n a d o a l R e y , d e 1 8 2 4 , c i t a d o p o r G . B u t r ó n P r id a ,

op.cit.,

p. 5 7.

lo s n a c i o n a l e s f r a n c e s e s y o t r a s n a c i o n e s a g r e g a d a s » ( 1 8 0 8 ) y c a j a 6 6 3 0 , « P a d r ó n d e E x t r a n j e r o s » (1 8 1 9 ). 32

A . B a rto lo m e i , « D e s b i e n s a u x p e r s o n n e s . L e s r e p r é s a il l e s e x e r c é e s c o n t r e

le s m a r c h a n d s

f r a n g a is d e C a d i x d a n s le s c o n f li t s f r a n c o - e s p a g n o l s d e s p é r i o d e s r é v o l u t i o n n a i r e e t im p é r ia -

Mélanges de la Casa de Velázquez, n ° 39-1 ( 2 0 0 9 ) , p p . 1 7 1 - 1 8 9 . La diaspora commerciale ligure nel sistema atlantico iberico. Da Cadice a Buenos Aires (1750-1830), t e s is d e d o c t o r a d o , U n i v e r s it á d e P is a , 2 0 0 8 . K la u s W e b e r, Deutsche Kaufleute in Atlantikhandel 1680-1830: Unternehmen undFam ilien in Hamburg, CádizundBordeaux, M ü n c h e n , le (1 7 9 3 - 1 8 1 5 )» , e n

33

C a tia B r illi,

C .H . B e c k , 2 0 0 4 .

180

ARNAUD BARTOLOMEI

comercial —pasando éste de 1567 individuos a 1700 entre 1824 y 1829 según el primero34, y de 1788 a 2588 entre 1801 y 1830 según el segundo35. Sin embargo, no tenemos tampoco que exagerar, en el sentido contrario, la significación estos últimos datos, lo que, de hecho, no hacen los dos autores citados: dados los cambios que han podido afectar las taxonomías profesionales empleadas, por una parte, y la ausencia total de precisión sobre el nivel económi­ co de las nuevas sociedades que se crearon, el aumento que describen podría muy bien ser estrictamente facticio. Entonces para tener una visión más exacta del impacto de la crisis, hay que bajar al nivel inferior, al nivel micro-económico de la compañía o del individuo, lo que solo pudimos hacer para algunos casos de negociantes franceses bien do­ cumentados. A este nivel, aparecen nítidamente las dos caras oscuras de la crisis, que esconden las cifras globales y que son el debilitamiento progresivo y la des­ clasificación social de los negociantes. 3 . 2 LA s D o s

c ARA s o s c u r a s

D e La

c Rís ís : El

DEBÍLÍTAMÍENTo

p r o GREs ív o

Y

l a d e s c l a s íf íc a c íó n s o c ía l d e lo s n e g o c ía n t e s

El caso de la colonia francesa confirma globalmente la idea que el tejido mer­ cantil local resistió a la crisis de la Carrera de Indias pues, aunque el numeró de negociantes franceses cayó muy brutalmente, lo fue por causas políticas mucho más que comerciales: los franceses se marcharon en 1793 y 1808 con ocasión de los conflictos franco-españoles, pero el resto del tiempo se quedaron en Cádiz a pesar de la crisis comercial36. Sin embargo, tampoco podemos defender la idea que esta resistencia traduzca una buena adaptación de los comerciantes franceses a la crisis comercial local: se quedaron en Cádiz pero se vieron muy afectados por la caída del imperio y no hay ninguna duda que muchos de ellos quedaron arrui­ nados y totalmente desclasificados por la difícil coyuntura de la plaza. De los distintos ejemplos extraídos de las fuentes para sostener tal hipótesis, podemos desarrollar aquí los tres más significativos. Primero, tenemos que hacer hincapié en la ausencia total de representantes de la antigua colonia francesa en la nueva élite mercantil francesa del Cádiz del siglo XIX: las familias Sicre, Conte, Badel, Pemartin, Lacave, Beigbeder o Domecq, que ocuparon plazas eminentes en el capitalismo provincial del siglo XIX, son familias nuevas que no tienen raíces en el siglo anterior. El segundo ejemplo reside en las trayectorias sociales

34 G. Bu tró n Pr id a , op.cit, p. 69. 35 J. Pérez s e r r a n o , op.cit., p. 177. 36 Arnaud Ba rto lo m e i , La Bourse et la vie, pp. 303 y siguientes.

INDEPENDENCIAS AMERICANAS Y COMERCIO DE CÁDIZ

181

similares de dos de las más famosas familias del siglo XVIII —los Magon y los Delaville—cuyos jefes se habían quedado en Cádiz al final del siglo y se habían integrado en la sociedad local: las dos familias siguieron el mismo camino bajan­ do poco a poco en la jerarquía social local37. Ya el capital de Prudent Delaville, que se reputaba el «hombre el más rico del país» cuando se naturalizó español en 1792, había bajado considerablemente antes de su muerte, que sobrevino en la primera década del siglo siguiente. Pero, la desclasificación social se acentuó con su hijo, que declara en su testamento en 1829 que sus activos se limitan a los intereses que posee en la sucesión de su madre. La hermana de éste, que se casó con un aristócrata, declara por su parte no haber aportado ni dote ni capital alguno a su marido, y su hijo, Félix Beyens y Delaville declara lo mismo en 1849. Constatamos la misma trayectoria para los descendientes de los famosos Magon, pues el negociante francés Bernard Magon acabó su carrera, en la primera década del siglo XIX, siendo corredor después de haber quebrado, y sus dos hijos Josef María y Bernardo María, empezaron su vida profesional abajo de la escala social: el primero siendo empleado en la contabilidad del «duque de Hijos» (sic) en Ma­ drid, y el segundo como «dependiente» de una compañía de comercio del Puerto de Santa María. Finalmente, el último testimonio de esta descalificación general de la colonia francesa del siglo XVIII, nos lo ofrece el caso del negociante Jean-Pierre Lapadu, un antiguo comerciante importante de la ciudad, cuya compañía sigue aparecien­ do en las guías mercantiles hasta 1830. El historiador podría ver en tal longevidad una prueba de la capacidad de adaptación de este individuo a las dificultades de los tiempos, pero la realidad es mucho menos elogiosa pues el inventario de sus bienes realizado después de su muerte en 1820 es elocuente: los despachos están llenos de papel depreciado (sobre todo vales reales y haberes pendientes incobra­ bles) y sus almacenes están vacíos. Así los describe el cónsul francés: Nous sommes descendus dans un magasin au rez-de-chaussée qui contenait les objets suivants: une table ordinaire évaluée a quarante réaux de vellón, une baignoire abímée par le temps sans valeur, sept caissons contenant divers vieux papiers comme refus, factures, comptes courants et notes de prix courants et deux vieilles malles sans serrure vides. Nous avons trouvé dans le magasin, jetés péle et méle [sic] comme plusieurs portes d’armoire, des morceaux de bois de lit et chaises rompues, lesquels nous ont paru de nulle valeur, un ballot de mouchoirs de Cholet contenant vingt-deux pieces, ensemble sept cent soixante-huit mouchoirs. Plus cinquante-six pieces toiles a robes dites caladares38.

3 7 Ibídem, p p . 5 7 1 y s i g u i e n t e s . 3 8 Ibídem, p . 5 5 8 .

182

a rn a u d barto lo m eí

4 . CONCLUSiÓN

La historiografía política más reciente insiste sobre la solidez de los vínculos que seguían vigentes entre España y sus colonias cuando éstas empezaron su pro­ ceso de emancipación. La realidad comercial tal que aparece en la documentación del cónsul francés confirma sin duda esta visión de las cosas: hasta el principio de los años 1820 y a pesar de las muchísimas trabas que le afectaron, el puerto de Cádiz siguió siendo la principal puerta de salida de los productos europeos des­ tinados a América y, todavía más, la principal puerta de entrada de los productos americanos destinados a Europa —de la plata mejicana en primer lugar. Por lo tanto, fue la proclamación de independencia de Méjico en 1821 lo que provocó el verdadero colapso del comercio colonial gaditano y la decadencia de la plaza. Pero esta decadencia no fue total, pues algunos sectores como las exportaciones de vino o el comercio de esclavos ni siquiera se vieron afectados por esta coyuntura depresiva y, sobre todo, la crisis se interrumpió bastante rápidamente, si no con la franquicia del puerto, que fue un fracaso, sí con el boom de las exportaciones vina­ teras, que se acentuó en los años 1830 y que provocó muy pronto un nuevo aflujo de metales preciosos en la ciudad, provenientes de Francia y Inglaterra esta vez. Conocemos la continuación de la historia, pues Cádiz experimentó a partir de los años 1840 una segunda fase de prosperidad que duró por lo menos dos décadas. Pero esta triple constatación de una crisis que empezó más tarde, que se acabó más temprano y que fue menos brutal de lo que se había siempre creído, no tiene que llevarnos a minimizar o a negar la gravedad y las consecuencias dramáticas que supuso la depresión de los años 1820 para los negociantes de la ciudad: muchos se arruinaron y solo se quedaron porque ya no tenían medios suficientes para marcharse o reconvertirse. Así creemos, pero solo investigaciones prosopográficas más sistemáticas lo podrán confirmar, que la elite mercantil que se bene­ fició de la recuperación de los años 1830 fue una élite nueva, poco vinculada a los negociantes del siglo anterior. Concluiremos entonces contestando al problema general expuesto en nuestra introducción y constatando que si la crisis colonial no destruyó ni el comercio marítimo ni la plaza mercantil de Cádiz, sí destruyó una generación entera de negociantes que habían sido formados en el contexto específico de la Carrera de Indias y que no supieron adaptarse a su desaparición.

La defensa de los consulados en el Cádiz de las Cortes: Juan López Cancelada1 Jesús Paniagua Pérez Universidad de León

Las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX se caracterizaron por una defensa de intereses de los consulados americanos, junto con el de Cádiz, en una pretensión por resucitar el sistema de flotas, abolido en 1776, y poner fin a cualquier intento de libertad de comercio. El duopolio que para la Nueva España representaban hasta esas fechas los consulados de Cádiz y México, articulados en las ferias de Jalapa, no podía olvidarse y resucitaba con nueva fuerza en las Cortes de Cádiz. Todo esto mientras en México aquella situación provocaba la aparición de bandos entre los grupos dirigentes de la sociedad. Los criollos en torno al Cabildo y los peninsulares en torno a los consulados y la Audiencia. Entre los primeros estuvieron algunos diputados que arremetieron contra los consulados, siendo uno de los casos más evidentes el de Ramos Arizpe, por los malos efectos que causaban en Sonora2. En América, ya fuera a través de los consulados o a título individual, el comer­ cio era materia de discusión, dada la aparente indefinición legal existente. El 17 de mayo de 1810 la Regencia autorizó el libre comercio de los puertos america­ nos con Europa y otras colonias, pero fue suspendido ipso fa cto por las quejas de la Junta Superior de Cádiz, que tenía en sus manos la administración de hacienda y que controlaban algunos de los grandes comerciantes gaditanos. Las discusiones en la Cámara respecto al comercio libre se hicieron en sesiones secretas y sólo se recogieron las resoluciones. Lo cierto es que la Constitución de 1812 entraría

1

E s t e t r a b a j o s e i n s c r i b e e n e l e s t u d i o d e la s o b r a s d e J u a n L ó p e z C a n c e l a d a , d e n t r o d e l p r o ­

y e c t o d e e d ic io n e s y e s t u d io s d e l p r o y e c t o f in a n c ia d o p o r e l M in is t e r io d e C ie n c ia y T e c n o lo g ía

La tradición clásica y humanística en España y América. SS. XVI-XVIII. Estudios y Ediciones

(F F 1 2 0 0 9 -

1 3 0 4 9 - C 0 4 - 0 1 ) y la J u n t a d e C a s t i l la y L e ó n ( Q 2 4 3 2 0 0 1 B ) . 2

R ie u - M illá n , M . L .

Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (igualdad o independencia).

M a d r id , C S IC , 1 9 9 0 , p p . 189-190.

184

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

tangencialmente en el problema en los artículos 131-7 y 172-5, por los que las ratificaciones de tratados comerciales debían ser aprobadas por las Cortes. Opuesto a la discutida libertad de comercio se manifestaría Juan López Can­ celada, contrario a los intereses de muchos diputados americanos y firme enemi­ go de algunos de ellos y de sus valedores, como Servando Teresa de Mier, que no dudó, como dice algún autor, en desplegar «su maldad frailuna despiadada contra López Cancelada»3. 1 . ló p e z c a n c e la d a y e l c o n s u la d o de méxíco

El Consulado de México estaba compuesto por un número muy limitado de grandes comerciantes, muchos de ellos de origen cántabro, navarro y vasco, que habían conseguido monopolizar buena parte de las grandes transacciones comer­ ciales de la Nueva España, en la medida en que conseguían hacerse con las mer­ cancías que llegaban desde Cádiz al virreinato a unos precios bastante bajos para luego revenderlas a otros mucho más elevados. Para sus negociaciones internas utilizaban con frecuencia a los alcalde mayores, que se encargaban de vender los productos en sus provincias, a la vez que compraban los que en ellas se producían, que también pasaban al control de los miembros del Consulado, con lo que se establecía una red mercantil que implicaba a comerciantes y autoridades4. Ahora bien, las reformas borbónicas llevadas a cabo a partir de 17655 pre­ tendían una debilitación de tales consulados, lo que en México llevaría a unas tensas relaciones entre José de Gálvez y la institución consular, contando aquel con la anuencia del virrey Teodoro de Croix, que llegó incluso a ordenar que se verificasen los embarques que llegaban a Veracruz y Acapulco, la inspección ri­ gurosa de la Aduana de México y gravar con el derecho de alcabala los depósitos irregulares. Poco a poco iban surgiendo disposiciones para minar al consulado novohispano, que lograba mantenerse al margen del decreto del libre comercio de 1778, que provocó continuas quejas, como la del propio Consulado de Cádiz, que en 1787 manifestaba que las consecuencias de aquella decisión habían saturado el

3

D om ínguez M ic h a e l, C .

Vida de fray Servando.

M é x i c o , E d . E r a , 2 0 0 5 , p. 4 4 7 .

El consulado de comerciantes de la ciudad de México y las reformas borbónicas. El control de los medios de pago durante la segunda m ita d del siglo XVIII. M é x i c o , E l C o l e g i o d e M é x i c o , 1 9 8 1 , I, p p . 8 8 - 8 9 . 4

S o b r e e s t e a s p e c t o p u e d e v e r s e P. P érez H e r r e ro , P.

5

A n t e r i o r a e s t a s f e c h a s p u e d e v e r s e e l t r a b a j o d e P érez H e r r e r o , P.: « A c t i t u d e s d e l C o n s u l a d o

d e M é x i c o a n t e la s r e f o r m a s c o m e r c i a l e s b o r b ó n i c a s » , e n 182.

Revista de Indias,

n ° 1 7 4 (1 9 8 3 ) , p p . 9 7 ­

l a d e f e n s a d e l o s c o n s u l a d o s en e l c á d íz d e l a s c o r t e s : ju a n l ó p e z c a n c e l a d a

185

mercado americano6. Ayudó a la resistencia consular mexicana y a retrasar la imposición en sus territorios la guerra con Inglaterra, iniciada en 1779, pues la metrópoli se vio necesitada de los préstamos y donaciones del Consulado y de sus miembros. Sin embargo, el proceso no se paralizaba. En 1786 la Real Or­ denanza de Intendentes suprimía a los alcaldes mayores, verdaderos factores del Consulado en las provincias, por lo que los lazos con las regiones más alejadas de la capital virreinal se fueron debilitando7, a la vez que otros comerciantes menos poderosos comenzaron a obtener beneficios, al poder negociar directamente en puertos como el de Veracruz. Lo cierto es que, ante lo irreversible, el Consulado de México, en 1788, propuso que los productos extranjeros que se enviaran a la Nueva España lo hiciesen con una cadencia bianual, y los españoles anualmente y siempre desde los puertos habilitados; igualmente, para evitar la falta de numera­ rio en Nueva España, se pedía que las remisiones de plata a la Península se hiciese también de forma anual. La implantación del libre comercio llegó por fin a la Nueva España en 1789, coincidiendo con la llegada del nuevo virrey, II conde de Revillagigedo (1789­ 1794), defensor a ultranza de la reforma, que solo encontró como miembros favorables dentro del Consulado mexicano a Isidro Antonio de Icaza, que por sus servicios llegó a pedir la orden de Carlos III, lo que conseguiría en 17978, y a Francisco Ignacio de Iraeta, familiar del anterior y vinculado a la Compañía de Filipinas9. Lo cierto es que este virrey tuvo su especial pugna con el Consulado, abriendo aquel una investigación en 1791 sobre la situación económica del virrei­ nato, que implicaba de forma muy especial una indagación sobre la institución y sus miembros10. La inquina entre el virrey y muchos de los cónsules era tal, que la máxima autoridad patrocinó la abolición consular, pues consideraba que su existencia iba unida a elevados gastos, a la vez que consideraba inadmisible que actuase como intermediario financiero para proveer a la Corona a cuenta del erario11; todo ello sin olvidar que las sentencias de su tribunal gozaban de una gran

B u s to s R o d ríg u ez , M . Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad m e rca n til(1650-1830). M a d r i d , S ile x , 2 0 0 5 , p p . 5 0 3 y ss. 7 Ordenanza de Intendentes de Nueva España, a r t s . 9-12. 8 A r c h iv o G e n e r a l d e In d ia s (A G I), Estado 2 5, n. 29. A r c h iv o H is tó r ic o N a c io n a l, Estado-Carlos III, E. 1075.

6

9

G a r c ía D ía z, T. « L a v i n c u l a c i ó n d e F r a n c i s c o I g n a c i o d e Y r a e t a c o n el m e r c a d o e u r o p e o e h is ­

p a n o a m e r ic a n o » , e n

La compañía de comercio de Francisco Ignacio de Yraeta (1767-1797).

M é x ic o ,

I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o m e r c i o E x t e r io r , 1 9 8 5 , p p . 2 0 3 - 2 6 5 . 10

F lo re s c a n o , E. y C a s t illo , F. ( c o m p s . ) .

España

Controversia sobre la Libertad de Comercio en la Nueva

I. M é x i c o , I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o m e r c i o E x t e r io r , 1 9 7 5 , p p . 7 1 - 1 3 9 . M U R O , L u is , « R e v i-

l l a g i g e d o y e l C o m e r c i o L ib r e (1 7 9 1 - 1 7 9 2 )» , e n

Cosío y Villegas. 11

Varios, Extremos de México: Homenaje a don Daniel

M é x ic o , El C o le g io d e M é x ic o , 1 9 7 1 . p p . 2 9 9 -3 4 4 .

V a l l e P a v ó n , G . d e l, « A n t a g o n i s m o e n t r e e l C o n s u l a d o d e M é x i c o y e l v i r r e y R e v i l l a g i g e d o p o r

186

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

parcialidad, en la medida en que favorecían primordialmente a sus miembros; en vista de lo cual el virrey pensó en crear tribunales mercantiles en las principales ciudades y, como consecuencia, suprimir el de la capital12. Afortunadamente para el Consulado, los intentos de Revillagigedo fracasaron, porque las sucesivas guerras que tuvo que mantener España en aquellos años de nuevo hicieron necesarios a la Corona los capitales de que disponían los miembros de los consulados de México y Cádiz; aunque ello no evitó que se abrieran otros nuevos, como los de Veracruz y Guadalajara, en 1795, con la oposición frontal del de México, que no quería renunciar a sus prerrogativas a favor de los comerciantes regionales; aunque en el caso del de Veracruz la oposición también surgía del con­ sulado de La Habana13. Aquella aparición de nuevos consulados que debilitaran al de la capital implicó igualmente a la ciudad de Puebla, que no tuvo el éxito de Veracruz y Guadalajara, probablemente por su cercanía a la capital y la influencia que allí tenían los cónsules capitalinos; pues aunque a los poblanos les fue concedida la autorización en 1789, esta nunca llegó a hacerse efectiva hasta las vísperas de la independencia, cuando sus diputados en las Cortes de 1820 solicitaron de nuevo la creación14. Entre tanto, para acallar las quejas sobre su monopolio, el Consula­ do mexicano, a partir de 1808, creó diputaciones en Orizaba, Puebla, Valladolid, Oaxaca, Queretaro, Guanajuato, Acapulco y Toluca. Lo cierto es que aquellos años que siguieron al gobierno de Revillagigedo supusieron un cierto respiro, especialmente durante el mandato del marqués de Branciforte, en el que, a pesar de la creación de los dos consulados mencionados, se mostró como un firme protector del mexicano15. El nuevo virrey tenía como una de sus principales miras la unidad del comercio en la Nueva España, para lo que las instituciones recién creadas eran un estorbo y, por tanto, solicitó de manera continua su extinción16 y sustituirlos por delegaciones territoriales del de

la a p e r t u r a c o m e r c i a l d e N u e v a E s p a ñ a , 1 7 8 9 - 1 7 9 4 » , e n

Estudios de Historia Novohispana,

n ° 24

(2 0 0 1 ), p p . 117-118. 12

Ibídem.

13

R uiz A b re u , C.

Tabasco en la época de los Borbones: comercio y mercados, 1777-1811.

U n iv e r s i­

d a d A u t ó n o m a d e T a b a s c o , 2 0 0 1 , p p . 79-80. 14

S o b r e e l c o n s u l a d o d e P u e b l a v é a s e c r u z B a rn e y , O .,

men jurídico, historia y documentos 1821-1824.

El Consulado de comercio de Puebla. Régi­

M é x i c o , U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e M é x ic o - In s t i-

t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s J u r í d i c a s , 2 0 0 6 . Sm ith , R o b e r t S., « T h e P u e b l a C o n s u l a d o , 1 8 2 1 - 1 8 2 4 » , e n

Revista de Historia de América, 15

n ° 21 ( 1 9 4 6 ) , p p . 1 9-28 ,

L a s r e l a c i o n e s d e B r a n c i f o r t e y C a n c e l a d a p u e d e n v e r s e e n P a n ia g u a Pérez, J e s ú s « I n t r o d u c ­

c i ó n » , e n P in o , P e d r o B. y López c a n c e la d a , J u a n ,

Nuevo México y otros escritos. V a l l a d o l i d , 1 6 A G I , Estado 2 5 , N . 6 0 y 2 6 , N . 5.

Exposición sucinta y sencilla de la provincia del

J u n t a d e C a s t illa y L e ó n , 2 0 0 7 , p .9 4 .

LA DEFENSA DE LOS CONSULADOS EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES: JUAN LÓPEZ CANCELADA

187

México17. No es de extrañar, por tanto, la buena relación que los grandes comer­ ciantes tuvieron con el virrey y el propio López Cancelada, que había visto como el mandatario, en 1795, ponía a su pariente Antonio Piñero al frente de la Casa de Moneda18. Lo cierto es que se estableció una buena colaboración entre nues­ tro hombre y la máxima autoridad, caracterizada por la posición antifrancesa de ambos19, que se tradujo en la concesión a Cancelada de una comisión reservada en San Luis Potosí, de la que quedó tan satisfecho el mandatario, que le encargó otras, que no pudo realizar por no ser licenciado en Leyes20. La llegada al virreinato de José de Iturrigaray cambiaría de nuevo la situación, por su oposición y enfrentamientos al Consulado, lo cual tuvo su reflejo más evidente con la Guerra de la Independencia en España, pues la situación cam­ bió temporalmente para la institución mexicana, ya que el vacío de autoridad permitió a sus miembros, incluso, ejercer puestos de gobierno, que compraban, y con ello llegar a controlar las actividades portuarias. Fue entonces cuando se vincularon plenamente los intereses de Cancelada con esta institución, aunque las relaciones eran anteriores. Lo cierto es que el 8 de junio de 1808 llegaban a México las noticias del motín de Aranjuez y los miembros del Consulado, lo mis­ mo que Cancelada, se apresuraron a celebrar la caída del valido Godoy, por lo que nuestro periodista, que por entonces regentaba la Gazeta d e México, se desplazó a San Agustín de las Cuevas, donde se hallaba el Virrey, para solicitar el permiso de publicación de la noticia. Luego se produjo la abdicación de Bayona y, ante los sucesos, el Comercio estaba vigilante «para mantener la quietud y conservar aquellos dominios a la España»21. Incluso el 2 de agosto de 1808 Cancelada pu­ blicó el falso regreso a España de Fernando VII, lo que le valió una condena de destierro, que se le conmutó por la prohibición de entrar en los cafés de México, verdaderos mentideros de la actividad política22.

17

A G I,

Estado

2 6 , N . 5. N a v a r r o G a r c ía , L. y A n t o lín Espino, M . P , « E l M a r q u é s d e B r a n c i f o r t e v i r r e y

Los virreyes de la Nueva España en el Reinado de Carlos IV, I. S e v i l l a , E s c u e la d e E s t u d i o s H i s p a n o a m e r i c a n o s , 1 9 7 2 , p. 4 9 6 . 1 8 A G I , Estado 2 4 , N . 3 4 . 1 9 T eresa de M ie r, S. Historia de la Revolución de Nueva España, P a r ís , L a S o r b o n n e , 1 9 9 0 , ( e d . A . d e S a i n t L u y M . C .B . B e r l i n g ) , p. 1 6. z a r a t e T o s c a n o , V ., Juan López Cancelada: vida y obra. M é x i c o , d e N u e v a E s p a ñ a 1 7 9 4 - 1 7 9 8 » , e n c a ld e r ó n Q u ija n o , J . A . (d ir .).

U N A M , 1 9 8 6 , p. 6 3 . 20

López c a n c e la d a , J u a n ( J M G C ) ,

Cancelada.

La intriga y la constancia. Opúsculo dedicado a la probidad de

C á d iz , I m p r e n t a P a t r ió t i c a , 1 8 1 8 , p. 6.

21 López c a n c e la d a , J u a n , La verdad sabida y buena fe guardada. Origen de la espantosa revolución de Nueva España comenzada en 15 de septiembre de 1810. Defensa de su fidelidad. C á d iz , M a n u e l S a n t i a g o Q u i n t a n a , 1 8 1 1 , p. X X II I . 22

Z a r a t e T o s c a n o , V .,

op.cit.,

p. 2 9.

188

je s ú s p a n ía g u a

P érez

Iturrigaray había sido siempre un problema para el Consulado, amén de poco dialogante con los miembros del mismo, lo que llevó a una situación de enfren­ tamiento sin solución, que había comenzado a ser especialmente grave a partir de 1807. Por entonces había intentado una reforma integral de la institución y puso nuevos impuestos sobre el abasto de carne y sobre el aguardiente de caña, pues había convertido la fiscalidad en uno de los fines de su gobierno. Aumentaba así el descontento entre los grandes comerciantes, que vieron como ante las noticias que llegaban de España, en 1808, aparecían una serie de pasquines contra el Con­ sulado, que circulaban sin restricciones por las calles de México. La institución se quejó al virrey el 6 de agosto de 1808: Confiando de su notoria prudencia y vigilancia por la pública tranquilidad, que se servirá tomar unas providencias tan adecuadas, que puedan restituirnos aquel precioso don, que corten en su origen el cáncer que amenaza cundir en este cuerpo político, y que extingan el fuego de la discordia, que habiendo principiado por una leve chispa, puede propagarse hasta causar los mayores estragos, si no se ocurre en tiempo con las más activas precauciones, que impetremos de la bondad de vuestra excelencia23.

La tensión se iba apoderando de los habitantes de la Nueva España y de ma­ nera muy especial de los de la ciudad de México, que se veían sometidos a todo un bombardeo de información contradictoria, en la que Cancelada tomó claro partido por los consulares. Aquellos poderosos peninsulares tuvieron miedo del cariz que podían tomar las cosas y del peligro de sus intereses, para los que el virrey Iturrigaray era un verdadero problema, por su cercanía a los grupos menos favorables a aquella institución y en concreto al Cabildo, que quiso asumir la re­ presentación de Nueva España, formando un gobierno provisional, al frente del que se hallaría Iturrigaray, que trataba de ganarse la confianza del pueblo frente a la Audiencia y otras instituciones como el Consulado. Claramente los hechos ayudaban a poner de manifiesto la desconfianza entre el gobierno y las elites eco­ nómicas consulares. La consecuencia fue que la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, Gabriel de Yermo, al frente de las milicias del Regimiento Urbano del Comercio, hizo preso a Iturrigaray para detener los intentos autonomistas e impusieron a Garibay como nuevo mandatario. De los 330 implicados en la conspiración, 81 eran del Consulado, que para entonces lo componían unos 169 miembros24. Aunque no

2 3 H e rn á n d e z D á v a lo s , J . E. ( e d . ) , Colección de Documentos para la Historia de la Guerra de Indepen­ dencia de México de 1808 a 1821. M é x i c o , J o s é M a r í a S a n d o v a l , 1 8 7 7 - 1 8 8 2 , t. I, d o c . 2 1 2 . 24

V a l l e P a vó n , G . d e l, « P a r t i c i p a c i ó n d e lo s m e r c a d e r e s d e l C o n s u l a d o d e M é x i c o e n e l g o l p e d e

1 8 0 8 » , e n C o lla d o , M . d e l,

Miradas recurrentes . M é x i c o ,

I n s t i t u t o M o r a , 2 0 0 4 , p. 1 5 7 .

LA DEFENSA DE LOS CONSULADOS EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES: JUAN LOPEZ CANCELADA

189

hubo una reacción inmediata, a partir de aquel momento surgirían brotes como la Conspiración de Morelia o la de Queretaro, en 1809. El propio Yermo justifi­ caría años más tarde su acción, en 1812, alegando que el motivo primordial había sido detener los conatos independentistas25, a la vez que, ante la marcha de la si­ tuación, veía peligrar su futuro, por lo que el 20 de agosto de 1813 pedía regresar con su familia a España y aludía a su contribución para derrocar a Iturrigaray y a su colaboración con la causa de los patriotas españoles con 130.000 pesos, por lo que los insurgentes le tenían un odio mortal26. Tanto los miembros rebeldes del Consulado como el propio López Cancelada a través de su Gazeta habían especulado con los supuestos intentos independentistas de Iturrigaray, aprovechando la situación de acefalia de la Corona, lo que consideraban que no se podía consentir. Al mismo tiempo a través de aque­ lla actuación pretendían ganarse la confianza de la Junta de Sevilla remitiendo auxilios financieros, como los aprobados en agosto y septiembre de 1809. De hecho, cualquier brote independentista o autonomista era un peligro para su po­ der económico en la Nueva España y aquellos hechos les permitieron, al menos momentáneamente, mantener el orden social y económico, a la vez que frenar los intentos criollos de libertad de comercio, que se pondrían de manifiesto en las Cortes. Toda aquella situación había encontrado su voz de apoyo a los consulares en la Gazeta d e México, a través de la voz de uno de sus propietarios, Juan López Cancelada. Precisamente este propagandista, por ese medio que controlaba, so­ licitaba fondos para las causas españolas, especialmente tras la prisión de Iturrigaray. Tampoco se disimularon en la publicación las simpatías hacia la actitud de Yermo, ya que nuestro autor dio noticias de los hechos en el número 97 extraor­ dinario; incluso en el siguiente número añadiría «la Nueva España sabrá con el tiempo lo mucho que debe a todo el Comercio de México por esta acción»27. El 19 de julio de 1809 se nombraba como nuevo virrey al arzobispo de Méxi­ co, Francisco Javier de Lizana y Baumont. López Cancelada no dudó en enfren­ tarse al nuevo mandatario y este le mandó encarcelar a la vez que le despojó de La Gazeta y lo deportó a España, en 181028. La causa de fondo, creía López Can­

Yerm o, G a b r i e l d e , Demostración histórico crítica de los excesos de dn. José de Iturrigaray en el virreinato de Nueva España. C i t a d o p o r v a n Y op u ng , E r ic ( c o m p . ) , Colección docum ental sobre la independencia mexicana. M é x i c o , U n i v e r s i d a d I b e r o a m e r i c a n a , 1 9 9 8 , d o c . 9 9 . 2 6 A G I , Indiferente 2 1 2 8 , N . 8 1 . 2 7 Gazeta de México n ° 9 8 , 17 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 0 8 . 2 8 P a n ia g u a Pérez, J . , « I n t r o d u c c i ó n » , e n P e d r o B a p t i s t a P i n o y J u a n L ó p e z C a n c e l a d a , Exposición sucinta y sencilla de la provincia del Nuevo México y otros escritos. V a l l a d o l i d , J u n t a d e C a s t illa y 25

L e ó n , 2 0 0 7 , p p . 111 y ss.

190

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

celada, se debía a las denuncias que había hecho por el comercio clandestino que estaba intentando llevar a cabo con Jamaica Thomas Murphy, con la anuencia del prelado29. Amén de esto acusaba al mismo, el 30 de diciembre de 1809, de ser el órgano de las ideas de su pariente el inquisidor Isidoro Sáinz Alfaro, y que am­ bos «resuellan como hechuras del Príncipe de la Paz»30. Pero además, parece que usando de una información parcial, Cancelada evitaba incluir en su periódico a los criollos en las contribuciones voluntarias que hacían para la guerra contra los franceses31. Ante el cariz que tomaban las cosas en su contra, intentó deshacerse de la Gazeta, vendiéndola por 8.000 duros al licenciado Castillejos, cosa que le impidió su protector Ciriaco González de Carvajal, presidente de la Audiencia, por los recelos que había respecto del comprador32. Lo cierto es que al final se le despojó de su periódico y en su lugar el oportunista Francisco José Noriega, a fi­ nales de aquel año, se ofreció a publicar una Gazeta d el Superior Gobierno, donde incluiría todas las noticias que le encomendaran33. López Cancelada fue embarcado prisionero el 7 de marzo de 1810, en el navío Algeciras, aunque puesto en libertad al llegar a la Península. Sus detractores no dudaron en lanzar improperios contra el que consideraban como uno de sus grandes enemigos y el mismo arzobispo-virrey Lizana dijo de él que era un hombre «de una conducta revoltosa y atrevida»34. 2.

c a n c e l a d a en l a s c o r t e s

Cancelada, tras sus problemas en México llegaba a la Península, tomada por los franceses, y, después de ser exculpado, se instalaba en Cádiz. Precisamente ese año de 1810, el 24 de septiembre, se celebraría la primera sesión de las Cor­ tes en San Fernando, trasladándose posteriormente a la capital gaditana. A lo

29

A G I,

México

1 7 8 9 , s/f. El c o n t r a b a n d o e n t r e J a m a i c a y V e r a c r u z e r a t a n e v i d e n t e q u e m u c h a s

t i e n d a s d e M é x i c o s e h a l l a b a n a b a s t e c id a s d e p r o d u c t o s i n g le s e s y a l e m a n e s . El f e n ó m e n o d e e s e c o n t r a b a n d o f u e y a p u e s t o d e m a n if ie s t o , e n t r e o t r o s p o r H u m b o ld t, F. A . v o n ,

litischen Zustand des Konigreich Neu-Spanien. T u b i n g a ,

Versuch Úberdenpo-

B u c h h a n d lu n g , 181 3; y a ú n a u m e n t a r ía m á s

a p a r t i r d e 1 8 2 0 . E n el c a s o d e N u e v o M é x i c o , e s e c o n t r a b a n d o l le g ó a e s t a r o r g a n i z a d o p o r c a s a s c o m e r c i a l e s d e lo s E s t a d o s U n i d o s . Bernecker, W . L., « C o n t r a b a n d o , i l e g a l i d a d y c o r r u p c i ó n e n el M é x ic o d e c im o n ó n ic o » , e n 30

A G I,

México

Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea,

n ° 6 (1 9 9 3 ), p. 3 9 9 .

1 7 8 9 , s/f. N o o l v i d e m o s q u e L ó p e z C a n c e l a d a s e h a b í a c a r a c t e r i z a d o p o r s u s

e s c a s a s s i m p a t ía s a G o d o y y s u p o l ít ic a .

op.cit., p. 3 3 0 . México 1 7 8 9 , f. 4. M e d in a , J o s é T o r i b i o , Historia de la Im prenta en los Antiguos Dominios Españoles en América y Oceanía I, S a n t i a g o d e C h ile , 1 9 5 8 , p. 2 2 3 . 3 3 El a s u n t o d e la Gazeta p u e d e v e r s e e n P a n ia g u a Pérez, J . « I n t r o d u c c i ó n » , op.cit.., p p . 111 y ss. 3 4 A G I , México 1 4 7 5 . 31

R ie u - M illá n , M . L.,

32

A G I,

191

l a d e f e n s a d e l o s c o n s u l a d o s en e l c á d íz d e l a s c o r t e s : ju a n l ó p e z c a n c e l a d a

largo de su tiempo de permanencia en Cádiz, que coincide con todo el periodo constitucional, hasta la llegada de Fernando VII en 1814, conviviría con los di­ putados americanos en las Cortes, casi siempre con relaciones muy tensas y de enfrentamientos, pues solo sabemos que pudo mantener una buena relación con el diputado de Nuevo México, Pedro Baptista Pino. Podría pensarse que aquellos representantes ultramarinos eran esencialmente la voz de los intereses de los crio­ llos frente a los peninsulares; pero no en todos los casos esto era cierto, pues, por ejemplo, Joaquín Maniau respondía a los intereses del Consulado de Veracruz, como Ostaloza respondía a los intereses del Tribunal de Minería de Lima. Lo que sí es cierto es que, en términos generales, los diputados americanos llevaban unas instrucciones desde los territorios que representaban, las cuales normalmente res­ pondían a los intereses de los criollos, y que presentaban en un discurso antes de pasar a la comisión correspondiente para que siguieran el trámite parlamentario habitual35. Y era frecuente que muchos de ellos llevaran entre los intereses de sus representados la idea del libre comercio. Incluso, cuando los suplentes de los di­ putados americanos, habían presentado a finales de 1810 seis proposiciones, tres de ellas tenían que ver con el libre comercio y se fundamentaban en la libertad total de comercio con Europa, Asia y los puertos de las posesiones españolas de América. Lo cierto es que las Cortes no quisieron que el problema se tratase en las sesiones habituales, sino en las secretas, donde aparecen reflejadas, sobre todo a partir de abril de 181136. El problema era tan delicado que, aunque la Regencia llegó a permitir la libertad de comercio para la Nueva España en mayo de 1811, no llego a tener efecto. Llegaba, pues, Cancelada en un momento de efervescencia y suponemos que con pocos recursos para mantenerse en aquella ciudad, donde no tardaría en contar con el poyo de los grandes comerciantes mexicanos que querían hacer oír sus reivindicaciones en la asamblea. Sea como fuere, lo cierto es que su voz se dejo sentir ya desde 181037. Además de otros ejemplos que mencionaremos, puso reparos al Banco de Crédito, que intentaba crear García Quintana, el cual, para poner en evidencia a Cancelada, pedía que se publicasen aquellos reparos junto con su proyecto, aunque las Cortes, el 10 de noviembre de aquel mismo año, no accedieron a ello. Dentro de su actividad en el Cádiz de la época, el 14

35

R ie u - M Illá n , M . L., « L o s d i p u t a d o s a m e r i c a n o s e n la s C o r t e s d e C á d iz : e l e c c i o n e s y r e p r e s e n t a -

Quinto Centenario, n ° 1 4 ( 1 9 8 8 ) , p. 6 4 . Actas de las sesiones secretas de las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española, que se instalaron en la isla de León el 24 de septiembre de 1810. M a d r i d , J . A . G a r ­ t iv id a d » , e n 36

P u e d e n ve rse en

c ía , 1 8 7 4 . 37

E n e s t e s e n t id o s e h a b ía e s c r it o u n a n ó n im o e n el

1 8 1 1 , q u e el r e p r o d u jo e n el

Telégrafo Americano

Diario de México

d e 6 d e n o v ie m b r e d e

d e 5 d e fe b re ro d e 1812.

192

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

de noviembre, había presentado un recurso en que solicitaba varias providencias para los correos marítimos38, sobre los que defendió el 28 de octubre de 1810, que fueran directos a la Nueva España39; el 30 de noviembre las Cortes pasaban a la comisión de hacienda otro de sus proyectos sobre mantener un ejército de 250.000 hombres, sin gastos para la metrópoli40. Es decir, que, sin ser diputado, su actividad no cesaba. El Consulado de México, como mencionamos, no quería permanecer ajeno a todo lo que sucedía en Cádiz, pues conocía las pretensiones de muchos dipu­ tados a favor del comercio libre. De hecho la propia institución consular había querido estar representada en las Cortes, sin conseguirlo. El 17 de abril de 1811 habían realizado un escrito poniendo de manifiesto que los diputados americanos no estaban en disposición de representar a los españoles europeos «sin agravio ni peligro, pues no pueden hacerse representar de otra manera, sin comprometer la armonía entre las diversas clases de la sociedad, demasiado agitadas ya con los ho­ rrores de la sedición»41. En aquella ocasión los consulados novohispanos pedían que se nombrasen sus representantes, que serían dos, y en el ínterin tal represen­ tación la ejerciesen Evaristo Pérez de Castro, Manuel Antonio García Herreros y Agustín Argüelles. Uno de los principales motivos que alegaban era, además, que sus miembros contribuían mucho más que los criollos para el mantenimiento de la metrópoli. Como decimos, la proposición no tuvo éxito. Pero el Consulado de México estaba dispuesto a hacerse oír y envió una repre­ sentación fechada el 16 de julio de 1811, donde decía: Con todo, los mismos hombres de aquella época gloriosa y feliz, quieren per­ suadir hoy seriamente, que el comercio franco y directo de las colonias españolas con la Europa, Asia y América es tan proficuo a la nación fundadora como a las provincias prohijadas; pretensión digna de genios que aprehenden y no piensan, y solicitud propia de espíritus ofuscados que desentendiéndose de los derechos peninsulares, equivocan aun los intereses de su tierra [...]. Atención, venerables padres de la patria, en este peligro de todas las representaciones nuevas, y sea cual fuere la suma, entidad y condición de las reformas debidas al estado actual. Que se medite, Señor, con imparcialidad y madurez, sobre la constitución de la América,

El Telégrafo Americano d e 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 8 1 1 . Telégrafo d e 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 8 1 1 . 4 0 Diarios de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias... I, p p . 9 5 , 1 0 3 , 1 3 5 . L ó p e z c a n c e ­ l a d a , J u a n , Proyecto para que la España tenga un exército permanente en campaña de doscientos y cincuenta m il hombres a la m ayor brevedad y sin costearle ningún desembolso a su metrópoli. 38

S o b r e e s te a s u n t o e s c r ib ió e n

39

L o r e p r o d u c e en el

C á d iz , I m p r e n t a R e a l, 1 8 1 0 . 41

B u s t a m a n t e , C a r l o s M a r ía ,

no español».

Suplemento a la historia de los tres siglos de México, durante el gobier­

M é x i c o , A l e j a n d r o V a ld é s , 1 8 3 6 , p. 3 3 8 .

l a d e f e n s a d e l o s c o n s u l a d o s en e l c á d íz d e l a s c o r t e s : ju a n l ó p e z c a n c e l a d a

193

que se confiesen de buena fe los aciertos de su inimitable código y ordenanzas, y se respetará sin duda, se elogiará precisamente la prerrogativa nacional del tráfico privativo, en cuyo abono hablan todas las edades, todos los gobiernos, y que no puede dejar de ser vida del cuerpo español42.

Otra segunda representación estaba fechada el 27 de mayo y se remitió al comerciante gaditano Francisco Bustamante43, que la entregó al diputado García Herreros, secretario de las Cortes, dándose a conocer el 16 de septiembre, en el momento de la discusión de la exclusión de representación de los originarios de África. Si los anteriores escritos no habían contado con la simpatía de los diputa­ dos americanos, esta representación iba a cuasar todo un revuelo, pues se preten­ día evitar la proporcionalidad de americanos y europeos. Para ello se recurrió a la historia y la manipulación que se había hecho de ella a favor de los americanos, que incluso había provocado que los propios historiadores peninsulares se hubie­ sen dejado arrastrar por las falsedades y los engaños, lo que había favorecido a los extranjeros, que habían utilizado «a un ilustrísimo declamador español que quiso hacerse memorable a expensas de la verdadera gloria nacional», en clara alusión a Bartolomé de las Casas. Nada se salvaba de la historia indígena, que venía a ser peor que cualquier otra. Por eso, hasta la llegada de los españoles, América: era un desierto espantoso o un país mal ocupado, desaprovechado e inculto, en manos de diversas tribus errantes y bárbaras, empleadas en la caza y en la guerra, sin quietud, sosiego, comunicación, comercio, ni caminos; sin agricultura, ganadería e industria ni artes, y preocupadas con la más rabiosa superstición de ritos y ceremo­ nias insultantes a la razón y a la naturaleza, de mandamientos malvados, absurdos y locos, y de prácticas cuyo conjunto hacía un compuesto abominable de todos los errores y atrocidades que consagró la gentilidad en diferentes partes y tiempos.

Frente a esto, se exponían los bienes que había supuesto la dominación es­ pañola, aunque no se dejaba de plantear una degeneración de los descendientes de los europeos de América, cuya superioridad se fundamentaba en sus ricas he­ rencias, lujos y modales, dilapidando lo que heredaban y soñando con la inde­ pendencia, pues en Nueva España privaba la indolencia y la sensualidad y, por tanto, se vivía para los placeres y la disipación. El escrito, que calificaríamos hoy de políticamente incorrecto, llegó a plantear similitudes brutales, tales como «¿no sería una comparación de una manada de monos gibones con una asociación o república de hombres urbanos?»44. 42 He r n á n d e z Dá v a l o s , J. E. (ed), op.cit., t. II, p. 235. 43 Comerciante gaditano de la Orden de Carlos III, que mantenía negocios en Veracruz, donde tenía establecida una casa comercial. AHN., Consejos 20252, E. 7. 44 Reproducida por Bu s t a m a n t e , Carlos María, op.cit., t. III, pp. 345-377.

194

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

Esta representación dio lugar a un escándalo entre la mayoría de los diputados americanos, por lo que hubo que retrasar su discusión a otra sesión. El diputa­ do peruano Morales Duárez pedía que la representación se quemase por mano de verdugo, conservando la última hoja para identificar las firmas, y se pasase al Consejo de Regencia para que se procediese según el rigor de las leyes crimina­ les45; José Martínez y Mariano Mendiola, especialmente este último, pidieron que se formase una comisión, en la que estuvieron Morales Duárez, Gutiérrez de la Huerta, Jáuregui, Mendiola y del Monte46. Esta comisión declararía el desagrado que había producido la representación del Consulado y, por tanto, que se mandase cerrar, sellar y archivar, no pudiéndose volver a abrir sin el permiso de las Cortes47. Todo ello después de que los diputados americanos, movidos por Larrazabal, re­ presentante de Guatemala, amenazaran con no asistir a la votación, lo que logró impedir el presidente Capmany, aunque en compensación los diputados de las Indias pidieron una satisfacción para América, de la que se desmarcaron Mejía, Pérez y Maniau48, pues no todos los diputados ultramarinos fueron contrarios a aquella representación, aun no estando de acuerdo con el contenido y forma de la misma. No es de extrañar el caso de Maniau, que a la postre era un representante de los intereses de los cónsules de Veracruz y que articuló su actividad para evitar la libertad total de comercio cuando ésta era discutida en 181149. El diputado José Mejía disculpaba la representación alegando que, si las Cortes habían invitado a todos los españoles a informar sobre las materias a tratar, no se podía rehusar lo que expresaba el Consulado mexicano y menos hacer una sentencia condenatoria, como si las Cortes fuesen un tribunal ordinario50. Amén de esto, y debido a las deudas con los comerciantes novohispanos, la Regencia enviaría una real orden al virrey de Nueva España, fechada el 27 de septiembre, para que diese las gracias al Consulado por aquel escrito. En el fondo de todo aquello estaba la oposición del Comercio mexicano al libre comercio, tema que se tocó en varias ocasiones51, y que se plantearía tam­

Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. 17 s e p t i e m b r e 1 8 1 1 . Ibídem. 4 7 A la m á n , L u c a s , Historia de Méjico desde los primeros m ovimientos que prepararon su indepen­ dencia en el año de 1808 hasta la época presente. M é x i c o , J . M . L a r a , 1 8 5 0 , p. 7 8 . 4 8 Z a r a t e T o s c a n o , V ., « J o s é I g n a c i o B e y e C i s n e r o s e n la s C o r t e s d e C á d iz » , e n Estudios de Historia Novohispana, n ° 17 ( 1 9 9 7 ) , p. 2 1 4 . 45

46

49

Ju s t if ic a n d o a q u e lla o p o s ic ió n e s c r ib ió « P u n t o s d e v is ta d e D. J o a q u í n M a n ia u , d ip u t a d o d e

la N u e v a E s p a ñ a e n la s C o r t e s d e C á d iz , s o b r e e l t r a t a d o d e c o m e r c i o q u e s e n e g o c i a b a e n 1811 e n t r e I n g la t e r r a y E s p a ñ a » , e n La libertad de comercio en la Nueva España en la segunda década del sigloXIX. M é x i c o , S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o , 1 9 4 3 . 5 0 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias.17 s e p t i e m b r e 1 8 1 1 . 51 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. 1 7 d e a b r i l , 2 d e m a y o , 11 d e ju l io ,

LA DEFENSA DE LOS CONSULADOS EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES: JUAN LOPEZ CANCELADA

195

bién en la sesión del 15 de enero de 1811, cuando la Regencia estuvo dispuesta a conceder la libertad para comerciar con Inglaterra, como pago a su ayuda en la Guerra. Pero contrarrestando aquello estaba el envío constante al gobierno peninsular de numerario por parte de consulados de comercio, dueños de minas, hacendados, recaudaciones patrióticas, etc., lo cual era imprescindible para pagar esa intervención de los ingleses, así como el armamento necesario para los grupos guerrilleros que se habían formado. No se podía, por tanto, provocar a los prin­ cipales benefactores y provocar una ruptura. Para cuando se producían aquellas representaciones en defensa de sus intere­ ses, el Consulado de México ya se había buscado un propagandista en la ciudad de las Cortes. Sus antiguas relaciones, su defensa en la Gazeta d e M éxico y, en general, su actividad al otro lado del Atlántico, parece que pusieron de manifiesto que el hombre ideal era Juan López Cancelada, al que se denominó como la voz d e los parianistas. Se llegó a decir que el había sido uno de los beneficiarios de los 160.000 duros enviados por el Consulado para ganar votos en las Cortes y para desarrollar su propaganda. De hecho, les era necesario alguien de probada confianza que estuviese claramente en contra de la libertad de comercio, con la anuencia del Consulado de Cádiz, que era uno de los puntos que muchos dipu­ tados americanos llevaban en mente para defender. La defensa de los consulados por parte de López Cancelada en las Cortes de Cádiz, se iba a centrar esencialmente en la utilización de tres asuntos, sobre los que escribió: - La defensa de las actuaciones en México contra el virrey Iturrigaray - La utilización de un periódico como arma de propaganda: El Telégrafo Ame­ ricano. - El folleto Ruina d e la Nueva España. Sus escritos españoles, cargados de acidez y de denuncias sin cuartel, no solo molestaron a muchos americanos de Cádiz, sino que provocaron ciertos miedos en México, por lo que el virrey Francisco Javier Venegas (1810-1813), prohibía que por allí circulasen los escritos de Cancelada, aunque no hizo lo mismo res­ pecto de los de sus enemigos fray Servando Teresa de Mier o Guridi y Alcocer52. El mismo Cancelada, consciente de su labor, llegó a manifestar que sus publi­ caciones de Cádiz equivalían a llí a un ejército contra los rebeldes y que entre los defensores de los mismos estaba, entre otros, el obispo de Guatemala53.

1 1 , 1 3 , y 15 d e a g o s t o , 2 9 y 3 0 d e s e p t i e m b r e , 1 0 , 11 y 2 6 d e o c t u b r e d e 1 8 1 1 . 52

López c a n c e la d a , J u a n ,

53

López c a n c e la d a , J u a n ,

tuación desgraciada.

La intriga y la constancia..., p. 2 7. Exposición que p o r prim era vez hace Cancelada al Congreso sobre su si­

M a d r i d , F r a n c i s c o M a r t í n e z D á v i l a , 1 8 2 1 , p. 3.

196

je s ú s p a n ía g u a

P érez

López Candelada, al entrar en el juego del Consulado de México, se convirtió en el blanco de muchos americanos, que le vieron como un mantenido, incluso exageraron un poder que en realidad no tenía, pero que le interesaba exaltar a Ser­ vando Teresa de Mier; el cual llegó a decir que un informe suyo de oídas bastaba para llevar a los americanos a la cárcel sin ser oídos, como al presbítero La Llave54, a don Ventura Obregón o el cacique Ixtolinque, que allí murió después de plei­ tear por su cacicazgo, del que se habían apoderado los carmelitas de San Ángel55. El mismo Mier manifestaba que había tenido que aceptar la pertenencia a una sociedad secreta, como eran los Caballeros Racionales, pues consideró que esa era la solución para evitar la persecución a la que le tenía sometido Cancelada. 3 . EL TELÉGRAFO AMERICANO Y OTROS ESCRITOS

El medio de difusión que utilizó Cancelada en Cádiz fue este periódico, que se publicó entre el 10 de octubre de 1810 y el 31 de marzo de 181256. A través de él se proyectaron las ideas del Consulado de México en la ciudad de las Cortes, expuestas por medio de la pluma de nuestro hombre. Se trataron no solo asuntos económicos, sino asuntos de la situación en diferentes lugares de América, a la vez que también sirvió como medio de ataque, especialmente contra algunos diputados americanos, cuyas relaciones con los miembros del Consulado eran de enemistad evidente. No es de extrañar, por tanto, la gratuidad de ese medio de prensa, ya que es más que probable que fuese financiado por algunos miembros de la institución mexicana y, probablemente de la gaditana. La causa de publicación del periódico, aunque como enemigo irreconciliable de López Cancelada, la expuso el diputado mexicano Guridi y Alcocer en el Cen­ sor General, el primero de mayo de 1812, bajo el seudónimo Regalado Zocoba Clarion (JMGA). Dice el autor, tomando un texto del propio Cancelada: Que el impulso o causa motivo del periódico será desde luego lo que saben mu­ chos en Cádiz; esto es, que ha venido encargo de una junta de ciertos individuos de México para asalariar algún periodista, que esparciese las máximas que a ellos acomodase, para convertirlas en opinión pública; razón porque no se abre suscrip­ ción por ahora, ni se trata de hacer granjería en su v e n t a . Esto es, lo mismo que ha movido a los individuos de México para asalariar un periodista habrá movido a este para escribir; lo que podía impelerlo a trabajar, o pagándole o sin pagarle, cos­

54 Colaborador con Mociño en la Flora mexicana. 55 Teresa de Mier, Servando, op.cit, p. 309 56 Sobre este periódico puede verse López Ca n c e la d a , Juan. El Telégrafo Americano. León, Univer­ sidad de León, 2008 (ed. de Jesús Paniagua Pérez).

LA DEFENSA DE LOS CONSULADOS EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES: JUAN LÓPEZ CANCELADA

197

teándole o no la impresión. Los fundamentos de este juicio, que lo indemnizan de temerario, única nota que podía ponérsele, se vacían igualmente y son saberse ya en Cádiz el encargo referido; que había llegado como un mes antes; expresarse en el prospecto del periódico no se abría suscripción, porque no se trataba de hacer granjería; comenzar definiendo un informe dirigido a las miras del encargado, a pesar de haber oído aquel el soberano Congreso con indignación, y algunas otras especies que no se vaciaron por exigir la prudencia quedasen en el silencio. Can­ celada sí que expresa asertivamente, y no como sospecha u opinión particular, que los criollos se han válido de escritores en reinos extranjeros para formar la opinión de que los gachupines son la causa de la revolución de aquellos países.

Algo parecido nos refiere Lucas Alamán al manifestar que Cancelada era sos­ tenido por los españoles de México y que en su periódico, El Telégrafo Americano, escribían los diputados del partido españolista. El Telégrafo se convirtió en un azote para muchos diputados americanos, es­ pecialmente de la Nueva España, que con frecuencia despreciaron a su director, aunque todo nos hace suponer que lo tenían muy en cuenta. Por ello, algunos pensaron que era necesario neutralizar a Cancelada y sus informaciones, que se propagaban como la pólvora entre los españoles y americanos que residían en Cádiz. Tal era la influencia de sus escritos, que Lucas Alamán llegó a decir que los diputados españoles en aquellas Cortes no tenían la menor noción del estado en que se encontraba América, pues la idea que se habían hecho procedía de los escritos de Juan López Cancelada57. Sería Guridi y Alcocer quien tomó la inicia­ tiva de contrarrestar la influencia de Cancelada con la publicación de El Censor G eneraP. Para sus fines, nuestro autor no solo recurrió a las actuaciones y escritos de los diputados a partir de la fundación de su periódico, sino que en sus escritos se retrotrajo en el tiempo cuando lo creyó conveniente para sus intereses y los de los consulados. Así en los números 13 y 14, de 1 y de 8 de enero de 1812, res­ pectivamente, reprodujo y contestó un discurso que Guridi había pronunciado en las Cortes el 9 de enero de 1811 y cuyo fin esencial era reclamar la igualdad de europeos y americanos, exponiendo la inferioridad en la situación en la que se tenía a los americanos en su economía y en su promoción personal. Ambas cosas fueron rechazas en El Telégrafo, que incidió en la cuestión del libre comercio,

5 7 A l a m á n , L u c a s , Disertaciones sobre la Historia de la República Mejicana desde la época de la con­ quista que los españoles hicieron a fines del siglo XV y principios del XVI de las islas y Continente Americano hasta la Independencia. M é x i c o , J o s é M a r i a n o L a r a , 1 8 4 4 - 1 8 4 9 , p. 8 2 . 5 8 Ibídem, p p . 6 4 - 6 5 . R e c o r d e m o s a d e m á s q u e El Censor General f u e u n ó r g a n o d e a t a q u e a lo s li b e r a l e s . s e o a n e , M . C . Historia del periodismo en España 2. El siglo XIX. M a d r i d , A l ia n z a , 1 9 8 3 , p. 52.

198

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

que sería un golpe mortal para las manufacturas americanas y que rechazaban la mayoría de los novohispanos; pero añadía, además, que le sorprendía que se es­ tuviese intentando hacer un reglamento sin consultar a los consulados de Nueva España. Guridi, contra el que iban dirigidos aquellos ataques, se quejó de lo que se escribió de él en aquellos números. Por un lado, contestó a lo allí expresado en una sesión de las Cortes, diciendo: «Yo no tiro contra el autor de mi deshonra, pues ni su nombre he tomado en mis labios»59. Lo hizo también en El Censor Extraordinario con términos parecidos: «Me precisa también a ella la vindicación de mi honor»60. Pero Cancelada volvería de nuevo a la carga sobre Guridi en un suplemento al número 20, de 19 de febrero de 1812, precisamente lo último que se publico del Telégrafo y que de nuevo contestaría el mexicano en el Censor G eneral de 1 de mayo de 1812. Aunque en el periódico la diatriba fue esencialmente contra este diputado, no faltaron alusiones a otros criollos y periódicos como El Español de Blanco White. Que el Telégrafo fue a lo largo de su corta vida un órgano de defensa de los consulados, y de manera especial del de México, se puso ya de manifiesto en la introducción al primer número, donde no ahorró el autor elogios a algunos de sus miembros como al prior, Francisco Chavarri61; al cónsul decano, Diego de Agreda; y a Lorenzo de Noriega, alegando, en un recordatorio continuo que solía hacer esa institución, que habían prestado a la metrópoli más de 120.000 duros. Decía entonces nuestro autor: «La voz del Consulado de México es la de los pa­ triotas del r e in o . que son capaces de sacrificar su misma existencia porque la Nueva España se mantenga unida a la metrópoli». En el mismo primer número, actuando como hombre afecto a los intereses del Consulado de México, también defendió la famosa representación elevada a las Cortes por él mismo y que había causado toda aquella polémica que ya mencionamos. Incluso reprodujo el discurso del diputado Francisco Gutiérrez de Huerta, que manifestaba que si el informe del Consulado no era cierto y exacto, tampoco era falso y de suposición en lo sustancial del contenido, pues corrían es­ critos muy parecidos y, quizá, en lo que se excedía aquella representación era en el lenguaje. No consideraba que el escrito fuese calumnioso, porque la calumnia era la falsedad de los hechos, amén de que lo expuesto tenía como fin que se tomasen remedios. Precisamente ese diputado pediría que se cortase aquella discusión y no se hablase más del asunto «no sea que el uso excesivo de la tienta empeore la

60

Diario de Sesiones de las cortes generales y extraordinarias . 6 R e p r o d u c e e l t e x t o H e r n á n d e z D á v a l o s , J . E ( e d . ) , op.cit. ., t. III,

61

E n 1 7 9 6 p r e s e n t ó s u s p r u e b a s p a r a la O r d e n d e C a r lo s III. A H N ,

59

d e m a rz o d e 1812. d o c . 151.

Estado-CarlosIII,

E. 9 4 7 .

l a d e f e n s a d e l o s c o n s u l a d o s en e l c á d íz d e l a s c o r t e s : ju a n l ó p e z c a n c e l a d a

199

calidad de la llaga y dificulte la aplicación del remedio». Lo que reprodujo Can­ celada se refería al debate del 18 de septiembre de 1811, y no coincide con lo que aparece en el D iario d e sesiones, aunque es cierto que Huerta daba en parte la razón a lo expuesto por el Consulado, si bien consideraba la representación como imprudente y delictiva y exponía que, aunque las expresiones eran injuriosas, no quería decir que todas fuesen falsas y que probablemente el Consulado pretendía contrarrestar las exageradas pinturas y descripciones que los diputados americanos habían hecho62. Al escrito de Cancelada se le contestó en el número 18 de El C ensor general, el 23 de octubre de 1811, acusándole de escribir a sueldo del Consulado y manipulando las palabras de Huerta. Aquella exaltación del Consulado se repetiría en otras ocasiones, como cuan­ do en el número 15, de 15 de enero de 1812, publicaba el plan que había pre­ sentado al virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra, en el que en el punto 9 le recordaba a la recom endable clase d e com erciantes d e la Nueva España, a la que se debían quitar todas las trabas para que celebrasen juntas presididas por el tribunal del Consulado, que tomase medidas para la prosperidad del comercio, poniendo de acuerdo las tres entidades (México, Veracruz y Guadalajara). Desde este periódico, López Cancelada y los miembros del Consulado de México que habían participado en el golpe contra el virrey Iturrigaray, en 1808, retomaron muchos de los temas que interesaban a la institución novohispana. Por tanto, no faltó de nuevo el tema del mencionado mandatario, aunque las implicaciones en este caso fueron más allá de El Telégrafo y con una confrontación de escritos, ahora con el diputado Beye Cisneros y sin que quedara al margen el propio Servando Teresa de Mier. Como vimos, el Consulado mexicano había sido la cabeza más visible de la actuación contra el virrey en México, que contaba con mayores simpatías entre los criollos, que no dudaron en defenderlo en Cádiz, donde había sido exculpado. El Comercio de México, sin duda, también necesitaba defender sus intereses en las Cortes, pero al mismo tiempo salvaguardarse de las críticas y especulaciones que en torno al virrey se habían desarrollado y que aprovechaban algunos dipu­ tados de la Nueva España, así como otras personas afines a ellos, con el apoyo del propio Cabildo de México, supeditado a los intereses de los criollos. Además, ha­ bía que tener en cuenta la desafección de muchos diputados novohispanos hacia los consulados, en la medida que estaban allí como defensores de la libertad de comercio. Por tanto, uno de los objetivos era desacreditar a aquellos representan­ tes, utilizando para ello la figura del antiguo mandatario, por el que Cancelada 62 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión del 18 de septiembre de 1811

200

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

tampoco sentía ninguna simpatía, habida cuenta de sus antiguas relaciones en la Nueva España. Cancelada abrió el fuego, justificando las medidas que se habían tomado en Nueva España para su derrocamiento. El motivo aparente era la simpatía del virrey por los autonomistas; pero la realidad indicaba más que era una venganza del Comercio mexicano. Lo cierto es que la virulencia de la apertura de la reyerta se produjo con la publicación en 1811 de La verd a d sabida y buena f e guardada63. La obra contenía la relación y justificación de los sucesos que dieron en la cárcel con el virrey, tras el levantamiento dirigido por Gabriel de Yermo. Obviamente el virrey encontró su defensa en el diputado mexicano José Igna­ cio Beye Cisneros, que tenía una cuenta pendiente de los acontecimientos mexi­ canos de 1808, en la medida en que su hermano, el abad de Guadalupe, había sido hecho prisionero en aquella situación64. Su trabajo se publicó con el pseu­ dónimo de Facundo Lizarza. Beye calificó el escrito de López Cancelada como oportunista y manifestaba Que la obra se reducía a adular a Yermo, ofender al señor Iturrigaray, y ver lo que pilla en adelante con su Gaceta en la Nueva España, de donde fue remitido aquí por orden del virrey arzobispo, por atrevido e inquieto; y le cabe el senti­ miento de que su amor a la Nueva España fue mal correspondido, pues se ejecutó su remisión a la antigua con general aplauso. Si se recibe prueba así sobre su inquietud, como sobre el aplauso de su remisión, se justificarán ambos capítulos plenamente65.

Calificaba la obra de Cancelada como un cúmulo de falsedades, como las que refería de Gabriel de Yermo, buscado como caudillo de la empresa, porque «jamás había manifestado bríos contra ninguna autoridad»; y que su aceptación se hizo después de consultar a sus directores espirituales. Maneja incluso las cifras que daba Cancelada de una participación de «300 europeos, y algunos criollos, todos los más del Comercio de la capital y oficiales del Correo». En todo aquello Cancelada consideraba que el Comercio, en México, estuvo «atento siempre a mantener la quietud, y conservar aquellos dominios a la Es­ paña». Pero Beye se preguntaba si ese cuidado era por encargo de las leyes o por López C a n c e la d a , J u a n , La Verdad Sabida y buena fe guardada. Origen de la espantosa revolución de Nueva España comenzada el 15 de septiembre de 1810. Defensa de su fidelidad. C á d iz , M a n u e l

63

S a n tia g o d e Q u in ta n a , 1811. 64

Z a r a t e T o s c a n o , V .,

op.cit..,

p. 2 1 7 .

Discurso que publica don Facundo de Lizarza vindicando al excelentísimo señor don José Iturrigaray de las falsas imputaciones de un cuaderno titulado p o r ironía Verdad Sabida y Buena Fe Guardada. C á d iz , N i c o l á s G o n z á l e z R e q u e n a , 1 8 1 1 .

65

Beye C isneros, J o s é I g n a c i o ( p s e u d . F. L iz a r z a ).

P u n t o 14.

LA DEFENSA DE LOS CONSULADOS EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES: JUAN LOPEZ CANCELADA

201

entrometerse en lo que no le correspondía66. La defensa de Cancelada, que rela­ cionó con los brotes independentistas, fue respondida por el mexicano hacien­ do recaer la culpa de aquellas movilizaciones sobre el propio Consulado, puesto que ellos hicieron cundir el ejemplo al rebelarse contra la autoridad legítima del Virrey67. Si Beye Cisneros había respondido a aquel escrito de Cancelada, aunque con seudónimo, también lo haría la otra institución defensora por excelencia de los intereses criollos y del virrey Iturrigaray, el Cabildo de México. Este envió una carta al Consejo de Regencia, fechada el 15 de julio de 1811, en que decía de López Cancelada que era hombre bien conocido en aquel reino por su «cavilo­ sidad, estupidez y audacia, y desterrado a la península por el arzobispo virrey don Francisco Xavier Lizana». Consideraba aquella institución que lo que había hecho el diarista era un atrevimiento, pues su libelo contra Iturrigaray era infa­ matorio y que cualquier persona sensata lo leía con asombro, por las falsedades que contenía, principalmente contra aquel Ayuntamiento68. También Teresa de Mier salió en defensa del dignatario y manifestó que la obra de Cancelada debería titularse: La verd ad prostituida y la buena f e burlada sobre el origen d e la revolución d e N.E. Ofensa d e su fidelidad. Por un fa llid o pú b lico y gazetero detestado p o r sus imposturas69. De hecho, la famosa obra de Tersa de Mier suponía una defensa de una autoridad que no se había caracterizado por su honradez, pero cercana a los intereses de los sectores criollos. Lo cierto es que aquella pugna entre defensores y detractores del virrey Iturriagaray, cuyo fondo era la cuestión del libre comercio, la volvería a resucitar Cance­ lada, aunque como meramente informativa y quizá para ratificar unos hechos que ya se habían consumado y que él había predicho, cuando en 1828 la reprodujo en su periódico C om ercio d e am bos m undos70. Las polémicas entre López Cancelada y Beye Cisneros tuvieron sus refle­ jos posteriores. El segundo no dudó ni un momento en atacar en las Cortes al Consulado mexicano, de modo que en marzo de 1812 llegó a proponer que, si era menester su existencia, al menos debería sufrir una reforma en su dirección, puesto que el prior y los dos cónsules que lo dirigían eran siempre del comercio y deberían ser uno del comercio, otro labrador y otro industrial 71. En otra inter­

67

Ibídem. Ibídem,

68

H e rn á n d e z D á v a lo s , J . E ( e d . ) ,

69

T eresa de M ie r, S e r v a n d o ,

66

P u n t o 30. p. 5 6.

op.cit , t. op.cit.., p. 5.

I, d o c . 2 7 8 .

7 0 P e r i ó d i c o r e p r o d u c i d o p a r c i a l m e n t e p o r z a r a t e T o s c a n o , V . Juan López Cancelada. Sucesos de Nueva España hasta la coronación de Iturbide. M é x i c o , I n s t i t u t o M o r a , 2 0 0 8 , p p . 6 5 y ss. 71 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. 2 2 d e m a r z o d e 1 8 1 2 .

202

je s ú s p a n ía g u a

P érez

vención defendería la restricción de sus funciones, que se limitarían a los asuntos contenciosos entre mercaderes, y que las cuestiones comerciales (como quiebras, cesión de bienes, etc.) debían pasar a la justicia ordinaria. Su intención, por tanto, era debilitar a una institución controlada por peninsulares. La respuesta de Cancelada a quienes le contradijeron y criticaron su escrito La verd ad sabida, no se hizo esperar y sacó a la luz otro escrito en que se defendía de las acusaciones; pero incidía ahora en otro viejo problema que afectaba muy directamente a los consulados de Cádiz, México y Veracruz72, como era el de la Casa Gordon y Murphy, que por diferentes medios había actuado en el comercio americano con la anuencia de Godoy, de la Corona y del virrey Iturrigaray, sir­ viendo para introducir mercancías en Nueva España y sacar plata73. El problema que generó esta Compañía y sus privilegios era tan serio, que los consulados mencionados habían considerado sus negocios como criminales. El de Veracruz se había negado a dejar introducir a estos agentes mercancías, aunque la Regencia acabaría fallando a favor de los negociantes ingleses el 7 de junio de 1811. En realidad era una de las concesiones por el apoyo británico. Las quejas se mantu­ vieron y el 9 de febrero de 1812 el Consulado de Cádiz mostraba su apoyo a los de México y Veracruz en la protesta contra los privilegios de Gordon y Murphy, cuya compañía era la encargada de trasladar las remesas de plata de Veracruz a la ciudad de las Cortes. De nuevo la defensa se plantearía con otra obra firmada por Lizarza, pero que en esta ocasión sí correspondía al sobrino de Iturrigaray, que era quien llevaba aquel nombre74. En este asunto, en Cancelada, además de aquella defensa de los consulados y de la actividad del de México contra Iturrigaray, es probable que hubiese alguna intencionalidad más, puesto que algunos ataques contra él se hacían desde el periódico londinense de Blanco White, El Español, que para su publicación había contado con ayudas económicas de la casa Murphy, por lo que Blanco lanzaba desde la capital británica sus ataques contra la Regencia y las Cortes y especial­

7 2 Conducta del excelentísimo señor don José Iturrigaray durante su gobierno en Nueva España. Se contesta a la vindicación que publicó don Facundo Lizarza. C á d iz , I m p r e n t a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l, 1812. 73

Ibidem . P u n t o

c u a r t o . S o b r e la C o m p a ñ í a p u e d e v e r s e Ju á r e z M a r tín e z , A ., « E s p a ñ a , E l C a r i b e y

La palabra y el hombre, n ° 83 La Gran Bretaña y la independencia de México 1808-1820.

e l P u e r t o d e V e r a c r u z e n t i e m p o s d e l lib r e c o m e r c i o 1 7 8 9 - 1 8 2 1 » , e n ( 1 9 9 2 ) , p p . 9 3 - 1 0 8 . Jim énez C o d in a c h , G .,

M é x i c o , F o n d o d e C u l t u r a E c o n ó m i c a , 1 9 9 1 , p p . 2 2 3 y ss. 7 4 L iz a rz a , F a c u n d o y G a r c ía s a l a , M a n u e l S ., El excelentísimo señor don José de Iturrigaray, virrey que fue de la Nueva España, vindicado en form a legal contra las falsas imputaciones de infidencia propuestas p o r el Acuerdo de México y apoyadas p o r don Juan López Cancelada en sus dos manifies­ tos. C á d iz , T o r m e n t a r i a , 1 8 1 2 .

LA DEFENSA DE LOS CONSULADOS EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES: JUAN LÓPEZ CANCELADA

203

mente contra lo que el llamaba e l pa rtido m ercantil, opuesto a los intereses de Inglaterra75. Tampoco es de extrañar que la Gazeta d e Caracas calificase a Blanco como un español imparcial, frente a otros, y se debía pensar en Cancelada, que representaban los intereses del Comercio de Cádiz. Prescindiendo de las intrigas políticas y económicas, lo cierto es que la mencionada Compañía tuvo gran im­ portancia en el comercio neutral, incluso con tintes fraudulentos, sobre todo en el verificado con la isla de Jamaica. Nuestro autor lo relató al referirse al rescate de barcos españoles que habían sido apresados con mercancías por los ingleses, que mediante una cuota en metálico eran rescatados hacia Veracruz. Y aunque nunca los contrabandistas pudieron conseguir la embrolla que Murphy, por los resortes que tocaba en Madrid, Jamaica y Londres... Sus amistades y su pericia al tocar los hilos de la política quedaban fuera de dudas, así como, el resultado económico; su cinismo le llevaría a afirmar, en carta publicada desde Londres por su hermano Juan, que la conducta de su compañía no había hecho sino reportar grandes beneficios a la Corona española76.

Sus acaloradas defensas le alejaban de algunos diputados que podían estar en cierto acuerdo con sus ideas. Quizás el caso más llamativo era el de Maniau, que como representante de los intereses del Consulado de Veracruz temía la total de­ pendencia de Inglaterra y desde luego no estaba de acuerdo con el comercio libre como solución. Pero las diferencias con Cancelada parece que venían de atrás, cuando este se opuso a la pretensión del veracruzano de fundar un Semanario histórico, en 1808. La defensa del Consulado y los ataques al libre comercio la ampliaría nuestro hombre cuando publicó la Ruina d e la Nueva España, de la que uno de sus gran­ des enemigos había considerado que las proposiciones que en la obra se hacían, habían sido obedecidas por las Cortes el 13 de agosto de 1811; cuando el libre comercio se había rechazado de nuevo, después de las constantes insistencias de Gran Bretaña77, aunque no hay que olvidar que otros muchos diputados novohispanos fueron muy tibios en su apoyo a tal proyecto, salvo Guridi y Alcocer, Güereña y Foncerrada; incluso ocho de ellos no acudieron a la votación, otros ocho se abstuvieron, y otros como Pérez y Maniau votaron en contra78. El mismo decía 75

B la n c o W h it e , J . M .,

Conversaciones americanas y otros escritos sobre España y sus Indias.

M a­

d r id , E d i c i o n e s d e C u l t u r a H i s p á n i c a , 1 9 9 3 ( e d . d e M . M o r e n o A l o n s o ) , p. 1 1 3 . 76

López C a n c e la d a , J u a n ,

Ruina de la Nueva España si se declara el comercio libre con extranjeros.

C á d iz , I m p r e n t a Q u i n t a n a , 1 8 1 1 , p. 5 5 .

op.cit.

77

S o b r e e s t o p u e d e v e r s e Jim énez C o d in a c h , G .,

78

H a n n , J o h n H ., « I n t e r v e n c i ó n d e lo s d i p u t a d o s m e x i c a n o s e n la s C o r t e s E s p a ñ o l a s e n la p r o ­

p. 1 20 .

p o s i c i ó n y p r o m u l g a c i ó n d e r e f o r m a s e c o n ó m i c a s a p l i c a b l e s e n M é x i c o » , e n Be n so n , N . L. ( e d ) ,

México y las Cortes españolas 1810-1822. Ocho ensayos.

M é x ic o , C á m a r a d e D ip u t a d o s , 1 9 8 5 , p p .

204

JESÚ S PANIAGUA PÉREZ

de aquella obra, en el n° 10 de El Telégrafo, de 11 de diciembre de 1811, que se anunciaba en las esquinas y la apoyaban los consulados de América y los buenos criollos; incluso que era solicitada en Lisboa. El escrito en sí, era un amplio folleto adjunto al periódico, que salía en el momento de discusión del problema del libre comercio en las Cortes, para lo que fueron consultados los consulados de México y Cádiz, que emitieron votos adversos, incluso este último se dice que reprodujo el escrito de Cancelada en el informe, oponiéndose a aquella libertad porque era opuesta al orden, a la religión y a la sociedad; oposición que se manifestaría de nuevo el 12 octubre de 181179. Como muchos de los escritos de nuestro autor era un recordatorio en el que se repetían los problemas machaconamente una y otra vez. De nuevo se insistía en el asunto Gordon y Murphy y en el contrabando. López Cancelada, al hablar de los males del comercio libre con extranjeros decía: «He oido, y no a personas vulgares, que al fin los extranjeros comercian clandestinamente con la Nueva Es­ paña; y así será mejor que lo hagan libremente para que la Real Hacienda perciba los derechos»80. Lo cierto es que la Ruina d e la Nueva España encontró también contestación. En este caso sería Wenceslado Villaurrutia, hijo de Jacobo de Villaurrutia, alcalde de Corte en México. Escribía así su A ntiveneno. Prosperidad d e la Nueva España si se declara e l com ercio libre con los extranjeros, que se publicó en El Español de Londres, el 30 de noviembre de 181181. En todo aquel panorama tanto López Cancelada como los Consulados eran conscientes que no despertaban demasiadas simpatías, por su oposición a algunos de los diputados y propagandistas americanos. Por ello se recurrió como medi­ da de atracción a un tema especialmente escabroso y que dejaría en evidencia a algunos diputados americanos, que ante este problema se escudaron en las leyes vigentes. Se trataba de la defensa del reparto de tierras entre indios y castas, que ya hemos estudiado y que no es ahora motivo de este trabajo. Toda esta situación, así como otros asuntos han hecho pensar en un López Cancelada opuesto a la modernidad de los tiempos y al que se han colgado eti­ quetas de conservador a ultranza. Es cierto que defendió, como hemos visto, los intereses de los consulados, oponiéndose al libre comercio, aunque no era un de­

1 7 9 y ss.

El comercio de Cádiz representado legítimamente recurre segunda vez a S.M. en 12 de octubre, exponiendo el resultado ruinoso que causaría a l estado el proyecto del comercio libre. C á d iz , I m ­ 79

p r e n t a R e a l, 1 8 1 1 . 8 0 López c a n c e la d a , J u a n . 81

Ruina de la Nueva España . . . , p p . 5 4 - 5 6 . op.cit.., p p 2 3 - 2 4 . Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraor­

T eresa de M ie r, S e r v a n d o ,

dinarias . S e s i ó n

d e l 13 d e a g o s t o d e 1 8 1 1 .

l a d e f e n s a d e l o s c o n s u l a d o s en e l c á d íz d e l a s c o r t e s : ju a n l ó p e z c a n c e l a d a

205

tractor del mismo, sino que mantenía que los territorios americanos, y en concre­ to los de la Nueva España, no estaban preparados para abordar aquella situación, como de hecho se probaría tras la independencia. Tampoco era un conservador político, pues, si se opuso a la aplicación de la Constitución en América, la causa respondía a lo mismo que lo anterior. De hecho durante su época al frente del Crédito Público de León, a partir de 1814, sería duramente perseguido por los conservadores de la ciudad y sería el primero en proclamar en León el regreso al periodo constitucional en 1820.

La Nueva Granada al momento de la independencia. Condiciones económicas y sociales Adolfo León Atehortúa Cruz Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

El Virreinato de Nueva Granada, llamado también Virreinato de Santa Fe o Virreinato del Nuevo Reino de Granada, fue una división administrativa te­ rritorial establecida por la Corona española como resultado de su dominio en América. Creado por primera vez mediante Cédula Real por Felipe V en 1717 y suspendido siete años después por problemas financieros, el Virreinato fue restau­ rado en 1739, fecha desde la cual permaneció con diversas modificaciones en sus límites hasta 1810, cuando la revolución independentista lo sepultó en ruptura con el Imperio español. Reconquistado en 1815, fue nuevamente restaurado has­ ta 1819 cuando la Batalla de Boyacá selló su definitiva independencia. El Virreinato comprendió las Reales Audiencias de Santa Fe de Bogotá, Pana­ má y Quito, y parte del posterior territorio de la Capitanía General de Venezuela. Puesto en términos actuales, formaron parte del Virreinato las Repúblicas de Co­ lombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de regiones del norte del Perú y Brasil, el oeste de Guyana y la costa Mosquitia de Nicaragua, que le fue anexada en 1803. Como capital, desde un principio, le fue asignada la ciudad de Santa Fe1. En 1811, al iniciarse el proceso de independencia, la Audiencia de Santa Fe pasó a formar las «Provincias Unidas de la Nueva Granada» y, finalmente, lo que hoy son Colombia, Venezuela y Ecuador formaron la Gran Colombia. Sin embargo, disuelta la unión en 1830, tras la muerte de Bolívar, se constituyó la República de la Nueva Granada con capital en Santa Fe de Bogotá. El presente escrito, aunque emplea en forma indiscriminada el término «Nue­ va Granada», hace referencia específica al Distrito de Santa Fe, es decir, al territo­ rio de lo que es hoy la República de Colombia. Su propósito, en términos genera­ les, intenta mostrar las condiciones económicas y sociales que caracterizaban esta 1 Ma q u e d a , Consuelo, El virreinato de Nueva Granada (1717-1780): estudio institucional. Madrid, Dikinson, 2007.

208

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

entidad geográfica al momento de la revolución de independencia, antecedida por una breve descripción del Imperio Español durante su dominio colonial. 1 . EspAÑA: poDERío Y DEc ADENGA

La América que hoy se expresa en el lenguaje hispano, como sabemos, fue ocu­ pada y sojuzgada por España a partir de 1492. Tras la huella de Colón, aventureros y conquistadores se lanzaron a la empresa del sometimiento en busca de beneficios y riquezas. Previamente, el reino de España había surgido como producto de la unión matrimonial entre los soberanos católicos de Castilla y Aragón, quienes lo­ graron con su fuerza la conquista de Granada y la expulsión definitiva de los árabes. «España vivía una crisis social que fue la fuerza motriz de sus guerras en Europa y el acicate para las exploraciones y descubrimientos»2. Con el arribo al Nuevo Mundo y a diferencia de Inglaterra, el imperio espa­ ñol no pudo levantarse sobre cimientos capitalistas. España carecía de industria y la población adinerada no tenía todavía la capacidad suficiente para absorber a plenitud los botines extraídos de América. El monopolio de la Corona, ligado al sistema impositivo del Estado permitió su lucro, solventó los gastos de la corte y brindó expensas militares a la metrópoli, pero no indujo su propio desarrollo y menos aún el de sus colonias. La expulsión de los judíos y de los musulmanes, así como el establecimiento de la Inquisición y el oro que empezó a brotar por borbotones desde el nuevo continente, fortalecieron la monarquía pero no le permitieron capitalizar en ex­ clusivo provecho las iniciales consecuencias de los descubrimientos geográficos: el intenso desarrollo del comercio y la industria, los cambios en la organización del crédito y la revolución de los precios. Por el contrario, el auge del oro y del comercio se extendió por toda Europa y favoreció, en muchas ocasiones, a los enemigos de la península ibérica. España se convirtió, claro está, en una potencia colonial. Aunque no pudo pro­ mover el desarrollo de manufacturas ni avivar la expansión de empresas mercantiles en su propio territorio, construyó mediante subasta una nueva casta de funciona­ rios públicos que adquirió poderes superiores a las Cortes y reemplazó a la vieja aristocracia con el absolutismo. Basada en la hegemonía de una burocracia civil y militar alineada con la iglesia, la Corona española impulsó las ‘casas de contrata­ ción’ en su territorio y los ‘consulados’ en América para implantar el sistema con el cual garantizó su monopolio y obtuvo un importante excedente de metales. Al mismo tiempo, en el continente indígena, España repartió mercedes, vendió 2 Frie d e , Juan, «La conquista del territorio y el poblamiento», en Nueva Historia de Colombia, vol. 1. Bogotá, Planeta, 1980, p. 70.

LA NUEVA GRANADA AL MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

209

títulos nobiliarios y cargos públicos, legalizó tierras ilegalmente adquiridas, cons­ truyó privilegios e instauró sobre los aborígenes un sistema basado en relaciones tributarias y de servidumbre que pronto compartió con una esclavitud inclemen­ te sobre población negra extraída en forma violenta de Africa. De esta manera, el poderío español se levantó sobre estructuras aún señoriales que en su edad dorada le permitieron disputar amplios lugares en el escenario de Europa. Sin embargo, en menos de dos siglos, ese mismo poderío no pudo impri­ mir sobre la monarquía los cambios institucionales necesarios para el desarrollo del capitalismo y, por el contrario, debilitó al extremo el poder de la naciente burguesía para forjar el derrumbe que la dinastía de los Austrias se encargó de acelerar. La organización del imperio giró en torno a la ilusoria riqueza que brindaban los metales extraídos de América con sangre y látigo; no se auspició el crecimiento productivo ni se planeó el mercado. El sistema mercantil implantado amplió la circulación de metales y productos pero no transformó las maneras de producir en la metrópoli ni en las colonias. Desde el gobierno de Felipe II, la decadencia econó­ mica de España era insoslayable. El Estado monopolizó las actividades comerciales y despilfarró los excedentes económicos en inversiones suntuarias o en guerras sin vic­ torias; propició la inflación y le quitó incentivos a la producción con los gravámenes. Como consecuencia, floreció el contrabando, se amplió la piratería, se empobrecie­ ron las ciudades y se extendió la ruina. El oro y la plata que cruzaba por torrentes el océano Atlántico procedente de los vastos territorios coloniales, pasó raudo por España con destino a las economías europeas ilustradas con que el reino comerciaba3. Si el imperio de España en América fue la perdición de su propia economía, la estructura del imperio en la península fue la ruina de su Estado4. Inglaterra y Ho­ landa, apoyadas en su pujanza económica, contribuyeron, por otra parte, a socavar paulatinamente las bases militares y económicas del Imperio español de ultramar, cortaron su expansión hacia el resto de Europa y apresuraron su derrumbe5. Las reformas borbónicas no pudieron detener tampoco la hecatombe. Conscien­ tes de que el renacimiento de España pasaba por un mejor control de las colonias, los Borbones impulsaron el estudio de sus condiciones para promover transforma­ ciones económicas, ordenar la administración y mejorar la extracción de recursos. Tras este propósito, el reinado de Carlos III impuso la centralización extrema en beneficio de la Corona, lo cual se tradujo en nuevas medidas impositivas y eficientes mecanismos de recaudo para garantizar el crecimiento de las arcas estatales6.

The Old World and the New . C a m b r i d g e , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 , p. 6 3 . El estado absolutista. M é x i c o , S i g l o X X I E d i t o r e s , 1 9 8 2 . S a l o m ó n , La economía de la Nueva Granada. B o g o t á , U n i v e r s i d a d d e B o g o t á J o r ­

3

E llio t , J o h n ,

4

A n d e rs o n , P e r r y ,

5

K a lm a n o v itz ,

g e T a d e o L o z a n o , 2 0 0 8 , p. 11. 6

A l z a t e , A . M , « L a i l u s i ó n b o r b ó n i c a . S o c i e d a d y d i s c u r s o r e f o r m i s t a e n la N u e v a G r a n a d a » , e n

210

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

Las reformas abarcaron, igualmente, el control del Estado sobre los monopolios más rentables, la supresión de los resguardos, la eliminación de ciertos privilegios de la iglesia para afirmar el poder secular sobre el religioso, diversos cambios en la producción de bienes, la ampliación del comercio, la liberación de puertos y medi­ das para fortalecer los aparatos militares que, entre otras decisiones, permitió a los criollos ingresar a la oficialidad del ejército y las milicias. Detrás de la modernización se propuso, así mismo, la implementación de políti­ cas de fomento y la tecnificación de la minería, una mejor distribución de la tierra, generalización de la educación y mayor difusión de las ciencias prácticas y los cono­ cimientos técnicos. Con respecto al control social, las reformas impulsaron la cons­ titución de nuevos virreinatos, la creación del sistema de intendencias con un esque­ ma de división territorial similar al francés, ya instaurado en la España peninsular, y la eliminación del consulado de comerciantes. Dichas medidas buscaron unificar la administración y confinar la participación de los criollos en la alta burocracia7. Aunque las reformas lograron ampliar la base de recaudación impositiva a favor de la Corona, reducir el poder de los criollos e incrementar la intervención direc­ ta de la burocracia chapetona sobre la vida económica y social de las colonias, su aplicación desmedida aceleró el descontento de las élites locales, provocó levanta­ mientos populares e impulsó el proceso de emancipación cuando, en medio de sus crisis internas, España fue ocupada por Napoleón. En 1810, al iniciarse la lucha independentista, el monopolio comercial que reivindicara España en sus posesiones americanas se había debilitado y resquebrajado por completo8. Los criollos, al mis­ mo tiempo, habían madurado sus concepciones y estaban mejor preparados para el ejercicio del gobierno. Para España, la suerte estaba echada. 2 . La Nu e v a G r a n a d a : EcoNoM íA y

2 .1

s o c í EDAD

e c o n o m ía d e l o r o y e c o n o m ía d e ís l a s

La economía de los territorios que comprende hoy Colombia fue, durante la Colonia, una ‘economía de islas’. Es cierto que primó la explotación del oro y que gruesa parte de la renta en la Nueva Granada tuvo como sustento la explotación de este metal: Europa necesitaba minerales amonedables para mantener el ritmo

R a m o s , A r i s t i d e s y o t r o s , El Nuevo Reino de Granada y sus provincias. Crisis de la independencia y experiencias republicanas. B o g o t á , E d i t o r i a l U n i v e r s i d a d d e l R o s a r i o , 2 0 0 9 , p. 3 4 . 7

D e 1 7 0 v i r r e y e s q u e h u b o e n e l N u e v o M u n d o , s ó lo 4 f u e r o n c r i o l lo s . D e 6 0 2 m a n d a t a r i o s ,

p r e s id e n t e s , g o b e r n a d o r e s y c a p i t a n e s g e n e r a l e s , t a n s o lo 1 4 f u e r o n a m e r i c a n o s . o l i v o s , A n d r é s .

El 20 de ju lio : coyuntura revolucionaria y revuelta popular (1808-1810).

B o g o t á , P a n a m e r ic a n a ,

C u a d e r n illo s d e h is to r ia , 1 9 9 9 , p p . 20-21. 8

K o n e t z k e , R ic h a r d ,

América Latina. La época colonial.

M é x i c o , S i g l o X X I, 1 9 7 1 , p. 2 7 4

l a n u e v a g r a n a d a a l m o m e n t o d e l a ín d e p e n d e n c ía . c o n d íc ío n e s e c o n ó m íc a s y s o c ía l e s

211

de los precios y estimular la producción; pero, aún así, no fue el oro un producto exclusivo ni excluyente. A su lado, débiles, fallidos o ligeramente exitosos, lu­ charon por surgir otros tipos de riqueza que privilegiaron productos y sistemas de explotación o inserción comercial diferentes. En criterio de Colmenares, sin menospreciar la importancia del oro, se construyó en la Nueva Granada la ex­ presión de un régimen colonial cuyo propósito central se basaba, ante todo, en la canalización de ganancias comerciales en favor de una metrópoli9. La explotación y producción del oro, por otra parte, no aplicó procesos uni­ formes, no se desarrolló bajo un marco territorial exclusivo, ni estuvo sometida a una administración centralizada. En un primer momento, la abundante mano de obra indígena favoreció la explotación acelerada en los distritos mineros cercanos a Popayán, Cartago, Arma, Anserma, Pamplona y Remedios. Posteriormente, con los hallazgos en San Jerónimo, Cáceres y Zaragoza, se inició la introducción de esclavos con un ciclo de producción que alcanzó su tope máximo entre 1590 y 1610. Tras un extenso período de depresión y crisis a lo largo del siglo XVII, la producción en los distritos de Nóvita, Citará y El Raposo recuperó el brillo de la minería. Por consiguiente, la explotación del oro se desplazó por diversas regiones del Nuevo Reino con procesos de trabajo diversos y escenarios cambiantes. Dicha movilidad, según Colmenares, «produjo como resultado que en diferentes épocas la riqueza, y con ella el acceso a un mundo exterior, se concentrara en regiones aisladas unas de otras»10. En el curso del siglo XVIII y antes de la independencia, Popayán y su provincia alcanzaron un auge económico sin precedentes, gracias al provecho de los yaci­ mientos auríferos y a la formación de haciendas en función de un mercado para sus productos en torno a las minas. A partir de la explotación en el Chocó, el Cau­ ca alcanzó paulatinamente un equilibrio considerable entre la producción minera y sus abastecimientos agrícolas, así como también condiciones favorables para la mano de obra esclava, dada la posibilidad de intercambio entre la mina y un traba­ jo más liviano, de descanso o reposición de fuerza en las haciendas. No obstante, el conjunto productivo de esta economía era aún simple. Aunque el consumo regio­ nal se cubría en la provincia y cobijaba las minas de Almaguer y Caloto, las zonas mineras de Chocó y Pasto permanecieron comercialmente aisladas de las villas y ciudades principales, mientras en Chocó ni siquiera fue posible la construcción de centros urbanos o el traslado y residencia de los ‘señores de cuadrilla’11.

9

C o lm e n are s, G e r m á n , « L a e c o n o m í a y la s o c i e d a d c o lo n ia le s . 1 5 5 0 - 1 8 0 0 » , e n

de Colombia,T o m o 10

Manual de Historia

I. B o g o t á , P r o c u l t u r a , 2 a . E d i c i ó n , 1 9 8 2 , p. 2 4 3 .

C o lm e n are s, G e r m á n , « L a e c o n o m í a y la s o c i e d a d c o l o n ia l e s » , e n

Nueva Historia de Colombia .

V o l. 1, B o g o t á , P l a n e t a , 1 9 8 0 , p. 1 25 . 11

C o lm e n are s, G e r m á n ,

Historia económica y social de Colombia 1537-1719.

C a li, U n i v e r s id a d d e l

212

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

Es cierto que algunas mercancías extranjeras se introdujeron por el Atrato al Cau­ ca, pero, en sentido inverso, las vías de comunicación recogían ante todo el flujo del oro y el tránsito de mulas con carne salada y productos agrícolas ínfimos para la sub­ sistencia de los esclavos y de algunos mineros en Marmato y Antioquia. De Popayán a Santa Fe, solo la cera de laurel fue reclamada como elemento de mercado. A finales del siglo XVI y principios del XVII, los yacimientos de Antioquia os­ tentaron el mayor rendimiento obtenido en toda la Colonia. Pero una vez exáni­ mes los filones más superficiales, se inició hacia 1630 una crisis que afectó a todo el Reino con escasez de capitales y mano de obra. Al término del siglo XVIII, la explotación pasó a manos de una pequeña y mediana minería independiente con una explotación aurífera dispersa y de rescate. Persistió, sin embargo, una dificultad no despreciable: desde los primeros tiempos, Antioquia no logró cons­ truir una infraestructura agropecuaria autosuficiente. Mon y Velarde, visitador colonial de la provincia en 1785, impulsó una reforma agraria para fomentar la agricultura y disminuir el costo de la subsistencia en los distritos mineros. Toda­ vía en el siglo XIX, José Manuel Restrepo se quejaba por el consumo de cacao, cerdos y mulas procedentes del valle de Buga. Argumentaba con tristeza que, por esa vía, Antioquia obsequiaba las riquezas de sus minas12. Con todo, gracias a la explotación aurífera y su contrabando, comerciantes y mineros (caucanos y antioqueños principalmente), cosecharon los recursos inicia­ les para liderar económica y políticamente el siglo XIX. El comercio externo, vía expedita para la inversión del oro que burlaba los quintos reales, propició las fortu­ nas más sólidas. Pero es cierto también que el alcance obtenido estaba demasiado lejos de un carácter constructor de nacionalidad y próspero en materia financiera. En las postrimerías coloniales, Carlos III intentó una ampliación y liberalización del tráfico entre España y el Nuevo Reino con nuevas medidas que culminaron en el Reglamento de libre comercio expedido en 1778. Pero, pese a ello, los historia­ dores coinciden en señalar sus débiles efectos como una sencilla preparación para el intercambio que habría de nacer décadas después de la independencia. Es más, en repetidas ocasiones, la rentabilidad de las minas se colocó en tela de juicio al término del siglo XVIII y principios del XIX. Según Pedro Fermín de Vargas, no eran pocos los mineros que continuaban en la producción por simple obsesión y con vanas esperanzas. Queja oportunista, a veces, reflejaba en otras la cruda realidad. De no ser por la exportación ilegal —es la hipótesis de

V a l l e , T M E d i t o r e s , B a n c o d e la R e p ú b l i c a , C o l c i e n c i a s , 1 9 9 7 , p . 2 9 6 . 1 2 R estrepo, J o s é M a n u e l , « E n s a y o s o b r e la g e o g r a f í a , p r o d u c c i o n e s , i n d u s t r i a y p o b l a c i ó n d e la P r o v i n c i a d e A n t i o q u i a e n e l N u e v o R e y n o d e G r a n a d a » , e n Semanario del Nuevo Reyno de Granada, n°. 6 al 12. B o g o tá , fe b re ro 1 2 a m a r z o 2 6 d e 1 8 0 9 .

LA NUEVA GRANADA AL MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

213

algunos estudios—la actividad minera habría desaparecido, conforme fracasaron los intentos de Juan José D’Eluyar por reconstruir la producción argentífera en Mariquita13. En cualquier caso, hay que evitar las exageraciones. Es verdad que el oro po­ sibilitó el nacimiento de un comercio interno y cierto nivel de desarrollo arte­ sanal y agropecuario. Es cierto, igualmente, que el comercio se convirtió en una actividad integradora del territorio colonial que permitió el desplazamiento de riquezas, impulsó la minería, fortaleció a las haciendas y dinamizó el contraban­ do. Pero una cosa fue el comercio inicial con la metrópoli que drenó excedentes productivos y oxigenó la acumulación de dinero, y otra bien distinta aquella actividad comercial que intentó desarrollarse al interior de las colonias. En este sentido, no deben olvidarse los rudos golpes que el comercio local sufrió con la penetración de productos extranjeros en diferentes épocas, como consecuencia indirecta del florecimiento aurífero. Como quiera que el oro fuera moneda y mercancía de exportación al mismo tiempo, cada región estableció su uso de la manera más conveniente. A título de ejemplo, la élite antioqueña adquiría el oro de productores independientes a cambio de plata. Pero, a pesar de ser aquel el circulante interno, los santafereños preferían un comercio con base en el oro y no en la plata. Con esta lógica, la plata poseía mayor valor en Antioquia que en Santa Fe, aunque muy escaso en la Costa, donde las transacciones se realizaban con oro. En ciertos momentos, además, algunas haciendas, especialmente las de tierras bajas y medias, eliminaron casi por completo la circulación monetaria en sus regiones, al pagar con vales redimibles en sus propias tiendas14. Aunque la hacienda constituyó la más importante pieza de la estructura social granadina, al lado y servicio del oro, no lo fue de su economía. Más que en la tecnología, los hacendados prefirieron invertir en esclavos sin vislumbrar nunca el nivel alcanzado por las plantaciones en Venezuela o las Antillas. Entre otras cosas, porque la presencia de esclavos en las haciendas era consecuencia de la relación de éstas con el abastecimiento minero. Al término de la Colonia, Pedro Fermín de Vargas advirtió igualmente el desconocimiento del arado de hierro y de las técnicas de siembra, abono y riego en muchos parajes provinciales, sustituidos por un «inmenso trabajo corporal»15. Si bien la hacienda colonial obtuvo mejores dividendos que ciertos latifundios del siglo XIX, la rentabilidad alcanzada no fue absoluta. Algunos géneros agríco­

1 3 D e v argas , P e d r o F e r m í n , Pensamientos políticos. B o g o t á , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 1 9 6 8 , p . 8 . 1 4 K almanovitz, S a l o m ó n , Economía y nación. B o g o t á , C i n e p , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , S i g l o X X I , 1 9 8 5 , p . 54. 1 5 D e v argas, op. cit.

214

a d o lfo leó n a t e h o r t ú a c r u z

las lograron importante presencia en los mercados urbanos y surtieron con éxito la manutención en las minas; otros más, con motivo de las reformas borbónicas, ganaron terrenos en la exportación o en el incipiente comercio intercolonial. Pero, con todo, su crecimiento fue moderado y la cantidad de tierra económicamente utilizada continuó baja16. Salvo el nivel rentable alcanzado por las haciendas jesuitas, los historiadores atribuyen los grandes limitantes de las haciendas y la producción agropecuaria en los siglos XVIII y XIX, al carácter regional del comercio sobre lo producido, a la debilidad del capital propietario, a los «censos», a las dificultades topográficas y del transporte, a la escasa inversión tecnológica y a las cargas fiscales y obstáculos coloniales. En realidad, no pocos productos y esquemas de comercio fueron ante todo re­ gionales. La Costa atlántica, cuya producción giraba alrededor de la gran hacien­ da, entregaba al comercio ganado y caña de azúcar para la fabricación de mieles y aguardiente. Su mercado, como ocurría con el cacao, el maíz, la yuca y el plátano, era de carácter estrictamente provincial. Sólo en determinadas ocasiones, algunos productos, sebos, cueros y ganado, se enviaron al Chocó. El algodón, el palo brasil y el carey se exportaban a España y las islas inglesas, a donde también se enviaban esporádicamente mulas y caballos. La sabana de Santa Fe de Bogotá era productora de ganado, papa y trigo para el consumo propio y el mercado con Tunja. La harina de trigo, único producto que había logrado ubicarse en el comercio por el Magdalena, fracasó gracias a un acuer­ do entre la Corona española e Inglaterra que le permitía a esta última el monopolio del comercio de esclavos, tras el cual se escondió el contrabando de harinas y otras mercancías por Cartagena. De acuerdo con un informe enviado por los oficiales de la Dirección General de Rentas de Cartagena en 1795, la zona del Socorro era sin duda aquella que más rela­ ciones comerciales tenía establecidas con el interior del virreinato. La villa del Soco­ rro remitía «a todo el reino algodones en rama con pepita y sin ella, lienzos, paños de manos, colchas y otras piezas útiles». Algo similar ocurría con el tabaco producido en Girón y San Gil, cuyo comercio ilícito intentó controlar la Corona estableciendo el estanco en 1766. Las mieles, convertidas en azúcar, panela y aguardiente, «hacían giro a Santa Fe y alguna parte a Cartagena», lo mismo que el cacao de Pamplona y Cúcuta, rumbo a Maracaibo, San Bartolomé y también Cartagena17.

16 To v a r , Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas: su desarrollo en el siglo XVIII. Bogotá, Cooperativa de profesores de la U.N., Ediciones CIEC, 1980, p. 36. 17 J a r a m i l l o , Jaime, «La economía del virreinato (1740-1810)», en Historia Económica de Colombia. Bogotá, Fedesarrollo/Siglo XXI, 1987, p. 74. No obstante, es preciso subrayar el carácter limita­ do de los intercambios y comercios regionales atrás expuestos. Tal como lo evidencia Germán

LA NUEVA GRANADA AL MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

215

En general, las reformas borbónicas no alcanzaron tampoco el desarrollo econó­ mico ni la transformación social con que fueron anunciadas. En la última Relación de Mando, fechada en 1818 por el Virrey Francisco de Montalvo, su queja en rela­ ción con la producción agrícola y su «criminal abandono» no cesaba18. Finalmente, para ser consecuentes con el vasto territorio que comprende hoy Colombia, debe decirse con respecto a San Andrés y Providencia que solo inició su poblamiento definitivo en las primeras décadas del siglo XVIII con elementos anglófonos procedentes de Jamaica, algunos escoceses e irlandeses. Sus actividades económicas comprendían el corte y exportación de maderas, plantación de algodón y coco, pesca, explotación de tortuga, comercio y contrabando. No obstante, su integración a la parte continental de lo que hoy es Colombia fue mucho más difí­ cil. Aunque el arzobispo-virrey Caballero y Góngora concedió en 1788 un permiso especial para que los sanandresanos pudieran vender sus frutos en Cartagena de In­ dias19 y evitar así el comercio ilegal con Jamaica, las transacciones fueron realmente pocas y los isleños siguieron sometidos a la consideración como extranjeros. Durante la breve ocupación del inglés John Bligh, en 1806, los Sanandresanos no tuvieron inconveniente alguno en recibirlo con signos de alborozo y declararse vasallos del gobierno británico. La oposición de la Corona española al comercio de las Islas con la Costa Mosquitia y sus congéneres del Caribe, ocasionaba una oposición agravada por la ausencia de alternativas diferentes, la lengua inglesa y las creencias protestantes. 2 . 2 h e t e r o g e n e id a d en l o s o c í a l

A la diversidad productiva correspondió, desde luego, una heterogeneidad en lo social. Con respecto al oro, por ejemplo, debe empezarse con una aclaración: existen en la explotación aurífera dos tipos de minas, de veta o filón y de aluvión o «placer». En las primeras, el mineral rellena grietas o líneas de fractura a las cuales se llega construyendo socavones y galerías por pozos verticales, a través de rampas o a media ladera, según la profundidad del yacimiento. El procedimiento de extracción es complicado y el lavado o separación entre metal y rocas es lento. En las segundas,

Colmenares al analizar las cuentas de los productos que pasaron por Honda entre 1773 y 1775 «este comercio no representaba gran cosa» si se comparaba con la producción en sus puntos de origen y el consumo en sus lugares de mercado. colmenares, Germán, Historia económica... pp. 389 y ss. 18 Reproducido por Posada, E. e Ibáñez, P. (Ed.), Relaciones de Mando: memorias presentadas po r los gobernadores del Nuevo Reino de Granada. Bogotá, Imprenta Nacional, 1910. 19 Archivo Nacional de Colombia (ANC) Colonia. Miscelanea, T.101, fol. 182. Licencia de Comer­ cio y Navegación concedida por el arzobispo virrey a los habitantes de San Andrés.

216

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

el mineral se encuentra en los playones de los ríos o a flor de tierra en la montaña y precisa tan solo excavaciones a cielo descubierto con menor exigencia tecnológica. Aunque las minas de aluvión o «placer» fueron preferidas en tiempos colo­ niales, las de veta o filón no se abandonaron por completo. En el caso caucano, ambos tipos de mina fueron sometidos por cuadrillas de esclavos cuando el tra­ bajo indígena comenzó a faltar o lo exigió la hacienda. Entre las minas de veta sobresalieron, precisamente, las de Anserma-Cartago (Marmato y Quiebralomo), Popayán y Almaguer. En Antioquia, salvo la penetración original en el Cerro de Buriticá, floreció en cambio una minería libre practicada sobre el ‘oro corrido’ en ríos y quebradas o sobre minas de tajo abierto y extracción fácil a golpes de azada. De hecho, los criollos de Antioquia, forzados por el tipo de explotación aurífera vinculada al «mazamorreo», a los «aventaderos» y al rescate en río, aunque no olvidaron su «pureza de sangre», no vacilaron en plantear una relación horizontal y cercana con pequeños mineros mestizos, negros y mulatos. La esclavitud no era rentable y los levantamientos, dada la alternativa que los manumisos tenían a la vista, se hicieron repetidos. Las prácticas integradoras arrojaron, para los criollos antioqueños, mejores re­ sultados que el modelo oprobioso, jerárquico y vertical aplicado en el Cauca, pro­ piciado a su vez por una minería que, como el trapiche en las haciendas, exigía el empleo crudo de la fuerza. Algo similar ocurrió con los contactos que en ocasio­ nes trabaron los criollos hacendados con los negros cimarrones y sus palenques. Antioquia fue el área excepcional en la que se hizo posible la movilidad social; no sólo a través de la minería, sino incluso gracias al comercio. Medellín, fundada tardíamente en 1675, se convirtió en punto nodal para el abastecimiento de las minas y centro general de la región donde las relaciones de trabajo empezaron a admitir la autonomía entre los contratantes. Así las cosas, mientras en Popayán se castigaba con látigo al negro que osaba entrar a las iglesias de los blancos, en Antioquia se liberaba constantemente a los esclavos. Santa Fe de Bogotá, sede que fue de la Administración Colonial, de la Casa de Moneda, de la Real Audiencia y del Arzobispado, cultivó como el Cauca relacio­ nes y prácticas sociales diferenciales. En buena medida, Bogotá fue el centro de acopio y distribución del oro, la plata y las mercancías nacionales y extranjeras, a cargo de una aristocracia que no alcanzó tampoco los niveles de riqueza que muchos le suponen. Cubierta por profesionales, extranjeros, empleados, talleres y chicherías; rodeada en ocasiones por otros sistemas productivos en sus haciendas boyacenses y receptora directa de la dominación española, la casta de los criollos santafereños se hizo sui-generis entre sus iguales. Las regiones del Socorro y sus proximidades, el oriente de Boyacá y Pasto, fue­ ron más conocidas por su producción artesanal, aunque en Tunja, Villa de Leyva y Vélez, como en Santa Fe, empezaron a formarse estancias que evolucionaron

LA NUEVA GRANADA AL MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

217

en algunos casos al nivel de hacienda y permitieron a su alrededor propietarios medianos, simples labradores o artesanos para la atención de necesidades domés­ ticas. En los tiempos coloniales la labor artesanal fue hasta cierto punto protegida y se intentó con ella la creación de obrajes. No obstante, su demanda no llegó a cubrir todos los sectores regionales. Grupos de la elite criolla preferían los géneros de Inglaterra y las mercancías importadas. La manufactura del interior surtió a los grupos sociales de inferior nivel eco­ nómico. Si bien el vecindario santandereano pudo concentrarse en torno a los poblados y mantener un comercio activo con Tunja y Bogotá, el artesanado del sur del país no logró salir de su condición más miserable. Según Humboldt, «los desdichados habitantes de estos desiertos no tenían otro alimento que las papas»20. Económica, social y culturalmente, cada una de estas regiones recibió, por su lado, el influjo de Maracaibo y Quito. La costa atlántica se constituyó en el escenario predilecto y lógico del comer­ cio con el exterior. Durante la Colonia, nadie disputó a Cartagena el monopo­ lio sobre el comercio marítimo. Debido a su ubicación estratégica fue centro comercial, militar, eclesiástico y administrativo de primer orden, y cuna de una aristocracia ocupada en la trata de esclavos. Con Santa Marta y la Guajira, pasó a ser luego el punto de acceso para las mercaderías procedentes de Inglaterra, Francia y Holanda principalmente. Si bien el patrón de ocupación fue diferente, la distribución de la tierra, como sucedió en el Cauca, cobijó a pocos propietarios con grandes latifundios. La situación no era semejante en Tunja, Bogotá o Cali, en cuyas inmediaciones se instalaron pequeños agricultores o agregados con rozas y ganado, y muy opuesta en Pasto, en el Socorro o Antioquia donde, según Ann Twinan, existía un concepto «atípico» sobre la propiedad de la tierra21. Por su posición estratégica a orillas del Magdalena, Mompox fue el centro natu­ ral para el mercado de los productos criollos en el norte, para las actividades expor­ tadoras de las haciendas costeñas y para la distribución de mercancías legalmente importadas o de contrabando, en el interior del país. Por cierto, los asientos de la trata negrera que la Corona española otorgó a Portugal, Francia e Inglaterra suce­ sivamente, permitieron la introducción ilícita y periódica de mercancías. En estas condiciones, punto de contacto y cruce obligado en la relación de diversos sectores, la costa terminó rompiendo el modelo vertical de los tiempos coloniales, sin llegar a plantear, empero, un tipo de relación como el antioqueño o el santandereano.

20 Hu m b o ld t , Alejandro von, «Cartas de viaje», en Viajeros extranjeros en Colombia. Cali. Siglo XIX. Carvajal, 1970, p. 21. 21 Tw in a m , Ann, Mineros, comerciantes y labradores: las raíces del espíritu empresarial en A n tio ­ quia. 1763-1810. Medellín, FAES, 1985.

218

a d o lfo leó n a t e h o r t ú a c r u z

En cada una de las regiones, los patrones de ocupación de la tierra y el proceso constitutivo de la hacienda fueron materia de diversidad, como lo fueron los pro­ cesos y relaciones de trabajo en todo orden. Según Ospina Vásquez, «había una especialización regional bastante marcada»22. A excepción del Cauca y de algunas ha­ ciendas bogotanas, los propietarios eran ausentistas. Se emplearon diferencialmente esclavos o mano de obra indígena, concierto forzoso o voluntario, servidumbre o peonaje libre y asalariado, aparcería o terraje. En algunas zonas del Cauca y cerca a Pasto se instalaron terrazgueros que laboraban gratis para los hacendados aledaños en determinadas épocas del año. Otras haciendas emplearon arrendatarios fijos o asentados, cuya atadura a la tierra se lograba por coerción o endeudamiento. 2 . 3 POBLACiÓN Y REGiONES SEPARADAS POR LA GEOGRAFÍA

La Nueva Granada, según los cálculos de Humboldt, comprendía 58.300 le­ guas cuadradas23. Su población, en 1810, fue estimada por Caldas en 1.400.000 habitantes distribuidos de la siguiente manera: blancos, 877 mil; indígenas, 313 mil; pardos 140 mil, y esclavos 70 mil24. Antes que a un censo exacto, el cómputo obedecía a conjeturas construidas con base en informaciones de los suscriptores de su Semanario. Sin embargo, dicho cálculo no estaba lejos de la realidad. El censo practicado por el arzobispo virrey Caballero y Góngora en 1782 encontró 1.046.000 habitantes, en tanto el censo ordenado por el General Santander en 1825 contó un total de 1.327.000 habitantes. Si se tienen en cuenta las dificul­ tades y calamidades propias de la guerra, el desplazamiento de los ejércitos y la huída de españoles, la cifra de Caldas podría tomarse como cierta. El Nuevo Reino de Granada se hallaba compuesto por dos distritos: Santa Fe y Quito. El primero de ellos se dividía en provincias: Santa Fe, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Panamá, Veraguas, Popayán, Antioquia y Chocó, así como en los corregimientos de Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare, Mariquita y Neiva. La ciudad de Santa Fe concentraba las actividades del ejercicio formal de au­ toridad, ya que en ella tenían asiento los superiores tribunales de política, justicia y hacienda, así como la más alta jerarquía eclesiástica. Allí se concentró, igual­ mente, la labor educativa y cultural que permitió la preparación intelectual de la elite granadina. Todo ello, argumenta un historiador, «a pesar de que tales formas de monopolio centralista se dieran en un contexto de dispersión regional, de

22 ü s p in a , Luis, Industria y protección en Colombia, 1810-1930. Medellín, Oveja negra, 1974, p. 59. 23 Citado por Restre p o , José Manuel, Historia de la Revolución de Colombia. Medellín, Bedout, 1969, vol. 1, p. 18. 24 Ibidem, p. 19.

LA NUEVA GRANADA AL MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

219

acentuada incomunicación y de geografía abrupta y montaraz, hasta el punto de generar ese espíritu regionalista y autonomista que se reconoce durante todo el transcurso de la sociedad colonial y que, bajo condiciones diferentes, reaparecerá con tanta fuerza en el siglo XIX»25. En efecto, la comunicación entre las provincias y los corregimientos no era la más expedita. El abrupto trazado de caminos o la ausencia de eficaces vías de comunica­ ción y medios de transporte lo impedían. Los carruajes de rueda eran un artículo de lujo que sólo se utilizaba por los privilegiados en las grandes ciudades. La navegación se hacía por medio de canoas, champanes, botes, lanchas y bongos a fuerza de remos o impelidas por palancas que se apoyaban en los árboles o piedras de las orillas. Diversos extranjeros que visitaron y exploraron el territorio nacional en la primera mitad del siglo XIX, legaron con sus memorias una descripción detallada acerca de las enormes dificultades geográficas que padecía el conjunto de las re­ giones. Para Humboldt, por ejemplo, el curso por el Magdalena hacia el interior era indescriptible: una corriente crecida y poderosa, bosques deshabitados, cata­ ratas, mosquitos, caimanes y tempestades permanentes26. Al final, el camino de Honda hacia Bogotá no era más que «una pequeña escalera abierta en la piedra», con un ancho de 18 a 20 pulgadas, insuficiente para el paso de una mula y en la que, según Augusto Lemoyne, se acumulaban «todos los obstáculos susceptibles de hacer el tránsito difícil y peligroso»27. El paso por el Quindío era tan sólo apto para bueyes y cargueros humanos que soportaban sobre sus espaldas una silla amarrada para sentar al viajero. En una travesía superior a quince días, no se encontraba huella alguna de habitante. Gracias a un tiempo «extraordinariamente hermoso», Humboldt empleó 17 días en cruzar los Andes. Sus botas terminaron deshechas sobre la piel y arribó a Cartago «con los pies desnudos y sangrantes». Los bueyes penosamente transitaban estas galerías andinas, pero al toparse con ellos por desgracia en el centro de los barrancos, era necesario «desandar el camino recorrido o subirse a los bordes de la grieta sujetándose a las raíces». Igualmente, «la persona que va en las sillas de los cargueros ha de permanecer inmóvil horas enteras, so pena de caer ambos con más peligros aún de los naturales28. Hacia el sur, el camino que conducía a Pasto no tenía similar. Según el mismo Humboldt, era el más terrible de todos: bosques espesos y pantanos en los cuales

25 s i l v a , Renán, Prensa y revolución a finales del siglo XVIII. Bogotá, Banco de la República, 1988, p. 28. 26 Hu m b o ld t , Alexander von, op. cit., p. 16. 27 Le m o y n e , A., «De Honda a Bogotá», en Viajeros extranjeros..., p. 96. 28 Hu m b o ld t , Alexander von, op. cit., pp. 23 y 26.

220

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

las mulas «hunden medio cuerpo», gargantas hondas y estrechas empedradas por los huesos de las mulas víctimas del frío o el desfallecimiento. No obstante, sus descripciones no lograron superar el peligro relatado por Teodoro Mollien al na­ vegar por el río Dagua hasta Buenaventura29 ni el accidentado trayecto vencido a lomo de bestia por Carlos Saffray en Antioquia30. En estas condiciones, a lo largo del siglo XIX era más fácil y menos peno­ so trasladarse de Cartagena a La Habana o a Cádiz, que viajar desde el mismo Cartagena al interior del país. Es más, en cortos tramos de una misma región, la topografía era igualmente inclemente. El camino que unía a Palmira con Cali, por ejemplo, fue señalado por Isaac Holton como «el peor del mundo, en cuanto al barro se refiere». El desnivel existente entre el lecho del río Cauca y el Valle, hacía rebosar sus márgenes y represar todos sus afluentes en grandes inundaciones y pantanos plagados de mosquitos. «En cierto lugar -advierte Holton- tuvimos que quitarle la montura a nuestros caballos, y cruzar un fangal caminando sobre troncos tendidos, y sosteniendo las cabalgaduras por la jáquima para evitar que se hundieran totalmente en el fango»31. Según el pensamiento de Pedro Fermín de Vargas, «la torpeza y falta de faci­ lidad en los caminos» impedía absolutamente «todo fomento interior». Además, mientras no se uniera a las provincias del Reino con las costas y el exterior, nin­ gún progreso era factible32. Con todo, los problemas geográficos no deben prestarse a equívoco. Sin adu­ cir razones contundentes, Ospina Vásquez no cree en un país «descoyuntado» o «incomunicado»: «la fragmentación e incomunicación en que se cree tanto —aplicando los criterios de hoy a los hechos de entonces- no era la que se dice»33. En opinión de Jorge Orlando Melo, «debe hacerse énfasis en que la estrechez de mercado no era solamente un problema de barreras geográficas y de altos costos de transporte, aunque estos eran importantes, sino que surgía en buena parte de la baja productividad de las unidades económicas del país y de la poca capaci­ dad de generar un excedente comercializable, que a su vez dejara en manos de los productores unos ingresos capaces de convertirse en demanda adecuada para productos no agrícolas»34.

29 Mollien, T., «Por el Dagua hacia el Chocó», en Viajeros e x tra n je ro s ., p. 33. 30 saffray, C., «La provincia de Antioquia», en Viajeros e x tra n je ro s ., p. 171 y ss. 31 Holton, Isaac, «El Valle del Cauca», en Viajeros e x tra n je ro s ., p. 153. 32 De vargas, op. cit., p. 16. 33 Ospina, Luis, op. cit., p. 58. 34 Melo, Jorge O., «La Evolución económica de Colombia», en Nueva Historia de Colombia, vol. 2. Bogotá, Planeta, 1989, pp. 53 y 58.

CUARTA PARTE Retratos y representaciones de la revolución

Impíos y sacrilegos o héroes. Narraciones de la independencia en el tiempo de la independencia Julio Sánchez Gómez Universidad de Salamanca

Este trabajo se enmarca en una de las líneas de investigación que desarrolla­ mos en este momento en Salamanca1: la edición, que comenzará antes de fines del próximo año, de una serie de textos, bien inéditos o bien no reeditados desde su fecha de primera impresión en los años 20 o 30 del siglo XIX y, por tanto, hoy casi desconocidos salvo por especialistas. En un principio, el número de textos que tenía intención de incluir aquí era mayor y de un más amplio espectro de procedencia. Había autores europeos y americanos, favorables y contrarios a la independencia. De ahí el título del texto, Im píos y sacrilegos, que es la calificación que le da el canónigo de la catedral de México Pedro González de Araújo y San Román2 a los artículos de la Constitu­ ción de Apatzingan en 1814, una impugnación que se basaba: En la horrible blasfemia, fruto del ateísmo que contenía la Constitución: que la soberanía residía originariamente en el pueblo, ya que quienes reconocían la existencia de un Dios creador y rector del universo, sabían que el origen de la Soberanía como de todo estaba en Dios, el Rey recibe el poder no de los pueblos, sino del que le hizo hombre antes que mandara.

1 En el seno del grupo de investigación reconocido INDUSAL, Grupo de Investigación de las Independencias de la Universidad de Salamanca y con la financiación de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Ciencia y Tecnología con sendos proyectos de investigación destinados al estudio de los procesos de independencia. 2 González de Araújo y San Román, P., Impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrilegos y se­ diciosos artículos del Código de Anarquía, cuyo título es 'Decreto Constitucional para la libertad de América' sancionado en Apatzingan a 22 de octubre de 1814 y de otros varios escritos de los fingi­ dos representantes de las provincias y pueblos de la América septentrional, en que p o r sus mismos principios y notorios hechos se les convence de enemigos de la Religión y del Estado. México, 1815.

Reimpreso en Madrid en 1817.

224

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

Enfrente, la visión heroica que predominaba no solo entre los propios insurgentes, sino en la opinión pública europea, como hemos podido verificar en una amplia in­ vestigación que hemos realizado sobre la prensa británica del periodo 1810 a 1830. Textos de signos opuestos se publicaron en América y en España. Los hubo de propaganda de carácter realista en América en todos los territorios —salvo en aquellos que a partir de 1810 nunca más volvieron a la obediencia de la Corona-, tanto de carácter periódico, como en forma de folletos o libros, como hubo textos de impugnación de los insurgentes en la metrópoli, durante el largo tiempo de la guerra y después de finalizada ésta, cuando se convierten, sin perder su carácter de refutación, en ejercicios de reflexión sobre las causas de la pérdida del continente y, en algunos casos, en propuestas para su irreal reconquista. Obras favorables a la insurgencia evidentemente surgieron por cientos en la Amé­ rica controlada por los independentistas, pero son mucho menos conocidas aquellas que vieron la luz en el territorio peninsular, si no claramente proindependentistas, sí favorables a que la metrópoli admitiera el hecho consumado y de forma pragmática se dispusiera a reconocer una independencia que les parecía ya irreversible. Puede observarse que los relatos favorables al reconocimiento de la indepen­ dencia son posteriores a 1821. La fecha no es caprichosa. Tiene que ver con la apertura al debate de un nuevo horizonte de relación con América tras el inicio de los debates de las Cortes del Trienio. Puede afirmarse que antes de 1820 no hubo en España una opinión «publicada» favorable, simpatizante o siquiera pragmática frente al movimiento insurgente americano. Difícilmente, por supuesto, podría haber existido en el periodo de mayo de 1814 a los primeros meses de 1820, ya que no se editó periódico independiente alguno y cualquier otra expresión escrita estaba sujeta a una férrea censura. Pero no la hubo realmente en el tiempo anterior a la primera fecha, el de las Cortes constituyentes y luego ordinarias de 1810-1814. José María Portillo escribe que el primer liberalismo español (por pe­ ninsular) encontró insalvables escollos teóricos y conceptuales para hacer efectiva la afirmación repetida por todos y cada uno de los gobiernos de la crisis -Jun­ tas Provinciales, Junta Central, Regencia y Cortes- según la cual los territorios españoles americanos formaban parte esencial de la monarquía no debiéndose conceptuar por colonias o factorías3. No lo fue la opinión de Álvaro Flórez Estrada, la más atrevida de las enuncia­ das en la España peninsular, que desde fuera de las Cortes intentó ir a la raíz de las disensiones americanas y buscar una forma de conseguir que América siguiera

3 P ortillo v aldés, J . M . , « L o s l í m i t e s d e l p e n s a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l . Á l v a r o F l ó r e z E s t r a d a y A m é r i c a » , e n Historia Constitucional (revista electrónica) n . ° 5 ( 2 0 0 4 ) , h t t p : / / h c . r e d i r i s . e s / 0 5 / i n d i c e .h tm l a cce s o el 17 d e n o v ie m b re d e 2011.

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

225

siendo útil a España al tiempo que la permanencia de aquella en una forma nueva de unión a ésta se convirtiera en útil también para los americanos4. Su diagnósti­ co sobre los disidentes era muy negativo; consideraba que los sucesos de Caracas de 1810 habían sido promovidos por un grupo de resentidos que seguían los dictados de sus pasiones, mientras que los juntistas de Buenos Aires, que habían comenzado de forma prometedora, rápidamente habían derivado hacia un «te­ jido de calamidades espantosas.» Aun cuando ha sido abundantemente loada, la propuesta de Florez Estrada se mueve en realidad en el mismo ámbito que las de Argüelles y su grupo en las Cortes cuando se discutió sobre ciudadanía. Si Amé­ rica, concluía Flórez, «no está en disposición de aspirar hoy a ser libre de por sí», no le quedaba más remedio que entrar en el pacto nacional español5. Tampoco el que tradicionalmente ha sido considerado el máximo —o únicoexponente español del sostén intelectual a los secesionistas americanos, aunque escribía desde Inglaterra, José María Blanco White, apoyó la independencia. Un trabajo reciente de Roberto Breña lo deja meridianamente claro6. Indica Breña que, en los asuntos americanos, nadie fue tan penetrante como Blanco. Y Blanco dejó claro, además de su rechazo a la «revolución» y su simpatía por la «reforma» que «Independencia no puede jamás expresar separación de aquellos dominios»7. El apoyo del sevillano a la causa americana estaba condicionado a un principio esencial: el reconocimiento de Fernando VII como monarca de todos ios españoles, pero la unión de los de uno y otro lado del Atlántico tenía que producirse en tér­ minos de estricta igualdad. Carlos Seco indicaba que la idea de Blanco respecto a la organización futura de los territorios ultramarinos se orientaba más hacia una especie de lo que más tarde sería la Commonwealth8.

4

Flórez Estrada, A., Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los medios de su reconciliación, y de la prosperidad de todas las naciones. Madrid, 1991, ed. de J.M. Pérez Prendes. 5 Cfr. Portillo valdés, J.M., op.cit..«Establecer una Constitución que asegure la libertad civil de unos y otros y por la que disfruten iguales derechos españoles y americanos, establecer un sis­ tema de comercio y de administración el más libre y el menos dispendioso posible y abolir las principales causas que impidieron hasta ahora los progresos de la prosperidad nacional» es la propuesta final del asturiano. 6 Breña, R.A. «José María Blanco White y la independencia de América: ¿una postura proame­ ricana?», en Historia Constitucional (revista electrónica), n. 3, 2002. http://hc.rediris.es/03/index. html, acceso el 18 de febrero de 2011. 7 En un escrito que recoge Breña, Blanco se pregunta: «¿No he explicado la independencia de América reduciéndola al gobierno económico interior? ¿No he recomendado la moderación en la reforma a los americanos, y hasta me he parado en la palabra revolución, desaprobándola?», BREÑA, R.A. op.cit.. La disconformidad del ex clérigo aparece nítida desde el mismo momento en que Caracas opta por su temprana independencia en julio de 1811. Su discrepancia aparece mucho más patente en su autobiografía que en las páginas de El Español. 8 seco serrano, C., «José María Blanco-White y la revolución atlántica», en Comunicación y Socie­

226

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

Pero tampoco los textos que encontramos editados después de 1820 reflejan una evolución hacia la simpatía o al menos la comprensión de las posturas independentistas. Lo que aparece, lo veremos, es un mayor pragmatismo en el enfo­ que del problema. Bien conocida es la opinión de Alcalá Galiano, que aceptaba la independencia como inevitable a cambio de concesiones económicas9. En este ámbito se mueven los textos peninsulares que analizamos. Después de seis años de silencio, 1820 abría nuevamente la discusión sobre el problema americano y éste ocupaba tanto los debates de las Cortes como las acciones del poder ejecutivo. Hay que subrayar que la sociedad española adoleció, también en la época posterior a 1820, cuando floreció una prensa libre, de caren­ cia de información respecto a lo que pasaba en América. R. Escobedo recogía la frase de un diputado del trienio: «El Congreso debe saberlo todo [sobre la situa­ ción de América] y se sabe más en las tabernas de Londres que en el Congreso de España»10. Y cuando llegaban, a veces se ocultaban las noticias desfavorables11. Aun así, el debate fue apasionado en la prensa española del trienio sobre la natu­ raleza, causas, soluciones, de lo que ocurría en América y siempre matizado por el pertinaz ocultamiento de los reveses del ejército realista y la magnificación del volumen de la opinión monárquica, a la que se consideraba engañada y sojuzgada por una audaz minoría.

Madrid, 1983. Indica R. Breña, op.cit.., que la postura de Blanco partía de la siguiente premisa: «Si las Américas son provincias de España, iguales deben ser con ellas en derechos, sean cuales fueren las consecuencias?». Esta igualdad no implicaba separatis­ mo alguno, sino un federalismo que rigiera los destinos de una nación hispano-americana que tendría su punto de unión y cohesión de todos los españoles en la figura del monarca. 9 Un sector minoritario del liberalismo encabezado por Alcalá Galiano, planteó abiertamen­ te el reconocimiento de la independencia: «Digamos, pues, a los americanos: nosotros somos libres; si queréis la independencia os la daremos. Para que os la concedamos y vosotros la ci­ mentéis con seguridad y solidez, es imprescindible ponerse de acuerdo sobre la base de contra­ tos (...) por eso propongo que firmemos convenios comerciales en recíproco beneficio; existen relaciones entre nosotros: me refiero a nuestro origen, nuestro idioma, nuestras costumbres y también nuestra religión; y si con tanta resolución estáis dispuestos a separaros de vuestra madre, su memoria continuará entre vosotros; y como no estáis ya en el caso de continuar bajo nuestra tutela queremos daros la independencia; pero creemos que nos debéis en cambio dar algunas ventajas». Discurso de Alcalá Galiano a las Cortes españolas, en Fernández Almagro, M., La emancipación de América y su reflejo en la conciencia española. Madrid, 1957. 10 Escobedo, R., «Repercusión de la Independencia americana en la opinión pública española», en Quinto Centenario, n° 14 (1988). Escribía Escobedo: «Las noticias procedían principalmente de Inglaterra, que mantenía una comunicación más fluida con el Nuevo Continente, ya que los periódicos españoles carecían, por lo general, de medios propios y directos de información». 11 Las noticias sobre la formulación del Plan de Iguala fueron silenciadas y tuvieron que ser los diputados novohispanos los que reclamaran que se hicieran públicas en la Cámara. dad. Homenaje a l profesor Beneyto.

ím p ío s y s a c r íl e g o s

o

h é r o e s . n a r r a c ío n e s d e la ín d e p e n d e n c ía en e l t íe m p o d e la ín d e p e n d e n c ía

227

En marzo de 1820, cuando Fernando VII anunciaba su disposición a jurar la Constitución de Cádiz, el gobierno español todavía controlaba los virreinatos de Nueva España y Perú, luchaba de forma bastante igualada en el virreinato de Nueva Granada y la capitanía general de Venezuela y prácticamente había desapa­ recido del virreinato del Río de la Plata y la capitanía general de Chile. Inmediatamente después del triunfo del movimiento del general Riego se pro­ dujo un cambio de política hacia la insurgencia americana. De las puras políti­ cas de guerra se pasó a la negociación con los «disidentes», lo que constituyó la apuesta del trienio para frenar su avance. Ello no implica, ni mucho menos, que la guerra estuviera ausente en los tres años liberales. Pero su práctica fue menos constante y se movió siempre detrás de la búsqueda de acuerdos. Los liberales del trienio estaban convencidos de que el retorno al sistema liberal y la vuelta a la Constitución devolverían a los territorios americanos los derechos de los que el absolutismo les había privado y atraerían a todos aquellos engañados por unas minorías con intereses espurios. Por eso, la exigencia de partida de los negociado­ res fue siempre el acatamiento de la Constitución. Compartían también, afirma I. Frasquet, la creencia de que una mayor autonomía haría desaparecer toda exi­ gencia independentista12. En un principio la fracción hispanopeninsular de las Cortes se mostró intran­ sigente en las primeras sesiones frente a las primeras demandas de los americanos, que se centraron nuevamente, como en las de Cádiz, en conseguir una represen­ tación igualitaria. Pero a medida que sus demandas se fueron radicalizando -ob­ viamente, en la perspectiva de los peninsulares que aun confiaban en un arreglo sin violentar la Constitución-13, al tiempo que se iban cerrando las esperanzas de conseguir un arreglo con la insurgencia con base al reconocimiento por esta de la Constitución gaditana, algunos -pocos- diputados peninsulares lanzaron propo­ siciones más atrevidas. Quizá la más avanzada fue una de las que incluimos más abajo, la de Miguel Cabrera de Nevares.

12 Frasquet, I., «La cuestión nacional americana en las Cortes del Trienio Liberal, 1820-1821», en Rodríguez, J. (ed.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de América. Madrid, 2005. 13 El 25 de Junio de 1821 llegaba a la Asamblea la más audaz propuesta de los diputados ame­ ricanos. Consistía en dividir las Cortes en tres secciones americanas con las mismas facultades que las de la Península. Las de Madrid se reservarían los temas de política exterior y las que afectaran de manera general a la monarquía. Habría división también del poder judicial y del consejo de estado. Era la configuración de una Commonwealth americana avant la lettre. vid. Frasquet, I., op.cit..

228

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

1 . DE LA iMpuGNAcióN A LA A u t o c R íT íc A: TExTos ANTiiNsuRGENTEs

Los tres textos opuestos a la independencia que hemos seleccionado fueron editados entre 1817 y 1830. Su entidad es diferente, ya que van desde el texto manuscrito corto de Fernando Cacho a la obra de Mariano Torrente, que en tres densos volúmenes incluye más de 1.800 páginas, pasando por el manuscrito del arcediano de Chile, que sirvió de base a Torrente para la redacción del suyo. El primero y el tercero son manuscritos, mientras que el de Torrente es una obra impresa editada en 1830, es decir, solo cinco años después de que callaran las últimas armas defensoras de la legalidad monárquica. Los manuscritos de carácter realista aparecen firmados por el Arcediano de Chile y por el coronel Fernando Cacho14. Ambos textos fueron escritos entre 1817 y 1818, es decir en un momento de reflujo y decaimiento de la causa independentista, salvo en el Río de la Plata, cuando la expedición de Morillo ha logrado reconquistar la mayoría de Nueva Granada, se ha conseguido revertir el proceso de pérdida de amplios territorios en el virreinato del Perú, el general Osorio ha reincorporado Chile y Nueva España puede considerarse más o menos pacificada para la corona. Era un buen momento para reflexionar y hacer auto­ crítica. Y un toque autocrítico aparece en los textos, si bien casi siempre en el sentido de reprochar un exceso de lenidad frente a la insurgencia. Los dos autores, como cualquiera que se sitúe en el campo del legitimismo, consideran a América un territorio español y por tanto toca en ese momento, aparte de la exposición de los acontecimientos, analizar las causas por las que el movimiento se ha produci­ do y extraer lecciones para el presente. Fernando Cacho fue un militar nacido en la localidad cántabra de Santillana en 1775 que, después de participar en diversas acciones en la guerra peninsular, fue enviado en 1816 a combatir a la insurgencia americana en Chile, pero cayó prisionero en febrero de 1817 tras la batalla de Chacabuco. Más tarde es remitido como prisionero al célebre campo de internamiento rioplatense de Las Bruscas, de donde huyó en compañía de un compañero que luego sería célebre, Ramón Casti­ lla, posteriormente gran mariscal del ejército del Perú y presidente del país en dos ocasiones. En su fuga llegó a Montevideo, entonces bajo soberanía portuguesa, donde están fechadas sus Reflexiones en septiembre de 1817 y de allí pasó a Río, que desde el inicio de la insurgencia se había convertido en el centro más activo de

14 c a c h o , Fernando, Reflexiones políticas sobre las provincias del sur de la América M eridional, ma­ nuscrito en el Archivo General de Indias, Sección Mapas y Planos, Manuscritos, n. 22, procede de Indiferente General, 1357, fechado el 29 de septiembre de 1817 en Montevideo. El manuscrito fue transcrito en red por Francisco c o l o m Go n z á l e z en la revista electrónica Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía y Humanidades, segundo semestre, año/vol. 4, n° 008 (2002).

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

229

organización de la contrainsurgencia en la América del Sur occidental. Proporcio­ nó allí informes al embajador español ante la corte portuguesa, marqués de Casa Flores y se dirigió al Perú, donde desempeñó diversas misiones, para terminar su itinerario americano en la batalla de Ayacucho, desde donde volvió a España. La visión de Cacho tiene el interés de ofrecer la perspectiva algo ingenua de un militar que puede ser representativa del pensamiento de un realista peninsular medio sin una gran perspectiva analítica. La situación es para él perfectamente reversible aplicando algunos remedios, si bien es consciente de que la separación es inevitable a largo plazo y escribe que es necesario preparar a España para ese momento15. Sus soluciones, que tienen mucho de arbitristas, se enraízan en la tradición reformistaabsolutista borbónica. Una de las metas del gobierno del rey, un gobierno que él entiende como profundamente paternal, es cerrar la brecha que se ha abierto entre peninsulares y criollos, comenzando por desterrar el desprecio y la ignorancia que los españoles peninsulares mantienen aún frente a los americanos16: Procurar, dice, que todos le amen y que unidos íntimamente con la Península como deben estarlo por todas las razones, tengan un interés en la conservación, fomento, prosperidad y poder de ésta y ésta por su parte debe tenerle en el bien­ estar y felicidad de aquellas. Debe ser tal la unión de estas provincias con la me­ trópoli que se consideren tan unidas a ellas como las Castillas o cualquiera otra provincia del continente.(.. .)[estas] no pueden ya ser gobernadas como colonias, por consiguiente deben serlo como provincias integrales del reino.

Todo ello, inseparablemente unido a una imprescindible moralización y agilización de la administración. ¿Por qué surgió la insurgencia? Esta ha sido obra sobre todo, según Cacho, de tres grupos de gente: los hijos d e europeos, los abogados, los curas y los frailes: Los hijos de europeos son generalmente muy malos y la causa principal es la inmoralidad de su conducta, pues criados en la ignorancia, en la soberbia y en el ocio, son altivos y presuntuosos, creen que deben mandar la América y no obede­ cer la Europa. Este es un efecto general en los hombres que de repente se ven salir de la nada. Lo pasado les ofrece un objeto degradante para su vanidad y lo futuro no les presenta facilidad para lisonjearla, sino trastornan el orden.

1 5 « P r e p a r a r l a E s p a ñ a p a r a q u e l e s e a m e n o s p e r j u d i c i a l la p é r d i d a d e s u s c o l o n i a s c u a n d o l l e g u e la s e p a r a c i ó n » . 16 « G e n e ra lm e n te se c re e e n E sp a ñ a q u e sus p ro v in c ia s d e A m é ric a e s tá n m u y a tra s a d a s e n c iv iliz a c ió n y p o lític a y q u e su s n a tu ra le s s o n ig n o r a n te s , p e r o e s te ju ic io es e r r a d o y se h a c e m u c h a in ju s t ic ia a lo s a m e r i c a n o s d e C h ile y p r o v in c ia s q u e h e v is t o d e l v ir r e in a t o d e B u e n o s A ire s . L o s p u e b l o s p r in c ip a le s e s tá n e n el m i s m o p ie d e ilu s t r a c ió n , c iv ilid a d y c u lt u r a q u e lo s d e la p e n í n s u l a y s i e l l u j o f u e s e e l b a r ó m e t r o d e la f i n u r a e n la s o c i e d a d s e h a l l a r í a n l a s c i u d a d e s d e e s t a p a r t e d e l m u n d o m á s a d e l a n t a d a s q u e l a s d e p r o v i n c i a s d e la p e n í n s u l a » .

230

ju l ío

Sá n c h e z Gó m e z

Los doctores han tenido también mucha parte (...). No hay país en el mundo que tenga tantos doctores como esta América; las universidades de Charcas y Córdoba han prodigado los grados al infinito, pues a proporción de sus habi­ tantes tiene esta América más doctores que toda la Europa. Los doctores en leyes y cánones, que son los que más abundan, tienen aquí más vanidad que en otras partes y los mira el país con tanto respeto y deferencia que su vanidad se lisonjea. Su mismo número se perjudica para la subsistencia y resulta que ajado su amor propio por la necesidad, culpa todas las provisiones de empleos que hace el Rey en los peninsulares, clama porque no se los confieran y han esparcido estas ideas hijas de su ambición. Deben pues disminuirse los grados en lo sucesivo, no prohibien­ do que se den, sino exigiendo tales conocimientos que sean pocos los que puedan obtenerlos y los que de este modo se gradúen, deben ser empleados para que tengan interés en la conservación del orden, mas siempre será mejor emplearlos en Europa o en otra parte de América, para que su ambición no les incite alguna vez al mando de sus compatriotas17. Los curas y los frailes también han contribuido mucho a las revoluciones de América. Estos hombres que por su ministerio debían conservar la paz, predicar la obediencia y dar exemplo de virtud y de subordinación al soberano, son de los que mas han contribuido al desorden por escrito y de palabra han movido al pueblo. La Cátedra del Espíritu Santo ha sido profanada, predicando desde ella la rebelión al Rey y el exterminio de los europeos. Olvidados de que su reino no es de este mundo y de que son la sal de la tierra, se han valido del grande influxo que tienen sobre las conciencias para exaltar los ánimos y con su exemplo han contribuido mucho al desorden y a la rebelión. Muchos sacerdotes han estado y están empleados contra su Rey y todos ven disminuirse con rapidez la moral y la religión. Ellos mismos están en gran número pervertidos y relajados y necesitan más reforma que las demás clases del estado. A l gobierno corresponde el modo de corregirlos. A mi me parece que los enemigos del rey, deben ser trasladados a España y que es de necesidad reunir en estas provincias un concilio.

¿Cómo está la opinión en América en el momento en que Cacho escribe?: En América hay tres clases de gentes que forman opinión, a saber, los españoles europeos, los españoles americanos y los extranjeros. Los españoles europeos son generalmente realistas, pero muchos han sido traidores y han servido y sirven hostilmente contra nosotros. Los rebeldes deben marchar todos a España con sus familias y facultades, hayan o no tomado las armas. Los extranjeros deben salir de estas provincias todos los que han sido insur­ gentes y los que han venido después de la caída de Bonaparte deben salir sin que

1 7 « E l R e y n o d e C h i l e t i e n e p o c o s d o c t o r e s y e s t o e s u n a v e n t a j a p a r a c o n s e r v a r e l o r d e n y la tra n q u ilid a d » .

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

231

ninguno quede, porque odian al Rey y a la nación, fomentan la revolución de todos modos y la sostienen con las armas. Tampoco debe quedar aquí ninguno anglo-americano, porque son los que más han auxiliado la revolución y porque su país es el parque y el astillero de los rebeldes. En los españoles americanos hay tres clases: la una de realistas, la otra de rebel­ des y la restante, de indiferentes. La primera es la más pequeña, la de los rebeldes es más numerosa que la de los realistas, pero mucho más pequeña que la de los indiferentes. Si se supone que la población del virreinato de Buenos Aires suble­ vado sea diez, será uno el de los realistas, tres el de insurgentes y seis de de los indiferentes.

Pero ahora, en el momento en que la insurgencia está en claro receso, llega el tiempo de la generosidad: «para la tranquilización de las provincias se debe publicar un indulto, pues si se trata de castigar a todos los que han delinquido, se derramaría mucha sangre, porque después de siete años de revolución, son muchísimos los reos. Las principales causas por que los insurgentes se mantienen aun pertinaces son por la conservación de sus vidas y empleos y así es que dicen «esta es guerra de pescuezo». Eso si, después del indulto general, los que reincidan deben ser castigados con dureza: «Serán enviados a Europa e internados en pueblos lejos de la cos­ ta. Las haciendas y efectos que tuviesen los que se sublevasen y que deben ser confiscados deberían distribuirse entre los labradores pobres que han sido fieles, en recompensa de su fidelidad. Con las haciendas de uno malo se enriquecerá a muchos pobres que serían por su propio interés los mejores defensores del Rey». Una solución esta aplicada en ocasiones en el campo insurgente, por ejemplo, por Artigas en la Banda Oriental. Cacho estudia pormenorizadamente la situación en las zonas que ha recorrido, Chile y el Río de la Plata y presenta medidas diferenciadas para cada una de ellas. De todos los americanos, son los rioplatenses los más proclives a la insurgencia: Buenos Aires debe ser tratado de distinto modo que los demás pueblos, no sola­ mente porque su carácter y poder los hace más temibles, sino también porque es el focus de toda la revolución, porque procura extender sus ideas por Lima y otros pueblos, por la mucha sangre que ha derramado injustamente y porque los que una vez han mandado no se acostumbran con facilidad a la obediencia18.

1 8 Y p o r e llo d e b e h a b e r u n t r a t a m ie n t o e s p e c ífic o p a ra B u e n o s A ire s : « D e b e q u ita r s e a B u e n o s A i r e s la r e s i d e n c i a d e l V i r r e y y d e t o d o s l o s t r i b u n a l e s . D e b e c e r r a r s e s u p u e r t o s i n d e j a r e n é l n i n g ú n b a r c o , p u e s n i p a r a p e s c a r lo s n e c e s it a n . D e b e n c o n d u c i r s e a E s p a ñ a t o d a s la s f a m i l i a s i n s u r g e n t e s c o n t o d o s u c a u d a l p a r a q u e s e e s t a b l e z c a n e n d o n d e s e le s s e ñ a le , c e l a n d o e n t o ­ d a s p a rte s su c o n d u c ta , p a ra q u e n o se e s c a p e n . F in a lm e n te , se d e b e d is m in u ir e s te p u e b lo to d o

232

ju l ío

Sá n c h e z Gó m e z

En cualquier caso, el texto de Cacho es el menos agresivo respecto a los insur­ gentes de los tres que aquí presentamos. El autor del segundo de los textos manuscritos -C o m p en d io d e la revolu ción d e la A m érica m erid ion a l- es un clérigo del que no hemos podido aun averiguar quien era exactamente, que firma el texto como El A rcediano d e C hile y que no puede evidentemente ser el conocido José Ignacio Cienfuegos, arcediano de Santiago, puesto que fue un activo independentista desterrado por Osorio y que recibió más tarde, en 1818, nombramiento por parte de O’Higgins. Posiblemente el personaje fuera Mariano Ruiz Navamuel, nombrado por la Cámara de Indias en 1816 y que era efectivamente realista y fue luego tesorero de Granada y obispo de M álaga19. El texto está incluido entre los papeles del marqués de la Pezuela, depo­ sitados en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander20. El manuscrito del Arcediano es de mucha mayor entidad que el anterior y de mucha más elevada enjundia histórica. Recoge profusamente los hechos sucedidos entre 1806 y 1815 en todo el territorio de Sudamérica y goza de una información privile­ giada, de forma que es la fuente principal de la que se surte la obra de Torrente al tratar de América del sur, obra que es tres lustros posterior. Su visión es la de un absolutista antiliberal, recordemos que solo una de las que convivieron en el seno del realismo. Su opinión, que coincide con la de Mariano Torrente, es que el origen de todo el problema fue la quiebra de autoridad que se produjo en Buenos Aires a raíz de la retirada de los británicos. Es entonces cuando «comenzó a debilitarse mucho el imperio de las leyes y el respeto de las autoridades». El gran error cometido por quienes luego, sobrepasados por los radicales, tendrían ocasión de arrepentirse, fue no restituir la autoridad al virrey, dado que, fuera cual fuera su responsa­ bilidad, de sus actos no tenía que responder más que al rey. No existía ningún motivo para que se le privase de una autoridad «que emanaba directamente de la

lo p o s ib le p a r a q u e , r e d u c i d o a m e n o s p o d e r q u e lo s d e m á s d e l v ir r e in a t o , n o p u e d a p e r t u r b a r el o r d e n .» ¿Y q u ie n h a d e s e r el h e r e d e r o n a tu r a l d e B u e n o s A ire s , s e g ú n C a c h o ? La fie l M o n t e v i ­ deo. 1 9 A g r a d e z c o e s t a i n f o r m a c i ó n a la p r o f e s o r a L u c r e c i a E n r i q u e z . L a c o n s u l t a d e la Guía del Es­ tado Eclesiástico secular y regular de España en particular y de toda la Iglesia Católica en general c o r r e s p o n d ie n te al a ñ o 1 8 1 7 d e ja e n b la n c o el n o m b r e c o r r e s p o n d ie n te al c a r g o d e a rc e d ia n o , b a jo el d e l c o n o c id o o b is p o re a lis ta J o s e S a n tia g o R o d r ig u e z Z o rrilla . P o r ta n to , c u a n d o e s c r ib ió e l t e x t o , e l a r c e d ia n o y a n o o c u p a b a s u c a r g o d e ta l. 2 0 Compendio de la revolución de la América m eridional del sur p o r el arcediano de Chile, e n B i b l i o ­ t e c a M e n é n d e z P e l a y o , S a n t a n d e r , m a n u s c r i t o s ; p a p e l e s d e l m a r q u é s d e la P e z u e l a .

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

233

soberanía real». El nombramiento de Liniers, al que sin embargo defiende como a un héroe, «fue un pésimo ejemplo y resultó de consecuencias funestísimas que el pueblo creyese o se le hiciese creer que estaba en su mano elegirse un jefe y abrogarse una intervención de esta clase en la cosa pública». A raíz de ahí, Buenos Aires, convertida en foco de la revolución, no haría más que difundir por toda América un ejemplo que eso sí, caía en terreno abonado por «el pus revoluciona­ rio generalizado con el pernicioso ejemplo de los papeles franceses». El otro gran error, éste de la autoridad virreinal fue, aunque reconoce que obligada por las circunstancias, la introducción del libre comercio, con lo que se abrió una puerta franca a la comunicación con los extranjeros, dando por tierra con el edificio secular del sistema político y económico de las colonias. Otra opinión coincidente en ambas obras es que la idea de independencia estaba ya presente desde el primer momento, es decir, desde 1806, si no antes, «aunque anduviera encubierta y embozada». El combustible y el pretexto, solo pretexto, del estallido, lo añadieron las noticias llegadas del vacío de poder en la cúspide de la monarquía y la asunción del mando por la Junta Central: «El em­ barque del virrey —escribe el arcediano- abrió a todos los ojos y confirmó las bien fundadas sospechas de que el objeto y término de la junta era la emancipación e independencia de la metrópoli». Una vez que el ejemplo insurreccional se difundió por el resto del continente, encontró el terreno abonado. Según el arcediano, la revolución estaba ya pro­ fundamente enraizada en todos los territorios de la América del sur a la altura de 1810: «las ideas de independencia estaban muy esparcidas y abrigadas en las provincias cuya fidelidad se había procurado minar de antemano, ya dando por imposible la restauración de España, ya declamando contra la dureza del gobier­ no, ya resucitando los derechos de los antiguos incas e indios originarios». La aguda penetración del autor del C om pendio aparece en algunos de sus aná­ lisis. Por ejemplo, recalca continuamente, el carácter de «guerra civil» de la lucha en América, lo que entra en una cierta contradicción con su continua alusión al apoyo masivo a la insurrección de la generalidad de los habitantes del Alto Perú o de los indios. Los europeos, dice, son minoritarios en las tropas realistas, incluso entre los propios jefes. Y por otra parte, su visión de la lucha en algunos momentos como «lucha regional», que él recalca frecuentemente. Fue el caso, por ejemplo del enfrentamiento entre Quito y Guayaquil, entre Caracas y el oc­ cidente venezolano o entre el norte y el sur de la futura Colombia. O la intuición del carácter de caudillos, de líderes capaces de arrastrar masas, de algunos jefes realistas, como fue el caso de Goyeneche. Pero su carácter de absolutista en las filas del realismo lo deja patente en el diagnóstico de una de las causas que él exhibe como central en la desarticulación

234

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

del poder español en América: la postura de la Regencia y de las Cortes en rela­ ción con el problema americano. Escribe el clérigo santiagueño: Los rebeldes bonaerenses llevaban por delante las declamaciones sabidas contra el gobierno y los españoles. Pero es preciso confesar que todas estas declamaciones no eran por desgracia sino repetición de lo mismo que con la mayor imprudencia se había impreso y publicado en la misma península y aun en las proclamas y pape­ les ministeriales. Terribles y dolorosísimas fueron para todos los hombres sensatos las expresiones que, dejándose llevar de los gritos y clamores injustos de sus mismos enemigos, estampó la Regencia en su manifiesto del 14 de febrero de 181 0 a los americanos españoles, encorvados, les dijo, debajo de un duro yugo, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia, con otras frases y expresiones irreflexivas que abiertamente atacaban al régimen español y a sus mandatarios presentando a éstos ante los pueblos como los instrumentos de su opresión con los caracteres más odiosos, sin advertir que todos estos papeles eran otros tantos cohetes incendiarios que lejos de calmar las agitaciones de América la inflamaban más y más y la estimu­ laban a llevar adelante sus ideas de separación de la madre patria.

Independientemente de sus opiniones, el relato de los hechos históricos es muy pormenorizado y fiel y constituyó la fuente de muchas historias posteriores, entre otras, la de Mariano Torrente, que vamos a analizar a continuación. El tercer texto elaborado desde la óptica antiinsurgente lo constituyen los tres gruesos volúmenes con más de 1.800 páginas de la obra de Mariano Torren­ te21, editados en Madrid en 1829-30, cuando aun estaban vivos los rescoldos de Ayacucho y que son la más precisa exposición de la postura oficial española del momento, en plena década ominosa y la primera versión que se publicó «desde la otra parte»22. Obra evidentemente publicada con muy poca distancia respecto a los hechos y que por ello trasunta una elevada dosis de apasionamiento. El propio Torrente, en el prologo indica: «La historia de las revoluciones, según la opinión de algunos sabios, no debiera escribirse tan distante de ellas que se haya perdido su memoria, ni tan cerca que falte al escritor la necesaria libertad». Mariano Torrente es un curioso personaje, buen representante del pensamien­ to absolutista en relación con la reciente pérdida del Imperio23, nacido en Barbastro en 1792, afrancesado en los primeros tiempos, pero que en el tiempo

2 1 S o b r e T o r r e n t e , v i d . M o n t o y a R iv e r o P., « M a r i a n o T o r r e n t e , l a o t r a m i r a d a d e la i n d e p e n d e n c i a y s u s r e l a c i o n e s c o n I t u r b i d e » , e n Terra, M e m o r i a 2 0 1 0 , v o l . 7 . e n h t t p : / / w w w . t e r r a . c o m . m x / m e m o ria 2 0 1 0 /a rtic u lo /9 0 1 0 0 7 /, a c c e s o el 7 d e m a rz o d e 2 0 1 1 . 2 2 L a Gazeta de Madrid, e l ó r g a n o o f i c i a l i s t a , d e l 5 d e e n e r o d e 1 8 3 0 , s a l u d a b a a s í l a p u b l i c a c i ó n d e la Historia: « P r e s e n t a b a j o s u v e r d a d e r a f o r m a h e c h o s h i s t ó r i c o s q u e h a n t e n i d o la m a y o r i n ­ f l u e n c i a e n la s r e l a c i o n e s p o l í t ic a s y c o m e r c i a l e s d e E s p a ñ a y n o h a n s i d o a p e n a s r e f e r i d o s h a s ta a h o r a m á s q u e p o r l o s p r e d i c a d o r e s d e la r e v o l u c i ó n » . 2 3 S ie m p r e q u e se re fie re al t r ie n io lo d e n o m in a «el in te r r e g n o » .

ím p ío s y s a c r íl e g o s

o

h é r o e s . n a r r a c ío n e s d e la ín d e p e n d e n c ía en e l t íe m p o d e la ín d e p e n d e n c ía

235

de Fernando VII fue cónsul en Civitavecchia -e l puerto de los Estados Ponti­ ficios- desde dónde tuvo ocasión de entrar en contacto con el entonces exiliado emperador Agustín de Iturbide, de quien recogió abundante información para su Historia y, según él afirmó, negoció el establecimiento, tras su ya planeada vuelta a México, de un miembro de la familia de Fernando VII en el trono24. Vivió des­ pués en Londres y fue administrador de rentas en Cuba para volver a España y ocupar un puesto en las Cortes en tiempo de la regencia de Espartero entre 1841 y 1843. Volvió a Cuba, donde falleció en 185625. El aragonés escribió otras obras sobre la isla de Cuba, sobre las relaciones de España con el mundo anglosajón y una Geografía Universal26 y editó un periódico en la capital antillana con el título C onservador d e am bos m undos27. La historia de Torrente tuvo una amplia difusión, no solo en España, donde durante un tiempo fue el único relato disponible sobre los acontecimientos re­ cientes, sino también en América, donde fue objeto de refutaciones varias. De hecho, según Harwich, las dos primeras historias de Venezuela escritas después de la independencia fueron, en parte, concebidas como una respuesta a la «multitud de falsedades con que el español Don Mariano Torrente ha querido lastimar la conducta de los americanos, siempre imbéciles a su modo de pensar»28.

24 Si así fue, nunca Iturbide lo manifestó en su fugaz vuelta a la sede de su Imperio. Torrente escribe: «Desde Livorno [Iturbide] se dirigió a Londres esperando entablar negociaciones con el gobierno español para coronar emperador de Méjico a uno de nuestros augustos infantes, en conformidad con su primitivo plan de Iguala y tratados de Córdoba, por lo que se manifestaba sinceramente decidido. Puedo asegurar que si a nuestro amado soberano hubiera podido con­ venir este último proyecto se habría llevado a efecto con perfecta seguridad y con muy pocos sacrificios. A este fin se encaminaban las relaciones que contraje en aquella época con el citado Iturbide, esperando que este servicio pudiera ser grato a SM. Creí que aquel era el único medio decoroso de rescatar a Nueva España de su exterminio, de salvar los intereses de la monarquía española. Los seis años que han transcurrido han abierto un campo mas vasto a las esperanzas de reponer en aquel país la autoridad real en todo su esplendor (¡!!) y han acreditado la sagaz previsión del gobierno en haber desechado unas ideas que llevaban a lo menos el sello de la buena fe y lealtad del oficioso negociador» En cualquier caso y como es sobradamente conoci­ do, Fernando VII nunca reconoció los tratados de Córdoba. 25 Montoya Rivero P., op.cit.. Harwich, N., «Un héroe para todas las causas: Bolívar en la historio­ grafía», en IberoAmericana, III, 10 (2003), pp.7-22. 26 Geografía universal física, política e histórica, Madrid, 1827; Revista general de la economía p o ­ lítica, La Habana, 1835; Colección escojida de novedades científicas, cuadros históricos, artículos de costumbres y misceláneas jocosas con el título de recreo literario, La Habana, 1837; Bosquejo econó­ mico político de la isla de Cuba comprensivo de varios proyectos de prudentes y saludables mejoras que pueden introducirse en su gobierno y administración, Madrid, 1852; Política ultram arina que abraza todos los puntos referentes a las relaciones de España con los Estados Unidos, con la Inglate­ rra y con las Antillas y señaladamente con la isla de Santo Domingo, Madrid, 1854 27 Harwich, N., op.cit.. 28 Montenegro y colón, F., Historia de Venezuela, Caracas, 1960.

236

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

Su obra, para la que contó con la información de muchos líderes insurgentes americanos a los que tuvo ocasión de conocer en Londres y de jefes realistas con los que se encontró en España, recibió ayuda de la monarquía, tanto para realizar sus pesquisas como para proceder a su edición. Es de alguna forma la primera ver­ sión oficial aparecida de explicación de unos acontecimientos que hoy podemos considerar finalizados cuando se publica el libro, 1830, pero que la monarquía y su entorno no los consideraban así. De hecho, Torrente indica que uno de sus objetivos es dar cuenta del estado de aquellos países, los productos y rentas «de aquel hermoso continente, cuyo recobro podría ser más ansiosamente apetecido cuando se generalicen los conocimientos de su feracidad y opulencia». Es decir, la obra del aragonés sería uno de los instrumentos de ayuda para la reconquista, idea que todavía estaba viva en los medios del absolutismo. Esta versión oficial, en palabras del autor se escribe también para contrarres­ tar en Europa la opinión favorable a los insurgentes difundida por éstos y a la que hasta entonces no se había enfrentado una alternativa desde la óptica de la monarquía. Al primer volumen le precede un discurso preliminar destinado a «rectificar la opinión tan extraviada por los insurgentes y por sus partidarios eu­ ropeos, únicos impuros canales por dónde puede decirse, han sido comunicados al mundo antiguo los excesos de la terrible revolución». Es pues, un instrumento de propaganda para contrarrestar la que era unánime opinión pública europea favorable a la insurgencia. Y como tal, es una encendida defensa de la acción de España en América en la que aparecen ya todos los argumen­ tos que se repetirán en toda obra apologética que en España ha sido hasta hoy: • la organización política era de una extrema racionalidad y culminaba con los juicios de residencia, máximo órgano de fiscalización y rectificación de errores. • los abusos contra la población indígena, siempre a espaldas de las autoridades, habían terminado cuando llegaron los intendentes y su misión fiscalizadora29. • los cabildos eran una institución que resultaba «hasta viciosa» por su exce­ siva condescendencia, «demasiado filantrópicos para regir aquellos extensos do­ minios»: se trataba de asambleas populares [sic] con prerrogativas muy vastas y superiores a los ayuntamientos de la metrópoli, etc. Frente a tal generosidad de España los americanos han sido profundamente desagradecidos. 2 9 La s o la e x c e p c ió n q u e p r e s e n ta c o n t r a e l b u e n c o n c e p t o f o r m a d o a u n p o r lo s m is m o s e n e ­ m i g o s a c e r c a d e la s u a v i d a d d e l a s l e y e s y d e l f i l a n t r ó p i c o g o b i e r n o q u e r e g í a e n l o s d o m i n i o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a e s l a m i t a . P e r o a c h a c a la m a y o r p a r t e d e l a m a l a f a m a a « e x p r e s i o n e s p o é t i c a s d e s u d u r e z a » . S u ú n i c a d u r e z a r e a l e r a la e x i g e n c i a f o r z a d a , p e r o « ¿ C ó m o e r a p o s i b l e e x c i t a r d e o t r o m o d o la a c t i v i d a d d e a q u e l l a s g e n t e s , s i n i l o s p r e m i o s , p r o m e s a s y n i n g u n a c la s e d e e s t í m u lo a lt e r a b a n e n lo m á s m í n im o su a p a tía n a tu ra l? ¿ n o h a b ría s id o m a s p e n o s o y e x p u e s t o u n l a r g o s e r v i c i o e n la c a r r e r a d e l a s a r m a s d e q u e e s t a b a n e x e n t o s ? » .

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

237

¿Quiénes fueron para Torrente los artífices de la revolución? Igual que el coro­ nel Cacho, opina que los motores del levantamiento fueron «los abogados que no agradecieron al monarca el que les hubiera proporcionado universidades y maes­ tros y los jóvenes díscolos y bulliciosos alucinados por los venenosos ejemplos de la revolución francesa y encantados de la perspectiva de apoderarse de los empleos y las riquezas de los españoles». Ni un gramo de autocrítica. Y ¿Cuáles fueron las causas? La falta de energía en los primeros momentos para sofocar las conmociones populares; la formación de juntas, en lo que coin­ cide con el arcediano; la intempestiva alocución de la Regencia de Cádiz en 1810 -u n lugar común muy extendido entre los realistas de América, incluso entre muchos liberales-; la libertad trasladada a las playas de América con la ominosa (sic) Constitución de las Cortes de Cádiz30; las ideas liberales propagadas por desgracia con tanta rapidez en 1820 en las filas españolas, en las que una parte de la oficialidad contaminada por ellas llegó a considerar como una incoherencia de principios el combatir la independencia y la libertad del nuevo mundo; el descuido, la torpeza y finalmente el aburrimiento de muchos militares españoles por una lucha tan terca y espinosa. Estos fueron los agentes de la momentánea -recalca- emancipación de hecho de los americanos, además de los auxilios pres­ tados por algunas potencias extranjeras. Y ¿Cuál es la situación en el momento de la publicación del libro? La lucha ha finalizado, pero ha sido sustituida por la anarquía. Diecinueve años lleva libre del supuesto yugo Buenos Aires, once Chile, cinco Perú, etc. ¿y cuáles han sido sus progresos? El abatimiento y la miseria general. La dependencia de España, dicen los americanos, es innegablemente molesta, pero es infinitamente peor la horrorosa anarquía en que quedaron sumidos nuestros pueblos. Y la amenaza de las castas: «México ha principiado ya a sufrir los efectos de mi predicción. El mulato Guerrero con sus hordas forajidas va a entronizar un despotismo tan duro como lo fue el del negro Enrique en Santo Domingo. Ya la capital ha sido saqueada. Ya ha comenzado la guerra civil de las gentes de color reforzada por toda la pillería y hez de las poblaciones contra los criollos autores de esa misma revolución, de la que han de ser finalmente sus víctimas expiatorias. Y en Perú bastará que surja otro Tupac Amaru para acabar con todos los blancos, que apenas forman el 10% de la población. Si aquellos indios llegan a perder su 3 0 « D e s d e q u e s e r e s t a b l e c i ó e n E s p a ñ a la m a l h a d a d a c o n s t i t u c i ó n d e C á d i z s e o b s e r v ó e n l o s p r i n c i p a l e s d i r e c t o r e s d e e s t e s i s t e m a u n e m p e ñ o i n d i r e c t o p o r la e m a n c i p a c i ó n d e a q u e l l o s d o m in io s , o a lo m e n o s u n a in d ife r e n c ia a b s o lu ta s o b r e s u s u e rte . A l v e r a lg u n o s u n a c o n d u c t a t a n e x t r a ñ a l l e g a r o n a p e n s a r q u e ta l v e z el v a c i l a n t e e s t a d o d e l n u e v o s i s t e m a le s i m p e l í a a m e n d i g a r l a a m i s t a d d e l o s a m e r i c a n o s c o n m e n o s c a b o y d e t r i m e n t o d e l o s i n t e r e s e s d e la m a ­ d r e p a t r i a , a f i n d e p r o p o r c i o n a r s e u n v e n t a j o s o a s i l o s i la m a l c a l c u l a d a a p l i c a c i ó n d e s u s n u e v a s in s t it u c io n e s y s u i m p o p u l a r i d a d lo s d e r r ib a b a n d e s u e n c u m b r a d o p u e s to » .

238

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

prestigio hacia el monarca español, lo que sucederá si nuestro gobierno renuncia directamente a aquellas ricas posesiones reconociendo su independencia, si los in­ dios del Perú se llegan a persuadir de que la madre patria no ha de recobrar aque­ llos dominios» ¡con qué facilidad y prontitud podrán hacer una revolución, cuyos efectos deberían ser tan fatales a los disidentes hispanoamericanos que aquellos reconocen por intrusos y verdaderos opresores del país!». El ejemplo mejor fue la insurrección de 1780. Sin los auxilios generosos de la corte de España hubiera triunfado y no hubiera quedado un solo criollo. «Si las hordas no tuvieron éxito obtuvieron sin embargo la gran ventaja de conocer que eran capaces de hacer una revolución. Chile volverá a caer en manos de los indómitos araucanos que desafiaron todo el poder colosal de España por 250 años Lo mismo sucederá en Buenos Aires con los hombres del campo a las órdenes del atrevido revoltoso y esforzado Artigas, que irrumpirán en la capital. Y en Colombia con los llaneros y los hombres de color. La gente de color ha de hacer pronto una terrible revolu­ ción que pasmará a Europa». Lo p eo r es ia anarquía. Esta es la opinión que prevalece hoy, aun entre los que con más fervor abrazaron la causa de la independencia. «Sobran elementos para restaurar en aquellos países la paz y la antigua felicidad que ya añoran los ameri­ canos. Es obligación de los españoles acudir con presteza al socorro de los ameri­ canos, que enseguida pedirán la vuelta de su Rey para hacer frente al desgobierno y a la subversión de las castas». 2 . e l re c o n o c ím íe n to de l a r e a líd a d : te x to s t r a n s a c c ío n a le s co n Los iNsuRGENTEs

El primer alegato a favor de una transacción con los insurgentes tiene la tempra­ na fecha de 1821. Fue el de Miguel Cabrera de Nevares31, un encargo del secretario de Estado de Ultramar, López Pelegrín, con el fin de servir de base a la acción de las Cortes y el ejecutivo en relación con América para que «tomen las providencias que convenga adoptar a fin de conseguir la tranquilidad y promover el bien de ella». La memoria serviría como base de la discusión en la comisión de ultramar de las Cortes y, como resultado de ella, del proyecto presentado ante el pleno de las Cortes por el diputado por Extremadura, Francisco Golfín, antiguo diputado de las Cortes gaditanas que acabaría sus días fusilado con Torrijos en diciembre de 1831.

3 1 c a b r e r a d e N e v a r e s , M . , Memoria sobre el estado actual de las Américas y medio de pacificarlas escrita de orden del Exmo sr. D. Ramón López Pelegrín, secretario de Estado y del despacho de la g o ­ bernación de ultram ar p o r el ciudadano Miguel Cabrera de Nevares, y presentada a SM y a las Cortes extraordinarias, M a d r i d . 1 8 2 1 .

ím p ío s y s a c r íl e g o s

o

h é r o e s . n a r r a c ío n e s d e la ín d e p e n d e n c ía en e l t íe m p o d e la ín d e p e n d e n c ía

239

Cabrera de Nevares, nacido en Valladolid en 1785, había tenido una partici­ pación importante en la guerra contra Bonaparte. Perseguido a causa de sus ideas tuvo que exiliarse en 1814, primero a Gibraltar, de donde pasó a Inglaterra, Roma y otros países europeos para pasar dirigirse después al Río de la Plata como re­ presentante de una casa comercial de Cádiz, donde permaneció, según su propia confesión, dos años. Vuelto a España en 1821, recibió el encargo del secretario de Estado para que escribiera un informe sobre la situación de la América espa­ ñola, que es el que con el título M em oria sobre el estado actu al... se presentó ante las Cortes32. Desempeñó durante el trienio los gobiernos de Calatayud y Soria, donde le sorprendió la invasión francesa. Nuevamente se vio obligado a errar por Europa y a conspirar con Mina y Torrijos para restablecer el sistema liberal. Su vida de exilado lo llevó al fin a Estados Unidos, donde se le dispensó una cálida acogida como héroe de la libertad y compañero del conocido Torrijos y tuvo oca­ sión de impartir clases de español en la universidad de Nueva York33. A la muerte de Fernando VII y con el restablecimiento del sistema liberal, se apresuró a volver a su patria de origen, donde desempeñó gobiernos civiles —Toledo, Lérida, Ma­ drid- y fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1836, en las que se ocupó -nuevamente- de normalizar las relaciones con los nuevos países americanos. A su autoría pertenece una ponencia que abría, con México, el reconocimiento de los países hispanoamericanos34. La legislatura extraordinaria de las Cortes recibía en las primeras semanas de 1822 las mociones de la comisión de ultramar en relación con las medidas para apaciguar a los territorios americanos35. Proponía la comisión a las Cortes el nombramiento de varios comisionados que viajaran a América a entrevistarse con los gobiernos americanos para escuchar las proposiciones que desearan hacer y hacérselas saber a las Cortes36. Y a continuación presentaba la propuesta de tratado basada en la memoria de Cabrera. Esta comienza haciendo un análisis de la revolución y se pregunta quienes son los que se han levantado: «los descendientes de los incas y los moctezumas no son

32 Los trazos biográficos de Cabrera de Nevares en vilar García, M., El español, segunda lengua en 2008. gramática y un manual para el aprendizaje del español.. 34 Gíl Novales, A., «M. Cabrera de Nevares», en Diccionario Biográfico del Trienio Liberal. Madrid, 1991. 35 Sobre la discusión del proyecto en Cortes vid. Frasquet, I., op.cit. 36 De esta forma calificaba Torrente el envío de comisionados a América: «se dieron varios de­ cretos en 13 de febrero y en 28 de junio de 1822 sobre el nombramiento de comisionados para dichos dominios de ultramar. La negociación fracasó. Y así terminaron aquellas necias negocia­ ciones inventadas por la mala fe, dirigidas por la ceguedad de los partidos y sancionadas por la estúpida credulidad y torpe compromiso».

los Estados Unidos. Murcia, 33 Ibidem. Publicó allí una

240

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

los que nos hacen la guerra. Los hijos de los españoles son los que levantaron el grito de independencia. Estos ingratos criollos que nos deben su existencia son los que quieren cortar los la z o s . por una contradicción de lo más absurda gritan «li­ bertad y emancipación» para ellos mismos y «cadenas y opresión para los indios», que son los únicos que pudieran alegar derechos, en cierta manera legítimos, para pretender recobrar la independencia que les quitaron Cortés y Pizarro. Afirma que «Hay un gran extravío de la opinión pública respecto a asunto de tanta importancia y de consecuencias tan trascendentales. Ni los particulares, ni el gobierno, ni las cortes parece que están enteradas a fondo del asunto». Cabrera no manifiesta simpatía por la revolución37. Su postura es puramente pragmática frente a lo irremediable: ¿Tienen derecho los americanos a hacerse independientes de España? No, la América solo lo tuvo un momento, cuando en 1 8 1 0 vio que la España toda había sucumbido a la dominación francesa. Si el incendio de Moscú no hubiera hecho levantar el sitio de Cádiz, todos los que nos preciamos de españoles leales nos hu­ biéramos alegrado de que América, declarada independiente, fuera el suelo dónde se refugiase nuestra triste patria.

Para él, que habla desde la perspectiva liberal, la Junta de Regencia cometió dos errores: no reconocer a las Juntas de Buenos Aires y Caracas y tildarlas de facciosos y rebeldes y enviar tropas expedicionarias para castigarlas, cuando al mismo tiempo lanzaba la famosa proclama a los españoles americanos, que tilda

3 7 N i p o r lo s r e v o l u c i o n a r i o s . E s c r i b e : « S e r í a n u n c a a c a b a r si y o q u i s i e r a h a c e r e l b o s q u e j o d e la s a t r o c i d a d e s q u e s e c o m e t e n e n t o d a la A m é r i c a c o n t r a l o s e s p a ñ o l e s . Y o n o e x t r a ñ o e l r i g o r - q u e m u c h o s c re e n e x c e s iv o - d e a lg u n o s g e n e ra le s e s p a ñ o le s q u e h a n u s a d o d e re p re s a lia s ju s ta s c o n t r a lo s a m e r ic a n o s ; lo s q u e o p i n a n q u e s u c o n d u c t a h a s id o e x t r a o r d in a r i a m e n t e in f le x ib le y c r u e l o n o c o n o c e n e l c a r á c t e r a m e r i c a n o o n o s i e n t e n la s in j u r i a s h e c h a s a n u e s t r a n a c i ó n o s o n in d ife re n te s al e n v ile c im ie n to d e l n o m b r e e s p a ñ o l. (...) ¿ C u á n d o h a n c o n o c id o u n a d o m in a c ió n m á s d e s p ó t i c a y s a n g u i n a r i a q u e la q u e a c t u a l m e n t e p a d e c e n b a j o e l y u g o d e s u s m a n d a t a r i o s ? . S e p r e g u n t a ¿ C u á n d o h a n c o n o c i d o u n a d o m i n a c i ó n m á s d e s p ó t i c a y s a n g u i n a r i a q u e la q u e a c t u a l m e n t e p a d e c e n b a jo el y u g o d e s u s m a n d a t a r io s ? ¿ C u á n d o lo s d e r e c h o s d e lo s h o m b r e s h a n s i d o m á s a t r o z m e n t e v u l n e r a d o s ? . . . ¿ C u á n d o s e h a n v i s t o e n t i e m p o d e la m a y o r t i r a n í a , e j e m p l o s d e d e s p o t i s m o t a n a t r o z c o m o e n la é p o c a p r e s e n t e ? L a l i b e r t a d e s a b s o l u t a m e n t e d e s c o n o c i d a p o r lo s q u e e s t á n p e l e a n d o p o r e lla . S u r e v o l u c i ó n n o e s e f e c t o d e l e s p í r it u d e l s ig lo e n q u e v iv im o s , n o e s a q u e l e s f u e r z o n o b l e y g e n e r o s o q u e a c t u a l m e n t e e m p l e a n lo s p u e b l o s d e E u r o p a l u c h a n d o c o n t r a lo s g o b i e r n o s a b s o lu t o s y c o n t r a lo s m o n a r c a s d e s p ó t ic o s . N o es u n m o v i m i e n t o p r o d u c i d o p o r la h e r o i c a r e s o l u c i ó n d e v i v i r l i b r e s , e s u n p a s o r e t r ó g r a d o e n la m a r ­ c h a m a j e s t u o s a d e la s g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s . L a m a d r e p a t r ia e s e n e l d ia l ib r e y la s c o l o n i a s s o n e s c l a v a s , la m e t r ó p o l i e x t i e n d e s u m a n o y l e s o f r e c e e l c ó d i g o p r e c i o s o d o n d e s e c o n t i e n e e l c o m p e n d i o d e s u v e r d a d e r a l i b e r t a d y la A m é r i c a l e d e s p r e c i a . ( . . . ) L a A m é r i c a v u e l v e a l o s s i g l o s d e b a r b a r i e c o n s u p r e m a t u r a e m a n c i p a c i ó n , t e n i e n d o la l i b e r t a d e n l o s l a b i o s y l o s g r i l l o s e n l o s p i e s . c a b r e r a de N e v a r e s , M . , op.cit..

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

241

de «altamente peligrosa», en lo que coincide con los textos de los absolutistas38. ¿Puede ser el sistema constitucional ahora vigente la solución? No, porque la constitución establece una enorme desigualdad de representantes para América; porque no ofrece garantía de estabilidad, vistas las circunstancias de Europa; por­ que muchos de sus artículos no son adaptables a América; porque cuando estuvo vigente, las autoridades hicieron que en América fuera un simple simulacro de libertad, solo benéfica para la metrópoli, porque la autoridad de los virreyes es incompatible con la Constitución y a pesar de todo se siguen enviando. Y, por en­ cima de todo, porque no es su constitución y así la consideran los americanos. He visto un proyecto presentado por los diputados americanos a nuestras cor­ tes en el que se proponen cortes y poder ejecutivo a las Américas. Desde ahora me atrevo a decir que es inútil dicho proyecto y que no será admitido por los disidentes por más que sea discreto, prudente y generoso. En la situación actual de convalecencia e imposibilidad física y moral, ¿qué medida debe tomar España para producir una paz sólida de la que resulten ventajas a España y América? No hay otra que el reconocimiento de la independencia. Si nos negamos a reconocer su emancipación, ellos a pesar de todo se emancipan y nos privan de las ventajas que el reconocimiento nos debe producir. Además, si España no lo hace, hay otras potencias que están dispuestas a hacerlo, con lo que lograrán los privilegios y ven­ tajas que debe ahora conseguir España. ¿Qué deben hacer el gobierno y nuestras cortes en las presentes circunstancias? Hacerse entera y sinceramente españolas. Concediéndoles la independencia, estoy seguro que están dispuestos a concedernos tal vez más de lo que nosotros podemos esperar. Privilegios a nuestro comercio y marina mercantil, libertad de derechos a los productos de nuestro país, la conservación de algunos puertos que se reservaría la España en ambas Américas y aun la conservación de alguna provincia entera, del mismo modo que la Inglaterra conserva el Canadá unido a la metrópoli a pesar de estar en los Estados Unidos. Y una indemnización por las propiedades confis­ cadas a los peninsulares y aun puedo asegurar que están dispuestos a concedernos un subsidio pecuniario. Pero todo esto concediéndolo inmediatamente porque, si perdemos el tiempo, cuando pretendamos hacerlo será ya tarde. La España tiene

3 8 «El g o b ie r n o q u e se f o r m ó e n E s p a ñ a tra s el c o m ie n z o d e l a s e d io d e C á d iz s a lv ó a E s p a ñ a p e r o p e r d i ó a A m é r i c a . C u a n d o r e c i b i ó la n o t i c i a d e la e r e c c i ó n d e l a s j u n t a s i n d e p e n d i e n t e s d e C a ra c a s y B u e n o s A ire s , e n v e z d e c o n s o la r a a q u e llo s n o b le s p a tr io ta s , e n v e z d e a g r a d e c e r q u e a q u e llo s ric o s p a ís e s se h u b ie r a n p r e c a v id o c o n tr a el p e lig r o q u e a u n n o s r o d e a b a m u y d e c e rc a , e n v e z d e h a b e r m a n d a d o d ip u ta d o s in v ita n d o a a q u e lla s ju n ta s al re c o n o c im ie n to d e l n u e v o g o b i e r n o d e C á d i z p a r a s a l v a c i ó n d e la m e t r ó p o l i , s e l e s t r a t ó d e f a c c i o s o s , s e l e s l l a m ó r e b e l d e s y s e e n v i a r o n t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s p a r a c a s t i g a r l o s » c a b r e r a de N e v a r e s , M . , op.cit. C o n t r a d i c e , p u e s , C a b r e r a d e N e v a r e s la v i s i ó n g e n e r a l i z a d a q u e v e í a e n la s J u n t a s e l c l a r o a n t e c e d e n t e d e l in d e p e n d e n tis m o d e s d e el p rim e r m o m e n to .

242

ju l ío

Sá n c h e z Gó m e z

más necesidad del comercio de América que de su soberanía. España no tiene un interés tan grande en la posesión territorial de la América, como en su pros­ peridad. Inglaterra lo confirma, ha ganado infinitamente en perder su América. Cuando ésta se hallaba sometida a la metrópoli, poco o nada le producía, mas en el día que es independiente y rica, se ha convertido en una verdadera mina de oro para Inglaterra. O tra ventaja es el asegurar la conservación de los caudales que los comerciantes peninsulares tienen actualmente en la América aun en posesión de España. No sería extraño que los independientes se aviniesen a que la corona del Nuevo Mundo ciñese las sienes del mismo monarca augusto que por nuestra dicha posee la corona de la España europea, del mismo modo y con la misma independencia que el emperador Carlos V tuvo en su mano los cetros de España y Alemania y si por algunas razones políticas fuesen un obstáculo, hermanos y familia tiene SM para los que habría sobrados tronos independientes en las Américas. No sería muy difícil establecer una confederación hispano-americana compues­ ta de los diversos estados independientes de ultramar y la España europea. Habría un congreso y constitución particular en cada estado independiente y se estable­ cería además un Congreso federal.

Con base en este memorial llegaba la propuesta de Golfin a las Cortes que se manifestaba contraria, por inútil, al envío de los propuestos comisionados, proponía el reconocimiento de la independencia y el establecimiento de una con­ federación compuesta de los diversos estados americanos y de España, titulada Confederación Hispano Americana, al frente de la cual estaría Fernando VII con el título de «Protector de la Gran Confederación Hispanoamericana» con con­ gresos y constituciones propias en cada uno de los estados miembros. Fue esta, desde luego, la propuesta más avanzada que llegó a las cortes liberales desde 1810. Puesta a discusión, solo llegó a aprobarse el envío de comisionados. Aunque el proyecto fue rechazado, tuvo un amplio eco en España y en Améri­ ca. En ultramar circuló ampliamente; en Cuba se hicieron al menos dos reimpre­ siones en 1822 y 1823, mientras que en la América continental debió ser objeto de varias ediciones, ya que sus ideas suscitaron la refutación del mexicano López de Cancelada. Igualmente en Europa gozó —o sufrió- de amplio conocimiento, ya que también aquí fue atacado por el abate de Pradt39, que es lapidario con él por tardío. Se preguntaba el eclesiástico, «¿De qué servirá el plan de las Cortes?» Y se

39 Vid. v i l a r Ga r c í a , M., op.cit. La crítica de Pradt en PRADT, D. de Examen del plan presentado a las Cortes para el reconocimiento de la independencia de la América española. Burdeos, 1822 (traducción del francés), en http://bvpb.mcu.es/en/consulta/resultados_busqueda_restringida. csicion=1&forma=ficha&id=567. Consulta el 12-11-11.

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

243

respondía a sí mismo: «De nada absolutamente, ni para España, ni para América, ni para Europa, cuyos intereses destruye». Para de Pradt, el plan se quedaba corto: «es verdad que presenta el anuncio general de independencia, pero rodeado de tantas cláusulas incompatibles con la idea de la verdadera que es imposible distinguir en el artículo la independencia que se entiende generalmente o también la concedida con sinceridad (...). El plan propuesto coloca a la América, respecto de la España en relaciones semejantes a las que la erección del reino de Polonia por el Emperador de Rusia estableció entre los dos países.(...). Pero aquí Rusia es la fuerte y la Polonia débil (...) allí por el contrario, la América ha recobrado de la España su conquista y en cien combates ha triunfado sobre ella». La conclusión del abate es clara: «El plan de las Cortes no ofrece a la América ningún atractivo que la empeñe a aceptarlo, antes bien contiene todo lo que más conduce a hacerlo desechar». Pero la refutación más furibunda -curiosamente no conocemos contradiccio­ nes desde la perspectiva antiindependentista- la publicó un americano residente en Cádiz no identificado y de nombre Luli40. En su breve alegato Luli introduce todos los argumentos que ya en ese momento iban formando la base de la opinión proamericanista y añade como ingrediente acerbos ataques personales41. Ya desde el inicio alerta a los americanos: «Americanos, un individuo, que es Don Miguel Cabrera de Nevares, a quien conoceis perfectamente, ha intentado manchar vues­ tro carácter dulce y ho spitalario . os consagro esta débil pero verdadera defensa». Y a continuación va desgranando sus contraargumentos: la razón del estallido de la insurgencia fue la intransigencia de las autoridades; si hubo atrocidades en el gobierno del déspota Pueyrredón, también las hubo en el tiempo paralelo del absolutismo metropolitano. Recuerda la crueldad del dominio español durante la colonia -«América, dichosa y tranquila en los apacibles siglos que precedieron a la hora fatal en que la mano de vuestro Colón rasgó el velo que desde la creación me ocultaba a vuestros ojos. Tus soldados, apenas arribados a mis costas, saludan a mis hijos con una lluvia de fuego (...) y no has cesado desde entonces de añadir ultraje a ultraje y ruinas a ruinas»-, la esclavitud de los indígenas, la profunda desigualdad y humillación de los españoles americanos frente a los peninsula­ res.. .En realidad, más que una refutación del texto de Cabrera, el de Luli es un alegato que reúne todos los tópicos de la opinión insurgente. Su conclusión es palmaria: «La separación de la América, tarde que temprano es indispensable, es

40 Lu li , Refutación contra la m em oria presentada p o r D. Miguel Cabrera de Nevares sobre las Amé­ ricas. Madrid, 1821. 41 Le acusa de mentir y de inventar los hechos que relata, así como de mantener una relación con un tal Salinas en Buenos Aires, relación que sostenían «comiendo, durmiendo y divirtiéndo­ se juntos», calificándola como «horrible unión».

244

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

obra de los tiempos y de la naturaleza, esta verdad no se puede ocultar ni al ilustre Congreso, ni al gobierno, ni a los pueblos en general. Desprendeos un poco de este doloroso sentimiento, dad lugar a la reflexión y sabed que las intenciones de la América para con España son puras y generosas, la noble diputación americana en las bases que presentó la acredita de un modo innegable». A fines de la década de los 20, en plena «década ominosa» aparecen dos obras que se editan casi al mismo tiempo que ve la luz la obra de Torrente, que estimu­ laba a recobrar la soberanía sobre ultramar: la de José Presas42 es de 1828, mien­ tras que la Representación dirigida a i Rey d e España43 aparece en 1829. En ambos casos son obras editadas en Burdeos —donde hay un fuerte grupo de comerciantes españoles vueltos de América, deseosos de abrir nuevamente cauces al comercio desde España—, ya que aunque sus planteamientos son muy moderados, chocan de lleno con lo que hasta la muerte del rey Fernando era la doctrina oficial: la organización de acciones para la reversión de los territorios ultramarinos a la soberanía real. Y en ambos también se trata de dos españoles, pero retornados de América, con lo que su visión está muy cercana a su realidad y mucho menos me­ diatizada que la de los españoles peninsulares, al menos los cercanos al monarca, aun persuadidos de la posibilidad real de revertir la situación de la insurgencia. La Representación que fue editada de forma anónima, probablemente para evi­ tar cualquier forma de represalia, aboga abiertamente por renunciar a cualquier quimera de reconquista, una de cuyas últimas manifestaciones fue la expedición entonces reciente desde Cuba a la costa mexicana dirigida por el general Isidro Barradas44. La realidad se impone al deseo y el orgullo • porque existe la imposibilidad física de reconquistar cualquier parte del te­ rritorio americano • porque la guerra causa muchos más perjuicios que beneficios a la metrópoli es­ pañola en forma de consunción de hombres y agotamiento de recursos del erario. Y todo ello, inútil, porque es absolutamente imposible reconquistar cualquier parte del territorio americano, pero es aun más imposible conservar la reconquis­ ta. La razón es la distancia, la extensión, pero sobre todo «la voluntad unánime de todos sus naturales, tanto indígenas como criollos». Esa unanimidad ha hecho fracasar todos los esfuerzos bélicos en veinte años. 4 2 P resas, J ., Juicio im parcial sobre las principales causas de la revolución de la América española y acerca de las poderosas razones que tiene la m etrópoli para reconocer su absoluta independencia. B u rd e o s, 1828. 4 3 Representación dirigida a l Rey de España p o r un español que acaba de regresar de México sobre el reconocimiento de la independencia de América. B u r d e o s , 1 8 2 9 4 4 M ariluz u rquijo, J . M . , Proyectos españoles para reconquistar el Río de la Plata, 1820-1833. B u e ­ n o s A ire s , 1 9 5 8 .

ím p ío s y s a c r íl e g o s

o

h é r o e s . n a r r a c ío n e s d e la ín d e p e n d e n c ía en e l t íe m p o d e la ín d e p e n d e n c ía

245

El autor de la Representación contradice de plano la opinión oficial, que cons­ tituye el núcleo de la argumentación de Mariano Torrente. El problema es que «se cree generalmente entre nosotros que no hay tal unanimidad de opinión en los americanos y que los mismos que un día fueron independientes, cansados ya de los disturbios civiles están dispuestos a volver de buena voluntad al régimen colonial y esta errada opinión, fundada únicamente en las sugestiones del amor propio que nos hace ver lo que deseamos, es la causa principal de que aun se ha­ gan tan costosos esfuerzos para conseguir una quimera. Es preciso decirlo sin re­ bozo: la antigua administración del Consejo de Indias no tiene partido ninguno en América. Todos los americanos quieren tener en su tierra un gobierno propio e independiente y los amigos de los españoles se lamentan del empeño del gabinete en querer recobrar un dominio que les es absolutamente odioso». Una inyección de realismo que tardó todavía en fructificar. Son muchas más las cuestiones de interés que el texto plantea, reflejando una parte de la opinión española, fuera o no minoritaria. Solo una afirmación más sin comentario: «Si en 1808 V.mgd. y la real familia se hubiesen trasladado a sus dominios de América no hubiera habido insurrección y Méjico, Venezuela y el Perú serían hoy monarquías poderosas. Pero este tiempo pasó». La obra del catalán José Presas, de Sant Feliu de Guixols, un año anterior a la R epresentación, se mueve en los mismos presupuestos. Presas había emigrado al Río de la Plata, donde llegó a doctorarse y a impartir enseñanza en la ciudad de La Plata. De Buenos Aires pasó a Río de Janeiro donde llegó a ser, desde 1808, secretario de la infanta Carlota Joaquina, a cuyas órdenes se encargó de poner en marcha la imprenta de Montevideo, el instrumento de contrapropaganda más potente de América del Sur. Vuelto a España, desempeñó puestos para el gobier­ no y, tras el trienio, se exilió a Francia. Es durante ese exilio cuando publica su Ju icio Imparcial. Historiador, publicó varias obras de historia, furibundos alegatos contra Fernando VII, pero también textos sobre América45. Como causas de la subversión él apunta como central la acción exterior. La revolución fue preparada directamente por el gobierno de Londres y apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Y a ella contribuyó la poca previsión de la corte de Madrid, la venalidad y corrupción de sus mandatarios. Está convencido de que Nueva España podía haber sido nuevamente recuperada, pero «el gobierno de la antigua metrópoli parece haber descuidado enteramente sus verdaderos in­

4 5 U n a Memoria sobre el estado y situación política en que se hallaba el reino de Nueva España en agosto de 1823, e d i t a d a e n M a d r i d e n 1 8 2 4 , u n a Instrucción para el cultivo de la plan ta Nopal o Tuna higuera y cría de la cochinilla de América, M á l a g a , 1 8 2 5 o l a s Memorias secretas de la Princesa de Brasil, i m p r e s a e n B u r d e o s e n 1 8 3 0 .

246

JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ

tereses. Ocupado y distraído siempre en sofocar los disturbios y conspiraciones que él mismo promueve con sus arbitrariedades y despotismo, ha dejado pasar el largo periodo de cuatro años sin haber sabido aprovechar las muchas ocasiones que en este tiempo se le han presentado para recuperar a lo menos el reino de Nueva España». Y la absoluta impotencia de un gobierno cuyo «principal objeto siempre ha sido el poner y quitar empleados y oprimir a los pueblos» hace que «puesta la nación en circunstancias de no poder, en el día ni en muchos años, tomar sobre sí empresa alguna y mucho menos la grandiosa obra de recuperar sus antiguas posesiones, se halla en la preciosa necesidad, para que su pérdida no se haga tan sensible a la antigua España, de adoptar la sabia y prudente medida de atemperarse al único recurso que queda al gobierno de la metrópoli; tal es el reco­ nocimiento de su absoluta independencia». Al menos se conseguirá solucionar lo que en aquellos años era un gran problema: «atemperar el corso que navega con patente de aquellos gobiernos y que paraliza el comercio español sin que pueda hacer ni siquiera el simple y pequeño giro de cabotaje». Junto a ello, conviene asegurar a Cuba, Puerto Rico y Filipinas por medio de una administración más justa y menos abandonada y menos corrupta que la que las ha administrado hasta ahora. El está convencido de que una buena administración de estas islas compensaría con creces las pérdidas económicas que había supuesto la separación del continente. Y llama la atención —y en ello revela una gran lucidez—sobre las potencialidades del archipiélago asiático. En otras de las causas del levantamiento coincide con la opinión de los autores de los textos antiinsurgentes: la excesiva generosidad del gobierno español con sus colonias. Estableció España, a diferencia de Inglaterra o Portugal, colegios, universidades, academias, etc. Les permitió ilustrarse y con ello les despertó el deseo de independencia. Y el odio y la envidia de los criollos contra los europeos residentes en América. Pero, como liberal, se separa de ellos al señalar al gobierno absoluto de la Metrópoli y la corrupción y venalidad de sus mandatarios como otra de las causas del descontento americano. 3 . Y uNA opiNióN ENTusiAsTA DEsDE FuERA: LuiGi NAsciMBENE

Por último, la única obra abiertamente favorable al movimiento de la inde­ pendencia no procede de la pluma de ningún español. Hemos incluido aquí la presencia de un texto que no vio la luz en un territorio hispánico y que es, de los que aquí se incluyen, el único abiertamente independentista. Tuvo su origen en Italia y es la obra aun inédita de un italiano, oriundo de Argine, un pequeño pueblo junto a Pavía, entonces territorio del Milanesado austriaco, Luigi Nascimbene. El interés de incluir la referencia a este manuscrito es que se trata de una de

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

247

las primeras historias de América en su conjunto escritas en Europa que incluyen ya el proceso de independencia46. Nascimbene, su autor, era un ingeniero, un liberal que decidió abandonar el ambiente opresivo de la Italia de la restauración e instalarse en Montevideo, donde se estaba entonces instalando una importante colonia italiana, en buena parte de mazzinianos. El más ilustre de sus componentes era el mismísimo Giuseppe Garibaldi. Allí se dedicó a prácticas comerciales con las que amasó una gran fortuna y durante su estancia rioplatense estalló el levantamiento de los farrapos riograndense, en el que tuvo ocasión de participar junto con Garibaldi y muchos otros exiliados italianos, que igualmente sostuvieron, como toda la Europa liberal, formando parte de la Legione Italiana, la causa de Montevideo en la guerra civil en la que, además, el gobierno uruguayo se enfrentaba a los ejércitos de Rosas. En el tiempo de su estancia americana de veinticinco años, concibió la idea de escribir una obra cuyo título inicial denotaba bien el concepto que tenía de la América que había conocido bien. Su título iba a ser Storia d ei progreso deiia razza Latina neiie Indie occidentaii d ’A merica, que luego se transformó en el más neutro de Storia deiia A merica M eridionaie. Es una obra monumental en 5 volúmenes, para cuya redacción consultó un sinnúmero de documentos y realizó una gran cantidad de entrevistas en los muchos viajes que le llevaron a Argentina, Brasil, Paraguay y Chile; muchos de aquellos documentos hoy están perdidos, mientras que tuvo ocasión de entrevistar a un sinnúmero de personajes, desde los líderes de la revuelta riograndense hasta dirigentes de los países que visitó, pasando por su amigo Garibaldi, cuyas impresiones recoge en su monumental manuscrito. Vuelto a Italia dotado de una enorme riqueza, se estableció en Génova, donde murió en 1864. Aunque el manuscrito es una obra de carácter histórico general, dedica una amplia parte a la reciente independencia y al estado de los países, sobre todo los del cono sur, que son los que mejor conoce —había viajado por Argentina, Chile,

46 Nascimbene, L., Storia della America Meridionale, manuscrito en 5 volúmenes en la sección de manuscritos de la Universitá di Pavía. El quinto es una valiosísima recopilación bibliográfica de la producción americanista disponible a la altura de la primera mitad del siglo XIX. Un sexto volumen está dedicado al relato de la revolución farroupilha de Río Grande do Sul. Una versión resumida fue publicada en español en 1867, durante la exposición universal de aquel año, con el título Memoria y prospecto sobre la historia de la América meridional, antes colonias de Espa­ ña. Nascimbene fue autor también de una obra relacionada con la candente cuestión entre los liberales italianos de la inclusión de Roma en la unidad de la Península entonces a punto de culminarse, L'italia, il suo avvenire e la sua capitale e soluzione della cuestione romana. En 2009 se editó en Brasil la parte del manuscrito dedicada a la revolución farroupilha: Rozano, M., Luigi Nascimbene, Tentativa de independencia do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.

248

ju l ío

Sá n c h e z Gó m e z

Paraguay, Brasil y, por supuesto, el recientemente independizado Uruguay—, en la postindependencia. Para la Argentina, la independencia fue la plasmación del ideal liberal, ausente en el momento en que escribe en la Europa de la Restaura­ ción. Dice sobre ella: Tras la independencia, los argentinos se hicieron libres, proscribieron el aborre­ cido tráfico de africanos, llamaron a la emigración europea con la que la nación se vigoriza. Fue la hija primogénita más bella de la madre patria. El cruce con gentes de todas las naciones europeas produce una variedad de belleza que florece de maravilla bajo un cielo tan feliz. Los argentinos son los franceses de América y lo son más en las orillas del Plata que en las provincias internas tras Buenos Aires, el París de América47.

Su entusiasmo respecto a Argentina no tiene límites, a pesar de que luchó des­ de Montevideo contra los ejércitos de Rosas; superará sus problemas porque los argentinos tienen una gran disposición para cualquier arte, comercio o industria cualquiera. Respecto a la independencia, que exalta sin límites48, en su relato de los acon­ tecimientos platenses, al escribir con una distancia de treinta años, recoge, más que los hechos, la opinión que argentinos y montevideanos habían a esa altura elaborado sobre ellos y ese es otro de los puntos de interés de la obra del lombar­ do. Los deseos de independencia se palpaban en Buenos Aires desde antes de la constitución de la Junta de Mayo. «A Montevideo no se le ocultaba desde hace tiempo el pensamiento de los patriotas de Buenos Aires. Cualquiera indicaba nombres, personas y lugares de reunión y discursos preparativos, síntomas de sedición, ánimos indispuestos.». La identificación descontento-deseo de inde­ pendencia había comenzado ya a establecerse. En su relato del proceso de independencia concede una importancia central a la figura de Santiago de Liniers. «En su tiempo se organizaron dos partidos, uno de los españoles y otro de los hijos de la tierra. El segundo era más numeroso que el primero, pero este era más opulento, por lo que tenía mayor ascendiente. El segundo era del todo popular y menos orgulloso que el primero. Y por las relaciones internas, más enérgica, tenía toda la fuerza, sobre todo porque sentía que el suelo que pisaba era suyo y suyas las glorias patrias. El partido español era soberbio y derivaba su fuerza del gobierno central. Ya presentía desde el principio 4 7 T r a d u c c i ó n p r o p i a d e l o s t e x t o s d e la l e n g u a i t a l i a n a o r i g i n a l . 4 8 P o r s u p u e s t o , la o p i n i ó n l i b e r a l f u e e n E u r o p a a b s o l u t a m e n t e e n t u s i a s t a r e s p e c t o a l o s i n s u r ­ g e n t e s a m e r i c a n o s y a l m o v i m i e n t o d e i n d e p e n d e n c i a . E n a l g u n o s p a í s e s la o p i n i ó n f a v o r a b l e l l e g a b a a l n i v e l d e la p r á c t i c a u n a n i m i d a d , c o m o s u c e d í a e n G r a n B r e t a ñ a . C o m o a p u n t á b a m o s m á s a r r i b a , e n u n a i n v e s t i g a c i ó n q u e h e m o s r e a l i z a d o y q u e e s t á e n v í a s d e p u b l i c a c i ó n s o b r e la p r e n s a b r i t á n i c a d e l p e r i o d o 1 8 1 5 - 2 5 , e l n iv e l d e e n t u s i a s m o i g u a l a a t o d a s la s t e n d e n c i a s .

IMPÍOS Y SACRÍLEGOS O HÉROES. NARRACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA

249

que iba a convertirse en inferior. El partido español representaba la aristocracia y los americanos, la democracia». Lamenta Nascimbene que Liniers no hubiera «sido suficientemente sabio como para haber dirigido los acontecimientos». Hubiera ahorrado muchos de los trágicos acontecimientos que siguieron. Al igual que los textos realistas, Nascimbene elogia la personalidad de Liniers, pero lamenta que no fuera capaz de dar el paso de ponerse a la cabeza y convertirse en el líder del movimiento, algo que a Liniers nunca se le pasó por la cabeza, pero que probablemente era lo que entonces se pensaba en el Río de la Plata. Y, probablemente influencia de la opinión montevideana, Nascimbene conce­ de un protagonismo central a la amenaza portuguesa en los acontecimientos en torno a 1810. Un elemento destacado en el relato del italiano es el que se mueve en torno a la guerra argentinobrasileña de 1825, es decir en torno a la independencia del país en el que escribe su texto, Uruguay. Nascimbene escribe después de la guerra de Brasil y Argentina, que según él enfrenta a la modernidad y la reacción. Acon­ seja a Brasil que olvide el Plata y comience a mirar hacia el Amazonas. Recuerda que ya Pombal llamó la atención de la monarquía sobre la importancia del gran río, «donde gastó grandes sumas para alzar allí la sede del gobierno brasileño». Pombal, con una gran visión estratégica era partidario de afianzar el dominio ex­ clusivo sobre el Amazonas, provincia —entonces Grao Pará—más opulenta que el Plata y donde la expansión seria preferible porque chocaría menos con «Castilla», mucho más fuerte: Pero la gran idea del gran hombre permaneció olvidada y despreciada. Y sus sucesores recorrerán el camino oblicuo antes transitado y persistente en los so­ beranos portugueses. Pero lo que no hicieron los antecesores, nadie podrá mejor hacerlo que Pedro I, llevar a cabo el diseño de Pombal, dejando el Plata a los argentinos y buscando para el un poder fuerte en el Amazonas. Brasil quiere que las dos mayores vías fluviales del mundo sean sus confines cuando en cambio, la naturaleza da por confines más seguros las grandes cordilleras, siendo los ríos ve­ hículos y no confines, las arterias y no la epidermis del cuerpo social.

Al final, las propuestas pombalinas van a tener que hacerse efectivas por la fuerza: el dominio brasileño en el Plata fue abatido para siem pre por los argenti­ nos en Ituzaingó. En 1825 sus simpatías van absolutamente con los «indomables orientales» que «sempre vincitori e mai liberi dall’abborrito straniero e dalla barbarie que idegnosi di ogni padronanza i quali al giogo lusitano preferivono l’esiglio, al quale il vile oppressore aperse il varco, dessi che con altero contegno e co’loro bellici attrezzi a bandiera spiegata, atraversando el rio de la plata arrivano a Buenos Aires».

250

ju l ío

Sá n c h e z Gó m e z

Desde la óptica del italiano, la voluntad de los orientales era conseguir la liber­ tad en el seno de la patria platense y con el apoyo de ésta. Como entre todos los liberales, Nascimbene tenía muy mala opinión sobre Pedro I. «A su ascensión al trono, dio rienda suelta a los impulsos ambiciosos de su ánimo fiero. Y sin ningún cuidado por tratados o pactos anteriores, sin mise­ ricordia alguna, sin atender más que a sus intereses pronunció una sentencia ter­ rible y fatal: el territorio hasta el Plata es suyo, pero la nación oriental —sic- cuyos habitantes declaraba que se le habían ofrecido voluntariamente a él y se le habían consiguientemente sujetado....». Impugna como ilegítimo el Congreso Cisplatino de representantes del territo­ rio que votó la unión de la Banda Oriental a Portugal primero y a Brasil después. Pero los orientales eran infatigables y espiaban atentamente cualquier ocasión para lograr su intento de quitarse de encima la dominación extranjera. Nascimbene adopta todos los tópicos de la incipiente construcción del relato del levantamien­ to de los orientales —de una parte de ellos—contra el Imperio y lo presenta como algo unánime, sin fisuras, como quedaría cristalizado después de 1870. Así, habla de «causa nacional», «patriotas o rientales». Y entre los tópicos, la incompatibi­ lidad entre orientales e imperiales. «Entre las razas de Castilla y de Braganza (sic), el rencor era antiguo y se transmitía de abuelos a nietos oponiendo a imperiales y republicanos del Plata. El execrado portugués era señalado por toda la campaña y, si era divisado de lejos por los gauchos, ciertamente arriesgaba la vida y era normal que si aquellos detestados lusitanos viajaban tenían que esconderse para salvarse de la implacable ira de los nacionales orientales. En Montevideo había una aristocracia que temía cualquier innovación y a la sombra del trono imperial parecían tener mayor seguridad. Pero como excepción de estos poquísimos vam­ piros de Montevideo, la masa de ciudadanos hervía de odio contra sus opresores de la misma forma que los detestaban los habitantes de la campaña». Hemos recogido aquí siete relatos de la independencia desde muy distintos pun­ tos de vista, aunque es palpable que coinciden en muchas partes del relato. Lamen­ tablemente, la escasez de espacio ha dejado fuera otros de no menor interés49. Espe­ ramos que la pronta edición crítica de todos ellos ponga en manos de los interesados un interesante conjunto de narraciones hoy poco conocidos por poco accesibles.

49 Desde el propio texto antes citado del abate De Pradt, Examen del plan presentado a las Cor­ tes para el reconocimiento de la independencia de la América española. Burdeos, 1822 o De las colonias y de la revolución actual de la América, Burdeos, 1817 hasta el texto realista de José Ma­ ría Padilla del Águila, Exposición económico político docum entada de los sucesos ocurridos en el gobierno eclesiástico, civil y m ilita r de las provincias de M ainas. .. ., editado en Madrid en 1823, un interesante relato de la insurgencia en una apartada región andina.

La representación de las revoluciones de la independencia en la pintura oficial hispanoamericana del primer siglo de vida independiente: entre la memoria y la historia Tomás Pérez Vejo Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH)/Instituto de Filosofía (CSIC

1. ín tr o d u c c íó n

El primer siglo de vida independiente estuvo marcado, en el conjunto de las repúblicas hispanoamericanas, por la necesidad de construir una memoria colec­ tiva homogénea sobre los hechos que habían llevado a la proclamación de las in­ dependencias. Los episodios bélicos ocurridos durante la segunda y tercera déca­ da del siglo XIX fueron convertidos en el acto fundacional de las nuevas naciones y, como consecuencia, en parte esencial de la memoria colectiva sobre el pasado de la nación. Los componentes de guerra civil eran, sin embargo, demasiado visi­ bles obligando a los nuevos estados a la invención de una memoria normalizada que ocultase el fratricidio fundacional. La imaginación de las llamadas guerras de independencia o revoluciones de la independencia como guerra de liberación nacional fue un proceso mucho más largo y tortuoso de lo que la historiografía tradicional ha querido ver y mostrar. No demasiado diferente, por lo demás, al de la mayoría de los Estados-nación contemporáneos, cuyo tránsito hacia la moder­ nidad política estuvo marcado, de manera general, no por las heroicas guerras de independencia y las gloriosas revoluciones de las historias oficiales, sino por una mucho más prosaica y menos gloriosa sucesión de sangrientas guerras civiles. En este proceso de invención de memoria la pintura de historia tuvo, como ya he explicado en otras ocasiones1, un papel más que relevante. El control del esta­

1 Véanse, entre otros, Pérez vejo, Tomás, «Nacionalismo e imperialismo en el siglo XIX: dos ejemplos de uso de las imágenes como herramientas de análisis histórico», en Aguayo, Fernando y Roca, Lourdes (Coord.), imágenes e investigación social. México DF, Instituto de Investigacio­ nes Dr. José María Luís Mora, 2005, pp. 50-74; Pérez vejo, Tomás, «Historia política, imágenes e imaginarios colectivos», en Pelegrini, Sandra C. A. y zanirato, Silvia H. (Coord.), Narrativas da PósModernidade na Pesquisa Histórica. Maringá (Brasil), EDUEM, 2005, pp. 31-68; Pérez vejo, Tomás, «La pintura de historia y la invención de una memoria nacional», en images et Mémoires. Actes de 3 Congrés International du Grimh. Lyon, Université Lumiere-Lyon 2, 2003, pp. 83-96; Pérez vejo,

252

TOMÁS PÉREZ VEJO

do sobre un género pictórico dependiente, casi de manera absoluta, del patroci­ nio oficial le permitió dirigir y tutelar la construcción de un imaginario histórico que, a su vez, fue central en la invención de una memoria nacional. Las memorias colectivas no son el resultado de la suma de memorias individuales, casi siempre contradictorias e incompatibles, sino de la invención de una historia normalizada y homogénea y de su conversión en memoria. La propuesta de este artículo es el análisis de cómo los estados hispanoameri­ canos utilizaron la pintura de historia para construir una memoria normalizada sobre un pasado, el de las llamadas guerras de independencia, especialmente pro­ blemático. El objetivo no es tanto la descripción de las imágenes construidas a lo largo y ancho del continente como entender la lógica de un discurso en imágenes cargado de intencionalidad política. Se centra en la pintura de historia de un solo país, México, y no en la de todo el continente porque el análisis de un corpus más limitado facilita explicar y no sólo describir. La elección del caso mexicano y no del de alguno de los otros países nacidos de la disgregación de la Monarquía Católica en América viene determinada por lo siguiente: a) La existencia de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, fundada en la época borbónica, 1783, y refundada por Santa-Anna en 1843, que permitió el desarrollo de una pintura de historia más temprana, rica y coherente que la del resto de naciones hispanoamericanas2, donde la fundación de Academias de Be­ llas Artes fue un fenómeno mucho más tardío, en general finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, cuando la pintura de historia había perdido parte de su hegemonía artística. Las Academias de Bellas Artes fueron una de las principales instituciones nacionalizadoras del imaginario y en aquellos países en los que no existieron, o aparecieron ya en fechas muy tardías, la pintura de historia carece del desarrollo y la coherencia necesaria para un análisis como el que aquí se pro­ pone, o en todo caso lo vuelve más dificultoso y menos preciso y concluyente. b) Las peculiaridades de un proceso independentista en el que la proclamación de la independencia fue obra de los antiguos realistas por lo que el componente

Tomás. «Pintura de historia e imaginario nacional: el pasado en imágenes», en Historia y Grafía, n° 16, año 8 (2001), pp. 73-110; y Pérez vejo, Tomás, «La pintura de historia y la invención de las naciones», en Locus: Revista de historia, vol. 5, n° 1 (1999), pp. 139-159. 2 Para el desarrollo de la pintura de historia en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de México en el siglo XIX véase Pérezvejo, Tomás, «Les expositions de l'Academie de San Carlos au XIX siecle. L'iconographie de la peinture d'histoire et «l'invention» d'une identité nationale au Mexique», en Hemond, Aline et Ragón, Pierre (Coord.), L'im age au Mexique. Usages, appropiations et transgressions. París, Centre d'Etudes Mexicaines & Centraméricaines y L'Harmattan, 2001, pp. 211-234.

l a r e p r e s e n t a c ió n d e l a s r e v o l u c io n e s d e l a ín d e p e n d e n c ía en l a p ín t u r a o f íc ia l h ís p a n o a m e r íc a n a

253

Imagen 1. Primitivo MIRANDA, El héroe de Iguala, 1851. Óleo sobre lienzo, 246X162 cm., Museo Nacional de Historia-INAH, México DF.

254

TOMÁS PÉREZ VEJO

de guerra civil del conflicto era mucho más explícito. Esto no quiere decir que la situación haya sido muy diferente a la que se dio en el resto de los que habían sido territorios de la Monarquía Católica en América, sino que en el caso de México las dificultades para imaginar la guerra civil como guerra de liberación nacional fueron mayores y, por lo tanto, también los retos a los que tuvo que enfrentarse la construcción de una memoria normalizada capaz de imaginar lo ocurrido como una guerra de liberación nacional. No sólo había que inventarse que había sido una guerra contra los «españoles» sino que era necesario reacomodar el papel de los distintos padres de la independencia, combatientes en bandos distintos has­ ta el mismo momento de su proclamación. Estas dificultades y contradicciones permiten un análisis mucho más preciso que el que se puede hacer en países en los que las contradicciones fueron menos visibles, lo que, por supuesto, no quiere decir que no existieran. 2 . lo s p ro b lem as p a ra l a c o n s tr u c c ió n de un im a g in ario n a c io n a l s o b re l a g u e r r a de l a indep endencia en M éxico

El relato de nación mexicano plasmado en la pintura de historia es de una gran coherencia y simplicidad narrativa. Ateniéndose a un estereotipo común al de otras muchas naciones, de evidente origen cristiano, imaginó, en el doble sentido de pensar y de dar imágenes a un pensamiento, la historia de México como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, los misterios gozosos, do­ lorosos y gloriosos del rosario cristiano. Una nación forjada en el tiempo mítico e intemporal de la época prehispánica, muerta con la Conquista y resucitada con la Independencia. Un relato que convierte a los hechos ocurridos entre 1810 y 1821 en parte de un macrorelato que los dota de sentido. No son un episodio histórico ais­ lado sino que representan la resurrección de la nación muerta trescientos años antes. Sorprendentemente, sin embargo, en esta historia mítica la resurrección (independencia) tiene una importancia mucho menor que el nacimiento (época prehispánica) y la muerte (conquista). El número de cuadros de historia oficiales3 inspirados en hechos ocurridos durante la época prehispánica y en la conquista es mucho mayor que el de aquellos que ilustran sucesos de la independencia. En el caso de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que permiten un análisis cuantitativo preciso, durante el siglo XIX el 35% de los cuadros expuestos repre­

3 S e e n t ie n d e c o m o c u a d r o s d e h is to ria o fic ia le s a q u e llo s q u e f u e r o n e x h ib id o s e n a lg u n a d e la s E x p o s i c i o n e s N a c i o n a l e s d e B e lla s A r t e s c e l e b r a d a s d u r a n t e e l s i g l o X I X y / o a d q u i r i d o s p o r el E s ta d o .

l a r e p r e s e n t a c ió n d e l a s r e v o l u c io n e s d e l a ín d e p e n d e n c ía en l a p in t u r a o f ic ia l h ís p a n o a m e r íc a n a

255

sentan temas inspirados en el mundo prehispánico, el 35% en la conquista y sólo el 16% en la independencia (Gráfico n° 1)4.

Gráfico n° 1. La genealogía nacional mexicana según los cuadros de historia expuestos en las Na­ cionales de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de México. Las cifras indicas porcentajes sobre el total de cuadros de historia expuestos durante el siglo XIX

Pero no es sólo un problema cuantitativo sino cualitativo. Ninguno de los cuadros inspirados en episodios de la independencia tuvo, ni siquiera de lejos, el eco público que tuvieron algunos de los inspirados en el mundo prehispánico y la conquista, caso, por ejemplo, de El descubrim iento d el pulque'5, expuesto por José Obregón en la Nacional de Bellas Artes de 1869, o de El suplicio d e C uauhtém oc6, expuesto por Leandro Izaguirre en la de 1898. El primero, una de las primeras y más exitosas plasmaciones pictóricas de la imagen de la época prehispánica como una especie de edad dorada de la nación, en gran parte todavía vigente en el ima­

4 Hay además un pequeño número de cuadros que no se corresponden a ninguno de estos tres periodos históricos, otros sucesos del siglo XIX e historia europea principalmente. 5 José Obregón, El descubrimiento del pulque, 1869. Óleo sobre lienzo, 186X230 cm., Museo Nacional de Arte, México DF. 6 Leandro Izaguirre, El suplicio de Cuauhtémoc, 1893. Óleo sobre lienzo, 294X454 cm., Museo Nacional de Arte, México DF.

256

TOMÁS PÉREZ VEJO

ginario nacional mexicano; y el segundo, la imagen arquetípica en la que aun hoy muchos mexicanos se reconocen e identifican como descendientes y herederos de una civilización destruida por sanguinarios conquistadores ajenos y extraños al ser de la nación. Ninguno de los cuadros sobre lo ocurrido entre 1810 y 1821 logró convertirse en imagen arquetípica del pasado de la nación, en el símbolo con el que todo mexicano educado por el estado para ser mexicano se reconoce e identifica. La menor importancia relativa de la independencia en el imaginario deci­ monónico tiene varias explicaciones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que en este relato de nacimiento, muerte y resurrección, la resurrección, en el siglo XIX7, está representada no sólo por la independencia frente a España sino también por la independencia frente a Francia, en el santoral laico mexicano de­ cimonónico es importante el grito de Dolores pero también la batalla de Puebla, ambos símbolo de la lucha de los mexicanos contra invasores extranjeros que se oponían a su independencia. Si en lugar de considerar cada uno de estos episo­ dios bélicos por separado lo hacemos en conjunto, con el doble significado de independencia-resurrección, al margen de contra quien tuviese lugar, tenemos una cifra, 23% del total de cuadros de historia de tema mexicano pintados du­ rante todo el siglo XIX, ya más cercana a las de nacimiento-época prehispánica y muerte-conquista, aunque todavía menor y sobre todo, como ya se ha dicho, sin que ninguno de los inspirados en la independencia se convirtiese en imagen arquetípica del pasado de la nación, cosa que si consiguieron varios sobre la época prehispánica y la conquista como, además de los ya citados, Ei Senado d e Tiaxcaia de Rodrigo Gutiérrez8 o Fray B artolom é d e ias Casas de Félix Parra9. Se hace necesario, por lo tanto, buscar otras explicaciones a esta menor pre­ sencia de la independencia en el imaginario histórico mexicano. Me voy a referir, brevemente, sólo a las dos que considero más determinantes aunque, obviamen­ te, esto no significa que no haya otras.

7 La p re c is ió n « e n el s ig lo X IX » es n e c e s a ria y a q u e e n el re la to d e n a c ió n m e x ic a n o d e l s ig lo X X h a y t a m b ié n u n a s e g u n d a re s u rre c c ió n , fu n d a m e n t a l p a ra el im a g in a r io n a c io n a l m e x ic a n o , q u e e s l a d e l a R e v o l u c i ó n d e 1 9 1 0 . El i m a g i n a r i o h i s t ó r i c o d e la R e v o l u c i ó n , s o r p r e n d e n t e m e n ­ te , a s u m e se p o d r ía d e c ir q u e e n t o d a su in te g r id a d , el re la to d e l s ig lo X IX c o n s ó lo el a ñ a d id o d e u n a s e g u n d a re s u rre c c ió n . N o h a y p rá c tic a m e n te n in g u n a d ife re n c ia e n tre el re la to e n im á ­ g e n e s d e la h i s t o r i a d e la n a c i ó n c r e a d o p o r la p i n t u r a d e c i m o n ó n i c a y e l p l a s m a d o p o r R i v e r a e n l o s m u r o s d e l P a l a c i o N a c i o n a l a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X X , s a l v o e s a s e g u n d a r e s u r r e c c i ó n d e la R e v o lu c ió n . 8 R o d r i g o G u t i é r r e z , El Senado de Tlaxcala, 1 8 7 5 . Ó l e o s o b r e l i e n z o , 1 9 1 X 2 3 2 , 5 c m . , M u s e o N a ­ c io n a l d e A r t e , M é x ic o DF. 9 F é l i x P a r r a , Fray Bartolomé de las Casas, 1 8 7 5 . Ó l e o s o b r e l i e n z o , 4 3 0 X 3 2 5 c m . , M u s e o N a c i o ­ n a l d e A rte , M é x ic o DF.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DE LA INDEPENDENCIA EN LA PINTURA OFICIAL HISPANOAMERICANA

257

I m a g e n 2 . P e t r o n i l o M O N R O Y , Agustín de Iturbide, 1 8 6 5 . Ó l e o / t e l a , 2 8 7 x 2 0 5 c m . P a l a c i o N a c i o n a l , M é x ic o DF.

258

TOMÁS PÉREZ VEJO

La primera tiene que ver con las características de este relato arquetípico de nacimiento, muerte y resurrección. En él, de manera general y no sólo en el caso de México, la muerte y el nacimiento, especialmente la muerte, tienen un papel hegemónico. Es lo que ocurre en el imaginario cristiano, del que, como ya se ha dicho, derivan muchos de los relatos nacionales de Europa y América, donde la muerte, y secundariamente el nacimiento, tiene un papel mucho más relevante que la resurrección, y me refiero, por supuesto, al plano emotivo-referencial, no al teológico. El número de imágenes en la pintura religiosa de Occidente inspi­ radas en el nacimiento y muerte de Jesucristo es también muy superior al de las inspiradas en la resurrección. El símbolo del cristianismo, la imagen en la que los fieles se reconocen y en la que se identifican es la de Jesucristo expirando en la cruz, no la de su nacimiento ni, mucho menos todavía, la del momento en que sale del sepulcro, la cruz y no el pesebre de Belén o la tumba vacía. La explicación parece sencilla. La capacidad emotiva del sacrificio es muy superior como mito de pertenencia a la generada por el nacimiento o la resurrección. La autoinmolación, el sacrificio ritual, la sangre que redime y fundamenta, tienen mucha más fuerza como elemento de cohesión social que el triunfo o la victoria. Las religiones, y el nacionalismo es sólo una forma laica de religiosidad, se construyen con mártires más que con héroes. Lo que explica que tanto en el santoral laico como en el re­ ligioso predominen los primeros sobre los segundos. Más todavía, posiblemente, en el caso de naciones de cultura cristiana, herederas de una tradición religiosa con un fuerte componente sacrificial, en las que para ser padre de la patria no es imprescindible haber muerto por ella pero lo facilita bastante. La segunda, con un problema al que los historiadores hemos prestado mucha menos atención de la que se merece, que es el componente de guerra civil que las llamadas guerras de independencia tuvieron, en el conjunto de los territorios americanos de la Monarquía Católica10, no sólo en México. En el caso concreto de este último país, la conversión de los hechos ocurridos entre 1810 y 1821 en una guerra de independencia fue un proceso arduo y complejo. Tanto los ejércitos realistas como los insurgentes habían estado formados básicamente por «mexicanos», no sólo las tropas sino también los oficiales. Por poner un ejemplo, la mayoría de los jefes de Estado del primer México independiente libraron la guerra del lado realista y no del insurgente, Agustín de Iturbide, Antonio Ló­ pez de Santa-Anna, Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante, José Joaquín Herrera, Mariano Paredes y Arrillaga, Mariano A r is ta , y hasta un antiguo oficial

10 Sobre el carácter de guerra civil de las guerras de independencia véase Pérez vejo, Tomás, DF, Tusquets editores, 2010. Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. México

l a r e p r e s e n t a c ió n d e l a s r e v o l u c io n e s d e l a ín d e p e n d e n c ía en l a p in t u r a o f ic ia l h ís p a n o a m e r íc a n a

259

Imagen 3. Tiburcio SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, General Miguel Hidalgo y Costilla, 1875. Óleo/ tela, 287x205 cm., Ayuntamiento de la Ciudad de México (Copia del pintado por Joaquín Ramí­ rez en 1865).

260

TOMÁS PÉREZ VEJO

realista peninsular, Pedro Celestino Negrete, presidente provisional de México durante un corto periodo, después de la caída de Iturbide. A veces se tiene la im­ presión de que haber sido oficial realista si no era necesario para llegar a la Jefatura del Estado al menos lo facilitaba o en todo caso no era ningún obstáculo. Y es que la independencia había sido tanto obra de los realistas como de los insurgentes, en sentido estricto más de los primeros que de los segundos. Una situación que hacía extremadamente difícil el consenso sobre lo ocurrido y su plasmación en una memoria colectiva en imágenes. No resultaba nada fácil, por ejemplo, exal­ tar a Hidalgo sin condenar a Iturbide, o viceversa. Tal como afirmaba con toda crudeza el periódico Ei Universai a finales de 1849, no se podía «celebrar el 16 de septiembre a los fusilados, y el 27 del mismo mes a los fusiladores»11. La solución a estas contradicciones fue tanto optar por una menor presen­ cia de la guerra de independencia frente a otras épocas históricas, era más fácil ponerse de acuerdo en erigir un monumento a Cuauhtémoc que decidir si el monumento a la independencia debía de estar dedicado a Iturbide o a Hidalgo, de hecho se tardó un siglo en ponerse de acuerdo sobre esto último; como, sobre todo, plasmar una peculiar imagen del conflicto bélico, una especie de complica­ do encaje de bolillos que permitiese imaginar la guerra como la guerra de libera­ ción nacional que nunca fue. 3.

l a s r e p r e s e n t a c ío n e s d e l a g u e r r a d e ín d e p e n d e n c ía en l a

p ín t u r a d e h ís t o r ía d e c im o n ó n ic a m e x ic a n a

El primer cuadro inspirado en la Guerra de la Independencia llevado a una Na­ cional de Bellas Artes fue Ei héroe d e Iguaia12 (Imagen 1), expuesto por Primitivo Miranda en la de 1851. Cuadro que sólo utilizando el concepto con gran laxitud

11 «Sobre el discurso del Sr. Director del Colegio de Minería D. José María Tornel, en la distri­ bución de premios de sus alumnos (es un artículo enviado)», El Universal, 24 de noviembre de 1849. El 16 de septiembre conmemora el Grito de Hidalgo en Dolores y el 27 de septiembre la entrada del ejército de Iturbide en la ciudad de México. Durante la primera mitad del siglo XIX el enfrentamiento entre los que proponían una u otra fecha como fiesta de la independencia fue continuo. Sobre esta polémica y su alcance político-ideológico véase el capítulo Pérez vejo, Tomás, España en el debate público mexicano, 1836-1867. Aportaciones para una historia de la na­ ción. México, El Colegio de México/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2008, pp. 107­ 152. 12 El título exacto con que fue presentado fue el de El héroe de iguala. Don Agustín de iturbide, en pie y del tamaño natural, muestra encima de la mesa el Acta de independencia y el Plan de iguala; en el fondo se ve el volcán Popocatépelt (Catálogo de los objetos de Bellas Artes presentados en la cuarta exposición anual de la Academia Nacional de San Carlos de México. Enero. 1852. México,

Tipografía de Rafael y Vila, Calle de Cadena, n° 13, 1852)

LA REPRESENTACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DE LA INDEPENDENCIA EN LA PINTURA OFICIAL HISPANOAMERICANA

261

puede ser considerado pintura de historia. Se trata de un retrato, en sentido es­ tricto un retrato alegórico13, en el que Iturbide aparece representado junto a una mesa, sobre la que pueden verse el Acta de Independencia y el Plan de Iguala, y con una vista al fondo del Popocatépelt. No representa ningún hecho histórico concreto. El Iturbide histórico, más polémico, es sustituido por el Iturbide sím­ bolo de la independencia, el gran héroe victorioso en el que la nación todavía en esos momentos se reconocía. Todavía en esos momentos porque la ubicación de Iturbide en el santoral de la patria ha sido complicada y contradictoria, de padre de la independencia por antonomasia pasó progresivamente a ocupar un lugar cada vez más marginal hasta prácticamente desaparecer. Ninguna entidad federa­ tiva, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con Hidalgo, Guerrero o Morelos, lleva su nombre; su estatua no figura entre las de «los héroes que nos dieron patria» del Monumento a la Independencia del Paseo de Reforma; y la independencia no aparece, en el imaginario mexicano, asociada con el Plan de Iguala sino al grito de Dolores, cuya conmemoración se ha convertido en el día de la fiesta nacional. No era ésta la situación en el momento en que Primitivo Miranda pintó su cuadro. Todavía en el proyecto de monumento a la independencia de tres años más tarde, 1854, se afirma que «en la inteligencia de que la estatua principal debe de ser la ecuestre del Libertador Iturbide»14. Nada que ver con el finalmente erigido, 1910, en el que Iturbide no sólo no ocupa el lugar principal sino su pre­ sencia se reduce al nombre grabado en el fuste de la columna. Honor relativo si consideramos que el total de nombres inscritos en el monumento es de 31, 8 si consideramos sólo el fuste, y que entre los que tienen derecho a estatua figuran personajes tan pintoresco y con tan poca relación con la independencia como el irlandés Guillén de Lampart o con una participación tan poco relevantes en la gesta independentista como el español Xavier Mina. Este primer cuadro sobre Iturbide es interesante, a pesar de que, como ya se ha dicho, no pueda ser considerado un cuadro de historia en sentido estricto, porque abre paso a una manera de evocar la guerra de independencia de gran éxito en todo el continente y durante todo el siglo XIX: la representación de los héroes pero no de los hechos históricos que los hacían merecedores de esta con­ sideración. Una paradoja que lo es menos de lo que parece. Representar héroes 1 3 E l c a r á c t e r a l e g ó r i c o d e e s t e c u a d r o e s m u y c l a r o , t a n t o p o r la p r e s e n c i a d e l o s t e x t o s d e l A c t a d e I n d e p e n d e n c i a y e l P l a n d e I g u a l a s o b r e la m e s a ( I n d e p e n d e n c i a ) c o m o p o r la d e l P o p o c a t é p e l t a l f o n d o ( M é x i c o ) , u n a f o r m a d e r e p r e s e n t a r a la n u e v a n a c i ó n d e g r a n e f i c a c i a y e c o n o m ía d e m e d io s . 1 4 « O f i c i o d e l m i n i s t r o d e F o m e n t o a B e r n a r d o C o u t o , p r e s i d e n t e d e la J u n t a d e la A c a d e m i a d e S a n C a r l o s s o b r e e l m o n u m e n t o n a c i o n a l p a r a la p l a z a p r i n c i p a l » , 1 4 d e e n e r o d e 1 8 5 4 (Archivo de la Antigua Academia de San Carlos de México, d o c . n ° 5 5 9 2 ) .

262

tom ás

P é r e z v e jo

sin hazañas permitió obviar los aspectos más conflictivos de la guerra, exaltando figuras de próceres sin mácula y olvidando hechos de difícil encaje en una me­ moria fracturada. No era lo mismo, por poner un ejemplo obvio, el retrato de Iturbide que su representación al frente de las tropas realistas sometiendo a sangre y a fuego el Bajío; o, por poner un ejemplo no mexicano, el retrato de Bolívar que la representación del Libertador masacrando a los indígenas de Pasto, tan americanos, al menos, como él. La construcción de una memoria nacional tiene siempre un fuerte compo­ nente de genocidio de memorias, de desplazamiento y exterminio de memorias locales y familiares por una memoria oficial al servicio del estado. En el caso de la llamada guerra de independencia mexicana, este proceso de apropiación de memorias resultó particularmente complicado. Sólo por referirme al caso de los dos personajes que van a monopolizar el discurso sobre la independencia en el México del siglo XIX, Hidalgo e Iturbide, para el estado mexicano el primero se convirtió, desde muy pronto, en el iniciador de la independencia y el segundo en su consumador. Para las memorias familiares y locales de parte de la población, sin embargo, el primero era básicamente el responsable de las matanzas y saqueos cometidos por sus tropas en el Bajío, «las turbas de Hidalgo», léase si no lo escrito por Alamán, y el segundo el militar realista que había diezmado, en sentido lite­ ral, a las poblaciones acusadas de apoyar a los insurgentes en ese mismo territorio. Dos memorias contradictorias e incompatibles que hacían más fácil exaltar a un Hidalgo y a un Iturbide intemporales, esterilizados en la quietud de sus retratos, que hacerlo en hechos históricos concretos, todavía cercanos en el tiempo y con un consenso social relativamente frágil15. El eterno problema de la memoria his­ tórica sobre no importa qué guerra civil. Esta estrategia de sustitución de hechos por personajes tuvo su mejor expre­ sión en la serie de retratos de héroes de la independencia encargada por Maxi­ miliano para el Salón de Iturbide del Palacio Imperial, en la que se incluyeron retratos, todos del mismo tamaño, de Iturbide, Hidalgo, Morelos, Matamoros, Guerrero y Allende16. Serie que plasma la visión de consenso y benévola de la

15 Para un ejemplo de la existencia de dos memorias sobre la independencia en la vida política mexicana de las primeras décadas del siglo XIX véase Pérez vejo, Tomás, «Hidalgo contra Iturbide: la polémica sobre el significado de la guerra de independencia en el México anterior a la Repú­ blica Restaurada», en Guzmán Pérez, Moisés (ed.), Guerra e imaginarios políticos en la época de las independencias. México, Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007, pp. 193-224 16 Fueron sus autores Joaquín Ramírez, Petronilo Monroy, José Obregón, Ramón Sagredo y Ra­ món Pérez. Para los proyectos iconográficos de Maximiliano, incluida esta colección de retratos, véanse los trabajos reunidos en el Catálogo de la exposición Testimonios artísticos de un episodio fugaz (1864-1867), México, Museo Nacional de Arte,1995.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DE LA INDEPENDENCIA EN LA PINTURA OFICIAL HISPANOAMERICANA

263

I m a g e n 4 . A n t o n i o F A B R É S , El cura Hidalgo victorioso después de la batalla del Monte de las Cruces, 1 9 0 4 . Ó le o / t e la 2 9 7 x 1 9 0 c m . P a la c io N a c io n a l, M é x i c o DF.

264

TOMÁS PÉREZ VEJO

guerra característica de la época del Imperio: incluye a todos los héroes defendi­ dos por los diferentes sectores políticos e ideológicos de la época y los muestra al margen de cualquier episodio histórico concreto que pudiera oscurecer su imagen de héroes inmaculados. Me voy a referir aquí únicamente a los retratos de los dos que resultaban más conflictivos, Iturbide e Hidalgo17. El del primero, obra de Petronilo Monroy (Imagen 2), apenas introduce mo­ dificaciones a la imagen creada por Miranda de Iturbide como artífice de la in­ dependencia. Su mano derecha señala, de manera incluso más ostensible que en el cuadro de aquel, el documento del Plan de Iguala extendido sobre la mesa. La única variación relevante es la presencia de símbolos imperiales, manto de armiño ribeteado de águilas mexicanas y corona imperial sobre la mesa. Haberse procla­ mado emperador no era, obviamente, algo negativo en el contexto del Segundo Imperio Mexicano, sí en el momento en que Miranda había pintado el suyo, que no sólo se excluye cuidadosamente cualquier referencia a símbolos monárquicos sino que incluye una inverosímil banda presidencial. El de Hidalgo, obra de Joaquín Ramírez (Imagen 3), le representa como un reflexivo teólogo, al lado de una mesa con libros y prácticamente enmarcado por el cuadro con la Virgen de Guadalupe de la pared del fondo. La imagen de un venerable anciano, dedicado al estudio, devoto de la virgen de Guadalupe y dis­ puesto a sacrificar la tranquilidad de sus últimos días por la salvación de la patria, resultaba bastante menos controvertida que la del belicoso caudillo del ejército que había sometido, a sangre y fuego, algunas de las más importantes y pobladas ciudades del virreinato. La imagen global de la serie encargada por Maximiliano resulta todavía más clara si consideramos que, tal como plantea Fausto Ramírez18, en ella se establece una clara distinción entre Hidalgo, Morelos e Iturbide, representados en un inte­ rior y junto a mesas con papeles, y Allende, Matamoros y Guerrero, al aire libre y empuñando las armas. Los primeros héroes «civiles», dignos de recuerdo por sus virtudes legislativas y jurídicas, y los segundos héroes militares, dignos de recuer­ do por sus hazañas bélicas. Se privilegia, tanto en el caso de Iturbide como en el de Hidalgo su condición de héroes civilizadores, menos conflictiva, sin duda, que la de héroes militares. Obviamente esto no tiene nada que ver con la realidad de los hechos sino con la forma como el Estado decidió recordarlos.

17 C o n flic tiv o s n o t a n t o p o r s u c o n d ic ió n d e p e rs o n a je s h is tó ric o s c o m o d e s ím b o lo s d e d o s p r o ­ y e c to s d e c o n s tr u c c ió n d e E s ta d o y n a c ió n , d e l c o n s e r v a d o r el p r im e r o y d e l lib e ra l el s e g u n d o . 1 8 R a m ír e z , F a u s t o , « H i d a l g o e n s u e s t u d i o » : la a r d u a c o n s t r u c c i ó n d e l a i m a g e n d e l pater patriae m e x i c a n o » , e n M ín g u e z , V í c t o r y c h u s t c a l e r o , M a n u e l ( C o o r d . ) , La construcción del héroe en España y México (1839-1847). V a l e n c i a , U n i v e r s i t a t d e V a l e n c i a , 2 0 0 3 , p p . 1 8 9 - 2 0 9 .

l a re p re s e n ta c ió n de la s r e v o lu c io n e s de la ín dep enden cía en l a p in tu r a o f ic ia l H ísp a n o a m e ríca n a

265

La visión integradora de la independencia intentada por Maximiliano va a tener escaso éxito y el triunfo de los liberales llevará a la exclusión de Iturbide del santoral laico de la patria y a la conversión de Hidalgo en el padre único e indiscutido de la independencia, tal como es representado en el monumento inaugurado en el paseo de la Reforma de la ciudad de México con motivo de la celebración del Centenario en 1910. Sí la tuvo, sin embargo, la de preferir la representación de los héroes a los hechos por ellos protagonizados. La manera de representar a Hidalgo como teólogo devoto de la virgen de Guadalupe, y no como militar, va a pervivir a lo largo de todo el siglo XIX19. Hay que esperar hasta comienzos del siglo siguiente para encontrarnos con una imagen diferente, la del último gran retrato oficial encargado por el estado mexicano, con anterioridad a la Revolu­ ción, el pintado por Antonio Fabrés en 1904, El cura H idalgo victorioso después d e la batalla d el m onte d e las Cruces (Imagen 4). Interesante por los cambios que introduce en la iconografía tradicional. Aunque de manera tangencial, hace re­ ferencia a un hecho histórico concreto, la batalla del Monte de las Cruces, y el plácido estudioso, encerrado en su estudio, es sustituido por el belicoso general que celebra la victoria en el campo de batalla. Nada recuerda, ni en los gestos ni en el asunto representado, la que había sido la forma tradicional de pintar al hé­ roe en los cuadros anteriores. El recogido interior es sustituido por una escena al aire libre y el gesto mesurado y reflexivo por otro de celebración exaltada. Pasado ya casi un siglo de los hechos históricos no había ningún problema en representar al general que celebra la derrota de sus enemigos que son ya, sin duda posible, los de la nación mexicana. La guerra civil construida como guerra de independencia. Lo único que permanece de la iconografía tradicional es la asociación Hidalgo/ Virgen de Guadalupe, prueba de hasta qué punto se había convertido en parte del discurso de la nación. El, en esos momentos ya sin discusión padre de la patria enarbola en su mano un estandarte con la imagen de la Virgen y con el nombre de GUADALUPE, por si acaso quedaba alguna duda, bien visible, escrito en grandes letras sobre él. La estrategia de sustitución de hechos por héroes no fue la única. Aunque, como ya se ha dicho, la representación de episodios de la independencia, pinturas de historia en sentido estricto, no fue muy numerosa, sí hubo algunos cuadros de historia sobre la guerra. Interesantes tanto por su cronología como por la for­ ma como fueron imaginados. Por lo que se refiere a la cronología, son todos de

19 Sobre la evolución de la imagen de Hidalgo en la pintura mexicana del siglo XIX véanse Ga rrid o , Esperanza, «Evolución y manejo de la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla en la pintura mexicana (1828-1960)», en Arte y Coerción, México DF, Universidad Nacional Autónoma de Méxi­ co, 1992, pp. 35-43; y Ramírez, Fausto, op.cit., pp. 189-209.

266

TOMÁS PÉREZ VEJO

fechas muy tardías, último cuarto del siglo XIX, cuando después de la derrota de los conservadores y la desaparición de las generaciones que habían vivido la gue­ rra permitió tanto la posibilidad de representarla como un enfrentamiento entre españoles y mexicanos, entre ellos y nosotros, como el desplazamiento definitivo de Iturbide por Hidalgo como padre de la independencia. Por lo que respecta a las características, es mejor verlo en el análisis concreto de cada una de estas pinturas. El primer cuadro de historia sobre la guerra de independencia que pudo verse en una Nacional es ya de 1873, año en el que Atanasio Vargas expuso Elprisionero insurgente (Imagen 5). En él el problema de cómo representar una memoria frag­ mentada se obvia eligiendo como tema no un hecho histórico concreto, sino un episodio anónimo, sin implicaciones personales posibles, con los protagonistas reducidos a la categoría de símbolos colectivos: el realista y el insurgente. El pri­ mero identificado por su uniforme y el segundo por un escapulario de la virgen de Guadalupe ostensiblemente visible sobre su pecho. La nobleza y dignidad del prisionero dejan pocas dudas sobre quien es el protagonista de la escena y de qué lado se debe de poner el espectador. Toda la composición gira en torno a él y a las penosas condiciones a las que ha sido sometido por los «españoles». Un relato en imágenes en el que el ojo del espectador transita de la miseria de la celda, un espacio constreñido de paredes desconchadas y catre de paja, al régimen de pan y agua en el que vive, la hogaza de pan sobre el taburete y la jarra de agua en manos del realista. El discurso de fondo es bastante obvio, la independencia como una lucha popular en la que el pueblo se había levantado contra la opresión de los soldados españoles. Poco importaba que los soldados españoles fueran en la ma­ yoría de los casos mexicanos y tan pueblo como aquellos. Estamos hablando de cómo se construye una memoria en imágenes sobre el pasado, no de la represen­ tación de lo que realmente ocurrió. Memoria que incluye un fuerte componente afectivo, tanto de pertenencia, quienes son los nuestros y quienes no, como de juicio moral, quienes los buenos y quienes los malvados. Preguntas a las que la imagen creada por Vargas da cumplida y clara respuesta. No cabe ninguna duda sobre quien es el héroe y quien el villano ni, menos todavía, de qué lado debe de ponerse el espectador. En el siguiente cuadro sobre la guerra de independencia expuesto en una Na­ cional, El cura H idalgo en e l m onte d e las Cruces arengando a sus tropas m om entos antes d e la batalla (Imagen 6), llevado por Luis Coto a la 187920, la estrategia es

20 Catálogo de las obras presentadas en la XIXExposición Nacional de Obras de Bellas Artes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Correspondiente al año de 1879, con el carácter de Nacional y Esco­ lar del Bienio de 1878 y 1879. México, Imprenta de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, primera

l a re p re s e n ta c ió n de la s r e v o lu c io n e s de la ín dep enden cía en l a p in tu r a o f ic ia l H ísp a n o a m e ríca n a

I m a g e n 5. A t a n a s i o V A R G A S ,

El prisionero insurgente,

267

1 8 7 3 . Ó l e o / t e l a , U n i v e r s i d a d d e G u a n a ju a -

to , G u a n a ju a to .

distinta pero no la voluntad de obviar aquello que pudiera resultar conflictivo, tanto en la elección del tema como en la forma de representarlo. En la elección del tema, porque el Hidalgo del monte de las Cruces apenas planteaba problemas desde el punto de vista de la memoria colectiva. Podría ser controvertida su actitud desde una perspectiva militar pero no desde la de sus consecuencias sobre la población. Nada que ver, por ejemplo, con la sangrienta toma de la Alhóndiga de Granaditas, suceso de, al menos, la misma relevancia histórica pero de mucha más difícil inclusión en una memoria colectiva sobre la guerra. No hay, de hecho, ningún cuadro sobre este último episodio en toda la pintura de historia oficial mexicana del siglo XIX21.

C a l le d e S a n L o r e n z o , 1 8 7 9 . 21

Si a lg u n o s d e c a r á c te r p r iv a d o , c o m o

to el28 de septiembre de 1810 d e

El combate de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajua­

J o s é D í a z d e l C a s t illo , m u y t a r d í o , 1 9 1 0 , y q u e c o m o c o n s e c u e n ­

c ia i n c l u y e y a , s in n i n g ú n p r o b l e m a , t o d o s lo s e l e m e n t o s d e la l e y e n d a á u r e a d e la c o n q u i s t a d e l p ó s i t o d e la c i u d a d m in e r a , d e s d e u n b e l i c o s o H i d a l g o a c a b a l l o d i r i g i e n d o e l a s a lt o h a s t a el P í p i la c a r g a n d o s u g r a n lo s a d e p ie d r a .

268

TOMÁS PÉREZ VEJO

En la forma de representarlo, porque Coto opta por un tipo de imagen que, en contra de una de las convenciones más arraigadas de la pintura de historia decimonónica, evita cualquier implicación emocional del espectador. Los cua­ dros de historia eran concebidos, de manera general, como escenas de teatro. Un primer plano con unas pocas figuras principales, mostradas en el momento culminante de una acción de fuerte contenido emotivo, acompañadas, no siem­ pre, de personajes secundarios al fondo. Una retórica compositiva que busca la implicación del espectador, la toma de partido. El cuadro de Coto carece de este primer plano dramático. Los personajes han sido empujados al fondo de la imagen, tanto los principales como los secundarios, minúsculas figuras perdidas en el paisaje y carentes de cualquier tensión emocional. No busca la implicación emocional del espectador, lo representado se convierte en algo lejano, ajeno a su memoria afectiva y sentimental. En realidad ni siquiera se trata de una pintura de historia propiamente dicha, sino de un paisaje de tema histórico, un género distinto, con lógicas artísticas y comunicativas diferentes, y con una voluntad de participación en el discurso político mucho menos clara. Al margen de estos dos cuadros, la Guerra de Independencia pareció encon­ trar su imagen, no en los enfrentamientos bélicos sino en los muchos más escasos actos de perdón y concordia. Es como si el lenguaje del acuerdo y la conciliación hubiera acabado imponiéndose al de la guerra y la confrontación. Algo realmente paradójico si consideramos que si algo caracteriza la guerra iniciada en 1810 es su carácter cruel y sanguinario. Nada demasiado excepcional por otro lado, en las guerras civiles el terror sobre la población no es un efecto colateral sino parte de la estrategia bélica. La representación del perdón otorgado a los prisioneros realistas por el gene­ ral Bravo, un acto magnánimo en medio de una guerra no demasiado pródiga en ellos, acabó convirtiéndose en lo más parecido a la imagen arquetípica de la Independencia en el imaginario histórico decimonónico mexicano. Un hecho histórico que permitía mostrar la superioridad moral de los insurgentes frente a los realistas, Bravo perdonaba la vida a aquellos que acababan de matar a su padre, a la vez que propiciaba un cierta imagen de consenso, los soldados realistas perdonados se incorporaban al ejercito insurgente con lo que el fondo de guerra civil del conflicto se diluía en una insurgencia capaz de integrar en la patria co­ mún incluso a los que en algún momento se habían opuesto a su independencia, fueran españoles o no. La magnanimidad de Bravo y la posterior incorporación de los condenados a su propio ejército convertían la victoria insurgente en un acto de fraternidad nacional. Ya en 1875 el periódico Ei Sigio XIX se hizo eco de que, en respuesta a un en­ cargo del gobierno a la Academia de Bellas Artes de «algunos cuadros relativos a la

LA REPRESENTACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DE LA INDEPENDENCIA EN LA PINTURA OFICIAL HISPANOAMERICANA

I m a g e n 6 . L u is C O T O M A L D O N A D O ,

269

Hidalgo en el Monte de las cruces arengando a sus tropas,

1 8 7 9 . Ó l e o / t e l a , 1 5 8 x 1 5 1 c m . M u s e o d e B e ll a s A r t e s d e T o l u c a , T o lu c a .

independencia de México para que sean remitidos a la exposición de Filadelfia», Petronilo Monroy iba a pintar uno sobre «el abrazo de Acatempan» y José Obregón otro sobre «el perdón concedido por Bravo a los prisioneros españoles»22. Este último por lo que sabemos nunca pasó de proyecto. Es posible que sí el primero, en el Museo Regional de Guerrero se conserva un Abrazo de Acatempan, tradicionalmente atribuido a Ramón Sagredo pero que Fausto Ramírez considera «más lógico asignárselo a Petronilo Monroy»23, que puede estar relacionado con este encargo24 (Imagen 7). Lo interesante de estos encargos, al margen de que se hayan pintado o no, es la preferencia del estado por construir una imagen de consenso de la guerra. En par­

El Siglo XIX, M é x i c o ,

22

« P in t u r a s » ,

23

R a m ír e z , F a u s t o , « E l p r o y e c t o a r t í s t i c o e n la r e s t a u r a c i ó n d e la R e p ú b l i c a : e n t r e e l f o m e n t o

9 d e e n e ro d e 1875.

i n s t i t u c i o n a l y e l p a t r o c i n i o p r i v a d o (1 8 6 7 - 1 8 8 1 )» , e n

Estado, 1864-1910. M é x i c o 24

Los pinceles de la historia. La fabricación del

D F , M u s e o N a c i o n a l d e A r t e , 2 0 0 3 , p. 6 3 .

E s t é r e l a c i o n a d o o n o , e n t o d o c a s o n o f u e e n v i a d o a F il a d e l f i a . N o f i g u r a e n n i n g u n a d e la s

lis ta s d e p i n t u r a s r e m i t i d a s p o r M é x i c o a la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C e n t e n a r i o e n F i l a d e l f i a , in a u g u r a d a e n m a y o d e 1876.

270

TOMÁS PÉREZ VEJO

ticular en el de Monroy, donde la guerra fratricida se resuelve con el abrazo entre el caudillo realista y el insurgente que daría paso a la independencia de México. Un episodio ambiguo, era tanto la prueba de la unión de todos los mexicanos como del carácter de guerra civil de la contienda, pero que aquí es representado claramente en clave de fraternidad nacional. Si Iturbide representaba el realista arrepentido y la extraña paradoja que la independencia hubiese sido finalmente obra de los que se habían opuesto a ella; Guerrero representaba la continuidad con Hidalgo y el grito de Dolores. Algo así como la confluencia de dos caminos distintos en un mismo fin. La hegemonía de la retórica de la conciliación es clara. Frente al enfrentamiento entre realistas e insurgentes, el abrazo fraternal de todos los mexicanos, simbolizado en el de dos encarnizados antiguos enemigos. El cuadro conservado, sea obra o no de Monroy, refleja, sin embargo, una cierta prevención hacia Iturbide. El futuro emperador es representado como una especie de Napoleón chiquito, de gesto taimado, que contrasta con el Guerrero de brazos abiertos de par en par que le recibe en el centro de la imagen, una es­ pecie de Jesucristo crucificado por el bien de la patria. Finalmente había sido el caudillo suriano el que había sacrificado su prestigio y su autoridad sometiéndose a un Iturbide de trayectoria bastante menos transparente que la suya. Un acto de generosidad patriótica al que la imagen hace evidente justicia. Refleja ya la pers­ pectiva, hegemónica hasta nuestros días, de un Iturbide más traidor que padre de la patria. La independencia como obra de Hidalgo y sus seguidores, Guerrero, y no de los «tránsfugas» realistas. Obregón nunca llego a desarrollar el tema propuesto pero el episodio del ge­ neral insurgente que perdonaba la vida a 300 prisioneros realistas, un día después recibir la noticia de que su padre había sido fusilado por «los españoles», reunía todos los requisitos para convertirse en una de las imágenes arquetípica de la Guerra de Independencia. Reflejaba tanto la superioridad moral de los insurgen­ tes, magnanimidad del general Bravo frente a la crueldad de los realistas, como el triunfo de la fraternidad nacional sobre el conflicto entre hermanos, todos los relatos decimonónicos del episodio destacaban que los prisioneros liberados se habían incorporado, inmediatamente y de manera voluntaria, al ejército de Bra­ vo. Esto último con un significado ambiguo del que nadie pareció percatarse. La fácil integración de los antiguos realistas en el ejército insurgente significaba, bien que eran «mexicanos» que combatían en el bando realista; bien que el hecho de ser «españoles» no planteaba ningún impedimento para combatir en uno u otro bando. Cualquiera de las dos opciones planteaba dudas más que razonables sobre la imagen de la guerra como un conflicto de identidades y ponía en primer plano su componente de guerra civil. Una contradicción que no llamó la atención entre otras cosas, posiblemente, porque durante buena parte del siglo XIX, al menos

l a r e p r e s e n t a c ió n d e l a s r e v o l u c io n e s d e l a ín d e p e n d e n c ía en l a p in t u r a o f ic ia l h ís p a n o a m e r íc a n a

271

Imagen 7. Petronilo MONROY (atribuido), El abrazo de Acatempan, ca. 1875. Óleo/tela. Museo Regional de Guerrero, Chilpancingo.

mientras pervivió una memoria sobre el conflicto no fagocitada por el estado, el carácter de guerra civil de lo ocurrido era claro para muchos mexicanos. Tal como todavía escribía, con absoluta naturalidad, en 1849 el periodista y político liberal mexicano José María Tornel, «la revolución de 1810 siguió el rumbo de las guerras civiles, la adoptaron unos y la contrariaron otros»25. El acto magnánimo de la liberación de los prisioneros realistas dio lugar, ade­ más del nunca realizado encargo de Obregón, a dos pinturas oficiales más. El G eneral D. Nicolás Bravo perdona a los españoles en M edellín de Andrés Rico, ex­ puesto sin ningún éxito en la Nacional de 1891; y El General Bravo perdonando la vida a 300 españoles, después d e recibir la carta en que le inform an d e que su pa dre

25 To r n e l , José María, «Cuestión histórico-política. Artículos de El Universal», El M onitor Republi­ de diciembre de 1849.

cano , 20

272

TOMÁS PÉREZ VEJO

había sido asesinado p o r ios españoies de Natal Pesado, no expuesto en ninguna Nacional pero resultado de un encargo oficial. El de Natal Pesado (Imagen 8) es uno de los cuadros de historia relevantes del siglo XIX mexicano, pintado en Roma, por encargo del gobernador de Veracruz, quien lo regaló posteriormente al gobierno de la nación, fue enviado a la Expo­ sición Internacional de Chicago de 1893 y reproducido en grabado por varias revistas de la época para acabar ocupando un lugar de honor entre las pinturas que adornaron la sala de Embajadores del Palacio Nacional. Su éxito resulta sin embargo relativo ya que no logró convertirse, aspiración de toda pintura de histo­ ria, en una imagen arquetípica en la que reconocerse e identificarse. Aunque fue, sin duda, el que más se le acercó, la imagen de una insurgencia magnánima, capaz de perdonar a sus enemigos, que son, inequívocamente, los españoles y no otros mexicanos (tanto en las pinturas como en los relatos históricos se habla siempre de españoles, no de realistas). Hay algunos otros cuadros inspirados en sucesos de la independencia: Atotoniico, 16 d e septiem bre d e 1810 de Alberto Zaffira, expuesto como boceto en la Nacional de 188126 y actualmente desaparecido, mostraba el momento en el que se enarboló por primera vez la imagen de la virgen de Guadalupe como enseña de la rebelión, un episodio central en la gesta de la independencia; M oreios e H idaigo de Juan Ortega, expuesto sin terminar en la Nacional de 188627, que mostraba la continuidad entre la primera y la segunda etapa de la Guerra de la Indepen­ dencia; y Ei sitio d e Cuautia de José Espiridón Domínguez, Nacional de 189828, donado al año siguiente por el autor al Colegio Militar, representación de uno de los escasos episodios con una cierta grandeza militar de toda la guerra. Los tres representaban episodios de evidente relevancia histórica pero el eco publico de todos ellos, sin embargo, fue muy menor, como consecuencia también su inci­ dencia en la construcción de una memoria en imágenes sobre la guerra. Tampoco el Estado, por su parte, pareció mostrar especial interés ni en que se concluyesen, caso de los dos primeros, ni en adquirirlos, sólo el último acabó en sus manos pero por donación del autor.

2 6 Catálogo de las obras presentadas en la XX Exposición de Obras de Bellas Artes de la Escuela Na­ cional de Bellas Artes, abierta el 5 de Noviembre de 1881. Centenario de la Fundación de la Escuela. M é x i c o , I m p r e n t a d e E p i f a n i o D. O r o z c o y C o m p a ñ í a . E s c a l e r i ll a s N ú m . 13. 1 8 8 1 . E l t í t u l o e x a c t o c o n e l q u e f u e p r e s e n t a d o e s Morelos e Hidalgo. Morelos se presenta a Hidalgo en el pueblo de Charo, cuando el general se dirigía sobre la capital del virreinato Catálogo General de las obras presentadas en la XXi Exposición de obras de Bellas Artes, abierta el 8 de diciembre de 1886. 27

M é x i c o , T ip . B e r r u e c o H n o s . S a n F e l i p e N e r i N ú m . 2 0 y m e d i o , 1 8 8 7 . 2 8 Catálogo de las obras nacionales y extranjeras presentadas en la XXiii Exposición de la Escuela N. de Bellas Artes. 1898. M é x i c o , T ip o g r a f í a d e « E l T i e m p o » , C e r c a d e S a n t o D o m i n g o , 4 , 1 8 9 8 .

LA REPRESENTACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DE LA INDEPENDENCIA EN LA PINTURA OFICIAL HISPANOAMERICANA

I m a g e n 8. N a t a l P E S A D O ,

Nicolás Bravo perdona la vida a los prisioneros realistas,

273

1 8 9 2 . Ó le o / t e l a .

3 0 5 x 5 0 4 c m . P a l a c i o N a c i o n a l , M é x i c o D F.

4.

c o n c l u s ío n e s

La pintura oficial mexicana sobre la guerra de la independencia resulta sor­ prendentemente escasa, la del resto del continente todavía más. Aquí debemos considerar, al margen de los ya comentados problemas sobre como imaginar una guerra de independencia que había sido, en gran parte, una guerra civil, que la pintura de historia mexicana es, en general, de una cierta pobreza, escasos cua­ dros y, con los parámetros de la época y salvo excepciones, de calidad bastante regular. Fueron, de hecho, varios los cuadros que se quedaron en proyectos o bo­ cetos, incluidos, además de los ya citados, algunos encargos del Estado que nunca llegaron a realizarse. Es el caso, por ejemplo, de los dos encargados por Maximi­ liano a Joaquín Ramírez para la casa de Hidalgo en Dolores, uno representando «la cena de Hidalgo en el que se juraron los héroes la noche del 15 de septiembre conquistar la independencia o perecer»; y el otro «la salida de Hidalgo, seguido de cuatro mil y tantos dolorenses, la mañana del 16 de septiembre»29. Si la voluntad del Estado se hubiese llevado a cabo en su totalidad tendríamos un imaginario

29

C i t a d o e n A ce ve d o , E s t h e r , « L o s c o m i e n z o s d e u n a h is t o r ia la ic a e n i m á g e n e s » , e n

de la historia. La fabricación del Estado, 1864-1910, 45.

Los pinceles

M é x i c o D F , M u s e o N a c i o n a l d e A r t e , 2 0 0 3 , p.

274

tom ás

P é r e z v e jo

sobre la guerra de independencia más rico, más matizado y, posiblemente, algo diferente del que aquí se analiza. Sin embargo, las omisiones, las no realizaciones, son también significativas y no pueden ser atribuidas, sin más, a un simple azar histórico. En el contexto de penuria artística en el que se movió la construcción de un imaginario sobre el pasado de la nación el Estado mexicano mostró, como ya se ha dicho más arriba, una mayor preferencia por la muerte que por la resurrec­ ción. Puso más interés en la plasmación de imágenes sobre la Conquista que sobre la Independencia, y esto es en sí un dato relevante. Si hubo más proyectos no realizados sobre la Independencia que sobre cualquiera de los otros periodos de la historia de México fue porque el estado prefirió unas épocas históricas en detrimento de otras. Posiblemente, como ya se ha dicho, porque el ritual del sufrimiento tiene una mayor fuerza emotiva en los sentimientos colectivos que el ritual de triunfo y victoria. La independencia tenía, a pesar de todo, un difícil encaje en la memoria en imágenes sobre el pasado de la nación. Resultaban más fácil dejarse llevar por las ensoñaciones de un pasado prehispánico paradisíaco, perdido en las brumas del tiempo, e indignarse con el dolor de los vencidos en la orgía de sangre y destruc­ ción de la conquista que enfrentarse al problema de una guerra de independen­ cia, sangrienta y cruel, con componentes de guerra civil difíciles de eludir o de ocultar. La preferencia del Estado por patrocinar imágenes sobre los dos primeros episodios, en detrimento de las inspiradas en el último, es sólo el reflejo de estas dificultades y de su papel en la imposición de un pasado oficial y normalizado. Sin embargo, y a pesar de estas carencias, lo que no cabe ninguna duda es que si la historiografía del siglo XIX mexicano, consiguió, al principio con va­ cilaciones (la denominación guerra de independencia no aparece en los títulos de ninguna de las primeras historias sobre la independencia, todavía en 1831 Lorenzo de Zavala titula la suya H istoria d e las revoluciones en México) narrar la guerra civil como guerra de independencia, la pintura de historia consiguió también imaginarla de la misma manera, creando una memoria visual sobre ella que se va a prolongar, al menos, hasta el muralismo y la refundación nacional de la Revolución.

Manuel del Sobral y Bárcena. Un guatemalteco en los servicios de información españoles durante la Guerra de la Independencia. Aspectos biográficos José Ma Cruz Beltrán, Manuel Ruiz Gallardo y Rafael Anarte Ávila I.E.S. Profesor Antonio Muro/I.E.S. Manuel de Falla/I.E.S. Profesor Antonio Muro

Las relaciones entre la metrópoli y las colonias americanas en los años pos­ treros de la centuria dieciochesca no están exentas de una tensión que ha ido creciendo en las últimas décadas. Junto a conocidos factores propios de la vin­ culación —el genérico concepto de dominio, en todos los órdenes, que sobre los territorios americanos se tenía por los peninsulares y la consiguiente resistencia desde los grupos criollos—es necesario destacar otros exógenos, como la inciden­ cia del proceso emancipador de las trece colonias americanas o la de la misma revolución francesa y sus repercusiones en nuestro país. En este trabajo pretendemos un acercamiento a esta convulsa realidad a tra­ vés de un personaje que, nacido en la otra orilla del Atlántico, será partícipe en ésta de acontecimientos singulares. El sujeto en cuestión responde al nombre de don Manuel del Sobral y Bárcena, nacido en Guatemala y finado en Jerez de la Frontera (Cádiz). Don Manuel nace en 1763 fruto del matrimonio de don Fernando del Sobral y Muñoz —pontevedrés que, afincado en Cádiz, se traslada en octubre de 1751 al puerto de Santo Tomás de Castilla1—y doña Michaela de Bárcenas, hija de un rico hacendado guatemalteco2. Su infancia corresponde a la propia de una familia que 1 Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Fernando de Sobral, mercader, ve­ cino de Cádiz, con sus criados Dionisio Rodríguez, natural de Redondela, y Agustín Sánchez, natural de Santiago de Compostela, a Santo Tomás de Castilla (Honduras). A r c h i v o G e n e r a l d e In d ia s , C o n ­ t r a t a c i ó n , 5 4 9 2 , N . 2, R. 9 4 . E n la a c t u a l i d a d d i c h o p u e r t o , u b i c a d o e n la b a h í a d e A m a t i q u e ( R e ­ p ú b lic a d e G u a t e m a la ), e s c o n o c id o t a m b ié n p o r el n o m b r e d e M a t ía s d e G á lv e z , d e p e n d ie n d o a d m i n i s t r a t i v a m e n t e d e la c i u d a d d e P u e r t o B a r r i o s , e n e l d e p a r t a m e n t o d e Iz a b a l. 2

B e la u b r e , C ., « E l t r a s l a d o d e la c a p i t a l d e l r e i n o d e G u a t e m a l a (1 7 7 3 - 1 7 7 9 ). C o n f l i c t o d e p o ­

d e r y j u e g o s s o c i a le s » , e n

Revista Historia,

n ° 5 7 - 5 8 ( 2 0 0 8 ) , p p . 2 3 - 6 1 . E s t e a u t o r n o s i n c l u y e el

t e s t a m e n t o d e M ic h a e la d e B á r c e n a y M u ñ o z (A r c h iv o G e n e r a l d e C e n tr o A m é r ic a , e n a d e la n t e A G C A , c i u d a d d e G u a t e m a l a , A 1 .2 0 , L e g 9 1 3 , L ib r o d e p r o t o c o l o d e S e b a s t i á n G o n z á l e z , f o lio s 3 8 y 4 0 , a ñ o d e 1 7 9 0 ). N a c i d a e n la c i u d a d d e la A n t i g u a G u a t e m a l a - u r b e a b a n d o n a d a a p a r t i r d e lo s s e í s m o s d e la d é c a d a d e lo s s e t e n t a d e d i c h o s ig lo - , e r a h ija d e l s a r g e n t o m a y o r M a n u e l B á r c e n a y M u ñ o z y d e M a n u e la G o n z á le z . E s t u v o c a s a d a c o n F e r n a n d o d e l S o b r a l, d e l q u e d ic e

276

jo s é

Ma cruz

b e l t r á n , m a n u e l r u íz g a l l a r d o y r a f a e l a n a r t e

Á v il a

a su prestigio social aúna una cada vez mayor influencia política, pues su padre será nombrado en 1775 Justicia mayor de la ciudad de Guatemala por el entonces Capitán General don Martín de Mayorga, en 1779 aparece como regidor y en 1780 y 1783 es alcalde segundo3. Es pues el vástago de una familia que se corres­ ponde con la emergente nueva sociedad guatemalteca. Probablemente con la finalidad de completar su educación, pero también atraí­ do por lazos familiares —su pariente Francisco Martínez Sobral4 era médico de Car­ los IV—debieron de acercarle a nuestro país. Será aquí donde este joven dedique a la clerecía lo principal de su trayectoria. Poco sabemos de Manuel del Sobral y Bárcena -excepto que había desempeñado la capellanía de Lenguas del Real Hospi­ cio de Cartagena5- hasta los momentos de la invasión de los ejércitos imperiales na­ poleónicos de España. En 1808 era presbítero y estaba avecindado en Puerto Real, formando parte de la élite ilustrada —es miembro destacado de la Real Sociedad Económica de Amigos del País6—partidaria de un gobierno como el napoleónico: Los progresos sorprendentes que el emperador de los franceses hizo en todas las campañas tanto en la Europa como en el Egipto fueron motivo para que muchas naciones y gentes lo admirasen como un hombre singular de aquellos que no se dejan ver sino después de pasadas muchas centurias; confieso ingenuamente que en mi opinión estuvo graduado como extraordinario y que fui uno de aquellos ad­ miradores que creían feliz el pueblo que lograba tener semejante administrador7.

Al mismo tiempo ejerce de Capellán de lenguas del Hospital de San Carlos de la Isla de León8. Su conocimiento del idioma galo le servirá para atender a aquellos enfermos —los oficiales franceses prisioneros tras la derrota del ejército de Dupont en la batalla de Bailén—que son trasladados al hospital desde los diversos pontones anclados en la bahía gaditana. Pronto se granjea ante estos el aprecio y estima por su altruista colaboración.

a c c e d e a l m a t r i m o n i o c o n c u a n t i o s a s d e u d a s , a u n q u e s u c a p i t a l e r a d e 2 0 .0 0 0 p e s o s , m ie n t r a s q u e e lla a p o r t ó 2 0 0 .0 0 0 p e s o s , s in n i n g ú n c o m p r o m i s o . E n t r e s u s b i e n e s s e c o n t a b a n la c a s a d e s u r e s i d e n c i a , d e 1 6 .0 0 0 p e s o s y o t r a s p o s e s i o n e s c o m o la p la t a l a b r a d a y n u e v e e s c la v o s ( A G C A , A 1 . 2. 3 L e g . 2 2 4 3 E x p . 1 6 1 6 9 . f o l i o s 2 6 y 3 0 , 5 2 v.) 3 4

Ibídem, cam po s

p. 4 5 .

D íe z , M a. S.:

El Real Tribunal delprotomedicato castellano, siglos XIV-XIX.

C u e n c a , U n iv .

D e C a s t illa L a M a n c h a , 1 9 9 9 , p. 2 0 3 . 5 R ep etto B e tes, J . L.: La obra del templo de la Colegial de Jerez de la Frontera en el II centenario de su inauguración. C á d iz , I n s t i t u t o d e E s t u d i o s G a d i t a n o s , D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 1 9 7 8 , p. 2 2 9 . 6 Ibídem. 7

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 6 , c a r t a d e S o b r a l e n la q u e r e f i e r e lo s m o t i v o s q u e le i m p u l s a n a p r e s t a r

s u s s e r v i c i o s c o m o c o n f i d e n t e , d e 2 9 a b r il d e 1 8 1 1 , p. 7 0. 8 Documentos del expediente de D. Manuel del Sobral para pasarle un oficio o instrucciones, apoya­ das en la resolución que está dentro de letra del Jefe . A H N , E s t a d o , le g . 3 5 6 5 , p. 17.

MANUEL DEL SOBRAL Y BÁRCENA

277

Desde el 4 de febrero de 1810, cuando las tropas del mariscal Victor ocupan las localidades de la Bahía, Sobral decide permanecer en Puerto Real. Su decisión se explica por «el deseo de conservar algunos bienes de fortuna que tengo en la vi­ lla de Puerto Real» a pesar de «sufrir la suerte desgraciada que prepara la invasión de unos enemigos tan feroces»9. Su conocimiento del idioma francés le hace ser comisionado, por los escasos habitantes puertorrealeños que no han emigrado a la Isla de León o a Cádiz, para recibir al ejército ocupante y actuar ante ellos de intérprete. Pero será en marzo10 de ese mismo año, con ocasión de unos fuertes temporales que provocan el desamarre de los pontones de prisioneros y el que algunos de éstos alcancen las orillas de la península del Trocadero, cuando su situación se altere significa­ tivamente, pues los oficiales liberados recomiendan vivamente los servicios de Manuel del Sobral ante los generales franceses. De esta forma conseguirá entre ellos una gran ascendencia, especialmente con el general Villate o incluso el mis­ mo mariscal Victor. Disponiendo de una gran capacidad de movimientos, pues los pasaportes franceses le permitían deambular libremente por las localidades de la línea de bloqueo, y siendo bien recibido entre la oficialidad y el generalato —que lo ad­ mitían por su cultura, ecuanimidad y asesoramiento en el trato a la población e incluso sus aportaciones estratégicas—decide arriesgarse a desempeñar labores de espionaje para la Regencia española. La figura de Manuel del Sobral se nos presenta, a través de la correspondencia de don Antonio María de Rojas11, como la de un personaje fuera de toda sospe­ cha para los franceses, con una capacidad ilimitada de actuación, con suficientes recursos para transmitir la información obtenida que, por otra parte, es de la mayor verosimilitud al proceder de las más altas instancias francesas. Valgan al­ gunos ejemplos tanto de su amistad con los generales, como éstos de abril —«No puede imaginarse cuanto he tenido que vencer para evitar que el general Leval no me llevare a Granada; por fin lo engañé bajo el pretexto de tener que arreglar las

9

Ibídem.

10

E n la n o c h e d e l 15 a l 1 6 d e m a y o s e p r o d u c e la h u íd a d e lo s p r i s i o n e r o s d e l b u q u e p o n t o n e r o

Castilla, c o n s i g u i é n d o s e a s í q u e c a s i 7 0 0 o f i c i a le s q u e d a s e n e n l i b e r t a d . C fr. c o n d e de T o r e n o , His­ toria del levantamiento, guerra y revolución de España. M a d r i d , B i b l i o t e c a d e A u t o r e s E s p a ñ o le s , 1 9 5 3 , p. 2 5 4 . T a m b i é n B a p s t , G ., Souvenirsd'un canonnierde l'armée d'Espagne. 1808-1814. P a r ís , L i t o g r a p h i e s d e L u n o i s , 1 8 9 2 , p p . 2 1 - 2 3 . P o c o s d ía s d e s p u é s l o g r a n s u l i b e r t a d d e l m is m o m o d o lo s d e l p o n t ó n Argonauta. C fr. B la z e , S., Mémoires d'un aide-major sous le premier empire. Guerre d'Espagne (1808-1814). P a r ís , (s .a .), p p . 1 1 9 - 1 3 5 y Mémoires d'un apothicaire sur l'Espagne, pendantlesguerres de 1808a 1814. P a r ís , 1 8 2 8 , p p . 1 7 5 y ss. 11

E l b r i g a d i e r A n t o n i o M a r í a d e R o j a s e s e l r e s p o n s a b l e d e la C o m i s i ó n S e c r e t a d e la R e g e n c i a

e n c a r g a d a d e lo q u e h o y l l a m a r í a m o s s e r v i c i o d e c o n t r a e s p i o n a j e .

278

jo s é

Ma cruz

b e l t r á n , m a n u e l r u íz g a l l a r d o y r a f a e l a n a r t e

Á v il a

cosas de mi familia, y le di palabra que luego que estuviesen me iría sin demora en el primer convoy»12—y junio de 1811 —«Amigo, el Mariscal Víctor me encargó hoy en el Puerto 12 libras de la Quina más excelente; respondile que no la tenía ni que creía la hubiese en estos pueblos, más que la solicitaría aunque fuese de contrabando»13; como de la continuidad y diversidad de medios de sus informa­ ciones—«Avisaré por señales de día y de noche por carta de lo que sucesivamente vaya ocurriendo, pues diariamente debe haber novedades»14-; y de su capacidad de movimientos: «Recibí anoche las dos (cartas) de V. e inmediatamente que concluí la mía tomé una calesa en diligencia y pasé al Puerto, Sanlúcar y Jerez, regresándome aquí antes de las 7»15. A través de otro convecino, el Marqués de la Hermida, entrará en contacto con la Regencia, a la que sirve de confidente16, aunque la información que se airea posteriormente difiera, como se aprecia en estas palabras recogidas en la Gaceta d e M adrid: En febrero de 1 8 1 0 , luego que el violento usurpador del trono de nuestro au­ gusto Soberano el Sr. D. Fernando VII invadió las Andalucías, y formalizó el asedio a Cádiz, en donde acababa de buscar su asilo el gobierno español; el primer cuidado de este fue proporcionar un individuo, que sirviéndole de confidente, le avisase de las operaciones de los enemigos, para poderles oponer la resistencia correspondiente. A este efecto el primer Consejo de Regencia, satisfecho de la lealtad y luces del presbítero D. Manuel del Sobral y Bárcena, teólogo, consultor y examinador de la Nunciatura, natural de Guatemala, en el reino de Nueva Es­ paña, y vecino de Puerto Real, puso en él las miras para encargarle esta comisión tan arriesgada, pues residía en medio de las fuerzas del ejército sitiador17.

Si hacemos caso a las palabras de Manuel del Sobral, a través del Marqués de la Hermida transmitirá al general don Francisco Javier Castaños18 un «plan exacto de las fuerzas enemigas, noticia cabal sobre los puntos en que estaban estas situa­ das y una idea bastantemente conforme de todo cuanto pensaban y decían»19. Tras comprobarse la idoneidad y fidelidad de Manuel del Sobral y Bárcena, que­ da bajo las órdenes directas del entonces Brigadier don Antonio María de Rojas, de la comisión secreta de la Regencia. Establecen un sistema telegráfico para la

12

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 6 , c a r t a d e 2 4 d e a b r il d e 1 8 1 1 , p. 5 6.

13

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 6 , c a r t a d e 17 d e j u n i o d e 1 8 1 1 , p. 1 4 6 .

14

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 6 , c a r t a d e 2 3 a b r il d e 1 8 1 1 , p. 5 3.

15

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 6 , c a r t a d e 2 3 j u n i o d e 1 8 1 1 , p. 1 6 4 .

16

Documentos del expediente de D. Manuel del S o b r a l p. 18. Gaceta de Madrid, n ° . 1 4 3 , d e 1 6 / 1 1 / 1 8 1 5 , p p . 1 3 0 3 - 1 3 0 4 .

17 18

A la s a z ó n m i e m b r o d e l g o b i e r n o e s p a ñ o l r e c ié n c o n s t i t u i d o , la R e g e n c i a .

19

Documentos del expediente de D. Manuel del Sobral. . . ,

p. 18.

279

MANUEL DEL SOBRAL Y BÁRCENA

comunicación diaria que ofrecería, según fuentes posteriores, amplísima utilidad pues la Regencia siempre estuvo informada con anterioridad de los movimientos enemigos en los momentos de mayor apremio20. Pero, sobre todo, Sobral valoraba tanto la influencia y cercanía que había conseguido con los principales jefes franceses, desde el mariscal Victor a los ge­ nerales Conrroux, Barrois o Leval21, como su amor a la patria y al soberano que hacen más ligera su difícil decisión. No obstante, precisamente por los peligros que corre como infiltrado, solicitará al gobierno, preocupado por el juicio futuro que de él se tenga: Que mi opinión no sea confundida con la de aquellos miserables que han me­ recido la execración de los pueblos como traidores de su patria, a que amo, y por la que solo pudiera haber expuesto la vida, y lo que es más el honor y el nombre, que son los ídolos que forman las glorias del honrado ciudadano22.

Sin embargo, pronto se cruzará en su camino una mayor tarea para su patrio altruismo: el intento de rescate del prisionero Fernando VII, para ello contará con la amistad de un oficial francés, que será nombrado Comandante de la Guar­ dia que custodia al «Deseado»23. Tras los intensos preparativos, Sobral partirá el 3 de febrero de 181224 hacia Francia formando parte del séquito del mariscal Victor —con la finalidad de sor­ tear los obstáculos que un viaje en solitario llevaría aparejado- que al fin había ob­ tenido de Napoleón nuevo destino. El viaje de la numerosa comitiva se alargará hasta el mes de junio. Su empeño no se verá satisfecho ante la rigurosa presencia policial en los alrededores de la residencia de Fernando VII y, sobre todo, por la indecisión tanto del propio monarca25 como de su entorno más inmediato.26

23

Gaceta de Madrid, n ° . 1 4 3 , d e 1 6 / 1 1 / 1 8 1 5 , p. 1 3 0 4 . Documentos del expediente de D. Manuel del Sobral. . . , ibídem. p . 11 . ibídem. p. 19.

24

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 5 , p. 7 3 5 . El la r g o v i a j e , d o n d e S o b r a l d e t a l l a m i n u c i o s a m e n t e c a d a e t a ­

20 21 22

p. 8.

p a y la s o b s e r v a c i o n e s d e i n t e r é s m ilit a r , c u l m i n a r á , t r a s d i v e r s o s m o m e n t o s d e d e s c a n s o , e l 2 9 d e a b r i l e n O r l e á n s . E s t e d o c u m e n t o c o m p l e t a la s i n f o r m a c i o n e s d e l p r o f e s o r P o s a c M o n , q u ie n , a f a l t a d e o t r o s d a t o s , c o n s i d e r a q u e e l p r o y e c t o n o s e e j e c u t ó . V id . P o s a c M o n , C ., « T a r ifa , b a s e d e e s p i o n a j e e n la g u e r r a d e la i n d e p e n d e n c i a (1 8 1 0 - 1 8 1 2 )» , e n

Campogibraltareños, 25

Almoraima, Revista de Estudios

n ° 13 ( 1 9 9 5 ) , p p . 3 1 9 - 3 3 0 .

T a n r e a l e r a é s t a , s e g ú n e x p e r i e n c i a s a n t e r i o r e s , q u e o b l i g a a q u e S o b r a l p r e g u n t e p o r la p o ­

s i b i l id a d d e t r a e r a o t r o d e s t a c a d o m i e m b r o d e la f a m i li a r e a l: e l i n f a n t e d o n C a r l o s ( « ¿ e n e l c a s o q u e F e r n a n d o 7 ° n o p u e d a h a c e r lo q u e s e q u ie r e , o t e m e r o s o n o q u ie r a , y e l h e r m a n o C a r lo s p u e d a y q u ie r a ? » ) . A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 5 , p. 7 3 0 . 26

E r a c o n o c i d o p o r la R e g e n c i a e s p a ñ o l a la a s c e n d e n c i a d e E s c ó i q u i z s o b r e e l m o n a r c a . J u a n

E s c ó i q u i z M o r a t a (1 7 6 2 - 1 8 2 0 ) o c u p a r á d i v e r s o s c a r g o s j u n t o a F e r n a n d o V I I, d e l q u e h a b í a s id o p r e c e p t o r . E n B a y o n a E s c ó iq u i z e r a e l m á s i n f l u y e n t e d e s u s c o n s e je r o s .

280

JO SÉ M a CRUZ BELTRÁN, MANUEL RUIZ GALLARDO Y RAFAEL ANARTE ÁVILA

Su fracaso no impide que durante ese mismo año establezca unos preparativos más concienzudos para un segundo intento27. Nuevamente es evidente el alto grado de estima que la figura de Manuel del Sobral despierta entre los miembros de la Comisión Secreta de la Regencia, que igualmente le prestan todo el apoyo documental y financiero para la operación. No obstante, este proyecto no llegaría a desarrollarse plenamente en su fase ejecutiva ante la retirada del ejército francés y las conversaciones para el retorno de Fernando VII. Concluida la aventura, localizamos a Sobral en Puerto Real, con ocasión de ser uno de quienes atestiguan a favor de la honorabilidad del que fuera máxima auto­ ridad civil durante la ocupación bonapartista Esteban Meinadier. Además, el 14 de enero de 1814 solicita el arriendo de una tienda de la plaza pública de la villa28. Sin embargo, debió decidir su marcha a Madrid, donde recibirá las recom­ pensas a que se hizo acreedor durante el conflicto. Dichas mercedes se explican también por el apadrinamiento de personajes importantes, como el brigadier don Antonio María de Rojas, o por la maniobrabilidad e intrigas del propio Manuel del Sobral. Además, debió aprovechar una situación muy favorable para el clero, que «volvía a tener un influjo ilimitado en todos los negocios judiciales, adminis­ trativos y políticos»29. Sabemos que debió fijar su residencia en Madrid al regreso de Fernando VII, quien le irá colmando de honores. Ya en 1815 era teólogo, consultor y examina­ dor de la Nunciatura, sinodal del arzobispado de Toledo y Segovia. En los primeros meses de ese mismo año aparece como Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III30. La concesión de Fernando VII reza así: En atención a los distinguidos méritos y servicios de Don Manuel del Sobral y Bárcena, presbítero vecino de Puerto Real, he venido en concederle la gracia de Cruz supernumeraria de la Real y distinguida orden de Carlos tercero, tendréislo entendido y dispondréis lo conveniente a su cumplimiento.

A finales de 1815 la Gaceta d e M adrid31 recoge por iniciativa real un extracto de las aventuras de quien es presentado como ejemplo de patriota. Este docu­

27

A H N , E s t a d o , le g . 3 1 4 5 .

28

A c t a s C a p i t u l a r e s 1 8 1 4 - 1 8 1 5 , l e g a j o 3 1 . A r c h i v o H i s t ó r i c o M u n i c i p a l d e P u e r t o R e a l.

ü ló z a g a , S. d e , Estudio político y biográfico encargado por la Tertulia Progresista de Madrid a don Ángel Fernández de los Ríos. Discursos que pronunció en el Congreso de los Diputados el excmo. señor don Salustiano de Olózaga los días 44 y 42 de diciembre de 1864. Opinión que sobre ellos emi­ tió la prensa, 1808-1863. M a d r i d , i m p r e n t a d e M a n u e l d e R o j a s , 1 8 6 3 , p. 7 4 . 3 0 A H N , E s t a d o , le g . 7 3 6 8 , d e f e c h a 2 8 d e m a r z o d e 1 8 1 5 . T a m b i é n e n D e C á rd e n a s P ie ra , E,: Pro­ puestas, solicitudes y decretos de la real y muy distinguida Órden de Carlos III, v o l. 1, M a d r i d , I n s t i t u ­ 29

t o L u is d e S a l a z a r y C a s t r o , 1 9 9 0 , p. 2 8 0 . 31

Gaceta de Madrid, n °

1 4 3 , d e 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 8 1 5 . L a m is m a i n f o r m a c i ó n a p a r e c e r e f l e ­

j a d a , c u r i o s a m e n t e f e c h a d a e l d ía a n t e s , e n la

Gazeta de Lisboa,

n ° 278, a ñ o 1815.

m a n u e l d el s o b r a l y bá r c en a

281

mento debe interpretarse como el germen de futuras dádivas reales, tal como en él mismo se reconoce: S.M. [...] ha tenido a bien aceptar los singulares servicios de este beneméri­ to eclesiástico, mandando se publiquen en la gaceta, como lo exige un caso tan extraordinario, en que es forzosa una demostración pública, que fije el general concepto de su patriotismo, y dé a entender a todos el distinguido aprecio y grati­ tud que por él ha sabido granjearse; reservándose asimismo S.M. el concederle el premio de que como el que más se ha hecho tan digno32.

Su estancia en Madrid será aprovechada para conseguir otras dignidades. Co­ nocedor de la vacante producida en el arcedianato de La Habana, pugnará por la concesión de un cargo muy apetecible económicamente, pues «las prebendas del cabildo habanero fueron muy codiciadas por el clero y todos los prebendados americanos, que vieron en ellas el colofón a su carrera eclesiástica en una de las diócesis más ricas de América»33. El 5 de abril de 1816 -ya estando en posesión de la cruz de mérito de Chiclana- ingresa como académico de honor en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando34, aunque para ello ha tenido que ceder 1.000 ducados sobre las rentas del recién adquirido arcedianato de La Habana35. A las sesiones de la Academia acudirá ocasionalmente sólo ese mismo año y el siguiente de 181736, sin que se recoja intervención alguna de Sobral en las actas. A finales de 1816 es el cabeza de la representación eclesiástica de la catedral de La Habana que, el 22 de noviembre, felicita al rey por sus esponsales. Así lo recoge la Gazeta d e M adrid: 32

Gaceta de Madrid,

33

F e rn á n d e z M e llé n , C ., « E l a l t o c l e r o e n la n u e v a d i ó c e s i s d e L a H a b a n a : o r i g e n , f o r m a c i ó n y

n ° 143, d e 16 d e n o v ie m b r e d e 1815.

c a r r e r a e c le s i á s t ic a (1 7 9 0 - 1 8 3 0 )» , e n s á n c h e z B a e n a , J . J . y P ro v e n c io , L. (e d s . ) ,

rica. M u r c i a ,

El Mediterráneo y Amé­

E d i t o r a R e g i o n a l d e M u r c i a , 2 0 0 6 , p. 4 8 7 .

3 4 G a r c ía Sepúlveda, M . P. y N a v a rre te M a r tín e z , E., Relación de Miembros pertenecientes a la Real Acade­ mia de Bellas Artes de San Fernando (1752-1983,1984-2007). M a d r i d , R e a l A c a d e m i a d e B e lla s A r t e s d e S a n F e r n a n d o , 2 0 0 8 , p. 4 0 2 . T a m b i é n e n Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor a los discípulos de las tres nobles artes hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 24 de septiembre de 1808, M a d r i d , 1 8 3 2 , p. 1 14 . Y e n N a v a rre te M a r tín e z , E., La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. M a d r i d , 1 9 9 9 , p p . 5 8 y 109. 3 5 N a v a r r e te M a r tín e z , E.: La Academia de Bellas Artes..., p. 5 8 . 36

S u p r i m e r a a s i s t e n c i a d a t a d e l 9 d e ju n i o , r e p it i e n d o e n la s s i g u i e n t e s d e l d o m i n g o 7 d e ju l io ,

d e l 4 d e a g o s t o y d e l 8 d e s e p t i e m b r e . E n la s u c e s i v a d e 6 d e o c t u b r e n o a p a r e c e c i t a d o c o m o a s is ­ t e n t e ni d e j u s t i f i c a r su a u s e n c i a . V u e l v e a e s t a r p r e s e n t e e n la s d e 2 0 d e o c t u b r e , 1 0 d e n o v i e m b r e y 11 d e d i c i e m b r e , p e r o n o a c u d e a la ú lt im a d e e s e a ñ o d e 1 8 1 6 , la s e s ió n e x t r a o r d i n a r i a d e l j u e v e s 1 9 d e d i c i e m b r e . D u r a n t e 1 8 1 7 a c u d e o c a s i o n a l m e n t e : e n lo s m e s e s d e f e b r e r o , j u n i o y s e p t i e m ­ b r e , q u e s e r á la ú lt im a e n q u e i n t e r v i e n e . Cfr. R e a l Academ ia de B e lla s A r te s de S a n F ern an d o , Actas de las

sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A l ic a n t e , B i b l i o t e c a V i r t u a l M i g u e l d e C e r v a n t e s , 2 0 0 7 .

282

JO SÉ M a CRUZ BELTRÁN, MANUEL RUIZ GALLARDO Y RAFAEL ANARTE ÁVILA

El propio día tuvieron el honor de felicitar a S.M por su augusto enlace a nom­ bre del cabildo eclesiástico de la catedral de La Habana D. Manuel del Sobral y B á rc e n a .; el Dr. D. Wenceslao de C r is t o ., y D. Pedro Javier de V e r a , el primero de los cuales dijo entre otras cosas a S.M. lo siguiente: El cabildo de la santa iglesia de La Habana, que desde el año de 1 7 8 8 debe su erección a la Real piedad del augusto y piadoso Abuelo de V.M. el Sr. D. Carlos III, se gloria de haber correspondido en todos tiempos a los sagrados deberes que le imponen la religión y el Estado hacia sus Reyes y Señores, muy particularmente en la época desgraciada que nos ha precedido, ya levantando sus manos al cielo para implorar sus auxilios por la salud y libertad de V.M., y ya contribuyendo con las alhajas de su iglesia y donativos para continuar una guerra santa, en que se sostenía a conservación y estabilidad de la religión de nuestros padres, la so­ beranía de V.M. y la independencia nacional, que pretendía encadenar el tirano de la Europa. Muchos son, Señor, los modos maravillosos con que la Providencia se ha dejado admirar de los españoles en todo el tiempo que duró su aflicción y su orfandad; pero aquel que condujo a V.M. hasta colocarlo otra vez en el trono de sus gloriosos progenitores, sacándolo de las manos del usurpador con gloria y majestad, y reduciendo al mismo tiempo a éste a la nada, es el que más particu­ larmente ha convencido a todos que V.M. está sostenido por un brazo poderoso e inmortal que lo guarda, que lo escuda, y que lo conserva como a su predilecto. Ahora mismo acabamos de tocar esta providencia bienhechora en el feliz enlace que ha verificado V.M. con la Serma. Sra. Infanta de Portugal, que va sin duda a renovar en vuestros dominios de América la época afortunada de los Fernandos y de las Isabelas37.

Establecida su vinculación con la iglesia de Cuba y con el asesoramiento del mencionado don Wenceslao de Cristo, Sobral pretenderá conocer «el estado en que se hallaba aquel Cabildo y de las circunstancias del Prelado38 que le presidía; 37

Gaceta de Madrid,

38

J u a n J o s é D ía z d e E s p a d a y F e r n á n d e z d e la L a n d a h a b í a n a c i d o e l 2 0 d e a b r il d e 1 7 5 6 e n

n ú m . 146, d e 23 d e n o v ie m b r e d e 1 81 6, p p . 1 2 8 4 y 1285.

A r r ó y a b e ( Á la v a ) . S e d o c t o r a e n T e o l o g í a p o r la U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a . E s o r d e n a d o s a c e r ­ d o t e e n 1 7 8 2 y o c u p a lo s c a r g o s d e R e c t o r d e l C o l e g i o M a y o r d e S a n B a r t o l o m é , a b o g a d o d e lo s C o n s e j o s R e a le s , d i p u t a d o d e la U n i v e r s i d a d . T a m b i é n f u e v i c e s e c r e t a r i o y f is c a l g e n e r a l d e l o b i s p a d o d e P l a s e n c i a , c a p e l l á n d e la A r m a d a , p r o m o t o r fis c a l d e l S a n t o O f ic io . E n 1 7 9 2 f u e n o m b r a d o c a n ó n i g o y p r o f e s o r d e la C o l e g i a t a d e V i l l a f r a n c a d e l B ie r z o . E n 1 7 9 8 p a s ó a M a l l o r ­ c a y m á s t a r d e f u e e l e c t o p a r a el p r o v i s o r a t o d e C h i a p a s , s i e n d o e l e g i d o o b i s p o d e L a H a b a n a e l 11 d e a g o s t o d e 1 8 0 0 , a d o n d e ll e g a e l 2 5 d e f e b r e r o d e 1 8 0 2 . D e s a r r o l l ó u n a i n t e n s a l a b o r p a s t o r a l, s i e n d o u n m e c e n a s d e la s a r t e s y d e la c u lt u r a , s in o l v i d a r su c o n t r i b u c i ó n a la m e jo r a d e la s c o n d i c i o n e s e d u c a t i v a s , h i g i é n i c a s y s a n i t a r i a s d e la p o b l a c i ó n a s u c a r g o . M u r i ó e n 1 8 3 2 . S i n e m b a r g o , lo s m o t i v o s q u e le t r a e n a e s t a s p á g i n a s e s t á n v i n c u l a d o s c o n s u e s p ír i t u d e r e f o r ­ m a r la s r e l a j a d a s c o s t u m b r e s d e l c le r o . C fr. T o rre s - c u e v a s , E ., Obispo Espada: ilustración, reforma y antiesclavismo. L a H a b a n a , E d i t o r i a l d e C i e n c i a s S o c i a le s , 1 9 9 0 ; F ig u e ro a y A r a n d a , M ., Religión y política en la Cuba del siglo XiX: el obispo Espada visto a la luz de los archivos romanos, 1802-1832.

283

MANUEL DEL SOBRAL Y BÁRCENA

esta operación me obligó a practicar con la mayor escrupulosidad varios informes hechos por personas sensatas de aquel vecindario»39. Sin embargo, no parecen tan superficiales los intereses de Sobral. Más bien se convierte en el portavoz de aquellos clérigos que han visto frustrada su relajada vida. Él espera a cambio, tras la remoción del Obispo Espada, el apoyo para su ascenso al cargo vacante40. En su complicada trama no duda en plantear ante el Tribunal de la Inquisición de la Corte una queja basada en el testimonio de varios testigos de los presuntos cargos sobre la ortodoxia de la conducta pública y privada de Espada. Llega a argumentar incluso que algunos de los referidos car­ gos —entre ellos la especial vinculación con ideas y personas de Estados Unidos, difundiendo de esta manera su espíritu sedicioso y el haberse convertido en el prohombre del independentismo que quería para Cuba- se estaban investigando en el Supremo Consejo de Indias41. Incluso escribe al nuncio Giustiniani42 plan­ teándose los verdaderos motivos del nombramiento del obispo Espada: «No es del intento indagar si la entrada del R. Obispo de La Habana en el rebaño de J. C. fue como legítimo pastor pasando por la Puerta, o saltando sus barreras como un mercenario»43. Las acusaciones de Sobral y su círculo no pudieron demostrarse y se volvieron en su contra: al no haber llegado siquiera a visitar su destino isleño, será apartado de él en 181844.

El obispo Espada y su influencia en la cultura cu­ bana. L a H a b a n a , M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n , 1 9 5 1 ; A m o re s C a r r e d a n o , J . B. y Fern án d ez M e llé n , C ., La iglesia y el reformismo en Cuba durante el primer tercio del siglo XIX. E n J o s e f ü p a r t n y ( e d . ) , Nación y cultura nacional en el Caribe hispano, P r a g a , U n i v e r s i d a d C a r o l i n a , p. 2 3 2 . M i a m i , E d i c i o n e s U n i v e r s a l , 1 9 7 5 ; G a r c ía P o n s, C .,

39

F ig u e r o a y A r a n d a , M . ,o p . c it., p. 7 6.

40

L a s s i g u i e n t e s c if r a s s o n i n d i c a t i v a s d e l n i v e l d e r iq u e z a y p o d e r q u e r e p r e s e n t a b a e l a c c e d e r

a u n a d e la s m á x i m a s d i g n i d a d e s e c le s i á s t ic a s d e la is la d e C u b a . El o b i s p a d o d e la H a b a n a t e n ía c i n c u e n t a y o c h o c u r a t o s - m i e n t r a s q u e e l d e C u b a s ó lo t r e i n t a y seis-. L a s r e n t a s y b e n e f ic io s o s c i l a r o n e n e l t i e m p o m u y f r e c u e n t e m e n t e . P e r o e l d e la c a p i t a l , q u e e r a el d o b l e m á s p r o d u c t i ­ v o q u e la m it r a d e C u b a , t u v o e n 1 7 9 7 - s ó l o d e la s r e n t a s d e c i m a l e s - c e r c a d e c u a t r o c i e n t o s m il p e s o s . A d e m á s , s u O b i s p o g o z a b a d e t r e i n t a m il p e s o s d e r e n t a p e r s o n a l -y v e i n t e m il t e n ía el d e C u b a- . El c o n ju n t o d e l c le r o s e g la r c o n t a b a m á s d e t r e s c ie n t o s in d iv id u o s d e t o d a c la s e y ra n g o , s in i n c l u i r e n e s t e n ú m e r o a m u c h o s s a c e r d o t e s q u e n o t e n í a n d e s t i n o n i a lo s e m p l e a d o s e n el T r ib u n a l d e la F e . C fr. P ez u e la , J . d e la, 41

Masonería Española. C á c e r e s , 42

Ensayo histórico de la isla de Cuba. N u e v a Y o r k , 1 8 4 2 , p. 3 6 3 . VSymposium Internacional de la

F e r r e r B e n im e lli, J . A ., « M a s o n e r í a e s p a ñ o l a y A m é r i c a n a » , e n

1 6 - 2 0 d e j u n i o d e 1 9 9 1 , v o l. 1, p p . 51- 5 4 .

G i a c o m o G i u s t i n i a n i ( R o m a , 1 7 6 8 - R o m a , 1 8 4 3 ), d e f a m i li a a r i s t o c r á t i c a i t a li a n a , a c c e d i ó a

la N u n c i a t u r a d e E s p a ñ a e n 1 8 1 7 , d o n d e e s t u v o h a s t a 1 8 2 7 . E n 1 8 2 6 e s c a r d e n a l. E n 1 8 3 9 s e r á e l t i t u l a r d e la d i ó c e s i s d e A l b a n o . F u e c o n s i d e r a d o

papabile

e n e l c ó n c l a v e d e 1 8 3 0 . C fr. h tt p :/ /

w w w .c a th o lic - h ie r a r c h y .o r g /

Religión y política. . . , p. 15. Colección de documentos inéditos para la historia de His­

43

F ig u e r o a y M ir a n d a , M .,

44

S e g ú n s e d e s p r e n d e d e A l t a m ir a , R.:

284

jo s é

Ma cruz

b e l t r á n , m a n u e l r u íz g a l l a r d o y r a f a e l a n a r t e

Á v il a

El triunfo del liberalismo entre 1820 y 1823 dará, con la posterior reacción absolutista, nuevas alas a los enemigos del obispo, de quien critican su franca actitud liberal. Se acrecientan los ataques y, otra vez, Manuel del Sobral y Bárcenas se encuentra entre los inspiradores, acompañado en esta ocasión de Gregorio Rodríguez45 y del propio nuncio Giacomo Giustiniani. Tampoco en esta ocasión lograron la remoción de Espada. Durante estos años Manuel del Sobral tiene acreditada su presencia en la villa y corte madrileña, residiendo —en su calidad de examinador sinodal- en la casa que el arzobispo de Toledo tiene en ella. En dicha vivienda el arzobispo ha esta­ blecido un sínodo «para examen de órdenes mayores y menores, celebrar, confe­ sar y predicar, el cual se abre todos los lunes, martes, viernes y sábados, que no sean de precepto de oir misa o de las vacantes de Navidad y Semana Santa»46. Allí lo encontramos también en 1818, ostentando un nuevo título, el de Inquisidor honorario de Cartagena de Indias47. Sabemos que en 1828 está al cargo de la iglesia de la localidad conquense de Huete48. No volvemos a tener noticias de nuestro personaje hasta 1831, ya afincado en Jerez de la Frontera, donde el 31 de mayo toma posesión de otra concesión real, la abadía de la Colegial de dicha ciudad49, en donde radicará hasta su muerte el 20 de noviembre de 1843. Durante los años que vivió en Jerez gozó de prestigio. Se dedicará a su misión religiosa —habrá de ocuparse de la reparación de la cúpula del templo en 1834- y retomando su participación en las antiguas entidades de corte ilustrado, en este caso en la Sociedad Económica de Jerez, de la que llega a ser vicedirector desde 1837 a 184150.

pano-América, v o l. 45

12. C o m p a ñ í a I b e r o - A m e r i c a n a d e P u b l i c a c i o n e s , S .A . 1 9 3 0 , p. 4 3 3 .

G r e g o r i o R o d r í g u e z o c u p ó la d i ó c e s i s d e C a r t a g e n a p o r n o m b r a m i e n t o r e a l e n 1 8 1 6 . D e e lla

s e r á e x p u l s a d o p o r e l m o v i m i e n t o i n d e p e n d e n t i s t a l a t i n o a m e r i c a n o e n 1 8 2 1 .C fr. G o n z á le z , F.E.,

Poderes enfrentados: iglesia y estado en Colombia. T e ja s , 2 0 0 8 4 6 Guía del Estado Eclesiástico seglar y regular de España é Indias, para el año de 1818.

M a d r id ,

1 8 1 8 , p. 3 9 .

Ibídem, p. 3 7 3 . Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España en Particular y de Toda la Iglesia Católica en general para el Año 1828. M a d r i d , 1 8 2 8 .

47

48

49

R e p e t t o B e t e s , J . L.: o p . c it., p. 2 2 9 .

50

R uíz L a g o s, M .:

Ilustrados y reformadores en la Baja Andalucía.

E d i t o r a N a c i o n a l , 1 9 7 4 , p. 3 5 3 .

Ciudadanos en armas: ecos de la Constitución de 1812 antes de sí misma y el caso de la alarma asturiana Evaristo C. Martínez-Radío Garrido UNED Asturias

1 . e s ta d o de l a ín v e s tíg a c íó n y d elim ita ció n d e l te m a

Hace casi doscientos años vio la luz la primera carta magna española. A raíz de ella muchas obras políticas, históricas y de pensamiento aparecieron publicadas y más con motivo del bicentenario de nuestra Guerra de la Independencia. En ellas se debatió sobre el propio conflicto o conceptos como los de soberanía o nación, pero, sin embargo entendemos que continúan ciertas lagunas en lo que hace al conocimiento de quien precisamente las conformaban: los ciudadanos como tales; la irrupción y evolución de este concepto. La razón quizás la podamos encontrar en que tal término muchas veces era ambiguo, más en un contexto de guerra, y en una evolución que tomaría un tiempo en afianzarse. Por nuestra parte, entendemos que el presente trabajo es una aportación que trata de explicar el origen y el cambio que detectamos en tal concepto. En este sentido, es claro que supera ampliamente al marco asturiano, pero creemos que en el Principado encontramos las nuevas concepciones que lo rodean y que luego serán matizadas, corroboradas o, simplemente, no contempladas en la Constitución gaditana. Un cuerpo donde lo detectamos claramente fue el de la Alarma, que se configuraba con hombres del estado llano, ya ciudadanos y tratados como tales y armados al servicio de la Patria1. Con este ejemplo encontramos nuevas consideraciones

1

S i b i e n t o m a m o s la A l a r m a a s t u r i a n a c o m o u n e j e m p l o q u e n o s p e r m i t e e x p l i c a r lo q u e

a b o r d a m o s , d e b e m o s a l u d i r e n t o n c e s a lo s d o s ú n ic o s t r a b a j o s q u e n o s c o n s t a n e f e c t u a d o s a e s t e c u e r p o d e p o r sí. U n o e s e l a r t í c u l o d e A n d r é F u g i e r « L e s 'a l a r m a s ' a s t u r i e n n e s p e n d a n t la

Bulletin Hispanique, t. X X X I I , 1 (1 9 3 0 ); e l o t r o e s el m o n o g r á f i c o La Alarma asturiana ante la ocupación francesa de 1810. M a d r i d , F u n ­

g u e r r e d e l 'I n d é p e n d a n c e » , e n d e E v a r i s t o M a r t ín e z - R a d í o

d a c i ó n C u l t u r a l d e la M i l i c i a U n i v e r s i t a r i a , 2 0 0 9 , lo s c u a l e s y c o m o e s d e r ig o r , c i t a r e m o s e n su m o m e n t o y q u e c o m p l e t a m o s , c o m o e s o b v i o , c o n n u e v a d o c u m e n t a c i ó n . P o r o t r o l a d o , a n iv e l g e n e r a l s o b r e e l c o n c e p t o d e c i u d a d a n o e n la é p o c a q u e t r a t a m o s , a u n q u e n o n o s p o d e m o s

evaristo c. martínez- radío garrido

286

que antecedieron a La Pepa, desde fechas realmente tempranas antes y durante la ocupación del Principado, que tuvo lugar de forma intermitente entre 1809 y 1812, dándose a los alarmados las disposiciones defensivas, tanto de la zona libre como de la ocupada. Una vez dicho esto, no perdemos de vista el contexto general. En él y tras los sucesos de los levantamientos en contra del Imperio por toda España, se crearon diversas Juntas supremas por toda la geografía nacional, a las que estaban supe­ ditadas otras muchas de menor importancia. Éstas manifestaban en la práctica el derrumbe del Antiguo Régimen y el surgimiento de un nuevo receptor de la soberanía: el pueblo2, en quien nos centramos. Y aquí, no olvidamos el factor de­ terminante que fue el fenómeno de la propia guerra y la irrupción de estos nuevos conceptos en y por los cuerpos armados. 2 . INFLUENCIA FRANCESA

La Revolución Francesa dio a la luz la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sería la piedra angular donde se sustentaría la Constitución que significaba, desde un punto de vista teórico, el paso del Antiguo al Nuevo Régimen3. Se llega entonces al imperio de la ley, igual para todos, que estaba por encima de cualquier poder, incluido el del monarca, a la par que los súbditos se transformaban en ciudadanos. En España con las tropas napoleónicas llegaron desde 1807 las ideas de la Revolución, un nuevo orden de cosas muy diferente a la situación política del país. Los franceses hablaban de conceptos de nación,

c e n t r a r e n c a d a p u n t o , e n t e n d e m o s m u y r e c o m e n d a b l e lo a p u n t a d o e n S á n c h e z A g e s ta , L u is ,

Historia General de España y América. Del Antiguo Régimen hasta la muerte de Fernando VII. M a d r i d , R ia lp , 1 9 8 1 , t. « L a r e v o l u c i ó n d e la s i n s t i t u c i o n e s » , e n c o m e lla s G a r c ía - L le r a , J o s é L u is ( c o o r d . ) ,

X I I, p p . 3 1 9 y 3 2 0 . P o r o t r o l a d o , a g r a d e c e m o s la c o l a b o r a c i ó n d e A n a M a r t ín e z - R a d í o Á l v a r e z y C h r i s t o p h e P i s s a v i n e n la s t r a d u c c i o n e s d e la s o b r a s f r a n c e s a s p a r a e l p r e s e n t e t r a b a j o . 2

M a r tín e z Ruíz, E n r i q u e , « E s p a ñ a 1 8 0 8 - 1 8 1 0 , d e la s u b l e v a c i ó n a la g u e r r a n a c i o n a l » , e n c ó z a r

N a v a r r o , M a d e l C a r m e n (d ir .),

canas. C á d iz ,

El inicio de la Guerra de la Independencia y sus consecuencias ameri­

R e a l A c a d e m ia H is p a n o A m e r ic a n a d e C ie n c ia s , A r t e s y L e tra s , 2 0 0 9 , p p . 6 5 y 70. D e l

m i s m o a u t o r , « L a G u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a e s p a ñ o l a : p l a n t e a m i e n t o n a c i o n a l y r e p e r c u s ió n i n t e r n a c i o n a l » , e n P a la c io Ram os, R a f a e l ( c o o r d . ) .

en Cantabria. S a n t o ñ a ,

Monte Buciero 13. La Guerra de la Independencia

A y u n t a m i e n t o d e S a n t o ñ a , 2 0 0 8 , p. 3 1 . L a J u n t a d e l P r i n c i p a d o d u r a n t e la

o c u p a c i ó n e s t u v o d i v i d i d a y m a n t e n i e n d o c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e s u s m i e m b r o s d e la z o n a lib r e y lo s d e la o c u p a d a , si b i e n p o r r a z o n e s o b v i a s , la q u e t e n í a m a y o r r e l e v a n c i a e r a la q u e p o d í a s e g u i r r e u n i d a e n la z o n a n o o c u p a d a , c o n t a n d o c o n m a y o r l i b e r t a d p a r a c e l e b r a r s u s s e s i o n e s

op.cit.., p p . 3 7 y 3 8. Bills ofRight d e lo s E s t a d o s La declaración de los derechos del hombre y del

c o n m á s o m e n o s a p u r o s . M a r tín e z - R a d ío G a r r id o , E v a r i s t o C .: 3

S o b r e la D e c l a r a c i ó n d e D e r e c h o s f r a n c e s a y lo s a n t e c e d e n t e s

U n i d o s d e N o r t e a m é r i c a v é a s e Je llin e k , G e o r g ,

ciudadano. M é x i c o

D. F., U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a d e M é x i c o , 2 0 0 0 , p p . 6 2 , 8 2 , 8 9 y 9 0 .

287

CIUDADANOS EN ARMAS

constitución, ciudadanos, separación de poderes o igualdad ante la ley, lo que era muy diferente a los esquemas políticos en los que se asentaba la estructura políti­ ca de la España de Carlos IV4. Por contra, entendemos que las clases populares no contaban con una for­ mación política madurada y lo común sería que acataran lo que «debían» aca­ tar y utilizaran unos términos más o menos «impuestos» (sin un conocimiento profundo de los mismos). Todos estos hechos los detectamos en las palabras de un asturiano destacado como fue Álvaro Flórez Estrada, Procurador General del Principado, quien, en 1810 y manejando los nuevos conceptos de los que trata­ mos, nos alude a la soberanía nacional como «base fundamental» de la sociedad. Pero tal base debe contar con el pueblo, el cual debería conocer los debates y las posturas a defender por sus representantes. Lo que nos dice entonces es que éste habría de tener una preparación pero que, en realidad, no era así. Por ello se re­ fiere a un proceso de cambio que había que abordar y corregir las deficiencias en este sentido. Respecto al contexto general, comenta que hasta el momento de la Guerra los españoles habían sido «educados en la ignorancia por las fuertes trabas del gobierno que para nada ha tenido tanto vigor como para cuidar el que se les ocultase la verdad, valiéndose de todos los medios que ha inventado el despotis­ mo a fin de que no llegasen a conocer y reclamar sus verdaderos derechos»5. Enlazando con ello, es evidente que tratamos con el pensamiento liberal, el cual debía entonces ser aceptado con todas las dificultades que esto suponía, tan­ to por oposición a éste como por la falta de base política del pueblo. Pero tales concepciones no eran compartidas por una mayoría de la sociedad, sino que eran postuladas por unas minorías intelectuales. Esos principios, que cristalizarán en la Constitución de 1812, debieron enfrentarse a tales inconvenientes6. Respecto a Asturias, y no como un caso único, se dieron distintos problemas para la aplicación de las medidas tomadas de carácter liberal, que hubieron de ser salvados interinamente durante la guerra hasta la llegada de Fernando VII, quien, evidentemente, no las reconocerá a nivel general de España.

4

C a l v o P o y a t o , J o s é , « L o s a n t e c e d e n t e s d e l c o n f li c t o . E l e s c e n a r i o p o l ít ic o » , e n

de Historia Marítima. La Marina en la Guerra de la Independencia I. M a d r i d ,

XXXV Jornadas

In s t it u t o d e H is to r ia y

C u l t u r a N a v a l, 2 0 0 7 , p p . 2 5 y 3 4. 5

F ló r e z e s tra d a , Á l v a r o ,

Introducción para la historia de la revolución de España.

L o n d re s , Im ­

p r e n t a d e R. J u i g n é , 1 8 1 0 , p p . 4 7 , 2 5 0 y 2 5 1 . 6

T a l y c o m o d e t e c t a m o s e n L a fu e n te , M o d e s t o ,

primitivos hasta la muerte de Fernando VII, t. V I.

Historia General de España. Desde los tiempos

B a r c e l o n a , M o n t a n e r y S i m ó n , 1 8 8 2 , p. III. T a l o b r a

f u e e s c r i t a p o r L a f u e n t e h a s t a e l p e r í o d o d e F e r n a n d o V II i n c l u i d o , p a r a d e s p u é s c o n t i n u a r l a J u a n V a r e la .

288

EVARISTO C. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO

Otro síntoma de cambio es que, al igual que sucediera en Francia, las Cortes de 1811-1812 reglamentaron una nueva ordenación castrense e introdujeron la idea del ciudadano-soldado mientras que limitaron el requisito de nobleza para ser oficial. Por su parte, la Constitución de 1812 estableció un Ejército perma­ nente, las M iiicias N acionaies —por tanto, no del Rey, sino de la nación7. Y asisti­ mos con ello al establecimiento de un servicio militar obligatorio sin exenciones (es decir, sin priviiegiados), si bien es cierto que se contempló la posibilidad de sustituirlo con un pago en metálico al Estado -algo que vemos en Asturias en la Guerra de la Independencia, dando lugar a abusos por parte de los recaudadoresy que perjudicará a los menos acomodados8. Tal principio es universal y seguía el modelo prefijado por las constituciones de la Francia Revolucionaria. 3.

c r e a c ió n d e l a a l a r m a

Tras la sublevación y la declaración de guerra al Imperio el 25 de mayo de 1808, el Principado sabía que iba a ser a atacado, dando comienzo a sus medidas de protección. En este contexto surgió la Alarma, un cuerpo defensivo configu­ rado en el inicio del levantamiento en Asturias que en los momentos de peligro, a la señal de repique de campanas de los pueblos, movilizaba a los vecinos -ya ciudadanos- que no se habían incorporado al ejército regular9; tal cuerpo debería apoyarlo como fuerza auxiliadora. El proyecto de esta organización de defensa se sancionó por la Junta del Principado poco después, el 8 de julio (si bien ya se contaba con ella los días anteriores), contemplando que la mejor protección del territorio estaría en la que harían sus propios habitantes utilizando los instrumen­ tos del campo con los que estaban familiarizados, «porque los maneja con mayor destreza y terrible efecto para conservar sus hogares y familias»10. Es el nacimiento de la Aiarma Generai, para toda Asturias. Se buscó una fuerza que confiaba en la baza del número de sus miembros, tumultuaria, a pesar de sus evidentes carencias de instrucción y armamento. Y

7

R e c o g i d a s las d is p o s ic io n e s e n la C o n s t it u c ió n d e 1 8 1 2 , t í t u lo V III, c a p í t u lo II, a r t íc u lo s 3 6 2 a 3 65 .

8

A s í, la n u e v a o b l ig a c i ó n d e c a r á c t e r u n iv e r s a l s e c o n v i r t i ó e n u n i m p u e s t o e n d i n e r o p a r a lo s

p u d i e n t e s y e n u n o d e s a n g r e p a r a lo s p o b r e s . A m o d o d e c u r io s id a d y r e s p e c t o a las c o n t r a p r e s t a c i o ­ n e s d e d i n e r o p o r s e r v ic io y s u s a b u s o s e n A s t u r ia s , e x p o n e m o s el c a s o d e lo s v e c in o s q u e a c u s a r o n e n 1 8 0 9 a l c o r o n e l P e d r o Á lv a r e z C e lle r u e lo , s u b o r d i n a d o d e l g e n e r a l J o s é W o r s t e r , p o r t a le s p r á c t ic a s e n e l o c c i d e n t e a s t u r ia n o , l l e g a n d o a e x ig ir e n t r e 4 0 .0 0 0 y 1 0 0 .0 0 0 r e a le s p a r a lib r a r a a l g ú n v e c in o d e l s e r v ic io d e a r m a s . A r c h iv o H is t ó r ic o N a c io n a l [ e n a d e l a n t e A H N ] , C o n s e jo s , 1 1 9 9 5 , e x p . 31. 9

F u g ie r , A n d r é ,

La Junta Superior de Asturias y la invasión francesa (1810-1811).

G ijó n , S ilv e r io

C a ñ a d a , 1 9 8 9 , p. 1 3 1 . E n e s t e s e n t i d o e s e v i d e n t e la a n a l o g í a c o n la s a n t i g u a s m il i c i a s lo c a le s . 10

Á lv a r e z v a ld é s , R a m ó n ,

Memorias del levantamiento de Asturias en 1808. G i j ó n ,

d a , 1 9 8 8 , p. 3 3 0 . F u g ie r , A n d r é . « L e s 'a l a r m a s ' a s t u r i e n n e s » , p. 4 7 .

S ilv e r io C a ñ a ­

CIUDADANOS EN ARMAS

289

entendemos este aspecto muy interesante porque detectamos entonces el enfren­ tamiento de dos conceptos muy parecidos respecto al enemigo, si no el mismo, ya que en julio de 1792 en la Francia Revolucionaria se llamaba a todos los ciudada­ nos a las armas para anular a los enemigos a la patria «y de oponerles una fuerza militar de tal manera imponente por sólo su masa»11. Supeditada a la Alarma General, estaban las alarmas concejiles, con un co­ mandante a su cabeza, al igual que hubo uno por parroquia (unidad básica, al igual que se estipulará para la elección de diputados a Cortes)12, cuyos mandos lo fueron por elección por voto de los vecinos, dando protagonismo entonces a su voluntad y opinión13. 4 . u n a a la r m a de c íu d a d a n o s

Llegamos ahora al meollo de este trabajo: quiénes eran los ciudadanos, las bases de la nueva nación. Para adentrarnos en el presente apartado, primeramen­ te debemos recordar dos puntos importantes y evidentes (aunque lo evidente muchas veces, por serlo, deba ser recordado). El primero es que la Revolución Francesa había triunfado unos años atrás. El segundo, que aludimos a aspectos que nos aparecen en las fuentes antes de que se promulgue la Constitución de 1812. Ambos hechos —al que unimos el de la previa independencia de los Estados Unidos14- significaron una nueva concepción jurídica del individuo. Llegados a este punto nos preguntamos qué reflejan las fuentes asturianas (y de la España del momento), qué se entendía por ciudadano, si tenía entonces relación con esos

11 Francia envió en 1792 y 1793 a sus ciudadanos-soldados a combatir a los reyes (asimilados a tiranos) así como al Antiguo Régimen, en un tiempo en que el Ejército debía ser la escuela del ciudadano. Es c a rtín La r tig a , Eduardo, «La acción política y militar de España en la guerra con la Revolución Francesa (1793-95). Sus especiales características», en Revista de Historia Militar, n° 4 (1959), p. 65; Cha line, Olivier, «El Ejército francés y la 'Gran Nación' Desde el final del Antiguo régimen al imperialismo napoleónico», en Có z a r n a v a r r o , Ma del Carmen (dir.). op.cit.., p. 88. 12 Fern án d ez de Pinedo, E.; Gíl No v a le s , A.; Dérozier, A., «Centralismo, Ilustración y agonía del Anti­ guo Régimen (1715-1833)», en Tuñ ón de La r a , Manuel (dir.). Historia de España. Barcelona, Labor, 1982, vol. 7, p. 279. 13 Si nos fijamos en sus funciones y modos de actuación serían: la obvia defensa del territorio; subordinación y coordinación con la clase política (no una fuerza armada como árbitro político y sí al servicio de la nación); colaboración y coordinación entre las distintas alarmas concejiles; colaboración con el Ejército regular y las partidas; comunicación, información y espionaje; acti­ vidad policial y, junto a ellas, mantenimiento de la moral. 14 «Si los Estados del Continente [...] admiten en su Derecho constitucional los Derechos del hombre y del ciudadano, lo deben a los franceses, que han encontrado, a su vez, el principio de América». J e llin ek , Georg. op.cit.., p. 151. No obstante, tal influencia no es tan reconocida, aunque fuera a través de Francia.

290

evaristo c. martínez- radío garrido

hechos. Unido a ello, también buscamos conocer si esa concepción era compar­ tida y entendida por toda la sociedad del momento en todos los niveles. Eviden­ temente, responder a estas preguntas merece un trabajo por sí sólo. No obstante, en lo que hace a la última cuestión planteada, es obvio que no, como demostró la historia de nuestro país del siglo XIX, y menos si atendemos a la formación e información que podían tener las gentes llanas de aquella época (por ejemplo un campesino para defender unos valores, derechos y obligaciones comunes). Ahora debemos aclarar los nuevos términos y concepciones que se empezaron a barajar con más o menos fuerza en aquellos días de zozobra. La gran innovación es que el concepto de ciudadano que detectamos en este momento rompe con la sociedad estamental; es evidente que aquí ya no hay gru­ pos definidos por su función y, en este caso (al tratar de una guerra y la defensa del Estado), el de la nobleza pierde su primitivo valor defensivo -proveniente de los bellatores medievales- al pasar tal obligación a todos los componentes de la comunidad sin distinción. Un claro ejemplo es la promoción que se dio de oficiales y altos mandos surgidos de las capas populares. No se habla siquiera de súbditos; el rey ya no es lo importante, sino los ciudadanos que defienden y for­ man la nación. El monarca puede ser símbolo aglutinante, pero no esencial15. Por otro lado, junto a ello y por supuesto, los miembros del clero también deberían colaborar en la causa común y como ciudadanos. 5 . acep cio n es y e v o lu c ió n d e l té rm in o

c iu d a d a n o

Es claro que la palabra ciudadano no era nueva y se utilizaba en la época, lo que nos planteamos es en qué sentido. Sin ánimo de remontarnos a tiempos de la antigua Grecia o Roma, la dificultad estriba en conocer el vínculo político que expresa la relación jurídica entre el Estado y los individuos que lo componen y que lleva implícitos derechos y deberes. En el contexto europeo, en el XIX la ciudadanía adquirió un carácter predominantemente político y los ciudadanos serían los que gozaban de la plenitud de los derechos en este sentido. Hoy en

1 5 T a n t o , q u e e n el d e c r e t o d e 2 d e f e b r e r o d e 1 8 1 4 s o b r e la s Reglas y precauciones para recibir al Sr. D. Fernando VII en caso de presentarse en las fronteras del Reino, la s C o r t e s d e j a n c l a r o « n o s e r e c o n o c e r á p o r lib r e a l R e y , n i p o r lo t a n t o s e le p r e s t a r á o b e d i e n c i a h a s t a q u e e n e l s e n o d e l c o n ­ g r e s o n a c i o n a l p r e s t e e l j u r a m e n t o p r e s c r i t o e n e l a r t í c u l o 1 7 3 d e la C o n s t i t u c i ó n » . S i g u i e n d o el d e c r e t o d a d o p o r la s C o r t e s d e 1 d e e n e r o d e 181 1 y e n u n c o n t e x t o e n e l q u e d e b í a a c a t a r l a s , c o m o e s e v i d e n t e , s in c o n t r a v e n i r l a s . D e l m is m o m o d o , t a m p o c o s e le p e r m i t i r í a e n t r a r c o n f u e r ­

Apéndice a las observaciones sobre la historia de la guerra de España, que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderryy Napier. L o n d r e s , D. M . C a l e r o , 1 8 2 9 , t. II, p p . 3 0 1 - 3 0 4 .

z a s a r m a d a s , e n c a s o c o n t r a r i o s e r ía r e c h a z a d o p o r la f u e r z a . c a n g a A r g ü e l l e s , J o s é ,

291

CIUDADANOS EN ARMAS

día contamos con un concepto que se fue forjando entre los siglos XVIII y XX mediante un proceso acumulativo16. Respecto a la Guerra de la Independencia y nuestro país, cuando nos detuvi­ mos en las fuentes observando lo que detallamos, creímos conveniente la consulta de obras que reflejaran las acepciones al uso corriente, que contrastamos con otras más especializadas y documentos coetáneos pertinentes. Así, si hablamos de con­ ceptos al uso, partimos de los diccionarios del momento. Como es lógico, nuestra primera referencia es el de la RAE que estaba en vigor, del año de 1803, el cual nos ofrece cuatro acepciones, a saber: 1a) «S. m. Lo mismo que hombre bueno»; 2a) «El vecino de alguna ciudad.

Civis»; 3a) «Ant. El que en el pueblo de su domicilio tiene un estado medio entre el de caballero y el de oficial mecánico. Hoy se usa en Cataluña y otras partes.

N obiiitasgradus equestri ordiniproxim us»; 4a) «Adj. Lo perteneciente a la ciudad o los ciudadanos. Civiiis»17.

Éstas son coincidentes con las de las ediciones anteriores de 1783 y 1791 y muy semejantes a la siguiente, ya de tiempos de Fernando VII, de 1817. Según se evidencia, realmente, al compararlo con las fuentes y ciertos puntos a los que aludiremos en breve, parece que no recogen el sentido que en ellas se refleja, en tanto unos deberes independientemente de la clase social, que repercuten en toda una comunidad que forma la nación (y, en el caso que nos ocupa de la Guerra de Independencia, una nación en armas)18. Tales concepciones son del período constitucional, aunque haya que esperar para verlas en el D iccionario. Es de notar en este sentido lo que recoge entonces García de Valdeavellano cuando expone que «en el período del régimen constitucional, la palabra ciudadano amplió su significación y se hizo, en cierto modo, equivalente a la de súbdito o sometido al poder de un Estado, pero con el sentido de un súbdito que es miembro activo del Estado y participa, en una u otra forma, en sus funciones»19. Ya tenemos un cambio, más moderno. Seguiremos con ello. Por el momento, nos planteamos cómo evolucionó el término y, sobre todo y a donde vamos, hacia qué acepciones. Ya que partimos de influencias francesas,

16

B o r ja , J o r d i ; D o u r th e , G e n e v i e v e ; P eu g e o t, V a lé r i e ,

La ciudadanía europea.

B a r c e lo n a , P e n ín s u ­

la , 2 0 0 1 , p. 3 8. 17 R e a l A ca d e m ia E s p a ñ o la , Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Es­ pañola, reducido a un tomo para su más fácil uso. M a d r i d , R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , 1 8 0 3 , p. 1 99 . 1 8 S o b r e la n a c i ó n e n a r m a s v i d . P u e l l de l a v i l l a , F e r n a n d o , Historia del ejército en España. M a ­ d r id , A l ia n z a E d i t o r i a l , 2 0 0 0 , p p . 5 6 y 5 7 . P o r o t r o l a d o , t a m b i é n s e u t iliz a b a e l t é r m i n o conciuda­ dano c o m o s i n ó n i m o d e c o m p a t r i o t a , p e r o n o n o s d e t e n d r e m o s e n e s t a a c e p c i ó n . 19

C o n t e m p l a d o e n la d e f i n i c i ó n d e c i u d a d a n o o f r e c id a p o r G a r c ía v a ld e a v e lla n o , L u is , e n Bleiberg,

G e r m á n (d ir.),

Diccionario de Historia de España. M a d r i d ,

R e v i s t a d e O c c i d e n t e , 1 9 6 8 , T. I, p. 8 4 2 .

292

EVARISTO C. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO

tomamos una obra de comienzos del siglo XX (sobre 1910). En ella apreciamos otras definiciones que nos interesan al hablar de aquél que disfruta del derecho de ciudadanía en una comunidad política por un lado y, por otro un «miembro del Estado considerado desde el punto de vista del cumplimiento de sus deberes hacia la Patria»20. Acercándonos en tiempo y lugar, son más parecidas a las que encontramos en el D iccionario de la RAE de hogaño, del que la acepción que más nos interesa es la tercera: «Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país»21. La diferencia es evidente: se habla de derechos políticos. En lo que hace al Antiguo Régimen, rescatamos algún documento previo a la Guerra de la Independencia donde nos aparece además relacionándola con el mundo castrense, pero con unos matices que, evidentemente no son los mismos. Por poner un ejemplo bastante anterior, recordamos el de las Ordenanzas m ili­ tares para los capitanes de Milicias de Asturias del año de 1656 (que deben ser retomadas en 1700), cuando en su punto 4° se mandaba que los nobles hicieran las centinelas junto con los ciudadanos —habitantes de la ciudad-, diferenciándo­ los de los campesinos22. El segundo, acercándonos ya a la época del conflicto, es de febrero de 1785 (y por tanto muy próximo a la Revolución Francesa), escrito por don Miguel Bañuelos, Intendente General del Ejército del Reino de Galicia. En él alude al esfuerzo y mérito de quienes se ocupan de la carrera de las armas comparándola con las ocupaciones de los ciudadanos, pues Estos actos [de armas] son muy superiores a todos los demás en que se ocupan los ciudadanos. Las recomendables letras se adquieren en las aulas, en las univer­

20

R e s p e c t o a la p r i m e r a : « E n F r a n c i a , lo s d i p u t a d o s s o n e l e g i d o s p o r el c o n j u n t o d e lo s c i u d a ­

d a n o s » . E n c u a n t o a la s e g u n d a , d i s t i n g u e e n t r e u n b u e n y u n m a l c i u d a d a n o . A u g é, C l a u d e (d ir .),

NouveauLarousse Illustré. P a r ís , 21

L ib r a i r i e L a r o u s s e , c ir c a 1 9 1 0 , t. 3 , p. 2 9.

T al a c e p c ió n y a se re c o g e e n el

Diccionario

d e la R A E d e 1 9 3 6 . H a s t a e s e m o m e n t o n o h a y

m o d i f i c a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s e n la s d e f i n i c i o n e s d e lo s d i c c i o n a r i o s . L o s c a m b i o s m á s i n t e r e ­ s a n t e s e n la s m is m a s lo s t e n e m o s e n la e d i c i ó n d e 1 8 4 3 , p u e s t o q u e a p a r e c e la d e c o m o « la c a l i d a d y e l d e r e c h o d e c i u d a d a n o .

Civitatis jus.»;

ciudadanía

la d e 1 8 8 4 , y a q u e a ñ a d e u n a n u e v a

e x p o n i e n d o q u e e s « e l q u e e s t á e n p o s e s i ó n d e lo s d e r e c h o s d e c i u d a d a n í a » ; e n la d e 1 9 2 7 la d e ­ fin ic ió n d e

ciudadanía e n

u n a a c e p c i ó n la h a c e s i n ó n i m a d e

civismo y ,

y a p o r f in , la d e 1 9 3 6 q u e

a c a b a m o s d e a lu d ir . N o o b s t a n t e , q u e r e m o s r e s a l t a r o t r a d e f i n i c i ó n d e 1 8 4 6 , p o r q u e e s p a r a l e l a p o r t a n t o a la s d e f i n i c i o n e s d e la R A E y s u g i e r e q u e t a m b i é n e s t a b a e n u s o . A s í, r e c o g e q u e « s e e n t i e n d e p o r e s t e n o m b r e la p e r s o n a q u e g o z a el d e r e c h o d e c i u d a d a n í a o s e a n lo s p r i v i l e g i o s y d e r e c h o s q u e b a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s c o n c e d e la c o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o . E s t o s d e r e c h o s s e e x t i e n d e n t a m b i é n a lo s e x t r a n j e r o s q u e h a y a n f i j a d o s u r e s i d e n c i a o s e h a y a n n a t u r a l i z a d o e n e l p a ís » . M e lla d o , F r a n c i s c o d e P a u l a y o t r o s ,

Diccionario Universal de Historia y de Geografía, t.

II.

M a d r i d , F r a n c i s c o d e P a u l a M e l l a d o , 1 8 4 6 , p. 2 2 6 . 22

R e c o g i d a s e n M a r tín e z - R a d ío G a r r id o , E v a r i s t o C .

La Guerra de Sucesión y Asturias. O v i e d o ,

s e je r ía d e C u ltu r a d e l P r in c ip a d o d e A s tu r ia s y K R K E d ic io n e s , 2 0 0 9 , p p . 385- 3 90 .

Con­

293

c iu d a d a n o s en a r m a s

sidades y en los estudios particulares, no sin fatiga, pero en horas determinadas, sin peligros, sin perjuicio de las regulares al sustento y al sueño, en la recreación de las propias familias o de las sociedades de las ciencias, que encuentran en lo eclesiástico y lo civil menos escollos que el militar, por más que le eleven las circunstancias de su naturaleza; su dilatada serie de servicios y experiencias, su capacidad, sus heridas y su crédito en las acciones de la guerra, pues el que llega a mandar las armas no goza otro premio pecuniario del Real Tesoro, como sueldo, que el de doce mil escudos al año, cuando por otras vías se manifiesta más risueña y generosa la fortuna23.

Entonces en este fragmento no nos habla de una condición jurídica de dere­ chos y deberes, sino de una persona sin especificar su grupo social, con un grado de formación y bien diferenciado del mundo castrense. Informándonos sobre tal diferencia, también encontramos en una obra general, civil y del siglo XX, una definición que encajaría en los mismos parámetros: «En el tecnicismo militar se llaman así y también ‘paisanos’ o ‘habitantes’, los individuos de un país que no pertenecen al Ejército»24. Tal concepto no es un caso único en España. Tomamos un ejemplo de una obra de consulta precisamente francesa y sobre las mismas fechas que afirma que el ciudadano es «aquel que se entrega a funciones civiles, a la inversa de las funciones militares»25. Por tanto, tal concepto perduró y coexistió con otros más modernos, al igual que aquellos como el de habitante de una ciudad. No obstante, esa diferencia no fue compartida por toda la sociedad. La definición del diccionario militar de José Almirante —cuya primera edición es del igualmente convulso año de 1869, de ahí que hayamos de comprender sus explicaciones- con­ templa que no debe haber una distinción entre un ciudadano y un militar: Citamos esta voz [de ciudadano], porque en el desconcierto a que nos han traído las pasiones políticas, se ha trastornado su significación, haciéndola casi an­ titética de soldado. El Ejército español, ( . ) ni tiende ( . ) a segregarse de la masa común, llámese como se quiera, Estado, pueblo, nación. Los que se empeñan en llamar la milicia nacional, milicia ciudadana, o los que, yendo más allá, quieren resucitar quizá el citoyen francés de 1793, son los que ciegamente se obstinan en separar al ciudadano del soldado26.

Sin embargo, Almirante, lo que nos dice al negar tal diferencia es que, fuera con mayor propiedad o no, tal acepción era utilizada. 23

A H N , E s t a d o , le g . 3 .2 0 7 , c a r p e t a 1 0 , e x p e d i e n t e 8.

24

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana.

M a d r i d , E s p a s a - C a l p e , 1 9 8 8 , t. X III, p.

5 7 0 . V id . t a m b i é n p p . 5 6 6 y ss. A u n q u e r e e d i t a d a m á s r e c i e n t e m e n t e , s e t r a t a d e u n a o b r a ( u n v o l u m e n d e la m is m a ) d e l p r i m e r c u a r t o d e s i g l o X X .

op.cit.., p. 2 9 . Diccionario Militar, v o l.

25

A u g é , C l a u d e (d ir .),

26

A l m ir a n t e , J o s é ,

I. M a d r i d , M i n i s t e r i o d e D e f e n s a , 2 0 0 2 , p. 2 4 6 .

294

6.

EVARISTO C. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO

u n c iu d a d a n o p r o d u c t iv o

No debemos olvidar la Asamblea Constituyente de 1789, donde nos aparece un concepto que está ligado a derechos y obligaciones, personales e impositivas, haciendo distinción de dos tipos de ciudadanía: los ciudadanos activos y los ciu ­ dadanos pasivos. Ciertamente. Los primeros eran aquellos que fueran mayores de 25 años y estuvieran domiciliados con un período mínimo de un año, al igual que debían ser contribuyentes de tres jornadas de trabajo. Esta clase nombraba a los electores de segundo grado y debían pagar un empadronamiento igual a diez jornadas de trabajo. Igualmente debían prestar el juramento cívico y hacer servicio en la Guardia Nacional (o Guardia Cívica)27. Por su parte, los ciudadanos pasivos eran aquellos que no reunían las condiciones que acabamos de mentar y, por tanto, estaban excluidos de las asambleas primarias28. Y aquí hemos de fijar­ nos en un punto importante: un ciudadano debe producir para la comunidad, para el Estado, tanto económicamente como con la defensa del suelo patrio. De no hacerlo, no se consideraba un ciudadano activo. Es decir, hubo una división entre los ciudadanos donde el factor económico fue determinante. Esto mismo lo vemos en el Principado de Asturias en la Alarma respecto a las contribuciones de sus miembros. Con nuestro caso detectamos dos coincidencias: a) Respecto a la Alarma: la dicha clasificación de ciudadanos con un factor económico; la capacidad de elección de sus representantes y la defensa de la na­ ción con las armas. b) Respecto a la Constitución de 1812: la importancia de ser productivo; la defensa de la nación y la creación de las Milicias Nacionales y, con ello, el servicio militar obligatorio. Hemos de decir que el factor productivo es un punto que queremos resaltar. Ya en su momento nuestro ilustre Jovellanos, en su Inform e d e ia S ociedad econó­ m ica d e M adrid a i Reai y Supremo Consejo d e Castiiia en ei Expediente d e Ley Agra­ ria, había insistido en la necesidad de instruir a los labradores (saber leer, escribir y contar) para que hubiera progreso29. Tal planteamiento coincide con lo que se

27

E l c i u d a d a n o a r m a d o q u e f o r m a b a p a r t e d e la G u a r d i a C í v i c a e r a l l a m a d o

no. A

soldado ciudada­

m o d o i l u s t r a t i v o , s i g n i f i c a m o s q u e e n la P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r s e i m p l a n t ó i g u a l m e n t e

u n a G u a r d i a N a c i o n a l ( t é r m i n o f r a n c é s ) . V id . G u e r r e r o E le c a ld e , R a f a e l , « C o l a b o r a r c o n e l in v a s o r . L o s a f r a n c e s a d o s c á n t a b r o s d u r a n t e la G u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a » , e n P a la c io Ram os, R a f a e l (c o o r d .) 28

op.cit..,

p p . 1 8 4 y 1 85 .

B ie n e s c ie r t o q u e ta l s is te m a d e e le c c ió n e n d o s g r a d o s p r o d u c e n u m e r o s a s o b je c io n e s y

d e s a p a re c e en 1792. Jo v e lla n o s , G a s p a r M e l c h o r d e , informe de la Sociedad económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria. P a l m a , I m p r e n t a d e M i g u e l D o m i n g o , 1 8 1 4 ; e d . 29

295

c iu d a d a n o s en a r m a s

contemplará en la Constitución de 1812 (artículo 25°, párrafo 6°). Es decir, una sociedad instruida, al menos en lo básico, y productiva. Evidentemente, por otro lado, un ciudadano que no fuera analfabeto, podría tener más criterio político a la hora de designar sus representantes, al igual que sería más difícilmente influenciable o maleable por determinados grupos sociales de presión. El concepto de que debía ser una persona productiva vendrá igualmente reco­ gido claramente en la Constitución gaditana. Reseñamos pues los artículos 20° y, en negativo por la pérdida de tal consideración, los 24°, 25° y 26°30. Y es que fue tan importante, que no ser productivo incluso podía ser causa de exclusión de tal consideración31. La productividad del ciudadano, al menos en el caso asturiano, influirá en el arma de combate, como veremos en el siguiente apartado. Sobre lo que estamos apuntando, Artola nos expone que en este momento la reestructuración social va a partir de un hombre nuevo: el ciudadano, quien será la piedra funcional de la sociedad clasista y del estado liberal. La formulación que hace de sus derechos (libertad, igualdad, propiedad y seguridad) es al mismo tiempo una exposición de los fines que persigue al reunirse en sociedad. Por su­ puesto y como vemos, se debe superar el principio de diversificación funcional que se refleja en los privilegios, que supone un obstáculo legal para sus fines. Aquí, la Constitución va a realizar de manera absoluta el principio económico de la igualdad contributiva, así como de un modo tan sólo relativo los referentes a la realidad jurídica (igualdad civil y política)32. 7 . t ip o s

d e c iu d a d a n o y

sus

arm as

Una persona no era ciudadana por simple nacimiento en un solar nacional. Lo mismo ocurría con el concepto de español, pues la misma Constitución de 1812,

f a c s . G i j ó n , F u n d a c i ó n F o r o J o v e l l a n o s d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s , 2 0 0 0 , p. 1 5 7 . 30

R e s p e c t o a l p r i m e r o , q u e t r a t a d e lo s e x t r a n j e r o s q u e s e n a c i o n a l i c e n e s p a ñ o l e s , e s m u y

e v id e n t e al r e q u e r ír s e le s « a lg u n a in v e n c ió n o in d u s t r ia a p r e c ia b le o [h a b e r ] a d q u ir id o b ie n e s r a íc e s p o r lo s q u e p a g u e u n a c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a o e s t a b l e c í d o s e e n e l c o m e r c i o c o n u n c a p i t a l p r o p io y c o n s id e r a b le » .

de marzo de 1812. C á d iz , 31

Constitución política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 U n i v e r s i d a d d e C á d iz , 2 0 1 0 ; e d . f a c s . C á d iz : I m p r e n t a R e a l, 1 8 1 3 , p. 8.

E n r e a l i d a d p e n a l i z a r a l n o p r o d u c t i v o n o e r a u n a i d e a r e a l m e n t e n u e v a si a t e n d e m o s a la s

n o rm a s d ic ta d a s c o n tra

malentretenidos

d e l s i g l o X V II I . L a d i f e r e n c ia e s q u e a h o r a s e i n s i s t e e n

s e r v i r a la c o m u n i d a d d e la q u e f o r m a n p a r t e , la c u a l b u s c a u n a s o c i e d a d m á s i g u a l i t a r i a e n d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s . E s t a s o b l i g a c i o n e s i n c i d e n e n p r o d u c i r p a r a e l r e s t o y r e c ib ir a c a m b i o i g u a l m e n t e p r o d u c t i v i d a d , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la s d i s p o s i c i o n e s r e a le s . 32

A r t o l a G a lle g o , M i g u e l , « L a E s p a ñ a d e F e r n a n d o V II. L a G u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a y lo s o r í ­

g e n e s d e l c o n s t i t u c i o n a l i s m o » , e n J o v e r z a m o r a , J o s é M a r ía (d ir .):

néndez Pidal. M a d r i d ,

E s p a s a - C a l p e , 1 9 9 6 , t. X X X I I , v o l. I, p. 4 8 5 .

Historia de España Ramón Me­

296

EVARISTO C. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO

mientras afirmaba la nueva concepción del ciudadano frente a la de súbdito, definía España como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»33, diferenciándose entre «españoles con derechos básicos», y los «españoles ciudada­ nos», quienes disfrutaban de derecho al voto y a ser elegibles. La productividad y la voluntad eran determinantes para tal concepto. Una vez dicho esto, centrándonos nuevamente en la Guerra de la Independen­ cia, la Alarma y Asturias, encontramos con ello un matiz que data de los albores del conflicto y que detectamos en un documento singular. Se trata del proyecto de fabricación de chuzos de 24 de diciembre de 1808 presentado a la Junta del Principado34. En tal proyecto se propone que se debían hacer tantos como miem­ bros de la Alarma hubiera, distinguiendo al hablar de las armas de fuego, las pro­ pias de los ciudadanos: «Estas lanzas [los chuzos] se deben hacer tantas cuantos sean los listados para la Alarma, con inclusión de los enfermos y los que manejen armas de fuego, a los que no se degradarán de las propias de ciudadano». En el mismo documento encontramos igualmente otro aspecto que nos llama la aten­ ción y que reflejamos: para costear la fabricación de los chuzos, en caso que los Ayuntamientos no tuvieran fondos para ello, se propone que se pagaran con una división de los vecinos en ciudadanos (habitantes de la ciudad, que entendemos que extensible a las villas) y labradores por un lado, y pobres indigentes por otro —los no productivos35. Es decir, sería una división por ocupación y dinero, pues serían quienes tenían medios, lo que enlazaría con la productividad de los miem­ bros de la sociedad, como acabamos de ver. A modo de hipótesis planteamos que, de darse un matiz de ciudadano respecto al habitante en tanto tales factores eco­ nómicos, lógicamente influiría en su arma para el combate. Es evidente que no sería lo mismo mantener una de fuego (que necesitaría más cuidados y medios) que una lanza. En este punto añadimos que el tipo de arma influía en el modo de lucha (lógicamente) y las movilizaciones del portador, pues los que tuvieran arma de fuego podrían ser llamados a encontrarse con los imperiales fuera de sus hogares durante más tiempo que los chuceros. No obstante, entendemos que son los primeros momentos del conflicto y estas divisiones de la población y la clasi­ ficación de los ciudadanos todavía están a matizar. Pero, eso sí, fuera como fuera, todos los grupos sociales debían proteger la nación.

33

S i b i e n d e b í a n s e r lib r e s « n a c i d o s y a v e c i n d a d o s e n c u a l q u i e r p u e b l o d e la s E s p a ñ a s » , a s í

c o m o a q u e l l o s « l i b e r t o s q u e a d q u i e r a n la l i b e r t a d e n la s E s p a ñ a s » . 34

A H N , C o n s e j o s , 1 1 9 9 6 , e x p . 1 5. C o r t e s í a d e l e s t u d i o s o a s t u r i a n o J o s é L u is C a l v o P é r e z .

35

E l d i n e r o d e é s t o s p r o v e n i e n t e d e « d i e z m o s s e c u l a r e s y r e g u l a r e s , c u r a s y p r e la d o s » , y a q u e

e n s u m a y o r p a r t e e s t a r í a n d e d i c a d o s a la c a r i d a d .

CIUDADANOS EN ARMAS

297

En el mismo sentido es claro lo que detectamos en la reestructuración de la Alarma de 1 de julio de 181036. En ella se hace muy evidente una división de los ciudadanos según sus posibilidades: los que podían obtener armas de fuego y los que no (aparte de la evidente escasez de éstas). Aquellos chuceros que no fueran movilizados debían asimismo de contribuir económicamente según sus posibili­ dades (según una división en tres clases37 o, en este caso, quizás sea más correcto decir subgrupos). Entonces, lo que nos dice esto es que se establecían por las au­ toridades de los concejos estas tres clases de contribuyentes entre, asimismo, las clases que fueran a repartir. Por ejemplo, ya no entre ricos, hacendados y pobres, sino que, como es el caso, entre chuceros, que pertenecerían a un grupo econó­ micamente definido. Es decir, miembros de una misma división (consideración si hablamos únicamente de un criterio económico). Nos recuerda igualmente una disposición de la Francia revolucionaria. No podemos decir que sea una copia asturiana de aquella, pero sí que es muy parecido el artículo 13° de la Declara­ ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, que expresa que «para mantener una fuerza pública [que garantice los Derechos del Hombre y del Ciudadano], y para los gastos de administración, es indispensable una contribución común: debe ser igualmente repartida entre todos los ciudada­ nos, en razón de sus posibilidades»38. Con todo, en la nueva concepción del ciudadano, todavía realmente en confi­ guración y desarrollo, detectamos en Asturias que no era así un concepto único. En el plan anónimo de reforma de la Alarma fechado el 13 de enero de 180939, cuando aborda el punto sobre las Levas y estructuración d e ias unidades, se debían realizar unas listas de hombres, preferiblemente casados y viudos «sin distinción de clases ni empleos». De estas listas, se extractarían por sorteo los designados, que formarían escuadras de diez hombres por parroquia (como apuntamos, muestra de nuevos conceptos en la guerra en pie de igualdad con el protagonismo de la palabra y voluntad). No obstante, si bien esto es cierto, también lo es que se dieron todavía privilegios a los nobles y más acomodados por esos días. Este es el caso del servicio de Milicias (Provinciales, luego Nacionales), al tratarse en 1808

36 Biblioteca de la Junta General del Principado [en adelante BJGPA], Libros de Juntas y Diputa­ ciones, n° 127. 37 Durante la guerra se establecieron tres clases por concejos para contribuir con las cargas impositivas. Sobre ellas vid. Ma r t ín e z -Ra d ío Ga r r id o , Evaristo C., «1810, un año de confrontación interna y externa en Asturias», en Actas del i Congreso de Estudios Asturianos. Oviedo, Real Insti­ tuto de Estudios Asturianos, 2007, t. III, pp. 142-145. 38 J e l l in e k , Georg, op.cit.., p. 169. 39 Según parece dirigido a Álvaro Flórez, que debía ser finalmente, como cualquier otro, apro­ bado por la Junta. AHN, Consejos, leg. 11996, exp.17.

298

evaristo c. martínez- radío garrido

de las exenciones de nobles junto a las de quienes tuvieran una renta de más de 2.000 ducados40. 8.

d e b e r e s d e l c iu d a d a n o

Aludimos más arriba con un texto de 1785 a que un ciudadano debía estar instruido. Pero no sólo eso, pues podemos entender que era una responsabilidad por la que debería cumplir y vigilar por el mantenimiento del orden social y la ley. Es decir, un ciudadano debería ser una persona de orden, concepto que se perpetuará como veremos a continuación. Así lo deja ver nuevamente Jovellanos poco después en una carta al Conde de Floridablanca: «es lícito a cualquier ciu­ dadano dirigir sus reflexiones al Gobierno y sugerirle las buenas máximas que la meditación o el estudio le hubiesen inspirado»41. En los años de la Guerra, los ciudadanos debían ganarse tal consideración. En este punto, rescatamos un texto de Flórez Estrada, a través de Álvarez Valdés, que enlaza con las nuevas concepciones que estamos viendo, aludiendo a la necesidad de unión y orden ante un enemigo tan formidable como era el imperial, ya el 1 de junio de 1808, cuando dice que: El primer deber del ciudadano es la obediencia a las leyes y a las legítimas po­ testades. El hombre en sociedad está precisado a renunciar una parte pequeña de su independencia para asegurarse el resto y todos los bienes de los pueblos civili­ zados. Esta sujeción dictada por la razón, establece la confianza, la tranquilidad y el orden. [ . ] Sus miembros [de la Junta del Principado], en representación de la universalidad del pueblo, tienen derecho a daros leyes y vosotros debéis obedecer­ las [acatamiento de las leyes]. Todo lo que contraría estas instituciones y princi­ pios destruye la constitución y, de consiguiente, la salud del pueblo y de la Patria que depende de ella. Tened pues entendido, amados ciudadanos, que el tumulto, el desorden y la confusión popular, cualquiera que sea el pretexto que la fomen­ te, es contrario a las leyes y no debe ni puede tolerarse por la potestad suprema.

40 Acuerdos publicados en septiembre de ese año. El propio Flórez Estrada, que pronto defen­ derá la supresión de los privilegios de la nobleza, en 1808 los llegó a defender. En opinión de Carantoña, la razón de esta defensa sería probablemente un intercambio de apoyos políticos. c a r a n t o ñ a Á l v a r e z , Francisco, «Soberanía y derechos constitucionales: la Junta Suprema de As­ turias (1808-1809)», en Trienio Ilustración y Liberalismo, n° 55, (2010), pp. 29-31. Por otro lado, también evidenciaríamos el interés por las personas productivas, sean de la clase que sean. 41 Noviembre de 1787. J o v e l l a n o s , Gaspar Melchor de, Obras Completas. Correspondencia. Ovie­ do, Centro de Estudios del Siglo XVIII-Ilustre Ayuntamiento de Gijón, t. II, 1° (1767-Junio de 1794), p. 220. En el mismo sentido, Jovellanos, en otra carta a Juan Alejandro Nais (diciembre de 1800), expone que un ciudadano debe respetar el gobierno y las leyes, t. III, 2° (Julio 1794-Marzo 1801), p. 590.

CIUDADANOS EN ARMAS

299

Confiad pues en los depositarios de la Soberanía que vosotros mismos elegisteis y reconocisteis. [...] Que los legisladores desde el recinto en donde se reúnen para el bien de la Patria, manden seguros de vuestra obediencia y vuestro respeto, y que los que osasen perderle a este centro del poder soberano, sean reputados por verdaderos enemigos de la Patria y castigados como tales42.

Por tanto, un ciudadano debe aceptar una pérdida de su libertad personal en beneficio de la Nación de la que forma parte43. Su conducta es regulada y debe seguir las normas para ello, dadas por los políticos que él mismo elige. Tales nor­ mas son garantes de prosperidad y tranquilidad44. Así pues, entendemos que si él elige a quienes luego dictarán las normas de convivencia, derechos y obligaciones respecto a la Nación, tiene un compromiso tácito de respetar sus dictámenes. Del mismo modo, no acatar a tales representantes sería atacar al propio pueblo al que representan y merecerían castigo. Entonces, y ya en 1808 en Asturias, se plantea que el pueblo cuente con representantes en un parlamento donde resida la soberanía. Son evidentes las coincidencias con los planteamientos de las futuras cortes gaditanas. Pero tampoco olvidamos que tales normas se dan en un contexto de guerra de liberación. Y tendrá su eco respecto a los deberes de defensa de la Patria. En un informe del comandante de la Alarma Francisco Arias de Velasco, de agosto de 1809, encontramos una alusión explicita a la palabra como al deber que implica­ ba ser ciudadano: el de defender la Patria; también un honor: Si en un ciudadano constituido en el encargo de la defensa de la Patria es el mayor crimen cualquiera falta voluntaria o nacida de indiferencia y descuido, en el que ha desempeñado hasta lo posible sus obligaciones, es un servicio que, aunque efecto de su propio deber, reconoce como mérito que le distingue la Patria misma45.

Por tanto, la comunidad a la que sirve le reconoce sus méritos. En la cons­ titución gaditana tenemos ecos de ello, pero con matices, pues tales acepciones, aunque muy parecidas, no son exactas. Nos referimos concretamente a los artícu­ los 6° y 9° (título I, capítulo II), que, respectivamente, establecen que «el amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles» y «está

42 Ál v a r e z v a l d é s , Ramón. M em orias., op. cit., p. 206. 43 Entendemos que la debe aceptar libremente, pues su pérdida de libertad es en beneficio de la comunidad -y, a consecuencia, de sí mismo-. 44 Precisamente Álvaro Flórez Estrada dirá poco después que «cuando las leyes no son respeta­ das en un Estado, sus naturales no tienen patria ni amor al bien público». Fl ó r e z Es t r a d a , Álvaro,, op. cit.., pp. 46 y 47. 45 AHN, Consejos, leg. 11995, exp. 28.

300

EVARISTO C. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO

asimismo obligado todo español a defender la Patria con las armas, cuando sea llamado por la ley»46. En el mismo sentido, en cuanto a que ya no hay distinción de estamentos en la defensa del suelo patrio, aludimos más arriba a los religiosos, reforzándose ahora la idea de ser también movilizados como ciudadanos, independientemente de que pertenecieran al estado eclesiástico (el valor de la nación antes que la Igle­ sia, también es algo a tener presente, entrando a no deber ser distinguidos en sus obligaciones del resto de sus convecinos)47. La reforma de la Alarma de julio de 1810 establecía que el clero quedaba también sujeto a tal obligación: Se declara que todo párroco, clérigo y religioso que no llegue a la edad de sesen­ ta años, [queda] comprendido bajo la consideración de ciudadano y a defender, por consiguiente, los derechos y libertad de la Patria48.

Y aquí un punto interesante, pues se alude a merecer formar parte de la Pa­ tria, que redunda en la voluntad del individuo (y su soberanía), como leemos en el punto 3° al referirse a los comandantes que no cumplieran con su deber, siendo entonces «indignos de merecer la ocupación del suelo que les dispensa la Patria»49. 9.

s a n c io n e s a l c iu d a d a n o

No bastaba con ser ciudadano y, como ya apuntamos, sobre todo en tiempo de guerra se debía ser un buen ciudadano. Es por ello que en la Alarma se pena­ ron las faltas en este sentido y variaban según la urgencia, momento y status so­ cial. Así, y a modo general, de no acudir a la llamada al combate en cuatro horas, a los nobles se les podría confiscar sus bienes para la causa nacional, al igual que al pueblo llano, con la diferencia de que a éste último le aplicarían también 12 palos. En caso de resistencia al servicio, pérdida de nobleza (en su caso), multas y confiscaciones según posibilidades. De esconderse para no cumplir, pena de muerte, fueran nobles o no. De faltar o atentar contra los bienes de un conciuda­

46

R e c o g i d o s e n R o d r íg u e z - s o l í s , E n r i q u e ,

la independencia. 47

Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de

B a r c e l o n a , L a E n c i c l o p e d i a D e m o c r á t i c a , 1 8 9 5 , t. II, p. 3 7 8 .

E s c i e r t o q u e e n o t r o s c o n f l i c t o s a n t e r i o r e s , c o m o e l c a s o d e la G u e r r a d e S u c e s i ó n u n s ig lo

a tr á s p o r p o n e r u n e je m p lo , h u b o r e lig io s o s m o v iliz a d o s . La c u e s t ió n e n e s t e p u n t o e s q u e a h o r a s e t r a ta d e u n a o b lig a c ió n e n t a n t o su c o n s id e r a c ió n d e 48

ciudadanos.

B J G P A , L ib r o s d e J u n t a s y D i p u t a c i o n e s , li b r o 1 2 7 . S i b i e n e l c l e r o c o l a b o r ó c o n la A l a r m a

d e s d e e l p r i n c ip io , s o n m u y c la r a s la s d i s p o s i c i o n e s p o l ít ic a s q u e m o s t r a m o s d e 1 8 1 0 ( n o p r o v e ­ n i e n t e s d e la j e r a r q u í a e c le s i á s t ic a y e n t a n t o q u e t a l e s c i u d a d a n o s ) . 49

A q u í a p u n t a m o s la h i p ó t e s i s d e u n c o n c e p t o d e P a t r ia c o m o m a d r e , q u i e n le d i o s u s e r y a la

q u e , p o r t a n t o , le d e b e e s t a r a g r a d e c i d o , c o n u n a o b l i g a c i ó n m o r a l d e p r o t e g e r l a .

CIUDADANOS EN ARMAS

301

dano, aplicación del código militar50, con lo que, en el momento de ser activados éstos tendrían una consideración análoga a los militares: . S i alguno, indigno del nombre de ciudadano, no se prestase a hacer este servicio al primer llamamiento que se le dé por su comandante respectivo, queda privado de la consideración de tal y además se le multará según su haber y circunstancias51.

Esto es muy relevante, pues nos refiere una consideración social, un reconoci­ miento. Por otro lado y por consiguiente, no habla de súbditos ni vasallos, sino, como decimos, de ciudadanos, quienes además tenían una obligación moral de defender la nación. Pero, incidimos, obligación moral, pues no era un factor realmente cerrado durante todo el conflicto, y asistimos al protagonismo de la voluntad, decisoria, la misma que entronizó nuevamente a Fernando VII y con­ figurará la Constitución de 1812 —por contra y paralelamente, en 1810 hubo quien no hizo el servicio de armas pagando una suma de dinero variable según sus posibilidades «por su debilidad y cobardía» como contraprestación, mientras que el tirador que huyera para no servir sería sancionado económicamente-52. Esa misma voluntad es la que entonces daría pie a la elección de sus representantes políticos y, por tanto, a los que debería acatar. Nos hallamos ante una nueva con­ cepción revolucionaria (no en un sentido sangriento de por sí, evidentemente). Cuando tome forma la Pepa, y como acabamos de ver, también se contemplarán las sanciones y pérdida de la condición de ciudadanía. Con todo lo expuesto y a modo de colofón, en general podemos señalar pues que la Guerra de la Independencia fue un medio que aceleró y por el cual se introdujo un concepto moderno de ciudadano con claras resonancias francesas en un contexto de urgencia. En su evolución, habrá coincidencia en que debe­ ría ser persona de orden. No obstante, no fue unitario, único, y coexistirá con

50 Planteamos la hipótesis de que debemos tener presente que sería, no ya una falta y no sólo el robo a un paisano, sino a otro ciudadano y, por tanto, un robo a la nación (aparte de a sus derechos como tal). 51 Reforma de la Alarma de julio de 1810 dirigiéndose a los escopeteros. 52 La contraprestación osciló entre 300 y 1.000 reales, según la reforma de 1 de julio de 1810. La sanción, de 50 ducados, a partir del 30 de agosto de ese año. Vid. Ma r t ín e z -r a d ío g a r r id o , Evaristo C.: La Alarma asturiana., pp. 23, 27 y 75. Tomamos otro ejemplo, tan lejano de Asturias como son las islas Canarias: « . E l ciudadano que en cualquiera tiempo se niega a servir al Rey y a la Patria, merece el menosprecio universal, pues el que se excusara en circunstancias tan críticas como las presentes se granjearía infaliblemente el odio de sus compatriotas y la indignación del Gobierno». Archivo Municipal de Puerto de la Cruz, leg. n° 2, A-2, años 1808-1813, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento 1809- 1810, año de 1809. Nótese que no se habla de castigos, sino de una consideración de desprecio.

302

evaristo c. martínez- radío garrido

otras acepciones incluso contrarias durante largo tiempo. Se afianzará ya en pe­ riodo constitucional y, por supuesto, tras la desaparición de Fernando VII, en un proceso que llevará bastante tiempo. El conflicto, por tanto, fue un período de transición al respecto, que dio pie a distintos matices en su concepto (y a lo largo del mismo), con lo que podía no ser apreciado de igual manera según quién lo utilizara (y su intención). Por otro lado, es de destacar que se trata de una consi­ deración social que lleva implícita un reconocimiento independiente a la cuna. Este reconocimiento, y más en el contexto de guerra, enlaza con la voluntad del individuo y la obligación moral de defender la nación. De este modo, los ciuda­ danos debían contribuir según sus posibilidades por la causa común, recibiendo y mereciendo así ser igualmente protegidos y entrando en un orden de derechos moderno que no conocían hasta el momento. Por ello y con ello, deben ser pro­ ductivos y estar instruidos frente a sí y el resto de la nación. Estos puntos no fueron únicos de Asturias, pero nos sirve de ejemplo con la Alarma entre 1808 y 1812, como un signo de cambio general para toda España. Como vemos, todavía no había una constitución que contemplara las obliga­ ciones del ciudadano (como tal y en contexto de guerra de liberación), pero son aceptadas como si la hubiera.

La enseñanza de la constitución tras las Cortes de Cádiz: particular referencia al manual de Ramón Salas y a las cátedras de constitución1 José Joaquín Fernández Alles Universidad de Cádiz

1. e l m a rc o c o n s t it u c io n a l de l a en señ an za

La Constitución de 1812, en su Título IX D e la Instrucción Pública, establece un régimen jurídico particularmente promocional de la educación que se articula en tres dimensiones: a) programación de la enseñanza, b) estructura orgánica, y c) derechos educativos. En lo referente a la programación de la enseñanza, el artículo 366 disponía que en todos los pueblos de la Monarquía se establecerían escuelas de primeras letras, «en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». Junto a las escuelas de primeras letras, el artículo 367 preceptuaba que «asimismo se arreglará y creará el número compe­ tente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes». Para todos estos niveles educativos, se preveía un plan general de enseñanza uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. En sus aspectos orgánicos, el artículo 369 contemplaba la existencia de una Dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del gobierno, la Inspección de la enseñanza pública. Junto a la Dirección general de estudios y la Inspección, las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, «arreglarán cuanto pertenezca al impor­ tante objeto de la instrucción pública» (artículo 370). A su vez el artículo 131 dispone en su párrafo 22 que es facultad de las Cortes Generales establecer el 1

E s t e t r a b a j o e s r e s u lt a d o d e i n v e s t i g a c i ó n d e l G r u p o S E J - 0 5 8 d e l P l a n A n d a l u z d e I n v e s t i g a ­

c ió n .

304

JO SÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALLES

plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía. Conforme al artículo 321 párrafo 5, estará a cargo de los ayuntamientos cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos del común. Por su parte, el párrafo 5 del artículo 335 atribuye a las dipu­ taciones la competencia de promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegien­ do a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. En relación con los derechos educativos, el artículo 371 contenía el siguiente reconocimiento: «Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y pu­ blicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes». 2.

l a e n s e ñ a n z a d e l a c o n s t it u c ió n d e

1812

Cuando el día 19 de marzo de 1812 se promulga la primera constitución española, que fue la primera constitución iberoamericana, los constituyentes asu­ mieron la necesidad de que todo el pueblo conociese los logros conseguidos, los principios proclamados y los preceptos aprobados. El sujeto beneficiario de esa enseñanza es el pueblo, sin una posible vinculación entre los destinatarios de esa pedagogía constitucional y los encargados de aplicar la constitución, ni tampoco entre esos destinatarios y el electorado, que había sido seleccionado conforme al principio de sufragio censitario. Antes al contrario, una de las ideas más repetidas para que llegara la constitución a los ciudadanos es «hacerlas inteligibles para el pueblo» como diría Pedro Sáinz de Andino. A tal efecto, la Constitución de 1812 realiza su propia autopropaganda u obligación de enseñarla y dedica el citado Tí­ tulo IX sobre la Instrucción Pública, aprobado en las Cortes sin discusión. No en vano, tanto para los liberales como para los ilustrados, la educación se proclamó como un instrumento esencial de gobierno, de civilización y de felicidad de los ciudadanos2. La Constitución de 1812 se demuestra así censitaria en el sufragio pero universalista en la legitimación política y en el sentimiento constitucional. Las necesidades de socialización constitucional eran directamente proporcio­ nales a la falta de cultura política en la ciudadanía y se evidenciaban a la hora de aplicar la constitución e implantar el nuevo régimen. La revolución liberal signi­ ficó una ruptura con los principios legitimadores y fundamentadores del sistema

Lecciones de Derecho Público Constitucional para las Escuelas de España. M a ­ La Cons­ titución de 1812 y el primer liberalismo español. V a l e n c i a , 1 9 7 8 , p p . 11 y ss.

2

S a la s , R a m ó n ,

d r id , I m p r e n t a F e r m í n V i l l a l p a n d o , 1 8 2 1 , II v o ls ., p p . 31 y 1 9 1 ; M a r tín e z So sp e d ra , M a n u e l ,

305

LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN TRAS LAS CORTES DE CÁDIZ

anterior y en las sesiones de las Cortes de Cádiz, desde el primer momento, las propuestas se dirigieron a incorporar los principios liberales a la legislación, al comportamiento político y a la práctica administrativa y a la enseñanza3. Con tal fin, la idea de Constitución aplicativa, con vocación de ser aplicada y de influir en la acción del estado, está presente en varias obras, y muy significativamente en las Lecciones d e D erecho P olítico C onstitucional de Ramón Salas, quien afirma: ¿Pero qué es esto hasta que la Constitución se ponga en acción y se vean las aplicaciones y resultados de las disposiciones en ella? [...] Yo no veo más que un medio: la instrucción. Nada corre más prisa que enseñar al pueblo español sus derechos y sus verdaderos intereses, y hacerle ver que los que se oponen á las refor­ mas conformes á la Constitución é inseparables de ella, son sus enemigos: con esto la resistencia, que encontrará otra más fuerte en la gran masa de los ciudadanos, cederá ó será vencida fácilmente y sin turbaciones4.

En consecuencia, la dimensión socializadora, aplicativa y reformadora de la Constitución tiene como presupuesto previo la enseñanza de sus preceptos a tra­ vés de la instrucción, a la que Ramón Salas considera el modo de vencer la resis­ tencia al nuevo orden político. 3 . la s le c c ío n e s de d e re c h o p o lítíc o c o n s t ít u c ío n a l

Ramón Salas concibió sus L ecciones d e D erecho Político C onstitucional con el fin principal de contribuir a la enseñanza constitucional a través de la exposi­ ción de los principios de la ciencia social y conforme a unos planteamientos conceptuales y doctrinales propios del constitucionalismo originario, que son antecedentes de algunas categorías que sólo un siglo después encontrarían un concreción positiva, como el concepto aplicativo de Constitución o el carácter fundamental y primario de la norma constitucional. En palabras de Salas, par­ tiendo de que la Constitución se caracteriza por ser fundamental y primaria: «Las leyes constitucionales se llaman también fundamentales, porque son el apoyo, el cimiento, el fundamento del edificio social, que sin ellas no puede existir firme por largo tiempo» 5.

3

S o b r e la R e v o l u c i ó n , v e g a , P e d r o d e ,

tituyente.

La reforma constitucional y el problema del poder cons­

M a d r i d , T e c n o s . 1 9 8 5 , p. 6 4 ; y v a r e l a s u a n z e s -C a r p e g n a , J o a q u í n , « A l g u n a s r e f l e x i o n e s

m e t o d o l ó g i c a s s o b r e la h is t o r ia c o n s t i t u c i o n a l » , e n

Teoría y realidad constitucional,

p p . 4 11 y ss. 4

s a la s , R a m ó n ,

5

Ibídem,

Lecciones de Derecho Público,

p p . 31 y 1 9 1 .

p. 3 1.

n ° 21 (2 0 0 8 ),

306

jo s é jo a q u ín

Fe r n á n d e z

a lles

Partiendo de este carácter fundamental de la Constitución, Ramón Salas de­ dicará una especial referencia a la facilidad de la comprensión de la norma cons­ titucional y a la metodología de la enseñanza: «la constitución política de un Estado debe ser tal, que todo ciudadano dotado de una capacidad común pueda retenerla sin grandes esfuerzos»6. Se trata, además, de una enseñanza que anticipa conceptos como la cultura constitucional y el sentimiento constitucional, y que necesita de la libertad y de la ausencia de prohibiciones para poder existir. En tal sentido, Salas recuerda que «los españoles con las mejores disposiciones para las ciencias hemos vivido en la ignorancia de las verdades que mas importan al género humano: ¿y cómo podíamos saberlas, cuando no solamente no se nos enseñaban, sino que se nos privaba con el mayor cuidado de todos los medios de adquirirlas?»7. En tal sentido, Ramón Salas asegura que en las universidades estaba rigurosamente prohibida la enseñanza del Derecho Político, de que ni aun se permitía hablar por incidencia: en algunas se establecieron cátedras llamadas de derecho natural y de gentes, y aunque esta ciencia se enseñaba generalmente por libros y por maestros que no eran peligrosos para el despotismo y para la superstición, no tardaron el gobierno y la inquisición en conocer que saber el Heinecio ó el Bourlamachi, ya era saber algo, y se suprimieron aquellas cátedras apenas nacidas8. Ahora bien, como afirma Salas, ya el Espíritu d e las Leyes de Montesquieu circulaba por las manos de muchos jóvenes de talento y de amor á las sanas ideas: el Contrato social de Juan Jacobo Rousseau se tradujo y se copió furtivamen­ te, y corría en muchos manuscritos; los Tratados políticos del Abate Mabli eran bastante conocidos, y las obras del marqués de Beccaria y las de Filangieri, que se publicaron traducidas al castellano en la época de que estoy hablando, fueron leídas con ansia y contribuyeron mucho á extender las luces sobre todas las ramas de legislación, y á dar alguna idea de la ciencia social9. Con este contexto cultural de fondo, las Cortes de Cádiz vinieron a cambiar las reglas básicas, tanto para la promoción de la enseñanza de la Constitución, como para la defensa de las libertades y, a partir de ésta, para la existencia de los diversos grupos políticos y doctrinales presentes en las Cortes Generales y Extraordinarias, según fueron estudiados por Joaquín Varela-Suanzes. En este contexto, se concebirá al grupo doctrinal como conjunto de diputados vincula­ dos entre sí por un repertorio de ideas sustancialmente común, a una comunidad

6 7 8 9

Ibídem, p. 191. Ibídem , p. 11. Ibídem , pp. 6 y Ibídem, pp. 9 y

7. 16.

307

LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN TRAS LAS CORTES DE CÁDIZ

ideológica, en suma, que revela, a su vez, «el vestigio de unos veneros informa­ tivos y formativos afines; por su parte el concepto de grupo político se orienta a señalar la presencia de un haz de diputados ligados por una afinidad de talante (ilustrado, conservador, progresista.)»10. Pues bien, a los efectos de afrontar la enseñanza constitucional, hubo que esta­ blecer, en primer lugar, el concepto, los principios básicos, las leyes fundamentales y un código político denominado constitución, concebido como símbolo y sínte­ sis de los nuevos principios; en segundo lugar, su enseñanza y su sistematización legislativa, cuyo estudio no se limitará a los ámbitos o círculos universitarios a tra­ vés de la asignatura del Derecho Público Constitucional, sino a toda la población a través de documentos tan característicos del doceañismo como los catecismos constitucionales y los manuales para la enseñanza del Derecho Constitucional; y, en tercer lugar, las sedes de promoción del constitucionalismo, donde junto a los púlpitos y las escuelas hemos de destacar las Cátedras de Constitución, las cuales se convirtieron, según se describe y analiza en estas páginas, en instrumentos preferentes para la enseñanza de los principios y preceptos constitucionales pro­ clamados y defendidos en las Cortes de Cádiz. 4 . e l c o n c e p to de c o n s titu c ió n en la s le c c io n e s 4 . 1 . LA c o N s T iT u c ió N G D M o N oR M A FuNDAMENTAL Y pRiMARiA

Tras justificar la función esencial de la instrucción constitucional, Salas aborda el concepto de Constitución como norma fundamental y primaria: Las leyes constitucionales se llaman también fundamentales, porque son el apo­ yo, el cimiento, el fundamento del edificio social, que sin ellas no puede existir firme por largo tiempo. Llámanse también frecuentemente leyes primarias, para dar á entender que á ellas deben conformarse las leyes que versan sobre intereses individuales y subordinados: estas leyes se llaman secundarias. Y con efecto si las leyes secundarias no están en una perfecta armonía con las leyes primarias, fundamentales o constitucionales, un gobierno no puede ser liberal mas que en el nombre: ¿qué me importa que la ley primaria sancione la libertad individual, si las leyes secundarias ponen mi libertad á la disposicion de algunos mandatarios ó agentes del poder, que pueden privarme de ella prestando medidas de seguridad, ó en virtud del caveant consules del senado romano, de que en todos los tiempos se ha hecho uso muy inmoderado contra la libertad de los ciudadanos? En pocas

10

V a r e l a S u a n z e s -C a r p e g n a , J o a q u í n , « E l o r i g e n y la s a t r i b u c i o n e s d e la s o b e r a n í a » , e n

del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz. M a d r i d , E s t u d i o s C o n s t i t u c i o n a l e s , 1 9 8 3 , p. 6.

La Teoría

C e n tro d e

308

JO SÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALLES

palabras, las leyes secundarias no deben ser otra cosa que las consecuencias natu­ rales de las leyes primarias fundamentales ó constitucionales11.

Como se puede advertir, Ramón Salas alude al carácter primario y funda­ mental que durante casi todo el siglo XX ha sustentado la posición superior de la Constitución, directamente emanada del poder constituyente, del que dimana tanto su validez como su carácter imperativo, y a la que se subordinan las leyes secundarias toda vez que el carácter fundamental y primario de la Constitución se manifiesta también en que la Constitución regula el procedimiento de creación y modificación de las restantes normas del ordenamiento, incluidas las potestades normativas del ordenamiento. 4 . 2 . LA c o N s T iT u c ió N ApLicA TivA Y LA cuLTuR A

c o n s t ít u c ío n a l

Como es consustancial al constitucionalismo norteamericano y al primer constitucionalismo europeo, Ramón Salas incorpora en sus L ecciones la idea de Constitución normativa, concebida como un texto que tiene vocación de ser aplicada y de influir en la acción del estado. A tal efecto, se pregunta: «¿pero qué es esto hasta que la Constitucion se ponga en accion y se vean las aplicaciones y resultados de las disposiciones en ella?»12 Hemos de recordar que en el primer constitucionalismo los códigos cons­ titucionales surgen con la finalidad de regir efectivamente el funcionamiento institucional del Estado y las relaciones entre éste y los ciudadanos, y que poste­ riormente fue la evolución histórica del constitucionalismo la que derivó en una profunda devaluación de la pretensión normativa de los textos constitucionales: las constituciones pasaron de forma progresiva a ser consideradas a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX como meros textos programáticos cuya naturaleza no sobrepasa la de simples principios orientadores de la acción política pública. A diferencia de lo que experimentó el constitucionalismo norteamerica­ no, el europeo vivió el siglo XIX con el convencimiento de que la constitución era un mero marco político, ideológico y programático, que ofrecía unas simples pautas de comportamiento a los poderes del Estado, no una norma jurídica aplicativa y vinculante. Al finalizar el siglo XIX empieza a superarse el mayor protagonismo que du­ rante esta centuria y frente a la constitución como norma jurídica, había tenido el comportamiento del poder público, las prácticas y convenciones de los sujetos políticos y la obra del legislador. Será la dogmática alemana la que comience la 11 s a l a s , Ramón, Lecciones de Derecho Público, p. 31. 12 Ibídem, p. 21.

l a e n s e ñ a n z a d e l a c o n s t it u c ió n t r a s l a s c o r t e s d e

Cá d iz

309

elaboración jurídica del Derecho público y la «juridificación» de las constitucio­ nes democráticas del primer tercio del pasado siglo XX. Si al principio será el con­ tenido orgánico de la constitución el que presentará un carácter normativo más evidente al regular de forma cada vez más efectiva el funcionamiento del estado, tras la primera gran guerra mundial serán los derechos fundamentales los que se dotarán de instrumentos de garantía. Desde una perspectiva histórica, podemos asegurar que la pretensión norma­ tiva se considera propia del constitucionalismo originario y forma parte de las constituciones vigentes, concebidas como una norma susceptible de aplicación por parte de los poderes públicos encargados de la aplicación del derecho y autén­ tico derecho integrado en el ordenamiento jurídico, y no una serie de principios meramente programáticos que no vinculan a los sujetos y órganos encargados de velar por el cumplimiento del orden jurídico. Ahora bien, en ese entendimiento de la Constitución como norma aplicativa, Ramón Salas no quiere ser ingenuo y sopesa las dificultades existentes, cuyo reme­ dio más claro será precisamente la instrucción constitucional. En sus palabras: Las mudanzas que hasta ahora se han hecho en la administracion pública, á penas han podido excitar quejas y reclamaciones: no ha habido un fuerte interes en oponerse á estas mudanzas que casi todos han mirado con indiferencia; pero cuando se trata de subordinar todos los intereses particulares al interes general: cuando se trate de abolir todos los privilegios incompatibles con la igualdad entre los ciudadanos, esencial en un gobierno constitucional; cuando se trate de dividir la propiedad territorial, y ponerla en circulación; cuando, en una palabra, se trate de reformar los grandes abusos á que deben sus riquezas y consideración muchas personas que con la reforma van á quedar reducidas á su justo valor, es decir, casi á cero, entonces son de temer las fuertes resistencias y los efectos de ellas13.

A continuación, Salas se pregunta acerca del modo de resolver estas dificulta­ des: «¿Pero cómo podrán evitarse estas resistencia, ó á lo menos debilitar la fuerza de ellas? Yo no veo más que un medio: la instrucción. Nada corre más prisa que enseñar al pueblo español sus derechos y sus verdaderos intereses, y hacerle ver que los que se oponen á las reformas conformes á la Constitución é inseparables de ella, son sus enemigos: con esto la resistencia, que encontrará otra más fuerte en la gran masa de los ciudadanos, cederá ó será vencida fácilmente y sin turba­ ciones». Como remedio frente a los obstáculos, según Ramón Salas, publicaron sus L ecciones d e D erecho Político C onstitucional, donde están expuestos los princi­ pios de la ciencia social con tal claridad y sencillez.

13 Ibídem.

310

JO SÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALLES

5 . l a a s íg n a t u r a d e l d e re c h o c o n s t ít u c ío n a l 5 . 1 . LA

p Rí MERA p LAN í Fíc a c íó N

DE LA A s í GNAT u RA

En 1814, la Universidad de Salamanca presentó una propuesta de Plan gene­ ral de enseñanza, que apenas fue atendida, con la firma del Rector Martín Hinojosa, Toribio Núñez, Joaquín Peiró, Tomás González, Ángel Ruiz, Miguel Martel y José Ledesma, en el que aparecen ya diferenciadas las diversas asignaturas de la carrera jurídica y entre ellas, el Derecho Público, Diplomacia y Constitución Española, que se cursaría en los primeros años. Esta cátedra se configuraba de la siguiente forma: El derecho público diplomático es el que hay o debe haber de nación a nación que se llama también de gentes o diplomática, y entonces sus principios son los mismos que los del derecho natural o social que deben explicarse en la cátedra anterior... El derecho público es el que determina las obligaciones y derechos recíprocos entre el gobierno, considerado como individuo, y los mismos indi­ viduos súbditos de aquel gobierno. Las leyes fundamentales, que arreglan estos derechos y deberes y las costumbres y reglamentos que designan las facultades del poder legislativo, ejecutivo y judicial, son las que caracterizan las diversas formas de gobierno y el objeto de la asignatura de esta cátedra. La constitución española determina nuestro derecho en esta parte, cuyo código servirá de texto a los discí­ pulos. Es decir, el derecho internacional y el derecho constitucional conforme a las nuevas corrientes jurídicas 14.

Con la vuelta de Femando VII, se deroga la Constitución por Decreto de 4 de mayo de 1814, terminan las reformas liberales y se aplica el Plan de 1807, que las Cortes no habían reformado, donde se había introducido la enseñanza de la constitución, aunque de manera más privada que oficial y con una aplicación fragmentaria porque en los años de la Guerra de Independencia la mayoría de las universidades habían permanecido cerradas. Respecto a los contenidos que debían ser objeto de enseñanza de la constitu­ ción dice que «debe explicarse en todas las cátedras de derecho público y en cada universidad o cuerpo enseñante debe haber por lo menos una de estas cátedras: punto tan interesante en mi dictamen, que para empezar esta enseñanza no debe esperarse a la reforma general de los estudios»15.

14 Ibídem, p. 29. Informe de la Universidad de Salamanca sobre el plan de estudios o sobre su fun­ dación, altura y decadencia y sobre las mejoras de que es susceptible: con cuyo motivo presenta un proyecto sobre Instrucción Pública, Salamanca, 1820, III s. 15 s a l a s , Ramón, Lecciones de Derecho Público, p. 281.

LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN TRAS LAS CORTES DE CÁDIZ

311

5 . 2 . e l n o m b r e d e l a d ís c íp lí n a en l a s le c c ío n e s : d e r e c h o p ú b lí c o c o N s T iT u c io N A L

A partir de esta planificación oficial, aseguraba Ramón Salas que una constitu­ ción política no es otra cosa que la expresión auténtica de las reglas y condiciones con que un pueblo quiere ser gobernado: si contiene más que esto, ya no será una constitución política, sino una porción más o menos extendida del código general de la nación. Código constitucional, carta constitucional, constitución política, ley fundamental, pacto social, son expresiones que expresan una misma idea. Según Salas, el nombre de derecho constitucional conviene mejor que el de público al que todos los antiguos y «aun muchos de los modernos llamaron así» porque el adjetivo pú b lico puede confundir al derecho llamado de gentes en la no­ menclatura vulgar, con el derecho constitucional, y en nada se parecen estos dos derechos. El llamado muy impropiamente derecho de gentes no es en realidad más que la colección de los pactos y tratados que determinan las relaciones de las naciones y de los soberanos entre sí, mientras que el derecho constitucional es el que arregla las relaciones entre los gobernantes y los gobernados y «distribuye los poderes políticos de la sociedad y prescribe el modo de ejercerlos». Según esto, leyes constitucionales son las que están contenidas o deben contenerse en una constitución política16. 6.

l o s c o n t e n id o s d e l a a s ig n a t u r a

La enseñanza de los derechos y la organización de los poderes se convirtieron en objetivo prioritario del constitucionalismo de Cádiz por ser contenido mate­ rial imprescindible de todo texto constitucional, según rezaba desde 1789 el artí­ culo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: «Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». Ramón Salas concibió en sus Lecciones estos contenidos de la siguiente manera. 6 . 1 . l a e n s e ñ a n z a de lo s d e re c h o s

«¿Cuáles son los derechos legítimos que la nación está obligada a conservar y proteger según el artículo 4°?»17. En aplicación del citado criterio material, afir­ maba ya el citado primer Manual de Derecho constitucional editado en España,

16 ibídem, pp. 30-31. 17 ibídem, p. 60.

312

jo s é jo a q u ín

Fe r n á n d e z

a lles

de Ramón Salas, que toda constitución debe retenerse fácilmente en la memoria de cada ciudadano, por lo que debe limitarse a una declaración de los derechos humanos y la división de los derechos políticos. Asimismo, aseguraba que en la Constitución de 1812 sobraban los artículos reglamentarios y leyes secundarias mientras falta una declaración expresa de los derechos del hombre. Pues bien, según Ramón Salas, lo primero que una buena constitución polí­ tica debe contener es una declaración de los derechos que los ciudadanos se han querido reservar y que no fue su intención renunciar al formar una sociedad política. En sus palabras: la primera declaración de esta especie que se ha visto en Europa, fue la que el general Lafayete presentó á la Asamblea constituyente de Francia en 11 de julio de 1789, y que precede á la primera constitucion francesa. Es muy buena práctica la de hacer que una declaracion de los derechos del hombre proceda á una cons­ titución política; porque estos derechos han sido olvidados por mucho tiempo, y las declaraciones sirven para que no vuelvan á olvidarse, siendo una especie de protesta contra la opresión18.

6

. 2 . EL SiSTEMA DE GOBiERNO

Según Ramón Salas, lo segundo que una carta constitucional debe expresar «es la especie de gobierno que han elegido los asociados; porque las leyes constitu­ cionales, como las secundarias, que son consecuencias de ellas, deben ser confor­ mes á la naturaleza del gobierno escogido, poco mas ó menos como Montesquieu lo explica en los primeros libros de su Espíritu de las leyes»19. Para el autor de las Lecciones, las leyes fundamentales de este gobierno deben apoyarse en estas tres máximas. En primer lugar, el principio de subordinación de los gobernantes a los gobernados, el principio democrático y el principio de renovación del poder: que los gobiernos son hechos para los gobernados y no los gobernados para los go­ biernos; y que por consiguiente solo pueden existir en virtud de la voluntad de la mayoría de los gobernados, y deben mudarse luego que esta voluntad se mude. En segundo lugar, se proclama el principio de separación de poderes, el prin­ cipio de pluralismo político y, como consecuencia de los dos anteriores, el prin­ cipio de no concentración del poder: «que jamás debe haber en el gobierno una potencia tal que no pueda mudarse sin violencia, y sin que cuando se muda se mude con ella toda la marcha de la sociedad. El poder hereditario es contrario á la segunda de estas máximas, que prohibe dejar á la disposicion de un hombre toda

18 Ibídem, p. 21. 19 Ibídem , p. 34.

LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN TRAS LAS CORTES DE CÁDIZ

313

la fuerza de la nacion; no permite que el mismo cuerpo que hace la constitucion obre en virtud de ella, y advierte que se conserve con mucho cuidado la separacion de los poderes legislativo, egecutivo y judicial»20. A estos principios se añade el cuarto poder o poder conservador: «á los cuales un publicista moderno añade un cuarto poder, que llama conservador, del cual hablaremos luego; 3.a, que un gobierno debe tener siempre por objeto la conser­ vación de la independencia de la nacion, de los derechos de sus miembros y de la paz interior y exterior»21. En tercer lugar, se establece la distribución de los pode­ res políticos, lo que supone señalar «los límites y la extensión de ellos, y expresar la forma en que quiere que sean egercidos»22. 7 . la s c á t e d r a s de c o n s títu c íó n

Conforme al planteamiento de promoción de la cultura constitucional que hemos analizado, se procedió a establecer las cátedras para la enseñanza de la constitución. Enteradas las Cortes por oficio del Secretario de la Gobernación de la península de que el Jefe Político de Galicia participaba al gobierno haberse abierto en el Seminario Conciliar de Monforte una cátedra de Constitución, se comunicó al catedrático Antonio Martínez de Torres «que era muy grato a S.M. el servicio patriótico que estaba haciendo con aquella enseñanza»23. No obstante, la primera cátedra sería establecida en Valencia el día 21 de septiembre de 1813, siendo el titular de la cátedra de Derecho Civil Nicolás Garelli, que llegaría a ser ministro en el período constitucional de 1820-23 con Fernando VII y en 1834­ 35 con Isabel II, quien elevara una petición para que se le autorizara a dar cumpli­ miento al artículo 368 de la Constitución, que prescribía la enseñanza del Código Constitucional24. A esta petición, las Cortes contestaron que «ningún profesor de Derecho tiene necesidad de pedir permiso, siendo su primera obligación acomo­ darse en todo al espíritu y letras de aquel código, de donde debe tomar de hoy en adelante todo su valor, orden y fuerza la legislación patria». Tras ser autorizado por las Cortes el 6 de noviembre de 1813, la inauguración de la Cátedra tuvo lugar el 15 de enero de 1814 en un acto solemne presidido por el jefe político y con asistencia de las autoridades locales. 20 Ibídem. 21 Ibídem, p. 34-35. 22 Ibídem, p. 35. 23 Sesión de 9 de diciembre de 1812. Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes. Tomo XVI. Cádiz, Imprenta Real. 1812. 24 Garelli interpreta la historia de España como una reversión a un pasado de instituciones libres. La «cuna de la libertad que conoció Europa en los siglos medios fue nuestra España».

314

JO SÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALLES

Tras la creación de la cátedra de Valencia, que ocuparía Nicolás de Garelli, la fundación en Madrid de una cátedra de Constitución se residenció en un centro bajo patronato regio, los Reales Estudios de San Isidro, que se ofreció al doctor don Miguel García de la Madrid, quien la desempeñaría d e gratia25. En Barcelo­ na, consta la enseñanza del texto constitucional, tanto en el nivel de secundaria como en la universitaria. En particular, su Universidad privada ubicaría su impar­ tición en la cátedra de «Derecho político y constitución» en segunda enseñanza, mientras que en la carrera de jurisprudencia civil se establecieron dos cátedras con el nombre de «Historia e instituciones del derecho español», con las asignaturas de Derecho español y Constitución26. Durante el trienio liberal, tras el restablecimiento de la vigencia de la Consti­ tución de 1812, por Real Decreto de 24 de abril de 1820 se ordenaría a los curas párrocos, con duras sanciones, la explicación de la constitución: al término de la misa, los días festivos, debían exponerla para que «todo español adquiera un conocimiento de las leyes fundamentales que rigen». Además, se recomendaba a las universidades que recuperaran las Cátedras de Constitución. En Valencia, en la Facultad de Leyes, en los años 1820 y 1821, aparecería desdoblado el Derecho Político —que se enseña por la tarde—, de la Constitución —que se estudia por la mañana—, en el sexto curso. En 1821, en sexto, aparece el Derecho Político, mientras la Constitución y la Economía Política en séptimo.

2 5 Relación de la Solemne apertura de la Cátedra de Constitución Política de la Monarquia españo­ la, por los Estudios de San isidro de Madrid, M a d r i d . e n la I m p r e n t a N a c i o n a l , 1 8 1 4 . 2 6 S á n c h e z A g e s ta , L u is , « L a s p r i m e r a s c á t e d r a s e s p a ñ o l a s d e D e r e c h o C o n s t i t u c i o n a l » , e n REP, n ° 1 2 6 ( 1 9 6 2 ) , p p . 1 5 7 - 1 6 7 . D i s p o n i b l e e n : h t t p : / / w w w . c e p c . e s / r a p / P u b l i c a c i o n e s / R e v is t a s / 2 7 R E P _ 1 2 6 _ 1 6 0 . p d f . C o n s u l t a d o e l 15 d e m a y o d e 2 0 1 1 . P eset Reig , M a r i a n o ; G a r c ía T r o b a t, P ila r , « L a s p r im e r a s c á te d r a s d e c o n s t itu c ió n » , e n

bre la Universidad, n °

Cuadernos del instituto Antonio de Nebrija de Estudios so­

1 (1 9 9 8 ), p p . 2 25 -2 44 .