Interpretación marxista de la historia de Chile Vol II [2]

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Lom palabra de la lengua yámana que significa Sol

Vitale, Luis 1927 - 2010 Interpretación marxista de la Historia de Chile [texto impreso] / Luis Vitale. – 1ª ed. – Santiago: LOM ediciones; 2011. 504 p.: Volumen II - tomos III y IV; 16x21 cm. (Colección Historia) isbn: 978-956-00-0249-5 1. Chile – Historia I. Título. II. Serie. Dewey: 983 .– cdd 21 Cuer: V836i fuente: Agencia Catalográfica Chilena

© LOM ediciones Primera edición, 2011 isbn: 978-956-00-0249-5 rpi: 32.822 A cargo de esta Colección: Julio Pinto Motivo de portada: Pulpería de una Salitrera. edición y composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago teléfono: (56-2) 688 52 73 | fax: (56-2) 696 63 88 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina impreso en los talleres de lom Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

LUIS VITALE

Interpretación marxista de la Historia de Chile Volumen II

tomo iii Los decenios de la burguesía comercial y terrateniente (1831-1961)

Introducción

Al igual que en los tomos anteriores, hacemos esta Introducción a modo de puesta al día y enriquecimiento del presente volumen, que fue escrito en 1971. En aquel entonces no le dimos la suficiente dimensión a la revolución anticolonial contra el Imperio español. Agregamos asimismo un fenómeno muy poco conocido: la creación de un Gobierno de los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en el Caribe en 1818. También ampliamos lo dicho sobre la posición de Inglaterra, Estados Unidos y Francia ante la Independencia de nuestros países. Finalmente, presentamos el contexto latinoamericano de la rebelión de las provincias contra la capital, intentando precisar el carácter de las guerras civiles y la ideología de sus líderes.

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capítulo i. La lucha por la Independencia Política

En el último capítulo del tomo II, procuramos demostrar que el movimiento de 1810 no fue una revolución social sino una revolución política de carácter separatista. La Revolución de 1810 cambió la forma de gobierno, no la estructura socioeconómica heredada de la Colonia, manteniendo el carácter dependiente de nuestra economía. No fue una revolución democrático-burguesa porque no realizó la reforma agraria ni fue capaz de crear las bases para una industria nacional. Al reforzar la economía exportadora dependiente impidió un proceso efectivo de liberación nacional. Los sectores de la clase dominante criolla estaban todos comprometidos en la tenencia de la tierra y en una política económica cuyo denominador común era la exportación de productos agropecuarios y mineros. La burguesía criolla estaba incapacitada por estos motivos para realizar la reforma agraria e impulsar la industrialización, medidas que históricamente caracterizan a una revolución democrático-burguesa. La única tarea democrática que cumplió la burguesía criolla fue la independencia política formal al romper nuestra condición de colonia del imperio español. En la realización de esta tarea surgieron tendencias que procuraron retardar o acelerar este proceso, cuyo estudio es el motivo esencial del presente capítulo. Aunque el desarrollo del movimiento revolucionario que culmina con la independencia política de Chile constituye un proceso ininterrumpido que abarca la década de 1810 a 1820, suceden importantes fenómenos de acción y reacción y de lucha de tendencias contradictorias que nos conducen a delimitar etapas o períodos, a condición de no olvidar que se trata de un solo proceso histórico global. La clasificación tradicional de Patria Vieja y Patria Nueva, impuesta por la historiografía oficial, incurre precisamente en el error de establecer entre ambos períodos una cesura demasiado marcada y, lo que es más grave aún, no refleja la lucha de fracciones ni las características fundamentales de la revolución por la independencia política formal. El movimiento separatista de 1810 abre paso a una lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Los fenómenos de acción y reacción que provoca este combate frontal, especialmente durante el período de la Reconquista española, polarizan los sectores indecisos de la burguesía criolla y determinan una relativa participación

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popular. En el campo de los partidarios de la independencia se produce una lucha de tendencias entre los que aspiran a una vía pacífica que conduzca a una separación paulatina de España y los que plantean una ruptura violenta e inmediata con el imperio español. Estas contradicciones van configurando los períodos de la revolución, caracterizados por el mayor o menor predominio de las fracciones o embriones de partidos políticos en pugna. Para una mejor comprensión del proceso de la revolución por la independencia política, preferimos distinguir cuatro períodos fundamentales: a) Período centrista, de septiembre de 1810 al golpe carrerino de noviembre de 1811, caracterizado por un curso moderado de la burguesía criolla que no se decide a romper abiertamente con la corona española. b) Período izquierdista, de noviembre de 1811 al desastre de Rancagua, singularizado por las medidas concretas hacia la independencia política que adopta el sector criollo encabezado por los Carrera. c) Período contrarrevolucionario, del desastre de Rancagua al triunfo de Chacabuco, caracterizado por la participación masiva de las capas criollas en el proceso revolucionario como reacción ante la Reconquista militar española, d) Período de consolidación de la Independencia durante el gobierno de O’Higgins.

El período centrista Este período transcurrió desde la Primera Junta de Gobierno de septiembre de 1810 hasta el advenimiento de José Miguel Carrera al poder. Estuvo caracterizado por una orientación moderada y reformista de la burguesía criolla, aún vacilante para provocar una ruptura definitiva con España. Esta actitud estaba motivada, fundamentalmente, por el temor de la burguesía criolla a perder sus riquezas en un enfrentamiento armado, en un momento en que la relación de fuerzas a escala internacional e hispanoamericana estaba lejos aún de decidirse a favor de la revolución por la independencia. Una abrupta separación de España y, por ende, una ruptura con el Virreynato del Perú, significaban para los terratenientes chilenos la pérdida inmediata del mercado peruano, sin posibilidades de reemplazarlo a corto plazo. Domingo Amunátegui sostiene que los criollos, luego de instalarse la Primera Junta, comenzaron a “sentirse acobardados ante el peligro de un rompimiento con el virrey del Perú. ¿Dónde se venderían nuestros tratos? ¿De dónde nos llegaría el azúcar necesaria para el consumo de nuestros habitantes? (…) El espectro de la ruptura con el virrey del Perú inspiraba terror a los pacatos agricultores de la capital”.1 1

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Domingo Amunátegui S. La Revolución de la Independencia, pp. 31 y 37, Santiago, 1945.

Las fracciones políticas de la burguesía criolla habían comenzado ya a configurarse varios meses antes del cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810. En este día, que se considera como el inicio de la Revolución por la independencia de Chile, José Miguel Infante manifestó: Ya sabéis, señores, la peligrosa situación en que se ha visto esta capital en los días anteriores, los diversos partidos que se habían formado y sus opiniones sobre la forma de gobierno que debía adaptarse en tan críticas circunstancias. Sabéis también que cada día se aumentaba más el odio y la aversión entre ambas facciones, hasta amenazarse recíprocamente con el exterminio de una por otra.2

En la Primera Junta se entabló una lucha por el control del poder entre un ala, que respondía a intereses de derecha, representada por Mateo de Toro y Zambrano, Conde de la Conquista; Ignacio de la Carrera y los españoles Márquez de la Plata y el coronel Reina, y un ala de centro, dirigida por Martínez de Rozas y Juan Enrique Rosales. El sector que expresaba las tendencias izquierdistas, encabezado por Camilo Henríquez, no había logrado aún representación en la Junta de Gobierno. El uso de esta clasificación en derechistas, centristas e izquierdistas obedece únicamente al criterio de considerar la posición de las tendencias y personalidades ante el problema esencial de ese momento histórico: la lucha por la independencia política. Nuestra clasificación de las tendencias no tiene relación alguna con el criterio historiográfico liberal ni con posteriores corrientes derechistas, centristas e izquierdistas que se dieron, por otros motivos y en otros contextos, a lo largo de los siglos XIX y XX. Ha sido utilizada por nosotros para ubicar las fracciones políticas por la posición que adoptan y la praxis que realizan en un momento histórico concreto. Encina incurre en el error de señalar que los roces entre Martínez de Rozas y el ala derecha fueron producidos porque “el bando de Rozas estaba constituido fundamentalmente por los autoritarios, por los adeptos a un gobierno fuerte y aún personal y atrabiliario”;3 y lleva su argumentación al absurdo cuando insiste en que la “repulsión del castellano-vasco por la dureza excesiva en el mando” fue la causa del enfrentamiento con la corriente de Martínez de Rozas: “entre la mentalidad ultra-argentina de Rozas y la aristocracia castellano-vasca, no mediaban tabiques susceptibles de ser derribados por las conmociones, sino muros indestructibles de sólido granito”.4 Analizar la pugna entre rocistas y antirrocistas como una antítesis entre autoritarios y antiautoritarios, que respondería a rasgos personales o diferencias raciales y psicológicas, es una abstracción histórica que contribuye a mistificar la realidad. Toda 2 3

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Colecciones de Historiadores y Documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, 220. Francisco Encina. Historia de Chile, T. VI, p. 216, Santiago, 1952. En las subsiguientes referencias de esta obra citaremos: Encina, tomo, página. Ibid., VI, 241.

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caracterización de las personalidades y fracciones políticas del período que analizamos debe estar en función de la praxis que realizan en la lucha por la independencia política. En tal sentido, Juan Martínez de Rozas, el hombre más rico de Chile en 1810, surge históricamente como uno de los más adecuados jefes del ala centrista: adopta, en forma cautelosa, medidas tendientes a consolidar a la burguesía criolla, sin alterar radicalmente el status político y la relación de dependencia formal respecto de España. La imagen de un Juan Martínez de Rozas decidido y desinteresado caudillo liberal de avanzada de nuestra independencia es una de las tantas ideologizaciones de la historiografía burguesa acerca de los héroes de la patria. La lucha en la Primera Junta entre el ala derecha y el centro afloró ante cada hecho de importancia. Uno de los primeros choques se suscitó a raíz de las medidas de organización militar. Mientras el ala de centro procuraba crear el ejército nacional para enfrentar un eventual golpe militar de la reacción española, el ala derecha saboteaba esa iniciativa. La necesidad del ejército nacional se hizo patente a raíz del motín contrarrevolucionario del 1 de abril de 1811, dirigido por el coronel Tomás Figueroa y alentado por la Real Audiencia. Las tendencias de la burguesía criolla volvieron a chocar al discutirse el alcance de las penas que merecían los participantes en el frustrado golpe militar español. Martínez de Rozas logró imponer su criterio en la Junta, a pesar de la fuerte oposición del sector derechista, que se negaba a tomar medidas drásticas contra los sediciosos. Posiciones divergentes enfrentaron también a estas dos alas políticas en el problema de las relaciones con la Junta de Buenos Aires. Martínez de Rozas fomentó la alianza con esta Junta no porque fuera cuyano de nacimiento, como mañosamente lo sugiere Encina, sino porque comprendía que la ayuda recíproca era decisiva para enfrentar a los ejércitos españoles del Perú y de la Bolivia Oriental. El ala derecha, temerosa de verse arrastrada a una guerra en la que podía perder el mercado triguero del Perú, llegó a negar, con el apoyo del Cabildo, la ayuda a la junta bonaerense, en instantes en que era inminente la invasión española desde Montevideo, comandada por Francisco Javier Elío, el hombre que precisamente España había designado para la Capitanía General de Chile. Los partidarios de Martínez de Rozas lograron el apoyo de un importante sector criollo: Ciento quince individuos, entre los cuales se contaban algunas personas acaudaladas y prestigiosas, hicieron una representación a la Junta en que recordándole la conveniencia de mantener y de estrechar la alianza con Buenos Aires, le pedían no solo que se le enviara el auxilio prometido, sino que se reprendiese severamente a cualquier contradictor de esta medida.5 5

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Diego Barros Arana. Historia general de Chile, T. VIII, p. 295, Stgo. 1887. En las posteriores citas de esta obra solo indicaremos Barros Arana, tomo, página.

El delegado argentino en Chile, Antonio Álvarez Jofré, manifestaba en aquella oportunidad que “esos gobiernos debían estrechar sus relaciones, mantenerse unidos, auxiliarse mutuamente para resistir los esfuerzos con que el virrey del Perú trataba de restablecer el régimen antiguo en Chile y en Buenos Aires. Debían, por tanto, hacer de común acuerdo la paz y la guerra, y de acuerdo también a celebrar con los extranjeros pactos comerciales y políticos que más interesan a estos países”.6 La relación con Buenos Aires no tenía solamente un carácter político-militar para enfrentar la invasión española, sino también un objetivo económico: aumentar la exportación de cobre chileno a Buenos Aires a cambio de liberar de aranceles la importación de yerba mate. La promulgación de la medida más importante adoptada por la Primera Junta, la ley de libre comercio, suscitó también una ardua discusión entre las fracciones políticas de la burguesía criolla. Después de cuatro meses de intensos debates, Martínez de Rozas logró su aprobación el 21 de febrero de 1811. El ala derecha de la Junta se oponía no porque fuera en detrimento de sus intereses, sino por el temor a la reacción española ante esta medida de trascendental importancia que terminaba definitivamente con el monopolio comercial español. Algunos historiadores han exagerado la influencia del liberalismo económico europeo en el decreto de libre comercio de 1811, al considerar solo aquellas medidas de potencias extranjeras. En realidad, el decreto de 1811 no solo adoptó resoluciones sobre libre comercio, sino que fue el primer intento de planear una política económica general en la que advertía sobre los peligros del libre comercio y se tomaban medidas proteccionistas para la incipiente industria artesanal criolla. En el plan propuesto por Juan Egaña a la Primera Junta, se manifestaba que el comercio libre puede “impedir la industria nacional, y aunque casi ninguna tenemos, debemos procurarla de todos modos”.7 Uno de los veinticinco artículos del decreto de libre comercio de 1811, prohibía la introducción de vinos y aguardientes extranjeros que hicieran competencia con los que se producían en el país; se prohibió, asimismo, la entrada de tabaco y naipes para garantizar el estanco de estos productos, que constituían casi la tercera parte de los ingresos fiscales. Las mercaderías extranjeras, decía el artículo 11, “pagarán por derechos reales sobre precios de reglamento el 28%, el 11/2 de subvención y el ½% de avería”. El fomento de la marina mercante nacional fue otra de las preocupaciones de este decreto al señalar que las embarcaciones chilenas pagarían solamente el 12% contra el 22% de las extranjeras, las que inclusive deberían llevar dos tercios de tripulación chilena.

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Ibid., VIII, 250. Colección de Historiadores y Documentos relativos a la Independencia de Chile, XIX, p. 97 y sigs.

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El artículo 17 protegía la producción minera nacional al establecer que “las embarcaciones extranjeras no podrán extraer el oro o plata en pasta, en piña labrada o chafalonía, ni los reales, pesetas y cuartos del nuevo cuño”, aunque se les permitía extraer los doblones y pesos fuertes, pagando por el oro el 21/2 de derecho y 5% por la plata. Otro de los artículos se preocupaba de eliminar el contrabando, impidiendo la internación de productos por otros puertos que no fueran Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Valdivia. De este modo, la burguesía criolla, que se había desarrollado al socaire del contrabando, fue la más interesada en desterrarlo una vez que llegó al poder. Se prohibía a los buques extranjeros introducir mercaderías por otras zonas “por sí ni por terceras manos”; tampoco se les permitía venderlas al por menor, sino por “facturas, tercios, barricas y fardos”, medida que tenía por objeto favorecer a los comerciantes criollos que trabajaban con el mercado interno. Finalmente, el artículo 21 señalaba que “los habitantes del país podrán hacer por sí el comercio libre en todos los puertos extranjeros del globo pertenecientes a potencias aliadas o neutrales”. Uno de los aspectos fundamentales del decreto de 1811 para la burguesía criolla era el referente a las exenciones establecidas para la exportación de minerales, sebo, trigo y “demás productos, comprendidos con disimulo en un etc.”.8 La ley de libre comercio produjo un aumento sensible de las entradas fiscales. “En el transcurso de pocos meses se había constatado ya un aumento sorprendente de un 100%. En enero de 1811 las entradas de Aduana fueron de $ 12.752 y en agosto llegaron a $ 24.814, siendo después bastantes superiores. La tesorería general anota para abril de 1813 una renta aduanera de $ 101.892”.9 Si bien es cierto que este ritmo fue detenido por la guerra contra los españoles y que el contrabando afectó los ingresos aduaneros, la ley de 1811, en lo que se refiere al fomento de la exportación minera y agropecuaria y a las exenciones tributarias, satisfizo, en gran medida, las aspiraciones de la burguesía criolla. El triunfo del ala centrista fue, sin embargo, efímero, Las elecciones del Primer Congreso Nacional, en abril de 1811, significaron una derrota aplastante para los partidarios de Martínez de Rozas, los Larraínes, Irisarri, José Antonio de Rojas y, también, para O’Higgins, que colaboraba con este sector desde su incorporación a la vida del país. El ala derecha –dirigida por Eyzaguirre, Errázuriz y los mayorazgos como De la Cerda, Juan A. Ovalle, Francisco Ruiz Tagle y Juan Agustín Alcalde, el conde de Quinta Alegre– eligió la mayoría de los diputados gracias al apoyo de los españoles que practicaron la política del “mal menor”. El realista Manuel Antonio Talavera escribía en su diario personal:

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Encina, VI, 203. Daniel Martner. Historia de Chile. Historia Económica, Tomo I, p. 109, Ed. Balcells, Stgo. 1929.

La fracción europea era casi toda contraria al nuevo sistema de gobierno; pero el conflicto de la precisión de vivir en este reino, les hizo elegir del mal el menor (…) Concibieron los europeos que elegir a los de la lista de la fracción Rozas, era darle la mano para hacerse presidente de la Junta o al menos para que continuase de vocal, exponiéndose nuevamente a sufrir otros vejámenes.10

Años más tarde, aún fresco el recuerdo de la tradición oral, José Victorino Lastarria hizo una aguda caracterización del sector derechista del Primer Congreso Nacional: La revolución no podía marchar con esta organización tan heterogénea, que carecía de sistema y unidad; de modo que los amigos de la independencia no podían hacer valer sus principios ni desarrollar sus miras sin disfraz. Un historiador ha dicho que la mayoría [del Congreso] era compuesta de hombres pacatos e ignorantes en la ciencia del gobierno y bastantes débiles para constituirse en instrumentos de otros más atrevidos y notoriamente afectos al régimen colonial.11

El retiro de los diputados de minoría del Congreso agudizó la lucha fraccional. Martínez de Rozas regresó a su provincia, comenzando desde Concepción una campaña de agitación contra el gobierno. Esta fue la primera expresión política de los roces entre las provincias y la capital, contradicción que se pondrá manifiestamente de relieve en la segunda mitad de la década de 1820 a 1830. El Primer Congreso, controlado sin contrapeso por el ala derechista, dilató las medidas tendientes a consolidar la real independencia política del país, provocando una tirantez en las relaciones con la Junta de Buenos Aires al exigir el reemplazo de Álvarez Jofré en junio de 1811, por sus vinculaciones con el sector de Rozas. Mientras tanto había comenzado a surgir un embrión de ala izquierda como respuesta a las vacilaciones del sector derechista de la burguesía criolla. Esta fracción, aún informe, propugnaba medidas para acelerar la revolución chilena y exigía la ruptura definitiva con España. Su portavoz más destacado, Camilo Henríquez, lector de Raynal y Rousseau, se había iniciado como agitador en el movimiento revolucionario de Quito en 1809. Su proclama de enero de 1811, firmada con el seudónimo de Quirino Lemáchez, se puede considerar como el documento político más revolucionario de este período, pues fue el primero que se atrevió a plantear abiertamente la ruptura con el imperio español. En uno de sus párrafos señalaba claramente su posición favorable a la implantación de una república soberana e independiente: De cuanta satisfacción es para un alma nacida en el odio de la tiranía ver a su patria despertar del sueño profundo y vergonzoso que parecía hubiese de ser eterno, y tomar 10

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Manuel A. Talavera. Revoluciones de Chile, Diario Histórico imparcial de los sucesos memorables acaecidos en Santiago de Chile, cit. por Barros Arana, VIII, 339. José V. Lastarria. Bosquejo histórico de la constitución del gobierno de Chile, en Serie de Estudios Históricos, p. 71, editado en Stgo.

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un movimiento grande e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo único y sublime de almas fuertes, principio de la gloria y dicha de la república (…) Consiguió al cabo el Ministerio de España llegar al término porque anhelaba tantos siglos la disolución de la monarquía (…) Nadie puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros? Está, pues, escrito ¡oh pueblo! que fueseis libres (…) y que se dijese algún día la república, la potencia de Chile, la majestad del pueblo chileno.

A pesar de no tener ninguna simpatía por Camilo Henríquez, el historiador Francisco Encina lo ubica con precisión en la lucha de tendencias de este período: “No tenía auditorio en el bando rocista, violento, pero aristócrata y autoritario (…) Menos aún podía despertar simpatía entre el poderoso grupo de Errázuriz y Eyzaguirre”.12 El golpe militar del 4 de septiembre de 1811, promovido por los hermanos Carrera, significó la caída del sector derechista y la restauración en el poder de la fracción contraria, apoyada momentáneamente por el ala izquierda en franco proceso de estructuración con el regreso de José Miguel Carrera a Chile. En La Serena, Concepción y otras zonas se reemplazaron los diputados derechistas, cambiando la composición política del Congreso en un sentido favorable a los centristas, quienes eligieron presidente al presbítero Joaquín Larraín, jefe de la familia de los “ochocientos”, así llamada por sus vastas ramificaciones económicas y políticas. Las provincias comenzaron a adquirir mayor relieve, reivindicando sus derechos en la creación de Juntas locales, que operaban con relativa autonomía respecto de Santiago, expresando ya, desde los inicios de la República, la contradicción Capital-Provincias, que se revelará a través de guerras y revoluciones durante las décadas posteriores. La nueva Junta, encabezada por Martínez de Rozas, Rosales, Mackenna, Marín y Calvo, restableció cordiales relaciones con Buenos Aires, nombrando delegado a Francisco A. Pinto. Publicó un edicto en el que se notificaba a los españoles realistas la aplicación de severas penas en caso de reincidir en sus actividades contrarrevolucionarias. La burguesía criolla consolidó sus intereses económicos al ser abolidos los derechos de exportación del 3%. A principios de octubre, se acordó que durante dos años se permitirá en Chile el cultivo del tabaco, que hasta entonces había sido monopolizado por el Virreynato del Perú. Una proclama del 15 de octubre de 1811, manifestaba: “Agricultor, la siembra de tabaco estaba prohibida; ya podéis hacerla. Formaréis vuestra subsistencia con esta ocupación si os dedicáis a ella empeñosamente”.13 La esclavitud fue suprimida a medias con la dictación de la “libertad de vientre”, por la cual fueron declarados libres no los que en ese momento eran esclavos, sino los 12 13

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Encina, VI, 245. Citado por Barros Arana: VIII, 405.

que nacieran a partir de la promulgación de la ley. Esta medida, a pesar de su limitación, tuvo repercusiones sociales, según el cronista hispanófilo Melchor Martínez: Esta inconsiderada providencia causó improvisadamente tal conmoción en la esclavitud, que al día siguiente se mancomunaron más de 300 esclavos, y orgullosos con el favor del gobierno hicieron una representación pidiendo su libertad, y ofreciendo en recompensa sus personas y vidas para defender el sistema de la patria, previniendo prontamente de cuchillos y amenazando de causar alguna sublevación en el pueblo. El gobierno temió males resultas y se prendieron y encarcelaron como 20 de las cabezas principales, conteniendo a los demás con amenazas, con lo que se sosegaron por el pronto.14

También se tomaron algunas medidas referentes a la Iglesia, entre ellas la supresión de la cuota que se enviaba a Lima para sufragar los gastos de la Inquisición y la prohibición de sepultar a los muertos en los templos. Pero estas medidas reformistas no significaban un real avance en el camino hacia la independencia política. Con el fin de terminar con este curso vacilante, el sector izquierdista, frustrado con los resultados del golpe del 4 de septiembre y con la gestión centralista de la Junta, decidió realizar un nuevo movimiento político.

El período izquierdista El movimiento del 15 de noviembre de 1811, que lleva al poder a José Miguel Carrera, abrió una nueva etapa en la revolución chilena. El ala izquierda canceló el período de vacilaciones de la burguesía criolla, encaminándose en forma resuelta hacia la independencia política del país. A pesar de la oposición cerrada de los derechistas y centristas que se habían coaligado contra el gobierno, José Miguel Carrera aceleró el proceso revolucionario mediante la adopción de medidas decisivas para la creación de un Estado independiente. En este sentido, el paso más importante fue la promulgación del Reglamento Constitucional de 1812, cuyo acápite V establecía: “Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales fuera del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darle valor, serán castigados como reos de Estado”. Mediante esta resolución, Chile se declaraba de hecho un país independiente, puesto que dejaba de aceptar la tutela de España y pasaba a gobernarse de acuerdo con sus propias leyes. Carrera simbolizó este paso por la soberanía nacional creando la bandera tricolor, la escarapela y el escudo con el lema: “Por la razón o la fuerza”. Bajo su gobierno, el encabezamiento tradicional de los decretos que a la letra decía: “El Rey, y en su cautiverio la Junta representativa de la soberania en Chile”, fue reemplazado 14

Melchor Martínez. Memoria Histórica sobre la Revolución de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814, p. 124, Valparaíso, 1848.

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por esta significativa frase: “Junta Gubernativa de Chile, representante de la soberanía nacional”. Paralelamente, empezó a concederse ciudadanía a los españoles que reconocieran al nuevo gobierno chileno y que prestaran el siguiente juramento de nacionalidad: “¿Confesáis bajo el propio juramento que ni las Cortes ni la Regencia, ni los pueblos del Estado peninsular, ni otra extraña autoridad, tiene ni debe tener derecho a regir y gobernar al pueblo de Chile?”.15 La enumeración de estas medidas, dilatadas durante dos años por los gobiernos anteriores, bastaría para mostrar en forma objetiva que José Miguel Carrera fue indiscutiblemente el dirigente criollo más importante de la lucha por la independencia política y un revolucionario esclarecido de la época. Los argumentos de los detractores de Carrera, cargados de subjetivismo, aparecen como mezquindades anecdóticas frente a las graníticas resoluciones que afianzaron la soberanía nacional de Chile. ¿Qué combinación de factores permitía este político a la apertura de una nueva etapa en la revolución chilena? ¿En qué fuerzas sociales se apoyó Carrera para llevar adelante esta política revolucionaria, si era combatido por la derecha y el centro burgués? Los escritores carrerinos atribuyen el ascenso vertiginoso de Carrera a su extraordinaria personalidad. Nosotros, sin desconocer las virtudes personales del caudillo, opinamos que el curso separatista y rupturista con España se debió, fundamentalmente, a la incorporación de sectores populares al proceso revolucionario cuya importancia real y decisiva supo aquilatar Carrera. Esta integración, obstaculizada por la política elitista de las fracciones de la burguesía criolla que controlaron la Primera Junta y el Primer Congreso Nacional, fue el factor dinámico de clase que permitió a los Carrera profundizar la lucha por la independencia. El mérito de José Miguel Carrera fue haber comprendido que solo la participación popular podría acelerar la lucha rupturista con el imperio español, paralizada por los elementos vacilantes de la burguesía criolla. José Miguel Carrera, descendiente de una familia burguesa de activa participación política en los sucesos de 1810, a los pocos días de su regreso de España, donde había trabado relaciones con otros jóvenes latinoamericanos influidos por el pensamiento liberal europeo, se dio cuenta de que la revolución estaba estancada en Chile. En 1811, escribía a su padre: “Las obras cuando se empiezan, es menester concluirlas […] Ha llegado la hora de la independencia americana; nadie puede evitarla. La España está perdida”.16 El poder de atracción personal de José Miguel, su aureola de combatiente ejemplar en el ejército, su inteligencia, simpatía y generosidad y, fundamentalmente, su decisión de luchar por la independencia, crearon rápidamente un círculo de influencia entre las milicias criollas y los jóvenes burgueses y pequeñoburgueses, descontentos con el 15 16

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Ibid., p. 184. Eulogio Rojas Mery. El general Carrera en Chile, p. 18, Stgo. 1951.

curso moderado de los primeros gobiernos criollos. A los veintiséis años, José Miguel era el líder del ala izquierda burguesa, un joven que se mofaba del espíritu ramplón y pacato de la “aristocracia” criolla. Su desprecio por la mezquina e interesada actitud de ciertos líderes de 1810 se trasluce en los retratos de personajes estampados en su diario: “Rozas era un patriota; pero el interés personal era su primer cuidado”. Del jefe de la familia de los “ochocientos” se formó la siguiente impresión, luego de un intercambio de ideas sobre la acción del futuro gobierno surgido el 4 de septiembre de 1811: “Le vi tender la vista sobre la Casa de Moneda, administración de tabacos, aduanas y otros empleítos de esta naturaleza”.17 Expresaba su decisión de desplazar a los Larraínes de una manera tajante: “Era pues preciso elegir entre nuestra muerte y la esclavitud de Chile o el abatimiento de la familia de Larraínes y sus adictos”.18 Para uno de sus biógrafos, José Miguel Carrera fue “ese joven aristocrático, que dejando a un lado blasones, riquezas y honores, se lanzó en medio de las masas populares para imbuir en ellas las ideas republicanas”.19 Su hermana Javiera, que a la sazón contaba con treinta años, fue una infatigable, consecuente y voluntariosa compañera de los ideales libertarios de sus hermanos, en los días de triunfo como en los de derrota. En los momentos en que la burguesía criolla se aferraba a la fórmula de gobernar en nombre de Fernando VII, Javiera Carrera simbolizó su repudio a la corona española con ocasión de un baile de gala realizado el 18 de septiembre de 1812 en el palacio de Toesca: “Doña Javiera Carrera llevaba en la cabeza una guirnalda de perlas y diamantes de la cual pendía una corona, aquél en el sombrero y éste en la gorra y sobre ella una espada en ademán de partirla y un fusil en aptitud de darle fuego”.20 La tonada “La Panchita”, cantada por el pueblo en las “chinganas”, era una de las expresiones más claras de la simpatía que gozaba Javiera Carrera. Su hermano Luis había logrado también conquistar popularidad en los arrabales de Santiago. Desde enero de 1812, el gobierno alentaba al pueblo a reunirse en los Tajamares, hecho comentado por el cronista español Melchor Martínez del siguiente modo: “Con este depravado arbitrio tomó tal exaltación el entusiasmo de la plebe y toda la juventud en general que no se veía ni oía otro clamor que viva la Patria y vivan los Carrera, a quienes todos ofrecían gustosos a sostener y defender traídos de la licenciosa libertad”.21 Los hermanos Carrera fueron los primeros caudillos que buscaron en ese período el apoyo de los sectores populares para acelerar el proceso revolucionario por la 17

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José Miguel Carrera. Diario Militar, Colección de Historiadores y Documentos relativos a la Independencia de Chile, T. I, p. 30, Stgo. 1900. Ibidem, p. 49. Ambrosio Valdés C. Revolución Chilena y campañas de la Independencia, p. V, 2ª edición, Stgo. 1888. Melchor Martínez, op. cit., p. 151. Ibid., p. 139.

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independencia. Uno de los mejores investigadores de este período histórico, Julio Alemparte, sostiene que “los golpes de Carrera fueron apoyados no por minúsculos grupos adictos a la aristocracia, como ocurriera hasta entonces, sino por elementos más numerosos y populares”. Burlándose de esto, un memoralista de la época hablaba del “soberano pueblo de Carrera”. Y otro autor satírico, en un pasquín que apareció por esos días, en forma de bando, expresaba: “El Congreso os convoca, pueblo chileno, a sus representantes, los escribanos, procuradores, receptores, papelistas, escribientes de oficinas, mozos vagabundos, ociosos, viejos descalzos, pobretones, ambiciosos, para hoy a las nueve de la mañana. El Cabildo os califica de buenos patriotas, y fía de vuestra decisión su suerte futura. Hombres de bien, condes, marqueses, familias, bienes y obligaciones, estad metidos en vuestras casas para impedir el vejamen de ser el ludibrio y expulsos de las puertas del Cabildo”. Estas y otras burlas –sigue Alemparte– en las cuales se refleja la irritación que a los patricios causaba el contacto de los Carrera con el pueblo”, son uno de los tantos testimonios del franco espíritu revolucionario del bando carrerino. Ya en la nota que enviaran a la derrocada Junta, el 15 de noviembre, decían claramente los Carrera que una de las causas de la inestabilidad política derivaba de que “el pueblo nunca ha sido oído, ni ha podido hablar libremente, pues las más de las veces se han provocado sus sufragios por convites a ciertas personas (…) por lo cual declarábase que, en esta oportunidad podían concurrir a la plaza mayor todos los vecinos sin excepción”. Comentando este llamado, escribe Barros Arana: “La asamblea que pedía Carrera importaba una peligrosa innovación, por cuanto se pretendía dar parte en los negocios públicos a las turbas populares siempre fáciles de ser manejadas por caudillos audaces y ambiciosos”.22 A pesar de su escasa simpatía por Carrera, el historiador Barros Arana se vio obligado a reconocer que Carrera “consiguió popularizar el movimiento revolucionario, dando al elemento democrático intervención en las manifestaciones de la opinión y del patriotismo, en que hasta entonces solo habían tomado parte las clases acomodadas”.23 El carácter popular del movimiento carrerino fue inclusive reconocido más tarde por un gobierno contrario a José Miguel Carrera, como el de Pueyrredón, quien en un documento de 1816 dirigido a San Martín expresaba: Siendo notoria la división en que se hallaba Chile por dos partidos poderosos, antes de la entrada de las tropas del rey, presididos a saber, el uno por la familia de los Carrera, y el otro por la casa de los Larraínes (…) el general (San Martín) tendrá presente que el primero de los dichos partidos contaba con el afecto de la plebe, y que sus procedimientos, aunque nada honestos ni juiciosos, investían un carácter más firme contra los españoles; y que

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Julio Alemparte. Carrera y Freire, p. 40 y 41, Ed. Nascimento, Santiago, 1963. Barros Arana, IX, 184.

al segundo, pertenecían la nobleza, vecinos de caudal y gran parte del clero secular y regular, siempre tímidos en sus empresas políticas.24

Los principales dirigentes del ala izquierda, además de los Carrera, eran Camilo Henríquez, Baltazar Ureta, Julián Uribe y Manuel Rodríguez, que se había incorporado a la lucha activa en noviembre de 1811. El primero cumplió un destacado papel en la difusión de las ideas libertarias y republicanas, mediante la fundación del primer periódico nacional La Aurora de Chile. Allí se vertían, todos los jueves, opiniones del siguiente tenor: Es absurdo creer que exista en algún punto de la tierra la libertad civil sin la libertad nacional […] Las revoluciones son en el orden moral lo que son en el orden de la naturaleza los terremotos y las tempestades. Los meteoros son terribles; pero hasta ahora nos han sido saludables (…) Comencemos declarando nuestra independencia. Ella sola puede borrar el título de rebeldes que nos da la tiranía (…) Ya es tiempo de que cada una de las provincias revolucionarias de América establezca de una vez lo que ha de ser para siempre: que se declare independiente y libre y que proclame la justa posesión de sus eternos derechos.25

En el seno del movimiento carrerino se fue gestando una corriente de extrema izquierda, plebeya y jacobina, que no se conformaba solamente con acelerar la lucha por la independencia política, sino que comenzó a plantear por primera vez en Chile la “cuestión social”. El líder de esta tendencia, cuyo contenido programático rebasaba los límites burgueses de los Carrera, ya que aspiraba a combinar la independencia política con la revolución social, fue el franciscano Antonio Orihuela, hijo de Francisco Borja y sobrino carnal de Manuel de Salas. De Santiago, donde había tomado los hábitos en 1797, se trasladó a Concepción en 1808. Allí apoyó el golpe carrerino del 4 de septiembre de 1811 y fue uno de los líderes del movimiento que reemplazó a las autoridades derechistas de esa provincia. Este movimiento penquista, que tuvo un contenido más popular que el de Santiago, obligó a un obispo contrarrevolucionario de Concepción a pronunciar una pastoral donde decía: “Y vosotros fuisteis testigos de los turbulentos cabildos abiertos que le precedieron y subsiguieron, en que hicieron el papel más brillante las personas más despreciables del pueblo, y entre ellas un vil esclavo, bien conocido por sus insípidas bufonadas y sandeces”.26 Antonio Orihuela, elegido diputado por Concepción el 4 de septiembre de 1811, en una asamblea popular, “repartió –dice Domingo Amunátegui– a los vecinos de la ciudad, y en seguida a los miembros del Congreso una violenta proclama, en la cual

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Citado por Pedro Lira Urquieta. José Miguel Carrera, p. 75-76, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1960. La Aurora de Chile: números del 4 de junio y del 8 de octubre de 1812. Barros Arana, VIII, 405.

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declamaba contra los aristócratas y aconsejaba su exterminio”.27 Esta proclama, que constituye uno de los primeros documentos de la historia del pensamiento social chileno, señalaba en sus párrafos más relevantes: Pueblo de Chile: mucho tiempo hace que se abusa de vuestro nombre para fabricar vuestra desdicha (…) El infame instrumento de esta servidumbre que os ha oprimido largo tiempo es el dilatado rango de nobles, empleados y títulos que sostienen el lujo con vuestro sudor y se alimentan de vuestra sangre (…) ¡qué lamentarse de los artesanos, reducidos a ganar escasamente el pan de cada día, después de inmensos sudores y fatigas; de los labradores que sinceramente trabajan en el cultivo de pocas simientes para sus amos y morir ellos de hambre, dejando infinitos campos vírgenes, porque les era prohibido sembrar tabaco, lino y otras especies, cuya cosecha hubiera pagado bien su trabajo; de los pobres mineros, sepultados en las entrañas de la tierra todo el año para alimentar la codicia de los europeos! ¡qué lamentarse por la estrechez del comercio, decaído hasta lo sumo por el monopolio de la España (…) La nobleza de Santiago se arrogó así la autoridad que antes gritaba competir solo al pueblo (como si estuvieran excluidos de este cuerpo respetable los que constituyen la mayor parte y más preciosa de él) y creó una junta provisional que dirigiese las operaciones (…)Ved aquí en este solo pueblo de Concepción patentes ya las funestas consecuencias de la instrucción maldita en la elección del Conde de la Marquina, del magistral Urrejola y del doctor Cerdam (…) Ninguno más inepto para desempeñar cualquier encargo público que el conde de la Marquina. Lo primero por Conde. En las actuales circunstancias, los títulos de Castilla que, por nuestra desgracia abundan demasiado en nuestro reino, divisan ya en la imitación del gobierno el momento fatal en que el pueblo hostigado de su egoísmo e hinchazón, les raspe el oropel con que brillan a los ojos de los negocios (…) El remedio es violento pero necesario. Acordáos que sóis hombres de la misma naturaleza que los condes, marqueses y nobles; que cada uno de vosotros es como cada uno de ellos, individuo de ese cuerpo grande y respetable que se llama Sociedad; que es necesario que conozcan y les hagáis conocer esta igualdad que ellos detestan como destructora de su quimérica nobleza (…) Con vosotros hablo, infelices, los que formáis el bajo pueblo. Atended: Mientras vosotros sudáis en vuestros talleres; mientras gastáis vuestro sudor y fuerzas sobre el arado; mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol, y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen entre limpias sábanas y en mullidos colchones, que les proporciona vuestro trabajo; se divierten en juegos y galanteos, prodigando el dinero que os chupan con diferentes arbitrios, que no ignoráis; y que no tienen otros cuidados que solicitar, con el fruto de vuestros sudores, mayores empleos y rentas más pingües, que han de salir de vuestras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor agradecimiento, antes sí desprecio, ultrajes, baldones y opresión. Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno a la igualdad.28 27

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Domingo Amunátegui S. “Dos franciscanos revolucionarios”, Rev. Chilena de Historia y Geografía, Nº 108, 1946, p. 6. Sesiones de los Cuerpos Legislativos, 1811 a 1845, Tomo I, pp. 357 a 359.

Esta proclama demuestra que desde los albores de nuestra independencia política existió una corriente plebeya que, aunque minoritaria, planteó no solo el combate contra el imperio español, sino contra los propios explotadores nacionales. Para Marcelo Segall, “la presión de clase obrera comienza con las proclamas de Antonio Orihuela en 1812, que dispuesto a transformar la independencia política en revolución social llamaba a los trabajadores a la rebelión y al levantamiento”.29 Otra expresión de extrema izquierda dentro del movimiento carrerino, que podríamos calificar hasta de “jacobina”, fue la exigencia de expropiar a la burgesía criolla unos tres millones de pesos para financiar el ejército patriota, ante la inminente invasión española. La petición del Batallón de Granaderos, entregada el 16 de noviembre de 1811, decía: “Que el nuevo gobierno no omita diligencia alguna para engrosar el erario con tres millones de pesos sin perdonar arbitrio!”. La reacción de los círculos burgueses, ante tal exigencia, ha sido reflejada a su manera por el cronista español Talavera: Esparcidas estas especies a pocos días de efectuada la reforma del gobierno, producían las más tristes y melancólicas ideas en los corazones del vecindario, en términos que los ciudadanos del mayor rango tentaron retirarse de la capital improvisadamente, llevando consigo sus caudales y alhajas; otros depositan en el seno de la tierra su dinero y preciosidades; otros se transportan a los conventos; las familias más realzadas emigran precipitadamente a los campos, llenas de consternación; la capital no ofrecía sino un cuadro melancólico de pavor y de sustos, porque cada vecino esperaba la desolación de su casa.30

Estas apreciaciones, aunque exageradas y recargadas de subjetivismo, expresaban en parte la reacción de la burguesía ante la probabilidad de ser expropiada. Las presiones obligaron a Carrera a rechazar las exigencias de sus partidarios y tuvo que dar garantías de que no se efectuarían expropiaciones en las circulares del 16 y 19 de noviembre de 1811. Sin embargo, Carrera no olvidó este planteamiento de los sectores populares y meses después estableció una contribución forzosa. Uno de los expropiados fue el bodeguero español don Joaquín de Villa Urrutia, que había hecho construir frente a su casa un enorme malecón de piedra; en sesión de la Junta Cívica Auxiliadora declaró: “Que don Joaquín de Villa Urrutia, poseyendo una fortuna de más de doscientos mil pesos, debe contribuir al empréstito con $12.000 y que de no hacerlo, se proceda a embargarle y rematarle prontamente lo necesario”.31 El equipo carrerino fue el ala izquierda durante las primeras fases de la revolución porque se constituyó en la vanguardia intransigente de la lucha por la independencia 29

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Marcelo Segall. Desarrollo del capitalismo en Chile, p. 27, Stgo. 1953, y Las luchas de clases en las primeras décadas de la República, p. 6, Stgo. 1962. M. A. Talavera. Diario…, cit. por Barros Arana, VIII, 477. Roberto Hernández. Valparaíso en 1827, pp. 86-87, Imp. Victoria, Valparaíso, 1927.

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política. Para contrarrestar la oposición de la derecha y el centro burgués, Carrera apeló a los sectores populares, quienes dieron un impulso decisivo al proceso revolucionario. El movimiento carrerino, de carácter populista, no era ni podía ser en aquella época una corriente proletaria, sino que fue la expresión más consecuente de la izquierda burguesa en el cumplimiento de la tarea democrática esencial del momento: la independencia política. La corriente auténticamente plebeya fue la extrema izquierda que se desarrolló dentro del movimiento carrerino. Uno de sus exponentes más destacados, el franciscano Orihuela, trató de combinar, como Hidalgo y Morelos en México, la lucha por la independencia política con la revolución social. Sin embargo, esta tendencia plebeya, inorgánica y aún intuitivamente revolucionaria, no podía prosperar por la cuasi inexistencia de la única clase históricamente capaz de realizar la revolución social: el proletariado. La oposición cerrada al gobierno de Carrera provenía en lo inmediato del temor de la derecha y el centro burgués a que las medidas para acelerar la independencia provocaran la guerra con España y el Virreynato del Perú. Una de las causas del descontento de estos sectores de la burguesía era la firme resolución de Carrera de organizar de una vez por todas el ejército y las milicias criollas. Los terratenientes protestaban contra los preparativos militares porque les quitaba mano de obra: “La convocación de las milicias y el acuartelamiento de los campesinos, precisamente en los momentos en que habían comenzado a hacerse las cosechas, causaban los más graves perjuicios”.32 Una guerra con España y, por consiguiente, con el Virreynato del Perú, significaba para los terratenientes pérdida del principal mercado para la exportación de trigo, que aún permanecía firme en 1812. El norteamericano Samuel B. Johnston, que vino a Chile en 1812 como tipógrafo para hacer funcionar la imprenta que Hoevel había importado de Estados Unidos, relata en sus cartas sobre Chile que Lima depende en absoluto de Chile para un artículo tan indispensable como el trigo. Hay veinte buques empleados en el tráfico entre El Callao y Valparaíso, que lo componen el trigo, carne salada, fruta seca, mantequilla, queso, sebo y vino en cambio de azúcar, arroz, cacao, tabaco, sal, hierro y manufacturas europeas. Fue materia de admiración para mí el ver que los chilenos permitiesen que se llevase trigo a Lima, cuando el Virrey hacía la guerra a Buenos Aires (y, en consecuencia, a los principios que habían abrazado) estando estrechadamente aliados con esa provincia. Al paso que el ejército de Buenos Aires está sitiando a los realistas de Montevideo, el hacendado patriota de Chile labra sus campos para proveer con el pan a los enemigos de su país.33

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Barros Arana, VIII, 513. Samuel B. Johnston. Cartas escritas durante una residencia de tres años en Chile, traducidas y prologadas por José T. Medina, Anales en noviembre-diciembre 1916 comienza la publicación; la cita correspondiente al número siguiente, p. 23.

En la urgente e ineludible tarea de consolidar el ejército criollo para enfrentar a los realistas, Carrera suplió sus improvisadas condiciones de organizador con su desbordante entusiasmo y actividad. Elevó el número de los granaderos a 1.500 y mandó confeccionar 10.000 lanzas y 1.500 tiendas de campaña. Trató de financiar los gastos militares con nuevos impuestos que acrecentaron las protestas de los terratenientes y comerciantes. Con el mismo fin, gravó con seis pesos por quintal la internación de yerba mate. “No entre –decía el decreto gubernamental– yerba mate del Paraguay sin satisfacer uno y medio reales del derecho de balanza en lugar de los tres cuartos que hasta aquí ha pagado”.34 Según los cálculos del gobierno, el nuevo impuesto a la yerba mate debía producir 57.000 pesos anuales y el de balanza unos 25.000 pesos. “Estas medidas –afirma Barros Arana– produjeron una profunda perturbación (…) desprestigiaban la revolución ante propios y extraños”.35 En realidad, afectaban a la burguesía importadora que controlaba el monopolio comercial de distribución de la yerba mate y los intereses de los exportadores argentinos. Esta medida determinó un agravamiento de las ya tensas relaciones entre la Junta de Buenos Aires y el gobierno de Carrera, cuyo ascenso al poder había sido mal visto por el representante de Buenos Aires en Chile: Cuando el movimiento del 4 de septiembre nos prometía los mejores resultados –decía el delegado Bernardo Vera en su informe– cuando este país se congratulaba ya por la alianza muy estrecha con V.E. acreditada en el aumento considerable de las cantidades de pólvora con que se le quería auxiliar, la revolución del 15 de noviembre último ha cambiado todo el semblante de las cosas hasta hacer incalculables los fines en que terminará esta crisis terrible.36

La derecha y el centro burgués siguieron saboteando a Carrera no solo a través de la oposición obstruccionista del Congreso, sino también alentando golpes militares, como el dirigido por los hermanos Huici el 27 de noviembre de 1811. Ante la actitud del sector derechista de retirar a los diputados para no dar el quórum necesario a las sesiones donde el gobierno planteaba sus medidas de urgencia, Carrera se vio inducido a disolver el Congreso el 2 de diciembre de 1811. Fundamentaba su resolución en una proclama en la que decía que el Congreso constituía un estorbo para alcanzar la “independencia absoluta”, ya que era incapaz de declarar la ilegitimidad de las cortes españolas; “es constante que, separado el trono, el Rey cautivo, los pueblos de la monarquía española reasumieron exclusivamente la posesión de la soberanía que le había depositado; e instalada la Regencia del interregno y sus Cortes generales extraordinarias de un modo ilegal, ellas no tuvieron autoridad bastante para extenderse sobre los dominios 34 35 36

Bando del 17 de enero de 1812, citado por Barros Arana, VIII, 512. Barros Arana, VIII, 512. Ibid., VIII, 494.

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de ultramar. Chile, por eso, suspende su reconocimiento”. Carrera, al plantear el desconocimiento del Consejo de Regencia, medida que no se habían atrevido a tomar los gobiernos anteriores, daba un paso decisivo hacia la independencia política de Chile. A pesar de tener que concentrar los esfuerzos en la defensa militar para hacer frente a una eventual invasión española, el gobierno de Carrera se preocupó de la Educación, de la Salud pública y del fomento de la minería, la marina mercante nacional y la industria criolla. Propuso medidas para alentar la producción de salitre y un proyecto para crear un banco de rescate de pastas y de plata en Huasco, con un capital de veinticinco mil pesos. El 14 de enero de 1813 quedó fundada la “Sociedad de Amigos del país” con el fin de fomentar la agricultura, la ganadería, la industria y la artesanía. Estaba dirigida por Juan Egaña, Antonio José de Irisarri, Manuel de Salas, Domingo Eyzaguirre y Joaquín Gandarillas. El gobierno, consciente de la importancia económica de la minería, decretó el 19 de mayo de 1813 que los trabajadores mineros, operarios, pirquineros, cateadores, etc., quedaran “exentos de todo alistamiento y servicio de armas, conforme a lo prevenido en las ordenanzas de minería y militar, y a la actualidad y conveniencia que en las actuales circunstancias resulta al Estado del fomento y labores de las minas, ningún jefe militar molestará a estos individuos”.37 En marzo de 1813, el decreto de libertad de comercio de 1811 fue reglamentado bajo el nombre de “Apertura y Fomento del Comercio y la Navegación”, en el que se establecieron medidas proteccionistas a la industria y a la marina mercante nacional, gravando con un 30% las mercaderías extranjeras y concediendo a los barcos chilenos la exclusividad del comercio de cabotaje. Una de las principales medidas de sabiduría pública, promovida por el gobierno, fue la Junta de Vacuna, institución que en 1812 llegó a vacunar 2.729 personas contra la viruela. La educación fue motivo de especial preocupación del gobierno de Carrera. En enero de 1813, se levantó el primer censo escolar de la República que “registró en la capital únicamente siete escuelas, con seiscientos sesenta y cuatro alumnos, en una población de cincuenta mil habitantes”.38 Ese mismo año, se fundó el Instituto Nacional con el fin de promover el estudio de “las ciencias, artes y oficios, instrucción militar (…) Desde la instrucción de las primeras letras se hallarán allí clases para todas las ciencias

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Benjamín Vicuña Mackenna. La Edad de Oro en Chile, p. 214, segunda edición, Ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires. Julio César Jobet. Doctrina y Praxis de los educadores representativos chilenos, p. 63, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1970. Este libro de Jobet constituye uno de los primeros enfoques marxistas de la Historia de la Educación en Chile.

y facultades útiles a la razón y las artes; se hallarán talleres de todos los oficios, cuya industria sea ventajosa a la República” –señalaba el título XI, sección I, del Instituto. Camilo Henríquez destacaba la importancia del Instituto Nacional en los siguientes términos: Es necesario proteger la industria, y es indispensable domiciliar entre nosotros los conocimientos útiles. Para tener hombres que posean los conocimientos y de que pende el adelantamiento de las minas y demás producciones del reino, y que éstos sean en número suficiente a cubrir todos los puntos que exigen sus atenciones, con unos costos tolerables sin el riesgo de ser el juguete de los charlatanes, es forzoso que se formen aquí; es forzoso que este género de estudios se establezcan entre nosotros. Ellos están comprendidos en el plan del Instituto Nacional.39

Durante el gobierno de Carrera se fomentó la instrucción de la mujer, como se desprende del decreto de agosto de 1812: “La indiferencia con que miró el antiguo gobierno la educación del bello sexo, es el comprobante menos equívoco de la degradación con que era considerado el americano. Parecerá una paradoja que la capital de Chile poblada de más de cincuenta mil habitantes (con su distrito rural) no haya aún conocido una escuela de mujeres”. Según este decreto, cada monasterio de monjas debía tener la obligación de suministrar una sala para la escuela de primeras letras de niñas pobres. Los conventos de monjas se resistieron a cumplir la orden del gobierno. El interés de Carrera por la educación está reflejado también en un emotivo gesto familiar: en 1818, en medio del fragor de las luchas intestinas de Argentina, país en el que estaba relegado, “tradujo del inglés un tratado de educación infantil, y envió los treinta pliegos de su manuscrito a su mujer, con estas sentidas palabras: Es el único obsequio que por la primera vez he hecho a mis hijas”.40 Con la finalidad de forjar una conciencia republicana en la juventud, el gobierno de Carrera difundió en las escuelas un catecismo político. El tipógrafo norteamericano Samuel Johnston comentaba en sus cartas sobre Chile que el catecismo político era una medida “bien calculada para propagar la forma republicana de gobierno, y que demostraba en su autor un profundo conocimiento de la naturaleza humana”. El catecismo político comenzaba de este modo: ¿De qué nación es usted? Soy americano. ¿Cuáles son sus deberes como tal? Amar a Dios y a mi patria, consagrar mi vida a su servicio, obedecer las órdenes del gobierno y combatir por la defensa y sostén de los principios republicanos. ¿Cuáles son las máximas republicanas? Ciertos sabios dogmas encaminados a hacer la felicidad de los hombres, establecen que todos hemos nacido iguales y que por ley natural poseemos ciertos derechos, de los cuales no podemos ser legítimamente privados. Se consigna 39 40

Miguel Luis Amunátegui. Camilo Henríquez, T. I, p. 63, citado por Jobet: op. cit., p. 140. Julio Alemparte, op. cit., p. 49.

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enseguida una larga enumeración de privilegios de que se goza bajo el imperio de la forma republicana de gobierno, en constraste con lo que el pueblo padecía bajo el antiguo régimen colonial de España. Una vez por semana se celebra un certamen escolar público, en el que se ejercita a los niños en el referido catecismo y se otorgan premios a los que se manifiestan saberlo mejor. Se señalan también dos de los muchachos más despiertos para que declamen discursos redactados en forma de diálogo entre un español europeo y un americano, en los cuales aquél sostiene el derecho de conquista como suficiente título del rey a su poder absoluto. El que lleva la representación de América, va armado de fuertes argumentos para sostener su causa basado en los derechos del hombre y concluye por derrotar a su contradictor, que acaba por convertirse al nuevo régimen. Toda esta argumentación aparece redactada en términos claros y sencillos, calculados para que los entiendan aún los de pocos alcances, estando enderezada solo para instrucción de los que no saben leer o no tienen medios para adquirir libros.41

Hemos citado in extenso esta referencia de un testigo de la época, poco mencionada por los historiadores, porque constituye una de las mejores expresiones del ideario republicano de José Miguel Carrera y de su preocupación porque la campaña de educación política llegara en los términos más sencillos a los sectores populares del naciente Estado. El gobierno carrerino tuvo que enfrentar la oposición permanente y enconada de la Iglesia que, como vanguardia de la contrarrevolución, reaccionaba ante las medidas tendientes a acelerar la independencia política, además de sentirse afectada por el decreto que declaraba exentos de derechos eclesiásticos a los matrimonios y entierros de los pobres y, sobre todo, por la supresión de la palabra “romana” en el reglamento constitucional de 1812. Carrera fue el primer gobernante chileno dispuesto a tomar medidas contra la Iglesia, como parte de su plan político de desarmar a la contrarrevolución en cuyas filas precisamente militaba la mayoría del clero. La oposición al gobierno de Carrera adquirió un carácter manifiestamente ultraderechista en los momentos más críticos para la independencia chilena: la invasión del ejército realista, dirigido por Pareja. En vez de cerrar filas en defensa del país, la oposición derechista trató de aprovechar la invasión española para derribar a la Junta de Carrera. Los sectores izquierdistas acentuaron su decidido apoyo al gobierno y exigieron la aplicación de impuestos forzosos a la burguesía. En una vibrante proclama del 31 de marzo de 1813, José Miguel Carrera declaraba: “Ya se borró del diccionario de Chile la funesta voz del moderantismo”. En su “Diario Militar”, anotaba el rechazo a las proposiciones del jefe del ejército español: “Yo le contesté asegurándole que debíamos despreciar toda amistad con el virrey y con Sanchez, si se fundaba en sostener los derechos de Fernando; que los pueblos de Chile trabajaban por su independencia”.42 41 42

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Samuel B. Johnston, op. cit., pp. 95-96. José Miguel Carrera. Diario Militar… op. cit., p. 158.

La campaña militar de Carrera contra la invasión realista fue saboteada por los terratenientes, quienes, por encima de todo, exigían garantías para la exportación de su trigo al Perú. En su “Diario” Carrera manifestaba: “Ejemplo de lo incapaces que eran aquellos pelucones, siendo dueños de Santiago y de parte de la Concepción, no podían proveer de víveres y caballos al ejército; y el enemigo se paseaba por todas partes, con sus fuerzas montadas en excelentes caballos”.43 A pesar de que la situación comprometía el porvenir de la independencia, los comerciantes también protestaban porque la lucha contra los españoles en la zona de Maule les impedía vender normalmente sus mercaderías. El orgullo aristocrático –escribía Lastarria– ofendido con la frecuente aparición de hombres nuevos que, sin timbres de familia y sin más título que su mérito personal ocupan puestos importantes en el ejército o toman parte en los negocios públicos; y la incuria y el egoísmo de gran parte de propietarios, que se resisten a erogar algo de sus rentas para sostener los gastos de la administración y de la guerra, a pesar de que la prensa los estimula con razonamientos enérgicos y aun de los campesinos que se despojan gustosos de los objetos de su uso para contribuir a la defensa de la patria, son también estímulos poderosos que vienen a propagar el descontento.44

Los intentos inmediatos de la oposición triunfaron transitoriamente con el reemplazo de Carrera por O’Higgins y luego por Lastra en la Junta de Gobierno. El símbolo del nuevo curso derechista fue el Tratado de Lircay en 1814, negociado por el comodoro Hillyard, de Inglaterra, entonces aliada de España. Gran parte de la burguesía criolla, enterada de la derrota de Napoleón y del retorno de Fernando VII al trono en 1814, se apresura a firmar un tratado que pusiera a cubierto sus intereses más concretos, renegando de todas las medidas adoptada por Carrera a favor de la independencia política. La vergonzosa capitulación de los sectores derechistas de la burguesía criolla se reflejaba en uno de los acápites del Tratado de Lircay: Chile, deseoso de conservarse para su legítimo rey y huir de un gobierno que lo entregase a los franceses, eligió una Junta Gubernativa (la del 18 de septiembre de 1810) compuesta de sujetos beneméritos (…) Se reunió efectivamente el congreso de sus diputados, quienes en su apertura juraron fidelidad a su rey Fernando VII, mandando a su nombre cuantas órdenes y títulos se expidieron, sin que jamás intentasen ser independientes del rey de España libre ni faltar al juramento de fidelidad (…) Hasta el 15 de noviembre de 1811 quedó todo en aquel estado y entonces fue cuando por fines e intereses particulares, y con la seducción de la mayor parte de los europeos del reino, fue violentamente disuelto el congreso por la familia de los Carrera (…) Así es como durante el tiempo de aquel despotismo, se alteraron todos los planes y se indicó con signos alusivos –la bandera, 43 44

Ibid. p. 264. José V. Lastarria, op. cit., p. 136.

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el escudo– una independencia que no pudieron proclamar solemnemente por no estar seguros de la voluntad general.45

El ala izquierda carrerina se levantó contra la indigna capitulación de los sectores más vacilantes de la burguesía criolla y al grito de “Viva la Pancha” –alusión a Javiera Carrera– repuso en el poder a José Miguel el 2 de julio de 1814. El segundo gobierno de Carrera, plenamente consciente de la situación, aceleró el proceso revolucionario imponiendo medidas contra los curas reaccionarios y empréstitos forzosos a los realistas y a los terratenientes criollos por valor de 300.000 pesos y 136.000 pesos, respectivamente, con el fin de financiar el ejército. Se impuso –dice Carrera en su “Diario”– una contribución de 400.000 pesos sobre los europeos o hijos del país, cuya indiferencia por nuestra libertad era manifiesta. Se echó mano de la plata labrada de las iglesias y se dieron órdenes terminantes para que pagasen los que fuesen deudores del tesoro para asegurar la tranquilidad interior y cortar de raíz la seducción con que los sarracenos procuraban desanimar nuestras tropas. Fue indispensable aterrarlos, apresando, desterrando y expatriando 85 frailes y 70 de los principales godos.46

La nueva Junta, entre cuyos integrantes se destacaba Julián Uribe por su tendencia plebeya, hizo denodados esfuerzos para organizar la resistencia contra la invasión española, pero fue saboteada por los sectores derechistas. “Empezó la huelga de brazos caídos; el retraimiento general, que iba a impedir al gobierno organizar nada delante del avance de Osorio y que los historiadores del siglo pasado disimularon de acuerdo con el difunto concepto que erigía la historia en cátedra de educación cívica”.47 O’Higgins, dirigente en aquel período de la oposición burguesa de centro, coronó los desaciertos al desconocer la Junta de Carrera, exigir la convocatoria a un Congreso Nacional en momentos en que los españoles estaban a las puertas de Santiago y romper el frente único de los criollos al avanzar desde el sur contra las fuerzas de Carrera. El combate entre las tropas de Carrera y las de O’Higgins en Las Tres Acequias el 26 de agosto de 1814 fue la antesala del desastre de Rancagua, porque exacerbó los roces entre los patriotas, debilitando la unidad del ejército nacional. La interminable discusión entre o’higginistas y carrerinos sobre quién fue el responsable del desastre de Rancagua es el resultado del apasionamiento de dos bandos de escritores que sobreestiman el papel de los héroes en la historia. En rigor, existieron causas objetivas muy profundas, generadas con anterioridad, que condicionaron el desastre. La derrota de Rancagua fue el producto de tres años de sabotaje, boicot y oposición cerrada de la derecha y el centro burgués a la labor 45 46 47

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Citado por Jorge Carmona Yáñez. Carrera y la Patria Vieja, pp. 345-346, Santiago, sin fecha de edición. José Miguel Carrera. Diario… op. cit., p. 389. Encina, VI, 661.

revolucionaria del gobierno de los Carrera. En Rancagua no podía triunfar un ejército minado por una lucha intestina entre bandos irreconciliables ante una fuerza militar española, disciplinada y homogénea, que se había mostrado capaz de hacer retroceder a los criollos en anteriores combates. La deserción de la mayoría burguesa, su espíritu derrotista y capitulante, sintetizado en el Tratado de Lircay y en la emigración a Cuyo antes del desastre de Rancagua, facilitaron el triunfo español. El cierre de la frontera decretado por Uribe para impedir la huida de los cobardes y el intento postrero de Carrera para organizar la resistencia en Coquimbo –paso táctico no tan descabellado, como opinan ciertos historiadores, ya que San Martín lo propuso en 1817 en caso de derrota– expresaban la voluntad inquebrantable del ala izquierda carrerina de defender hasta las últimas consecuencias la independencia política del país.

El período contrarrevolucionario La restauración de Fernando VII en 1814, como consecuencia de la derrota de los ejércitos napoleónicos, trajo un resurgimiento del colonialismo español. Entre los años 1814 y 1819, España envió cerca de 30.000 soldados a nuestro continente. En 1815, las tropas realistas habían ya restaurado casi todo el imperio español en América Latina. Chile fue reconquistado en 1814 por el ejército comandado por el general Mariano Osorio. De inmediato comenzaron las medidas punitivas contra las capas de la población que mayor participación habían tenido en la lucha por la independencia política. Se crearon los “tribunales de justificación” y el “Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública”, encargados de procesar a las personas que se habían destacado en las primeras fases de la revolución chilena y a los nuevos sospechosos de ideas subversivas. Fueron deportados a la isla Juan Fernández los dirigentes de la burguesía criolla que aún quedaban en Chile: José Antonio de Rojas, Manuel de Salas, Juan Egaña y otros. Se clausuró el Instituto Nacional y se restauraron los tribunales de la Inquisición. Durante el gobierno de Marcó del Pont, que había sucedido al general Osorio, recrudecieron las represalias, los abusos y tropelías contra los criollos. El regimiento de los Talaveras, dirigido por el capitán Vicente San Bruno, se hizo famoso por sus arbitrariedades. Hubo prohibición de salir de Santiago sin permiso, bajo la pena de confiscación de bienes si el infractor era rico o de diez años de presidio si era pobre. Se implantó la pena de muerte para los que colaboraran con los patriotas u ocultaran cualquier tipo de armamento. Fueron expropiados los bienes de los dirigentes más destacados de la burguesía criolla y se les impusieron empréstitos forzosos y fuertes contribuciones. En 1815, se impuso a los vecinos de Santiago un empréstito forzoso de 125.000 pesos y, luego, dos más por valor de 150.000 y 105.000 pesos. La pérdida de gran parte de sus riquezas

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y las medidas represivas de los españoles decidieron a los elementos vacilantes de la burguesía criolla a emprender el camino de la lucha por la independencia política. Estos sectores, que habían saboteado o paralizado la revolución chilena adoptando una posición moderada y pacifista en los primeros gobiernos criollos, durante la Reconquista, una vez expropiados sus bienes y cuando poco o nada tenían que perder, se incorporaron a la lucha armada para liquidar el coloniaje español. Sin embargo, algunos elementos de la burguesía criolla pesistieron en colaborar abiertamente con los invasores realistas. Los mayorazgos rindieron pleitesía a los jefes españoles con tal de salvar sus propiedades. Uno de ellos, Juan Agustín Alcalde, “bajo el gobierno de la Reconquista quedó viviendo tranquilo en Santiago, sin que Osorio ni Marcó lo molestaran un solo día”.48 Nicolás de la Cerda, mayorazgo también, compró su libertad pagando 20.000 pesos, mientras las osamentas de sus compatriotas se pudrían en los calabozos realistas. Otros se declararon enemigos de los Carrera para ponerse a cubierto de las represalias del régimen español. La cobardía de algunos sectores de la burguesía criolla alcanzó los límites de la traición cuando en vísperas de la batalla de Chacabuco firmaron un acta de adhesión al rey de España. En una de las partes del acta del 10 de febrero de 1817, refrendada por personajes como el conde de Quinta Alegre, el marqués de Larraín, Manuel Aldunate, Pedro Prado Jaraquemada, Manuel Ruiz Tagle, Domingo Eyzaguirre, Miguel Echeñique, José María Tocornal y otros, se llegaba a manifestar lo siguiente: Habiendo convocado los principales vecinos para manifestar y acreditar al Sr. Presidente y Capitán General del Reino la íntima y decidida adhesión que tienen a la sagrada causa de nuestro legítimo monarca el Sr. D. Fernando VII (que Dios guarde), les hizo un ligero razonamiento sobre las actuales circunstancias, arbitrios y otras medidas que debían tomarse para la defensa y seguridad del reino, y castigar como era justo la osadía y el orgullo de los insurgentes de la otra banda –el Ejército de San Martín; y en consecuencia de ello, unánimes todos los que firman esta acta dijeron que con sus vidas, haciendas, y sin reserva cosa alguna, estaban prontos y resueltos a defender los sagrados derechos del rey, a cuya obediencia vivían gustosamente sujetos.49

Si bien la Reconquista significó el triunfo momentáneo de la contrarrevolución, en esta etapa se incubaron contradictoriamente las mejores voluntades para lograr la independencia política. Durante la Reconquista se produjo, por primera vez, un sólido frente único de las distintas fracciones políticas criollas para expulsar a los españoles. Carrerinos y o’higginistas, sin relegar al olvido sus diferencias, lucharon juntos para organizar la resistencia en el interior del país, además de contribuir en Mendoza a la formación del Ejército Libertador de los Andes. O’Higgins, que ya había quemado sus 48 49

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Barros Arana, IX, 26. Citado por Domingo Amunátegui S. Historia Social de Chile, pp. 264-265, Santiago, 1936.

naves, superando su etapa centrista de los primeros años de la revolución, se convirtió en el jefe de la izquierda burguesa y en el abanderado de la independencia política. José Miguel Carrera, obligado a salir de Mendoza por el general San Martín, integrante de la misma Logia que O’Higgins, hizo esfuerzos supremos para organizar una expedición militar. En su viaje a Estados Unidos, logró concretar un acuerdo con comerciantes norteamericanos, alcanzando a formar una escuadrilla con una apreciable cantidad de armas y municiones, pero no tuvo la gloria de conducir a Chile esta ayuda militar, porque el gobierno de Pueyrredón se apoderó de ella en el puerto de Buenos Aires. Por otra parte, otro destacado miembro del ala izquierda carrerina, el cura Uribe, pudo equipar en Buenos Aires la goleta “Constitución” y hacerse a la mar en viaje a Chile, pero naufragó en el Estrecho de Magallanes, terminando allí la vida de este vigoroso líder de tendencia plebeya y de otros valientes criollos que hicieron el intento de regresar a su país para enfrentar al ejército español. El estado de miseria en que se encontraba el pueblo, debido a la crisis económica surgida de la guerra, junto a las arbitrariedades cometidas por los realistas contra el campesinado y el artesanado, determinaron un salto cualitativo en la conciencia del pueblo. Durante la Reconquista hubo una incorporación masiva de los sectores populares al proceso revolucionario por la independencia política. Esta participación popular se produjo más bien como fenómeno de reacción frente a los abusos de los españoles que como adhesión a sus patrones criollos. La incorporación de los sectores populares, encarnada en el “roto Ño Cámara” descrito por Blest Gana en su novela histórica Durante la Reconquista, dio un decisivo impulso a la lucha por la liberación política de Chile. Los avances de la guerra de guerrillas de 1816 y 1817 solo pueden explicarse por la incorporación de activos contingentes del campesinado a las guerras de la independencia. El respaldo de los campesinos de la zona central fue la clave del éxito de Manuel Rodríguez. Sus disfraces, su ocultamiento en los ranchos, sus increíbles fugas, sus contactos y su movilidad permanente eran, en cierta medida, fruto de su genio guerrillero, pero su labor fue indiscutiblemente facilitada por el decidido apoyo del movimiento campesino. Las capas populares o artesanado santiaguino contribuyeron también al éxito del guerrillero, suministrándole casas para ocultarse y ayuda material para su lucha clandestina. Manuel Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos de nuestro pueblo por su lucha junto a los pobres del campo y la ciudad. Nuestra historia tiene líderes populares con un pensamiento social aún más avanzado que Manuel Rodríguez, pero pocos como él, a excepción de Luis Emilio Recabarren, han calado tan hondo en el sentimiento popular. Disconforme con el curso moderado de la burguesía criolla, Manuel Rodríguez se había enrolado en el sector más izquierdista del movimiento carrerino, llegando a formar parte de la Junta de Gobierno en 1814. Al igual que José Miguel Carrera, se mofaba de la pacatería burguesa y de los títulos nobiliarios. En un análisis del papel

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de las clases sociales en la lucha contra el coloniaje español, manifestaba en carta a San Martín: Es muy despreciable el primer rango (la aristocracia). Yo solo trato por oír novedades. Mas la plebe es de obra y está por la libertad como muchos empleados y militares (…) La nobleza en Chile no es necesaria por el gran crédito que arrastran en este reino infeliz las cartas y las barrigas (…) Los artesanos –decía en otra carta– son la gente de mejor razón y de más esperanzas (…) La última plebe tiene cualidades muy convenientes. Pero anonadada por constitución de su rebajadísima educación y degradada por el sistema general que los agobia con una dependencia feudataria demasiado oprimente.50

Manuel Rodríguez no podía representar en aquella época una tendencia proletaria, pero su ligazón con el artesanado y el movimiento campesino lo fue convirtiendo no solo en el líder de la lucha por la independencia política, sino también en el defensor de las capas empobrecidas de la población. Su actividad fue descrita en los siguientes términos por Marcó del Pont, en un oficio dirigido al Virrey de Lima el 29 de enero de 1817: Manuel Rodríguez, joven corrompido, natural de esta ciudad, secretario e íntimo confidente de don José Miguel Carrera, con quien fugó al otro lado de los Andes, fue mandado el 24 de diciembre de 1815, con otros sus iguales para preparar el ánimo de los residentes. Rodríguez no perdió tiempo en el ejercicio de su misión, formó un complot con varios vecinos de los partidos del sur; los bosques de sus haciendas y sus casas mismas le albergaron, facilitándole cuantas proporciones podía apetecer para el logro de sus designios. Esta ciudad fue su mansión por mucho tiempo, aquí observó, y salvo, el número de tropas, sus progresos en la disciplina, y en suma, cuánta providencia tomaba el gobierno para su mayor seguridad. Aquí formó sus combinaciones con sus adictos, extendiendo, de acuerdo con ellos, una clave, por cuyo medio podían todos entenderse sin ser descubiertos aun en caso de ser sorprendida la correspondencia. El Gobierno, a costa de vencer mil dificultades, había llegado a tener noticias de la misión de Rodríguez, después de pasado mucho tiempo. No pudo lograr dar con su paradero para conseguir su aprehensión, por más que se doblaron todos los esfuerzos. Tal ha sido la protección que ha logrado de sus confidentes, pues la oferta del olvido eterno de cualquier delito y la de una gratificación de mil pesos, no fueron bastante, para que uno solo diese el menor aviso de su existencia.51

La zona central fue el principal campo de operaciones de las guerrillas. Melipilla, San Fernando y Curicó fueron sorpresivamente atacados por los montoneros. El ataque de Villota a Curicó fue rechazado porque otro grupo guerrillero, comandado por el clérigo Juan Félix Alvarado, que venía con indios y campesinos de la costa, no alcanzó a llegar 50

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Citado por Ricardo A. Latcham. Vida de Manuel Rodríguez, pp. 150, 152 y 193, Ed Nascimiento, Santiago, 1932. Citado por Alejandro Chelén Rojas. El guerrillero Manuel Rodríguez y su hermano Carlos, 2ª edic., pp. 71-72, Ed. PLA, Santiago, 1964.

el día convenido. La táctica era ocupar ciudades medianas y pueblos, requisar armas y dinero de los españoles y criollos colaboracionistas y luego retirarse. El objetivo de la guerra de guerrillas –distraer las fuerzas españolas para facilitar el ataque del Ejército Libertador de los Andes– fue cumplido con creces porque Marcó del Pont tuvo que descentralizar su ejército y enviar cerca de 1.500 hombres a la zona central para hacer frente a las guerrillas. “El arrojo de la guerrilla insurgente –decía Marcó del Pont el 5 de enero 1817– exige un resguardo y jefes de mayor actividad en los pueblos distantes”.52 La guerra de guerrillas se extendió rápidamente a otras zonas del país y surgieron numerosos jefes montoneros del seno del movimiento campesino. Neira incursionaba desde el Cachapoal al Maule. Salas, Ramírez y Silva atacaron San Fernando. Los guerrilleros Salinas, Traslaviña y Pedro Regalado Hernández actuaban entre Aconcagua y Quillota, hasta que fueron apresados y ahorcados en la Plaza de Armas de Santiago. Marcó del Pont comunicaba a Ordóñez en septiembre de 1816: “Se han acuadrillado gran número de facinerosos y conspiradores armados, abrigados en las cordilleras de Colchagua hasta Maule, de donde hacen sus incursiones y salteos con la mayor insolencia”.53 El 4 de febrero de 1817, el fray realista Domingo González escribía desde Chillán: “Los papeles seductores que han corrido son muchos. Por estos mundos también prosigue la expurgación de los patriotas. En donde todavía subsiste mucha de esta mala semilla es por los lados de Cauquenes y demás espacio hasta la costa”.54 Arrieros y huasos baqueanos, entre los cuales se destacaba el campesino Justo Estay, contribuyeron a la “guerra de zapa”, orientada por San Martín y Manuel Rodríguez, desinformando a los enemigos y transmitiendo informaciones sobre las fuerzas realistas a los guerrilleros y al Ejército Libertador de los Andes. En síntesis, la incorporación de los sectores populares a la lucha por la independencia, durante el período de la Reconquista española, fue un factor decisivo para la liberación política del país, hecho minimizado por aquellos historiadores que, con un criterio burgués de clase, pretenden ocultar el papel jugado por el artesanado, los guerrilleros y el movimiento campesino en las guerras de la Independencia.

El período de consolidación de la Independencia Política En esta etapa, caracterizada por el afianzamiento de la independencia política y la adopción de importantes medidas de organización nacional, O’Higgins cumplió un papel tan relevante como el que había desempeñado Carrera durante las primeras fases del proceso revolucionario. La polémica entre carrerinos y o’higginistas ha conducido a magnificar o rebajar el papel de los caudillos de la independencia, haciendo 52 53 54

Citado por Roberto Hernández. El roto chileno, p. 36, Valparaíso, 1929. Barros Arana, X, 231. Ibid., X, 472-473.

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abstracción del condicionamiento propio de cada período histórico concreto, como si los hombres pudieran actuar por encima de las clases sociales y de las condiciones objetivas de su tiempo. Para los o’higginistas, los hermanos Carrera son unos elementos desorbitados, ambiciosos y sedientos de poder. Para los carrerinos, O’Higgins es prototipo del dictador, promonárquico y extranjerizante. Nuestro método de análisis, consistente en caracterizar políticamente a los personajes en función de la posición que adoptan, como representantes de clases y sectores de clase frente al problema histórico esencial del momento, nos permite afirmar que desde 1811 hasta 1814 José Miguel Carrera se constituyó en la más alta expresión política de la izquierda burguesa, porque fue el encargado de acelerar el proceso revolucionario. O’Higgins, luego de superar la posición centrista que había adoptado desde 1810 hasta la Reconquista española, se convirtió hacia 1817 en un dirigente capaz de realizar la tarea fundamental de ese período: el afianzamiento de la independencia política de Chile. Los triunfos de Chacabuco y Maipú, junto con la Declaración de la Independencia el 12 de febrero de 1818 significaron el término del dominio español en Chile. Las primeras medidas del gobierno de O’Higgins tendieron al desarme de los contrarrevolucionarios, tanto por la vía de la expropiación directa de sus riquezas y del reemplazo de los funcionarios realistas que aún permanecían en el aparato estatal, como del combate contra los últimos restos del ejército español en la zona sur. Así como el régimen español había creado un tribunal de justicia para comprobar la fidelidad de los habitantes de Chile al rey, el Director Supremo instituyó otro similar para averiguar la conducta de los principales pobladores frente a los ideales revolucionarios. Los que no pudieran acreditar su patriotismo quedarían inhabilitados para el desempeño de cualquier empleo. Igualmente decretó el secuestro de todos los bienes de los realistas prófugos.55

O’Higgins asumió el poder inaugurando un gobierno de tipo “bonapartista”, es decir, un gobierno de clase que aspiraba a jugar un papel de árbitro entre sectores de la clase dominante, pretendiendo administrar el país en beneficio de los intereses generales de la burguesía criolla, sin comprometerse en la apariencia con ningún sector en particular. La fuerza del gobierno de O’Higgins no residía en la izquierda plebeya ni en la extrema derecha burguesa, sino principalmente en el Ejército, la Logia Lautarina y los comerciantes enriquecidos con el abastecimiento militar. Referente a estos comerciantes criollos, que lucraron con las guerras de la independencia, San Martín escribía en 1819: “Mañana debe decidir el Senado sobre el proyecto de Solar, Peña y Sarratea para habilitar y transportar 4.000 hombres para fines de diciembre; 55

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Jaime Eyzaguirre. O’Higgins, p. 180, Ed. Zig-Zag. Santiago, 1946.

piden sesenta pesos por soldado y setenta por caballo”.56 En este convenio, en el que participaba como principal financista el chileno Felipe del Solar, se establecía que el gobierno debía entregar a los empresarios los buques que tomara como presas y concederles en los países liberados por el Ejército de los Andes “la gracia de la liberación de derechos nacionales y municipales en la introducción de quinientas toneladas por recompensa de los servicios y fatigas que prestan para la expedición”.57 El carácter bonapartista del gobierno de O’Higgins se expresaba asimismo en los poderes autoritarios que se hizo otorgar por la Constitución de 1818. La concentración del poder en el Director Supremo reflejaba la concepción elitista de O’Higgins, cuyo alejamiento de los sectores populares se ahondó a raíz del asesinato de los Carrera y del aplastamiento del movimiento plebeyo dirigido por Manuel Rodríguez. Algunos historiadores han pretendido crear el infundio de un Manuel Rodríguez dedicado a sabotear las medidas de consolidación de la Independencia adoptadas por el gobierno de O’Higgins. En uno de sus últimos libros, Alejandro Chelén Rojas ha demostrado que las drásticas resoluciones tomadas por Manuel Rodríguez en la zona central nunca tuvieron como objetivo provocar conflictos al gobierno ni menos fomentar un poder paralelo, sino que obedecieron a instrucciones precisas de O,Higgins en contra de los reaccionarios. Chelén sostiene que “esta documentación casi desconocida y que ningún historiador ha analizado con imparcialidad ha sido publicada en el tomo VII del Archivo de don Bernardo O’Higgins. Revisándola minuciosamente, desmiente en forma categórica las afirmaciones antojadizas, parciales y equívocas formuladas por los historiadores” en contra de Manuel Rodríguez.58 La destitución de Rodríguez no se debió a los métodos empleados para aplicar medidas ordenadas por O’Higgins, sino a su posición para organizar el país. Rodríguez que creía sinceramente en la necesidad de que el pueblo participara en el gobierno a través de organismos generados por elecciones, había alzado su voz en la Sala Capitular y acompañó al Cabildo hasta el Palacio Directorial, donde volvió a sostener con energía sus puntos de vista. O’Higgins, que oyó sus discursos, no pudo tolerar por más tiempo las palabras del osado tribuno que fueron aplaudidas frenéticamente. Lo hizo detener y conducir preso al Cuartel San Pablo, cuyo lóbrego recinto ya tanto conocía. A los pocos días se le traslada a Quillota y es asesinado el 26 de mayo de 1818 en los alrededores de Tiltil.59

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Citado por Eduardo Astesano. San Martín y el origen del capitalismo argentino, p. 19, Ed. Coyoacán, Buenos Aires, 1961. Ibid., p. 20. Alejandro Chelén Rojas, op. cit., p. 75. Ibid., p. 119.

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Durante su gobierno, O’Higgins tuvo que enfrentar la tenaz oposición de los terratenientes. Es una superficialidad sostener que la “aristocracia” odiaba a O’Higgins por su condición de “huacho”. Este término peyorativo no fue utilizado en los primeros años de la revolución separatista, cuando O’Higgins era el dirigente del ala burguesa de centro, sino precisamente en el período en que O’Higgins adopta medidas que afectan algunos intereses de los terratenientes. Una de estas medidas fue imponer fuertes contribuciones a los agricultores y comerciantes para financiar la expedición del Ejército Libertador de los Andes. A tal efecto, en mayo de 1817, se estableció una contribución extraordinaria por un año que produjo 80.000 pesos. Durante el mismo año se decretó otra contribución obligatoria de 600.000 pesos, de los cuales se recogieron 330.000.Los criollos acomodados que habían colaborado con los españoles durante la Reconquista, debieron pagar 12.000 pesos cada uno: Francisco Ruiz Tagle (mayorazgo), José Toribio Larraín (marqués), José Nicolás de la Cerda (mayorazgo) y Manuel Calvo Encalada (marqués de Villapalma); otros tuvieron que pagar 10.000 pesos: Vicente García Huidobro (marqués de Casa Real), Joaquín Fermín de Aguirre (marqués de Montepío), Francisco y Valentín Valdivieso. Al resto le correspondió pagar entre 1.000 y 8.000 pesos. En 1818, se impuso otra contribución de 500.000 pesos, de los cuales hasta septiembre de 1820 se habían recaudado 377.000 pesos. Durante la recolección de estas contribuciones se descubrió que los propietarios más ricos habían entregado objetos de plata de mala ley, doblando algunas piezas para colocar en su interior hierro u otros materiales falsos que aumentaran su peso. En este período fueron expropiados los bienes del mayorazgo de Sierra Bella, la hacienda Bucalemu, que había sido comprada a los jesuitas por el mayorazgo Pedro Fernández Balmaceda, y se embargó el mayorazgo Toro y Zambrano porque Manuel, el hijo del Conde de la Conquista, había apoyado a los españoles; sin embargo, bajo la presión del Senado, el gobierno debió suspender esta medida. Al mismo tiempo, se expropiaron los bienes de numerosos realistas, entre los cuales cabe destacar a Pedro Nolasco Chopitea y Rafael Bertrand, ricos comerciantes españoles de Valparaíso. El gobernador de este puerto, Francisco Calderón, en 1818 intimó a los señores Chopitea y Bertrand que en el término de nueve horas entregasen ciento cincuenta mil pesos, con apercibimiento que no haciéndolo, dice fríamente la diligencia que asentó en su presencia el escribano Menares, serían pasados por las armas (…) El señor Bertrand entregó por de pronto y por vía de donativo, una talega de mil pesos y cincuenta onzas de oro, ofreciendo además sus estancias de San José y de otras comarcas de la costa con todos sus ganados, valorizado todo en docientos mil pesos. Chopitea fue todavía más pródigo en el rescate de su vida, si bien en realidad ésta nunca había estado en peligro más allá de la amenaza, e inmediatamente puso en manos del gobernador Calderón, mil pesos en plata, cincuenta onzas de oro sellado, libra y media de oro en polvo, $ 72.000 en documentos ejecutivos de la plaza de Santiago y $20.000 en

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mercaderías. Agregó aún el producto de una habilitación hecha a un mercader e industrial llamado Nicolás Lenis, que importaba $ 30.000: otra de igual género en Mendoza en $ 75.000; la mitad del valor de la fragata “Resolución”, valorizada en $ 50.000; $ 16.000 en deudas del Consulado y $ 160.000 que importaba el balance de su casa de comercio en Lima. Todos estos datos constan del archivo del escribano Menares.60

La burguesía criolla protesta contra el gobierno de O’Higgins porque las entradas del fisco no se utilizaban en beneficio de sus estrechos intereses particulares, sino en la mantención del Ejército Libertador de los Andes. En 1818, se gastaron más de un millón de pesos en el pago de sueldos a las Fuerzas Armadas. Se ha calculado que el costo total de la expedición libertadora al Perú fue de 4 millones de pesos. El 26 de febrero de 1819, se exigió a los terratenientes de Santiago una donación de 600 caballos para el Ejército y el 12 de marzo unos 3.000 caballos más a los terratenientes de los partidos situados entre Rancagua y Talca. En marzo de 1820, los dueños de fundos de Santiago debieron contribuir con 400 caballos cada uno. Estas contribuciones forzosas determinaron frecuentes críticas de los terratenientes que miraban la gestión de San Martín y O’Higgins con las anteojeras de sus mezquinos negocios, menospreciando la empresa que culminaría con la liberación política de Hispanoamérica. La burguesía criolla presionaba a las autoridades para que apresuraran la partida al Perú del Ejército Libertador de los Andes. En tal sentido, Miguel Zañartu escribía al ministro Echeverría el 4 de abril de 1820: “Echen ustedes, por Dios, el ejército fuera, para que viva a costa de otro país (…) ¿Cómo el pobre Chile sostendrá ejército y escuadra?”.61 El 22 de diciembre de 1819, el Senado, controlado por los terratenientes, tomaba el acuerdo de que el Ejército de los Andes “ejecutara la expedición teniendo presente que, si debemos sostener la escuadra conservando el Ejército para una guerra puramente pasiva, el país se consume y se agotan los recursos”.62 La respuesta que dio el Senado chileno, por intermedio de José María Rozas, a una petición de ayuda formulada por San Martín desde el Perú, reflejaba las protestas de la burguesía criolla por los gastos ocasionados por el Ejército de los Andes: La pesada deuda que contrajo este erario para costear la expedición libertadora, no solo ha anulado la hacienda pública sino las mismas fuentes de las riquezas, porque, sacado de la circulación el metálico que prestaron los capitalistas y lo que en especies contribuyeron ganaderos y hacendados, han paralizado aquéllos sus giros y arruinado éstos sus fundos y labores; de suerte que en todas las clases del estado se siente la miseria y el desaliento”.63 60 61 62 63

Roberto Hernández. Valparaíso en 1827, pp. 86-87. Imp. Victoria, Valparaíso, 1927. Encina, VIII, 98. Ibid., VIII, 99. Ibid., VIII, 329.

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El mismo José María Rozas, en un altercado con Monteagudo, señaló que “el gobierno de Buenos Aires no había gastado en la expedición de 1817 ni la cuarta parte de lo que Chile en la de 1820; que en abono de esta deuda y como muestra de gratitud, le había otorgado franquicias comerciales, que el gobierno de Cuyo había reconocido en numerosos documentos”.64 Como puede apreciarse, la lucha de la burguesía criolla por la libertad de otros países hermanos no era entusiasta ni desinteresada. La burguesía argentina, por su parte, reclamaba a la chilena el pago de los gastos de la expediciones de 1817, y ésta a su vez exigía a la del Perú el reembolso de los gastos del Ejército Libertador. El gobierno de O’Higgins compensó a los comerciantes argentinos mediante un decreto del 3 de octubre de 1820, por el cual “todos los productos de Cuyo quedaron libres de derecho”. Los terratenientes chilenos presionaban al gobierno de O’Higgins para que acelerara la partida del Ejército Libertador de los Andes al Perú no solo para liberarse de las cargas que acarreaba su mantención, sino también con la esperanza de recuperar el mercado peruano en caso de triunfo. Se convencieron de que solo la expulsión de los españoles reabriría las puertas al trigo chileno, cuya importación había sido suspendida por el Virrey Abascal. La burguesía chilena criticaba a O’Higgins porque su gobierno era orientado por la Logia Lautarina, institución en que predominaba la alta oficialidad argentina. La Logia era un cuerpo extraño a la burguesía chilena, un organismo que escapaba a su control. Los Estatutos de la Logia Lautarina, fundada por San Martín y O’Higgins para coordinar y acelerar la independencia hispanoamericana, fueron encontrados por Vicuña Mackenna en el archivo de O’Higgins. Algunos de sus artículos establecían: Art. 9: Siempre que alguno de los hermanos sea elegido para el supremo gobierno no podrá deliberar cosa alguna de grave importancia sin haber consultado el parecer a la Logia. Art. 11: No podrá dar empleo alguno principal y de influjo en el estado, ni en la capital, ni fuera de ella, sin acuerdo de la Logia. Art. 15: Todo hermano deberá sostener, a riesgo de la vida las determinaciones de la Logia. Art. 23: Cuando el supremo gobierno estuviese a cargo de algún hermano, no podrá disponer de la fortuna, honra, vida, ni separación de la capital de hermano alguno sin acuerdo de la Logia. Todo hermano que revele el secreto de la existencia de la Logia ya sea por palabras o por señales, será reo de muerte.

La falta de control de la burguesía chilena sobre el gobierno de O’Higgins, ligado más estrechamente a los objetivos hispanoamericanistas de la Logia Lautarina que a los intereses localistas de los terratenientes, acrecentaron los roces entre el gobierno y el Senado durante los últimos dos años de la administración O’Higgins.

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Ibid., VIII, 330.

Estos roces se habían originado no solo por las contribuciones forzosas impuestas por el Director Supremo a los terratenientes y comerciantes, sino también por la supresión de los títulos de nobleza y los escudos de armas y, fundamentalmente, por su tentativa de abolición de los mayorazgos el 5 de junio de 1818. Esta medida fue resistida por los terratenientes, quienes, por intermedio del Senado, cuestionaron su aplicación. El 7 de junio de 1819 “el Senado acordó pasar los antecedentes a la Cámara de Justicia o Tribunal de Apelaciones para que éste resolviera si convenía o no llevar a efecto la abolición de los mayorazgos decretada por el Director Supremo el año anterior”.65 Este Tribunal soslayó el problema al prohibir la fundación de nuevos mayorazgos, sin pronunciarse sobre la aplicación inmediata de la medida de abolición. El 17 de diciembre de 1819, el Senado aplazó indefinidamente una decisión al respecto y los mayorazgos pudieron subsistir hasta 1852, a pesar de los intentos de 1823 y 1828 por suprimirlos. O’Higgins también tuvo la oposición de la Iglesia al ordenar la construcción del Cementerio de Santiago el 26 de agosto de 1819, con el propósito de terminar con la costumbre de sepultar los cadáveres en las iglesias y sobre todo, al autorizar a los protestantes para adquirir terrenos en Santiago y Valparaíso destinados a la construcción de cementerios. El número de residentes de religión protestante en Chile había aumentado como consecuencia del desarrollo comercial a partir de 1817. El valor de las exportaciones británicas a Chile durante 1820, 1821 y 1822 fue de 126.383, 362.771 y 443.580 libras esterlinas, respectivamente, en contraste con el promedio anual de 15.000 libras esterlinas de años anteriores. Antes de 1810, entraban anualmente a Valparaíso unos 20 barcos; en 1818, entraron 67 y en 1819 más de 120, de los cuales 83 eran mercantes y 17 balleneros. Sin embargo, este auge comercial, alentado por la política económica librecambista de O’Higgins, no correspondía a un aumento real de la producción chilena. La agricultura recién comenzaba a superar el período de crisis de la guerra contra los españoles e iba a demorar varios años en recuperar su anterior volumen de exportación. La industria artesanal había experimentado un cierto desarrollo a raíz de los pedidos del gobierno para abastecer al ejército en las guerras de la Independencia. Aparejos, monturas, mochilas, riendas, arneses, mantas y uniformes dieron un relativo impulso a la industria textil y del cuero. La fabricación de cañones, fusiles, bayonetas y municiones permitió el surgimiento de una industria metalúrgica de guerra. Fray Luis Beltrán, carrerino desde 1813, fue el principal inspirador de las maestranzas del Ejército Libertador de los Andes. Esta industria artesanal criolla, producto de las necesidades coyunturales de la guerra, pudo haber sido el inicio de nuestra industria nacional, pero rápidamente entró en crisis porque los gobiernos de la burguesía criolla, interesados exclusivamente en la exportación de los productos agropecuarios y mineros 65

Barros Arana, XII, 416, edición de 1892.

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y en el aumento de los ingresos aduaneros, permitieron la entrada indiscriminada de manufactura extranjera. Durante este período, una vez más, los productos mineros salvaron al país de la crisis. La minería financió las guerras de la Independencia. El oro, la plata y el cobre fueron la base económica de los gobiernos surgidos de la revolución de 1810. José Miguel Carrera pudo comprar armas a los comerciantes norteamericanos en 1815 porque tenía como respaldo la producción minera. En el proyecto que Carrera presentó al gobierno argentino el 8 de mayo de 1815 para expulsar a los españoles de Chile, recomendaba invadir por Coquimbo porque la expedición podría costearse con la riqueza minera del Huasco. La mina de plata Agua Amarga financió parte de la expedición al Perú. El minero José Antonio de Zavala contribuyó a costear los gastos del Ejército Libertador de los Andes, así como más tarde Lambert, fundidor de cobre, iba a colaborar con la expedición de Freire a Chiloé para terminar con el último reducto español en Chile. El hecho de que las guerras de la independencia hayan sido financiadas por la minería nacional reafirma nuestra caracterización de Chile como país esencialmente minero. En sus críticas al gobierno de O’Higgins, los terratenientes eligieron como blanco al ministro Rodríguez Aldea, a quien se atribuía la inspiración de las medidas financieras y se acusaba de proteger los negociados de Antonio Arcos y de los nuevos magnates enriquecidos con la guerra en su calidad de contratistas y proveedores del Ejército. Si bien es cierto que algunas de estas críticas tenían cierto fundamento, su virulencia era el reflejo de la ira de los terratenientes afectados por la proposición del ministro Rodríguez Aldea relacionada con el traslado de la Aduana. La Aduana principal de Chile no estaba en un puerto sino en Santiago, ciudad interior a más de tres días de viaje de la costa en aquella época. Podría suponerse que la Aduana estuviera en Valparaíso y que en el mismo puerto se aplicase el aforo, es decir, el control de las mercaderías para el pago de los derechos de internación. Pero no era así. Los terratenientes santiaguinos, desde la época colonial, lograron que el aforo se hiciera en Santiago, por lo cual las mercaderías que llegaban a Valparaíso debían ser transportadas a la Capital. En Valparaíso solo existía una pequeña oficina aduanera que se limitaba a registrar los bultos entrados para controlar al menos el monto del contrabando que se hacía en el traslado de las mercaderías entre el puerto y Santiago. Los sucesivos gobiernos surgidos de la Revolución de 1810 mantuvieron este criterio antieconómico para la nación, aunque favorable para los intereses particulares de la burguesía santiaguina. Hasta 1820, la Aduana de Chile estuvo en Santiago. En septiembre de ese año, Luis de la Cruz, gobernador de Valparaíso, solicitó al gobierno el traslado de la Aduana al primer puerto de Chile. La burguesía se opuso, aduciendo que los negocios de Santiago dejarían de percibir alrededor de quinientos mil pesos que los comerciantes extranjeros

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gastaban en hoteles, alquileres de casas, artículos de lujo, etc., lamentando, asimismo, que en caso de traslado de la Aduana, las niñas casaderas de Santiago perderían la oportunidad de relacionarse con jóvenes europeos, amoríos que a veces terminaban en matrimonios en los que no estaba ausente la conveniencia económica. En una nota dirigida al gobierno, la burguesía santiaguina fundamentaba su oposición al traslado de la Aduana en los siguientes términos: ¿Qué diremos de las considerables cantidades que éstos (los extranjeros) gastan en la capital, ya con el subido precio de las casas y sirvientes, ya con el lujo, ostenta y placeres? Muy diminuto nos parece el cómputo de ciento cincuenta mil pesos que por esta razón gastarán anualmente. A esto se agrega que proporcionándoles esta metrópoli mejores objetos que Valparaíso, muchos de los que han hecho capitales se enlazan con matrimonios y quedan en el país gruesas sumas (…) Todo esto, considerado bajo el aspecto de una aritmética política, no deja de producir en la época presente cerca de medio millón de pesos.66

El gobierno de O’Higgins resolvió impulsar el traslado de la Aduana a Valparaíso. Pero aquella medida tan indiscutiblemente útil y razonable, iba a hallar en la rutina y en las preocupaciones creadas por ella, una resistencia formidable. El Senado rechazó en sesión de 2 de octubre la reforma que se le proponía (…). El Director Supremo, por su parte, insistió el 7 de octubre en el proyecto de trasladar la aduana principal a Valparaíso (…) El Tribunal del Consulado del 16 de octubre se pronunció en contra, argumentando, entre otras cosas, “que perjudicarían considerablemente a los carreteros que hacían la conducción de las mercaderías y que percibían regularmente mil pesos por el cargamento de cada buque; los extranjeros dejarían de pagar agentes y Santiago perdería lo que los extranjeros gastaban en alquileres de casa, en sirvientes y en lujo.67

Ante la insistencia de O’Higgins, el Senado se vio obligado a buscar una fórmula de transacción que consistía en unificar las aduanas de Valparaíso y Santiago. Sin embargo, las cuentas de la Aduana siguieron centralizándose en Santiago hasta 1831, a pesar de que la aduana de Valparaíso en septiembre de 1820 fue elevada al mismo rango principal que la de Santiago. Las causas de la caída de O’Higgins no fueron, como afirmaban los historiadores liberales del siglo XIX, el producto de una lucha entre el despotismo del mandatario y el deseo de libertad de la oposición; ni tampoco el resultado, como sostiene Encina, del choque entre el temperamento irlandés de O’Higgins y la manera de ser de la aristocracia castellano-vasca, sino la culminación de un proceso social en el que se combinaron las críticas de los terratenientes, afectados por las medidas del gobierno, 66 67

Sesiones de los Cuerpos Legislativos, III, p. 304. Barros Arana. XII, Cap. XV, ediciones de 1892. Ver la discusión del proyecto sobre la Aduana en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Tomo III, p. 303, 427 y sigs.

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el descontento de los carrerinos y la protesta de las provincias por el centralismo de la capital. Las contribuciones forzosas, la liquidación de los títulos de nobleza, el intento de abolir los mayorazgos y el traslado de la Aduana de Santiago a Valparaíso generaron un fuerte movimiento de oposición de los terratenientes y de la Iglesia Católica. Por otra parte y por intereses distintos a los que defendían los latifundistas, los carrerinos, que jamás olvidaron los asesinatos de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez, se sumaron al híbrido frente de oposición al gobierno. Sin embargo, el descontento de las provincias por el excesivo centralismo de la Capital fue, a nuestro juicio, el factor decisivo en la caída de O’Higgins, inaugurando un nuevo período en la historia de Chile, conocido con el nombre de “anarquía” y que nosotros preferimos denominar “la rebelión de las provincias”.

La guerra a muerte La “guerra a muerte” constituyó uno de los últimos intentos de resistencia realizados por los españoles en Chile. Esta guerra, caracterizada por feroces represalias y fusilamientos en masa de prisioneros, se desarrolló desde 1818 hasta 1824 en la zona sur. Su larga duración puede ser explicada no solo por la aplicación de la táctica de guerrillas, sino también por el apoyo masivo que recibieron los restos del ejército español de numerosas tribus indígenas y de vastos sectores de la población de la zona de Chillán, Concepción y La Frontera. Vicente Benavides, chileno que había desertado del Ejército criollo, surgió como principal caudillo de la resistencia, jugando un papel contrarrevolucionario al aliarse con los jefes realistas, el cura Antonio Ferrebú y el comerciante español Juan Manuel Pico. Nombrado por el Virrey del Perú, Joaquín Pezuela, como Teniente Coronel graduado en infantería con sueldo de Comandante de Batallón, Benavides obtuvo al comienzo algunos triunfos relevantes porque logró el apoyo de importantes tribus mapuche, para quienes la independencia política de Chile no tenía ninguna significación en la medida que no estuviera ligada con la reconquista de sus tierras y con la garantía de que se les respetarían sus derechos a la autodeterminación. Los gobiernos de la República no dieron en este sentido pasos significativos para asegurarse el apoyo de los indígenas. El Parlamento realizado por la Junta de Concepción con los mapuche el 24 de octubre de 1811, al cual acudieron 13 caciques y 400 mocetones, solo tuvo por objeto informar acerca del cambio de gobierno. El Reglamento dictado por la Junta de 1813, aunque impregnado de una fraseología paternalista, planteó el remate público de las tierras de los “pueblos de indios” de la zona central. Conspicuos personajes criollos, como el conde de Quinta Alegre, trataron de desalojar a los indios de Melipilla, hecho que provocó el levantamiento del cacique Andrés Tello.

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Los indios “en su desesperación, llegaron hasta incendiar cuatro de los ranchos que les había construido en Llopen don Juan Agustín de Alcalde; y cuando el subdelegado de Melipilla se dirigió en persona a notificarles le contestaron, atrincherados todos, que perderían la vida antes que abandonar su pueblo. Después de estos actos de violencia, la Junta de Gobierno con fecha 20 de septiembre de 1813, autorizó el empleo de la fuerza militar para obligarlos a obedecer”.68 Tomás Guevara señala que los iniciadores de la revolución chilena cometieron un grave error descuidando desde el principio la propaganda entre los araucanos, el trato amistoso y cordial con ellos y, sobre todo, dejando armada a sus espaldas una poderosa máquina de guerra que pertenecía a los realistas (…) Todo este cuerpo de empleados [capitanes de amigos y lenguaraces] se manifestaba profundamente adicto al rey. Suspendidos los sueldos de muchos por las necesidades del nuevo orden de cosas y el descuido de los servicios de la frontera, creían y propalaban que el antiguo gobierno español disponía de mayores recursos y cumplía mejor sus compromisos (…) Entre los agentes realistas, ejercían un influjo directo y decisivo en la opinión del indio los capitanes de amigos y los lenguaraces.69

Los curas, especialmente los franciscanos de Chillán, recorrían “las reducciones cercanas a las plazas militares e incitaban a los caciques a prestar su concurso a la causa del rey. Para decidirlos a obrar con entereza, les presentaban un cuadro de ventura para el porvenir, de comercio amplio, de respeto a sus costumbres y sus tierras, de apoyo armado contra las agrupaciones enemigas y subvenciones del tesoro real”.70 Una de las primeras medidas adoptadas por los españoles cuando iniciaron la Reconquista fue lograr el apoyo de los indígenas. En 1813, el general Sánchez hizo un parlamento con 320 caciques y mocetones en el que “quedó convenido que, cuando fuere necesario, prestarían su cooperación armada y que dejarían traficar sin dificultad por sus tierras a la gente de rey, la cual dispondría para ello de pasaportes”.71 Durante el período de la Reconquista, Osorio y Marcó del Pont reforzaron los acuerdos con numerosos caciques mapuche. En 1817, O’Higgins trató de reorganizar la administración de la zona de La Frontera nombrando al brigadier Andrés Alcázar como uno de los principales “capitanes de amigos” por sus reconocidas conexiones con algunos caciques. Sin embargo, Alcázar no obtuvo éxito en su gestión, porque el gobierno de la burguesía criolla carecía de una política que garantizara lealmente los derechos históricos de los indígenas.

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Domingo Amunátegui S. Mayorazgos y Títulos de Castilla, Tomo III, pp. 304-305, Santiago, 1901. Tomás Guevara. Los Araucanos en la revolución de la Independencia, pp. 23 y 25, Santiago, 1910. Ibid., p. 26. Ibid., p. 35.

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Numerosas tribus apoyaron a Benavides no solo por la promesa de que se les respetarían sus tierras, sino también por la posibilidad de obtener armas y botín de guerra, especialmente ganado. En esta lucha, en que la mayoría de los caciques apoyaron circunstancialmente a los españoles, los mapuche combatieron por sus propias reivindicaciones que iban más allá de la adhesión a la “causa del Rey”. Benavides logró el apoyo de los indios “costinos”, dirigidos por Catrileo, de los caciques Curiqueo de Boroa, Leucapí de Arauco, Francisco Mariluán, de la zona de Malleco, José Colvún de Renaico y Juan Mañil-Huenu, jefe de los “arribanos”, que dominaban los contrafuertes andinos desde Cautín hasta Valdivia. Los pehuenches, dirigidos por Martín Toriano, Chuica y Neculmán, también apoyaron a los realistas, coordinando sus acciones con Vicente Bocardo y Santa María, hacendado de Rere. En una de sus primeras proclamas, Benavides manifestaba en febrero de 1819, en relación a las fuerzas que lo apoyaban: “Tenéis a los pehuenches, huiliches, pulchanes, chacaicos, angolinos y araucanos, que en número de más de diez mil y en combinación conmigo y las tropas de mi mando os convidan por mi conducto a vindicar nuestro honor deprimido y vulnerado, y los ultrajes que habéis recibido en vuestras haciendas y familias”.72 El gobierno de O’Higgins solo conquistó el apoyo de algunos caciques, entre los cuales se destacaban Juan Colipí y Venancio Coñuepán, quienes entraron en muy contadas ocasiones en combate con los españoles. “Aunque Colipí no tomaba parte personalmente en las campañas contra los indios y guerrilleros realistas, servía en el carácter de agente activo para ganarse a las reducciones vecinas”.73 El apoyo de la mayoría de los indígenas a Benavides explica la fuerte base de sustentación social que tuvo la guerrilla contra el gobierno republicano. Este apoyo permitió a los realistas mantener durante un lustro el dominio de la región comprendida entre Concepción, Arauco y Los Ángeles. La participación masiva de los mapuche y la forma de lucha guerrillera podría inducir a ciertos investigadores a otorgarle un carácter “progresivo” a la “guerra a muerte”. Esta apreciación queda desmentida porque esa guerra fue promovida por el Virreynato del Perú, último baluarte de la monarquía española en América, respaldada y financiada en Chile por los terratenientes y comerciantes hispanófilos y, fundamentalmente, por la Iglesia, que se oponía a escala continental a la independencia de Hispanoamérica. En rigor, la “guerra a muerte” cumplió un papel objetivamente contrarrevolucionario. La jerarquía eclesiástica de la zona sur se constituyó en la vanguardia de la contrarrevolución; sus principales exponentes fueron los curas Juan Antonio Ferrebú, 72

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Documento citado por Edmundo Vega Miquel. Que vienen los montoneros, p. 56, Ed. Orbe, Santiago, 1966. Tomás Guevara, op. cit., p. 194.

de Rere; Ángel Gatica, de Chillán; Juan de Dios Bulnes, de Arauco; Pedro Curriel, de Cauquenes; José Luis Brañas, de Yumbel y otros. La Iglesia alentó en 1818 la fuga de las Monjas Trinitarias de Concepción, que habían creado un Banco Hipotecario que otorgaba créditos a los agricultores y cuyo papel financiero en la zona parece haber sido tan importante que “no hay familia de las conocidas y antiguas de Concepción, que no haya sido deudora de las Trinitarias”.74 En su viaje hacia la zona del río Lebu, las monjas perdieron sus alhajas, archivos, escrituras y toda la documentación referente al Banco. Los eclesiásticos –dice Alejandro Méndez– que en gran número se habían incorporado a las bandas, prestaban a la insurrección una colaboración muy eficaz, ya sea sirviendo de consejeros o secretarios a sus jefes, ya desarrollando una apasionada propaganda, destinada a mostrar a los patriotas como elementos crueles, vengativos, enemigos de Dios y dominados por los oficiales extranjeros que militaban en sus filas –O’Carrol, Beauchef, Viel, etc.–, a quienes tildaban de ateos o de herejes. En el afán de exacerbar las pasiones, aquellos eclesiásticos no descuidaron por cierto el profetizar, ante agricultores o comerciantes modestos que aún tenían algo que perder, que con el triunfo del gobierno chileno volverían las exacciones y atropellos realizados por las tropas de don José Miguel Carrera durante las campañas de la Patria Vieja.75 Esta actitud de la mayoría de los curas obedecía a la política general adoptada por el Papado frente a la Independencia política hispanoamericana. La Iglesia fue la vanguardia de la contrarrevolución. Desde el canónigo José Santiago Rodríguez Zorrilla en 1810 hasta José Ignacio Cienfuegos en 1817, la jerarquía eclesiástica chilena mantuvo una posición intransigente en defensa de los intereses de la monarquía española. El Papa León XII expidió el 24 de septiembre de 1824 una encíclica condenando la revolución por la independencia y exhortando a los obispos de nuestro continente a mantener fidelidad a su “muy amado hijo Fernando, rey católico de España”.76 La Iglesia de las colonias hispanoamericanas “puso –dice Barros Arana– más obstáculos al triunfo de la revolución que todo el poder de Fernando VII”.77 Los hacendados que se plegaron a la causa realista no solo proporcionaron dinero, armas y caballos, sino que obligaron a los inquilinos chilenos a pelear contra la independencia del país. Los latifundistas hispanófilos más destacados fueron Antonio Bocardo y Santa María, Gervasio Alarcón, Clemente Lantaño, Pablo San Martín, Camilo Lermanda y los hermanos Seguel. A estos terratenientes, que tenían sus posesiones en 74 75 76

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Reinaldo Muñoz Olave. Las Monjas Trinitarias de Concepción, p. 271, Stgo. 1926. Alejandro Méndez G. La Guerra a Muerte, p. 31, Ed. Nascimento, Santiago, 1964. Miguel Luis Amunátegui. “Encíclicas de los Papas Pío VII y León XII contra la Independencia de la América Española”, en La Iglesia frente a la Emancipación Americana, p. 19, Ed. Austral, Santiago, 1960. Diego Barros Arana. La acción del clero en la Revolución de la Independencia Americana, en Ibid., p. 108.

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la zona comprendida entre Chillán y Concepción, se sumaron comerciantes influyentes, como Vicente Elizondo. Los terratenientes y la Iglesia promovieron la migración masiva de los habitantes de las ciudades dominadas por el gobierno republicano. Según Vicuña Mackenna, seis mil personas se fueron de Concepción en 1818 acompañando el Ejército español de Sánchez en su retirada al sur. Hechos similares se produjeron en Yumbel, Los Ángeles y otras plazas. “Millares de familias atravesaron el río fronterizo y fueron a estacionarse, ya en Quilapalo, bajo la protección de Bocardo y Elizondo, que allí establecieron su cuartel general; ya en el estero boscoso de Pile con el lenguaraz Rafa-Burgos, que los protegía de los indios con su influencia; ya en el río Bureo amparados por la alianza de Mariluán (…) esa población nómade pero aguerrida, apasionada, tenaz, subyugada varias veces con el nombre de “emigrados” y cuyo número, por un cálculo prudente, no bajaría de diez mil del otro lado del Bío-Bío y sus afluentes. Solo en Quilapalo, asegura el historiador Gay, se asilaron entre Quilaco y Huinquen no menos de setecientas familias; allí, poco más tarde, fueron entregadas por capitulación en 1822 no menos de cuatro mil personas”.78 Con el fin de lograr el regreso de una parte de los emigrados, O’Higgins emitió un Bando el 8 de febrero de 1819, en el cual se manifestaba que “no se confiscará ni secuestrará propiedad alguna de habitantes de Concepción que se hayan retirado involuntariamente con el enemigo y existan bajo su dominio interíno conste de un modo legal que han tomado las armas contra la causa de la patria”.79 Benavides logró centralizar bajo su mando las guerrillas que habían surgido en 1817 en diversas regiones que actuaban sin ninguna coordinación, como la de José María Zapata, capataz de arrieros de la hacienda de “Cucha-Cucha”, del coronel realista Luis de Urrejola, próxima a Chillán. Hacia 1820, contaba con cerca de 2.000 soldados y varios miles de indios, que utilizaban como táctica militar la guerra móvil combinada con la guerra de guerrillas. Eran guerrillas montadas, de gran movilidad, que aprovecharon las experiencias de lucha adquiridas por los mapuche durante los siglos de la colonia. El objetivo principal de las fuerzas de Benavides no consistía en pasar a la ofensiva estratégica, sino en distraer y desconcentrar a las tropas del Ejército Libertador, ya dispuestas a marchar a la conquista del Virreynato del Perú. Esta orientación fue revelada por el Virrey Pezuela, quien en carta del 9 de julio de 1819, dirigida a la monarquía española, señalaba que había dado las siguientes instrucciones al coronel Juan Francisco Sánchez, que se mantenía en el sur de Chile: Como mis miras de mantener la guerra en la provincia de Concepción tenía entre otros objetos el interesante de entretener a los enemigos de sus empresas hostiles sobre estas 78

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Benjamín Vicuña Mackenna. La Guerra a Muerte, Obras Completas, Vol. XV, pp. 180-181, Ed. Universitaria de Chile, Stgo. 1940. Ibid., pp. 181-182.

costas [del Perú], y por otra como no me podía convencer de que tres mil hombres fuesen suficientes a arrojar a nuestras tropas de fuertes posiciones, máxime si se adoptaba la guerra de detalle que tenía prevenido se hiciese como más a propósito para alargarla, evitando golpes decisivos, desaprobé la anunciada retirada y despaché un buque con órdenes terminantes al comandante general Sánchez para que a costa de los mayores sacrificios se mantuviese en las fronteras de Arauco (…) Yo me prometo las mayores ventajas de esta clase de guerra que aun sin decidir la suerte de la provincia de Concepción obligará a los enemigos a mantener fuertes guarniciones y entretendrá de algún modo la opinión pública en Chile.80

La guerra móvil combinada con la guerrilla permitió a Benavides desplazar importantes contingentes que se concentraban en un punto para atacar a fuerzas inferiores en número y luego se dispersaban hacia otras regiones desguarnecidas. De este modo, Juan Manuel Pico, al mando de 1.700 soldados y centenares de indígenas, derrotó a los comandantes del ejército chileno Viel y O’Carrol en Pangal el 23 de septiembre de 1820 y en Tarpellanca, cerca del río Laja, el 26 del mismo mes, procediendo al fusilamiento en masa de los prisioneros criollos. Paralelamente, operaban los pehuenches y la guerrilla de los Pincheira, quienes ese año llegaron a ocupar Chillán y San Carlos. Las fuerzas chilenas al mando de Freire no pasaban de 1.000 hombres, distribuidos entre Concepción, Chillán, Los Ángeles, Santa Juana y Yumbel. Mal pagados y peor vestidos, no trepidaban en desertar. El gobierno, para tratar de asegurarse el apoyo de algunos indígenas, les asignó un sueldo, medida que se desprende de una carta enviada por el general Freire a O’Higgins el 18 de mayo de 1819: Hoy pienso llamar al cacique Venancio, y luego que llegue, encargarle el mando de esta plaza (Santa Juana) y dejarle algunos pocos soldados y que de sus mocetones ponga cincuenta y que se les pagará lo mismo que a nuestros soldados. Este es el único modo de ver si puedo comprometer a estos hombres y ver si puedo sostener este punto, pues si dejo algún otro al instante se levantan.81

Para contrarrestar la táctica militar de Benavides, el gobierno de O’Higgins resolvió combinar las acciones del ejército regular con “guerrillas volantes”. En un documento del mayor Gaspar Ruiz, enviado al Director Supremo el 13 de julio de 1819, se manifestaba: Régimen que observarán los comandantes de Guerrillas: El objeto es hostilizar al enemigo y especialmente paralizarle sus marchas. Jamás el guerrillero comprometerá acción; pero continuamente se presentará al enemigo a distancia de una legua o más, donde no pueda ser reconocido, formando polvaredas, despliegues y otros movimientos que llamen la atención y contribuyan a parar su marcha. Todo soldado o sirviente del enemigo que se 80 81

Ibid., pp. 30-31. Ibid., p. 41.

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halle disperso será fusilado, aunque convendrá hacer algunos prisioneros para tomar noticias (…) Los soldados de guerrillas serán altamente halagados por el comandante, les proporcionará todo socorro de caballos, víveres y cuanto necesitan, sacándolo de donde lo haya. El gobierno por su parte les ofrece todo lo que se quite al enemigo, los terrenos y toda propiedad correspondiente a godos, sin distinción (…) Los comandantes de guerrillas pueden obrar de acuerdo o separadamente y darán de todo parte al gobierno. Jamás se presentarán al enemigo sin dejar acordado el punto de reunión para juntarse en caso de ser dispersados.82

Este documento muestra que el gobierno de O’Higgins no solo trataba de emular la táctica guerrillera de los enemigos sino también las represalias feroces del “siniestro” Benavides, tentando a los soldados criollos con un suculento botín de guerra. Envalentonado con los triunfos de Pangal y Tarpellanca, y en conocimiento de las debilidades del Ejército de Freire, Benavides se lanzó al asalto de Concepción, logrando mantenerse en esta ciudad desde el 2 de octubre hasta el 25 de noviembre de 1820. Se autoproclamó Intendente de Concepción, adoptando medidas administrativas, imponiendo contribuciones e incautando propiedades. Designó una comisión de “secuestros”, integrada por su cuñado Pedro Ferrer, Rodríguez y Vázquez, cuya misión era confiscar los bienes de los patriotas fugitivos, sobre todo trigo y ganado. Al mismo tiempo, trataba de neutralizar a otros sectores de la población penquista, mediante el Bando emitido el 12 de octubre: Por cuanto habiendo llegado a mi noticia los muchos y detestables desórdenes que se cometen tanto en esta ciudad como en los demás partidos de la provincia, con motivo y a pretexto de comisiones fingidas y vejámenes que han experimentado algunos habitantes por individuos sin autoridad legítima ni facultades para ello (…) mando que se observen inviolablemente los artículos siguientes: 1) Que cualquiera persona que insultara de palabra o de obra a los que hayan estado bajo el gobierno de los enemigos, aun cuando éstos les hayan prestado los mayores servicios o hubiesen seguido el sistema revolucionario, serán castigados con graves penas que les impondré a mi arbitrio para su escarmiento, pues todos aquellos que se hayan presentado a las autoridades legítimas, sean de cualquiera opinión, se conceptúan indultados en virtud del bando que últimamente he mandado publicar. 2) Del mismo modo prohíbo que ningún individuo pueda entrar en hacienda ni casa alguna de campo a menos que no lleve expresa orden mía (…) que cualquiera comisionado que comparezca sin él en alguna de las expresadas casas o haciendas a exigir prorratas de cualquier clase, embargos, etc., será inmediatamente preso por los dueños o encargados de las haciendas y conducidos bien asegurados ante el gobernador de la provincia, con obligación de ser auxiliados por los jueces a fin de contener y poner término a las exacciones y robos que se hacen y castigar a los inicuos agresores.83 82 83

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Ibid., pp. 97-98. Ibid., Apéndice Nº 7, pp. 541-542.

Este Bando, que para la mayoría de los historiadores tan solo expresa la hipocresía del traidor Benavides, tuvo, a nuestro juicio, la intención de ganar algunas capas de la población, garantizando la propiedad privada en una zona reconquistada para el Rey de España. Benavides, como Intendente de la provincia de Concepción, pretendía imponer un “orden” que protegiera la propiedad privada porque ni él, ni Pico ni Ferrebú, eran rebeldes sociales, sino soldados al servicio de la monarquía española. Vicuña Mackenna señala que después de la toma de Concepción y Chillán, las fuerzas de Benavides cometieron el error de no avanzar hacia Santiago. Nosotros opinamos que este objetivo –que hubiera demostrado la intención de pasar a la ofensiva estratégica– no formaba parte de los planes militares de Benavides. El virrey Pezuela del Perú solo había ordenado iniciar una guerra de guerrillas tendiente a distraer a las fuerzas chilenas en la zona sur, para evitar la concentración de tropas del Ejército Libertador que se disponía a marchar sobre el Virreynato del Perú. Por otra parte, las fuerzas de Benavides no eran capaces de triunfar en una guerra de posiciones ni estaban preparadas para una guerra de tipo regular o convencional. Cuando Benavides intentó enfrentar a Freire, fue fácilmente derrotado en las vegas de Talcahuano el 25 de noviembre de 1820 y se vio obligado a abandonar Concepción. Benavides logró reorganizar parte de sus tropas, estableciendo su cuartel general en Arauco, en las cuevas de Lebu. En febrero de 1821 inició operaciones de piratería ayudado por Mateo Maineri, marinero genovés, logrando apoderarse del bergantín norteamericano “Hero”, que había anclado en la isla Santa María, a tres leguas de Tubul, lugar de recalada de los barcos balleneros extranjeros. El 28 de marzo, Juan Manuel Pico se apoderó de la ballenera inglesa “Perseverance” en la misma isla, incautándose de 2 cañones, 12 fusiles, municiones, un barril de pólvora y 10.000 pesos. El 10 de mayo fue también apresado el bergantín norteamericano “Hercilia”, que traía gran cantidad de víveres, telas de algodón, 3 cañones y 11.000 cueros de focas. La captura del bergantín “Ocean”, en julio de 1821, fue más importante, pues llevaba para El Callao 3.000 fusiles, carabinas, sales, municiones y víveres. Las fuerzas reorganizadas de Benavides cayeron sobre Los Ángeles, Nacimiento, Yumbel, Purén y Santa Bárbara; mientras las tropas de Pico, en coordinación con las de Zapata, Bocardo y los Pehuenches, avanzaban sobre Chillán. Benavides llegó a emitir moneda propia; unos 50.000 billetes que decían: “vale un real por el comandante general de la providencia de Concepción. Sirve desde el 1º de agosto de 1821”. Al mismo tiempo, prohibía la circulación de otra moneda, la que solo podía ser canjeada por valores de la “Tesorería Real”. Las posteriores incursiones de los realistas ya no tuvieron el éxito de anteriores campañas porque el ejército criollo, al mando del coronel Joaquín Prieto, había cambiado eficazmente de táctica. En lugar de mantenerse a la defensiva, encerrado

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en las ciudades y pueblos como lo había hecho Freire, el nuevo comandante planteó un cambio en las operaciones militares. En carta del 22 de junio de 1821 enviada al gobierno, Prieto manifestaba: Yo creo que para la primavera podremos vernos en la precisión de obrar activamente y para esto es necesaria la caballería de que carezco. Si no hacemos la guerra sino a la defensiva, nada se consigue, solo se aumentan los gastos del erario y los enemigos no se acaban. Sin dominar las campañas, pocas ventajas nos da la ocupación de los pueblos.84

Prieto propuso no solo una modificación de la táctica en lo militar, sino también en los procedimientos para ampliar la base de sustentación social de apoyo al ejército criollo. En la correspondencia intercambiada con Zenteno, refuta las apreciaciones de este ministro, que incitaba a la guerra de “vandalaje” y al pillaje, recomendando escoger “hombres que siendo patriotas conocidos tengan, si es posible, las mismas calidades que Zapata, Pincheira y demás detestables corifeos que dirigen las atroces hordas de Benavides”.85 Esta orientación tan “racional” del ministro de la burguesía criolla, cuya “moral” repudiaba las “atroces hordas de Benavides”, no obstante recomendar sus mismos métodos, fue rechazada por el coronel Prieto, seguramente no por razones éticas, sino porque estaba consciente de que si el ejército continuaba con esos métodos se enajenaría la confianza de los propietarios. En su respuesta al ministro, Prieto manifestaba: Los pueblos donde van a ensayarse nuestros nuevos bandidos se componen de patriotas y amigos. Sus ganados y haciendas van a ser el botín de aquéllos cuando los enemigos no tienen sino fundos limpios y pelados. Exigirán como es justo por el remedio; verán una completa indiferencia, se persuadirán de la autorización de los robos y huirán sin duda a donde puedan ocultarse con el robo de sus animales. Las milicias que componen la mayor parte de casi toda nuestra fuerza de ultra-Maule van a participar de estos robos y salteos (…) La tropa de línea con este ejemplo, y el permiso táctico que US me indica, perderá su moralidad, rompiendo los diques de la subordinación, se agavillarían bajo el primero que los recibiese (…) Dígnese, pues US, calcular sobre estos males y tener en consideración las ventajas que podrían sacar los anarquistas de este desorden.86

Con el fin de ganarse a los sectores influidos por los realistas, Prieto les garantizó la propiedad de sus tierras y otorgó un indulto general, al que se acogieron los hacendados Pablo San Martín y Camilo Lermanda, además del guerrillero Francisco Rodríguez, alias “El Macheteado”. En carta del 8 de noviembre de 1820, Prieto comunicaba al gobierno que los vecinos que habían simpatizado con los españoles estaban satisfechos con la promesa de que se les respetarían sus bienes. Había por tanto que impedir el robo de 84 85 86

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Ibid., p. 340. Ibid., Apéndice Nº 6, p. 538. Ibid., p. 540.

sus ganados por soldados criollos porque si no “los hombres de bien se retirarán; los milicianos que sirven para defender sus propiedades se despecharán y la provincia de Concepción será el teatro de la miseria, los vicios y la desolación. Los tiros de estos nuevos bandidos van a convertir en godos aun a estos mismos infelices que nos ayudan y defienden, cuando vean que sus ganados son consumidos por nosotros”.87 Esta política permitió a Prieto consolidar la base de sustentación social de apoyo al Ejército criollo o, al menos, neutralizar la influencia de los realistas. Prieto logró infligir una derrota decisiva a Benavides en las vegas de Saldías en octubre de 1821. Meses después, caía prisionero, siendo ejecutado el 23 de febrero de 1822. Al mes siguiente, se rindió el hacendado Antonio Bocardo. En su campamento de Quilapalo, se “encontró la mayor desolación. Bocardo estaba allí, rodeado de catorce oficiales y doce soldados que carecían de armamento, seis o siete frailes y una multitud haraposa y hambrienta de ancianos, mujeres y niños, que se calculó en más de tres mil personas”.88 Juan Manuel Pico, el cura Ferrebú y Senosian continuaron la lucha. Aliados con los Pincheira incursionaron sobre Chillán durante 1823. Ferrebú fue capturado y fusilado el 2 de septiembre de 1824 y Pico se retiró a Mulchén, donde fue definitivamente derrotado en octubre de ese mismo año. Con el aplastamiento de los últimos restos del ejército español en la zona sur, terminaba la “guerra a muerte”.

La guerrilla de los Pincheira Algunos autores, entre ellos Alejandro Méndez, sostienen que la “guerra a muerte” comprende no solo el período de Benavides, Pico y Ferrebú, sino que se prolonga hasta la liquidación de los Pincheira en 1832.89 A nuestro juicio, existe una diferencia entre los objetivos que tuvo la “guerra a muerte” y la guerrilla de los Pincheira, especiamente a partir de 1825. Mientras la primera tuvo un fin político concreto –luchar en defensa del rey de España para impedir la independencia de Chile– la guerrilla de los Pincheira, si bien hizo alianzas coyunturales con los realistas, perseguía un objetivo restringido y precario: el pillaje y el contrabando de ganado. Los Pincheira no luchaban por defender sus tierras, menos por mantener una guerra de posiciones para arrebatarle el poder político a la burguesía criolla. La integración de campesinos cesantes y vagabundos a la guerrilla de los Pincheira no obedecía a la intención de adherirse a la “causa realista”, sino a la necesidad de supervivencia que tenían estas misérrimas capas mestizas. La incorporación a esas guerrillas de soldados que desertaban del Ejército nacional tampoco era motivada por 87 88 89

Ibid., pp. 245-246. Alejandro Méndez G. La Guerra a Muerte, p. 53. Ed. Nascimiento, Santiago, 1964. Ibid., p. 9, Ed. Nascimento, Santiago, 1964.

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la decisión de luchar a favor de la monarquía española y en contra de la independencia del país, sino a causa de la falta de pago y de la tentación por obtener parte del botín que con frecuencia lograban los Pincheira. No se trata de idealizar ni magnificar la incorporación de campesinos pobres a la guerrilla de los Pincheira, sino de explicar esa integración como fenómeno social. Independientemente de sus objetivos y de los de otros jefes montoneros, la participación de sectores campesinos pobres y oprimidos era la expresión inconsciente y primaria de una protesta social en un momento de crisis de la sociedad. El objetivo fundamental de los cuatro hermanos Pincheira –Antonio, Santos, Pablo y José–, campesinos pobres de San Carlos, fue el contrabando de ganado, para lo cual escogieron una zona que facilitaba el pillaje, el traslado del botín y el rápido contacto con sus aliados, los pehuenches y los “pampas” de Argentina. Se instalaron en la zona cordillerana, próxima a Chillán, desde donde iniciaban sus incursiones. Volvían a su refugio o “base de seguridad”, ubicada en quebradas y desfiladeros, defendidos en el invierno por las montañas de nieve y en el verano por los caudalosos ríos. Vicuña Mackenna señalaba que la entrada del lugar donde residían los Pincheiras no era accesible sino por un punto preciso, que distaba tres leguas de su domicilio. A pesar de esto, tenía de día y de noche centinelas apostados de distancia en distancia si se presentaba al lugar de entrada alguna tropa de la patria, o individuo desconocido. De esta manera, el aviso circulaba dando la primera centinela un hachazo en un roble, que retumbaba a mucha distancia, y así se comunicaba instantáneamente de unos a otros hasta llegar al campamento; y la señal de los hachazos, más o menos, indicaba la novedad del parte que se daba.90

Claudio Gay, que recorrió la zona de guerrillas en 1828, decía que “el número de hombres que mandaba Pincheira no era, sin embargo, muy considerable, pero encontrándose en completa seguridad en sus ciudadelas naturales, podían muy bien llevar a cabo sus improvisadas sorpresas, merced al bien organizado espionaje que tenían en todas partes, y también dividirse en pequeñas fracciones para caer sobre las aldeas y haciendas faltos de defensa”.91 Otro testigo de estos sucesos narraba que “solo raras veces era posible infligir una derrota a las ligeras guerrillas, y el efecto no era nunca duradero, pues al ser expulsado de Chile, Pincheira se dejaba caer con redoblado ímpetu en las pampas orientales. Dominaba la cordillera andina desde Talca hasta los orígenes del Bío-Bío, y se hizo invencible por adaptarse, en todo sentido a las antiguas costumbres de las tribus nómades aliadas”.92 90 91 92

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B. Vicuña Mackenna. La Guerra … op. cit., p. 339. Claudio Gay. Historia Física y Política de Chile, Tomo VIII, p. 341, París, 1871. Eduardo Poepping. Un testigo en la alborada de Chile (1826-1829), p. 459, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1960.

Mario Góngora señala que “la lucha contra la población del Valle Central tomó la forma de salidas anuales desde que la cordillera quedaba libre en septiembre, hasta el otoño siguiente: eran indispensables, por lo demás, para obtener trigo y carne. Las partidas entraban por los boquetes, recogían el ganado que los vecinos mantenían en los potreros de veranada y saqueaban las haciendas, se llevaban plata labrada de las casas, aperos de montar, toda clase de bestias de silla. La documentación habla de centenares de vacas y caballos; en 1829 se llevan de San Fernando 3 mil vacas (…) No obstante, el número total de montoneros a lo largo de más de una década , nunca parece haber superado mucho la cifra de 200, al decir de los distintos informes de guerra y confesiones de prisioneros (…) Esta guerrilla tenía muchos adictos entre los campesinos de la precordillera, que transmitían las noticias; a sus casas solían bajar los jefes de noche, a aprovisionarse de aguardiente, naipes y tabaco”.93 Es probable que el número de guerrilleros fuera superior a 200. En muy raras ocasiones los Pincheira ordenaban concentrar las fuerzas. Sus guerrillas operaban en forma separada. Solo unificaban los grupos guerrilleros cuando realizaban alguna operación en gran escala o debían enfrentar una ofensiva del ejército gubernamental. Por lo general, los grupos dirigidos por los hermanos Pincheira, Hermosilla, Rojas, Lavanderos y Zúñiga, no presentaban combate al ejército regular. “Los guerrilleros, que conocían perfectamente todos los senderos de la cordillera, mantenían sus comunicaciones entre sí, espiaban el momento oportuno de hacer sus correrías y se replegaban mañosamente a la montaña para evitar un choque que pudiera serles funesto”.94 Atacaban por sorpresa haciendas, pueblos y ciudades medianas, como Chillán en 1820 y Linares en 1823, donde murió Antonio, creador de la montonera. En 1824, las guerrillas incursionaron sobre San Fernando, Curicó y San Carlos. En 1825, asaltaron Parral, después de derrotar a una partida del ejército compuesta de 58 hombres. Las deserciones de soldados que se pasaban al bando de los guerrilleros se produjeron especialmente entre los años 1823 y 1825. El 18 de marzo de 1823 hubo en Tucapel un motín del cuerpo de dragones, integrado por 80 hombres. Los soldados “se fugaron hasta la montaña y fueron a reunirse a las bandas que capitaneaban los hermanos Pincheira”.95 El 2 de enero de 1825, se rebeló un escuadrón de cazadores a caballo de Chillán. Algunos de sus componentes se incorporaron a la guerrilla y otros amenazaron con plegarse a los Pincheira si no se les entregaban 5.000 pesos a cuenta de sueldos atrasados. Según Melchor Concha y Toro, estos cazadores saquearon el 93

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Mario Góngora. Vagabundaje y Sociedad Fronteriza en Chile (siglos XVII a XIX), Cuaderno Nº 2, p. 34, CESO, U de Chile., 1966. Melchor Concha y Toro. Chile durante los años de 1824 a 1828, p. 187, Santiago, 1862. Barros Arana, XVI, 20, edición de 1897.

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vecindario de San Carlos y “salieron del pueblo llevándose a la grupa de sus caballos una compañía del batallón Nº 1 de infantería, que guarnecía esa plaza. Después de este asalto, la tropa amotinada tomó el camino de la cordillera”.96 El general Benavente – anotaba Mario Góngora– en carta escrita desde Talca en noviembre (de 1825), además de insitir en la irregularidad del pago de los sueldos militares, y de los consiguientes peligros de deserción, añadía: Pero al observar que la guerra presente nada tiene de común con el sentir del vulgo con la que hemos sostenido contra los enemigos de la Independencia y que lejos de inspirar el odio con que se ha combatido a éstos, ofrece a un gran número de miserables que pueblan nuestras Campañas estímulos para declararse contra nosotros, no puedo menos que recomendar a U.S con todo el interés posible la necesidad de proporcionar auxilios suficientes, no solo para conservar el Ejército y ponerlo en actitud de obrar, sino también para alejar los efectos de la desesperación consiguiente a la pobreza y demás peligros que produciría el interés que encuentran los bandidos en molestarnos, si se pone a los soldados en ocasión de preferirlos.97

El gobierno hizo varios intentos para pasar a la ofensiva, tratando de liquidar a los guerrilleros en sus propios reductos. Sin embargo, ni Clemente Lantaño en 1823 al mando de mil hombres que conocían la zona, ni el coronel Barnechea en febrero de 1826, que atravesó la cordillera hasta las orillas del río Neuquén, en Argentina, lograron aniquilar las montoneras. Tampoco tuvo éxito la expedición del general Borgoño, a pesar de ir acompañado de experimentados militares como Viel, Beauchef y Bulnes. Las guerrillas redoblaron sus incursiones en 1827 sobre Curicó; al año siguiente, se apoderaron de 10.000 cabezas de ganado en las proximidades de Talca. A mediados de 1828, los Pincheira, en alianza con los pehuenches y los “pampas”, operaron en la zona transandina, atacando Mendoza, San Luis y San Rafael, donde se apropiaron de 3.000 vacas, 6.000 ovejas y 5.000 caballos. El 10 de julio de 1828, José Antonio Pincheira llegó a ocupar la ciudad de Mendoza, imponiendo a sus vecinos un tratado de “alianza y amistad”, según el cual el gobierno provincial reconoció al jefe de los guerrilleros como coronel de la provincia, comprometiéndose a suministrarle “todo lo que necesite con arreglo a las circunstancias del erario”. En 1829, los Pincheira atravesaron el río Cachapoal e invadieron las haciendas situadas en el cajón del Maipo, a las puertas de Santiago. Ante las reiteradas incursiones de los guerrilleros durante 1830 y 1831, el gobierno resolvió iniciar una ofensiva en gran escala, colocando al mando de las tropas a Manuel Bulnes. Después de una larga campaña, el ejército logró descubrir su guarida y liquidarlos definitivamente en 1832.

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Melchor Concha y Toro, op. cit., p. 191. Mario Góngora, op. cit., p. 35.

Sin embargo, los problemas sociales, que constituían el sustrato objetivo que motivaba a sectores campesinos a dar respaldo a las guerrillas, se mantuvieron insolubles durante los posteriores gobiernos, expresándose como protesta social primaria en el denominado “bandolerismo” o “cuatrerismo”, contra los cuales descargó su violencia y represión de clase la burguesía criolla.

Actitud de Inglaterra y Estados Unidos ante la Independencia de Chile El apoyo de Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica a la independencia latinoamericana ha sido magnificado por numerosos historiadores que se han basado más en la posición adoptada por esas metrópolis en el período anterior a la Revolución de 1810 que en los hechos concretos que se produjeron durante la fase de la independencia. Es efectivo que Inglaterra y Estados Unidos, en función de sus propios intereses, alentaron a fines de la Colonia la ruptura de nuestro continente con el imperio español. Sin embargo, iniciada la Revolución de 1810, ambos países, que estaban aliados circunstancialmente con España para combatir la expansión napoleónica, no proporcionaron ayuda concreta, dilatando durante varios años el reconocimiento de la independencia hispanoamericana. Por ayuda concreta se entiende armas y financiamiento para la revolución y no meras declaraciones y promesas verbales. En reiteradas ocasiones, Inglaterra llegó a colaborar con el imperio español para aplastar la rebelión de nuestros pueblos. En otras, intervino como mediadora, procurando sacar ventajas comerciales de cada situación. Un especialista del tema, apunta: Después de 1808, los estadistas británicos vieron con malos ojos los movimientos de rebelión en la América hispana. Estaban empeñados en una lucha terrible contra Napoleón y les molestaba todo disturbio que tendiera a debilitar a su aliado español. Enviaron oficiales navales y otros agentes a la América hispana para contrarrestar las intenciones francesas, y recomendaron lealtad hacia la Madre Patria; a los enviados rebeldes que fueron a Londres, se les dijo que podrían servir mejor a la gran causa común si contribuían a conservar la integridad del imperio español.98

Inglaterra se decidió a reconocer la independencia hispanoamericana a partir de 1825 –Chile fue reconocido recién en 1831– cuando nuestros países ya no necesitaban ayuda, reconocimiento que, según su ministro Lord Castlereagh, obedecía al temor de que los Estados Unidos pudieran controlar el mercado latinoamericano. Canning –autor de la frase “la acción está realizada, la garra está puesta. América española es libre, 98

J. Fred Rippy. La rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por América Latina (1808-1830), p. 3, Eudeba, Buenos Aires, 1967.

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y si no manejamos mal nuestros asuntos, ella es inglesa”– fue uno de los principales gestores de la política británica para América Latina: En el presente estado de España, de Inglaterra y el mundo escribía a Wellington desde Verona en 1822- las cuestiones americanas son más importantes, fuera de toda proporción, que las europeas. Si no las tomamos fuertemente en nuestras manos, y no las tomamos en provecho nuestro a tiempo, perderemos una oportunidad que nunca, nunca recobraremos.99

La colaboración de Inglaterra con España fue más estrecha que nunca en el período en que precisamente nuestros pueblos trataban de liquidar a los ejércitos del Imperio. No es extraño, por tanto, que la monarquía española se quejara de la actitud inglesa con ocasión del reconocimiento que hiciera en 1825 de la independencia latinoamericana, “calificando la conducta de Inglaterra de defección a la política que había servido desde fines del siglo anterior”.100 Fernando VII, por intermedio de su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Zea, en nota enviada al encargado inglés de negocios en Madrid “reprochaba ásperamente al gobierno inglés la inconsecuencia que cometía faltando a sus antiguos pactos de amistad y alianza con España y a los ofrecimientos que había hecho de servir de mediador para obtener la pacificación de las colonias rebeladas de América”.101 Esta acusación de la monarquía española acerca de la “defección e inconsecuencia” inglesa data de 1825, en el momento en que nuestros países ya se habían independizado; de lo cual se desprende que en el período anterior Gran Bretaña había sido consecuente y leal a los Pactos con el imperio español. Respecto al proceso chileno, no hay antecedentes relevantes que demuestren una real ayuda de Inglaterra a la causa de la revolución de 1810. Por el contrario, la mayoría de sus acciones tendieron a sabotear la lucha por la independencia. El cronista español Melchor Martínez, señalaba que “desengañado el gobierno (de Chile en 1811) de que todos sus conatos y contratas con los ingleses y bostoneses eran vanos para la adquisición de armas que tanto deseaba, tomó la resolución de acopiar todas las que se hallasen en el Reino en poder de particulares”.102 La actitud inglesa frente a la revolución chilena se puso de manifiesto en la misión del brigadier Carlos E. Flemming, que llegó a Valparaíso el 27 de julio de 1811 comisionado por los gobiernos inglés y español para plantear a la Junta de Gobierno el traslado de los caudales de Chile a España y el nombramiento de delegados chilenos a las cortes españolas, lo que conllevaba reconocer nuestro carácter de colonia, La Junta de Gobierno respondió en forma negativa

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Citado por Hernán Ramírez N. Historia del Imperialismo en Chile, p. 29, Ed. Austral, Stgo. 1960. Barros Arana, XIV, 511, ed. de 1897. Ibid., XIV, 512. Melchor Martínez, op. cit. 124.

a dichas exigencias. Flemming hizo llegar el 3 de octubre de 1811 otra nota en la cual precisaba la posición de Inglaterra: Para desvanecer equivocaciones que vemos demasiado extendidas y que acaso han tenido bastante parte para alucinar a los incautos a inducirles a error. De esta clase es y no de corta consideración el que han puesto en uso los primeros genios malignos que han alterado el sosiego de las Américas Españolas, suponiendo a la Gran Bretaña protectora de una Independencia con que han alucinado a los hombres poco reflexivos (…) Sería una absurda contradicción sostener con una mano los intereses de España en Europa y arruinarlos con otra en América, debilitando su poder y fuerza para combatir al enemigo común. No considera la Inglaterra las Américas Españolas, con las disposiciones y circunstancias indispensables a separarse de su metrópoli (…)Todo el interés de la Gran Bretaña relativamente a las Américas Españolas debe considerarse mercantil porque de nada está más distante que de nuevas adquisiciones de terrenos (…) Los países en que tuvo origen esta delirante idea de la independencia fueron aquellos en que más concurrían los angloamericanos y algunos ingleses que guiados de su interés particular contribuyeron eficazmente a la seducción; pero ni ellos estaban autorizados, ni tenían los competentes conocimientos para dar seguridades que debieron mirarse no solo con desconfianza, sino con desprecio, pues ellas embebían contradicción y violencia con los sentimientos de la Gran Bretaña y con las terminantes explicaciones de su gobierno como puede verse en el oficio del Lord Liverpool dirigido con fecha 29 de junio de 1810 al gobierno de Carrasco a quien dice, entre otras cosas, que S. M. Británica cree que es un deber suyo en honor de la justicia y la buena fé oponerse a todo género de procedimientos que pueda producir la menor separación de las Provincias Españolas de América.103

Algunos comerciantes ingleses vendieron ocasionalmente unas pocas armas a los criollos. La viajera inglesa María Graham narraba con orgullo en su “Diario” de 1822 la contribución de un compatriota residente en Chile en un intento de magnificar la ayuda inglesa: “Un documento oficial del gobierno realista de 1816 alegaba como razón para no permitir a los extranjeros la entrada a los puertos, ni aun para traficar en cobre, el que D. Juan Diego Bernard había proporcionado a los patriotas noventa y ocho pares de pistolas”.104 A continuación de este ejemplo tan escuálido de ayuda a la independencia de Chile, la viajera inglesa agregaba que “es verdad que a veces surtían también a los realistas”.105 Algunos ingleses residentes en nuestro país tomaron las armas a favor de los criollos. Una carta de un comerciante inglés a su hijo Juan Barry, que vivía en Valparaíso, demuestra esta decisión personal, además de traslucir los prejuicios que tenían algunos europeos sobre la lucha de los latinoamericanos: 103 104 105

Ibid. María Graham, op. cit., pp. 62-63. Ibid., p. 86.

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Querido Juan: En tu última carta que recibí me anuncias que han proclamado su independencia los indios de ese país en que te hallas y también me anuncias haber tomado las armas en contra de los blancos (españoles). En resumen, saco, pues, que debes haberte casado con alguna nativa de las indias sudamericanas.106 Las posiciones individuales de estos ingleses residentes en Chile no eran compartidas por el gobierno de Gran Bretaña, el cual hizo demostraciones elocuentes de su disconformidad con la revolución hispanoamericana. La posición de Estados Unidos frente a la independencia fue ambigua. Su alianza con España y, posteriormente, su guerra con Gran Bretaña fueron pretextos para no proporcionar armas a los revolucionarios de nuestro continente. Paralelamente a su negativa a dar ayuda concreta a la Revolución de 1810, procuró relacionarse con los gobiernos criollos mediante la designación de cónsules, cuyo papel era despejar el camino para un eventual intercambio comercial y contrapesar la influencia europea. La proclamada tesis de la neutralidad de Estados Unidos ante la lucha de los pueblos hispanoamericanos contra la monarquía española era frecuentemente violada a favor del imperio. El investigador Manuel Medina, que ha publicado recientemente un libro con una exhaustiva documentación sobre el tema, señala: A iniciativa del presidente Madison, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 3 de marzo de 1817 una nueva ley de neutralidad, dirigida abiertamente contra la revolución hispanoamericana. Madison había cedido a la presión del ministro español Luis de Onís. Según la nueva ley, cualquiera persona que armara en guerra un buque privado contra un Estado en paz con los Estados Unidos, sería castigada con diez años de prisión y diez mil dólares de multa.107

Como el país en paz con Estados Unidos era España, el rigor de la ley caía sobre aquellos individuos que intentaran colaborar con la independencia hispanoamericana o, en todo caso, negociar con sus necesidades de armamento. De acuerdo con esta disposición fueron detenidos en Filadelfia unos traficantes de armas que llevaban un cargamento para los revolucionarios de Venezuela. Las provisiones de guerra que iban en el barco fueron incautadas por las autoridades norteamericanas. En represalia, el gobierno venezolano dispuso el 6 de enero de 1817 un bloqueo que impedía la circulación de las naves de los Estados Unidos que actuaban a favor de España. Los mercantes norteamericanos burlaron sistemáticamente el bloqueo. El 4 de julio del mismo año 17 fuerzas marítimas de Venezuela, capturaron la goleta norteamericiana 106 107

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Roberto Hernández. Valparaíso en 1827, p. 35, Imp. Victoria, Valparaíso. Manuel Medina Castro. Estados Unidos y América Latina, siglo XIX. Ed. Casa de las Américas, p. 29. La Habana, 1968.

“Tigre”, cuando salía del Orinoco, en uno de los viajes contratados por el gobernador español para intercambiar nativos con armamento norteamericano. A poco fue capturada también la goleta norteamericana “Libertad” cuando conducía municiones de boca para las fuerzas españolas.108

Estas acciones motivaron la protesta de Bolívar, quien en su correspondencia con Bautista Irvine, diplomático norteamericano ante el Gobierno de Venezuela, manifestaba: los norteamericanos olvidando lo que se debe a la fraternidad, a la amistad y a los principios liberales que seguimos, han intentado y ejecutado burlar el bloqueo y el sitio de las plazas de Guayana y Angostura, para dar armas a unos verdugos y para alimentar a unos tigres que por tres siglos han derramado la mayor parte de la sangre americana (…) Pretender que las leyes sean aplicables a nosotros, y que pertenezcan a nuestros enemigos las prácticas abusivas, no es ciertamente justo, ni es la pretención de un verdadero neutral es, sí, condenarnos a las más destructivas desventajas (…) Mr. Cobbett ha demostrado plenamente en su semanario la parcialidad de los Estados Unidos a favor de la España en nuestra (…)contienda. El resultado de la prohibición de extraer armas y municiones califica claramente esta parcialidad fácilmente al paso que las que venían para Venezuela se han detenido.109

Estados Unidos se negó a vender armas a los chilenos que luchaban por la independencia, salvo el caso de algunos comerciantes norteamericanos que en 1815 hicieron una venta de armamento a José Miguel Carrera, cinco años después de iniciada la revolución. Con anterioridad, en marzo de 1812, la Junta presidida por Carrera se dirigió a un negociante de los Estados Unidos para hacerle un pedido de dos cañones de bronce, volantes de a ocho con sus cureñas correspondientes, seis mil municiones, un mil pares de pistolas y un mil sables, a cambio de lo cual se le aseguraba un 50% de utilidad y el permiso para introducir azogue y dos mil arrobas de tabaco. Este pedido de urgencia, en momentos en que era inminente la invasión española, no fue jamás servido por los negociantes norteamericanos. En cambio, vendieron armas al Virreynato del Perú en el período en que Chile preparaba la expedición Libertadora de los Andes con el propósito de asestar el golpe final a los realistas: La venta –dice Ricardo Montaner– hecha al virrey del Perú del buque norteamericano “Gobernor Shelby”, con dos o tres mil juegos de armas que tenía a bordo, pudiéndolo haber vendido en iguales condiciones al gobierno de Santiago, causó muy mala impresión en Chile, que se exasperó más con el acto del capitán del buque “Two Catherines”, que embarcó en Valparaíso un cuantioso cargamento de trigo para llevarlo, según decía, a 108 109

Ibid., p. 31. Carta de Bolívar a Irvine, Angostura, 20 de agosto de 1818, citada por M. Medina Castro, op. cit., p. 33.

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Río de Janeiro, y en alta mar se dirigió a El Callao, en donde realizó pingües ganancias, porque surtió a Lima de un artículo de que carecía por la guerra con Chile.110

Estados Unidos dilató hasta donde convino a sus intereses el reconocimiento de la independencia hispanoamericana. El norteamericano Bland, que llegó en misión a Chile durante el gobierno de O’Higgins, “era partidario –dice Eugenio Pereira Salas– de retardar el reconocimiento de las nuevas potencias, y en una ocasión se mostró desfavorable a la firma de un tratado entre Chile y los Estados Unidos, alegando que no creía que el gobierno de Santiago fuera capaz de garantizar sus compromisos”.111 El cambio de actitud de los Estados Unidos se produjo recién a comienzos de la década de 1820, cuando la lucha por la independencia de nuestro continente había adquirido un carácter irreversible. Entonces adaptó su tesis de la neutralidad a los nuevos tiempos, adelantándose tres años a Inglaterra en el reconocimiento de la independencia hispanoamericana, en una astuta maniobra diplomática que perseguía anticiparse a las metrópolis europeas en la obtención de importantes franquicias económicas. En referencia a esta posición de Estados Unidos, Portales escribía a José M. Cea, desde Lima en marzo de 1822: El presidente de la federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: “se reconoce que la América es para éstos”. ¡Cuidado con salir de una dominación para caer en otra! Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en reconocer la independencia de América, sin molestarse ellos en nada? ¡Vaya un sistema curioso, mi amigo! Yo creo que esto obedece a un plan combinado de antemano y ese sería así: Hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá tal vez hoy no, pero mañana sí.112

En síntesis, es falso afirmar que sin la ayuda de Inglaterra y Estados Unidos nuestros países no habrían podido derrotar al imperio español. En realidad, los pueblos hispanoamericanos lograron su independencia con sus propias fuerzas y recursos. Sin embargo, la burguesía criolla fue incapaz de convertir la independencia política formal en una liberación real. Nuestros países cayeron bajo la dependencia de las metrópolis que, sin haber contribuido en forma concreta a la revolución hispanoamericana, sacaron prestamente ventajas de la quiebra del imperio español.

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Ricardo Montaner Bello. Historia Diplomática de la Independencia de Chile, p. 66. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1961. Ibid., p. 64. Epistolario de Portales, Carta Nº 5, Lima, marzo de 1822, recopilación y notas de Ernesto de la Cruz y Guillermo Feliú Cruz, Stgo. 1938.

El contexto latinoamericano de la lucha por la independencia política* El movimiento de rebelión, iniciado en Haití y propagado a toda Hispanoamérica en las dos primeras décadas del siglo XIX, constituye una de las más importantes revoluciones anticoloniales de la Historia moderna. Un movimiento que abrazó a un subcontinente, cuya magnitud, nunca registrada en la Historia universal, solo será superada en el siglo XX con la revolución anticolonial de Asia y África. Si bien es cierto que la historia había conocido la rebelión de pueblos del Medio Oriente ante la expansión griega, el levantamiento de los galos, germanos, judíos y otras comunidades colonizadas por el Imperio Romano; la resistencia de siete siglos de los españoles a la conquista musulmana; las rebeliones de los pueblos del norte de África y Medio Oriente, sojuzgados por el Imperio Otomano; la resistencia de los hindúes a la colonización inglesa, etc., ninguno de esos movimientos tuvo la trascendencia de la revolución anticolonial latinoamericana, ni por su extensión ni por su contenido político. Solo la revolución anticolontal norteamericana podría equiparse en importancia histórica al movimiento de América Latina. Esta rebelión anticolonial formó parte de un proceso mundial de ruptura con el “antiguo régimen”, expresado en el triunfo de la burgesía industrial sobre la monarquía feudal en Francia y el inicio de la independencia de los Estados Unidos, un mundo que no solo había superado la fase de transición del feudalismo al capitalismo, sino también inauguraba un nuevo ciclo histórico en el campo del pensamiento y la cultura. Rebasada la concepción teológica, en el plano de la filosofía hubo un cambio significativo entre el pensamiento aún creyente de un Descartes y las ideas radicales de Rousseau, Voltaire y, en general, del Iluminismo europeo, facilitando el avance de la ciencia y liberándola de las amarras escolásticas. América Latina, incorporada abruptamente a la formación social capitalista occidental en camino de hacerse mundial, fue sacudida por los vientos frescos del dieciocho europeo. Sus hombres más esclarecidos se apropiaron de la ideología liberal, adaptándola a los intereses de una clase acomodada criolla que pugnaba por la autonomía política. Vista la importancia de la revolución anticolonial latinoamericana, resulta extraño que no se haya puesto de relieve este fenómeno en el estudio de la Cuestión Nacional. Mientras la lucha de los pueblos asiáticos y africanos por la Independencia en el presente siglo ha sido objeto de exhautivos estudios a la luz de la cuestión nacional, todavía no hay un procesamiento teórico del significado de nuestra revolución anticolonial contra el Imperio Español. *

Texto agregado por el autor con posterioridad a la edición de 1973 (N.E.).

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Pareciera que las corrientes historiográficas más controvertidas se hubiesen puesto de acuerdo en omitir el tratamiento de este problema. Unos, los liberales y conservadores, para ocultar la participación de las masas populares en una revolución que desembocó en guerras donde se entremezclaron lo político separatista con lo étnico y social. Otros, los historiadores de izquierda, para no magnificar una lucha que a la postre dejó intacta la estructura social y económica de la colonia. Efectivamente, la revolución latinoamericana por la independencia no fue una revolución social como la francesa, ya que no produjo cambios de estructura, sino que solamente cumplió una de las tareas de la revolución democrático-burguesa: la independencia política formal. Pero el hecho de que esa liberación nacional resultara frustrada por los lazos de dependencia que pronto se anudaron con las metrópolis europeas, no puede conducir a negar –a riesgo de perder la perspectiva histórica– la importancia de una revolución anticolonial de una envergadura desconocida hasta entonces en la historia universal, en cuanto a fenómeno masivo de autodeterminación de los pueblos. Corresponde, entonces, analizar esta Revolución Latinoamericana a la luz de la teoría relacionada con la cuestión nacional. Sus orígenes se remontan a la invasión hispano-portuguesa. Los llamados colonizadores sometieron a los aborígenes, pero nunca pudieron integrarlos totalmente: las comunidades autóctonas se mantuvieron como nacionalidades. La opresión fue tanto de clase como cultural y étnica. De ahí que para estudiar la Cuestión Nacional en América Latina, desde sus orígenes, sea necesario considerar la relación etnia-clase-colonialismo. Durante la Colonia se fue gestando una conciencia de la opresión que se manifestó en la rebelión de Túpac Amaru (1780), en el levantamiento de los comuneros de Colombia (1781), en la insurrección de José Leonardo Chirino (1795) y de Picornell, Gua y España (1797) en Venezuela; en el movimiento Tiradentes en Brasil; en el de los “Tres Antonios” en Chile (1786), y en las ideas libertarias de Francisco de Miranda. Esta revolución anticolonial, cuyas causas de estructura hemos analizado, aprovechó la coyuntura de la invasión napoleónica en España para llevar adelante sus deseos de autonomía política. La clase dominante criolla, que tomó el poder, no cambió en lo fundamental la estructura económica y social heredada de la Colonia, al bloquear la industrialización y la reforma agraria en aras de la mantención de una economía primaria exportadora, que reforzó las relaciones de dependencia con el mercado mundial, controlado entonces por el Imperio Británico. Por consiguiente, la clase privilegiada nativa resolvió a medias la cuestión nacional; se liberó de España, pero dejó insolutos los problemas de la dependencia económica y de la opresión de las minorías (entonces mayorías) nacionales. Realizó solo una de las tareas democrático-burguesas, la independencia política formal, pero negó los

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derechos democráticos al pueblo y a las minorías étnicas. Se autodeterminó, pero se opuso a la autodeterminación de las nacionalidades indígenas. La revolución haitiana (1791-1804) –la primera revolución anticolonial de América Latina, y la primera nación independiente de este continente– fue la única en acometer a fondo la solución de las etnias oprimidas, al lograr no solo la liberación de los esclavos, sino también el término de la discriminación racial. Las guerras de la Independencia adquirieron un carácter combinado: separatista anticolonial, por un lado, de los criollos acomodados, y, por otro, social y étnico de los más explotados y oprimidos que peleaban por su tierra, su cultura y por mejores condiciones de vida. Este proceso se abrió en tijera inmediatamente después del triunfo sobre los españoles. Los de arriba se organizaron en defensa de sus intereses de clases una vez conquistado el control del gobierno, mientras que los de abajo proseguían su combate por sus reivindicaciones nuevamente postergadas. La institucionalidad lograda solamente por arriba explica la inestabilidad de los regímenes post-independentistas y su incapacidad para lograr la unidad nacional. Paralelamente a la lucha anticolonial de los criollos encumbrados, fue desarrollándose una guerra social y étnica, cuya trascendencia ha sido minimizada por la historiografia tradicional. La relación etnia-clase se fue configurando, a lo largo de tres siglos de opresión colonial, de manera multifacética porque a las etnias aborígenes se les sumaron las multietnias africanas. La explotación en las minas, haciendas y plantaciones dio lugar a las primeras clases explotadas, bajo la forma de esclavitud y servidumbre indígena y negra, además de incipientes formas salariales. Esta estructura de clase estaba íntimamente relacionada con las etnias, aunque en algunos movimientos, como la lucha de los indígenas por la defensa de la tierra, la etnia fue preponderante. En cambio, en las luchas por el salario y mejores condiciones de vida, lo fundamental fue el interés de clase. En el sector negro, la condición de clase esclava se fue acentuando a la par que se perdía la lengua materna y parte de la cultura africana, a raíz de la brutal explotación de los esclavistas. Mientras los indígenas, que lograron conservar su idioma y sus tradiciones culturales, siguieron combatiendo por recuperar las tierras que les arrebataron los blancos, los negros –que nunca tuvieron tierras en suelo americano– combatían por otras reivindicaciones, básicamente el término de la esclavitud. Las luchas indígenas de las primeras décadas del siglo XIX pusieron de manifiesto una guerra social y étnica que se entremezclaba con las guerras de la independencia. La participación de los aborígenes en los ejércitos libertarios de Hidalgo y Morelos fue decisiva, al igual que la de sus hermanos de Bolivia, como Juan Manuel Cáceres y Baltasar Cárdenas. En el Perú, se produjo en 1814 uno de los levantamientos más

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sobresalientes de esta guerra social y étnica. Fue encabezado por Mateo Pumacahua, descendiente de los incas, quien al frente de 12.000 personas se apoderó de Arequipa, fortaleza del aún inexpugnable Virreinato del Perú. Finalmente, fue derrotado por el general realista Juan Ramírez y fusilado en Sicuani en mayo de 1815, ante la indiferencia e inclusive el repudio de los mismos criollos que deseaban la Independencia.113 La guerra social y étnica, combinada con la guerra anticolonial, fue un factor decisivo en el triunfo sobre los ejércitos realistas, hecho debidamente aquilatado por Bolívar, aunque minusvalorado por quienes discriminan la participación de millones de indígenas y negros que entregaron sus vidas por la libertad de un continente, cuya dirigencia política les negó en definitiva su propia liberación étnica y de clase.

La extensión de la revolución al campo La revolución de 1810 fue al principio un movimiento urbano, encabezado por los criollos residentes en las ciudades coloniales, que gobernaron desde el inicio a espaldas de los pueblos del interior, mirando solamente los puertos de exportación y las metrópolis europeas. Los sectores provincianos tenían menos contradicciones con la corona española, debido a que su economía estaba menos ligada al mercado internacional que la de la oligarquía de los puertos. La población explotada del interior tampoco tenía motivos para apoyar a los exportadores criollos, a los cuales veía como a sus enemigos directos. De este modo, se produjo una apertura en tijeras entre las provincias y la capital. La crisis política se agudizó cuando la burgesía criolla se vio obligada a apelar a los pueblos del interior para enfrentar a los nuevos ejércitos españoles enviados por Fernando VII en su cruzada de reconquista. Con las armas en la mano, las masas rurales hicieron sentir su presencia, reclamando sus derechos. La entrada de las huestes de Estanislao López en Buenos Aires, atando sus caballos al pie de los monumentos de la ciudad, o la del montonero negro León Escobar sentándose en el sillón presidencial de Lima, son imágenes elocuentes del peso específico que fueron adquiriendo las masas rurales del interior. Estos sectores populares, aparentemente anónimos durante la colonia, comenzaron a jugar un papel protagónico, mostrando que un país no es la capital, y que los más decididos luchadores por la independencia fueron los hombres que sabían manejar lanzas y cuchillos. La burguesía criolla soportó esta situación hasta el momento de la victoria sobre los españoles. Luego, integró hábilmente a su clase a los caudillos más destacados 113

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John Linch. Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, Ed. Ariel, Barcelona, 1983, pp. 191 y 192.

del interior, como el venezolano Páez, para asegurar la paz social y mediatizar las reivindicaciones de las provincias. Esta táctica solo duró un tiempo; pronto estallaron las guerras civiles, producto de la contradicción irresuelta entre campo y ciudad.

La lucha por la unidad latinoamericana en los mares: la República Amelia (Florida) y los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en el Caribe La lucha por la unidad latinoamericana se hizo no solo en tierra firme, sino también en los mares e islas. Es un mérito del investigador argentino Edmundo Heredia haber reivindicado la gesta de los hombres libertarios del mar: Precisamente la solidaridad y acción común revolucionaria se manifestó sobre todo en la guerra en el mar: esta guerra naval fue el ejemplo más contundente de que el conflicto era de carácter internacional, y de que la complementación entre la acción de las diversas naciones era indispensable para el triunfo final.114

Algunos corsarios, como el francés Louis Michel Aury y el escocés Gregorio MacGregor, llegaron a identificarse tanto con la causa latinoamericana que contribuyeron a fundar dos efímeras repúblicas en el Caribe: Amelia en 1817 y los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en las Islas San Andrés, Vieja Providencia y Santa Catalina en 1818. Estas acciones libertarias en el Caribe fueron concertadas por latinoamericanos refugiados en Estados Unidos, entre los cuales estaban los chilenos José Cortés de Madariaga y José Miguel Carrera, el alto peruano Vicente Pazos Silva, el venezolano Pedro Gual, el colombiano Manuel Torres y los argentinos Thompson y Aguirre. En 1816 se había formado una junta revolucionaria en Filadelfia, encabezada por Manuel Torres y el venezolano Telésforo de Orca, cuya primera tarea fue respaldar la expedición de Francisco Javier Mina para terminar con el poder realista en México. Varios de estos exiliados habían recorrido el continente en pro de la causa anticolonial, como el canónigo chileno José Cortés de Madariaga, que fue el primer representante latinoamericano a las Cortes de Cádiz y luego promotor de la Junta criolla de Caracas. En 1810, consecuente luchador de la unidad de nuestros pueblos, llevó el mensaje revolucionario a Santa Fe de Bogotá, donde fue apresado en 1812 por el general Monteverde y enviado a España. De allí se fugó en 1815, regresando a Cartagena para reanudar el combate contra los colonialistas: luego pasó a Jamaica para desempeñar el

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Edmundo A. Heredia. Los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en el Caribe, Ed. Culturales Argentinas, Min. de Educación y Justicia, Secret. de Cultura, Buenos Aires, 1984, p. 25.

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papel de enlace entre los criollos refugiados en Estados Unidos y los de Sudamérica, inspirando la operación liberadora de La Florida. También es necesario destacar la figura casi olvidada del aymara Vicente Pazos Silva, oriundo del alto Perú, decidido partidario de la República, amigo de Mariano Moreno, agudo periodista de La Gaceta (181l), El Censor y La Crónica Argentina (1812), editados en Buenos Aires. Crítico de algunos políticos argentinos partidarios de establecer un gobierno monárquico, Kanki –como firmaba en El Censor– se vio obligado a exiliarse en Estados Unidos, donde se conectó con otros patriotas para implementar el Proyecto de liberación de la Florida española.115 Esta acción fue concertada también con varios europeos partidarios de la Independencia Latinoamericana, como Louis Michel Aury, nacido en París dos años antes de la revolución. A los 16 años navegaba hacia las Antillas; en 1808 adquirió una goleta que bautizó con el agresivo nombre de “Venganza”. Dos años más tarde ofrecía los servicios de su pequeña flota al gobierno republicano de Cartagena de las Indias, recorriendo el Caribe desde el golfo de México a la isla Margarita, para hostilizar a los buques españoles. En 1815 cumplió la heroica tarea de evacuar a los patriotas derrotados en Cartagena, entre los cuales se encontraban connotados patriotas, como Antonio Nariño, Manuel Piar, Francisco Antonio Zea, Luis Brion y Carlos Soublette. Tres años después participaba activamente en el proyecto de la nueva república de La Florida.116 Otro notable anticolonialista fue el escocés Gregorio Mac Gregor, quien llegó como naturalista a Caracas, poniéndose rápidamente a las órdenes de Francisco de Miranda. Derrotada transitoriamente la junta criolla, Mac Gregor se hizo corsario. Lideró en nombre del gobierno venezolano la ocupación de la isla Amelia, próxima a la península de La Florida. El 29 de junio de 1817 designó capital del nuevo territorio liberado al puerto de Fernandina, después de haber derrotado al Gobernador español Francisco Morales. Su intención fue atacar San Agustín para ocupar íntegramente La Florida. El objetivo era distraer a las fuerzas españolas, obligándolas a salir de México para proteger a Cuba, favoreciendo así el proceso independentista mexicano. Al mismo tiempo, Fernandina servía de centro de abastecimiento y de puente para la compra “ilegal” de armamentos, además de lugar estratégico para interceptar buques realistas. Estados Unidos protestó por la ocupación de la isla, no obstante que La Florida Oriental 115

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Helio Vianna. “El peruano - platino - boliviano Vicente Pazos en Banda Oriental, en Brasil y en Portugal (1819-1822)”, ponencia al IV Congreso Internacional de historia de América, Buenos Aires, 1966, t. III, pp. 633 a 649, ha reconstruido la vida de Pazos Silva luego de su participación en la “República de Amelia”: su detención en Brasil y Portugal, su defensa y su posición inclaudicable en pos de la independencia. Carlos Ferro. Vida de Luis Aury (Dep. de Relaciones Públicas, de la Jefatura de Estado, Tegucigalpa, 1973), y Jaime Duarte French: América de Norte a Sur. ¿Corsarios o libertadores?, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1975.

era Colonia Española, llegando a acusar a Venezuela de potencia extranjera, invasora de La Florida, cuando en realidad era territorio español, al cual tenían derecho a liberar los partidarios de la Independencia Latinoamericana. La decisión de fundar una nueva república fue tomada por Louis Aury a su llegada a la isla en septiembre de 1817. Al mes siguiente desembarcaba el venezolano Pedro Gual, quien de inmediato escribió a su país: “Aquí estamos haciendo algo en beneficio de Suramérica. Este es el único y exclusivo objeto que nos une a todos (…) El establecimiento de una república de Florida reclama la atención y el apoyo de todos los verdaderos amigos de Suramérica.117 El 5 de noviembre, Aury se dirigía a los habitantes de la isla Amelia en los siguientes términos: “Ciudadanos, nosotros somos republicanos de principios (…) Hemos venido a sembrar el árbol de la libertad, a fomentar las instituciones libres y a luchar contra el tirano español, opresor de América y enemigo de los derechos del hombre”.118 El 19 de noviembre convocó a elecciones de la nueva república, siendo designado Pedro Gual con 151 votos, Vicente Pazos Silva con 150, Murden con 148, Luis Comte 148 y así sucesivamente hasta completar cerca de 20 candidatos. El 22 de diciembre de 1817 invadía la isla el general norteamericano Andrew Jackson. Este revés no paralizó al libertario Aury; pronto comenzó a preparar otra expedición destinada a fundar una nueva república en las islas San Andrés, Vieja Providencia y Santa Catalina, a 400 km. de las costas colombianas y a 180 km. de las nicaragüenses. El 12 de julio de 1818, Luis Aury y el italiano Agustín Codazzi –quien luego fuera uno de los más importantes geógrafos– ocuparon las susodichas islas en nombre de los gobiernos de Buenos Aires y Chile, como lo decía taxativamente la proclama de Aury: “Los poderosos Estados Unidos de Buenos Aires y Chile, deseando cooperar, en cuanto les sea posible, a la emancipación de sus oprimidos hermanos, me han comisionado para cumplir esta noble empresa en la Nueva Granada”.119 El nombre de la nueva república, “Estados Unidos de Buenos Aires y Chile”, tenía por finalidad poner de manifiesto que la ocupación de dichas islas contaba con la aprobación de esos gobiernos, hecho que nunca fue confirmado oficialmente, aunque el canónigo chileno José Cortés de Madariaga aseguró haber recibido esos poderes no solo para la ocupación de las islas, sino también de las de Portobelo y Chagres. Era evidente –dice Heredia– que ni Cortés de Madariaga ni Aury tenían dicha autorización; pero esta era una cuestión formal de poco interés para aquellos hombres dispuestos a llevar adelante la revolución anticolonial.

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Citado por J.L Salcedo Bastardo. Historia fundamental de Venezuela, UCV, Caracas, 1979, p. 143. Jaime Duarte French: op. cit., p. 160. Jaime Duarte French, op. cit., pp. 250 y 251.

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El hecho de que no se encuentre en ninguna galería de héroes debe adjudicarse a que ninguna nación tiene interés en incorporarlo a su panteón, puesto que su ideal iba más allá de los intereses nacionales y se fundaba en los intereses continentales. Otra conclusión vinculada estrechamente a la primera es que la República de Amelia –a diferencia de lo mostrado antes de ahora– y los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile no fueron simples paraderos de corsarios, sino que su propósito principal era –según los proyectos de sus dirigentes– organizar repúblicas sólidas para ayudar a la revolución de independencia con un criterio de solidaridad continental.120

El contexto internacional y la actitud de Inglaterra y Estados Unidos ante la Independencia de Chile Para comprender a cabalidad la posición de Europa y Estados Unidos respecto de la Independencia Latinoamericana es fundamental analizar el contexto internacional. A principios del siglo XIX, Europa occidental estaba en los inicios de la primera revolución industrial, elaborando no solo manufacturas, sino bienes de capital, que pronto serían mejorados con el descubrimiento del hierro colado para el avance de la industria del acero. Aunque en las primeras décadas del siglo XIX imperaba la denominada libre competencia, de hecho los grandes capitalistas comandaban el proceso de acumulación, concentrando en sus fábricas a un proletariado que se afianzaba progresivamente como clase en sí. La ampliación del mercado interno como resultado de una distribución de tierras, que en algunos países como Francia fue más profundo que en otros, facilitó el desarrollo manufacturero, generando una burguesía industrial dispuesta a ser hegemónica en el bloque de poder de una clase dominante donde todavía tenían peso los terratenientes, la burguesía comercial y bancaria. No obstante su adhesión a la ideología del laissez-faire, el Estado practicaba una forma de intervención en la economía con el fin de erradicar las supervivencias feudales y señoriales, torpedeando las barreras que impedían el ensanchamiento del mercado interno y la liberación de mano de obra, al mismo tiempo que consolidaba el sistema monetario nacional y el régimen bancario. El capitalismo se desarrolló de manera desigual, ya que Inglaterra y, en menor medida, Francia y los Estados alemanes avanzaban a un ritmo mayor que Italia y España, donde todavía se mantenían relaciones precapitalistas de producción en el campo. Por su parte, Estados Unidos, independiente desde hacía casi medio siglo y sin trabas feudales, comenzaba a despegar por su fabulosa riqueza agropecuaria y energética y por una industria que crecía en función del mercado externo, básicamente destilerías y astilleros. 120

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Edmundo A. Heredia, op. cit., p. 150.

Si bien es cierto que en Europa occidental hubo un notable desarrollo del capitalismo agrario, que permitió un abaratamiento de los alimentos de consumo popular, el crecimiento demográfico hizo ya necesario, a principios del siglo XIX, la importación de materias primas tanto para el consumo como para la industria, especialmente textil. Era entonces urgente promover un reajuste en la división internacional del trabajo, encontrando nuevos mercados para exportar productos manufacturados y, al mismo tiempo, importar alimentos y materias primas. El subcontinente que presentaba mejores condiciones para dicho objetivo era América Latina, puesto que la colonización a fondo de Asia y África recién fue puesta en marcha en la segunda mitad del siglo XIX. Al capitalismo inglés y francés no le interesaba tanto la independencia política formal de América Latina, sino fundamentalmente la quiebra del monopolio comercial español para su política contingente de importación y exportación. Una forma de autonomía comercial latinoamericana, regida por formas monárquicas constitucionales dependientes de la corona española y portuguesa, era la mejor apuesta a que jugaban las potencias europeas, como quedó demostrado posteriormente con su respaldo al Emperador Pedro I de Brasil. La principal forma política de gobierno en la Europa de principios del siglo XIX era la monarquía. Luego del embate republicano democrático-burgués, motorizado por la Revolución Francesa de 1789, se había producido una reacción conservadora, inclusive en la propia Francia napoleónica, que en 1815 se formalizó con la creación de la Santa Alianza, promovida por Rusia, España, Francia, Austria y Prusia. Si bien es cierto que Inglaterra no compartía todos sus puntos de vista, respaldaba en relación a la cuestión “sudamericana” la solución monárquica, aunque reiterando su exigencia de una mayor libertad de comercio para las colonias hispanoamericanas. El papel jugado por la Santa Alianza respecto de la independencia latinoamericana fue clave en el apuntalamiento de la política colonialista de España. Sin una seria evaluación de este apoyo, resulta insuficiente explicarse la decisión española de reconquistar sus colonias. Se ha presentado la Reconquista como si hubiese sido el producto de una voluntad unilateral de la monarquía española, cuando en realidad formó parte de una política global de las naciones que integraban la Santa Alianza. Esta política consistió básicamente en oponerse cerradamente a todo proceso radical de cambio que cuestionara el orden conservador del período denominado Restauración, tanto dentro como fuera de Europa.121 En tal sentido, el movimiento anticolonial latinoamericano podía repercutir gravemente en Europa, alentando tendencias republicanas jacobinas, fenómeno político que ha descuidado la histografía tradicional. Uno de los principales fundamentos de la Santa Alianza fue no legitimar ningún gobierno surgido de revoluciones, como era el caso de los movimientos por la 121

J.H. Pirenne. La Sainte Alliance, Neuchatel, 1946.

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independencia de Hispanoamérica. En última instancia se llegó a tolerar una variante independentista, como la de Brasil, que mantuvo el sistema monárquico y el orden conservador siempre que siguiera el consejo del canciller austríaco Metternich: “Ne jacobinisez pas”. Gracias a esta política, el régimen absolutista español logró el apoyo de las potencias europeas para su plan de reconquista colonial. Falta un estudio riguroso acerca de la magnitud de la ayuda militar que los países de la Santa Alianza proporcionaron al imperio español, aunque existen indicios de armas entregadas por Rusia y Francia, sobre todo de esta última luego de su intervención armada en España para aplastar el levantamiento de Riego y restaurar el poder del rey Fernando VII. De ahí la alerta lanzada por Bolívar: “Temía que Francia, vanguardia de la Santa Alianza, atacase a las nuevas repúblicas independientes del Nuevo Mundo. Es necesario –decía en carta a Santander– prepararse para una lucha muy prolongada y muy ardua”.122 Sin embargo, estos planes militares fueron contrapesados por las contradicciones entre Inglaterra y la Santa Alianza, no solo respecto de los vaivenes de la política interna europea –peligro de guerra entre España y Portugal–, sino también en relación a Latinoamérica. En el Congreso de Aquisgrán de 1818, Inglaterra, apoyada coyunturalmente por Austria y Prusia, rechazó la posición rusa de respaldar militarmente la intervención española en las colonias hispanoamericanas. Estas contradicciones entre las potencias europeas favorecieron en una medida no debidamente evaluada aún por la historiografia el avance anticolonial, porque dieron a los criollos, especialmente a Bolívar y San Martín, nuevos tiempos y espacios para sus campañas libertadoras, a pesar de que muchos de ellos no lo percibieran en el momento preciso por problemas de distancia y de falta de representantes diplomáticos experimentados en el juego de la política europea. En la base de estos roces estaba la rivalidad por conquistar los mercados de América Latina: “A comienzos del siglo XIX –sostiene Kossok– los extensos territorios de Centro y Suramérica constituían el mayor mercado vendedor de ultramar y de materias primas de Europa”.123 En el siglo XVIII, el comercio exterior de Inglaterra aumentó en forma exponencial. Según Schlote, las exportaciones subieron de 3.645.000 libras esterlinas en 1700 a 20.185.000 en 1800, al mismo tiempo que las importaciones crecieron en dicho siglo de 5.699.000 a 28.078.000 libras esterlinas. De dicho total, a las dos Américas les correspondió el 33,5% de las exportaciones en 1801 y el 45,4% de las importaciones, porcentajes que en 1701 eran de 11,9 y 19,6 respectivamente. Por consiguiente, a 122 123

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Archivo Santander, cartas recibidas en marzo de 1825, Bogotá, 1913, 25 vol. Manfred Kossok. Historia de la Santa Alianza y la emancipación de América Latina, Ed. Cartago, México, 1983, p. 32.

principios del siglo XIX, las dos Américas se habían constituido en el principal mercado del Imperio Británico. De esta cifra global, el 9,9% de las exportaciones inglesas en 1814 tenían como destino a Sudamérica.124 A estas cifras oficiales habría que agregarle la venta por vía del comercio de contrabando, que en las colonias hispanoamericanas constituía una parte sustancial, a veces de más del 50% de la producción, como lo hemos demostrado en el tomo correspondiente a la formación social colonial. Aumentar esta corriente comercial con Hispanoamérica fue el objetivo central de la corona británica, para lo cual tenía que implementar una política pragmática, plena de ambigüedades respecto a la independencia latinoamericana y de la propia España. Resultado: las exportaciones inglesas a Centro y Suramérica aumentaron de 2,9 millones de libras esterlinas en 1821 a 6,4 millones en 1825. Su mayor preocupación fue impedir, o en todo caso neutralizar, todo intento de expansión territorial y comercial de Estados Unidos en Hispanoamérica. Similar aspiración, aunque en menor escala, perseguían los Países Bajos, Austria, Prusia y otros Estados alemanes, sobre todo después del lanzamiento de la doctrina Monroe. Mientras de palabra legitimaban el dominio colonial de España, de facto incrementaron el comercio con las nacientes repúblicas latinoamericanas, como ha comprobado Kossok a través del estudio de las actas de las compañías de comercio de Hamburgo, Bremen, Silesia, etc. A pesar de las violentas protestas de España, el comercio con los rebeldes (región del Río de la Plata, Gran Colombia, México) fue continuamente en aumento hasta 1821. Los comerciantes de Hamburgo (Diputación de Comercio), sobre todo, solicitaron una decidida defensa de las relaciones, por el momento aún no oficiales, a fin de no quedar a la zaga de la competencia inglesa.125

Tampoco Francia prestó ayuda a los partidarios de la independencia latinoamericana. Por el contrario, fue la nación que, junto a la Rusia de los Zares, avaló la política colonialista de España, luego de haber inspirado con su ejemplo revolucionario de 1789 a los precursores de la Independencia. El gabinete conservador de Francia, en plena época de la Restauración, no solo respaldó a los contrarevolucionarios, sino que llegó a sugerir un plan conjunto con España para reconquistar Colombia, después de su intervención armada en la Península Ibérica en 1823 para reforzar el poder de Fernando VII. Sin embargo, la burguesía francesa seguía teniendo expectativas bien fundadas en el mercado latinoamericano, en su carácter de competidora de Inglaterra, como lo había ya mostrado largamente en el comercio de contrabando practicado con las 124

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W. Schlote. Entwicklung und Strukturwandlunge des englischen Aussenhandels von 1700 bis zur Gegenwart, Jena, 1938, pp. 133 y 156. Manfred Kossok: Historia de la Santa Alianza..., op. cit., pp. 284 y 285.

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colonias hispanoamericanas desde el siglo XVII. El ministro F. R. Chateaubriand manifestaba al embajador francés en San Petersburgo el 1 de noviembre de 1823: “Inglaterra está enviando cónsules a las colonias españolas, pero declara que esto no significa el reconocimiento de su independencia, sino solo una simple medida para cuidar sus intereses comerciales”.126 A su momento, cuando las colonias estuvieron irremediablemente perdidas para la corona española, Francia se mostró de nuevo interesada en el comercio ya oficial con las nacientes repúblicas de América Latina.

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F.R. Chateaubriand. Congrès de Vérone. Negotiations. Colonies espagnoles, París, 1838, p. 302.

capítulo ii. La rebelión de las provincias

El período que transcurre de 1823 a 1830 es tradicionalmente conocido con el nombre de “Anarquía”. Para la mayoría de los escritores es la etapa del caos, del desorden y la inoperancia, una especie de “noche negra” de la historia de Chile. A través de las páginas de nuestros historiadores desfilan personajes que ascienden al poder y luego son desplazados abruptamente, golpes militares sin una justificación política real, constituciones que dejan de tener vigencia poco después de ser promulgadas. El lector anota acontecimientos, nombres y fechas de los numerosos gobiernos que se suceden en el mando del país, sin encontrar una explicación de las causas de este aparente caos político. Sube Freire, le sucede Blanco Encalada; a los pocos meses Agustín Eyzaguirre, quien es derribado por Campino. Vuelve Freire, renuncia; sigue la rotativa con Pinto, Vicuña y Ruiz Tagle hasta la guerra civil de 1829 y la batalla de Lircay. En el intertanto, se han dictado tres constituciones y las provincias desconocen al gobierno central. El lector, perdido ante tantas tendencias que se disputan el poder sin motivo aparente, renuncia a explicarse las raíces profundas que condicionan el período 1823-30 y termina por aceptar el nombre de “anarquía”. Detrás de la caracterización de “anarquía”, hecha sobre la base de esa errónea metodología que pone énfasis en el suceder político formal, hay una intencionada deformación histórica. El término “anarquía”, divulgado peyorativamente para denigrar una importante etapa de nuestro pasado nacional, fue impuesto por la tradición conservadora que triunfó en Lircay, con el objeto de descalificar el período en que se intentó abolir los mayorazgos, expropiar ciertos bienes de la Iglesia católica, dar participación política a sectores populares, como el artesanado, combatir el centralismo de la capital fundamentalmente y reivindicar los derechos de las provincias. José Victorino Lastarria, agudo crítico liberal de la tradición conservadora, alertaba a mediados del siglo pasado: “Se ha hecho creer generalmente que la administración de los pipiolos era el tipo del desorden, de la dilapidación, de la injusticia y de la arbitrariedad. Pero semejantes acusaciones, hijas de la mala fe o de la ignorancia, caen al suelo cuando se hojean los boletines de las leyes de la época y se estudia un

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poco la historia”.127 Posteriormente, otro historiador liberal, Domingo Amunátegui, manifestaba: “La época de nuestra Historia Nacional más censurada, más vilipendiada, más ridiculizada, ha sido la que empieza con la abdicación de O’Higgins y termina con el triunfo conservador en Lircay. Nada es más injusto”.128 En los últimos años, Julio Alemparte ha tratado de retomar esta olvidada línea de pensamiento crítico, en un afán de reivindicar la figura de Freire: Bien se sabe que ese período es designado, generalmente, con el nombre de “Anarquía”; término bastante injusto, porque supone un caos inútil, cuando lo cierto es que fue fecundo en valiosas tareas y reformas y estuvo animado de nobles y generosos propósitos, que aprovecharon, precisamente, sus enemigos para producir disturbios y complicaciones y aumentar, así, esa inestabilidad política de que le culpan.129

Sin embargo, estos escritores liberales tampoco logran dar una interpretación acertada de este período, al que erróneamente designan con el nombre de “era de los pipiolos”, o “ensayo del régimen representativo o parlamentario”,130 porque colocan el acento en los hechos de la superestructura política con el fin de poner de relieve las ideas liberales, embrionariamente expresadas por los pipiolos” en su lucha contra los “pelucones” y el clero, trasladando de manera mecanicista los debates políticos de la segunda mitad del siglo XIX al período 1823-30. En el análisis de este período, la tradición conservadora del siglo pasado ha sido reforzada en el presente por Encina y, especialmente por su padre ideológico Alberto Edwards, quien sostiene: Se ha dado a aquella época el nombre convencional de ‘era de los pipiolos’; en realidad, fue solo el tiempo de nuestros gobiernos ‘sin forma’ (…) Se ha querido dar a ese período la significación de un ensayo sincero, pero infructuoso del régimen democrático (…) La incapacidad de los caudillos, los odios que dividían a la clase dirigente, la indisciplinaria militar, he allí los obstáculos que se oponían al establecimiento de un régimen estable y ordenado.131

Esta época anárquica y caótica, del Estado “sin forma”, era el escenario “ideal” de los “turbulentos”, “alocados” y “desconformados cerebrales”, al decir de Encina. Es indudable que estamos en presencia de una fase de extrema inestabilidad política. ¿Pero cuáles son las bases socio-económicas de este aparente caos político? ¿A qué se deben los frecuentes cambios de gobierno, asonadas, motines y reemplazo de constituciones? 127 128 129 130 131

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José V. Lastarria. Obras Completas, Tomo IX, p. 177. Domingo Amunátegui S. Pipiolos y Pelucones, p. 5, Stgo. 1919. Julio Alemparte. Carrera y Freire, p. 360, Santiago, 1963. Isidoro Errázuriz. Historia de la Administración Errázuriz, p. 159, Santiago, 1952. Alberto Edwards. La Fronda Aristocrática, pp. 46 y 47, Ed. del Pacifíco, 4ª Edición, Santiago, 1952.

Una profunda crisis económica afectaba a Chile desde la revolución de 1810. Las guerras de la independencia habían significado la paralización, disminución y, en el mejor de los casos, estancamiento de las fuerzas productivas. Los campos fueron devastados, tanto por los ejércitos criollos como por los españoles, atendiendo a las necesidades inmediatas de la táctica militar que tiende a arrasar todo aquello que pueda servir al enemigo. Fue una guerra de larga duración en la que deben considerarse no solo las batallas principales, como Rancagua, Chacabuco y Maipú, sino también la guerra de guerrillas de Manuel Rodríguez y, posteriormente, la prolongada lucha, conocida con el nombre de “guerra a muerte”, contra los restos del ejército español, dirigido por Benavides y Ferrebú. Durante estos años de guerra permanente, se produjo una sensible baja de la exportación agropecuaria. Las entradas de la Aduana, del estanco y demás ingresos fiscales debieron necesariamente atender al financiamiento del Ejército para enfrentar a las tropas realistas. La guerra contra España significó la pérdida del mercado peruano del trigo y de otras plazas del imperio español donde se exportaba cobre y productos derivados de la ganadería. Estos mercados fueron recuperados en parte o reemplazados por la demanda inglesa recién a fines de la década de 1820-30. En 1827, todavía no se alcanzaba a exportar ni siquiera la mitad de las toneladas de trigo que se vendían al Perú a fines de la colonia; según Roberto Hernández,132 ese año se exportaron 100.000 fanegas de trigo, en constraste con las 220.000 de los últimos años de la época colonial, y solo 1.000 quintales de sebo contra 21.500 de 1791. El único sector de la producción que logró mantenerse a los niveles de 1800 fue la minería, base del financiamiento de las guerras de la Independencia. El cobre no pudo superar en el período 1810-1820 las 2.000 toneladas de promedio de fines de la colonia. Hubo un pequeño aumento de la producción de plata a raíz del descubrimiento de Agua Amarga en 1811 por el esclavo negro José María Ríos; las principales minas de plata, como la de Arqueros, fueron descubiertas en los últimos años de la década 1820-30. La crisis económica, agravada por la contradicción del empréstito Irisarri, fue puesta de manifiesto por la “Memoria” de 1824 elevada al Senado por el Ministro de Hacienda Diego José Benavente, quien señalaba que el Estado tenía un déficit de $400.000 y que era necesario fijar impuestos directos al capital, porque a través de los impuestos indirectos “contribuye más el laborioso gañán que el rico sibarita”. La “Memoria” terminaba con una crítica a la burguesía criolla: “Solo puede ser bastante ignorante, para dudar que sea derecho divino el que cuando la patria está en peligro de perecer por falta de recursos, solo en Valparaíso 16 regulares posean un capital de $440.000 y una superficie plana de 180.000 varas cuadradas”. 132

Roberto Hernández. Valparaíso en 1827, p. 14, Imp. Victoria. Valparaíso, 1927.

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El incremento del comercio con Inglaterra, Estados Unidos y Francia, a partir de 1820, permitió aumentar las entradas de la Aduana, pero, al mismo tiempo, la introducción indiscriminada de mercaderías extranjeras aceleró el proceso de liquidación de la industria casera artesanal, que había tenido un breve período de resurgimiento durante las guerras de la Independencia al abastecer las necesidades del Ejército. La crisis económica produjo graves problemas sociales. La desocupación alcanzó caracteres crónicos durante las décadas de 1810 y 1820. La devastación de los campos, producida por la guerra, y la pérdida del mercado peruano del trigo, lanzaron a la cesantía a miles de campesinos. La proliferación del llamado “bandidaje” se basó, precisamente, en la falta de trabajo para la masa campesina. La desocupación alcanzó también a los trabajadores de la ciudad, especialmente al artesanado. Esta capa social, que había experimentado un relativo crecimiento durante la guerra al aumentar la producción de la industria artesanal criolla proveedora de las necesidades de vestuarios y alimentos del Ejército, entró en crisis no solo con motivo del término del conflicto bélico, sino también porque en esos mismos años se abrieron las puertas a las mercaderías extranjeras que competían en forma ventajosa con los productos elaborados por los artesanos chilenos, huérfanos de una política proteccionista. La crisis tampoco permitió incorporar a la producción a los miles de soldados licenciados del ejército al finalizar las guerras de la Independencia. A su regreso de la expedición libertadora del Perú, los soldados y la baja oficialidad en su mayoría se quedaron en las ciudades como cesantes, sirviendo de trampolín para cualquier golpe militar que les garantizara al menos el pago de los sueldos atrasados. Al término de la guerra, hizo crisis el frente único de carácter político que habían formado, a pesar de sus diferencias, los distintos sectores de la burguesía criolla para enfrentar al ejército español. Se abrió entonces un período de lucha entre las fracciones burguesas por el control del aparato del Estado. La inestabilidad política de 1823 a 1830, condicionada por la crisis económica, fue el reflejo de una lucha por el poder entre fracciones que aún no representaban fuerzas políticas burguesas consolidadas. En este período de gestación de los partidos políticos chilenos, ninguna fracción burguesa era lo suficientemente fuerte y decantada como para imponerse sin contrapeso sobre las demás. Las tendencias pequeño-burguesas liberales y de contenido plebeyo pudieron aflorar en este cuadro político contradictorio, ya sea para servir a los intereses de la burguesía minera o para jugar un papel relativamente autónomo en representación de los nuevos y pujantes sectores artesanales. La rebelión de las provincias fue la característica más relevante de esta fase de inestabilidad política. La contradicción fundamental del período 1823-30 no fue la disputa puramente formal entre “pipiolos y pelucones”, como se ha afirmado, sino la lucha de las provincias contra el centralismo de la capital. Basados en esta caracterización, hemos preferido denominar “rebelión de las provincias” al período conocido

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en nuestra historia con los nombres de “anarquía”, “era de los pipiolos” o “ensayo del régimen representativo y parlamentario”. La contradicción capital-provincias, que en apariencia tiene un sentido geopolítico, representaba una profunda pugna de intereses de clase. Era la expresión aguda de la protesta de sectores burgueses provincianos postergados por el centralismo de la capital, cuyos gobiernos actuaban como representantes de la burguesía santiaguina. El hecho de que la rebelión de las provincias sea el rasgo esencial de este período no significa restar importancia al análisis de las luchas del liberalismo embrionario contra los mayorazgos y los privilegios de la iglesia católica, ni menos dejar de considerar el papel que jugaron las primeras organizaciones populares del artesanado, los planteamientos de la corriente plebeya y otras medidas progresivas dictadas en este período tan denigrado por la historiografía tradicional.

Las causas de la rebelión de las provincias El fenómeno más relevante del período 1823-30 fue la participación activa de las provincias en la política nacional. Desde la caída de O’Higgins hasta la guerra civil de 1829, pasando por la elección de los Congresos Nacionales y la promulgación de las constituciones federales, no hubo acontecimiento político de importancia donde las provincias no jugaran un papel decisivo. Las reiteradas protestas de las provincias por el centralismo de Santiago y su manifiesto desconocimiento del gobierno central promovieron un ensayo de federalismo en 1826. Chile no fue el único país de América Latina en que hubo enfrentamiento de las provincias contra la capital. Las guerras civiles de la Argentina del siglo XIX entre unitarios y federales y entre porteños y provincianos tuvieron como causa principal el papel opresor asumido por la capital: Buenos Aires. Un esclarecido pensador argentino del siglo pasado, Juan Bautista Alberdi, expresaba: “La Revolución de Mayo fue la substitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires sobre las provincias argentinas; el coloniaje porteño substituyendo al coloniaje español”.133 El proceso de rebelión de las provincias en Chile tuvo características específicas que se remontan a la Colonia. De aquella época data la formación de tres bloques regionales: Coquimbo, Santiago y Concepción. La Intendencia de Santiago, que incluía Valparaíso y llegaba hasta el Maule, fue desde el inicio de la conquista el asiento del gobierno español. Santiago, capital de la Capitanía General, centralizaba las entradas de la Aduana, del estanco y de los demás 133

J.B. Alberdi. Escritos Póstumos, V, 108, Bs. As. 1895, cit. por Milcíades Peña, quien ha hecho un análisis marxista acertado de las luchas entre unitarios y federales en “El Paraíso Terrateniente”. Ed. Fichas, Bs. As., 1969.

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ingresos fiscales. La Intendencia de Santiago fue no solo el epicentro político sino la base del poderío de la burguesía comercial y terrateniente de la Colonia. La Intendencia de Coquimbo, que comprendía el actual Norte Chico, desde Copiapó hasta Aconcagua, era ya a fines de la colonia el principal centro minero y la columna vertebral de la economía chilena, hecho reconocido por los reyes de España. El oro, la plata y el cobre fueron, desde la época colonial, la base económica de este país preponderantemente minero. Sin embargo, el norte fue una de las regiones más postergadas por la Capital, que se apropiaba de las entradas fiscales proporcionadas por la exportación de los productos mineros. La Intendencia de Concepción, que abarcaba de Talca al Sur, era no solo el centro militar más importante, sede del Ejército de la Frontera, sino la principal zona triguera y viñatera. Gran parte de la exportación de los productos agropecuarios al Perú y a otros mercados del imperio español provenía de esta región. Los artículos elaborados por su industria artesanal abastecían en cierta medida las necesidades del mercado interno. Los fuertes intereses socioeconómicos de las burguesías locales de Coquimbo y Concepción fueron generando una conciencia regionalista que se arraigaba a medida que Santiago iba postergando sus aspiraciones. La Revolución de 1810, lejos de superar la contradicción capital-provincias, agudizó la conciencia regionalista, porque Santiago impuso desde la instauración de las primeras Juntas de Gobierno un criterio centralista. Desde las primeras fases de la revolución de 1810 las provincias plantearon sus reivindicaciones económicas y políticas. Los choques de Martínez de Rozas, en defensa de los intereses de Concepción, con la Junta de 1811 llegaron al borde de la guerra civil, solo abortada por el peligro de la invasión española. No es extraño que Barros Arana sostenga que en ese período “Concepción quería tener gobierno propio”.134 El frente único constituido por las fracciones políticas de la burguesía criolla para enfrentar al ejército realista postergó momentáneamente la lucha entre las provincias y la capital. Ni bien fue derrotado el enemigo común, los choques afloraron con mayor violencia. Su expresión más elocuente fue el levantamiento provinciano de Freire, que condujo a la caída de O’Higgins y a la apertura del período de mayor exacerbación de la lucha de las provincias contra la capital. Las provincias protestaban contra el centralismo de la capital, porque Santiago monopolizaba las entradas fiscales, favorecía la liquidación de las industrias regionales al permitir la libre introducción de mercaderías extranjeras y gravaba con fuertes derechos de exportación los productos de las provincias. Las provincias exigían que los ingresos fiscales provenientes del estanco del tabaco, de los diezmos, de la alcabala y, fundamentalmente, de las entradas de la Aduana, se distribuyeran proporcionalmente a la riqueza que entregaba cada zona y de acuerdo 134

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Barros Arana: VIII, 404.

a la población y las necesidades de cada región. Las provincias tenían derecho a una mejor distribución de las entradas fiscales, porque el Norte Chico aportaba la casi totalidad de la producción de oro, plata y cobre, y la zona centro-sur, un porcentaje apreciable del total de la producción agropecuaria. Las provincias, carentes de recursos fiscales propios de importancia, solicitaban con razón una mayor cuota del presupuesto nacional para cubrir sus gastos regionales y realizar obras de infraestructura, como puentes, caminos y obras de regadío que facilitaran un desarrollo económico más acelerado. Santiago no era Chile. El censo de 1831-35, al igual que los anteriores, demostró que la mayoría de la población vivía en las provincias. La cifra global, ligeramente superior a un millón de habitantes que arrojó ese censo, sin contar a los indígenas (!!!), tenía la siguiente distribución por provincias: Santiago: 243.929; Colchagua: 167.419; Aconcagua: 137.039; Concepción: 118.364; Maule: 120.180; Coquimbo: 89.921; Talca: 60.810. Sin embargo, la distribución del ingreso fiscal no correspondía proporcionalmente a la cantidad de habitantes de cada provincia ni menos a la riqueza que aportaban. El gobierno central de Santiago retaceaba la ayuda a las provincias, invirtiendo la mayoría de los ingresos fiscales en obras que favorecían a los terratenientes y comerciantes santiaguinos. De hecho, Santiago actuaba no en su calidad de capital de la nación, sino como capital de la provincia de Santiago. Al utilizar en beneficio casi exclusivo de la burguesía santiaguina las entradas de todo el país, aportadas mayoritariamente por las provincias, ejercía una variante de coloniaje sobre las provincias, reproduciendo en pequeña escala la relación metrópoli-satélite, al decir de André G. Frank.135 Sin embargo, la relación metrópoli-satélite dentro del propio país asumía en aquella época una forma distinta a la actual, porque no se trataba de la inversión de capitales de la burguesía de Santiago –metrópoli– en las provincias –satélites– para extraer la plusvalía de los trabajadores coquimbanos o penquistas, sino de la apropiación de parte del excedente por vía de los derechos de exportación y otros impuestos fiscales. La otra parte de la plusvalía quedaba en manos de una burguesía regional que se había desarrollado con capitales propios y que reclamaba una mejor distribución de los ingresos fiscales a los cuales contribuía con sus productos de exportación. Una demostración del criterio exageradamente centralista de la capital era el hecho insólito de que la Aduana principal del país estuviera en Santiago, y no, como podría suponerse, en un puerto. En las páginas finales del capítulo I de este volumen hemos analizado los intereses económicos que motivaron este increíble fenómeno histórico. Solo cabe agregar que la resolución del gobierno de O’Higgins de trasladar la Aduana 135

André G. Frank. “Capitalism and Underdevelopment in Latin America”, Monthly Review Press, New York, 1967.

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de Santiago a Valparaíso, medida que aceleró su caída, continuó siendo resistido por la burguesía santiaguina hasta fines de la década de 1820-30. A pesar de que el Senado de 1820 elevó la Aduana de Valparaíso al mismo rango que tenía la de Santiago, las cuentas aduaneras siguieron centralizándose en la capital. No obstante la resolución de diciembre de 1828 de suprimir la Aduana de Santiago, ésta siguió subsistiendo hasta 1832, hecho que se comprueba al analizar las entradas fiscales de la nación. Durante los años 1829, 1830, 1831 y 1832, la Aduana de Santiago percibió respectivamente $ 412.088, $ 378.801, $ 329.346 y $ 370.054, mientras que para los mismos años el ingreso de la Aduana de Valparaíso fue el siguiente $ 547.254, $ 466.941, $ 369.838 y $ 470.947. A fines de la década de 1820-30, los terratenientes y comerciantes santiaguinos no se resignaban aún al traslado de la Aduana principal a Valparaíso. Barros Arana comentaba al analizar los sucesos de 1828: Desde tiempo atrás se había pedido la supresión definitiva de la Aduana de Santiago, no solo porque su despacho había llegado a ser muy reducido, y su producto inferior al costo que ocasionaba, sino porque la traslación de mercaderías de Valparaíso para ser aforadas en la capital, daba origen, según el rumor público, a frecuentes contrabandos. Pero aquella reforma hallaba resistencias formidables en la rutina, en el interés de los funcionarios públicos que deseaban la conservación de sus empleos, y en la necesidad, se decía, de que la oficina central de Santiago mantuviera a su cargo la revisión de cuentas de las demás aduanas de la República. El 3 de noviembre, el senador don Manuel Antonio González presentaba un proyecto según el cual la Aduana de Santiago sería suprimida, corriendo en adelante el despacho y las demás obligaciones que estaban a su cargo en la Aduana de Valparaíso. Este proyecto, modificado en sus accidentes y considerablemente completado en sus disposiciones, quedó definitivamente aprobado en ambas cámaras el 24 de diciembre siguiente; pero su cumplimiento quedó aplazado por diversas causas…136

El hecho de que la Aduana estuviera en una ciudad interior y no en un puerto era una aberración económica, pero no hubiera sido tan grave si la capital hubiese distribuido a las provincias los ingresos aduaneros en proporción al aporte que le hacían a la riqueza nacional las diferentes regiones del país. Pero Santiago invertía en su provincia la parte del león de la renta aduanera. Las rentas de la Aduana en los países atrasados del siglo XIX, que recién nacían a la vida política independiente, eran no solo la parte sustancial del total de los ingresos del Estado, sino que constituían el respaldo económico más importante que podían ofrecer esas naciones para solicitar empréstitos o créditos. Una política económica verdaderamente nacional hubiera sido distribuir la renta aduanera de acuerdo con las necesidades de las provincias, invirtiéndola básicamente en la creación de una industria nacional que pudo haberse iniciado con el proteccionismo a las industrias 136

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Barros Arana, XV, 284.

regionales de carácter artesanal. Pero la burguesía santiaguina no actuaba con un criterio nacional. Disponía de los ingresos de la Aduana como si fueran propios, particulares de su provincia. Al disponer de los fondos de la Aduana principal, de hecho disponía del destino económico de las provincias, no importándole la liquidación de las industrias regionales al permitir la entrada indiscriminada de artículos manufacturados extranjeros, si con ello aumentaban las entradas de su Aduana. En el afán de romper el monopolio santiaguino de la Aduana, las provincias plantearon en plena etapa federalista medidas que por su estrechez localista no permitieron superar el problema económico. El 12 de julio de 1826, los diputados Cienfuegos y Fernández propusieron el establecimiento de un tesoro y una aduana en cada provincia.137 Esta proposición, en lugar de solucionar el problema, trababa el comercio interior al fijar impuestos aduaneros en cada provincia. Un ejemplo de esta actitud desesperada de las provincias en defensa de sus intereses lesionados por el centralismo de Santiago, la proporcionaba una resolución de la asamblea de Aconcagua realizada el 8 de julio de 1827: “La provincia de Aconcagua se declaraba en el pleno goce de sus derechos naturales (…) y por no existir autoridad nacional legislativa, entraba a gobernarse a sí misma y a percibir el producto de todos los impuestos que se pagaban en la provincia”.138 En 1826, la asamblea de Coquimbo pidió que se estableciera una Casa de Moneda en su provincia. Sin embargo, la mayoría de los arrestos separatistas del período federal no tenían como objetivo deliberado su marginación de la República, sino que expresaban una tendencia a la reafirmación de la autonomía provincial. Las provincias no se resistían a que Santiago fuera la capital. Al contrario, exigían que Santiago actuara como capital de la nación y no como representante de los intereses de su provincia. Una de las provincias más federalistas, en cuyo honor Infante bautizó su periódico con el nombre de El Valdiviano Federal, se pronunció en 1827 “por el sistema federal, contando con que la capital de la República auxilie a esta provincia, mientras ella no tenga cómo sufragar los gastos”. En el período más agudo del federalismo, Coquimbo tampoco llegó a plantear una posición separatista; uno de los acuerdos de la asamblea coquimbana de 1827 luchaba “porque se constituya la República bajo un sistema de gobierno representativo popular, que dándose a las autoridades generales cuantas facultades se crean necesarias al efecto de procurar la dicha común, seguridad y dignidad del país, se proporcione al mismo tiempo a las provincias medios y facultades para proveer a sus necesidades interiores por el órgano de sus autoridades provinciales; les sea reservado el derecho de tener parte en el nombramiento de sus magistrados; y a sus pueblos e individuos respectivos se les ponga a cubierto de toda arbitrariedad que pudieran tener de parte 137 138

Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XII, 107. Citado por Encina, IX, 342.

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del capitalismo y despotismo”.139 Estas y otras resoluciones provinciales demuestran que la finalidad del movimiento regionalista no era propiamente el separatismo, sino la exigencia de que Santiago asumiera su papel de capital de la República y no de una provincia en particular. Algunas provincias, en especial las de la zona centro-sur, protestaban porque el gobierno permitía la entrada masiva de artículos manufacturados extranjeros que competían con los productos elaborados por las industrias regionales. Desde la época colonial, a partir del siglo XVII en que América Latina estuvo en un relativo aislamiento comercial a raíz de las continuas guerras de España con otras potencias europeas, comenzaron a desarrollarse ciertas industrias destinadas a satisfacer la parte de la demanda interna que no podía ser cubierta por la imposibilidad que tenía la corona española en aquel siglo de enviar productos manufacturados a sus colonias. Estas industrias de carácter artesanal, de tipo familiar o doméstico en su mayoría, se originaron en Chile especialmente en la zona central y sur. Se dedicaban a la fabricación de calzado, vestuario, uniformes, ponchos, sombreros, alfarería de greda y productos derivados de la ganadería, como curtiduría y lana de ovejas que se utilizaba en los talleres caseros y en los obrajes. Eran famosas las mantas y alfombras de Chillán y Concepción. Estas industrias entraron en crisis a fines del siglo XVIII con la implantación de las Reformas Borbónicas. La política económica de los reyes borbones tendía a desarrollar la propia industria española, ampliando el mercado latinoamericano para los artículos manufacturados de la metrópoli. La libre introducción de estos productos, sumado al auge del contrabando en el siglo XVIII, inundó los mercados de manufacturas que rápidamente desplazaron a los artículos elaborados por las modestas industrias coloniales. Los primeros gobiernos surgidos de la revolución de 1810 establecieron impuestos a los artículos extranjeros, pero este recargo de las tarifas tenía como objetivo inmediato el aumento de los ingresos aduaneros y no formaba parte de una auténtica política de desarrollo industrial. Sin embargo, las necesidades de abastecimiento del Ejército durante las guerras de la Independencia permitieron un resurgimiento de las industrias regionales, especialmente aquellas dedicadas a la elaboración de monturas, mochilas, apareos, arneses, mantas y uniformes. La industria metalúrgica de guerra tuvo un auge coyuntural con la fabricación de cañones, fusiles y municiones. Estas industrias entraron en crisis no solo por la finalización de la guerra, sino también porque los gobiernos de la burguesía criolla, interesados fundamentalmente en la exportación de materias primas y en el aumento de los ingresos aduaneros, facilitaron la libre introducción de artículos manufacturados extranjeros. En cifras comparativas, Chile fue una de las naciones de América Latina a la cual ingresaron mayor cantidad de 139

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Ibid., IX, 340-341.

mercaderías inglesas, francesas y norteamericanas durante la década 1820-30. Hacia 1827, Inglaterra vendía anualmente a Chile por un valor superior a los tres millones de pesos; le seguía Estados Unidos con un millón y luego Francia. La introducción de mercaderías extranjeras por vía del contrabando aceleró la crisis de las escasas industrias artesanales del país. El ministro Rodríguez Aldea manifestaba ante la Asamblea Legislativa de 1822: “El contrabando ha llegado a tal exceso que los efectos y géneros extranjeros se venden internados con muy poca o ninguna diferencia de los precios que cuestan a bordo”.140 El presidente Freire afirmaba en abril de 1823: “Es tan público y notorio el contrabando que se hace en el puerto de Valparaíso que acaso no hai persona que allí ni aquí lo ignore. Los comerciantes mismos, que han asistido a las sesiones del reglamento, han asentado de positivo que la mitad de las internaciones se hacen clandestinamente”.141 El contrabando era alentado, con un criterio mezquino, por ciertas provincias que no tenían industrias regionales que pudieran verse afectadas por la competencia de artículos extranjeros. Era el caso de Coquimbo, uno de los focos principales del contrabando, donde se cambiaba oro, plata y cobre por manufacturas europeas, evitando ambas partes el pago de los derechos aduaneros. Vicuña Mackenna afirmaba que durante el período 1818-1830 “casi en su totalidad el dúctil metal ‘salía por alto’, es decir, se exportaba de contrabando”.142 La entrada masiva de artículos extranjeros provocó rápidamente la ruina de las industrias regionales de calzado, tejidos, alfombras, alfarería, etc., que abastecían el consumo popular. Si bien no cabe exagerar retrospectivamente las posibilidades de desarrollo que tenía esta industria artesanal por sus métodos primitivos y su escasa capitalización, no puede dejarse de señalar que una política auténticamente nacional hubiera permitido, con fuertes medidas proteccionistas, crear sobre nuevas bases una industria autóctona que cortara los nuevos lazos de dependencia establecidos con las metrópolis inmediatamente después de lograda la independencia política formal. Pero a la burguesía criolla, interesada exclusivamente en mejores precios y más amplios mercados para la exportación de las materias primas, no le preocupaba el destino nacional de las industrias regionales. El comercio al detalle, que había quedado en manos de los criollos por resolución de la Primera Junta de Gobierno, fue concedido también a los extranjeros en 1820. Rápidamente comenzaron a establecerse las casas europeas y norteamericanas de importación, como Waddington, Templeman, Price, Haigh, Head, Budge, Brandt, etc… 140 141 142

Ibid., IX, 191. Sesiones de los Cuerpos Legislativos, VII, p. 79. Benjamín Vicuña Mackenna. La Edad de Oro en Chile, p. 220, segunda edición, Ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1968.

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En 1824 fue fundada en Valparaíso la Casa Huth y Cía.; en 1826, las Casas Gibbs, Linch, Hill, Hemenway, que después se convirtió en Wessel, Duval y Cía. La proliferación de productos extranjeros era tan notoria que una viajera inglesa de la época comentaba: “En todas las calles (de Valparaíso) se ven colgadas las muestras de sastres, zapateros, talabarteros y posaderos ingleses; y la preponderancia del idioma inglés, sobre todas las demás lenguas que se hablaban en la calle, lo harían a uno creerse en una ciudad de la costa inglesa”.143 Estas casas mayoristas de importación movieron sus influencias políticas cuando algunos gobernantes plantearon medidas proteccionistas. Así ocurrió con los propósitos de Rodríguez Aldea, quien en el preámbulo de un proyecto manifestaba: “Ojalá nuestras instituciones preparen el día en que los productos de todas las aduanas, por importaciones del extranjero, los viésemos reducidos a cero. Este mismo sería el día en que veríamos la verdadera estrella naciente de nuestra prosperidad”. A raíz de esta proposición, Encina comenta: Las medidas inquisitoriales que consultaba el reglamento para extirpar el contrabando y la nueva elevación de los derechos de aduana, ya tres veces más altos que los coloniales, provocaron un verdadero furor en el comercio extranjero, a la sazón todopoderoso. La propia María Graham, tan tranquila y ecuánime, perdió el aplomo, y agotó contra el proyecto del ministro el arsenal de los calificativos.144

Manuel de Salas, apoyado por Camilo Henríquez, fue uno de los escasos defensores de la industria artesanal criolla, al propiciar el alza de las tarifas aduaneras para los productos extranjeros que competían con los nacionales, la enseñanza técnica industrial y la obligación de vestir a los soldados con tejidos nacionales y equipar a los buques chilenos con velamen de fabricación nacional. El 10 de abril de 1824 hizo aprobar una ley que otorgaba gratuitamente terrenos y eximía de contribuciones a quienes establecieran fábricas con materias primas del país. Mas estas medidas fueron torpedeadas por las casas importadoras extranjeras que habían adquirido ya una influencia decisiva en los círculos políticos criollos. Los productos europeos, de mejor calidad y de precios más bajos que los nacionales, cambiaron el gusto y la moda de los criollos, haciéndolos más receptivos al cosmopolitismo extranjerizante. Las provincias afectadas por el hundimiento de sus industrias regionales intentaron durante el período 1823-30 detener este proceso general sin alcanzar sus objetivos. La rebaja de los derechos de exportación fue otra de las reivindicaciones planteadas por las provincias, especialmente mineras. Gregorio Cordovez, representante de Coquimbo, presentó el 31 de enero de 1823 un proyecto para suprimir el derecho de 143

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María Graham. Diario de su residencia en Chile (1822), p. 173, Ed. América, Madrid, sin fecha edición, Trad. José Valenzuela. Encina, X, 143.

quinto que gravaba a las minas de plata; y el 3 de marzo de 1825 otro en el que planteaba que se redujera el derecho de salida de dos pesos por quintal métrico que pagaba el cobre. El 21 de marzo de 1827 el Congreso se pronunció a favor de que el derecho de exportación de cobre disminuyera a un peso por quintal. El 18 de enero de 1826 se suprimieron los derechos de quinto y minería que se cobraban al oro y la plata, decretándose de esa manera la libre exportación de plata y oro sellados. Francisco Pinto, ex intendente de Coquimbo y Presidente de la República en el período en que se dictaron algunos de estos derechos, no fue ajeno a la promulgación de esas leyes que beneficiaban a la burguesía minera. Pinto Edwards era dueño de la importante mina de plata Arqueros. El viajero Gabriel Lafond du Lucy narraba cómo se fue gestando la fortuna del general Pinto y de sus socios: “Después de tres meses de trabajo, cayeron en un ojo de metal que les indemnizó de todos sus gastos y los puso en situación de continuar sus trabajos, luego el beneficio de cada uno de los asociados se elevó a 80.000 pesos o sea 400.000 francos”.145 La rebaja de los derechos de exportación, medida que afectó las entradas aduaneras del país, benefició directamente los intereses de la burguesía minera del Norte chico. Las provincias, disconformes con el monopolio santiaguino de los ingresos fiscales, apoyaron las demandas mencionadas creyendo que redundarían en un bienestar general. La política nacional que correspondía en ese entonces era exigir que la burguesía minera pagara los derechos de exportación correspondientes y que estos ingresos, que pertenecían a la nación, fueran distribuidos proporcionalmente de acuerdo con las necesidades de las provincias.

Las luchas contra la capital Las causas enumeradas, principalmente el monopolio santiaguino de las rentas fiscales de la nación, impulsaron el proceso de rebelión de las provincias. Desde la caída de O’Higgins hasta la guerra civil de 1829 sucedieron innumerables y variadas expresiones de luchas contra la capital. El descontento de las provincias con O’Higgins tuvo su origen en la promulgación de la Constitución de 1822, de corte unitario y centralista, porque suprimía las provincias y las reemplazaba por departamentos y distritos, quedando facultado el Director Supremo para nombrar a los gobernadores. El levantamiento de Freire en 1823 respondía a los reclamos de Concepción por haber sido postergada en forma reiterada por el gobierno central. Los documentos de la época revelan una situación de hambruna excepcional, en 1822, en la región sureña. En una comunicación al Intendente de Concepción, en agosto de 1822, el subdelegado de Cauquenes, José Antonio Fernández, 145

Gabriel Lafond Du Lucy. Viaje a Chile, p. 129, Santiago, 1911.

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manifestaba: “Son señor tan repetidos los clamores de los infelices habitantes de este partido por falta de mantenimiento”.146 El subdelagado de La Florida, Domingo Cruzat, escribía a Freire: “En esta subdelegación de La Florida se muere la gente de hambre. Los pordioseros andan que se estorban, tanto en esta villa como en los campos. Los trabajos de las haciendas están paralizados”.147 El documento más dramático provenía del párroco de Rere, José María Gallardo: “Lastima el corazón más empedernido el ver la miseria de los habitantes de las doctrinas de Rere y Talcamávida, que tengo a mi cargo. Desde fines de julio último llevo enterrados muy cerca de setesientos cadáveres”.148 Como el documento estaba fechado en septiembre, cabe inferir que en dos meses murieron 700 personas de hambre en dos pequeños departamentos. La causa inmediata de la rebelión sureña fue la negativa del gobierno a enviar ayuda y la orden de trasladar trigo de Concepción a otra provincia precisamente en el período de hambruna mencionado. El acuerdo de la Asamblea de Concepción de fecha 11 de diciembre de 1822 llamaba a las cosas por su nombre: La falta de un numerario para sostener el ejército, la desnudez, hambre y demás calamitosas miserias que ha padecido, nos han persuadido de que se trataba de su disolución. El alto desprecio con que se han mirado los justos reclamos de este pueblo para la terminación de esta guerra de sangre que ha asolado la provincia, las órdenes para que se permitiera a determinados hombres la exportación de granos para la otra provincia en circunstancias de morirse de hambre las gentes de necesidad en ésta; por último la destructora ley de división de la provincia en partidos…149

La rebelión penquista, dirigida por Ramón Freire, encontró rápido eco en otras provincias, como Coquimbo, donde José Miguel Irarrázabal movilizó 400 peones de Illapel para marchar sobre Santiago. El hecho de que los terratenientes santiaguinos hayan aprovechado la situación para acelerar la renuncia de O’Higgins y canalizar el movimiento, no invalida el origen y la esencia de la rebelión provincial contra el gobierno. La prueba de que la caída de O’Higgins fue decidida por el levantamiento de las provincias es que Concepción y Coquimbo desautorizaron a la Junta constituida en Santiago por Eyzaguirre, Errázuriz e Infante, y reconocieron a Freire como Presidente de la República. Además de Concepción y Coquimbo, otras zonas del país, como Rancagua, San Fernando y Curicó, se pronunciaron contra la junta santiaguina que provisoriamente reemplazó a O’Higgins.

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Citado por Reinaldo Muñoz Olave. Las Monjas Trinitarias de Concepción, p. 255, Santiago, 1926. Ibid., 256. Ibid., p. 257. Citado por Encina, VIII, 662.

Bandas de gentes armadas amenazaban a las autoridades proclamando la revolución contra el gobierno de Santiago, y excitando a los pueblos a que reconocieran a la asamblea de Concepción y se incorporaran a esta provincia, como lo había hecho Talca. El comandante Don Domingo Urrutia, que fue enviado por Prieto con una partida de tropa a mantener el orden en San Fernando, no se atrevió a entrar a este pueblo que estaba ocupado por cerca de trescientos montoneros. El capitán don Francisco Borcosqui, que mandaba las partidas de avanzadas del Ejército de Freire, apoyaba con ellas las tendencias de segregarse del gobierno de la capital, que estimulaban los jefes de aquellas bandas.150

La ciudad de Valdivia, cuya guarnición estaba al mando de Beauchef, también apoyó el movimiento de rebeldía de las provincias encabezado por Freire. Días antes del Congreso convocado para marzo de 1823 con el objeto de elegir al nuevo Presidente de Chile, continuaba la rebelión en varias zonas del país. En Quillota algunos individuos armados, convocando revolucionariamente al pueblo, en la mañana del 8 de marzo, dos días antes de la elección, depusieron al Cabildo (…) En San Fernando y Santa Rosa de los Andes, hubo también lucha obstinada (…) El Cabildo de Talca, por sugestión de la Asamblea de Concepción, continuaba considerándose segregado de Santiago.151

La lucha de las provincias no se paralizó con la elección de Freire como Director Supremo porque la mayoría estaba disconforme con el contenido unitario y centralista de la Constitución de 1823. Concepción rechazó esta Constitución: “Quería una independencia casi absoluta en su régimen interior y el mantenimiento de una preponderancia igual a la de Santiago en la sanción de las leyes orgánicas”.152 En una actitud de protesta por la primacía que seguía manteniendo Santiago, el Cabildo Abierto de Concepción celebrado el 20 de abril de 1825 resolvió retirar sus diputados del Congreso; en la nota enviada al Ministro del Interior, los penquistas manifestaban: Pareció que éstos eran los tiempos primeros de la revolución hasta el año catorce, en que el pueblo solo de Santiago era el árbitro de la supremacía i las provincias sus colonias que debían obedecer ciegamente su voluntad. Concepción no quiere dar la lei; pero no quiere tampoco que se la dé un pueblo que es semejante e igual en derechos: la quiere recibir de la nación.153

El 23 de marzo de 1825, con la asistencia de representantes de los departamentos, se constituyó la Asamblea Provincial de Concepción; su primer acuerdo fue reconocer a Freire como Director Supremo y plantear un Senado legislativo compuesto de nueve

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Barros Arana, XVI, p. 10, Santiago, edición de 1897. Ibid., XIV, 39. Ibid., XIV, 457. Ibid., XIV, 549. El subrayado es nuestro.

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miembros: 3 por Santiago, 3 por Coquimbo y 3 por Concepción, representación que aseguraba la preponderancia de las provincias. La posición de Coquimbo era parecida a la de Concepción. En nota al Director Supremo: La Asamblea de Coquimbo fundaba en varios motivos su negativa a enviar diputados al Congreso. Sostenía que el gobierno central no había tenido autoridad para convocarlo sin el acuerdo de las asambleas provinciales. Impugnaba la convocatoria por cuanto en ella se daba a la provincia de Coquimbo menos representación de la que ésta tenía derecho a exigir. Y por último concluía con estas palabras: si por desgracia nuestra se insistiese en la disolución de las asambleas y reunión de un Congreso sin los debidos preliminares que garanticen su estabilidad y el bienestar de la República, Coquimbo desde entonces no se considerará más como parte integrante de un país libre, sino colonia de Santiago.154

Al quedar sin los representantes del Norte y del Sur, de hecho el Congreso de 1825 no fue nacional. Las provincias rechazaron todos sus oficios por considerarlos solo representativos de Santiago, como lo prueba un acuerdo de la asamblea de Coquimbo “después de proclamar que el Congreso que funcionaba en la capital no podía considerarse sino como una simple asamblea de la Provincia de Santiago”.155 En esas circunstancias, el Congreso de 1825, a sugerencia de Infante, tuvo que resolver que no se adoptaría ningún acuerdo de carácter nacional hasta que no se integraran los representantes de Concepción y Coquimbo. En Santiago, se organizó el 13 de junio de 1825 una asamblea que eligió una Junta Provincial integrada por José Miguel Infante, Carlos Rodríguez y José A. Ovalle. En dicha asamblea, Carlos Rodríguez, el hermano del guerrillero, hizo aprobar la siguiente proposición: Que el Director Supremo quedase en el gobierno únicamente con las atribuciones de carácter general como la dirección de las relaciones exteriores y al mando del ejército, y que se formase una Junta de gobierno compuesta de 3 individuos, encargada de la administración pública de la provincia de Santiago, y que buscaría el acuerdo de las otras dos provincias y su conformidad con ellas.156

Valparaíso se plegó al movimiento de rebeldía contra la capital como protesta por el decreto gubernamental del 8 de julio de 1825 que establecía el desarme de los buques de la escuadra que no estaban en servicio, medida que dejaba sin trabajo a las tripulaciones. Al mismo tiempo, el gobierno disponía que la carga y descarga se hiciera en doce embarcaciones del Estado, resolución que lanzaba a la cesantía a los lancheros. El pueblo de Valparaíso, reunido en una asamblea de más de 500 personas, acordó pedir la derogación de estos decretos en una nota en la que manifestaba: 154 155 156

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Ibid., XIV, 550. El subrayado es nuestro. Ibid., XIV, 465. Ibid., XIV, 541.

El pueblo todo ha solicitado con la mayor energía de sus sentimientos se eleve recurso a la superioridad para que decrete la renovación del actual comandante del resguardo don Antonio Vergara y del tesoro ministro de marina don José del Carmen Almanche, principalmente, entre otros motivos que se omiten, porque los cree autores de las medidas erróneas, tiránicas y llenas de ignorancia con que se ha oprimido la miserable industria de la clase de pescadores, lancheros y boteros, atacándoles de un modo infame sus propiedades (…) que se represente al gobierno supremo que los hijos de Valparaíso, aunque no aspiran a ninguna clase de empleos, miran con el mayor sentimiento la eterna postergación, o desprecio, más bien con que en las justas ocasiones de colocarles compatiblemente a sus aptitudes, se les dasaira u olvida. Que se solicite del supremo gobierno se destine la mitad del producto del ramo de caminos para componer el de Quillota y el de la calle pública que sirve de entrada al principal embarcadero de este puerto y que normalmente se deteriora por los temporales.157

El Intendente de Valparaíso, José Ignacio Zenteno, castigado por el gobierno a raíz de estos acontecimientos, declaraba en un oficio del 21 de octubre de 1825: Valparaíso que era el único pueblo que se mantenía tranquilo en medio de las oscilaciones que han sufrido todos los demás de la República, se hizo al fin el blanco de los célebres ensayos políticos-económicos del anterior ministerio: vió en consecuencia arruinado su comercio, prohibido el ejercicio de su pesca, monopolizado por el gobierno el fletamiento en bahía de sus buques menores, y amenazada en fin la seguridad pública por la situación desesperada a que aquellas y otras innumerables providencias habían reducido a las clases más numerosas e indigentes (…) Notorio es que después el mismo pueblo de Santiago desobedeció expresa y terminantemente las órdenes supremas instalando una autoridad gubernativa provincial en vez de elegir diputados para una asamblea (…) Nadie ignora las conmociones populares de San Fernando, Aconcagua, Casablanca, etc. (…) Por último Concepción y Coquimbo no solo instalan inconsulto S. E. (y debe creerse que contra sus sentimientos) legislaturas provinciales sino que resueltamente le desobedecen negándose a enviar diputados al Congreso general mandado crear por S. E.158

El gobierno de Freire desconoció los acuerdos de la asamblea de Valparaíso y dispuso el envío de un escuadrón de caballería al puerto. Enterado de este eventual ataque, el pueblo de Valparaíso organizó “una compañía de tiradores para defender la entrada de la ciudad en los cerros conocidos con el nombre de Alto del Puerto. El Cabildo mismo declaraba que no se reconocería al nuevo Gobernador, poniéndose así a la cabeza de la resistencia popular”.159 La expresión política de las aspiraciones provinciales fue el federalismo. La contradicción capital-provincias fue reflejada políticamente por un federalismo de ropaje 157

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Melchor Concha y Toro. Chile durante los años de 1824 a 1828, p. 316, Documento Nº 20, Santiago, 1862. Ibid., Documento Nº 24. Barros Arana, XIV, 561.

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liberal. Pero no hay que identificar federalismo con liberalismo porque hubo políticos de tendencia liberal que defendieron el sistema unitario y, a la inversa. conservadores de provincia que empuñaron la bandera del federalismo. Cuando Infante, el principal teórico del federalismo, planteaba en el Congreso de 1826 que “este es el día en que empiezan a temblar los tiranos y los hombres libres a llenarse de consuelo al oir la federación” quería decir que había llegado el momento en que las provincias, bajo la constitución federal, alcanzarían su “libertad” frente a los “tiranos” o dictadores del gobierno central santiaguino. El mismo alcance tenían las palabras de Lazo, otro dirigente federal: “En la federación veo un antemural contra la opresión y la mejor garantía de los pueblos”. Un manifiesto de la provincia de Coquimbo en 1825 es también ejemplo de que la terminología liberal estuvo al servicio de la tesis federal: La libertad nunca es bien pagada, cualquiera sea su precio y que hay mucha más en la federación que en la unidad, nadie se atreve a disputarlo (…) No hay otro arbitrio que privar al gobierno de esa amplitud de poder con que le reviste la unidad (…) Para mitigar el odio a la monarquía, se nos dice que tratan de constituir una república; pero la centralidad está en contradicción con ese nombre lisonjero (…) si el objeto de la unidad centralizada es hacer un gobierno robusto ¿quién destruye ese coloso cuando quiera perpetuarse?160

La constitución federal fue promulgada el 14 de julio de 1826 por 36 votos contra 2, pero no fue aplicada, debiendo ser suprimida a menos de un año de su aprobación; esta medida provocó algunos levantamientos armados en San Felipe y Colchagua, donde hubo durante unos meses dos gobiernos. El cabildo de Linares llegó a exigir que se declarasen traidores a los diputados que votaron a favor de la disolución del Congreso que había aprobado la constitución federal. Las asambleas provinciales más importantes, Concepción y Coquimbo, ante el fracaso de la Constitución de 1826, comenzaron a plantear un federalismo más moderado. Ricardo Donoso sostiene que “el entusiamo federalista se desvaneció con la misma rapidez con que había surgido encendida la llama de su eficacia como ideal de organización política, la reacción unitaria no se hizo esperar.161 La Constitución de 1828, redactada en gran parte por José Joaquín de Mora, fue una transacción entre las posiciones federales y unitarias, un compromiso de las provincias con la capital, que conllevaba la derrota definitiva de la rebelión de las provincias.

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Citado por Encina IX, 264. Ricardo Donoso. Las ideas políticas en Chile, p. 77. Ed. FCE, México, 1946.

Las medidas contra la Iglesia y los terratenientes Durante el lapso transcurrido entre 1823 y 1828 se plantearon importantes iniciativas de avanzada social cuyo contenido ha sido minimizado por los historiadores tradicionales en su afán de menospreciar esta etapa de la evolución chilena. Estas medidas agudizaron el enfrentamiento entre las nuevas fracciones políticas de la burguesía criolla, acelerando el estadillo de la guerra civil de 1829. Las ácidas críticas de la historiografía conservadora a este período, al que no por casualidad han calificado de caótico y anárquico, revelan, no obstante su racionalización ideológica, la importancia de las medidas adoptadas. A las tendencias federales, liberales y plebeyas corresponde el mérito histórico de haber continuado la lucha iniciada por Carrera y O’Higgins contra los privilegios de la Iglesia Católica. La corriente anticlerical, fortalecida con la divuldación de las obras de Rousseau y Voltaire, con la propaganda del periódico El Liberal de Gandarillas, Benavente y Campino y con la polémica entre Camilo Henríquez y el fraile Tadeo Silva, propuso medidas radicales que atentaban directamente contra los intereses terrenales de la Iglesia. Planteó la supresión de la cobranza de los derechos parroquiales con el fin de evitar los abusos eclesiásticos y la expoliación del pueblo. Llegó a proponer que los curas párrocos fueran designados por elección popular. Hizo presión para que el gobierno de Freire redujera el número de festividades religiosas e hiciera cumplir la disposición de prohibir el entierro de los cádaveres en los templos. También obligó a que las monjas pusieran en funcionamiento las escuelas para las mujeres del pueblo. Una de las medidas más importantes contemplaba la entrega al fisco de los bienes del clero “regular”, disponiendo que los comisionados del gobierno ocuparan los conventos para efectuar un inventario de las riquezas. Un escritor del siglo pasado, contrario a esta iniciativa, comentaba: La expropiación de las comunidades regulares era una medida proyectada de tiempo atrás y calculada sobre los principios que había adoptado la asamblea constituyente de Francia en años anteriores. El decreto de 19 de septiembre de 1823 que declaraba nulas las enajenaciones de bienes raíces que hiciesen los regulares, prueba que el gobierno había puesto sus ojos en las muchas y valiosas haciendas de esos conventos (…) los bienes de regulares producían una ingente suma, pues tan solo los situados en Santiago se estimaban en tres millones de pesos (…) Entonces se dictaron también algunas medidas que alarmaron a ciertas clases de la sociedad. El nuevo gobierno no supo conocer ni atacar la autonomía e independencia de la iglesia. Pocas veces se ha respetado menos los límites que separan las órdenes religiosas y políticas. Por decreto de 13 de septiembre de 1824 el gobierno invalidó el campo de la enseñanza religiosa y pretendió sacarla de su dominio, mandando que los eclesiásticos instruyesen a los pueblos sobre la conveniencia y justicia que había para que Chile permanenciese independiente de la España.162 162

Melchor Concha y Toro, op. cit., pp. 20-21.

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Como puede apreciarse, este portavoz de la tradición historiográfica conservadora, indignado por la medida de expropiación de los bienes de la Iglesia, llega a condenar al gobierno de Freire por haber obligado a los curas a propalar en las escuelas la independencia de Chile. De acuerdo con el decreto del 31 de julio de 1824, “el gobierno tomó en plena propiedad las haciendas denominadas el Bajo y Espejo, pertenecientes al Hospicio de San Juan de Dios, y mandó proceder a su venta por hijuelas, obligándose a pagar a aquel establecimiento el interés de 4 por ciento sobre la suma de la tasación. Una ley de abril de 1828 autorizó al gobierno para enajenar a dinero la hacienda llamada de Santo Domingo, de cuyo producto debía enviar a Londres 100.000 pesos, a cuenta de los dividendos del empréstito inglés”.163 No hemos podido encontrar datos precisos sobre el total de tierras expropiadas a la Iglesia en ese período. Una información señala que para financiar la expedición de Freire a Chiloé en 1826, que liquidó el último reducto español en Chile, el Estado vendió 4.000 vacas que habían pertenecido a la Iglesia. Existen informaciones acerca de la expropiación de la hacienda de Apoquindo y de la venta en 1828 de una de las haciendas de los “regulares”. Pero son noticias aisladas; no hay estadísticas conocidas sobre el número de hectáreas expropiadas y el total del dinero pagado por tal concepto. La lucha del ala liberal y plebeya contra los terratenientes estuvo centrada en los problemas relacionados con la esclavitud, las contribuciones y los mayorazgos, planteando por primera vez en la historia de Chile la cuestión agraria de un modo relevante para la época. Una de las medidas más importantes fue la abolición definitiva de la esclavitud el 25 de julio de 1823. De esta manera, Chile fue una de las primeras naciones del mundo en resolver esa cuestión social. La respectiva proposición, formulada por Camilo Henríquez y José Miguel Infante, fue resistida por los terratenientes, quienes, por intermedio de Mariano Egaña, argumentaron que la abolición de la esclavitud constituía un atentado contra el “sagrado derecho de propiedad” y que, en todo caso, el propietario debería recibir la indemnización correspondiente. “Refiriéndose a este episodio, un contemporáneo decía, caracterizando a las dos tendencias en pugna, que en ese momento Camilo Henríquez era la vela y don Mariano Egaña el ancla de la República, o en otros términos, el primero respresentaba el impulso renovador y el último la parálisis de la revolución”.164 Se estima que más de cuatro mil esclavos fueron beneficiados por esa resolución de 1823.

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Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile bajo el gobierno del general D. Joaquín Prieto, Tomo I, p. 33, 2ª edición. Santiago, 1900. Ricardo Donoso, op. cit., p. 66.

Otra manifestación importante de la lucha contra los terratenientes fue la contribución directa planteada el 7 de enero de 1825 por Infante. Este proyecto, que tendía a reemplazar el antiguo diezmo, fácilmente burlado por los latifundistas, por un impuesto territorial directo, fue en definitiva rechazado después de largos debates parlamentarios. Melchor Concha y Toro escribía: Se ocupaba el Congreso en disentir importantes mociones de diferentes diputados, como la de establecer una contribución directa a razón de uno por mil en los fundos urbanos y de dos por mil en los rústicos, la conversión del diezmo en un aumento de la contribución directa.165

Otro debate que provocó inquietud entre los terratenientes se refería a la situación de los inquilinos. En octubre de 1823 se hizo una proposición de reforma del inquilinaje, sistema de explotación social que se había originado en el último siglo de la colonia. Barros Arana comenta que era frecuente imponer al inquilino “el pago de cierta contribución a título de arriendo de los terrenos que ocupaban, obligándolos a hacerlo con los frutos de sus cosechas al precio ínfimo que quería fijarles el propietario. Estos abusos fueron señalados al Congreso con claridad y con indignación por el diputado don Manuel Cortés en una moción presentada el 15 de octubre. En ella proponía que se prohibiera a los propietarios exigir el pago en especies, a menos de hacerlo por sus precios corrientes. Aunque informado favorablemente por una comisión del Congreso, este proyecto, así como otro dirigido a imponer a los propietarios la obligación de dar a sus inquilinos pequeños lotes de terrenos en arriendo o en enfiteusis, quedó sin aprobación”.166 El proyecto de ley presentado por Manuel Cortés indicaba que “siendo una de las consideraciones que con preferencia deben llamar la atención del Soberano Congreso, el bien de infelices labradores, es de su resorte cortar los abusos que en las campañas del Estado ha introducido la costumbre, sin otro motivo que la arbitrariedad y el interés de los hacendados y comerciantes que, a costa del sudor de los desdichados, logran grandes ganancias y usurarias utilidades. Los arriendos de tierras para labranza de trigos, después de darse al labrador por el precio supremo y que acaso no es correspondiente al interés del fundo arrendado, obligan al cosechero a que haga el pago con el mismo fruto; poniéndole el ínfimo precio de cuatro reales en que se ha estimado en los desgraciados tiempos de la opresión, cuando los efectos del país no merecían el menor aprecio. Es un escándalo horroroso ver en los campos en tiempos de cosecha los hacendados y comerciantes cómo se arrojan en las eras de los miserables labradores a extraerles el grano (…) El Soberano Congreso ha acordado y decreta: Que 165 166

Melchor Concha y Toro, op. cit., p. 28. Barros Arana, XIV, 146, edición de 1897.

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los hacendados y propietarios del Estado no puedan obligar a sus inquilinos a que les paguen en trigo el cánon de los terrenos de labranza”.167 Otros aspectos de la cuestión agraria fueron tratados por el Congreso Constituyente de 1823. El diputado Lorenzo Montt redactó un proyecto de ley por el cual se obligaría a los terratenientes a dar pequeñas porciones de terrenos a los labradores, en contrato de enfiteusis o en arriendos. El texto de la proposición era el siguiente: Las grandes propiedades comprensivas de terrenos inmensos, sujetas a un solo dominio y pertenecientes a un amo, cuando hay infinitos ciudadanos cargados de familia y que no cultivan los terrenos, siendo aparentes y dedicados, porque no los tienen, trae al Estado infinitos males, y aunque nos pongamos en el caso de que los propietarios sean laboriosos y virtuosos, que tengan cultivados todos sus terrenos, el Soberano Congreso sabe que esos grandes campos aún cuando estén reducidos a pastos artificiales, no fructifican la mitad que producirían repartidos en pequeñas porciones (…) Por lo que se propone el proyecto de ley siguiente: Artículo primero: la agricultura, como uno de los principales recursos de la República, se extiende y ampara, ordenándose que los grandes propietarios conservando el dominio directo, den y sean obligados a dar pequeñas porciones de terrenos a los labradores o en contrato de enfiteusis o en arriendos, según el reglamento de materia.168

En 1825, José Miguel Infante presentó otro proyecto en el que señalaba la conveniencia de subdividir las grandes propiedades latifundarias: “La división en pequeños lotes de las propiedades rurales que habían pertenecido a los conventos, que se venderían en remate público. El proyecto fue aprobado con modificaciones, pero en práctica no tuvo el éxito que se esperaba”.169 En otras palabras, éste y otros proyectos sobre la cuestión agraria, aprobados por la mayoría liberal y plebeya del Parlamento fueron encarpetados por los gobiernos sometidos a la presión de los terratenientes. Uno de los problemas más “tramitados” en este período fue la abolición de los mayorazgos. El 4 de septiembre de 1823 el cura Joaquín Larraín y Salas, diputado liberal de avanzada en representación de San Felipe, presentó un importante proyecto que no pudo aprobarse por la tenaz oposición de los diputados influidos por los latifundistas. El 31 de enero de 1825 volvió a plantearse el problema en el Congreso, con el mismo resultado desfavorable. El proyecto de abolición de los mayorazgos discutido el 7 de julio de 1826 fue votado favorablemente por la Cámara, pero, de inmediato, los afectados buscaron una interpretación del acuerdo que les permitió cuestionar el momento de su aplicación. 167 168 169

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Sesiones de los Cuerpos Legislativos, VIII, p. 317, Anexo 526, sesión del 15 de octubre de 1823. Ibid., VIII, p. 358. Anexo 610. Proyecto presentado el 27 de octubre de 1823. Daniel Martner. Historia de Chile, Historia Económica, Tomo I, pp. 125-126, Imp. Balcells, Santiago, 1929.

Forzoso fue a los sostenedores de las vinculaciones asilarse al terreno de la sofistería; sostuvieron con gran calor que el Congreso había acordado que los mayorazgos se disolverían, no que quedaban disueltos desde luego, faltando por tanto el fijar el tiempo en que se verificaría la disolución. En aquella sesión no alcanzó a resolverse la cuestión de mayorazgos en esta nueva faz; y no volvió a tratarse de ella.170

Poco después, el artículo 21 del proyecto de Constitución de 1828 replanteaba la abolición de los mayorazgos. Un escrito de ese año, en defensa de los terratenientes, fue contestado con un folleto titulado Respuesta a la memoria sobre los mayorazgos de Chile. Este folleto, que aparece como anónimo pero que probablemente fue redactado por José Joaquín de Mora, planteaba puntos de vista interesantes sobre la propiedad que no han sido dados a conocer por los historiadores tradicionales. Pero si, según la Memoria, el Congreso Constituyente no tiene la competencia necesaria para dictar leyes civiles, ¿será consecuencia precisa que no le compete abolir los mayorazgos? ¿Es de segundo orden una materia que abraza en sí la cuestión de si ha de existir en la República una clase de hombres, que por la tendencia natural de las cosas, ha de adquirir una superioridad legal irresistible, con respecto a las otras clases? Por último ¿se podrá decir que la ley sobre mayorazgos no afecta directamente la constitución fundamental de la República, cuando el fundamento de toda constitución es la composición de las masas y cuando los mayorazgos forman en ellas unas escrecencias de poder que alteran su homojeneidad y rompen su equilibrio? (…) Pero la propiedad es inviolable, dice la Memoria, y bajo aquel nombre se comprende no solo la propiedad actualmente ocupada, sino también los derechos futuros garantidos por las leyes de la sociedad. Entendámosnos. ¿Cuál es esa sociedad cuyas leyes dan garantía a la perpetuidad de los mayorazgos? ¿Es acaso la sociedad presente, compuesta de miembros iguales, y regida por la soberanía nacional, o la sociedad antigua, formada de vasallos y de un rey absoluto? ¿Cuáles son esas leyes que se aseguran los derechos futuros de los primogénitos? ¿Son las leyes que el pueblo se ha dado a sí mismo, en virtud de los derechos que ha rechazado, o bien esa armazón de códigos pragmáticos y cédulas reales, a las que faltaba el primer atributo de la verdadera ley, que es el bien general, y su primera condición, que es un pacto libre y anterior? Si se disuelve una sociedad ¿no se anulan de facto las leyes que la rejían? Si se anulan las leyes ¿no desaparecen los derechos garantidos por ellas? La perpetuidad que la Memoria invoca en favor de los derechos garantidos por las leyes de la sociedad cerraría para siempre la puerta a toda especie de mejora. Las prerrogativas feudales, las jurisdicciones personales, los privilegios exclusivos, la Inquisición misma, tenían derechos garantidos por las leyes. ¿Por que han naufragado todos ellos, sino porque naufragó la sociedad que los llevaba en su seno? No confundamos pues lo que somos con lo que fuimos; no desvirtuemos la significación de las voces sociedad y leyes, aplicándolas indistintamente a uno y otro caso. Fuimos colonia y somos república.171 170 171

Melchor Concha y Toro, op. cit., p. 125. Respuesta a la memoria sobre los mayorazgos de Chile, folleto publicado en Santiago el 2 de junio de 1828 por la Imprenta de R. Rengifo, pp. 3, 6, 7 y 25.

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Estas ideas planteadas en 1828 deberían figurar en una antología del pensamiento social de Chile por su claridad de exposición en el cuestionamiento de la propiedad territorial, además de constituir una notable lección de derecho civil en el sentido de que las leyes caducan cuando caduca la sociedad de clases que las ha dictado. Las tendencias federales, liberales y plebeyas, que impulsaron las medidas contra la Iglesia Católica y los terratenientes, eran de carácter policlasista y sin una estructura partidaria consolidada. En las filas liberales militaban destacados miembros de la burguesía minera, como Francisco Antonio Pinto, elementos de la pequeña burguesía, como Campino, y curas liberales de avanzada, como el penquista Pedro Acre, el presbítero Isidoro Pineda y el canónigo Joaquín Larraín y Salas de San Felipe. Del seno de este liberalismo embrionario o “pipiolismo” surgió también una corriente plebeya portaestandarte de nuevos ideales sociales y populares, encabezada por Carlos Rodríguez, José María Novoa, Melchor José Ramos y el jacobino Francisco Fernández, boticario y diputado de Cauquenes. Barros Arana, con un criterio liberal burgués moderado, comenta que durante el período no faltaron “espíritus turbulentos que pretendían levantar al pueblo en nombre de una libertad tumultuosa y de principios que éste no podía comprender ni mucho menos practicar”.172 Chelén Rojas sostiene que “Carlos Rodríguez participó en forma activa durante este período como fervoroso republicano y liberal. Con Infante, sin combatir las ideas federalistas, impulsaron las primeras iniciativas de Benavente, Freire, Pinto y José Manuel Gandarillas. Rodríguez, con más vehemencia que los pipiolos moderados, contribuyó con su acción y conocimiento a dar fisonomía a las ideas republicanas y liberales en base a los preceptos nacidos de la Revolución Francesa. En los periódicos de entonces se exponían estos principios, publicando intervenciones de los convencionales franceses”.173 La base de sustentación social de esta corriente plebeya estaba principalmente constituida por los artesanos, sector que había crecido como consecuencia de las nuevas necesidades de abastecimiento de las ciudades. Los artesanos comenzaron a organizarse y a participar en la vida política. En 1829, el tipógrafo Victorino Laynez fundó la primera sociedad de artesanos. La Constitución de 1828 otorgó a los artesanos el derecho a voto, medida avanzada para la época por cuanto en las anteriores elecciones solo podían votar aquellos que tuvieran un bien raíz. En 1826, un diputado llegó a plantear el sufragio universal: Para mí, dijo el presbítero don Antonio Bauzá, no hay distinción entre los hombres sino la que se adquiere por sus virtudes y buena Conducta, y ¿cuántos de esos infelices que 172 173

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Barros Arana, XIV, 37. Alejandro Chelén Rojas. El guerrillero Manuel Rodríguez y su hermano Carlos, primera edición, p. 157, Ed. PLA, Santiago, 1964.

tratamos de degradar merecerán el derecho de elegir mejor que otros muchos de esos ricos propietarios? Digo, pues, que mi opinión es que no se ponga ninguna traba, ni de mil pesos, ni de doscientos, ni de un real.

La corriente popular de pensamiento antioligárquico no solo se desarrolló en Santiago, sino que tuvo curiosas organizaciones en provincias. En Quillota, el 28 de noviembre de 1825 se fundó una asociación literaria y filantrópica denominada “Sociedad de Amigos del género humano”, cuyo artículo 2º declaraba “sostener el éxito de las miras liberales que la presente admiración ha difundido en el Estado chileno; oponiendo sus fuerzas morales, sus trabajos literarios y sus luces al fanatismo con que los aristócratas propietarios y nobiliarios quieren sorprender la ignorancia o la inteligencia de los demás ciudadanos”.174 Esta sociedad, dirigida por Manuel Magallanes, Tadeo Urrutia, J.J. Orrego, Pedro Mena, Juan Muñoz y Félix Callejas, fue clausurada por el gobierno en abril de 1826, sobre la base del siguiente informe del delegado de la zona: “Siendo uno de los principales deberes de mi cargo el mantener este pueblo en la quietud y tranquilidad que tanto me recomienda el Supremo Gobierno, y no pudiendo desentenderme de los clamores de la mayor parte de los vecinos de representación, a causa de la apertura de la Sociedad…”.175 Las tendencias liberales y plebeyas en general hacían frente único con los federalistas en la lucha contra los terratenientes. Pero es preciso señalar que hubo liberales que votaron a favor del centralismo santiaguino y de constituciones unitarias y, paralelamente, federales que luchaban a favor de las reivindicaciones de su provincia, con un pensamiento más cercano al conservador que al liberal. Limitar la lucha de este período a la exclusiva pugna entre “pipiolos y pelucones”, sin considerar los matices y las contradicciones internas de estas corrientes, en las cuales participaban los federales, es trabajar con un esquema que no permite analizar la dinámica del proceso de rebelión de las provincias, factor esencial para poder entender la denominada “anarquía” del período 1823-30. Las medidas planteadas por las corrientes liberal y plebeya en contra de la Iglesia Católica y los terratenientes, las nuevas ideas de avanzada social, el peso político que comenzaban a adquirir los sectores populares, como los artesanos, y fundamentalmente el temor a las consecuencias de una nueva rebelión de las provincias, alentada por los partidarios del federalismo, plantearon en forma perentoria a la mayoría de las fracciones de la burguesía criolla la necesidad de unificar sus fuerzas políticas. La vanguardia de este proceso de formación de una corriente unida y homogénea de la burguesía comercial y terrateniente fue el grupo de los estanqueros dirigidos por Portales. 174 175

Roberto Hernández. Valparaíso en 1827, p. 347. Valparaíso, 1927. Ibid., 348.

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La Guerra Civil de 1829-30 La guerra civil de 1829-30, que conmovió a Chile durante seis meses, fue promovida, financiada y orientada por los terratenientes, el clero y la burguesía comercial. Los diferentes sectores de la burguesía criolla se aliaron en un sólido frente con el objeto de aplastar las tentativas más democráticas de las corrientes liberales y de las tendencias plebeyas que habían impulsado medidas contra la Iglesia y los latifundistas. La inestabilidad política de ese período fue el fundamento real que permitió configurar una ideología que se expresaba en la urgente necesidad de un gobierno fuerte y centralizado, capaz de imponer un nuevo orden burgués que asegurara de modo permanente los intereses de los latifundistas y comerciantes. Al nuevo frente político confluyeron los “pelucones”, los o’higginistas de Rodríguez Aldea y los “estanqueros” dirigidos por Diego Portales, Manuel José Gandarillas, Manuel Rengifo y Diego José Benavente, quienes a través de los periódicos El Hambriento y El Sufragante prepararon el ambiente político para derrocar al gobierno liberal. La Iglesia Católica respaldó los planes golpistas, pretextando motivos de irreligiosidad de parte de las autoridades gubernamentales. “Los frailes y algunos clérigos fanáticos, dice un testigo de aquellas ocurrencias, habían redoblado su energía para ganarse prosélitos a los cuales seducían incesantemente hablándoles contra la perversidad y la inmoralidad de un gobierno que estaba empeñado en promover tan heréticas innovaciones”.176 Este frente político –el más sólido de cuantos había podido formar la burguesía criolla, después de varios lustros de lucha fraccional, agudizada por las guerras de la Independencia y el período de rebelión de las provincias– necesitaba contar con el apoyo del Ejército. La inestabilidad política y social había repercutido en una de las instituciones fundamentales del Estado burgués, el Ejército, provocando una crisis crónica en sus filas, fenómeno que adquirió un carácter convulsivo al término de las guerras de la Independencia. Un sabio europeo, Claudio Gay, que llegó a Chile a fines de la década de 1820-30, analizaba la situación del Ejército en los siguientes términos: Principiaban a dar indicios de insubordinación, principalmente y causa de la privación de su sueldo, y el dogma de la obediencia pasiva se enervaba cada vez más con las pobladas. Si bien es verdad que las tropas no se mezclaban con los facciosos, dejábanse sin embargo arrastrar con bastante facilidad por la seducción revolucionaria de algunos de sus jefes –el soborno estaba a la orden del día. Los actos sediciosos a lo cuales el ejército acababa de entregarse dejaban entrever claramente que si todos sus atrasos no les eran pagados con religiosidad, y sí se permanecía más tiempo indiferente a la miseria que desde muy antiguo venía soportando, no tendría el menor escrúpulo en ponerse a sueldo de los

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Barros Arana, XV, 338, ed. de 1897.

partidos o a la disposición de los jefes ambiciosos, quienes podrían ganarle con dinero o por medio de promesas.177

Esta crisis interna del Ejército facilitó la acción sediciosa de los pelucones y estanqueros, cuya solvencia económica les permitió inclinar a su favor, por medio del soborno, a importantes sectores militares. Sus motines de 1827 y 1828 formaron parte de los planes golpistas de pelucones y estanqueros y sirvieron de globo de ensayo para visualizar las posibilidades de lograr el apoyo de la mayoría del Ejército. Una clara expresión de esta tendencia golpista de los sectores más importantes de la burguesía criolla fue el motín militar del 6 de junio de 1829 en Santiago. Este abortado golpe de Estado, dirigido por el capitán Felipe de la Rosa al mando de un cuerpo de coraceros, pretendía apresar a Francisco A. Pinto, vicepresidente en ejercicio, y a Carlos Rodríguez, ministro del Interior. Barros Arana señala que es difícil establecer quiénes estuvieron detrás de este motín, sofocado a las pocas horas de su estallido. Sin embargo, el propio capitán De la Rosa, en un documento escrito en Guayaquil dos años después de los sucesos, relataba que el motín fue inspirado por Pedro Urriola, Enrique Campino y Diego Portales y que el mayorazgo Ruiz Tagle, ministro de Hacienda, estaba en conocimiento de los planes conspirativos. Por otra parte, Gay sostiene que Urriola, “confiando en ser sostenido por los estanqueros y pelucones, que en caso necesario podrían facilitar el dinero que hiciera falta para sobornar el ejército, organizó una nueva revolución la víspera misma de las elecciones de diputado (…) Los estanqueros se esforzaban en hacer creer que nada tenían que ver en el asunto y, sin embargo, su abstinencia en el palacio, donde tantos ciudadanos se habían reunido, su llamamiento al pueblo para que se reuniera en el Consulado, las proclamas, los artículos subversivos del “Sufragante” y el dinero distribuido entre la plebe, podían muy bien persuadir de lo contrario”.178 La línea golpista de pelucones y estanqueros y sus relaciones con los militares no iba a tardar en probarse una vez más y, en forma ya decisiva, con ocasión del levantamiento del Ejército del Sur. La ofensiva política de pelucones y estanqueros tuvo la ventaja de encontrar debilitado el bloque político que varios años antes habían formado los federalistas con los liberales de avanzada y las tendencias plebeyas. Los federales de José Miguel Infante rompieron con los liberales de tendencia unitaria a raíz del sabotaje a la constitución federal de 1826. En el sector liberal se habían producido importantes diferenciaciones políticas, logrando predominar el ala más moderada de Freire y Pinto. La orientación conciliadora con los pelucones y estanqueros, estos últimos salidos de las filas del liberalismo moderado, fue costando apoyo popular a la corriente liberal 177 178

Claudio Gay. Historia Física y Política de Chile, tomo VIII, p. 81, París, 1871. Ibid., VIII, 162 y 167.

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gobiernista. El fenómeno más relevante, que aceleró la crisis del frente único entre federales y liberales, fue la posición centralista y unitaria de la dirigencia liberal. En una semblanza de Freire, el científico Gay decía: “A pesar de toda la imparcialidad que pretendió guardar y observar en sus actos, sus instintos y su conciencia gravitaban hacia el gobierno unitario, y por consiguiente, hacia el lado de los pelucones, entonces unidos a los Estanqueros menos por simpatías que con el fin de duplicar sus fuerzas contra el sistema federal”.179 La línea conciliadora del liberalismo, tendiente a buscar un puente de plata con los pelucones y estanqueros, tuvo una nueva expresión concreta cuando Pinto, vicepresidente en ejercicio por renuncia de Freire, llamó en 1829 a colaborar con el gobierno, como ministro de Hacienda, al mayorazgo Francisco Ruiz Tagle, primo hermano de Portales. La coyuntura política que precipitó el estallido de la guerra civil se dio con ocasión de las elecciones para designar electores encargados de nombrar al Presidente y Vicepresidente. En estas elecciones, realizadas en marzo de 1829, triunfaron por amplia mayoría los liberales, asegurando la elección de Pinto como presidente. Sin embargo, su candidato a vicepresidente, Joaquín Vicuña, solo obtuvo el tercer lugar, después de Francisco Ruiz Tagle y del general Joaquín Prieto. Francisco Ramón Vicuña, en su calidad de Presidente del Senado, tuvo que hacerse cargo del gobierno ante la renuncia de Pinto. Quebró la línea de conciliación del liberalismo con los pelucones y estanqueros adoptando medidas drásticas contra los promotores del motín militar del 6 de junio de 1829, inspirado por Urriola, Campino y Portales, y designando como ministros del Interior y de guerra a los liberales de avanzada: Melchor José Ramos y Santiago Muñoz Bezanilla, dos de los políticos más odiados por los terratenientes. Francisco Ramón Vicuña, también separó de su cargo al ministro de Hacienda, Ruiz Tagle, y alentó al Congreso para que nombrara vicepresidente a su hermano Joaquín Vicuña, a pesar de haber quedado en el tercer lugar. Los pelucones y estanqueros tuvieron entonces una ocasión propicia para acelerar el enfrentamiento y, bajo el pretexto de que el gobierno y el Congreso con mayoría liberal habían violado la Constitución al nombrar Vicepresidente a Joaquín Vicuña, alentaron el levantammiento militar. El ejército –escribía Federico Errázuriz– levantaba el estandarte de la rebelión en el nombre de la constitución, en obsequio de la libertad, en defensa de los derechos de los pueblos; nombres pomposos, promesas seductoras que traía el soldado en sus cartucheras y en los cañones de sus fusiles, proclamándose el protector oficioso de ese código mismo a que daba el golpe más mortal y alevoso, convirtiendo la sedición de cuartel en garantía constitucional.180 179 180

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Ibid., VIII, 74. Federico Errázuriz. Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828, p. 34, Santiago, 1861.

El 24 de octubre de 1829 se rebeló contra el gobierno el Ejército del Sur, comandado por el general Joaquín Prieto, que había obtenido la segunda mayoría para la vicepresidencia. Una asamblea de los elementos penquistas más acomodados apoyó el levantamiento, invocando como motivo de esta decisión el hecho de que el Congreso no hubiera aceptado la incorporación del senador José Antonio Rodríguez Aldea, elegido por Concepción. El Ejército del Sur ocupó Concepción y el general Prieto fue designado Intendente. Un sector de la población penquista, dirigido por Rivera y Manzanos, se opuso a estas medidas organizando un movimiento de apoyo al gobierno liberal, que encontró cierto respaldo en Nacimiento, Florida y Valdivia. El levantamiento militar sureño estuvo coordinado con los pelucones y estanqueros de Santiago, quienes el 7 de noviembre realizaron una asamblea que desconoció la autoridad del presidente Francisco R. Vicuña. Esta asamblea estaba “compuesta de gente de diversas condiciones y edades, pero casi en su totalidad de la clase denominada decente; esa reunión contaba en su seno muchos hombres considerables por su posición social, por su fortuna y por sus antecedentes”.181 El presidente Vicuña y las autoridades liberales de la provincia, que contaban con el apoyo de los regimientos con sede en Santiago, dirigidos por Viel y Tupper, en lugar de apelar a los sectores populares para contrarrestar la manifestación pelucona, trasladaron el gobierno a Valparaíso. El ejército del sur, al mando del comandante Bulnes, que había acampado en Viluco, a 35 Km. de Santiago, destacó soldados para apoderarse de Valparaíso. El Cabildo porteño repartió armas al pueblo para enfrentar este ataque, mientras el sector de comerciantes acaudalados, los orientados por Victoriano Garrido, hombre de confianza de Portales, desconoció a las autoridades de la provincia y adhirió al levantamiento de los pelucones santiaguinos. El presidente Vicuña cometió entonces otra torpeza al trasladarse a Coquimbo, donde fue apresado por los insurrectos encabezados por el hacendado Sainz de la Peña. El 14 de diciembre de 1829 tuvo lugar el combate de Ochagavía, de resultado ligeramente favorable a las fuerzas del gobierno dirigidas por Francisco Lastra, pero éste no supo aprovechar las circunstancias para aplastar la revuelta pelucona en un enfrentamiento decisivo, y se vio envuelto en la madeja de las negociaciones y tratados de pacificación, que solo sirvieron a los pelucones y estanqueros para ganar tiempo. En Santiago, los pelucones nombraron una Junta, respaldada por el general Prieto. Esta Junta “mandaba ni más ni menos que como un poder absoluto, sin preocuparse mucho de la soberanía popular. Había destituído a todos los miembros del Cabildo de Santiago para reemplazarlo con regidores de su mismo partido (…) Cuando fue preciso elegir los plenipotenciarios que debían encargarse del nombramiento de Presidente y Vice-presidente de la República, se siguió la misma marcha anteriormente empleada 181

Barros Arana, XV, 416.

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para el de la Junta; es decir, se convocó, mediante esquelas, a las personas que eran favorables a las nuevas autoridades”.182 El general Ramón Freire, que había tenido una posición equívoca y plagada de componendas entre pipiolos y pelucones, decidió finalmente actuar en defensa del Gobierno cuando en enero de 1830 el general Prieto rompió el tratado por el cual los dos ejércitos contendientes se comprometían a ponerse bajo el mando único de Freire. Después de ocupar Valparaíso y Coquimbo, Freire se dirigió al sur; uno de sus regimientos al mando de Viel y Tupper ocupó Concepción en febrero de 1830, apoyando al movimiento liberal de Juan Esteban Manzanos, que había logrado el concurso de algunas comunidades mapuche, del gobernador de Nacimiento, Ventura Ruiz, y de otras fuerzas del departamento de Lautaro. Estas tropas, después de ocupar Santa Juana y Los Angeles, avanzaron sobre Chillán, donde fueron rechazados por el coronel José María de la Cruz. Mientras tanto, Freire había logrado el apoyo de los milicianos de Talca y de otras regiones del Maule, denunciando a los pueblos que Prieto buscaba el “entronizamiento de los pelucones y sus aliados”. El hecho de que parte de la población de la zona de La Frontera, de Concepción, Talca, San Felipe y, posteriormente, de Coquimbo apoyaran a las fuerzas de Freire, demostraba que los liberales pudieron haber canalizado un amplio movimiento popular contra los pelucones si se hubiera decidido a movilizar al pueblo para enfrentar con éxito a los terratenientes y comerciantes golpistas. En febrero de 1830, un Congreso pre-fabricado por los pelucones y estanqueros nombraba Presidente a Ruiz Tagle y Vice-presidente a Tomás Ovalle. Poco después, se incorporaba Diego Portales al gabinete como ministro del Interior, Relaciones Exteriores y Guerra. El Ejército de Prieto, convenientemente reforzado y bien pagado, salió al encuentro de Freire cerca de Talca, derrotándolo en la batalla de Lircay el 17 de abril de 1830. Días antes, había ocurrido una rebelión anti-pelucona en Coquimbo. El 22 de marzo de 1830, el comandante Uriarte toma el control de la provincia y una asamblea independiente “no reconoce autoridad ninguna de los de afuera de su territorio hasta que haya un gobierno legalmente constituido”.183 Uriarte pretendió avanzar con 500 milicianos sobre Santiago, pero al llegar a Illapel supo el resultado de la batalla de Lircay. A pesar de que las tropas de Viel alcanzaron a unírseles, los coquimbanos fueron derrotados por el general Aldunate. Terminaba así una guerra civil de seis meses de duración cuyo resultado fue el aplastamiento del movimiento liberal y plebeyo. Los pelucones y estanqueros llegaban al poder a través de un levantamiento militar inspirado por ellos, en nombre de la 182 183

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Gay, VIII, 218. Barros Arana, XV, 582.

Constitución. La tendencia liberal, que pudo gobernar mientras los terratenientes y comerciantes estuvieron fraccionados políticamente, había levantado un programa democrático que, a pesar de su tibieza, fue rechazado por la vía de las armas por una burguesía criolla solo interesada en un gobierno fuerte, centralizado y elitista que le garantizara la exportación de sus materias primas básicas, la propiedad privada de la tierra y el control de las masas plebeyas y artesanales. Cuando pudo cristalizar una tendencia política sólida, el sector terrateniente y comercial, respaldado por la Iglesia Católica, no vaciló en imponer su política a través de una guerra civil. En brazos del Ejército, se iniciaba el período de consolidación de la burguesía comercial y terrateniente.

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capítulo iii. Los decenios de la burguesía comercial y terrateniente

El período comprendido por los tres primeros gobiernos de los decenios es conocido en nuestra historia con el nombre de “República autocrática o autoritaria”. Hemos reemplazado esta denominación meramente política y formal por la de “los decenios de la burguesía comercial y terrateniente” porque define con precisión el contenido de clase de los gobiernos de Joaquín Prieto (1831-1841), Manuel Bulnes (1841-51) y Manuel Montt (1851-1861). El hecho de que los conservadores o “pelucones” hayan gobernado durante este lapso, después de haber aplastado las tendencias liberales y plebeyas de las primeras décadas de la República, ha inducido a ciertos historiadores a caracterizar este período como una vuelta al pasado colonial. Las medidas retardatarias adoptadas por el gobierno de Prieto, como la devolución de las tierras expropiadas a la Iglesia, el predominio del catolicismo, sancionados por la Constitución en 1833 y, en general, la ideología conservadora traducida en la intolerancia política y religiosa, serían las principales manifestaciones formales de este aparente curso regresivo. Esta interpretación, basada fundamentalmente en algunos hechos de carácter superestructural, es unilateral, porque no toma en cuenta el proceso global de desarrollo experimentado por Chile en estos decenios. La política económica de los gobiernos de este período no puede ser caracterizada de “retorno al pasado colonial” porque expresaba los intereses de una burguesía criolla que obtuvo su consolidación a través de nuevos mercados, antes constreñidos por el monopolio comercial español. Los rasgos superestructurales heredados de la colonia, como la influencia cultural de la Iglesia, fueron utilizados por los gobiernos de los decenios para aplastar la oposición del sector liberal y reforzar el control político de la burguesía comercial y terrateniente. La intolerancia política y religiosa fue aprovechada para afianzar un nuevo orden burgués, diferente al colonial, que garantizara el desarrollo económico y el predominio de los terratenientes y comerciantes en el aparato del Estado. La ideología conservadora sirvió no para volver al pasado colonial, sino para consolidar los intereses de una burguesía criolla en proceso de expansión.

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Otros autores, basados en la preponderancia política que tuvieron los terratenientes durante los tres primeros gobiernos de los decenios, han sostenido que este período se caracterizó por la consolidación de las relaciones feudales de producción. Hernán Ramírez Necochea afirma que la aristocracia terrateniente dio “origen en el país a un régimen de contornos típicamente feudales (…) el feudalismo subsistió en Chile a través del siglo XIX dando carácter a la estructura agraria nacional”.184 El cuestionamiento que hicimos en el volumen II de la existencia de un modo de producción feudal durante la colonización española, cobra mayor vigencia para la época de los decenios. El hecho de que los terratenientes hayan ejercido un control político durante este período no implicó el fortalecimiento de un supuesto feudalismo. La política económica de Prieto, Bulnes y Montt procuró, por el contrario, afianzar el proceso de desarrollo capitalista incipiente generado en la colonia. Las relaciones sociales de producción adquirieron formas capitalistas con la generalización del régimen del salariado minero, el surgimiento del proletariado carrilano y el aumento de obreros agrícolas y de trabajadores urbanos. La exportación de trigo a California, Australia y Europa y el aumento significativo de la producción de plata y cobre reafirmaron el carácter de una economía desarrollada en función del mercado mundial capitalista. El auge que adquirió Valparaíso a mediados del siglo pasado no fue el resultado de un crecimiento comercial “en los poros” de una supuesta sociedad feudal –como la evolución del capital comercial y usurario en el medioevo–, sino que estuvo en relación directa con el aumento de la exportación de materias primas. El desarrollo de las fuerzas productivas en la minería, expresado en la industria fundidora del cobre, y la introducción de una tecnología moderna para la explotación de la plata y los productos agropecuarios, revelaron el carácter capitalista de nuestra economía, cuya base era la producción y no la mera circulación de mercancías. Es obvio que no estábamos en presencia del capitalimo clásico de tipo industrial, sino de un régimen de producción capitalista incipiente basado en la explotación minera y agrícola, que había generado una burguesía que se regía por las leyes del valor, la plusvalía y la cuota de ganancia. Hacia 1850, esta clase social introducía, como signo de los nuevos tiempos, medios modernos de comunicación, como el ferrocarril y el teléfono, e inauguraba el sistema bancario. Durante los decenios se aceleró el proceso de acumulación primitiva de la tierra, mediante la conquista o compra de algunos terrenos de los mapuche y huilliche. Sin embargo, la consolidación de la propiedad latifundiaria no significa necesariamente un reforzamiento del feudalismo. Al identificar erróneamente latifundio con feudalismo se ha prestado más atención a lo formal –la extensión– que al contenido: el régimen de producción. El latifundio chileno estaba dedicado no a 184

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Hernán Ramírez N. Historia del Movimiento Obrero. Siglo XIX, pp. 61 y 40. Ed. Austral, Santiago, 1956.

la pequeña producción agraria y artesanal –rasgos típicos del feudalismo–, sino a la exportación en gran escala de productos para el mercado mundial capitalista. La introducción de maquinarias modernas para la explotación agrícola durante las décadas de 1840-50-60 y el surgimiento de la industria molinera demuestran un proceso de mecanización del agro chileno que trataba de superar su atraso para responder al aumento de la demanda del mercado mundial. El capitalismo agrario de Chile, y por extensión el latinoamericano, no comenzó, como en Europa, a raíz de la expansión del mercado interno y del desarrollo industrial, sino en estrecha relación con el mercado externo y las nuevas necesidades de las metrópolis. El aumento de la demanda de materia prima, promovido por la revolución industrial europea del siglo XIX, produjo en América Latina el desarrollo de un capitalismo agrario incipiente que se expresaba en nuevas relaciones sociales de producción y en el inicio de un proceso de mecanización del agro. La introducción del ferrocarril dio un nuevo impulso al desarrollo del capitalismo agrario chileno. Las zonas campesinas más aisladas fueron gradualmente incorporadas al mercado. Los sectores indígenas, que conservaban su economía de subsistencia, fueron aumentando su excedente de comercialización, acelerándose así el proceso de disolución de la comunidad primitiva. Las relaciones sociales de producción durante los decenios tampoco pueden ser consideradas como “típicamente feudales”. Si bien es cierto que subsistían relaciones precapitalistas en el campo, la tendencia predominante era el régimen del salariado en las ciudades, en los talleres artesanales, en los comercios y en las explotaciones mineras. Inclusive en el campo se produjo un aumento del número de peones asalariados, sobre todo en las empresas trigueras y en la industria molinera. El surgimiento del proletariado carrilano, que trabajaba en la construcción de las primeras vías férreas, consolidó las relaciones capitalistas entre las clases, obligando a los terratenientes a ofrecer mejores salarios para no perder la mano de obra que emigraba hacia las nuevas actividades económicas. Nuestra refutación a los autores que sostienen la existencia de rasgos típicamente feudales en Chile a mediados del siglo pasado corre el riesgo de ser maliciosamente interpretada en el sentido de atribuirnos una hipervaloración del proceso de desarrollo capitalista. Hemos reiterado que no se trataba de un capitalismo industrial ni de netas relaciones sociales de producción en todas las esferas de la economía. Fue un capitalismo atrasado, de desarrollo desigual y combinado, expresado en una mayor preponderancia de la minería sobre la agricultura, y cuyo objetivo primordial fue la producción y exportación de materias primas, postergando la creación de una industria nacional, con lo cual reforzó nuestro carácter de país dependiente. En las últimas décadas, ha surgido una corriente historiográfica que magnífica el desarrollo de Chile durante los decenios y exalta los “valores” creados por el nuevo

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orden burgués. Alberto Edwards y Francisco Encina son los portaestandartes del mito de la “era portaliana”. El orden, la austeridad y la consolidación del principio de autoridad serían los valores que habrían imperado en sesenta años de historia chilena, de 1830 a 1890. Esta tesis, que sobrevalora aspectos superestructurales controvertibles, no toma en cuenta la totalidad del desarrollo histórico-concreto, los cambios significativos de nuestra economía durante el siglo XIX, el surgimiento de nuevas capas sociales, el salto cualitativo que se produce en las relaciones de dependencia con la penetración del capital financiero extranjero y las transformaciones, políticas y culturales de la segunda mitad del siglo pasado. El mito de la estabilidad política y la paz social –que supuestamente haría de los chilenos los “ingleses” de América Latina– es desmentido por las guerras civiles de 1851, 1859 y 1891, además de las innumerables rebeliones de los trabajadores e indígenas chilenos y de dos conflictos bélicos con países latinoamericanos: la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837 y la Guerra del Pacífico en 1879. Portales ha sido elevado a la altura de genio político por esta nueva corriente mistificadora de la historia de Chile. En rigor a la verdad, Portales fue un buen administrador del aparato estatal burgués, capaz de sanear la hacienda pública, ordenar los ingresos fiscales en beneficio de la clase dominante y aplicar severas medida de represión. El nuevo orden implantado por Portales luego del aplastamiento de las tendencias liberales y plebeyas en la guerra civil de 1829-30, estuvo basado en un régimen político de tendencia totalitaria, en el que no se respetaron las más elementales normas democráticas. Sin embargo, la importancia de Portales no radica, a nuestro juicio, en la implantación de medidas que garantizaran el orden, la reglamentación administrativa y los ingresos fiscales, aspectos burocráticos que cualquier político en defensa de los intereses de su clase procura realizar, sino en su plan de convertir a Valparaíso en el principal puerto del Pacífico, objetivo alcanzado gracias al triunfo de Chile en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Esta aguda visión política de Portales, que expresaba la agresividad de la burguesía comercial y terrateniente en ascenso, ha sido soslayada para disimular la iniciativa bélica de la clase dominante chilena de esa época. El “nacionalismo” de los presidentes de los decenios es otro de los mitos fabricados por los ideólogos de la “era portaliana”. El hundimiento definitivo de las industrias artesanales como consecuencia de la entrada indiscriminada de manufacturas extranjeras y la crisis de la marina mercante nacional constituyen muestras inequívocas de una política librecambista que reforzó nuestra condición de país dependiente. En este sentido el economista francés Courcelle-Seneuil, llegado a Chile en 1855, no hizo

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más que reafirmar doctrinariamente el liberalisino económico que de hecho practicaba la burguesía criolla. En síntesis, los gobiernos de los decenios representaron el período de consolidación de la burguesía comercial y terrateniente que aspiraba a un gobierno fuerte y centralizado que garantizara en su beneficio un orden burgués diferente al de la época denominada “anarquía”. Para cumplir estos fines fueron reforzadas las instituciones del Estado, reorganizados el Ejército burgués y la burocracia funcionaria, codificadas las relaciones entre las clases con la promulgación del Código Civil y promovida la enseñanza para formar los cuadros especializados que requería la burguesía en ascenso. La política económica de los gobiernos de los decenios se orientó básicamente a la construcción de las obras de infraestructura que necesitaba la clase dominante: ferrocarriles, telégrafo, caminos, puertos y canales de regadío se levantaron en función de la economía de exportación que, junto con afianzar el dominio de la burguesía criolla, dialécticamente acentuaba el carácter dependiente de nuestro país.

El desarrollo económico Los apologistas de la llamada “era portaliana” han tratado de presentar los decenios de Prieto, Bulnes y Montt como el período de mayor desarrollo económico de la historia de Chile en el siglo XIX. En realidad, fue una etapa preliminar de despegue de la economía de exportación agraria y minera, que preparó las condiciones para el ulterior apogeo de la economía chilena en la segunda mitad del siglo pasado. El desarrollo económico de 1860 a 1890 fue superior al de los tres primeros decenios porque, además del auge salitrero y del incremento de la producción de cobre, la exportación de trigo alcanzó sus más altos niveles entre 1865 y 1900. El despegue económico de los decenios se inició recién a partir de 1845. Hay, por lo tanto, que distinguir dos períodos: uno, de 1830 a 1845 y otro, de 1845 a 1860. Durante la primera fase, caracterizada por un ritmo lento de crecimiento, el hecho más destacado fue la preponderancia comercial alcanzada por Valparaíso en el Pacífico Sur y las medidas de saneamiento de la hacienda pública. Sin embargo, no hubo un aumento significativo de la producción agraria y minera, con excepción de la plata a raíz del descubrimiento y explotación de Chañarcillo en 1832. El período de 1845 a 1860, en cambio, representó un notable ascenso de la producción minera y agraria, de la industria molinera y el inicio de la industria fundidora de cobre.

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Agricultura y ganadería La demanda de los nuevos mercados –Australia,California e Inglaterra– y las necesidades de otras zonas del país en desarrollo, como el Norte Chico, fueron los factores determinantes en el aumento no solo de la producción agraria, sino también ganadera. Según Encina: Las matanzas alcanzaron su mayor auge con la demanda de California en la región minera del norte. Cada hacienda beneficiaba la quinta parte de su dotación de vacunos, y muchas compraban ganados gordos. La matanza media anual de la hacienda de la Compañía era de 2.500 cabezas; pero había otras ramadas de matanzas que beneficiaban cuatro o cinco mil. El matadero de Valparaíso se estableció en 1843 y el de Santiago en 1845.185

El incremento de la demanda de productos agrícolas estimuló el inicio de un proceso de mecanización en el campo chileno. En la década de 1840 se introdujeron los primeros arados modernos de fierro, segadoras y trilladoras. Este proceso de mecanización del agro solo alcanzó a ciertas haciendas de la zona central y de Concepción. En la mayoría de los predios se mantuvieron las formas atrasadas de explotación; “existió un sector de haciendas o, mejor aún, de propietarios, cuyos predios experimentaron cambios notables, sector que aparece fácilmente identificable porque sus nombres se repiten entre importadores de ganado fino, en los compradores de maquinarias agrícolas y de semillas de nuevos cultivos, en personas que ensayan rotaciones. El grupo está compuesto de propietarios-empresarios capitalistas, sean mineros, comerciantes o agricultores muy ricos”.186 La construcción de numerosos canales de regadío fue una de las expresiones más relevantes del avance agrícola experimentado durante los decenios. Para Silvia Hernández, el aumento de la producción agraria no fue el resultado de una explotación intensiva, sino de “la incorporación de nuevas tierras al cultivo triguero. En las primeras décadas a partir de la del 40, esta habilitación se realiza en la región Aconcagua-Maule a través de cuatro mecanismos: el desmonte, la transformación de terrenos planos y empastadas naturales en sementeras, la incorporación en gran escala de tierras al regadío a través de la construcción de canales y el drenaje exitoso de algunos sectores pantanosos (…) La construcción de grandes obras de regadío, que se había iniciado con la inauguración del Canal del Maipo, constituyen un proceso de tal importancia que merecería un desarrollo independiente. El proceso mismo de la construcción con sus personajes –dotados de capital, de espíritu empresarial capitalista, de interés específico en la agricultura– así como el saber técnico concreto, serían tan interesantes de aclarar 185 186

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Encina, XIII, 538. Silvia Hernández. Transformaciones tecnológicas en la agricultura de Chile Central. Siglo XIX, p. 14, Cuaderno Nº 3 de CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1966.

como el destino de las tierras habilitadas, el enriquecimiento real que suponen para sus beneficiarios y constructores, la superficie de cuadras incorporadas al riego”.187 Además de las provincias de Santiago y de Aconcagua, donde José Waddington inició en 1843 la construcción del canal, las zonas de mayor ampliación del área regada fueron Colchagua, Maule y Chillán. “El número de canales de alguna importancia derivados del Maule, Achibueno, el Longaví y el Ñuble, hacia 1861, subía a 11: sin contar veinte o treinta canales pequeños derivados de los mismos ríos y de los esteros”.188 Durante los decenios hubo una progresiva valorización de la tierra y del ganado. El valor de la tierra en la zona central subió de 20 a 60 pesos la cuadra. También aumentó en un 300% el precio de los productos derivados de la ganadería y de la chacarería que abastecían la ciudades en crecimiento.Hacia 1860, las haciendas habían triplicado su rentabilidad. El aumento del precio del trigo en la década de 1850 de 1,50 a 5 pesos la fanega produjo grandes ganancias a los terratenientes y estimuló la producción. Hubo haciendas, como la de Chacabuco, que aumentaron su producción de 15.000 a 35.000 fanegas. De acuerdo con las estadísticas elaboradas por Sergio Sepúlveda G.,189 la exportación de trigo aumentó de 180.236 qq.m. en 1848 a 336.268 qq.m. en 1852 y a 587.564 qq.m.en 1855. La de cebada creció, según Encina,190 de 25.349 fanegas en 1848 a 278.968 en 1852; la de frejoles, de 13.322 fanegas en 1848 a 46.275 en 1854. El aumento de la exportación de harina fue más espectacular: de 50.000 qq.m que se producían antes de 1846, se llegó a 286.000 qq.m. como promedio anual entre 1851 y 1855, según cifras analizadas por Bauer191 en un reciente estudio. Este autor manifesta que “resulta difícil calcular el ingreso agrícola total de Chile en el siglo XIX. Si bien el valor monetario de las exportaciones fue registrado en forma consistente, solo pueden usarse vagas indicaciones en lo referente al valor del mercado interno. Un importante sector de la población cultiva sus propios alimentos o recibe raciones de alimentos a cambio de trabajos realizados en los fundos. Solo ciudades como Santiago y Valparaíso, los distritos mineros nortinos, y las cuadrillas de peones que construyen las vías ferroviarias, constituyen un real mercado para la agricultura comercial”.192 Bauer estima que el valor de las exportaciones agrícolas alcanzó a los siguientes promedios 187 188 189 190 191

192

Ibid., pp. 6 y 7. Encina, XIII, 542. Sergio Sepúlveda G. El trigo chileno en el mercado mundial, p. 49, Ed. Universitaria, Santiago, 1959. Encina, XIII, 515. El quintal métrico equivale a 100 k. y la fanega a 92 k. Arnold J. Bauer. “Expansión económica en una sociedad tradicional: Chile Central en el siglo XIX”, Rev. Historia, Nº 9, 1970, Universidad Católica, p. 151. Ibid., p. 161.

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anuales: quinquenio 1846-50: 1.705.000 pesos de 44 peniques; 1851-55: 3.756.000; 1856-60: 3.949.000 pesos.193 Gran parte de estas exportaciones fueron absorbidas por los nuevos mercados de California y Australia. La exportación a California subió de $ 250.195 en 1848 a $ 2.203.729 en 1852; se redujo a $ 705.470 en 1854 y a $ 102.735 en 1859, totalizando $ 12.088.524 en el período comprendido entre 1848 y 1859. La exportación a Australia aumentó de $ 23.930 en 1852 a $ 2.698.911 en 1855, bajando a $ 272.696 en 1859, totalizando $ 5.546.476 entre 1852 y 1859. Es decir, el período de auge de las exportaciones a California abarcó de 1849 a 1854; la disminución de este mercado se compensó con la demanda australiana, especialmente entre 1854 y 1857. Ambos mercados se perdieron en la década de 1860. La pérdida de estos mercados fue superada en gran medida por el aumento de la exportación al Perú, cuya demanda de harina subió de 110.500 quintales en 1857 a 204.307 en 1860; la de trigo aumentó de 174.699 fanegas en 1857 a 243.281 en 1860. Al mismo tiempo, hubo un notorio incremento de la demanda inglesa. Según Claudio Gay, “en 1849, fueron embarcadas para la Inglaterra 64.289 fanegas de trigo y pudieron venderse a razón de 5 pesos cada una. En 1860, la exportación para el mismo país fue mucho más considerable y en 1861 subió a 153.270 fanegas de trigo y a 107.071 qq. de harina”.194 La pérdida de los mercados de Australia no provocó una crisis porque de inmediato se produjo un significativo incremento de las demandas inglesa, peruana y francesa, que constituyeron durante varias décadas mercados permanentes para la producción agrícola chilena. En 1860, la exportación agrícola a Inglaterra, Perú y Francia era superior en cantidad de pesos a la del período de auge de los mercados de California y Australia, a pesar de la baja del precio del trigo en el mercado mundial. Este período de prosperidad de la agricultura ha servido de base para que algunos autores caractericen a Chile como un país agrario. Sin embargo, las cifras demuestran que, inclusive en este período, Chile fue un país preponderantemente minero. Exp. Mineras Exp. Agropecuarias

1844 $ 3.618.987 897.025

1852 $ 7.807.106 3.933.149

1860 $ 18.893.600 4.751.652

Este cuadro195 demuestra que en uno de los períodos de mayor auge agrícola de la historia de Chile, la minería doblaba y hasta triplicaba a la agricultura en el total de

193 194 195

114

Ibid., p. 165. Claudio Gay. Historia Física y Política de Chile. Agricultura, tomo II, p. 77, París, 1865. Dirección General de Contabilidad. Ministerio de Hacienda, 1901.

las exportaciones, cifra que se elevó aún más en la segunda mitad del siglo XIX con la explotación del salitre, reafirmándose el carácter esencialmente minero de Chile. Durante los decenios hubo un notable desarrollo de la industria molinera, bajo signos inequívocamente capitalistas. Los viejos molinos fueron reemplazados –escribía Claudio Gay– por modernos molinos de vapor construidos con todas las reglas del arte. Los primeros fueron levantados por Lillyback en la bahía de Talcahuano en la provincia de Concepción, tan rica en trigo como era necesario para poderlos alimentar; después se han construido más de veinte en el solo departamento de Concepción y otros en Chillán y Los Ángeles (…) en 1851 se podían contar 43 que podían dar 750.000 sacos de harina de 2 qq. cada uno (…) En el puerto de Valparaíso hay varios que han costado sumas considerables y entre los cuales el del señor Stuven, recientemente establecido es uno de los más importantes. El edificio consta de cuatro cuerpos y posee una poderosa maquinaria que separa con la más perfecta exactitud las diferentes sustancias de que se compone el trigo. Es de doble presión y pone en movimiento tres pares de piedras que pueden moler hasta 350 fanegas al día (…) Otros molinos de vapor de gran poder se hallan también en otros lugares de la República en las haciendas de San José, Viluco, etc… En Santiago el de San Pablo.196

En Rancagua el molino “San Pedro” de Agustín Salas y en Linares “El Romero”. Los 3 molinos más importantes eran los de Tomé. Uno de los molinos más modernos fue instalado por Juan Antonio Pando en Loncomilla, con capacidad para producir 400.000 quintales anuales aproximadamente. Asociado con Manuel Eyzaguirre, Pando hizo fuertes inversiones de capital en la instalación de molinos que estuvieran en condiciones de competir con los de Tomé. Trajo maquinarias y técnicos de los Estados Unidos. Un aviso aparecido en el periódico El Curicano, en junio de 1858, reflejaba la importancia de la mecanización en la creciente industria molinera chilena. El aviso, proveniente de Santiago, se titulaba “Revolución en los molinos” y decía: A ocho cuadras de la plaza principal de la ciudad de Talca a orillas del río Claro, se halla situado el establecimiento de los agricultores, compuesto de seis molinos del sistema cónico. Por su construcción, su sencillez y ventajas económicas es, y merece serlo, el primer establecimiento en Chile de esta clase. Para otros pormenores, véase el aviso publicado en “El Ferrocarril” de Santiago de octubre del 56, que es como sigue: Molinos Cónicos. Privilegiados por decreto supremo de 12 de marzo del presente año. Desde el 13 del presente se hallará en exhibición pública, en la tienda de don Prudencio Iglesias, calle Ahumada, un modelo de estos molinos que me ha llegado últimamente de Londres. El explica bien claro las ventajas que este sistema de moler ofrece al ya conocido de piedras planas (…) son sencillísimos para manejarlos y todos sus ajustes son permanentes, por lo que hay un ahorro de brazos (…) Las personas que se interesen en 196

Claudio Gay, op. cit., Agricultura, II, 53 y 54.

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introducir esta importante mejora en el sistema de molinos; que se interesen en hacer valer este artículo en los mercados de Europa y Australia, y obtenerlo con economía no despreciable, pueden verse con don Prudencio Iglesias, quien está autorizado para hacer cualquiera venta, como yo lo estoy por su interventor don Walterio Westrup de Londres. Joaquín Benítez.197

En menos de una década, la harina chilena sextuplicó sus exportaciones, comenzando a disputar los mercados del Pacífico a los industriales molineros norteamericanos.

Minería Los aspectos más relevantes de la producción minera durante los decenios fueron el aumento de la producción de plata, el surgimiento de la explotación carbonífera y el inicio de la industria fundidora del cobre. El descubrimiento de Chañarcillo en 1832 fue decisivo para el crecimiento de la producción de plata. Entre 1830 y 1847, esta mina produjo 33.697 kilos por valor de más de 15 millones de pesos de la época. La explotación de nuevas minas como Tres Puntas (1847), donde llegaron a trabajar cerca de 4.000 obreros. Retamo (1846), Checo Grande (1847), Garín Nuevo (1848), Chimbero (1848) y otras, hizo subir la producción de plata de un promedio de 33.500 k. anuales durante los primeros años de la década de 1840 a 100.000 k. en 1851. El año culminante fue 1855 con 212.996 k.; luego comienza la baja hasta estabilizarse en 100.000 k. en 1860. Este aumento de la producción de plata en términos absolutos fue el resultado de la introducción de nuevas técnicas de amalgamación. Uno de los testigos más autorizados de la época, Vicente Pérez Rosales, manifestaba: Aunque todavía no figuraban máquinas movidas por vapor en Copiapó, las que existían, impulsadas por agua, cautivaban la atención del que las visitaba por primera vez. En ellas se veían consultadas a un mismo tiempo la solidez, la economía y los principios del nuevo sistema de amalgamación adoptando en este lugar para el pronto beneficio de los metales de plata nativa y clorurada. En los establecimientos de minas de Freiberg, se emplean para amalgamar barriles que girando sobre ellos mismos revuelven y mezclan el mineral molido con el azogue y agua que se depositan en ellos. Aquí se desconocía el uso del barril; poderosas tinas de madera con fondo de hierro, sentadas de firme en contorno de un árbol más poderoso aún, que ponía en movimiento circular y arrastrado las pesadas cruces del mismo metal que giraban dentro de ellas, hacían con suma ventaja las veces del barril rotatorio de Alemania.198

197 198

116

El Curicano, Año I. Nº 38, 10 de junio de 1858, Curicó. Vicente Pérez Rosales. Recuerdos del Pasado, p. 235, Biblioteca de Escritores de Chile, Santiago, 1910.

En su Ensayo sobre Chile, Pérez Rosales daba cuenta de los avances tecnológicos introducidos por la burguesía minera en la explotación de la plata, durante la década de 1850-60: En la actualidad, se comienzan ya a ver algunos establecimientos donde se hace uso de los procederes científicos para preparar el mineral a la amalgamación inmediata y emplear la fundición en las operaciones. En cuanto a los trabajos de amalgamación inmediata, se hacen en los numerosos talleres de Atacama con tanta perfección como en muchos de los establecimientos europeos (…) Todos los establecimientos están provistos de aparatos de destilación para separar el mercurio de la plata y de pequeños hornos de reverbero para fundir el metal de amalgamación, que se entrega en seguida al comercio bajo el nombre de plata en barra (lingote).199

La producción de cobre subió de 9.586.549 k. en 1844 a 32.122.747 k. en 1860, convirtiéndose Chile en la década de 1860-70 en el primer productor de cobre del mundo. El apogeo cuprífero estuvo fundamentado en la introducción de una moderna tecnología y en el surgimiento de la industria fundidora del cobre. El especialista en historia de la minería chilena. Alberto Herrmann, sostiene que “el aumento rápido de la producción de cobre fue una consecuencia de haber introducido en Chile, en el año 1831, el ingeniero don Carlos Lambert, la fundición por hornos de reverbero según el sistema inglés, que consiste, como es universalmente conocido, en una primera fundición de los minerales de cobre para obtener ejes, es decir, sulfuros dobles de cobre y en la posterior transformación de los ejes de cobre en barra”.200 La industria fundidora de cobre, impulsora por José Tomás Urmeneta, ha sido una de las empresas más importantes acometidas por el capitalismo nacional a lo largo de la historia de Chile. En 1858, los hornos de Guayacán elaboraban mensualmente 26.000 quintales de cobre provenientes de la fabulosa mina “El Tamaya”, que había producido por valor de 5 millones de pesos de 45 pequines entre 1853 y 1864. Los nuevos hornos de fundición levantados en Tongoy, Los Vilos y Lirquén, con capitales nacionales, fueron índices elocuentes del desarrollo capitalista que había alcanzado la minería chilena a mediados del siglo pasado. La industria fundidora de cobre dio impulso a la explotación carbonífera de Lota. De 5.348 toneladas de carbón producidas en 1852 se pasó a 140.934 en 1857. Entre 1858 y 1860, las fundiciones de cobre del Norte Chico absorbieron 128.204 toneladas de carbón nacional. Las primeras explotaciones carboníferas de Juan Mackay en 1845, de Jorge Rojas, Federico Schwager y Guillermo Délano en 1848, experimentaron un rápido desarrollo en 1852 con las nuevas inversiones de capital realizadas por Matías Cousiño. 199 200

Vicente Pérez Rosales. Ensayo sobre Chile, pp. 437-438, Imp. Del Ferrocarril, Santiago, 1859. Alberto Herrman. La producción en Chile de los Metales y Minerales más importantes desde la conquista hasta fines del año 1902, p. 47. Imp. Barcelona, Santiago, 1903.

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Los avances de la minería dieron origen a nuevas ciudades y villorrios del Norte Chico, a la construcción de ferrocarriles y obras de infraestructura, a la migración de trabajadores del sur al norte y a la consolidación del proletariado minero. La minería proporcionó la mayor cuota de nuestras exportaciones, inclusive en el período de auge de las ventas agrícolas a los mercados de Australia y California. El carácter preponderantemente minero del país dio la tónica al peculiar desarrollo del capitalismo nacional. Un desarrollo desigual y combinado, porque junto a las modernas explotaciones mineras, donde laboraban miles de obreros, coexistían pequeñas empresas de tipo familiar y otras en las que supervivían relaciones sociales de producción precapitalistas. Las empresas de mayor desarrollo capitalista, que constituían el factor dinámico de la producción, influían sobre las áreas más retrasadas economía, comandando las líneas fundamentales del proceso productivo del país.

Los comienzos del régimen bancario Si bien es cierto que hasta mediados del siglo XIX no existieron bancos formalmente reconocidos por el Estado, funcionaban casas financieras que combinaban el préstamo a interés con la inversión de capitales en las explotaciones mineras y agrícolas. En rigor, estas casas financieras rebasaban los marcos del capital usurario al actuar como empresas bancarias que adelantaban capitales para la producción. Este sistema de crédito privado se dio primordialmente en la minería a través del régimen denominado “habilitador”. Su principal exponente fue Agustín Edwards Ossandón. Anticipaba capitales a los pirquineros o pequeños empresarios con la condición de que éstos le vendieron su producción. Con frecuencia, el anticipo consistía solamente en la entrega de instrumentos de trabajo y mercaderías para la subsistencia de los mineros. En los períodos de crisis de la minería chilena, provocados generalmente por una disminución de la demanda del mercado mundial, Edwards compraba metales a bajo precio, acumulando stocks que luego vendía con pingües ganancias. Las casas financieras de Valparaíso no solo invirtieron en las explotaciones mineras, sino también en la industria molinera. En un trabajo recientemente publicado por Bauer, se demuestra que “durante la década de 1850, los comerciantes de Valparaíso fueron prácticamente la única fuente de capital para los nuevos molineros que surgieron en Talcahuano y en la cuenca del Maule (…) En el período 1846-1890, ellos prestan cantidades correspondientes al seis por ciento de todo el crédito hipotecario, lo que corresponde más o menos a dos millones doscientos mil pesos a los molineros y terratenientes de Talca y Caupolicán; todo este préstamo se realiza antes de 1865 (…) En general, los comerciantes estipulaban ciertas condiciones cuando daban crédito a los molinos. En el ejemplo Meyers, Bland y Cía., exigen que toda la harina producida

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en el molino de Talca se comercialice a través de la casa comercial que facilita ese dinero. Muchos otros ejemplos de contratos similares que establecen relaciones entre el crédito y la forma posterior de mercado se encuentran en los registros notariales de Valparaíso y Talca”.201 Otras casas prestamistas fueron las de Ossa, Bezanilla, Mac-Clure y Cía. Empezaron como casas de consignaciones de corretajes, transformándose luego en empresas que emitían vales o billetes al portador. En 1856, la Casa Ossa funcionaba formalmente como un Banco. El primer Banco legalmente autorizado por ley del 25 de junio de 1855 fue el “Banco de Depósitos y Descuentos de Valparaíso”. El Banco de Chile, creado en septiembre de 1859, con un capital de $ 400.000, fue autorizado para emitir billetes a la vista y al portador, a raíz de la contracción monetaria producida por la crisis de 1860. La ley del 23 de julio de 1860, que reglamentaba el funcionamiento de los bancos, establecía que el capital declarado debía ser en dinero efectivo y que las emisiones de billetes no podían sobrepasar el 150% del capital. Los bancos estaban autorizados para emitir billetes de 20, 50, 100 y 500 pesos. En su análisis crítico de la Ley de Bancos de 1860, Julio César Jobet manifestaba: Cualquier persona hábil para ejercer operaciones comerciales podía fundar bancos de emisión. Los defensores de la intervención del Estado en el campo de la economía y de la creación de un Banco Nacional fueron vencidos. Los partidarios de la libertad bancaria triunfaron plenamente y por eso la Ley de Bancos de 1860 consultaba solo el interés de los accionistas y directores (…) Los Bancos reforzarán y acrecentarán el poder del sector plutocrático y desde temprano mantendrán un apreciable control del gobierno hasta imponer el régimen papelero, con la consiguiente desvalorización de la moneda en su beneficio y en el de los terratenientes, mineros e industriales.202

Pedro Félix Vicuña fue uno de los pocos chilenos en expresar públicamente su disconformidad con el criterio liberal de la Ley de Bancos a través de un folleto titulado: “Apelación al crédito público por la creación de un Banco Nacional”, en el que planteaba: La sociedad apeló a la usura, seducida por las ganancias imaginarias, que desde luego elevaron a un duplo el valor de la tierra y del trabajo, ensanchando el crédito usuario, que tomó las mismas dimensiones organizándose en Bancos ruinosos, en que la tasa de interés era la misma que en oro o plata. A estos Bancos se añadieron instituciones igualmente funestas, como el “Banco Hipotecario”, el “Porvenir de las familias”, y el desarrollo de un crédito individual, en que se hacían circular muchos millones de simples pagarés o escrituras que sostenían su crédito, transfiriéndose de mano en mano como moneda, pagando exactamente sus intereses (…) Los Banqueros, temiendo perder su dinero, principiaron sus cobranzas, que satisfacía el gobierno prestando los 201 202

Arnold J. Bauer, op. cit., pp. 189-191. Julio César Jobet. Ensayo crítico… op. cit., p. 44.

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fondos del ferrocarril a los que aparecían en mayores conflictos, salvándose los Bancos a expensas de la nación (…) El crédito privado que emite vales a la circulación, usurpa una prerrogativa concedida por todas las leyes y principios establecidos a la soberanía nacional (…) en la actual condición de nuestros Bancos es además un monopolio, desde que con una parte en dinero pueden emitirse a la circulación valores cuatro veces mayores, recibiendo intereses cuatriplicados al capital efectivo (…) no se concibe por qué los gobiernos, tan celosos de sus derechos e inmunidades, se dejan despojar de aquellas prerrogativas inherentes a la soberanía que representan (…) Los Bancos, sin los préstamos del gobierno, habrían sucumbido los primeros, pues ellos se apercibieron de que a más de sus billetes, circulaban en la capital de diez a doce millones de pesos en pagarés a interés que corrían de mano en mano sosteniendo el crédito con el solo pago de los intereses, sin poder jamás cancelar sus capitales. Los Bancos que así giraban estaban perdidos y solo debieron su salvación a los valores del empréstito inglés que el gobierno distribuyó (…) Los Bancos organizados, para aumentar los capitales, han continuado en la misma forma, a pesar de haber, con 12.000 pesos, los señores Macklure y Bezanilla, hecho negocios de crédito de dos millones.203

Estas críticas a los Bancos privados demostraban la necesidad de organizar el crédito público a través de un Banco Nacional. Pedro F. Vicuña señalaba que los primeros capitales podrían obtenerse de los fondos del estanco de tabaco por diez años, de la disminución de una cuarta parte de las rentas que pagaba la nación superiores a 500 pesos y de la nacionalización de los censos y capellanías. Vicuña planteaba que el Banco Nacional en manos del Estado era la mejor manera de garantizar el desarrollo económico, evitando las especulaciones de la Banca privada, en gran medida ya en manos de las casas comerciales extranjeras. Estas y otras ideas sobre la forma de luchar contra la dependencia foránea, promoviendo el desarrollo de la industria nacional, “explican” la escasa importancia que la historiografía tradicional ha concedido al pensamiento de Pedro Félix Vicuña. El sistema crediticio cobra impulso con la creación en 1855 de la Caja de Crédito Hipotecario. En cuatro años otorgó préstamos por valor de 1.025.000 pesos sobre 76 hipotecas. La mayoría de estos créditos favorecieron a los terratenientes de la zona central, demostrándose una vez más que la capa burguesa que controla políticamente el gobierno es la principal beneficiaria del crédito del Estado. Según Bauer En Talca, por ejemplo, los 138.000 pesos prestados en el primer año de operaciones, fueron otorgados a solo cinco hacendados: 30.000 a Juan Fco. Gana, 40.000 a Juan A. Armas, 10.000 a Ignacio de la Cruz, 50.000 a Santiago Gandarillas y 8.000 a Ramón Baeza (…) No solo estaban los préstamos de la Caja limitados a los propietarios de

203

120

Pedro Félix Vicuña. Apelación al Crédito Público por la creación de un Banco Nacional, pp. 4, 9, 11, 12, 19 y 27, Valparaíso, 1862.

grandes extensiones sino también se restringieron a aquellos cuyas tierras estaban en los departamentos cercanos a Santiago.204

En vez de invertir estos préstamos en el mejoramiento tecnológico de sus haciendas, numerosos terratenientes los utilizaban para explotar a los pequeños propietarios y medieros, haciendo anticipo de dinero a cuenta de futuras cosechas o “compra en verde”. Bauer señala que: En la sociedad rural de más bajo ingreso, el crédito se constituyó en un mecanismo que permitió a los terratenientes continuar controlando la producción local y guardar una parte del ingreso de pequeños propietarios y medieros. A medida que los cultivos fueron reemplazando a las praderas, pequeños arrendatarios reemplazaron o suplementaron a la mano de obra residente en las haciendas. En tal circunstancia, las haciendas, en vez de trabajo, exigían una parte de la producción. Hasta cierto punto esta conversión se produce como consecuencia de una extensión del sistema imperante de anticipar dinero, semilla e implementos a cuenta de la cosecha, bajo condiciones monopolísticas. Irónicamente, la mayoría del crédito que fue invertido en la agricultura, se hace a través de los pequeños agricultores –precisamente los que no tenían acceso a las fuentes formales y baratas.205

El comercio de exportación e importación Durante los decenios se produjo un aumento significativo en el volumen de las exportaciones. De $ 4.516.012 (minería: $ 3.618.987, productos agropecuarios: $ 897.025) en 1844, se llegó a $ 23.645.252 (minería: $ 18.893.600, productos agropecuarios: $ 4.751.652) en 1860. En este año, Inglaterra absorbió el 60% de nuestras exportaciones, adquiriendo cobre, trigo, harina y otros productos por un valor de $ 14.345.462. Le seguían Estados Unidos ($ 2.772.154), Francia ($ 2.461.305) y Alemania ($ 404.634). De los mercados latinoamericanos, el único realmente importante era Perú con $ 3.437.112. La Memoria presentada al Congreso nacional de 1860 por el Ministro de Hacienda, Jovino Novoa, entregaba una lista completa de las principales exportaciones, en la que se reflejaba la preponderancia de la minería sobre la agricultura y la importancia que había adquirido la industria fundidora de cobre.206

204 205 206

Arnold J. Bauer, op. cit., p. 195. Ibid., p. 208. Documentos Parlamentarios. Discursos de apertura en el Congreso y Memorias Ministeriales. Tomo VIII, pp. 123 y 125. Imp. Del Ferrocarril, Santiago, 1861.

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Lista de las principales exportaciones en 1859: Cobre en barras Cobre en crudo Cobre en ejes Plata, piña y en barra Minerales de plata Minerales de plata y cobre Carbón de piedra Trigo Cebada Harina Galleta surtida Cueros vacunos Lana surtida Charqhi Madera

$

4.063.340 3.411.819 2.399.250 718.829 379.267 276.585 408.856 624.303 581.361 949.476 218.988 806.010 414.004 168.222 167.495

Hacia 1860, el grueso de las importaciones provenía de Inglaterra ($7.548.778), Francia ($ 4.807.606), Estados Unidos ($ 1.994.608), Alemania ($1.679.987), Argentina ($ 1.569.695) y Perú ($ 735.234). Las importaciones superaban a veces a las exportaciones, determinando déficit en la balanza comercial. Sin embargo, estos déficit eran más aparentes que reales porque muchos productos provenientes de otros países eran reexportados. En la Memoria presentada al Congreso Nacional de 1861, el Ministro de Hacienda especificaba que de un total de $ 24.724.866 en concepto de importaciones, había mercaderías por valor de $ 4.768.921 que eran para reexportar por mar y otras por valor de $ 1.101.545 destinadas a la Argentina. En síntesis, el comercio de exportación e importación expresaba de manera inequívoca el carácter dependiente de Chile: país exportador de productos mineros y agropecuarios e importador de artículos manufacturados. La dependencia era muy manifiesta respecto de Inglaterra, metrópoli que hacia 1860 absorbía el 60% de las exportaciones chilenas y cubría el 35% de nuestras importaciones.

Ingresos fiscales y régimen impositivo El aumento de las exportaciones e importaciones se tradujo en mayores ingresos fiscales. De cerca de 2 millones de pesos en 1830, se pasó a 7.494.750 pesos en 1860, de los cuales $ 4.824.801 correspondían a la Aduana. En treinta años se cuadruplicaron los ingresos del Estado sobre la base del incremento de las entradas aduaneras, ya que

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se conservaron los porcentajes de ingresos por concepto de contribución territorial, estancos, etc. La burguesía criolla persistió en su política de obstrucción a toda ley que significara el establecimiento de impuestos directos, recayendo de este modo el financiamiento estatal en los ingresos aduaneros. Interesados primordialmente en aumentar los ingresos de la Aduana, los gobiernos alentaron la entrada masiva de artículos manufacturados extranjeros que debían pagar derechos de internación. Esta política económica de cortas proyecciones, en función de intereses inmediatos, reforzó los lazos de dependencia de Chile respecto de las metrópolis, impidiendo el desarrollo de una industria nacional. Los derechos de aduana, impuestos en forma discriminatoria a ciertos productos de exportación, demuestran que los gobiernos de los decenios representaban fundamentalmente los intereses de los terratenientes. Mientras reiterados decretos aumentaron los gravámenes a los productos de la minería, “el 21 de diciembre de 1840 una ley declaraba la abolición de los derechos de exportación sobre el trigo y la harina de 6% y 4% respectivamente, establecidos por la ley de 1835. Poco tiempo después, el 2 de junio de 1842, un nuevo Reglamento de aduanas promovido también por Rengifo hacía más expedita la tramitación”.207 El gobierno de Prieto fundamentaba esta ley a favor de la burguesía triguera en los siguientes términos: “Chile por su posición y la templanza de su clima estaría llamado ser el granero de América del Sur, si las leyes favoreciesen el cultivo de los granos y no los sujetasen a nuevo gravamen”.208 El mismo año en que se suprimían los derechos de exportación a los productos agrícolas, se reafirmaba el impuesto del 6% a la exportación de minerales de cobre y de plata. El decreto del 18 de diciembre de 1840 impuso un nuevo gravamen de 1 ½%, a la exportación de mineral de cobre en bruto, calcinado o en eje. La Ordenanza de Aduanas del 23 de agosto de 1851 dispuso que “el cobre en barras o rieles y los minerales de cobre en bruto, calcinados o en eje, pagarán el 4% por el primer año y el 2% por el segundo año, quedando extinguido el derecho desde el vencimiento de este último plazo”. Sin embargo, la ley del 20 de octubre de 1852 derogó esta parte de la Ordenanza estableciendo un gravamen de un 5% a la exportación de cobre en barra o rieles y de los minerales en bruto o calcinados. La reacción violenta de la burguesía minera, expresada en las revoluciones de 1851 y 1859, obligó al gobierno de Montt a reducir el porcentaje de los gravámenes a la minería. Sin embargo, hacia 1860 se mantenían las protestas de los productores mineros. Una publicación de esa época afirmaba:

207 208

Sergio Sepúlveda G. El trigo chileno en el mercado mundial, p. 36, Ed. Universitaria, Santiago, 1959. Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile bajo el gobierno del general D. Joaquín Prieto. Tomo IV, p. 161, Santiago, 1903.

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El paso dado por Montt en las Aduanas es indudablemente un error y un error bien grave. Gravar con el 4 por ciento la exportación de la plata en barra y con el 2 por ciento la de los cobres en ejes o minerales no puede menos que haber postrado nuestra industria minera (…) Por eso es que todos creemos que Chile, en vez de hacer pesar un fuerte gravamen sobre la minería y las fundiciones del país, debe, al contrario, otorgarles cuantas franquicias sean dables.209

En síntesis, la exención del pago de los derechos de exportación a los productos agrícolas y los reiterados gravámenes a la minería demuestran que los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt representaron en lo fundamental los intereses de los terratenientes. Esta política de los gobiernos de los decenios también se puso de manifiesto en la inversión de fondos fiscales para la construcción de obras de infraestructura. Mientras la burguesía minera tuvo que financiar las primeras vías férreas del Norte Chico con sus propios capitales, los ferrocarriles de la zona central, que favorecían a los terratenientes, fueron financiados por el Estado. Otras obras de infraestructura, como caminos y puentes, se realizaron primordialmente en las regiones agrarias. En el mensaje al Congreso de 1840, el Presidente Bulnes puso énfasis en la necesidad de construir nuevos caminos para vencer “la distancia que separa sus más fértiles campañas a los puntos de exportación”.210 La Ley de Caminos, dictada en 1842, se redactó sobre la base de un estudio elaborado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Las circulares y cuestionarios enviados por la administración Bulnes a los gobernadores de provincias para determinar cuáles eran las regiones más necesitadas de caminos fueron confeccionados por esta Sociedad de terratenientes, quienes impusieron las prioridades para la inversión de fondos fiscales en la construcción de la nueva red caminera.

Marina mercante La mayoría de los historiadores ha sobrevalorado el desarrollo de la marina mercante chilena de mediados del siglo pasado, atribuyendo dicho proceso a una supuesta política “nacionalista” practicada por Prieto, Bulnes y Montt. Las medidas proteccionistas a la marina mercante se remontan a la Primera Junta de Gobierno, como lo hemos demostrado al analizar el Reglamento de Comercio de 1811. Portales reactualizó estas disposiciones. En 1832 –dice Martner– “se dictó una ley en virtud de la cual se habilitaban las radas, caletas o desembarcaderos situados 209

210

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Cuadro Histórico de la Administración Montt, escrito según sus propios documentos, p. 395, Imp. S. Tornero, Valparaíso, 1861. Ernesto Greve. Historia de la Ingeniería en Chile, Tomo II, p. 373, Santiago, 1938.

en las inmediaciones de los puertos de Valparaíso y Talcahuano con el fin exclusivo de llevar por ellos toda clase de minerales del país, operación que sería permitida en buque nacional y libre de todo derecho, como la de minerales extranjeros en buques nacionales y por los puertos mayores de la República”.211 En 1834, se rebajaban de 10 a 20% los derechos de importación de toda mercadería extranjera que entrase a nuestros puertos en buques nacionales; las leyes de 1835 y 1836 renovaron las medidas de fomento a la marina mercante nacional. Sin embargo, estas disposiciones quedaron en el papel porque ninguno de los gobiernos de los decenios hizo inversiones de importancia para adquirir una flota de barcos que pudiera gozar de las franquicias otorgadas con el fin de satisfacer las necesidades comerciales del país. Las leyes proteccionistas fueron fácilmente burladas por los extranjeros y por la propia burguesía criolla. Ante la falta de buques chilenos en condiciones de transportar la nueva demanda de productos agropecuarios y mineros, los empresarios nacionales recurrieron a los barcos extranjeros. Los exportadores fueron los primeros en presionar a los gobiernos para que derogaran el derecho exclusivo que tenían los barcos chilenos en el comercio de cabotaje. Este derecho había sido ya vulnerado por Rengifo al autorizar en 1820 a los barcos extranjeros a extraer productos nacionales de los puertos menores de la República. Los propietarios de buques extranjeros burlaron las leyes proteccionistas de 1835 y 1836 registrando sus barcos bajo bandera chilena o asociándose con comerciantes chilenos. Un especialista del tema, Claudio Véliz, señala que “de los setenta y un barcos registrados como chilenos en 1835, solo se podría considerar como naves chilenas –y esto en forma muy aproximada– a los ocho barcos con capitán chileno. Si a esto se agrega que ocho años más tarde, en 1844, solo había tres barcos mercantes, capitaneados por chilenos, se podrá apreciar hasta qué punto era ilusorio el aumento del tonelaje mercante chileno al abrigo de la legislación de 1835 y 1836”.212 El mismo autor cita un informe de julio de 1839 del cónsul británico en Chile, en el que se afirma: De los 68 barcos mercantes chilenos mencionados en el informe general sobre movimiento de puertos, alrededor de la tercera parte –a pesar de poseer todos matrículas y papeles chilenos– pertenecen en realidad a ciudadanos británicos y gran parte de su cargamento es también o propiedad británica, o ha sido adquirido por capitales británicos.213

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213

Daniel Martner, op. cit., p. 132. Claudio Véliz. Historia de la Marina Mercante de Chile, p. 58. Ed. de la Universidad de Chile, Santiago, 1961. Ibid., p. 59. Cita Foreign Office, 16, Vol. 38, folio 84 y 86.

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En la década de 1840, comenzó a operar en nuestras costas la Pacific Steam Navigation Co., organizada por Wheelwright con capitales ingleses. Este empresario había expuesto a Portales su plan de navegación a vapor entre Valparaíso y El Callao. En agosto de 1839, las cámaras aprobaban un proyecto por el cual se concedía a Wheelwright el privilegio exclusivo por diez años para establecer la navegación a vapor en los mares y ríos de Chile. La Pacific Steam Navigation Co. se fundó con un capital de 250.000 libras esterlinas. En 1840, dos barcos a vapor entraban a Valparaíso. El 21 de octubre de ese año, El Mercurio publicaba el siguiente aviso: “Buques de vapor. Para el Callao, tocando en Coquimbo, Huasco, Caldera, Cobija, Arica y Pisco”.214 Las estadísticas oficiales indican que durante los decenios hubo un aumento del número de barcos y tonelaje nacionales, pero ocultan el hecho de que gran parte de dichos buques solo tenían de chilenos la bandera. Es falsa la afirmación de que bajo Bulnes –continuando con la “tradición portaliana”, como diría Encina– se siguiera una política de real fomento a la marina mercante nacional. Al contrario, en 1848 se derogaron las disposiciones de la ley de navegación de 1836, eliminándose de esta manera los derechos exclusivos que tenían los armadores y dueños de barcos chilenos. El 4 de septiembre de 1849, el presidente Bulnes promulgaba una ley presentada por el diputado y escritor José Joaquín Vallejo, según la cual se autorizaba el comercio de cabotaje a los buques extranjeros por el lapso de 4 meses, prorrogable a seis meses más. El proyecto del diputado de Vallenar, respaldado por la burguesía minera, expresaba que: El monopolio del cabotaje está reducido a que ni el comerciante pueda transportar sus afectos, ni el minero sus metales, ni el agricultor sus frutos de un punto a otro de la República, sino en buques que llevan nuestra bandera: los cuales buques imponen fletes contando con que en este negocio no puede hacerles concurrencia ningún otro buque de ninguna otra bandera. Es claro, pues, que la ley obliga al comerciante, al agricultor y al minero a pagar un flete que esa no concurrencia hace natural más subido: les obliga a una contribución a beneficio de los dueños de esos buques. Todas las industrias del país resultan estar gravadas con un impuesto a favor de una de ellas, ejercida por ciertos individuos, de cierta clase, de cierto pueblo, los navieros de Valparaíso.215

Los terratenientes del sur se plegaron también a la campaña tendiente a permitir el comercio de cabotaje a los buques extranjeros. Dieciséis propietarios de molinos de la zona de Concepción publicaron un documento en El Mercurio de Valparaíso, el 17 de agosto de 1849, en el que sostenían que “en el día no se encuentran en el puerto de Talcahuano y creemos que en Valparaíso ni en ningún otro de la República, la décima parte de los buques nacionales que un año antes hacían el comercio de cabotaje (…) Las 214 215

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Encina. XI, 550. C. Véliz, op. cit., p. 82.

producciones agrícolas e industriales de esta provincia no pueden ser oportunamente exportadas”.216 Joaquín Edwards, dueño de una fundición de cobre de Lirquén, envió una carta en 1849 al Ministro de Hacienda en la que manifestaba tener un stock de mercaderías que no podía ser transportado por falta de barcos chilenos, por lo que solicitaba se le permitiera su traslado en buques extranjeros. La ley del 8 de enero de 1851 concedió definitivamente “a los vapores extranjeros que recorrían las costas chilenas el privilegio de practicar en ellas el comercio de cabotaje”.217 De este modo, en plena “era portaliana”, el mentado “nacionalismo” de los gobernantes de los decenios se expresaba en la derogación del último derecho con que contaba la marina mercante nacional para poder desarrollarse. Esa misma ley, legalizaba la propiedad de los barcos de bandera chilena pertenecientes a ciudadanos extranjeros con tres años de residencia en Chile. La Ordenanza de Aduanas del 23 de agosto de 1851 permitió también a los extranjeros hacer el comercio de cabotaje a vela, derecho que anteriormente estaba solo reservado para los buques chilenos. El gobierno de Montt otorgó nuevas franquicias a los buques extranjeros en 1855 y 1857. En el decreto del 28 de mayo de 1859, establecía: Vista la solicitud de los señores Carlos Lambert y Joaquín Edwards por la cual se solicita se agreguen los minerales de cobre en bruto a la nomenclatura de los artículos con que los buques extranjeros puedan hacer el comercio de cabotaje (…) Considerando que la exclusión de los buques extranjeros en el comercio de cabotaje da lugar a que se aumenten los fletes de su transporte hasta el punto de ser onerosos para la industria minera (…) Vengo en decretar: los minerales de cobre en bruto quedan incluidos desde la fecha del presente decreto entre los artículos que es permitido a los buques extranjeros transportar en el comercio de cabotaje.218

A raíz de una disposición del 8 de junio de 1859, que hacía extensiva a todos los puertos del Norte la franquicia otorgada a los buques extranjeros para transportar no solo minerales sino también alimentos y vestuario, los propietarios de barcos chilenos, los armadores, capitanes y constructores navales nacionales, elevaron una protesta, reproducida por la “Memoria de Marina” de 1862 en los siguientes términos: desde 1849 “nuevas y posteriores concesiones han venido ampliando las franquicias para las naves extranjeras y restringiendo la acción de las nuestras (…) Pero lo que vino a dar el golpe de muerte a la marina mercante nacional, ha sido el decreto por el cual (para no dejar ya nada que dar) se permite hacer a todos los buques extranjeros el cabotaje,

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218

Ibid., p. 84. Diego Barros Arana. Un decenio de la Historia de Chile, T. II, p. 324, en Obras Completas, XV, Santiago, 1913. Citado por C. Véliz: op. cit., p. 123.

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con destino a los puertos situados al Norte de Valparaíso que son los que sostenían y reportaban mayor provecho a la marina mercante”.219 Estos documentos refutan la tesis de que el proceso de desnacionalización de nuestra marina mercante comenzó con la República Liberal, a raíz de la promulgación de la Ordenanza de Aduanas de 1864, auspiciada por Courcelle Seneuil. Antes de la llegada de este economista francés, partidario de la política económica librecambista, la burguesía criolla aplicaba esta teoría en las principales áreas de la economía. En lo referente a la marina mercante nacional, se expresaba no solo en la derogación de las medidas proteccionistas sino también en la ausencia de inversiones para adquirir los barcos que necesitaba el país. Poderosos intereses de clase se coaligaron para impedir el desarrollo de la marina mercante nacional. Nuestra condición de país dependiente fue aprovechada por las potencias europeas para exigir la derogación de las medidas proteccionistas de que gozaban los barcos chilenos. La clase dominante criolla, interesada fundamentalmente en la exportación de sus productos agropecuarios y mineros, accedió a las exigencias de la metrópolis con el fin de evitar roces que pudieran afectar la demanda y los precios de las materias primas básicas. Los terratenientes y mineros no solo enviaban sus productos al mercado mundial en buques extranjeros, sino que también presionaron para que el comercio de cabotaje, reservado en una época para los chilenos, fuera ejercido por naves extranjeras. Chile tenía inmejorables condiciones geográficas y de producción para crear una importante marina mercante nacional. Su desarrollo estaba asegurado tanto por el volumen de las exportaciones como por el intenso comercio de cabotaje que se realizaba entre la zona minera del Norte, Valparaíso y la región agraria y carbonífera del sur. Pocos países de América Latina han tenido condiciones tan favorables como Chile para el desarrollo de una marina mercante nacional. Sin embargo, la burguesía criolla anuló esta posibilidad saboteando las medidas proteccionistas, no invirtiendo capitales en la adquisición de modernos buques y otorgando crecientes facilidades a las naves extranjeras.

La preponderancia de Valparaíso en el Pacífico Sur Uno de los objetivos primordiales de la política económica de los gobiernos de los decenios fue convertir a Valparaíso en el principal puerto del Pacífico sur. Esta decisión se tradujo en importantes medidas relacionadas con el régimen aduanero, los almacenes francos, la construcción de bodegas, almacenes y muelles que tenían

219

128

Ibid., p. 125.

por finalidad ofrecer mejores condiciones que otros puertos para el comercio de exportación e importación. La burguesía comercial chilena, en estrecha conexión con las casas importadoras extranjeras con sede en Valparaíso, fue el motor de esta política económica impulsada por los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt. Mezquinos intereses de los terratenientes santiaguinos habían impedido el progreso de Valparaíso. En los primeros capítulos hemos analizado las resistencias que debieron ser vencidas para lograr que la Aduana principal fuera trasladada de Santiago a Valparaíso. Superada esta situación en la década de 1830, Valparaíso se transformó rápidamente en la capital económica del país. Sin embargo, para convertirse en el principal puerto del Pacífico necesitaba desplazar a El Callao. Durante la colonia, este puerto había sido el más importante del Pacífico por la preponderancia política del Virreynato del Perú. Valparaíso, subordinado a Santiago, capital de la Capitanía General de Chile, dependiente en gran medida del Virreynato del Perú, se mantuvo durante siglos como un villorrio de escasa importancia económica. Su dependencia respecto de la capital se prolongó durante las dos primeras décadas de la República hasta que se dispuso el traslado de la Aduana. No obstante, esta medida no bastaba para convertir a Valparaíso en el principal puerto del Pacífico. Era necesario que se constituyera en puerto de recalada de los barcos europeos que, doblando por el Estrecho de Magallanes en su viaje al Oriente, debían obligadamente anclar en las costas de nuestro continente bañadas por el Pacífico para reabastecerse tanto en el viaje de ida como en el de regreso. Para convertir a Valparaíso en el puerto que ofreciera mayores ventajas, había que construir modernas bodegas y almacenes con comodidades suficientes para que los comerciantes europeos pudieran dejar sus mercaderías en tránsito. Los almacenes de depósito no debían cobrar tarifas excesivas. Era necesario también garantizar que los productos dejados en tránsito no fueran gravados con aranceles extraordinarios por los puertos de otros países del Pacífico. La ley del 27 de julio de 1832 otorgó a las naves extranjeras garantías para el depósito de sus mercaderías en tránsito: Quedó permitido el depósito de toda clase de mercaderías en el puerto de Valparaíso por el espacio de tres años (…) El antiguo derecho de tránsito quedó extinguido, y las mercaderías que se despachasen de los almacenes de aduana para el consumo interior, no pagarían por depósito más que un real al mes por cada quintal de peso calculado (…) Otra ordenanza estableció extensamente la reglamentación de los almacenes de depósito y del comercio de tránsito y fijó los procedimientos relativos a la carga, trasbordo e internación de las mercaderías, suprimiendo las trabas inútiles y embarazosas.220

220

Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile bajo el gobierno del general D. Joaquín Prieto, Tomo I, pp. 199-200, Stgo. 1993.

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Con el fin de otorgar mayores franquicias a los comerciantes extranjeros, la ley del 8 de octubre de 1834 permitió “la importación de toda clase de mercaderías, cualquiera que fuese su origen o procedencia”. Esta política, que demuestra hasta dónde llegaba el “nacionalismo” de los gobiernos portalianos, se había expresado ya en 1831 cuando las autoridades se opusieron a una petición de los artesanos santiaguinos que solicitaban la adopción de medidas proteccionistas para artículos manufacturados en Chile, como sombreros, calzados y muebles. “El gobierno –dice un escritor partidario de Portales– se guardó bien de apoyar semejante demanda y la hizo refutar en El Araucano con mui sanas i obvias razones”.221 La Ordenanza de Aduanas de 1842, promovida por el ministro Rengifo, rebajó los derechos que pagaban los artículos manufacturados extranjeros. La ley del 12 de noviembre de 1846 autorizó al gobierno a invertir medio millón de pesos en la construcción de nuevos almacenes para la aduana. En 1853, el arquitecto norteamericano J. Brown terminaba la construcción de 88 almacenes de depósito, cifra que se elevó a 246 en 1854 con un costo de 1.200.000 pesos. El ingreso de mercaderías en tránsito adquirió tanto auge que, a pesar de contar con esta cantidad de almacenes fiscales, hubo que seguir arrendando cerca de 100 depósitos a comerciantes particulares, que percibían aproximadamente unos 30.000 pesos anuales en concepto de arriendo. Estas medidas convirtieron a Valparaíso en el puerto preferido por los buques europeos para dejar sus mercaderías en tránsito. El desplazamiento de El Callao y la preponderancia de Valparaíso en el Pacífico Sur estuvieron directamente relacionados con la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837-39.

La guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana Esta guerra formó parte del proceso de división o “balcanización” de nuestro continente. Inglaterra, Francia y Estados Unidos aprovecharon las contradicciones entre las burguesías criollas para abondar la división de América Latina, alentando guerras entre los países limítrofes. La guerra entre Argentina y Brasil en 1826 y la segregación de la Banda Oriental –hoy Uruguay– de las Provincas Unidas del Río de la Plata, constituyeron los primeros triunfos de la diplomacia inglesa para quebrar el ideario bolivariano de unidad latinoamericana. El aislamiento del Paraguay, producto de la negativa de Argentina y Brasil para darle una salida al mar mediante la libre navegación de los ríos, puso de manifiesto los intereses económicos antagónicos que ya habían comenzado a gestarse entre las burguesías de cada país latinoamericano. La disolución de la “Gran Colombia” y la fragmentación de Centroamérica mostraron nuevas fases del proceso de “balcanización” de nuestro continente. 221

130

Ibid., I, 213.

Las metrópolis lograron acelerar esta balcanización porque contaron con burguesías criollas dependientes, cuyos antagonismos respondían a intereses eeconómicos que se exacerbaron después de las guerras de la independencia. La guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, a solo doce años del triunfo común sobre España en Ayacucho, puso en evidencia que las burguesías de cada país ponían sus intereses estrechos de clase por encima de la unidad latinoamericana. Los soldados chilenos, que se habían batido junto a sus hermanos bolivianos y peruanos contra los últimos baluartes del ejército español, sirvieron de carne de cañón de la clase dominante. Uno de los chilenos que en pleno ambiente “chovinista” tuvo la valentía de retomar las mejores tradiciones del ideal bolivariano fue Pedro F. Vicuña. En 1837, planteó en un folleto que los “intereses mercantiles” estaban dividiendo a nuestros pueblos y que era necesario convocar a un “Congreso de todas las Repúblicas Hispanoamericanas” para formar la “Gran Confederación Americana”.222 La mayoría de los historiadores considera que la causa fundamental de la guerra fue el aumento de las tarifas arancelarias aplicado al trigo chileno por el gobierno peruano y la represalia adoptada por Chile contra el azúcar peruano. Sin subestimar la importancia coyuntural de este factor, que ha sido considerado aisladamente y de modo unilateral, sostenemos que el motivo primordial del conflicto bélico fue dirimir la supremacía comercial del Pacífico Sur entre Valparaíso y El Callao. Convertir a Valparaíso en el principal puerto del Pacífico fue la tarea más importante que se propuso la burguesía comercial chilena. Su portaestandarte fue un hombre de sus filas: Diego Portales. La dinámica de su política tendiente a desplazar a El Calllo y a establecer la supremacía de Valparaíso condujo a la guerra. La estrategia de Portales está crudamente expuesta en una carta al almirante Manuel Blanco Encalada el 10 de septiembre de 1836: La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pueblos confederados y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo (…) La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América (…) Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico: ésta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de Chile para siempre.223

222

223

Pedro F. Vicuña. Único asilo de las Repúblicas Hispanoamericanas en un Congreso General de todas ellas, en Colec. de Ensayos y Doc. Relativos a la Unión y Confederación de Pueblos Hispanoamericanos, p. 224, Santiago, 1862. Epistolario de Portales: Carta Nº 546 del 10 de septiembre de 1836. Recopilación y notas de Ernesto de la Cruz y Guillermo Feliú Cruz, Tomo III, pp. 452 y 454, Santiago, 1938.

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Los recelos de Portales tenían un contenido ideológico, de inspiración geopolítica, que se concretó en la lucha por la supremacía comercial del Pacífico Sur, motivo fundamental de la guerra. Las represalias adoptadas por los gobiernos al elevar las tarifas aduaneras del trigo chileno y el azúcar peruano aceleraron el desencadenamiento de la guerra, pero no eran causa suficiente para provocar un conflicto bélico internacional. Los empresarios azucareros del Perú hicieron numerosas gestiones para detener el estallido de la guerra porque quedaban expuestos a perder el mercado chileno, que absorbía su principal cuota de exportación. Además de oponerse a los intentos de reemplazar la importación de trigo chileno por el norteamericano, los productores de azúcar presionaron al gobierno de Orbegoso, un año antes del inicio de la guerra, para que enviara un representante con el objeto de firmar un tratado de paz; uno de estos empresarios azucareros, Antonio Joaquín Ramos, llegó a costear los gastos del delegado Santiago Távara, facilitando 7.500 pesos al gobierno peruano para realizar las gestiones de paz. No obstante, la guerra no llegó a ser evitada porque la causa esencial del conflicto no consistía en una mera lucha por tarifas aduaneras, sino por el control comercial del Pacífico sur. Los terratenientes chilenos fueron afectados no solo por el impuesto de tres pesos por fanega de trigo decretado por el Perú, sino también por la disposición establecida por el gobierno de ese país, en 1831, en orden a permitir la importación de harina norteamericana. Sotomayor Valdés comenta el alcance de esta medida en los siguientes términos: Atrasada como se hallaba entonces la industria molinera y la tonelería en Chile, y acostumbrado además nuestro comercio a la exportación de trigos para el Perú, la medida indicada produjo una fuerte alarma entre los especuladores en este artículo, que era el de mayor importancia en nuestro comercio con el Perú. Desde 1824 pesaba sobre los trigos de Chile en el Perú un derecho aduanero de tres pesos por fanega, mientras que antes de la independencia de ambos países este derecho había sido de un real por fanega. Pero en tanto que había subsistido la prohibición de internar harinas en aquel país, Chile había visto prosperar su comercio de trigos con el Perú. Una vez permitida la internación de harinas el comercio del trigo chileno sufrió un quebranto, teniendo que soportar la competencia de la harina norteamericana, que comenzó a invadir los mercados peruanos (…) Además de esto, los importadores de trigo chileno fueron obligados por un decreto especial a pagar los derechos en un plazo más angustiado y corto que el concedido a los demás importadores de productos extranjeros.224

El impuesto de tres pesos por fanega de trigo existía desde 1824; la nueva medida del gobierno peruano consistía en exigir el pago inmediato de este gravamen y, 224

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Ramón Sotomayor V., op. cit., Tomo I, p. 387.

fundamentalmente, en permitir la libre internación de harina norteamericana. Esta medida significaba a corto plazo la baja de la importación de trigo chileno que hasta esa fecha había sido elaborado por los molineros peruanos. A medida que aumentara la entrada de harina norteamericana, los molineros peruanos estarían obligados a reducir la demanda de trigo chileno. La disputa de Chile y Estados Unidos por el mercado peruano explica, en gran medida, la posición antinorteamericana de Portales. El “nacionalismo” de Portales tuvo buen cuidado de no manifestarse frente a Inglaterra, que era la metrópoli que principalmente explotaba nuestra condición de país dependiente. El gobierno de Prieto respondió a la resolución peruana, citada anteriormente, con la ley del 16 de agosto de 1832, que impuso un derecho aduanero de tres pesos por arroba a los azúcares y chancacas peruanas. La represalia del Gobierno peruano consistió en establecer en agosto de 1833 que el derecho de tres pesos por fanega de trigo debía ser pagado íntegramente en dinero. Al mismo tiempo, “en Lima forjábanse proyectos que tenían por objeto arruinar a toda costa el comercio de tránsito que se hacía por el puerto de Valparaíso (…) Decíase que el Perú debía imponer un derecho adicional a las mercaderias procedentes de los almacenes de depósito de Chile, y estimular la importación directa de los productos extranjeros, mediante derechos más bajos. Indudablemente esta idea estaba en la mente del gobierno de Gamarra, que hacía poco había establecido también almacenes de depósito en El Callao”.225 El gobierno peruano hizo efectivos estos planes al imponer en 1833 un recargo del 8% a las manufacturas europeas depositadas en tránsito en Valparaíso y al promover la apertura de almacenes francos en El Callao. Como puede apreciarse, las burguesías de ambos países centraron su disputa en ofrecer las mejores condiciones a los barcos extranjeros que necesariamente debían dejar sus mercaderías en tránsito en algún puerto del Pacífico. De esta disputa entre dos naciones hermanas iba a sacar buen provecho el capitalismo europeo y norteamericano. Otra prueba de que la lucha por la supremacía comercial del Pacífico Sur entre Valparaíso y El Callao era el motivo fundamental de la guerra, fue la resolución del 14 de enero de 1836 del gobierno de Orbegoso que suspendió el tratado del año anterior con Chile en el que se había establecido que los productos de ambos países pagarían por derecho de aduana la mitad de los impuestos de internación que cancelaban otras naciones, comprometiéndose a no gravar las mercaderías en tránsito depositadas en los almacenes aduaneros de ambos países. En el informe del Ministro de Hacienda del presidente Orbegoso se justificaba la suspensión del tratado de 1835 en términos inequívocos:

225

Ibid., Tomo I, p. 388.

133

El objetivo primario que debe proponerse el gobierno es volver al puerto del Callao su pasada consideración y preferencia para que vengan a surtirse en él, como en épocas más felices, los negociantes de los Estados y puertos del norte en el Pacífico; por las bases de aquel tratado quedaría siempre El Callao tributario de Valparaíso y ocupando un lugar secundario.226

Las condiciones para el estadillo de la guerra estaban maduras. Varios hechos coyunturales precipitaron su inicio. Uno de ellos fue el intento del general Ramón Freire que, desde su destierro en el Perú, organizó una expedición, en 1836, para derrocar al gobierno de Prieto, tentativa que culminó en un rotundo fracaso. El gobierno de Chile, convencido de que la expedición de Freire había sido financiada por las autoridades peruanas, respondió con el envío de la expedición naval de Victorino Garrido, apoderándose en agosto de 1836 de dos barcos peruanos en El Callao. El mariscal Andrés Santa Cruz, convertido en presidente de la flamante Confederación Perú-boliviana, ordenó el arresto de Ventura Lavalle, encargado de negocios de Chile en Perú, sin declarar expresamente la ruptura de relaciones. Firmó un tratado con Garrido en el que se establecía que los barcos apresados quedarían en poder de Chile hasta la firma de un tratado definitivo, comprometiéndose las fuerzas chilenas a retirarse de las costas del Perú. Portales, que había iniciado las hostilidades al enviar la expedición naval de Garrido, no estaba dispuesto a renunciar a su estrategia tendiente a definir la supremacía del Pacífico. Hizo desaprobar el tratado firmado por Garrido con el pretexto de que el gobierno peruano no había dado explicaciones por la detención de Lavalle, y solicitó la autorización del Congreso para declarar la guerra. Mariano Egaña, al frente de una escuadra, partió al Perú para exigir la disolución de la Confederación y el reconocimiento de la deuda del Perú con Chile que ascendía a unos once millones de pesos por concepto de los empréstitos concedidos a raíz de la expedición libertadora. Estas exigencias fueron rechazadas por Santa Cruz. La burguesía chilena declaró la guerra en noviembre de 1837. Las luchas intestinas del Perú favorecieron los planes del gobierno chileno. Gamarra, que había sido presidente del Perú desde 1829 a 1833, fue desplazado por Orbegoso. De inmediato inició la rebelión contra este gobierno, uniendo sus fuerzas a las de Salaverry. Orbegoso, aliado con Santa Cruz, logró dominar este levantamiento; sin embargo, las luchas fraccionales internas fueron minando las bases de la Confederación Perú-Boliviana, creada en 1836. El gobierno de Prieto, por su parte, adoptó una serie de medidas tendientes a fortalecer el frente interno para garantizar el éxito de la guerra. Hizo un parlamento con más de 20 caciques para frenar la rebelión mapuche que había resurgido en 226

134

Ibid., Tomo II, p. 97.

1837. Este tratado permitió al gobierno desplazar al Perú parte del Ejército de la Frontera, comandado por el general Manuel Bulnes. Haciendo uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, Portales impuso medidas drásticas, como la pena de muerte contra los condenados políticos que no permanecieran en el sitio de confinamiento; se crearon los consejos de guerra permanentes en cada cabecera de provincia para juzgar y condenar sin apelación, de acuerdo con las leyes militares, a los que “perturbaran” el orden público; en abril de 1837 fueron fusilados, en Curicó, Manuel José de Arriagada, Faustino Valenzuela y Manuel Barros, a quienes se acusó de haber promovido una conspiración contra el gobierno. Los destierros y las reiteradas persecuciones políticas crearon un clima de descontento, que fue aprovechado por el coronel José Antonio Vidaurre para organizar el motín de Quillota, que culminó con el asesinato de Portales en junio de 1837. Una nueva expedición al mando de Blanco Encalada sufrió reveses en Arequipa, viéndose obligado el jefe militar chileno a firmar el tratado de Paucarpata, según el cual Chile se comprometía a reconocer a la Confederación, a retirar sus tropas y a devolver los buques apresados a cambio de un reconocimiento por parte del Perú de la deuda contraída con Chile. En los fundamentos hechos por el gobierno de Chile para rechazar este tratado, estaba expresada con nitidez la causa fundamental que condujo a la guerra: La medida más perjudicial para Chile consultada en los reglamentos de comercio de la Confederación, consistía en imponer dobles derechos de importación a las mercaderías que tocasen en cualquier puerto del Pacífico, antes de llegar a las costas de los Estados confederados. El objeto evidente de esta disposición era impedir el comercio de tránsito que se hacía por Valparaíso, en cuyos almacenes se depositaban las mercaderías extranjeras destinadas al consumo de la mayor parte de los Estados del Pacífico.227

Reanudadas las operaciones militares, el general Bulnes desembarcó al norte de El Callao y avanzó rápidamente hacia Lima, logrando derrotar al ejército de Santa Cruz en Yungay el 20 de enero de 1839, en una de las batallas más sangrientas de la historia latinoamericana: cerca de 3.000 muertos y heridos de la Confederación y, aproximadamente, unas 1.500 bajas del ejército chileno. Meses después, disuelta la Confederación, el gobierno peruano reducía a 1 peso y 2 reales el impuesto a la fanega de trigo chileno y Valparaíso pasaba a jugar en el Pacífico un papel preponderante similar al de Buenos Aires en el Atlántico.

227

Ibid., Tomo III, p. 176.

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Las clases sociales La burguesía Para numerosos autores, las primeras capas de la burguesía chilena habrían surgido a mediados del siglo XIX, como producto del desarrollo económico experimentado durante los gobiernos de los decenios. Antes de este período, habría existido una “aristocracia feudal”, originada en la colonia, que logró imponerse como clase dominante desde el inicio de la República. Las primeras capas burguesas, sedicentemente generadas en la época de los decenios, serían, para estos escritores, los mineros y comerciantes. A nuestro modo de entender, estos sectores burgueses, a los cuales habría que agregar a los terratenientes, habían surgido ya en al época colonial. La colonización española, efectuada bajo el signo del capitalismo incipiente, condicionó el surgimiento de un tipo especial de burguesía, esencialmente productora y exportadora de materias primas, de características distintas a la burguesía comercial, mera intermediaria de artículos, sino una burguesía minera y terrateniente que producía y financiaba empresas que creaban valores de cambio para el mercado mundial capitalista. Las contradicciones de estas capas burguesas con el imperio español condujeron al estallido de la Revolución de 1810. La lucha por la Independencia política formal no fue acaudillada solamente por los comerciantes, como se ha afirmado, sino también por los mineros y terratenientes que, además de nuevos mercados y mejores precios para sus materias primas, constreñidos por el monopolio comercial español, aspiraban al control del poder político, única garantía para redistribuir en su beneficio el excedente económico, las entradas de la Aduana e imponer una política económica que se tradujera en el libre comercio y la rebaja de impuestos a los productos de exportación. Después de las guerras de la Independencia, se abrió un período de consolidación de la burguesía criolla, a raíz del aumento de la demanda de sus materias primas provocado por las necesidades de la revolución industrial europea. La relativa expansión económica experimentada por Chile a partir de 1845 facilitó un mayor desarrollo de la burguesía minera, terrateniente y comercial. El crecimiento de la burguesía minera en el Norte Chico, con la explotación de la plata y el cobre, en la zona sur con los yacimientos carboníferos de Lota y Coronel, puso de manifiesto el carácter capitalista, aunque atrasado, de nuestra evolución económica. Sectores mineros más pujantes levantaron la industria fundidora del cobre. Los terratenientes de la zona central y sur se afianzaron con la exportación de trigo a California, Australia, Perú e Inglaterra, surgiendo una nueva capa burguesa con el auge de la industria molinera. El aumento del intercambio comercial y la importancia adquirida por Valparaíso en el Pacífico, luego del triunfo de Chile sobre la Confederación Perú-Boliviana, permitió el desarrollo de una burguesía comercial y financiera.

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Los sectores burgueses se entremezclaron, continuando con el proceso de desarrollo combinado de la clase dominante que se había iniciado en la época colonial. Los nuevos comerciantes de Valparaíso invirtieron capitales en la minería y en la compra de tierras. Los latifundistas colocaron capitales en la industria molinera y abrieron casas comerciales en las puertos y en las ciudades del interior. Numerosos mineros, enriquecidos con la explotación de la plata y el cobre, adquirieron fundos en la zona central. El investigador francés Claudio Gay escribía a mediados del siglo pasado: Las riquisímas minas nuevamente descubiertas en el norte habían enriquecido a muchas personas dispuestas por gusto a hacerse hacendados y a emplear gran parte de sus productos en provecho de la agricultura (…) Los mineros dueños de grandes haciendas emprenden trabajos de mayor importancia. Los unos abren grandes canales de regadío, otros desecan vastos pantanos, y como complemento de la agricultura industrial, la mecánica unida al vapor, levanta grandes máquinas de aserrar maderas, y los magníficos molinos harineros que reemplazan tan ventajosamente a los tan imperfectos y defectuosos molinos del país (…) Entre las personas que se consagran tarde a la agricultura se hallan negociantes y mineros, los que bastantemente acostumbrados al trabajo y al movimiento de la plata, y conociendo además los resultados de un anticipo en una especulación, saben gastar sus capitales convenientemente para poner a sus haciendas en un estado de gran prosperidad. Tienen más experiencia que los antiguos hacendados del poder de estos capitales, y se apresuran a disponer de una parte de los productos de su primitivo trabajo para crearse con ella nuevas riquezas. La experiencia ha probado que bajo la dirección de las personas ricas y especialmente de los mineros, es como las haciendas de escaso valor se han convertido al cabo de algunos años en un manantial de riqueza y de grandes productos.228

Este desarrollo desigual y combinado de la burguesía criolla no eliminaba la existencia de sectores de esa clase con intereses concretos diferentes. La burguesía minera, salvo excepciones, consideraba en general como secundaria la inversión en la agricultura; su actividad preponderante era la explotación de nuevas minas de plata y cobre. Los terratenientes adquirían minas y organizaban empresas comerciales, pero sus inversiones fundamentales las realizaban en la actividad agropecuaria. El desarrollo combinado de la clase dominante no significaba identidad absoluta de intereses entre terratenientes y mineros. Existían diferencias específicas entre los distintos sectores de la burguesía que se tradujeron en partidos y fracciones políticas y en enfrentamientos armados como las guerras civiles de 1851 y 1859. Sin embargo, los choques entre las capas burguesas se amortiguaban porque todas estaban comprometidas en una política económica cuyo denominador común era la economía de exportación. Tanto los mineros como los terratenientes estaban interesados en rebajar los derechos de exportación de sus productos y en disminuir los gravámenes a los artículos manufacturados importados de Europa. 228

Claudio Gay, op. cit., Agricultura. Tomo I, pp. 32, 36 y 106.

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Algunos autores han sostenido que los mineros representaban la corriente burguesa “progresista” y que los terratenientes eran la capa feudal retrógrada. Los choques que existieron entre estos sectores de la clase dominante no autoriza a otorgar patente de progresividad a una burguesía minera que se coludió con los terratenientes para impedir la reforma agraria y la creación de la industria nacional. La burguesía minera chilena jugó un papel distinto al desempeñado por la burguesía industrial europea. Mientras ésta, en lucha con las supervivencias feudales, hizo la reforma agraria y creó un mercado interno, a la medida de sus intereses manufactureros, la burguesía minera chilena, combinada con los terratenientes y comerciantes, se dedicó exclusivamente a consolidar la economía exportadora dependiente, heredada de la colonia. Con el fin de lograr un aumento de la demanda y de obtener mejores precios para el cobre y la plata, apoyaron a los gobiernos que favorecieron la introducción indiscriminada de manufacturas extranjeras, liquidando de esta manera las posibilidades de crear una industria nacional. La burguesía minera, al igual que la terrateniente, contribuyó a hundir nuestra incipiente marina mercante nacional, al respaldar a los gobernantes que otorgaron crecientes franquicias a las naves extranjeras. No promovió ninguna medida proteccionista significativa que permitiera liberarnos de nuestra condición de país dependiente. La burguesía minera fue librecambista, del mismo modo que lo fueron los terratenientes, porque esta teoría fundamentaba los intereses de la economía de exportación. El liberalismo económico fue uno de los principales componentes de la ideología burguesa criolla, que se hizo más europeizante a medida que se consolidaban los lazos de dependencia con el Viejo Mundo. Los terratenientes –que ni siquiera en la época colonial pueden ser comparados con los señores feudales, a pesar de sus exterioridades formales como los títulos de nobleza– se consolidaron en el período de los decenios como una capa burguesa, especialmente el sector de los molineros. Sus intentos de modernización se expresaron en la compra de nueva maquinaria para aumentar la producción que requerían los mercados de Europa, Australia y California. El viajero Poepping testimoniaba hacia 1830 el inicio de este proceso de mecanización del agro: “Ahora se han importado frecuentemente desde Europa o la América del Norte, o se han imitado en el país, arados ingleses y alemanes, en parte provistos de mejoramientos introducidos por una experiencia más perfecta”.229 Desde 1840 a 1860 se importaron numerosas trilladoras. Claudio Gay escribía a mediados del siglo pasado: Don Manuel Beauchef ha introducido una costosa máquina de trillar a vapor de forma portátil; don Agustín Eyzaguirre ha planteado otra máquina fija para el mismo uso movida por una rueda hidráulica y don José Vargas ha hecho un viaje a los Estados Unidos con el solo objeto de mandar construir arados modernos y ha llevado a Chile cuatro máquinas 229

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E. Poepping, op. cit., p. 131.

de trillar movidas por caballos con las que se promete trillar hasta 100 fanegas diarias. Los señores Larraín y Gandarillas han hecho su última cosecha con máquinas de segar obteniendo los más brillantes resultados; los señores presidente y vicepresidente de la Sociedad de Agricultura han practicado en el mismo sentido no menos lisonjeros ensayos, y la siega por medio del sistema de las máquinas ha llegado hasta las llanuras centrales del Maule donde el joven agricultor don Juan de la Cruz Vargas ha empleado dos de estas máquinas de la acreditada fábrica de Mac Cormick (…) En los últimos tiempos, el general Bulnes ha comprado una máquina de trillar por la que ha pagado 15.000 francos (…) Una de las provincias que se ha distinguido adoptando esta clase cle progreso es la de Concepción. Hoy se cuentan en ella por centenares los arados extranjeros que ha adquirido, cuando hace cerca de doce años ni tan siquiera los conocía.230

Los terratenientes constituyeron el primer sector de la clase dominante que se organizó en una entidad de apariencia profesional. Bajo el impulso de José Miguel de la Barra, en 1818 fue creada la Sociedad de Agricultura, cuyas peticiones de fundar la Caja de Crédito Hipotecario, bancos de fomento agrícola y modernización de la explotación agraria fueron en gran medida acogidas por los gobiernos de Bulnes y Montt. El carácter de clase de la Sociedad de Agricultura fue denunciado por José Miguel Infante desde las páginas de El Valdiviano Federal,231 hecho que merece el siguiente comentario de Gonzalo Izquierdo, autor de un reciente ensayo sobre el tema: Al revisar los estatutos de la Sociedad, Infante se manifiesta como un celoso defensor de las instituciones de origen popular y temeroso de la interferencia de los poderosos. Asegura que la Sociedad pretende usurpar los derechos y obligaciones de las Municipalidades; piensa que la Sección de legislación agrícola está diseñada para realizar una labor que le corresponde a los Cuerpos Legislativos y no a una corporación privada (…) Infante vuelve al ataque (en 1842) afirmando que el origen de la Sociedad de Agricultura no está en el pueblo, sino en el poder, lo que constituye un peligro para la libertad.232

La política crediticia de los gobiernos de los decenios favoreció fundamentalmente a los terratenientes. En la Memoria presentada al Congreso Nacional de 1860, el presidente Montt manifestaba: “La Caja de Crédito Hipotecario ha emitido hasta la fecha la cantidad de cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos pesos”.233 En 1859, se otorgaron 58 créditos a los terratenientes por valor de $ 1.025.000 distribuidos en 50 fundos rústicos y 8 predios urbanos, repartidos en su mayoría en agricultores de la zona central. 230 231

232 233

Gay, op. cit., Agricultura, Tomo I, pp. 222-224. Gonzalo Izquierdo. Un estudio de las Ideologías Chilenas. La Sociedad de Agricultura en el siglo XIX, p. 43, CESO, Fac. de Ciencias Económicas de la U. de Chile, Santiago, 1968. Cita números de El Valdiviano Federal: el Nº 131 de junio de 1838 y el Nº 187 del 7 de octubre de 1842. Ibid., p. 43. Documentos Parlamentarios. Discurso de Apertura en las Sesiones del Congreso y Memorias Ministeriales, VIII, p. 4, Imp. del Ferrocarril, Santiago, 1861.

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Estas y otras medidas del gobierno de Montt en favor de los terratenientes, señaladas en páginas anteriores, desmienten las versiones de quienes pretenden presentarlo como un gobernante que enfrentó a los latifundistas por haber decretado la abolición de los mayorazgos en 1852. En rigor, hacia mediados del siglo XIX, los propios terratenientes consideraban al mayorazgo como una institución obsoleta. Cuando el gobierno aprobó su abolición, los escasos mayorazgos que subsistían no opusieron resistencia. Los terratenientes habían aumentado la extensión de sus fundos sin necesidad de recurrir al mayorazgo. A mediados del siglo pasado, Gay escribía: Algunas de las propiedades que contaban, no hace mucho, más de 100.000 cuadras, conservan todavía una extensión muy considerable. En 1830, no se hallaban más que algunas de 200 cuadras, las demás tenían muchos miles. La de Las Canteras, que pertenecía al ilustre O’Higgins y que hoy día se halla en poder de un chileno no menos recomendable, el general Bulnes, cuenta 36.000 cuadras, aparte de los terrenos de las cordilleras que son inmensos; la de Longaví, de los antiguos jesuitas, hoy de los señores Mendiburu, cerca de 80.000; la de La Compañía, que pertenecía también a los jesuitas, posee todavía más, y entre ellas 9.000 que son de llanura y de riego gracias a su digno e inteligente propietario actual don Juan de Dios Correa.234

Antes de la conquista definitiva de la Araucanía, unos 2.000 latifundistas poseían más del 70%, de la tierra cultivada. El Mercurio del 29 de mayo de 1861, comentaba: Nos parece necesaria la división o fraccionamiento de la propiedad agraria, tanto porque obraría en favor de los deudores y acreedores, cuanto porque permitiría a los pequeños capitalistas llegar a ser propietarios, como también porque la producción aumentaría con el cuidado más inmediato y más prolijo que se puede dar a un pequeño fundo, y al mismo tiempo, porque esta medida sería una revolución pacífica hecha en la propiedad territorial.235

Los terratenientes derrocharon parte de la plusvalía extraída a los campesinos chilenos en viajes a Europa y en mansiones que pretendían estar a tono con el esplendor parisino o londinense. Vicuña Mackenna escribía en El Mensajero de la Agricultura: Qué hemos hecho en ocho años de prosperidad agrícola, esto es de prosperidad nacional por el bien de la agricultura. Nada o casi nada. La tierra nos ha dado trigos, los pastos nos han dado grasa y charqui; pues nosotros nos hemos dado brocatos, dorados carruajes parisienses, lacayos engalanados (…) Cada hacienda ha dado los materiales para un palacio en la capital.236

234 235

236

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Gay: op. cit., Agricultura, Tomo I, p, 87. Citado por Hernán Ramírez N. Historia del Movimiento Obrero. Siglo XIX, p. 93. Ed. Austral, Santiago, 1955. Ibid., p. 52.

Encina sostiene que “en 1855 se calculaba en $ 8.000.000 el valor de las casas construidas solo en Santiago y de los menajes comprados en Europa para amoblarlas. El amoblado de salón de uno de los palacios de Santiago costó $ 33.000”.237 El pintor francés Raymond Monvoisin, llegado a Chile en 1843, iba a dejar estampada en su prolífica producción la imagen que quisieron dejar para la posteridad las familias de la clase dominante chilena. La burguesía comercial tuvo un significativo florecimiento durante los gobiernos de los decenios. La preponderancia adquirida por Valparaíso en el Pacífico fue el factor decisivo para la consolidación de un fuerte núcleo de comerciantes mayoristas, dedicados a la importación y distribución de productos manufacturados. Algunos se asociaron con extranjeros residentes en el país para fletar barcos que hacían el comercio de cabotaje. Otros levantaron bodegas para almacenar los artículos que los buques extranjeros dejaban en tránsito, negocio de arriendo que dejaba suculentas ganancias. El relativo desarrollo económico experimentado por Chile a partir de 1845 pemitió el surgimiento de importantes casas comerciales no solo en Valparaíso, sino también en Santiago y Concepción, que además de vender los artículos europeos de consumo, distribuían la maquinaria moderna importada para atender los nuevos requerimientos de la producción agraria y minera en ascenso. Los intereses de la burguesía comercial fueron notoriamente favorecidos con la creación del Consulado o Tribunal de Comercio el 29 de mayo de 1839. La composición de este tribunal reflejó la importancia social y política que había adquirido la alta burguesía comercial, pues el Reglamento acordado por el gobierno establecía: En el mes de diciembre de cada año debían reunirse los treinta comerciantes ciudadanos que hubieran pagado mayor cantidad de derechos en el año anterior, y formar, a pluralidad absoluta de sufragios, una lista de dieciséis personas, a lo menos, en quienes concurrieran las cualidades necesarias para ser miembro del consulado; y esta nómina sería presentada al jefe político de la ciudad, para que éste la dirigiera al Gobierno con el informe que tuviera a bien, pudiendo añadir a la lista los nombres de aquellos comerciantes de notorio mérito que se hubieran omitido.238

Algunos comerciantes se convirtieron en financistas de empresas mineras en el Norte Chico. Eran los llamados “habilitadores” o “aviadores”, cuyo papel rebasaba los marcos del capital meramente usurario, convirtiéndolos en una especie de banqueros que anticipaban capitales a los pirquineros para la producción minera. Pérez Rosales señalaba que “existe en las ciudades una multitud de almacenes de depósitos provistos de todo lo que puede ser necesario a la explotación. Estas casas se ocupan no solo de la venta directa de sus mercancías, sino que además suministran a los mineros que 237 238

Encina, XIII, 521. R. Sotomayor Valdés, op. cit., Tomo IV, p. 214.

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no tienen con qué comprar al contado, los víveres y útiles que necesitan (…) Además de estos establecimientos, hay en las ciudades casas de comercio que compran los minerales y metales. Son conocidas bajo el nombre de casas de rescate. Gracias a las ganancias enormes que realizan, se forman en muy pocos años enormes fortunas. Ellas son, regularmente, las que suministran capitales a los habilitadores e imponen un oneroso tributo al trabajo por los precios módicos a los que se hacen dar los productos de las minas”.239 Agustín Edwards, prototipo del “habilitador”, constituyó junto a los Ossa, Bezanilla, Mac-Clure, el primer núcleo de la burguesía financiera que tuvo un acelerado desarrollo con la creación de los primeros bancos autorizados por el gobierno a fines de la década de 1850.

La pequeña burguesía Los estratos medios tuvieron un desarrollo progresivo durante la época de los decenios. Las crecientes necesidades de las ciudades, del comercio interior, de la educación y de la administración pública fueron los factores fundamentales que determinaron un crecimiento de las capas medias. La burocracia funcionaria engrosó sus filas como consecuencia de las medidas de reforzamiento del aparato estatal. Bajo la administración de Montt, especialmente, aumentó el número de maestros a raíz del apoyo dado a la educación pública. De la Universidad de Chile y de las escuelas técnicas y normales surgió un sector importante de profesionales que contribuyeron a los planes de desarrollo de la burguesía criolla. La nueva intelectualidad, expresada en la generación literaria de 1842, tuvo en sus filas no solo hombres surgidos de la burguesía, sino también de las capas medias que, a través de la Sociedad de la Igualdad de 1850, plantearon programas de avanzada social. Sin embargo, la mayoría de los estratos medios eran manipulados electoralmente por los partidos burgueses a través de prebendas y cargos públicos, de licencias y patentes comerciales. El crecimiento demográfico y económico de Santiago, Valparaíso y Concepción permitió el desarrollo de una pequeña burguesía urbana, integrada básicamente por comerciantes minoristas, dueños de talleres artesanales, de panaderías, curtiembres, etc. Asimismo, la apertura de grandes casas comerciales y de numerosas oficinas de las empresas mineras y agrícolas contribuyó a un aumento paulatino del número de empleados particulares. El auge minero dio lugar al desarrollo de otro sector social que puede caracterizarse como estrato medio por el papel que juega en la producción. Nos referimos a los pirquineros acomodados que trabajaban minas por encargo de sus dueños o por el 239

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Vicente Pérez Rosales. Ensayo de Chile, p. 446, Imp. del Ferrocarril, Santiago, 1859.

sistema de “habilitación”. En los centros poblados alrededor de las minas surgieron también pequeños comerciantes que establecían pulperías o recorrían otras zonas mineras más alejadas vendiendo ropas, alimentos y herramientas. A estas capas medias hay que agregar la pequeña burguesía rural que será analizada cuando hagamos referencia al campesinado.

El artesanado Este sector social sufrió importantes transformaciones durante las primeras décadas de la República. Ya no se constituía en corporaciones cerradas, como en la época colonial, sino en agrupaciones más flexibles y de mayor movilidad social. Los requerimientos cotidianos de los habitantes de las ciudades facilitaron un aumento cuantitativo del número de artesanos zapateros, sombrereros, sastres, talabarteros, pintores, carpinteros, albañiles, ebanistas, herreros, tipógrafos, etc. La progresiva actividad comercial de Valparaíso permitió el desarrollo del gremio de lancheros y fleteros. El Mercurio de Valparaíso, en su edición del 19 de diciembre de 1942, señalaba: “Hay mil pequeñas industrias que proporcionan y los que la ejercitan en ellas, medios de subsistencia cómodos. Obras de ferretería, talabartería, zapatería, etc., satisfacen las necesidades de la capital y proveen de artefactos a las provincias. Lo primero que se observa es que la industria es todavía fraccionaria, individual”.240 Estos talleres artesanales sufrían la competencia de los artículos manufacturados extranjeros que principiaron a entrar en forma masiva a partir de la década de 1820. En numerosas oportunidades, los artesanos solicitaron leyes proteccionistas. En 1831, los artesanos santiaguinos exigieron la adopción de medidas tendientes a proteger la incipiente industria nacional de sombreros y calzado. Hacia 1850, Martín Palma manifestaba: “En el momento que escribimos estas líneas, vemos a maestros artesanos solicitar del Gobierno leyes prohibitivas para las manufacturas extranjeras que vienen a hacer competencia a las nuestras”.241 Las medidas proteccionistas solicitadas por los artesanos fueron rechazadas por los gobiernos de la burguesía criolla, comprometidos con las metrópolis en una política librecambista que facilitaba la entrada indiscriminada de artículos extranjeros. La primera “Asociación de Artesanos” fue creada en 1828 por Victorino Laynez. A pesar de la represión burguesa, que aplastó este primer ensayo de organización, los artesanos redoblaron sus intentos de agremiarse. En 1851, se fundó la Unión de Tipógrafos, comenzando el período de las organizaciones de carácter mutualista, cuyo líder fue Fermín Vivaceta. 240 241

Citado por Marcelo Segall. Las luchas de clases… op. cit., p. 31. Martín Palma. El cristianismo político o reflexiones sobre el hombre y las sociedades, p. 79, Santiago, febrero de 1858.

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Los artesanos, que habían logrado adquirir ciertos derechos cívicos al integrar la guardia cívica, constituyeron una clientela política fomentada por los partidos burgueses. Algunos fueron iniciados en las Logias francmasónicas y canalizados por el movimiento liberal. Otros, más radicalizados, se incorporaron a la Sociedad Caupolicán, organizada por Manuel Guerrero en 1845, y, posteriormente constituyeron la base de sustentación social de la Sociedad de la Igualdad. Allí adquirieron los primeros conocimientos sobre la “cuestión social”, que los condujeron a la praxis política le las revoluciones de 1851 y 1859.

El proletariado El proletariado chileno, surgido ya en el último siglo de la colonia a raíz de la implantación del régimen del salariado minero, tuvo durante la primera mitad del siglo XIX un relativo desarrollo, especialmente en la zona minera del Norte Chico, donde se consolidaron las relaciones sociales de producción capitalista. En la década de 1850-60 surgió un nuevo sector proletario, constituido por los obreros carrilanos que trabajaban en la construcción de las primeras vías férreas del norte y de la región central. La expectativa de obtener mejores sueldos en esta nueva actividad promovió una corriente migratoria hacia las zonas donde se construían los primeros ferrocarriles. Fue famoso el caso del campesino Mutra, que anduvo a pie desde Concepción hasta Atacama para trabajar en el ferrocarril de Caldera a Copiapó. En la construcción de las vías férreas se empleaban miles de trabajadores. En el ferrocarril de Santiago a Valparaíso llegaron a trabajar más de 10.000 peones. Durante los decenios surgieron también nuevas capas proletarias en las explotaciones carboníferas, en el sector terciario de las ciudades, en la industria molinera y en algunas empresas agrícolas de la zona central. El descubrimiento y explotación de nuevas minas de plata y el nacimiento de la industria fundidora del cobre permitió un acrecentamiento del proletariado minero. Si bien no tenía todas las características del proletariado industrial europeo, expresaba de modo peculiar el proceso de desarrollo capitalista chileno en los sectores más dinámicos de la producción. El régimen del salariado se hizo preponderante en la principal actividad económica del país: la minería. El sistema de ficha-salario, investigado con acuciosidad por Marcelo Segall, demuestra la generalización de las relaciones sociales de producción capitalista implantadas a mediados del siglo pasado. Este sistema facilitaba la acumulación originaria del capital porque mediante el pago de parte o de todo el salario en fichas, la burguesía obligaba al proletariado a comprar los alimentos y vestimentas en las pulperías abiertas por los propios empresarios, quienes de este modo se apropiaban no solo de la plusvalía o trabajo excedente sino también de parte del trabajo necesario.

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Los trabajadores procuraban resarcirse de esta explotación redoblada mediante la “cangalla”, que consistía en una especie de expropiación de minerales hecha por el obrero para venderlo a los “cangalleros” o contrabandistas de minerales. La cangalla o sustracción –decía Roberto Hernández– es una pequeña parte del rico montón de la cancha sacado a pulso del fondo de la labor, no es robo sino contrabando. La teoría del minero es que el metal lo da el cerro, y que el cerro, como todo lo que forma el territorio, es más o menos propiedad común del chileno. Y de aquí viene que el apodo de cangallero no es ofensa. Al grito de ‘ladrón’, el puñal brillaría en las manos del roto minero pero el motejo de ‘cangallero’ es recibido con sonrisas, o con un gracioso ¿idei?242

Los salarios del proletariado minero eran más altos que los de otros sectores de trabajadores. Hacia 1850, los barreteros ganaban entre 25 y 50 pesos mensuales y los peones unos 10 pesos aproximadamente. Un aviso colocado por el Intendente de Copiapó, José Francisco Gana, con el objeto de obtener mano de obra para la producción minera en expansión, proporciona interesantes antecedentes acerca del régimen de salarios. El aviso decía: Un peón gana en Copiapó un sueldo de diez a doce pesos por mes rayado, con almuerzo, comida y cena. En las obras por tareas gana mas de doce pesos. Un peon barretero gana 25 y 50 pesos, trabajando por varas. El peon que es casado puede contar con seguridad que su mujer ganará plata de lavandera, cocinera, costurera o vivandera (…) Todo capitán de buque que conduzca a su bordo, peones, gañanes de los puertos de Coquimbo, ganará por el pasaje de cada uno cinco pesos, si viene solo y si con su mujer, media onza de oro.243

El régimen de trabajo y los abusos cometidos por la burguesía en las explotaciones mineras han quedado estampados en los relatos de varios escritores de la época, como testimonios incontrovertibles de este período de acumulación originaria de capital. En el artículo “Mineral de Chañarcillo”, publicado por El Mercurio del 2 de febrero de 1842, Jotabeche manifestaba: A la vista de un hombre desnudo que aparece en la bocamina, cargando a la espalda ocho, diez y doce arrobas de piedras, después de subir con tan enorme peso por aquella larga sucesión de galerías, de piques y de frontones; al oir el alarido penoso que lanza cuando llega a respirar el aire libre, nos figuramos que el minero pertenece a una raza más maldita que la del hombre.244

En su Viaje alrededor del mundo, Darwin, a su paso por Chile, comprobó este régimen brutal de explotación de los mineros, quienes “ganan 30 a 35 francos mensuales

242 243 244

Roberto Hernández. El roto chileno, p. 72, Valparaíso, 1929. Ibid. Citado por Marcello Segall. Las luchas de clases… op. cit., p. 19.

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y no salen de la mina más que una vez cada tres semanas, muy bien vigilados para que no vayan a llevar oro entre las ropas”.245 Los mineros –describía Pérez Rosales– cargando en sus espaldas un gran saco de cuero lleno de trozos de piedra y de metal, recorren las galerías subterráneas, con una luz al extremo de un palo para ver dónde ponen los pies y trepan sobre los resquicios de los más espantosos precipicios hasta la superficie del suelo, donde no hacen más que arrojar su pesada carga para volver a bajar otra vez a fin de repetir esta operación, tan lenta como inhumana.246

Las huelgas y rebeliones del proletariado minero, cuya tradición de lucha se remonta ya al último siglo de la colonia, se manifestaron en forma reiterada durante la época de los decenios; fueron motivadas principalmente por incumplimiento y postergación de la fecha de pago, mal trato, falta de viviendas y por una mayor seguridad en los laboreos más peligrosos de las minas. Una de las más importantes rebeliones fue la de Chañarcillo en 1834. Dos grandes contratiempos –escribía Sayago– tuvo Chañarcillo en sus primeros años de explotación: el alzamiento de los peones y el cangalleo (…) Habitaciones rústicas, faenas sin cerco, y mucha riqueza en extracción, daban margen a esos desórdenes que más de una vez pusieron a la peonada casi en el señorío del mineral, haciéndose preciso mantener allí una fuerte guarnición que, andando el tiempo, se encomendó a tropa del ejército de línea. Pero, si a fuerza de bayonetazos y de descargas de fusiles, se logró contener los desmanes de los operarios revueltos en masa, no fue posible contener el cangalleo.247

Otras rebeliones mineras fueron comentadas por el exiliado argentino Domingo Faustino Sarmiento en un artículo publicado por El Nacional de Santiago, en su edición del 14 de abril de 1841: Los alzamientos con el manifiesto designio de saquear las faenas y cometer todo género de excesos, empiezan a hacerse tan frecuentes, no obstante la presencia del juez, que suele ser un militar con fama de valiente para que sea respetado, y del destacamento de línea que reside en la Placilla, para mantener el orden, que los mayordomos temen por su vida.248

Los Reglamentos, como el de Chañarcillo en 1837, que imponían castigos severos a los trabajadores que reclamaban, o protestaban por el régimen de explotación, no 245 246 247 248

146

Ibid., p. 19. Vicente Pérez Rosales. Ensayo sobre Chile, pp. 435-436. Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859. Carlos María Sayago. Historia de Copiapó, p. 372. Imprenta Atacama, Copiapó, 1874. Domingo F. Sarmiento. Chile, descripciones, viajes, espisodios, costumbres, p. 23, Eudeba, Buenos Aires, 1961.

lograron paralizar las luchas del proletariado minero. Las expresiones más relevantes de esta agudización de la lucha de clases fueron el conato de alzamiento de 1847 en Atacama, encabezado por los mineros Perines, Flores y Agüero y la participación política en las revoluciones de 1851 y 1859, en las que los obreros ocuparon numerosas minas del Norte Chico.

El campesinado Las principales capas del campesinado chileno –pequeños propietarios, inquilinos, medieros y peones– surgidas en la época colonial sufrieron importantes transformaciones hacia mediados del siglo XIX. La falta de estadísticas precisas no permite establecer el peso específico que jugaba cada uno de estos sectores en el proceso productivo. Basado en el Censo de 1854, Claudio Gay estimaba que la población activa del campo era aproximadamente de 250.000 personas, sin precisar el número de latifundistas, de medianos y pequeños propietarios, de inquilinos, medieros y obreros agrícolas. En el folleto escrito en 1860 por A. Cochut, francés que estuvo varios años en Chile, se afirmaba: “Con el título de agricultores están comprendidos en número de 115.000 todos los que se ocupan de manera permanente de la explotación de la tierra como propietarios, arrendatarios o inquilinos; como auxiliares para los trabajos rurales se cuenta un grupo de 146.000 con el nombre de peones, jornaleros de trabajo”.249 Si bien es cierto que había aumentado el proletariado rural, a raíz de las nuevas relaciones de producción capitalista, esta cifra de 146.000 obreros agrícolas es evidentemente exagerada. La pequeña burguesía rural experimentó un relativo crecimiento a mediados del siglo pasado en algunas zonas del país. Según Baraona, Aranda y Santana, desde comienzos del siglo XIX se produjo en el valle de Putaendo –ubicado en la provincia de Aconcagua– un aumento del número de pequeños propietarios: “Si se compara los cuadros de 1809 y 1869-1878, se observa que la subdivisión de la tierra ha aumentado extraordinariamente”.250 Este fenómeno fue el resultado del reparto de las herencias de propiedades medianas entre numerosos descendientes. “La práctica de las reparaciones conduce a la subdivisión de tierras a un grado tal que, en 1869-1878, el 78,3% de los predios tabulados mide menos de media cuadra. La explotación de terrenos de estas dimensiones se hace poco remunerativa y, en los casos extremos, antieconómica. El campesino se ve obligado a comprar otras tierras que lo harán propietario de terrenos

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250

A. Cochut. Chile en 1859, publicado en la Revue des deux Mondes, tomo 24, y reproducido en Chile por la Imp. Nacional, Santiago, 1860. Rafael Baraona, Ximena Aranda y Roberto Santana: “Valle de Putaendo”, Estudio de estructura agraria, p. 205, Inst. de Geografía de la Universidad de Chile, Santiago, 1961.

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separados. Tal es el origen de la propiedad discontinua o fragmentada”.251 Paralelamente a este proceso, que no podría generalizarse al resto del país hasta que no sea confirmado por nuevas investigaciones, la política de colonización de las tierras del sur, impulsada por los gobiernos de Bulnes y Montt, en detrimento del pueblo mapuche, permitió no solo una expansión de los latifundistas sino también el desarrollo de una pequeña y mediana burguesía rural en la zona de la Frontera. En Valdivia, donde fueron radicados los colonos alemanes, se produjo la rápida transformación de algunos en latifundistas, convirtiéndose los restantes en medianos y pequeños burgueses. La ley de colonización de 1845 establecía para esa zona hijuelas de doce cuadras para el padre y seis para cada hijo varón mayor de 10 años. En las cercanías de las ciudades se afianzaron los pequeños y medianos propietarios dedicados principalmente a la explotación de los productos de chacarería que requerían las crecientes necesidades urbanas. Claudio Gay hace referencia a otro sector social que constituía un estrato medio rural acomodado. Era el de los arrendatarios de predios agrícolas. Hacia 1860, existían campesinos que alquilaban tierras y pedían dinero prestado para iniciar la producción: Las personas que toman por lo general estos arrendamientos son jóvenes, las más de las veces acomodados (…) Las personas que en los últimos tiempos [1850-60] se han enriquecido por medio de esta clase de arrendamientos, forman un número considerable y a causa de esto se ha subido el valor del arriendo. Sin embargo, para los gastos de entrada y los de las primeras explotaciones tienen necesidad de pedir dinero prestado por el que pagan el 12 y hasta el 15, pero nunca menos del 10% (…) Los arrendamientos se hacen en dos épocas, en marzo y en abril para la siembra, y en octubre que es cuando tienen lugar los rodeos para la clasificación y la separación del ganado. El nuevo código civil no ha fijado su duración, la que depende enteramente de la voluntad de los contratantes; pero la costumbre más antigua es que dure nueve años y algunas veces diez (…) Por lo demás, los arrendamientos se presentan en Chile bajo diferentes formas, que las leyes no han creído deber especificar porque entran en la categoría de la ley general. Así pues se hacen algunas veces de modo que el arrendatario pueda disfrutar de ellos después del primer plazo mediante un ligero aumento de precio; o bien con derecho a realquilar algunas partes de la hacienda.252

Estas referencias de Gay demuestran formas de renta capitalista de la tierra que se daban en Chile a mediados del siglo pasado; sin embargo, no existen investigaciones exhaustivas que permitan sacar conclusiones acerca del papel que jugaban estos arrendatarios –que obviamente eran diferentes a los tradicionales inquilinos– en el total de la producción agrícola. 251 252

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Ibid., p. 213. Gay: op. cit., Agricultura, Tomo I, pp. 116-117.

Los “medieros” adquirieron mayor importancia con la expansión agrícola producida después de la década de 1850. Bauer manifiesta que en este período el cultivo del cereal “aumenta la interdependencia económica entre los fundos y la sociedad rural de bajo ingreso, y hace que las relaciones se establezcan cada vez más sobre la del dinero efectivo. Una parte del fundo era entregada a medieros, los cuales, como el término lo indica, normalmente compartían el producto de las cosechas a medias con el propietario. Había variaciones locales en los tratos de mediería. En algunos casos, el fundo anticipaba la semilla o suministraba los animales de trabajo; en otros casos pagaba la mitad del costo de la trilla o los salarios de los obreros extras que se requerían para la cosecha. Aparte de esto, con frecuencia el propietario daba también anticipos a cuenta de la futura cosecha. Esta práctica se llamaba venta en yerba o venta en verde, es decir, la venta por parte del mediero de la planta al estado verde o con el grano formado, pero sin cosechar (…) Esta comercialización a futuro estuvo muy difundida, ya que es raro encontrar inventarios de alguna hacienda grande en la cual no existan listas de una cantidad de transacciones en las cuales se anticipe dinero contra la cosecha”.253 El sistema de “mediería” permitió a los terratenientes obtener una mayor producción agrícola y a un costo muy bajo, sin correr ningún riesgo. Compraban “en verde” a mitad de precio, como lo demuestran documentos de la época, no necesitaban hacer importantes inversiones de capital y se aseguraban la producción y comercialización, porque los “medieros” estaban comprometidos a venderles sus productos. El “inquilinaje”, régimen del trabajo preponderante en la explotación de la tierra, experimentó durante el siglo XIX algunos cambios. De la primera fase (1690-1760) en que el inquilino en calidad de arrendatario pagaba un canon en especies, se pasó a fines de la colonia al sistema de pago en dinero. El terrateniente aprovechaba el endeudamiento del inquilino para exigir el pago del arriendo en trabajo. El inquilino debía trabajar en la hacienda del latifundista para cancelar el canon, o enviar un familiar, o contratar un sustituto u “obligado”. El inquilino, que comenzó siendo un pequeño productor “independiente”, se convirtió durante el siglo XIX en un campesino con tendencia a una semiproletarización. Los inquilinos y sus familiares comenzaron a trabajar en todas las faenas agrícolas y a percibir un cierto jornal y regalías, además del pequeño pedazo de tierra que le asignaba el terrateniente. Schejtman señala que: La mantención de un margen de regalías productivas (tierra y talaje) no obedece sino a las necesidades de adscribir al trabajador a la hacienda, evitando que se sume al contingente migratorio hacia áreas de creciente demanda de trabajo (…) Asistimos en esta etapa, como tendencia general, al desarrollo del carácter productor (o la disminución del carácter rentista) de la empresa patronal y a la transformación del inquilino, de

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Arnold J. Bauer, op. cit., pp. 204-206.

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inquilino-arrendatario, con canon en trabajo, en inquilino trabajador, con salario mixto (dinero y regalía).254

Gay señalaba en 1860 que en algunas haciendas trabajaban más de mil inquilinos, a quienes se les pagaba una parte de su salario nominal en dinero y el resto en mercancías o víveres evaluados a precios muy subidos. Vicuña Mackenna confirma esta apreciación en su estudio sobre el estado de la agricultura en Chile a mediados del siglo pasado al señalar que el inquilino muchas veces no recibe su pago en plata, sino en géneros o comestible, que se le obliga a tomar a un precio más subido que en cualquier otra parte.255 Las nuevas relaciones sociales de producción implantadas por algunas empresas agrícolas durante los decenios, determinaron un relativo crecimiento del proletariado rural en la zona centro-sur. Los obreros que laboraban en la industria molinera, promovida en la década 1850-60, fueron la expresión más relevante de este proceso. Sin embargo, estas relaciones sociales de producción nítidamente capitalistas, introducidas por un grupo de empresarios, no constituían aún la tendencia predominante de la explotación agropecuaria. El régimen del salariado campesino fue implantado en las haciendas más modernas y coexistía con el sistema de inquilinaje. El aumento de la demanda mundial de trigo y otros cereales determinó un cierto proceso de mecanización del agro que requería mano de obra especializada. Por otra parte, la incorporación de campesinos a las nuevas obras públicas, especialmente ferrocarriles, en calidad de obreros, obligó a los terratenientes a elevar los salarios para evitar la migración de la fuerza de trabajo. “El obrero rural ganaba antes de 1850 entre cuatro y medio real, después subió su jornal al real y en 1857 a dos reales”.256 Claudio Gay señalaba a mediados del siglo pasado: Los peones forman en Chile una clase no menos numerosa de la sociedad. Son los obreros al día, los verdaderos proletarios (…) La época en que los obreros agrícolas son mejor pagados es, como en otros países, la de las cosechas (…) su salario se eleva entonces al doble y aun al triple (…) puede decirse que su ganancia es de 2 reales por día comprendida su manutención y de 2 ½ a 3 reales cuando no la reciben, y son pagados por semanas en la tarde del sábado (…) Los peones estables reciben en ocasiones estos favores [granjerías de los inquilinos] pero por lo regular mucho más movibles viven como hombres de paso y sus gastos son algo mayores que los del inquilino aunque no tienen que pagar ni habitación, ni leña, ni ninguna especie de muebles.257 254 255

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Alexander Schejtman. El inquilino del Valle Central, p. 174, Santiago, 1968. Benjamín Vicuña Mackenna. La agricultura de Chile, Memoria presentada a la Sociedad de Agricultura. Imp. Chilena, Santiago, 1856. Sergio Sepúlveda G. El trigo… op. cit., p. 44. Claudio Gay, op. cit., Agricultura, Tomo I, pp. 198 y 178.

Gay analizaba también la existencia de los obreros agrícolas mejor pagados: los arrieros y los pastores, entre los que distinguía a los vaqueros y a los ovejeros. Respecto del obrero “afuerino” manifestaba: “Los peones rurales o forasteros van de una parte a otra y algunos patrones para retenerlos les hacen con frecuencia adelantos, lo que en efecto los retiene mucho más tiempo y hasta que se liberan de sus deudas”.258 El sabio Domeyko, en 1841, señalaba que en algunas haciendas “los peones fueron desplazando a los inquilinos. El señor Guerrero sigue el ejemplo de otros; expulsó de sus tierras a muchas familias de inquilinos y se está valiendo de los de la vecindad, o contrata para las faenas, peones”.259 En una cartilla sobre la situación de los campesinos, que circuló entre los agricultores desde 1846 a 1867, se manifestaba que el peón trabajaba por día o a trato en los trabajos más pesados; la tarea de siega de trigo se pagaba a 4 reales, además de pan y una libra de charqui al día; la de cortar leña se pagaba a 6 pesos mensuales.260 En un reciente estudio de Aránguiz, se afirma que “había dos clases de peones: los de las ciudades y chacras y los del campo. El peón o forastero, procedía de familias de pequeños agricultores o de inquilinos y se contentaban con recibir un jornal y alimentación (…) El viajero alemán Treutler nos narra que ganaban ( en la década de 1860) 3 ó 4 reales al día (…) El inquilino va perdiendo importancia y, en algunas oportunidades, es preferido el “afuerino”, que no recibía, como el anterior algún retazo en la hacienda”.261 Algunos autores, como el mencionado A. Cochut, han magnificado el número de obreros agrícolas, hecho que expresaría un exagerado desarrollo del capitalismo agrario chileno. Otros autores, en cambio, han menospreciado la existencia del proletariado rural con el fin de minimizar las relaciones sociales de producción capitalista introducidas en algunos sectores del agro. En rigor a la verdad, si bien es cierto que los obreros agrícolas no constituían la mayoría de los explotados del campo, durante los decenios hubo un crecimiento, lento y progresivo, del proletariado rural; a mediados del siglo XIX estaban ya configuradas las principales capas de este proletariado: los peones estables o “permanentes” y los “afuerinos”, cuyos salarios experimentaron un alza relativa, aunque siempre se mantuvieron inferiores a los que percibían los trabajadores mineros.

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Ibid., Tomo I, p. 202. Ignacio Domeyko. Fragmentos de mi viaje de vacaciones en enero y febrero de 1841 a Santiago (inédito), citado por Horacio Aránguiz Donoso: “La situación de los trabajadores agrícolas en el siglo XIX”, en Estudios de Hist. de las Inst. Políticas y Sociales, p. 13, Fac. de Ciencias Jurídicas de la U. de Chile, Santiago, 1968. Pedro Fernández Niño. Cartilla de campo, escrita para uno de los agricultores, 2ª Edic. Santiago, 1857, cit. por Ibid., p. 16. Horacio Aránguiz Donoso. La situación de los trabajadores agrícolas en el siglo XIX, op. cit., pp. 30-31.

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La falta de información suficiente no permite hacer todavía un análisis de las luchas, protestas, huelgas y rebeliones campesinas de esta época. Sin embargo, la ocupación de fundos durante la guerra civil de 1851 y la participación activa de campesinos en las guerrillas de la zona central en la guerra civil de 1859 son indicadores elocuentes de la presencia de sectores de vanguardia del campesinado chileno en las luchas sociales y marcan sin duda un hito muy importante en la historia del movimiento campesino chileno. Otra forma de expresión de la lucha de clases en el campo, aunque sin objetivos políticos definidos y conscientes, fue el denominado “vagabundaje”, “bandolerismo” o “cuatrerismo”. La raíz social de este problema, que se remonta a la época colonial, hay que buscarla en la falta de tierra y de trabajo permanente y no en el infundio de una pretendida “maldad intrínseca” del campesino que se veía obligado a expropiar animales para satisfacer su hambruna. Prófugo y perseguido por la justicia burguesa, este individuo “marginado” de la sociedad se refugiaba en los cerros o en las tolderías de indios, pasando a engrosar el estigmatizado “bandolerismo”. Era una forma primitiva de rebeldía contra la autoridad y una protesta violenta contra la propiedad privada. No obstante haber sido aplastada la guerrilla de los Pincheira, durante los decenios operaron grupos que en la zona centro-sur se dedicaban a la expropiación y al contrabando de ganado en conexión con los indios araucanos y los pehuenches de la zona transandina. Vicente Pérez Rosales, que en 1847 había arrendado la hacienda de Comalle, narraba: Comalle y los tupidos bosques de Chimbarongo, como ahora se dice, eran entonces la morada y el seguro escondite de aquellos afamados ladrones ‘Pela-caras’ que hacían temerosos, con sus atroces correrías, los mentados Cerrillos de Teno; y como habían sido hasta entonces inútiles cuantas medidas había adoptado la autoridad para purgar aquellos lugares de semejante plaga, solicité y obtuve el cargo de subdelegado de esa temida sección del departamento de Curicó.262

Jotabeche, Ruiz Aldea, Pérez Rosales y otros autores han reflejado con mayor veracidad que los historiadores tradicionales el profundo problema social que significaba la existencia de estos “bandidos”, cuyas acciones se prolongarán durante el siglo XIX y parte del XX.

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Vicente Pérez Rosales. Recuerdos del Pasado, p. 207, Biblioteca de Escritores de Chile, Vol. III, Santiago, 1910.

La tendencia totalitaria de los gobiernos de los decenios Los gobernantes de los decenios han sido presentados por los escritores Alberto Edwards y Francisco Encina como los creadores del Estado “en forma”, de un Estado por encima de las clases sociales. En realidad, los gobiernos de la llamada “era portaliana” representaron fundamentalmente los intereses de la burguesía comercial y terrateniente que exigía un gobierno fuerte, centralizado y capaz de dinamizar las instituciones del Estado, con el fin de garantizar el “orden social” y la expansión de la economía primordialmente exportadora. El denominado carácter “autocrático” o “autoritario” de los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt fue una forma de expresión que adoptó la dictadura burguesa de esa época, legalizada por la Constitución de 1833 y respaldada por un Ejército “glorificado” después del triunfo sobre la Confederación Perú-Boliviana. Para algunos autores, el Ejército no tuvo una participación política ostensible durante los decenios. Alain Joxe llega a manifestar que el estado civilista de Portales se mantuvo debido “a la debilidad relativa del ejército regular con relación a las milicias cívicas; y esto bastaría para explicar la sumisión de los militares durante los años siguientes”.263 En rigor, las milicias cívicas, promovidas por Portales, no fueron creadas para deprimir la importancia del Ejército, sino para complementar su acción, ampliando la base de sustentación social de las fuerzas represivas de los gobiernos. El Ejército no solo toleró la creación de esta guardia nacional, sino que le proporcionó instructores y orientación político-militar. Los jefes de estas guardias eran, por lo general, miembros de la clase dominante que utilizaban sus cargos para afianzar los planes de control social y político. Pedro Félix Vicuña manifestaba que “desde la revolución de 1829 el gobierno se había ocupado, no de establecer una milicia nacional, sino un ejército permanente. La disciplina rigurosa y el fuero militar fueron los móviles más activos de esta organización puramente popular, en que deberían alistarse la parte más activa y poderosa de nuestra sociedad. Cincuenta mil milicianos, con jefes veteranos y oficiales escogidos por el gobierno, perfectamente armados y organizados, eran una fuerza más que suficiente para dominar a un país como Chile”.264 En carta dirigida a Francisco Bilbao, de fecha 29 de octubre de 1852, Santiago Arcos señalaba que a los artesanos y pequeños propietarios “los han formado en milicias; han dado poderes a los oficiales de estas milicias para vejarlos o dejarlos vejar a su antojo y de este modo han conseguido sujetarlos a patrón.

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Alain Joxe. Las fuerzas armadas en el sistema político chileno, p. 44, Ed. Universitaria, Santiago, 1970. Pedro Félix Vicuña. Vindicación de los Principios e ideas que han servido en Chile de apoyo a la oposición en las elecciones populares de 1846, Lima, 1846.

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El oficial es el patrón. El oficial siempre es un rico –y el rico no sirve en la milicia sino en clase de oficial”.265 El Estado “civilista” de Portales surgió a raíz del triunfo de un sector del Ejército sobre otro en la guerra civil de 1829. No por casualidad, el primer presidente del período de los decenios fue un militar, Joaquín Prieto, jefe de] Ejército triunfante en Lircay. Domingo Amunátegui manifestaba que “el único peligro para el nuevo gobierno [de Prieto] era la rebelión del Ejército derrotado en Lircay; pero esa rebeldía fue sofocada con mano de hierro por el ejército vencedor, cuyos jefes, miembros natos de la aristocracia de la tierra, o muy ligados a ella, respetaron dócilmente las órdenes impartidas desde la casa de gobierno”.266 Con la aprobación de los altos mandos del Ejército, Portales inició la depuración de doscientos militares de tendencia liberal. A la cabeza de los regimientos quedaron comandantes estrechamente ligados a los “pelucones” y generales, como Bulnes, que eran latifundistas con vastas vinculaciones económicas. El tan magnificado “ejército profesional”, promovido por Portales, fue en realidad el más importante ejército de clase que tuvo la burguesía criolla, luego de las guerras de la independencia. Este Ejército garantizó el nuevo “orden burgués”, liquidando las guerrillas de los Pincheira en 1832, intensificando la guerra contra los mapuche en la zona de la Frontera y aplastando los movimientos de rebeldía social, como los del proletariado minero del Norte Chico. El Ejército jugó un papel político más relevante aún desde 1837 hasta 1840, a raíz de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. El prestigio alcanzado por Bulnes en esta guerra lo transformó en Presidente de Chile, en el segundo presidente militar de este período “civilista” de los decenios. Los generales Prieto y Bulnes fueron proclamados presidentes por la clase dominante porque su presencia garantizaba el apoyo de un Ejército que respaldaba los planes económicos y el rígido control político y social. Los gobiernos, conscientes del papel que jugaba el Ejército, otorgaron mayores garantías a la carrera militar y procuraron estar al día en el pago de los sueldos y en la compra de armamento moderno. Gran parte del presupuesto nacional estaba destinada a financiar los gastos militares. Un escritor de la época, Martín Palma, no obstante su adhesión a Montt, criticaba al gobierno porque “la mantención del ejército en su estado normal cuesta anualmente al país cerca de dos millones de pesos, o lo que es lo mismo, casi el tercio de nuestras entradas”.267

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Citado por Gabriel Sanhueza. Santiago Arcos, p. 207, Ed. del Pacífico, Santiago, 1956. Domingo Amunátegui S. Nacimiento de la República de Chile (1808-1833), p. 195, Santiago, 1930. Martín Palma. Reseña histórico-filosófica del Gobierno de D. Manuel Montt, p. 49, Santiago, 1962.

La participación política del Ejército en las guerras civiles de 1851 y 1859 constituye el desmentido más rotundo para quienes han pretendido mistificar sobre el carácter “profesionalizante” de las Fuerzas Armadas de la “era portalina”. El reforzamiento sistemático de los aparatos represivos, la persistencia de las drásticas medidas contra los opositores, la constante persecución política, los destierros y confinamientos, los reiterados decretos de Estado de Sitio y las elecciones fraudulentas, reflejaron inequívocamente la tendencia totalitaria de los gobiernos de los decenios. La relativa continuidad institucional se mantuvo sobre la base de una dictadura “legal” burguesa de manifiestas tendencias totalitarias. El centralizado control político, social y cultural, basado en el “principio de autoridad”, es precisamente uno de los aspectos principales que añoran los actuales apologistas de la “era portalina”. Portales impuso el “orden” a través de destierros y persecuciones a los “pipiolos” y a las tendencias plebeyas que habían aflorado en la década de 1820-30. Un escritor de aquella época, decía: La obra de Portales consistió en quebrantar en el país todos los resortes de la máquina popular representativa y en sustituir a ellos, como único elemento de gobierno, lo que se ha llamado el principio de autoridad (…) Se desplegaba un verdadero lujo de crueldad y barbarie contra los reos de delitos políticos y hasta contra los jueces que procedían en esos casos con benignidad. La fuerza y el miedo eran los instrumentos favoritos.268

Para garantizar la propiedad privada de los terratenientes se aprobó una ley que permitía ajusticiar en forma sumaria a los que alteraran el “orden” en el campo, a través de Comisiones ambulantes autorizadas para dictar penas inmediatas en el lugar de los hechos. La nueva legislación permitió al gobierno condenar a la pena de muerte a los opositores, medida que se aplicó en el caso de la supuesta conspiración de Arriagada en 1837. Fue suficiente la acusación de perturbadores del “orden” para justificar el destierro de dirigentes liberales como José Joaquín de Mora, Carlos Rodríguez, Melchor José Ramos, Francisco Porras, y militares opositores como el general Freire y el coronel Viel. Una resolución del Senado de 1831, “justificaba” de la siguiente manera estas medidas represivas: El pueblo chileno ha sentido por propia experiencia cuántos males prepara a una nación la exageración de ciertos principios, y la indefectible licencia que ellos producen. Máximas desorganizadoras y teorías de libertad mal entendidas e inaplicables a la política, no podían dejar de traer consigo los horribles males que acabamos de sufrir. Después de 268

Isidoro Errázuriz. Historia de la Administración Errázuriz, Biblioteca de Escritores de Chile, pp. 194-195, Santiago, 1935.

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una serie de años de convulsiones, desórdenes y malos ejemplos, la patria necesitaba de un gobierno restaurador, y para ello de un gobierno tan justo como vigoroso.269

La tendencia totalitaria se expresó también en el plano electoral. En 1831, se alteraron las reglas del juego: Mediante la nueva ley de calificaciones, éstas quedaban en adelante únicamente y sin ulterior recurso pendientes de los gobernadores y subdelegados, desde que nadie podía calificarse sin llevar una boleta o certificado firmado por ellos. Prescindiendo de otros contrasentidos semejantes, no necesitaba de más el gobierno, para ser en todas partes dueño absoluto de las elecciones, que más bien debieran llamarse nombramientos.270

Las elecciones de 1831 demostraron la “eficiencia” del nuevo régimen electoral: fueron elegidos todos los candidatos oficialistas. Esta forma de generación del poder, que no respetaba las más elementales normas democrático-burguesas, permitió a los presidentes de los decenios contar con Parlamentos incondicionales. Estos gobiernos de carácter “elitista” han tratado de ser justificados por Encina con el siguiente razonamiento: El hecho de que el Gobierno se ejerciera por una corta minoría, le daba a sus ojos caracteres oligárquicos. No se daban cuenta de que este orden de cosas era la resultante de la absoluta incapacidad del pueblo para ejercitar los derechos que se le habían concedido, y del elemento medio, salvo cortas y honrosas excepciones, para desempeñarlo, y no del régimen político que brindaba igualdad legal de oportunidades a todos los elementos sociales.271

Este burdo panegirista de la “élite del poder” omite deliberadamente que la estructura de clases cerraba toda posibilidad de “igualdad legal de oportunidades”, inclusive en el plano de la democracia formal. Una ley complementaria de la Constitución de 1833 estableció que para ejercer el derecho a voto los ciudadanos debían tener “una propiedad inmueble de mil pesos, o un capital en jiro de dos mil”, prohibiendo taxativamente que “fueran calificados como electores los soldados, cabos y sargentos del ejército permanente y los jornaleros y peones gañanes”.272 Para Julio César Jobet: La expresión jurídica de la victoria de los pelucones fue la Constitución de 1833, documento que, según un notable historiador hispano, hizo de Chile una república autocrática de la que el presidente era el delegado de la oligarquía dominante. Esta 269

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Citado por Ramón Sotomayor V. Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828, p. 263, Santiago, 1861. Federico Errázuriz. Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828, p. 263, Santiago, 1861. Encina, XI, 505. Ramón Sotomayor V. op. cit., Tomo I, pp. 270-271.

Constitución, inspirada por Portales, ‘venía a garantizar la autoridad de unas docenas de familias hacendadas’. La Constitución de 1833 consagraba la influencia preponderante de la clase terrateniente. Un Ejecutivo omnímodo traducía y defendía los intereses de la clase dominante. Establecía una república censitaria al exigir una determinada propiedad o renta para tener derecho a sufragio, a la vez que señalaba diversas marginaciones de la vida ciudadana, proclamaba a la religión católica la oficial del Estado; restablecía los mayorazgos y suprimía las asambleas provinciales.273

El manifiesto del Partido Conservador, publicado en mayo de 1851 para respaldar la candidatura presidencial de Manuel Montt, no disimulaba los intereses de clase que respetaron los gobiernos de los decenios. En algunos de sus párrafos, se manifestaba: En 1830, “orden era la voz que por todas partes se escuchaba, y ORDEN tuvo el gobierno que asegurar (…) nadie sino la Constitución de 1833 y el Gobierno de los veinte años apoyado por el Gran Partido Conservador, han contribuido a formar la halagüeña situación actual. Recórranse uno a uno los variados ramos de la administración pública, y en todos ellos se encontrará el sello de la utilidad impreso por la bienhechora mano del Partido Conservador (…) Chile es una nación esencialmente agrícola y comercial. De modo que todo lo que contribuya a dar vuelo a estas industrias, todo lo que haga desaparecer los obstáculos que en los países nuevos obstan a su desarrollo, debe ser objeto de las bendiciones del pueblo (…) Abriendo caminos en todas direcciones, en todas las provincias, en todos los departamentos, en una palabra, donde quiera que su necesidad era reconocida; habilitando puertos donde había algo que exportar, poniendo por decirlo así, casi en un mismo punto el lugar de la producción y el lugar de consumo, la agricultura nuestra, principal industria, ha podido salir de la postración en que yacía para ostentarse tan erguida como jamás se la vió (…) El cargo que constantemente han hecho a la candidatura Montt sus encarnizados enemigos ha consistido en suponerla emanada de un círculo estrecho que no representa la gran mayoría nacional. Para desmentirlo le basta al Partido Conservador mostrar a sus conciudadanos del departamento de Santiago la lista de electores que les propone. En ella figuran los hombres de más valía por su posición, por su ilustración y por fortuna. Ellos son los verdaderos padres conscriptos de la Patria”.274 Las facultades extraordinarias fueron utilizadas en forma reiterada por Bulnes y Montt. Durante el gobierno de Bulnes, el Estado de Sitio fue decretado en numerosas oportunidades, se prohibió la Sociedad de la Igualdad y se desterró a varios dirigentes liberales. Manuel Montt gobernó parte de su período con facultades extraordinarias; 273

274

Julio César Jobet. Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, p. 33. Ed. Universitaria, Santiago, 1955. Luis Barros Borgoño. Proemio para la obra de don Alberto Edwards “El Gobierno de don Manuel Montt”. Cita el Manifiesto íntegro del Partido Conservador, de mayo de 1851, pp. 180 a 194, Ed. Nascimento, 1933. El subrayado es nuestro.

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sus arbitrariedades y persecuciones, en aras el “orden y del principio de autoridad”, han quedado testimoniadas en numerosos documentos de la época.

El movimiento liberal El liberalismo chileno, gestado en la década de 1820-30 y aplastado transitoriamente por las medidas represivas del gobierno de Prieto, resurgió a partir de 1842 con la creación de la Sociedad Literaria. Este movimiento literario fue la cobertura legal de ideas políticas reprimidas por los gobiernos conservadores. No era la primera vez en la historia que la literatura servía de vehículo para manifestar el descontento político y social de sectores de la sociedad. El movimiento literario de la década de 1840-50 sirvió de válvula de escape para que pudieran expresarse las aspiraciones mas democráticas de sectores de la intelectualidad y del artesanado de vanguardia que se resistían a seguir soportando el régimen totalitario en lo político y cultural de los gobiernos de ideología conservadora. Este movimiento fue canalizado y transformado en corriente política por la burguesía minera que había sido afectada por los gravámenes impuestos a la exportación de minerales y otras medidas de los gobiernos de los decenios, que habían favorecido primordialmente los intereses de la burguesía comercial y terrateniente. Julio César Jobet señala con justa razón que “es un error reducir el movimiento intelectual de 1842 a una mera contienda entre clasicismo y romanticismo, desde un ángulo de vista exclusivamente literario y estético”.275 El romanticismo literario tenía raíces que pronto se plasmaron en un programa político. La Sociedad Literaria, inspirada por José Victorino Lastarria fue el polo de atracción de la intelectualidad y de la juventud de la época. En el periódico El Semanario hicieron sus primeras “armas de la crítica” Eusebio Lillo, José Joaquín Vallejo (Jotabeche), Benjamín Vicuña Mackenna y otros escritores de este período floreciente de las letras chilenas. La generación literaria de 1842, influida por el romanticismo social europeo, no tardó en transformarse en la base del movimiento liberal. Sus órganos períodisticos, principalmente El Siglo, comenzaron a levantar un programa de reivindicaciones democráticas. En 1844, Francisco Bilbao publicó “Sociabilidad Chilena”, ensayo que tuvo el mérito de provocar fuertes polémicas por los problemas sociales que planteaba y por el cuestionamiento de la ideología conservadora. El liberalismo fue reforzado en octubre de 1845 con la creación de la Sociedad Democrática, encabezada por Pedro Félix Vicuña y Manuel Bilbao. La fundación de la “Sociedad Caupolicán”, promovida por Manuel Guerrero ese mismo año, facilitó la incorporación de sectores populares, 275

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Julio César Jobet. Santiago Arcos… op. cit., p. 72.

provenientes de las filas del artesanado. El liberalismo, de contenido inequívocamente reformista, tuvo al comienzo una composición policlasista y sirvió en especial como organismo aglutinador de artesanos, de tendencias plebeyas y de pensadores de avanzada social descontentos con el régimen. La confluencia de estas corrientes heterogéneas fue la respuesta a la política totalitaria de los gobiernos de los decenios que obligaron a las capas populares a realizar una alianza de clases con sectores de la burguesía, especialmente minera, con el fin de quebrar el continuismo político de los terratenientes. El movimiento de oposición hizo en 1846 una campaña de agitación política que el gobierno trató de aplastar mediante la aplicación del Estado de Sitio y el apresamiento de los dirigentes de las Sociedades “Caupolicán” y “Democrática”. La reacción popular contra estas medidas represivas fue calificada de insurrección por el diario Eco Nacional de Concepción, que comentaba los sucesos de Santiago en los siguientes términos: Ha habido una insurrección general. Todas las familias respetables de la capital se han reunido para hacer una presentación pidiendo al gobierno un cambio en su política, apoyándose en la insurrección que amenaza la plebe. El pueblo está insurreccionado con la declaración del estado de sitio. En este instante se están batiendo en la Cañada como dos mil rotos con los cazadores, una compañía de granaderos y los vigilantes. El pueblo se aumenta hasta la plaza, enfurecido y dispuesto a todo. La imprenta Rengifo fue hecha pedazos por el populacho.

Uno de los agitadores revolucionarios era el tipógrafo Santiago Ramos, quien, según Barros Arana, “se daba por ápostol de la más exagerada democracia: y en esta contienda había demostrado una implacable exaltación contra los poderosos, ya lo fueran por el ejercicio del mando, ya por la posesión de cuantiosos bienes de fortuna. En una pobrísima imprenta había publicado desde agosto de 1845, un periodiquillo titulado ‘El Duende’, del que alcanzaron a salir cuatro números. Reemplazándolo en seguida por otro que llamó ‘El Pueblo’. En el número 7 incitaba a la revuelta popular”.276 Para Segall, El Duende es el primer órgano popular. “Contradictorio, ácrata, peor redactado, es el primer paso del periodismo revolucionario obrero”.277 El liberalismo burgués, que había sido sobrepasado por este movimiento popular encabezado por Santiago Ramos y el franciscano Manuel Antonio Mañán, condenó también estas acciones, con los mismos epítetos utilizados por el gobierno de los pelucones. Barros Arana señala que “Montt anunciaba que la asonada debía estallar al día siguiente; y al efecto mostraba el papel del ‘quebradino’ Ramos con la voz de orden al populacho para acudir a la Alameda en son de revuelta contra las autoridades constituidas”.278 Los liberales, que habían 276 277 278

Barros Arana: Un decenio de la Historia de Chile (1841-51). Tomo II, pp. 89-90, Santiago, 1913. Marcelo Segall. Las luchas de clases… op. cit., p. 42. Barros Arana: Un decenio… op. cit., Tomo II, p. 90.

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procurado ganar el apoyo del pueblo con fines electoralistas, formaron junto a otros sectores burgueses una especie de “guardia blanca”. Según Marcelo Segall, “al grito de ¡Orden! Organizaron una sociedad armada, sostenida financieramente por el Gremio Minero, la ‘Sociedad del Orden’. Formando fila, agricultores y mineros, conservadores y liberales (…) La ‘Sociedad del Orden’ la presidió el rico minero liberal Ramón Errázuriz. Era vicepresidente, un agricultor, Francisco Ignacio Ossa”.279 El gobierno logró dominar la situación y pudo ganar pocos meses después las elecciones en casi todas las provincias. En Valparaíso, donde el candidato liberal obtuvo 520 votos contra 597 del oficialismo, se produjo un choque entre las fuerzas represivas y el sector popular de “El Almendral”. Barros Arana comentaba que “el populacho” levantó trincheras y se defendió ardorosamente dejando en el campo de lucha 22 muertos y numerosos heridos. Posteriormente, en 1849, el movimiento liberal lograba canalizar parte del profundo descontento popular eligiendo cuatro diputados: Miguel Gallo Goyenechea, por Copiapó; José Joaquín Vallejo, por Vallenar y Freirina; Antonio García Reyes, por La Ligua, y Manuel Antonio Tocornal, por Valparaíso. El gobierno mostraba su preocupación por la radicalización política de los artesanos. En carta al ministro Antonio Varas, fechada en Concepción el 6 de julio de 1850, Salvador Palma manifestaba: “Es de temerse sin duda que el parásito de la oposición se apodere en esa capital de los gremios de artesanos, porque éstos son en gran número y audaces al mismo tiempo”.280 El programa del movimiento liberal fue expresado por el Club de la Reforma, creado el 24 de octubre de 1849: “I.- Sostener por medios legales a los representantes de la oposición en la Cámara de Diputados. II.- Propagar por la palabra y por la prensa las ideas democráticas. III.- Secundar la acción de la prensa liberal en el espíritu de las masas. IV.- Mantener… la unión de los buenos patriotas”.281 A este limitado programa se reducía el Club de La Reforma, que agrupaba al sector liberal “más avanzado”. Ninguna medida de proteccionismo a la industria y a la marina mercante nacional; menos un planteamiento de reforma agraria. Los liberales nunca se diferenciaron básicamente de los conservadores, porque ambas fracciones políticas de la burguesía estaban comprometidas en la tenencia de la tierra y en una política común relacionada con la economía de exportación. El liberalismo contribuyó de ese modo a reforzar nuestra condición de país dependiente, favoreciendo la penetración creciente del capitalismo extranjero. Los roces circunstanciales de algunos gobiernos de los decenios, que reflejaban los intereses de los terratenientes y comerciantes, no autorizan a caracterizar 279 280 281

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Marcelo Segall. Las luchas de clases… op. cit., p. 44. Correspondencia de Antonio Varas. Revista de Historia y Geografía, Tomo 34, p. 283. Benjamín Vicuña Mackenna. Historia de la Jornada del 20 de abril de 1851, citado por J.C. Jobet: Santiago Arcos, op. cit., p. 100.

de “progresista” a un movimiento liberal que de hecho jugó un papel antinacional, de espaldas al país y con la vista puesta en “La City” londinense, donde se transaba nuestra materia prima y se imponían los precios de los artículos manufacturados que el capitalismo dependiente criollo estaba obligado a importar.

La Sociedad de la Igualdad La Sociedad de la Igualdad, creada a fines de 1850, fue la expresión de un proceso de radicalización social y política de sectores artesanales y de capas más avanzadas de la intelectualidad chilena, que aspiraban a rebasar el estrecho programa del movimiento liberal, limitado a meras reivindicaciones sobre libertades públicas. La Sociedad de la Igualdad surgió precisamente de la ruptura de algunos artesanos e intelectuales con el “Club de la Reforma”, agrupación creada por la alta burguesía de ideología liberal con objetivos fundamentalmente electoralistas. Santiago Arcos, que en 1848 había vuelto del Viejo Mundo fuertemente influido por las nuevas ideas sociales, decidió retirarse del “Club de la Reforma”, al cual había ingresado en 1849, junto con el profesor Manuel Recabarren, el músico José Zapiola y el poeta Eusebio Lillo, con el fin de crear un movimiento con un programa y una composición social que se diferenciara del liberalismo burgués chileno. Sus primeros adherentes fueron artesanos de vanguardia, representados por el maestro sombrerero Ambrosio Larracheda, el zapatero Manuel Lúcares y los sastres Cecilio Cerda y Rudecindo Rojas. Posteriormente, se incorporaron Manuel Guerrero, fundador de la “Sociedad Caupolicán” en 1845, y Francisco Bilbao que acababa de regresar de Europa. Los historiadores tradicionales han tratado de colocar la figura de Bilbao por encima de la de Arcos. En realidad, Arcos no solo tuvo un pensamiento social más definido, como señalaremos más adelante, sino que fue el promotor principal de la Sociedad de la Igualdad. José Zapiola, autor del folleto sobre los orígenes y el programa de esta sociedad, ha dicho que “la iniciativa de la Sociedad de la Igualdad pertenece al joven Arcos; y le adjudicamos esta gloria con tanta más justicia cuanto que creemos que nadie era más apropiado”.282 Francisco Bilbao contribuyó a nuclear nuevos sectores de izquierda para la Sociedad de la Igualdad. Tribuno popular y autor de uno de los primeros ensayos sobre nuestra realidad nacional, Sociabilidad chilena, publicado en 1844, regresaba al país luego de haber presenciado la Revolución Francesa de 1848, las luchas callejeras y la combatividad de los trabajadores en las barricadas parisinas. Retornaba en un momento en que el ambiente santiaguino estaba agitado por un fuerte movimiento 282

José Zapiola. La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, p. 7. Imp. del Progreso, Santiago, marzo de 1851.

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de oposición al continuismo gubernamental de los “pelucones”; un período en el que sectores de la juventud estaban enfervorizados con la lectura de la Historia de los Girondinos de Lamennais y en el que se había abierto una polémica sobre el libro de Lamennais Palabras de un creyente. El pensamiento social cristiano del autor francés había provocado singular impacto sobre algunos feligreses. La jerarquía eclesiástica chilena prestamente salió al paso: “Aunque oigan misa y se confiesen, su religión es una mentira, y su catolicismo, bien examinado, no puede ser sino una farsa. Conjuramos a todos los verdaderos católicos para que se unan y se armen para la defensa de la religión amenazada. Que conozcan a los que están corrompiendo la fe del pueblo”.283 Bilbao aprovechó la polémica para publicar en mayo de 1850 su opúsculo Boletines del Espíritu, condenado por la Iglesia, pero bien acogido por algunos curas agustinos, como Ortiz. “Así, pues, cuando Bilbao se vio perseguido y excomulgado, fueron los Agustinos quienes primeramente se habían de apresurar a manifestarle sus simpatías”.284 El pensamiento de Bilbao, a pesar de sus ambigüedades y de su ingenua creencia en que por medio de la ampliación de las libertades públicas y de una nueva legislación se podría cambiar la situación social de los explotados, influyó en importantes sectores de la juventud y de la intelectualidad. Sus planteamientos, teñidos de ideas rousseaunianas y del pensamiento social cristiano de la época, le impidieron concretar un programa de auténtica transformación socioeconómica y política. A fines de marzo de 1850, once miembros fundaban la Sociedad de la Igualdad: seis artesanos y cinco intelectuales. Sus principios, basados en la “soberanía del pueblo como base de toda política, en el amor y la fraternidad universal”, han quedado impresos en un folleto firmado por E. A., pseudónimo de José Zapiola. Allí se establecía que la Sociedad no nació para servir a ninguna candidatura política sino “para sacar al pueblo de la vergonzosa tutela que se le tiene sujeto (…) Se adoptó en la discusión el tratamiento de ciudadano con exclusión del de señor”.285 En el artículo 1º de los Estatutos se señalaba que la “Sociedad de la Igualdad se reunirá en grupos que no pasen del número de 24 individuos” (…) Art. 4º: “todo grupo tiene igualdad de derechos” (…) Art. 5º: “En cualquiera de los grupos puede tener origen la proposición de una reforma administrativa o social”.286 Estos artículos garantizaban la estructura democrática de la organización. Sin embargo, el carácter no clandestino de la Sociedad permitió que el gobierno pudiera infiltrar agentes en las reuniones. 283

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Citado por Isidoro Errázuriz: Historia de la Administración Errázuriz, p. 421, Biblioteca de Escritores de Chile, Santiago, 1935. Armando Donoso. Bilbao y su tiempo, p. 38, Santiago, 1913. José Zapiola, op. cit., p. 9. Ibid., p. 12.

A menos de un mes de su fundación, la Sociedad de la Igualdad contaba con ocho núcleos que agrupaban a cerca de 200 “ciudadanos”. Sus principales periódicos fueron El Amigo del Pueblo, que publicó 53 números, del 1º de abril al 3 de junio de 1850, y La Barra, del 4 de junio de 1850 al 20 de abril de 1851. En el primer ejemplar de El Amigo del Pueblo se manifestaba: “He aquí lo que queremos para llevar la reforma social que vamos a proclamar. Queremos que nuestro pueblo se rehabilite de veinte años de atraso y de tinieblas. Queremos que los que representan hoy los principios de esos fatales veinte años, caigan de rodillas ante el pueblo que se levanta a recobrar su puesto”. En un artículo del 11 de abril, probablemente escrito por Arcos, se planteaba: La clase obrera ha pasado desapercibida para los hombres públicos de Chile; y ha llegado el tiempo de que esa clase obrera adquiera conciencia de su poder. Deber es de los que mandan prevenir ese momento en que cansado el obrero de trabajar sin fruto y sin protección, reclame por la fuerza lo que no ha podido conseguir con la calma y el sufrimiento (…) Los artesanos al alistarse bajo las banderas de la guardia nacional, van a entregarse a la voluntad de algunos jefes que los explotan en beneficio de los que mandan. De esta manera cincuenta mil cívicos derramados en toda la República son otros tantos pasivos sostenedores del poder y otros tantos enemigos con que el pueblo se encontraría a su frente en el día de la lucha (…) Dénle en buena hora un fusil y prepáresele en el ejercicio de las armas, pero hágase entender que esa arma no debe servirle para apoyar el poder, para conservar lo que los retrógrados llaman orden; que esa arma no ha de dirigirse jamás contra el corazón del pueblo, sino en su defensa y protección.287

Se organizaban conferencias periódicas a las que asistían unas 300 personas, en su mayoría artesanos. Arcos analizaba temas sociales y políticos; Bilbao daba cursos de filosofía; Manuel Recabarren y Nicolás Villegas, de economía política y matemáticas, y Zapiola hacía clases de música. José V. Lastarria anotaba en su “Diario”, el 27 de agosto de 1850: Continúa la alarma. Anoche se ha reunido la Sociedad de la Igualdad con más de 1.000 socios. La calle del local estaba apretada de curiosos. Los cuarteles sobre las armas, pero la reunión fue pacífica. Esta Sociedad es el único elemento de poder que le queda a la oposición. Reunida desde hace cuatro meses bajo la dirección de Bilbao, Arcos, Prado y Guerrero, ha ido aumentándose y tomando consistencia de día en día. El gobierno de los retrógrados le teme y cree que de ella ha de salir la revolución.288

La represión del gobierno contra la Sociedad de la Igualdad se agudizó en octubre de 1850. Fueron detenidos los dirigentes igualitarios Ramón Mondaca, Cecilio Cerda y 287

288

Reproducido por Julio César Jobet. Santiago Arcos Arlegui y la Sociedad de la Igualdad, pp. 126-127, Santiago, 1942. Citado por Julio César Jobet. Santiago Arcos Arlegui y la Sociedad de la Igualdad, pp. 126-127, Santiago, 1942.

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numerosos miembros de base. El 28 de octubre, la Sociedad de la Igualdad convocaba a una concentración, donde según algunos autores se reunieron cerca de 3.000 personas, para definir su posición contra la candidatura presidencial de Manuel Montt. A partir de ese momento, los miembros más activos de la Sociedad de la Igualdad comenzaron a prepararse para una lucha frontal contra el gobierno, que se expresó en la rebelión de San Felipe de noviembre de 1850 y en la revolución de 1851, proceso que analizaremos en capítulo aparte. Los principales dirigentes de la Sociedad de la Igualdad fueron desterrados luego del fracaso de la revolución de 1851. Santiago Arcos, que había adoptado el pseudónimo de Marat como una forma de expresar su deseo de representar el ala más plebeya e izquierdizante, fue expulsado del país en noviembre de 1851. Desde el exilio escribía: “Puñal, hijo, puñal! y que la regeneración de Chile se escriba en el cuero de los pelucones”. Al regresar a Chile en septiembre de 1852, logró burlar la vigilancia policial en Valparaíso, pero fue apresado en Santiago al mes siguiente. En la carcel, escribió una carta, el 29 de octubre de 1852, a Francisco Bilbao, que estaba desterrado en Lima. El análisis de las clases, de los partidos políticos y de la sociedad chilena de la época, contenidos en esta carta, coloca a Santiago Arcos entre los más destacados precursores del pensamiento social chileno. Fue uno de los primeros en buscar las raíces de la situación nacional en las relaciones de producción y de propiedad: Para curar a Chile no basta un cambio administrativo. Un Washington, un Robert Peel, el Arcángel San Miguel en lugar de Montt serían malos como Montt. Las leyes malas no son sino una parte del mal. El mal gravísimo, el que mantiene al país en la triste condición en que le vemos, es la condición del pueblo, la pobreza y la degradación de los nueve décimos de nuestra población.289

Para Arcos, la solución de los problemas no estaba en el cambio de gobernantes sino en una reforma que diera paso no a un régimen socialista, como han supuesto algunos autores, sino a un sistema democrático-burgués que asegurara un desarrollo capitalista avanzado: “Para organizar un gobierno estable, para dar garantías de paz, de seguridad al labrador, al artesano, al minero, al comerciante y al capitalista necesitamos la revolución enérgica, fuerte y pronta que corte de raíz todos los males”. En uno de los primeros análisis sociológicos hechos en nuestro país, Santiago Arcos señalaba: Hay 100.000 ricos que labran los campos, laborean las minas y acarrean el producto de sus haciendas con 1.400.000 pobres (…) En Chile ser pobre es una condición, una clase, que la aristocracia chilena llama rotos, plebe en las ciudades, peones, inquilinos, 289

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Carta de Arcos a Bilbao, 29 de octubre de 1852, cárcel de Santiago, reproducida por Gabriel Sanhueza: Santiago Arcos, pp. 197 a 232, Ed. del Pacífico, Stgo. 1956. Las citas que a continuación se harán de esta carta, corresponden a esta edición.

sirvientes en los campos –esta clase cuando habla de sí misma se llama los pobres por oposición a la otra clase, las que se apellidan entre sí los caballeros, la gente decente, la gente visible y que los pobres llaman los ricos (…) El pobre no es ciudadano. Si recibe del subdelegado una calificación para votar es para que se la entregue a algún rico, a algún patrón que votará por él (…) La clase pobre en Chile, degradada sin duda por la miseria, mantenida en el respeto y en la ignorancia, trabajada sin pudor por los capellanes de los ricos, es más inteligente que lo que se quiere suponer. Los primeros tiempos de la Sociedad de la Igualdad son prueba de ello.

Acerca de la participación de los explotados en las elecciones, Arcos manifestaba: Al pobre ¿qué le importaba las reformas de que vagamente hablaba uno de los partidos? He visto un retrato de Cruz apoyado en una columna aplastada por la Constitución en la que se leen estas palabras: “Libertad es sufragio”. ¿Era ésta la utilidad práctica material y visible que el partido liberal daba a la gran mayoría de la nación? A esos nueve décimos de nuestra población para quien la elección es un sainete de incomprensible tramoya –que entrega su calificación al patrón para que vote por él– para quien no hay más autoridad que el capricho del subdelegado –más ley que el cepo donde lo meten de cabeza cuando se desmanda? No es por falta de inteligencia que el pobre no ha tomado parte en nuestras contingencias políticas. No es porque sea incapaz de hacer la revolución –se ha mostrado indiferente porque poco hubiese ganado con el triunfo de los pipiolos.

Con respecto a la clase dominante y a sus partidos políticos, decía: De los ricos es y ha sido desde la independencia el Gobierno. Los pobres han sido soldados, milicianos nacionales, han votado como su patrón se los ha mandado, han labrado la tierra, han hecho acequias, han laboreado minas, han acarreado, han cultivado el país, han permaneciclo ganando real y medio; los han azotado, encepado cuando se han desmandado, pero en la República no han contado para nada; han gozado de la gloriosa independencia tanto como los caballos que en Chacabuco y Maipú cargaron a las tropas del rey. Pero como todos los ricos no encontraban, a pesar de la Independencia, puestos para sí y sus allegados, como todos no podían obtener los favores de la República, las ambiciones personales los dividieron en dos partidos. Un partido se llamó pipiolo o liberal –no sé por qué. El otro partido, conservador o pelucón (…) No la diferencia de principios o convicciones políticas. No las tendencias de sus pronombres hacen que los pelucones retrogrados y los pipiolos parezcan liberales. No olvidemos que tanto pelucones como pipiolos son ricos, son de la casta poseedora del suelo, privilegiada por la educación, acostumbrada a ser respetada y acostumbrada a despreciar al roto. Los pelucones son retrógrados porque hace 20 años que están en el Gobierno, son conservadores porque están bien, están ricos y quieren conservar sus casas, sus haciendas, sus minas; quieren conservar el país en el estado en que está porque el peón trabaja por real y medio y solo exige porotos y agua para vivir, porque pueden prestar su plata al 12% y porque pueden castigar al pobre si se desmanda (…) Los pipiolos son los ricos que hace 20 años están sufriendo el gobierno sin haber gobernado ellos una sola hora.

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Después de este análisis de los pelucones y pipiolos, planteaba la necesidad de otro partido: “Es preciso segregar del partido pipiolo, y con ellos formar el partido nuevo, el partido grande, el partido democrático-republicano”. Este partido debería luchar por las libertades públicas, los derechos ciudadanos y las reivindicaciones sociales. Sin embargo, la reforma de las leyes no basta. “¿Qué hacer? Diré de una vez por todas cuál es mi pensamiento, que me traerá el odio de todos los propietarios (…) Es necesario quitar sus tierras a los ricos y distribuirlas entre los pobres. Es necesario quitar sus ganados a los ricos y distribuirlos entre los pobres. Es necesario quitar sus aperos de labranza a los ricos y distribuirlos entre los pobres. Es necesario distribuir el país en suertes de labranza y pastoreo”. A continuación, Arcos precisaba su programa de reforma agraria: Es necesario distribuir todo el país, sin atender a ninguna demarcación anterior en: suertes de riego en llano; suertes de rulo en llano; suertes de riego en terrenos quebrados regables; suertes de rulo en terrenos quebrados de rulo; suertes de cerro; suertes de cordillera. Cada suerte tendrá una dotación de ganado vacuno, caballar y ovejuno (…) La república promete solemnemente reconocer los derechos adquiridos y de hecho quitar a los ricos. He dicho quitar, porque aunque la República compre a los ricos sus bienes, y aunque los ricos reciban una compensación justa, esta medida será tildada de robo para ellos, y a los que la proponen no le faltarán los epítetos de ladrones y comunistas. Pero no hay que asustarse por las palabras: la medida es necesaria, y aunque fuerte, debe tomarse para salvar al país. Hecha la división de la República, los actuales propietarios tendrían derecho a tomar once suertes de tierras en las propiedades de sus pertenencias, y quedarían sujetos como los demás a las condiciones de cultivo y habitación que se exigirán de los demás colonos. Cada suerte restante sería tasada y la República reconocería al actual propietario una deuda por la cantidad de suertes de tierras que habría entregado a la República. La República reconocería al propietario una deuda que ganaría 5 por ciento anual, 3 por ciento como interés, 2 por ciento como amortización. De este modo, la deuda se extinguiría en 50 años. Tal es, amigo mío, la idea que me formo de la revolución.

Arcos manifestaba que estas medidas beneficiarían también a los comerciantes, porque aumentaría el poder de consumo de “artefactos extranjeros es decir que el comercio de importación se elevaría a ciento cincuenta millones de pesos anualmente en vez de 12 millones que ahora consumimos”. Arcos terminaba su carta con la siguiente frase: “Pan y libertad, el grito de los descamisados europeos llamará la emigración y con ella vendrá la educación del pueblo”. Este documento demuestra que Arcos no era saintsimoniano, ni anarquista ni socialista utópico, sino uno de los expositores chilenos más consecuentes de algunas tareas democrático-burguesas. A Santiago Arcos le corresponde el mérito de haber sido el primer chileno en plantear el proyecto de reforma agraria más completo para su tiempo. Sin embargo, no comprendió la relación ya concebible en su época entre

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esta tarea democrático-burguesa y el desarrollo industrial. En vez de plantear medidas de proteccionismo a la industria nacional, cuyo mercado interno estaría asegurado con su plan de reforma agraria, alentaba la importación de artículos manufacturados extranjeros, como figura en el párrafo anterior. Aunque era consciente de que nuestro comercio estaba en manos de los extranjeros, no planteaba la necesidad de tomar medidas para romper con nuestra condición de país dependiente. Los análisis sociológicos de Arcos eran relevantes para su época, pero no daban una salida socialista, como han pretendido algunos autores. Propugnó la creación de un “partido democrático-republicano” que garantizara las libertades públicas, la democracia burguesa y los derechos del pueblo. Su programa en defensa de los artesanos y del pueblo trabajador también se inscribe dentro de la concepción del reformismo burgués. En síntesis, la Sociedad de la Igualdad fue la primera organización reformista con base popular en el artesanado que intentó esbozar un programa de contenido democrático-burgués. Sus ilusiones en lograr cambios por medio de la educación popular, de peticiones al gobierno y proyectos de ley que favorecieran a los sectores populares, no le permitieron concebir ni crear una estructura para enfrentar la represión del gobierno. Sin embargo, la dinámica del proceso condujo a la Sociedad de la Igualdad a superar sus declaraciones escritas en torno a la no participación en política y a los métodos no violentos de lucha, como lo demuestra el destacado papel jugado por sus miembros en el proceso revolucionario de 1851. La Sociedad de la Igualdad no solo fue la organización precursora de los movimientos políticos reformistas, sino también el centro de formación de cuadros que pronto dieron origen al movimiento mutualista chileno del siglo pasado.

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capítulo iv. Las Guerras Civiles de 1851 y 1859

La Guerra Civil de 1851 La guerra civil de 1851 echa por tierra uno de los tantos mitos fabricados por los ideólogos burgueses que han tratado de presentar a Chile como un país evolutivo, pacífico y exento de revoluciones. Uno de los más caracterizados portavoces de esta mistificación ha llegado a sostener que “por noventa años existió aquí la continuidad en el orden jurídico y una verdadera tradición política, cuyos cambios o mejor dicho evoluciones, se produjeron en forma gradual, pacífica, lógica, y presentaron, por tanto, un carácter mucho más europeo que hispanoamericano”.290 Una historia de los movimientos revolucionarios chilenos –aún por hacerse– demostraría la falsedad de este juicio interesado de un ideólogo de la clase dominante. Basta enumerar acontecimientos irrefutables, como los enfrentamientos armados de 1823 a 1830, las guerras civiles de 1851, 1859 y 1891, los movimientos revolucionarios de 1924-25 y 1931-32, además de tres siglos de guerra mapuche y las múltiples rebeliones obreras, campesinas y mineras, para comprobar que la imagen de un Chile pacífico y evolutivo no corresponde a la realidad histórica. La guerra civil de 1851 fue la expresión violenta de las contradicciones que se habían acumulado en la sociedad chilena de mediados del siglo pasado. El relativo desarrollo del capitalismo criollo –que no fue industrial como en Europa sino productor de materia prima para el mercado exterior– puso de relieve algunos sectores de clase, como la burguesía minera del Norte Chico, que se había generado durante la Colonia, y otros de reciente formación, como los exportadores y habilitadores de Valparaíso, los molineros y mineros de la zona de Concepción, la pequeña burguesía urbana, los artesanos y el proletariado minero y carrilano (que trabajaba en la construcción de las vías férreas de nuestro primer ferrocarril). La nueva estructura social fue determinando conflictos interburgueses y agudizando la lucha de clases entre los patrones y los trabajadores proletarios y artesanos. En la década de 1830-40 se produjeron varias rebeliones mineras, como la de 1834 en el mineral de plata Chañarcillo. Posteriormente, “en 1847 –narra Roberto Hernández– 290

Alberto Edwards. La Fronda Aristocrática, p. 12, Ed. del Pacífico, Santiago, 1952.

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cuando la inundación de la plata en Copiapó subía a límites fantásticos, llegó a temerse un alzamiento general de modo que el gobierno mandó un destacamento a guarnecer esos parajes. Los rumores que han circulado en el departamento, decía “El Copiapino” en su editorial de 4 de mayo de 1947 sobre el asalto intentado contra algunas minas de Chañarcillo, no ha sido una falsa alarma, como habíamos creído al principio, sino un hecho efectivo que no ha llegado a realizarse, merced a la casualidad que hizo descubrir con anticipación las siniestras intenciones de los que debían perpetrarlo. Los célebres criminales Perines, Flores y Agüero –sigue el diario nortino– habían formado el plan depravado de seducir a algunos jornaleros con el objeto de atacar principalmente las minas “Descubridora” y “Reventón Colorado” para apoderarse del armamento que en ellas tienen sus dueños, y provocando en seguida la rebelión al resto de la peonada”.291 Los artesanos, cuya importancia política había crecido al adquirir el derecho a voto y al integrar la guardia cívica, redoblaron sus protestas gremiales. Hacia 1850, sus aspiraciones fueron interpretadas por la Sociedad de la Igualdad, movimiento social de avanzada creado por Francisco Bilbao y Santiago Arcos. La Sociedad de la Igualdad tuvo varias filiales en provincias y realizó numerosas concentraciones públicas, como la de Santiago en octubre de 1850, que alcanzó a reunir unos 3.000 manifestantes. La nueva fisonomía social de Chile había comenzado a plasmarse en el plano ideológico con la generación literaria de 1842 que promovió líderes de la talla de un Lastarria y un Vicuña Mackenna, quienes esbozaron un programa democrático que comenzó a prender en los sectores burgueses liberales y a calar hondo en la clase media urbana. La nueva intelectualidad fue notoriamente influida por la revolución francesa de 1848, como lo atestiguan los documentos y diarios de la época. Los redactores del periódico liberal La Reforma expresaban en un artículo titulado “Chile y la Revolución Francesa”: Se ha dicho que en Chile no había patriotismo ni opinión y se han engañado, faltaba solamente una palanca que la removiese, un acontecimiento grande y sublime que nos sacudiera, para presentarnos tan patriotas y republicanos como cualquiera otro pueblo de la tierra. Los últimos acontecimientos de la Francia, que han tocado como un rayo en Alemania y amenazan todos los poderes despóticos de la Europa, han dispuesto aquel entusiasmo ambiente, que se sintió en los grandes y gloriosos días de nuestra revolución de independencia.292

Un folleto gobiernista, firmado por Juan F. Fuenzalida de fecha 21 de abril de 1851, manifestaba: la oposición formó “sociedades populares, invocando el nombre de la igualidad, y excitando el odio entre ricos y los pobres (…) Un individuo que había salido niño imberbe de Chile, vuelto apenas entrado a la edad adulta, traía desde 291 292

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Roberto Hernández. El Roto Chileno, pp. 71-72, Valparaíso, 1928. La Reforma, Nº1, Archivo Vicuña Mackenna, Vol. 33, pieza 1.

Francia la idea de hacer en su país un remedo de barricadas, de revolución de febrero, de sociedades y de clubs populares”.293 No solamente Arcos –que es el “individuo” al cual se refiere el autor del folleto mencionado anteriormente– compartía las nuevas ideas sociales europeas, sino que numerosos intelectuales chilenos ya se habían adherido a los principios políticos del romanticismo social francés. Daniel Riquelme comentaba: “En esa época todos vivíamos en la atmósfera heroica creada a orillas de este manso Mapocho por los Girondinos de Lamartine, libro que se vendía como pan caliente, a seis onzas de oro (…) Había que proceder a la francesa, contruyendo barricadas, y de esto se hizo cargo el autor de la idea, Bilbao, que las traía frescas de París”.294 La crisis económica mundial de 1848, que también afectó la exportación de las materias primas chilenas, fue el telón de fondo del proceso revolucionario de 1851. En 1849, la situación económica de Chile era crítica: Las rentas obtenidas por los derechos de internación y exportación habían producido ciento sesenta y dos mil pesos menos en 1848 que el año precedente (…) el mercado de todos los puertos chilenos se encontró desurtido; bajó considerablemente el precio de todos los artículos de producción en el país, y el comercio de tránsito se resintió de una paralización casi completa. Las minas de cobre que reportaban grandes ganancias a la industria particular se paralizaron o bien se acumulaban los metales que no podían transportarse.295

La repercusión de la crisis internacional de 1848 en Chile puso de manifiesto el carácter dependiente del país, cuya producción fundamental –las materias primas– quedaba sujeta a las fluctuaciones del mercado mundial controlado por las metrópolis. Los impuestos a la minería decretados por los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, representantes de la burguesía comercial y terrateniente, afectaron los intereses de los empresarios mineros, agudizando los roces entre los distintos sectores de la clase dominante. Mientras reiterados decretos aumentaron los derechos de exportación de los productos mineros, una ley de 1840 declaraba exentos de estos impuestos al trigo y la harina. El mismo año en que se dictaba esta ley, que favorecía los intereses de los terratenientes, se reafirmaba el impuesto del 6% a la exportación de minerales. El 18 de diciembre de 1840 se impusieron nuevos gravámenes a la minería, como el 1 ½ a la exportación de mineral de cobre en bruto, calcinado o en eje, impuesto que fue elevado al 4% por la Ordenanza de Aduanas del 23 de agosto de 1851, un mes antes del estallido de la guerra civil. Estas disposiciones acrecentaron el descontento de la burguesía minera del Norte Chico. 293 294 295

Archivo Nacional. Arch. Vicuña Mackenna, Vol. 35, pieza 4. Daniel Riquelme. La Revolución del 20 de abril de 1851, pp. 65 y 118, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1966. Antonio Yñiguez Vicuña. Historia del período revolucionario en Chile, 1848-1851, p. 416, Santiago, 1906.

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Una de las motivaciones fundamentales que impulsaron el levantamiento de 1851 fue la postergación de las provincias por la capital. El centralismo de Santiago ya había originado la crisis de poder en el período denominado “anarquía” o “federalisrno” y que nosotros preferimos denominar rebelión de las provincias. Los gobernantes de los decenios, tras una apariencia de unidad nacional, continuaron favoreciendo los intereses de los terratenientes y de la burguesía comercial de la zona central. Las provincias del Norte Chico y de la zona de Concepción –que a mediados del siglo pasado tenían más población que Santiago– protestaban porque la capital se quedaba con la parte del león de las entradas aduaneras y fiscales de la Nación y no las repartía proporcionalmente a la riqueza que entregaban las provincias. El descontento de las provincias estaba plenamente justificado porque Concepción era un importante centro de producción triguera y molinera y el Norte Chico proporcionaba todas las entradas fiscales provenientes de la exportación de los productos mineros, que constituían la base de la riqueza del país. El conjunto de intereses contrapuestos dio origen a un movimiento de oposición heterogéneo y policlasista. De burgueses mineros que protestaban por los nuevos impuestos al cobre y a la plata, de trigueros y comerciantes afectados por la crisis económica mundial, de una pequeña burguesía y un artesanado urbano que reclamaban derechos democráticos; de trabajadores del campo y las minas afectados por el sistema social de explotación. La guerra civil de 1851, iniciada como pugna interburguesa, cambió de fisonomía social con la incorporación masiva a la lucha de obreros y artesanos. El carácter policlasista del movimiento, que unía en un amplio frente a sectores burgueses con explotados, sufrió una prueba de fuego cuando los campesinos, obreros y artesanos comenzaron a ocupar minas y fundos. Ante esta agudización de la lucha de clases, que podría sobrepasar los planes de la burguesía opositora, más de un capitalista “democrático” y liberal se pasó a las filas del gobierno, que al fin de cuentas por encima de su autoritarismo “conservador” garantizaba el orden y el respeto a la propiedad privada. Montt era apoyado por la burguesía comercial y terrateniente de la zona central y por los comerciantes extranjeros residentes en Chile. En un folleto publicado para respaldar la candidatura de Montt, el exiliado argentino Domingo Faustino Sarmiento expresaba: Waddington necesita seguridades de paz para llevar adelante su magnífica empresa, para derramar millones en el interior y facilitar la exportación de los cereales del país (…) Nacionales o extranjeros apoyan a Montt con su influjo, con sus pesos, porque Montt es para ellos la seguridad individual, Montt es la tranquilidad pública, la autoridad, la buena fe administrativa.296 296

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¿A quién rechazan y temen? A Montt. ¿A quién sostienen y desean? A Montt. ¿Quién es entonces el candidato? Montt. Santiago 5 de noviembre de 1850. En Archivo Vicuña Mackenna, vol. 35, pieza 8.

El desarrollo de la guerra civil Ante el fracaso de la rebelión de Aconcagua en noviembre de 1850, en la que tuvo activa intervención la Sociedad de la Igualdad, y la derrota del motín de Santiago el 20 de abril de 1851, en el que participaron la intelectualidad liberal, los igualitarios de Arcos y Bilbao y el batallón “Valdivia” al mando de Pedro Urriola, la oposición levantó la candidatura presidencial del general Cruz en mayo de ese año para evitar el continuismo político de los conservadores. El fraude montado por el gobierno de Bulnes hizo fracasar la tentativa electoralista liberal, facilitando el ascenso al poder de Montt. Agotadas las posibilidades legales, la oposición provinciana, a pesar de las vacilaciones de los liberales santiaguinos, desencadenó la guerra civil en septiembre de 1851. El Norte Chico se constituyó en uno de los principales focos revolucionarios. La Sociedad de la Igualdad de La Serena, orientada por el tribuno Pablo Muñoz y el periodista Juan Nicolás Álvarez, había contribuido de manera decisiva al triunfo de la oposición en esa zona en las elecciones presidenciales de junio de 1851. No obstante haber sido prohibida por el Intendente Melgarejo el 13 de julio de 1851, realizaba asambleas en el Cerro de la Cruz y seguía agitando sus principios sociales. Vicuña Mackenna describía una de estas asambleas en los siguientes términos: Yo contemplé una tarde aquella escena enteramente nueva y que producía una impresión viva y desconocida. Oía desde la distancia la voz vibrante del joven tribuno, quien, al estilo de Bilbao, cuyas arengas había él admirado en los clubs igualitarios de Santiago, invocaba en su inspiración los preceptos evangélicos, el nombre de Jesucristo, supremo libertador, y las teorías de igualdad social que la filosofía sansimoniana había puesto de moda.297

Dos meses antes de la rebelión, habían llegado a La Serena los dirigentes liberales Benjamín Vicuña Mackenna y José Miguel Carrera, hijo del caudillo de la independencia, que “tuvo por cuna el toldo de un montonero y vio la primera luz en las soledades salvajes de un desierto lejano de su patria (…) Restituido a su patria, fue nombrado edecán de honor del presidente Pinto, pero el aire de los despachos sofocaba su pecho adolescente, que tempranas emociones había inflamado (…) Nunca le vimos figurar en la política de su país. Pero cuando la política fue solo un nombre y la revolución era el hecho de esa política, él fue el primero en prestarle su brazo, su nombre y más que todo, su patriotismo. Comprometido en todos los planes de insurrección organizados desde mediados de 1850 en Valparaíso, en Aconcagua y en la capital fue, con el coronel Urriola, el más inmediato actor de la jornada de abril, cuyo desenlace arrastróle a un calabozo”.298 297

298

Benjamín Vicuña Mackenna. Historia de los Diez años de la Administración de D. Manuel Montt. Levantamiento y Sitio de La Serena, p. 50, Imp. Chilena, Santiago, 1862. Ibid., pp. 91 y 92.

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La rebelión se inició el 7 de septiembre de 1851. Trescientos miembros de la Sociedad de la Igualdad, dirigidos por Pablo Muñoz, los carpinteros José María Covarrubias y Rafael Salinas, el sastre Manuel Vidaurre y el herrero Ríos, armados de revólveres, puñales y garrotes, lograron apoderarse de los cuarteles. La insurrección –narra Vicuña Mackenna– se hizo general en todo el pueblo. Corrían por todas las veredas, los soldados de la guardia nacional, los jóvenes de los colegios, niños vagos de la calle, grupos de campesinos a caballo, mineros que habían bajado la víspera al pagamento del sábado. Los arrieros mismos y los vendedores de legumbres dejaban sus cabalgaduras y corrían por las veredas, haciendo sonar sus espuelas y hasta los soldados de la guarnición del Yungay, se metían al cuartel de cívicos y pedían un fusil, sin que les importara medirse con sus camaradas, si éstos no habían de estar en ese día en las filas del pueblo.299

La insurrección dio origen a un organismo de poder popular, refrendado con el nombre de Consejo del Pueblo por un decreto firmado el 9 de septiembre por José Miguel Carrera, elegido nuevo Intendente de La Serena. Una de las primeras medidas fue organizar las milicias en base a 300 cívicos y 200 mineros. En cuanto a los recursos propios de La Serena, era preciso dejar para su defensa el batallón cívico, que constaba hasta de seiscientas plazas y que era el único centro de una combinación militar respetable, de manera que no quedaban libres para alistarse sino los hombres sueltos del pueblo, como los jornaleros de la población, los changos de la costa y los gañanes de las faenas de hornos de fundición cuyo número por más que se abultase, no podría pasar de 4.000 hombres. Este núcleo de combatientes y aun una cifra mayor, corrió, sin embargo, a las armas, mas a falta de éstas, solo los servicios de un tercio de voluntarios fueron admitidos. En cambio de esta esterilidad completa de elementos de guerra, abundaba un poder altamente belicoso, pero hasta cierto punto innecesario, si bien noble y brillante: era éste la juventud, la fuente y la palanca de las insurrecciones.300

Los insurgentes requisaron el barco “Fire Fly” en la rada de Coquimbo. El gobierno de Montt aprobó el bloqueo de este puerto por la escuadra británica. Antonio Varas, como Ministro de Relaciones Exteriores, autorizó este atentado contra la soberanía de nuestra bandera en el Pacífico y la inviolabilidad de las puertas de la República. Premunido de este privilegio deshonroso para la nación, el cónsul inglés en Valparaíso hizo fijar un cartel en la Bolsa de aquel puerto, que se publicó en El Mercurio el 29 de septiembre de 1851 en el cual se anunciaba el bloqueo de Coquimbo por los buques británicos.301 299 300 301

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Ibid., pp. 75 y 76. Ibid., p. 105. Pedro Pablo Figueroa. Historia de la Revolución Constituyente, p. 35, Santiago, 1889.

La intervención inglesa en los asuntos internos de Chile no se limitó al bloqueo sino que llegó a exigir el pago de diez mil pesos a los revolucionarios de La Serena. En un oficio del 13 de octubre de 1851 dirigido al Intendente de Coquimbo, el comandante de la fragata “Thetis” manifestaba: Cumpliendo con las instrucciones del contraalmirante Moresby, comandante en jefe de las fuerzas navales de S. M. Británica en el Pacífico, pido el depósito inmediato de diez mil pesos para compensar los daños y pérdidas por detención causadas al vapor británico “Fire Fly” y tengo que avisar a Ud. para la información de todas las personas que conspiraron en apoderarse de dicho vapor “Fire Fly” que si la demanda arriba mencionada no se efectúa inmediatamente el almirante británico tomará las medidas necesarias para conseguir la garantía correspondiente. Fdo. Capitán Augusto Wimper.302

Con el fin de allegar fondos para el movimiento, un joven revolucionario de apellido Ruiz apresó a los burgueses Vicente Subercaseaux y Segundo Gana, quienes iban a bordo del vapor “Bolivia” de la Pacific Steam en viaje a Copiapó, y les exigió la entrega de documentos por valor de 40.000 pesos.303 Los revolucionarios ocuparon Elqui, Huasco, Ovalle, Combarbalá e Illapel, donde se vieron obligados a retroceder ante el avance del ejército gubernamental, que obtuvo una significativa victoria en Petorca. A mediados de octubre, La Serena fue sitiada por el Ejército del gobierno de Montt. Se levantaron barricadas y se pusieron minas explosivas o “infiernillos”, como se denominaba a los paquetes de pólvora que hacían volar a los soldados enemigos. Según Agustín Edwards, “las fuerzas de los sitiados no pasaban de 600 hombres de los cuales 100 eran ‘changos’ (indios), 300 del batallón cívico y 200 mineros sublevados en el mineral de Brillador, que un tal Gaete había logrado traer de refuerzo a los sitiados”.304 Sin embargo, los revolucionarios lograron rechazar tres ataques en noviembre. Un activo participante de estos hechos, relataba: “Desde el ocho al diez y siete de diciembre, permanecieron los enemigos más encarnizados todavía. En este último día una pequeña fuerza de los republicanos, saliendo de sus trincheras, como a las cuatro de la mañana, dieron con una división de la caballería enemiga y la batieron”.305 Los revolucionarios pudieron resistir tan largo asedio porque contaron hasta el final con el respaldo popular, como lo evidencia una comunicación de principios de diciembre del coronel Vidaurre al gobierno: “Es doloroso, pero al mismo tiempo es preciso confesar que con excepción de poquísimas personas de esta ciudad y su departamento, son muy raras las que prestan la más débil cooperación a

302 303 304 305

Archivo Nacional Vicuña Mackenna, Vol. 151, pieza 1. Francisco Encina. Historia de Chile, XIII, 95, Stgo., 1952. Agustín Edwards. Cuatro Presidentes de Chile, T. I. p. 121, Valparaíso, 1932. Santos Cavada. La Revolución de 1851 en La Serena, Archivo, Vicuña Mackenna, Vol. 158, f. 214.

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favor de la causa pública”.306 Después de casi tres meses de enconada resistencia, los insurgentes de La Serena se vieron obligados a capitular. Mientras tanto, los obreros mineros de El Tamaya, al mando del agitador social Francisco Sensano, marchaban sobre Ovalle el 12 de diciembre. Elso Prado, al frente de los mineros y campesinos, ocupaba las haciendas y la ciudad de Illapel. El 9 de diciembre, los trabajadores mineros, dirigidos por Muñoz y Lagos, ocupaban el valle del Elqui, mientras sus compañeros de Chañarcillo se apoderaban del mineral. Estos hechos muestran que los trabajadores mineros y campesinos lograron durante cerca de dos meses el control de importantes zonas del Norte Chico, agudizando la lucha de clases contra los patrones que en un primer momento actuaron como opositores al gobierno. En Valparaíso, la insurrección fue acaudillada por el franciscano José María Pascual, quien obtuvo el apoyo de unos 200 artesanos. El 28 de octubre, el cura Pascual logró tomar el cuartel del batallón 2, distribuir las armas al pueblo y organizar guerrillas en los cerros del puerto. El intendente Blanco derrotó a los revolucionarios después de una cruenta lucha en la que cayeron 13 muertos y 32 heridos del Ejército y una cantidad nunca declarada de rebeldes. Días antes, el 14 de octubre, una montonera campesina había intentado apoderarse de San Felipe. La rebelión también estalló en la zona austral del país, cuando un grupo de militares de la guarnición de Magallanes se amotinó al mando del teniente José Miguel Cambiaso y de algunos sargentos del regimiento “Valdivia”, confinados a esa zona en castigo por haber participado en el motín de Santiago del 20 de abril de 1851. El 17 de noviembre los rebeldes de apoderaron del barco norteamericano “Florida” y del bergantín inglés “Elisa Cornick” que estaban fondeados en Magallanes. “Era el intento de Cambiaso valerse de dos buques a su disposición para trasladarse en ellos con todos los habitantes de la colonia a algunos puertos del sur, que suponía en poder de los revolucionarios”.307 El gobierno de Montt recurrió nuevamente a la escuadra inglesa y el 20 de enero de 1852 los amotinados fueron apresados en la boca occidental del Estrecho de Magallanes. El proceso revolucionario alcanzó su apogeo en Copiapó, donde los sectores populares se mantuvieron en el poder desde el 26 de diciembre hasta el 8 de enero de 1852. Los obreros carrillanos se constituyeron en el baluarte de la insurreción. Se apoderaron del ferrocarril, que había sido inaugurado el día anterior al estallido revolucionario, e impidieron el traslado de tropas enemigas cortando las vías férreas de Caldera a Copiapó. Esta ciudad cayó el 26 de diciembre en poder de los sectores populares, quienes con las armas expropiadas de los cuarteles comenzaron a organizar el Ejército de los Libres. 306 307

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Agustín Edwards, op. cit., I, 125. Alberto Edwards. El gobierno de don Manuel Montt, p. 112. Ed. Nascimiento, Santiago, 1932.

Los revolucionarios nombraron como nuevo intendente a Bernardino Varaona y exigieron contribuciones forzosas a los elementos burgueses de la zona. Una comunicación del 28 de diciembre de 1851 manifestaba: habiéndole establecido que “todos los individuos pudientes de esta población contribuyan con alguna cantidad para pago y mantenimiento de las tropas y demás gastos de esta administración, ha cabido a Ud. la suma de $ 5.000 que se servirá remitir a esta intendencia en el término de 24 horas”.308 Los rebeldes publicaron un periódico que llevaba el sugestivo nombre de El Diario de los Libres. En el Nº 2 del 30 de diciembre, aparecía un documento en el que el gobierno revolucionario mostraba su decisión de hacerse cargo de la administración del primer ferrocarril chileno: Atendiendo a que los ingenieros y principales directores del Ferro-Carril se han ausentado del Puerto de Caldera dejando abandonado el trabajo y paralizando el tránsito que proporcionaba la cómoda y ventajosa comunicación de esta ciudad con aquel puerto, con cuyo procedimiento desconceptúan al gobierno actual de la provincia, he venido en acordar y decreto: 1º Se comisiona a D. Alberto Blest, para que ejerza el cargo de director de la empresa y tesorero de ella. 2º Continúan corriendo y haciendo los viajes de ida y vuelta diariamente desde Caldera a esta ciudad. 3º El ingeniero extranjero o trabajador de la empresa que no se prestare a desempeñar en sus destinos, sufrirán la pena de una multa al arbitrio de esta Intendencia, y se les considera como cómplices enemigos que atacan al Gobierno de los Libres. Fdo Bernardino Varaona.309

El 27 de diciembre, para contrarrestar el boicot iniciado por los comerciantes acomodados, el gobierno revolucionario decretaba: “que se abran los almacenes, las tiendas, despachos y demás establecimientos públicos. El dueño de los establecimientos que estando en esta población se oculte o permanezca en este estado hasta las doce del día, se declara cómplice ligado con los que atentan contra el Gobierno de los Libres. Publíquese por bando, fíjese o imprímase en el Diario de los Libres”.310 Ante el inminente ataque del Ejército Gubernamental, el 31 de diciembre El Diario de los Libres expresaba la disposición popular para el combate: “La actual administración perfectamente defendida por los mil hombres que morirán antes de ser vencidos; mayormente cuando el pueblo goza de una seguridad envidiable y en circunstancias que, una necesidad imperiosa suprema, ha puesto las armas en las manos del ciudadano para restablecer sus derechos”.311 Los revolucionarios conservaron el poder hasta el 8 de enero de 1852, fecha en que fueron derrotados en Linderos por la división al mando de Victorino Garrido. La experiencia de Copiapó marca un hito fundamental en la historia social de Chile 308 309 310 311

Archivo Nacional. Archivo Vicuña Mackenna. Vol. 30, pieza 4. El Diario de los Libres, Nº 2, 30 de diciembre de 1851, Copiapó. Citado por Roberto Hernández: El Roto Chileno, p. 82, Valparaíso, 1928. El Diario de los Libres, Nº 3, 31 de diciembre de 1851, Copiapó.

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porque constituye el primer ejemplo de toma del poder por sectores populares de una zona importante de la República. La Revolución de 1851 tuvo en algunas regiones un definido carácter de insurrección popular armada. La combatividad de los trabajadores chilenos hace recordar el papel que jugaron los obreros dirigidos por Roux y Leclerc en la Revolución Francesa de 1789 y los “levelers” de la Revolución Inglesa del siglo XVII. Así como éstos fueron más allá de los límites sociales fijados por Robespierre y Cromwell, los trabajadores chilenos sobrepasaron en ciertos momentos el moderado programa democrático de la burguesía liberal.

La guerra civil en la zona de Concepción y la Frontera A mediados del siglo pasado, la clase dominante de la provincia de Concepción estaba contituida por los terratenientes, dedicados básicamente a la producción triguera, los industriales molineros y una incipiente burguesía comercial en Talcahuano y Tomé. Los empresarios mineros recién iniciaban la explotación carbonífera de Lota; en estrecha conexión con la burguesía minera del Norte Chico, habían instalado una fundición de cobre en Lirquén. Los sectores populares estaban integrados fundamentalmente por los artesanos. Un débil proletariado comenzaba a nacer en las empresas carboníferas. Los estratos medios, compuestos por pequeños comerciantes, algunos profesionales, empleados públicos y militares del Ejército de la Frontera, completaban la estratificación social penquista. La contradicción capital-provincias era manifiesta en Concepción desde las guerras de la Independencia. El levantamiento de Freire en 1823, que precipita la caída de O’Higgins, fue una expresión relevante de una serie de movimientos de oposición de la ciudad penquista al centralismo de la capital durante la década de 1820-30. Esta contradicción continúa en la época de los decenios. El periódico penquista Eco Nacional se hacía portavoz del descontento de las provincias al manifestar en un artículo de 1846: la oposición “pretende libertar al país del insondable abismo que le amenaza, que se corrijan los abusos, que no se descuide a las provincias y particularmente a la nuestra hasta el estado en que se halla”. Otro periódico de Concepción, El Correo del Sur, denunciaba pocos días antes del estallido revolucionario la opresión que ejercía la capital sobre las provincias: “¿Dónde está la revolución? La Revolución está en las provincias oprimidas por los mandatarios que el ministerio ha elegido para perpetuar su afrentosa dominación”.312 El periódico La Unión, comentando el apoyo del Norte Chico a la candidatura presidencial del general Cruz, señalaba alborozadamente: “La vida de las provincias comienza ahora…” 312

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El Correo del Sur, Nº 100, agosto 23 de 1851, Concepción.

Varios años antes de la revolución de 1851, la zona de Concepción era un foco opositor al gobierno de Bulnes. A mediados de la década de 1840, la oposición penquista redoblaba su campaña política mediante la creación de numerosos periódicos. No existe ningún estudio acerca de la influencia de las ideas liberales en la sociedad penquista. Es dable suponer el influjo político del pensador venezolano de avanzada social, Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, cuando estuvo en Concepción durante el año 1835, a petición de José Antonio Alemparte para instalar una escuela pública. El pensamiento de uno de los más esclarecidos intelectuales y políticos argentinos del siglo pasado, Juan Bautista Alberdi, también pudo haber ejercido influencia en los círculos penquistas. Según Barros Arana, “Alberdi desempeñó en 1845 el cargo de secretario de la Intendencia”.313 El contenido de los artículos de los periódicos de Concepción demuestra que a mediados del siglo XIX ya se había gestado un grupo de intelectuales de izquierda liberal. Esto se reflejaba en las reiteradas alusiones que hacían los diarios a los movimientos democráticos europeos. La influencia de la Revolución Francesa de 1848 está presente en los artículos periodísticos bajo la forma de documentos o noticias del extranjero. El periódico La Unión, dirigido por Adolfo Larenas, miembro activo de la oposición, publicó un artículo titulado “Noticias sobre Francia” en el que insertaba un documento del Comité Central de la Resistencia, surgido durante el 48 francés, cuyo contenido debe haber inquietado a apoltronados vecinos de Concepción: Ciudadanos, ha llegado el momento de empuñar el fusil y exterminar de un extremo a otro de la Francia a los infames aristócratas. La insurrección es un derecho que pertenece al pueblo, es el único derecho que nos queda (…) No hay perdón posible, no hace falta, no debe haberlo. Ciudadanos, la República está en peligro. Pueblo de los talleres, pueblo del campo ¿qué es lo que debes hacer? Los unos te dicen: sufra hasta la última extremidad y deja marchar las cosas; los otros te dicen: Prepara la guadaña y tu escopeta, pues ha llegado el momento de levantar la cabeza; no, no hay por más tiempo. Salud y Fraternidad.314

No era la primera vez que se hacía una alusión directa a la revolución francesa de 1848, relacionándola con la coyuntura política chilena. El periódico El Correo del Sur reprodujo en Concepción una parte de la exposición de Antonio Varas con motivo del levantamiento armado de Aconcagua de noviembre de 1850: “Hay que evitar la anarquía a que se ha tratado de conducir a la República (…) La propiedad ha sido denunciada como un crimen y los propietarios señalados como delincuentes. Se ha provocado la revolución, se ha proclamado el derecho de insurrección siguiendo el ejemplo dado recientemente en Francia”.315 313 314 315

Barros Arana: Un decenio de la Historia de Chile, Tomo II, p. 104, Santiago, 1913. La Unión, 1851, Concepción. El Correo del Sur, Nº 63, año II, 7 de diciembre de 1850, Concepción.

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La candidatura presidencial del general Cruz había logrado conquistar un apoyo policlasista que abarcaba desde los artesanos hasta los terratenientes. Uno de los puntos del programa de Cruz era explicado por el diario La Unión en los siguientes términos: “La agricultura se verá muy pronto exenta del gravoso diezmo, pues hace muchos años que el general José María de la Cruz propuso que el importe del diezmo de este departamento se cubriese repartiendo la contribución proporcionalmente al valor de cada fundo; y por este medio lograba el agricultor un ahorro de la mitad de lo que se paga al día”. Al mismo tiempo, como expresión del policlasismo de este movimiento, se hacían llamados a los artesanos y se publicaban resoluciones de sociedades artesanales en apoyo a la candidatura del general Cruz. Otros redactores trataban de establecer una mayor diferenciación política de clases: “Si hay alguna influencia que predomine en Chile, si hay una clase que puede hacer sombra a la libertad, si hay una dictadura que haya oprimido a su antojo a la nación esa influencia, esa clase, esa dictadura, es la de los grandes propietarios que hace veinte años que gobiernan al país a su antojo”.316 El apoyo al general Cruz fue casi unánime en la provincia de Concepción, como lo demuestran los resultados de las elecciones presidenciales: 2.011 votos para Cruz y 142 para Montt. A pesar de que Concepción dio 21 electores para Cruz y el amplio triunfo de la oposición en el Norte Chico, el fraude electoral consagró a Montt presidente de la República. En mayo de 1851, llegó a Concepción el liberal Pedro Félix Vicuña, caudillo de anteriores movimientos populares, escritor fogoso, pero de escasas dotes oratorias. “Para suplir esta deficiencia se valía de los servicios de un cura, Sierra, dotado de una facilidad pasmosa de palabra y reputado como hombre elocuentísimo. Vicuña, con su pluma, y el cura Sierra con su palabra, levantaron en poco tiempo a su diapasón más alto el ardor revolucionario de los habitantes que entonces tenía Concepción”.317 Según Vicuña Mackenna, don Pedro se convirtió en el más ardiente “sectario” de la revolución armada. El gobierno intentó abortar el movimiento penquista separando al general Cruz de su cargo de Intendente de Concepción y nombrando en su reemplazo al general Viel el 20 de junio. Las vacilaciones del general Cruz retardaron el estallido revolucionario en Concepción. Esta actitud era la resultante de una posición ambigua frente al gobierno y del temor a ser desbordado por los sectores populares. El general Cruz, de una ideología conservadora revestida por una pseudo capa liberal, muy respetuoso del “orden y la ley”, había prometido respaldar la constitucionalidad, como se deduce de su correspondencia con Antonio Varas.

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El Correo del Sur, Nº 75, marzo 1º de 1851, Concepción. Agustín Edwards. Cuatro Presidentes de Chile, Tomo I, p. 63, Valparaíso.

El inicio del movimiento fue precipitado el 13 de septiembre por la llegada del vapor “Arauco”, al que se le atribuía la misión de apresar por orden del gobierno a los opositores y reemplazar a los militares dudosos del Ejército de la Frontera. Sectores liberales, encabezados por el general Baquedano, apresaron al vapor “Arauco” en la rada de Talcahuano y se incautaron de 19.200 pesos. Un mitin popular, dirigido por Pedro F. Vicuña y José Antonio Alemparte, resolvió sustituir de hecho a las autoridades partidarias de Montt. Es inexacta la aseveración de Encina318 y de Agustín Edwards319 de que ese mismo día fue nombrado un nuevo Cabildo. La convocatoria a elección de autoridades recién se hizo el 12 de octubre y no por la simple lectura de una lista de candidatos, como afirma Encina, sino mediante una elección democrática en la que tuvieron derecho a voto, por primera vez, todos los hombres, sin necesidad de poseer un bien raíz como establecía la Constitución de 1833. El Bando del 12 de octubre en que se convocaba al pueblo a elegir un nuevo Cabildo establecía: “Para que esta elección sea lo más popular posible se admitirán en la mesa receptora los votos de todo individuo desde la edad de veintiún años para arriba”.320 El movimiento se extendió rápidamente a Rere, Quirihue, San Carlos, Parral, Linares, Cauquenes, Santa Juana y Hualqui. El 7 de octubre, los vecinos de Chillán resolvían: Adhiriéndonos en todo al pronunciamiento libre y espontáneo de las Provincias de Concepción y Coquimbo, declaramos solemnemente y con la misma espontaneidad roto el pacto social, retirando desde luego los poderes conferidos a los representantes al Congreso nombrados por esta Provincia y demás autoridades, reasumiendo en todo nuestros derechos soberanos.321

El Boletín del Sur del mes de octubre anunciaba en su sección “Últimas Noticias”: “El General Cruz llegó a Los Angeles el 5 del corriente, donde fue recibido con grande entusiasmo. El batallón Carampangue, la Guardia Nacional, y como tres mil vecinos salieron a recibirle a cuatro o cinco cuadras del pueblo… En Hualqui y en Rere recibió el general iguales manifestaciones.322 El movimiento iniciado en Concepción se extendió a la zona indígena. Importantes sectores de tribus mapuche se plegaron al proceso revolucionario de 1851, con el fin de recuperar sus tierras y con la perspectiva de obtener ganado como parte del botín de guerra, objetivos que perseguían los mapuche desde la época colonial. La relación de algunas tribus con los jefes crucistas del Ejército del Sur tenía antecedentes en antiguos 318 319 320

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Encina, XII, 658. Agustín Edwards, op. cit., I, 71. Boletín del Sur, Colección de Decretos, Providencias y demás documentos relativos a la Resolución del 13 de septiembre de 1851, Nº 7, p. 51, Concepción, 1851. Ibid., Nº4, p. 30. Ibid., Nº 3, p. 24.

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compromisos contraídos por los caciques con los gobiernos republicanos después de las guerras de la independencia. Los negocios establecidos entre los “capitanes de amigos” y los jefes de las tribus fueron soldando una relación que, en última instancia, era la expresión dinámica de la penetración del capital comercial. Los comerciantes, además de obtener suculentas ganancias en el intercambio de artículos manufacturados por ganado y trabajos de artesanía fabricados por los indígenas, corrompían a los caciques, promoviendo el alcoholismo mediante la introducción masiva de vinos y aguardientes. Las relaciones comerciales fueron acentuando el “jefismo” del cacique o “principal” y minando las bases esenciales de la comunidad primitiva. El general Cruz, en su calidad de Jefe del Ejército de la Frontera, había entablado estrechas relaciones con los caciques mapuche. El comandante Eusebio Ruiz, en nombre del nuevo gobierno de Concepción, obtuvo el apoyo de numerosas tribus. El Boletín del Sur informaha en octubre de 1851: Se escribe de Nacimiento que el día 5 del corriente se presentaron al comandante Eusebio Ruiz, los caciques Pichum, Pinolevi, Colipí, Monebi, Güenupil, Calbun, Tragumil y otros, ofreciendo sus servicios y su gente para acompañar al general Cruz en la campaña que se va a emprender (…) Parece que el ofrecimiento era de dos mil lanzas que valen por un ejército.323

Otras tribus permanecieron indiferentes a esta guerra civil entre blancos. Algunos mapuche se ubicaron en una posición contraria al movimiento crucista, sobre todo los que estaban bajo la influencia de José Antonio Zúñiga, antiguo miembro de la guerrilla de los Pincheira, que había sido nombrado Comisario General de Indios por el gobierno de Manuel Montt. Con el objeto de consolidar su control sobre la zona mapuche, el general Cruz había designado un nuevo representante ante los indígenas, refrendado por el siguiente decreto: Nombramiento de Lengua General de Indígenas. Cuartel General de los Libres. Concepción 27 de septiembre de 1851: Atendiendo a los partes recibidos de la Frontera y hallarse preso el Comisario D. José Antonio Zúñiga por pretender mover a los indios contra las plazas fronterizas y para no prestar obediencia a las autoridades nuevamente creadas por los pueblos; y siendo por este motivo necesario, para la quietud de dichos indígenas y para mantener las relaciones amistosas con los Caciques, el proveer a esta necesidad inmediatamente, con las facultades que me han conferido las provincias de Concepción y Coquimbo de Jefe Supremo de Armas del Ejército Restaurador, vengo en nombrar al Capitán de amigos D. Pantaleón Sanches, Lengua general de indígenas con el sueldo de doscientos cuarenta pesos anuales que se le abonarán por la Tesorería Provincial de Concepción.324 323 324

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Ibid., Nº 3, p. 24. Ibid., Nº 5, p. 38.

A fines de octubre, los crucistas habían logrado el control de la zona de la Frontera y el apoyo de varios caciques. El general Cruz “ha contado –señalaba el Boletín del Sur– con poderosos auxiliares entre los principales caciques araucanos, quienes se han mostrado de la manera más decidida, la amistad que le profesan y el empeño que tienen por el triunfo de la santa causa que patrocina. Entre éstos el cacique Maguil ha sido su más entusiasta partidario. En una Junta de 500 indios que tuvo lugar el 18 del presente y a que asistieron varias personas de Los Angeles, envió Maguil con los comisionados del general un recado poco más o menos en estos términos: Dile al General que me cuente como su verdadero amigo, que he venido a prepararle para la marcha los caciques y mocetones que me ha pedido, que mañana los tendrá en Los Ángeles. Que por Zúñiga no tenga ningún miedo, pues he mandado correos por toda la tierra para que no le consientan, ni crean tampoco sus mentiras, ni que tampoco debe recelar de que Riquelme me vuelva a engañar, porque a mí no se me engaña más que una vez”.325 Mientras tanto, en Concepción el apoyo popular se expresaba en la formación de milicias armadas, promovidas por Alemparte y Pedro F. Vicuña. Una resolución de la Intendencia establecía el 27 de octubre “que se formará en esta ciudad un Escuadrón de Caballería Cívica denominado de Concepción y se compondrá de todos los vecinos de la población que posean caballos, así como de las subdelegaciones de Nonguén y Chiguayante, del de Puchacay y hasta el río de este nombre, sin excepción de clase ni persona”.326 El joven Ramón Lara, a cargo de estas milicias, amplió el número de combatientes, reclutando unos 300 huasos de la zona. En las milicias populares también actuó la heroína penquista Rosario Ortiz, apodada “la Monche”, nacida en Concepción el 10 de octubre de 1827, periodista, vibrante oradora e incansable defensora de los derechos del pueblo. A la cabeza de los milicianos se batió “con el fusil en la mano en la batalla de Loncomilla, logrando con su audacia y arrojo tomar prisionero a un mayor gobiernista”.327 Encarcelada y perseguida después de la derrota de 1851, volverá a tomar las armas en la Revolución de 1859 y a empuñar la pluma para el periódico popular de la época El Amigo del Pueblo. Un hecho inusitado fue la formación de una milicia integrada por norteamericanos residentes en Concepción. El Boletín del Sur insertaba a fines de setiembre la siguiente noticia: Organización de una Compañía de ciudadanos de los Estados Unidos. Cuartel General de los Libres. Concepción, septiembre 27 de 1851: Habiéndose ofrecido por el órgano del Capitán de los Ejércitos de los Estados Unidos de América, don Jorge K. Buckey, la colaboración que voluntariamente y sin sueldo desean prestar muchos de sus paisanos 325 326 327

Ibid., Nº 8, p. 60. Ibid., Nº 10, p. 73. Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata: Libro de oro de la Historia de Concepción, p. 268, Concepción, 1950.

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en las filas del Ejército puesto a mis órdenes (…) vengo en acordar: 1º Admítese el ofrecimiento de que se ha hecho mérito y en su consecuencia fórmese una compañía de infantería de los voluntarios y libres “norteamericanos” que procederán a reunirse en Talcahuano y Tomé bajo la inspección del mencionado capitán Buckey. Fdo. José María de la Cruz.328

Detrás de esta colaboración, existía el interés de los Estados Unidos de aprovechar la crisis interna de Chile para sacar partido de los roces suscitados entre Inglaterra, partidaria de Montt, y los rebeldes de Concepción y La Serena, a raíz del secuestro de barcos ingleses. En la eventualidad de un triunfo de los insurgentes, Estados Unidos afianzaría sus posiciones que habían sido postergadas a favor de Inglaterra por los gobiernos de los decenios. Esto explica la simpatía que se trasluce en la correspondencia oficial intercambiada entre el cónsul de los Estados Unidos en Talcahuano y el gobierno revolucionario de Concepción. En una nota del 23 de octubre de 1851 manifestaba: “Me impuse de una comunicación de esa Intendencia, relativa al Acto Soberano del pueblo de Concepción de los días 13 y 14”; en otra nota del 30 de octubre, dirigida a Luis Pradel, secretario de la Intendencia de Concepción. decía: “Tengo el honor de reconocer el recibo de una colección del Boletín del Sur y suplico se sirva U. admitir mis expresiones de reconocimiento y estimación.329

La escuadra inglesa, que había bloqueado el puerto de Coquimbo a raíz del secuestro del barco “Fire Fly” por los revolucionarios de La Serena, volvió a inmiscuirse en los asuntos internos de Chile al recuperar para el gobierno de Montt el vapor “Arauco”, que había sido incautado un mes antes en Talcahuano. En nota del 10 de octubre dirigida al Intendente de Concepción, el capitán Paynter, del buque inglés “Gordon”, que había efectuado la operación de rescate, expresaba: Suplico a U. se sirva hacer llegar a manos del Sr. Intendente Dn. Pedro Félix Vicuña, para el conocimiento de las autoridades, que yo he apresado el vapor de guerra Arauco, por orden del contraalmirante F. Moresby, comandante en jefe. El Arauco ha sido declarado pirata por el gobierno chileno, abandonado por su dueño, está asegurado en Inglaterra y se han hecho protestas contra el capitán y parte de la tripulación por robos y pillaje de mucha importancia cometidos en súbditos ingleses (…) Cuando las autoridades de Concepción sumergieron a su país en revolución, debieron haberse guardado cuidadosamente de cometer actos de violencia y contra los extranjeros residentes en Chile.330

Indignado por la intervención inglesa, el intendente de Concepción, Pedro Félix Vicuña, llegó a manifestar: “Si estos infames gringos nos saltean en la mar, nosotros 328 329 330

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Boletín del Sur, Nº 11, p. 82. Archivo Nacional. Archivo Vicuña Mackenna, Vol. 151. Pieza 1, folios 30 y 31. Ibid., Vol. 151, pieza 1, folio 26.

debemos degollarlos en tierra”.331 En una declaración oficial de protesta, el secretario de la Intendencia, Luis Pradel, señalaba: Chile era el único punto en América que la Marina inglesa había respetado hasta hoy, pero acaba de cometer un atentado que ha sobrepasado a todos aquellos que han hecho sentir a la América Española y al Brasil, abusando de la fuerza contra el débil. En los momentos críticos y difíciles en que el pueblo no disputa en el campo de batalla a un gobierno despótico los sagrados derechos de su soberanía usurpados y ultrajados, el Almirante de la Escuadra inglesa en el Pacífico manda al vapor Gorgon a arrebatarnos de la misma bahía de Talcahuano un pequeño vapor de propiedad chilena (…) bajo el original pretexto de que el tal vapor está asegurado en Inglaterra, como si una circulación de seguros en Londres tuviera algún derecho sobre la propiedad chilena asegurada.332

Finalmente, el documento replanteaba los anhelos de unidad latinoamericana: “No está muy lejos el día en que este grande pensamiento de Bolívar que no ha sido para todos más que una poesía hasta hoy, lo veamos realizado”.333 La descarada intervención inglesa en la guerra civil de 1851 demostró que Gran Bretaña estaba dispuesta a mover a su Marina de Guerra en cualquier país de América Latina en que sus intereses pudieran ser afectados. En Chile, la escuadra inglesa apoyó al gobierno de Montt porque su política de “orden y progreso” daba garantías al desarrollo de los negocios mercantiles y financieros de la City, que podían ser trastornados por la “anarquía” de los “revoltosos” de 1851. Uno de los puntos más débiles del movimiento insurreccional de 1851 fue la falta de conexión entre los focos principales de la oposición: La Serena y Concepción. Durante el proceso de la guerra civil, los rebeldes alcanzaron a controlar extensas zonas del Norte Chico y casi todo el sur, desde Chillán hasta la Frontera, pero en ningún momento fueron capaces de coordinar una estrategia nacional de combate contra el poder central. Una carta del general Cruz del 24 de septiembre de 1851 al Intendente de Coquimbo, reflejaba esta falta de conexión: Como por las comunicaciones que he recibido no estoy perfectamente al corriente del número y demás circunstancias de las fuerzas de que puede disponer la provincia de Coquimbo; y como por otra parte no es posible calcular la dirección que tomarán los negocios a consecuencia de nuevos pronunciamientos o de resistencias inesperadas; es del todo imposible establecer por ahora un plan de operaciones militares para dirigir con acierto los movimientos que conviniera hacer en el norte. No me cansaré sí, de repetir a U.S. que creo conveniente obrar con la mayor prudencia, a fin de evitar choques y

331 332 333

Citado por Agustín Edwards: op. cit., Tomo I, p. 82. Boletín del Sur, Nº 6, p. 41. Ibid., p. 43.

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desgracias sin fruto alguno, que más bien contribuyen a enardecer los ánimos que a aquietarlos.334

Un general que en plena guerra civil insiste en evitar “choques” para “no enardecer los ánimos” desmoraliza a sus partidarios y cumple objetivamente un papel derrotista. Desde principios del movimiento de 1851, el general Cruz procuró evitar el enfrentamiento armado. A sus vacilaciones para ponerse al frente del Ejército del Sur, sucedieron sus demoras en marchar sobre el centro del país y su falta de decisión para coordinar un plan nacional estratégico con el Norte. No es extraño que partidarios del general Cruz, enterados de su parentesco con el general Bulnes, al mando del Ejército gubernamental, trataran de explicarse las vacilaciones de su jefe con la siguiente frase: “Esta es la guerra de los primos y nosotros andamos siguiendo de tontos”.335 A pesar de que contaba con el apoyo del Ejército del Sur, de importantes fuerzas indígenas y de la gran mayoría de la población de Chillán a La Frontera, el general Cruz demoró el avance sobre la zona central. No supo ni siquiera aprovechar su primera victoria sobre el ejército gubernamental en el Monte Urra. No persiguió a las tropas de Bulnes en retirada, hecho que fue aprovechado por este general para reorganizar sus filas. Pedro F. Vicuña alentaba a Cruz a avanzar sobre Santiago, pero el general se mantuvo cerca de Chillán durante el mes de noviembre cuando sus posiciones militares eran favorables para iniciar la ofensiva. El descontento comenzó a generalizarse en las filas del ejército rebelde ante las vacilaciones de su jefe. El 8 de diciembre, el general Cruz era derrotado en Loncomilla, una de las batallas más sangrientas de la historia de Chile, en la que cayeron 2.000 muertos y 1.500 heridos. Quince días después, el coronel Rondizzoni ocupaba Concepción. Terminaba así la guerra civil en la zona sur, luego de cuatro meses de lucha. En 1859, los revolucionarios penquistas, alentados por el pensamiento y la acción de la “Monche”, volverían al combate.

La Guerra Civil de 1859 La guerra civil de 1859 puso de manifiesto que las contradicciones que produjo el movimiento revolucionario de 1851 no habían sido superadas por el gobierno de Manuel Montt. La contradicción capital-provincias, de aparente sentido geopolítico, involucraba profundos intereses de clase. Era el reflejo de la lucha entre un sector de la burguesía de provincias, como la minera del Norte Chico y la triguera y molinera del sur, que se 334 335

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Ibid., Nº 5, p. 34. Agustín Edwards, op. cit., Tomo I, p. 89.

sabía productora de la principal riqueza del país; de una capa burguesa consciente de que más de las tres cuartas partes de las entradas provenientes de la exportación se debían a los productos elaborados en las provincias; de un sector burgués que protestaba contra la capital, Santiago, que prefería representar más los intereses de la burguesía comercial y de los terratenientes de la zona central que los de la Nación, porque se quedaba con la mayoría de los ingresos fiscales, realizaba obras públicas e inversiones que favorecían fundamentalmente a los comerciantes y latifundistas santiaguinos y no repartía a las provincias las rentas aduaneras y estatales en forma proporcional a las riquezas que entregaban las diferentes regiones del país. El gobierno de Montt no solo había sido incapaz de amortiguar esta contradicción sino que la agudizaba a causa de su exagerado centralismo. El abandono de las provincias del Norte Chico y de la zona centro-sur aparecía notoriamente más injusto porque precisamente en ese decenio dichas regiones habían hecho su mayor aporte a la riqueza global de la Nación. La producción de cobre y plata generada en su casi totalidad en el Norte Chico, había crecido en forma notable en comparación a décadas anteriores. En el período comprendido entre 1844 y 1860, la minería quintuplicó la producción, pasando de $ 3.600.000 a $ 18.890.000. La producción de plata subió de 33.500 kilos en 1841 a 140.000 kilos en 1856. El cobre aumentó de 9.586.549 k. en 1844 a 25.467.852 k. en 1857. Paralelamente, la industria fundidora del cobre comenzaba a surgir en la zona de Coquimbo. En el decenio de Montt estaba ya consolidada una fuerte burguesía minera, consciente de su papel en la producción total del país. En la zona centro-sur, de Talca a Concepción, el sector de terratenientes, generado durante la colonia, había logrado un vigoroso desarrollo con la explotación triguera y la nueva industria molinera. La demanda de trigo y harina de los mercados de California y Australia fue el incentivo para una relativa mecanización de las actividades agrícolas. En competencia con los industriales molineros de Tomé, Juan Antonio Pando levantó en las márgenes del Loncomilla uno de los molinos más modernos para la época, con maquinarias y técnicos importados de Estados Unidos. La exportación total de trigo del país, a la cual contribuyó en importante medida la región centro-sur, subió de 180.236 qq.m. en 1848 a 587.564 en 1855; la de harina se quintuplicó entre 1848 y 1855. La producción triguera y molinera no solo había aumentado por la demanda exterior, sino por las crecientes necesidades del Norte Chico, en pleno período de expansión y crecimiento. Los terratenientes y molineros de la zona centro-sur protestaban contra el gobierno porque las principales obras de infraestructura, como canales de regadío, puentes, caminos, etc., no se realizaban mayormente en la región sino en las zonas que beneficiaban a los latifundistas de Santiago. Los ferrocarriles del Norte Chico fueron financiados por la propia burguesía minera, sin ayuda del Estado.

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A pesar de que las entradas fiscales, como producto del incremento de las exportaciones, habían aumentado de $ 2.761.788 en 1841 a $ 4.426.907 en 1851 y a 6.419.142 en 1857, el gobierno de Montt mantenía postergadas a las provincias que precisamente eran las que proporcionaban mayores ingresos estatales. La mayoría de los historiadores ha considerado como causa fundamental de la revolución de 1859 el autoritarismo del gobierno de Montt, su empecinamiento en negar la amnistía a los promotores de la guerra civil de 1851, sus reiteradas persecuciones a la oposición liberal y la implantación sistemática del estado de sitio, hechos que promovieron un poderoso movimiento por las libertades públicas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La causa esencial del movimiento revolucionario habría consistido, para estos historiadores, en la lucha por la democratización del país y la reforma de la Constitución de 1833. Otros autores, como Agustín Edwards, llegan a sostener que la chispa que encendió la revolución de 1859 fue una ley que autorizaba una partida de 40.000 pesos para publicaciones del Ministerio del Interior.336 Las causas señaladas anteriormente eran en parte efectivas, pero solo como reflejo superestructural de un proceso más profundo que se expresaba en el choque entre los intereses de la burguesía minera del Norte Chico y de los agricultores y molineros del sur con la burguesía comercial y latifundista de la región central, representada en lo fundamental por los gobernantes de los decenios. La contradicción capital-provincias constituía una de las formas de manifestación del proceso. La protesta de las provincias era expresada con notable lucidez por el periódico El Curicano, dirigido por Filidor Olmedo y Manuel Méndez, en un editorial del 30 de diciembre de 1858, en el que comentaba la aparición del periódico El Provinciano de Talca: “El Provinciano” promete dirigir sus trabajos para atacar la centralización que existe en el país y para conseguirlo juzga indispensable la convocación a una Asamblea Constituyente. Sin duda que este periódico será el centinela avanzado de la república del porvenir, ha comprendido que la idea que agita y conmueve al país es destruir la centralización monstruosa en que vivimos (…) Pero una saludable agitación cunde en el país, ya se percibe el eco imponente y sublime de las provincias que se alzan majestuosamente reclamando con el derecho y la razón sus fueros pisoteados, su vida pública escarnecida. La Asamblea Constituyente. La descentralización. He aquí las aspiraciones y los deseos de todas las provincias. Las provincias desean gobernarse por sí mismas, quieren elegir sus jueces, sus intendentes, para que sirvan los intereses de las localidades y no los del gobierno. Quieren tener municipalidades que intervengan en la cosa pública y no sean instrumentos de los agentes del ejecutivo. Quieren ser atendidos conforme a las contribuciones que pagan para no mendigar del Gobierno general (…) Los provincianos somos hijos desheredados de la patria; contribuimos con todos nuestros elementos, 336

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Agustín Edwards. Cuatro Presidentes de Chile, Tomo I, p. 173, Santiago, 1932.

con todas nuestras fuerzas a su engrandecimiento, sin que se correspondan nuestros sacrificios. La capital absorbe todas las rentas, recibe todas las mejoras, concentra todas las ventajas, mientras que las provincias abandonadas a mezquinos recursos vegetan en la miseria y el atraso (…) Bajo el gobierno español las provincias eran explotadas y pagaban fuertes contribuciones para enriquecer la corte de España. Ahora la diferencia no es mucha, pues pagamos fuertes contribuciones y nos explotan de mil modos para embellecer la corte de Santiago. En nuestro departamento no invierte el gobierno general la décima parte de las rentas con que contribuye anualmente al tesoro nacional.337

El centralismo de la capital se tradujo también en la ley de municipalidades de 1854, dictada por el gobierno de Montt. Esta ley suscitó nuevas protestas de las provincias, porque en vez de descentralizar el poder, arrebató a los municipios la mayor parte de sus facultades y recursos. El periódico El Amigo del Pueblo, de Concepción, comentaba en septiembre de 1858: “Qué ha sido del régimen comunal, de las libertades municipales de las provincias, de esta última garantía contra los avances de la centralización?”.338 Otra de las causas que aceleró el movimiento revolucionario de 1859 fue el nuevo régimen impositivo decretado para la minería. El gobierno de Montt en 1852 estableció un nuevo gravamen de un 5% a la exportación de cobre en barra o rieles y de plata en barra, piña o chafalonía. La burguesía minera del Norte Chico no ocultó, a su debido tiempo, que ésta era una de las causas de la guerra civil de 1859. Uno de los primeros decretos de Pedro León Gallo, al tomar el poder en 1859 en el Norte Chico, fue reducir “a la mitad los derechos de exportación que pagaban las pastas beneficiadas y las metálicas que se enviaban al extranjero”.339 La crisis económica mundial precipitó la guerra civil. Esta crisis repercutió en Chile determinando una baja de los precios del cobre, la harina y el trigo. La exportación de trigo a California disminuyó de $ 275.763 en 1855 a $ 178.484 en 1858 y la de Australia de $ 2.698.911 en 1855 a $ 200.000 en 1858. Según Encina, en el plano mundial el crédito se contrajo y “las grandes casas exportadoras europeas comenzaron a cobrar sus créditos contra las casas revendedoras esparcidas en el mundo. Estas tuvieron a su vez que cobrar a sus clientes, con lo cual agravaron la restricción del crédito y el alza de los intereses; y como faltaban mercaderías con cuyo valor atender los pagos en Europa, se vieron obligados a exportar la moneda, determinando una contracción monetaria que, a su turno, reaccionó en el sentido de agravar la contracción del crédito (…) A fines de agosto de 1857, la contracción monetaria y crediticia se hizo tan intensa que las transacciones comerciales se paralizaron completamente en Valparaíso”.340 337 338 339 340

El Curicano Año II, Nº 64, diciembre 30 de 1858. Reproducido por El Curicano, Año I, Nº 52, septiembre 30 de 1858. Pedro Pablo Figueroa. Historia de la Revolución Constituyente. 1858-1859, p. 318, Santiago, 1889. Francisco Encina. Historia de Chile, XIII, 589-590, Ed. Nascimiento, 1952.

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La crisis también provocó reducción de faenas, cesantía y quiebras, como la de la industria molinera Pando-Eyzaguirre. El gobierno dispuso la baja de la ley de plata en la moneda divisoria y la acuñación de moneda de oro, medida que no solucionaba la situación monetaria, porque a escala mundial la plata se había valorizado en relación al oro después de los descubrimientos de California y Australia. La crisis aguda que estalló en 1857 comenzó a diseñarse en 1855 (…) Las minas de plata en 1856 habían disminuido su producción. Era el metal base de la moneda chilena, y como el precio de la plata había subido, vino a agregársele al desequilibrio de la balanza comercial que exigía exportación de moneda, el incentivo adicional de un alto precio del metal mismo. La moneda se hizo, pues, en extremo escasa.341

Un diario chileno de la época analizaba la situación económica en los siguientes términos: El desarrollo de la riqueza de Chile se hallaba en todo su auge a fines de 1855, cuando se empezó a vislumbrar la crisis. Las minas de oro de California empezaron a bajar su producción y el alto costo de los granos motivó a los pobladores a trabajar el campo con el fin de autoabastecerse. Chile veía cómo dos considerables competidores en producción de granos empezaban a surgir. En 1856, las cosas empezaron a producirse. La cosecha había sido mediocre y además los mercados del Pacífico comenzaron a cerrarse. Entonces la crisis se hizo evidente a principios de 1857.342

El mismo diario penquista insistía un año después en el tema de la crisis: Chile “en los años 1855, 56 y 57 marchaba a un estado floreciente de prosperidad, ofreciendo venturosas expectativas para el porvenir, pero desde principios de 1858 principió a hacerse sentir en el comercio la crisis monetaria, consecuencia tal vez de los sacudimientos políticos de otras naciones con quienes la nuestra mantenía relaciones de comercio”.343

El período pre-revolucionario La guerra civil de 1859 fue precedida de importantes avances políticos de la oposición. En las elecciones parlamentarias de 1858, los candidatos liberales triunfaron en las ciudades de Valparaíso, La Serena, Copiapó y Linares. El 2 de octubre de ese año, la oposición reunió en un banquete realizado en Santiago unos quinientos conspicuos liberales y conservadores que escucharon encendidos discursos de Gallo, Santa María y Diego Barros Arana, llamando a la lucha contra el gobierno de Montt. En 1858, se 341 342 343

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Agustín Edwards, op. cit., I, 147. El Correo del Sur, Nº 900, enero 16 de 1858, Concepción. Ibid., Nº 1075, noviembre 5 de 1859.

formaron numerosos clubes políticos de la oposición en varias provincias y se comenzó a editar el periódico La Asamblea Constituyente, cuyo nombre sintetizaba el principal punto programático del movimiento opositor. En uno de sus artículos, Isidoro Errázuriz planteaba: “La paz con la abdicación en masa del círculo que gobierna –la paz con la Asamblea Constituyente–, la revolución armada –la conflagración de la república entera. A este punto ha llegado la situación política; de este dilema no podrán escaparse los que intentan dar a la crisis actual la solución digna y radical que exige inevitablemente”.344 En este periódico colaboraban el antiguo igualitario Ambrosio Larracheda y el obrero José del Carmen Troncoso. A principios de diciembre de 1858, la oposición convocó al pueblo para la firma del acta de adhesión al petitorio de Asamblea Constituyente, acto que motivó la represión del gobierno el 12 de ese mes. En el desfile organizado por los opositores para protestar contra esta medida fueron apresados ciento cincuenta personas, entre las cuales se destacaban Matta, Gallo y Vicuña Mackenna. Cuando éste entró a la celda, la misma que había ocupado el 20 de abril de 1851, exclamó: “Heme aquí de nuevo en mi cuna revolucionaria”. Interrogado acerca de los motivos por los cuales estaba preso, Vicuña Mackenna contestó: “Pues hombre, tenemos el mismo delito porque nos acusan de faltarle el respeto a esa vieja matrona que llaman la Constitución del Estado”. El gobierno redobló la persecución de los liberales y ordenó la clausura de varios periódicos. En diciembre, decretaba el Estado de Sitio, medida que era “justificada” por el diario oficialista El Correo del Sur, de Concepción, en los siguientes términos: La declaración del Estado de Sitio no solo era lógica, sino que debía esperarse desde hace tiempo. Invocar la salvación pública para dominar una situación dada, ha sido siempre un remedio heroico que solo puede justificarse en presencia de una gran crisis. Espartaco sublevado, Catilina a las puertas de Roma, el comunismo amenazando la propiedad, el extranjero invadiendo el suelo de la patria, la insurrección en armas como ha pretendido la oposición, rasgando con la espada el pacto social; he allí el caso en que el grito pavoroso de la salvación pública debe ser arrojado por el representante del orden y de la conservación social. Santiago, Valparaíso y Aconcagua, declarados estado de sitio, importan para el país la salvación de esos peligros.345

El gobierno de Montt estaba respaldado por la burguesía comercial y financiera de Santiago y Valparaíso, por los terratenientes de la zona central y los nuevos ricos que habían logrado sus fortunas en la construcción de obras públicas. El movimiento de 1859 tuvo un contenido más policlasista que el de 1851. Al bando de la oposición se había pasado un sector de los conservadores que había roto con el gobierno de Montt a raíz de las medidas adoptadas por éste en orden a defender las 344 345

La Asamblea Constituyente, Nº 7, noviembre 19 de 1858, Santiago. El Correo del Sur, Nº 1043, diciembre 25 de 1858, Concepción.

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prerrogativas del Estado frente a la Iglesia. El carácter híbrido de la nueva combinación liberal-conservadora indujo a Martín Palma, ensayista chileno de mediados del siglo pasado, a expresar: La célebre fusión del partido liberal con el partido pelucón o del partido pelucón con el partido liberal ¿qué divisa podía adoptar? ¿Qué principios iba a defender, y cómo se daría unidad de ideas en donde existía divergencia de opiniones? ¿Cómo podrá marchar el fanático al lado del incrédulo, el aristócrata unido al demócrata, el estacionario con el progresista, el hombre de los privilegios con el hombre de la libertad? (…) La cosa es clara: la oposición no tenía ideas, sino odios; no tenía pensamientos sino ambiciones; no tenía principios, sino venganza; y la unión que tanto se encomiaba era la unión más falsa, porque unos y otros habían prostituido sus creencias y echado a la espalda sus convicciones más arraigadas: el liberal había adoptado el traje del jesuita y el pelucón las maneras y palabras del incrédulo.346

En la nueva combinación opositora figuraba el sector liberal de avanzada, encabezado por José Miguel Carrera hijo, y Benjamín Vicuña Mackenna, junto a la burguesía minera, liderada por los Matta y los Gallo; la mayoría de la intelectualidad orientada por Lastarria, Barros Arana e Isidoro Errázuriz; los terratenientes e industriales molineros del sur y el sector de conservadores ultramontanos que había roto con el gobierno. Estas capas burguesas lograron el apoyo de vastos sectores del proletariado minero del Norte Chico y del carbón, de los artesanos formados en las filas de la fenecida Sociedad de la Igualdad, de un fuerte contingente de campesinos de la zona centro-sur y de un importante núcleo de tribus mapuche. El contenido policlasista del movimiento de 1859 se reflejó en posiciones contradictorias, según los sectores sociales que lograban predominar en cada región; en algunas provincias, la burguesía liberal mantuvo la conducción política y militar del movimiento; en otras, como Valparaíso, Talca, San Felipe y el centro-sur, fue rebasada por la lucha urbana de los artesanos y las guerrillas de los montoneros e indígenas. Martín Palma, celoso del orden burgués, afirmaba: Supongamos que el señor Montt hubiera cedido o hubiera caído, lo que viene a ser lo mismo, pues esto era la aspiración constante y única del partido opuesto. ¿Quién habría asumido el poder? ¿Sería Pradel que encabezaba una montonera entre Arauco y Concepción? ¿Tirapegui, que amenazaba con la suya a la provincia de Chillán? ¿Vallejo, que se atrincheraba en Talca? ¿Carrera, que dominaba entre San Fernando y Rancagua? ¿Gallo, que formaba un ejército regular en Atacama con una actividad, talento y energía dignos de mejor causa y que marchaba victorioso hasta Coquimbo? ¿O los mil cabecillas que habrían surgido de las insurrecciones de Valparaíso, Santiago y San Felipe? (…) 346

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Martín Palma. Reseña histórico-filosófica del gobierno de Don Manuel Montt, pp. 30-31, Santiago, abril de 1862.

Lo que hay de cierto es que una vez caído el señor Montt, todos estos jefes de motines, todos esos jefes de montoneros, todos esos generales improvisados, todos esos tribunos de revuelta, se habrían destrozado unos a otros, cayendo el país en la más completa anarquía; y en esa confusión y en ese desorden no habría seguridad para nada ni para nadie: vidas y propiedades, trabajo e industria, civilización y progreso (…) Hubiéramos tenido el temor incesante de la vida, la pérdida absoluta de la propiedad, el bandalaje organizado.347

Los periódicos oficialistas de la época testimonian también esta preocupación de clase por la propiedad privada puesta en peligro por los obreros, artesanos, montoneros e indígenas que estuvieron a punto de rebasar el movimiento liberal burgués de oposición. El Correo del Sur denunciaba que “la propiedad está amenazada por agentes oscuros, que están muy lejos de representar al pueblo”.348 En otro artículo afirmaba: “Los trabajos de las ricas y abundantes minas de Copiapó paralizados; Chile entero privado de los beneficios de esa explotación; los mineros han abandonado sus faenas y entregados al pillaje asolaron el puerto de Caldera, saqueando la ciudad de Copiapó. La inseguridad de las propiedades y de las vidas, expuestas al capricho de los revoltosos”.349 Esta misma inquietud por el orden capitalista era expresada en Europa por un folleto anónimo, al parecer publicado por Ignacio Zenteno, en el que se criticaba a Matta, Angel Custodio Gallo y Benjamín Vicuña Mackenna por haber editado un opúsculo en Inglaterra denunciando las arbitrariedades de Montt y solicitando que gobierno inglés castigara al capitán Lesley por haberlos conducido en calidad de desterrados en el buque “Braginton”. En el folleto del partidario de Montt se manifestaba: A buen puerto habéis abordado señores anarquistas de Sur América, para hacer alarde de vuestros antecedentes revolucionarios! A Londres, la patria de la paz y del orden legal; a Londres, en donde la anarquía es desconocida, en donde la palabra es la única fuerza de la sociedad política, en donde la sangre inspira horror; y los demagogos el más solemne desprecio; a Londres, capital de un pueblo que tiene más de 20.000.000 de pesos fuertes comprometidos en nuestro comercio y que todas sus expectativas las cifra en la estabilidad y quietud de estas repúblicas que tanto necesitan de la paz para progresar en beneficio propio y de la riqueza universal. Da lástima contemplar a don Benjamín Vicuña Mackenna, quien también suscribe solapadamente el mismo opósculo, presentarse ante el público inglés, con la siguiente recomendación: “a los 28 años de edad llevo ya en cuenta la cuarta condenación a muerte bajo la administración de don Manuel Montt” (…) Conozca, pues, la gran nación a sus huéspedes, y considere el abismo en que caería su rico comercio del Pacífico si la desgracia llamase a regir los destinos de estos pueblos a hombres que a los 28 años han figurado por la cuarta vez como perturbadores del orden (…) Id a México, señores revolucionarios, y encontraréis 347 348 349

Ibid., pp. 51-52. El Correo del Sur, Nº 1072, marzo 3 de 1859, Concepción. Ibid., Nº 1067, febrero 19 de 1859.

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las simpatías del lado de Juárez, Miramón y demás alborotadores de oficio; pero no os presentéis en Inglaterra.350

Este folleto, además de mostrar la genuflexión del colonizado que llega a lanzar denuestos contra el papel liberador de un Juárez, trata de consolidar el apoyo que Inglaterra venía prestando al gobierno de Montt desde la guerra civil de 1851. Los principales frentes de lucha fueron Copiapó, La Serena, San Felipe, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Maule, Linares, Chillán, Concepción y la Frontera. Los revolucionarios emplearon como táctica militar la guerrilla rural en la zona central y sur, la guerrilla urbana en Valparaíso, San Felipe y Talca y la guerra móvil y de posiciones en el Norte Chico. Esta zona fue la única en que la oposición logró formar un ejército regular; en las demás, las montoneras fueron la base de las operaciones de guerra no convencional. La guerra civil se prolongó desde comienzos de enero hasta mayo; en la zona de la Frontera, la rebelión mapuche se mantuvo durante todo el año 1859 y parte de 1860.

La guerra civil en el Norte Chico El movimiento revolucionario de esta región tuvo una fuerte base política, financiera y militar que le permitió controlar las provincias nortinas durante cerca de tres meses. Fue dirigido por la burguesía minera, encabezada por los Matta y los Gallo, de orientación liberal, reformista y anticlerical. Tuvo el respaldo popular del proletariado minero, los campesinos y los artesanos de las ciudades. El sector de conservadores, que había roto con el gobierno de Montt, entró en esta coalición policlasista, aunque pronto afloraron sus divergencias con el movimiento revolucionario. Al respecto, un testigo de la época, presumiblemente un francés residente en Chile, bajo el pseudónimo de A. Cochut, escribió un artículo publicado en la Revue des deux Mondes, en el que señalaba: Una vez dueños de La Serena [los liberales] su disidencia con los “pelucones” tomó un carácter mucho más marcado; se llegó hasta publicar en los diarios oficiales de la insurrección diatribas sobremanera hirientes con el lujo y la sociedad del clero. Los “pelucones” estaban desorientados; simpatizaban apenas con el ejército victorioso en Los Loros, que había sido reclutado en gran parte entre los obreros de las minas, en el seno mismo del elemento demagógico.351 350

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Anónimo, probablemente escrito por Ignacio Zenteno: Los detractores de Chile en el extranjero, pp. 21-22, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859. A. Cochut. “Chile en 1859”, publicado en la Revue des deux Mondes, T. 24, y reproducido en Chile por la Imprenta Nacional en 1860, p. 44. El objetivo de este artículo era apoyar a Montt y repudiar la revolución de 1859.

Copiapó había sido una de las escasas provincias en que triunfó la oposición en las elecciones parlamentarias de 1858. El 3 de noviembre se formó en dicha ciudad una junta política dirigida por Pedro León Gallo; el 12 del mismo mes, con asistencia de la juventud copiapina, se fundó el Club Constituyente. La base de sustentación social fue asegurada con la organización del Centro de Artesanos y Obreros, encabezado por Pedro Pablo Zapata. El 5 de enero de 1859 estalló el movimiento revolucionario en Copiapó y en los centros obreros de Chañarcillo y Juan Godoy. En Copiapó, Zapata, al frente de obreros y artesanos, logró apoderarse del cuartel. El poeta de la revolución, Ramón Arancibia, autor de la “Canción Constituyente”, se tomó la cárcel a la cabeza de cuarenta hombres. Pedro León Gallo fue proclamado Intendente y Comandante en Jefe de un Ejército financiado por la burguesía minera. El ingeniero Anselmo Carabantes se apoderó del puerto de Caldera, expropiando 90.000 pesos que existían en la Aduana. En la Maestranza de los ferrocarriles hizo fundir con obreros y cobre chilenos quince cañones, numerosas balas de cañón, doscientas granadas y explosivos para hacer volar las vías férreas cuando fuere necesario. En Copiapó, se formó un batallón de artesanos, dirigido por el sargento mayor Agustín Ramos; en Chañarcillo, los mineros organizaron el batallón de “Zuavos Constituyentes”. La burguesía minera del Norte Chico puso su sello de clase en los decretos promulgados por Pedro León Gallo. En uno de ellos, el del 6 de enero, se garantizaba el derecho a la propiedad privada: “Teniendo en cuenta que en las actuales circunstancias personas mal intencionadas puedan intentar contra la seguridad y contra las propiedades e intereses de los ciudadanos, las autoridades castigarán estos delitos con las penas más severas, para lo cual se constituye un cuerpo civil de seguridad en resguardo y custodia de las propiedades”.352 En otra resolución, se adoptaban medidas de protección a la minería: “El señor Gallo, deseoso de estimular el fomento de la minería, expidió un decreto el 11 de enero reduciendo a la mitad los derechos de exportación que pagaban las pastas beneficiadas y las metálicas que se enviaban al extranjero”.353 El Norte Chico fue una zona liberada política y militarmente desde enero hasta fines de abril. La burguesía minera estableció una especie de Estado dentro de otro Estado, que llegó a tener moneda propia. El Intendente Gallo hizo que el ingeniero Carabantes acuñara moneda en la fundición Molina; el nuevo dinero fue denominado “pesos constituyentes”; “se sellaron en 10 días 400.000 pesos, siendo 300.000 de particulares y 100.000 para el Ejército. De este modo, se llenó uno de los deseos más vehementes de los copiapinos, tener una Casa de Moneda”.354 352 353 354

Pedro Pablo Figueroa. Historia de la Revolución Constituyente, 1858-1859, p. 304, Santiago, 1889. Ibid., p. 318. Ibid., p. 336.

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La participación popular en el movimiento se hizo más notoria ante el anuncio de la llegada de las tropas gubernamentales: Una numerosa muchedumbre compuesta en su mayor parte de paisanos que esperaban un fusil para ingresar al ejército revolucionario para reemplazar a los que cayeran (…) Desde 200 leguas del norte de Copiapó, como ser Cerro del Cobre, Paposo y Chañaral, llegaban al campamento de Pichincha esforzados mineros a pedir un puesto de combate en las filas constituyentes.355

Una columna de los rebeldes se apoderó de Freirina y Vallenar. Luego, se pliega Carrizal, centro minero con cerca de 1.500 trabajadores. Una valiente mujer del pueblo, llamada Teresa Guevara, acompañaba al ejército revolucionario desde Copiapó, como vivandera o cantinera. El 14 de marzo, Pedro León Gallo se anotaba un triunfo de vasta repercusión nacional al derrotar en la batalla de Los Loros al ejército gubernamental. Encina narra que cuando parecía triunfar el ejército de Montt, dirigido por Silva Chávez, se inició un cuerpo a cuerpo en el que “los mineros de Gallo botaron los fusiles y empuñaron el corvo”.356 Pocos días después, los revolucionarios ocupaban La Serena, ciudad en la que fueron recibidos en forma entusiasta gracias al apoyo popular que había creado a favor del movimiento el tribuno Pedro Pablo Muñoz, de consecuente trayectoria revolucionaria desde los días de la Sociedad de la Igualdad y de la lucha de los “libres” de La Serena en 1851. También colaboraba con los rebeldes el periodista Manuel Concha a través de su periódico El Cosmopolita. El gobierno logró reorganizar el Ejército, con los refuerzos desembarcados en Tongoy. Vidaurre, su nuevo comandante, en un rápido avance hasta las cercanías de La Serena, consiguió un aplastante triunfo sobre Pedro León Gallo en la batalla de Cerro Grande el 29 de abril. No obstante la fuga de su jefe a Buenos Aires, “los Cazadores de la Selva”, que no alcanzaron a entrar en combate en Cerro Grande, resolvieron continuar la lucha, apoderándose de Copiapó, mientras José Sierra se posesionaba del puerto de Caldera. El 12 de mayo, los revolucionarios eran derrotados definitivamente por las tropas gubernamentales al mando de Villagrán.

El movimiento revolucionario de Aconcagua El principal foco revolucionario de esta provincia fue San Felipe, antigua sede de una combativa y numerosa filial de la Sociedad de la Igualdad, cuyos artesanos tuvieron una destacada participación en el levantamiento de noviembre de 1850. En la nueva 355 356

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Ibid., p. 331. Encina, XIII, 351.

rebelión contra el gobierno de Montt, artesanos y campesinos volvieron a constituirse en la base de sustentación social del movimiento. Un mes antes de la insurrección, el gobierno había enviado refuerzos militares a San Felipe. Un diario oficialista de la época comentaba acerca de las posibilidades de una rebelión en Aconcagua: Se cree generalmente que Aconcagua es el centro de los recursos para una revolución y que todos sus habitantes son hostiles al gobierno. En San Felipe es verdad que hay algunos opositores entre los artesanos, gañanes y otras gentes que tienen que vivir de su trabajo diario, pero los hombres de fortuna, los que no miran en el trastorno un medio de lucrar, todos son adictos de corazón al gobierno. ¿Qué haría San Felipe como revolucionario? ¿Con qué recursos cuenta para hacer una revolución? ¿Cuáles son los hombres de acción que se pondrían a la cabeza? ¿Con qué fuerzas disciplinadas contarían y con qué armamento? Un batallón de pocas plazas, sin ninguna instrucción, sin oficiales y sin armas; cuatro escuadrones de chacareros, inquilinos y arrieros que solo saben manejar el arado y que miran con terror el sable o el fusil. Y los jefes, ¿cuál sería el caudillo? Sin duda, el corresponsal de la “Actualidad”. Hoy han llegado al cuartel del batallón Cívico 100 fusiles ingleses y 104 fornituras, todo nuevo. Tenemos ahora un numeroso y excelente armamento y los amigos del orden no se duermen.357

Los revolucionarios de San Felipe se encargarían muy pronto de responder con hechos a las preguntas del diario gobiernista. Los recursos los obtuvieron del propio cuartel enemigo, expropiando las viejas armas y los nuevos fusiles ingleses. Los hombres de acción se formaron rápidamente en las milicias creadas por el pueblo; los jefes surgieron en las barricadas y las fuerzas se disciplinaron al fragor de una lucha en la cual los artesanos y gañanes demostraron no temerle al sable o al fusil. En lo único que tuvo razón el periódico oficialista fue en la composición social de los participantes en el proceso revolucionario. Efectivamente, en San Felipe no hubo, como en otras regiones, intervención de sectores acomodados o terratenientes opositores al gobierno. La insurrección de San Felipe tuvo un contenido popular y un respaldo masivo de las capas empobrecidas de la población. De lo contrario, ¿cómo podría explicarse que este movimiento hubiera podido resistir durante catorce días el sitio de un ejército regular de cerca de mil hombres? El objetivo de los revolucionarios sanfelipeños era coordinar su levantamiento con el de los rebeldes de las provincias de Aconcagua y Valparaíso. Pero solo llegaron a apoderarse de la ciudad de San Felipe y del pueblo de Putaendo. El 12 de febrero, en el período de auge de la rebelión en el Norte Chico, en el centro y en el sur, los revolucionarios de San Felipe se tomaron los cuarteles y la cárcel, encabezados por Joaquín Oliva, Luis Ovalle, Manuel Rodríguez, Wenceslao Vidal, 357

El Correo del Sur, Nº 1048, enero 6 de 1859, Concepción.

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Francisco Chaparro, Arturo Barriga, Baldomero Lara y Francisco Ipinza. Quinientos hombres se presentaron pidiendo armas para respaldar la insurrección. El mismo día, un grupo de revolucionarios, dirigidos por Cotter y Rodríguez, tomaba Putaendo, operación que cumplieron con éxito luego de un breve combate. La primera medida del comité revolucionario fue construir trincheras alrededor de la ciudad en previsión de un ataque gubernamental. “Los abasteros habían formado un escuadrón de caballería al mando de los señores Esteban y Faustino Labra y don José María Fonseca comandaba otro cuerpo de caballería cívica. Las tropas enviadas por el gobierno de Santiago, unidas con las de Los Andes, atacaron la plaza de San Felipe en los días 14, 15 y 16, sin obtener resultados, siendo siempre derrotados”.358 Los revolucionarios resistieron el día 18 un nuevo ataque del Ejército, cuyos efectivos totalizaban unos mil hombres con los refuerzos que había enviado el gobierno para vencer la tenaz resistencia de los sitiados. El 28 de febrero, después de catorce días de asedio, los revolucionarios sanfelipeños tuvieron que rendirse. Su hazaña ha sido narrada por un escritor de la época, desterrado por el gobierno de Manuel Montt: Referir la revolución de San Felipe no me pertenece a mí, ni es mi objeto. Yo no soy historiador. Cuánto heroísmo, cuánta abnegación, cuánto sacrificio, cuánto patriotismo ha habido en aquellas jornadas, es digno de un grande escritor, y no de mí, simple soldado de la libertad. Un pueblo desarmado, indefenso, apoderándose de las guarniciones y de los cuarteles sin otra arma que el razonamiento; batiendo seis veces a las tropas aguerridas, bien pagadas, bien vestidas, bien amunicionadas del gobierno (…) Asediada la plaza de San Felipe, desarmada y atacada por tropas organizadas e infinitamente superiores que el gobierno habían mandado en refuerzo de las que habían sido vencidas, fue preciso ceder y la ciudad fue tomada a sangre y fuego (…) La ciudad fue entregada al incendio y al saqueo, las calles quedaron sembradas de cadáveres de viejos, mujeres y niños. Tres días después, la música de los batallones del gobierno batían marcha y los jenízaros de Montt se paseaban triunfantes. San Felipe era un inmenso escombro, un montón de cenizas, un extenso cementerio de cadáveres insepultos.359

La rebelión de los trabajadores de Valparaíso El movimiento de los porteños estuvo precedido de una campaña política de la oposición, iniciada el 21 de enero de 1858 con la proclamación de José Victorino Lastarria y Ángel Custodio Gallo como candidatos a diputados. El portavoz de esta lucha fue El Ciudadano, “órgano del pueblo”, en cuyo comité de redacción pronto surgieron 358 359

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Pedro P. Figueroa, op. cit., p. 513. Ramón Lara. El gobierno de Montt y sus agentes. Una de mil, pp. 11-12, Mendoza, marzo de 1860.

diferencias políticas entre el sector liberal burgués de Gallo y Lastarria y el ala plebeya e izquierdizante de Vargas, Dodds y Luján. Estos últimos fueron caracterizados por el historiador de la Revolución de 1859, Pedro Pablo Figueroa, de la siguiente manera: “Vicente Vargas y Vargas, luchador del pueblo, tribunicio valiente que sabía traducir en el lenguaje popular los sentimientos y los propósitos que intervenían en la política; Leonardo A. Dodds, liberal revolucionario de 1851; Pedro Pascual Luján, liberal también de alguna consideración en las clases trabajadoras”.360 A pesar de las diferencias políticas, que se tradujeron en la formación de dos fracciones para nominar los candidatos a regidores a la Municipalidad de Valparaíso, la oposición logró formar numerosos clubes políticos y realizar concentraciones masivas en el Teatro de la Victoria y en el Salón de la Filarmónica. “Noche a noche, el pueblo y los miembros más caracterizados de la sociabilidad, asistían en número de más de cuatro mil personas ocupando las calles cuando el local se hacía más pequeño para contener la concurrencia”.361 Aunque esta cifra parece exagerada, es evidente que la movilización popular fue la base del triunfo electoral de la oposición el 28 de marzo en los comicios parlamentarios y municipales. No obstante el respaldo popular, el día en que estalló la guerra civil en el Norte Chico la oposición porteña no tenía ningún grado de preparación para la lucha armada. Pedro Pascual Luján y el peluquero Valenzuela tuvieron que ponerse al frente del movimiento revolucionario; hicieron los primeros contactos con algunos cabos y sargentos y comenzaron a organizar a los obreros y artesanos. Pero el gobierno logró infiltrar a tres oficiales en las reuniones y la conspiración fue descubierta. Luján y los obreros, soldados y suboficiales fueron encarcelados. La misma suerte corrió poco después Guillermo Blest Gana, que se había propuesto tomar los cuarteles con un grupo de paisanos y jornaleros armados, entre los cuales se destacaban F. Cuadra y R. Cisternas. El 28 de febrero de 1859, un grupo de jornaleros de los cerros Barón y San Francisco, encabezados por Horacio Manterola, inició la insurrección tratando de apoderarse de la Comisaría. Otro grupo de trabajadores, dirigido por Bartolomé Riobó, atacó la Aduana, expropiando doscientos fusiles con los cuales pudieron armarse. Mientras tanto, los fleteros peleaban con revólveres y puñales. Los insurrectos lograron prender fuego a la Intendencia. El enfrentamiento armado no solo se dio en las calles de Valparaíso, sino también en los cerros, desde donde los trabajadores ofrecieron enconada resistencia al Ejército y a la Marinería que había desembarcado para hacer frente a la insurrección. Al caer la tarde, el Gobierno lograba doblegar la resistencia de los revolucionarios. La rebelión de Valparaíso tuvo una sola jornada de lucha armada en la que sobresalieron los artesanos, fleteros y jornaleros. La ausencia de sectores burgueses 360 361

Pedro P. Figueroa, op. cit., p. 483. Ibid., p. 485.

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en este levantamiento antigubernamental se explica porque el puerto era el asiento de una fuerte burguesía comercial y financiera que respaldaba a Montt. Por otra parte, el gobierno contaba con el apoyo de las casas importadoras extranjeras, principalmente inglesas, ampliamente favorecidas con la política de los gobernantes de la época de los decenios.

Las guerrillas de la zona central En la zona central, desde Rancagua hasta Chillán, el gobierno de Montt tuvo que enfrentar durante cerca de cuatro meses una guerra de guerrillas, apoyada en una base social campesina relevante. Esta guerrilla rural, que abrió numerosos frentes de lucha, estuvo coordinada con guerrillas suburbanas que operaban en varios pueblos de la región. Los guerrilleros llegaron a apoderarse de ciudades como Linares, Parral y Talca, donde con el apoyo de los artesanos lograron controlar la ciudad resistiendo durante más de un mes. La guerra de guerrillas de la región central repercutió en el desarrollo nacional de la guerra civil porque distrajo la atención del gobierno y obligó a descentralizar las operaciones del Ejército, impidiendo que sus fuerzas se concentraran en un ataque contra el principal foco de la insurrección: el Norte Chico. Las guerrillas fueron encabezadas por José Miguel Carrera, hijo, de sobresaliente actuación en el movimiento revolucionario de 1851. En Talagante, en la hacienda San Miguel, de su tía Javiera Carrera, comenzó a organizar la lucha armada. Su primer grupo guerrillero estuvo integrado fundamentalmente por campesinos de El Manzanar, en las proximidades de Rancagua, siguiendo el ejemplo del amigo y compañero de su padre, el guerrillero Manuel Rodríguez, no solo en cuanto al criterio sobre la composición social más óptima para el grupo guerrillero, sino también en lo referente al campo de operaciones. Sus primeras incursiones, con campesinos baqueanos de la zona se dieron en los poblados de Chépica y Peumo. La guerrilla rural estuvo combinada con una guerrilla suburbana organizada en Curicó, con la colaboración del periodista Manuel A. Méndez, redactor de El Curicano, periódico de oposición liberal que venía preparando el ambiente político para la insurrección desde hacía varios meses. Sus colegas penquistas de El Amigo del Pueblo habían mostrado su solidaridad con el combativo periódico curicano con ocasión de una represión del gobierno de Montt en abril de 1858: “En Curicó el inédito gobernador Timoteo González embarga bajo pretexto pérfido la imprenta del ‘Curicano’ y durante el embargo se roban tipos, manuscritos, cartas, etc.”.362 362

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El Amigo del Pueblo, Nº 20, abril 30 de 1858, Concepción.

A la cabeza de esta guerrilla se puso José Dolores Fernandois, organizador de los campesinos de la región de Huemul. Sus bases de operaciones fueron los montes cordilleranos cruzados por el Tinguiririca y el Teno, lugares tradicionales de los montoneros de la época colonial y de las guerras de la Independencia. La guerrilla de Fernandois hizo un ataque sorpresivo a Curicó el 3 de febrero, logrando penetrar en la plaza principal, apoderarse de la cárcel y liberar a cuatro presos políticos. Pero finalmente fue rechazada y se vio obligada a replegarse, uniéndose luego con las huestes de José Miguel Carrera para atacar Rancagua, donde también fueron derrotados el 16 de febrero, acción que comentaba el diario oficialista El Correo del Sur: “En Rancagua, a las 8 de la mañana, se ha presentado sobre esta población la montonera anunciada, capitaneada por Carrera. Una heroica resistencia de toda la guarnición los ha abatido completamente”.363 La columna guerrillera, que a la sazón contaba con cuatrocientos hombres, volvió a reorganizarse bajo el mando de José Miguel Carrera en Machalí, reanimados por el triunfo del ejército revolucionario en la batalla de Los Loros. Carrera y Fernandois atacaron nuevamente Curicó el 29 de marzo y siguieron incursionando en los cerrillos de Teno. Intentaron otro ataque a Rengo, pero finalmente fueron destrozados por el Ejército gubernamental en Pichiguao el 2 de mayo, después de casi cuatro meses de guerrillas. José Miguel Carrera Fontecilla logró romper el cerco y escapar del país cuando no había ya esperanzas de reconstituir las fuerzas revolucionarias ante la derrota del Ejército del Norte Chico y de las guerrillas del centro y del sur. Este notable guerrillero chileno, heredero de la tradición de lucha de su padre y de Manuel Rodríguez, que se había batido contra el Ejército regular de Montt en dos guerras civiles, murió en Lima, olvidado por sus contemporáneos y casi ignorado después por los historiadores tradicionales. José Miguel Carrera, hijo, no ha sido colocado en la galería de los héroes y “constructores de la patria” por los ideólogos de la clase dominante porque vivió siempre rebelde a las injusticias políticas y sociales. Su lucha junto a los artesanos y obreros mineros del Norte Chico, a los “libres” de Coquimbo y La Serena en 1851, y sus combates al lado de los campesinos en las guerrillas y montoneras de 1859, solo podrán ser justipreciados en su verdadera dimensión histórico-social en una fidedigna interpretación de nuestro pasado nacional. En el mismo período de la guerrilla de Carrera, operaba en Parral una montonera organizada por Víctor Antonio Arce. Con ocasión de la toma de Parral, este líder montonero emitió el siguiente comunicado: Comandancia General de Armas de la División Libertadora de la Provincia de Maule, Parral febrero 5 de 1859: Necesitando pronto recursos la División de mi mando dispondrá 363

El Correo del Sur, Nº 1068, febrero 25 de 1859.

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[el gobernador] que se entregue en el acto de la notificación de este decreto todas las especies estancadas que estaban a su cargo, presentando las cuentas de lo vendido e invertido. Asimismo que entregue y dé razón de las contribuciones catastral y territorial ya recaudada. Fdo. Víctor A. Arce.364

Poco antes, el 24 de enero, los montoneros de Arce habían logrado derrotar a la guarnición militar de Linares, permaneciendo tres días en esa ciudad, expropiando las armas del enemigo y los fondos fiscales que existían en la Municipalidad. Posteriormente, Arce se vio obligado a replegarse a Chillán, donde se unió a las huestes de Pando y Ugarte. Dispersadas estas fuerzas por los ataques del ejército regular, Arce se trasladó a Chocoa, a dos leguas al sur del Maule, lugar en el que fue definitivamente derrotado por el mayor Joaquín Vila. Allí cayeron prisioneros Pando, otros jefes guerrilleros y 130 montoneros. Mientras tanto, al norte de Rengo, operaban los montoneros de Manuel Zañartu, quien había logrado reunir unos 400 campesinos. Después de varias incursiones fueron derrotados el 2 de marzo por 500 soldados de línea comandados por el teniente coronel Félix García Videla en el combate de Pichiguao. Entre el Cachapoal y el Maule, además de las guerrillas mencionadas, actuaron los montoneros de Pedro Letelier, quienes alcanzaron a apoderarse de Molina el 14 de marzo. Cuando se dirigían a Curicó, fueron batidos por el ejército regular en Quechereguas. En síntesis, la región comprendida entre Rancagua y Chillán fue escenario de una guerra de guerrillas que se prolongó por espacio de cerca de cuatro meses en la cual centenares de campesinos demostraron su capacidad de lucha para poner en jaque al ejército regular. No por casualidad, la historiografía tradicional ha minimizado ésta como otras tantas luchas de los explotados chilenos. La guerra de guerrillas de 1859 constituye un hito fundamental en la historia del movimiento campesino chileno.

La insurrección popular de Talca La organización del movimiento revolucionario en Talca comenzó a principios de 1858 con la llegada de Juan Antonio Pando. Su principal colaborador, José Domingo Canto, logró formar tres centros de obreros y artesanos compuestos de 60 hombres cada uno. Estos grupos fueron reprimidos por el gobierno y Canto detenido el 22 de octubre. Desencadenada la guerra civil en Copiapó, el talquino Ramón Antonio Vallejos se puso al frente de un grupo de campesinos y artesanos de su ciudad, logrando apoderarse el 19 de enero de 1859 del cuartel cívico y policial, procediendo a entregar las armas al pueblo. 364

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Archivo Nacional Vicuña Mackenna, Tomo 50, pieza 13.

Las fuerzas de Vallejos se componían de ciudadanos de todas las clases populares, de labradores, obreros y artesanos, en número como de cien hombres. Momentos más tarde se aumentaron considerablemente con los voluntarios que corrieron a enrolarse en sus filas. Careciendo de las armas suficientes, Vallejos los armó de fusiles, machetes y lanzas hechas con clavos en los extremos (…) transformó en lanzas y cascos de granadas los barrotes de las ventanas, en proyectiles todo el plomo que había en la población, en cureñas las carretas de tráfico ordinario y en trincheras las piedras de las aceras.365

Los terratenientes y molineros talquinos, en un principio opositores al gobierno de Montt, pronto dejaron de apoyar el movimiento encabezado por Vallejos. La orientación de este caudillo, surgido en la lucha armada, y la composición social de su improvisado ejército revolucionario rebasaron los marcos de la mera oposición burguesa para transformarse en un embrión de poder popular. Según Encina, el líder Vallejos “hizo sentir su áspera dictadura a la altiva aristocracia talquina, sin distinción de bandos. Impuso cupos de guerra al comercio y a los hacendados y se apoderó de cuanto necesitaba para organizar su ejército”.366 El odio de clase contra el caudillo popular Ramón Vallejos respira por los poros de las añejas páginas de los periódicos burgueses de la época: “Los ciudadanos de una de las más importantes poblaciones de la República (Talca) están sometidos a la prepotencia omnímoda de un simple mayordomo de molino”.367 Al europeo que escribió en la Revue des deux Mondes sobre los sucesos de Chile tampoco se le escapó el alcance social y político del movimiento revolucionario de Vallejos. En una de las partes de su artículo de 48 páginas en el que demuestra un agudo conocimiento de la realidad chilena, señalaba: Otro golpe de mano puso a Talca en poder de los revolucionarios. La historia de las guerras civiles en Chile presenta a las provincias del medio día como las más favorables para las insurrecciones. Provistas de recursos para la guerra y pobladas de gentes cuyos hábitos belicosos son conservados por la vecindad con los indios, muy dispuestos por otra parte a desconocer la preponderancia de las grandes ciudades del centro, esos campos han suministrado casi siempre los ejércitos que desde las cercanías de Penco se han lanzado hacia Santiago con instintos destructores. Estas consideraciones hacían de la toma de Talca un accidente grave, cuya coincidencia con otros movimientos, como debía esperarse, ponía en peligro el orden establecido. Con una ardiente actividad, los sublevados de Talca habían construido atrincheramientos y abierto fosos. Eran mandados por Ramón Vallejos, quien había impuesto de la misma manera que a otras personas respetables por sus fortunas, onerosas subvenciones para los gastos de

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Pedro P. Figueroa, op. cit., pp. 521-523. Encina, XIII, 316. El Correo del Sur, Nº 1067, febrero 19 de 1859, Concepción.

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guerra. Nadie podía dejar la ciudad sin haber pagado antes una cantidad que variaba arbitrariamente según la posición de los que emigraban.368

La rebelión de Talca produjo en el gobierno tanta alarma como la insurrección del Norte Chico, por la posición estratégica de esa ciudad. El Ejército gubernamental, al mando del general Manuel García, inició el sitio de Talca; los revolucionarios resistieron con éxito sus reiterados ataques. El 7 de febrero, el Ejército se abrió paso por las improvisadas trincheras logrando entrar a la ciudad. Pero los talquinos no se entregaron; la lucha continuó en las calles, disputándose manzana tras manzana. El 13 de febrero, el Ejército pudo interceptar una montonera que venía desde Chillán en ayuda de los revolucionarios de Talca. A pesar de este contraste, los artesanos y campesinos de Vallejos no se rindieron. El Ejército regular tuvo que pedir refuerzos. Un diario de la época informaba: “La fuerza que manda el Supremo Gobierno para sofocar el movimiento de Talca, debe llegar a dicha ciudad compuesta por 1.800 infantes, 300 artilleros con 12 piezas de cañón y 300 hombres de caballería, incluso los cazadores (…) Ha fondeado el vapor Independencia en la bahía de Coronel con hombres de tropa del gobierno para marchar sobre Talca”.369 La heroica resistencia de los talquinos continuó hasta el 22 de febrero, día en el que fueron derrotados por fuerzas infinitamente superiores en número y armamento. El vilipendiado obrero molinero Vallejos murió en pleno campo de batalla a raíz de gangrena, provocada por una herida de bala en la pierna. Terminaba así, después de un mes y medio de lucha, una insurrección armada de carácter inequívocamente popular que en el transcurso del combate fue generando un poder dual que cuestionó la propiedad privada y el orden capitalista. El gobierno burgués, consciente de este peligro, concentró poderosas fuerzas militares para arrancar de cuajo el nuevo poder popular insurgente. El movimiento revolucionario talquino de 1859 puede ser considerado como una de las más importantes insurreciones populares armadas chilenas del siglo XIX.

La guerra civil en la zona de Concepción y la Frontera A pesar de la represión sufrida después de la derrota de 1851, la oposición penquista no se mantuvo inactiva. Durante las elcciones de 1858, para renovar el Parlamento y las autoridades del Cabildo, reanudó su campaña contra el gobierno de Montt y se puso en contacto, por intermedio de Eusebio Lillo, con los liberales santiaguinos. El principal portavoz de la oposición fue El Amigo del Pueblo, fundado el 12 de marzo de 1858, desde cuyas columnas se llamaba a los artesanos a luchar contra el gobierno: “Compañeros

368 369

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Cochut A., op. cit., p. 42. El Correo del Sur Nº 1057, enero 27 de 1859.

artesanos: no nos dejemos arredrar por los preparativos hostiles de la autoridad; son impotentes contra la opinión general y legalmente expresada de todo un pueblo”.370 El gobierno trató de contrarrestar la influencia de la oposición entre los sectores artesanales de Concepción a través del periódico El Correo del Sur: “Artesanos, desconfiad de aquellos que se llaman los amigos del pueblo y siembran en nuestro espíritu ideas desmoralizadoras y subversivas, en vez de hablaros de vuestros deberes sociales”.371 El inicio de la guerra civil en el Norte Chico encontró a la oposición penquista en un grado insuficiente de preparación para la lucha armada. El industrial molinero Juan Antonio Pando trató de coordinar el movimiento revolucionario entre Talca y Concepción. “No encontrando cooperación en los dirigentes opositores, tal vez por rivalidades lugareñas, organizó secretamente grupos obreros”.372 Según Nicomedes Ossa, los dirigentes liberales de la zona sur, José Riquelme, Antonio Pando, Víctor Limas, Nicolás Tirapegui, Carlos Benavente, resolvieron “salir de Concepción para evitar las sublevaciones parciales o aisladas de los impacientes que, a pesar de todo, querían ir a la revolución, lo que pensábamos no llevarían adelante, al verse sin el apoyo de sus jefes reconocidos y únicos de seria influencia, que les garanticen por su posición, su fortuna y su carácter. Conforme con esto, el señor Pando se retiró al Maule, para conferenciar con el coronel Arteaga y con Nicomedes Ossa, que lo acompañaba; y a la ciudad de Chillán para conferenciar con el señor Bernardino Pradel, que era el jefe de la oposición en Ñuble y en los pueblos de la Frontera”.373 Apuntes escritos por un protagonista de estos sucesos, Tomás Smith, entregados al historiador de la revolución de 1859, Pedro Pablo Figueroa, arrojan mayor luz acerca de los preparativos de la oposición: Nos despedimos del general Cruz (que no quiso participar en la rebelión) y regresamos a Queime. Después, el coronel Arteaga dispuso que su hijo Domingo Arteaga Alemparte, asociado a don Tomás 2º Smith, marchasen a Concepción llevando una letra por ocho mil pesos que giró don Nicomedes C. Ossa a cargo del Banco de don Francisco I. Ossa de Santiago y a la orden de don Aníbal Pinto, dinero que fue a servir para la compra de escopetas, sables, municiones, etc.374

Los informes de Ossa y Smith, activos participantes del movimiento revolucionario de 1859, demuestran que la situación era diferente a la de 1851. En la anterior guerra 370 371 372 373

374

El Amigo del Pueblo, 17 de abril de 1858, Concepción. El Correo del Sur, Nº 925, marzo 16 de 1858, Concepción. Encina, XIII, 307. Informe de Nicomedes Ossa en “Memoria” de Ricardo Claro y reproducido por Pedro P. Figueroa: op. cit., 558. Ibid., p. 564.

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civil, la oposición pudo contar desde el comienzo con el control absoluto de la ciudad de Concepción y de los puertos de Talcahuano y Tomé, además de Chillán y otros pueblos de la Frontera. En 1859, el gobierno de Montt, basado en la experiencia de 1851, adoptó medidas que impidieron a la oposición el dominio de la zona de Concepción. Una de esas medidas fue asegurarse la fidelidad de los altos mandos del Ejército de la Frontera, reemplazando a los militares partidarios del general Cruz por otros que gozaban de la confianza del gobierno, como el general Cornelio Saavedra. En 1859, la oposición no contó con un ejército como en 1851; el coronel Arteaga fue uno de los pocos oficiales que se plegaron al movimiento. Los documentos de Ossa y Smith demuestran, asimismo, que los dirigentes liberales adoptaron el criterio de no jugar el todo por el todo en una insurrección dentro de la ciudad de Concepción y resolvieron salir de ella “para evitar las sublevaciones parelales o aisladas de los impacientes que, a pesar de todo, querían ir a la revolución”. La táctica militar de la oposición fue entonces preparar montoneras y guerrillas en el campo y desde allí intentar el asalto a las ciudades. Las primeras tentativas fueron la toma de Talcahuano y Tomé, efectuadas respectivamente por Juan José Alemparte y Mateo Madariaga. Estas fuerzas coordinadas lanzaron el 8 de febrero un ataque a Concepción con 600 hombres mal armados. Según Aníbal Pinto, “la mayoría de los miembros del ejército revolucionario eran artesanos”.375 En una carta al general Cruz, Aníbal Pinto comentaba: El combate principió a las cinco y un cuarto y concluyó a las ocho. Quien lo sostuvo principalmente de parte de los opositores fue Luis Cruz. Se distinguió también por su arrojo Madariaga, joven de la edad de Luis. Juan Alemparte se portó igualmente con mucho valor. Morirían en la refriega de una y otra parte no menos de 60 y quedarían heridos algo más de otros tantos. De la parte del gobierno murió un oficial de artillería, Sáez, un Novoa y otro oficial, cuyo nombre no recuerdo. De parte de la oposición murieron algunos artesanos conocidos, entre ellos un Montiel, que quedó en el campo con nueve balazos. Tenía fama de valiente y mostró merecerla.376

En el asalto a Talcahuano y Concepción tuvo también destacada participación la valiente periodista Rosario Ortiz, “la Monche”, que había vuelto a ocupar un puesto de combate, como en el proceso revolucionario de 1851. Desde principios de 1858 había colaborado con su pluma en el Amigo del Pueblo, de cuya redacción formaba parte junto a otra mujer, Úrsula Binimelis, y connotados miembros liberales de Concepción, como Manuel Lara, Manuel Novoa, Pedro Ruiz Aldea, Víctor Lamas y Carlos Castellón. Gracias a sus acciones y a la experiencia ganada en la guerra civil de 1851, se le otorgó 375

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Carta de Aníbal Pinto al general Cruz, 16 de febrero de 1859, reproducida por Agustín Edwards: op. cit., Tomo I, p. 183. Ibid., p. 183.

el grado de capitán del ejército revolucionario, donde “instruía a los soldados como un aventajado veterano. Con las fuerzas revolucionarias de Juan Alemparte atacó a Concepción y le cupo disparar el primer cañonazo contra las tropas del gobierno”.377 Comentando esta actuación de “la Monche”, Pedro Pablo Figueroa escribe: Una ilustre y valerosa heroína los acompañaba, vivandera popular penquista, Rosario Ortiz, la que se había batido al frente de sus filas en el ataque a Talcahuano. Rosario Ortiz peleó con inaudito coraje por la causa constituyente en la capital del Bío-Bío. Rosario Ortiz era una Luisa Michel penquista, pues estaba dotada de la misma naturaleza batalladora y de igual entusiasmo tribunicio que la poderosa y honesta propagandista contemporánea de Francia.378

La prensa oficialista trató de neutralizar el apoyo que prestaban los artesanos a la rebelión: “Alerta artesanos! No os dejéis alucinar por los falsos alhagos de las montoneras, de los civilizadores de Arauco. Alerta artesanos! Hay hombres que os echan de carnada, que se burlan de vosotros”.379 En otro artículo sobre “los caudillos de la revolución”, el mismo periódico gobiernista destilaba su odio de clase: Si nos fijamos en los hombres que han dirigido esos hechos escandalosos encontraremos un Vallejos, mayordomo de un molino, hombre oscuro, sin prestigio de ningún género; encontraremos un fulano de tal desconocido aun en la misma provincia que trastorna, un joven criado en el campo, contraído a la cría de gallos y potrillos; encontraremos otros muchos, que si tienen alguna celebridad, es por cierto muy funesta, pues se hacen conocidos en el lugar de residencia por sus excesos o sus malas costumbres. ¿Y con aquellas montoneras? ¿Y con estos jefes se pretendía regenerar al país? ¡Qué delirio! ¡Qué locura! Eso no es revolución, eso no se llama movimiento tendiente al triunfo de una idea: las revoluciones no se hacen, las revoluciones vienen de los progresos de la inteligencia, los adelantos de la ciencia. El vulgo llama revolución a todo movimiento tendiente a trastornar el orden; pero se degrada el verdadero sentido de la palabra revolución, cuando se la aplica a las compañías de bandoleros, sin principios y sin otra mira que la desolación y el pillaje. Los araucanos jamás pueden hacer revolución, sino saqueo y robo.380

Después del frustrado ataque a Concepción, Nicolás Tirapegui pudo organizar unos mil hombres cerca de Arauco. En Santa Juana se reunió con la montonera de Benjamín Videla, que había hecho correrías por los alrededores de San Carlos de Purén. Luego ocuparon Los Ángeles, quedando como Intendente Pedro Ruiz Aldea. Las fuerzas del gobierno, comandadas por Cornelio Saavedra, se vieron obligadas a retirarse a Chillán. 377

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Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata S. Libro de Oro de la Historia de Concepción, p. 268, Concepción, 1950. Pedro P. Figueroa, op. cit., p. 565. El Correo del Sur, Nº 1066, febrero 17 de 1859, Concepción. Ibid., Nº 1065, febrero 15 de 1859.

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En Los Ángeles se presentó Bernardino Pradel con sus huestes araucanas. Pradel era el caudillo de mayor popularidad entre los indígenas; tenía relaciones muy estrechas con el cacique Mañil. En conocimiento de la escasa preparación de sus compañeros insurgentes, se opuso a que avanzaran hacia Chillán hasta no contar con unas 6.000 lanzas. Mientras tanto, Juan Alemparte trataría de ganar el apoyo de los pehuenche. A pesar de las sugerencias de Pradel, el ejército revolucionario, integrado por unos mil hombres, dirigidos por Tirapegui, avanzó hacia Chillán. El 12 de abril, a una legua de esta ciudad, en Maipón, los insurrectos fueron derrotados por el Ejército gubernamental. La historia oficial da por terminadas aquí las operaciones de los rebeldes sureños en la guerra civil de 1859. Sin embargo, varios documentos demuestran que la lucha se prolongó un año más en la zona de la Frontera.

La rebelión de los mineros de Lota y Coronel Otra diferencia entre el proceso revolucionario de 1851 y el de 1859 en la zona de Concepción fue la participación en este último del incipiente proletariado minero de Lota y Coronel. En la guerra civil de 1851 no se habían registrado choques ostensibles entre los obreros mineros y sus patrones. En cambio, durante el movimiento revolucionario de 1859, se produjeron importantes rebeliones de los obreros de las minas del carbón. El 19 de febrero de 1859, el diario del gobierno, El Correo del Sur, de Concepción, mostraba su inquietud por la influencia que pudiera tener sobre los mineros el hecho de que un cura de la zona se hubiese incorporado a las montoneras: “El minero de Coronel, que ve comprometido a su párroco en montoneras, no distingue en su ignorancia al hombre débil de la religión grande y sublime que representa”.381 En ese mismo mes, 500 mineros se incorporaban al proceso revolucionario cuando la compañía de infantería sublevada en Arauco por el sargento José Carrosa entró a Coronel. Pascual Ruiz, gobernador de Lautaro, comunicaba al Intendente de Concepción, en noviembre de 1859, que había dado órdenes para prohibir la salida de gente de Lota sin autorización legal y declarar el estado de emergencia con el fin de asegurar el orden en esa ciudad.382 El mismo gobernador, en otra comunicación al Intendente de Concepción, destacaba los méritos de José Antonio Monsalves, vecino de Lota, por haber defendido el orden en la revolución de 1859, “contribuyendo a desbaratar a las montoneras y la insurrección de los trabajadores de los minerales del carbón”.383 381 382

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El Correo del Sur, Nº 1067, febrero 19 de 1859. Archivo Nacional. Intendencia de Concepción, Vol. 477, oficio Nº 105, fechado en Santa Juana el 7 de noviembre de 1859. Ibid., Vol. 246, oficio emitido en Santa Juana el 15 de mayo de 1860.

El periódico penquista El Correo del Sur informaba acerca de otra rebelión del proletariado minero del carbón en el mes de septiembre de 1859: ¿A qué se debe sino es a la pasada revolución la funesta desmoralización de las masas? En casi toda la extensión de la república de sud a norte, se levantan asonadas entre las clases más inferiores de la sociedad, con el objeto de robar y entregar al pillaje de una plebe desenfrenada, las propiedades, el trabajo de los ciudadanos laboriosos y pacíficos. La Intendencia ha tenido noticias que se pensaba llevar a cabo una asonada en Coronel y Lota con el objeto de saquear estas dos poblaciones. Se tomó las medidas del caso para impedir a los mineros que cometiesen los mismos excesos que lamentamos en Lota. ¿Qué diferencia hay entre los araucanos y los amotinados de Lota? El motín de Lota no solo es un hecho inconcebible y sin disculpa, ni antecedente alguno. Teniendo noticia que los peones del establecimiento de don Matías Cousiño, se iban a insurreccionar para el último 18 se tomaron las prevenciones; el día 18 como 400 peones, armados de garrotes, se lanzaron, no pudiéndoles hacer frente asaltaron todas las casas comerciales, llevándose las cosas; al otro día pensaban en unión con los de Coronel y Playas Negras, saltear a los vecinos de ese pueblo. Se armó un pequeño grupo de gente que pudo derrotar a los montoneros al día siguiente.384

Paralelamente a estas rebeliones obreras, en una zona cercana a las minas del carbón operaba en 1859 la montonera de Patricio Silva. La región de Arauco era el centro de operaciones de esa guerrilla. Sus incursiones fueron denunciadas por Mauricio Apolonio, subdelegado de Lota, en oficio al Intendente de Concepción, en el que informaba sobre “el estado lamentable a que ha reducido aquellos campos el bandido de Patricio Silva i sus montoneras, robándose todas las haciendas”.385 En abril de 1859, El Correo del Sur manifestaba que “los huasos de Arauco no quieren entrar en la senda tampoco. Robos hechos por vagos que han abandonado las pequeñas poblaciones para entregarse al socialismo y comunismo prácticos, que saben desempeñar con tanta destreza”.386

El levantamiento mapuche La participación de los mapuche en la guerra civil de 1859 abarcó a un mayor número de tribus que en 1851, adquiriendo contornos de un levantamiento generalizado en defensa de sus tierras y por sus propias reivindicaciones históricas. Mediante el apoyo al sector liberal de oposición, los araucanos quisieron expresar su abierta resistencia al plan de colonización del gobierno de Montt. Este plan consistía 384 385

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El Correo del Sur, Nº 1158, septiembre 22 de 1859. Archivo Nacional. Intendencia de Concepción. Vol. 477, oficio 149, fechado en Lota el 30 de octubre de 1859. El Correo del Sur, Nº 1092, abril 19 de 1859.

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en coaccionar a los indios para que vendieran sus tierras al Estado o a los particulares. Los indios se vieron en poco tiempo despojados de sus haciendas –señala el autor de un folleto escrito en 1860– impedidos de apacentar sus rebaños y aherrojados con el pretexto de que eran revoltosos. Se hizo más: se les trajo a la cárcel, se les mantuvo a pan y agua, y se les propuso la escritura de venta, en este estado de aberración mental, como una condición de obtener su soltura. Las infelices víctimas compraban de esta manera su libertad y el derecho a regresar a su patria; pero para colmo de oprobio no les daban, como les prometían, el valor de sus terrenos enajenados. Para reivindicar sus propiedades tenían después que comparecer al juzgado de letras. Todos los pleitos de la provincia de Arauco tienen por origen alguno de estos tres principios: mala fe de los contratantes, extensión del terreno enajenado, falta de pago de la cosa vendida (…) La sublevación de 1859 la consideraron los araucanos como una oportunidad de vengarse de los agravios que habían recibido en sus personas y haciendas (…) El indio ve con amargura sus campos cultivados por extraños, poblados de intrusos; y para reconquistarlos no piensa en la justicia humana, porque por mandato de ella ha sido despojado, y esa justicia también no hace nunca para el desvalido; el indio toma la tea enfurecido y llevando adelante la devastación vuelve a quedar dueño y señor de lo suyo.387

Los abusos cometidos por los compradores de tierras habían suscitado innumerables protestas de los mapuche, pero el juez de la zona de Arauco, Salvador Cabrera, no daba lugar a los reclamos porque estaba coludido con los terratenientes. Premunido de su influencia –comenta Figueroa– cooperaba con su autoridad al éxito de las empresas de sus secuaces que ambicionaban adquirir terrenos en aquella provincia tan codiciada de la frontera. Esto atizaba la odiosidad reconcentrada de los indígenas. La revolución constituyente vendría a ser en Arauco la explosión del rencor sofocado por la impotencia, el estallido de la desesperación de ese pueblo abatido por el abuso, de esa raza heroica subyugada por la arbitrariedad y el descaro de la autoridad (…) Se sublevó la raza araucana entonces para rescatar sus propiedades que le habían sido arrancadas por el fraude. La indiada se propuso vengarse de sus usurpadores y teniendo al cacique Juan Mañil a la cabeza, se lanzó sobre las poblaciones circunvecinas.388

La rebelión mapuche, combinada con la guerra civil de 1859, fue, para Velasco y Donoso, una sublevación generalizada que llegó incluso a amenazar a Concepción y causó la destrucción de numerosas propiedades, especialmente en Nacimiento.389 Las incursiones indígenas, relacionadas con las montoneras de la oposición liberal, abarcaron desde la costa de Arauco hasta Chillán, en una nueva versión de su tradicional táctica de guerra móvil y de guerrillas ya probada con éxito en los levantamientos generales de 1550, 1598, 1655, 1723, 1766 y en la “guerra a muerte” de 1820. 387

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Pedro Ruiz Aldea. La política de Arauco, pp. 9 y 10, manuscrito del 18-VII-1860, en Archivo Vicuña Mackenna, Vol. 50, pieza 16. Pedro P. Figueroa, op. cit., p. 579. Fanor Velasco y Ricardo Donoso: La Propiedad Austral, p. 74, 2ª edición, ICIRA, Santiago, 1970.

El nuevo levantamiento araucano se inició en Negrete y fue dirigido por Maguil. Luego se extendió a Nacimiento y Los Ángeles, donde se reunieron con las fuerzas de Bernardino Pradel y ocuparon la fértil comarca de la isla del Laja. Los diarios oficialistas exigieron una expedición punitiva: La necesidad no solo de hacer un escarmiento sobre la raza araucana, sino la de reducirla a la impotencia de hacernos mal alguno, es en el día tan reconocida, que casi no hay quién no pida esta medida, como el único remedio para curar al país de millones de males. Se comprende muy bien que son unos huéspedes odiosos y perjudiciales para Chile. Todo el mundo sabe que el territorio de la araucanía es un focus donde van a refugiarse todos los criminales que se escapan de las cárceles. Las mil familias que hoy están en la miseria; los robos sin número cometidos por el salvaje, crímenes de todo género perpetrados a la luz del día y sin que nadie pudiera evitarlos, están clamando porque pronto nos decidamos por las medidas extremas, pues los medios conciliadores nada han hecho en esa raza estúpida, mengua y oprobio de la Nación chilena. Si queremos quitar a la anarquía uno de sus apoyos, sepamos deshacernos de la influencia araucana.390

La discriminación racial y el espíritu de conquista de los blancos llega a extremos increíbles de ideologización cuando se afirma que los araucanos “no tienen el derecho de propiedad por ley natural, ni por el fruto de su trabajo, ni por una ley civil. No solo por el hecho de habitar en una región se va a tener el derecho de propiedad”.391 El levantamiento general araucano continuó durante cerca de un año, a pesar de la derrota de la oposición liberal en abril de 1859. Cuatrocientos caciques se reunieron en agosto de ese año para coordinar un ataque a Nacimiento y Los Ángeles. El 12 de noviembre de 1859 atacaron Nacimiento y el 17 de febrero de 1860 unos 2.000 indios y montoneros arrasaron Negrete. El Correo del Sur informaba en sucesivos números: “Los indios y montoneros cada vez más roban y amenazan las poblaciones. Se ha organizado una montonera en el departamento de Lautaro, en el lugar denominado “La Palmilla”, cerca de Nacimiento, individuos están asolando los campos infundiendo el terror”.392 “La villa de La Florida también ha sido el teatro de los avances de las montoneras”.393 “Grande ha sido la alarma en los últimos días sobre el rumor de una gran invasión de salvajes araucanos sobre la plaza de Arauco”.394 Se sabe que los indios se han retirado de Arauco dejando 117 muertos, como resultado de los combates librados desde el 18 hasta el 21 de noviembre”.395 Según Encina: 390 391 392 393 394 395

El Correo del Sur, Nº 1093, abril 23 de 1859. Ibid., Nº 1138, agosto 6 de 1859. Ibid., Nº 1148, agosto 30 de 1859. Ibid., Nº 1173, noviembre 1 de 1859. Ibid., Nº 1177, noviembre 10 de 1859. Ibid., Nº 1184, noviembre 26 de 1859.

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Los clamores de los habitantes de la Laja y de Arauco, obligaron al gobierno a destinar a Arauco parte del ejército que acababa de triunfar en Cerro Grande. Las tropas gobiernistas descercaron a Nacimiento, que los indios tenían rodeado desde el 12 de noviembre de 1859 y los derrotaron junto al río Malleco. Los indios lograron aniquilar un destacamento de caballería, pero su principal ejército, compuesto de 2.000 hombres, fue rechazado en el asalto a Negrete y una semana más tarde, en un segundo asalto a Nacimiento. Fracasaron también los asaltos que dieron a la plaza de Arauco en la Baja Frontera. En los primeros momentos, la escasez de caballería no había permitido a los jefes gobiernistas sacar a sus victorias el partido correspondiente. Remediada esta deficiencia, las nuevas derrotas de los indios terminaron en sangrientas persecuciones que los intimidaron. A principios del invierno de 1860 se presentaron a dar la paz. Pero el gobierno, comprendiendo que el nuevo parlamento solo iba a ser una tregua que nada resolvía, la rechazó. Había resuelto empujar a los bárbaros hacia el sur y hacia la cordillera, avanzando gradualmente la línea de la frontera hasta el Malleco.396

Las tolderías mapuche sirvieron de refugio a los revolucionarios, como “la Monche”, que lograron escapar después del fracaso de la guerra civil. Derrotada otra vez la revolución, la heroína penquista se refugió entre las tribus de Arauco hasta que el Presidente José Joaquín Pérez le dio la amnistía en 1862 (…) Rosario Ortiz murió pobre y olvidada. En el cementerio de esta ciudad [Concepción] existe una modesta tumba en que se encuentra grabado este sencillo epitafio: “Aquí descansa la Monche, vivió y murió por la libertad. Un obrero.397

Las guerras civiles y su ideología en América Latina* A nuestro juicio, el análisis de las guerras civiles se ha efectuado con una metodología equivocada, poniendo el acento en lo ideológico, en la pugna entre las concepciones políticas federales y unitarias, entrecruzadas por ideologías liberales y conservadoras. Es efectivo que en varios casos la rebelión de las provincias se hizo bajo las banderas del federalismo en contra del centralismo de la capital. Pero muchas veces los unitarios fueron liberales, mientras que los federales eran con frecuencia representantes de las oligarquías conservadoras. Líderes como Guzmán Blanco, de Venezuela, comenzaron siendo federales y terminaron erigiéndose en los campeones del centralismo y, de paso, del liberalismo. En fin, para controlar las entradas de la Aduana, la burgesía criolla adoptó tanto la ideología liberal como la conservadora. 396 397

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Encina, XIII, 582-583. Carlos Oliver Schneider, op. cit., p. 268. Texto agregado por el autor con posterioridad a la edición de 1973 (N.E.).

Unitarios y federales, liberales y conservadores, reforzaron nuestra condición de países dependientes al aprobar el pacto neocolonial que, a cambio de una mayor cuota de exportación, permitió la entrada indiscriminada de manufacturas extranjeras. Esta conclusión general no significa negar la existencia de matices entre liberales y conservadores o entre federales y centralistas. Los liberales tenían importantes diferencias con los conservadores, particularmente en torno a la expropiación de las tierras de la Iglesia y las cuestiones teológicas. La lucha por la propiedad territorial frecuentemente encubierta por programas relacionados con la religión, como fue el caso de las guerras civiles de Colombia. El regionalismo precedió a la teoría federal porque fue un proceso objetivo gestado desde la colonia. El federalismo fue la expresión política de las aspiraciones provinciales. Pero no hay que identificar federalismo con liberalismo, porque hubo políticos de tendencia liberal, como Bolívar, que defendieron el sistema centralista y, a la inversa, conservadores de provincias que empuñaron las banderas del federalismo. El pensamiento federal fue una de las pocas ideologías no importadas de Europa, ya que constituyó una adaptación de la experiencia norteamericana, aunque con una gran diferencia; mientras el federalismo de Estados Unidos se practicó al servicio de una política de industrialización, el federalismo latinoamericano estuvo en función de los intereses de las oligarquías regionales comprometidas en una economía primaria exportadora dependiente. El federalismo surgió desde los primeros días de la Independencia para defender intereses regionales tan poderosos que enervaron la formación de un Estado Nacional y condujeron a la liquidación del proyecto unitario continental de Bolívar y a la desmembración de la Gran Colombia. Aunque el federalisnio no fue sinónimo de liberalismo, en algunos casos la terminología liberal estuvo al servicio de la tesis federal. Cuando José Miguel Infante, el teórico del federalismo chileno, planteaba en el Congreso de 1826 que “este es el día en que empiezan a temblar los tiranos y los hombres libres a llenarse de consuelo al oír la federación”, quería decir que había llegado el momento en que las provincias, bajo la constitución federal, alcanzarían su “libertad” frente a los “tiranos del gobierno central”. En algunos países se desarrollaron tendencias plebeyas de izquierda en el seno del movimiento federal. Estas alas radicales de los rebeldes de provincias estuvieron fuertemente influenciadas por las ideas jacobinas de las revoluciones francesas de 1789 y 1848, fenómeno expresado en numerosos documentos y periódicos de la época. El federalismo se hizo popular porque representaba, aunque en forma distorsionada, las aspiraciones de las masas rurales del interior. El ultramontano José Manuel Estrada

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tuvo que reconocer a mediados del siglo pasado que “el partido unitario era aristocrático, mientras que el federal era popular por su composición”.398 Igual caracterización hacen casi todos los autores venezolanos respecto del partido federal, encabezado en la década de 1850 por Ezequiel Zamora.

Regionalismo y conflicto de clases Nos parece más fecundo estudiar el proceso real del enfrentamiento de clases que atenerse a la letra de lo que dicen o escriben liberales y conservadores, unitarios y federales. En este proceso de guerras civiles, de conflictos regionales y conflictos de clases es más importante investigar las raíces de la lucha social que la fachada ideológica federal o unitaria. El levantamiento de las provincias contra la capital fue el resultado de una doble rebelión: la de la oligarquía y pequeña burguesía del interior, por un lado, y la de los sectores populares, por otro, como los artesanos de Colombia, los llaneros venezolanos, las masas rurales de Argentina y los campesinos, artesanos y obreros mineros de Chile. En el fondo, las guerras civiles fueron la expresión de una lucha interburguesa, logrando una de esas fracciones, la del interior, arrastrar a los sectores populares. En algunos casos, como el chileno, los enfrentamientos fueron entre la burguesía minera, coaligada con los productores agrarios del sur, y los terratenientes y la burguesía comercial del centro del país. En Argentina chocaron los estancieros del litoral, aliados a las oligarquías locales, con la burguesía comercial porteña. En Venezuela, los ganaderos y llaneros se opusieron a la cacaocracia y a las casas comerciales de Caracas y Maracaibo. La rebelión de las provincias configuró un movimiento de oposición heterogéneo y policlasista. Las guerras civiles, iniciadas como pugna interburguesa, cambiaron su fisonomía social con la incorporación masiva a la lucha de campesinos, indígenas, artesanos, trabajadores mineros, negros libertos y esclavos. El carácter policlasista del movimiento sufrió una prueba de fuego cuando los sectores explotados ocuparon haciendas, plantaciones, fundos y minas. Ante esta agudización de la lucha de clases, más de un capitalista federal y “liberal” se pasó al gobierno conservador que, al fin de cuentas, por encima de su centralismo garantizaba el orden y el respeto a la propiedad privada. Así como los obreros franceses dirigidos por Roux y Leclerc en 1789 y los levelers ingleses del siglo XVII fueron más allá de los límites sociales fijados por Robespierre y Cromwell, los explotados de América Latina que participaron en las guerras civiles sobrepasaron en ciertos momentos el moderado programa federal de la burguesía minera y de la oligarquía terrateniente del interior. Durante las guerras civiles de 1851 398

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J.M. Estrada. La política liberal bajo la tiranía de Rosas, Buenos Aires, 1947, p. 14.

y 1859 en Chile, los artesanos de Copiapó tomaron el poder local y los trabajadores y artesanos de Talca lograron controlar la ciudad durante varios días. Los artesanos de Bogotá intentaron un asalto al poder, mientras los llaneros venezolanos ocupaban pueblos rurales y vastos latifundios. Los “cabanos” del nordeste brasileño llegaron a ocupar la ciudad de Belém, mientras los indígenas de varios países latinoamericanos aprovecharon las guerras civiles entre blancos para tratar de reconquistar sus tierras.

¿Federalismo = Feudalismo? Numerosos autores han confundido federalismo con feudalismo, identificando caudillo local con señor feudal. Ramón J. Velázquez sostiene que “cada uno de los Estados de la Alianza Federal es en realidad un gran feudo (…) es una alianza de intereses feudales”.399 Otro historiador venezolano, Augusto Mijares, al referirse a la Guerra Federal, incurre en el mismo error, pues afirma que la Federación convirtió cada región en “feudo de los caudillos triunfantes”.400 Carlos Irazábal sostuvo que “el federalismo era de neta inspiración y contenido feudal”. Obviamente, se ha confundido el control político local del caudillo con el poder que ejercían los señores del medioevo europeo en su feudo. Esta comparación no resiste el menor análisis sociológico, fundamentalmente porque en América Latina no hubo un modo de producción feudal. Las luchas de los caudillos del interior no expresaban intereses feudales, sino la protesta de las oligarquías locales o de la burguesía minera provinciana en contra del centralismo de la capital.

¿Revolución democrático-burguesa? Más atrayente, pero no por eso menos falsa, es la apreciación de Germán Carrera Damas, consistente en caracterizar de revolución democrática a la guerra federal venezolana de 1859-64, que habría sido “el segundo gran esfuerzo de la naciente burguesía venezolana para crear las condiciones históricas necesarias de su desarrollo. Originada como una revolución burguesa, concebida como tal y manejada con ese propósito, la Guerra Federal, pese a las intrusiones de un intenso y fallido democratismo popular, estuvo lejos de ser un movimiento frustrado”.401 Carrera Damas pareciera 399

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Ramón Velásquez: La caída del liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes, Caracas, 1973. Augusto Mijares: La evolución política de Venezuela, en Venezuela Independiente, p. 125, Caracas, 1962. Germán Carrera Damas. “Visión histórica de Venezuela”, en Temas de historia social y de las ideas, p. 34, UCV, Caracas, 1969.

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ignorar que una revolución democrático-burguesa tiene como objetivos centrales la industrialización, la ruptura de la dependencia, la reforma agraria y la creación de un fuerte mercado interno. La fracción de la clase dominante que triunfó en la Guerra Federal no acometió ninguna de estas tareas, sino que fortaleció la economía primaria exportadora dependiente, heredada de la colonia. Los llaneros venezolanos, las montoneras argentinas y los huasos chilenos eran fuerzas democráticas porque representaban a la mayoría de la sociedad, pero su conducción política no tuvo intención alguna de llevar adelante un proceso revolucionario democrático-burgués. Es un mito, fabricado por apologistas como Puiggrós, afirmar que “apoyándose en las clases más bajas y oprimidas, los caudillos montoneros atacaban a las clases dominantes de la sociedad”.402 Tanto Quiroga como López y Ramírez eran estancieros ricos del interior de la Argentina. Los Matta y los Gallo, que encabezaron la guerra civil de 1859 contra la capital santiaguina, eran los miembros más ricos de la burguesía minera del Norte Chico chileno. Es obvio que ni los estancieros ni la burguesía minera luchaban contra su clase, sino contra una fracción de ella, la burguesía comercial capitalina, con el fin de disputarle el control del aparato del Estado o, en todo caso, llegar a una transacción política para compartir el poder, como pasó en Chile y Venezuela a principios de la década de 1860. El acuerdo fue más amplio en Colombia, donde el gobierno central llegó a consentir que cada provincia (Antioquía, Panamá, etc.) fuera administrativamente autónoma. Otra tesis, que se convirtió en verdad absoluta desde Sarmiento, identificó ciudad capital con “civilización”, y “barbarie” con masas rurales del interior. Testigo impugnador de esta falacia fue Alberdi, quien se atrevió oportunamente a denunciar que “no sé si puede existir una democracia bárbara, pero sí sé que ese modo de calificarla es bárbaro (…) distinguir la democracia en democracia bárbara y democracia inteligente es dividir la democracia(…). Que den ese título a la mayoría de un pueblo los que se dicen ‘amigos del pueblo’, ‘republicanos’ o ‘demócratas’, es propio de gentes sin cabeza, de monarquistas sin saberlo, de verdaderos enemigos de la democracia(…) quieren reemplazar los caudillos de poncho por los caudillos de frac (…) las mayorías por las minorías populares, la democracia que es democracia por la democracia que es oligarquía”.403 Muchos de estos aspectos controvertidos pueden ser dilucidados en gran medida con estudios zonales en profundidad. Felizmente, en las últimas décadas ha comenzado a trabajarse en Historias Regionales que están arrojando bastante luz sobre la historia latinoamericana. En archivos de provincias –y también en la tradición oral, literaria, plástica y musical– se encuentran documentación y testimonios que empiezan a 402 403

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Rodolfo Puiggrós: La herencia que Rosas dejó al país, p. 15, Ed. Problemas, Buenos Aires, 1940. Juan Bautista Alberdi. Escritos póstumos, V, pp. 187 y 204, Buenos Aires, 1895.

mostrar nuevas facetas de la historia. A veces se corre el riesgo de caer en lo parroquial, pero si se logra trabajar con una metodología global que integre el análisis regional a la formación social nacional y latinoamericana, los estudios de historia regional serán muy importantes en la reconstrucción de nuestro pasado y de las especificidades de cada zona. Para ello, es necesario redimensionar el concepto de región, dándole un contenido más latinoamericano, sin restringirlo a los límites formales de las fronteras de cada país.

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capítulo v. El proceso de la dependencia durante la primera mitad del siglo XIX

Limitado el proceso de liberación a la independencia política formal, nuestros países latinoamericanos pronto cayeron bajo un nuevo tipo de dependencia. La clase dominante criolla fue incapaz de profundizar un proceso de revolución democráticoburguesa que posibilitara una real liberación nacional. Para cumplir este objetivo, era necesario realizar una reforma agraria, crear un mercado interno y establecer las bases de una industria nacional. La burguesía criolla prefirió en cambio consolidar los rasgos aberrantes de nuestra economía heredados de la colonia, reforzando la función de países productores y exportadores de materias primas básicas. Rotos los lazos con España y, por lo tanto, con el monopolio comercial del Imperio, la burguesía criolla necesitaba otros mercados para la colocación de sus productos agropecuarlos y mineros. Los encontró en las metrópolis europeas, en pleno proceso de revolución industrial. Para asegurar mejores precios y mayor demanda de sus productos debía comprometerse a permitir la entrada indiscriminada de manufactura extranjera. La burguesía criolla, interesada fundamentalmente en la exportación de materias primas, otorgó las garantías exigidas por las potencias extranjeras. Los países latinoamericanos entraron entonces en un nuevo proceso de dependencia. Sin embargo, se ha exagerado al afirmar que nuestro continente pasó de su condición de colonia española al de colonia inglesa. Esta caracterización no resiste un análisis riguroso. Numerosos autores contemporáneos han puesto de moda el concepto de dependencia, sin ponderar los cambios cualitativos que se registran en las diversas fases de la historia latinoamericana. No basta señalar que nuestro continente es y ha sido dependiente. Esta generalización solo puede revelar su contenido concreto en la medida en que se definan los rasgos específicos de la economía y de la lucha de clases de los diferentes períodos del desarrollo histórico de la dependencia. En general, la dependencia de América Latina se ha manifestado en forma distinta a través de cuatro períodos fundamentales: a) colonia española (1500-1810); b) países formalmente independientes, con una burguesía criolla dueña de las riquezas nacionales pero dependiente de los mercados europeos (1810-1890); c) semicolonia inglesa (1890-1930) y d) semicolonia norteamericana (de 1930 hasta…). La cualificación

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de semicolonia, soslayada por autores pretendidamente marxistas, permite precisar la transformación cualitativa que se operó en nuestro continente a fines del siglo pasado. Este cambio significativo en nuestra condición de países dependientes, producido hacia 1890 al inaugurarse la etapa imperialista, expresa que entre el período en que fuimos colonia española y el que llegamos a ser semicolonia inglesa existe una época que tiene características particulares. La especificidad de la dependencia de América Latina en el siglo XIX radica en que la burguesía criolla era dueña de las riquezas nacionales. Las tierras y las minas estaban en manos de los diversos sectores de la clase dominante de cada país. La plusvalía extraída a los trabajadores latinoamericanos por la burguesía criolla se realizaba en el mercado mundial mediante la venta de las materias primas. Una parte sustancial se apropiaban los capitalistas nacionales y otra iba a parar a las metrópolis, en concepto de compra de los productos manufacturados y del transporte de las materias primas, por carecer nuestros países de marina mercante nacional. Esta porción de la plusvalía era drenada hacia las metrópolis europeas a través de fluctuantes precios fijados por el mercado mundial y también por la acción de los mecanismos financieros, como los empréstitos e intereses a raíz de las deudas contraídas por los gobiernos latinoamericanos. La parte de plusvalía que quedaba en manos de los capitalistas criollos, en lugar de ser utilizada para la creación de una industria nacional, era reinvertida en tierras, minas e importación de maquinaria destinada solamente a las necesidades inmediatas de la producción agropecuaria y minera. Otra parte era gastada en mansiones, viajes a Europa y artículos suntuarios. La burguesía criolla, dueña de las riquezas nacionales, se consolidó sobre la base del aumento de la demanda de materias primas por parte de una Europa en plena revolución industrial. La división internacional del trabajo, acelerada por la revolución industrial agudizó el proceso de dependencia porque en el reparto mundial, impuesto por las grandes potencias, a nuestros países les correspondió jugar el papel de meros abastecedores de materias primas básicas y de importadores de productos industriales. La demanda del mercado internacional permitió un desarrollo del capitalismo criollo, pero, dialécticamente, reforzó los lazos de dependencia. El centro hegemónico impuso las reglas del juego, estimulando la evolución de un capitalismo dependiente. Mientras la producción minera y agropecuaria de América Latina aumentó en términos aritméticos, las nuevas relaciones de dependencia fueron creciendo en forma cuasi-geométrica. Sin embargo, nuestros países no eran colonias ni se habían transformado aún en semicolonias, porque además de conservar su independencia política formal eran dueños de riquezas nacionales. La estrecha subordinación de exportadores de materias primas sino también de importadores de productos manufacturados, configuraron

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un tipo específico de dependencia. La dependencia se manifestaba, asimismo, en los precios fluctuantes del mercado internacional, que provocaban crisis periódicas en nuestros países, y en la importación de maquinarias para aumentar la producción minera y agropecuaria. Los Estados llamados nacionales, surgidos de la fragmentación de América Latina en veinte países, promovieron, bajo la conducción política de los representantes de la burguesía comercial, minera y terrateniente, el desarrollo del capitalismo criollo mediante la construcción de obras de infraestructura, como puertos, canales de regadío, caminos y medios modernos de transporte y comunicación, como el ferrocarril y el telégrafo. La necesidad de incorporar estos adelantos y de importar una nueva tecnología para incrementar la producción minera y agropecuaria fortaleció los lazos de dependencia, porque nuestros países, carentes de industria propia, tuvieron que recurrir a las metrópolis capitalistas avanzadas. Una parte sustancial del excedente económico fue a parar por esta vía a manos de la burguesía industrial europea. El denominado “crecimiento hacia fuera”, del siglo pasado, generalización que alienta falsas ilusiones acerca de un supuesto “crecimiento hacia adentro” en la actualidad, fue la expresión económica de un proceso de dependencia complejo y específico. Fue un “crecimiento” que conllevaba la declinación porque se dio sobre la base de una economía distorsionada y subordinada, monoproductora y carente de una industria nacional, estructura que facilitó la fuga “hacia fuera” de gran parte del excedente económico. Esta economía dependiente tenía la particularidad de que las riquezas nacionales estaban en manos de los capitalistas criollos. Cuando éstas pasaron a poder del capital financiero extranjero a fines del siglo pasado, en los comienzos de la fase imperialista nuestros países entraron a la condición de semicolonias. América Latina ya no solo fue dependiente del mercado mundial, sino que también perdió sus riquezas nacionales. El cambio cualitativo en las relaciones de dependencia nos convertía en semicolonias.

Las formas de penetración extranjera Durante la primera mitad del siglo XIX, América Latina pudo conservar sus riquezas nacionales en poder de la burguesía criolla porque el desarrollo capitalista europeo no se fundamentaba todavía en la inversión de capital financiero en las zonas periféricas, sino en sus propias naciones en pleno proceso de industrialización. Los países llamados satélites contribuían en cierta medida a ese desarrollo capitalista de las metrópolis, abasteciendo sus necesidades de materias primas, hecho que permitía a la burguesía europea desplazar hacia la industria capitales que antes destinaba a la agricultura y minería. La compra de materias primas básicas a bajos precios y la venta de productos

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manufacturados a elevados precios en América Latina permitió a la burguesía europea aumentar su plusvalía y reinvertirla en las áreas económicas más promisorias de sus respectivos países. Salvo escasas excepciones, las metrópolis europeas no colocaron capital productivo en América Latina. Las formas de penetración fueron en general indirectas y encubiertas. En la primera mitad del siglo XIX, el modo preferente de penetración se hizo a través de empréstitos, ya sea para que los Estados latinoamericanos “sanearan” su hacienda pública, aumentaran la importación o financiaran las obras de infraestructura. Las metrópolis europeas fueron imponiendo progresivamente lazos de dependencia a los países latinoamericanos mediante el sistema crediticio, el control del transporte marítimo, la exportación de maquinarias para la explotación minera y agropecuaria, la introducción del ferrocarril y el telégrafo, además de la venta de artículos manufacturados de la compra de materias primas. Los empréstitos concedidos por las metrópolis europeas, especialmente Inglaterra, tenían por objeto comprometer a los países latinoamericanos para que abrieran las compuertas comerciales, adquirieran productos manufacturados y otorgaran el trato de nación más favorecida. Los gobiernos criollos contraían compromisos financieros que generalmente no podían cumplir, hecho que los acreedores europeos toleraban a condición de que se les otorgaran mayores franquicias comerciales. Este sistema crediticio permitía al capitalismo europeo no solo cobrar altos intereses por los préstamos y las deudas acumuladas, sino también obtener ventajas mercantiles, presionar para la rebaja de derechos aduaneros y hacer exigencias que tendían a desplazar a sus competidores norteamericanos. Inglaterra fue la nación que otorgó mayor número de empréstitos. De 55 millones de libras esterlinas invertidas en empréstitos mundiales, 24.894.571 correspondieron a Latinoamérica en el período comprendido entre 1822 y 1825, distribuidas de la siguiente manera: Países Brasil Brasil Argentina Chile Colombia Colombia México México Guatemala

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Año 1824 1825 1824 1822 1822 1824 1824 1825 1825

Valor nominal £ 3.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 4.750.000 3.200.000 3.200.000 1.428.571

% Interés anual 5 5 6 6 6 6 5 6 6

Banqueros Wilson y Cía Rothschild Baring Hnos. Hullet Hnos. Herwing, Graham y Cía. Goldschmidt y Cía. Goldschmidt y Cía. Barclay, Herring y Cía. Powles

Países Perú Perú Perú

Año 1822 1824 1825

Valor nominal 450.000 750.000 616.000

% Interés anual Banqueros 6 Frys y Chapman 6 Frys y Chapman 6 Frys y Chapman

Rosa Luxemburgo reproduce la siguiente cita de Tugan-Baranowsky: “¿De dónde han sacado los Estados sudamericanos los recursos para comprar en 1825 doble cantidad de mercancías que en 1821? Estos recursos se los suministraron los ingleses mismos”.404 Quizá el objetivo del capitalismo británico haya sido otorgar empréstitos para que los países latinoamericanos aumentaran el poder de consumo de los artículos industriales; pero la realidad histórica demuestra que estos empréstitos fueron invertidos primordiamente en las guerras civiles y en “sanear” las arcas fiscales. En rigor, el aumento de las importaciones británicas fue el resultado de la quiebra del monopolio comercial español y del crecimiento de la producción y exportación de productos agropecuarios y mineros. Cuando los empréstitos fueron suspendidos, la curva de las importaciones mantuvo su ritmo ascendente. La displicente morosidad de los gobiernos latinoamericanos fue la causa de la suspensión de numerosos préstamos. Gran Bretaña se resarció a largo plazo con intereses exorbitantes además de exigir mayores franquicias comerciales por el incumplimiento de las deudas. André G. Frank sostiene que “el libre comercio entre los fuertes monopolios y los débiles países latinoamericanos produjo inmediatamente una balanza de pagos deficitaria para los últimos. Para financiar el déficit, por supuesto, la metrópoli ofreció y los gobiernos satélites aceptaron, capital extranjero; y en los años cincuenta del siglo diecinueve los empréstitos comenzaron de nuevo a hacer sentir su presencia en la América Latina. No eliminaban los déficits, por supuesto; solo financiaban y necesariamente incrementaban los déficits y el subdesarrollo de Latinoamérica. No era raro dedicar el 50% de las ganancias de la exportación al servicio de esta deuda y al fomento del continuado desarrollo económico de la metrópoli. Entre tanto, el de la balanza y su financiamiento redundaron en sucesivas devaluaciones del patrón de oro o del papel moneda, y en inflación”.405 El monopolio de los medios de transporte marítimo ejercido por las metrópolis para trasladar nuestras materias primas fue uno de los factores que aceleraron la dinámica de las relaciones de dependencia. Los países latinoamericanos, carentes de marina mercante nacional, estaban obligados a transportar sus productos agropecuarios y mineros en los barcos ingleses, franceses y norteamericanos. Una parte apreciable 404 405

Rosa Luxemburgo. La Acumulación del Capital, p. 327, Ed. Grijalbo, México. A.G. Frank. “La inversión extranjera en el subdesarrollo latinoamericano”, en Pensamiento Crítico, Nº 27 abril 1969, p. 75, La Habana.

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del excedente económico latinoamericano se iba al extranjero por concepto de pago de fletes. Los empresarios navieros de Europa invertían capitales en la construcción de buques especiales, adaptados al transporte de minerales, trigo, cueros, etc. Para encubrir las necesidades de exportación de uno de los principales productos de Chile, varias firmas inglesas “invirtieron cuantiosos capitales en construir naves diseñadas especialmente para el transporte del cobre”.406 El control del transporte marítimo en aquella época era tan importante que la rivalidad entre Estados Unidos e lnglaterra por el dominio económico de América Latina se dio primordialmente en ese terreno. La lucha entre ambas potencias no se produjo, a lo menos en las primeras décadas del siglo XIX, por la inversión de capitales y la colocación de artículos industriales porque Estados Unidos no estaba en condiciones de exportar capital y manufactura suficiente y en condiciones de competir en calidad y precio con Inglaterra. La pugna intercapitalista se daba en gran medida por el dominio del transporte comercial de los productos de los nuevos países latinoamericanos. En 1827, Lord Liverpool, primer ministro inglés, planteaba que el problema clave de la política económica de Gran Bretaña, “desde hace más de cuatro siglos, ha sido impulsar y estimular nuestra navegación, como base firme de nuestro poderío; el pueblo de Estados Unidos se ha convertido en un rival más temible para nosotros que cualquier otra nación que hasta hoy haya existido. Los objetivos y la política norteamericanos parecen orientados fundamentalmente a suplantarnos en la navegación en todos los rincones del globo, pero más en particular en los mares contiguos a América”.407 En las primeras décadas de la República, algunos gobernantes intentaron fomentar el desarrollo de una marina mercante nacional, imponiendo gravámenes a los productos que entraran a nuestros puertos en barcos extranjeros. Estas disposiciones fueron fácilmente burladas por las empresas navieras de los países capitalistas avanzados, con el consentimiento de la burguesía criolla que, incapaz de invertir en la adquisición de una flota mercante, recurría a los barcos extranjeros que le aseguraban un transporte rápido de sus materias primas. La introducción de los ferrocarriles determinó una baja de los costos de transporte de los productos agropecuarios y mineros, pero al mismo tiempo fue uno de los medios más efectivos de penetración extranjera. Los países latinoamericanos tuvieron que recurrir a los capitalistas ingleses y a empréstitos fabulosos para poder financiar estas importantes obras de infraestructura. Los lazos de dependencia se anudaron tanto por

406 407

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Claudio Véliz. Historia de la Marina Mercante de Chile, p. 242. Ed. de la U. de Chile, Santiago, 1961. J. Fred Rippy. La rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por América Latina (1808-1830), p. 67, Eudeba, Buenos Aires, 1967.

las deudas contraídas como por la inversión de capitales extranjeros. Las vías férreas fueron tendidas en función de las zonas de exportación de materias primas para Europa. La importación de repuestos para los ferrocarriles y, sobre todo, de maquinarias modernas para la explotación agrícola y minera, condición básica para aumentar la producción y bajar los costos a fin de enfrentar la competencia, acentuaron en forma progresiva el carácter dependiente de los países latinoamericanos. El establecimiento del telégrafo y del alumbrado moderno fueron también vías importantes de penetración extranjera. Si a esta red de lazos de dependencia agregamos el control hegemónico que ejercían las metrópolis europeas para fijar los precios de nuestras materias primas y elevar los de los productos manufacturados, lo que repercutía en la balanza comercial, se comprenderá el carácter irreversible que tenía el proceso de la dependencia latinoamericana bajo la conducción de una burguesía criolla interesada exclusivamente en mantener nuestra condición de países exportadores de materias primas básicas.

Las nuevas relaciones de dependencia de Chile en la primera mitad del siglo XIX El manejo poco riguroso de la categoría de la dependencia ha llevado a algunos escritores a sostener que Chile pasó de su condición de colonia española al de semicolonia inglesa ya en las primeras décadas del siglo XIX. A nuestro juicio, Chile se convirtió en semicolonia inglesa recién a fines del siglo pasado, después de la caída de Balmaceda. En el período comprendido entre 1810 y 1890, aún no habíamos perdido las riquezas nacionales. La especificidad del carácter de nuestra dependencia radicaba en que la burguesía minera y terrateniente era entonces dueña de las tierras y las minas chilenas. No compartimos la opinión de aquellos historiadores que afirman que los Carrera y la burguesía minera representaban los intereses de Norteamérica y sus opositores terratenientes y comerciantes los de Inglaterra. En momentos en que aún no estaban definidos los nuevos mercados que sustituirían a los españoles en un período en que no había reconocimiento de nuestra lucha por la independencia de parte de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y que, por lo tanto, no podía existir toda una política configurada de alianzas entre los gobernantes de esos países y las fluctuantes fracciones de la burguesía criolla, resulta aventurado afirmar que las primeras Juntas de Gobierno respondían sustantivamente a los intereses de una u otra metrópoli. Uno de los hechos más citados, con el fin de reafirmar esa tesis, es el papel jugado en 1812 por Poinsett, cónsul de los Estados Unidos en Chile. A nuestro juicio, la relación del gobierno de José Miguel Carrera con el cónsul norteamericano tuvo por objetivo

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primordial obtener el respaldo y la ayuda concreta que necesitaba Chile para enfrentar la inminente invasión española. En esas condiciones toda relación internacional que condujera a un reconocimiento diplomático o comercial de nuestro país en lucha con el imperio español favorecía la causa de la independencia. El hecho de que Carrera haya aceptado la gestión exploratoria de Poinsett, que por otra parte no se concretó en ningún acuerdo comercial, no autoriza a sostener que su gobierno representaba los intereses norteamericanos. No existen pruebas que demuestren que hacia 1812 alguna de las fracciones políticas de la burguesía criolla se hubiera inclinado consciente y decididamente por Estados Unidos o Inglaterra. De ahí que nos parezca también erróneo sostener que el combate naval registrado en 1813 en la rada de Valparaíso entre la escuadra inglesa comandada por Hillyard y el buque norteamericano “Essex”, dirigido por David Porter, haya tenido por finalidad el control de Chile por alguna de esas potencias. La Junta presidida por Carrera trató de obtener que el “Essex” impidiera las incursiones corsarias del virrey Abascal en contra de los barcos mercantes chilenos. El capitán del buque norteamericano no accedió a esta solicitud porque su misión no era apoyar la lucha por la independencia de Chile, sino destruir las naves inglesas que se encontraban en el Pacífico, como parte del plan militar de Estados Unidos en guerra con Gran Bretaña desde 1812. Los gobiernos chilenos comenzaron a inclinarse por una u otra metrópoli cuando se decantaron las relaciones comerciales y se consolidaron los mercados de exportación e importación. Esta relación de dependencia no convirtió automáticamente a Chile en semicolonia inglesa. Las riquezas nacionales aún estaban en manos de la burguesía criolla. Las tierras y las minas eran explotadas por los latifundistas y mineros chilenos. Estas relaciones de propiedad permitieron el desarrollo de un capitalismo criollo que se expresó en un ascenso significativo de la producción de trigo, plata y cobre. El aumento de la demanda de estas materias primas, provocado por la revolución industrial europea que acentuó la división internacional del trabajo, estimuló el desarrollo desigual y combinado de este tipo de explotación capitalista criolla. Al mismo tiempo, selló en forma definitiva su carácter dependiente. La burguesía chilena permitió la entrada indiscriminada de manufacturas y la desnacionalización de su embrionaria marina mercante a cambio de mejores precios y mercado permanente para sus materias primas. El capitalismo europeo fue penetrando en Chile través de formas indirectas, con excepción del período 1825-27, en que hizo, sin éxito, inversión de capital en las minas del Norte Chico. Las compañías de minas organizadas por Inglaterra paralizaban sus trabajos en 1827, porque el resultado de la explotación no correspondía a los desembolsos hechos. De las antiguas compañías mineras organizadas para trabajar en Chile, tres eran las principales:

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“La Chilena”, la “Perú Chilena” y la “Anglo Chilena”. Cada una de las dos primeras pudo disponer de un capital de 50.000 libras esterlinas y la tercera de uno de 75.000, es decir, la mitad del valor de las acciones formadas para constituirlas. El mal resultado de estas empresas fue causa de que no se pidiera a los accionistas la otra mitad del valor de las acciones emitidas.408

La penetración comercial, iniciada en el último siglo de la colonia, ya sea por vía del contrabando o de los tratados de Inglaterra y Francia con el imperio español en decadencia, se hizo ostensible a partir de la derrota del ejército español en Chacabuco (1817) y de la declaración formal de la independencia de Chile en 1818. Según el informe del norteamericano Bland, en el año y medio que siguió a la batalla de Chacabuco entraron a puertos chilenos 24 buques norteamericanos que trajeron mercaderías por valor de 1.385.000 dólares, mientras que los ingleses vendieron mercaderías avaluadas en 1.835.000 dólares. Un lustro después, Gran Bretaña vendía a Chile tres veces más que Estados Unidos. El valor de las exportaciones británicas a Chile subió de 28.888 libras esterlinas en los primeros años de la República a 443.580 en 1822, a 885.386 en 1824 y 1.134.775 en 1828, es decir, aumentaron cuarenta veces. Esta relación de dependencia con Inglaterra se fue consolidando en décadas posteriores, como lo hemos demostrado en el subcapítulo sobre evolución económica durante los decenios. Los barcos ingleses utilizaban asimismo los puertos chilenos como trampolín para otras operaciones comerciales en el Pacífico, mediante el sistema de operaciones triangulares. Claudio Véliz anota que “la típica operación triangular era la siguiente: naves británicas fletadas en puertos del Reino Unido con mercaderías de consumo viajaban a los puertos chilenos donde descargaban estas mercaderías y las dejaban en consignación a cargo de firmas comerciales amigas o asociadas. Luego se dirigían hacia los puertos del litoral norte, donde cargaban cobre en bruto o en barra o minerales de plata y oro. Estos minerales eran transportados luego a puertos asiáticos, principalmente Calcuta, donde la casa que había fletado el barco los utilizaba para pagar por la adquisición de té, especias y otros bienes de consumo de origen asiático para el mercado europeo. Finalmente, cargado con este tipo de productos, el buque completaba su vuelta alrededor del mundo navegando hacia el Reino Unido por el Cabo de Buena Esperanza (…) durante el período 1817-1825, por lo menos el 75% de todas las exportaciones de cobre chileno iba directamente a puertos asiáticos, especialmente Calcuta, donde pagaban importaciones efectuadas por Gran Bretaña en operaciones triangulares”.409 De este modo, Inglaterra se apropiaba de parte de la plusvalía extraída a los trabajadores chilenos por la burguesía minera por concepto de fletes y venta de sus manufacturas a cambio de materias primas. 408 409

Roberto Hernández. Valparaíso… op. cit., p. 45. Claudio Véliz, op. cit., 29.

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La penetración extranjera, por vía del intercambio comercial, se reflejó también en la apertura de numerosas casas comerciales extranjeras en Valparaíso y Santiago. A fines de la década de 1820-30, la casa Waddington, cuyo fundador había llegado a Chile en 1817, era la más importante de esta costa del Pacífico. Las casas Haigh, Head, Huth, Gibbs, Hill, Hemenway y la del comerciante italiano Pedro Alessandri fueron también instaladas en esa década. Las grandes casas mayoristas lograron controlar gran parte del comercio interior, que antes era ejercido por chilenos. Estas casas comerciales no solo importaban y distribuían manufacturas europeas y norteamericanas, sino que hacían las veces de intermediarios en la compra de cobre y trigo, llegando a ofrecer créditos a los mineros para comprometerlos en la venta de su producción. Un informe elevado por el cónsul general inglés a su gobierno señalaba que, después de la batalla de Chacabuco, “muchos de los comerciantes ingleses y americanos se han establecido en Coquimbo y avanzan sus capitales a los mineros para que trabajen las minas y así procurarse abastecimientos de cobre, con menores riesgos y más certeza que si se tratara de metales preciosos. La consecuencia fue el envío, desde ese período hasta el año 1818, de un promedio de 40.000 quintales”.410 Este sistema de crédito privado, ejercido manifiesta o encubiertamente por las casas comerciales extranjeras, se hizo corriente en las décadas posteriores. Ramírez Necochea señala que estas casas “operaban como verdaderas instituciones bancarias. De ahí que en la década 1840-1850, cuando un vigoroso movimiento de opinión postulaba la idea de crear un Banco Nacional, estas casas desarrollaron la más activa campaña para frustrar tal proyecto. Refiriéndose a esta actividad y a sus móviles, un periódico expresaba: “Qué de extraño tiene, pues, que los extranjeros que hacen hoy el monopolio de todas las transacciones de crédito se alarmen con la creación de un Banco Nacional que les dispute la participación de esas ventajas que ellos explotan hoy exclusivamente”.411 Mario Muñoz afirma que “en la primera mitad del siglo XIX los productores chilenos se sintieron explotados por las casas inglesas que facilitaban fondos para el negocio de explotación”.412 En un folleto de la época, Pedro Félix Vicuña denunciaba “que las minas, que por su riqueza misma pudieran estar libres del recargo de los intereses y de la necesidad de gravosos avances, sufren infinito, y están sujetas al comercio extranjero, que es el único que tiene capitales disponibles. En el mineral de Chañarcillo, donde sale la plata casi pura de las entrañas de la tierra, tiene el minero que vender con anticipación el producto, que espera, y el comprador le pone multa, le cobra interés (…) en el cobre sentimos el recargo de las anticipaciones, que se nos hacen de fondos 410 411 412

228

Hernán Ramírez N. Historia del Imperialismo en Chile, p. 46, Ed. Austral, Santiago. Ibid., 75. Mario Muñoz Guzmán. La Revolución de los Mineros. Apuntes históricos y leyendas de la minería chilena en los siglos XVIII y XIX, p. 54, Santiago, 1965.

en dinero. El doce por ciento al año, y la pérdida de un peso en quintal, que con multas que algunos ponen si no se entregan los cobres el día señalado, sube hasta el tres por ciento mensual, como en la plata (…) La carencia de combustibles ha establecido otro negocio, en metales brutos, de cierta ley, o cobres de primera fundición, que llamamos ejes. Estos se llevan a los puertos por el minero, se contratan con una casa de comercio inglesa, ésta adelanta dos tercios del valor que tienen en Europa, y estos valores van a correr la incertidumbre de siete u ocho compañías, que hay en Swansea, con privilegio exclusivo y que pueden completarse por su mutuo interés para disminuir el valor de nuestros productos (…) Somos revendedores del comercio extranjero, estamos en esta parte en una dependencia absoluta de la ley que nos quieren imponer, y nuestras exportaciones como las importaciones se hacen por medio de sus capitales”.413 Pedro F. Vicuña, consecuente con su posición nacionalista democrático-burguesa, fue uno de los pocos políticos chilenos del siglo XIX interesados en promover el desarrollo de una industria nacional. En su libro El porvenir del hombre manifestaba: Esta es la triste condición de las Repúblicas Hispanoamericanas, que siendo productoras de los materiales más ricos, y teniendo una población que no halla de qué ocuparse, no promuevan la industria por todos caminos, y hagan producir al trabajo, que es el manantial de toda riqueza. Por el contrario, derivándose las rentas públicas principalmente de los derechos de Aduana que pagan las manufacturas extranjeras, estos gobiernos miran con mal ojo toda fábrica interior, que disminuya aquellos derechos (…) se tiene una industria nacional, se ocupa un número considerable de brazos, e insensiblemente nos vamos emancipando de los huéspedes que junto con sus reclamaciones, vienen con sus cañones a hacerse la justicia, que la superioridad y la fuerza inspiran (…) Se llevan nuestras ricas producciones, servimos de mercados a sus manufacturas y hora por hora, día por día se nos insulta y se nos agobia. Jamás tendremos verdadera independencia, si no podemos bastarnos a nosotros mismos, principalmente en aquellas industrias que más fácilmente podemos apropiar a nuestra situación.414

Un viajero alemán de la época, Eduardo Poepping, describía el grado de penetración comercial que habían logrado los extranjeros a fines de la década de 1820-30 en Valparaíso: “El comerciante extranjero está feliz de haber encontrado un país capaz de consumir grandes cantidades de manufacturas europeas (…) Hay tiendas llenas con los productos de la industria europea. Casi se oye hablar más la lengua de Inglaterra”.415 En relación al comercio de Chile con otros países, relataba:

413 414

415

Pedro Félix Vicuña. Cartas sobre Bancos, pp. 56 y 61, Valparaíso, 1845. Pedro Félix Vicuña. El porvenir del hombre o relación íntima entre la justa apreciación del trabajo y la democracia, pp. 227-231 y 232, Valparaíso, 1858. Eduardo Poepping. Un testigo en la alborada de Chile (1826-1829), pp. 343 y 69, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1960.

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La nación británica es la que obtiene los mayores beneficios de su comercio en Chile. Le siguen en importancia la norteamericana, luego la francesa y por último la alemana. Muchas mercaderías alemanas llegan a Chile en buques norteamericanos procedentes de Estados Unidos, pues los comerciantes de este país no limitan el comercio a los productos de su país, habiéndose apoderado, además de otros rubros, también del comercio entre Cantón y Chile. Las mercaderías inglesas son las más consumidas, comprendiendo, según el valor, un tercio del total en tiempos recientes, Las listas de exportación de los países europeos nunca permiten indicar con precisión cuánto se consume en Chile, pues aun cuando un cargamento ha sido destinado a Valparaíso no se puede saber qué parte de él se desembarcará realmente en aquel puerto, puesto que hasta ahora ha existido la costumbre de que el buque continúe su viaje a lo largo de la costa, a menudo hasta México, colocando los productos donde se solicitan.416

El viajero francés Gabriel Lafond du Lucy destacaba el crecimiento de las casas comerciales galas en Chile, como las de Legrand y Morel, y la asociación de su compatriota Dubern con el comerciante chileno Felipe Santiago del Solar, que “fue la fuente de donde partieron los datos exactos e indispensables a los exportadores franceses para colocar sus productos en este inmenso continente”.417 Se enorgullecía de que hacia 1840 “nuestros productos (franceses) figuran por 14 millones de francos más o menos. Los artículos que componen estos cargamentos son, en general, objetos de lujo y de industria parisiense, sederías, telas, papeles, perfumería, pieles, armas, en fin, todo lo que se consume en Francia, excepto los tejidos de algodón que los ingleses venden a más bajo precio que nosotros. A cambio de las mercaderías extranjeras, Chile da oro y plata”.418 Los gustos, las modas y hasta ciertas costumbres criollas, fueron cambiando progresivamente con esta invasión de mercaderías y comerciantes extranjeros. El almirante Cochrane y su esposa introdujeron “la costumbre del ‘five o’clock tea’, que disputa al mate la primacía social”.419 Su compatriota, María Graham, comentaba su visita a la casa del gobernador Zenteno, recién llegada a Valparaíso en 1822: “En un día frío y lluvioso como éste es agradable encontrarse en una habitación donde hay un tapiz inglés, una estufa inglesa y hasta carbón inglés encendido”.420 La influencia extranjera no solo había llegado a las casas particulares urbanas, sino a las estancias. El viajero Poepping describía la casa de un terrateniente de Quillota: El piso de simple tierra de la mejor sala de recepción está cubierto por ricas alfombras inglesas (…) valiosos muebles importados desde la América del Norte o Francia (…) Entre 416 417 418 419 420

230

Ibid., 344. Gabriel Lafond Du Lucy. Viaje a Chile, pp. 103-104, Stgo. 1911. Ibid., 199-200. Eugenio Pereira Salas. Juegos y alegrías coloniales en Chile, p. 273, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1946. María Graham, op. cit., p. 211.

los marcos dorados que contienen aguafuertes inglesas se encuentran muy a menudo los pequeños cuadros de los santos familiares (…) El sitio principal de la sala está ocupado por un piano vertical, procedente de la manufactura de Broadway, que rara vez valdría menos de mil pesos fuertes”.421

Similares impresiones recogió Lafond du Lucy: Al servicio de comedor compuesto a menudo de un vaso y un cuchillo para todos los comensales, sucede el confort inglés que cambia cada plato de útiles. Los rebozos se sustituyeron por los chales de satén o de terciopelo francés, las sayas de lana por basquiñas negras de ricas telas; adornos de tul, peinetas de carey adornan las cabezas de las hermosas chilenas. Los pianos reemplazan a las desafinadas guitarras y los sofáes, los canapées de variadas formas a las bancas circulares en las salas de recepción.422

Uno de los primeros eslabones de la cadena de la dependencia de Chile con respecto a Inglaterra fue el empréstito negociado por Antonio José de Irisarri en 1822 ante la Casa Hullet y Cía. de Londres. Su monto fue de un millón de libras esterlinas, que equivalían a cinco millones de pesos chilenos, pagaderos a treinta años, con un 6% de interés anual. Según Ricardo Montaner, “el empréstito se hizo por un millón nominal de libras esterlinas, y se emitieron para este efecto diez mil cupones o acciones de cien libras, que se vendieron al precio de sesenta y siete libras y media, con lo cual se recibieron en efectivo 675.000 libras. De esta cantidad se restaron 20.347 libras por costos y gastos, por comisión de agencia de Hullet y Cía., y por intereses de sumas adelantadas por los compradores antes del plazo en que debían hacer las entregas del dinero. Computada la libra a cinco pesos chilenos de aquellos años, es decir, al cambio monetario de 48 peniques, resulta que ese empréstito nominal de cinco millones de pesos, quedó reducido a 3.273.265 pesos”.423 Encina manifiesta que “esta suma iba a reducirse aun bastante porque Irisarri remitió parte del valor en la corbeta “Voltaire”, comprada en 113.000 francos, azúcar, materiales de imprenta, barricas para aguadas de buques y una gran partida de fierro”.424 Sin considerar estas inversiones realizadas por Irisarri, sin autorización gubernamental, Chile solo recibió el 63% del monto total del empréstito, es decir, 3.180.000 pesos. Las condiciones del empréstito concedido por Gran Bretaña determinaron que Chile perdiera la cantidad de 1.800.000 pesos. Similar estafa fue hecha por los banqueros ingleses a otros gobiernos latinoamericanos. El ensayista Scalabrini Ortiz proporciona datos de un trabajo de Chateaubriand titulado “Congrés de Verone”, en el que se señala que Inglaterra comenzaba por dar el 75% del empréstito, descontaba 421 422 423 424

E. Poepping, op. cit., p. 112. Lafond Du Lucy: op. cit., p. 47. Ricardo Montaner B., op. cit., p. 154. Encina, XI, 111.

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dos años de interés al 6% y retenía otra cantidad de dinero por gastos inespecificados; en resumen, de 20.978.000 libras esterlinas por concepto de diez empréstitos concedidos de 1822 a 1826 por Gran Bretaña a América Latina, los ingleses solo habrían desembolsado unos 7 millones de libras. Scalabrini Ortiz ha demostrado que el millón de libras esterlinas del empréstito otorgado al gobierno de Buenos Aires por la Casa Baring Brothers, Argentina percibió oficialmente 570.000 libras y terminó pagando, por concepto de amortizaciones e intereses, la suma de 23.734.766 pesos fuertes. Los gobiernos chilenos invirtieron el empréstito inglés de la siguiente manera: $ 150.000 en Perú para financiar el Ejército Liberador de los Andes, $ 75.000 en concepto de tres amortizaciones, $ 1.240.000 en la compra de la corbeta y mercaderías efectuada por Irisarri, $ 200.000 a la Casa de Moneda para compra de pastas metálicas, $ 100.000 para pago de sueldos atrasados del ejército, $ 480.000 para pagar deudas del fisco, $ 50.000 en préstamos a la provincia de Concepción, $ 50.000 para financiar la expedición a Chiloé encargada de liquidar el último foco de la resistencia española y $ 90.000 en compra de armamentos. La falta de amortizaciones hizo que la deuda se elevara a 934.000 libras esterlinas en 1830. Doce años después, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Chile y sus acreedores ingleses, según el cual la deuda ya indicada debería seguir pagando el 6%; los intereses acumulados, que ascendían a 756.540 libras, tendrían que pagar nuevos porcentajes. En síntesis, después de 20 años de concedido el empréstito de un millón de libras, de las cuales solo se recibieron 654.652, se adeudaban 1.690.000 libras más el interés que debería pagarse hasta cancelar la deuda. A los ingleses les habría convenido que Chile pagase puntualmente sus amortizaciones porque de todos modos los lazos de dependencia estaban ya establecidos, pero aprovecharon la morosidad de los gobiernos chilenos para resarcirse a largo plazo con altos intereses y para exigir mayores franquicias comerciales. La sutil telaraña que el Imperio Británico tejía con los empréstitos, fue captada por Vicuña Mackenna en una frase de su libro El Ostracismo del general O’Higgins: “Es en nuestro concepto, un asunto el más grave este de los empréstitos, que ha hecho de nuestra pobre América una inmensa hipoteca a la bolsa de Londres, y de la que son acreedores esos navíos que pasean nuestras costas saludando como por mofa nuestra bandera de deudores”. La construcción de los primeros ferrocarriles chilenos reforzó los lazos de dependencia no tanto por la inversión de capitales extranjeros, sino por los empréstitos contraídos por los gobiernos para financiarlos y, fundamentalmente, por la necesidad de importar materiales ferroviarios, ya que nuestro país carecía de maestranzas modernas. La mayoría de los capitales iniciales para la construcción de los primeros ferrocarriles fue aportada por capitalistas chilenos, especialmente por la burguesía minera del Norte Chico, y algunos extranjeros residentes en Chile. Las obras fueron

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terminadas por los gobiernos que compraron las acciones de los inversionistas particulares. Montt contrató un empréstito inglés de ocho millones de pesos para continuar con el plan de expansión de las vías férreas de Santiago a Valparaíso y de Santiago a Talca. El aceleramiento de la dependencia de Chile, a raíz de la construcción de ferrocarriles, se produjo por el pago de las amortizaciones e intereses de los empréstitos y por la obligación de importar locomotoras, vagones y repuestos de las metrópolis. Esta necesidad de recurrir a los países industrializados para abastecerse de maquinaria se manifestaba en todas las actividades económicas básicas de Chile. La burguesía minera para elevar la productividad en la explotación del cobre tuvo que importar la moderna tecnología inglesa, al igual que los terratenientes e industriales molineros, como hemos demostrado en la parte referente a la mecanización del agro. La incapacidad de la burguesía criolla para fomentar el desarrollo de la marina mercante nacional permitió a los ingleses ejercer desde las primeras décadas de la República el monopolio del transporte de nuestras materias primas. Chile pasó entonces a depender de las metrópolis para el traslado de sus productos. Esta dependencia se manifestó no solo en la exportación destinada al mercado mundial, sino también en el comercio de cabotaje. Los terratenientes y mineros criollos fueron los primeros en presionar para terminar con esta franquicia que gozaban los buques chilenos al exigir que se concediera a los barcos extranjeros el derecho a transportar productos entre Talcahuano y Coquimbo. Este proceso de liquidación de la incipiente marina mercante nacional, que hemos analizado en el subcapítulo sobre la evolución económica durante los decenios, acentuó el carácter dependiente de nuestro país, facilitando la presión de las metrópolis para que se les concedieran nuevas franquicias comerciales. Martner anota que: En virtud de una convención celebrada entre Chile y Gran Bretaña en mayo de 1852 no se cobraría en adelante ningún derecho de tonelaje, puerto, faro, pilotaje o cuarentena en los puertos de cualquiera de los dos países sobre los buques del otro. En octubre de 1854, se celebró un tratado con Gran Bretaña en virtud del cual en adelante habría recíproca libertad de comercio entre ambas naciones, pudiendo los ciudadanos entrar con sus buques y cargamentos en todos los lugares de los territorios del otro.425

La fijación arbitraria de los precios de nuestras materias primas por las metrópolis que controlaban el mercado mundial fue una de las manifestaciones principales de nuestra dependencia. Las fluctuaciones de los precios y de la demanda del mercado mundial provocaban crisis económicas en nuestro país, como las de 1849 y 1858. A mediados del siglo XIX, algunos diarios chilenos denunciaban las arbitrariedades cometidas por Inglaterra en la fijación de precios, poniendo de manifiesto el grado de nuestra dependencia: “Sabido es –escribía El Copiapino en su edición del 8 de octubre 425

Daniel Martner, op. cit., p. 234.

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de 1857– que el mercado del cobre está a disposición de tres o cuatro casas inglesas que producen el alza y baja cuando quieren”.426 El diario El Ferrocarril del 19 de enero de 1868 señalaba que el cobre “ha estado sujeto a un monopolio que ha disminuido considerablemente nuestros provechos recargándoles además con fletes, comisiones y otras gabelas inventadas por los fundidores ingleses. Por falta de otros mercados, los mineros americanos deben necesariamente mandar sus productos a Gran Bretaña y contentarse con el precio que les ofrezcan los fundidores de ese país (…) Desde que el monopolio de los fundidores ingleses los hace árbitros del precio de este producto, y desde que por medio de sus capitales ellos limitan o ensanchan nuestras explotaciones, la verdadera riqueza de nuestra sociedad queda sometida al interés de los especuladores extranjeros”.427 En resumen, el análisis concreto del proceso de dependencia sufrido por Chile durante la primera mitad del siglo pasado demuestra la falacia de las tesis de aquellos autores que han mitificado sobre la posición pretendidamente “nacionalista” de los gobernantes de los decenios. Hemos demostrado que no es verdad que estos gobiernos hayan protegido a la industria nacional o fomentando de manera efectiva el desarrollo de la marina mercante nacional. El crecimiento de la producción agraria y minera, bajo Bulnes y Montt, fue el resultado de un aumento de la demanda de materias primas promovida por la revolución industrial europea. El relativo desarrollo económico de Chile durante este período no eliminó los lazos de dependencia, sino que por el contrario los reforzó, porque dicho proceso se dio sobre la base de la exportación de materia prima para un mercado mundial controlado por la metrópolis. A cambio de la colocación de sus productos mineros y agropecuarios, Chile tuvo que permitir la entrada de manufactura extranjera, que liquidó las posibilidades de crear una industria nacional, y otorgar franquicias a los buques extranjeros, lo que produjo la crisis de la incipiente marina mercante nacional. Sin embargo, nuestro país, a mediados del siglo XIX, aún no era semicolonia. Las riquezas nacionales estaban todavía en manos de los capitalistas chilenos. Los intereses de estos capitalistas criollos no entraban en contradicción con las metrópolis como Inglaterra, que en general no competían en el mercado mundial con las materias primas chilenas, salvo un corto período en que los ingleses trataron de introducir su carbón para desplazar al nacional de Lota y de frenar el desarrollo de la industria fundidora de cobre de nuestro país. En cambio, la burguesía criolla tuvo fuertes roces con los países como Estados Unidos, que lanzaban al mercado internacional productos que competían con los chilenos. Los planteamientos antinorteamericanos de un Portales, por ejemplo, no eran 426 427

234

Citado por Hernán Ramírez N.: Historia del Movimiento Obrero, p. 29, Ed. Austral, Santiago. Ibid., p. 31.

el resultado de una consecuente línea de conducta contra toda penetración extranjera, sino que se habían suscitado a raíz de la competencia que hacía Estados Unidos a Chile en el mercado de trigo y harina del Pacífico. El apoyo de Estados Unidos a la Confederación Perú-Boliviana en la guerra contra Chile tuvo como objeto desplazar a los trigueros chilenos del mercado peruano y facilitar la introducción de la harina norteamericana. En carta a John Forsyth, secretario de Estado norteamericano, Richard Pollard, encargado de negocios de los Estados Unidos en Santiago, manifestaba el 6 de julio de 1835: “No solo perdemos el mercado de harina en el Pacífico. Si Chile no hubiera retenido el poder de discriminarnos, no hubiera inducido a Perú a excluir nuestra harina de sus puertos”.428 El triunfo de Chile en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana agudizó los roces con Estados Unidos. A raíz del tratado firmado por Chile con Perú en 1848, Seth Barton, encargado norteamericano de negocios en Santiago, informaba el 25 de abril de ese año a James Buchanan, secretario de Estado, que hay “una cláusula discriminatoria a favor de los azúcares refinados del Perú en los puertos de Chile y de la harina y el trigo chileno en los puertos peruanos, que van en detrimento de los azúcares y harinas de Estados Unidos”.429 La actitud antinorteamericana de Chile a mediados del siglo pasado volvió a manifestarse a raíz de las aventuras del filibustero William Walker en Nicaragua en 1855. En la Cámara de Diputados de Chile se presentó un voto de repudio a Estados Unidos por haber alentado la ocupación de este país centroamericano. El voto firmado por Errázuriz, Prado, Aguirre, Barriga y otros denunciaba al gobierno de Estados Unidos por haber reconocido la operación de Walker, manifestando que: La ambición del Norte acecha con avidez cuanto alcanza a abarcar con sus miradas y no se encontrará satisfecha hasta que con una de sus manos oprima el Polo Norte y con la otra haya cosido a su pabellón la estrella del Sur (…) Es necesario que la América Española, en presencia de un gran peligro, recuerde su grande origen y oponga una gran resistencia (…) Mañana será tarde, porque la América que miró impasible la conquista de México, dejó al filibustero que sentara sus reales a las orillas del Pacífico es preciso que no adquiera otro aduar en las costas de Nicaragua. Mañana será tarde porque si cae Centroamérica, cae con ella la llave del Continente Americano español en poder de los enemigos de nuestra raza. Mañana será tarde porque no faltará un pretexto cualquiera, una diferencia antigua, algún ridículo reclamo, un protectorado, una isla despoblada para traer sobre nuestras cabezas la tempestad que hoy ruge sobre la de nuestros hermanos.430

428 429 430

Manuel Medina C., op. cit., p. 115. Ibid., p. 117. Ibid., pp. 731-732.

235

En ocasión del contrato de 1854 entre el gobierno de Ecuador con el de Estados Unidos por el cual se concedía al norteamericano Brissot la quinta parte del guano que se descubriera en las islas Galápagos, a cambio de un empréstito de 3 millones de pesos y de la autorización para que la escuadra yanqui interviniera en defensa de sus intereses, el gobierno de Chile, por intermedio de su ministro Antonio Varas, envió una nota a los gobernantes latinoamericanos en la que manifestaba: El gobierno del infrascrito ha visto en esa estipulación graves peligros para la independencia de los Estados de la América del Sur y ha considerado que es un deber de todos ellos ponerse de acuerdo, y tomar a tiempo medidas eficaces para conjurar esos peligros y poner a cubierto su nacionalidad e independencia (…) El Ecuador sometido a la protección de los Estados Unidos tendrá durante algún tiempo las apariencias de un estado independiente, y en seguida entrará a figurar como una colonia norteamericana.431

Sin embargo, estos anhelos de unidad latinoamericana solo quedaron en el papel. Fracasado el ideal bolivariano por los mezquinos roces entre las burguesías criollas y por la política de “balcanización” de nuestro continente alentada por las metrópolis, los llamados a la unidad latinoamericana tuvieron un carácter esporádico. Las conferencias latinoamericanas de mediados del siglo pasado no se hicieron para enfrentar el real proceso de dependencia que estaban sufriendo nuestros países a raíz de la penetración económica de las metrópolis europeas, sino que fueron convocadas ante hechos de política contingente, como fueron los desesperados intentos realizados por España para recuperar parte de sus colonias. Ante esta eventualidad, se hizo una Conferencia en diciembre de 1847 en Lima, que logró reunir solamente a Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Sus resoluciones no pasaron más allá de meras declaraciones formales de solidaridad en el caso de ataque de una potencia extranjera. Los roces entre las burguesías criollas impidieron la celebración de un tratado de comercio. Un plenipotenciario chileno de la época, Marcial Martínez, ha relatado las limitaciones de la conferencia latinoamericana de 1847. En una de las partes de su folleto, señalaba: Tratóse también en las conferencias de Lima de ajustar un pacto general de comercio; mas, este deseo, tan sensato como político, que habría sido, no digo el coronamiento de la obra de confederación de estos países, sino su base de granito, fue desahuciado por el espíritu de rutina, de atraso y de aislamiento, que encontró un eco autorizado en el ministro peruano de hacienda, don J. Manuel del Río (…) Los intereses materiales de una nación pueden no ser iguales a los de otra, dijo el señor del Río; los de dos naciones que cuentan estar o están en relaciones comerciales, pueden ser diferentes de los de otras dos que están en iguales relaciones; y en tantas diferencias, intereses y circunstancias, no puede ser que en un congreso de plenipotenciarios, se den resoluciones que comprendan 431

236

Encina, XIV, 132.

a todas, sin favorecer a unas con daño de las otras. Solo un caso podría haber en que fuese posible que una resolución comprendiese a todas las naciones contratantes y sería el de avenirse ellas a abolir toda traba y todo derecho en materias comerciales (…) Los tratados de comercio se celebran entre nación y nación, porque cada una quiere consultar sus conveniencias en sus negocios con otra, prescindiendo de lo que pueda convenir a una tercera.432

Esta concepción del ministro peruano, compartida por las clases dominantes de los países latinoamericanos, expresaba el grado de balcanización a que había llegado nuestro continente a mediados del siglo pasado. En función de los intereses particulares de cada burguesía criolla, se había abandonado el criterio de unidad latinoamericana gestado tres décadas antes al calor de la guerras de la independencia. América Latina, fragmentada en veinte países, entró en un proceso irreversible de dependencia hasta convertirse, a fines del siglo XIX, en semicolonia inglesa.

432

Marcial Martínez. La Unión Americana, pp. 20 y 21. Santiago, 1869.

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tomo iv Ascenso y declinación de la burguesía chilena (1861-1891)

capítulo i. El contexto internacional

Es obvio, pero a veces se olvida: no se puede comprender la historia de nuestro subcontinente semicolonial dependiente si no se lo analiza como parte de la formación social capitalista mundial. Esta concepción metodológica de totalidad nos obliga a reflexionar, aunque sea en breves líneas, sobre el desarrollo que tuvo el capitalismo europeo, especialmente, en el siglo pasado.

El desarrollo del capitalismo europeo y su sistema crediticio La revolución industrial –que había impulsado el avance de la industria liviana y de bienes de consumo– dio un salto cualitativo a mediados del siglo XIX con la industria de bienes de capital, elaboradora de maquinarias. Al mismo tiempo, se produjo un avance significativo en los medios de comunicación y transportes terrestres y marítimos, que permitió al capitalismo europeo cubrir el mundo y hacerlo suyo, con una ideología que racionalizaba la conquista de territorios y mercados como signo de progreso. Las inversiones se volcaron hacia el interior de Europa, particularmente en el área de los ferrocarriles. Hacia 1850 se habían invertido 240 millones de libras esterlinas en vías férreas, locomotoras y vagones. Los barcos de vapor se generalizaron y los puertos, vías fluviales y carreteras se modernizaron. El telégrafo (1833) y el teléfono (1876) agilizaron notablemente las comunicaciones. La prensa rotativa (1866) y la linotipia (1886) constituyeron adelantos significativos en las artes gráficas, circulación masiva de noticias y también de ideología al servicio de la clase dominante. La llamada libre competencia condujo irreversiblemente a un proceso de concentración de capital mediante la liquidación de productores medianos y pequeños. Así se fueron configurando características esenciales del capitalismo: concentración masiva de obreros para la producción de mercancías en gran escala por medio de maquinarias sofisticacias y un complejo sistema de comunicaciones y de transporte para la distribución y circulación, con el fin de lograr una rápida industrializaciónreforma agraria-mercado interno (y luego externo) capaz de garantizar un desarrollo autosostenido.

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El aumento de la explotación agrícola y de su productividad a raíz del desarrollo del capitalismo agrario determinó un abaratamiento de los alimentos, y favoreció la reproducción de la fuerza de trabajo y la capacidad adquisitiva de los salarios. Cuando la producción agrícola se hizo insuficiente por los cambios demográficos (Europa aumentó su población de 180 a 470 millones en el siglo XIX), el capitalismo importó materias primas y alimentos de los continentes colonializados. El desarrollo del capitalismo europeo cobró un renovado impulso con la impliación de mercado externo, debido a la colonización de nuevas áreas en Asia y África y de la fuerte penetración comercial y financiera en América Latina. Este proceso constituyó de hecho el segundo gran ciclo de acumulación capitalista. Cuando se analiza la acumulación originaria solo se hace referencia a la colonización de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, durante el siglo XIX, Asia, África y América Latina entregaron un nuevo “aporte” a la acumulación originaria permanente del capital por diversos conductos: compra de artículos manufacturados, venta de sus materias primas a precios bajos, pago de fletes y transportes en los barcos mercantes europeos y norteamericanos, compra de ferrocarriles, telégrafo y teléfono. Otra fuente de acumulación, no bien evaluada aún, fue el beneficio que obtuvieron los bancos europeos de los préstamos, a alto interés, que hicieron a los países del hoy llamado “Tercer Mundo”, además de la especulación financiera.1 Los bancos comenzaron a realizar inversiones en la industria y en los ferrocarriles, aunque recién en las últimas décadas del siglo XIX se produjo la estrecha relación entre la banca y la industria. Paralelamente, siguieron prestando dinero a interés. La función central que cumplía –y cumple– el capital dinero se relaciona con la necesidad de acelerar la rotación del capital. La función de los bancos es precisamente captar toda suma “improductiva” de capital inmovilizado o “desempleado”; movilizar y descentralizar el capital de la sociedad, atrayendo no solo dinero de la burguesía sino también de las capas medias, transformándolo en capital-dinero suplementario. El crédito de circulación tiene como meta el realizar antes de plazo el valor de las mercancías producidas; el crédito de inversión tiene como meta el incrementar el capital de una empresa. En ambos casos, la masa de plusvalía aumenta, ya sea por producción del tiempo de rotación, o bien por incremento de la masa de capital. Por tanto, el interés no es más que una fracción de la plusvalía suplementaria obtenida por el préstamo del capital.2

La tasa media de interés no está determinada por supuestas “cualidades intrínsecas” del dinero, sino que es reflejo del funcionamiento del modo que permite capitalizar ese dinero a través del trabajo no retribuido a los obreros. Obviamente, los economistas 1

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Luis Vitale. Historia General de América Latina, tomo IV, p. 41, Ed. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984. Ernest Mandel. Tratado de Economía Marxista. Tomo I, p. 205, Ed. ERA, México, 1969.

burgueses –que tratan de velar el mecanismo de extracción de la plusvalía– pontifican sobre la ganancia a la luz de la teoría del interés; pero esto es ficticio, por cuanto el empresario trabaja realmente no con la tasa de interés, sino con la tasa media de ganancia. En rigor, el interés se fija de acuerdo con la masa de capitales líquidos, lo que en última instancia depende del proceso de reproducción ampliada del capital productivo. El beneficio de las instituciones de crédito resulta de la diferencia entre la tasa de interés que pagan por el capital-dinero depositado y la tasa de interés que perciben del dinero que prestan, además del cobro de comisiones, corretajes por colocación de acciones y, sobre todo, por especulación en las operaciones de cambio de moneda. En definitiva, la tasa de interés depende de la falta o abundancia de capital dinero en relación con el nivel relativo de la tasa de ganancia. El crédito acelera, entonces, la rotación del capital, estimula la circulación de mercancías y es un instrumento importante del sistema capitalista en el proceso de morigerar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Al permitir una expansión de la producción sin relación directa con las capacidades de absorción del mercado; al velar durante todo un período las relaciones reales entre el potencial de producción y las posibilidades de consumo solvente; al estimular la circulación y las mercancías más allá del poder de compra real disponible, el crédito retrasa el desencadenamiento de las crisis periódicas, agrava los factores de desequilibrio y, por tanto, hace la crisis más violenta cuando estalla. Porque el crédito no hace más que desarrollar el divorcio fundamental entre la circulación de mercancías y la circulación de dinero que realiza su valor de cambio, contradicciones éstas que representan las fuentes primarias y generales de las crisis capitalistas.3

Durante el siglo XIX, los bancos respaldaron sus emisiones de billetes con plata y, fundamentalmente, con oro. El oro servía entonces como base metálica de papel moneda y como medio de pago internacional. Las fluctuaciones monetarias eran desencadenadas por las oscilaciones de valor intrínseco del oro. Es sabido que la moneda no es una mercancía con valor propio, sino que su cotización está determinada convencionalmente, fenómeno ya percibido por la Economía Política “clásica” (Smith, Hume, etc.) y por los fisiócratas, una de las primeras tendencias económicas en dar importancia a la circulación. Esta disquisición en torno al crédito y la moneda tiene como finalidad explicar el significado que tuvieron los empréstitos extranjeros contratados por los gobiernos latinoamericanos en el siglo pasado y los objetivos que persiguieron los bancos europeos al prestar capital-dinero.

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Ibid., p. 208.

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En un intento de periodización de los empréstitos del siglo XIX, podríamos señalar una primera fase, de 1820-30; una segunda, en la que baja la curva de los préstamos fuera de Europa, de 1830 a 1870, que se explica porque casi toda la masa de capital se invertía en empresas productivas en una Europa en plena expansión industrial; y una tercera fase, de 1870 a 1890, caracterizada por varias crisis cíclicas (1866, 1873, 1889), como expresión del aumento de contradicciones en el proceso de acumulación de capital. “Todos los países industrializados experimentaron un gran descenso de la tasa media de interés, como consecuencia de la penuria de nuevos campos de inversión de capital”.4 Esta situación crítica puede explicar, en gran parte, la razón por la cual aumentaron notoriamente los préstamos de la banca europea a los gobiernos latinoamericanos durante el último cuarto del siglo pasado. Un estudio más detallado podría indicar hasta qué punto hubo una liquidez monetaria en Europa a partir de la década de 1870, que estimuló la exportación de capital-dinero a nuestra América. En todo caso, es notoria la diferencia entre el monto de los préstamos entre 1820-1870 y los que se concedieron en el último cuarto del siglo. En 1880, el capital-dinero exportado por Gran Bretaña a Latinoamérica, Asia y África ascendía a 1.300 millones de libras esterlinas; el de Francia, a 14.000 millones de francos, y el de Alemania en 1883, a unos 5.000 millones de marcos.5 Unas de las causas de esta salida de capital-dinero hacia el exterior fue la baja de la tasa de interés en Europa, que de 4,7% en la década 1850-60 descendió a 3,3% entre 1887 y 1896. En cambio, en nuestros países latinoamericanos la banca europea cobraba entre el 5 y el 6% de interés por los préstamos contratados. No sabemos aún con exactitud la cantidad que correspondió a Latinoamérica en el total de las exportaciones de capital-dinero de los países de Europa Occidental. Julian Lemoine estima que bordeaba el 11% basado en una información del diario La Nación de Buenos Aires, de 1º de enero de 1888: “La deuda de las repúblicas sudamericanas es de alrededor de 1.100 millones de pesos: el Brasil tiene un 44%, la República Argentina 27%, México 13%, Chile 8%, Uruguay 7% y el resto, 3%, se reparte entre Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Guatemala”, cifras que ameritan una contrastación más documentada.6 La política de empréstitos internacionales agudizó el carácter de la dependencia. Este sistema crediticio permitió a las metrópolis no solo cobrar altos intereses, sino también presionar sobre los gobiernos para obtener mayores ventajas comerciales, so

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Ibid., pp. 201 y 202. Samir Amin. La acumulación a Escala Mundial. Ed. Siglo XIX, Buenos Aires, 1975. Julian Lemoine. “La Deuda Externa”, en cuadernos de El Periodista, Nº 1, p. 5, Buenos Aires.

pretexto de incumplimiento de los compromisos. Por eso la historia de la deuda externa es parte consustancial de la historia del proceso de la dependencia. Al respecto, Juan Bautista Alberdi –quien visualizaba ya en el siglo pasado las consecuencias de la creciente deuda externa– manifestaba: … la dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino cómo no aumentarla, para no tener nuevas deudas, para no vivir de dinero ajeno tomado a interés. El interés de la deuda, cuando es exorbitante y absorbe la mitad de las entradas del tesoro, es el peor y más desastroso enemigo público. Es más temible que un conquistador poderoso por sus ejércitos y escuadras; es el aliado natural del conquistador extranjero… La América de Sur, emancipada de España, gime bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia, los imitadores modernos de esos modelos le han puesto bajo el yugo de Londres.

El Estado tuvo que recurrir para financiar sus gastos a los empréstitos extranjeros y sus derechos de exportación, ya que las diversas fracciones de la clase dominante criolla eran renuentes al pago de impuestos directos. El capitalismo primario exportador de América Latina dependía básicamente del mercado exterior y de los créditos extranjeros, fenómenos que condicionaron una dependencia de carácter estructural. Se han estudiado las diferentes modalidades que adoptó el proceso de la dependencia dando, como es obvio, importancia a las relaciones de subordinación que tenía la economía primaria exportadora del mercado mundial, pero ha sido escasamente abordada la importancia que tuvieron los empréstitos extranjeros y la consiguiente deuda externa en el reforzamiento de las relaciones de dependencia. Ambos procesos estuvieron íntimamente ligados, condicionándose recíprocamente y bloqueando las posibilidades de un despegue industrial que era factible en aquel tiempo todavía no imperialista, como lo demostró el Japón de los Meiji. Las fracciones de la burguesía criolla no fueron en todo caso afectadas por el fenómeno inflacionista que generó la deuda externa y especulación financiera. Compraron a su debido tiempo la moneda fuerte de la época –el oro– como hoy acaparan dólares. Como siempre, los que “pagaron los platos rotos” fueron los trabajadores, a pesar de ser los únicos generadores de riqueza. Así, América Latina hizo una nueva “contribución” al proceso de acumulación capitalista mundial mediante las ganancias aportadas por los mecanismos financieros internacionales de la deuda externa, por los bajos precios de las materias primas, por la compra de artículos manufacturados a precios recargados y, fundamentalmente, por el succionamiento de la plusvalía a las mujeres y hombres de nuestros pueblos.

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Tendencias del pensamiento europeo La idea de progreso cruza toda la historia occidental hasta que entra en crisis poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Desde las sociedades por acciones hasta la filosofía, pasando por las artes, la ciencia y las conquistas coloniales, todo está permeado por la ilusión de un progreso ininterrumpido y lineal. Solo advirtieron la falacia aquellos novelistas apegados a la realidad, como Balzac y Zola, o los pinceles de un Daumier o de un Courbet. Pronto esa sociedad será viviseccionada por el bisturí de Marx; y sus lacras, enmascaradas por los ideólogos del progreso, serán puestas al descubierto por Bakunin, la literatura anarquista y socialista y, fundamentalmente, por las luchas de los trabajadores: de la revolución del 48 a la Comuna de París. El ascenso de la burguesía industrial, como fracción hegemónica del bloque de poder de la clase dominante, se caracterizó en el plano filosófico por una ruptura con la concepción teológica que había sobrevivido durante el período de transición del feudalismo al capitalismo. Se produjo así un cambio cualitativo entre el pensamiento aún creyente de un Descartes y las ideas radicales de un Rousseau o un Voltaire. Esta ruptura epistemológica permitió un notable avance de las ciencias que, liberadas de las ataduras religiosas y escolásticas, pudieron internarse en un campo casi sin fronteras, limitadas en la mayoría de los casos por el régimen burgués de dominación. A medida que se afianzaba en el poder, la burguesía industrial iba perdiendo sus aristas de “libertad, igualdad y fraternidad”. Victoriosa en el enfrentamiento con la monarquía feudal, prontamente negó la existencia de la lucha de clases. El proyecto idealista burgués de algunos de sus teóricos del siglo XVIII entró en contradicción con la realidad y se esfumó su contenido humanista. No por azar, Fichte comenzó tempranamente a criticar el empirismo ramplón y Schiller, heredero en parte de la concepción rousseauniana, llegó a denunciar la alienación humana del mundo capitalista. El positivismo de Comte y otros fue una reacción contra la filosofía idealizante de los grandes sistemas y un cuerpo de doctrina al servicio de las necesidades de la nueva clase dominante, que, por encima de todo, buscaba un ideal de pragmatismo. A tales fines sirvió con eficiencia Herbert Spencer. Los socialistas utópicos, a diferencia de los creadores de utopías anteriores, como Moro y Campanella, surgieron de la sociedad industrial urbana. Saint Simon era una mezcla de socialista con demoburgués utópico porque quería mejorar el capitalismo mediante una conciliación de los empresarios con los obreros. Charles Fourier fue más radical en su crítica al capitalismo. Su proyecto de sociedad alternativa, a través de los falansterios o comunidades donde todos participaban en la organización de la producción, contemplaba una relación diferente de la pareja y del trato a los hijos, descrito en su libro El Nuevo Mundo Amoroso.

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Robert Owen, a quien Engels admiraba por su “candor casi infantil que rayaba en lo sublime y que era, a la par, un dirigente nato”,7 fue un industrial inglés que a principios del siglo XIX implementó en su fábrica mejoras para 2.000 operarios: reducción de jornada de trabajo, seguro de desempleo y construcción de escuelas y viviendas. Al darse cuenta de que su actitud era paternalista, decidió fundar “colonias comunistas”, donde se trabajaba colectivamente la tierra y las industrias. No solo creó este tipo de microsociedad alternativa en Inglaterra, sino que la propagó en 1825 a Estados Unidos, donde fundó la Comuna llamada “Nueva Armonía”. Fue despojado de sus bienes en Inglaterra y en Estados Unidos, dedicándose entonces a la actividad sindical. También hay que mencionar a Esteban Cabet, porque su obra fue más conocida que la de los anteriores en América Latina. En su Viaje a Icaria,8 editado en 1842, planteaba ideas similares a las de Owen y Fourier, tratando de aplicarlas a Estados Unidos: una comunidad agrícola e industrial donde la distribución de los bienes se hacía según las necesidades de todos. Cabet, al igual que otros utopistas como SaintSimon, reivindicaba el cristianismo de los tiempos de Jesús. La filosofía alemana (Hegel y Feuerbach, especialmente), la economía política clásica inglesa (Smith y Ricardo) y las teorías sociales francesas, particularmente el utopismo de Fourier y Saint-Simon, abandonaron el terreno que permitió a Carlos Marx y Federico Engels elaborar la concepción más revolucionaria conocida hasta entonces. Poniendo sobre sus pies a Hegel, rescataron la idea de la totalidad y del materialismo, que en sus manos se hizo dialéctico como dialéctica era la realidad. Rompiendo con el idealismo y el materialismo vulgar y mecanicista, recuperando el concepto de globalidad, pero no para hacer sistemas filosóficos cerrados, como los de Fichte y Hegel, sino para formular una teoría capaz de interrelacionar todos los elementos de la sociedad global en estrecha relación con la naturaleza: la historia de la naturaleza y la historia de la humanidad constituyen una sola historia, afirmó rotundamente Marx en la Ideología Alemana. Descubrieron los modos de producción como hitos fundamentales del proceso histórico y crearon una Economía Política que puso al desnudo el funcionamiento y las formas de explotación del sistema capitalista, encontrando en la plusvalía, como expresión del valor-trabajo, la clave del proceso de reproducción ampliada del capital. De lo que se trataba entonces no era describir solamente la sociedad o de interpretar el mundo, como lo habían hecho los filósofos, sino fundamentalmente de transformarlo. Llegaron a esta conclusión definitoria pisando tierra firme. Estudiosos de la experiencia de los levellers ingleses y de los trabajadores franceses, orientados por Roux 7

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Federico Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico, en Marx y Engels: Obras Escogidas, T. 1, p. 122, Ed. Lenguas Extranjeras, Moscú, 1977. Esteban Cabet. Viaje a Icaria, Barcelona, 1848.

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y Leclerc, durante las grandes revoluciones democrático-burguesas, pronosticaron que el proletariado era la clase históricamente encargada de sustituir a la burguesía y de generar un tipo de sociedad sin clases y sin Estado opresor. Las luchas que la clase obrera europea venía dando desde principios de siglo apuntalaban este diagnóstico: la huelga de los trabajadores de Glasgow (1804), el movimiento luddista, que destruía máquinas creyendo que eran la fuente de opresión; el surgimiento de las “Trade Unions”, que unificaron a cerca de un millón de trabajadores por oficio; el movimiento “cartista”, que obtuvo las 10 horas de trabajo, respaldado por 3 millones de firmas (1846); el levantamiento de los tejedores de Lyon (1831) y de Silesia (1844), las Sociedades Secretas de Augusto Blanqui y, fundamentalmente, la participación en la revolución francesa de 1848, pusieron de manifiesto la posibilidad de que los trabajadores tomaran el poder. En brazos de este ascenso obrero, Marx y Engels redactaron el Manifiesto Comunista (1848) por encargo de la organización en la cual militaban: la Liga de los Comunistas. Su actitud militante se puso también de relieve al colaborar activamente en la creación de la Primera Internacional, cuya iniciativa había partido de las “Trade Unions”. La Primera Internacional, fundada el 28 de septiembre de 1864, fue la culminación de un largo proceso de desarrollo ideológico y orgánico del naciente proletariado mundial. Su extraordinaria importancia histórica reside en haber sido el primer Frente Único de todas las corrientes del pensamiento obrero.9 Marxistas, lasalleanos, socialistas utópicos, proudhonianos, bakunistas y trade-unionistas ingleses, comprendieron la necesidad de unirse, por primera vez en la historia, para dar una orientación clasista y revolucionaria a las organizaciones obreras. La Internacional no fue estrictamente una Central Sindical Mundial ni tampoco una dirección de carácter político mundial, como lo fueron las posteriores Internacionales. No se componía exclusivamente de partidos ni de sindicatos. Fue más bien un Frente Único o, en el mejor momento organizativo, una Federación o alianza de federaciones sindicales y políticas, cooperativas y culturales, que coincidían en la necesidad de luchar por el derrocamiento del capitalismo, levantando una divisa clasista que se hizo histórica: “La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos”. Esta concepción clasista y unitaria, que abarcaba al conjunto de la clase explotada, es una clara expresión de que para Marx la revolución socialista debía ser el producto de la unidad de la clase en acción, y no patrimonio de una elite partidaria que actúe sedicentemente en nombre del proletariado. No creemos que la Primera Internacional fuera “un matrimonio de conveniencia”, como dijo Mehring. Por el contrario, fue una necesidad histórica, a cuya concreción se dedicó con afán y convicción Marx, seguro de su proyección futura. Pero como era 9

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Luis Vitale. Historia del Movimiento Obrero, p. 4, Ed. POR, Santiago, 1962.

un Frente Único o, a lo máximo, una Federación, estuvo sujeto a los vaivenes de las posiciones divergentes de sus integrantes. Desde el Primer Congreso, septiembre de 1866, los dirigentes se vieron obligados a polemizar con los “trade-unionistas puros”, que querían limitar la acción de los sindicatos a cuestiones de salarios y de jornada obrera. La mayoría de la Internacional dejó claramente establecido que la lucha era política y por el derrocamiento del Estado burgués. Cuando la Internacional decidió apoyar la Comuna de París (1871), las “Trade Unions” se retiraron de la organización. Paralelamente a las divergencias con las “Trade Unions”, se había desarrollado una encendida polémica entre los partidarios de Marx y los de Bakunin. Los anarquistas se opusieron desde el comienzo a que el Manifiesto Inaugural señalara que “el primer deber de la clase obrera es conquistar el poder político”. Volvieron a rechazar la nota informe al primer Congreso de la Internacional (1866), donde se sostenía que cambios revolucionarios “solo pueden producirse por intermedio de una fuerza social organizada, el poder estatal, que ha de pasar de manos capitalistas a los de la clase obrera”. Los anarquistas cuestionaron la estrategia de la conquista del poder político y estatal porque estaban en contra del poder y del Estado. Postulaban la sociedad sin clases y sin Estado. Estaban contra todo autoritarismo y combatían frontalmente a la Iglesia. Los partidarios de Marx estaban de acuerdo con muchos de estos postulados estratégicos, apreciación que los llevó a hacer ciertas concesiones a los anarquistas, con el fin de conservar la unidad de la Internacional.10 Pero no podían ceder en lo fundamental: la necesidad de la lucha política de clase para derrocar precisamente a la clase enemiga. Los anarquistas no presentaban, en este punto clave, ninguna alternativa factible. Planteaban la sociedad sin clases, pero no ofrecían ningún camino viable para alcanzarla; solo la organización sindical y una eventual huelga general, que tampoco tenía una salida política clara. La división entre marxistas y anarquistas, que culminó con la disolución de la Internacional en la década de 1870, influyó de manera decisiva no solo en el movimiento obrero europeo, sino en las organizaciones sindicales que se formaron en América Latina. Por eso, sin la comprensión de este proceso del proletariado europeo no es posible entender el desarrollo de las primeras organizaciones del movimiento obrero latinoamericano. Del mismo modo, no se puede explicar el pensamiento liberal y conservador de la burguesía latinoamericana sin estudiar la ideología de sus teóricos europeos.

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Franz Mehring. Carlos Marx, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1943.

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La formación social latinoamericana Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un cambio significativo en la formación social latinoamericana al iniciarse un proceso de consolidación del modo de producción capitalista en la mayoría de los países más grandes. La acumulación originaria, iniciada en la Colonia, adoptó un ritmo acelerado a raíz de las medidas tomadas por los gobiernos liberales en relación con la tenencia de la tierra. La expropiación masiva de las tierras de la iglesia y el nuevo despojo a los indígenas, a través de campañas armadas destinadas a expandir la frontera interior, permitieron a la clase dominante beneficiarse de la renta de la tierra en mayor escala y liberar mano de obra de las comunidades aborígenes. La mecanización del campo, la incorporación de la máquina de vapor, del ferrocarril y hornos de fundición para las explotaciones mineras facilitaron el despegue del capitalismo primario exportador. Sin embargo, este capitalismo sui géneris de América Latina estaba limitado por la dependencia respecto de las metrópolis europeas y por la incapacidad de la burguesía criolla para acelerar el proceso de reproducción ampliada del capital. En vez de reinvertir la renta agraria y minera en sus empresas o en promover el desarrollo de la industria nacional, la burguesía se llevó gran parte de los capitales a Europa, colocándolos allí en actividades especulativas. Esta fuga de capitales, difícil de cuantificar, restó posibilidades al proceso de desarrollo. En lugar de realizar un plan de inversiones propias para una capitalización autosostenida de sus empresas, las fracciones de clase dominante prefirieron centrar los esfuerzos en la pugna por el reparto de las entradas fiscales y en la disputa por el control del aparato del Estado para lograr una redistribución de los ingresos del Fisco en beneficio de sus estrechos intereses de clase. De todos modos, en el período 1860-1890 hubo un mayor crecimiento económico de América Latina que en la primera mitad del siglo XIX, aumentando notoriamente la exportación de minerales, café, azúcar, cacao, trigo, cueros, etc. También se aceleró el intercambio entre las diferentes regiones de cada país, y se produjeron importantes avances en el proceso de integración económica nacional. El aumento de las exportaciones fortaleció la plena integración al mercado mundial capitalista, reforzando los lazos de dependencia. Es interesante destacar que la producción agropecuaria no solo creció a raíz de las exportaciones, sino también por la ampliación del mercado interno. Este crecimiento de la producción no ha sido debidamente apreciado por aquellos investigadores que toman solamente en cuenta las cifras de exportación. Un estudio preliminar de los niveles de crecimiento de productos agropecuarios a raíz del aumento de la demanda del mercado interno nos ha permitido observar que la disminución de los montos de exportación no significó necesariamente una baja de la producción, sino el resultado de una demanda interna.

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José Luis Romero ha dicho certeramente que “si en el marco de la economía mercantil era importante, Latinoamérica pasó a ser mucho más importante en el marco de la economía industrial”.11 América Latina se convirtió entonces en un continente clave para Europa y Estados Unidos no solo por sus materias primas, sino por constituir un mercado fundamental para la venta de sus artículos manufacturados. La inserción plena de la economía latinoamericana en el mercado mundial, estimulada por la nueva división internacional del capital-trabajo, la modernización de los puertos, el aumento de las vías férreas y de las telegráficas, la introducción de nueva tecnología y, fundamentalmente, la generalización de las relaciones de producción salariales, aceleraron el desarrollo de un modo de producción capitalista, obviamente distinto al capitalismo industrial europeo. Fue un capitalismo primario exportador, productor de materias primas para el mercado internacional, un capitalismo dependiente de los países metropolitanos que, a medida que se afianzaba, se hacía más subordinado a los países llamados centros. La consideración de esta totalidad, signada por la relación metropoli-país dependiente, permite hacer un tratamiento de conjunto de las relaciones de producción, que forman una trama inescindible del intercambio y la realización del capital en el proceso general de acumulación. Por eso, nos parece irrelevante la crítica de los “modoproduccionistas” a quienes advirtieron oportunamente sobre la importancia de los procesos de circulación del capital. André G. Frank aclara que “en la medida en que las relaciones de producción –pero en relación con el intercambio y la realización– son el criterio pertinente, es la transformación de las relaciones de producción, circulación y realización, mediante su incorporación en el proceso de acumulación de capital, lo que constituye, en principio, el criterio relevante de existencia del capitalismo”.12 A pesar de la clara existencia de relaciones de producción capitalistas en la segunda mitad del siglo XIX, los “modoproduccionistas” se resisten a reconocer esa forma de realización del capitalismo en nuestra América, porque no coincide con el “modelo” de desarrollo capitalista industrial europeo. Estos investigadores no alcanzan a comprender que en América Latina hubo un particular desarrollo capitalista, inserto en el sistema capitalista mundial, que adoptó la forma de un capitalismo primario exportador. El denominado “crecimiento hacia afuera”, generalización que alentó falsas ilusiones acerca de un supuesto “crecimiento hacia adentro” en la década 1950-60, fue la expresión de un proceso de dependencia específico; un crecimiento que conllevaba la declinación porque se dio sobre la base de una economía distorsionada y subordinada,

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José Luis Romero. Latinoamérica, situaciones e ideologías, p. 48, Buenos Aires, 1967. André Günder Frank. La acumulación Mundial (1492-1789), p. 236, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1979.

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monoproductora y carente de una industria nacional, estructura que facilitó la fuga hacia afuera de gran parte de la plusvalía. La dependencia se acentuó con la importación de tecnología avanzada para renovar el aparato productivo de las empresas mineras y agrícolas, con la instalación de ferrocarriles y líneas telegráficas, además de los repuestos y materiales necesarios para las obras de infraestructura, relacionadas con el proceso de urbanización. El comercio al por mayor estaba controlado en forma casi exclusiva por las casas extranjeras radicadas en el país, que no se limitaban a importar artículos manufacturados, sino que también jugaban el papel de intermediarias en la exportación de los productos agropecuarios y mineros y en la negociación de los empréstitos extranjeros. La brusca variación de los precios de las materias primas en el mercado mundial puso al desnudo el carácter subordinado de nuestra economía, que se agravaba con las crisis cíclicas del capitalismo decimonónico: 1858, 1873, 1889, etc. En relación con los problemas que creaba a nuestros países la fijación de los precios de las materias primas por el mercado internacional, Sarmiento escribía a Posse en 1864: “El ganado y sus productos como industria exclusiva y única del país, tiene el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros, por falta de consumidores sobre terreno, sino que nos lo imponen los mercados extranjeros, según su demanda”.13 El sistema bancario, generalizado en la mayoría de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, fue la expresión del liberalismo económico. En algunas naciones se establecieron leyes de bancos en las que el Estado fijaba algunas reglas del juego para los banqueros particulares, encargados de la libre emisión de moneda. El proceso inflacionista, iniciado según algunos autores con la adopción del patrón oro en las metrópolis, se debió, a nuestro juicio, a factores relacionados con la producción y no a meras fluctuaciones monetarias. La incapacidad de la burguesía criolla para renovar su aparato productivo, el acelerado crecimiento de la deuda externa y la penetración del capital extranjero fueron las principales causas que aceleraron el proceso inflacionista. A estos factores se sumó en algunos países la baja de los precios de sus materias primas en el mercado mundial, sobre todo en los periodos de crisis cíclicas del sistema capitalista. El aumento de los gastos fiscales y las amortizaciones e intereses de la creciente deuda externa condujeron a los gobiernos a emprender el camino sin retorno de la depreciación monetaria y de la crónica inflación, agravada por las reiteradas emisiones de circulante. El papel moneda se generalizó, suspendiéndose la conversión metálica a través de leyes de inconvertibilidad de los billetes de banco. 13

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Domingo Faustino Sarmiento. Epistolario entre Sarmiento y Posse, Tomo XXIX, p. 52, Ed. Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, 1946.

La construcción de grandes obras públicas, especialmente ferrocarriles, telecomunicaciones, caminos y puertos, facilitó la emergencia de un sector que hizo fabulosos negocios bajo el alero del aparato burocrático estatal y de los banqueros internacionales: gestores o patrocinantes de empresas que aspiraban a obterner licitaciones del Estado. Esta capa social ha sido denominada “sub-oligarquía gestora” por Milcíades Peña, debido al papel de puente que cumplía entre el Estado y la banca mundial en relación a los empréstitos y las concesiones extranjeras. La burguesía criolla redefinió su alianza con las metrópolis y se adecuó a las nuevas formas de dependencia impuestas por la penetración del capital extranjero. Ya no se trataba solamente de la venta de sus productos de exportación y de la importación de artículos manufacturados, sino de las nuevas relaciones de dependencia contraídas a raíz del acrecentamiento de la deuda externa y, sobre todo, de la inversión de capital en los ferrocarriles, telégrafo y en algunas áreas productivas del sector primario. La dependencia estructural de la burguesía latinoamericana fue haciéndose cada vez mayor. Las finanzas, los empréstitos y la injerencia del capital extranjero en el transporte y el proceso productivo condicionaron un nuevo tipo de dependencia, que obligó a redefinir los términos y el alcance de las alianzas entre las burguesías locales y las metrópolis. Esta nueva fase de la dependencia, inaugurada hacia 1880, tuvo significativos correlatos políticos y culturales. Hasta el modo de vida cambió. Las clases dominantes se europeizaron más de lo que habían sido sin perder sus especificidades criollas (México), aunque en algunos países, como la Argentina, la europeización de los habitantes de la gran urbe se generalizó con la nueva oleada inmigratoria. La burguesía derrochó parte de la plusvalía extraída a los trabajadores campesinos, indígenas y esclavos negros, en viajes a Europa, en la construcción de mansiones y en la compra de artículos suntuarios. Sus palacios pretendían imitar al rococó parisino o La Alhambra de Granada, a las villas florentinas y a las casas estilo Luis XV. Este “popurri” de estilos arquitectónicos se complementaba en el interior de las mansiones con las mezclas más variadas de jarrones chinos junto a alfombras persas, cristales Murano, mármoles de Carrara y cuadros de las más diversas escuelas pictóricas. Nunca podrá cuantificarse la fuga de los capitales que se fueron a Europa no solo por la compra de artículos suntuarios, sino también por las operaciones bursátiles que hicieron los burgueses latinoamericanos en sus largas y frecuentes estadías en Europa. Sarmiento escribía en 1883: Nuestra colonia argentina en París es notable por la belleza de las damas… los dandys argentinos toman así posesión de París. Lo que más distingue a nuestra colonia en París son los cientos de millones de francos que representaba, llevándole a Francia no solo el alimento de sus teatros, grandes hoteles, joyerías y modistos, sino verdaderos capitales

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que emigran, adultos y barbados, a establecerse y a enriquecer a Francia. En este punto aventajan las colonias americanas en París a las colonias francesas en Buenos Aires. Estas vienen a ser su ‘magot’, mientras que las nuestras llevan millones allá.14

Muchas de estas familias burguesas, que en cierta medida descapitalizaron nuestros países con esta fiebre hacia las “Europas”, aspiraban a casar a sus hijas con miembros de la nobleza en decadencia. Otro testigo de la época, el venezolano Domingo Castillo, denunciaba la fuga de capitales: “Venezuela no está enteramente desprovista de capital, lo que sucede es que muchos hacendados, criadores y propietarios urbanos guardan el dinero en sus propias cajas y solo depositan en casas extranjeras, en vez de hacerlo ganando interés en Bancos populares, y estimular así su actividad, la riqueza y el bienestar común”.15

El papel del Estado Uno de los problemas más debatidos en la historiografía latinoamericana es el relacionado con el momento de formación del Estado llamado nacional. Nosotros opinamos que esta institución fundamental de toda sociedad de clases, comenzó a gestarse desde el instante en que la clase dominante criolla rompió el nexo colonial con España y Portugal y se hizo cargo del aparato institucional heredado de la Colonia. La frustración del proyecto de unidad latinoamericana, alentado por Bolívar, las guerras civiles y los mezquinos intereses, tanto de las provincias como de las capitales, retardaron el proceso de consolidación del Estado hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Diferencias entre la formación del Estado Nacional en Europa y América Latina Los primeros Estados nacionales de Europa occidental, especialmente el inglés, francés y español, fueron Estados monárquicos absolutistas, respaldados por la burguesía comercial, que aplastó los arrestos de autonomía de los señores feudales, a los cuales terminó convirtiendo en nobleza cortesana. Es decir, el Estado nacional en Europa se constituyó sobre la base de la derrota de los señores feudales y la centralización del poder político. Maquiavelo, en El Príncipe, justificó teóricamente la concentración del poder político en el monarca para superar la atomización propia de la estructura feudal. Jean Bodin insistió en el papel centralizador del Estado 14 15

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Domingo Faustino Sarmiento. “El Nacional”, Buenos Aires, 30/5/1883. Domingo B. Castillo. Memorias de Mano Lobo. La cuestión financiera en Venezuela, p. 328, Caracas, 1962.

monárquico absolutista. En El Leviathan, de Hobbes y sobre todo en Locke, el Estado era la personificación unitaria de una multitud de hombres, expresando el “poder común”. Este proceso no se dio en América Latina. En primer lugar, porque no hubo señores feudales y, en segundo lugar, porque la monarquía española, a través del Estado colonial centralizado, logró dominar cualquier intento autonomista de los encomenderos. Posteriormente, una vez lograda la independencia el Estado nacional no se constituyó sobre la base de una lucha con supuestos señores feudales sino mediante la toma del poder por la clase dominante criolla, cuya riqueza se fundamentaba en una economía primaria exportadora. En Europa, el Estado monárquico absolutista derivó en un Estado burgués, luego de las revoluciones inglesa y francesa de los siglos XVII y XVIII. El Estado nacional comenzó a desarrollarse sobre la base de una economía nacional integrada, con un sólido mercado interno. En otras zonas de Europa, el Estado nacional se formó tardíamente. En Alemania e Italia, constituidas en Estado-nación en la segunda mitad del siglo XIX, la economía nacional integrada fue la base material que promovió la unificación política de los diferentes principados, ducados y condados. Esto ha sido claramente explicado por F. List al analizar el Zollverein o Unión Aduanera, que precedió en varias décadas a la unidad política. Podríamos decir que mientras en Alemania la unidad económica fue determinante para acelerar la formación del Estado nacional, en Inglaterra y Francia lo decisivo fue la unificación política iniciada en los siglos XIV y XV, aunque posteriormente la integración económica fue el basamento del Estado burgués. En América Latina el proceso de formación del Estado nacional fue distinto porque no hubo una revolución democrático-burguesa liderada por la burguesía industrial, que permitiera crear una economía nacional con un fuerte mercado interno. Los Estados nacionales se fundamentaron en una economía primaria exportadora; la burguesía criolla no estaba dispuesta a realizar la reforma agraria, había renunciado a crear una industria nacional luego del pacto neocolonial con las metrópolis, que consistía en importar indiscriminadamente productos manufacturados a cambio de una mayor cuota de exportación agropecuaria y minera. Fue un Estado burgués sin burguesía industrial. Por eso nos parecen fuera de contexto histórico las apreciaciones de quienes se niegan a reconocer la existencia del Estado en América Latina a mediados del siglo XIX, basados en que éste no cumplió los requisitos que se dieron en Europa, sin aclararar a qué tipo de formación del Estado nacional se refieren, si a la de Inglaterra, Francia y España entre los siglos XIII y XV o a la de Alemania, Italia y otros países en la segunda mitad del siglo XIX. Los autores que se inspiran en el modelo europeo niegan

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la formación del Estado nacional latinoamericano en el siglo XIX, argumentando que no había un mercado nacional ni una esfera única de producción global; tampoco, una estructura “moderna” de clases, ni una “organicidad” entre ellas; que no había un bloque ideológico que cohesionara la sociedad en torno a valores y normas, que expresaran una “identidad nacional”, por la ausencia de una burguesía industrial. Han llegado a sostener que la sociedad civil era casi inexistente y que el Estado recién formado a fines del siglo XIX y principios del XX fue el artífice de la verdadera sociedad civil, pareciendo ignorar que ésta es siempre preexistente al Estado. El Estado nacional en nuestra América surgió como resultado de las guerras de la independencia. Lo político fue el factor decisivo porque permitió la ruptura del nexo colonial, condición sine qua non para la formación del Estado nacional en nuestro continente. La clase dominante criolla no partió de cero en la formación del Estado, sino que se apropió de parte de las instituciones del aparato del Estado colonial y de la experiencia de la antigua burocracia funcionaria. Inauguró un nuevo tipo de política económica: el libre comercio. La burguesía criolla rompió con el monopolio comercial español y con su intervencionismo económico, adhiriéndose a los postulados librecambistas del Estado liberal burgués, aunque sobre otras bases y con una clase dominante diferente a la burguesía industrial europea. En América Latina, el Estado nacional adoptó aspectos del librecambismo para estimular la economía agrominera exportadora, pero no toda la teoría decimonónica, porque la estructura socioeconómica era distinta. Al principio fue un Estado sumamente débil, tanto por sus bases económicas como por la crisis política permanente que se vivió durante las guerras de la independencia y las guerras civiles. Este proceso de formación del Estado nacional se prolongó durante varios lustros, siendo su fase más crítica la transcurrida entre 1810 y 1825, año en que fue derrotada la contrarrevolución. Las guerras civiles fueron la expresión de la debilidad de las formas estatales, pero su desenlace permitió la consolidación del Estado-nación. En medio de estas terribles luchas, denominadas “guerras a muerte”, los Estados en formación tuvieron que crear y equipar ejércitos, formar una nueva burocracia funcionaria, hacer una política exterior tendiente al reconocimiento de la independencia política, cohesionar a las diferentes fracciones de la clase dominante, enfrentar las insurrecciones internas de sectores indígenas y esclavos que apoyaban a los españoles, en fin, priorizar lo político. Era obvio que en estas condiciones el Estado fuera débil y estuviera en permanente situación de desequilibrio. En tal situación, sería absurdo pedirles prematuramente a nuestros Estados la integración que tenían los Estados europeos. Si bien es cierto que el Estado-nación recién se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX, no puede omitirse el hecho de que existieron formas de dominación estatal a nivel general o provincial, que fueron la expresión del dominio de unas clases

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sobre otras. La ausencia de un Estado-nación formalmente constituido no significa inexistencia de formas estatales de control de la sociedad civil. Las guerras civiles impidieron la consolidación de los Estados nacionales durante varias décadas. La rebelión de las provincias contra el centralismo de la capital se dio fundamentalmente por el reparto de ingresos fiscales y por el control de la Aduana, donde se procesaban los impuestos de importación y exportación. Controlar la Aduana significaba controlar gran parte de las entradas del Estado. Las guerras civiles crearon una situación caracterizada de “anarquía” por muchos autores, cuya sobrevaloración ha conducido a señalar que hasta fines del siglo XIX o principios del XX no hubo Estados nacionales en América Latina. Sin embargo, debilidad no significa inexistencia. No obstante sus debilidades, hubo formas embrionarias de Estado durante las guerras civiles. Precisamente el excesivo centralismo de la capital fue el motivo de la rebelión del interior en contra del poder central de una forma embrionaria de Estado. Se ha confundido el poder local de los caudillos del siglo XIX con el que ejercieron los señores feudales de Europa. Y el error ha sido doble al sostener que los supuestos señores feudales de América Latina fueron la base del régimen federal. Para nosotros no existe ninguna prueba objetiva sobre la que pueda sostenerse una equivalencia entre nuestro caudillo rural y el señor feudal europeo. Menos puede sostenerse que ese supuesto feudalismo dio origen al federalismo, modelo político surgido del sistema republicano burgués, especialmente norteamericano. Durante las primeras décadas de su existencia, los Estados nacionales vieron debilitadas sus entradas con la reducción de las exportaciones a causa del proceso de reajuste comercial por la búsqueda de mercados, que se suscitó con la ruptura del nexo colonial español. Los nuevos Estados independientes se demoraron varios lustros en estabilizar su economía y regularizar las ventas a los nuevos mercados europeos. La reinserción plena en el mercado mundial se alcanzó recién en la segunda mitad del siglo XIX. Los comerciantes y usureros criollos y extranjeros aprovecharon la situación para convertirse en aprendices de banqueros, prestando dinero al Estado con elevados intereses y, luego, presionando para obtener jugosas concesiones y arriendos de actividades públicas, como correos, aduanas, caminos, etc. Por eso, las finanzas de los Estados nacionales dependieron al principio de los prestamistas criollos y de las casas comerciales extranjeras. Es un mito de la historiografía liberal que nuestros gobiernos fueran civiles y democráticos. En realidad, nuestros Estados fueron dirigidos en la mayoría de los países por militares, incluidos aquellos, como Chile, que aparecen como los más civilistas y estabilizados. De 1831 a 1851, el Estado Chileno fue administrado por dos generales

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(Prieto y Bulnes), sin considerar los gobiernos de los generales O’Higgins y Freire en la década de 1820. México fue dirigido por los militares de Santa Anna desde mediados de la década de 1820 hasta la de 1840. Venezuela fue gobernada por generales desde 1830 a 1860 (Páez, Soublette, Monagas). Ecuador también, desde el gobierno del general Flores en la década de 1830. Perú por varios militares, especialmente el mariscal Castilla. Bolivia, azotada por pronunciamientos castrenses, al igual que la Argentina y Uruguay, fueron muestras elocuentes del papel de los militares en la política latinoamericana durante el siglo XIX. De este modo, los militares jugaron un papel relativamente autónomo, contratando empréstitos extranjeros, exigiendo una mayor tajada del presupuesto para el ejército, que en varios países pasó del 50 por ciento en concepto de adquisición de armas, barcos, etcétera. Los militares no constituían entonces un bloque homogéneo porque la institución Ejército no había decantado aún, ni siquiera en su forma moderna de profesionalización. Además, todavía se mantenía la tradición de lucha revolucionaria de la independencia, que permitió movilidad social y el ascenso a generales de personas de origen popular. En fin, no era aún un ejército de casta y por eso se dieron posiciones heterogéneas en el ejército. Mientras la mayoría de los generales, convertidos en latifundistas a raíz del reparto y apropiación de tierras del período independentista, se pusieron al servicio de la oligarquía conservadora, otros –de mayor arraigo popular– fueron portavoces de la ideología liberal y federal (el chileno Frei, el colombiano Obando, el argentino Dorrego, el venezolano Zamora, etc.). De todos modos, en la mayoría de los países los militares limitaron el ya restringido proceso de democratización. En rigor, fortalecieron un Estado autoritario y cuasi militarizado. El Estado haitiano fue no solo el primero de América Latina (1804), sino también pionero en cuanto a ejecutar una política de intervención en la economía, en una época en que imperaba el laissez faire. Afirmada la independencia con Dessalines, el Estado expropió las tierras de los esclavócratas franceses y las concedió en arriendo a los libertos, medida que se extendió a Santo Domingo, especialmente en la región del Cibao. Durante el proceso de la independencia, el Estado había confiscado entre un 65 y un 90 por ciento de las tierras que habían pertenecido a los colonos franceses. La intervención del Estado en la economía se acentuó bajo el gobierno de Boyer, reglamentando con mayor detalle el sistema de arriendo de las tierras que se entregaban a los cultivadores. Así, el Estado nacional se convirtió en el principal estimulador del aumento de la exportación de productos primarios, particularmente azúcar. “Los campesinos, como los comerciantes consignatarios extranjeros, tenían que redistribuir sus excedentes con el Estado, vía impuestos fiscales directos o indirectos”.16 16

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Julio César Rodríguez y Rosajilda. El precapitalismo dominicano de la primera mitad del siglo XIX, p. 111, Ed Univ. Autónoma de Santo Domingo, 1980.

Al extender a Santo Domingo la lucha por la liberación de los esclavos, en 1821, el Estado haitiano expropió nuevas tierras a los españoles y a la iglesia. “Con estas medidas de expropiación o nacionalización de las propiedades territoriales de particulares y de la Iglesia, el Estado pasó a controlar si no todas las tierras más importantes del país, por lo menos una porción bastante considerable de las mismas, convirtiéndose así en el principal o uno de los principales terratenientes del país”.17 La ocupación de Santo Domingo, que se prolongó más de dos décadas, reforzó el papel del Estado haitiano no solo en lo político, sino también en lo económico, mostrando en tan temprana época que el Estado desempeñó un papel relevante en el fomento de la economía nacional. Otro de los Estados que tuvo una injerencia importante en la economía fue Paraguay, desde 1820 hasta 1865. El 73 por ciento de las tierras pertenecían al Estado, que además poseía granjas agrícolas y de cría de ganado e invertía capitales en la construcción de astilleros, sentando las bases de una de las primeras marinas mercantes nacionales. El Estado promovió “arsenales, astilleros, fundiciones, telégrafo, ferrocarriles, bajo la dirección de 231 técnicos contratados en Europa”.18 Fue el único Estado sudamericano que “rechazó el ofrecimiento ‘generoso’ de los empréstitos ingleses”.19 Los gobiernos de José Gaspar Francia, Carlos A. López y Francisco Solano López practicaron una política económica basada en el monopolio estatal de la propiedad de la tierra y de la comercialización de los productos de exportación: la yerba mate y el tabaco. Se preocuparon de diversificar la economía, promoviendo una incipiente industrialización. También rechazaron la penetración del capital norteamericano, en particular de Hopkins, quien pretendió instalar una empresa y fue expulsado por Carlos López. Estados Unidos, por vía del presidente Buchanan, envió una poderosa escuadra de diecinueve buques con doscientos cañones en enero de 1859 que llegó a la boca del río Paraguay. El pensador argentino Juan Bautista Alberdi decía que Paraguay “no tenía deuda pública extranjera, pero tenía ferrocarriles, telégrafos, arsenales, vapores construidos por ellos”.20 Este desarrollo relativamente autosostenido fue finalmente aplastado por la Triple Alianza (Argentina, Uruguay y Brasil), coludida con el capitalismo británico. Un Estado nacional tempranamente consolidado, aunque con escasa injerencia en la economía, fue el de Chile. Los gobernantes de los decenios 1830-60 han sido 17 18 19

20

Ibid., p. 118. Efraim Cardozo. Breve Historia del Paraguay, Ed. Tudela, Buenos Aires, 1965. Francisco Ganoa. Introducción a la historia gremial y social del Paraguay, Ed. Arandú, Asunción, Buenos Aires, 1967. Juan Bautista Alberdi. Obras Completas, T. VI, pp. 340 y 342, Buenos Aires, 1887.

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presentados por Alberto Edwards y Francisco Encina como los creadores del Estado “en forma”’ por encima de las clases. En realidad, los gobiernos de la llamada “era portaliana” representaban los intereses de la burguesía comercial y de los terratenientes, que exigía un Estado fuerte y centralizado. El llamado Estado portaliano tuvo por finalidad garantizar el “orden social” y la expansión de la economía triguera y minera. Este Estado se fundamentó en un poderoso ejército que triunfó en la guerra de 1838 contra la Confederación Perú-Boliviana, otorgando la presidencia de la República a dos militares que gobernaron veinte años: Prieto y Bulnes. El llamado Estado “civilista” portaliano se basó precisamente en el poderío del ejército, desmintiendo así el mito de la democracia y del civilismo en Chile. Fue un Estado autoritario que impuso el “orden” a través de destierros y persecuciones a los hombres de pensamiento liberal. Su relativa estabilidad, basada en la expansión de la economía minera y agrícola, fue quebrada por las guerras civiles de 1851 y 1859, echando por tierra otro mito de la historia: el camino pacífico de Chile y el respeto a su institucionalidad. En síntesis, la formación del Estado nacional en la mayoría de los países latinoamericanos debe rastrearse desde la época de las guerras de la independencia. La existencia de estos Estados, aunque embrionarios, se expresó en la adopción de medidas sobre libre comercio, exportación-importación, abolición de la esclavitud, mayorazgos y fueros eclesiásticos, expropiación de tierras eclesiásticas e indígenas, régimen impositivo, presupuestos nacionales, empréstitos, etc., que no podrían haberse realizado sin la existencia de un mínimo aparato de Estado.

La consolidación del Estado Nacional Los Estados nacionales no se gestan en la segunda mitad del siglo XIX –como han sostenido varios autores–, sino que se consolidan. Arnaud sostiene que el Estado recién se forma en esta fase a raíz de la integración económica en el mercado mundial y la introducción de relaciones capitalistas de producción,21 procesos que a nuestro juicio venían desde muchas décadas anteriores. Más aún, llega a decir que el Estado fue el que hizo surgir el capital, afirmación que no resiste el menor análisis. Otros autores –que ven nuestra historia a través del cristal europeo– han manifestado que ni siquiera en la segunda mitad del siglo XIX se produjo la formación del Estado nacional. Escritores dominicanos sostienen que el Estado surgió recién con la ocupación norteamericana de 1915, cuando en rigor se había gestado, aunque muy débilmente, a mediados del siglo XIX. El ecuatoriano Andrés Guerrero afirma que “la guerra civil de 1895 sella el proceso de unificación y de constitución del Estado 21

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Pascal Arnaud. Estado y Capitalismo en América Latina. Casos de México y la Argentina, México, 1981.

nacional”.22 Rafael Quintero comete el mismo error, con el agravante de sostener que antes de 1895 había un “Estado feudalizante”.23 Aunque en Venezuela existen todavía investigadores que sostienen que el Estado nacional recién se inauguró con el dictador Juan Vicente Gómez (1908-1935), gracias a la liquidación de los caudillos del interior y a la formación del ejército profesional, hemos probado que el Estado nacional se formó en la década de 1830 y se consolidó bajo la presidencia de Guzmán Blanco.24 Numerosos autores confunden formación del Estado nacional con gobiernos autoritarios y centralizados, atribuyendo a dictadores como Porfirio Díaz y otros llamados “gendarmes necesarios” una vía bismarckiana para la formación de nuestros Estados nacionales. La mayoría de estos autores confunden formación con consolidación del Estado nacional. Una de las principales instituciones del Estado, el Parlamento, comenzó a jugar en este período un papel importante, porque las diversas fracciones de la clase dominante pudieron a través de él defender mejor sus intereses y parcelas económicas. Como decía Marx, “la república parlamentaria era algo más que el territorio neutral sobre el cual las dos fracciones de la burguesía francesa, legitimistas y orleanistas, la gran propiedad territorial y la industria, podían convivir lado a lado con igualdad de derechos. Era la condición inevitable de su dominación común, la forma única de Estado en el cual sus intereses generales de clase sometían a ellos las demandas de sus fracciones particulares y todas las clases restantes de la sociedad”. Aunque la estructura de clases en América Latina era distinta, el Parlamento comenzó a jugar desde el siglo pasado un papel de amortiguador de las contradicciones interburguesas, redistribuyendo el presupuesto nacional en beneficio de las diversas fracciones de la clase dominante representadas en el Congreso. El Estado nunca alcanzó a ser verdaderamente nacional, ya que las clases dominantes enajenaron nuestra soberanía, subordinándola al capital extranjero y entregando nuestras riquezas fundamentales. El Estado fue nacional en el sentido de que englobaba el territorio de una nación y una lengua común, con excepción de algunos países donde se hablaban paralelamente lenguas indígenas, pero no lo era al ser incapaz de defender la autonomía económica, la industrialización y creación del mercado interno. Así como no hubo una auténtica burguesía nacional, tampoco hubo un Estado verdaderamente nacional. El Estado era débil, no inexistente. Kaplan sostiene que “el Estado integra parcialmete las diferencias y órdenes, se presenta como su punto de intersección y equilibrio 22 23 24

Andrés Guerrero. Los oligarcas del cacao, p. 13, Ed. El Conejo, Quito, 1980. Rafael Quintero. El Mito del populismo en el Ecuador, p. 92, Ed. Flacso, Quito, 1980. Luis Vitale. Estado y estructura de clases en la Venezuela contemporánea, Taller “Pío Tamayo”. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984.

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inestable. Carece de medios y de condiciones favorable para la creación de la unidad efectiva (…) no puede imponer sus instituciones, normas y decisiones sobre todo el territorio y sobre los sectores de la sociedad. Su autoridad se va borrando a medida que pretende ejercerse sobre regiones alejadas del centro, y coexiste con focos de poder sectorial y local que controla de modo meramente relativo (…) la integración nacional no se completa. La centralización político-administrativa permanece inacabada y vulnerable”.25 La consolidación de los Estados nacionales fue estimulada por las metrópolis europeas que necesitaban Estados estables y capaces de garantizar la creciente demanda de materias primas del capitalismo europeo, y no del desarrollo industrial como había ocurrido en las metrópolis. El fortalecimiento del Estado nacional no puede comprenderse si no se parte del análisis de que nuestro continente se insertó plenamente en el sistema capitalista mundial a mediados del siglo XIX, como resultado de un proceso que venía madurando desde la época colonial. El Estado en América Latina tuvo, desde la segunda mitad del siglo XIX, un cierto papel “intervencionista”. Aunque practicaba el “dejar hacer, dejar pasar”, según la teoría librecambista de la época, no por eso dejó de jugar un papel relativamente activo en el proceso de acumulación capitalista, llegando a intervenir para “administrar las crisis” o, mejor dicho, para enfrentar las repercusiones de las crisis cíclicas del capitalismo europeo en resguardo de los intereses de la burguesía exportadora. La mayoría de los investigadores ha menospreciado la relación del Estado con la economía en nuestra América del siglo pasado. Parten de la premisa de que en la Europa decimonónica el Estado no intervenía en la esfera económica, tesis cuestionada por recientes estudios de autores alemanes, franceses e ingleses. Marx había puesto de manifiesto el papel del Estado como promotor de la infraestructura vial y de telecomunicaciones, de leyes sobre el régimen salarial, de decretos para establecer las reglas del juego de la competencia capitalista y de fijación del sistema monetario. Ese Estado también promovía una política de prestaciones sociales, como el Welfare State (Estado de Bienestar) inglés y en 1848 el National Health Service (Servicio Nacional de Salud). Uno de los pocos investigadores que se han ocupado del papel del Estado en la economía durante el siglo pasado es Pascal Arnaud. Aunque estamos en desacuerdo con él en su apreciación de que no existió Estado en las primeras décadas de la vida independiente, de que el capitalismo latinoamericano advino recién en la segunda mitad del siglo XIX y de que el cambio de las estructuras precapitalistas fue realizado “según la regulación capitalista a través del Estado nacional primero y luego a partir 25

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Marcos Kaplan. Formación del Estado Nacional en América Latina, pp. 185 y 186, Ed. Universitaria, Santiago, 1969.

de inversiones directas”, no podemos dejar de reconocer sus aportes sobre el Estado durante el siglo XIX: El papel central del Estado en la creación de un sistema monetario, en Argentina y en México, provino de la voluntad política de unificar el espacio del intercambio nacional, respecto del exterior, para lo cual era indispensable lograr la definición de una moneda nacional (…) la imposición de una cierta lógica económica no ocurrió ‘espontáneamente’, sino gracias a la decisiva intervención del Estado.26

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los Estados nacionales de América Latina estimularon el desarrollo de los puertos, servicios de correo, aduanas, ferrocarriles y telecomunicaciones, garantizando la inversión de capitales extranjeros. Organizaron también el sistema métrico decimal y el régimen monetario, dictando decretos sobre reconversión de la moneda. Alentaron la creación de bancos particulares, reglamentando su funcionamiento, obviamente en beneficio de los capitalistas criollos y extranjeros. En Chile, por ejemplo, se dictó la ley de Bancos en 1860, que dejaba en manos de particulares la libre emisión de la moneda, pero el Estado fijó una limitación: las emisiones no podían sobrepasar el 150 por ciento del capital efectivo o pagado. El Estado prestaba a los bancos parte de los fondos fiscales a un 2 por ciento de interés anual. En la Argentina, el Estado se hizo garante de las cédulas emitidas por el Banco Hipotecario Nacional, fundado en 1886. Los Estados reglamentaron y estimularon el trabajo asalariado en ciertas áreas que interesaban a los empresarios mineros y agropecuarios. Decretaron la abolición de la esclavitud, aunque favorecieron la entrada de inmigrantes chinos (culíes) para el trabajo servil en las plantaciones del Caribe y en las salitreras, campos y minas de la costa de Pacífico. El Estado fijaba los derechos de exportación de las materias primas, controlaba las entradas del fisco y redistribuía la renta aduanera en beneficio de las fracciones de la clase dominante. Los gobiernos contrataban empréstitos extranjeros para solventar los gastos militares o redistribuirlos en favor de la burguesía criolla. Solo el Estado podía garantizar el pago de esos empréstitos, poniendo como aval las entradas aduaneras, que en la mayor parte de los países superaba el 50 por ciento de los ingresos fiscales. Cuando el Estado dejaba de pagar las amortizaciones e intereses de la deuda externa se producían agresiones militares extranjeras, especialmente de Francia e Inglaterra, como ocurrió en el México de Benito Juárez y en la Venezuela de Cipriano Castro en 1902. La mayoría de los autores ha caracterizado nuestro Estado decimonónico como un estado oligárquico, liberal o conservador, como si el Estado se pudiera caracterizar unívocamente por la ideología del gobierno que lo administra. A nuestro modo de 26

Pascal Arnaud, op. cit., pp. 148 y 235.

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entender, hay que señalar antes que nada el cárácter de clase del Estado; precisar el carácter burgués del Estado, definir el tipo de gobierno que lo administra, ya sea autoritario, oligárquico, democrático, etc. Uno de los fundamentos para formular una teoría propia, latinoamericana, de la formación y desarrollo del Estado es definirlo tanto por su raíz de clase como por su relación de dependencia respecto del capitalismo mundial. En tal sentido, opinamos que fue un Estado burgués, que se hizo cada vez más dependiente hasta adquirir un carácter semicolonial a fines del siglo XIX. Un Estado burgués, sin burguesía industrial, administrado por la burguesía minera y comercial en alianza con la llamada oligarquía terrateniente. Definirlo solamente como Estado oligárquico conduciría a negar la esencia del Estado como representante de todas las fracciones de la clase dominante, al admitir que solo una de ellas –la oligarquía terrateniente– fue la beneficiaria única del Estado, en detrimento de los intereses generales de la burguesía minera y comercial. Los teóricos del Estado han demostrado que el papel fundamental de esta institución es representar los intereses generales de todas las fracciones de la clase dominante, amortiguando sus contradicciones e intereses coyunturales a veces contrapuestos. Cuando un sector de la clase dominante pretendió poner el Estado exclusivamente a su servicio se desencadenaron conflictos armados interburgueses. Precisamente, las guerras civiles demostraron que otros sectores de la clase dominante no estaban dispuestos a aceptar que el Estado fuera administrado en beneficio de una sola fracción. La consolidación del Estado nacional en la segunda mitad del siglo XIX fue, justamente, el resultado de una transacción política entre las fracciones de la clase dominante. El Estado se hizo cargo de la conquista y colonización de territorios que aún conservaban los pueblos originarios. Los ejércitos fueron los encargados de aplastar la secular rebelión aborigen, quedando bajo el control del Estado las nuevas tierras surgidas de la ampliación de las fronteras interiores. Mas todavía, en los casos de la Argentina y Chile, ambos Estados se pusieron de acuerdo para hacer una campaña coordinada de exterminio de pampas y mapuche en la década de 1880. En América Latina, a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la “conquista del oeste” no fue obra de los colonos privados, sino directamente de los ejércitos de los Estados nacionales, que en esta expansión de la “frontera interior” terminaron entregando a los capitalistas agrarios la tierra arrebatada a los Pueblos Originarios. Este comportamiento del Estado muestra no solo hasta dónde pueda llegar el régimen aberrante de dominación, sino el hecho objetivo de que los Pueblos Originarios no son reductibles al Estado nacional. Se aplastó a los indígenas en nombre de la ideología del Estadonación, pero no se resolvió la cuestión nacional, el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades aborígenes.

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Los Estados promovieron leyes de inmigración, reglamentando y fijando las zonas donde debían instalarse los inmigrantes, a través de contratos que se firmaban con las compañías colonizadoras. Es poco conocido el hecho de que algunos Estados nacionales, como el de Perú –bajo las presidencias de Pardo y Prado– y Chile, durante el gobierno de Balmaceda, llegaron a nacionalizar y estatizar materias primas en manos del capital monopólico extranjero que comenzaba a apoderarse de nuestras riquezas naturales. En contraste con aquellos autores que sostienen la existencia de un Estado feudal o semifeudal en el siglo XIX, nosotros opinamos que los Estados nacionales de América Latina eran burgueses, aunque de características distintas a los europeos. Para precisar mejor esta caracterización, sostenemos que eran Estados burgueses administrados por gobiernos oligárquicos y autoritarios que expresaban, a través del autoritarismo, no la fuerza, sino la debilidad de la estructura socioeconómica de un capitalismo primario exportador, desinteresado de la industrialización y de expandir el mercado interno, y con una economía en la que coexistían relaciones de producción preponderantemente capitalistas. El Estado burgués, comandado por la burguesía comercial y minera y la oligarquía terrateniente liberal y conservadora, tenía marginada y oprimida a la mayoría de la sociedad civil. En esta seudodemocracia, solo podían votar los que tuvieran un bien raíz. Era un “Estado de excepción permanente” al decir de Poulantzas. No tenía el más mínimo consenso de la población, sino solamente el de la minoría terrateniente y comercial. Era una variante de Estado burgués sin revolución democrático-burguesa, que actuaba como expresión del capitalismo primario exportador de la clase dominante en el interior y de mediador entre esta clase local y el capitalismo extranjero. Pierre Salama sostiene que la “discusión según la cual el Estado no puede ser un Estado capitalista por encontrarse sus aparatos influenciados, ya sea por las clases medias, o por hacendados o latifundistas que representan modos de producción ‘precapitalistas’, desemboca muy rápido en un callejón sin salida porque oculta el tipo de relación que estos aparatos de Estado sostienen con los aparatos de Estado de las economías capitalistas del centro”.27 Basados en el carácter autoritario de nuestros Estados, algunos autores opinan que adoptaron la forma bismarckiana del Estado alemán en el momento de su estructuración definitiva en la década de 1870. Según Kalmanovitz “la configuración del Estado alemán, fruto del desarrollo capitalista, conservando los privilegios de los terratenientes que aplasta al campesinado y establece la opresión política sobre las masas es el verdadero paradigma de la formación del Estado nacional en América 27

Pierre Salama. “El imperialismo y la articulación de los Estados-nación en América Latina”, Revista de la Economía Política, Vol. 11, p. 11, México. Enero-marzo 1977.

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Latina”. Esta comparación es francamente desacertada, porque el Estado alemán, impulsado por Bismarck, se gestó sobre la base de un desarrollo capitalista industrial, aunque tolerando a los terratenientes. En cambio, en América Latina el Estado nacional fue formado por la burguesía minera y comercial y la oligarquía terrateniente que, basadas en una economía primaria exportadora, se opusieron al desarrollo industrial. En síntesis, el Estado en América Latina, en su calidad de representante del capitalismo primario exportador, tenía un carácter burgués. Quienes lo definen como oligárquico confunden Estado con gobierno, ya que era un Estado burgués gobernado por distintas fracciones, entre ellas la oligarquía terrateniente. Este Estado era promotor de acumulación capitalista interno. Aunque parte del excedente era drenado a las metrópolis europeas, no debe menospreciarse el hecho de que otra parte quedaba en manos de los capitalistas nacionales. En este sentido, la mayoría de los autores no ha advertido que el Estado republicano surgido con la independencia significó una ruptura con el tipo de acumulación de la época colonial, en la que casi todo el excedente iba a parar a las arcas de la corona española. Los Estados nacionales de América Latina trataron de garantizar una cierta acumulación interna aunque el tipo de economía primaria exportadora dependiente significó una transferencia al exterior de parte del excedente económico por la vía de los precios y del control del transporte que ejercían las potencias extranjeras.

Corrientes de pensamiento en el siglo XIX El Positivismo en América Latina La filosofía que mejor acomodaba al reajuste ideológico de la clase dominante latinoamericana era el positivismo. Impulsado en Europa como cuerpo doctrinario de la burguesía industrial emergente, en América Latina el positivismo fue adaptado a las necesidades de una burguesía primaria exportadora en expansión. El progreso, como signo ideologizado de esa época, sirvió tanto para una como para otra burguesía, aunque en realidad sirvió solo para una: la que ejercía la hegemonía del sistema capitalista mundial,28 de la cual era dependiente la otra. Para las burguesías latinoamericanas, progreso significaba aumento de su economía primaria exportadora y librecambismo para importar indiscriminadamente manufacturas extranjeras. Progreso significaba terminar con las comunidades indígenas y consolidar la importación de todas las modas europeas.

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Ya Comte lo había dicho en su Discours sur l’esprit positif: “La Sociedad Positiva no será en sus sentimientos y en sus pensamientos, ni nacional ni cosmopolita, sino occidental.

Las ideas de Comte sirvieron también para combatir el oscurantismo de la Iglesia, al poner el acento en la ciencia experimental. Pero fue un positivismo sin revolución democrático-burguesa. Un positivismo y una ciencia no al servicio del desarrollo industrial, sino de la burguesía exportadora de materias primas. Los ideólogos liberales latinoamericanos tomaron de Comte la idea de mejorar la sociedad por el camino de las ideas, y de Spencer lo utilitario y la reafirmación de lo individual ante el Estado. Alicia de Nuño afirma que “el positivismo latinoamericano responde al designio inicial comtiano, es decir, a la construcción de un instrumento científico para la interpretación social, lo cual se logrará trasladando los criterios de las ciencias naturales a los fenómenos histórico-social y jurídico. A partir de este planteamiento científico, ya no es el pensamiento de Comte el principal vehículo de penetración del positivismo, sino el de Spencer, que desarrolla este mismo esquema en su teoría evolucionista”.29 Los ideólogos de la burguesía latinoamericana se aferraron al positivismo como tabla de salvación alternativa a la ideología de la Iglesia Católica y de los conservadores, representantes para ellos del Ancient Régime, pero no para construir un Nouveau Régime industrial. No obstante, dice Leopoldo Zea, se adopta el positivismo como doctrina evolutiva: “Mediante una educación positivista se cree que se llegará a formar un nuevo tipo de hombre libre de todos los defectos de que hizo heredera la Colonia y con gran espíritu práctico”.30 Los gobiernos latinoamericanos adaptaron, de acuerdo con sus intereses coyunturales, el positivismo europeo en los aspectos que más les convenía, según fueran dictaduras o no. Por eso, algunos gobiernos como el mexicano difundieron los postulados positivistas de ORDEN. Otros pusieron el acento en la LIBERTAD. Todos coincidieron en la idea del PROGRESO y en popularizar la ideología de la modernización y del interés individual ante el Estado para reafirmar la concepción librecambista. También estuvieron de acuerdo en etiquetar a los “indios” y negros de “retrasados mentales” y flojos. Los positivistas mexicanos, llamados los “científicos”, opinaban que los indios y razas mezcladas eran gente irremediable y peligrosa, “condenada biológicamente a la inferioridad y la tutela”. Justo Sierra (1848-1912) afirmaba muy suelto de cuerpo que el indio se acercaba al animal doméstico y jamás será un “agente activo de la civilización”.31 Su positivismo evolucionista lo inducía a ser un admirador de la civilización europea y a magnificar el papel de la inversión foránea. 29

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Alicia De Nuño. Ideas sociales del positivismo en Venezuela, p. 22, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969. Leopoldo Zea. El pensamiento latinoamericano, I, 63, Ed. Pormaca, México, 1956. Justo Sierra. Evolución política del pueblo mexicano, p. 296, Ed. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1977.

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Justo Sierra justificaba la dictadura de Porfirio Díaz señalando que era necesario primero crear un orden para dar paso posteriormente a una democracia y libertad sólidas y consolidadas. Muchos crímenes, explotación despojo de tierras indígenas, miseria y aherrojamiento de la libertad se cometieron en nombre de este “orden” del positivismo criollo. En Brasil, el positivismo sirvió de arma ideológica para justificar el paso de la monarquía a la República. Hasta los cuadros militares fueron preparados para tal fin, puesto que los principios de Comte eran enseñados en la Escuela Superior de Guerra. Uno de los pensadores que prepararon el terreno filosófico para el cambio a la república fue Eduardo Ferreira Franca (1809-1857), quebrando el eclecticismo filosófico del Imperio de los Pedros. El positivismo fue un instrumento ideológico importante también para la lucha contra la poderosa iglesia brasileña. Luis Pereira Barreto (18401923), divulgador del positivismo en Brasil, criticaba fuertemente a la Iglesia por el carácter de Estado teológico que tenía. Zea ha señalado que el positivismo adquirió más fuerza en la Escuela Militar de Río, de donde salió el movimiento que proclamó la República. Benjamín Constant (1836-1891), profesor de matemáticas de esta escuela, fue el encargado de difundir estas ideas en lo filosófico y lo político. La influencia del positivismo en la República se hizo sentir en varios aspectos, empezando por el formato de la Bandera que adoptó el lema comtiano de Orden y Progreso.32 En Argentina, el positivismo tuvo una influencia tan grande que se prolongó hasta Alejandro Korn en el siglo XX.33 Tambien influyó en la primera etapa intelectual de Rodó y otros pensadores rioplatenses.34 El positivismo venezolano adquirió auge a partir del gobierno autocrático de Guzmán Blanco. Para tal fin, el Estado impulsó cátedras en la Universidad a cargo del alemán Adolfo Ernest y del Dr. Villavicencio, quienes fundaron una sociedad científica denominada “Amigos del Saber”, abierta a los jóvenes positivistas. Los historiadores de esta corriente, como Gil Fortoul, remarcaron la concepción unilineal de la historia, que ya había popularizado Comte, planteando en uno de sus libros que del Estado “anárquico primitivo, los grupos humanos se elevan por grados sucesivos, pasando por los estadios despóticos y anárquicos, hasta llegar al estado constitucional”.35 En otro libro manifestaba: “Orden y Progreso no son conceptos que se excluyen ni contradigan. Es el uno condición indispensable del otro, sobre todo en un Estado nuevo, con historia 32

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Leopoldo Zea. Filosofía y Cultura Latinoamericana, p. 186, Caracas, 1976. Ver además, Guillermo Francovich: Filósofos Brasileños, Bs. As., 1961. Ricaurte Soler. El positivismo argentino, Imp. Nac. de Panamá, 1959. Francisco Romero. El positivismo y la crisis. El hombre y la cultura. Buenos Aires, 1950. Del mismo autor: Estudio de historia de las ideas, Ed. Losada, Buenos Aires, 1952. José Gil Fortoul. Filosofía Constitucional, en Obras Completas, T. IV, p. 36, Caracas, 1956.

corta y tradiciones recientes (…) el orden legal constituye la tradición y sin ésta el progreso es siempre aventurado”.36 Algunos positivistas venezolanos, como Rafael Villavicencio, estaban atentos y preocupados por el surgimiento de las ideas socialistas. En un discurso pronunciado en 1886 en la Universidad de Caracas, manifestaba: En tanto que el socialismo “permanece en el estado de sentimiento es admirable. Nada hay más digno de respeto y alabanza que esa aspiración generosa hacia una justicia social mejor entendida, hacia una moral más elevada, hacia un porvenir más puro; pero cuando intenta realizarse, entonces no siendo guiado por ningún verdadero conocimiento del organismo social, toma la riqueza como el punto de mira de su reforma”.37

El romanticismo literario y el radicalismo político burgués En varios países, el romanticismo literario dio frutos relevantes. Pero no se trata de una mera contienda entre clasicismo y romanticismo o de un problema literario y estético, sino que era una forma de expresión de los problemas profundos que aquejaban a la sociedad latinoamericana. El romanticismo literario tenía raíces sociales que pronto se plasmaron en programas políticos. La generación argentina del 37 gestó una de las figuras más brillantes del pensamiento latinoamericano: Esteban Echeverría. Considerado erróneamente como socialista utópico, Echeverría fue, en rigor, el demoburgués más radical de la Argentina de mediados del siglo XIX. Fundó junto con Alberdi y Gutiérrez, la “Joven Argentina” en 1838, cuya declaración de principios se convertirá en el “Dogma Socialista de la Asociación de Mayo”. Este opúsculo, redactado por la pluma romántica de “La cautiva” y “El matadero”, planteó una crítica de la sociedad y un cuerpo de soluciones políticas. Conocedor de las obras de Saint-Simon, Considérant, Fourier, Lamennais, Leroux y Mazzini,38 hizo una síntesis de estas ideas, adaptándolas creadoramente a la realidad de su país conmovido por la lucha de las provincias contra la capital, de la cual se aprovechó Rosas para controlar la Aduana e imponer una férrea dictadura en la estancieril provincia de Buenos Aires. El tema central del Dogma Socialista fue la Democracia y las formas de implementación de la misma en nuestros países. Sus lemas fueron los de la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad, a los cuales agregaba Progreso más Asociación. Para 36 37

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José Gil Fortoul. El hombre y la historia, en Obras…, op. cit., IV, 403. La Doctrina Positivista, Colec. Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX, Nº 13, Presidencia de la República, 1, 72, Caracas, 1961. Tulio Halperin Donghi. El pensamiento de Echeverría, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1951; y Albertos Palcos; Echeverría y la democracia Argentina, Buenos Aires, 1941.

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garantizar la democracia proponía una auténtica asociación de los hombres, porque “sin asociación no hay progreso”, pero “no puede existir asociación sino entre iguales”.39 Lo social (la patria) debe ser compatible con lo individual (la independencia del ciudadano): “ninguna mayoría, ningún partido o asamblea, tiene derecho para establecer una ley que ataque las leyes naturales y los principios de la sociedad, y que ponga a merced del capricho de un hombre la seguridad, la libertad y la vida de todos”,40 con lo cual Echeverría se pronunciaba claramente contra toda dictadura, civil o militar, individual o colectiva. El objetivo de “La Joven Argentina” era “conciliar y poner en armonía el ciudadano y la patria, el individuo y la asociación; y en preparar los elementos de la organización de la nacionalidad argentina sobre el principio democrático.41 A pesar de haber sido influenciado por el pensamiento europeo, Echeverría era consciente del error de trasladar mecánicamente esas ideas a nuestra América: “La Europa es el centro de la civilización de los siglos del progreso humanitario. La América debe por consiguiente estudiar el movimiento progresivo de la inteligencia europea; pero sin sujetarse ciegamente a sus influencias”.42 Lo más avanzado del pensamiento de Echeverría era su concepto de la igualdad: No hay igualdad, donde la clase rica se sobrepone, y tiene más fueros que las otras. Donde cierta clase monopoliza los destinos públicos. Donde las contribuciones no están igualmente repartidas, y en proporción a los bienes e industria de cada uno. Donde la clase pobre sufre sola las cargas sociales mas penosas (…) la potestad social no es moral ni corresponden a sus fines, si no se protege a los débiles, a los pobres y a los menesterosos.43

Estos planteamientos no son socialistas –como se ha afirmado en reiteradas ocasiones– porque no plantean la abolición de la sociedad de clases y menos postulan el reemplazo de la burguesía por la clase trabajadora, pero constituyen para la época uno de los pensamientos democráticos más avanzados de América Latina, a pesar de su cierta dosis de paternalismo y elitismo intelectual. Francisco Bilbao, tribuno popular, fue autor de uno de los primeros ensayos sobre la realidad nacional, Sociabilidad chilena, publicado en 1844, provocando fuertes polémicas por los problemas sociales que planteaba y por el cuestionamiento de la ideología conservadora, como hemos ya señalado en el tomo III. Bilbao era un admirador, al igual que Sarmiento, de la historia del pueblo norteamericano, pero advertía sobre la expansión yanqui: 39

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Esteban Echeverría. “El dogma socialista”, en Utopismo socialista, p. 92, Ed. Bibl. Ayacucho, Caracas. 1977. Ibid., p. 93. Ibid., p. 95. Ibid., p. 96. Ibid., pp. 98 y 99.

Ahora se precipitan sobre el sur. ¿Que hacer? Despreciar lo que tanto se ha admirado. Por supuesto que no, no despreciemos, sino que incorporaremos todo aquello que resplandece en el genio y la vida de la América del Norte. Pero para incorporarlo a lo que es propio de esta América de origen latino, pese a sus grandes fallas, errores, pero también con sus innegables cualidades que deben ser destacadas. Aquí, todo ha tenido que ser reorganizado desde el principio, hemos tenido que consagrar la soberanía del pueblo, en la entraña de la educación teocrática (…) Hemos incorporado e incorporamos a las razas primitivas, formando en el Perú la casi totalidad de la nación, porque las creemos nuestra sangre y nuestra carne, y vosotros las extermináis jesuíticamente (…) El negro, el indio, el desheredado, el infeliz, el débil, encuentra en nosotros el respeto que se debe al título y a la dignidad del ser humano (…) He aquí lo que los republicanos de la América del Sur se atreven a colocar en la balanza, al lado del orgullo, de las riquezas y del poder de la América del Norte.44

Francisco Bilbao manifestaba: Es menester que nos fortalezcamos y nos unamos las naciones indo-españolas, porque los Estados Unidos extienden más sus garras en esa partida de caza que han emprendido contra el sur. Ayer Texas, después el norte de México (…) Se trata de una gran nación; pero sus hombres, volviéndose sobre si mismos y contemplándose tan grandes, han caído en la tentación de los titanes, creyéndose ser los árbitros de la tierra y aún los contendores del Olimpo.45

El pensamiento de Bilbao, a pesar de su ingenua creencia de que por medio de la ampliación de las libertades públicas y de una nueva legislación se podría cambiar la situación social de los explotados, influyó en importantes sectores de la juventud y de la intelectualidad. Sus planteamientos, teñidos de ideas rousseaunianas y del pensamiento social cristiano de la época, le impidieron concretar un programa de auténtica transformación social. En cambio, su compañero y cofundador de la Sociedad de la Igualdad, Santiago Arcos, alcanzó a formular uno de los programas democráticos más avanzados de su tiempo, como creemos haberlo demostrado en el tomo III. Colombia tuvo también a un hombre de pensamiento radical burgués que llegó a ser Presidente de la República: Manuel Murillo Toro, partidario de la reforma agraria cuando era Secretario de Hacienda de Hilario López. Propuso un límite de 1.000 hectáreas y un impuesto progresivo a los terratenientes. Combatió la usura y propuso el proteccionismo de Estado. En su ensayo “Dejad hacer”, publicado el 15 de octubre de 1853 en El Neogranadino, denunciaba el libre comercio: “La fórmula sencilla de dejad 44

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Citado por Leopoldo Zea: Filosofía y cultura latinoamericanas, pp. 68 y 79, Caracas, 1976. Ver también Ricardo López N.: Un convidado de piedra al debate liberal conservador chileno: Francisco Bilbao y la irrupción de las masas populares, 1844-1854. Mimeo, Santiago, 1992. Francisco Bilbao. Obras Completas, publicadas por M. Bilbao, Buenos Aires, 1866.

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hacer; o lo que es lo mismo: dejad robar, dejad oprimir, dejad a los sabios devorar a los corderos”. La virtud de Murillo fue reconocer la importancia del factor económico y “establecer al contrario del enfoque liberal que las reformas políticas, los objetivos políticos deben acompañar los cambios sociales y económicos, particularmente el régimen de propiedad territorial, que se reconoce como la causa permanente de la desigualdad social”.46 Algunos autores han llegado a situar a Murillo entre los precursores del socialismo en Colombia, un socialismo de raíz agraria, pero a nuestro modo de entender no pasó mas allá de un planteo democrático burgués sobre el reparto de la tierra, lo cual era indudablemente avanzado para su tiempo, sobre todo en un país de poderosos latifundistas. Mientras tanto, emergía en Argentina uno de los más grandes pensadores del continente: Juan Bautista Alberdi (1810-1889). Su norte fue elaborar un pensamiento propio para nuestra América. Así como los europeos han elaborado su filosofía, nosotros –decía Alberdi– debemos tener una filosofía americana para resolver los problemas de nuestra América. Nada menos propio que el espíritu y las fórmulas del pensamiento del norte de Europa para iniciar en los problemas de la filosofía a las inteligencias tiernas de la América del Sur (…) Vamos a estudiar no la filosofía en sí sino la filosofía aplicada a los objetos de un interés más inmediato a nosotros: en una palabra, la filosofía política, la filosofía de nuestra industria y riqueza, la filosofía de nuestra literatura, la filosofía de nuestra religión y de nuestra historia.47

Alberdi fue uno de los pensadores más esclarecidos sobre el papel que jugaba el capitalismo extranjero en América Latina, señalando que “solo se entiende por un gobierno libre el gobierno del país por el país, es decir, el país independiente, o la independencia del país, no solo de todo extranjero sino de todo poder interno que no es el país mismo, o el fruto de su elección libre (…) solo es independiente un país que no depende de un gobierno extranjero ni de un gobierno interno extranjero a la elección del país”.48 Sus lúcidas apreciaciones lo ubican entre los precursores de la categoría teórica actualmente denominada Dependencia. Visualizaba claramente las consecuencias de la creciente deuda externa: La dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino cómo hacer para no aumentarla, para no tener nuevas deudas, para no vivir de dinero ajeno tomado a interés. El interés de la deuda, cuando es exorbitante y absorbe la mitad de las entradas del tesoro, es el peor y más desastroso enemigo público. Es más temible que un conquistador poderoso por sus ejércitos y escuadras; es el aliado natural del conquistador extranjero 46 47 48

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Ricardo Sánchez. Historia de la clase obrera en Colombia, Ed. La rosa roja, Bogotá, 1982. Citado por Leopoldo Zea: op. cit., p. 72. Juan Bautista Alberdi. Escritos póstumos, VI, 8, Buenos Aires, 1895.

(…) La América del Sur, emancipada de España, gime bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia, los imitadores modernos de esos modelos le han puesto bajo el yugo de Londres.49

En otro pensamiento que lo ubica entre los precursores del antiimperialismo latinoamericano, Alberdi manifestaba su oposición al monroísmo: Entre la anexión colonial de Sudamérica a una nación de Europa y la anexión no colonial a los Estados Unidos, ¿cual es la diferencia? ¿Cual es la preferible para Sudamérica? Ninguna. Es decir, ni monroísmo ni Santa Alianza (…) Entre las dos anexiones, elija el diablo (…) Si estos tres ejemplos –Texas, Nuevo México, California– no bastan a convencer a los sudamericanos que el monroísmo es la conquista, su credulidad no tiene cura.50

Alberdi era consciente de que sin reforma agraria y “sin industria fabril y sin marina propia, la América del Sur vive bajo la dependencia de la industiria fabril y de la marina de Europa”.51 También se dio cuenta de que sin la implementación del ideal bolivariano de unidad latinoamericana no era posible superar el proceso de dependencia. En su “Memoria sobre la conveniencia y objetos de un Congreso General Americano”, manifestaba: La América del Sur ofrece tal homogeneidad en sus elementos orgánicos y tales medios para la ejecución de un plan de política general; de tal modo es adecuado para ella el pensamiento de un orden político continental (…) aliar las tarifas, aliar las aduanas: he aquí el gran medio de resistencia americano (…) La unión continental del comercio debe comprender la uniformidad aduanera organizándose poco más o menos sobre el pie de la que ha dado principio, después de 1830, en Alemania. En ella debe comprenderse la abolición de las aduanas interiores, ya sean provinciales, ya nacionales, dejando solamente en pie la aduana marítima exterior. Hacer del estatuto americano y permanente la unidad de monedas, de pesos medidas.52

No obstante esta notable lucidez, Alberdi no logró superar los marcos de la economía política burguesa de su época. El alejamiento prolongado de su país quizá le haya impedido ligarse a las masas populares del interior y de la ciudad y formular, junto a ellas, un proyecto distinto al de la clase dominante argentina. De todos modos, las críticas a ella se inscriben en la mejor de las tradiciones del radicalismo burgués de la época.

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Ibid., VIII, 665 y Escritos económicos, p. 407, ed. La Facultad, Bs. As., 1920. Ibid., Póstumos, VII, 122-132. J.B. Alberdi. Escritos económicos, op. cit., p. 85. J.B. Alberdi. Obras Completas, VI, 391 y II, 398, Buenos Aires, 1887.

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El pensamiento conservador y cristiano Ante la ofensiva liberal, los conservadores más recalcitrantes y ultramontanos se aferraron a los viejos principios y al sectarismo cuasi colonial, repitiendo los esquemas de la Iglesia Católica sobre el Estado y la sociedad civil. En su defensa de los fueros de la Iglesia, los conservadores se presentaron en apariencia más liberales que los liberales en relación al papel del Estado, como lo veremos adelante en el caso chileno. Paralelamente se dio un tipo de conservadurismo liberal, adaptado a los nuevos tiempos, y de un carácter más pragmático, que fue lógicamente repudiado por los ultramontanos. Esa tendencia conservadora adhirió a los conceptos del progreso y modernidad. Representante de esta corriente en Venezuela fue Cecilio Acosta (18181881), un hombre que no se refugió en la exaltación del arcaísmo neoclásico ni en el romanticismo utópico. Lo que quiero –decía Acosta– es que haya progreso sin saltos (…) y la América Latina, si no retrocede en sus prácticas, si no adopta como sistema de vida la discusión pacífica del derecho, y el ejercicio regular de los usos republicanos, va a desacreditar la democracia (…) Tales son las razones que tenemos para condenar toda revolución que tenga por objeto conseguir por ella lo que se puede en paz por las elecciones venideras.53

Consecuente con su ideal de progreso, Acosta propició sociedades cooperativas y de ahorro. Redactó un proyecto de Banco Agrícola y abogó por la creación de una industria nacional, rememorando las ideas que llevó a la práctica el conservador mexicano Lucas Alemán en la década de 1830-40. Era un administrador de los progresos industriales de Europa. Preconizaba el desarrollo de una cultura popular que diera la posibilidad de aprender oficios y artes mecánicas a la juventud: “Prefiérase el escoplo al silogismo”, decía. Criticaba el sistema escolástico de enseñanza de las universidades: “¿Hasta cuando se ha de preferir el Nebrija, que da hambre a la cartilla de las artes, que da pan, y las abstracciones del colegio a las realidades del taller?”. Este conservador de avanzada ha sido definido por Luis Beltrán Guerrero como un “liberal manchesteriano a la inglesa, que se confunde con el conservador progresista criollo, y liberal amarillo en el sentido en que lo fueron otros venezolanos”.54 Prefería a Madame de Stäel en vez de Víctor Hugo y rechazaba a Rousseau. Una mezcla de conservador “modernizante” con ultramontano recalcitrante fue el presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno (1861-1875). Sorpresivamente –anota José Luis Romero– hasta el conservadurismo ultramontano pudo mostrarse alguna vez –en el caso del ecuatoriano García Moreno– partidario del 53

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Citado por Juan Liscano: “Ciento cincuenta años de cultura venezolana”, en Venezuela Independiente… p. 572, Fundación Mendoza, Caracas, 1962. Luis Beltrán Guerrero. “Facetas de Cecilio Acosta”, El Nacional, 8-7, 1981, Caracas.

progreso tecnológico, y coincide en eso con el liberalismo conservador (…) la ola del progreso, impulsaba los centros económicos mundiales y prometedora de beneficios para los grandes propietarios, unió a los liberales conservadores y a muchos conservadores puros”.55

Su concepción integrista católica se expresó claramente en el discurso que pronunció a raíz de la discusión de la nueva Constitución que propiciaba: Para ser ciudadano se requiere ser católico”. Hasta llegó a proclamar el carácter católico del Estado, entregando la enseñanza a la Iglesia. En tal sentido, manifestaba: “La enseñanza secundaria o preparatoria ha mejorado mucho en los colegios desde que está encargada la Compañía de Jesús (…) Me propongo establecer una casa de trabajo y escuela de artes mecánicas para los niños, bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”.56

Dos décadas después, estas disposiciones ultramontanas eran barridas por la Revolución Liberal de 1895, encabezada por Alfaro. Mientras el conservador García Moreno justificaba el papel del Estado en la medida que sirviera para imponer la religión católica y las prerrogativas de la Iglesia, hubo otros conservadores que se opusieron al Estado porque afectaba los intereses tradicionales de la Iglesia. Uno de los teóricos mas importantes de esta corriente fue el argentino José Manuel Estrada (1842-1894), que en el Congreso Católico de 1884, celebrado en Buenos Aires, sostuvo: O la deificacion del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía y en moral es perdición; o la soberanía de la Iglesia, íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo (…) La Iglesia tiene de derecho divino cierta potestad sobre las cosas temporales de los Estados.57

Un ataque similar al Estado, dirigido por los liberales, hizo el conservador boliviano Mariano Baptista (1832-1907). En vísperas de las elecciones de 1880, escribía desde Buenos Aires a sus correligionarios: Considero de alto interés nacional una posición activa dentro del cristianismo contra las invasiones del ateísmo contemporáneo; lo cual en el tiempo que pasamos significa luchar por las libertades deprimidas (…). Así lo ha sido la libertad de familia en el niño de 7 años, arrastrado a la escuela obligatoria y laica donde se ha borrado por decreto la noción de Dios (…), la libertad de las propiedades, con haberse expoliado todas las corporaciones creadas con los dones ofrecidos en el nombre de Dios.58 55

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José Luis Romero. Prólogo al pensamiento conservador, Biblioteca Ayacucho, pp. XVI y XV, Caracas, 1978. Ibid., pp. 120 y 121. Ibid., p. 258. Ibid., p. 155.

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En síntesis, las respuestas de los conservadores a la ofensiva ideológica política de los liberales fueron muy variadas, por lo cual no puede hablarse de un cuerpo de doctrina conservadora en la segunda mitad del siglo XIX. En el fondo, no constituyó un pensamiento homogéneo, sino planteamientos coyunturales que devenían en respuestas con un claro sentido pragmático. Los únicos coherentes fueron los ultramontanos, pero ya estaban desfasados de la corriente central de la historia. La Encíclica de León XIII permitió a la Iglesia de fines de siglo iniciar un lento proceso de adaptación.

El deterioro ambiental Durante la época republicana se acentuó el deterioro de los ecosistemas latinoamericanos al continuar las formas de expoliación implantadas por la colonización española. De este modo, se reforzó el carácter monoproductor de nuestro continente, afectando la diversidad de los ecosistemas y haciéndolos más vulnerables. Las tierras más fértiles fueron utilizadas exclusivamente para explotar los productos de exportación. Se aceleró la devastación de bosques con el fin de habilitar tierras para la economía agroexportadora. Las comunidades indígenas, que a fines de la colonia conservaban aún algunas parcelas, fueron expulsadas de sus tierras, terminando de esta manera con los únicos habitantes que mantenían una integración a los ecosistemas.59

La propiedad territorial, concentrada en grandes latifundios, fue dedicada a la crianza masiva de ganado o al cultivo de determinados cereales y plantaciones, consolidándose un subsistema agrícola de escasa diversificación que acentuaba el deterioro de los ecosistemas. Los campos fueron convertidos en grandes haciendas, terrenos que pudieron haber sido mejor aprovechados en beneficio del ecosistema. Las empresas pesqueras intensificaron la expoliación marina. Pedro Cunill señala que “entre 1830 y 1840, los barcos arponeros foráneos obtuvieron, frente a las costas peruanas, más de 41 millones de galones de aceite de esperma, agregándose cifras similares en las costas chilenas. A partir de la década de 1860 el proceso de destrucción de estos cetáceos es irreversible, al desarrollarse nuevos métodos de captura con el cañón arponero. Los últimos parajes en ser alcanzados se encuentran en los mares antárticos, donde hacia 1904 se inicia la era final de la caza moderna destructiva (…) En 1834 se reclamaba por la residencia de cazadores dependientes de negociadores de Valparaíso, en las islas de Más Afuera, por la matanza de lobos marinos, cabras y cortes de madera, asegurándose que los parajes naturales y sus recursos estaban cuasi destruidos. Por lo demás, en la misma época ya estaba muy avanzado el proceso 59

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Luis Vitale. Hacia una Historia del Ambiente en América Latina, p. 77, Ed. Nueva Imagen/Nueva Sociedad, México, 1983.

de extinción del sándalo, debido a su corte por loberos, balleneros y contrabandistas extranjeros, y por chilenos que proveían a comerciantes que hacían llegar esta madera preciosa y perfumada a los mercados de Cantón y otros del Extremo Oriente”.60 Durante el siglo XIX, también se acentuó la caza indiscriminada de la fauna terrestre. El exterminio de otros recursos de la fauna que complementaban la dieta alimenticia de los sectores campesinos más pobres de 1a Sierra peruana, Altiplano boliviano y Norte de Chile, fue todavía más brutal, como se puede observar con las perdices, las vizcachas y el ganso guashua. Este proceso se puede ejemplarizar con la chinchilla (Chinchilla boliviana), pues entre 1895 y 1900 se exportaron más de 1.685.000 pieles de los parajes de Vallenar y Coquimbo. En una fecha tardía, como 1910, se exportaron 153.000 pieles. A los pocos años estaba exterminada y, con ella, los cazadores de su fina piel tenían que abandonar su habitat en altitudes superiores a los 4.000 m. y emigrar hacia labores ganaderas o mineras.61

La flora también fue arrasada por las empresas capitalistas, solo interesadas en aumentar sus cuotas de exportación. Es importante enfatizar que la producción minera en los Andes Centrales va acompañada con el exterminio de la flora local. Así, la producción de azogue en Huancavélica agotó los bosques de quisuar y lloqui, debiéndose inventar nuevos hornos, para usar como combustible las gramíneas locales que reciben la denominación de ichu. Igualmente, en el altiplano boliviano la explotación minera colonial acabó con los escasos bosques de kishuara y de kehuiña, además de ralear las formaciones de tola, para continuar exterminando en la minería del siglo XIX y en el actual la yareta, una planta resinosa rastrera muy aprovechada como combustible por su alto valor calórico. La penuria de leña en el Altiplano llega a tales extremos, que en la actualidad los pobladores autóctonos tienen que utilizar como combustible la takia o excremento seco del ganado.62

A mediados del siglo XIX, comenzó la explotación de los combustibles fósiles, como el carbón. Mientras en Europa, especialmente en Inglaterra y Alemania, el carbón fue utilizado para desarrollar la industria nacional, en América Latina fue destinado a la exportación. Los ecosistemas también se vieron afectados por el corte masivo de madera que se utilizaba para los hornos de fundición de cobre, estaño y otros minerales que se enviaban a los centros europeos. En síntesis, nuestras fuentes energéticas –el carbón, las maderas y luego el petróleo– fueron explotadas en beneficio de las metrópolis industrializadas.

60

61 62

Pedro Cunill. Variables geohistóricas sociales en los procesos de degradación del uso rural de la tierra en América Andina, pp. 17 y 18, Ed. Terra, núm. 3, Caracas, 1978. Ibid., p. 21. Ibid., p. 27.

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En las economías de plantación, como la de Cuba, el desmonte de los bosques fue un verdadero ecocidio. En 1830, fueron devastadas 26.840 hectáreas y en 1844 más de 50.000. Como decía Ramón de la Sagra: “En ningún momento discutieron la utilización racional de los recursos forestales, sino a quien correspondía el derecho de talar y destruir”.63 Esto produjo una alteración del equilibrio ecológico. La muerte del bosque –dice Moreno Fraginals– era también en parte la muerte, a largo plazo, de la fabulosa fertilidad de la Isla (…) El rendimiento (de la caña de azúcar) no era en forma alguna el resultado de la utilización racional de los suelos, sino de la increíble riqueza de las tierras vírgenes recién desmontadas. Muerto el bosque, las primeras siembras produjeron corrientemente mucho (…) Cortando anualmente los cañaverales, descuidando el bosque, y vire de paja, sin utilización de regadíos ni abonos, bajaban anualmente los rendimientos agrícolas. Al llegar a un punto crítico se abandona la tierra, se tumba un nuevo bosque y otra vez vuelven las fabulosas cifras de producción cañera (…) Como colofón increíble en la historia de la destrucción cubana de su riqueza maderera debe señalarse que, en los mismos años en que se procedía a la quema de los bosques, la Isla era la primera compradora de madera a Estados Unidos.64

Para completar este cuadro, bastaría recordar que las maderas cubanas fueron la base para que La Habana se convirtiera en el siglo XIX en uno de los principales astilleros de la América española colonial. Segun Giglo y Morello: La intervención de los ecosistemas se realizó preferentemente en áreas templadas. Puede señalarse a este período como el de la modificación e intervención de los ecosistemas templados. La intervención tropical se limitó al área de influencia de las costas y a la implantación de enclaves ecológicos con el algodón, café, cacao, azúcar (…) Donde se desarrolló la minería, todos los recursos forestales de la periferia se talaron para ser usados en las fundiciones. Además, todas las áreas de praderas se sobreexplotaron debido al sobrepastoreo que ocasionaron los mulares, asnos y caballares (…) Los frágiles ecosistemas altiplánicos, altamente vulnerables a la acción antrópica, rápidamente se deterioraron. Las condiciones semiáridas de ellos convirtieron a muchas áreas en zonas con procesos crecientes de desertificación. La gran propiedad, al hacer dependiente a los pequeños agricultores y apropiarse del excedente que generaban, los obligó a sobreexplotar el suelo. La fauna autóctona de camélidos tuvo que compartir sus recursos forrajeros con los ovinos y en algunas regiones con los caprinos. Las vicuñas fueron diezmadas debido a la alta cotización de su lana (…) En la pampa semiárida el efecto del sobrepastoreo se dejó sentir rápidamente, predominando una vegetación de gramíneas, aerofíticas y de baja densidad. En la pampa húmeda (argentina), los sistemas de quemas y las plantas introducidas contribuyeron a transformar la vegetación. Las transformaciones alcanzaron 63

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Citado por Manuel Moreno Fraginals: El ingenio, Ed. Ciencias Sociales, T. II, 159 y 160, La Habana, 1978. Ibid., T. II, pp. 161 y 162.

también a la fauna. Los pacedores continuaron reemplazando y expulsando al guanaco y ñandú (…) En el nordeste (de Brasil) la acción del hombre agravó considerablemente la consecuencia de las ‘secas’. La fragilidad de esas áreas áridas, intervenidas ya el siglo pasado por el sobrepastoreo, se vio agravada por sequías extremas. Esto creó serios problemas a áreas más húmedas de la costa o de la serranía por la emigración masiva de la población. Ya a fines del siglo pasado todo el polígono de las secas presentaba grandes extensiones con notorios procesos de erosión y demás con una vegetación deteriorada (…) México, después de la Independencia, presentó un ritmo de transformaciones que afectó los variados ecosistemas que posee. El norte árido continuó el lento proceso deteriorante de la ganadería extensiva, agravado por sequías extremas (…) Los Huaxtecas, otro gran pueblo defensor de su ‘nicho ecológico’, tuvieron que retirarse definitivamente en función de la penetración de intereses de alta influencia y poderío.65

La economía de exportación configuró las características esenciales del subsistema urbano latinoamericano. Las ciudades se crearon en función de la economía agrominera exportadora; fundadas en la colonia, lograron un relevante crecimiento durante la época republicana, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, en que se produjo un ostensible aumento de la exportación. La ciudad desplazó al campo, convirtiéndose en el centro económico, político y cultural. Era el asiento de la administración política, de los empresarios, comerciantes y artesanos. La contradicción campo-ciudad se fue ahondando a medida que nuestros países adquirieron una fisonomía capitalista más acentuada, reforzándose el centralismo de la ciudad-capital en detrimento de las provincias agrarias y mineras. Las guerras civiles, expresión de la rebelión de las provincias contra la capital, terminaron con la victoria de los centralistas o unitarios sobre los federales. Los unitarios, al decir de Sarmiento en su Facundo, aparecían como los portavoces de la civilización en lucha contra la “barbarie” del interior. El triunfo de la ciudad-capital significó el aplastamiento de las economías agrarias pequeñas y de las industrias artesanales del interior que habían logrado generar una tecnología propia. La entrada indiscriminada de manufactura extranjera, estimulada por la política del gobierno central de cada país latinoamericano, liquidó todas las posibilidades de crear una industria nacional, con una tecnología adecuada a las posibilidades del país. Mas todavía, los artículos extranjeros cambiaron la forma de vestir, las costumbres e incluso la dieta alimentaria. La dependencia se expresó no solo en lo económico, sino también en lo cultural.

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Nicolo Gligo y Jorge Morello. Notas sobre la historia ecológica de América Latina, p. 40 y sigs., ponencia presentada al Seminario Regional de CEPAL/PNUMA, realizado en Santiago de Chile, 19 al 23 de noviembre de 1979.

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capítulo ii. Caracterización general del período 1861-1891

El período comprendido entre los años 1861 y 1891 ha sido denominado “República Liberal” por la historiografía tradicional. Hemos reemplazado esta clasificación meramente política y formal por la de “Ascenso y Declinación de la Burguesía Minera” porque refleja con mayor precisión el proceso de desarrollo económico y el papel preponderante que juega la burguesía minera durante la segunda mitad del siglo pasado. La mayoría de los historiadores ha centrado el análisis de los gobiernos de José Joaquín Pérez (1861-71), Federico Errázuriz (1871-76), Aníbal Pinto (1876-81), Domingo Santa María (1881-86) y José Manuel Balmaceda (1886-91) en los cambios superestructurales que se produjeron en el plano político y religioso, otorgando una importancia desmesurada a los cambios ministeriales, a las “cuestiones teológicas” y a las reformas constitucionales. El uso de esta metodología ha conducido a crear una serie de mitos en la historia de Chile. Uno de ellos, postulado por los historiadores liberales y reformistas, ha pretendido presentar esta época como la expresión del triunfo de la burguesía “progresista” sobre la aristocracia feudal y oscurantista representada por los “pelucones” en los gobiernos de la llamada “República Autoritaria”. Según este enfoque, los gobiernos liberales habrían representado a la “naciente” burguesía, mientras que los gobiernos conservadores de 1831 a 1861 reflejarían el atraso “feudal” de nuestro país. Este esquema antojadizo parece ignorar que en Chile nunca hubo un régimen feudal y que durante los decenios de Prieto, Bulnes y Montt prosiguió el proceso de incipiente desarrollo capitalista con la generalización del sistema del salariado en la minería, el surgimiento del proletariado ferroviario y el aumento del número de obreros agrícolas. El desarrollo de las fuerzas productivas en la minería, expresado en la industria fundidora de cobre y en una moderna tecnología para la explotación de la plata, denotaban el carácter capitalista de nuestra economía, cuya base era la producción y no la mera circulación de mercancías. Hemos reiterado en volúmenes anteriores que no se trataba de un capitalismo industrial, como el europeo, ni de la implantación de relaciones sociales de producción

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capitalista en todas las áreas de la economía, sino de un capitalismo atrasado, de desarrollo desigual y combinado, dedicado primordialmente a la producción y exportación de materias primas para el mercacio mundial, hecho que reforzó el carácter dependiente del país. Este proceso permitió la consolidación de importantes sectores de la burguesía durante los gobiernos “pelucones”. Con el fin de garantizar el predominio de los terratenientes y comerciantes en el aparato del Estado, los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt utilizaron la ideología conservadora implantando métodos totalitarios y la intolerancia política y religiosa. El hecho de que los terratenientes, dedicados fundamentalmente a la exportación, ejercieran un papel político hegemónico no implicaba el fortalecimiento de un supuesto feudalismo, sino el control del excedente económico y la utilización de las instituciones estatales en su beneficio para lograr la exención de derechos de exportación de los productos agrícolas y la construcción de obras de infraestructura a favor de las zonas agropecuarias. Las tesis liberal y reformista son falsas porque parten del supuesto de la existencia de una aristocracia feudal que es desplazada del poder por una burguesía “naciente” en la época liberal. La burguesía criolla no estuvo en lucha contra la aristocracia feudal por la sencilla razón de que ésta no existió. Los gobiernos de los decenios no fueron dirigidos por la aristocracia feudal sino fundamentalmente por los terratenientes y la burguesía comercial, que tomaron medidas destinadas a consolidar el capitalismo nacional exportador. En las últimas décadas ha surgido una corriente historiográfica, inspirada por Edwars, Encina y Eyzaguirre, que ha fabricado un mito contrario al de los historiadores liberales. El mito consiste en magnificar los progresos de la “era portaliana”, el orden y la austeridad de los gobiernos de los decenios, y en deprimir la importancia del desarrollo económico y social de Chile durante la denominada “República Liberal”. Alberto Edwards sostiene que los liberales debilitaron el principio de autoridad: “Los pelucones tuvieron para gobernar un criterio de gobierno y los liberales una bandera de popularidad. Por eso los primeros constituyeron un bando poderoso, unido, fecundo para la organización de país, y los segundos formaron un partido lleno de prestigio ante la opinión, pero imponente desde el primer día para organizarse a sí mismo, y para dotar al país de un gobierno estable y firme”.66 Jaime Eyzaguirre comparte la misma opinión: la lucha de los liberales por las libertades individuales se hizo “a costa del debilitamiento de la autoridad presidencial”.67

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Alberto Edwards y Eduardo Frei: Historia de los Partidos políticos chilenos, p. 77, Ed. del Pacífico, Santiago, 1949. Jaime Eyzaguirre. Fisonomía histórica de Chile, p. 141, Ed. del Pacífico, Santiago, 1958.

Estos historiadores, que sobrevaloran aspectos superestructurales controvertibles, como el principio de autoridad, parecen ignorar las transformaciones socioeconómicas de la segunda mitad del siglo XIX, el surgimiento de nuevas capas sociales y los avances políticos y culturales. Por otra parte, el mito de la estabilidad política y de la paz social de la “época portaliana” es desmentido por las rebeliones de los trabajadores mineros, los levantamientos mapuche y las guerras civiles de 1851-1859. El estudio riguroso de la época denominada “República Liberal” nos permite sostener que el crecimiento económico de Chile en el período 1861-1891 fue comparativamente superior al de 1831-61 porque, además del auge salitrero y del incremento de las explotaciones de cobre, la producción agropecuaria alcanzó niveles más altos que en los mejores años de la demanda californiana y australiana. En este período cambió la geografía política y económica de Chile con la conquista de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y la incorporación de vastos territorios en la zona sur. Hasta 1880, las regiones explotadas estaban comprendidas entre Copiapó y Concepción, además de Valdivia, colonizada en gran medida por los inmigrantes alemanes. La anexión de las provincias salitreras de Tarapacá y Antofagasta, como resultado del triunfo en la guerra del Pacífico, el control definitivo de la Araucanía en 1881 y la colonización de Llanquihue y Magallanes, produjeron un cambio significativo en la estructura económica y en la fisonomía geográfica del país. A partir de 1880, se aceleró el intercambio comercial entre la zona norte y la región centro-sur, alcanzándose por primera vez la integración económica nacional de todo el territorio chileno. La población aumentó de 1.819.223 habitantes en 1865 a 2.527.320 en 1885, según los Censos Nacionales de la época. A juicio de los compiladores del Censo de 1885, la población de ese año bordeaba los tres millones de habitantes: “Estimamos que debe aumentarse en un 15% el total de población empadronada en toda la República”.68 El departamento de Santiago creció de 129.473 habitantes en 1854 a 236.870 en 1885. Valparaíso aumentó de 52.652 habitantes en 1854 a 115.147 en 1885. La migración del campo a la ciudad se reflejó en el aumento del número de ciudades de más de 5.000 habitantes. En 1865 existían solamente 20 ciudades que alcanzaban esa cifra, en 1885 había 33, dos de las cuales superaban los 100.000 habitantes: Santiago y Valparaíso, todo lo cual demuestra el importante cambio demográfico ocurrido en el país entre 1865 y 1885. Para evaluar la importancia de las nuevas zonas conquistadas basta señalar que el Norte Grande, con su producción salitrera, se convirtió en el principal sector de la economía, proporcionando por derechos de exportación más del 50% de las entradas del fisco. La región de la Araucanía se constituyó en el nuevo granero de Chile, mientras que en Magallanes comenzaba la explotación de la oveja en gran escala. 68

Censo de 1885, compilado por la Oficina Central de Estadística. Tomo I, p. VII, Valparaíso, 1889.

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La explotación de las nuevas regiones integradas a la economía nacional se hizo bajos signos inequívocamente capitalistas, determinando el surgimiento de un fuerte proletariado en el salitre y de los primeros núcleos de obreros agrícolas en Magallanes y en las provincias que anteriormente comprendían la región de la Araucanía. Mientras tanto, en las zonas de lo que podríamos denominar “Chile Antiguo”, es decir, de Copiapó a Concepción, se habían generalizado las relaciones sociales de producción capitalista no solo en las empresas mineras de cobre y plata sino también en algunas haciendas de la zona central, en la industria molinera y en las nuevas explotaciones de viñas. La producción de materias primas –y no la mera circulación de mercancías– era la característica principal de este capitalismo primario exportador, cuyo desarrollo estaba condicionado por los intereses inmediatos de la burguesía minería y agraria. Entre 1860 y 1890 el sector burgués más dinámico fue el minero, como resultado de la intensiva explotación de cobre, que convirtió a Chile en el primer productor mundial y, fundamentalmente, del significativo crecimiento de la producción de salitre. La burguesía minera, en pleno proceso de expansión, promovió el desarrollo de la industria fundidora de cobre e invirtió fuertes capitales en las explotaciones salitreras. La burguesía minera en ascenso exigió una mayor participación en el control del aparato del Estado. Sectores de los partidos Liberal, Nacional y Radical, íntimamente ligados a los intereses de la burguesía minera, lograron contrarrestar la influencia decisiva que hasta 1860 tenían los terratenientes, representados por el Partido Conservador. El papel preponderante de los terratenientes en el control del Estado hizo crisis en la segunda mitad del siglo pasado. A partir de la década de 1860-70 los gobiernos reflejarán no solo los intereses de los terratenientes, sino también de la burguesía minera, comercial y financiera. El primer gobierno de la llamada “República Liberal”, presidido por José Joaquín Pérez, fue una clara expresión del proceso de conciliación entre los terratenientes y la burguesía minera, cuyo roces habían desencadenado las guerras civiles de 1851 y 1859. Este ascenso de la burguesía minera al gobierno no significó el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia “feudal”, sino el resultado de un acuerdo entre fracciones de la clase dominante para evitar una nueva guerra civil. Algunos autores, como Hernán Ramírez y José Cardemártori, partiendo del supuesto de que el capitalismo chileno surgió recién en la segunda mitad del siglo XIX, han sacado la conclusión de que a partir de esta época se inaugura el régimen burgués, como producto de una trasnochada toma del poder por la burguesía.69 Estos autores confunden el desarrollo capitalista de la segunda mitad del siglo XIX con el origen del capitalismo chileno. 69

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Hernán Ramírez N. Historia del Movimiento Obrero, Siglo XIX, pp. 76 y 77, Santiago, 1955, y José Cademártori: La economía chilena, p. 60, Santiago, 1968.

Hemos demostrado en los volúmenes anteriores que el origen del capitalismo y de los primeros núcleos burgueses se remonta a la Colonia. Este capitalismo incipiente, que no era industrial sino productor de materias primas, se consolidó durante la República al generalizarse en algunas áreas, como la minería, las relaciones sociales de producción capitalista. El hecho de que los terratenientes, asociados con los grandes comerciantes, controlaran hasta 1860 el Poder Ejecutivo y Legislativo no invalida el carácter burgués del Estado. Nadie podría calificar de “feudales” a los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt. Estos gobiernos continuaron, bajo ropaje “conservador”, las líneas fundamentales de desarrollo de la economía exportadora, planteadas por la burguesía criolla desde que tomó el poder en 1810. En otras palabras, el Estado burgués en embrión, con las peculiaridades de un país atrasado, existía desde 1810. Resulta por consiguiente falso afirmar que la burguesía, luego de una lucha contra una supuesta aristocracia feudal, tomó el poder recién en la segunda mitad del siglo pasado. La pugna de las fracciones burguesas por el control de los ingresos fiscales, del excedente económico y de las instituciones del Estado, llegó a desencadenar enfrentamientos armados y guerras civiles. La política tributaria de los gobiernos “pelucones”, en favor de los agricultores y en detrimento de la burguesía minera, y la inversión de fondos fiscales en obras de infraestructura que beneficiaban a los terratenientes, provocaron la reacción de la burguesía minera y el estallido de las guerras civiles de 1851 y 1859. El gobierno de Pérez surgió precisamente como una fórmula de conciliación entre las fracciones de la clase dominante. Los presidentes liberales que le sucedieron garantizaron tanto los intereses generales de los terratenientes como los de la burguesía minera, comercial y financiera. El ascenso de la burguesía minera al poder no produjo cambios sustanciales en la política económica. Se continuó fomentando la economía de exportación y el librecambio, reforzándose los lazos de dependencia respecto de la metrópolis. Los gobiernos liberales no tomaron ninguna medida fundamental que afectara los intereses económicos de los terratenientes. Por el contrario, mantuvieron los privilegios de los latifundistas al ratificar la exención de derechos de exportación de trigo y otros productos agropecuarios. Además, los terratenientes tuvieron el visto bueno de los presidentes liberales para ampliar sus latifundios en el proceso de colonización de la Araucanía, Llanquihue y Magallanes. La ausencia del Partido Conservador en los Ministerios a partir de 1873 no significa que los terratenientes hubieran sido desplazados totalmente del poder. Ha sido un error de los investigadores estimar que los terratenientes eran solamente miembros del Partido Conservador. En realidad, existían numerosos integrantes de la burguesía

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agraria, como José Bunster y el propio presidente Federico Errázuriz, latifundista de Colchagua, que eran militantes del Partido Liberal. Las leyes de los gobiernos liberales sobre matrimonio civil, cementerios laicos, ampliación del derecho a sufragio y otras libertades públicas, tuvieron un carácter progresivo y significaron una modernización del Estado burgués; pero limitadas al plano superestructural, político y religioso no produjeron cambios significativos en la estructura social del país. Los gobiernos liberales distribuyeron los ingresos fiscales en obras de infraestructura que favorecieron tanto a los empresarios mineros como a los terratenientes. La política tributaria favoreció a la burguesía en su conjunto porque no hubo impuestos directos de importancia. Las obras públicas y los gastos del Estado fueron financiados en gran medida por los ingresos fiscales que proporcionaban los derechos de exportación del salitre. La política monetaria de los gobiernos liberales, expresada en frecuentes devaluaciones y en la consiguiente aceleración del proceso inflacionista, beneficiaba tanto a los terratenientes como a los mineros y financistas. La política económica librecambista de los presidentes liberales favorecía también a los empresarios mineros y terratenientes. El excedente económico y los crecientes ingresos fiscales, provenientes del salitre, permitieron satisfacer los apetitos de los distintos sectores de la clase dominante. Los gobiernos liberales modernizaron en parte el aparato del Estado burgués. Promovieron reformas constitucionales que ampliaron las libertades públicas. Promulgaron el Código de Comercio en 1865 y el de Minería en 1875. Alentaron algunas reformas en la enseñanza con el fin de crear nuevos cuadros técnicos y profesionales para atender las necesidades de una burguesía minera y agraria en expansión. En la enseñanza secundaria, a sugerencia de Barros Arana, se introdujeron planes de estudio de la física, química y otras ciencias. Se construyeron numerosas obras públicas para favorecer el desarrollo de la economía de exportación. Las obras de infraestructura, como puentes, ferrocarriles, telégrafo, caminos, canales de regadío, se levantaron en función de las necesidades de la minería del Norte y de la producción agropecuaria de la zona central y sur. La economía de exportación, promovida tanto por los liberales como por los conservadores, produjo una relativa consolidación de la burguesía criolla, pero dialécticamente reforzó los lazos de dependencia con las metrópolis. Este proceso de expansión del capitalismo nacional exportador estaba limitado por la dependencia respecto de las metrópolis europeas y por la incapacidad de la burguesía criolla para acelerar el proceso de reproducción ampliada del capital. En lugar de reinvertir el excedente económico en renovar el aparato productivo, lo dilapidó en viajes y gastos suntuarios. En vez de reinvertir la renta minera y agraria para promover

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el desarrollo de la industria nacional, la burguesía se llevó gran parte de los capitales a Europa, invirtiéndolos allí en actividades especulativas. Esta fuga de capitales, difícil de cuantificar, restó posibilidades al proceso de capitalización de país. En vez realizar un plan de inversiones propias para una capitalización autosostenida de sus empresas, las fracciones de la clase dominante prefirieron centrar sus esfuerzos en la pugna por el reparto de las entradas fiscales, en la disputa por el control del aparato del Estado para lograr una redistribución de los ingresos del Fisco en beneficio de sus estrechos intereses de clase. El proceso de acumulación de capital, que hasta 1880 era de carácter nacional, experimentó un cambio significativo con la penetración del capital financiero extranjero en los prolegómenos de la era imperialista. La inversión de capital foráneo en el salitre durante la década de 1880-90 significó el inicio de la declinación de la burguesía minera. Las riquezas nacionales comenzaron a pasar a manos de los empresarios extranjeros, iniciándose el proceso de semicolonización de Chile y la progresiva desnacionalización de sus riquezas. La derrota del proyecto político nacionalista del presidente Balmaceda en la guerra civil de 1891 produjo un aceleramiento del proceso de conversión de Chile en semicolonia inglesa.

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capítulo iii. El desarrollo económico

El desarrollo económico de Chile en el período 1861-1891 fue comparativamente superior al del 1831-61 porque no solamente aumentó la producción cuprífera y agropecuaria, sino que las exportaciones alcanzaron niveles jamás obtenidos con la explotación intensiva del salitre. En este período nacieron las primeras industrias manufactureras y se desarrollaron las industrias fundidoras de cobre. Vastas zonas del Norte Grande, de la Araucanía y de Magallanes fueron incorporadas a la producción, determinando un cambio cualitativo en la geografía económica del país.

La producción minera La explotación minera alcanzó en el período comprendido entre 1860 y 1890 cifras nunca obtenidas hasta entonces en la historia de la minería nacional. Los ingresos aduaneros percibidos por conceptos de derechos de exportación de la minería experimentaron un aumento sin precedentes, como lo demuestra el siguiente cuadro: Exp. Mineras

1860 $ 18.893.600

1880 $ 37.812.150

1890 $ 60.930.717

Fuente: Dirección General de Contabilidad M. de Hacienda. Santiago, 1901.

Este cuadro muestra que el papel de la minería se acrecienta a partir del auge salitrero de la década de 1880-1890. La caracterización de Chile como país preponderantemente minero adquiere relevancia precisamente en este período, marcando con un sello inconfundible las principales tendencias de la economía. El cobre y especialmente el salitre fueron la base de esta época de apogeo de la minería nacional. Salitre: La producción de salitre jugó un papel preponderante en el aumento experimentado por las exportaciones mineras. De unos 741.470 k. por valor de $20.262.000 exportado en 1878 se pasó a 1.026.298.129 k. por valor de $36.950.339 en 1890. El salitre proporcionaba en 1890 más del 50 % de las entradas totales del fisco. El origen de la propiedad salitrera, su influencia en el estallido de la Guerra del Pacífico y en la caída de Balmaceda serán analizados más adelante.

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Plata: Los Boletines de Estadística Comercial nos han permitido desglosar la producción de plata declarada por los empresarios, cifra que está muy por debajo de la real. La suma que hemos hecho de la producción de cada año, desde 1861 hasta 1891, arroja el siguiente resultado: 2.335.576 k. por valor de $99.366.563, a los cuales hay que agregar $7.867.790 que el Boletín consigna como minerales de plata. Por su parte, Alberto Herrmann ha calculado que la producción de plata, entre 1861 y 1891 fue de 3.426.014 kilos.70 El promedio anual de producción de plata superó los 77.800 k. alcanzando su apogeo en 1885 con 155.616 k. La producción pudo mantener este nivel gracias al descubrimiento de Caracoles en 1871 y a la explotación de las minas de plata de Antofagasta y Tarapacá después de la Guerra del Pacífico. La mina de Caracoles, abastecedora de la fundición de plata de Huanchaca, estaba ubicada en Antofagasta, territorio boliviano en esa época. El mineral fue descubierto en 1871 por cateadores chilenos. Su explotación desencadenó una ola de especulaciones que condujo a una fiebre bursátil sin precedentes. En ocho años, Caracoles produjo 250.000 k. de plata por valor de $ 31.053.000. Hacia 1890, una de las fundiciones de plata más importantes era Peñablanca, ubicada en la provincia de Antofagasta; tenía 45 hornos y 5 máquinas a vapor movidas por 580 obreros. La conquista del Norte Grande permitió incorporar las ricas minas de plata de Huantajaya, Santa Rosa y Challacollo. Cobre: durante las décadas de 1860 y 1870, Chile se convirtió en el primer productor mundial de cobre. Basados en los Boletines de Estadística Comercial hemos confeccionado el siguiente cuadro de exportación de cobre durante el período 1861-1891: Ejes de cobre Cobre en Barra Minerales de cobre

547.097.291 k. por valor de $ 77.726.5 1 0 871.083.037 k. por valor de $ 288.896.500 290.155.129 k. por valor de $ 15.413.912

Estas cifras dan un total del 1.708.335.457 kilos. Herrmann estima en el libro ya citado, p. 51 y 53, que la producción de cobre entre 1861 y 1891 fue de 1.222.839.758 kilos. La industria fundidora de cobre ha sido una de las empresas más importantes emprendidas por la burguesía criolla. Los hornos de Guayacán, Tongoy, Los Vilos, Carrizal y Lirquén, financiados por capitales nacionales, fueron la muestra más elocuente del desarrollo capitalista alcanzado por la minería chilena en el siglo pasado. José Tomás Urmeneta fue el principal exponente de este período de esplendor de la burguesía minera. Su empresa modelo fue la fundición de Guayacán, en Coquimbo.

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Alberto Herrmann. La producción en Chile de los Metales y Minerales más importantes desde la conquista hasta fines del año 1902, pp. 30 y 32, Santiago, 1903.

Hacia 1872, la fundición de Guayacán, alimentada con el cobre del cerro El Tamaya, contaba con 35 hornos y 400 obreros. Después de la muerte de Urmeneta, este establecimiento pasó a manos de su hijo político Maximiliano Errázuriz, quien asociado con Ramón Subercaseaux Vicuña formó una empresa con un capital superior a un millón de pesos. El período del apogeo del cobre fue de 1875 a 1880. A partir de este año comenzó la declinación a raíz de la baja de los precios y de los nuevos competidores de Chile en el mercado mundial. La burguesía criolla no fue capaz de renovar el aparato productivo, que requería una inversión de nuevos capitales para la adquisición de modernos hornos de soplete con combustible de coke que reemplazaran a los hornos de reverbero. Los capitales chilenos se desplazaron de las explotaciones cupríferas a las salitreras. Los trabajadores del cobre emigraron a la pampa. Desaparecieron numerosos centros poblados de los alrededores de las minas de cobre y se levantaron los nuevos pueblos mineros del salitre. En síntesis, la mayoría de los centros de explotación de cobre entraron en crisis durante década de 1990-1890. Carbón: La explotación de carbón, iniciada en la década de 1850 experimentó un aumento significativo entre 1860 y 1890, como consecuencia del desarrollo de la industria del cobre y de una mayor demanda interna. De 140.934 toneladas en 1857 se pasó a 400.000 toneladas en 1882. Las inversiones de capitales hechas por Matías y Luis Cousiño, Federico Schwager, Jorge Rojas y Guillermo Délano, modernizaron las instalaciones y promovieron el surgimiento de un fuerte proletariado. El inglés Juan Mackay relataba en 1860 la impresión que le había causado su primera visita a Lota: Su importancia no solo por sus ricos y extensos mantos de carbón, sino por sus numerosas industrias, es tan grande que en pocas partes del mundo se encuentra en pie otro establecimiento mejor. Sus numerosos hornos de fundición para cobre indican el desarrollo que ha tomado allí esta industria; sus fábricas de ladrillo a fuego para hornos de fundición, en que también se fabrican un sinnúmero de otros objetos, como ser: cañerías para agua, objetos artísticos para decoraciones de casas, parques y jardines, como ser: estatuas, figuras, jarrones, etc; su maestranza y fundición de hierro, donde se hace toda clase de trabajos y se funde y construye la maquinaria que se emplea en las minas; en fin, todo aquello constituye un adelanto y progreso que no se encuentra en otro punto de este continente. A un inglés que llega de paso del viejo mundo se le apodera por un momento la ilusión de haber sido transportado a un pedazo de su patria; tal es el movimiento y actividad que por allí reina.71

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Citado por Octavio Astorquiza: Lota, p. 32, Santiago, 1942.

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Según el Censo de 1885, las compañías de carbón contaban con 58 máquinas a vapor y 12 locomotoras de 473 caballos de fuerza.72 Los obreros trabajaban 11 horas diarias en los 22 piques en explotación, ganando como promedio un poco más de un peso diario. Hacia 1885 se había constituido un fuerte proletariado en el enclave carbonífero del golfo de Arauco: más de 5.000 obreros trabajaban en las minas de Lota y Coronel, en la extracción de carbón, fabricación de ladrillos y fundiciones de cobre.

La actividad agropecuaria La mayoría de los historiadores sostiene que la agricultura entró en crisis al perder los mercados de Australia y California en la década de 1850-60. El análisis concreto del desarrollo agropecuario en la segunda mitad del siglo XIX demuestra que no hubo tal crisis. Centenares de miles de hectáreas fueron incorporadas a la producción en la zona de la Araucanía, dando lugar a la formación del nuevo granero de Malloco y a la explotación industrial de la madera. La producción vitivinícola experimentó un salto cualitativo. En la zona de Magallanes surgió la explotación masiva de ganado lanar. Se generalizó la crianza de animales de raza en la zona central. Se amplió el mercado interno para los productos agropecuarios a raíz de la conquista de la zona salitrera y del desarrollo de las ciudades. Hubo un proceso creciente de mecanización en las actividades agrarias y las relaciones sociales de producción fueron adquiriendo en algunas áreas un carácter acusadamente capitalista. El aumento de la producción agrícola en el período 1860-1890 no ha sido debidamente apreciado porque los investigadores, con la excepción de Sergio Sepúlveda, han menospreciado las cifras de producción para el mercado interno. En el principal rubro agrícola, el trigo, el aumento fue significativo en comparación con el período de auge de las exportaciones a California y Australia. Mientras en la década 1850-60 la producción de trigo apenas sobrepasaba el medio millón de quintales, a partir de 1870 “los altos niveles de producción son más o menos estables, generalmente superiores a los 3.500.000 qq.m”. 73 El volumen de las exportaciones aumentó porque hubo un incremento sostenido de la demanda europea. Inglaterra, especialmente, se constituyó en un mercado permanente, absorbiendo más del 70% de la exportación agrícola chilena. El monto en dinero de las exportaciones fue también superior al período precedente, a pesar de la baja del precio del trigo en la cotización internacional. En la décacla de 1840-50 las exportaciones agropecuarias no alcanzaron a los dos millones de pesos, cifra superada holgadamente en el período 1860-90, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 72 73

304

Censo de 1885, compilado por la Oficina Central de Estadística, Tomo II, p. 495, Valparaíso, 1889. Sergio Sepúlveda. El trigo chileno en el mercado mundial, p. 84, Santiago, 1959.

Exportaciones agropecuarias 1860 1870 1880 1890

$ 4.751.652 $ 8.281.406 $ 11.663.015 $ 13.135.896

Fuente: Dirección General de Contabilidad, Ministerio de Hacienda, Santiago, 1901.

Sergio Sepúlveda estima que el período de apogeo del trigo abarca de 1865 a 1900: “En la primera parte del largo período del gran comercio, o sea desde 1865 a 1900, se advierte un aumento extraordinario en las exportaciones. Nunca antes en la historia comercial del trigo se había registrado un auge tan grande en los envíos al exterior, auge que culmina en 1874 cuando se exportan más de 2 millones de quintales métricos”.74 El promedio anual de exportación de trigo en las décadas de 1870 y 1880 fue superior al millón y medio de quintales. El crecimiento de la producción agrícola para el mercado interno fue más relevante aún que el aumento de las exportaciones. Los empresarios comenzaron a destinar parte de su producción al mercado interno, que se había ensanchado a raíz del crecimiento de las ciudades y de la demanda de las provincias salitreras. Los productos tuvieron un mercado seguro en el Norte no solo en cantidad sino también en relación a valores monetarios. La necesidad de abastecer la región minera y las ciudades del centro hizo que las haciendas se dedicaran no solo a la producción de trigo, sino también al desarrollo de la chacarería, frejoles, papas, frutas, mantequilla, etc. La incorporación de nuevas zonas cultivables, como la Araucanía, permitió aumentar la producción de cereales. Hacia 1890, la región sureña producía alrededor de 400.000 quintales métricos. No existen estadísticas completas sobre el total de la superficie cultivada. Después de cotejar los datos de varios autores y fuentes de la época, estimamos que la superficie cultivada en la década de 1880-90 bordeaba las 800.000 hectáreas. La industria molinera mantuvo el ritmo de crecimiento, iniciado en la época de los decenios, sobre bases inequívocamente capitalistas. Se introdujeron modernos molinos que trabajaban con el sistema de cilindros. La concentración de capitales en las empresas molineras fue eliminando los pequeños productores. Entre los molinos de mayor envergadura que podemos citar de este período –dice Sergio Sepúlveda– tenemos: los dos molinos de Correa y Beard en Melipilla, con capacidad para 30.000 y 22.000 qq.m. por año; el de Silvester, en el bajo de la misma ciudad, que elaboraba 14.000 qq.m. al año; el mismo industrial arrendaba el molino de Huechún de 8.000 qq.m. anuales; el molino de San Pedro en Rancagua de Agustín Salas y Cía.; el de 74

Ibid., p. 57.

305

Corinto en la región del Maule; los de Williamson Balfour Concepción, el de Purísima de Valdés Hnos., los de González Soffia en Linderos y Llolleo; el de San Pedro y el de Caldera de Schacht y Cía., y el Serrano, también en Melipilla.75

A esta lista hay que sumarle los modernos molinos de Bunster en Angol, Traiguén y Collipulli. 1865 fue el año de mayor exportación de harina con 554.835 qq.m, más del doble de lo exportado a los mercados de Australia y California. Después de 1870 se produjo un descenso brusco de la exportación. Sin embargo, no se trataba de una crisis de la industria molinera; la mayor parte de la producción empezaba a ser destinada a abastecer la creciente demanda del mercado interno. Sepúlveda anota que la elaboración de harina nacional ascendía en 1885 a 2.629.328 quintales de 46 kgs. y era absorbida en su totalidad por el consumo interno”.76 La explotación de viñas experimentó, a partir de 1875, un cambio cualitativo con la introducción de nuevas cepas. Luis Dorte señalaba en 1884: “Hay viñas alambradas que nada tienen que envidiar a las de esta clase de Europa y California”.77 La producción de la industria vitivinícola aumentó al doble en menos de una década: de 51.400.000 litros de vino en 1875 se pasó a 110.300.000 en 1883. Hacia 1890, abastecía totalmente la demanda interna. Dos años después, se exportaban vinos por valor de 84.667 pesos. La ganadería tuvo un apreciable avance en la segunda mitad del siglo pasado. El número de vacunos subió de 586.073 cabezas en 1868 a 1.528.000 en 1875; los caballares aumentaron de 196.446 en 1868 a 244.226 en 1875. En las décadas de 1880 y 1890 comenzó la explotación masiva de ganado lanar. Las 300 ovejas introducidas en 1875 por Reynard se multiplicaron rápidamente. En 1884 sumaban 40.000 y en 1893 más de 400.000. Se importaron numerosos animales de razas seleccionadas. Los banqueros y mineros, como Agustín Edwards, que tenían fuertes inversiones en el campo, dieron un renovado impulso a la explotación ganadera, importando caballos de raza y vacunos del tipo Durham. Luis Correa señalaba que en la segunda mitad del siglo pasado “la población ganadera creció en tal forma que una hacienda cualquiera podía reunir piños de tres mil, cinco mil y diez mil vacas”.78 El proceso de mecanización del agro chileno, iniciado en la década de 1840, se aceleró en el período 1860-90. Sin embargo, tuvo un desarrollo desigual. Mientras en la mayoría de los predios se mantuvieron formas retrasadas de explotación, en otras

75 76 77 78

306

Ibid., p. 104. Ibid., p. 104. Luis Dorte. El porvenir en Chile, p. 233, Santiago, 1884. Luis Correa V. Agricultura Chilena, Tomo I, p. 93, Santiago, 1938.

áreas de mejores perspectivas económicas la burguesía agraria invirtió capitales en la importación de maquinaria moderna. Según Silvia Hernández: Existió un sector de haciendas o mejor aún, de propietarios, cuyos predios experimentaron cambios notables, sector que aparece fácilmente identificable porque sus nombres se repiten entre importadores de ganado fino, en los compradores de maquinaria agrícola y de semillas de nuevo cultivo, en personas que ensayan rotaciones. El grupo está compuesto de ‘propietarios-empresarios capitalistas’. Sean mineros, comerciantes o agricultores ricos, para los cuales es incluso un rasgo de prestigio el modernizarse… la actividad conjunta o aislada de estos hacendados es la que produce uno de los cambios más notables en el mundo rural: el aumento de las tierras regadas, impulsado por las espléndidas condiciones del mercado exterior para productos agrícolas y por el aumento de la población consumidora en el país. Esta será una de las transformaciones perdurables de la agricultura chilena, junto con el aumento irreversible del valor de la tierra, el alza de los cánones de arrendamiento y la subdivisión de la propiedad rural. Las haciendas ‘modernas’, explotadas por estos propietarios significan una actitud empresarial totalmente distinta: ellos no dudaban sobre el valor de las inversiones agrícolas consideradas en un sentido semejante a las mineras o financieras y, luego, actúan como empresarios capitalistas realizando primero obras básicas –canales y bocatomas de regadío, labores de preparación de terrenos, compra de herramientas y maquinarias de mayor rendimiento y duración, construcción de edificios, adquisición de animales finos, plantación de frutales para obtener a la larga ganancias más elevadas que los hacendados tradicionales.79

El número de trilladoras aumentó de 137 en 1868 a 973 en 1875. Según Teodoro Schneider “en 1871 había ya en uso en el país 170 segadoras, 100 transplantadoras, 600 cultivadoras, rastas de fierro y arados perfeccionados y unas 300 máquinas de menor importancia. En el solo año de 1874 se importaron máquinas para arnear 26, aventar 14, aprensar pasto 9, fabricar queso 2, fabricar mantequilla 2, limpiar trigo 81, picar pasto 151, segar 89, vendimiar 27, destroncar 5”.80 Silvia Hernández señala: Segadoras, trilladoras y sus herramientas complementarias, fueron los artículos adquiridos en mayor número por los agricultores chilenos… Junto con ellas se adquiría el locomóvil, máquina de vapor con rueda, que proporcionaba energía para mover la trilladora y, cuando se usaba, la aventadora… Un implemento de enorme importancia que puede considerarse paralelamente a la maquinaria, es el arado de fierro. Otras maquinarias, de menor importancia también formaron parte del carácter semiexperimental que muchos agricultores dieron a sus empresas; junto a las destroncadoras, justificadas por el proceso de incorporación de nuevas tierras al cultivo y por la deficiente preparación 79

80

Silvia Hernández. Transformaciones tecnológicas en la agricultura de Chile Central, Siglo XIX, p. 15, CESO, Santiago, 1966. Teodoro Schneider. La Agricultura en Chile en los últimos cincuenta años, p. 100, Santiago, 1904.

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de las habilitadas anteriormente, aparecen bombas de agua de distintos mecanismos, prensas, molinos, picadoras de pasto, enfardadoras, artículos que hablan por sí mismos del aparecimiento de las empastadas artificiales y del vuelco de la ganadería a nuevas formas, de la relativa industrialización de algunos sectores de la producción agrícola como la lechería, vitivinicultura y molinería, y de la mayor presión sobre los recursos que aparece en algunos predios a raíz de la inversión de capitales.81

La necesidad de repuestos y de reparación de estas maquinarias promovió la creación de industrias salitreras relacionadas con la mecanización del campo. En 1870 había 8 talleres destinados a la construcción de herramientas y maquinarias agrícolas, entre los cuales se destacaban las maestranzas de Morrison, Balfour, Lyon, Klein y Lever y Murphy. Para satisfacer la necesidad de técnicos se crearon en diciembre de 1882 Escuelas prácticas agrícolas en Concepción, Chillán, Talca, San Fernando y Elqui, las cuales reforzaron la labor de la Escuela de Agricultura de Quinta Normal.

Protoindustrialización: génesis de la manufactura Existen dos tesis fundamentales acerca del desarrollo industrial de Chile en el siglo XIX. Una sostiene que la política proteccionista de los gobiernos de los decenios facilitó el surgimiento de la industria nacional en el período 1830-60. Esta tesis, sustentada por la corriente historiográfica “portaliana”, señala además que la política librecambista de los gobernantes de la “República Liberal” condujo al estancamiento industrial. Estos argumentos son falsos porque no hubo ninguna ley de protección a la industria nacional entre 1830 y 1860, como lo hemos demostrado en el volumen III; la mayoría de las denominadas “industrias” surgieron después de 1860. Los gobiernos “portalianos” de Prieto, Bulnes y Montt fueron tan librecambistas como los de la República Liberal. La otra tesis, sustentada por los autores filo-balmacedistas, afirma que la industria chilena surgió gracias a la política nacionalista de Balmaceda. Un estudio riguroso de las fechas de fundación de las industrias demuestra que las más importantes surgieron antes del gobierno de Balmaceda. La fecha de fundación de las principales fundiciones fue la siguiente: Balfour, Lyon y Cía. (1846), Klein (1851), Lever, Murphy y Cía. (1860), San Miguel (1870), Libertad (1877). Las fábricas textiles de Bellavista Tomé y El Salto se crearon en 1865 y 1870, respectivamente. Durante las décadas de 1860 y 1870 se fundaron las principales fábricas de cerveza, galletas, fideos, imprentas, mueblería, etc. Durante la Guerra del Pacífico hubo un relativo desarrollo de la industria relacionada con las necesidades de abastecimiento del ejército: vestuario, calzado, mochilas, carpas, talabarterías, carrocerías y fundiciones. Al demostrar que las industrias principales se crearon antes del gobierno de Balmaceda no pretendemos minimizar el desarrollo 81

308

Silvia Hernández, op. cit., pp. 28 a 30.

que ellas tuvieron bajo dicha administración, período en el cual los vastos planes de obras públicas coadyudaron al crecimiento de ciertas industrias y talleres artesanales. A nuestro juicio, Chile no experimentó en la segunda mitad del siglo pasado un efectivo proceso de industrialización conducente a la sustitución de importaciones. En 1881, se importaba por valor de 39.131.122 pesos, de los cuales $21.924.000 estaban destinados a la adquisición de productos manufacturados: algodones ($8.301.474), tejidos de lana ($3.244.649). En todo caso, puede hablarse de protoindustrialización. Los autores que han magnificado los avances manufactureros de Chile en el siglo XIX no han diferenciado entre desarrollo artesanal y desarrollo industrial. Entre 1860 y 1890 surgieron las primeras industrias manufactureras y se consolidó la industria gremial del artesanado. Este proceso fue condicionado por el crecimiento de las ciudades y por la necesidad de reparar la maquinaria utilizada en la minería y la agricultura mecanizada, en el transporte y los ferrocarriles. Las principales industrias se levantaron en función de las necesidades de herramientas y repuestos que tenían los mineros y hacendados. Es decir, era una industria que estaba al servicio de las empresas exportadoras de materias primas. No por casualidad las industrias más destacadas eran las fundiciones y maestranzas de la reparación de maquinarias para el agro, las minas y el transporte. Un análisis detallado de las principales fábricas demuestra esta aseveración. La industria metalúrgica de Lever y Murphy fabricaba herramientas para la minería, puentes, calderas para buques y cachuchos ( recipientes para la elaboración del salitre). Desde su creación hasta 1891 construyó “dieciocho locomotoras para los FF.CC. del Estado”.82 En sus dos establecimientos de Valparaíso trabajaban cerca de 700 obreros en 1890. La fundición Balfour, Lyon y Cía. producía herramientas para la minería y la agricultura. Empleaba unos 300 obreros. La carrocería Bower, Hardie y Cía. fabricaba carros para el transporte de cobre y salitre, además de carretas y carretones elaboradas por 180 obreros. La fundición Klein construía molinos para los agricultores, arados y máquinas trilladoras, dando ocupación a 200 operarios. La burguesía agraria saludaba en 1878 la ampliación de la fundición Klein: Entre las fábricas relacionadas íntimamente con la agricultura, ninguna ejerce mayor influencia para su desarrollo y prosperidad que los establecimientos dedicados a fabricar máquinas, instrumentos y demás aparatos que se emplean en la labranza del suelo, en la recolección de las cosechas y en el aprovechamiento o elaboración de los productos agrícolas.83

82 83

J. Pérez Canto. La industria nacional, p. 1, Santiago, 1891. Sociedad Nac. de Agricultura: Boletín Nº 9, p. 229, abril 1878.

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Las otras fundiciones, como Libertad y San Miguel, también fabricaban o reparaban herramientas relacionadas con la minería y la agricultura: arados, turbinas, engranajes, poleas y repuestos para los ferrocarriles. Otras empresas que pueden caracterizarse como industrias de significación fueron la Refinería de Azúcar de Viña de Mar, las fábricas de cerveza de Adwanter de Ebner, que empleaban 300 obreros, y de Gubler y Cousiño, en la que trabajaban 400 obreros; y las fábricas de tejidos de lana El Salto y Bellavista Tomé. Esta última creada por Guillermo Délano con maquinaria norteamericana, elaboraba paños, franelas, colchas y mantas. En 1870 daba ocupación a “165 personas entre hombres, mujeres y niños”.84 El resto de las empresas eran talleres artesanales dedicados a la producción de artículos alimenticios perecibles, como fábricas de galletas, pan, fideos, salchichas, chocolates, etc. Otros talleres se ocupaban del rubro vestimenta (sastrería y fábrica de camisas, zapatería, imprenta, carpintería, mueblerías, fábricas de carruajes, de tejas y ladrillos). Las curtidurías más importantes, como la Sociedad Industrial de Valdivia y la de Etchepare y Etchegaray, producían excelentes suelas pero no elaboraban zapatos. En 1887, Espech comentaba: “Exportamos cueros y suelas y como contrasentido importamos calzado del extranjero cuando las suelas de Valdivia figuran entre las mejores del mundo”.85 La mayoría de los dueños de estas primeras industrias y de los talleres artesanales más importantes eran extranjeros residentes en Chile.86 Su actividad no correspondía a un plan de inversión de capital foráneo. Una de las pocas industrias de propiedad de chilenos fue la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, cuyo principal accionista era José Besa. Ricardo Lagos señala que “es casi imposible hallar un empresario realmente chileno durante este período”.87 Este autor sostiene, por otra parte, que uno de los indicadores de cierto crecimiento industrial sería el aumento de la importación de materias primas destinadas a la manufactura. Otro indicador sería el aumento de la importación de maquinaria, aunque resulta difícil desglosar las partidas destinadas a la industria de las destinadas a la agricultura, minería y transporte. Ninguno de los gobiernos, salvo el de Balmaceda, planteó una política proteccionista para la industria. La burguesía criolla, ligada por su economía de exportación a las metrópolis y comprometida con éstas a no poner trabas a la introducción de artículos manufacturados, no promovió medidas proteccionistas para el desarrollo de una 84 85 86

87

310

Recaredo Tornero. Chile Ilustrado, p. 339, Valparaíso, 1872. Roman Espech. La Industria Fabril en Chile, p. 18, Santiago, 1887. Álvaro Góngora E. “Políticas Económicas y Desarrollo Industrial en Chile hacia 1870-1900”, en Dimensión Histórica de Chile, Nº 1, p. 29, Santiago, 1966. Ricardo Lagos. La industria en Chile, p. 29, Santiago, 1966.

industria nacional. El librecambista Zorobabel Rodríguez “llegaba hasta el extremo de oponerse a la protección de la modesta industria de fósforos en 1879”.88 Vicuña Mackenna se lamentaba en 1878 de la falta de una política proteccionista: El industrial europeo convierte nuestra materia prima barata y burda por un simple procedimiento mecánico, con la substancia costosa y elaborada que nos vuelve recargarda con triple precio del extranjero. Y esto sin contar el precio de la quíntupla utilidad del productor, del exportador, del comisionista y del mercader al menudeo, que nos ha traído cada año un millón de paños y frazadas, bayetas y franelas labradas con nuestras lanas lavadas en los laboratorios de Manchester, con nuestro propio quillay… ¿Por qué si tenemos establecidas y funcionando fábricas de paño, no se las encargaba del vestuario del ejército, del de los establecimientos del Estado, de las frazadas siquiera de los asilos? ¿Por qué si tenemos curtidurías se encarga a Europa el calzado de la tropa y hasta las sillas y los arreos?… ¿Por qué si tenemos fundiciones nacionales como las hubo en Valparaíso, hace ocho o diez años, gravamos la materia prima, que es el fierro en lingotes, y abrimos el mercado libre al fierro manufacturado, a las simples planchas agujereadas de las calderas que han arruinado la industria de los caldereros?… ¿Por qué, por fin, cuando el malogrado industrial, don Juan Enrique Ramírez, comenzó a poner las vigas y tijerales de su fábrica de sacos de Puruntun se rebajó el derecho de los sacos extranjeros de 25 a 15 por ciento, y se ordenó valorizar la pieza a razón de 21 centavos en lugar de 34 centavos que ese artículo antes tenía? En 1876 importamos cerca de medio millón ($ 471.244) en sacos vacíos, y cinco años antes habíamos dejado morir de inanición y casi de hostilidad la fábrica de Sacos del Artificio, trasladada enseguida como un enfermo moribundo a Valparaíso.89

Un escritor chileno criticaba en 1876 las tarifas aduaneras y las trabas al desarrollo de la industria nacional: Estas tarifas han sido fijadas para estimular nada más que el consumo, como si las naciones se compusieran tan solo de consumidores y no fuera de su producción el sustentáculo de esos consumos. El fierro en bruto o sin trabajar está fuertemente gravado, en tanto que es libre la maquinaria y herramientas que con él se elaboran, lo que equivale a decretar una prima para el fabricante europeo y una prohibición para el país… La tarifa de aduanas hace imposible todo ensayo en favor de una industria fabril nacional, puesto que no solo liberaliza exageradamente los derechos sobre el extranjero, sino que grava las materias primas transformables.90

88

89

90

Cristian Zegers A. “Historia Política del Gobierno de Aníbal Pinto”, Revista Historia, Nº 6, p. 96, Santiago, 1967. Artículo de Benjamín Vicuña Mackenna, publicado por El Ferrocarril con el título “Terra Ignota”, feb-abril 1878. Citado por Aníbal Pinto: Chile, un caso de desarrollo frustrado, p. 41, 2ª edición, Santiago, 1962.

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El Memorándum elevado al gobierno en 1878 por los obreros de la firma Lever, Murphy y Cía, criticaba, asimismo, la ausencia de una política proteccionista: Hasta el presente todas las obras públicas contratadas por capitalistas extranjeros no han dado protección a los establecimientos industriales y gracias a la liberalidad con que se los exonera del pago de derechos, hace casi imposible la planteación de diversas industrias. Solo con el apoyo directo del gobierno podría abrirse camino la industria nacional.91

Algunos industriales hicieron también críticas a la política librecambista. Ricardo Segundo Lever manifestó en una entrevista efectuada en 1891: “Si el gobierno solo protege con un 10% a la industria nacional, se hace siempre imposible la competencia con la industria extranjera”.92 Otro empresario, el señor Hardie, manifestaba: “El impuesto de internación y la Tarifa de avalúos no consultan los intereses de la industria. El impuesto actual grava con un 25% la introducción de la generalidad de las materias primas que empleamos en la fabricación de carros y solo con 15% la introducción del carro completo. Este error manifiesto mata a la industria nacional”.93 La Sociedad de Fomento Fabril, creada el 7 de octubre de 1883, asumió una actitud negligente frente a la política librecambista. El primer número de su boletín, señalaba: “Hemos oído condenar la escuela librecambista con más vigor que razonamientos, así como defender calurosamante el proteccionismo con más teorías que hechos prácticos. Nosotros no nos creemos en el deber de entrar a sostener ni una ni otra escuela”.94 La Sociedad de Fomento Fabril fue impulsada por los empresarios agrícolas a través de la Sociedad Nacional de Agricultura, hecho que demuestra la falsedad de la tesis que ha pretendido ubicar a los industriales en pugna permanente con los terratenientes. Los documentos de la época prueban que la Sociedad de Fomento Fabril fue creada con el patrocinio directo de los latifundistas. El 13 de septiembre de 1884, el Ministro de Hacienda, Pedro Lucio Cuadra, se dirigía al Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, adjuntándose un trabajo de Espech sobre la industria: El objeto principal que tiene en vista este Ministerio al remitir a Ud. dicho trabajo es buscar su cooperación ya probada en todas las ocasiones en que el gobierno ha apelado al concurso de sus ilustrados miembros, para que promueva la organización de una asociación de Fomento Fabril… La alianza estrecha que existe entre la agricultura y la industria fabril, siendo ésta por lo general la elaboradora y trasformadora de los productos de aquélla, hace creer que proponiendo ambas a un propósito casi común se prestarán auxilio mutuo.95 91 92 93 94 95

312

Ibid., p. 42. J. Pérez Canto, op. cit., p. 7. Sociedad de Fomento Fabril: Boletín Nº 1, p. 1, 5/enero/1884. Ibid., Boletín Nº 1, p. 1. Ibid., Boletín Nº 1, p. 5.

En las actas de fundación de la Sociedad de Fomento Fabril se dejaba constancia de lo siguiente: “El señor Larraín hizo dar lectura a la nota Nº 6.183 del 13 de septiembre de 1883, por la cual el Supremo gobierno encomienda a los agricultores la creación de la Sociedad de Fomento Fabril”.96 Los terratenientes estaban interesados en respaldar aquellas industrias relacionadas con la reparación de la maquinaria agrícola y con el consumo de materia prima del campo. En síntesis, durante el período 1860-1890 se produjo un fenómeno de protoindustrialización y un incremento de talleres artesanales, proceso que dio lugar a la formación de una burguesía industrial embrionaria, de los primeros núcleos del proletariado industrial y de vastos sectores medios representados por los dueños de los talleres artesanales.

El comercio de exportación e importación El volumen de las exportaciones aumentó en forma significativa durante la segunda mitad del siglo XIX, expresando un desarrollo superior al de la época de los gobiernos de los decenios, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 1844 1860 1890

Minería $ 3.618.987 $ 18.893.600 $ 60.930.717

Prod.agropecuarios $ 897.025 $ 4.751.652 $ 6.206.771

Total $ 4.516.012 $ 23.645.252 $ 67.127.488

Fuente: Direc. Gral. de Contabilidad, M. de Hacienda, 1901.

La preponderancia de la minería respecto de agricultura se acentuó en la segunda mitad del siglo XIX con el auge de la producción de cobre y salitre. En este período se consolidó la dependencia de Chile respecto de Inglaterra. Hacia 1890, Inglaterra absorbía más del 70% de las exportaciones chilenas y cubría el 45% de nuestras importaciones. El resto era cubierto por Francia, Alemania y Estados Unidos. Los principales mercados latinoamericanos de Chile eran Perú, Bolivia y Argentina. Según Daniel Martner, el intercambio de productos con el extranjero, en relación a los principales países, “se componía en 1890 del siguiente modo, expresados los valores en pesos de 38 peniques”.97

96 97

Ibid., p. 5. Daniel Martner. Historia de Chile. Historia Económica, pp. 436-437, Santiago, 1929.

313

Gran Bretaña Alemania Estados Unidos Francia Perú Argentina

Exportaciones $ 46.035.857 $ 6.356.470 $ 8.540.075 $ 2.324.455 $ 2.164.725 $ 35.808

Importación $ 29.479.099 $ 15.680.331 $ 2.292.645 $ 6.845.293 $ 2.292.645 $ 4.435.270

Las grandes casas importadoras de Valparaíso, Santiago y otras ciudades eran en su mayoría inglesas. Se encargaban no solo de importar artículos manufacturados sino también de comercializar nuestros productos de exportación. Las estadísticas elaboradas por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile han permitido confeccionar el siguiente cuadro de importaciones, en millones de pesos de 18 peniques.98 Año 1870 1890

Bienes de consumo 53,4 87,1

Materias primas 2,7 20,4

Maquinaria 7,5 25

Las listas de productos importados muestran una clara tendencia al aumento de las compras de bienes de consumo, esencialmente vestimenta, a raíz de las necesidades de abastecimiento de las ciudades chilenas en crecimiento. El aumento en la importación del rubro maquinarias, que se aprecia en el cuadro, podría inducir a creer que se trata de maquinarias para la industria ligera. En realidad en su gran mayoría era maquinaria destinada a las empresas mineras y agropecuarias, a la mecanización de la economía primaria exportadora. El aumento en las adquisiciones de materias primas fue el resultado de una mayor demanda de insumos para los talleres artesanales y las industrias. En síntesis, el análisis del comercio de exportación e importación muestra de manera inequívoca el carácter ya dependiente de nuestro país en el siglo XIX: vendedor de materias primas básicas y comprador de artículos manufacturados.

Los ingresos fiscales Las entradas fiscales estaban constituidas fundamentalmente por los ingresos aduaneros provenientes de los derechos de exportación e importación. Los diferentes sectores de la burguesía no pagaban impuestos directos de significación. Los terratenientes burlaban la contribución territorial y saboteaban un real avalúo de sus propiedades. 98

314

Ricardo Lagos. La industria en Chile, p. 25, Santiago, 1966.

Los ingresos del Fisco experimentaron un significativo incremento en la segunda mitad del siglo pasado, como lo demuestra el siguiente cuadro: Ingresos Fiscales

1860 $ 362.155

1880 $ 28.410.417

1890 $ 58.583.596

Fuente: Evaristo Molina: Bosquejo de la Hacienda Publica de Chile, Santiago, 1898.

En 1860 el peso valía 44 peniques; en 1880: 30 peniques, y en 1890: 24 peniques. A partir de 1880, los gastos fiscales fueron financiados en gran medida por las entradas provenientes de los derechos de exportación del salitre. En 1890, el salitre y el yodo proporcionaban el 52% de las entradas del Estado. Este aumento de los ingresos permitió desarrollar un vasto plan de obras de infraestructura. Nuevas vías férreas facilitaron la colonización de la Araucanía. En 1876 llegaba la primera locomotora a Angol y diez años depués la línea férrea alcanzaba a Collipulli. La construcción del viaducto de Malleco en 1890 y nuevos ramales ferroviarios en la provincia de Cautín garantizaron el traslado de los productos del nuevo granero de Chile. Según el estudio de Santiago Marín, a fines del siglo pasado había 1.654 km. de vías férreas estatales, concentradas en la zona centro-sur y 2.317 km. de vías construidas por los particulares en la región norte.99

La marina mercante La mayoría de los historiadores sostiene que la desnacionalización de la Marina Mercante comienza con el advenimiento de la “República Liberal”. A nuestro juicio, este proceso se inicia dos décadas antes, en pleno período “portaliano”. Los gobiernos de los decenios no tuvieron una real política de fomento de la Marina Mercante. Las leyes, aparentemente proteccionistas, dictadas entre 1830 y 1840, quedaron en el papel porque no hubo inversión de capital por parte del Estado o de particulares chilenos en la adquisición de barcos mercantes. La burguesía presionó sobre los gobiernos para que se derogara el derecho exclusivo que tenían los chilenos en el comercio de cabotaje. Los extranjeros burlaban esta disposición registrando sus barcos con bandera chilena, operación que realizaban “asociándose” con criollos que hacían las veces de testaferros. El elevado número de barcos con bandera chilena, existente antes de la Ordenanza de Aduanas de 1864 y las leyes “proteccionistas” de la década de 1830-40, han inducido a ciertos autores a calificar de “nacionalista” la política de Prieto, Bulnes y Montt, sobrevalorando el desarrollo de la Marina Mercante durante la época de los decenios. 99

Santiago Marín V. Estudio de los Ferrocarriles chilenos, p. 21, Santiago, 1900.

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En el volumen III hemos demostrado que la mayoría de los barcos solo tenían de chileno la bandera y que las cláusulas proteccionistas de la ley de 1836 fueron derogadas por el derecho de 1848, que eliminó los derechos exclusivos que tenían los armadores de barcos chilenos por la ley del 4 de septiembre de 1849, que autorizó el comercio de cabotaje a los buques extranjeros y por la Ordenanza de Aduanas del 23 de agosto de 1851 que estaba reservado solamente para los buques chilenos. Nuevas disposiciones dictadas por el gobierno de Montt en 1855, 1857 y 1859 otorgaron mayores facilidades a los barcos extranjeros. Los decretos mencionados muestran de manera inequívoca que antes de la promulgación de la Ordenanza de Aduanas de 1864 habían sido abolidas todas las leyes favorables al desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Es falso, por consiguiente, afirmar que la desnacionalización de nuestra Marina Mercante comenzó con la República liberal a través de la Ordenanza de Aduanas de 1864, auspiciada por el economista francés Courcelle Seneuil. Antes de su llegada, la burguesía criolla aplicaba la política librecambista en todas las áreas de la economía, incluyendo a la Marina Mercante. La Ordenanza de Aduanas de 1864 no hizo más que ratificar decretos anteriores, como la liquidación del privilegio del comercio de cabotaje para los barcos chilenos. El artículo 16 de dicha ordenanza establecía: “El comercio entre uno y otro puerto de la República podrá hacerse por toda clase de buques”.100 La Ley de Navegación de 1878, inspirada en la concepción librecambista, favoreció abiertamente a los extranjeros que utilizaban bandera chilena en sus barcos. La Guerra del Pacífico permitió un relativo aumento del número de buques con bandera chilena, aunque muchos de ellos no eran de capitalistas nacionales. Las necesidades de abastecimientos de productos agrícolas que tenía el Ejército y las ciudades de las nuevas zonas conquistadas de Tarapacá y Antofagasta incrementaron el comercio de cabotaje: Numerosos armadores y comerciantes establecidos en Chile –sostiene Claudio Véliz– adquirieron cuanto barco pudieron conseguir para utilizarlo en este tráfico y esto se reflejó inmediatamente en las cifras de tonelaje que ascendieron rápidamente, luego de un breve retroceso, debido a los cambios de bandera que siguieron a la declaratoria de guerra. Entre 1880 –el segundo año de la guerra civil– y 1883, cuando terminó el conflicto, el tonelaje matriculado en Chile se quintuplicará. En la primera fecha ascendía a 10.618 toneladas; en 1883, alcanzaba a 53.071 toneladas. De ese total, más del 90% estaba destinado al tipo de cabotaje descrito más arriba… El auge del comercio de cabotaje con las provincias del extremo norte continuó durante un año después de haberse puesto fin a las hostilidades, pero a partir de 1884-85, el tonelaje de bandera chilena dedicado a este tipo de transporte descendió vertiginosamente hasta que en 1898 llega al bajísimo nivel 100

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Ricardo Anguita. Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta 1912, tomo II, p. 171, Santiago, 1912.

de 20.000 toneladas, donde se mantuvo por el resto del siglo… Desde 1892 en adelante, en la ausencia de incentivos y sin posibilidades concretas de expansión futura, la marina mercante de Chile disminuye absoluta y relativamente su tonelaje y no experimenta recuperación importante alguna hasta mediados de la primera década del siglo veinte.101

Una de las escasas empresas navieras del país, la Compañía Sudamericana de Vapores, creada en 1872 a raíz de la fusión de la Compañía Chilena de Vapores y la Compañía Nacional de Vapores, fue desplazada rápidamente por la competencia de la poderosa empresa inglesa Pacific Steam Navigation Company, que controlaba el comercio del Pacífico. Félix Vicuña señalaba en 1887 en un artículo publicado por la Revista Económica: Nuestra marina mercante está hoy representada por una compañía de vapores, unos cuantos vapores más de uso de industrias particulares y, si merecen contarse, unos pocos buques viejos… Las naves extranjeras que llegan a nuestros puertos para cargar nuestros productos de exportación hacen también ruda competencia a nuestros buques de vela en el cabotaje, estableciéndose una lucha desigual… Según la última memoria de marina, presentada por el ministro del ramo, nuestra marina se componía el año anterior (1884) de 173 naves: 35 vapores y 138 buques de vela con 18.725 toneladas métricas las primeras y 58.759 las segundas.102

Vicuña terminaba su artículo planteando la necesidad de fortalecer nuestra marina mercante nacional mediante el restablecimiento del antiguo privilegio de reservar exclusivamente para los barcos chilenos el comercio de cabotaje. La burguesía criolla, en lugar de realizar inversiones en la adquisición de barcos para el transporte de la producción salitrera y cuprífera y el traslado de los productos agrícolas de la zona centro-sur a las provincias nortinas, prefirió seguir utilizando los buques extranjeros, con lo cual frustró las posibilidades de desarrollo de la Marina Mercante Nacional.

El sistema bancario El sistema bancario, impuesto en Chile en la segunda mitad del siglo XIX, fue la expresión en el plano de las finanzas de la política del liberalismo económico. Con la promulgación de la ley de Bancos de 1860, el Estado dejó en manos de los particulares la libre emisión de moneda. Salvo la oposición de Pedro F. Vicuña, que planteaba la creación de un Banco Nacional, todos los sectores de la burguesía estuvieron de acuerdo en promover un sistema bancario de corte típicamente liberal. La Comisión de Hacienda 101 102

Claudio Véliz. Historia de la Marina Mercante de Chile, pp. 229-231, Santiago, 1961. Pedro Félix Vicuña. “De la protección de la Marina Mercante Nacional”, en Revista Económica, Nº 5 y 6 de junio 1887.

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de la Cámara de Diputados manifestaba en el preámbulo del proyecto de Ley de Bancos: “La libertad absoluta en materia de Bancos es el mejor sistema y el más fecundo”.103 La única limitación establecida por dicha ley era la siguiente: las emisiones no podían sobrepasar el 150% del capital efectivo o pagado. No señalaba una reserva en relación con los depósitos, no limitaba los préstamos a los directores ni establecía una clara fiscalización por parte del Estado. Ramón Santelices, que era partidario de esta política económica liberal, señalaba que la ley de Bancos de 1860 era atacada “porque no exigió garantía para las emisiones a la vista y al portador, porque autorizando la emisión de billetes no fijó el mínimo de reserva metálica para atender el reembolso de esas emisiones, que no puso límite al monto de los préstamos que los directores de una institución podrían acordarse a sí mismos”.104 Los Bancos discriminaban las líneas de crédito en función de los intereses específicos de los sectores burgueses que representaban. Bancos de Edwards y de Ossa trabajaban en relación directa con la minería. El Banco de Valparaíso, uno de los más importantes después de su fusión con el Sudamericano, estaba ligado al comercio, a la agricultura y, posteriormente, a las actividades salitreras otorgando créditos a North y otros ingleses para la compra de certificados salitreros. Los terratenientes promovieron la creación de los Bancos de Melipilla, San Fernando, Curicó, Talca y Ñuble. Bunster creó su propio banco en la zona colonizada de la Frontera. La burguesía minera chilena en su período de expansión salitrera hizo fuertes inversiones en el Banco Nacional de Bolivia, el que a su vez realizaba operaciones de conjunto con el Banco de Valparaíso. A partir de la década de 1880-90, los capitalistas extranjeros comenzaron a tener una creciente injerencia en los Bancos y en las Sociedades Anónimas. North fundó “The Bank of Tarapacá and London” con un capital de un millón de libras esterlinas. Los capitales suscritos por los Bancos subieron, como el de Valparaíso, de $ 1.312.500 en 1860 a $ 1.400.000 en 1891 y el Banco Nacional de $ 2.395.000 en 1860 a $ 24.000.000 en 1891. El desarrollo de las Sociedades Anónimas refleja en gran medida las áreas de inversión de capitales en la segunda mitad del siglo pasado. Mientras las Sociedades Anónimas agrícolas se mantuvieron estancadas en once millones de pesos, las relacionadas con la minería crecieron entre 1880 y 1890 de $ 35.530.000 a 60.979.000. En esta misma década las Sociedades Anónimas financieras se duplicaron y el transporte y comunicaciones aumentaron de $ 22.810.000 a 29.493.000.105 103

104 105

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Guillermo Subercaseaux. El sistema monetario y la organización bancaria de Chile, p. 132, Santiago, 1920. Ramón Santelices. Los bancos chilenos, p. 131, Santiago, 1893. Luis Escobar Cerda. El mercado de Valores, p. 52, Santiago, 1959.

Los presidentes liberales favorecieron a los bancos prestándoles parte de los fondos fiscales a un 2% de interés, capitales que los bancos utilizaban para hacer préstamos a los particulares a un 8 ó 9% de interés. Los bancos –decía el ministro Ibáñez– “no hacen sino cambiar la corriente natural de nuestros capitales, que en vez de dedicarse a fomentar la industria nacional en sus múltiples manifestaciones, siguen por el sendero de la usura y de las especulaciones de poco o ningún trabajo”.106

El inicio del proceso inflacionista El proceso inflacionista, iniciado en Chile en la década de 1870-80, se expresó en una sostenida caída del peso: de 45 peniques en 1870 a 24 peniques en 1890. Algunos autores han señalado como causa principal de la crisis monetaria chilena la depreciación de la plata en el mercado mundial y la adopción del patrón oro por los países metropolitanos. A nuestro juicio, la incapacidad de la burguesía criolla para renovar el aparato productivo, la baja de los precios del cobre, plata, trigo y salitre, el acelerado crecimiento de la deuda externa y la penetración del capital financiero extranjero fueron los principales factores que aceleraron el proceso inflacionista. Para contrarrestar los efectos de la baja de precios en el mercado mundial, la burguesía exportadora recurrió al expediente más fácil: presionar al gobierno para devaluar el peso. Las libras esterlinas recibidas por la burguesía en pago de sus exportaciones se valorizaban más que en el pasado al ser convertidas en moneda chilena devaluada. El aumento de los gastos fiscales y, fundamentalmente, la necesidad de atender la creciente deuda externa, presionaron fuertemente a los gobiernos para emprender el camino sin retorno de la depreciación monetaria. Los bancos prepararon las condiciones para provocar la devaluación oficial, al verse obligado el gobierno de Pinto a contratar un empréstito: “Nueve bancos accedieron a dar en préstamo al gobierno $ 2.525.000 por dos años, a un interés de 9% actual, con el privilegio de emitir hasta $ 10.100.000 en billetes por el término de 10 años”.107 El proceso que condujo a la inconvertibilidad de los billetes de bancos ha sido analizado por Daniel Martner en los siguientes términos: El desequilibrio de la balanza comercial y económica trajo como consecuencia una crisis monetaria en el país, pues empezó a exportarse el oro y la plata amonedada en grande escala. Fue escaseando más y más la moneda metálica y subiendo de valor; y se producía una situación que se presentaba para ser aprovechada por los especuladores. 106

107

Citado por Julio César Jobet: Ensayo Crítico del desarrollo económico y social de Chile, p. 82, Santiago, 1955. Frank Fetter. La inflación monetaria en Chile, p. 31, Santiago, 1937.

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La estabilidad del régimen de conservación del billete en valores metálicos era un problema que hacía cavilar y que despertaba en muchos un justo temor. Los apremios habían llevado al gobierno a pedir auxilio a las instituciones bancarias, las que bajo condiciones no siempre equitativas se lo habían otorgado. El poder de independencia del fisco frente a los bancos se iba debilitando y llegó un momento en que no se encontraba otra medida que la de declarar la inconvertibilidad de los billetes de banco como único recurso de salvar la dificíl situación creada al comercio y al país por la falta de medios.108

El 29 de julio de 1878, el gobierno dictaba la ley de inconvertibilidad de los billetes de banco. Las empresas bancarias resultaron directamente favorecidas, porque los billetes emitidos adquirían un curso forzoso, al suspenderse la conversión metálica. Dicho de otro modo, el papel moneda se hizo inconvertible. Para justificar esta medida, los bancos argumentaron que la disminución de sus reservas les impedía la conversión de los billetes, ocultando que poco antes de dictarse la ley de inconvertibilidad los directores del Banco Chile se habían otorgado fuertes préstamos: $ 1.960.019 sobre un capital de 4 millones. Mas todavía, dos semanas antes, los directores de este banco acordaron un dividendo semestral del 6% sobre el capital pagado, dividendo que fue cancelado con los fondos del capital de reserva. Esta descarada especulación agravó la crisis monetaria. El 10 de abril de 1879, en plena Guerra del Pacífico, el gobierno decretaba la primera emisión fiscal de billetes por un total de seis millones de pesos. Nuevas emisiones en 1880 y 1881 por valor de 28 millones de pesos triplicaron el circulante del país, acelerando el proceso inflacionista. Julio Valdés, en sus “Cartas a Pedro Montt”, denunciaba que la crisis “tuvo su origen en un hecho económico, el papel moneda inconvertible, establecido en 1878 por las penurias del erario nacional y mantenido después por las necesidades derivadas de la Guerra del Pacífico. El billete depreciado favoreció al agricultor rico, al hacendado, al magnate; y como éste dominaba en el gobierno, particularmente en el Congreso, cuando las necesidades cesaron y el fisco pudo retirar sus billetes, el régimen de papel moneda subsistió con doloso perjuicio para el resto del país”.109 Los gobiernos de Pinto y Santa María justificaron las emisiones de billetes con el argumento de que eran medidas de excepción adoptadas en tiempo de guerra. Sus promesas de retirar circulante quedaron en palabras. El régimen papelero se mantuvo afectando directamente a los trabajadores y a los sectores medios. La burguesía exportadora fue la principal beneficiaria de la depreciación del peso chileno. Casi todos los historiadores coinciden en responzabilizar únicamente a los terratenientes por la implantación de esta política monetaria. A nuestro juicio, la burguesía minera también estuvo comprometida en esta operación. Obtenía libras 108 109

320

Daniel Martner, op. cit., p. 322. Julio Valdés Canje. Sinceridad. Chile íntimo en 1810, 2 Edición, p. 4, Santiago, 1910.

esterlinas por la venta del cobre y del salitre y pagaba a los trabajadores con pesos chilenos devaluados. Los hacendados –decía Roberto Espinoza– en estos anhelos de depreciación monetaria, han estado siempre acompañados por los mineros del país y, en general, por todos los que han tenido valores que exportar… Los hacendados y mineros estarían muy contentos si el papel moneda valiera solo un penique… Ellos pretenden que el papel moneda valga lo menos posible para obtener por sus productos la mayor suma de pesos… Es de advertir que entre los hacendados y los mineros está una porción muy importante, si no la principal del país, por su posición social y su fortuna, por sus influencias en el gobierno y en la legislatura.110

110

Roberto Espinoza. Cuestiones Financieras, citado por Agustín Ross: Chile 1851-1910. Sesenta años de cuestiones monetarias y financieras, p. 130, Valparaíso, 1910.

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capítulo iv. Las clases sociales

La burguesía La consolidación de la burguesía minera en la zona cuprífera, salitrera y carbonífera, el afianzamiento de la burguesía agraria en la zona central y sur y la expansión de la burguesía financiera durante la segunda mitad del siglo XIX, constituyeron una elocuente expresión del proceso de desarrollo capitalista de la economía chilena. A pesar del retraso en numerosas áreas, las relaciones sociales de producción eran preponderantemente capitalistas en los sectores mas dinámicos de la economía. El régimen del salariado se generalizó no solo en la minería sino también en las principales empresas agropecuarias. Según el listado que publicó Benjamín Vicuña Mackenna en El Mercurio del 26 de Abril de 1882, las fortunas particulares ascendían a 178.500.000 pesos, de las cuales destacaban los Edwards con 33 millones; Carlos Lambert, 15 millones; Isidora Goyenechea de Cousiño, 14 millones; Juan Brown, 10 millones, y los Matte, 9 millones de pesos. El desarrollo desigual y combinado del país se expresó a nivel de la clase dominante criolla en la interacción de los distintos sectores de la burguesía. Los mineros invirtieron parte de sus ganancias en la adquisición de haciendas, mientras que la burguesía agraria colocaba capitales en el comercio, la banca y la minería. Los comerciantes y banqueros invertían a su vez en las empresas mineras y agropecuarias. Ramón Subercaseaux, hijo de un destacado miembro de la burguesía minera, relataba en sus “Memorias” los negocios de tierras efectuados por su padre: Como todos los que habían hecho fortuna en las minas del Norte, mi padre había invertido, en parte, en beneficios de empresas agrícolas del sur. La gran obra que acometió fue el canal de Pirque, empresa magna para aquellos tiempos. Habilitó o mejoró otras haciendas como una en San Francisco del Monte y como la de Colmo en la desembocadura del río Aconcagua.111

Otros miembros de la burguesía minera y bancaria, como Agustín Edwards, invirtieron capitales en las actividades ganaderas, importando caballos y vacunos de 111

Ramón Subercaseaux. Memorias de Ochenta años, t. 1, p. 20 Santiago, 1936.

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raza. Los Ossa, que habían hecho fortuna en el salitre, adquirieron las haciendas de Callangue y Codao en San Fernando. Matías Cousiño, el magnate del carbón, compró haciendas en Melipilla y Rancagua. Los Subercaseaux eran propietarios de fundos en Pirque, Ocoa y Cocalán. Según Encina, los miembros enriquecidos “como Ariztía y Salas, compraban productivas haciendas ubicadas en Coquimbo, que mejoraron considerablemente. Otros, como Juan Garín, Apolinario Soto, José Bruno González y algo más tarde, palacios suntuosos; pero también adquirieron extensos predios erizados y algunos de ellos los transformaron en haciendas cultivadas; convirtieron la plata y el cobre arrancados a las entrañas del desierto en extensas praderas pobladas de animales, en vastas sementeras de trigo y en viñedos de cepas francesas”.112 El ascenso de la burguesía minera se expresó fundamentalmente en el desarrollo de la industria fundidora de cobre y en la explotación de la zona salitrera. El proceso de acumulación de capital realizado por los Edwards, Ossa y Oliva en el salitre permitió en esa área una rápida renovación del aparato productivo. “En el grupo de mineros casi no aparecen los apellidos tradicionales de la aristocracia santiaguina”.113 José Tomás Urmeneta fue el empresario minero más representativo de este período. Hizo su fortuna en la explotación del fabuloso cerro de cobre “El Tamaya”, que rindió más de diez millones de pesos de 45 peniques en veinte años. La industria fundidora de cobre en Guayacán, Tongoy y Los Vilos, promovida por Urmeneta, puede caracterizarse como la empresa capitalista más importante acometida por un sector de la burguesía criolla en el siglo pasado. Urmeneta hizo construir el ferrocarril de Tongoy, habilitó dos nuevos puertos en el norte e invirtió capitales en las empresas carboníferas del sur. Este moderno empresario adquirió también haciendas y viñas en la zona central. La familia Cousiño, enriquecida en la explotación del carbón y la industria fundidora de cobre, quiso dejar memoria de sus fabulosas ganancias construyendo el parque Lota y el Palacio y Parque Cousiño en Santiago. La burguesía minera fundó el 24 de septiembre de 1884 la Sociedad Nacional de Minería. Una de las primeras medidas de esta institución patronal fue crear el 15 de abril de 1886 la Escuela de minería de Copiapó para formar técnicos y especialistas. Las principales reivindicaciones planteadas por esta Sociedad fueron la exención de derechos para las materias primas importadas, como el hierro y el azogue, y maquinarias, como bombas de extracción y motores a vapor. Algunos autores han magnificado el papel “progresista” desempeñado por la burguesía minera en la segunda mitad del siglo pasado. Si bien es cierto que este sector burgués dinamizó en parte la economía del país y promovió a través de sus partidos, 112 113

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Francisco Encina. Historia de Chile, XIII, 474, Ed. Nascimento, Santiago, 1948. Sergio Villalobos. Origen y Ascenso de la Burguesía chilena, p. 50, Ed. Universitaria, Santiago, 1987.

el Liberal y el Radical, medidas tendientes a renovar la superestructura política e institucional, mediante la ampliación de las libertades públicas y la limitación de los privilegios de la Iglesia Católica, no se puede ignorar que, en lo fundamental, la burguesía minera se coludió con los terratenientes para impedir la realización de las tareas democrático-burguesas claves: la reforma agraria y el desarrollo de la industria nacional. La burguesía minera, interesada como los terratenientes solo en la exportación de materias primas, permitió la entrada indiscriminada de manufactura extranjera, la desnacionalización de la Marina Mercante, el proceso inflacionista y el creciente endeudamiento externo, reforzando nuestra condición de país dependiente. En el sector terrateniente se aceleró la diferenciación entre los latifundistas, que seguían utilizando formas retrasadas de explotación, y la burguesía agraria. Esta capa social promovió en algunas zonas un cierto desarrollo del capitalismo agrario, acrecentando la mecanización y las relaciones sociales de producción capitalista. La explotación de las tierras de la Araucanía y el desarrollo de las sociedades ganaderas de Magallanes dio lugar al surgimiento de nuevas capas burguesas en el agro. Los sectores más fuertes de la burguesía agraria eran los molineros, los viñateros, los trigueros y los ganaderos. En Chile ilustrado, Recaredo Tornero señalaba: Una de las haciendas más notables no por su extensión sino por su esmerado cultivo es la de San Nicolás, situada en la provincia de Maule, próxima a Parral. Pertenece al inteligente agricultor don Nicolás Schuth, comerciante de Valparaíso, quien ha conseguido formar de ella una verdadera hacienda modelo planteada al estilo de las mejor cultivadas de Europa y Norteamérica. Este hermoso fundo mide una extensión de mil cuadras de terrenos planos. La siembra se hace con máquinas sembradoras… Pero lo que más llama la atención en este fundo es el gran número y la excelente calidad de sus instrumentos de labranza: dos máquinas a vapor de Ramsoms y Sims, con las que puede arar diariamente seis cuadras; sirven también para aserrar madera y para mover un molino. Dos máquinas de trillas del mismo fabricante; siete máquinas de segar Samuelson. Cuatro máquinas para segar alfalfa de Walter A. Wood. Cuatro sembradoras dinamarquesas. Cien arados americanos, doce de fierro dinamarqueses y seis de fierro ingleses.114

Sin embargo, el desarrollo del capitalismo agrario estuvo limitado a ciertas zonas del país. La mayoría de los latifundistas mantenía formas atrasadas de explotación, dejando miles de hectáreas sin cultivar. Los terratenientes pagaban solamente un impuesto agrícola, cuyo monto era muy reducido. Estaban exentos de los derechos de exportación de su producto y habían logrado liberar de gravámenes a los instrumentos y maquinarias agrícolas importadas. René Le Feuvre comentaba en 1890 que la única “carga que soportaba la propiedad 114

Recaredo Tornero, op. cit., pp. 433-434.

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territorial en Chile es el impuesto agrícola, cuya tasa es la décima parte de la renta. Hoy día este impuesto es una suma fija que se reparte proporcionalmente entre todos los propietarios rurales de la República”.115 Valdés Canje señalaba que “los predios rústicos no pagan al fisco un centavo de contribución y los impuestos municipales son irrisorios; sin embargo, el Estado les ha hecho y les sigue haciendo carreteras y ferrocarriles, a veces carísimos y que solo aprovechan unos cuántos magnates”.116 Los terratenientes fueron los principales beneficiarios de los préstamos concedidos por la Caja de Crédito Hipotecario. Luis Barros Borgoño señalaba que los préstamos otorgados por esta Caja subieron de 5 millones en 1800 a 16 millones en 1897.117 Según Luis Correa Vergara, la Caja de Crédito Hipotecario emitió letras por valor de 82.802.300 pesos entre 1858 y 1897.118 Numerosos terratenientes utilizaban estos préstamos para explotar a los pequeños propietarios, haciendo anticipos en dinero a cuenta de futuras cosechas o “compra en verde”. Otros invertían el crédito en la adquisición de nuevas tierras. Borde y Góngora sostienen que “más que nada el crédito permitió a los grandes propietarios extender sus dominios o constituir otros sin desembolso de dinero. Para ilustrar dicho mecanismo basta el ejemplo de una hacienda cualquiera del valle de Puangue; vendida en 42.540 pesos, solo aportaron al contado sus compradores la suma de 8.540 pesos; el resto, pagable en siete cuotas, tenía como garantía una primera hipoteca; al año siguiente esos mismos compradores contrataban dos empréstitos sobre la base de dos nuevas hipotecas, la una de 150.000 pesos, otorgada con el asentimiento de la Caja, y otra de 21.000, concedida por un particular; ese año, por fin, una cuarta hipoteca les permitió abrir una cuenta corriente en el Banco de Valparaíso”.119 Los terrarenientes, que hasta 1860 habían dependido de las casas comerciales de Valparaíso en lo refente al crédito, promovieron la creación de bancos en las provincias agrarias de la zona central y sur. El Banco de Concepción, fundado en 1871, el de Melipilla en 1878, el de Curicó en 1881, el Banco Agrícola en 1884, el de Bunster en Los Ángeles, se convirtieron en las principales fuentes de crédito para los latifundistas. La Sociedad Nacional de Agricultura, institución patronal fundada en 1838, tuvo un renovado impulso bajo la presidencia de Álvaro Covarrubias al inaugurar la Exposición Nacional de Agricultura. En 1875, se realizó un Congreso Nacional de Agricultores al que asistieron 140 delegados. Las sesiones, presididas por Rafael Larraín Moxó, trataron 115 116 117 118 119

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René Le Feuvre. L’ Agriculture au Chile, p. 14, París, 1890. Julio Valdés Canje. Sinceridad, op. cit., p. 14. Luis Barros B. Caja de Crédito Hipotecario, p. 147, Santiago, 1931. Luis Correa Vergara. Agricultura Chilena, T. I, Santiago, 1938. J. Borde y M. Góngora: Evolución de la propiedad territorial en el valle de Puangue, Santiago, 1956.

temas relacionados con trabajo rural, salarios, la migración de los obreros agrícolas y la situación de los inquilinos, con el fin de encontrar una solución a la falta de brazos para las tareas agrícolas. La Sociedad Nacional de Agricultura llegó a asumir tareas que rebasaban los marcos de una sociedad que aparentaba tener un carácter profesional: “El gobierno entregó a la Sociedad atribuciones específicas de gran responsabilidad; en 1872 le da el carácter de Oficina General de Inmigración; le cede para la colonización territorios en la Araucanía; la autoriza para vender guano a los agricultores y le concede préstamos para que importen maquinaria para su venta a los hacendados”.120 La Sociedad Nacional de Agricultura utilizó esta delegación de poderes de los gobiernos para favorecer a sus asociados con la entrega de vastas zonas en la Araucanía. La apropiación de las tierras del sur por los terratenientes, en detrimento no solo de los mapuche sino también de los pequeños propietarios, y los abusos cometidos en contra de los campesinos, provocaron una fuerte reacción de quienes planteaban la división de la tierra en pequeñas parcelas para asegurar la colonización de la Araucanía. En este sentido, llama la atención la argumentación de Francisco Borja a favor de la entrega de pequeños predios a los colonos del sur: Estudiando de cerca los progresos que hace el comunismo –decía Borja en 1886– en las clases proletarias se ha visto que, en los países de pequeña propiedad, su infuencia no alcanza más allá del recinto de las ciudades manufactureras, y que hay una clase social pobre, pero numerosa, rebelde a la propaganda del socialismo. Esta clase es la de los labradores propietarios… Tiempo es ya de reaccionar contra las injusticias si no queremos ver prender entre nosotros la semilla de la demagogia y el comunismo que hombres ligeros y audaces se han empeñado en los últimos tiempos en sembrar a manos llenas.121

A partir de 1860, se desarrolló en Santiago y Valparaíso un fuerte sector burgués relacionado con las finanzas. Esta burguesía financiera se vio favorecida con la ley de Bancos que permitía la libre emisión de moneda a los particulares dueños de bancos. Los banqueros hicieron grandes negociados con la depreciación monetaria. En el período de expansión del salitre, la burguesía financiera invirtió capitales en el Banco Nacional de Bolivia y prestó dinero a North para que comprara los certificados salitreros peruanos. En rigor, el inglés adquirió grandes explotaciones de salitre con dinero proporcionado por uno de los bancos chilenos más fuertes. Esta operación del Banco de Valparaíso, que facilitó el desarrollo del monopolio inglés del salitre, constituye una de las entregas más ignominiosas de nuestra riqueza nacional cometida por un sector de la clase dominante criolla. 120

121

Gonzalo Izquierdo. Un estudio de las Ideologías Chilenas. La Sociedad Nacional de Agricultura en el siglo XIX, p. 41, Santiago, 1968. Francisco Echeverría. Terrenos Fiscales y Colonizados, Santiago, 1886.

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Otro sector burgués importante, el comercial, centraba su actividad en la distribución de productos manufacturados y maquinarias para la agricultura y la minería. La importación estaba a cargo de las casas mayoristas extranjeras, cuyos grandes edificios aún se conservan en las calles cercanas al puerto de Valparaíso como testimonio de la penetración capitalista foránea. La construcción de grandes obras públicas determinó el surgimiento de un segmento social bajo el alero burocrático. Eran los “gestores” o “patrocinantes” de empresarios que aspiraban a obtener licitaciones abiertas por el Estado. Abogados, parlamentarios y altos jefes de la administración pública acumularon importantes fortunas en estas operaciones. La mayoría de estos gestores “nacionales” estuvo al servicio del capital financiero extranjero, haciendo el papel de intermediarios y testaferros de las empresas foráneas. La burguesía derrochó parte de la plusvalía extraída a los trabajadores chilenos en viajes a Europa, en la construcción de mansiones, como el Palacio Cousiño, y en la compra de artículos suntuarios. Encina comenta que en la década de 1870 “los gastos suntuarios subieron en forma desmedida. Las procedencias francesas, representadas casi íntegramente por artículos de esta naturaleza, alcanzaron la cuarta parte del valor total de las importaciones”.122 La burguesía hizo ostentación de su fortuna a través de la construcción de mansiones. Tornero señalaba en 1872 que: Entre las casas que más llaman la atención (en Santiago) podríamos citar las pertenecientes a la sucesión de D. Francisco Ignacio Ossa, situada en la calle de la Compañía. Es una imitación en miniatura, del grande y magnífico palacio de la Alhambra de España… La casa del general Bulnes, la del almirante Blanco Encalada y la del expresidente Manuel Montt llaman también la atención del forastero por la hermosura de sus fachadas.123

Charles Wiener escribía en 1888: Nos hemos preguntado a qué estilo pertenecen los elegantes hoteles, las mansiones señoriales de Santiago, y no hemos encontrado respuesta satisfactoria. Las principales fachadas están en las grandes calles derechas: citemos la casa toda cubierta de mármol de la Sra. Real de Urzúa, el palacio del Sr. Bonazarte, el palacio Blanco Encalada en estilo Luis XV purísimo, en la residencia del Sr. Arrieta, espléndida villa florentina. El señor Urmeneta ha edificado un castillo, el señor Claudio Vicuña habita una imitación de la Alhambra.124

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Citado por Aníbal Pinto: op. cit., p. 73. Recaredo Tornero, op. cit., pp. 9 y 11. Citado por Gustavo Beyhaut: Raíces contemporáneas de América Latina, p. 70, Buenos Aires, 1964.

Los cuadros de la época constituyen también un testimonio de la riqueza de la burguesía criolla. Alberto Orrego Luco, Pedro Lira, Monvoisin y otros, pintaron matronas burguesas, como Agustina Rojas de Larraín y Trinidad Larraín Moxó, adornadas de lujosísimos pendientes, collares y joyas. El estilo de vida de la burguesía fue agudamente descrito por la literatura de la época, especialmente en las obras de Alberto Blest Gana, José Joaquín Vallejo, Roman Vial, Daniel Barros Grez y otros. El realismo literario de los costumbristas del siglo pasado nos entrega descripciones de la sociedad más penetrantes que los documentos oficiales o los ensayos ideologizantes. No obstante carecer de una concepción política contestataria, sus escritos, basados en una perspicaz observación de la sociedad, son esclarecedores acerca del papel jugado por la clase dominante chilena. Alberto Blest Gana (1830-1920) es uno de nuestros novelistas que ha entregado el mejor cuadro de costumbres del siglo pasado. En Martín Rivas nos presenta las manifestaciones de una clase burguesa en ascenso. Un Dámaso Encina que se casa con doña Engracia Nuñez “más bien por especulación que por amor. Doña Engracia, en ese tiempo, carecía de belleza, pero poesía una herencia de treinta mil pesos, que inflamó la pasión del joven Encina”.125 Don Dámaso invirtió cierto capital en explotaciones mineras. Como otros miembros de la burguesía minera, invirtió parte de las ganancias “en la compra de un valioso fundo de campo cerca de Santiago… Entre nosotros el dinero ha hecho desaparecer más preocupaciones de familia que en la viejas sociedades europeas… Dudamos mucho que éste sea un paso dado hacia la democracia, porque los que cifran su vanidad en los favores ciegos de la fortuna afectan ordinariamnente una insolencia, con la que creen ocultar su nulidad, que los hace mirar con menosprecio a los que no pueden como ellos, comprar la consideración con el lujo o con la fama de sus caudales. La familia de don Dámaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario”.126 En el artículo “Los matrimonios”, del libro Costumbres y Viajes, Blest Gana satiriza el matrimonio burgués y las motivaciones que tenían las mujeres para contraer enlace: Los lujosos vestidos, los encajes fascinantes, las deliciosas alhajas y acaso también, coquetón y elegante, deslumbrador y magnífico, un lindo coche con briosos caballos, porque, en nuestros días de lujo y materialismo, de ostentación y orgullo, ese vehículo y esos animales son famosa palanca en materia de amorosas conquistas… Casi inútil parece advertir aquí que hablamos de las tres cuartas partes de los matrimonios que se efectúan en nuestras sociedades y que excluimos la cuarta parte restante para los matrimonios de amor. ¡No faltará escéptico que nos califique de pródigos al hacer tal excepción!127 125

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Alberto Blest Gana. Martín Rivas, en Obras Selectas, Tomo I, p. 305, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1970. Ibid., Tomo I, pp. 306-307. Alberto Blest Gana. Costumbres y Viajes, p. 11, Santiago, 1947.

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Es uno de sus mejores artículos de costumbres, titulado Los banquetes patrióticos, Blest Gana manifestaba: Nuestro banquete es una prueba de esta conocida verdad: uno que trata de la fraternidad de los hombres con un calor digno de ejemplo; otro que paga a los peones de su fundo valores que solo son admitidos en el bodegón del mayordomo a quien él mismo ha habilitado, perora a favor de la libertad de comercio y de la abolición del estanco, con una elocuencia que le envidiaría cualquier ministro de hacienda.128

La burguesía criolla, que hacía suntuosos viajes a Europa, fue satirizada por Blest Gana en Los Trasplantados. En esta novela se presenta a burgueses latinoamericanos derrochando en París la plusvalía extraída a los trabajadores de nuestro continente. En parte, la capitalización nacional se vio afectada por esta fuga de capitales a Europa. La familia Canalejas, tema central de Los Trasplantados, era la expresión del derroche de las familias burguesas latinoamericanas en París. Una de las principales aspiraciones de esta familia era casar a sus hijos con miembros de la nobleza europea. A los Canaleja “les parecía cursi o, según la genial expresión chilena, siútico con los de su raza… La idea de buscar un titulillo nobiliario, aunque fuera inventado por algún fabricante de abolengos, empezaba a sonreírles como una mala tentación”.129 Blest Gana, que vivió en Europa mucho tiempo, pudo apreciar de cerca las costumbres de la burguesía latinoamericana, sus valores y sus modelos de status social, entregando un relato que constituye un testimonio de inapreciable valor para el estudio del comportamiento de la clase dominante latinoamericana. Un futuro análisis sociológico de la novela chilena, a ser realizado por un equipo de literatos, historiadores y sociólogos, pondrá de relieve, con mayor riqueza que los documentos oficiales, la evolución de la estructura social de nuestros países.

Las capas medias En volúmenes anteriores hemos demostrado la existencia de sectores medios desde fines de la colonia y principios de la era republicana. Su papel social y político se acrecienta durante la segunda mitad del siglo XIX, época en que comienza un proceso de diferenciación más notorio en los sectores medios. Por un lado, la pequeña burguesía, en sentido estricto, propietaria de algún medio de producción o de intercambio comercial, y, por otro, los empleados que solamente perciben un sueldo a cambio de servicios de carácter particular o público.

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Ibid., p. 110. Alberto Blest Gana. Los Trasplantados, Tomo I, p. 41, Ed. Garnier, París, 1904.

El proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades, como Santiago, Valparaíso y Concepción facilitó el desarrollo de una pequeña burguesía urbana, compuesta fundamentalmente por comerciantes minoristas y dueños de talleres artesanales. Hubo también un aumento significativo del número de comerciantes en las ciudades medianas de la zona centro-sur. El auge del cobre y del salitre hizo crecer numerosas ciudades, como Coquimbo, Antofagasta, Iquique, etc., y pueblos mineros que se levantaban y esfumaban al compás de los negocios de la minería. En estos nuevos centros urbanos del Norte y del Sur se instalaron artesanos y comerciantes para atender principalmente las necesidades cotidianas de alimentación y vestuario. La pequeña burguesía rural, que también crece en este período, será analizada más adelante al tratar el desarrollo del campesinado. Las investigaciones realizadas hasta el momento son insuficientes para cuantificar en forma precisa el total de comerciantes. El Censo de 1875 contabiliza 30.000 comerciantes y el de 1885 más de 54.000. Ninguno de estos Censos hace distinción entre grandes, medianos y pequeños comerciantes. Por otra parte, el Censo de 1875 registra 50.114 artesanos, sin precisar cuántos eran dueños de medios de producción. Los sectores medios que vivían de un sueldo crecieron en forma progresiva durante la segunda mitad del siglo pasado. La ampliación de funciones del aparato del Estado determinó un engrosamiento de la burocracia funcionaria. En 1885 había 3.530 empleados públicos. Hubo también un aumento del número de maestros y técnicos; los profesionales sumaban 7.280 en 1875 y 8.041 en 1885. Fue también notorio el crecimiento del número de empleados particulares a raíz de la apertura de nuevas casas comerciales, bancos, oficinas de empresas mineras y agrícolas. El Censo de 1875 registró 10.857 empleados particulares, cifra que ascendió a 22.481 en 1885. Los sectores medios fueron adquiriendo cierta significación política a medida que se redujeron los requisitos para tener derecho a voto.

El artesanado Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo un desarrollo masivo del artesanado como consecuencia del proceso de crecimiento de las ciudades y de la expansión económica general del país. Los requerimientos de la población urbana determinaron el surgimiento de numerosas sastrerías, zapaterías, tabaquerías, herrerías, panaderías etc. El Censo de 1875 registró 50.114 artesanos y el de 1885 más de 320.000, cifra que estimamos exagerada, porque en dicho total no se hizo la distinción entre artesanos propietarios y trabajadores de talleres artesanales. Por ejemplo, el Censo de 1885 indica la existencia de 133.918 sastres y costureras, la mayoría de los cuales no eran artesanos

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dueños de medios de producción, sino obreros y obreras que trabajaban a domicilio. La misma distinción hay que hacer entre los 38.205 hilanderos, 20.200 carpinteros y 16.506 zapateros que contabiliza dicho Censo. Otros sectores artesanales fuertes eran los sombrereros: 2.179; los herreros y cerrajeros: 6.157; mecánicos: 2.092; talabarteros: 1.773; pintores: 1.885; tipógrafos: 1.007; curtidores: 695, etc. Los artesanos se organizaron en Sociedades Mutuales. Se ha considerado a la Unión de Tipógrafos, fundada en 1853, como la primera sociedad de artesanos. Sin embargo, se sabe de la existencia de la Asociación de Artesanos de 1828 y la Sociedad de Artesanos de 1847. Fermín Vivaceta manifestaba haber prestado 870 pesos a esta última entidad. “Es de lamentar –dice Arturo Blanco– que no tengamos más datos de esa Sociedad de Artesanos, que existió el año 1847”.130 Durante las décadas de 1850 y 1860 se fundaron numerosas sociedades mutuales en Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena y otras ciudades. En 1879 había 60 sociedades mutuales. Si bien es cierto que en el siglo pasado existió una estrecha relación entre el proletariado y el artesanado, no debe identificarse, como han hecho algunos autores, la organización artesanal con la del movimiento obrero. En rigor, los artesanos, dueños de pequeños talleres, formaban parte de los sectores medios. El mutualismo era un movimiento reformista, influenciado en parte por algunas ideas del proudhonismo. No planteaba un cambio del sistema sino mejoras dentro del sistema. Los artesanos trataban de defenderse del gran capital mediante el cooperativismo, el fomento del ahorro y las sociedades de socorros mutuos. Los objetivos de las sociedades mutuales estaban limitados a dar beneficios en caso de enfermedad, jubilación o muerte. El Estatuto de la Unión de Tipógrafos, aprobado en 1874, establecía en su artículo 15: Los socios activos tienen derechos para percibir de la Sociedad mientras estén enfermos e imposibilitados de trabajar, médico, botica y una pensión diaria de cuarenta centavos. Art. 22: el socio que hubiere permanecido en la Sociedad quince años y pagado las cuatro cuotas semanales adquiere el derecho del jubilado con el goce de los beneficios que tiene adquirido.131

Las sociedades mutuales también protegían a los operarios contratados a jornal por los dueños de los talleres, siempre que estuvieran asociados y pagasen la cuota de 20 centavos semanales. Otras sociedades, como la de los sastres, establecían un ahorro voluntario de un 10% del salario semanal para los mismos fines. El mutualismo contribuyó a agrupar a los trabajadores para discutir sobre problemas sociales e inculcarles los principios elementales de organización. Sin embargo, su 130 131

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Arturo Blanco A. Vida y Obras de Fermín Vivaceta, p. 99, Santiago, 1924. Unión de Tipógrafos: Estatutos y Reglamentos, pp. 31-32, Santiago, 1874.

ideología retardaba el pleno desarrollo de la conciencia de clase proletaria. A principios del siglo XX, el proletariado chileno logró superar los estrechos marcos del mutualismo al fundar organizaciones de clase, como las Mancomunales. La ideología del mutualismo se reflejó en las posiciones de su principal exponente: Fermín Vivaceta. Fundador de la Sociedad de Socorros Mutuos en 1862, denominada posteriormente Sociedad de Artesanos de la Unión, se inició como ebanista y llegó a ser arquitecto. Alentó la creación de cooperativas de consumo y de compra de materias primas para los talleres artesanales. Promovió la formación de bibliotecas y escuelas vespertinas invitando en calidad de expositores a ideólogos de la burguesía liberal, como Vicuña Mackenna, Lastarria, Francisco Valdés Vergara, etc. Había una estrecha relación entre los dirigentes del mutualismo y los teóricos de los partidos liberal y radical. Un discurso pronunciado por Vivaceta en 1887 expresa inequívocamente la ideología de conciliación de clases del principal líder del mutualismo: “El laborioso obrero, el honrado comerciante, el activo industrial y el acaudalado capitalista, todos encuentran en el sistema societario la fuente inagotable que derrama recursos para mejorar la condición del pobre y acrecentar la fortuna del rico. El espíritu de asociación establece relaciones entre todas las clases de la sociedad”.132 Una de las principales preocupaciones de los artesanos fue impulsar leyes proteccionistas para la defensa de sus intereses profesionales. Ante la entrada masiva de manufactura extranjera que hacía competencia a ciertos productos nacionales elaborados en los talleres artesanales, el movimiento mutualista se puso a la cabeza de la lucha por el proteccionismo. Los artesanos organizaron en 1877 una concentración a la que asistieron unas 1.000 personas: Dos han sido, según El Ferrocarril y El Independiente, las conclusiones adoptadas en el mitin obrero de esta capital: pedir liberación de derechos para veinte materias primas y la reforma de la Ordenanza de Aduanas en un sentido de franca protección y nombrar un comité que presente esas bases al gobierno y lo excite para que proteja la industria.133

El autor de este comentario, Marcial González, propagadista de la teoría librecambista, se oponía al movimiento proteccionista de los artesanos con los siguientes argumentos: Pedís con calor inusitado que se liberen de derechos 20 materias primas y que se graven los artículos similares de procedencia extranjera. Es decir, el sastre pide que se grave la ropa, el ebanista los muebles, el zapatero los calzados, el carrocero los coches, el vinicultor los vinos, el tonelero las vasijas, etc. Pero a este paso la aduana se hace inútil,

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Arturo Blanco, op. cit., p. 23, Santiago, 1924. Marcial González. Los obreros chilenos ante la protección y el libre cambio, con el seudónimo de Ignotus, en Estudios Económicos, Santiago, 1889.

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los ocho millones que produce se evaporan y no tendremos cómo cubrir el gasto público ni los intereses y amortización de nuestra deuda.134

Como puede apreciarse, Marcial González expresaba la tradicional política económica de la burguesía criolla: permitir la entrada indiscriminada de manufactura extranjera para aumentar las entradas aduaneras, a costa del desarrollo de la industria nacional. En el plano político, los principales dirigentes del mutualismo, estrechamente relacionados con las logias masónicas, eran miembros del Partido Radical o Liberal. Algunos líderes, como Juan Agustín Cornejo, contribuyeron en 1887 a la formación del Partido Democrático, cuyo programa expresó con mayor fidelidad el pensamiento del mutualismo. No obstante su ideología reformista, los artesanos participarán en importantes luchas sociales y políticas, minimizadas por la mayoría de los historiadores. Para su estudio, no debe confundirse movimiento social artesano con organizaciones o instituciones gremiales, ya que mucho antes que éstas existieran, hubo lucha y participación de los artesanos en los procesos políticos. En Chile, tuvieron presencia durante la revolución anticolonial por la Independencia, especialmente en la época de la Reconquista respaldando los combates de Manuel Rodríguez. Posteriormente, en los movimientos políticos de la década de 1820 y 1830 incorporándose a la “Sociedad Caupolicán”, promovida por Manuel Guerrero. En 1846, el tipógrafo Santiago Ramos publicó dos periódicos: El Duende y El Pueblo, de tinte claramente rebelde. La Sociedad de la Igualdad (1850) –que hemos analizado en el tomo III– estuvo integrada mayoritariamente por artesanos, entre los cuales sobresalía el maestro sombrerero Ambrosio Larracheda, el zapatero Manuel Lucares y los sastres Cecilio Cerda y Rudecindo Rojas. La directiva de la Sociedad de la Igualdad estaba compuesta por 6 artesanos y 5 intelectuales, de los cuales los más destacados eran Bilbao y Arcos. Iniciada la Revolución de 1851, los primeros combates de La Serena fueron dirigidos por artesanos, como José María Covarrubias y Rafael Salinas, ambos carpinteros, y el sastre Manuel Vidaurre, quienes crearon un organismo de poder popular llamado Consejo del Pueblo. Similar participación de artesanos se dio en la Revolución de 1859.135 El Centro de Artesanos y Obreros, encabezado por Pedro Pablo Zapata, se apoderó del cuartel de Copiapó. En San Felipe, los artesanos tomaron la ciudad, resistiendo 14 días al Ejército. En Valparaíso, el peluquero Valenzuela, al frente de varios artesanos, se apoderó de la Aduana. En Talca, sectores artesanos respaldaron la toma de la ciudad por el trabajador 134 135

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Ibid., p. 346. Luis Vitale. Las guerras civiles de 1851 y 1859 en Chile, Univ. de Concepción, 1971.

molinero Ramón Vallejo, durante varias semanas. En Concepción, el periódico El Amigo Pueblo, dirigido por Rosario Ortiz, lanzaba la siguiente proclama: “Compañeros artesanos, no nos dejemos arredrar por los preparativos hostiles de la autoridad. Son impotentes contra la opinión general expresada de todo un pueblo”.136 Pronto se organizaron las milicias, que según un testigo de la época, Aníbal Pinto, estaban compuestas “en su mayoría por artesanos”.137 En el ataque a Concepción “murieron algunos artesanos conocidos, entre ellos Montiel, que quedó en el campo de batalla con nueve balazos. Tenía fama de valiente y mostró merecerla”.138 Como otra muestra de que puede existir movimiento social sin que previamente se hayan creado organizaciones o instituciones, tenemos la participación activa de sectores de artesanos en numerosos procesos políticos de América Latina. En Venezuela, el periódico El Artesano llamó a apoyar al caudillo popular Exequiel Zamora en la Guerra Federal de 1859-63. Los talabarteros de Santa Rosalía y los sastres y albañiles de San Juan y Caracas se integraron a esta guerra social, que en un momento llegó a controlar más de la mitad del país.139 El combate de artesanos alcanzó su más alto nivel en Colombia, donde se instauró en 1854 la denominada República de Artesanos, en alianza con el general José María Melo, de tendencia jacobina.140 Ante el rechazo de sus peticiones, los artesanos iniciaron un proceso revolucionario el 1 de abril de 1854. Más de 500 artesanos recibieron armas en los cuarteles de Bogotá y Cali, a través de la Sociedad Democrática. Después de 8 meses de lucha, la insurrección popular fue derrotada y el líder de los artesanos, Miguel León, muerto en combate. En Bolivia también se dio un poderoso movimiento social de los artesanos que rebasó los marcos gremiales. Estimulados por el presidente popular Manuel Isidro Belzú (1848-1855), se organizaron los carpinteros y sastres, editando los periódicos El Cholo y El Revolucionario en respaldo de las medidas de Belzú a favor de la industria artesanal nativa. En las últimas décadas del siglo XIX, sectores de artesanos comenzaron a generar una corriente en busca de una sociedad alternativa al capitalismo, convencidos de que bajo este sistema, ya en su fase monopólica, nunca iban a lograr las medidas proteccionistas en favor de su pequeña industria. Encontraron entonces apoyo en el 136 137

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El Amigo del Pueblo, Concepción, 19-4-1858. Carta de Aníbal Pinto al general Cruz, 16-2-1859, reproducida por Agustín Edwards: Cuatro Presidentes de Chile, tomo I, p. 183. Valparaíso, 1932. Ibid., p. 183. Elis Mercado. “Antecedentes del movimiento obrero venezolano”, Rev. Semestre Histórico, Nº1, enero-junio 1975, p. 130, UCV, Caracas. Jaime Jaramillo U. “Las Sociedades Democráticas de Artesanos”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Nº 8 Bogotá, 1976.

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ideario anarquista, que comenzaba a irradiar su influencia en la mayoría de los países latinoamericanos. Siguieron poniendo énfasis en la necesidad de la “asociación”, del cooperativismo, el ahorro, los socorros mutuos y la educación profesional funcional al trabajo. En Chile –señala Eduardo Devés– “las sociedades de artesanos de la segunda mitad del XIX manifiestan, a través de su pensamiento, diversas iniciativas cercanas al socialismo: la asociación de los trabajadores, la organización cooperativa, la petición al Estado de una planificación educacional, el afán de una práctica autónoma y de clase. Sin embargo, esto no llega a conformar un pensamiento que se plantee como alternativa coherente al liberalismo ni como proyecto económico opuesto al capitalismo… En todo caso el pensamiento del artesanado tiene en cuenta la crítica a la política librecambista y a la penetración económica extranjera de manera mucho más fuerte que los socialistas y los anarquistas posteriores, quizá hasta 1920”.141 El propio Fermín Vivaceta, dentro de su moderación política, llegó a decir en 1877: el anhelado “sistema proteccionista de los gobiernos para mejorar la condición de los trabajadores es otra esperanza más lejana e imposible… Sabemos que la constitución y las leyes de la República de Chile se fundan en la más amplia libertad industrial”.142 A fines de siglo, un sector de artesanos fue radicalizando su pensamiento y su práctica social hasta incorporarse al anarquismo y a los primeros grupos socialistas. Otro se mantuvo en la corriente mutualista, llegando a tener fuertes roces con las Mancomunales y Sociedades en Resistencia.

El proletariado Según la mayoría de los historiadores, el proletariado chileno habría surgido recién en la segunda mitad del siglo XIX. En volúmenes anteriores, hemos demostrado que los primeros núcleos proletarios surgieron a principios del siglo XVIII con la implantación del régimen del salariado en las minas del Norte Chico. Este sector obrero se consolidó durante la primera mitad del siglo XIX a raíz del auge de las explotaciones de plata y cobre. En esa época surgieron nuevas capas proletarias en la industria molinera, en algunas empresas agrícolas de la zona central, en el carbón y en la construcción de las vías férreas. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un significativo aumento del proletariado como consecuencia del desarrollo de las relaciones sociales de 141

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Eduardo Devés V. “El pensamiento de Fermín Vivaceta y del Mutualismo en la segunda mitad del siglo XIX”, en Rev. Estudios Latinoamericanos, Nº 1, p. 105, Santiago, 1987. Fermín Vivaceta. Unión y Fraternidad de los trabajadores, Valparaíso, 1877, p. IV, cit. por E. Devés: op. cit., p. 92.

producción capitalista en diversas áreas de la economía. El hecho más relevante fue el afianzamiento del proletariado minero en las explotaciones de plata y cobre, en la industria fundidora de cobre y, fundamentalmente, en el salitre. Hubo también un aumento del número de obreros carrilanos, que trabajaban en la construcción de las vías férreas. Se registró, asimismo, un crecimiento del proletariado rural como resultado de un relativo desarrollo del capitalismo agrario. A fines del siglo pasado surgieron nuevas capas de obreros agrícolas en la zona sur, a raíz de las explotaciones ganaderas especialmente de ovejas en Magallanes y del desarrollo de los aserraderos en la región de la Frontera. Entre 1870 y 1890 surgieron los primeros núcleos del proletariado industrial. Las estadísticas de población activa del Censo de 1885 son de escasa utilidad para precisar el número de obreros porque agrupan en un mismo rubro al proletariado y al artesanado, a los obreros agrícolas con los pequeños propietarios. La cifra más aproximada que entrega dicho Censo es 9.600 jornaleros sin precisar el sector de trabajo, 7.842 albañiles, 2.335 fleteros y lancheros, 586 maquinistas, 326 calderos y 746 fogoneros. El Censo de 1885 tampoco permite deducir el número de obreros agrícolas porque no hace la distinción entre proletariado rural, inquilinos, medieros y pequeños propietarios. Por otra parte, la cifra global de 320.863 de artesanos, industriales y oficios varios impide precisar el número de obreros y obreras empleados en los talleres artesanales. La falta de estadísticas no permite señalar con exactitud el número de miembros de cada sector proletario. Sin embargo, se puede hacer un cálculo aproximado utilizando las apreciaciones de ciertas fuentes de la época. Ignacio Domeyko sostenía que en 1875 trabajaban 32.997 obreros en las minas de plata y cobre. Según Enrique Concha y Toro, autor de un Estudio sobre el carbón fósil de Chile, en 1874 trabajaban 6.415 obreros en las explotaciones de carbón. El proletariado salitrero aumentó de 2.848 en 1880 a 13.060 en 1890. Los obreros portuarios y marítimos, según El Ferrocarril del 25 de febrero de 1874, sumaban cerca de 10.000. El número de obreros fabriles de la pequeña y mediana industria fluctuaba entre 5.000 y 10.000 en 1890. Resulta difícil calcular el número de obreros carrilanos, porque su trabajo no era permanente. Se sabe que en la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso llegaron a trabajar unos 10.000 obreros. Tampoco es posible precisar la cantidad de obreros que trabajaban en otras obras públicas. De todos modos, se podría adelantar como cifra provisoria unos 100.000 obreros a fines del siglo pasado en Chile. El régimen del salariado se generalizó en la actividad económica fundamental del país: la minería. Marcelo Segall ha demostrado que la forma preponderante de pago era la ficha salario: “En la medida que el capitalismo chileno se fue desarrollando, aumentó la frecuencia y la variedad de las fichas salarios. Primero en la plata y en el

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cobre. Después en los ferrocarriles particulares. Siguió en los embarques y fletes. Más adelante, en la agricultura mayor. Se amplió su uso a las minas del carbón y en las fundiciones de cobre”.143 El régimen de la ficha redoblaba la explotación, por cuanto la burguesía obligaba a los trabajadores a comprar a precios especulativos los alimentos y vestimentas en las pulperías de los propios empresarios. Los salarios variaban entre 20 centavos y un peso diarios. En las minas, los barreteros ganaban un poco más. Según Tornero, en 1870 el promedio de los salarios era de 60 centavos diarios. Se trabajaba a destajo y por jornada. Los patrones demoraban dos y tres meses en el pago de los salarios, entregando anticipos en vales solamente canjeables en las pulperías de las empresas. Los abusos cometidos en la explotación del trabajo de los niños obligaron al gobierno a incorporar una cláusula en el proyecto de Código de Minería de 1874 en el sentido de fijar doce años como mínimo la edad para empezar a trabajar. La huelga –como arma de los trabajadores para enfrentar los abusos patronales, el mal trato y los bajos salarios– se generalizó en la segunda mitad del siglo pasado. Si bien es cierto que durante la época de los decenios se produjeron movimientos de protesta y rebeliones obreras, como la de Chañarcillo en 1834 y la de los mineros de Lota y Coronel en 1859, no se había generalizado la práctica de la huelga. Es necesario distinguir entre las huelgas de los obreros y las huelgas promovidas por los dueños de los talleres artesanales. Hacemos esta diferenciación porque algunos investigadores han cometido el error de incluir en un mismo listado las huelgas de los artesanos propietarios con las del proletariado. Las huelgas de los dueños de talleres artesanales, como los panaderos, sastres, zapateros, herreros, etc., se realizaban en defensa de sus intereses de pequeños propietarios, relacionados con mejores precios para los artículos que elaboraban. En cambio, los movimientos huelguísticos del proletariado atentaban en mayor o menor grado contra el régimen capitalista de explotación. A la vanguardia de estos últimos estuvieron los obreros del cobre durante las décadas de 1860 y 1870 y, posteriormente, los del salitre, portuarios y obreros de la construcción. Los movimientos huelguísticos alcanzaron su apogeo entre 1884 y 1890. Las principales luchas del proletariado salitrero se produjeron en Sierra Gorda (Antofagasta) y Mejillones en 1884, Santa Rosa de Huara (Iquique) en junio de 1888, Mina Paniso en 1889, Sierra Gorda en marzo de 1889. Los obreros del cobre y la plata realizaron movimientos en Copiapó en marzo de 1888, mina Rodeíto en febrero de 1889, fundición Guayacán en diciembre de 1889. Los trabajadores del carbón efectuaron huelgas en septiembre de 1887 en Coronel, en septiembre de 1888 se rebelaron en Lota. El periódico La Libertad Electoral informaba que las turbas “asaltaron y tomaron el 143

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Marcelo Segall. Biografía de la ficha salario. Rev. Mapocho, tomo II, Nº 2, 1964, separata, p. 5.

cuartel de policía que destrozaron y trataron de incendiar. No lo consiguieron sino en la parte destinada a caballerizas; atacaron las casas de Comercio de Waldner y Copelli y las desvalijaron por completo”.144 Las huelgas de los jornaleros de los puertos, especialmente del Norte, eran temidas por la burguesía porque dejaban paralizados los embarques de salitre. Hernán Ramírez145 ha registrado las huelgas de los lancheros de Pisagua en septiembre de 1885, de los fleteros de Iquique en 1886, de los lancheros del Iquique en mayo de 1887, de los jornaleros de Pisagua en junio de 1887, de los jornaleros del Iquique en septiembre de 1887, de los fleteros de Arica en enero de 1888, de los jornaleros de Pisagua en septiembre de 1889 y de los obreros de Playa Blanca (Antofagasta) en noviembre de 1889. Un diario burgués informaba sobre el movimiento de septiembre de 1887 en Iquique: “El gremio de jornaleros se declaró en huelga hoy negándose sus miembros a trabajar, mientras permanezca a su cabeza el comandante actual. La generalidad del pueblo simpatiza con los huelguistas. Movimiento en la aduana completamente paralizado y acusando grandes pérdidas a los comerciantes y productores de salitre”.146 Los ferroviarios y carrilanos realizaron huelgas en Santiago en julio de 1888, en Caldera y Copiapó en enero de 1889, en Laraquete en marzo de 1889, en Talca y Constitución en abril de 1889, en Los Andes en mayo de 1889, en Huasco en junio de 1889 y en Concepción en diciembre de 1889. Los obreros de los talleres artesanales también realizaron huelgas importantes. Algunas, como las de los operarios de panaderías, se extendieron a varias provincias entre julio y agosto de 1888. La Libertad Electoral del 21 de julio y El Heraldo de la misma fecha comentaban: “Hoy termina el plazo dado por los trabajadores a los dueños de panaderías. Si no se les aumenta el salario siguen la moda de estos tiempos, se declaran en huelga”. Los obreros de varios diarios de Santiago y Valparaíso realizaron combativas huelgas en julio de 1888. Los cajistas, a los cuales se les pagaba por el mil de letras, se pusieron a la cabeza del movimiento. En la mañana de hoy –comentaba un periódico– los tipógrafos de esta imprenta se resistieron a trabajar. Para hacerlo pedían se les asegurara un jornal de treinta centavos por el mil de letras en lugar de veinticinco que se les pagaba. Igual cosa ha sucedido en otros diarios. Habían pedido en la semana pasada un aumento de un 40% sobre sus salarios a los diarios de la mañana y 20% a los de la tarde. Reunidos los editores, excepto el de El Ferrocarril y director del Diario Oficial, acordaron conceder una gratificación semanal equivalente a la mitad de lo solicitado a los tipógrafos que hubieran trabajado 144 145 146

La Libertad Electoral, 4 de septiembre de 1888. Hernán Ramírez N. Historia del Movimiento Obrero. Siglo XIX, pp. 282-284, Santiago, 1955. La Libertad Electoral, 21 de julio de 1888.

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los días de la semana y una igual a un cuarto de los que asistieron menos tiempo. Así estaban las cosas cuando esta mañana sin que mediara una palabra, estos señores se negaron a trabajar si no se les pagaba lo que pedían. No era posible ceder…147

La huelga terminó cuando los patrones aceptaron pagar 27 centavos y medio por el mil de letras. A la semana siguiente, se declararon en huelga los “canillitas”, vendedores de El Mercurio de Valparaíso, exigiendo que se les vendiera el diario a tres centavos en vez de cuatro. La Revista Económica, dirigida por el conservador Zorobabel Rodríguez, hizo un balance de las huelgas de 1888, caracterizándolas de comunistas y presentándolas como “el fenómeno del año”: Los optimistas, los satisfechos han declarado entre sonrisas que el malestar económico no existía en esta Arcadia que se llama Chile, y que las visiones lúgubres habían desaparecido por completo, cediendo su puesto a graciosas nubes de oro y azul. Otros ánimos han pensado, por el contrario, que el movimiento comunista no había desaparecido, sino simplemente abortado, y que si no se deseaba verlo en adelante viable y robusto, era menester reflexionar seriamente e impedir su nueva aparición.148

La primera huelga general El movimiento huelguístico alcanzó su culminación en 1890. Marcelo Segall ha sido el primer investigador capaz de apreciar el significado de este proceso social. El movimiento de 1890 puede caracterizarse como una huelga general escalonada que comenzó en el Norte y se extendió hasta la zona de Concepción. En rigor, no fue una huelga general simultánea en el país, sino una serie ininterrumpida de huelgas por gremios y provincias. Los motivos de la huelga fueron aumentos de salarios, supresión de la ficha salario, pago del salario en moneda de plata en lugar de papel moneda para contrarrestar la inflación y mejores condiciones de trabajo. Los lancheros de Iquique iniciaron la lucha el 2 de julio de 1890 con una concentración de 5.000 personas. El 4 de julio de 1890, El Mercurio publicaba un telegrama recibido de Iquique: Graves desórdenes en Iquique. Choque de la tropa y bomberos con el populacho, 38 heridos. La huelga de los lancheros y trabajadores toma proporciones inmensas. Grupos numerosísimos recorren las calles atajando los coches y vehículos impidiendo todo

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Ibid., 16 de julio de 1888. Revista Económica, artículo de J. Larraín, Año II, t. III, p. 437, Santiago, 1888.

trabajo. El gremio de los jornaleros, que toma parte en la huelga, exige el pago de sus sueldos en plata.149

La huelga se extendió el 17 de julio a toda la provincia de Tarapacá, a las oficinas de San Donato, Ramírez, Tres Marías, Sacramento, San José, Peña chica, Constancia, Mercedes, Rosario, etc., abarcando a unos 10.000 obreros de las salitreras y a los portuarios de Pisagua. Los obreros expropiaron las pulperías y cortaron las vías del ferrocarril de Iquique para impedir la llegada de tropas. Las fuerzas represivas mataron a varios trabajadores. El 16 de julio se plegaron los portuarios de Arica. El 11 de julio estalló el paro en Antofagasta, encabezado por ferroviarios. Las manifestaciones, que llegaron a contar con 3.000 huelguistas en esta ciudad, fueron reprimidas por el Ejército, registrándose numerosos muertos y heridos. El 21 de julio comenzó la huelga en Valparaíso. Los obreros de la compañía Sudamericana de Vapores se pusieron a la cabeza del movimiento, recibiendo de inmediato el apoyo de los portuarios y panaderos. En la tarde de ese día, casi todos los trabajadores de Viña del Mar y Valparaíso estaban en huelga. El ataque de las fuerzas represivas culminó con la masacre de 12 muertos y 500 heridos. El balmacedista Julio Bañados señalaba que los trabajadores “pretendían que se les pagara en plata o su equivalente en billetes y la suspensión definitiva del 25% que se descuenta a los jornaleros por derecho a muellaje y el 12% para la Caja de Aborros… Los Huelguistas se derramaron por la ciudad en pequeños grupos y saquearon siete casas de prendas, treinta despachos, tres almacenes de provisiones, una tienda, una fábrica de fideos, una de galletas, una carnicería, una panadería, un café y una cigarrería. La policía y la tropa de línea, en defensa de la propiedad, se vio obligada a hacer uso de la fuerza, por cuya razón hubo doce muertos y muchos heridos. La hora crítica del pillaje fue desde las 2 p.m. del día 21 hasta la una y media de la mañana del 22. En los días 22 y 23 los desórdenes fueron más aislados y de menores consecuencias. El gobierno envió en el acto al general Valdivieso que fue nombrado comandante general de Armas y las tropas necesarias para salvar la ciudad del desastre que la amagaba. Para cualquier evento se ordenó que estuvieran listos trenes para el envío del Buin y abierto día y noche el Telégrafo”.150 A pesar de la represión, la huelga de los lancheros, jornaleros, panaderos y mecánicos continuó varios días. El movimiento huelguístico se extendió durante el mes de julio de 1890 a Santiago, Quillota, Talca, Lota y Coronel. Los diarios y políticos burgueses usaron toda clase de epítetos contra los trabajadores, acusándolos de vándalos, ladrones y pillos y azuzando a las Fuerzas Armadas a una represión más generalizada. 149 150

El Mercurio, de Valparaíso, 4 de julio de 1890. Julio Bañados Espinosa. Balmaceda. Su gobierno y la Revolución de 1891, Tomo I, pp. 517 y 518, París, 1894.

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Según algunos autores, el presidente Balmaceda habría intentado frenar la represión. Sin embargo, la masacre de obreros fue el motivo principal para que los trabajadores no respaldaran al Gobierno con ocasión de la guerra civil desencadenada por reaccionarios y proimperialistas, seis meses después del movimiento obrero de 1890 que se inscribe en la historia social de Chile y de América Latina como la primera huelga de carácter general. La huelga de 1890 fue netamente proletaria. Abarcó a miles de obreros que por primera vez lograron coordinar un movimiento huelguístico de alcance nacional. La experiencia de lucha adquirida por las nuevas capas obreras en esta huelga forjó una conciencia de clase que a principios del siglo XX se traduciría en la creación de las Mancomunales, antesala de la FOCH. Otra relevante manifestación de los explotados fue la lucha callejera desencadenada en Santiago, a raíz del mitin del 20 de abril de 1888 convocado por el Partido Democrático para protestar por el alza de las tarifas tranviarias de la Compañía del Ferrocarril urbano, perteneciente a Eduardo Matte y Agustín Edwards. La manifestación alcanzó a reunir a unos 6.000 participantes. El gobierno de Balmaceda, interesado en obtener el apoyo popular para enfrentar los ataques de la oposición, prometió solucionar el problema a los dirigentes del Partido Democático. La intransigencia de la empresa obligó a convocar a una nueva concentración en la Alameda para el 29 de abril. La indignación popular se canalizó en el incendio de varios carros de la Compañía. Los trabajadores se apoderaron de las calles de Santiago hasta que las tropas del Ejército los obligó a replegarse. La prensa comentaba: Extraño aspecto presentaba la Alameda poco después de las 5. De trecho en trecho se veían hogueras apagadas, minas y espirales de humo. Las pobladas se habían reunido otra vez después de ejecutar sus hazañas, en todo el espacio comprendido entre las calles de Arturo Prat y Duarte. Al mismo tiempo que los hombres llegaban a aquel sitio, una compañía del regimiento de cazadores a caballo y toda la tropa disponible de los batallones Buin, 4º y 7º de línea. Toda la tropa se desplegó en guerrilla a lo largo de la Alameda para repeler a la gente que a medida que avanzaba la noche aumentaba en número.151

Cuarenta personas, entre ellas varios dirigentes del Partido Democrático, fueron encarceladas. La mayoría de los periódicos acusó de demagogos a los dirigentes de este movimiento. Otros se dieron cuenta de que la protesta de los explotados obedecía a profundos problemas sociales; en ese sentido, El Estandarte Católico comentaba:

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La Libertad electoral, 30 de abril de 1888.

Los violentos ataques contra la propiedad que ha presenciado la capital de la República suministran material abundante de reflexiones a los hombres pensadores. Se engañaría el que viese ese ataque organizado y premeditado contra la empresa del ferrocarril urbano un efecto pasajero de la exaltación popultar que se embravece contra la terquedad de los empresarios como la ola contra el peñón que le opone resistencia. En estas manifestaciones violentas del furor popular se ve algo más que un arrebato momentáneo, se ven los primeros síntomas del socialismo, que al presente hace estragos en casi todos los países europeos, que parecía no hallar aquí tierra en que arraigarse. Los sucesos de ayer son manifestaciones de descontento de la clase proletaria contra los dueños de la fortuna.152

Esta manifestación de los trabajadores de Santiago, en abril de 1888, puede caracterizarse como la primera expresión de lucha callejera de las nuevas capas del proletariado urbano. A partir de esa época, las luchas callejeras serán en la historia social de Chile una de las armas principales de combate de los explotados. A su vez, la burguesía adquirirá conciencia del peligro que encierra para el régimen este tipo de lucha y formará cuerpos armados especializados para reprimir las manifestaciones callejeras de la clase obrera. En este período, los trabajadores no habían logrado crear aun su propio partido de clase. El Partido Democrático, fundado en 1887, era un partido pequeño burgués reformista, que expresaba los intereses del artesanado, de algunos estratos medios y, en forma distorsionada, las aspiraciones del proletariado.

Pensamiento social Existían, asimismo, instituciones de carácter reformista, como la Sociedad Unión Republicana del Pueblo, fundada en Santiago a fines de 1864 por Ambrosio Larracheda, antiguo igualitario; la Sociedad Escuela Republicana creada en 1868; la Sociedad Republicana “Francisco Bilbao”, fundada en Valparaíso en 1873; el Club Obrero, creado en 1873 en Santiago. Estos organismos abrieron bibliotecas populares, cooperativas y centros de cultura, a los cuales concurrían los artesanos y obreros a adquirir las primeras experiencias de organización y de conocimiento de la lucha social. Algunos investigadores tienen la tendencia a otorgar un carácter socialista a estas instituciones, así como han magnificado las ideas de los pensadores sociales de la época. Se ha llegado a caracterizar a Martín Palma y Jenaro Abasolo como socialistas utópicos cuando en realidad expresaban pensamientos reformistas. Martín Palma, escritor de la segunda mitad del siglo pasado, reconocía que “las riquezas acumuladas por el propietario, el industrial o el comerciante no son solo 152

El Estandarte Católico, 30 de abril de 1888.

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el fruto de su inteligencia o de su industria, sino principalmente del trabajo de los demás”,153 pero a continuación señalaba que “el universo está dividido y fraccionado en propiedades: al pobre no le es dado tocar el bien ajeno, la ley lo manda. Nada hay más santo ni legítimo que la propiedad, pero se ha extendido el derecho de ésta más allá de los límites debidos. Nosotros, lejos de combatir, la defendemos pero siempre seremos contrarios a su abuso”.154 Martín Palma no solo era defensor de la propiedad privada sino partidario del librecambio y del gobierno de Manuel Montt, a quien defendió de los ataques de las corrientes radicales que encabezaron el estallido revolucionario de 1859. Jenaro Abasolo, nacido en Santiago en 1833 y muerto en 1884, apostrofaba a los ricos en 1872: “¿Y quién os dio a vosotros el tiempo de cultivar su inteligencia? Fue el pobre que trabaja por vosotros y dejó de cultivar su inteligencia porque estaba condenado a trabajar o a morir. Salid vosotros de Chile, ¿que habrá perdido la economía del país’? Nada. Pero que salgan todos los pobres de Chile ¿a qué quedan reducidos vuestros campos, vuestras haciendas, vuestras ciudades? A cero”.155 Sin embargo, Abasolo, adherido a la masonería, no llevaba su denuncia social hasta las últimas consecuencias. Solo planteaba reformas al régimen capitalista. Se opuso a la Comuna de París de 1871, primera experiencia mundial de conquista del poder por parte del proletariado, manifestando al respecto: “Pero nada de comunismo francés aquí”.156 Solamente planteaba “fuertes contribuciones al capital y a la renta para educar al pueblo”.157 El análisis de conjunto de las obras de Palma y Abaloso nos conduce a sostener que sus posiciones políticas eran la expresión de una ideología reformista. Ciertos autores han idealizado el papel de estos pensadores, hombres de avanzada para su tiempo, pero de ninguna manera partidarios de la transformación socialista. Ramón Picarte estuvo más cerca del socialismo utópico al preconizar en 1866 la creación de un falansterio en Chillán, inspirado en las ideas de Fourier. La Iglesia Católica y el Partido Conservador, rivalizando con la masonería, trataron de desviar a los trabajadores chilenos de la lucha social revolucionaria, organizando –como decía el político conservador Carlos Walker Martínez– “círculos obreros al nivel de los mejores de Europa, clubes populares permanentes, donde se dan trabajo y honradas distracciones a los artesanos, sociedades de piedad cristiana en multitud considerable, que tiene ramificaciones en toda la República.158 153

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Martín Palma. El cristianismo político o reflexiones sobre el hombre y las sociedades, p. 110, Santiago, febrero 1858. Ibid., p. 110. Jenaro Abasolo. La personalidad política. Los ricos y los pobres, p. 11, Santiago, 1872. Ibid., p. 19. Ibid., p. 21. Carlos Walker Martínez. Historia de la Administración Santa María, Tomo I, p. 153, Santiago, 1889.

El 7 de mayo de 1878, el Arzobispo de Santiago aprobó los Estatutos de la Asociación Católica de Obreros que “tenía por objeto la moralización, instrucción y unión de los obreros católicos”.159 Los círculos obreros católicos no prosperaron, como lo reconoció el dirigente conservador Abdón Cifuentes: “Debo confesar que el fruto que obteníamos era escaso y muy desproporcionado a la inmensidad de los sacrificios que demandaba esa obra. Apartar al obrero de los vicios y regenerar sus costumbres era obra superior a nuestras fuerzas”.160 La posición antisocialista de la Iglesia Católica fue crudamente expuesta por el Arzobispo Mariano Casanova en mayo de 1891 al comentar la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII: Hace ya tiempo que se notan en Chile manifestaciones socialistas que revelan la existencia de gérmenes malsanos en el seno de nuestro pueblo. Más de una vez hemos visto levantarse en huelga contra los dueños de establecimientos industriales a diferentes gremios de obreros, causando no pocos daños a la industria y a diferentes gremios de obreros, y privándose ellos mismos del jornal con que debían satisfacer sus necesidades. Hemos visto ataques tumultuosos a la propiedad particular. Hemos visto dolor y profunda extrañeza que se han estado propagando por la prensa diaria doctrinas socialistas y empleado como recurso político el azuzamiento del pueblo contra los ricos y de la democracia contra la aristocracia… Procuremos contrarrestar y extirpar de nuestro pueblo los gérmenes que hayan sembrado en él manos temerarias y corruptoras poniendo en práctica los consejos que se contienen en la Encíclica del Papa.161

A pesar de que el propósito católico de penetración en el movimiento obrero, mediante una política parternalista, no tuvo eco en el proletariado chileno, la jerarquía eclesiástica y los políticos burgueses extrajeron experiencias que les permitieron crear cuadros entrenados para impedir o neutralizar la lucha de los trabajadores en contra del sistema de opresión capitalista.

Los primeros núcleos socialistas El primer núcleo marxista de Chile fue organizado por adherentes a la Primera Internacional. Marcelo Segall, apelando al testimonio de José Ingenieros, sostiene que un grupo de revolucionarios llegados de Europa creó en Chile una seccional de la Primera Internacional: “En 1881 un núcleo reducido de militantes fue a Chile y poco

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Fernando Silva Vargas. Notas del pensamiento católico a fines del siglo XIX. Separata Revista Historia, Inst. de Historia de la U. Católica, Nº 4, p. 245, Santiago, 1965. Abdón Cifuentes. Memorias. Tomo II, p. 249, Santiago, 1936. Fernando Silva V., op. cit., p. 249.

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tiempo después comunicaron a la Federación del Uruguay la organización de dos seccionales en Valparaíso y Santiago de Chile”.162 Hacia fines del siglo pasado, algunos sectores de vanguardia conocían ciertos fundamentos del marxismo. En 1892, un manifiesto de la Sociedad Marítima de Socorros Mutuos de Valparaíso señalaba: “No olvidéis las palabras del gran socialista Karl Marx: la gente de trabajo en todas partes del mundo debe ser hermana. Ellas deben hacer causa común con los demás. Ellas tienen un mundo que ganar y solo las cadenas de la esclavitud que perder”.163 Alejandro Escobar Carvallo, uno de los más destacados dirigentes del movimiento obrero chileno, citaba a Marx en un artículo de El Proletariado del 10 de octubre de 1897: “La conquista del poder no se hará por la guerra de cada explotado con su explotador, sino por la científica aplicación combinada de las leyes naturales de Carlos Darwin con las leyes económicas de Carlos Marx”.164 A fines del siglo XIX estaban ya constituidas las primeras organizaciones socialistas proletarias. En 1890, se fusionaron la Agrupación Fraternal Obrera y el Centro Social Obrero, que publicaba el periódico El Grito del Pueblo, dando nacimiento a la Unión Socialista, que luego adoptó el nombre de Partido Socialista de Chile, de efímera existencia. En 1889 se fundó el Partido Obrero Socialista “Francisco Bilbao”. Algunos de sus dirigentes se pasaron a las filas del anarquismo, movimiento que ya hacía oír su voz a través de los periódicos El Pueblo y El Jornal, en los que colaboraban el poeta Carlos Pezoa Véliz y otros luchadores sociales de la época, fundadores de las primeras Sociedades en Resistencia, organismos proletarios de combate que superaron rápidamente los estrechos límites del Mutualismo. Uno de los primeros periódicos obreros, El Proletario, en un artículo firmado por A. Araya M., condensaba las aspiraciones de los revolucionarios chilenos de fines del siglo pasado: “Si, Revolución Social, es la que todos los pueblos persiguen, porque es una necesidad que se impone a toda otra para atacar de frente al monstruo absorbente de la burguesía… Unámonos todos como un solo hombre para rechazar esta sociedad explotadora ¡Viva el Socialismo! ¡Viva la Revolución Social!165 Lenta, pero firmemente, la conciencia política de clase comenzaba a expresarse en estos primeros embriones de la vanguardia obrera chilena.

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Marcelo Segall. La Comune y los excommunards en un siglo de América Latina, Boletín de la U. de Chile, Nº 109-110, abril-mayo, p. 24. Citado por Pedro Iñiguez: Notas sobre el desarrollo del pensamiento social en Chile, p. 29, Santiago, 1968. Citado por Hernán Ramírez N.: Historia del movimiento obrero, op. cit., p. 241. El Proletario, 10 de octubre de 1897, citado por Hernán Ramírez: op. cit., 231-232.

El campesinado La población activa del campo chileno, según el Censo de 1885, alcanzaba a 420.000 personas, distribuidas en 159.078 gañanes, 253.940 “trabajadores en la explotación del suelo” y 7.651 arrieros. El Censo no estableció la distinción entre obreros agrícolas, inquilinos y medieros, ni tampoco la diferencia entre pequeños, medianos y grandes agricultores. Según Gabriel Salazar, había “labradores que no eran inquilinos, las empresas rurales que no eran haciendas y los gañanes o peones estables y afuerinos”.166 Durante la segunda mitad del siglo pasado hubo un crecimiento del número de pequeños propietarios, a raíz del proceso de subdivisión de tierras producto de las sucesiones hereditarias. En un estudio del valle de Putaendo, realizado por Baraona, Aranda y Santana, se demuestra que la práctica de las reparticiones conduce a la subdivisión de tierras a un grado tal que, en 1869-1878, el 78,3% de los predios tabulados mide menos de media cuadra.167 Jean Borde y Mario Góngora han señalado que a partir de 1880 se acelera el proceso de subdivisión de fundos: “Puangue, Pico, Huechún, divididos en 1862, 1871 y 1877, no eran más que signos precursores de una era de fragmentaciones que se va a manifestar después de 1880: se divide la Esmeralda en 1880, San José en 1882, Lo Ovalle en 1884, La Patagüilla en 1889, Chorrillos en 1892, Mallarauco y Pagüilmo en el año 1902”.168 La falta de estadísticas y de nuevas investigaciones no permite por el momento generalizar al resto del país la situación registrada en los valles de Putaendo y Puangue. Sin embargo, la proliferación de la pequeña propiedad minifundiaria a principios del siglo XX indica que la tendencia del proceso apuntaba en la dirección señalada por los estudios anteriormente citados. En las provincias sureñas, a medida que avanzaba la colonización de la Araucanía, se fue configurando una pequeña burguesía rural. Estos colonos eran explotados por los latifundistas que les compraban las cosechas “en verde”. En otros casos, los pequeños propietarios más pobres vendían su fuerza de trabajo en las temporadas de siembra y cosecha. Ramón Domínguez relataba en 1867 que había patrones en la zona sur que contrataban “peones que viven fuera del fundo y que son por lo general pequeños propietarios”.169

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Gabriel Salazar. Labradores, peones y proletarios. Ed. Sur, p. 47, Santiago, 1987. Rafael Baraona, Ximena Aranda y Roberto Santana. Valle de Putaendo, p. 213, Santiago, 1961. Jean Borde y Mario Góngora. Evolución de la Propiedad Rural en el valle de Puangue, p. 91, Santiago, 1959. Ramón Domínguez. “Nuestro sistema de inquilinaje en 1867”, Rev. Mapocho, Tomo V, Nº 4, Vol. 15, p. 297, Santiago, 1966.

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En las zonas suburbanas de Santiago, Valparaíso y Concepción se consolidó el sector de pequeños propietarios dedicados a la explotación de productos de chacarería para abastecer las necesidades de las ciudades en crecimiento. El inquilinaje continuó siendo el régimen de trabajo preponderante en el campo. Sin embargo, ya no era el inquilino-arrendatario de la época colonial que pagaba un canon, sino un inquilino-trabajador que percibía salario y regalías, características que acentuarían el proceso de semiproletarización. Para el empresario, el inquilino “es un trabajador cuyo salario está compuesto por recursos, regalías de consumo y dinero; ha dejado pues de ser arrendatario y parte apreciable de la fuerza de trabajo familiar ha sido enajenada para su uso por el terrateniente… el inquilino ha dejado de ser arrendatario para convertirse en una de las categorías de trabajadores de la hacienda que arrienda su trabajo por un jornal módico y recibe además casa con una extensión de terreno”.170 Los familiares del inquilino que se incorporaban al trabajo en la hacienda percibían un salario. En 1867, Domínguez anotaba que “solo un miembro de la familia o un reemplazante estaba obligado a prestar servicios en la hacienda; a los otros miembros de la familia o allegados se les pagaba el jornal al ocuparlos”.171 Los patrones establecieron distintas categorías de inquilinos con el fin de acentuar las desigualdades sociales y provocar la vigilancia de unos sobre los otros en el cumplimiento de las tareas. En el Manual del Hacendado chileno, Manuel José Balmaceda, padre del que llegara a ser presidente de la República, establecía en 1875 las siguientes categorías de inquilinos: de a caballo, de a pie e inquilinos-peones. Los inquilinos de a caballo son gentes que tienen algunos bienes de fortuna y son más decentes, más honrados y los que prestan a la hacienda todos los servicios de a caballo y otros no menos importantes. En los fundos de alguna extensión, donde conviene tener inquilinos de a caballo, no debe dárseles más que el talaje para diez o doce animales entre caballares y vacunos y para veinticinco ovejas; tierras para sembrar chacras, fanegas de trigo, y además como media cuadra para sembrar chacras. Para que el inquilino retribuya a la hacienda estos beneficios, debe dar: un peón montado para los viajes fuera del fundo, al que se le abonarán veinticinco centavos por cada diez leguas; un peón para todas las composturas de cercas y limpia de canales, el cual recibirá la comida de la hacienda; un peón para las siembras. Un peón de a caballo para las trillas… A la segunda clase o sección pertenecen los inquilinos de a pie o de media obligación. A éstos se les da talaje solo para dos o cuatro animales entre vacunos y caballares y para doce ovejas. Algunas veces donde sembrar una o dos fanegas de trigo y un pedazo pequeño para chacras que no exceda de un cuarto de cuadra. Los servicios que éstos pueden prestar son: 1º) dar un peón de a caballo; 2º) hacer mandados a caballo sin jornal alguno; 3º) dar un peón diario para todos los trabajos de la hacienda por el jornal diario; 4º) en caso de mucho 170 171

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Alexander Schejtman. El inquilino de Chile Central, p. 197, Icira, Santiago, 1971. Ramón Domínguez, op. cit., p. 299.

trabajo están obligados a dar un peón más y hacer trabajar todos los que vivan en su casa, por el mismo jornal de un peón forastero… A la tercera clase o sección pertenecen los inquilinos peones. Estos no tienen más que la vivienda y un pequeño pedazo de terreno que no exceda de cuarenta varas para criar gallinas y sembrar hortalizas cuando hay agua. Son sus obligaciones dar un peón diario todo el año por el jornal diario; hacer trabajar a todos los peones que vivan con él cuando la hacienda los necesite por el mismo jornal que lo haría un forastero.172

Además de fijar las obligaciones del administrador, del mayordomo y del capataz, el Manual del Hacendado establecía las categorías de vaqueros, encargados de cuidar el ganado, y de potrerizos, cuyo papel era hacer los cierres, deslindes y corrales e “impedir que los inquilinos tengan más animales de los que se le haya concedido y que no los pongan en los potreros de la hacienda”.173 Esta vigilancia que algunos trabajadores ejercían sobre otros permitía a los patrones controlar el rendimiento del trabajo, además de fomentar la división entre los explotados de una misma hacienda. La jerarquización entre las diferentes categorías de inquilinos contribuía a reforzar las desigualdades sociales; los inquilinos de a caballo cumplían generalmente el papel de capataces, mandando a los inquilinos de a pie. En el Manual del Hacendado se fijaban castigos: “Al inquilino-peón que falte al trabajo se le cargará como multa el jornal de día y medio. Los aperos y herramientas que pierdan o rompan por descuido o mal tratamiento deberán pagarlas los peones… Se impondrán severas penas a los peones que salten cercas, abran gateras y pisen los sembrados”.174 Vicuña Mackenna describía las condiciones de vida y de trabajo de los inquilinos en los siguientes términos: A veces no reciben su paga en plata, sino en géneros o comestibles que se les obliga a tomar a un precio mucho más subido que en cualquier otra parte… Veamos al huaso en su condición de ciudadano: ¿quiere casarse el huaso? Debe pagar al cura una cantidad. ¿Tiene hijos? debe pagar al cura para que se los ponga cristianos, ¿Tiene que interponer alguna queja contra el propietario? pero el juez legal es el mismo propietario. ¿Querría quejarse de los procedimientos de su juez ante el comandante de milicias? Pero el comandante es, otra vez, el mismo propietario.175

La escasez de mano de obra, agudizada por la emigración de los trabajadores agrícolas a las ciudades y a las zonas donde se realizaban obras públicas, en las cuales 172 173 174 175

Manuel Balmaceda. Manual del Hacendado Chileno, p. 127, Santiago, 1875. Ibid., p. 127. Ibid., pp. 120 y 121. B. Vicuña Mackenna. “Chile considerado en relación a su cultura”, en El Mensajero de la Agricultura, Nº 3, dic. 1856.

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se pagaba mejores salarios, obligó a los terratenientes a introducir ciertas mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores rurales. La Sociedad Nacional de Agricultura planteaba en 1872 la necesidad de mejorar la comida: “Si en tiempos antiguos el hacendado podía efectuar economías excesivas en el ramo de la alimentación de sus operarios, la emigración y la consiguiente escasez de brazos aconsejan mejorar cuanto sea posible, sin grandes sacrificios, la calidad de los alimentos”.176 En 1876, la Sociedad Nacional de Agricultura llamó a un concurso sobre el tema del inquilinaje. Se presentaron tres Memorias; la de Lauro Barros: “Condición del trabajador y medios de mejorarla”; la de Antonio Subercaseaux: “Poblaciones rurales” y la de Domingo Morel: “Ensayo sobre la condición de las clases rurales en Chile”. Las tres memorias coincidían en que la “única” salida para mejorar la situación de los campesinos era el fomento a la educación. En la memoria de Morel se plantea que a los “inquilinos les falta estímulo que los arraigue en los fundos del campo y para subsanar ese inconveniente, sería mejor darles sobre su salario o como único estipendio un interés proporcionado a las utilidades del patrón”.177 Aunque la mayoría de estas proposiciones no se llevaron a cabo, el solo hecho de haber planteado el problema muestra la preocupación de los terratenientes por la agudización de la lucha de clases. Los encargados de comentar las Memorias citadas, manifestaban: La mejora de nuestros trabajadores rurales o urbanos no debe resolverse a la manera de los socialistas o de los autoritarios, porque no es posible cambiar las bases de la propiedad o del derecho. Hoy los adelantos materiales despiertan las malas pasiones del trabajador y le dicen: odia a tu patrón que se dice tu amo sin serlo y que te oprime y absorbe los frutos de tu labor; odia a la propiedad que hace al rico cada día más rico y al pobre cada día más pobre. He aquí dos extremos de que deben huirse… Nosotros diríamos a los hacendados y patrones: Amad a vuestros inquilinos y a vuestros obreros; Tratadlos bien y desarrollad su moralidad y dignidad porque el bienestar del trabajador es el trabajo barato y bien ejecutado a favor de su patrón. Y al propio tiempo diríamos al inquilino, al peón ambulante y al roto gañán: Ama a tu patrón, porque sus intereses bien entendidos son los tuyos; ayúdale a aumentar su capital que es la fuente de tus salarios.178

Durante la segunda mitad del siglo XIX se configuraron las principales capas del proletariado rural. Un cierto desarrollo de la burguesía agraria permitió consolidar relaciones de producción capitalista en algunas regiones del país. A pesar de su crecimiento, el número de obreros agrícolas era inferior al total de inquilinos, medieros y pequeños propietarios. 176 177

178

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Sociedad Nacional de Agricultura: Boletín, vol. 5, 1872-73, Santiago. Marcial González, Claudio Vicuña y Carlos Antúnez. “El trabajador rural”, Revista Chilena, T. VI, p. 510, Santiago, 1876. Ibid., p. 528.

El desarrollo de las modernas empresas agrícolas facilitó un progresivo aumento del proletariado rural, especialmente en los fundos de la zona central, en la industria molinera, en la colonización de la Araucanía y en las empresas ganaderas de Magallanes. A los patrones les resultaba más conveniente contratar afuerinos para los períodos de siembra y cosecha que aumentar el número de inquilinos, porque además de ser una mano de obra barata y eventual, se ahorraban el talaje y otras regalías. Finalizado el trabajo de temporada, los afuerinos eran despedidos de los fondos. Los afuerinos constituían el ejército agrario de reserva de mano de obra del cual disponían los terratenientes. Vendían su fuerza de trabajo por temporada, subsistiendo en forma precaria el resto del año. Federico Gana describe en el cuento “Candelilla” a un afuerino chillanejo de la década de 1880: “En los veranos, cuando llegaba la época de los cortes y cosechas de trigo emigraba al sur, a Traiguén, a Victoria, la Frontera, en busca de trabajo, llegando después en invierno y entrada de primavera, a refugiarse al calor del fogón hospitalario de las cocinas”. En un artículo escrito en 1884, Augusto Orrego Luco manifestaba: “Desde hace cuarenta o cincuenta años, principió a aparecer el peón forastero, esa masa nómade, sin familia, sin hogar propio, sin lazo social, que recorre las haciendas en busca de trabajo”.179 Otro sector del proletariado rural estaba constituido por los obreros permanentes o estables. Su número era inferior al de los afuerinos. Trabajaban especialmente en la industria molinera y en las haciendas de mayor desarrollo capitalista. En algunas empresas, como la de San Regis en Aconcagua, había 120 obreros permanentes de un total de 200 trabajadores. En la hacienda Viluco trabajaban “doscientos peones sedentarios”.180 Estos trabajadores agrícolas desempeñaban diversas tareas, en calidad de vaqueros, arrieros, potrerizos, encargados de hacer los cierres, corrales y deslindes; otros eran matanceros, especialistas en carnear animales. En las empresas ganaderas de Magallanes había diversas especialidades: ovejeros, esquiladores, velloneros, cortadores de carne, etc. En el Manual del Hacendado, Manuel José Balmaceda recomienda a sus colegas terratenientes la forma más adecuada para explotar a los peones o gañanes: La ración de almuerzo de un peón es la décima parte de un almud de harina o una galleta de las quince que produce esta medida… El peón que salga al trabajo después de salido el sol, o no se admite aquel día o se le castiga rebajándole la tercera o cuarta parte del jornal según la hora a que haya llegado. Los peones que no trabajen con la debida ligereza, no 179

180

Augusto Orrego Luco. “La cuestión social”, en La Patria, Valpso. 1884. Reprod. Rev. Mapocho, Nº 121-122, Santiago, 1961. Horacio Aránguiz. “La situación de los trabajadores agrícolas en el siglo XIX”, en Estudios de Historia de las Instituciones políticas y sociales, Nº 2, p. 25, 1967.

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hagan bien su labor o usen de malos modos, deben ser arrojados del trabajo… Al peón que se encuentre por primera vez ocioso en horas de trabajo, debe descontársela la cuarta parte del jornal de ese día; si se le sorprende por segunda vez perderá la mitad del jornal y por tercera vez lo perderá todo… Para dar tareas o destajos, el mayordomo calculará antes lo que un peón puede hacer en una hora o en un día, trabajando con empeño, y esa será la porción que puede asignar como tarea. A los peones que trabajen por día se les dará media hora para comer; a los que trabajen por tarea una hora.181

Los salarios fluctuarían entre 0,25 y un peso diario. Lauro Barros señalaba en 1875 que “los salarios variaban según las tareas. En época de siembra o cosecha el peón ganaba unos 40 centavos más alimento; cuando siega se le pagaba 1,25; el resto del año se les pagaba entre 25 y 40 centavos”.182 Hacia 1867, los hacendados del sur pagaban a los peones con un pequeño papel que decía: “Don Fulano, Zutano, ha ganado tanto, déle de la tienda lo que necesite y cárguelo a mi cuenta’. Para sostener sistemas de pago tan particular, los dueños de fundo se valen de una especie de bancos sui géneris que ellos mismos establecen y que se conocen con el nombre de la Tienda-Despacho de la hacienda”.183 El papel hacía las veces de ficha-salario, lo que significaba una doble explotación, porque los artículos de la tienda del patrón eran caros y de mala calidad. En otras zonas, el salario era pagado totalmente en especies. Los patrones se vieron obligados a aumentar los salarios a partir de la década de 1870 para retener la mano de obra que emigraba de los campos. Un colaborador del Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura “asegura que debido a la falta de trabajadores, los hacendados están tratando a su gente con toda consideración para evitar así que los descontentos emigren”.184 Augusto Orrego calculaba en 1884 que la “corriente de emigración arrastra anualmente por lo menos 26.333 obreros de la zona central de la República. Esa enorme sustracción disminuye la oferta de trabajo y tiende a levantar el nivel de los salarios”.185 Uno de los teóricos agrarios, Julio Menadier, planteó en 1871 la necesidad de reforzar el sistema de inquilinaje en consideración a que la corriente migratoria se componía fundamentalmente de afuerinos: “Siendo notorio que los inquilinos chilenos no han prestado contingente alguno a la emigración al Perú, parece oportuno extender el inquilinaje en una escala más vasta que la actual, aunque esta medida imponga a muchos hacendados sacrificios más o menos onerosos”.186 Sin embargo, la mayoría 181 182 183

184 185 186

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Manuel José Balmaceda. Manual… op. cit., pp. 118 a 120. Lauro Barros. Ensayo sobre la condición de las clases rurales en Chile, p. 20, Santiago, 1875. Domínguez, Ramón. “Nuestro sistema de inquilinaje en 1867”, Rev. Mapocho, Tomo V, Nº 4, Vol. 15, p. 301, 1966. Citado por Gonzalo Izquierdo: La Sociedad de Agricultura en el siglo XIX, p. 143, Santiago, 1968. Augusto Orrego L., op. cit. Julio Menadier. “Emigración al Perú”, Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, Vol. 2, 1870-71.

de los terratenientes prefirió aumentar los salarios de los peones que trabajaban por temporadas antes que incorporar nuevos inquilinos, porque les resultaba más conveniente a sus intereses inmediatos. El extraordinario plan de obras públicas emprendido por el gobierno de Balmaceda aceleró la corriente migratoria, agudizando la escasez de mano de obra agrícola. El ingeniero agrónomo Horacio Durán escribía en el Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura: el presente año (1888) “ha sido excepcional relativamente a los anteriores por la escasez suma de operarios, así como el de 1885 lo fue por la sequedad general… Es difícil contratar peones forasteros en el número necesario aunque se pague una enormidad”.187 Si bien es cierto que no se dispone de investigaciones sobre la luchas del campesinado en este período, algunas fuentes de la época revelan la existencia de movimientos reivindicativos de los trabajadores agrícolas. En una carta dirigida al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el terrateniente Francisco Echaurren manifestaba en 1870 que los peones agrícolas son “los que fijan con sus exigencias y sus movimientos en todas las provincias el salario que se les abona”.188 Manuel José Balmaceda decía en el Manual del Hacendado: “Los peones que insubordinan a los otros para que no trabajen sino por cierto precio o para que se les aumente la comida y se les disminuyan las horas de trabajo serán castigados con severas penas y aún arrojados de la hacienda”.189 En 1880, el Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura recomendaba mejorar las condiciones de vida del campesinado “para contrarrestar con ejemplos irrecusables la propaganda socialista, que según indicios reveladores no tardaron en levantarse a la vuelta de los diez mil operarios enrolados en el Ejército y la Armada”.190 Es sugerente también una observación de Luis Sada, encargado de redactar un proyecto de Código Rural en 1853: Aunque las coaliciones de los propietarios para conseguir forzosamente la reducción en los salarios de los trabajadores, es caso que no puede suceder sino raras veces en Chile adonde faltan brazos, sin embargo las leyes deben prever dicho caso, principalmente por lo que respecta a la coalición de los trabajadores hacia el propietario para conseguir forzosamente aumento de salario. Dicha coalición, llamada ordinariamente leona, que viene a interrumpir con mucho perjuicio nuestras operaciones agrícolas, merece ser reprimida con severas disposiciones.191 187

188 189 190 191

Horacio Durán. “Algunas consideraciones sobre los inquilinos”, Boletín Soc. Nac. de Agricultura, Nº 18, julio 1888. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, Nº 2, 1870. Manuel J. Balmaceda. Manual… op. cit., p. 119. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, Vol. II, p. 376, julio 1880. Luis Sada. “Proyecto de Organización de un Código Rural”, en El Mensajero de la Agricultura, Nº 6, p. 214, marzo 1858.

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Aunque estos datos aislados no permiten sacar conclusiones más concretas sobre la dinámica de las luchas campesinas de la segunda mitad del siglo XIX, constituyen indicadores de un cierto proceso de movilización de los trabajadores agrícolas por sus reinvindicaciones más inmediatas.

La condición de la mujer chilena en el siglo XIX Incluimos en este capítulo sobre estructura social un análisis de la mujer porque estimamos que esta capa de la población, que constituye más de la mitad de los habitantes del país, tiene una condición social específica, aunque no homogénea, dados los diferentes sectores de mujeres burguesas, pequeño-burguesas, mapuche, campesinas y proletarias. Una historia de la mujer chilena –aún por hacerse– demostraría que su situación estuvo condicionada por el rígido sistema patriarcal que imperaba en la sociedad. Esta apreciación es válida no solo para los diferentes estratos sociales de la mujer blanca y mestiza, sino también para la mujer mapuche y aymará. Desde la época colonial, con la consolidación del régimen patriarcal la mujer mapuche había perdido gran parte de los derechos que disfrutó en las antiguas comunidades indígenas. Antes de la conquista española, la mapuche jugaba un papel decisivo en la comunidad gentilicia. Ricardo Latcham, uno de los investigadores más acuciosos del tema, afirma que los mapuche vivían bajo un régimen no patriarcal. El marido debía residir en el seno del clan de la mujer. Los hijos llevaban la filiación y el tótem de la madre, es decir, la descendencia tenía un carácter matrilineal, el de Guacolda, Fresia, la Janequeo y otras. En el momento de la conquista española, los mapuche estaban en un período de transición hacia el patriarcado. El primer cambio trascendental en este sistema –dice Latcham– fue cuando el hombre, en vez de ir a vivir a la agrupación de una mujer comenzó a llevar a ésta a su propia agrupación y formar allí su hogar. De esta manera llegó a ser dueño de la propiedad que cultivaba, de la casa que construía y de los animales que lograba reunir … En el estadio anterior, el grupo familiar a que pertenecía la mujer, adquiría un nuevo elemento de ayuda y de protección, con cada mujer que se casaba.192

A medida que se consolidaba el patriarcado durante la Colonia, la mujer mapuche comenzó a ser relegada a un segundo término. Los hijos empezaron a tener consideración solo por el padre y menosprecio hacia la madre “que había llegado al hogar 192

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Ricardo Latcham. La organización social y las creencias religiosas de los antiguos araucanos, p. 582, Santiago, 1924.

por compra, que vegetaba en él abrumada por el trabajo y los golpes, envilecida, sin derecho de posesión, no inspiraba ningún sentimiento de consideración, ni podía tener la menor influencia en la decisión de los hombres”.193 Durante la República, la mujer mapuche fue compelida a realizar las tareas agrícolas de siembra y cosecha; hilaba, tejía, hacía la comida y preparaba la chicha y el mote. Acompaña al marido en sus reuniones y borracheras para transportarle las provisiones y el licor… Carga pesados canastos, cántaros y el niño que cría… Estuvo excluida de la propiedad; casada, no heredaba del padre; soltera, jamás disponía de lo que había heredado. Cuanto adquiría en el matrimonio por accidente extraordinario, recaía en el marido. Carecía de voz y opinión en las resoluciones de los hombres y por consiguiente de autoridad en el hogar; durante la juventud dependía del padre; y si este moría, del hermano o de los parientes; cuando casada, del marido, y cuando viuda, del primogénito.194

En síntesis, durante el siglo pasado la mujer mapuche perdió gran parte de los derechos que había poseído, según Latcham, aunque éste, como no mapuche, puede haber incomprendido en su real dimensión el papel de la mujer en la sociedad mapuche. La mujer blanca ha sido destacada, desde el punto de vista masculino, por los historiadores y ensayistas, por su belleza, por su condición de madre y fiel esposa y, en algunos casos, por acciones individuales de gran relevancia. Así, desfilan por las páginas de nuestros historiadores de la Colonia la figura de Inés de Suárez, el legendario paso por nuestras tierras de la monja Alférez y la comentada vida de la Quintrala. Durante la época republicana, se mencionan solo aquellas mujeres, como Javiera Carrera, Paula Jaraquemada y Luisa Recabarren, que han tenido actuaciones patrióticas en momentos decisivos de nuestra historia. Aunque en Chile no hubo una guerrillera del porte de la boliviana Juana Azurduy, algunas mujeres campesinas contribuyeron con su anónima labor al triunfo de los montoneros de Manuel Rodríguez. La mujer chilena del siglo pasado no puede ser considerada solamente por la capacidad de estas personalidades. El conjunto estaba sometido a un régimen de opresión; la mujer era mantenida en la ignorancia y marginada de la actividad productora y política. La Independencia no cambió la condición de la mujer y sus costumbres heredadas de la colonia española. La mujer siguió siendo, bajo la República, propiedad privada del hombre, considerada como un ser inferior destinado a procrear hijos, como lo mandaba la poderosa Iglesia Católica. La mujer estaba constreñida a las tareas hogareñas que menoscababan el ejercicio de sus facultades creadoras. José Miguel Carrera trató de quebrar el oscurantismo cultural impuesto por los españoles en la Colonia, promoviendo la instrucción de la mujer. En un decreto del 21 193 194

Tomás Guevara. Psicología del Pueblo Araucano, p. 34, Santiago, 1908. Ibid., p. 38.

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de agosto de 1812 establecía la necesidad de fundar escuelas para mujeres, quedando los conventos de las monjas obligados a suministrar una sala para esencia donde aprendieran las primeras letras las mujeres de origen modesto. Sin embargo, esta iniciativa no fue continuada por los gobiernos posteriores. La inglesa Mary Graham relataba en su Diario de Residencia en Chile, 1822, que las mujeres chilenas “son muy hermosas pero muy incultas”. Otro viajero, Eduard Poeppig, describía a fines de la década de 1820 la situación de la mujer, especialmente burguesa, del siguiente modo: “Hasta hace veinte años existía todavía la costumbre, como ocurre aún en Brasil, de mantenerlas encerradas en casa, o al menos de prohibirles aparecer mientras se hallare en ella un desconocido”.195 Las relaciones de dependencia de nuestro país respecto de las metrópolis europeas se reflejaban también en los gustos y las modas que adquirieron las mujeres de la burguesía chilena; en el uso del piano de cola y el menosprecio a la guitarra criolla; en los bailes europeizantes; en los cuadros, terciopelos, adornos y muebles importados; y en el reemplazo del mate por el five o’clock tea, generalizado por la esposa de Lord Cochrane en las tertulias de la oligarquía chilena. Una mujer emancipada para su época fue la escritora romántica Carmen Arriagada, casada con Eduardo Gutike, oficial prusiano. Sus amores con el pintor Rugendas, entre 1835 y 1850, han sido redescubiertos a través de sus cartas por Oscar Pinochet de La Barra en El gran Amor de Rugendas y en Carmen Arriagada: Cartas de una mujer apasionada. Rebelde ante los convencionalismos de su tiempo, esta mujer, considerada recién hoy como una de las mejores escritoras del siglo XIX, murió en 1890. Otra que se atrevió fue Carmen Blest, al contraer enlace con el protestante Jorge Liddard. Fue enjuiciada por la Iglesia Católica y acusada de “delincuente”, según la Revista Católica del 6 de agosto de 1845. Durante la época de los decenios, algunas matronas burguesas, como Isidora Goyenechea, tuvieron, dentro del patrón social masculino, cierto acceso a la dirección de los asuntos económicos, al servicio de su clase. Una de las primeras mujeres chilenas que logró destacarse por sus propios méritos en la lucha social fue Rosario Ortiz, apodada “La Monche”. Nacida en Concepción el 10 de octubre de 1827, fue una de las primeras periodistas de Chile; junto a Úrsula Binimelis integró la redacción del diario de avanzada liberal El amigo del Pueblo, principal órgano de prensa de la revolución de 1859 en el sur. Años antes, en la guerra civil de 1851, Rosario Ortiz, a la cabeza de las milicias se había batido con el fusil en la mano en la batalla de Loncomilla, logrando apresar a un oficial enemigo. Encarcelada y perseguida, volvió a tomar las armas en la revolución de 1859, donde se le otorgó el grado de capitán del ejército revolucionario. Cual una Luisa Michel, la heroína de la Comuna de París, “la Monche” se jugó al lado 195

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Eduard Poeppig. Un testigo en la alborada de Chile. 1826-1829, p. 453, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1960.

de su pueblo contra el gobierno conservador de Montt. Derrotada la revolución, la luchadora penquista se refugió en las tolderías mapuche, murió años más tarde pobre y olvidada.196 El Código Civil, promulgado en 1855, codificó las relaciones de opresión femenina impuestas consuetudinariamente por la sociedad patriarcal. La mujer era considerada en esas disposiciones como una menor, ya que ni siquiera podía ser tutora de sus hijos. Menos podía vender, hipotecar o comprar. Algunas mujeres iniciaron en la segunda mitad del siglo pasado las primeras luchas en favor de los derechos políticos de su sexo, reclamando el derecho a voto, basadas en que la Constitución de 1833 no establecía expresamente la prohibición del voto femenino. En un artículo sobre el tema, publicado a principios del presente siglo, Martina Barros de Orrego comentaba: Las leyes electorales seguían la norma de la Constitución, sin que se hubiera ejercitado, hasta que un día las mujeres de San Felipe quisieron hacerlo efectivo y se calificaron. Alarmados los políticos de Santiago interpelaron ruidosamente en la cámara al ministro Ignacio Zenteno, quien sostuvo que a su juicio las mujeres podían y debían votar, porque la Constitución y la ley de 1874 les daba ese derecho. El país entero y el gobierno mismo lo creyeron con el juicio trastornado… El epílogo de esta comedia fue una reforma introducida por la ley de 1884 que negó de un modo expreso, en su artículo 40, el voto a las mujeres.197

Un sector de mujeres, apoyándose en la resolución del ministro Zenteno, se inscribió para votar por Benjamín Vicuña Mackenna en las elecciones presidenciales de 1876. Al calor de la campana antioligárquica de este candidato, las mujeres partidarias de Vicuña Mackenna reclamaron el derecho a sufragio y, a pesar de la negativa de las autoridades, alcanzaron a inscribirse en La Serena. Este paso de la mujer chilena, en momentos en que recién apuntaba el movimiento sufragista femenino europeo y norteamericano, constituye el primer antecedente en América Latina y nuestro país de la lucha por los derechos igualitarios de la mujer. Este movimiento, liderado por mujeres de origen burgués, coincidió no por azar con la presión de las mujeres por un mayor acceso a la educación estimuladas por el educador puertorriqueño Eugenio María Hostos, de paso por Chile. En 1877, bajo el gobierno de Aníbal Pinto, el ministro Miguel Luis Amunátegui dictó un decreto por el cual “se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que se sometan para ello a las mismas pruebas a que están sujetos los hombres”. Esta resolución era comentada en 1891 por Eurídice

196 197

Luis Vitale. La mitad invisible de la historia, Ed. Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987. Marina Barros Orrego. “El voto femenino”, Revista Chilena, Tomo II, p. 390, Santiago, 1917.

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Pinochet Le Brun en un artículo que escribió con el título “Breves consideraciones acerca de la mujer”: Antes de 1877 no le era permitido a la mujer chilena traspasar los umbrales del saber. Solo el hombre podía adquirir conocimientos científicos. La mujer, la débil mujer, la compañera del hombre en sus dudas y tribulaciones, en sus alegrías y esperanzas, estaba condenada a vivir como una autómata… En nuestra patria se le cerraban las puertas de la Universidad, se la obligaba a una reclusión perpetua en el fondo del hogar. Desde 1877 acá, las circunstancias son otras. El 5 de febrero de ese año, que marca la era de la regeneración y el angrandecimiento de la mujer chilena por medio del bautismo de la instrucción, el entonces ministro del ramo, señor Miguel Luis Amunátegui, a quien tanto le debe la patria, declaró que la mujer tiene, en punto a instrucciones los mismos derechos y las mismas prerrogativas que el hombre y firmó el decreto que nos autoriza para rendir exámenes válidos y obtener títulos profesionales. Los hombres son los que forman las leyes, y pocas veces al formarlas han tomado en consideración a la mujer. Dedicada ésta desde los primeros tiempos al hogar, viviendo únicamente para el hogar… Es necesario no desconocer por un espíritu de marcado egoísmo que la mujer no solo debe sentir, sino que también es capaz de pensar.198

En 1877, una mujer cruzaba vez el umbral de la Universidad. Era Eloísa Díaz, admitida en la Escuela de Medicina. A pesar de la hostilidad de los hombres, cuyas bromas pesadas obligaron a su madre a acompañarla a las clases, Eloísa se recibió en 1883. Poco después se titulaba Ernestina Pérez. A principios de la década de 1890 se recibía la primera abogada, Matilde Troup; la primera dentista, Paulina Starr; la primera farmacéutica, Glafira Vargas, y la primera agrónoma, Rosario Madariaga. En 1893, las mujeres ingresaron al Instituto Pedagógico. Dos años después, se creó el primer Liceo Femenino N 1º. A fines del siglo pasado, había 1.717 niñas en la enseñanza secundaria, 669 en escuelas normales y 394 en carreras técnicas. En 1870, se planteó una iniciativa destinada a promover la educación industrial de la mujer. Julio Menadier propuso ese año la necesidad de fomentar la educación agrícola para la mujer. Otros políticos plantearon también que la mujer trabajara en correos y telégrafos. Estas iniciativas no tendían a dignificar a la mujer, sino a reclutar mano de obra más barata en actividades en que las mujeres podían reemplazar a los hombres. La mujer campesina, que había sufrido la doble explotación del sexo y del trabajo, comenzó a percibir un salario, aunque miserable, realizando trabajos de temporada en las haciendas. En el Manual del Hacendado, redactado por Manuel José Balmaceda en 1875, se recomendaba el empleo de las mujeres en las labores agrícolas, especialmente de las esposas e hijos de los inquilinos. Señalaba que las mujeres debían ser empleadas “en muchas faenas y trabajos si no las de la primera sección (inquilinos de a caballo) 198

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Eurídice Pinochet Le-Brun. “Breves consideraciones acerca de la mujer”, Rev. Económica, Nº 42, 1/ Sept./1891, pp. 328 a 332.

por lo menos las de la segunda y tercera (inquilinos de a pie e inquilinos peones); deben estar obligadas a amasar pan, hacer de comer en los trabajos, sacar leche, etc”.199 Durante la segunda mitad del siglo XIX, surgieron las primeras mujeres auténticamente proletarias en las fábricas textiles de El Salto y Bellavista de Tomé. El Censo de 1885 registra una población activa de 1.054.900 personas, de las cuales 373.004 eran mujeres, es decir, el 30%. Los principales sectores de mujeres trabajadoras mencionadas por el Censo eran: artesanos y oficios varios: 24.000; comerciantes: 13.325; domésticas: 74.150, empleadas públicas y particulares: 1.932. También se indicaba la existencia de 58.204 lavanderas y 1.093 modistas. En el rubro sastres y costureras se contabilizaron 129.150 mujeres, la mayoría de las cuales hacía trabajo a domicilio. Según Gabriel Salazar, la crisis de la economía campesina significó que miles de mujeres fueran desplazadas de la sociedad rural: “Se establecieron en suburbios de grandes ciudades… La mujer del pueblo constituyó un ‘peonaje femenino’… Los hijos confiscados eran convertidos en fieles sirvientes: eran los huachos”.200 La primera Sociedad Mutualista Femenina se fundó en Valparaíso el 20 de Noviembre de 1887, con el nombre de “Sociedad de Obreras Nº 1”, bajo la presidencia de Micaela Cáceres. En Santiago, se inauguró en 1888 la Sociedad Emancipación de la Mujer. En Iquique se creó la Sociedad Internacional Protectora de Señoras, que obtuvo personería jurídica el 23 de Mayo de 1894, conjuntamente con la Sociedad de Obreras Sudamericanas de Iquique. El 20 de Agosto de 1900 se formó la Sociedad Progreso Social de Señoras y Socorros Mutuos.201 El partido que tuvo en el siglo pasado una política más avanzada respecto de la mujer fue el Democrático. En el programa redactado en 1894, en el artículo 21, titulado “Igualdad civil y educacional del hombre y de la mujer”, se manifestaba: La emancipación social de la mujer no podía menos de interesar vivamente a la Democracia… La igualdad de la educación para el hombre y la mujer realizará esta obra de equidad y de justicia, de reparación y de emancipación social, que aspira a fundar la sociedad sobre la igualdad absoluta de los sexos. Pero se arguye –continúa el Programa del Partido Democrático– por los esclavócratas de la mujer que los deberes del matrimonio y de la familia, los cuidados del hogar y las atenciones médicas, son un obstáculo a la pretendida igualdad de los sexos; que la mujer ha sido predestinada para las funciones caseras y hasta se sacan argumentos de la debilidad de su complexión frente a la fuerza hercúlea del hombre, como queriendo decir que la fuerza es la que manda y la debilidad la que obedece.

199 200 201

Manuel José Balmaceda. Manual, op. cit., p. 128. Gabriel Salazar. Labradores, peones y proletarios, p. 257, Ed. Sur, Santiago, 1985. Pedro Bravo Elizondo. Cultura y Teatro Obreros en Chile 1900-1930, p. 14, España, 1980.

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Demos una refutación a tan peregrinos argumentos. La institución del matrimonio debe ser considerada como la escuela de la igualdad entre los sexos. Bajo el régimen de autoridad en que se halla organizado, como medio de mantener la paz conyugal, la tranquilidad se produce por obediencia al más fuerte y la moderación no obliga sino al más débil; mientras que bajo el principio de la igualdad, la razón que los hace iguales obliga a uno y a otro. Se impone –dice en su parte final el programa del Partido Democrático– como una necesidad, entre nosotros, la reforma de las leyes civiles que crean a la mujer una condición inferior al hombre y la ampliación de nuestro sistema de enseñanza… No solo el derecho civil crea a la mujer una condición de inferioridad que nada justifica; sino que el derecho penal, por ejemplo, exime de responsabilidad al marido que mata a su mujer sorprendida en adulterio… Los hombres son los más fuertes e imponen la ley; las mujeres en su propia debilidad encuentran medios de tomar la venganza. La igualdad pondrá término a esta fuente de inmoralidades. El divorcio con la disolución del vínculo será el único remedio eficaz para devolver a la pareja humana la libertad que ató el lazo conyugal y que la infidelidad rompió para no volverlo a unir jamás.202

A pesar de las limitaciones de este programa –que cifra todas las esperanzas de liberación de la mujer en la educación, el voto y las reformas de los códigos– su denuncia de la opresión femenina y sus planteamientos en defensa de los derechos igualitarios de los sexos, constituyó un antecedente ideológico inapreciable en Chile para la lucha que en el siglo XX emprenderá la mujer por su emancipación definitiva.

202

360

Malaquías Concha. El Programa de la Democracia, p. 227 y siguientes, Santiago, 1905.

capítulo v. La política de los gobiernos liberales

Los gobiernos de José Joaquín Pérez (1861-71), Federico Errázuriz (1871-76), Aníbal Pinto (1876-81), Domingo Santa María (1881-86) y José Manuel Balmaceda (1886-91), que comprenden el período denominado “República Liberal”, pueden ser caracterizados como gobiernos representativos de los intereses generales de las diferentes capas de la clase dominante y no siempre de un sector burgués específico. La diferencia con respecto al período conocido con el nombre de “República Autoritaria” radica en que mientras los presidentes de los tres primeros decenios de la “era portaliana” representaron fundamentalmente los intereses de la burguesía comercial y terrateniente, los gobiernos liberales expresaron el ascenso al poder de la burguesía minera en alianza con los banqueros, los comerciantes y la burguesía agraria. En otras palabras, durante los gobiernos liberales no hubo relativamente un predominio muy diferenciado de un sector burgués sobre otro. El ensanchamiento de la riqueza y el crecimiento de los ingresos fiscales provenientes del cobre y del salitre, base del aumento de la cuota de reparto del excedente, hicieron posible amortiguar los roces interburgueses, con excepción de los dos últimos años del gobierno de Balmaceda. La burguesía minera, que había sido perjudicada por el aumento de los derechos de exportación de sus productos durante los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, logró conquistar la mayoría de sus aspiraciones en la “República Liberal”. Al mismo tiempo, los terratenientes siguieron gozando de la exención de tributos y del pago de los derechos aduaneros de sus productos de exportación. El gobierno de José Joaquín Pérez fue la expresión de un acuerdo político que permitió a la burguesía minera entrar a compartir el poder con los terratenientes, comerciantes y banqueros. Este compromiso político fue la salida que encontró la clase dominante para atenuar las contradicciones interburguesas que habían conducido a las guerras civiles de 1851 y 1859. El propio jefe del Partido Conservador, Manuel AntonioTocornal, caracterizado por sus contemporáneos como un hombre “tolerante y componedor”, fue en su calidad de ministro del Interior del gobierno de Pérez uno de los principales gestores del acuerdo político entre los partidos de la burguesía.

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El ascenso al gobierno de los representantes de los capitalistas mineros no significó el triunfo de la burguesía sobre “la aristocracia feudal” terrateniente, como han señalado algunos autores liberales y reformistas, sino el producto de la conciliación entre los diferentes sectores de la burguesía para evitar el estallido de nuevas guerras civiles. Los gobiernos liberales representaron tanto los intereses de los empresarios mineros como los de los terratenientes, banqueros y comerciantes. La política económica de estos gobiernos no difirió en lo fundamental de la del período denominado “República Autoritaria”. Se continuó aplicando la concepción librecambista que fomentaba únicamente las exportaciones mineras y agropecuarias y permitía la entrada indiscriminada de manufactura extranjera. No hubo una política proteccionista destinada a favorecer el desarrollo de una industria nacional. Los gobiernos liberales no solo fueron contrarios a cualquier esbozo de reforma agraria, sino que favorecieron el crecimiento del latifundio en las zonas colonizadas de la Araucanía y Magallanes. La “progresividad” de los presidentes liberales, tan magnificada por algunos autores, se limitó a ciertas reformas superestructurales, relacionadas con las libertades públicas, el libre culto y la ampliación de los derechos electorales. En lo esencial, estos gobiernos aceleraron nuestra condición de país dependiente y prepararon objetivamente el camino para que Chile se convirtiera en semicolonia inglesa al otorgar amplias facilidades a la inversión de capital financiero extranjero en el salitre y otras materias primas. Cuando un presidente, como Balmaceda, quiso frenar este proceso de entrega de las riquezas nacionales al imperialismo inglés, todos los sectores de la burguesía criolla, inclusive los que lo habían apoyado, se coaligaron para derrocarlo. Durante el período liberal, todos los partidos de la burguesía, incluido el Conservador, coincidieron en ampliar las atribuciones del Parlamento. El objetivo de los partidos burgueses era establecer a través del Congreso un mayor control en la distribución del excedente económico y de las entradas aduaneras. Esta presión por controlar la redistribución del ingreso fiscal, en especial la inversión estatal en obras de infraestructura, se acentuó a partir de 1880 al experimentar las entradas aduaneras un aumento significativo con los derechos de exportación que proporcionaban las explotaciones salitreras. La importancia que comenzó a adquirir el Parlamento en la segunda mitad del siglo pasado refleja los intentos de las diferentes fracciones de la burguesía por participar activamente en el control y la redistribución de los ingresos estatales. Si bien es cierto que la tendencia a establecer una preeminencia del Parlamento sobre el Ejectitivo fructificó a medias durante los gobiernos liberales, algunas reformas constitucionales prepararon el camino para el régimen parlamentarista de 1891-1920.

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Las reformas constitucionales Las reformas constitucionales, programadas inicialmente por el Club de la Reforma (1868), organismo de frente único de liberales, nacionales y radicales, no tuvieron la intención de crear un antagonismo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por la sencilla razón de que los parlamentarios que las aprobaron eran miembros de los partidos de gobierno. Sin embargo, algunas reformas tendieron a debilitar objetivamente las prerrogativas presidenciales. Ellas fueron: a) no reelección del presidente (1871); b) eliminación de las facultades extraordinarias (1873); incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y empleado público de confianza del presidente (1874); d) eliminación de las trabas para acusar constitucionalmente a los ministros (1874); e) inclusión de 3 diputados y 3 senadores en el Consejo de Estado, quedando éste integrado con seis representantes del Congreso y cinco del Ejecutivo. Otras reformas constitucionales tuvieron como objetivo fundamental el otorgamiento de amplias garantías a los diferentes partidos de la burguesía. El reconocimiento de los derechos de todos los partidos burgueses, incluidos los minoritarios, fue el resultado del compromiso a que habían llegado las fracciones de la burguesía en el gobierno de Pérez. Estos acuerdos fueron formalizados en sucesivas reformas constitucionales. Una de ellas, aprobada en 1874, cambió la forma de elección del Senado. Hasta entonces, el Senado estaba integrado por 20 miembros, elegidos en una sola lista, reglamentación que permitía al partido de gobierno asegurarse, a través de la intervención electoral, la totalidad de los miembros del Senado. La Reforma de 1874 estableció que los senadores fueran elegidos por provincia, en votación directa, terminando con la votación indirecta fijada por la Constitución de 1833. La reforma constitucional de 1874 aseguró la representación de los partidos minoritarios de la burguesía al aprobar el voto acumulativo para las elecciones de diputados. El sistema anterior de lista completa significaba que la lista que obtenía la mitad más uno de los votos se llevaba todos los cargos. Mediante el voto acumulativo cada elector dispuso de tantos votos como diputados por elegir en cada circunscripción, votos que acumulaba a favor de su candidato. Este sistema daba la posibilidad de que el partido de gobierno no tuviera siempre la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y permitía a todos los partidos burgueses alcanzar alguna representación parlamentaria. Los representantes de las diferentes fracciones de la burguesía también coincidieron en ampliar los derechos de reunión y asociación, a través de la Reforma constitucional de 1874. Los conservadores, por intermedio de Abdón Cifuentes, propugnaron una irrestricta libertad de asociación no para favorecer a los artesanos y trabajadores que desearan organizarse, sino para lograr una independencia total de la Iglesia respecto de las disposiciones del Código Civil. Los liberales derrotaron esta posición con el planteamiento de que las sociedades o asociaciones debían estar bajo el control de la autoridad civil.

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Otra reforma, aprobada en 1884, extendió las garantías individuales, limitando el derecho de las autoridades a detener a las personas. Obviamente, estas libertades y garantías solo regían en los hechos para los miembros de la clase dominante. En 1884, se amplió el derecho de sufragio a todo ciudadano de 25 años de edad que supiera leer y escribir, eliminándose las anteriores disposiciones de la Constitución de 1833, que exigían como condición para poder votar una renta determinada y un bien raíz. Posteriormente, la Reforma Electoral de 1888, promovida por Balmaceda, rebajó la edad para votar de 25 a 21 años y estableció un registro permanente de electores, terminando con el voto restrictivo, el registro trienal y la boleta de calificación. Se ha sostenido que estas reformas significaron el establecimiento del sufragio universal en Chile. Esta afirmación solo es correcta desde un punto de visita formal; en realidad, no hubo sufragio universal porque la exigencia de saber leer y escribir excluía automáticamente a los obreros y campesinos que en su mayoría eran analfabetos en aquella época, además de seguir negando el derecho a voto a la mitad de la población: las mujeres. El escaso número de personas con derecho a voto refleja las limitaciones de esta “democracia” y la concepción elitista en la generación del poder. En 1862 había 16.813 personas calificadas para votar. En 1864 la cifra subió a solo 22.261 y en 1869 a 41.208. En 1886 tenían derecho a voto 122.583 personas en una población de 2.409.860 habitantes; es decir, solamente el 5% de la población tenía derecho a elegir al presidente y los parlamentarios. Los obreros y campesinos, que constituían la mayoría de la población, estaban excluidos de los registros electorales, como puede apreciarse en el siguiente cuadro de ciudadanos calificados para votar en 1862: Agricultores 3.842, Propietarios (?) 4.151, Artesanos 2.885,Comerciantes 1.651, Empleados Públicos 1.452, Empleados particulares 777, Militares 262, Profesores 128, Sacerdotes 144, Médicos 40 y Farmacéuticos 42. Los artesanos que figuran en esta lista no eran obreros sino dueños de pequeños talleres. Las elecciones del período liberal fueron tan fraudulentas como las convocadas por los anteriores gobiernos conservadores. En todas hubo una manifiesta intervención electoral del gobierno. En las elecciones de 1865 se llegó a sustraer los votos de la propia oficina del Conservador de Bienes Raíces. El sistema de calificación periódico se prestaba para las operaciones fraudulentas porque las autoridades determinaban en cada elección quiénes tenían derecho a voto. El registro electoral permanente recién se estableció en 1888. Los conservadores reclamaron una mayor autonomía de las Comunas o Municipalidades no para dar nuevos derechos al pueblo, sino con la Finalidad de ejercer un mayor control sobre los villorrios rurales, objetivo que lograron en 1891 con la dictación de la ley de municipalidades autónomas.

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Los militares participaban activamente en los fraudes electorales. En una entrevista realizada por Armando Donoso, el general Estanislao del Canto hizo referencia a la participación del Ejército en las elecciones de 1861: Y como en aquel entonces los candidatos eran apoyados por todas las arterias gubernativas, el Séptimo de Línea puso también su oficina para hacer llegar a los ciudadanos a las mesas electorales y ellos no eran otros que la porción de la tropa que se vestía de paisano y se le instruía en el manejo de la calificación que se les daba para que concurrieren a votar. Yo recuerdo que voté nueve veces con distintos trajes y el último fue vestido de clérigo con un uniforme que tenía mi primo Abraham Ovalle del Canto, que era seminarista. La contienda política fue muy reñida y se logró comprobar patentemente la activa participación que había tomado el Séptimo de Valparaíso así como el Buin y Granaderos a caballo en Santiago.203

En síntesis, podemos afirmar, basados en los innumerables testimonios de la época, que la generación del poder político durante el período liberal tuvo un carácter elitista y fraudulento similar al de la época de los gobiernos conservadores.

Las cuestiones teológicas Se denominaron “cuestiones teológicas” a los conflictos suscitados entre la Iglesia y el Estado durante la segunda mitad del siglo pasado, en torno al fuero eclesiástico, a la libertad de cultos, a los cementerios laicos, al matrimonio civil y, en general, a las relaciones entre el poder civil y el clero. La solución de estos problemas se venía arrastrando desde las primeras décadas de la República. O’Higgins y los gobernantes “pipiolos” de 1823 a 1828 lograron adoptar algunas medidas progresistas sobre cementerios y libertad de cultos. Posteriormente, hubo un período de involución producido por la intolerancia religiosa de los gobiernos conservadores de Prieto y Bulnes que, estrechamente ligados a la Iglesia Católica, restauraron los antiguos privilegios del clero en la época colonial. Antes de las reformas liberales, la Iglesia tenía injerencia directa en la educación, registraba los nacimientos, autorizaba los matrimonios y controlaba los cementerios. El comienzo de la crisis de las relaciones entre la Iglesia y el Estado se produjo a fines del gobierno de Montt, el cual tuvo que reafirmar el poder civil sobre el eclesiástico en la “cuestión del sacristán”, apoyando el derecho de la Corte Suprema de pronunciarse sobre el despido de un sirviente por el sacristán mayor, atribución que había sido desconocida por el Arzobispo.

203

Armando Donoso. Recuerdos de cincuenta años, p. 303, Ed. Nascimento, Santiago, 1947.

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Los gobiernos liberales, respaldados por los radicales y nacionales, lograron vencer la resistencia de los prelados católicos a someterse a las leyes del Estado. El Código Penal, promulgado en 1874, introdujo disposiciones que facultaban a los jueces para dictar sentencias en contra de los sacerdotes. Al año siguiente, la Ley Orgánica de Tribunales abolió el fuero eclesiástico. Esta medida, destinada a debilitar realmente el poderío de la Iglesia, fue resistida por el clero con medidas drásticas como la excomunión de los parlamentarios que aprobaron la ley. El liberalismo –escribe Ricardo Donoso– veía en la Iglesia, y en su instrumento el partido ultramontano, el enemigo del régimen representativo. Los hombres de esa generación deseaban llegar a la secularización de las instituciones, desarrollar la enseñanza y separar la Iglesia del Estado, extirpando de la legislación civil todas las raíces de la legislación canónica que obstruían su marcha.204

Una de las primeras leyes sobre libertad de cultos fue la de 1865. Permitió a los no católicos ejercer su culto en recintos privados y financiar escuelas particulares para la educación de sus hijos. En 1873, se decretó que la enseñanza de la religión no sería obligatoria en los colegios fiscales para los alumnos cuyos padres o apoderados así lo solicitaran. La ley de Instrucción Pública de 1879 ratificó las prerrogativas del Estado docente, quedando la enseñanza particular subordinada a los planes educacionales del Estado. En 1883 se dictó la ley de cementerios laicos, resolución que suscitó una violenta reacción de la Iglesia. El gobierno tuvo que amenazar con la aplicación de severas medidas para impedir que los católicos trasladaran los cadáveres del Cementerio General a los patios de las iglesias. A partir de 1884, la administración pública fue la única facultada para expedir certificados de defunción, eliminándose la atribución que en tal sentido tenía antes la Iglesia. En 1884 se promulgaron las leyes de Matrimonio Civil y Registro Civil, las que privaron al clero de su antiguo derecho a constituir legalmente la familia chilena. Estas medidas adoptadas por la mayoría de la clase dominante no habrían tenido tanta repercusión política si la Iglesia y el Partido Conservador no hubieran adoptado una posición intolerante, que se expresó en innumerables actitudes de fanatismo religioso, alentadas por la jerarquía eclesiástica . El presbítero Ignacio Víctor Eyzaguirre, por ejemplo, sostenía que “los cementerios son lugares que única y exclusivamente pertenecen a la Iglesia. No son lugares de policía, sino lugares sobre los cuales la Iglesia tiene jurisdicción e intervención directa. Y de no, ¿por qué son puestos bajo la salvaguardia de la Iglesia, la cual los bendice, y los bendice por medio del diocesano? Porque corresponden a ella, porque en el cementerio interviene el rito eclesiástico para 204

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Ricardo Donoso. Las ideas políticas en Chile, p. 291, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1946.

enterrar los cadáveres, porque la Iglesia misma al destinar un lugar para el cementerio, lo hace suyo, lo adquiere para sí”.205 Durante la discusión del proyecto de ley sobre matrimonio civil, el episcopado lanzó una violenta pastoral en la que “manifestaba que el proyecto, al reducir el matrimonio a un contrato puramente civil, iba contra la moral, y los dictados elementales de la razón; que el matrimonio, por su esencia, era independiente de la autoridad civil, y que la distinción creada entre el contrato y el sacramento no obedecía más que al propósito de justificar el proyecto. Insistía en que el establecimiento legal de ese procedimiento importaba no la consagración del matrimonio, sino establecer una unión ilegítima y criminal, que no merecía otro calificativo que el de concubinato legal, piedra de escándalo permanente y verdadero insulto a las creencias del pueblo”.206 El calificativo de concubinato legal o de unión ilegítima, aplicado por la Iglesia Católica al matrimonio civil, formaba parte del arsenal del terrorismo ideológico que la jerarquía eclesiástica utilizaba para retener a sus fieles por vía de la diatriba, de la amenaza y de la excomunión. Ni siquiera se salvó El Mercurio, acusado de “anticatólico, hereje, impío y calumniador” por la Revista Católica del 30 de octubre de 1852. Las leyes sobre libertad de cultos, cementerios laicos y matrimonio civil favorecían no solo a los miembros de la masonería chilena, sino también a los extranjeros residentes en el país, la mayoría de los cuales era protestante en aquella época. Se aspiraba, asimismo, a garantizar la libertad de cultos a los inmigrantes no católicos de la zona sur. En resumen, las medidas progresistas mencionadas anteriormente quebrantaron en parte la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad chilena, afianzaron el creciente proceso de secularización de las instituciones y reafirmaron la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico.

Los partidos políticos El Partido Liberal fue el principal partido de la burguesía en la segunda mitad del siglo pasado. Se había consolidado en la década de 1850 con el ingreso de la generación intelectual de los Amunátegui, Barros Arana y, posteriormente, de los integrantes del Club de la Reforma. Su programa, contenido en el folleto ‘Bases de la Reforma’, fue redactado por José Victorino Lastarria y Federico Errázuriz. El Partido Liberal estaba integrado no solo por miembros de la burguesía minera, comercial y bancaria, sino también por terratenientes, especialmente por los nuevos sectores de la burguesía agraria de la zona centro-sur. El presidente liberal Federico 205 206

Ibid., p. 243. Ibid., p. 305.

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Errázuriz era uno de los principales latifundistas de la zona de Colchagua. El liberalismo tenía también una fuerte base de sustentación social en los sectores medios, en los profesionales y en la burocracia funcionaria. Los liberales no hacían profesión de fe antirreligiosa, como lo ha señalado la tradición conservadora. Muchos de ellos eran creyentes. Sus diferencias con los conservadores no estaban dadas por la creencia o no en Dios, sino por las medidas tendientes a establecer con claridad la subordinación de la Iglesia a las leyes del Estado. La mayoría de los puntos programáticos del liberalismo estaban, precisamente, relacionados con las llamadas “cuestiones teológicas”: libertad de cultos, cementerios laicos y matrimonio civil. Otros postulados, aprobados en la Convención de 1886, que proclamó la candidatura presidencial de Balmaceda, consistían en “ratificar la Reforma constitucional que robustece la independencia civil del Estado y garantizar la completa libertad de culto; asegurar y robustecer en las instituciones y en la práctica el amplio ejercicio de los derechos individuales, reforma de la ley del Régimen Interior definiendo con claridad las atribuciones de los agentes del Poder Ejecutivo; fomento eficaz por el Estado de la Instrucción Pública”.207 El programa del Partido Liberal planteaba solamente medidas de carácter superestructural. No hubo ningún plan destinado a reformar la estructura agraria y a dictar leyes de proteccionismo a la industria nacional. El liberalismo alentó el desarrollo del latifundio y permitió la entrada indiscriminada de manufactura extranjera, promoviendo solamente medidas relacionadas con el fomento de la economía de exportación de productos mineros y agropecuarios. Su concepción librecambista reforzó nuestra condición de país dependiente, productor de materias primas, favoreciendo la penetración del capital financiero extranjero, especialmente en las explotaciones salitreras. Cuando un hombre de sus filas, José Manuel Balmaceda, hizo el primer intento para impedir que esa riqueza nacional quedara en manos extranjeras, la mayoría del Partido Liberal se plegó a los conspiradores reaccionarios que desencadenaron la guerra civil de 1891. Julio César Jobet enjuicia la labor gubernativa del liberalismo en los siguientes términos: La política liberal en Chile ha servido para dos cosas: 1º Afirmar el sometimiento de la sociedad chilena a la rígida esclavitud en manos de unas cuántas familias, las que controlan “la libertad de la economía”; 2º Estimular la ineptitud del Estado chileno, que durante un largo y decisivo período no se sintió obligado a actuar y hacer, aceptando pasivamente los principios del liberalismo anti-intervencionista… Esta libertad y liberalismo han consistido en dejar las manos libres a terratenientes y capitalistas para manejar el mercado interior y el mecanismo simple de los precios, es decir, para que 207

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La Gran Convención Liberal de 1886, p. 12, Valparaíso. 1886.

funcione la economía en orden a un pequeño grupo de intereses sin tomar en cuenta las necesidades y las posibilidades de las mayorías trabajadoras. Es una libertad para destruir la verdadera libertad. A la vez que este liberalismo desenfrenado entregó las materias primas al capitalismo extranjero y así la economía nacional quedó subordinada a una o dos de ellas y, por lo tanto, sujeta a las fluctaciones de sus precios en el mercado mundial, controlado por el imperialismo.208

En el Partido Liberal se organizaron numerosas fracciones que condujeron a escisiones y crisis permanentes. Estas tendencias no se diferenciaban por principios políticos, sino por el carácter caudillesco de personalidades como Santa María y Amunátegui, que se disputaban la Presidencia de la República y los cargos parlamentarios para controlar fundamentalmente la redistribución de los ingresos aduaneros. El Partido Conservador estaba integrado básicamente por comerciantes y terratenientes de la zona central. Su principal fuerza electoral provenía precisamente de las zonas agrarias, desde Aconcagua hasta Talca. Su definición de partido confesional, inspirada por los obispos Valdivieso y Salas, que obligaba a los militantes del Partido a ser católicos, determinó la marginación de algunos miembros, los llamados conservadores laicos, que se pasaron a las filas del liberalismo. El Partido Conservador, que en los gobiernos de los decenios había sido presidencialista, durante la “República liberal” promovió leyes destinadas a debilitar el poder central. En tal sentido, propugnaba la autonomía local de las Municipalidades, con el fin de fortalecer el poder local que los conservadores ejercían en las zonas rurales. Su concepción ‘portaliana’ del papel del Estado se hizo paradojalmente más liberal que la de los propios liberales. En la Convención conservadora de 1878, Zorobabel Rodríguez manifestaba que su partido “batalla por acabar con la injerencia indebida del Estado en la religión, en la enseñanza, en la asociación, en los comicios, en las cámaras, en las industrias, en el comercio y por consiguiente –y fijaos bien en este ‘y por consiguiente’– señores, en vuestros bolsillos”.209 Los conservadores no solo trataban de evitar que el Estado fijara impuestos, sino que procuraban también impedir el intervencionismo estatal en cualquier actividad. La actitud conservadora en contra de este intervencionismo tenía como finalidad impedir toda situación del Estado sobre la Iglesia Católica. El punto 2 del programa aprobado por la convención de 1878 establecía: “Se acuerda trabajar por la plena libertad de la derogación de las disposiciones constitucionales que establecen el patronato del Estado sobre la Iglesia”.210 208

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Julio César Jobet. Ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile, pp. 26-27, Ed. Universitaria, Santiago, 1955. La Gran Convencion Conservadora de 1878, p. 77, Santiago, 1881. Ibid., p. 108.

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Esta tendencia a contraponer el poder de la Iglesia al poder civil era expuesta sin tapujos por Abdón Cifuentes: “Antes que todo queremos la independencia de la Iglesia; queremos su entera y completa emancipación de poderes extraños al régimen de conciencia… Nuestros padres conquistaron la independencia de la patria; a sus hijos toca completarla con la plena libertad de la Iglesia Católica, esta patria inmortal del género humano”.211 En esta inusitada comparación entre la independencia de la Iglesia y la independencia de la patria, el señor Cifuentes olvidó que la Iglesia Católica había sido en 1810 la principal fuerza opositora a la Independencia de Chile y del resto de las colonias hispanoamericanas. El Partido Conservador, después de haber estado en la oposición a los gobiernos liberales, se alió con todos los partidos de la burguesía para derrocar al presidente Balmaceda, tratando de convertirse en el caudillo de este proceso reaccionario para recuperar antiguas posiciones de poder. El Partido Nacional o montt-varista, creado en 1857 a raíz de las diferencias del gobierno de Montt con la iglesia y el Partido Conservador, ejerció importante influencia en los ministerios liberales, en el Parlamento y en otras instituciones del aparato del Estado. A pesar del escaso número de militantes, los nacionales constituían una “élite” política que controlaba fuertes sectores de la banca, el gran comercio, la minería y el principal órgano de prensa del país. Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, era un destacado miembro del Partido Nacional. El banquero Augusto Matte y el minero José Tomás Urmeneta pertenecían también a las filas del Partido Nacional. En las elecciones de 1861, favorecidos por el intervencionismo del gobierno, los nacionales obtuvieron la mayoría del Parlamento, correlación de fuerzas que perdieron en 1864. La presentación de la candidatura presidencial de José Tomás Urmeneta en 1871 fue el intento más importante del Partido Nacional para recuperar con un hombre de sus filas el poder que había tenido durante el gobierno de Montt. Este intento político contaba con un fuerte basamento social burgués. Urmeneta, dueño de ricas minas de cobre y fundiciones de Coquimbo, representaba los intereses del sector capitalista más poderoso del país: la burguesía minera. Su postulación presidencial logró el apoyo de los Matta y los Gallo, dueños de las principales minas de plata y de cobre de la zona de Copiapó, y de Luis Cousiño, propietario de las explotaciones de carbón y de la industria fundidora de cobre de Lota. El Partido Radical y destacados miembros liberales, como José Victorino Lastarria, Francisco Baeza, Vicente Reyes y sectores acomodados de la zona de Talca a Concepción, influenciados por los Alemparte, dieron también respaldo a Urmeneta, a pesar de que el Partido Liberal había resuelto apoyar la candidatura de Federico Errázuriz. Esto explica que los 58 electores obtenidos por Urmeneta en las

211

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Ibid., p. 26.

elecciones presidenciales, provinieran de Atacama (9), Coquimbo (15), Aconcagua (1), Talca (12), Ñuble (12), Arauco (3) y Llanquihue (6). El candidato de la burguesía minera, derrotado por Federico Errázuriz, denunció el fraude electoral y se mostró dispuesto a no reconocer el triunfo de su oponente. Joaquín Santa Cruz relataba que en la hacienda de Limache, de propiedad de Urmeneta, se discutió esta posición beligerante; allí Matías Ovalle “en un tono firme y en enérgicas frases hizo un ligero análisis de los fraudes y atropellos de que habían sido víctimas los urmenetistas en la última elección; dijo que había llegado el caso de resolver si se aceptaba o no con resignación el resultado de tanta tropelía… Siguió a este discurso otro más enérgico aún de don Francisco Puelma. Expuso Puelma que si alguna vez la resistencia era justificada, en las actuales circunstancias era indispensable ejercerla. Solicitó, en consecuencia, la cooperación necesaria del señor Urmeneta y de todos los presentes para coordinar la resistencia armada si era necesaria. Don José Tomás expresó a continuación que al aceptar él la candidatura, la había aceptado con todas sus consecuencias, y concluyó diciendo que su vida y su fortuna las ponía al servicio de sus amigos ahí reunidos. Concluida esta valiente declaración, todas las miradas se dirigían a los antiguos revolucionarios, Matta, Gallo, Recabarren y otros, a quienes les tomaron de sorpresa estas insinuaciones belicosas”.212 A la hora de las definiciones, la resolución de la burguesía minera fue aceptar el triunfo de Errázuriz, actitud que demostraba que las contradicciones con otros sectores burgueses no eran tan agudas como en la época de las guerras civiles de 1851 y 1859. Se ha dicho que el Partido Nacional postulaba una política “nacionalista”, de protección a la industria nacional, y que la mayoría de los empresarios industriales pertenecía a dicho partido. El análisis del programa de las convenciones de 1875 y de 1878 y la praxis política del Partido Nacional muestran que este partido no tenía una línea definida de proteccionismo a la industria nacional. Con respecto a la filiación política de los supuestos industriales que habrían militado en el Partido Nacional, solo se puede señalar el caso de José Besa, dueño de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar. El Partido Nacional, integrado fundamentalmente por banqueros y dueños de minas, estaba interesado, al igual que el resto de los partidos burgueses, en promover medidas destinadas especialmente a fortalecer la economía de exportación. En la documentación que hemos podido analizar no existe ningún proyecto del Partido Nacional que promueva el proteccionismo de la industria nacional y el cambio de la estructura agraria latifundista. No hay ni siquiera una denuncia acerca de la acelerada penetración del capital financiero extranjero en el salitre. 212

Joaquín Santa Cruz. “Recuerdos de la Picantería”, en Rev. Chilena de Historia y Geografía, Tomo VI, p. 70, Santiago, 1928. La “Picantería”, nombre inventado por Lastarria, era un salón donde se reunían políticos e intelectuales liberales.

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La política económica de los nacionales, basada en los principios librecambistas, no se diferenciaba de la del resto de los partidos burgueses. En carta enviada en 1881 al Partido Liberal para concretar el apoyo a la candidatura presidencial de Santa María, los dirigentes nacionales expresaban: “Nuestras aspiraciones se resumen en la libertad garantizada en todas sus manifestaciones: libertad de conciencia, libertad de discusión, libertad en la vida política, en la vida industrial, libertad en todas sus esferas”.213 Durante los primeros años del gobierno de Balmaceda, destacados militantes del Partido Nacional integraron ministerios claves. Sin embargo, en 1890, en el momento de definirse frente a la política nacionalista de Balmaceda, los “nacionales” se ubicaron en el bando pro-imperialista. El Partido Radical fue creado en 1863 en Copiapó por los Matta, los Gallo y otros empresarios que rompieron con el Partido Liberal a raíz de la fusión liberal-conservadora. Desde su fundación fue un partido burgués que representaba fundamentalmente los intereses de los capitalistas mineros. René León Echaiz214 y otros autores han sostenido que el Partido Radical no fue un partido capitalista, sino un partido de la clase media. Sin embargo, el programa, la composición social de su dirección, los intereses capitalistas mineros que representaba y la praxis política del radicalismo muestran claramente que era un partido burgués, basado en los principios del liberalismo decimonónico. El Partido Radical se diferenciaba del resto de los partidos de derecha solamente por el énfasis que ponía en la lucha anticlerical. Sus dirigentes, formados en la tradición masónica, planteaban medidas democrático-burguesas tendientes a disminuir la influencia de la Iglesia Católica. Sus campañas por la enseñanza laica, la libertad de cultos, los cementerios laicos y el matrimonio civil cumplieron sus objetivos al ser aprobadas por los gobiernos liberales. A partir de entonces, los radicales quedaron prácticamente sin programa, desdibujándose su fisonomía política. Un comentarista del radicalismo, que firmaba con el pseudónimo de Argos, escribía en 1875: “Hoy a nadie asustan los principios que ayer se miraban como una utopía peligrosa; hoy nadie quiere dejar de ser liberal o reformista, aun cuando más no sea en las apariencias”.215 El Partido Radical ingresó al gobierno por primera vez en 1875 para apoyar la política liberal de Federico Errázuriz. Este paso político dividió a los radicales en dos sectores: uno, encabezado por Manuel Antonio Matta, que propiciaba la Alianza Radical-Liberal, y otro, dirigido por Pedro León Gallo, que se oponía al ingreso del Partido al gobierno. Un escritor de la época comentaba que el Partido Radical “se bifurca en dos ramas que siguen direcciones opuestas, aquélla que ha ido a reclinar sus escasas hojas sobre el 213 214

215

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Carta reproducida en el folleto La gran Convención Liberal de 1881, pp. 41-42, Valparaíso, 1881. René León Echaiz. Apuntaciones para el estudio de los partidos políticos chilenos, p. 67, Ed. Ercilla, Santiago, 1942. Argos: El Radicalismo Chileno, p. 26, Santiago, 1875.

viejo tronco carcomido, despoblado, pero aún vigoroso del poder, y la que apartándose, extiende su ramaje al sol y al aire libre de la República. Son éstos los antiguos rojos, son aquéllos los rosados, según la denominación popular, que caracteriza por la atenuación de los matices que han sufrido en sus principios y prácticas políticas los radicales plegados al gobierno”.216 A medida que se integraba al aparato del Estado, el Partido Radical fue “derechizando” su política. Valdés Canje enjuiciaba la trayectoria del radicalismo en los siguientes términos: “El Partido Radical que tan brillante papel había desempeñado en las luchas doctrinarias del 70 al 76, como si hubiera sentido apagarse el fuego de su juventud, comenzó a comprender que no le convenían las luchas ardientes y plegando sus banderas de combate se dispuso a tomar asiento en el banquete común”.217 Los radicales –inclusive el sector más “rojo”– hicieron profesión de fe antisocialista. Ante las críticas del conservador Zorobabel Rodríguez, quien a través del diario El Independiente acusaba a los radicales por un supuesto apoyo a la Comuna de París (1870-71), el Partido Radical se apresuró a delimitar su ninguna concomitancia con los socialistas revolucionarios europeos. Eduardo de la Barra, entonces considerado como el escritor más avanzado del radicalismo, contestaba las críticas de los conservadores afirmando que “la América Latina siempre ha protestado contra la forma socialista de gobierno que preconizan algunos políticos europeos. Entre nosotros, Lastarria, el infatigable sostenedor de la buena causa, apostrofaba a Víctor Hugo… No puede hacerse responsable al radicalismo chileno de las faltas de los liberales franceses ni menos de los errores socialistas, ni mucho menos todavía de los crímenes de turbas desenfrenadas, que no saben ni lo que quieren ni a dónde van”.218 Esta última alusión iba dirigida contra los heroicos combatientes de la Comuna de París. La esencia burguesa del Partido Radical se expresaba en su actitud ante los trabajadores. En la Convención de 1888, Mac-Iver se opuso terminantemente al ingreso de obreros al Partido Radical, posición que condujo a la tendencia de Malaquías Concha a romper con el radicalismo y a formar el Partido Democrático. Un escritor radical reconoce que “la Convención de 1888 al no considerar la cuestión social, había incurrido en una grave omisión, que no se salvaba al formular aquella débil promesa de mejoramiento de la condición de los proletarios y obreros”.219 En la Convención de 1888, el Partido Radical trató de reformular su limitado programa democrático-burgués planteando no solo el sufragio universal, la separación 216 217

218 219

Ibid., p. 2. Julio Valdés Canje. Sinceridad. Chile Íntimo en 1910, p. 43, 2ª edición, Imprenta Universitaria, Santiago, 1910. Eduardo De la Barra. Francisco Bilbao ante la sacristía, pp. 424-425, Santiago, 1871. Vera Enrique Riquelme. Evolución del Radicalismo Chileno, pp. 79 y 82, Santiago, 1943.

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de la Iglesia del Estado, la autonomía municipal y una educación más funcional mediante el impulso a las carreras técnicas, sino también la necesidad de promover algunas medidas a favor de la industria y de la marina mercante. En el manifiesto a los correligionarios se expresaba: Entre las aspiraciones y propósitos del partido radical consignó la Convención el fomento y estímulo de las industrias sin establecer monopolios ni preferencias, y la protección a la marina mercante nacional. No se ha querido con esto dar acogida al sistema económico llamado proteccionista, contrario al fundamento, a la historia y al desarrollo de los principios radicales… Como la misma Convención lo ha expresado, ella no pretende que se fomente la industria por medio de los monopolios o que se la estimule artificialmente cuando no existan condiciones naturales de vida y prosperidad.220

El radicalismo, al igual que los otros partidos burgueses, partidario del liberalismo económico, era contrario a la promulgación de leyes de proteccionismo a la industria nacional porque, a su modo de entender, ellas favorecían la creación de monopolios nacionales. Esta política económica, aparentemente igualitaria y democrática, beneficiaba objetivamente a los industriales de los países europeos que gozaban de la “libertad” para introducir mercancías de una calidad prácticamente imposible de superar por una industria criolla artesanal, huérfana de leyes proteccionistas. El estímulo del radicalismo al desarrollo de la industria era precario y, en última instancia, tenía por objetivo atraer capitales extranjeros, como consta en una de las actas de la Convención de 1888: “Fomentar la industria nacional por medio de exposiciones periódicas y la concesión de premios que, por su importancia, puedan ser un estímulo para radicar en Chile capitales e industriales extranjeros”.221 En lo referente a la necesidad de establecer el proteccionismo a la marina mercante nacional, los acuerdos de la Convención radical fueron también limitados. Puelma Tupper se vio obligado a retirar una moción en la que planteaba que “las naves estranjeras no podrán hacer el comercio de cabotaje”.222 Esta proposición, que tendía efectivamente a favorecer el desarrollo de la marina mercante nacional, fue rechazada por la mayoría de los convencionales radicales. La posición del Partido Radical favorable a la inversión de capital financiero extranjero explica su silencio ante la penetración del imperialismo inglés en las explotaciones salitreras que habían pertenecido a los capitalistas chilenos. Es significativo el hecho de que la Convención Radical de 1888, realizada en el año de mayor inversión de capital extranjero en el salitre, no manifestara una sola palabra de denuncia sobre el proceso de apropiación de la riqueza nacional básica. 220 221 222

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Partido Radical. Programa y Documentos de la Convención Radical de 1888, p. 17, Santiago, 1889. Ibid., p. 62. Ibid., p. 66.

Esta actitud tuvo su correlato político. El Partido Radical no solo negó respaldo a la política nacionalista de Balmaceda, sino que tuvo una activa participación en el frente político opositor que preparó el derrocamiento de Balmaceda. Un historiador del Partido Radical trató de justificar la posición antibalmacedista de su colectividad en los siguientes términos: La revolución se hizo inevitable cuando, habiendo cesado el plazo para renovar las leyes constitucionales, Balmaceda, al margen de la Constitución, decretó que regirán aquéllas que le habían permitido desarrollar su administración durante el año anterior. Los radicales encontraron entonces una línea de conducta que ya habían trazado desde su Convención de 1888, y para ser consecuentes con su doctrina, tuvieron que acudir a ponerse a las órdenes de la Junta Revolucionaria de Iquique… no podemos menos que justificar la oposición radical ante la Presidencia de Balmaceda.223

Esta posición, en la que predominan razones formales en defensa de la institucionalidad, omitiendo un análisis concreto de los intereses proimperialistas que defendían los enemigos de Balmaceda, había sido abonada por las resoluciones de la Convención de 1888, que planteó el inicio de la lucha por la instauración del régimen parlamentarista: “La Convención ha formulado una declaración, que por primera vez se hace en Chile, enderezada a establecer que nuestro régimen de gobierno es y debe ser constitucionalmente el parlamentario”.224 La crítica del radicalismo al régimen presidencialista y su campaña por imponer el sistema parlamentario, planteada dos años antes de la caída de Balmaceda, sirvió a las fuerzas reaccionarias en su crítica al Presidente por su supuesta utilización “dictatorial” de la Constitución de 1833. En este sentido, el radicalismo contribuyó en gran medida a agudizar los ataques del Parlamento reaccionario contra el único presidente de Chile que en el siglo pasado intentó frenar el proceso de semicolonización del país. El Partido Liberal Democrático, creado en 1875 para respaldar la candidatura presidencial de Vicuña Mackenna, tuvo una existencia efímera. Su importancia radica en haber propiciado una de las primeras campañas antioligárquicas de Chile. Benjamín Vicuña Mackenna, activo militante de los movimientos revolucionarios de 1851 y 1859, prolífico escritor, propagandista de la unidad latinoamericana, fue nominado candidato presidencial en las elecciones de 1876. A pesar de no contar con el apoyo del liberalismo, que era el partido de gobierno, ni con el respaldo de los radicales y nacionales, Vicuña Mackenna se lanzó a una campaña sin precedentes en Chile por su agitación política; sus giras abarcaron casi todas las provincias y centenares de ciudades y pueblos a los cuales nunca había llegado un candidato presidencial. En su contacto con los sectores más populares, 223 224

Enrique Vera Riquelme, op. cit., pp. 92-93. Partido Radical. Convención de 1888, op. cit., p. 7.

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Vicuña Mackenna fue elevando el tono antioligárquico. Organizó concentraciones y desfiles multitudinarios y lanzó miles de afiches y proclamas, quebrando el estilo de los antiguos candidatos acostumbrados al manipuleo político fraguado en los salones y clubes de la burguesía criolla. Ante este despliegue electoral de Vicuña Mackenna, “la mayoría del elemento consciente sentía cierta inquietud delante de una agitación que se le representaba más el preludio de una revuelta que contienda electoral; y la indignación empezó a cundir en la aristocracia y entre los elementos de orden”.225 La inquietud de estos sectores políticos había surgido al observar que el contenido antioligárquico de los discursos de Vicuña Mackenna recibía la entusiasta adhesión de vastos sectores populares que acudían a sus proclamaciones. La mayoría de los artesanos adhirió a la candidatura de Vicuña Mackenna. El antiguo miembro de la Sociedad de la Igualdad, Manuel Guerrero, presidió el primer mítin en Santiago, realizado con la asistencia de 6.000 personas en el circo Trait el 30 de noviembre de 1875. Esta concentración sirvió, asimismo, para repudiar la candidatura oficialista de Aníbal Pinto, actitud que se generalizó a otras provincias: Aún más violenta fue la protesta de Valparaíso y las que, como reguero de pólvora, estallaron a lo largo de todo el país, desde Copiapó hasta Chiloé. En Quillota, los ciudadanos asistieron armados de puñales y revólveres para poner a raya a los esbirros del intendente Echaurren. Leyendo la prensa vicuñista, se cree estar en el período álgido de la revolución francesa, pero de una revolución con medios de propaganda desconocidos en su época.226

Vicuña Mackenna logró también el apoyo de los nuevos sectores medios, integrados por maestros, profesionales, jóvenes intelectuales y estudiantes universitarios, además del sector de mujeres que hemos mencionado en el capítulo anterior. El 12 de octubre de 1875, con la presencia de 2.000 personas se reunió la convención vicuñista, bajo el nombre de Asamblea Libre del Departamento de Santiago. Allí, el antiguo igualitario Manuel Guerrero manifestaba: “Estamos aquí para defender los derechos del pueblo contra las intrigas oligárquicas de unos pocos hombres que en el país querían constituirse en dueños absolutos de sus destinos”. En esa Convención fue creado el Partido Liberal Democrático. Los adversarios de Vicuña Mackenna hicieron una asamblea que fue calificada por el diario La Patria de Valparaíso, de filiación vicuñista, como “asamblea oligárquica, formada por las clases privilegiadas y de engendro reaccionario”. Vicuña editó un folleto titulado “Convención de notables, escrita por un liberal sin nota”, en el que declaraba la guerra “a la oligarquía caduca, enferma ya de muerte”.227 225 226 227

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Francisco Encina. Historia… op. cit., Tomo XV, p. 482. Ibid., Tomo XV, p. 500. Ibid., Tomo XV, p. 494.

Vicuña Mackenna recibió un importante respaldo de las provincias. Veintiocho periódicos provincianos apoyaron su campaña de denuncias contra el centralismo de la capital. Según uno de los panegiristas, autor de un folleto titulado “El Secretario del Candidato Popular”, Vicuña Mackenna manifestó en uno de sus discursos: “Yo soy el hombre de trabajo; obrero del bien del país. Hermano del chilote y del copiapino, porque somos hijos del mismo cielo, agrúpense los pueblos en torno mío, ayúdenme en mi empresa de guerra capital, y os juro que llegará un día en que ésta sea la hermana de todas las provincias y no su madrastra ambiciosa y sin amor, como lo ha sido hasta ahora”.228 El autor del folleto mencionado destacaba la lucha de Vicuña Mackenna a favor de los derechos de las provincias postergadas por la capital: “La historia le dará un lugar honorífico en sus páginas para demostrarlo a la posteridad como el defensor de los derechos de los pueblos y como el iniciador de la vida libre y sin tutela de las provincias”.229 El énfasis puesto por Vicuña Mackenna en la defensa de las provincias demuestra que en 1875 aún se mantenía la corriente de disconformismo con la capital expresada en la rebelión de las provincias de 1823-1828 y en las guerras civiles de 1851 y 1859. Los sectores mayoritarios de la burguesía repudiaron la candidatura de Vicuña Mackenna, con excepción de un sector de empresarios mineros encabezados por José Tomás Urmeneta y José Santos Ossa. En cambio, otros miembros influyentes de la burguesía minera, como los Matta, respaldaron la candidatura oficialista de Aníbal Pinto, lo que demuestra que Vicuña Mackenna no era el candidato de la burguesía minera en su conjunto, como han sostenido algunos autores. No por casualidad, el capitalista salitrero José Santos Ossa le solicitó a Vicuña que retirara su postulación poco antes de las elecciones. Paralelamente, importantes sectores de la intelectualidad, amigos de Vicuña Mackenna, como los Amunátegui, los Alemparte, José Manuel Balmaceda y otros, prefirieron apoyar al candidato del Gobierno. El aislamiento político condujo a Vicuña Mackenna a cometer el error más grave de su campaña. A pocos meses de las elecciones realizó gestiones para obtener el apoyo del Partido Conservador. El candidato que había desencadenado una de las campañas más violentas en contra de la oligarquía, terminaba solicitando el respaldo del partido más reaccionario del país. Esta actitud contradictoria, solo explicable por el afán oportunista de lograr una mayor votación, fue rechazada por las bases más conscientes y populares del Partido Liberal Democrático, las que exigieron en abril de 1876 la ruptura de las negociaciones con los conservadores. La directiva del partido acordó expulsar al sector que no aceptaba estas componendas, encabezado por Abel Saavedra y Juan Francisco Mujica, quienes “lograron mover a los obreros, que rompieron 228 229

Anónimo. El Secretario del Candidato Popular, p. 18, Santiago, 1875. Ibid., p. 20.

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con el candidato de las reivindicaciones proletarias. El 13 de junio celebraron un gran mitin y lo declararon tránsfuga de la democracia”.230 En vísperas de las elecciones, Vicuña Mackenna decidió retirar su candidatura y llamar a la abstención electoral. Así terminaba la campaña política de uno de los primeros candidatos presidenciales que logró despertar el entusiasmo de vastos sectores populares, de núcleos proletarios, de artesanos y de los nuevos estratos medios. Por primera vez en la historia de Chile un candidato presidencial levantaba un programa popular y antioligárquico agitado ante grandes masas no solo de Santiago sino también de provincias. En este sentido, Vicuña Mackenna representa la primera candidatura presidencial de carácter populista en Chile. Sus llamados a los obreros, a la juventud, a los artesanos y a las nuevas capas medias tenían un objetivo primordialmente electoral, pero contribuyeron a formar en los sectores populares un sentimiento de confianza en sus propias fuerzas y en el peso social y político que podían ejercer en la sociedad. El Partido Democrático, creado el 20 de noviembre de 1887 por Malaquías Concha, fue el primer partido reformista de Chile que planteó conscientemente medidas de carácter social. Era un partido pequeño-burgués que representaba fundamentalmente los intereses del artesanado y, en forma distorsionada, las aspiraciones de las nuevas capas obreras. Sus primeros dirigentes provenían del Partido Radical. En 1885 dos miembros de la Asamblea Radical de Santiago, Malaquías Concha y Avelino Contardo, que editaban el periódico La Igualdad, “libran verdaderas batallas en el sello de la Asamblea Radical para obtener que este partido acoja en sus filas al elemento obrero. El patriarca del radicalismo, don Enrique Mac-Iver, se opone tenazmente a esta política diciendo que el obrero no tiene cultura ni preparación suficiente para comprender los problemas de gobierno y menos para tomar parte en él”.231 Convencidos de que era imposible modificar la cerrada orientación burguesa del radicalismo, Malaquías Concha y Avelino Contardo rompieron con esta colectividad y fundaron el Partido Democrático, logrando de inmediato la incorporación de destacados miembros de las Sociedades Mutuales, como Agustín Cornejo y otros dirigentes del artesanado. Una de las primeras acciones de los democráticos fue la participación activa en el mitin de protesta de abril de 1888 contra el alza de tarifas de la Compañía de Ferrocarril urbano de Santiago, que dio lugar a la lucha callejera que hemos analizado en el capítulo anterior. Los principales órganos de prensa de este nuevo partido eran La Igualdad, La Democracia de Santiago y La Voz de la Democracia de Valparaíso, dirigidos respectivamente por Avelino Contardo, Juan Rafael Allende y Francisco Galleguillos. 230 231

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Encina: op. cit., Tomo XV, p. 514. Héctor De Petris G. Historia del Partido Democrático, p. 3, Santiago, 1942.

Otra acción pública destacada de los democráticos fue la campaña para que el gobierno derogara la reaccionaria Ordenanza de Reuniones. Los dos mítines realizado el 13 de junio y el 20 de julio de 1890 lograron el objetivo anhelado. El presidente Balmaceda acogió la petición del Partido Democrático. En la entrevista que sostuvo con los democráticos, Balmaceda manifestó: “Atenderé siempre y con especial solicitud los intereses del pueblo. A él debo el alto puesto de honor que desempeño. No puedo olvidar que éste era el reproche que a mi candidatura hicieron clases opulentas de la capital”.232 El Partido Democrático apoyó de hecho la política nacionalista de Balmaceda en un mitin efectuado el 20 de julio de 1890. Segun El Mercurio de Valparaíso, todos los oradores acusaron “al congreso de ser compuesto de ambiciosos que no representaban al país… Presidió el mitin el vicepresidente de la agrupación Don Ezxequiel Cala, el cual manifestó que el objeto del mitin era pedir al presidente de la República un ministerio de opinión y al Congreso que votase las contribuciones actualmente suspendidas”.233 Sin embargo, el apoyo de los democráticos a la política de Balmaceda no fue unánime. Hubo un pequeño sector dirigido por Antonio Poupin, primer presidente del partido, que colaboró con los promotores de la guerra civil, especialmente en el Comité de Lo Cañas. Malaquías Concha denunció en 1891 a los militantes que se habían pasado al campo derechista: No quiero hacer caudal de los motivos que tengan algunos para desertar de las filas del Partido y ponerse al servicio de los enemigos de la democracia. El tiempo aclarará ese misterio. Por ahora se trata de no dejar morir al Partido y de no consentir que se entronicen en el país el conservantismo y el monttvarismo, si por desgracia llega a triunfar la revolución.234

El programa del Partido Democrático, aprobado en la Convención del 14 de julio de 1889, que significativamente coincidió con el centenario de la Revolución Francesa, propiciaba la emancipación política, social y económica, el cambio de la Constitución, la autonomía de los municipios, un poder judicial elegido por el pueblo, impuestos progresivos al capital y la implantación de los derechos de la mujer. Uno de los puntos programáticos importantes consistía en la denuncia de la penetración extranjera: La Nación Chilena, emancipada de la dominación política de la madre patria, no ha sacudido el yugo de la dominación económica que la tiene sujeta a Europa, y sus inconsultas leyes la convierten en factoría, en hacienda de nuestros señores de ultramar. Cuando los ingleses nos envían manufacturas, apenas gravadas por nuestro arancel aduanero, nos impiden por el mismo hecho ejercitar en igual ramo de fabricación.235 232 233 234 235

José M. Irarrázaval. El Presidente Balmaceda, Tomo II, p. 104, Santiago, 1940. El Mercurio de Valparaíso, 21 de julio de 1890. Héctor De Petris, op. cit., p. 11. Malaquías Concha. El Programa de la Democracia, p. 25, Santiago, 1905.

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El Partido Democrático, representando las aspiraciones de los artesanos y medianos industriales, fue el único partido del siglo pasado en plantear claramente una política proteccionista en favor de la industria nacional. En uno de los acápites de su programa se manifestaba: El librecambio, entre naciones de un poder productivo diferente, es una guerra industrial desastrosa que conduce a la subordinación de la nación más débil a la más sobresaliente en determinadas ramas de la producción, la cual adquiere así el monopolio manufacturero y comercial… ¿No vivimos condenados a labrar la tierra, a profundizar el pozo de nuestras minas y al pastoreo de rebaños, porque así lo manda la ley de la competencia extranjera? ¿No vivimos constantemente endeudados para con el viejo mundo, en crisis monetarias permanentes? ¿Se fabrica en el continente Sud-americano una sola cabeza de clavo? No, porque no lo quieren nuestros amos de Europa.236

El Partido Democrático proponía una forma de proteccionismo mediante “el recargo de los derechos, similar a los que produce o puede producir la industria del país”.237 Los democráticos impulsaron también medidas de proteccionismo a la marina mercante nacional. Uno de los puntos de su programa establecía: “El complemento de las medidas protectoras sería una ley de navegación que asegurara a la bandera nacional el comercio de cabotaje y las exportaciones al extranjero, así como las pesquerías en las aguas territoriales”.238 Otro punto de la política nacionalista del Partido Democrático luchaba por exigir a las compañías extranjeras el pago de los derechos de exportación en oro o libras esterlinas: Pago de los derechos de exportación sobre el salitre y el yodo en oro, pero en oro efectivo, en libras esterlinas que suenen y que entren positivamente al país. La letra de cambio no vale lo que el oro, pues la letra es una promesa de pago sobre un mercado extranjero en el cual consumimos todo su valor… Aceptar el pago en letras es como pagarle a la peonada en fichas o vales contra el despachero de la esquina.239

El Partido Democrático reivindicaba el derecho de los mapuche a conservar sus tierras, rechazando la apropiación de éstas por parte del Estado o de particulares. Sin embargo, no planteaba ningún plan de Reforma Agraria. Solo se limitaba a señalar “que nadie podría poseer en un mismo departamento más de mil hectáreas”.240

236 237 238 239 240

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Ibid., pp. 270 y 288. Ibid., p. 291. Ibid., p. 323. Ibid., pp. 364 y 365. Ibid., p. 257.

Es interesante destacar que los democráticos replantearon la lucha por la unidad latinoamericana como el mejor camino para terminar con la dependencia respecto de Europa y Estados Unidos: Digno coronamiento del esfuerzo común de las naciones Sud-Americanas para sacudir el yugo manufacturero y comercial europeo y alcanzar su independencia económica, como ganaron juntas su independencia política, sería el establecimiento de un ‘Zollverein’ o asociación aduanera… Un sistema de aduana común a todos los países sud-americanos sería el complemento de una unión aduanera que prepararía, en cierto modo, la asociación política en una Gran Confederación Continental que pusiera término a nuestras rivalidades y nos asegurara la mutua independencia y la común defensa contra el coloso del Norte y los ataques y extorsiones de que nos hace víctimas la vieja Europa.241

A pesar de sus deficiencias, este programa fue la más alta expresión del nacionalismo y del reformismo social en la segunda mitad del siglo pasado. El Partido Democrático fue la única organización política en plantear abiertamente el proteccionismo a la industria nacional y de comprender que la mejor manera de romper los lazos de dependencia con las metrópolis era a través del ideal bolivariano de unidad latinoamericana. Sin embargo, este primer esbozo de programa antiimperialista omitía un punto clave: la nacionalización de las empresas salitreras que habían pasado a manos del capital financiero extranjero; en el programa del Partido Democrático, redactado en 1889, no hay una sola mención a la acelerada penetración que en esos años había efectuado el imperialismo inglés en las explotaciones salitreras. Otra de las medidas democrático-burguesas no planteadas por este partido era la reforma agraria, propuesta básica para implementar el programa de ampliación del mercado interno y de desarrollo de la industria nacional. Las ambiciones electorales fueron corrompiendo al Partido Democrático y acentuaron el carácter pequeño-burgués de su concepción reformista. No obstante, en su seno se fue generando una tendencia revolucionaria que, acaudillada por Luis Emilio Recabarren, terminó por romper con el reformismo, fundando en 1912 el Partido Obrero Socialista.

La Guerra con España y la unidad latinoamericana La agresión de España a Perú y Chile en 1864 no fue un acto aislado y casual, ni una “aventura” como lo estima la historiografía tradicional, sino que formó parte de un plan general de expansión del capitalismo europeo en América Latina. España había participado junto a Inglaterra y Francia en la intervención armada contra México en 1861, acción que facilitó la pretensión de Francia de instaurar una monarquía 241

Ibid., p. 326.

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encabezada por Maximiliano de Austria. Años antes, Francia había intentado establecer un protectorado en Ecuador. En 1864 la flota española al mando de Luis Pinzón se apoderó de las Islas Chinchas, ricas en guano, principal explotación del Perú en aquella época. El pretexto para realizar esta ocupación militar era exigir a Perú el pago de una deuda de cinco millones y medio de pesos por las pérdidas sufridas por los españoles en las guerras de la Independencia. Asimismo, se trataba de presionar al gobierno peruano para que cancelara una indemnización a los residentes españoles que habían sido afectados en 1863 por manifestaciones de violencia en Talambó. El dueño de esta hacienda había contratado sesenta familias vascas para el cultivo del algodón, concediéndoles tierras a cambio de trabajos en el fundo. Los colonos españoles reclamaron ante su gobierno por incumplimiento del contrato. Hubo un enfrentamiento entre vascos y braceros peruanos, en el cual murió un español. Este hecho sirvió de pretexto para que el gobierno de España ordenara la ocupación de las Islas Chinchas. Esta agresión de España, que aún no había reconocido la independencia de los países latinoamericanos, fue considerada como una tentativa de reconquistar sus antiguas colonias. La actitud vacilante del presidente peruano Pezet, que llegó a firmar un tratado con los agresores por el cual se comprometía a pagar tres millones de pesos de indemnización a España, suscitó un movimiento encabezado por el coronel Mariano Prado, que derrocó a Pezet y se hizo cargo de las tareas de defensa nacional. La reacción solidaria de Chile con Perú, expresada en las manifestaciones populares de repudio a España, en la decisión de no vender carbón a los barcos españoles y el envío a Perú de ayuda, como ganado caballar, determinó que la agresora España acusara insólitamente a Chile de haber violado las normas del derecho internacional. El almirante español Pareja pidió explicaciones a Chile en términos amenazadores, llegando a exigir que su barco insignia fuera saludado con una salva de 21 cañonazos. El gobierno chileno respondió con la declaración de guerra. La escuadra española, superior a la chilena y a la peruana, ejerció un amplio dominio en el Pacífico. Sin embargo, la extensión de las costas chilenas impidió que el bloqueo español fuera más efectivo, obligando a Pinzón a dispersar sus naves, permitiendo una mayor movilidad a los barcos chilenos comandados por Juan Williams Rebolledo. Este logró un triunfo cerca de Papudo el 26 de noviembre de 1865 al capturar el buque llamado ‘Covadonga’. Poco después, los barcos peruanos se unieron a los chilenos enfrentando con éxito a la escuadra española en Abtao, cerca de Chiloé, el 7 de febrero de 1866. El comandante Casto Méndez Núñez, que había asumido el mando luego del suicidio de Pinzón, recibió la orden de bombardear Valparaíso y los depósitos de carbón de Lota. El bombardeo de Valparaíso, realizado el 31 de octubre de 1866, duró varias

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horas. Murieron dos personas y los almacenes de la aduana y otros edificios públicos fueron seriamente afectados. Las pérdidas materiales sobrepasaron los 15 millones de pesos, de los cuales unos 8 millones correspondían a mercaderías extranjeras depositadas en bodega. La escuadra española, después de haber consumado un nuevo bombardeo a El Callao, fue finalmente rechazada y tuvo que abandonar las costas latinoamericanas. Las agresiones de las potencias europeas a México, Santo Domingo y los países de la costa del Pacífico, reavivaron el sentimiento latinoamericanista y de solidaridad de los pueblos de nuestro continente. Los sectores de avanzada democrática de Chile se pusieron a la cabeza de este movimiento de repudio a los planes de conquista de las metrópolis europeas. Su primera manifestación de solidaridad con el pueblo mexicano fue el envío de diez mil pesos a los combatientes dirigidos por Benito Juárez. La lucha por la unidad latinoamericana se elevó a un nivel superior con la fundación de la ‘Unión Americana’ el 25 de mayo de 1862 en Santiago de Chile, cuyas bases políticas y organizativas fueron publicadas en el libro Colección de Ensayos y Documentos relativos a la Unión y Confederación de los Pueblos Hispanoamericanos, Santiago, 1862. La “Unión Americana”, que no incluía a los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo activos adherentes en varios países, entre ellos Argentina. El caudillo de La Rioja, Felipe Varela, ligado a Vicente Peñaloza, alias ‘El Chacho’, y a otros jefes federales del interior que se oponían al centralismo de la burguesía bonaerense, liderada por el presidente Bartolomé Mitre, hizo flamear en las lanzas de sus montoneros “una vistosa bandera blanca punzó de seda, con estas leyendas: Federación o Muerte. Viva la Unión Americana”.242 En una proclama de 1866 dirigida a sus compatriotas, Felipe Varela se oponía a la guerra contra el Paraguay, azuzada por el mitrismo aliado al Brasil y Uruguay. Allí manifestaba el caudillo argentino: “Soldados federales. Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, y el orden común, la paz y amistad con el Paraguay, y la unión con las demás Repúblicas americanas. ¡Ay de aquel que infrinja este programa”.243 En 1868, Felipe Varela publicó un folleto de 30 páginas cuya tapa decía: “Viva la Unión Americana”. En Chile, los sectores de vanguardia, que luchaban por revitalizar el ideal bolivariano y exigían la independencia de Cuba y de Puerto Rico, realizaron manifestaciones callejeras con ocasión de los actos de repudio a la ocupación española de las Islas Chinchas. En el Teatro Municipal de Santiago se reunieron cerca de 5.000 personas para exigir medidas concretas de solidaridad con el pueblo peruano. Los artesanos, especialmente los que habían sido miembros de la antigua ‘Sociedad de la Igualdad’, constituyeron la base popular de estas combativas manifestaciones. En el movimiento 242 243

Félix Luna. Los caudillos, p. 22, Ed. Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1966. Ibid., p. 253.

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americanista de Chile existían tres tendencias: una, que planteaba la lucha activa y militante por la unidad de América Latina; otra, que tenía una actitud ambigüa frente a la unidad, dirigida por Domingo Santa María; y una tercera, representada por Manuel Montt y Antonio Varas, que aspiraba solamente a realizar ciertas acciones comunes con algunos países del continente.244 Vicuña Mackenna, que había viajado a Estados Unidos para organizar una campaña por la liberación política de Cuba y Puerto Rico, denunció a Norteamérica por adoptar una posición “neutral” que en el fondo beneficiaba a España, señalando que “el gobierno de Estados Unidos iba a ser no solo indiferente a nuestra causa, sino virtualmente parcial a España”.245 En otro artículo, Vicuña Mackenna sostenía que ninguna potencia había prestado respaldo a Chile y Perú en la guerra contra España: ¿Quién nos ha ayudado? ¿Quién? ¿La Inglaterra? Creíase que lo hiciese a cuenta de sus negocios. Pero la Inglaterra era una monarquía europea, era amiga de la España, era aliada de la Francia y era para el mundo en general, cosa nunca vista en la historia inglesa, neutral, tratándose de su oro… ¿Quién? ¿La Francia? Pero la Francia no era solo una aliada, una vecina, una amiga, una inspiradora; era más que eso de la España: era una cómplice… Pero ¿y los Estados Unidos? Tampoco. La doctrina Monroe es una impostura del pasado o una farsa de plataforma del presente. La doctrina Monroe ha muerto. La doctrina de la Unión Americana es la enseña del porvenir.246

En el mismo tono hablaba Bilbao.247 Francisco Encina hace responsable a los líderes de la “Unión Americana” de haber arrastrado a Chile a la guerra contra España y califica de “desconformados cerebrales” a los que lucharon por la unidad latinoamericana. Este criterio estrecho expresa en el fondo el desprecio del historiador “nacionalista” por los intentos de lograr la unidad latinoamericana. Estos anhelos condujeron a la realización del Congreso Americano en Lima el 14 de octubre de 1864, al que concurrieron delegados de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela. En carácter oficioso por Argentina asistió Domingo Faustino Sarmiento, cuya actuación en pro de la solidaridad latinoamericana fue desautorizada por el presidente Bartolomé Mitre, quien dio la espalda a los pueblos del continente al declarar que “Argentina no cometería la necedad de sacrificar las realidades nacionales a idealismos continentales”. Los delegados chilenos, entre los cuales se encontraba el joven Balmaceda, plantearon la acción conjunta de América Latina para enfrentar la 244 245 246

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Juan Sinn Bruno. La política americanista de Chile y la guerra con España, Santiago, 1960. Citado por Encina, op. cit., Tomo XVI, p. 427. Benjamín Vicuña Mackenna. “La Doctrina Monroe y la Unión Americana”, en Misceláneas T. I, p. 374 y 377, Santiago, 1872. Carlos Ossandón B. “La política latinoamericana de Francisco Bilbao”, Rev. Estudios Latinoamericanos, Nº 1, p. 54, Santiago, 1987.

agresión española. Sin embargo, la propia burguesía peruana evitó un pronunciamiento concreto porque estaba en negociaciones con España. En definitiva, no se adoptó ninguna resolución importante por la posición ambigua del Perú y la indecisión de los gobiernos del continente. El Congreso Americano de 1864 fue el último intento para lograr la unidad latinoamericana en el siglo pasado. Las burguesías criollas frustraron una vez más los anhelos de unidad de los pueblos del continente facilitando el proceso de “balcanización” promovido por las metrópolis europeas. En función de los intereses particulares de cada una de las “burguesías de dientes de leche”, como dijera Trotsky, se abandonó el criterio de unidad latinoamericana gestado al calor de las guerras de la independencia. El quiebre del ideal bolivariano favoreció los planes de penetración de las potencias extranjeras, que aprovecharon las contradicciones entre las burguesías criollas para acelerar el proceso de dependencia de Chile y, en general, de América Latina.

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capítulo vi. La Guerra del Pacífico

La guerra de Chile con Perú y Bolivia (1879-1883) ha sido tratada por los historiadores tradicionales –tanto chilenos como peruanos y bolivianos– con un criterio “chovinista” que ha mitificado la realidad, encubriendo las causas profundas que motivaron el conflicto bélico. Los historiadores chilenos del siglo pasado narraron la Guerra del Pacífico identificándose con los planes de expansión de la burguesía minera. Por su parte, los historiadores peruanos y bolivianos han ocultado los principales objetivos que perseguían sus respectivas clases dominantes al comprometerse en la guerra, alentando odiosidades contra el pueblo chileno, sin distinguir entre los intereses y finalidades de la burguesía chilena y los trabajadores que le sirvieron de carne de cañón. La animosidad entre estos pueblos ha sido cultivada durante más de un siglo por las burguesías de los tres países. La educación ideologizada de los niños y estudiantes secundarios a través de los manuales oficiales de Historia de Chile, Perú y Bolivia, ha favorecido no solo los intereses de las burguesías criollas, sino también los del imperialismo, que no pierde oportunidad para agudizar cualquier contradicción entre nuestros pueblos con el fin de ahondar su “balcanización” y bloquear el proceso de identidad y unidad latinoamericana. La mayoría de los historiadores de izquierda ha preferido soslayar el tema por aprehensión a lesionar los sentimientos patrióticos. Nosotros creemos que solamente la verdad histórica ayudará a los pueblos de Chile, Perú y Bolivia a terminar con los odios atizados por las burguesías nacionales. El conocimiento profundo de las causas que motivaron el conflicto bélico permitirá a los movimientos sociales de estos tres países luchar por una solución común cuando hayan conquistado el poder derribando a sus respectivas clases dominantes.

Causas de la guerra La historiografía tradicional de Chile ha considerado como causas de la Guerra del Pacífico el Tratado secreto firmado por Perú y Bolivia en 1873 y la violación por parte de Bolivia del Tratado de 1874 con Chile, al fijar 10 centavos de impuesto por quintal de salitre exportado desde Antofagasta. 387

A nuestro juicio, estas no fueron causas fundamentales de la guerra, sino hechos que actuaron como desencadenantes de un proceso que estaba relacionado con intereses económicos de primera magnitud: el control de la zona salitrera de Tarapacá y Antofagasta. Es efectivo que Bolivia violó el Tratado de 1874 que liberaba de gravámenes a los empresarios chilenos del salitre, pero el insignificante impuesto de 10 centavos no era causa suficiente como para provocar el estallido de una guerra. El impuesto de 10 centavos era tan bajo que el gobierno chileno, poco después del término de la guerra, fijó un arancel aduanero $1,60 por quintal de salitre exportado. El Tratado de 1873 entre Bolivia y Perú fue interpretado por la burguesía chilena como un peligro potencial en contra de sus intereses expansionistas en el salitre. En lo referente al carácter “secreto” del Tratado, es sabido que estaba en conocimiento de la cancillería chilena y de la mayoría de los países latinoamericanos por haber sido discutido públicamente en el Parlamento argentino. El tratado firmado por las clases dominantes de Perú y Bolivia tendía a resguardar fundamentalmente sus intereses salitreros. Como la burguesía chilena, en pleno proceso de expansión capitalista, estaba precisamente interesada en conquistar las riquezas salitreras, era obvio que considerara el tratado de 1873 como un serio obstáculo para lograr sus objetivos de clase. Por consiguiente, la causa profunda de la guerra no era el tratado en sí, sino el dominio de la zona salitrera. La causa fundamental de la Guerra del Pacífico fue la disputa por el control de las riquezas salitreras de Tarapacá y Antofagasta, motivo por el cual el conflicto debería denominarse “la guerra del salitre”. Este hecho es tan evidente que resulta insólita la afirmación de Encina: “Si entre las guerras que han estallado en la América Española hay alguna que haya surgido del subconsciente colectivo ajena a todo móvil económico, es precisamente la Guerra del Pacífico por lo que respecta al pueblo chileno”.248 Para Encina, “la mayor cantidad de sangre goda que circulaba por las venas del pueblo chileno, en relación con sus hermanos, y la mayor suma de energía vital acumulada durante una dura y prolongada selección, lo impulsaron hacia las aventuras lejanas… ajenas a todo espíritu de conquista o de predominio político”.249 La concepción racista de Encina se revela también en sus alusiones despectivas a los “cholos traicioneros”, alentando la discriminación racial contra los pueblos peruano y boliviano. La burguesía chilena, con o sin sangre goda, estaba interesada no solamente por las salitreras, sino por asegurar también sus inversiones en las minas de plata de Antofagasta y en el Banco Nacional de Bolivia. La conquista de Tarapacá y Antofagasta le convenía tanto a la burguesía minera como a los terratenientes chilenos, quienes 248 249

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Encina: op. cit., Tomo XVII, p. 501. Ibid., pp. 243 y 244.

experimentaban la necesidad de abrir un nuevo mercado para sus productos agropecuarios. El sector comercial y bancario de Valparaíso estaba también interesado en dirimir fuerzas con el Perú porque había sido afectado por las medidas del estanco y estatización del salitre decretadas por los gobiernos de Pardo y Prado, quienes aspiraban convertir a Iquique en puerto clave de la venta de salitre. Dichas medidas estaban encaminadas a terminar con el monopolio que ejercía Valparaíso, donde se transaban todas las operaciones de compraventa del salitre no solo de Antofagasta sino también de Tarapacá. La medida de expropiación y nacionalización del salitre, promovida por el gobierno peruano de Pardo en 1875 y ampliada en 1878 por Prado, afectó seriamente los intereses capitalistas chilenos que tenían cuantiosas inversiones en Tarapacá. Esta medida, analizada superficialmente por los historiadores tradicionales, fue uno de los motivos fundamentales que indujeron a la burguesía chilena, coludida con los inversionistas ingleses y alemanes, también lesionados por la ley de expropiación de las salitreras, a presionar fuertemente sobre el gobierno de Aníbal Pinto para que declarara la guerra a Perú y Bolivia. Al mismo tiempo, una crisis de coyuntura, sufrida entre 1875 y 1878 por la economía chilena, cuyos productos de exportación se vieron afectados por una de las crisis cíclicas mundiales de la época, actuó asimismo como factor coadyuvante para que la burguesía chilena desencadenara la guerra en busca de una salida a la crisis.

Constitución de la propiedad salitrera y expansión del capitalismo chileno El uso generalizado del salitre como fertilizante en la agricultua europea y norteamericana a partir de 1850 y su utilización en la elaboración de explosivos y de diversos productos químicos, dieron un vigoroso impulso a la explotación de este mineral. La zona salitrera de Antofagasta comenzó a ser explotada por capitalistas chilenos. La inversión en Tarapacá de capitales peruanos, chilenos y, en menor medida, ingleses, alemanes e italianos, hicieron subir la producción de 10.594.026 quintales en 1865 a 26.795.625 quintales en 1875. En esta fecha, los capitalistas peruanos controlaban el 54% de las inversiones salitreras, los chilenos el 18% y los ingleses el 15%. Guillermo Billinghurst, uno de los políticos peruanos de la época más conocedores del problema salitrero, sostenía que gran parte de los capitales “ingleses” no eran inversiones provenientes de Londres, sino que fueron obtenidos en base a créditos concedidos por los bancos de Lima y Valparaíso a particulares de origen inglés.

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Billinghurst opinaba que los ingleses no jugaron un papel decisivo en la promoción de las primeras explotaciones salitreras: No han sido capitalistas ingleses los que han imprimido a la industria salitrera la marcha inicial que le ha servido para adquirir su actual desarrollo… La compañía chilena de consignaciones invirtió en habilitaciones salitreras hasta cerca de $1.500.000. El Banco Edwards que hizo adelantos en este mismo negocio y cuatro o cinco casas de ese puerto comprometieron aquí más de $1.000.000”.250

El Banco de Valparaíso organizó once sociedades anónimas para la explotación del nitrato en Tarapacá: “El mercado financiero de Valparaíso se hallaba, por lo tanto, representado en la industria del salitre en Tarapacá, desde 1870 adelante en más de $6.500.000”.251 Las casas financieras de Valparaíso monopolizaban la compra y venta de toda la producción de nitrato de la costa del Pacífico. Óscar Bermúdez señala que “todo el salitre inclusive el de Tarapacá era objeto de transacciones comerciales en Valparaíso antes de ser enviado a Europa”.252 Los capitalistas peruanos, que poseían la mayor parte de las estacas salitreras, se veían obligados a realizar sus operaciones en el mercado mundial por intermedio de las casas financieras de Valparaíso. Emilio Romero, economista peruano, anota que “la navegación a vapor por el estrecho de Magallanes hacía largo el camino hasta las salitreras, por cuyo motivo muchas transacciones sobre el salitre se hacían en Valparaíso y no en el Callao, circunstancia que hizo creer a muchos europeos que el salitre era chileno”.253 Los capitalistas chilenos comenzaron a penetrar en la costa boliviana a fines de la década de 1850, explotando guano en la zona de Mejillones, al norte de Antofagasta. Estas incursiones motivaron una protesta de Bolivia el 23 de marzo de 1863. Tres años después, el 10 de agosto de 1866, Chile y Bolivia firmaron un “tratado de medianería” por el cual se establecía el paralelo 24 como límite entre ambos países. El artículo 11 señalaba que “las dos repúblicas se repartirían por mitad los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano descubiertos en Mejillones y de los demás depósitos de este mismo abono que se descubrieran entre los grados 23 y 25 de latitud meridional, como también los derechos de exportación que se perciban sobre los minerales extraídos del mismo espacio del territorio”. El gobierno chileno adquiría el derecho de vigilancia sobre la Aduana de Mejillones al autorizarse a un inspector chileno a ejercer control en las entradas aduaneras. Quedaban libres de todo derecho

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Guillermo Billinghurst. Los capitales salitreros de Tarapacá, p. 30, Santiago, 1889. Ibid., p. 34. Óscar Bermúdez. Historia del salitre, p. 326, Ed. Universitaria, Santiago, 1905. Emilio Romero. Historia Económica del Perú, p. 405, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1949.

de importación los productos naturales de Chile que se introduzcan por el puerto de Mejillones.254 Este tratado de 1866 favorecía abiertamente a Chile, por cuanto adquiría el derecho de vigilancia sobre una de las aduanas más importantes de Bolivia. La exención de impuestos a los productos naturales de Chile constituía una gran ventaja para los comerciantes y terratenientes que enviaban harina y carne a la zona norte. Por derechos de exportación de guano, de una zona que era boliviana, el gobierno de Chile obtuvo hasta 1879 cerca de dos millones de pesos de 48 peniques. La penetración de capital chileno en Antofagasta se aceleró en la década de 1860 con los descubrimientos de salitre hechos por los arrieros de José Santos Ossa, quien junto con Francisco Puelma fundó la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama, compañía que rápidamente obtuvo privilegios del gobierno boliviano. El 5 de septiembre de 1868, el ministro de Hacienda de Bolivia expedía la siguiente resolución: “Se concede a la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama, el privilegio exclusivo de 15 años para la explotación, elaboración y libre exportación del salitre en el Desierto de Atacama”.255 El investigador chileno Óscar Bermúdez acota: el presidente boliviano, Melgarejo, que “no tenía la menor noción de la riqueza minera y salitrera de esta vasta zona, la había entregado gratuitamente a los peticionarios chilenos, excepto el pago de diez mil pesos que éstos hicieron en la Tesorería de Cobija”.256 Gonzalo Bulnes, historiador chileno de la Guerra del Pacífico reconoció que “el privilegio era tan extremado, las concesiones tan vastas, que el pueblo boliviano protestó, con razón, enérgicamente contra ellas”.257 El tratado del 5 de diciembre de 1872 amplió los beneficios obtenidos por Chile en 1866 al reconocer la participación por mitades, para ambos países, en los derechos de exportación no solo de los metales propiamente dichos, sino también del salitre, bórax, sulfatos y demás sustancias inorgánicas. El proceso de penetración de la burguesía chilena en esta zona boliviana adquirió características de colonización no solo económica, sino también política, al lograr los chilenos ser designados para ocupar cargos en las municipalidades bolivianas. “Esto explica que al producirse la elección del primer Cuerpo de Agentes Municipales de Antofagasta, integrado por nueve agentes, seis de éstos eran chilenos, dos alemanes y uno inglés”.258 José Santos Ossa y Francisco Puelma entraron en sociedad con Agustín Edwards y Guillermo Gibbs, creando la “Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta” 254 255 256 257 258

Citado por Encina, Tomo XVI, p. 8. Óscar Bermúdez, op. cit., p. 199. Ibid., p. 199. Ibid., p. 214. Ibid., p. 212.

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que aumentó su capital inicial de $2.500.000 en 1872, a cinco millones en 1879. Esta compañía presionó para que se firmara el Tratado de Agosto de 1874, según el cual la Compañía de Salitre Antofagasta o cualquier otra industria chilena que se estableciera en el litoral quedaba libre de todo derecho fiscal o municipal por el término de 25 años. Asimismo se otorgaba exclusividad a los empresarios chilenos para la explotación del Salar del Carmen, que abarcaba 6.400 hectáreas. La expansión del capitalismo chileno en territorio boliviano no solo alcanzó al salitre, sino también a las explotaciones de plata, especialmente la mina de Caracoles. Cuando los historiadores comentan los fabulosos ingresos que proporcinó a Chile la mina de Caracoles, “curiosamente” omiten que estaba situada en territorio boliviano. Bermúdez manifiesta que “Caracoles se convirtió rápidamente, ya en 1870, en un vasto campamento de trabajo y aventura. La fiebre minera que despertó el Cerro de la Plata, especialmente en Chile (la mayoría de las explotaciones eran de chilenos y el principal circulante en Caracoles eran escudos y cóndores de oro) debía influir considerablemente en la vida económica del litoral. El embarque de los minerales de plata se hacía por Cobija”.259 Se calcula que durante 1872 y 1873 los capitales chilenos invirtieron unos dos millones de libras esterlinas en la explotación de Caracoles. Además de Caracoles, los empresarios chilenos explotaban en territorio boliviano las minas de Huantajaya, Huanchaca, Corocoro y Socavón de la Virgen de Oruro. Uno de los principales accionistas de la mina de plata de Huanchaca, que en 1877 ocupaba 1.567 obreros, era el chileno Melchor de Concha y Toro, que tenía 355 acciones; Elías y Ezequiel Balmaceda con 125 acciones; Ramón y Gregorio Donoso, con 95 acciones, y Rafael Larraín, con 35 acciones. Cada acción valía 1.000 pesos. Los financistas chilenos habían llegado a controlar también el Banco Nacional de Bolivia. Este Banco, fundado en 1871, “adquirió derechos de emisión de billetes en las siguientes condiciones: tenía privilegio exclusivo solo en el Departamento de Cobija… Los billetes se convertirían también a la vista en numerario en la oficina poderosa de Valparaíso”.260 El Banco Nacional de Bolivia, íntimamente relacionado con las operaciones salitreras de las casas financieras de Valparaíso controladas por Edwards, abrió sucursales en Cobija y Antofagasta en enero de 1873. Hacia 1876 se había convertido en el banco más poderoso de Bolivia. El segundo banco de importancia era el Banco Boliviano, controlado por el súbdito inglés Enrique Meiggs, vinculado también a las actividades mineras y a los grupos financieros de Chile. La expansión del capitalismo chileno determinó una migración de trabajadores de la zona centro-sur al Norte. Bermúdez señala que a partir de 1870 comienza una apreciable cantidad de chilenos a trabajar en esta región. Los 30.000 trabajadores 259 260

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Ibid., pp. 210 y 211. Luis Peñaloza. Historia Económica de Bolivia, Tomo II, p. 23, La Paz, 1954.

chilenos que Meiggs había llevado al Perú quedaron cesantes al terminar las tareas de construcción de los ferrocarriles, pasando a constituir el ejército industrial de reserva para las explotaciones salitreras y las actividades de carga y descarga de los puertos. La población de Tarapacá, según el Censo peruano de 1875, era de 38.226 habitantes, de los cuales 9.664 eran chilenos. Antofagasta tenía 8.507 habitantes, de los cuales 6.554 eran chilenos. Encina justifica la guerra argumentando que la soberanía de Bolivia sobre Antofagasta era artificial porque la mayoría de los habitantes era chilena: “Ningún raciocinio –dice Encina– ni ningún tratado podía arrancarle la conciencia de que debía ser chileno el suelo de nadie que su empuje y su brazo habían transformando de desierto en emporio de grandes riquezas”.261 Con este criterio expansionista, se podría justificar cualquier guerra de conquista. Los capitalistas chilenos de Antofagasta promovieron en octubre de 1876 la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Patria”, que llegó a agrupar a cerca de 10.000 chilenos. Roberto Hernández afirma que esta sociedad: Pretendía nada menos que la independencia del litoral. Se esperaba que el gobierno de la Moneda ayudase, pero los presidentes Errázuriz y Pinto rechazaron sus gestiones como un atentado contra la paz y los tratados vigentes. Entonces ‘La Patria’, que era una institución por el estilo de la famosa Logia Lautarina, varió de táctica y obtuvo la cooperación de un alto personaje boliviano para encabezar la federación del litoral como velo para sus resueltas y justificadas ambiciones. Dícese que el caudillo designado para encabezar con el nombre de la Federación el levantamiento en masa de los chilenos era el Dr. Ladislao Cabrera, que por su enemistad con Daza se había hecho adicto a la causa de los chilenos… Cuando el directorio de la sociedad ‘La Patria’ estuvo en situación de obrar eficazmente, las actividades se extendieron a Valparaíso para acopiar elementos. En efecto, el cónsul Villegas decía en una carta: “En Valparaíso se recopilaron todos los elementos del caso; allí se formuló la constitución para el nuevo Estado, el cual según dicho documento debía ser regido internamente por un Triunvirato; se compraron armas; magníficos rifles de precisión, revólveres, sables, etc. El armamento comprado en Valparaíso y perfectamente arreglado en sacos de cebada y fardos de pasto fue embarcado en el vapor que partió de ese puerto el día 22 de marzo de 1877 y llegó al de Antofagasta, donde debía ser desembarcado el 26 del mismo mes. La desgracia quiso que el mismo día llegara la noticia de que en Caracoles había estallado una revolución encabezada por el coronel Carrasco, que apoyaba al caudillo don Casimiro Corral. Con tal motivo, uno de los bolivianos comprometidos en el movimiento federal, denunció a la primera autoridad de Antofagasta la existencia de las armas”.262

Este intento separatista de Antofagasta reflejaba el grado de penetración del capitalismo chileno, que prácticamente había convertido a esta provincia boliviana 261 262

Encina, Tomo XVI, p. 250. Roberto Hernández. El Roto chileno, p. 120, Valparaíso, 1928.

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en una factoría o semicolonia. El correlato político de este proceso de expansión del capitalismo chileno fue la Guerra del Pacífico, una guerra de conquista que permitió a la burguesía criolla afianzar por medio de las armas la penetración de su capital en la zona salitrera.

La política salitrera de los gobiernos peruanos de Pardo y Prado El proceso de expansión del capitalismo chileno se vio seriamente amenazado por la política salitrera propiciada por los gobiernos peruanos de Pardo y Prado. Las administraciones peruanas que habían tenido una experiencia nefasta al entregar en concesión las explotaciones de guano a empresas particulares, procuraron realizar una política económica distinta con el salitre. El 30 de noviembre de 1868, el gobierno de Balta fijó un impuesto de 4 centavos de sol por quintal de salitre exportado. Hasta esa fecha, los salitreros jamás había pagado un peso de impuesto. Además, Balta suspendió la adjudicación de terrenos salitreros. Según Billinghurst, esta medida fue precursora de la ley de nacionalización decretada por el gobierno de Pardo en 1875. El ministro de Justicia informaba al gobierno de Balta sobre un viaje realizado a la zona de Iquique, señalando que la riqueza salitrera “explotada por el gobierno sería una de las más pingües rentas nacionales”.263 El presidente Manuel Pardo dictó el 18 de enero de 1873 un decreto estableciendo el estanco del salitre, que obligaba a los productores a vender su producción al Estado. El gobierno ofreció comprar el salitre a 2,40 soles el quintal. Los salitreros sabotearon esta medida negándose a dar informaciones sobre el monto real de la producción. El estanco del salitre provocó una airada protesta tanto de los capitalistas peruanos como de los empresarios chilenos que controlaban desde Valparaíso todas las operaciones de venta de salitre al mercado mundial. El estanco del salitre, decretado por Pardo, amenazaba con terminar el monopolio que ejercían las casas financieras y comerciales de Valparaíso, ligadas al capitalismo europeo, especialmente al inglés. La medida de Pardo rebasaba los estrictos marcos de los intereses salitreros chilenos poniendo, además, en peligro la supremacía de Valparaíso en el Pacífico obtenida por la burguesía chilena en la anterior guerra de 1837-39 contra la Confederación Perú-Boliviana. La intención de Pardo era conventir a Iquique en el puerto encargado de distribuir al mercado internacional la producción concentrada en el estanco. Los capitalistas salitreros comenzaron a sabotear los planes del gobierno, negándose a vender su producción al Estado y adoptando medidas para exportar directamente el salitre. 263

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Citado por Óscar Bermúdez: op. cit., p. 315.

El 28 de mayo de 1875, Pardo promulgó una medida tendiente a la nacionalización del salitre. Esta ley prohibía la adjudicación de terrenos salitreros a particulares y establecía en su artículo 3º: “Se autoriza al Poder Ejecutivo para adquirir los terrenos y establecimientos salitrales de la Provincia de Tarapacá, adoptando con este objeto las medidas legales que juzgue necesaria. Se le autoriza, igualmente, para celebrar los contratos convenientes para la elaboración y venta del salitre”. Daba atribuciones al gobierno para contratar un empréstito de 7 millones de libras esterlinas, de las cuales 4 millones se utilizarían para indemnizar a las empresas expropiadas y 3 millones para construir nuevas líneas férreas. Los propietarios quedaban obligados a vender sus salitreras al Estado, con todas las instalaciones e instrumentos de explotación. La ley de Pardo no constituía una nacionalización total porque momentáneamente las salitreras quedaban a cargo de sus antiguos dueños en calidad de “contratistas”. Esta medida hizo decir a Valdés Vergara: “El Estado era dueño de las salitreras sin ser industrial”.264 Además, los industriales que no desearan vender de inmediato sus oficinas estaban autorizados para efectuar contratos de promesa de venta, pudiendo continuar con su explotación hasta que se concretara la compra por parte del gobierno. Aprovechándose de que el sistema de fiscalización y tasación era primitivo, las casas salitreras inglesas, como Gibbs, Gildemeister y Campbell, vendieron no solo sus propiedades en tres veces más de su valor sino que pusieron en venta terrenos salitreros que no les pertenecían. La medida de Pardo, audaz y progresiva para su tiempo, afectó poderosos intereses económicos nacionales e internacionales. Los capitales afectados alcanzaron las siguientes sumas en soles: peruanos 10.665.093, chilenos 3.554.726, ingleses 2.825.000, alemanes 1.508.000 e italianos 847.000. El gobierno de Pardo alcanzó a expropiar el 70% de estas salitreras. El investigador de la historia económica del Perú, Emilio Romero, señala que “las tasaciones del material de 161 oficinas expropiadas alcanzaron a 20.264.624 soles, según operaciones efectuadas por los ingenieros Francisco Paz Soldán y Felipe Arancibia, y que dan idea sobre la magnitud de la industria peruana del salitre de entonces”.265 Los capitalistas expropiados recibieron “certificados” o vales pagaderos a dos años con letras sobre Londres. Los certificados podían ser convertidos en bonos con un interés de un 8% anual. A fines de 1878, el gobierno había adquirido 66 oficinas modernas con una capacidad productora de 16 millones de quintales y 81 oficinas de menor valor productivo. Todo por un total de 20 millones de soles de 44 peniques.

264 265

Francisco Valdés Vergara. Problemas Económicos, pp. 359 y 360, Santiago, 1913. Emilio Romero, op. cit., p. 409.

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El 22 de marzo de 1878 el gobierno del general Prado, que había sucedido a Pardo, resolvió comprar todas las salitreras, dando un plazo de 40 días a los particulares que se resistían a vender sus empresas al Estado. Las medidas adoptadas por los gobiernos de Pardo y Prado no han sido debidamente justipreciadas por los historiadores de izquierda. El único investigador chileno que supo reconocer la importancia de la medida de Pardo ha sido Óscar Bermúdez: “La política nacionalizadora del salitre iniciada por Pardo, con la habilísima colaboración de Juan Ignacio Elguera, estuvo inspirada en principios tan modernos que nos sorprende hoy el esfuerzo por aplicarla”.266 A nuestro juicio, las leyes de Pardo y Prado sobre el salitre han sido las medidas nacionalistas más importantes realizadas por un gobierno burgués de América Latina en el siglo pasado. Estas medidas fueron más avanzadas que la política salitrera de Balmaceda, quien se limitaba a plantear que el salitre quedara en manos de capitalistas criollos. Los historiadores liberales han minimizado las medidas de Pardo y Prado por estar en desacuerdo con toda política económica que quebrara los marcos del liberalismo. Los propios historiadores peruanos han criticado esa política nacionalista argumentando que el Estado es un mal administrador. El autor de una Historia del Perú opina que fue un error la medida de nacionalización: “También resultó un fracaso la expropiación salitrera, porque el Estado no obtenía de ese sistema lo que hubiera podido conseguir con el de cobrar un derecho de exportación al salitre elaborado por los propios industriales”.267 Mientras la burguesía chilena preparaba la estrategia para recuperar las salitreras de Tarapacá, los empresarios salitreros, entre ellos Daniel Oliva, desplazaron sus capitales a Taltal, al sur de Antofagasta. Gonzalo Bulnes anota que “los salitreros chilenos de Tarapacá, despojados de sus propiedades por Pardo, lo buscaron y hallaron en la pampa de Taltal estimulados por el gobierno de Pinto, que les regalaba lo que descubrieron a trueque de devolver a Valparaíso la actividad comercial que le había arrebatado el monopolio peruano”.268 Manuel Ossa, hijo de José Santos, fue uno de los primeros en iniciar la explotación de salitreras en Taltal. Roberto Hernández sostiene que “las inversiones de capital chileno en Aguas Blancas y Taltal, que empezaron en 1877, subieron a $4.000.000, que era una suma enorme en aquel tiempo”.269

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Óscar Bermúdez, op. cit., p. 350. Carlos Wiesse. Historia del Perú, p. 101, Lima, 1929. Gonzalo Bulnes. Guerra del Pacífico, Tomo I, p. 59, Santiago, 1911. Roberto Hernández. El Salitre, p. 37, Valparaíso, 1930.

En enero de 1879, el diputado peruano por Iquique, Guillermo Billinghurst, manifestaba que los capitalistas afectados por la medida de expropiación de Pardo, emigraban a Chile: La competencia que me arredra y con sobrada razón es la que se levanta en Chile con todos los síntomas de una empresa colosal… Chile se ha apresurado a abrir sus puertas a los industriales que han emigrado de nuestro territorio… Son precisamente los industriales ahuyentados del Perú los que han llevado el contingente de sus trabajos y de sus capitales para fomentar la industria salitrera de Chile.270

Paralelamente a este desplazamiento de capitales, la burguesía chilena reiteraba sus protestas contra las medidas del gobierno peruano. En una conversación entre el ministro chileno Adolfo Ibañez y Félix Zegarra, secretario de la Legación de Perú en Chile, el primero habría manifestado: “Pardo es el gobernante que más males ha hecho a Chile. Tiene usted el estanco que nos ha arrebatado más de 20 misiones al año y todos los hechos posteriores”.271 Julio César Jobet señala que en una entrevista sostenida con el presidente del Perú, una comisión salitrera chilena manifestó: “El estanco y después el monopolio nos han arruinado. Tarapacá comerciante era nuestro. Nuestros capitales y nuestros brazos la han formado; y cuando comenzábamos a ver los frutos de nuestra empresa, se nos arroja y se nos arruina”.272 La Sociedad Nacional de Agricultura manifestaba en 1884 que “las medidas tomadas por el gobierno peruano no solo no le aseguraron la producción del salitre sino que más o menos directamente fueron causa de la guerra con nosotros”.273 Efectivamente, la política de expropiación y nacionalización del salitre, emprendida por los gobiernos de Pardo y Prado fue uno de los motivos fundamentales que impulsaron a los capitalistas chilenos a presionar al gobierno de Pinto para que declarara la guerra. Hombres influyentes para ejercer esta presión no le faltaban a la burguesía minera. Importantes accionistas de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta eran miembros del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de los Tribunales de Justicia y del Parlamento. Según la Memoria del 1 de junio de 1877 de Compañía salitrera, entre los accionistas figuraban: Cornelio Saavedra, ministro de Guerra y ex-jefe del Ejército de la Frontera; Julio Zegers, ministro de Justicia; Agustín Edwards, Santiago Prado, Julián Riesco, Rafael Sotomayor, FranciscoVergara, Enrique Walker, Antonio Varas y otros 270 271

272 273

Ibid., p. 89. Mariano F. Paz Soldán. Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, p. 33, Buenos Aires, 1884. Julio César Jobet. Ensayo crítico… op. cit., p. 64. Sociedad Nacional de Agricultura: Boletín Nº 16, 20/12/1884, p. 91, artículo ‘Impresión de los salitreros’. Firmado por Nathan Miers Cox.

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connotados políticos de la época, que habían sido afectados por las medidas de los gobernarnantes peruanos.

La crisis de coyuntura de la economía chilena Una de las causas inmediatas que precipitaron la declaración de guerra por parte de Chile fue la crisis coyuntural que atravesaba la economía del país. Marcelo Segall sostiene que la causa concreta de la guerra “se encuentra en la crisis económica mundial y sus derivaciones”. Según Maurice Beaumont, “después de la expansión de los años 1850-1873, el mundo pasa por un período de contracción de los precios”.274 La baja de los precios en el mercado mundial se había iniciado en 1874, afectando, como todas las crisis mundiales, particularmente a los países dependientes. La crisis mundial repercutió no solamente en la baja de los precios del cobre, la plata y el trigo, sino también en la disminución de la demanda. Las explotaciones chilenas bajaron de 30 millones de pesos en 1875 a 25 millones en 1878.275 Las exportaciones de trigo y harina disminuyeron de 1.020.460 qq.m. en 1876 a 531.299 qq.m. en 1878. “Las tres malas cosechas que se sucedieron hasta 1877 –dice Encina– colocaron a los agricultores en la imposibilidad de servir el interés de sus deudas y la cartera quedó en gran parte inmovilizada.276 La crisis coyuntural, agravada por el aumento de los servicios de la deuda externa, aceleró el proceso de devaluación monetaria expresado en la instauración del régimen forzoso de papel moneda el 23 de julio de 1878, fenómeno inflacionista que hemos analizado en el capítulo sobre desarrollo económico. El presidente Aníbal Pinto manifestaba el 20 de febrero de 1877: La situación económica del país es muy mala y la perspectiva es de empeoramiento, no de mejora. La cosecha ha sido pésima y el precio del cobre en Europa baja como nunca. Un año malo sobre una situación delicada ya no puede dejar de producir funestas consecuencias. Si algún descubrimiento minero o alguna otra novedad por el estilo no viene a mejorar la situación, la crisis que de años se está sintiendo se agravará mucho.

En el Mensaje de 1877 dirigido al Congreso, el Presidente de la República señalaba: El comercio se ha restringido considerablemente y muchas empresas industriales se han paralizado o han limitado su acción… La cosecha de cereales ha burlado este año las expectativas de nuestros agricultores y el precio de los principales productos de

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Maurice Beaumont. L’ essor industriel et I’imperialisme, p. 339, París, 1941. Dirección General de Contabilidad, Ministerio de Hacienda, 1902. Francisco Encina, op. cit., Tomo XVI, p. 65.

nuestra industria minera, la plata y el cobre, ha sufrido en los mercados europeos una baja muy notable”.277

Para el economista Aníbal Pinto Santa Cruz, la crisis de 1878 fue desencadenada no solo por la baja de los precios de nuestros productos de exportación y por la debilidad del sistema bancario, sino también por el aumento de las importaciones, que subieron de 26,6 millones de pesos en 1871 a 38 millones en 1875. Señala que “también empieza a pesar el servicio de los créditos contratados en el exterior, que junto al servicio de capitales y servicios foráneos socavaban el balance de las cuentas de importación y exportación”.278 La crisis de coyuntura tuvo repercusiones políticas y sociales, que se expresaron en la necesidad de acelerar la declaración de guerra. La burguesía estaba convencida de que la conquista de las riquezas salitreras de Tarapacá y Antofagasta era la mejor salida para superar la crisis de la economía chilena.

La crisis de Perú y Bolivia Después de superar las secuelas de la guerra de la Independencia y los roces entre las fracciones regionalistas de Gamara, Orbegoso y Salaverry, Perú tuvo un cierto avance económico durante los dos períodos de gobierno de Ramón Castilla (1845-51 y 185562), que facilitó la consolidación de una burguesía minera, comercial y financiera. Este avance económico fue el resultado de las entradas proporcionadas por el guano, que aportaba las tres cuartas partes de los ingresos fiscales. De 1840 a 1867 se extrajeron 7 millones de toneladas de guano por valor de más de 200 millones de soles. La inversión de capitales se concentró en la explotación de guano, descuidando el desarrollo de otras actividades económicas. Gran parte de las entradas tuvieron que destinarse a la importación de alimentos y otros productos. Además –dice el economista peruano Emilio Romero– la inflación monetaria producida por los grandes empréstitos y las emisiones de billetes bancarios habían producido una alza tremenda de precios… Durante la época del guano hubo un brillo aparente y falso, en medio de una prosperidad comercial que enriqueció a los consignatarios y demás afiliados a los negocios guaneros. Se abrieron tiendas elegantes en Lima, se importaron artículos franceses de lujo, se establecieron hoteles y empresas de carruajes. Pero el precio de los vestidos y de los alimentos alcanzó a grados de imposible sostenimiento en las clases populares.279

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Boletín de Sesiones Ordinarias del Senado, 1877. Aníbal Pinto Cruz. Chile, un caso… op. cit., p. 32. Emilio Romero. Historia Económica… op. cit., pp. 400 y 401.

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El crecimiento de la deuda externa y la crítica situación financiera de 1868 obligaron al gobierno de Balta y a su ministro Nicolás Piérola a contratar un empréstito con el capitalista francés Augusto Dreyfus, el cual se comprometió a dar anticipos de dinero al Estado a cuenta de la compra de 2 millones de toneladas de guano. Dreyfus aprovechó la situación para cobrar altos intereses por su anticipo y para pagar bajos precios por el guano. Los abusos cometidos por Dreyfus determinaron que el gobierno de Pardo le cancelara el contrato. Durante la década de 1870, los gobiernos peruanos trataron de realizar con la nueva riqueza que surgía –el salitre– una política distinta a la que se había seguido con el guano. Pero sus medidas de estanco del salitre y de expropiación de las salitreras fueron saboteadas por los capitalistas peruanos y los inversionistas extranjeros, hecho que hemos analizado en páginas anteriores. En 1878 estalló una grave crisis económica. El historiador peruano Carlos Weisse señala: Los negocios con los bancos de emisión y con el contratista de los ferrocarriles tuvieron que liquidarse; como consecuencia, el gobierno asumió la obligación de abonar al público la suma de veinte millones de soles por el papel emitido hasta abril de 1877… Respecto del guano, el nuevo contrato ajustado en 1876 resultó desfavorable por la competencia que hizo en el mercado la casa Dreyfus, que tenía como suyas grandes existencias no vendidas, y los nuevos contratistas, y por la baja que experimentó el precio del artículo. Surgió, de otro lado, la cuestión de las cuentas de la referida casa, que reclamaba un fuerte saldo a su favor, no reconocido por el gobierno. Tampoco se consiguió restablecer el servicio de la deuda externa, apareciendo así el Perú en el extranjero en plena bancarrota.280

Carlos Paz Soldán corrobora esta apreciación acerca de la situación de la economía peruana, sobre la cual había repercutido también la crisis mundial iniciada en Europa: La penuria del erario peruano era extrema; todos los elementos de defensa faltaban y había que pedirlos a otros países, lo que demandaba grandes desembolsos y pago al contado, pues los acreedores extranjeros, los tenedores de bonos y los consignatarios de guano nos estrechaban para que les pagáramos sus acreencias y no solo negaban todo auxilio sino que nos desacreditaban en Europa y cruzaban toda combinación para levantar fondos que intentaba el Perú.281

Poco antes de la guerra, las fricciones entre los distintos sectores de la burguesía peruana se habían agudizado. Los salitreros peruanos, afectados por las medidas de Pardo y Prado, hacían una abierta campaña de desprestigio del gobierno. Uno de los 280 281

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Carlos Weisse, op. cit., p. 101. Carlos Paz Soldán. La gestión de los ministerios Irigoyen y Mendiburu y la guerra con Chile, p. 24, Lima, 1929.

principales caudillos de la burguesía peruana, Nicolás Piérola, complotaba a la luz del día. Esta lucha enconada entre fracciones de la burguesía acentuó las debilidades estructurales de Perú para enfrentar la guerra con un país, como Chile, en que se había constituido un sólido frente único burgués, dispuesto a conquistar las riquezas salitreras. Bolivia era un país oprimido tanto por los capitalistas peruanos como por los empresarios chilenos que se disputaban el comercio y las riquezas del altiplano. El economista boliviano Luis Peñaloza señala que el tratado aduanero del 5 de septiembre de 1864 celebrado entre Perú y Bolivia “anulaba lo poco que se había logrado en el sentido de independizar el comercio boliviano, orientándolo hacia Cobija… la liberación de derechos acordada por Bolivia a los productos peruanos creaba una competencia ruinosa a los productos nacionales similares a los peruanos, entre los que se incluían los licores. El doctor Rojas dice de este tratado que ninguno fue más contrario a los intereses comerciales y políticos de Bolivia que el de la centralización aduanera en Arica”.282 En 1870 y 1878 se suscribieron nuevos tratados comerciales entre Perú y Bolivia que reafirmaron el libre tránsito de mercancías por Arica y Mollendo, consolidando el proceso de penetración del capital comercial peruano en Bolivia. En síntesis, el comercio, los bancos, las riquezas de guano, salitre y plata de Bolivia eran controlados sin contrapeso por los capitalistas chilenos y peruanos. Un índice del atraso de Bolivia era su falta de medios de comunicación tanto en el interior como con el exterior. Un historiador boliviano anota: “Cabe señalar aquí como un dato extremadamente revelador que en aquel tiempo Bolivia no estaba ligada por teléfono a ningún país de la costa, y que todas las noticias del exterior las recibía por medio del correo quince o veinte días más de producirse un hecho de trascendencia en cualquiera de los países limítrofes”.283 La dependencia económica de Bolivia respecto de Chile y Perú se expresó en el plano político en la formación competitiva de tendencias properuanas y prochilenas. El escritor nacionalista boliviano Augusto Céspedes hace referencia a los políticos bolivianos relacionados con la burguesía chilena: Una vez que Chile, coincidiendo con el capitalismo inglés, ocupó con la guerra el litoral, las salitreras y las guaneras, los conservadores propusieron la paz. Su líder supremo era Aniceto Arce asociado a los negocios de Chile, más exactamente un subagente del capitalismo británico que operaba a través de Chile. Arce, siendo vicepresidente de la República de Bolivia, y cuando aún no se había firmado la tregua con el invasor, concretó su tendencia en la consigna: “Bolivia debe andar a la vanguardia de las conquistas de

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Luis Peñaloza. Historia Económica… op. cit., Tomo II, p. 110. Alcides Arguedas. Historia General de Bolivia, p. 376, La Paz, 1922.

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Chile”, o sea, con Chile contra Perú, en cuyas riquezas del sur habían puesto también su mira los capitalistas británicos.284

Bolivia sufría también en 1878 una situación económica extremadamente crítica, como señala Luis Peñaloza: “La guerra encontró a Bolivia en una aguda crisis, que se hacía sentir tanto en el campo de la producción agrícola como en los precios de la plata. La primera fue influenciada por una sequía, nunca sentida en tal magnitud, que abarcó 1878 y 1879, y la segunda se reflejó en la cotización de la moneda, que descendió a cerca de 35 peniques”.285 Como puede apreciarse, Perú y Bolivia atravesaban por una crisis económica de estructura agravada por la crisis coyuntural de 1875-78. Sus clases dominantes entraron a la guerra no solo para defender las riquezas salitreras amenazadas por la burguesía chilena, sino también esperanzadas en que un resultado favorable les permitiría remontar la grave crisis económica y afianzar sus posiciones en el orden latinoamericano.

El desarrollo de la guerra La burguesía chilena inició de hecho la guerra al ocupar Antofagasta el 14 de febrero de 1879, basándose en que Bolivia había roto el tratado de 1874 al fijar un impuesto de 10 centavos al quintal de salitre exportado. Bolivia, que había confiscado las salitreras de los capitalistas chilenos, declaró la guerra a Chile el 1 de marzo. Al mes siguiente, el gobierno chileno resolvió declarar la guerra a Perú, aliado de Bolivia desde la firma del Tratado secreto de 1873. La superioridad de Chile se puso de manifiesto desde las primeras acciones bélicas. Después de los combates navales de Iquique y Angamos, Chile quedó dueño del mar. Un sector de la clase dominante chilena era partidario de atacar inmediatamente a Lima, y otro, de ocupar primero la zona salitrera de Tarapacá. La decisión a favor de la conquista de la región salitrera, primero, muestra claramente la motivación central que tuvo la burguesía chilena al emprender la guerra. La campaña de Tarapacá culminó con el triunfo de Pampa Dolores el 19 de noviembre de 1879 y la ocupación de Iquique por el Ejército chileno. Las oficinas salitreras continuaron trabajando en plena guerra. Luego de la ocupación de Iquique, el ministro Sotomayor hizo un llamado a los obreros para que intensificaran las labores de explotación de nitrato. La continuidad de la producción de salitre y su venta al mercado internacional permitió a Chile financiar gran parte de los gastos de guerra.

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Augusto Céspedes. El dictador suicida, p. 20, Santiago, 1956. Luis Peñaloza, op. cit., Tomo II, p. 169.

Las necesidades de la guerra obligaron al Estado a hacerse cargo de la venta del salitre. El ministro de Hacienda, en su Memoria de 1880, trataba de justificar ante los librecambistas este intervencionismo estatal en el área principal de la economía: Aún cuando el propósito constante del gobierno era sustraer, en cuanto sea posible, al Estado de intervenir en negocios ajenos a su carácter, la necesidad de obtener en toda su integridad los recursos que nos había dado la guerra, y que eran indispensables para proseguirla con eficacia, lo obligaban a buscar los medios de alcanzar esos resultados.286

Las campañas de Tacna y Arica en 1880 terminaron con un triunfo decisivo de Chile en la batalla de Moquegua. La conquista por parte de Chile de toda la región salitrera desencadenó una grave crisis política en Perú y Bolivia. Prado fue desplazado por Piérola, y Daza depuesto por el general Narciso Campero. El gobierno chileno aprovechó las luchas intestinas de sus enemigos para redoblar el bloqueo de las costas del Perú. La escuadra al mando de Patricio Lynch desembarcó en el norte peruano, arrasando los valles azucareros e imponiendo fuertes contribuciones de guerra. Santa María manifestaba a José Francisco Vergara en carta del 11 de marzo de 1880: Aún cuando sea una majadería, es menester que ustedes majadereen a los marinos a fin que desempeñen el papel que les corresponde. Tengo antecedentes para creer que el formal bloqueo del Callao, desesperaría a Piérola y a los habitantes de Lima, y nosotros no solo tenemos buques para esto, si no para destruir el comercio peruano del norte. Tengo esta profunda convicción: si estrechamos al Callao e inhabilitamos el carguío de guano en Las Lobas, como el de azúcar y otros productos de los demás puertos la paz esta hecha.287

Esta nota refleja el grado de conciencia de los representantes mas lúcidos de la burguesía chilena sobre la importancia que tenía para el triunfo militar el control del comercio y de las principales actividades económicas de Perú. Las victorias parciales obtenidas en los campos de batallas solo podrían ser consolidadas en la medida que se fuera minando el poderío económico del Perú. Consecuente con este criterio moderno de la guerra, el gobierno chileno se decidió al asalto final de Lima, después de haber controlado la región salitrera, guanera y azucarera de Perú. En noviembre de 1880, Chile iniciaba la campaña de Lima con un ejército de 30.000 hombres al mando del general Baquedano. Luego del desembarco en Pisco y Curayaco, el ejército chileno se estableció a cinco leguas al sur de Lima. 286 287

Citado por Roberto Hernández: El Salitre, op. cit., p. 101. Cartas Políticas de don Domingo Santa María a don José F. Vergara (1878-1882). Recopilación, prólogo y notas de Horacio Aránguiz en Historia de las Instituciones Políticas y Sociales, Nº 1, p. 334, Santiago, 1966.

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En enero de 1881, las tropas chilenas obtuvieron decisivas victorias en Chorrillos y Miraflores, logrando entrar a Lima el 17 de ese mismo mes. Con el fin de desgastar al ejército chileno, los caudillos peruanos iniciaron una guerra de resistencia que adoptó la forma de guerrilla. Sectores populares se incorporaron a la guerrilla como un acto de reacción por los abusos cometidos por los jefes militares chilenos en las poblaciones del interior al confiscar alimentos y ganado. Los montoneros, dirigidos por Avelino Cáceres, obligaron al ejército chileno a desconcentrar sus fuerzas, infligiéndole una derrota en la campaña de Junín de la Sierra. Uno de los destacamentos chilenos fue aniquilado en el combate de La Concepción el 10 de Julio de 1881. Después de dos años de lucha, los guerrilleros de Cáceres fueron vencidos en Huamachuco en julio de 1883. La prolongada guerra de resistencia tuvo una fuerte base de sustentación social en la movilización indígena. No lucharon contra el Ejército chileno por “amor a la patria”, sino que aprovecharon la disputa entre blancos para rebelarse, así como lo hicieron los mapuche, en pos de la recuperación de sus tierras. Otro problema social que puso de relieve la guerra fue el grado de explotación de los chinos, hombres importados del Oriente por los capitalistas peruanos para trabajar como esclavos en las guaneras y plantaciones de azúcar y café. Los chinos, que sumaban varios miles, aprovecharon la llegada del Ejército chileno para rebelarse en contra de sus patrones. Ciertos jefes militares peruanos, como el coronel Noriega, consumaron varias masacres de esclavos en rebeldía: “En la incursión que hizo al valle de Cañete, asesinó en un solo día a 1.086 chinos; y tres mil más solo lograron salvarse parapetados en la hacienda de Casa Blanca, donde los protegieron las fuerzas chilenas comandadas por el teniente coronel Enrique G. Baeza”.288 Los levantamientos indígenas y las luchas de los guerrilleros rebasaron los objetivos fijados por la burguesía peruana en la guerra de resistencia. La clase dominante de Perú llegó a temer más a los quechuas y montoneros que al propio Ejército chileno, porque éste, en última instancia, garantizaba la supervivencia de la propiedad privada e impedía la anarquía social. En una convención de fines de 1882, en la que se aprobó el inicio de las negociaciones de paz con Chile, los representantes de la burguesía peruana declararon fuera de la ley a los montoneros. Las negociaciones de paz fueron promovidas por un sector de la burguesía peruana dirigido por Miguel Iglesias, terrateniente de Cajamarca, y coincidieron con la resolución del gobierno chileno de terminar lo más pronto posible la guerra para evitar el desgaste de su ejército ante la prolongada resistencia popular de los indígenas y guerrilleros. En octubre de 1883 se firmaba el Tratado de Ancón; Perú cedía Tarapacá y la soberanía de Tacna y Arica por diez años, al cabo de los cuales debía realizarse un 288

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Encina: op. cit., Tomo XVII, p. 388.

plebiscito. En abril de 1884, se firmó el tratado de paz entre Chile y Bolivia, por el cual Antofagasta pasaba a convertirse en provincia de Chile. La burguesía chilena lograba de este modo los objetivos fundamentales que se había trazado al iniciar la guerra del Pacífico: la conquista de las riquezas de Tarapacá y Antofagasta, del enclave salitrero que constituyó durante varias décadas la principal fuente de divisas del país.

La intervención de Estados Unidos y de las potencias europeas en la Guerra del Pacífico La guerra del Pacífico fue aprovechada por las metrópolis europeas y norteamericana para consolidar sus planes de penetración en América Latina. La rivalidad intercapitalista entre Estados Unidos e Inglaterra por el control de la economía de los países del Pacífico se puso de manifiesto en el distinto apoyo que brindaron a las naciones en conflicto. Estados Unidos respaldó abiertamente a la burguesía peruana, en oposición a Inglaterra, que se alineó de parte de la clase dominante chilena. La relación de Estados Unidos con Perú y sus roces con la burguesía chilena se remontaban a la década de 1830, a raíz de la competencia que hacía la harina norteamericana al trigo chileno en el mercado peruano, contradicción que hemos analizado en el tomo III. La actitud antinorteamericana que tuvo la burguesía chilena durante el siglo XIX se expresó en numerosas protestas contra los intentos realizados por Estados Unidos para controlar las riquezas de las costas del Pacífico sur. Por ejemplo, en 1854 el gobierno de Chile denunció a los Estados Unidos por su tentativa de apoderarse del guano de Ecuador. Estados Unidos había logrado que el gobierno ecuatoriano le concediera al norteamericano Brissot la quinta parte del guano que se descubriera en las islas Galápagos a cambio de un préstamo de 3 millones de pesos. Antonio Varas, a nombre del gobierno de Chile, dirigió el 30 de enero de 1855 una nota a los países latinoamericanos en la cual manifestaba que “el Ecuador, sometido a la protección de los Estados Unidos, tendrá durante algún tiempo la apariencia de un estado independiente, y en seguida entrará a figurar como una colonia norteamericana”.289 Desde el inicio de la Guerra del Pacífico, Estados Unidos respaldó a la burguesía peruana con el fin de conquistar en el Pacífico la influencia que no había podido lograr hasta ese entonces. La forma más concreta de ayuda fue la venta de armas a Perú y Bolivia. Otra manera de manifestar su posición en contra de Chile fue el embargo de salitre que los exportadores chilenos habían enviado a Norteamérica. El ministro de Hacienda de Chile decía en su memoria de 1880, respecto del salitre embargado:

289

Ibid., Tomo XIV, p. 132.

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Sin que hubiera título para iniciar semejante gestión, y no comprendiéndose tampoco como es que un tribunal extranjero se creía con jurisdicción para conocer en una demanda dirigida contra un bien perteneciente a un estado soberano, lo cierto es que el embargo del cargamento ‘Kalliope’ fue decretado… Nuestra gestión en Washington, como la casa consignatoria, han recibido recomendaciones para que agiten la solución de este incidente.290

Después de los primeros triunfos chilenos en las campañas de Tarapacá y Tacna, Estados Unidos trató de mediar con el fin de que Chile no obtuviera más ventajas en la guerra, para lo cual promovió la Conferencia de Arica, que se realizó entre el 22 y el 27 de octubre de 1880 en la fragata norteamericana “Lackwanna”. En esa conferencia, en la que participaron los delegados de Chile, Perú y Bolivia y los representantes norteamericanos en esos tres países, Osborn, Christiancy y Adams, el Perú propuso que el conflicto se sometiera al arbitraje de los Estados Unidos, moción que fue obviamente rechazada por Chile. Los fines que perseguía Estados Unidos al apoyar a Perú se hicieron más explícitos al asumir Mr. Blaine la Secretaría del Departamento de Estado bajo la presidencia de Garfield. Estados Unidos procuraba evitar que las potencias europeas acrecentaran su predominio en América Latina, especialmente en los países de la costa del Pacífico. Bajo el pretexto de defender a Perú de la política expansionista de Chile, los Estados Unidos trataban de ampliar su radio de influencia en el Pacífico. Según algunos autores, la dinámica de la política intervencionista de Estados Unidos pudo conducir a una forma de dominación del Perú. Para hacer esta afirmación se apoyan en una carta que le dirigiera Christiancy, diplomático norteamericano en Lima, a Blaine el 4 de mayo de 1881,en la que manifestaba: “El único camino eficaz para establecer el control de los Estados Unidos sobre el comercio del Perú y de su influencia dominante o, en todo caso, esencial en este litoral, consiste en intervenir activamente con el fin de obligar al arreglo pacífico en condiciones aceptables o someter al Perú a su control mediante un protectorado o anexión”.291 El investigador norteamericano William F. Sater ha señalado recientemente que esta cita de Smolenski es trunca porque la carta del Ministro estableció simplemente alternativas y “Christiancy fue renuente a abogar por la anexión del Perú o a establecer un protectorado sobre él”.292 A continuación, Sater agrega un párrafo de la carta de Christiancy omitido por Smolenski: 290 291

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Citado por Roberto Hernández: El Salitre, op. cit., p. 104. Documento del Congreso de Estados Unidos, citado por Vladimir Smolenski: “Los Estados Unidos y la Guerra del Pacífico”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, p. 102, Nº 78, primer semestre 1968. William F. Sater. “La intervención norteamericana durante la Guerra del Pacífico: refutaciones a Vladimir Smolenski”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Nº 83-84, pp. 191 y 192, Santiago, 1970.

Si nuestro gobierno debe separarse muy lejos de sus sabias tradiciones como para adoptar uno de los tres caminos, no me corresponde a mí decidir, como tampoco discutir los medios necesarios para llevar estas ideas a efecto, ni tampoco expresar la opinión sobre la procedencia de cualquiera de esos proyectos, excepto decir que individualmente me opondría a la idea de anexión, a menos que pudiese ser sostenida en términos que el Perú, por lo menos por diez años, estuviera sujeto a un gobierno territorial, y entonces ser admitido como Estado, a la discreción del Congreso… Estos proyectos últimamente y con frecuencia han sido presionados con fuerza sobre mí por algunos peruanos, y yo encuentro que algunos clérigos católicos, aún, están por la anexión. Mi única respuesta ha sido uniformemente ésta, en mi opinión, que nuestro pueblo aún no está dispuesto para adoptar tal política, pero yo llevaría a su adecuado tiempo todo el problema a la atención de mi gobierno, y que me guiaré por sus instrucciones.293

Extraña que la celosa puntillosidad de Sater para comprobar las citas no se haya hecho presente para ratificar o desmentir la siguiente frase de Christiancy que él precisamente omite: La disposición de las masas del pueblo (de Perú) es favorable a los Estados Unidos. Un protectorado de los Estados Unidos o una anexión sería recibida con júbilo. Cincuenta mil ciudadanos emprendedores de los Estados Unidos dominarían toda la población y harían al Perú totalmente norteamericano. Con el Perú bajo el gobierno de nuestro país dominaríamos a todas las otras repúblicas de Sud América, y la doctrina Monroe llegaría a ser una realidad, se abrirían grandes mercados a nuestros productos y manufacturas y se abriría un ancho campo para nuestro pueblo emprendedor.294

Sería importante, en aras de la rigurosidad histórica, que se publicara el texto íntegro de esta carta que está en los ‘House Executive Documents’ de EE.UU. De todos modos, aunque la carta de Christiancy no expresara el pensamiento oficial norteamericano, revela la forma en que se ventilaba en los círculos diplomáticos la aplicación de la doctrina Monroe para América Latina. El reemplazante de Christiancy, Mr. Steffen Hulburl, llegó en 1881 a Perú con la misión de apoyar al gobierno de García Calderón. Estados Unidos volvió a intervenir abiertamente a favor de Perú. En varias ocasiones, Mr. Blaine, a nombre del Departamento de Estado norteamericano, hizo reiteradas amenazas en contra de Chile: Si se rechazan nuestros buenos oficios y se persiste en la política de absorción de un estado independiente, este gobierno se considerará desligado de creerse por más tiempo en la obligación de dejar que su acción sea influenciada por la actitud que Chile ha asumido; y se sentirá libre para apelar al concurso de otras repúblicas de este continente con un esfuerzo dirigido a Chile y al Perú solamente, sino que amenazan con el más

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Ibid., pp. 192 y 193. Citado por Manuel Castro: Estados Unidos y América Latina. Siglo XX, p. 478, La Habana, 1968.

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extremo peligro las instituciones políticas, el progreso pacífico y la civilización liberal de la América.295

Con el objeto de convencer a otros sectores de la burguesía norteamericana de la necesidad de intervenir en la Guerra del Pacífico, Blaine exageró la participación de Inglaterra a favor de Chile para explotar la tradicional rivalidad anglo-norteamericana. En uno de sus discursos ante la Cámara de Representantes manifestó: Es un error ver en este conflicto una guerra de Chile con el Perú. Afirmo que es una guerra de Inglaterra con el Perú. Sin el respaldo del capital inglés, jamás Chile habría emprendido esta guerra. En futuro inmediato, los Estados Unidos se encontrarán abocados al dilema de asumir una actitud mucho más enérgica y resuelta que la que yo asumo, y que ha sido abandonada, o retirarse de allí, reconociendo que es una zona de expansión que no nos pertenece y abandonamos a las potencias europeas.296

Blaine tuvo asimismo injerencia directa en los negocios peruanos al acoger las reclamaciones de la compañía francesa Crédit Industriel y de la Peruvian Company. La primera había ofrecido al gobierno de García Calderón un anticipo de 4 millones de libras esterlinas a cambio del monopolio de la venta de guano y salitre, suma que se entregaría a Chile como indemnización de guerra para evitar la cesión de Tarapacá. En caso de que Chile rechazara esta proposición, se la obligaría por la fuerza a aceptarla mediante la intervención de una gran potencia que, a juicio de los ejecutivos de la compañía debería ser Estados Unidos. La Crédit Industriel, que contaba con el apoyo del presidente de Francia, Jules Grevy, designó al abogado Robert Randall para hacer la gestión ante el gobierno norteamericano. Según Encina, “uno de los diputados norteamericanos dijo de este proyecto en la Cámara: ‘el programa equivale a erigir a la compañía francesa mediadora entre Chile y el Perú. Envuelve el protectorado y garantía de los Estados Unidos al Perú respecto de Chile”.297 El 28 de marzo de 1881, García Calderón designó a Federico Elmore para finiquitar en Washington el acuerdo entre el Crédit Industriel y los gobiernos de Estados Unidos y Perú. Paralelamente, Blaine se interesó por las reclamaciones que hizo la Peruvian Company, sociedad norteamericana que reclamaba al Perú el pago de supuestos derechos por 900 millones de dólares por parte de Alejandro Cochet y 300 millones de dólares por Juan Carlos Landreau. Estos sujetos pretendían haber sido los descubridores de guaneras y, básandose en la legislación peruana, reclamaban la tercera parte del guano exportado. Antes de terminar estas negociaciones, Blaine fue destituido. Los compromisos con la Peruvian Company y Crédit Industriel, denunciados por el representante demócrata Perry Belmont, escondían no solamente una especulación 295 296 297

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Tomas H. Talbot. Mr. Blaine, p. 27, Valparaíso, 1885. Citado por Encina: op. cit., Tomo XVIII, p. 28. Ibid., Tomo XVII p. 397.

de Blaine, sino que, bajo el pretexto de defender a Perú y evitar la intromisión de las potencias europeas, los Estados Unidos aspiraban a tener injerencia en el mercado y la explotación de guano y salitre. Hacia 1882, los sectores mayoritarios de la burguesía norteamericana se dieron cuenta de que las condiciones no eran favorables para una mayor intervención en los asuntos del Pacífico y cambiaron su línea agresiva por una política aparentemente pacificadora. Belmont trató de salvar la responsabilidad que su país había tenido en los actos agresivos contra Chile haciendo recaer la culpa en Mr. Blaine: En el corto plazo de seis meses no solo ha conducido a la pérdida de la influencia moral de los Estados Unidos en América del Sur y al descrédito de la diplomacia norteamericana en todos los países de esta parte del mundo, sino que ha abierto también de hecho el camino para la intervención directa de las potencias europeas en los asuntos sudamericanos, dando a esta intervención el matiz de necesidad.298

Según Roberto Hernández: Un diario de tanto renombre como el New York Herald era bien explícito al decir en aquellos días, refiriéndose al Perú: ‘Si no hubiera sido por la política de los Estados Unidos en esta República, que la animaba y le daba esperanzas de que su territorio no sería expropiado jamás, la guerra se hubiera terminado dos años ha, con ventaja material para el Perú’. El New York Times coincidía en el mismo juicio, advirtiéndose que todo se debía en gran medida a la atolondrada y censurable política de entrometimiento de Mr. Blaine durante el tiempo en que, con gran perjuicio de ésta y de otras Repúblicas de este hemisferio, tenía la cartera de Secretario de Estado.299

En definitiva, Mr. Blaine fue el chivo-emisario de una política fracasada en la Guerra del Pacífico. En vista del triunfo de Chile, Estados Unidos dio un viraje táctico con el fin de borrar la imagen que había dejado al intervenir abiertamente en la guerra a favor de Perú. La participación del capitalismo inglés a favor de Chile en los términos usados por Blaine importaba sin duda una exageración, pero refleja que los norteamericanos tenían pleno conocimiento del apoyo brindado por Inglaterra a Chile. Es sugerente que la mayoría de los historiadores chilenos, que son tan meticulosos en el análisis de la intervención norteamericana, hayan sido tan parcos en el estudio de la intervención inglesa. El capitalismo británico respaldó a la burguesía chilena en la Guerra del Pacífico porque, en primer lugar, sus inversiones en las salitreras de Tarapacá habían sido también afectadas por las expropiaciones de los gobiernos peruanos de Pardo y Prado. 298 299

Citado por V. Smolenki: op. cit., p. 117. Roberto Hernández. El roto chileno, op. cit., p. 354.

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Según Kiernan, los salitreros ingleses, a los cuales el gobierno de Perú no les había cancelado los bonos dados a cuenta de la expropiación, recibieron con beneplácito la guerra: “Se puede decir confidencialmente que apoyaban la guerra y deseaban el triunfo de Chile”. Los capitalistas ingleses expropiados protestaban, asimismo, porque el gobierno peruano no les abonaba el interés del 8% anual que tenían los bonos. A juicio de Luis Peñaloza, la medida de expropiación de los gobiernos peruanos provocó la reacción del capital británico “induciéndolo a una colaboración más activa con la burguesía chilena”.300 Una vez iniciada la guerra, Gran Bretaña reafirmó su apoyo a Chile porque sus primeros triunfos en las campañas de Tarapacá y Tacna le abrían la posibilidad concreta de recuperar las salitreras expropiadas por el Perú. El gobierno y el Parlamento de Chile dieron garantías a los capitalistas extranjeros en el sentido de que se respetarían los derechos de los tenedores de bonos en caso de triunfo en la guerra. Los especuladores ingleses, basados en esta posición de Chile, redoblaron su campaña de compra de certificados salitreros a los capitalistas peruanos, que los vendían a precios irrisorios porque suponían que el gobierno chileno triunfaría y se apropiaría de las salitreras, desconociendo el valor de los bonos emitidos por el gobierno peruano. Tenían la certeza de que el país vencedor desconocería los compromisos contraídos por el país vencido. Los inversionistas ingleses, en conocimiento de que el gobierno chileno respetaría la propiedad de los tenedores de certificados salitreros, los compraron en forma masiva a precios que eran diez veces inferiores a su valor. Esto explica la proposición de Gibbs a las Compañías de Londres para que invirtieran varios millones de libras esterlinas en la adquisición de certificados. Si Gibbs, como North, no hubieran tenido la seguridad de que el gobierno chileno iba a respetar la propiedad de los tenedores de bonos salitreros, no se habrían arriesgado a una operación de tal envergadura en plena guerra. En una entrevista de prensa, North confesó años después: Conocía mejor que los demás extranjeros el valor exacto de esos certificados, desde que sabía, por mis trabajos precedentes y por mis viajes, que muchos de aquellos terrenos contenían muy importantes depósitos de salitre. En consecuencias, compré, a pesar de su descrédito, cantidades considerables de ellos, persuadido de que el gobierno chileno triunfaría en la guerra y, vencedor, respetaría plenamente el derecho de propiedad que constituían estos títulos emitidos por el vencido.301

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V.G. Kiernan. “Intereses extranjeros en la guerra del Pacífico”, Revista Clío, Nº 28, 1957, Centro de Alumnos de Historia y Geografía, Universidad de Chile. Gastón Calmete. “El coronel North”. Entrevista publicada en Le Figaro el 23 de abril de 1895, París, citada por Hernán Ramírez: Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, p. 23, Ed. Universitaria, Santiago, 1969.

Chile se había apresurado a dar esta garantía a los dueños extranjeros de las salitreras de Tarapacá mucho antes del término de la guerra. Poco después de la campaña de Tarapacá, el 1 de octubre de 1880, se presentó un informe firmado por los librecambistas Marcial González, Zorobabel Rodríguez y Enrique Mac-Iver en el que se adelantaba el criterio de que Chile debía devolver a sus propietarios las salitreras de Tarapacá porque, según ellos, el monopolio estatal del salitre conduciría a un fracaso. A pesar de que Vicuña Mackenna y Arteaga Alemparte insistieron en que no era necesario adoptar ningún pronunciamiento antes de la finalización de la guerra, el Parlamento aprobó el informe. Una segunda comisión parlamentaria ratificó en junio de 1881 el criterio de devolver a sus dueños las salitreras de Tarapacá. Cabe preguntarse ¿por qué tanto apresuramiento en dar garantías a los capitalistas salitreros extranjeros? ¿Existió alguna presión de Inglaterra en el sentido de condicionar su apoyo a Chile a la adopción de estas medidas de garantía para los inversionistas británicos?. El 11 de junio de 1881 el gobierno emitía el siguiente decreto: Los establecimientos salitreros del Territorio de Tarapacá comprados por el gobierno del Perú y por cuyo precio éste había expedido certificados de pago no cubiertos, serán devueltos provisoriamente y sin perjuicio del derecho de terceros, a los que depositen por lo menos las tres cuartas partes de los certificados emitidos por el valor de cada salitrera y enteren además en una tesorería fiscal en moneda una suma igual al precio de la otra cuarta parte, cantidad que será devuelta al interesado cuando entregue todos los certificados emitidos por el valor de la respectiva salitrera. Firmado Aníbal Pinto y J. Alfonso.

Los únicos beneficiados con esta resolución eran los capitalistas ingleses que habían comprado a los peruanos los certificados salitreros, porque solo ellos podían cumplir en plena guerra con el pago y las condiciones establecidas por el gobierno chileno. Los ingleses residentes en Chile contribuyeron con ayuda material al triunfo de la burguesía chilena en la Guerra del Pacífico. Justo Abel Rosales señalaba que “el señor North prestó en aquella época tan importantes servicios al gobierno y ejército de Chile, que es forzoso recordarlos aquí. Sus dos vapores ‘Princesa Luisa’ y ‘María Luisa’, sirvieron oportunamente en nuestra escuadra… cedió al ejército nuestro las ocho principales lanchas de su propiedad”.302 El respaldo concreto de Inglaterra a Chile se expresó en la venta de armas y de buques modernos que decidieron la supremacía de Chile en el mar. Sin embargo, Inglaterra estaba dispuesta a apoyar a Chile hasta ciertos límites. A Inglaterra no le convenía que Chile se anexara Perú y Bolivia convirtiéndose en una potencia que alterara su política de “balcanización” del continente latinoamericano. El objetivo 302

Justo Abel Rosales. El coronel North, p. 17, Santiago, 1889.

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concreto que Inglaterra perseguía en esta región del Pacífico era el control de la mayor parte de la riqueza salitrera. Esa finalidad fue en gran medida lograda cuando el gobierno chileno garantizó los derechos de los tenedores de bonos. A partir de entonces, Inglaterra se ofreció como mediadora en el conflicto, respaldando la ocupación chilena de las provincias salitreras porque la mayoría de los certificados que Chile se había comprometido a respetar, estaban en poder de los inversionistas ingleses. Otras potencias europeas, como Alemania e Italia, también apoyaron a Chile porque sus intereses habían sido afectados por las medidas de los gobiernos peruanos de Pardo y Prado. La ley de expropiación de 1875 afectó no solo a los ingleses, sino también a otros capitalistas europeos. Fueron expropiadas estacas salitreras alemanas evaluadas en 1.508.000 soles e italianas por valor de 847.100 soles. En cambio, los franceses no fueron lesionados por la política de Pardo porque sus inversiones salitreras alcanzaban solamente a 4.500 soles. Los capitalistas franceses estaban interesados en el triunfo de Perú porque querían cobrar supuestas deudas relacionadas con el negocio del guano. La gestión de la Compañía Crédit Industriel, apoyada por el presidente galo Jules Grevy, a la que hemos hecho referencia en páginas anteriores, demuestra que Francia aspiraba a sacar una tajada de la guerra en caso de un triunfo peruano. Como puede apreciarse, Estados Unidos y las principales potencias europeas aprovecharon la guerra entre estos países latinoamericanos para consolidar sus posiciones en la lucha intercapitalista mundial. El verdadero triunfador no fue Chile, sino Inglaterra, porque rápidamente y sin disparar un solo tiro se apoderó, por intermedio del capital financiero, de las riquezas salitreras que Chile había conquistado por la vía de las armas.

Política salitrera después de la Guerra del Pacífico La historia de la política salitrera de los gobiernos chilenos es la historia de la entrega de la principal riqueza de la época al capital extranjero. El Estado chileno pudo haber establecido la nacionalización del salitre acogiendo los certificados salitreros que había otorgado el gobierno peruano. Francisco Valdés Vergara sostenía en 1884 que “con un gasto reducido la operación habría llegado a feliz término y el gobierno de Chile habría obtenido en su beneficio todas las consecuencias del monopolio que el del Perú buscara con tanto empeño y con tan grandes sacrificios. Terminado el canje de los certificados correspondientes a las salitreras de Tarapacá, nuestro gobierno habría podido obtener una ley de expropiación de las salitreras del sur y por un procedimiento análogo a la conversión de los certificados peruanos habría adquirido el dominio de todas las salitreras de la República. El monopolio establecido en esta

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forma habría sido perfecto y jamás habría vuelto a presentarse cuestión ni dificultad alguna relacionada con la propiedad salitrera, ni con los tenedores de certificados ni con el porvenir de la industria”.303 En lugar de nacionalizar las riquezas salitreras, se prefirió venderlas a los empresarios privados, conformándose con percibir los derechos de exportación. El presidente Santa María manifestaba en 1883: Dejemos que los gringos, o los que quieran, trabajen las salitreras o hagan en ellas sus inversiones; lo que a nosotros nos interesa es que nos paguen los impuestos de exportación por cada quintal de salitre. Lo que nos conviene no es un Estado monopolizador ni industrial del salitre ni del guano, sino un Estado que reciba los beneficios directos de su exportación.304

Esta política de liberalismo económico, concretada en las resoluciones de 1881 y 1882, significó la devolución a los empresarios privados de 80 oficinas que cubrían 7.000 estacas, adquiridas en su mayoría por los inversionistas ingleses durante la Guerra del Pacífico. El gobierno se quedó con 8.230 estacas que posteriormente puso en venta o arriendo. Los decretos del 28 de marzo de 1882 y del 26 de enero de 1886 autorizaron nuevos remates de oficinas salitreras. La venta indiscriminada de las salitreras benefició directamente a quienes tenían fuertes capitales, acentuando la formación de monopolios. Los bancos, especialmente el de Valparaíso, controlado por Agustín Edwards, facilitaron cuantiosos capitales a los especuladores ingleses para la compra de certificados salitreros. Ramírez Necochea señala que “hasta el año 1884 se calcula que los bancos Nacional de Chile y Valparaíso tenían prestados alrededor de $ 5.000.000 a personas, principalmente inglesas, que se habían dedicado a la adquisición de certificados. Entre los deudores del Banco de Valparaíso se destaca John Thomas North, quien tenía créditos por sumas superiores a $600.000. Los bancos chilenos fueron, pues, la fuente de recursos que utilizaron los especuladores ingleses”.305 Guillermo Billinghurst sostiene que después del triunfo chileno en la Guerra del Pacífico “lo lógico y natural habría sido que los industriales chilenos fueran los llamados a disfrutar de las franquicias y protección de los bancos chilenos y los que adquiriesen las oficinas provisionalmente primero y definitivamente después… Pero no hay que confundir las personas con las cosas. Los industriales que se apoderaron de las oficinas

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Francisco Valdés Vergara. La crisis salitrera y las medidas que se proponen para remediarla, p. 18, Santiago, 1884. Citado por Guillermo Feliú Cruz en el prólogo a Hernán Ramírez: Antecedentes económicos de la guerra civil de 1891, p. 13, Ed. Austral, Santiago, 1951. Hernán Ramírez N. Balmaceda… op. cit., p. 23.

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no fueron pues nacionales de Chile, pero el capital con que se hizo renacer la industria salitrera era, casi en su totalidad, esencialmente chileno”.306 Numerosas salitreras compradas por los ingleses con plata prestada por los bancos chilenos fueron posteriormente vendidas a grandes compañías con sede en Londres. Por ejemplo, Roberto Harvey, socio de North, que había adquirido la oficina “Ramírez” en 5.000 libras esterlinas, la vendió en 50.000 libras a la sociedad inglesa Liverpool Nitrate Co. Los ingleses, que en 1875 solo tenían el 15% de las estacas salitreras en explotación, pasaron en 1882 a controlar el 34%. Ocho años más tarde, el 70% de las oficinas salitreras había pasado a manos del imperialismo inglés. Las principales empresas británicas que explotaban el salitre eran: Liverpool Nitrate, Colorado, Primitiva, London, San Pablo, San Jorge, San Donato, etc., cuyos principales accionistas eran North, Harvey, Locket y Robertson. Además, la Casa Gibbs poseía ocho oficinas salitreras y la Casa Campbell, dos. Otras salitreras eran explotadas por Williamson Balfour, Lomax, Jewell, Brookins, Blair y Cía. Los ingleses no solo controlaban el salitre, sino también ferrocarriles, bancos y empresas de agua potable de la zona norte. Hernán Ramírez estima que los capitales ingleses invertidos en el salitre y en otras actividades relacionadas con este mineral bordeaban los 15 millones de libras esterlinas en 1889. El principal inversionista fue John Thomas North. El “rey del salitre” era dueño de la mayoría de las oficinas, del Banco de Tarapacá y Londres, del ferrocarril salitrero de Tarapacá, de las empresas de agua y de gas de alumbrado de Iquique. Este proceso de dominación, llamado ‘Northzización’ de Tarapacá por algunos políticos de la época, condujo a la rápida formación del principal monopolio del enclave salitrero. El Norte Grande, conquistado por Chile en la Guerra del Pacífico, se transformó en menos de una década en una cuasi factoría inglesa.

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Billinghurst, Guillermo, op. cit., p. 59.

capítulo vii. La llamada “Pacificación de la Araucanía”

Durante la segunda mitad del siglo XIX la burguesía criolla logró conquistar la mayoría de las tierras de los mapuche y someter a las leyes del Estado capitalista a este pueblonación. La dominación de los mapuche, que habían resistido durante tres siglos los planes de conquista de los “huincas”, fue en última instancia el resultado de la expansión capitalista de la frontera interior. La penetración comercial, iniciada a fines de la colonia, facilitó el camino para la conquista militar porque aceleró la disolución de la comunidad mapuche, vulnerando la unidad que este Pueblo Originario había forjado en su lucha contra los invasores. La introducción de las nuevas relaciones comerciales fue transformando la economía natural de los mapuche. Según Tomás Guevara: El acceso de los mercaderes al territorio indígena, con salvoconducto de las autoridades militares y el beneplácito de los caciques, había tomado a principios del siglo XIX proporciones desconocidas en los precedentes. De todas las poblaciones fronterizas afluían al territorio araucano con cargas y carretas de mercaderías del gusto de los indios, con pañuelos, cuentas de vidrio, peines, añil para sus tejidos, agujas, cuchillos, pedazos de fierro para lanzas, hachas, tabaco, vino y sobre todo aguardiente, el licor preferido y de consumo ostentoso por su precio. En esta época continuaban siendo los animales el medio económico preponderante del mapuche. Con ellos pagaban las mercaderías y obtenían a veces monedas de plata, que estimaban en extremo para la laboración de piezas de adorno para sus mujeres y arreos de montar… principalmente hacían viajes al otro lado de los Andes con cargas de mantas, adornos de plata y colihues para lanzas, que trocaban a los araucanos de las pampas argentinas por animales y sal… Surgió la confección de artefactos de tipo español, como sillas de montar, espuelas, estribos, frenos, etc. Montaron fraguas y talleres de adornos de plata. La cestería y el trenzado de lazos de cuero se mejoraron sensiblemente con la fabricación de cuchillos y algunas herramientas rudimentarias.307

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Tomás Guevara. Los Araucanos en la Revolución de la Independencia, pp. 13 a 15, Santiago, 1910.

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De este texto se desprende que en el siglo XIX los mapuche habían logrado un importante desarrollo de la ganadería, platería y otras artesanías, superando la fase agrícola, como lo comprobó Ignacio Domeyko. Los negocios de los llamados “capitanes de amigos” con los lonkos fueron estableciendo desde fines de la colonia una relación que expresaba en forma dinámica la penetración del capital comercial y la creciente disolución de la comunidad originaria. Los jefes de las tribus, que mantenían relaciones con los “huincas”, formalizaban el intercambio entre la comunidad y los comerciantes, reforzándose la tendencia al ‘jefismo’ o ‘principal’. Estos sectores indígenas, denominados ‘gúlmenes’, comenzaron a adquirir relevancia en la naciente estructura jerárquica de poder, que hasta entonces no había conocido el pueblo mapuche. Este núcleo había logrado adquirir cierta riqueza a través de los negocios que establecía con los “capitanes de amigos”, de control de parte del botín de guerra y, especialmente, del contrabando de ganado que realizaba en la zona trasandina. En un trabajo de investigación, Alberto Hinrichsen señala: “La guerra pone bajo control de los caciques una parte sustancial del producto social excedente… El alto estrato mapuche no surge solo como un resultado de los avances que la comunidad logra en el plano de la base económica, sino fundamentalmente por la acción aceleradora y transformadora, en un palabra, corrosiva del capitalismo comercial”.308 Las expectativas económicas y las nuevas pautas de consumo, introducidas por el mercantilismo, estimularon a los lonkos a establecer ferias en las aldeas y a desarrollar el contrabando en gran escala. El ganado –dice Tomás Guevara– era “el medio económico preponderante. Concurrían entonces los indios con una porción de animales a los fuertes de las fronteras, donde se establecía una especie de feria. En los últimos años de la ocupación del ejército chileno, los indios vendían ya sus animales por dinero”.309 La importancia del ganado se refleja también en las medidas de la justicia mapuche en caso de hurto: “Si un araucano roba una vaca y se comprueba el delito debe restituir dos”, si no paga, debe doblar la suma, además de entregar una cantidad similar al cacique.310 Hacia mediados del siglo pasado, las nuevas relaciones mercantiles se habían generalizado en la zona de la frontera. Pedro Ruiz Aldea señalaba que en Nacimiento los mapuche transaban las siguientes cantidades: 25.000 fanegas de trigo, 15.000 animales y 5.000 quintales de lana por prendas de plata, camisas, añil, pañuelos, casacas; “en el departamento de Santa Juana se avaluaba su comercio con los indios 308

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Alberto Hinrichsen. Sociedad Mercantil y Colonialismo sobre el Pueblo Mapuche, Inst. de Sociología de la Univ. de Concepción, cuaderno Nº 3, 1972. Tomás Guevara. Psicología del Pueblo Araucano, p. 182, Santiago, 1908. Paul Treutler. Andanzas de un alemán en Chile (1851-63), p. 366, Santiago, 1958.

en 50.000 pesos. Iguales o menores sumas deben representar los pueblos de Arauco, Santa Bárbara, Antuco, Los Ángeles, etc.”.311 Las arbitrariedades cometidas por los comerciantes en las transacciones motivaron los siguientes comentarios del viajero alemán Paul Treutler: “Adquirían una vaca de dos años por 5 onzas de añil, es decir 0,75 pesos y la revendían por 3,75; compraban los caballos a 5 pesos en añil y los vendían a $22. El aguardiente era el producto que les daba las mayores utilidades”.312 Los negociados que hacían los gobernadores de la Frontera fueron denunciados por Pedro Godoy en 1862: Aún cuando el comercio que se haga con los naturales es uno de los medios con que contamos para la obra de la civilización, no debe permitirse y debe prohibirse con todo el rigor de las leyes, que los gobernadores, ni empleado alguno sujeto a su jurisdicción, pueda hacer el tráfico de mercaderías con los naturales, ni abrir tiendas de ninguna clase, ni hacer cambalaches, como han acostumbrado siempre los gobernadores de plazas y fronteras.313

El proceso de acumulación de la tierra La generalización de las relaciones mercantiles aceleró el proceso de apropiación de las tierras indígenas. El gobierno de Manuel Montt coaccionó a los mapuche para que vendieran sus tierras al Estado o a los particulares, como fase inicial de un plan de “colonización” de mayor envergadura en la zona de la Frontera. El proceso de acumulación de la tierra se encubría con leyes que aparentemente tendían a proteger los derechos de los mapuche. El decreto del 14 de marzo de 1853 establecía que “toda compra de terrenos hecha a indígenas o de terrenos situados en territorio indígena debe verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del gobernador de indígenas… tendrá por objeto asegurar que el indígena que vende presta libremente su consentimiento de que el terreno que vende le pertenece realmente y de que sea pagado o asegurado debidamente el pago del precio convenido”.314 En el fondo, se trataba de dar a los compradores de tierras las máximas garantías para evitar reclamos de los mapuche. La apropiación de la tierra se reglamentó por medio de una engorrosa y especial legislación de compraventa. El plan de “colonización” de Montt tenía como finalidad la liquidación de la propiedad comunitaria y la implantación de la pequeña propiedad privada entre los indios. 311 312 313 314

Pedro Ruiz Aldea. Los Araucanos y sus costumbres, p. 22, Los Ángeles, 1868. Paul Treutler, op. cit., p. 388. Pedro Godoy. La conquista de Arauco, p. 35, Santiago, 1862. Citado por Ricardo Donoso y Fanor Velasco: Historia de la Constitución de la propiedad Austral, 2ª Edición, Icira, p. 51, Santiago, 1971.

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Esta intención fue claramente expresada por el Intendente de Arauco en nota del 3 de mayo de 1854 al gobierno: Hay todavía para mí un pensamiento más elevado a que atender, y este consiste en que una vez desarrollado el plan propuesto en el territorio de que hago relación, puede hacerse extensivo el beneficio aún entre las propiedades de los mismos indios adaptando a este respecto la base del pensamiento expuesto aunque los indios sean diversos, pues estoy plenamente convencido de que la comunidad de bienes es lo que constituye en gran parte la barbarie de aquellas gentes y si se obtiene la divisibilidad perfecta de la propiedad entre ellos, puede decirse que se ha fijado lo principal para la reducción y civilización del territorio araucano.315

Las ofertas de dinero tentaron a numerosos indígenas a vender tierras en este período de generalización de las relaciones mercantiles. Contribuían, al mismo tiempo, a imponer la noción de propiedad privada que había sido secularmente ajena a la comunidad mapuche. Tomás Guevara sostiene: “Los indios fueron extraños a toda noción de propiedad personal hasta que la demanda de sus tierras desenvolvió entre ellos, particularmente entre los caciques, la idea de considerarse dueños exclusivos del suelo que usufructuaba la comunidad”.316 Los lonkos empezaron a vender tierras que no eran de propiedad personal sino de la comunidad. El mapuche Trango vendió a Cornelio Saavedra una extensa propiedad de la zona de Tucapel en la suma de 400 pesos; Tomas Rebolledo compró 600 cuadras a los indígenas en Nacimiento por 150 pesos y Joaquín Fuentealba, unas 2.000 hectáreas por 500 pesos. Ventura Ruiz adquirió 2.000 cuadras en Nacimiento y Negrete. Era corriente comprar 500 cuadras por 250 pesos. Aníbal Pinto adquirió tierras a los mapuche en las subdelegaciones de Negrete y Nacimiento y 5.000 cuadras en el departamento de Arauco. Una de las escrituras de compraventa decía: Los Ángeles, a seis días del mes de mayo de 1856. Intendente don Francisco Bascuñán Guerrero. Comparece el indio Antonio Curigüique y don Joaquín Fuentealba. El primero hablando bien español expresa que desea vender un retazo de terreno de dos mil cuadras, subdelegación de Nacimiento. Precio, cedido en venta con todos los usos y servidumbres: quinientos pesos que confiesa tenerlos ya recibidos. Se autoriza legalmente por ahora la propiedad de Fuentealba sobre 1.000 de las 2.000 y tantas cuadras. El resto deberá consultarse al supremo gobierno. El vendedor renuncia a reclamos que leyes anteriores le permitían hacer sobre terrenos ya vendidos. A nombre del indio firma don Jacinto Contrera.317 315 316 317

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Ibid., p. 60. Tomás Guevara. Historia de la Civilización de la Araucanía, Tomo III, p. 414, Santiago, 1902. Archivo Nacional: Ministerio del Interior. Intendencia de Arauco, 1830-1878, Vol. 98.

Algunos toquis, en defensa de la tradición comunitaria de la tierra, trataron de detener el proceso de venta de terrenos castigando a los que actuaban a espaldas de la comunidad. Una carta de Bernardino Pradel, fechada en Chillán el 29 de junio de 1862, narraba que “los caciques viejos creen que todas las tierras en que habitan las diferentes tribus son nacionales, y que para vender es necesario consultar la voluntad de toda su nación, so pena de pérdida de la vida el que vendiese. En el mes de septiembre de 1858, mandó el toqui Mañil un oficio al subdelegado de Picalhué, pidiendo a un indio que se había refugiado entre los cristianos porque se le perseguía por varias ventas de tierra que había hecho a los cristianos sin consultar a nadie de su nación”. Esta comunicación reafirma la tesis de que no existía la propiedad privada entre los mapuche, pero refleja al mismo tiempo que las relaciones comerciales habían corroído los cimientos de la comunidad al establecer que se podían vender tierras consultando “la voluntad de toda la nación”. Los abusos de los compradores no se limitaban a adquirir tierras a precios irrisorios, sino que también practicaban “la corrida de cercos”, es decir, se apropiaban de los terrenos colindantes. Los jueces de la zona de la Frontera legalizaban los fraudes. Pedro Ruiz Aldea denunciaba arbitrariedades del juez Salvador Cabrera en un manuscrito que se encuentra en el Archivo Vicuña Mackenna: una vez creada la provincia de Arauco en 1852 “todos quisieron tener hacienda allí, como si hubiesen estado regalando terrenos, en lo que a fe no iban muy descarriados. Para realizar este ensueño, hablaban como nunca de la necesidad de reducir este territorio. Los que no estaban por la discusión sino por hechos, se fueron a la Araucanía a fundar colonias; otros se aliaron con las autoridades, compraron una pequeña extensión de terreno y se apropiaron del colindante por medio de internaciones sucesivas. De estos diversos manejos resultó que los indios se vieron en poco tiempo despojados de sus haciendas, impedidos de apacentar sus rebaños y aherrojados con el pretexto de que eran revoltosos. Se hizo más, se les trajo a la cárcel, se les mantuvo a pan y agua y se les propuso la escritura de venta, en este estado de aberración mental, como una condición de obtener su soltura. Las infelices víctimas compraban de esta manera su libertad y el derecho de regresar a su patria; pero para colmo de oprobio no les daban, como les prometían, el valor de sus terrenos enajenados. Para reivindicar sus propiedades tenían después que comparecer al juzgado de letras. Todos los pleitos de la provincia de Arauco tienen origen en alguno de estos tres principios: mala fe de los contratantes, extensión del terreno enajenado, falta de pago de cosa vendida. En cuanto al pago, he aquí cómo se ha hecho: para conformarse a un decreto supremo y para que el actuario diese fe y citase la ley del caso, contaban el dinero en presencia de la autoridad; pero una vez fuera de ella, les pedían la plata para guardársela y los indios la entregaban sin sospechar la superchería… También había casos en que el contratante que compraba 5.000 cuadras,

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por ejemplo, regalaba 1.000 a la autoridad para que hiciese la vista gorda y allanase los tropiezos”.318 Para ejercer un mayor control sobre la sociedad mapuche se dictó en 1866 la Ley de Radicación.

La rebelión mapuche de 1868-1871 La creciente ocupación de tierras por parte del Ejército de la Frontera, comandado por el coronel Cornelio Saavedra, desencadenó un nuevo levantamiento general de los mapuche entre los años 1868 y 1871. El coronel Saavedra propuso avanzar la línea de la Frontera hasta Malleco, garantizando así la estabilidad de los colonos que quedaran detrás de la línea de fuertes. Su plan contemplaba la compra de tierras a los indígenas por parte del Estado y la posterior subdivisión y venta de estos terrenos a particulares con el fin de lograr mayores ingresos para el fisco. A fines de la década de 1860, Saavedra había logrado cumplir gran parte de sus objetivos, presionando a ciertos caciques para que vendieran alrededor de 100.000 hectáreas al fisco, y ocupando militarmente casi toda la zona de la costa. Al término de su campaña había arrebatado 1.260.000 hectáreas a los genuinos poseedores de la tierra. Por su parte, en 1868, los mapuche de la Alta Frontera, encabezados por Quilapán, hijo de Mañil, hicieron una junta en Quechereguas, con el objeto de planificar la lucha para impedir la progresiva invasión de sus tierras. Un diario de Los Ángeles, El Meteoro, informaba que “los primeros que dieron la señal de rebelión fueron los indios arribanos, que se negaron a concurrir al Parlamento de Malleco, y que asimismo hicieron notar que los soldados se presentaban armados y que a ellos se le exigía que viniesen sin lanzas. Desde entonces principiaron los caciques a prepararse formalmente para la guerra y a enviar correos a las demás reducciones. Nada era más cierto que el descontento general de los indios desde que supieron que se traía un ejército para desposeerlos de sus tierras, agréguesele a esto que no se les ha ofrecido indemnización ninguna por el despojo. Hasta la fecha (13 diciembre de 1867) hay de 4.000 a 5.000 indios reunidos en las montañas de Chihuaihue. Los de Moquehua, Boroa y el Imperial están viniendo en auxilio de los otros indios”.319 Los indios “arribanos”, que vivían en la zona cordillerana, dirigidos por el lonko Quilapán, lograron coordinar el levantamiento con los “abajinos” de la costa, limando 318

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Pedro Ruiz Aldea. La política de Arauco, manuscrito, 18-julio-1860. Archivo Vicuña Mackenna, Volumen 50, pieza 16. El Meteoro, diciembre de 1867, Los Ángeles.

las diferencias que habían fomentado entre las tribus los gobernadores y los jefes del ejército de la Frontera. Por caminos que ellos conocían muy bien –anota Guevara– y favorecidos por los bosques tupidos que entonces había, cruzaron la cordillera de Nahuelbuta al poniente de Angol y fueron a salir al norte del río Malleco… Las tribus que habitaban la parte oriental de la cordillera de Nahuelbuta, desde Angol hasta Imperial, conocidas con el nombre vulgar de abajinos, entraron también a la revuelta.320

Las 3.000 lanzas de los abajinos, encabezadas por Catrileo, Coñoepán, Marileo y Painemal se sumaron a otras tantas de los arribanos de Quilapán, digno heredero de la tradición de lucha de sus antepasados. Los mapuche lograron algunos triunfos parciales en Traiguén, Curaco y Perasco, utilizando la táctica de guerra móvil combinada con guerra de guerrillas. Esta forma de lucha empleada desde los tiempos de Lautaro, mantenía su vigencia en el siglo XIX. Pedro Ruiz Aldea comentaba en 1868 que los mapuche “nunca formaban una línea de batalla, sino que aparecen en diferentes puntos en grandes pelotones. Cuando tienen la seguridad de vencer, atacan, cuando no, se retiran… Cuando el enemigo ocupa posición ventajosa recurren al expediente de incendiarle los campos, o de hostilizarlo de otra manera, para traerlo al combate o hacerlo que desaloje su posición… Le hace al enemigo una guerra de recursos, le llama la atención por otra parte o sorprende a las poblaciones cristianas a la hora del sueño. En las emboscadas y asaltos nocturnos a que se muestra muy aficionado, se vale de varias estrategas para sorprender al enemigo… Gústale más emplear la paciencia y la astucia que comprometer su ejército o aventurarse en una batalla dudosa”.321 En enero de 1869, unos 1.500 mapuche fueron rechazados en Chihuaihue por el Ejército al mando del general José Manuel Pinto. Una vez reagrupadas sus fuerzas, los mapuche atacaron Angol. Ante la importancia del levantamiento, el Ministro de Guerra, Francisco Echaurren, decididó reforzar el ejército y marchar sobre Cautín. Los mapuche se vieron obligados a celebrar un Parlamento en Angol el 25 de septiembre de 1869. En la zona de la costa, el coronel Saavedra había ocupado Tucapel y Cañete. En diciembre de 1869 pudo sofocar la rebelión de 1.500 abajinos que habían atacado Purén. En 1870, las indómitas huestes de Quilapán, integradas por unas 3.000 personas, volvieron a la carga. El 25 de enero de 1871 se lanzaron al asalto de Collipulli, donde fueron derrotadas por un ejército regular de 2.500 hombres. Las modernas armas automáticas y la red de líneas telegráficas permitió a los jefes militares concentrar

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Tomás Guevara. Historia de la Civilización de la Araucanía, Tomo III, p. 345, Santiago, 1902. Pedro Ruiz Aldea. Los araucanos y sus costumbres, pp. 61 y 62, Los Ángeles, 1868.

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fuerzas y enfrentar, con mayor éxito que en campañas anteriores, la táctica guerrillera que practicaban los mapuche. Después de tres años de lucha, terminaba el octavo levantamiento general de los mapuche. En las rebeliones anteriores (1550, 1598, 1655, 1723, 1766, 1818, 1859-60), habían logrado que sus enemigos no pasaran la zona del Bío-Bío. En cambio, a partir de la década de 1870 el Ejército comenzó a controlar la región de Malleco.

La aventura de Orelie Antoine En las rebeliones de 1860-61 y 1868-71 intervino esporádicamente un peregrino personaje: el francés Orelie Antoine. Para comprender la acción, delirante o no, de Orelie hay que considerar ante todo el contexto histórico que hizo factible su aventura. Hacia mediados del siglo pasado, Francia estaba en pleno proceso de expansión colonial. A la conquista del norte de África, se había sumado la anexión de Nueva Caledonia y Senegal. En la década de 1860 conquistó Indochina y trató de apoderarse de Siria. En América Latina años antes, el imperio francés había intervenido en forma reiterada: bloqueo del Río de la Plata durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas e intervención en Ecuador en 1853. Posteriormente, invasión armada de México respaldando en 1862 los planes monárquicos de Maximiliano. No era extraño que en este ambiente de expansión colonial pudiera surgir un personaje que intentara aplicar la política del imperio en otro país de América Latina. El viaje a la Araucanía efectuado por un solo hombre con el propósito de conquistar un reino, su incomprensión de la magnitud de la empresa y la carencia de recursos materiales para realizarla, junto a su demostrada incapacidad de organizador, aún sin calificar el estado mental que se le atribuye, convirtieron el proyecto político de Orelie en una simple aventura. En las ocasiones que logró internarse en la Araucanía se vio favorecido por coyunturas propicias: los levantamientos generales mapuche de 1859, 1860 y 1868. Ninguno de ellos fue inspirado por Orelie. Los dos habían estallado antes de sus sucesivas llegadas. Informado de la rebelión mapuche, iniciada en 1859 a raíz de la guerra civil, Orelie Antoine de Tounens, instalado en Coquimbo desde mediados de 1858, partió al sur en octubre de 1860, es decir un año después de haberse iniciado el levantamiento mapuche. Se dirigió a Valdivia, “donde se habían vinculado con algunos pobladores franceses, quienes, movidos seguramente por sentimientos de solidaridad nacional, le brindaron hospitalidad y hasta le prestaron los medios para introducirse en la tierra

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–que así se llamaba la zona habitada por el indio–, lo que efectuó incorporándose a un grupo de comerciantes”.322 Orelie contó con el apoyo de ciertos sectores de la colonia francesa de la zona sur. Fue acompañado por los comerciantes franceses Lachaise y Desfontaines. En esa época, estaban también en la Araucanía dos franceses: Portalier y Pertuiset, teniente coronel del ejército francés. Mediante la entrega de regalos y de dinero, Orelie logró entrar en contacto con Quilapán, el toqui más combativo de la época. Sin embargo, este hijo del bravo Mañil no podía conferirle categoría de jefe a un recién llegado, desprovisto de tropa y de respaldo concreto. Orelie se autodesignó “Rey” el 17 de noviembre de 1860, un mes después de su llegada a la Araucanía, mediante el siguiente decreto: “Considerando que Araucanía no depende de ningún otro estado; que se halla dividida por tribus y que un gobierno central es reclamado tanto en interés particular como en el orden general. Decretamos lo que sigue: una monarquía constitucional y hereditaria se funda en Araucanía; el príncipe Orelie Antoine de Tounes es designado rey”. Luego de hacer extensivo su título a la Patagonia, se dirigió a Valparaíso con el objeto de obtener el apoyo de la colonia francesa. Fracasado en su propósito, regresó al sur en diciembre de 1861. A los pocos días, el 5 de enero de 1862, fue detenido por un grupo de soldados, sin ofrecer resistencia. La historia no registra ninguna acción militar o combate donde haya intervenido Orelie a la cabeza de los mapuche sublevados. Durante el proceso, el informe médico fue rotundo en cuanto a su estado mental: “Antoine 1º está en su sana razón y juicio, y capaz de conocer sus actos”.323 Aunque la sentencia final determinó su sobreseimiento, Orelie fue enviado a la Casa de Orates de Santiago. Antes de que Orelie pudiera ser internado, el Encargado de Negocios de Francia se apresuró a embarcarlo con destino a su país. Regresó seis años después, con la ayuda económica de M. Planchu, entrando por la Patagonia en junio de 1869, cuando ya se había iniciado un nuevo levantamiento indígena. Es sugerente que su promesa de entregarles armas a los mapuche coincidiera con la llegada a las costas chilenas de la nave de guerra francesa ‘Entrecasteaux’. Un chileno residente en Francia comentaba años después: “¿Qué amparo había encontrado esta empresa en el gobierno francés? Quién sabe, pero es el hecho que en el mes de marzo siguiente, como lo había anunciado Orelie, apareció en la bahía de Coronel el

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Armando Braun Menéndez. El Reino de Araucanía y Patagonia, p. 12, Ed. Francisco de Aguirre, 5ª Edic. Argentina, 1967. Ibid., p. 61.

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buque de guerra “Entrecasteaux” y había sido este mismo barco quien lo trajo de Francia y desembarcado en el puerto de San Antonio al sur del río Negro en el Atlántico”.324 El coronel Saavedra, en julio de 1870, aconsejaba al gobierno lanzar una ofensiva a fondo para detener a Orelie, porque “quién sabe si no contaría con alguna protección que no sospechamos”.325 Perseguido por una partida de soldados, Orelie se fugó a la Argentina, sin hacer ningún intento de presentar combate. Los mapuche no se jugaron por un hombre del cual desconfiaban y que había sido incapaz de ponerse al frente de la lucha. Su fuga no afectó el desarrollo de la rebelión mapuche. Otros intentos realizados sin éxito por Orelie en 1874, financiados por banqueros europeos, que fletaron dos barcos hacia Argentina, demuestran que el plan de conquista de la Patagonia y la Araucanía no estaba fuera del contexto histórico de la época, sino que correspondía al proceso de expansión colonial de las metrópolis europeas.

El último levantamiento general de los mapuche Los mapuche aprovecharon la coyuntura de la Guerra del Pacífico para preparar su noveno levantamiento general. El envío de soldados al Perú había debilitado al Ejército de la Frontera, circunstancia propicia para iniciar la rebelión. No era la primera vez en la historia de la República que los mapuche aprovecharon la guerra entre los “huincas” para reanudar la lucha por la recuperación de sus tierras. El momento escogido por los mapuche para el comienzo de la rebelión era altamente favorable, pero las condiciones objetivas habían cambiado. La comunidad estaba en proceso de desintegración, a raíz de la influencia que ejercía sobre la economía aborigen la acelerada penetración del capitalismo comercial. El concepto de propiedad comunitaria había entrado en crisis con la generalización de las ventas de tierras indígenas a los particulares y al fisco. Los caciques, tentados por los ofrecimientos económicos de los “huincas”, contribuyeron a exacerbar los roces fomentados entre las tribus por los gobernadores y jefes militares. Paralelamente, se había producido un fortalecimiento del proceso de la conquista. El avance de la línea de la frontera al río Malleco y el remate de las tierras para facilitar el asentamiento de los colonos, permitió consolidar sobre bases más firmes las zonas arrebatadas a los mapuche. Ya no se trataba para el gobierno de iniciar la ofensiva desde el Bío-Bío, como en ocasiones anteriores, sino de partir del río Malleco, contando con una sólida retaguardia social y económica. No solo se había estrechado el escenario para la guerra móvil de los mapuche, sino que además la instalación de una red de líneas 324 325

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Eduardo Balmaceda Valdés. De mi tierra y de Francia, p. 130, Santiago, 1932. Armando Braun M., op. cit., p. 91.

telegráficas en la región facilitaba las operaciones de un ejército que había incorporado el moderno fusil de repetición “Remington”. Estos factores, sumados a la campaña coordinada entre los ejércitos chileno y argentino en contra de los indígenas de ambos lados de la cordillera, determinaron en 1882 el aplastamiento de la guerra de resistencia que los mapuche habían sostenido durante tres siglos. El último levantamiento general se inició a fines de 1880 y terminó en diciembre de 1882. Durante este lapso, los mapuche estuvieron pendientes del desarrollo de la Guerra del Pacífico: “Aún las mismas tribus rivales sellaron la paz y se unieron para ponerse de acuerdo en lo que debían hacer en caso de ser derrotado nuestro ejército; y entonces estar listas para un movimiento general para recuperar su territorio hasta el mismo Bío-Bío”.326 El 27 de enero de 1881, unos 3.000 mapuche atacaron Traiguén, arrasando con las haciendas y el ganado, en represalia por los abusos de los “huincas”, como decía uno de los toquis al coronel Gregorio Urrutia: “Mira lo que han hecho solo conmigo; violaron y mataron a mis mujeres y también asesinaron a mis hijos; ¿y cómo queréis entonces, coronel, que no me subleve, cuando se me trata así? Mire coronel: preferirnos morir todos con la lanza en la mano, y no asesinados en nuestra casa por tus paisanos”.327 En febrero de 1881, los mapuche atacaron dos caravanas de carretas infligiendo más de 100 bajas a sus enemigos. La llegada de refuerzos al mando de Urrutia permitió al Ejército derrotar a los mapuche en las montañas de Ñielol. Los indios “abajinos” se plegaron a la lucha de sus hermanos “arribanos” en noviembre de 1881. Unos 8.000 mapuche atacaron simultáneamente las plazas de Temuco y Lumaco, siendo derrotados en forma aplastante. El general Urrutia se dispuso a preparar la ofensiva final. Consistía en batir a los mapuche en sus últimos reductos de Villarrica, a través de un plan coordinado con el ejército argentino que había logrado arrinconar a los indígenas de la pampa en la zona de Neuquén. No era la primera vez en la historia que ambos ejércitos intentaban coordinar sus campañas de exterminio. Desde la época colonial, las autoridades de Santiago y Buenos Aires venían haciendo acuerdos para realizar acciones conjuntas con el fin de derrotar a los mapuche. El gobernador Guill y Gonzaga planteó desde Chile al rey de España el 1 de mayo de 1767 la necesidad de desarrollar “un plan sostenido de operaciones con combinación con el gobierno de Buenos Aires”. Por su parte, los indígenas de ambos lados de la cordillera estaban en contacto permanente para defenderse de la ofensiva militar de los españoles. Durante la República, numerosos toquis que operaban en las pampas argentinas provenían de la 326 327

Horacio Lara. Crónica de la Araucanía, p. 394, Santiago, 1889. Ibid., p. 393.

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zona mapuche. Uno de los más destacados, Juan Calfucurá, puso en jaque al Ejército argentino en las décadas de 1850 y 1860. Su hijo, el bravo Namumcurá, hizo frente en numerosas oportunidades a los ejércitos argentinos. La coordinación de las tropas chilenas y argentinas para aplastar a los mapuche se fue consolidando durante la década de 1870 con las operaciones de los argentinos Mariano Bejardo y Adolfo Alsina en la pampa, que coincidieron con la ofensiva de Cornelio Saavedra en la zona mapuche. A la muerte de Alsina, le sucedió en el ministerio de Guerra Julio Argentino Roca, que organizó la “campaña al desierto” con 26 columnas, premunidas de moderno armamento y telégrafo. El coronel argentino Olascoaga, que había realizado con Cornelio Saavedra una excursión a la Araucanía, presentó al general Roca un plan conjunto de operaciones. Estanislao Zeballos comentaba en 1878 que estaba de acuerdo con “el sistema del coronel Saavedra para ocupar la línea del Toltén hasta Villarrica, e interrumpir la comunicación de los araucanos arribanos, con los indios pampinos, con quienes estaban aliados en sus levantamientos ya contra la frontera argentina o la chilena … Si la cuestión de límites no fuera un estorbo, el patriotismo y el esfuerzo combinado de ambas repúblicas daría un resultado brillante y grandioso, porque mientras nosotros arrojábamos al sur del Río Negro a los araucanos del este o puelches, Chile podría operar de acuerdo con nuestro ejército y marchar de frente del Malleco al Toltén, arrojando a los araucanos occidentales al sur de Valdivia”.328 Por su parte, los mapuche del lado chileno y argentino hicieron esfuerzos para enfrentar unidos la ofensiva de ambos ejércitos. El 16 de febrero de 1882, el coronel argentino Rufino Ortega informaba a sus superiores: Se sabe que los caciques situados a esta parte de la cordillera han enviado emisarios y regalos a los principales caciques de las tribus araucanas, de la otra parte de la cordillera, alentándolos a la resistencia y ofreciéndoles su cooperación para un levantamiento para el que los invitan, porque como lo han dicho en esa ocasión prefieren morir peleando que vivir esclavos.329

Por encima de sus diferencias limítrofes, las burguesías chilena y argentina se pusieron de acuerdo en un plan de operaciones militares para aplastar los indígenas y apoderarse en forma definitiva de sus tierras. Mientras el ejército argentino ocupaba toda la pampa hasta el río Negro, los jefes militares chilenos tomaban Villarrica en 1883, liquidando la guerra de resistencia que habían sostenido tenazmente los mapuche durante más de tres siglos.

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Estanislao Zeballos. La conquista de las quince mil leguas, Buenos Aires, 1878. Luis Vitale. Historia del Movimiento indígena de Chile, Ed. Univ. Central de Venezuela, Caracas, 1980.

La concentración de la propiedad territorial en la Araucanía A medida que el Ejército avanzaba en la ocupación de la Araucanía, el Estado procedía a rematar y arrendar las tierras de los mapuche con el fin de obtener entradas inmediatas para el fisco. La forma en que se produjo el reparto de las tierras despojadas a los mapuche dio lugar a una rápida concentración de la propiedad territorial. La nueva capa de latifundistas fue extendiendo sus haciendas mediante suscesivas compras a revendedores, especialmente a los militares a quienes el gobierno había cedido terrenos, cuya extensión variaba de acuerdo con el grado: 200 cuadras para jefes de cuerpo y 20 para sargentos y cabos. Como puede apreciarse, la estructura jerárquica de la sociedad y el ejército se reflejaba hasta en el reparto del botín. En 1873 se remataron 46.127 hectáreas que produjeron 346.937 pesos para el fisco y se arrendaron 56.117 hectáreas que rendían un canon apreciable. De 1875 a 1877 se subastaron unas 180.000 hectáreas. El total de tierras puestas en remate entre 1873 y 1900 alcanzó a 1.125.000 hectáreas. Los compradores pagaban solamente la primera cuota, estafa denunciada en los “Anales Universitarios” de 1903: Había rematantes que pagaban el primer dividendo exclusivamente para explotar la hijuela en algunas siembras y otros subían las posturas en el remate a cantidades exorbitantes para retener terrenos fiscales de que estaban en posesión de antemano y abandonaban después de hacer una cosecha. Los subastadores que deslindaban con la propiedad del estado, la explotaban en siembra o ensanchaban los límites de la que habían adquirido.330

Un folleto de la Tesorería Fiscal de Santiago, que circuló en forma reservada en la Cámara de Diputados en 1903, detallaba las estafas cometidas por los subastadores de tierras: El monto de dicha deuda alcanzaba a 5.537.920 pesos por remates desde 1873 y a 590.128 lo adeudado por colonos extranjeros, provenientes de los adelantos. Con los remates verificados posteriormente, aquella cantidad pasa de 6 millones de pesos, según El Mercurio de 11 de marzo de 1903. Tomo del diario de Santiago que publicó una parte de este folleto y de su edición del 22 de septiembre de 1903, algunas de las reflexiones que le surgirió su estudio: se ha publicado una lista de nombres de altos personajes, miembros del Parlamento, de la magistratura, etc., que son deudores morosos del Estado por remates de terrenos.331

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Nicolás Palacios. Raza Chilena, p. 593, Valparaíso, 1904. Ibid., p. 595.

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El Parlamento resolvió condonar gran parte de las deudas, favoreciendo a los latifundistas que habían cometido una de las mayores estafas al fisco. Valdés Canje denunciaba que “muchas familias distinguidas que hoy se pavonean en los salones aristocráticos de Santiago, conquistaron en la frontera a expensa de la miseria y de la muerte de centenares de estos infelices indios, las fortunas que les exaltaron hasta los envidiados puestos que hoy ocupan; que muchos hombres prestigiosos se han sentado en los sillones del Congreso solo gracias a haber garbeado en aquella desdichada región lo suficiente para comprar muchos miles de votos”.332 La formación de haciendas de miles de hectáreas en menos de una década era una muestra elocuente del acelerado proceso de concentración de la propiedad territorial en la zona sur. El 20 de marzo de 1882 el ingeniero Teodoro Schmidt comunicaba al gobierno que “los centenares de miles de hectáreas, que fueron enajenadas en subasta pública en lotes de 300 a 500 hectáreas, actualmente los más son haciendas de 4.000, 6.000 y hasta 17.000 hectáreas”.333 La ley de 1866, que expresamente había prohibido el remate de lotes superiores a 500 hectáreas, fue fácilmente burlada por la burguesía agraria. Numerosos pequeños agricultores, que habían emigrado a la Araucanía en busca de nuevas tierras, se sintieron frustrados por la política de los gobiernos liberales en favor de los latifundistas. Los pequeños y medianos agricultores realizaron entre agosto y octubre de 1886 varios mitínes de protesta. Mas de 6000 vecinos de Victoria, encabezados por Germán Segura, Celestino Pérez y David Corvalán, enviaron el 14 de octubre de 1886 una carta al Presidente de la República en la que solicitaban: 1.- Reconsideraciones del decreto fecha 24 de agosto (que prohibía a los pobres sembrar en terrenos fiscales) que frustra las legítimas expectativas de los que han emigrado a estas apartadas regiones en busca de un pedazo de terreno que a costa de su laboriosidad le permita crearse el sustento de sus familiares. 2.- Que los campos alrededor de este pueblo se dividan en hijuelas de 25 a 100 hás. para ponerselas al alcance de los agricultores en pequeño.334

Similares peticiones formularon los habitantes de Temuco en un mitin celebrado el 3 de octubre de 1886. Las resoluciones enviadas al gobierno insistían en la denuncia de las enormes extensiones de los lotes rematados y exigían que la subasta pública se

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Julio Valdés Canje. Sinceridad… op. cit., p. 175. Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación Angol, 1882, Vol. 259, cit. por Víctor Sánchez Aguilera: Angol, ciudad de los Confines, Santiago, 1953. El Colono, de Angol, periódico del 23 de octubre de 1886, citado por Francisco Borja: Terrenos Fiscales y Colonización, pp. 104 y 105, Santiago, 1886.

hiciera “en la cabecera de la provincia más cercana, para facilitar así su adquisición a los de escasos recursos”.335 Los ingenieros encargados de la mensura de la Araucanía se coludían con capitalistas santiaguinos que compraban las tierras en subastas realizadas en la capital y no en la zona sur como correspondía. Teodoro Schmidt, organizador de importantes trabajos topográficos en el sur, informaba el 6 de diciembre de 1889 al Ministerio de Relaciones Exteriores, departamento de colonización: Los señores ingenieros que el gobierno nombró el año 1886 estaban ocupados el uno en veinte años anteriores en agricultura, el otro diez años en el comercio y el tercero no había ejercitado aun la profesión en práctica. Los tres estaban protegidos por buenas relaciones y amigos; además del ejercicio de su profesión se empeñaban en mejorar su suerte, como es costumbre entre los empleados del sur, en hacer algo en negocios de siembra y crianza de animales.

Poco tiempo después de esta denuncia, Schmidt era suspendido de su cargo. La nueva capa de terratenientes sureños se generó al socaire de los gobiernos liberales. Los “colonizadores” del sur constituyeron un nuevo sector de la burguesía agraria, que impuso un cierto desarrollo del capitalismo agropecuario. Su principal exponente, José Bunster, magnificado por escritores de ideología burguesa, fue invirtiendo capitales a medida que los jefes militares expulsaban a los mapuche de sus tierras. Los capitales acumulados en sus actividades comerciales los invirtió en la producción triguera. En la década de 1880 se había convertido en el principal empresario de la industria molinera. Contaba con los molinos de cilindros más modernos del país, en Collipulli, Traiguén, Nueva Imperial y Angol. Esta industria molinera era abastecida hacia 1890 por medio millón de fanegas anuales de trigo que provenían de las haciendas de la Sociedad “El Globo”, del propio Bunster. Las haciendas de Bunster abarcaban, según sus propios panegiristas, unas 60.000 hectáreas. Sus explotaciones agrícolas tenían un importante grado de mecanización para la época: 15 trilladoras, 22 segadoras, 15 motores a vapor. En sus empresas imperaban básicamente relaciones sociales de producción capitalista: 2.000 obreros y 90 empleados constituían la mano de obra que aportaba plusvalía al “pionero” de la Araucanía. Al mismo tiempo, explotaba a los pequeños productores campesinos y a los medieros a través del sistema de la “compra en verde”, adelantando dinero, semillas o herramientas, con la condición de que le vendieran la cosecha anticipadamente a los precios irrisorios que de hecho él fijaba. El monopolio de Bunster se expandió a los aserraderos. Los milenarios bosques del sur comenzaron a ser explotados por las modernas máquinas de aserrar introducidas por el “verdadero conquistador” de 335

Ibid., pp. 102 y 103.

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la Araucanía. Su flota de barcos transportaba la producción desde Carahue hasta Talcahuano. Las operaciones financieras las realizaba a través del Banco que fundó en Angol, el primero de la zona en tener autorización para emitir moneda. Este Banco prestaba dinero a los colonos. Si éstos no cancelaban sus deudas, Bunster se quedaba con los terrenos hipotecados, como lo denunió el ingeniero Teodoro Schmidt en carta del 3 de septiembre de 1886 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, departamento de Colonización. En 1889, José Bunster, dueño de las principales empresas de Malleco, se hacía elegir senador por la provincia que lo había convertido en uno de los exponentes más importantes a escala nacional de la nueva burguesía agraria, comercial y financiera.

La nueva organización social impuesta a los mapuche Los mapuche, después de la derrota del levantamiento de 1880, fueron instalados en reducciones que no solo legalizaron el despojo de tierras, sino que generaron una nueva organización social de carácter regresivo. El objetivo principal de esta nueva estructura, impuesta por los “huincas”, era convertir al grueso de los mapuche en pequeños propietarios. Si bien es cierto que no los transformaba de inmediato en pequeñoburgueses campesinos, el tipo de explotación familiar de las reducciones estimulaba el desarrollo de tendencias hacia la propiedad privada. Tomás Guevara anotaba en 1908: “El sentimiento de la propiedad territorial se ha desenvuelto ampliamente en el mapuche desde que sus ocupaciones se han aplicado en este último período de su historia solo a la agricultura”.336 La agricultura y la pequeña producción artesanal para ser vendida en el mercado capitalista fueron las principales actividades de esta economía que destinaba una parte de la producción para el autoconsumo y la otra para la comercialización. Ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades de su núcleo familiar, numerosos mapuche se vieron obligados a emigrar a las ciudades o a trabajar como asalariados en las nuevas haciendas de la Araucanía, explotando para otros las tierras que habían sido suyas durante siglos. Al término de las labores de temporada retornaban a las reducciones para trabajar en sus parcelas. Otros se dedicaron al comercio ambulante y a negociar los productos artesanales indígenas en las ferias de los pueblos y de las nuevas ciudades de la zona. A partir de la década de 1880, Temuco se convitió en la ciudad-mercado para los mapuche”.337 Julio Bañados Espinoza describía la situación de los mapuche hacia 1886 en los siguientes términos: 336 337

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Tomás Guevara. Psicología del Pueblo Araucano, p. 189, Santiago, 1908. Miguel Espinoza I. Temuco y la Frontera 1881-1941, Ed. Centro Simón Bolívar, Temuco, 1989.

Están desparramados, ya en pequeñas reducciones, ya individualmente en las provincias de Arauco, Valdivia, Bío-Bío y el territorio de Angol. Puede dividírselos en tres grupos. Unos que trabajan y viven en haciendas y establecimientos de chileno-españoles. Otros que, dueños de pequeñas hijuelas, trabajan cerca de las ciudades fronterizas. Y otros, en fin sumisos y pacíficos, viven según sus hábitos y reconocieron la autoridad de sus propios caciques.338

Las consecuencias de la política antiindígena se tradujeron en la desintegración de la comunidad, en la división entre poseedores y desposeídos, en la emigración sin retorno con desvinculaciones de la familia. La burguesía había logrado desintegrar en gran medida la comunidad indígena e “integrar” a los mapuche al sistema de dominación capitalista y a las leyes del Estado burgués. Sin embargo, la discriminación racial, la explotación y, fundamentalmente, las supervivencias de la antigua comunidad expresadas en la interdependencia familiar emanada de la etnia y de las tradiciones, siguió manteniendo una relativa cohesión para seguir luchando por la recuperarción de sus tierras en el siglo XX.

La colonización de Magallanes La colonización de Magallanes forma parte del proceso de expansión del capitalismo agropecuario. Esta zona había sido hasta mediados del siglo pasado lugar de recalada de los barcos europeos que hacían la ruta al Asia. Su principal poblado, Punta Arenas, era un presidio y centro de abastecimiento de las flotas balleneras europeas y norteamericanas. La existencia de oro había atraído el interés de numerosos aventureros. El fugaz período de fiebre de los lavaderos de oro fue rápidamente reemplazado por el vellocino blanco de la lana. La multiplicación de las primeras ovejas, introducidas en 1875, despertó la codicia de los ingleses y de los comerciantes criollos establecidos en la región. Durante las décadas de 1880 y 1890, cientos de miles de hectáreas fueron incorporadas a la explotación de ganado. En este proceso de colonización, los “pioneros”, tan magnificados por la historiografía tradicional, arrasaron con los onas y tehuelches. Marcelo Segall señala que la existencia de los indígenas constituía para los explotadores de ganado un peligro jurídico y comercial: Un riesgo jurídico: existían tanto en Chile como en Argentina, bien o mal aplicadas, leyes de residencia y reducción indígena. Los salesianos y maestros primarios se dedicaban a civilizar a los aborígenes y con la cultura podrían exigir la aplicación de la legislación protectora. Un peligro comercial: la escasez natural de alimentos hizo que a los indígenas, que antes vivían de la caza y de la pesca, les resultaran más fácil de coger y más sabrosas 338

Julio Bañados. Letras y Polícia, p. 178, Valparaíso, 1888.

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las ovejas. Y las mataban; son guanacos blancos decían. Y es así como comienza una de las exterminaciones de seres humanos más conocidas en el orbe. La destrucción en masa y sistemática de las dos razas aborígenes ha sido total. No existen estadísticas de la cantidad de indios que vivían en 1890, año fatal para los onas y tehuelches.339

José María Borrero, abogado y periodista español radicado en esa zona a principios del siglo XX, relata numerosas matanzas de indígenas, entre ellas, la del banquete trágico de Cabo Domingo en Tierra del Fuego y la de Spring Hill (Manantiales), en la cual fueron asesinados más de quinientos indígenas. En 1895, fueron apresados 165 onas y rematados en subasta pública. Los salesianos instalados en esta zona hicieron publicar un “Álbum Misionero”, en Turín, 1907, en el que reprodujeron fotos de las tropelías cometidas por los explotadores de ganado y los cazadores de indios, como el tristemente célebre Mac Lenan. Punta Arenas fue el centro de operaciones del plan de exterminio de los aborígenes. Los Méndez y otros “pioneros” los hacían “desaparecer por medio de las balas, del veneno y del alcohol para quedar a sus anchas dueños y señores, como hoy son, de las inmensas tierras que explotan y que alcanzan a varios millones de hectáreas”.340 Uno de los principales cazadores de indígenas fue el inglés Mister Bond. Los Menéndez le pagaban a él y “a sus compañeros de faena una libra esterlina por cada par de orejas de indios que entregaban”.341 Las primeras 300 ovejas traídas de las Islas Malvinas por Enrique Reynard en 1875 se multiplicaron rápidamente. En 1884 sumaban 40.000, en 1893 unas 400.000 y en 1903 pasaron la cantidad de 2.300.000. Estas cifras ahorran comentarios acerca de la nueva veta encontrada por los capitalistas. El origen y el desarrollo de la propiedad territorial en la zona austral estuvieron directamente ligados a la explotación de la oveja. “Las primeras ocupaciones de terrenos fueron autorizadas por los gobernadores por medio de títulos provisionales otorgados sin medida alguna y aún en contra de disposiciones legales que impedían esta clase de concesiones”.342 Una ley de 1884 autorizó contratos de arrendamiento de terrenos que abarcaban 550.250 hectáreas. José Nogueira obtuvo en este primer reparto 180.000 hectáreas; otros recibieron lotes superiores a 20.000 hectáreas. Posteriormente, las autoridades hicieron cuatro concesiones por un total de 1.480.000 hectáreas en la isla Tierra del Fuego. Los arrendatarios eran en su mayoría de origen inglés, como lo indican los

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Marcelo Segall. Desarrollo del capitalismo, op. cit., p. 196. José María Borrero. La Pampa Trágica, p. 42, Buenos Aires, 1967. Ibid., p. 44. Marcos Goycolea C. Colonización de Magallanes y Aisén, p. 11, Santiago, 1942.

nombres de las principales empresas: Wehraham, Mac-Rae, Tierra del Fuego Sheep Farming Co. y Phillips Bay Sheep Co. En un folleto de crítica al proceso de arrendamiento de aquellas tierras, que de hecho eran verdaderas concesiones a las compañías extranjeras, Ramón Serrano Montaner decía que las estancias de Magallanes “son en realidad una dependencia de Inglaterra incrustada en Chile”.343 La mayor concesión de tierras fiscales arrendadas a un particular se hizo bajo el gobierno de Balmaceda. El insólito decreto del 9 de junio de 1890 autorizaba el arriendo de 1.300.000 hectáreas a José Nogueira en Tierra del Fuego. En el contrato se establecía la duración del arriendo por 20 años, comprometiéndose Nogueira a invertir un millón pesos y a introducir 10.000 cabezas de ganado lanar. Nogueira quedaba facultado para subdividir y subarrendar el terreno bajo su exclusiva responsabilidad. Esta graciosa concesión muestra una de las tantas contradicciones de Balmaceda; mientras en la zona norte trataba de que las salitreras quedaran en manos de chilenos, en el sur cedía tierras a empresas extranjeras. Un vecino de Magallanes comentaba al respecto: La entrega a un solo particular de una extensión tan considerable de tierras fiscales bajo condiciones tan onerosas para el Estado, se presta a melancólicas reflexiones acerca de la liberalidad y ligereza con que ha procedido el gobierno en esta circunstancia y ha merecido con razón las críticas más acerbas de la opinión pública de Magallanes.344

Esta no fue la única concesión de tierras hecha a un extranjero por el gobierno de Balmaceda. Un decreto del 10 de diciembre de 1890, firmado por Balmaceda y Godoy, establecía: “Sin perjuicio de terceros, el Estado da en arrendamiento a don Gastón Blanchard 20.000 has. de terrenos por 15 años a 5 centavos anuales por Ha. durante el primer quinquenio”.345 El 16 de septiembre de 1893 se formó la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego con capitales de Nogueira y Duncan Fox; luego pasaron formar parte de esta Sociedad los Menéndez, Sara Braun y Francisco Campos, chileno, gerente del Banco de Tarapacá, sucursal Río Gallegos, casado con María Menéndez Behety. El total de tierras de esta sociedad alcanzaba los dos millones de hectáreas, es decir, la mitad de las tierras aptas de esta zona para la crianza de ganado en aquella época. La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego tenía también el monopolio del comercio, los transportes y la banca. Robustiano Vera escribía en 1897: existe en Punta 343

344 345

Citado por Juan B. Contardi: La constitución de la Propiedad Rural en Magallanes, p. 4, Punta Arenas, 1899. Ibid., p. 7. Robustiano Vera. La colonia de Magallanes y Tierra del Fuego (1843-1897), p. 496, Santiago, 1897.

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Arenas “una sucursal del Banco de Tarapacá y Londres, once casas importadoras con un capital de 80.000 pesos cada una, siendo las principales las de los señores Braun y Blanchard y la de don José Menéndez. Los señores Braun y Blanchard son dueños de los vapores Sorart, Cabenda, Antonio Díaz, Vichuquén y Torino. Poseen además los buques de vela llamados Marta, Gale Rippling Waren. Don José Menéndez es propietario del vapor Amadeo”.346 Los trabajadores estaban obligados a comprar alimentos y ropas a precios elevados en las casas comerciales controladas por los mismos dueños que los explotaban en las empresas ganaderas. Las relaciones sociales de producción implantadas en las sociedades ganaderas eran de carácter capitalista. Allí se generó uno de los más combativos sectores del proletariado rural. Ovejeros, peones, cortadores de carne, esquiladores y velloneros, constituían las principales especialidades de esta nueva capa obrera que a principios del siglo XX logró formar el primer organismo sindical de los trabajadores rurales.

346

434

Ibid., p. XII y XIII.

capítulo viii. Las relaciones de dependencia en la segunda mitad del siglo XIX

Durante la segunda mitad del siglo XIX se aceleró el proceso de dependencia de nuestro país respecto de las metrópolis europeas. Hacia fines del siglo pasado, Chile se había convertido prácticamente en una semicolonia inglesa. Hasta esa época, las riquezas nacionales estaban en manos de los capitalistas criollos. La burguesía minera y los latifundistas eran dueños de las minas y de las tierras. Estas relaciones de propiedad facilitaron un cierto desarrollo del capitalismo criollo, expresado en el aumento de las exportaciones mineras y agropecuarias, pero la subordinación al mercado internacional contribuyó dialécticamente a reforzar los lazos de dependencia. La división internacional del trabajo, acelerada por la revolución industrial, agudizó la dependencia porque a Chile le correspondió jugar en el mercado mundial el papel de proveedor de materias primas y de importador de artículos manufacturados. La burguesía criolla, interesada fundamentalmente en la exportación de materias primas, concedió grandes facilidades al capitalismo europeo para la internación masiva de sus productos industriales en detrimento del ulterior desarrollo de la industria nacional. La dependencia se manifestaba también en la necesidad de importar maquinaria de tecnología avanzada proveniente de las metrópolis para renovar el aparato productivo de las empresas mineras y agrícolas; en la importación de ferrocarriles, líneas telegráficas, además de los repuestos y materiales nacesarios para las obras de infraestructura relacionadas con el proceso de urbanización y el desarrollo minero y agropecuario. Gran parte del excedente económico del país fue a parar por estos conductos a manos de los capitalistas europeos, especialmente ingleses. La dependencia se expresaba, asimismo, en la necesidad de recurrir a los barcos foráneos para la exportación de las materias primas. El pago de fletes era otra forma de fuga del excedente económico que salía del país. Modernos barcos europeos, con casco metálico y motor a vapor perfeccionado, desplazaron a los escasos buques nacionales no solo del comercio exterior, sino también del comercio de cabotaje, acentuando la dependencia de Chile.

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El comercio al por mayor estaba controlado en forma casi exclusiva por las casas extranjeras radicadas en el país, que no se limitaban a importar artículos manufacturados sino que también jugaban el papel de intermediarios en la exportación de los productos agropecuarios y mineros de Chile. Además de las casas comerciales relacionadas con la exportación de cobre y trigo, se crearon otras para la comercialización del salitre. La firma W.R. Grace fue fundada en Valparaíso el 19 de octubre de 1881 con el propósito de dedicarse a la exportación de salitre chileno a los Estados Unidos. El capital original fue de £ 36.000 aportado en acciones de £ 6.000 por Noel West, de Valparaíso; John W. Grace y E. Eyre, de Lima, y W. Russel Grace, M. P. Grace y Ch. Flindt, de Nueva York. Hacia 1890, la Casa Grace ya era la mayor exportadora de salitre chileno hacia puertos estadounidenses.347

La brusca variación de los precios de las materias primas en el mercado mundial, fenómeno que provocaba frecuentes crisis en Chile, era otra manifestación de nuestra dependencia. La caída del precio del cobre en la segunda mitad de la década de 1860 determinó la paralización transitoria de algunas faenas con la consiguiente cesantía de centenares de obreros. El Correo del 3 de enero de 1868 manifestaba: La paralización de las minas se debe a la baja del cobre en los mercados europeos. Se trabajan solo las minas cuya ley no baja del 25%. Un gran número de trabajadores busca ocupación y una gran parte de estos ha emigrado… De Carrizal Alto se anuncia que se ha dado de baja a más de las dos terceras partes de los operarios. En el departamento de Caldera y Copiapó sucede lo mismo.348

Las crisis mundiales de 1873 y 1882 provocaron la baja de los precios del trigo y la plata, coadyuvando al inicio del proceso inflacionista en Chile. La devaluación monetaria fue una resultante de nuestra condición de país atrasado y dependiente. La burguesía criolla y las casas exportadoras e importadoras extranjeras eran altamente beneficiarias con la depreciación del peso chileno, ya que recibían libras esterlinas por la venta de los productos en el mercado mundial y pagaban salarios, impuestos y otros gastos en pesos devaluados.

La deuda externa La política de empréstitos internacionales agudizó el proceso de la dependencia. Este sistema crediticio permitió a las metrópolis no solo cobrar altos intereses, sino también presionar sobre los gobiernos para obtener mayores ventajas comerciales, so pretexto del incumplimiento de los compromisos. 347 348

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Claudio Véliz. Historia de la Marina Mercante de Chile, p. 285, Santiago, 1961. Citado por Hernán Ramírez N.: Historia del Movimiento Obrero… op. cit., p. 114.

La historia de la deuda externa chilena, y por extensión la de América Latina, es parte consustancial de la historia del proceso de dependencia. En el volumen III nos hemos referido al significado de los préstamos contraídos desde 1822 hasta 1860, año en el cual la deuda externa ascendía a 13 millones de pesos de 48 peniques. Durante el período 1860-1890 se contrataron los siguientes empréstitos: 1865 1866 1867 1870 1873 1875 1885 1886 1887 1889

£ 450.000 £ 1.120.920 £ 2.000.000 £ 1.000.000 £ 2.276.000 £ 1.1 33.000 £ 800.000 £ 6.000.000 £ 1.160.000 £ 1.546.392

Thompson, Bonar and Co. J.J. Morgan y Cía. J.J. Morgan y Cía. J.J. Morgan y Cía. Oriental Bank y City Bank Oriental Bank y City Bank City Bank Rothschild and Sons Rothschild and Sons Deutsche Bank y Mendelson

En total, 17 millones y medio de libras esterlinas en préstamos extranjeros que representaban aproximadamente unos 90 millones de pesos. De cada empréstito se descontaban gastos de emisión, comisiones, timbres, etc., que reducían sensiblemente el monto recibido por Chile. Para comprobar esta especulación de las metrópolis, hemos sumado las cifras compiladas por Evaristo Molina obteniendo los siguientes totales por concepto de amortizaciones, intereses y comisiones, deducidos de todos los préstamos contraídos por Chile desde 1822 hasta 1890. Amortizaciones

$ 61.946.100

Intereses

$ 53.224.259

Gastos de emisión, avisos, pérdidas en el cambio, etc.

$ 20.762.172

Total

$ 137.932.531

Fuente: Evaristo Molina: Bosquejo de la hacienda pública de Chile, desde la Independencia hasta la fecha, p. 210 a 211, Santiago, 1898.

Este cuadro muestra que los intereses ascendieron a más de la mitad del total de los empréstitos contraídos y que por vía de gastos de emisión, avisos y comisiones, las casas financieras extranjeras se quedaron con más de la quinta parte del monto nominal de los préstamos. Las amortizaciones anuales comprometían más de la tercera parte del presupuesto nacional. A raíz de los empréstitos contraídos durante la guerra con España, este porcentaje se elevó en forma significativa. En un discurso pronunciado el 9 de julio de 1867 en la Cámara de Diputados, Lastarria manifestaba:

437

“Hoy tenemos empeñadas en el servicio de nuestra deuda las tres cuartas partes de nuestras entradas anuales”.349 En numerosas oportunidades, Chile percibió solamente una parte de los préstamos en dinero efectivo; la otra parte se recibía en maquinarias, repuestos y otros materiales para obras de infraestructura. Un diplomático chileno de la época comentaba el negociado que hacían las casas financieras extranjeras: Con Chile, por ejemplo, la City hace negocios de esta clase: acuerda un empréstito de un millón de libras, digamos. Comienza por no entregar más que novecientos cincuenta mil o menos, según se convenga con el negociador. El dinero no tiene por qué moverse de Londres; será destinado a rieles, a locomotoras, a buques blindados u a otro objeto… Pero los intereses y la amortización del empréstito van corriendo, y los vamos pagando. Cuando la deuda queda así extinguida, hemos devuelto más de dos millones de libras para cancelar las 950 mil que no hemos recibido y no hemos podido guardar.350

La irrupción imperialista en Chile El proceso de dependencia experimenta un cambio cualitativo a fines del siglo XIX con la inversión de capital financiero extranjero en las principales actividades económicas de nuestro país. Hasta ese entonces, el capitalismo europeo no había efectuado inversiones directas significativas en las actividades productoras. Hacia 1880, en los prolegómenos de la era imperialista, se hizo relevante el proceso de inversión de capital financiero extranjero. Las inversiones de Inglaterra en el exterior subieron “de 800.000.000 de libras esterlinas en 1871 a 3.500.000.000 en 1913. Esta última cifra representaba para Inglaterra un ingreso mínimo de 200.000.000 de libras; solo entre los años 1887 y 1889 en la industria minera, la inversión llegó a 127.680.870 libras”, de las cuales 14.277.000 correspondieron a Latinoamérica.351 El cambio significativo en las relaciones de dependencia se produjo en Chile durante la década de 1880-90. La inversión inglesa de capital productivo o inversión directa aumentó de aproximadamente 1.400.000 libras esterlinas en 1880 a 18 millones en 1889. En esta fecha la inversión directa representaba las tres cuartas partes del total de las inversiones inglesas, las cuales ascendían a 26 millones de libras, incluidos los empréstitos.

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José Victorino Lastarria. Discurso sobre la necesidad de contestar el discurso de apertura del Congreso Nacional, separata, 18 de julio de 1867. Además ver Eduardo Cavieres: La deuda interna y externa de Chile, 1820-1888, Santiago, 1991. Ramón Subercaseaux. Memorias de ochenta años, Tomo I, p. 456, Santiago, 1936. H. Ramírez Necochea. Historia del imperialismo en Chile, p. 95, Ed. Austral, 2ª Ed., Santiago, 1970.

El área principal de inversión fue la explotación del salitre. En 1875, el capital inglés representaba solamente el 15% del total de las inversiones hechas en el salitre. En 1884, los ingleses controlaban el 34% y en 1890 el 70% de las inversiones salitreras. En este último año, treinta compañías inglesas invirtieron 10 millones de libras esterlinas en la explotación del nitrato. Si a esto se suman las inversiones realizadas en ferrocarriles, en la Compañía de Aguas y en el Banco de Tarapacá, “el monto de capitales invertidos directa o indirectamente en la industria salitrera subía de 15.000.000 de libras esterlinas”.352 Los ingleses tenían su propio banco en el Norte de Chile: ‘The Bank of Tarapacá and London’. Los ferrocarriles de la zona minera quedaron en poder de los capitales ingleses. North tomó el control de la mayoría de las acciones del ferrocarril de Tarapacá, que había pertenecido a una compañía peruana. Luis Aldunate Carrera señalaba en 1894 que “nadie ignora que todas las líneas férreas de propiedad particular que existen en el país, pertenecen total o semitotalmente a extranjeros y que ellas se gobiernan por directorios que funcionan en la City de Londres. Los ferrocarriles salitreros de Tarapacá y del Toco son exclusivamente extranjeros. A capitales extranjeros se adeudan las líneas que unen nuestro litoral con los minerales connaciones. Las vías férreas de Atacama y Coquimbo se encuentran en condición análoga y tienen aún sus directorios en Londres. Exclusivamente inglés es el ferrocarril, como son las minas de carbón de Curanilahue”.353 En efecto, North invirtió 350.000 libras en las minas de carbón de la zona de Arauco y en la construcción de un ferrocarril en Curanilahue. Respecto del ferrocarril de Tarapacá, el autor citado procedentemente señalaba: “Aparece en la última memoria publicada en Londres, y presentaba a los accionistas de la Nitrate Railways Company, en sesión de 8 de mayo último, que el balance del año fenecido en 31 de diciembre de 1892 arroja una utilidad líquida de £ 378.993”.354 Fred J. Rippy sostiene que “entre 1882 y 1896 se fundaron en Inglaterra más de treinta sociedades anónimas con el proposito de aventurarse en el negocio del salitre. Su capital reunido fluctuaba entre los doce y trece millones de libras esterlinas. El número total de compañías británicas que operaba fue de 23 a fines de 1890 y de 25 a fines de 1896… El auge de las inversiones salitreras alcanzó su punto álgido en 1888-1889. No menos de dieciocho empresas se fundaron en aquellos dos años.355

352 353

354 355

Ibid., p. 102. Luis Aldunate Carrera. “La situación económica de Chile entre los años 1892 y 1894”, introducción, selección y notas de Carlos Ugarte en Estudios de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales, Nº 2, p. 314, Santiago, 1867. Ibid., p. 321. Fred J. Rippy. “Iniciativas económicas del Rey del salitre y de sus socios en Chile”, Rev. Chilena de Historia y Geografía, Nº 113, pp. 82 y 85, Santiago, 1949.

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Los ingleses se apoderaron también de las empresas relacionadas con la explotación de la plata. North invirtió capitales en la mina de plata de Huantajaya. La Revista Económica de Chile, en su número de 1889, p. 86, señalaba que “la compañía Guanchaca ha vendido su ferrocarril y el negocio de agua a una sociedad anónima organizada en Londres con este objeto, por la suma total de 2.100.000 libras esterlinas”. Hacia 1890, la Beneficiadora de Cavancha y la de Santa Rosa pertenecían a capitalistas británicos. Estos hicieron además inversiones en las minas de cobre. Según Luis Aldunate: “Es inglesa y tiene también directorio residente en Londres, la mejor mina de cobre que hoy se trabaja en Chile, la titulada ‘Dulcinea’ del mineral de Puquios”. Un viajero europeo de la época, Charles Wiener, anotaba en 1888: “Cerca de Ovalle se encuentran las formidables explotaciones de cobre de Panulcillo pertenecientes a una compañía inglesa”.356 Los ingleses hicieron inversiones adicionales en empresas agrícolas. The Nitrate Provision Supply Company Limited, fundada en 1889 por Robert Harvey, socio de North, con un capital inicial de 200.000 libras esterlinas, tenía como objetivo comprar un molino cerca de Talca; “comprar o construir bodegas en diversas ciudades para el abastecimiento de los frutos del país que se consumen en las oficinas salitreras”.357 Empresarios británicos invirtieron capitales en las sociedades explotadoras de ganado lanar en Magallanes. Durante las décadas de 1880 y 1890, ingleses arrendaron cientos de miles de hectáreas en el extremo sur de Chile, a través de las empresas que ya hemos citado en el capítulo anterior. La casi absoluta dependencia de Chile respecto de Inglaterra se expresaba en el plano de las finanzas en el empleo de letras sobre el mercado de Londres. Fetter comentaba que “uno de los resultados de esta vinculación de la vida económica chilena con la de Gran Bretaña ha sido el uso de la letra a noventa días sobre Londres como el principal documento de cambios internacionales, como asimisimo, la adopción de un tipo de cambio internacional en relación con la moneda inglesa”.358 El control del capitalismo inglés del comercio chileno de exportación e importación refleja claramente el grado de dependencia de Chile. En 1890, Inglaterra absorbía el 70% de nuestras exportaciones y cubría el 45% de las importaciones de Chile. De un total de 68 milones de pesos en productos exportados en 1890, Inglaterra compró 47 millones de pesos. A su vez, vendió artículos a Chile por un valor de 30 millones; el total de las importaciones de Chile en 1890 era de 67 millones de pesos. Julio Bañados analizaba en 1886 el significado de las inversiones inglesas:

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Charles Wiener. Chili et Chiliens, p. 186, París, 1888. Justo Abel Rosales. El Coronel North, p. 25, Santiago, 1889. Frank W. Fetter. La inflación monetaria en Chile, Santiago, 1937.

En el Economist de Londres, hemos encontrado un cómputo de los capitales ingleses invertidos en las naciones de la América del Sur… en total 157.794.000. Somos nosotros los que recibimos capitales extranjeros para devolverlos duplicado o cuadruplicado; somos nosotros los que trabajamos para que el extranjero se enriquezca y lleve sus capitales fuera del país cada vez que se le antoja dudar de nuestro crédito o cuando se encuentra satisfecho en sus expectativas de lucro somos nosotros, en una palabra, los que no hallamos que hacer para buscar retorno a la montaña de mercaderías que nos introducen.359

En resumen, hacia 1890 el imperialismo inglés tenía el control del 70% del salitre, la principal riqueza de Chile en aquella época. Además, era dueño de importantes minas de plata, cobre y carbón, de la mayoría de los ferrocarriles particulares de la zona norte, del Banco de Tarapacá, de empresas agropecuarias y de las casas importadoras más grandes de Chile. Otros inversionistas extranjeros, aunque de menor importancia que los ingleses, fueron los alemanes. Su penetración en Chile se vio facilitada por la colonia germana residente en la zona de Valdivia desde la década de 1850-60. La compañía Siemens instaló talleres mecánicos y casas importadoras encargadas de vender sus maquinarias y repuestos a los empresarios chilenos. Los capitalistas alemanes efectuaron inversiones en actividades mineras, en transporte, bancos y agencias de seguros. Hernán Ramírez señala que “empresas alemanas realizaron inversiones en el país, de modo que en 1890, por ejemplo, media docena de oficinas salitreras eran de propiedad germana y cubrían alrededor del 18% del poder productor de la industria; el comercio chileno-germano subió de $6.776.972 que era en 1880, a 22.037.101 en 1890, lo que denota un aumento del 225% en el período de diez años”.360 En 1889, Alemania concedía el primer empréstito a Chile por valor de un millón y medio de libras esterlinas a través del Deustsche Bank y Mendelson de Berlín. En carta del 20 de enero de 1891, el encargado de negocios de Alemania en Chile, manifestaba a su Canciller: Las relaciones comerciales de Alemania con Chile, que han tomado especialmente en los últimos años muy poderoso desarrollo, pueden ser divididas en dos categorías, esto es, en la introducción de mercaderías alemanas en Chile y en la exportación de productos naturales de Chile, que se hace por conducto de casas de comercio alemanas, las cuales otras veces por cuenta de los productores chilenos, a quienes adelantan fondos… El capital alemán se halla aquí comprometido de manera directa, por estar invertido en valiosos establecimientos salitreros de dominio propio cuanto en lo que se llama ‘habilitaciones’, que consisten en que chilenos o extranjeros dueños de establecimientos 359

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Julio Bañados Espinoza. Nuestra situación económica, escrito en 1888 y recitado en ‘Letras y Espíritu’, pp. 71 y 72, Valparaíso, 1888. Hernán Ramírez N. Historia del Imperialismo en Chile, op. cit., p. 136.

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salitreros trabajan, mediante créditos considerables que les han abierto casas de comercio alemanas o bien en adelantos a pagar hechos a cuenta de contratos de salitre por salitre que no ha sido embarcado aún. Se embarca de destino a Alemania cargamentos muy valiosos de metales de oro, plata de Huanchaca, que bajan a embarcarse en Antofagasta y en las cuales hay invertidos fuertes capitales alemanes.361

El capitalismo francés hizo escasas inversiones en la minería. Su principal influencia en Chile era de carácter comercial. Había fuertes casas importadoras de origen francés, cuyos artículos de lujo eran preferidos por la burguesía criolla. Las casas financieras de Francia otorgaron empréstitos a Chile para la realización de obras de infraestructura, como la construcción del puente Malleco y la draga del puerto Constitución. En carta de julio de 1880, Domingo Santa María manifestaba a José Francisco Vergara: el francés Alfredo Levéque solo “piensa en su negocio y en el de la colonia francesa que ha traído a Chile con la cual se entiende admirablemente. Estos demonios, como el de Chambran de Valparaíso, no piensan más que en hacer plata. Ahora se arma una draga en Constitución, pudiendo armarse en Talcahuano, costando la obra, puesta en manos francesas, lo siguiente: flete a Constitución $12.000, sueldos de los nueve franceses traídos de Europa en seis meses $12.000, armar la draga $30.000… Todavía temo que Lévéque meta otra vez sus puentes para el ferrocarril”.362 La penetración del capital financiero extranjero cambió el carácter de la dependencia, convirtiendo a Chile en semicolonia inglesa. Las riquezas nacionales pasaron en su mayoría a manos de las empresas extranjeras. El nuevo carácter que adquirió la dependencia, fue la expresión del cambio cualitativo que se produjo en las relaciones de propiedad en la minería marcando el proceso de declinación de la burguesía minera criolla y el control imperialista de los productos básicos de Chile. La semicolonización fue la forma concreta que asumió la dependencia a fines del siglo pasado. El acelerado control imperialista de las materias primas determinó la aparición de una forma de nacionalismo en Chile. La reacción en contra de la creciente penetración imperialista, manifestada al comienzo en forma esporádica por algunos políticos, periodistas e intelectuales, fue adquiriendo volumen hasta plasmarse en 1890 en un fuerte movimiento liderado por el presidente Balmaceda. Las críticas a la dominación imperialista cobraron mayor vigor a partir de 1889, año de cuantiosas inversiones de capital financiero en el salitre. El diario El Ferrocarril señalaba que la zona salitrera se había convertido “en una especie de pequeña parte de la India inglesa usufructada por una multitud de sociedades anónimas organizadas fuera 361

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Cancillería Alemana. Los acontecimientos en Chile, Valparaíso, sin fecha, probablemente editado en 1892. Cartas políticas de Domingo Santa María a José Francisco Vergara (1878-1882), recopilación, prólogo y notas de Horacio Aránguiz en Estudios de historia de las Instituciones Políticas y Sociales, Nº 1, p. 357, Santiago, 1966.

de Chile, sin ningún interés nacional, cuyos directorios pueden entenderse fácilmente y establecer todos los monopolios de la producción y de los consumos, dejando a la nación una soberanía más nominal que real… Tarapacá no puede, no debe ser ni será jamás factoría extranjera: el pueblo de Chile no consentirá jamás que esa provincia, como ninguna otra de la República, sea hacienda extranjera usufructada por compañías anónimas y cuyos valiosos productos vayan a enriquecer ingleses residentes en Londres u otros puntos de la Gran Bretaña, ni que se nos deje la tolerada y nominal soberanía que se dejaba a los Nabastos de India o reyezuelos de Asia por las compañías que han conquistado esas regiones”.363 Francisco Valdés denunciaba la gestación del monopolio del salitre: Dicha empresa tendría en sus manos todo el comercio de Chile, jugaría con el cambio sobre Europa y ejercería en la marcha de los negocios una influencia que no tendría ni podría tener contrapeso alguno. Su dominio en la parte norte de la provincia de Atacama y en los territorios de Antofagasta y Tarapacá sería absoluto. No habría trabajo ni movimiento comercial sino en los lugares que ella fijara, pues una simple orden de su directorio determinaría las salitreras que deberían mantenerse en actividad y dejaría las otras en reserva para el porvenir. Ella tendría, por consiguiente, derecho de vida o muerte sobre todas las poblaciones de ese extenso litoral chileno y en sus manos tendrían forzosamente que caer los ferrocarriles… El monopolio del salitre en poder de una empresa o compañía privada, constituiría un odioso e insoportable tutelaje sobre los intereses públicos y privados de Chile.364

El Heraldo de Valparaíso señalaba el 25 de febrero de 1889: No menos grave es el problema que hay que resolver en Tarapacá. Con nuestra sangre y con nuestro sacrificio conquistamos allí riquezas que antes habíamos fecundado con nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Entretanto ahora van pasando ellas con inusitada rapidez a manos de especuladores extranjeros que no tienen raíces en Chile ni interés por su prosperidad ni amor por su progreso. ¿Qué bien nos hacen en efecto las sociedades anónimas que desde Londres se van adueñando de nuestro salitre? A nuestro juicio absolutamente ninguno.365

No obstante estas protestas, el movimiento nacionalista no fue respaldado por los sectores mayoritarios de la burguesía criolla, incapaces de asumir una política nacional consecuente. La burguesía criolla comprometida con el capitalismo extranjero combatió el proyecto político nacionalista de Balmaceda promoviendo junto al

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El Ferrocarril 26 de mayo de 1889. Francisco Valdés Vergara. La crisis salitrera y las medidas que se proponen para remediar, pp. 20 y 21, Santiago, 1884. Citado por Hernán Ramírez N.: Historia de Imperialismo en Chile, op. cit., p. 109.

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imperialismo inglés la guerra civil de 1891, cuyo resultado consolidó el proceso de transformación de Chile en semicolonia inglesa.

La dependencia cultural La dependencia se expresó, asimismo, en el plano cultural, en la vida cotidiana y hasta en las costumbres. Se copiaron no solo los esquemas políticos europeos y su liberalismo económico, sino también las corrientes pictóricas y literarias. Los programas educacionales, desde la escuela primaria hasta la universidad, parecían estar más bien dirigidos a alumnos europeos que a chilenos, pues había que estudiar desde el latín hasta los pormenores de la vida europea. El venezolano Simón Rodríguez, que estuvo en Chile, se lamentaba de que se estudiaba más a los griegos que la vida de nuestros indígenas. La moda era copiada de París, al igual que los jarrones y tapices que engalanaban las casas. Hasta fue reemplazada la “once” criolla por el “five o’clock tea”. También la guitarra por el piano de cola. Solo se mantuvieron, como última línea de resistencia, las comidas tradicionales.

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capítulo ix. El Gobierno de Balmaceda y la guerra civil de 1891

La gestión presidencial de Balmaceda comprende, a nuestro juicio, dos fases fundamentales: una de 1886 a 1889, y otra de 1889 a 1891. Durante la primera fase de su gobierno, Balmaceda contó con el respaldo casi unánime de la burguesía, porque su política se mantuvo dentro de los marcos tradicionales impuestos por los anteriores gobiernos liberales. En cambio, durante la segunda fase de su gobierno perdió el apoyo de los sectores mayoritarios de la burguesía al plantear un proyecto político nacionalista que afectaba los intereses del imperialismo inglés y comprometía las tradicionales relaciones de los exportadores criollos con la principal metrópoli del mundo. La contradicción de intereses entre los sectores que procuraron realizar un ensayo nacionalista y los que prefirieron consolidar los lazos de dependencia con la metrópoli inglesa condujo a la guerra civil de 1891. En el transcurso de este agudo proceso social se fueron operando importantes cambios en la concepción política liberal del presidente de la República. José Manuel Balmaceda nació en 1838, hijo de una familia terrateniente, descendiente de mayorazgos, propietario de los fundos Nilahue en Vichuquén, San Antonio de Naltagua en Melipilla y Peralillo y Ripangui en Curacaví, a los cuales explotó con un criterio capitalista moderno. Se hizo liberal a temprana edad. En 1864, fue designado miembro de la delegación al Congreso Americano de Lima, uno de los últimos intentos de unidad latinoamericana en el siglo XIX. Cuatro años después, colaboró en forma activa en la creación del Club de la Reforma, institución promotora de las reformas constitucionales y religiosas efectuadas por el liberalismo en la segunda mitad del siglo pasado. Embajador en Argentina durante la Guerra del Pacífico, ministro de Relaciones Exteriores y, posteriormente, Ministro del Interior, Balmaceda era en 1886 el líder liberal más indicado para suceder a Domingo Santa María en la presidencia de la República. Las posiciones democrático-burguesas de Balmaceda en ese entonces no rebasaban el plano de las reformas superestructurales relacionadas con la ampliación de las libertades públicas, las reformas constitucionales y la delimitación de funciones entre el Estado y la Iglesia.

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La candidatura presidencial de Balmaceda contó con el respaldo de los partidos Liberal y Nacional y con el visto bueno del oficialismo. Reiterada la postulación de José Francisco Vergara, dirigente del Partido Radical, Balmaceda quedó como el único candidato de los sectores mayoritarios de la burguesía. Los postulados de Balmaceda aseguraban el continuismo de la política liberal. Sin embargo, en su discurso-programa de 1886 Balmaceda logró deslizar un concepto nuevo en la política económica del país: la necesidad de promover un desarrollo industrial apoyado por el Estado. En aquella oportunidad, Balmaceda dijo: El cuadro económico de los últimos años prueba que dentro del justo equilibrio de los gastos y de las rentas, se puede y se debe emprender obras nacionales reproductivas que alienten muy especialmente la hacienda pública y la industria nacional (…) si el Estado, conservando el nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porción de su riqueza a la protección de la industria nacional, sosteniéndola en sus primeras pruebas; si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes económicas y concurrimos todos, individual o colectivamente, a producir más y mejor y a consumir lo que producimos, una savia más fecunda circulará por el organismo industrial de la República y un mayor grado de riqueza nos dará este bien supremo de un pueblo trabajador y honrado. Vivir y vestirnos por nosotros mismos.366

Era la primera vez en la historia de Chile que un candidato a la Presidencia de la República planteaba que el Estado invirtiera parte de sus ingresos fiscales en promover el desarrollo de la industria nacional, diferenciándose de la tradicional política económica libre-cambista. El discurso-programa de Balmaceda no contenía, sin embargo, medidas progresivas respecto de los bancos, de la propiedad territorial, de los ferrocarriles y de la inversión del capital extranjero en el salitre.

La primera fase del gobierno de Balmaceda (1886-1889) La primera fase del gobierno de Balmaceda, presidente a los 48 años de edad, se caracterizó por la aplicación de una política de corte tradicional, respaldada por los sectores mayoritarios de la burguesía. La alianza de los partidos Liberal, Radical y Nacional fue la base de sustentación política de su gobierno en este período. En sus ministerios figuraron los personajes más representativos de la burguesía minera, comercial, agraria y financiera: Agustín Edwards, Ramón Barros Luco, Augusto Matte, Demetrio Lastarria, Isidoro Errázuriz, Ismael Valdés Vergara, etc. Antes de que se convirtiera en jefe de la rebelión armada contra Balmaceda, Julio Zegers manifestaba: 366

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Julio César Jobet. Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile. Ed. Universitaria, Santiago, 1955.

“El programa político presidencial satisfacía tan ampliamente mis aspiraciones que no vacilé en aceptar el honor de tener parte en el ministerio”.367 Balmaceda promovió a cargos ministeriales no solamente a los liberales de su partido sino también a los elementos más destacados del Partido Nacional, como Agustín Edwards. El balmacedista Julio Bañados señalaba que “el Partido Nacional acrecentaba su poder en condiciones que no había tenido jamás desde la caída del gobierno en 1861”.368 La situación económica durante la administración de Balmaceda fue relativamente más próspera que en períodos anteriores. La producción del principal producto de exportación, el salitre, aumentó de 9.790.000 quintales métricos en 1886 a 20.000.000 en 1889, aportando al Fisco una entrada de 16 millones de pesos por concepto de derechos de exportación. En el período comprometido entre 1886 y 1889 el peso chileno se valorizó tres puntos, de 24 a 27 peniques, fenómeno que no ocurría desde hacía más de una década en el país. La producción de trigo y harina se mantuvo en los altos niveles del decenio anterior. El cobre fue uno de los pocos productos que bajaron su rendimiento, continuando la curva descendente, en cuanto a precio y producción, iniciada en 1880. La incapacidad de la burguesía minera para invertir capital constante en la renovación del aparato productivo había determinado que el cobre chileno fuera desplazando por la competencia norteamericana y japonesa en el mercado mundial. El aumento de las entradas fiscales proveniente del salitre permitió al gobierno realizar un vasto plan de obras públicas. El Ministerio del ramo aumentó su presupuesto de $8.324.090 en 1898 a $23.801.021 en 1890. Se inauguraron 2.787 km. de líneas telegráficas. En menos de 5 años, se construyeron 990 kilómetros de vías férreas, tantos como lo que habían hecho los gobiernos precedentes. Fueron inaugurados los ferrocarriles de Victoria a Osorno, de Calera a La Ligua, de Salamanca a Illapel y Los Vilos y el ramal de Santiago a Melipilla. Se inició la construcción de un dique en Talcahuano por valor de 540.000 libras esterlinas y se concluyeron los grandes puentes de Malleco, Bío-Bío, Laja y Ñuble. Se terminó la canalización del río Mapocho. Fueron habilitados nuevos caminos y obras de infraestructura relacionadas con la necesidad de bajar los costos de la producción minera y agropecuaria. Este vasto plan de obras públicas tendía, según los planes del gobierno, a reactivar la economía general del país. Procuro –decía Balmaceda en un discurso pronunciado en La Serena– que la riqueza fiscal se aplique a la construcción de liceos y escuelas, y establecimientos de aplicación de todo género, que mejoren la capacidad intelectual de Chile… No cesaré de emprender la 367 368

Julio Zegers. Memorándum político de Octubre de 1889, Santiago, 1890. Julio Bañados E. Balmaceda, su gobierno y la Revolución de 1891, Tomo I, p. 138, París, 1894.

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construcción de vías férreas, de caminos, de puentes, de muelles y de puertos que faciliten la producción, que estimulen el trabajo, que alienten a los débiles y que aumenten la savia por donde circula la vitalidad económica de la nación.369

Balmaceda trató de modernizar los planes educacionales. Promovió la creación del Instituto Pedagógico. Hizo construir numerosas escuelas primarias y secundarias y los edificios de las Escuelas Normales de Preceptores, de Medicina y Artes y Oficios. El presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, que había sido de $901.358 en 1880, subió a $7.198.553 en 1890. Las Fuerzas Armadas fueron altamente beneficiadas con la construcción de las Escuelas Militar y Naval y con la compra de nuevo material bélico, como modernos buques blindados, para lo cual se invirtieron unas 400.000 libras esterlinas. El presupuesto del Ministerio de Guerra aumentó de $650.471 en 1886 a $7.474.190 en 1889 y de la Marina de $2.996.610 en 1886 a $6.693.086 1889.370 Poco antes, Balmaceda había contratado al oficial alemán Emil Körner para modernizar las Fuerzas Armadas. La escuela francesa comenzó a ser reemplazada por la alemana, inaugurándose en fenómeno de “prusianización” del Ejército chileno. Balmaceda planteó en esta fase de su gobierno una reforma constitucional destinada a fortalecer las atribuciones del Parlamento. En su discurso del 1 de junio de 1887 manifestó: “Deseo la realización práctica del gobierno parlamentario, con partidarios de ideas y organizados, que vibren en la libre discusión, en la vigilante fiscalización de los actos de los servidores públicos”.371 Balmaceda no tardaría en arrepentirse de esta proposición que tendía a debilitar el régimen presidencialista, prontamente atacado por los elementos más reaccionarios del Congreso. El gobierno promulgó una ley sobre nombramiento de jueces en la que reducía también la intervención del Ejecutivo en la generación del Poder Judicial. Hizo aprobar nuevas reformas constitucionales que ampliaron los derechos ciudadanos, al rebajar de 25 a 21 años la edad para poder votar, eliminar el voto restrictivo, el registro trienal y la boleta de calificación, reemplazándola por el registro permanente de votantes. En 1888 hizo aprobar una ley electoral que solo exigía saber leer y escribir para votar a los mayores de 21 años. Durante el gobierno de Balmaceda, la incipiente industria del país tuvo un ritmo de desarrollo superior al de los períodos anteriores. Si bien es cierto que la industria en Chile no surgió con Balmaceda, como han sostenido algunos autores, es evidente

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Citado por Julio César Jobet: Ensayo crítico…, op. cit., p. 81. Evaristo Molina. Bosquejo de la Hacienda Pública de Chile desde la Independencia hasta la fecha, Santiago, 1898, pp. 82 ss. Citado por Francisco A. Encina: Historia de Chile, Santiago, 1950, T. XIX, p. 103.

que bajo esta administración no solo se consolidaron las industrias creadas en décadas anteriores sino que se fundaron nuevas fábricas y talleres artesanales. La política industrial de Balmaceda diseñada en el discurso-programa de 1886, que hemos citado anteriormente, fue ratificado el 5 de noviembre de 1888 por el Presidente en la Exposición Nacional realizada en Santiago: “¿Por qué no se fabrica en Chile todo el papel que Chile consume, y no se elaboran las telas de algodón y las análogas y de uso general?… ¿Es posible que en esta tierra del hierro y del carbón no produzcamos y elaboremos acero?”. Sin embargo, estas declaraciones públicas no se tradujeron en proyectos concretos de inversión significativa de capital en la industria ni en medidas realmente proteccionistas. No hubo un avance significativo de la industria manufacturerra tendiente a la sustitución de importaciones de productos de consumo popular, sino realmente un desarrollo relativo de aquellas industrias, como fundiciones y maestranzas, que producían herramientas y repuestos para abastecer las necesidades urgentes de las explotaciones mineras y agropecuarias. Es decir, se estimularon las industrias que estaban en función de las necesidades de la tradicional economía de exportación de materias primas. Si no se hace esta diferenciación es muy fácil caer en el error de magnificar el desarrollo industrial bajo el gobierno de Balmaceda, como lo han hecho algunos historiadores. El plan de construcciones fiscales, impulsado por el Ministerio de Industrias y Obras Públicas creado en 1887, favoreció el mencionado desarrollo de las fundiciones y maestranzas. El gobierno encargó a los establecimientos de Lever y Murphy la construcción de doce locomotoras y a otras fábricas la elaboración de estructuras metálicas para los grandes puentes de Malleco, Bío-Bío, Laja y Ñuble. En resumen, durante el gobierno de Balmaceda hubo un relativo desarrollo industrial, especialmente de las fábricas relacionadas con las necesidades de los planes de obras públicas y de las empresas productoras de materias primas básicas. En rigor a la verdad, no hubo una real política de desarrollo destinada a abastecer al mercado interno y a liberarse de la dependencia industrial foránea. La política agraria de Balmaceda se limitó a continuar la tarea de colonización de la zona sur, iniciada por los gobiernos anteriores. Se otorgaron cien hijuelas cerca de Traigén, Victoria y Purén. Se instalaron nuevas colonias en Malleco y Cautín. En el Mensaje Presidencial de 1888 al Congreso, Balmaceda señaló que “las colonias extranjeras en el territorio de Arauco tienen por objeto dar la norma de un progreso más avanzado que el nuestro al resto de la población nacional que se derrama en aquella región”.372

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Mensaje del 1 de junio de 1888 del Presidente al Congreso Nacional.

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En la región de Magallanes, el gobierno favoreció la formación del latifundio al otorgar más de un millón de hectáreas en arriendo al extranjero José Nogueira, medida criticada por algunos chilenos de la zona, como Juan Contardi, en un folleto de la época: “No puede servir de justificativo a esta concesión descabellada de tierras fiscales el propósito de llevar capitales nacionales a la colonia austral de Chile, pues el 75% del capital de la Sociedad Explotadora es extranjero y de las 2.500 acciones que la representan 1.301 están en poder de una sola familia, también extranjera”.373 El gobernador de Magallanes, Manuel Señoret, comentaba los alcances del decreto gubernamental en una Memoria sobre la Tierra del Fuego y sus naturales: “En una excursión que he hecho he tenido oportunidad de cerciorarme que los terrenos comprendidos en la concesión Nogueira abarcan casi la totalidad de las tierras aptas para la ganadería”.374 Con relación al problema indígena, Balmaceda tuvo una política similar a la practicada por los presidentes que le antecedieron, legitimando el proceso de usurpación de tierras y poniendo en remate terrenos que habían pertenecido a los mapuche.

La segunda fase del gobierno de Balmaceda (1889-1891) A mediados de 1889, Balmaceda formula por primera vez las bases de una política nacionalista, fundamentada en la necesidad de frenar el acelerado proceso de penetración del imperialismo inglés en el salitre, como asimismo morigerar el control extranjero en el transporte y comercialización del nitrato. Su hermano José Exequiel le escribía desde Madrid en 1887: Querido José Manuel: … Los saliteros de Tarapacá nos hacen un grave daño, a mi juicio, con la limitación del producto, cuya consecuencia natural es mantener los altos precios del mercado extranjero. Pero, estos altos precios del mercado extranjero, estimulan la fabricación de abonos artificiales, que al fin van a concluir con los guanos y el salitre de Tarapacá. Es muy conveniente que se haga luego la enajenación de las salitreras del Estado para que los ingleses se sometan por la fuerza de las cosas a la mayoría de los salitreros chilenos que ha de quedar en territorio de Iquique.375

Este proyecto político, que alteraba el cuasi-secular compromiso de dependencia de la clase dominante criolla con la principal metrópoli del mundo, condujo a una rápida polarización en contra del gobierno. Balmaceda fue radicalizando su concepción 373

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Juan B. Contardi. La Constitución de la Propiedad Territorial en Magallanes, p. 10, Punta Arenas, 1899. Ibid., p. 11. Eduardo Balmaceda Valdés. Del presente y del pasado, Ed. Ercilla, Santiago, 1941.

política a medida que se agudizaban las contradicciones con la oposición, atacando no solo a los salitreros ingleses, sino también a sus socios menores criollos. En el transcurso de solo dos años, los últimos de su vida, Balmaceda se convirtió en el político nacionalista burgués más importante de Chile en la segunda mitad del siglo pasado y uno de los más destacados de América Latina, fenómeno que no ha sido suficientemente subrayado.

Política salitrera El plan de Balmaceda consistía básicamente en impedir que el capital financiero inglés continuara apoderándose de la principal riqueza nacional. Con el fin de quebrar el monopolio que ejercían los capitales británicos en el salitre, propuso la formación de compañías salitreras de capitalistas nacionales, cuyas acciones fueran intransferibles a empresas extranjeras. Esta política no significaba en absoluto la nacionalización del salitre, como han sostenido algunos autores, sino un intento positivo, para aquella época, de preservar la principal riqueza del país para los capitalistas chilenos. La nacionalización de cualquier actividad económica implica siempre la expropiación tanto de las compañías extranjeras como de las empresas privadas de la burguesía nacional, pasando el Estado a hacerse cargo de la explotación del producto. Balmaceda no planteó en ningún momento la expropiación de las compañías inglesas. Tampoco estaba en sus planes la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de la explotación salitrera, ni siquiera de aquellas estacas que aún quedaban en manos del Fisco. En el proyecto del 8 de junio de 1888, Balmaceda solicitaba al Congreso que se autorizara al Ejecutivo “para que proceda a la venta en subasta pública de los establecimientos salitreros del territorio de Tarapacá que han pasado a dominio del Estado”. Durante la discusión de este proyecto, el Ministro de Hacienda, Enrique Sanfuentes, manifestó: “Nos cabe el honor de defender la libertad comercial, con todos sus inestables beneficios (…) estimularemos el interés para que imprima un lógico desenvolvimiento a la industria salitrera”.376 En este proyecto no se establecía que las salitreras solo podían ser subastadas por chilenos, como lo propuso más tarde Balmaceda. El único político clarividente que se opuso al proyecto fue Luis Aldunate Carrera: En 1888 nuestra voz fue la única que se alzara en el Congreso para combatir la venta al martillo de las salitreras del Estado, propuesta desde esa fecha por el gobierno. Nuestro voto fue también el único que rechazara ese proyecto que, por señalada fortuna del 376

Boletín de Sesiones Ordinarias del Senado, 1888, pp. 239-240.

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país, no llegó a ser Ley de la República. Sosteníamos en aquella ocasión, con razones que juzgamos incontrastables, que la venta al martillo de las oficinas del Estado, llevaría recta e incuestionablemente al dominio y al monopolio extranjero.377

La Revista Económica, de tendencia conservadora, criticaba en 1888 esta posición nacionalista en un artículo de Agusto Matte titulado “La venta de las salitreras del Estado”: Se ha hablado de organizar con las salitreras fiscales una gran sociedad nacional, en que se diera entrada únicamente al capital chileno (…) Pero para poner en ejecución ese elevado pensamiento en la forma en que se indica, tendríamos que comenzar por torturar los principios de libertad que han servido de norma a nuestro organismo económico, principios en virtud de los cuales hemos abierto ampliamente los brazos a la cooperación del noble elemento extranjero.378

La penetración del capital financiero inglés en las salitreras se aceleró durante 1888 y 1889, fundándose en esos dos años unas dieciocho nuevas empresas que, sumadas a las anteriores, llegaron a controlar el 70% de las explotaciones salitreras. Balmaceda comprendió que de continuar con la política de remate de las salitreras del Estado, la principal riqueza del país pasaría en su totalidad a manos extranjeras. Quedaban en poder del Estado los establecimientos que Chile tuvo que comprar en 1887 a los salitreros alemanes, que habían damandado al gobierno peruano por el no pago de los certificados otorgados antes de la Guerra del Pacífico. Para satisfacer los reclamos de Alemania, potencia con la cual Chile tenía activo comercio, Balmaceda se vio obligado a pagar esos certificados salitreros de Tarapacá. El Estado se hizo cargo de sesenta y siete establecimientos avaluados en más de diez millones de pesos. La decisión de Balmaceda de impedir que los extranjeros tuvieran derecho a subastar las salitreras de propiedad del Estado, afectó precisamente los planes del imperialismo inglés, que aspiraba a apoderarse de la totalidad de esta riqueza nacional. En el discurso pronunciado en Iquique el 8 de marzo de 1889, Balmaceda dio a conocer los fundamentos de su nueva política salitrera: La propiedad particular es casi toda de extranjeros y se concentra exclusivamente en individuos de una sola nacionalidad. Preferible sería que aquella propiedad fuera también de chilenos. La próxima enajenación de una parte de la propiedad salitrera del Estado abrirá nuevos horizontes al capital chileno si se modifican las concesiones en que gira y se corrigen las preocupaciones que lo retraen. La aplicación de capital chileno en aquella industria producirá para nosotros los beneficios de la exportación de nuestra 377

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“La situación económica de Chile entre los años 1892 y 1894, juzgada por Luis Aldunate Carrera” en Estudios de Historia de la Instituciones Políticas y Sociales, Nº 2, p. 325, 1967. Augusto Matte. “La venta de las salitreras del Estado”, en Revista Económica, Nº 18, p. 429, del 1 de octubre de 1888.

propia riqueza y la regularidad de la producción sin los peligros de un posible monopolio. Ha llegado el momento de hacer una declaración a la República entera. El monopolio industrial del salitre no puede ser empresa del Estado, cuya misión fundamental es solo garantizar la propiedad y la libertad. Tampoco debe ser obra de particulares, ya sean estos nacionales o extranjeros, porque no aceptaremos jamás la tiranía económica de muchos ni de pocos. El Estado habrá de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para resguardar con su influencia la producción y su venta, y frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial de Tarapacá.

Balmaceda precisó aun más las bases de su nueva política salitrera en el Mensaje del 1 de junio de 1889: Entre los proyectos pendientes en el Congreso “el de la venta de salitreras tiene una importancia cardinal (…) A la vez que se entreguen a la libre competencia las salitreras redimidas, deberán enajenarse gradualmente hasta 4.000 estacas escogidas entre los mejores chilenos (…) con acciones intransferibles durante un lapso de tiempo, y después solo transferibles a chilenos. Enajenadas las salitreras redimidas y las 4.000 estacas destinadas a establecimientos nacionales, se venderían anualmente en lo futuro una mitad de estacas en libre licitación y competencia y la otra mitad a accionistas chilenos intransferibles a extranjeros (…). Es verdad que no debemos cerrar la puerta a la libre competencia y la producción de salitre en Tarapacá, pero tampoco debemos consentir que aquella vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera”. En síntesis, la nueva política de Balmaceda, basada en un informe entregado en diciembre de 1888 por el Inspector de Salitreras Gustavo Jullian, consistía fundamentalmente en lo siguiente: a) impedir que los capitalistas extranjeros continuaran apoderándose de la principal riqueza de Chile, quebrando el monopolio inglés, aunque respetando la explotación extranjera existente; b) promover la creación de “establecimientos chilenos”, de empresas de “accionistas chilenos y con acciones intransferibles durante un lapso de tiempo y solo después transferibles a chilenos”; c) el Estado no se haría cargo de la explotación del salitre, su papel era garantizar la propiedad privada y la libre empresa, evitando la “tiranía económica” de unos pocos, es decir el monopolio, para lo cual el Estado conservará “la propiedad salitrera suficiente para resguardar con su influencia la producción y su venta”. En otras palabras, la política de Balmaceda no asumió en ningún caso el carácter de una nacionalización. Su objetivo básico era que una parte de esta riqueza nacional quedara en manos del capital privado chileno. Lo progresivo de esa política en aquella época consistía en frenar la penetración del capital financiero extranjero con el fin de permitir el desarrollo de un capitalismo nacional en un área clave de la economía chilena. Uno de los motivos esenciales que condujeron a Balmaceda a formular este proyecto nacionalista fue la brusca disminución de las entradas fiscales que había provocado la

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Combinación Salitrera de 1884. Los productores del salitre, especialmente los ingleses, acordaron ese año limitar la producción con el fin de provocar un alza de los precios en el mercado mundial. La producción de salitre, estimada en 12.825.664 quintales en 1883, descendió bruscamente a 9.479.149 en 1885 y a 9.800.443 en 1886, recuperándose recién en 1887, cuando el monopolio resolvió suspender transitoriamente el acuerdo de la “Combinación Salitrera”. Como se comprenderá, esta baja artificial de la producción, provocada con fines especulativos para lograr un aumento del precio del salitre en el mercado internacional, proporcionaba pingües ganancias al capital foráneo, afectando las arcas nacionales. Los ingresos aduaneros disminuyeron de $30.302.815 en 1885 a $23.370.862 en 1887”.379 El peligro que significaba el monopolio salitrero inglés parta la estabilidad de las entradas aduaneras era analizado por Guillermo Billinghurst, luego del discurso de Balmaceda en Iquique: ¿Es prudente que el Estado, cuyos principales recursos financieros los constituye el derecho de explotación del salitre, permanezca impasible, viendo que esta industria se reconcentra en manos de determinados grupos extranjeros? (…) ¿De dónde se deduce que el gobierno no deba, dentro de la esfera de sus atribuciones financieras, precaverse contra todas las maniobras que tengan por objeto cercenar esa renta o sujeto a la acción intermitente de las coaliciones industriales?380

Balmaceda era consciente de que una nueva “Combinación Salitrera”, como la de 1884, pondría en peligro su vasto plan de obras públicas y de otras actividades tendientes a reactivar la economía del país. Su lucha contra los salitreros ingleses se hizo más resuelta al tener conocimiento de que para enero de 1891 se preparaba la formación de otra “Combinación Salitrera”. La nueva política enunciada por Balmaceda suscitó de inmediato ácidas críticas de la prensa pro-británica. The Chilean Times, periódico editado en Valparaíso por la colonia inglesa, atacaba al gobierno por haber planteado una posición “estrecha de espíritu” en los precisos instantes en que John T. North viajaba de Inglaterra a Chile. El periodista William Howard Russell, que venía en la comitiva de North, comentaba la gira de Balmaceda por el Norte: “Ha pronunciado discursos que pueden ser considerados como la enunciación de una nueva política: ‘Chile para los chilenos’. Es sabido que el coronel North ha venido desde Europa a solidificar y extender intereses, con respecto a cuyo crecimiento el programa del Presidente parece ser adverso, según se ha informado”.381

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Evaristo Molina. Bosquejo… op. cit., pp. 69 y 70. Guillermo Billinghurst. Los capitales salitreros de Tarapacá, Santiago, 1889, Capítulo I. William Howard Russell. A vist to Chile and the nitrate fields of Tarapacá, pp. 42 y 43, cit. por Hernán Ramírez. Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Ed. Austral, Santiago, 1969, p. 97.

El 16 de marzo de 1889, El Ferrocarril señalaba que los propósitos de North en su viaje a Chile “serán frustrados si S.E. mantiene en el terreno de la práctica las ideas sustentadas en su discurso”. El diario El Mercurio del 25 de marzo del mismo año expresaba que los planteamientos del Presidente “habrán contraído quizá un tanto los propósitos de Mr. North en relación a Tarapacá y sus importantes industrias”. El plan de Balmaceda cuestionaba no solamente los negocios del señor North, sino la política general del capitalismo inglés que, con sus socios criollos, comenzó a preparar la capitulación, la renuncia o el derrocamiento de Balmaceda. El imperialismo no estaba dispuesto a darle tiempo a Balmaceda para que aplicara una política que ponía en peligro la expansión de su capital financiero y las especulaciones de la “Combinación Salitrera”.

Política sobre ferrocarriles La política de Balmaceda sobre ferrocarriles formaba parte de su proyecto nacionalista tendiente a limitar el acelerado proceso de control extranjero del país. Las inversiones de capital financiero en los ferrocarriles, acrecentadas desde principios de la década de 1880, le habían permitido ejercer un control decisivo sobre los ferrocarriles de la zona minera del Norte, especialmente aquellos relacionados con el transporte de salitre y cobre. Luis Aldunate denunciaba que tanto los ferrocarriles de Tarapacá y de Antofagasta como los de Atacama y Coquimbo eran de propiedad de compañías con directorios en la City de Londres. Hacia fines de la década de 1880, el Estado solo conservaba las líneas férreas de la zona central y sur, con excepción del ferrocarril de Arauco, que había pasado a manos de John T. North. Uno de los objetivos básicos de Balmaceda era quebrar el monopolio de los ferrocarriles salitreros que ejercía Mr. North, “el rey del salitre”. En la medida que se otorgaban mayores facilidades de transporte a los salitreros criollos –terminando con la subordinación a un monopolio ferrocarrilero perteneciente a los mismos extranjeros que monopolizaban el salitre – más factible sería la formación de esas sociedades de capitalistas nacionales que el gobierno propugnaba para la explotación del salitre. En este sentido, los planes de Balmaceda sobre los ferrocarriles del Norte estaban íntimamente ligados con su política salitrera. El presidente dio a conocer su nueva política sobre ferrocarriles el 9 de marzo de 1889 en un discurso pronunciado en Iquique. Espero que en época próxima todos los ferrocarriles de Tarapacá serán propiedad Nacional; aspiro a que Chile sea dueño de todos los ferrocarriles que crucen su territorio. Los ferrocarriles particulares consultan necesariamente el interés particular, así como

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los ferrocarriles del Estado consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria fomentadora de valor de la propiedad misma.382

Sin embargo, esta política no alcanzó a concretarse en ningún decreto de expropiación de las poderosas empresas extranjeras que controlaban los ferrocarriles del Norte Grande. La iniciativa más importante que llevó a cabo el gobierno de Balmaceda en esa materia fue el envío en octubre de 1888 de un proyecto de ley para nacionalizar varios ferrocarriles en el Norte Chico, pertenecientes en su mayoría a diferentes inversionistas ingleses. En los considerandos del proyecto, que fue finalmente saboteado por el Congreso, se manifestaba: “Siendo esos ferrocarriles de propiedad particular y debiendo, por consiguiente, consultar antes que todo el provecho de los empresarios, las tarifas son hasta tres y cuatro veces más altas que las fijadas por los Ferrocarriles del Estado en el centro y sur de la República”.383 Balmaceda trató de quebrar el monopolio ferrocarrilero que ejercía en el Norte Grande la empresa inglesa The Nitrate Railways Company of Tarapacá, cancelándose una concesión otorgada anteriormente. El gobierno de Santa María había resuelto el 29 de enero de 1886 caducarle los derechos a esta empresa, cuyo monopolio deriva de una concesión de veintiocho años hecha a los hermanos Montero del Perú y a ciertos capitalistas ingleses por el gobierno peruano antes de la Guerra del Pacífico. Esta empresa inició, por intermedio del abogado chileno Julio Zegers, un juicio contra la resolución del gobierno chileno.384 En 1889, el Consejo de Estado ratificó la decisión del gobierno en orden a caducar el monopolio ferrocarrilero de la Nitrate Railways Company of Tarapacá. El Presidente Balmaceda, en lugar de nacionalizar esta sociedad o crear una empresa del Estado que compitiera con el monopolio ferrocarrilero extranjero, autorizó el 19 de marzo de 1890 a la firma inglesa Campbell, Outram and Co. para que construyera nuevas vías férreas en la misma zona donde operaba la antigua compañía. No obstante la insuficiencia de esta medida, la resolución no dejaba de quebrantar el monopolio ferrocarrilero, afectando los intereses de los capitalistas ingleses más poderosos. El 11 de febrero de 1890, John North pedía al gobierno británico que intercediera ante el presidente Balmaceda: “Me atrevo a pedirle ahora que tenga la bondad de instruir al ministro de Santiago para que proteste contra la grosera violación de los derechos del ferrocarril salitrero que el gobierno chileno está llevando a efecto.385 382 383 384

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Julio Bañados E. Balmaceda…, op. cit., Tomo I, p. 265. Hernán Ramírez. Balmaceda… op. cit., p. 119. Este problema ha sido analizado exhaustivamente por Fernando Silva V.: “Los ferrocarriles salitreros de Tarapacá durante el gobierno de Santa María”, en Estudios de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales, Nº1, 1966, Santiago, Hernán Ramírez. Balmaceda… op. cit., p. 120.

Acogiendo esta petición, se hizo llegar al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile una nota en la que manifestaba su oposición “a la infracción por parte del gobierno chileno a los privilegios exclusivos, formalmente conferidos a la Compañía de Ferrocarriles Salitreros por el Gobierno del Perú”.386

Política bancaria Los primeros roces de Balmaceda con los banqueros comenzaron en 1889 a raíz del envío de un proyecto al Congreso en el que se planteaba una restricción a las emisiones de billetes.387 Una de las causas principales del acelerado proceso inflacionista que sufría el país desde 1890 era la emisión casi ilimitada de los bancos que especulaban con dichos valores. El Congreso rechazó la proposición de Balmaceda, aprobando en 1890 una ley que favorecía abiertamente a los banqueros, al ampliar la circulación de los billetes emitidos por la banca particular y obligar al Estado a mantener de depósito de los fondos fiscales en los bancos. Balmaceda se opuso a esta resolución del Congreso anunciando que el gobierno retiraría los fondos fiscales depositados en los bancos. Esta medida afectaba los intereses de los banqueros que hasta entonces habían utilizado los depósitos del Estado en sus usureros negocios de préstamo de dinero a interés. En junio de 1890, el gobierno envió una circular a los bancos notificando el retiro de los fondos fiscales. El dirigente conservador Joaquín Walker Martínez manifestó su decidida oposición a esta medida en un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados el 17 de junio de 1890: “Es público que el gobierno ha dirigido una circular a las instituciones de crédito notificándoles que retirará los depósitos fiscales el día de su vencimiento que, como se sabe, es treinta días después de tal aviso. El gobierno ha resuelto, pues, de una manera violenta el problema”.388 Sobre los efectos de esta circular, José M. Irarrázaval comentaba: “Y sea que obedeciera el gobierno con su actitud a una medida de previsión para procurarse fondos en caso de prolongarse la situación de negativa de la Cámara para autorizar las contribuciones, o fuera de ello un arma empleada como presión o desquite, ello que la alarma fue grande”.389 La oposición de los banqueros obligó a Balmaceda a radicalizar su política bancaria. Comprendió recién entonces que no bastaba dictar tibias medidas destinadas a limitar 386 387 388

389

Ibid., p. 120. Memoria presentada al Congreso de 1890 por el Ministro de Relaciones Exteriores. Frank Fetter. La inflación monetaria en Chile, p. 66, Santiago, 1937. Citado por José Miguel Irarrázaval: “La política económica del Presidente Balmaceda”, en Boletín Academia Chilena de la Historia, pp. 90 y 91, 1963. Ibid., p. 91.

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las emisiones de los bancos, sino que era necesario privarlos de este poderoso privilegio creando un Banco del Estado, único emisor de billetes. José Miguel Valdés Carrera, uno de los ministros más destacados de Balmaceda, manifestaba que a fines de 1890 “se preparaba la organización del Banco del Estado, destinado a enfrentar el agio de los bancos particulares que lo ejercen con descaro, sea en la fijación de cambio sobre Europa, sea en el tipo de los intereses enormemente subidos hasta hacer imposible el nacimiento de cualquier industria”.390 La idea de crear un Banco del Estado se concretó después del inicio de la guerra civil, para superar el caos financiero que habían provocado los bancos privados. Con el fin de que los banqueros no siguieran suministrando dinero a los insurrectos, el gobierno intervino a fines de enero de 1891 los Bancos Santiago, Valparaíso y el Banco Edwards. El 5 de mayo de 1891, el gobierno resolvió cancelar el privilegio que tenían los bancos para emitir dinero. Además, obligó a los bancos a retirar mensualmente el 10% de sus billetes en circulación, sustituyéndolos por una emisión fiscal. “Fue –comentaba José Miguel Irarrázaval– una verdadera expropiación, según los francos términos empleados por el ministro de Hacienda señor Valdés Carrera”.391 Fanor Velasco escribía el 5 de mayo en sus Memorias de la guerra de 1891: “Anoche en sesión secreta el senado aprobó el proyecto que retira de la circulación los billetes de los bancos y los sustituye por billetes de Estado (…) Con esta ley de un carácter eminentemente socialista el gobierno se reviste de una facultad que le permitirá fabricar billetes”.392 Velasco calificaba de socialista la política financiera de Balmaceda identificando estatismo con socialismo, confusión propia de aquella época librecambista en que toda intervención del Estado en los asuntos económicos era motivo de absoluta condenación por parte de la burguesía. La medida de Balmaceda obviamente no era socialista sino que formaba parte de un proyecto político nacionalista burgués, concretado en el plano financiero con la inminente creación del Banco del Estado. El Ministro de Hacienda, Manuel Arístides Zañartu, que en 1887 había adelantado esta idea en el Parlamento, presentó el 9 de julio de 1891 un proyecto de Banco Oficial. En los considerandos del Mensaje se señalaba que “la creación de un Banco con el concurso y supervigilancia del Estado es una de las maneras más eficaces para fomentar la riqueza y el trabajo; prevenir trastornos económicos y asegurar contra el agio y la influencia de unos pocos en la vida económica de todas las industrias y del comercio honrado, por la acción y el concurso efectivo de la comunidad. Se ha resuelto que la emisión de los Bancos particulares concluye y es entonces indispensable crear el Banco 390 391 392

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José Miguel Valdés Carrera. La condenación del Ministerio Vicuña, p. 18, París, 1893. José M. Irarrázaval. La política económica… op. cit., p. 106. Fanor Velasco. La Revolución de 1891, Memorias, pp. 318 y 319, Santiago, 1925.

que pueda hacerlo, tomando en consideración el concurso del Estado (…) No habrá en esta institución clases bancarias, oligárquicas y directores del crédito, en provecho exclusivo de sus personas o para desarrollar influencias perniciosas en la política”.393 El capital del Banco sería de 60 millones; unos 40 millones se obtendrían de la hipoteca “de los ferrocarriles en explotación y de la mitad de los terrenos salitrales de propiedad fiscal”. Un 10% de los ingresos aduaneros provenientes del salitre serían destinados al Banco. Los 20 millones restantes deberían ser cubiertos por el público. La caída de Balmaceda, ocurrida un mes y medio después de la presentación de este proyecto, impidió la fundación del Banco del Estado, una de las medidas más progresistas de la época. Los roces de Balmaceda con la banca privada, considerados en forma aislada, no eran causa suficiente como para promover la enconada oposición que culminó en la guerra civil. Los banqueros fueron uno de los pilares de la oposición no solamente por haber sido afectados por algunas medidas del gobierno, como la limitación del derecho de emitir billetes y el retiro de los depósitos fiscales, sino porque estimaban que el proyecto nacionalista de Balmaceda amenazaba el tradicional sistema de alianzas entre la burguesía criolla y el imperialismo inglés. Los banqueros no podían permitir que Balmaceda aplicara una política contra la metrópoli de la cual dependían sus negocios fundamentales: su relación con la Bolsa de Londres en la fijación del tipo de cambio para el peso chileno, su estrecho contacto con las casas financieras que otorgaban empréstitos a Chile y con las casas importadoras inglesas residentes en Valparaíso y Santiago. Un agravamiento de la crisis en las relaciones del gobierno chileno con el imperialismo inglés ponía seriamente en peligro estos importantes intereses de la banca privada. En síntesis, la política de Balmaceda en los dos últimos años de gobierno tuvo como objetivo fundamental frenar la penetración del capital financiero foráneo en el salitre, para facilitar el desarrollo de un capitalismo nacional en la principal actividad económica del país. La posición antibritánica de Balmaceda se expresó no solo en ese intento por detener el proceso de expansión del imperialismo inglés en el salitre, sino en el esfuerzo por iniciar relaciones económicas con otros capitalismos. Los hechos más relevantes en este sentido fueron el aumento del intercambio comercial con Estados Unidos y Alemania y la contratación de un fuerte empréstito alemán. Balmaceda gestionó la negociación de la deuda externa mediante un empréstito no al tradicional país acreedor, Inglaterra, sino a Alemania. El 26 de julio de 1889, el Deutsche Bank de Berlín prestaba al gobierno chileno la suma de 1.546.400 libras esterlinas.

393

Boletín de la Cámara de Diputados, p. 345, 1891.

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La resolución de Balmaceda de ampliar las relaciones económicas internacionales con otros capitalismos tendía a debilitar la dominación hegemónica del imperialismo inglés en Chile. Otra de las razones del conflicto estuvo relacionada con la redistribución de las entradas del Fisco por concepto de los derechos de exportación salitrera. El economista Ricardo Valdés, alias Juan Penique, escribía en 1922: El presidente Balmaceda, fue el primer mandatario que dispuso de las rentas suministradas al Fisco por los derechos de exportación sobre el salitre. La última circunstancia tuvo una proyección muy importante en nuestra vida pública y me detengo a explicarle someramente en qué consiste la trascendencia de que Balmaceda dispusiera de las entradas del nitrato. En los tiempos de escasez fiscal anteriores a dicho presidente, el Parlamento se conformaba, dócil, con que el Ejecutivo asumiera la suma de las atribuciones constitucionales para el gobierno del país y eclipsara la acción de los otros poderes públicos, pero producido el aumento de la riqueza del erario tras la guerra del Pacífico, los congresales pensaron de otro modo: se sintieron inclinados a compartir las responsabilidades gubernamentales del manejo de los abundantes fondos patrios (…) Se ha dicho que la causa de la guerra civil fueron las libertades electorales que el presidente Balmaceeda amenazaba. En realidad esa fue la banderola que hicieron flamear los políticos macucos, muy aptos para conocer la índole criolla, con el objeto de conseguir que la juventud se entusiasmara y promoviera un conflicto bélico contra las fuerzas adictas al Poder Ejecutivo.394

Es cierto que Balmaceda aspiraba a que gran parte de los excedentes de la exportación salitrera se invirtieran en obras públicas. Pero no debe confundirse esta política estatista, es decir, una mayor intervención del Estado en la economía, con un supuesto proceso de nacionalización de las empresas productivas, como insinúa Hernán Ramírez Necochea. Aunque coincidimos en este punto con Fernando Mires, estamos en desacuerdo con él cuando minimiza el proyecto nacionalista de Balmaceda reduciéndolo a una mera política de redistribución de excedentes.395

Los componentes de la oposición La oposición de los sectores mayoritarios de la burguesía a Balmaceda surgió en la segunda mitad del año 1889, precisamente después de que el presidente expusiera su nueva política sobre el salitre. Antes de la formulación de este programa, Balmaceda había contado con el respeto de casi todas las fracciones de la burguesía. El Ferrocarril del 10 de agosto de 1888 394 395

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Ricardo Valdés. Charlas económicas, Imp. Cervantes, Santiago, 1922, pp. 32, 33, 35 y 30. Fernando Mires. Poder político y poder militar, p. 33, traducido al alemán con el título de Die militär und der Macht, Berlín, 1975.

elogiaba al gobierno: “Puede decirse sin metáfora en honor y escricto homenaje de justicia al presidente señor Balmaceda, que ha sabido encontrar inspiración en el alma de Washington o, lo que es lo mismo, en la convicción patriótica y desinteresada de hombre probo que anhela y busca la felicidad y la gloria del país”.396 Otra editorial del mismo diario, de fines de 1888, hacía un balance muy favorable de la situación nacional en esta fase del gobierno de Balmaceda: “El año que termina simboliza una página de honor en la historia del progreso político de nuestro país y abre un horizonte de lisonjera expectativa para 1889. Las recientes reformas realizadas son un hermoso legado de libertad y de buen sentido político para la República”.397 Las primeras manifestaciones de oposición a Balmaceda fueron percibidas por Julio Bañados en los siguientes términos: “El viaje a las provincias del norte, destinado a saludables reformas administrativas y a la presente solución de gravísimos problemas vinculados a las industrias salitrera y minera, fue cuna de evolución política que sacudió los cimientos de la Unión Liberal y precipitó sobre pendientes al gobierno de Balmaceda y al país”.398 Los sectores mayoritarios de la burguesía, que hasta entonces habían apoyado Balmaceda, se pasaron rápidamente a la oposición, no tanto por defender los intereses particulares de determinados capitales salitreros, sino fundamentalmente porque la oposición antibritánica de Balmaceda abría un proceso de crisis en las tradicionales relaciones de dependencia con la metrópoli inglesa. Algunos autores han cometido el error de presentar a la oposición burguesa como interesada exclusivamente en defender los negocios privados de los salitreros ingleses. Se ha dicho también que la oposición se organizó sobre la base de los políticos sobornados por los capitalistas salitreros foráneos. Efectivamente, muchos políticos y abogados corrompidos se convirtieron en agentes directos de los empresarios extranjeros. Pero caracterizar la oposición meramente como un grupo de políticos sobornados es jibarizar las proyecciones históricas de un conflicto interburgués que condujo a la más cruenta de las guerras civiles de Chile. Los sectores mayoritarios de la burguesía lucharon contra Balmaceda por haber provocado una crisis que ponía en peligro no solo sus negocios inmediatos, sino también sus intereses generales como clase dependiente de la metrópoli. Al salir en defensa de los salitreros ingleses, la burguesía criolla estaba preservando fundamentalmente su política de alianzas establecida con el capitalismo británico desde los comienzos de la República.

396 397 398

El Ferrocarril, 10 de agosto de 1888. El Ferrocarril, 29 diciembre de 1888. Julio Bañados. Balmaceda…, op. cit., Tomo I, p. 270.

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El proyecto nacionalista de Balmaceda entraba a cuestionar precisamente esa política de alianzas. Un enfriamiento de las relaciones con la metrópoli inglesa, como el que estaba provocando Balmaceda, podía afectar seriamente los negocios de la burguesía chilena en su conjunto. En medio de problemas tan conflictivos, Balmaceda se dio tiempo para recibir en el Palacio Presidencial a dos de los más grandes representantes de la cultura universal: Sara Bernhardt y el poeta nicaragüense Rubén Darío, que más tarde dijo de Balmaceda que era un “personaje de rara potencia intelectual”.

Estrategia y táctica de la oposición La oposición estaba integrada por los sectores mayoritarios de la burguesía minera, comercial, bancaria, terrateniente y por la avanzada del imperialismo inglés en Chile: los capitalistas salitreros y las casas comerciales británicas, especialmente de Valparaíso. Durante la crisis política de 1890-91, lograron arrastrar a sus posiciones reaccionarias a la mayoría de la pequeña burguesía, grupos profesionales, a los universitarios, a la Corte Suprema, a la mayoría del clero y a un sector de las Fuerzas Armadas: la Marina. El imperialismo inglés respaldó y financió la lucha de la oposición contra Balmaceda no solo porque habían sido afectados directamente sus negocios del salitre, sino también porque Balmaceda hacía peligrar su dominación hegemónica sobre la economía chilena al estrechar relaciones comerciales y financieras con Alemania y Estados Unidos. Los documentos demuestran que mientras Inglaterra apoyó a la oposición, Estados Unidos respaldó a Balmaceda. Por su parte, Alemania que venía apoyando a Balmaceda dio un giro en 1891 en favor de los opositores, por temor a perder su situación privilegiada en el comercio chileno, ya que era el primer importador de salitre. En primera instancia, los opositores trataron de crear un clima de agitación que obligara a Balmaceda a capitular o a presentar su renuncia. Ante la decisión del presidente de mantenerse en su cargo, resolvieron a fines de 1890 preparar un golpe Estado, para cuyo efecto necesitaban obtener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Fracasadas las gestiones para lograr la adhesión del Ejército, los sectores mayoritarios de la burguesía, junto a la Marina, decidieron jugar la última carta: la guerra civil. La oposición utilizó varios tácticas durante 1890 para provocar en colapso del gobierno: acciones parlamentarias tendientes a producir crisis ministeriales y a obstruir los proyectos gubernamentales; operaciones extraparlamentarias que iban de la agitación callejera y los actos de sabotaje y terrorismo hasta la organización de “guardias blancas” y comités clandestinos paramilitares; campañas de terror y de pánico financiero para provocar el caos económico y el desprestigio del gobierno. Sus

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líderes formaban parte del llamado “cuadrilátero”, bloque opositor constituido por los conservadores, radicales, monttvaristas y un sector de los liberales. La insistencia en la “ilegitimidad” y en el carácter “dictatorial” del gobierno fueron las consignas políticas claves agitadas por la oposición para justificar el golpe de Estado o guerra civil, “en nombre de la Constitución y las leyes”. Para llevar adelante esta cruzada, “por la democracia y la libertad”, la oposición movilizó a los estudiantes universitarios y a la mayoría del clero. El Parlamento fue el epicentro de la reacción, provocando la caída de los ministerios y saboteando la aprobación de la ley de contribuciones del Presupuesto General de la República para 1891 con el objeto de dejar sin financiamiento a los planes del gobierno. Las manifestaciones callejeras contra Balmaceda comenzaron el 18 de enero de 1890 con un acto realizado en Valparaíso y continuaron en forma agresiva en los meses siguientes. En uno de los actos de Santiago, la oposición nombró una Comisión, encabezada por Diego Barros Arana y Abdón Cifuentes, para exigir la renuncia de Balmaceda el 13 de julio de 1890. Balmaceda les contestó: “Pensad señores en que soy chileno y que derivó mi mandato no del Congreso sino del Pueblo”. En respuesta a una alusión sobre la abdicación de O’Higgins, hecha por un miembro de la oposición, Balmaceda expresó enfáticamente: “O’Higgins fue víctima de los aristócratas de Santiago”. El 1 de junio de 1890 la oposición hizo una concentración en la Plaza de Armas donde hablaron Salvador Allende Castro y Gregorio Pinochet. Enfrentamientos entre los partidarios del gobierno y los de la oposición eran frecuentes. El Mercurio comentaba, desde su punto de vista, en su edición del 23 de julio de 1890, en un artículo titulado “Choque entre los garroteros y la juventud”: Desde la hora de la apertura de la sesión se estacionaron junto a la verja del edificio del Congreso de la calle Compañía, numerosos grupos de jóvenes decentes (…) Una partida de hombres de la clase más baja del pueblo comenzó también desde temprano a agruparse al amparo de un piquete de policía estacionado junto a la Biblioteca Nacional. Los descamisados, envalentonados probablemente por el apoyo que la fuerza de policía habría de prestarles, se acercaron poco a poco amenazantes; y enseguida en medio de insultos y vociferazos y dando vivas al Presidente de la República, enarbolaron sus garrotes y cargaron a los jóvenes.

Los estudiantes universitarios, hijos de la alta burguesía en su mayoría, se constituyeron en brigadas de choque de la oposición, provocando desórdenes callejeros “en nombre de la libertad”, con el fin de crear una impresión de caos en el país. En octubre de 1890, la oposición levantó el tono: “Todos los ciudadanos honrados de la República sin distinción de colores políticos deben unir sus esfuerzos para preparar

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la resistencia, por los medios legales mientras el gobierno se mantenga dentro de la Constitución y por todos los medios cuando salga de ella”.399 La convocatoria de la oposición se concretó en la formación de cuadros paramilitares y de Comités Clandestinos denominados “revolucionarios”. Los comités tenían la misión de dar entrenamiento militar a los jóvenes burgueses y pequeñoburgueses. También estaban encargados de organizar actos de terrorismo y de sabotaje. La oposición utilizó también al clero para realizar una campaña de terrorismo ideológico-religioso sobre los sectores más retrasados de la población. En esta campaña, en la que tomaron parte activa las mujeres burguesas iniciadas por los curas, se acusaba a Balmaceda de enemigo “endemoniado” de la religión católica. Mientras el arzobispo Mariano Casanova buscaba una fórmula de conciliación tendiente a evitar un enfrentamiento armado sobre la base de una capitulación de Balmaceda, los curas se convirtieron en activistas permanentes de planes sediciosos derechistas, llevando mensajes a los comités clandestinos, sirviendo de enlace entre los dirigentes de la oposición, utilizando el púpito para incitar a la rebelión y alentando el fanatismo de las mujeres reaccionarias contra el gobierno “ateo e infiel”. El clero aprovechó el conflicto para revivir antiguos rencores en contra del liberal Balmaceda, propiciador de las leyes sobre cementerios laicos y matrimonio civil y abolición del fuero eclesiástico. Con ocasión de la reforma, Balmaceda había dicho: “La Iglesia Católica corre contra la corriente liberal del siglo. Mientras más amplía el estado su sistema de libertad, más restringe la Iglesia su flexibilidad política, lanzando declaraciones durante estos últimos treinta años que son la negación misma del progreso o la separación radical absoluta del liberalismo”.400 Además de la utilización política del clero, la oposición realizó una labor de zapa en las Fuerzas Armadas. Hubo numerosas tentativas para obtener el apoyo de los militares. El coronel Estalisnao del Canto fue uno de los promotores de la deliberación política en los cuarteles para presionar una definición en contra de Balmaceda. El general Manuel Baquedando presidió varios mítines de la oposición tratando de arrastrar compañeros de armas a una línea anti-balmacedista. A principios de 1890, el diario El Mercurio golpeaba a las puertas de los cuarteles: El Ejército es símbolo del orden y de la fuerza. Compárese ahora esta misión del Ejército con la que tendría que desempeñar siendo instrumento de una dictadura, y se verá como tenemos razón para decir que el Sr. Balmaceda, reservándole esta última, pretende degradarlo. De custodio y defensor de las instituciones pasaría a ser el destructor de la legalidad.401 399 400 401

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El Mercurio, de Valparaíso, 20 de octubre de 1890. Citado por Luis Enrique Délano: Balmaceda, Político Romántico, Santiago, Ed. Ercilla, 1937, p. 68. El Mercurio, 9 de diciembre de 1890.

Para realizar esta campaña sediciosa, los reaccionarios contaban con la propaganda de casi todos los periódicos y las revistas de la época: El Mercurio, El Ferrocarril, La Libertad Electoral, El Independiente, El Estandarte Católico, La Época, La Patria y La Unión de Valparaíso. El gobierno recién tuvo un diario a su favor con la fundación de La Nación el 1 de febrero de 1890. La prensa opositora hacía llamados a la rebelión, exigía la renuncia del presidente, se incluían dibujos presentando a Balmaceda como un dictador o como un loco encerrado con sus ministros en el Hospicio. El tema central de la prensa de la oposición era tratar de convencer sobre la “ilegitimidad” del gobierno, con el fin de justificar el derrocamiento de Balmaceda. La investigación que hemos realizado de la colección de El Mercurio de Valparaíso, durante 1890, muestra la escalada antibalmacedista. Sus primeros ataques contra el gobierno comenzaron a principios de 1890: “Como hombre de Estado, el presidente de la República debe comprender que atraviesa horas decisivas de su vida política, y que puede optar entre una administración tranquila y sin agitaciones ni zozobras, y un gobierno de combate, que prepararía la menos lisonjera de su salida del Poder”. A fines de enero de 1890, El Mercurio califica ya de dictador a Balmaceda. A mediados de ese año, un artículo del 2 de julio titulado “Nos acercamos al desenlace”, exigió la renuncia de Balmaceda: “La política presidencial llevaría al Sr. Balmaceda a la vergüenza de la derrota”. En otro artículo del 3 de julio de 1890, titulado “El desenlace inevitable”, El Mercurio insistía en el tema de la ilegitimidad del gobierno. En la edición del 29 de julio, El Mercurio redoblaba su campaña sobre el Ejército: ¿Qué nombre se daría a soldados que, en un país donde hubiesen sido instituciones que la mano criminal de algún ambicioso hubiera despedazado, se levantase para restablecer el imperio de la ley y de volver a sus conciudadanos sus derechos y su libertad? Lo llamaría probablemente el Salvador y la posteridad tal vez decretaría los honores de la estatua. En un artículo del 6 de diciembre de 1890, titulado “Revolución y Dictadura”, justificaba el derrocamiento de Balmaceda: “Es lícito aprovechar todos los medios que estuvieran al alcance de la mano porque los pueblos en defensa de sus libertades, lo mismo que los hombres en defensa de su vida, pueden emplear toda las armas sin que ningún uso sea vedado”. Una semana más tarde, el 13 de diciembre, El Mercurio insistía sobre el tema de la “legitimidad” del golpe contra el gobierno en el artículo “en presencia de la dictadura”: Como lo hemos dicho en más de una ocasión en el momento mismo en que salga de la ley el presidente dejará de ser autoridad constitucional y legítima y cesará el deber que tenemos los ciudadanos de tenerle obediencia. Desde ese momento, será lícito resistir hasta someterlo a la ley, y si no se somete, hasta despojarlo del poder que habrá usurpado.

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Como puede apreciarse, el objetivo central del diario de Agustín Edwards era crear la imagen de “ilegitimidad” del gobierno, de un Presidente “dictador”, actuando al margen de la Constitución, para dar patente de “legalidad” al golpe de Estado, en nombre de “la libertad y las leyes”. Era la misma táctica que había utilizado “El Estanquero” de Portales para derribar a los gobiernos “pipiolos” a través de la guerra civil de 1829-1830, y la que en 1973 usaron para derrocar a Allende. La oposición hizo reiterados intentos de golpes de Estado antes de decidirse por la guerra civil. Para triunfar en la conspiración golpista no le bastaba el apoyo que había conseguido en la Marina –tradicionalmente proinglesa– sino que era necesario contar con los sectores mayoritarios del Ejército. Un golpe de Estado, respaldado por la totalidad de las Fuerzas Armadas, permitiría derrocar a Balmaceda, sin necesidad de correr los riesgos de una guerra civil. Estos planes explican los numerosos llamados de la oposición a los militares y el trabajo de penetración política en el Ejército durante 1890. Los proyectos golpistas estuvieron a punto de concretarse cuando el general Manuel Baquedano aceptó en principio dar un golpe militar siempre que “se contara por lo menos con la adhesión de dos cuerpos del Ejército”. La falta de apoyo del Ejército frustró la tentativa golpista de Baquedano. No obstante, la oposición burguesa prosiguió su tarea de dividir a las Fuerzas Armadas, centrando sus ataques en oficiales, como Velázquez y Barbosa, que permanecían fieles a Balmaceda, y alabando a los almirantes y jefes del Ejército, como Del Canto y Urrutia, que se habían manifestado partidarios del derrocamiento del gobierno. Un enfrentamiento callejero acaecido el 1 de enero de 1891 entre el opositor Julio Zegers y el teniente coronel Belisario Campos, quien fue derribado de un bastonazo por Ladislao Errázuriz, frustró el golpe que preparaba Enrique Valdés Vergara, uno de los principales ideólogos antibalmacedistas. Su plan consistía en entrar con un piquete armado a La Moneda para capturar a Balmaceda. Consciente del peligro de golpe, Benjamín Videla, que había participado en la guerra civil de 1851, visitó en su calidad de diputado y amigo a Balmaceda, para alertarlo: “Excelencia, soy un viejo revolucionario y le aconsejo que desarme la escuadra”. Balmaceda le respondió que jamás haría eso, puesto que él era el Comandante en Jefe de la Marina y del Ejército, siendo reconocido como tal por las Fuerzas Armadas.

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La actitud de Balmaceda El Presidente trató de neutralizar a uno de los sectores opositores más recalcitrantes, el Partido Conservador, planteando una política de conciliación con la Iglesia Católica. A mediados 1890, en pleno período de agudización de la crisis política, Balmaceda solicitó la mediación del Arzobispo Mariano Casanova para que buscara una fórmula de acuerdo con los opositores. Estas negociaciones condujeron a la formación del Ministerio Prats en Agosto de 1890. El abogado Belisario Prats, miembro de la Corte Suprema, emergió como la figura de conciliación nacional, formando un gabinete integrado por el conservador José Tocornal, el industrial Gregorio Donoso, el banquero Manuel Salustio y los capitalistas Federico Errázuriz y Macario Vidal. El objetivo del Ministerio Prats, saludado con alborozo por la prensa burguesa, era neutralizar el programa nacionalista de Balmaceda y dar plenas garantías a la oposición para que retomara el gobierno en las elecciones presidenciales de 1891. El balmacedista Julio Bañados Espinoza reconoció que este paso político de Balmaceda era una transacción que tenía como finalidad terminar en paz el período presidencial: “Balmaceda, que había aceptado la transacción sobre la base Prats, en la esperanza de concluir en paz su gobierno, estaba resuelto a apurar hasta las heces la copa de la amargura”.402 Sin embargo, la política de conciliación de Balmaceda no logró disminuir la agresividad de la mayoría del Congreso. La oposición, interpretando el paso político de Balmaceda como un signo de debilidad, exigió la capitulación total del Ejecutivo. Balmaceda no quiso renunciar a sus prerrogativas presidenciales y el Ministro Prats tuvo que dimitir en octubre de 1890, con el pretexto de que el gobierno le había negado respaldo en un incidente con el Intendente de Santiago. Las causas de la renuncia de Prats fueron analizadas por Balmaceda en un artículo que escribió el 20 de octubre en el Diario Oficial. Allí, Balmaceda denunciaba a su ex ministro del Interior por haberle exigido que formase un ministerio con miembros de absoluta confianza del Congreso, proponiéndole “como desenlace a la crisis provocada por su renuncia, la subordinación y entrega del Poder Ejecutivo a la mayoría del Congreso”.403 La política de conciliación de Balmaceda fue criticada por algunos de sus partidarios, como Joaquín Villarino: “Balmaceda tuvo también culpa para que la guerra civil se produjese por su exagerado espíritu de conciliación, su extremado apego a las formas cultas y las prácticas legales y el conocimiento que los revolucionarios tenían de que 402 403

Julio Bañados E. Balmaceda. Su gobierno y la Revolución de 1891, Tomo I, p. 138, París, 1894. Ibid., Tomo I, p. 633.

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jamás procedería en contra de ellos, como no procedió, con la energía persistente en un carácter resuelto”.404 Fracasadas sus tentativas conciliadoras, Balmaceda se decidió a fortalecer su propia base de sustentación política y social. Sus esfuerzos se encaminaron a consolidar la fidelidad del Ejército. En octubre de 1890, Balmaceda endureció su línea política al clausurar el período extraordinario de sesiones del Congreso, convenciéndose de que a la oposición no se frenaba con proposiciones conciliatorias, sino con una política firme y sin claudicaciones. Consecuente con este criterio, resolvió no convocar al Congreso y declarar vigente el mismo Presupuesto del año anterior. Días después, en enero de 1891, Balmaceda comentaba estos acontecimientos en una carta dirigida a Joaquín Villarino, Intendente de Valparaíso: “El Congreso es un haz de corrompidos. Hay un grupo a quien trabaja el oro extranjero. La oligarquía lo ha corrompido todo”. Los sectores sociales que apoyaron a Balmaceda estaban limitados a núcleos minoritarios de la burguesía, pertenecientes a un reducido grupo del Partido Liberal; contaba, asimismo, con el respaldo de la burocracia funcionaria, de los contratistas y proveedores de materiales de obras públicas, de algunos técnicos y profesores primarios y secundarios y de capas artesanales orientadas por el Partido Democrático. La principal base de sustentación con que Balmaceda enfrentó la guerra civil fue el Ejército, especialmente los generales José Velázquez, Orozimbo Barbosa y otros altos oficiales como Caupolicán Villota, Belisario Campos y José Miguel Alcérreca. Balmaceda recibió el apoyo de algunos intelectuales, como el historiador José Toribio Medina,405 el poeta y ensayista Eduardo de la Barra, el pintor Valenzuela Palma, el poeta y dibujante Juan Rafael Allende y el escritor José Miguel Blanco. Sin embargo, la mayoría de la intelectualidad militaba en las filas antibalmacedistas. Balmaceda no contó con el apoyo de los trabajadores porque bajo su gobierno se reprimió a los participantes en las huelgas de 1890, de Arica a Concepción. Esta huelga –la primera huelga general de América Latina– fue precedida de numerosas huelgas parciales de gran parte de los 100.000 trabajadores que existían entonces en Chile, especialmente de los ferroviarios (1888-1889), de los gráficos y panificadores (1888). En un balance de estas huelgas de 1888, la Revista Económica caracterizaba 404 405

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Joaquín Villarino. José Manuel Balmaceda, p. 207, Barcelona, 1893. Este respaldo político de Balmaceda le acarreó a José T. Medina graves molestias cuando la oposición logró el triunfo. Armando Donoso en sus memorias cuenta que la casa de José T. Medina fue allanada tres veces “por creerse que en su imprenta particular se imprimían las proclamas revolucionarias que circulaban en la ciudad y más de una vez también el arrojo de uno de sus mejores amigos, el inglés Mr. W.B. Calbert, salvó su casa y con ella el tesoro inapreciable de su biblioteca de las turbas exaltadas que pretendían saquearla (…) perseguido de todas maneras se vio obligado a marcharse a la República Argentina” (Armando Donoso: Recuerdos de 50 años, Ed. Nascimento, Santiago, 1947, p. 98).

dichas huelgas de comunistas, haciendo votos por su fracaso. Sin embargo, sostenía “que el movimiento comunista no había desaparecido, sino simplemente abortado y que si no se deseaba verlo en adelante viable y robusto, era menester reflexionar seriamente en impedir su nueva aparición”.406 El movimiento huelguístico alcanzó su culminación en la huelga general escalonada de 1890; comenzó en el norte y se extendió hasta Concepción. Sus motivos fueron aumento de salarios y su pago en moneda de plata en lugar de papel moneda para contrarrestar la inflación. Los lancheros de Iquique iniciaron la huelga el 2 de julio; poco después se extendía a Tarapacá, abarcando a 100.000 obreros, quienes expropiaron las pulperías y cortaron las vías del ferrocarril de Iquique para impedir la llegada de las tropas. El 11 de julio estalló el paro de Antofagasta, concentrándose solamente en la ciudad más de 3.000 huelguistas, quienes fueron reprimidos por el Ejército, registrándose numerosos muertos y heridos. El 21 de julio comenzó la huelga en Valparaíso, siendo liderada por los obreros de la Compañía Sudamericana de Vapores. El Ejército consumó una nueva masacre: 12 muertos y 500 heridos, como lo reconoce el balmacedista Julio Bañados.407 El movimiento huelguístico se extendió durante el mes de julio a Santiago, Quillota, Talca, Lota y Coronel. Los diarios usaron toda clase de epítetos contra los trabajadores, acusándolos de vándalos y ladrones y azuzando a las Fuerzas Armadas a una represión más generalizada. Según algunos autores, Balmaceda habría intentado frenar la represión. Los trabajadores nunca supieron si la orden de disparar contra ellos provino del gobierno o si fue un acto unilateral del Ejército. Solamente se basaron en el hecho objetivo: los centenares de muertos y heridos caídos en las masacres de Iquique, Antofagasta y Valparaíso durante los meses de julio y agosto de 1890. Esto explica las críticas del joven Recabarren a Balmaceda. Los trabajadores del campo y la ciudad no se sintieron comprometidos en el conflicto entre el gobierno y la oposición porque se les encubrió el verdadero problema que estaba en juego detrás de la aparente lucha formal entre el Ejecutivo y el Congreso. Los trabajadores observaron este conflicto como una pelea entre patrones. Fanor Velasco decía en su “Diario” de 1891: “¿Qué sabe el pueblo del conflicto de las facultades entre el Congreso y su Presidente? Estas son historias de los futres, dicen los artesanos y rotos”.408 En síntesis, Balmaceda enfrentó la guerra civil con una débil base de sustentación social. Tuvo solamente el respaldo de sectores muy minoritarios de la burguesía 406

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Revista Económica, año II, Tomo III, p. 437, Santiago, 1888. Esta revista era dirigida por el conservador Zorobabel Rodríguez. Julio Bañados, op. cit., p. 517. Fanor Velasco. La Revolución de 1891, op. cit., p. 303.

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liberal, de algunos estratos medios y de capas artesanales influenciadas por el Partido Democrático. En realidad, el gobierno pudo resistir ocho meses de guerra civil porque tuvo el apoyo de la mayoría del Ejército.

La Guerra Civil de 1891 Los historiadores tradicionales han sostenido que la causa fundamental de la guerra civil de 1891 fue el conflicto formal de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo. Justifican la rebelión de la Marina como un acto realizado en el nombre de la Constitución y las leyes, presuntamente atropelladas por la decisión de Balmaceda de aprobar el Presupuesto General de la República al margen del Congreso. A nuestro juicio, la pugna entre el Gobierno y Congreso fue la expresión superestructural de un proceso que tenía hondas raíces socioeconómicas. La causa fundamental del conflicto hay que buscarla en el problema clave de un país atrasado y dependiente: sus relaciones con la metrópoli. Este método de análisis adquiere particular relevancia a partir de la década de 1880, en que nuestro país estaba en tránsito de convertirse en semicolonia inglesa, a raíz del acelerado proceso de penetración de capital financiero británico, con la complacencia de una burguesía exportadora y criolla comprometida con la metrópoli inglesa desde el inicio de la República. La causa fundamental de la guerra civil de 1891 fue la crisis de relaciones con la metrópoli inglesa generada por la política nacionalista de Balmaceda. La contradicción entre este proyecto político, que proponía frenar el proceso de semicolonización del país y los intereses británicos y los de su socio menor, la burguesía criolla, fue el motivo principal de la guerra. La decisión de Balmaceda de aprobar, al margen del Congreso, el Presupuesto para 1891 fue utilizada como pretexto formal por la oposición para justificar, en el nombre de la Constitución, el comienzo de la rebelión armada, llamada “Guerra Constitucional”.

El desarrollo de la guerra civil El 7 de enero de 1891 se desencadenó la guerra civil con la sublevación de la Marina, encabezada por el capitán de navío Jorge Montt, quien lanzó un manifiesto redactado por Enrique Valdés Vergara, uno de los principales ideólogos de levantamiento. El análisis de las operaciones militares de los primeros días muestra que la oposición confiaba en arrastrar a la mayoría del ejército para una pronta definición del conflicto. Frustrados los intentos de obtener el apoyo del ejército y ante la perspectiva de una

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guerra prolongada, los rebeldes decidieron –con un criterio político-militar moderno– apoderarse del principal centro económico del país: la región salitrera. El gobierno de Balmaceda, por su parte, consciente del significado de esta pérdida, amenazó con “arrasar toda las oficinas salitreras sin exceptuarse una sola y en condiciones que no puedan rehabilitarse por un año”, amenaza que no se llevó a cabo. En menos de cuatro meses, los constitucionalistas conquistaron las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tras los combates de Huara, San Francisco y Pozo Almonte; estas operaciones culminaron en la formación de la Junta de Gobierno de Iquique, coordinadas con acciones terroristas y de sabotaje en la zona central y sur. Los comandos derechistas no alcanzaron a apoderarse de ninguna provincia pero lograron el objeto táctico de distraer fuerzas de gobierno, cortaron vías férreas y telegráficas, volaron decenas de puentes y carreteras, llegando hasta lanzar bombas a las oficinas de La Moneda. Mientras tanto, Balmaceda procuraba consolidar su base de sustentación fundamental, el Ejército, otorgándole un nuevo aumento de sueldos. Una de las principales medidas adoptadas por Balmaceda durante la guerra civil fue golpear a los sectores burgueses de la oposición en un aspecto clave: sus capitales y propiedades. Ordenó la intervención de los bancos Valparaíso, Santiago y Edwads y cierre de cuentas bancarias de los opositores. Fue clausurada la gran casa comercial de Besa. Se expropiaron ganados y miles de toneladas de trigo a los latifundistas sediciosos. El diario La Nación, fundado el 1 de febrero de 1890, fue uno de los periódicos más combativos que tuvo el balmacedismo de izquierda. El 28 de mayo de 1891, afirmaba: “El repugnante consorcio del oligarca y banquero iba a ser roto para siempre. La oligarquía reinaba en el Congreso, en donde dictaba las leyes para favorecer al banquero; y éste, protejido por la oligarquía, repletaba a sus arcas participándole el éxito mientras el pueblo le entregaba su vida y su sangre para mantenerlos “. Otro artículo de La Nación del 8 de mayo de 1891 decía: Los Egaña, los Tocornales, los Lazcanos y los viejos pelucones del partido conservador buscaron su apoyo en todos los ineptos santiaguinos que habían heredado casa, chacra y hacienda … ¿Y que diremos del partido radical? Profesó de las ideas liberales, buscó el apoyo y el concurso del pueblo, y cuando los advenedizos que los dirigían lograron penetrar en los salones de nuestra sociedad, tuvieron empleos y pleitos, y acciones de banco, olvidaron su pasado a fin de tener crédito entre los banqueros.

Un periódico balmacedista, El Recluta, manifestaba el 15 de agosto de 1891 en su Nº 66, en su artículo titulado “La hora decisiva”: “Pueblo, vengad a vuestros hermanos, hambreados por la orgullosa aristocracia. ¡Mueran los aristócratas! millonarios”. Ese mismo periódico en el Nº 64 del 11 de agosto de 1891, criticaba la acción mancomunada

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de las mujeres conservadoras y radicales: “Las damas ‘revolucionarias’ son hoy por hoy católico-masonas, ya que son clericales y rojas al mismo tiempo”. Los sectores más izquierdistas del balmacedismo denunciaron la colaboración que presentaban los curas al movimiento opositor. El periódico Pedro Urdemales, dirigido por Juan Rafael Allende, escribía en marzo de 1891: “También es de urgente necesidad que el gobierno haga cerrar los templos, convertidos por la camarilla clerical en centros políticos, y que en un solo convento se encierren todos los clérigos y frailes, ya que ellos son los que desde aquí mueven los hilos de la revolución”. En la segunda mitad del año 1890 los balmacedistas recorrían las calles de Santiago al grito de: ¡Mueran los banqueros!. Durante 1891, Balmaceda adoptó otras medidas que afectaron a las fuerzas opositoras. Con el fin de frenar los reiterados actos terroristas y la campaña insidiosa que realizaba la prensa clandestina de la burguesía –ya que Balmaceda había clausurado todos los diarios– el gobierno ordenó el cierre de los clubes de la burguesía y el allanamiento de las numerosas imprentas clandestinas de derecha. El gobierno adoptó, asimismo, una firme resolución contra los Tribunales de Justicia. La Corte Suprema, a pesar de sus reiteradas declaraciones de objetividad y apoliticismo, había actuado desde el inicio del conflicto a favor de los golpistas. Sus fallos estaban destinados a cuestionar la legitimidad del gobierno. La Corte Suprema en enero de 1891 se pronunció a favor del “Acta de deposición” del presidente Balmaceda, proclamando la ilegitimidad del gobierno. Antes de esta actitud abiertamente sediciosa, Balmaceda resolvió desconocer los acuerdos de la Corte Suprema y de Apelaciones, ordenando la clausura de los Tribunales de Justicia. En agosto de 1891, los rebeldes, bien adiestrados por Körner, que había desertado del ejército balmacedista, estaban listos para el enfrentamiento final. El plan consistía en desembarcar cerca de Valparaíso. Estaba coordinado con acciones de sabotaje contra los torpederos y las vías férreas de la zona central para impedir la llegada de refuerzos militares leales de la zona sur. Los rebeldes desembarcaron en Quintero el 20 de agosto, logrando dos triunfos decisivos en Concón y La Placilla. La guerra civil de 1891 fue la más cruenta de la historia del Chile: más de 10.000 hombres quedaron en los campos de batalla. Balmaceda delegó el mando presidencial en el general Baquedano y se refugió en la embajada de Argentina. Allí se suicidó de un balazo el 19 de septiembre, día de la finalización de su mandato presidencial. En su testamento político denunciaba a los generales que lo traicionaron y justificaba su acción de gobierno, previniendo con certeza el alcance reaccionario de la política que iban a aplicar sus vencedores.409 409

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Juanita Gallardo y Luis Vitale. Balmaceda, los últimos días, Ed. CESOC, Santiago, 1991.

El régimen parlamentario que le sucedió y la entrega de las riquezas nacionales al imperialismo inglés fue una confirmación rotunda de sus predicciones póstumas. Poco después de la caída del gobierno chileno, la publicación británica The Economist editorializaba: las compañías salitreras “se recuperaron bruscamente desde la noticia de la caída de Balmaceda, como podría haberse anticipado. Si Balmaceda hubiera ganado, habría surgido la cuestión acerca de las entradas del salitre pagadas al banco del Congreso y Balmaceda no hubiera tenido ningún escrúpulo en sus exacciones. La duda está ahora esclarecida (…) Las compañías salitreras tienen grandes razones para alegrarse que la lucha haya terminado así”.410

Epílogo historiográfico El proyecto nacionalista de Balmaceda no alcanzó a plasmarse en una revolución democrático-burguesa, porque en ningún momento se planteó la expulsión del imperialismo y la reforma agraria, tareas esenciales que caracterizan una revolución de este tipo. La política de Balmaceda no contemplaba la expropiación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos pobres. Tampoco se proponía aplicar la medida antiimperialista de expropiación de salitreras en manos de los inversionistas ingleses, sino la entrega a los chilenos de las salitreras que aún pertenecían al Estado. Esta medida, evidentemente progresiva para su tiempo, constituye un audaz intento de frenar la acelerada penetración del imperialismo, pero no pretendía expropiar a los capitalistas británicos. A la luz de estos antecedentes objetivos se hace evidente que los partidos de la época que interpretaron este conflicto como una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, racionalizaron la interpretación para acomodarla a los intereses sociales y económicos que defendían. Por otra parte, nos parece sobremanera subjetiva la apreciación de Alberto Edwards Vives al sostener que el motivo del enfrentamiento se debió a que Balmaceda era de origen andaluz y la “fronda aristocrática” de origen vasco. En una onda más subjetivista aún, Francisco Encina sostuvo que la derrota de Balmaceda fue determinada por su “divorcio sicológico de la aristocracia gobernante”. Asimismo, queremos precisar algunas diferencias con Hernán Ramírez Necochea, sin dejar de reconocer que ha sido uno de los mejores analistas de este tema. Tanto el contenido como el título de su obra Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 induce a error y confusión porque presupone que el gobierno de Balmaceda hizo una revolución.

410

Citado por Crisóstomo Pizarro: La Revolución de 1891, Ed. Universitaria de Valparaíso, Santiago, 1971, pp. 63 y 64.

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A nuestro juicio, durante la administración de Balmaceda no hubo ninguna revolución social o democrático-burguesa, sino una implementación de ciertas medidas reformistas de carácter nacionalista. Hernán Ramírez sostiene que Balmaceda hizo una revolución democráticoburguesa. Afirma que durante ese gobierno “Chile vive un proceso revolucionario que dirige la burguesía, que tiende a consolidar y ampliar el capitalismo chileno, que se orienta a facilitar el establecimiento de formas democráticas de convivencia. Por sus caracteres, se trata de un proceso que está enfilado –directa o indirectamente– contra la preponderancia imperialista, contra los remanentes de feudalismo que reposan en una estructura agraria dirigida por la oligarquía terrateniente (…). En resumen, Chile vive una revolución democrático-burguesa con perfiles bastante nítidos y con proyecciones trascendentales”.411 El proyecto político de Balmaceda no contemplaba la expropiación de las salitreras en manos del imperialismo inglés, sino la entrega a los capitalistas nacionales de las salitreras que aun poseía el Estado. Si Balmaceda hubiera planteado y concretado la nacionalización del salitre, no cabría ninguna duda en caracterizar a dicha medida como democrático-burguesa. Respecto de la reforma agraria, otra tarea democrático-burguesa esencial, Hernán Ramírez no aporta ninguna prueba en respaldo de sus tesis porque sencillamente Balmaceda no planteó en ningún momento la expropiación del latifundio y la entrega de la tierra a los campesinos, medida fundamental de todo plan de reforma agraria. De ahí que resulta insólito el análisis de Ramírez al presentar la política agraria de Balmaceda como expresión de los deseos de “la burguesía chilena que clamó vigorosa aunque inútilmente por una reforma agraria profunda que abriera las compuertas al modo capitalista de producción”. Por el contrario, durante el gobierno de Balmaceda se agudizó el proceso de concentración de la propiedad territorial, especialmente en la zona austral; cientos de miles de hectáreas fueron entregadas a empresarios extranjeros, como lo hemos probado. Hernán Ramírez sostiene que bajo Balmaceda “Chile entraba por el camino de la revolución democrático-burguesa; esto bajo la dirección de una burguesía nacional consecuente”.412 Esta “burguesía nacional consecuente” habría estado compuesta por dos sectores: la burguesía agraria y la burguesía industrial. Según Ramírez, durante el gobierno de Balmaceda “comenzó a desquiciarse la base del régimen agrario tradicional; el antiguo territorio araucano rápidamente llegó a ser el principal centro de actividad agropecuaria; allí actuaba un nuevo tipo de agricultor –especie de burguesía rural– dotado de un espíritu capitalista, más emprendedor y 411 412

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Hernán Ramírez N. Balmaceda… op. cit., pp. 249 y 250. Ibid., p. 138.

activo que el terrateniente tradicional, que se reclutó especialmente en las filas de la burguesía y de la pequeña burguesía … La burguesía industrial, exponente genuino de la burguesía nacional, se fortaleció”.413 A nuestro juicio, en la historia de Chile nunca existió “una burguesía nacional consecuente” capaz de realizar las tareas democrático-burguesas de reforma agraria y de expulsión del imperialismo. Cuando Balmaceda planteó en 1889 medidas concretas para frenar la penetración del imperialismo inglés en las salitreras, los sectores mayoritarios de la burguesía, que lo habían apoyado en el período 1886-1889, no solo le quitaron el respaldo sino que lo derrocaron. En la guerra civil contra Balmaceda participaron los sectores mayoritarios de la burguesía: mineros, banqueros, comerciantes, terratenientes e industriales. No es efectivo que la burguesía agraria haya respaldado a Balmaceda. Los documentos de la época muestran que los elementos más representativo de la burguesía agraria tuvieron una relevante participación en la guerra civil contra Balmaceda. Los empresarios viñateros, los molineros, los dueños de las explotaciones ganaderas más modernas financiaron el movimiento antibalmacedista, y promovieron actos de sabotaje de las líneas férreas y telegráficas. Otro sector que supuestamente apoyó a Balmaceda fue la burguesía industrial, exponente genuino de la “burguesía nacional”. En este caso, Ramírez tampoco aportó ninguna prueba que abone a su hipótesis. No hay constancia de sectores industriales que durante la guerra civil se hayan pronunciado a favor de Balmaceda. La burguesía industrial, “exponente genuino de la burguesía nacional”, estaba integrada, en aquella época, por extranjeros residentes en Chile en su gran mayoría. La industria se encontraba en una fase embrionaria de desarrollo. No era una industria en sustitución de importaciones de productos manufacturados de consumo popular, sino una industria que trabajaba en función de la necesidad de las empresas agropecuarias y mineras. No existe ninguna prueba del supuesto apoyo de la burguesía industrial a Balmaceda durante la guerra civil. Al contrario, los documentos de la época demuestran que los industriales hicieron frente único con los banqueros, mineros, terratenientes, comerciantes y salitreros ingleses. Uno de los pocos industriales de origen chileno, José Besa, dueño de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, fue un destacado dirigente de la oposición, integrante del Comité rebelde de Santiago, junto al conservador Carlos Walker Martínez. Su actividad reaccionaria durante la guerra civil determinó que el gobierno le requisara una gran casa comercial que tenía en Santiago y ordenara su apresamiento.414 413 414

Ibid., p. 214. Francisco Undurraga. Recuerdos de 80 años, pp. 134-135, Imprenta Imparcial, Santiago, 1943.

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Otro industrial, Gregorio Donoso, se convirtió también en uno de los cabecillas de la oposición. Ramón Barros Luco, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril en 1890, participó en el levantamiento de la Marina y fue dirigente de la Junta de Iquique. Ismael Valdés Vergara, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril bajo el gobierno de Balmaceda, fue asimismo un activo miembro de la oposición. Revisando los Boletines de la Sociedad de Fomento Fabril se puede comprobar que los industriales estuvieron en contra de Balmaceda durante la guerra civil. En el Boletín Nº 2 de la Sociedad de Fomento Fabril, editado en 1891, se califica de dictador a Balmaceda: “Reanudamos ya los trabajos de la Sociedad, que fueron suspendidos durante los ocho meses de la dictadura, se comienza a imprimir un impulso serio hacia el fin, a los estudios que quedaron pendientes en aquella época”.415 Esta burguesía industrial se alió con el imperialismo inglés y con los banqueros, terratenientes, mineros y grandes comerciantes en el movimiento reaccionario, anti-nacional y pro-imperialista que culminó en el derrocamiento de Balmaceda. En otra parte, en su libro, Hernán Ramírez sostiene que durante el gobierno de Balmaceda, la burguesía desplazó a otros sectores de la clase dominante: “La correlación de las fuerzas entre las clases se inclina visiblemente en favor de la burguesía, que está fortalecida, que tiene en sus manos las posibilidades para hacer madurar el capitalismo en Chile”.416 ¿Como entender este pretendido fenómeno social de que “la correlación de fuerzas entre las clases dirigentes se ha inclinado visiblemente a favor de la burguesía? “Ramírez no logra explicar cómo la burguesía desplazó a los terratenientes que “mantienen viva la estructura agraria atrasada en que prevalecían relaciones sociales de producción de carácter feudal”.417 Para justificar a todo trance la ineludible necesidad de una revolución democráticoburguesa, conducida por la burguesía industrial, conforme a la teoría de la “revolución por etapas”, Ramírez se ha esforzado a través de todos sus libros por demostrar la existencia de un supuesto régimen feudal en Chile no solo en la colonia, sino también durante gran parte del siglo XIX. La “aristocracia feudal”, representada por los gobiernos “pelucones” de los decenios, habría sido socavada por el surgimiento del capitalismo y de las primeras capas burguesas recién en la segunda mitad del siglo pasado. ¿Cuándo y cómo la burguesía tomó el poder desplazando a la “aristocracia feudal”? ¿Bajo qué gobierno liberal? El cambio de la mentada correlación de fuerzas a favor de la burguesía se habría producido, según Ramírez, durante el gobierno de Balmaceda.

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Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril, Nº 2, año III, p. 161, 1891. Hernán Ramírez N. Balmaceda…, op. cit., p. 249. Ibid., p. 159.

En nuestra opinión, la transición al capitalismo primario exportador se remonta a fines de la colonia, consolidándose como modo de producción capitalista generalizado en la segunda mitad del siglo XIX. La burguesía criolla, que tomó el poder en 1810, fue incapaz de realizar las tareas democráticos-burguesas esenciales, manteniendo el atraso estructural del país y reforzado los lazos de dependencia con las metrópolis europeas. Los gobiernos “pelucones” de Prieto, Bulnes y Montt, representantes de la burguesía comercial y terrateniente, se preocuparon fundamentalmente de impulsar la economía capitalista de exportación. Esta política fue combinada en lo fundamental por los gobiernos liberales. El ascenso de la burguesía minera al poder en alianza con la burguesía agraria, comercial y bancaria no significó cambios sustanciales en la estructura del país. Los gobiernos liberales no realizaron la reforma agraria ni promovieron la industrialización; fomentaron la economía de exportación de materias primas y el librecambio, facilitando la penetración de capital extranjero y la entrega de las riquezas nacionales básicas al imperialismo inglés. Balmaceda subió el poder en representación de los mismos sectores burgueses que habían apoyado a los anteriores gobiernos liberales. Su victoria electoral de 1886 no fue el resultado de una lucha por el poder entre la burguesía y una supuesta aristocracia feudal terrateniente. ¿Qué significado tiene entonces la afirmación de que bajo Balmaceda “la correlación de fuerzas entre las clases dirigentes se ha inclinado visiblemente en favor de la burguesía”? La aseveración de Ramírez se hace insostenible porque precisamente los sectores mayoritarios de la burguesía, incluida la burguesía industrial, “exponente genuina de la burguesía nacional consecuente”, se coaligaron con el imperialismo inglés para aplastar el proyecto nacionalista de Balmaceda. En esta lucha por defender las riquezas básicas del país, Balmaceda no contó con ese respaldo por una razón sociológica que cruza toda nuestra historia: en Chile nunca existió una burguesía nacional capaz de realizar las tareas democráticos-burguesas de reforma agraria y expulsión del imperialismo. Cuando Balmaceda planteó las medidas concretas para frenar la penetración del imperialismo inglés, los sectores mayoritarios de la burguesía, que lo habían apoyado en el período 1886-1889, no solo le quitaron el respaldo sino que se aprestaron para su gran derrocamiento. Ensoberbecido por el triunfo, Eduardo Matte escribió el 19 de marzo de 1892 en el diario El Pueblo: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible”. En tono parecido se expresó El Porvenir, a 4 días de la muerte de Balmaceda: Pues bien esos oligarcas están hoy en el poder… Desde que se proclamó la dictadura los diarios balmacedistas no cesaron de atizar el odio y la envidia del pobre contra el rico y de incitar a la plebe a la revolución comunista… Ahora, si cualquiera agrupación, arrogándose el título de partido, intenta encarnar el socialismo balmacedista, todos

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los verdaderos partidos están en el deber de negar los derechos de la beligerancia en el campo de nuestra política… Ahora es tiempo de sofocar la hiedra en su cuna, más tarde no lo será (El Porvenir, 23-09-1891, Santiago).

El proyecto político nacionalista de Balmaceda fue el intento más relevante realizado en el siglo pasado para frenar el proceso de semicolonización del país, que se había agudizado desde la década de 1880 con el incremento del capital financiero foráneo en las explotaciones salitreras. La caída de Balmaceda aceleró la conversión de Chile en semicolonia inglesa, cerrando una fase de la historia de la dependencia de nuestro país y abriendo una nueva, caracterizada por la enajenación de las riquezas nacionales y la aceleración de la dependencia económica y cultural.

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cronología

América Latina 1844: Independencia de la Rep. Dominicana. Gobierno de Castilla en Perú.

Europa y Estados Unidos Revoluciones democráticoburguesas.

Asia y África 1840: Inglaterra pretende conquistar Afganistán. 1840-42: Guerra del opio.

1846-48: EE.UU. arrebata mitad territorio a México. 1848: Inglaterra ocupa costa de Nicaragua. Presidencia Belzú en Bolivia. Rebelión campesina en Brasil.

Revolución Francesa. Manifiesto Comunista.

1847: Abd-El-Kader de Argelia derrotado por Francia. 1848: Inglaterra culmina conquista India.

1850-70: Inicio construcción Ferrocarriles. 1851: Abolición esclavitud en Colombia y Ecuador. Guerra Civil chilena. 1852: Caída de Rosas (Argentina).

1852: Napoleón III. Unidad Italiana.

1854-64: Revolución popular Taiping (China).

1853: Santa Anna presidente (México). 1854: Revolución artesanos (Colombia).

1852: Inglaterra conquista Birmania.

1854: Guerra de Crimea.

1854-60: Invasión Walker en Nicaragua. 1854: Abolición esclavitud en Venezuela y Perú. 1856: Primera huelga general española. 1859-63: Guerra civil en

1855: Inglaterra intenta conquistar Persia. El Negus de Etiopía enfrenta a ingleses.

Venezuela. 1858-60: Guerra de la Reforma: Juárez (México).

1858: Crisis económica mundial.

1856: Revuelta de cipayos en India.

1859: Guerra civil en Chile.

1859: Guerra en Italia por la unificación.

1859: Francia inicia conquista Indochina. España declara guerra a Marruecos.

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América Latina Europa y Estados Unidos 1860: García Moreno dictador 1860: Lincoln, Pdte. EE.UU. Garibaldi en Nápoles. en Ecuador.

Asia y África 1861: Francia ocupa Siria. Europeos saquean Pekín.

1861: Invasión francesa a México: Maximiliano.

1864: Primera Internacional.

1862: Inglaterra conquista Nueva Zelandia.

1864: Congreso Naciones Latinoamericanas.

1861-65: Guerra Secesión en EE.UU.

1864-66: Guerra Triple Alianza contra Paraguay.

1863: Revolución Polaca.

1863: Francia ocupa Saigón.

1861-65: España ocupa Rep. Dominicana. 1865: España ataca a Perú y Chile. Independencia Rep. Dominicana. 1867: Guerra civil en Haití. 1868: Primera Guerra Indep. Cuba. 1868: Grito de Lares en Puerto Rico. 1870-80: Rebeliones indígenas (Mex., Arg., Perú., Chile, Centroamérica).

1867: Edición 1er. Tomo El Capital. 1868: Anarquistas se retiran de I Internacional.

1869: Apertura Canal de Suez. Era Meiji en Japón.

1870: Inicio explotac. petrolera. Guerra francoalemana.

1870: Napoleón III capitula en Sedán. 1871: Resurge resist. argelina.

1870: Presidencia Guzmán Blanco (Venezuela). 1870-1910: Dictadura Porfirio Díaz (México). 1871: Comuna de París. 1870-90: Reformas Liberales. Primer Congr. Trade Unions. Unidad alemana. 1874: Viaje de Stanley al 1872: Presidencia Pardo África. 1870: Unidad de Alemania. (Perú). 1874: Presidencia Sarmiento 1873: Primera Rep. Española. 1876: La ‘Comisión de deuda’ anglo-francesa impone (Arg.). Dictadura Latorre 1876-78: Se inventa teléfono y condiciones leoninas a (Uruguay). lámpara eléctrica. Egipto. 1879-83: Guerra del Pacífico. 1877: Guerra ruso-turca. 1880: Guerra anglo-boer. 1880-1900: Masiva inversión 1878: Turcos entregan Chipre capital extranjero. Influencia a Inglaterra anarquismo. Mov. Obrero artesanal.

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América Latina 1883-1900: Salitre primer producto exportación de Chile.

Europa y Estados Unidos 1880-1900: Lucha feminista por sufragio. Inicio de fase imperialista.

1880-1900: Auge exportación, café y azúcar. Inicio industrialización en México, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

1881: Zar Alejandro III.

1885-98: 2ª guerra Independencia Cuba. 1886: Abolición esclavitud en Cuba.

1882: Koch descubre bacilo TBC.

1893: Revolución Liberal de Zelaya en Nicaragua. Inglaterra conquista Bélice.

1881: Egipto, Protectorado inglés. Rebelión mahadista en Sudán. Eritrea, Protectorado de Italia.

1883: Francia consolida conquista Indochina y ocupa 1885: Regencia María Cristina Madagascar. en España. 1884: Inglaterra ocupa Sudán. 1886: Mártires de Chicago. Alemania conquista sudeste africano. 1887: Invención linotipia y

1888: Abolición esclavitud en neumáticos. Brasil. 1889: Expedición a 1889: República del Brasil. Groenlandia. Fundación II 1890: Rebelión de Canudos Internacional. (Brasil). Repercusión crisis mundial. Levantamiento contra Juárez Celman (Argentina). 1891: Guerra civil en Chile.

Asia y África 1881: Revuelta popular egipcia contra Inglaterra.

1885: Ingleses ocupan Nigeria.

1891: Encíclica Rerum Novarum. 1892: Ford construye primer automóvil.

1895: Revolución de Pando 1894: Convenio franco-ruso. en Bolivia. Revolución Liberal de Alfaro en Ecuador. Fundación de P.S. argentino. 1898: Cuba se independiza de España y cae bajo control Norteamericano.

1898: Guerra entre EE.UU. y España.

1860-90: Consolidación Estados Nacionales. Auge exportaciones. Generalización salariado. Expropiación tierras de Iglesia. Primeros gremios.

1900: Víctor Manuel III, rey de Italia.

1893: Acuerdo angloitaliano sobre dominación de Abisinia. Protectorado francés en Dahomey. EE.UU. ocupa Hawai. Francia conquista Siam. 1898: Inglaterra conquista Sudán. 1899: Guerra del Transvaal.

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bibliografía

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Índice

tomo iii. Los decenios de la burguesía comercial y terrateniente (1831-1961) Introducción capítulo i. La lucha por la Independencia Política El período centrista El período izquierdista El período contrarrevolucionario El período de consolidación de la Independencia Política La guerra a muerte La guerrilla de los Pincheira Actitud de Inglaterra y Estados Unidos ante la Independencia de Chile El contexto latinoamericano de la lucha por la independencia política La extensión de la revolución al campo La lucha por la unidad latinoamericana en los mares: la República Amelia (Florida) y los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en el Caribe El contexto internacional y la actitud de Inglaterra y Estados Unidos ante la Independencia de Chile capítulo ii. La rebelión de las provincias Las causas de la rebelión de las provincias Las luchas contra la capital Las medidas contra la Iglesia y los terratenientes La Guerra Civil de 1829-30

7 9 10 17 31 35 44 53 57 63 66

67 70 75 79 87 93 100

capítulo iii. Los decenios de la burguesía comercial y terrateniente El desarrollo económico Agricultura y ganadería Minería Los comienzos del régimen bancario El comercio de exportación e importación Ingresos fiscales y régimen impositivo Marina mercante La preponderancia de Valparaíso en el Pacífico Sur La guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana Las clases sociales La tendencia totalitaria de los gobiernos de los decenios El movimiento liberal La Sociedad de la Igualdad capítulo iv. Las Guerras Civiles de 1851 y 1859 La Guerra Civil de 1851 El desarrollo de la guerra civil La guerra civil en la zona de Concepción y la Frontera La Guerra Civil de 1859 El período pre-revolucionario La guerra civil en el Norte Chico El movimiento revolucionario de Aconcagua La rebelión de los trabajadores de Valparaíso Las guerrillas de la zona central La insurrección popular de Talca La guerra civil en la zona de Concepción y la Frontera La rebelión de los mineros de Lota y Coronel El levantamiento mapuche Las guerras civiles y su ideología en América Latina Regionalismo y conflicto de clases ¿Federalismo = Feudalismo? ¿Revolución democrático-burguesa?

107 111 112 116 118 121 122 124 128 130 136 153 158 161 169 169 173 178 186 190 194 196 198 200 202 204 208 209 212 214 215 215

capítulo v. El proceso de la dependencia durante la primera mitad del siglo XIX Las formas de penetración extranjera Las nuevas relaciones de dependencia de Chile en la primera mitad del siglo XIX Bibliografía Obras generales Capítulos I y II Capítulos III, IV y V Bibliografía complementaria

219 221 225 239 239 241 246 250

tomo iv. Ascenso y declinación de la burguesía chilena (1861-1891) capítulo i. El contexto internacional El desarrollo del capitalismo europeo y su sistema crediticio Tendencias del pensamiento europeo La formación social latinoamericana El papel del Estado Diferencias entre la formación del Estado Nacional en Europa y América Latina La consolidación del Estado Nacional Corrientes de pensamiento en el siglo XIX El romanticismo literario y el radicalismo político burgués El pensamiento conservador y cristiano El deterioro ambiental capítulo ii. Caracterización general del período 1861-1891

253 253 258 262 266

capítulo iii. El desarrollo económico La producción minera La actividad agropecuaria Protoindustrialización: génesis de la manufactura El comercio de exportación e importación Los ingresos fiscales La marina mercante El sistema bancario El inicio del proceso inflacionista

301 301 304 308 313 314 315 317 319

266 272 278 281 286 288 293

capítulo iv. Las clases sociales La burguesía Las capas medias El artesanado El proletariado La primera huelga general Pensamiento social Los primeros núcleos socialistas El campesinado La condición de la mujer chilena en el siglo XIX capítulo v. La política de los gobiernos liberales Las reformas constitucionales Las cuestiones teológicas Los partidos políticos La Guerra con España y la unidad latinoamericana capítulo vi. La Guerra del Pacífico Causas de la guerra Constitución de la propiedad salitrera y expansión del capitalismo chileno La política salitrera de los gobiernos peruanos de Pardo y Prado La crisis de coyuntura de la economía chilena La crisis de Perú y Bolivia El desarrollo de la guerra La intervención de Estados Unidos y de las potencias europeas en la Guerra del Pacífico Política salitrera después de la Guerra del Pacífico capítulo vii. La llamada “Pacificación de la Araucanía” El proceso de acumulación de la tierra La rebelión mapuche de 1868-1871 La aventura de Orelie Antoine El último levantamiento general de los mapuche La concentración de la propiedad territorial en la Araucanía La nueva organización social impuesta a los mapuche La colonización de Magallanes

323 323 330 331 336 340 343 345 347 354 361 363 365 367 381 387 387 389 394 398 399 402 405 412 415 417 420 422 424 427 430 431

capítulo viii. Las relaciones de dependencia en la segunda mitad del siglo XIX La deuda externa La irrupción imperialista en Chile La dependencia cultural capítulo ix. El Gobierno de Balmaceda y la guerra civil de 1891 La primera fase del gobierno de Balmaceda (1886-1889) La segunda fase del gobierno de Balmaceda (1889-1891) Política salitrera Política sobre ferrocarriles Política bancaria Los componentes de la oposición Estrategia y táctica de la oposición La actitud de Balmaceda La Guerra Civil de 1891 El desarrollo de la guerra civil Epílogo historiográfico Cronología

435 436 438 444 445 446 450 451 455 457 460 462 467 470 470 473 479

Bibliografía Obras sobre la época

483 488

este libro ha sido posible por el trabajo de

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